Qué duda cabe de que el conflicto bélico que asoló España entre 1936 y 1939 ha marcado la historia del país durante el siglo XX y que fue, de todas las guerras de la época contemporánea, la que más emociones despertó, tanto en los intelectuales como en la ciudadanía de numerosos países. Las esperanzas alentadas por la revolución que trajo la Segunda República tocaron la fibra sensible de Europa y Estados Unidos, contribuyendo así a la internacionalización de la contienda. Comparativamente con la Segunda Guerra Mundial o el conflicto de Vietnam, puede parecer un enfrentamiento de escasa importancia; sin embargo, la guerra civil fue algo más que una lucha entre extremos fanáticos de la izquierda y la derecha y una tercera España con talante reconciliador, pues constituyó un triste ensayo para la conflagración mundial y, especialmente, pareció abrir las compuertas de una nueva y terrorífica forma de enfrentamiento bélico, temido universalmente.

Remontándose a los orígenes de la guerra y analizando su desarrollo, las atrocidades, los abusos, la destrucción y la posición de las potencias internacionales, así como el surgimiento de la dictadura en el bando nacional. La Guerra Civil española reconstruye, con precisión y lucidez, la compleja trama del conflicto bélico, clave para entender la historia y posterior evolución de la España del siglo XX.

Paul Preston

La Guerra Civil española

Reacción, revolución y venganza

ePub r1.1

Titivillus 14.04.2019

Título original: A Concise History of the Spanish Civil War

Paul Preston, 2006

Traducción: Francisco Rodríguez de Lecea

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A la memoria de Jerónimo Gonzalo

Prólogo

PRÓLOGO

Escribí la primera versión de este libro hace veinte años. Mi intención entonces era proporcionar al nuevo lector una guía manejable que lo condujera por el laberinto bibliográfico creado por el hecho de que la Guerra Civil española seguía librándose sobre el papel. La consecuencia es que ha habido miles de libros sobre la Guerra Civil, algunos de ellos muy extensos. Como el flujo de libros no menguaba, reescribí el libro en 1996 para dar cuenta de lo que se había publicado en los diez años posteriores a su primera edición. En aquel momento no podía imaginar la gran cantidad de trabajos que aún habían de aparecer. Así pues, esta versión ampliada es un intento de ponerse al día con el considerable corpus académico que se ha publicado en castellano, catalán e inglés desde 1996, y se beneficia de mi propia y continua investigación sobre Franco, la represión franquista y el papel desempeñado por Mussolini en la Guerra Civil.

Este texto, de forma inevitable, es mucho más largo: un cincuenta por ciento más extenso que la versión de 1996. Al igual que las dos versiones anteriores, este nuevo libro es más interpretativo que descriptivo, a pesar de que he usado más citas contemporáneas para transmitir el ambiente de la época. Éste no es un libro que se proponga encontrar un perfecto equilibrio entre ambas partes. Viví durante bastantes años bajo la dictadura de Franco, y era imposible no ser consciente de la existencia de la represión de obreros y estudiantes, de la censura y las cárceles. Hasta 1975 seguían ejecutando a los presos políticos. A pesar de lo que proclamen los seguidores de Franco, yo no creo que España consiguiera nada bueno con el alzamiento militar de 1936 y la victoria de los nacionales de 1939. Los muchos años de estudio dedicado a la España de los años treinta, y anteriores y posteriores a ese decenio, me convencieron de que, a pesar de los muchos errores que se cometieron, la República española fue un intento de dar una mejor calidad de vida a los miembros más humildes de una sociedad represora. Cuando fracasó, la venganza de Franco y sus seguidores fue brutal y despiadada. Así pues, el lector encontrará aquí poca simpatía por la derecha española, pero espero que exista un cierto entendimiento.

Mi temprano interés por España se vio estimulado por un seminario para posgraduados que dirigían Hugh Thomas en la Universidad de Reading y Joaquín Romero Maura en la de Oxford. Durante muchos años aprendí muchísimo durante mi amistad con Herbert Southworth, quien siempre fue muy generoso en su hospitalidad y sus conocimientos. Cuando escribí la versión de 1996, era muy consciente de lo mucho que debía a las conversaciones que durante años mantuve con Raymond Carr, Norman Cooper, Denis Smyth, Ángel Viñas, Julián Casanova, Jerónimo Gonzalo y Martin Blinkhorn. Durante los noventa, la historiografía de la Guerra Civil cambió profundamente con las investigaciones llevadas a cabo por Ángela Cenarro, Helen Graham, Gerald Howson, Enrique Moradiellos, Alberto Reig Tapia e Ismael Saz. Continúo aprendiendo muchísimo al leer sus libros y conversar durante horas con ellos.

Mis amigos Paul Heywood y Sheelagh Ellwood constituyeron un maravilloso apoyo durante la redacción de la primera versión; su papel en la segunda lo asumió Helen Graham, y en este tercer intento, a mis inacabables conversaciones con Helen Graham se han sumado los intercambios constantes de ideas e información con Hilari Raguer y Francisco Espinosa Mestre. Me gustaría agradecer a Francisco Moreno Gómez, Isabelo Herreros y Luis Miguel Sánchez Tostado su ayuda en algunos aspectos concretos.

Mi esposa Gabrielle es, como siempre, mi crítico más perspicaz. Con un equipo de amigos como éste, parece imposible que ningún libro tenga fallos. Por desgracia, éste sí los tiene, y son míos. Está dedicado a la memoria de Jerónimo Gonzalo, compañero de alegrías y sinsabores, de quien aprendí tanto y a quien echo de menos más de lo que puedo decir.

Londres, 8 de enero de 2006

Introducción

INTRODUCCIÓN

La Guerra Civil al cabo de setenta años.

El 19 de octubre de 2005 Santiago Carrillo, de noventa años de edad, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Carrillo fue secretario general del Partido Comunista de España durante tres decenios, de 1956 a 1985. Fue una figura crucial, aunque controvertida, de la resistencia contra la dictadura de Franco. El título de doctor le fue concedido en gran parte como señal de reconocimiento por su papel en la lucha por la democracia y sus «extraordinarios méritos, y de forma significada a su contribución a la política de reconciliación nacional, y su decisiva aportación al proceso de transición democrática en España». Carrillo era objeto de gran veneración por su papel moderado y moderador en una etapa muy importante de la transición de la dictadura a la democracia. Sin embargo, durante la Guerra Civil, a los veintiún años de edad, había sido jefe de seguridad de la Junta de Defensa de Madrid cuando numerosos presos de derechas fueron asesinados. Debido a ello, la ceremonia de investidura fue interrumpida por extremistas que gritaban «¡Paracuellos, Carrillo asesino!». No fue la primera vez que Carrillo había sido blanco de violentos ataques de los ultraderechistas. Desde su regreso a España en 1976 había sido vilipendiado por su supuesta relación con las matanzas de Paracuellos. El 16 de abril de 2005 estaba previsto que pronunciara unas palabras con motivo de la presentación de un libro del historiador Santos Juliá titulado Las Dos Españas, pero el acto fue interrumpido por extremistas de derechas que causaron estragos en la librería donde se estaba celebrando. Apenas había transcurrido una semana cuando en una pared cerca del bloque de pisos donde vive, alguien garabateó las palabras «Así empezó la guerra, y ganamos», «Carrillo, asesino, sabemos dónde vives» y «¿Dónde está el oro español?».

Estos incidentes fueron sintomáticos de que la Guerra Civil todavía es un asunto candente en la España de hoy. A escala geográfica y humana, y dejando aparte los horrores tecnológicos, la Guerra Civil se ha visto empequeñecida por conflictos posteriores. No obstante, ha generado alrededor de veinte mil libros, epitafio literario equiparable al de la Segunda Guerra Mundial. En parte, esto refleja la medida en que incluso después de 1939, la guerra siguió librándose entre los nacionales victoriosos y los republicanos derrotados y exiliados. Pero además, y sobre todo por lo que respecta a observadores extranjeros, la pervivencia del interés por la tragedia española estaba íntimamente ligada a la prolongada vida de su vencedor. El ininterrumpido disfrute del general Franco de un poder dictatorial, logrado con la ayuda de Hitler y Mussolini, suponía una afrenta exasperante para los oponentes del fascismo de todo el mundo. Además, nunca se permitió que la destrucción de la democracia en España se convirtiera en un desaparecido vestigio de las humillaciones del período vergonzoso durante el cual las democracias intentaban apaciguar a Hitler y a Mussolini; lejos de intentar cicatrizar las heridas de la contienda civil, Franco se esmeró por mantener la guerra como una llaga viva y ardiente, tanto dentro como fuera de España.

El recuerdo de la victoria franquista sobre el comunismo internacional fue frecuentemente utilizado para ganar el beneplácito del mundo exterior. Tal fue el caso cuando justo después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron frenéticos esfuerzos por disociar a Franco de sus antiguos aliados del Eje. Ello se hizo subrayando su oposición al comunismo, al tiempo que se restaba importancia a su igualmente firme oposición a la democracia liberal y al socialismo. Durante la guerra fría se utilizó el irrefutable anticomunismo del bando nacional para consolidar una imagen de Franco como baluarte del sistema occidental, como el «centinela de Occidente» según la frase acuñada por sus propagandistas. En el interior de la propia España, los recuerdos de la guerra y de la consiguiente y sangrienta represión fueron cuidadosamente alimentados para mantener lo que se ha llamado «el pacto de sangre». El apoyo social al dictador provenía de una insólita coalición entre los más privilegiados —terratenientes, industriales y banqueros— y lo que se ha dado en llamar las «clases de servicio» del franquismo —aquellos miembros de las clases media y trabajadora que por diversas razones (oportunismo, creencias o circunstancia geográfica durante la guerra) compartieron su suerte con la del régimen—, y finalmente aquellos católicos españoles comunes que apoyaron a los nacionales como defensores de la religión, la ley y el orden. Los recuerdos de la guerra iban a ser muy útiles para reafirmar la vacilante lealtad de alguno de estos grupos, o de los tres.

En general, los privilegiados más patricios se mantuvieron distanciados de la dictadura y despreciaron su propaganda. Sin embargo, aquéllos que se implicaron en las redes de corrupción y represión del régimen, los beneficiarios de las matanzas y del pillaje, eran especialmente susceptibles a las sugerencias de que solamente Franco se interponía entre ellos y las venganzas de sus víctimas. En cualquier caso, para muchos que trabajaban para el dictador en la gigantesca burocracia de su partido único, el Movimiento, en su organización sindical o en su amplia red de prensa como policías, guardias civiles, humildes serenos o porteros, la Guerra Civil era una parte esencial de su currículum y su sistema de valores. Y fueron ellos quienes, en los años setenta, constituyeron lo que se conoció como el búnker, los franquistas intransigentes, dispuestos a seguir combatiendo por los valores de la Guerra Civil desde los sótanos de la Cancillería. Pero un compromiso similar y aún más peligroso los consagraba como defensores de la herencia de lo que los derechistas españoles llamaban el 18 de julio (por la fecha del alzamiento militar de 1936). Desde 1939, en las academias militares se había educado a los oficiales en la creencia de que su misión era defender a España del comunismo, el anarquismo, el socialismo, la democracia parlamentaria y los separatistas que pretendían destruir su unidad. Por tanto, después de la muerte de Franco, el búnker y sus partidarios militares intentaron, una vez más, destruir la democracia en España en nombre de la victoria del bando nacional de 1939.

Quizá para estos ultraderechistas los esfuerzos de la propaganda nacional por mantener los odios de la Guerra Civil eran gratuitos. Sin embargo, el régimen consideraba esencial tal propaganda de cara a aquellos partidarios españoles que prestaron a Franco un apoyo pasivo que abarcaba la renuencia. Los católicos y los miembros de las clases medias que experimentaron horror ante la visión de los desórdenes republicanos y el anticlericalismo promovido por la prensa izquierdista, fueron inducidos a cerrar los ojos a los aspectos más repulsivos de la sangrienta dictadura mediante un recuerdo constante y exagerado de la guerra. Al cabo de unos meses del cese de las hostilidades, se publicó una voluminosa Historia de la Cruzada en fascículos semanales, que glorificaba el heroísmo de los vencedores y retrataba a los vencidos como marionetas de Moscú, como miserablemente egoístas o como locos sanguinarios perpetradores de sádicas atrocidades. Hasta muy entrados los años sesenta, una sarta de publicaciones, muchas de ellas dirigidas a los niños, presentaban la guerra como una cruzada religiosa contra la barbarie comunista.

Más allá de las fronteras herméticamente cerradas de la España de Franco, los derrotados republicanos y sus simpatizantes extranjeros rechazaban la interpretación franquista de que la Guerra Civil había sido una batalla de las fuerzas del orden y la verdadera religión contra una conspiración judeo-masónica-bolchevique. Por el contrario, sostenían que la guerra había sido la lucha de un pueblo oprimido en busca de una calidad de vida decente contra la oposición de las atrasadas oligarquías españolas terrateniente e industrial y de sus aliados nazis y fascistas. Por desgracia, las opiniones profundamente divididas sobre las razones de su derrota les impedían presentar una visión monolíticamente coherente de la guerra, como hicieron sus oponentes franquistas. De un modo que debilitó su voz colectiva, pero que enriqueció enormemente la literatura sobre la Guerra Civil, se enzarzaron en un vociferante debate sobre si la habrían ganado en el caso de que hubieran desencadenado la guerra revolucionaria abogada por los anarquistas y los trotskistas, en oposición al aumento del esfuerzo bélico impuesto por los todopoderosos comunistas del PCE.

Posteriormente, los simpatizantes republicanos se enzarzaron en un debate sobre «guerra o revolución», incapaces de ponerse de acuerdo sobre las causas de la derrota de la izquierda. Durante la guerra fría, este debate fue utilizado con éxito para difundir la creencia de que fue la opresión estalinista de la revolución en España lo que permitió la victoria de los nacionales. El Congreso para la Libertad de la Cultura, dependiente de la CIA, patrocinó numerosas investigaciones sobre la Guerra Civil que propagaron tal idea. El éxito de la antinatural alianza entre anarquistas, trotskistas y los partidarios de la guerra fría ha oscurecido el hecho de que Hitler, Mussolini, Franco y Chamberlain —y no Stalin— fueron responsables de la victoria del bando nacional. Sin embargo, las nuevas generaciones han seguido investigando la Guerra Civil, a veces estableciendo paralelismos con las luchas de liberación nacional de Vietnam, Cuba, Chile y Nicaragua, y otras veces buscando en la experiencia española solo el idealismo y el sacrificio asociados de manera tan singular y actualmente ausentes de la política moderna.

La significación de la Guerra Civil tanto para los partidarios de Franco como para los militantes de izquierda de todo el mundo no explica del todo la fascinación aún más amplia que hoy todavía sigue ejerciendo el conflicto. A la sombra de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, la guerra española solo puede resultar insignificante. Como ha señalado Raymond Carr, comparado con Hiroshima o Dresde, el bombardeo de Guernica parece un «pequeño acto de vandalismo». Y sin embargo provocó una polémica más encendida que casi cualquier otro incidente de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no se debe —como algunos podrían pensar— a la fuerza del lienzo de Picasso, sino porque fue la primera destrucción total de un objetivo civil indefenso mediante bombardeo aéreo. En consecuencia, la Guerra Civil española ha quedado grabada a fuego en la conciencia europea, no solo como el ensayo de una guerra a escala mundial que se iba a producir más tarde, sino como un presagio de la apertura de las compuertas de una nueva y horrible forma de guerra moderna, universalmente temida.

Debido al compartido temor colectivo hacia lo que podía significar la derrota de la República española, hombres y mujeres, trabajadores e intelectuales, se unieron a las Brigadas Internacionales. En 1936, la izquierda europea vio claramente lo que durante tres años la derecha democrática decidió ignorar: España era el último baluarte contra los horrores del hitlerismo. En una Europa que todavía ignoraba los crímenes de Stalin, las Brigadas organizadas por los comunistas parecían luchar por cosas que aún merecía la pena salvar, como los derechos democráticos y las libertades sindicales. Los voluntarios creían que luchando contra el fascismo en España, también lo combatían en sus propios países. El buceo en las sórdidas luchas de poder en la zona republicana entre comunistas por un lado, y socialistas, anarquistas y trotskistas del POUM por otro, no puede disminuir el valor del idealismo de las personas implicadas en ellas. Además, hay un matiz inmensamente trágico en los refugiados italianos y alemanes que huían de Mussolini y Hitler y que, finalmente, pudieron alzarse en armas contra sus perseguidores para verse derrotados otra vez.

Pero hacer hincapié solamente en el impacto de los horrores de la Guerra Civil y en la importancia de la defensa contra el fascismo es perder de vista uno de los aspectos más positivos de la experiencia republicana: el intento de empujar a España hacia el siglo XX. En la Europa gris de los años de la Depresión, lo que estaba sucediendo en el país parecía un experimento emocionante. El célebre comentario de Orwell lo veía así: «De inmediato reconocí que aquél era un estado de cosas por el que valía la pena luchar». Los logros culturales y educativos de la República eran solo los aspectos más conocidos de una revolución social que tuvo más impacto en el mundo contemporáneo que los de Cuba y Chile en los años sesenta; España no solo era cercana, sino que sus experimentos sociales se realizaron en un contexto de desencanto generalizado respecto a los errores del capitalismo. En 1945 la lucha contra el Eje estaba íntimamente ligada a la conservación del viejo mundo. En cambio, durante la Guerra Civil la lucha contra el fascismo aún se veía, simplemente, como el primer paso para la construcción de un nuevo mundo igualitario y libre de los males de la Depresión. En el transcurso de la guerra, las exigencias del esfuerzo bélico y los conflictos internos iba a interponerse en el camino hacia el pleno florecimiento de las colectivizaciones industriales y agrarias de la zona republicana. No obstante era, y es, fuente de estímulo el modo en que la clase obrera española se enfrentó a la doble tarea de combatir el viejo orden y construir uno nuevo. El líder anarquista Buenaventura Durruti expresó a la perfección ese espíritu cuando le dijo a un periodista: «No nos dan miedo las ruinas, porque vamos a heredar la tierra. La burguesía puede hacer estallar o arruinar su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos un nuevo mundo en nuestros corazones».

Todo ello sugiere que quizá el interés por la Guerra Civil española se base en la nostalgia por parte de los que la vivieron, desde la derecha y la izquierda, y en el romanticismo político por parte de los jóvenes. Después de todo, hay motivos suficientes para presentarla como «la última gran causa». No fue casual que la contienda inspirara a los más grandes escritores de la época de un modo que no se ha repetido en ningún conflicto posterior. Sin embargo, dejando de lado la nostalgia y el romanticismo, es imposible exagerar la verdadera importancia histórica de esta guerra; más allá de su impacto en la propia España se convirtió, en gran medida, en el centro de gravedad de los años treinta. Baldwin y Blum, Hitler y Mussolini, Stalin y Trotski tuvieron papeles importantes en el conflicto español; fue en España donde se forjó el Eje Roma-Berlín a medida que quedaban implacablemente expuestas las insuficiencias de la política de apaciguamiento de los dictadores. Por encima de todo, se trató de una guerra española, o más bien de una serie de guerras españolas, y también fue el gran campo de batalla internacional del fascismo y el comunismo. Y mientras el coronel von Richthofen experimentaba en el País Vasco las técnicas de la Blitzkrieg (guerra relámpago), que más tarde perfeccionó en Polonia, agentes de la NKVD soviética se esforzaron por reconstruir los juicios de Moscú con los cuasitrotskistas del POUM como protagonistas, pero no lo consiguieron porque se lo impidió la insistencia de los republicanos españoles en que se siguieran los procedimientos judiciales apropiados.

Tampoco carece de relevancia el conflicto español desde el punto de vista contemporáneo. En cierto modo, la guerra surgió de la violenta oposición de las clases privilegiadas y sus aliados ante los intentos reformistas de los gobiernos republicano-socialistas para mejorar las condiciones de vida de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Apenas necesitan señalarse los paralelismos con el Chile de los años setenta o la Nicaragua de los ochenta. Del mismo modo, la facilidad con que la República española se desestabilizó mediante desórdenes hábilmente provocados tuvo ecos sombríos en Italia, e incluso en España en la década de los ochenta. Afortunadamente, en 1981 la democracia española sobrevivió a los intentos de derribarla llevados a cabo por militares nostálgicos de una España franquista de vencedores y vencidos. La Guerra Civil también se debió a la determinación de la extrema derecha en general, y del Ejército en particular, de aplastar los nacionalismos vasco, catalán y gallego. España no presenció una «limpieza étnica» como la llevada a cabo en la guerra civil de la ex Yugoslavia. Sin embargo, Franco intentó, sistemáticamente, durante y después de la guerra, erradicar todos los vestigios de nacionalismos locales, políticos y lingüísticos. El genocidio cultural llevado a cabo por el nacionalismo centralista de Castilla ha provocado comparaciones entre las crisis española y bosnia.

En la propia España, el cincuenta aniversario de la guerra en 1986 se caracterizó por un silencio casi ensordecedor. Hubo programas de televisión y algunas discretas conferencias académicas, una de las cuales, bajo el título de «Valencia, capital de la República», tuvo su póster publicitario diseñado por el artista y poeta Rafael Alberti, que se basó en la bandera republicana, extraoficial pero efectivamente prohibida. No hubo conmemoración oficial de la guerra. Era un acto de prudencia política por parte del gobierno socialista, plenamente consciente de las susceptibilidades de una casta militar educada en los odios antidemocráticos del franquismo. Más aún, era una contribución a lo que se ha llamado el pacto del olvido, acuerdo tácito y colectivo de la gran mayoría del pueblo español de renunciar a cualquier ajuste de cuentas tras la muerte de Franco. Un rechazo de la violencia de la Guerra Civil y del régimen surgido de ésta prevaleció sobre cualquier sentimiento de venganza.

De hecho, en 1986, año del cincuenta aniversario del estallido de una guerra que condenó a España al ostracismo internacional durante casi cuarenta años, el país fue formalmente admitido en la Comunidad Europea. Diez años más tarde, se demostró el continuo debilitamiento del franquismo y la lenta consolidación de la democracia cuando el gobierno español, con el apoyo de todos los partidos, concedió la ciudadanía española a todos los miembros supervivientes de las Brigadas Internacionales que habían luchado contra el fascismo durante la Guerra Civil. Era un tardío, pero bienvenido, gesto de gratitud y reconciliación, recuerdo de una España violenta y ensangrentada que ojalá haya desaparecido para siempre.

Cabía dar por hecho, pues, que en 2006 el interés apasionado por la Guerra Civil española ya se estuviera desvaneciendo. No ha sido así. En realidad ocurre lo contrario. Para muchas familias hasta años recientes no se había empezado a prestar atención a un importante asunto pendiente como es el de localizar los muertos para enterrarlos y llorarlos como es debido. Es un proceso que para la mitad de España quedó terminado hace más de sesenta años. Que hasta hace tan poco se negara esta posibilidad a la otra mitad del país es una de las razones principales por las cuales la Guerra Civil continúa despertando pasiones.

El 26 de abril de 1942 el gobierno de Franco puso en marcha una masiva investigación, la llamada «Causa General», cuyo primer objetivo era recoger pruebas de las fechorías de los republicanos. El «material» que se reunió iba desde documentos fehacientes hasta rumores no confirmados. Era una invitación a todos los que tenían motivos fundados para sentirse agraviados —los parientes de los que habían sido asesinados o encarcelados o cuyas propiedades habían sido confiscadas o robadas en la zona republicana— a dar rienda suelta a sus deseos de vengarse. También permitió que los que tenían alguna cuenta personal que saldar o codiciaban las propiedades o la esposa de otro difamaran a sus enemigos. Aunque los procedimientos eran extremadamente laxos, las declaraciones que se prestaban, fueran corroboradas o no, se utilizaban para intensificar la imagen generalizada de depravación republicana. Formaba parte de una pauta general que se había visto desde julio de 1936 en toda la zona nacional a medida que los sublevados iban ocupando territorio republicano. Una vez los nacionales se hacían con el control de una zona, los derechistas asesinados por la izquierda eran identificados y enterrados con honor y dignidad en ceremonias a las que con frecuencia seguían actos de violencia extrema contra la izquierda local. En el caso de víctimas famosísimas de la guerra, tales como el líder falangista José Antonio Primo de Rivera o el primer líder del golpe militar, el general José Sanjurjo, se exhumaban sus cadáveres para volverlos a enterrar en recargadas ceremonias.

La consecuencia de estos procedimientos diversos fue que la gran mayoría de las víctimas de crímenes en la zona republicana fue identificada y contada. Sus familias pudieron llorarlas y muy a menudo veían sus nombres grabados en placas de honor póstumo en las criptas de las catedrales o en las paredes exteriores de las iglesias, con cruces o indicaciones de dónde habían muerto, o incluso, en algunos casos, se daba su nombre a una calle. Las estructuras del orden público desaparecieron en la zona republicana a causa del golpe militar y se tardaron varios meses en restaurarlas. Por consiguiente, las atrocidades en la zona republicana eran frecuentemente obra de elementos criminales o extremistas incontrolados, aunque también, con menor frecuencia, de la política deliberada de grupos izquierdistas decididos a eliminar a sus enemigos políticos. Durante casi cuarenta años la propaganda del régimen victorioso, escrita en gran parte por policías, sacerdotes y militares, presentó esta gran variedad de crímenes como si fuera la política oficial de la República. Lo que se pretendía con ello era justificar el golpe militar de 1936, la matanza que provocó y la subsiguiente dictadura. Por medio de la prensa y la radio del Movimiento, el sistema de enseñanza y los púlpitos de las iglesias españolas se difundió una única y monolítica interpretación de la Guerra Civil. Hasta 1975 la propaganda oficial alimentó con esmero los recuerdos de la guerra y de la represión sangrienta tanto para humillar a los vencidos como para que los vencedores recordasen lo que debían a Franco. A los que eran cómplices de las redes de corrupción y represión del régimen les recordó que necesitaban a Franco y su régimen para defenderse del retorno de sus víctimas, a las que imaginaban deseosas de cobrarse una sangrienta venganza.

Para la izquierda no había habido un proceso de cierre equivalente. Hubo miles de «desaparecidos» cuyos cadáveres no se localizaron a la vez que tampoco se confirmó cómo habían muerto. A diferencia de las familias de las víctimas nacionales de la violencia republicana, los parientes de las víctimas republicanas de la represión nacional no podían llorar abiertamente a sus muertos, y mucho menos enterrarlos. Incluso después de la muerte del dictador el problema de afrontar el recuerdo de la contienda civil continuó siendo inmensamente difícil debido a que los odios de la guerra habían estado enconándose durante treinta y siete años desde su fin oficial. La dictadura había impuesto una visión única del pasado, pero existían muchos otros recuerdos ocultos y reprimidos. Muchos miles de familias querían saber lo que les había sucedido a sus seres queridos y si, como se temían, habían sido asesinados, dónde yacían sus restos. En los primeros meses de la transición a la democracia el miedo a una nueva Guerra Civil luchó con el deseo de conocer el pasado republicano. Al final, el deseo de garantizar la restauración y, más adelante, la consolidación de la democracia pesó más, tanto en lo que se refería a los políticos como al grueso de la población corriente. La renuncia oficial a la venganza, condición previa esencial para el cambio, quedó consagrada en una amnistía política que abarcaba no solo a los que se habían opuesto a la dictadura, sino también a los culpables de crímenes contra la humanidad cometidos al servicio de la misma. El texto de la amnistía del 14 de octubre de 1977 fue apoyado por la mayor parte del espectro político. Los fantasmas de la Guerra Civil y de la represión franquista pesaban sobre España, pero para evitar que volvieran a abrirse viejas heridas, sucesivos gobiernos, tanto conservadores como socialistas, mostraban una prudencia extrema a la hora de proporcionar fondos para conmemoraciones, excavaciones e investigaciones relacionadas con la guerra.

El deseo de la gran mayoría del pueblo español de garantizar una transición incruenta a la democracia y evitar que se repitiera la violencia en otro conflicto civil no solo se impuso a todo deseo de venganza, sino que también causó el sacrificio del deseo de saber. Esta decisión colectiva de contribuir por todos los medios posibles a la restauración de la democracia llevó a lo que ha dado en llamarse un «pacto del olvido», un bajar un telón de silencio ante el pasado por el bien de una democracia todavía frágil. En consecuencia, hubo muy pocas iniciativas oficiales dirigidas a conmemorar el pasado y hubo cierta reticencia en el sistema de educación en lo que se refería a enseñar la historia de la guerra y la posguerra. No obstante, en el nivel local muchos historiadores siguieron investigando la represión franquista, y para muchas víctimas la presencia de su nombre en las listas que aparecían en sus libros fue su única lápida o monumento conmemorativo. A pesar de su gran valor en términos políticos y de su importancia como indicación de la gran madurez política del pueblo español, el «pacto del olvido» no incluía a los historiadores. De hecho, desde el principio en La Rioja, Cataluña y Aragón se han investigado mucho los aspectos más desagradables de la Guerra Civil, a pesar del «pacto». En otras regiones la tregua precaria con el pasado no tardó en infringirse con la aparición de varias obras importantes sobre la represión en Andalucía, Extremadura, Galicia y otras regiones que se encontraron dentro de la zona nacional durante todo el conflicto o parte de él. Durante los diez últimos años lo que empezó como un goteo se ha convertido en un torrente de libros que, aunque escritos desde gran número de perspectivas muy distintas, han producido una visión generalmente crítica de los militares insurrectos de 1936.

Además de la avalancha de obras de historia, durante los cinco últimos años ha surgido un movimiento popular a favor de la reconstrucción detallada de la guerra y la dictadura a nivel local; la creación de una serie de organizaciones y asociaciones dedicadas a lo que ha dado en denominarse «la recuperación de la memoria histórica». Detrás de este fenómeno hay varios factores. Por un lado, existe la sensación de que la democracia está ahora suficientemente consolidada para soportar un debate serio sobre la Guerra Civil y sus consecuencias. Subyacente a ello hay también un apremio terrible que es fruto de la conciencia de la inevitable desaparición de los testigos que aún viven. Sin meternos en el espinoso asunto de que existen numerosos recuerdos históricos diferentes de los mismos acontecimientos, la verdad es que el concepto de recuperar la memoria ha surtido un efecto profundo en un pueblo cuya memoria colectiva estuvo entre rejas durante tantos decenios. Ha empezado un proceso que lleva aparejadas la excavación de fosas comunes, la anotación de los testimonios de los supervivientes y la producción de innumerables documentales televisivos sobre lo que sucedió. El resultado ha sido que a los setenta años de su comienzo la Guerra Civil española y sus secuelas vuelven a provocar discusiones apasionadas y a veces enconadas.

La ruptura del tabú asociado con el «pacto del olvido» ha tenido un efecto dramático e inesperado. La creación de asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y los esfuerzos por localizar los restos mortales de los desaparecidos han contribuido a que se cerraran las heridas emocionales de numerosas familias. Los periódicos publican con regularidad reportajes sobre exhumaciones. Apenas pasa una semana sin que se publique una crónica detallada de la represión en alguna villa o provincia y el número de víctimas conocidas va en aumento. De hecho, después de diez años en que esas cifras disminuyeron, ahora ascienden hacia los niveles que en otro tiempo calcularon los horrorizados testigos presenciales durante la guerra e inmediatamente después de ella. En algunos lugares se han creado «itinerarios urbanos y rurales de memoria» que permiten ver los escenarios de atrocidades o de actos de resistencia. Todo esto ha dado origen a un enorme malestar y no solo entre los que fueron los perpetradores o están emparentados con ellos. La indignación se ha extendido incluso más allá de los que añoran la dictadura. También ha afectado a amplios sectores de la sociedad que a lo largo del tiempo se beneficiaron del régimen. Es a este público al que ha ido dirigida una serie de polémicas históricas cuyo éxito ha sido inmenso.

Mientras un verdadero ejército de investigadores serios se ocupaba del asunto, ha aparecido un pequeño grupo de escritores y figuras de la radio y la televisión que gritan desde las gradas como los gamberros del fútbol. Afirman que los sufrimientos de las víctimas republicanas fueron menos graves de lo que se ha dicho y que, en todo caso, la culpa fue de ellas mismas. Por consiguiente, la Guerra Civil española se está haciendo otra vez sobre el papel. Los que se autodenominan «revisionistas» alegan que los avances historiográficos de los treinta últimos años, con toda su variedad infinita, son el resultado de una conspiración siniestra. Curiosamente, afirman que prácticamente todos los historiadores, tanto los profesionales como los aficionados, están involucrados en dicha conspiración. Acusan a una nutrida serie de historiadores, desde conservadores y clérigos hasta liberales e izquierdistas, así como nacionalistas regionales, de unirse para imponer una interpretación monolítica y políticamente motivada de la historia de la Guerra Civil española y del régimen que la siguió. En lo que se refiere a la investigación, pocas novedades aportan las obras «revisionistas». Resucitan las tesis fundamentales de la propaganda franquista, de escritores como Tomás Borrás o los miembros de la policía secreta Eduardo Comín Colomer y Mauricio Karl. En algunos casos incluso han reciclado los títulos de famosos textos franquistas. La única novedad es la añadidura, tanto en los libros como en incendiarias tertulias radiofónicas, de las técnicas de la reality television insultando a los autores de nuevas obras historiográficas en vez de debatir con ellos.

La consecuencia ha sido añadir un nivel de tensión áspera al discurso político cotidiano de España. El grueso de la historiografía de la guerra lo constituyen obras de historia que son fruto de investigaciones más o menos serias y que responden a una demanda popular de la que no suele gozar este tipo de obras. En contraste, las obras de los «revisionistas» tienen exactamente el propósito político contemporáneo que denuncian en los demás. Las críticas que lanzan contra la República son implícitamente críticas de los valores republicanos que han perdurado hasta la actual democracia española o han renacido en ella. Así es en particular en lo que respecta a los elementos federales de la actual estructura de España, puesto que las iras «revisionistas» se han despertado a causa del patrocinio activo del estudio de la represión por parte de la coalición de izquierdas que actualmente gobierna en Cataluña. Incluso antes de eso la derecha se indignó debido a la campaña catalana, que acabó teniendo éxito, a favor de la devolución de toneladas de documentos que los franquistas robaron en 1939. Se llevaron esta documentación, que se guarda en Salamanca, para buscar en ella los nombres de izquierdistas y liberales. Organizada por técnicos en archivos que proporcionó la Gestapo, se utilizó, junto con documentos obtenidos de forma parecida en otras zonas conquistadas, para formar un fichero que pasó a ser el instrumento infraestructural de la represión. Al modo de ver de los «revisionistas», que son ferozmente anticatalanistas, la República estaba «balcanizando» España y, por extensión, lo mismo está haciendo el actual gobierno socialista. Los «revisionistas» también se han visto favorecidos por la reaparición en Estados Unidos de una visión de la Guerra Civil española que es fieramente propia de la guerra fría y presenta a los vencidos como marionetas de Moscú. Esta forma de ver el asunto y la respuesta que ha provocado en historiadores españoles y británicos también han contribuido a la actual renovación de la historiografía sobre la contienda civil española.

Es posible que los que se llaman a sí mismos «revisionistas» estén ayudando sin darse cuenta a consolidar la democracia porque la Guerra Civil nunca dejará de ser un fantasma en el banquete de la democracia hasta que se hayan desahogado los resentimientos y los odios asociados con ella. Han subrayado que la tarea es urgente, no para remover las cenizas, como, según ellos, hacen los historiadores de la represión, sino para investigar, para demostrar y para recordar lo que realmente fue la Guerra Civil española; no fue una guerra entre el bien y el mal según los prejuicios del que escriba sobre ella, sino una experiencia traumática, de sufrimiento inmenso, en la que ganaron pocos y perdieron muchos. Como dijo recientemente uno de los historiadores más serios de la represión, Francisco Espinosa Maestre, «el olvido no es lo mismo que la reconciliación y la memoria no es lo mismo que la venganza».

I. Una sociedad dividida: España antes de 1931

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Una sociedad dividida: España antes de 1931

Los orígenes de la Guerra Civil española se remontan siglos atrás en la historia del país. La idea de que los problemas políticos podían solucionarse de manera más natural por la violencia que por el debate estaba firmemente arraigada en un país en el que, durante mil años, la guerra civil había sido, si no exactamente la norma, ciertamente no una excepción. La guerra de 1936-1939 era el cuarto conflicto de estas características desde 1830. La propaganda de «cruzada religiosa» de los nacionales la vinculaba con la Reconquista cristiana de España contra los árabes. En ambos bandos, el heroísmo y la nobleza convivían con una crueldad primitiva que no habría desentonado en la épica medieval. Sin embargo, en última instancia, la Guerra Civil fue una guerra que se asentó con fuerza en nuestra época. Las intervenciones de Hitler, Mussolini y Stalin hicieron que se convirtiera en un momento crucial de la historia del siglo XX. Pero, dejando aparte su dimensión internacional y la miríada de conflictos que estallaron en 1936 —regionalistas contra centralistas, anticlericales contra católicos, trabajadores sin tierra contra latifundistas, obreros contra industriales— tienen en común el ser las luchas de una sociedad en vías de modernización.

Para entender el proceso que condujo a España hasta el baño de sangre de 1936 es necesario hacer una distinción fundamental entre los orígenes estructurales a largo plazo y las causas políticas inmediatas. Durante los cien años anteriores a 1936, se produjo la gradual e inmensamente compleja división del país en dos bloques sociales ampliamente antagónicos. Sin embargo, cuando se estableció la Segunda República el 14 de abril de 1931, en medio de escenas de regocijo popular, pocos españoles —aparte de los sectores más fanáticos de la extrema derecha e izquierda, los monárquicos conspiradores y los anarquistas— creyeron que los problemas del país podían solucionarse solo mediante la violencia. Cinco años y tres meses más tarde, muchos sectores de la población creían que la guerra era inevitable. Además, gran parte de ellos la veía como algo positivo. Por tanto, es necesario establecer qué ocurrió exactamente entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 para que se produjera el cambio. Los odios políticos que habían polarizado la Segunda República en esos cinco años eran un reflejo de los conflictos hondamente arraigados en la sociedad española.

La Guerra Civil fue la culminación de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción que dominaban la historia española desde 1808. Hay una constante curiosa en la historia moderna de España que procede de un frecuente desfase entre la realidad social y la estructura de poder político que la regía. Los larguísimos períodos durante los cuales los elementos reaccionarios han intentado utilizar el poder político y militar para retrasar el progreso social se han visto inevitablemente seguidos de estallidos de fervor revolucionario. En 1850, 1870, entre 1917 y 1923 y, principalmente, durante la Segunda República, se llevaron a cabo esfuerzos para poner la política española en sintonía con la realidad social del país. Ello implicó, inevitablemente, intentos de introducir reformas fundamentales, especialmente agrarias, y de llevar a cabo redistribuciones de la riqueza. Tales esfuerzos provocaron, alternativamente, intentos reaccionarios de detener el reloj y reimponer la tradicional desigualdad en la posesión del poder económico y social. Así, hubo progresivos movimientos aplastados por el general O’Donnell en 1856, el general Pavía en 1874 y el general Primo de Rivera en 1923.

Por tanto, la Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición. El recurrente predominio de estos elementos era consecuencia del continuo poder de las antiguas oligarquías terratenientes y de la paralela debilidad de la burguesía progresista. Una de las secuelas del desarrollo tortuosamente lento y desigual del capitalismo en España fue la existencia de una clase comercial y manufacturera numérica y políticamente insignificante. España no experimentó una clásica revolución burguesa en la que se rompieran las estructuras del Antiguo Régimen. El poder de la monarquía, de la nobleza terrateniente y de la Iglesia seguían más o menos intactos bien entrado el siglo XX. A diferencia de Gran Bretaña y Francia, la España del siglo XIX no había presenciado el establecimiento de una política democrática con la flexibilidad necesaria para absorber las nuevas fuerzas y ajustar el cambio social. Esto no significa que España aún fuera una sociedad feudal, sino que las bases legales del capitalismo fueron establecidas sin que se produjera una revolución política. Por tanto, con la obvia diferencia de que su capitalismo industrial era extremadamente débil, España siguió el modelo establecido por Prusia.

De hecho, incluso hasta la década de los cincuenta, el capitalismo en España era predominantemente agrario. La agricultura española es muy variada en cuestión de clima, cultivos y sistemas de tenencia de la propiedad. Durante mucho tiempo hubo zonas de provechosa explotación comercial de granjas pequeñas y medianas, especialmente la de los fértiles y húmedos valles y colinas de aquellas regiones norteñas que también habían experimentado la industrialización —Asturias, Cataluña y el País Vasco—. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, los sectores dominantes en términos de influencia política eran, en general, los grandes terratenientes. Los latifundios se concentraban principalmente en las áridas regiones central y sureña de Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, aunque también había importantes latifundios en Castilla la Vieja y, especialmente, en Salamanca. El monopolio político de la oligarquía terrateniente se veía periódicamente sujeto a asaltos infructuosos por parte de los industriales y los comerciantes. Hasta bastante tiempo después del fin de la guerra, la alta burguesía urbana se vio obligada a representar el papel de socio minoritario en una provechosa coalición con los grandes latifundistas. A pesar de la esporádica industrialización y el fuerte crecimiento de la representación política de los industriales norteños, el poder permaneció, principalmente, en manos de los terratenientes.

Nunca hubo posibilidades de que en España coincidieran la industrialización y la modernización política. En la primera mitad del siglo XIX los progresivos impulsos, tanto políticos como económicos, de la burguesía española se vieron irrevocablemente desviados. La anulación de las restricciones feudales en las transacciones de la tierra se añadió a los problemas financieros de la monarquía, en 1830 y 1850, para liberalizar las extensas tierras comunales, de la aristocracia y el clero. Esto no solo redujo cualquier estímulo hacia la industrialización, sino que, al ayudar a expandir los grandes latifundios, también provocó fuertes odios sociales en el sur. Las tierras, nuevamente a la venta, fueron compradas por los terratenientes más poderosos y por las personas acomodadas de la burguesía industrial y mercantil, atraídos por su bajo precio y por el prestigio social que comportaban. Se consolidó el sistema latifundista y los nuevos terratenientes se mostraron ansiosos de recuperar sus inversiones. Reacios a comprometerse en costosos proyectos de irrigación, prefirieron sacar sus beneficios de la explotación de las grandes masas de campesinos sin tierras, los braceros y jornaleros. La marcha de los más tolerantes amos del pasado, clérigos y nobles, junto con el vallado de las tierras comunales, hizo desaparecer la mayor parte de los paliativos sociales que hasta entonces habían preservado las tierras hambrientas del sur de los levantamientos campesinos. La represión por parte de la Guardia Civil sustituyó al paternalismo mediante la creación de una policía armada rural con la principal misión de proteger los mayores latifundios de los campesinos que trabajaban en ellos. Así pues, el fortalecimiento de la oligarquía exacerbó una explosiva situación social que solo podía fomentar las tendencias reaccionarias de los propietarios. Al mismo tiempo, la canalización hacia el suelo agrario de los capitales mercantiles de los grandes puertos de mar y de los bancos de Madrid, debilitó proporcionalmente el interés de estos sectores por la modernización.

Las continuas inversiones en la tierra y las muchas alianzas matrimoniales entre la burguesía urbana y la oligarquía terrateniente contrarrestaron las fuerzas comprometidas en la reforma. La debilidad de la burguesía española como clase potencialmente revolucionaria se vio acentuada en el período 1868-1874, que culminó en el caos de la Primera República. Con un aumento de la población a mediados de siglo que reforzaba la presión sobre la tierra, hubo una confluencia en las ciudades de campesinos no cualificados que habían llegado para engrosar la multitud de desempleados, muy sensibles al aumento del precio del pan. Poco menos desgraciada era la posición de la baja clase media urbana de maestros, oficinistas y dependientes de comercios. Pero las condiciones eran quizá peores en la industria textil catalana, donde se daban todos los horrores del naciente capitalismo —jornadas interminables, trabajo infantil, hacinamiento y bajos salarios—. Cuando la guerra civil americana suspendió los suministros de algodón en los años sesenta, el consiguiente aumento del desempleo, combinado con una bajada en la construcción del ferrocarril, condujo a la clase obrera urbana a la desesperación. En 1868, a este descontento popular se sumó un movimiento provocado por el resentimiento de las clases medias y del estamento militar en contra de las preferencias de la monarquía hacia los sectores clericales y ultraconservadores. Una serie de pronunciamientos de los militares liberales junto con las revueltas callejeras condujeron al destronamiento de Isabel II. Pero los dos movimientos eran, en última instancia, contradictorios; los liberales se horrorizaron al comprobar que su rebelión constitucionalista había desembocado en un revolucionario movimiento de masas. Y, para empeorar las cosas, estalló una insurrección en la más rica colonia española aún subsistente: Cuba. El monarca elegido como sustituto, Amadeo de Saboya, abdicó desesperado en 1873 y, en el consiguiente vacío de poder, la Primera República se proclamó, después de una serie de levantamientos obreros, amenaza intolerable para el restablecimiento del orden, que fueron aplastados por el Ejército en diciembre de 1874.

En muchos aspectos, el bienio 1873-1874 fue para España lo que 1848-1849 había sido para el resto de Europa. Después de haberse armado del suficiente valor para desafiar al Antiguo Régimen, la burguesía abandonó sus propias ambiciones reformistas, asustada por el fantasma del desorden proletario. Cuando el Ejército restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, se abandonó la reforma a cambio del retorno de la paz social. Y la consiguiente correlación de fuerzas entre la oligarquía terrateniente, la burguesía urbana y el resto de la población quedó perfectamente reflejada por el sistema político de la restauración monárquica de 1876; dos partidos políticos, el Conservador y el Liberal, representaban los intereses de dos sectores de la oligarquía terrateniente, los productores de vino y aceitunas del sur y los productores de trigo de la Meseta. Las diferencias entre ellos eran mínimas: ambos eran monárquicos y no se dividían por motivos sociales, sino por el conflicto entre proteccionismo y libre comercio y, en menor medida, por la religión. La burguesía industrial del norte apenas estaba representada dentro del sistema, pero por el momento se contentaba con dedicar sus actividades a la expansión económica en una atmósfera de estabilidad. Hasta que en el siglo XX organizaron sus propios partidos políticos, los manufactureros textiles catalanes se inclinaban por apoyar a los liberales debido a que compartían los mismos intereses con respecto a las tarifas proteccionistas, mientras los vascos, exportadores de acero, tendían a apoyar a los promotores del libre mercado del Partido Conservador.

Era prácticamente imposible para cualquier aspiración política encontrar una expresión legal al margen de los dos grandes partidos oligárquicos. Los gobiernos liberal y conservador se sucedían con soporífera regularidad. Cuando los resultados no se manipulaban en el Ministerio del Interior, se manejaban a nivel local. El sistema de manipulación electoral se basaba en el poder social de los jefes locales o caciques. En las zonas minifundistas del norte, el cacique solía ser un prestamista o usurero, uno de los mayores propietarios de tierras, un abogado o incluso un cura que cobraba las hipotecas de las pequeñas granjas. En cambio, en las grandes áreas latifundistas, Castilla la Nueva, Extremadura o Andalucía, el cacique era el propietario o su representante, el que decidía quién trabajaba y quién no y, por tanto, quién moría de hambre. El caciquismo aseguraba que los egoístas intereses defendidos por el sistema nunca se vieran seriamente amenazados.

Ocasionalmente, un exceso de celo por parte de los funcionarios originaba mayorías superiores al ciento por ciento del electorado. No era raro que se publicaran los resultados antes de que se celebraran las elecciones. Hacia finales de siglo, como era más difícil que se llevaran a cabo estas burdas falsificaciones, cuando no se podía obtener el número necesario de votos de los campesinos, algunos caciques llegaron a inscribir a los muertos del cementerio local. Por tanto, la política se convirtió en un exclusivo minué que bailaba solo una minoría privilegiada. La naturaleza de la política en el período del caciquismo se ve muy bien ilustrada en la conocida historia del cacique de Motril, en la provincia de Granada. Cuando llegó el resultado de las elecciones, se las llevaron al Casino local. Las hojeó y, ante los expectantes correligionarios que le rodeaban, pronunció las siguientes palabras: «Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra. —Larga pausa—. Al parecer hemos sido nosotros, los conservadores, quienes hemos ganado las elecciones». Excluidas de la política organizada, las masas hambrientas solo podían optar entre la apatía o la violencia. Los inevitables estallidos de protesta por parte de ésa mayoría sin representación estaban destinados a chocar con las fuerzas del orden, la Guardia Civil y, en los momentos de mayor tensión, el Ejército.

Sin embargo, fueron surgiendo contestaciones al sistema, las cuales estaban ligadas al dolorosamente lento pero inexorable proceso de industrialización y a las brutales injusticias sociales intrínsecas a la economía latifundista. Los años noventa constituyeron un período de depresión económica que exacerbó los resentimientos de las clases bajas, especialmente las rurales. El hambre de tierra contribuyó a crear, cada vez más, un deseo de cambio, sobre todo desde que los braceros del sur cayeron bajo la influencia del anarquismo. Giuseppe Fanelli, discípulo italiano del anarquista ruso Mijaíl Bakunin, fue enviado a España por la Primera Internacional en noviembre de 1868. Su oratoria inspiradora pronto le granjeó sus propios evangelistas, que llevaban el anarquismo de pueblo en pueblo. El mensaje de que la tierra, la justicia y la igualdad debían conquistarse por medio de la acción directa caló entre los hambrientos jornaleros y braceros y dio un nuevo sentido de esperanza y finalidad a levantamientos rurales que hasta entonces habían sido esporádicos. Los ansiosos discípulos de Fannelli participaron en brotes ocasionales de violencia, quema de cosechas y huelgas. Sin embargo, los brotes revolucionarios mal organizados y fáciles de derrotar empezaron a alternar con períodos de apatía.

Había solo un corto paso de la acción directa al terrorismo individual. La creencia de que cualquier acción contra la tiranía del Estado era lícita causó niveles crecientes de violencia social. En enero de 1892 un ejército de braceros armados solo con hoces y palos pero impulsados por el hambre se apoderó de la villa de Jerez. Al arraigar el anarquismo en los pequeños talleres de la muy fragmentada industria textil catalana, hubo una oleada de atentados con bombas que provocó represalias feroces por parte de las fuerzas del orden. Las detenciones en masa y el recurso a la tortura fueron la causa de que en agosto de 1897 un joven anarquista italiano asesinara a Antonio Cánovas del Castillo, el jefe del Gobierno. Una campaña generalizada contra las torturas que se infligían a los anarquistas recluidos en la barcelonesa prisión de Montjuïc, la Bastilla española, propició la fama del demagogo Alejandro Lerroux.

El sistema se tambaleó en 1898 con la derrota ante Estados Unidos y la pérdida de los restos del imperio, incluida Cuba. Este hecho tuvo un efecto catastrófico en la economía española, sobre todo en Cataluña, para cuyos productos Cuba había sido un mercado preferente. Barcelona fue escenario de huelgas esporádicas y de actos de terrorismo tanto por parte de los anarquistas como de los agentes provocadores del gobierno. Además, con el cambio de siglo, ya se estaba formando una moderna economía capitalista en torno a las industrias textiles y químicas de Cataluña, la industria siderúrgica del País Vasco y las minas de Asturias. A pesar de ello, la economía española continuaba siendo esencialmente agraria. El carbón asturiano era de calidad inferior y más caro que el que se extraía de las minas británicas. Ni los textiles catalanes ni la metalurgia vasca podían competir con los productos británicos o alemanes en el mercado internacional y su crecimiento se veía frenado por la pobreza del mercado interior español. No obstante, incluso el crecimiento limitado de estas industrias del norte favoreció la aparición de un proletariado industrial combativo. Asimismo, surgieron movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco a causa del malestar que entre los vascos y los catalanes despertaba el hecho de pagar una proporción muy elevada de la recaudación tributaria de España y tener poca o ninguna representación en un gobierno dominado por la oligarquía agraria. En 1901 se produjo la primera victoria electoral del partido catalanista llamado Lliga Regionalista.

Durante las dos décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, la aristocracia obrera de tipógrafos y oficiales de la industria de la construcción y del metal en Madrid, de los trabajadores de las acerías y los astilleros en Bilbao y los mineros del carbón en Asturias, empezaron a engrosar las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en 1879, y su organización sindical, la Unión General de Trabajadores (UGT). Sin embargo, la posibilidad de una unidad total dentro del movimiento obrero organizado desapareció cuando en 1899 los socialistas tomaron la decisión de trasladar la sede central de la UGT de la capital industrial, Barcelona, a la capital administrativa, Madrid. En gran medida, este traslado privó a muchos obreros catalanes de la opción socialista. Además, el PSOE se veía perjudicado por su dependencia de un rígido y simplista marxismo francés que recibía por medio de la mano muerta del rígido líder del partido, Pablo Iglesias. El partido era aislacionista, estaba comprometido con la opinión de que por ser un partido obrero debía luchar por los intereses de los obreros y convencido de la inevitabilidad de la revolución sin, por supuesto, prepararse para ella.

La tradicional dominación de la política por parte de representantes de la oligarquía terrateniente se vio así debilitada de forma gradual por la modernización industrial, pero la citada oligarquía no renunciaría fácilmente a ella. Además de los desafíos diferentes que representaban los industriales poderosos y el movimiento obrero organizado, una oposición más cerebral al sistema nació de un pequeño pero influyente grupo de republicanos de clase media. Aparte de distinguidos intelectuales como el filósofo Miguel de Unamuno y el novelista Vicente Blasco Ibáñez, había agrupaciones políticas nuevas y dinámicas. En Asturias el liberal moderado Melquíades Álvarez trabajaba por la democratización del sistema monárquico y en 1912 creó el Partido Reformista. El proyecto modernizador de Álvarez atrajo a muchos intelectuales jóvenes que más adelante destacarían en la Segunda República, en especial el hombre de letras intensamente erudito Manuel Azaña, que llegaría a representar la modernidad y la España europea del futuro lejano.

El auge del republicanismo persuadió a algunos elementos del PSOE, en especial al joven periodista asturiano Indalecio Prieto, de que antes era necesario instaurar la democracia liberal. Por consiguiente, Prieto luchó por formar una alianza electoral con republicanos de clase media. Sus experiencias en Bilbao le habían enseñado que los socialistas solos poco podían hacer, mientras que aliados con los republicanos podían ganar elecciones. Prieto abogó por una combinación electoral republicano-socialista en 1909 y abrió con ello la perspectiva a largo plazo de edificar el socialismo desde el Parlamento. Debido a estas ideas chocó con otros líderes del partido, tales como Francisco Largo Caballero, que preferían una estrategia basada en el enfrentamiento y la huelga. La colaboración entre los republicanos y los socialistas sería la base de las futuras victorias del PSOE. De hecho, el propio Pablo Iglesias fue elegido a Cortes en 1910. No obstante, Prieto había provocado la hostilidad eterna del vicepresidente de la UGT, Largo Caballero, cuyo rencor le amargaría la vida y acabaría teniendo consecuencias desastrosas para España.

Otro movimiento republicano que parecía amenazar el sistema era fruto del ingenio de aquel granuja pícaro que respondía al nombre de Alejandro Lerroux. Nacido en Córdoba, Lerroux empezó su vida de adulto desertando del Ejército después de despilfarrar en un casino las cuotas que debía a la academia militar. Convertido en periodista, saltó a la fama en 1893 gracias a la victoria accidental en un duelo con el director de un periódico. Denunció las torturas que se practicaban en Montjuïc, lo cual le granjeó muchos seguidores entre las capas populares. Sus habilidades de demagogo le valieron el liderazgo de un movimiento republicano de masas en los barrios bajos de Barcelona y su capacidad de organizador le sirvió para crear una formidable máquina electoral. Se descubrió que recibía dinero del gobierno central, lo cual era frecuente en un período en el que los políticos pagaban la inclusión o la exclusión de noticias en los periódicos. Esto dio pábulo a la creencia generalizada de que su labor agitadora en Barcelona era una operación inspirada por Madrid con el fin de dividir a las masas anarcosindicalistas y frenar el auge del nacionalismo catalán. Probablemente ningún nido de reptiles del gobierno hubiera podido obtener los mismos resultados. Para convertirse en el «Emperador del Paralelo», el distrito de Barcelona donde prevalecían la pobreza, la delincuencia y la prostitución, se requería un poder de convocatoria mayor del que se podía cocinar desde los despachos de Madrid. Lo consiguió en gran parte por medio de técnicas casi pornográficas de demagogia anticlerical como, por ejemplo, ordenar a sus seguidores, los «jóvenes bárbaros», que mataran sacerdotes, saquearan e incendiaran iglesias y «liberaran» monjas. Lerroux sintonizó con el hondo anticlericalismo de los obreros inmigrantes. Para éstos la Iglesia era la defensora del orden social brutalmente injusto que reinaba en las zonas rurales y del cual habían huido.

Durante el primer decenio del siglo XX existió un cóctel explosivo de intransigencia por parte de los terratenientes y los industriales y subversión a cargo de un conjunto heterogéneo de socialistas, anarquistas, radicales, republicanos moderados y nacionalistas regionales. Fue un período en el cual la industrialización rápida pero esporádica y la organización parcial de la clase obrera coincidieron con un grave trauma postimperial. Un Ejército resentido y decepcionado en Cuba se encerró en sí mismo, decidido a no perder más batallas, y se obsesionó con la defensa de la unidad nacional y el orden social. En consecuencia, la oficialidad era cada vez más hostil tanto a la izquierda como a los nacionalistas regionales, a los que consideraba «separatistas». En noviembre de 1905 el Ejército, derechista y centralista, y continuamente aguijoneado por la prensa antimilitarista, se había sacudido su vergüenza de la inmediata posguerra con un asalto llevado a cabo por trescientos oficiales de la redacción de la revista satírica ¡Cu-cut! y del periódico catalanista La Veu de Catalunya, en el que cuarenta y seis personas resultaron heridas de gravedad. Con el fin de apaciguar al Ejército el gobierno introdujo la Ley de Jurisdicciones, en virtud de la cual toda crítica del Ejército, de la monarquía o de España sería juzgada por el sistema de justicia militar. Fue un paso peligroso en el proceso que llevaría a la oficialidad a verse a sí misma como el árbitro último de la política. Además, el Ejército español no estaba dispuesto para ser un mero defensor de un régimen constitucional cuya decadencia despreciaba. Confiaban encontrar una solución en una nueva empresa imperial en Marruecos, posible gracias al deseo de Gran Bretaña de que hubiera un parachoques español frente al expansionismo francés en las costas al sur del estrecho. Sin embargo, la nueva aventura, preparada de forma lamentable, propició la hostilidad popular contra el alistamiento y agudizó la aversión de los militares hacia la izquierda. Al mismo tiempo, Lerroux empezó a perder apoyo después de 1905 precisamente debido a la feroz sinceridad con que reveló el aborrecimiento promilitarista y centralista que le inspiraba el catalanismo.

