Si hubiera de medirse el peso político que las fuerzas de la derecha y las fuerzas de la izquierda tuvieron en la España del siglo XX, no cabe duda de que la balanza se inclinaría del lado de las primeras. Sin embargo, paradójicamente, los historiadores han tendido a prestar más atención a las segundas. El presente volumen viene a corregir esta desviación. En los nueve ensayos que lo componen, Paul Preston analiza las interacciones entre el fascismo y el militarismo, desde los asaltos a la democracia en la década de los treinta hasta los extremismos golpistas de la transición, pasando, naturalmente, por la guerra civil y por el franquismo. El conjunto arroja nueva luz sobre numerosos aspectos de la historia contemporánea de España, y muy especialmente sobre los papeles que en ella han desempeñado el Ejército y la Falange.

Paul Preston

La política de la venganza

El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX

ePub r1.1

Titivillus 22.08.2019

Título original: The Politics of Revenge

Paul Preston, 1995

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Raymond Carr

y a la memoria de James Joll

Nota del autor

NOTA DEL AUTOR

Algunas de las ideas desarrolladas en este libro tuvieron su primera piedra de toque en clases, seminarios y artículos. El material que ya había visto la luz ha sido sustancialmente ampliado y retocado a la hora de incluirlo en el presente volumen con vistas a abarcar investigaciones recientes mías o de otros, a mostrar algunos cambios en mis propias opiniones y a subrayar los aspectos centrales del libro. Lo que ahora es el primer capítulo fue pronunciado en forma de conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en 1980. Algunos fragmentos de dicha conferencia fueron incluidos en mi estudio sobre España que recoge S. J. Woolf en Fascism in Europe (Methuen, Londres, 1981). Agradezco a Methuen & Co el permiso para reproducirlo aquí. El segundo capítulo fue originalmente un texto escrito independiente, y no figura en la edición inglesa de este libro. Una versión previa del tercer capítulo constituyó una lección en Harvard en 1986 y fue posteriormente publicada por Harvard University Center for European Studies, Working Paper Series número 13. El Capítulo 4 es una ampliación de la parte central de mi lección inaugural como profesor de Historia en el Queen Mary College y hasta ahora no había sido publicado. El Capítulo 3 fue concebido para ser un artículo en el Institute of Historical Research de Londres. El Capítulo 6 es la transcripción de una conferencia en la Maison des Sciences de l’Homme de París, y apareció originalmente en la colección Fascists and Conservatives in Europe (Unwin Hyman, Londres, 1990), compilada por Martin Blinkhorn. Parte del Capítulo 7 surge de mi aportación a Elites and Power in Modern Spain: Essays for Raymond Carr, a cargo de Francés Lannon y Paul Preston (The Clarendon Press, 1990). Agradezco a Oxford University Press el permiso para recuperarla. El Capítulo 8 sobre la extrema derecha es una versión muy ampliada de un breve artículo aparecido en New Society en 1973. Una versión muy reducida del Capítulo 9 apareció en Spain: Conditional Democracy (Croom Helm, Londres, 1983), a cargo de Cristopher Abel y Nissa Torrents. Agradezco a Croom Helm el permiso para recuperarlo aquí.

Prefacio

PREFACIO

La historiografía de la España contemporánea está abrumadoramente —y tal vez inevitablemente— obsesionada con el examen de las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil. El fratricidio del decenio de 1930 ha originado una bibliografía de unas dimensiones asombrosas, desproporcionada en comparación con la relativa a la segunda guerra mundial. Dejando de lado el enorme corpus de propaganda y memorias polémicas y personales, un rasgo curioso de la abundancia de escritos sobre la España del siglo XX es el predominio de los estudios sobre la izquierda. En un nivel, es comprensible. Las hazañas revolucionarias de los anarquistas españoles resultan una lectura apasionante. La enconada rivalidad entre los socialistas y los anarquistas españoles resulta no menos apasionante. Los conflictos internos entre anarquistas, socialistas y comunistas figuran entre los motivos determinantes de la derrota de la República española y con ella el hundimiento de los grandes experimentos colectivistas de la guerra civil.

Por otra parte, la fascinación inspirada por la izquierda contribuye bastante a que se pase por alto que la República española fue un corto intervalo, casi un error, en una historia moderna dominada por la derecha. Por esa razón, la justificación inmediata de este libro es la relativa falta de estudios en inglés serios sobre la derecha española o, de hecho, en cualquier otra lengua. La mayoría de los que han escrito sobre la izquierda —o se han mostrado simpatizantes con ella— poco o nada tienen que decir sobre la derecha. La mayoría de los que han escrito sobre la derecha han solido ser propagandistas de su causa, que daban por sentado que la justificación de la guerra civil radicaba en última instancia en el desorden izquierdista. Naturalmente, existen excepciones destacadas y honorables[1]. No obstante, en comparación con la izquierda, la derecha no ha sido objeto de una bibliografía abundante.

Durante los años en que viví en España no pude por menos de verme influido por mis investigaciones sobre los conflictos políticos de la Segunda República y por mis observaciones diarias al ver a una derecha española que parecía dura, rígida y obstinada, en comparación con el conservadurismo, relativamente flexible, que aparentemente aún predominaba entonces en Inglaterra. También me impresionó mucho hasta qué punto la derecha, en un contraste lo más marcado posible con la izquierda y pese a las considerables discrepancias ideológicas, estratégicas y tácticas entre los grupos que la componían, solía actuar con un único propósito común. Durante la Segunda República, los diversos grupos derechistas actuaron como «regimientos de un mismo ejército». La escala de su cooperación durante toda la República fue similar y se intensificó durante la guerra civil, lo que se prestaba a notables comparaciones con el comportamiento de la izquierda. Se puede atribuir en gran medida el desarrollo particular de la historia española en el siglo XX a la obstinación, inflexibilidad y miedo a la democracia de la derecha, del mismo modo que se puede atribuir en cierta medida el progreso actual del país a la aparición de una derecha moderna, moderada y civilizada, apta para funcionar en un sistema democrático.

La notable solidaridad de la derecha durante el decenio de 1930 fue inducida por la crisis y, una vez ganada la guerra civil, podían volver a surgir las discrepancias. Dichas discrepancias constituyeron la base de la creencia de que, en la época de Franco, hubo una especie de pluralismo limitado. Cuando el régimen volvió a pasar por una importante crisis a mediados del decenio de 1970, los elementos de la coalición franquista que menos habían evolucionado durante los años de la dictadura —el ejército y la Falange— restablecieron una unidad de otra clase. Entretanto, entre la unidad derechista de la guerra civil y la unidad bastante más cerrada que supuso la retirada al búnker en el decenio de 1970, la derecha evolucionó espectacularmente en direcciones diferentes en la época de Franco. Para muchos católicos y monárquicos, el rostro más duro de la dictadura llegó a ser cada vez más inaceptable. También hubo falangistas que consideraron la atmósfera sofocantemente burocrática del régimen una traición a sus ideales originales. El dirigente católico autoritario José María Gil Robles, el monárquico José María de Areilza, que en tiempos había apoyado a la Falange, el exministro demócrata cristiano de Franco Joaquín Ruiz Giménez y el poeta falangista Dionisio Ridruejo fueron los casos más sorprendentes de la evolución de derechistas que llegaron a oponerse a la dictadura. Iba a haber otros muchos funcionarios franquistas, de los cuales Adolfo Suárez es simplemente el más célebre, que evolucionaron hasta el punto de obrar en pro de la transición de la dictadura a la democracia. Naturalmente, hubo otros que evolucionaron de formas diferentes y menos progresistas.

Los capítulos de este libro intentan dar una idea de la unidad y del desarrollo de la derecha intransigente. Lo que no hacen es examinar la evolución de una derecha democrática y constitucional de cuyos componentes he hablado en mi libro The Triumph of Democracy in Spain (Methuen, Londres, 1986). Tampoco se ocupan, si no es marginalmente, del papel político de la Iglesia católica. Este libro se centra más bien en diversos aspectos estrechamente vinculados a la relación entre el fascismo y el ejército en los cincuenta años transcurridos desde el nacimiento de la Segunda República en 1931 hasta el desesperado golpe militar de 1981. Examina los papeles del fascismo y del ejército como instrumentos del dominio derechista en la España del siglo XX. Para ello presta atención particular al general Franco y a su permanente preocupación por su propia supervivencia. A la total identificación entre el Caudillo y su régimen se debió que ni él ni sus seguidores vieran contradicción alguna entre sus intereses personales y los de los servidores y partidarios de la dictadura. No obstante, en el decenio de 1970 algunos de sus partidarios más poderosos consideraban el régimen un anacronismo y, por tanto, estaban dispuestos a iniciar negociaciones con las fuerzas de la izquierda moderada. Como Franco había utilizado los instrumentos de su dictadura enteramente en pro de los intereses del régimen, se encontraron divorciados de los sectores de la sociedad por los cuales habían combatido entre 1936 y 1939. La mayor víctima a este respecto fue, paradójicamente, el ejército. Sus intereses deberían haber trascendido la protección inmediata de una dictadura transitoria. Éste es uno de los temas recurrentes de este volumen.

El libro comienza con un capítulo sobre la naturaleza del fascismo en España. Los intentos de definir el fascismo español han resultado dificultados por el hecho de que el único partido indiscutiblemente fascista del decenio de 1930, la Falange, fuera poco importante numéricamente y fuese eclipsado por el ejército. En el capítulo primero se examina la variante española del fascismo en su marco histórico a largo plazo y como una de las diversas unidades de las fuerzas derechistas. En este sentido argumenta limitar la investigación del fascismo en España a la Falange Española de la época anterior a la guerra civil es una operación carente de sentido. Lo que sugiere más bien es que un objeto de examen más fructífero es la amplia alianza contrarrevolucionaria de los partidos que apoyaron la causa franquista, formalizada a la fuerza en abril de 1937 como Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Aunque sólo era una parte de un todo mayor, la FET y de las JONS iba a dar un barniz fascista a la coalición franquista más amplia. En el Capítulo 2 se analiza la táctica militar adoptada por Franco y los motivos que lo indujeron a alargar la guerra incluso cuando su resultado había quedado decidido. En el tercer capítulo se investigan las formas en que la dictadura manipuló la memoria colectiva de la guerra civil española mediante la maquinaria propagandista falangista y su Frente de Juventudes, en las escuelas y las academias militares, mediante artefactos culturales y censura. Examina la burda construcción de una hegemonía ideológica encaminada a mantener unida la coalición franquista dividiendo a la población en vencedores y vencidos.

Siguen tres pares de capítulos emparentados. El primero se refiere a dos aspectos relacionados con la supervivencia del general Franco en el período en que era más vulnerable a las maquinaciones políticas internas y al derrocamiento por un poder exterior. En el Capítulo 4 se examinan las tentaciones recibidas por el general Franco del Eje en la segunda guerra mundial. Se examina la forma en que sobrevivió a su entusiasmo y al de la Falange el nuevo orden mundial hitleriano. Se indica que la diplomacia exquisitamente cuidadosa o la «hábil prudencia» que los admiradores de Franco consideraron la razón de la neutralidad de España desempeñó un papel menos importante que la suerte y los errores de cálculo de Hitler y Ribbentrop. El examen de las inclinaciones en pro del Eje en el bando de Franco queda equilibrado por el Capítulo 5, en el que se expone la habilidad con que el Caudillo esquivó los intentos por parte de sus generales de refrenar sus inclinaciones dictatoriales. El segundo par de capítulos está compuesto por estudios generales de la evolución de los papeles del ejército y de la Falange durante el régimen de Franco. En ambos casos, estos dos instrumentos de la dictadura resultaron radicalmente cambiados, deformados incluso, por haber permitido que el propio dictador los aprovechara. En el par final de capítulos emparentados se examinan los esfuerzos hechos por los fascistas y los militares para resucitar el pasado después de la muerte de Franco. Se examinan las actividades subversivas de los «búnkeres» civil y militar durante la desintegración de la dictadura y la transición a la democracia.

Durante la preparación de este volumen me resultaron incalculablemente provechosos los estímulos y las críticas de Enrique Moradiellos, Florentino Portero e Ismael Saz, con los cuales comenté por extenso muchas de las ideas concretas aquí expuestas con mayor detalle. Quisiera agradecer a Chris Ealham la preparación del índice de materias. Otras deudas son más difusas y se remontan a tiempos pasados. Durante veinte años he aprendido de Elías Díaz mucho sobre el funcionamiento de la política española. Durante casi los mismos años, Ángel Viñas ha sido una fuente ilimitada de información y explicación de las estructuras del franquismo. Sheelagh Ellwood sigue enseñándome mucho sobre la Falange, su funcionamiento interno y las personalidades de sus dirigentes. Mis primeras investigaciones sobre la derecha española contaron con la ayuda y la hospitalidad de Herbert R. Southworth, quien durante muchos años ha puesto con infinita generosidad a mi disposición los recursos de su biblioteca y su incomparable conocimiento de la Falange y del franquismo. El libro está dedicado a Raymond Carr y a la memoria de James Joll con agradecimiento por su apoyo sin límites a todas mis empresas académicas.

Cronología

CRONOLOGÍA

1892

4 de diciembre

• Nacimiento de Francisco Franco Bahamonde en El Ferrol.

1898

• Derrota de España por Estados Unidos de América. Pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

1905

25 de noviembre

• Incidente del Cu-Cut. Oficiales del ejército atacan las oficinas del semanario satírico Cu-Cut en represalia por la publicación de un chiste antimilitar.

1906

20 de marzo

• El ejército consigue que las ofensas contra la «patria», y las fuerzas armadas dependan jurisdicción militar.

1917

• Las Juntas Militares de Defensa, constituidas para protestar por los bajos sueldos y proteger el sistema de ascensos por estricta antigüedad, participan junto con industriales y sindicalistas en un movimiento nacional de reforma, pero reprimen violentamente una huelga general socialista.

1923

13 de septiembre

• Golpe militar encabezado por el general Primo de Rivera.

1930

30 de enero

• Primo de Rivera es sustituido por el general Dámaso Berenguer.

1931

14 de marzo

• Fundación por Ramiro Ledesma Ramos del periódico fascista La Conquista del Estado.

14 de abril

• Marcha al exilio de Alfonso XIII y fundación de la Segunda República.

26 de abril

• Fundación del partido católico autoritario Acción Popular.

10 de octubre

• Fundación por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos del partido fascista Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

15 de diciembre

• Fundación de la sociedad monárquica alfonsina Acción Española y de su revista.

1933

28 de febrero

• Acción Popular se une con otros grupos derechistas legalistas para formar la Confederación Española de Derechas Autónomas.

1 de marzo

• Acción Española crea el frente político Renovación Española.

29 de octubre

• José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española.

19 de noviembre

• José Antonio Primo de Rivera es elegido diputado a Cortes por Cádiz.

1934

11 de febrero

• Falange Española se fusiona con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista para constituir FE de las JONS.

6 de octubre

• Huelga general, alzamiento izquierdista en Asturias y breve declaración de independencia catalana, sofocados por el ejército.

1936

16 de febrero

• El Frente Popular gana las elecciones

14 de marzo

• Ilegalización de FE de las JONS y detención de sus dirigentes, incluido José Antonio Primo de Rivera.

18 de julio

• Alzamiento militar; comienza la guerra civil.

20 de noviembre

• Ejecución en Alicante de José Antonio Primo de Rivera.

1937

19 de abril

• Franco une a la Falange, los carlistas, la CEDA y Renovación Española en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS y somete a los falangistas radicales encabezados por Hedilla.

1939

1 de abril

• Fin de la guerra civil.

1940

13 de junio

• España pasa de la neutralidad a la no beligerancia.

14 de junio

• España ocupa Tánger.

17 de septiembre

• Ramón Serrano Suñer visita a Hitler y a Ribbentrop.

19 de octubre

• Himmler visita Madrid e inaugura la colaboración de la Gestapo en la reorganización de la policía española.

23 de octubre

• Franco se reúne con Hitler en Hendaya.

1941

12 de febrero

• Franco se reúne con Mussolini en Bordighera.

14 de febrero

• Franco se reúne con Pétain en Montpellier.

27 de junio

• España pasa de la no beligerancia a la «beligerancia moral» en la órbita del Eje.

25 de noviembre

• Serrano Suñer visita Berlín y renueva el Pacto Anti-Comintern.

1942

3 de septiembre

• Destitución de Serrano Suñer de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

1943

3 de octubre

• España abandona la no beligerancia y vuelve a adoptar una posición de neutralidad.

1944

29 de enero

• Al no abandonar España las entregas de wolframio a Alemania, Estados Unidos decreta un embargo de petróleo contra ella.

1945

11 de septiembre

• El saludo fascista deja de ser el saludo obligatorio en la vida pública española.

18 de septiembre

• Retirada española de Tánger.

1946

13 de diciembre

• Las Naciones Unidas recomiendan la retirada de los embajadores de Madrid.

1947

1 de abril

• La Ley de Sucesión denomina reino a España.

1950

4 de noviembre

• Las Naciones Unidas aprueban la posibilidad de que España ingrese en las organizaciones internacionales.

1953

27 de agosto

• Concordato con el Vaticano.

26 de septiembre

• El pacto de Madrid con Estados Unidos dispone la instalación de bases estadounidenses en España a cambio de equipo militar.

1955

8 diciembre

• Las Naciones Unidas aceptan el ingreso de España.

1956

febrero

• Los disturbios estudiantiles constituyen un importante revés para la Falange.

1957

25 de febrero

• Los tecnócratas del Opus Dei entran en el gobierno de Franco.

1962

marzo-mayo

• Oleada de huelgas en Asturias, el País Vasco y Cataluña.

1963

20 de abril

• Ejecución del comunista Julián Grimau.

28 de diciembre

• Introducción del primer Plan de Desarrollo.

1970

3-28 de diciembre

• Juicios de Burgos contra revolucionarios vascos separatistas de ETA.

1971

marzo-abril

• Aparición de grupos terroristas de extrema derecha.

1973

8 de junio

• El almirante Carrero Blanco es nombrado presidente del gobierno.

20 de diciembre

• Carrero Blanco es asesinado por ETA.

1974

abril

• Aparición del grupo militar de presión Unión Militar Democrática.

1975

20 de noviembre

• Muerte de Franco.

1975

marzo

• Juicios contra oficiales del ejército implicados en la Unión Militar Democrática.

23 de septiembre

• Dimisión del ministro del ejército en protesta por la legalización de los sindicatos.

1977

15 de junio

• Primeras elecciones democráticas desde 1936.

1978

17 de noviembre

• «Operación Galaxia», intento fallido de golpe militar en el que participó el coronel Antonio Tejero.

1981

23 de febrero

• El coronel Tejero se apodera de las Cortes y de toda la élite política como primera fase de un golpe militar minuciosamente preparado y que acabaría fracasando.

Primera parte: La defensa del pasado

PRIMERA PARTE

LA DEFENSA DEL PASADO

Capítulo 1: La resistencia a la modernidad: fascismo y militarismo en la España del siglo XX

CAPÍTULO 1

LA RESISTENCIA A LA MODERNIDAD: FASCISMO

Y MILITARISMO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

En el verano de 1936 secciones importantes del cuerpo de oficiales del ejército español se alzaron en armas contra la Segunda República. Los oficiales implicados en el golpe estaban convencidos de que intervenían para salvar a su país de la desintegración del orden público, de la desintegración de la unidad nacional y de oleadas del desorden proletario inspirado por agentes extranjeros. Pensaban que actuaban de manera desinteresada, inspirados solamente por los valores más altos del patriotismo[1]. De hecho, el alzamiento militar, la consiguiente guerra prolongada entre 1936 y 1939 y la dictadura que institucionalizó la victoria final de los rebeldes compartían una función partidista social y política. La función, aunque no la intención, de los rebeldes militares en 1936 y de los líderes militares de España después de 1939, fue, además de extirpar el regionalismo y reafirmar la hegemonía del catolicismo institucionalizado, proteger los intereses de la élite agrario-financiero-industrial. De hecho, lo que hacían era proteger a la oligarquía terrateniente reaccionaria de una reforma en profundidad de las obsoletas estructuras económicas vigentes en España.

En el año de 1936, debido a varias razones complejas, la sublevación militar podía contar con bastante apoyo popular. Este, que equivalía, en términos generales, a las fuerzas electorales conjuntas de los principales partidos derechistas de la Segunda República[2], se consolidó durante el curso de la guerra civil debido a las convicciones religiosas reafirmadas por la devoción de la Iglesia católica a Franco, el temor alimentado por el terror político, la lealtad geográfica de las personas cuyo instinto de supervivencia les dictó la adhesión a la causa nacional, la intensificación bélica de pasiones y odios provocada por las atrocidades experimentadas en ambas zonas, y la capacidad de la dictadura victoriosa para adjudicar promociones. Esto no implica que la dictadura franquista fuese tan popular como pretenden sus propagandistas, sino que reconoce simplemente que la dictadura tenía una base autónoma de apoyo y que no era simplemente el instrumento de un grupo aislado de soldados y plutócratas[3]. El mecanismo por el cual los militares movilizaron y encauzaron aquel apoyo popular fue la organización ampliamente extendida de la derecha, el «Movimiento», o más formalmente, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, creada artificialmente por la unificación forzada de los partidos políticos de la órbita de Franco en abril de 1937[4].

La «Unificación» sólo formalizó el hecho de que el régimen franquista estuviera construido sobre una coalición de fuerzas entrelazadas y vinculadas, falangistas, carlistas, católicos autoritarios y monárquicos aristocráticos. La coalición nacionalista fue legitimada por la Iglesia católica y dominada por su propia guardia pretoriana. Siempre habría cierta rivalidad por el poder entre los grupos componentes, aunque los conflictos fueron normalmente moderados y rara vez degeneraron en violencia. Las hostilidades dentro del régimen se vieron limitadas por una conciencia de la necesidad de aferrarse entre ellos en contra de la izquierda vencida. Se dice a menudo que la suma habilidad del general Franco fue su destreza para manejar, en pro de sus propios intereses, la competencia entre sus seguidores. Sería incorrecto pensar, sin embargo, que ello implicara que no fueron colaboradores de buena voluntad en sus malabares juegos políticos. La propia posición del Caudillo nunca estuvo seriamente amenazada durante treinta y ocho años de poder dictatorial.

El hecho de que a Franco le desafiaran tan poco reflejaba tanto el poder del ejército dentro de la derecha española como el cuidado que el mismo Franco dedicó a sus relaciones con el propio ejército. Aunque había de verse finalmente rebajada en la dictadura, el ejército mantuvo una posición privilegiada, en cierta medida au dessous de la mêlée. Los únicos aspirantes a dominar la organización franquista procedían de la Falange, y aun así sólo durante los primeros años del régimen. No es sorprendente que los dos instrumentos más poderosos del franquismo, lo civil y lo militar, que se unieron bajo presión durante la guerra civil y nuevamente durante los últimos días de la dictadura, entretanto resultaran ser rivales. Las tensiones experimentadas entre ambos iban a ser más agudas durante la segunda guerra mundial, cuando la Falange parecía quizás más fuerte de lo que realmente era. Las filas de la Falange se llenaban de nuevos reclutas procedentes de otros partidos y su influencia había aumentado gracias al éxito militar de Hitler y a las maquinaciones de la embajada alemana[5]. Después de 1945, su fuerza había de desvanecerse lentamente. Durante la guerra, sin embargo, la Falange había de ser partidaria acérrima de la participación de España en la segunda guerra mundial del lado del Eje. Aunque no faltaban oficiales fascistas, muchos de los generales superiores, que eran invariablemente católicos y a menudo monárquicos, adoptaron un tono patricio y despreciaban a los falangistas como gente indigna y presuntuosa. Aún más, a diferencia de los fanáticos ideológicos de la Falange, después del desmantelamiento de la guerra civil, el alto mando se mostraba cauteloso en cuanto a comprometerse de alguna forma con el Eje, a pesar de su admiración por el valor militar de los alemanes.

Hacia 1943 la pugna interna por el poder iba en contra de la Falange. Mientras la posición del ejército se mantenía tan fuerte como siempre, después de la caída de Mussolini la voz de la Falange quedó algo acallada. En la situación resultante de la segunda guerra mundial, la influencia de la Falange dentro de la dictadura fue rebajada por Franco, quien, deseoso de liberarse del estigma de sus vinculaciones fascistas y con el Eje, comenzó a buscar servidores políticos superiores en las filas de los católicos autoritarios[6]. La Falange, sin embargo, aún mantenía una posición importante en los gabinetes de Franco. Fuera del gobierno, la Falange tenía una base de poder sustancial y lucrativa. Controlaba una enorme cadena de prensa a nivel nacional y provincial, el sistema sindical del Estado y ejercía además una terrible influencia a través de sus organizaciones de masas, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina[7]. Durante las décadas subsiguientes, esta influencia había de ir perdiendo importancia de manera inexorable. Como consecuencia de los cambios sociales y económicos que conducían a España hacia la integración definitiva en una Europa democrática, su retórica resultó ser anacrónica. Irónicamente, a pesar de su posición más fuerte en lo fundamental, los militares también habían de perder importancia política. Ése sería el precio a pagar por consentir en la degradación profesional bajo Franco a cambio de privilegios políticos y por anteponer la defensa de la dictadura a la de la nación[8]. En los últimos años de la década de los cincuenta el desarrollo económico de España había alcanzado tal punto que una dictadura militar constituía un obstáculo claro para el proceso de crecimiento. De esta manera, los militares y la Falange se unieron otra vez. Existía un rapprochement entre ambos, favorecido por el hecho de que, desde los años sesenta en adelante, los rangos superiores del ejército estuvieron dominadas por simpatizantes falangistas que habían llegado a ser alféreces provisionales durante la guerra civil. Ya no podían contar con el apoyo popular de que habían disfrutado al final de la guerra civil y generales aislados y falangistas se unieron en una serie de empresas desesperadas para destruir el régimen democrático que se estableció después de la muerte de Franco[9].

Las diferencias existentes entre los oficiales del ejército de los años 1931-1936 y los de los años 1973-1981 demuestran los cambios enormes que habían tenido lugar en la derecha española durante la dictadura franquista. En los años treinta los oficiales estaban convencidos de que defendían los valores nacionales fundamentales, la integridad territorial de España, la Iglesia católica y a la oligarquía terrateniente contra las amenazas procedentes de Moscú. Además, al asumir el papel de defensores de la «verdadera» España podían estar seguros de representar a grandes sectores de la sociedad. Cuando tuvo lugar el alzamiento, el 18 de julio de 1936, las redes de la prensa moderna y sumamente politizada de la derecha los apoyaban sin reserva desde hacía meses o incluso años. Con esto, se garantizó el enorme apoyo perceptible en la geografía electoral de la derecha durante la Segunda República. Las partes más encumbradas de la jerarquía eclesiástica les apoyaba. Los banqueros y los industriales les consideraban como salvadores. Por tanto, el orgullo de los oficiales superiores de los años cuarenta no fue exclusivamente consecuencia de su victoria militar, sino también de su inamovible confianza de que desempeñaban un papel hegemónico en la sociedad española, con la aprobación de la Iglesia, la élite económica y numerosos españoles católicos.

Por contra, durante los últimos días del régimen franquista muchos oficiales del ejército se vieron por completo divorciados de la sociedad. En los últimos años de la década de los sesenta la Iglesia había retirado su apoyo al régimen de Franco, favoreciendo el creciente clamor popular por la democracia. Los sectores más dinámicos de la banca y de la industria apostaban por el cambio democrático. Después de la muerte de Franco, los sondeos de la opinión pública y las subsiguientes elecciones demostraron que la ultraderecha franquista ya no volvería a disfrutar de más del 3% del apoyo popular, y que casi todo se concentraba en las dos Castillas[10]. Aunque la retórica de los conspiradores militares a finales de los años setenta apenas se diferenciaba de la que se oía en las salas de banderas durante los años cuarenta, ahora se hablaba no con orgullo sino con resentimiento. Los conspiradores de 1936 podrían creer razonablemente que estaban salvando España, no para todos los españoles, pero ciertamente para los que importaba. En cambio, los golpistas resentidos de 1981 estaban amargados, ya que ni a esos españoles que importaban les interesaban los valores de la guerra civil.

Las transformaciones de la estructura social y de los niveles de desarrollo económico dentro de España, junto con los cambios políticos en el mundo exterior, explican la evolución dramática de los papeles tanto del fascismo como de los militares dentro del repertorio franquista. En el turbio crepúsculo político de la decadencia senil de Franco, aquellos cambios habían hecho obsoletos la dictadura, su aparato falangista y sus defensas militares. Sin embargo, tanto falangistas como oficiales del ejército se ocuparon de la defensa de su régimen. Después de eso, la extrema derecha, civil y militar, conocida colectivamente con el nombre del «búnker», trabajó desesperadamente para derrumbar el proceso de democratización. El hecho de que algunos sectores del ejército y del Movimiento se negasen a desvanecerse junto con su Caudillo o a buscar algún tipo de rapprochement con la monarquía constitucional fue la consecuencia natural del papel que la dictadura asignó a cada uno de ellos.

La relación entre el fascismo y el ejército en España cambió de forma notable durante la dictadura, pasando de la alianza insegura durante los años de la guerra civil a algo más compenetrado durante los años setenta. De hecho, la preeminencia política del ejército al tomar la delantera en el asalto contra la Segunda República y durante la dictadura franquista se ha utilizado para absolver al franquismo de la acusación de fascismo. No obstante, no se podría decir que la cooperación existente entre el ejército español y la Falange durante la guerra civil fuese como una relación entre amo y criado. Se diferenciaba de la relación que existía entre la Wehrmacht y el partido nazi, o la que existía entre el ejército italiano y el partido fascista, ya que el ejército español ejercía el papel claramente dominante. En los tres casos, sin embargo, el partido fascista y el ejército constituyeron elementos importantes dentro de una alianza contrarrevolucionaria más amplia. En cada país, por razones relacionadas con las tradiciones específicas de las fuerzas armadas, por su historia reciente y por las especiales circunstancias nacionales de la aparición de grupos contrarrevolucionarios, el equilibrio de fuerzas dentro de esa alianza era distinto.

El ejército italiano estuvo más subordinado al dictador que el ejército español. Sin embargo, la intención de líderes fascistas como De Vecchi, Farinacci y Balbo de fascistizzare el ejército se frustró. Además, las actividades de las milicias fascistas se restringieron[11]. El proceso por el cual Hitler pasó del respeto hacia el cuerpo de oficiales alemanes a un dominio despectivo del mismo fue muy complejo y se prolongó durante más de cinco años. Sin embargo, aunque las circunstancias fueron algo distintas y las consecuencias lardaron más en materializarse, la introducción de elementos nazis como parte del gran crecimiento de la Wehrmacht tuvo su paralelo español en la proliferación de alféreces provisionales durante la guerra civil[12]. Es en el personaje y en las preocupaciones políticas del líder de la alianza contrarrevolucionaria donde se encuentra una diferencia sustancial. Por consiguiente, el hecho de que tanto Mussolini como Hitler ejercieran un control personal de la maquinaria militar aseguró que el ejército italiano y alemán no serían elementos de limitación a la hora de elaborar la política extranjera. Franco, a pesar de ser un general, rechazaba los intentos de los altos mandos de convencerle de que se opusiera a la tentación del Eje[13]. En los casos español, alemán e italiano, en la cooperación de partidarios patricios, oficiales del ejército y activistas fascistas hubo, además de entusiasmo sincero, transacciones y servidumbres, desprecio mutuo y resentimiento oculto.

En el campo de las relaciones fascistas-militares, las definiciones científicas son una quimera. Parte del atractivo de limitar el estudio del fascismo en España a la Falange se encuentra en el hecho de que así se evita diestramente cierto número de problemas interpretativos r ideológicos. En el supuesto de que se pueda reducir el fascismo español al frágil híbrido fundado por José Antonio Primo de Rivera, entonces cabe excluir a otros grupos de la derecha autoritaria, como la CEDA o Renovación Española, de una discusión del tema. Lo que es más importante es el hecho de que después de la guerra civil, Franco mutiló a la Falange, con lo que libró a su régimen de ser considerado fascista. En la medida en que sea posible una definición exacta, es muy posible que el régimen franquista no fuera fascista. La inferencia de que su régimen era, por tanto, moralmente algo menos desagradable, simplemente «conservador» o quizás autoritario es insostenible. Puede que sea legítimo rechazar la apariencia fascista del régimen y sus relaciones íntimas y dependientes con el fascismo italiano y el nazismo alemán como disfraces cínicos o alianzas circunstanciales. Sin embargo, en lo que se refiere al encarcelamiento, la tortura y la ejecución de su clase obrera y de sus enemigos liberales su historial invita a una comparación seriamente desfavorable con el fascismo italiano. En efecto, tal como había de observar Himmler en 1940, el régimen franquista se mostraba más brutal en su tratamiento de la clase obrera española que el Tercer Reich con los obreros alemanes[14].

En el supuesto de que los principales criterios para definir el fascismo sean el estilo y la ideología y no la función social y económica, entonces es inevitable la elección exclusiva de la Falange Española como el candidato español. Su culto a la violencia contribuyó a la desestabilización de la Segunda República. Sus milicias de camisa azul, con sus saludos romanos y sus cantos rituales, parecían indicar que estaban imitando los modelos nazis y fascistas. Este capítulo, sin embargo, sostiene que cualquier investigación significativa del fascismo en España tiene que desligarse de los límites que supone considerar de forma aislada la Falange Española. Hay dos premisas que impulsan el debate hacia parámetros cronológicos y políticos más amplios. La primera es que no se puede entender la naturaleza del fascismo en España sin considerar el atrasado capitalismo agrario del país y la crisis que experimentaba durante los años treinta. La segunda es que aquella crisis fomentó la elaboración de medidas políticas extraordinarias en la forma de la coalición contrarrevolucionaria que luchó en la guerra civil. La alianza nacionalista era análoga a los grupos contrarrevolucionarios que aparecieron en Italia y Alemania como una reacción a sus propias crisis nacionales. Difería en su equilibrio de las fuerzas componentes, pero con todo desempeñaba un papel estructural comparable. Se sostiene, por tanto, que la búsqueda de un fascismo español debería de considerar en conjunto la coalición franquista unificada. Visto así, la Falange Española se convierte en uno de los grupos, el más servil, de los que colaboraron para defender a la oligarquía asediada de España siendo el ejército el otro.

La inestabilidad política que tanto alarmó a los oficiales y les impulsó a lanzarse al golpe militar del 18 de julio de 1936 era real. Era, en parte, producto de la desesperación de la clase trabajadora y de los conflictos internos entre distintos sectores del movimiento obrero ante la depresión económica y ante la resistencia intransigente de la oligarquía a cualquier cambio[15]. De modo más inmediato, fue el fruto de un deliberado programa de desestabilización auspiciado por los terratenientes y empresarios industriales más amenazados por la reforma. Antes de que el ejército asumiese su defensa, los intereses de éstos habían sido defendidos por algunas organizaciones políticas de derechas. Para la mayor de ellas, la clerical y autoritaria Confederación Española de Derechas Autónomas, la intervención militar señalaba el fracaso de su táctica de caballo de Troya para bloquear la reforma sin salirse de los límites de la legalidad republicana. Para los demás, los anacrónicos carlistas de la comunión tradicionalista, los monárquicos radicales de Renovación Española y los fascistas de camisa azul de Falange Española, el alzamiento representó la satisfacción de su compromiso «catastrofista» con el derrocamiento de la República[16].

Con unas pocas y notables excepciones, las bases y los líderes de las organizaciones tanto legalistas como «catastrofistas» se alinearon con presteza junto al ejército, proporcionando la carne de cañón necesaria para el esfuerzo bélico rebelde y la clase política de la zona insurrecta. Esto se formalizó en abril de 1937 mediante la llamada «unificación», por la que los grupos derechistas de preguerra se subsumieron en la Falange Española Tradicionalista y de Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. El hecho de que esta extraña amalgama tomara su nombre y su enfoque de la Falange encontró poca resistencia en los otros grupos, que hasta ese momento habían considerado a la Falange como una chusma hampona y pendenciera que podía ser financiada de un modo rentable. Las razones de tanta prudencia fueron diversas. El reconocimiento de la importancia de los factores económicos y políticos en juego durante la guerra sofocó las manifestaciones de orgullo herido que podrían haber quebrado la unidad necesaria para la victoria. Además, la ayuda proporcionada a los rebeldes por Hitler y Mussolini contribuía a crear una creencia entusiasta en que el orden del mundo futuro sería fascista. En cualquier caso, ello no violentó la conciencia de la derecha, puesto que, incluso antes de la guerra, la atracción por el fascismo era un rasgo común a todas las organizaciones derechistas españolas[17].

No es, pues, sorprendente, dada la exagerada alabanza con que se colmaba a los regímenes alemán e italiano y la proliferación de ramas juveniles militarizadas, que la izquierda española considerase a estas organizaciones, indiscriminadamente, como fascistas. Y aún es menos notable que el esfuerzo bélico de Franco, respaldado por las potencias del Eje y con una fachada falangista, fuese visto por sus contemporáneos, tanto españoles como extranjeros, como una empresa fascista. Las subsiguientes exageraciones del nazismo y la barbarización de la guerra en el frente oriental, junto con los constantes esfuerzos de Franco para apartarse del Eje a partir de 1943, contribuyeron en gran medida a socavar la fácil identificación del franquismo con el fascismo. Ciertamente, durante los últimos veinte años algunos expertos han insistido en el hecho de que el franquismo no era lo mismo que el hitlerismo y han sido influidos por el desarrollo, muy poco fascista, de España a partir de 1957[18]. Estas especulaciones han dado como resultado un consenso cada vez más generalizado en torno a la idea de que el franquismo nunca fue realmente fascista, sino más bien una variante de autoritarismo limitado y semipluralista. Algunos autores han ido todavía más lejos al postular, explícita o implícitamente, el punto de vista de que el estudio significativo del fascismo en España se debería limitar a Falange Española[19].

Este enfoque es tan comprensible como desafortunado. Tiene su punto de partida en la premisa, ostensiblemente laudable, de que el desprecio por los rasgos más censurables de la dictadura de Franco no debería permitir la aplicación acientífica al mismo del término fascista, simplemente como medio de injuria política. Además, mientras existen dudas en cuanto al contenido fascista de organizaciones tales como Renovación Española, la comunión tradicionalista y la CEDA, la naturaleza fascista del estilo, la ideología y los mitos de Falange son incuestionables. Consiguientemente, la estrecha identificación del fascismo español con Falange Española evita la necesidad de examinar los rasgos fascistas de otros grupos derechistas y del propio régimen de Franco. Es desafortunado porque convierte al fascismo español en insignificante y carente de interés, si se exceptúa un período de unos doce meses. Antes de la primavera de 1936, Falange Española era una organización minúscula de estudiantes y taxistas. Después de abril de 1937 se había convertido en una maquinaria burocrática y dispensadora de protección al servicio de Franco. Como en una ocasión explicó el Caudillo a uno de sus embajadores, en una explosión de sinceridad y liviandad poco características en él, «la Falange es la claque que me acompaña en mis viajes por España». La fácil relegación de la Falange a los márgenes del debate, tanto si se debe al propio Franco como a los estudiosos, implica olvidar no sólo los adornos fascistas y las alianzas del franquismo con el Eje sino también las actividades de su maquinaria represiva entre 1937 y 1943.

Ésta no es la única razón para tener dudas respecto a la definición reducista del fascismo en España. La conciencia de que el fascismo puede ser un término tanto de injuria como de definición política es un arma de doble filo[20]. El afán de exonerar al régimen de Franco del tinte de fascismo puede ir acompañado de la disposición a olvidar que, después de alcanzar el poder por medio de una guerra civil que se cobró cientos de miles de vidas y obligó a otros cientos de miles a exiliarse la dictadura ejecutó a un elevado número de personas (los cálculos oscilan entre cuarenta mil y doscientas cincuenta mil), mantuvo campos de concentración y batallones de trabajos forzados y envió tropas a luchar para Hitler en el frente ruso. Bajo cualquier circunstancia, la confiada exclusión, tanto de los grupos derechistas españoles de preguerra, a parte de la Falange, como del régimen de Franco, del estudio del fascismo sólo se puede justificar si se considera al fascismo como sinónimo del nazismo en sus aspectos más extremados de bestialidad racista. Tal punto de vista, que lleva, lógicamente, a sugerir que la Italia de Mussolini tampoco fue realmente fascista, es tan rígido que resulta inútil[21].

Constituye una premisa básica de este trabajo que un movimiento y un régimen que debe ser considerado como genéricamente fascista es el de Mussolini. Esto no significa que la investigación del fascismo español se limitará inflexiblemente a la búsqueda de similitudes con Italia. Después de todo, a pesar de sus rasgos comunes, la mayoría de los movimientos fascistas, excepto los creados tras la ocupación alemana, eran respuestas a crisis nacionales y se nutrían de tradiciones nacionales. Así pues, si el nazismo y el fascismo, habida cuenta de todas sus diferencias, pueden considerarse como las respuestas fascistas alemana e italiana a las crisis de sus respectivas sociedades, del mismo modo se puede pretender que los grupos derechistas que apoyaron a los rebeldes en la guerra civil sean considerados, al menos potencialmente, como la respuesta fascista española a la crisis de la sociedad española. Los profundos problemas estructurales de Alemania, Italia y España entre el decenio de 1870 y la primera guerra mundial presentan después de todo un grado de similitud. A pesar de las enormes diferencias con respecto al nivel de desarrollo económico, los tres países experimentaron las tensiones resultantes bajo un régimen político atrasado que rechazaba los desafíos de una burguesía dinámica y de una clase obrera militante[22].

Con todo, no hay que olvidar diferencias significativas. Contrariamente a Alemania e Italia, España no participó en la primera guerra mundial. En consecuencia, no había masas de veteranos de guerra que pudiesen nutrir las filas de las organizaciones paramilitares. Tampoco existía una psicosis nacional de derrota. Estos dos factores contribuyeron a la diferencia más grande de todas: el destacado papel político desempeñado por las fuerzas armadas en la defensa de los intereses derechistas contra los desafíos izquierdistas. Por otra parte, la guerra trajo una enorme dislocación social y económica a una España ya conflictiva, aunque no exactamente en la misma escala que en los casos de Alemania e Italia. El subsiguiente fermento revolucionario en el norte industrial y en el sur rural traumatizó profundamente a las clases dirigentes españolas. En muchos aspectos, la crisis española de 1917-1923 fue análoga a la crisis italiana de 1917-1922. Aquella fue simplemente anestesiada por la dictadura del general Primo de Rivera. Volvió a emerger con mayor intensidad bajo las condiciones de depresión económica de la década de los treinta. En España cundió la creencia, como ya había sucedido con anterioridad en Italia y Alemania, de que el orden político existente no podía garantizar, adecuadamente y por más tiempo, los intereses económicos de las clases alta y media. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda de un medio extraordinario de defensa de esos intereses. Ya que el ejército español había asumido este papel a finales del siglo XIX, y aún más después de la pérdida de Cuba en 1898, no era sorprendente que se le invitara a actuar en 1917, en 1923 y una vez más en 1936.

Se ha señalado con frecuencia que España no sufrió la misma crisis de identidad nacional que la que experimentaron por Italia y Alemania como consecuencia de las imperfecciones de sus procesos de unificación y de sus respectivas decepciones al final de la primera guerra mundial. Por otra parte, el trauma producido por la derrota en la guerra hispano-norteamericana y la pérdida de los últimos restos del imperio tuvieron efectos de largo alcance. El movimiento regeneracionista que se desarrolló tras el desastre de 1898 había de ejercer una profunda influencia en el pensamiento de la derecha española, ya bien entrada la época de Franco. La nostalgia del imperio era un rasgo común a todos los grupos derechistas en la década de los treinta, pero mucho más acusadamente en la Falange. Los falangistas proclamaban abiertamente que la conquista imperial era una manera de desviar la lucha de clases y ansiaban unirse al esfuerzo de guerra del Eje para abrir de nuevo un dominio imperial para España[23]. El principal legado del regeneracionismo fue la creencia de que la derrota de 1898 se había producido por culpa de un sistema político marcado por la corrupción y la incompetencia. La idea de un futuro mejor se asociaba al saneamiento de la política y a la reforma impuesta desde arriba. En última instancia, esto había de generar un autoritarismo antiparlamentario. Las esperanzas iniciales se habían depositado en el gran político conservador Antonio Maura. Tras su retirada de la vida política, sus seguidores, incluidos José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, prestaron su lealtad al general Primo de Rivera y fueron luego figuras destacadas de Renovación Española. Otra línea de conexión entre el regeneracionismo y la Falange, y concretamente su énfasis imperialista, venía de José Ortega y Gasset, tamizada por su entusiasta vulgarizador Ernesto Giménez Caballero, al hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera.

Otra importante diferencia entre España, por un lado, y Alemania e Italia por otro, reside en el hecho de que Franco no fue derrotado en una guerra exterior y perpetuó su dictadura durante treinta años después de 1945. Puesto que ni el nazismo ni el fascismo pervivieron, sería absurdo, ajeno a la realidad de los hechos, especular sobre si cualquiera de ellos podría haber evolucionado como lo hizo el régimen de Franco. No obstante, teniendo en cuenta contrastes tan ineludibles como sus distintos niveles de crecimiento económico antes de 1930, la ayuda proporcionada por el Plan Marshall y sus políticas posteriores a 1945, las semejanzas entre Italia y España son asombrosas. Dadas estas diferencias, acentuarlas sería, sin duda, un ejercicio ahistórico. Y sin embargo en las comparaciones de Franco con Hitler y Mussolini se da un presupuesto igualmente ahistórico referente a la extensión cronológica de los tres regímenes. El hecho de que el régimen de Franco, en respuesta a las cambiantes realidades internacionales, se apartase progresivamente de sus manifiestas posiciones pro-Eje después de 1943 ha sido considerado implícitamente por algunos comentaristas como una absolución retrospectiva del pasado fascista de Franco, cuya importancia disminuía cuanto más duraba su vida. Obviamente, sería absurdo no reconocer que el régimen franquista evolucionó. Es, sin embargo, igualmente absurdo considerar que las ejecuciones, los campos de concentración, las fantasías imperialistas y la influencia del Eje sobre la política española durante los años cuarenta se borren con el advenimiento del desarrollismo del Opus Dei durante los años sesenta. Mutatis mutandis, sólo las cosas semejantes pueden compararse entre sí. Franco pudo no haber sido fascista en términos estrictamente teóricos. No obstante, hay que considerar que, a la luz de la escalada de represión después de la guerra civil, se le puede comparar con los dictadores más crueles del siglo, tanto de América Latina como de Europa.

Las coincidencias sobrepasan, sin duda, las diferencias, al menos en lo que se refiere a Italia y España. Esto es cierto no únicamente en lo que concierne a los regímenes de Franco y de Mussolini, también son posibles las comparaciones entre el fascismo italiano interior a 1922 y los diversos grupos derechistas españoles anteriores a 1936. Y no es solamente una cuestión de los componentes rituales que acompañan al fascismo, a pesar de que el saludo romano, la pompa, los cánticos, las marchas y las formaciones paramilitares fueran tan corrientes en España antes de 1936 como lo serían más tarde con Franco. Cabe hacer comparaciones más interesantes, particularmente a la luz de las diferencias más notorias existentes entre el fascismo italiano y el nazismo alemán. La unificación de 1937 y la magnificación y burocratización de la Falange tuvieron su paralelo en la fusión de los fascistas, los nacionalistas y los monárquicos en 1923. Hay similitudes asombrosas entre el apoyo social, los objetivos ideológicos y la crucial importancia dada a sus respectivas causas, de los fascistas y de la CEDA, ambas organizaciones de bases agrarias[24]. Se pueden establecer igualmente comparaciones válidas entre Renovación Española y la Asociación Nacionalista Italiana, tanto en sus relaciones con los grupos más radicales y populistas, la Falange y el fascismo, respectivamente, como en el papel desproporcionado que sus teóricos habían de tener más tarde en ambas dictaduras.

Sin embargo, entre ambos regímenes se encuentran los parecidos más chocantes. Una vez más la parafernalia litúrgica, las concentraciones militarizadas en honor del principio del caudillaje, aunque existían en ambos regímenes y eran significativas, no son las similitudes realmente importantes. Y tampoco lo son las coincidencias ideológicas, la glorificación de la vida campesina, la retórica búsqueda del hombre «nuevo». Mucho más relevantes son las similitudes que se basan en las realidades sociales, políticas y económicas. Los aspectos en que algunos comentaristas han observado que Mussolini no alcanzaba el «fascismo total», es decir, una aproximación conceptual al nazismo, son precisamente aquellos en los que su régimen coincide con el de Franco. Al igual que la existencia de grupos de presión políticos y económicos creó un pluralismo estrechamente restrictivo bajo Mussolini, el régimen de Franco experimentó constantes intrigas por el poder y la influencia entre los grupos de intereses económicos y entre los generales, los falangistas, los católicos, los monárquicos, el Opus Dei y otras facciones políticas. Es necesario decir que la relación de fuerzas no era, ni mucho menos, idéntica en ambos países. No obstante, aunque con diferencias de detalle y de intensidad, el papel desempeñado por el ejército, el compromiso con la Iglesia, el freno del radicalismo del partido y la subordinación de los sindicatos fascistas y falangistas a los intereses del capital son aspectos que apuntan, en ambos casos, a la supervivencia de las fuerzas del sistema anteriores a la crisis. La rapidez con la que los fascistas y los falangistas habían de llorar el fracaso de su «revolución» es un claro síntoma del grado en que ambos regímenes, más allá de su retórica y de las intenciones declaradas antes de acceder al poder, tenían como función primordial la protección y el fomento del orden económico existente. La diferencia más grande entre España e Italia se encuentra en la importancia de los papeles desempeñados en ambos países por el ejército y el partido fascista en lo que se refiere tanto a la toma del poder como al régimen subsiguiente.

A este respecto la opinión de fascistas contemporáneos tanto italianos como españoles es significativa. Casi todos aceptaron que Renovación Española y la CEDA compartían las metas económicas, sociales y políticas del fascismo. Creyeron que la derecha conservadora había intentado modernizarse al «fascistizar» su retórica y métodos operativos. Según ellos, las diferencias se encontraban en el desprecio elitista de los monárquicos de Renovación Española por la movilización masiva y en las lealtades vaticanistas de la CEDA. Mussolini no creía que depender del ejército —opinión que compartían casi todos los grupos de la derecha española, incluso la Falange— fuera una manera propiamente «fascista» de proceder. El embajador italiano, Raffaele Guariglia, criticó la ideología de la CEDA como «prehistórica» a pesar de reconocer que, teniendo en cuenta su éxito en el reclutamiento masivo, podría haber formado la base para un partido fascista español. Guariglia veía a José Calvo Sotelo como un «filo-fascista»[25].

La actitud de Gil Robles era muy ambigua. Hizo una visita a Italia en enero de 1933, elogiaba los logros de Mussolini con frecuencia y permitió a su propio movimiento juvenil, la Juventud de Acción Popular, que se comportase como un partido fascista, con sus uniformes, sus grandes mítines y su adopción de consignas fascistas. Tenía reservas, sin embargo, acerca del panteísmo fascista. Aun así, la participación de Gil Robles en la campaña electoral de 1933, durante la cual hablaba de fundar un nuevo estado y de purgar la patria de «masones judaizantes», indujo a José Antonio Primo de Rivera a alabar sus principios fascistas y a aplaudir el «entusiasmo fascista» de su estilo. Sin embargo, en el mismo debate parlamentario previo a la guerra durante el cual Calvo Sotelo se declaró fascista, Gil Robles expresó dudas sobre lo que él consideraba los elementos de socialismo de listado del fascismo[26]. Para el radical Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, se trataba de unos conservadores tradicionales que se «fascistizaban», impregnando su retórica de elementos fascistas para engañar a las masas a fin de que les apoyaran. Aún durante la guerra civil, tanto Mussolini como su primer embajador ante Franco, Roberto Cantalupo, animaban los esfuerzos de Franco por «fascistizar» España[27]. Lo que esto implica es que Calvo Sotelo, Gil Robles y Franco no merecieron la aprobación de Mussolini ni de Ledesma Ramos. Está claro que ninguno de los tres podía emular la autopercepción de Mussolini y de Ledesma Ramos como verdaderos revolucionarios. Lo cual no elimina del todo la coincidencia general de sus ambiciones sociales, económicas y políticas.

Habiendo ampliado la investigación del fascismo en España más allá de las estrechas fronteras de Falange Española, ese estudio no debería limitarse a la acumulación de similitudes entre España e Italia. Deben tenerse en cuenta las características individuales de cada fascismo nacional. Éstas se derivan en parte de las tradiciones específicas del país en materia de retórica patriótica y conservadora. No obstante, la característica esencial de un determinado movimiento fascista y de su subsiguiente régimen nacía de la naturaleza especial de la crisis que había de resolver. Inevitablemente, la existencia del comunismo soviético dio a todos los fascismos un foco común de miedo y enemistad, al igual que las vicisitudes de la economía internacional dieron lugar a otros puntos de coincidencia. Tan importantes como esas influencias fueron, sin embargo, las circunstancias nacionales de la crisis social y económica que llevaron a que las fuerzas conservadoras tradicionales dejaran de considerarse adecuadas para la defensa de los intereses oligárquicos en el seno de la democracia burguesa. El momento en que eso sucedió y el grado en que la amenaza que afrontaban tenía su origen en una revolución, real o percibida, o simplemente en los logros de un socialismo reformista en un momento de contracción económica, variaron de un país a otro. Consecuentemente, el análisis de cualquier alianza contrarrevolucionaria nacional debe basarse en el conocimiento de la naturaleza y desarrollo del capitalismo correspondiente al que estaba vinculada.

En los cincuenta años anteriores a la aparición del fascismo, el capitalismo español había experimentado desequilibrios aún más amplios que su equivalente italiano[28]. Había sectores industriales y bancarios modernos y dinámicos, pero estaban aislados y lejos de ser hegemónicos. La fuerza dominante en el capitalismo español era la oligarquía agraria, que ejercía un monopolio casi completo sobre la política nacional y hasta 1917 controlaba una asociación desequilibrada en que los industriales y los banqueros eran los socios menores. Ese monopolio estaba construido sobre los pilares gemelos de un sistema de falsificación electoral basado en el poder social de los terratenientes y en el poder represivo de las fuerzas del orden: la Guardia Civil y, en tiempos de más tensión, el ejército. A raíz de la industrialización del país empezaron a aparecer desafíos al sistema. Las sublevaciones rurales desesperadas dejaron paso a las huelgas de un proletariado industrial militante. Cuando llegó la inevitable explosión, ésta no fue precipitada por la clase obrera sino por la burguesía industrial. La rápida bonanza económica de resultas de la posición económicamente ventajosa de la neutralidad de España durante la primera guerra mundial hizo que los dueños de las minas de carbón, los industriales del acero, los propietarios de astilleros y los magnates del textil se beneficiaran del despegue de la industria española. El equilibrio de poder dentro de la élite económica se desplazó un tanto. Los intereses agrarios mantuvieron su preeminencia, pero los industriales ya no estaban dispuestos a tolerar su posición política subordinada e incluso jugaban con la idea de hacer una tentativa de modernización política.

El celo reformista de los industriales y de los banqueros enriquecidos por la guerra coincidió con una intensificación de la militancia entre un proletariado empobrecido por las escaseces de la guerra y por la inflación. La Unión General de Trabajadores, sindicato socialista, y la Confederación Nacional de Trabajadores, anarcosindicalista, se vieron unidas en la esperanza de que una huelga general conjunta derrumbaría un sistema corrupto. Mientras los industriales y los obreros presionaban en pro del cambio, los oficiales del ejército de graduación intermedia protestaban por los salarios bajos, las estructuras de ascenso anticuadas y la corrupción política, y culpaban a estos factores de la derrota colonial y de la ineficacia militar. Expresando sus quejas con la retórica del regeneracionismo de 1898, aplaudieron a los oficiales para atraerles como elementos simbólicos de un gran movimiento nacional reformista. Si el movimiento hubiera estado unido en sus propósitos, podría haber suplantado el sistema de la Restauración y haber establecido un gobierno democrático capaz de permitir el ajuste social y de apaciguar los amargos conflictos de clases del momento. Tal y como estaban las cosas, las clases dirigentes explotaron fácilmente sus contradicciones. Los oficiales fueron separados uno a uno del movimiento reformista, otorgándoles concesiones en lo referente a sus quejas acerca de los salarios y el sistema de ascenso. La diestra provocación de una huelga prematura de los ferroviarios desunió a la UGT y a la CNT. Otra vez en paz con el sistema, el ejército se alegraba de defenderlo en agosto de 1917 reprimiendo la huelga socialista con un derramamiento de sangre considerable. Alarmados por la perspectiva de una revolución proletaria, los industriales y los banqueros amortiguaron sus propias reclamaciones de la reforma política y, seducidos por las esperanzas de la modernización económica, se unieron en 1918 a un gobierno de coalición nacional con los antiguos partidos oligárquicos liberal y conservador. La buena voluntad con que el ejército había protegido al sistema aseguró que la gran crisis revolucionaria de 1917 condujera simplemente a un reajuste del equilibrio del poder entre la oligarquía terrateniente y la burguesía industrial y banquera[29].

El hecho de que la burguesía industrial renovase su asociación con la oligarquía terrateniente garantizó, desde 1918 en adelante, la división de España en dos grupos sociales furiosamente hostiles, los terratenientes y los industriales por una parte y los obreros y los braceros por otra. Durante cinco años, hasta que el ejército intervino otra vez, la agitación social alcanzó por momentos niveles de una guerra civil no declarada. Durante los «tres años bolcheviques» de 1918 a 1921, las sublevaciones de jornaleros anarquistas en el sur fueron sofocadas por la Guardia Civil y por el ejército. También en el norte, los industriales de Cataluña, el País Vasco y Asturias intentaron soportar la crisis inmediatamente posterior a la guerra con reducciones de salarios y despidos, por lo que había huelgas violentas, y, en Barcelona, una espiral terrorista de provocaciones y represalias[30]. El sistema político de la Restauración se consideraba un mecanismo no idóneo para la defensa de los intereses económicos de las clases dirigentes. En ese momento el ejército intervino con el golpe de estado del general Primo de Rivera[31].

Como capitán general de Barcelona y amigo íntimo de los empresarios textiles catalanes, Primo era perfectamente consciente de la amenaza anarquista a que estaban sometidos. Además, por su procedencia de una familia terrateniente de Jerez, también tenía conciencia de las agitaciones campesinas del llamado trienio bolchevique de 1918 a 1921. Así pues, Primo era el defensor pretoriano ideal de la coalición de empresarios y terratenientes que se había consolidado durante la gran crisis de 1917. El régimen de Primo era ligeramente represivo y prohibió la CNT, si bien obtuvo la colaboración de los socialistas. Además, la dictadura disfrutaba de cierta prosperidad, lo que provenía en parte de la recuperación general europea, pero también de grandes inversiones en el desarrollo de infraestructuras. Por consiguiente, años más tarde se consideró la era de Primo de Rivera como la edad de oro de las clases altas y medias españolas. La idea de una monarquía militar con éxito llegó a ser un mito central de la derecha reaccionaria, abrigado por los ideólogos del franquismo[32]. Irónicamente, a corto plazo tuvo el efecto de desacreditar en España la idea del autoritarismo. El intento de Primo de perpetuar el sistema autoritario por medio de un partido único, la Unión Patriótica, fracasó totalmente, si bien proporcionó una vinculación de la monarquía militar a los partidos derechistas de la Segunda República[33]. Además del fracaso que experimentó en su intento de crear un aparato de autoritarismo duradero, las improvisaciones condescendientes y paternalistas del dictador lo alejaron de los terratenientes, los industriales, la jerarquía de la Iglesia y algunos oficiales de las unidades de élite del ejército. Se había abierto la puerta a una oportunidad para la izquierda. De manera decisiva, los intentos de Primo por reformar a los militares y, concretamente, de regularizar el sistema de ascensos aseguraron que el ejército se mantuviera apartado cuando una gran coalición de socialistas y republicanos de clase media se hicieron con el poder dos días después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Los derechistas nostálgicos que habían prestado sus servicios a la dictadura se vieron obligados a considerar la importancia del ejército. Por medio de la revista Acción Española y del partido Renovación Española habían de formar el estado mayor de la ultraderecha durante la Segunda República y habían de proporcionar gran parte del contenido ideológico del régimen franquista. Comprendieron muy bien que el ejército había defendido los intereses derechistas en 1917 y en 1923 y que, al no hacer lo mismo en 1931, había permitido el establecimiento incruento de la República. Por consiguiente, empezaron a acercarse al ejército y dedicaban sus esfuerzos a convencer a los oficiales de que una sublevación era no sólo legítima sino también necesaria.

En el momento del fracaso de la dictadura de Primo, las clases altas se habían encontrado privadas de formaciones políticas capaces de defenderlas del reajuste de los privilegios políticos y sociales que conllevaba la llegada de la República. Las elecciones de abril y de junio de 1931 hicieron que el poder político pasase a los socialistas y a sus aliados, las clases medias urbanas, los abogados e intelectuales republicanos. Éstos pretendían utilizar esta parcela de poder estatal, súbitamente adquirida, para crear una España moderna mediante la destrucción de la influencia reaccionaria de la Iglesia y del ejército, pero, por encima de todo, mediante una profunda reforma agraria, no sólo para mejorar las condiciones de vida de los braceros sumidos en la miseria, sino también a fin de crear un campesinado próspero que constituyese un mercado potencial para la industria española.

En este sentido la República era, potencialmente, el agente de la revolución burguesa que los banqueros, los comerciantes y los empresarios españoles habían sido incapaces de realizar. Sin embargo, el nuevo régimen no podía contar con su apoyo inequívoco. Esto se debía en parte a los estrechos lazos que existían entre la industria y el campo, que se habían intensificado durante los acontecimientos revolucionarios de 1917 a 1923. También era un reflejo de las circunstancias que afectaban a la Segunda República. La combinación de un contexto de depresión a nivel mundial con el considerable incremento, en tamaño e influencia, de los sindicatos, era algo que difícilmente podía animar a los empresarios a la aventura. El entusiasmo mostrado por los intelectuales liberales y los nacionalistas regionales en Cataluña y el País Vasco en favor del reformismo y el federalismo de la República no se reflejó en la actitud de la élite económica. En el mejor de los casos, existía cierta tolerancia hacia la República entre los elementos más progresistas de la industria ligera. Sin embargo, la acogida provisional que dieron a la República, con dudas y muchas veces con remordimientos instantáneos, fue contrarrestada por las reacciones de la alta burguesía catalana y vasca[34]. Sin embargo, en términos generales la mayoría de los empresarios y banqueros estaban de acuerdo con el punto de vista de la prensa derechista en el sentido de que la República era un régimen peligroso y revolucionario. Esto venía confirmado tanto por las actividades legales de los grupos de presión de los empresarios industriales, actividades que eran disolventes y subversivas, como por el hecho de que en la financiación de Renovación Española y de falange los empresarios vascos tuvieron casi tanta relevancia como los terratenientes[35].

Así pues, las ambiciones tímidamente reformistas de la República habían de hacer frente a la hostilidad incesante de los dos aliados de la coalición reaccionaria española. Es decir, el poder económico de los empresarios y terratenientes permaneció intacto durante la transición de la monarquía a la República. Por otra parte, habían perdido el monopolio del poder político y estaban empeñados en utilizar todas las armas sociales y económicas que tuvieran en sus manos para recuperar el control del aparato estatal. Como resultado de las elecciones relativamente limpias de 1931, la clase obrera y la baja burguesía urbana se encontraban ahora en condiciones de lograr sus mínimas aspiraciones políticas y sociales. Pocos meses después de la fundación del nuevo régimen, el gobierno de coalición republicano-socialista había introducido reformas que desafiaban en sus fundamentos la estructura social y económica anterior a 1931. La intención que había tras esta legislación social inicial era aliviar la miseria de los jornaleros del sur. Sin embargo, el ineficaz sistema latifundista dependía, para su supervivencia económica, de la existencia de un ejercito de reserva de braceros a los que se pagaban salarios de hambre. La introducción de la jornada laboral de ocho horas diarias donde anteriormente los hombres habían trabajado de sol a sol y de los comités de arbitraje para la regulación de los salarios y de las condiciones de trabajo, enfurecieron a los latifundistas.

Como la depresión hacía descender los precios de los productos agrícolas, los consiguientes aumentos de salarios, aunque fueron mínimos, significaron una redistribución de la renta potencialmente importante. Los medios tradicionales de mantenimiento de los salarios bajos —introducción de mano de obra barata del exterior y el cierre patronal agrícola (lock-out)— fueron dificultados por los decretos de términos municipales y de cultivo obligatorio. Con el aluvión de braceros a la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT y figurando el líder de la UGT Francisco Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, los terratenientes del sur se sintieron tan amenazados como sus homólogos italianos del Valle del Po cuando se enfrentaron a los ambiciosos avances del sindicato agrario socialista, la Federterra, tras la primera guerra mundial[36].

Si bien los fabricantes textiles catalanes y los empresarios de la industria ligera se beneficiaron del aumento del poder adquisitivo del campesinado, los empresarios de la industria pesada del País Vasco y los propietarios de las minas de Asturias se vieron tan fuertemente afectados como los latifundistas por la depresión y por el aumento de poder y de confianza de los sindicatos. Rápidamente iniciaron la búsqueda de nuevas formas de defensa de intereses económicos que nunca se habían visto afectados por amenazas legales como las que les planteaba la República. Los métodos adoptados para combatir los problemas planteados por el establecimiento de una democracia de masas operativa tomaron dos formas, una legal y otra violenta. A pesar de las manifiestas diferencias entre ellas, especialmente en términos de táctica cotidiana, sus estrategias generales eran complementarias y sus objetivos a largo plazo prácticamente idénticos. La defensa legal de los intereses oligárquicos implicaba la movilización de un movimiento de masas derechista que igualase la fuerza numérica de la izquierda. Eso dio lugar finalmente a la creación de la organización católica autoritaria Confederación Española de Derechas Autónomas. A diferencia de los intentos de esta última de conquistar el poder y de establecer un Estado corporativo por medios electorales, los llamados «catastrofistas» (es decir, los carlistas, los monárquicos de Renovación Española y los falangistas) se dedicaban abiertamente a la destrucción del régimen parlamentario.

Dada la agudeza del conflicto de clases en España, nunca hubo grandes posibilidades de que algún sector significativo de la clase obrera fuese movilizado por los grupos derechistas. Todos los intentos hechos en tal sentido durante la Segunda República fracasaron. El único grupo social, mínimamente sustancial, susceptible de manipulación por las derechas era el de las clases rurales medias-bajas. Los esfuerzos por movilizar a los pequeños propietarios agrícolas contra el poder creciente de la clase obrera urbana y rural ya habían tenido un éxito considerable. La Confederación Nacional Católico-Agraria, financiada por los grandes terratenientes, tenía medio millón de afiliados antes de que, con la dictadura de Primo de Rivera, empezase a parecer inútil[37]. Su influencia fue, no obstante, heredada por Acción Nacional, organización política católica de masas fundada a la semana siguiente de la caída de la monarquía y empeñada en la resistencia contra cualquier cambio en el orden religioso, económico o social. Bajo el dinámico liderazgo de un joven monárquico, José María Gil Robles, Acción Popular, nombre con el que se rebautizó en 1932, llevó a cabo campañas de propaganda generalizada destinadas a convencer a los pequeños terratenientes conservadores de que los intentos de la República de quebrar el poder social de la Iglesia constituían una persecución religiosa sin paliativos y que la proyectada reforma agraria iba dirigida tanto contra ellos como contra los grandes terratenientes.

Se gastaron ingentes sumas de dinero en convencer a estos pobres pero orgullosos agricultores de que la República los iba a convertir en proletarios. Cuando Acción Popular absorbió, en los primeros meses de 1923, a organizaciones derechistas similares a ella y se convirtió en la CEDA, podía contar con el apoyo de millones de personas. Estas bases eran persistentemente bombardeadas con la más virulenta propaganda antirrepublicana, como parte del proceso por la cual estaban siendo preparadas para combatir a la izquierda por lo que Gil Robles denominaba «la posesión de la calle». Se organizaron concentraciones masivas en las que se fomentaba en el auditorio una rabiosa hostilidad hacia el régimen parlamentario. En 1937, como más tarde lo hizo en sus memorias, Gil Robles afirmó que las reservas de beligerancia antirrepublicana así conseguidas harían posible la victoria de Franco en la guerra civil[38]. A pesar de la intensidad de su antirrepublicanismo, la CEDA se mantuvo dentro de los límites de la legalidad. Sin embargo, una abierta admiración tanto por el fascismo italiano como por el nazismo alemán indicaba la fragilidad de ese legalismo. Hitler y Mussolini eran admirados por llevar a cabo los propósitos que se había fijado la CEDA: la destrucción del socialismo y del comunismo, la abolición del parlamentarismo liberal y el establecimiento del Estado corporativo[39].

Los fines de Gil Robles a corto plazo eran obstaculizar las ambiciones reformistas de la República. Antes de su considerable éxito de 1933, esto se consiguió mediante un hábil programa de obstruccionismo parlamentario. Después, cuando tuvo la fuerza suficiente para controlar la política de una serie de ministerios en manos de los radicales o de éstos junto con la CEDA, este bloqueo se convirtió en la abolición completa de la legislación social de la República. El propósito de Gil Robles antes de las elecciones de 1933 había sido el establecimiento legal del Estado corporativo como medio de defensa permanente contra la izquierda. Cuando su victoria se demostró insuficiente adoptó una táctica más sibilina, consistente en fragmentar gradualmente el Partido Radical mediante una serie de crisis ministeriales bien orquestadas, abrigando la esperanza de ser designado eventualmente para formar gobierno. Al mismo tiempo, la brutal disminución del nivel de vida de la clase obrera le daba una nueva arma. Si pudiese provocar un levantamiento izquierdista, después de su represión se podría imponer el Estado corporativo[40]. Cuando ello sucedió, la insurrección de 1934 fue sofocada con tales dificultades que las esperanzas de una rápida introducción del Estado corporativo se abandonaron en favor de una vuelta a una táctica legalista más lenta. Las esperanzas de Gil Robles se vieron finalmente frustradas cuando a finales de 1933 una crisis de gobierno mal calculada llevó no a su nombramiento como presidente del gobierno, sino a la convocatoria de elecciones[41].

El éxito relativo de Gil Robles en la restauración del orden social anterior a 1931 provocó la unidad de la izquierda que había de ser la base de la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936. La revolución de Asturias en octubre de 1934 ya había apuntado la imposibilidad de una imposición pacífica del Estado corporativo. Las elecciones del Frente Popular significaron el fracaso definitivo de los esfuerzos realizados por la CEDA por utilizar la democracia contra sí misma. En lo sucesivo las oligarquías terrateniente e industrial buscaron una forma de protección menos peligrosa y permanente. Comenzaron a reencauzar su apoyo financiero en favor de la derecha «catastrofista». Al mismo tiempo las masas uniformadas del movimiento radical juvenil de la CEDA empezaron a ingresar en la Falange y, en menor medida, en el movimiento carlista[42]. Los pagadores del catastrofismo, por supuesto, habían puesto sus esperanzas en el ejército.

El fin de las ilusiones acerca del establecimiento legal del corporativismo por parte de la CEDA dio nuevas y agradables perspectivas de vida a la debilitada Falange. Para las demás organizaciones catastrofistas, Renovación Española y la comunión tradicionalista, de naturaleza carlista, esto no revistió gran importancia, excepto para confirmar lo que desde hacía tiempo predecían. Los carlistas, en particular, se vieron poco afectados por los acontecimientos diarios de la política durante la República. Acérrimos antimodernos y empeñados en el establecimiento de una monarquía teocrática, su compromiso con la destrucción violenta de la República laica era inamovible. Encerrados en sus feudos navarros, tendían a mantenerse distantes del resto de la derecha, aunque contribuyeron a ayudarla significativamente de dos maneras. La más evidente fue la aportación de su fanática milicia, el requeté, a la causa de la derecha en la guerra civil. La menos evidente fue proporcionar a la derecha un cuerpo autóctono de doctrina reaccionaria que permitió a otros derechistas defender, como auténticamente españolas, las ideas autoritarias y fascistas en boga[43].

La derrota de Gil Robles aportó el contexto necesario para el levantamiento militar a que se dedicaban las principales actividades le Renovación Española. Al igual que Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera, sus líderes habían sido militantes de la Unión Patriótica de Primo y de la Unión Monárquica Nacional, fundada en 1930 con el fin de ocupar el puesto de los partidos oligárquicos del periodo de la Restauración. Eran jóvenes miembros de la élite política monárquica que creían que la monarquía había fracasado porque estaba teñida de constitucionalismo liberal. En consecuencia, buscaron nuevos medios de defensa de los intereses de las clases altas. Devotos del general Primo de Rivera, su ideal era un Estado corporativo bajo una monarquía militar, aunque eran receptivos a otras soluciones al problema del auge de las masas izquierdistas. Aunque alardeaban de un movimiento juvenil radical e incluso pertenecieron Acción Popular hasta fines de 1932, a los monárquicos les repelía la política populista y se inclinaban hacia formas más incisivas y elitistas de hacer frente a la amenaza izquierdista. Así pues, Renovación española fue concebida como una organización de lucha dedicada a extender la idea de la legitimidad de un levantamiento militar contra la República, a inyectar el espíritu de rebelión en el ejército y a proporcionar la cobertura necesaria para la colecta de fondos, la compra le armas y la conspiración. Que la defensa del orden social, para esta organización, primaba sobre la conservación de la monarquía se puso de manifiesto en los planes del grupo para el futuro, planes que se revelaron como una admirable profecía del régimen de Franco. Eduardo Aunós y José Calvo Sotelo, fuertemente simpatizantes del fascismo italiano, habían realizado múltiples viajes en busca de modelos para la defensa del orden establecido y habían regresado como defensores entusiastas de la ordenación corporativa del movimiento obrero y de la economía[44]. Sin embargo, el desdén que ambos mostraban por las masas, responsables en su opinión de los excesos de la democracia, restringió cualquier inclinación que pudieran haber tenido a favor de un fascismo verdaderamente populista.

No era motivo de sorpresa que miembros del grupo Renovación Española financiasen con agrado a la Falange. Careciendo de bases militantes, los monárquicos veían a la Falange como carne de cañón en potencia para la lucha callejera y como un instrumento de desestabilización política para extender un ambiente de inseguridad y para justificar un alzamiento militar[45]. Además la presencia de José Antonio, hijo del dictador, al frente de Falange constituía una garantía útil para los empresarios y, en particular, para los terratenientes. El mismo tipo de garantía que el joven aristócrata Primo de Rivera proporcionaba a los terratenientes del sur era el que José María de Areilza representaba para la alta burguesía vasca. De hecho, a pesar de toda su retórica anticonservadora, los límites del radicalismo falangista estaban muy claros. Los elementos lumpenproletarios más francos, procedentes de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, a las que se había unido la Falange a principios de 1934, fueron rápidamente sometidos a control. Además, incluso las críticas jonsistas de la mediocridad moral y espiritual de los elementos del sistema burgués jamás llegaron al ataque del sistema de producción capitalista. La vacuidad de las consignas revolucionarias de la Falange fue revelada por su participación en la represión de la izquierda tras el alzamiento de octubre del treinta y cuatro y, más patentemente, por su papel en la guerra civil[46].

Con anterioridad a 1936 la Falange había sido incapaz de conseguir una masa de seguidores significativa debido a que sus apoyos naturales, las clases rurales medias-bajas, ya habían sido reclutadas por la CEDA. Perdería el apoyo financiero de los monárquicos de Renovación Española no a causa de su retórica izquierdista, sino debido a la rivalidad personal entre José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo. José Antonio se negó a unirse con la coalición derechista de Calvo Sotelo, el Bloque Nacional, aunque otros elementos supuestamente radicales de la Falange sí que se unieron al mismo. Ramiro Ledesma Ramos, por ejemplo, no se mostró tan intransigente como para rechazar el regalo de una motocicleta por parte de los monárquicos[47]. Incapaz de reclutar grandes masas y retirado gran parte del apoyo financiero nacional, la supervivencia de la Falange fue posible, en parte, gracias al dinero del gobierno italiano, aunque esto no debe considerarse en exclusiva como un sello de la aprobación fascista, puesto que tanto los carlistas como Renovación Española eran objeto de la buena disposición de Mussolini[48].

Mientras Falange se encontraba en sus horas bajas, la mayor parte de los esfuerzos de la oligarquía se dirigían a atraer a las masas de la CEDA hacia la órbita más agresiva de Renovación Española. Esto había de hacerse a través del mecanismo del llamado Bloque Nacional, bajo el liderazgo de José Calvo Sotelo. En teoría, el Bloque Nacional fue un perfecto anticipo de la unificación franquista. En la práctica, tanto Gil Robles como Primo de Rivera se mantuvieron al margen. En esta actitud había un fuerte elemento de rivalidad personal. José Antonio estaba resentido por la manera en que Calvo Sotelo le había robado su bagaje ideológico al abogar por soluciones fascistas para la crisis española. Su aristocrático desdén se reveló en el comentario de que Calvo Sotelo nunca podría acaudillar un movimiento de salvación nacional a causa de su torpeza en la equitación[49]. También existían fricciones personales entre Gil Robles y Calvo Sotelo. Con todo, si bien la unidad formal se vio obstaculizada por consideraciones personales, el triunfo de la izquierda en febrero de 1936 creó una situación en que la unidad de hecho se convertía en una necesidad urgente.

La izquierda estaba ahora dispuesta a llevar a cabo las reformas que con tanto éxito había impedido la CEDA. El evidente desafío a los intereses oligárquicos condujo a un notable cierre de filas en la derecha. Los líderes de Renovación Española intensificaron su presión en favor de una intervención militar y encauzaron fondos hacia la Falange para la realización de un programa de desestabilización política. Los ataques a personas y organizaciones de izquierda por parte de Falange y de militantes de la Juventud de Acción Popular fueron utilizados por Gil Robles y Calvo Sotelo como base de escalofriantes discursos parlamentarios en los que alegaban que España estaba entregada a la anarquía. En consecuencia, las clases medias y altas fueron inducidas por medio del terror a creer que sólo el ejército podría salvarlas. Los papeles de carlistas, Falange y Renovación Española en los preparativos finales de la largamente esperada catástrofe eran casi predecibles. Más interesante fue el comportamiento de la CEDA. Aunque fuera el partido político de la derecha más arraigado, y había sido creado concretamente para contrarrestar a la izquierda, una vez llegada la crisis, la mayoría de sus líderes y de sus bases volvió a la reacción refleja de la derecha española amenazada. Junto con los catastrofistas que habían estado intentando preparar el terreno para un golpe de estado, se dirigieron al ejército. Habiendo aceptado ya que el legalismo había fracasado, Gil Robles no hizo nada por detener el flujo de sus seguidores hacia organizaciones extremistas. Cedió los fondos electorales de la CEDA a los conspiradores del ejército y ordenó a los militantes de base de su partido que se pusieran a las órdenes de los militares en cuanto comenzase el alzamiento. Ensalzó la violencia fascista como respuesta patriótica a los pretendidos crímenes de la izquierda. Persona muy alabada por su legalismo, Gil Robles no dudó en poner su fuerza al servicio de los que pretendían establecer por la violencia el Estado corporativo autoritario.

La afinada orquestación de los esfuerzos tanto de los catastrofistas como de los legalistas en la primavera de 1936 indujo a muchos izquierdistas a ver a la CEDA, Renovación Española, a los carlistas y la Falange como regimientos de un mismo ejército. Durante toda la República, los líderes de cada grupo derechista habían intervenido en los mítines de los otros, siendo, normalmente, bien recibidos. Se reservaban espacios en la prensa de los diversos partidos para incluir informes favorables sobre las actividades de los rivales. Todos los sectores de la derecha compartían la misma determinación de establecer un Estado corporativo y de destruir las fuerzas efectivas de la izquierda. Todos ellos eran servidores de las oligarquías terrateniente e industrial en la medida en que dependían de su apoyo financiero, y todas sus actividades políticas estaban dirigidas a la protección de los intereses oligárquicos. Había, por supuesto, diferencias de opinión que ocasionalmente conducían a polémicas públicas. No obstante, rara vez iban más allá de disensiones sobre la táctica y, en tal caso, normalmente sobre lo que a los demás grupos parecía un excesivo legalismo de la CEDA. Estos grupos raramente rompieron su unidad parlamentaria en tiempo de elecciones o, lo que es más importante, durante la guerra civil, en fuerte contraste con las divisiones que quebraron a la izquierda en tiempos tanto de paz como de guerra. Es más, no era raro, en particular entre la burguesía rural de las provincias, pertenecer a más de una de estas organizaciones, y en algunos casos a todas ellas.

Tanto separada como conjuntamente, todos estos grupos constituyeron instrumentos de solución de una crisis en la que se encontraban las oligarquías terrateniente e industrial españolas como consecuencia de la presión de la izquierda en favor del cambio. La intensidad de esta crisis se debía en parte a la situación internacional, pero en mayor medida era el resultado del éxito obtenido por la oligarquía terrateniente al ir retrasando el cambio durante casi un siglo. Tras el hundimiento de la política de la Restauración y el fracaso final de la dictadura de Primo de Rivera, había que buscar nuevos métodos de defensa de los privilegios oligárquicos. En este sentido se puede considerar a las organizaciones derechistas, primero por separado y después de febrero de 1936 en conjunto, manifestaciones del fascismo español. En algunas ocasiones se ha comentado que el papel principal desempeñado por el ejército sugiere que la sublevación nacionalista no fue, en ningún sentido significativo, fascista. De hecho, como otros sectores de la derecha tradicional, el ejército se había permitido, en cierta medida, ser fascistizado. Algunos oficiales eran falangistas puros; la organización conspiradora, Unión Militar Española, era puramente fascista en su retórica, y durante toda la guerra civil la política del ejército no se podía distinguir de los fascismos contemporáneos.

Ya se han subrayado diversas diferencias y similitudes entre las experiencias italiana y española. Una diferencia fundamental que subraya las similitudes en otros aspectos es el hecho de que la crisis española llegó a su punto culminante catorce años después de que Mussolini conquistase el poder. La izquierda española había aprendido la lección de Italia, así como la de Portugal, Alemania y Austria. En España no existía la posibilidad de vencer a la izquierda con escaramuzas de squadristi. La guerra civil fue, en este contexto, la inevitable culminación del intento de imponer soluciones más o menos fascistas a la crisis española. En otras palabras, no sólo la tradición histórica y las pautas existentes de relaciones civiles-militares, sino también la fuerza de la clase obrera española y su decisión de resistirse a lo que consideraba como fascismo, dictaron que fuera el ejército quien desempeñara el papel principal en la defensa de los intereses derechistas.

El hecho de que en aquel caso la defensa de la oligarquía llevase a una guerra abierta proporcionó inevitablemente al ejército durante el régimen de Franco una influencia que no tuvo parangón en Italia. Por esta razón, la novedosa retórica antioligárquica estuvo bastante más reprimida bajo Franco que bajo Mussolini. Sin embargo, con la unidad formal en un solo partido de los grupos derechistas del período anterior a la guerra, el régimen de Franco consiguió los objetivos a que todos ellos aspiraban: el Estado corporativo, la abolición de los sindicatos libres, la destrucción de los partidos políticos y de la prensa de izquierda. Gran cantidad de dirigentes de las clases obreras fueron ejecutados y muchos más fueron internados en campos de concentración. La dominación social de los grandes terratenientes fue restaurada intacta. La política económica de Franco, como cabía esperar, favoreció permanentemente a la oligarquía terrateniente[50]. Esta identificación con la oligarquía tradicional es una de las razones de que con frecuencia no se identifique al régimen de Franco con el fascismo. Otra razón es la dominación política del ejército español durante la dictadura. No se debe olvidar, sin embargo, que el cuerpo de oficiales se llenó de falangistas durante la guerra civil, ni que funciones importantes del régimen, como la prensa, la propaganda y la organización sindical, estuvieron en manos de la Falange hasta los años setenta.

No deja de ser irónico, por tanto, que la dictadura de Franco, realizando inadvertidamente la función modernizadora que caracterizó a los regímenes fascistas, hubiese de asistir al eclipse de la oligarquía terrateniente y al triunfo final de la oligarquía industrial. Las represivas relaciones laborales del régimen condujeron a la acumulación de capital; su rabioso anticomunismo atrajo la ayuda norteamericana. La combinación de ambos factores, en el contexto favorable de finales de los cincuenta, condujo al segundo y definitivo despegue industrial de España. A finales de la década de los sesenta, la élite industrial llegó a considerar al régimen de Franco como un molesto anacronismo y, en consecuencia, industriales y banqueros coincidieron con la oposición democrática en su lucha por el cambio. La derecha, que había sido lo bastante implacable y versátil como para servirse tanto de falangistas como de militares, había cambiado. Para salvaguardar el desarrollo económico de los años sesenta y setenta la oligarquía estaba dispuesta a aceptar la cooperación con la izquierda moderada con vistas a permitir el establecimiento de la democracia. No es sorprendente que ciudadanos desconcertados de la ultraderecha y militares se plegaran en defensa de un concepto retóricamente fascista del régimen y en contra de los deseos de la mayoría abrumadora de la población.