La inestabilidad de la situación se puso de manifiesto con los sucesos de la llamada Semana Trágica, que tuvieron lugar en Barcelona en julio de 1909. El desastre colonial de 1898 alimentó el pacifismo generalizado de la clase obrera e hizo que, a diferencia de Francia o Gran Bretaña, Alemania o Italia, España no pudiera valerse de aventuras imperialistas para desviar la atención de los conflictos sociales que existían en el país. El enredo de España en Marruecos era visto por el pueblo como la empresa personal y estrecha del Rey y de los propietarios de las minas de hierro. En 1909 el gobierno del conservador Antonio Maura, presionado tanto por militares allegados a Alfonso XIII como por los inversores en las minas, envió una fuerza expedicionaria con la misión de ampliar el territorio español en Marruecos de forma que abarcara una serie de importantes yacimientos de minerales. Numerosos reservistas, principalmente hombres casados y con hijos, fueron llamados a filas y embarcados en Barcelona. Mal preparado y mal pertrechado, el Ejército español fue derrotado por las tribus del Rif en la batalla del Barranco del Lobo. Hubo manifestaciones contra la guerra en Madrid, Barcelona y las ciudades con estaciones de ferrocarril desde las cuales los reclutas partían con destino a la guerra. En Barcelona se declaró una huelga general el 26 de julio. El capitán general de la región decidió tratarla como una insurrección y proclamó el estado de guerra. Se hicieron barricadas y las protestas contra el servicio militar obligatorio desembocaron en disturbios anticlericales y quema de iglesias. El movimiento fue sofocado empleando la artillería. Se hicieron numerosos prisioneros y 1725 personas serían juzgadas más adelante, cinco de las cuales serían condenadas a muerte. A ojos de los militares la represión fue necesaria porque los disturbios tuvieron connotaciones de antimilitarismo, anticlericalismo y separatismo catalán. En este sentido, durante la Semana Trágica la hostilidad entre los militares y el movimiento obrero prefiguró los enfrentamientos violentos de la Guerra Civil.

No cabe duda de que la Semana Trágica hizo que España diera un paso más hacia los conflictos de los años treinta en lo que se refiere a la evolución interna del movimiento anarquista. La postura promilitarista de Lerroux había puesto en evidencia el carácter fraudulento de su radicalismo y empujó al grueso de sus «jóvenes bárbaros» hacia el anarquismo. En el otoño de 1910 varios grupos anarquistas se unieron para formar un sindicato anarcosindicalista que adoptó el nombre de Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La nueva organización rechazaba tanto la violencia individual como la política parlamentaria y optaba en su lugar por el sindicalismo revolucionario. Esto suponía una contradicción fundamental que causaría problemas a la organización durante toda su existencia. Por un lado, actuaría como un sindicato convencional que defendería los intereses de sus afiliados dentro del orden prevaleciente, y al mismo tiempo abogaría por la acción directa con el fin de derrocar dicho orden. Debido a la involucración de sus afiliados en actos violentos de sabotaje industrial y huelgas, la organización no tardaría en ser declarada ilegal.

Sorprendentemente, sin embargo, cuando llegó la inevitable explosión no fue provocada por los anarquistas rurales o la clase obrera urbana, sino por la burguesía industrial. Pese a ello, una vez desencadenada la crisis, las ambiciones proletarias entraron en escena de tal forma que hicieron que la polarización básica de la vida política española se agudizara más que nunca.

La simetría del sistema de la Restauración, con el poder político concentrado en manos de aquéllos que también gozaban del monopolio del poder económico, que ya se veía sometido a presiones, saltó en pedazos con el estallido de la Primera Guerra Mundial. No solo se avivó un agrio debate sobre si España debía intervenir o no en la guerra y en qué bando, que acentuó las crecientes discusiones dentro de los partidos Liberal y Conservador, sino que hubo una masiva turbulencia social. El hecho de que España fuera no beligerante la situó en una posición económicamente privilegiada, ya que pudo abastecer tanto a la entente como a las Potencias Centrales. Los propietarios de las minas de carbón de Asturias, los barones vascos del acero y de la construcción naval y los magnates textiles catalanes se beneficiaron de un espectacular boom económico que constituyó el primer y dramático despegue de la industria española. La balanza de poder en el seno de la elite económica se modificó en cierta medida. Los intereses agrarios seguían siendo determinantes, pero los industriales se mostraron poco dispuestos a continuar tolerando su situación de subordinación política. Su descontento alcanzó un punto crítico cuando en 1916, Santiago Alba, ministro liberal de Economía, intentó implantar una contribución sobre los cuantiosos beneficios bélicos de los industriales del norte, sin prever ninguna medida similar para los productos agrícolas. Y aunque el proyecto se retiró, puso tan de manifiesto la arrogancia de la oligarquía agraria, que precipitó la apuesta de la burguesía industrial por la modernización de la política.

El descontento de los industriales vascos y catalanes les había llevado a desafiar a la oligarquía agrícola española, a base de financiar sus respectivos movimientos regionalistas —el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Lliga Regionalista de Catalunya—. El líder de la Lliga, el astuto financiero catalán Francesc Cambó, se erigió en portavoz de los industriales y los banqueros. Creía que era necesario tomar medidas drásticas si se quería evitar un cataclismo revolucionario. El celo reformador de los industriales, enriquecido ahora por la guerra, coincidió con una desesperada necesidad de cambio de un proletariado empobrecido por ésta. El boom industrial había atraído mano de obra rural hacia las ciudades, donde prevalecían las peores condiciones del incipiente capitalismo. Esto se daba sobre todo en Asturias y el País Vasco. Al mismo tiempo, las exportaciones masivas generaron escasez, creciente inflación y el derrumbe de los niveles de vida. Después de varios disturbios dramáticos provocados por la carestía del pan, la UGT socialista y la CNT anarcosindicalista obraron conjuntamente con la esperanza de que una huelga general provocara elecciones libres y luego la reforma. Mientras los industriales y obreros presionaban para conseguir un cambio, los oficiales de los grados intermedios del Ejército iniciaban una protesta por los bajos salarios, las anticuadas estructuras de promoción y la corrupción política. Así se forjó una extraña y efímera alianza, debida en parte a la equívoca posición del Ejército respecto a la política.

El descontento de los militares estaba relacionado con la división que existía en el seno del Ejército entre los que se habían ofrecido voluntariamente para luchar en África y los que se habían quedado en la península, es decir, los africanistas y los peninsulares. Combatir en África llevaba aparejados riesgos enormes, pero ofrecía la oportunidad de correr aventuras y ascender rápidamente. A propósito, los rigores y los horrores de las guerras contra las tribus marroquíes habían brutalizado a los africanistas. Estaban irritados y se veían a sí mismos como un grupo de guerreros heroicos que por su compromiso con la defensa de la colonia marroquí eran los únicos que se preocupaban por el destino de la patria. Mucho antes de la instauración de la Segunda República estos sentimientos se habían transformado en desprecio por los políticos profesionales, por las masas izquierdistas y pacifistas y, hasta cierto punto, por los peninsulares. Estar destinado en la península significaba llevar una existencia más cómoda pero aburrida y ascender solo por riguroso orden de antigüedad. Cuando la inflación provocada por la guerra empezó a afectar los sueldos de los militares, al igual que los de los civiles, los peninsulares comenzaron a ver con malos ojos a los africanistas que habían ascendido rápidamente. Crearon las Juntas Militares de Defensa, que venían a ser una especie de sindicatos cuya misión era proteger el sistema basado en la antigüedad y obtener mejoras salariales.

Las Juntas expresaban sus quejas empleando el lenguaje reformista que se puso de moda después de la pérdida del imperio español en 1898. El movimiento intelectual llamado «Regeneracionismo» fue un discurso que asociaba la derrota del año 1898 a la corrupción política. En el fondo, el Regeneracionismo fue utilizado tanto por la derecha como por la izquierda, dado que entre sus defensores se encontraban aquéllos que se proponían erradicar el degradado sistema caciquil a través de reformas democráticas, como quienes se proponían eliminarlo mediante la simple solución autoritaria de un «cirujano con mano de hierro». No obstante, los oficiales que en 1917 discurseaban utilizando los vacíos tópicos regeneracionistas, fueron aclamados como portaestandartes de un gran movimiento de reforma nacional. Por un breve instante, obreros, capitalistas y militares se unieron con el objetivo de limpiar la política española de la corrupción del caciquismo. Si el movimiento hubiera triunfado en el establecimiento de un sistema político capaz de permitir un reajuste social, no habría sido necesaria la Guerra Civil de 1936. Pero tal y como se sucedieron los acontecimientos, la gran crisis de 1917 sirvió únicamente para consolidar el poder de la atrincherada oligarquía terrateniente.

A pesar de la coincidencia retórica de sus exigencias de reformas, los intereses últimos de obreros, industriales y oficiales eran contradictorios y el sistema pudo sobrevivir explotando hábilmente esas diferencias. El primer ministro, el astuto conservador Eduardo Dato, accedió a las peticiones económicas de los militares y ascendió a los cabecillas de las Juntas. Después provocó una huelga de los trabajadores socialistas ferroviarios, forzando así la respuesta de la UGT antes de que la CNT estuviera preparada. Ya en paz con el sistema, los militares —tanto los peninsulares como los africanistas— estuvieron encantados de defenderlo en agosto de 1917 aplastando a los huelguistas socialistas de forma sangrienta. Alarmados ante la perspectiva de que los obreros ocuparan las calles, los industriales renunciaron a sus propias reivindicaciones de reforma política y, atraídos por las promesas de modernización económica, en 1918 apoyaron al gobierno de coalición nacional con liberales y conservadores. Una vez más, la burguesía industrial había abandonado sus aspiraciones políticas y se había unido a la oligarquía terrateniente por el temor que tenía a las clases más humildes. Esa efímera coalición simbolizaba una ligera mejoría de la posición de los industriales dentro de la alianza reaccionaria, todavía dominada por los intereses agrarios.

En 1917, más agudamente que en ningún momento anterior, España estaba dividida en dos grupos mutuamente hostiles: los terratenientes y los industriales por un lado, y los obreros y los campesinos sin tierra por el otro. Solo había un grupo social numeroso que quedaba provisionalmente fuera de los dos bandos: el de los pequeños propietarios agrícolas. De modo significativo, durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial se llevaron a cabo esfuerzos para movilizar a los agricultores modestos católicos en defensa de los intereses de los latifundistas. Viendo los estragos del anarquismo y el socialismo entre los obreros urbanos, los terratenientes más previsores intentaban impedir la expansión del «veneno» hacia las zonas rurales. Desde 1906 los latifundistas financiaron sindicatos contrarrevolucionarios, pero el proceso fue sistematizado a partir de 1912 por un grupo de dinámicos socialcatólicos, liderados por Ángel Herrera, la eminencia gris del catolicismo político en España antes de 1936. A través de determinadas actividades social-cristianas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), Herrera contribuyó a organizar una serie de Federaciones Agrarias Católicas que trataron de prevenir que los famélicos campesinos se decantaran por la izquierda ofreciéndoles facilidades crediticias, asesoramiento agronómico, almacenes y maquinaria a cambio de que adoptasen una actitud política de militante antisocialismo. Muchos de los entonces reclutados desempeñaron un papel importante cuando la oligarquía terrateniente se vio forzada a buscar formas de defensa más modernas en los años treinta, votando primero a los partidos legales de la derecha durante la Segunda República y, más tarde, combatiendo en las filas de Franco.

Sin embargo, en las secuelas de la crisis de 1917 el orden existente sobrevivió en parte debido a la ingenuidad organizativa de la izquierda, más que por su propia disposición a recurrir a la represión armada. La fundación de la Internacional Comunista en marzo de 1919 imbuyó a las clases gobernantes españolas del mismo temor al bolchevismo que afligía a todos los países europeos. La derrota de los socialistas urbanos en 1917 no había señalado el final del asalto al sistema. Desde 1918 hasta 1921, años conocidos como el trienio bolchevique, los braceros anarquistas del sur participaron en una serie de alzamientos. Aplastadas por la combinación de las fuerzas de la Guardia Civil y el Ejército, las huelgas y ocupaciones de tierras de esos años intensificaron el resentimiento social del sur rural. Al mismo tiempo, los anarquistas de las ciudades también entraron en conflicto con el sistema. Tras dejar de invertir sus beneficios bélicos en maquinaria moderna y en la racionalización de ésta, los industriales del norte se vieron gravemente afectados por la reanudación de la competencia extranjera durante los años de la posguerra. Los catalanes, en particular, intentaron combatir la recesión con recortes salariales y despidos de personal. Ante las consiguientes huelgas, reaccionaron con cierres y contratando a pistoleros. Los anarquistas replicaron con igual talante y, entre 1919 y 1921, las calles de Barcelona fueron testigos de una espiral terrorista de provocaciones y represalias. Una escisión en el PSOE provocada por el debate sobre si convenía o no afiliarse a la Komintern fue la causa de una división entre facciones, y los elementos más radicales formaron el Partido Comunista en noviembre de 1921. La influencia de los comunistas se hizo sentir de forma inmediata con una serie de huelgas en las minas de carbón de Asturias y la industria siderúrgica del País Vasco. Era obvio que la política de la Restauración ya no era un mecanismo adecuado para defender los intereses económicos de las clases dominantes.

El 23 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Aparentemente, Primo tomó el poder para acabar con el desorden e impedir que un embarazoso informe preparado por una comisión parlamentaria causase problemas al Rey. Sin embargo, como capitán general de Barcelona y en su condición de amigo íntimo de los barones de la industria textil catalana, era plenamente consciente de la amenaza que para ellos representaban los anarquistas. Además, procedente de una gran familia de terratenientes sureños, también tenía experiencia de las agitaciones campesinas de 1918-1921. Encarnaba, pues, el ideal del defensor pretoriano de la coalición de industriales y terratenientes que se había consolidado durante la gran crisis de 1917. Su dictadura gozó de dos grandes ventajas iniciales: una revulsión general contra el caos de los seis años anteriores y el retorno de la prosperidad en la economía europea. Primo de Rivera puso fuera de la ley al movimiento anarquista y llegó a un acuerdo con la UGT por el que ésta obtenía el monopolio de las actividades sindicales. Un programa de grandes obras públicas, que implicaba una modernización significativa del capitalismo español y la construcción de una infraestructura de comunicaciones, cuyos frutos solo se alcanzarían treinta años más tarde, dieron a muchos la impresión de que la libertad estaba siendo sacrificada en favor de la prosperidad.

Años más tarde, la dictadura de Primo de Rivera se vio como la edad dorada de la clase media española y se convirtió en el mito central de la derecha reaccionaria. Paradójicamente, sin embargo, su efecto a corto plazo fue desacreditar la idea del autoritarismo en España. En parte, este fenómeno fugaz nació por el hecho de que el general dejó de utilizar los logros económicos para construir una alternativa política duradera frente a la decrépita monarquía constitucional, pero más de inmediato, fue consecuencia de su alejamiento de los poderosos intereses que inicialmente le habían apoyado. Excéntrico y afable, con una concepción falstaffiana de la vida política, gobernaba con una personal improvisación que atrajo sobre sí mismo todas las críticas por el fracaso de su régimen. Alrededor de 1930, apenas había una parte de la sociedad española que no se hubiera visto ofendida por él, pero sus errores decisivos fueron los que le granjearon la enemistad de industriales, terratenientes y oficiales del Ejército. La burguesía catalana le reprochó su ofensiva contra las aspiraciones regionalistas. Los industriales del norte se indignaron aún más por el colapso de la peseta en 1928, que atribuían a su inflacionario gasto público. Lo más importante es que se perdió el apoyo de los terratenientes, debido a sus esfuerzos por introducir en las zonas rurales comités paritarios para solucionar temas salariales y las condiciones de trabajo. A finales de enero de 1930, Primo de Rivera dimitió.

La vuelta del sistema político de 1923 era impensable. Aparte de que ya había caído en descrédito antes de que Primo de Rivera llegara al poder, habían sucedido cambios importantes en las actitudes de la clase política. Entre los políticos veteranos habían hecho estragos la muerte, la vejez y, por encima de todo, el resentimiento ante la despreocupación con que el Rey había ignorado la Constitución en 1923. Respecto a los políticos más jóvenes, algunos habían optado por el movimiento republicano, en parte por resentimiento, en parte por la convicción de que el futuro político se orientaba en esa dirección. Otros, especialmente aquellos conservadores que habían llevado las implicaciones autoritarias del Regeneracionismo hasta el extremo más ilógico, se habían dedicado en cuerpo y alma al servicio del dictador. Para ellos, no podía haber marcha atrás. Su experiencia en el gobierno de Primo de Rivera reforzó su convicción de que la única solución factible ante los problemas con que se enfrentaba la derecha consistía en una dictadura militar. Fueron ellos quienes formarían el estado mayor de la extrema derecha durante la Segunda República y suministrarían buena parte de los contenidos ideológicos del régimen de Franco.

Como recurso desesperado, Alfonso XIII utilizó a otro general, Dámaso Berenguer, cuya blanda dictadura consistió en una serie de tanteos en busca de la fórmula adecuada para volver a una monarquía constitucional, pero fue socavado por complots republicanos, agitaciones obreras y sediciones militares. Al convocarse las elecciones municipales el 12 de abril de 1931, los socialistas y los republicanos procedentes de las clases medias liberales obtuvieron la mayoría en las principales ciudades, y los monárquicos solo pudieron ganar en las zonas rurales en las que seguía intacto el poder social de los caciques. Apoyado únicamente por la dudosa lealtad del Ejército y de la Guardia Civil, el Rey siguió el consejo de sus asesores de que era preferible alejarse voluntariamente antes de ser derrocado por la fuerza. La actitud de los militares reflejaba la esperanza de un pequeño sector de las clases altas de que, sacrificando al Rey, sería posible contener los deseos de cambio tanto de la burguesía progresista como de la izquierda. Iba a ser una ambición imposible sin algunas concesiones en el campo de la reforma agraria.

Los conflictos del trienio bolchevique habían sido silenciados por la represión de 1919-1920 y por la dictadura de Primo de Rivera, pero seguían latentes. La violencia de aquellos años había acabado con el arduo modus vivendi del sur agrario. La represión había intensificado los odios de los braceros hacia los grandes latifundistas y los administradores de sus propiedades. Por la misma razón, los propietarios se sentían ultrajados por el comportamiento insubordinado de los braceros, especie a la que consideraban casi infrahumana. Por tanto, los elementos paternalistas que habían mitigado con anterioridad la dureza de la vida de estos trabajadores cesaron bruscamente. La recogida de los frutos caídos por el viento antes de la cosecha, el permiso para abrevar el ganado e, incluso, la recolección de leña, se juzgaron como prácticas de «cleptomanía colectiva» y se impidieron mediante la vigilancia de guardias armados. Por tanto, la nueva República iba a heredar una situación de esporádica guerra social en el sur, que iba a disminuir dramáticamente sus posibilidades de establecer un régimen de convivencia. No obstante, con buena voluntad por ambas partes, todo —incluso la paz— era posible en 1931. Sin embargo, al cabo de unas pocas semanas de la proclamación de la República, se percibía claramente que entre los antiguos partidarios de Alfonso XIII y en el seno del movimiento anarquista no había buena voluntad hacia una nueva democracia en España.

II. El desafío de la izquierda, 1931-1933

II

El desafío de la izquierda, 1931-1933

La llegada de la Segunda República significó una amenaza para los miembros más privilegiados de la sociedad y despertó esperanzas desmesuradas entre los más humildes. En definitiva, el nuevo régimen iba a fracasar porque no llevó a cabo sus amenazantes reformas ni cumplió con las utópicas expectativas de sus más fervientes partidarios. El éxito de la derecha en obstaculizar el cambio exasperaría enormemente a las clases trabajadoras rurales y urbanas y socavaría su fe en la democracia parlamentaria. Cuando eso ocurriese, y una vez que la izquierda respondiese buscando soluciones revolucionarias, facilitaría enormemente la determinación derechista de desestabilizar la República. En 1931, sin embargo, dados los fracasos tanto de la monarquía como de la dictadura, la mayoría de los españoles estaba dispuesta a darle a la República la oportunidad de implementar su programa. No obstante, detrás de esta superficial buena voluntad, latía un conflicto potencialmente salvaje sobre el alcance de la reforma social y económica o, por utilizar la jerga de la época, sobre cuál debería ser el «contenido» de la República. En este sentido, las semillas de la guerra estaban enterradas cerca de la superficie de un nuevo régimen que era fuente de esperanza para la izquierda y de miedo para la derecha.

Antes de 1931, todo el poder social, económico y político en España había estado en manos de los mismos grupos integrantes de la coalición reaccionaria de terratenientes, industriales y banqueros. El desafío a ese monopolio llevado a cabo por las fuerzas desunidas de la izquierda entre 1917 y 1923 había dejado al descubierto las deficiencias de la monarquía de la Restauración. La defensa de los intereses del establishment fue entonces confiada al general Miguel Primo de Rivera. Debido a su fracaso, la idea de una solución autoritaria a los problemas que la asediada oligarquía debía afrontar se vio desacreditada durante un período breve. Además, la llegada de la República encontró a la derecha temporalmente carente de organización política. Por tanto, las clases altas y numerosos sectores de las clases medias se conformaron con la marcha de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa; lo hicieron con la esperanza de que, sacrificando un rey y tolerando un presidente, podrían protegerse de mayores desgracias en el camino de la reforma social y económica.

Sin embargo, la proclamación de la República significó que, por primera vez, el poder político había pasado de la oligarquía a la izquierda moderada. Ésta estaba formada por representantes del ala más reformista de la clase obrera organizada, los socialistas, y una gama muy variada de pequeñoburgueses republicanos, muchos de los cuales eran idealistas y algunos, unos cínicos. En esto residía una grave debilidad del nuevo gobierno. Más allá del deseo inmediato de librar a España de la monarquía, cada uno de sus componentes tenía un programa distinto. La amplia coalición republicano-socialista abarcaba elementos conservadores que solo querían echar a Alfonso XIII, un centro formado por los Radicales de Alejandro Lerroux, que a menudo eran venales y cuya principal ambición era beneficiarse del acceso a los resortes del poder, y, finalmente, republicanos de izquierdas y socialistas que tenían objetivos reformistas ambiciosos pero diferentes. Se veían a sí mismos utilizando juntos el poder del Estado para crear una nueva España. Sin embargo, para ello se requería un inmenso programa de reformas que consistiría en destruir la influencia reaccionaria de la Iglesia y el Ejército, crear relaciones laborales más equitativas, acabar con los poderes casi feudales de los latifundistas y satisfacer las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes.

Dado que el poder económico, la propiedad de los bancos y de la industria, de la tierra y el dominio sobre los peones sin tierra que la trabajaban, el poder social, el control de la prensa y la radio, que pasaban por ser los medios de difusión, el sistema de enseñanza, que en gran parte era privado, no experimentaron ningún cambio, este programa dispar era muy difícil de poner en práctica. Hablando en términos generales, los amos del poder social y económico estaban unidos con la Iglesia y el Ejército en su empeño de prevenir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. Y encontraron rápidamente varios modos de defender sus intereses. Finalmente, pues, la Guerra Civil fue consecuencia de los esfuerzos de los líderes progresistas de la República por llevar a cabo la reforma contra los deseos de los estratos más poderosos de la sociedad.

Cuando el Rey huyó, asumió el poder el gobierno provisional —cuya composición había sido aprobada en agosto de 1930, cuando los oponentes republicanos y socialistas al Rey se reunieron y sellaron el pacto de San Sebastián—. El primer ministro era Niceto Alcalá Zamora, un terrateniente de Córdoba y exministro del monarca. El ministro de la Gobernación era Miguel Maura, hijo del célebre político conservador Antonio Maura. El ministro de Economía era el catalán liberal Lluís Nicolau d’Olwer. Tanto Alcalá Zamora como Maura eran católicos conservadores y servían como garantía a las clases altas de que la República permanecería dentro de unos límites razonables. El radical Alejandro Lerroux era ministro de Estado y su segundo, Diego Martínez Barrio, hombre mucho más recto y honrado, era ministro de Comunicaciones. El resto del gobierno estaba formado por cuatro republicanos de centro-izquierda y tres socialistas reformistas, unánimes en su deseo de construir una República para todos los españoles. Por tanto, inevitablemente, la llegada de un régimen parlamentario constituía un cambio menos dramático de lo que esperaban, tan deseado por las multitudes regocijadas en las calles como temido por las asustadas clases altas.

Las ambiciones socialistas eran moderadas. El liderazgo del PSOE esperaba que el poder político que había caído en sus manos le permitiera una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de las clases trabajadoras industriales. Pero se dieron cuenta de que la superación del capitalismo era un sueño lejano. Lo que desde el principio los miembros más progresistas de la nueva coalición republicano-socialista dejaron de percibir era la pura verdad: que los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico. Sin embargo, en los días que precedieron a la constatación de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes por conseguir reformas significativas y la tenaz hostilidad de los ricos ante cualquier tipo de cambio, los socialistas colaboraron con la República en un espíritu de autosacrificio y optimismo. El 14 de abril, en Madrid, militantes de las Juventudes Socialistas impidieron el asalto a edificios relacionados con la derecha, especialmente el Palacio Real. Los ministros socialistas se plegaron a la negativa de Maura de abolir la Guardia Civil —odiado símbolo de autoridad para trabajadores y campesinos—. Además, como gesto conciliador para con las clases adineradas, el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, anunció que asumiría todas las obligaciones financieras de la dictadura.

No obstante, no podía ignorarse el potencial estado de guerra entre quienes proponían la reforma y los defensores del orden existente. La hostilidad de la derecha hacia la República se manifestó muy pronto; en el primer Consejo de Ministros, Prieto anunció que la situación financiera del régimen estaba amenazada por la masiva evasión de capitales del país. Incluso antes de que se estableciera la República, los seguidores del general Primo de Rivera habían intentado levantar barricadas contra el liberalismo y el republicanismo. Empezaron a recolectar dinero de aristócratas, terratenientes, banqueros e industriales para promover sus ideas autoritarias, financiar actividades conspirativas y comprar armas. Se dieron cuenta de que el compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los miembros más pobres de la sociedad representaba una amenaza, ya que implicaba una importante redistribución de la riqueza. En una época de depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser simplemente compensados por mayores beneficios. De hecho, en una economía en proceso de contracción parecían desafíos revolucionarios al orden económico establecido.

Desde finales de abril hasta principios de julio, los ministros socialistas de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y de Justicia, Fernando de los Ríos, publicaron una serie de decretos dirigidos a remediar la aterradora situación vivida en la España rural, castigada por la sequía durante la temporada 1930-1931, y agravada por el regreso de emigrantes. De los Ríos rectificó el desequilibrio de los arrendamientos rurales, que favorecían a los terratenientes. La evicción se hizo casi imposible y se bloqueó el aumento de los alquileres cuando los precios caían. Las medidas de Largo Caballero fueron mucho más dramáticas; el llamado «decreto de términos municipales» prohibió el empleo de mano de obra foránea mientras los trabajadores del propio municipio permanecieran sin empleo. Ello neutralizó la más potente arma de los terratenientes: el poder de romper las huelgas y mantener los salarios bajos gracias a la contratación de esquiroles baratos traídos de fuera. A principios de mayo Largo Caballero hizo algo que Primo de Rivera no había conseguido: creó jurados mixtos para regular los salarios y las bases de trabajo en el campo, anteriormente sujetos solo al capricho de los propietarios. Uno de los derechos que ahora iba a cumplirse era la reimplantada jornada de ocho horas. Dado que anteriormente se suponía que los braceros trabajaran de sol a sol, esto significaba que los propietarios debían pagar un sobresueldo o emplear a más hombres para hacer el mismo trabajo. Finalmente, a fin de evitar que los propietarios sabotearan estas medidas mediante lock-outs, un decreto de laboreo forzoso les impedía mantener sus tierras improductivas. De hecho, ninguno de estos decretos se aplicó con rigor. Nada se hizo para obligar a los propietarios a pagar las horas adicionales de trabajo y el laboreo forzoso fue aplicado muy parcialmente. Sin embargo, junto con el comienzo de los preparativos para una radical Ley de Reforma Agraria, alarmaron a los terratenientes, quienes empezaban a hablar de la ruina de la agricultura.

La respuesta de la derecha fue compleja. En los niveles locales, los terratenientes simplemente hicieron caso omiso de la nueva legislación, dejando que sus cuadrillas armadas ajustaran cuentas con los dirigentes sindicales que protestaban. En el campo, la puesta en práctica de los decretos de reforma introducidos por Largo Caballero y De los Ríos dependería de la eficacia y el compromiso del gobernador civil de cada provincia. En términos generales, el gobierno republicano tuvo dificultades enormes para encontrar personal competente y experimentado que se hiciera cargo de las diversas carteras. El problema alcanzaba la máxima agudeza en el nivel local. Miguel Maura escribió más adelante sobre su desesperación al buscar gobernadores apropiados para cuarenta y nueve provincias. Los hombres que le recomendaban los demás ministros eran con frecuencia cómicamente inapropiados; uno de los rechazados era el limpiabotas que había prestado dinero a Marcelino Domingo en tiempos más difíciles. En sus memorias escribió: «¡Los gobernadores! ¡Solo evocarlos, al cabo de treinta años, aún me pone la carne de gallina!». Así pues, muchos gobernadores no servían para plantar cara a los terratenientes que desacataban abiertamente las leyes. A causa de su debilidad, a menudo acababan siendo más leales a las elites locales que al gobierno central.

En el plano de la política nacional, las poderosas redes de prensa de la derecha empezaron a presentar a la República como responsable de los problemas seculares de la economía española y como fuente de la violencia de la chusma. Más concretamente, había dos respuestas políticas, conocidas entonces como «accidentalistas» y «catastrofistas»; los primeros consideraban que las formas de gobierno, republicana y monárquica, eran accidentales y no fundamentales; lo que realmente importaba era el contenido social del régimen. Así, inspirado por Ángel Herrera, dirigente en la sombra de la ACNP, los accidentalistas adoptaron una táctica legalista. La ACNP era una organización de elite en la que influían los jesuitas y que formaban unos quinientos derechistas católicos prominentes y dotados de talento que tenían influencia en la prensa, la judicatura y las profesiones liberales, católicos, predecesora del Opus Dei. Herrera, que llegaría a cardenal, dirigía el diario de derechas más moderno de España, El Debate. Un líder inteligente y dinámico, el abogado José María Gil Robles, creó una organización llamada Acción Popular uniendo una plana mayor procedente de la ACNP y las masas de pequeños propietarios católicos encuadrados en las antiguas Federaciones Agrarias Católicas. Sus escasos diputados parlamentarios utilizaron todos los ardides posibles para bloquear la reforma en las Cortes. Se llevaron a cabo masivos y extraordinariamente hábiles esfuerzos de propaganda para persuadir a los pequeños propietarios rurales del norte y el centro de España de que las reformas agrarias de la República perjudicaban sus intereses en igual o mayor medida que los de los grandes terratenientes. A los pequeños propietarios católicos y conservadores se les presentaba la República como el instrumento agitador y ateo del comunismo soviético cernido sobre sus tierras para robarlas y forzar a sus esposas e hijas a una orgía de amor libre obligatorio. Por tanto, asegurados así sus votos, en 1933 la derecha legalista iba a arrebatar el poder político a la izquierda.

Al mismo tiempo, los diversos grupos catastrofistas se oponían fundamentalmente a la República y creían que ésta debía ser derrocada mediante una explosión catastrófica o un alzamiento. Su punto de vista iba a prevalecer en 1936, aunque no debe olvidarse que la contribución de los accidentalistas en la siembra de un antirepublicanismo entre los pequeños propietarios campesinos fue crucial para la campaña bélica de Franco. Había tres principales organizaciones catastrofistas; la más antigua de ellas era la Comunión Tradicionalista de los carlistas, defensores antimodernos de una teocracia cuyo gobierno en la tierra debía recaer en sacerdotes guerreros. Por anticuadas que fueran sus ideas, disponía de nutridas filas de partidarios entre los granjeros de Navarra y poseía una fanática milicia llamada el Requeté que, entre 1934 y 1936, recibió instrucción militar en la Italia de Mussolini. Los mejor financiados y, en definitiva, los más influyentes de los catastrofistas eran los antiguos partidarios de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera. Estos monárquicos alfonsinos, con su revista Acción Española y su partido político Renovación Española, eran el estado mayor y los impulsores económicos de la extrema derecha. Tanto el alzamiento de 1936 como la estructura e ideología del Estado franquista fueron grandes deudores de los alfonsinos. Finalmente, había un número de pequeños grupos fascistas que terminaron coaligándose como Falange Española entre 1933 y 1934 bajo el liderazgo del hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. Los militantes falangistas, subvencionados también por Mussolini, proporcionaron la carne de cañón de la opción catastrofista, al atacar a la izquierda y provocar las luchas callejeras que permitieron a los demás grupos denunciar el «desorden» de la República.

Entre los enemigos de la República, dos de los más poderosos eran la Iglesia y el Ejército. Ambos fueron fácilmente empujados hacia las filas de la derecha antirrepublicana, en parte por los errores llevados a cabo por los políticos de la República, pero también debido a las acciones de los partidarios de la línea dura o integristas de la propia Iglesia. Estaban comprometidos con la necesidad de un «Estado confesional» que por la fuerza, recurriendo a la guerra civil si hacía falta, impusiera la profesión y la práctica de la religión católica y prohibiese todas las demás. Entre los miembros de este grupo se encontraban el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, y el obispo de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, Isidro Gomá. Formaron dentro de la Iglesia un grupo semiclandestino cuyos miembros se comunicaban unos con otros mediante un código cifrado, hecho que salió a la luz cuando elementos izquierdistas encontraron los archivos secretos de Isidro Gomá en el palacio arzobispal de Toledo en julio de 1936. El 24 de abril, solo diez días después de proclamarse la República, sintieron un enorme disgusto cuando los obispos españoles recibieron una carta del nuncio apostólico que les informaba de que «Es deseo de la Santa Sede que V. E. recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis, que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos, para el mantenimiento del orden y para el bien común».

El 1 de mayo el obispo Gomá escribió una pastoral intransigente que pasó prácticamente inadvertida en comparación con el escándalo que provocó la del ambicioso e irascible arzobispo Segura. Pasó gran parte de su vida tratando de prohibir todo baile moderno en el cual las parejas se tocaran. Su pugnacidad en cuestiones teológicas hizo que el intelectual monárquico José María Pemán le equiparase a «un torero de dificultades doctrinales y pastorales». La pastoral que dirigió ahora a todos los obispos y fieles de España pedía la movilización en masa en una cruzada de plegarias para unirse «de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social». Empleando un lenguaje irresponsablemente provocador, en un contexto de entusiasmo popular por la República, alababa luego a la monarquía y sus vínculos con la Iglesia.

El gobierno, indignado, insistió en el acto en que el Vaticano retirase inmediatamente a Segura. Antes de que se recibiera respuesta, Segura, creyendo que corría peligro de represalias, solicitó el pasaporte y se fue a Roma. Sin embargo, el 11 de junio regresó discretamente a España y empezó a organizar encuentros clandestinos de sacerdotes. En vista de ello, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, que era profundamente católico, tomó sin consultar con el resto del gabinete la decisión de expulsarle del país. La prensa publicó fotografías del cardenal primado de España escoltado por policías y guardias civiles al salir de un monasterio de Guadalajara y estas fotografías se presentaron enseguida como prueba de que la República perseguía a la Iglesia. La sede de Toledo permanecería vacante hasta el 12 de abril de 1933, fecha en que reemplazó a Segura un enemigo de la República tan vehemente como él, Isidro Gomá.

Mientras tanto, en la primavera de 1931, el episodio de la pastoral de Segura no había hecho nada para atenuar la impresión de los republicanos de que la Iglesia era el baluarte de la negra reacción. Así, el 11 de mayo, cuando la humareda de los incendios de iglesias se extendió por Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante, el gobierno se negó a llamar a la Guardia Civil. El inteligentísimo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, proclamó que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano», frase que fue utilizada por la prensa derechista para persuadir a sus lectores de clase media de que, en cierta manera, Azaña aprobaba la quema de conventos. No cabe duda de que el gobierno mostró una notable falta de energía ante los incendios, lo cual no quiere decir que fuera el culpable de ellos. La indiferencia de las multitudes que contemplaron los siniestros reflejaba hasta qué punto las personas corrientes identificaban a la Iglesia con la monarquía y la política de derechas. La prensa republicana afirmó que los incendios fueron obra de agentes provocadores extraídos de los llamados Sindicatos Libres, que eran apoyados por la patronal, en un intento de desacreditar al nuevo régimen. De hecho, incluso se afirmó que los monárquicos jóvenes del Círculo Monárquico Independiente habían repartido folletos que incitaban a las masas a atacar los edificios religiosos. El 22 de mayo se declaró la plena libertad religiosa. El diario monárquico ABC y el católico El Debate despotricaban contra la República y el gobierno los clausuró temporalmente.

Diversos motivos causaron fricciones entre la República y las Fuerzas Armadas, pero seguramente el más importante fue la rapidez con que el nuevo régimen concedió autonomías regionales. El 14 de abril, el coronel Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, declaró una república catalana independiente. Una delegación de Madrid le convenció de que esperara la resolución del gobierno, prometiéndole un rápido estatuto de autonomía. Inevitablemente, esto provocó la suspicacia del Ejército, que había vertido mucha sangre luchando para proteger la unidad nacional. Para empeorar las cosas, el ministro de la Guerra, Azaña, inició en mayo una reforma para recortar el excesivo cuerpo de oficiales y hacer al Ejército más eficiente, esperando también reducir las ambiciones políticas de las Fuerzas Armadas. Era una reforma necesaria y, en muchos aspectos, generosa, dado que los ocho mil oficiales sobrantes se retiraron con la paga completa. Sin embargo, se avivaron las susceptibilidades militares por la insensibilidad con que se llevaron a cabo diversos aspectos de la reforma. El decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 para la llamada revisión de ascensos reabrió los expedientes de algunos de los concedidos por méritos de guerra en Marruecos. Numerosos y distinguidos generales derechistas, incluyendo a Francisco Franco, se enfrentaron a la posibilidad de ser reducidos al rango de coroneles. La comisión que llevaba a cabo esta reforma necesitó más de dieciocho meses para elaborar un informe, causando una ansiedad innecesaria a los casi mil oficiales afectados, de cuyos casos solo se habían examinado la mitad. En junio de 1931, Azaña cerró la Academia General Militar de Zaragoza por razones presupuestarias y por considerarla un nido de militarismo reaccionario, lo que le garantizó la eterna enemistad de su director, el general Franco.

Como la reforma de Azaña incluía la abolición de la jurisdicción del Ejército sobre civiles acusados del delito de injurias a las Fuerzas Armadas, muchos oficiales lo consideraron un ataque frontal. Aquéllos que se habían jubilado por haberse negado a jurar lealtad a la República tuvieron suficiente tiempo para conspirar contra el régimen, alentados por los periódicos leídos por la mayor parte de los oficiales del Ejército, ABC, La Época y La Correspondencia Militar, que presentaban a la República como responsable de la depresión económica, de la falta de orden público, de la falta de respeto al Ejército y de anticlericalismo. Se montó especialmente una campaña contra Azaña, acusándole de intentar «triturar el Ejército». Aunque Azaña nunca había pronunciado dicho comentario, se creía que sí lo había hecho. De hecho, lejos de privar al Ejército de fondos y material, Azaña —quien se había dedicado toda la vida al estudio de las relaciones civiles y militares— aseguró solamente que se iba a gastar el presupuesto militar de un modo más eficaz. En cualquier caso, Azaña tendía a ser exquisitamente correcto en sus relaciones con una fuerza vacilante e ineficiente en comparación, por ejemplo, con los ejércitos de países como Portugal o Rumanía. Irónicamente, la preparación militar del Ejército español en 1936 se debió tanto a los esfuerzos de Azaña como a los de su sucesor, el derechista José María Gil Robles. La maquinaria de propaganda derechista convirtió a Azaña en la pesadilla de los militares porque quería dotar a España de un Ejército despolitizado. Para la derecha, el Ejército existía por encima de todo para defender sus intereses sociales y económicos. Por tanto, se presentaba a Azaña como el monstruo corrupto supuestamente dispuesto a destruir tanto al Ejército como a la Iglesia, porque formaba parte de la conspiración judeo-masónico-bolchevique. Curiosamente, Azaña respetaba mucho más los procedimientos militares que su antecesor, el general Primo de Rivera. A un general que presumía de «interpretar los sentimientos más extendidos de la nación», Azaña le respondió rotundamente: «Su obligación se limita a interpretar los reglamentos». Y no era ésta la manera en que los generales españoles esperaban ser tratados por los civiles.

Desde los primeros días de la República extremistas de derechas difundieron la idea de que una alianza de los judíos, los masones y las Internacionales obreras conspiraba con el propósito de destruir la Europa cristiana, con España como blanco principal. El antisemitismo era un arma poderosa incluso en un país que había expulsado a sus judíos cuatro siglos y medio antes. Ya en junio de 1931 el periódico carlista El Siglo Futuro había denunciado a Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura y su ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, por judíos. La prensa católica en general hablaba con frecuencia de la conspiración judeo-masónico-bolchevique. Hasta El Debate, diario católico más moderado, llamaba a De los Ríos «el rabino». La Editorial Católica, que poseía una cadena de periódicos entre los que estaba El Debate, pronto publicaría dos revistas profundamente antisemitas y antimasónicas, Gracia y Justicia y Los Hijos del Pueblo. La atribución de las ambiciones reformistas de la República a un siniestro complot judeo-masónico-bolchevique y extranjero hizo que resultara mucho más fácil abogar por la violencia contra él. Al intensificarse esta propaganda durante los cinco años siguientes, creció el convencimiento de la extrema derecha de que los partidarios españoles de este sucio contubernio extranjero debían ser exterminados.

Semejante propaganda se difundió pronto. Con todo, la primera controversia importante de la República había tenido lugar antes de que la derecha se organizara adecuadamente. En junio de 1931, los socialistas ganaron las elecciones en coalición con los republicanos de izquierdas. El republicanismo tendía a convertirse en un movimiento de intelectuales y pequeñoburgueses, siendo más bien un grupo amorfo e improvisado que una fuerza de izquierdas unida. Por otro lado, la única agrupación centrista, los Radicales, había empezado como un movimiento de masas genuino en Barcelona a principios de siglo. Dirigidos por el político Alejandro Lerroux, apasionado orador y corrupto animal político, iban a convertirse progresivamente en más conservadores y antisocialistas a medida que avanzaba la singladura de la República. Le causaron un daño inmenso por su disponibilidad para inclinarse hacia el bando ganador, según la ocasión. La polarización que introdujo el efecto péndulo de una gran victoria izquierdista en las elecciones de 1931, seguida de un triunfo derechista igualmente espectacular en 1933, se intensificó en gran medida por el hecho de que los radicales se habían cambiado de bando.

La dinámica centrífuga de los políticos republicanos era, en sí misma, la inadvertida consecuencia de un conjunto de leyes electorales diseñadas a fin de evitar la fragmentación política que había debilitado la República de Weimar. Para asegurarse importantes mayorías gubernamentales, en cada provincia, el 80 por ciento de los escaños se daba al partido o a la lista con más votos por encima del 40 por ciento de los emitidos. El otro 20 por ciento se adjudicaba a la lista situada en segundo lugar. Por tanto, pequeñas fluctuaciones en el número de votos emitidos podían determinar vuelcos masivos en el número de escaños parlamentarios realmente ganados. La necesidad de formar coaliciones era obvia. Las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio, por tanto, dieron una gran victoria a la amplia coalición de socialistas, republicanos de izquierdas y radicales con un total de 250 escaños. El PSOE había ganado 116 escaños. Parece que en medio de la euforia que produjo el triunfo electoral, los líderes socialistas pensaron poco en las consecuencias a largo plazo de que los Radicales de Lerroux, con una campaña desvergonzadamente conservadora, por no decir derechista, hubieran obtenido 94 escaños y se hubieran convertido en el segundo partido en orden de importancia en las Cortes. La derecha, que era un tanto heterogénea, solo consiguió 80 escaños. Sin embargo, en 1933 el éxito de las tácticas derechistas de obstaculización de la reforma y el consiguiente desencanto entre la base popular de la izquierda había provocado un cambio importante en la relación de las fuerzas. Por entonces, los anarquistas que en 1931 habían votado a los partidos izquierdistas optaron por la abstención. Los socialistas habían perdido la fe en las posibilidades de la democracia burguesa por lo que rehusaron formar una coalición con los republicanos de izquierda. Así, el aparato del Estado se escaparía de las manos de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933.

Ese cambio era un reflejo de la enormidad de la tarea que tenían que afrontar las Cortes Constituyentes de 1931 pues su labor principal era dotar a España de una nueva constitución. Para que la República sobreviviera, tenía que aumentar los salarios y reducir el desempleo. Por desgracia, el régimen había nacido en plena depresión mundial. Con la caída de los precios agrícolas, muchos terratenientes tuvieron que dejar de cultivar sus tierras. Los campesinos sin tierra, que en épocas de prosperidad rozaban la miseria, se encontraban así en un estado de tensión revolucionaria. Los obreros de la industria y de la construcción corrían igual suerte. Además, las clases pudientes atesoraban o exportaban sus capitales, lo que planteaba un terrible dilema al gobierno republicano; si cedían a las demandas de las clases humildes de expropiar las grandes fincas y colectivizar las fábricas, probablemente el Ejército intervendría para destruir la República. Y si se reprimían los desórdenes revolucionarios a fin de tranquilizar a las clases altas, el gobierno iba a chocar con el descontento de las clases trabajadoras. Tratando de elegir el término medio, la coalición republicano-socialista acabó por irritar a ambos bandos.

Todo ello se hizo patente al cabo de una semana de la apertura de las Cortes. La huelga general convocada por los anarquistas dio lugar a que miles de trabajadores de Telefónica militantes de la CNT dejaran de trabajar. La huelga obtuvo sus mayores éxitos en Sevilla y Barcelona, y causó una terrible vergüenza para el gobierno, deseoso de probar su capacidad para mantener el orden. El Ministerio del Trabajo la declaró ilegal e hizo intervenir a la Guardia Civil. En Sevilla, la CNT intentó convertir la huelga en una insurrección. Miguel Maura, ministro de la Gobernación, se decidió por una acción drástica: declaró el estado de guerra y envió al Ejército a aplastar la huelga. Autorizó el bombardeo por la artillería de un lugar de encuentro de los anarquistas, Casa Cornelio. Se permitió que voluntarios derechistas locales formasen una «Guardia Cívica» y matasen a varios izquierdistas, entre ellos cuatro anarquistas asesinados a tiros disparados a sangre fría en el Parque de María Luisa. La naturaleza revolucionaria de la huelga asustó a las clases altas, mientras que la violencia con que fue reprimida —30 muertos y 200 heridos— reafirmó la hostilidad de los anarquistas hacia la República.

La CNT iba cayendo progresivamente bajo el dominio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), organización secreta fundada en 1927 para mantener la pureza ideológica del movimiento. En verano de 1931 se ahondó la división entre los unionistas ortodoxos de la CNT y los miembros de la FAI, partidarios de una violencia revolucionaria continua. La FAI ganó la lucha interna y los elementos más reformistas de la CNT fueron eficazmente expulsados. La mayor parte del movimiento anarcosindicalista se dejó en manos de aquéllos que creían que la República no era mejor que la monarquía, ni que la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde, y hasta que la CNT no fue reunificada con gran dificultad en 1936, los anarquistas se embarcaron en una política de «gimnasia revolucionaria»; huelgas insurreccionarias antirrepublicanas que, invariablemente, fracasaron por falta de coordinación y una represión feroz, pero que permitieron que la prensa derechista identificara la República con la violencia y la subversión.

No obstante, en otoño de 1931, antes de que las oleadas de agitación anarquista llegaran a su apogeo, las Cortes estuvieron ocupadas en la elaboración de la nueva Constitución. Después de haber rechazado un primer borrador redactado por el político conservador Ángel Ossorio y Gallardo, se reunió una nueva comisión constitucional el 28 de julio, bajo la dirección de un catedrático de derecho, el socialista Luis Jiménez de Asúa. Tenía apenas tres semanas para redactar el proyecto. En consecuencia, parte de su estilo poco sutil daría pie a tres meses de reñido debate. El 27 de agosto se presentó el proyecto, que Jiménez de Asúa describió como un documento democrático y liberal con gran contenido social. Luis Araquistain —más tarde uno de los consejeros radicales de Largo Caballero— se apuntó una importante victoria socialista cuando convenció a la Cámara para que aceptara el artículo 1, que decía: «España es una República de trabajadores de todas las clases». El artículo 44 establecía que todo el bienestar del país debía subordinarse a los intereses económicos de la nación y que, por razones de utilidad social, toda propiedad podía expropiarse, con la correspondiente indemnización. La Constitución —finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931— era, en efecto, tan democrática, laica, reformista y liberal en materias de autonomía regional como republicanos y socialistas hubieran podido desear. Por otra parte, aterraba a los grupos más poderosos en España: terratenientes, empresarios, eclesiásticos y oficiales del Ejército.

La oposición de las clases conservadoras a la Constitución cristalizó en torno a los artículos 44 y 26. Este último se refería a la supresión de las subvenciones estatales al clero y a las órdenes eclesiásticas; la disolución de las congregaciones que, como la de los jesuitas, pronunciaban inapropiados juramentos de lealtad a una potencia extranjera, y la limitación del derecho de la Iglesia a la propiedad de bienes. La actitud de la coalición republicano-socialista con respecto a la Iglesia se basaba en la creencia de que si se iba a construir una nueva España, debía eliminarse el dominio completo de la Iglesia sobre numerosos aspectos de la sociedad. Se trataba de un punto de vista razonable, pero no tenía en cuenta los sentimientos de millones de católicos españoles. La religión no era atacada como tal, pero la Constitución ponía punto final al respaldo gubernamental a la posición privilegiada de la Iglesia. Para la derecha, la solución adoptada por la Constitución respecto a la religión significaba un ataque horrible y violento contra los valores tradicionales. El debate sobre el artículo 26, la cláusula crucial referente a la religión, tras el encarnizamiento provocado por las reformas militares de Azaña, intensificó la polarización que desembocaría en una guerra civil.

Se obtuvo un considerable apoyo popular a la hostilidad de la derecha contra la República durante la llamada campaña revisionista contra la Constitución. La oposición a las cláusulas religiosas de la Constitución fue igualada en encarnizamiento en cuanto a las referentes a la autonomía regional para Cataluña y la reforma agraria. No obstante, la legalización del divorcio y la disolución de las órdenes religiosas a tenor del artículo 26 provocaron las iras de los católicos y la prensa de derechas, que atribuyeron tales medidas a malévolas maquinaciones judeo-masónicas. Durante el debate del 13 de octubre de 1931, Gil Robles se volvió de cara a la mayoría republicano-socialista en las Cortes y declaró: «Hoy, frente a la Constitución se coloca la España católica… vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual que se va a desencadenar en España». Cinco días después, en la plaza de toros de Ledesma, Salamanca, Gil Robles hizo un llamamiento a favor de una cruzada contra la República y afirmó que «mientras las fuerzas anárquicas, pistola en mano, siembran el pánico hasta en círculos gubernamentales, el gobierno trata sin miramiento a seres inofensivos como lo son las pobres monjas».

En efecto, la aprobación de la Constitución significó un cambio importante en la naturaleza de la República. Al identificarla con el jacobinismo de la mayoría de las Cortes, la coalición gobernante apartó a numerosos miembros de las clases medias católicas. La notoria ferocidad del anticlericalismo constitucional provocó que la derecha organizara sus fuerzas, al mismo tiempo que empezaba a disolverse la unión formada en San Sebastián en 1930. Durante el debate que se celebró hasta altas horas de la noche del 13 de octubre, que Alcalá Zamora llamaría más tarde «la noche más triste de mi vida», la defensa de las cláusulas religiosas de la Constitución recayó en Manuel Azaña. En el transcurso de su intervención comentó que «España ha dejado de ser católica» y la derecha tomó estas palabras como prueba de que la República estaba decidida a destruir a la Iglesia. Lo que hizo Azaña fue meramente comentar una realidad que ya habían aceptado los elementos más liberales de la jerarquía eclesiástica, es decir, que desde el punto de vista sociológico, el catolicismo ya no gozaba de la preeminencia de antaño. A pesar de ello, tanto Alcalá Zamora como Miguel Maura dimitieron en octubre de 1931 y Azaña, que había desempeñado un importante papel durante el debate sobre la Constitución, fue nombrado primer ministro. Esto indispuso a Lerroux, quien se había preparado para el cargo y quedó descartado por el temor extendido en los círculos políticos de que sería incapaz de no malversar los fondos públicos. Se dedicó a la oposición con sus radicales, por lo que Azaña se vio forzado a confiar aún más en los socialistas. Así pues, le resultó más difícil evitar la enemistad de la derecha.

De hecho, Azaña se encontraba entre dos fuegos: el de la izquierda, que quería la reforma y el de la derecha, que la rechazaba. Esto se hizo más patente cuando se ocupó del problema agrario. La violencia en el campo fue una característica constante de la República. Basada en la pobreza abrumadora de los jornaleros rurales, fue mantenida en continua ebullición por la CNT. Los anarquistas, junto con la socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), fundada en abril de 1930, reivindicaban la expropiación de fincas y la creación de granjas colectivas. Los republicanos, intelectuales de clase media, respetaban la propiedad y no estaban dispuestos a llevar esto a cabo. Largo Caballero, como ministro de Trabajo, había mejorado en cierta medida la situación con los cuatro decretos que había presentado en primavera. Sin embargo, los límites de tal reforma, hecha por partes, quedaron completamente al descubierto en diciembre de 1931 cuando la sección de Badajoz de la FNTT convocó una huelga general. Era, en conjunto, una huelga pacífica, de acuerdo con las instrucciones de sus organizadores. Pero en un aislado pueblo llamado Castilblanco, fue sangrienta. Cuando se convocó la huelga, los miembros de la FNTT de Castilblanco habían pasado todo el invierno sin trabajo. El 31 de diciembre, mientras llevaban a cabo una pacífica y ordenada manifestación, la Guardia Civil irrumpió en medio de la multitud y, después de una refriega, la Guardia Civil disparó, matando a un hombre e hiriendo a otros dos. Los aldeanos hambrientos, en un arrebato de miedo, angustia y pánico, se abalanzaron sobre los cuatro guardias y los mataron a pedradas y cuchillazos.

El general José Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, dijo a los periodistas que uno de los diputados del PSOE por Badajoz en las Cortes, la exaltada feminista judía Margarita Nelken, era la responsable de todo el incidente. Acto seguido comparó a los trabajadores de Castilblanco con los moros contra los que había luchado en Marruecos y comentó: «En un rincón de la provincia de Badajoz hay un foco rifeño». También declaró —faltando a la verdad— que después del desastre colonial de Annual en 1921, «ni en el Monte Arruit, en la época del derrumbamiento de la comandancia de Melilla, los cadáveres de los cristianos fueron mutilados con un salvajismo semejante». Las palabras de Sanjurjo parecieron justificar la venganza que luego se cobró la Guardia Civil. Lo que es más importante, su identificación del proletariado rural español con los rebeldes del Rif indicó hasta qué punto el Ejército no tenía ningún sentido de ser la institución cuya misión era proteger al pueblo español de un enemigo externo. Resultaba claro que el proletariado español era «el enemigo». En este sentido, la mentalidad del alto mando africanista reflejaba una de las principales consecuencias del desastre colonial de 1898. Se trataba sencillamente de que la derecha hizo frente a la pérdida de un imperio ultramarino «real» interiorizando el imperio, es decir, considerando la España metropolitana como el imperio y el proletariado como la raza colonial sometida.

Casi antes de que el gobierno hubiera tenido tiempo de apaciguar las cosas en Castilblanco, los hombres de Sanjurjo se habían tomado una venganza sangrienta que había causado la muerte a dieciocho personas. Tres días después de Castilblanco la Guardia Civil mató a dos trabajadores e hirió a otros tres en Zalamea de la Serena (Badajoz). Dos días más tarde un huelguista fue muerto a tiros y otro resultó herido en Calzada de Calatrava y un huelguista fue disparado en Puertollano (ambos pueblos en Ciudad Real), a la vez que hubo dos huelguistas muertos y once heridos en Épila (Zaragoza) y dos muertos más y diez heridos en Teresa (Valencia). El 5 de enero tuvo lugar la más atroz de estas acciones cuando veintiocho guardias civiles abrieron fuego contra una manifestación pacífica en Arnedo, pequeña villa de la provincia de Logroño, en el norte de Castilla. A finales de 1931 numerosos trabajadores fueron despedidos de la fábrica local de calzado en Arnedo por pertenecer a la UGT. Durante una protesta pública, la Guardia Civil disparó y mató a un trabajador y cuatro espectadoras, una de las cuales era una mujer embarazada, de veintiséis años, cuyo hijo de dos años también resultó muerto. Las balas hirieron a otras cincuenta personas, entre ellas gran número de mujeres y niños, algunos de muy corta edad. Durante los días siguientes otras cinco personas murieron a causa de sus heridas y a muchas tuvieron que amputarles alguna extremidad, entre ellas un niño de cinco años y una viuda con seis hijos.

Entonces, a principios de 1932, se reprimió severamente una huelga anarquista, especialmente en el Alto Llobregat, en Cataluña. Hubo arrestos y deportaciones. Los trabajadores anarquistas y socialistas estaban sencillamente irritados, mientras que la derecha creía que la República solo era sinónimo de caos y violencia. Sin embargo, la necesidad de una reforma era evidente, sobre todo en el sur rural, donde a pesar de las promesas de reforma agraria, las condiciones de vida seguían siendo brutales. Numerosos terratenientes habían declarado la guerra a la coalición republicano-socialista negándose a sembrar los campos.

La respuesta de los grandes propietarios a las medidas reformistas había sido rápida, tanto a nivel nacional como local. Sus redes de prensa se explayaron augurando la maldición que acarrearían las reformas gubernamentales cuando, en realidad, ellos actuaban como si los decretos nunca se hubieran aprobado. Lo que las feroces críticas de las organizaciones patronales omitieron era el hecho de que las medidas socialistas se limitaban a poco más que esperanzas sobre el papel. De hecho, no existía una organización capaz de hacer cumplir los nuevos decretos en los aislados pueblos del sur. Los propietarios seguían disfrutando del poder social que les garantizaba el ser los únicos suministradores de trabajo. La Guardia Civil había sido hábilmente atraída para permanecer leal a las clases rurales altas. Los diputados socialistas del sur se quejaban con regularidad en las Cortes de la incapacidad de los gobernadores civiles para aplicar la legislación gubernamental y obligar a la Guardia Civil a apoyar a los braceros en lugar de a los propietarios.

Durante 1932, la FNTT trabajó duramente tratando de detener la creciente desesperación de sus militantes del sur. Con la reforma agraria en el aire, los propietarios no estaban dispuestos a invertir en sus tierras. De hecho, se hizo caso omiso de la ley de cultivo obligatorio y no se contrató mano de obra para las labores esenciales de la siembra de primavera. Se negaba el trabajo a los braceros porque pertenecían a la FNTT. Y, sin embargo, ésta continuó fiel a su línea de moderación y exhortó a los militantes de base a suavizar su extremismo y a no esperar demasiado de la anunciada reforma agraria. Por desgracia, el estatuto hizo poco, en parte porque sus cautelosas disposiciones habían sido esbozadas para Marcelino Domingo, nuevo ministro de Agricultura, por agrónomos conservadores y abogados terratenientes. Después de un lento debate en las Cortes entre julio y septiembre, se dio paso a la creación de un Instituto de Reforma Agraria para supervisar la parcelación de fincas de más de 22,5 hectáreas. Por tanto, no se hizo absolutamente nada por los pequeños propietarios del norte. Además, las estratagemas usadas por los terratenientes a fin de evitar declarar sus propiedades, junto con el hecho de que las estipulaciones de la Ley de Reforma estuvieron plagadas de pretextos y excepciones, aseguró que tampoco fuese una ayuda para los braceros del sur. Largo lo describió como «una aspirina para curar una apendicitis». Y si no hizo nada por mitigar el fervor revolucionario del campo, aún hizo menos para disipar la hostilidad de los propietarios de derechas hacia la República.

Otra fuente de feroz oposición a la República la constituía el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Como dejaba el control de la administración local al Parlamento catalán, la Generalitat, el Ejército y las clases conservadoras lo consideraban un ataque a la unidad nacional. En las Cortes, un Azaña enérgico tuvo que luchar contra los diputados derechistas. De hecho, el Estatuto de Autonomía, redactado por una coalición encabezada por Francesc Macià, el intransigente nacionalista catalán, estaba lejos del maximalismo esperado por los políticos madrileños, que estaban poco dispuestos a permitir a la Generalitat, y particularmente a Macià, cualquier autonomía real. Consideraban a su partido, la Esquerra, como una coalición efímera y oportunista, cuya viabilidad dependía de los votos de los militantes de la CNT. Esto no impidió que la derecha presentara al gobierno de Azaña como totalmente dispuesto a destruir siglos de unidad española.

Con todo, la religión continuó siendo el arma más potente del arsenal de la derecha y en cierta medida ello era debido a la imprudencia de los republicanos y los socialistas. En efecto, la justificación de la hostilidad general contra la República era fácil de encontrar en varias manifestaciones de anticlericalismo. Dada la asociación histórica de la Iglesia con los elementos más reaccionarios de la sociedad española, a los cuales legitimaba, no era difícil comprender la intensidad del anticlericalismo popular. Sin embargo, los católicos corrientes se llevaron grandes disgustos a causa de muchas medidas que no atacaban a la Iglesia institucional, sino más bien a los rituales compartidos que tanta importancia tenían en gran parte de la vida provincial. Se prohibió a las autoridades municipales hacer aportaciones económicas a la Iglesia o sus festividades. En muchas villas y pueblos la prohibición de celebrar procesiones religiosas fue una provocación gratuita. Las procesiones que llegaban a celebrarse chocaban a menudo con las nuevas festividades laicas. En Sevilla, el miedo a ser atacadas empujó a más de cuarenta de las cofradías tradicionales a no participar en la procesión de Semana Santa. Muchos cofrades, aunque no todos, eran militantes de Acción Popular y de la carlista Comunión Tradicionalista. Su gesto hizo que se popularizara la frase «Sevilla la mártir» a pesar de que las autoridades republicanas hicieron todos los esfuerzos posibles para que la procesión tuviera lugar. El asunto fue manipulado políticamente para fomentar la hostilidad a la República creando la impresión de que existía persecución religiosa.

En enero de 1932 los cementerios de la Iglesia pasaron a ser competencia de los municipios. Hubo casos de alcaldes de izquierdas que cobraron impuestos a los entierros católicos o prohibieron por completo los cortejos fúnebres. El Estado reconocía solo el matrimonio civil, por lo que las parejas que se casaban por la Iglesia tenían que pasar por el registro civil. Debido a la supresión de los crucifijos en las escuelas y de las imágenes religiosas en los hospitales públicos, así como a la prohibición de tocar las campanas, los católicos corrientes veían un enemigo en la República. Hubo muchos ejemplos de alcaldes izquierdistas que cobraron un impuesto local por tocar las campanas con el fin de que la Iglesia contribuyera a la asistencia social. Los roces por motivos de religión, tanto en el nivel local como en el nacional, crearon un clima que a los políticos de derechas les fue fácil explotar. La atribución de las ambiciones reformistas de la República a un siniestro complot extranjero de signo judeo-masónico-bolchevique iba acompañada de las afirmaciones de que debía destruirse y exterminar a sus partidarios.

En efecto, la derecha pronto demostró que no tendría escrúpulos en utilizar la violencia para cambiar la trayectoria de la República. A los oficiales del Ejército, enfurecidos por las reformas militares y el Estatuto de Autonomía, se unieron los conspiradores monárquicos para persuadir al general José Sanjurjo de que el país estaba al borde de la anarquía y que estaban preparados a sublevarse bajo su mando. El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 en Sevilla. Mal planeado, fue fácilmente derrotado, en esa misma ciudad, por una huelga general de la CNT, la UGT y los trabajadores comunistas, y en Madrid, donde el gobierno, previamente alertado, acorraló rápidamente a los conspiradores. En cierto modo, ese ataque a la República por parte de uno de los héroes del viejo régimen, un general monárquico, benefició al gobierno al generar una ola de fervor republicano. La facilidad con que la sanjurjada —nombre con que se conoce el fiasco— fue extinguida, permitió al gobierno generar el suficiente entusiasmo parlamentario para hacer aprobar en las Cortes la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto catalán, en el mes de septiembre. No obstante, entre los que apoyaron el golpe estaban los mismos derechistas que habían tomado parte en los asesinatos del Parque de María Luisa en 1931. Pronto quedarían en libertad y estarían a tiempo de repetir sus hazañas en 1936.

El prestigio del gobierno se encontraba en su cota más alta, pero la situación era menos favorable de lo que parecía. La «sanjurjada» mostró la hostilidad con que el Ejército y la extrema derecha contemplaban a la República. Además, mientras la coalición gubernamental se derrumbaba, la derecha reorganizaba sus fuerzas. Este proceso se vio reforzado por el insurreccionalismo de la CNT. La prensa derechista no hacía distinciones sutiles entre la CNT, la UGT y la FNTT. Aunque la CNT consideraba la República «tan repugnante como la monarquía», se culpaba de sus huelgas e insurrecciones a la coalición republicano-socialista, que de hecho trabajaba duramente para controlarlas. Sin embargo, mientras en los pueblos la extrema derecha se contentaba con dedicarse a la censura general del desorden, los miembros más perspicaces de la burguesía rural —que habían encontrado un puesto en el Partido Radical— espolearon la hostilidad de la CNT hacia los socialistas para romper el vínculo existente entre las diferentes organizaciones obreras. El ejemplo más dramático de este proceso tuvo lugar como resultado de la huelga revolucionaria de ámbito nacional convocada por la CNT para el 8 de enero de 1933, y sus sangrientas repercusiones en la localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. En las condiciones de lock-out existentes en 1932, cuatro de cada cinco trabajadores de Casas Viejas estaban sin empleo durante gran parte del año, dependiendo de la caridad, de trabajos ocasionales en obras públicas y del merodeo por la zona en busca de espárragos silvestres y conejos. Su desesperación, avivada por el alza del precio del pan, aseguró el 11 de enero una respuesta entusiasta a la anterior llamada de la CNT a la revolución. Su dubitativa proclamación del comunismo libertario desembocó en una represión violenta en la que murieron veinticuatro personas.

La prensa derechista al principio se frotó las manos, felicitando a las fuerzas del orden, pero pronto se dio cuenta de cómo podía explotar la situación. La consiguiente campaña de desprestigio, en la que los periódicos de la derecha clamaron que la República era tan bárbara, injusta y corrupta como los regímenes anteriores, consiguió desmoralizar a la coalición republicano-socialista. Las tareas del gobierno se vieron virtualmente paralizadas. Aunque los socialistas apoyaron lealmente a Azaña, quien llevó el peso del abuso derechista en Casas Viejas, el incidente anunciaba la muerte de la coalición al simbolizar el fracaso del gobierno en su pretensión de resolver el problema agrario. En adelante, en el ámbito local, la FNTT iba a ser más beligerante y su actitud se reflejó en el seno del Partido Socialista en forma de rechazo a colaborar con los republicanos. Mientras tanto, los anarquistas avivaban el ritmo de sus actividades revolucionarias y los Radicales de Lerroux, siempre ávidos de poder, se escoraron cada vez más a la derecha e iniciaron una política de obstrucción en las Cortes.

La violencia latente en el ámbito local se transmitió a la política nacional, donde se desarrolló progresivamente la hostilidad entre el PSOE y la recién creada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). El nuevo partido, resultado de la fusión de Acción Popular y al menos cuarenta grupos derechistas más, fue obra de José María Gil Robles. En su discurso de clausura en el congreso fundacional en Madrid, en febrero de 1933, dijo al público:

Los católicos cuando el orden social está en peligro, deben unirse para defenderlo y salvar eficazmente los principios de la civilización cristiana… Iremos juntos a la lucha, cueste lo que cueste… Estamos ante una revolución social. En el panorama político de Europa veo solo la formación de grupos marxistas y antimarxistas. Eso ocurre en Alemania y también en España. Ésa es la gran batalla que tendremos planteada este año.

Más tarde, ese mismo día, en otro mitin en Madrid, dijo que no veía nada malo en pensar en el fascismo para curar los males de España. Los socialistas estaban convencidos de que la CEDA seguramente desempeñaría un papel fascista en España, acusación, solo casualmente desmentida por el partido católico. El sector mayoritario del PSOE, liderado por Largo Caballero, empezó a pensar que si la burguesía democrática era incapaz de detener el auge del fascismo, correspondía a la clase obrera la búsqueda de formas políticas diferentes con las que defenderse a sí misma.

Mientras tanto, a lo largo de 1933, la CEDA fue extendiendo el descontento con respecto a la República en los círculos agrarios. Gil Robles se especializó en declaraciones de doble filo y recrudeció el miedo de los socialistas ante el fascismo. Weimar se citaba constantemente como un ejemplo para la derecha y una advertencia para la izquierda; no era difícil encontrar paralelos entre las repúblicas alemana y española. La prensa católica aplaudía la destrucción nazi de los movimientos socialistas y comunistas alemanes. El nazismo gozaba de gran admiración por parte de la derecha española debido a su valoración de la autoridad, la patria y la jerarquía —tres preocupaciones centrales de la propaganda de la CEDA—. Todavía más preocupante era que, como justificación de las tácticas legalistas en España, El Debate argumentara que Hitler había llegado al poder por la vía legal; dicho periódico comentaba con frecuencia la necesidad de que en España hubiera una organización como aquéllas que en Alemania e Italia habían destruido la izquierda e insinuaba que Acción Popular y la CEDA podían tener esa función.

Tal era la atmósfera general cuando en noviembre se convocaron elecciones. En contraste con 1931, esta vez la izquierda acudió a las urnas dividida. Por su parte, la derecha fue capaz de llevar a cabo una campaña unida y, en líneas generales, belicosa. Gil Robles había regresado de la campaña de Nuremberg y parecía estar fuertemente influenciado por lo que había visto. En efecto, la campaña electoral de la CEDA demostró que Gil Robles había aprendido bien la lección; decidido a ganar a cualquier precio, el comité electoral de su grupo impulsó la formación de un único frente antimarxista y antirrevolucionario. Así pues, su grupo no tuvo escrúpulos en acudir a las elecciones en coalición con grupos catastrofistas como Renovación Española y los carlistas o, en otras provincias, los cínicos y corruptos Radicales.

La derecha invirtió una considerable cantidad de dinero en la campaña electoral. Los fondos electorales de la CEDA eran muy cuantiosos gracias a las generosas donaciones de hombres como Juan March, el millonario enemigo de la República. El clímax de la campaña se produjo en un discurso que Gil Robles pronunció en Madrid. Su tono permitía imaginar claramente a la izquierda lo que para ellos iba a significar una victoria de la CEDA:

Es necesario ir a la reconquista de España… Se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria… Es necesario, en el momento presente, derrotar implacablemente al socialismo… Hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes… Hay que ir al Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa si nos cuesta hasta derramar sangre!… Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos… Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer.

Los socialistas, que habían decidido acudir a las elecciones por su cuenta, no pudieron competir con la masiva campaña propagandística organizada por la derecha. Gil Robles dominó la campaña de la coalición derechista de la misma forma que Largo Caballero la socialista, emulando el extremismo radical de su oponente. Al declarar que únicamente la dictadura del proletariado podría llevar a cabo el imprescindible desarme económico de la burguesía entusiasmó a sus seguidores, pero supuso una provocación para la derecha y contribuyó a justificar su agresiva postura.

Los argumentos del moderado Indalecio Prieto de que el PSOE debía mantener su alianza electoral con los republicanos de izquierda eran descartados por los sectores más radicales del partido liderado por Largo Caballero. Su imposición de la decisión de ir solos a las elecciones fue irresponsable; culpaban simultáneamente a los republicanos de izquierda de todas las deficiencias de la República y asumían confiadamente que todos los votos que en 1931 habían dado la victoria a la coalición republicano-socialista irían a parar al PSOE. De hecho, la coalición abarcaba desde las clases medias hasta los anarquistas. Los Radicales se encontraban ahora situados a la derecha, y después de Casas Viejas la hostilidad de los anarquistas hacia la República aseguraba su abstención. Los socialistas estaban cometiendo un fatal error táctico ya que la ley electoral existente favorecía las coaliciones y la CEDA estaba dispuesta a aliarse con quien fuera, lo que tuvo como resultado que se necesitara el doble de votos socialistas que de votos derechistas para elegir un diputado. Los resultados electorales significaron una amarga derrota para los socialistas, que solamente obtuvieron 58 escaños. Después de los pactos locales entre la CEDA y los Radicales, diseñados para aprovecharse de la ley electoral, los dos partidos acabaron obteniendo 115 y 104 diputados respectivamente. La derecha había recuperado el control del aparato del Estado, y estaba decidida a utilizarlo para desmantelar las reformas de los dos años precedentes. Sin embargo, durante ese tiempo se habían creado tales expectativas que podía preveerse la violencia popular cuando la derecha hizo retroceder el reloj a la época anterior a 1931.

III. Enfrentamiento y conspiración: 1934-1936

III

Enfrentamiento y conspiración: 1934-1936

Durante los dos años siguientes, conocidos como el «bienio negro», la política española vivió una aguda polarización. Las elecciones de noviembre de 1933 habían entregado el poder a una derecha decidida a vengar las injurias e indignidades que consideraba haber sufrido durante el período de las Cortes Constituyentes. Y esto hacía el conflicto inevitable, pues si los trabajadores y los campesinos se habían desesperado ante la ineficacia de las reformas de 1931 y 1932, la ascensión al poder de un nuevo gobierno dedicado a destruir aquellas reformas debía provocar, forzosamente, una respuesta violenta. A finales de 1933 el 12 por ciento de la fuerza de trabajo en España se encontraba sin empleo y, en el sur, las cifras se elevaban hasta el 20 por ciento. Los patronos y los terratenientes celebraron la victoria recortando salarios, despidiendo a trabajadores, expulsando a los arrendatarios y subiendo los alquileres. Incluso antes de que el nuevo gobierno tomara posesión, la legislación social quedó descaradamente ignorada.

La rabia de los socialistas no conocía límites. Su propio error táctico al no pactar con los republicanos había contribuido crucialmente a su derrota electoral; sin embargo, el PSOE estaba convencido de que las elecciones habían sido fraudulentas. Respecto al sur, tenía buenas razones para considerar que el abuso de poder de los caciques sobre los braceros hambrientos había arrebatado a los socialistas no pocos escaños, ya que en las zonas rurales con alto índice de desempleo había sido fácil conseguir votos con la promesa de puestos de trabajo o la amenaza de despidos. Grupos de secuaces armados al mando de los caciques impidieron que los candidatos socialistas celebraran algunos mítines y constituyeron una presencia amenazante cerca de las urnas electorales de cristal el día de las elecciones. En el conjunto de España, el PSOE —con un millón y medio de votos— había obtenido 58 diputados en las Cortes, y los 800 000 votos de los Radicales habían recibido como premio 104 escaños. Según los cálculos elaborados por el PSOE, la coalición de partidos de la derecha obtuvo 3 345 504 votos y 212 escaños, con 15 780 votos por escaño, mientras una desunida izquierda recibió 3 375 432 votos y solo 99 escaños con 34 095 votos por escaño. En algunas zonas del sur —Badajoz, Córdoba y Málaga, por ejemplo— el margen de la victoria derechista era suficientemente pequeño como para ser producto del fraude electoral. La amargura de los militantes ante la cínica unión de los radicales con la CEDA y la pérdida de las elecciones de manera injusta dio lugar rápidamente a un sentimiento de consternación por la ofensiva sin límites de los patronos. El resentimiento popular era aún mayor por la moderación y el espíritu de autosacrificio que, entre 1931 y 1933, habían caracterizado a la política socialista. Ahora, en respuesta a las exigencias de sus militantes, la dirección del PSOE empezó a adoptar una táctica de retórica revolucionaria. Con ello esperaba en vano asustar lo suficiente a la derecha como para frenar su beligerancia y persuadir al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de que convocara nuevas elecciones.

Aunque no estaba dispuesto a llegar tan lejos, Alcalá Zamora no llamó a Gil Robles a formar gobierno, pese a que, sin llegar a la mayoría absoluta, la CEDA era el partido con mayor representación en las Cortes. El presidente desconfiaba del dirigente católico y suponía que abrigaba la intención, más o menos fascista, de establecer un Estado autoritario y corporativo. Así pues, Alejandro Lerroux, dirigente del segundo partido en representación numérica, fue nombrado primer ministro. Al depender de los votos de la CEDA, los Radicales estaban condenados a comportarse como marionetas. Como compensación a una política social muy dura que beneficiaba los intereses de los votantes más ricos de la CEDA, se toleró que los Radicales gozaran del tráfico de influencias gubernamental. Los socialistas estaban atónitos; Largo Caballero estaba convencido de que en el Partido Radical había elementos que «… si no han estado en la cárcel merecerían estarlo». Una vez llegados al gobierno, los Radicales crearon una oficina para organizar la venta de privilegios estatales, monopolios, concesiones de contratas, licencias, etc. Desde el punto de vista del PSOE, los Radicales eran los defensores menos idóneos de los principios básicos de la República frente a los asaltos de la derecha.

No obstante, la primera protesta obrera violenta llegó de las filas anarquistas. Con irresponsable ingenuidad, el 8 de diciembre de 1933 convocaron un levantamiento general. Pero el gobierno había sido informado de los planes anarcosindicalistas y declaró de inmediato el estado de emergencia; se arrestó a los líderes de la CNT y de la FAI, se implantó la censura de prensa y se clausuraron los locales sindicales. En áreas tradicionalmente anarquistas como Aragón, La Rioja, Cataluña, Levante y parte de Andalucía y Galicia, se produjeron huelgas esporádicas, hicieron descarrilar algunos trenes y asaltaron los cuarteles de la Guardia Civil. El movimiento fue rápidamente dominado en Barcelona, Madrid y Valencia, pero en la capital aragonesa, Zaragoza, la insurrección tomó proporciones más serias. Los obreros levantaron barricadas, asaltaron edificios públicos y se enzarzaron en una dura batalla callejera contra las fuerzas del orden. La respuesta del gobierno fue enviar al Ejército, que necesitó cuatro días de lucha, y la ayuda de carros blindados para aplastar la revuelta.

Incidentes violentos en los que estuvo involucrada la CNT distrajeron la atención del creciente problema de la desnutrición en las provincias del sur. Era consecuencia no solo de la determinación de los terratenientes de rebajar los salarios y negarse a dar empleo a los trabajadores sindicados, sino también de las importantes subidas de los precios de los artículos imprescindibles. El gobierno radical había suprimido el control del precio del pan y se había producido un aumento de entre el 25 y el 70 por ciento. Las manifestaciones de mujeres, niños y ancianos hambrientos que pedían pan pasaron a ser frecuentes. La propagación del hambre en el sur también se reflejó en la intensificación de la combatividad en el seno de la FNTT, el principal sindicato del ramo. Su presidente, el moderado Lucio Martínez Gil, fue sustituido por uno de los seguidores más radicales de Largo Caballero, Ricardo Zabalza Elorza. Así pues, a finales de 1933 los líderes socialistas se encontraban ante una creciente oleada de combatividad de las masas que era resultado tanto de la ofensiva de los patronos como de su propia sensación de amargura ante lo que consideraban una injusta derrota electoral. Largo Caballero reaccionó intensificando sus amenazas revolucionarias, aunque su retórica vehemente no corría pareja con ninguna intención revolucionaria seria. El suyo era un revolucionarismo verbal que tenía por objeto satisfacer las aspiraciones de las bases y a la vez presionar a Alcalá Zamora para que convocase nuevas elecciones. Era un juego peligroso, ya que si el presidente no sucumbía a dichas presiones, los socialistas tendrían que escoger entre redoblar sus amenazas o perder credibilidad entre sus propios militantes. La situación resultante de ello solo podía beneficiar a la CEDA.

Con un dócil gobierno radical en el poder, el éxito de la táctica accidentalista de Acción Popular difícilmente podía haber sido más clamorosa. El catastrofismo sufrió un eclipse momentáneo. Sin embargo, la extrema derecha seguía desconfiando de la táctica democrática de Gil Robles y continuaba preparándose para un asalto violento, los carlistas almacenaban armas y entrenaban sus milicias, los Requetés, en el norte. En la primavera de 1934 Fal Conde, secretario del Movimiento Tradicionalista, recorrió Andalucía reclutando voluntarios. En el mes de marzo, una representación del Partido Carlista y del partido monárquico alfonsino, Renovación Española, liderado por Antonio Goicoechea, visitó a Mussolini, quien prometió dinero y armas para un alzamiento. Ambos grupos estaban convencidos de que incluso un gobierno fuerte de derechas no constituía una garantía adecuada a largo plazo para sus intereses, ya que estaría sometido a los caprichos del electorado en una República aún democrática. En mayo de 1934, el líder monárquico, más activo y carismático, José Calvo Sotelo, volvió a España después de un exilio de tres años para retomar el liderazgo de Antonio Goicoechea. Desde ese momento, la prensa monárquica, además de acusar a Gil Robles de debilidad, empezó a hablar de la conquista del Estado como la única vía segura para la creación de un nuevo régimen autoritario y corporativo.

El propio Gil Robles tenía problemas para controlar a sus seguidores. Su movimiento juvenil, la Juventud de Acción Popular (JAP), mostraba una evidente fascinación por los ejemplos de Alemania e Italia. Se convocaron grandes concentraciones al estilo fascista, en las que Gil Robles fue vitoreado con los gritos de «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!» (el equivalente español de Duce), con la esperanza de que iniciara una «marcha sobre Madrid» y conquistara el poder. Entretanto, las esperanzas de los monárquicos se fueron centrando progresivamente en el grupo abiertamente fascista de José Antonio Primo de Rivera, la Falange Española, como fuente potencial de tropas de choque contra la izquierda. La Falange había sido fundada en octubre de 1933 con ayudas monárquicas. Por su condición de terrateniente y aristócrata, y por sus bien conocidas ideas sociales, José Antonio Primo de Rivera representaba para las clases dominantes la garantía de que el fascismo español no escaparía a su control, como había sucedido en el caso de sus equivalentes alemán e italiano. La Falange Española se fusionó en 1934 con las pronazis Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista de Ramiro Ledesma Ramos, convirtiéndose en Falange Española de las JONS. Siempre falto de recursos, durante el período republicano el partido no pasó de ser un pequeño grupo estudiantil que predicaba una forma utópica de revolución nacionalista violenta. El culto a la violencia del líder falangista facilitó la desestabilización de la política de la Segunda República. Sus milicias con camisa azul, con el saludo romano y sus gritos rituales de «¡Arriba España!» y «¡España! ¡Una!». «¡España! ¡Grande!», «¡España! ¡Libre!» imitaban a los modelos nazi y fascista. Desde 1933 hasta 1936, Falange Española de las JONS funcionó como carne de cañón de la alta burguesía, provocando desórdenes callejeros y contribuyendo a generar una anarquía que, exagerada por la prensa derechista, se utilizó para justificar el alzamiento militar. Su importancia radicaba en la aportación de su vandalismo político a la creación de una espiral de tensión, cuyo continuo agravamiento finalmente desembocó en la Guerra Civil.

La izquierda era muy consciente de todos estos acontecimientos y estaba firmemente decidida a evitar correr la misma suerte de las izquierdas alemana y austríaca. A lo largo de 1934 se produjo un número cada vez mayor de refriegas callejeras entre elementos izquierdistas y derechistas, y lo que entretanto sucedía en el ámbito de la política ortodoxa no contribuía a calmar los ánimos. Lerroux dimitió en abril, después de que Alcalá Zamora hubiera dudado en firmar una amnistía para reintegrar a los oficiales implicados en la intentona golpista de Sanjurjo de 1932. Socialistas y republicanos consideraron que esta medida del gobierno era una indicación al Ejército de que tenía permiso para alzarse contra él siempre que se sintiera disconforme con la situación política. La izquierda ya estaba alarmada ante la dependencia manifiesta del gobierno de los votos de la CEDA, ya que Gil Robles seguía negándose a prestar juramento de lealtad a la República. Además, había afirmado claramente que cuando consiguiera el poder cambiaría la Constitución, de modo que la izquierda empezó a considerar necesaria una acción enérgica para impedir que llevara a cabo sus planes. De hecho, aun cuando Gil Robles no tuviera intención de llegar tan lejos como pensaba la izquierda, maniobró de tal modo que dio la impresión de que el gobierno Radical, respaldado por los votos de la CEDA, pretendía desmantelar la República progresista y reformista que se había creado en 1931.

En este contexto era difícil para la dirección del PSOE contener a sus militantes. Largo Caballero tendía a incitar la impaciencia revolucionaria de las masas. Si bien su retórica fue ovacionada en repetidas ocasiones por éstas, no era explícita y se basaba, en gran parte, en tópicos marxistas. En sus discursos de principios de 1934 no se hacía ninguna referencia concreta al panorama político de entonces, ni se especificaba ningún calendario para la futura revolución. Entretanto, a lo largo de 1934 se intensificó la presión de los militantes a favor de la radicalización del movimiento socialista, especialmente por parte de su movimiento juvenil, la Federación de Juventudes Socialistas (FJS), y su organización en Madrid, la Agrupación Socialista Madrileña. Esto generó importantes divisiones internas en el PSOE. El ala derecha del partido, dirigida por el catedrático de lógica Julián Besteiro, intentó diversas tácticas para frenar el proceso de bolchevización que se estaba dando en el interior del PSOE. El único resultado fue la hostilidad vehemente que le profesaron los jóvenes radicales. El centro, liderado por el siempre pragmático Indalecio Prieto, se amoldó a regañadientes a la táctica revolucionaria, por lealtad de partido. Los jóvenes seguidores de Largo Caballero pasaron a dominar el partido y la UGT, mientras las distintas organizaciones del movimiento socialista caían en sus manos en rápida sucesión.

Así pues, la tensión política fue creciendo a lo largo de 1934. En el mes de marzo, los anarquistas llevaron a cabo una huelga de cuatro semanas en Zaragoza para protestar contra los malos tratos dados a los presos del levantamiento de diciembre. Entonces, la CEDA llevó a cabo una acción siniestra al convocar una gran concentración de su movimiento juvenil, las JAP. La elección del lugar, el monasterio de El Escorial, erigido por Felipe II, constituía un gesto a todas luces antirrepublicano. Bajo una torrencial aguanieve, unas veinte mil personas representaron una réplica exacta de los mítines nazis, juraron lealtad a Gil Robles, «nuestro supremo Jefe», y corearon el «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!». Recitaron el programa de diecinueve puntos de las JAP, con un énfasis especial en el punto 2 («Nuestros jefes nunca cometen errores»), tomado directamente de los italianos fascistas. Un diputado de la CEDA declaró que España tenía que ser defendida «de los judíos, herejes, masones, liberales y marxistas». Otro, el diputado por Zaragoza, Ramón Serrano Súñer, cuñado del general Franco y, más tarde, arquitecto del Estado nacional-sindicalista que resultó de la Guerra Civil, denunció la «democracia degenerada». El clímax de la concentración fue el discurso de Gil Robles. Su agresiva arenga fue recibida con aplausos delirantes y prolongados gritos a coro de «¡Jefe!». «Somos un ejército de ciudadanos dispuestos a dar la vida por nuestro Dios y nuestra España —gritó—. El poder vendrá pronto a nuestras manos…; nadie podrá impedir que imprimamos nuestro rumbo a la gobernación de España».

Los jóvenes revolucionarios de la FJS estaban convencidos de que Gil Robles se proponía apoderarse del gobierno para acabar con la República. Los diferentes gobiernos radicales no consiguieron evitar la sospecha de que ellos eran tan solo el caballo de Troya de Gil Robles. Éste, con repetidas amenazas de retirarles su apoyo parlamentario y quejándose de que el gobierno era demasiado liberal, provocó una serie de crisis gubernamentales, y como resultado el Consejo de Ministros fue adquiriendo matices cada vez más conservadores. Cada vez que esto sucedía, Lerroux, desesperado por permanecer en el gobierno, obligaría a los elementos más liberales de su partido a abandonarlo, cosa que hacían, acompañados de amigos de ideas similares, por lo que los que permanecían en sus filas dependerían aún más de los caprichos de la CEDA. Después de la primera remodelación del gobierno, en marzo de 1934, Gil Robles encontró un ministro radical que iba a gozar de su plena confianza: Rafael Salazar Alonso, ministro del Interior y representante de los agresivos terratenientes de Badajoz. Una de las primeras cosas que hizo fue llamar al inspector general de la Guardia Civil, el general de brigada Cecilio Bedia de la Cavallería, y decirle claramente que sus fuerzas no debían andarse con miramientos al reprimir conflictos sociales. Aunque Lerroux resistió la tentación de declarar ilegales todas las huelgas, dio una gran alegría a la derecha al anunciar que las que tuvieran connotaciones políticas serían sofocadas sin contemplaciones. Tanto a ojos de la CEDA como de Salazar Alonso todas las huelgas eran políticas. En la primavera y el verano de 1934 provocó una serie de huelgas que le permitieron acabar uno a uno con los sindicatos más poderosos, empezando en marzo con el de los impresores. La determinación de los radicales y la CEDA de minar los más firmes apoyos de la República se hizo patente cuando el gobierno se enfrentó sucesivamente con los catalanes y los vascos.

La simpatía mostrada por las Cortes Constituyentes hacia las aspiraciones autonómicas sufrió entonces una transformación en favor de una política derechista con tendencias centralistas. Así sucedió en especial con respecto a Cataluña pues, a diferencia del resto de España, estaba gobernada por un partido auténticamente republicano, la Esquerra, presidida por Lluís Companys. En abril, Companys aprobó una reforma agraria, la Ley de Contratos de Cultivos, medida para proteger a los arrendatarios del desahucio por parte de los propietarios y otorgarles el derecho a comprar la tierra que habían cultivado durante dieciocho años. Los terratenientes y el partido conservador catalán, la Lliga, que se oponían a esta ley, protestaron ante el gobierno de Madrid con el apoyo de la CEDA. Lo que no estaba claro era el derecho del gobierno central a intervenir en este asunto. Presionado por la CEDA, el gobierno Radical llevó el problema ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyos miembros eran mayoritariamente de derechas. Y el 8 de junio, el Tribunal se pronunció, por escasa mayoría, contra la Generalitat. Companys, no obstante, siguió adelante y ratificó la ley. Entretanto, el gobierno suprimió los conciertos económicos con el País Vasco y, en un intento de silenciar las protestas, prohibió sus elecciones municipales. Un centralismo tan descarado no podía sino confirmar los temores de la izquierda respecto al rápido giro de la República hacia la derecha.

A lo largo del verano los problemas se agravaron. Los trabajadores del campo padecían unas condiciones muy duras debido a la actitud cada vez más agresiva por parte de los patronos, facilitada enormemente por la anulación en mayo de la Ley de Términos Municipales. Estaba a punto de comenzar la época de las cosechas, y esto permitió a los patronos traer trabajadores gallegos y emigrantes portugueses para trabajar por salarios más bajos que los vigentes en la localidad. Las defensas del proletariado rural estaban cayendo rápidamente ante el asalto de la derecha. El último vestigio de protección con que contaban los jornaleros de izquierda para sus trabajos y salarios era el que les proporcionaba la mayoría socialista de muchos ayuntamientos de pueblos y ciudades. Para los trabajadores rurales los alcaldes socialistas constituían la única esperanza de obligar a los terratenientes a observar la legislación social o de que los fondos públicos municipales se emplearan para obras públicas que proporcionaran algún empleo. Radicales como Salazar Alonso los habían ido eliminando sistemáticamente bajo pretextos como «irregularidades administrativas». Alonso ordenó a los gobernadores civiles que destituyeran a los alcaldes «donde no se tuviera la confianza en el alcalde para el mantenimiento del orden público», lo cual se refería generalmente a los socialistas.

Después de un tormentoso debate en el seno de la FNTT, Ricardo Zabalza empezó a abogar por una huelga general con el fin de poner coto a la ofensiva patronal. Militantes más maduros de la UGT se opusieron a lo que, a su modo de ver, era una iniciativa temeraria que, además, podía desperdiciar la combatividad de los trabajadores y mermar con ello la posibilidad de una defensa futura contra los intentos de instaurar un estado corporativista reaccionario. La cosecha estaba lista para ser recogida en diferentes momentos según las regiones, por lo que la elección de una sola fecha para la huelga causaría problemas de coordinación. Asimismo, una huelga general, a diferencia de una huelga limitada a los latifundios, perjudicaría a los arrendatarios y aparceros que necesitaban contratar a uno o dos trabajadores. Existía también el peligro de que las provocaciones de los terratenientes y la Guardia Civil empujaran a los trabajadores a enfrentamientos violentos de los que por fuerza saldrían perdiendo. No obstante, bajo la presión extrema de unas bases hambrientas y empujadas de forma intolerable por las provocaciones constantes de los caciques y la Guardia Civil, la FNTT convocó una serie de huelgas que debían desarrollarse en estricto cumplimiento de la ley.

Pese a que las acciones huelguísticas apenas podían considerarse revolucionarias, Salazar Alonso no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de asestar un golpe a la organización numéricamente más importante de la UGT. Sus medidas fueron rápidas y drásticas. A las pocas semanas de hacerse cargo del Ministerio de la Gobernación, en diversos encuentros con el jefe de la Guardia Civil, el general Bedia de la Cavallería, y el director general de Seguridad, José Valdivia, ya había trazado planes concretos para la represión de una huelga de aquel tipo. Por consiguiente, justo cuando empezaban a hacerse realidad las esperanzas de Zabalza de llegar a un acuerdo por medio de negociaciones entre la FNTT y los ministros de Agricultura y Trabajo, Salazar Alonso promulgó un decreto que criminalizaba las acciones de la FNTT al declarar que la cosecha era un servicio público nacional, y la huelga, un «conflicto revolucionario». En todas partes hubo arrestos masivos de personas liberales y de izquierda, incluidos cuatro diputados socialistas, lo que suponía una flagrante violación de los artículos 55 y 56 de la Constitución. Varios miles de campesinos fueron cargados en camionetas a punta de fusil, trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares y abandonados sin alimentos ni dinero, para que buscasen por su cuenta la forma de regresar. Se cerraron los locales sindicales y muchos consejos municipales fueron destituidos para ser reemplazados por personas nombradas por el gobierno. Aunque la mayoría de los trabajadores arrestados pronto fueron puestos en libertad, los líderes obreros más destacados fueron condenados a cuatro o más años de prisión. Se clausuraron muchas Casas del Pueblo y, en la práctica, la FNTT quedó desmantelada hasta 1936. En una desigual batalla, la FNTT había sufrido una terrible derrota, y, en las zonas rurales, Salazar Alonso había conseguido efectivamente hacer retroceder el calendario hasta los años veinte.

La política de represalias empezó a generar un ambiente, si no de guerra civil inminente, al menos de una gran belicosidad. La izquierda veía al fascismo detrás de cada acción de la derecha, y la derecha olfateaba la revolución en cada movimiento de la izquierda. Las Cortes eran testigo de violentos discursos, y llegó un momento en que salieron a relucir las pistolas. En las calles había tiroteos entre las juventudes socialistas y falangistas. Juan Antonio Ansaldo, conocido aviador y playboy monárquico, se había unido a la Falange en primavera para organizar las escuadras terroristas. Se desbarató un plan para derribar la Casa del Pueblo de Madrid cuando la policía descubrió un enorme escondite de armas y explosivos. Las acciones de las cuadrillas falangistas provocaron represalias por parte de los supuestos revolucionarios de la FJS. Los ataques del gobierno a la autonomía regional y la creciente actitud amenazante de la CEDA estaba conduciendo a los socialistas a acariciar la idea de un alzamiento revolucionario para evitar la destrucción de la República.

Las JAP llevaron a cabo otra concentración el 9 de septiembre, esta vez en Covadonga (Asturias), punto de origen de la Reconquista de la España de los musulmanes. Era claramente un símbolo de agresión guerrera, presagio del uso de la violenta imaginería cruzada de la reconquista que los franquistas harían después de 1936. Gil Robles se expresó en términos violentos sobre la necesidad de aniquilar la rebelión separatista de los nacionalistas catalanes y vascos. Deleitándose en la adulación de las masas reunidas de las JAP, el «Jefe supremo» se regodeó en un arrebato de retórica patriótica, apelando a la exaltación del nacionalismo «… con locura, con paroxismo, con lo que sea; prefiero un pueblo de locos a un pueblo de miserables». Detrás de una pasión aparentemente espontánea, se escondía una determinación a sangre fría de provocar a la izquierda. Gil Robles era consciente de que la izquierda le consideraba un fascista e intentaba evitar la llegada al poder de la CEDA, aunque confiaba en que la izquierda no estuviera en posición de triunfar en un intento revolucionario. Los preparativos para la revolución de los jóvenes socialistas habían consistido, en gran parte, en pícnics dominicales en la Casa de Campo de Madrid practicando maniobras militares de amateurs, sin armas. Salazar Alonso no había tenido dificultad en confiscar los escasos revólveres y rifles que habían sido adquiridos mediante caros contactos con traficantes de armas sin escrúpulos. Gracias a delatores dentro del PSOE o a los mismos traficantes, cuando, con posterioridad, la policía registraba las casas de los militantes socialistas y las Casas del Pueblo, parecían saber exactamente dónde se ocultaban las pistolas, detrás de tabiques o bajo el suelo. La adquisición de armas más importante fue llevada a cabo por Prieto. Encargadas inicialmente por exiliados de la dictadura portuguesa que no pudieron pagar por ellas, las armas fueron embarcadas en Asturias en el acorazado Turquesa. En un extraño incidente, el cargamento cayó en manos de la policía, aunque Prieto pudo escapar. Solo en Asturias las masas de trabajadores locales estaban armadas por medio de robos en pequeñas fábricas de armas locales y sacando dinamita de las minas.

El 26 de septiembre, la CEDA inició una crisis al anunciar que no iba a apoyar durante más tiempo a un gobierno minoritario. El nuevo gabinete de Lerroux, anunciado avanzada la noche del 3 de octubre, incluía a tres ministros de la CEDA. A la izquierda le pareció el primer paso hacia la imposición del fascismo en España. La reacción de las fuerzas republicanas fue áspera. Azaña y otros líderes republicanos denunciaron la maniobra e incluso el conservador Miguel Maura rompió las relaciones con el presidente. Los socialistas estaban paralizados por las dudas; esperaban que las amenazas de revolución hubieran bastado para que Alcalá Zamora convocara nuevas elecciones. El día 4, la UGT daba al gobierno un plazo de veinticuatro horas para una huelga general pacífica. Los socialistas esperaban que el presidente cambiaría de idea, pero solo consiguieron dar tiempo a la policía para que arrestara a líderes obreros. En muchas partes de España la huelga fue un fracaso debido, en gran parte, a la rápida acción del gobierno que declaró el estado de guerra y al llamar al Ejército para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos.

En Barcelona los acontecimientos fueron más dramáticos; en un intento de burlar a los nacionalistas catalanes extremistas y seriamente preocupado por cómo se desarrollaban las cosas en Madrid, Companys declaró el estado independiente de Cataluña «dentro de la República Federal de España». Era una protesta contra lo que se veía como la traición fascista a la República. La CNT se mantuvo al margen porque veía la Esquerra como un partido meramente burgués. De hecho, la rebelión de la Generalitat quedó condenada al fracaso cuando Companys se negó a armar a los trabajadores. Su moderación, pareja a la del general Batet, comandante general al mando de la región militar catalana (o IV División Orgánica), evitó un baño de sangre. El general Batet empleó el sentido común y la moderación al devolver la autoridad al gobierno central. Ordenó a sus hombres que fueran «sordos, mudos y ciegos» ante cualquier provocación. Al impedir así un posible baño de sangre, incurrió en las iras de Franco, que dirigía la represión desde Madrid. Franco había enviado buques de guerra a bombardear la ciudad, así como tropas de la Legión Extranjera. Batet hizo caso omiso de la recomendación de Franco de usar la Legión para aplicar un castigo salvaje a los catalanes y de esta forma logró que el número de bajas fuese mínimo. Al evitar la violencia ejemplar que Franco consideraba esencial, Batet estaba preparando el terreno para su propia ejecución por parte de los franquistas durante la Guerra Civil española.

El único lugar en que la protesta de la izquierda en octubre de 1934 no fue barrida con facilidad fue Asturias; allí la participación espontánea de los militantes empujó a los dirigentes locales del PSOE a adherirse a un movimiento revolucionario, la Alianza Obrera, organizado conjuntamente por la UGT, la CNT y, posteriormente, los comunistas. Los líderes socialistas locales de los mineros sabían que sin el apoyo del resto del país la huelga estaba condenada al fracaso, pero optaron por permanecer al lado de sus bases. El ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, había confiado a Franco la dirección extraoficial de las operaciones. Le nombró «consejero» suyo y le utilizaba como jefe oficioso del Estado Mayor a fuerza de marginar a sus propios colaboradores y firmar obedientemente las órdenes que redactaba Franco. La decisión del ministro fue de todo punto comprensible. Franco conocía muy bien Asturias, su geografía, sus comunicaciones y su organización militar. Había estado destinado allí y había participado en la sofocación de la huelga general de 1917, amén de visitar con regularidad la región desde su matrimonio con una asturiana, Carmen Polo. Lo que gustó mucho a la derecha española fue que Franco respondiese a los mineros sublevados de Asturias como si fueran las recalcitrantes tribus de Marruecos.

Para este fin, Franco trajo a los curtidos mercenarios del Ejército colonial español de África. Libre de las consideraciones humanitarias que hacían que oficiales más liberales titubeasen en utilizar todo el peso de las Fuerzas Armadas contra civiles, Franco contemplaba el problema que tenía delante con la misma implacabilidad glacial en que se habían basado sus victorias en las guerras coloniales. Los mineros organizaron una comuna revolucionaria con transporte, comunicaciones, servicios hospitalarios y distribución de alimentos, pero disponían de pocas armas. La mayor parte disponían solo de dinamita, y fueron reducidos tanto por la artillería pesada como por los bombardeos aéreos. La Legión Extranjera cometió atrocidades, mató a muchas mujeres y niños, y cuando cayeron Gijón y Oviedo, las principales ciudades asturianas, el Ejército llevó a cabo ejecuciones sumarias entre los izquierdistas.

Franco hizo el siguiente comentario frívolo a un periodista: «La guerra de Marruecos, con los Regulares y el Tercio, tenía cierto aire romántico, un aire de reconquista. Pero esta guerra es una guerra de fronteras, y los frentes son el socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan la civilización para reemplazarla por la barbarie».

La revolución de Asturias demostró a la izquierda que solo podía efectuar el cambio empleando medios legales. También demostró a la derecha que su mejor probabilidad de impedir el cambio residía en los instrumentos de violencia que proporcionaban las Fuerzas Armadas. En ese sentido, señaló el fin de la República. Para Gerald Brenan, se trataba de «la primera batalla de la Guerra Civil». El conflicto no acabó con la derrota de los mineros. Como dijo su dirigente, Belarmino Tomás, la rendición era simplemente «un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto surménage». No podía haber vuelta atrás. La Revolución de Octubre había aterrorizado a las clases media y alta que, motivadas por el miedo, llevaron a cabo una venganza que hizo que la izquierda sacara la conclusión de que debía unirse otra vez para obtener el poder por la vía electoral. En efecto, tras los sucesos de octubre el movimiento socialista quedó seriamente diezmado. La represión desencadenada tras la insurrección fue verdaderamente brutal; en Asturias, los prisioneros fueron torturados, miles de trabajadores encarcelados y prácticamente toda la ejecutiva de UGT fue a parar a la prisión. La prensa socialista fue silenciada.

Durante los quince meses siguientes no se hizo nada para apaciguar los rencores suscitados por la revolución y la consiguiente represión. Pese al propósito tan aireado por la CEDA de vencer a la revolución a través de un programa de reformas sociales, los proyectos para una moderada reforma agraria y para la reforma fiscal se vieron derrotados por la intransigencia de la derecha. Por ejemplo, Manuel Giménez Fernández, ministro de Agricultura cedista, tropezó con la resentida oposición de su propio partido ante sus planes tibiamente reformistas. Se le acusó de ser un «bolchevique blanco». Solo querían oír hablar del castigo a los rebeldes de octubre. Gil Robles pidió «la inflexible aplicación de la ley». Companys fue condenado a treinta años de prisión. Miles de prisioneros políticos seguían en las cárceles. Se montó una atroz campaña de desprestigio contra Azaña, en un infructuoso intento de hacerle culpable de los preparativos de la revolución en Cataluña. El Estatuto de Autonomía catalán quedó suspendido.

Cuando la CEDA no consiguió que se castigara con la pena de muerte a dos dirigentes socialistas asturianos, tres de sus ministros presentaron la dimisión. Gil Robles reanudaba así su táctica de provocar crisis de gabinete a fin de debilitar a los Radicales, pues deseaba avanzar hacia la jefatura del gobierno, de forma sibilina. A principios de mayo, se vio recompensado cuando Lerroux incluyó en la recomposición de su gobierno a cinco cedistas, incluido el propio Gil Robles como ministro de la Guerra. Se abrió un período de clara reacción; los terratenientes disminuyeron los salarios en un 50 por ciento, y en las zonas rurales se impuso el orden por la fuerza. Gil Robles depuró el Ejército de oficiales leales a la República y nombró a conocidos enemigos del régimen para cargos de responsabilidad —Francisco Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor General, Manuel Goded inspector general y Joaquín Fanjul subsecretario de Guerra—. Mediante varias iniciativas, como la reorganización de los regimientos, la mecanización del Ejército y la modernización del equipo, Gil Robles continuó las reformas de Azaña y preparó de manera eficaz al Ejército para el papel que debía desempeñar en la Guerra Civil.

Como respuesta a la intransigencia de la derecha, también la izquierda se reforzó e incrementó su unidad y su beligerancia. En la cárcel, los presos políticos estudiaban literatura revolucionaria. Fuera de la cárcel, la miseria económica de gran número de campesinos y obreros, la salvaje persecución de los rebeldes de octubre y los ataques a Manuel Azaña se conjugaron hasta generar una atmósfera solidaria entre todos los grupos de la izquierda. Después de su salida de prisión, Azaña e Indalecio Prieto, que se encontraba exiliado en Bélgica, iniciaron una campaña para asegurar que no se repitieran las divisiones que habían causado la derrota electoral de 1933. Azaña trabajó con empeño en la reunificación de los diversos pequeños grupos republicanos, mientras Prieto se esforzaba en contrarrestar el extremismo revolucionario de la izquierda socialista dirigida por Largo Caballero. En la segunda mitad de 1935, Azaña protagonizó una serie de gigantescos mítines de masas en Bilbao, Valencia y Madrid. El entusiasmo por la unidad de la izquierda demostrado por los cientos de miles de asistentes venidos de toda España para asistir a los «Discursos en campo abierto» contribuyó a convencer a Largo Caballero de que debía modificar su actitud de oposición a lo que pronto sería el Frente Popular. Al mismo tiempo, los comunistas, alentados por el deseo de Moscú de aliarse con las democracias occidentales y temerosos de quedar excluidos, utilizaron también su influencia con Largo Caballero en favor del Frente Popular. Sabían que, para dar al Frente el tono proletario que él deseaba, Largo insistiría en su presencia. De este modo, los comunistas encontraron su espacio en un frente electoral que, en España, contrariamente a las proclamas de la propaganda derechista, no era una creación de la Internacional Comunista sino el resurgimiento de la coalición republicano-socialista de 1931. La izquierda y el centro-izquierda cerraron filas sobre la base de un programa de amnistía para los presos políticos, reformas básicas sociales y educativas, y libertad para los sindicatos.

Cuando a la táctica de Gil Robles de erosionar los sucesivos gobiernos Radicales se añadió el descubrimiento de dos escándalos graves que salpicaron a seguidores de Lerroux, los Radicales se encontraron al borde del colapso. El líder de la CEDA dio por sentado que sería llamado a formar gobierno. Sin embargo, Alcalá Zamora desconfiaba de las convicciones democráticas de Gil Robles. Después de todo, tan solo unas semanas antes, sus jóvenes seguidores de las JAP habían revelado abiertamente los objetivos de su táctica legalista en unos términos que recordaban la actitud de Goebbels respecto a las elecciones de 1933 en Alemania: «Con las armas del sufragio y de la democracia, España debe disponerse a enterrar para siempre el cadáver putrefacto del liberalismo. La JAP no cree en el sufragio universal ni en el parlamentarismo ni en la democracia». Es indicio de las sospechas de Alcalá Zamora respecto a Gil Robles el hecho de que, a lo largo de toda la crisis política subsiguiente, tuviera el Ministerio de la Guerra rodeado por la Guardia Civil, y mantuviera bajo vigilancia especial a las principales guarniciones y los aeropuertos. Gil Robles, ofendido y desesperado, investigó las posibilidades de llevar a cabo un golpe militar. Los generales consultados, Fanjul, Goded, Varela y Franco opinaron que, dada la fuerza mostrada por la resistencia obrera durante los sucesos de Asturias, el Ejército no estaba suficientemente preparado para un golpe.

Se convocaron nuevas elecciones para el mes de febrero. No sorprende que la campaña se desarrollara en medio de un clima exaltado. Ya a finales de octubre, Gil Robles había encargado un completo arsenal de folletos y carteles de propaganda nazi y antimarxista para utilizarlos como modelo del material publicitario de la CEDA. Desde el punto de vista práctico, la derecha disfrutaba de una enorme superioridad sobre la izquierda, pues sus posibilidades financieras para la campaña sobrepasaban espectacularmente los exiguos fondos de sus oponentes. La CEDA hizo imprimir 10 000 carteles y 50 millones de folletos, que presentaban las elecciones como una lucha a vida o muerte entre el bien y el mal, la supervivencia o la destrucción. El Frente Popular basó su campaña en la amenaza del fascismo, los peligros a los que se enfrentaba la República y la necesidad de amnistiar a los presos de la Revolución de Octubre. Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron una victoria por estrecho margen al Frente Popular en cuanto a votos, pero un masivo triunfo en cuanto a poder en las Cortes.

La izquierda había ganado, a pesar de la enorme suma de dinero que la derecha gastó en propaganda —un voto de la derecha costó cinco veces más que uno de la izquierda—. Además, todos los ardides tradicionales de la argucia electoral se habían utilizado en beneficio de la derecha. Dado que los resultados de las elecciones representaban una inequívoca afirmación de la voluntad popular, fueron tomados por muchos derechistas como prueba de la inutilidad del legalismo y el accidentalismo. El salvaje comportamiento de la derecha durante los dos años anteriores, conocidos como el «bienio negro», hacían pensar en la improbabilidad de que se repitiera el error táctico de la izquierda de 1933. Había llegado la hora de los catastrofistas. Las secciones juveniles de la CEDA y muchos de los seguidores más adinerados del movimiento se convencieron de inmediato de la necesidad de asegurar por la violencia lo que no era posible obtener mediante la persuasión. Las elecciones marcaron el punto de inflexión de la CEDA en su intento de utilizar a la democracia en contra de sí misma. Esto significaba que, en adelante, la derecha iba a preocuparse más de destruir a la República que de asumir el mando. La conspiración militar había empezado.

Hubo una vuelta casi instantánea al cierre patronal rural de 1933 y a una nueva agresión por parte de los industriales. Las clases trabajadoras rural e industrial eran igualmente militantes, y estaban resueltas en procurarse algún desagravio por la represión antisindical del «bienio negro». Desamparado en medio del conflicto, el gobierno permanecía débil y paralizado. De hecho, el factor decisivo en la primavera de 1936 fue la fatal debilidad del gobierno del Frente Popular. La debilidad no solo nació de la hostilidad de la derecha, sino más aún del hecho de que no representaba en términos reales la coalición electoral que lo había colocado en el poder. Por tanto, era consecuencia de la ambigüedad de las actitudes del PSOE hacia la República tras las decepciones de 1931-1933 y el sufrimiento del «bienio negro». Mientras que Prieto estaba convencido de que la situación requería la colaboración socialista en el gobierno, Largo Caballero, temeroso de un desplazamiento de los militantes hacia la anarcosindicalista CNT, insistió en que los republicanos gobernaran en solitario. Creía ingenuamente que los republicanos debían llevar a cabo el programa electoral del Frente Popular hasta que alcanzaran sus limitaciones burguesas. Así, en su escenario imaginario, se verían obligados a hacerse a un lado y dejar paso a un gobierno enteramente socialista. Utilizó su enorme influencia para impedir la participación en el gobierno del más realista Prieto. Por tanto, solo los republicanos se sentaron en el gobierno.

La intención revolucionaria de Largo Caballero nunca fue más que verbal, pero su retórica era suficiente para intensificar los miedos de las clases medias, ya aterrorizadas por la propaganda derechista y los crecientes niveles de desórdenes callejeros. En el sur, las manifestaciones a favor de la amnistía para los presos de 1934 se convertían con frecuencia en actos de vandalismo contra las iglesias y las propiedades de los ricos. La tarea de pacificación y reconciliación a la que se enfrentó Azaña fue inmensa, dado el fermento de odio que habían dejado los dos años anteriores. El 9 de marzo, pistoleros falangistas atacaron en Granada a un grupo de obreros y a sus familias, hiriendo a muchas mujeres y niños. Al día siguiente, durante una huelga de protesta, se incendiaron los cuarteles locales de la Falange y Acción Popular, las oficinas del periódico derechista Ideal y dos iglesias. El 12 de marzo, pistoleros falangistas trataron de asesinar a Luis Jiménez de Asúa, artífice de la Constitución. El 16 de marzo, la casa de Largo Caballero fue tiroteada por otro escuadrón de terror derechista. El gobierno de Azaña apenas podía dar abasto ante los problemas a los que se enfrentaba. Al amable ministro de la Gobernación, Amós Salvador, le faltaba voluntad para controlar la espiral de provocación y represalias. Mientras Azaña siguiera siendo primer ministro aún podía mantenerse la autoridad del gobierno.

Por desgracia, en abril y mayo iban a darse una serie de acontecimientos que dieron credibilidad a la opinión de que el más maligno de los destinos presidía la suerte de España. Con el fin de fortalecer el equipo de gobierno, Azaña y Prieto maniobraron para sustituir al más conservador Alcalá Zamora de la presidencia, ya que constantemente se entrometía en la labor del gobierno y tenía poca simpatía por Azaña. Prácticamente no contaba con el apoyo de la izquierda, que no olvidaba que había permitido la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934, ni de la derecha, que no le perdonaba que no le hubiera pedido a Gil Robles que fuera primer ministro a finales de 1935. El 7 de abril, en las Cortes, Azaña y Prieto se unieron para someterle a un proceso de incapacitación por haberse excedido en sus poderes constitucionales al disolver las Cortes. La destitución de Alcalá Zamora parecía abrir una puerta a la posibilidad de salvar las dificultades causadas por la hostilidad de Largo Caballero hacia la participación socialista en el gobierno. Prieto y Azaña poseían suficiente habilidad y popularidad para estabilizar la tensa situación de la primavera de 1936. Con uno como primer ministro y el otro como presidente, podría haber sido posible mantener un ritmo de reforma suficiente para satisfacer la militancia izquierdista mientras se castigara con decisión la conspiración y el terrorismo derechistas.

Con la esperanza de situar un equipo fuerte a la cabeza del Estado republicano, ninguno de los dos consideró las consecuencias de no lograr liderar el gobierno. La primera parte del plan funcionó, pero no así la segunda. Azaña fue nombrado presidente el 10 de mayo e, inmediatamente, le pidió a Prieto que formara gobierno. Éste tenía planes detallados para reformas sociales y para tomar enérgicas medidas contra la extrema derecha. Sin embargo, necesitaba el apoyo de Largo Caballero, que controlaba numerosas secciones del movimiento socialista —era presidente de la UGT, de la mayor sección del partido, la Agrupación Socialista Madrileña y también de la minoría socialista en las Cortes que dirigía con mano de hierro—. Prieto se enfrentó a sus compañeros parlamentarios en dos ocasiones —el 11 y el 12 de mayo—. Sabía que cuando apoyase a Azaña para la presidencia, Largo Caballero y sus seguidores se negarían a aceptar un gobierno bajo su mando. Prieto podría haber formado gobierno con el respaldo de los republicanos y una tercera parte de los diputados socialistas. No obstante, cuando se enfrentó a la posibilidad de dividir el partido al que había dedicado toda su vida, no pudo hacerlo. Era, en el mejor de los casos, una mezcla de debilidad y decencia; en el peor, de derrotismo e irresponsabilidad. Azaña había sido reemplazado en el gobierno y tuvo un débil sustituto, su amigo Santiago Casares Quiroga. Largo Caballero seguía confiando ingenuamente en que si el traspaso de poder de un gobierno exclusivamente republicano a otro exclusivamente socialista, que él consideraba inevitable, provocaba un alzamiento fascista y/o militar, sería derrotado por la acción revolucionaria de las masas.