Capítulo 2: La guerra de aniquilación de Franco

CAPÍTULO 2

LA GUERRA DE ANIQUILACIÓN

DE FRANCO

Durante toda su vida, y aun después de su muerte, el general Francisco Franco fue vilipendiado por sus enemigos de la izquierda y adulado hasta el absurdo por sus admiradores de la derecha. Tal hecho no resulta sorprendente dada su condición de vencedor de una cruenta guerra civil en España que inflamó las pasiones en todo el mundo. Al margen del éxito político personal que supuso permanecer en el poder durante casi cuatro décadas, su victoria en la guerra civil española fue su mayor y más gloriosa hazaña, como reflejan los juicios de sus detractores y hagiógrafos por igual. Para la izquierda, Franco era un general mediocre y torpe, cuyos triunfos en el campo de batalla se debieron enteramente a la constante ayuda militar prestada por Hitler y Mussolini. Para la derecha, Franco era un general que encarnaba en el siglo XX el espíritu de figuras como Alejandro Magno, Napoleón y el Cid Campeador.

Sin embargo, dejando a un lado los excesos propagandísticos de los admiradores del Caudillo, no deja de sorprender que tanto sus aliados durante la guerra como sus jueces más severos dentro de su propio bando hayan coincidido en una visión generalmente crítica de su valor como líder militar y estratega. Así, por ejemplo, la opinión compartida del Führer alemán y del Duce italiano al respecto fue notoriamente adversa. En 1942, en el transcurso de una comida, Hitler declaró: «Franco y compañía pueden considerarse afortunados de haber recibido la ayuda de la Italia fascista y de la Alemania nazi durante su primera guerra civil. […] La intervención del general alemán von Richtofen y las bombas que sus escuadrones descargaron desde el cielo decidieron el asunto»[1]. Durante la guerra, el primer representante diplomático de Hitler, el general Wilhelm Faupel, fue a menudo muy mordaz en sus despachos al referirse a la penosa lentitud de la dirección militar de Franco[2]. Los italianos también fueron bastante críticos. En diciembre de 1937, irritado por la aparente incapacidad de Franco para aprovechar su abrumadora superioridad de fuerzas, el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores fascista, anotó en su diario: «Franco no tiene ni idea de lo que es la síntesis en la guerra»[3]. Durante la batalla del Ebro, en 1938, el propio Duce se quejó de la «inconsistente dirección de la guerra» de Franco, y confesó a Ciano: «Escribe en tu diario que hoy, 29 de agosto, profetizo la derrota de Franco. O el hombre no sabe cómo hacer la guerra o no quiere. Los rojos son combativos, Franco no»[4].

Los juicios adversos de los aliados alemanes e italianos de Franco podrían considerarse poco fundamentados debido a su distancia y a su falta de familiaridad con las condiciones españolas. Sin embargo, las críticas, aunque más cautelosas en su formulación, también surgieron entre los propios asesores militares del Generalísimo. Dos opiniones críticas de Franco como estratega tuvieron como fuente a destacados miembros del alto mando militar nacionalista: el general Alfredo Kindelán Duany (jefe de las fuerzas aéreas de Franco) y el coronel (luego general) Jorge Vigón Suerodíaz (Jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte y posteriormente del Estado Mayor del propio Franco). Durante las primeras etapas de la guerra, Vigón escribió varias cartas a Kindelán solicitando que utilizara su influencia sobre el Generalísimo para lograr un cambio en la estrategia y una aceleración de las operaciones militares. Kindelán escribió sus memorias poco después del final de la contienda, y en ellas aludía a sus reservas y a las de Vigón sobre la dirección general de la guerra por parte de Franco. El permiso para su publicación fue denegado hasta 1945 y aun entonces las críticas a Franco como estratega fueron censuradas y el texto completo no fue editado hasta siete años después de la muerte del Caudillo.

Por ejemplo, Kindelán escribió a propósito del fallo de Franco para lanzar un rápido avance por todo el norte después de la caída de Bilbao en junio de 1937: «El enemigo fue derrotado, pero no perseguido; el éxito no se aprovechó, la retirada no se convirtió en desastre. Esto se debió al hecho de que, aunque la concepción táctica era magistral, como lo fue su ejecución, por otro lado, la concepción estratégica fue mucho más modesta». El pasaje en cursiva fue suprimido por la censura junto con algunos otro[5]. En sus propios diarios, no publicados hasta 1970, se aprecia la frustración de Vigón ante las decisiones militares de Franco, que retrasaron grandes ofensivas[6]. Con posterioridad, los más distinguidos historiadores oficiales del ejército franquista también fueron discretamente críticos respecto al que fuera su comandante en jefe[7].

El denominador común de todas estas críticas, tanto si son alemanas como italianas o españolas, reside en la creencia de que franco hubiera podido acelerar el progreso de su esfuerzo bélico en varios momentos cruciales. Ante todo, critican la lentitud de Franco a la hora de tomar decisiones en general y su disposición (en Brunete y Teruel en 1937 y en el Ebro en 1938) a desviar gran número de tropas para la tarea (muy costosa y sin valor estratégico) de reconquistar el territorio capturado por las fuerzas republicanas en sus ataques de distracción. La aparente tendencia del Generalísimo a perder de vista los objetivos estratégicos supremos en esas ocasiones, así como su tendencia a dejar pasar varias oportunidades para atacar una Cataluña débilmente defendida, han servido para concluir que carecía de capacidad de visión general. Ciertamente, no puede negarse que, como declaró en 1931 su entonces superior, el general José Sanjurjo, Franco «no es que sea un Napoleón»[8]. Sin embargo, probablemente también es errónea la opinión de que carecía de dotes como estratega militar, como sugieren Hitler y Mussolini, Kindelán y Vigón. A nuestro entender, juzgar a Franco por su capacidad para elaborar una estrategia clara e incisiva es equivocarse de asunto. Logró la victoria en la guerra civil del modo y en el tiempo en que quiso y prefirió. Aún más, obtuvo de esa victoria lo que más ansiaba: el poder político para rehacer España a su propia imagen, sin impedimento por parte de sus enemigos de la izquierda y de sus rivales de la derecha.

Tanto en la forma como en el fondo, la estrategia militar de Franco se atuvo a la consecución más de objetivos políticos a largo plazo que de objetivos inmediatos en el campo de batalla. Este hecho derivaba en parte de su propia personalidad, en que la cautela instintiva coexistía con una ambición casi ilimitada. Igualmente cruciales al respecto fueron su educación militar entre 1907 y 1910 en la anticuada Academia de Infantería de Toledo y sus experiencias de campaña en la salvaje guerra colonial librada por España en Marruecos. De hecho, sus vivencias personales y la cosmovisión aprendida en la Academia de Toledo se entretejerían y acabarían por determinar el carácter principal del estilo militar de Franco durante la guerra civil.

Siendo niño, traumatizado por las infidelidades de un padre hedonista y librepensador, Franco se identificó con su piadosa y conservadora madre. A lo largo de toda su vida rechazaría todas las cosas que asociaba con su progenitor, desde las diversiones sexuales y el consumo de alcohol hasta las ideas de la izquierda. Su infancia coincidió con el momento de mayor decadencia de la fortuna política de España y, con el tiempo, llegaría a asociar sus dificultades personales a las del país. En 1898 España sufrió una humillante derrota frente a Estados Unidos y perdió los restos de su imperio en América y el Pacífico. En 1907, cuando Franco entró en la Academia militar con catorce años, encontró una atmósfera de ciega hostilidad hacia los políticos liberales, a los que se achacaba la responsabilidad por el desastre del 98. Durante toda su vida Franco culparía de las tragedias nacionales a hombres que eran sorprendentemente similares a su propio padre[9]. En la guerra civil, su objetivo sería lograr no una rápida victoria sino la erradicación definitiva de tales hombres y tales maneras de ser de España.

La Academia de Infantería de Toledo enseñó a Franco pocas cosas sobre el pensamiento estratégico contemporáneo o los avances de la tecnología bélica desde la guerra francoprusiana de 1870. Tampoco se extrajeron lecciones de la guerra de guerrillas empleada en Cuba. La educación acentuaba una disciplina rígida, una historia militar idealizada sobre las glorias pretéritas de España y un conjunto de virtudes morales, entre las cuales destacaban la obediencia incondicional y el coraje temerario. Las dificultades internacionales de la España del momento se atribuían al veneno del liberalismo y del izquierdismo. A modo de compensación de los fracasos en el campo de batalla, se remarcaba la función del ejército como guardián político y espiritual de la nación, Era un axioma indiscutido que el ejército tenía derecho a rebelarse contra cualquier gobierno civil que tolerase el desorden social o las actividades de movimientos regionalistas que pusiesen en peligro la unidad de la patria. Franco abandonó la Academia con pocos conocimientos de las artes de la guerra pero plenamente imbuido de esas ideas y concepciones[10].

En el plano práctico, la primera experiencia de Franco como soldado se registró en el protectorado español de Marruecos. Llegado al mismo en 1912, pasaría allí diez años y medio de los siguientes catorce aprendiendo cómo combatir contra civiles indígenas y hostiles. A finales de 1938 declararía al periodista Manuel Aznar: «Mis años de África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Allí se formó el ideal que hoy nos redime. Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico a mis compañeros de armas»[11]. Por su frío coraje y su meticulosa atención a los temas logísticos y cartográficos, comenzó una meteórica carrera de ascensos que lo llevaría desde su condición de alférez en 1912 a la de general de brigada en 1926. Las operaciones bélicas en Marruecos eran sumamente brutales, dado que consistían en labores de pacificación de unas tribus radicalmente hostiles a la colonización. El salvajismo de las fuerzas de ocupación llegó al máximo nivel en agosto de 1920, con la formación de la Legión o Tercio de Extranjeros, una fuerza de choque en la que Franco serviría como segundo comandante. Como regla general, la Legión sería responsable de atrocidades contra las poblaciones indígenas a las que atacaba. La decapitación de prisioneros y la exhibición de sus cabezas como trofeos eran prácticas habituales[12]. Franco estimuló la violencia brutal de sus hombres convencido de que su nefasta reputación era en sí misma un arma para aterrorizar a la población colonial.

Cuando Franco regresó a la Península en 1926, había desarrollado totalmente dos de los rasgos característicos de su esfuerzo bélico durante los tres años de guerra civil: la implacable disposición a usar el terror contra la población civil y la férrea convicción del derecho del ejército a imponer sus opiniones políticas. A la altura de 1936, también había asumido que él era la persona más adecuada para definir esas opiniones. La creciente confianza en su propia misión patriótica quedó confirmada durante el período en que dirigió la Academia General Militar de Zaragoza (diciembre de 1927 a junio de 1931). En ella, ayudado por un cuerpo de profesores elegido entre sus compañeros africanistas, Franco educó a una generación de oficiales que combatirían a su lado durante la guerra civil bajo el modelo de la arrogancia brutal de la Legión y convencidos del derecho del ejército a determinar el destino político de la nación[13].

La proclamación de la Segunda República como régimen democrático en 1931 fue un serio revés para Franco. La Academia de Zaragoza fue clausurada y él quedó sin destino durante ocho meses, hasta que en febrero de 1932 fue nombrado gobernador militar de La Coruña. Ni ese destino ni el nombramiento un año después como comandante de las islas Baleares pudieron aminorar su resentida hostilidad hacia la democracia republicana. No obstante, su fortuna cambió con la llegada al poder del cada vez más conservador Partido Radical apoyado por el partido autoritario católico, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). El ministro radical de la Guerra, Diego Hidalgo, no sólo lo ascendió a general de división, sino que también lo escogió como asesor personal para asuntos militares. En octubre de 1934 los mineros de Asturias se sublevaron contra la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno, creyendo que tal hecho significaría la imposición del fascismo en España. Diego Hidalgo encargó oficiosamente a Franco que se ocupase de todas las tareas de aplastamiento de la sublevación. La declaración del estado de guerra transfirió al Ministerio de la Guerra toda la responsabilidad de mantener el orden y la ley (normalmente competencia del Ministerio de Gobernación). De este modo, la delegación de poderes por parte del ministro dio a Franco de facto todo el control de ambos ministerios, que ejerció con notable dureza[14]. El hecho fue para Franco la primera experiencia de poder real y omnímodo, confirmándole en las ideas sobre el papel del ejército que había asumido como cadete en Toledo. Además, acrecentó su convicción mesiánica de que estaba destinado a dirigir el ejército español en su lucha contra las perniciosas ideologías del liberalismo y la izquierda.

A pesar de esa pomposa concepción de su propia importancia, Franco fue muy prudente a la hora de comprometerse en la conjura militar que fue extendiéndose durante la primavera y verano de 1936. Cuando finalmente se comprometió (sólo cinco días antes del estallido de la guerra civil el 17 de julio), tomó a su cargo la dirección de las tropas más eficaces del bando de los insurgentes: el Ejército de África en Marruecos. Cuando llegó a Marruecos procedente de las islas Canarias (era comandante militar de las mismas desde marzo), se encontró con una situación incierta y peligrosa. El ejército marroquí estaba paralizado en el protectorado debido al bloqueo naval impuesto en el estrecho por la flota española, cuya marinería se había declarado en favor de la República después de arrestar a los oficiales conjurados. Respondiendo a ese grave problema, Franco hizo gala de lo que probablemente eran sus más valiosas cualidades como líder militar: una sangre fría notable junto con una voluntad decidida y un optimismo contagioso. En discursos, arengas y proclamas radiofónicas, repitió su consigna de «fe ciega en la victoria» y su mera presencia entre los rebeldes estimuló la moral[15].

El optimismo de Franco y su implacable determinación de vencer quedaron reflejados en una notable entrevista que concedió al periodista norteamericano Jay Alien en Tetuán el 27 de julio de 1936. Cuando Alien le preguntó cuánto tiempo duraría la matanza, ahora que el golpe había fracasado, Franco le respondió: «No puede haber acuerdo ni tregua. Seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré. Tomaré la capital. Salvaré a España del marxismo a cualquier precio. […] Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo esto parecerá una pesadilla». Cuando Alien le replicó: «¿Significa eso que tendrá que matar a media España?», un Franco sonriente declaró: «Le repito, a cualquier precio»[16].

Mientras tanto, Franco tuvo que afrontar el problema creado por el bloqueo naval republicano. Acarició la idea, entonces revolucionaria, de transportar sus tropas por aire al otro lado del estrecho y también examinó la posibilidad de enviar un convoy marítimo que rompiese el bloqueo, contra el parecer de su Estado Mayor[17]. Consideraba, despectivamente, que la marinería republicana, sin oficiales para navegar, vigilar las máquinas o dirigir los cañones, sólo plantearía un peligro pequeño. El convoy, que finalmente cruzó el estrecho el 5 de agosto, supuso un audaz riesgo que cimentó el prestigio de Franco en el bando nacionalista. Al mismo tiempo, los pocos aviones disponibles se emplearon en un puente aéreo constante a través del estrecho. La envergadura de ese puente aéreo creció enormemente una vez que Hitler y Mussolini decidieron, por separado, ayudar militarmente a los insurgentes españoles. Ambas decisiones estuvieron determinadas por motivos de interés propio germano e italiano. Sin embargo, el hecho de que dirigieran su ayuda hacia Franco reflejaba no sólo su manifiesta eficacia, sino también la fuerza de convicción con que persuadió a los representantes nazis y fascistas de que él era el líder rebelde que merecía su apoyo. Sus rivales, el general Emilio Mola, en el norte, y el general Gonzalo Queipo de Llano, en el sur, no pudieron competir con Franco en su habilidad para lograr la ayuda extranjera[18].

Una vez que hubo transportado sus tropas al sur de España, las primeras operaciones militares de Franco reflejaron sus experiencias en Marruecos. La naturaleza del territorio (las áridas colinas de Andalucía) y el hecho de que sus oponentes fueran civiles mal armados recordaban la guerra de tipo colonial de África. Franco ya había mostrado su disposición a utilizar a las tropas marroquíes en España durante la represión del octubre de 1934 en Asturias. A primeros de agosto de 1936 sus columnas africanas emprendieron una marcha inicialmente muy veloz y dura desde Sevilla y en dirección a Madrid. Con el conocimiento y la autorización de Franco, la Legión y los mercenarios marroquíes del cuerpo de Regulares indígenas tuvieron una eficacia extraordinaria en dicho avance. Franco dirigió las primeras etapas de su campaña bélica contra la izquierda española como si fuera una guerra colonial contra un enemigo racialmente inferior. Los moros y los legionarios implantaban el terror allí donde llegaban, saqueando los pueblos capturados, violando a las mujeres, matando a sus prisioneros y mutilando sexualmente sus cuerpos[19]. El uso del terror, como inversión tanto a corto como a largo plazo, fue un elemento esencial de la estrategia de Franco en su condición de general y de dictador. Durante la guerra y mucho después de la misma, sus enemigos que no habían sido eliminados físicamente quedarían paralizados por el terror y forzados a buscar su supervivencia en la inacción.

Bajo la dirección de campaña efectiva del teniente coronel Juan Yagüe, las columnas de Franco avanzaron desde la provincia de Sevilla hacia Extremadura. Tomaron pueblo tras pueblo, recorriendo doscientos kilómetros en poco más de una semana. El terror acumulado después de cada pequeña victoria, junto con la habilidad del ejercito de África en campo abierto, explican el éxito de las operaciones proyectadas por Franco. Las improvisadas milicias republicanas luchaban desesperadamente siempre que tenían el abrigo de edificios o de árboles. Pero el mero rumor de que los moros podrían estar avanzando por los flancos servía para ponerlas en fuga, abandonando todo su magro equipo en la huida. Franco planificó sus ofensivas en consecuencia. La intimidación y el uso del terror, denominados eufemísticamente castigo, estaban especificados en sus órdenes escritas[20]. La mayor carnicería tuvo lugar en los días posteriores a la toma de Badajoz el 14 de agosto de 1936, cuando en torno a dos mil prisioneros fueron masacrados. La decisión de Franco de enviar sus tropas hacia Badajoz, lo que implicaba un desvío de sesenta kilómetros en la ruta a Madrid, ejemplificaba su obsesión por el aniquilamiento de toda oposición, con independencia del coste humano o temporal implícitos. Si sus fuerzas hubieran continuado en dirección a Madrid, la guarnición asediada en Badajoz de ningún modo hubiera podido amenazarlas desde la retaguardia. Esa medida contribuyó a la dilación que hizo posible que la República preparara sus defensas en la capital.

Tres días antes de la toma de Badajoz, el 11 de agosto, Franco había escrito a Mola una carta en la que revelaba su voluntad obsesiva de purgar de enemigos todo el territorio capturado. Era una perspectiva estratégica que no cambiaría sustancialmente durante toda la guerra y que reflejaba profundamente una mentalidad bélica «colonial». En la misiva dejaba claro que, para él, la conquista gradual de territorio y la consecuente eliminación de toda resistencia en las «zonas ocupadas» eran más importantes que una victoria rápida. A pesar de ello, se mostraba de acuerdo en que el objetivo supremo había de ser la conquista de Madrid. Refiriéndose al hecho de que el Alcázar de Toledo estuviera sitiado por milicias republicanas, afirmaba significativamente que el avance de sus tropas hacia la capital «descongestionará y aliviará Toledo sin distraerse fuerzas que puedan necesitarse»[21].

Tras la captura de Badajoz, las columnas africanas avanzaron rápidamente por las carreteras en dirección noreste hacia la capital española. El 27 de agosto habían llegado a la última ciudad de importancia en la ruta hacia Madrid, Talavera de la Reina, que cayó en su poder una semana más tarde[22]. La conquista fue seguida de otra masacre sistemática. Sin embargo, es plausible afirmar que Franco no tuvo interés especial en conseguir una rápida captura de Madrid, sobre todo en vista de una subsecuente decisión clave, de la que hablaremos más adelante. Con una resistencia miliciana cada vez más intensa, las tropas de Franco tardaron más de quince días en llegar a la villa de Maqueda, a partir de la cual la carretera se dividía en dos tramos: uno en dirección noreste, hacia Madrid, y otro en dirección sureste, hacia Toledo[23].

Yagüe tomó Maqueda el 21 de septiembre y, a partir de ese momento, el carácter de la dirección bélica de Franco experimentó un cambio sustancial. A principios de aquel mes la República se había reorganizado mediante la formación de un gobierno de coalición presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Ese esfuerzo de reafirmación de una autoridad central en el enemigo acentuó entre los dirigentes nacionalistas la convicción de que también en sus filas era necesario unificar y reforzar el mando central. Franco había expresado hacía tiempo sus ambiciones sobre el particular, declarando a sus interlocutores alemanes en Marruecos que deseaba «ser visto no sólo como el salvador de España, sino también como el salvador de Europa frente a la expansión del comunismo»[24]. Ese objetivo no podría lograrse mediante una rápida victoria militar sobre la República y la consiguiente desmovilización. Las ambiciones políticas de Franco y la necesidad de tomar decisiones militares claves se conjugaron críticamente después de la captura de Maqueda por Yagüe. Aquel mismo día, en una reunión de los generales nacionalistas celebrada en un aeródromo cercano a Salamanca, Franco fue elegido Generalísimo de los ejércitos por sus compañeros de armas. Sin embargo, detrás de la elección casi por unanimidad y de la retórica de apoyo, se podía discernir una resistencia ante el paso dado. Tres días pasaron después de la reunión sin que se publicara o ejecutara la decisión de nombrar a Franco como Generalísimo. En esas condiciones, el propio Franco buscó una fórmula para precipitar la medida.

Franco decidió personalmente una operación estratégica desconcertante: desvió a sus tropas de la ruta hacia Madrid para dirigirse hada Toledo. De ese modo perdió una oportunidad única e irrepetible para llegar a la capital antes de que se hubieran terminado las obras de defensa y se hubiera levantado su moral de resistencia. Yagüe, Kindelán y el jefe de operaciones de Franco, teniente coronel Antonio Barroso, le advirtieron de que esa maniobra de diversión para liberar el Alcázar podría costarle la pérdida de Madrid. Con posterioridad, Franco reconoció a un periodista portugués que «cometimos un error militar y lo cometimos deliberadamente»[25]. Había optado por dar prioridad al encumbramiento político de su persona mediante una victoria simbólica y un golpe de efecto propagandístico como fue la liberación del Alcázar de Toledo el 27 de septiembre. Al día siguiente, el alto mando nacionalista volvió a reunirse en el aeródromo salmantino y confirmó a Franco en su condición de Generalísimo y le confirió el cargo de «Jefe del Gobierno del Estado». Desde ese momento se arrogó clara y directamente la categoría y las atribuciones del «Jefe del Estado»[26]. Como resultado de su decisión se produjo un retraso en la marcha de las operaciones bélicas desde el 21 de septiembre (caída de Maqueda) hasta el 7 de octubre (reinicio de la marcha sobre Madrid).

A partir de su encumbramiento político, el ritmo y estilo de la dirección estratégica de Franco sufrieron un cambio perceptible. La guerra rápida practicada por las columnas dejó paso a un esfuerzo bélico más moroso, en el que la destrucción gradual del enemigo precedió a los grandes objetivos estratégicos. A tono con sus grandiosos planes para erradicar permanentemente a la izquierda de España, Franco comenzó a dilatar la guerra para aplastar a sus enemigos republicanos y para eliminar a sus rivales de la derecha. Visitando las minas del Alcázar después del final de la guerra, Franco declaró a Manuel Aznar, el cronista oficial de sus triunfos militares: «Al entrar en el Alcázar tuve la convicción de que había ganado la guerra. A partir de aquel momento era sólo cuestión de tiempo. No me interesaba ya una victoria fulminante, sino que la victoria total en todos los terrenos viniese por la consunción del enemigo»[27].

El 7 de octubre las tropas nacionales habían reemprendido las operaciones de avance sobre Madrid. Después de consultar con Franco, Mola había diseñado una estrategia final en dos etapas para tomar la capital, que ya estaba siendo rodeada en el sector occidental desde el norte hacia el sur. La idea consistía en que, primero, las tropas nacionales reducirían el semicírculo de asedio a la capital por todo el sector oeste y, en un segundo momento, el Ejército de África, bajo la dirección ahora del impetuoso general Varela, realizaría un asalto frontal a través de los barrios noroccidentales. Las defensas exteriores de la ciudad estaban siendo desmoralizadas por los bombardeos de la aviación nacional y barridas por los avances de columnas provistas de tanques ligeros italianos[28]. Sin embargo, no hubo urgencia real para comenzar la operación prevista y el propio Franco estuvo sorprendentemente ausente del frente madrileño hasta el día 23 de noviembre, cuando se presentó para ordenar su cese. Por entonces estaba mucho más interesado en la mucho menos importante operación de liberar del cerco a Oviedo, capital asturiana, para lo cual envió valiosas tropas desde Madrid. Cuando Barroso le advirtió que las fuerzas nacionalistas no eran suficientes para justificar el riesgo de un ataque frontal a una ciudad que se defendería casa por casa, Franco le replicó: «Dejemos que Varela lo intente. Siempre ha tenido mucha suerte». Tal frivolidad sugiere que Franco estaba distanciándose del asalto a Madrid. El plan de Varela de atacar por el noroeste, donde existe una especie de muralla natural forjada por el río Manzanares, era casi suicida. Hubo debates intensos dentro del alto mando nacionalista sobre la conveniencia e idoneidad de un ataque desde posiciones inferiores y a través de calles estrechas. Sin embargo, Franco no hizo nada para evitar el ataque de Varela. El Generalísimo no iba a cancelar el asalto en un momento en que existía la convicción en círculos nacionales de que la capital iba a caer de un momento a otro. Sin embargo, una vez que Varela hubiera cosechado su fracaso, no habría oposición a su preferencia por una guerra larga[29].

El 22 de noviembre, el asalto nacional sobre Madrid había sido rechazado por una población que se defendía ardorosamente en el medio urbano y que contaba con el apoyo de la primera de las brigadas Internacionales[30]. Al día siguiente Franco viajó desde Salamanca hasta Leganés e informó a sus generales y oficiales de que no cabía otra opción que abandonar el ataque frontal. Tuvo la fortuna de que las tropas republicanas de la capital también estuvieran agotadas y fueran incapaces de lanzar una contraofensiva. Si lo hubieran hecho, quizá hubieran podido cambiar la suerte de las armas en su favor. Pero antes de que la República pudiera recuperar sus fuerzas, las exhaustas tropas de Franco recibirían masivos refuerzos enviados desde la Italia fascista. Mussolini tenía crecientes dudas sobre la planificación estratégica del Generalísimo. Sin embargo, se había comprometido demasiado con la causa nacional como para permitir la derrota de Franco[31]. Los alemanes también se enfrentaban «con la decisión de salir de España o enviar más fuerzas allí»[32]. Era un dilema que Franco había de explotar a su favor con habilidad.

El fracaso del asalto de Madrid dejó a Franco bastante indeciso frente a lo que empezaba a ser una compleja guerra de maniobras. A juicio del general Faupel, por aquellas fechas «su formación y experiencia militar no le hacen adecuado para la dirección de las operaciones en la escala actual»[33]. Al final, tras considerable vacilación, Franco decidió adoptar una estrategia de cerco indirecto, utilizando como vía de ataque a la capital la carretera de La Coruña, en el noroeste[34]. En medio de un clima adverso se libraron sangrientas batallas por pequeñas poblaciones del área. El comandante italiano en España, general Mario Roatta, también se quejó entonces a Roma de que el Estado Mayor del Generalísimo era incapaz de planificar una operación apropiada para una guerra en gran escala[35]. Una vez que el frente se hubo estabilizado el 15 de enero de 1937, cada bando había perdido en torno a 15 000 hombres[36]. Los reiterados esfuerzos por tomar Madrid habían diezmado severamente a las fuerzas de Franco. Los republicanos se habían atrincherado sólidamente en la zona. Franco tuvo la fortuna de que careciesen de fuerzas para pasar a la ofensiva contra unas líneas excesivamente dilatadas y de que pronto llegaran los refuerzos italianos.

En parte por despreciar la dirección estratégica de Franco, y en parte por monopolizar el previsto triunfo del fascismo, Mussolini insistió en que las tropas italianas deberían usarse como fuerza independiente, bajo el mando de un general italiano y sólo nominalmente responsable ante Franco. Éste, tras rechazar un ambicioso plan militar del Duce para dividir a Cataluña del resto de la República, aceptó un ataque a Málaga con vistas a proseguir la ofensiva contra Valencia por el suroeste[37]. Mussolini creía que podía enviar instrucciones a Franco como a un subordinado y todo indica que el ataque a Málaga fue una idea personal suya[38]. Franco no tenía mucho interés en la táctica italiana de la guerra celere (guerra relámpago), ni tampoco en la posibilidad de una victoria de Mussolini que acabara con la guerra civil antes de que él hubiera consolidado su propia posición política. Visitó el frente del sur sólo una vez y recibió con disgusto la noticia de que las tropas italianas habían entrado en primer lugar en Málaga y el telegrama de Roatta, que decía: «Tropas bajo mi mando tienen el honor de entregar a Su Excelencia la ciudad de Málaga»[39]. De hecho, en vista de la masiva superioridad numérica y logística, la victoria obtenida era mucho menos impresionante de lo que pareció en aquel momento.

Al mismo tiempo que los italianos atacaban por el sur, y animado por la disponibilidad de la potente Legión Cóndor alemana, Franco había reanudado sus esfuerzos para tomar Madrid. El 6 de febrero de 1937 había lanzado una fuerte ofensiva a través del valle del Jarama, en el sur, con la intención de llegar a cortar la carretera que unía Madrid con Valencia. Todavía convencido de que era posible conquistar la capital, Franco manifestó un interés especial por esta batalla[40]. Sin embargo, cuando el coronel Emilio Faldella, Jefe de Estado Mayor de Roatta, le ofreció la oportunidad de utilizar las tropas italianas para cerrar el cerco sobre Madrid, Franco respondió negativamente: «Éste es un tipo especial de guerra que se tiene que luchar con métodos excepcionales, de modo que no se puede emplear de una vez una fuerza tan numerosa, sino que sería más útil dispersarla en varios frentes»[41]. Ese comentario revelaba no sólo el resentimiento de Franco por la victoria italiana en Málaga, sino también las limitaciones de su visión estratégica. Su preferencia por acciones graduales sobre una amplia zona ponía en evidencia tanto sus propias experiencias militares en una guerra colonial a pequeña escala como su deseo de conquistar España lentamente y consolidar así su supremacía política[42]. Ante la insistencia de Faldella, Franco reiteró su voluntad de llevar a cabo una ocupación gradual y completa del territorio de la República: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios»[43].

Sin embargo, una vez que el ataque nacionalista en el Jarama quedó frenado por la firme resistencia de las tropas republicanas, reforzadas por las Brigadas Internacionales, Franco tuvo que retractarse y solicitar a Faldella que iniciara una ofensiva de diversión para aliviar a sus cansadas tropas. El Generalísimo creía que un ataque italiano sobre la ciudad de Guadalajara representaría la ocasión ideal para forzar una retirada de tropas republicanas del frente del Jarama. Pero los italianos no estaban interesados en una operación secundaria de diversión, sino que deseaban tomar parte en una acción principal y decisoria. El modo en que Franco resolvió la contradicción entre sus propios planes estratégicos y los abrigados por los italianos revelaría su implacable tenacidad política. Además, su actuación con ese motivo iba a demostrar su creciente autoconfianza y su firme convicción sobre el modo en que había de librarse la guerra después del fracaso en Madrid, acremente criticado por Faupel y Roatta.

El 1 de marzo de 1937, ansioso por lograr que los italianos aliviaran la presión republicana sobre sus fuerzas en el Jarama, Franco aceptó el plan de campaña propuesto por Faldella. Se trataría de completar el cerco sobre Madrid mediante una maniobra envolvente con dos brazos de tenaza: un ataque italiano por el noreste, partiendo de Sigüenza sobre Guadalajara, combinado por un ataque simultáneo por el sur de tropas nacionales desde el Jarama hacia Alcalá de Henares. El 8 de marzo las tropas italianas, mandadas por el general Amerigo Coppi, iniciaron la operación, rompiendo las defensas republicanas. Sin embargo, aquella misma tarde se puso de manifiesto que las tropas de Franco no habían iniciado el movimiento previsto en el frente del Jarama. Ese hecho permitió a los republicanos retirar fuerzas del sector del sur para concentrar refuerzos en el frente situado al norte de Guadalajara. Los italianos tropezaron también con el inconveniente del mal tiempo. Equipados para operaciones en el África colonial, no estaban preparados para combatir en medio de la nieve y la ventisca. Sus aviones no pudieron despegar, mientras que la fuerza aérea republicana pudo operar desde sus bases en el sur sin impedimento. Por último, sus tanques ligeros, con torretas fijas, resultaron muy vulnerables ante los nuevos tanques republicanos, el modelo T26 soviético con torreta móvil. Roatta se dirigió a Franco solicitando el inicio urgente de la prometida ofensiva en el sur, mientras éste aparentaba franca impotencia para actuar. En esas condiciones, con Franco dando evasivas ante un Roatta desesperado, las fuerzas italianas sufrieron una derrota abrumadora. La derrota de Guadalajara tuvo muchas causas: el mal tiempo, la escasa moral y el inadecuado equipo de los italianos y la habilidad táctica de los republicanos. No obstante, si Franco hubiera desencadenado el ataque previsto por el sur, el resultado de la batalla hubiera podido ser muy diferente. La negativa del Generalísimo a poner en acción sus propias hopas y su disposición a dejar que los italianos se enzarzaran en un baño de sangre contra los republicanos hace difícil evitar la conclusión de que había decidido usar a los italianos como carne de cañón dentro de su estrategia de derrotar a la República en una guerra de desgaste gradual. Por eso permitió que las fuerzas italianas soportaran el peso del combate mientras sus propias tropas se reagrupaban y recuperaban[44]

Franco pudo, al menos, congratularse de que la República tuviera que pagar un alto precio por su costosa victoria en Guadalajara. Sin embargo, el resultado de la batalla le obligó a reconsiderar sus opciones estratégicas. La conclusión inevitable de la fácil victoria en Málaga y de los baños de sangre en el Jarama y Guadalajara era evidente: la República había concentrado sus mejores tropas y medios en torno a la capital, en perjuicio de otros frentes secundarios. Por tanto, aunque con bastante renuencia, Franco asumió la posibilidad de destruir a la República en varios plazos y lejos del frente madrileño. A lo largo de marzo de 1937, Franco fue presionado por el coronel Vigón (jefe del Estado Mayor de Mola) a través de Kindelán, y por el general Hugo Sperrle, comandante de la Legión Cóndor, para que intensificara la guerra en el frente del norte peninsular a fin de hacerse con los grandes recursos industriales de las provincias vascas. Tras el desastre de Guadalajara, Franco resolvió con inusitada celeridad aceptar los consejos previos[45]. Dicha decisión se basó también en los comentarios de Sperrle y su jefe de Estado Mayor, el coronel Wolfram von Richtofen, sobre el potencial efecto que el «estrecho apoyo aéreo» habría de tener en la destrucción de la moral del enemigo[46]. En teoría, la Legión Cóndor era responsable directamente ante Franco. Sin embargo, debido a las dificultades de contacto permanente y cotidiano, Franco dio a Sperrle autorización para tratar directamente con Mola y Vigón[47]. Por tanto, con el permiso de Franco, los alemanes tuvieron la voz cantante en la campaña. Mientras se planificaba la ofensiva, Von Richtofen anotó en su diario: «Prácticamente estamos a cargo de todo el asunto sin ninguna responsabilidad»[48].

Aunque Franco estaba encantado de tener bajo sus órdenes a la Legión Cóndor, el novedoso empleo de tecnología y tácticas modernas realizado por esa fuerza aérea alemana estaba muy lejos de su cosmovisión estratégica. De hecho, para consternación de Sperrle, Franco debilitó la ofensiva en Vizcaya (Bilbao no cayó hasta el 19 de junio) al retener fuerzas sustanciales en el frente de Madrid y al exigir, sin éxito, que las unidades de la Legión Cóndor fueran diseminadas entre las fuerzas aéreas nacionales del área central. A pesar de ello, los métodos de ataque aéreo germanos (materializados en el bombardeo de objetivos civiles indefensos como Durango y Guernica, el 31 de marzo y el 26 de abril) se ajustaban perfectamente a la idea de Franco de utilizar el terror contra el enemigo para lograr su rendición.

El 4 de abril de 1937, el Generalísimo explicó su pensamiento sobre el particular al embajador italiano, Roberto Cantalupo. Desestimó la noción de ejecutar golpes estratégicos rápidos por ser apropiados sólo para una guerra contra un enemigo extranjero. Hablando de «las ciudades y el campo que ya han sido ocupados, pero que aún no han sido redimidos», declaró de manera inquietante: «Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas». La redención aludida significaba una purga política como la que había tenido lugar tras la captura de Badajoz y Málaga: «Ocuparé España ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, ferrocarril a ferrocarril. […] Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz en el interior. Llegado el caso, esta guerra civil podría continuar aún otro año o dos, quizá tres. Querido embajador, puedo asegurarle que no tengo interés en el territorio, sino en los habitantes. La reconquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes, el fin». Con un tono de queja impotente prosiguió: «No puedo acortar la guerra ni siquiera un día. […] Podría incluso ser peligroso para mí llegar a Madrid mediante una compleja operación militar. No tomaré la capital ni siquiera una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un nuevo régimen»[49].

No hay duda alguna de que Franco otorgaba la máxima importancia a la consolidación de su propio poder político omnímodo. Así se había puesto de manifiesto durante los meses de septiembre y octubre de 1936. A lo largo de la campaña vasca, volvería a dedicar tiempo considerable y astutos esfuerzos a la tarea de crear un partido único que estuviera bajo su liderazgo indiscutido[50].

A mediados del verano de 1937, finalizada la ofensiva vasca y a punto de comenzar la campaña sobre Santander, Franco estaba seguro de su victoria final, aun cuando la cifrase en un plazo de años más que de meses. Sin embargo, sus aliados del Eje italo-germano encontraban muy difícil aceptar su visión de los beneficios políticos de una lenta guerra de desgaste. Esa circunstancia dio origen a rumores en favor de una paz negociada, siempre rechazados por el Caudillo, absoluto partidario de una guerra a muerte contra sus enemigos. De todos modos, la lentitud de sus preparativos bélicos permitió que el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, intentase frenar el previsto ataque en el norte mediante el lanzamiento (6 de julio) de una ofensiva de diversión y por sorpresa en la villa de Brunete, en el oeste del árido frente madrileño. Como se demostraría posteriormente en Teruel y en el Ebro, la idea de una guerra de redención moral mediante el terror no iba a dejar que Franco cediese un centímetro de territorio propio al enemigo sin aprovechar la ocasión para demostrarle la invencibilidad de su ejército, al precio y coste que fuera. En consecuencia, Franco respondió cumplidamente al reto de Brunete y aceptó un retraso de la más importante campaña del norte porque creía que así podría destrozar más tropas republicanas en el frente de Madrid[51].

La decisión de Franco de entablar una batalla para reconquistar Brunete fue considerada por muchos como un error estratégico. De hecho, consiguió lo que consideraba un objetivo del mayor interés: que la República, en una de las más sangrientas batallas de la guerra, perdiera a veinte mil de sus mejores hombres a cambio de retrasar la caída de Santander sólo unas cinco semanas[52]. Más significativa que la decisión de abandonar temporalmente la campaña del norte para luchar en Brunete fue la reacción de Franco ante el éxito cosechado por sus tropas. El general Varela estaba convencido de que, con las fuerzas republicanas en retirada, sería posible lanzar un ataque para tomar Madrid. Franco, que ya no estaba interesado en la pronta captura de Madrid y tampoco en el retraso de la ofensiva santanderina, ordenó a Varela fijar las posiciones y atrincherarse[53]. Muy probablemente la caída de Madrid entonces hubiera significado el final de la guerra. Sin embargo, el Caudillo no quería lograr la victoria hasta que cada palmo de tierra de España hubiera sido limpiado de liberales e izquierdistas.

La campaña del norte se convirtió en una especie de paseo militar. El 24 de agosto, dos días antes de la caída de Santander, el general Rojo lanzó otra ofensiva de diversión y por sorpresa en el hasta entonces tranquilo frente de Aragón, que tenía como objetivo máximo llegar hasta Zaragoza. Como resultado, cayó en manos de los republicanos el pequeño pueblecito de Belchite. Franco meditó seriamente su respuesta al desafío. Sin embargo, dado el mínimo valor estratégico del pueblecito y el previsible impacto de un retraso en la inminente ofensiva sobre Asturias, esta vez decidió no aceptar el reto[54]. De este modo, Belchite no retrasó ni evitó la conquista nacional de Asturias durante los meses de septiembre y octubre de 1937. Con la eliminación de la presencia republicana en el norte y la adquisición de sus recursos humanos e industriales, el equilibrio de fuerzas se decantó claramente del lado de los nacionales. Acortadas sustancialmente las líneas de frente y desaparecidos muchos compromisos bélicos, Franco disponía ahora de un ejército potente y bien equipado para emplearlo en el área del centro y del este peninsulares.

Después de un descanso de dos meses para reorganizar sus fuerzas en seis cuerpos de ejército, Franco dudó sobre el lugar exacto de la siguiente gran ofensiva. Tras considerar un ataque en Aragón, un ataque sobre Valencia u otro sobre el norte de Cataluña para aislarla de Francia, a principios de diciembre decidió que su próxima ofensiva tendría lugar en Madrid[55]. Había previsto lanzar una operación de cerco mediante un ataque en dirección a Alcalá de Henares. Sin embargo, Rojo se anticipó a sus planes mediante otra inesperada ofensiva de diversión iniciada el 15 de diciembre contra la ciudad aragonesa de Teruel. Las tropas republicanas conquistaron rápidamente mil kilómetros cuadrados y, por primera vez en todo el conflicto, se apoderaron de una capital de provincia en manos enemigas[56]. Franco decidió abandonar su prevista ofensiva en Madrid a pesar del reiterado consejo de sus asesores militares, tanto españoles como italianos y alemanes, para que no lo hiciera y desestimara el desafío republicano de Teruel. Su objetivo de aniquilación total y humillante de la República no admitía conceder tal éxito al enemigo. Como Rojo había utilizado casi todas las reservas republicanas en la operación de Teruel, la captura de Madrid era una posibilidad muy realista. Sin embargo, Franco no pretendía terminar la guerra hasta que hubiera «redimido» totalmente más territorio. En ese sentido, la expectativa de enfrentarse a Rojo en Teruel significaba una grandiosa oportunidad para destruir una gran masa de las mejores tropas republicanas[57].

Mientras Franco concentraba sus tropas en el frente de Teruel, un irritado Ciano anotaba en su diario: «Nuestros generales [en España] están inquietos, y con mucha razón. Franco no tiene idea de lo que es la síntesis en la guerra. Sus operaciones son tan sólo las de un magnífico comandante de batallón. Su objetivo es siempre el territorio, nunca el enemigo. Y no se da cuenta de que es mediante la destrucción del enemigo como se gana una guerra»[58] Ciano se equivocaba. La obsesión de Franco por el «territorio» era una búsqueda deliberada de grandes batallas de desgaste y agotamiento en las que se destruyeran grandes masas de tropas enemigas.

Teruel sería precisamente ese tipo de batalla. Librada bajo temperaturas invernales mínimas y con un coste enorme por ambos bandos, la batalla sería ganada por las fuerzas de Franco el 22 de febrero de 1938[59]. El ejército republicano quedó destrozado tras el esfuerzo y el ejército franquista se vio en condiciones de iniciar una ofensiva general en todo el frente de Aragón sin graves riesgos. Franco gozaba entonces de una superioridad del 20% en fuerza numérica sobre el enemigo y de una abrumadora ventaja en equipo bélico, artillería y aviación[60]. La destrucción de las mejores tropas republicanas en la batalla de Teruel hizo de la misma un punto de inflexión en la marcha de la guerra civil. También coincidió con un momento decisivo de la institucionalización del poder político de Franco, que formó su primer gobierno el 30 de enero de 1938[61].

La victoria de Teruel abrió la vía a una serie ininterrumpida de triunfos sobre una República agotada y desmoralizada. Durante los cinco meses siguientes, Franco sacó provecho de la oportunidad creada. Su interés por el aniquilamiento físico del enemigo vetaría la ejecución de grandes y elaboradas operaciones estratégicas para acabar con la República rápidamente. Sin embargo, iba a demostrar cierta habilidad a la hora de dirigir un ejército de varios cientos de miles de hombres en un frente muy extenso, lo que permite descartar que fuera sólo un pequeño comandante de batallón, como despectivamente le consideraban Hitler, Mussolini o Ciano. A primeros de marzo de 1938, seis cuerpos de ejército, integrados por unos 200 000 hombres, emprendieron un avance en dirección al valle del Ebro en un frente de 260 kilómetros. Su objetivo era destruir más fuerzas republicanas y alcanzar el punto de confluencia entre el río Segre y el río Ebro. El éxito logrado fue tan espectacular que el 15 de marzo Franco decidió proseguir el avance hasta el mar para separar a Cataluña de Valencia y del resto de la zona central republicana.

El 14 de abril Lérida cayó en manos de las tropas de Yagüe. Éste, junto con Kindelán, Vigón y el nuevo comandante de la Legión Cóndor, general Hellmuth Volkmann, recomendaron entonces la ocupación de una Cataluña débilmente defendida. Parecía que había llegado el momento de acabar definitivamente con la República[62]. Si Franco hubiera aceptado esos consejos, probablemente habría podido concluir la guerra con celeridad. Entre Lérida y Barcelona no había suficientes fuerzas militares de la República. La pérdida de Cataluña, sede del gobierno y de la pequeña industria de guerra disponible, habría sido un golpe mortal para la moral de la República. Pero Franco rechazó la posibilidad de atacar Cataluña. Una de las razones de su decisión derivaba de su temor a que tal ataque pudiera precipitar una intervención por parte de Francia en favor de la República[63]. Sin embargo, parece haber influido también su creencia de que un súbito colapso de la República como resultado de la toma de Barcelona habría dejado en el centro y sur de España a un número muy considerable de republicanos armados. Su objetivo seguía siendo la aniquilación total de la República y de sus partidarios. Por tanto, para sorpresa de Rojo y también de Yagüe, Kindelán y Vigón, el Generalísimo decidió enviar sus tropas hacia el sur para atacar Valencia. Había apostado por una mayor cota de destrucción y desmoralización de los recursos humanos republicanos antes de que finalizara la guerra[64].

Tras alcanzar el Mediterráneo el 15 de abril de 1938, las fuerzas de Franco emprendieron un avance lento y muy sangriento hacia Valencia a través del difícil territorio del Maestrazgo. Kindelán rogó a Franco que abandonara una campaña que estaba provocando altísimas bajas en las filas nacionales y no sólo en las republicanas. Pero el Caudillo se negó[65]. A la altura del 23 de julio, las tropas franquistas se hallaban a menos de cuarenta kilómetros de Valencia. Entonces, el 24 de julio, el general Rojo emprendió otro desesperado ataque de diversión cruzando el tramo final del río Ebro, con el objetivo último de restablecer la comunicación directa entre Cataluña y el resto del territorio republicano. Gracias al factor sorpresa, el primero de agosto las fuerzas de la República habían avanzado unos cuarenta kilómetros hasta la localidad de Gandesa. A pesar de que sus asesores militares quedaron consternados por el cruce del Ebro, Franco recibió de buen grado la oportunidad de cercar a las tropas republicanas en una bolsa contra el río. Concentró todas las fuerzas disponibles en el área y comenzó una batalla de desgaste implacable, que duraría cuatro meses, a fin de destrozar los efectivos republicanos y sin parar mientes en el coste humano para sus propias tropas. El objetivo de Valencia fue abandonado en beneficio de una batalla en principio sin importancia estratégica pero que se convertiría en un verdadero baño de sangre, como lo habían sido Jarama, Brunete y Teruel. Franco entendió que las bajas en sus propias filas eran un precio razonable a pagar por la destrucción del ejército republicano[66].

Nuevamente, el propio Estado Mayor de Franco y sus asesores italianos y alemanes se sintieron muy decepcionados. Le advirtieron que sería fácil contener el avance republicano y atacar, en cambio, una Barcelona prácticamente sin defensas[67]. Pero el Generalísimo prefería convertir a Gandesa en el cementerio del ejército de la República mucho más que alcanzar una victoria rápida y bien sopesada[68]. El coste de esta opción fue horrible para ambos bandos. Sólo a fines de octubre de 1938, después de haber recibido sustanciales suministros bélicos alemanes a cambio de concesiones mineras, pudo Franco comenzar su contraofensiva definitiva. A mediados de noviembre había recuperado todo el territorio perdido en julio. Por entonces también había logrado su objetivo más preciado (el aniquilamiento de las fuerzas republicanas) a costa de desestimar la ocasión de alcanzar una victoria rápida. Se había asegurado de que no podría haber armisticios negociados, condiciones ni paz con honor. Efectivamente, la República se enfrentaba a sus últimas horas. El ataque final contra Cataluña comenzó el 23 de diciembre. Barcelona caería en poder de las tropas franquistas el 26 de enero de 1939. El 4 de marzo, en Madrid, el coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, se sublevó contra el gobierno de la República con la esperanza de poner fin a un derramamiento de sangre ya sin sentido. Pero sus esperanzas de negociar la paz fueron totalmente defraudadas por Franco. En esas condiciones, después de una breve guerra civil dentro de las filas republicanas, las tropas comenzaron a rendirse a lo largo de todo el frente. El 27 de marzo de 1939 las fuerzas militares nacionales entraron en Madrid en medio de un silencio sepulcral. El Generalísimo emitió su último parte, el de la victoria, el primero de abril.

Franco había librado una guerra política. No había pretendido emular a Napoleón. De hecho, repetidamente había afirmado su convicción de que las «operaciones militares muy brillantes» no servían para sus fines. Casi con seguridad carecía de la capacidad y visión para concebir tal tipo de operaciones. Su talento radicaba en otros aspectos. Gozaba de notoria capacidad para elevar la moral de quienes le rodeaban mediante su simple sangre fría y su imperturbabilidad en los momentos de tensión. Ningún revés alteró su voluntad. Como general rebelde, su habilidad para conseguir el apoyo vital de Italia y de Alemania fue un elemento crucial para el éxito de su esfuerzo bélico. Tampoco puede minusvalorarse su éxito político al lograr domesticar y unificar a las diversas fuerzas políticas presentes en la coalición antirrepublicana. Todos estos logros compensaban sus limitaciones como estratega brillante. En último término, su preocupación primordial como líder militar había sido garantizar su largo futuro como dictador. Y su esfuerzo de guerra consiguió que los vencidos, traumatizados, vivieran durante muchos años en la apatía.

Muchas de sus discutidas decisiones estratégicas (Toledo, Brunete, Teruel, Maestrazgo, Ebro) confirman que no era un preclaro pensador militar. Pero cada una de ellas le acercó más a su objetivo final. Por eso no puede considerarse un fracasado como militar. Su estrategia se basaba en la primacía de los intereses políticos. Su esfuerzo bélico era la primera y más sangrienta etapa en una represión política que mantendría su mortal intensidad hasta 1943 y que nunca sería totalmente relajada. En los años posteriores a la victoria rechazó todo pensamiento de amnistía o reconciliación con los vencidos. Casi cuatrocientos mil republicanos tuvieron que partir al exilio. Un número ligeramente inferior fueron sentenciados a penas de prisión, recluidos en campos de concentración o forzados a trabajar en batallones de penados. Hasta su propia muerte, el régimen de Franco mantuvo viva la memoria de la guerra civil y preservó la división entre vencedores y vencidos como instrumento político[69]. Su larga guerra había sido la columna vertebral sobre la que se asentó su larga dictadura.

Segunda parte: Sobrevivir al presente

SEGUNDA PARTE

SOBREVIVIR AL PRESENTE

Capítulo 3: Venganza y reconciliación: la guerra civil española y la memoria histórica

CAPÍTULO 3

VENGANZA Y RECONCILIACIÓN:

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Y LA MEMORIA HISTÓRICA

La historiografía española contemporánea se ocupa de tres cuestiones esenciales: los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil. En el interior del país, la historia había llegado a ser, bajo la dictadura de Franco, un instrumento directo del Estado escrita por policías, militares y sacerdotes bajo la vigilancia de la todopoderosa maquinaria de la censura. Se trataba de una continuación de la guerra por otros medios, de un esfuerzo por justificar el alzamiento militar, la guerra y la represión subsiguiente[1]. Como contraste, entre los exiliados republicanos, así como en los escritos solapados de quienes escribían desde una especie de exilio interior, había una búsqueda intensa de una explicación —más que de una justificación— de la tragedia nacional. Se examinaba el «espíritu» español para explicar la plétora de guerras civiles. No resultaba difícil descubrir una continuidad aparente. La afirmación de que los problemas políticos se resuelven más eficazmente por la violencia es un lugar común en la presentación de la historia y la literatura españolas. La aridez del terreno, la austeridad del clima y la rígida división del país por sus diferentes cordilleras eran el acervo de tópicos retenidos en este tipo de Kulturgeschichte. El discurso político previo a la guerra estaba generosamente salpicado de un léxico de luchas sangrientas y de magníficas victorias, herencia común de la reconquista y de la experiencia colonial. La idea de una España rota y de las dos Españas era habitual en el siglo XIX.

Las interpretaciones consiguientes del carácter nacional/cultural proporcionaban implícitamente, y a veces explícitamente, versiones teleológicas de la historia de España que caracterizaban el pasado nacional como propenso al derramamiento despiadado de sangre y a la discordia salvaje. Se nutrían de intentos semejantes, ya hechos por los representantes de la generación del 98, de luchar a brazo partido contra el llamado «problema nacional». La precariedad causada por las frecuentes guerras civiles en el siglo XIX, la revolución de 1868, el caos de la Primera República en 1873 y la pérdida de Cuba en 1898 habían estimulado un hurgar incesante en la entraña nacional. La historia de España se presentaba como una variación de la lucha eterna entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, entre España y anti-España, entre la tradición y lo moderno, entre «hispanidad» y «europeísmo», entre valores católicos y liberales. Después de la guerra civil de 1936-1939, las especulaciones se renovaron con más intensidad. Entre los republicanos exiliados dieron pie a la monumental polémica erudita entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz[2]. Las preocupaciones de historiadores y filósofos eran un reflejo de las preocupaciones de la nación. La escala del trauma causado por la guerra hacía muy comprensibles estas últimas obsesiones. Dieron fruto incluso entre intelectuales falangistas arrepentidos[3].

Menos serios, pero mucho más penetrantes, fueron los productos de los propagandistas del régimen, que saqueaban los escritos de 1898 estableciendo su propia selección partidista de los componentes culturales y raciales de la «españolidad». Encontraron su forma más extrema en dos interpretaciones franquistas de la historia de España que brotaban de la Falange y de la Iglesia. Según los falangistas, el pasado daba clara prueba de «el modo de ser español que siempre, a lo largo de su mejor historia, ha sido lucha»[4]. La idea de que en lo hondo del carácter nacional se encontraba una propensión a la exaltación, al paroxismo, a la impetuosidad, a la violencia y a la agresión era repetida con delectación por los propagandistas franquistas. El Caudillo y la Falange se aprovecharon de estas ideas durante la guerra civil e inmediatamente después, cuando parecía aprestarse un orden mundial bajo los auspicios del Eje. Se puso de moda proclamar que el espíritu que había hecho posible la guerra civil y había asegurado la victoria de los nacionales era el mismo espíritu de la conquista imperialista, que devolvía a los días de la mayor gloria de la historia de España[5]. Esto se relacionaba con la visión del clero más militante, para quien la guerra civil había sido una guerra religiosa, visión apoyada en una interpretación muy estrecha del pasado como una serie de cruzadas[6].

Ésta era también la visión compartida, en 1939, por el Vaticano. El telegrama de felicitación que el recién elegido Pío XII mandó a Franco con ocasión de su victoria expresaba una presunción histórica idéntica: «Levantando nuestro corazón al Señor agradecemos sinceramente Vuestra Excelencia deseada victoria católica España, hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones que tan grande lo hicieron». En un mensaje efusivo al pueblo español transmitido por la radio el 16 de abril de 1939, el Papa declaraba: «Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se han vuelto a manifestar, una vez más, sobre la heroica España. La nación elegida por Dios como principal instrumento de la evangelización del nuevo mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu»[7]. Aunque en realidad las relaciones diplomáticas entre Madrid y el Vaticano eran decididamente tibias a estas alturas, estos mensajes se interpretaron como el sello de aprobación de la bárbara represión que se presentaba como un esfuerzo de recristianizar España. Los capellanes de las prisiones cosechaban los éxitos más obvios en tal recristianización. Conseguían confesiones y a veces conversiones de hombres sentenciados, de los cuales podían decir luego que habían muerto en estado de gracia[8].

La visión más o menos racista que ligaba la guerra civil con el espíritu de cruzada propio de la reconquista y con el imperialismo evangelizante de la conquista de América, iba a ser impuesta a la sociedad española con intensidad variable durante más de veinte años bajo la bandera de la «hispanidad». Las estructuras corporativistas de la Falange, la obsesión militar por la unidad nacional, el catolicismo militante del régimen se envolvían en liturgias antiguas y se justificaban a través de la idea de la hispanidad como enlazados a un destino nacional eterno[9]. Con el tiempo, y como consecuencia secundaria de la renovación y expansión de las universidades que había traído la modernización económica de España, un acercamiento al pasado más tangible y menos filosófico empezó a desafiar a la historiografía «oficial», aun manteniéndose dentro de los límites de la censura. Pero aun así, la mayoría de las obras históricas y filosóficas se centraban en la guerra civil o existían a su sombra[10]. La inquietud subyacente hacía pensar en la obsesión alemana por los orígenes remotos del Tercer Reich. Había sin embargo una diferencia notable. La destructividad española se detenía en la frontera nacional y se aplicaba sólo a los propios españoles, a diferencia de la variante alemana, más amplia. El trauma resultante era, entonces, más de dolor que de culpa. Por esta razón es difícil imaginar, dentro de la profesión histórica española, una desgarradura tan tremenda como la Historikerstreit, que tanta controversia ha causado en Alemania Federal[11].

Para los españoles a quienes se les negó la liberación en 1945 el problema de encararse con el pasado se agravó por el hecho de que el pasado continuara vigente unos cuarenta años después de la conclusión de la guerra e incluso después. La dictadura lo había dispuesto así a propósito. Uno de los primeros y más sagaces historiadores de la vida cultural, José Castillejo, lo había previsto al escribir que «la guerra, el pánico, la miseria y la memoria de los crímenes horribles seguramente van a impedir la libertad por mucho tiempo»[12]. El miedo a una nueva guerra civil pugnaba con deseos insatisfechos de ajustar viejas cuentas. Al fin, después de la muerte de Franco, el deseo de contribuir en lo que fuera posible al restablecimiento y luego a la consolidación de la democracia tuvo su efecto tanto sobre los historiadores como sobre la población en general. La renuncia a la venganza vino como un acuerdo tácito que atravesó la totalidad del espectro político, con la excepción de algunos idealistas marginados. Esto se reflejó entre los historiadores mediante una determinación cautelosa de evitar juicios que pudieran sugerir razones para proceder al ajuste de cuentas[13]. Los fantasmas de la guerra civil y de la represión franquista pesaban sobre España, pero sin el carácter amenazante que ha asumido en Alemania Federal. En la España posfranquista la tendencia historiográfica se dirigía hacia la acumulación le datos empíricos, excluyendo todo lo demás. La guerra civil siguió siendo el tema predominante, pero se procedía con mucho tiento a la hora de sacar conclusiones para evitar que se abrieran viejas heridas. Esta situación se vio reflejada en el hecho de que el gobierno socialista se negó a financiar conmemoración oficial alguna del cincuentenario de la guerra civil española en 1986[14].

El propósito de este capítulo es examinar dos cuestiones interrelacionadas y, al parecer, contradictorias: ¿por qué sigue siendo la guerra civil un tema que motiva grandes ventas de libros y llena a rebosar salas de conferencias? ¿Por qué la decisión de la dictadura de mantener la guerra civil como problema abierto no pudo impedir el restablecimiento de la democracia en 1977? El interés por la guerra civil no ha disminuido; es vívidamente recordada por los que participaron en ella y se estudia con gran dedicación por los jóvenes en España y en otras partes. Y sin embargo, tiene poco sentido en España —ni parece tenerlo en Alemania— lo que Ernst Nolte ha llamado «el pasado que no pasará». El régimen de Franco usó una memoria histórica distorsionada como arma principal de su arsenal de propaganda. Su propósito era intimidar a los republicanos derrotados y premiar a sus propios partidarios, así como recordarles que debían adherirse a la dictadura para impedir un resurgimiento de la izquierda. En realidad, esta política sólo tuvo un éxito parcial: fue rechazada totalmente por los derrotados, aceptada por algunos partidarios del régimen y desdeñada por las generaciones más jóvenes, a pesar del constante esfuerzo de modernizarla[15]. A la muerte del Caudillo, los frutos de tal propaganda se podían observar sólo entre oficiales del ejército nostálgicos, que se esforzaban en reafirmar la victoria nacional de la guerra civil destruyendo la nueva democracia. A pesar de la políticamente motivada reescritura del pasado por el régimen, por fin se relegó la guerra a la historia, por lo menos hasta el punto de que se hizo posible establecer el proceso de diálogo y consenso, gracias a los cuales España resurgió de la larga pesadilla autoritaria.

Un síntoma que indica hasta qué punto se habían agotado las pasiones a pesar de los esfuerzos del régimen es el hecho de que hoy los historiadores españoles eviten interpretaciones del carácter cultual y nacional. Esto refleja, sobre todo, la inanidad de la historiografía oficial. Por otra parte, indica el alcance de la influencia sobre la profesión de Jaime Vicens Vives, el erudito barcelonés que había enarbolado y llevado casi a solas la bandera de la historiografía contemporánea en España en los años cincuenta. Hoy, los historiadores tratan de definir la españolidad de la guerra civil basándose en estructuras socioeconómicas cuya rentabilidad se preveía de largo plazo, más que en una propensión nacional a la violencia. Es curioso que no se hayan dedicado a calcular «lo europeo» de la guerra. Es precisamente en su dimensión más amplia donde hay que buscar algunas de las causas principales del interés siempre vivo por la guerra civil. Es verdad que hasta el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 los conflictos que estaban fermentando eran españoles, aun habiéndose contagiado del lenguaje contemporáneo del fascismo y del comunismo. Pero los conflictos locales palidecieron después de que la intervención de Hitler y Mussolini transformara lo que iba a ser un rápido golpe militar en una larga guerra.

La negativa por parte de Francia y de Inglaterra a intervenir para salvar el gobierno legalmente elegido, la disponibilidad de las potencias del Eje para pescar en río revuelto y la intervención bizantina de la Unión Soviética no hicieron más que convertir a España en el punto nodal de Europa. La reacción de estos poderes situó a España en un continuum que se remontaba a la revolución de los bolcheviques. España se convirtió en el último campo de batalla de una guerra europea continuada, cuyas batallas anteriores se habían librado en Viena en 1934, en Berlín en 1933, en Lisboa en 1926 y en Roma en 1922. No es ése, sin embargo, el enfoque que suelen adoptar los historiadores españoles, que tienden a la introspección. Tampoco lo han usado los historiadores más influyentes que han escrito sobre la segunda guerra mundial. La falta de atención que dedicaron a la guerra española es lamentable. Es sorprendente que los libros más respetables sobre los orígenes de la segunda guerra mundial hagan caso omiso de la guerra civil española o que la describan en términos que hacen parecer que los acontecimientos del conflicto español tuvieron lugar al margen del flujo central de las relaciones internacionales. La única explicación de esta actitud podría encontrarse en la tendencia entre los historiadores no españoles o hispanistas a considerar España como el furgón de cola de Europa.

Los extranjeros versados en política veían muy claro en aquel entonces lo que estaba en juego. Los voluntarios dejaban sus casas y sus familias para ir a luchar en España. Muchos de los que no podían partir participaban en manifestaciones políticas y en campañas de «Ayuda para España». Lo hacían porque se daban cuenta de que España era el campo de batalla en el que había que desafiar el peligro creciente del fascismo[16]. Por tanto, los eficaces esfuerzos posteriores del régimen de Franco por mantener vivos los recuerdos de la guerra civil funcionaban a su favor dentro de España pero en su contra en un contexto internacional más amplio. El consiguiente desprecio internacional hacia Franco se desvaneció durante la guerra fría gracias al anticomunismo del Caudillo. Con todo, la ulterior vigencia hasta los años sesenta del interés por la guerra civil y de la simpatía por la República derrotada deben mucho a los innegables lazos de los nacionales y su Caudillo con el Eje.

La asociación de Franco con el Eje fue anunciada con orgullo el 19 de mayo de 1939, cuando ciento veinte mil soldados participaron en el desfile de la victoria de Franco por las calles de Madrid. El desfile estaba encabezado por un batallón de camisas negras italianos, seguidos por las filas de falangistas, carlistas, tropas españolas regulares y mercenarios marroquíes, y se cerraba con la Legión Cóndor de Hitler[17]. El primero de junio de 1939, un convoy naval transportó a Italia al colaborador íntimo de Franco, su ministro de Gobernación y cuñado Ramón Serrano Suñer, acompañado de varios generales y de una escolta de tres mil soldados que desfilaron por las calles de Roma. Seis semanas más tarde, una flotilla italiana trajo a Barcelona al yerno de Mussolini, conde Galeazzo Ciano, para devolver la visita[18]. Franco se ganó la hostilidad de muchos demócratas occidentales —no sólo la de los de izquierdas— debido a su simpatía por la causa del Eje durante la segunda guerra mundial, aunque nunca llegase a declarar su beligerancia contra los aliados. Al final, Franco acabó por no unirse a Hitler porque el Führer no pudo pagar el precio exigido. No obstante, el paso del Caudillo de la neutralidad a la «no beligerancia» y luego a la «beligerancia moral» difícilmente permitía evitar que al terminar la guerra se le asociara con la causa perdida. Durante la guerra, España había permitido a las marinas alemana e italiana aprovisionarse de combustible y otras ayudas, les había ofrecido ayuda en el campo de la información secreta y, hasta mediados de 1944, había exportado a Alemania inestimables cantidades de wolframio[19]. Teniendo en cuenta la íntima implicación de España en la causa del Eje, no sorprende ver que el posterior mantenimiento del interés por la guerra civil española quedara estrechamente ligado a las actividades y a la longevidad del vencedor. El hecho de que Franco continuara gozando durante casi cuarenta años del poder dictatorial conseguido con la ayuda de Hitler y Mussolini, a quienes ofreció estruendosamente hacer de España parte del orden mundial que sería establecido por el Eje victorioso, siguió siendo interpretado como una afrenta a los enemigos del fascismo hasta su muerte en 1975.

A pesar de toda la propaganda elaborada por el régimen acerca de los «largos años de paz», la guerra civil continuó traumatizando la vida española muchos años después de que se terminasen las hostilidades formales. Lo que se vio en abril de 1939 no fueron unos comienzos de paz o de reconciliación; más bien se anunció la institucionalización de la venganza a gran escala contra la izquierda derrotada. Por varias razones, Franco se empeñaba más que nadie en mantener abierta la herida de la guerra. En el lenguaje oficial sólo existían «vencedores» y «derrotados», «buenos españoles» y «malos españoles», «patriotas» y «traidores». Al primado de España, el cardenal Gomá, se le censuró por haber usado en su carta pastoral del 9 de agosto de 1939 la palabra «reconciliación» en vez de la oficialmente aprobada «recuperación»[20]. Esta voz significaba redención, tras el castigo merecido, de los que se retractaban de sus herejías liberales y aceptaban en su conjunto el sistema de valores políticos y morales establecido por los vencedores.

El año 1939, antes llamado «tercer año triunfal» en el calendario de Franco, se elevó a «año de la victoria». Aún en 1975, año de la muerte de Franco, el himno falangista «Cara al sol» se oía regularmente en actos públicos y cerraba a diario los programas de la radio española. En España todas las iglesias tenían pintado o labrado en sus muros el nombre del jefe falangista, José Antonio Primo de Rivera, el «ausente». Los edificios públicos españoles ostentaban —y algunos aún las tienen— inscripciones con largas listas de nombres para honrar a los caídos, pero sólo a los caídos de un lado, los «caídos por Dios y por España». Las fiestas nacionales en España, aparte de las religiosas, eran festivales de la victoria: el primero de abril, «día de la victoria»; el 17 de abril, «día de la unificación» (para celebrar la incorporación forzada de todos los partidos políticos al partido único dominado por los falangistas, el Movimiento); el primero de octubre, «día del Caudillo»; el 29 de octubre, «día de los caídos». Sólo en los años ochenta se empezaron a erigir monumentos a «los caídos por la libertad».

Se cultivaron cuidadosamente los recuerdos de la guerra y de la posterior represión sangrienta para mantener unida la incómoda coalición franquista. Se dedicaban a los que pertenecían a la alianza que apoyaba al régimen una literatura escalofriante y alabanzas exageradas de las hazañas militares de los nacionales. La alianza estaba compuesta por militares y prelados, terratenientes, industriales y banqueros, por lo que se podría denominar «el sector de servicios» del régimen de Franco, por miembros de la clase media u obreros que por cualquier razón —oportunismo, convicción o lealtad geográfica impuesta por los avatares de la guerra— habían decidido hacer causa común con el régimen, y también por católicos españoles que apoyaban a los nacionales como defensores de la religión, la ley y el orden[21]. Recordar la guerra era útil para reforzar la lealtad vacilante de algunos o de todos estos grupos. También servía, para gratificación de los vencedores, a fin de intensificar los sufrimientos de los vencidos, cuyas propias hazañas, actos de heroísmo y abnegación fueron presentados como actos inhumanos de irrelevantes comunistas. Algunos meses después de terminar las hostilidades se empezó a publicar una monumental Historia de la cruzada por entregas que glorificaba el heroísmo de los victoriosos y retrataba a los derrotados como tontos al servicio de Moscú, como egoístas mezquinos o como perpetradores sangrientos de atrocidades sádicas. Incluso después de la derrota del Eje, y hasta bien entrada la década de los sesenta, un alud de publicaciones, algunas dirigidas a los niños, presentaba la guerra de España como una cruzada religiosa contra la barbarie comunista.

Este proceso se continuó en los manuales escolares de varias disciplinas. Eran obligatorios los cursos de adoctrinamiento político llamados «formación del espíritu nacional». Se proponían inculcar la idea del «verdadero» carácter nacional asociado con la victoria nacional, agresiva, violenta, imperialista. A las niñas se les obligaba a recibir clases de «enseñanza del hogar», asignatura que inculcaba a las mujeres un papel de sumisión como esposas y madres dedicadas a defender el hogar para los viriles guerreros falangistas. Hasta mediados de los años sesenta, todas las aulas tenían un crucifijo colgado al lado de un retrato de Franco. Al comienzo de la jornada escolar, todos los niños de los colegios, organizados en filas militares, presenciaban el alzamiento de la bandera nacional, rezaban juntos y cantaban el himno falangista, el «Cara al sol», y después pasaban en fila a sus aulas (rígidamente divididas en aulas de hembras y de varones) cantando algún otro himno del Frente de Juventudes[22].

Quienes más directamente estaban implicados en la red de corrupción y represión del régimen, los beneficiarios de las matanzas y de los robos, se daban cuenta de modo particularmente agudo de que entre ellos y la venganza de sus víctimas sólo se interponía la figura de Franco. Fueron ellos quienes formaron lo que en los años setenta llegó a llamarse el «búnker»: agrupación de franquistas acérrimos dispuestos a luchar por los valores de la guerra civil desde las ruinas de la cancillería[23]. Había un compromiso semejante, y aún más peligroso, de parte de los defensores pretorianos de la herencia «del 18 de julio» (la fecha del alzamiento militar). Los oficiales del ejército se educaban desde 1939 en academias donde se les enseñaba que la función principal de los militares era defender a España contra el comunismo, el anarquismo, el socialismo y la democracia constitucional, así como contra los regionalistas que querían destruir la unidad nacional. Franco usaba el ejército no como un instrumento de defensa nacional, sino como un mecanismo para garantizar la supervivencia de su régimen. Los ascensos, los privilegios y las condecoraciones se utilizaban como herramientas para asegurar la lealtad de posibles rivales. Los bajos niveles profesionales, en comparación con otros ejércitos occidentales, importaban poco, dado que la función principal del ejército era impedir el crecimiento de cualquier oposición política.

Las tres academias militares, la Academia General Militar, restablecida el 27 de septiembre de 1940, la Escuela Naval Militar, fundada el 15 de agosto de 1943, y la Academia General del Aire, fundada el 15 de septiembre de 1945, suministraban una formación militar en que la ideología tenía más importancia que la estrategia y la tecnología. Una interpretación muy generalizada y muy partidista de la historia de España, y sobre todo de los años inmediatamente anteriores a la guerra civil, ocupaba un porcentaje tan alto de la enseñanza que dejaba poco tiempo para el entrenamiento técnico. La Academia General Militar se ocupaba, según su reglamento, de educar a los cadetes no sólo militarmente, sino también en términos religiosos, morales y sociales, canalizando y dirigiendo todos los actos de sus vidas hacia el objetivo de convertirse en perfectos caballeros cristianos. Apenas había cadetes de las regiones con aspiraciones históricas independentistas, es decir Galicia, Cataluña y el País Vasco, y por tanto nadie para contrarrestar la idea de que el enemigo interno de España se encontraba en las regiones. Por consiguiente, después de la muerte de Franco, con una constitución no confesional que devolvía competencias a las autonomías, el búnker y sus partidarios militares intentarían con monótona frecuencia destruir la democracia en España en nombre de la victoria nacional en la guerra civil. Lo hicieron en 1978, en 1979, en 1980, muy particularmente el 23 de febrero de 1981 y otra vez la víspera de las elecciones de octubre de 1982. Para estos representantes de la extrema derecha, los esfuerzos de la propaganda nacional por mantener vivos los odios de la guerra civil eran probablemente inútiles[24].

A la larga, los esfuerzos propagandistas por eternizar los «valores del 18 de julio de 1936» quedaron truncados. En la España de los años sesenta, en pleno desarrollo y cada vez más europeizada y americanizada, el intento de mantener la idea de que la guerra civil española había sido una cruzada religiosa medieval era un anacronismo. Esto se experimentó brutalmente cuando la Iglesia cambió de bando y retiró su apoyo al régimen. Muchos sacerdotes habían criticado al régimen desde comienzos de los años cincuenta y las hermandades de obreros católicos habían formado parte de la oposición a la dictadura. Después del concilio Vaticano Segundo y como respuesta a las encíclicas del papa Juan XXIII, hasta la jerarquía eclesiástica empezó a disociarse gradualmente del régimen de Franco[25]. Esto se vio con una claridad alarmante en septiembre de 1971, cuando una asamblea general de obispos y sacerdotes españoles emitió una declaración de rechazo de la ideología de la guerra civil impuesta por la dictadura e imploración al pueblo español para que perdonara al clero por haber fallado en su función de «verdaderos ministros de la reconciliación»[26].

La Iglesia respondía así a algo que el régimen no quería ver. La manipulación oficial de la memoria popular de la guerra civil española fue un ejercicio sin sentido para la gran mayoría de los españoles nacidos después de 1939. Una serie de sondeos de opinión pública llevados a cabo en 1983 sugería que, lejos de ver la guerra civil española como una cruzada gloriosa en defensa de la religión única y verdadera contra las hordas sanguinarias de Moscú, un 73% de los españoles la veían como «un período vergonzoso de la historia española que sería mejor olvidar». Sólo un 20% de los españoles vivos a mediados de los años ochenta tenía trece años o menos en 1936. Descontando a las mujeres y a los que tenían menos de dieciséis años, esto quiere decir que menos de un 3% de la población total del momento había podido participar en la guerra. Y sin embargo el impacto de la guerra sigue siendo palpable. Uno de cada cuatro españoles tiene algún pariente que murió en la guerra; uno de cada diez tiene algún pariente que tuvo que marchar al exilio en 1939; dos de cada tres tienen algún pariente que participó en la lucha. No es sorprendente, pues, que casi el 60% considere la guerra civil de 1936-1939 como el acontecimiento más relevante de la historia española moderna. Existe, inevitablemente, un alto nivel de ignorancia: el 35% de los que contestaron eran incapaces de indicar de qué lado habían luchado las Brigadas Internacionales; el 41% no estaba seguro de qué bando había defendido la Legión Cóndor alemana. En cuanto al aspecto internacional de la guerra, el 24% ignoraba qué bando apoyó Hitler y el 37% qué bando apoyó Stalin[27]

El recuerdo de los horrores de la guerra es tan fuerte, sin embargo, que a pesar de haber sobrevivido odios personales, el consenso político posfranquista se estableció sobre un acuerdo colectivo de renunciar a la venganza. Los odios se resolvieron en lo que se ha llamado «un pacifismo militante». Las consecuencias de esto han sido importantísimas para la supervivencia de la nueva democracia en España. Más del 70% de los españoles se definen como pertenecientes a un amplio espectro que va del centro derecha al centro izquierda. En ninguna de las cuatro elecciones convocadas entre 1977 y 1986 los partidos de extrema izquierda o de extrema derecha consiguieron más del 2% de los votos. El Partido Comunista, aun en su forma más moderada y eurocomunista, nunca superó el 10%, y en 1982 sólo llegó al 4%. El balance final de todo esto es que un 40% de los españoles pretende no tener ningún interés en la política, en contraste con el 50% en Italia, el 28% en Gran Bretaña, el 26% en Francia y el 14% en Alemania Federal[28]. Por otra parte, después del fracaso del golpe militar del 23 de febrero de 1981, millones de personas se lanzaron a las calles españolas para manifestar su apoyo a la democracia y su condena de la intentona del teniente coronel Tejero de repetir la experiencia de 1936.

Esta moderación popular fue en gran medida una reacción contra los intentos franquistas de mantener vivos los odios de la guerra civil española y fiel reflejo de un recuerdo horrorizado de lo que el conflicto había significado. Solamente los falangistas más militantes y los militares más franquistas podían seguir vanagloriándose de «los valores del 18 de julio» y de «la cruzada». La mayoría de la población rechazaba lo que había pasado, estaba decidida a evitar su repetición y la rememoración incesante por parte del régimen de aquellos acontecimientos sangrientos les causaba repulsión. Por lo menos 300 000 españoles perecieron durante las hostilidades; 440 000 escogieron el exilio. De éstos, 10 000 morirían en campos de concentración nazis. Otros 400 000 tuvieron que someterse a largas penas de cárcel, de campo de concentración o de batallones de trabajos forzosos. La represión era justificada por la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada el 9 de febrero de 1939. Un Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo se creó el 1 de marzo de 1940. Hasta 1964, cuando fue sustituido por el Tribunal de Orden Público, continuaba seleccionando a sus víctimas. Entre ellas se encontraba la flor y nata de la vida cultural del país, así como casi lodo el personal docente universitario y los investigadores más prominentes de la nación. Se encarceló a 7000 maestros de escuelas públicas. A los periodistas de la República se les depuró sistemáticamente, muchos sufrieron la pena de muerte y casi todos perdieron cualquier posibilidad de ejercer su profesión[29].

Hasta la muerte de Franco España fue gobernada como si fuera un país ocupado por un ejército vencedor extranjero. El entrenamiento, despliegue y disposición del ejército español bajo Franco se llevó a cabo con el fin de prepararlo más contra la población nacional que contra un enemigo exterior, lo cual estaba perfectamente de acuerdo con la idea del Caudillo, expresada en 1937, de que él había combatido en una «guerra fronteriza». Desde 1937 se procedía a juicios colectivos que duraban sólo un par de minutos y en los que apenas se observaban procedimientos legales. A raíz de esto, el asesor jurídico del ejército, coronel Lorenzo Martínez Fuset, presentaba a Franco los expedientes con sentencias de muerte. En contra del mito de que un Franco incansable pasaba horas dolorosas hasta la madrugada buscando angustiado razones para la clemencia, la realidad fue mucho más brutal. El Caudillo firmaba las sentencias en la sobremesa, especificando frecuentemente el modo más salvaje de ejecución al añadir la palabra «garrote». Ocasionalmente incrementaba el dolor y la humillación de las familias de las víctimas indicando «garrote y prensa»[30].

Las matanzas continuaron durante algunos años después de terminada la guerra. Además de la rutina de las ejecuciones, había ocasionalmente ritos de venganza bien concertados. En noviembre de 1940, durante diez días con sus noches un desfile de antorchas acompañó a los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera de Alicante a El Escorial. Era el más espectacular de los muchos intentos deliberados de enlazar el franquismo y el falangismo con las glorias históricas de Felipe II. Participaban todas las secciones de la Falange, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina y los sindicatos, además del ejército. En el camino se celebraban misas y se encendían hogueras. Falangistas de todas las provincias se turnaban para llevar el ataúd. A cada relevo las campanas repicaban y resonaban salvas de cañonazos en los pueblos de España. En colegios y universidades las clases se interrumpían para que los profesores levantasen el brazo en alto y gritasen: «José Antonio. ¡Presente!». Cuando el cortejo llegó a Madrid fue recibido por los altos mandos de las fuerzas armadas y por representantes de la Alemania nazi y de la Italia fascista. En el monasterio de San Lorenzo de El Escorial hubo coronas monumentales de Hitler y de Mussolini. A lo largo del camino se asaltaban las prisiones y se arremetía contra los prisioneros republicanos[31].

La última víctima oficial de la venganza franquista contra el bando republicano fue el comunista Julián Grimau, ejecutado el 20 de abril de 1963 por crímenes que, se decía, había cometido durante la guerra civil. Su proceso y ejecución fueron vistos dentro y fuera de España como un gesto deliberado por parte del régimen para resucitar recuerdos de guerra. Hubo grandes manifestaciones ante las embajadas españolas en Londres, Roma, Moscú, Copenhague y París. En Bruselas la embajada fue apedreada, y la de México, saqueada por una multitud de personas. El régimen enseguida echó la culpa al comunismo mundial, estableciendo paralelos con la devastación de la guerra civil, también presentada como engendro de comunistas[32]. Grimau no fue, sin embargo, el último prisionero político ejecutado por la dictadura. Los anarquistas Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez fueron ejecutados a garrote vil el 2 de marzo de 1974. Dos militantes de ETA y tres del grupúsculo marxista-leninista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 27 de septiembre de 1975.

Los presos republicanos que se libraron de la ejecución tenían que soportar las espantosas condiciones de las cárceles atiborradas. Tenían que «redimir por el trabajo» sus sentencias. En los años cuarenta solían formarse «destacamentos penales» y «batallones de trabajo» con republicanos cautivos, para usarlos como mano de obra forzada para la construcción de diques, puentes y canales de riego. Eran alquilados por empresas privadas para trabajos de construcción y de minería. Se empleó a veinte mil en la construcción del Valle de los Caídos, mausoleo gigante para Franco y monumento a los que habían muerto defendiendo su causa[33]. Entre otros esfuerzos por perpetuar la memoria de la victoria franquista se cuenta la conservación de las ruinas del pueblo de Belchite como monumento nacional. Se reconstruyó el Alcázar de Toledo como símbolo del heroísmo nacional. En Madrid, se destacó la entrada a la Ciudad Universitaria con un gigantesco Arco de la Victoria. Sin embargo, todos se empequeñecían a la sombra del Valle de los Caídos.

Franco esperaba que el Valle de los Caídos estableciera una arquitectura imperial franquista que enlazaría eternamente su régimen y su victoria con los triunfos de Carlos I y de Felipe II. Se tardó casi veinte años en excavar la basílica subterránea, que mide cerca de trescientos metros, en construir el monasterio en una ladera del Valle de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama, al noreste de Madrid, y en erigir la inmensa cruz que se eleva unos ciento sesenta metros sobre él. El coste para España fue casi igual al del Escorial erigido por Felipe II en una época más próspera. La idea inicial fue que sirviera de lugar de descanso para los que murieron luchando del lado de los nacionales o como víctimas del «terror rojo» en la zona republicana. En 1958 el régimen había evolucionado lo suficientemente como para que los panteones se abrieran a los que lucharon en ambos bandos, siempre que fueran españoles y católicos. Este último requisito, junto con otros obstáculos, impedía que allí se enterrara a muchos republicanos[34].

El estilo arquitectónico del Valle de los Caídos acentuaba hasta qué punto Franco, y con él muchos activistas de la derecha española, estaba obsesionado por la caída de la grandeza imperial. Veían la guerra civil española como el primer paso de una vuelta a las pasadas glorias conseguidas antes de que España fuera corrompida por las ideas de Erasmo, Voltaire y Montesquieu. Franco perdía pocas veces la oportunidad de eliminar la herencia del siglo de la Ilustración, de la Revolución francesa u otros símbolos del progreso. El florecimiento de los valores liberales en España era para el Caudillo una mera señal de lo que él llamaba «la gran invasión del mal». La historia española desde Felipe II consistía sólo en tres «siglos calamitosos» que habían traído la decadencia, la corrupción y la masonería. Su eterno aplazamiento de la restauración de la monarquía tenía como excusa que la dinastía de los Borbones ya no era capaz de emular la viril monarquía «totalitaria» que había expulsado de España a los judíos y a los moriscos y había conquistado América. Los monárquicos del momento estaban lastrados por prejuicios liberales heredados del siglo XIX, período que Franco deseaba con todo ardor «borrar de nuestra historia»[35]. Saltarse los tres siglos incómodos de la decadencia significaba la creación de un modelo político que unía el despotismo medieval y el totalitarismo del Eje. Del mismo modo, cuando sus acólitos se referían a Fernando el Católico como el primer caudillo daban a entender que Franco formaba parte de un linaje de grandes líderes que se había interrumpido después de Felipe II[36].