Las consecuencias no podían haber sido peores. Se perdía a un primer ministro perspicaz y enérgico. Para empeorar las cosas, al asumir la presidencia Azaña se apartaba cada vez más de la política diaria. Le complacían enormemente sus funciones ceremoniales, la restauración de monumentos y palacetes y ser un mecenas del arte. El nuevo primer ministro, Casares Quiroga, enfermo de tuberculosis, difícilmente podía ser el hombre capaz de ejercer el liderazgo necesario para tales circunstancias.

En cuanto se conocieron los resultados electorales, enardecidas masas de trabajadores salieron a las calles pidiendo venganza por el hambre y los recortes salariales sufridos durante el bienio negro y por la brutal represión que siguió a la insurrección de Asturias. De todos modos, los desastres naturales intensificaron la miseria social del sur. Tras la sequía de 1935, el año 1936 se inició con fuertes tormentas que malograron las cosechas de aceituna, trigo y cebada. El desempleo seguía creciendo y los resultados electorales habían elevado las esperanzas de los braceros hasta un punto de ebullición. Durante el mes de marzo, el sindicato socialista de trabajadores de la tierra, la FNTT, incitó a sus afiliados a tomar al pie de la letra las promesas del nuevo gobierno respecto a una rápida reforma. En Salamanca, Toledo, Córdoba y Jaén, los campesinos ocuparon fincas, robaron aceitunas o cortaron los árboles. Las ocupaciones de tierras más importantes tuvieron lugar en Badajoz. En Yeste, en la provincia de Albacete, la Guardia Civil mató a diecisiete campesinos e hirió a muchos otros que estaban recogiendo leña en tierras que habían sido comunales hasta que en el siglo XIX pasaron a propiedad privada mediante subterfugios legales. En general, lo que más alarmó a los terratenientes fue la firmeza de los campesinos, de quienes esperaban que se comportaran con servilismo y que ahora veían agresivamente decididos a no quedar excluidos de la reforma agraria, como había sucedido entre 1931 y 1933. Muchos se retiraron a Sevilla o a Madrid, e incluso a Biarritz o a París, donde se unieron a las conspiraciones ultraderechistas contra la República, las financiaron o, simplemente, permanecieron a la espera de noticias.

Muchos sectores de la sociedad de derechas ansiaban dar marcha atrás a las reformas asociadas con la República española. Esto se vio con la mayor claridad en las zonas rurales donde la República había despertado esperanzas que amenazaban el orden social que prevalecía en ellas. Lo mismo ocurrió con las concesiones que hizo la República a los nacionalismos regionales y que desataron el centralismo de los militares, y los esfuerzos de los republicanos por acabar con los monopolios educacional y religioso de que gozaba la Iglesia católica. Un cambio que inició la República y que fue menos dramático en sus efectos inmediatos pero, pese a ello, despertó una hostilidad profundamente arraigada fueron las medidas que apuntaban a la emancipación de la mujer. La República dio mucho a las mujeres y la victoria de Franco en la Guerra Civil les quitaría aún más.

En los cinco años y cuarto que transcurrieron antes de que la reacción de la derecha culminara en el golpe militar del 18 de julio de 1936, la reforma cultural y educacional había transformado las vidas de muchos españoles, en particular de las mujeres. Antes de 1931 el sistema jurídico español era asombrosamente retrógrado; a las mujeres no les estaba permitido firmar contratos, administrar negocios o propiedades o casarse sin correr el riesgo de perder el empleo. La Constitución republicana de diciembre de 1931 les dio los mismos derechos jurídicos que a los hombres, permitiéndoles votar y presentarse a las elecciones y legalizando el divorcio. La presión a favor del sufragio de la mujer no la había ejercido un movimiento femenino de masas, sino una minúscula elite de mujeres cultas y algunos políticos progresistas, sobre todo en el Partido Socialista. Por tanto, estas leyes fueron tachadas de «impías» por una mayoría de mujeres católicas en las que influían sus sacerdotes. Al mismo tiempo, la derecha tuvo mucho más éxito que la izquierda en lo que se refería a movilizar a favor de su causa a las votantes recién emancipadas. No obstante, en el período que va de 1931 a 1936, las mujeres, tanto las de izquierdas como las de derechas, fueron movilizadas política y socialmente como nunca había ocurrido hasta entonces. Tomaron parte en campañas electorales, comités sindicales, manifestaciones de protesta y en el sistema de educación, tanto por medio de la inmensa expansión de la escolarización primaria como de la apertura de las universidades.

A pesar de ello, los hombres siguieron predominando en la vida pública. La mujer que cometía la temeridad de asomar la cabeza desde el parapeto y meterse en el territorio patriarcal de la política era acusada de fresca y de ahí a ser vista como una puta había solo un corto paso, como les ocurrió tanto a Margarita Nelken como a Dolores Ibárruri. Semejante misoginia prevalecía menos en el ambiente más cosmopolita de la izquierda en Madrid y Barcelona, aunque ni siquiera allí era raro. En la derecha la independencia femenina estaba muy mal vista. Cuanto más lejos de la metrópoli, más agudo era el problema.

Había muy pocas diputadas incluso en la izquierda y el centroizquierda. De hecho, de los 1004 diputados de las tres Cortes republicanas de 1931, 1933 y 1936, solo diez eran mujeres. Una de ellas, Dolores Ibárruri, era comunista; cinco —Margarita Nelken, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano y Veneranda García Blanco y Manzano— eran socialistas. Dos eran republicanas de centro-izquierda, Victoria Kent y Clara Campoamor. Solo dos mujeres obtuvieron un escaño en la derecha, Ángeles Gil Albarellos y Francisca Bohigas Gavilanes, ambas de la católica CEDA. Es de notar que tres de las nueve, Dolores Ibárruri, Matilde de la Torre y Veneranda García Blanco y Manzano, representaban a los distritos mineros de Asturias. Al estallar la guerra, el papel político de las mujeres aumentaría muchísimo, como, inevitablemente, haría la correspondiente y violenta determinación de los hombres derechistas de volver atrás.

No fue solo en las zonas rurales donde las clases altas y medias temieron que la marea creciente de la violencia «roja» estuviera a punto de inundar la sociedad. El fracaso de la CEDA en asegurarse el éxito electoral significaba el fin de la moderación. La derecha transfirió sus esperanzas de Gil Robles al más beligerante José Calvo Sotelo, dirigente del grupo monárquico. No obstante, el «Jefe» de la CEDA, convencido de que la vía legal al corporativismo estaba bloqueada, hizo lo posible para ayudar a quienes estaban comprometidos con la violencia. Ya había hecho una incalculable contribución a la creación de una militancia de masas derechistas —y más tarde haría alarde de ello—. Sus esfuerzos por bloquear y desmantelar después las reformas contribuyeron a desgastar la fe de los socialistas en las posibilidades de la democracia burguesa. En ese momento puso los fondos electorales de la CEDA a disposición del director de la conspiración militar, el general Emilio Mola. La hora de Gil Robles había pasado y nada pudo mostrar con mayor claridad el cambio de guión que el espectacular auge de la Falange. Sacando partido de la desilusión de las clases medias respecto al legalismo de la CEDA, la Falange se expandió rápidamente. Además, atraídos por su dedicación a la violencia, los militantes de la JAP se afiliaron en masa.

Los piquetes de terror falangistas, entrenados en la lucha callejera y en los atentados continuaron trabajando duro para crear un ambiente de desorden que justificara la imposición de un régimen autoritario. Contribuyeron así a una escalada de violencia irracional que imposibilitó todo debate racional. En ningún otro momento de la vida de la Segunda República hubo mayor necesidad de un gobierno fuerte y decidido. Los jóvenes activistas de derecha y de izquierda luchaban en las calles. Los conspiradores militares trabajaban para derribar la República. Prieto, al igual que otros, se dio cuenta de que cualquier intento de cambio social revolucionario solo conseguiría exasperar a las clases medias y empujarlas hacia el fascismo y la contrarrevolución armada. Por el contrario, estaba convencido de que la respuesta ante tal situación era restablecer el orden y acelerar las reformas. Su plan consistía en alejar de los puestos de mando a los oficiales militares poco fiables, disminuir el poder de la Guardia Civil y desarmar a las escuadras de terror fascistas. También estaba impaciente por iniciar grandes obras públicas, planes de riego y de viviendas, y por acelerar el ritmo de la reforma agraria. Se trataba de un proyecto que, seguido con energía y voluntad, podía haber evitado la Guerra Civil. Sin embargo, Largo Caballero se había asegurado de que los planes de Prieto no pudieran llevarse a la práctica.

En efecto, mientras Prieto aconsejaba cautela, Largo Caballero hizo exactamente lo contrario. Intoxicado por los halagos comunistas —Pravda le había bautizado como el «Lenin español»— dio la vuelta a España profetizando el triunfo inevitable de la inminente revolución ante muchedumbres de trabajadores exaltados. Su más cara ambición era unificar al conjunto de los trabajadores bajo el control socialista. Dadas sus presidencias de la UGT, de la Agrupación Madrileña del PSOE y de la minoría socialista en las Cortes, se encontraba en una posición excelente para llevar a cabo esta política. Sin embargo, Largo cometió un ingenuo error; convencido de que estaba avanzando un paso hacia la realización de su sueño de unificar a las clases trabajadoras bajo la hegemonía del PSOE, consintió en la fusión de los movimientos juveniles socialistas y comunistas. Los comunistas aceptaron contentos que el movimiento juvenil nuevamente unificado llevara un nombre que daba la impresión de una toma de poder socialista —Juventudes Socialistas Unificadas—. De hecho, el nuevo movimiento cayó rápidamente bajo el dominio de los más dinámicos comunistas. Esto significaba la consiguiente pérdida de 40 000 jóvenes socialistas de la FJS hacia el PCE. Desde hacía tiempo, Santiago Carrillo, líder de la FJS, había entablado relaciones con Moscú. Dado que había empezado ya a asistir a reuniones del Comité Central del Partido Comunista, es difícil creer que no se hubiera pasado ya del PSOE al PCE.

Sin embargo, es dudoso que Largo Caballero fuera una sola vez sincero en sus afirmaciones revolucionarias. Pragmático, siempre preocupado por promover los intereses de los afiliados de la UGT, Largo solía dirigir desde atrás y a secundar las tendencias dominantes en la militancia, no tanto por convicción como por la determinación de no quedar desfasado. Pese a toda la retórica empleada, la única arma real de que disponía la izquierda a principios de 1936, la huelga general revolucionaria, nunca fue utilizada. Por el contrario, cuando Joaquín Maurín, uno de los líderes del cuasitrotskista POUM, planteó en abril una propuesta seria de revolución, fue tachado de utópico peligroso por los seguidores de Largo Caballero. En definitiva, las discrepancias entre Largo y Prieto debilitaron a la República. El ala izquierda del partido solía pontificar acerca de la agonía del capitalismo y el triunfo inevitable del socialismo, y Prieto —no sin motivo— consideraba esas afirmaciones como provocaciones insensatas. De hecho, la disciplina de partido funcionaba de tal manera que contribuyó a la estabilidad del gobierno republicano. Sin embargo, los desfiles del Primero de Mayo, los saludos con el puño cerrado, la retórica revolucionaria y los violentos ataques a Prieto asustaron lo suficiente a muchos elementos de las clases medias como para decidirles a la acción como único medio de evitar su perdición.

De hecho, los socialistas estaban atrapados en un auténtico dilema. Prieto creía que un gobierno reformista fuerte era la única respuesta a las amenazas contra la República desde la derecha. Sin embargo, en esa época nada en la actitud de la derecha permitía suponer que abandonaría voluntariamente la conspiración militar a cambio de nada que no fuera una política social similar a la efectuada por la coalición Radical-CEDA en 1934 y 1935. Después de la experiencia de las Cortes Constituyentes, Largo Caballero estaba convencido de que una coalición republicano-socialista como la que Prieto propugnaba sería incapaz de llevar adelante las medidas necesarias. Esta división de opiniones, exacerbada por la animosidad personal entre Largo y Prieto, paralizó eficazmente la iniciativa política del movimiento socialista. En consecuencia, y debido también a la ineficiencia de Casares Quiroga, el hecho de que el partido más fuerte del Frente Popular no estuviera en condiciones de participar activamente utilizando el aparato de Estado para defender la República adquiría aún mayor gravedad. El nuevo primer ministro no era la persona adecuada para afrontar los problemas existentes. Sometido en las Cortes a un ataque constante por parte de una derecha furibunda, acosado por la destrucción del orden público protagonizada por la Falange y los anarquistas y desgastado por la falta de apoyo socialista, Casares parecía, no obstante, infravalorar la gravedad de la situación. Negó importancia a las advertencias de Prieto acerca de la conspiración militar con el comentario ofensivo: «No toleraré sus salidas menopáusicas».

El gobierno no podía impedir que la política degenerara en conflicto abierto. Mientras se colocaran bombas y se asesinara a funcionarios públicos, no podía haber compromiso. En las Cortes, la violencia de los discursos de José Calvo Sotelo o de la combativa comunista Dolores Ibárruri (conocida como la Pasionaria) subrayaban la imposibilidad de cualquier acuerdo. El hecho de que la Falange interrumpiera los mítines de la CEDA y las Juventudes Socialistas atacaran a los seguidores de Prieto también dejaba patente la radicalización. Mientras Largo Caballero anunciaba vanas profecías sobre la revolución, Calvo Sotelo predicaba en términos apasionados y convincentes una contrarrevolución violenta. El propósito de sus discursos era impedir todo intento de reconciliación entre los moderados de ambos bandos. Como los debates parlamentarios eran recogidos íntegramente y sin censura por la prensa, Calvo Sotelo insistía en la denuncia del desorden —provocado muchas veces por falangistas subvencionados por su propio partido— con el fin de convencer a las clases medias de la necesidad de una insurrección militar. Durante la primavera de 1936, Calvo Sotelo proporcionó al Ejército una teoría de la acción política e inculcó en las masas derechistas la sensación de que necesitaban hacer frente urgentemente a la doble amenaza del «comunismo» y el «separatismo», ambos supuestamente consustanciales a la República. Sus intervenciones provocaban peleas en las Cortes. En una ocasión le llamó pigmeo a un diputado socialista, quien le invitó a salir del hemiciclo para que peleasen en la calle tildándole de «chulo». En otra, después de declararse fascista, Calvo Sotelo formuló una inconfundible invitación al Ejército al decir: «Sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía».

De hecho, varios generales ya habían decidido que debían arrebatar el poder de las manos de un gobierno que era incapaz de detener lo que consideraban la ruptura de España por obra de los separatismos regionales, y que era responsable de una política que estaba minando la estructura de la sociedad. Por tanto, decidieron que había llegado la hora de la aparición de un «cirujano de hierro» al estilo de Primo de Rivera. El Alto Mando militar de 1936, enfrentado al caos del Frente Popular —caos orquestado por sus aliados derechistas—, no iba a tener escrúpulos que impidiesen su intervención en la política. Los generales veteranos que podían recordar el desastre de Cuba —hombres de la generación de Primo de Rivera, como los generales José Sanjurjo y Gonzalo Queipo de Llano— habían ido desarrollando desde entonces un altanero desprecio hacia lo que consideraban la ineptitud de los políticos profesionales. Los generales más jóvenes tenían escasos sentimientos de lealtad hacia un régimen que consideraban meramente transitorio. En todos los niveles existía la convicción de que el Ejército tenía derecho a intervenir en política para defender tanto el orden social como la integridad territorial de España.

La conspiración que condujo al alzamiento del 17 y 18 de julio de 1936 fue mucho más cuidadosamente planeada que cualquier otro golpe anterior; se había aprendido bien la principal lección de la «sanjurjada» del 10 de agosto de 1932 —esto es, que un pronunciamiento ocasional no funciona cuando existe un proletariado dispuesto a utilizar como arma la huelga general—. Emilio Mola, «director» de la conspiración, consideró condición imprescindible para el éxito del golpe el asalto coordinado al mando de las guarniciones de las cincuenta provincias españolas y el rápido aniquilamiento de las organizaciones obreras. En la primera de las instrucciones secretas que dio a sus compañeros de conspiración, en abril de 1936, reconocía la importancia del terror. Declaraba: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas».

Los preparativos del alzamiento se vieron dificultados por los esfuerzos del gobierno republicano para neutralizar a los generales sospechosos. Franco fue destituido como jefe del Estado Mayor y enviado a las islas Canarias; Goded, destinado a las Baleares; Mola, que estaba al mando del Ejército de África, pasó a la capital navarra, Pamplona. Este último cambio de destino fue imprudente, por no decir algo peor, pues Pamplona era el centro del monarquismo carlista y de su milicia armada, los Requetés. Mola se encontró en un lugar inmejorable para organizar los planes insurreccionales en la península, aunque sus relaciones con los carlistas no estuvieran exentas de fricciones. Inevitablemente, a la cabeza de la conspiración estaba el veterano de las guerras de África y de anteriores intentos de golpe, el general José Sanjurjo. De hecho, Sanjurjo desempeñó un papel fundamental en la consecución de un acuerdo entre Mola y el dirigente carlista Manuel Fal Conde. José Antonio Primo de Rivera, a quien habían encarcelado a mediados de marzo en un intento de controlar la Falange, se mostraba más prudente, pero accedió a dar apoyo al alzamiento para no dejar aislado a su movimiento. No obstante, el impulso decisivo para la conspiración vino de los oficiales jóvenes que simpatizaban con las ideas autoritarias.

Algunos factores contribuyeron a facilitar la tarea de los conspiradores más de lo previsible. El gobierno seguía haciendo caso omiso de los repetidos avisos que recibía sobre la conspiración. El director general de Seguridad acusó formalmente a Mola, pero no se tomó ninguna medida seria. Tanto Azaña como Casares Quiroga eran singularmente inconscientes del peligro. Poco después de que Casares Quiroga fuera nombrado presidente del Consejo de Ministros, su ayudante militar, el comandante de aviación Ignacio Hidalgo de Cisneros, le informó de las actividades de un grupo de pilotos antirrepublicanos que estaban haciendo acopio de armas y bombas. Hidalgo de Cisneros acompañó luego a Casares Quiroga al retiro de Azaña en el campo para darle cuenta de ello. Azaña le interrumpió diciendo bruscamente que hacer semejantes acusaciones era peligroso. Durante el viaje de vuelta a Madrid, Casares Quiroga dijo: «Después de lo que usted ha presenciado, podrá darse cuenta de lo difícil que es para mí tomar medidas contra los sospechosos».

El 12 de junio Casares Quiroga se entrevistó con el coronel Juan Yagüe, al que había llamado a Madrid debido a los rumores insistentes (y fundados) de que era el jefe efectivo de la conspiración militar en Marruecos. Hidalgo de Cisneros había instado al ministro a aprovechar la oportunidad para retener a Yagüe en Madrid y poner en su lugar a un militar digno de confianza. Casares Quiroga ofreció a Yagüe el traslado a un puesto apetecible en la península o a una agregaduría militar en el extranjero. Yagüe contestó que prefería quemar su uniforme a no poder servir con la Legión. Al terminar la entrevista, que fue larga, Casares Quiroga dijo a Hidalgo de Cisneros: «Yagüe es un caballero, un perfecto militar, tengo la seguridad que jamás hará traición a la República. Me ha dado su palabra de honor y su promesa de militar de que siempre la servirá con lealtad, y los hombres como Yagüe mantienen sus compromisos sin más garantía que su palabra». Al permitir débilmente que Yagüe regresara a Marruecos, Casares Quiroga cometió un gran error político que permitió que la conspiración floreciera entre las guarniciones coloniales.

Tres días después Casares Quiroga agravó su error. El 15 de junio, en el monasterio de Irache, cerca de la ciudad navarra de Estella, Mola había celebrado una reunión secreta con los comandantes de las guarniciones de Pamplona, Logroño, Vitoria y San Sebastián. El alcalde de Estella, al enterarse de ello, dio parte al gobernador civil de Navarra, que apostó unidades de la Guardia Civil alrededor del monasterio. Cuando telefoneó a Casares Quiroga para pedirle más instrucciones el presidente del Consejo de Ministros le ordenó con indignación que retirara a los guardias civiles y dijo: «El general Mola es un leal republicano, que merece, por tanto, respeto de las autoridades».

Transcurrió poco más de una semana antes de que se cometiera un nuevo error, el que se produjo con el aviso curioso del propio general Franco. El 23 de junio de 1936 escribió a Casares Quiroga una carta de una ambigüedad laberíntica, en la que se insinuaba que el Ejército permanecería leal si se le trataba como era debido, insinuando así que era hostil a la República. Lo que implicaba claramente es que solo si Casares le asignaba el puesto adecuado, Franco desbarataría el complot. En esa etapa, Franco ocupaba un puesto de segundón en el escalafón jerárquico de los principales conspiradores. Años más tarde, sus apologistas hicieron correr ríos de tinta intentando explicar su carta, presentándola o bien como una hábil maniobra para desviar las sospechas de Casares, o bien como un último y magnánimo gesto de paz. En cualquier caso, Casares no hizo más caso de Franco que el que había hecho de Prieto. En realidad, la carta había brindado a Casares la oportunidad de neutralizar a Franco, o bien sobornándole, o bien arrestándole. Pero era típico de la despreocupación del presidente del Consejo de Ministros el no hacer ni lo uno ni lo otro.

La carta del general Franco era un ejemplo típico de su «retranca», la cautela socarrona y astuta atribuida a los gallegos. Su deseo de colocarse en el bando vencedor sin correr ningún riesgo importante parecía descartarlo como posible líder carismático. Y sin embargo, por varias razones, Mola y los demás conspiradores estaban poco dispuestos a continuar sin contar con él, pues su influencia en el cuerpo de oficiales era enorme por haber sido durante algún tiempo director de la Academia Militar de Zaragoza, además de jefe del Estado Mayor General en la época de Gil Robles. Tenía, especialmente, un gran prestigio en el Ejército español de Marruecos, la fuerza militar más eficiente y preparada del país en la que había desarrollado su meteórica carrera. Los oficiales «africanistas» le respetaban por su impasible crueldad, así como las tropas moras, porque las numerosas ocasiones en que había escapado milagrosamente de la muerte les habían convencido de que poseía el poder místico de la baraka o invulnerabilidad. El golpe no tenía ninguna posibilidad de éxito sin el Ejército de Marruecos, y Franco era la persona idónea para dirigirlo. Además, el papel que había tenido en la represión de las insurrecciones obreras de Asturias en 1917 y 1934 le había rodeado de una aureola de héroe ante los círculos más histéricos de las clases altas y medias. Y sin embargo, la carta a Casares Quiroga indicaba que a comienzos del verano de 1936 Francisco Franco estaba mucho menos decidido a tomar parte en la conspiración de lo previsto. Prefería esperar entre bastidores, mejorando su estilo de golf y haciendo frustrados esfuerzos por aprender inglés. Sus vacilaciones evasivas hicieron que sus exasperados camaradas le bautizaran con el alias irónico de «Miss Islas Canarias 1936». Sanjurjo llegó a decir que el alzamiento seguiría adelante «con o sin Franquito».

Cuando finalmente decidió sumarse a la insurrección se le asignó una misión importante pero secundaria. El futuro jefe del Estado, una vez que el golpe hubiera triunfado, iba a ser Sanjurjo. También se esperaba que Mola, como director técnico de la conspiración, desempeñara un papel decisivo en la política del régimen vencedor. Después venían una serie de generales, a cada uno de los cuales se asignaba una región. A Franco se le había encomendado Marruecos. Eran varios los generales con un prestigio equiparable al de Franco, en especial Joaquín Fanjul, a quien se había encargado dirigir la sublevación en Madrid, y Manuel Goded, a quien se asignó Barcelona. Además, incluso si Franco hubiera sido el primus inter pares, aunque no quedara postergado detrás de Sanjurjo y Mola en la jerarquía conspiratoria, su futuro en la política después del golpe solo podría desarrollarse a la sombra de los dos políticos carismáticos de la extrema derecha, José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera. Pero tal situación iba a cambiar no solo con una asombrosa rapidez, sino incluso, a los ojos de algunos observadores, con una siniestra simetría.

Las instrucciones relativas al papel que correspondía a Franco en el golpe se cursaron incluso bastante antes de que hubiera confirmado su participación. El 5 de julio el marqués de Luca de Tena, propietario del diario monárquico ABC, dio instrucciones a su corresponsal en Londres, el antipático Luis Bolín, para que alquilara un avión que condujera a Franco de Canarias a Marruecos, donde debía asumir el mando del Ejército de África. Bolín alquiló el De Havilland Dragon Rapide en Croydon, y dio una lista de pasajeros aparentemente de vacaciones para ocultar el objetivo real del viaje. Douglas Jerrold, un inglés católico y derechista, participó en los preparativos. En su autobiografía, relató su contribución a la «salvación del alma de una nación»:

—Comimos en Simpson’s, y De la Cierva nos acompañó.

—Necesito un hombre y tres rubias platino para volar mañana a África.

—¿Tienen que ser realmente tres? —pregunté y al oírlo Bolín se volvió triunfante a De la Cierva:

—Te dije que lo haría.

—Telefoneé a Hugh Pollard:

—¿Podrás volar mañana a África con dos chicas? —le pregunté, y escuché la respuesta que esperaba:

—Depende de las chicas.

El avión despegó de Croydon el 11 de julio y llegó a Casablanca al día siguiente, vía Burdeos. Tres días más tarde aterrizó en el aeropuerto de Gando, cerca de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria.

Mientras tanto, en la península se daban acontecimientos dramáticos. La tarde del 12 de julio pistoleros falangistas habían asesinado a tiros a un oficial de la Guardia de Asalto republicana, el teniente José Castillo. Castillo era el número dos de la lista negra de oficiales republicanos confeccionada por la ultraderechista Unión Militar Española, grupo conspirador de oficiales vinculados a Renovación Española. El primero de la lista, el capitán Carlos Faraudo, ya había sido asesinado. Los enfurecidos compañeros de Castillo replicaron con una represalia violenta e irresponsable; en la madrugada del día siguiente, planearon vengar su muerte asesinando a un político destacado de la derecha. Como no pudieron encontrar a Gil Robles, que estaba veraneando en Biarritz, secuestraron y mataron a Calvo Sotelo. Al atardecer del día 13, Indalecio Prieto encabezó una delegación de socialistas y comunistas que le pidió a Casares que distribuyera armas a los trabajadores antes de que los militares se rebelaran. El primer ministro se negó, aunque no podía ignorar que la situación era entonces, virtualmente, de guerra abierta.

El escándalo político desencadenado tras el descubrimiento del cadáver de Calvo Sotelo fue enorme, y benefició claramente a los conspiradores militares, ya que el asesinato proporcionaba una justificación patente a sus argumentos de que España necesitaba la intervención militar para salvarse de la anarquía. Forzó el compromiso de muchos vacilantes, incluido Franco, e hizo que quedaran disimulados los largos preparativos que habían precedido al golpe del 17 y 18 de julio. También privó a los conspiradores de un líder importante pues, como prestigiosa y cosmopolita figura de la derecha y con una amplia experiencia política, Calvo Sotelo parecía destinado a convertirse en el principal dirigente civil después del golpe. A diferencia de las diversas nulidades que utilizó Franco más tarde, hubiera impuesto su propia personalidad en el Estado de la posguerra. Pero había muerto, y por más que entonces nadie pudiera planteárselo en tales términos, su muerte había eliminado un importante rival político de Franco.

A corto plazo, el asesinato de Calvo Sotelo inyectó una nueva urgencia a los planes para el alzamiento. Franco hubo de enfrentarse a problemas inmediatos que reclamaban prioridad respecto a posibles ambiciones a largo plazo: como comandante militar de las islas Canarias, tenía su cuartel general en Santa Cruz de Tenerife. El Dragon Rapide de Croydon había aterrizado en Gran Canaria, tal vez por su mayor proximidad al continente africano, tal vez por la nubosidad que suele rodear Tenerife, o bien porque se temiera que Franco estuviera sometido a vigilancia. Para viajar de Santa Cruz a Gran Canaria, Franco necesitaba una autorización del ministro de la Guerra. Al parecer su solicitud de una visita de inspección a Gran Canaria fue denegada. La fecha fijada para el alzamiento era el 17 de julio, de modo que Franco debía partir para Marruecos en dicha fecha, a más tardar. Y así lo hizo, aunque a ninguno de sus biógrafos le haya parecido extraño que el Dragon Rapide esperara en Gran Canaria confiando en que Franco conseguiría trasladarse hasta allí. Su llegada, en definitiva, fue resultado de una asombrosa coincidencia o, posiblemente, de un juego sucio.

En la mañana del día 16 de julio, el general Amadeo Balmes, comandante militar de Gran Canaria y excelente tirador, resultó herido de muerte al recibir un balazo en el estómago cuando probaba unas pistolas en un campo de tiro. La historiografía franquista relata el suceso como un accidente trágico, pero feliz por su oportunidad. Para desmentir las sospechas de que Balmes fuera eliminado por miembros del grupo de conspiradores militares, el biógrafo oficial de Franco afirma que el propio Balmes era un destacado participante en el complot. Curiosamente, sin embargo, el nombre de Balmes nunca figuró en el panteón posterior de los «héroes de la Cruzada». Otras fuentes sugieren que Balmes era un oficial leal y que se había resistido a intensas presiones para unirse al alzamiento. Si así fuera, su vida, como las de muchos otros oficiales republicanos, estaba mortalmente amenazada. Hoy es virtualmente imposible afirmar si su muerte fue un accidente, un suicidio o un asesinato. Lo cierto es que murió en el momento exacto que Franco necesitaba con urgencia. Presidir los funerales le proporcionó una excusa perfecta para viajar a Las Palmas el 17 de julio. Se habían planeado sublevaciones coordinadas en todas las provincias españolas para la mañana siguiente. Sin embargo, algunos indicios de que los cabecillas de la conspiración en Marruecos iban a ser detenidos, anticiparon allí la acción a primeras horas de la tarde del día 17 de julio, momento en que se sublevaron las guarniciones de Melilla, Tetuán y Ceuta. En la madrugada del 18 de julio, Franco y el general Luis Orgaz despegaron de Las Palmas. Al llegar a Madrid la noticia de la sublevación en Marruecos, Azaña preguntó a Casares Quiroga qué estaba haciendo Franco y recibió una respuesta que reflejaba una infundada sensación de seguridad: «Está bien guardado en Canarias». Casares llamó por teléfono a su amigo, el distinguido filósofo, profesor Juan Negrín, y le dijo: «Está garantizado el fracaso de la intentona. El gobierno es dueño de la situación. Dentro de poco todo habrá terminado». La Guerra Civil española había comenzado y la República ya estaba en desventaja.

IV. «El mapa de España está sangrando»: Del golpe de Estado a la Guerra Civil

IV

«El mapa de España está sangrando»:

Del golpe de Estado a la Guerra Civil.

Los conspiradores no habían previsto que su sublevación iba a convertirse en una larga guerra civil. Sus planes contemplaban un rápido alzamiento seguido de un directorio militar como el establecido en 1923, y no contaban con la fuerte resistencia de la clase obrera. Sin embargo, solo en algunas zonas había total seguridad en el éxito. De hecho, el triunfo o la derrota del golpe militar siguió la geografía electoral del país. En Pamplona la población carlista transformó el golpe en un festival popular, al invadir las calles con gritos de «¡Viva Cristo Rey!». Las ciudades conservadoras y clericales de León y Castilla la Vieja —Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia y Ávila— cayeron casi sin luchar, aunque los generales Saliquet y Ponte necesitaron 24 horas para vencer a los trabajadores ferroviarios socialistas de Valladolid. Según el Diario de Burgos del 20 de julio, las Guardias de Asalto y Civil se sumaron al Movimiento desde los primeros instantes. En las islas Canarias, la prensa local mostraba un optimismo fuera de lugar, típico de la zona nacionalista en los primeros días de la guerra. En la Gaceta de Tenerife del 21 de julio se anunciaba que José Antonio Primo de Rivera (de hecho, preso en la cárcel republicana de Alicante) marchaba sobre Madrid al frente de una columna de falangistas; que Azaña había sido arrestado en Santander, y que Mola y sus hombres tenían rodeado el edificio del Ministerio de la Gobernación en Madrid.

En las zonas católicas del interior, donde la sublevación había alcanzado un triunfo inmediato, pronto empezó a correr la sangre con la represión general de republicanos de todo tipo. No solo fueron detenidos y fusilados los relativamente escasos anarquistas, comunistas y trotskistas de la región, sino también los socialistas moderados y los republicanos de centro-izquierda. El convencimiento del general Mola de que el terror en la retaguardia desempeñaría un papel crucial se puso de manifiesto de forma descarnada cuando convocó en Pamplona una reunión de todos los alcaldes de la provincia de Navarra y les dijo: «Hay que sembrar el terror… hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquél que ampare u oculte un sujeto comunista o del frente popular, será pasado por las armas». Quienes justificaban su sublevación como una defensa del orden público y de los eternos valores del catolicismo se dieron a una purga salvaje de izquierdistas y masones que, durante más de cuarenta años, iba a dejar un legado latente de odio en el país. Las matanzas no tuvieron lugar solo en las zonas donde hubo resistencia. Cabe destacar que en lugares donde el golpe militar triunfó inmediatamente las muertes violentas se contaron por miles. En las tres bases de ultramar —las islas Canarias, Ceuta y Melilla— los sublevados mataron a 2768 personas; en Galicia, a 3000; en Zamora, a 3000; en Valladolid, a 3430, y en Navarra, a 2789.

Fuera de las zonas que la derecha, en cierto modo, ya se había asegurado veinte años antes con los éxitos de las Federaciones Agrarias Católicas, y durante la República con el esfuerzo propagandístico de Acción Popular, los nacionales obtuvieron algunas victorias en poblaciones hostiles mediante distintas combinaciones de sorpresa, engaño y rápido aplastamiento de la resistencia obrera. Así, en Oviedo, el coronel Antonio Aranda, simulando ser leal a la República, convenció a los líderes mineros locales de que podían enviar sin peligro a sus hombres a ayudar a la defensa de Madrid. Una vez que los trenes se hubieron puesto en marcha, Aranda se declaró en favor del alzamiento. En Galicia, un puñado de decididos oficiales se apoderaron de Vigo y La Coruña, después de una dura resistencia por parte de la población desarmada. Se consiguieron algunos éxitos notables en Andalucía, pero la forma de obtenerlos hacía prever que se avecinaba una lucha larga y sangrienta. De todos los diferentes conflictos que habían contribuido al estallido de la Guerra Civil, ninguno había alcanzado la ferocidad de la guerra agraria en el sur. Por tanto, cuando el inicio de las hostilidades suprimió todos los frenos, el odio social latente aseguró que tanto en las ciudades como en los pueblos de Andalucía y Extremadura se desataran horrendas crueldades.

En los distritos rurales, los braceros locales, fervientes partidarios de la República, consiguieron derrotar a las pequeñas guarniciones de la Guardia Civil. En algunas villas fueron frecuentes las crueles represalias, tanto contra los terratenientes que no eran lo bastante ricos como para haberse procurado su seguridad personal en Sevilla o en el sur de Francia, como contra los curas que habían legitimado y bendecido la tiranía de caciques y latifundistas. Del mismo modo, en muchas villas del sur los derechistas que se sabía que eran partidarios del levantamiento fueron detenidos solo para su propia seguridad. Más tarde, a los pocos días del alzamiento, las organizaciones locales de la FNTT socialista y de la CNT empezaron a colectivizar las fincas más extensas. Asaltaron las despensas y los almacenes de las grandes familias de los caciques y se distribuyeron su harina, sus jamones y su aceite de oliva a través de comités revolucionarios. Se roturaron los terrenos de pasto especiales que habían alimentado a los toros de lidia, capricho de los propietarios que había contribuido a la miseria local. Durante los meses que faltaban hasta la recogida de la siguiente cosecha, los comités revolucionarios locales planificaron el sacrificio de los toros para que alimentaran al pueblo. Racionando estrictamente su carne, esperaban que alcanzaría para todos hasta la cosecha. Muchos de ellos, acostumbrados a una magra dieta de pan y gazpacho con algún conejo de vez en cuando, era la primera vez en su vida que probaban la carne de toro, o la carne misma. Sin embargo, la venganza no tardaría en llegar a los pueblos, una vez que las principales capitales andaluzas cayeron en poder de los rebeldes. Incluso en las villas donde no había habido víctimas de derechas las represalias fueron salvajes. La excusa que se empleó fue que la izquierda sencillamente no había tenido tiempo para poner en práctica los planes malvados que se suponía que había trazado: les faltaba tiempo.

En Cádiz, una huelga general parecía haber asegurado el control de la ciudad por parte de los trabajadores, pero después de una feroz lucha, la guarnición rebelde se impuso con la ayuda de falangistas ricos capitaneados por José de Mora Figueroa, marqués de Tamarón. Tras tomar la ciudad, Mora Figueroa llevó sus hombres a Jerez de la Frontera, donde organizó una columna que se dispuso a conquistar las restantes villas de la provincia. Córdoba, Huelva, Sevilla y Granada cayeron después de un aniquilamiento salvaje de la oposición obrera. Sevilla, capital de Andalucía y la ciudad más revolucionaria del sur, cayó en manos del excéntrico general Gonzalo Queipo de Llano de una forma singular, aunque no tanto como afirmaría más adelante. Queipo de Llano estaba emparentado, por la familia de su mujer, con Alcalá Zamora, y en 1931 había sido un ferviente partidario de la República. Los rebeldes no tenían completa confianza en él por haber estado implicado en el frustrado golpe militar de diciembre de 1930 con el que algunos republicanos, socialistas y militares izquierdistas intentaron derrocar a Alfonso XIII. Sin embargo, el 17 de julio llegó a Sevilla como general al mando de los carabineros, aparentemente para inspeccionar los puestos aduaneros en el puerto. Aún no había transcurrido un año desde los acontecimientos cuando afirmó que había tomado la ciudad con el valor espontáneo y la ayuda de solo 130 soldados y 15 civiles. En una emisión radiofónica del 1 de febrero de 1938 exageró todavía más al declarar que la había tomado con 14 o 15 hombres. Afirmó que anunció, pistola en mano, al comandante de la segunda División Militar, el general José Fernández Villa-Abrille: «He venido a deciros que ha llegado el momento de decidir si vais a apoyar a vuestros compañeros de armas o al gobierno que está llevando a España a la ruina».

Según se dice, acto seguido, arrastró al resto de la guarnición local inicialmente leal a la República a unirse al alzamiento. En realidad, el golpe lo había planeado meticulosamente un comandante del Estado Mayor destinado en Sevilla, José Cuesta Monereo, y lo había llevado a cabo una fuerza integrada por 4000 hombres. El general Villa-Abrille y su Estado Mayor sabían lo que se estaba preparando, pero no hicieron nada para impedirlo. La gran mayoría de la guarnición de Sevilla estaba involucrada, incluidas unidades de artillería, caballería, transmisiones y transporte.

Esta fuerza numerosa se apoderó de los centros neurálgicos de la ciudad, tomó el edificio de la telefónica, el ayuntamiento y la sede del gobernador civil por medio de un bombardeo artillero, el control de las principales vías de acceso al centro y aplicando luego el terror indiscriminado. Durante el segundo día contó con la ayuda de los primeros contingentes de la Legión Extranjera española que llegaron de África. Con 50 requetés carlistas, 50 falangistas y otros tantos guardias civiles, empezaron inmediatamente a someter de forma sangrienta los barrios obreros de Triana, la Macarena, San Julián y San Marcos. A pesar de que primero los distritos fueron bombardeados por la artillería, la resistencia fue tenaz hasta que, escudándose en mujeres y niños, pudieron entrar y empezar la represión en serio. A los mercenarios moros, los Regulares, se les dio libertad para saquear y asesinar a hombres, mujeres y niños. El 25 de julio, Queipo firmó la orden de que todas las personas que ocuparan cargos dirigentes en cualquier sindicato participante en una huelga fueran «inmediatamente fusiladas», así como «un número igual de militantes cuidadosamente escogidos».

En Granada los acontecimientos fueron igualmente sangrientos y reveladores de la determinación de los rebeldes de vencer mediante la aplicación del terror. La suerte que corrió el comandante militar de Granada, general Miguel Campins, quien, leal a la República, se había negado a obedecer sus órdenes de declarar el estado de guerra, ilustraba la brutalidad y la crudeza de Queipo de Llano. No obstante, Campins había enviado un telegrama poniéndose a las órdenes del general Franco, amigo suyo, a quien había servido como director general adjunto de la Academia Militar General en Zaragoza. Confinado bajo arresto por los oficiales de rango inferior que se habían unido a la conspiración, fue juzgado por «rebelión» en Sevilla el 14 de agosto y fusilado dos días más tarde. Presuntamente, Franco envió unas cartas pidiendo clemencia, pero Queipo, que aborrecía al futuro Caudillo, las hizo pedazos.

Entretanto, en Granada, el barrio obrero del Albaicín fue bombardeado por la artillería. Una vez asegurado el control del centro de la ciudad, las autoridades militares dejaron que las «escuadras negras» falangistas sembraran el pánico entre la población, sacando a los izquierdistas de sus casas en plena noche para matarlos a tiros en el cementerio. A lo largo de la guerra fueron asesinados en Granada unos cinco mil civiles. El guardián del cementerio se volvió loco y hubo de ser encerrado en un manicomio. Una de las víctimas más famosas del terror derechista, no solo en Granada sino en toda España, fue el poeta Federico García Lorca. Años más tarde, los franquistas defendieron la tesis de que la muerte de Lorca se debió a una venganza privada, sin ninguna significación política, relacionada con su homosexualidad. En realidad, Lorca era cualquier cosa menos apolítico. En la Granada ultrarreaccionaria, su sexualidad le había dado un sentido diferencial que le hizo alimentar una creciente simpatía por aquéllos que estaban al margen de la sociedad respetable. En 1934 había declarado: «Siempre estaré del lado de los que no tienen nada». Su teatro itinerante La barraca se inspiraba en una especie de ideal misionero social. Lorca había firmado con regularidad varios manifiestos antifascistas y tenía relaciones con organizaciones tales como el Socorro Rojo Internacional.

En la misma Granada, estaba estrechamente vinculado a la izquierda moderada. Sus ideas eran bien conocidas, y la oligarquía local no podía ignorar su opinión de que la toma de Granada a los musulmanes en 1492 había sido un desastre. Burlándose de uno de los dogmas centrales del pensamiento de la derecha española, Lorca sostenía que la conquista había destruido una civilización única y la había reemplazado por «… un desierto poblado por la peor burguesía de la España de hoy». Cuando los derechistas a la caza de «rojos» empezaron a buscarle, se refugió en casa de su amigo, el poeta falangista Luis Rosales. Allí fue arrestado por el siniestro Ramón Ruiz Alonso, miembro destacado de la CEDA local que se había subido al tren de la Falange. Denunciado por Ruiz Alonso como espía ruso, Federico García Lorca fue fusilado en la madrugada del 19 de agosto de 1936. Sin embargo, el cobarde asesinato del gran poeta fue, al igual que el del leal general Campins, solo una gota en el océano de matanza política.

En las provincias de Sevilla y Córdoba muchos terratenientes apoyaron la sublevación y se unieron a columnas mixtas de soldados, guardias civiles, requetés carlistas y falangistas. Algunos financiaron las columnas o les proporcionaron caballos y hombres. Desempeñaron un papel destacado en la elección de las víctimas que debían ser ejecutadas en los pueblos conquistados. Después de someter los distritos obreros de Sevilla, una columna carlista organizada por un comandante retirado, Luis Redondo García, llevó a cabo operaciones contra villas del sudeste de la provincia. Otras columnas las organizaron voluntarios ricos que disponían de vehículos y armas. Un ejemplo típico fue la que mandaba Ramón de Carranza, el alcalde de Sevilla impuesto por Queipo de Llano. No fue casualidad que en muchas localidades de la provincia conquistadas por esta columna hubiera propiedades importantes de las familias de Carranza y otros miembros acaudalados de la columna. Al tomar una villa, Carranza instauraba siempre un nuevo ayuntamiento de derechas y transportaba gran número de prisioneros a Sevilla para que los ejecutasen.

El 27 de julio la columna de Carranza llegó a una de estas villas, Rociana, en Huelva, donde la izquierda se había hecho con el poder al recibirse la noticia del golpe militar. No se habían registrado víctimas entre los derechistas, pero se habían destruido los locales de la Asociación Patronal y dos clubes, se habían robado 25 ovejas y se habían incendiado la iglesia parroquial y la rectoría, aunque el párroco se había salvado gracias a los socialistas del lugar y se había refugiado en casa del alcalde. El 28 de julio el párroco pronunció un discurso desde el balcón del ayuntamiento: «Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote voy a decir palabras de perdón y de arrepentimiento. Pues no. ¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!». Numerosos hombres y mujeres fueron detenidos. A las mujeres les afeitaron la cabeza y una fue arrastrada por un burro por las calles de la villa antes de ser asesinada. Durante los tres meses siguientes sesenta fueron fusiladas. En enero de 1937 el párroco, padre Martínez Laorden, se quejó oficialmente de que la represión había sido demasiado suave.

La escala del terror y la represión en las zonas que habían sido conquistadas con facilidad por los rebeldes indicó de forma clara que su objetivo no era sencillamente apoderarse del Estado, sino exterminar toda una cultura liberal y reformista. Los rebeldes hacían la guerra contra los trabajadores urbanos y rurales que se habían beneficiado de las reformas de la República, contra los funcionarios, los alcaldes y los diputados a los que consideraban como instrumentos de la reforma, y contra los maestros y los intelectuales a los que veían como responsables de propagar el veneno de las nuevas ideas. La medida en que esta guerra era una guerra de lo viejo contra lo nuevo la resumió la declaración apocalíptica y un tanto prematura que el general Mola hizo en Burgos: «¡Españoles! ¡Burgaleses! ¡El gobierno miserable del contubernio socialista liberal ha muerto, vencido por el gesto gallardo del Ejército! España, la verdadera España, la católica y grande España, ha aplastado al dragón y este muerde y se revuelve en el polvo… ¡Yo iré a ponerme al frente de las tropas y no ha de pasar mucho tiempo sin que el signo santo de la Cruz y nuestra bandera gloriosa ondeen entrelazados en Madrid!».

No obstante, la envergadura de la resistencia obrera en diversas zonas donde el alzamiento había triunfado sugiere que si el gobierno hubiera tomado la decisión inmediata de repartir armas a los trabajadores, el alzamiento podría haber sido aplastado desde el principio. De todos modos, era comprensible que el gabinete liberal moderado de Santiago Casares Quiroga se hubiera negado a hacerlo. En parte porque el primer ministro todavía no estaba convencido de que la situación era crítica, pero también por su aversión a ceder a las organizaciones obreras un poder que, previsiblemente, no estarían dispuestas a devolver una vez aplastada la sublevación militar. Se perdió, pues, un tiempo precioso buscando una solución de compromiso. Las concentraciones de la izquierda en petición de armas se dejaron sin respuesta, lo que garantizó el éxito de la rebelión en muchos lugares.

A lo largo del 18 de julio, la oleada de malas noticias que le iban llegando al primer ministro, Casares Quiroga, parecía no tener fin. A las seis de la tarde se mostró muy sorprendido por la sugerencia de Largo Caballero de que no había otra solución que armar a los trabajadores. Tres horas más tarde, Casares Quiroga dimitió. Atormentado por el remordimiento que le causaba no haber hecho caso de las advertencias relativas a una conspiración militar, se culpaba a sí mismo de los triunfos de los sublevados. Tratando de expiar su culpa exponiéndose al peligro, se alistó en una unidad de la milicia obrera. Vestido con un mono azul, luchó contra las fuerzas de Mola en la sierra de Guadarrama y luego permaneció en la capital sitiada hasta finales de 1938.

En ese momento, el presidente Azaña llamó al republicano moderado de centro Diego Martínez Barrio, con la misión de formar un gobierno de coalición para negociar con los rebeldes. A las once de la noche, Largo Caballero se opuso a la sugerencia de Martínez Barrio, comunicada por Prieto, de una participación socialista en el gabinete porque en la susodicha coalición tenía la intención de incluir agrupaciones que se situaban a la derecha del Frente Popular. Creyendo que la ausencia del PSOE podría facilitar las negociaciones con los militares rebeldes, finalmente, a primeras horas de la mañana del 19 de julio, Martínez Barrio formó un gobierno de republicanos. Inmediatamente empezó a telefonear a las guarniciones militares, y a pesar de las adhesiones individuales de lealtad personal para con él, pronto se dio cuenta del poco margen de maniobra de que disponía. En Burgos, el leal general Domingo Batet era, prácticamente, un prisionero. En Zaragoza, el general Miguel Cabanellas dejó claro que no podía ni haría nada más para detener la insurrección de los rebeldes.

Martínez Barrio habló un par de veces con Mola, pues la victoria de los rebeldes había sido tan resonante en Pamplona, que no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. El nuevo primer ministro aseguró que su gobierno seguiría una política más conservadora y restablecería el orden público. Mola rechazó una oferta para ocupar el Ministerio de la Guerra en el nuevo gobierno. El ministro de la Guerra, general José Miaja, también trató —sin éxito— de negociar la rendición de Mola. Los rumores acerca de los intentos de reconciliación provocaron manifestaciones populares de protesta en las calles de Madrid. El 19 de julio por la tarde, Martínez Barrio se había visto obligado a dimitir. Se había elegido su gabinete conservador con la esperanza de llegar a un compromiso con los rebeldes. Ahora la única opción posible era luchar y esto significaba armar a los trabajadores. Ya descontentos con el radicalismo de la clase obrera manifestado durante la primavera de 1936, muchos republicanos contemplaban tal opción con reservas recelosas.

Se abandonó la búsqueda de un compromiso pero no fue fácil encontrar a un primer ministro dispuesto a enfrentarse con el problema. Martínez Barrio fue reemplazado por José Giral, un republicano de izquierdas, compañero de Azaña, cuyo gabinete se diferenciaba poco del de Casares Quiroga. Con la mirada puesta en la opinión internacional, no había intención de incluir a los representantes de los partidos obreros, aunque Prieto iba a convertirse en el poder real detrás del trono, trabajando incansablemente como principal consejero de Giral. Éste tomó pronto la dramática decisión de autorizar la distribución de armas a los trabajadores; iba a ser crucial en la derrota de la rebelión en numerosos lugares, aunque las fuerzas del orden, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, también tuvieron un papel decisivo, pues allí donde permanecieron leales —como sucedió en ciudades de fuerza proletaria importante— los rebeldes fueron derrotados.

Esa misma tarde el general Joaquín Fanjul, ayudado por algunos falangistas, intentó sublevarse en Madrid, desde el cuartel de la Montaña. Sus tropas fueron inmediatamente rodeadas por una gran masa de trabajadores reforzada por guardias de asalto leales a la República. Al ver ondear banderas blancas, los madrileños avanzaron hacia el cuartel para aceptar la rendición y recibieron una descarga de fusiles. Furiosos, mataron a varios de los oficiales tras el asalto definitivo al cuartel, al mediodía del 20 de julio. En la exaltación del momento, tal acción fue vista como la toma de la Bastilla durante la Revolución francesa. Entre los asaltantes se encontraba Valentín González, un peón caminero extremeño que pronto iba a adquirir fama bajo el sobrenombre de «el Campesino». Fue solo uno de los voluntarios de los primeros días que más adelante serían importantes líderes militares. Entre ellos había figuras cosmopolitas como el intelectual y playboy Gustavo Durán y picapedreros incultos como Enrique Líster. Gustavo Durán, pianista y compositor, amigo íntimo del poeta Federico García Lorca, se alistó en un grupo de milicianos integrado por ferroviarios socialistas. Mostró un talento notable y ascendió a importantes puestos de mando. Enrique Líster había trabajado en Cuba y en la construcción del metro de Moscú antes de volver a España como agitador del Partido Comunista. Durante la Guerra Civil demostraría ser un hábil comandante en los campos de batalla y su determinación y su carácter despiadado sacarían el máximo partido de tropas mal preparadas y pertrechadas.

Todos participaron en el proceso por medio del cual los partidos izquierdistas formaron entonces en Madrid milicias y columnas de voluntarios con el objetivo de detener a las tropas de Mola en el puerto de Somosierra, al norte de la capital. En los violentos combates que allí se desarrollaron, el Campesino destacó como un líder militar en potencia. Enrique Líster contribuyó a la militarización de las milicias con la creación del Quinto Regimiento, unidad de elite que se convirtió en el núcleo del Ejército Popular. Otros milicianos voluntarios de la capital partieron hacia el sur para recuperar el control de Toledo, donde había triunfado la sublevación. Con la participación de tropas republicanas leales reconquistaron la ciudad, pero los rebeldes se encerraron en el Alcázar, la inexpugnable fortaleza que domina Toledo y el río Tajo que la rodea. Tomó el mando un coronel de cincuenta y ocho años de edad, José Moscardó, director de la Escuela de Gimnasia de la Academia de Infantería.

En Barcelona, Companys se había negado a repartir armas, pero la CNT asaltó los depósitos. En las primeras horas del 19 de julio, las tropas rebeldes empezaron a dirigirse al centro de la ciudad. Allí les esperaban los anarquistas y la Guardia Civil local, cuya lealtad resultó decisiva. La CNT tomó por asalto el cuartel de las Atarazanas, donde los rebeldes habían instalado su puesto de mando. Cuando el general Goded llegó en hidroavión desde las islas Baleares para unirse a ellos, la situación del alzamiento estaba perdida; fue capturado y obligado a radiar un mensaje a sus seguidores aconsejándoles entregar las armas. Fue esta una victoria vital para el gobierno, que aseguraba que toda Cataluña permaneciera leal.

Los fracasos de Fanjul en Madrid y de Goded en Barcelona no eran reveses totalmente imprevisibles para los nacionales. Ambos generales ya eran conscientes de que se enfrentaban a tareas inmensamente difíciles. Sin embargo, mientras Mola y otros conspiradores que habían cumplido con éxito sus objetivos iniciales, esperaban que llegara el general Sanjurjo de su exilio portugués para dirigir la marcha triunfal sobre Madrid, recibieron una mala noticia absolutamente imprevista: Sanjurjo había muerto en extrañas circunstancias. El 19 de julio Juan Antonio Ansaldo, un famoso as del aire y playboy monárquico, que además había participado en la organización de las escuadras de terror de la Falange, había llegado a la residencia veraniega de Sanjurjo en Estoril. Ansaldo había sido enviado por Mola para recoger a Sanjurjo y traerle a la zona rebelde. El avión utilizado por Ansaldo —un frágil Puss Moth de dos plazas— era poco apropiado para la misión que debía cumplir. Además, el Dragon Rapide, mucho más adecuado, que había llevado a Franco de las islas Canarias hasta Marruecos, había llegado a Lisboa al mismo tiempo y podía haber llevado fácilmente a Sanjurjo a Burgos. Sin embargo, cuando Ansaldo llegó a Estoril, saludó teatralmente al general como jefe del Estado español ante un entusiasta grupo de incondicionales. Abrumado por ese histriónico despliegue de respeto público, Sanjurjo accedió a viajar con él.

Por si fueran pocos los problemas que planteaba el minúsculo tamaño del avión de Ansaldo, las autoridades portuguesas intervinieron también. Aunque Sanjurjo se encontraba legalmente en el país como turista, el gobierno portugués no quería problemas con Madrid. Por tanto, Ansaldo fue obligado a pasar la aduana y a despegar solo desde el aeropuerto de Santa Cruz. Entonces tuvo que regresar a Estoril y recoger a Sanjurjo en un hipódromo en desuso llamado A Marinha, en Boca do Inferno, cerca de Cascais. Además de su propia persona, ya de por sí voluminosa —según el relato de Ansaldo—, Sanjurjo llevaba una enorme maleta con uniformes y medallas para su entrada ceremonial en Madrid. Debido a la dirección del viento Ansaldo decidió imprudentemente despegar en dirección a un grupo de árboles. El exceso de peso de la avioneta disminuyó la fuerza de ascensión de forma que la hélice, o posiblemente el tren de aterrizaje, chocara con las copas de los árboles. El avión se estrelló y se incendió de inmediato. Sanjurjo murió, aunque Ansaldo escapó prácticamente ileso. Otra versión contradictoria con la de Ansaldo alegó posteriormente en Portugal algo poco convincente: que el accidente había sido resultado de una bomba colocada por anarquistas.

Fuera cual fuese la causa, el accidente iba a tener un profundo impacto en el curso de la guerra y en la carrera del general Franco. Más tarde se dijo que Sanjurjo, al parecer, había presionado para conseguir un acuerdo rápido antes de que se fijaran los frentes bélicos. Esto parece improbable, dado el rechazo de Mola a las propuestas de paz de Martínez Barrio y por el hecho de que la solución no habría gozado del agrado de las masas revolucionarias de la zona republicana. Sin embargo, y más concretamente con Fanjul y Goded fuera de juego (fueron ejecutados en agosto), la desaparición de Sanjurjo significaba que únicamente el general Mola, en su capacidad de director del alzamiento, tenía la remota posibilidad de desafiar a Franco en el liderazgo de los rebeldes. No obstante, Franco era de rango superior —general de división— mientras que Mola era solo general de brigada. Queipo de Llano era general de división de una antigüedad mayor que la de Franco, pero sus contactos republicanos implicaban que la mayor parte de los oficiales rebeldes le consideraran un líder inapropiado. En cualquier caso, el factor decisivo en los entresijos del poder fue el control de Franco de los 47 000 soldados del Ejército de África, bien armados y bien entrenados. El curtido Ejército colonial, formado por profesionales de la Legión Extranjera y mercenarios árabes de los Regulares Indígenas, iba a ser el pilar del éxito del bando nacional. Aparte de Mola, el único peligro potencial para la creciente importancia de Franco era el líder falangista José Antonio Primo de Rivera, aunque se encontraba encarcelado en una prisión republicana, en Alicante.

En los primeros días del alzamiento, Franco, silenciosamente ambicioso, hizo de la victoria en la guerra su prioridad principal. No obstante, ni él ni sus subordinados dejaron pasar, en sus conversaciones con periodistas y diplomáticos, ninguna ocasión para referirse a «las tropas de Franco en la península». Al cabo de una semana del alzamiento, en los Ministerios de Asuntos Exteriores de Europa se referían a los rebeldes como «los franquistas». Sin embargo, la muerte de Sanjurjo sirvió de recordatorio de que «el alzamiento» estaba muy lejos del triunfo inmediato que habían esperado los conspiradores. Éstos controlaban alrededor de una tercera parte del territorio español, con un gran bloque que incluía Galicia, León, Castilla la Vieja, Aragón y parte de Extremadura, más una serie de enclaves aislados como Oviedo, Sevilla y Córdoba. Disponían de las grandes zonas productoras de trigo, pero los principales centros de la industria española, pesada y ligera, seguían en manos de los republicanos. La sublevación había fracasado en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao. Por tanto, los insurrectos tenían que elaborar rápidamente un plan de ataque para conquistar el resto de España. Como Madrid representaba el eje de la resistencia republicana, la estrategia de los rebeldes se decantó por un doble avance sobre la capital de España, por el Ejército de Mola desde el norte y por las fuerzas africanas de Franco desde el sur. Sin embargo, los rebeldes tuvieron que hacer frente a problemas inesperados; las columnas enviadas por Mola fueron sorprendentemente detenidas en la sierra del norte de Madrid por las inexpertas milicias obreras de la capital, y el Ejército del norte también se vio frenado por la escasez de armas y municiones. El Ejército de Franco se encontraba paralizado por el problema del transporte a través del estrecho de Gibraltar. El paso por mar era imposible, pues el estrecho estaba controlado por la escuadra republicana, cuyas tripulaciones se habían amotinado contra los oficiales rebeldes. Ante estas dificultades, los sublevados decidieron pedir ayuda a sus correligionarios derechistas del extranjero.

El 19 de julio, Luis Bolín había viajado a Roma para pedir a Mussolini aviones de transporte. Mientras Bolín aún estaba ausente, Franco había logrado convencer al cónsul italiano en Tánger, Pier Filippo De Rossi del Lion Nero, y al agregado militar, mayor Giuseppe Luccardi, de que él iba a vencer. A lo largo de la semana siguiente, enviaron a Roma una serie de telegramas que expresaban una hábil petición de Franco a Mussolini. En uno de ellos, que pedía el envío de doce aviones de bombardeo o de transporte civil, Mussolini se limitó a garabatear en la parte inferior del telegrama «NO». En un segundo telegrama desesperado de Franco, el Duce solo escribió «ARCHIVAR». Bolín llegó a Roma el 21 de julio y, al día siguiente, con una carta de presentación del exiliado rey español Alfonso XIII, tuvo un encuentro con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, el conde Galeazzo Ciano. A pesar de las demostraciones de simpatía iniciales de Ciano, no recibió la ayuda solicitada. En ese momento a Mussolini le preocupaban los informes recibidos de que Francia estaba dispuesta a ayudar a su régimen hermano el Frente Popular español. El principal objetivo de la política exterior del Duce era derribar la hegemonía anglofrancesa en el Mediterráneo, pero era demasiado prudente como para arriesgarse a una guerra inmediata.

No obstante, el interés de Mussolini por la situación española y el papel del general Franco se basaba en los telegramas que recibía de Tánger. Las súplicas de Franco ofrecían cierto éxito, una lisonjera promesa de emular en España el fascismo italiano, futura subordinación, y todo por un módico precio. Pero el Duce aún dudaba. Una prestigiosa delegación enviada por el general Mola se entrevistó con Ciano el 25 de julio. La componían destacadas personalidades monárquicas, entre ellas Antonio Goicoechea, dirigente de Renovación Española que había visitado Roma en 1934. Recientes investigaciones han demostrado que la delegación no tuvo el papel decisivo que suele atribuírsele. De hecho, Mussolini ya estaba decidido a ofrecer su apoyo a Franco entre el 25 y el 27 de julio, como resultado de diversos factores: le impresionaron mucho los informes desde París de que Francia no se disponía a ayudar a la República. Por numerosas razones, llegó a la conclusión de que el gobierno británico apoyaba a los militares españoles rebeldes. Él y Ciano estaban convencidos de que la ayuda portuguesa a los rebeldes, por ejemplo, no habría sido posible sin el permiso tácito de los británicos. El factor decisivo fue la noticia, que llegó a Roma el 27 de julio, de que el Kremlin se encontraba en un serio aprieto con los acontecimientos en España y que no tenía ninguna intención de ayudar a la República.

Por consiguiente, la noche del 27 y a primeras horas de la mañana del 28 de julio se llegó a un acuerdo para enviar ayuda a Franco. Una escuadrilla de doce bombarderos Savoia-Marchetti S. 81 fue armado en Cerdeña antes de volar hacia el Marruecos español al día siguiente. También se cargaron dos buques mercantes, uno con doce cazas Fiat C. R.32, acompañados de los correspondientes pilotos y mecánicos, y el otro con municiones y carburante para los aviones. Durante la guerra los 377 Fiat C. R.32 que se enviaron a España llevarían a cabo el grueso de operaciones de caza de los rebeldes. La escuadrilla de aviones Savoia-Marchetti S. 81, mandada por el teniente Ruggiero Bonomi, fue escoltada breve y simbólicamente por el general Giuseppe Valle, jefe del Estado Mayor de la Regia Aeronáutica italiana, y en realidad ministro de Aviación. El general Valle había ordenado a las tripulaciones que, una vez en Marruecos, se alistaran a la Legión Extranjera para cubrir las apariencias. Sin embargo, a causa de los fuertes vientos, agotaron el combustible y tres de los doce se estrellaron, uno en el mar y dos en el Marruecos francés —uno de ellos hizo un aterrizaje forzoso y el otro se estrelló—. Aunque Ciano negó categóricamente cualquier implicación oficial italiana, las colisiones alertaron al mundo de que Mussolini estaba ayudando a Franco.

Franco se aseguró la ayuda italiana por la insistencia de sus esfuerzos personales en convencer a los militares italianos en Tánger de sus posibilidades de éxito. Llevó a cabo un proceso paralelo con los representantes locales en Marruecos de la nazi Ausland-Organization (AO) (Organización Exterior), dos ejecutivos alemanes residentes en el Marruecos español, Adolf Langenheim y Johannes Bernhardt. Así pues, el 22 de julio, pudo enviar otra petición de ayuda a Hitler por medio de Bernhardt y una compleja cadena formada por un numeroso elenco de personajes de la AO, el Partido Nazi y las SS que facilitaron el acceso al Führer. Bernhardt estableció contacto con Ernst Wilhelm Bohle de la AO, Bohle con Friedhelm Burbach, jefe de la AO para España, Burbach con su viejo compañero de la escuela Alfred Hess, Hess con su hermano Rudolf, lugarteniente de Hitler y, finalmente, Rudolf Hess con el Führer mismo, que se encontraba en Villa Wahnfried, la residencia de Wagner, para asistir al festival anual de Bayreuth. El Führer recibió a los enviados de Franco al regreso de una representación de Sigfrido, dirigida por Wilhelm Furtwängler. En una concisa carta, el general Franco le pedía fusiles, aviones de caza y cañones antiaéreos. La reacción inicial de Hitler fue dudosa, pues señaló la falta de apoyo financiero de los insurgentes: «Ésa no es forma de empezar una guerra». Sin embargo, después de una interminable diatriba sobre la amenaza bolchevique, decidió, en contra de la opinión de Goering, poner en marcha lo que llamó Unternehmen Feuerzauber (Operación Fuego Mágico), al parecer aún bajo el influjo de los majestuosos acordes de la ópera que acababa de escuchar —especialmente la música del «fuego mágico» que acompaña a Sigfrido en el heroico pasaje a través de las llamas para liberar a Brünhilde—. Después de expresar sus dudas sobre los riesgos que implicaba tal operación, Goering se entusiasmó con la idea. No hubo continuidad entre la espontánea decisión de Hitler y los largos contactos previos de las organizaciones derechistas españolas con la AO nazi. Tales contactos salieron a la luz cuando los anarquistas registraron las oficinas de la AO en Barcelona. Los documentos requisados fueron publicados en 1937 bajo el título de La conspiración nazi en España. Sin embargo, la Operación Fuego Mágico fue el inicio real de la intervención alemana en el conflicto español.

De este modo, Hitler y Mussolini convirtieron un coup d’état que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil. Treinta Junkers JU-52 de transporte se sumaron a los bombarderos italianos, lo que permitió que Franco llevara a cabo el primer puente aéreo militar en la historia. Durante toda la guerra llegarían otros cien Junkers JU-52 que desempeñarían el papel principal en las operaciones de bombardeo de los rebeldes. El 5 de agosto Franco dio prueba otra vez de su voluntad de ganar cuando, en contra de la opinión de sus colaboradores, decidió abrir una brecha en las defensas republicanas con un pequeño convoy de barcos de pesca que transportaban a las tropas. El paso del estrecho por el llamado «Convoy de la Victoria» fue protegido por los recién llegados aviones Savoia-Marchetti. Contaba con que la inexperiencia de las dotaciones republicanas limitase su capacidad de maniobra. Su éxito significó un importante golpe psicológico, ya que los rumores de que el feroz Ejército de África iba a aterrizar en la península propagó el miedo en la zona republicana. Durante la primera semana de agosto se inició un puente aéreo entre Marruecos y Sevilla, y en diez días se transportaron 15 000 hombres. El 6 de agosto nuevos buques de transporte cruzaron el estrecho con cobertura aérea italiana. Los alemanes también enviaron algunos cazas Heinkel y pilotos voluntarios de la Luftwaffe. Al cabo de una semana los rebeldes recibían suministros regulares de munición y armamento, tanto de Hitler como de Mussolini.

La llegada de ayuda extranjera permitió a los rebeldes nacionales emprender dos campañas que mejoraron considerablemente su situación. El general Mola inició un ataque a la provincia vasca de Guipúzcoa con la intención de conquistar Irún y San Sebastián, cerrando así la frontera con Francia. Irún fue atacada diariamente por bombarderos italianos. Sus defensores, milicianos pobremente armados y sin experiencia, lucharon valerosamente, pero fueron aplastados el 3 de septiembre. En medio de la lucha se había interrumpido el suministro de armas a los defensores desde Francia. Claude Bowers, el embajador norteamericano, escribió: «Cuando los defensores de Irún huyeron a Hendaya, al otro lado de la frontera, por habérseles agotado las municiones, encontraron seis vagones de mercancías cargados de municiones procedentes de Cataluña y enviadas a través de la frontera meridional de Francia. Estas municiones habían sido detenidas por la “no intervención” en el momento crítico». La defensa de todo el norte se vio puesta así en peligro.

Mientras tanto, el Ejército africano de Franco avanzaba en dirección norte hacia Madrid, bajo el mando del teniente coronel Juan Yagüe, un veterano de las guerras de Marruecos y el más influyente militar afiliado a la Falange. Partiendo de Sevilla, el Ejército de África conquistó pueblo tras pueblo, dejando en su avance una horrible estela de matanzas a sus espaldas. En una villa tras otra las tropas ocupantes violaron trabajadoras y saquearon sus casas. Soldados moros y legionarios vendiendo radios, relojes de pared y de pulsera, joyas e incluso muebles se convirtieron en un espectáculo común por el camino. El 10 de agosto las fuerzas de Yagüe llegaron a Mérida, antigua ciudad romana próxima a Cáceres, conquistada por los rebeldes al principio del alzamiento. Se juntaron así las dos partes de la España nacional. Las tropas de Yagüe retrocedieron entonces para tomar Badajoz, capital de Extremadura, cerca de la frontera portuguesa. Fue Franco quien tomó tal decisión, lo que retrasó el avance de las columnas africanas. Aunque se encontraba aún en manos republicanas, Badajoz ya no constituía una amenaza para las tropas de Yagüe en la retaguardia y podía haber sido tomada sin dificultad por los rebeldes cuando hubieran tenido tiempo. Pero Franco quiso ser prudente al consolidar la unificación de los dos segmentos de la zona rebelde. Después de que la artillería pesada y los bombarderos abrieran brechas en las murallas de la ciudad, empezó una salvaje represión en la que fueron asesinadas casi dos mil personas, incluyendo a numerosos civiles inocentes. En las calles corría la sangre y se amontonaban los cuerpos, dando una imagen que el periodista portugués Mario Neves calificó de «desolación y terror». Los hombres de Yagüe enviaban así un mensaje a los ciudadanos de Madrid sobre lo que les esperaba si no se rendían antes de la llegada de las columnas africanas.

Jay Allen, periodista norteamericano corresponsal del Chicago Tribune, llegó poco después. Vio a las patrullas falangistas detener a trabajadores en las calles y comprobar si habían luchado para defender la ciudad por el procedimiento de quitarles la camisa y ver si llevaban en el hombro la señal de la culata de los fusiles. Los que tenían marcas eran arrastrados hasta la plaza de toros, donde Allen vio llegar filas de hombres con los brazos en alto: «A las cuatro de la mañana los introdujeron en la plaza por la puerta donde las cuadrillas inician el paseíllo en las corridas de toros. Les esperaban las ametralladoras. Después de la primera noche, se calculaba que en el extremo más alejado de la plaza la sangre había penetrado a un palmo de profundidad en el suelo. No lo pongo en duda. Mil ochocientos hombres —había también mujeres— murieron allí en poco más de doce horas. Hay más sangre de la que parece en mil ochocientos cuerpos». Los legionarios y los regulares, y los falangistas que los habían acompañado, se entregaron a una orgía de pillaje en comercios y casas, que en su mayor parte pertenecían a los derechistas a los que estaban «liberando». Se llevaron todo lo que pudieron —joyas y relojes, radios y máquinas de escribir, prendas de vestir y balas de paño— por las calles sembradas de cadáveres y ensangrentadas.

Aunque la masacre también fue presenciada por periodistas franceses y portugueses, los servicios de prensa nacionales lo negaron rotundamente. En Estados Unidos se pagó a oradores para que desprestigiaran a Jay Allen. Sin embargo, el coronel Yagüe se reía de esos desmentidos. Dijo a otro periodista norteamericano que acompañaba al Ejército nacional, John T. Whitaker, del New York Herald Tribune: «Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Supone que voy a llevar conmigo a cuatro mil rojos cuando mi columna debe avanzar en una carrera contra reloj? ¿Cree que puedo dejarlos a mis espaldas y que Badajoz vuelva a ser roja de nuevo?». Los cuerpos quedaron durante días en las calles para aterrorizar a la población.

Al avanzar las columnas africanas en el sur de España en septiembre de 1936 aumentó el número de refugiados. La caída de villas y pueblos en poder de las columnas que avanzaban hacia Sevilla ya había hecho que numerosos trabajadores y sus familias huyeran hacia el oeste. Al mismo tiempo, algunos se habían dirigido al norte huyendo de la represión en Cádiz y Huelva. Otros se habían ido al sur desde Badajoz y Mérida después de que los nacionales tomaran ambas ciudades. El resultado fue que en la parte occidental de Badajoz había un elevado número de refugiados desesperados que encontraban el paso cortado, por la carretera de Sevilla a Mérida al este y por la que iba de Mérida a Badajoz al norte, por las columnas que avanzaban al sur y por la frontera portuguesa al oeste. A mediados de septiembre alrededor de ocho mil hombres, mujeres, niños y ancianos se hallaban congregados en campo abierto cerca de la villa de Valencia del Ventoso, cuyos habitantes hicieron todo lo posible para alimentarles organizando rápidamente comedores gratuitos.

El 18 de septiembre la perspectiva de caer en manos de los nacionales empujó a los líderes sindicales y políticos que había entre ellos a organizarlos en columnas que emprenderían una marcha forzada hacia las líneas republicanas. Se decidió dividir esta masa de personas desesperadas en dos grupos. El primero lo formaban aproximadamente dos mil personas, y el segundo, seis mil. En el primero había una docena de hombres armados con fusiles y unos cien con escopetas de caza; en el segundo había más o menos el doble. Estas fuerzas exiguas tenían que proteger dos largas columnas de caballos, mulas y otros animales domésticos y carros que transportaban las pertenencias que los refugiados habían podido recoger de sus hogares antes de huir. Junto a ellas andaban niños de corta edad, mujeres con recién nacidos en brazos, mujeres embarazadas y muchos ancianos.

Los grupos avanzaban a distinta velocidad y se desplegaron. La mayoría logró cruzar la carretera de Sevilla a Mérida y algunos consiguieron llegar a Castueta, en la zona republicana. Sin embargo, el grueso de los refugiados, los más lentos, levantaba grandes polvaredas que facilitaban a los aviones de reconocimiento nacionales la tarea de localizar su posición. El cuartel general en Sevilla del general Gonzalo Queipo de Llano, jefe de los sublevados en el sur, fue informado con detalle de los movimientos de las columnas, de que se componían de civiles y de que su armamento era escaso. A pesar de ello, se hicieron preparativos para atacarles como si fueran unidades militares bien pertrechadas. Cayeron en una emboscada tendida con mucho esmero. Los nacionales apostaron ametralladoras en las colinas que dominaban la ruta de los fugitivos y abrieron fuego cuando estuvieron a tiro. Hubo numerosos muertos en los combates. Más de dos mil fugitivos cayeron prisioneros y fueron transportados a Llerena. Muchos centenares se dispersaron por los alrededores. Muchas personas se vieron separadas de sus familias y algunas nunca volverían a verlas. Algunas vagaron durante semanas por un territorio que no conocían y fueron muertas o capturadas por partidas de guardias civiles y falangistas montados que salieron en su busca. Unas cuantas consiguieron llegar a la zona republicana. En Llerena tuvo lugar una matanza entre los prisioneros concentrados allí, que fueron ametrallados en la plaza de toros.

El terror que acompañaba el avance de los moros y los legionarios fue una de las mejores armas de que dispusieron los nacionales en su marcha sobre Madrid. Eso explica por qué las tropas de Franco obtuvieron éxitos iniciales muy superiores a las de Mola. Las milicias republicanas espontáneas combatían con entereza mientras se encontraban a cubierto, protegidas por edificios o árboles. Pero bastaba el rumor de que los moros amenazaban con flanquearlas, para que muchas veces huyesen, abandonando las armas en su huida. El avance nacional siguió el valle del Tajo hacia Toledo y Madrid. El 2 de septiembre cayó la última ciudad importante de la ruta, Talavera de la Reina. John Whitaker, lo ha recordado así más tarde: «No pasé ninguna noche en Talavera sin ser despertado al alba por los estampidos de los pelotones de fusilamiento. Parecía que nunca iba a terminar la matanza. Mataban a tanta gente cuando llevaba dos meses en Talavera como en los primeros días de mi estancia allí. El promedio era tal vez de treinta al día. Eran simples campesinos y trabajadores. Bastaba haber tenido el carnet de un sindicato, haber sido masón, haber votado por la República».

No era solo el Ejército de África el que ejecutaba a la población conquistada. En la isla de Mallorca, donde al principio había triunfado el alzamiento, hubo una invasión republicana a mediados de agosto. Sin embargo, a principios de septiembre, los rebeldes habían capturado de nuevo la isla con ayuda italiana. Durante los cuatro meses siguientes se llevó a cabo una terrible represión bajo la supervisión del jefe de la pequeña fuerza de invasión italiana, el perturbado fascista Arconovaldo Bonacorsi, conocido como el «conde Rossi». El novelista católico francés Georges Bernanos quedó horrorizado por lo ocurrido en Mallorca. Vio cómo cargaban camionetas con hombres que llevaban a fusilar: «Los camiones estaban grises del polvo del camino, y los hombres estaban también grises, sentados de cuatro en cuatro, las gorras grises ladeadas sobre la frente, las manos abiertas posadas sobre los pantalones de pana, esperando pacientemente. Los traían detenidos todos los días de aldeas perdidas, a la hora en que volvían de los campos. Marchaban a su último viaje, con las camisas pegadas aún a los hombros por el sudor, los brazos pesados por el trabajo del día, dejando la sopa intacta en la mesa y a una mujer sin aliento, un minuto demasiado tarde, junto al muro del jardín, llevando un hatillo con algunas pertenencias recogidas a toda prisa y envueltas en un flamante pañuelo de colores brillantes».

El 21 de septiembre las tropas de Yagüe tomaron Santa Olalla, en el camino de Madrid. John Whitaker asistió horrorizado a la ejecución en masa de 600 milicianos prisioneros en la calle principal de Santa Olalla: «Les bajaron y les apelotonaron juntos. Tenían la mirada vacía, exhausta, vencida de los soldados que no pueden resistir más tiempo el machaqueo continuo de las bombas alemanas». Arrimados así unos contra otros, las tropas moras les apuntaban con dos ametralladoras y, disparando ráfagas cortas, los mataron a todos.

Naturalmente, las atrocidades no se limitaron a la zona rebelde. Especialmente a principios de la guerra, hubo oleadas de asesinatos de curas y sospechosos de ser simpatizantes fascistas. Algunas unidades de la milicia se dedicaron a limpiar sus ciudades de derechistas importantes y, en especial, de clérigos. Se destruyeron iglesias y monumentos sacros. Se estima que fueron asesinados alrededor de seis mil sacerdotes y religiosos. Los falangistas y los miembros de sindicatos amarillos eran los objetivos favoritos de las «checas» espontáneas u organizaciones seudosecretas de la policía, creadas por varios grupos izquierdistas, en especial anarquistas. Esto fue en parte consecuencia del hecho de que el golpe militar había provocado el derrumbamiento de las estructuras del orden público y, a su vez, un arrebato de optimismo revolucionario en medio del cual las cárceles de la zona republicana se habían vaciado de delincuentes comunes. Además, algunos de los grupos que llevaban a cabo la horrible tarea de la represión, tales como los que se llamaban a sí mismos Milicias Populares de Investigación, cuyo jefe era el siniestro Agapito García Atadell, actuaban a impulsos de la codicia y la sed de sangre en vez de por motivaciones políticas.

La represión también reflejó el hecho de que el golpe militar mismo despertó temores y sospechas en lo que se refería a los elementos de derechas que se sabía o suponía que simpatizaban con los objetivos de los sublevados. El 23 de agosto de 1936 los rumores sobre un intento de fuga en la cárcel Modelo de Madrid provocaron el asesinato de setenta de sus reclusos, entre ellos Melquíades Álvarez, que era amigo de Azaña, así como varios ultraderechistas. Fue en parte una represalia por la matanza de Badajoz, de la que dieron cuenta fugitivos aterrorizados que llegaron a la capital procedentes de Extremadura. Giral lloró al enterarse de la matanza de la cárcel Modelo. El presidente Azaña se sintió desolado y dijo a su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, «me asquea la sangre, estoy hasta aquí; nos ahogará a todos».

Sin embargo, si hubo una diferencia en los asesinatos en las dos zonas, esta yace en el hecho de que las atrocidades republicanas solían ser obra de elementos incontrolables, en unos días en que se habían sublevado las fuerzas del orden. En cambio, las cometidas por los nacionales eran oficialmente toleradas por aquéllos que proclamaban estar luchando en nombre de la civilización cristiana. Naturalmente, la propaganda nacional trató de presentar los asesinatos en la zona republicana como parte de la política oficial del gobierno, es decir, bolchevismo en acción. Y en efecto, hubo muchos en la zona republicana que fueron muy conscientes del daño que se hacía a su causa con los asesinatos indiscriminados. Los ataques a sacerdotes y la desenfrenada destrucción de las iglesias hizo un considerable favor a los rebeldes. En definitiva, fue la percepción popular de esta involuntaria cooperación con la causa nacional lo que hizo que se tomaran medidas amplias para poner fin a la represión. El 24 de agosto de 1936, el día después de la matanza de la cárcel Modelo, se crearon tribunales populares en un intento de tapar el hueco que había dejado el derrumbamiento del sistema de justicia y poner coto a los asesinatos incontrolados.

Durante los meses de agosto y septiembre, los rebeldes consolidaron considerablemente sus posiciones. El veterano coronel (pronto general) africanista y simpatizante carlista, José Enrique Varela, consiguió conectar Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. Para los republicanos no hubo avances espectaculares. En Oviedo, los mineros engañados habían regresado y tenían sitiado al coronel Aranda, que se había apoderado de su ciudad de forma fraudulenta. La guarnición rebelde de Toledo seguía encerrada en el Alcázar. El 23 de julio, columnas de milicianos anarquistas partieron de Barcelona con el objetivo de reconquistar Zaragoza. Al igual que Sevilla, la capital aragonesa era un bastión de la CNT que había caído en las primeras horas del alzamiento en poder de los rebeldes. La toma de Zaragoza se convirtió para la CNT en una cuestión de amor propio. Sus milicias partieron delirantes de entusiasmo, llegaron a poca distancia de su objetivo, y allí quedaron detenidas. Como una parodia a pequeña escala del asedio de Madrid por los nacionales, quedaron atascados a lo largo de dieciocho meses. A tan solo veinte kilómetros de distancia de sus líneas, podían ver Zaragoza, en la noche: «Una hilera tenue de luces, como los ojos de buey iluminados de los camarotes de un barco», escribió Orwell. Así, la guerra empezó a convertirse para la República en un ciclo interminable de derrotas o, como mal menor, en un punto muerto. Además, los intentos de la República de conseguir ayuda extranjera resultaron mucho menos fructíferos que los de los rebeldes.

El 19 de julio, Giral envió un telegrama pidiendo ayuda a Léon Blum, primer ministro del gobierno francés del Frente Popular, que decía: «SORPRENDIDOS POR PELIGROSO GOLPE MILITAR. STOP. SOLICITAMOS AYUDA INMEDIATA ARMAS Y AVIONES. STOP. FRATERNALMENTE GIRAL». Una victoria del bando nacional representaba la existencia de un tercer Estado fascista en las fronteras de Francia, lo que hacía peligrar seriamente su posición internacional, ya que significaba la pérdida de España como territorio puente que facilitaría la incorporación de las fuerzas coloniales francesas (un 30 por ciento de su capacidad militar total) para la defensa nacional. Blum, con el apoyo de su ministro del Aire, Pierre Cot, decidió prestar la ayuda solicitada. Además, como líder de un régimen hermano, se sintió conmovido por la súplica de Giral. Sin embargo, su inestable gobierno de coalición estaba dividido al respecto, con un ministro de Defensa, Yvon Delbos, especialmente hostil al Frente Popular español. El personal prorrebelde en la embajada republicana española en París filtró información sobre la petición de Giral y la respuesta de Blum, lo que fue utilizado por la prensa derechista, que estaba furiosa por la amenaza que la revolución española suponía para las inversiones francesas en el país. Blum fue entonces acusado de exponerse a una guerra con Alemania e Italia. Mientras Blum dudaba, durante una visita a Londres, el 23 y 24 de julio, pudo darse cuenta de que los británicos desaprobaban su decisión de enviar ayuda. En el vestíbulo del hotel Claridge’s, sir Anthony Eden advirtió: «Sea prudente». Aparentemente la cautela británica obedecía al temor de que la ayuda francesa a la República pudiera provocar una ampliación de las hostilidades, pero reflejaba igualmente el hecho de que los intereses comerciales británicos en España impulsaban al gobierno Baldwin a simpatizar con el bando nacional.

Como la prensa derechista continuaba alborotada, los ministros Radicales en la coalición del Frente Popular declararon que apoyarían a Blum solo si éste conseguía garantías del apoyo británico. Enfrentado a la tormenta desatada en la prensa y temeroso de perder el respaldo británico, para el 25 de julio, Blum no se había atrevido a poner en práctica su compromiso de ayuda y, en cambio, propuso que las principales potencias europeas se pusieran de acuerdo respecto a una no intervención en España. En vista de los titubeos franceses, José Giral escribió al embajador soviético en Francia para pedirle que informara «a su gobierno del deseo y la necesidad que experimenta nuestro gobierno del suministro de armas y munición de todos los tipos, y en grandes cantidades, por parte de su país». Los rusos tardaron varias semanas en reaccionar favorablemente. Sin embargo, el 6 de agosto la República española recibió algunos aviones franceses, aunque no tantos como se necesitaban. Blum esperaba en vano que impidiendo una participación internacional, que tendía a favorecer a los rebeldes, podía dar al gobierno del Frente Popular español una oportunidad razonable de vencer la insurrección militar. Pero dado que la «no intervención» iba a convertirse en una farsa sin contenido, cínicamente explotada por Alemania e Italia, y más tarde por la Unión Soviética, la República quedó, de hecho, prácticamente sentenciada.

En pleno verano español de 1936 ese hecho estaba muy lejos de ser evidente para todo el mundo. Franco estaba ocupado con la necesidad de tomar una decisión trascendental en cuanto a la ruta que debía seguir el Ejército de África. El 21 de septiembre, sus columnas habían llegado hasta Maqueda, un importante cruce de vías, donde la carretera del sur se dividía para ir hacia el norte, a Madrid, o hacia el este, a Toledo. Las columnas podían, pues, dirigirse hacia Madrid o desviarse en dirección a Toledo para socorrer a la guarnición nacional que se encontraba sitiada por las milicias republicanas. Los mil guardias civiles y falangistas encerrados en el Alcázar en los primeros días del alzamiento habían llevado con ellos como rehenes a aproximadamente doscientas mujeres y niños, familiares de izquierdistas conocidos. Los milicianos habían malgastado enormes cantidades de tiempo, energía y munición en el intento de capturar una fortaleza sin ninguna importancia estratégica. La resistencia de la guarnición sitiada se había convertido así en el gran símbolo del heroísmo nacional. Por supuesto, la existencia de los rehenes y su posterior desaparición fueron totalmente olvidadas. A lo largo de la guerra, y más tarde, durante muchos años, se aceptó la historia de su asedio en la versión difundida tanto por los simpatizantes españoles como ingleses de la causa nacional. Se afirmaba que el 23 de julio, el jefe de las milicias republicanas encargado del asedio había llamado por teléfono al coronel Moscardó, comandante de la plaza para decirle que si no se rendía, su hijo sería ejecutado.

Se dice que Moscardó le pidió entonces a su hijo que encomendara su alma a Dios y que muriera valerosamente. Y supuestamente, Moscardó oyó por teléfono el disparo que acabó con la vida de su hijo. Casi con toda seguridad la historia es apócrifa por varias razones, de las que no es la menos importante su sospechosa semejanza con la leyenda de Guzmán el Bueno, que sacrificó valerosamente la vida de su hijo durante el sitio de Tarifa por los árabes, en el siglo XIII. La historia encaja demasiado bien en el esfuerzo de la propaganda nacional por relacionar la Guerra Civil con la Reconquista de España contra los infieles. En realidad, el hijo de Moscardó murió el 23 de agosto, y no por la supuesta amenaza hecha a su padre, ya que fue ejecutado junto a otros presos como represalia por un bombardeo aéreo nacionalista. Resulta extraño que si el 23 de julio funcionaba la línea telefónica con el Alcázar, nunca se intentase después un nuevo contacto. Pero esos detalles poco importaban; el Alcázar y las anécdotas heroicas relativas a él tuvieron para los nacionales un inmenso valor propagandístico.

El 9 de septiembre se envió a Toledo un oficial con una cuartilla que contenía tres condiciones para la rendición de la guarnición: que Moscardó garantizase las vidas de todos los que estaban en la fortaleza, que todas las mujeres, niños y hombres de menos de dieciséis años fueran puestos en libertad inmediatamente, y que todos los demás tendrían un juicio justo para determinar sus responsabilidades. Un comandante del Estado Mayor, Vicente Rojo, se ofreció como voluntario con la esperanza de salvar a los rehenes. Pensaba que tal vez conseguiría su propósito porque durante un decenio había sido profesor de táctica en la Academia de Infantería de Toledo y muchos de los que estaban en el Alcázar eran amigos y excolegas suyos. Al entrar en la fortaleza amparado por una bandera blanca, le vendaron los ojos y le llevaron a presencia del coronel Moscardó, que echó una ojeada a la lista de condiciones y las rechazó sin vacilar. Era lo que Rojo había predicho que sucedería, «que no se rendirían porque yo, si estuviera dentro, tampoco lo haría». Mientras estuvo dentro del Alcázar, Rojo recibió peticiones de ayuda. Moscardó le pidió que les mandara un sacerdote para que les confesara y dijese misa. Un amigo de Rojo, el capitán Luis Alamán, le dio los detalles del escondrijo de su esposa y sus dos hijas en Madrid. Al volver a la capital, Rojo dispuso que un sacerdote entrara en el Alcázar al día siguiente. También localizó a la esposa y las hijas del capitán Alamán y les brindó refugio en su propio domicilio, situado, irónicamente, en el número 50 de Guzmán el Bueno.

La tarea de encontrar un sacerdote recayó en el artista Luis Quintanilla. Después de recibir una negativa de un canónigo de la catedral de Toledo, dio en Madrid con un sacerdote que estaba dispuesto a cumplir la misión. Al entrar el padre Enrique Vázquez Camarasa en la fortaleza, le vendaron los ojos y le condujeron, en silencio total, a presencia de la delgada figura de Moscardó. Cuando el padre Vázquez Camarasa preguntó con delicadeza por la situación de las numerosas mujeres y niños, Moscardó contestó bruscamente que no era de su incumbencia y que podía oír confesiones, decir misa y dar la comunión, pero nada más. Luego le llevaron a un sótano pestilente donde dijo misa ante gran número de mujeres demacradas y niños que lloraban. El sacerdote sufrió una honda impresión al ver aquella aglomeración horrorosa de cadáveres vivientes e intentó persuadir a los oficiales de la necesidad de compadecerse de ellos. Moscardó nunca se lo perdonó. Después de que la fortaleza fuera finalmente liberada, tras otros diecisiete días de privaciones, se desató en la zona nacional una campaña de prensa contra Vázquez Camarasa, al que llamaron «el cura rojo». Al terminar la Guerra Civil, se vio obligado a exiliarse y murió en Buenos Aires en 1946.

La decisión de acudir o no a liberar el Alcázar estaba estrechamente relacionada con la lucha por el poder que había empezado a desarrollarse en el seno del bando nacional. Una de las más obvias ventajas de los nacionales frente a los republicanos era su unidad, simbolizada por la creación de la Junta de Burgos el 24 de julio, bajo la presidencia simbólica del general Miguel Cabanellas. No obstante, a pesar de la existencia de la Junta de Burgos, la España nacional estaba en realidad dividida en tres bloques de poder. Uno de ellos, el feudo cuasimedieval del general Queipo de Llano, en Sevilla, no contaba en la lucha por el poder. Los otros dos estaban dominados por el general Mola, desde Burgos, y por el general Franco, que avanzaba hacia Madrid con su Ejército africano. Aunque a sus cuarenta y tres años Franco era el más joven de los dos, también era un oficial de rango superior, general de división, mientras que Mola, con cuarenta y nueve años, era simplemente general de brigada. Además, las primeras vacilaciones de Franco habían quedado más que redimidas por el espectacular empuje de sus tropas en su avance hacia el norte. Por último, por mediación del general Alfredo Kindelán y del coronel Juan Yagüe, Franco había insinuado tanto a los monárquicos como a los falangistas que secundaría sus objetivos políticos. Kindelán organizó un encuentro de los jefes nacionales de mayor jerarquía el 21 de septiembre, en un aeródromo cercano a Salamanca. Todos los generales presentes, con la excepción de Cabanellas, coincidieron en que debía nombrarse un comandante en jefe para sustituir a Sanjurjo. No solo había razones militares fundadas para ello, sino que también iba a facilitar las negociaciones en marcha con Hitler y Mussolini en petición de más ayuda.

En la reunión de Salamanca, Franco fue elegido comandante único. Más tarde, ese mismo día, decidió retrasar su avance sobre Madrid para liberar el Alcázar. Al desviar sus tropas hacia Toledo, perdió una oportunidad irrepetible de irrumpir en la capital de España antes de que se hubiera organizado la defensa. Lenguas viperinas extendieron el rumor de que Franco pretendía inclinar de su lado la balanza del poder mediante una victoria emocional y un gran golpe propagandístico. Ciertamente, el retraso proporcionó a Madrid el respiro necesario para organizar su defensa. Fue, desde el punto de vista militar, un gesto innecesario, pues el avance ininterrumpido sobre la capital habría sido suficiente para provocar el abandono del sitio del Alcázar. Fueran cuales fuesen los motivos de Franco, su decisión no le perjudicó en absoluto. El 26 de septiembre las fuerzas nacionales ya se encontraban en las afueras de Toledo. Un cronista jesuita, el padre Alberto Risco, describió el paso de los regulares marroquíes de Mohamed ben Mizziam por la periferia «con el aliento de la venganza de Dios sobre las puntas de sus machetes, persiguen, destrozan, matan… Y embriagados ya con la sangre, la columna avanza».

Al día siguiente, las columnas africanas entraron en la ciudad y pudieron liberar a sus camaradas sitiados. Siguió un nuevo baño de sangre. Mientras tenía lugar se impidió la entrada de la prensa en la ciudad. Lo que vieron los periodistas cuando les permitieron entrar, el 29 de septiembre, les impresionó vivamente. Según el relato de John Whitaker, «… los hombres que les mandaban no desmintieron en ningún momento que los moros mataron a los heridos del hospital republicano de Toledo. Ellos mismos se jactaban de cómo arrojaron granadas de mano en medio de los heridos indefensos que gritaban pidiendo auxilio». De este incidente en el hospital de Tavera, localizado en el antiguo hospicio de San Juan en el extrarradio de la ciudad, informó también un corresponsal de la United Press, Webb Miller. Según él, más de cien heridos fueron muertos a tiros donde yacían. En la maternidad más de veinte mujeres embarazadas fueron obligadas a levantarse de la cama, cargadas en un camión y trasladadas al cementerio municipal, donde las fusilaron. A los rehenes ya los habían matado a tiros. Webb Miller informó de haber visto en las calles los cadáveres decapitados de milicianos. El padre Risco describe cómo hombres y mujeres se suicidaron para que no los capturasen las columnas africanas. Los que eran apresados en los registros de casa por casa, según comentó, «tenían que morir».

Fuera cual fuese la eficacia militar de su acción, los beneficios políticos que Franco extrajo de ella fueron enormes. En la Edad Media Toledo había sido la primera ciudad musulmana importante en ser reconquistada por fuerzas cristianas. Ahora Franco se asociaba simbólicamente con los grandes guerreros de la Reconquista al tiempo que asociaba a los defensores republicanos con los infieles. Al día siguiente volvió a escenificarse el momento de la liberación para las cámaras de los noticiarios. El público de los cines de todo el mundo vio a Franco inspeccionar las ruinas del Alcázar junto a un flaco y barbudo Moscardó. Franco pasó así a simbolizar el esfuerzo bélico de los nacionales. Dentro y fuera de España, su figura estaba emergiendo como la del líder en el que las derechas centraban sus esperanzas. Con cierta superchería por parte del general Kindelán y de su propio hermano, Nicolás, el pequeño general gallego iba a estar en breve en condiciones de convertirse no solo en comandante en jefe, sino en jefe del Estado. Y pronto iba a ser vitoreado como «Caudillo» (el equivalente más cercano en español a la palabra Führer) por las extáticas masas nacionales.

En contraste con la alegría que reinaba en las filas nacionales, la situación de la República no era nada prometedora. El 13 de septiembre San Sebastián se rindió porque los vascos no querían arriesgarse a la destrucción de su elegante ciudad. El general Varela continuaba su marcha por Andalucía, avanzando desde Sevilla hacia el este. Se trataba de una ofensiva de escasa importancia militar, pero que ponía de relieve el trasfondo socioeconómico que determinaba la estrategia bélica nacional. El Ejército nacional iba acompañado por los hijos de los latifundistas, que habían formado un regimiento de caballería de voluntarios. A lo largo del mes de agosto fueron cayendo en su poder pueblo tras pueblo, defendidos únicamente por campesinos armados con horcas, escopetas de caza y trabucos viejos. Multitudes de refugiados aterrorizados, cargados con sus escasas pertenencias, huían del saqueo de los mercenarios moros y los requetés carlistas. Tuvieron lugar entonces crueles actos de venganza contra los braceros que habían colectivizado las tierras, bajo la mirada de los propietarios, que habían huido en la primavera anterior. En la pequeña localidad de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, donde la única víctima de la izquierda había sido un cacique particularmente despótico, los nacionales fusilaron en represalia a 300 habitantes. En la cercana Palma del Río, en la provincia de Córdoba, guardias civiles y falangistas echaron abajo las puertas y sacaron de sus escondites a las personas que no habían conseguido huir del pueblo. Se les hizo formar en la calle bajo la mirada del cacique local, y éste fue pasando ante las filas de sus convecinos, señalando quiénes debían ser castigados por haber matado a sus toros. Más de doscientos fueron reunidos en el patio de la finca y ametrallados. En otros lugares, a los presos se les sometió a un juicio rudimentario y fueron fusilados por crímenes como no ir a misa, leer a Rousseau y a Kant, criticar a Hitler y a Mussolini o admirar a Roosevelt.

El 16 de septiembre, las tropas de Varela tomaron Ronda, en la provincia de Málaga. Las fuerzas de Mola reanudaron de nuevo su avance sobre Madrid, y el 7 de octubre también el Ejército de África reemprendió la marcha en dirección norte. A los anteriores suministros de armas se sumó la llegada de piezas de artillería y carros blindados italianos. Los nacionales ocupaban ya la mayoría de las poblaciones situadas en un radio de veinticinco kilómetros alrededor de Madrid, por lo que la capital se vio inundada por un alud de refugiados que representaban serios problemas para la distribución de agua y alimentos. Las columnas de milicianos también se replegaban en Madrid en total desbandada. Franco había anunciado a los corresponsales de prensa que tomaría la capital el 20 de octubre. Las emisoras de radio nacionales anticiparon la noticia de que Mola preparaba su entrada en la Puerta del Sol madrileña montado en un caballo blanco. Incluso había citado allí al corresponsal del Daily Express para tomar café, y algunos bromistas prepararon una mesa especial para recibirle. En el edificio de la Telefónica se amontonaban los telegramas dirigidos a Franco felicitándole por su victoria. Parecía no haber esperanza para Madrid. Y entonces, el 15 de octubre, empezaron a llegar los primeros envíos de armas de la Unión Soviética. La reticencia inicial del Kremlin a ayudar a la República había dado paso a la determinación de que no se debía permitir a Italia y a Alemania utilizar a España para modificar el balance europeo de poder. Ya no habría una victoria fácil para los nacionales.

V. «Detrás del pacto de caballeros»: Las grandes potencias traicionan a España

V

«Detrás del pacto de caballeros»:

Las grandes potencias traicionan a España.

La reacción de las grandes potencias determinó en gran medida tanto el curso como el resultado de la Guerra Civil. Este hecho no puede sorprender a nadie, ya que el conflicto español fue, desde el punto de vista internacional, únicamente la última y más encarnizada batalla de una guerra civil europea que, a intervalos, había sido atroz a lo largo de los veinte años anteriores. La Revolución rusa de octubre de 1917 significó para la izquierda de toda Europa un sueño y una aspiración. Desde entonces, la derecha en Europa había estado procurando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, construir barreras contra amenazas revolucionarias reales o supuestas. La represión salvaje de las revoluciones en Alemania y Hungría después de la Primera Guerra Mundial, la destrucción de la izquierda italiana por obra de Mussolini, el establecimiento de dictaduras en España y Portugal, e incluso la derrota de la huelga general en Gran Bretaña, habían formado parte de ese proceso, que prosiguió con el aplastamiento de la izquierda en Alemania, en 1933, y en Austria en 1934. Desde una perspectiva más amplia, el miedo y el recelo hacia la Unión Soviética habían determinado en gran medida la diplomacia internacional de las potencias occidentales a lo largo de los años veinte, y de manera todavía más acusada en los años treinta. La rápida tolerancia mostrada hacia Hitler y Mussolini en el terreno internacional era una señal tácita de aprobación de su política hacia la izquierda en general y hacia el comunismo en particular. No obstante, gradualmente empezó a resultar evidente que el corolario del reajuste de la correlación de fuerzas interna en Italia y Alemania en favor del capitalismo iba a ser una tentativa de alterar el equilibrio de la competencia de fuerzas en el ámbito internacional mediante políticas de agresión imperialista. La simpatía residual de los políticos de las grandes potencias hacia el fascismo hizo que su primera respuesta consistiera en un intento de desviar esas ambiciones dándoles un contenido anticomunista y, en consecuencia, una dirección rumbo al este.

Durante todo el período de la República, tanto la derecha como la izquierda españolas fueron profundamente conscientes del papel que representaban en un contexto europeo más amplio. Gil Robles asistió a una concentración nazi en Nuremberg y basaba gran parte de la propaganda de la CEDA en las técnicas aprendidas durante un viaje de estudios por la Alemania nazi. Tanto Renovación Española como los carlistas mantenían cercanas relaciones con los fascistas italianos. La Falange recibía entonces subvenciones del gobierno italiano. Los accidentalistas y los catastrofistas nunca se cansaban de expresar su admiración y su determinación de emular a Hitler y a Mussolini. La izquierda también se mostraba sensible a paralelismos con otros países de Europa, y su prensa diaria estaba llena de relatos sobre el horror fascista. Exiliados alemanes, italianos y austríacos escribieron en las publicaciones de la izquierda española graves advertencias sobre la necesidad de combatir contra el fascismo. Por tanto, cuando estalló la guerra en España, ambos bandos eran conscientes de que tomaban parte en un conflicto con amplias ramificaciones internacionales. Sin los aviones alemanes e italianos los generales rebeldes no habrían podido transportar a sus mejores tropas a la península. Del mismo modo, las armas soviéticas tuvieron un papel decisivo en la defensa de Madrid. En último término, por consiguiente, el acceso a los créditos y a los suministros de armas internacionales fue un tema de significación tan destacada que puede decirse sin exageración que el resultado de la guerra se decidió en las cancillerías de Europa, más que en los campos de batalla españoles.

Y sin embargo, la postura oficial internacional respecto a la crisis española fue la «no intervención». Los británicos informaron a Léon Blum, primer ministro francés, y que al principio era partidario de ayudar a la República, de que si, como resultado de ayudar a España, se producía una guerra contra Alemania o Italia, Gran Bretaña no le ayudaría. Se esperaba que si se imponía la no intervención, la guerra languidecería por falta de armas y de munición. Cuando la crisis española se desencadenó en el verano de 1936, ninguna de las grandes potencias tenía una política preparada. Cada una de ellas aplicó el principio de no intervención de la manera que mejor cuadraba a su política general seguida hasta aquel momento: las potencias fascistas con una agresividad instintiva, y las democracias con prudencia. Tal fue particularmente el caso de Gran Bretaña. Por tradición, y como reacción ante los horrores de la Primera Guerra Mundial, los británicos estaban resueltos a evitar una guerra general. Los republicanos españoles, sin embargo, consideraban de una importancia suma que tomaran conciencia de la necesidad de evitar el fortalecimiento de la Alemania nazi. Cuando la Guerra Civil ya había finalizado, el socialista Julio Álvarez del Vayo, ministro republicano de Asuntos Exteriores en los gobiernos de Largo Caballero y de Negrín, escribió: «No pasó un día, hasta casi el final, en el que no tuviéramos nuevas razones para esperar que las democracias occidentales sentarían la cabeza y nos devolverían el derecho a comprarles armas. Y cada día nuestras esperanzas resultaban ilusorias». No obstante, los británicos veían el conflicto español en un contexto más amplio de política internacional que abarcaba cuestiones mucho más complejas que el derecho de la República a comprar armas. El gobierno británico, igual que el francés, trabajaba a fondo para disminuir a cualquier coste los peligros de una conflagración europea. Además, un objetivo implícito en la política conciliatoria de Gran Bretaña consistió en convencer a los alemanes de que miraran hacia el este si querían expandirse. De ahí el sacrificio espontáneo de Austria y Checoslovaquia. De ahí también los intentos de Chamberlain de librar a Gran Bretaña de su pacto de ayuda a Polonia en caso de agresión exterior. Todo ello era el complemento lógico de la política británica a partir de 1935, cuando cerró los ojos ante el rearme abierto de la Alemania nazi y a la invasión italiana de Etiopía, estado miembro de la Sociedad de las Naciones.

En Gran Bretaña la opinión pública estaba abrumadoramente a favor de la República española. En enero de 1939, cuando la derrota ya era segura, todavía el 70 por ciento de los encuestados consideraba que la República era el gobierno legítimo. Sin embargo, entre la pequeña proporción de los partidarios de Franco, nunca más del 14 por ciento, y a menudo menos, se encontraban los que tomarían las decisiones cruciales. En lo que se refería a la guerra de España, los conservadores que tomaban las decisiones tendían a permitir que sus prejuicios de clase prevalecieran sobre los intereses estratégicos de Gran Bretaña. Un diplomático británico dijo al periodista Henry Buckley que «lo que es esencial recordar en el caso de España es que se trata de un conflicto civil y que es muy necesario que apoyemos a nuestra clase». Esto fue obvio desde el principio. El 28 de julio de 1936 el conde Galeazzo Ciano dijo claramente a Edward Ingram, el encargado de negocios británico en Roma, que creía que el apoyo pleno y abierto de Portugal a los militares españoles sublevados sencillamente no sería posible sin el aliento británico. Ingram contestó que «el Ministerio de Asuntos Exteriores británico había comprendido el significado exacto de la iniciativa italiana».

Que el apoyo británico a los sublevados se daba por sentado en gran parte de la derecha europea se puso de manifiesto al día siguiente cuando el propio Franco, en una entrevista con el diario de Toulouse La Dépêche, declaró: «La cuestión no es solo nacional sino internacional. Ciertamente, Gran Bretaña, Alemania e Italia deberían mirar nuestros planes con simpatía». Franco nunca reconocería públicamente que la «pérfida Albión» contribuyó en enorme medida a su victoria final. Sin embargo, ya el 10 de agosto el Ministerio de Estado que se había creado apresuradamente en Burgos dijo a la Junta de Defensa Nacional «que en conjunto la actuación inglesa nos es favorable; puede apreciarse en la franca, abierta y admirable ayuda que nos está prestando Portugal, ligado a los intereses británicos de tal manera que es preciso admitir que Oliveira Salazar cuenta en absoluto con el beneplácito del gobierno inglés para ayudarnos en la medida que lo hace». A principios de agosto Juan de la Cierva, el inventor español del autogiro, que había ayudado a organizar el vuelo de Franco de las islas Canarias a Marruecos, dijo al encargado de negocios italiano en Londres, Leonardo Vitetti, que había comprado todos los aviones que estaban en venta en el mercado libre de Gran Bretaña y se disponía a mandárselos a Mola. De la Cierva dijo que «las autoridades británicas le habían dado todas las facilidades aunque sabían de sobra que los aviones van destinados a los sublevados españoles».

Los considerables intereses comerciales británicos en España, con importantes inversiones en minas, vinos, textiles, aceite de oliva y corcho, les indujeron a ser cualquier cosa excepto solidarios con la República. La comunidad mercantil se inclinaba inevitablemente hacia el bando nacional, dada la creencia de que los anarquistas y los demás revolucionarios españoles estaban dispuestos a requisar y a colectivizar las propiedades británicas.

Del mismo modo, numerosos miembros del gobierno y del cuerpo diplomático británicos, por razones de clase y de educación, simpatizaban con los objetivos contrarrevolucionarios de los nacionales, como también simpatizaban con Hitler y Mussolini. Era corriente que los aristócratas españoles y los vástagos de las principales familias exportadoras de jerez se educaran en colegios privados católicos de Inglaterra como Beaumont, Downside, Ampleforth y Stonyhurst. Hablaban el mismo lenguaje que los ingleses de clase alta ante los que abogaban por la causa de Franco. Había, pues, un nexo de contactos y amistad de clase alta que intensificó la hostilidad subyacente de los conservadores británicos contra la República española. Todos esos factores, añadidos a la determinación de evitar la guerra, desembocaron en la consecuencia lógica de la adopción de la política de no intervención. Por encima de todo esa política debía servir para neutralizar y localizar la guerra de España; pero presentaba ventajas adicionales para los conservadores británicos: la no intervención consideraba a los dos bandos de la Guerra Civil igualmente censurables, aunque uno de ellos era el gobierno legal y el otro un grupo de generales rebeldes. Se negaba ayuda a los dos bandos por más que, según las leyes internacionales, la República tuviera derecho a comprar armas y suministros. Al negar a la República ese derecho, la no intervención absolvía a los británicos de cualquier posible ansiedad de estar ayudando a las fuerzas de la revolución.

Los informes escalofriantes de Norman King, el cónsul británico en Barcelona, se imprimieron y distribuyeron entre los miembros del gabinete en Londres. King, que creía que los españoles eran «una raza sanguinaria», declaró el 29 de julio que si la rebelión militar era derrotada, «España se sumirá en el caos de alguna forma de bolchevismo y cabe esperar actos de salvaje brutalidad». Sir Henry Chilton, el embajador británico en España en 1936, era abierta e implacablemente hostil al gobierno ante el cual estaba acreditado. El embajador norteamericano, Claude Bowers, escribió que Chilton «fue violentamente contrario a los republicanos desde el primer día y solía llamarlos “rojos”». Desde su espléndida residencia en la ciudad francesa de Saint-Jean-de-Luz, donde permaneció hasta jubilarse a finales de 1937, Chilton mantuvo relaciones cordiales con los militares rebeldes del otro lado de la frontera. Las relaciones cotidianas con el gobierno republicano se dejaron en manos de un encargado de negocios, George Ogilvie Forbes, primero en Madrid y más adelante en Valencia.

A finales de noviembre de 1937 el gobierno británico nombró un representante oficial ante la España nacional en la persona de sir Robert Hodgson. Casado con una rusa blanca ferozmente anticomunista, había representado a Gran Bretaña ante el «gobierno panruso» del almirante Kolchak en Omsk durante la guerra civil rusa y desde entonces odiaba a los comunistas. En lo que se refería a Hodgson y su esposa, la Guerra Civil española ofrecía una oportunidad de invertir la victoria de los bolcheviques. Hodgson no ocultaba que compartía la opinión de los nacionales de que los republicanos eran «hordas controladas por los comunistas, inspiradas por la Komintern y apoyadas por la escoria, en gran parte extranjera, entre la que se reclutan las fuerzas republicanas». Los despachos que mandaba desde Burgos se referían en términos líricos a los nacionales. Después de su primera entrevista con Franco, informó al Ministerio de Asuntos Exteriores británico de la «muy atractiva personalidad» del Caudillo y la «acentuada bondad de expresión» que emanaba de sus ojos. En sus memorias Hodgson habló orgullosamente de «la causa», con lo cual se refería al esfuerzo bélico de los nacionales.

Todo ello no significa, sin embargo, que no hubiera opiniones divididas entre los partidos conservador y laborista en torno a los sucesos de España. Entre los católicos británicos simpatizantes del bando nacional se relataban historias atroces llevadas a cabo por anarquistas españoles saqueadores y obsesos sexuales. A través del Right Book Club (Club del Libro de la Derecha) y de la prensa conservadora, tales historias tuvieron un impacto considerable entre el público de las clases medias. Aun sin sus esfuerzos, la mayoría de los conservadores aceptaba la política de apaciguamiento de Chamberlain prácticamente a cualquier precio. Pero se le oponía también una significativa minoría de su propio partido. Anthony Eden, por ejemplo, se fue inclinando cada vez más a desconfiar de las intenciones de los italianos. Churchill creía que Gran Bretaña debía continuar siendo neutral. Sin embargo, cambió gradualmente de actitud al reflexionar sobre la escala de la intervención alemana e italiana.

Refiriéndose a la crisis española en el Evening Standard del 10 de agosto de 1936, Churchill escribió: «Es de la mayor importancia que Francia y Gran Bretaña actúen juntas en el cumplimiento de la más rigurosa neutralidad ellas mismas y el esfuerzo por fomentarla en otros. Aunque los rusos regalen dinero a un bando o el otro reciba aliento de los italianos y los alemanes, la seguridad de Francia e Inglaterra exige una neutralidad absoluta y la no intervención por su parte. La parcialidad francesa a favor de los comunistas españoles o la parcialidad británica a favor de los sublevados españoles podría perjudicar profundamente los lazos que unen al Imperio británico y la República francesa. Este galimatías español no es de la incumbencia de ninguno de nosotros. Ninguna de estas facciones españolas representa nuestro concepto de la civilización». Sin embargo, durante 1938 las protestas del embajador republicano, Pablo de Azcárate, y de la conservadora duquesa de Atholl, que estaba a favor de los republicanos, acabaron empujándole a un replanteamiento.

El 16 de abril de 1938, Chamberlain firmó el pacto anglo-italiano. Azcárate protestó porque el pacto permitía a los italianos mantener tropas en España a pesar del acuerdo de no intervención. Churchill escribió a Eden: «Un triunfo total para Mussolini, que obtiene nuestra cordial aceptación de su fortificación del Mediterráneo contra nosotros, de su conquista de Abisinia y de su violencia en España». Temiendo que la España franquista pudiera convertirse en un satélite del Eje, Churchill sostuvo una conversación amistosa con Azcárate, en la que expresó su simpatía por la República, después de una cena en la embajada soviética. Churchill dijo a un periódico de Buenos Aires: «Franco tiene toda la razón de su parte, porque ama a su país. Además, Franco está defendiendo a Europa contra el peligro comunista… si desea usted expresarlo en esos términos. Pero yo… yo soy inglés y prefiero el triunfo de la mala causa. Prefiero que gane el otro bando porque Franco sería un contratiempo para los intereses británicos». En realidad, Churchill, pese a su conocida hostilidad hacia la izquierda española, llegó a la conclusión de que si se ayudaba a la creación de una España fascista, el estatus de gran potencia de Gran Bretaña en el Mediterráneo correría peligro.