Lo que en realidad supuso este borrar los signos evidentes de la modernidad se pudo observar a lo largo de los años cuarenta. En cuanto a los daños materiales causados durante la guerra civil española, el sistema económico nacido de la extraña fusión de ideas medievales con la autarquía fascista garantizaba el estancamiento y las privaciones. La guerra había destruido el 60% del material móvil ferroviario. La proporción de la población activa empleada en la agricultura volvió al nivel de 1910. En términos globales la renta nacional llegó a los niveles de 1914, pero debido al incremento de la población, las cifras per capita eran equiparables a las del siglo XIX. Los salarios reales apenas representaban un 50% de los niveles de 1936 incluso toda una década después de terminar la guerra. Hubo racionamiento de víveres hasta 1952, y las raciones no eran suficientes para permitir una existencia humana normal. Surgió entonces un inmenso sistema de estraperlo a través del cual se podía conseguir cualquier cosa. Se pagaba por la comida diez veces más que los precios establecidos oficialmente. Como consecuencia, la sima existente entre los niveles de vida en sectores diferentes fue creciendo. Abundaban la difteria, el tifus y la tuberculosis y la mortalidad infantil aumentó tanto que en 1942, en la provincia de Jaén, morían 347 niños de cada mil. Hubo un gran incremento de la prostitución. En 1950 la leche que se llevaba a Madrid estaba aguada hasta un 50%. El nivel de consumo de carne por persona anterior a la guerra no se alcanzó hasta 1971[37].

Los salarios se recortaban y se procedía contra las huelgas imponiendo largas sentencias de cárcel. Se destruyeron los sindicatos; el Estado y la Falange se apoderaron de sus fondos, de su maquinaria de imprenta y demás bienes. Se controlaban los desplazamientos y la búsqueda de trabajo por medio de un sistema de salvoconducto y certificados de confianza política y religiosa. Esto convirtió automáticamente a los republicanos derrotados que se habían librado del encarcelamiento en ciudadanos de segunda categoría. El régimen de Franco se empeñó con especial interés en conservar la estructura social rural que había sido amenazada por la República. Se obligó a los braceros a labrar la tierra bajo condiciones que eran incluso más inhumanas que las que habían conocido antes de 1931. Sin un sistema de seguridad social, no trabajar significaba pasar hambre. La Guardia Civil y los secuaces armados de los grandes terratenientes —los latifundistas— mantenían una vigilancia brutal de las propiedades contra los campesinos hambrientos, que sisaban lo que podían.

Las relaciones laborales represivas de los años cuarenta y cincuenta contribuyeron a un incremento de los beneficios y a la acumulación de capital indígena. También representaban una contribución, junto con el acérrimo anticomunismo franquista, al proceso de atraer inversores extranjeros a España. Empezó una verdadera inundación de capital extranjero. Durante los años del crecimiento rápido del capitalismo europeo los turistas invadían el sur mientras los trabajadores inmigrantes se desplazaban hacia el norte, desde donde irían enviando a España lo que ganaban. Poco a poco, incluso en el seno del anticuado sistema de la España franquista, empezó a crecer una sociedad nueva, dinámica, moderna. El «Estado nuevo» profascista de los años cuarenta cedió al despotismo autoritario de los cincuenta, pero también éste se vio superado por las circunstancias[38]. Rodeado de cortesanos aduladores que compartían su obsesión por la perpetuación de la victoria de 1939, el cada vez más senil Franco se aisló todavía más en su palacio de El Pardo[39]. Al sobrevenir la crisis del petróleo de los setenta, muchos franquistas empezaban a preguntarse si su propia supervivencia no dependería de alguna manera de un acuerdo con las fuerzas de la oposición democrática.

Las ejecuciones de prisioneros políticos autorizadas por Franco en marzo de 1974 y septiembre de 1975 obligaron a sus partidarios más progresistas a abrir los ojos. La pasión sanguinaria de Franco provocó miedo y disgusto entre los que vacilaban frente al oprobio internacional. En 1977, sólo dos años después de su muerte, las peores pesadillas de Franco empezaron a realizarse. El rey Juan Carlos nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un apparatchik del partido único franquista, el Movimiento. Su tarea consistía en explotar las complejidades de la seudoconstitución franquista para permitir una transición a la democracia sin derramar sangre[40]. La operación de unir a los elementos progresistas del régimen con la mayoría moderada de la oposición democrática sería apoyada por un consenso abrumador por parte tanto de la derecha como de la izquierda. La herencia de Franco era la memoria de la guerra civil y el espíritu de la venganza. Fue rechazada por la gran mayoría de los españoles y muy decididamente por el sucesor de Franco, Juan Carlos, quien se convirtió en el símbolo nacional de la reconciliación. El 23 de febrero de 1981, al enfrentarse a una voluble minoría de conspiradores nostálgicos, el rey arriesgaría su vida por la causa de una democracia para todos los españoles[41]. Se reveló por fin el sinsentido de las tan queridas divisiones franquistas entre los vencedores y los derrotados, entre España y la anti-España.

Capítulo 4: Franco y la tentación del Eje

CAPÍTULO 4

FRANCO Y LA TENTACIÓN DEL EJE

Como enemigo declarado de la democracia liberal y del bolchevismo, Franco no pudo ocultar sus simpatías cuando Hitler desencadenó su guerra para exterminarlos. Sin embargo, las inclinaciones naturales del Caudillo resultaron en última instancia frenadas por dos consideraciones primordiales: su propia supervivencia interior y la capacidad económica y militar de España para la guerra. En ambos aspectos se vio obligado a prestar considerable atención a las opiniones del alto mando del ejército. Éste era el participante más poderoso en el complejo juego de rivalidades de poder entre los grupos componentes de la coalición nacional victoriosa[1]. Al comienzo de la segunda guerra mundial el convencimiento militar de la inevitabilidad de la victoria alemana era virtualmente unánime. Sin embargo, la probabilidad de que los generales españoles actuaran con arreglo a dicho convencimiento resultaba contrarrestada por su conocimiento de la limitada capacidad económica y militar de España y por sus simpatías monárquicas. A partir del otoño de 1940, los generales dieron muestras de un escepticismo cada vez mayor sobre el triunfo final del Eje. La Falange era diferente. En sus filas se daba una simpatía desmedida por las hazañas militares alemanas que permanecería inalterable hasta los últimos días de la guerra. Las afinidades ideológicas con el Tercer Reich fortalecieron enormemente a la Falange en la lucha interna por el poder dentro de España. El ejército y la Falange eran las dos influencias más importantes que recibió Franco para la orientación de su política exterior durante la segunda guerra mundial. Los monárquicos de clase alta y los católicos de clase media se mostraron más ambiguos en sus opiniones, al principio agradecidos por la ayuda alemana en la guerra civil y envidiosos de los éxitos del Tercer Reich, pero cada vez más recelosos de sus políticas religiosas y su ferviente antimonarquismo.

Las opiniones de todos los grupos nacionales, con excepción de los falangistas más intransigentes, inevitablemente evolucionaron en relación con los avatares de la guerra. Franco, siempre atento a los estados de ánimo de sus partidarios más poderosos, también adaptó sus actitudes a la evolución de la guerra. Sin embargo, al comienzo de la segunda guerra mundial, Franco, exaltado por el éxito en la guerra civil y enardecido por la solidaridad con sus aliados del Eje, que habían desempeñado un papel tan decisivo en la consecución de su victoria, no daba muestras de prudencia precisamente. De hecho, estuvo a punto de meter a España en la guerra en el bando del Eje durante el verano de 1940. Sin embargo, en el otoño de aquel año la inesperada supervivencia de Gran Bretaña contribuyó a que la cautela natural de Franco se reafirmara. No obstante, incluso entonces, de no haber sido por la poca consideración con que Hitler y Ribbentrop les trataron a él y a su cuñado Ramón Serrano Suñer, España habría podido acabar fácilmente entrando en la guerra. Además, después de haber pasado el peligro mayor de beligerancia española a finales de 1940, Franco siguió experimentando lo que podríamos llamar la tentación del Eje, sobre todo después de la invasión alemana de Rusia en el verano de 1941.

Así pues, no sería exacto decir que durante el primer año de la segunda guerra mundial Franco recurrió menos que en época posterior a la cautelosa ambigüedad que le caracterizaba en lo referente a las relaciones internacionales. Ya el 20 de febrero de 1939 el Caudillo había accedido a incorporarse al Pacto Anti-Comintern, acto secreto de solidaridad con el Eje que se hizo público el 6 de abril[2]. El 8 de mayo sacó a España de la Sociedad de las Naciones. Cuando Hitler y Mussolini firmaron el Pacto de Acero, a finales de mayo de 1939, Franco, con otro gesto de belicosidad viril, envió tropas a la zona de Gibraltar. Las relaciones del dictador español con Hitler fueron cordiales y llenas de gratitud por la ayuda alemana durante la guerra civil, pero también estuvieron teñidas por la cautela provocada por la brutal arrogancia del Führer. Con Mussolini no había reservas, sino cordialidad y simpatías efusivas. Durante el verano de 1939 las relaciones entre España e Italia llegaron a ser aún más calurosas. A primeros de junio de 1939, el colaborador más estrecho de Franco, Serrano Suñer, entonces ministro de Gobernación, dijo a Mussolini y al conde Ciano que España necesitaba dos o, mejor, tres años para concluir sus preparativos militares. Sin embargo, cuando estalló la guerra dijo: «España estará junto al Eje porque la guiarán el sentimiento y la razón. En cualquier caso, una España neutral estaría destinada a un futuro de pobreza y humillación», nunca libre ni soberana hasta que hubiera recuperado Gibraltar y se hubiese apoderado del Marruecos francés[3].

Ciano y Mussolini consideraban que Serrano era «indudablemente el sostén más fuerte del Eje en el régimen de Franco»[4]. El entusiasmo de Serrano Suñer por la Italia fascista no ofrece duda. Muchos eran —sobre todo en los círculos militares españoles y entre la comunidad diplomática de Madrid— los que suponían que estaba igualmente comprometido con la Alemania nazi. Con el tiempo los alemanes llegaron a considerarlo un enemigo y más adelante dedicó considerables esfuerzos a presentarse como el hombre que actuó con habilidad para mantener a España fuera de la guerra. Lo que es absolutamente seguro es que odiaba intensamente a los británicos y los franceses, en parte porque aborrecía la democracia liberal y, más en particular, porque sus embajadas en el Madrid republicano habían negado el asilo a sus hermanos, quienes poco después murieron en la cárcel[5]. Sin embargo, no se debe convertir a Serrano Suñer en el chivo expiatorio por las actividades en pro del Eje de la clase dirigente franquista en aquellos años. Pocas fueron las figuras importantes de la vida civil o militar que no participaron del entusiasmo generalizado por el nuevo orden político que parecía estar forjándose. El general Kindelán, jefe del ejército del aire español, había llegado a Italia poco después de Serrano Suñer, acompañando a aviadores italianos que habían combatido en la guerra civil. Kindelán, considerado probritánico, concedió una entrevista a La Stampa el 15 de junio, en la que afirmó que, si Italia se veía envuelta en la guerra, «ninguno de los ejércitos españoles, y menos que ninguno el del aire, podrían permanecer impasibles». El 5 de julio de 1939, Franco dijo al embajador italiano, el conde Vila, que España necesitaba «un período de tranquilidad para dedicarse a la reconstrucción interna y la consecución de la autonomía económica indispensable para el poder militar a que aspiraba». Al mismo tiempo afirmó que pensaba mantener movilizado un gran ejército para impedir que los británicos y los franceses hicieran imposiciones a España. Esa fuerza le «permitiría hacer sentir el peso de España en el desarrollo de los acontecimientos y posiblemente sacar provecho de las circunstancias». Según se jactó, Francia «nunca podría sentirse cómoda en relación con España». Como parte de las medidas españolas para incomodar a Francia, el embajador español en París, José Félix de Lequerica, estaba pasando información a los alemanes sobre las intenciones de la política francesa que conocía por confidencias[6].

Ciano llegó a Barcelona el 10 de julio para devolver una visita. Franco le dijo que España necesitaba cinco años de paz para prepararse económica y militarmente antes de poder identificarse completamente con los estados totalitarios. En caso de estallar la guerra preferiría la neutralidad, pero estaría a favor del Eje, porque no creía que su régimen pudiera sobrevivir a una victoria de las democracias en una guerra general. Así pues, con aparente falta de preocupación por la bancarrota española, elucubró sobre un importante programa de rearme para la armada y el ejército del aire[7]. En realidad a Franco le preocupaba que si el Eje ganaba la próxima guerra sin su participación, no se respetarían sus ambiciones en la reconstrucción del mundo. De modo que empezó a rearmarse, dentro del estrecho margen de posibilidades de que disponía. Se adoptaron medidas para fortificar los Pirineos y se pidió ayuda financiera y técnica a Italia para la reconstrucción de la armada y del ejército del aire españoles[8]. En agosto Franco dijo al general Gastone Gambara, jefe de la misión militar italiana en España, que se proponía destruir las instalaciones militares británicas en Gibraltar con artillería pesada. Los planes para una visita de Estado de Franco a Roma en septiembre de 1939 y después a Berlín en el otoño sólo fueron aplazados por el estallido de la segunda guerra mundial[9]. El Caudillo había sido avisado por Ciano en agosto de que era probable que estallara la guerra entre Alemania y Polonia. Respondió con movimientos de tropas y la construcción de fortificaciones cerca de la frontera entre el Marruecos español y el francés. También había establecido un nuevo mando de una división para Gibraltar. Según informó a los embajadores italiano y alemán, todas aquellas medidas iban encaminadas a ayudar al Eje[10].

El convencimiento de Franco de que la guerra era inminente encontró reflejo inmediato en los cambios ministeriales del 9 de agosto de 1939, con la sustitución del anglófilo ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Jordana, por el coronel Juan Beigbeder Atienza, camisa vieja de la Falange. Beigbeder, africanista entusiasta, compartía las ambiciones imperiales de Franco en Marruecos. Sin embargo, su forma de actuar era incongruente. Por ello, después de que comenzaran las hostilidades, el embajador alemán en Madrid, barón Eberhard Von Stohrer, solía saltarse a Beigbeder y tratar directamente con Serrano Suñer, quien prometió influir en la actitud de la prensa española completamente a favor de la causa alemana[11]. Lo hizo tan eficazmente que pasó a ser una importante arma de propaganda del Eje en España. El apartado de propaganda de la prensa falangista, bien dispuesto al respecto, recibía de la embajada alemana material de propaganda nazi, que después se transmitía en forma de noticias. Prácticamente nunca aparecía material de propaganda en pro de los aliados, excepto en respuesta a protestas diplomáticas concretas[12]. De hecho, la influencia alemana sobre la prensa fue sólo una de las numerosas manifestaciones de una situación en que España iba camino de convertirse en una colonia alemana oficiosa. La policía estaba muy influida por la Gestapo. Los teléfonos de embajadas y ministerios estaban intervenidos con la aquiescencia oficial, conseguida por soborno o por afinidad ideológica[13].

Cuando por fin estalló la guerra, el 3 de septiembre, Franco, como Mussolini, lamentó que hubiera ocurrido tan pronto. Lo máximo que ambos pudieron hacer fue brindar ayuda subrepticia y sacar provecho cuando fuera posible. Franco anunció oficialmente que se exigiría la a los súbditos españoles «la más estricta neutralidad»[14]. En privado, su actitud distaba mucho de ser neutral. Serrano Suñer y él consideraban que la arrogancia de Gran Bretaña y Francia había sometido a España a una humillante subyugación. En consecuencia, deseaban aprovechar cualesquiera oportunidades que brindara la guerra para ayudar a España a ocupar su puesto entre las potencias europeas[15]. Beigbeder facilitaba periódicamente a la embajada alemana información recibida de las misiones diplomáticas españolas en el extranjero. Los informes procedentes de Francia iban a ser particularmente útiles durante las hostilidades franco-alemanas de junio de 1940. El Ministerio de Asuntos Exteriores español obtenía también periódicamente para los alemanes informes sobre el efecto de los bombardeos de la Luftwaffe en Gran Bretaña[16].

Como espectadores anhelantes de la «extraña» guerra, Franco y Mussolini se aproximaron aún más. La generosidad italiana en la liquidación de las deudas de guerra españolas subrayó la cordialidad de sus relaciones. Más adelante el Duce, siempre inquieto y no dispuesto, como dijo, a permanecer sentado al margen mientras se escribía la historia, decidió entrar en la guerra. Había avisado a Franco con dos meses de antelación, el 8 de abril de 1940. Después de sus agotadoras empresas en España y en Albania, Italia apenas estaba en mejores condiciones que España para una aventura militar. Serrano Suñer y Beigbeder dijeron a Stohrer en la primera mitad de abril que España estaba de parte de Alemania y que la inminente entrada de Italia en la guerra contribuiría a que España se viera «automáticamente involucrada». Sin embargo, incluso Serrano Suñer era pesimista sobre las posibilidades de España de combatir en la guerra, dado el calamitoso estado de sus reservas de combustible y de cereales. No obstante, Franco y él se sintieron fuertemente tentados por la perspectiva de que la beligerancia española propiciara la conquista de Gibraltar y Tánger[17]. Lo que distinguía a Mussolini de Franco en aquella época era que, por temperamento, el Caudillo carecía de la irresponsable impetuosidad del Duce, tenía un estado mayor menos lisonjero y, como soldado que era él mismo, una idea más realista de las capacidades de su país.

En la primavera de 1940 Franco confiaba en una pronta victoria alemana[18]. Los británicos estaban suficientemente preocupados como para sustituir a su embajador en Madrid, sir Maurice Peterson, por sir Samuel Hoare. La elección para esa «misión especial» de una figura de tal categoría fue una señal de la importancia concedida a la embajada en Madrid. Estando Francia a punto de caer, revestía importancia decisiva impedir que Franco uniera su suerte a la de Hitler y Mussolini. Si así hubiese sido, la caída de Gibraltar y de los puertos atlánticos de España en manos del Eje habría sido un golpe devastador para Gran Bretaña. El primero de junio, cuando los alemanes estaban ya en Ostende y había comenzado la retirada en Dunkerque, Hoare llegó a Madrid, donde se encontró con precios altos, escasez de alimentos, dominio alemán de las comunicaciones, la prensa y la aviación y su embajada virtualmente asediadas por multitudes de falangistas que coreaban la consigna de «Gibraltar español»[19]. Mientras la fuerza expedicionaria británica regresaba renqueando a su país, el Caudillo contemplaba los acontecimientos alborozado. El 10 de junio envió a su Jefe de Estado Mayor, el general Juan Vigón, a Berlín con una efusiva carta de felicitación para Hitler[20]. En realidad Hitler guardó las distancias respecto de España y más o menos desairó a Vigón cuando lo recibió en el castillo de Acoz el 16 de junio de 1940, pues sólo aceptó las ambiciones de España respecto de Marruecos. En aquel momento Hitler no tenía intención de pagar un precio alto por unos servicios que no iban a ser —estaba convencido— necesarios, ya que esperaba que los británicos se rindieran de un momento a otro.

El hecho de que al final España no se incorporara a la guerra en el bando del Eje ha sido la base para las afirmaciones de los apologistas de Franco de que, con inmensa visión de estadista y pura y simple astucia, engañó a Hitler y Mussolini para favorecer a los aliados[21]. Negarlo no es subestimar la importancia de la neutralidad española para el resultado final de la segunda guerra mundial. Churchill escribió después de la guerra que «España tenía la llave de todas la empresas británicas en el Mediterráneo y nunca, en los peores momentos, la utilizó contra nosotros». Gibraltar era decisivo para el control naval británico del Atlántico oriental. Si los aviones alemanes hubieran podido volar desde los aeródromos españoles, podrían haber hecho estragos en los convoyes británicos. Churchill conocía suficientemente el peligro como para mantener lista durante dos años una fuerza expedicionaria (una brigada y cuatro unidades navales de transporte rápido destinadas a apoderarse de las islas Canarias en caso de perder Gibraltar)[22]. En 1947 Serrano Suñer argumentó convincentemente que, si España se hubiera incorporado a la guerra en junio de 1940, el resultado habría sido muy diferente, aunque omitió decir que no lo hizo porque Hitler rechazó su ofrecimiento[23]. De modo que los panegíricos de que fue objeto el Caudillo por su papel en la segunda guerra mundial encuentran justificación en el hecho de que, aunque estaba en condiciones de causar grandes daños a los intereses británicos y de los aliados, al final no lo hizo, pero minimizan oportunamente el fervor de sus ofrecimientos proalemanes de mediados de 1940 y las posteriores reapariciones de la tentación del Eje.

En 1940 la importancia estratégica de España para la causa del Eje hizo a Franco, inevitablemente, objeto del cortejo de ambos bandos: los alemanes para hacerlo entrar en la guerra y los británicos para mantenerlo fuera de ella. Pese a algunas controversias internas sobre lo acertado de aquella política, los británicos se inclinaron por utilizar la táctica del palo y la zanahoria que les brindaba su capacidad para bloquear el comercio español y conceder créditos urgentemente necesarios. Por otra parte, los alemanes dieron por sentado, de forma bastante intimidatoria, basada en parte en la presencia de unidades alemanas en la frontera hispano-francesa, que Franco haría lo que ellos quisieran sin necesidad de dedicarle un cortejo especial. En última instancia esa diferencia, más que habilidad diplomática alguna por parte de Franco, fue la razón de la no beligerancia de España. En noviembre de 1942 la actitud de España para con la operación «Antorcha», nombre en clave de los desembarcos angloamericanos en África septentrional, iba a tener importantes repercusiones en lo que quedaba de guerra. Antes de los desembarcos se concentraron en Gibraltar miles de soldados aliados y toneladas de material, que más adelante fueron transportados, junto con otros y cruzaron el estrecho ante los cañones españoles situados en ambas orillas del Mediterráneo. Se atribuye a Franco el mérito de haber resistido las lisonjas alemanas para que cortara las comunicaciones de los aliados y, por tanto, de no haber obstaculizado la operación «Antorcha». Para sus admiradores, ello constituye una prueba de su «benévola neutralidad» de facto para con los aliados[24]. En realidad, ni Franco ni ninguno de sus ministros sospechaba en modo alguno lo que se estaba preparando. Además, la presión alemana no fue demasiado intensa y se ejerció aposteriori[25]. Churchill, en octubre de 1944, al rechazar un ofrecimiento de Franco para unirse a una alianza anticomunista posbélica, no dejó de comentar «los servicios supremos» que Franco había prestado a la causa de los aliados «al no intervenir en 1940 ni obstaculizar la utilización del aeródromo y de la bahía de Algeciras durante los meses previos a la operación “Antorcha”». En eso se basa en particular la idea, con tanta frecuencia aducida, de un Franco astuto que previó el resultado final y evitó mediante una farsa de retórica en pro del Eje una invasión de España por Hitler para apoderarse de Gibraltar.

Sin embargo, cuando aquella «Antorcha» se perfilaba en el horizonte, Franco tenía ya claro que la guerra iba a prolongarse mucho y que incluso podrían ganarla los aliados. Con todo, en 1940 Franco se había comprometido en serio a entrar en la guerra y sólo lo contuvo su incapacidad para negociar condiciones aceptables con Hitler. A diferencia de Mussolini, Franco no se sintió tentado por un arrebato de fervor ideológico a hacer una precipitada declaración de guerra sin fijar primero el precio. Aunque el Caudillo utilizó la retórica de la camaradería en la guerra civil española, no sentía precisamente un agradecimiento servil por la ayuda alemana durante la guerra civil. Le habían contrariado profundamente, por ejemplo, las ambiciones neocoloniales de los nazis durante dicha guerra. Los alemanes habían aprovechado despiadadamente la dependencia temporal de Franco de su ayuda militar con tácticas depredadoras encaminadas a afianzar su posición en la economía española apoderándose de empresas, en particular las de la industria minera[26]. Franco se sintió indignado ante la insistencia de los alemanes de que les pagara su ayuda en la guerra. Con su estilo vanidoso y pomposamente mesiánico, el Caudillo estaba convencido de que el Eje estaba en deuda con él, pues la guerra civil española había sido una cruzada ideológica de interés común para todos, en la que los alemanes debían haberse sentido honrados de participar.

Desde luego, Franco adoptó una postura más circunspecta que Mussolini respecto de la cuestión de la incorporación al esfuerzo de guerra alemán. No obstante, a comienzos del verano de 1940, el espectacular éxito de la ofensiva de Hitler hacia el oeste movió al Caudillo a adoptar actitudes impetuosas nada propias de él. El 3 de mayo de 1940 había enviado un «mensaje anodino» a Mussolini en el que confirmaba «la absoluta e ineludible neutralidad de una España que se preparaba para vendar sus heridas»[27]. Sabía que una España económicamente postrada no podría sostener un largo esfuerzo de guerra, pero, por otra parte, no podía soportar la idea de que Francia y Gran Bretaña resultaran aniquiladas por un nuevo orden hitleriano y España no consiguiera nada del botín. Así pues, plenamente convencido en 1940 de que la victoria alemana era inevitable, Franco intentó hacer una entrada en el último momento para conseguir una papeleta con vistas a la distribución del botín. Sin embargo, su actitud estaba condicionada por la turbulenta herencia de sus relaciones económicas con Hitler durante la guerra civil. En última instancia, el deseo común de los dos dictadores de cooperación contra Gran Bretaña chocaría con la permanente subestimación por parte de Hitler de la obstinada mezquindad de Franco y la pomposa idea que tenía de su destino. Si el Führer hubiera podido, como Mussolini, hacer una virtud de la obligada generosidad respecto de las deudas de la guerra civil, o si hubiera mentido con mayor atrevimiento sobre su disposición a entregar el África septentrional francesa, el resultado habría sido sin duda diferente. Así las cosas, durante la guerra civil Franco había aprendido sobre la piratería nazi demasiadas cosas como para no abrigar sospechas, y su indignación aumentó cuando en el otoño de 1940 le pareció que Hitler volvía a utilizar sus antiguos ardides.

Hasta que chocó con la arrogancia y la intransigencia alemanas, el primer momento elegido por Franco para la entrada de España en la guerra fue poco después de la caída de Francia, cuando Gran Bretaña parecía también a punto de rendirse. El segundo fue en el otoño de 1940, cuando creía que los alemanes estaban a punto de lanzar la operación «León marino» y que el hundimiento de Inglaterra era inminente. En la primera de aquellas dos ocasiones, los alemanes desecharon el ofrecimiento español con displicente desdén, convencidos de que no lo necesitaban. En la segunda, cuando sí lo necesitaban, se mostraron indiferentes a las susceptibilidades de Franco y en particular a sus ambiciones africanas. A comienzos de junio de 1940 las embajadas británica y francesa en Madrid fueron asaltadas por falangistas y la prensa franquista, rigurosamente controlada, comunicó con regocijo el apoyo alemán e italiano a la devolución de Gibraltar. Tras un consejo de ministros el 12 de junio, Franco cambió la neutralidad oficial de España por la posición, mucho más en pro del Eje, de no beligerancia. Franco dijo al encargado italiano de negocios en Madrid que «el estado actual del ejército español impedía la adopción de una posición más resuelta, pero que aun así, estaba acelerando en la medida de lo posible la preparación del ejército para cualquier eventualidad»[28]. El fanático Serrano Suñer se mostró entusiasmado ante los triunfos alemanes y deseoso de tomar las riendas de la política exterior española. Ya estaba intrigando contra el ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder[29]. Los submarinos alemanes se aprovisionaban en los puertos españoles; Franco permitió que aviones alemanes de reconocimiento volaran con distintivos españoles y en La Coruña había una emisora de radio al servicio de la Luftwaffe. En otoño se atendieron positivamente las solicitudes de que los destructores alemanes repostaran de noche y en secreto en bahías de la costa septentrional de España[30].

Con Francia de rodillas y Gran Bretaña contra la pared, Franco sintió todas las tentaciones de un buitre cobarde y rapaz. Pese a la profesada amistad de Franco con Pétain, el 14 de junio, mientras los alemanes invadían París, España ocupó Tánger, tras asegurar a los franceses que aquella acción era necesaria para garantizar su seguridad. Hitler se sintió encantado y tanto más cuanto que Franco «había actuado sin hablar»[31]. El día siguiente a aquel en que los franceses pidieron un armisticio, Franco afirmó que la continuidad del imperio francés en el África septentrional resultaba entonces imposible, por lo que España pidió el Marruecos francés, la región argelina de Orán y la ampliación del Sáhara y la Guinea españoles. En el caso de que Inglaterra continuara con las hostilidades después de la rendición de Francia, el Caudillo se ofreció a entrar en la guerra al lado del Eje a cambio de «material de guerra, artillería pesada, aviones para el ataque a Gibraltar y tal vez la cooperación de submarinos alemanes para la defensa de las islas Canarias». También pidió alimentos, munición, combustible y material procedentes de las reservas de guerra francesas[32].

Después de hacer esperar a los españoles casi una semana, el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores rechazó su ofrecimiento con un simple reconocimiento de los deseos territoriales de España en África septentrional[33]. Hitler había respondido con frialdad a Vigón tres días antes, receloso, después del precipitado ataque de Mussolini a Francia, de otros voluntarios indeseados y de última hora para una guerra que ya estaba —no le cabía la menor duda— ganada. No estaba dispuesto a perjudicar las negociaciones del armisticio con Francia para dar una satisfacción gratuita a España. Franco, Serrano Suñer y Beigbeder se mostraban, cada cual a su modo, excesivamente obsequiosos para con el Tercer Reich, tratando constantemente de ganarse el favor de Berlín. El 23 de junio, por ejemplo, Beigbeder se ofreció a detener al duque y a la duquesa de Windsor, que estaban de paso en Madrid camino de Lisboa, por si los alemanes querían ponerse en contacto con ellos. Durante todo el verano de 1940, Serrano Suñer y Franco fueron colaboradores solícitos de maquinaciones alemanas para impedir que el duque de Windsor ocupara el puesto de gobernador de las Bahamas a fin de poder utilizarlo contra «la camarilla de Churchill» en las negociaciones de paz con Inglaterra. Con la esperanza de convencer al duque para que actuara como un Rudolf Hess inglés, Ángel Alcázar de Velasco, estrecho colaborador de Serrano Suñer, le dijo que el servicio secreto británico tenía planes para asesinarlo[34]. El propio Serrano Suñer pedía con insistencia una invitación para visitar Alemania con vistas a negociar la entrada de España en la guerra[35].

En contraste con los intentos españoles de congraciarse con el tercer Reich, los alemanes de todos los niveles se mostraron arrogantes y desdeñosos con los españoles. Se limitaron a rechazar de plano las urgentes peticiones de alimentos por parte de Franco alegando las mayores necesidades de Alemania e Italia. En cambio, los alemanes dieron por sentado que España seguiría exportando al Tercer Reich materias primas esenciales para éste[36]. Aunque la brusca respuesta del Führer a su ofrecimiento contrarió a Franco, éste siguió deseoso de negociar la entrada de España en la guerra. Franco declaró el 18 de julio de 1940 que España tenía dos millones de hombres en armas dispuestos a combatir para resucitar sus pasadas glorias imperiales y perseguir la misión de recuperar Gibraltar y ampliar el África española[37]. El Estado Mayor estaba preparando planes para un ataque al África septentrional francesa y a Gibraltar. Además, durante aquel período Hitler se estaba viendo forzado gradualmente a conceder mayor prioridad a la entrada de España en la guerra. La inesperada obstinación de la resistencia británica y la derrota de la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra echaron por tierra sus planes de invasión, la operación «León marino». Los alemanes decidieron reducir a Gran Bretaña por medios distintos de un ataque frontal. El 15 de agosto el general Jodl había propuesto la intensificación de los ataques mediante submarinos y la toma de los centros neurálgicos de su imperio —Gibraltar y Suez— con vistas a brindar al Eje el control del Mediterráneo y de Oriente Medio. Ya el 2 de agosto Ribbentrop había informado al embajador en Madrid de que «lo que queremos lograr ahora es la pronta entrada de España en la guerra»[38]. Los oficiales alemanes iniciaron el proceso para determinar cuáles eran exactamente las necesidades españolas, militares y civiles, en materia de combustible, cereales y otras mercancías vitales. Las cifras resultantes tan sólo para fines civiles eran descomunales[39].

En Madrid pasaron por alto los difíciles problemas que planteaba el suministro de todo lo necesario para la guerra, porque en los círculos oficiales estaba generalizado el convencimiento de que el conflicto sería corto y el Tercer Reich vencería rápidamente. Beigbeder estaba convencido de que Gran Bretaña caería al cabo de unas semanas. Se había presionado a los portugueses para que garantizaran que dejarían las manos libres a España con vistas a un ataque a Gibraltar. Franco dijo a Vigón que consideraba útil una pronta entrada en la guerra, porque, como consecuencia del bloqueo británico, «España tenía ya un pie en la guerra». También le dijo que estaba dispuesto a aceptar una guerra de mayor duración[40]. Serrano Suñer estaba preparando a la opinión pública para la guerra mediante ataques, cuidadosamente orquestados, a Inglaterra en la prensa controlada por el Estado. Franco, preocupado porque el silencio con que Berlín había respondido a su intento de acercamiento significara que España no sería invitada a compartir el botín, había escrito desde Madrid apenas una semana antes, el 15 de agosto, una carta optimista a Mussolini, en la que recordaba al Duce las aspiraciones y reivindicaciones españolas en África septentrional y declaraba que España estaba «preparándose para ocupar su lugar en la lucha contra nuestros enemigos comunes»[41].

A comienzos del verano de 1940, el entusiasmo con vistas a la entrada de España en la guerra se había producido exclusivamente en Madrid. Como resultaba más que evidente que Franco y Serrano Suñer preparaban la entrada de España en la guerra cuando hubieran concluido los combates más duros, pero antes del reparto del botín, los alemanes habían desechado, descorteses, sus ofrecimientos. En el otoño y el invierno la situación iba a cambiar lentamente, a medida que Franco iba dándose cuenta gradualmente de la fuerza de la resistencia británica y la situación económica de España iba deteriorándose. Aunque nunca lo reconocería y siempre guardaría rencor al respecto, a partir del otoño de 1940 Franco se vería cada vez más vulnerable a las presiones y lisonjas angloamericanas. Como escribió David Eccles, emisario del Ministerio británico de Economía de Guerra, a su esposa el primero de noviembre de 1940, «los españoles están en venta y nuestra misión consiste en procurar que el subastador los adjudique a nuestra oferta»[42]. Otro factor importante de la disminución del ardor guerrero del Caudillo fue su resentimiento por las exigencias de Hitler en relación con la beligerancia española. Sin embargo, al final del verano Franco siguió esperanzado sobre la posible contribución de España al esfuerzo de guerra del Eje. Los alemanes siguieron sin compartir su optimismo[43].

Esto quedaría absolutamente claro cuando el embajador Stohrer compuso un anteproyecto de protocolo hispanoalemán sobre la entrada de España en la guerra. El borrador de Stohrer, con algunas modificaciones hechas por el Oberkommando der Wehrmacht, constituyó la base de las instrucciones de Ribbentrop para las conversaciones con Serrano Suñer, que debía llegar a Berlín a mediados de septiembre para reiterar los anteriores ofrecimientos de Franco. Con arreglo a ellos, España determinaría, de acuerdo con las potencias del Eje, el momento de su entrada en la guerra. A cambio del suministro por el Reich del equipo militar y los alimentos necesarios, España se comprometería a reconocer sus deudas de la guerra civil con Alemania y a saldarlas mediante futuras entregas de materias primas. Se concederían a Alemania las propiedades mineras francesas y británicas en España y en el Marruecos español. Se cedería a Alemania territorio español del golfo de Guinea. La economía española se integraría en una economía europea dominada por los alemanes. España desempeñaría tan sólo un papel subordinado, pues sus actividades quedarían limitadas a la agricultura, la producción de materias primas y las industrias «autóctonas de España»[44].

Serrano Suñer llegó a Berlín el 16 de septiembre de 1940, acompañado de gran número de falangistas, para examinar la contribución de España al golpe decisivo contra Inglaterra. El 14 de septiembre se había aplazado temporalmente la operación «León marino» para la invasión de Inglaterra y el 17 de septiembre se aplazaría indefinidamente por culpa de las condiciones climáticas y del éxito de la RAF en la batalla de Inglaterra. Los alemanes no fueron precisamente sinceros con los españoles a ese respecto, pues Ribbentrop dijo a Serrano Suñer que pronto «no quedaría nada de Londres, excepto escombros y cenizas». Según Serrano Suñer, el objetivo de su visita, como miembro del gobierno y «agente personal de España», era celebrar conversaciones sobre la entrada de España en la guerra después del anterior «tanteo del terreno». Expresó su sorpresa porque aún no hubiera llegado de Alemania el material necesario para el esfuerzo de guerra de España. Reiteró la lista de artículos que España necesitaba y también recordó a Ribbentrop su determinación de apoderarse de todo el Marruecos francés que «pertenecía al Lebensraum español» y de la zona en torno a Orán habitada por españoles. Serrano Suñer y Ribbentrop no congeniaban, lo que iba a tener mucha importancia para la neutralidad final de España. La aspereza y la afectación del ministro alemán contribuyeron a enfriar la impetuosidad y el fervor naturales del español en pro del Eje. Stohrer dijo a Walter Schellenberg, del Reichsicherheitshauptamt, que en su opinión las exigencias de Ribbentrop estaban haciendo que los españoles se echaran atrás[45]

Ribbentrop puso objeciones a las cantidades de material pedidas por España, pero al final accedió a entregar absolutamente lo que este país necesitaba. Expuso sin ambages lo que Alemania quería a cambio. Sabiendo que los británicos responderían a la toma de Gibraltar con la ocupación de las islas Canarias, las Azores o las islas de Cabo Verde, el Führer quería una de las islas Canarias para que fuera una base alemana y otras bases en Agadir y Mogador con «el apropiado hinterland». También hizo importantes peticiones económicas respecto de una liquidación más rápida de la deuda de la guerra civil y de la participación alemana en los intereses mineros en Marruecos. Serrano Suñer lo consideró una impertinencia intolerable[46]. El día siguiente, Serrano Suñer fue recibido por Hitler para una conversación de una hora y le dijo en términos inequívocos que España estaba dispuesta a entrar en la guerra tan pronto como tuviera garantizado su abastecimiento de alimentos y material de guerra. Hitler declaró con entusiasmo lo importante y fácil que sería la toma de Gibraltar, que, según dijo, ya había sido objeto de estudio detallado por expertos alemanes. El Führer repitió también su deseo de disponer de una base en las Canarias y propuso que Franco y él se reunieran en la frontera francoespañola. Poco después Serrano volvió a reunirse con Ribbentrop, que lo apremió con insistencia sobre la cesión por parte de España de una de las islas Canarias y añadió que Alemania quería la Guinea española y las pequeñas islas españolas situadas frente a las costas del África central a cambio de permitir a España apoderarse del Marruecos francés. Serrano Suñer subrayó que España no iba a poder acceder a aquella propuesta, que calificó de criminal y monstruosa. Propuso en su lugar que Alemania utilizara la isla portuguesa de Madeira[47].

Como consecuencia de su reunión con Serrano Suñer, Hitler escribió a Franco el 18 de septiembre para exponerle en líneas generales sus ideas sobre las cuestiones planteadas. Entre líneas se podían leer los problemas que planteaba la operación «León marino», en particular cuando el Führer insistió en que sólo se podía romper el bloqueo británico de España con la expulsión de los británicos del Mediterráneo, cosa que, según afirmaba, se «conseguiría rápidamente y con seguridad mediante la entrada de España en la guerra»[48]. La petición por parte de Hitler de una base en las islas Canarias, junto con sus importantes aspiraciones económicas en la España continental y en el Marruecos español, enfriaron un poco el entusiasmo de Franco y Serrano Suñer por la causa del Eje. Fueron comprendiendo poco a poco que el lugar de España en el nuevo orden sería «el de un satélite insignificante y explotado». Las ambiciones coloniales de Hitler con vistas a un gran imperio en África central y bases en las islas Canarias y el Marruecos español como etapas inmediatas, eran más importantes para él que las buenas relaciones con Franco. Así pues, trató a Franco de tal modo, que sacrificó la cooperación del Caudillo en un ataque a Gibraltar. De hecho, en una carta a Serrano Suñer del 21 de septiembre el Caudillo se refirió a «lo que provocó justificadamente tu indignación y que resulta inconcebible» y comentó que las aspiraciones alemanas eran más apropiadas para el trato con un enemigo derrotado e «incompatibles con la grandeza y la independencia de una nación»[49]. El 24 de septiembre Ribbentrop y Serrano Suñer volvieron a celebrar en Berlín una reunión extraordinariamente dura. Ribbentrop, que adoptó un tono condescendiente durante toda la entrevista, apremió a Serrano Suñer a que diera una respuesta a las peticiones territoriales de Hitler. Tras algunas evasivas, Serrano Suñer respondió negativamente en todos los casos. Entonces Ribbentrop planteó la cuestión de las deudas de España con Alemania contraídas durante la guerra civil y pidió que se transfirieran a Alemania los activos empresariales británicos y franceses en España con vistas a saldar la deuda pendiente[50].

La política de Franco se basaba en la decisión de entrar en la guerra lo más cerca posible de su fin. Sin embargo, la capacidad británica para resistir dificultaba la predicción de ese momento. No quería emular la precipitación de Mussolini, pero tampoco quería perder el tren. Entre los altos mandos del ejército español aumentaba la oposición a la entrada en la guerra. El Estado Mayor comunicó que la armada no tenía combustible, que no había una fuerza aérea digna de ese nombre ni unidades mecanizadas eficaces y que, después de la guerra civil, la población no toleraría más sacrificios. Como se estaban incubando tensiones entre los monárquicos y los falangistas, Franco, como solución de compromiso, se aferró a la idea del protocolo secreto con el Eje, que garantizaría —esperaba— sus ambiciones territoriales pero dejaría a su arbitrio la fecha exacta de entrada de España en la guerra. Sin embargo, Hitler no estaba dispuesto a pagar —ni tampoco podía— el precio pedido por el Caudillo. Las duras exigencias formuladas por Hitler y Ribbentrop en sus reuniones con Serrano Suñer en Berlín los días 16, 17 y 24 de septiembre contribuyeron a reafirmar la decisión de Franco de entrar en la guerra sólo si recibía el pago por adelantado[51].

Pese a las decepciones de su viaje a Berlín, Serrano Suñer entregó al embajador Stohrer un memorándum en el que se anunciaba la «disposición de España a concluir una alianza militar en forma de pacto tripartito de diez años con Alemania e Italia»[52]. Estando en Berlín, Serrano Suñer invitó a Heinrich Himmler a visitar Madrid y prestar asesoramiento para la modernización de la policía secreta española[53]. El 28 de septiembre Hitler habló con Ciano en Berlín y no ocultó que estaba harto de los españoles. Resumió exactamente el acuerdo propuesto por Franco y Serrano Suñer como la promesa alemana de suministrar cereales, combustible, equipo militar, todas las tropas y armas necesarias para la conquista de Gibraltar y todo Marruecos y Orán a cambio de promesas de amistad española. En realidad, la preocupación principal del Führer era que cualquier acuerdo sobre Marruecos pudiese filtrarse, llegar a conocimiento de los franceses y provocar un entendimiento que permitiera a los británicos establecerse en África septentrional. Si se permitía a los españoles apoderarse de Marruecos, probablemente necesitaran ayuda alemana para conservarlo en su poder. Prefería dejar allí a los franceses para que defendieran Marruecos contra los británicos. En cuanto a la liquidación de las deudas de la guerra civil, que los españoles consideraban una confusión de consideraciones económicas y políticas que demostraba falta de tacto, Hitler dijo que «como alemán, se siente uno respecto de los españoles casi como un judío, que quiere hacer negocios con las posesiones más sagradas de la humanidad». No es de extrañar que Hitler dijera a Ciano que se oponía a la intervención española «porque costaría más de lo que valdría»[54].

El primero de octubre de 1940, en una visita a Roma, Serrano Suñer habló apasionadamente a Ciano de la «absoluta falta de tacto [de los alemanes] en su trato con España». El propio Hitler estaba intentando equilibrar las exigencias opuestas de Franco, Pétain y Mussolini, cosa que, según reconocía, sólo era posible mediante «un grandioso fraude»[55]. El propio Franco no hacía ascos a una actitud algo fraudulenta y ya estaba empezando a hacer sus apuestas. Por su parte, los británicos estaban acariciando la idea de hacer importantes concesiones a España. El Gobierno de Estados Unidos estaba examinando la posibilidad de enviar trigo a España por mediación de la Cruz Roja. El 7 de octubre el general Franco envió a Roosevelt un telegrama en que le decía que Estados Unidos podía adoptar medidas decisivas que afectarían al entero rumbo de la guerra. Sólo si Estados Unidos le enviaba trigo permanecería España neutral. Los británicos accedieron a los envíos «con la condición de que la distribución del trigo corriera a cargo de instancias estadounidenses, que no se reexportara nada, que se diera publicidad a toda la operación y que los barcos con trigo llegaran de uno en uno y pudieran ser detenidos por nosotros en caso de que surgiera algún problema»[56].

El 18 de octubre de 1940 Beigbeder fue sustituido oficialmente como ministro de Asuntos Exteriores por Serrano Suñer. Mussolini escribió a Hitler el día siguiente que el cambio ministerial de Franco «nos brinda la seguridad de que las tendencias hostiles al Eje quedan eliminadas o al menos neutralizadas»[57]. Sin embargo, en la histórica reunión de Hitler y Franco en Hendaya, celebrada el 23 de octubre de 1940, no hubo conciliación. Hitler estaba cometiendo su «grandioso fraude» al verse con Laval el 22 de octubre en Montoire-sur-Loire, remota estación ferroviaria de pueblo cerca de Tours, de camino para su reunión con Franco y después con Pétain el 24 de octubre otra vez en Montoire, a la vuelta. Al Führer le preocupaba que Mussolini se viera implicado en una prolongada e inconveniente guerra en los Balcanes al atacar a Grecia. Así pues, se inclinaba a pensar que la entrega del Marruecos francés a los españoles equivalía a colocarlos en una posición vulnerable a un ataque británico.

Aunque el Caudillo no conocía la importancia de los problemas de Hitler relacionados con Gran Bretaña y Grecia, no se sentía inclinado a facilitarle las cosas. En aquel momento Franco consideraba que podría estar perfilándose una lucha larga, idea que, naturalmente, no contribuía precisamente a inclinarlo a entrar en la guerra en un futuro inmediato. Por otra parte, seguía deseoso de estar presente en el momento final. Franco, siempre interesado en aprovechar los éxitos de Hitler pero decidido a no tener que pagar por ese privilegio, comenzó la reunión de Hendaya con garantías retóricas: «España combatiría de buen grado al lado de Alemania», pero en vista de que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban creando dificultades, «España debía marcar el paso y con frecuencia poner buena cara ante cosas que desaprobaba totalmente». Más que de una conversación, se trataba de monólogos enfrentados. Resultó curioso que, en vista del equilibrio de fuerzas entre los dos interlocutores, Hitler no pudiera dominar la reunión. Se fue por las ramas y se abandonó a una desesperada justificación de las dificultades alemanas de aquel momento en la guerra, haciendo hincapié en el papel de las condiciones climáticas en la batalla de Inglaterra.

Más decisiva desde el punto de vista del resultado final fue la laboriosa y bastante ambigua explicación por parte de Hitler de por qué las ambiciones de España respecto de Marruecos eran problemáticas, dada su necesidad de cooperación con los franceses. A ese respecto, se refirió a su conversación del día anterior con Laval y a su próxima entrevista con Pétain; su argumento era que, si Francia se aliaba con Alemania, se podrían compensar las pérdidas territoriales francesas con las colonias británicas. La píldora difícil de tragar para Franco fue la afirmación de Hitler de que «si la cooperación con Francia resultara posible, los resultados territoriales de la guerra podrían no ser tan grandes. Sin embargo, el riesgo era menor y el éxito más fácil de conseguir. Personalmente consideraba mejor, en una lucha tan dura, poner la mira en un éxito rápido y en un lapso corto, aun cuando lo obtenido fuera menor que cuando se riñen guerras prolongadas. Si con la ayuda de Francia Alemania podía vencer más rápidamente, estaba dispuesta a conceder a cambio a Francia mejores condiciones de paz».

Franco no pudo dejar de advertir que sus esperanzas de obtener grandes ganancias territoriales casi sin costo alguno estaban siendo trituradas flagrantemente. Así pues, no es de extrañar que respondiera, para disgusto manifiesto de Hitler, con una relación de las atroces condiciones existentes en España, una lista de los suministros necesarios para facilitar sus preparativos militares y la pomposa afirmación de que España podía tomar Gibraltar por sí sola. Ya sólo quedaba a los dos ministros de Asuntos Exteriores redactar un protocolo[58]. Sin embargo, después de permanecer junto a Franco casi nueve horas, Hitler dijo posteriormente a Mussolini que «antes que pasar por eso de nuevo, preferiría que me sacaran tres o cuatro muelas»[59]. En realidad, Hitler había pensado engañar a los españoles en lo referente al Marruecos francés admitiendo con aparente franqueza que no podía dar lo que todavía no era suyo, con lo que daba a entender que lo daría efectivamente cuando estuviera en condiciones de hacerlo. Desde luego, confiaba en poder disponer a su gusto del imperio colonial francés, pero no tenía intención de dárselo a Franco. En eso consistía su «grandioso fraude». Serrano Suñer dio a entender años después que no había contado una mentira suficientemente convincente. Según el «cuñadísimo», la obsesión africanista de Franco respecto de Marruecos era tal que, si Hitler se lo hubiera ofrecido, habría entrado en la guerra[60].

Fue una suerte para Franco que Hitler siguiera sin querer y, de hecho, sin poder pagar el precio que pedía. Al fin y al cabo, una de las razones del Führer para desear la participación de España era la posibilidad de controlar África septentrional y así impedir allí una intensificación de la resistencia francesa. Ahora bien, el precio de Franco, la cesión de las colonias francesas, habría precipitado casi con toda seguridad un movimiento antialemán encabezado por De Gaulle que habría preparado el camino para desembarcos de los aliados. La reunión de Hendaya llegó a un punto muerto precisamente a causa de ese problema. Se firmó el protocolo, en el que España se comprometía a unirse a la causa del Eje en una fecha que se decidiría por «mutuo acuerdo de las tres potencias», pero después de que hubieran concluido los preparativos militares. Con ello la decisión quedaba, en realidad, al arbitrio de Franco. Hitler formuló promesas firmes sólo sobre Gibraltar y se mostró impreciso sobre un futuro control por España de las colonias francesas de África. Los españoles no se cerraban a ninguna opción. Es de suponer que tal fue la razón de que Serrano Suñer informara al embajador de Estados Unidos el 31 de octubre de 1940 —y lo repitió tres veces— de que «no había habido presiones, ni siquiera una insinuación por parte de Hitler ni de Mussolini para que España entrara en la guerra»[61].

Hitler había rechazado los ofrecimientos de Franco de incorporarse a la guerra a comienzos del verano de 1940 por considerarlos inútiles. Los intentos del Führer de hacer que Franco se incorporara al Eje en el otoño de 1940 fracasaron porque Hitler no consideraba que debiera pagar más de lo normal por los servicios del Caudillo. Posteriormente, durante todo el transcurso de la segunda guerra mundial, España no estuvo más cerca de incorporarse al Eje de lo que había estado en 1940. Lo que no quiere decir que Franco estuviera esforzándose denodadamente por liberarse de las garras de Hitler, como han dado a entender algunos de sus admiradores. No cabe duda de que el Caudillo seguía simpatizando con Alemania e Italia. Si Hitler hubiera satisfecho el precio requerido, Franco se le habría unido casi con toda seguridad. No obstante, la ambición primordial de Franco fue siempre su propia supervivencia; además de que Hitler parecía buscar la ayuda española en condiciones inaceptables, la posibilidad, después del abandono de la operación «León marino», de una derrota del Eje hizo que el Caudillo adoptara una actitud incluso más circunspecta. Además, las tensiones entre el ejército y la Falange precisamente sobre si se debía o no entrar en la guerra dieron que pensar a Franco. El ejemplo más evidente de dicha circunspección y su vinculación con las cuestiones interiores fue su no injerencia durante la operación «Antorcha», que se produjo menos de dos meses después de la destitución de Serrano Suñer. Sin embargo, entre la reunión de Hendaya y la operación «Antorcha» hubo muchas pruebas de que Franco seguía anhelando formar parte de una victoriosa coalición del Eje.

A principios de noviembre de 1940, por ejemplo, parecía que las decepciones de Hendaya se hubieran superado. Franco adoptó varias iniciativas que sólo se pueden interpretar como una disposición a combatir. El primero de noviembre escribió a Hitler para prometerle que cumpliría su promesa de entrar en la guerra[62]. El 9 de noviembre llegaron a Madrid tres copias del protocolo secreto germano-italo-español, que Serrano Suñer firmó debidamente y devolvió por mediación de un mensajero especial[63]. Sin embargo, las circunstancias estaban cambiando rápidamente hasta el punto de enfriar el entusiasmo de Franco. La crisis económica interior de España se estaba ahondando dramáticamente y cada vez eran más frecuentes las señales de que la correa de transmisión de los triunfos del Eje iba acortándose. En cambio, Hitler, conmocionado por la victoria naval británica sobre los italianos en Taranto, estaba cada vez más deseoso de acelerar el ritmo. Para ello, el 11 de noviembre Ribbentrop invitó a Serrano Suñer a una reunión con Ciano y con él en el Berghof una semana después.

Por entonces los alemanes estaban cada vez más convencidos de la urgente necesidad de lanzar un ataque contra Gibraltar. El 4 de noviembre Hitler dijo a los generales Brauchitsch, Halder, Keitel y Jodl que, contando con la seguridad dada por Franco de que estaba a punto de unirse a Alemania, sería posible tomar Gibraltar. A mediados de noviembre se prepararon planes detallados para la que se llamaría operación «Félix», según la cual tropas alemanas entrarían en España el 10 de enero de 1941 antes de comenzar un ataque contra Gibraltar el 4 de febrero[64]. Las tropas alemanas empezaron a ensayar el ataque cerca de Besançon. El problema era —como no tardaron en descubrir los principales planificadores de la intendencia de Hitler— que Franco no había exagerado al hablar de la situación de postración de la economía española. Las diferencias de ancho de la vía del tren a uno y otro lado de la frontera hispano-francesa, el mal estado general de la vía férrea y del material móvil y la limitada capacidad del sistema español eran cosa conocida. Además, una cosecha desastrosa había hecho que España necesitara muchos más cereales de lo que había comunicado en sus anteriores solicitudes a los alemanes. Con la extensión del hambre a muchas partes del país, Franco no tenía otra opción que intentar comprar alimentos en Estados Unidos, lo que entrañaba necesariamente el aplazamiento de una declaración de guerra[65]. Al mismo tiempo, el gobierno británico abogaba por la ayuda alimentaria estadounidense a España precisamente a fin de privar a Franco de la excusa para echarse en brazos del Eje[66].

La reunión entre Hitler y Serrano Suñer se celebró en Berchtesgaden el 19 de noviembre de 1940. Ahora había más urgencia por parte de Hitler y cierto grado de engaño por parte de Serrano Suñer. Aunque intentó minimizar las consecuencias del «error» de Mussolini en Grecia, Hitler expuso con toda claridad la urgente necesidad de cerrar el Mediterráneo en Gibraltar y en Suez. Serrano Suñer recordó a Hitler lo defraudados que se sentían el Caudillo y él por la vaguedad de las promesas hechas en el protocolo secreto respecto de las peticiones imperiales de España, ante lo cual Hitler insistió en que se daría satisfacción a España en Marruecos. En aquella reunión no se decidió nada. Hitler tal vez apreciara mejor que Ribbentrop las dificultades para la entrada española, y cuando vio a Ciano, inmediatamente después de hablar con Serrano Suñer, le propuso que Mussolini utilizara su influencia sobre Franco para lograr la intervención de España[67].

Sorprendentemente, los alemanes estaban convencidos, al menos lo estuvieron por un corto período, de que España estaba a punto de unírseles. Así pues, Hitler envió al almirante Canaris a España para examinar los detalles. Como indicación de la inclinación de Franco hacia el Eje, Serrano Suñer informó a Stohrer de que el gobierno español había accedido a que fondearan buques cisterna alemanes en bahías recónditas de la costa septentrional para que los destructores alemanes pudieran repostar[68]. Sin embargo, pronto resultó evidente que las reuniones de Hitler y los españoles habían sido un diálogo de sordos. El 5 de diciembre Hitler reunió a su alto mando y decidió pedir a Franco que se permitiera a tropas alemanas cruzar la frontera española el 10 de enero de 1941. Se proyectó que tan pronto como Canaris obtuviera el asentimiento de Franco en cuanto a la fecha fijada, el general Jodl fuera a España para adoptar las disposiciones necesarias con vistas al ataque de Gibraltar. Canaris llegó el 7 de diciembre a un Madrid gélido y cubierto de nieve. A las 7,30 de la tarde expresó a Franco, delante del general Vigón, la necesidad de la pronta entrada de España en la guerra, a lo que el Caudillo respondió que el país no estaba, sencillamente, lo bastante preparado, en particular en lo referente a los suministros de alimentos, para poder cumplir el plazo de Hitler. Por entonces Franco calculaba que el déficit de alimentos era de un millón de toneladas. La escasez de alimentos resultaba agravada por dificultades atroces en las carreteras y en los ferrocarriles. Franco expresó también su miedo a que la toma de Gibraltar entrañara para España la pérdida de las islas Canarias y del resto de sus posesiones de ultramar, lo que constituía un significativo reconocimiento de sus dudas sobre las perspectivas de un pronto triunfo del Eje en la guerra. El general Franco dijo con toda claridad que España sólo podría entrar en la guerra cuando Inglaterra estuviera casi a punto de desplomarse. Al recibir el deprimente informe de Canaris, Hitler decidió suspender la operación «Félix». Su profunda decepción se reflejó en una carta de fin de año a Mussolini en que declaraba: «Temo que Franco esté cometiendo en este caso el mayor error de su vida»[69].

Durante todo el mes de noviembre se habían llevado a cabo detalladas operaciones de reconocimiento, preparativos y ensayos. Sin embargo, ni siquiera se planteó la posibilidad de que Hitler se limitara a atacar Gibraltar sin la aquiescencia de Franco. Había que descartar un ataque frontal por mar porque la armada alemana ya estaba atareada con la protección de Noruega y la continuación de la guerra en el Atlántico. Así pues, el ataque tenía que ser por tierra. Para ello las tropas alemanas deberían recorrer 1200 kilómetros con todos sus pertrechos por carreteras deficientes y en muchos casos sin asfaltar y por estrechos y tortuosos puertos de montaña con frecuencia cubiertos de niebla y hielo. Además, España padecía una escasez de alimentos tan grave que no se podía esperar que las tropas vivieran de los cultivos ni comprando alimentos y combustible a medida que avanzaran. El 9 de diciembre Stohrer informó de que la intensificación de las condiciones de hambre se había puesto por delante de cualquier otra cuestión, incluida la entrada en la guerra. El 11 de diciembre contó por carta a la Wilhelmstrasse que la gente se desmayaba en las calles de Madrid por la falta de alimentos. También afirmaba que «las protestas de varios generales influyentes han despertado en Franco el miedo a que el conflicto de personalidades y los desacuerdos sobre diversas cuestiones entre S. Suñer y el ejército lleguen a ser un problema grave para el régimen, si no se presta atención a los profundos recelos de dichos generales sobre la entrada en la guerra, por razones principalmente económicas pero también militares». Stohrer estaba convencido de que el cambio de idea de Franco sobre la entrada en la guerra era consecuencia enteramente de la crisis de alimentos y de su consiguiente temor por la seguridad de su régimen. También consideraba que la superación de los problemas de Franco supondría un apoyo económico de «proporciones tremendas». Atacar sin el consentimiento de Franco entrañaría la enorme dificultad de ocupar un país hostil. Ello infundió a Churchill la esperanza de que Hitler no intentaría abrirse paso por España a la fuerza. Como escribió al general Ismay el 6 de enero de 1941, una invasión en invierno era «una empresa de lo más peligrosa y objetable para Alemania, y no es de extrañar que Hitler, ante la necesidad de contener a tanta población presa del resentimiento, no se haya lanzado a ella hasta ahora»[70].

Fue el hambre, junto con la preocupación por la permanente hostilidad entre la Falange y sus generales, lo que hizo que Franco se echara atrás en el momento decisivo. Su pesar resultó aliviado sin duda por la evidencia de que la victoria del Eje iba a resultar, en el mejor de los casos, retrasada, y en el peor, si bien se trataba de una posibilidad remota, en modo alguno segura. No obstante, dicho pesar parecía auténtico. Cuando Stohrer dijo a Franco el 20 de enero de 1941 que en Berlín opinaban que el gobierno español y él ya no estaban del todo convencidos de que el Reich fuera a ganar la guerra, el Caudillo declaró vehementemente que su política no había cambiado, que su «fe en la victoria de Alemania seguía siendo la misma». Franco insistió en que «la cuestión no era en absoluto si España entraría en la guerra; eso ya se había decidido en Hendaya. Era simplemente cuándo lo haría»[71]. Profundamente herido por un mensaje duro y arrogante de Ribbentrop entregado el 23 de enero, Franco se quejó amargamente a Stohrer de esa acusación de vacilación por su parte. Con aparente sinceridad, afirmó que su posición estaba totalmente del lado del Eje, por gratitud y porque era un hombre de palabra, e insistió en que no se había desviado «ni un milímetro de su rumbo germanófilo» ni había hecho concesión política alguna a los aliados occidentales[726]. Sin embargo, cuando Ribbentrop pidió, furioso, una respuesta definitiva, Franco siguió respondiendo con evasivas. El 3 de febrero de 1941 Hitler escribió a Mussolini para lamentarse de que, por culpa de la falta de resolución de Franco, se hubiera perdido una gran oportunidad de cerrar el extremo occidental del Mediterráneo. El Führer pidió por segunda vez al Duce que intentara persuadir a Franco de que cambiase de opinión[73]. En realidad, dado el deterioro creciente día tras día de la situación económica en España, no había demasiadas posibilidades de que tal cosa sucediera. Los cónsules alemanes comunicaban que en parte del país no había nada de pan y que había casos de asaltos en las carreteras y de bandidaje.

Hitler hizo un nuevo esfuerzo personal, aunque ya poco entusiasta, en su carta a Franco fechada el 6 de febrero de 1941. Tras reiterar las razones por las que España debía ir del brazo con Alemania e Italia, el Führer echaba por tierra con tono de cortesía las excusas de Franco para aplazarlo. En la carta el único intento concreto de conseguir que Franco se comprometiese era una invitación general a incorporarse a un conflicto ideológico y un ofrecimiento de suministros tan pronto como España declarara la guerra. Franco respondió acusando recibo y con la solicitud de un «pago por anticipado», como lo llamó Stohrer. La había preparado el Estado Mayor y equivalía a un petición de suministros en tal escala, que el director del Departamento de Política Económica de Berlín hubo de concluir que las peticiones eran «tan evidentemente irrealizables, que sólo se podían considerar como la expresión de un intento de eludir la entrada en la guerra». Resulta significativo que la misma mañana en que recibió la carta de Hitler, Franco hubiera recibido noticias del aniquilamiento final del ejército del mariscal Graziani por los británicos en Bengasi[74]. Como Mussolini había accedido a interceder ante Franco, se concertó una entrevista entre ambos los días 12 y 13 de febrero en Bordighera[75]. En el momento en que Franco se reunió con Mussolini, la opinión pública en España empezaba a inclinarse por una rotunda oposición a cualquier intervención en la guerra. La aplastante derrota sufrida en Cirenaica por el ejército italiano ante una fuerza británica mucho menor y el bombardeo naval británico de Génova el 8 de febrero tuvieron importantes repercusiones en España en general, donde causaron cierto malicioso júbilo antiitaliano[76].

En Bordighera, Franco habló a Mussolini de su permanente convencimiento de una victoria final del Eje. Reconoció con toda sinceridad que «España desea entrar en la guerra, y lo que teme es hacerlo demasiado tarde». Se quejó de los obstáculos que le ponían los alemanes y dijo con claridad que deseaba garantías explícitas de que se satisfarían todas las ambiciones territoriales de España en África. A ese respecto, dio a entender que la reunión de Hendaya no había dado los resultados esperados debido al interés de Hitler por atraer a Francia a la órbita del Eje. Franco estaba claramente furioso por ello. También declaró que el ataque a Gibraltar debía ser una operación exclusivamente española. Mussolini se mostró extraordinariamente comprensivo con las dificultades de Franco con la enorme responsabilidad que representaba la entrada en la guerra. Convino en que la beligerancia española sería en «aquel momento menos onerosa para España y más útil para la causa común» y tuvo la amabilidad de declarar que «la fecha y la forma de la participación de España en la guerra era asunto de España». El Duce preguntó a Franco si, en caso de que se le entregaran los suministros suficientes y promesas fehacientes sobre sus exigencias coloniales, declararía la guerra. El Caudillo respondió que, aun cuando se le entregaran todos los suministros pedidos, cosa imposible, dados los otros compromisos de Hitler, la falta de preparación militar de España y la situación de hambre existente en ella harían que aún hubieran de transcurrir varios meses antes de que pudiese incorporarse a la guerra. Franco resumió la cuestión cuando declaró secamente que «la entrada de España en la guerra depende de Alemania más que de la propia España; cuanto antes envíe Alemania la ayuda, antes hará España su contribución a la causa fascista mundial». En consecuencia, Mussolini optó por dejar de intentar convencer a Franco para que se uniera a corto plazo al esfuerzo de guerra del Eje. En cambio, consideraba que Alemania e Italia debían limitarse, en relación con España, a procurar mantener al vacilante Caudillo en la esfera política del Eje[77]. El Duce informó a Hitler sobre la reunión de Bordighera por las mismas fechas más o menos en que el Departamento de Planificación Económica de Alemania comunicaba que no se podían satisfacer las peticiones españolas sin poner en peligro la capacidad militar del Reich. Ribbentrop interpretó la reunión de Bordighera como la negativa definitiva de Franco a unirse al esfuerzo de guerra. Suponiendo que Franco debía de saber, pese a sus deficientes dotes de estratega, que las tropas españolas por sí solas nunca podrían apoderarse de Gibraltar, Ribbentrop dio orden a Stohrer de que no adoptara ninguna otra medida para conseguir la beligerancia de España[78].

Cuando por fin Hitler examinó la posibilidad de imponer un desenlace por la fuerza, ya había comprometido su máquina militar para rescatar a Italia de su desastrosa aventura en los Balcanes[79]. En realidad, la reunión de Bordighera demostró que de momento Franco era inmune a la tentación del Eje. No la desecharía totalmente hasta finales de 1944, pero tampoco la volvería a sentir nunca de modo inequívoco. Hitler no tenía suficientes reinos que ofrecer, sencillamente. No obstante, durante un breve período a mediados de 1941, en vista de que parecía posible una rápida victoria sobre la Unión Soviética, el Caudillo volvió a sentirse profundamente tentado. Cuando Franco respondió por fin, el 26 de febrero, a la carta de Hitler, recibida tres semanas antes, expresó su apoyo efusivo a la causa del Eje, pero en realidad pedía un precio demasiado alto por la ayuda española. Resulta curioso que Hitler aceptara la negativa de Franco con tanta calma. Churchill conjeturó que «Hitler se sintió escandalizado, pero, como entonces ya se había lanzado a la invasión de Rusia, tal vez no le gustara la idea de intentar al mismo tiempo la otra empresa fracasada de Napoleón: la invasión de España»[80]. Para Churchill, «el exasperante retraso y las exorbitantes peticiones» de Franco eran estratagemas, «sutilezas y artimañas» mediante las cuales mantuvo a España fuera de la guerra[81]. En el momento en que escribió estas opiniones, a finales del decenio de 1940, tal vez Churchill concediera mayor importancia al anticomunismo de Franco que durante la guerra. No cabe duda de que olvidaba el inmenso papel desempeñado por la guerra económica británica para imponerse a Franco.

El cambio de tono de las relaciones hispano-alemanas se reflejó a finales de febrero en la insistencia alemana en la liquidación de las deudas españolas de la guerra civil, fijadas de común acuerdo en 372 millones de Reichsmarks[82], lo que suponía un acentuado contraste con la actitud de las potencias anglosajonas. El 20 de marzo de 1941, lord Halifax, embajador británico en Washington, entregó un mensaje de su gobierno al secretario de Estado en funciones, Sumner Welles. Proponía que Estados Unidos, Gran Bretaña y Portugal colaboraran en la entrega de ayuda económica a España para aislar a Serrano Suñer y, además, crear un bloque mediterráneo independiente del sistema continental alemán. Dicha propuesta recibió una acogida favorable. El 7 de abril de 1941 Gran Bretaña concedió a España créditos por valor de dos millones y medio de libras esterlinas[83]. Sin embargo, los éxitos alemanes de la primavera de 1941 disiparon una vez más la cautela de Franco.

Las victorias alemanas en África septentrional y en Grecia convencieron a Franco de que su fe subyacente en una victoria del Eje no iba mal encaminada. En un discurso del 19 de abril de 1941, en el que conmemoraba la unificación, declaró que la paz era una simple preparación para la guerra y que ésta era la condición normal de la humanidad. Después de la caída de Creta, Franco confiaba en que Suez no tardaría en estar en poder del Eje[84]. Así como el enfriamiento del entusiasmo en pro del Eje a finales de 1940 había sido, al menos en parte, una reacción a las tensiones políticas internas de la coalición franquista, así también el resurgir de su fervor en 1941 reflejaba la permanente preocupación de Franco por su situación política interior. A lo largo de la primavera de 1941, los informes de la Auslandorganization y los enviados a Berlín por la embajada de Madrid subrayaban el continuo deterioro de la situación económica de España y la intensificación del descontento con el gobierno de Franco. Ello había propiciado una intensificación de la impopularidad de Serrano Suñer, en particular entre los militares[859]. En pos del apoyo alemán en la lucha interna por el poder que se había entablado Serrano Suñer compitió con Franco por el puesto de dirigente de la camarilla proalemana. A comienzos de mayo de 1941 dijo a Stohrer: «Queremos entrar y entraremos en la guerra». Sin embargo, en aquel momento Franco había debilitado profundamente la posición de Serrano Suñer al nombrar al coronel Valentín Galarza ministro de Gobernación. Hubo choques entre la policía y miembros de la Falange y la hostilidad entre ésta y el ejército estaba llegando al punto de ebullición.

Puede que el Caudillo no estuviera en condiciones de entrar en una guerra que daba muestras de poder prolongarse durante mucho tiempo. Sin embargo, su fe en la victoria final del Eje seguía siendo intensa. El entusiasmo de Franco en pro del Eje se avivó de nuevo con la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Al ser informado oficialmente del ataque a Rusia, Serrano Suñer manifestó gran entusiasmo e informó a Stohrer de que, después de celebrar consultas, Franco y él deseaban enviar unidades de voluntarios falangistas a combatir, «independientemente de la entrada plena de España en la guerra junto al Eje, que se producirá en el momento oportuno»[86]. A instancias de Serrano Suñer concretamente, la prensa controlada expresó su júbilo y publicó crónicas exageradas de un intercambio de fuego antiaéreo cerca de la frontera con Gibraltar y del bloqueo naval británico. El 24 de junio la embajada británica fue asaltada por falangistas, después de que Serrano Suñer les hubiera arengado en la sede de la Falange de la calle de Alcalá y hubiese declarado que «la Historia pedía el exterminio de Rusia». El asalto a la embajada británica fue facilitado por un camión cargado de piedras y oportunamente suministrado por las autoridades.

Tres días después España pasó de la no beligerancia a lo que Serrano Suñer llamó «beligerancia moral» y comenzaron los preparativos para la creación de la División Azul de voluntarios falangistas que irían a combatir en el frente ruso. A ello se sumó el acuerdo concertado el 21 de agosto de 1941 entre el Deutsche Arbeitsfront y la Delegación Nacional de Sindicatos para mandar a Alemania a 100 000 trabajadores españoles. Entre 15 000 y 20 000 fueron enviados: en teoría eran «voluntarios», pero en la mayoría de los casos se trataba de reclutados seleccionados por la Falange para atender las necesidades industriales de Alemania[87]. Ahora resulta claro que el episodio de la División Azul no fue el preludio de una declaración de guerra a Gran Bretaña. De hecho, cuando Ribbentrop agradeció a Franco el gesto y le invitó a efectuar dicha declaración, Franco se negó con el argumento, totalmente verosímil, de que su régimen no podría sobrevivir a un bloqueo de los aliados en gran escala. Para él, la cuestión era no abandonar todas sus bazas y mostrar suficiente compromiso con la causa del Eje como para tener voz en el futuro reparto del botín, pero haciéndolo en un rincón de la guerra suficientemente remoto como para no enemistarse totalmente con los aliados.

Según describió Serrano Suñer el envío de la División Azul, «su sacrificio nos daría un poco de legitimidad para participar un día en la soñada victoria y eximirnos de los terribles sacrificios generales de la guerra». Con frecuencia se oía decir a Franco que los aliados habían perdido la guerra. El 17 de julio de 1941, quinto aniversario del estallido de la guerra civil española, pronunció un discurso ante el Consejo Nacional de Falange y expresó su entusiasmo por la empresa de Hitler en Rusia en «este momento en que los ejércitos alemanes encabezan la batalla que durante tantos años han anhelado Europa y la cristiandad y en la que la sangre de nuestra juventud se mezclará con la de nuestros camaradas del Eje». «No me cabe la menor duda sobre el resultado de la guerra. La suerte está echada y la primera batalla se ganó aquí, en España. La guerra está perdida para los aliados». Habló de su desprecio por las «democracias plutocráticas», de su convencimiento de que Alemania ya había ganado la guerra y de que la intervención estadounidense sería una «locura criminal» que sólo serviría para prolongar inútilmente el conflicto y una catástrofe para Estados Unidos. Hizo la afirmación, totalmente mendaz, de que Estados Unidos estaba reteniendo cereales ya adquiridos por España y declaró en tono de provocación que sus ofrecimientos de ayuda económica eran un disfraz de la presión política «incompatible con nuestra soberanía y con nuestra dignidad como pueblo libre». Denunció las disposiciones adoptadas en el otoño de 1940 por las que se enviaron buques de guerra estadounidenses a Gran Bretaña a cambio de la concesión a Estados Unidos de bases británicas en el Caribe. «El oro acaba envileciendo a las naciones, además de a las personas. El intercambio de cincuenta destructores por restos diversos de un imperio es elocuente a ese respecto»[88].

La impetuosidad de Franco desconcertó bastante a Serrano Suñer, quien se quejó ante Stohrer de que hubiera abierto los ojos a los ingleses y a los norteamericanos sobre «la verdadera posición de España». Anteriormente, según Serrano Suñer, el gobierno británico en particular seguía creyendo que sólo él, el ministro de Asuntos Exteriores, apremiaba a entrar en la guerra, mientras que el «prudente y precavido» Caudillo preservaba incondicionalmente la neutralidad. «Ahora se les ha disipado esa falsa ilusión». El análisis de Serrano Suñer era absolutamente correcto[89].

Durante el verano de 1941 el gobierno de Franco siguió exhibiendo una actitud cada vez más proalemana. La prensa controlada atacaba con frecuencia a Inglaterra y a Estados Unidos y glorificaba las hazañas de las armas alemanas. El personal de las embajadas británica y estadounidense recibía un trato de frialdad. En consecuencia, las importaciones de mercancías esenciales empezaron a escasear a medida que a España le resultaba cada vez más difícil obtener licencias de exportación estadounidenses y pasavantes británicos. El secretario Hull reflejó la reacción de Estados Unidos al decir el 13 de septiembre al embajador español Juan Francisco de Cárdenas que «en todas las relaciones de este gobierno con los gobiernos más atrasados e ignorantes del mundo no ha experimentado una falta de cortesía o consideración como la que le ha infligido el gobierno español. Su proceder ha sido de una descortesía y un desprecio cada vez más graves ante nuestros intentos de prestar ayuda»[90].

La escasez de carbón, cobre, estaño, caucho y fibras textiles presagiaba una paralización de la industria española al cabo de unos meses. En un último intento desesperado de evitar ser objeto de la presión económica angloamericana, el ministro español de Comercio, Demetrio Carceller, fue enviado por Franco a Berlín a principios de septiembre. Carceller transmitió a sus anfitriones la declaración, claramente inspirada por Franco, de que «el Estado Mayor alemán tuvo que decidir si se ajustaba a sus planes que España entrase en la guerra o no y Alemania debía tener plena confianza en que España estaba y se mantenía de su lado. España estaba dispuesta a todo, independientemente de lo que proyectaba el bando alemán. España se adaptaría, sin más discusiones, al marco de la política paneuropea encabezada por Alemania, pero para ello no debía ser tratada como una Cenicienta y dejada de lado, sino que había de ser incluida en la planificación económica global alemana»[91]. La visita dio pocos resultados y el 6 de octubre Franco explicaba al embajador de Estados Unidos, Alexander Weddell, las dificultades de España para conseguir trigo, algodón y gasolina y expresaba con claridad su deseo de que hubiera una mejora en las relaciones económicas con Estados Unidos[92]. Ello reflejaba en parte el hecho de que un sector importante del ejército había empezado a considerar que Gran Bretaña y Estados Unidos iban a ganar la guerra y ya estaban vengándose económicamente de España. Además, los generales más veteranos e incluso el propio Franco no podían evitar la alarmante conclusión de que Hitler había ido a buscarse problemas muy graves en Rusia.

Incluso el aparente entusiasmo de Serrano Suñer por el Eje empezaba a hacer agua. En la última semana de noviembre de 1941 se celebró en Berlín una reunión de las potencias del Pacto Anti-Comintern. El 29 de noviembre Serrano Suñer, Ciano, Ribbentrop, Stohrer y Hitler se reunieron para examinar la situación militar. Serrano Suñer jugó con mucha insistencia la baza de la actitud de la prensa española para con el Eje y afirmó que España «prestaba todo posible servicio al Reich en la modesta medida de sus posibilidades». A ese respecto mencionó la convicción española de que la guerra sería larga y difícil, lo que constituía un cambio significativo respecto de declaraciones anteriores de fe en una victoria rápida[93]. Franco se sintió muy alentado por el ataque japonés a Pearl Harbour del 7 de diciembre de 1941, pero su alegría duró poco, entre otras cosas por los considerables temores que le inspiró la invasión japonesa de Filipinas[94]. Además, el segundo resurgir del entusiasmo de Franco por el Eje se disipó en el invierno de 1941, junto con la fortuna de los ejércitos alemanes en Rusia. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra y las victorias británicas en África septentrional, el Caudillo parecía haber aceptado por fin que no había compensaciones territoriales que pudieran justificar los riesgos que entonces entrañaba la entrada en la guerra.

De hecho, la inevitable aceptación de que la participación estadounidense significaba que la guerra sería una lucha larga y titánica obligó a Franco a aplazar indefinidamente la entrada de España en la guerra. El momento preciso de su cambio de chaqueta es difícil de determinar por la sencilla razón de que nunca fue definitivo. En febrero de 1942, Franco, dirigiéndose a oficiales de alta graduación en el Alcázar de Sevilla, declaró: «Si el camino a Berlín estuviera despejado, no sólo participaría en la lucha una división de españoles, sino que además ofreceríamos la ayuda de un millón de españoles»[95]. Como la propia disposición de Franco a declarar la guerra seguía dependiendo de las garantías de que el poder británico estuviera irrevocablemente acabado y de que Hitler concediera recompensas, España siguió en paz. De modo que la neutralidad, lejos de ser el resultado de unas brillantes dotes de estadista o de la previsión, fue el fruto de un estrecho pragmatismo y de la «buena suerte», como dijo Serrano Suñer, de que Alemania no quisiera o no pudiese pagar el precio pedido por la entrada en la guerra.

La situación política interna de España también había desempeñado su papel. La hostilidad del ejército para con Serrano Suñer estaba alcanzando su punto culminante[96]. Sus días estaban contados. La amplitud de la tensión entre la derecha tradicional, representada por los generales, y la nueva derecha de la Falange, se reflejó en los disturbios provocados por estudiantes falangistas en Madrid en mayo de 1942. Además, después de su entusiasmo inicial por el ataque japonés a Estados Unidos, el realismo económico y político había prevalecido en el ánimo del Caudillo y las relaciones con Washington habían mejorado. En la prensa cada vez aparecía menos material de propaganda antiamericana. En lo sucesivo Franco siguió deseoso de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. No obstante, de vez en cuando sus verdaderas simpatías se traslucían por entre la niebla de su retórica. El 29 de mayo de 1942 pronunció un discurso ante la Sección Femenina de la Falange. Comparó su régimen con el de Isabel la Católica, refiriéndose a su expulsión de los judíos, a su política racial totalitaria y a su conciencia de la necesidad de levensraum («espacio vital») que tenía España[97].

A lo largo del verano de 1942 Franco empezó a distanciarse de Serrano Suñer. Como no tenía casi nada que hacer y, desde luego, ya no ocupaba el centro de la situación, del 15 al 25 junio de 1942 el cuñadísimo hizo una visita injustificada de diez días a Italia y salió de Madrid justo cuando las maquinaciones de sus enemigos estaban a punto de triunfar. Estando en Roma, Serrano Suñer habló de Franco, según Ciano, «como quien habla de un criado estúpido. Y lo hizo sin cautela, delante de todo el mundo»[98]. La posibilidad de que sus comentarios no se comunicaran a Franco resulta extraordinariamente remota. La afirmación de que la frialdad de Franco con su cuñado entrañara un cambio respecto de los aliados no tiene en cuenta las muchas razones personales y referentes a España de orden interno a que se debió el proceso de enfriamiento. Una era su rencor y —cosa tal vez más importante— el de su esposa por el hecho de que Serrano Suñer acaparara toda la atención, agravado por la irritación de la señora de Franco ante los rumores que corrían por Madrid de que Serrano Suñer engañaba a su hermana con la esposa de un teniente coronel aristócrata. Tal vez fuera más importante la intensificación de la hostilidad militar contra Serrano Suñer justo después del choque entre falangistas y carlistas en Begoña a mediados de agosto, que al final hizo pensar a Franco que era necesario un cambio y que por entonces era posible.

El gran talento político del Caudillo y, de hecho, aquel del que dependía la supervivencia de su régimen, fue su capacidad para equilibrar las fuerzas internas de la coalición nacional. Con Serrano Suñer la Falange parecía estar cobrando demasiado poder, aunque también estaba dividida por rivalidades y envidias internas. Franco nunca pudo permitirse el lujo de perder la lealtad del ejército. Así pues, el 3 de septiembre de 1942 sustituyó a Serrano Suñer por Jordana como ministro de Asuntos Exteriores[99]. Ni los alemanes ni los italianos expresaron demasiado pesar por su marcha, ya que la dirección de la política española en líneas generales no cambió apreciablemente, afirmación hecha por Franco en una carta que envió a Mussolini el 18 de septiembre de 1943. En ella el Caudillo subrayaba la dimensión interior de los recientes cambios políticos, que «en nada afectan a nuestra posición en los asuntos exteriores, sino que van encaminados a fortalecer nuestra posición en la política interior, al darle mayor energía y unidad y eliminar del partido dualismos y personalismos intolerables»[100].

Sin embargo, en vísperas de la operación «Antorcha» la marcha de Serrano Suñer favoreció sin duda la causa de los aliados, aun cuando no fuera ésa la intención de Franco. En el otoño de 1942, cuando los preparativos de la operación «Antorcha» revelaron que no estaba garantizada precisamente una victoria final del Eje, Franco no reaccionó con una comprensión profética de la victoria final de los aliados, sino con una cautela a corto plazo totalmente razonable. Aquel momento en que se estaban acumulando fuerzas en sus fronteras no era precisamente el mejor para batirse con la pérfida Albión, en particular después del intento fallido por parte de Rommel de conquistar Egipto. Franco era profundamente consciente de la capacidad de represalia de los aliados. En cualquier caso, los éxitos de los aliados en África septentrional fueron tan espectaculares que inmediatamente inhibieron cualquier idea española de llevar a cabo acciones hostiles. Cuando las fuerzas angloamericanas entraron precisamente en los territorios franceses de Marruecos y de Argelia que él codiciaba, Franco fue lo bastante realista como para dar la orden a su embajador en Londres de que iniciara un rapprochement a los aliados occidentales. Eso no significaba que hubiera perdido la fe en la victoria final del Eje. El cambio de chaqueta sería gradual y no descartaría ninguna opción.

No obstante, se pudieron discernir los comienzos de una lenta vuelta a la neutralidad, visible, por ejemplo, en la firma en diciembre de 1942 del acuerdo del Bloque Ibérico con Portugal. En la primavera de 1943 resultó ya evidente que el panorama internacional en que Franco se movía había cambiado espectacularmente. La operación «Antorcha» había modificado el equilibrio estratégico, pero a lo largo de la mayor parte de 1943, y desde luego hasta la caída de Mussolini en el verano, Franco siguió convencido de que los aliados podían no vencer y de que sus éxitos en África eran de importancia marginal. Sin embargo, sí que empezó a examinar la posibilidad de que Alemania no pudiera obtener una clara victoria y acabase, de hecho, superada por la simple superioridad numérica de los soviéticos. Con «impenetrable autosatisfacción», como la calificó Hoare, el Caudillo estaba convencido de que en su momento, después de una larga guerra, podría ofrecerse como intermediario entre los dos bandos[101]. Además, como parte de sus precauciones contra una posible derrota del Eje, empezó a presentarse como el pacificador cuya intervención podía salvar a Occidente de las consecuencias de la destrucción del baluarte alemán contra el comunismo. En marzo de 1943 Franco pronunció un discurso ante las Cortes en el que atacó, como de costumbre, al bolchevismo, pero también declaró su convencimiento de que no era probable un pronto final de la guerra y predijo otros seis años de hostilidades sin vencedores ni vencidos al final. A principios de mayo emprendió una gira por Andalucía y pronunció discursos en este sentido en Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga. El momento culminante se alcanzó el 9 de mayo en un discurso ante la Falange de Almería, en el que Franco dijo lo siguiente: «Ninguno de los beligerantes tiene la fuerza necesaria para destruir al otro». Pidió negociaciones de paz y una distribución mundial más equitativa de las colonias[102]. Aun así, hasta junio de 1944 no retiró Franco los retratos de Hitler y Mussolini de su escritorio.

A raíz del hundimiento del régimen de Mussolini a comienzos de septiembre y ante los ecos del descontento de su alto mando, Franco adoptó iniciativas muy significativas. El 26 de septiembre se anunció la retirada de la División Azul, que resultó ligeramente compensada por la propuesta de permitir a los voluntarios que permanecieran en unidades alemanas. El primero de octubre de 1943 Franco se dirigió al Consejo Nacional de Falange y calificó la posición de España de «neutralidad vigilante». Ello no contribuyó precisamente a impedir incidentes como los ataques falangistas al viceconsulado británico en Zaragoza y al consulado estadounidense en Valencia[103]. Tampoco impidió las exportaciones españolas de wolframio al Tercer Reich, que tan decisiva importancia revestían.

El wolframio era un elemento decisivo para la fabricación de acero de alta calidad para el armamento en general y en particular para las máquinas-herramienta y los proyectiles de mortero capaces de perforar los vehículos blindados. La política norteamericana había estado encaminada a intentar convencer a España de que limitara las exportaciones a Alemania a cambio de suministro de petróleo y la compra de todo el wolframio español. El 3 de diciembre de 1943 Franco habló con el nuevo embajador alemán, Hans Heinrich Dieckhoff, que había llegado a finales de abril de 1943, tras la repentina muerte del primer sucesor de Stohrer, Von Moltke. Como respuesta a las quejas de Dieckhoff de que España estaba respondiendo a las presiones de los aliados, en particular con la retirada de la División Azul de Rusia, Franco le expresó su convencimiento de que su propia supervivencia dependía de una victoria del Eje y de que un triunfo de los aliados «significaría su propia anulación». Así pues, esperaba de todo corazón la victoria alemana lo antes posible. Resulta significativo que nunca hiciera una declaración semejante de simpatía hacia la causa de los aliados a ningún diplomático británico o estadounidense. Explicó que había retirado la División Azul antes de que los aliados se lo pidieran en vista de las dificultades cada vez mayores para reclutar voluntarios y a fin de evitar la humillación de aceptar un ultimátum de los aliados. La cuestión decisiva era que «una España neutral que suministraba a Alemania wolframio y otros productos era en aquel momento de mayor valor para Alemania que una España que se viera arrastrada a la guerra. En aquel momento los alemanes tenían alguna razón para sentirse satisfechos de su política para con España, pues Franco estaba pagando con wolframio sus deudas de la guerra civil[104].

Al comienzo de 1944, con el cambio claro del rumbo de la guerra, África septentrional conquistada e Italia fuera de la guerra, Estados Unidos estaba menos dispuesto a mostrarse paciente con Franco. El Estado Mayor estadounidense estaba furioso por las continuas exportaciones españolas de wolframio a Alemania. Se había producido una crisis en octubre de 1943, cuando Jordana, con la aprobación de Franco, envió una carta de felicitación a José P. Laurel por su nombramiento por los japoneses como gobernador de Filipinas. Se habían visto impulsados a este grave sinsentido por falangistas proalemanes. En Estados Unidos hubo una conmoción. El 27 de enero de 1944 el embajador británico visitó al Caudillo en el Pardo. Hoare expresó, indignado, tres quejas. Primero, el gobierno español estaba dando nuevas y amplias facilidades al Tercer Reich para la adquisición de wolframio. En segundo lugar, pese a la retirada oficial de la División Azul, la Falange seguía reclutando voluntarios para la pequeña legión española que permanecía en Rusia, y junto a ella actuaba una unidad del ejército del aire español. Por último, los agentes alemanes seguían llevando a cabo amplias actividades de espionaje y sabotaje con la activa complicidad de personal militar español[105]. Entonces Estados Unidos redujo precipitadamente las exportaciones de petróleo a España. Comenzó un proceso complejo en el curso del cual los españoles hicieron esfuerzos desesperados por conseguir la anulación de la prohibición. Había diferencias entre las posiciones de Gran Bretaña y Estados Unidos, pues este último país se inclinaba por adoptar una actitud hacia Franco mucho más dura[106]. Al final, a los españoles no les quedó más remedio que aceptar una espectacular restricción de sus exportaciones mensuales, que quedaron reducidas a una cantidad casi simbólica. Al final, como los alemanes ofrecieron petróleo a cambio de wolframio, Churchill convenció a Roosevelt para que aceptara una avenencia con el argumento de que, de lo contrario, se frenaría la erradicación de las redes de espías alemanes en España y también resultarían amenazadas las compras británicas de mineral de hierro y de potasa. El posterior acuerdo con Franco, firmado el 2 de mayo de 1944, entrañó el cierre del consulado alemán en Tánger, la retirada de todas las unidades españolas de Rusia y la expulsión de España de los espías y saboteadores alemanes. No hace falta decir que los españoles no cumplieron del todo sus promesas y durante el resto de 1944 Hoare protestó casi a diario por la continua presencia en España de agentes alemanes. Hasta el final de la guerra se mantuvieron en España puestos de observación y estaciones de interceptación de radio alemanes[107].

Además, Franco desatendió totalmente una inesperada oportunidad —surgida al final del verano de 1944— de disminuir la hostilidad que se sentía por él en los círculos de los aliados. La muerte de Jordana el 3 de agosto y la necesidad de nombrar a un nuevo ministro de Asuntos Exteriores hacían posible una ruptura radical con el pasado pro Eje. En lugar de aprovechar la oportunidad de deshacerse de sus embarazosas simpatías por el Eje, sustituyó a Jordana por el ultraderechista José Félix Lequerica, embajador ante Vichy y colaboracionista ferviente. Franco destituyó también al subsecretario pro Eje del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pan de Soraluce. Después, a partir de octubre de 1944, se emprendió una iniciativa diplomática poco entusiasta para convencer a los aliados de que Franco nunca les había deseado ningún daño y de que sus vínculos con el Eje sólo estaban encaminados a atacar a la Unión Soviética. El 18 de octubre de 1944 escribió una carta al duque de Alba cuyo contenido debía éste transmitir a Churchill. En ella proponía una futura alianza anglo-española antibolchevique. Según el análisis hitleriano de Franco, después de la terrible prueba por la que ha pasado Europa, las que han demostrado ser fuertes y viriles de entre las naciones grandes en población y recursos han sido Inglaterra, España y Alemania». Sin embargo, Alemania, junto con Francia e Italia, ya no podía hacer frente a Rusia. La dominación norteamericana de Europa sería desastrosa. En consecuencia, Gran Bretaña y España debían trabajar juntas para destruir el comunismo. Quitaba importancia a sus propias actividades en pro del Eje como «una serie de pequeños incidentes». El único obstáculo —afirmaba con asombrosa demostración de tenaz miopía— para unas mejores relaciones angloespañolas durante los años anteriores había sido la injerencia británica en los asuntos internos de España, en particular las actividades del Servicio Secreto británico[108].

Después de algunas conversaciones con Edén y Hoare, partidarios de una respuesta dura a la carta de Franco, Churchill acabó aprobando una versión algo atenuada que se envió el 20 de diciembre de 1944 y no se entregó hasta enero de 1945. En ella, si bien reconocía que España había permanecido fuera de la guerra en enero de 1940 y durante la operación «Antorcha» en 1942, Churchill recordaba a Franco la amplitud de la influencia alemana en España y sus numerosos discursos en el sentido de que la derrota de los aliados era a un tiempo «deseable e inevitable». Declaraba inequívocamente que «no hay ni que pensar en que el gobierno de Su Majestad apoye las aspiraciones españolas a participar en los futuros acuerdos de paz. Tampoco me parece probable que se invite a España a ingresar en las futuras organizaciones mundiales»[109].

El Caudillo eludió en última instancia la guerra no por su inmensa habilidad o visión, sino gracias a una fortuita combinación de circunstancias de las que fue en gran medida espectador pasivo: la habilidad de la diplomacia británica; la grosería con que Hitler reveló su desprecio por Franco y el precio de la ayuda alemana; el desastre, totalmente inesperado, de la entrada de Mussolini en la guerra, que hizo al Führer adoptar una actitud precavida ante otro aliado indigente y comprometió enormes recursos alemanes para una operación de socorro; y sobre todo gracias a la pura buena suerte, si podemos llamarla así, de que España estuviera económica y militarmente destrozada como consecuencia de la guerra civil. Después de la guerra, Serrano Suñer escribió: «Franco y yo, y tras nosotros la España nacional, no sólo apostamos por una victoria nazi, sino que además la deseamos de todo corazón. Mi plan era entrar en la guerra en el momento de la victoria de Alemania». Las cartas del general Franco publicadas después de su muerte en nada contradicen esta opinión[110]. En la medida en que Franco contribuyó a su propia supervivencia, su cautela y su mezquindad instintivas contuvieron su verdadero intento —así podemos considerarlo ahora— de entrar en la guerra.

Capítulo 5: Franco y sus generales, 1939.1945

CAPÍTULO 5

FRANCO Y SUS GENERALES,

1939-1945

Al final de la guerra civil Franco disponía de un ejército de 1 020 500 hombres, incluyendo 35 000 marroquíes y 32 000 italianos. Se trataba de un ejército aguerrido, pero en términos técnicos y operativos no era precisamente una fuerza adecuada para la defensa de España en una conflagración como la que se avecinaba. Dejando de lado la participación alemana, mayormente la guerra civil española no había sido una guerra moderna. Al principio, la marcha hacia Madrid de las columnas africanas más bien recordaba en ciertos casos las escaramuzas fronterizas de las guerras coloniales de España en África. Después, en otros casos, como el asedio de Madrid o el frente de Aragón, parecía resucitar la guerra de trincheras de la primera guerra mundial. El material moderno que habían utilizado y probado los alemanes en el conflicto volvió con sus tropas a Alemania. El equipo dejado por los italianos carecía de repuestos. Las fuerzas armadas españolas estaban desprovistas casi por completo de cobertura aérea y disponían de exiguas unidades mecanizadas y acorazadas. Había 850 000 soldados de infantería pobremente armados para 19 000 artilleros, y la caballería española seguiría dependiendo, a lo largo de dos decenios todavía, de la tracción animal, en vez de los motores de combustión interna. En el verano de 1939 se hizo un gran esfuerzo para recuperar y clasificar el material militar abandonado en los frentes de batalla de la guerra civil. Esto contribuyó a aumentar la cantidad de equipo disponible pero intensificó el problema de la heterogeneidad del mismo. Se decidió también una desmovilización parcial, tras la cual las 61 divisiones del ejército quedaron reducidas a la mitad. El ejército de los años del conflicto fue sustituido por un ejército de ocupación para el cual el Caudillo dejó en pie de guerra a más de medio millón de soldados y a 22 100 oficiales. Había un 47% más de oficiales que en el ejército francés, si juntamos el peninsular y el colonial[1].

Un ejército de tierra que absorbía en 1941 el 45,8% y en 1943 el 53,7% del presupuesto nacional era de una magnitud totalmente desproporcionada respecto de los recursos de un país devastado por una guerra civil[2]. La decisión de no desmovilizar del todo no formaba parte de una política de defensa coherente. Sin duda, reflejaba el hecho de que la victoria del 1 de abril de 1939 no había puesto fin definitivamente a las tensiones sociales y políticas prebélicas. Continuaron produciéndose choques esporádicos hasta 1951 y una presencia militar aplastante formaba parte del aparato que debía atemorizar a la población. Además, la guerra mundial estaba a punto de estallar y Franco y su séquito inmediato conservaban esperanzas de poder hacerse con algún despojo. Después de todo, las ambiciones imperialistas y coloniales constituían un aspecto fundamental de la retórica falangista y franquista.

En este caso, sin embargo, ni el tamaño excesivo ni las deficiencias operativas de las fuerzas armadas españolas tuvieron impacto alguno sobre el resultado de la segunda guerra mundial. Más bien ocurrió lo contrario. El desarrollo de la guerra influyó profundamente en las actividades conspiradoras de los oficiales españoles. En términos militares, el ejército español se mantuvo relativamente inactivo durante la guerra mundial. En términos políticos, desempeñó un papel significativo en los años cruciales en que Franco intentaba establecer su poder sobre bases permanentes. Rumores de descontento salían de una exigua pero influyente minoría de oficiales de graduación suficiente como para sentirse capaces de hacer oír sus quejas. Éstas, tal como se produjeron, surgieron de asuntos estrechamente interrelacionados. Fundamentalmente se referían a la persistente incapacidad de Franco para restaurar la monarquía, al peligro de una participación insensata en la segunda guerra mundial y al continuo ascenso de la Falange. Había cierto descontento debido a que todo miembro de las fuerzas armadas en activo debía ser miembro de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS y a que, en las actuaciones políticas, los militares se viesen obligados a hacer el saludo fascista[3]. Tales muestras de descontento no solían transformarse claramente en hostilidad hacia el propio Franco, sino que solían desviarse hacia maquinaciones diversas contra su cuñado, Ramón Serrano Suñer. Dada la concentración de poder en manos de éste, al ser ministro de Gobernación hasta mayo de 1941, ministro de Asuntos Exteriores desde octubre de 1941 y presidente de la Junta Política (de hecho, la comisión ejecutiva) de Falange, el alto mando militar temía que su entusiasmo por el Eje pudiese arrastrar a España a la guerra. Al mismo tiempo, su resentimiento hacia Franco derivaba del hecho de que no esperaban que el sistema de poder personal se eternizase, por lo que se sentían estafados por el perpetuo aplazamiento de la restauración monárquica.

Aunque muchos estaban de acuerdo con la causa del Eje en la guerra, sus sentimientos monárquicos los llevaron a tener contactos más o menos clandestinos con la embajada británica en Madrid e incluso a aceptar sobornos de parte de los británicos. Los británicos depositaron trece millones de dólares en un banco en Nueva York para este fin[4]. La constatación de la debilidad militar española les hizo reacios a ver a España convertirse en beligerante del lado del Eje. Los contactos con los británicos, además de ser lucrativos, mantuvieron abiertas las opciones de los militares. Algo más esporádicamente también intentaron hacer propuestas a los alemanes sobre la posibilidad de derribar a Franco a favor de una restauración monárquica. En lo esencial, sin embargo, se suponía que la causa de la monarquía española y la de los aliados occidentales estaban relacionadas y compartían el atractivo añadido de oponerse ambas a la Falange.

No obstante, pese a los sobornos británicos y a los sentimientos monárquicos, sólo una docena más o menos de oficiales hicieron frente resueltamente a Franco durante la segunda guerra mundial, y aun así, sólo de forma dubitativa y con poca frecuencia. Los más destacados de estos oficiales eran Juan Yagüe, Alfredo Kindelán, Antonio Aranda, José Enrique Varela y Luis Orgaz. Yagüe estaba estrechamente relacionado con la Falange. Con todo, su falangismo era austero y radical. Era hostil a Serrano Suñer y algo despectivo hacia Franco. Kindelán era un monárquico conservador y, probablemente, la más persistente e irritante espina en el costado de Franco. Sin embargo, no estaba dispuesto a proceder más allá de las críticas verbales. Varela era un reaccionario, duro, relacionado con los carlistas, pero al haber recibido dos veces la Gran Cruz Laureada de san Fernando, la condecoración militar española por valor ante el enemigo más importante, gozaba de enorme autoridad dentro del ejército. Sin embargo, aun cuando Varela fue ministro del Ejército, Franco se aseguró de que estuviese vigilado, nombrando para ello, para el puesto de subsecretario del Ministerio del ejército, a su íntimo compinche y confidente Camilo Alonso Vega. Orgaz era un firme monárquico alfonsista. Ninguno de ellos deseaba acabar con el régimen de Franco, sino más bien reducir el poder que la Falange tenía en él y que se declarase oficialmente, aunque sólo fuese en teoría, que España era una monarquía.

Aranda era el más enérgico y violento. Cuando era gobernador militar de Valencia acabó disgustado por la corrupción policial, la represión y las actividades incontroladas de los arribistas de Falange en el Ministerio de Gobernación. Asimismo fue, junto con Kindelán, el único que se dio cuenta de que una victoria del Eje en la guerra mundial no sería algo definitivo[5]. Era notoriamente indiscreto y Franco sabía que estaba en contacto con los británicos, así como con los alemanes[6]. Se le consideraba de sentimientos republicanos y no ocultaba sus contactos con la verdadera oposición antifranquista, de izquierdas. Aunque se refería continuamente, en sus contactos con sus interlocutores británicos e izquierdistas, a un inminente golpe contra Franco, su principal actividad consistía en hablar. Los británicos acabaron considerándole un veleta, de ninguna confianza y sin lógica[7].

Todos ellos no hicieron sino rezongar contra Franco y, uno tras otro, acabaron teniendo problemas con él; por lo general, aunque no siempre, evitaron lo peor, pero nunca le amenazaron seriamente. No obstante, Franco se vio obligado a descabezar tales oposiciones con infinita paciencia, con una hábil aunque parsimoniosa división del botín de guerra bajo forma de puestos importantes, ascensos, pensiones, condecoraciones y títulos de nobleza y frecuentes llamamientos al espíritu de cuerpo y al patriotismo[8]. Aun así, había un considerable descontento debido a la lentitud de los ascensos y a la distribución de medallas. En última instancia, con todo, Franco podía contar siempre con la ambición de sus rivales militares. Se mostraba duro y al mismo tiempo hábil engañándoles con la zanahoria de los ascensos. Aranda, por ejemplo, en el verano de 1939, y de nuevo en 1941, fue inducido a creer que iba a ser nombrado ministro del Ejército de Defensa. En la misma época, Rafael García Valiño, uno de los más jóvenes y capacitados generales de Franco, de quien luego se convertiría en crítico activo, esperaba que se le confiase el Ejército de Marruecos. Ambos hicieron partícipe de sus esperanzas al coronel Krämer, del Estado Mayor alemán[9]. En realidad el Ministerio del Ejército de Defensa fue suprimido en agosto y el destino en Marruecos fue confiado al fiel franquista Carlos Asensio.

La primera crisis militar a que tuvo que enfrentarse el régimen no fue provocada por un monárquico, sino por uno de los más antiguos generales de todas las fuerzas armadas, Gonzalo Queipo de Llano. Nunca había ocultado la pobre opinión que le merecía Franco ni lo que pensaba sobre las irregularidades que rodearon la elección del Generalísimo. En el mejor de los casos describía a Franco como egoísta y mezquino, y en el peor, como «Paca la culona». Y abundaban los confidentes que contaban sus comentarios a Franco[10]. Queipo llegó en su irritación a hacer declaraciones públicas, el 18 de julio de 1939, sobre su afrenta, consistente en que Franco había otorgado la condecoración militar de la Gran Cruz Laureada de san Fernando a la ciudad de Valladolid pero no a la de Sevilla, base de su poder. Queipo no sólo atribuía a Sevilla el papel principal en la sublevación de 1936, sino que además sugirió que si él hubiese tenido el mando en Madrid, el alzamiento habría tenido éxito en esta ciudad. Además, argumentaba que el triunfo de Franco y de su ejército en el centro se debía a la ayuda recibida de Sevilla. Era la oportunidad de librarse de él, lo que Franco había esperado durante mucho tiempo. El Caudillo consideraba que Queipo era demasiado poderoso y durante mucho tiempo se había sentido molesto por los insultos recibidos en los años en que Queipo era su superior en el Ejército de Marruecos. Al volver a Alemania la Legión Cóndor, Queipo, sin autorización de Franco y a costa de disgustarlo, se fue a aquel país para recibirla. Por medio de subterfugios Franco lo sacó de Sevilla, lo despidió como virrey de hecho de Andalucía el 27 de julio de 1939, lo confinó en un hotel de Burgos y luego lo envió a Italia como jefe de una misión militar[11].

La rebelión verbal de Queipo acabó siendo un simple desliz. Ningún otro general estaba dispuesto a ponerse de su lado, y una vez que Franco reaccionó de manera tan contundente, no sucedió nada más. Potencialmente más peligrosa era la silenciosa oposición de otro colaborador de Franco de los tiempos de guerra, igualmente importante: el general Yagüe. Había sido uno de los generales nacionales más decisivos a lo largo de la guerra civil y era bien conocido por sus simpatías falangistas y no menos por sus críticas al estilo militar dilatorio de Franco. Al terminar la guerra ejercía el mando del Ejército español de Marruecos. Dados su talento y su carisma, así como su popularidad en la Falange y en el ejército, podía ser un rival para Franco. Plenamente consciente de ello, el Caudillo, con su astucia característica, nombró a Yagüe ministro del Aire con ocasión de los cambios ministeriales del 9 de agosto de 1939. Este ascenso evidente fue el modo que Franco tuvo de apartarlo de un peligroso mando de operaciones en Marruecos. Al mismo tiempo, ante la inminencia de la guerra mundial, el nombramiento de un entusiasta del Eje como Yagüe podía considerarse un gesto significativo por los alemanes. En su puesto de ministro Yagüe trabajó duramente, aunque en vano, para reconstruir las fuerzas aéreas españolas con ayuda de Alemania, con el fin de que España pudiese participar en la guerra mundial. Planeó incluso la creación de una industria aeronáutica española a gran escala, que tuviese capacidad para aprovisionar a las unidades aéreas alemanas estacionadas en España. Planes que se vieron minados por las limitadas posibilidades de los alemanes de proporcionar asistencia debido a la prioridad necesariamente superior de las demandas formuladas a las industrias de guerra del Tercer Reich por aliados más seguros que España[12]. A medida que su frustración se intensificaba, sus críticas contra Serrano Suñer y Franco se hicieron más explícitas, y también se hizo más explícito su falangismo extremado. Llegó a estar involucrado, al igual que el general Muñoz Grandes, aunque éste de manera más circunspecta, en un complot para apartar a Franco del poder.

Cierto número de disidentes falangistas, estimulados por los alemanes, habían creado una dirección clandestina, o Junta Nacional, cuyo objetivo era llevar a cabo la revolución falangista. Descubierto por el servicio de espionaje del régimen, Yagüe tuvo una tensa y agitada entrevista con Franco el 27 de junio de 1940, tras la cual fue destituido de su cargo ministerial. Yagüe dijo al embajador alemán, doctor Eberhard von Stohrer, que había chocado de manera irreparable con Franco por haberle propuesto que destituyese a Serrano Suñer y reorganizase la Falange de tal modo que permitiese el desarrollo verdadero de un partido unificado de acuerdo con sus principios. El pretexto oficial utilizado fue que había dicho al embajador británico, sir Samuel Hoare, en una recepción, que Inglaterra estaba vencida y que se lo merecía. Dado que había habido fricciones importantes con el embajador británico a causa de ciertas incursiones en España de unidades acorazadas de las tropas alemanas que acababan de llegar a la frontera francoespañola, y que organizaban desfiles militares semioficiales en el País Vasco, las observaciones de Yagüe no eran demasiado oportunas. Sin embargo, es más fidedigno que fuera cesado por sus maquinaciones contra Franco y no por sus comentarios ofensivos sobre la situación de Inglaterra en la guerra. Fue confinado durante veintinueve meses en el pueblo donde había nacido, San Leonardo, en Soria[13]. Posteriormente será rehabilitado, cuando Franco necesite disponer de un profalangista con el que contrarrestar el creciente apoyo de que iba gozando la monarquía a medida que la suerte del Eje iba declinando.

La oposición a Franco de Queipo de Llano y Yagüe, si no resulta exagerado describir así sus charlas y maquinaciones, estaba teñida de celos y de cierto desprecio profesional hacia el cauto Generalísimo. Hubo otras manifestaciones de disensión entre generales que miraban a Franco con mayor respeto pero que por su antigüedad creían disponer perfectamente de los títulos suficientes para tratarle simplemente como un líder elegido por ellos. La práctica totalidad del alto mando, con pocas excepciones, como Yagüe y Muñoz Grandes, era monárquica. A todos ellos les unía el resentimiento hacia Serrano Suñer. Franco podría haber satisfecho los deseos políticos de éstos destituyendo a Serrano Suñer y declarando simplemente que España era en esencia una monarquía aunque aún no había llegado el momento para el retorno de un rey. Con todo, el Caudillo estaba coartado por su propio deseo de mantener abiertas sus opciones con respecto al cambiante orden mundial. Con el fin de poder obtener parte de los restos en caso de victoria del Eje, necesitaba evitar la vuelta a un pasado tradicional y mantener el ritual de un Estado fascista. Al mismo tiempo debía vérselas con la propia Falange, que, aun permaneciendo dependiente de él, gozaba todavía, como reflejo de la gloria de los éxitos del Eje, de cierta autonomía. Así pues, Franco supo enfrentar con habilidad al ejército y a la Falange. Acabaría siendo un rasgo constante de la retórica militar la patriótica irritación contra los falangistas por su negligencia en el gobierno local y central. El Caudillo, no obstante, hizo la vista gorda ante la corrupción falangista e hizo lo mismo respecto a las veleidades conspiradoras promonárquicas de los generales de mayor rango.

El desprecio hacia la Falange y su presunta corrupción fueron la causa de todas las críticas monárquicas a Franco en el seno del alto mando. En particular, era la pesadilla especial del más empecinado opositor militar de Franco. Se trataba del general muy conservador Alfredo Kindelán. Puesto que había sido quizá, más que ningún otro, quien había encumbrado a Franco en septiembre de 1936, y dado que gozaba de un inmenso respeto entre los generales de mayor rango, el Generalísimo se vio obligado a andarse con cautela. El ferviente monárquico Kindelán había sido un eficaz comandante de la aviación nacional durante la guerra civil. Nunca había dudado en escribir o hablar a Franco de manera abierta, llegando a protestar en una ocasión por el ascenso de un hermano de éste, el otrora conspirador izquierdista Ramón[14]. En agosto de 1939 Kindelán fue humillado al ser nombrado el falangista Yagüe ministro del Aire, el primero del régimen. La amargura de Kindelán se pone de manifiesto claramente en las notas que escribió para la reunión, en la que pidió a Franco que por lo menos le ahorrase la indignidad de tener que servir bajo las órdenes de Yagüe, y también en una carta sin fechar sobre este asunto que escribió al ministro del Ejército, Varela[15].

En la muy tensa atmósfera de 1939, con la Falange en el cénit de su poder, no era muy probable que Franco nombrase para el gobierno a alguien tan comprometido con la restauración monárquica como Kindelán. El nombramiento de Yagüe combinaba el deseo de Franco de apartar a un rival potencial de un puesto de mando básico en Marruecos con el beneficio del nombramiento de una personalidad pro Eje para un ministerio militar como preparación para la inminente guerra. Kindelán había sido enviado a las Baleares en calidad de comandante militar de las islas. Con todo, este desaire personal no era nada comparado con la frustración que produjo a Kindelán que Franco no coronase su victoria en la guerra civil con la entrega del poder al rey exiliado Alfonso XIII o a su hijo don Juan. Como Queipo de Llano, Kindelán no manifestaba ninguna servil adulación con respecto a Franco. En realidad, aunque trataba siempre al Generalísimo con respeto, Kindelán, hombre de gran integridad, nunca consideró que Franco fuese mucho más que un primus inter pares. Este punto de vista no lo compartía Franco, mesiánico y cada vez más pagado de sí mismo. De todos modos, Kindelán siguió convencido de que el nombramiento de Franco para el cargo de Generalísimo en 1936 había sido básicamente correcto, pero que se había pensado que lo ocupase sólo mientras durase la guerra civil[16].

Una de las causas más serias de conflicto entre el ejército y la Falange la constituyó la postura de España respecto a la guerra mundial. Kindelán, como algunos otros generales prominentes, estaba preocupado por el aventurerismo de los falangistas, que estaba llevando a España a la guerra junto a las potencias del Eje. Con análogo espíritu de aprensión, el ministro del Ejército, general Varela, empezó, a comienzos de 1940, a reunir información de las capitanías generales sobre la situación del ejército. En marzo Kindelán sometió a Varela un informe sobre el estado lamentable de las fuerzas armadas españolas en el contexto de una guerra mundial que se intensificaba. En él señalaba que España no estaba nada preparada en caso de guerra y que sus fronteras seguían sin estar defendidas. Varela leyó la valoración en una reunión del Consejo Superior del Ejército. El alto mando aceptó el informe y lo pasó a Franco. En mayo de 1940 el Alto Estado Mayor sometió a Franco un nuevo informe preparado por el general Martínez Campos sobre la falta de preparación de las fuerzas armadas, destacando especialmente la carencia de unidades aéreas y mecanizadas. En junio y julio de 1940, ignorante de estos sombríos documentos, la prensa controlada por los falangistas intensificó su campaña en pro de la entrada en la guerra junto al Eje. Esto provocó numerosas cartas de protesta a Varela por parte de los generales de mayor rango, incluido Kindelán, que seguía mandando en Baleares; el general Miguel Ponte, alto comisario en Marruecos; el general Luis Orgaz, capitán general de Barcelona; el general José Monasterio, capitán general de Zaragoza, y el general José Solchaga, capitán general de Valladolid. Ante tales presiones sobre su ministro del Ejército, Franco contuvo su beligerancia. El 13 de junio dirá al encargado de negocios de Italia que el estado de las fuerzas armadas españolas no le permitía participar en la guerra de forma decisiva, salvo por lo que se refería a la toma de Tánger, que tuvo lugar al día siguiente[17].

Un informe «altamente secreto» del alto mando alemán sobre el ejército español, elaborado a primeros de agosto de 1940, llegó a conclusiones análogas a las de Martínez Campos; quizá reflejo, en parte, de las conversaciones entre el jefe de Estado Mayor español y el del Servicio Secreto alemán, almirante Canaris. Los alemanes constataron la escasa valía de los oficiales, «muy avanzados en años en los mandos más elevados», y la casi completa falta de ingenieros cualificados. Aunque reconocían el valor y la dureza de los soldados españoles, el informe describía a la mayoría de los oficiales de más edad como carentes de iniciativa, tenacidad y suficiente interés por su profesión. Se consideraba que los alféreces provisionales estaban capacitados, eran disciplinados y mostraban dedicación. Del alto mando español se consideraba que era lento, perezoso y doctrinario y que continuaba estancado en una mentalidad de guerra colonial, inadecuada para una guerra europea moderna. En cuanto al equipo, se pensaba que la artillería española padecía deficiencias evidentes tanto en el número de cañones como en las piezas de recambio. El material motorizado también era limitado, con sólo unos doscientos carros ligeros utilizables, que además carecían de piezas de recambio. Sólo había municiones suficientes para unos cuantos días de guerra. Las fábricas de armas y municiones no alcanzaban el nivel de las exigencias de guerra. En cuanto a las fortificaciones de los Pirineos, aun cuando había algunos puestos defensivos en el oeste, en el centro eran pocos, y en el este no había ninguno. En la frontera portuguesa no había fortificaciones. Las instalaciones construidas alrededor de Gibraltar se consideraban de poco valor y representaban fundamentalmente un gasto de material. El informe constataba los sentimientos proalemanes de gran parte del cuerpo de oficiales, pero consideraba que el ejército español era adecuado solamente para un «empleo limitado en caso de guerra»[18].

Había miembros del alto mando español que conocían las deficiencias de las fuerzas armadas, por lo que les indignaba lo que creían que era aventurerismo de Serrano Suñer. La grave hambruna que padeció España en el invierno de 1940 y las dudas respecto a una victoria final de los alemanes, provocadas por las dificultades de los italianos en los Balcanes, llevaron a Aranda y a Kindelán a decir a sir Samuel Hoare que ellos se oponían a la germanofilia de Serrano Suñer y de la Falange. Tras el empeoramiento de las condiciones alimentarias, que condujo a una seria reducción de las raciones de pan, pudo verse a la gente peleándose en las calles por un mendrugo. El embajador alemán, barón Eberhard von Stohrer, informaba de que los madrileños se desmayaban por la falta de alimentos y señaló que la oposición de los generales de mayor rango a Serrano Suñer estaba obligando a Franco a aminorar su entusiasmo por la guerra. Las quejas de los generales se reflejaban en los esfuerzos del aparato de propaganda falangista por ocultar que existía una incomunicación entre el ejército y la Falange. Las graves dudas de los generales respecto de la posibilidad de una entrada de España en la guerra en una época de hambrunas y la falta de preparación militar fueron probablemente factores importantes que persuadieron a Franco de que tenía que reconsiderar las promesas hechas a Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 y con posterioridad[19].

El 7 de diciembre, en presencia del general Vigón, Franco se abstuvo de dar su asentimiento a la petición de Hitler, que le fue entregada por el almirante Canaris, de que las tropas alemanas cruzasen la frontera española el 10 de enero de 1941 para llevar a cabo un ataque contra Gibraltar[20]. Las peticiones de ayuda a Alemania elaboradas por el alto mando eran realistas, si se quería que España participase verdaderamente en la guerra mundial. Sin embargo, en Berlín parecieron tan excesivas que sólo se las explicaban si se trataba de un intento deliberado de garantizar que no se tomaría en cuenta una entrada de España en la guerra[21]. El ambiente existente entre los generales más antiguos viene ilustrado por el hecho de que, a fines de 1940, Kindelán había presentado al Consejo Superior del Ejército una declaración respecto a la necesidad de que Franco transfiriese sus poderes transitorios —sus poderes accidentales— a la monarquía. El Consejo aceptó el informe por unanimidad y fue leído a Franco por el ministro del Ejército, Varela[22]. Los alemanes pensaban que Varela era «probablemente el único general español importante a quien cabe considerar enemigo nuestro». La idea de que los propios españoles podían llevar a cabo un ataque contra Gibraltar sin la ayuda alemana emanaba evidentemente de Varela. Los alemanes pensaron que era un subterfugio para sabotear sus planes[23].

La intensidad de la lucha por el poder entre el ejército y la Falange condujo a ambas partes a buscar el apoyo de los alemanes. Dos iniciativas de mediados de enero de 1941 lo ilustran. Pedro Gamero del Castillo, ministro falangista sin cartera, realizó una visita a la embajada alemana. Y dijo al agregado de prensa alemán —probablemente un alto funcionario del partido nazi— que estaba desarrollándose una lucha entre Franco y Serrano Suñer por el control del gobierno. Franco, ante la oposición de numerosos generales prestigiosos y de la Iglesia, se mostraba reticente a la hora de formar un gobierno completamente pronazi. Gamero y Serrano Suñer pensaban que debería formarse lo más pronto posible un gobierno activo y homogéneo bajo el mando de Serrano Suñer. Gamero deseaba que los alemanes interviniesen y dejasen claro que el Tercer Reich quería en el cargo a Serrano Suñer. Las discrepancias entre el alto mando y el Caudillo volvieron a estallar a mediados de enero de 1941, cuando los generales Aranda, García Valiño y García Escámez protestaron ante Franco por la corrupción de los falangistas. A lo largo de los tres primeros meses de 1941 tanto el embajador británico como el alemán pensaron que era probable que los generales de mayor rango presentasen pronto un ultimátum a Franco insistiendo en que formase un gobierno militar sin Serrano Suñer. A mediados de abril de 1941, la irritación de los militares contra Serrano Suñer había alcanzado su punto culminante. Aranda había imitado a Gamero del Castillo buscando ayuda de los alemanes en la lucha por el poder contra el ministro de Asuntos Exteriores, y les sugería que ahora el alto mando deseaba que España entrase en la guerra a comienzos de julio, lo que no era la verdad[24].

Las intervenciones de sus colegas de mayor rango tuvieron alguna influencia sobre el Caudillo. Cabe discernir cierta inquietud por parte de Franco al considerar sus quejas en la pugna de poderes que estalló en mayo de 1941. Ya desde el 16 de octubre de 1941, cuando Serrano Suñer había sustituido al coronel Juan Beigbeder en el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, había quedado vacante el puesto de ministro de Gobernación. En teoría Franco había ocupado el cargo, pero en la práctica se encargaba del trabajo diario su muy eficaz subsecretario José Lorente Sanz, candidato de Serrano Suñer. Franco echaba una mirada a lo que ocurría en ese ministerio por medio del coronel Valentín Galarza, secretario de la Presidencia del gobierno. El 5 de mayo de 1941, con el fin de bloquear lo que consideraba un renacer del poder de la Falange, Franco nombró a Galarza ministro de Gobernación y lo sustituyó en el cargo de Presidencia por un capitán de la marina, Luis Carrero Blanco. Esto provocó protestas entre falangistas prominentes y una dimisión simbólica por parte de Serrano Suñer. Aunque la dimisión no fue aceptada y en una remodelación del gobierno, el 19 de mayo, fueron nombrados nuevos ministros falangistas, Serrano Suñer se había extralimitado. También fueron compensados generales monárquicos. Kindelán fue nombrado capitán general de Cataluña y su predecesor, el general Luis Orgaz, obtuvo el ambicionado cargo de alto comisario en Marruecos[25]. En lo sucesivo Franco se mostraría más receptivo a las críticas de los militares contra su cuñado.

Con todo, si bien la actitud de Franco hacia Serrano Suñer se había enfriado apreciablemente, su entusiasmo por la causa del Eje no había disminuido en absoluto. En el verano de 1941 causó alarma entre los generales de mayor rango la reacción favorable de Franco a la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio. Un discurso del Caudillo del 17 de julio, claramente pro Eje, y el ofrecimiento de Serrano Suñer a los alemanes de enviar voluntarios españoles a luchar en el frente ruso, galvanizó a los militares y les empujó a la acción. Los generales de mayor rango estaban irritados por lo que consideraban aventurerismo irresponsable e ilimitada ambición de Serrano Suñer. Entre los oficiales más jóvenes había cierto entusiasmo y los militares de mayor rango fueron incapaces de evitar la partida de voluntarios falangistas y del ejército bajo el mando del general Agustín Muñoz Grandes[26]. El general Luis Orgaz y Yoldi, que había sido nombrado hacía poco tiempo alto comisario en Marruecos, estaba en contacto con civiles monárquicos para discutir un posible levantamiento contra Franco. Al igual que otras cuatro personalidades clave del Consejo Superior del Ejército, deseaba que España se mantuviese alejada de la guerra y que el poder de Serrano Suñer disminuyese.

Los involucrados eran Kindelán, ascendido recientemente a capitán general de la IV región militar (Barcelona); el general Saliquet, capitán general de la I región (Madrid); el general Solchaga, capitán general de la VII región (Valladolid), y el general Aranda, director de la Escuela Superior del Ejército. El 1 de agosto Orgaz informaba a Franco, en nombre de los cinco generales, de que debería contenerse y no hacer declaraciones tan extremas sobre asuntos de política exterior sin antes consultar con ellos. Le transmitió asimismo las graves críticas contra Serrano Suñer y le insinuó que a los generales les gustaría verle destituido. Franco estuvo de acuerdo con la petición pero se anduvo con rodeos respecto a la destitución de Serrano Suñer, alegando que era algo más complicado de lo que parecía y que requería tiempo. Según era de esperar, no hizo nada. Como respuesta a la inacción de Franco, el 12 de agosto enviaron al general Aranda para que reiterase el mensaje en términos más categóricos. El tono de tales mensajes solía ser siempre conciliador, dado que los generales que los elaboraban querían que Franco permaneciese siempre de su lado[27]. A principios de septiembre de 1941 el embajador alemán dio a conocer a Berlín las quejas de Serrano Suñer sobre los esfuerzos hechos por Varela para obstaculizar una rápida declaración de guerra[28].

El 10 de octubre de 1941 el embajador alemán, Stohrer, informó sobre una intensificación considerable de la crisis política interna, que culminó en «un encuentro concienzudo y evidentemente muy agitado» entre Franco y Serrano Suñer. Las presiones del alto mando finalmente habían surtido efecto. Serrano Suñer se quejó de que sus oponentes militares, particularmente Aranda, le acusaban de hacer mucho daño a España como consecuencia de su política progermana. Ahora los militares creían que Gran Bretaña y Estados Unidos acabarían ganando la guerra y que ya estaban vengándose económicamente de España. Serrano Suñer habló a Stohrer de los intentos de Aranda y otros generales de convencer a Franco de que le destituyese[29].

Sin embargo, por el momento Serrano sobrevivió. Mientras éste siguió en el poder y mientras el peligro de un compromiso español con el Eje fue grande, los generales que se le oponían siguieron en contacto con los monárquicos civiles con vistas a la posibilidad de una restauración forzada. El general Varela, ministro del Ejército, y el general Vigón, ministro del Aire, también se vieron involucrados, junto al general Ponte, que se había trasladado desde Marruecos para tomar posesión como capitán general de la II región militar (Sevilla), y otros, incluido el general Espinosa de los Monteros, jefe de las fuerzas de Baleares, y el general Heli Rolando de Tella, gobernador militar de Burgos. Creyendo que era inminente una invasión alemana, habían hecho planes para su propia evacuación y para el establecimiento de un mando militar en Marruecos y de un gobierno civil provisional en las Canarias con apoyo británico. Sin embargo a finales de noviembre de 1941, cuando disminuyó el peligro de una invasión alemana, varios de los militares involucrados comenzaron a echarse atrás. Estaban dispuestos, aunque con reticencias, a conspirar para mantener a España fuera de la guerra, pero bajo ningún concepto a derrocar a Franco[30].

A pesar de la arraigada lealtad a Franco, las tensiones siguieron siendo notables. En la primera mitad de diciembre de 1941 el Consejo Superior del Ejército se reunió de nuevo para discutir la situación política interna y externa. Tras algunas reuniones a las que asistieron Kindelán, Varela, Orgaz, Ponte, Saliquet y Dávila, la sesión final del 15 de diciembre de 1941 fue presidida por el propio Franco en su palacio de El Pardo. El Caudillo tenía todavía esperanzas en una victoria del Eje en la guerra mundial. Este punto de vista no lo compartían sus generales de mayor rango, aunque muchos de ellos simpatizaban con la causa del Eje. En la reunión, Kindelán presentó un informe muy crítico sobre la política española, denunciando la incompetencia del gobierno y la inmoralidad y en particular la inaptitud y venalidad de la corrupta burocracia falangista. Criticaba en él la utilización hecha por Franco del ejército y de la justicia militar como principal instrumento de represión. En aquel momento los tribunales militares tenían la responsabilidad de juzgar los delitos políticos de acuerdo con la Ley de Seguridad del Estado, en vigor desde el 29 de marzo de 1941. Kindelán era hostil también a la utilización de personal militar en la administración local, en las comisiones de suministros, como fiscales y como recaudadores de impuestos. Hizo un llamamiento a Franco para que rompiese sus nexos con la Falange y para que separase los cargos de Jefe del Estado y del gobierno. Era un acto de considerable valentía criticar al Caudillo y a la Falange en una época en que el partido y la causa del Eje estaban tan en alza. Franco, con habilidad, supo capear el temporal. Evitó un enfrentamiento y tranquilizó a los altos cargos allí reunidos con excusas sobre los peligros exteriores, las dificultades para cubrir ciertos puestos importantes tras la pérdida de tantos hombres de bien en la guerra civil y las dificultades materiales que España sufría. Kindelán no se mostró satisfecho y, con ayuda de la embajada británica, se distribuyeron copias de su discurso entre los monárquicos. Estas relaciones con los diplomáticos británicos provocaron protestas por parte de la embajada alemana[31].

Poco después Kindelán hizo públicos estos puntos de vista en un discurso pronunciado el 26 de enero de 1942 para conmemorar el tercer aniversario de la toma de Barcelona por los nacionales. El discurso se centró en el desgaste del prestigio del régimen y lamentaba la inexistencia de un mecanismo constitucional apropiado para la sucesión de Franco. Kindelán, sin equívoco alguno, hizo un llamamiento a Franco para que restaurase la monarquía como único camino para alcanzar la necesaria conciliación y solidaridad entre los españoles. Preocupado como estaba por su propia supervivencia en el poder, por la perpetuación de la ideología divisionista de los odios de la guerra civil y por un sentido de su misión cada vez más elevado, Franco estaba furioso[32]. Sin embargo, como correspondía a su característica cautela, no reaccionó. Pero se mostró más claramente en el caso del general Eugenio Espinosa de los Monteros. Éste había sido embajador de España en Berlín en 1941 y soportaba mal la inclinación de Serrano Suñer por los alemanes. En marzo de 1942 se rumoreó que estaba involucrado con Kindelán y Orgaz en la preparación de un golpe contra Franco. Al tomar posesión, al mes siguiente, del puesto de capitán general de la VI región militar (Burgos), Espinosa pronunció un discurso en el que atacaba duramente «la deslealtad y ambición ilimitada» de Serrano, al que con anterioridad había acusado en privado de traición. Franco reaccionó con rapidez y Espinosa fue destituido en cuestión de días. Pero su destitución se compensó con la del secretario político de Serrano, Felipe Ximénez de Sandoval[33].

Hubo también intentos, por parte de los generales monárquicos, de conseguir ayuda de los alemanes para una restauración. El embajador alemán informaba a la Wilhelmstrasse, el 8 de mayo de 1942, de que al general Muñoz Grandes, comandante de la División Azul, le habían encargado algunos de sus iguales en el cargo que utilizase su posición para aludir al asunto de la aquiescencia del Tercer Reich a una restauración de la monarquía [34]. En el verano de 1942 el general Juan Vigón, que había sustituido a Yagüe como ministro del Aire, organizó un viaje a Alemania con el fin de buscar ayuda para la restauración, usando el subterfugio de que iba en busca de ayuda técnica para las fuerzas aéreas. Franco se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de Vigón y le obligó a cancelar la visita en el último momento[35].

La rivalidad entre los militares y la Falange fue la causa principal de una crisis mucho más seria, a la que tuvo que hacer frente Franco en los primeros años cuarenta, que tuvo que ver con su ministro del Ejército, general José Enrique Varela. La tensión surgió con ocasión de la ceremonia anual que se celebraba en el santuario de la Virgen de Begoña, cerca de Bilbao, para orar por las almas de los requetés del tercio de Nuestra Señora de Begoña caídos durante la guerra civil. El 16 de agosto de 1942 presidía la ceremonia el general Varela. Anglofilo y antifascista, relacionado con los carlistas, Varela había manifestado gran actividad en sus intentos de criticar a los falangistas por el encubierto mercado negro que florecía en España, y era además un franco oponente de la revolución nacionalsindicalista. Después de la misa, cuando los carlistas se reunían fuera de la iglesia coreando consignas monárquicas y cantando estribillos antifalangistas, se produjo un choque con un grupo de falangistas. El hecho de que estuviesen presentes allí, y de que llevasen armas, incluidas granadas de mano, indicaba su intención premeditada de provocar disturbios. Uno de ellos, Juan Domínguez, inspector nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), lanzó dos granadas, una de las cuales explosionó e hirió a varios de los presentes.

Varela aprovechó el incidente como una oportunidad para acusar a la Falange en general y a Serrano Suñer en particular. Interpretó públicamente el incidente como un ataque falangista contra el ejército, envió a tal efecto un comunicado a los capitanes generales de toda España y preparó un consejo de guerra para juzgar a Domínguez. El ministro de Gobernación, coronel Valentín Galarza, envió un telegrama a los gobernadores civiles de las provincias que contenía un informe sobre el incidente y en el que se decía que «agentes al servicio de una potencia extranjera» habían intentado asesinar al ministro del Ejército. Sin duda, Domínguez mantenía contactos con diplomáticos alemanes en España. Sin embargo, Franco se enfureció al percatarse rápidamente de que la indignación de Varela ocultaba un intento de capitalizar el incidente. En una larga y tensa conversación telefónica, Franco defendió a los falangistas involucrados y Varela los tildó de asesinos[36]. Ante el temor de enemistarse con el ejército, Franco acabó consintiendo que Domínguez fuera ejecutado. Pero se sintió vejado por el hecho de que Varela y Galarza hubiesen cometido un acto de insubordinación al publicar su versión de los acontecimientos y fomentar el antifalangismo en los círculos militares. Así pues, resolvió la crisis destituyendo a Varela y a Galarza.

Esta derrota del bando monárquico en el seno de la fortaleza franquista fue reparada pronto. El subsecretario de la Presidencia del gobierno, Luis Carrero Blanco, persuadió a Franco de que después de la crisis no debía haber vencedores y vencidos. Carrero sugirió que la destitución de los dos ministros podía hacer creer que en realidad Serrano Suñer controlaba los acontecimientos. Por ello trató de convencer a Franco de que, para equilibrar las cosas, debía llevar a cabo un castigo semejante contra la Falange. Esto significaba actuar contra Serrano Suñer, que, como presidente de la Junta Política de la Falange, era la principal personalidad de aquélla. A fines de agosto Franco destituía a su cuñado como ministro de Asuntos Exteriores. El puesto fue ocupado por el general Francisco Gómez-Jordana, y el propio Franco asumió el control de la Falange. Aunque no había sido, estrictamente hablando, obra de los militares, este hecho fue un gran triunfo para el alto mando, aun cuando, paradójicamente, también los alemanes se alegraron[37]. La fuerza de la repercusión de la destitución de Varela entre los mandos más altos queda ilustrada por el éxito obtenido por el ministro del Ejército saliente al convencer a sus camaradas tenientes generales de que se negasen a sustituirlo. Por ello Franco se vio obligado a descender al nivel de los generales de división para encontrar un nuevo ministro en la persona del general Carlos Asensio. Franquista fiel con simpatías profalangistas, Asensio se negó también en un primer momento, quizá con el fin de evitar un conflicto con sus inmediatos superiores. Pero Franco consiguió vencer la resistencia de Asensio diciéndole que, si no aceptaba entonces el mando del Caudillo, podría terminar saliendo él con los pies por delante. Franco invocó también la disciplina militar, ordenando a Asensio que aceptara el nombramiento. Por ello, Asensio se mostró fielmente dispuesto a cumplir la tarea de bloquear a los generales monárquicos[38].

Lo que resulta quizá más significativo respecto al incidente de Begoña es la moderación, por no decir la pusilanimidad, de los generales antifalangistas. Durante casi un año, el Consejo Superior del Ejército había criticado las estrechas relaciones de Franco con la Falange. Los militares monárquicos se mostraron lógicamente contentos con el desaire a la Falange implícito en la ejecución de Domínguez. Por ello, cuando Franco reconvino efectivamente a los militares y favoreció a la Falange destituyendo a Varela y a Galarza, era de esperar que la protesta de los generales antifalangistas de mayor rango hubiese ido más allá de la simple negativa a sustituir al ministro del Ejército. Incluso la reacción de Varela por el asunto de Begoña se mantuvo dentro de los límites del sistema franquista. Había tratado de saber hasta dónde podía llegar, manejando la situación para conseguir una posición mejor en nombre de la «familia» monárquica. En última instancia, se vio sometido finalmente al equilibrio impuesto por Franco. Por ello, su única protesta acabó siendo la negativa a ocupar el puesto de embajador en Brasil o de alto comisario en Marruecos para sustituir a Orgaz, que tenía problemas con el Jalifa[39]. Por otro lado ya era sólo cuestión de días que Franco fuera convencido por Carrero Blanco de que restableciera el equilibrio destituyendo a Serrano Suñer. Cabe la posibilidad de que esta decisión se viese acelerada por la reacción de los militares a la destitución de Varela. Ciertamente, la alegría de los generales de mayor rango por la caída del cuñadísimo puede constatarse por el hecho de que, con excepción de Kindelán, permanecieron inactivos durante casi un año.

Pese a no haberse unido a Varela en el intento de explotar el momento de debilidad de la Falange durante la crisis de Begoña, los cambios de la situación internacional acabaron llevando a Kindelán a mostrarse más resuelto. El 11 de noviembre de 1942, tres días después del desembarco aliado en el norte de África, viajó a Madrid para comentar el desembarco con sus colegas militares y con el propio Franco. Kindelán dijo a Franco en términos inequívocos que, si había comprometido a España formalmente con el Eje, debería ser sustituido como Jefe del Estado. En todo caso, aconsejó al Caudillo que proclamase que España era una monarquía y que él se declarase regente. Franco apretó los dientes y contestó de manera conciliadora. Con evidente duplicidad, negó la existencia de cualquier compromiso formal con el Eje, afirmó que no tenía intención de permanecer más tiempo del necesario en un puesto que cada día le resultaba más desagradable y confesó que quería que don Juan fuese su sucesor.

Kindelán expresó enérgicamente su punto de vista sobre el hecho de que el superior poder económico e industrial de los aliados anglosajones garantizaba su victoria final y que por ello España debía permanecer neutral. Dijo al Caudillo que el Estado estaba en manos de una burocracia corrupta. Aún más mortificante debió de ser para Franco la afirmación de Kindelán de que no era aceptable para el ejército que su comandante en jefe fuese al mismo tiempo el líder de un partido, y en particular de uno, la Falange, cuyo fracaso era tan ignominioso. Dado que Kindelán parecía hablar en nombre de los generales Jordana, Dávila, Aranda, Orgaz, Juan Vigón y Varela, a quienes también había visto durante su visita a Madrid, Franco fingió aceptar cordialmente lo que le había dicho[40]. Con todo, eligió ese momento para rehabilitar a Yagüe, nombrándolo el 12 de noviembre de 1942 comandante del enclave español de Melilla. Se trataba de un nombramiento muy bien pensado desde el punto de vista de Franco, pues contrarrestaba las murmuraciones promonárquicas en que estaba mezclado Kindelán. Fuese como fuese, el Caudillo sabía que Yagüe estaba siendo cortejado por los alemanes como posible sustituto suyo. En primer lugar, en Melilla Yagüe estaría bajo el mando del alto comisario en Marruecos, el aliadófilo Orgaz, y podía darse la posibilidad de que se neutralizasen entre sí. En segundo lugar, con el desembarco aliado en mente, no era probable que Yagüe, partidario del Eje, se viese envuelto en una conspiración contra Franco. En todo caso, Yagüe era demasiado rígido, nada cínico y, desde luego, lo suficientemente leal a Franco como para seguir el juego a los alemanes[41].

Sospechando que Franco no tenía intención de proclamar la monarquía, a su vuelta a Barcelona Kindelán reunió en su casa a los generales y a otros oficiales superiores de la región militar catalana. Les dijo que «la nave del Estado va a la deriva en un mar de total desgobierno» y habló de la incompetencia y la corrupción de la burocracia. Declaró que era imposible que la solución pudiese venir del régimen actual y exigió un cambio radical de las personas, de los métodos de gobierno y del régimen. Esta vez, la afirmación de Kindelán de que la monarquía era la única opción viable le costó ser relevado de su puesto. Era demasiado poderoso como para ser castigado de manera más espectacular. Tras un breve lapso de tiempo, Franco lo destituyó a comienzos de 1943 y lo colocó en lo que se consideraba un puesto más inofensivo, el de director de la Escuela Superior del Ejército, donde no tendría mando directo de tropas. El propio Kindelán se lamentaba ante un diplomático británico, diciendo que difícilmente podría dar un golpe de estado con los celadores y el personal de servicio de la Escuela[42].

En su calidad de director de la Escuela de Estado Mayor, Kindelán dedicaba gran parte de su tiempo a escribir cartas a Franco en nombre del Consejo Superior del Ejército. Puesto que el Consejo las discutía, era bastante probable que Franco viese incluso las que no se le enviaban. En una de ellas Kindelán decía, con relación al peligro de que la guerra llegase a su fin sin que la situación constitucional de España se hubiese resuelto, que «no debemos aplicar ungüentos al mal, sino cauterizarlo». En otras hacía a Franco advertencias no solicitadas sobre el hecho de que debía su posición de Caudillo no a ningún derecho divino ni hereditario, ni siquiera a un sufragio universal, sino al ejército. Sugería incluso que el Consejo Superior debía tener la obligación de tomar la iniciativa para resolver la sucesión. Y afirmó que nunca se debería exigir del ejército que defendiese con las bayonetas un régimen que no tuviera la aquiescencia de la mayoría del pueblo español[43]. Sería erróneo ver en las actividades de Kindelán una prueba de que era un acérrimo antifranquista. Aunque su tono solía ser directo, lanzaba sus llamamientos al cambio con respeto por el Caudillo y como fruto de su compromiso con los valores del régimen. En otras palabras, su intención no era la restauración de la monarquía constitucional, sino el establecimiento («instauración»), «por Franco y con Falange», como dijo, de una monarquía franquista autoritaria[44]. Quería que se resolviese el problema de la sucesión a fin de perpetuar un régimen no liberal. Por ejemplo, en diciembre de 1941 había escrito a don Juan aconsejándole que rechazase públicamente la monarquía liberal, que expresase su admiración por José Antonio Primo de Rivera, que alabase los servicios prestados por Franco a España y que estuviese dispuesto a mantener con vida a la Falange[45].

Todo esto debe tenerse en cuenta al examinar lo que ha sido considerado el más grave incidente del protagonista de la oposición militar a Franco[46]. A diferencia del aliadófilo Kindelán, a lo largo de la segunda guerra mundial la mayoría de los generales de alto rango fueron partidarios de la causa del Eje, aun cuando deseaban que España permaneciese neutral. Estaban dispuestos a mantener congelada la cuestión de la sucesión monárquica hasta que quedase claro el resultado de la guerra mundial. En el verano de 1943 el colapso del Afrika Korps en el norte de África y la invasión aliada de Sicilia acabaron convenciendo a la mayoría de ellos de que había llegado el momento de preparar el futuro. Al igual que Kindelán, pensaban que había que tomar medidas si no querían que los frutos de la victoria en la guerra civil fuesen barridos por los aliados, que podían volverse contra un Franco partidario del Eje. Con todo, sus reacciones fueron extremadamente tímidas. El 8 de septiembre de 1943, ocho tenientes generales, Kindelán, Varela, Orgaz, Ponte, Dávila, Solchaga, Saliquet y Monasterio, firmaron una carta en la que pedían a Franco que considerase si no había llegado el momento de tomar una decisión respecto a una restauración monárquica. El general Varela se la entregó al Caudillo el 15 de septiembre de 1943.

Franco notaba desde hacía meses que había algún problema en el aire, y había tomado las medidas pertinentes. Ya desde mediados de mayo de 1943 el embajador de Franco ante la Santa Sede, Domingo de las Bárcenas, había enviado completos informes desde Roma sobre la situación de Mussolini, cada vez más precaria[47]. Por ello, el Caudillo trató de consolidar la fidelidad de los militares. El 5 de junio de ese año se reunió con los 119 compañeros supervivientes de sus años de estudiante de la Academia militar. Pronto quedó clara la razón de este hecho. A mediados de junio, un grupo de veintisiete procuradores veteranos de las Cortes franquistas, incluidos varios exministros y los generales Galarza y Ponte, hicieron un respetuoso llamamiento a Franco para que resolviese el problema constitucional antes de que la guerra terminase y restableciera la monarquía católica española tradicional. Esto implicaba, claramente, que sólo la monarquía podía mantener plausiblemente la neutralidad de España y evitar las represalias de los aliados por el coqueteo de Franco con el Eje. La respuesta del Caudillo fue compleja. De entrada, destituyó inmediatamente de sus puestos de procuradores en Cortes a todos los firmantes del escrito. Al mismo tiempo incrementó la labor de cultivar a sus oficiales superiores, dedicándoles su tiempo de modo individual. En particular, dedicó mucho tiempo en ganarse al general Luis Orgaz y Yoldi, alto comisario en Marruecos. El general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, escribió que la toma de Orgaz fue uno de los mayores éxitos del Generalísimo[48].

En todo caso la situación del Eje se deterioraba día tras día y Franco estaba visiblemente nervioso. Temeroso a causa del veneno que iba instalándose en las fuerzas armadas, elaboró junto a su leal hombre de confianza, Luis Carrero Blanco, instrucciones destinadas a las nueve capitanías generales. El texto se publicó el 17 de julio de 1943, la víspera del séptimo aniversario del inicio de la guerra civil. En él ambos trataban de aprovechar los reflejos de los oficiales superiores y provocarlos para que se agruparan en torno al régimen. El documento afirmaba que se había descubierto una conjura masónica internacional. La finalidad confesada del texto era explotar los sentimientos monárquicos de muchos generales y sus temores respecto al futuro a la vista de la derrota del Eje en el norte de África. Para contrarrestar esta conjura imaginaria destinada a meter una cuña entre el ejército y el Caudillo, la circular del tándem formado por Franco y Carrero Blanco denunciaba los peligros implícitos del intento de restaurar una monarquía liberal que, a su vez, sería sólo el primer paso de la vuelta a la anarquía y al dominio comunista de los años anteriores a la guerra civil[49].

El 23 de julio de 1943, Mussolini fue sustituido por el mariscal Badoglio. Se produjo verdadero pánico en los círculos políticos madrileños y el propio Franco se mostró profundamente preocupado[50]. Una semana más tarde, el 2 de agosto de 1943, don Juan telegrafió a Franco, recordándole lo que le había sucedido al Duce y afirmando que la única vía para evitar una catástrofe en España era la restauración de la monarquía. Don Juan insinuaba que si los aliados ganaban la guerra y Franco seguía en el poder, entonces España sería castigada como si fuera una de las potencias del Eje derrotadas. El 8 de agosto de 1943 Franco contestaba con un telegrama que contenía a partes iguales astucia y megalomanía. Tras afirmar que España no padecería la suerte de Italia gracias a que el régimen había conseguido mantener al país fuera de la guerra, continuaba pidiendo a don Juan que no hiciese pública ninguna declaración que pudiese debilitar la posición interna o externa del régimen. El 15 de agosto la comunión tradicionalista hizo un llamamiento a Franco para que suprimiese el partido único y el carácter totalitario de su régimen y restaurase la monarquía a la luz de la evolución de la guerra mundial[51].

Era difícil que el aumento del nerviosismo entre sus anteriores partidarios no acabase preocupando a Franco. Galvanizado sin duda por la evolución de los acontecimientos militares en el norte de África, y creyéndose quizá el Badoglio español, el general Orgaz tomó una arriesgada decisión, poco habitual en él. Informó al exministro e inveterado conspirador donjuanista Pedro Sáinz Rodríguez de que, tras previo acuerdo con Aranda y otros generales, estaba dispuesto a levantarse con cien mil hombres para restaurar la monarquía, siempre que don Juan y sus seguidores consiguiesen obtener reconocimiento inmediato por parte de los aliados[52]. El nerviosismo del Caudillo debió de verse exacerbado al ser informado, durante su estancia veraniega en el pazo de Meirás, en La Coruña, de que sus tenientes generales estaban reunidos en Sevilla para discutir la situación y que habían elaborado un documento haciendo un llamamiento a Franco para que tomase una decisión. La gravedad de la situación queda reflejada en la siguiente respuesta, que se le atribuye: «Que vengan a verme. Los esperaré con las espaldas contra la pared»[53].

En este contexto, la entrega de una carta de parte de ocho tenientes generales preocupó profundamente a Franco. Con todo, aun cuando la aceptó, sorprendió a su portador, Varela, con una severa reprimenda por llevar un bastoncillo de junco en su presencia. En cualquier caso, había cierto número de cosas que ayudaron al Generalísimo a permanecer tranquilo. Aparte de una referencia indirecta al hecho de que Franco había permanecido en el poder «por más tiempo que el originalmente previsto», el tono de la carta era en sí mismo tan respetuoso que sugería claramente que el alto mando del ejército era más franquista que monárquico. Así, el político monárquico José María Gil Robles escribía en su diario sobre su «vil adulación» y sobre su propia convicción de que Franco no le dedicaría la más mínima atención. Y no sirvió sólo para que se preguntase a Franco «con lealtad, respeto y afecto, si no estaba de acuerdo con ellos en que había llegado el momento de dar a España una monarquía»[54]. En segundo lugar, Franco podía consolarse por el hecho de que, aun entre aquellos monárquicos entusiastas que eran sus generales de mayor rango, varios, incluidos generales como Juan Vigón, Jordana, Muñoz Grandes, Serrador y Moscardó, no habían firmado[55]. Además, tenía todas las razones para confiar en la lealtad incondicional de los oficiales de rango medio.

Fue en gran parte por esta razón por lo que el general Orgaz cambió rápidamente de idea respecto a la posibilidad de una acción militar en favor de la monarquía. A fines de septiembre informó a Gil Robles de que era muy improbable que pudiera llevarse a cabo algún tipo de alzamiento, dado que los generales más jóvenes y el cuerpo de oficiales en su totalidad, de coroneles para abajo, eran fieles a Franco. Ciertamente Gil Robles, que estaba extraordinariamente bien informado, llegó a creer que la carta había tenido el efecto de persuadir a otros generales de que cerraran filas en torno a Franco[56]. De hecho, la carta de los propios tenientes generales afirmaba explícitamente que no había sido escrita en nombre del ejército en conjunto y que los tenientes generales no habían consultado a ningún subordinado por razones de disciplina. Finalmente, Franco estaba al corriente de que los aliados no estaban interesados en precipitar un cambio de gobierno en España ni en intervenir en sus asuntos internos. Se creía en posesión de garantías por parte de Churchill y Roosevelt, según las cuales no habría invasión de la Península Ibérica. Pero sin duda no estaba al corriente del hecho de que los estadounidenses sólo trataban de mantener abiertas diversas posibilidades[57].

No obstante, Franco reaccionó fríamente, aunque más rápidamente de lo habitual y con concesiones más decisivas que hasta ese momento. El 1 de octubre de 1943 proclamó la neutralidad de España en la guerra mundial y anunció la retirada de la División Azul de la Unión Soviética. Era, pues, un reconocimiento muy significativo del creciente poderío de los generales monárquicos proaliados. De lodos modos, esto quedó contrapesado por el anuncio, ese mismo día, día del Caudillo, de la entrega de treinta y cinco cruces militares y del ascenso de Yagüe a teniente general. A Yagüe se le dio el mando de la VI región militar, Burgos, como contrapeso de los cada vez más numerosos generales aliadófilos y monárquicos en el alto mando. Asimismo, Franco comenzó a granjearse a los oficiales más jóvenes pro Falange. Consideraba que la carta había sido un acto de indisciplina, pero ya que los aliados controlaban de cerca la situación, tuvo que reprimir su inclinación a ejecutar el castigo. Así, aplicó la táctica del divide y vencerás recibiendo a cada uno de los generales por turno y asegurándoles que había tomado nota de su petición. Consiguió convencer a algunos de ellos de que las armas secretas de Hitler, sobre las que había sido informado, podían todavía hacer que el Eje ganase la guerra. Kindelán, Orgaz y Ponte se atuvieron a lo que habían escrito. Otros titubearon, y parece ser que el general Saliquet dijo a Franco que había sido obligado a firmar[58].

Gil Robles estaba asombrado por el hecho de que parecía que los generales de mayor graduación esperaban que fuese el propio Franco el que tomase la iniciativa de restaurar la monarquía. Escribió privadamente en su diario: «Estos “fervorosos monárquicos”, cuya lealtad [al Pretendiente] no les impide aprovecharse del tinglado franquista, son el peor enemigo que tiene la monarquía». A finales de septiembre escribió una carta muy dura al ministro del Ejército, general Carlos Asensio, señalando que una restauración monárquica otorgada por Franco no tendría ningún valor. Obtuvo sólo un cortés acuse de recibo. No hace falta decir que Franco estaba completamente al tanto de toda esta correspondencia que circulaba entre los altos mandos del Ejército[59]. Hacia mediados de octubre de 1943 la tormenta había pasado y Franco podía iniciar una ofensiva antimonárquica sin preocuparse de la oposición de sus generales de mayor graduación.

Uno de los métodos que Franco utilizaba para mantener el control sobre los oficiales del ejército era hacer la vista gorda ante la corrupción. Numerosos oficiales que tenían negocios utilizaban a soldados rasos y también a prisioneros de guerra republicanos como mano de obra barata o gratuita. Otros utilizaban vehículos del ejército para sus asuntos privados. A un nivel menor, incluso los oficiales de menor graduación se servían de reclutas como criados domésticos, para realizar pequeños trabajos, para cuidar niños y otras cosas por el estilo. Franco estaba enterado de todo esto y le gustaba que los demás supiesen que lo sabía. Sólo en dos ocasiones utilizó lo que sabía para expulsar del ejército a un oficial superior. Uno fue el general Francisco de Borbón y de la Torre, acusado de tráfico ilegal de alimentos. El otro fue el general Heli Rolando de Tella y Cantos, importante africanista, cuyo meteórico ascenso en Marruecos sólo había sido superado por los de Franco y Yagüe[60]. A pesar de su distinguido currículum, Tella fue privado de todos los honores militares por «irregularidades administrativas», presuntamente cometidas al usar vehículos y personal militar para su fábrica de harina y para la reconstrucción de su pazo mientras fue gobernador militar de Lugo. Sobre la base de que la corrupción nunca había sido un delito grave en la España franquista, se convenció a Tella de que había sido perseguido debido a sus actividades promonárquicas. Puede ser una coincidencia, pero los nombres de los generales Tella y De Borbón eran los únicos que un agente español pudo recordar de una lista de cincuenta que al parecer pidió Goering para utilizarlo en un complot para derrocar a Franco y sustituirlo por don Juan[61].

Ya desde comienzos de septiembre de 1943 Franco tenía sobre su mesa un informe que acusaba a Orgaz de estar involucrado en negocios ilícitos en el norte de África[62]. No es del todo descabellado suponer que la existencia de este informe haya tenido que ver en la disminución de la disponibilidad de Orgaz para conspirar en favor de la monarquía. Franco no mostró nunca el menor interés por poner fin a la corrupción como tal, en comparación con su interés por utilizarla para aumentar su poder sobre las personas involucradas. En efecto, con frecuencia recompensó a quienes le informaban sobre la corrupción no tomando medida alguna contra los culpables, sino procurando que éstos supieran quién había informado sobre ellos[63].

Las garantías de Franco a sus generales en octubre de 1943, sobre el hecho de que las armas secretas de Hitler podían hacer ganar la guerra, amortiguaron la urgencia de sus peticiones de resolución del futuro político. De todos modos, en el plazo de un año la inevitabilidad de la derrota del Eje era obvia para todos excepto para Franco, Muñoz Grandes y Juan Vigón. Volvió el pánico y hubo manifestaciones de descontento en las altas esferas de las fuerzas armadas. Algunos, como los generales Kindelán y Aranda, nunca habían dejado de trabajar en pro de la restauración. Aranda se había visto involucrado en actividades antifranquistas desde octubre de 1941 y mantenía contactos regulares con don Juan a través de Gil Robles y con la embajada británica. En octubre de 1944, sin embargo, el ejército dejó a un lado todas las consideraciones de antifranquismo como consecuencia de la invasión del valle de Arán por parte de republicanos españoles que habían combatido en las filas de la resistencia francesa. En cierto sentido, la derrota de las incursiones iniciales y la consiguiente guerra de guerrillas llegaron como un don de cielo para Franco. Estos hechos hicieron posible el renacer de la mentalidad de la guerra civil, proporcionaron algo que hacer al ejército y, en general, reagruparon al cuerpo de oficiales alrededor de Franco. La rehabilitación de Yagüe resultó ser particularmente útil. Como capitán general de Burgos, desempeñó un papel fundamental en la lucha contra las incursiones guerrilleras. Sin embargo, el hundimiento inminente del Eje produjo profunda inquietud en Franco. Y se sintió seriamente amenazado cuando don Juan, aconsejado por el general Kindelán y sus consejeros civiles, hizo público su manifiesto de Lausana del 19 de marzo de 1945. En él el pretendiente denunciaba la naturaleza totalitaria del régimen franquista y sus relaciones con el Eje, y hacía un llamamiento a Franco para que diese paso a una restauración monárquica[64].

Se formó un grupo de veteranos monárquicos, compuesto por el duque de Alba y el general Aranda, Alfonso de Orleans y Kindelán, con el fin de supervisar la esperada transición. Incluso llegaron a elaborar el texto de un decreto-ley que anunciaba la restauración de la monarquía y formaron un gobierno provisional, en el que Kindelán sería presidente; Aranda, ministro de Defensa Nacional; Varela, ministro del Aire, y el general Juan Bautista Sánchez González, ministro del Ejército[65]. El manifiesto de Lausana iba acompañado de unas instrucciones para los monárquicos prominentes, para que dimitieran de sus puestos en el seno del régimen. El primero que lo hizo fue el general Alfonso de Orleans y Borbón, representante de don Juan en España, que era el comandante efectivo de las fuerzas aéreas. Franco respondió ordenando al general Orleans que se confinase en sus tierras próximas a Cádiz[66]. A continuación, Franco montó una operación destinada a neutralizar el resurgir del sentimiento monárquico en el seno del alto mando, como consecuencia del manifiesto de don Juan. El propio Franco presidió, lo que era inusual, una reunión de tres días del Consejo Superior del Ejército, en la que hizo un gran esfuerzo para justificarse a sí mismo ante sus miembros. Señaló que la idea originaria del general Mola en 1936 había sido crear una república autoritaria y que Franco había tenido que esforzarse personalmente para incluir la restauración monárquica en el orden del día[67]. El Caudillo trabajó duramente para contrarrestar los efectos del manifiesto. Parece ser que muchos de los presentes quedaron satisfechos por lo que les dijo, pero otros, incluido Kindelán, estaban perplejos por los puntos de vista de Franco sobre la situación internacional. Les aseguró que la Unión Soviética estaba acabada y que la verdadera amenaza comunista emanaría en el futuro de Gran Bretaña y Francia, que estaban en manos de los masones. Se mostraba optimista respecto al futuro, pues estaba convencido de que Estados Unidos estaba a punto de adoptar los principios falangistas[68].

A medida que crecía el malestar entre los generales superiores, Franco anunció cierto número de importantes nombramientos en marzo, con el fin de tomar la iniciativa. Varela se convirtió en alto comisario en Marruecos, con gran disgusto de su antecesor Orgaz, que fue nombrado jefe del Estado Mayor. Solchaga se convirtió en capitán general de Barcelona, sustituyendo al fiel pero mediocre general José Moscardó, que se convirtió a su vez en hombre de confianza de Franco al asumir el mando de su Casa Militar. Se trataba de ascensos astutos, que permitían de nuevo a Franco dividir y gobernar. Un nombramiento crucial fue el del austero y filofalangista general Agustín Muñoz Grandes para la Capitanía General de Madrid, eje de la seguridad política del Caudillo[69]. La continua inquietud por la seguridad del régimen quedó de manifiesto de nuevo cuando el ministro del Ejército, general Asensio, envió una notable carta al general Varela, el 25 de abril de 1945: era un intento de explicar ampliamente las vacilaciones de Franco con respecto a la restauración como muestra de la preocupación del Caudillo por dar la mayor solidez a la monarquía. Los temores del régimen quedaban en evidencia en su exhortación final, según la cual el ejército debía tener absoluta disciplina, manteniéndose alejado de la política y aceptando la más completa obediencia a los planes del Generalísimo. Esto era, probablemente, reflejo de un temor de que, en vísperas del colapso final del Tercer Reich, las actividades conspiratorias, en las que los generales Orgaz, Ponte y Kindelán desempeñaban el papel principal, pudieran conducir a algo[70]. Era un temor sin fundamento.

Tercera parte: Los instrumentos de la dictadura

TERCERA PARTE

LOS INSTRUMENTOS DE LA DICTADURA

Capítulo 6: Populismo y parasitismo: la falange y la clase dirigente española, 1939-1975

CAPÍTULO 6

POPULISMO Y PARASITISMO:

LA FALANGE Y LA CLASE DIRIGENTE

ESPAÑOLA, 1939-1975

La respuesta instintiva de la derecha española, amenazada por las reformas de la Segunda República, fue pertinaz y violenta. Sin embargo, dado el fracaso inicial de los intentos de desestabilizar la República por la violencia, auspiciados por la derecha aristocrática, elementos menos rígidamente tradicionales hubieron de examinar la posibilidad de movilizar apoyos populares en defensa de los intereses derechistas. Junto a los grupos tradicionales de monárquicos, alfonsinos y carlistas, surgió el partido católico populista y autoritario, la CEDA, y Falange Española, mucho menos numerosa y declaradamente fascista[1]. Todas esas organizaciones unieron su suerte a la de los oficiales del ejército que organizaron el alzamiento de julio de 1936. La Falange era en el punto de partida la más débil de ellas, pero las circunstancias de la guerra y la influencia exterior de las potencias del Eje la proyectaron a una posición prominente. El apoyo de masas con que contaba la CEDA y su movimiento juvenil, la Juventud de Acción Popular, ya había empezado a afluir a la Falange en la primavera de 1936. Además, engrosaron sus filas los alistados en la época de la guerra. Durante los tres decenios siguientes, al tiempo que se difuminaba su intransigencia ideológica, siguió desempeñando un papel fundamental en el régimen. De hecho, era la tarjeta de identidad de la dictadura en el mundo exterior. No era de extrañar, pues era el organismo que se ocupaba de las movilizaciones de masas y controlaba las relaciones laborales y también la que aportaba el dogma, la iconografía y los rituales ideológicos del régimen.

La relación de Falange Española con los demás componentes de la coalición franquista fue compleja y experimentó una constante transformación. La derecha aristocrática y la de clase media-alta consideraron tarea primordial la destrucción de lo que para ellos era una amenaza de desorden, anticlericalismo y comunismo. Los vínculos familiares y de clase hicieron que les resultara natural recurrir al ejército. En lo sucesivo éste fue la localización del poder real. Así pues, la contribución de la Falange fue de tipo diferente. En privado se la consideraba con cierto desagrado por la vanidad con que imitaba los modelos del Eje y por su estridente retórica igualitarista. Fue aceptada en gran medida por la necesidad de carne de cañón y para la ejecución de diversas tareas desagradables relacionadas con la guerra, entre las cuales destaca la represión. Durante la guerra civil y los primeros días de la segunda guerra mundial, aristócratas y fascistas convivieron bastante bien, pese al abismo existente entre su composición social y sus prioridades ideológicas. Compartían un terreno común basado en el autoritarismo clerical y en la determinación de ganar la guerra. Todos se consideraban parte del Movimiento, el vago término genérico utilizado para denotar la causa nacional durante la guerra civil y después de ella. Al fin y al cabo, en abril de 1937 habían accedido, más o menos voluntariamente, a su unificación en el partido único del régimen, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Los monárquicos alfonsinos habían accedido a la disolución de su organización «con gran alegría y orgullo». El dirigente de la CEDA, José María Gil Robles, había escrito asimismo a Franco sobre «nuestro sacrificio voluntario»[2].

Soldados o civiles, eran casi todos católicos. Exceptuados los falangistas, muchos eran también monárquicos de algún tipo. No cabe duda de que siguieron considerándose primordialmente falangistas, carlistas, demócratas cristianos o monárquicos alfonsinos y reconociéndose mutuamente como tales. Las organizaciones y los aparatos de sus partidos habían desaparecido, pero perduraban los intereses y compromisos que representaban[3]. Sin embargo, su adscripción a lealtades eclesiásticas, militares, monárquicas, falangistas o —de forma más general— franquistas dependía de un equilibrio, siempre inestable, de compromiso ideológico y puro oportunismo. En consecuencia, el equilibrio de poder dentro de la coalición se modificó con el paso de los años como reacción ante las cambiantes circunstancias interiores e internacionales.

Hubo algunos rasgos constantes. La preeminencia militar disminuyó sólo gradualmente y permaneció constante en los ministerios de los tres ejércitos. El ministro de Gobernación fue siempre un general hasta 1969, cuando pasó a ocupar ese cargo un miembro del cuerpo jurídico del ejército. El de Educación siguió siendo territorio firmemente católico y el Ministerio de Justicia fue un feudo carlista hasta 1973. No obstante, cabe distinguir cuatro períodos en la evolución de la derecha española de 1939 a 1977. Corresponden en líneas generales a la llamada «época azul», de aparente predominio falangista, entre 1939 y 1943, al período de severo gobierno demócrata cristiano entre 1946 y 1957, a la irrupción de la modernización económica presidida entre 1957 y 1969 por los tecnócratas asociados con el Opus Dei y, por último, a la ruptura de la coalición del régimen, las rivalidades partidistas y la posterior transición a la democracia entre 1969 y 1977. Los ajustes periódicos del personal ministerial respondieron siempre a un objetivo central: la supervivencia del régimen. Hubo retoques en el gobierno según los cambios de las circunstancias internacionales, como en 1945. A veces los cambios fueron la respuesta de Franco a choques particularmente violentos entre las familias políticas e ilustraron su determinación de mantener el equilibrio global sobre el que se había construido la estabilidad del régimen. Así fue en 1942 y 1969. Los cambios de ministros reflejaron también la conciencia del régimen sobre su obligación a permanecer sensible a la dinámica en transformación del capitalismo español. Así, tras los cambios de gobierno de 1951 y 1957 se ocultaban intereses económicos.

Inmediatamente después de la guerra civil y durante la segunda guerra mundial, fue la Falange la que estableció el tono ideológico del régimen. Fue en gran medida el reflejo de la circunstancia exterior representada por el éxito del Eje. También reflejaba el hecho de que aún no se hubiera olvidado el pecado original, a juicio del franquismo, de los demócratas cristianos de la CEDA: su coexistencia accidentalista con la Segunda República. Los carlistas se habían retirado a sus bastiones navarros, satisfechos con la recompensa del Ministerio de Justicia y su estatuto económico preferente. Los realistas de Acción Española permanecieron a un margen, recelosos de la advenediza retórica antimonárquica y antioligárquica del Movimiento en pro del Eje. En consecuencia, para el mundo exterior, Falange y franquismo fueron consustanciales. Aquello era ilusorio pero comprensible. Falange Española y de las JONS aportó la estructura, el nombre, el vocabulario y los mecanismos de propaganda del partido único. Sin embargo, el falangismo sólo era un ramal del Movimiento.

En realidad, el poder de la Falange fue siempre poco sólido y nunca fue equiparable al del NSDAP en Alemania o al del Partido Fascista en Italia. La Falange no había conquistado el Estado por sus propios medios, sino que había llegado al poder gracias a un alzamiento militar. Había perdido todo dinamismo autónomo cuando, después de la unificación, se había prestado a engrosar la estructura burocrática del nuevo Estado franquista. La Falange fue la palestra desde la que aspirar a los cargos y la siempre flexible retórica de sus dirigentes fue un simple medio para granjearse favores y conseguir ascensos. La meta de la resolución nacional-sindicalista fue abandonada en silencio con la aspiración a las sinecuras de los funcionarios estatales. La reforma agraria y la nacionalización de los bancos pasó a ser parte de la «revolución pendiente»[4]. A medida que sus dirigentes fueron envejeciendo el partido se atrofió, presa de su propia «ley de hierro de la oligarquía». La purga interna de la FET y de las JONS, que duró seis meses a partir de noviembre de 1941, fue una versión más larga e incruenta de la «noche de los cuchillos largos» y su objeto era sólo reducir la competencia por los cargos estatales bien pagados[5]. Paradójicamente, la «corrupción» de la Falange le ayudó a sobrevivir a la derrota del Eje. La FET y de las JONS estaba demasiado enraizada en las estructuras de las administraciones local y central como para poder ser fácilmente erradicada y tenía muy poca autonomía o incluso influencia ideológica para que fuera necesaria una purga[6].

La FET y de las JONS cumplió diversas tareas útiles para los generales, que fueron sus auténticos padrinos. Sus movilizaciones de masas aportaron el barniz de apoyo popular. Sus estructuras burocráticas sofocaron las aspiraciones de los obreros y campesinos. Sus ideólogos elaboraron una versión española del Führerprinzip, la «teoría del caudillaje»[7]. Sin embargo, el hecho de que Franco fuera el Jefe Nacional del partido sirvió en última instancia para recordar constantemente la continua subordinación del mismo. Alcanzó cierta autonomía política durante los días de éxito del Eje, en la segunda guerra mundial, sólo porque la ambición de Franco se lo permitió. Al final siempre se apresuraba a ajustarse a cualquier cambio político que aquél iniciara. No obstante, pese a sus virajes y zigzags, conservó en su poder los instrumentos de hegemonía ideológica hasta 1975 mediante la red de prensa del Movimiento, los sindicatos verticales y la burocracia, en constante aumento, de las administraciones central y local. Además de las relaciones laborales, dependían también de la Falange la vivienda y la seguridad social. Los oficiales del ejército, los funcionarios y los sindicalistas pasaban automáticamente a ser miembros de la FET y de las JONS.