En el Partido Laborista, la división se basaba en consideraciones menos imperiales. Las simpatías por la democracia española se equilibraban por la muy acusada hostilidad entre los sindicalistas hacia los comunistas, quienes solo en fechas muy recientes habían recibido instrucciones de la Internacional Comunista para dejar de denunciar a los partidos reformistas y socialdemocráticos como «socialfascistas». El líder ferozmente anticomunista del poderoso sindicato Transport and General Workers Union, Ernest Bevin, sostenía que, en cualquier caso, Gran Bretaña no estaba en condiciones de ayudar a España. En cambio, dirigentes como Aneurin Bevan y Stafford Cripps expresaron públicamente su apoyo a la República, aunque en términos generales se oponían al rearme por parte de Gran Bretaña. Clement Attlee, líder de los diputados del Partido Laborista, prometió públicamente «todo el apoyo posible a nuestros camaradas españoles» cuatro días después de la rebelión militar. Las contradicciones implícitas en esa posición fueron explotadas por Bevin y provocaron la derrota de Bevan y Cripps cuando en el Congreso del Partido de 1936, en Edimburgo, pidieron el apoyo del laborismo a la República. Sin embargo, en dicho congreso delegados que afirmaban representar la opinión de las bases lograron expresar su apoyo a los republicanos: «Nuestros corazones y simpatías están con ellos en su lucha». A nivel individual numerosos militantes del Partido Laborista dedicaron grandes esfuerzos para ayudar a España de muy diferentes maneras, entre ellas con donativos de dinero y el alistamiento en las Brigadas Internacionales. La política oficial del Partido Laborista era contraria a que sus afiliados se alistasen en las Brigadas Internacionales y hasta 1937 apoyó al gobierno nacional en su adhesión al acuerdo de no intervención. No obstante, miembros del partido, entre ellos Jack Jones, concejal laborista en Liverpool, participaron activamente en el reclutamiento de voluntarios para las Brigadas. Varios concejales laboristas lucharían en España. Una vez allí Jack Jones, que más adelante sería líder del Transport and General Workers Union, se convirtió en comisario político de la Compañía «Major Attlee», uno de los poquísimos comisarios no comunistas. Al cabo de un tiempo, en octubre de 1937, el partido rechazó oficialmente la no intervención y en diciembre del mismo año, Attlee visitó España para demostrar su admiración por las Brigadas.

La no intervención también convenía a los intereses de Francia. Aunque Léon Blum estaba ansioso por ayudar a la República española, incluso él se daba perfecta cuenta de los beneficios que suponía la política de no intervención. Con toda seguridad debería enfrentarse a intensas presiones contrarias a la solidaridad con España, tanto en Gran Bretaña como en su propio país. Entre aquéllos que se oponían a cualquier implicación de Francia en el conflicto español se contaban el presidente de la República, los ministros del Partido Radical en el gobierno frentepopulista de Blum y todo el bloque de las derechas francesas. La actitud británica fue asimismo crucial; desde 1918 los franceses vivían obsesionados por el recuerdo de las bajas sufridas en la Primera Guerra Mundial y, por tanto, entregados a la interminable búsqueda de una mayor seguridad internacional. Cuando el pacto de no agresión entre Alemania y Polonia destruyó la red francesa de alianzas en la Europa oriental, Francia se vio obligada a confiar casi exclusivamente en el apoyo británico. El terror de perder también ese apoyo una vez que la posición británica se hizo pública, era suficiente para inclinar a Francia del lado de la no intervención. Los italianos tenían informes fidedignos de que el apoyo británico a las propuestas francesas de no intervención se basaba enteramente en la creencia de que era una estratagema útil para impedir que los franceses ayudaran a la República española. Es improbable que Blum no lo supiera. En cualquier caso, los problemas internos de Blum le impedían hacer equilibrios en la cuerda floja en el terreno internacional. Amplios sectores de la sociedad francesa simpatizaban con los nacionales españoles, al mismo tiempo que estaban fuertemente resentidos con el gobierno del Frente Popular presidido por Blum. Atrapado entre los fuegos de la oposición de la derecha, por una parte, y de una serie de huelgas y disturbios promovidos por la izquierda, el gobierno francés optó comprensiblemente por la línea de menor resistencia en los asuntos de política exterior. El temor a provocar una guerra civil en Francia influyó de manera no despreciable en la decisión de Blum en favor de la no intervención. Estaba convencido de que si intervenía en ayuda del Frente Popular español, se produciría un levantamiento fascista en Francia con la consecuencia de que «España no se salvaría y, en cambio, Francia caería en las garras del fascismo».

Estados Unidos estaba demasiado entregado al aislacionismo del New Deal para preocuparse abiertamente por lo que sucedía en España. Los intereses estratégicos norteamericanos en España eran insignificantes. Sin embargo, las inversiones de Estados Unidos en el país ascendían a 80 millones de dólares en 1936. Los sectores de opinión políticamente influyentes que seguían los acontecimientos europeos se dividieron radicalmente en torno al problema español. Los grupos liberales, protestantes y de izquierda simpatizaban con la República. La derecha, el mundo financiero y el grueso de la Iglesia Católica apoyaban a los rebeldes. La red de prensa de la cadena Hearst defendía inequívocamente a Franco. Un típico titular de uno de sus periódicos, el Journal, rezaba así en su edición del 3 de agosto de 1936: «El Madrid rojo gobernado por Trotski». El presidente Roosevelt se inclinó ante el poder del lobby derechista-católico y el 7 de agosto su secretario de Estado, William Phillips, anunció que Estados Unidos «… se abstendría escrupulosamente de interferir de ninguna forma en la lamentable situación española». Siete días más tarde en un discurso en Chautauqua, en el estado de Nueva York, el propio presidente acuñó la fórmula del «embargo moral» respecto a la venta de armas a España como medio de mantener la paz internacional.

Sin tomar ninguna medida legislativa específica, el gobierno norteamericano estaba ampliando, en la práctica, los términos de la Neutrality Act de 1935. El semanario liberal The Nation protestó por considerar que esa actitud equivalía a alinearse en contra de la República. Ciertamente, el embargo afectaba a Franco mucho menos que a los republicanos. El presidente pronazi de la compañía petrolera Texaco, Thorkild Rieber, por ejemplo, arriesgó seis millones de dólares suministrando a crédito a los nacionales una parte sustancial del combustible que necesitaban, y no fue penalizado sino con una pequeña multa. Y, en cambio, se denegaron las licencias de exportación que solicitaron la Glenn A. Martin Aircraft Corporation de Baltimore y Robert Cuse, un industrial especializado en la fabricación de piezas de aviones, para enviar a la República española pedidos a gran escala. Los protestantes estaban consternados ante la actitud de los nacionales respecto a la democracia y la libertad de cultos. Bombardearon los periódicos con cartas que expresaban su inquietud ante el uso de los argumentos religiosos para justificar atrocidades. El historiador Claude Bowers, embajador norteamericano en España, asedió al presidente con cartas detalladas en las que le urgía a ayudar a la República. Roosevelt le contestó despreocupadamente: «Escríbame más cartas maravillosas como la última que me envió». En 1939, cuando Bowers regresó a Washington, Roosevelt le dijo: «Nos hemos equivocado; tenía usted razón desde el principio». El distinguido diplomático estadounidense Sumner Welles, subsecretario de Estado de 1937 a 1943, escribiría más tarde: «De todas las ocasiones en que hemos seguido una política de aislamiento miope la más desastrosa fue nuestra actitud respecto a la Guerra Civil española».

La actitud de la Unión Soviética fue compleja y bastante más sutil. Aunque el 27-28 de julio de 1933 se habían establecido relaciones diplomáticas con Rusia, los gobiernos de centro-derecha que estuvieron en el poder desde finales de 1933 hasta comienzos de 1936 no habían deseado cumplir el acuerdo. Por consiguiente, Moscú no pudo nombrar un representante diplomático hasta el 29 de agosto de 1936, unas seis semanas después del alzamiento militar. La URSS fue extremadamente lenta a la hora de dar ayuda a la República española, e incluso cuando la llevó a cabo, la principal razón de su posición apenas había ido más lejos de propagar la revolución. En mayo de 1934, la Internacional Comunista había dado la consigna de cambiar radicalmente la táctica: en adelante los partidos socialdemócratas europeos ya no debían ser tachados de «socialfascistas». Muy al contrario, a fin de cimentar la alianza entre la Unión Soviética y los Estados burgueses occidentales, los comunistas debían proponerse la unidad de acción con los partidos socialistas, lo que significaba un giro trascendental en la táctica de la Internacional Comunista que ponía fin a diez años de aislamiento y de rígido sectarismo. Las razones de tal giro residían en la visión que Stalin tenía de los intereses de la Unión Soviética en el ámbito de la política exterior. El ascenso del fascismo en Italia, y en mayor medida el del nazismo en Alemania, convencieron al dirigente soviético de la necesidad de procurar alianzas con los estados capitalistas democráticos, Francia y Gran Bretaña. Así, L’Humanité, órgano de prensa de los comunistas franceses, hizo un llamamiento a la formación de un frente unido con los socialistas franceses. De forma complementaria, tuvo lugar una ofensiva diplomática para hacer revivir la tradicional alianza defensiva antialemana entre Rusia y Francia: el 2 de mayo de 1935 se firmaba en París un pacto franco-soviético de ayuda mutua.

Poco después de la firma de este pacto, se inauguraba en Moscú el 7.º Congreso de la Komintern en el que se adoptó oficialmente la política de «Frente Popular». La principal preocupación del congreso era la formulación de una estrategia para salvaguardar la Unión Soviética de ataques exteriores. El eslogan central escogido por los partidos comunistas fue «La lucha por la paz y la defensa de la URSS». El líder comunista italiano Palmiro Togliatti, representante de la Internacional Comunista en España durante la Guerra Civil, se expresó claramente en el congreso al afirmar:

Para nosotros es absolutamente indiscutible que existe una completa identidad de objetivos entre la política de paz de la Unión Soviética y la política de la clase obrera y de los partidos comunistas de los países capitalistas. No hay, ni puede haber, ninguna duda en nuestras filas sobre este tema. No solo defendemos a la Unión Soviética en general. Defendemos en concreto el conjunto de su política y cada uno de sus actos.

La política de la Internacional Comunista, igual que la del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, era la respuesta a las malas intenciones bien anunciadas de Hitler con respecto al territorio soviético. La defensa de dicho territorio adquirió así prioridad sobre el fomento de la revolución. Cuando intervinieron en España quedó del todo claro que los agentes de la Internacional Comunista no eran el Estado Mayor General del mundo de la revolución, sino los guardas fronterizos de la Unión Soviética.

Lo que más preocupaba a Stalin era la seguridad colectiva, la cooperación con Gran Bretaña y Francia contra la amenaza alemana. Consciente de la falta de preparación de la Unión Soviética para una guerra, entre otros motivos por sus propias purgas en el cuerpo de oficiales del Ejército Rojo, había guardado un silencio absoluto acerca del nuevo régimen nazi. Más aún, había hecho grandes esfuerzos por garantizar que Rusia mantendría, durante tanto tiempo como resultase posible, las mismas relaciones con el Tercer Reich que las que había tenido con la República de Weimar. El conflicto español supuso, pues, un grave dilema para Stalin. En la Internacional Comunista se produjo un animado debate sobre el camino que seguir; los revolucionarios entusiastas mostraron el deseo unánime de ayudar a la República española, pero Stalin se alineó en el bando de los más prudentes moderados. Por tanto, se decidió no llegar más allá de las platónicas declaraciones de apoyo a la República. Así, cuando el 29 de julio Dolores Ibárruri, la diputada comunista en el Parlamento español, hizo un llamamiento a todos los países del mundo para que acudieran a salvar a la democracia española, no se produjo ninguna respuesta concreta por parte de la Unión Soviética. El dilema de Stalin era obvio. Por una parte, no podía permanecer impasible y dejar que se hundiera la República española, porque un nuevo Estado fascista en las fronteras de Francia reforzaría a las derechas francesas y debilitaría a la izquierda hasta el punto de convertir en probable la anulación del Pacto francosoviético. Incluso si esto no sucedía, el pacto podía devaluarse por la reducción del poder militar francés como consecuencia de la pérdida de la ruta española para que el Ejército colonial volviera a Francia. Por otra parte, la victoria de la izquierda española podía desembocar en una revolución social a fondo en la península Ibérica, lo cual ofendería a las potencias occidentales conservadoras que la Unión Soviética cortejaba a la sazón. Stalin temía la posibilidad de una alianza de las democracias con las dictaduras en contra de una España y una Rusia soviéticas.

Stalin empezó a reconsiderar de forma gradual y titubeante su decisión de no hacer nada respecto al conflicto español al saber que dos de los bombarderos italianos en ruta hacia el Marruecos español se habían estrellado al realizar un aterrizaje forzoso en las posesiones francesas del norte de África. La reacción inicial soviética ante la evidencia de una intervención fascista en España fue de cautela. El 3 de agosto se reunió una multitud de 150 000 personas en la Plaza Roja de Moscú para expresar su solidaridad con la República española. En las fábricas soviéticas se hicieron colectas y los trabajadores rusos votaron unánimemente el dar el 0,5 por ciento de sus salarios para ayudar a la República. Éstas eran indicaciones claras de la política oficial. El 18 de septiembre zarpó el primer envío de alimentos de Rusia con rumbo a España. Aunque Stalin nunca se mostró particularmente sensible a los intereses de los trabajadores de otros países, era consciente de que podía resultar extremadamente perjudicial, en términos propagandísticos, el hecho de que la Unión Soviética, el «Primer Estado Obrero», dejara de acudir en ayuda de un gobierno del asediado Frente Popular. En efecto, la noche del 3 de agosto un alto cargo soviético había dicho al encargado de negocios norteamericano en Moscú que, a pesar de las dudas sobre si era acertado ayudar visiblemente a la República española, el Kremlin había decidido que «si la Unión Soviética quiere conservar su hegemonía sobre el movimiento revolucionario internacional, no debe vacilar en asumir en los períodos de crisis el liderazgo de ese movimiento». Y lo que es más importante, Stalin era consciente de que un triunfo sin oposición de los nacionales en España fortalecería las posiciones internacionales de Hitler y Mussolini en detrimento de las francesas y, por extensión, en perjuicio del propio Stalin.

La política de Stalin hacia el conflicto español estaba, por tanto, condicionada por la necesidad de resolver un grave dilema: debía conseguirse una fórmula mediante la cual la ayuda soviética a España impidiera una alteración importante en el equilibrio político internacional en favor de Alemania y que, al mismo tiempo, evitara provocar los reflejos conservadores de Stanley Baldwin o de la derecha francesa. Básicamente, necesitaba impedir la derrota de la República, pero también deseaba evitar una victoria rotunda de la izquierda revolucionaria española. Así pues, su reacción a la propuesta de un acuerdo de no intervención fue de alivio absoluto y el 22 de agosto la Unión Soviética firmó el acuerdo. Parecía liberarle del dilema de abandonar a la izquierda española o arriesgarse a una guerra internacional para la que la Unión Soviética no estaba preparada. Con el mismo espíritu, la Komintern ya había respondido a los informes descabelladamente optimistas que llegaban de Madrid ordenando al Partido Comunista de España que apoyase al gobierno de la República y que en modo alguno aprovechase las posibilidades revolucionarias que ofrecía la ruptura del orden. Luego, el 28 de agosto, la Unión Soviética declaró oficialmente que no enviaría armas a la República española.

Al empezar la guerra Rusia no tenía embajador en España. Hasta finales de agosto no envió una misión, que incluía un diplomático veterano, Marcel Rosenberg en calidad de embajador, y varios militares encabezados por el general Ian Berzin. La realpolitik que informaba la prudencia soviética la explicó con sorprendente claridad el periódico comunista británico Daily Worker el 9 de septiembre: «Si la Unión Soviética no hubiera estado de acuerdo con la propuesta francesa de neutralidad, hubiese puesto en una situación muy embarazosa al gobierno [francés] y ayudado de forma considerable a los fascistas en Francia e Inglaterra, así como a los gobiernos de Alemania e Italia, en su campaña contra el pueblo español… Si el gobierno soviético diera algún paso que agravase la actual situación explosiva en Europa, los fascistas de todos los países lo recibirían con alegría y las fuerzas democráticas se dividirían, lo cual prepararía directamente el camino para la llamada “guerra preventiva” contra el bolchevismo representado por la URSS».

Sin embargo, ya en agosto se habían trasladado a España algunos militares soviéticos, entre ellos pilotos de las fuerzas aéreas. Luego, a medida que transcurría septiembre, Stalin se sintió cada vez más alarmado por las señales inconfundibles de que el acuerdo de no intervención no impedía que los alemanes, los italianos y los portugueses ayudaran a Franco. Tal como ahora dejaban claro los informes de la Komintern a Moscú, la consecuencia era la probable derrota de la República española y con ella un cambio importante del equilibrio de poder en Europa en detrimento de la Unión Soviética. Los rusos avisaron muchas veces a Gran Bretaña, Francia y los otros miembros del Comité de No Intervención de que Moscú podía verse obligado a incumplir el acuerdo si se hacía caso omiso de las violaciones del mismo por parte de Alemania e Italia. Los envíos de armas a España se iniciaron solo cuando se hizo inevitablemente patente que Alemania e Italia utilizaban la no intervención como una tapadera de conveniencia para ocultar su ayuda a los nacionales. El 14 de septiembre Stalin nombró un comité para que investigase la posibilidad de mandar ayuda militar en gran escala a España, incluidos aviones y tanques. Las conclusiones del comité recibieron la aprobación del Politburó el 29 de septiembre. El primer barco soviético cargado de armas pesadas, el Konsomol, zarpó de Odesa el 7 de octubre y atracó en el puerto de Cartagena el 15 de octubre. Durante octubre y noviembre otros envíos darían a la República una efímera superioridad aérea durante la batalla de Madrid.

Stalin estaba decidido a suministrar las armas suficientes para mantener con vida a la República, aunque también instruyó a sus agentes en España con el fin de que hicieran todo lo posible para asegurarse de que los aspectos revolucionarios de la lucha quedaran silenciados. Por consiguiente, la ayuda a España llevaba implícita una condición oculta: que en ningún caso el proletariado español iría más allá de lo considerado aceptable por los estadistas franceses y británicos. Stalin ayudó a la República española no para acelerar su victoria, sino más bien para prolongar su existencia lo suficiente como para mantener a Hitler ocupado en una empresa costosa. Todo lo más que deseaba Stalin para la República era que hubiera una solución de compromiso aceptable para las democracias occidentales. No le preocupaba tanto el destino del pueblo español como el que su propia cooperación con las democracias en el combate común contra la agresión fascista se viera sellada por la ostensible disposición de los soviéticos a dejar en un segundo plano la revolución social. Y así, por una ironía de la historia, los elementos revolucionarios de la zona republicana —los anarquistas y los cuasitrotskistas del POUM— encontrarían la enemistad más enconada no de parte de las fuerzas fascistas, sino de los comunistas españoles dominados por Moscú.

Gracias a las investigaciones de Ángel Viñas, poca duda cabe sobre las razones que motivaron la participación nazi en la Guerra Civil española. El apoyo alemán a los generales rebeldes se produjo como resultado de una decisión deliberada de Hitler, que consideró que la ayuda a Franco favorecía los intereses esenciales para la política exterior del Tercer Reich. Tal fue el caso a lo largo de toda la guerra. El Führer vio en el conflicto español una oportunidad para empujar la política de apaciguamiento a sus límites y así socavar la hegemonía anglo-francesa de las relaciones internacionales. Hitler era perfectamente consciente del temor de los británicos a la amenaza comunista, y especuló conscientemente con ellos. En palabras del embajador francés en Berlín en aquellos años, André François Poncet:

Rara vez he visto un esfuerzo mayor del gobierno nacionalsocialista para influir en Gran Bretaña. Se cree que los sucesos de España impresionarán a los conservadores británicos y les abrirán los ojos sobre la realidad del peligro soviético y los riesgos de una amistad excesiva con una Francia ya contaminada, alejándoles así de nuestro país. Todo son pródigas atenciones a sir Robert Vansittart, que está de visita en Berlín. Sus esperanzas de que las circunstancias favorezcan un acercamiento anglo-germano crecen de día en día.

El propio Hitler comentó a Ciano la existencia de lo que denominó «el terreno táctico» antibolchevique, queriendo significar que la intervención del Eje en España podía presentarse ante las democracias como anticomunismo desinteresado. Por añadidura, Hitler sentía una antipatía ideológica auténtica y extrema hacia el bolchevismo y la Unión Soviética. Este hecho quedó reflejado en los esfuerzos de los nazis por argumentar que la anarquía y el desorden asociados al conflicto español habían sido en realidad planeados por el Kremlin, pese al hecho de que los acontecimientos españoles habían pillado por sorpresa a la Unión Soviética.

Sin embargo, la actitud alemana ante la Guerra Civil española estuvo, al igual que la de la Unión Soviética, determinada por su profundo análisis estratégico de la situación internacional. Hitler estaba tan asustado con la idea de una España comunista como Stalin con la de una España fascista. La razón para ello estribaba en el hecho de que a mediados de los años treinta, tanto para Alemania como para la Unión Soviética la posición de Francia era crucial, y la situación francesa tenía una íntima relación con el desarrollo de los acontecimientos en España. Tal como comentó el vizconde Chilston, embajador británico en Moscú, «todo peligro para Francia es un peligro para la Unión Soviética». Según los cálculos de Hitler, una victoria de las fuerzas del Frente Popular en España representaría un paso adelante en la creación de un bloque izquierdista en Europa, destinado, con toda seguridad, a chocar con los planes de expansión imperialista del Tercer Reich en la Europa central y oriental. La conquista del Lebensraum dependía de la derrota previa de Francia, y esa derrota sería mucho más difícil si no se eliminaba primero el Frente Popular español.

Se han descartado las sugerencias de que la intervención de Hitler en España se debió a las perspectivas de obtener ventajas económicas. Aunque los recursos minerales de España podían resultar tentadores para una Alemania volcada en el objetivo del rearme, no fue ése el principal atractivo para Hitler. El mineral de hierro español solo representaba el 6,6 por ciento del consumo alemán en 1935 y las piritas cupríferas españolas alcanzaban el 46 por ciento del total de las importaciones alemanas de piritas. No obstante, en ningún caso peligraban los suministros a través de los canales normales. Además, incluso en la época de la gran crisis del comercio exterior del Tercer Reich a principios de 1936, las importaciones de mineral español no se vieron afectadas, debido a que la balanza comercial alemana con España era extraordinariamente favorable. Las razones de la posición alemana en la Guerra Civil española fueron más bien un reflejo simétrico de las de la Unión Soviética. Hitler deseaba evitar la creación de una «España soviética», pero todavía no estaba dispuesto a provocar un conflicto europeo por culpa de una implicación excesiva en los asuntos españoles. Del mismo modo que Stalin deseaba una victoria republicana sin ningún exceso revolucionario, Hitler apoyaba una victoria de las fuerzas rebeldes, pero sin alarmar ni enfrentarse a las potencias occidentales.

En vez de ello, utilizó el conflicto español como una especie de preparación para la guerra europea que inevitablemente estallaría en el momento oportuno. Así lo admitió Hermann Goering, comisario del Aire del Tercer Reich, en los juicios de Nuremberg:

Cuando estalló la guerra civil en España, Franco pidió ayuda a Alemania, especialmente cobertura aérea. No debe olvidarse que Franco y sus tropas estaban en África y no podían cruzar el estrecho porque la Armada estaba en manos de los comunistas… El problema decisivo era, en primer lugar, llevar sus tropas a España.

El Führer lo pensó largamente. Yo le pedí que siguiese prestando apoyo en todas las circunstancias, primero para impedir una mayor expansión del comunismo en aquel escenario, y segundo, para tener la oportunidad de poner a prueba mi nueva Luftwaffe en diferentes aspectos técnicos.

Con el permiso del Führer, envié a España una gran parte de mi flota de transporte y algunas unidades experimentales de cazas, bombarderos y artillería antiaérea; y de ese modo tuve la oportunidad de comprobar, en condiciones de combate, si el material se adecuaba a las tareas asignadas. Además, con el fin de que el personal adquiriese alguna experiencia, establecí un flujo continuo, es decir, que constantemente enviábamos gente nueva y repatriábamos a otros.

Evidentemente, Goering olvidaba que nueve años antes se había mostrado inicialmente mucho menos entusiasta que Hitler en la ayuda a Franco. Sin embargo, una vez se tomó la decisión, su entusiasmo por la utilización de España como campo de pruebas fue incuestionable. A los voluntarios de la Legión Cóndor, tanto si eran oficiales como simples soldados, se les pagaban salarios de ejecutivos por combatir en España. Hitler pronto fue también seducido por la oportunidad que representaba la ayuda a Franco para satisfacer a largo plazo las necesidades alemanas de materias primas estratégicas.

Italia fue la potencia europea cuya política estuvo más falta de consistencia y racionalidad. Su posición geográfica y la carencia de recursos naturales estratégicos le indujeron a seguir una política modesta y realista de alineamiento con Inglaterra, la potencia naval que dominaba el Mediterráneo. En cambio, la política de Mussolini estuvo siempre guiada por el incansable deseo de corregir lo que él veía como injusticias del tratado de Paz de Versalles. Dando golpes un poco al azar, ya fuera en Corfú o en Abisinia, Mussolini aspiraba a «… una Italia grande, respetada y temida». El deseo de reequilibrar dinámicamente el orden mundial existente en beneficio del fascismo le impulsaría a alinearse con la Alemania nazi y formar el Eje Roma-Berlín. Mussolini se había tomado enormemente en serio su posición de fundador del fascismo. La precaución mostrada en los primeros diez días de la Guerra Civil española fue efímera; dado que la veía como el principio de una contraofensiva mundial contra el fascismo, fue incapaz de resistir ante la tentación de intervenir. La derrota de los nacionales españoles habría representado un golpe para lo que consideraba un movimiento hermano, y el Duce no podía consentirlo, aunque tan solo fuese por el modo deferente con que el propio Franco se había puesto bajo su protección. En cualquier caso, Mussolini siempre andaba buscando un escenario adecuado para tensar los músculos de sus fuerzas armadas. Hasta cierto punto, los italianos, al igual que los alemanes, veían a España como un campo de pruebas eficaz para sus hombres y su equipo. Más importante era, sin embargo, la convicción de Mussolini de que la inmersión en la violencia y en la sangre era la única vía posible para forjar el espíritu del nuevo hombre fascista.

Desde mediados de los años veinte Mussolini había declarado que a los hombres italianos se les formaría en una virilidad brutal y una xenofobia despiadada. Al mismo tiempo, se instaría a las mujeres italianas a tener más hijos varones para que estos fuesen los guerreros que integrarían los ejércitos del futuro. La meta era una nación de 60 millones de italianos que «harán sentir su peso numérico y su fuerza en la historia del mundo». Lo que significaba esto, según declaró al principio, era poner fin al «chantaje de los cereales y el carbón» y «colaborar en la demolición del Imperio británico». En 1925 había dicho en confianza al diplomático Salvatore Contarini que «Gibraltar, Malta, Suez y Chipre representan una cadena que permite a Inglaterra rodear, aprisionar a Italia en el Mediterráneo». Durante los años siguientes la necesidad de romper los barrotes de la prisión se convertiría en uno de los estribillos más constantes (aunque privados) de Mussolini. No obstante, el Duce se debatía entre el deseo de destruir a los británicos y el de ganarse su favor.

Por consiguiente, mientras Mussolini titubeaba sobre si debía responder favorablemente a la petición de ayuda de Franco, fue para él un gran consuelo el hecho de que todas las respuestas que recibía de Londres reforzaran su suposición de que los británicos no pondrían ningún obstáculo en su camino. Al parecer, se encontraba en una situación en la que llevaba todas las de ganar: los británicos se harían a un lado mientras en España él sabotearía la hegemonía británica en el Mediterráneo. Mientras los primeros aviones italianos se dirigían a Marruecos, el encargado de negocios italiano en Londres, Vitetti, informaba de la simpatía generalizada por los sublevados españoles y el fascismo italiano que existía en los estratos más elevados del Partido Conservador. Las conclusiones de Vitetti nacían de sus conversaciones con diputados conservadores, el capitán David Margesson, el líder conservador de la Cámara, con tories importantes en el Carlton Club y con representantes de la prensa de Rothemere. Diputados tories le hablaron de su convencimiento de que lo que estaba sucediendo en España era el resultado directo de la «subversiva propaganda soviética» y también le manifestaron sus ansias de ver aplastada a la izquierda española. El derechista Leo Amery, que había sido Primer lord del Almirantazgo a comienzos de los años veinte, le había dicho que la guerra de España planteaba «el problema de la defensa de Europa contra la amenaza del bolchevismo». En enero de 1937 Mussolini diría a Goering en el Palazzo Venezia que «los conservadores ingleses temen mucho al bolchevismo y este temor podría explotarse muy bien para fines políticos».

Los factores económicos tuvieron para Mussolini menos importancia todavía que para Hitler en la decisión de ayudar a los rebeldes españoles. La posición de Francia fue el factor clave pues, de hecho, motivado por el objetivo de socavar el poderío francés, Mussolini se puso furioso por la difusión de la noticia de que Blum proyectaba ayudar a la República española. No dejó de ser una rabia impotente, dado que no deseaba una confrontación clara con Francia. No obstante, cuando el 25 de julio tuvo conocimiento de la confusión en París, que significaba que Francia no ayudaría a la República española, cambió de idea. Vio la posibilidad de eliminar para el previsible futuro la expectativa de que los gobiernos frente-populistas de España y Francia se aliasen en detrimento de las ambiciones italianas en el Mediterráneo. Al ayudar a los nacionales no solo trataba de satisfacer por todos los medios su visión egocéntrica de él mismo como la figura más importante del mundo fascista, sino que también sabía que, ya que podía confiar en las vacilaciones y la pusilanimidad de Francia, tenía la oportunidad de inclinar la balanza de poder europea, y especialmente mediterránea, a favor de Italia. Una victoria del bando nacional podría significar la expulsión de los británicos de Gibraltar, y permitiría seguramente que Italia pudiera establecer bases militares en las islas Baleares. En cualquier caso, representaba una excelente oportunidad de debilitar las comunicaciones británicas con Suez. Y todo ello parecía poder obtenerse por el módico precio del suministro de algunos aviones de transporte. De hecho, el riesgo limitado del 28 de julio se había intensificado en menos de seis meses hasta una guerra total, pero no declarada, contra la República española. En agosto de 1936, las peticiones de Franco de más material bélico se hicieron más osadas. En poco tiempo habría una fuerza expedicionaria italiana en Mallorca bajo el mando de Arconovaldo Bonacorsi. Y a medida que Franco iba encontrando más dificultades en su marcha sobre Madrid, más se volvía, obviamente, hacia Italia. Cuanto más cedía Mussolini, más difícil se hacía decir «no», ya que el mundo sabía que la causa de Franco era la del Duce, pero todas las democracias hicieron la vista gorda. Y no se podía permitir que Franco perdiera la guerra.

La medida de que la intervención italiana en España convenía a los intereses de la política exterior de Hitler y perjudicaba los de las democracias fue sagazmente intuida por Ulrich von Hassell, el embajador alemán en Roma. En un informe enviado a Berlín el 18 de diciembre de 1936, escribió con entusiasmo:

Alemania tiene en mi opinión todas las razones para sentirse agradecida si Italia continúa interesándose a fondo en los asuntos españoles. El papel que desempeña el conflicto de España en lo que concierne a las relaciones de Italia con Francia y Gran Bretaña podría ser similar al de la guerra de Abisinia, al resaltar con claridad la oposición real de los intereses de las potencias e impedir de ese modo que Italia se vea presa en la red de las potencias occidentales y utilizada en sus maquinaciones. La lucha por una influencia política dominante en España deja al descubierto la oposición natural entre Italia y Francia; al mismo tiempo, la posición de Italia como potencia en el Mediterráneo occidental entra en competencia con la de Gran Bretaña. Todo ello llevará a Italia a reconocer con claridad la conveniencia de luchar hombro con hombro junto a Alemania, en contra de las potencias occidentales.

Para Mussolini España significaba una espléndida oportunidad para convencer a los alemanes de que Italia tenía derecho a ser considerada como un aliado imprescindible. Por desgracia, su deseo de exhibir la fuerza militar acorazada italiana finalizaría en la humillación de la batalla de Guadalajara, sobre la que Lloyd George escribió un artículo burlón bajo el título «The Italian Skedaddle» («La espantada italiana»). Por tanto, la vanidad herida llevó a Mussolini a intentar probar su valor a Hitler mediante un inquebrantable compromiso en el Eje Roma-Berlín. De esa forma Italia se vio empujada a una relación más estrecha con Alemania y, en definitiva, a entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler.

Fueron los franceses, conscientes de su papel central, quienes propusieron el acuerdo de no intervención en el conflicto español. En agosto de 1936, 27 naciones europeas se adhirieron a él formalmente. En la práctica, todo ello significó muy poco; la intervención prosiguió como si el acuerdo nunca hubiera existido. Por consiguiente, el Comité de No Intervención, creado el 9 de septiembre de 1936 y radicado en Londres, fue poco más que una ficción. Un «poco más» porque en realidad era una ficción que trabajaba en interés de las fuerzas rebeldes, y que obstaculizaba los esfuerzos del legítimo gobierno republicano por plantear una defensa eficaz frente a los sublevados. La Unión Soviética, que no creía ni en la legalidad ni en la eficacia del acuerdo de no intervención, decidió en principio adherirse a su contenido por el deseo de mantener unas relaciones cordiales con Occidente. En cambio, alemanes e italianos se burlaban abiertamente del acuerdo, y lo consideraban un pretexto tan conveniente para sus actividades de ayuda a los nacionales españoles, que incluso llegaron a defender cínicamente su existencia frente a las críticas de los soviéticos.

El cumplimiento escrupuloso del acuerdo de no intervención habría encajado a la perfección en los planes de Stalin. Pero fueron los envíos de armas italianas y alemanas lo que le obligó a suministrar ayuda a la República. Y lo hizo cautelosamente, mientras seguía proclamando la neutralidad soviética. Si le hubiera sido posible detener la ayuda de Alemania e Italia a los rebeldes, Stalin habría dejado gustosamente de enviar material soviético a la República. Pero tal como estuvo constituido, el Comité de No Intervención no consiguió casi nada. Bajo la presidencia del conservador lord Plymouth, mostró un continuo prejuicio contra la Unión Soviética, en contraste con su extremada deferencia hacia las potencias fascistas. El embajador soviético en Londres, Iván Maiski, comentó acerca de lord Plymouth:

En ese cuerpo voluminoso, imponente y bien acicalado se albergaba una mente pequeña, lenta y tímida. La naturaleza y la educación habían hecho de Plymouth la personificación prácticamente ideal de la mediocridad política inglesa, nutrida por las tradiciones del pasado y por sentimientos trasnochados. Como presidente del Comité, Plymouth ofreció una imagen de total impotencia, y a menudo cómica.

La perplejidad diaria de Plymouth y su tendencia a afrontar los problemas graves por el procedimiento de aplazar las sesiones del Comité, permitieron a italianos y alemanes continuar sosteniendo abiertamente a las fuerzas de Franco. El extravagante representante italiano, Dino Grandi, y el torpe exvendedor de champán Joachim von Ribbentrop, embajador alemán en Londres, pusieron en marcha un virtuoso despliegue de embustes, y se las ingeniaron para transformar la no intervención en una trágica burla de la situación de la República española. Bajo la presidencia de Plymouth, el Comité trabajó con la lentitud de un moribundo, eternizándose en debates sobre temas intrascendentes como si las máscaras de gas eran o no armamento, y siempre decidido a ignorar las evidencias más irrefutables de que el acuerdo estaba siendo incumplido.

En palabras del pandit Nehru, la no intervención fue «la farsa suprema de nuestra época». Dejó a la República en clara desventaja en comparación con los rebeldes, y confirmó de ese modo la tendencia antirrevolucionaria de la diplomacia internacional a partir de 1917. La no intervención se aplicó contra la ayuda rusa a la República pero apenas contra la que los alemanes y los italianos prestaban a los sublevados. En una visita a Gibraltar el poeta Stephen Spender vio con horror que la casa del gobernador estaba llena de ricos refugiados españoles que contaban historias sobre atrocidades y que la gente bien inglesa estaba indignada porque la Guerra Civil española había puesto fin a las cacerías de la Gibraltar Royal Calpe Hunt. La flota republicana se encontró con que no le permitían repostar combustible en Gibraltar, donde lo que más preocupaba al gobernador era reanudar las cacerías regulares. Nada sustentaba más la opinión de Nehru que el hecho de que la vigilancia naval de la costa oriental de España, desde Almería hasta Alicante, se confiara a los alemanes, y desde Alicante hasta la frontera francesa, a los italianos. Esto permitía a ambos interceptar los pertrechos que llegaban de Rusia al tiempo que les daba carta blanca para lanzar sus propios ataques contra la costa de Levante. El 29 de mayo de 1937, después de que bombarderos republicanos atacasen al acorazado de bolsillo Deutschland y murieran 23 marineros alemanes, los cadáveres fueron llevados a Gibraltar y enterrados allí con todos los honores militares. La represalia de los alemanes fue un bombardeo artillero a gran escala de Almería que causó muchos muertos entre la indefensa población civil.

El régimen democrático español estaba destinado a ser una víctima de la pusilanimidad de las potencias occidentales, al igual que Austria y Checoslovaquia. Sin embargo, sería erróneo juzgar a la diplomacia internacional frente a la Guerra Civil española como un microcosmos compuesto por la pacificación occidental, la agresión fascista y la duplicidad soviética. Situado en el contexto de la serie de derrotas sufridas por la izquierda europea después de 1917, el abandono de España al fascismo se vuelve de una lógica aplastante. Lo que más llama la atención es que los representantes de la República española se mostraran tan sorprendidos por la despreocupación de las potencias occidentales. Manuel Azaña, en una anotación perspicaz y apesadumbrada en su diario escribió: «Nuestro peor enemigo hasta ahora ha sido el gobierno británico. Todos los artilugios inventados para la no intervención y sus incidentes han dañado al gobierno de la República y favorecido a los rebeldes. La hipocresía ha llegado a ser tan transparente que parecía cinismo infantil. Gran cosa es decir que se trabaja por conservar la paz europea. Pero creer que Alemania o Italia iban a declarar la guerra a Inglaterra y a Francia si el gobierno español compraba material en estos dos países, es una estupidez… Pero el mejor medio de evitar la guerra no es consentir que Alemania e Italia hagan en España lo que quieran. ¿En qué puede convenir a los intereses británicos el triunfo de los rebeldes, paniaguados de Alemania e Italia?».

Azaña y los otros líderes de la República habían visto al fascismo en acción, y no podían creer que los estadistas británicos y franceses se mostraran tan ciegos ante esa amenaza. Con el paso del tiempo, incluso los líderes conservadores de las democracias llegaron a percatarse del peligro. Sin embargo, en 1936, su actitud hacia el fascismo, y por tanto hacia el conflicto español, reflejaba tanto el comprensible deseo de evitar la guerra como la confianza en que ese objetivo se alcanzaría volviendo a Hitler y Mussolini contra la izquierda europea. Y así dictaron la sentencia de muerte contra la República y debilitaron dramáticamente a las potencias occidentales.

Esto lo había reconocido de forma implícita Churchill en un artículo publicado en el Daily Telegraph el 30 de diciembre de 1938 que decía: «Hay que reconocer que si en este momento el gobierno español saliera victorioso, ansiaría tanto tener relaciones amistosas con Gran Bretaña, encontraría tanta simpatía entre el pueblo británico, que probablemente podríamos disuadirle de la venganza que hubiera acompañado a un triunfo anterior en la lucha. En cambio, si Franco ganase, sus patrocinadores nazis le empujarían al mismo tipo de represiones brutales que se ejercen en los estados totalitarios. Por tanto, la victoria de la República española no solo sería una seguridad estratégica para las comunicaciones imperiales británicas por el Mediterráneo, sino que fuerzas más moderadas y conciliadoras interpretarían un papel mayor». En otra parte del artículo escribió: «Nada ha fortalecido de manera más notable la influencia del primer ministro en la sociedad adinerada que la creencia de que es amigo del general Franco y la causa nacional en España. Pero estos sentimientos en uno y otro bando pueden verse empujados más allá de los límites del interés británico. Diríase que hoy día el Imperio británico correría mucho menos peligro a causa de la victoria del gobierno español que de la del general Franco».

VI. «Madrid es el corazón»: La epopeya central

VI

«Madrid es el corazón»:

La epopeya central.

El inexorable avance de los nacionales dejó al descubierto las insuficiencias del gobierno Giral. Al igual que Casares Quiroga, Giral se había encontrado en la absurda posición de presidir un gobierno que solo representaba a un pequeño sector de la coalición del Frente Popular, ganador de las elecciones de febrero de 1936. Largo Caballero, a quien debe atribuirse la responsabilidad última de la crucial ausencia del PSOE en el gobierno, seguía empeñado en la idea de un Ejecutivo compuesto exclusivamente por representantes de las fuerzas obreras. Sin embargo, con las columnas africanas de Franco avanzando hacia Talavera de la Reina, la última villa importante antes de Madrid, y Mola a punto de tomar Irún, Largo Caballero había acabado reconociendo la necesidad de un cambio. Con cierta vacilación e incitado por su consejero, Luis Araquistain, finalmente se plegó a la opinión de su eterno rival en la dirección del partido, Indalecio Prieto, en el sentido de que, dada la situación internacional, la supervivencia de la República exigía un gobierno respaldado tanto por los partidos obreros como por los republicanos burgueses. El 4 de septiembre se formó un verdadero gobierno frentepopulista, con Largo Caballero como primer ministro y ministro de la Guerra. En el gabinete estaban representados tanto socialistas como republicanos y comunistas. Dos meses más tarde, el 4 de noviembre, con los nacionales a las puertas de Madrid, se sumaron al gobierno cuatro anarcosindicalistas de la CNT. El hecho de que la CNT abandonara sus más sacrosantos principios a fin de contribuir a la defensa del régimen democrático asediado era señal inequívoca de la gravedad de la situación.

Ya a mediados de octubre se había oído desde Madrid el fuego de artillería del cercano Ejército de África. Los ejércitos de Franco y de Mola pretendían encontrarse en la capital. Los rebeldes habían amasado una considerable cantidad de material bélico, incrementado por armamento italiano. El día 1 de noviembre 25 000 miembros de las tropas nacionales al mando del general José Varela llegaron a las afueras de Madrid por el sur y por el oeste. Su objetivo era romper las líneas defensivas por la Casa de Campo, el antiguo coto real de caza, y por la Ciudad Universitaria. A mediados de noviembre, su posición se vio considerablemente reforzada por la llegada de la Legión Cóndor alemana, al mando del general Hugo Sperrle. Se trataba de una fuerza compuesta por unidades especializadas equipadas con los últimos modelos de aviones de bombardeo y caza alemanes y con equipo bélico motorizado que debía ser puesto a prueba en España. De hecho, el gobierno republicano estaba tan seguro de que Madrid caería que el 6 de noviembre partió hacia Valencia, dejando la protección de la ciudad en manos del general Miaja, que debería improvisar la creación de una Junta de Defensa.

La decisión de trasladar a Valencia el gobierno de la República fue objeto de divisiones, y muy controvertida. Los cuatro ministros anarquistas recién incorporados, Juan García Oliver (Justicia), Juan López (Comercio), Federica Montseny (Sanidad) y Juan Peiró (Industria) se resistían a abandonar Madrid. Según Indalecio Prieto, los anarquistas «considerábanse víctimas de un engaño, creyendo que se les había nombrado ministros solamente para implicarles en medida tan grave, y se resistían a aprobarla». No obstante, la decisión de dejar Madrid no fue un acto desesperado de última hora; el cambio de sede del gobierno ya se había discutido con anterioridad. Además, no todos los miembros del gobierno veían el abandono de Madrid como la admisión de que la ciudad estaba condenada a caer en manos de los rebeldes. En el mes de octubre, los representantes del Partido Comunista en el gobierno de Largo Caballero, Jesús Hernández (Educación) y Vicente Uribe (Agricultura), habían argumentado que la defensa de Madrid y la evacuación del gobierno no eran objetivos incompatibles. No obstante, los cuatro ministros anarquistas veían el abandono de la capital como una cobardía y propusieron permanecer en Madrid mientras el resto de los ministros se marchaban. La propuesta fue rechazada con firmeza por Prieto, quien se dio cuenta enseguida de las ventajas políticas que aportaría a la CNT su alarde de valor.

Prieto, que formaba parte del gabinete como ministro de la Marina y del Aire, estaba, no obstante, disgustado por la forma en que el gobierno proponía la huida. Aunque con su característico pesimismo, Prieto, igual que Largo Caballero, estaba convencido de que Madrid caería rápidamente en poder de los rebeldes, creía que el gobierno debía haber anunciado con antelación sus planes de abandonar la capital. Más tarde afirmó que la propuesta de que el gobierno se marchara la había hecho él mismo varias semanas antes, pero a condición de que se le diera una publicidad adecuada. Prieto temía que un traslado de improviso y en el último momento diera la impresión de una huida desesperada. Consideraba recomendable que el pueblo de Madrid fuera preparado psicológicamente de modo que la medida pudiera justificarse militarmente y no como un acto inspirado por la cobardía. Y como en tantas otras ocasiones, Largo Caballero hizo caso omiso de la opinión de Prieto.

El debate del Consejo de Ministros sobre la propuesta de evacuación presentada por Largo Caballero fue extremadamente tenso. Después de pedir permiso para discutir la cuestión en privado, los cuatro ministros de la CNT se reunieron aparte, y solo después de un lapso considerable regresaron y expresaron su acuerdo. Largo Caballero anunció que la nueva sede del gobierno sería Valencia, y no Barcelona como inicialmente se había pensado, porque el presidente de la República, Manuel Azaña, ya estaba instalado allí. Prieto anunció que tenía dos aviones de transporte a disposición de los miembros del gobierno para el traslado a Valencia, pero nadie aceptó su oferta. Largo Caballero se marchó en automóvil por la carretera Madrid-Valencia. Al pasar por la población de Tarancón, un grupo de milicianos anarquistas, al mando de un tal coronel Rosal, impidió el paso de los ministros y del personal que los acompañaba. Julio Álvarez del Vayo, socialista de izquierda y titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue zarandeado e insultado. Juan Peiró y Juan López, los ministros cenetistas de Industria y Comercio, fueron enviados de vuelta a Madrid y tuvieron que viajar a Valencia en avión con Prieto.

Según Prieto, Largo Caballero había tomado unilateralmente la decisión de ir a Valencia. No obstante, en sus Recuerdos Largo afirma que la decisión se tomó por unanimidad, y que Azaña cambió de idea y fue a Barcelona el 19 de octubre sin consultar con nadie. Sea cual fuere la verdad, hay pocas dudas acerca de que la manera en que el gobierno abandonó Madrid causó una penosísima impresión y permitió que el Partido Comunista asumiera la dirección de la defensa de la ciudad y, por tanto, incrementara su prestigio. Era un paso importante en el camino del control total del esfuerzo bélico republicano; mientras llegaba el momento, el problema inmediato era la situación de la capital española, repentinamente huérfana de gobierno. El ambiente de la ciudad al anochecer del 6 de noviembre se refleja en estas líneas de Mijaíl Koltsov, periodista soviético del que suele decirse que era el emisario personal de Stalin, y que aparece con el nombre de Karkov en Por quién doblan las campanas, de Hemingway.

Me dirigí al Ministerio de la Guerra, al comisariado de la Guerra… No había casi nadie… Fui a la oficina del primer ministro y el edificio estaba cerrado. Acudí al Ministerio de Asuntos Exteriores; estaba desierto… En la Censura de la Prensa Extranjera un oficial me dijo que dos horas antes el gobierno había reconocido que la situación de Madrid era desesperada… y había huido. Largo Caballero había prohibido la publicación de toda noticia sobre la evacuación «a fin de evitar el pánico»… Corrí al Ministerio del Interior… El edificio estaba casi vacío… Me dirigí al Comité Central del Partido Comunista. Se estaba celebrando una reunión plenaria del Ejecutivo… Me dijeron que en ese mismo día Largo Caballero había decidido repentinamente evacuar la ciudad. Su decisión había sido aprobada por mayoría en el Consejo de Ministros… Los ministros comunistas preferían quedarse, pero se les hizo ver que hacerlo supondría el descrédito del gobierno y se vieron obligados a marchar con los demás… No se había informado de la marcha del gobierno ni siquiera a los principales dirigentes de las distintas organizaciones, ni a los departamentos y agencias estatales. Solo en el último momento había comunicado el primer ministro al jefe del Estado Mayor General la marcha del gobierno… El ministro del Interior, Galarza, y su ayudante, el director general de Seguridad Muñoz, habían sido los primeros en abandonar la capital. El Estado Mayor del general Pozas, comandante en jefe del Frente Central, había puesto pies en polvorosa… El Estado Mayor del general Pozas, jefe del Frente Central, se ha desperdigado… Vuelvo de nuevo al Ministerio de la Guerra… Subo corriendo las escaleras y entro en el vestíbulo ¡Ni un alma! En el descansillo… hay dos viejos ujieres sentados, como figuras de cera, vestidos con librea y púlcramente afeitados… esperando en vano el sonido del timbre del despacho del ministro. Harían exactamente lo mismo si el ministro fuera el anterior, o uno nuevo. Paso ante filas y filas de despachos. Todas las puertas están abiertas de par en par… Entro en el despacho del ministro de la Guerra… ¡Ni un alma! Más allá, una hilera de oficinas: el Estado Mayor Central, con sus secciones; el Estado Mayor General, con sus secciones; el Estado Mayor del Frente Central, con sus secciones; el Cuerpo de Intendencia, con sus secciones; la Dirección de Personal, con sus secciones. Todas las puertas están abiertas de par en par. Las lámparas del techo están encendidas. Sobre las mesas se encuentran abandonados mapas, documentos, comunicados, lápices, cuadernos cubiertos de notas. ¡Ni un alma!

Con la marcha del gobierno se produjo una tremenda confusión respecto a cómo organizar la defensa de Madrid. Además, había en la capital una sensación generalizada de pánico y desorden. El socialista Arturo Barea, jefe del Departamento de Prensa Extranjera y Censura, ha descrito en su autobiografía La forja de un rebelde cómo recibió la noticia de la marcha del gobierno:

Cuando Luis Rubio Hidalgo me dijo que el gobierno se marchaba y que Madrid caería al día siguiente, no supe qué decir. ¿Qué podía haber dicho? Sabía tan bien como otro cualquiera, que los fascistas estaban en las afueras. Las calles estaban abarrotadas de gentes que, en desesperación, marchaban a enfrentarse con su enemigo en las puertas de su ciudad. Se luchaba en el barrio de Usera y en las orillas del Manzanares. Nuestros oídos estaban llenos constantemente con las explosiones de bombas y morteros, y algunas veces nos llegaban los estallidos del fusil o el tableteo de las ametralladoras. Pero ahora, ¡el así llamado Gobierno de Guerra se marchaba —huía— y el jefe de la Sección de Prensa Extranjera del Ministerio de Estado estaba convencido de que las fuerzas de Franco entrarían!… Estaba desconcertado, mientras trataba de mantener toda mi corrección.

Al marcharse, el gobierno había decidido confiar la defensa de Madrid al general José Miaja. El héroe de Madrid, como se le llamaría en breve, tenía unos antecedentes llenos de vicisitudes: había sido ministro de la Guerra durante algunas horas en el gobierno de coalición formado por Martínez Barrio la noche del 18 de julio. Convencido de que los rebeldes vencerían a la República, rehusó continuar en tal puesto con el gobierno Giral, y fue incluso acusado de haber pertenecido a la ultraderechista Unión Militar Española. Se le dio el mando de la 3.ª División en Valencia, y al fracasar en su intento de tomar Córdoba fue relevado del mando. Por tanto, se encontraba bajo sospecha cuando se le encomendó la ardua tarea de organizar la defensa de Madrid. De hecho, él estaba convencido de que su elección formaba parte de un plan deliberado para sacrificarle con lo que parecía un gesto propagandístico fútil. Según Largo Caballero, la reacción de Miaja al enterarse de su inesperado y probablemente indeseado ascenso fue palidecer, tartamudear y finalmente indicar que, aunque estaba a las órdenes del primer ministro, debía recordarse que su familia estaba encarcelada en el Marruecos nacional, y que él mismo tenía intereses comerciales allí.

Ese mismo día Largo Caballero, en su condición de ministro de la Guerra, y su subsecretario, el general José Asensio Torrado, despacharon las órdenes para la defensa de Madrid. Se entregaron en sobres cerrados, con instrucciones de no abrirlos hasta la mañana siguiente a las seis, a Miaja, el recién nombrado comandante del distrito militar de Madrid, y al general Sebastián Pozas, comandante del Ejército del Centro. Miaja y Pozas hicieron caso omiso de las órdenes y abrieron los sobres al atardecer del 6 de noviembre. Al parecer, cada uno recibió la orden destinada al otro, error que sigue siendo hoy en día fuente de controversias. Miaja recibía instrucciones para formar una Junta de Defensa con la participación de todos los partidos del Frente Popular y defender Madrid «a toda costa». A Pozas se le encomendaban algunos movimientos tácticos y el establecimiento de un nuevo cuartel general. No obstante, según testimonio de Julián Zugazagoitia, director de El Socialista y amigo de Prieto, nadie en el gobierno creía que Madrid pudiera ser defendida, y menos que nadie Largo Caballero, que conocía a fondo la situación real de confusión y desintegración militar. El primer ministro marchó de Madrid tan convencido como Prieto de que caería en manos del enemigo antes de una semana.

Sin embargo, la llegada de las fuerzas rebeldes se había retrasado debido a la decisión de Franco de liberar antes el Alcázar de Toledo. Ese hecho resultó vital para los republicanos. El respiro permitió la entrega de la ayuda soviética —que se pagó el 25 de octubre mediante el envío de la mitad de las reservas de oro españolas a la Unión Soviética—, medida que también proporcionó gran cantidad de divisas fuertes que se necesitaban desesperadamente. Permitió que Madrid se beneficiara de la llegada de las Brigadas Internacionales. Éstas fueron reclutadas y organizadas por la Internacional Comunista, que había constatado rápidamente la disposición espontánea, entre los trabajadores de toda Europa y de América, a ayudar a España. Voluntarios de todo el mundo, deseosos de luchar contra el fascismo, acudieron a España vía París, donde se encargaban de su reclutamiento varios agentes, entre ellos el futuro mariscal Tito. Empezaron a llegar a España en el mes de octubre, y fueron entrenados en Albacete bajo la dirección del brutal dirigente comunista francés André Marty. El 8 de noviembre llegaron a Madrid las primeras unidades, formadas por antifascistas alemanes e italianos, más algunos izquierdistas británicos, franceses y polacos. Distribuidos entre los defensores españoles en la proporción de uno a cuatro, los miembros de las Brigadas contribuyeron a elevar la moral de las tropas regulares y a familiarizarlas con el uso de las ametralladoras.

La Undécima Brigada Internacional, mandada por el general soviético Emilio Kléber, también conocido como Lazar Stern, y conocida por la Prensa republicana como la «Columna Internacional», tuvo un papel vital en la defensa de Madrid. Kléber era un austrohúngaro que se había preparado en la Academia Frunze de Moscú. Junto con el Quinto Regimiento formado por el Partido Comunista, fue la unidad mejor organizada y con el nivel de disciplina más alto de todo el Frente Central. La Undécima Brigada permitió a Miaja dirigir una defensa desesperada y brillante en la que colaboró todo el pueblo madrileño. A principios de noviembre, los milicianos y los moros luchaban cuerpo a cuerpo en los edificios de la Ciudad Universitaria. El pueblo madrileño combatía bajo pancartas que proclamaban NO PASARÁN y MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO. La apasionada oradora comunista Dolores Ibárruri enardecía a los defensores con su vibrante oratoria: «Más vale morir de pie que vivir de rodillas». Y arengaba a las mujeres de Madrid: «Más vale ser viudas de héroes que mujeres de cobardes». De hecho, una brigada de mujeres participó en los combates. Los barrios obreros fueron machacados por los obuses y las bombas, aunque Franco dejó cuidadosamente intacto el barrio de Salamanca, el distrito residencial en el que vivían sus quintacolumnistas. Cuando alguno de ellos fue capturado los exasperados milicianos lo lincharon.

Voluntarios de todo el mundo llegaban a combatir por la República. Unos estaban sin empleo, otros eran aventureros, pero la mayoría tenían una idea clara de a qué habían venido: a luchar contra el fascismo. Para las víctimas de los regímenes fascistas de Mussolini y Hitler era una segunda oportunidad de luchar contra un enemigo cuya bestialidad conocían demasiado bien. Forzados a vivir fuera de su país, no tenían nada que perder salvo su exilio y, en cierto modo, luchaban por regresar a sus hogares. El batallón Thälmann recibió su bautismo de fuego en Madrid y sufrió un enorme porcentaje de bajas. Estaba formado básicamente por comunistas alemanes, y algunos británicos. Esmond Romilly fue uno de los componentes británicos del batallón Thälmann. Más tarde escribió de sus compañeros de armas:

Para ellos realmente no podía haber rendición ni huida; luchaban por su causa y luchaban también por un hogar en el que poder vivir. Recuerdo haberles oído hablar de su vida de exiliados, de la existencia miserable que llevaban en Amberes o en Toulouse, perseguidos por las leyes de inmigración y perseguidos sin descanso —incluso en Inglaterra— por la Policía secreta nazi. Lo habían apostado todo en esta guerra.

En efecto, cuando la República cayó definitivamente en 1939, muchos antifascistas alemanes e italianos estaban aún combatiendo en España. Fueron encerrados en campos de concentración franceses, y muchos de ellos cayeron en manos de las SS y murieron en las cámaras de gas.

Para los voluntarios británicos y norteamericanos, la necesidad de luchar en España obedecía a causas distintas. Su opción era más consciente: emprendían el peligroso viaje a España guiados por el sombrío presentimiento de lo que una derrota de la República española podía representar para el resto del mundo. Uno de los que tomaron tal decisión fue Jason Gurney, un escultor de Chelsea que vino a combatir a España y que recibió una herida que le imposibilitó para volver a esculpir nunca más: «La Guerra Civil española proporcionaba a un simple individuo la oportunidad de comprometerse de forma positiva y eficaz con un problema que se planteaba con una claridad absoluta. O bien te oponías al crecimiento del fascismo y acudías a luchar contra él, o te hacías cómplice de sus crímenes y te convertías en culpable por permitir su expansión». Gurney es un caso típico de los voluntarios que creían que combatiendo al fascismo en España luchaban también contra la amenaza del fascismo en sus propios países. No se les ofrecía ninguna especie de pago, ni tan siquiera una póliza de seguro. A un hombre que preguntó a los reclutadores británicos cuál era la paga por el servicio, se le contestó: «No eres la clase de sujeto que queremos para España. Largo de aquí». Todo lo que se ofrecía y todo lo que querían la mayoría de ellos era la oportunidad de luchar contra el fascismo.

En cambio, Franco siempre afirmó que no había extranjeros entre sus tropas. A pesar de que se decía que eran voluntarios, la totalidad de los 20 000 alemanes y muchos de los 80 000 italianos que combatieron al lado de los rebeldes eran soldados regulares debidamente preparados. Se les pagaba en su país de origen y eran objeto de rotación regular. De modo parecido, los «viriatos» portugueses incluían una elevada proporción de soldados regulares que percibían la paga entera y cuya estancia en España contaba en su hoja de servicios militares en Portugal. Se han dado cifras diversas sobre su número, cifras que oscilan entre cuatro mil y veinte mil, y probablemente no eran más de ocho mil. No obstante, hubo también algunos voluntarios genuinos en las filas franquistas, entre mil y mil quinientos. Había rusos blancos que habían luchado contra los bolcheviques en su propia guerra civil y volverían a combatir contra ellos en Finlandia. La ferozmente antisemita Guardia de Hierro rumana envió ocho voluntarios a ayudar a Franco en la «batalla contra la bestia de color escarlata del Apocalipsis». El batallón Jean d’Arc lo integraban unos trescientos franceses de la Croix de Feu y otras organizaciones de la extrema derecha. Había también un grupo heterogéneo formado por polacos, belgas y otros ultraderechistas, católicos, fascistas y antisemitas procedentes de toda Europa. Entre ellos se contaban al menos media docena de ingleses y un norteamericano. Uno de los ingleses, Peter Kemp, alcanzó el grado de oficial primero con los carlistas, y posteriormente con la feroz Legión Extranjera española.

Con todo, los voluntarios extranjeros al servicio de Franco que alcanzaron mayor fama fueron los componentes de la Brigada Irlandesa mandada por el general Eoin O’Duffy. Sus católicos voluntarios estaban deseosos de luchar en España gracias a los sangrientos reportajes aparecidos en la prensa sobre la persecución religiosa en la zona republicana. Para ellos la guerra era nada menos que una cruzada religiosa, como lo evidencia el siguiente párrafo del libro de O’Duffy Cruzada en España, publicado en 1938:

Antes de partir se distribuyeron entre los voluntarios rosarios, Agnus Deis y otros emblemas religiosos, donados por el Reverendísimo Monseñor Byrne, de Clonmel, deán de Waterford. En el grupo estaban representados diecisiete condados y el contingente más nutrido procedía de Tipperary. Refiriéndose a su marcha, el Reverendísimo Monseñor Ryan, deán de la archidiócesis de Cashel, dijo: «Han marchado a librar la batalla de la cristiandad contra el comunismo. Cúmulos de dificultades se yerguen frente a los hombres que manda el general O’Duffy y solo los héroes son capaces de combatir en esas condiciones. Quienes han quedado en casa pueden ayudar a la causa con sus oraciones. El Rosario es más poderoso que las armas bélicas. En la presencia de Nuestro Señor Jesucristo, prometamos ofrecer un misterio del Rosario familiar todos los días por la pobre España sufriente; y por los muchachos irlandeses que han acudido a librar esa batalla desesperada que amenaza con llevar la desolación a todo el mundo. Roguemos porque pueda evitarse la destrucción y Cristo viva y reine, y porque el comunismo y los poderes de Satán en la Tierra sean aniquilados».

El propio O’Duffy había sido jefe de la policía irlandesa hasta 1933. Después de ser destituido por razones políticas, se convirtió en líder de la Army Comrades Association (Asociación de Camaradas del Ejército), que rápidamente se convirtió en el movimiento fascista de los Camisas Azules. O’Duffy esperaba que su éxito en España facilitaría sus propias ambiciones dictatoriales en Irlanda. Llegado el momento, los voluntarios de O’Duffy de la Brigada Irlandesa no consiguieron la gloria que habría facilitado un golpe de Estado fascista en Irlanda. O’Duffy redujo la eficacia militar de su brigada al nombrar para los puestos de mayor responsabilidad a sus propios seguidores políticos, sin tener en cuenta su experiencia. Sobrevino el desastre y las primeras bajas fueron causadas, inadvertidamente, por los franquistas. En la batalla del Jarama, en febrero de 1937, una de sus compañías fue tiroteada por una unidad falangista que la confundió con brigadistas internacionales y en una pequeña escaramuza, murieron cuatro irlandeses. Su única experiencia bélica en el Jarama era parte de un ataque emprendido sin entusiasmo para ayudar al avance italiano en Guadalajara. Los irlandeses sufrieron algunas bajas que contribuyeron poco a la causa rebelde. En el verano de 1937, después de un período durante el que O’Duffy abusó de la bebida, volvieron a sus hogares profundamente desilusionados y con la reputación política de su líder seriamente dañada.

El reclutamiento de los voluntarios republicanos estaba organizado, en gran medida, por el Partido Comunista. Eso no quiere decir que fueran todos comunistas, aunque había una elevada proporción de ellos. La perspectiva que hoy tenemos sobre los ominosos crímenes de Stalin o sobre las sórdidas luchas por el poder en la zona republicana no disminuyen ni un ápice el idealismo y el heroísmo de quienes sacrificaron su comodidad, su seguridad, y en muchos casos su vida, en la lucha contra el fascismo. Los historiadores franquistas y los norteamericanos anticomunistas han presentado a los brigadistas internacionales como marionetas de Moscú. Esa tendencia ha llegado a su punto culminante en un trabajo de los años ochenta que, curiosamente, basa la mayor parte de sus conclusiones en pruebas recogidas en los informes del Comité del Congreso sobre Actividades Antiamericanas, y en los interrogatorios efectuados por la Oficina de Control de Actividades Subversivas de Estados Unidos. El hecho de que las Brigadas estuvieran en gran medida organizadas por comunistas no debería oscurecer la realidad: los voluntarios acudieron a España a luchar contra el hitlerismo. Temían —al contrario, evidentemente, que los políticos de las democracias— lo que el poeta Edgell Rickword expresó vívidamente en estos versos satíricos: «In Hitler’s frantic mental haze / Already Hull and Cardiff blaze, / And Paul’s grey dome rocks to the blast / Of air torpedoes screaming past». («En los frenéticos delirios mentales de Hitler / Hull y Cardiff están ya ardiendo / y la cúpula gris de la catedral de San Pablo / se balancea al estallar los torpedos volantes que pasan silbando»).

No obstante, se dejó que fueran los comunistas los encargados de guiar a los voluntarios en el paso clandestino de la frontera francesa, unas veces a pie y otras en autobuses. Algunos llegaron a cruzar los Pirineos calzados con alpargatas de esparto. En el autobús que conducía a Jason Gurney, un hombre empezó a gemir «No quiero ir». Para impedir que alertara a las autoridades francesas de su paso ilegal, Gurney le golpeó. Escribió más tarde que el hombre «lloró mucho esa noche en Figueras pero más tarde parecía contento y nunca me guardó rencor. Pero cuando unos meses más tarde vi su cuerpo sin vida tendido en los campos del Jarama, me sentí como un asesino». Como advertían los reclutadores, era «una guerra puta». Cuando los voluntarios llegaron a Barcelona, fueron recibidos por los vítores de una multitud. La mayoría no tenía ninguna experiencia bélica y tuvieron que ser rápidamente organizados a toda prisa en regimientos en los que recibían una instrucción rudimentaria de escasas horas. Casi siempre sin equipo adecuado, se les envió al frente, a luchar contra las tropas fascistas. Las primeras unidades llegaron a Madrid el 8 de noviembre. Geoffrey Cox, corresponsal del News Chronicle, estaba en la capital de España cuando llegaron:

Las pocas personas presentes se agruparon junto a la vía del tren, gritando casi histéricamente «¡Salud! ¡Salud!», agitando en el aire como saludo los puños cerrados, o aplaudiendo vigorosamente. Una anciana con lágrimas que le corrían por las mejillas, de vuelta de una larga espera en una cola, levantaba en sus brazos a una niña que saludaba alzando un puño diminuto.

Los soldados respondieron saludando con el puño y copiando el grito de «¡Salud!». No sabíamos quiénes eran. La gente les tomaba por rusos. El camarero se volvió hacia mí y me dijo: «Han llegado los rusos, han llegado los rusos». Pero cuando oí una chillona voz prusiana dando una orden en alemán seguida de gritos en francés y en italiano, supe que no eran los rusos. La Columna Internacional Antifascista había llegado a Madrid.

La inyección moral que supuso para los madrileños fue incalculable.

No obstante, conviene no exagerar el papel de las Brigadas Internacionales en la defensa de Madrid. Fueron uno de los ingredientes de un esfuerzo heroico en el que participó toda la población. Mujeres y niños ayudaron llevando alimentos y medicinas al frente y atendiendo las comunicaciones. El 14 de noviembre llegó la columna del legendario luchador anarquista Buenaventura Durruti. Durruti moriría una semana más tarde en circunstancias que siguen siendo objeto de controversias; su muerte tuvo lugar cerca de la Ciudad Universitaria pero lejos del escenario de los combates, y casi con seguridad se debió al disparo accidental de un fusil en su coche. Circuló el rumor de que lo había matado un francotirador nacional. Muchos anarquistas no querían aceptar una explicación tan sencilla y acusaron a los comunistas de haber asesinado a su heroico líder. Los comunistas replicaron con la acusación de que Durruti había sido asesinado por sus propios hombres, que le odiaban debido a sus esfuerzos por imponer disciplina. El 22 de noviembre, una gigantesca procesión acompañó los restos de Durruti al lugar de su sepultura. Los cientos de miles de personas que desfilaron a paso lento por Barcelona en manifestación de duelo constituyeron la última demostración pública de la fuerza de masas de la CNT. A partir de ese momento, las recriminaciones mutuas en torno a su muerte proporcionaron un tema más a la dura confrontación surgida de las interpretaciones contradictorias acerca de cómo debía conducirse la guerra contra los rebeldes. Los anarquistas acusaban a los comunistas de imponer el autoritarismo rígido de la Unión Soviética frente a la espontaneidad de la revolución social libertaria. Los comunistas replicaban con severas críticas al modo en que la ineficiencia de los anarquistas obstaculizaba la tarea de alimentar a los refugiados amontonados en la ciudad sitiada, y se burlaban del mal comportamiento de la columna de Durruti en la defensa de la Ciudad Universitaria.

Ciertamente, los nacionales, por medio de sus tropas moras, habían conseguido realizar avances significativos y pasar al otro lado del río Manzanares. En definitiva, sin embargo, su empuje quedó detenido. De hecho, los hombres de Durruti habían entrado en acción a regañadientes. Al llegar a Madrid, el dirigente anarquista había insistido en que sus hombres necesitaban descansar y reorganizarse. Pero Durruti se vio sometido a enormes presiones por parte de la Junta de Defensa recién formada en Madrid bajo la dirección de Miaja, que en su sesión del 14 de noviembre llegó a proponer que la columna anarquista se colocase directamente a sus órdenes. La propuesta resultó innecesaria porque Durruti accedió, en el último momento, a incorporarse de inmediato a las líneas republicanas. Pero sus milicianos estaban mal equipados y exhaustos después de dos meses de lucha ininterrumpida en el frente de Aragón, y muchos de ellos huyeron ante el ataque de los moros. Éstos llegaron casi hasta el centro de la ciudad, pero pudieron ser rechazados por el pueblo de Madrid después de una heroica refriega cuerpo a cuerpo. El 23 de noviembre finalizó el ataque nacional. Por el momento, la ciudad se había salvado.

El gran héroe popular de la defensa de Madrid fue el general Miaja. Sus éxitos al resistir a las fuerzas rebeldes se debían en una parte importantísima al inmediato ofrecimiento de ayuda a la Junta de Defensa por parte del Partido Comunista, de su Quinto Regimiento y del movimiento de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dominadas por los comunistas. No obstante, fue difamado por los comunistas, después de haberle elevado al rango de una leyenda viviente. Esa actitud ha sido interpretada como una política deliberada para acceder a responsabilidades de dirección en la Junta de Defensa. Abandonado por el gobierno republicano y convencido de que se le había adjudicado el papel de chivo expiatorio, no puede sorprender a nadie que Miaja se volviera esperanzado a los comunistas. Ellos, a su vez, se dieron cuenta de que la moral maltrecha de los madrileños necesitaba un héroe. Y por tanto, Miaja se vio alzado a un pedestal y se intoxicaba con tantas alabanzas. Con una nutrida escolta de motoristas y guardias en coches blindados, una cacofonía de sirenas anunciaba su llegada. Dijo a Julián Zugazagoitia: «Cuando paso con mi coche, las mujeres me gritan: “¡Miaja! ¡Miaja!” y se gritan entre ellas: “¡Ahí va Miaja! ¡Ahí va Miaja!”. Las saludo y me saludan. Ellas quedan contentas y yo también». Durante una larga visita a los diversos frentes de los alrededores de la capital dijo una y otra vez a Largo Caballero: «¡Soy la vedette de Madrid!».

Para muchos observadores, sin embargo, el corpulento y desaliñado Miaja era una personalidad mediocre. Tanto Franco como Queipo de Llano le consideraban un cobarde incompetente. Herbert L. Matthews, el corresponsal del New York Times en Madrid, describió a Miaja como el auténtico reverso de su leyenda de leal, testarudo y valeroso defensor de Madrid. Al revés del héroe del mito, era un hombre débil, poco inteligente y sin principios. Prieto le consideraba venal y frívolo. Largo Caballero criticaba amargamente los suntuosos banquetes que se organizaban en honor de Miaja en los sótanos del Ministerio de Hacienda mientras el resto de la población pasaba hambre. Después de entrevistarse con él, Azaña comentó: «Difícil mantener con este hombre una conversación interesante. Locuaz, anecdótico, salta de una cosa a otra, como un pájaro. Sonriente, satisfecho».

El perspicaz periodista soviético Mijaíl Koltsov, mientras tanto, afirmaba que el verdadero director de las operaciones en Madrid era Vicente Rojo, de cuarenta y dos años de edad, que había entrado en el Alcázar de Toledo con las condiciones para la rendición. Rojo, que había sido ascendido a teniente coronel el 10 de octubre, fue nombrado jefe del Estado Mayor de Miaja por Largo Caballero poco antes de que el gobierno se trasladase a Valencia. Fue una elección muy acertada. Rojo había servido en África, pero su verdadera vocación había sido la de estudioso de las tácticas militares. Durante diez años, de 1922 a 1932, había sido instructor en la Academia de Infantería de Toledo. Horrorizado por la carencia de libros de texto decentes, escribió algunos nuevos y volvió a redactar los planes de formación. Había estudiado después en la Escuela Superior de Guerra con la intención de entrar en el Estado Mayor, en el que llevaba solo cuatro meses cuando tuvo lugar el golpe militar. Su especialidad era la topografía y la utilización de mapas y se apresuró a aplicar sus conocimientos teóricos. También creía fervientemente en la importancia de la moral. Con los ánimos de los defensores por los suelos después de que el gobierno se fuera a Valencia, sus habilidades de motivador serían tan cruciales como sus capacidades técnicas.

Mijaíl Koltsov anotó en su Diario el 10 de noviembre:

Miaja participa muy poco en el detalle de las operaciones; apenas sabe nada sobre el tema. Deja esas cuestiones al cuidado de su jefe de Estado Mayor y de los comandantes de las columnas y sectores. Rojo se gana la confianza de sus hombres por su modestia, que oculta sus grandes conocimientos prácticos y una capacidad de trabajo inusual. Hoy es el cuarto día que ha pasado volcado sobre el mapa de Madrid. Formando una cadena interminable, los comandantes y comisarios vienen a verle; y a todos, con voz baja y tranquila, pacientemente, como si se tratara de la oficina de información de una estación de ferrocarril, repitiendo en ocasiones veinte veces lo mismo, les explica, enseña, indica, anota en los papeles, y frecuentemente dibuja planos.

Sin embargo, el madrileño medio estaba poco informado de las intrigas políticas que se desarrollaban en el interior de la Junta de Defensa. De hecho, mientras Rojo se centraba en los aspectos técnico-militares de la defensa de la capital, Miaja se dedicó a recorrer la ciudad gozando de ser visto y para levantar la moral de la gente. Y su gran proximidad le aseguró considerable éxito en tal labor.

El sitio de la capital se prolongó, con bombardeos y cañoneos intermitentes durante casi tres años. En una ocasión, Esmond Romilly hubo de refugiarse en una estación de Metro durante un bombardeo aéreo. Su descripción dibuja un cuadro de los horrores sufridos por el pueblo de Madrid cuatro años antes de que también los sufrieran los ciudadanos de Londres:

Intentamos salir a la calle, pero una multitud presa del pánico imposibilitaba cualquier movimiento. El miedo al ahogo era mayor que el de las bombas, las mujeres gritaban y en las escaleras de acceso muchas personas se empujaban para entrar en el refugio.

Mientras oíamos el estruendo de los bombarderos encima de nuestras cabezas, recordé la muchedumbre que se agolpaba alrededor de una boca de Metro en nuestro primer día en Madrid; estaban todavía extrayendo los cuerpos de doscientas personas muertas por una bomba incendiaria que había estallado encima de un refugio a prueba de bombas.

Sin embargo, los horrores del asedio no se limitaron a los madrileños leales. Muchos simpatizantes del bando nacional temían por sus vidas, ocultos en las casas de amigos de confianza o en los edificios de las embajadas extranjeras, aterrorizados ante la idea de caer en manos de las checas. Otros no estaban tan asustados y salían de noche para hacer de francotiradores y disparar desde azoteas y ventanas a oscuras. De hecho, numerosos derechistas habían sido detenidos al principio de la guerra. Muchos habían sido asesinados en el curso de las llamadas «sacas» o traslados de presos de las cárceles de Madrid: la Modelo, Porlier, Ventas y San Antón. Antes del asedio, el asesinato de los presos derechistas fue debido a la acción de patrullas de milicianos incontrolados y con frecuencia lo provocó la indignación que causaba la muerte de numerosos civiles debido a los bombardeos de los nacionales que sufría la ciudad indefensa. La caída de la villa de Getafe, situada directamente al sur de la capital, el 4 de noviembre intensificó el pánico popular y la grave inquietud de los militares. Llegaron a Madrid noticias de las matanzas de civiles en las calles al pasar las tropas moras de Franco por el barrio de Carabanchel, en el sur de Madrid. En el centro de la capital no se oía solo el ruido sordo de la artillería, sino también el crepitar de la fusilería. Pronto se tomaría la decisión de trasladar a los prisioneros en gran número, lo cual tuvo consecuencias espantosas.

El responsable de lo que había sucedido luego era en parte el general Mola. El 3 de octubre Dolores Ibárruri, la Pasionaria, ya se había referido en el diario comunista Mundo Obrero a una emisión radiofónica anterior en la que Mola había declarado que tenía cuatro columnas preparadas para atacar Madrid, pero que el ataque lo iniciaría una quinta columna que ya se encontraba dentro de la ciudad. Ibárruri pidió que se eliminase sin vacilar a este enemigo de dentro. Volvió a hablarse de una «quinta columna» cuando el 28 de octubre, mientras el cerco de Madrid empezaba a estrecharse, Mola había trasladado su cuartel general de Burgos a Ávila para el asalto final. Mola, lleno de confianza, había anunciado ante los periodistas cómo caería Madrid. Según uno de los presentes, Noel Monks del Daily Express, el general sacó mapas que indicaban dónde se hallaban apostadas las cuatro columnas atacantes. Cuando le preguntaron cuál de las cuatro era probable que tomase la ciudad, contestó que ninguna de ellas, sino una quinta columna, «hombres que ahora están escondidos se levantarán y nos apoyarán tan pronto como nos pongamos en marcha». Las palabras «quinta columna» se hicieron así de uso corriente y el pánico se agudizó en Madrid.

Al igual que la Pasionaria antes que él, Enrique Líster, que mandaba el comunista Quinto Regimiento, reaccionó furiosamente a los comentarios de Mola. Más adelante escribió: «La fanfarronada del general fue un toque de alerta para nosotros y les costó bien cara a los fascistas. El mando de las fuerzas que atacaban a Madrid esperaba que la “quinta columna” se lanzara a la calle, nos apuñalara por la espalda y creara el desorden entre la población. Era necesario liquidar ese peligro, y si no se liquidó del todo, a la “quinta columna” se le dieron tales golpes que la dejaron impotente para acciones decisivas». No tuvo nada de extraño, pues, que asediados en la ciudad aterrorizada, tanto la población como los líderes políticos estuvieran preocupados debido al enemigo de dentro.

Aparte de los quintacolumnistas escondidos en embajadas, muchos de los cuales estaban armados, el mayor número —casi ocho mil— se hallaba en las diversas prisiones de Madrid. Como deja claro el comentario de Líster, poca o ninguna distinción se hizo entre la «quinta columna» y los presos de derechas. Con los rebeldes a solo unos doscientos metros de la mayor de ellas, la cárcel Modelo, en Argüelles, cerca de la Ciudad Universitaria, se temía que los cientos de oficiales del Ejército que había entre los presos pudieran formar la base de nuevas unidades que engrosarían el Ejército nacional previsiblemente a punto de entrar en la capital. A partir de última hora de la tarde del 7 de noviembre, el responsable oficial de todos los presos fue el comunista Santiago Carrillo, joven secretario general de las JSU, que acababa de ser nombrado consejero de orden público en la Junta de Defensa. El hecho de que ocupara una responsabilidad tan importante a la edad de veintiún años da una idea de sus especiales relaciones con los soviéticos. Entre el personal soviético presente a la sazón se encontraban el general Ian Antonovich Berzin, antiguo jefe de la Inteligencia Militar soviética, y Mijaíl Koltsov, el corresponsal de Pravda. La condición oficial de este último, que era la de periodista, no concordaba con la enorme influencia que ejercía, lo cual dio pábulo a conjeturas en el sentido de que su verdadera misión era informar a Stalin de lo que sucedía en Madrid. Koltsov se alarmó cuando le dijeron que los presos ya se estaban jactando de su inminente liberación y de su incorporación a las fuerzas rebeldes. Junto con Berzin y otros consejeros rusos, insistió en que no evacuar a los presos peligrosos sería un suicidio. De hecho, las memorias del propio Koltsov contienen muchas alusiones a un tal «Miguel Martínez», agente supuestamente latinoamericano de la Komintern con suficiente influencia para dar consejos en los niveles más altos. Muchos han dado por sentado que «Miguel Martínez» no era ni más ni menos que el mismísimo Koltsov, entre otras razones porque en una entrevista en Moscú Stalin le llamó en broma «don Miguel». No obstante, últimamente se ha sugerido que «Miguel Martínez» era otro agente soviético, un agente de penetración profunda, que llevaba algún tiempo en España.

Fuera cual fuese su identidad real, Koltsov afirma en sus memorias que «Miguel Martínez» en persona convenció a los comunistas de que era necesario evacuar a los presos, aunque es mucho más probable que en un proceso tan complejo intervinieran numerosas personas. Lo que es seguro es que el 7 de noviembre por la mañana, unas horas antes de la primera reunión oficial de la Junta de Defensa, Koltsov fue a ver a Pedro Checa, del comité central del Partido Comunista y le instó a proceder a la evacuación de los presos. También es probable que durante el día, mientras se estaba formando la Junta de Defensa, los representantes comunistas y el propio Miaja hablaran del peligro que suponían los presos. No cabe duda de que el asunto era uno de los más importantes que había que tratar.

Un documento que el periodista Jorge M. Reverte descubrió en 2005 indica que después de la primera sesión de la Junta, que empezó a las seis de la tarde del 7 de noviembre, hubo una reunión privada entre representantes de la recién creada Consejería de Orden Público de Carrillo y la federación local de la CNT. Esta reunión tenía sentido habida cuenta de que los comunistas dominaban dentro de la ciudad y de que los anarquistas tenían muchos puntos de control en las afueras. Por desgracia, el documento no da los nombres de los participantes en ella ni la hora exacta en que tuvo lugar, aunque se deduce que fue el 7 de noviembre por la noche. El documento indica que los presentes decidieron que los presos debían dividirse en tres grupos, cabe suponer que de acuerdo con la clasificación que ya se había efectuado. El destino del primer grupo, integrado por «fascistas y elementos peligrosos» debía ser la «ejecución inmediata», «cubriendo la responsabilidad». El segundo grupo, formado por presos a los que se consideraba partidarios del levantamiento militar pero menos peligrosos por su edad o su profesión, debía ser evacuado a Chinchilla, cerca de Albacete. El tercero, el «de elementos no comprometidos», sería puesto en libertad. Aunque sigue habiendo varios interrogantes en relación con este documento, está claro que la evacuación, de la que ya se estaba encargando Pedro Checa siguiendo instrucciones de Koltsov/Miguel Martínez, contaba ahora con la aprobación y la colaboración de los anarquistas.

Llegado el momento, las órdenes para la evacuación de los presos no las firmaron Carrillo ni ningún otro miembro de la Junta de Defensa, sino el número dos de la Dirección General de Seguridad, el policía Vicente Girauta Linares. De igual modo, no se han encontrado órdenes explícitas para su ejecución. No obstante, alrededor de mil doscientos presos fueron obligados a subir a autobuses de dos pisos. A 18 kilómetros de Madrid, en los pueblos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, les ordenaron que se apearan y les fusilaron. Los comunistas han afirmado posteriormente que los autobuses habían sido detenidos en puestos de control de los anarquistas en la periferia de la capital. El propio Carrillo ha dicho una y otra vez que en medio del caos de la huida del gobierno a Valencia, con insuficientes soldados para cubrir las calles por las que podían entrar en la ciudad los rebeldes, hubo poca planificación y mucha improvisación.

Es muy posible que a los encargados de escoltar a los presos les bastara una insinuación para tomarse la justicia por su mano, puesto que estaban imbuidos del odio general a los rebeldes que se acercaban a la capital. Informes de los encargados de negocios noruego y argentino afirmaban que entre los que escoltaban a los presos se hallaba el tristemente célebre grupo de criminales capitaneado por Agapito García Atadell, miembro de las JSU que se había asignado a sí mismo la tarea de acabar con los quintacolumnistas. Su banda, que había adoptado el nombre de Milicias de Investigación Criminal, era conocida popularmente por el de la Escuadrilla del Amanecer e iba mucho más allá de la función que se había atribuido, desvalijando y matando derechistas de forma indiscriminada en Madrid. De hecho, García Atadell ya había huido de la capital porque temía ser castigado por sus crímenes. Con todo, si se confió a este grupo la misión de evacuar a los presos, pocas dudas podían tener los que mandaban de cuál sería la suerte que probablemente correrían los presos. El hecho de que algunos de los evacuados llegaran sanos y salvos hasta Alcalá de Henares concuerda con la selección de presos a la que se hace referencia en el documento que encontró Reverte, aunque también podría inducir a pensar que la escolta de cada grupo tomó sus propias decisiones.

Hace poco, en noviembre de 2005, Carrillo se negó a hacer comentarios sobre el documento descubierto recientemente y se limitó a repetir su afirmación de que los asesinatos fueron obra de elementos incontrolados: «Lo que sí había en Madrid y fuera de la ciudad era mucho odio a los fascistas; miles de refugiados de Extremadura y Toledo que acampaban como podían a sus alrededores y ardían en deseos de venganza. Y había también fuerzas incontroladas como la Columna del Rosal o la Columna de Hierro, que no se diferenciaban mucho de los que en guerras actuales son denominados “los señores de la guerra” por su total autonomía y ninguna disciplina respecto a las autoridades oficiales. Yo no puedo asumir otra responsabilidad que ésa: no haberlo podido evitar». Esta explicación es ingenua en cualquier circunstancia, pero especialmente a la luz del documento de Reverte. Además, la pretendida ignorancia de lo que ocurrió es, en el mejor de los casos, amnesia, toda vez que, según las actas de la reunión de la Junta de Defensa celebrada el 11 de noviembre de 1936, Carrillo dio cuenta detallada de las medidas que había tomado para organizar la evacuación de presos de la cárcel Modelo. En dicha reunión declaró que la operación había tenido que suspenderse a causa de las protestas del cuerpo diplomático.

En un informe posterior que presentó a Stalin, Stoyan Minev, alias Stepanov, que desde abril de 1937 era el delegado de la Komintern en España, dijo con orgullo que los comunistas habían tomado la iniciativa en la tarea de limpiar Madrid de quintacolumnistas después de la afirmación de Mola. Si se interpreta que los presos y los quintacolumnistas son lo mismo, el informe de Stepanov coincide con la rotunda declaración de Enrique Líster. Posteriormente, haciendo caso omiso del contexto de una ciudad sitiada que temía al enemigo de dentro, la propaganda de los nacionales utilizó la atrocidad de Paracuellos para crear una impresión de «barbarie roja». Los franquistas han insistido una y otra vez en que fueron 12 000 los muertos. A pesar de que Carrillo era solo una entre varias personas que tomaban decisiones, el régimen de Franco y la derecha española nunca dejaron pasar ni una oportunidad para denigrarle por ello durante los treinta años en que fue secretario general del Partido Comunista (1956-1985) y desde entonces.

Los prisioneros de Paracuellos no fueron las únicas víctimas nacionales del pánico provocado por el avance sobre Madrid. El más célebre de todos ellos fue José Antonio Primo de Rivera. Aunque el dirigente falangista estaba encarcelado en la prisión de Alicante, no podía descartarse una evasión o un intercambio de prisioneros. Numerosos nacionales prominentes habían cruzado las líneas por uno de los dos procedimientos, entre ellos, falangistas tan destacados como Raimundo Fernández Cuesta, que fue canjeado oficialmente, y Ramón Serrano Súñer, que logró escapar. Obviamente, dada la importancia de José Antonio Primo de Rivera, tanto el intercambio como la fuga estaban lejos de ser fáciles. No obstante, se llevaron a cabo varios intentos para liberarlo. El primero fue obra de grupos aislados de falangistas de Alicante. Luego, cuando a principios de septiembre los alemanes empezaron a considerar a la Falange como el componente español de un futuro orden político mundial, hubo nuevos intentos más serios, auspiciados en buena medida por el cónsul nazi en Alicante, Joachim von Knobloch. El 17 de septiembre un grupo falangista dirigido por Agustín Aznar llegó a Alicante en una lancha torpedera alemana. Sus integrantes cambiaron su plan de asaltar la cárcel por el de intentar liberar a Primo de Rivera mediante el soborno, pero fracasó cuando Aznar fue capturado y a duras penas consiguió escapar.

En octubre, von Knobloch y Aznar reiniciaron sus esfuerzos, pero tropezaron con la actitud poco entusiasta de Franco, recién nombrado Generalísimo de las fuerzas nacionales y jefe del Estado. El Caudillo, como ahora se hacía llamar, exigió a las autoridades alemanas que José Antonio fuese rescatado sin que se pagase dinero o, al menos, que se regateara hasta la última peseta. Esto disminuía considerablemente las probabilidades de éxito, aunque los alemanes de Alicante decidieron seguir adelante. Entonces Franco dio unas instrucciones aún más curiosas sobre la suerte de José Antonio. Una vez hubiera sido puesto en libertad, como tal hecho iba a ser llevado totalmente en secreto, el líder falangista iba a ser apartado de von Knobloch —principal enlace con el liderazgo falangista— mientras era interrogado por alguien enviado por Franco. No iba a ser trasladado a la zona nacional sin permiso específico de Franco. El Caudillo se quejó de manera estrafalaria ante los alemanes dando a entender que existían serias dudas acerca de la salud mental de José Antonio. No es, pues, sorprendente que los alemanes decidieran abortar la operación.

Eran totalmente comprensibles las razones que se escondían tras el basto y retorcido sabotaje por parte de Franco en un intento de rescate que tenía pocas posibilidades de éxito. El Caudillo necesitaba a la Falange como mecanismo de movilización política de la población civil y como medio para crear una falsa identificación con los ideales de sus aliados alemanes. Si el carismático José Antonio Primo de Rivera hubiese acudido a Salamanca, Franco nunca habría podido dominar y manipular a la Falange como hizo posteriormente. Después de todo, ya antes de la guerra, José Antonio se había mostrado reticente respecto a una cooperación excesiva con el Ejército, por miedo a que la Falange fuera simplemente utilizada como carne de cañón y adorno político para la defensa del viejo orden. En la última entrevista de su vida concedida a Jay Allen, publicada en el Chicago Daily Tribune el 9 de octubre y en el News Chronicle dos semanas más tarde, el líder falangista expresó su desacuerdo de que se diera prioridad a la defensa de los intereses tradicionales por encima de las ambiciones retóricas de su partido de impulsar un cambio social. Aun teniendo en cuenta la posibilidad de que José Antonio exagerara sus objetivos revolucionarios con el fin de despertar las simpatías de sus carceleros, era evidente el conflicto implícito entre ese punto de vista y los planes políticos de Franco.

El 6 de octubre Franco recibió en Salamanca la visita del conde Du Moulin-Eckart, consejero en la embajada alemana en Portugal. El nuevo jefe del Estado informó a su primer visitante diplomático de que su principal preocupación era la «unificación de ideas» y el establecimiento de una «ideología común» entre el Ejército, la Falange, los monárquicos y la CEDA. Dadas las relaciones de la mayoría de esos grupos con el antiguo régimen, dicha unificación solo podía llevarse a cabo a costa de la aniquilación política de la Falange, algo que su fundador difícilmente podía aprobar. Por tanto, los planes de Knobloch y Aznar no siguieron adelante y fueron relegados al olvido. Otra posibilidad de liberar a Primo de Rivera se presentó cuando Ramón Cazañas, «jefe» falangista en Marruecos, propuso organizar un intercambio con la mujer y las hijas de Miaja, presas en Melilla. Al parecer, Franco denegó los salvoconductos que pedían los negociadores, aunque la familia de Miaja fue canjeada más tarde por la del carlista Joaquín Bau. Del mismo modo, el Caudillo negó a otro falangista, Maximiano García Venero, el permiso para organizar una campaña internacional dirigida a salvar la vida de José Antonio.

José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en la prisión de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Testigos presenciales afirman que murió con gran coraje y dignidad. El Caudillo se regocijó en privado de que un hombre a quien siempre había odiado por ser un elegante playboy, ya no pudiera constituir una presencia incómoda en Salamanca. Le dijo maliciosamente a Ramón Serrano Súñer, muy amigo de José Antonio, que tenía pruebas de que el dirigente falangista había muerto como un cobarde. Sin embargo, Franco utilizó a fondo las oportunidades propagandísticas que le proporcionó la ejecución. Al principio adoptó, al menos públicamente, la actitud de negarse a creer la muerte de José Antonio. El líder falangista era más útil «vivo» —y dejando vacío el liderazgo de la Falange— mientras Franco preparaba la unificación política. La respuesta inmediata de Franco ante la noticia de la ejecución resulta enormemente reveladora de las peculiares represiones de su mente: «Probablemente —le dijo a Serrano Súñer—, lo han entregado a los rusos, y es posible que éstos le hayan castrado». Cuando se admitió oficialmente su muerte, Franco utilizó el culto al «Ausente» para apoderarse de la Falange; todos sus símbolos y su parafernalia externa se utilizaron para enmascarar su real desarme ideológico. Se hicieron desaparecer escritos de Primo de Rivera, y su sucesor directo, Manuel Hedilla, fue condenado a muerte y encerrado en prisión.

En Madrid, el ataque rebelde dirigido por Varela había sido finalmente detenido el 22 de noviembre, cuando Franco se vio obligado a detener los asaltos frontales por el cansancio de sus tropas. Era la primera derrota importante sufrida por el Ejército de Franco. Si la República se hubiera encontrado en posición de contraatacar, los nacionales podrían haber sufrido un serio revés. Yagüe y Varela le dijeron a un consejero militar alemán, en presencia de John Whitaker: «Estamos acabados. No podemos resistir de ninguna manera si los rojos pueden contraatacar». Pero el optimismo de Franco a largo plazo nunca decayó, consciente de la importancia de que cuatro días antes, tanto Italia como Alemania hubieran anunciado el reconocimiento de la Junta Nacional de Burgos como gobierno legítimo de España. El embajador americano en Berlín, William E. Dodd, se dio cuenta, al igual que el Caudillo, de que «al reconocer a Franco como un vencedor cuando aún no lo era, Mussolini y Hitler tendrían que asegurarse ahora de su victoria o quedarían asociados a su fracaso». A finales de diciembre de 1936, sir Robert Vansittart, subsecretario del Foreign Office, emitió una opinión similar en un informe secreto al gobierno sobre The World Situation and British Rearmament: «Los dos Estados dictadores están creando un tercer Estado y, al reconocer al gobierno del general Franco antes de que su victoria esté garantizada, se han comprometido irremediablemente a asegurar el éxito de la aventura de los rebeldes sin reparar en los medios necesarios para hacerlo».

De hecho, había otras razones para que Franco fuera optimista. En octubre, Oviedo, capital de Asturias, había sido «liberada» de los mineros que la asediaban. El 18 de octubre, el ABC de Sevilla expresó con satisfacción que las victoriosas columnas nacionales habían entrado en la capital asturiana tras una «auténtica carnicería» de mineros. También llegaron buenas noticias del norte a finales de noviembre, con el anuncio de la derrota de una ofensiva vasca. Por supuesto, Madrid seguía siendo el frente principal. Ambos bandos se atrincheraron y, durante un mes, todo estuvo relativamente en calma. El 13 de diciembre los nacionales intentaron llevar a cabo un ataque con el objetivo de cortar la carretera Madrid-La Coruña, al noroeste de la ciudad. Después de sufrir cuantiosas bajas en los combates en torno al pueblo de Boadilla del Monte, el ataque debió suspenderse. El 5 de enero se reanudó el asalto con mayor ferocidad. Un lento avance con carros de combate de los nacionales fue detenido por las fuerzas republicanas. En cuatro días los nacionales solamente habían avanzado diez kilómetros de carretera, con un coste enorme en unas pérdidas enormes de 15 000 personas en ambos bandos. Las bajas de las Brigadas Internacionales fueron especialmente altas.

Mientras tanto, los histriónicos y hasta cierto punto deshonestos esfuerzos de británicos y franceses por imponer la política de no intervención no podían impedir el suministro de la ayuda fascista a Franco. Ante la negativa de las democracias occidentales de suministrarle material bélico, el gobierno legítimo de la República se vio forzado a dirigirse a la Unión Soviética. El 17 de octubre, Largo Caballero envió una carta al embajador soviético, preguntándole si su gobierno «aceptaría una cantidad de oro de unas quinientas toneladas aproximadamente, cuyo peso exacto se determinaría en el momento del envío». La participación del socialista moderado doctor Juan Negrín, ministro de Hacienda, en dicha transferencia del oro, fue crucial. En septiembre Negrín había tomado la decisión de trasladar las reservas de oro del Banco de España a un lugar más seguro: los subterráneos utilizados como polvorín en la base naval de Cartagena. En octubre, de acuerdo con Largo Caballero, decidió enviar el oro a Moscú y tenerlo allí en depósito como garantía de futuras compras de armas. Dadas las dificultades con que la República se enfrentaba a la compra legal de armas a las democracias, era una decisión importante. Franco tenía a su disposición ayuda continua en forma de alta tecnología por parte de Alemania e Italia, además de técnicos cualificados, piezas de recambio y los manuales de instrucciones pertinentes. En cambio, la República tenía que enviar a sus emisarios, muchas veces estudiosos mal equipados, a negociar con los tiburones del libre comercio de armas y, por tanto, adquirir equipos supravalorados y obsoletos de los distribuidores privados de armamento. Con todo, Negrín ha sido acusado por los historiadores derechistas de ser el hombre de paja de Moscú.

Numerosos informes sobre las transacciones entre Madrid y Moscú demuestran que, en cierto modo, España fue estafada por la Unión Soviética. Sin embargo, los más destacados expertos en la financiación de la Guerra Civil, el diplomático español profesor Ángel Viñas y el británico Gerald Howson, consideran que, calculando las poco más de cuatrocientas toneladas de oro fino enviado a la Unión Soviética y el coste de los suministros de los equipos, con probabilidad la diferencia no era importante. No obstante, los suministros variaban drásticamente de la obsoleta artillería y armas cortas a los aviones, tanques y cañones antitanques del último modelo. El oro también tenía que servir para pagar el transporte de pertrechos a España, operación en la que algunos barcos soviéticos fueron hundidos, así como la preparación de pilotos españoles. En cualquier caso, es difícil saber qué otra cosa podía hacer Negrín sino comprar armas de la Unión Soviética con el oro español. Incluso Largo Caballero, que más tarde se pondría en contra de Negrín, confirmó que la petición del ministro de Hacienda para trasladar el oro a un escondite seguro, sin especificar, era del todo razonable dada la proximidad de las fuerzas rebeldes. Si el oro caía en manos de los nacionales, ya no habría armas para la República y la derrota sería inevitable. Según Largo Caballero, una vez se hubo trasladado el oro a Cartagena, el temor a un desembarco nacional impulsó a Negrín a enviarlo al extranjero. Dado que los círculos bancarios de Inglaterra y Francia ya habían mostrado su hostilidad hacia la República congelando algunos activos españoles, bloqueando prácticamente el crédito y obstaculizando de forma sistemática las transacciones financieras de la República, no había otra alternativa que Rusia, a donde se destinaron los fondos republicanos para pagar el armamento y los alimentos.

En contraste, los nacionales, a pesar del hecho de que las reservas de oro españolas permanecían en manos republicanas, no tuvieron muchas dificultades para financiar su esfuerzo bélico. Desde el principio, los insurgentes pretendieron obtener de las potencias fascistas tanta ayuda en material bélico como fuera posible. Mientras los italianos fueron particularmente generosos, o irresponsables, los alemanes se procuraron beneficios económicos del suministro de armas a los rebeldes. Para ello, se creó en España la Compañía Hispano-Marroquí de Transportes (HISMA) para llevar a cabo las transacciones entre España y Alemania. Desde septiembre de 1936 HISMA desarrolló todo el comercio germano-español mediante la permuta de bienes, evitando así el uso de moneda extranjera, de la que los nacionales andaban escasos. En octubre de 1936 se creó en Berlín la contrapartida de la HISMA, la Rohstoff-und-Waren-Kompensation Handelsgessellschaft (ROWAK) bajo la absoluta autoridad de Hermann Goering. Ambas compañías establecieron un monopolio total de los nazis sobre el comercio nacional con el exterior. También tuvieron un importante papel en la organización de la economía del bando nacional en pie de guerra. Además, el sistema de la HISMA/ROWAK tuvo a largo plazo unos trascendentales efectos en la economía del bando nacional. Las exportaciones españolas de mayor valor para la economía de guerra alemana eran automáticamente desviadas al Tercer Reich, reduciendo así la capacidad de los nacionales para conseguir divisas extranjeras en otros lugares.

Se pudo reunir cierta cantidad de dinero por una «suscripción nacional» a través de la cual la gente en la zona nacional entregaba sus joyas, relojes y monedas de oro. A veces el dinero y las joyas se daban de buen grado, pero también había muchas presiones. No dar nada significaba arriesgarse a ser denunciado por «desafecto». También se recaudaron sumas importantes por medio de la confiscación de las propiedades de los presos o los ejecutados. Un número muy elevado de hombres extremadamente ricos —entre los que se encontraban Juan March, Francesc Cambó y Ángel Pérez— pusieron sus fortunas a disposición de la causa nacional. Sin embargo, el mecanismo básico que utilizó Franco fue el crédito. Ángel Viñas ha calculado que durante la Guerra Civil los nacionales recibieron mercancías y servicios a crédito por un valor aproximado de unos setecientos millones de dólares. Sin embargo, gran parte de esa ayuda —sobre todo la procedente de Italia— estaba libre de intereses.

Entre diciembre de 1936 y abril de 1937 los italianos enviaron alrededor de cien mil hombres, que se estrenaron en el sur. Para compensar el estancamiento en Madrid, había continuado la campaña para acabar con el resto de la resistencia en Andalucía, campaña casi tan sangrienta como la marcha de Madrid. Las tropas del excéntrico general Queipo de Llano empezaron a avanzar hacia Málaga desde Marbella y Granada. Conocido como el «general de la radio», Queipo de Llano daba una serie de charlas radiofónicas nocturnas, contando historias llenas de insinuaciones sexuales de «Blum el judío», «Doña Manolita» (Azaña), Miaja y Prieto, y se deleitaba contando lo que sus mercenarios moros harían con las mujeres de los republicanos.

El 3 de febrero de 1937, columnas motorizadas de italianos empezaron a llegar a Málaga. Después de bombardeos aéreos por parte de los italianos y desde el mar por parte de los navíos de guerra nacionales, la ciudad cayó. La velocidad y el éxito de sus tácticas de guerra celere (versión italiana de la Blitzkrieg) iban a causar futuras dificultades a los nacionales y a sus aliados. Desde el principio, las defensas republicanas mostraron cierta desorientación, debida en gran medida a la falta de disciplina y organización militar y a la escasez de armas. Los tanques italianos, rápidos y ligeros, basaron en gran parte su éxito en la ausencia de defensas republicanas y no sufrieron ningún ataque lateral, a los que eran particularmente vulnerables. Por tanto, Franco y Mussolini llegaron a la conclusión de la invencibilidad de la Missione Militare in Spagna italiana bajo el mando del general Mario Roatta. Franco estaba furioso porque las tropas italianas fueron las primeras en entrar en Málaga y en breve dominaron rápidamente la ciudad antes de que Roatta le enviara un telegrama redactado con la siguiente falta de tacto: «Las tropas bajo mi mando tienen el honor de entregar la ciudad de Málaga a Su Excelencia». A pesar de la facilidad de la victoria y la falta de resistencia que encontraron, los nacionales de Queipo no tuvieron piedad. Después de la batalla, en la misma ciudad se asesinó a 4000 republicanos. Salieron numerosos derechistas que afirmaban haberse librado de morir a manos de los «rojos» solo porque «no les dio tiempo». Uno de los funcionarios de Queipo de Llano comentó sarcásticamente: «A los rojos, en siete meses, no les dio tiempo; nosotros en siete días tenemos tiempo sobrado. Decididamente son unos primos».

Los refugiados que huían por la carretera de la costa fueron bombardeados por la marina y la aviación. T. C. Worsley era un voluntario inglés que conducía una ambulancia por la carretera de Málaga a Almería por la que escapaban los refugiados. Su descripción es horripilante:

Los refugiados seguían llenando la carretera y, cuanto más avanzábamos, en peores condiciones se encontraban. Algunos llevaban zapatillas de caucho, pero la mayoría iba con los pies envueltos en harapos, algunos descalzos y casi todos sangrando. Llevábamos más de ciento veinte kilómetros adelantando a una muchedumbre desesperada, muerta de hambre y de extenuación y la riada humana no daba signos de disminuir. Entonces se oyó el débil zumbido de los bombarderos. Las cunetas de la carretera, las rocas y la playa se llenaron de refugiados, que se acurrucaban en todos los huecos boca abajo, apretándose contra el suelo. Los niños tendidos levantaban sus ojos asustados hacia el cielo, mientras las manos apretaban los oídos o se doblaban hacia atrás para proteger el punto vulnerable de la nuca. Por todas partes buscaban cobijo grupos de personas; madres al borde de la extenuación protegían con su cuerpo el de sus hijos, apretándolos contra cualquier entrante o hueco del terreno, y aplastándose contra la tierra pedregosa mientras los aviones rugían cada vez más próximos. Habían sufrido antes otros bombardeos y sabían demasiado bien qué es lo que debían hacer. Decidimos llenar la ambulancia de niños. Al instante nos convertimos en el centro de una masa delirante de personas que gritaban, rogaban y suplicaban ante aquella repentina aparición milagrosa. La escena parecía irreal, con los rostros vociferantes de mujeres que sostenían bebés desnudos por encima de sus cabezas, implorando, llorando y sollozando con gratitud o decepción. La muchedumbre de refugiados que abarrotaba la carretera de Málaga vivió una pesadilla. Fueron cañoneados desde el mar, bombardeados desde el aire, y finalmente ametrallados. La escala de la represión desatada en el interior de la ciudad caída explica por qué todos ellos decidieron correr tales peligros.

Animados por sus éxitos en el sur, los rebeldes reanudaron sus esfuerzos por tomar Madrid. Mientras los republicanos se preparaban para contraatacar, las fuerzas nacionales dirigidas por el general Orgaz desencadenaron una gran ofensiva a través del valle del Jarama, sobre la carretera de Madrid-Valencia, al este de la capital. Ésta fue ferozmente defendida por las tropas republicanas, reforzadas por las Brigadas Internacionales. Pero no estaban preparadas para soportar la intensidad del fuego artillero nacional, ni la peculiar habilidad de los mercenarios moros para avanzar a campo traviesa sin ser vistos. El resultado de la batalla del Jarama fue similar al de la carretera de La Coruña: el Frente nacional avanzó algunos kilómetros, pero no se consiguió ninguna ventaja estratégica. Las fuerzas republicanas habían vuelto a demostrar que aunque luchaban con un valor heroico a la defensiva, les faltaba resuello para contraatacar. Las bajas fueron otra vez enormes: los republicanos perdieron 25 000 hombres, entre ellos algunos de los más valiosos miembros británicos y norteamericanos de las Brigadas, y los nacionales alrededor de veinte mil. Los esfuerzos republicanos no se habían visto beneficiados por las discrepancias entre el general Miaja y el general Pozas, comandante del Ejército del Centro. Como el valle del Jarama correspondía al área de mando de Pozas, Miaja se negó a enviarle tropas de refuerzo mientras el gobierno no pusiera toda la zona bajo su mando directo. No obstante, fueron las Brigadas Internacionales las que llevaron el peso de la lucha. El contingente británico desapareció virtualmente en una sola tarde.

Después de numerosos estancamientos, Franco se vio presionado por alemanes e italianos a buscar una victoria rápida. En cualquier caso, quería desesperadamente montar una maniobra de distracción que permitiera algún respiro a sus tropas, exhaustas por las duras luchas en el Jarama. Se decidió realizar una nueva ofensiva hacia Guadalajara, a unos sesenta kilómetros al nordeste de Madrid. El Generalísimo se daba cuenta de que era un modo ideal de desviar a las tropas republicanas del Jarama. Los italianos, después de su triunfo en Málaga, aspiraban a una incursión resuelta y decisiva. El 1 de marzo, Franco aprobó una propuesta italiana de cerrar el círculo alrededor de Madrid con un ataque conjunto: los italianos desde Sigüenza hasta Guadalajara, respaldados por una ofensiva de las tropas nacionales desde el Jarama hacia Alcalá de Henares. El 8 de marzo las tropas italianas bajo el mando del general Amerigo Coppi rompieron inicialmente las defensas republicanas. Sin embargo, por la tarde se hizo evidente que el prometido ataque de Franco desde el Jarama no se había materializado. Y esto permitió a los republicanos ganar refuerzos desde el Jarama.

En su rápido avance sobre Madrid, los italianos habían alargado excesivamente sus líneas de comunicación y se vieron sorprendidos por una gran tormenta de nieve. Las columnas de Coppi se encontraban en gran desventaja debido al tiempo; equipados para operaciones militares en África, no estaban preparados para la nieve y el aguanieve. Sus aviones, que operaban desde campos improvisados, fueron inmovilizados en el barro, convirtiéndose en objetivos fáciles para la fuerza aérea republicana que operaba casi con toda normalidad desde aeródromos fijos. El 12 de marzo el Ejército republicano contraatacó junto con el Batallón Garibaldi de las Brigadas Internacionales y los carros soviéticos. Los ligeros tanques italianos con ametralladoras fijas eran muy vulnerables a los T-26 con cañones de torreta giratoria rusos que poseía la República. Con Roatta esperando ansiosamente la prometida acción del brazo sureño de la tenaza, Franco daba rodeos declarando de manera poco convincente que sus generales ignoraban sus órdenes.

Al cabo de cinco días los italianos fueron barridos, para gran mortificación de Mussolini. El Duce le dijo a Ulrich von Hassell, embajador alemán en Roma, que no se permitiría volver con vida a ningún italiano hasta que la victoria sobre la República hubiera borrado la vergüenza de Guadalajara. Los oficiales de Franco brindaron por «el heroísmo español, sea cual sea su color». La derrota en Guadalajara —la primera del fascismo— se debió a diversos factores —el tiempo, la baja moral, el equipo inapropiado de los italianos y el obstinado valor de los republicanos—. Sin embargo, si el ataque de Franco hubiera tenido lugar tal y como había prometido, el resultado podría haber sido muy distinto. El error del Generalísimo en confiar en sus propias tropas, y su aparente consentimiento al permitir que los italianos fueran sacrificados en un baño de sangre, hace difícil no llegar a la conclusión de que estaba utilizando a los hombres de Roatta como carne de cañón en su «amplia» estrategia de derrotar a la República mediante un desgaste lento y gradual. En el mejor de los casos, se comportó como si los italianos fueran una diversión estratégica para aliviar la presión que sufrían sus atribuladas tropas en el Jarama. Lejos de proporcionar el apoyo que esperaban los italianos para lo que consideraban como una importante operación conjunta, permitió que los italianos llevaran el peso de la lucha mientras sus propias unidades se reagrupaban.

Desde el punto de vista militar, Guadalajara fue solo una victoria defensiva de menor importancia, pero en términos de moral fue un gran triunfo republicano. Se capturó una gran cantidad de valioso material bélico y también documentos que probaban que los italianos eran soldados regulares y no voluntarios, aunque el Comité de No Intervención se negó a admitir las pruebas porque no las presentaba ninguna nación representada en el mismo. Y para subrayar aún más el hecho de que la República no podía esperar ninguna ayuda del Comité, no hubo protestas cuando el representante italiano, Dino Grandi, se hizo eco del alarde de Mussolini a von Hassell. El 23 de marzo Grandi anunció que no se repatriaría a ningún soldado italiano hasta que no fuera prácticamente segura la victoria nacional.

Noel Monks, periodista neozelandés, envió un despacho sobre la derrota al Daily Express, que lo publicó con su firma. Fue llamado a la presencia de Franco y amenazado con ejecutarle. Al final se limitaron a expulsarle de la España rebelde. Sobre su encuentro con Franco escribió: «Ya era barrigudo entonces, en este día de marzo de 1937, en que me presenté ante él. Para ser el líder de una revuelta militar que duraba ya casi nueve meses, era la figura menos militar que he visto en mi vida. Parecía dominado por el inmenso escritorio detrás del cual estaba sentado. Su rostro era fofo y los ojos que miraban con odio los míos hubieran servido para jugar a las canicas, de tan duros como parecían».

El 24 de marzo de 1937 Vicente Rojo fue ascendido a coronel «por méritos de guerra». Los republicanos aguantaban, pero su lucha era cada vez más un esfuerzo desesperado por sobrevivir. Y lo que hizo su situación aún más difícil fue la creciente gravedad de los estériles conflictos políticos que se desataban en el interior de la zona republicana en torno al problema de cómo dirigir la guerra. La intensidad de esas divisiones iba a llegar pronto hasta el punto de hacer estallar una guerra civil dentro de la Guerra Civil.

VII. La política en la retaguardia nacional: Reacción y terror en la ciudad de Dios

VII

La política en la retaguardia nacional:

Reacción y terror en la ciudad de Dios.

Si Stalin era cauteloso en su manera de ayudar a la República española, Hitler y Mussolini eran, en comparación, pródigos en su ayuda a Franco. La actitud de Stalin se resume en su advertencia a los asesores soviéticos de alto rango enviados a España: «Manténgase fuera del alcance de la artillería enemiga». No obstante, más importantes que el grado de entusiasmo con que se prestaba la ayuda extranjera eran los hilos que se movían en torno a ella. En la misma medida que la Unión Soviética, las potencias fascistas querían el derecho a intervenir en los asuntos internos de España como exacción complementaria por su ayuda. No se trataba solo de oficiales alemanes exigiendo con arrogancia las mejores habitaciones en los hoteles, que les sirviesen antes que a nadie en los restaurantes o que el resto de los comensales se pusiera en pie cuando cantaban el himno nazi, el Horst Wessel Lied, y tampoco de que jactanciosos oficiales italianos cortejaran a muchachas españolas. Franco había expresado sus peticiones de ayuda empleando términos que parecían prometer que si ganaba la guerra, su España sería un satélite de las potencias fascistas. Llegado el momento, Franco se resistiría a los intentos de Mussolini de inyectar apremio y dirección italiana en su torpe estrategia militar, pero concedería abundantes recursos minerales y derechos de extracción a los alemanes.

No obstante, la ayuda del Eje tuvo consecuencias menos complicadas que la que los rusos prestaron a la República. El modo en que se manipuló la dependencia de la ayuda soviética para hacer crecer la influencia del Partido Comunista y las interminables y violentas polémicas entre sus diferentes facciones sobre cómo se debía dirigir la guerra exacerbaron la debilidad de la República. En cambio, la ayuda del Eje fue menos complicada. Los adornos y símbolos de la Falange proporcionaban el necesario barniz de solidaridad fascista internacional. Hubo intentos individuales de potenciar la Falange. El primer enviado de Hitler, el general Wilhelm Faupel, se entrometió inútilmente en apoyo de los elementos más pronazis de la Falange. En marzo de 1937 Mussolini mandó a Roberto Farinacci, el poderoso jefe fascista de Cremona, con el encargo de persuadir a Franco para introducir un «Partido Nacional Español» de estilo fascista que controlara por completo la vida política. Ambos fueron desoídos cortésmente. Además, los oficiales de carrera alemanes e italianos destacados en España tendían a simpatizar mucho más con los valores tradicionales de sus hermanos de armas españoles que con la retórica antioligárquica del falangismo. En la competencia por el poder en la zona nacional, la Falange no se vio favorecida por alemanes e italianos con la misma fuerza con que el Partido Comunista se vio elevado a una posición dominante por el concienzudo respaldo de los rusos. Por tanto, los nacionales gozaron en su retaguardia de un mayor nivel de unidad que los republicanos.

Esa unidad procedía en gran parte de la preeminencia de los militares. Mientras los soldados se dedicaban a la tarea de ganar la guerra, todas las demás cuestiones quedaban relegadas. Así, aunque a lo largo de la Segunda República existían distintos grupos políticos de derecha que competían entre sí —la CEDA, los falangistas, los carlistas y los monárquicos alfonsinos—, en la práctica se produjo una tregua en la actividad política a raíz del estallido de la guerra; esto no resultó excesivamente difícil dado el nivel de cooperación que había existido entre los grupos derechistas antes de 1936. Las escuadras de terror de la Falange habían sido financiadas por los monárquicos de Renovación Española, y sus actividades utilizadas por la CEDA para presentar a la República como un régimen sumido en el caos y el desorden. Todos los grupos debían una gran parte de su ideología al carlismo, fuente original de todo el pensamiento reaccionario español. La izquierda consideraba las divisiones tácticas y retóricas de los distintos grupos derechistas como una trivial cortina de humo detrás de la cual todos compartían una serie de intereses comunes, como si fueran unidades especializadas de un ejército. Compartían la determinación de establecer un Estado corporativo autoritario, de desarticular las organizaciones de la clase obrera y desmantelar las instituciones democráticas. Cada uno de ellos hablaba en los mítines de los demás y escribía en sus periódicos. Habían estado unidos en las Cortes y en las elecciones. Y ahora, durante la Guerra Civil, aceptaban sin discusión que su supervivencia futura dependía del éxito del levantamiento militar. Por consiguiente, aunque la zona nacional no estuvo del todo libre de rivalidades, los problemas a los que se enfrentaron los generales para imponer la unidad en las filas de la derecha fueron relativamente pocos.