Sin embargo, bajo el gran paraguas del Movimiento, el poder político real era algo que en parte había que conseguir con intrigas y en parte dependía de la opinión del Caudillo sobre cuál sería la mejor forma de asegurar la supervivencia de su poder. Después de 1946 tomaron el relevo los demócratas cristianos franquistas procedentes de la CEDA y asociados con el grupo de presión católico, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Hasta ser sustituidos por los tecnócratas del Opus Dei en 1957, los católicos de la ACNP aportaron al régimen la legitimidad pública. A partir de 1957 los tecnócratas presidieron un proceso de modernización económica y trabajaron denodadamente para dar una nueva imagen política a la dictadura. En adelante, la pérdida del control por un Caudillo envejecido y enfermo se combinó con el aumento de la presión exterior para deshacer el delicado equilibrio de las fuerzas del régimen y abrir el camino a una transición a la democracia negociada. A lo largo de toda la compleja evolución del régimen de 1946 a 1975, la Falange siguió siendo como un pulpo rencoroso y obstructor, cuyos tentáculos se extendían por doquier, imposibilitaban totalmente el cambio pero mantenían intacta con su capacidad para crear obstáculos. La desaparición de la Falange habría convenido a otros elementos de la coalición franquista, pero se había atrincherado demasiado bien en todos los sectores de la vida nacional, se mostraba renuente a ceder y era demasiado poderosa para ser desalojada.

En consecuencia, tras el aparente predominio de la Falange en el régimen existía un constante forcejeo por el poder, siempre limitado por una profunda conciencia de la causa común. Precisamente en pro de la erradicación del liberalismo, del socialismo y del comunismo de España muchos derechistas habían aceptado las alianzas de Franco en la guerra civil con Hitler y Mussolini, unos con entusiasmo, otros con cierta repugnancia. Muchos lo hicieron con el deseo ferviente de que España participara en el futuro orden mundial fascista. Estos últimos fueron los que establecieron el tono en la primera época de la FET y de las JONS. La mayoría eran jóvenes que habían ingresado en el partido en los primeros meses de la guerra civil y estaban deseosos de que España se uniera a la campaña de Hitler en pro de la dominación mundial. Inmediatamente después de la victoria en la guerra civil, encumbraron a los elementos más conservadores, que siguieron esperando en vano que el Caudillo restaurara la monarquía.

Sin embargo, Franco tenía otras prioridades, convencido como estaba de la inminencia de una guerra que reestructurase el mundo en beneficio de las nuevas y dinámicas potencias fascistas. Los partidarios del ancien régime habían quedado anticuados. Se les pusieron obstáculos para la recuperación de sus redes de prensa[8]. Con frecuencia surgían fricciones entre ellos y los falangistas dominantes; en una ocasión, en 1942, condujeron a un desafío a duelo por el falangista Miguel Primo de Rivera, hermano del fundador del partido, contra el director de la Real Academia Española, el poeta monárquico José María Pemán[9]. La disensión había surgido mucho antes como consecuencia del resentimiento falangista por el papel concedido a la Iglesia en los asuntos educativos por el primer ministro de Educación de Franco, el intelectual monárquico Pedro Sáinz Rodríguez. Repelido por la campaña falangista contra él y por la orientación totalitaria de la política española, éste pidió su relevo el 27 de abril de 1939[10]. La tendencia a favor de la Falange se traslució también en la sustitución del general monárquico Alfredo Kindelán como jefe del ejército del aire por el general falangista Juan Yagüe en agosto de 1939[11].

La segunda guerra mundial hizo aflorar parte del resentimiento que los monárquicos sentían por Franco. Siempre habían considerado que su apoyo estaba condicionado al restablecimiento de la monarquía. Al ver que el Caudillo no cedía el paso a un rey borbón, se inclinaron a favor de los aliados en la guerra. Ello propició incidentes como el intento de asesinato del general carlista Varela, ministro del Ejército, por falangistas en Begoña, cerca de Bilbao, el 16 de agosto de 1942[12]. Gradual, por no decir imperceptiblemente, una minoría de partidarios de la dictadura se iba separando de Franco, mientras que la mayoría —monárquicos alfonsinos y carlistas, católicos y falangistas, clérigos y soldados— seguían enzarzados de buena gana en las disputas por el poder. Aquellos colaboracionistas confiaban en que el régimen preservara el orden social por el que habían combatido en la guerra civil.

Eran franquistas leales y con frecuencia se calificaban de monárquicos sólo para diferenciarse de los que consideraban advenedizos de clase media-baja de la Falange, con su retórica populista de igualitarismo espurio. Se unieron en torno a Franco en la carrera por el poder no para modificar la forma ni el contenido del régimen, sino para tener voz en la distribución de sus beneficios. Los monárquicos colaboracionistas podían acallar su conciencia con la idea de que Franco aún no había institucionalizado su régimen de modo que pudiera resultar un obstáculo para una restauración. Además, aún podían engañarse pensando que Franco era más monárquico que franquista. Al fin y al cabo, debía su rápido ascenso en el ejército a la intervención personal de Alfonso XIII. Había sido «gentilhombre de cámara del rey» y se declaraba monárquico[13]. Había sido elegido Jefe del Estado nacional en 1936 por los generales más monárquicos del ejército[14]. También podían sentirse alentados por el hecho de que el pretendiente, don Juan, sin cerrarse ninguna opción, estuviera en contacto más o menos periódico con Franco a través de intermediarios.

Franco trató con consideración a los monárquicos que podían combinar la lealtad nominal a la corona con el servicio incondicional a su regencia de facto[15]. Los pocos que abandonaron los círculos del régimen se consideraban en la oposición, aunque su posición no era, desde luego, la misma que la de los derrotados republicanos, a los que aún se seguía fusilando a centenares o apiñando en campos de trabajo o de concentración. De igual forma, los que permanecieron no eran necesariamente fascistas. Existía un amplio terreno común entre la minoría de antifranquistas monárquicos y católicos y la mayoría de franquistas monárquicos y católicos. Estaban de acuerdo en cuestiones de orden público, religión y anticomunismo, por ejemplo. Sin embargo, los aristócratas, intelectuales y oficiales monárquicos del ejército que tenían escarceos con la oposición consideraban que Franco estaba traicionando a la monarquía al no restaurar al rey después de la guerra civil. En cambio, los franquistas —aun cuando se declararan monárquicos— consideraban que no se debía restaurar la monarquía borbónica por derecho propio, sino que se debía instaurar como nueva monarquía franquista y sólo después de que el Caudillo hubiera llevado a cabo los cambios políticos necesarios y probablemente sólo después de su muerte. No obstante, los franquistas de todas clases siempre estuvieron deseosos de conseguir para la dictadura el poder legitimador de la monarquía. Así pues, su objetivo era preservar los vínculos con don Juan de Borbón y al mismo tiempo neutralizarlo. A esto se refería el ultraconservador general Juan Vigón, sucesor de Yagüe en la jefatura del ejército del aire, cuando dijo al pretendiente que «confiara en Franco como en un padre» y se dedicase a coleccionar sellos o monedas[16].

Inmediatamente después de la guerra civil, la rivalidad más seria para la hegemonía falangista dentro del Movimiento fue la de los católicos de la ACNP, encabezada por el excedista y presidente de Acción Católica, Alberto Martín Artajo[17]. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron algo tensas hasta 1942. La jerarquía eclesiástica recelaba de la retórica estatalista de la Falange. Los falangistas envidiaban la influencia católica en la prensa, la educación e incluso en la banca y la influencia política de la Iglesia. Muchos «propagandistas» ocupaban puestos clave en bancos y en el INI, conjunto de empresas del gobierno. Como la Falange, la ACNP también aportó una importante proporción de los gobernadores civiles provinciales[18]. Controlaba varios diarios, y en 1939 creó el influyente Consejo Superior de Investigaciones Científicas en connivencia con el Opus Dei. Precisamente esa influencia en el seno de la sociedad civil era lo que contrariaba a los falangistas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas estaba dirigido por uno de los católicos más fiables del Movimiento, el exdiputado cedista por Murcia José Ibáñez Martín, ministro de Educación de Franco desde 1939. No es de extrañar que, después de que se vinieran abajo todas las esperanzas de una victoria del Eje y del consiguiente declinar de la influencia falangista, aumentara la presencia católica en los círculos del poder[19].

A mediados de 1943, cuando los reveses alemanes en el frente ruso empezaron a resultar cada vez más claros y los aliados comenzaron su ascenso hacia el norte por la península italiana, muchos franquistas supusieron que el Caudillo pronto tendría que abandonar el poder. La caída de Mussolini levantó olas de pánico en la jerarquía franquista. Se prohibió la publicación de la noticia en la prensa, pero circularon copias de una gráfica descripción de una carta del secretario del embajador español en Roma. El embajador, el falangista Raimundo Fernández Cuesta, recibió una severa reprimenda de Franco por permitir un acto de derrotismo. El Caudillo afirmó con vehemencia que no había analogía entre lo que estaba sucediendo en Italia y la situación en España[20]. En el verano veinticinco miembros prominentes de las Cortes, incluidos cinco exministros, ya habían pedido a Franco que restaurara la monarquía y —lo que era más decisivo— un grupo de generales veteranos, incluidos la mayoría de los que le habían conferido el poder en Salamanca en 1936, le pidieron que se retirara. Franco afrontaba una situación similar a la que había precedido a la caída de Mussolini. Con su típica astucia, habló con todos ellos por separado y les hizo creer que pronto accedería a su petición[21]. Don Juan intensificó su participación en la política española. No es de extrañar que más adelante Franco se refiriera al período que va de finales de 1943 a comienzos de 1944 como «los momentos más graves que sufrimos en la guerra»[22].

Un ejemplo sintomático de ello fue que en octubre de 1944 el ministro de Educación, José Ibáñez Martín, volviera a ingresar en la ACNP para intentar liberarse de su anterior y acérrimo fascismo, iniciativa significativa de un ministro que llevaba cinco años en el gobierno e iba a permanecer en él siete años más. La correspondencia entre el Caudillo y el pretendiente revelaba su distanciamiento cada vez mayor, aunque ni siquiera don Juan, para proteger sus intereses dinásticos, podía permitirse el lujo de romper enteramente con el régimen de Franco. Esa inhibición se reflejó en su posterior decisión, adoptada a regañadientes, de que su hijo Juan Carlos se educara en España. Aunque en enero de 1944 Estados Unidos suspendió todas las exportaciones de petróleo a España y la fragilidad del régimen resultaba manifiesta, la oposición monárquica tenía poco poder. Los disidentes monárquicos suponían simplemente que su presión o, en el peor de los casos, la intervención extranjera, podría obligar a Franco a aceptar la restauración y a abandonar el poder. Sin embargo, ni los monárquicos ni la izquierda pudieron convencer nunca a las potencias extranjeras de que con sus planes para la sucesión del dictador podrían evitar la guerra civil y proteger los intereses económicos de Occidente. En cambio, Franco tenía cierto apoyo popular y el control del poderoso aparato del Estado. El Caudillo conservó esas reservas de fuerza incluso en los momentos de supuestamente mayor debilidad. Por miedo al regreso de una izquierda vengativa, todas las fuerzas de la derecha cerraron filas en torno a Franco.

La publicación del discurso a la nación de don Juan, el llamado «manifiesto de Lausana», el 19 de marzo de 1943, reveló los límites de la oposición monárquica. Estimulado por la restauración por parte de los aliados del rey italiano, pedía a Franco que abandonara el poder. Los monárquicos esperaron expectantes a ver si el Caudillo se marchaba. Aunque estuvo muy preocupado, Franco no perdió la cabeza y siguió el consejo de su éminence grise, Luis Carrero Blanco, de «no soltar las riendas por nada del mundo». El dirigente de la ACNP Alberto Martín Artajo comentó que «quienes no desempeñamos papel alguno en la política estamos preocupados por la ofensiva internacional contra España»[23]. En el cambio de gobierno del 18 de julio de 1945, Franco reconoció —siguiendo, como siempre, los consejos de Carrero Blanco— los cambios en la configuración de las fuerzas interiores e internacionales. En consecuencia, pidió a Artajo que entrara en el gobierno como ministro de Asuntos Exteriores. Con ello esperaba presentar una apariencia demócrata cristiana más en sintonía con la evolución de los acontecimientos en otros países europeos. Aunque monárquico, Martín Artajo era un típico accidentalista pragmático. Más que la restauración monárquica, lo que le interesaba era disminuir la influencia de la Falange dentro del régimen en beneficio de los intereses católicos[24].

La disposición católica a alejarse del fascismo representaba un deseo de desechar la carga del falangismo sin por ello abandonar el autoritarismo esencial del régimen bajo un aspecto más aceptable. Una vez más, como en el caso de los monárquicos, no surgiría entre los católicos del régimen una tendencia auténticamente progresista hasta decenios después y tras una dolorosa evolución política que culminaría en una abierta oposición al régimen. Después de 1945, los derechistas pragmáticos que se habían conformado con ser parte del Movimiento en su fase más pro Eje, pese a su incomodidad ante la retórica antioligárquica fascista de la Falange, empezaron a hacer distinciones, proclamándose monárquicos, carlistas, demócratas cristianos o simplemente católicos. Para alivio suyo, a partir de 1945 el régimen se esforzó en serio por cortar sus vínculos con un pasado fascista. Se elaboró una seudoconstitución, que adoptó la forma de la Ley de Sucesión de 1947. Mediante el recurso de los plebiscitos, se disfrazó la dictadura de «democracia orgánica». Se atenuaron los elementos «fascistas», abrazados abiertamente sólo por grupos de fanáticos que mantenían sus opiniones discretamente tras los muros de la Falange[25].

El débil compromiso con el cambio de los católicos de la ACNP se reflejó en la suerte que corrieron los planes políticos extraordinariamente conservadores de Martín Artajo. Proponían una «monarquía tradicional», órganos representativos de los intereses económicos y morales y una libertad de expresión especial, limitada a «la difusión de la verdad y, desde luego, no del error». Sin embargo, en la reunión del gobierno en que se examinaron sus ideas, a su intervención siguió una atmósfera hostil[26]. Sin embargo, Franco utilizó aquella tendencia «progresista» para promover su régimen en el extranjero, particularmente en Roma. Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores podía proyectar una imagen positiva de la España franquista. En septiembre de 1946, el joven educado y católico Joaquín Ruiz Giménez fue nombrado director del Instituto de Cultura Hispánica, cargo que entrañaba muchos viajes al extranjero. La familia «católica» era infatigable en su proselitismo en pro del régimen dentro del país y en el extranjero. Su colaboración iba a dar fruto en 1953 con el Concordato con el Vaticano y el acuerdo sobre las bases con Estados Unidos.

En realidad, a finales de 1946 el momento de mayor peligro para Franco ya había pasado. Don Juan tuvo que elegir. Podía acentuar sus credenciales democráticas a expensas del diálogo con el régimen para facilitar la acción conjunta con la izquierda moderada. Sin embargo, cualquier rapprochement a la izquierda iba acompañado de la certidumbre de que, aun cuando Franco se marchara, la monarquía tendría que someterse a un plebiscito. Don Juan, conocedor de la desagradable experiencia del rey Umberto en el referéndum italiano de junio de 1946, era reacio a comprometerse con esa opción. Además, al haber ido la guerra fría convirtiendo el anticomunismo de Franco en una baza, se sintió tentado de mantener buenas relaciones con el Caudillo a cambio de los beneficios a corto plazo que ello podría entrañar para su familia y sus partidarios. De hecho, la indecisión táctica de don Juan en aquella época fue un reflejo de su esencial debilidad política. La introducción por Franco de la Ley de Sucesión el 30 de marzo de 1947 reveló brutalmente que el Caudillo había comprendido la impotencia de don Juan. Dicha ley, inspirada por Martín Artajo, fue el apogeo del intento católico de desfalangizar y legitimar el Movimiento. Proclamaba a España como reino, cuyo Jefe del Estado vitalicio era Francisco Franco. Éste podía presentar ante las Cortes en cualquier momento a un rey o regente para que lo sucediera. Carrero Blanco avisó a don Juan de la inminencia del anuncio, pero sólo unas horas antes de que se emitiera por la radio española[27]. Don Juan, indignado por aquella descortesía y por el aplazamiento indefinido de una restauración, hizo público el llamado manifiesto de Estoril el 7 de abril de 1947. Rechazaba la ley como «ficción constitucional» contraria a los principios de la monarquía[28]. Fue un gesto inútil. Una vez que la maquinaria de propaganda del régimen se puso en marcha, el referéndum sobre la ley obtuvo una aprobación popular masiva.

Los «juanistas» estaban desorganizados. Los monárquicos colaboracionistas, fuera de la Falange, pero no por ello menos parte del Movimiento, estaban empezando a prosperar, por lo que cada vez tenían menos motivo para correr los riesgos de la oposición. La ley les brindó la excusa que necesitaban para renunciar a la oposición, incluso simbólica. La oposición «juanista» estaba quedando neutralizada y el embarazoso falangismo arrinconado. La coalición franquista estaba intacta. La Iglesia y el ejército permanecieron leales. Había llegado la hora de los católicos leales al régimen. Incluso los falangistas se mantuvieron dóciles, reacios a ceder el acceso al sistema de reparto del botín. La única nube en el horizonte era la incapacidad del régimen para resolver los problemas económicos y sociales en aumento que afrontaba. Ello iba a obligar pronto a Franco a hacer más cambios que, a su vez, propiciarían con el tiempo la desintegración de su régimen. Por lo demás, todo parecía estar bien.

Estados Unidos había iniciado ya el proceso de integración de la España de Franco en la esfera de influencia occidental. Además, don Juan había reconocido en realidad que la evolución de los acontecimientos favorecía al Caudillo. Mientras que los miembros más antifranquistas de su consejo privado estaban negociando con los socialistas, el pretendiente celebraba conversaciones en el yate del dictador, el Azor. El 25 de agosto de 1948 accedió a que su hijo Juan Carlos estudiara en España. No quería que su dinastía estuviera separada para siempre de su patria, como algunos de los tristes reyes de países balcánicos que frecuentaban el casino de Estoril[29]. Franco se había arrancado el aguijón de la oposición monárquica. Sin embargo, dentro de España los monárquicos colaboracionistas y los católicos se sintieron encantados. Se apresuraron a sacar, felices, la descabellada conclusión de que Franco había prometido una pronta restauración, lo que los absolvía del deber de plantearse siquiera la posibilidad de ejercer la oposición.

Don Juan sabía que la confianza de los colaboracionistas carecía de fundamento. Independientemente de cualquier otra medida que adoptara, lo que no podía dejar de hacer era contrarrestar la presión falangista sobre Franco para que cerrara la puerta a una futura restauración. En ese caso podría haber sido difícil, incluso después de la muerte de Franco, volver a colocar la monarquía en el orden del día político. Su cautela estaba justificada por la solidez de la coalición franquista y por la habilidad de Franco para virar con los vientos predominantes. Oficiales del ejército, tradicionalistas, monárquicos, falangistas y católicos tan leales al Vaticano como Martín Artajo y Ruiz Giménez siguieron trabajando en armonía con franquistas intransigentes como el siempre presente Carrero Blanco o el ministro de Información, Gabriel Arias Salgado. Además, parecía haber movimientos procedentes del régimen. Cuando se reveló la incapacidad del gobierno para dar una respuesta inteligente a la oleada de huelgas de 1951, Franco cambió el gobierno. Ministros asociados con la Falange y que llevaban mucho tiempo en su cargo, como Juan Antonio Suanzes e Ibáñez Martín, fueron destituidos. El carlista Antonio Iturmendi volvió a ocupar el cargo de ministro de Justicia y el Conde de Vallellano fue nombrado ministro de Obras Públicas. Joaquín Ruiz Giménez pasó a ser ministro de Educación. Al presentar el régimen una cara más aceptable, la posibilidad de eliminarlo totalmente parecía alejarse. El regreso de los embajadores en 1950, la entrada de España en la Unesco en 1952, el concordato con el Vaticano y el tratado con los Estados Unidos en 1953 fueron golpes duros para la oposición democrática y para los monárquicos que abrigaban esperanzas de una pronta restauración.

Por la misma razón, el cambio de gobierno de 1951 anunció una importante crisis para la Falange. El fortalecimiento de los monárquicos del régimen abrió una brecha en el Movimiento. En adelante la Falange iba a estar dividida entre una mayoría colaboracionista dispuesta a tragarse el monarquismo creciente del régimen y una minoría de puristas intransigentes comprometidos con una república totalitaria. Los colaboracionistas estaban dispuestos a comprometer sus principios ideológicos antes que renunciar a los frutos del poder. Las diferentes iniciativas liberalizadoras de Ruiz Giménez exacerbaron las tensiones dentro del Movimiento. De hecho, en la concentración celebrada en noviembre de 1955 en El Escorial para conmemorar el aniversario de la muerte del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, se llamó traidor a Franco[30].

Los monárquicos católicos del régimen empezaron a aprovechar su ventaja. En gran medida como había hecho Martín Artajo a mediados del decenio de 1940, empezaron a buscar formas de contribuir a la estabilidad del régimen modificando sus rasgos dictatoriales. Surgió una curiosa amalgama de colaboracionistas seguidores de don Juan e intelectuales del Opus Dei, conocida colectivamente como la «tercera fuerza», una tercera fuerza contra la Falange y los católicos conservadores, o demócratas cristianos autoproclamados, de Artajo. Algunos, pero no todos, de los dirigentes eran figuras relacionadas con el Opus Dei: Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Embid y Gonzalo Fernández de la Mora. Otros, como el empresario Joaquín Satrústegui, eran liberales partidarios de don Juan. Estaban comprometidos con la restauración en su momento de una monarquía tradicional encabezada por don Juan, si bien en el marco de los ideales del Movimiento. En un artículo publicado en París en septiembre de 1953 y que circuló ampliamente entre la clase dirigente franquista, Calvo Serer afirmaba que los falangistas y los católicos del antiguo régimen habían perdido el rumbo. Por decir que sólo un equipo del nuevo grupo podía modernizar el régimen, liberalizar la administración y modernizar la economía, Calvo Serer fue destituido de sus cargos en el Consejo Superior[31].

La tercera fuerza fue puesta a prueba en las elecciones municipales celebradas en Madrid el 25 de noviembre de 1954, las primeras desde la guerra civil. Sus candidatos, auspiciados por el periódico monárquico ABC, fueron objeto de intimidación por los matones falangistas y por la policía. No obstante, aunque los resultados oficiales dieron una victoria sustancial a los candidatos falangistas, los monárquicos afirmaron haber recibido más del 60% de los votos[32]. Resulta revelador que Martín Artajo escribiera a Franco: «¿Qué sentido tiene permitir la presentación de un candidato de la oposición y un candidato independiente? Temo que con eso hemos caído en el antiguo juego de los partidos políticos»[33]. Al intentar congraciarse así con el dictador, Martín Artajo logró lo que era casi imposible e hizo parecer a aquél más liberal que su gobierno. Franco, más realista que su adlátere, sacó la conclusión de que la fortaleza de una fuerza de derecha crítica requería la adopción de alguna medida. En consecuencia, se reunió con don Juan en la finca del Conde de Ruiseñada en Extremadura el 30 de diciembre de 1954. No hizo concesiones sobre una restauración, pero su gesto aplacó momentáneamente a los monárquicos. Poco después, en entrevistas publicadas en el diario Arriba los días 23 y 27 de enero de 1954, Franco habló de su sucesor y declaró que debía ser alguien «completamente identificado con el Movimiento». Al cabo de seis meses, don Juan declaró que la monarquía siempre había estado «de acuerdo con el espíritu del Movimiento y la Falange»[34].

Aquel aparente rapprochement entre el dictador y el pretendiente causó un mayor desasosiego en los círculos falangistas. De hecho, en toda la clase dirigente franquista se estaban ya perfilando los frentes para una futura lucha por el poder. Los falangistas, los católicos franquistas y la tercera fuerza, al darse cuenta de que poco se podía hacer fuera del Movimiento, esperaban moldear el Movimiento a su imagen y semejanza. Las tensiones llegaron a un punto crítico a primeros de febrero de 1956. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid hubo incidentes violentos entre falangistas católicos progresistas e izquierdistas. Con un típico juicio salomónico, Franco destituyó a Ruiz Giménez y al más veterano falangista de su gobierno, Raimundo Fernández Cuesta. Como ministro secretario general del Movimiento, Fernández Cuesta había criticado desmedidamente a la tercera fuerza. Fue sustituido por José Luis de Arrese[35]. A lo largo de todo 1956, Arrese iba a procurar modificar las leyes fundamentales para conceder al Consejo Nacional del Movimiento el derecho supremo a rechazar al sucesor de Franco y con ello perpetuar la preeminencia de la Falange. El plan de Arrese se parecía tanto a las seudoconstituciones del bloque soviético, que los monárquicos del régimen, los carlistas y la Iglesia se unieron en oposición al mismo[36]. El equilibrio de poder se inclinaba aún más en contra de la Falange. Algunos de sus representantes juveniles más brillantes del Frente de Juventudes y del Sindicato Español Universitario, como Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, estaban ya reconociéndolo y convirtiéndose en administradores «apolíticos» profundamente atrincherados en las estructuras del régimen. Otras figuras ligeramente más veteranas estaban trabajando en pro de la creación de una variante totalmente pacífica y «progresista» del falangismo partidario del desarrollo. Dos de esas figuras eran Manuel Fraga Iribarne, que pasó a ser director del Instituto de Estudios Políticos, y Torcuato Fernández Miranda, que fue nombrado director general de Universidades[37]. Esos miembros del aparato del Movimiento y otros como ellos llegarían a desempeñar un papel decisivo en la transición para la eliminación de la dictadura después de 1975.

Sin embargo, Franco seguía afrontando los problemas de la tensión entre falangistas y monárquicos y del estancamiento cada vez más intenso de la economía española. Después de largas consultas con Carrero Blanco, en febrero de 1957 recurrió a los llamados «tecnócratas». Una profunda remodelación del gobierno dio paso a los expertos que iban a controlar los resortes del poder económico. Alberto Ullastres fue nombrado ministro de Comercio y Mariano Navarro Rubio ministro de Hacienda. En varios ministerios, tecnócratas como Gregorio López Bravo, José María López de Letona y José Luis Villar Palasí pasaron a ser subsecretarios y directores generales. A Laureano López Rodó se le encomendó, con plenos poderes, una importante reforma administrativa como secretario general técnico de la Presidencia del gobierno. Los falangistas que permanecieron en el gobierno eran de la variedad domesticada: Arias Salgado, Arrese y José Solís Ruiz. Como el grupo de la tercera fuerza, los tecnócratas estaban estrechamente asociados con el Opus Dei, pero estaban más interesados en modernizar el régimen que en liberalizarlo. Eran neofranquistas, preocupados sólo por su propia supervivencia y por la del régimen. En ese sentido, los tecnócratas pasaron a ser cómplices del inmovilismo de Franco al aportar los medios para cerrar la puerta a la reforma política y sustituirla por una reforma administrativa y económica[38]. Eran monárquicos, pero no juanistas. Consideraban, por influencia de Carrero Blanco, que el futuro correspondía a una monarquía franquista encabezada por Juan Carlos que descansara en los cimientos autoritarios de la dictadura[39].

Hasta cierto punto, el ascenso de los tecnócratas significó la aceptación por Franco de una opción por una tercera fuerza en sordina.

Sin embargo, lo que significó fue que quedaron frustradas las esperanzas de los partidarios auténticamente liberales de don Juan, que se vieron obligados a formar una oposición interna. Los monárquicos estaban divididos entre los que aún seguían comprometidos con una monarquía constitucional encabezada por don Juan y los que formaban parte del régimen y habían llegado a identificarse con los planes de Carrero Blanco para una monarquía franquista encabezada por Juan Carlos. Los elementos más perspicaces del régimen fueron reconociendo cada vez más la necesidad de crear una amplia plataforma extrafranquista, preparada para cuando desaparecieran Franco y la Falange. Hay que reconocer que al final del decenio de 1950 el régimen estaba empezando a resolver gradualmente sus problemas económicos sin reforma política, como en el decenio de 1940 había resuelto los diplomáticos. No obstante, los liberales españoles de derechas y de izquierdas tenían razón al pensar que el sentido de los acontecimientos estaba cambiando. Esperaban que Kennedy, el nuevo presidente de Estados Unidos, revocara las políticas de Eisenhower para con Franco y que la necesidad de que España entrara en la CEE favoreciese su causa. El hecho de que se centrara la atención en Europa resultó particularmente beneficioso para la oposición, dado el creciente interés del régimen por la aceptación internacional y, en particular, su solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea el 9 de febrero de 1962. Las actividades europeas de la oposición y la buena acogida que recibieron contrastaron marcadamente con el rechazo categórico de los intentos frustrados de acercamiento a la Comunidad Económica Europea. De hecho, el atractivo de Europa era lo suficientemente amplio para constituir un terreno de encuentro entre la oposición conservadora tolerada del interior y la oposición exiliada. Monárquicos, católicos y falangistas renegados se reunieron con socialistas y nacionalistas vascos y catalanes en Munich en el cuarto Congreso del Movimiento Europeo, del 5 al 8 de junio de 1962.

La reacción de la prensa franquista fue violentísima. Era comprensible. Como consecuencia de la oleada de huelgas de la primavera de 1962, estaban empezando a resultar visibles las primeras señales de conflicto con la Iglesia católica. De repente, las afirmaciones de los comunistas de que su política de reconciliación nacional estaba a punto de dar fruto en un amplio frente de fuerzas antifranquistas cobraron verosimilitud. Católicos y monárquicos de historial limpio habían confraternizado con demócratas exiliados. Las señales de que la coalición franquista se estaba desmembrando eran inmensamente alarmantes. Muchos de los delegados españoles fueron detenidos y confinados por su participación en lo que acabó llamándose el «nauseabundo contubernio de Munich»[40]. Resultó significativo que el 10 de julio Franco introdujera en su gobierno más elementos «progresistas» del Opus Dei como Gregorio López Bravo, como ministro de Industria, y Manuel Lora Tamayo como ministro de Educación. El enérgico Manuel Fraga adquirió mayor prominencia como ministro de Información. El régimen se estaba viendo obligado a cambiar. Cuando con el tiempo se reveló la inadecuación de ese cambio, iba a comenzar un proceso gradual por el que sus servidores más clarividentes se internarían por la lenta vía de la oposición democrática. En Munich los derechistas democráticos les habían tendido un puente de respetabilidad. El Congreso de Munich reveló la fuerza cada vez mayor de los grupos no franquistas en el interior y su mayor disposición a actuar en público y al unísono. Las falsas pretensiones europeas del régimen habían quedado al descubierto en la escena internacional. Más importante era que hubiese surgido públicamente una derecha democrática moderada, con la que la izquierda podría relacionarse y establecer un diálogo. La reunión de Munich había subrayado un momento de crisis y había indicado una salida sin derramamiento de sangre.

Por eso, desde mediados del decenio de 1960 el rasgo que predominó en la actitud de la derecha interna y externa al régimen fue la preocupación por el futuro. Esa preocupación fue la que subyacía en gran medida al resurgimiento del interés por la monarquía. Sin embargo, en aquel momento las opciones monárquicas se ampliaron con la presencia de Juan Carlos en España y su relación aparentemente estrecha con el Caudillo. Los políticos franquistas más sutiles se situaron sin ambages en el bando de Juan Carlos. Consideraron esa vía la más convincente para garantizar una continuación del régimen después de la muerte de Franco. Aquellos «continuistas» se lanzaron a la «operación príncipe» para conseguir que éste fuera nombrado sucesor de Franco. El Opus Dei trabajó con particular entusiasmo para la consecución de esa meta, que se produjo en 1969[41]. Los defensores franquistas de Juan Carlos esperaban que presidiera una reforma limitada. Sin embargo, poco se imaginaban que se convertiría en gran medida en el paladín del cambio democrático.

Los falangistas esperaban perpetuar un Movimiento en el que seguirían controlando las grandes instituciones: los sindicatos verticales, el sistema de seguridad social y la administración local. Sin embargo, los elementos no falangistas, si bien aparentaban estar de acuerdo con la idea y los ideales del Movimiento, preferían verlo como un gran paraguas ideológico que cubría a todos los franquistas leales. Esa interpretación amplia del Movimiento fue cobrando mayor preponderancia incluso a medida que el propio Franco llegó a reconocer en el decenio de 1960 que su régimen tenía que ajustarse a las circunstancias en transformación del mundo. El ascenso de Luis Carrero Blanco, Laureano López Rodó y los tecnócratas del Opus Dei constituyó un símbolo al respecto. La tarea de modernizar el Movimiento fue encomendada al menos dogmático de los falangistas veteranos, José Solís Ruiz, un prestidigitador político[42]. Juntos difundieron la retórica del «desarrollo político», la «liberalización» y la «modernización». Lo hicieron con cierta desesperación después del rechazo en febrero de 1962 de la solicitud por parte del régimen de ingreso en la CEE. Mientras los tecnócratas intentaban adquirir crédito democrático para el régimen, la CEE y la reunión de Munich en realidad lo negaban. Sin embargo, los esfuerzos desesperados de los tecnócratas iban a abrir brechas en la clase dirigente franquista a partir de las cuales brotarían con el tiempo retoños democráticos.

Se habló de establecer asociaciones políticas, limitadas, naturalmente, a quienes estuvieran inequívocamente comprometidos con los principios del franquismo y con su supervivencia. Las asociaciones sistematizarían en realidad lo que antes habían sido espontáneas intrigas por el poder entre grupos de presión oficiosos, de modo que permitiera al régimen obtener alguna legitimidad moral, idea que no se aplicó plenamente hasta 1974. Sin embargo, junto con la Ley de Prensa introducida en 1966 por Manuel Fraga, reveló algunas de las divisiones dentro de la élite franquista. La Ley de Prensa era cautelosa y restrictiva, pero permitió un debate limitado en el momento en que los preparativos para el futuro figuraban en el orden del día de algunos elementos del régimen y de la oposición[43]. Tres amplias tendencias se apreciaban en el régimen. En la extrema derecha estaban los falangistas comprometidos con lo que se denominaba «inmovilismo», en el centro estaban los llamados «continuistas», encabezados por Carrero Blanco, que abrigaban la esperanza de perpetuar el régimen bajo una monarquía de Juan Carlos estrechamente vigilada, y en la izquierda estaban los llamados «aperturistas», que abrigaban la esperanza de conseguir una solución democrática restringida encabezada por don Juan. Este último grupo tenía un pie en el régimen y otro en la oposición. Gracias a su capacidad para mantener el diálogo con la izquierda auténticamente democrática y con los continuistas surgiría con el tiempo la transición negociada e incruenta a la democracia entre 1975 y 1977.

El miedo al futuro desempeñó también un papel importante en el desarrollo del conservadurismo no franquista. Existía la conciencia de que la derecha en conjunto corría grave peligro de quedar inextricablemente vinculada al régimen en la opinión popular. Se temía un eclipse conservador total en un régimen posdictatorial que se pudiera crear bajo la égida de fuerzas democráticas dominadas por los comunistas o los socialistas. En consecuencia, había coincidencia general en que el objetivo de la derecha no franquista debía ser propiciar el diálogo y el cambio gradual y que eso la diferenciaba de las otras fuerzas de la oposición cada vez más dispuestas al enfrentamiento. Ello subrayó la ambivalencia en las filas conservadoras durante todo el período de Franco. La democracia cristiana, como había ocurrido antes con el monarquismo juanista, tendió a convertirse en un refugio político para los conservadores que, después de haberse beneficiado del franquismo y haberlo aprobado tácitamente, veían en aquel momento que el cambio político se perfilaba en el horizonte[44]. Así iba a ser cada vez más, cuando el régimen empezara a desintegrarse a finales del decenio de 1960 y, en particular, cuando la Iglesia evolucionase hasta adoptar una actitud de crítica severa de la dictadura.

Carrero Blanco ocupó la vicepresidencia en julio de 1967 con la intención expresa de preparar el terreno para una monarquía franquista en la persona de Juan Carlos. Dicha monarquía iba a estar irrevocablemente comprometida con la permanente exclusión de España de los comunistas, los socialistas y los liberales. La inadecuación de semejante proyecto quedaría patente en el hecho de que, hasta su asesinato en 1973, los gobiernos de Carrero se tambalearon ante los ataques combinados de los disturbios provocados por la clase obrera, la disidencia estudiantil y el terrorismo vasco. Por sí solo, ese hecho hizo a muchos franquistas de antaño reconsiderar su futuro. Lo que inclinó la balanza para muchos fue el hecho de que, ante las amenazas, los continuistas del régimen se vieran obligados a recurrir a una brutalidad desmedida contra sus oponentes. Además, se encontraron cada vez con mayor frecuencia aliados con los inmovilistas, a los que se acabó conociendo como el «búnker»[45]. Su manifestación más rotunda consistió en grupos ultraderechistas que sembraban el terror sometiendo a estudiantes y profesores de izquierdas, dirigentes clandestinos de sindicatos y sacerdotes liberales a actos violentos esporádicos.

Eran simplemente el síntoma más visible de las angustias falangistas ante la debilidad en aumento de Franco y los peligros de la sucesión de Juan Carlos. La derecha falangista del régimen, inquieta por el aumento cada vez mayor de disturbios provocados por la clase obrera y los estudiantes y por la aparición de ETA, organización apta para socavar la fama de invulnerabilidad del régimen, se sintió cercada. Las consignas, los panfletos y las pintadas de sus jóvenes activistas utilizaban una retórica nostálgica de la guerra civil que reflejaba su sensación de que la historia se volvía contra ellos. La Falange llevaba más de treinta años adaptándose a cambios desagradables para gozar de los frutos de la victoria en la guerra civil. La sensación de que parecía haberse acabado la diversión se reflejaba en las consignas hitlerianas de retirarse a un búnker y luchar entre los escombros de la cancillería. En el mejor de los casos, los grupos neonazis desempeñaron un papel útil en la táctica del franquismo acosado, al aterrorizar a la oposición sin estigmatizar al régimen. Más sutil era el efecto propagandístico de desdibujar la adopción por el gobierno de una actitud cada vez más dura contra todas las formas de disensión, porque la invención de una extrema derecha fanática colocaba al régimen, como por arte de magia, en una posición de centro. Pero incluso en junio de 1973, cuando Carrero Blanco pasó a ser presidente del gobierno, ya era demasiado tarde. Era el único garante posible de una monarquía franquista, y al cabo de seis meses estaba muerto.

Cuanto más desenfrenados eran los ataques de la ultraderecha contra los enemigos del régimen, más se identificaba la Iglesia con las protestas obreras y regionales. Al principio implícita y después explícitamente, la Iglesia retiró su marchamo de legitimidad moral al régimen[46]. Al mismo tiempo, el régimen estaba revelando su incapacidad para responder al descontento social provocado por el desarrollo económico, lo que inspiró a muchos miembros de la comunidad empresarial el deseo de contar con un marco político más moderno para sus actividades. En su estrategia, los tecnócratas habían dado por sentado que los aumentos de los ingresos por habitante contrarrestarían la necesidad de cambio político. La oleada de huelgas, manifestaciones y ataques terroristas que caracterizaron el período comprendido entre 1969 y 1973 socavó esa hipótesis. Los franquistas intransigentes del ejército y de la Falange murmuraban que el desarrollo había sido un error y que la supervivencia dependía de un regreso al espíritu de 1939. Como Franco estaba cada vez más senil y enclaustrado con una camarilla ultraderechista en su residencia de El Pardo, ésas eran las fuerzas del régimen que más probabilidad tenían de influir en él[47]. Incluso monárquicos y católicos en tiempos colaboracionistas se vieron obligados a sacar la conclusión de que era necesaria una «apertura» democrática para evitar el desplome de todo el edificio. Su actitud se reveló en la línea cada vez más crítica adoptada por los principales diarios monárquico y católico: ABC y Ya, respectivamente. En consecuencia, muchos funcionarios franquistas jóvenes y perspicaces empezaron a acariciar la idea de un diálogo con la oposición, y sus interlocutores naturales fueron los monárquicos de Satrústegui y Areilza y los demócratas cristianos de izquierdas de Gil Robles y Ruiz Giménez.

En Cataluña, Madrid y Sevilla, los monárquicos juanistas liberales empezaron a incorporarse a amplios frentes de oposición junto con socialistas, comunistas y otros izquierdistas. Los conservadores más influyentes, como Gil Robles, Satrústegui y Areilza, abrigaban la esperanza de algún tipo de transición incruenta a una monarquía democrática encabezada por don Juan. Sin embargo, como el régimen fue quedando cada vez más en manos de los que no estaban dispuestos a rendirse pacíficamente, la derecha progresista estaba preocupada por la creencia de la oposición de izquierdas de que la presión de las masas derribaría la dictadura. Comenzó la búsqueda de una vía intermedia. Pensadores monárquicos y teóricos académicos empezaron a escudriñar la retórica seudodemocrática de la constitución franquista para ver si se podía aprovechar para permitir una democratización real. Al mismo tiempo, muchos juanistas liberales llegaron a la conclusión de que para tener una oportunidad de conseguir una evolución «legal» a la democracia, debían rescatar a Juan Carlos de los tecnócratas. Como el príncipe no estaba tan comprometido con la perpetuación de Franco como la propaganda del régimen había dado a entender, iba a resultar más fácil de lo que esperaban. El proyecto legalista y evolucionista iba a dar el resultado buscado en 1976.

Los funcionarios conservadores y «apolíticos» del Movimiento desempeñaron un papel importante en la transición pacífica a la democracia después de la muerte de Franco. Su disposición a aceptar y participar en el proceso de cambio minó a los reaccionarios obcecados del régimen. Se creó un foro de debate en el que participaron la derecha y la izquierda a partir de una aceptación mutua de la necesidad de la democracia. El hecho de que la derecha progresista fuera capaz de reconocer la necesidad de pragmatismo y flexibilidad ante la transformación de la estructura económica y social de España fue una contribución considerable al carácter incruento de la transición. Sin embargo, la aparición de un conservadurismo español contemporáneo reconocible no fue la culminación de un desarrollo político gradual e inexorable. Debía más a las peculiaridades del régimen de Franco y a su incompatibilidad con las necesidades de una nación industrializada moderna. Los monárquicos y falangistas fanáticos del decenio de 1940 se parecían poco a los conservadores y miembros del aparato del Movimiento de mediados del decenio de 1970. La capacidad de éstos para evolucionar era mayor que la de un régimen que había perdido su baza principal, su pragmatismo. Las actividades del búnker ultraderechista tuvieron el involuntario efecto de divulgar que la obsolescencia del régimen no admitía más remiendos. Los aristócratas por cuyos intereses se había reñido la guerra civil no estaban amenazados por el cambio. La única víctima de la transición fue la Falange, y ya había sido bien pagada durante cuarenta años por los servicios prestados.

Capítulo 7: Destino y dictadura: El ejército español y el régimen de Franco, 1939-1975

CAPÍTULO 7

DESTINO Y DICTADURA:

EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y EL RÉGIMEN DE FRANCO,

1939-1975

Entre 1814 y 1981 se produjeron en España más de cincuenta pronunciamientos o golpes de estado militares. Esta escalofriante estadística proporciona una muestra palpable del divorcio entre militares y civiles. En realidad, en el primer tercio del siglo XIX tales pronunciamientos fueron liberales en cuanto a su ideología política. Posteriormente fue creándose una tradición de incomprensión y desconfianza mutuas entre el ejército y la sociedad civil, hasta el punto de que los militares llegaron a considerarse a sí mismos más españoles que los civiles. A comienzos del siglo XX los oficiales estaban lo suficiente maduros como para poder ser convencidos por la extrema derecha de que su derecho y su deber era intervenir en la política con el fin de «salvar a España». Por desgracia, el significado de este noble objetivo consistirá, por lo general, en la defensa de los intereses y privilegios de sectores relativamente pequeños de la sociedad. Por consiguiente, desde el punto de vista de los civiles, la hostilidad popular hacia las fuerzas armadas se derivaba fundamentalmente del hecho de que la represión de la muy fuerte conflictividad social, en una época de declive imperial y de derrotas militares, la llevaba a cabo el ejército. El resentimiento de los militares hacia los políticos en general y hacia los de la izquierda y el movimiento obrero en particular no era más que la otra cara de la moneda.

En un contexto tan amplio, el ejército fue evolucionando interiormente en una dirección que hizo que la hostilidad subyacente entre soldados y civiles acabara siendo prácticamente irremediable. Existían tres problemas arraigados e inextricablemente interrelacionados que constituían un obstáculo casi insuperable para la integración de los militares en la sociedad. El primero era el exagerado y retórico patriotismo del cuerpo de oficiales. Esto era como una compensación por el hecho de que, desde la guerra de la independencia de 1808 hasta el momento presente, el ejército español había sido incapaz de ganar decisivamente una sola guerra contra un enemigo exterior. El segundo era una aguda sensibilidad ante las críticas de los civiles. Inevitablemente, dada la escasa eficacia del ejército en los conflictos externos, que era consecuencia de los presupuestos insuficientes, del bajo nivel cultural y de adiestramiento y de su utilización para la represión del descontento social, las críticas eran intensas. Su manifestación más evidente era la hostilidad popular al reclutamiento, fomentada sin excepción por los partidos y sindicatos de izquierda. El tercero eran las dimensiones excesivas, realmente macrocefálicas, del cuerpo de oficiales en relación tanto con el número de soldados rasos como con las necesidades y la capacidad militar verdaderas de España. Esto se debía a que, después de cada guerra civil del siglo XIX, los acuerdos de paz solían incluir la incorporación al bando vencedor de los oficiales de mayor graduación del bando vencido, tradición con la que Franco acabó en 1939. Este sistema conducía al bloqueo de las posibilidades de ascenso y al agotamiento de la iniciativa. Por consiguiente, se recurría cada vez más a un sistema de ascenso más rígido, sólo a través de la más estricta antigüedad. Los esfuerzos políticos para resolver este problema crearon dificultades a regímenes políticos tan diferentes entre sí como podían serlo la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la democracia posfranquista[1].

Estos tres problemas fundamentales convergieron después de la pérdida de los restos del imperio en 1898. Del «desastre» se culpó al ejército, que a su vez creía haber tenido las manos atadas por la corrupción y la incapacidad de los políticos. Como la gran mayoría de la población estaba decidida a que España no volviera a tener nunca más una guerra, los oficiales del ejército, a la defensiva, acabaron creyendo que ellos tenían el monopolio del patriotismo y que eran los depositarios de la «verdad nacional», que debían imponer al resto de la nación cuando fuese necesario. Esto quedó reflejado en los esfuerzos, coronados por el éxito, de imponer la jurisdicción militar a una serie de delitos civiles. Tras el desastre de Cuba, el ejército era ineficaz, estaba sobrecargado de burocracia y mal equipado; tenía incluso menos piezas de artillería por cada mil hombres que ejércitos como los de Rumanía, Montenegro y Portugal[2]. Las dificultades del ejército en las empresas africanas intensificaron las tensiones entre militares y civiles. Mientras que los reclutas de la clase trabajadora se convertían en pacifistas militantes como respuesta a las terribles condiciones existentes en el norte de África, entre los militares surgía un grupo de élite de oficiales profesionales duros y brutales, los «africanistas». Todo esto, inevitablemente, exacerbaba el sentimiento de marginación de los militares respecto de una sociedad que, según creían cada vez más los oficiales, les había traicionado. El resentimiento consiguiente, alimentado por una arrogante confianza del ejército de gozar del derecho a dictar las directrices políticas de la nación, fue lo que condujo al golpe de estado de 1923 del general Primo de Rivera y a la posterior instauración de una dictadura. E inevitablemente garantizaría asimismo la decisión del ejército de destruir la segunda República.

En los primeros momentos de la guerra civil española, el dirigente de la conspiración militar contra la República, el general africanista Mola, declaraba que «la reconstrucción de España sobre nuevas bases es tarea exclusiva de los militares, tarea que nos corresponde por derecho propio, pues éste es el deseo de la nación y porque tenemos una idea exacta de nuestro poder para hacerlo»[3]. La brutal declaración de Mola revelaba mejor que cualquier otra la arrogancia característica de determinados sectores de la institución militar. El concepto de que el destino político de la nación descansaba en manos de los soldados era un lugar común de la ideología militar. Además, era un concepto que las clases alta y media, que se sentían asediadas, aceptaron rápidamente. En 1936 se volvieron hacia el ejército precisamente porque confiaban en que la concepción de los militares sobre el destino de la nación podía garantizar la defensa de los privilegios oligárquicos y de los intereses sociales, económicos y religiosos de la clase media.

No cabe duda de que Mola se habría sorprendido, de haber estado presente treinta y tres años más tarde, cuando el general Narciso Ariza, director de la Escuela de Estado Mayor, en un discurso del 4 de mayo de 1970 habló de la lamentable situación de las fuerzas armadas en lo referente a equipamientos, recursos y sueldos. Comentando que el rápido desarrollo económico de los años sesenta había dejado de lado a los militares, Ariza describía a las fuerzas armadas como el «pariente pobre del desarrollo». El general fue destituido. De todos modos, el hecho de que Ariza hubiese estado dispuesto a correr ese riesgo significaba claramente que existía un estado de resentimiento en el alto mando respecto a las fortunas que se habían hecho en otros puntos de la élite franquista durante la bonanza económica[4]. Mola se habría mostrado aún más sorprendido al descubrir que en los años setenta la sociedad española rechazaba cada vez en mayor medida el destino político concebido para ella en 1939. El paso de la jactanciosa arrogancia de los años cuarenta al aislamiento político y al declive tecnológico de los setenta reflejaba el papel que el general Franco había destinado al ejército a partir de la guerra civil. La sensación de semiomnipotencia que se discernía en las observaciones de Mola se derivaba del hecho de que las fuerzas armadas españolas, pese a la falta de éxitos exteriores, se habían utilizado para combatir y derrotar a la población civil. La frustración del general Ariza reflejaba un sentimiento de impotencia derivado del hecho de que, con Franco, España careció realmente de cualquier política de defensa. Con las guerras coloniales todavía presentes en la memoria, en 1936 los oficiales del ejército español podían sentir todavía cierto grado de orgullo profesional. Sin embargo, a fines de los sesenta, recién perdidos Ifni y los territorios de Guinea, los últimos restos del África española, los elementos del estamento militar que tenían un sentido más desarrollado de la profesionalidad se sentían horrorizados ante el estado de las fuerzas armadas.

Un cambio semejante, aunque más irónico, era evidente también en las relaciones entre los militares y la Falange. En 1936, convencidos de su papel de árbitros del destino de la nación, los oficiales superiores miraban por encima del hombro a los falangistas y los consideraban una desagradable necesidad, una chusma que proporcionaba parte de la carne de cañón para el esfuerzo bélico. Cuarenta años más tarde la situación había cambiado profundamente, en buena parte porque sólo el 20% de los oficiales franquistas de 1939 habían servido a la Segunda República antes de 1936. Además, en 1939 ni los recursos económicos de España ni los intereses políticos de Franco exigían que la profesionalización de las fuerzas armadas fuese una prioridad urgente. La principal preocupación de Franco, en lo referente a las fuerzas armadas, era establecer mecanismos que garantizasen la lealtad política de los oficiales. Por ello no es sorprendente que treinta y seis años más tarde la vieja guardia falangista, conocida como el búnker debido a su decisión de defender a la dictadura del hundimiento, estuviese segura del apoyo de la generación de los generales franquistas más duros y ultras, que ahora dominaban el alto mando. Muchos de ellos habían ingresado en el ejército durante la guerra civil como voluntarios de extrema derecha, falangistas, carlistas o militantes católicos integristas, en calidad de alféreces provisionales. Habían continuado en el ejército y a finales de los años sesenta y principios de los setenta ocupaban puestos de importancia básica en la jerarquía militar. Este búnker militar se unió al civil en el vano esfuerzo de utilizar al ejército para desbaratar la voluntad nacional, bloqueando la demanda popular de democracia.

La tensión entre la inquietud profesional y la arrogancia política fue una constante de los militares en el período de 1939 a 1977. El recuerdo de la victoria en la guerra civil y del papel del ejército como guardián del destino de la nación y como baluarte contra el comunismo, la masonería y el ateísmo se utilizó para crear un exagerado sentimiento de orgullo que, a su vez, fue utilizado para compensar al ejército por su clara decadencia profesional. Cuando surgían divisiones, solían tener su origen, por lo general, en el descontento por el papel político asignado por Franco al ejército. En cierto sentido, los militares no deberían haberse sorprendido por el cariz que tomaron los acontecimientos. En 1936 sectores importantes de la oficialidad habían dado su consentimiento a la defensa de los intereses de los conservadores, en vez de los de la nación en su conjunto. Por otro lado, pocos oficiales podían haber previsto hasta qué punto el ejército iba a verse reducido a convertirse en una barrera inerte contra el progreso social y político. Otras fuerzas de la coalición franquista acabaron evolucionando a lo largo de los años de la dictadura, como respuesta a los cambios sociales y económicos. El ejército, en cambio, simplemente se alejó y marginó cada vez más de la sociedad.

Era la consecuencia inevitable de su compromiso político explícito con Franco. Además, estaba condicionado por un sistema educativo militar basado en la inculcación de los valores de la guerra civil, los cuales, en los años sesenta, suponían de modo creciente estructuras políticas anacrónicas. Divorciado de la sociedad civil como consecuencia de haberla dominado por medio de un sistema de justicia militar, el ejército se convirtió en algo más parecido a una fuerza de ocupación extranjera, como parecía dar a entender su despliegue alrededor de los mayores centros industriales. Los tribunales militares tenían la responsabilidad de juzgar los delitos cometidos por los oponentes políticos o sindicales al régimen, considerados como «rebelión militar». En efecto, de 1939 a 1975 España estuvo en unas condiciones de estado de guerra, aunque en 1948 el ejército renunció oficialmente a los poderes excepcionales de los tiempos de guerra. Durante treinta y dos años y medio de los treinta y seis años de régimen, el Ministerio del Interior estuvo en manos de militares[5].

El hecho de que Franco pusiera sus exigencias políticas inmediatas por delante de la necesidad que tenía España de una planificación o política militar coherente puede constatarse en la estructura organizativa general que adoptó. En enero de 1938 había creado el Ministerio de Defensa Nacional, que, si se hubiese mantenido, habría permitido la coordinación de las fuerzas armadas, la unidad del mando, compras unificadas y economías de escala. Con todo, por una ley del 8 de agosto de 1939 este ministerio se dividió en tres ministerios separados, el del Ejército, el de la Marina y el del Aire. La única coordinación entre ellos la proporcionará a partir de ahora un Estado Mayor conjunto y una Junta Nacional de Defensa. Tanto el uno como la otra fueron poco más que un cuerpo asesor a disposición de Franco. Carente de cualquier fundamento militar, se trató en gran medida de un ejercicio de divide y vencerás, que aumentó el poder del dictador y también, significativamente, aumentó los ascensos a su disposición. Esto evitó el surgimiento de un poderoso ministro de defensa que pudiese desafiar la preponderancia de Franco o, simplemente, que pudiese constatar y expresar el descontento profesional de las tres armadas. Franco era el comandante supremo, el Generalísimo de los ejércitos, y los tres ministerios militares eran meras administraciones. Una intención semejante a la de divide y vencerás puede percibirse tras la decisión de resucitar una institución del siglo XVIII por la que el ejército quedaba dividido geográfica y administrativamente en nueve capitanías generales o regiones militares[6]. Los orígenes históricos y la irrelevancia operacional del cargo de capitán general quedaban demostrados por el hecho de que tres de las nueve capitanías se hallaban en Castilla. El cargo daba lugar a otro nivel de jerarquía que no hacía sino complicar las líneas del mando. Lo mismo hay que decir con respecto a la restauración del empleo de teniente general, suprimido por la República. Esto creó un mayor sentimiento de jerarquía y aumentó la competencia entre los oficiales Superiores por conseguir el favor de Franco. El consiguiente conflicto de autoridades no hizo nada en favor de la eficacia sino que, dado que todos ellos dependían, en última instancia, de Franco, incrementó la capacidad del Caudillo para enfrentar a unos con otros.

El despliegue territorial de las unidades mejor equipadas del ejército no tenía relación con ningún conflicto internacional, sino que seguía las disposiciones anteriores a la guerra civil. Como consecuencia, estuvo dictado por las necesidades de controlar a la clase obrera industrial y, en menor medida, a las colonias del norte de África. Por otro lado, las fuerzas armadas posteriores a 1939 estaban debilitadas. Disponían de gran cantidad de material adquirido antes y durante la guerra civil, pero su heterogeneidad era un obstáculo para su eficacia. Además, ya gastado por el uso en la guerra, este material quedó en seguida totalmente anticuado debido a los vertiginosos adelantos de la segunda guerra mundial[7]. El material soviético capturado se siguió empleando en el ejército español hasta comienzos de los años cincuenta. La decisión de seguir manteniendo una gran fuerza supuso que una proporción absurdamente grande del presupuesto militar total quedó absorbida por los costes salariales. Una vez contados los costes de la administración y del funcionamiento normales, quedaba muy poco para maniobras, ejercicios y nuevo equipamiento militar, y mucho menos para el rearme completo que se necesitaba. El fusil básico de la infantería seguía siendo el máuser modelo de 1893, que se había utilizado por primera vez en la guerra de Cuba de 1898, o el máuser modelo de 1916, o bien alguno de los ocho diferentes fusiles o carabinas extranjeros. Había en servicio diez tipos diferentes de ametralladoras y cuatro tipos de bombas de mano. Los morteros, cañones y vehículos blindados eran piezas de museo. Al comenzar la segunda guerra mundial, el ejército español se movía a pie, vestía uniformes de segunda mano y zapatillas de esparto, transportaba el equipo a lomos de mulas o en carros tirados por caballos, vivía en condiciones de suma austeridad y se alimentaba de un rancho incomible. Asimismo, en una época en la que las técnicas de la guerra estaban en pleno cambio, de los 22 100 oficiales, sólo 94 estaban adiestrados en el mando de unidades de carros de combate y vehículos blindados, sólo 377 habían seguido cursos de transmisiones y sólo 104 eran expertos en topografía[8].

Cabría esperar que la penuria fuera un futuro foco de descontento militar. Sin embargo, pese a las deficiencias del equipamiento y al hecho de que el nivel de sueldos era relativamente bajo, la moral de las fuerzas armadas españolas era extremadamente alta. El ánimo era bueno debido a la reciente victoria en una guerra en que su causa se había visto legitimada por la Iglesia al ser considerada como defensa de la civilización cristiana. Además, el hecho de que los aliados alemanes e italianos de la guerra civil pusiesen sus esperanzas en una guerra que reestructurase la geografía política de Europa, contribuyó, durante breve tiempo, a un sentimiento de belicosa espera. En todo caso, existían numerosos complementos económicos para los sueldos bajos, pero apenas para el material deficiente. En un período de mucha hambre para la población civil, con enfermedades en ascenso como la tuberculosis, el tifus y el raquitismo, las tiendas de comestibles especiales para militares (economatos) y las farmacias estaban bien surtidas de alimentos y medicinas a precios subvencionados, y existía un servicio médico exclusivo a disposición del personal militar. El acceso a productos diversos proporcionaba oportunidades obvias de entrar en el mercado negro, en el que participaban algunos oficiales. Había asimismo otros beneficios adicionales, como amplias facilidades de alojamiento para las familias de los oficiales y de educación para sus hijos. Estas medidas paternalistas tuvieron el efecto secundario de acentuar el aislamiento de los militares de la sociedad civil[9]. Finalmente, los salarios de tiempos de guerra se vieron aumentados considerablemente el primero de julio de 1940, aunque sobre un salario mínimo muy bajo[10].

La oficialidad superior gozaba de una recompensa adicional: cargos y sinecuras en la administración civil. Entre 1936 y 1943, el 31,3% de los altos cargos de la administración estaban ocupados por oficiales del ejército, de la marina o de la aviación. Abundaban también en los puestos de subsecretarios y directores generales de ministerios, en la administración local y en el sistema jurídico militar. El 12,3% de los procuradores en el seudoparlamento, las Cortes, eran oficiales nombrados por Franco. El 34% de los altos cargos del Movimiento estaban en manos de militares. La presencia más numerosa, dejando a un lado los ministerios específicamente militares, se encontraba en la Presidencia del gobierno, en la que los militares ocuparon 26 altos cargos, el 89,6% del total. En el Ministerio de Gobernación, los oficiales ocupaban 32 altos cargos, el 49% del total. En la subsecretaría de Orden Público, del Ministerio de Gobernación, el 70% de los altos cargos estaban controlados por militares. En los primeros diez años de existencia del régimen, 106 oficiales del ejército ocuparon puestos civiles como gobernadores provinciales. Entre 1938 y 1945 constituyeron el 38% del total de los gobernadores civiles, y de 1945 a 1960, fueron oficiales ininterrumpidamente un 22% del total[11]. No cabe duda de que un papel tan prominente en el aparato civil del Estado no sólo complementó sustancialmente los ingresos de los oficiales en cuestión, sino que al mismo tiempo aumentó en gran medida su autoestima y su orgullo profesional.

De todos modos, si Franco tenía todavía alguna preocupación respecto al descontento de los militares, el espíritu corporativo y el anticomunismo mesiánico surgido de la reciente guerra, así como la estructura generacional de las fuerzas armadas, debieron darle seguridades al respecto. La mayor fuente de descontento podía hallarse en el seno de sus iguales, es decir, el alto mando. Éste estaba dominado por los generales africanistas y por los coroneles de más edad que habían comenzado a ascender durante la guerra de Marruecos, habían estado tras el alzamiento militar de 1936 y habían votado el 28 de septiembre de 1936 para convertir a Franco en comandante supremo, Generalísimo y Jefe del Estado. Ninguno de ellos actuó así para hacer a Franco regente vitalicio de facto y la mayoría estaba deseando que se reinstaurase pronto la monarquía. Con todo, de los que habían empezado la guerra, muchos ya habían muerto —Sanjurjo, Mola, Fanjul, Goded, Cabanellas—, algunos en extrañas circunstancias[12]. Otros —Queipo de Llano, Yagüe, Kindelán, Aranda, Varela, Orgaz, García Valiño— pudieron amagar una tímida oposición a Franco en los años cuarenta. La disidencia de éstos consistió en buena medida en mitigados intentos de obligar a Franco a mantenerse fuera de la segunda guerra mundial y, cuando quedó claro que la derrota del Eje era probable, de tomar medidas para una restauración monárquica. Sin embargo, dejando de lado sus tímidas protestas, Franco tenía relativamente pocas preocupaciones en cuanto a ellos. Como casta, los africanistas habían llegado a un nivel de antigüedad en que no merecía la pena correr los riesgos de una conspiración. Además tenían sus ambiciones, y Franco tenía suprema habilidad para mantener su lealtad a base de la distribución astuta de destinos, ascensos, condecoraciones, pensiones y hasta títulos de nobleza[13].

Por debajo de los generales más antiguos, el Caudillo todavía tenía menos que temer. Los grados que en otros ejércitos suelen dar lugar a peligrosas maquinaciones eran, por varias razones, de probada lealtad a Franco. Muchos coroneles, comandantes y capitanes pertenecían a la generación que había estudiado en la Academia General Militar de Zaragoza, en la llamada segunda época, entre 1927 y 1931, cuando estaba dirigida por el propio Franco[14]. En los tiempos en que Franco pudo imponer sus propios puntos de vista en la Academia, el nivel de instrucción técnica era lamentable y se insistía en un adoctrinamiento antidemocrático. La plantilla de profesores estaba dominada por africanistas amigos de Franco, que destacaban más por su rigidez ideológica que por sus logros intelectuales, endurecidos como estaban por su experiencia en una guerra colonial, menor pero cruel. Entre ellos estaban Emilio Esteban Infantes, que pronto se verá envuelto en la intentona de golpe de Sanjurjo de 1932; Bartolomé Barba Hernández, que iba a ser, en vísperas de la guerra civil, líder de la organización conspiradora Unión Militar Española, y el amigo íntimo de Franco Camilo Alonso Vega, que será más tarde dócil ministro de Gobernación. Prácticamente sin excepción, los profesores de la Academia iban a desempeñar papeles importantes en el alzamiento militar de 1936. Con tales hombres entre el profesorado, la Academia General Militar se había concentrado en inculcar la ruda arrogancia de la Legión, la idea de que el ejército era el árbitro supremo del destino político de la nación y un sentido de disciplina y de ciega obediencia. Ramón, el hermano de Franco, le escribió para quejarse de la «educación troglodita» impartida en la Academia General Militar. Una elevada proporción de los oficiales que pasaron por la Academia General Militar acabaron ingresando en las filas de Falange[15].

Los tenientes y capitanes más jóvenes estaban dominados numéricamente por los llamados alféreces provisionales. En gran parte falangistas voluntarios, con algunos carlistas, estos alféreces provisionales habían llenado las filas del ejército ya desde los primeros días de la guerra civil. Muchos de ellos siguieron en el ejército después de 1939. Tras un período de estudios de ocho meses en las academias de transformación creadas especialmente, 10 709 alféreces provisionales quedaron incorporados al ejército regular como tenientes entre 1939 y 1946. Era el equivalente a cincuenta años de promociones de las academias militares[16]. El superávit de alféreces provisionales, en un sistema basado sólo en el ascenso por estricta antigüedad, estranguló rápidamente los canales de ascenso. Incluso donde no se daba preferencia a los alféreces provisionales, su mera presencia bloqueó o frenó el ascenso de los oficiales más instruidos salidos de las academias. Esto minó la moral y puso en tela de juicio la iniciativa. La solución adoptada, los ascensos ocasionales en bloque, hizo poco para dar una solución a la congestión y estancamiento de los grados medios[17]. Sin embargo, desde el punto de vista de Franco, la lealtad política de los alféreces provisionales compensaba sus carencias militares. Su compromiso ideológico garantizaba que fuesen un fiel contrapeso de las conspiraciones monárquicas contra el Caudillo. En 1939 su fidelidad a Franco quedó garantizada porque era el Generalísimo victorioso, el Jefe Nacional de FET y de las JONS y el hombre que podía dar las mejores garantías de que España iba a beneficiarse de la guerra mundial en ciernes y del nuevo orden fascista mundial. Con el paso de los años, esta lealtad se consolidó por hábito y en los años setenta los antaño alféreces provisionales iban a ser los más decididos defensores del régimen en su agonía.

Los problemas con las generaciones aún más jóvenes vendrían más adelante, cuando alcanzasen graduaciones más altas. En los años cincuenta y sesenta habría oficiales salidos de la resucitada Academia General Militar que se dolerían de la ineficacia de un ejército infradotado. Pese a un transitorio resurgimiento de la moral militar motivado por la guerra de guerrillas entre 1943 y 1947, la perenne penuria de las fuerzas armadas continuó cobrándose su tasa en los primeros cincuenta. Se daba el mínimo de actividad profesional, el equipamiento era extremadamente escaso y las perspectivas profesionales muy limitadas[18]. La lamentable situación económica española no permitía renovar significativamente el equipo y el material militar. No obstante, el presupuesto militar como tal seguía siendo elevado debido al todavía sobrecargado cuerpo de oficiales. El material militar estaba deteriorado, cuando no tecnológicamente superado, y con frecuencia en desuso a causa de la falta de piezas de recambio. No había fondos suficientes para combustible ni municiones para los ejercicios y las maniobras, salvo para realizar la instrucción en los descampados próximos a los cuarteles. La excepción la constituían las unidades estacionadas en el África española y las fuerzas aéreas. Pero también éstas se sentían humilladas al verse equipadas con aviones alemanes, restos de la segunda guerra mundial, Messerschmidt BF 109, Heinkel HE 111 y Junkers Ju 52, fabricados con licencia. Para evitar que el descontento alcanzase niveles peligrosos, se decretaron sustanciales subidas salariales del 40% en 1949, la primera desde 1940[19].

La disensión se pudo mantener bajo control en parte debido a otros dos aspectos: la situación internacional y una decantación hacia el cinismo. La continuada actividad contra la guerrilla comunista y la sensación de asedio, amplificada por el régimen como respuesta al ostracismo internacional a que estaba sometida España en este período, ayudaron a mantener unidas a las fuerzas armadas alrededor del Caudillo. A este respecto, el ejemplo del juicio de Nüremberg contra los militares alemanes de alta graduación garantizó que muy pocos oficiales españoles estuviesen dispuestos a hacer algo que pudiese minar la estabilidad del régimen de Franco. Éste se vio ayudado por el estallido de la guerra de Corea, en junio de 1950. El temor generalizado a una guerra mundial repercutió en las fuerzas armadas españolas en el sentido de intensificar la toma de conciencia respecto de la escasez del material militar, aunque hizo que se abandonaran las manifestaciones de disensión. Por su parte, Franco trató por todos los medios de reavivar el espíritu anticomunista de los militares. Al mismo tiempo, intentó con éxito congraciarse con los aliados occidentales por medio del ofrecimiento, a fines de julio, de tropas españolas para que combatieran en Corea. Y pudo convencerlos también de que, en caso de una guerra contra el bloque del este, si Europa era ocupada, Estados Unidos necesitaría una base en la que descargar hombres y material, por lo que ofrecía España como último reducto. Todo esto contribuyó notablemente a un reconocimiento internacional pese a ser una oferta sin sentido, dado el atraso tecnológico de sus fuerzas armadas y la lamentable situación de la anticuada red de carreteras, de ferrocarriles y de puertos de que disponía España. El propio Franco admitió ante el almirante estadounidense Forrest P. Sherman que las fuerzas armadas españolas carecían de radar y andaban escasas de aviones, carros de combate pesados y equipo antiaéreo y antitanque[20].

Los ostentosos ofrecimientos de Franco de ayudar a los norteamericanos tuvieron poca repercusión en el seno de las fuerzas armadas españolas en cuanto a presupuesto, equipo y eficacia operativa. Así, dado que los niveles salariales fueron siempre por debajo de la inflación, un número creciente de oficiales comenzaron a aceptar trabajos civiles a la vez que desempeñaban sus propios trabajos como militares. El sentimiento de vergüenza profesional causado por esta necesidad se vio equilibrado por una tensión creciente, debida a la especial misión del ejército, a su distanciamiento de la sociedad civil y a su sentimiento de superioridad respecto de la misma. Para la mayoría la intensificación de la retórica de la guerra civil llenó el hueco de su orgullo profesional. De todos modos, no fue aceptada por todos los oficiales[21]. Por ejemplo, en 1948, en una pequeña academia en la que se preparaba a candidatos a la profesión militar bajo la dirección del capitán Luis Pinilla, un grupo de cadetes católicos, denominado Forja, abrigaba un considerable sentimiento de orgullo profesional. Cuando ingresaron en las academias militares oficiales, realizaron proselitismo de las ideas de Forja y en 1951, en Segovia, 66 de ellos se reunieron para fundar una sociedad secreta con el mismo nombre. Posteriormente, sus miembros se mostraron activos fundando y dirigiendo revistas militares y elaborando regularmente circulares sobre problemas profesionales y políticos. Aunque esto no era subversivo, constituiría el núcleo de un grupo de opinión crítico en el seno del ejército, por lo que, a fines de los cincuenta, será disuelto a la fuerza por el gobierno. Los miembros de Forja continuaron defendiendo sus ideas, y quince años más tarde un puñado de ellos formarían las bases de la Unión Militar Democrática, organización cuya finalidad era garantizar que el ejército no iba a ser un obstáculo para la transformación democrática del país[22].

Curiosamente, el descontento que sentían los militares más profesionales lo expresó un veterano de la guerra civil, de la línea dura, el general Juan Yagüe, capitán general de la VI región militar (Burgos). Sin ser en absoluto una crítica liberal al régimen, el estallido de Yagüe se produjo en un discurso de marzo de 1950. Las autoridades prohibieron su publicación fuera de Burgos. En el discurso, Yagüe expresaba el antiguo desprecio pretoriano hacia el parasitismo falangista de los que se aprovecharon del Movimiento; el falangismo del propio Yagüe era de un tipo más radical y purista, en fin, más al modo de José Antonio Primo de Rivera. Su discurso era también la primera indicación de la existencia de una sensación entre los militares de ser relegados por una sociedad que se alejaba de los valores del 18 de julio, de la «cruzada». Yagüe se quejaba de los «incultos, ineducados, sin más bagaje que su habilidad para comprar conciencias, que se enriquecen rápidamente y además hacen alarde de su desvergüenza; otros son encumbrados a puestos distinguidos, sin que nadie sepa cuál es la mano negra que los eleva y los mantiene; otros, sin méritos de ninguna clase, ocupan cargos para los que no están preparados… Y cuando vemos todo esto nos preguntamos hasta cuándo va a durar nuestra paciencia, hasta cuándo querrá Dios que suframos a estos individuos»[23].

Yagüe no era el único que consideraba que las cosas no marchaban bien. Comenzó a surgir una minoría no pequeña de profesionales preocupados por el declive de las fuerzas armadas españolas. Aunque no estaban organizados en absoluto, buscaron un líder en la persona del general Juan Bautista Sánchez González, que desde 1949 era capitán general de Barcelona. Como otros, Sánchez creía que era una equivocación que el ejército sirviese de instrumento de represión. Se ha especulado sobre si, durante la huelga de usuarios de tranvías de marzo de 1951, que paralizó Barcelona, tuvo alguna responsabilidad en evitar que se utilizase a las tropas y por tanto que hubiera un derramamiento de sangre a gran escala. El muy impopular gobernador civil de Barcelona, el falangista Eduardo Baeza Alegría, pidió la intervención de las tropas cuando algunos coches y autobuses fueron volcados. Sin embargo, Bautista Sánchez permaneció tranquilo y mantuvo a la guarnición en los cuarteles. Baeza fue destituido y sustituido por el duro general Felipe Acedo Colunga[24]. En este período la mayor parte de los generales suficientemente antiguos como para mostrar algún tipo de descontento ante Franco habían muerto, incluidos Orgaz (1946), Queipo de Llano, Varela (ambos en 1951), Yagüe, Monasterio, Ponte (todos ellos en 1952), Solchaga (1953) y Millán Astray (1954).

Tras los cambios ministeriales de 1951 fue ministro del Ejército Agustín Muñoz Grandes, que había mandado la División Azul, formada por voluntarios falangistas y militares que fueron a la Unión Soviética a luchar por Hitler. Los servicios antisoviéticos de Muñoz Grandes constituían una baza importante en el ambiente de la guerra fría. Aunque no era un administrador especialmente capaz, al menos era fiel a Franco. Dio comienzo a la ingrata tarea de tratar de reducir el tamaño de las fuerzas armadas españolas y hacerlas más eficaces. En 1952 se redujo en dos años la edad de retiro. El 17 de julio de 1953 se promulgó la muy esperada primera ley de la posguerra sobre la reserva. Ofrecía condiciones inmensamente generosas para los que dejaran el servicio activo. Podían retirarse con el sueldo casi completo, con derecho a las posteriores subidas de sueldos y a seguridad social y médica plenas. La mayoría de los alféreces provisionales de la guerra se hallaban ahora en edades comprendidas entre los 35 y los 40 años y no se mostraban receptivos a la idea de iniciar de nuevo toda una carrera. Así pues, la ley pudo garantizar el retiro voluntario de sólo 2000 capitanes, comandantes y tenientes coroneles[25]. Se trataba de un logro no pequeño, pero el cuerpo de oficiales continuó siendo desmesurado en relación con las necesidades militares y con la capacidad económica españolas.

En consecuencia, la moral continuó cayendo en picado. Cuando alcanzaba su nivel más bajo, la situación mejoró con la firma, el 26 de septiembre de 1953, de los pactos defensivos con Estados Unidos. El pacto de defensa mutua permitió recibir ayuda económica, militar y tecnológica masiva por parte de Estados Unidos. A cambio, Franco permitía el establecimiento en suelo español de bases aéreas estadounidenses en Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Morón, y de una base naval en Rota (Cádiz), así como de una enorme red de instalaciones menores. Para el régimen los beneficios fueron la integración de España en el sistema occidental, la transferencia del grueso de los gastos militares fuera del presupuesto general y la neutralización del descontento militar por la falta de recursos. La compra de material más moderno del disponible hasta el momento y el adiestramiento para su uso resultaban obviamente algo atractivo para muchos oficiales, aunque no para todos. Los vehículos blindados y los carros de combate recién llegados no fueron aceptados por algunos regimientos de caballería, cuyos mandos reafirmaron los valores de la equitación, punto de vista expresado entusiásticamente por el jefe de la caballería de Franco en la guerra civil, general José Monasterio Ituarte. Esto era, en parte, reflejo de una fuerte corriente existente en las fuerzas armadas españolas consistente en dar prioridad casi absoluta a los valores espirituales frente a los recursos materiales. Esto se derivaba asimismo de la convicción, muy extendida, de que en la segunda guerra mundial los alemanes, a diferencia de los soviéticos, se habían precipitado demasiado al abandonar el uso del caballo. En consecuencia, los vehículos blindados y la guerra mecanizada, con algunas honrosas excepciones, solían ser subvalorados por el alto mando español[26]. La mejora de la preparación técnica, sin embargo, fue bien recibida por parte de los oficiales profesionalmente más informados, aunque se vio contrapesada por una reducción de la soberanía nacional y por el hecho de que la mayor parte del material era de segunda mano. Los carros de combate y los destructores adquiridos habían estado en servicio en la segunda guerra mundial, y los aviones a reacción y la artillería de mayor calibre habían estado en la de Corea. Una minoría de oficiales pensaba que, si bien la ayuda estadounidense justificaba la hipoteca del territorio nacional, el control de la misma debería quedar en manos españolas. Eran conscientes de que esta ayuda estadounidense, junto a la reducción numérica del personal del ejército y la adopción de una política de defensa coherente, habrían llevado finalmente a la salvación de las fuerzas armadas españolas[27]. Así pues, lo que consiguieron fue material de segunda, y quedó ratificada la dependencia tecnológica de las industrias de defensa españolas. Que no se lograse una reforma completa de la administración militar por medio de la creación de un ministro de Defensa significaba que el absurdo sistema en vigor se perpetuaba, por lo que los tres ministerios militares duplicaban innecesariamente las compras de equipo y de licencias técnicas.

Desde el punto de vista de Franco, el tratado con Estados Unidos era un medio excelente para desviar el descontento que afloraba de nuevo en 1956, cuando inesperadamente, y en contra de las predicciones del propio Franco, España se vio obligada a dar la independencia a su colonia de Marruecos. Aunque las quejas directas sobre el material quedaron acalladas con la llegada de los sobrantes norteamericanos, la situación de tensión existente en este período en el ámbito militar estaba relacionada, como había ocurrido muchas veces anteriormente, con la rivalidad entre los militares que propugnaban una restauración monárquica y los falangistas que trataban de perpetuar el franquismo. Con todo, Marruecos también era un asunto de primordial importancia para el honor militar. Sin embargo, la situación del ejército español era tan lamentable que resultaba muy difícil que pudiese lanzarse a una guerra colonial de envergadura con alguna posibilidad de éxito. El imperio francés estaba derrumbándose en el mundo árabe y en Extremo Oriente, por lo que España no podía esperar que le fuera mejor. Además, el surgimiento de Nasser había dado impulso al nacionalismo árabe militante. En el mejor de los casos, Franco podía esperar obtener algún beneficio de su propia debilidad y de los problemas de los franceses. Al permitir que su alto comisario en Marruecos, el ambicioso general Rafael García Valiño, estimulase las aspiraciones nacionalistas locales, el Caudillo pensaba congraciarse con el mundo árabe y quizá asegurarse los votos árabes para la candidatura española al ingreso en las Naciones Unidas[28].

Con posterioridad Franco mantendrá que García Valiño no estaba bajo control y que actuó por iniciativa propia. Esto no era verdad en absoluto[29]. En lo que respecta a su política en general, el Caudillo había avalado plenamente la política de García Valiño. A lo largo de 1954, a medida que la represión francesa contra los marroquíes se iba intensificando, García Valiño apoyó el movimiento de liberación antifrancés de Marruecos. En agosto de 1955, a causa de la presión de los acontecimientos de Vietnam y Argelia, los franceses comenzaron a retirarse de muy mala gana de Marruecos y pusieron fin al estado de guerra. En noviembre se permitió la vuelta del sultán. García Valiño y el Caudillo parecían creer que el deterioro de la situación para Francia no tenía influencia en la zona española de Marruecos. Con una especie de racismo ciego y paternalista, esperaban que los marroquíes amasen a sus amos coloniales españoles.

Por parte española había alguna que otra referencia simbólica a una eventual independencia, pero el 30 de noviembre de 1955 Franco, con una visión igualmente pobre, profetizó que los marroquíes no estarían preparados para la independencia hasta dentro de veinticinco años. Ya que los franceses habían comenzado a hablar seriamente con los marroquíes, a comienzos de 1956 Madrid hizo pública una vaga declaración sobre la futura independencia. Los nacionalistas locales reaccionaron ante el aplazamiento implícito con los mismos métodos violentos que habían utilizado contra los franceses. García Valiño se vio obligado a acusar a sus antiguos amigos nacionalistas de comunismo subversivo, clausurando sus periódicos y deteniendo a los militantes importantes. Así pues, cuando, en marzo de 1956, los franceses anunciaron la independencia en Marruecos, el Caudillo se sintió desamparado. El 13 de marzo se vio obligado a liberar a todos los presos políticos de la zona y a anunciar que España abandonaría su protectorado. La declaración de independencia se firmó el 7 de abril de 1956[30]. Al día siguiente de la pérdida colonial hubo manifestaciones de descontento en el seno de la oficialidad española, pero sin parangón con la rebelión que estalló en el ejército francés. En las guarniciones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Valencia se formaron juntas de acción política semiclandestinas. Pero no fueron más allá de algún refunfuño irritado[31]. García Valiño fue castigado con la privación de cualquier puesto de importancia durante dieciocho meses, hasta el 18 de octubre de 1958, cuando fue nombrado director de la Escuela Superior del Ejército. Una combinación de inercia, cinismo y temor a hacer el juego a los enemigos izquierdistas del régimen inhibió incluso a los más contrariados. Después de todo, 1956 fue el año en que surgió de nuevo una oposición importante, que abarcaba a los católicos, a los estudiantes y a los sindicatos clandestinos. El propio Franco hubo de reconocer que la pérdida de Marruecos había eliminado la última excusa para no reducir el número de oficiales. Dirigiéndose a los oficiales de la II región militar en Sevilla, el 29 de abril de 1956, declaraba que la potencia armamentística era más importante que el número y que el ejército debía reducir sus efectivos[32].

Un síntoma de la creciente fuerza de la oposición fueron los sonados choques entre los estudiantes de izquierdas y los falangistas en la Universidad de Madrid a lo largo de 1956. De manera inesperada acabarían involucrando al ejército, al revelar que la identificación entre Falange y alto mando, que proyectaba su sombra sobre la política española en los años setenta, todavía era cosa del futuro. Al menos a mediados de los cincuenta, cuando el régimen confiaba todavía en su supervivencia, el arrogante desprecio que sentían los militares por la Falange seguía siendo tan fuerte como lo había sido en los años cuarenta. Después de que un falangista fuera herido de gravedad en los disturbios estudiantiles de febrero de 1956, había indicios de que la Falange preparaba una «noche de los cuchillos largos» para vengarse del hecho reciente y también para reafirmar su postura política. Se informó de que el 10 de febrero el general Agustín Muñoz Grandes, ministro del Ejército, el general Miguel Rodrigo Martínez, capitán general de Madrid, y el general Carlos Martínez Campos, tutor privado del príncipe Juan Carlos, habían visitado a Franco para preguntarle, en nombre del ejército, qué tenía planeado para controlar a la Falange. Con su ambigüedad habitual el Caudillo replicó que pensaba que las amenazas se quedarían en nada. Los generales dijeron a Franco que si la Falange causaba víctimas, el ejército tomaría Madrid. Se ha dicho que Franco respondió ordenando la detención de los conspiradores falangistas[33]. Lo cierto es que, de acuerdo con Muñoz Grandes, el enérgico Miguel Rodrigo advirtió a los falangistas importantes para que no permitieran ningún disturbio. Ordenó que se registrasen los centros de Falange y las armas que se encontraron fueron confiscadas. Se dice que exclamó: «Sin mi permiso no se mueve ni Dios»[34].

Mientras tanto, debido quizá al desastre en Marruecos, resurgieron las quejas respecto al sueldo y a las condiciones generales. Marruecos era uno de los pocos lugares donde los militares podían vivir de su sueldo y donde los ascensos llegaban con rapidez. Ahora, en cambio, los oficiales que habían estado destinados en Marruecos se veían obligados a aguantar las largas esperas a que había que someterse en la Península para ascender. Al haberse perdido la principal posesión colonial, las oportunidades de acción se reducían al mínimo. Los únicos servicios que quedaban eran los de las guarniciones de la propia España. La moral ya era baja debido a que todos sabían que a los falangistas se les pagaba u obtenían grandes cantidades de dinero de la administración, mientras que los oficiales se veían forzados a buscarse otros trabajos simplemente para poder llegar a final de mes[35]. El general Juan Bautista Sánchez González hizo suyas estas protestas. El capitán general de Barcelona era el profesional más respetado y el más eminente monárquico de las fuerzas armadas en los años cincuenta. Juan Bautista Sánchez no ocultaba sus sentimientos monárquicos y ya en 1945 había figurado en varias listas de gobiernos provisionales elaboradas por la oposición monárquica al régimen[36]. En los años cincuenta su austeridad personal le había llevado a ser cada vez más crítico con el régimen, especialmente con la corrupción asociada a la Falange. Había tenido relaciones ya desde 1950 con Juan Claudio Güell, conde de Ruiseñada, representante de don Juan en España, a quien veía con regularidad.

En 1956 Ruiseñada coordinó los intentos monárquicos de frustrar los planes del ministro-secretario general de la Falange, José Luis Arrese, para bloquear una restauración monárquica y perpetuar el dominio falangista sobre el régimen. Juan Bautista Sánchez movilizó el apoyo de otros capitanes generales en contra del plan de Arrese[37]. Aunque eran amigos personales, las actividades de Juan Bautista Sánchez provocaron cierta tensión entre él y el ministro del Ejército, el austero general filofalangista Agustín Muñoz Grandes. Éste seguía proclamando su admiración por Hitler y tenía sus propios planes para convertirse en caudillo en un régimen falangista[38]. En la primavera de 1956 Ruiseñada había entregado a Juan Bautista Sánchez un plan para la restauración de la monarquía, junto con una petición de que lo hiciese circular entre otros generales monárquicos. El plan consistía en obligar a Franco a retirarse de la política activa y convertirse en regente. La gobernación día tras día del país quedaría en manos de Juan Bautista Sánchez hasta que el rey fuese restaurado en el trono. En gran medida todo esto iba dirigido contra la Falange. En este contexto, el 1 de julio de 1956 el general Antonio Barroso y Sánchez Guerra, director de la Escuela Superior del Ejército que pronto se convertiría en jefe de la Casa Militar del Caudillo, protestó ante Franco por el plan de Arrese. Se dice que, junto a otros generales monárquicos, habló con el Caudillo sobre la posibilidad de que un directorio militar tomase el poder y convocase un plebiscito para decidir entre monarquía o república, con la esperanza de que el plebiscito significase un apoyo a la monarquía. Aunque Franco, como era de esperar, no aceptó la sugerencia, se apresuró a decretar el 1 de julio de 1956 sustanciales subidas de sueldo para la oficialidad, la primera desde 1949. Los sueldos de los comandantes y tenientes coroneles aumentaron en un 104%; los de los tenientes, en un 81%; y los de los tenientes generales, en un 62%[39].

A mediados de agosto de 1956, cuando Barroso sustituyó al primo de Franco, Francisco Franco Salgado-Araujo, en el puesto de jefe de la Casa Militar del Caudillo, confió una serie de quejas a su predecesor. Había llegado a la conclusión de que Franco estaba perdiendo contacto con la jerarquía militar. Incluso Franco Salgado-Araujo compartía la opinión de que la creciente ostentación de la familia de Franco estaba creando tensiones con el habitualmente austero alto mando. Desde la boda de su hija con el don Juan Cristóbal Martínez Bordiu, la esposa del dictador había hecho su entrada en la alta sociedad y había dado vía libre a su inclinación por las joyas. Más acuciante todavía era la preocupación de Barroso por la posibilidad de que Franco muriese y de que el problema de la sucesión se resolviese sin más por medio de la acción del más osado, probablemente García Valiño o Muñoz Grandes[40]. Al igual que muchos generales, Barroso se mostraba muy alarmado por el hecho de que Franco, que sin duda estaba al corriente de la existencia de una conspiración monárquica en ciernes, en un discurso pronunciado en Sevilla el primero de mayo de 1956, hubiera declarado: «la Falange puede vivir sin la monarquía. ¡Ah!, la que no podría vivir sería ninguna monarquía sin la Falange»[41].

Barroso, pese a sus simpatías monárquicas que no ocultaba, destacaba por su lealtad personal a Franco. Con todo, Juan Bautista Sánchez estaba vigilado por los servicios secretos. Además, según el inveterado conspirador monárquico Pedro Sáinz Rodríguez, Muñoz Grandes, que solía visitar regularmente a Juan Bautista Sánchez en Barcelona, fingió apoyar sus planes. Parece probable que en realidad Muñoz Grandes estuviese intentando retrasar que Juan Bautista Sánchez tomase alguna decisión seria. El Caudillo, que mantenía una muy estrecha relación con Muñoz Grandes, se enteró de todo lo que planeaba Juan Bautista Sánchez y había comenzado a criticarlo en su propio círculo. En diciembre de 1956 se planeó una reunión de los monárquicos civiles y militares involucrados, con la excusa de una cacería, en una finca de Ruiseñada. A Juan Bautista Sánchez se le prohibió asistir por orden expresa de Muñoz Grandes, que le hizo acudir a una sesión de las Cortes[42]. Las cosas llegaron a su punto culminante a mediados de enero de 1957, cuando estalló otra huelga de usuarios de los transportes públicos en Barcelona. Aunque no fue tan grave ni tan violenta como la de 1951, se sumó a los disturbios de la universidad. El gobernador civil, general Felipe Acedo Colunga, desalojó la universidad y reprimió las manifestaciones a favor de los huelguistas con considerable violencia. Juan Bautista Sánchez se mostró crítico hacia los duros métodos de Acedo Colunga y aconsejó prudencia, por lo que en ciertos círculos se consideró que había dado apoyo moral a los huelguistas[43]. A Franco le disgustó que el capitán general no ayudase a Acedo.

En Madrid corrían rumores de que Juan Bautista Sánchez estaba planeando un golpe. El propio Franco al parecer creyó que el capitán general fomentaba la huelga con el fin de tener un pretexto para un pronunciamiento monárquico. No es fácil determinar si los temores de Franco tenían algún fundamento. De lo que no cabe duda es del plan maquinado con Ruiseñada, que podía ser más que suficiente para provocar la ira del Caudillo. De todos modos, al menos en la medida en que se refieren a la actividad militar, es probable que los rumores se basasen, al menos en parte, en los buenos deseos de monárquicos prominentes. Las conversaciones de los conspiradores monárquicos con la casa del pretendiente en Portugal eran grabadas por los servicios de seguridad. El Caudillo, siempre cauteloso, reaccionó como si los rumores mereciesen cierta preocupación[44].

Para mayor seguridad, Franco envió dos regimientos de la Legión para que se unieran a las tropas que efectuaban maniobras en Cataluña bajo la dirección del general Juan Bautista Sánchez. El teniente coronel que mandaba los regimientos informó a Juan Bautista Sánchez de que sólo recibiría órdenes directas del propio Franco[45]. En el curso de las maniobras apareció también Muñoz Grandes, que mantuvo una tensa entrevista con Juan Bautista Sánchez, en la que sin duda le informó de que iba a ser relevado del mando de la capitanía general de Barcelona. Al día siguiente, 29 de enero de 1957, Juan Bautista Sánchez fue hallado muerto en su habitación de un hotel de Puigcerdá. Pronto corrieron por España los más dramáticos y extraños rumores que afirmaban que había sido asesinado[46]. Lo más probable es que Juan Bautista Sánchez, que desde hacía mucho tiempo tenía mala salud[47], muriese de un ataque de corazón debido al sobresalto provocado por la penosa entrevista con Muñoz Grandes. El gran número de asistentes a su funeral indica que se habían depositado muchas esperanzas en él. Poco después de su fallecimiento, dos coroneles estrechamente ligados a él fueron despojados de su grado[48].

No cabe duda de que tras la muerte de Juan Bautista Sánchez, Franco sintió la necesidad de tomar en consideración las quejas de los militares, lo que hizo, en la medida en que tenían que ver con el alto mando, a través de una remodelación del gobierno el 25 de febrero de 1957. Muñoz Grandes, quizá por su relación con Juan Bautista Sánchez, fue destituido del cargo de ministro del Ejército. Se le dio a cambio un ascenso puramente simbólico a capitán general. Este grado, al contrario que el de general jefe de una región militar, que llevaba el título de capitán general, sólo lo habían tenido anteriormente Franco y el difunto general Moscardó, y éste después de su retiro. El general Barroso, del que se decía que Franco desconfiaba por ser liberal y monárquico, se convirtió en ministro del Ejército. Esto fue, casi sin duda, una compensación al sentimiento monárquico del alto mando. La tarea que se le encomendaba garantizaba que le sería difícil hacer de su cargo una base de poder para conspiraciones monárquicas. Al nuevo ministro le cayó encima la difícil y muy delicada tarea de reducir el tamaño y modernizar la estructura y el equipamiento del ejército en un período posterior al acuerdo con Estados Unidos y de la pérdida de Marruecos. Se suponía que lo haría «sin suprimir cargos y sin perjudicar al personal»[49]. Se vio obligado también a hacer frente a una tarea casi imposible en un contexto de grave crisis económica. El gobierno de febrero de 1957 incluía a los tecnócratas encargados de la modernización de la economía. Sus planes incluían un período de severa austeridad con el fin de estabilizar la peseta. Para garantizar el orden público durante la consiguiente conmoción social, el estrecho colaborador del Caudillo, el bravucón general Camilo Alonso Vega, fue nombrado ministro de la Gobernación. En 1962, tras sufrir un accidente de caza, Franco reintrodujo a Muñoz Grandes en el gobierno como vicepresidente. La finalidad del nombramiento era triple: era una precaución sensata a la luz de la posible muerte de Franco, puesta de relieve por el accidente; apartaba a Muñoz Grandes de cualquier plan que tuviera en marcha para desbancar al Caudillo; y suponía una compensación para los falangistas, que estaban celosos del predominio de los tecnócratas del Opus Dei.

Sin embargo, el ingreso de siete ministros militares en el gobierno no resolvió el persistente descontento por los salarios y por la situación general. El ejército español seguía con una generación de retraso respecto de las fuerzas armadas más importantes del mundo. Los esfuerzos del general Barroso por llevar a cabo una reducción del número de oficiales en un 25% resultaron demasiado lentos y provocaron, en privado, las críticas de Franco, aunque no tomó medida alguna. Entre 1958 y 1961 se llevaron a cabo algunas reducciones, pero no en la proporción que hubiera permitido resolver el problema fundamental de la macrocefalia. El 17 de julio de 1958 se ofrecía a los que aceptaran dejar la escala activa puestos de igual antigüedad en los ministerios civiles. Podían retirarse del ejército con el sueldo casi completo y además recibían el sueldo civil en su totalidad. Sin embargo, muy pocos aceptaron tan generoso ofrecimiento, dado que los alféreces provisionales tenían ya más de cuarenta años y se mostraban todavía menos abiertos que antes a la idea de tener que empezar una nueva carrera[50].

Además surgieron diferencias entre dos concepciones del papel y la función del ejército. La prolongada competencia entre los oficiales monárquicos y falangistas se complicaba a medida que el fin de la dictadura parecía acercarse inexorablemente. Los generales monárquicos de mayor edad esperaban que al final se abriera paso a algún tipo de transición controlada hacia la monarquía y mientras tanto se mostraban satisfechos de dedicarse a sus asuntos profesionales. Formaban el núcleo «liberal» del ejército. Un poco más a su izquierda se situaban, con edades inferiores, los oficiales profesionalmente entusiastas, muchos de ellos universitarios, entre los cuales destacaban los pertenecientes al grupo Forja. Estos grupos consideraban que el ejército no debía dictar la naturaleza política de España. Por otra parte estaban aquellos a quienes preocupaba asegurarse de que el poder del ejército se pusiera al servicio de una opción política particular en el seno del franquismo. En 1958 se fundó la Hermandad de Alféreces Provisionales como grupo de presión, con la finalidad de mantener el espíritu de Falange y de la guerra civil en el seno de la oficialidad. Su finalidad no era simplemente convertirse en una sociedad de excombatientes, sino más bien la manipulación en su propio interés de un poderoso grupo, cada vez más numeroso, de oficiales de creciente antigüedad. A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, sin que nada hasta el momento pusiese en cuestión la estabilidad del régimen, tras la muerte de Juan Bautista Sánchez, sin que hubiese ningún oficial dispuesto a hacer frente a Franco, el conflicto interno del ejército era prácticamente imperceptible. Pero la situación cambiaría netamente a mediados de los sesenta. El hecho de que importantes elementos del cuerpo de oficiales se viesen involucrados en una lucha a muerte por la supervivencia del franquismo después de Franco es un indicio de que las preocupaciones estrictamente militares y de defensa no eran prioritarias en absoluto en el ejército del Caudillo.

Los años sesenta presenciaron un cambio social y económico vertiginoso en España. Estos cambios limitaron los continuados esfuerzos por hacer más eficaces a las fuerzas armadas al poner en práctica iniciativas tales como trasladar el peso principal del presupuesto de los sueldos al equipamiento militar. Dado que no se establecían medidas draconianas para reducir el número de oficiales, el impulso se centró en buena medida en atractivos planes de retiro anticipado. En 1968 el 80% del total del presupuesto militar siguió centrándose en los sueldos y el ejército español tenía 804 generales, suficientes para unas fuerzas armadas de varios millones de hombres[51]. El general Pablo Martín Alonso sustituyó a Antonio Barroso en el Ministerio del Ejército en los cambios ministeriales de julio de 1962. Hasta su muerte, el 11 de febrero de 1964, Martín Alonso se mostró muy activo elaborando planes para mejorar la eficacia del ejército. En particular, el despliegue del ejército quedó bajo su control y fue importante posteriormente para lo que sería, al aprobarlo en 1965 su sucesor en el cargo, el general Camilo Menéndez Tolosa, el «plan a largo plazo». El ejército quedaba dividido en dos grupos operativos, las Fuerzas de Intervención Inmediata (FII) y las Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio (FDOT). Las FII, compuestas por tres divisiones de infantería, la acorazada, la mecanizada y la motorizada, y tres brigadas, la paracaidista, la aerotransportada y la de caballería y artillería acorazada, debían ocuparse oficialmente de la defensa contra enemigos exteriores, aunque pese a ello fueron desplegadas alrededor de las ciudades más importantes. Las FDOT, formadas por dos divisiones de montaña, once brigadas de infantería y dos brigadas de artillería, estaban destinadas a realizar un papel más claramente antisubversivo contra las manifestaciones políticas y la actividad guerrillera[52]. La reorganización representaba sin duda alguna una modernización, aunque una modernización que mejoró la función represiva interna del ejército en vez de su papel defensivo hacia el exterior.

Dejando a un lado los retiros anticipados y los cambios organizativos, se trató sobre todo de un período caracterizado por un creciente malestar entre los oficiales que pensaban en la política y en el futuro. El descontento estudiantil y laboral aumentaba, y aún aumentaría más con la oposición al régimen de la Iglesia y de algunas regiones. Para algunos, la creciente conciencia de la inadecuación del ejército como fuerza de defensa nacional y de su aislamiento de la sociedad eran causas de profunda inquietud. Otros, simplemente, aceptaban sin más que la tarea del ejército era proteger al régimen. Esto quedó reflejado en el hecho de que la Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1966, contenía una declaración explícita referente a que la tarea de las fuerzas armadas era «garantizar la unidad y la independencia de la patria, la integridad de sus territorios y la seguridad nacional y la defensa del orden institucional». La pertinaz insistencia en la función represiva de los militares volvió a repetirse en un discurso del almirante Carrero Blanco en la Escuela de Estado Mayor, el 24 de abril de 1968. En ese discurso subrayó públicamente lo que hasta ahora era la premisa táctica del ejército franquista: que la defensa nacional venía detrás de la represión política[53].

Para algunos oficiales de mayor graduación, más que para otros, el conflicto entre el papel militar y el político del ejército causaba problemas. García Valiño, que había sustituido al general Rodrigo Martínez como capitán general de Madrid el 12 de enero de 1962, estaba particularmente preocupado por las implicaciones de la participación de los militares en el juicio y ejecución del comunista Julián Grimau[54]. Al ser capitán general, hubo de ratificar la sentencia que lo condenaba a muerte, aprobada el 18 de abril de 1963, y dar la orden de ejecución. Esta inquietud le hizo objeto de adulación por parte de los monárquicos, que vieron en él a un posible sucesor de Kindelán y de Juan Bautista Sánchez como militar de alta graduación defensor de la restauración monárquica[55]. García Valiño se verá involucrado cada vez más en contactos políticos y conversaciones de que informarán debidamente los servicios de información y que acabarán preocupando al propio Franco.

Se llegó a sospechar incluso que García Valiño conspiraba con Muñoz Grandes en relación con el futuro posfranquista. Quizá por esta razón, aunque era el elegido lógico para ser ministro del Ejército al morir el general Pablo Martín Alonso en febrero de 1964, García Valiño fue apartado en favor del fiel y obstinado jefe de la Casa Militar del Generalísimo, el general Camilo Menéndez Tolosa. García Valiño estaba furioso, y el asunto se comentó mucho en las altas esferas del ejército[56]. De ahora en adelante la hostilidad de García Valiño hacia Franco no conoció límites y tampoco la ocultó, llamándole «hipócrita» y quejándose de su mezquindad en presencia de ministros. Sea como sea, estaba ya bajo sospecha. Con el fin de controlar sus contactos con el campo monárquico, era seguido y su teléfono estaba intervenido por los servicios secretos[57].

A partir de 1963 la Dirección General de Seguridad informará regularmente a Franco sobre García Valiño y sus conexiones con Muñoz Grandes. Parece ser que participaron en discusiones de tanteo con vistas a un plan para obligar a Franco a retirarse, si no como Jefe del Estado, al menos como presidente ejecutivo del gobierno y para que el vicepresidente ocupase su lugar como regente. El servicio de espionaje militar pudo obtener sus conversaciones[58]. Muñoz Grandes acabó siendo destituido de su puesto en el gobierno en el verano del año siguiente. Su notoria mala salud proporcionó una excusa razonable para una decisión que se hizo pública el 22 de julio de 1967[59]. Al no contar ya con el apoyo de Muñoz Grandes, la oposición de García Valiño a Franco se convirtió en meras protestas verbales en el momento en que se acercaba a la edad del retiro.

Las maquinaciones de García Valiño y Muñoz Grandes fueron las últimas de este tipo. A fin de cuentas, eran los últimos supervivientes de la generación de Franco, y ningún otro general pensó que tenía derecho a desplazarlo. En realidad, cuando algunos elementos de la jerarquía franquista comenzaron a hacer planes para su propio futuro una vez desaparecido Franco, los «azules» del ejército se aferraron aún más desesperadamente al Caudillo. La preocupación por el futuro político era la obsesión que dividió a los franquistas tanto civiles como militares en los años sesenta. En el seno de las fuerzas armadas iba a darse una división cada vez mayor entre las diferentes concepciones de ese futuro. Fundamentalmente, la línea divisoria corría entre aquellos a quienes satisfacía un concepto del ejército como instrumento de la represión política, y por ello como guardia pretoriana de un régimen cada vez más acosado, y aquellos a quienes no satisfacía. A fines de los sesenta, los llamados «generales azules», como Alfonso Pérez Viñeta, Tomás García Rebull, Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López —algunos de los cuales, aunque no todos, habían sido alféreces provisionales—, estaban alcanzando puestos operativos clave. De 1970 en adelante, en colaboración con el búnker civil, podían usar su influencia política para bloquear las reformas desde dentro del sistema y su aparato represivo para aplastar la oposición externa. Entre los que se oponían al búnker militar se contaban aquellos que tenían una visión más profesional y que eran, en comparación, liberales. En la marina y en aviación la primacía de la tecnología sobre la política era cada vez más la norma. En cambio, en el ejército de tierra, los «liberales», como los generales Manuel Diez Alegría, Manuel Gutiérrez Mellado y Jesús Vega Rodríguez, eran una minoría en el alto mando aunque no en el cuerpo de oficiales en general.

Quizá sea significativo que en los cambios ministeriales del 29 de octubre de 1969, que siguieron al asunto Matesa, Franco eligiese como ministro del Ejército a un tecnócrata y no a un azul, al general Juan Castañón de Mena. Al igual que su antecesor, Menéndez Tolosa, Castañón había sido, durante los tres años anteriores, jefe de la Casa Militar de Franco. Se le consideraba cercano tanto al Caudillo como al príncipe Juan Carlos y era un nexo importante entre el palacio de El Pardo y el de la Zarzuela. Era asimismo simpatizante del Opus Dei y colaborador de los proyectos de Carrero Blanco para una monarquía franquista modificada[60].

La función represiva del ejército había causado ya considerable inquietud con ocasión de la ejecución del comunista Julián Grimau, en abril de 1963. El ejército estaba perdiendo la simpatía popular que podía tener. A fines de 1967 aparecen en la prensa noticias sobre la utilización personal de automóviles oficiales por parte de varios oficiales de alta graduación, lo que lleva a grupos de jóvenes a agredir los vehículos de varios generales[61]. Es difícil saber con exactitud si era el asunto Grimau lo que motivaba la repulsa popular. De todos modos, no cabe duda de que el hecho de que el ejército fuese responsable del juicio y de la sanción de los delitos políticos y laborales había marginado a los militares de la sociedad civil. La función represora del ejército se había relajado algo en los años cincuenta y lo mismo había ocurrido a mediados de los sesenta. Sin embargo, en la última etapa de la descomposición del régimen, después de 1969, se produjo una vuelta a la línea dura, lo que exacerbará las divisiones en el seno del ejército.

Las dudas existentes sobre la sensatez de permitir que los militares desempeñasen el papel de opresores políticos se hicieron más profundas con ocasión de los juicios de Burgos, en diciembre de 1970, contra los militantes de ETA. El primero de diciembre, García Valiño, ya retirado, escribía al general Tomás García Rebull, capitán general de la VI región militar (Burgos), advirtiéndole que no permitiese que el ejército fuese empleado de un modo que lo marginase del pueblo. Veía este peligro en la utilización de los tribunales militares para juzgar acciones para las cuales un Estado debería tener sus propios instrumentos. Del mismo modo que había tenido que ratificar la sentencia de muerte de Grimau, García Rebull podía ser llamado a firmar las sentencias de los jóvenes etarras. Refiriéndose al proceso de Grimau, García Valiño escribió: «Yo tuve ocasión de apreciar en qué medida la ejecución de las sentencias de muerte podía crear una atmósfera enrarecida en el país y, lo que es peor, una atmósfera hostil al ejército. La conmoción afectó incluso a las guarniciones en las que, en última instancia, se produjeron algunas desagradables discusiones en lo que se refiere a qué unidad debería llevar a cabo la sentencia»[62].

Con todo, a medida que iba siendo palpable la gradual desintegración del régimen, los «azules» eran cómplices voluntarios de una operación para bloquear el cambio. Existía un resentimiento cada vez más enconado entre los «azules» por la creciente oleada de descontento estudiantil, eclesiástico, regionalista y laboral y por el fracaso del aparato civil para atajarla. Pensaban que el Estado, simplemente, no cumplía con su deber y que los políticos estaban demasiado ocupados en llenarse los bolsillos. Los juicios de Burgos se celebraban, después de todo, sólo siete meses después de que el general Narciso Ariza hubiera sido destituido de su cargo de director de la Escuela de Estado Mayor por sus quejas sobre las carencias de las fuerzas armadas. A lo largo de los setenta, los «azules» usarían su versión extremista de los valores de la guerra civil con el fin de consolidar su influencia en la camarilla del Caudillo. Podrían, así, frustrar los intentos de reforma del sistema movilizando al Caudillo en contra. La progresiva senilidad de Franco en los años setenta hizo más fácil su manipulación por parte de los «azules». Mientras tanto, sin embargo, algunos siguieron adelante con la represión de lo que ellos consideraban subversión. En particular, el general Pérez Viñeta, desde su puesto de capitán general de Barcelona, estimulaba el entusiasmo de Franco con la energía que había desplegado contra las actividades izquierdistas y liberales de los sacerdotes y de los estudiantes universitarios[63]. El último día de los juicios de Burgos, el 9 de diciembre, Pérez Viñeta declaraba en una ceremonia militar en Mérida que «el ejército no está dispuesto de ninguna manera a permitir una vuelta del desorden y de la indisciplina que antaño puso en peligro a nuestra patria. Si es necesario, lanzaremos una nueva cruzada para liberar a España de los hombres que no conocen ni Dios ni ley»[64].

Pérez Viñeta no estaba sólo en su idea de que los políticos civiles eran incapaces de mantener el orden. Había rumores sobre la existencia de asociaciones secretas formadas por más de cinco mil oficiales jóvenes, la mayoría capitanes y comandantes, que ya desde agosto de 1970 habían estado reuniéndose para discutir lo que ellos consideraban un deterioro de la situación política. Dada la lentitud de los ascensos y los sueldos escasos, estaban resentidos por las fortunas que se habían amasado gracias a la bonanza económica. Se sentían especialmente irritados por el asunto Matesa. Los juicios de Burgos y la propaganda antimilitar que éstos provocaron eran el síntoma más evidente del deterioro del orden, aunque se produjeron también incidentes menores; por ejemplo, algunos oficiales fueron insultados por la calle[65]. Como respuesta a las críticas internacionales contra los juicios y a las más tímidas desde el interior, fue surgiendo un bilioso resentimiento entre los oficiales ultras, que se expresó a través del desprecio hacia los tecnócratas. En la región militar de Madrid, los oficiales de las unidades clave, entre ellas la División Acorazada y la Bripac o Brigada Paracaidista, las dos unidades operativas básicas para el control de la capital, comenzaron a reunirse para hacer oír sus quejas[66]. El 14 de diciembre de 1970 el capitán general de Madrid, general Joaquín Fernández de Córdoba, convocó una reunión de veintitantos generales y coroneles para discutir las repercusiones de los juicios de Burgos. Llegaron a la conclusión de que se había permitido que la oposición fuese demasiado lejos y emitieron un comunicado en el que reclamaban un gobierno más enérgico. Una delegación formada por Fernández de Córdoba, García Rebull, Pérez Viñeta y el capitán general de Sevilla, Manuel Chamorro, visitó a Franco para informarle de sus deliberaciones. El Caudillo convocó un consejo de ministros de emergencia en el que el ministro de la Gobernación, el general Tomás Garicano Goñi, y los tres ministros militares pidieron que se suspendiese el habeas corpus. Franco se mostró de acuerdo con ellos[67].

La atmósfera se cargó aún más el 16 de diciembre, a causa de una manifestación de oficiales del ejército y falangistas ante los cuarteles de Burgos. García Rebull se dirigió a ellos. No era un hombre refinado, era devoto del franquismo y era un colaborador bien dispuesto de los falangistas que buscaban el apoyo de los militares para impedir cualquier cambio después de la muerte de Franco. Al día siguiente, numerosos oficiales del ejército se unieron a las manifestaciones masivas ante el palacio de Oriente[68]. El ejército exigía las más duras condenas contra los procesados. Cuando García Rebull dudó de confirmar las sentencias de muerte por las razones indicadas en la carta de García Valiño, se vio sometido a presiones por parte de las delegaciones de oficiales de toda España para que adoptase una línea dura. Algunos pedían que las ejecuciones fuesen por garrote en vez de por fusilamiento. Pérez Viñeta calificó a García Rebull de «blando»[69].

Aunque el ejército se mostraba unido en su exigencia de que los procesados sufrieran la pena de muerte, los elementos más liberales se mostraban abiertos a la idea del indulto. Castañón y los otros dos ministros militares recomendaron clemencia en el consejo de ministros del 29 de diciembre de 1970. Sin embargo, pese al hecho de que Franco acabó perdonando a los procesados, el ejército, como había predicho García Valiño, se quedó con la idea de que en alguna medida había sido mancillado[70]. Hubo liberales que llegaron a la conclusión de que el ejército debía distanciarse de un régimen en descomposición. Pero un grupo importante creía que, ahora más que nunca, el ejército debía defender al régimen. Pérez Viñeta se dirigió a una manifestación ante los cuarteles de la VI región militar y habló de nuevo sobre la necesidad de otra cruzada[71]. Sus palabras eran una crítica apenas velada de los tecnócratas del Opus Dei que gobernaban los destinos políticos de España. Dadas las estrechas relaciones de Pérez Viñeta con Franco y el hecho de que pronto iba a retirarse, su indiscreción quedó impune.

No obstante, la idea que tenían del futuro los militares del búnker era profundamente contraria a la de Carrero Blanco y el Opus Dei, que tenían el plan de instaurar un franquismo modificado bajo Juan Carlos. Así, cuando el general Fernando Rodrigo Cifuentes, capitán general de Granada, emuló a Pérez Viñeta, fue sancionado. Aunque era un enérgico oponente de los curas, estudiantes y trabajadores izquierdistas y liberales, fue destituido el 8 de enero de 1971 y puesto bajo arresto domiciliario tras un discurso pronunciado con ocasión de la pascua militar. Su delito no fue propugnar una política más dura, sino su crítica de Carrero Blanco y de los tecnócratas. Tras el asunto Matesa el término tecnócrata se había convertido en los círculos ultraderechistas en sinónimo de la debilidad de los civiles. El discurso de Rodrigo, en el que se refería a la «masonería blanca», tocó una cuerda sensible en los corazones de muchos oficiales, que estaban descontentos por el desarrollo del juicio de Burgos y su resultado. Rodrigo se vio literalmente inundado por los telegramas de apoyo que recibió, aun cuando no hizo nada para avivar las esperanzas de quienes pensaban que podía liderar una facción militar para reinstaurar «la autoridad». En el plazo de pocas semanas ocurrió otro incidente similar cuando el capitán general de Zaragoza, Gonzalo Fernández de Córdoba, pronunció un discurso semejante y fue trasladado al Estado Mayor[72].

Sin embargo, otros duros menos ostentosos fueron recompensados por su lealtad al régimen durante la crisis de Burgos. García Rebull, amigo íntimo del ultrafalangista José Antonio Girón de Velasco, fue ascendido a capitán general de la I región militar (Madrid). Otro amigo de Girón, Carlos Iniesta Cano, fue nombrado director general de la Guardia Civil. Estos ascensos muestran hasta qué punto el propio Franco, o los de su entorno inmediato, se había percatado de que el resurgimiento de la oposición echaba sobre el ejército de modo creciente el peso de la defensa del régimen contra el cambio. Una de las tareas clave debía ser el control de Madrid. El gobernador militar de la capital, general Ángel Campano López, había enarbolado firmemente su bandera durante el juicio de Burgos haciendo del dominio público la observación de que lo que se necesitaba era imponer el estado de excepción durante una semana y fusilar a mil izquierdistas[73].

Se hizo un notable intento, por medio de la Hermandad de Alféreces Provisionales y la prensa ultraderechista, de conseguir apoyo, en el seno del ejército, para la llamada opción inmovilista. Los mismos falangistas que habían visto cómo el Opus Dei les derrotaba políticamente en los años sesenta estaban satisfechos de provocar las críticas de los militares contra los tecnócratas corruptos. Los oficiales ultras prohibían legalmente diarios y revistas en los cuarteles e imponían, prácticamente, la lectura de publicaciones de la extrema derecha, como Fuerza Nueva[74]. Los ultras tenían dos centros de poder en el seno del ejército. Por un lado, la generación de los «azules» dominaba los grados más altos y se les confería sistemáticamente los puestos de importancia de las unidades clave de acuerdo con la seguridad política del régimen: la División Acorazada Brunete y la Brigada Paracaidista, cerca de Madrid, y el gobierno militar de Madrid, la capitanía general de la I región militar y la dirección de la Guardia Civil. Por el otro, los ultras con menos antigüedad en el servicio controlaban importantes centros de mando en los servicios secretos. Algunos de los ultras, aunque no todos, eran alféreces provisionales. En 1974, 328 coroneles, 956 tenientes coroneles y 792 comandantes habían sido alféreces provisionales[75].

Uno de ellos, el general Campano, condecorado dos veces con la cruz de hierro alemana durante su servicio en la División Azul en el frente ruso, controlará los puestos clave en rápida sucesión. Había ya mandado la División Acorazada, unidad que controlaba Madrid, a fines de los años cincuenta; a fines de los sesenta era gobernador de Madrid; en 1972, capitán general de Burgos; en febrero de 1973, capitán general de Madrid, y director de la Guardia Civil seis semanas antes de morir Franco, en 1975. Otros habían sido africanistas, con frecuencia falangistas, y habían luchado en la División Azul. García Rebull, afiliado a la Falange desde 1934, había sido condecorado también con la cruz de hierro en la campaña de Rusia. Antes de ser capitán general de Burgos había mandado también la División Acorazada y había comprobado frecuentemente el grado de adiestramiento de sus hombres en maniobras consistentes en ocupar Madrid. Tras su retiro, en febrero de 1973, al transferir el mando de la I región militar al general Campano, García Rebull se dedicó a su papel como jefe nacional del Servicio de Asociaciones de Antiguos Combatientes[76].

Tan importante como el control de los grados más altos y del mando de los puestos más importantes era el control por parte de los «azules» de los servicios militares de inteligencia, en continua proliferación. Con cometidos paralelos y a veces parcialmente coincidentes en el seno de la universidad, del movimiento obrero y de la Iglesia, había una docena de servicios secretos, los más poderosos de los cuales eran el del ejército (Servicio de Información del ejército de tierra, Segunda Bis o SIBE), el servicio especial del Estado Mayor, creado por Muñoz Grandes en 1968, y el Servicio de Documentación de la Presidencia del gobierno, creado por Carrero Blanco en los primeros setenta bajo la dirección del coronel José Ignacio San Martín y el coronel Federico Quintero (ambos participarán en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981)[77].

La retórica del apoliticismo empleada por los «azules» les permitió describir a los militares como situados «por encima de la política», al servicio de permanentes, o eternos, valores nacionales, lo que para ellos significaba el 18 de julio, la cruzada y el régimen de Franco. Por ello, el ejército tenía libertad para intervenir contra cualquiera que se opusiese a la supervivencia de la dictadura. En los últimos años del franquismo, marcados por la crisis del sistema, los «azules» no ocultaban su partidismo. Sus puntos de vista, claramente impregnados por un elemento de pánico, fueron expuestos en numerosas declaraciones políticas públicas. A fines de agosto de 1972, el general Carlos Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil y procurador en Cortes, pronunció un discurso en El Ferrol. Utilizando la retórica de la Falange, declaró que «el franquismo no puede desaparecer nunca, porque Dios no quiere que llegue a su fin en España, y después de Franco, el franquismo continuará y habrá franquismo durante siglos porque España, que es eterna y que tiene un destino eterno en lo universal, necesita el franquismo». Poco después el general José María Pérez de Luna, capitán general de las Canarias, afirmaba en un discurso del 24 de octubre de 1972 que «la misión del ejército es política en la medida en que tiene el encargo de defender a la patria contra el enemigo exterior y contra el enemigo interno»[78].

Los generales «liberales», como el jefe de Estado Mayor Manuel Diez alegría, aspiraban a que el ejército permaneciese neutral[79]. Las dificultades a que se enfrentaba las ilustra el hecho de que cuando trató de hacer que se adoptase un ministerio de defensa único fue denigrado por la prensa ultra y acabaría siendo destituido de su puesto[80]. Los oficiales liberales más jóvenes trabajaban activamente para impedir que los «inmovilistas» bloqueasen cualquier cambio. En 1973 un grupo de oficiales de graduación baja y media hicieron público un llamamiento al cuerpo de oficiales en el que expresaban su preocupación porque, cuando la dictadura estaba desintegrándose, una facción, los ultras, intentaban utilizar al ejército para sus propios fines. El asesinato por ETA del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, permitió vislumbrar las tensiones que fermentaban entre la oficialidad. En su calidad de director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta Cano dictó una orden según la cual sus hombres debían reprimir a los subversivos y manifestantes con energía y «sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas». Ordenó expresamente a la Guardia Civil que saliera de su jurisdicción rural y mantuviese el orden en los centros urbanos, lo que suponía un grave abuso de autoridad. Pero acabaron prevaleciendo los más sensatos. Tras recibir asesoramiento del jefe de Estado Mayor, Manuel Diez Alegría, un triunvirato —formado por el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, el ministro militar de más antigüedad, almirante Gabriel Pita da Veiga, y el presidente de gobierno interino, Torcuato Fernández Miranda— consiguió evitar un baño de sangre. En menos de una hora Iniesta fue obligado a retirar su telegrama[81].

Mucho más grave que el asesinato de Carrero Blanco, por cuanto intensificó la división entre los oficiales, fue la caída de la dictadura en Portugal. Dejando de lado la falta de acuerdo respecto a la oportunidad de desencadenar una noche de los cuchillos largos contra la izquierda, las fuerzas armadas habían permanecido unidas en su agravio por el asesinato del presidente del gobierno. Pero ahora, la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 polarizó a los ultras y a los liberales en el seno del cuerpo de oficiales. Ambos acontecimientos no hicieron sino intensificar los temores por el futuro, pero las dos facciones principales reaccionaron de forma diferente: los liberales se dispusieron a considerar un cambio y un ajuste antes de que fuera demasiado tarde; los ultras se mostraron dispuestos a preparar la resistencia a ultranza del régimen. Se hicieron innumerables declaraciones desvalorizando los acontecimientos de Portugal y considerándolos irrelevantes con respecto a la situación española. El general Jesús González del Yerro, un duro cada vez más influyente, director de la Escuela de Estado Mayor del ejército, dijo a la prensa que «el ejército español no tiene fusiles para decorarlos con claveles y los claveles no florecen en los cañones de las armas»[82]. A pesar del optimismo de los ultras, los oficiales liberales de menor graduación se lanzaron a formar una Unión Militar Democrática (UMD). Como respuesta a estos acontecimientos perturbadores, la derecha militar echó mano de su arma secreta, los servicios de inteligencia.

Los servicios secretos militares hicieron extraordinarios esfuerzos para erradicar de las fuerzas armadas cualquier izquierdismo de tipo portugués. Al mismo tiempo los viejos «azules», civiles y militares, estaban afligidos por el compromiso público pero sumamente débil del presidente del gobierno Arias Navarro de llevar adelante una reforma. El 28 de abril de 1974, sólo tres días después del hundimiento portugués, José Antonio Girón lanzó una andanada contra Arias Navarro, conocida como el «gironazo». Como parte de la misma operación, el búnker militar emprendió un movimiento para bloquear todo desplazamiento de las fuerzas armadas hacia el liberalismo. Un poderoso grupo que incluía al ya retirado García Rebull, a los capitanes generales de la VII región militar (Valladolid), Pedro Merry Gordon, y de la I región militar, Campano, y al director general de la Guardia Civil, Iniesta Cano, conspiraron para establecer y mantener un control total de los sectores clave del ejército. Mientras Girón y otros ultras civiles atacaban al régimen, García Rebull declaraba que él consideraba que los partidos políticos eran «el opio del pueblo», y los políticos «vampiros». Con un proyecto militar paralelo, Iniesta se saltaría su inminente retiro y sustituiría al liberal Diez Alegría en el puesto de jefe de Estado Mayor. Campano asumiría el puesto de director general de la Guardia Civil y habría una purga de oficiales sospechosos de liberalismo. El plan gozó del apoyo del entorno personal de Franco, aunque el desfalleciente Caudillo no fue informado de él. De hecho, dejando de lado la parte del plan relativa a Iniesta, acabaría teniendo éxito, aunque no inmediatamente. El ministro del Ejército, general Francisco Coloma Gallegos, no estaba de acuerdo con los planes de Iniesta de evitar el retiro y le obligó a retirarse en el momento debido, el 12 de mayo de 1974. De todos modos, Diez Alegría fue destituido tras un viaje a Rumanía para someterse a tratamiento médico, durante el cual se entrevistó con el presidente Ceaucescu. Le sustituyó un duro, el capitán general de la VII región militar (La Coruña), Carlos Fernández Vallespín. La destitución de Diez Alegría fue un enorme triunfo para los ultras y facilitó en gran medida su intento de poner al ejército al servicio del búnker civil. Paralelamente a las actividades de Iniesta, la extrema derecha civil también se movilizaba, y la Asociación Nacional de Ex Combatientes de Girón cambió de nombre y se hizo llamar Asociación Nacional de Combatientes[83].

Los militares ultras de mayor graduación cerraban filas con el búnker civil para prepararse para una defensa desesperada del régimen. Además de minar los esfuerzos de los políticos civiles para llevar a cabo una apertura del sistema, se vieron enfrentados a la necesidad de eliminar a un enemigo interno. Un grupo pequeño pero influyente de oficiales jóvenes de grado medio intentaban, por medio de la Unión Militar Democrática, garantizar que el ejército fuese completamente apolítico en el período posterior a la muerte de Franco. Pero iban a ser detenidos, sometidos a una humillante farsa judicial, encarcelados y expulsados del ejército. En esta particular tarea, los «azules» iban a tener éxito. Pero no en sus aspiraciones más generales. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la dictadura se desintegraría rápidamente y sus defensores militares se encontrarían cada vez más aislados respecto del gigantesco consenso político en favor de la democratización. Naturalmente, no iban a dejar de intentar imponer sus puntos de vista sobre lo que debería ser el destino político de España.

En último término, la derecha militar fracasaría en su intento de dictar el futuro de la nación. No obstante, el triunfo de los «azules» sobre los demócratas de la UMD se arrastraría a lo largo de toda la transición democrática. Era el símbolo de la fuerza de la derecha militar, si bien ilustra todo esto de manera más general y gráfica el que los sucesivos gobiernos trataran al ejército con guante de terciopelo[84]. Los ultras continuaron concentrándose en unidades clave, como la División Acorazada y la Brigada Paracaidista, que esperaban utilizar para intervenciones decisivas en golpes militares. El ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado, fue insultado y humillado. Se permitió que el golpismo floreciese sin castigo. Hubo serias intentonas de golpe en noviembre de 1978 y enero de 1980 antes de que la fatal debilidad de semejante política de tolerancia quedase brutalmente al descubierto en el intento del coronel Tejero de ocupar las Cortes el 23 de febrero de 1981.

En realidad, las actividades del búnker militar fueron casi siempre defensivas. Con la desaparición del Caudillo habían perdido su mejor carta. Por ello fueron perdiendo terreno con rapidez tras el nombramiento de Adolfo Suárez para el cargo de presidente del gobierno y de Gutiérrez Mellado para el de vicepresidente del gobierno con la responsabilidad del Ministerio de Defensa, con el éxito de la política de reformas de Suárez, la legalización del Partido Comunista y las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. Al golpismo le dieron una importancia espuria el terrorismo, nacido del fracaso por parte del gobierno en la resolución del problema vasco, la recesión económica posterior a 1977 y el letargo político de la UCD de Suárez después de 1980. Finalmente, el golpismo fue fruto del modo en que el ejército, privado por Franco de su orgullo profesional, buscó refugio en la noción intemporal de que por encima y más allá de toda consideración estaba su deber de guardián de los destinos políticos de España.

La política de defensa de España se basaba en el riesgo calculado de que nada ocurriría en lo que respecta a una agresión exterior. El Caudillo permitió que las fuerzas armadas españolas acabasen cayendo en un estado de considerable decadencia profesional y técnica. La miseria tecnológica del ejército español, la apatía de muchos oficiales que daban mayor importancia a sus trabajos civiles, la división política y la determinación de sus sectores más influyentes de frustrar la voluntad nacional, todo ello era parte del envenenado legado militar del general Franco. El ejército fue utilizado como barrera inerte contra el cambio social. Esto consolidó la tendencia, ya existente, de marginarse de la sociedad civil y de comportarse como si fuera un ejército de ocupación extranjero en su propio país. A lo largo de los casi cuarenta años de franquismo, sin embargo, la sociedad evolucionó lenta pero inexorablemente. La España que, para la derecha, justificó la sublevación de 1936 y la violencia de la guerra civil, simplemente no existía ya en 1975. Con todo, el ejército estaba comprometido legal e institucionalmente en la defensa de los presupuestos básicos del franquismo. Pero también es cierto que en términos técnicos no estaba preparado para tareas más difíciles. Otros elementos relacionados con el franquismo, como la Iglesia, la banca y los grupos políticos monárquicos y católicos, trataron de evolucionar por su cuenta y de distanciarse del régimen. Sólo la Falange y el ejército no lo hicieron.

Cuarta parte: Resurrección del pasado

CUARTA PARTE

RESURRECCIÓN DEL PASADO

Capítulo 8: El encierro en el búnker: La extrema derecha y la lucha contra la democracia, 1967-1977

CAPÍTULO 8

EL ENCIERRO EN EL BÚNKER:

LA EXTREMA DERECHA Y LA LUCHA CONTRA

LA DEMOCRACIA, 1967-1977

El mantenimiento del orden público y de la estabilidad interna siempre tuvo la mayor prioridad en la dictadura franquista. Los criterios para juzgar la consecución de los objetivos primordiales del régimen —la eliminación de la lucha de clases y el acallamiento de las protestas de la izquierda y de los sindicatos— eran, al menos para sus partidarios, la estabilidad y la ausencia de disturbios en las calles de las ciudades más importantes. Además, el valor para la repercusión exterior de un orden público aparentemente soporífero en la época de Franco era enorme. El aparato de propaganda del régimen lo ponía incansablemente en contraste con el supuesto desorden de la República anterior y de las democracias decadentes. Naturalmente, la paz de Franco significaba poco para sus oponentes. En las fábricas y las universidades se había impuesto a costa de considerable y constante violencia. Sin embargo, para los franquistas era, de hecho, una realidad. A corto plazo se basaba en el peso y la eficiencia de unas fuerzas del orden que en realidad no debían rendir cuentas. La Policía Armada en las ciudades y la Guardia Civil en los pueblos y en las zonas rurales estaban bien armadas, contaban con buenos recursos y no tenían prácticamente cortapisas. Además, tenían que tratar con una población que había aprendido por las malas que la protesta política pública era un lujo que no se podía permitir, que la supervivencia cotidiana radicaba en la apatía política. La represión posterior a la guerra civil, las cárceles atestadas, los campos de trabajo, las torturas y ejecuciones, los policías adiestrados por asesores de la Gestapo y diversas organizaciones de policía secreta que actuaban en las fábricas y las universidades desempeñaron, todos ellos, su papel en el establecimiento y el mantenimiento de «la paz de Franco»[1].

Así pues, había cierta irrealidad teatral en el hecho de que en septiembre de 1973 un procurador franquista leal hiciera uso de la palabra en las Cortes para poner en entredicho la aparente impotencia de la policía para afrontar una oleada de violencia política que no había dejado de aumentar desde finales de los años sesenta. Lo interesante de la cuestión no era simplemente lo referente a la teórica importancia de la policía, sino también que se hubiera permitido a la prensa informar de la violencia y hacerlo de un modo que, en algunos casos al menos, condenaba a sus responsables. Era algo inhabitual, ya que en la época de Franco esa clase de críticas estaban normalmente reservadas para los delincuentes comunes y los oponentes izquierdistas, liberales o católicos al régimen. Como sabía de sobra la policía, los culpables eran grupos neofascistas que llevaban a cabo una campaña sistemática de terrorismo cultural, como lo denominó el diario católico conservador Ya.

En el franquismo siempre había habido una extrema derecha que consideraba que el dictador y su régimen habían traicionado la pureza fascista de la Falange[2]. Sin embargo, durante los tres primeros decenios de gobierno de Franco, como la Falange desempeñaba un papel predominante en los aparatos de propaganda y sindical de la dictadura, no tenían razones ni oportunidades para ir más allá de expresiones cargadas de rencor en conversaciones, pintadas de consignas en las paredes y ocasionales insultos contra el Caudillo durante las ceremonias franquistas[3]. En el decenio de 1960, por varias razones las cosas empezaron a cambiar de un modo que obligó a la extrema derecha a pasar a la ofensiva. El Opus Dei estaba saliendo, al parecer, más victorioso que nunca de la lucha por el poder con la Falange. En consecuencia, la perspectiva más probable parecía ser una sucesión monárquica del Caudillo. Había señales incluso de que algunos funcionarios del Estado lúcidos, en tiempos franquistas, seguían la vía de los empresarios con más amplitud de miras y preparándose para una apertura limitada a algún tipo de reforma política.

Las primeras señales de que había una derecha fascista dispuesta a utilizar la violencia fuera de los cauces habituales de las instituciones de represión se habían visto en las universidades en 1963. En respuesta al aumento de los grupos de estudiantes izquierdistas surgió Defensa Universitaria, cuyos activistas eran principalmente falangistas, junto con algunos carlistas y católicos de extrema derecha. Actuaban como espías policiales, que informaban sobre los militantes izquierdistas, y como escuadras dedicadas a sembrar el terror disolviendo reuniones antirrégimen, dando palizas e intimidando a las mujeres de izquierdas[4]. Seis años después la situación política general del franquismo intransigente había empeorado y Defensa Universitaria fue reorganizada como los «guerrilleros de Cristo Rey» y fortalecida con matones pagados, proceso probablemente dirigido por el servicio de inteligencia más o menos privado del almirante Carrero Blanco: el Servicio de Documentación de la Presidencia del gobierno[5]. Estos guerrilleros, dirigidos en las calles por un fanático activista falangista, Mariano Sánchez Covisa, estaban vinculados, según muchos comentaristas, con la asociación política neofascista Fuerza Nueva y la revista del mismo nombre[6]. El director de Fuerza Nueva, el notario Blas Piñar, era el motor intelectual de la ultraderecha española y miembro influyente de la clase dirigente franquista, pues formaba parte del Consejo Nacional del Movimiento.

Los guerrilleros no fueron el único grupo de esa clase. La organización abiertamente neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) fue creada en Barcelona por una figura siniestra de la ultraderecha internacional, Jorge Mota. Repartido entre Madrid y Barcelona estaba también el igualmente pronazi Partido Español Nacional Socialista (PENS). Las actividades de la extrema derecha oscilaban entre la celebración de misas por Hitler y Mussolini, llorados como «defensores de la civilización europea», y brutales ataques físicos a trabajadores y sacerdotes[7]. Esas organizaciones poco cohesionadas no eran en sentido alguno partidos políticos, pues sus miembros se consideraban a sí mismos patriotas más o menos independientes que actuaban como escuadras ligeras siempre que las esencias del franquismo estaban en peligro. Actuaban en casos concretos y con numerosos nombres, que cambiaban según su localización y sus objetivos. Pese a su supuesto patriotismo, estaban estrechamente vinculadas con redes terroristas internacionales de derechas y en contacto con derechistas exiliados como, por ejemplo, León Degrelle, y posiblemente fueran adiestradas por Otto Skorzeny[8].

En 1971 organizaron una ofensiva de primavera contra librerías «de izquierdas», es decir, especializadas en libros autorizados legalmente de sociología y política. En correrías nocturnas llevadas a cabo por los guerrilleros, algunos de cuyos panfletos utilizaban también el nombre de Comandos de Lucha Antimarxista, rompían puertas y ventanas, destruían las existencias, manchaban los locales con pintura roja y esparcían panfletos amenazadores. El tono de éstos era revelador: «Como ratas nauseabundas, se os debería mantener aparte de la comunidad nacional; el único lugar en el que se os debería permitir vivir es las alcantarillas adonde fuisteis arrojados después de que vuestros padres y su diabólica ideología fueran derrotados». En todos los casos, los propietarios de las librerías se quejaban a la policía, según la cual nada se podía hacer. Un librero afirmó que el agente que tomó su denuncia reconoció haber sido miembro de estos guerrilleros[9]. Los ataques eran brutales y flagrantes, pero la policía nunca lograba intervenir a tiempo. No es de extrañar que se extendiera la creencia entre la izquierda española de que aquellos grupos disfrutaban de la connivencia oficial.

La posterior campaña del otoño de 1971 llevó a los guerrilleros a las portadas de la prensa mundial. Tres librerías en las que se exhibían grabados de Picasso fueron destrozadas en noviembre de aquel año. Un ataque con ácido destruyó veinticuatro grabados de Picasso en la galería Theo de Madrid y el primer estudio de Picasso en Barcelona fue destruido con cócteles molotov[10]. Los «comandos» responsables justificaron sus actos afirmando que Picasso subvencionaba al Partido Comunista. Blas Piñar negó conexión alguna con los comandos, pero proclamó su simpatía por su acción. Declaró lo siguiente: «No conozco ni dirijo los llamados “Guerrilleros de Cristo Rey” y, por tanto, no tengo relación alguna con ellos». Blas Piñar afirmó que las obras de Picasso que había visto eran «del peor gusto, obscenas y gravemente ofensivas para el Jefe del Estado español y Jefe del Movimiento Nacional» y que entendía por qué aquellos jóvenes se «dejaban llevar por su patriotismo y por su ferviente y entusiasta lealtad a Francisco Franco»[11].

La publicidad mundial obligó a actuar por fin. Ocho de los responsables del incidente de Madrid fueron detenidos. Fuentes de la oposición afirmaron que tres de ellos pertenecían al cuerpo de policía y que uno trabajaba en la oficina de Blas Piñar. En su primer número de 1972, Fuerza Nueva elogió la destrucción de «esos pintarrajeos seudoartísticos» y denunció la obra de Picasso como «una simple broma sobre el mundo occidental, absoluta obscenidad y pornografía con la que el comunismo espera desmoralizar a la cultura cristiana, corrompiéndola y destruyéndola»[12]. Dado el poder de la censura en aquella época, la publicación de semejantes comentarios no hizo sino intensificar las conjeturas sobre una posible complicidad oficial. Las sospechas aumentaron con la circulación por los ambientes de la oposición de Madrid de la fotocopia de una carta de un antiguo subsecretario de Comercio a varios empresarios en la que les pedía dinero para crear bandas de «jóvenes decididos a defender los valores patrióticos».

Durante todo 1972 la esfera principal de acción de las operaciones ultraderechistas pasó a Barcelona y Valencia, y sus objetivos primordiales fueron librerías y revistas[13]. Los panfletos encontrados después de ataques similares a los de Madrid en 1971 proclamaban la determinación de defender los valores de la victoria nacional en la guerra civil contra los «seudoliberales que se aferran al poder». La atmósfera de terror que se estaba creando en Barcelona se reveló claramente el 6 de marzo de 1972. Una explosión en el piso de un presunto simpatizante neofascista destrozó el edificio y mató a ocho personas. La opinión pública supuso que lo que había explotado había sido un depósito de armas y no una instalación de gas, como afirmaron las autoridades. En 1973 se aceleró el ritmo de las operaciones. Seis mil personas del gremio de libreros de Barcelona recibieron amenazas anónimas. Dos destacadas revistas católicas liberales, El Ciervo y Agermanament, la editorial Nova Terra, vinculada con la Hermandad Obrera de Acción Católica, y un gran símbolo de la vitalidad cultural catalana, la Gran Enciclopedia Catalana, padecieron en sus oficinas ataques del PENS. Revistas de Madrid recibieron también amenazas y el autodenominado quinto comando Adolfo Hitler del PENS cometió actos de violencia contra abogados que defendían a obreros ante los tribunales[14]

Los objetivos de los neonazis indicaban claramente su función dentro de la crisis del franquismo tardío. También explican por qué el Estado estaba dispuesto a hacer la vista gorda. Los ultras con frecuencia hacían trabajos cuya realización resultaría embarazosa para un Estado que se movía en la periferia de la CEE. En las universidades, Defensa Universitaria siguió sometiendo a estudiantes y profesores de izquierdas a un terror esporádico. Igualmente significativas fueron las incursiones en barrios obreros. Como las reuniones de los sindicatos clandestinos estaban prohibidas, los sacerdotes progresistas ofrecían sus iglesias para llevarlas a cabo. De conformidad con el Concordato, era virtualmente imposible que la policía lo impidiera. Por ello, la Iglesia fue una de las víctimas principales de la violencia ultra. Grupos de guerrilleros entraban con frecuencia en iglesias y atacaban a los curas y a la congregación. En 1973 varios ataques provocaron gran escándalo. Uno en particular, atribuido a un grupo que se llamaba a sí mismo Cruz Ibérica, contra el Banco Atlántico de Madrid, controlado por el Opus Dei, un golpe contra las fuerzas relativamente más progresistas del régimen, indicó que los grupos ultras eran peones en una lucha por el poder dentro del régimen. Después del incidente del Banco Atlántico y el ataque a la Gran Enciclopedia Catalana, se formularon preguntas en la prensa y Ya comentó la audacia de los ultras y su éxito a la hora de evitar su detención[15].

A diferencia de grupos terroristas comparables de Italia o Chile, que trabajaban para derribar regímenes democráticos, los ultras españoles eran claramente entusiastas del régimen en el que funcionaban. Su objetivo era más bien reparar brechas en el dique del franquismo. Los ataques contra obreros y estudiantes eran agresiones a los enemigos del régimen, pero el asalto al Banco Atlántico era un ataque directo contra la burguesía progresista, el garante del desarrollo económico y, por tanto, de la liberalización en última instancia. De forma semejante, la enemistad contra la Iglesia expresada por los ultras traslucía una frustración contra una fuerza que en tiempos había respaldado al régimen y que estaba pasándose rápidamente a las filas de la oposición democrática.

Se dijo que Blas Piñar tenía relaciones cordiales con el almirante Carrero Blanco[16]. Bajo aquel almirante de tierra firme, el régimen no toleró la oposición, pero permitió la existencia del neonazismo. La única explicación lógica estaba en una escisión entre las familias del régimen. Se estaba abandonando la tenue liberalización esperada del gobierno de Carrero Blanco de 1969 dominado por el Opus Dei. Lo revelaron claramente los cambios de gobierno de mediados de 1973. La liberalización económica, tolerada de mala gana por sectores de la vieja guardia y de peor gana por el círculo del Caudillo en El Pardo, poco había hecho para reducir la creciente oposición de obreros y estudiantes. Las huelgas generales de Granada en 1970, El Ferrol en 1972 y Pamplona en 1973 resultaron considerablemente difíciles de sofocar. Las universidades eran más militantes que nunca. En enero de 1972 mil estudiantes se enfrentaron en una auténtica batalla con la policía permanentemente apostada en la Universidad Complutense. Los colegios de abogados y de médicos empezaban a mostrar su descontento. La Iglesia criticaba abiertamente al régimen, con el resultado de que los guerrilleros de Cristo Rey atacaban a obispos, y en las concentraciones ultraderechistas se oían violentas peticiones de ejecución del cardenal Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal y dirigente más destacado del ala liberal predominante en la Iglesia.

Así pues, el aumento de los grupos neonazis estuvo claramente relacionado con la crisis por la que estaba pasando el régimen. La función de las brigadas negras terroristas era resolver la contradicción inherente al intento por parte del Opus Dei de modernizar un sistema político cuyo mayor motivo de orgullo había sido siempre haber eliminado la Ilustración. La modernización económica, encaminada a garantizar la supervivencia del régimen, había propiciado la aparición de una nueva clase obrera con nuevas exigencias y de una nueva clase estudiantil para satisfacer la necesidad de personal cualificado. El progreso continuo había obligado también a relajar un poco el control opresivo a que estaban sometidos los sindicatos y las universidades. Pero no se habían saciado las ansias de éstos y la extrema derecha alcanzó la simplista conclusión de que la modernización era la responsable de la crisis que pretendía resolver. La extrema derecha del régimen, consciente de que la salud de Franco estaba deteriorada, paranoicamente angustiada por las consecuencias políticas de la sucesión en la persona de Juan Carlos e inquieta por la extensión de los disturbios provocados por la clase obrera y los estudiantes y por la aparición de ETA, organización capaz de hacer mella en la fama de vulnerabilidad del régimen, estaba al borde del pánico. De hecho, por primera vez se habló en términos hitlerianos de retirarse a un búnker y luchar entre los escombros de la cancillería. Los grupos neonazis desempeñaron un papel útil en la táctica del franquismo acosado, al aterrorizar a la oposición sin estigmatizar al régimen. Más sutil era el efecto propagandístico de alentar a la ultraderecha, que desdibujaba la adopción por el gobierno de una actitud cada vez más dura contra todas las formas de disensión, porque la invención de una extrema derecha fanática colocaba al régimen, como por arte de magia, en una posición de centro.

La función de la ultraderecha quedó ilustrada claramente en el verano de 1973. Durante las manifestaciones del primero de mayo, un miembro de la policía secreta fue asesinado a puñaladas. Hubo centenares de detenciones y se denunciaron torturas. Mayor importancia inmediata tuvieron las manifestaciones y las protestas en masa organizadas por la ultraderecha. La forma en que fueron orquestadas indicó hasta qué punto se sentían asediados los derechistas del régimen. Los ministerios del gobierno, los cuarteles del ejército y las oficinas sindicales se vieron inundados de panfletos cuya nostálgica utilización de la retórica de la guerra civil daba cierta idea de su sensación de que la historia estaba volviéndose contra ellos. Uno llevaba el siguiente encabezamiento: «La guerra civil ha vuelto a empezar», y advertía de que «con la sangre derramada por los marxistas el primero de mayo, al matar a puñaladas al joven policía Juan Antonio Fernández, la guerra que acabó el primero de abril de 1939 ha vuelto a empezar. Esta vez será breve». Varios de ellos hacían llamamientos al ejército. Otro adoptaba la forma de una advertencia —«Aviso a los traidores»— y continuaba: «A los que en tiempos llevaron puesta la camisa azul de la Falange y hoy se avergüenzan de haberla llevado, a los que en tiempos llevaron puesta la boina roja del movimiento carlista y después la han tirado a la basura, a los que no desean cantar el “Cara al sol” ni saludar alzando el brazo, a los que condenan como ultras y extremistas de derechas a los españoles que responden con los puños a los que insultan a la Patria, la religión o la justicia: no porque cometáis esa apostasía os perdonarán la vida los marxistas. Si abandonáis la posibilidad de ser héroes o mártires, seréis viles víctimas».

El 7 de mayo se celebró una concentración en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Hubo policías que pidieron públicamente medidas represivas. Unos tres mil veteranos de la guerra civil pidieron reparación. Las exigencias que figuraban en sus pancartas eran similares a las de los grupos neonazis, en el sentido de que atacaban todas las formas de liberalismo. Un lema típico era «los obispos rojos al paredón». Se distribuyeron panfletos en los que se elogiaban las actividades de la extrema derecha[17]. El propio hecho de que el régimen tolerara lo que en realidad era un motín policial indicaba que los objetivos de los manifestantes contaban con simpatías en las altas esferas. Un mes después, los ministros acusados de debilidad y liberalismo fueron destituidos. El gobierno que juró sus cargos el 12 de junio de 1973 estaba a la defensiva. Los tecnócratas se batían en retirada y los que lograron permanecer lo hicieron a costa de su liberalismo. La transmisión oficial del poder ejecutivo a Carrero Blanco indicó la preparación de una operación dilatoria para cubrir la sucesión de Franco. Un aumento de las actividades de los guerrilleros, del PENS y CEDADE y otros semejantes indicó que iban a ser francotiradores en aquella operación. El último gobierno de Carrero Blanco se componía de un equipo formado para aplastar a la oposición y sofocar la reforma. Fue un regreso al pasado y un rechazo del presente. A la camarilla dirigente, consciente de que había estado demasiado tiempo a bordo del barco, no se le ocurrió táctica mejor que ponerse los salvavidas.

Pero incluso a mediados de 1973 ya era demasiado tarde. Al final de aquel año, Carrero Blanco iba a ser asesinado por ETA. Pese a la atrocidad de aquel crimen, no hubo, para asombro de los ultras, un cierre de las escotillas franquistas. Los derechistas extremistas civiles y militares vieron frustradas sus esperanzas de una sangrienta «noche de los cuchillos largos» contra la izquierda. Sólo lograron una pequeña victoria respecto de la sucesión de Carrero Blanco. Consiguieron que fuera elegido el adusto Carlos Arias Navarro en lugar del inteligente y sesgado Torcuato Fernández Miranda, el más indicado por ser el vicepresidente de Carrero Blanco. Los ultras consideraban a Fernández Miranda peligrosamente próximo al príncipe Juan Carlos, que, como sucesor designado por Franco, representaba, según se consideraba en aquella época, la opción del Opus Dei de un franquismo reciclado. Estaban en lo cierto al cerrar el paso a Fernández Miranda, más de lo que pensaban, de hecho, en aquel momento, ya que éste iba a desempeñar un papel decisivo como asesor del rey durante la transición a la democracia[18]. Sin embargo, cuando incluso Arias se vio obligado a intentar algún cambio, al anunciar su limitado compromiso con la reforma el 12 de febrero de 1974, los ultras adoptaron una actitud más desesperada y más atrevida. A medida que el centro de gravedad se alejaba del franquismo y se aproximaba a alguna forma de evolución democrática, se vieron obligados a dirigir sus ataques a círculos cada vez más próximos a sí mismos.

La revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 infundió aún mayor urgencia a la necesidad de velar por que hubiera un franquismo sin Franco. Tan sólo tres días después, lanzaron lo que se denominó el «gironazo». El 28 de abril de 1974 el adinerado exministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, cortesano de Franco y jefe de la Confederación Nacional de Ex Combatientes, lanzó un feroz ataque público a Arias y a los funcionarios relativamente progresistas que le ayudaban a planificar su reforma democrática. Fue el comienzo de una importante ofensiva política, en la que también participó Blas Piñar y que contó con el apoyo de figuras fundamentales de la prensa del Movimiento. El «gironazo» estaba vinculado también con los intentos del búnker militar de conseguir puestos decisorios que les permitieran estar preparados para hacerse con el poder en la inmediata lucha posterior a Franco[19]. La campaña de publicidad, destinada no tanto a la opinión pública ultraderechista como al propio Franco y a los altos mandos del ejército, dio fruto al final con la destitución del relativamente progresista ministro de Información de Arias, Pío Cabanillas, el 29 de octubre de 1974, a la que siguieron una serie de dimisiones llamativas, incluidas las del ministro de Hacienda, relativamente liberal, Antonio Barrera de Irimo, la del director del INI, Francisco Fernández Ordóñez, del director general de Televisión Española, Juan José Rosón, y de un número importante de funcionarios muy influyentes, conocidos como grupo «Tácito».

Los ultraderechistas se sintieron encantados ante su aparente éxito, pero, como no tardó en demostrar la caída en picado de la Bolsa, lo único que habían conseguido había sido acelerar la propia crisis del franquismo que intentaban atajar. De hecho, parecía que, así como los ultras habían pasado de la utilización de un leve terrorismo esporádico y de matones para intimidar a los oponentes a los intentos de influir en el propio Caudillo, ahora empezaban a urdir planes bastante más peligrosos y ambiciosos en los que participaban militares. Veteranos como Girón y José Utrera Molina, amigo íntimo de Franco y hasta marzo de 1975 ministro secretario general del Movimiento, habían movilizado al dictador en octubre de 1974 para que contribuyera a bloquear el «espíritu del 12 de febrero», como se conocía el débil compromiso de Arias con la reforma. Sin embargo, como la salud del Caudillo cada vez se deterioraba más, no era una táctica que se pudiese utilizar con frecuencia, Además, la consecuencia irónica de las acciones ultraderechistas, ya se tratara de violencia cometida por sus jóvenes o de la manipulación de Franco, consistió simplemente en convencer a muchos franquistas perspicaces e influyentes de las comunidades bancaria y empresarial y del aparato del gobierno de que había llegado el momento de iniciar negociaciones con la oposición.

De hecho, tanto entonces como posteriormente las actividades del búnker fueron, en sus propios términos, contraproducentes. Un intento desesperado de bloquear el rápido avance hacia la democratización, a finales de 1967 y comienzos de 1977, mediante una estrategia de la tensión de estilo italiano, tuvo como consecuencia el asesinato de cinco personas, el 24 de enero de 1977, en un bufete de abogados laboralistas en el barrio de Atocha de Madrid. Su efecto fue disipar la hostilidad pública a la posible legalización del Partido Comunista[20]. En adelante, la actividad ultra se centró en alentar a los oficiales del ejército a alzarse contra el régimen democrático. El falangismo había vuelto a su punto de partida. La Falange, incapaz de hacer su propia revolución en 1936 ni con los votos ni con la toma del poder, había sido un observador parasitario de la rebelión militar. Los divididos restos del falangismo, aún más impotentes a finales del decenio de 1970, intentaron hacer lo mismo que sus predecesores en el decenio de 1930. Sin embargo, cuando los militares fracasaron, la ultraderecha civil se vio también rechazada por la España que, según decían, iban a salvar.

Capítulo 9: El miedo a la libertad: El ejército español después de Franco

CAPÍTULO 9

EL MIEDO A LA LIBERTAD:

EL EJÉRCITO ESPAÑOL DESPUÉS DE FRANCO

A las 18,30 del 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero Molina entraba en el Congreso de los Diputados al mando de doscientos guardias civiles; el Congreso estaba reunido en sesión plenaria para votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. El objetivo de Tejero y sus acompañantes era el secuestro de la élite política en pleno, para crear un vacío político que justificara a su vez la imposición de un gobierno militar. Casi al mismo tiempo, otros participantes en el complot ocupaban la sede central de Radio Televisión Española en Prado del Rey, a las afueras de Madrid; otros aspectos del plan preveían la ocupación de puntos clave de la capital por componentes de la unidad de choque División Acorazada Brunete. Mientras tanto, Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, tercera de las nueve regiones militares españolas, desplegaba sus tanques en las calles de esta ciudad declarando que los graves sucesos que tenían lugar en Madrid exigían semejante medida. El golpe no tuvo éxito. Mirando hacia atrás, se le puede considerar como el punto clave de los esfuerzos de los elementos ultrarreaccionarios dentro del ejército español para destruir la transición a la democracia. Desde los primeros años de la década de los setenta, cuando la probabilidad del cambio democrático después de la dictadura llegó a ser una amenaza cada vez más palpable, los partidarios militares de la línea dura luchaban tanto por acabar con el liberalismo dentro de sus propias filas como por bloquear los esfuerzos civiles de efectuar una transición.

Veinte meses después del golpe fracasado de Tejero llegaría al poder el Partido Socialista. Habría otras intentonas de golpe militar que tampoco tendrían éxito, y los socialistas se lanzaron a un programa masivo de modernización militar, consolidando el ingreso de España en la OTAN, sustituyendo la obsesión del ejército español por la política interna nacional por la preocupación por los asuntos estratégicos internacionales. En el momento del golpe de Tejero, sin embargo, ese resultado no era nada claro. Con la esperanza de atenuar la atrocidad de lo que sucedía, los medios de comunicación insistían en el historial de Tejero como principal impulsor de la operación golpista «Galaxia», abortada en 1978, e intentaron despachar la intentona como el trabajo de un loco aislado. Además, diversos fallos técnicos hicieron quizá que el golpe pareciese una chapuza; algunas emisoras de radio importantes no fueron ocupadas como se había planeado; el regimiento de caballería que había ocupado RTVE a las siete de la tarde fue convencido por el general al mando de la Casa del Rey para que la abandonara dos horas más tarde. Las ramificaciones del golpe eran más profundas de lo que suponía su ejecución defectuosa y se ocultaron durante esa noche tan sólo por lealtades indecisas y vacilaciones. Por otra parte, el general José Juste Fernández, jefe de la División Acorazada Brunete, desempeñaba un papel crucialmente ambiguo. Sin duda, consciente de que se planeaba el golpe, pero deseoso de no ser implicado, se encontraba en camino hacia Zaragoza para la inspección de ciertas unidades; había descubierto que algo sucedía y había vuelto al cuartel general. Una vez allí, dándose cuenta de que el rey se oponía al golpe, pudo volver a imponer gradualmente su autoridad e impedir la movilización de las unidades que debían ocupar Madrid[1].

A pesar de todo, ni estos tropiezos de tipo técnico ni el hecho de que sólo treinta conspiradores fueran finalmente procesados justificaban el atenuar la importancia del golpe. Tejero era sólo el cabecilla de una trama o tramas, con raíces mucho más profundas, cuya falta de acuerdo sería su mayor defecto. Tejero y Milans del Bosch planeaban un golpe de mano de tipo turco o chileno pinochetista que iría seguido de una represión draconiana contra la izquierda y una guerra sucia para destruir a ETA[2]. Por contra, el general Alfonso Armada Comyn pensaba en una operación más al estilo De Gaulle y había sondeado a algunos políticos en torno a esta idea meses antes[3]. Armada había sido durante muchos años uno de los preceptores de Juan Carlos, así como secretario general de la Casa del Rey; había sido destituido de este cargo por uso indebido de papel con membrete del Palacio de la Zarzuela en favor de su hijo, candidato de Alianza Popular, pero consiguió llegar a segundo jefe del Alto Estado Mayor a comienzos de 1981. Los dos proyectos habían convergido en Armada, quien esperaba que el hecho consumado violento de Tejero y Milans obligara al rey a dar su aprobación al golpe y obligara a la clase política por medio del chantaje a cooperar en un gobierno de salvación nacional bajo su presidencia. Al mismo tiempo, Milans y algunos de los hombres de la línea dura involucrados en el complot de Tejero utilizaban la supuesta proximidad de Armada con Juan Carlos para hacer creer a muchos oficiales indecisos que su comandante supremo estaba al tanto de la conspiración[4].

La existencia de dos planes, al menos, que implicaban a distintos sectores de oficiales, apuntaba a un apoyo al golpe ampliamente extendido entre las fuerzas armadas; realmente, el complejo proceso de desmantelamiento del golpe dejó entrever ramificaciones profundas. La defensa del sistema democrático fue certeramente dirigida por un triunvirato constituido por el rey, el nuevo secretario de la Casa del Rey, general Sabino Fernández Campos y el director general de Seguridad, Francisco Laína García. Éstos necesitaron dieciocho horas para conseguir la rendición de Tejero, retraso que se debió en gran medida a la ambigüedad de la posición de Armada. Hasta las primeras horas de la mañana no se supo a ciencia cierta que también él estaba entre los conspiradores, y por ello se tardó más tiempo en confirmar la lealtad de los otros ocho capitanes generales y de otros militares importantes, muchos de los cuales estaban a la espera del desarrollo de los acontecimientos. El golpe sólo se vio seriamente amenazado por la aparición del rey Juan Carlos en televisión a la una y diez de la madrugada del 24 de febrero [5].

El golpe mismo, las dificultades que entrañó su desarticulación y el hecho de que el rey se viera obligado a poner en juego todo su prestigio personal e incluso su propia seguridad, daban a entender que la clase política española en general, y el liderazgo de UCD en particular, habían errado seriamente en su apreciación de la actitud del ejército en la transición a la democracia. De hecho, el «23-F», como pasó a ser conocido el golpe en España, puso brutalmente de relieve las insuficiencias de la política de guante blanco para evitar por todos los medios cualquier herida de las susceptibilidades de la clase militar con la esperanza de llevar a cabo sin sobresaltos las reformas políticas y militares[6]. Así, resultó que varias de las figuras centrales del complot habían estado involucradas previamente en actos de hostilidad al régimen democrático sin haber sufrido por ello sanciones significativas. En mayo de 1979, el general Milans del Bosch había absuelto a un oficial que había insultado y atacado al ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado. El capitán Sáenz de Ynestrillas, gravemente implicado en el 23-F, había colaborado con Tejero en la preparación de la «Operación Galaxia» en noviembre de 1978, por lo que fue sentenciado a sólo seis meses de arresto preventivo, siendo a continuación ascendido a comandante. El general Luis Torres Rojas, organizador de la participación de la División Acorazada Brunete en el «Tejerazo» hasta la vuelta del general Juste, ostentaba también un historial de deslealtades. En enero de 1980, cuando era jefe de la División Brunete, se había visto implicado en proyectos golpistas, siendo por ello trasladado al gobierno militar de La Coruña[7].

El caso más escandaloso de lenidad gubernamental, alentadora del golpismo, era el del propio Tejero. Parece que lo marcó un período de servicio en el País Vasco durante el cual tomó parte en la acción contra los terroristas de ETA. Famoso por el gesto de abrazar teatralmente los cadáveres ensangrentados de guardias civiles muertos en emboscadas, sentía un odio amargo hacia los políticos de Madrid, a los que culpaba de que no se acabase con ETA inmediata y definitivamente. Impulsó, por consiguiente, en sus hombres la clase de brutalidad ciega que proporcionaba a su vez nuevo apoyo popular a ETA, al mismo tiempo que empezó a reunirse con ultraderechistas que le persuadían de que él podría ser el salvador de España. Fue destinado lejos del norte en enero de 1977, sancionado por un intempestivo telegrama dirigido al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, pidiendo detalles de los honores que había que rendir a la bandera vasca, la ikurriña, en la región. Después de un cortísimo arresto fue enviado a Málaga, donde estuvo a punto de provocar un baño de sangre, al reprimir, por propia iniciativa, una manifestación legal en favor de la autonomía andaluza.

Una muestra típica del cauteloso trato que se dispensaba a los oficiales del ejército y de la Guardia Civil en el período posfranquista fue el hecho de que Tejero fuera sancionado, por sus turbulentas actitudes sediciosas, sólo con un destino de oficina en Madrid. Allí se relacionó con falangistas aún más nostálgicos que él y, animado por ello, comenzó a conspirar. Su idea consistía entonces en el secuestro del gobierno, reunido en consejo de ministros en el Palacio de la Moncloa, a las afueras de la capital. El plan debía ponerse en práctica el 17 de noviembre de 1978, fecha en la que estaba previsto que el rey se encontrase fuera del país y en que numerosos jefes militares estarían asistiendo a unas maniobras, también lejos de Madrid; a la vez la capital se hallaría invadida por ultraderechistas congregados para conmemorar, el día 20, el aniversario de la muerte de Franco. Mientras tanto, la «Operación Galaxia» (llamada así por la cafetería donde se tramó) fue descubierta por los servicios de inteligencia militares. En un momento en que un número creciente de incidentes antidemocráticos, provocados por militares, eran virtualmente ignorados por las autoridades, apenas produjo sorpresa el hecho de que Tejero sólo tuviese que cumplir siete meses de arresto antes de recibir un nuevo destino en Madrid, al frente de una unidad de transporte. Es más, éste no sólo gozaba ahora de un considerable prestigio entre los grupos de extrema derecha, sino que, ante la escalada de ataques a militares por parte de ETA, Tejero llegó también a ser visto con benevolencia por un sector creciente de la jerarquía militar[8].

Esto no era del todo sorprendente; el constante derramamiento de sangre por ETA, el clima de depresión económica, el letargo político de UCD y la legalización del Partido Comunista habían sido hasta tal punto agitados por la prensa ultraderechista, que la hostilidad militar hacia la democracia era mayor en 1981 de lo que había sido inmediatamente después de la muerte de Franco. Entonces había cierta simpatía por la idea de un cambio controlado bajo la supervisión del rey. Por otra parte, la UCD, que había optado por la política de evitar confrontaciones y purgas, se encontró con que el ascenso, a todas luces necesario, de militares liberales a cargos de responsabilidad se veía limitado por la rigidez del sistema de ascensos en vigor. De hecho, la necesidad urgente que tenía el régimen democrático de reconciliar a las fuerzas armadas iba a encontrar muchas dificultades debido a la rígida mentalidad franquista de la oficialidad española.

En cualquier ejército, pero particularmente en España, rigen los valores normalmente asociados con la política de derechas: jerarquía, autoridad, orden, honor, arrojo, disciplina o patriotismo. Del mismo modo, los valores relacionados con los conceptos de libertad e igualdad no suelen —por razones de eficacia militar— formar parte del ethos pretoriano. El ejército de Franco sobrepasó los límites normales de conservadurismo militar por el modo en que se forjó, en una guerra larga y cruel contra el comunismo, el socialismo, el liberalismo y la democracia parlamentaria. Como consecuencia de la guerra civil, alrededor de cinco mil oficiales de ideas liberales o izquierdistas del ejército español anterior a 1936 fueron fusilados o encarcelados, o partieron al exilio. Al mismo tiempo, casi once mil ultra derechistas, falangistas y carlistas se incorporaron al ejército como «alféreces provisionales». A partir de aquí, el elemento militar estuvo íntimamente comprometido en la gobernación del país, proporcionando, por ejemplo, cuarenta de los 120 ministros del dictador. En particular, el ejército estuvo implicado en las tareas represivas de la dictadura, y más por cuanto no hubo conflictos exteriores que ocuparan su atención.

Por añadidura, tres cuartas partes de los alumnos de las academias militares eran hijos de oficiales y fueron instruidos por profesores cuyo principal cometido fue transmitir la ideología belicista y antiizquierdista de la victoria franquista en la guerra civil. Para ellos, la lección primordial de la guerra de 1936-1939 era la responsabilidad de la democracia por el caos que, según ellos, había hecho necesaria la insurrección. El desorden y la ruptura de España en regiones autónomas se consideraba el más aborrecible desafío que la República había presentado a aquella España eterna, cuya defensa era contemplada como el más sagrado deber del ejército. Estas ideas se nutrían en los espacios cerrados de la vida de cuartel, aislados de la sociedad civil. Más del 30% de los oficiales se casaban con hijas de oficiales; vivían, y viven todavía, en casas militares, y aún compran en economatos y farmacias militares, del mismo modo que envían a sus hijos a colegios militares y, posteriormente, en la universidad, los mandan a vivir a residencias propias mantenidas por el ejército[9].

Como demostró decisivamente el caso de Tejero, los militares, que constantemente cambiaban de destino, nunca establecían el tipo de contactos locales que podían haberles ayudado a comprender a la sociedad en que trabajaban. Sus esquemas intelectuales nunca fueron puestos en cuestión, puesto que la única prensa que leían y discutían consistía en El Alcázar, Heraldo Español y Fuerza Nueva, toda ella de carácter abiertamente fascista y a menudo distribuida gratuitamente en los cuarteles. La UCD hizo poco para incorporar al ejército a la colectividad democrática, aparte de incrementos significativos en los niveles de retribución y en el presupuesto para material. Esto hizo aumentar la profesionalidad de ciertas unidades de orientación más técnica, pero tuvo poco efecto en los regimientos de infantería, más atrasados y estrechos de miras. No existía ningún programa de formación tendente a persuadir a los oficiales de que era posible ser a la vez demócrata y buen español. Así, mientras quedaban impunes actos de indisciplina como los cometidos por Tejero, las declaraciones en favor de la democracia fueron rápida y ferozmente castigadas. A los miembros de la Unión Militar Democrática, que trabajaron por la difusión de ideas democráticas dentro de las fuerzas armadas, no se les dio la amnistía hasta 1988, por condenas impuestas bajo leyes franquistas en 1976. Oficiales que hicieron declaraciones abiertamente constitucionales fueron arrestados por «intervenir en política». Aún en enero de 1982, un jefe del ejército, el coronel Graíño, fue encarcelado durante dos meses por escribir en un periódico madrileño sobre las posturas ultraderechistas de algunos oficiales. El comandante Monge, un profesor de la Escuela de Estado Mayor, fue arrestado tras haber confirmado que era miembro de la UMD; el comandante Perinat fue encarcelado durante cinco meses por haber escrito un artículo en el que criticaba el hecho de que los médicos militares tuvieran también puestos civiles. El mismo tribunal que condenó a Graíño impuso sólo un arresto de un mes al capitán Juan Milans del Bosch, hijo de uno de los principales conspiradores, culpable de haber calificado al rey, su comandante supremo, de «cerdo inútil»[10].

Los derechistas, que eran en cualquier caso mayoría en el ejército, sacaron de ello sus propias conclusiones. En realidad, partiendo de su configuración ideológica, no es sorprendente el papel que el ejército ha desempeñado en el proceso de transición a la democracia. Uno de los mayores logros de Franco consistió en conservar la lealtad de las fuerzas armadas al tiempo que las mantenía en condiciones de penuria; por supuesto, ambos procesos estuvieron inextricablemente relacionados. La incorporación al ejército de los veteranos de la guerra civil llevaba consigo la decisión de renunciar a tener un ejército moderno, recompensando en cambio a los políticamente leales con salarios seguros, aunque insuficientes. Las retribuciones escasas fueron compensadas por una amplia gama de servicios sociales de sanidad, educación, vivienda e incluso suministros de alimentación, que existían para uso único de los militares. Ello hizo crecer en los oficiales tanto el sentido de pertenecer a una casta privilegiada como su dependencia del régimen. Del mismo modo, los bajos sueldos iban acompañados de una considerable cantidad de tiempo libre y de una actitud de disimulo ante el pluriempleo. Muchas fueron las empresas españolas que acostumbraban a recibir a los inspectores fiscales con un coronel uniformado, o enviaban solicitudes de licencias de importación al Ministerio de Comercio en manos de un general; los niveles medio y alto del ejército fueron sutilmente corrompidos en este proceso. El deterioro de su competencia profesional que ello significaba fue compensado con un orgullo desmedido en torno a su estatus de ejército victorioso, estatus que por sí mismo significaba la humillación de un amplio sector de la población. Los bajos niveles de profesionalidad y las pomposas concepciones sobre su importancia política cristalizaron, además, a través de la promoción lenta en la carrera y la jubilación tardía.

En consonancia con ello, el período de la transición democrática se encontró con los rangos superiores del ejército todavía dominados por veteranos de la guerra civil y de la División Azul, fuerza expedicionaria de Franco que se había unido a los ejércitos hitlerianos en la campaña de Rusia. Los oficiales que habían ingresado en las academias militares después de la guerra civil tenían en 1975 sólo el rango de teniente coronel[11]. Esta preponderancia ultraderechista fue exacerbada por el hecho de que los generales no se retiraban de manera definitiva, sino que pasaban a una situación de reserva en la que podían hacer libremente declaraciones políticas no controladas, normalmente de contenido antidemocrático[12]. Es preciso, sin embargo, subrayar que esta situación se mitigaba en los casos de la marina y del ejército del aire. Ello se debió tanto a sus niveles más altos de capacitación técnica como a su incorporación a la defensa europea, pues ambos factores intensificaron sus vínculos con colegas más liberales; por otro lado, no se vieron envueltos en las funciones represivas asumidas por el ejército de tierra.

La herencia de ese papel del ejército se ha dejado sentir con fuerza en el proceso de transición. La competencia, por no decir la obligación, de los tribunales militares para juzgar a ciudadanos civiles en un amplio número de delitos políticos persistió mucho tiempo después de que se diera la justificación inmediata para la represión, tras la guerra civil. Incluso después de que el Tribunal de Orden Público, establecido en 1963, hubiera asumido parte de esta tarea, los militares continuaron implicados en ella, soportando así el oprobio de haber sido el instrumento de la represión antidemocrática. Ejemplos notables de ello fueron el proceso de Burgos de 1970, la ejecución —el 2 de marzo de 1974— del anarquista catalán Salvador Puig Antich y las de tres militantes del FRAP y dos de ETA el 27 de septiembre de 1973; estas últimas produjeron masivas manifestaciones antifranquistas en el exterior y aun en el interior de España. Incluso en años exentos de crisis, como 1971 y 1972, los tribunales militares dictaron respectivamente 126 y 151 sentencias por delitos políticos, siendo el mayor número de ellas por «injurias al Ejército»[13]. En los cinco años que siguieron a las primeras elecciones democráticas, periodistas, cantantes y dramaturgos chocaron con la justicia militar.

La función jurisdiccional de los militares en el proceso represivo fue masivamente apoyada por un tipo de despliegue territorial de fuerzas propio de un ejército de ocupación. Esto era quizá comprensible en la etapa posterior a la guerra civil y durante el período de actividad guerrillera, que duró hasta 1951; sin embargo, el sistema fue confirmado y consolidado después de 1965 y sólo cambió paulatinamente con los socialistas durante la década de los años ochenta. Durante veinte años después de 1965, las unidades fueron divididas en dos grandes conjuntos operacionales. El primero, las Fuerzas de Intervención Inmediata (FII), se componía de tres divisiones de infantería, acorazada, mecanizada y motorizada, junto a tres brigadas: de paracaidistas, aerotransportada y caballería ligera. En teoría, las FII tenían una función defensiva exterior de protección de las fronteras pirenaica y gibraltareña y de ayuda al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados militares internacionales. En la práctica, muchas de las unidades clave se destinaron a lugares cercanos a las grandes conurbaciones industriales. El segundo agrupamiento, las Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio (FDOT), se componía de dos divisiones de montaña, once brigadas de infantería y dos brigadas de artillería. Bajo el mando directo de los capitanes generales de las nueve regiones militares, las FDOT tenían un papel mucho más abiertamente antisubversivo, antiguerrillero o contra manifestantes públicos, tanto como contra posibles enemigos exteriores[14]

Otra característica de las fuerzas armadas españolas que contribuyó a intensificar su postura política antidemocrática fue la compleja y contradictoria red de los servicios de inteligencia. Esto se vio claramente a lo largo de 1974, cuando las actividades revolucionarias del ejército portugués causaron cierta ansiedad en los círculos militares españoles, preocupados ya entonces por la decaída salud de Franco. Ya mucho antes de los sucesos de Portugal se habían realizado esfuerzos para combatir el posible surgimiento de disidencia política, democrática o de otro tipo en el seno de las fuerzas armadas. En los primeros años de la dictadura, la subversión militar no iba más allá de la búsqueda de posiciones por parte de las facciones prorégimen, normalmente monárquicas, algunas veces también falangistas. En estos casos, la sanción raramente iba más allá de la degradación o de los destinos alejados. Los brotes de liberalismo auténtico fueron, por el contrario, severamente castigados[15]. En el crepúsculo del régimen de Franco, transcurrido entre sucesivas crisis, pudo, sin embargo, discernirse un componente de pánico. Del mismo modo que los franquistas civiles comenzaban a temer que sus planes de un continuismo posfranquista fuesen desmontados por los «aperturistas» más liberales, la jerarquía militar fue presa de miedos semejantes.

De hecho, a lo largo del período de transición, el desarrollo de los acontecimientos en el interior de las fuerzas armadas fue un reflejo fiel de la tendencia general de la política ultrafranquista. En el verano de 1973, los pasos hacia la apertura de algunas fuerzas del régimen habían sido contrarrestados por el nombramiento, el 8 de junio, de un caracterizado representante de la línea dura, el almirante Luis Carrero Blanco, como presidente del consejo de ministros. El retroceso hacia la derecha, de lo que esto era la muestra más visible, tuvo pronto repercusiones en el seno del ejército. El 9 de julio, cuatro alféreces cadetes fueron expulsados de la Academia de Infantería de Toledo dos días antes de que dos de ellos obtuviesen sus despachos de tenientes. Entre sus «delitos» estaban la lectura de libros y revistas publicados legalmente sobre temas sociales, culturales y económicos, la familiaridad en el trato con otros grados, el abandono de la práctica de la religión católica, la amistad con estudiantes universitarios y conversaciones con éstos sobre la reforma social y la posesión de un cuestionario sobre las relaciones entre el gobierno y el ejército[16]. La dureza de la reacción ante estas faltas era indicativa del grado de miedo existente en el aparato militar. Ello se debió en parte al descubrimiento, en 1973, de un documento, suscrito por «un grupo de oficiales», en el que se convocaba a las fuerzas armadas a defender los verdaderos intereses del conjunto de la nación española y no sólo los de un grupúsculo corrupto. Ese documento fue la primera manifestación de lo que llegaría a ser el grupo de presión liberal de oficiales del ejército y de la fuerza aérea, Unión Militar Democrática[17]. Fue en buena medida como respuesta a los signos crecientes de sentimientos democráticos entre la oficialidad por lo que Carrero Blanco amplió la esfera de acción de los servicios internos de inteligencia.

Estos servicios, establecidos originalmente para contener el flujo hacia la democratización tanto en las fuerzas armadas como en sectores más amplios de la sociedad, iban a desempeñar un papel clave en los varios intentos golpistas del período posfranquista. Antes de la muerte del dictador, sin embargo, se produjo la desarticulación de la Unión Militar Democrática. La revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 había suscitado en España el espectro de la democracia. La primera víctima del malestar militar fue el jefe de Estado Mayor, general Manuel Diez Alegría. Liberal comprometido en el aumento de la profesionalidad de las fuerzas armadas, había recibido cientos de monóculos enviados por personas que tenían la esperanza de que se convirtiese en el Spínola español. El 13 de junio de 1974 fue destituido como jefe de Estado Mayor después de un viaje autorizado a Rumanía para tratamiento médico, durante el cual había celebrado un encuentro con el presidente Ceaucescu[18]. A pesar de todo, cualquier miedo en torno a las posibles actividades del general Diez Alegría palidecía al lado de los temores provocados por el descubrimiento, por parte de los servicios de inteligencia de Carrero, de la existencia de reuniones clandestinas de jóvenes oficiales comparables a las que habían dado lugar en Portugal al Movimiento de las Fuerzas Armadas. En una etapa en que los franquistas habían puesto sus esperanzas en la solución sucesoria de un franquismo sin Franco, la destrucción del admirado ejemplo portugués del salazarismo sin Salazar había sido un golpe amargo. La grave enfermedad de Franco en el verano de 1974 no podía sino crear en el seno de las fuerzas armadas una considerable tensión. La Unión Militar Democrática que inspiraba aquellas asambleas era moderada y democrática, pero la reacción de las autoridades fue como si formasen parte del intento del Partido Comunista para infiltrar en el ejército juntas democráticas, lo cual indicaba la tensión dentro del alto mando español después de la revolución portuguesa y durante la agonía final de Franco[19].

Los oficiales liberales de mediana y alta graduación habían estado reuniéndose para discutir las formas de asegurar que el ejército no bloqueara el impulso cada vez más claro a nivel nacional hacia la democracia. En Barcelona, un grupo de capitanes se reunían en torno a la figura clave del comandante Julio Busquets Bragulat, y en Madrid en torno al comandante Luis Otero. Llegado el verano de 1974, los dos grupos estaban a punto de publicar el manifiesto de la organización que iba a aparecer de forma pública en septiembre de 1974 como manifestación de la UMD. El manifiesto demostró que el propósito de los líderes de la UMD era ser verdaderamente apolíticos, y que su única preocupación era impedir que el ejército siguiera siendo el guardián del sistema en contra de la voluntad popular. Por tanto, pedían a todas las fuerzas de la oposición democrática que se unieran, mientras que ellos mismos se negaron firmemente a asociarse con un grupo en particular. El modelo que utilizaron fue el amplio frente político conocido como la Asamblea de Cataluña, aunque les influyeron el democratacristiano Joaquín Ruiz Giménez y, a través de Busquets, el líder socialista catalán, Joan Raventós[20].

La prensa internacional y nacional empezó inmediatamente a especular sobre la posibilidad de que la UMD fuera el equivalente español del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) portugués. Posteriormente, los líderes de la UMD denegaron tal enlace, pero resulta difícil concluir que los acontecimientos del abril portugués no les influyeron. Algunas de las figuras más influyentes, como Julio Busquets, José Fortes y Luis Otero, tenían contactos con el MFA. Además, la UMD apareció de forma sospechosa poco después del cataclismo en Portugal, y una de sus primeras y más importantes publicaciones se tituló ¿Dónde están los capitanes?, que empezaba con las palabras: «Después de la intervención militar en el escenario político portugués, muchos españoles se preguntan: ¿qué están haciendo nuestros capitanes? ¿Cómo es que no se sublevan contra la injusticia de un régimen que repudia la gran mayoría del país?»[21]. Había, sin embargo, una diferencia importante entre la UMD y el MFA. El propósito de los oficiales de la UMD no era hacer una revolución tal y como habían hecho sus camaradas en Portugal. Querían despertar la conciencia del ejército español para que no impidiera la creación de una España democrática por parte de las fuerzas civiles.

Casi desde el primer momento, los diversos servicios de inteligencia seguían la pista de los que estaban involucrados. El alto mando se escandalizó ante la posibilidad de que el ejército fuese dividido y se horrorizó ante la posibilidad de que un número considerable de oficiales se uniera a la causa democrática. Los elementos más enardecidos de los servicios de inteligencia, siempre propensos a la exageración, calcularon que quizá hasta dos mil oficiales podrían haber sido contaminados por la UMD. La UMD nunca contó con más de 250 militantes activos, aunque finalmente muchos más se vieron implicados como simpatizantes. Para cuando la UMD celebró su segunda asamblea nacional en secreto en Madrid, en diciembre de 1974, se habían establecido contactos con el Partido Socialista a través de Raventós y Felipe González, con el Partido Comunista a través de Simón Sánchez Montero y Armando López Salinas y con la democracia cristiana de izquierdas a través de Joaquín Ruiz Giménez[22].

Se reveló la tensión en la jefatura en febrero de 1975, cuando fueron detenidos en Barcelona el comandante Busquets y el capitán José Julve. La ocasión fue el aniversario de la fundación de la Academia General Militar de Zaragoza. Cada año había en todas las regiones militares una comida conmemorativa seguida de un discurso pronunciado por un oficial que había hecho su carrera en la academia después de la guerra civil. De acuerdo con la tradición, había luego una respuesta a cargo de un oficial de alto rango que había hecho su carrera en la academia durante los días en que Franco fue director de la Academia General Militar o por el capitán general de la región. En la guarnición de Barcelona, la ocasión siempre había sido marcada por un acontecimiento que casi llegó a ser una tradición. Todos los años, Julio Busquets intervenía al final del primer discurso para decir que el primer orador, invariablemente franquista, no representaba a todos los que habían hecho su carrera en la Academia General Militar. En 1975, sin embargo, se acabó con las dos tradiciones. A la luz de la agitación en torno a la extensión de la UMD, un grupo de oficiales, Busquets incluido, pidió autorización para que un comité elaborara el primer discurso. Los liberales de este grupo aseguraron que el discurso abogaría por un apoliticismo verdadero dentro de las fuerzas armadas. Busquets y Julve, sin embargo, fueron más allá y propusieron que el discurso debería incluir una declaración para apoyar al capitán Jesús Molina, que había sido detenido hada poco. Molina fue trasladado temporalmente a Renfe, donde se había negado a divulgar información acerca de una huelga, por lo que había sido castigado. Una vez informado de los detalles del discurso, el capitán general de la IV región militar, el general Bañuls, ordenó que se detuviera a Busquets y Julve. Efectivamente, Bañuls transformó la comida conmemorativa en un golpe de propaganda para la UMD. Tuvo lugar en un ambiente de gran tensión, sin discursos, y el tema central de la conversación fue el contenido de los discursos prohibidos[23]. Además, la sensación creada por la detención de Busquets, célebre como el autor de un libro muy leído sobre la sociología de la oficialidad española, provocó una especulación general acerca de una eventual división del ejército[24].

Durante 1975 la UMD crecía lenta pero sólidamente, estableciendo contactos en las principales guarniciones del país. Se tomó la decisión de establecer un «comité estratégico» cuyo objetivo fue identificar posibles reclutas y simpatizantes y mandar a los miembros de la UMD que pidiesen el traslado a unidades desde las cuales podrían contrarrestar mejor las actividades políticas de los ultras. Se sabía que los ultras se concentraban en unidades de operación clave. En particular, bajo el mando del general Jaime Milans del Bosch, la División Acorazada Brunete atraía solicitudes de traslado por parte de oficiales de la línea dura. Del mismo modo, la UMD estaba ansiosa por impedir que se hicieran los preparativos para un golpe con el objetivo de anticiparse a la reforma democrática y por impedir que el ejército se movilizara en contra de la población civil en caso de huelgas o manifestaciones cuando muriera Franco[25]. En el verano de 1975, los servicios de inteligencia creían que el 10% del cuerpo de oficiales estaba involucrado de una manera u otra. El presidente del gobierno y los oficiales más liberales estaban dispuestos a vigilar los acontecimientos sin provocar un incidente. Los ultras, sin embargo, estaban ansiosos tanto por aplastar la UMD lo antes posible como por sacar el máximo provecho político. Eran conscientes de la debilidad creciente de Franco y les preocupaba que la neutralidad democrática abogada por la UMD paralizara a las fuerzas armadas en el momento exacto en que tenían que estar unidas para asegurar la supervivencia de la dictadura más allá de la muerte del dictador. En consecuencia, atacaron para servir de fuerza disuasoria contra la extensión de la «neutralidad» política de la UMD y en el momento adecuado para dañar al máximo el movimiento indeciso hacia la reforma política del presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro.

El general Jaime Milans del Bosch provocó la sucesión de acontecimientos claramente orquestados. Milans, además de ser un derechista de la línea dura, fue comandante de la División Acorazada y también presidente de la junta directiva del periódico ultraderechista El Alcázar. Arias Navarro asistía en Helsinki al Congreso sobre la Seguridad y Cooperación Europea, con el objetivo de ganar credibilidad entre las democracias occidentales por su programa tímido de liberalización. El 23 de julio de 1975, Milans envió un informe al capitán general de Madrid, el ultra Ángel Campano López, comunicándole que los servicios de inteligencia habían descubierto las actividades de la UMD, que denunció como un peligro para la unidad y los objetivos de las fuerzas armadas. El informe había sido elaborado por el jefe del servicio de inteligencia del ejército, el Servicio de Información del ejército de tierra o SIBE, el coronel José María Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla, colaborador de Milans. Propiamente hablando no fue responsabilidad de Milans remitir el informe a Campano sino como un oficial «preocupado». Sin embargo, con el expediente de Milans sobre su mesa, Campano tuvo una excusa para movilizarse en contra de la UMD[26]. Se detuvo a siete líderes de la UMD el 29 de julio de 1975 y a otros dos más días después. Se lanzaron redadas espectaculares al amanecer más apropiadas para capturar a terroristas. Grupos nutridos de policías realizaron las detenciones mientras francotiradores cubrían los edificios donde vivían los oficiales[27].

Esta demostración de fuerza excesiva tuvo la función triple de desconcertar a Arias Navarro, que estaba ocupado en Helsinki haciéndose pasar por demócrata, humillar a los oficiales detenidos, quienes, en opinión de los ultras, eran los «rojos» más viles que existían, y finalmente lanzar una andanada disuasoria a los demás oficiales que simpatizaban con la UMD[28]. Los temores del búnker en lo que se refería a la UMD se podían percibir en las diversas declaraciones públicas acerca de la unidad del ejército que hicieron oficiales de alto rango y de la línea dura poco después de las detenciones. El 8 de agosto, el jefe de Estado Mayor, general Carlos Fernández Vallespín, intentó suavizar la importancia de las detenciones de los oficiales de la UMD al asegurar que «el ejército goza de buena salud aunque esté algo resfriado». Sin embargo, habló a continuación del peligro de una repetición entre las fuerzas españolas de los sucesos de Portugal. De modo parecido, el ministro del Ejército, Francisco Coloma Gallegos, el director de la Academia General Militar, general Guillermo Quintana Lacaci, y muchas otras figuras de alto rango hicieron declaraciones negando la existencia de divisiones dentro del ejército[29].

El proceso de los militantes de ETA en el verano de 1975 se celebró bajo la autoridad judicial del capitán general de la VI región militar de Burgos, Mateo Prada Canillas. Éste declaró el 24 de junio que «hoy en día cuando se habla tanto de reconciliación, las fuerzas del orden público no necesitan reconciliarse con nadie»[30]. Casualmente, Campano, en su condición de capitán general de Madrid, iba a autorizar las condenas de muerte que se impusieron a los militantes del FRAP a quienes se procesaba en la capital a mediados de septiembre. En tal ambiente se hicieron los preparativos para el proceso de los oficiales detenidos de la UMD, acusados del delito sumamente grave de «rebelión militar». Se les negó autorización para hacer uso de abogados civiles y tuvieron que aguantar un frecuente acoso durante su detención, antes del proceso. Los intentos realizados por parte de José María Gil Robles de encontrar una solución negociada a la situación apremiante fracasaron en los primeros meses de 1976 debido a la oposición feroz del nuevo capitán general de Madrid, el último ministro del Ejército de Franco, el general ultraderechista Francisco Coloma Gallegos[31]. (Campano había dejado la I región militar para convertirse en director general de la Guardia Civil y había sido sustituido por el general Félix Álvarez Arenas. Después de sólo unos meses en el puesto, el 8 de enero de 1976, Álvarez Arenas se convirtió en ministro del Ejército en el primer gobierno bajo la nueva monarquía, intercambiando su puesto con el del general Coloma Gallegos). La actitud de Coloma Gallegos no era de sorprender, ya que el propósito del procesamiento de los oficiales implicados era aplastar a la UMD de tal manera que conmoviera lo más profundamente posible al más amplio abanico del cuerpo de oficiales. Existía un elemento de limitación de daños en todo el proceso. Los servicios de inteligencia contaban con los nombres de cientos de oficiales involucrados de una manera u otra en la UMD. Revelar todos esos nombres y por tanto demostrar el alcance de la simpatía por la democracia dentro de las fuerzas armadas destrozaría la unidad militar. En consecuencia, se prefirió un proceso brutal organizado con fines propagandísticos contra unos cuantos oficiales para intimidar a los liberales a fin de que se callaran y de que no hicieran nada[32].

La muerte de Franco aceleró el repliegue de los duros hacia el búnker. Los militares ultras trabajaron mucho en varios frentes para mantener el control de las fuerzas armadas. Mientras seguía en el puesto de ministro del Ejército, el general Francisco Coloma Gallegos representaba el ánimo intransigente de las jerarquías superiores cuando declaraba el 15 de diciembre el 1975 que «hoy, más que nunca, tenemos la obligación de mantenemos unidos para impedir que la antorcha que ha cogido en sus manos el rey puedan apagarla aquellos que pretenden desencadenar tempestades»[33]. En el primer gabinete posfranquista, los asesores del rey esperaban que se nombrara al general Manuel Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno con responsabilidad para asuntos de seguridad y defensa y por tanto con jurisdicción sobre los tres ministerios de las fuerzas armadas. Gutiérrez Mellado, a la sazón comandante militar del enclave español en Ceuta, era una de las figuras más liberales del ejército y amigo íntimo del general Diez Alegría. Se orquestó una campaña en contra de Gutiérrez Mellado por parte de los ultras, enfurecidos por su postura moderada respecto al asunto de la UMD. Gutiérrez Mellado había pedido tanto al ministro del Ejército como al capitán general de Madrid que se tratase con menos acritud a la UMD. Un prominente general del búnker, posiblemente Milans del Bosch o Campano, confeccionó un informe crítico en el que se insinuaba que Gutiérrez Mellado era en realidad el inspirador de la UMD. El informe impresionó tanto a Arias Navarro que cedió ante la fuerza de los sentimientos ultraderechistas en contra de Gutiérrez Mellado y nombró vicepresidente, en cambio, al muy conservador Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil[34]. Por el momento, Gutiérrez Mellado fue ascendido a la capitanía general de la VII región militar (Valladolid). El nuevo ministro del ejército, el general Félix Álvarez Arenas, era un poco menos reaccionario que su antecesor, Coloma Gallegos. Por otra parte, el ministro de Marina era un superviviente del gabinete de Carrero Blanco, el anacrónico almirante Gabriel Pita da Veiga. Aunque Gutiérrez Mellado sustituyó en efecto a Santiago como vicepresidente para asuntos de la defensa en septiembre de 1976 después de la dimisión de este último en protesta contra la legalización de los sindicatos, le afectaron mucho las acusaciones de los ultras de que estaba implicado en la UMD. Aunque trabajara mucho para despolitizar a las fuerzas armadas durante la transición a la democracia, seguía oponiéndose a la reincorporación de los oficiales de la UMD, temiendo que esto reanimaría la intransigencia ultra en el delicado proceso de despolitizar el ejército después de 1977[35].

El gobierno dirigido por Arias Navarro tenía la esperanza de conceder paternalmente una tenue democratización que quitara fuerza a la oleada de huelgas y manifestaciones sin provocar al búnker. El problema era que, mientras la oposición acentuaba su presión hacia la «ruptura democrática», el búnker en general, y sus componentes militares en particular, continuaban confundiendo unidad nacional con uniformidad nacional[36]. Así, las relaciones entre las figuras militares más destacadas y los civiles del búnker eran extraordinariamente estrechas, y ello pese a las declaraciones habituales, y probablemente sinceras, sobre el apoliticismo de las fuerzas armadas. Era típica, así, la afirmación del general de la línea dura Jesús González del Yerro, en mayo de 1975, en el sentido de que «los militares que quieran permanecer en las fuerzas armadas no deben entrar en la arena política. El ejército perdería su misión y quizá su esencia si se viera implicado en las acciones de tal individuo o grupo o en programas o tendencias políticas»[37]. Por supuesto, para los militares de la línea dura, la lealtad a los principios del franquismo no suponía una postura política, sino que era un insoslayable deber patriótico. Así, a mediados de enero de 1976, los generales Santiago y Díaz de Mendívil y Álvarez Arenas se reunían con dos destacados «duros», el exdirector general de la Guardia Civil, general Carlos Iniesta Cano, y José Antonio Girón de Velasco, dirigente de la organización de excombatientes franquistas. El encuentro había sido convocado por estos dos últimos con la intención de hablar con los dos ministros militares del proceso inminente de los dirigentes de la UMD y de las estrategias que se pudieran emplear para la defensa de las leyes fundamentales de Franco en contra de las iniciativas reformistas[38].

Los procesos se celebraron en marzo de 1976 en el ambiente hostil generado por un número considerable de oficiales ultras de alto rango que asistieron por invitación y que hicieron comentarios amenazadores durante los procesos. Los nueve procesados recibieron sentencias de entre ocho y dos años y medio de prisión y fueron expulsados del ejército[39]. El castigo que recibieron los oficiales de la UMD fue algo más severo que el que se impondría a muchos de los que se vieron involucrados en el golpe de 1981 y dramáticamente mayor que el de los culpables de la intentona «Galaxia» de 1978. Fueron puestos en libertad muy poco después gracias a varias amnistías, pero los intentos de reincorporarlos al ejército no tuvieron éxito. El hecho de que esto siguiera así en la década de los ochenta era un síntoma de la fuerza de los sentimientos de los derechistas dentro de las fuerzas armadas. Después de todo, su crimen consistía en trabajar por vías pacíficas para el establecimiento de la democracia[40]. Aun después del proceso, la UMD seguía funcionando. A mediados de mayo de 1976 publicó un comunicado protestando contra el hecho de que el desfile anual del ejército se llamara todavía «el desfile de la victoria», siguiendo la tradición franquista de mantener vivo el recuerdo de la guerra civil. A pesar de varias sugerencias por parte de políticos civiles de que el «día de la victoria» se recalificara como el «día conmemorativo de las fuerzas armadas», prevaleció la opinión de los ultras y el desfile se celebró bajo el nombre de «desfile de la victoria». Sólo después de que Gutiérrez Mellado llegara a ser vicepresidente de asuntos de la defensa fue posible cambiar el nombre del «día de la victoria» por el de «día de las fuerzas armadas»[41].

El alcance de la influencia del búnker sobre el gobierno y el ejército se hizo patente durante el proceso de la UMD. Sin embargo, la creciente actividad de la oposición estaba acabando con la paciencia del rey Juan Carlos ante el lento progreso hacia la reforma del gobierno de Arias. En el espacio de un mes, el equilibrio de poder en las fuerzas armadas iba a inclinarse contra los ultras. En la primera semana de junio, el general Gutiérrez Mellado fue trasladado de la capitanía general de la VII región militar (Valladolid) a la jefatura de Estado Mayor. El primero de julio, cuando vio claro que había dejado de tener la confianza del rey, Arias Navarro dimitió. Poco después, el 20 de julio, un consejo de ministros presidido por Juan Carlos decretaba una amnistía que dejaba en libertad a los líderes de la UMD, aunque sin reincorporarlos al ejército. Esto era para el búnker el anuncio del fin. La política de reformas adoptada con decisión por Adolfo Suárez iba a producir primero fricciones y luego cólera entre los ultras; la primera demostración pública de ello se produjo en septiembre.

El 8 de septiembre, Suárez presentaba su proyecto a un grupo de oficiales de alto rango pidiéndoles su «apoyo patriótico»; en vista de que gozaban del respaldo real, los planes de Suárez fueron aprobados renuentemente, pero los militares insistieron en que el Partido Comunista debería ser excluido de cualquier futura reforma. Llegado el momento, Suárez rompería su promesa, lo que provocó a partir de entonces un intenso odio hacia él. De momento, sin embargo, la consecuencia más señalada de sus propuestas fue la dimisión del general Santiago y Díaz de Mendívil el 22 de septiembre, después de haber intentado infructuosamente bloquear la legalización de las centrales sindicales, responsables, en su opinión, de los «desmanes rojos» cometidos durante la guerra civil. Sus puntos de vista los compartía la mayoría de la jerarquía militar. El periódico ultraderechista El Alcázar, cuyo consejo de administración estaba presidido por el general Jaime Milans del Bosch, publicó una carta del inefable general Iniesta Cano agradeciendo a De Santiago su «lección impagable»[42] .

De hecho, la precipitada acción de éste iba a acelerar el proceso de la reforma. Fue reemplazado por Gutiérrez Mellado, que sería capaz, a partir de ese momento, de emprender la urgente tarea de crear una nueva generación de oficiales leal al naciente régimen democrático. Ya que no podía contar con un compromiso democrático enraizado en el ejército, lo más que el nuevo ministro podía esperar para esa tarea era la fidelidad militar a Juan Carlos. Sin embargo, un primer núcleo leal podría ser ampliado con hombres de confianza probable, aunque no probada, a través del mecanismo de los ascensos estratégicos. Desafortunadamente, esta política debería ser contrapesada por un asentimiento retórico exagerado a la función tradicional de las fuerzas armadas y por los ascensos de ultras, con la vana esperanza de su neutralización. Así, a finales de 1976, el director general de la Guardia Civil, el ultra Ángel Campano López, fue reemplazado por Antonio Ibáñez Freire, hombre cercano a Gutiérrez Mellado. El hecho de que tuviera que ser expresamente ascendido para ello al cargo de teniente general provocó reacciones de cólera entre los sectores reaccionarios de la jerarquía militar, ferviente adicta al sistema de ascensos por rigurosa antigüedad[43]. El crítico más acerbo fue Milans del Bosch, que, pese a todo, sería más tarde ascendido a capitán general de la III región militar (Valencia). La política de relevos continuó con la sustitución del director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, por Mariano Nicolás García y la del inspector general de la Policía Armada, el general Aguilar Carmona, por el general José Timón de Lara[44]. Habiéndose llegado por fin a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, Gutiérrez Mellado y Suárez veían como esencial que la tarea de mantenimiento del orden público en la naciente democracia no estuviera en manos de los reaccionarios más violentos.

Por otra parte, con los continuos ataques terroristas que mantenían los nervios de los militares siempre en tensión, no era sorprendente que Gutiérrez Mellado llegase a ser visto en los círculos ultras como un traidor, por su práctica de destituir a los franquistas leales que habían luchado en la guerra civil. Sin embargo, la reacción de los ultras fue, con la excepción de Milans, inicialmente acallada. En parte, aún sufrían cierta confusión tras la muerte de Franco y, sobre todo, se encontraban todavía conmocionados tras el resultado, masivamente favorable a la reforma política, del referéndum de diciembre de 1976. Pese a todo, los ultras no iban a tardar en reorganizarse. Justificándose con los secuestros de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo del Estado, el 11 de diciembre de 1976, y del general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el 24 de enero de 1977, el búnker podía afirmar que el gobierno Suárez estaba echando por la borda las conquistas de la guerra civil. Se puso en marcha una campaña, dirigida contra el proceso de reforma y, en particular, contra Gutiérrez Mellado. De carácter defensivo en un principio, la campaña se tornó rápidamente ofensiva cuando estuvo claro que el gobierno no tenía la determinación de tomar medidas firmes contra los crecientemente escandalosos actos de indisciplina. La estrategia del ascenso de liberales que ignoraba al mismo tiempo los desafíos ultras iba a servir solamente para envalentonar a los extremistas de la derecha. El primero de una escalada de incidentes tuvo lugar en el funeral de dos policías asesinados por terroristas. Se gritaron consignas ultras y Gutiérrez Mellado fue insultado en público por el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, que quedó prácticamente impune[45].

Todas las medidas del gobierno de Suárez y de su ministro de Defensa despertaban las iras del búnker. El proyecto de Gutiérrez Mellado de profesionalización del ejército fue recibido como un ataque contra los que habían luchado con Franco en la guerra civil, y estos ataques tuvieron suficiente impacto como para que el ministro mismo se viese obligado a desmentirlo públicamente[46]. La ira de los ultras subió a un nivel hasta entonces desconocido cuando Suárez legalizó el Partido Comunista el 9 de abril de 1977. Ello no sólo se consideró una vil traición a la causa por la que se luchó en la guerra civil, sino que se vio como un repugnante engaño por parte de Suárez, que no sólo había roto su promesa, sino que lo había hecho de un modo cobarde, eligiendo un momento en que la mayoría de los oficiales de mayor rango se encontraban fuera de Madrid[47]. El efecto más dramático fue la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, rumoreándose asimismo que el ministro del Ejército, el general Álvarez Arenas, había visto rechazada su propia carta de dimisión. La fuerza de estos sentimientos en el seno del ejército se hizo pública tras la reunión, el 12 de abril, del Consejo Superior del Ejército. Su comunicado se refería a la repulsa general que la medida había causado, aunque también se aceptaba el hecho consumado de manera disciplinada[48].

La legalización del Partido Comunista, siendo como era un paso necesario e inevitable del proceso de transición, fue, sin embargo, una baza para los ultras. Así, se acentuó en los cuarteles la propaganda, para sacar partido de la traición de Suárez. Se inventaron organizaciones ficticias —las Juntas Patrióticas, la Unión Patriótica Militar y el Movimiento Patriótico Militar— que inundaron los establecimientos militares con diatribas ciclostiladas y fotocopiadas contra las reformas militares del «señor Gutiérrez», el deterioro de los valores patrióticos, los ultrajes a la bandera, el terrorismo de ETA y la debilidad del gobierno[49]. El efecto de esta propaganda era crear, ante los no totalmente comprometidos con el búnker, la impresión de que amplios sectores del ejército habían llegado al convencimiento de que la única solución posible era un golpe militar.

La relativa facilidad con que se distribuyó tal propaganda y el fracaso en la localización de sus fuentes suscitaron la cuestión de la lealtad política de los servicios de inteligencia. De hecho, el papel desempeñado por estos servicios, tanto por su fracaso al no haber informado al gobierno de las conspiraciones como por la participación activa en ellas, fue un elemento crucial para el desarrollo del golpismo. Creados para la erradicación de cualquier signo de liberalismo en las fuerzas armadas, estaban compuestos por franquistas de la línea dura y así eran también sus objetivos y métodos. Tras la muerte de Franco fueron sometidos a una reorganización puramente cosmética. En consecuencia, los enemigos declarados del régimen democrático estaban provistos de un instrumento inapreciable con el que coordinar los planes militares y con el que suministrar una cadena de mando alternativa durante el golpe. Al mismo tiempo que la prensa del búnker, El Alcázar, El Imparcial y Fuerza Nueva, incitaban a los militares a la conspiración, los servicios de inteligencia no eran capaces de informar del éxito de la propaganda entre las filas.

A la muerte de Franco existían once servicios de inteligencia, la mayoría controlados por los militares. Los más importantes estaban dirigidos independientemente por la Presidencia del gobierno, el Estado Mayor, los tres ministros militares, la Guardia Civil, la Policía e incluso la Hermandad de Alféreces Provisionales. El más poderoso era el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG), establecido por Carrero Blanco y dirigido por el teniente coronel José Ignacio San Martín López. San Martín se vería involucrado posteriormente en el intento golpista de Tejero del 23 de febrero de 1981 desde su puesto de jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. El SIPG fue creado originalmente para mantener la vigilancia sobre las universidades, la iglesia y el movimiento obrero, pero tras la revolución portuguesa, sus actividades pasaron a incluir, y de hecho se concentraron, en las fuerzas armadas. Además de extirpar la subversión, se rumoreaba que el SIPG estaba implicado en la financiación y dirección de la violencia de los grupos de extrema derecha contra sacerdotes, abogados, sindicalistas y libreros liberales y de izquierdas. Bajo Suárez se hizo un intento de acabar con el poder del SIPG englobando sus efectivos en el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Puesto que el CESID heredó, desde su creación el 2 de noviembre de 1977, el personal de los servicios anteriores, el predominio de los llamados «hombres de Carrero» no se vio afectado, logrando éstos así construir una estructura de poder paralela, prácticamente independiente de la jerarquía militar que era leal a Gutiérrez Mellado y al rey. El gobierno de Suárez cerraba los ojos ante este hecho, emitiendo regularmente afirmaciones en las que se ensalzaba la lealtad de los servicios de inteligencia. En una ocasión, sin embargo, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, hombre normalmente identificado con la política de ignorar las irregularidades de los militares, llegó a expresar su consternación ante el hecho de que el CESID emplease sus recursos para el espionaje de ministros y políticos de izquierda, mientras fracasaba en la investigación de las conspiraciones militares[50].

Desde la legalización del Partido Comunista la propensión al complot entre los ultras de los escalafones superiores del ejército se había intensificado. A mediados de septiembre de 1977 se reveló cuán cerca del estallido habían llegado por la presunta debilidad del gobierno ante el terrorismo, el regionalismo y el comunismo. En Játiva el general Santiago y Díaz de Mendívil presidió una reunión de destacados generales, entre los que estaban tres exministros del Ejército, Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Coloma Gallegos y Álvarez Arenas, el exministro de Marina almirante Pita da Veiga y los ultras Iniesta Cano, Campano López y Milans del Bosch. Entre los días 13 y 16 de septiembre discutieron la situación política, llegando finalmente a la decisión de solicitar al rey el nombramiento de un gobierno de salvación nacional presidido por De Santiago. En el caso de que esta propuesta fuese rechazada, se le pediría que destituyese a Suárez y suspendiera el Congreso por dos años. Tras estas demandas de lo que venía a ser un golpe de estado incruento estaba la amenaza clara de una abierta intervención militar.

El apoyo civil a esta actividad subversiva iba más allá de las incitaciones de la prensa del búnker a la organización de redes de apoyo cívico. Los mismos líderes ultras Blas Piñar, García Carrés y Utrera Molina, que estaban detrás de las campañas de propaganda de las «Juntas Patrióticas», preparaban a sus seguidores para la ocupación de la administración, los gobiernos locales y las comunicaciones, con ocasión del golpe. En vista de ello y del enorme prestigio de los generales involucrados en la reunión de Játiva, el gobierno era comprensiblemente renuente a adoptar medidas drásticas que pudiesen precipitar los acontecimientos. Así, Gutiérrez Mellado persistía en su táctica de controlar las fuerzas armadas a través de los destinos estratégicos. El más importante fue la separación de Milans del Bosch de su puesto clave de jefe de la División Acorazada Brunete. El golpe fue suavizado por su ascenso a capitán general de la III región militar (Valencia). Otros cambios fueron menos positivos y sólo sirvieron para incrementar las sospechas de los militares de que el gobierno era débil, indeciso, entrometido y vengativo. El 8 de octubre, el teniente coronel Tejero estuvo a punto de provocar una masacre en Málaga, recibiendo por ello un mes de arresto y las entusiastas alabanzas de muchos ultras. El 28 de octubre, por contra, el general Álvarez Arenas fue destituido de su cargo de director de la Escuela Superior del Ejército, como sanción por unas declaraciones extremistas de uno de sus subordinados. El 31 de octubre, el general Alfonso Armada Comyn fue separado de la secretaría de la Casa del Rey por razones que permanecen oscuras pero que estaban relacionadas con sus puntos de vista políticos, apenas ocultados. El 16 de diciembre el general Manuel Prieto López cesó como jefe de la VI zona de la Guardia Civil por un discurso sobre el uso de la Benemérita por parte del gobierno en circunstancias inapropiadas. Estos tres casos se vieron como reacciones excesivas y desafortunadas, y causaron intenso malestar en el seno de las fuerzas armadas[51].

El paso del tiempo no llevaba desde luego a la reconciliación de las fuerzas armadas con el régimen democrático. De hecho, en 1978 Suárez y Gutiérrez Mellado se movían sobre arenas movedizas. La precariedad de la situación fue subrayada por la renuncia, el 17 de mayo, del Jefe de Estado Mayor, el general José Vega Rodríguez, considerado hasta ese momento como moderado y leal. En realidad, contactos con Blas Piñar y una preocupación creciente acerca del problema terrorista habían llevado a Vega a hacer una protesta en contra del asunto del ascenso, fuera de turno, del general Antonio Ibáñez Freire como capitán general de la IV región militar (Barcelona). El descontento con que había sido recibido el anterior ascenso de Ibáñez Freire a director general de la Guardia Civil provenía del menosprecio evidente del sistema rígido de antigüedad que tal promoción significaba. Gutiérrez Mellado pensaba que los argumentos de seguridad debían preceder a los de antigüedad cuando se trataba de nombramientos clave. Vega se mostró drásticamente en desacuerdo. La dimisión de Vega Rodríguez fue un golpe difícil para Gutiérrez Mellado. Aplaudido por la prensa ultra, fue un acto que parecía apoyar a los desafectos dentro del ejército.

El sucesor de Vega Rodríguez como jefe de Estado Mayor fue el aparentemente moderado Tomás de Liniers Pidal. Las esperanzas suscitadas por éste se desvanecieron rápidamente cuando, en un discurso en Buenos Aires, el 15 de junio, Liniers alabó el uso «legítimo» de la violencia por los militares argentinos en su guerra sucia y dejó entrever que métodos similares serían apropiados en España. No se tomaron medidas contra él. De hecho, en la prueba de fuerza entre los ultras y el gobierno, la iniciativa parecía haber pasado a manos del búnker. Se decretaron incrementos masivos de los presupuestos militares y los sueldos subieron el 21%, sin que ello pareciese suponer nada para la consolidación de la lealtad militar hacia el nuevo régimen. Con frecuencia cada vez mayor, altos oficiales se dirigían al gobierno para que se aminorase el ritmo del proceso de devolución de competencias a las regiones. Así, no puede sorprender que el gabinete Suárez mostrase síntomas crecientes de parálisis, lo que a su vez convencía a los generales de la necesidad de una dirección más firme y decidida[52].

El deterioro de la situación política estaba acabando de convencer a muchos oficiales de que se acercaba el momento de aplicar tal firmeza. Además, los ultras más perspicaces se daban cuenta de que, aunque tímida, la política de ascensos estratégicos de Gutiérrez Mellado estaba gradualmente minando su poder. Éstos estaban convencidos de que había llegado el momento oportuno, aprovechando la fuerza que tenían en los servicios de inteligencia y antes de que la línea reformista de Suárez recibiese ulterior legitimación popular en el referéndum constitucional, fijado para el 6 de diciembre de 1978. La fecha elegida para el golpe fue el 17 de noviembre. La «Operación Galaxia», como pasó a ser conocida al haber sido planeada en la cafetería Galaxia, tenía prevista la captura de Suárez y todo su gobierno en el palacio de la Moncloa. Se esperaba que el consiguiente vacío de poder diese lugar a una reacción en cadena que empujase a otras unidades a una intervención a escala nacional.

Se fijó el 17 de noviembre porque estaba previsto que el rey se encontrase en visita oficial en México, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor se hallarían fuera de Madrid y un gran número de generales debían estar asistiendo a cursos de ascenso en Ceuta y las islas Canarias. Por añadidura, se esperaban en Madrid nutridos contingentes de fascistas con ocasión del tercer aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre. El hecho mismo fue precedido por un aumento orquestado de la tensión. De nuevo los cuarteles fueron inundados de propaganda del «Movimiento Patriótico Militar». Gutiérrez Mellado, que llevaba a cabo un recorrido por las guarniciones para explicar la Constitución, fue violentamente insultado por el general Atarés Peña, que lo calificó de «cerdo y masón» ante el aplauso de muchos de los oficiales presentes. A raíz de aquel incidente, el plan fue revelado por uno de los conspiradores a los servicios de inteligencia, que informaron, con retraso, al gobierno. Sus dos principales promotores, Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Ynestrillas, fueron arrestados. Sin embargo, el gobierno dio la impresión de querer echar tierra sobre el asunto. Así, no se tomó ninguna medida para impedir una serie de incidentes, casi con seguridad ligados al intento golpista, como la asistencia de 500 oficiales a una ceremonia fascista el 20 de noviembre en el Valle de los Caídos o la celebración, el día 18, de un encuentro de la internacional fascista en Madrid, en el que Blas Piñar habló de la necesidad de un alzamiento militar.

La blanda respuesta del gobierno reflejaba la profunda preocupación provocada por la «Operación Galaxia». Estaba claro, por ejemplo, que muchos oficiales habían tenido noticias del plan y se habían dispuesto a esperar los acontecimientos. Además, los servicios de inteligencia habían desempeñado en ella un papel intranquilizadoramente ambiguo. Algunos oficiales habían dado parte de que algo se planeaba, pero la información no había sido cursada. En el ámbito de su función básica, los servicios de inteligencia habían fracasado, bien en el descubrimiento de la conspiración, bien en la transmisión de la información al gobierno en el caso de que aquélla hubiera sido descubierta. Sólo en el último momento, el 16 de noviembre, tuvo Suárez noticias al respecto, cuando el jefe del CESID fue a su vez informado por otro oficial. Parece que estaban involucradas unidades de Burgos, Valladolid, Sevilla y Valencia y que sólo la intervención fortuita del general, de ideas liberales, Pascual Galmes impidió que se uniese a ellas la División Acorazada Brunete[53].

La «Operación Galaxia» fue en muchos aspectos un ensayo de lo que sería la conjura del 23-F. Que su fracaso pudiera ser seguido, menos de dos años y medio después, por una acción similar, y planeada más a fondo, puede atribuirse a la débil reacción gubernamental de 1978. Se impusieron sanciones mínimas y sólo a aquellos cuya implicación era demasiado flagrante para ser ignorada. Las afirmaciones oficiales presentaban los sucesos de noviembre como los disparatados designios de una minoría no representativa, «cuatro locos», y esta política de apaciguamiento no se limitó al gobierno. Todos los sectores del espectro político, incluyendo a socialistas y comunistas, fueron cómplices de la retórica de buenos deseos en torno a la lealtad militar. El gobierno se vio obligado, de modo creciente, a hacer concesiones a una jerarquía militar que presionaba en favor del freno al proceso autonómico y de su propia independencia respecto del control político.

Con todo ello, el grado de agitación e insubordinación militar creció con fuerza a lo largo de 1979. Los funerales por las víctimas de ETA eran prácticamente institucionalizados como ocasiones para que los militares insultaran a Suárez y Gutiérrez Mellado y como llamadas a la intervención militar. El problema incesante de ETA facilitaba a los ultras la captación de apoyo contra el gobierno y, en general, contra la democracia. El éxito de la presión ultra se reflejó en la remodelación del gabinete de abril de 1979. Aunque por primera vez desde la República un civil, Agustín Rodríguez Sahagún, era nombrado ministro de Defensa, muchas de las reformas de Gutiérrez Mellado fueron revocadas. La autoridad que éste había logrado concentrar en su ministerio fue devuelta a los cuarteles generales de los tres ejércitos. Gutiérrez Mellado fue ascendido a la vicepresidencia del gobierno con competencias generales sobre defensa y seguridad. El nuevo ministro de Defensa llevaría al extremo la política de concesiones a los militares duros, particularmente en términos de silenciar a la minoría prodemocrática en el seno de las fuerzas militares.

Ni que decir tiene que todas esas concesiones fueron inútiles para apaciguar a los duros, que eran partidarios de desencadenar una guerra sucia, al modo argentino, en el País Vasco. En mayo de 1979 su hostilidad hacia el gobierno alcanzó nuevas cotas. Al quedar vacante el cargo de jefe del Estado Mayor Central, el nombramiento por estricta antigüedad favorecía a los ultras, que copaban los escalafones superiores del ejército, en tanto que el gobierno veía la ocasión como una oportunidad para llevar adelante su ambición de liberalizar las fuerzas armadas. Los candidatos lógicos por antigüedad, Milans del Bosch y González del Yerro, pertenecían ambos a la línea dura. El procedimiento normal de nombramientos exigía la consulta al Consejo Superior del Ejército, y éste se pronunció en favor de Milans. No es, pues, sorprendente la furiosa indignación con que fue recibida la designación de José Gabeiras Montero, un hombre muy próximo a Gutiérrez Mellado. Gabeiras tenía que ser ascendido de general de división a teniente general, pasando por encima de otros cinco generales, para poder ser nombrado para ese cargo. La necesidad de alterar el mecanismo de ascensos dejaba ver claramente el aislamiento de los liberales en torno a Gutiérrez Mellado. Se dice que en una ocasión Suárez recriminó a su vicepresidente por la promoción de ciertos ultras, contestando éste que para cubrir todos los cargos superiores con personas liberales habría sido necesario buscar entre los comandantes[54].

El veredicto de la jerarquía militar sobre los actos de Gutiérrez Mellado apareció suficientemente claro en el juicio al general Atarés Peña el 2 de mayo. La decisión absolutoria fue una sentencia sobre Gutiérrez Mellado más que sobre el acusado. Significativamente, tanto el gobierno como la oposición guardaron silencio sobre la absolución. Por el contrario, los políticos preferían hacer notar las frecuentes declaraciones de los generales en el sentido de que el ejército se adhería al artículo 8 de la Constitución, en el que se consagraba su papel de defensor del orden constitucional y de la integridad territorial de España [55]. No parece que tuviesen en cuenta que aquel súbito entusiasmo del alto mando por ese artículo de la Constitución no era ajeno al hecho de que le proporcionaba justificación para intervenir en política. Paralelamente a las declaraciones de los generales, cada vez más confiadas y abiertas, sobre su disposición a defender el orden existente de cualquier modo y en cualquier lugar en que fuese necesario, 1979 fue testigo de incitaciones a la intervención militar por parte de la prensa de extrema derecha. El hecho de que los terroristas hubieran asesinado en el curso del año a diez generales en activo y a dos en la reserva facilitaba que se provocase la indignación por parte de los medios ultras.

El hecho de que algo se preparaba podía haberse deducido por la escalada de declaraciones antidemocráticas por parte de los tres generales ultras más destacados que estaban aún en servicio activo, los capitanes generales Milans del Bosch, González del Yerro y Pedro Merry Gordon, al mando, respectivamente, de las regiones militares de Valencia, Canarias y Sevilla. Sus exabruptos contra la crisis de autoridad sólo encontraron silencio e inquietud en el gobierno. Mientras, El Alcázar y la demás prensa ultra convertía en figuras heroicas a Tejero, Sáenz de Ynestrillas y Atarés. La indignación ante el terrorismo y el proceso hacia la autonomía regional podía ser más fácilmente convertida en «golpismo» tras las sentencias ridículamente benévolas dictadas en el caso «Galaxia». De hecho, crecía el convencimiento de que una importante unidad, con base en Madrid, marcaría la pauta, y la seguiría a continuación todo el ejército. De forma que los proyectos golpistas comenzaron a centrarse en la División Acorazada Brunete, clave de cara a la capital, y mandada en ese momento por un ultra, el general Luis Torres Rojas. En efecto, Torres Rojas era sólo el último escalafón de un largo proceso por el que dicha división se había convertido en un reducto ultra. Prácticamente desde el comienzo de la transición democrática, los militares situados más a la derecha habían solicitado y obtenido destinos en ella. Bajo el mando de Milans del Bosch, que tuvo una notable facilidad para obtener una lealtad ciega de sus subordinados, la División Acorazada Brunete se había incorporado al búnker.

Al mes de que Torres Rojas se hiciera cargo del mando, a mediados de 1979, se inició una serie de maniobras no autorizadas, con patrullas que llevaban a cabo ejercicios de control de los centros neurálgicos de Madrid, vehículos acorazados que dominaban las principales carreteras de acceso y vehículos de transporte de tropas que patrullaban el cinturón industrial. Parece ser que Torres Rojas estaba en el núcleo de un plan de golpe, por el que la Brigada Paracaidista, apoyada por helicópteros, tomaría el palacio de la Moncloa, mientras la capital sería neutralizada por vehículos acorazados de la División Acorazada Brunete. Tras forzar la dimisión del gobierno, los conspiradores procederían a la formación de un directorio militar bajo la dirección de De Santiago y Díaz de Mendívil o de Vega Rodríguez. Las Cortes serían disueltas, se ilegalizaría el Partido Comunista y se revocaría la autonomía de las regiones. La continuidad de este proyecto tanto con la reunión de Játiva como con el intento «Galaxia» era obvia. Lo único que impedía convertir las maniobras regulares de la Brigada Paracaidista del 21 de octubre en un golpe consumado era la dificultad para obtener suficientes municiones y combustible. Esta oportunidad perdida fue insuficiente para detener la marea golpista. El 20 de octubre, El Alcázar había publicado un alegato del general De Santiago a favor de la intervención militar para resolver los problemas del país, alcanzando la presión de la prensa ultra, a partir de este punto, niveles de nerviosismo aún mayores. Por su parte, la conspiración centrada en Torres Rojas llegó a un fin abrupto el 24 de enero de 1980 cuando fue separado de la División Acorazada Brunete y enviado como gobernador militar a La Coruña.

La forma en que el gobierno manejó el asunto Torres Rojas preparó significativamente el camino para el intento del 23-F. Se anunció que el traslado a La Coruña había sido decidido incluso antes de que Torres Rojas hubiese tomado posesión de la División Acorazada Brunete. Esta mentira era un absurdo y no pudo evitar que muchos militares se sintiesen resentidos por la circunstancia de que Torres Rojas hubiera sido destituido mientras se encontraba lejos de la División Acorazada Brunete, de vacaciones en Las Palmas con su familia. El hecho de que el ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, ocultase los motivos reales de la destitución llevó a muchos políticos a pensar que el gobierno simplemente despertaba el fantasma de las amenazas militares para eludir dificultades en otros ámbitos. Esta impresión sólo podía ser confirmada por el sorprendente y vergonzoso trato dado a Miguel Ángel Aguilar, uno de los periodistas españoles más conocidos, y el mejor informado sobre cuestiones militares, que era entonces director de Diario 16. Aguilar había publicado las razones verdaderas que había detrás del traslado de Torres Rojas, y tuvo como respuesta el mentís gubernamental, lo que le llevó a ser procesado por injurias al ejército y eventualmente obligado a dejar la dirección del periódico[56].

A la minimización del asunto Torres Rojas siguió en mayo el proceso de Tejero y Sáenz de Ynestrillas. Pese a haber estado involucrados en una conspiración sediciosa fueron condenados a siete y seis meses de arresto respectivamente, lo que implicó su inmediata puesta en libertad. Era difícil imaginar un mayor estímulo para los conspiradores. Una semana más tarde la Junta de Jefes de Estado Mayor rechazaba una solicitud para la reincorporación de los líderes de la UMD, y el capitán general de Madrid, el general Guillermo Quintana Lacaci, un supuesto liberal, comentaba ominosamente: «El ejército debe respetar la democracia, no introducirla en sus filas»[57]. La ausencia de presión gubernamental en favor de la reivindicación de la UMD era un acto más de debilidad que contribuía a convencer a la ultraderecha militar de que podía actuar impunemente. Así, tan pronto como fue puesto en libertad, Tejero se unió a la conspiración de Milans del Bosch y Torres Rojas. Gozaban de un amplio apoyo, como indicaba la creciente presión en favor del cese de Suárez. El 23 de febrero de 1981 estaba a la vuelta de la esquina.

Al igual que los ensayos previos, el «Tejerazo» iba a conducir a un nuevo intento de golpe. Sin embargo, dos aspectos cruciales de su fracaso fueron decisivos: los errores técnicos y la indigna conducta de Tejero y sus principales colegas, tanto durante el golpe como durante su posterior juicio, constituyeron una humillación pública para las fuerzas armadas. En segundo lugar, la resistencia decidida del rey y el respaldo a ésta pocos días más tarde por manifestaciones populares masivas crearon la sensación de que el ejército estaba aislado del conjunto de la sociedad. La convicción de los ultras de que «España» estaba con ellos recibió un golpe decisivo. En los meses siguientes, el largo proceso de los conspiradores no ayudó nada a levantar el prestigio de los militares, sino que más bien proyectó una imagen de hombres mezquinos, brutales y arrogantes, cuya conducta desmentía su retórica del interés nacional. Paradójicamente, a pesar de la fobia militar hacia el socialismo, estos antecedentes pusieron a muchos sectores del ejército en disposición de obedecer a un gobierno socialista. Esta tendencia se confirmaría, además, probablemente porque los socialistas en el poder se cuidaban mucho de no caer en el pecado del «desgobierno» que caracterizó al período ucedista y que tanto irritaba a los militares.

Sin embargo, había todavía un amplio número de oficiales hostil a la democracia. Esto se reveló de manera más cruda cuando, a comienzos de octubre de 1982, se descubrieron los planes de un nuevo golpe. Previsto para el día anterior a las elecciones del 28 de octubre, el golpe iba a ser una versión más acabada del propio 23-F. La residencia real de la Zarzuela, el palacio de la Moncloa y la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor serían bombardeados por la artillería, los centros de comunicación y las carreteras de acceso serían ocupados y la capital sería incomunicada. Bien preparado técnicamente, parece haber sido inspirado por Milans del Bosch y San Martín desde la cárcel, y apoyado por civiles ultras. Había, sin embargo, fundamentos para el optimismo. El CESID, reorganizado en 1981 por el coronel Alonso Manglano, actuó rápida y eficientemente. Además, el hecho de que el golpe incorporase instrucciones para la eliminación de muchos altos oficiales contribuyó al aislamiento de los ultras. Existieron también aspectos intranquilizadores, por ejemplo que el gobierno UCD arrestase solamente a tres oficiales, pese a que los documentos en su poder incriminaban a unos doscientos[58]. Sin embargo, la etapa del apaciguamiento por parte de la UCD iba a dar paso a una relación de mayor igualdad entre el ejército y el gobierno del PSOE. Los riesgos eran altos, pero existían más oportunidades que nunca de que los militares fueran inducidos a una aceptación firme del régimen democrático.

Lecturas complementarias

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Pese a lo dicho en el Prefacio respecto a la relativa falta de estudios sobre la derecha en comparación con la abundancia de obras sobre la izquierda, no por ello deja de haber un corpus sustancial de material disponible. En las notas a pie de página se ofrecen referencias detalladas de las fuentes utilizadas en cada uno de los capítulos. El objeto de este breve apéndice es simplemente facilitar una guía de la laberíntica bibliografía sobre la derecha española antes de la guerra civil y sobre el régimen de Franco después de ella. Casi todas sus referencias son monográficas, ya que no existe un panorama general de los partidos y organizaciones de la derecha en conjunto. La única obra de ese tipo —La derecha sin remedio (1801-1987): de la prisión de Jovellanos al martirio de Fraga de Ricardo de la Cierva (Plaza y Janés, Barcelona, 1987)— es un alegato dogmático —a favor de Manuel Fraga— que resulta sucesivamente sugerente y exasperante. Así pues, es necesario consultar obras especializadas sobre diversos aspectos de este tema.

La derecha española en el decenio de 1950 y la posterior dictadura de Franco sólo pueden explicarse adecuadamente en el marco del desarrollo económico y político de España en los cien años anteriores. Las mejores introducciones siguen siendo The Spanish Labyrinth de Gerald Brenan, obra bien escrita y profundamente sentida (2.ª ed., Cambridge University Press, 1950) y la obra inmensamente estimulante de Raymond Carr, Spain, 1808-1939 (Oxford University Press, 1966). Las opiniones políticas de la Iglesia católica, que con tanta frecuencia fueron un punto de referencia para las actitudes ultraderechistas, están analizadas brillantemente en Frances Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy: The Catholic Church in Spain 1875-1975 (Oxford University Press, 1987) y también en Stanley G. Payne, Spanish Catholicism. An Historical Overview (University of Wisconsin Press, Madison, 1984).

El decisivo papel del ejército está descrito en la crónica sumamente informativa de Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain (Stanford University Press, 1967), en la monografía de Carolyn Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain (University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1979) y en una serie de obras recientes escritas a raíz del intento de golpe militar de 1981. Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983) de Manuel Balbé (Alianza Editorial, Madrid, 1984) es una relación fascinante, obra de un constitucionalista. Militarismo y civilismo en la España constitucional de Carlos Seco Serrano (Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984) es una acertada crónica conservadora de las relaciones entre civiles y militares antes de la guerra civil. El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil de Gabriel Cardona (Madrid, 1983) es un magistral estudio crítico de un oficial del ejército convertido en historiador. Cien años de militarismo en España. Funciones estatales confiadas al Ejército en la restauración y el franquismo de Joaquim Lleixà (Barcelona, 1986) es un intento de interpretación brillante pero algo críptico.

La dictadura de Primo de Rivera, interludio arcaico evocado con nostalgia por la mayoría de los derechistas españoles, es examinada como experiencia prefascista en el difícil pero importante libro de Shlomo Ben Ajmi, Fascism from Above: The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923-1930 (Oxford University Press, 1983). Radiografía de un golpe de Estado: el ascenso al Poder del general Primo de Rivera de Javier Tusell (Madrid, 1987) es una interpretación polémica, pero importante, de las razones de la aparición de la primera dictadura. La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio militar de María Teresa González Calbet (Madrid, 1987) examina la naturaleza del autoritarismo militar en la práctica.

El movimiento carlista, piedra de toque de las actitudes reaccionarias, y sus relaciones con otros grupos derechistas, en particular fascistas, están analizados con erudición y claridad en Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939 de Martin Blinkhorn (Cambridge University Press, 1975). El otro movimiento autoritario radical, Acción Española/Renovación Española, es presentado como el precursor fundamental del fascismo en mi artículo «Alfonsist monarchism and the coming of the Spanish Civil War», en Journal of Contemporary History, vol. 7, n.º 3-4 (julio-octubre 1972). Un enfoque similar es el adoptado por el politólogo español Raúl Morodo en Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española (2.ª ed., Madrid, 1985). No carece de interés por su riqueza de detalles una extensa tesis doctoral publicada recientemente: Julio Gil Pecharromán, Renovación Española. Una alternativa monárquica a la segunda República, 2 vols. (Madrid, 1985). Un estudio sorprendentemente original y lúcido de este sector de la extrema derecha se encuentra en Mussolini contra la II República de Ismael Saz Campos (Valencia, 1986).

El sector más acaloradamente debatido de la derecha española sigue siendo el del partido católico autoritario Acción Popular, posteriormente Confederación Española de Derechas Autónomas. Sus muchas ambigüedades y su coqueteo con el fascismo se revelan admirablemente en su tratado semioficial —José Monge Bernal, Acción Popular (Madrid, 1936)— y en las fascinantes y voluminosas memorias de su dirigente: No fue posible la paz (Editorial Ariel, Barcelona, 1968). El estudio erudito más favorable es The Origins of Franco’s Spain de A. H. Robinson (David & Charles, Newton Abbot, 1970), que subraya la retórica socialcristiana de la CEDA. La visión opuesta se encuentra en la obra voluminosa e intensamente crítica de José Ramón Montero La CEDA, el catolicismo social y político en la II República, 2 vols. (Madrid, 1977). En mi obra The Corning of the Spanish Civil War: Reform, Reaction and Revolution in the Second Republic 1931-1936 (Londres, 1978) coincido en líneas generales con Montero, pero sitúo a la CEDA en el marco de su batalla con el Partido Socialista por el control del aparato del Estado.

Por razones evidentes, existe menos desacuerdo sobre la Falange. La obra de referencia es el estudio innovador, pero de título demasiado ambicioso, de Stanley G. Payne Falange. A History of Spanish Fascism (Stanford University Press, 1961) (hay trad. cast.: Falange: Historia del fascismo español, Sarpe, 1985). Recientemente se le ha unido la obra, corta pero completa, de Sheelagh Ellwood Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987), que consigue revelar el trasfondo de las convicciones falangistas. Véase un enfoque original y estimulante, con atención particular al imperialismo falangista, en «The Falange: an analysis of Spain’s fascist heritage» de Herbert R. Southworth, que figura en Paul Preston (ed.), Spain in Crisis: Evolution and decline of the Franco regime (Hassocks, 1976). Una interpretación marxista muy meditada —Javier Jiménez Campo, El fascismo en la crisis de la II República española (Madrid, 1979)— compensa ampliamente la cuidadosa lectura que requiere. Una decisiva monografía reciente es la de Ricardo Chueca, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS (Madrid, 1983). Hay muchas obras de falangistas que suelen ser hagiografías del dirigente del movimiento, José Antonio Primo de Rivera. Una que es algo más es Falange en la guerra de España: la unificación y Hedilla de Maximiano García Venero (París, 1967), que relata fielmente la versión de Manuel Hedilla, el proletario sucesor de José Antonio. Se debe leer junto con el mordaz comentario de Herbert R. Southworth, Antifalange (París, 1967). Dos memorias recientes de notables falangistas son Recuerdos de una vida de Pilar Primo de Rivera (Madrid, 1983) y Testimonio, recuerdos y reflexiones de Raimundo Fernández Cuesta (Madrid, 1985). Por desgracia, son más dignas de mención por lo que no dicen que por lo que dicen.

Constantemente se examina el régimen de Franco en busca de pruebas de rasgos fascistas. Se pueden encontrar relaciones analíticas en Spain in Crisis de Paul Preston (véase supra), Spain: Dictatorship to Democracy de Raymond Carr y Juan Pablo Fusi (Londres, 1973) y La naturaleza del franquismo de Sergio Vilar (Barcelona, 1977). Spain under Franco de Max Gallo (Londres, 1973) es un relato vivido, pero no carente de inexactitudes. El mejor panorama general es The Franco Regime 1936-1975 de Stanley G. Payne (Madison, 1987), extraordinariamente completo. En Sociología del franquismo (Barcelona, 1975) Amando de Miguel examina los diversos grupos de presión que componían la élite franquista y hace una importante contribución al debate sobre la naturaleza del régimen. Dos interpretaciones estimulantes, originales y enteramente opuestas son: «An authoritarian regime: Spain» de Juan J. Linz, en E. Allardt y Y. Littunen (eds.), Cleavages, Ideologies and Party Systems (Helsinki, 1964), y «Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España» de Eduardo Sevilla Guzmán y Salvador Giner, en Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.º 43-5 (enero-junio 1975).

Sobre el período abiertamente fascista del régimen no existe auténtico debate. Sus ambiciones imperiales y las aspiraciones de ascenso de sus autores están expresadas en muchas obras, la más explícita de las cuales es Reivindicaciones de España de José María de Areilza y Fernando María Castiella (Madrid, 1941). Las relaciones de Franco con el Eje son estudiadas en Franco, Falange y Tercer Reich: España durante la segunda guerra mundial de Klaus-Jörg Ruhl (Madrid, 1986) y Franco y Mussolini: la política española durante la segunda guerra mundial de Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano (Barcelona, 1985). Sin embargo, el análisis más sagaz y sutil con mucha diferencia de la política de Franco durante la guerra se encuentra en Diplomacy and Strategy of Survival: British Policy and Franco’s Spain, 1940-1941 de Denis Smyth (1986). La aventura rusa de Franco está descrita con el estilo de un relato del oeste en Hitler’s Spanish Legion de Gerald R. Kleinfeld y Lewis A. Tambs (Carbondale, 1979) (hay trad. cast.: La división española de Hitler, San Martín, Madrid, sin fecha). El presunto arquitecto de la política en favor del Eje, Ramón Serrano Suñer, defendió su ejecutoría y atribuyó las simpatías nazis a Franco en sus libros Entre Hendaya y Gibraltar (Madrid, 1947) y Entre el silencio y la propaganda: la Historia como fue, memorias (Barcelona, 1977), además de numerosos artículos y una apasionante serie de entrevistas con Heleno Saña: El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer (Barcelona, 1982). Una biografía interesante de Serrano Suñer es la de Fernando García Lahiguera: Ramón Serrano Suñer: Un documento para la historia (Barcelona, 1983). Mucho más absorbente y polémico es Franco-Serrano Suñer: un drama político de Ramón Garriga (Barcelona, 1986).

Importantes estudios sobre los intentos franquistas de reglamentar las relaciones laborales y la economía son El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista de Miguel Ángel Aparicio (Barcelona, 1980) y Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización de Joan Clavera, Joan M. Esteban Marquillas, M. Antonia Monés, Antoni Monserrat y J. Ros Hombravella (Madrid, 1973). Sobre el Frente de Juventudes y su Sección Femenina véase El Frente de Juventudes: política de juventud en la España de la posguerra (1937-1960) de Juan Sáez Marín (Madrid, 1988) y Mujer, Falange y franquismo de María Teresa Gallego Méndez (Madrid, 1983). Sobre la censura de prensa véase La prensa de España durante el régimen de Franco de Javier Terrón Montero (Madrid, 1981) y Censura durante el franquismo de Justino Sinova (Madrid, 1989).

Pese a las llamativas semejanzas entre muchos de los instrumentos de su régimen y los de Hitler y Mussolini, la identificación de Franco con el fascismo se ha visto dificultada por la publicación de las conversaciones con su primo, Francisco Franco Salgado-Araujo: Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976). Una impresión similar transmite inadvertidamente la voluminosa biografía, basada en los papeles privados de Franco, de Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols. (Madrid, 1989). La sofocante mediocridad retratada en estas dos obras no podía estar más alejada del barniz de novedad enemiga de la clase dirigente que se suele considerar fundamental en el fascismo auténtico. En ese marco, resulta instructiva la lectura de Cuarenta años junto a Franco del doctor Vicente Gil (Barcelona, 1981) y La verdad de mis relaciones con Franco de Alfredo Kindelán (Barcelona, 1981).

Notas

[1] Aunque no siempre comparto sus conclusiones, merecen mención, porque son indispensables, los amplios estudios que sobre diversos aspectos del franquismo, el ejército y la derecha en general han hecho Javier Tusell en España y Stanley G. Payne en Estados Unidos. Su influencia se mostrará con claridad en las notas al pie de página de este libro. El trabajo de Martin Blinkhorn sobre el carlismo es fundamental: al demostrar que los presupuestos de la derecha española se basan en el tradicionalismo alcanza extremos que superan el objetivo inicial de su estudio. La aportación de Herbert R. Southworth, que fue pionera, para el estudio del falangismo en particular y de aspectos más amplios acerca de la manipulación a que el franquismo sometió a su propia historia continúan siendo memorables. La breve guía de lecturas complementarias que aparece al final de este libro consigna algunas de las más importantes aportaciones monográficas de los jóvenes estudiosos españoles. <<

[1] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil (Madrid, 1983), pp. 197-247. <<

[2] Aunque existe una bibliografía ingente de estudios electorales regionales, no hay un estudio satisfactorio de la geografía electoral de la España de los años treinta. La mejor visión de conjunto sigue siendo Jean Bécarud, La segunda República española 1931-1936: ensayo de intrepretación (Madrid, 1967). Véase pp. 97-104, 125-141, 155-183. Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular, 2 vols. (Madrid, 1971) es el mejor estudio de las últimas elecciones antes del alzamiento, véase vol. II, pp. 22-58. En cuanto al partido de masas más grande de la derecha, la CEDA, cuya militancia de base se alistó en los ejércitos de Franco durante la guerra civil española, existe el estudio general de José R. Montero, La CEDA: el catolicismo social y político en la II República, 2 vols. (Madrid, 1977). Véase vol. II, pp. 271-336. <<

[3] El aislamiento de la camarilla de Franco era un elemento constante de los análisis del Partido Comunista de sus propias necesidades estratégicas. Véase, por ejemplo, Partido Comunista de España, ¡Por la Unión Nacional de todos los españoles contra Franco, los invasores germano-italianos y los traidores! (México D. F., 1941); Fernando Claudín, Las divergencias en el Partido (s. l., pero París, 1964), pp. 9-17. <<

[4] Maximiano García Venero, Falange en la guerra de España: la unificación y Hedilla (París, 1967); Herbert R. Southworth, Antifalange: estudio crítico de Falange en la guerra de España (París, 1967). <<

[5] Klaus-Jörg Ruhl, Franco, Falange y Tercer Reich: España durante la segunda guerra mundial (Madrid, 1986), pp. 45-74, 167-211. Véase la versión muy pintoresca de Aline, Countess of Romanones, The Spy Wore Red: My Adventures as an Undercover Agent in World War II (Londres, 1987), pp. 110-14. <<

[6] Javier Tusell, Franco y los Católicos: la política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, 1984), pp. 52-79. <<

[7] En cuanto a la prensa, véase Javier Terrón Montero, La prensa de España durante el régimen de Franco (Madrid, 1981) y Justino Sinova, La censura durante el franquismo (Madrid, 1989); sobre los sindicatos corporativos, véase Miguel A. Aparicio, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista (Barcelona, 1980); sobre el Frente de Juventudes, véase Juan Sáez Marín, El Frente de Juventudes: política de juventud en la España de la posguerra (1937-1960) (Madrid, 1988); sobre la Sección Femenina, véase María Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo (Madrid, 1983). <<

[8] Sobre el precio pagado por el ejército por sus lazos con la dictadura de Franco, véase el capítulo 7, «Destino y dictadura». <<

[9] Véase el capítulo 8, «El encierro en el búnker» y capítulo 9, «El miedo a la libertad». Para el contexto político más amplio de la transición a la democracia, véase Paul Preston, El triunfo de la democracia en España (Madrid, 1986). <<

[10] El País, 3 marzo 1979, 21 noviembre 1982; Fundación Foessa, Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975-1981, 2 vols. (Madrid, 1981), vol. I, pp. 503-6; Diario 16, Historia de la transición, 2 vols. (Madrid, 1984), vol. II, pp. 466, 580. <<

[11] Giorgio Rochat y Giulio Massobrio, Breve storia dell’ Esercito italiano dal 1861 al 1943 (Turín, 1978), pp. 201-16. <<

[12] Klaus-Jürgen Müller, The Army, Politics and Society in Germany 1933-45 (Manchester, 1987), pp. 29-41; sir John Wheeler-Bennett, The Nemesis of Power: The German Army in Politics 1918-1945 (Londres, 1953), pp. 289-74; Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army 1640-1945, 2.ª ed. (Nueva York, 1964), pp. 469-503. <<

[13] Véase el capítulo 5, «Franco y sus generales». <<

[14] Ramón Garriga, La España de Franco: las relaciones con Hitler, 2.ª ed. (Puebla, México, 1970), pp. 207-9. <<

[15] Para unos estudios locales excelentes de una militancia nacida de la desesperación y del conflicto entre sindicatos, véase, entre otros muchos, Santos Julia Díaz, Madrid, 1931-1934: de la fiesta popular a la lucha de clases (Madrid, 1984), pp. 147-208; José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaría: Sevilla en la segunda República (Sevilla, 1985), pp. 156-71, 214-42, 279-305, 446-81; David Ruiz, Insurrección defensiva y revolución obrera (Barcelona, 1988), pp. 84-97; Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, 1930-1938 (Madrid, 1994), pp. 85 ss. <<

[16] Paul Preston, The Corning of the Spanish Civil War (en adelante CSCW) (Londres, 1978), pp. 188, 200; Javier Tusell, Historia de la democracia cristiana en España, 2 vols. (Madrid, 1974), vol. II, pp. 266-83; José María Gil Robles, No fue posible la paz (Barcelona, 1968), pp. 729 y ss.; Joaquim Lleixà, Cien años de militarismo en España: funciones estatales confiadas al ejército en la Restauración y el franquismo (Barcelona, 1986), pp. 197-247. <<

[17] El Debate, 25 julio, 28 octubre 1933; El Socialista, 29, 30 octubre 1933; Paul Preston, «Alfonsine monarchism and the coming of the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, vol. VII, n.os 3/4, 1972, pp. 100-102; Preston, CSCW, pp. 42-3, 46-50, 88; Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain 1931-1939 (Cambridge, 1975), pp. 163-81. <<

[18] Un ejemplo extremo de esta tendencia se encuentra en Charles W. Anderson, The Political Economy of Modern Spain: Policy-Making in an Authoritarian System (Madison, Wisconsin, 1970). <<

[19] Curiosamente, dos autores con puntos de vista muy distintos han dado a sus estudios de la Falange títulos que sugieren que el fascismo español se puede localizar exclusivamente en la Falange. Sin embargo, ambos implican una continuidad entre la FE de las JONS anterior a 1937 y la mucho más amplia amalgama posterior a 1937 de FET y de las JONS a la cual se habían incorporado con entusiasmo los militantes de los varios partidos católicos y monárquicos. Véase Stanley G. Payne, Falange: A History of Spanish Fascism (Stanford, 1961) y Sheelagh M. Ellwood, Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987). Véase también el artículo fascinante de Juan J. Linz, «An Authoritarian Regine: Spain», en E. Allardt e Y. Littunen (eds.), Cleavages, Ideologies and Party Systems (Helsinki, 1964). <<

[20] Arno J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe: An Analytical Framework (Nueva York, 1971), p. 1. <<

[21] Véase Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition (Wisconsin, 1980), pp. 101-4. <<

[22] Hans-Ulrich Wehler, The German Empire 1871-1918 Leamington Spa, 1985), pp. 71-99; David Blackbourn y Geoff Eley, The Peculiarities of German History (Oxford, 1984), pp. 91-7, 238-41 y passim; John A. Davis, Gramsci and Italy’s Passive Revolution (Londres, 1979), pp. 11-61. <<

[23] José María de Areilza y Fernando María Castiella, Reivindicaciones de España (Madrid, 1941). <<

[24] Hay tres estudios, entre otros muchos, sobre los orígenes agrarios del fascismo italiano, que sugieren comparaciones muy llamativas con los conflictos sociales del sur de España y con las actividades de la CEDA en Castilla la Vieja. Se trata de Paul Corner, Fascism in Ferrara 1915-1925 (Oxford, 1975); Frank M. Snowden, The Fascist Revolution in Tuscany 1919-1922 (Cambridge, 1989), y Anthony L. Cardoza, Agrarian Elites and Italian Fascism: The Province of Bologna 1901-1926 (Princeton, 1982). <<

[25] Raffaele Guariglia, Ambasciata in Spagna e primi passi in diplomazia 1932-1934 (Nápoles, 1972), pp. 259, 321, 347; Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República (Valencia, 1986), pp. 51, 57-66. <<

[26] El Debate, 17 octubre 1933; Preston, CSCW, p. 214; Diario de las Sesiones de Cortes, 19 mayo 1936. <<

[27] Ramiro Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España? (Barcelona, 1968), pp. 70-3; Saz, Mussolini contra la II República, p. 222. <<

[28] Hay una bibliografía reciente sobre el problema agrario y el subdesarrollo capitalista en España. Para una visión de conjunto muy sugerente, véase Enrique Prieto, Agricultura y atraso en la España contemporánea (Madrid, 1988). <<

[29] Juan Antonio Lacomba Avellân, La crisis española de 191 (Madrid, 1970); Carolyn Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain (Chapel Hill, 1979), pp. 44-93; Gerald H. Meaker, The Revolutionary Left in Spain 1914-1923 (Stanford, 1974), pp. 62-98. <<

[30] Un estudio muy revelador, a veces sin quererlo, de un sindicato amarillo, los «sindicatos libres», que contribuyeron mucho al conflicto social en Barcelona, es Colin M. Winston, Workers and the Right in Spain, 1900-1936 (Princeton, 1985). Véase también León-Ignacio, Los años del pistolerismo (Barcelona, 1981); Manuel Casal Gómez, «La Banda negra»: el origen y la actuación de los pistoleros en Barcelona (1918-1921) (Barcelona, 1977); Ángel Pestaña, Terrorismo en Barcelona: memorias inéditas (Barcelona, 1979). <<

[31] Sobre el golpe, véase el estudio reciente de Javier Tusell, Radiografía de un golpe de Estado: el ascenso al Poder del general Primo de Rivera (Madrid, 1987). Sobre el régimen, véase Shlomo Ben Ami, Fascism from Above: The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain 1923-1930 (Oxford, 1983). <<

[32] Acción Española, 1 febrero 1932; Eduardo Aunós, Primo de Rivera: soldado y gobernante (Madrid, 1944); Raúl Morodo, Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española (Madrid, 1985), pp. 31-9. <<

[33] José María Pemán, El hecho y la idea de Unión Patriótica (Madrid, 1929); Shlomo Ben Ami, «The Forerunners of Spanish Fascism: Unión Patriótica and Unión Monárquica», en European Studies Review, vol. 9, n.º 1, enero 1979. <<

[34] Bernat Muniesa, La burguesía catalana ante la II República española, 2 vols. (Barcelona, 1985), vol. I, pp. 180-255 y vol. II, passim; Antoni Jutglar, Historia crítica de la burguesía en Cataluña (Barcelona, 1984), pp. 437-58; Manuel González Portilla y José María Garmendia, La guerra civil en el País Vasco (Madrid, 1988), pp. 84-94; Manuel González Portilla y José María Garmendia, La Posguerra en el País Vasco: política, acumulación, miseria (San Sebastián, 1988), passim. <<

[35] Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República: organizaciones y estrategia (Madrid, 1983), pp. 274-86; Javier Jiménez Campo, El fascismo en la crisis de la segunda República española (Madrid, 1979), pp. 197-215. <<

[36] Paul Preston, «The Agraria War in the South», en Paul Preston (ed.), Revolution and War in Spain 1931-1939 (Londres, 1984); Manuel Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936 (Madrid, 1979), pp. 108-214. <<

[37] El mejor estudio de la CNCA es de Juan José Castillo, Propietarios muy pobres: sobre la subordinación política del pequeño campesino (Madrid, 1979). <<

[38] Sur (Málaga) 23, 28 abril 1937; Gil Robles, No fue posible, pp. 64-5, 719, 728-30. <<

[39] El Debate, 4, 17, 25 agosto 1933, 2, 8, 10, 11, 22 marzo 1934. <<

[40] Gil Robles, No fue posible, p. 131; Preston, CSCW, pp. 122-6. <<

[41] Joaquín Chapaprieta Torregrosa, La paz fue posible: memorias de un político (Barcelona, 1971), pp. 207-332; Preston, CSCW, pp. 162-9. <<

[42] Payne, Falange, pp. 104-5; Blinkhorn, Carlism, p. 257; Ramón Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar (Madrid, 1947), p. 25. <<

[43] Blinkhorn, Carlism, pp. 141-82. <<

[44] Preston, «Alfonsine monarchism», pp. 103-4; Eduardo Aunós, Calvo Sotelo y la política de su tiempo (Madrid, 1941), pp. 115-55. <<

[45] Para una discusión teórica más amplia de la relación entre los conservadores tradicionales y los fascismos radicales, véase Mayer, Dynamics, pp. 98-101. <<

[46] Ricardo Chueca, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco: Un estudio sobre FET-JONS (Madrid, 1983), passim; Ellwood, Spanish Fascism, pp. 29-47. <<

[47] Ismael Saz, «Tres acotaciones a propósito de los orígenes, desarrollo y crisis del fascismo español», en Revista de Estudios Políticos (Madrid), nueva época, n.º 50, marzo-abril 1986; Pedro Sáinz Rodríguez, Testimonio y recuerdos (Barcelona, 1978), p. 220. <<

[48] Saz, Mussolini contra la II República, pp. 64-85. <<

[49] Ramiro Ledesma Ramos, ¿Fascismo en España?, 2.ª ed. (Barcelona, 1968), pp. 161-5; Ian Gibson, En busca de José Antonio (Barcelona, 1980), p. 108; Payne, Falange, pp. 61-8; Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…? (de Alfonso XIII a Juan III) (Buenos Aires, 1951), pp. 76-8. <<

[50] Eduardo Sevilla Guzmán, La evolución del campesinado en España (Barcelona, 1979), pp. 149-76. <<

[1] Hitler’s Table Talk (edición de H. R. Trevor-Roper), Londres, 1953, p. 569. <<

[2] Cf. Documents on German Foreign Policy, serie D, vol. 3 (Germany and the Spanish Civil War), Londres, 1951, pp. 408-10. <<

[3] G. Ciano, Ciano’s Diary, 1937-1938, Nueva York, 1953, p. 46. <<

[4] G. Ciano, op. cit., p. 148. <<

[5] Compárense las dos versiones de la obra de A. Kindelán: Mis cuadernos de guerra, Madrid, s. a. [1945], p. 86; y Mis cuadernos de guerra, Barcelona, 1982, pp. 9 y 127. Las referencias posteriores son de la segunda edición. <<

[6] J. Vigón, Cuadernos de guerra y notas de paz, Oviedo, 1970, pp. 149-50 y 212. <<

[7] Es sorprendente, por ejemplo, que Franco sea una figura casi ausente en la colección de veintisiete volúmenes titulada «Monografías de la guerra de España» publicada en Madrid por el Servicio Histórico Militar bajo la dirección del coronel J. M. Martínez Bande durante los años 1968-1985. Véanse igualmente los comentarios críticos a la dirección estratégica de Franco en la obra de los generales R. y J. Salas Larrazábal, Historia general de la guerra de España, Madrid, 1987. <<

[8] En conversación con el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, 20 de julio de 1931. M. Azaña, Memorias políticas, Barcelona, 1978, p. 47. <<

[9] Para la relación entre vida personal e ideas políticas de Franco, véase P. Preston, Franco. Caudillo de España, Barcelona, 1994, pp. 19-28 y 100. <<

[10] Sobre el período de cadete en Toledo, véase P. Preston, op.cit., pp. 26-31. <<

[11] «Declaraciones de S. E. a Manuel Aznar», 31 de diciembre de 1938, en Palabras del Caudillo, 19 abril 1937-31 diciembre 1938, Barcelona, 1939, p. 314. <<

[12] J. Martín Blázquez, I Helped to Build an Army: Civil War Memories of a Spanish Staff Officer, Londres, 1939, p. 302; H. R. Southworth, Antifalange: estudio crítico de «Falange en la guerra de España: la Unificación y Hedilla», de Maximiano García Venero, París, 1967, pp. XXI-XXII; G. Cabanellas, La guerra de los mil días, 2 vols. Buenos Aires, 1973, vol. II, p. 792. <<

[13] Sobre la época de Franco en Zaragoza, véase C. Blanco Escolá, La Academia General Militar de Zaragoza (1928-1931), Barcelona, 1989; P. Preston, Franco, pp. 79-85. <<

[14] D. Hidalgo Durán, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial, Madrid, 1934, pp. 79-81; M. Balbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 1983, pp. 371-2; general López Ochoa, Campaña militar de Asturias en octubre de 1934. Narración táctico-episódica, Madrid, 1936, pp. 11-12 y 26-9; J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, 1968, pp. 140-1; C. Jalón, Memorias políticas: periodista, ministro, presidiario, Madrid, 1973, pp. 128-31; J. S. Vidarte, El bienio y la insurrección de Asturias, Barcelona, 1978, pp. 358-9. <<

[15] J. Arrarás, Historia de la Cruzada Española, 8 vols. en 19 tomos, Madrid, 1939-1943, tomo 3, pp. 80-2; F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, 1977, p. 165; J. A. Vaca de Osma, Paisajes con Franco al fundo, Barcelona, 1978, pp. 35-6. <<

[16] The News Chronicle, 29 de julio y 1 de agosto de 1936. <<

[17] El hijo de Kindelán afirma que las ideas del puente aéreo y del convoy fueron de su padre: «Prólogo», A. Kindelán, op. cit., p. 45. <<

[18] Sobre el papel de Franco en la obtención de la ayuda exterior, véanse: R. de Felice, Mussolini il Duce: lo stato totalitario (1936-1940), Turín, 1981, p. 363; J. F. Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española, Madrid, 1979, caps. 3 y 4; I. Saz Campos, Mussolini contra la II República: hostilidad, conspiraciones, intervención, Valencia, 1986, pp. 181-5; A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, 1977, pp. 264-342. <<

[19] The Times, 26 de agosto de 1936; J. Whitaker, «Prelude to World War: A Witness from Spain», en Foreign Affairs, XXI, 1 (octubre 1942), pp. 105-6; M. R. de Madariaga, «Imagen del moro en la memoria colectiva del pueblo español y retorno del moro en la guerra civil de 1936», en Revista Internacional de Sociología, XLVI, 4 (octubre-diciembre 1988), pp. 590-6; M. Koltsov, Diario de la guerra de España, París, 1963, pp. 88-9. <<

[20] J. M. Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, Madrid, 1968, pp. 165-70. <<

[21] J. M. Martínez Bande, «Del alzamiento a la guerra civil. Verano de 1936: correspondencia Franco-Mola», en Historia y vida, XCIII, 1975, pp. 22-3. <<

[22] J. M. Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, pp. 45-56. <<

[23] J. M. Martínez Bande, op. cit., pp. 56-71; R. Garriga, El general Juan Yagüe, Barcelona, 1985, pp. 111-12. <<

[24] Documents on German Foreign Policy, p. 28. <<

[25] A. Boaventura, Madrid-Moscovo de ditadura à República e à guerra civil de Espanha, Lisboa, 1937, p. 212. <<

[26] Sobre las actividades para encumbrar políticamente a Franco, véase P. Preston, Franco, pp. 224-36. <<

[27] J. A. Vaca de Osma, La larga guerra de Francisco Franco, Madrid, 1991, p. 209. <<

[28] J. M. Martínez Bande, La marcha sobre Madrid, pp. 81-95. <<

[29] J. A. Vaca de Osma, op. cit., pp. 233-4; G. Hills, Franco: The Man and his Nation, Nueva York, 1967, p. 203. <<

[30] V. Rojo, Así fue la defensa de Madrid, México, 1967, pp. 55-103; R. F. Colodny, The Struggle for Madrid, Nueva York, 1958, pp. 52-91; H. Thomas, The Spanish Civil War, Londres, 1977, p. 82. <<

[31] Documents on German Foreign Policy, p. 139; I. Saz y J. Tusell (eds.), Fascistas en España: la intervención italiana en la guerra civil a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna», Madrid, 1981, p. 25. <<

[32] Documents on German Foreign Policy, p. 155. <<

[33] Documents on German Foreign Policy, pp. 159-62. <<

[34] J. M. Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid, Madrid, 1968, p. 37. <<

[35] I. Saz y J. Tusell (eds.), Fascistas en España, p. 79. <<

[36] C. de Arce, Los generales de Franco, Barcelona, 1984, p. 186; J. M. Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid, pp. 51-69. <<

[37] R. de Felice, Mussolini, pp. 389-90. <<

[38] Telegrama de Mussolini a Roatta, 18 de diciembre de 1936. En I. Saz y J. Tusell, op. cit., p. 69. <<

[39] Telegrama de Roatta a Roma, 8 de febrero de 1937. En I. Saz y J. Tusell, op. cit., p. 130. <<

[40] F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida, p. 220. <<

[41] O. Conforti, Guadalajara: la prima sconfitta del fascismo, Milán, 1967, pp. 30-2; J. Coverdale, La intervención fascista, pp. 202-3. <<

[42] Despacho de Cantalupo a Ciano, 17 de febrero de 1937. Archivo Storico del Ministero degli Affari Esteri (Roma), Spagna, Fondo di Guerra (en adelante, ASMAE, SFG), p. 38, n.º 287/137. <<

[43] O. Conforti, Guadalajara, p. 33. <<

[44] Sobre la batalla de Guadalajara, véanse: P. Preston, Franco, pp. 290-8; I. Saz y J. Tusell, Fascistas en España, pp. 161-183; E. Faldella, Venti mesi di guerra in Spagna, Florencia, 1939, pp. 253-66; O. Conforti, Guadalajara, pp. 51-178; J. M. Martínez Bande, La lucha en torno a Madrid, pp. 133-66; A. Rovighi y F. Stefani, La partecipazione italiana ala guerra civile spagnola, 4 vols., Roma, 1993, vol. I, pp. 232-3. <<

[45] A. Kindelán, Mis cuadernos, pp. 120-3; J. Vigón, General Mola, Barcelona, 1957, pp. 303-4; F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida, p. 225. <<

[46] W. Murray, German Military Effectiveness, Baltimore, 1992, pp. 104-5. <<

[47] Documents on German Foreign Policy, pp. 125-6. <<

[48] W. von Richtofen, «Spanien-Tagebuch», en K. A. Maier, Guernica 26-4-1937. Die Deutsche Intervention in Spanien und der Fall Guernica, Friburgo, 1975, pp. 79 y 82 (entradas del diario del 24 y 28 de marzo de 1937). <<

[49] Despacho de Cantalupo a Mussolini, 29 de marzo de 1937. ASMAE, SFG, p. 38, T. 709-343; R. Cantalupo, Fu la Spagna. Ambasciata presso Franco, Milán, 1948, pp. 230-3. <<

[50] Para el proceso de unificación de los partidos derechistas, véanse: M. García Venero, Falange en la guerra de España, París, 1967; H. R. Southworth, Antifalange, P. Preston, Franco, cap. 10. <<

[51] A. Kindelán, Mis cuadernos, pp. 131-7. <<

[52] Sobre la batalla y su significación estratégica, véanse: E. Faldella, Venti mesi, p. 357; V. Rojo, España heroica: diez bocetos de la guerra española, Barcelona, 1975, pp. 91-101; H. Thomas, op. cit., pp. 710-16. <<

[53] A. Kindelán, Mis cuadernos, pp. 136-7; M. Aznar, Historia militar de la guerra de España, Madrid, 1940, p. 460; J. I. Luca de Tena, Mis amigos muertos, Barcelona, 1971, pp. 205-6; J. A. Vaca de Osma, La larga guerra, pp. 294-7. <<

[54] V. Rojo, España heroica, pp. 103-15; J. M. Martínez Bande, La gran ofensiva sobre Zaragoza, Madrid, 1973, pp. 78-167; M. Aznar, Historia militar, pp. 499-516; H.Thomas, op. cit., pp. 722-8; F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida, pp. 241-242. <<

[55] J. M. Martínez Bande, La batalla de Teruel, Madrid, 1940, pp. 16-26. <<

[56] V. Rojo, España heroica, pp. 117-25; J. M. Martínez Bande, op. cit., pp. 52-64; M. Aznar, Historia militar, pp. 543-54. <<

[57] C. Martín, Franco, soldado y estadista, Madrid, 1965, p. 293; M. Aznar, Historia militar, pp. 551 y 622; R. Garriga, Yagüe, pp. 139-40. <<

[58] Ciano, Diary, p. 46. <<

[59] J. M. Martínez Bande, Teruel, pp. 165-209; L. M. de Lojendio, Operaciones militares de la guerra de España, Barcelona, 1940, pp. 380-95; M. Aznar, Historia militar, pp. 569-85; R. Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, 1973, vol. II, pp. 1672-1704. <<

[60] Documents on German Foreign Policy, pp. 556-7; Gerald Howson, Aircraft of the Spanish Civil War, Londres, 1990, pp. 20-28. <<

[61] The Times, 4 de marzo de 1938; Documents on German Foreign Policy, pp. 613-14; R. Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar, Madrid, 1947, pp. 60-4. <<

[62] A. Kindelán, Mis cuadernos, pp. 157-63; Documents on German Foreign Policy, p. 628. <<

[63] J. Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española, Madrid, 1987, pp. 184-92; D. W. Pike, Les français et la guerre d’Espagne, París, 1975, pp. 296-7; Documents on German Foreign Policy, pp. 620-2. <<

[64] J. M. Martínez Bande, La ofensiva sobre Valencia, Madrid, 1977, pp. 16-18; R. Garriga, Yagüe, pp. 145-6; V. Rojo, ¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período final de la guerra española, Barcelona, 1974, pp. 40, 46-50 y 54-5. <<

[65] J. M. Martínez Bande, La ofensiva sobre Valencia, pp. 69-96. <<

[66] F. Franco Salgado-Araujo, Mi vida, p. 264; M. Aznar, Historia militar, pp. 739-70. <<

[67] A. Kindelán, Mis cuadernos, p. 173. <<

[68] M. Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, México, 1973, p. 230; J. M. Martínez Bande, La batalla del Ebro, Madrid, 1988, p. 168. <<

[69] Véase, en este libro, el capítulo 3, «Venganza y reconciliación: la guerra civil española y la memoria histórica». <<

[1] Véase mi artículo «War of Words: the Spanish Civil War and the historians», en Paul Preston (ed.), Revolution and War in Spain 1931-1939 (Londres y Nueva York, 1984). El examen más profundo de la historiografía del franquismo sigue siendo el de Herbert R. Southworth, El mito de la cruzada de Franco (París, 1963). <<

[2] Un estudio estimulante aunque apasionadamente partidario de tales polémicas se puede ver en Vicente Marrero, La guerra española y el trust de cerebros (Madrid, 1961), especialmente pp. 366-7. Véase también Salvador de Madariaga, Spain A Modern History (Londres, 1961); Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, 2 vols. (Buenos Aires, 1957); Américo Castro, La realidad histórica de España, 2.ªed. (México D. F., 1962); Martin Blinkhorn, «Spain: the “Spanish problem” and the imperial myth», en Journal of Contemporary History, vol. 15, n.º 1, 1980. <<

[3] Pedro Laín Entralgo, España como problema, 2.ª ed. (Madrid, 1957); Dionisio Ridruejo, Escrito en España (Buenos Aires, 1961); Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (1930-1960) (Barcelona, 1976). <<

[4] Marrero, La guerra, p. 473; Ernesto Giménez Caballero, Genio de España, 7.ª ed. (Madrid, 1971), pp. 167-78. <<

[5] José María de Areilza y Fernando María Castiella, Reivindicaciones de España (Madrid, 1941), p. 23. <<

[6] Félix G. Olmedo, El sentido de la guerra de España (Bilbao, 1938), pp. 18-19. <<

[7] Norman B. Cooper, Catolicism and the Franco Regime (Beverly Hills, 1975), p. 12; Antonio Marquina Barrio, La diplomacia Vaticana y la España de Franco 1936-1945, (Madrid, 1983), pp. 159-60. <<

[8] La declaración más radical sobre este punto de vista se puede ver en F. Martín Torrent, ¿Qué me dice Usted de los presos? (Barcelona, 1942), passim. Sobre las conversiones de los condenados a muerte, véase ibid, pp. 67-79. <<

[9] Véase Eduardo González Calleja y Fredes Limón Nevado, La Hispanidad como instrumento de combate: raza e imperio en la prensa franquista durante la guerra civil española (Madrid, 1988). <<

[10] Santos Juliá, «Segunda República: por otro objeto de investigación», en Manuel Tuñón de Lara et al., Historiografía española contemporánea (Madrid, 1980). <<

[11] Para explicaciones sobre un debate complejo por sus implicaciones políticas, aunque no por su contexto real, ver Richard J. Evans, «The new nationalism and the old history: perspectives on the West German Historikerstreit», en Journal of Modern History, vol. 59, n.º 4, diciembre 1987; Gordon A. Craig, «The war of the German historians», en The New York Review of Books, 15 enero 1987; Geoff Eley, «Nazism, politics and the Image of the Past: Thoughts on the West German Historikerstreit 1986-1987», en Past and Present, n.º 121, 1988; Charles S. Maier, The Unmasterable Past: History, Holocaust and German National Identity (Cambridge, Mass., 1988); Richard J. Evans, In Hitler’s Shadoiv: West German Historians and the Attempt to Escape from the Nazi Past (Nueva York, 1989). <<

[12] José Castillejo, Wars of Ideas in Spain: Philosophy, Politics and Education (Londres, 1937), p. 158. <<

[13] Véase, por ejemplo, un intento derechista de minimizar la intensidad de la represión en Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra (Barcelona, 1977), pp. 359-95. Por otra parte, véase un comentario izquierdista sobre este tema que reconoce la honestidad del general Salas y que subestima hasta qué punto la investigación detallada ha destruido la modesta figura de Salas, en Manuel Tuñón de Lara, Julio Aróstegui, Ángel Viñas, Gabriel Cardona y Josep M. Bricall, La guerra civil española cincuenta años después (Barcelona, 1985), p. 423. Para opiniones más críticas véase Josep Fontana, «Naturaleza y consecuencias del franquismo», en Josep Fontana (ed.), España bajo el franquismo (Barcelona, 1986), pp. 22-4, y Alberto Reig Tapia, Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil (Madrid, 1984), pp. 25-6. <<

[14] Para el pacto tácito de no venganza durante el período de la transición, véase Juan Luis Cebrián, «Para una nueva cultura política», introducción a la colección de artículos sobre el cincuentenario de la guerra publicados en El País, el periódico del cual era director, La guerra de España 1936-1939 (Madrid, 1986). Se puede ver la amplitud de la tendencia objetiva repasando la historia elaborada por Historia 16 para el cincuentenario de la guerra en Julio Aróstegui et. al., La guerra civil, 24 vols. (Madrid, 1986-1988). Véase también R. A. Stradling, «The propaganda of the deed: history, Hemingway, and Spain», en Textual Practice, vol. 3, n.º 1, primavera 1989. Un nuevo estudio excelente y de lectura obligada es el de Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la guerra civil española (Madrid, 1996). <<

[15] Preston, «War of Words», pp. 3-4. <<

[16] Abe Osheroff y Bill Susman (eds.), ¡No Pasarán! The 50.º Anniversary of the Abraham Lincoln Brigade (Nueva York, 1986), p. 3. <<

[17] Para una descripción detallada del desfile véase Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty, Historia del franquismo, 2 vols., 2.ª ed. (Barcelona, 1985), vol. I, pp. 22-4. Ver también Ricardo de la Cierva, Francisco Franco: un siglo de España, 2 vols. (Madrid, 1973), vol. II, p. 186. Véase además Aguilar Fernández, Memoria y olvido, pp. 278-83. <<

[18] Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española durante la segunda guerra mundial (Barcelona, 1985), pp. 30-40. Este libro es el mejor relato disponible sobre las efusivas relaciones entre Franco y Mussolini. <<

[19] El polémico debate sobre las «verdaderas» intenciones de Franco en la segunda guerra mundial ha provocado la aparición de una enorme cantidad de bibliografía. Véanse, entre otros, Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini; Charles B. Burdick, Germany’s Military Strategy and Spain in World War II (Syracuse, 1968); Víctor Morales Lezcano, Historia de la nobeligerancia española durante la segunda guerra mundial (Las Palmas, 1980); Paul Preston, Franco: Caudillo de España (Barcelona, 1994), pp. 429-663; Javier Tusell, Franco, España y la II Guerra Mundial; entre el Eje y la neutralidad (Madrid, 1995); Massimiliano Guderzo, Madrid e l’arte della diplomazia. L’incognita spagnola nella seconda guerra mondiale (Florencia, 1995). <<

[20] Francés Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy: the Catholic Church in Spain 1875-1975 (Oxford, 1987), pp. 213-6. <<

[21] La noción de «clases de servicio» proviene de Eduardo Guzmán y Salvador Giner, «Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España», en Cuadernos de Ruedo Ibérico (París), n.º 43-5, enero-julio 1975. El mejor análisis sobre la coalición franquista se encuentra en Amando de Miguel, Sociología del Franquismo (Barcelona, 1975). <<

[22] Formación política: Lecciones para flechas (Madrid, s. d.); José María Pemán, La historia de España contada con sencillez: Para los niños… y para muchos que no lo son (Cádiz, 1939); Joaquín Arrarás Iribarren (ed.), Historia de la Cruzada española, 36 vols. (Madrid, 1939-43). Véase también Rafael Valls Montes, La interpretación de la Historia de España, y sus orígenes ideológicos, en el bachillerato franquista (1938-1953) (Valencia, 1984) y Fernando Valls, La enseñanza de la literatura en el franquismo 1936-1951 (Barcelona, 1983); Pamela O’Malley, «Reservoirs of dignity and pride: schoolteachers and the creation of an educational alternative in Franco’s Spain» tesis doctoral inédita (Open University, 1989), pp. 62-3, 261; Gregorio Camara Villar, Nacional-catolicismo y Escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951) (Jaén, 1984), passim; Ramón Navarro Sandalinas, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975) (Barcelona, 1990), pp. 45-79; Andrés Sopeña Monsalve, El florido pensil. Memoria de la escuela nacional-católica (Barcelona, 1994), passim. <<

[23] Sobre el búnker véase Luis Ramírez (seudónimo de Luciano Rincón), «Morir en el búnker», en Horizonte español 1972, 3 vols. (París, 1972), vol. I, pp. 1-20. Véase también el capítulo 8 de este libro. <<

[24] El cultivo de una mentalidad militar cerrada y el consecuente surgimiento del golpismo es tratado en Colectivo Democracia, Los ejércitos… más allá del golpe (Barcelona, 1981); Julio Busquets, Miguel Ángel Aguilar e Ignacio ruche, El golpe: anatomía y claves del asalto al congreso (Barcelona, 1981). Véase también el capítulo 9, «El miedo a la libertad: el ejército español después de Franco», de este libro. <<

[25] Lannon, Privilege, Persecution, and Prophecy, pp. 246-50. <<

[26] Cooper, Catholicism, pp. 28-41; José Chao Regó, La Iglesia en el franquismo (Madrid, 1976), pp. 150-202. <<

[27] «Encuesta guerra civil», Cambio 16, n.º 616-19, 19 septiembre-17 octubre 1983. <<

[28] Para un análisis detallado del comportamiento electoral español, véase Juan J. Linz et al., Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975-1981, IV Informe FOESSA, vol. 1 (Madrid, 1981); Howard R. Penninman y Eusebio Mujal León (eds.), Spain at the Polis, 1977, 1979 and 1982 (Durham, North Carolina, 1985); Juan J. Linz y José R. Montero (eds.), Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta (Madrid, 1986); y Richard Gunther, Giacomo Sani y Goldie Shabad, Spain after Franco: The Making of a competitive Party System (Berkeley, 1986); especialmente los capítulos 4 y 8. <<

[29] Acerca de la represión y el exilio, véase Reig Tapia, Ideología e historia, Josep M. Solé i Sabaté, La repressió franquista a Catalunya (Barcelona, 1985); Catalunya sota el règim franquista: informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco (París, 1973); Antonio Vilanova, Los olvidados: los exiliados españoles en la segunda guerra mundial (París, 1969); Vicente Fillol, Los perdedores (Caracas, 1971); Avel-lí Artís-Gener, La diáspora republicana (Barcelona, 1975). <<

[30] Ramón Garriga, Los validos de Franco (Barcelona, 1981), pp. 42-3, 72-3; Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue: memorias (Barcelona, 1977), pp. 243-4; Fernando González, Liturgias para un Caudillo (Madrid, 1977), p. 73; Philippe Nourry, Francisco Franco: la conquête du Pouvoir (París, 1973), p. 541; entrevista del autor con Ramón Serrano Suñer en Madrid, 1977. <<

[31] Ian Gibson, En busca de José Antonio (Barcelona, 1980), pp. 246-8; Sueiro y Díaz Nosty, Franquismo, vol. I, pp. 176-82. <<

[32] Sobre la naturaleza deliberada de los esfuerzos por mantener el recuerdo de la guerra, véase el artículo de Dionisio Ridruejo en Le Monde, 24 abril 1963, y Salvo Mazzolini, «La guerra civile non è ancora finita», L’Espresso (Roma), 28 abril 1963. Sobre la destrucción de la embajada española en ciudad de México, véase Excelsior (México D. F.), 21 abril 1963. Para la explotación de los ataques a las embajadas del régimen, véase Diario de Barcelona, 19 abril 1963; La Vanguardia Española (Barcelona), 21 abril 1963. Para una introducción general, véase Amandino Rodríguez Armada y José Antonio Nováis, ¿Quién mató a Julián Grimau? (Madrid, 1976), passim. <<

[33] Martín Torrent, Los presos, pp. 109-15; Daniel Sueiro, El Valle de los caídos: los secretos de la cripta franquista (Barcelona, 1983), passim y especialmente pp. 61-7 y 195-205. <<

[34] Sueiro, El Valle de los Caídos, pp. 8-12, 118-43, 184-92. <<

[35] Véanse los discursos de Franco de 14 de mayo 1946, 19 octubre 1946, 28 marzo 1950, 13 junio 1958, 2 octubre 1961, 1 abril 1964, citados en Agustín del Río Cisneros (ed.), Pensamiento político de Franco, 2 vols. (Madrid, 1975), vol. I, pp. 78-93. El punto de vista de Franco sobre la historia se expone en una carta del 12 de mayo de 1942 al pretendiente al trono, don Juan de Borbón, reimpresa en Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco (Barcelona, 1981), pp. 42-6. <<

[36] Valls, La enseñanza, p. 67. Véase también C. H. Cobb, «“Recuperación”: An aspect of the Cultural Policy of the Franco Regime», en Iberian Studies, vol. VIII, otoño 1979. <<

[37] Sueiro y Díaz Nosty, El franquismo, vol. I, p. 134; Rafael Abella, La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco (Barcelona, 1985), pp. 49-56. <<

[38] Esta idea esta más desarrollada en Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain (Londres, 1986), capítulo 1. <<

[39] Para un terrible relato del ambiente en aquel momento, véase Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, 1981), pp. 139 y siguientes. <<

[40] Este proceso está analizado en Preston, Triumph, passim. <<

[41] Existe ya una abundante bibliografía sobre el golpe de 1981. Los relatos más completos son Colectivo Democracia, op. cit.; José Oneto, La verdad sobre el caso Tejero (Barcelona, 1982); Pilar Urbano, Con la venia… yo indagué el 23F (Barcelona, 1982). <<

[1] Sobre el ejército en este período, véase el capítulo 5, «Franco y sus generales, 1939-1945». <<

[2] Malcolm Muggeridge (ed.), Ciano’s Diary 1939-1943 (Londres, 1947), pp. 32-3; Documents on German Foreign Policy, serie D, XIII vols. (Londres, 1951-64) (en adelante DGFP), vol. III, pp. 880-1. <<

[3] Ciano’s Diary 1939-1943, pp. 99-100; Ramón Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar (Madrid, 1947), pp. 91-118. <<

[4] DGFP, serie D, vol. VI, pp. 695-7; Ciano’s Diary 39-43, pp. 97, 102. <<

[5] Ciano’s Diary 1939-1943, p. 100; Maurice Peterson, Both sides of the Curtain: An Autobiography (Londres, 1950), pp. 223-4; sir Samuel Hoare, Ambassador on Special Mission (Londres, 1946), pp. 56-8; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar, pp. 108-9. <<

[6] DGFP, serie D, vol. VI, pp. 830-2, vol. VIII, p. 24; The Times, 17 y 21 de junio de 1939; Marc Ferro, Pétain (París, 1987), pp. 51-2; Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española durante la segunda guerra mundial (Barcelona, 1985), p. 37; sobre Lequerica, véase Juan Avilés Farré, «Lequerica, embajador franquista en París», Historia 16, n.º 160, agosto de 1989, pp. 12-20. <<

[7] Galeazzo Ciano, Ciano’s Diplomatic Papers, editado por Malcolm Muggeridge (Londres, 1948), pp. 290-5; Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, pp. 38-9. <<

[8] Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, p. 40. <<

[9] DGFP; serie D, vol. VI, p. 882; serie D, vol. VII, p. 57. <<

[10] DGFP, serie D, vol. VII, pp. 388-9. <<

[11] DGFP, serie D, vol. VII, pp. 501-2; Peterson, Both Sides, pp. 191-2. <<

[12] Hoare, Ambassador; pp. 54-5; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; p. 132; Javier Terrón Montero, La prensa de España durante el régimen de Franco (Madrid, 1981), pp. 41-54. <<

[13] Paul Reynaud, Au coeur de la mêlée 1930-1945 (París, 1951), p. 919; Peterson, Both Sides, pp. 191-5. <<

[14] Boletín Oficial del Estado, 4 de septiembre de 1939. Cf. Serrano Suñer, Futre Hendaya y Gibraltar; p. 89. <<

[15] Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar, pp. 133-5, 142-3. <<

[16] DGFP, serie D, vol. VIII, pp. 324-5; vol. IX, p. 558; vol. X, p. 291; vol. XI, pp. 48, 185; Ferro, Pétain, pp. 51-2. <<

[17] DGFP, serie D, vol. VIII, pp. 190-2. <<

[18] DGFP, serie D, vol. IX, p. 396. <<

[19] Peterson, Both Sides, pp. 228-33; Hoare, Ambassador; pp. 14-18, 30-2; J. A. Cross, sir Samuel Hoare: A Political Biography (Londres, 1977), pp. 322-8. <<

[20] DGFP; serie D, vol. IX, pp. 509-10. <<

[21] Véase, inter alia, Brian Crozier, Franco: A Biographical History (Londres, 1967), pp. 313-75; José María Doussinague, España tenía razón (1939-1945) (Madrid, 1949), pássim; George Hills, Rock of Contention. A History of Gibraltar (Londres, 1974), pp. 428-32. <<

[22] Winston S. Churchill, The Second World War; vol. II, Their Finest Hour (Londres, 1949), pp. 460, 552, 562. Véanse otras apreciaciones tempranas de la importancia estratégica de España en Denis Smyth, Diplomacy and Strategy of Survival: British Policy and Franco’s Spain, 1940-1941 (Cambridge, 1986), pp. 1-4; Alexander Cadogan, The Diaries of sir Alexander Cadogan 1938-1945, editados por David Dilkes (Londres, 1971), p. 117; Informe de la Subcomisión de Jefes de Estado Mayor sobre la situación en el Mediterráneo occidental resultante de la guerra civil española, Documents on British Foreign Policy, 2.ª serie, vol. XVII (Londres, 1979), pp. 151-2. <<

[23] Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 204-5. <<

[24] José María de Areilza, Embajadores sobre España (Madrid, 1947), pp. 4-5, 57-8; Hills, Gibraltar; pp. 436-8. La destrucción definitiva de esa opinión se puede ver en Smyth, Diplomacy and Strategy of Survival. Véase también David Wingeate Pike, «Franco and the Axis Stigma», Journal of Contemporary History, vol. 17, n.º 3, 1982, y Victor Morales Lezcano, Historia de la nobeligerancia española durante la segunda guerra mundial (Las Palmas, 1979). <<

[25] Denis Smyth, «Screening “Torch”: Allied counter-intelligence and the Spanish threat to the secrecy of the allied invasion of French North Africa in November 1942», Intelligence and National Security, vol. 4, n.º 2, abril de 1989, pp. 335-56. Véase una relación de la presión alemana en Doussinague, España tenía razón, pp. 133-8. <<

[26] Denis. Smyth, «The Moor and the money-lender: politics and profits in Anglo-German relations with Francoist Spain», en Marie-Luise Recker (ed.), Von der Konkurrenz zur Rivalität: Das Britische-Deutsche Verhältnis in den Länden der Europäischen Peripherie (Stuttgart, 1986); Ángel Viñas, Guerra, dinero, dictadura: ayuda fascista y autarquía en la España de Franco (Barcelona, 1984), pp. 158-67. <<

[27] Ciano’s Diary 1939-1943, p. 243. <<

[28] ABC 13 de junio de 1940; Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, p. 79; DGFP, serie D, vol. IX, p. 560. <<

[29] DGFP, serie D, vol. IX, p. 542; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 159-60. <<

[30] DGFP, serie D, vol. IX, pp. 449-53; vol. XI, p. 445. <<

[31] DGFP; serie D, vol. IX, pp. 585-8; Reynaud, Au coeur de la Mêlée, pp. 855-6. <<

[32] DGFP, serie D, vol. IX, pp. 620-1. <<

[33] DGFP, serie D, vol. X, pp. 15-16. <<

[34] DGFP; serie D, vol. X, pp. 2, 9, 187-9, 199-200, 276-7, 283, 290-1, 317-18, 366-7, 376-9, 397-401, 409-10; Walter Schellenberg, The Schellenberg Memories: A Record of the Nazi Secret Service (Londres, 1956), pp. 126-43; Mariano González-Arnao Conde-Luque, «¡Capturad al duque de Windsor!», Historia 16, n.º 161, septiembre de 1989; Michael Bloch, Operation Willi: The Plot to Kidnap the Duke of Windsor July 1940 (Londres, 1984), pássim. <<

[35] DGFP, serie D, vol. X, pp. 97-9. <<

[36] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 605-6, 608-11. <<

[37] Hoare, Ambassador; pp. 48-9. <<

[38] DGFP; serie D, vol. X, p. 396; Hoare, Ambassador; p. 44; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; p. 65; Churchill, Finest Hour; p. 463. <<

[39] DGFP, serie D, vol. X, p. 466-7, 499-500, 521; André Brissaud, Canaris (Londres, 1973), pp. 191-4; Mcgregor Knox, Mussolini Unleashed 1939-1941: Politics and Strategy in Fascist Italy’s Last War (Cambridge, 1982), p. 184. <<

[40] DGFP, serie D, vol. X, pp. 514-15, 521. <<

[41] DGFP; serie D, vol. X, pp. 484-6; Ciano’s Diary 1939-1943, p. 285; Serrano Suner, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 103-4. <<

[42] David Eccles (ed), By Safe Hand: Letters of Sybil and David Eccles 1939-1942 (Londres, 1983), p. 180. <<

[43] DGFP, serie D, vol. X, p. 361. <<

[44] DGFP; serie D, vol. X, pp. 561-5; vol. XI, pp. 37-40, 81-2. <<

[45] Schellenberg, Memoirs, pp. 135, 143. <<

[46] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 83-91; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 165-71. <<

[47] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 93-102; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 175-83. <<

[48] DGFP; serie D, vol. X, pp. 106-8. <<

[49] Gerhard L. Weinberg, World in the Balance: Behind the Scenes of World War II (Hanover, New Hampshire, 1981), p. 122; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; p. 183. Las dos citas de Franco proceden de cartas reproducidas en Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue: memorias (Barcelona, 1977), pp. 335-7. <<

[50] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 166-74. <<

[51] Smyth, «The Moor», pp. 171-4. <<

[52] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 199-204. <<

[53] Hoare, Ambassador; p. 76. <<

[54] DGFP; serie D, vol. XI, pp. 211-14; Ciano’s Diary 1939-1943, p. 294. <<

[55] Ciano’s Diary 39-43, pp. 294-6; Ciano, Papers, pp. 393-6; Knox, Mussolini Unleashed, pp. 189, 196. <<

[56] Hugh Dalton, The Second World War Diary of Hugh Dalton, editado por Ben Pimlott (Londres, 1986), 7 de octubre de 1940, p. 89; Foreign Relations of the United States 1940 (Washington, 1957), vol. II, pp. 812-17 (en adelante FRUS). <<

[57] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 331-4. <<

[58] Serrano Suñer, Memorias, pp. 283-301; Paul Schmidt, Hitler’s Interpreten The Secret History of German Diplomacy 1935-1945 (Londres, 1951), p. 196; Brissaud, Canaris, pp. 204-9. Véase la declaración de Hitler en Hendaya en DGFP, serie D, vol. XI, pp. 371-9. <<

[59] Ciano, Papers, p. 402. <<

[60] Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer (Barcelona, 1981), p. 193. Véase también la polémica entre Serrano Suñer y Antonio Marquina en El País, 19, 21, 22, 26, 28, 29 de noviembre de 1978. <<

[61] FRUS 1940, vol. II, p. 824. <<

[62] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 452. <<

[63] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 478-9. <<

[64] Directriz n.º 18, 12 de noviembre de 1940, Hitler’s War Directives 1939-1945, editado por H. R. Trevor-Roper (Londres, 1966), pp. 81-7. <<

[65] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 528-30, 574-6, 581-2; Charles B. Burdick, Germany’s Military Strategy and Spain in World War II (Syracuse, 1968), pp. 77 y ss. <<

[66] FRUS 1940, vol. II, pp. 829-38. <<

[67] DGFP; serie D, vol. XI, pp. 598-606; Serrano Suner, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 235-49; Ciano, Papers, pp. 409-11. <<

[68] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 787-8. <<

[69] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 812, 816-17, 852-3, 900-4; Heinz Höhne, Canaris (Londres, 1979), pp. 440-1; Brissaud, Canaris, pp. 224-6; Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 258-9. <<

[70] DGEP, serie D, vol. XI, pp. 824-5, 847-50; John Lukács, The Last European War. September 1939-December 1941 (Londres, 1976), p. 114; Winston S. Churchill, The Second World War; vol. II, The Grand Alliance (Londres, 1950), p. 7. Sobre la oposición militar al aventurerismo en política exterior, véase el capítulo 5, «Franco y sus generales, 1939-1945». <<

[71] DGFP, serie D, vol. XI, pp. 1140-3. <<

[72] DGFP; serie D, vol. XI, pp. 1157-5, 1171-5. <<

[73] DGFP, serie D, vol. XII, p. 30. <<

[74] DGFP; serie D, vol. XII, pp. 37-42, 51-3, 78-9. <<

[75] Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 262-3; Roberto Cantalupo, Embajada en España (Barcelona, 1951), pp. 240-1. <<

[76] Hoare, Ambassador, pp. 95, 104. <<

[77] Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 261-4; véanse las palabras de Franco en Ciano, Papers, pp. 421-30; Cantalupo, Embajada, pp. 249-52. <<

[78] DGFP; serie D, vol. XII, pp. 96-7, 131-2. <<

[79] Burdick, Germany’s Military Strategy, pp. 103 y ss. <<

[80] Churchill, Second World War, vol. II, Their Finest Hour, p. 468. <<

[81] Churchill, Finest Hour, pp. 467-8. <<

[82] DGFP, serie D, vol. XII, pp. 194-5. <<

[83] FRUS 1941 (Washington, 1959), vol. II, pp. 886-7. <<

[84] FRUS 1941, vol. II, pp. 891-903. <<

[85] DGFP; serie D, vol. XII, pp. 611-15; Josef Goebbels, The Goebbels Diaries 1939-1941, editados por Fred Taylor (Londres, 1982), p. 373. <<

[86] DGFP, serie D, vol. XII, pp. 1080-1. <<

[87] Hoare, Ambassador, p. 140; Manuel Espadas Burgos, Franquismo y política exterior (Madrid, 1988), p. 123. <<

[88] FRUS 1941, vol. II, pp. 908-11. <<

[89] DGFP, serie D, vol. XIII, pp. 353-4, 357-8. <<

[90] FRUS 1941, vol. II, pp. 913-25. <<

[91] DGFP, serie D, vol. XIII, pp. 444-6, 459-60. <<

[92] FRUS 1941, vol. II, pp. 924-9. <<

[93] DGFP, serie D, vol. XIII, pp. 904-6; FRUS 1947, vol. II, 932-4; Ciano’s Diaries 1939-1943, p. 402; Ciano, Papers, pp. 461-2. <<

[94] Espadas, Franquismo, p. 124. <<

[95] Hoare, Ambassador, p. 140. <<

[96] Lequio a Ciano, 9, 10, 12 de enero de 1942, I Documenti Diplomatici Italiani, 9.ª serie, vol. VIII (Roma, 1988), pp. 113, 116-17, 123-4; Arriba, 13 de enero de 1942. <<

[97] FRUS 1942 (Washington, 1961), vol. III, pp. 288-9. <<

[98] Ciano’s Diary 39-45, pp. 473. <<

[99] Sheelagh Ellwood, Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987), pp. 84-90; Hoare, Ambassador; pp. 140, 164-71; Antonio Marquina Barrio, «El atentado de Begoña», Historia 16, n.º 76, agosto de 1982, pp. 11-19. <<

[100] Serrano Suñer, Entre Hendaya y Gibraltar; pp. 211-18; Ulrich Von Hassell, The Von Hassell Diaries, 1936-1944 (Nueva York, 1947), pp. 239-48; Javier Tusell, «Franco no fue neutral», Historia 16, 1988. <<

[101] Hoare, Ambassador; pp. 184-96. <<

[102] Sobre el Bloque Ibérico, véase Dez anos de política externa: A naçäo portuguesa e a segunda guerra mundial, vol. XII (Lisboa, 1985), pp. 85-96; The Times, 23 de diciembre de 1942; Doussinague, España tenía razón, pp. 116-26. Sobre la gira por Andalucía, véase Doussinague, pp. 207-9 y Pike, «Stigma», p. 384. <<

[103] Hoare, Ambassador; pp. 239-40. <<

[104] Departamento de Estado, Estados Unidos de América, The Spanish Government and the Axis (Washington, 1946), pp. 34-7; Hoare, Ambassador; pp. 249-56. <<

[105] Hoare, Ambassador; pp. 249-56. <<

[106] Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, 3 vols. (Princeton, 1984), vol. II, pp. 725-6, 728, 751; Cadogan, Diaries, pp. 602-3; Edward R. Stettinius Jr., The Diaries of Edward R. Stettinius Jr., 1943-1946, editados por Thomas M. Campbell y George C. Herring (Nueva York, 1975), pp. 28-9; Hoare, Ambassador; pp. 257-62. <<

[107] Churchill and Roosevelt: Correspondence, vol. III, pp. 66-8, 99, 106-8, 114; Cadogan, Diaries, pp. 622-3; Hoare, Ambassador, pp. 262-8. <<

[108] Hoare, Ambassador; p. 283. El texto completo figura en las pp. 300-4. <<

[109] Versiones ligeramente diferentes figuran en los Churchill Papers, 20/138, citados en Martin Gilbert, Road to Victory: Winston S. Churchill 1941-1945 (Londres, 1966), p. 1071, y Hoare, Ambassador; pp. 304-6. <<

[110] Serrano Suñer, Memorias, pp. 331-48. <<

[1] Carlos Ruiz Ocaña, Los ejércitos españoles: las fuerzas armadas en la defensa nacional, Madrid, 1980, p. 113; Informe del alto mando alemán, 10 de agosto de 1940, Documents on German Foreign Policy, de ahora en adelante DGFP; serie D, vol. X, Londres, 1957, pp. 461-4; Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, 1967, p. 421. <<

[2] Julio Busquets y Gabriel Cardona, «Unas Fuerzas Armadas para el Movimiento», en Justino Sinova (ed.), Historia del franquismo, 2 vols., Madrid, 1985, vol. I, p. 162. <<

[3] Boletín Oficial del Estado, 4 de agosto de 1937, 17 de julio de 1942. <<

[4] Denis Smyth, Diplomacy and Strategy of Survival: British Policy and Franco’s Spain, 1940-1941, Cambridge, 1986, pp. 35-6; Denis Smyth, «Les Chevaliers de Saint-George: la Grande-Bretagne et la corruption des généraux espagnols (1940-1942)», en Guerres mondiales et conflits contemporaines (París), n.º 162, abril de 1991; carta de David Eccles a Roger Makins en el Foreign Office, 10 de noviembre de 1940, en By Safe Hand: Letters of Sybil and David Eccles, 1939-1942, Londres, 1983, p. 197. <<

[5] Sobre Aranda, véase Antonio Marquina Barrio, «Conspiración contra Franco: El Ejército y la injerencia extranjera en España: el papel de Aranda, 1939-1945», en Historia 16, n.º 72, abril de 1982, pp. 21-30; Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue: memorias, Barcelona, 1977, pp. 288 y 329. <<

[6] Klaus Jörg Ruhl, Franco, Falange y III Reich, Madrid, 1986, p. 68. <<

[7] José María Gil Robles, días 14 de febrero, 19 de diciembre de 1943, 31 de marzo, 24 de mayo de 1944 del diario La monarquía por la que yo luché (1941-1954), Madrid, 1976, pp. 28, 72, 77 y 85; Charles Foltz Jr., The Masquerade in Spain, Boston, 1948, pp. 127-9; Smyth, Diplomacy, p. 215. <<

[8] Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, p. 118: Carlos Fernández, Tensiones militares durante el franquismo, Barcelona, 1985, p. 12; Gil Robles, día de 15 de enero de 1943 del diario La monarquía, p. 27; Guillermo Cabanellas, Cuatro generales, 2 vols., Barcelona, 1977, vol. II, p. 440; Jesús Salas Larrazábal, La guerra de España desde el aire, 2. ed., Barcelona, 1972, p. 429. <<

[9] Informe del coronel Krämer, 5 de junio de 1939, Documents secrets du Ministère des Affaires Étrangères d’Allemagne, 3 vols., París, 1946, vol. III, Espagne, pp. 61-8; Marquina, «Aranda», p. 23. <<

[10] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1978, p. 327; Serrano Suñer, Memorias, pp. 215-16; Cabanellas, Cuatro generales, pp. 439 y 443; Pedro Sáinz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Barcelona, 1978, pp. 272-4. <<

[11] Cabanellas, Cuatro generales, pp. 438-439; Malcolm Muggeridge, ed. de Ciano’s Diary 1939-1945, Londres, 1947, pp. 117, 119, 294 y 295 (hay trad. cast.: Diario, José Janés, Barcelona, 1947); Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, 1985, pp. 41 y 42; Ramón Garriga, La España de Franco: las relaciones secretas con Hitler; 2.ª ed., Puebla (México), 1970, pp. 64 y 65; Ian Gibson, Queipo de Llano: Sevilla, verano de 1936, Barcelona, 1986, pp. 124-5. <<

[12] DGFP, serie D, vol. IX, Londres, 1956, pp. 240-3. <<

[13] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols., Madrid, 1984, vol. III, pp. 144-8; Ramón Garriga, El general Juan Yagüe, Barcelona, 1985, pp. 181-4; DGFP, serie D, vol. X, Stohrer a la Wilhelmstrasse, 2 de julio de 1940, documento n.º 87, pp. 97-9; Manuel Espadas Burgos, Franquismo y política exterior; Madrid, 1986, pp. 106-7; sir Samuel Hoare, Ambassador on Special Mission, Londres, 1946, pp. 52-3; Stanley G. Payne, Falange: A History of Spanish Fascism, Stanford, 1961, pp. 213-15 (hay trad, cast.: Falange: Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985); Ruhl, III Reich, pp. 61 y 317; Smyth, Diplomacy, pp. 33-6. <<

[14] Kindelán, La verdad, pp. 90. <<

[15] Kindelán, La verdad, pp. 116-18. <<

[16] Kindelán, La verdad, pp. 30-2. <<

[17] Véase la carta sin fechar de Kindelán a Varela, Kindelán, La verdad, pp. 118-9; Tusell, Franco y Mussolini, pp. 79, 97-102. <<

[18] Informe del alto mando alemán, 10 de agosto de 1940, DGFP; serie D, vol. X, Londres, 1957, pp. 461-4. <<

[19] Hoare a Edén, 3, 14 de diciembre de 1940, Public Record Office, FO371/24059, C13128/40/41 & 03541/40/41; Arriba, 10 de diciembre de 1940. <<

[20] DGFP, serie D, vol. IX, pp. 824-5. <<

[21] DGFP, serie D, vol. XII, pp. 51-3, 78-80. <<

[22] Kindelán, La verdad, p. 51. Por desgracia, Kindelán no proporciona fecha concreta. <<

[23] Sobre la visita de Gamero a la embajada, véase DGFP, serie D, vol. XI, p. 1069-70. Sobre una iniciativa semejante de Aranda, véase DGFP, serie D, vol. XIII, Londres, 1964, pp. 441-2. <<

[24] DGFP, serie D, vol. XII, Londres, 1962, pp. 36-37, 613-614. Cf. Ruhl, III Reich, p. 66; Marquina, «Aranda», p. 24. <<

[25] Para una descripción completa de la crisis, véanse Paul Preston, Franco: A Biography, Londres, 1993, pp. 431-6 (hay trad, cast.: Franco, Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 1994); Stanley G. Payne, The Franco Regime 1936-1975, Madison, 1987, pp. 286-9; Tusell, Franco y Mussolini, pp. 131-2. <<

[26] Ruhl, III Reich, pp. 22-6; Gerald R. Kleinfeld y Lewis A. Tambs, Hitler’s Spanish Legion: The Blue Division in Russia, Carbondale, 1979, pp. 1-17 (hay trad, cast.: La división española de Hitler, San Martín, Madrid, sin fecha). <<

[27] Despachos de sir Samuel Hoare, 5, 13 de agosto de 1941, PRO FO, 371, 26891/C8744 & 26891/C9154; Kindelán, La verdad, p. 51; Gil Robles, día 10 de junio de 1941 del diario La monarquía, p. 17; Hartmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, 1983, pp. 253-4; Smyth, Diplomacy, p. 210. <<

[28] DGFP, serie D, vol. XIII, pp. 441-3. <<

[29] DGFP, serie D, vol. XIII, pp. 630-2. <<

[30] Heine, La oposición, pp. 255-6. <<

[31] Kindelán, La verdad, pp. 47-49; Ruhl, III Reich, p. 95; Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 323. <<

[32] Para el texto del discurso, véase Kindelán, La verdad, pp. 120-2. <<

[33] Cf. despacho de Hoare, 20 de abril de 1942, PRO FO, 371 31235/ C4198; Heine, La oposición, p. 257; Pedro Sáinz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, 1981, p. 147. <<

[34] Documents secrets, pp. 96-101. <<

[35] Von Stohrer a la Wilhelmstrasse, 29 de mayo, 11 de junio de 1942, Documents secrets, pp. 101-3, 105-6. <<

[36] Por lo que respecta a versiones más o menos falangistas del asunto de Begoña, véanse Serrano Suñer, Memorias, pp. 364-7; Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer; Barcelona, 1982, pp. 203-5; Payne, Falange, pp. 216, 219-220, 234-6. Para una versión franquista, que responsabiliza a los alemanes, véase José M. Doussinague, España tenía razón (1939-1945), Madrid, 1949. Para una transcripción de la conversación telefónica de Franco con Varela, véase Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 503-7. Véase también Antonio Maquina Barrio, «El atentado de Begoña», Historia 16, n.º 76, agosto de 1982, pp. 11-19. <<

[37] Ruhl, III Reich pp. 118-9. <<

[38] López Rodó, La larga marcha, pp. 28-30; Saña, El franquismo sin mitos, pp. 267, 271-3; Serrano Suñer, Memorias, pp. 370-2. <<

[39] Gil Robles, día 1 de octubre de 1942 del diario La monarquía, p. 19. <<

[40] Kindelán, La verdad, pp. 32-6. <<

[41] Ruhl, III Reich, pp. 178-82. <<

[42] Kindelán, La verdad, pp. 55-6; Heine, La oposición, p. 26. <<

[43] Kindelán, La verdad, pp. 125-7. Por desgracia, las notas no llevan fecha. <<

[44] Véase la carta de Kindelán a Franco, 25 de diciembre de 1943, en Kindelán, La verdad, pp. 58-9. <<

[45] Kindelán, La verdad, pp. 50-5. <<

[46] Fernández, Tensiones militares, p. 91; La Cierva, Franquismo, vol. I, p. 264. <<

[47] Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 409. <<

[48] López Rodó, La larga marcha, pp. 36-8; Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 403. <<

[49] López Rodó, La larga marcha, pp. 39-41. <<

[50] Gil Robles, días 6 y 11 de agosto de 1943 del diario La monarquía, pp. 51 y 53. <<

[51] López Rodó, La larga marcha, pp. 515-519; Gil Robles en el día 25 de agosto de su diario se refiere a la «impertinente negativa» de Franco, Gil Robles, La monarquía, p. 55. <<

[52] Gil Robles, día 23 de agosto de 1943 del diario La monarquía, p. 55; Sáinz Rodríguez, Un reinado, p. 161. <<

[53] Se dice que el informe fue llevado a Galicia por el intelectual monárquico católico Rafael Calvo Serer. Cf. Ricardo de La Cierva, Historia del franquismo: I, Orígenes y configuración (1939-1945), Barcelona, 1975, pp. 265-70. <<

[54] Para el texto completo, véase López Rodó, La larga marcha, pp. 43 y 44. Para el comentario de Gil Robles, día 18 de septiembre de 1943 del diario de Gil Robles La monarquía, p. 60. <<

[55] José Fortes y Restituto Valero, Qué son las Fuerzas Armadas, Barcelona, 1977, p. 45. <<

[56] Gil Robles, días 26 de septiembre y 31 de octubre de 1943, La monarquía, pp. 61 y 67. <<

[57] Sir Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, 5 vols., Londres, 1970-1976, vol. II, pp. 353-6; vol. IV, pp. 8-17; Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 433; Gil Robles, día 11 de agosto de 1943 del diario La monarquía, p. 53. <<

[58] Suárez Fernández, Franco, vol. III, pp. 431-2; Gil Robles, días 3 de octubre y 17 de noviembre de 1943, La monarquía, pp. 62, 68; Payne, Military, p. 434; Heine, La oposición, p. 261. <<

[59] Gil Robles, días 25 de agosto y 31 de octubre de 1943 del diario, y carta al general Asensio, 28 de septiembre de 1943, Gil Robles, La monarquía, pp. 55, 67, 360-6; Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 432. <<

[60] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, 1983, p. 32. <<

[61] Dionisio Ridruejo, Escrito en España, 2. ed., Buenos Aires, 1964, p. 104; Fernández, Tensiones militares, pp. 77-85; Enrique Tierno Galván, Cabos sueltos, Barcelona, 1981, pp. 106-7. Sobre la conspiración militar, véase Garriga, España de Franco, vol. I, pp. 287-8. <<

[62] Suárez Fernández, Franco, vol. III, p. 432. <<

[63] Véanse los comentarios tanto de su cuñado como de su primo y ayudante de campo, Serrano Suñer, Memorias, p. 230; Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones, pp. 19, 37, 56-8, 83 y 178. <<

[64] López Rodó, La larga marcha, pp. 48-50; Suárez Fernández, Franco, vol. IV, pp. 18 y 19. <<

[65] Kindelán, La verdad, p. 89. <<

[66] Kindelán, La verdad, pp. 229-34. Para otras dimisiones, ibid., p. 236. <<

[67] Suárez Fernández, Franco, vol. IV, pp. 24 y 25; Ricardo de la Cierva, Francisco Franco: un siglo de España, 2 vols., Madrid, 1973, vol. II, p. 406. <<

[68] Antonio Marquina, «La permanencia del franquismo después de la Segunda Guerra Mundial», en El País, 25 de mayo de 1980. <<

[69] Suárez Fernández, Franco, vol. IV, p. 21; La Cierva, Historia del franquismo, vol. I, p. 294. <<

[70] Para la carta, véase López Rodó, La larga marcha, pp. 51-4; para los generales, La verdad, pp. 236-8. <<

[1] Paul Preston, Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo (Madrid, 1986); Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis (Cambridge, 1975); Ricardo de la Cierva, La derecha sin remedio (Barcelona, 1986); Paul Preston, The Corning of the Spanish Civil War (Londres, 1978). <<

[2] Sur (Málaga), 25 y 28 de abril de 1937; Maximiano García Venero, Historia de la Unificación (Falange y Requeté en 1937), (Madrid, 1970), pp. 216-19; Maximiano García Venero, Falange en la guerra de España: la Unificación y Hedilla (París, 1967), pp. 391-427. Véase una relación crítica de la disidencia falangista en el muy censurado Ángel Alcázar de Velasco, Siete días de Salamanca (Madrid, 1976). <<

[3] Sheelagh M. Ellwood, Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987), pp. 58-9. <<

[4] Amando de Miguel, Sociología del franquismo: análisis ideológico de los ministros del régimen (Barcelona, 1976), pp. 43-8. <<

[5] Ellwood, Spanish Fascism, pp. 69-70. <<

[6] Ricardo L. Chueca, «FET y de las JONS: la paradójica victoria de un fascismo fracasado», en Josep Fontana (ed.), España bajo el franquismo (Barcelona, 1986), pp. 60-77. <<

[7] Francisco Javier Conde, Contribución a la doctrina del Caudillo (Madrid, 1942). <<

[8] José Ignacio Escobar, Así empezó… (Madrid, 1974), pp. 325-30. <<

[9] José María Pemán, Mis almuerzos con gente importante (Barcelona, 1970), pp. 239-43. Se puede consultar el texto publicado, relativamente inocuo, de su discurso «Calvo Sotelo, precursor del movimiento nacional», en Homenaje de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a José Calvo Sotelo (Madrid, 1942), pp. 255-72. <<

[10] Informe del embajador alemán, Von Stohrer, a la Wilhelmstrasse, 19 de noviembre de 1938, Documents on Germán Foreign Policy, serie D, volumen III (Londres, 1951), p. 797; Javier Tusell, La oposición democrática al franquismo (Barcelona, 1977), p. 34. En sus memorias —Testimonios y recuerdos (Barcelona, 1978), pp. 254-74— Pedro Sáinz Rodríguez no explica su «dimisión». Se muestra ligeramente más explícito en su contribución a Ángel Bayod (ed.), Franco visto por sus ministros (Barcelona, 1981), pp. 26-8. <<

[11] La promoción de Yagüe fue también un intento de neutralizarlo quitándole el mando de la poderosa Legión, véase Ramón Garriga, El general Juan Yagüe (Barcelona, 1985), pp. 171-4. La destitución de Kindelán no fue independiente de la participación de su hijo Ultano en una conspiración para traer a don Juan a España. Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco (Barcelona, 1981), pp. 16-17. Véase la p. 144-5 supra. <<

[12] José María Gil Robles, La monarquía por la que yo luché (1941-1954), pp. 20-4; Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, pp. 503-7; Ellwood, Spanish Fascism, pp. 84-8. <<

[13] Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…? De Alfonso XIII a Juan III, (Buenos Aires, 1951), p. 51; López Rodó, La larga marcha, pp. 13, 17; Hugh Thomas, The Spanish Civil War, 3.ª edición (Londres, 1977), p. 414. <<

[14] Alfredo Kindelán, Mis cuadernos de guerra (Barcelona, 1982), pp. 101-11. Véase una relación mucho más crítica en Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días, 2 vols. (Buenos Aires, 1973), vol. 1, pp. 640-61. <<

[15] Norman Jones, «Monarchism in Spain», tesis inédita (Universidad de Reading, 1973), p. 7. <<

[16] Rafael Calvo Serer, Franco frente al rey (París, 1971), p. 21. <<

[17] Véanse los comentarios hechos en 1940 y 1943 por Fernando Martín-Sánchez Julia en Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei: Génesis y desarrollo de la santa mafia (París, 1970), pp. 29-30. <<

[18] A. Sáez Alba, La otra «Cosa Nostra», la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (París, 1970), pp. XXXIII-XXXV. <<

[19] Javier Tusell, Franco y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1957 (Madrid, 1984), p. 24. <<

[20] Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española durante la segunda guerra mundial (Barcelona, 1985), pp. 208-9; Raimundo Fernández Cuesta, Testimonio, recuerdos y reflexiones (Madrid, 1985), pp. 221-2; sir Samuel Hoare, Ambassador on a Special Mission (Londres, 1946), pp. 211-12. <<

[21] López Rodó, Larga marcha, pp. 36-44; Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, pp. 222-5; Calvo Serer, Franco frente al rey, p. 12. Véase pp. 160-4 supra. <<

[22] Tusell, Oposición, p. 76. <<

[23] Texto auténtico del manifiesto de S. M. el Rey (Lausana, 19 de marzo de 1945); López Rodó, Larga marcha, pp. 48-51; Tusell, Franco y los católicos p. 55. <<

[24] Stanley G. Payne, The Franco Regime (Madison, 1986), pp. 350-1; Tusell, Franco y los católicos, pp. 52-79. <<

[25] López Rodó, Larga marcha, pp. 75-104. <<

[26] Tusell, Franco y los católicos, p. 110. <<

[27] López Rodó, Larga marcha, pp. 88-9. <<

[28] Gil Robles, La monarquía, p. 209; Tusell, Oposición, pp. 162-9. <<

[29] Gil Robles, La monarquía, pp. 267-73. <<

[30] Calvo Serer, Franco frente al rey, p. 14. <<

[31] Calvo Serer, Franco frente al rey, pp. 29-30. <<

[32] Calvo Serer, Franco frente al rey, pp. 31-2. <<

[33] Tusell, Franco y los católicos, p. 294. <<

[34] Tusell, Oposición, pp. 235-7. <<

[35] Véase una densa y elíptica relación de las tensiones internas del régimen que acompañaron a los disturbios universitarios en Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo: aislamiento, transformación, agonía (1945-1975) (Barcelona, 1978), pp. 136-43. <<

[36] José Luis de Arrese, Una etapa constituyente (Barcelona, 1982), passim, Fernández Cuesta, Testimonio, pp. 243-5; Ellwood, Spanish Fascism pp. 118-21. <<

[37] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública (Barcelona, 1980), pp. 25-6; Manuel Durán, Martín Villa (San Sebastián, 1979), pp. 39-55; Pablo Lizcano, La generación del 56: la universidad contra Franco (Barcelona, 1981), pp. 231-4. <<

[38] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols. (Madrid, 1984), vol. V, pp. 320-6; Calvo Serer, Franco frente al rey, pp. 14-15. <<

[39] López Rodó, Larga marcha, pp. 136 y ss. <<

[40] Dionisio Ridruejo, Ibérica, julio de 1962, citado en Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias (Barcelona, 1976), pp. 391-2; Paul Preston, Salvador de Madariaga and the Questfor Liberty in Spain (Oxford, 1987), pp. 28-9. <<

[41] Payne, Franco Regime, pp. 336-42; López Rodó, La larga marcha, pp. 222-386. <<

[42] Ellwood, Spanish Fascism, pp. 121-6. <<

[43] Una relación fascinante de este período desde el interior del régimen figura en Rafael Calvo Serer, La dictadura de los franquistas. 1: El «affaire» de «Madrid» y el futuro político (París, 1973), pássim. <<

[44] Fernando Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al consenso (Barcelona, 1985), pp. 88-9; Paul Preston, The Triumph of Democracy (Londres 1986), pp. 8-30. <<

[45] Preston, Las derechas españolas, pp. 135-42; Luis Ramírez, «Morir en el búnker», en Horizonte español 1972, 3 vols. (París, 1972), pp. 3-20. Véase el capítulo 8 de este libro. <<

[46] Norman B. Cooper, Catholicism an the Franco Regime (Beverly Hills, 1975), pp. 37-43; José Chao Regó, La Iglesia en el franquismo (Madrid, 1976), pp. 150-231; Guy Hermet, Les Catholiques dans l’Espagne Franquiste, 2 vols. (París, 1981), vol. II, pp. 398-421; Rafael Díaz Salazar, Iglesia, dictadura y democracia (Madrid, 1981), pp. 227-83. <<

[47] Preston, The Triumph of Democracy, pp. 36, 51, 63; Antonio Izquierdo, Yo, testigo de cargo (Barcelona, 1981), p. 37; Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco (Barcelona, 1981), pp. 139-202. <<

[1] Sobre el aumento de la tensión entre civiles y militares, véanse Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain, Stanford, 1967 (traducción castellana: Ejército y sociedad en la España liberal, Madrid, 1977); Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, 1984; Alberto Gil Novales (ed.), Ejército, Pueblo y Constitución. Siglos XIX y XX: Homenaje al general Rafael del Riego, Madrid, 1988; Daniel R. Headrick, Ejército y política en España (1866-1898), Madrid, 1981; Jorge Cachinero, «Intervencionismo y reformas militares en España a comienzos del siglo XX», en Zona Abierta, Madrid, n.º 39-40, pp. 115-48. <<

[2] Fernando Reinlein García-Miranda, «Del siglo XIX a la guerra civil», en Colectivo Democracia, Los Ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, 1981, pp. 13-33. <<

[3] Julio González Soto, Esbozo de una síntesis del ideario de Mola, Burgos, 1937, p. 53 (citado por Josep Fontana, «Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo», en España bajo el franquismo, Barcelona, 1986, p. 13). <<

[4] Le Monde, 12 de mayo de 1970. <<

[5] Para un análisis completo de un sistema en que el ejército era a la vez protagonista y juez en los casos de orden publico, véanse Manuel Balbé, Orden público y militarismo en la España constitucional 1812-1983, Madrid, 1983, pp. 402-49; Pierre Celhay, Consejos de guerra en España, París, 1976, pp. 64-88; Dionisio Ridruejo, Escrito en España, 2.ª ed., Buenos Aires, 1964, p. 284; José Fortes y Restituto Valero, Qué son las Fuerzas Armadas, Barcelona, 1977, p. 13; Jesús Ynfante, El Ejército de Franco y de Juan Carlos, París, 1976, pp. 95-9. <<

[6] Rafael Bañón y José Antonio Olmeda, «Las Fuerzas Armadas en España: Institucionalización y proceso de cambio (1939-1975)» en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (eds.), La institucionalización militar en el Estado contemporáneo, Madrid, 1985, p. 273; Francisco Javier Mariñas, General Varela: de soldado a general, Barcelona, 1956, pp. 237-9; Julio Busquets y Gabriel Cardona, «Unas Fuerzas Armadas para el Movimiento» en Justino Sinova (ed.), Historia del franquismo, 2 vols., Madrid, 1985, vol. I, pp. 168-9. <<

[7] Fortes y Valero, Fuerzas Armadas, pp. 42-3. <<

[8] Busquets y Cardona, «Fuerzas Armadas», pp. 170-1; cf. un informe del general Arsenio Martínez Campos escrito para el Alto Estado Mayor en mayo de 1940 citado por Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, 1985, p. 98. <<

[9] Julio Busquets, El militar de carrera en España, 3.ª ed., Barcelona, 1984, p. 214. <<

[10] El aumento para los coroneles fue del 15%, para los capitanes, del 26% y para los tenientes, del 40%; Payne, Politics and the Military, p. 257; coronel Jesús Pérez Salas, Guerra en España (1936-1939), México DF, 1947, pp. 88-9. <<

[11] Carlos Viver Pi Sunyer, El personal político de Franco (1936-1945), Barcelona, 1978, pp. 70-2; Miguel Jerez Mir, Élites políticas y centros de extracción en España 1938-1957, Madrid, 1982, pp. 228-39. <<

[12] Paul Preston, «Franco and the Hand of Providence», en John Merriman (ed.), For Want of a Horse: Choice and Chance in History, Lexington, Massachusetts, 1985. <<

[13] Alfredo Kidelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, p. 118; José María Gil Robles, día 15 de enero de 1943 del diario La monarquía por la que yo luché (1941-1954), Madrid, 1976, p. 27. <<

[14] Carlos Blanco Escolá, La Academia General Militar de Zaragoza (1928-1931), Barcelona, 1989, pp. 70-106; Mariano Aguilar Olivencia, El Ejército español durante la Segunda República, Madrid, 1986, pp. 119-29. <<

[15] Escolá, La Academia General, pp. 107-197; Guillermo Cabanellas, Cuatro generales, Barcelona, 1977, pp. 140, 142; Pérez Salas, Guerra, pp. 85-7; Antonio Cordón, Trayectoria (Recuerdos de un artillero), París, 1971, pp. 192-4; Busquets, El militar, pp. 117-39. <<

[16] Carlos Iniesta Cano, Memorias y recuerdos, Barcelona; 1984, pp. 141-2; Busquets, El militar, pp. 107-8, 263, da cifras ligeramente diferentes. <<

[17] Balbé, Orden público, p. 437; Busquets, El militar, pp. 109-14. <<

[18] Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado de España, Barcelona, 1983, pp. 55-6. <<

[19] Payne, Military, p. 532. <<

[20] Juan Carlos Losada Álvarez, Ideología del Ejército franquista 1939-1959, Madrid, 1990, pp. 188-9; Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, Barcelona, 1981, pp. 88-9; Ricardo de La Cierva, Historia del franquismo, vol. II, Aislamiento, transformación, agonía (1945-1975), Barcelona, 1978, pp. 92-3; Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué…? De Alfonso XIII a Juan III, Buenos Aires, 1951, pp. 523-5. <<

[21] Puede captarse la sensación de carencia de dirección que percibían muchos oficiales en la obra de uno de los más afortunados generales, primo de Franco, al mando de una unidad relativamente bien equipada estacionada en las afueras de Madrid, Francisco Franco Salgado-Araujo, Mi vida junto a Franco, Barcelona, 1977, pp. 328-9. <<

[22] Julio Busquéis, Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Barcelona, 1982, pp. 142-5. <<

[23] Indalecio Prieto, Convulsiones de España: pequeños detalles de grandes sucesos, 3 vols., México DF, 1967-1969, vol. I, pp. 307-8. <<

[24] Félix Fanés, La vaga de tramvies del 1951, Barcelona, 1977, pp. 137-41; Franco Salgado-Araujo, Mi vida, pp. 329-30; La Cierva, Historia del franquismo, vol. II, pp. 96-7. <<

[25] Payne, Military, p. 439; Busquets, El militar, p. 127. <<

[26] Losada Álvarez, Ideología, pp. 55-66; Busquets, El militar, p. 253. <<

[27] Gutiérrez Mellado, Un soldado, p. 56. <<

[28] Miguel Martín, El colonialismo español en Marruecos (1860-1956), París, 1973, pp. 219-23. <<

[29] Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, 8 vols. Madrid, 1984, vol. V, pp. 176-80, 183-5, 192-207; Franco Salgado-Araujo, días 17 de marzo de 1956 y 27 de diciembre de 1957 del diario Mis conversaciones, pp. 168 y 223. <<

[30] Martín, El colonialismo, pp. 227-239; Arthur P. Whitaker, Spain and Defense of the West: Ally and Liability, Nueva York, 1961, pp. 328-9; La Cierva, Historia del franquismo, vol. II, pp. 138, 146. <<

[31] Payne, Military, pp. 443-4. <<

[32] Francisco Franco, Discursos y mensajes del Jefe del Estado (1955-1959), Madrid, I960, pp. 172-7. <<

[33] Payne, Military, p. 443. Cf. Suárez Fernández, Franco, vol. V, p. 236, que duda de que los tres generales visitaran a Franco basándose en el supuesto hecho de que Muñoz Grandes estaba de caza. En realidad Muñoz Grandes y Franco fueron a cazar juntos el 11 de febrero, es decir, después de la presunta entrevista. Cf. Franco Salgado-Araujo, día 11 de febrero de 1956 del diario Mis conversaciones, p. 164. <<

[34] Franco Salgado-Araujo, día 10 de febrero de 1956 del diario Mis conversaciones, p. 163. Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia, Barcelona, 1976, pp. 422-3; Pablo Lizcano, La universidad contra Franco, Barcelona, 1981, p. 142. <<

[35] Franco Salgado-Araujo, días 19 de febrero y 3 de agosto de 1955, Mis conversaciones, pp. 83, 128. <<

[36] Kindelán, La verdad, pp. 82, 89. <<

[37] Pedro Sáinz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, 1981, p. 103; Suárez Fernández, Franco, vol. V, pp. 153, 266. <<

[38] Franco Salgado-Araujo, días 4 de febrero y 3 de agosto de 1955 del diario Mis conversaciones, pp. 77, 128. Para un retrato favorable de Muñoz Grandes, véase Benjamin Welles, Spain: The Gentle Anarchy, Londres, 1965, pp. 57-61. <<

[39] Payne, Military, pp. 443, 534; Whitaker, Spain, pp. 141-2. <<

[40] Franco Salgado-Araujo, días 11, 16 y 18 de agosto de 1956, Mis conversaciones, pp. 173, 178-9. <<

[41] Franco, Discursos (1955-1959), p. 187. <<

[42] Rafael Calvo Serer, Franco frente al Rey, París, 1972, p. 36; Sáinz Rodríguez, Un reinado, p. 164; Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 123-4; Suárez Fernández, Franco, vol. V, pp. 319-320. <<

[43] Luis Ramírez, Nuestros primeros veinticinco años, París, 1964, pp. 111-112; Franco Salgado-Araujo, día 4 de febrero de 1957, diario Mis conversaciones, p. 200; Jaume Fabre, Josep Mana Huertas y Antoni Ribas, Vint anys de resistencia catalana (1039-1959), Barcelona, 1978, pp. 208-11. <<

[44] Franco Salgado-Araujo, días 12 de agosto de 1956 y 30 de enero de 1957, Mis conversaciones, pp. 176, 195-8; Suárez Fernández, Franco, vol. V, pp. 269, 319; López Rodó, La larga marcha, p. 124; Sainz Rodríguez, Un reinado, p. 166. <<

[45] Calvo Serer, Franco, p. 37; La Cierva, Franquismo, vol. II, p. 155, que cita, sin nombrarlo, a un ministro. <<

[46] Franco Salgado-Araujo, día 6 de abril de 1957 del diario Mis conversaciones, p. 209, comenta los rumores recogidos por la prensa cubana. Para versiones más extravagantes de lo que ocurrió véanse Ramírez, 25 años, p. 117, y Busquets, Pronunciamientos, pp. 140-1; cf. Serrano Suñer, Memorias, p. 238. <<

[47] Franco Salgado-Araujo, día 17 de mayo de 1955 del diario Mis conversaciones, pp. 107-10. <<

[48] Busquets, Pronunciamientos, p. 141. <<

[49] Franco Salgado-Araujo, días 23 de febrero y 15 de julio de 1957 del diario Mis conversaciones, pp. 201, 246-7. <<

[50] Busquets, El militar, pp. 127-8; Franco Salgado-Araujo, día 21 de febrero de 1957 del diario Mis conversaciones, pp. 256-7. <<

[51] Ynfante, El Ejército, p. 12. <<

[52] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, 1983, pp. 74-5; Carlos Ruiz Ocaña, Los ejércitos españoles: las fuerzas armadas en la defensa nacional, Madrid, 1980, pp. 282-7. <<

[53] Almirante Carrero Blanco, Discursos y escritos 1943-1973, Madrid, 1974, pp. 212-5. <<

[54] En el juicio de Grimau se produjo un grave error por lo que respecta al Código de Justicia Militar, debido a que uno de los oficiales jurídicos del ejército había falsificado su cualificación legal, Balbé, Orden público, p. 425; Armada, Al servicio, pp. 72-3, 76-7. <<

[55] Suárez Fernández, Franco, vol. VII, pp. 90-91. <<

[56] Franco Salgado-Araujo, días 24 de julio de 1963, 17 de febrero, 2 de marzo y 13 de junio de 1964, Mis conversaciones, pp. 389, 413, 416, 473; Manuel Fraga Iribarne, días 21 de febrero y 17 de abril de 1964, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, 1980, pp. 103, 107; Armada, Al servicio, p. 75; Rafael Calvo Serer, La dictadura de los franquistas: el «affaire» del «Madrid» y el futuro, París, 1973, pp. 92, 382. <<

[57] Fraga, día 6 de julio de 1966, Memoria, p. 175; Sainz Rodríguez, Un reinado, pp. 415-6; Suárez Fernández, Franco, vol. VII, p. 319. <<

[58] Carlos Fernández Santander, Tensiones militares durante el franquismo, Barcelona, 1985, p. 168; López Rodó, La larga marcha, p. 238. <<

[59] López Rodó, La larga marcha, pp. 263-4; La Cierva, Historia del franquismo, vol. II, pp. 250-1. Cf. la curiosa perspectiva de Manuel Fraga, que afirma que Muñoz Grandes dimitió a base de presionar insistentemente a Franco para que lo sacase del gobierno, Fraga, días 11 y 21 de julio de 1967, Memoria, pp. 205-6; Suárez Fernández, Franco, vol. VII, pp. 390-7, se muestra extrañamente lacónico respecto a las razones de la dimisión de Muñoz Grandes, comentando apenas que estaba «acabado». <<

[60] ABC, 29 de octubre de 1969. Véase el perfil de Castañón en Equipo Mundo, Los 90 ministros de Franco, Barcelona, 1970, pp. 431-4; Calvo Serer, La dictadura, pp. 166, 168; Armada, Al servicio, pp. 68, 72, 78, 93-4, 100-1, 119, 121, 135; José Ignacio San Martín, Servicio especial, Barcelona, 1983, pp. 198, 253; López Rodó, La larga marcha, p. 200. <<

[61] Franco Salgado-Araujo, día 4 de diciembre de 1967 del diario Mis conversaciones, pp. 511-12. <<

[62] Le Monde, 11 de diciembre de 1970; Suárez Fernández, Franco, vol. VII, pp. 218-19; Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, Harmondsworth, 1976, pp. 302-3. <<

[63] Le Monde, 14 de marzo de 1969; Franco Salgado-Araujo, días 30 de enero, 1 de marzo y 14 de abril de 1969 del diario Mis conversaciones, pp. 540, 541 y 547. <<

[64] Blaye, Franco, p. 304. <<

[65] Le Monde, 29 de diciembre de 1970. <<

[66] San Martín, Servicio especial, pp. 168-9. <<

[67] Le Monde, 16 y 18 de diciembre de 1970. <<

[68] Blaye, Franco, pp. 304-10; Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, 1981, p. 140. <<

[69] Le Monde, 29 de diciembre de 1970; L’Express, 4 de enero de 1971. <<

[70] Suárez Fernández, Franco, vol. VIII, p. 221; The Times, 11 de octubre de 1971. <<

[71] Le Monde, 30 de diciembre de 1970. <<

[72] Calvo Serer, La dictadura, p. 236; San Martín, Servicio especial, p. 268; Blaye, Franco, pp. 324-5. <<

[73] Mundo Obrero, 22 de enero; Le Monde Diplomatique, enero de 1971. <<

[74] Le Monde, 19 de diciembre de 1970; José Fortes y Luis Otero, Proceso a nueve militares demócratas: las Fuerzas Armadas y la UMD, Barcelona, 1983, p. 22. <<

[75] «Reflexión crítica sobre el Cuerpo de Oficiales», documento clandestino redactado por oficiales jóvenes de la Academia, en Ynfante, Ejército, pp. 69-74. <<

[76] Pierre Celhay, Consejos de guerra en España, París, 1976, pp. 106, 109-10. <<

[77] San Martín, Servicio especial, pp. 21-45; José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar, Madrid, 1981, pp. 67-8; Ynfante, Ejército, pp. 24-9; Balbé, Orden público, pp. 447-9; Colectivo Democracia, Los Ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, 1981, pp. 52-3. <<

[78] Celhay, Consejos de guerra, pp. 112, 118. <<

[79] L’Express, 14 de diciembre de 1970. <<

[80] Ynfante, Ejército, p. 77. <<

[81] Pueblo, 22 de diciembre de 1973; Iniesta Cano, Memorias, Barcelona, 1984, pp. 218-22; San Martín, Servicio especial, pp. 90-114; Joaquín Bardavío, La crisis: historia de quince días, Madrid, 1974, pp. 111-16; El País, Equipo de Investigación, Golpe mortal: asesinato de Carrero y agonía del franquismo, Madrid, 1983, pp. 184-7. Los comunistas afirmaron haber estado en contacto con Diez Alegría, pero éste lo negó. Conversación del autor con Santiago Carrillo. Véase Golpe mortal, pp. 211-12. <<

[82] Morales y Celada, Alternativa, p. 26. <<

[83] Le Monde, 15 de mayo de 1974; Financial Times, 29 de mayo de 1974; Gutiérrez Mellado, Un soldado, pp. 47-9; Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain, Londres, 1986, pp. 60-2. <<

[84] Véase el capítulo 9 de este libro. <<

[1] No existe un estudio satisfactorio de la represión franquista en España en conjunto, aunque ha habido excelentes estudios locales, y no ha habido prácticamente ninguna obra histórica sobre la Policía Armada o la Guardia Civil en este período. Sin embargo, vale la pena consultar los estimulantes ensayos de Alberto Reig Tapia, Ideología e historia sobre la represión franquista y la guerra civil (Madrid, 1984) y Diego López Garrido, El aparato policial en España (Barcelona, 1987). Véase también Juan Martínez Alier, La estabilidad del latifundismo (París, 1968), pp. 131-47. <<

[2] Sheelagh M. Ellwood, Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987), pp. 134-73. <<

[3] Véase el más tristemente célebre de dichos incidentes en Daniel Sueiro, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, 2.ª ed. (Barcelona, 1983), pp. 220-30; Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco (Barcelona, 1976), pp. 302-3. <<

[4] Esta revelación se basa en el conocimiento personal. También estoy en deuda con Isabel Cardona de los Ríos y Elías Díaz por sus recuerdos de aquel período. <<

[5] Esto es imposible de demostrar, aunque en aquella época estaba generalizada entre los periodistas españoles la idea de que así fue. Véanse algunas insinuaciones curiosas en las memorias del oficial encargado del SDPG, José Ignacio San Martín, Servicio especial. A las órdenes de Camero Blanco (Barcelona, 1983), pp. 23-42. <<

[6] Luis Ramírez, «Morir en el búnker», en Horizonte español 1972, 3 vols. (París, 1972); Martín Prieto, «El discreto encanto de la ultraderecha», en Gentleman, n.º 13, julio de 1974. <<

[7] Informaciones, 30 de abril de 1973. <<

[8] Stuart Christie, Stefano delle Chiaie: Portrait of a Black Terrorist (Londres, 1984), pp. 71-4; Magnus Linklater, Isabel Hilton y Neal Ascherson, The Fourth Reich: Klaus Barbie and the Neo Nazi Connection (Londres, 1984), pp. 203-11. <<

[9] En una entrevista con el autor. <<

[10] Informaciones, 6 de noviembre; Madrid, 6 y 23 de noviembre; ABC, 7 de noviembre de 1971. <<

[11] Madrid, 23 de noviembre de 1971. <<

[12] Fuerza Nueva, 1 de enero de 1972. <<

[13] Informaciones, 17 y 26 de abril de 1972. <<

[14] Informaciones, 6 de agosto; Pueblo, 7 de agosto de 1973. <<

[15] Ya, 8 de agosto de 1973; Sábado Gráfico, 16 de febrero de 1974. <<

[16] Ricardo de la Cierva, La Derecha sin remedio (1801-1987), (Barcelona, 1987), pp. 324-5. <<

[17] Informaciones, 7 de mayo de 1973. Las citas proceden de folletos recogidos por el autor en aquella época. <<

[18] Sobre Fernández Miranda, véase José Luis Alcocer, Fernández Miranda: agonía de un Estado (Barcelona, 1986) y Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain (Londres, 1986), pp. 50-1, 79-80, 92. <<

[19] Véase el siguiente capítulo, pp. 183-4. <<

[20] Paul Preston, Triumph, pp. 107-8. <<

[1] Los detalles de los acontecimientos del 23 de febrero de 1981 han sido tomados de El País y Cambio 16. Existe un relato más vivo en Ricardo Cid Cañaveral et al., Todos al suelo: la conspiración y el golpe (Madrid, 1981). Para un relato más detallado de los orígenes políticos del golpe, véase Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain (Londres, 1986), pp. 196-201. <<

[2] José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar: el golpismo después de Franco (Madrid, 1981), pp. 89-91, 122-5; Cambio 16, 17 de noviembre de 1980; El Alcázar, 24 de enero de 1981. <<

[3] El Alcázar, 16 y 21 de septiembre, 2 de diciembre de 1980; Alfonso Armada, Al servicio de la corona (Barcelona, 1983) pp. 216, 223-7. <<

[4] Sobre el papel de Armada en la preparación del golpe, véase Martín Prieto, Técnica de un golpe de Estado: el juicio del 23-F (Barcelona, 1982), passim, pero especialmente pp. 88-94; José Oneto, La verdad sobre el caso Tejero: el proceso del siglo (Barcelona, 1982), passim, pero especialmente pp. 205-35. <<

[5] Pilar Urbano, «El contragolpe», en Colectivo Democracia, Los Ejércitos… más allá del golpe (Barcelona, 1981). <<

[6] Morales y Celada, La alternativa, pp. 30, 34-5. <<

[7] Enrique Montánchez, «De la “Galaxia” al DAC», en Colectivo Democracia, Los Ejércitos; Miguel Ángel Aguilar, «La cota del Parlamento», en Julio Busquets, Miguel Ángel Aguilar e Ignacio Puche, El golpe: anatomía y claves del asalto al Congreso (Barcelona, 1981). <<

[8] José Oneto, La noche de Tejero (Barcelona, 1981), pp. 27-34. <<

[9] Julio Busquets, «Las causas del golpe», en Busquets et al, El golpe; Julio Busquets, El militar de carrera en España, 2.ª ed. (Barcelona, 1971), pp. 198-209, 260-74. <<

[10] Julio Busquets, «Las Fuerzas Armadas en la transición española», en Sistema (Madrid), n.º 93, noviembre 1989, pp. 22-4. <<

[11] Morales y Celada, La alternativa, p. 24. <<

[12] Carlos Fernández, Los militares en la transición política (Barcelona, 1982), pp. 24-5. <<

[13] José Oneto, Arias entre dos crisis 1973-1975 (Madrid, 1975), pp. 63-7; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, p. 38. <<

[14] César Ruiz-Ocaña, Los Ejércitos españoles: las fuerzas armadas en la defensa nacional (Madrid, 1980), cap. XII; José Fortes y Restituto Valero, Qué son las fuerzas armadas (Barcelona, 1977), p. 62. Véase también p. 223 supra. <<

[15] Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain (Stanford, 1967), pp. 422-5, 433-4; Jesús Ynfante, El ejército de Franco y de Juan Carlos (París, 1976), pp. 111-12; Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco (Barcelona, 1981), p. 114; Fernández, Los militares, p. 16. <<

[16] Ynfante, El Ejército, pp. 113-14; Fernández, Los militares, pp. 15-16. <<

[17] Ynfante, El Ejército, pp. 118-20. <<

[18] Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, Spain: Dictatorship to Democracy (Londres, 1979), p. 199; Fernández, Los militares, p. 26. <<

[19] Ramón Chao, Après Franco, L’Espagne (París, 1975), p. 280. <<

[20] Unión Militar Democrática, Los militares y la lucha por la democracia (s. l. y s. d.), pp. 1-15; José Fortes y Luis Otero, Proceso a nueve militares demócratas: Las Fuerzas Armadas y la UMD (Barcelona, 1983), pp. 28, 231-51; Francisco Caparros, La UMD: militares y rebeldes (Barcelona, 1983), pp. 45-60. <<

[21] «¿Dónde están los capitanes?», panfleto publicado en enero de 1975 y reimpreso en Fortes y Otero, UMD, pp. 252-4. Véase también p. 27. <<

[22] Fortes y Otero, UMD, p. 35. <<

[23] Caparros, La UMD, pp. 68-72; Fortes y Otero, UMD, p. 36. <<

[24] Le Monde, 18 de febrero de 1975; Mundo Obrero, 4 de marzo de 1975. <<

[25] Fortes y Otero, UMD, p. 37. <<

[26] José Ignacio Domínguez, Cuando yo era un exiliado (Madrid, 1977), pp. 23-5, 104. <<

[27] Domínguez, Un exiliado, pp. 24, 31-2; Caparros, La UMD, pp. 85-7. <<

[28] La versión oficial fue que Arias había autorizado las detenciones pero parece más probable que esto fue simplemente para ocultar el hecho de que le habían cogido por sorpresa. Fortes y Otero, UMD, pp. 41-3. <<

[29] ABC, 8 de agosto de 1975; Fortes y Otero, UMD, pp. 88-9. <<

[30] Pierre Celhay, Consejos de guerra en España: fascismo contra Euskadi (París, 1976), p. 107. <<

[31] Fortes y Otero, UMD, p. 117; Domínguez, Un exiliado, pp. 134-5, 148-9. <<

[32] Fortes y Otero, UMD, p. 126. <<

[33] Morales y Celada, La alternativa, p. 29. <<

[34] Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado de España (Barcelona, 1983), pp. 40-3, 47, 132; José María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía (Barcelona, 1977), pp. 76-7. <<

[35] Fortes y Otero, UMD, pp. 10-11; Gutiérrez Mellado, Un soldado, pp. 133-8. <<

[36] Manuel Tuñón de Lara en El País, 21 de marzo de 1981; entrevista con el almirante Pita da Veiga en La Voz de Galicia, 14 de abril de 1976, citada por Fernández, Los militares, pp. 86-7. <<

[37] ABC, 16 de mayo de 1975. <<

[38] Ya, 13 de enero de 1976; Fortes y Otero, UMD, p. 118; Areilza, Diario, pp. 81, 118, 152, 216; Fernández, Los militares, p. 63. <<

[39] Domínguez, Un exiliado, pp. 182-92; Fortes y Otero, UMD, pp. 155-79; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, pp. 60-2; Fernández, Los militares, pp. 70-9. <<

[40] Domínguez, Un exiliado, p. 161; Fortes y Otero, UMD, pp. 10-11, 208-15; Caparros, La UMD, pp. 169-70. <<

[41] Domínguez, Un exiliado, p. 204; Gutiérrez Mellado, Un soldado, pp. 83-5. <<

[42] El Alcázar, 23 y 27 de septiembre de 1976; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, p. 63; Morales y Celada, La alternativa, p. 28. <<

[43] Gutiérrez Mellado, Un soldado, pp. 77-82; El Alcázar, 28 de diciembre de 1976; entrevista del autor con el general Manuel Prieto López, febrero 1983. <<

[44] El País, 24 de diciembre de 1976. <<

[45] El País, 1 de febrero de 1977. <<

[46] El País, 8 de febrero de 1977. <<

[47] Joaquín Bardavío, Sábado santo rojo (Madrid, 1980), pp. 196-200; entrevista con el general Prieto. <<

[48] ABC, 14 de abril de 1977; El País, 15 de abril de 1977. <<

[49] Pilar Urbano, Con la venia… yo indagué el 23-F (Barcelona, 1982), p. 16; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, p. 71. <<

[50] UMD, Los militares, p. 47; Morales y Celada, La alternativa, pp. 67-85; Urbano, Con la venia, pp. 23-5; Fernández, Los militares, pp. 190-1. <<

[51] El País, 20 de septiembre de 1977; Fernández, Los militares, pp. 181-95; entrevista con el general Prieto. <<

[52] Morales y Celada, La alternativa, pp. 40-1; Fernández, Los militares, pp. 218-20, 227-8. <<

[53] El País, 17, 19 de noviembre de 1978; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, pp. 78-85; Morales y Celada, La alternativa, pp. 43-9. <<

[54] Morales y Celada, La alternativa, pp. 49-53. <<

[55] El País, 6, 10 de junio de 1979. <<

[56] Colectivo Democracia, Los Ejércitos, pp. 85-91; Morales y Celada, La alternativa, pp. 57-61. <<

[57] El País, 13 de septiembre de 1980; Colectivo Democracia, Los Ejércitos, pp. 91-3. <<

[58] El País, 3, 4, 5, 6 de octubre de 1982. <<