Para quienes no compartían los valores y las aspiraciones del «Movimiento» y tuvieron la desgracia de hallarse en la zona nacional, la unidad se impuso mediante un terror salvaje. A medida que los nacionales conquistaban un nuevo pedazo de territorio, se mataba por millares a los miembros de los partidos del Frente Popular y de los sindicatos. Al principio de la contienda, en Castilla la Vieja y Galicia y en los territorios nuevamente conquistados, una Falange en proceso de expansión con la incorporación de nuevos miembros se convirtió en la sangrienta fuerza represiva auxiliar que liberó a los militares de la tarea de purgar políticamente a sus enemigos civiles de la izquierda. En su fervor religioso los requetés carlistas también fueron a menudo culpables de bárbaros excesos. Los detalles de las terribles atrocidades cometidas contra hombres y mujeres por las tropas nacionales fueron publicados por el Colegio de Abogados de Madrid. Y lo que hacía que esos horrores parecieran aún más graves era el hecho de que se llevaban a cabo ante la mirada benévola de la Iglesia y sus perpetradores eran las fuerzas del orden: el Ejército, la Guardia Civil y la Policía.

El arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Doménech, declaró el 11 de agosto de 1936 que «la violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del Orden, la Patria y la Religión». Mientras que los bombardeos o las noticias de atrocidades en otros lugares a menudo provocaban actos violentos por parte de la chusma en la zona republicana, la violencia en la zona nacional raramente era «incontrolada». Un ejemplo de ello es lo que sucedió el 21 de octubre de 1936 cerca de Monreal, pequeña villa situada al sudeste de Pamplona. Tres días antes, en la villa de Tafalla, después del entierro de un teniente requeté que había muerto en el campo de batalla, una multitud enfurecida se dirigió a la cárcel del lugar con el propósito de linchar a los 100 hombres y las doce mujeres que estaban encerrados en ella. Cuando la Guardia Civil impidió una matanza, una delegación fue en busca del permiso por escrito de las autoridades militares. Tres días más tarde, a primera hora de la mañana, 66 presos fueron llevados a Monreal y fusilados por un pequeño grupo de requetés. El tiro de gracia lo disparó el coadjutor de Murchante, uno de los numerosos sacerdotes navarros que habían dejado a sus feligreses para ir a la guerra. La frecuencia con que se asesinaban presos después del entierro de soldados carlistas impresionó al obispo de Pamplona, monseñor Marcelino Olaechea Loizaga, lo suficiente como para decir lo que pensaba en un sermón que pronunció el 15 de noviembre. El texto, que no encontró eco en ningún otro ámbito de la Iglesia, decía: «Ni una gota más de sangre de venganza».

Puede que hasta 180 000 masones, liberales e izquierdistas perdieran la vida a causa de la represión franquista, aunque las cifras exactas todavía son objeto de controversia. Los franquistas siguen presentando cifras falseadas que disminuyen el número de las víctimas izquierdistas. Sin embargo, en los últimos años se han realizado numerosos estudios locales que indican que, por más que las primeras estimaciones fueran exageradas, las cifras reales siguen siendo horripilantes.

Tres ejemplos son suficientes: Sevilla, Córdoba y Navarra. El jefe de propaganda de Queipo de Llano, Antonio Bahamonde —que, impresionado por lo que había presenciado, huyó a la zona republicana— afirmó que en Andalucía las ejecuciones alcanzaban la cifra de 150 000 personas, de las cuales 20 000 solo en Sevilla, a finales de 1938. En julio de 1939, el conde Ciano informaba que en Sevilla seguía fusilándose a unas ochenta personas por día, aunque en 1938, Bahamonde calculó una cifra diaria que oscilaba entre veinte y veinticinco. La más citada de las autoridades franquistas en materia de represión, el general Ramón Salas Larrazábal, en el estudio a escala nacional que hizo en 1977, dio la cifra de 2417 asesinados en Sevilla. La investigación detallada en curso a cargo de historiadores locales, que usan solo datos verificables, ya ha alcanzado la cifra de 11 500 para Sevilla, y de más de cincuenta y cinco mil para toda Andalucía. En Navarra, provincia en la que la izquierda era relativamente débil, el sacerdote vasco Juan José Usabiaga Irazustabarrena («Juan de Iturralde») logró encontrar en los años cuarenta los nombres de 1950 personas asesinadas por la derecha. En 1983 el general Salas Larrazábal alcanzó la cifra de 893 para Navarra. Con todo, las investigaciones que en los años ochenta y noventa llevó a cabo la colectividad navarra Altaffaylla Kultur Taldea han hallado pruebas de 2789 muertes. En todas las provincias la pauta de investigación detallada, pueblo por pueblo, tiende invariablemente al aumento de las cifras en dirección a los cálculos contemporáneos más horripilantes.

En 1946 un exnotario de la CEDA calculó que el total de personas ejecutadas en la provincia de Córdoba fue de 32 000. La cifra de víctimas de la represión de los nacionales en la provincia que el general Salas Larrazábal dio en 1977 fue de 3864. Las investigaciones exhaustivas de Francisco Moreno Gómez dieron en 1985 la prueba definitiva de las ejecuciones efectuadas durante la guerra: 7679 víctimas entre hombres y mujeres en el conjunto de la provincia, de las cuales 2543 corresponden a la capital. Sin embargo, el doctor Moreno Gómez calculó que sin duda esta cifra era inferior a la real, entre otras razones porque, una vez terminada su investigación, durante los años de régimen democrático muchas personas perdieron el miedo y dieron cuenta de la muerte de parientes suyos durante la guerra. El doctor Moreno Gómez siguió investigando y lo mismo hicieron colegas suyos de Córdoba. En 1987 añadió la cifra de 1594 víctimas de la represión en Córdoba durante la posguerra. En 2001 ya había encontrado pruebas de otras 379 personas que murieron a causa de la represión que sufrieron los guerrilleros de la resistencia en los años cuarenta. En 2005 la cifra provisional es de 9652, a la que habría que añadir 756 personas que murieron a causa del hambre y los malos tratos en las prisiones y otros 223 cordobeses que se exiliaron para huir del franquismo y murieron en campos de concentración alemanes. Estas cifras distan mucho de ser definitivas.

El periodista Noel Monks fue testigo de numerosas atrocidades y de los problemas para escribir sobre ellas. En sus memorias comentó:

En Talavera, debido a que en el frente no pasaban muchas cosas, uno era alimentado con una dieta ininterrumpida de propaganda sobre atrocidades; las cosas que hicieron los rojos al replegarse a Madrid. Y lo extraño era que los soldados españoles con los que hablé —legionarios, requetés y falangistas— se jactaban sin disimulo ante mí de lo que habían hecho al reemplazar a los rojos. Pero en este caso no eran atrocidades. Oh, no, señor. Ni siquiera lo fue encerrar a una miliciana joven en una habitación con veinte moros. No, señor. Eso fue pasarlo bien. Y me señalaron a la esposa de un oficial falangista que solía seguir a los piquetes de ejecución y disparar el tiro de gracia con el revólver de su marido al tiempo que gritaba «¡Viva Franco!».

Empecé a experimentar extraños reparos sobre este gran país católico que luchaba por la Fe. Lo que era un crimen, una atrocidad, en un bando, era solo limpia diversión y devoción al deber en el otro. La gente humilde, sencilla, entre la que viví durante cuatro meses vestía de luto perpetuo, parecía aturdida por todo lo que pasaba. Los censores de Franco estaban al tanto, sin embargo. Podías informar de tantas atrocidades «rojas» como desearas, pero si tratabas de escribir algo sobre las cosas de las que se jactaban las tropas, no solo las suprimían de tus despachos, sino que el jefe de los censores te echaba una buena bronca. Por supuesto, ambos bandos perpetraron atrocidades diabólicas en España, como descubriría más adelante. Pero por alguna razón las que se cometían en nombre de Franco gozaban de cierta dispensa, en lo que se refería al mundo exterior, que no se daba al bando del gobierno.

La percepción de Monk era totalmente correcta. En gran parte fue resultado de la habilidad con que los franquistas sacaron publicaciones como la titulada Preliminary Official Report on the Atrocities Committed in Southern Spain in July and August, 1936, By the Communist Forces of the Madrid Government [Informe oficial preliminar sobre las atrocidades cometidas en el sur de España en julio y agosto de 1936 por las fuerzas comunistas del gobierno de Madrid], que era una crónica tremendamente exagerada, y a menudo ficticia, del desorden en los pueblos del sur. Antonio Bahamonde, que había huido de Sevilla asqueado por las mentiras que se había visto obligado a difundir, describió el proceso por medio del cual se falsificaban las fotografías de «atrocidades». Quemaban y mutilaban los cadáveres de los fusilados, les arrancaban los ojos, les amputaban extremidades, les abrían el estómago, luego los fotografiaban como «prueba» de las «atrocidades rojas». Esto, más otros dos «informes» y el apoyo decidido de la prensa conservadora y católica, aseguró una respuesta favorable a la pretensión franquista de que los sublevados estaban llevando a cabo una cruzada legítima contra la barbarie «roja».

Un síntoma claro de ello fue la actitud que Winston Churchill adoptó al principio ante la situación en España. Cuando el nuevo embajador español, Pablo de Azcárate, llegó a Londres, a principios de septiembre de 1936, lord David Cecil le presentó a Churchill. A pesar de que Azcárate había sido un funcionario muy respetado de la Sociedad de Naciones, Churchill rechazó con enojo la mano que le tendía el embajador al tiempo que farfullaba «Sangre, sangre…». En un artículo publicado en el Evening Standard el 2 de octubre de 1936 con el título de «Spain: Object Lesson For Radicals» [España: demostración perfecta para radicales], Churchill afirmó: «La matanza de rehenes cae a un plano decididamente inferior; y la matanza sistemática, noche tras noche, de adversarios políticos desamparados e indefensos, sacados a rastras de sus hogares para ejecutarlos por el único crimen de pertenecer a las clases que se oponen al comunismo, y que han gozado de propiedades y distinciones bajo la Constitución republicana, está al nivel de las torturas y las atrocidades diabólicas en el pozo más hondo de la degradación humana. Aunque, al parecer, es costumbre de las fuerzas nacionales fusilar a una proporción de los prisioneros a los que capturan con las armas en la mano, no se les puede acusar de haberse rebajado al nivel de cometer las atrocidades que son obra cotidiana de los comunistas, los anarquistas y el POUM, como se llama la nueva y más extrema organización trotskista. Sería un error tanto en la verdad como en la prudencia que la opinión pública británica clasificara ambos bandos en el mismo nivel».

El propósito del terror como arma destinada a generar miedo por todas partes quedó claro en las emisiones radiofónicas del general Mola en el norte y, de forma más sistemática, las del general Queipo de Llano en el sur. Sus descripciones obscenas de las atrocidades sangrientas se oían todas las noches desde Sevilla y puede que contribuyeran a provocar algunas de las que perpetraron sus oyentes. El salvajismo que las fuerzas coloniales infligían a las villas que conquistaban era sencillamente una repetición de lo que hacían cuando atacaban un pueblo marroquí. En una emisión del 23 de julio Queipo de Llano declaró: «Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad».

Cuando las noticias de los asesinatos llegaban a villas que se veían amenazadas por fuerzas derechistas, se tomaban represalias contra los elementos de derechas porque se daba por sentado que pensaban hacer lo mismo. Las milicias incontroladas de la República no eran lo mismo que las tropas disciplinadas de los rebeldes, que perpetraban atrocidades empujadas por sus oficiales. En la alocución que hemos citado Queipo de Llano dijo también «Nuestros valientes Legionarios y Regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen».

Los horrores de la represión militar en Sevilla y el resto de la Andalucía occidental en 1936 se extendieron paulatinamente al resto de España a medida que Franco fue conquistando cada vez más territorio. Las mujeres fueron víctimas de considerable crueldad en nombre del concepto franquista de la redención: violaciones, confiscaciones de bienes, ejecuciones debido a las ideas políticas del hijo o el esposo. Los nacionales representaban a las mujeres «rojas» como putas y «no mujeres». Estas acusaciones, que reflejaban el miedo que la liberación de la mujer por parte de la República había despertado en los hombres de derechas, iban dirigidas de forma específica contra las mujeres que participaban activamente en política como Dolores Ibárruri y Margarita Nelken, y de modo más general, contra las mujeres de izquierdas.

Al conquistar las fuerzas franquistas territorio republicano, en Castilla y Galicia en los primeros días, en las provincias del sur a finales del verano de 1936, en la costa del norte en 1937 y luego en toda España al terminar la guerra el 1 de abril de 1939, la revolución feminista de la Segunda República fue anulada con extremo salvajismo. En La Coruña el gobernador civil, Francisco Pérez Carballos, fue fusilado el 24 de julio de 1936. Su esposa, Juana Capdevielle San Martín, se hallaba en avanzado estado de gestación. Fue detenida y encarcelada. Al recibir la noticia de la suerte que había corrido su esposo, abortó espontáneamente. La pusieron en libertad, pero al cabo de unos días fue detenida por una escuadra paramilitar falangista, violada y asesinada. Las mujeres republicanas eran castigadas con humillaciones públicas y privadas por haberse escapado brevemente de los estereotipos de género. Las arrastraban por las calles después de afeitarles la cabeza, las emplumaban o las obligaban a ingerir aceite de ricino y a causa de ello se ensuciaban en público. En las cárceles de los nacionales sufrían palizas y torturas. La humillación sexual consistía desde obligarlas a recorrer desnudas las calles hasta el acoso y la violación. Esto quedaba justificado por la propaganda franquista que acusaba a todas las mujeres izquierdistas de ser putas.

El general Franco, austero y sin sentido del humor, había aprendido a inculcar la lealtad por medio del miedo durante sus años en África. Su estilo militar, apropiado para una guerra colonial de menor significación, también reflejaba su experiencia marroquí: era frío, reservado y despiadado. Su taciturna reserva gallega tendía a ocultar una falta de ideas políticas claramente definidas. Pero nadie podrá poner en duda su tenacidad política. Esta cualidad quedó completamente clara en su forma de dirigir la guerra. Vacilante a la hora de tomar decisiones importantes, se ha dudado sobre su capacidad como militar. Ciertamente, su estilo de mando testarudo y rutinario era la desesperación de sus aliados alemanes. A lo largo de la guerra sacrificó vidas y desperdició tiempo en campañas innecesarias para ganar un territorio militarmente irrelevante. Sin embargo, su lenta estrategia de tortuga facilitó la eliminación de izquierdistas y liberales, lo que iba a ser uno de sus más firmes pilares después de 1939. Su decisión de liberar el Alcázar dio un respiro a los republicanos y, en términos militares, era indefendible, pero afianzó su control del poder dentro de la Junta Nacional. En discursos y entrevistas dejó claro que su estrategia de desgaste perseguía un objetivo político a largo plazo. No habló del equivalente español del Reich de mil años de Hitler, sino que se propuso erradicar de España el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la democracia liberal y la francmasonería durante las centurias venideras.

Después de su nombramiento como jefe del Gobierno del Estado español, Franco se ocupó de neutralizar las amenazas a su liderazgo personal a largo plazo en los distintos grupos políticos derechistas. Todos ellos respaldaban unánimemente a los militares en su deseo de aplastar definitivamente a la izquierda, pero cada uno de ellos alimentaba la ambición de marcar su propia impronta en el régimen autoritario al que todos aspiraban. Los monárquicos querían la restauración; los carlistas, una verdadera teocracia presidida por su propio pretendiente; la Falange, un equivalente español del Tercer Reich alemán. La CEDA había desaparecido del todo, con sus militantes distribuidos entre los grupos más extremistas, aunque su líder, Gil Robles, aspiraba a un papel importante en el futuro. Dado que los generales esperaban una rápida toma del poder, habían pospuesto resolver los problemas de la organización política hasta después de la prevista victoria. Sin embargo, cuando se hizo evidente que sería necesaria una lucha larga, se reconoció la necesidad de crear alguna forma de estructura política para unificar la zona nacional.

Con astucia y determinación, Franco ya había cortado el paso a posibles desafíos a su propio poder. Había saboteado la escasa posibilidad de rescatar a José Antonio Primo de Rivera. El propio Gil Robles se había eliminado del todo como posible rival, pues al principio de la guerra, se la había jugado al resistirse a la llamada del general Mola a destacados derechistas para que fueran a Burgos a fin de prestar su apoyo al alzamiento. Fue un error del que Franco se aseguró de que no se recuperara nunca. Pasó el primer mes de la guerra en Lisboa recolectando dinero, comprando armas para los rebeldes y actuando como intermediario extraoficial entre Franco y el líder portugués, Oliveira Salazar. No obstante, cuando en otoño e invierno de 1936 empezó a visitar la zona rebelde, fue recibido con honda hostilidad. En la febril atmósfera de Salamanca, la táctica legalista utilizada por el «Jefe» durante la República fue tachada de traición a los intereses derechistas al retrasar el inevitable enfrentamiento contra la democracia y la izquierda. La oposición a su ascenso/redención fue suficiente y acabó, con la aprobación general, en la cola.

En general, los monárquicos civiles más importantes eran aún menos peligrosos para Franco. Nunca habían tenido un número importante de seguidores, no tenían verdadero apoyo de masas, y así estaban encantados de insinuarse como consejeros de Mola y Franco. Ante el primer resquicio de amenaza para esta privilegiada posición, Franco actuó con rapidez; a mediados de diciembre de 1936, recibió una carta de don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y heredero del trono, pidiéndole permiso para tomar parte en el esfuerzo bélico nacional. Como antiguo oficial en la Royal Navy, don Juan quería unirse a la tripulación del crucero de guerra Baleares, que estaba casi al completo. El joven príncipe prometió abstenerse de cualquier contacto político, pero Franco se asustó ante la posibilidad de que se convirtiera en cabeza visible de los alfonsinos monárquicos, muchos de ellos en el Ejército. Existía el peligro de que, con don Juan en España, los alfonsinos se convirtieran en grupo político igual que los falangistas y los carlistas. La respuesta del Caudillo fue simple pero muy hábil. Tardó algunas semanas en responder a don Juan y entonces rechazó elegantemente la proposición con la excusa de que no podía responsabilizarse de poner en peligro la vida del heredero del trono. Consolidaba así su posición entre los monárquicos mientras, al mismo tiempo, sacaba considerable provecho político dentro de la Falange al dejarle creer que había excluido a don Juan a fin de facilitar la futura revolución falangista.

A pesar de eliminar las posibles amenazas representadas por don Juan, Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera, aún había un problema mayor; como el Ejército de África aún se enfrentaba a crecientes bajas, Franco tuvo que confiar más en el reclutamiento de la milicia, cuya lealtad primera era para los grupos políticos que habían hecho la contribución más sustancial: la Falange y la Comunión Tradicionalista Carlista, cuyo peso político aumentó inevitablemente. Este hecho per se no cambió ni puso a prueba la situación de Franco, pero dadas las distintas ambiciones políticas a largo plazo de los dos grupos, se dio cuenta de las potenciales amenazas tanto para su mando único de las Fuerzas Armadas como para su propia hegemonía política. Sin José Antonio, la Falange estaba sin rumbo. Por tanto, los carlistas representaban, a corto plazo, una dificultad mayor. Desde finales de octubre, el presidente de su Junta Nacional de Guerra, Manuel Fal Conde, se había convertido en acérrimo defensor de la autonomía carlista. Para este fin, cuando el Alto Mando franquista anunció su decisión de conceder el rango de Ejército regular a los oficiales de milicia y crear programas para convertirles a corto plazo en alféreces provisionales, los carlistas rápidamente crearon una Real Academia Militar de Requetés. Como no se había solicitado el permiso de Franco, éste aprovechó la oportunidad para cortarle las alas a Fal Conde. Primero neutralizó al conde de Rodezno, atolondrado jefe de la Comunión Tradicionalista, y después le dio a Fal Conde 48 horas para abandonar España o enfrentarse a un juicio sumarísimo por rebelión. Entonces agrupó a todos los grupos de milicia, tanto de la CEDA como de la Falange o los carlistas, bajo el mando militar.

El modo concluyente con que Franco había depuesto a sus rivales nacía de su propia creencia de que el poder político era, sencillamente, una extensión de la estructura del mando militar. La visión de que aquéllos que desobedecían eran culpables de rebelión, simplificaba numerosos problemas. Sin embargo, la consolidación de la incontestable autoridad del Generalísimo no era lo mismo que crear una infraestructura civil permanente para su mandato. Además, a principios de 1937, Franco era consciente de que tanto Queipo de Llano como Mola alimentaban ambiciones políticas a largo plazo. En el contexto de cualquier futura lucha política iba a ser decisivo el control de los grupos políticos que, cada vez más, nutrían el grueso de las tropas nacionales, la Falange y los carlistas. Franco estaba, pues, decidido a imponer su mando, tanto sobre subordinados como sobre rivales. Además, sus cercanas relaciones con Hitler y Mussolini, y su deseo de que como Caudillo se le viera al mismo nivel que a éstos, le indujo a copiar sus sistemas de partido único.

El cerebro oculto de la creación de una completa y formal estructura de Estado fue Ramón Serrano Súñer, cuñado del general. Figura destacada en la JAP, el movimiento juvenil extremista de la CEDA, en la primavera de 1936 había contribuido a traspasar parte de su militancia a la Falange. Presenció la muerte de amigos en prisión en la zona republicana, y consiguió escapar de las «sacas», en las que sus dos hermanos, José y Fernando, fueron asesinados. Por ello, se convirtió en un enemigo visceral, y absolutamente convencido, de la democracia. Después de escapar de Madrid en febrero de 1936 llegó a Salamanca, donde vivió con su familia en el ático de la residencia y cuartel general de Franco, el palacio del obispo, donde tuvo acceso diario al Caudillo. Y, efectivamente, dado que el frío y receloso Franco tenía pocos confidentes, se daba por cierto que su cuñado representaba el poder detrás del trono del Generalísimo. Lenguas maliciosas bautizaron rápidamente a Serrano Súñer con el apelativo gemelo de «el cuñadísimo».

En los paseos diarios por los jardines episcopales, Serrano Súñer explicó a Franco que un «Estado campamental», que tenía que armar constantemente sus tiendas de campaña, necesitaba ser sustituido por una maquinaria política permanente. Brillante abogado, el atractivo Serrano Súñer poseía tanto el intelecto como las credenciales políticas para ser el principal artífice del Estado franquista. Y era grato a Franco por sus lazos familiares y porque no poseía su propia base de poder. También era aceptado por numerosos «camisas viejas» falangistas debido a su larga amistad personal con José Antonio Primo de Rivera. Además, existían otros miembros recién reclutados, pragmáticos e ideológicamente menos militantes, que habían sido seguidores suyos en las JAP.

Junto al hermano de Franco, el amable y cínico Nicolás, Serrano Súñer elaboró un plan para llenar el vacío político que se había producido en el bando nacional. No había duda de que los vehículos más idóneos para la creación de un movimiento político de masas eran la Falange, cuya afiliación había subido hasta rondar a principios de 1937 el millón de personas, y la Comunión Tradicionalista Carlista. Desde el otoño de 1936 Nicolás Franco había jugado, sin éxito, con la idea de unir ambas fuerzas. Ahora la idea despegó. La tarea era más fácil debido a que la Falange se había visto debilitada por el arresto de muchos de sus líderes nacionales y provinciales aun antes de que estallara la guerra. Decapitado el partido por la ejecución de su fundador, estaba ahora a merced de una lucha de poder cada vez más encarnizada que iba a ser utilizada con cierta astucia por Serrano Súñer, Nicolás Franco y otros miembros del personal político que operaba desde el cuartel general de Franco.

A un lado de la Falange se encontraban los seguidores radicales del jefe provincial de Santander, Manuel Hedilla, designado como sucesor provisional de José Antonio, un fascista tosco e ingenuo. Existía otro grupo, enfrentado al anterior, conocido como los legitimistas, formado por amigos y familiares de José Antonio, y liderado por los agresivos jefes de las milicias falangistas, Agustín Aznar y su primo, Sancho Dávila. En un estilo muy snob, calificaban a Hedilla de demasiado proletario. Franco y Serrano Súñer también le creían demasiado pronazi y sabían que se inclinaban por tomar al pie de la letra las advertencias de José Antonio acerca del peligro que la Falange se convirtiera en un adjunto domesticado del Ejército. Sin embargo, para llevar a cabo sus propósitos, Hedilla presentaba la ventaja de una cándida ingenuidad. Serrano Súñer y el cuartel general dejaron que Hedilla creyera que si no se oponía a la inevitable unificación de la Falange y los carlistas, se le iba a permitir dirigir el nuevo partido. Y se le dijo que, primeramente, debía aplastar la rebelión legitimista.

Falangistas armados de ambos grupos llegaban en tropel a Salamanca. El 16 de abril, los legitimistas estallaron primero destituyendo a Hedilla del liderazgo. Creyendo que tenía el apoyo de Franco, Hedilla envió a un grupo de hombres para asaltar los cuarteles generales del partido y arrestar a Aznar y a sus partidarios. A primeras horas de la mañana del 17 de abril, hubo una sangrienta reyerta en la que dos falangistas murieron por disparos. Franco actuó: Aznar fue arrestado, acusado de provocar el desorden en la retaguardia. No se tomaron represalias contra Hedilla, que en aquellos momentos aún estaba a tiempo de representar un papel subordinado en la orquestada toma de poder de Franco con respecto a la Falange. El 18 de abril, el Consejo Nacional de la Falange eligió a Hedilla como Jefe Nacional. Cuando fue a decírselo al Caudillo, se encontró con que este iba a anunciar la fusión de la Falange y los carlistas. Asomado a un balcón del palacio del obispo, Franco le abrazó delante de una gran muchedumbre. En las crónicas de la prensa y la radio apareció como si el recién nombrado Jefe Nacional hubiera depositado sus poderes en manos del Caudillo. Un decreto de unificación, publicado el 19 de abril, anunciaba que el nuevo partido iba a llamarse Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Cuando se anunció la dirección del nuevo partido cuatro días más tarde, Franco era el Jefe Nacional y Hedilla sencillamente un vocal de la Junta Política. Aceptar esto era condenarse a la impotencia y Hedilla, sobrevalorando el apoyo que tenía entre los «camisas viejas», rechazó el cargo y conminó a sus jefes provinciales a obedecer solo sus propias órdenes. El 25 de abril Hedilla fue arrestado junto con numerosos falangistas disidentes. El 29 de mayo fue juzgado, acusado de planear el asesinato de Franco. Después de la intervención de Serrano Súñer, la pena de muerte de Hedilla fue conmutada, pero tuvo que pasar todavía cuatro años en una cárcel franquista.

Serrano Súñer había redactado para Franco el decreto de unificación, junto con el perturbado escritor fascista Ernesto Giménez Caballero, sin discutir los detalles con Hedilla ni con la dirección carlista. Los carlistas estaban furiosos pero, en beneficio del objetivo principal de ganar la guerra, silenciaron la afrenta. Los militantes de la zona nacional acogieron positivamente la unificación, que veían como un medio de poner fin a las fricciones entre los distintos grupos. Sin embargo, al ser desde ese momento el nuevo partido la única formación política permitida en la zona nacional, la independencia del movimiento fascista español entró en declive. En adelante, el «Movimiento», como se llamó al nuevo partido único, gozó de muy escasa, por no decir nula, autonomía. Los falangistas se vieron forzados a aceptar a Franco como su nuevo líder, su rol ideológico fue usurpado por la Iglesia y su partido fue convertido en una maquinaria para la distribución de prebendas, mientras su «revolución» quedaba pospuesta indefinidamente. Mientras tanto, Serrano Súñer había iniciado el proceso de convertir la Falange en franquista, aunque nunca logró hacer de Franco un falangista.

La unificación respondía a la determinación de Franco de eliminar a cualquier posible rival político. No era una tarea difícil. Calvo Sotelo había muerto y su sucesor, el oscuro Antonio Goicoechea, aceptó disciplinadamente el decreto de unificación y disolvió Renovación Española. Gil Robles estaba acabado políticamente, al menos en lo que respecta al bando nacional. Al parecer Franco le detestaba por el hecho de que, como ministro de la Guerra, en 1935 había sido su superior. Su exagerada aceptación de la unificación no reforzó su posición, de la misma forma que tampoco se vio reforzada cuando en febrero dio instrucciones de que los últimos vestigios de Acción Popular desistieran de cualquier actividad política. Aunque se había hecho poco para facilitar los intentos de salvar a José Antonio Primo de Rivera de la ejecución, una vez que éste murió, Franco no tuvo ningún escrúpulo en permitir que su ejecución se mitificara como un martirio, como forma de atraer a nuevos seguidores. El culto a su memoria se generó de modo que legitimara el liderazgo de Franco del nuevo partido.

Los competidores de Franco en el seno del Ejército también fueron drásticamente eliminados. Sanjurjo se mató al principio de la guerra, y Goded y Fanjul fueron ejecutados por los republicanos en agosto de 1936. Así, solo quedaba Mola como posible, aunque remoto, rival. Aunque fuera únicamente en la mente suspicaz del propio Caudillo, Mola representaba siempre una alternativa implícita. De hecho, las relaciones entre ellos empeoraron después del acceso de Franco al poder. Decidido y flexible en asuntos militares, Mola deseaba terminar la guerra en el norte, y el laborioso estilo de liderazgo militar de Franco le volvía loco. Además, quizá por un deseo de recalcar la subordinación de Mola, Franco puso continuos obstáculos al desarrollo de la campaña del norte. Se inmiscuyó en el funcionamiento de la fuerza aérea de Mola, y a menudo retiró tropas del frente del norte para emplearlas en estériles ofensivas contra Madrid. Parecía avecinarse algún tipo de conflicto entre ambos, cuando Mola murió en un accidente aéreo.

El 3 de junio de 1937, Mola viajó de Pamplona a Vitoria, y desde allí despegó hacia Valladolid para inspeccionar el frente. Su avión se estrelló en Alcocero, provincia de Burgos, y no hubo supervivientes. Franco recibió la noticia con frialdad. Wilhelm von Faupel, embajador alemán ante el gobierno nacional, escribió el 9 de julio a la Wilhelmstrasse: «Sin duda Franco se siente aliviado por la muerte del general Mola. Recientemente me ha dicho: “Mola era una persona muy terca, y cuando le daba órdenes que diferían de sus propios puntos de vista, solía preguntarme: ‘¿Ya no confías en mis métodos?’”». Hitler comentó en una ocasión: «La muerte de Mola es la auténtica tragedia para España; era él el auténtico cerebro, el dirigente real… Franco llegó al poder como Poncio Pilato en el Credo».

Se han hecho muchas conjeturas acerca de lo sucedido. Abundaron los rumores de conspiración y sabotaje. Lo más probable parece que el aparato fuera abatido por error por cazas nacionales. El padre del piloto muerto, coronel Chamorro, guardó desde entonces dos pistolas cargadas en una mesa de su hogar, esperando el día de poder matar a los asesinos de su hijo. Tal como sostenía la versión oficial, en medio de una densa niebla, el avión debía de haber chocado, sencillamente, contra una colina conocida como el monte de la Brújula. Mola volaba en un Airspeed A. S.6 Envoy de construcción británica, el cual fue llevado hacia la zona nacional por un piloto desertor. Sus distintivos ingleses, similares a los aviones utilizados para enviar suministros por aire a la República desde Francia, no habían sido borrados del todo. Es, por tanto, posible que al aparato le hubieran disparado erróneamente los cazas nacionales.

Franco quedaba sin ningún competidor serio. Desde el primer piso del palacio episcopal de Salamanca, dirigía ahora personalmente el esfuerzo bélico nacional. Todavía había de pasar algún tiempo antes de que el proyecto de creación de Estado de Serrano Súñer cristalizara en una burocracia organizada. La improvisación con que se abordaban diferentes asuntos quedó reflejada en el ascenso a posiciones importantes de algunos tipos excéntricos. El varias veces mutilado general Millán Astray, a quien le faltaban un brazo y un ojo, fue nombrado jefe del Departamento de Prensa y Propaganda. Conocido como el fanático fundador de la Legión Extranjera española, difícilmente podía ser la persona más adecuada para presentar la causa nacional ante el mundo exterior. El 12 de octubre de 1936 aportó un considerable descrédito internacional a dicha causa con su comportamiento durante la celebración del aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Después de arengar a los asistentes con el grito legionario de «¡Viva la muerte!», Millán Astray entonó el triple vítor nacional de «¡España!», coreado por las respuestas rituales de «¡Una!», «¡Grande!» y «¡Libre!». Cuando el filósofo Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, le reprochó su actitud, Millán Astray, al borde de la apoplejía, gritó «¡Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación! El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos».

Unamuno contestó sugiriendo que la sed de sangre de Millán Astray era fruto del deseo de ver a los demás tan mutilados como él mismo. Millán Astray volvió a interrumpirle gritando «¡Mueran los intelectuales!». Cuando quedó ronco de tanto gritar en medio de un tumulto ensordecedor, Unamuno volvió a levantarse. Rodeado de un tenso silencio, con la violencia flotando en el aire, Unamuno habló en tono sereno. «¡Éste es el templo de la inteligencia! ¡Yo soy su supremo sacerdote! Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, un profeta en mi propio país. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España». Los guardaespaldas de Millán Astray le amenazaron y salió de la sala con la ayuda de la esposa de Franco, Carmen Polo. Unamuno fue cesado de su cargo en la Universidad y murió a finales de diciembre de 1936 bajo virtual arresto domiciliario.

El 13 de diciembre de 1936 Unamuno mandó una carta a su amigo Quintín de Torre en la que hablaba de «la más bestial persecución y asesinatos sin justificación». Sobre Franco escribió: «En cuanto al caudillo —supongo que se refiere al pobre general Franco— no acaudilla nada en esto de la represión, del salvaje terror de retaguardia. Deja hacer. Esto, lo de la represión de retaguardia, corre a cargo de un monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso, que es el general Mola… Dije, y Franco lo repitió, que lo que hay que salvar en España es la “civilización occidental, cristiana” puesta en peligro por el bolchevismo, pero los métodos que emplean no son civiles, ni son occidentales, sino africanos —el africano no es, espiritualmente, Occidente— ni menos son cristianos. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Eso es militarización africana pagano-imperialista… Y así nunca llegará la paz verdadera. Vencerán, pero no convencerán; conquistarán, pero no convertirán».

Como jefe de propaganda, Millán Astray recomendaba insistentemente a sus ayudantes que amenazaran con fusilar a los periodistas extranjeros. Uno de ellos era Luis Bolín, que había ayudado a organizar el viaje de Franco de las islas Canarias a Marruecos. Poco después conseguirían una resonante notoriedad sus esfuerzos por demostrar que el bombardeo de Guernica no había ocurrido en realidad. Otro fue el notorio capitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, que recibió la misión de explicar a los visitantes extranjeros las razones por las que combatían los franquistas. Peter Kemp, el voluntario británico del Ejército de Franco, opinaba que el conde hacía más daño que otra cosa:

Aunque se trataba de un amigo leal, un crítico intrépido y un compañero estimulante, no puedo evitar el preguntarme si sus cualidades se adaptaban realmente a la tarea que se le encomendó de explicar la causa nacional a los visitantes extranjeros de importancia. Por ejemplo, contó a un distinguido visitante inglés que el día en que estalló la Guerra Civil, puso en fila a los trabajadores de su finca, eligió a seis de ellos y les mató delante de los demás: Pour encourager les autres, ya me entiende.

Tenía algunas ideas originales sobre las causas fundamentales de la Guerra Civil. La causa principal, si mi memoria no me engaña, era la introducción del alcantarillado moderno.

También cita las teorías del capitán Aguilera sobre los males aportados por las modernas alcantarillas Charles Foltz, corresponsal de Associated Press durante la guerra:

Todos nuestros males vienen de las alcantarillas. Las masas de este país no son como sus americanos, ni como los ingleses. Son esclavos. No sirven para nada salvo para hacer de esclavos, y solo son felices cuando se les hace trabajar como esclavos. Pero nosotros, las personas decentes, cometimos el error de darles casas nuevas en las ciudades en donde tenemos nuestras fábricas. En esas ciudades construimos alcantarillas, y las hicimos llegar hasta los barrios obreros. No contentos con la obra de Dios, hemos interferido en Su Voluntad. El resultado es que el rebaño de esclavos crece sin cesar. Si no tuviéramos cloacas en Madrid, Barcelona y Bilbao, todos esos líderes rojos hubieran muerto de niños, en vez de excitar al populacho y hacer que se vierta la sangre de los buenos españoles. Cuando acabe la guerra destruiremos las alcantarillas. El control de natalidad perfecto para España es el que Dios nos quiso dar. Las cloacas son un lujo que debe reservarse a quienes las merecen, los dirigentes de España, no el rebaño de esclavos.

También confió a Peter Kemp su teoría de que los nacionales habían cometido un grave error al no fusilar de inmediato a todos los limpiabotas:

¡Querido amigo, cae por su propio peso! Un individuo que se arrodilla para limpiarte los zapatos en el café o en plena calle está predestinado a ser un comunista, luego ¿por qué no matarlo en seguida y librarse de esa amenaza? No hace falta juicio, su misma profesión es la evidencia de su culpabilidad.

Millán Astray, Bolín y Aguilera se situaban en el margen extremo de la propaganda nacional. Mucho más eficaz desde el punto de vista internacional fue la legitimación de la causa franquista aportada por la Iglesia Católica. La larga hostilidad de la Iglesia respecto al racionalismo, la masonería, el liberalismo, el socialismo y el comunismo, tuvo un papel central en la vida política de la zona nacional. Con la excepción del clero vasco, la mayoría de los sacerdotes y religiosos españoles se alinearon con los nacionales. Desde los púlpitos denunciaron a los «rojos». Bendijeron las banderas de los regimientos nacionales y, algunos —especialmente sacerdotes navarros— incluso combatieron en sus filas. Los clérigos adoptaron el saludo fascista. A mediados de agosto de 1936 el obispo de Pamplona Marcelino Olaechea ya había acusado a los republicanos de ser «los enemigos de Dios y de España». En la última semana de agosto el obispo Olaechea y dos arzobispos, Rigoberto Doménech de Zaragoza y Tomás Muñiz Pablos de Santiago de Compostela, declararon que la guerra que hacían los rebeldes era una cruzada religiosa. En su Congreso de Burgos, en septiembre de 1936, la Acción Católica aprobó una entusiasta declaración en favor del alzamiento.

A comienzos de septiembre José Álvarez Miranda, obispo de León, asoció la República con «el laicismo-judío-masónico-soviético». El provincial jesuita de León escribió a Roma el 1 de septiembre para prevenir contra cualquier iniciativa de paz por parte del Vaticano: «Los católicos ven en esta guerra una verdadera cruzada religiosa contra el ateísmo, y la juzgan totalmente inevitable: o se vence en ella o el catolicismo desaparece de España». La más célebre designación del alzamiento militar como cruzada fue la que salió de la pluma de Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca. El 28 de septiembre este obispo publicó una larga y erudita carta pastoral titulada Las dos ciudades, basada en la imagen de san Agustín de las ciudades de Dios y del Diablo. Allí declaraba que «en el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra»… «Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y por ello les asesinan y les martirizan»… «Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada».

El mismo día el cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, en una alocución por Radio Navarra a los defensores del Alcázar, se alegró de su liberación y de la liberación de «la ciudad del cristianísimo Imperio español». Para él la victoria de los sublevados era el punto culminante de la guerra, «el choque de la civilización con la barbarie, del infierno contra Cristo». Clamó contra «el alma bastarda de los hijos de Moscú», «judíos y masones, envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros y mongoles aderezados y convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita». El joven sacerdote Vicente Enrique y Tarancón, quien como cardenal iba a colocar todo el peso de la Iglesia al servicio de la democratización de España, estaba perplejo por la militancia de los eclesiásticos más veteranos. En una visita a Burgos asistió a un Te Deum en la catedral para celebrar la conquista nacional de una capital de provincia. Cuando el capitán general y el arzobispo de Burgos hablaron ante la multitud, Tarancón se quedó atónito cuando oyó al general hablar en términos exclusivamente religiosos, mientras el arzobispo lanzaba una agresiva arenga militar. La militancia eclesiástica fue recompensada con la iglesia a rebosar. No oír misa en la zona nacional podía suponer para una persona la pérdida de su empleo o colocarle la etiqueta de sospechoso político.

Para el cardenal Gomá, la causa de Franco era la causa de Dios. Después de la destrucción de Guernica, cuando muchos católicos empezaron a cuestionar la santidad de la causa franquista, prestó al Caudillo un servicio inestimable. En respuesta a la petición de una afirmación pública del respaldo de la jerarquía, organizó una carta colectiva dirigida «a los obispos del mundo entero». El texto describía la «Cruzada» como un «plebiscito armado» y se felicitaba porque antes de ejecutarlos se concedía a los enemigos de los nacionales la oportunidad de confesarse y reconciliarse con la Iglesia. Firmaban la pastoral dos cardenales, seis arzobispos, 35 obispos y cinco vicarios generales. No la firmaron el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona (Cataluña), ni monseñor Mateo Múgica, obispo de Vitoria (País Vasco). Múgica se sentía especialmente afectado por la ejecución, ante un pelotón franquista, de catorce sacerdotes vascos a finales de octubre de 1936. Según el derecho canónico, un acto de esta gravedad debía llevar aparejada la excomunión de los responsables. Ni el Vaticano ni la jerarquía de la Iglesia española condenaron las ejecuciones. Muy al contrario, se indicó a Múgica que no podía garantizarse su seguridad personal en la zona nacional, por lo que hubo de seguir exiliado.

Los católicos de todo el mundo se identificaron con la causa franquista. Los obispos alemanes publicaron una pastoral colectiva el 19 de agosto de 1936 para reafirmar el apoyo de Hitler a Franco. En Estados Unidos, los esfuerzos de los militantes católicos, y en especial las emisiones radiadas del padre Coughlin, contribuyeron probablemente a la decisión de bloquear las ayudas a la República. La campaña desarrollada en Gran Bretaña y otros países para presentar a la República como el verdugo sanguinario de curas y monjas recibió el cualificadísimo refuerzo de la Santa Sede al considerar oficialmente mártires a las víctimas de los republicanos. El Vaticano reconoció en la práctica al gobierno de Franco el 28 de agosto de 1937, y envió a España a un delegado apostólico, monseñor Ildebrando Antoniutti, el 7 de octubre. El reconocimiento de jure sobrevino el 18 de mayo de 1938, cuando el arzobispo Gaetano Cicognani fue nombrado nuncio apostólico, y Franco envió un embajador a la Santa Sede. La actitud del catolicismo internacional respecto a Franco puede resumirse en la carta enviada a Franco el 28 de marzo de 1939 por el arzobispo de Westminster, el cardenal Arthur Hinsley, agradeciéndole el envío de una fotografía autografiada: «Le considero el gran defensor de la verdadera España, el país de los principios católicos donde la justicia social católica y la caridad se aplicarán al bien común bajo un gobierno firme y pacífico». El recién elevado a la silla pontificia papa Pío XII saludó la victoria definitiva de Franco con un mensaje que empezaba con estas palabras: «Con inmenso gozo…». La Iglesia vio recompensados sus esfuerzos al servicio de la causa nacional con el control exclusivo de la educación en todo el territorio del Estado de la posguerra.

El catolicismo era solo uno de los elementos de la panoplia ideológica de los nacionales. Se utilizaron las imágenes de la Reconquista de España frente a los árabes para exaltar y reforzar la noción de la guerra como una «cruzada» emprendida para «liberar» a España de las hordas ateas de Moscú. El «Imperio» se convirtió en un concepto clave desde el punto de vista ideológico. Los franquistas se basaron en la afirmación elaborada por el carlista Víctor Pradera de que «el Nuevo Estado no es más que el Estado español forjado por los Reyes Católicos». Sin embargo, la verborrea imperial y las referencias a Isabel y Fernando se combinaban con elementos más modernos tomados del fascismo y del nazismo. El símbolo falangista del yugo y las flechas, como la cruz gamada y el fascio, unían la simbología antigua y la moderna. Los pensadores políticos del régimen se dedicaron a elaborar su propio Führerprinzip o teoría de legitimación del líder —la llamada «teoría del caudillaje»— a partir de las doctrinas del nacionalsocialista alemán Karl Schmitt. La democracia parlamentaria y el Estado de derecho se arrumbaron como supervivencias anticuadas de la época liberal. Todo ello iba encaminado a garantizar que el poder real descansara exclusivamente en las manos del general Franco. Éste iba a demostrar ser un guardián celoso de dicho poder.

Tal vez por el deseo cínico de conservar la buena voluntad de sus benefactores, el Caudillo alababa sin reservas el nazismo. Dijo a periodistas alemanes: «Lo que la nación alemana ha logrado ya con su lucha de liberación, constituye, por muchos conceptos, un modelo que tendremos presente por nuestro propio resurgir». También intercambió excesivos telegramas con Mussolini. Los tres primeros beneficiarios de la Gran Orden Imperial del Yugo y las Flechas, máxima condecoración del «Nuevo Estado», fueron el rey Vittorio Emmanuele, Benito Mussolini y Adolf Hitler. Tras la unificación de abril de 1937, todos los periódicos del bando nacional debían incluir en sus cabeceras el eslogan «Una Patria, un Estado, un Caudillo». La reaparición del antisemitismo también debe considerarse una importación alemana. Se reimprimieron Los protocolos de los sabios de Sión en ediciones amplias y baratas. Se adoctrinaba a los falangistas diciéndoles: «Camarada, es tu deber erradicar el judaísmo junto a la masonería, el marxismo y el separatismo». El magnate catalán Francesc Cambó, que había optado por el exilio, fue denunciado como «el Judío errante». Las campañas de recogida de fondos para colaborar en el esfuerzo bélico nacional utilizaron eslóganes como «Quien oculta su oro cuando la Patria lo necesita es un judío». Cuando el distinguido filósofo católico francés Jacques Maritain criticó los bombardeos de Barcelona por los nacionales, fue denunciado por Ramón Serrano Súñer, que le llamó «este judío converso». Afirmando que las palabras de Maritain se hacían eco de las de los sabios de Sión, dijo de él que «recibe ya el homenaje de las logias y de las sinagogas».

El «Nuevo Estado» gobernado por Franco constituía una amalgama más o menos satisfactoria de todos los grupos componentes del bando nacional. Los aristócratas y los oficiales del Ejército se estremecían cuando los falangistas se dirigían a ellos llamándoles «camarada» y tuteándoles. Los ácidos comentarios sobre la «FAIlange» (la FAI era la Federación anarquista) reflejaban la incomodidad de los conservadores respecto a algunos exizquierdistas que afluían a las filas del Movimiento para escapar de la represión. Las pañerías de la zona nacional agotaron sus existencias de tela de color azul porque todo el mundo se precipitaba a encargar la preceptiva «camisa azul». Se la conocía como el «salvavidas», y llegó a publicarse un decreto prohibiendo la venta de paño azul sin autorización escrita de los mandos de la Falange. Los elementos más conservadores del bando franquista miraban a la Falange con disgusto, pero la aceptaban como un mal necesario. Podrían haberse consolado con la idea de que, dejando de lado las apariencias superficiales, el «Nuevo Estado» estaba mucho más cercano a su visión del futuro político que a la de los elementos más radicales de la Falange.

La fórmula «legal» que sustentaba al Estado nacional procedía de las ideas del grupo monárquico Renovación Española. El Movimiento y el papel de Franco se justificaban como una especie de interregno militar cuyo objetivo era erradicar de España el veneno de las ideas liberales e izquierdistas. Cuando se hubiera cumplido esta tarea, la monarquía sería no restaurada, sino «instaurada», para subrayar la ruptura de la continuidad con el pasado. Las instituciones franquistas, y en especial los Sindicatos «Verticales» (es decir, gestionados por el Estado, no representativos y basados no en la confrontación sino en la cooperación de las clases), se fundamentaban en el modelo de la Italia fascista y constituían una concesión a los falangistas, que veían su papel muy disminuido respecto a lo que esperaban. Ya desde la época de la guerra, el régimen utilizó a fondo una retórica ultracatólica, nacional y centralista que agradaba a todos los sectores de la derecha. Los nombres vascos y catalanes quedaron excluidos en los bautizos. El uso de las lenguas autóctonas, el catalán y el euskera, se convirtió en una actividad clandestina. Cuando las fuerzas franquistas llegaron a Tarragona a mediados de enero de 1939, se celebró en la catedral una ceremonia rebuscada en la que intervino una compañía de infantería. Durante el sermón, el sacerdote oficiante, José Artero, que era un canónigo de la catedral de Salamanca, se dejó llevar por la emoción hasta el punto de gritar: «¡Perros catalanes! No sois dignos del sol que os alumbra». No hubo nada en la zona republicana que pudiera compararse con la cohesión ideológica o con la claridad de los objetivos que planteaban la Iglesia Católica y el Movimiento unificado.

Los valores dominantes en la vida cotidiana de la zona nacional estaban impregnados de catolicismo, de jerarquía y, hasta cierto punto, de puritanismo. Estaba mal visto comer en un restaurante en mangas de camisa. Se recomendaba a las mujeres que vistieran con modestia y propiedad, que no fumaran ni usaran maquillaje. Las mangas debían llegar hasta la muñeca, y los escotes hasta el cuello; las faldas debían ser largas y amplias. Los niños de más de dos años debían bañarse con traje en las playas. En las condiciones de trastorno social, inseguridad y desamparo de la época bélica, sin embargo, se llegó a un grado de licencia sexual que horrorizaba a las autoridades. Y además, la necesidad económica y la demanda de las tropas de paso llevaron a un boom de la prostitución. Se publicaron decretos prohibiendo el «tráfico carnal».

En el clima reaccionario de la zona nacional no hubo nada comparable con la emancipación de la mujer que llevó a cabo la República. La Iglesia y la Sección Femenina de la Falange se encargaron de difundir la imagen de las mujeres nacionales como vírgenes o buenas madres, guardianas sin tacha, pasivas, sumisas del orden moral. Había un contraste de imágenes dirigido contra las «putas rojas». En general se esperaba de las mujeres nacionales que contribuyeran al esfuerzo bélico alistándose en alguno de los servicios sociales que organizaba la Sección Femenina. Allí, dentro de los servicios médicos franquistas y de la organización de beneficencia, el Auxilio Social, las mujeres podían tener una existencia pública que hasta entonces se les había negado, aunque duraría poco. La tendencia ideológica del naciente régimen de Franco hacía hincapié en el papel de la mujer como ama de casa y madre de los guerreros falangistas. Lo irónico es que la difusión de este mensaje se encomendara a mujeres solteras e independientes.

La vida intelectual fue opresiva en grado sumo. Las quemas rituales de libros no solo eliminaron los residuos de la cultura liberal sino muchas cosas más. Los libros editados en la zona nacional llevaban normalmente impreso el nihil obstat y se fechaban, no según el calendario, sino como I, II o III Año Triunfal. Los mayores éxitos de ventas consistían en detalladas descripciones de las atrocidades rojas, alabanzas de las victorias nacionales e indigestos ensayos de teoría falangista. El arte era puramente representativo y la música virtualmente no existía. No hubo ningún equivalente a los debates políticos de la zona republicana. La propaganda era monótona y ubicua. Un típico eslogan que se pintaba en las paredes de toda la zona nacional rezaba así: «Honor - Franco, Fe - Franco, Autoridad - Franco, Justicia - Franco, Eficacia - Franco, Inteligencia - Franco, Voluntad - Franco, Austeridad - Franco». Bajo la superficie de exaltación religiosa y patriótica afloraba una vena de chabacanería lasciva y barata. Se describía a Azaña como un monstruo creado por Frankenstein más que nacido de mujer. Otros dirigentes republicanos eran descritos como pervertidos sexuales. Algunas de las más absurdas afirmaciones se deben a la pluma de Ernesto Giménez Caballero, cuyas novelas primerizas podrían situarle hoy en día como el padre del surrealismo español. Sus opiniones sobre las causas de la guerra no desmerecen de las del capitán Aguilera: «Si no hubiesen enseñado tanto los muslos las mujeres francesas en los vodeviles y piscinas de París, donde se educaron nuestros republicanos; si no hubieran jugado tanto a la pelotita las yanquis que llenan las pantallas de nuestros cines desde hace años, y si no se hubiesen entregado al culto del sol y del tueste en esas playas nórdicas que el “europeísmo” de hace algún tiempo puso de moda, quizá no hubiese estallado esta horrible guerra civil de España». Entre sus fantasías más extravagantes ambicionaba el proyecto de crear una nueva dinastía fascista a través de la fecundación de una mujer española, la remilgada y confiada Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, por parte del nórdico Hitler.

Es significativo de la atmósfera de la zona nacional el modo en que el tono belicoso y triunfal de la propaganda oficial se trasplantó al comercio. Los bodegueros jerezanos González Byass celebraron la liberación del Alcázar bautizando uno de sus caldos con el nombre de Imperial Toledano, para cuya publicidad se hizo uso del nombre del general Moscardó. Los sombrereros apuntaban que solo los rojos iban con la cabeza descubierta. Los periódicos estaban llenos de anuncios que al mismo tiempo contribuían al esfuerzo bélico y buscaban lucrarse con él. Un laboratorio farmacéutico de Málaga anunciaba: «Ahora que la ciudad ha sido liberada de las hordas marxistas [nuestros] productos están a la venta en todas las mejores farmacias de Sevilla». La compañía Firestone expresaba su confianza en Franco a través de una campaña publicitaria que identificaba burdamente sus productos con la marcha de la guerra: «La victoria sonríe a los mejores. El glorioso Ejército nacional siempre vence en los campos de batalla. Neumáticos Firestone ha obtenido su decimonovena victoria consecutiva en las 500 Millas de Indianápolis». El tono de apoyo mutuo se expresa de forma mucho más adecuada y gráfica en el siguiente anuncio: «Araceli (fajas y sostenes) saluda entusiásticamente al Ejército nacional. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!».

La vida diaria era mucho más agradable en la zona nacional que en la republicana, con tal de tener dinero y mostrarse de acuerdo con la atmósfera política predominante. Había comida en abundancia, y los restaurantes estaban brillantemente iluminados y abarrotados de clientes. Aunque es poco representativo, el siguiente resumen hecho por Juan Antonio Ansaldo de un día de guerra durante la campaña del Norte, puede indicar, hasta cierto punto, la espectacular diferencia entre la vida de un patricio de San Sebastián y la atmósfera sombría y angustiada del Madrid republicano sitiado. El lector recordará que Ansaldo era el piloto que conducía el avión en el que murió Sanjurjo. Su ardua jornada de combate transcurrió así:

8.30. Desayuno en familia.

9.30. Despego hacia el frente; bombardeo baterías enemigas; ametrallo convoyes y trincheras.

11.00. Golf rudimentario en el club de Lasarte, inmediato al aeropuerto y parcialmente utilizable.

12.30. Baño de sol en la playa de Ondarreta y corta zambullida en el mar tranquilo.

13.30. Mariscos, cerveza y tertulia en el café de la Avenida.

14.00. Almuerzo en casa.

15.00. Corta siesta.

16.00. Segundo servicio de guerra, semejante al matutino. Hepburn.

21.00. Aperitivo en el bar Basque. Buen scotch, bullicio, animación.

22.15. Cena en Nicolasa; canciones de guerra, camaradería, entusiasmo.

Hay un abismo entre ese programa y las raciones diarias de «píldoras de la victoria del doctor Negrín», las lentejas, que constituían la dieta de la mayoría de la población madrileña.

VIII. La política en la retaguardia republicana: Revolución y terror en la ciudad del Diablo

VIII

La política en la retaguardia republicana:

Revolución y terror en la ciudad del Diablo.

Los republicanos padecieron numerosos problemas virtualmente desconocidos en la zona nacional. Nunca pudieron disfrutar de nada parecido a la unidad de propósitos existente en Salamanca. Las rivalidades políticas en la zona leal eran posibles precisamente porque la República continuó siendo una democracia, incluso durante la guerra. Estas rivalidades se vieron exacerbadas por una cuestión con la que estaban íntimamente relacionadas, a saber: la ayuda extranjera y la dependencia respecto de la Unión Soviética. Otro grave problema que afligió a la República, en contraste con el bando franquista, fue la dudosa lealtad de su personal militar. Las estimaciones acerca del número de oficiales del Ejército que se mantuvieron leales varían. A lo largo de los años setenta, los historiadores militares franquistas insistieron mucho en el hecho de que no se rebeló «el Ejército» en bloque. Y ciertamente, ha podido establecerse ahora que se rebelaron menos generales de los que se creyó en su momento. Alrededor del 70 por ciento de los generales y poco más de la mitad de los coroneles se mantuvieron ostensiblemente leales a la República. Sin embargo, el fiel de la balanza en el terreno estrictamente militar sigue inclinándose de forma decisiva del lado nacional. Además del control total de la mejor unidad operacional, el Ejército de África, los rebeldes contaban con una clara mayoría de mandos tácticos, comandantes, capitanes y tenientes, así como de un número suficiente de generales para mandarlos.

Aún tuvo mayor importancia el hecho de que los oficiales que se unieron al bando nacional eran personas convencidas de la causa por la que luchaban, y por tanto se les pudo incorporar de forma inmediata a sus destinos. No ocurría lo mismo con quienes se alinearon con la República. Se desconfiaba de ellos por el simple hecho de que muchos de sus hermanos de armas estaban en el bando rebelde. Por tanto, se temía que su lealtad a la República se basara únicamente en la casualidad determinada por el punto de la geografía española en el que se encontraban el 18 de julio. El doble juego practicado por Queipo de Llano en Sevilla, por Aranda en Oviedo y por los oficiales que tomaron Vigo y La Coruña, no contribuyó a reforzar la idea de que los oficiales del Ejército fueran honorables ni dignos de confianza. En el transcurso de la guerra se dieron en la zona republicana numerosos casos de traición, sabotaje, incompetencia deliberada y deserción. Hubo oficiales de artillería que hicieron que sus baterías fallaran los objetivos asignados, o desviaban «accidentalmente» los obuses sobre sus propias tropas republicanas. Otros cruzaron las líneas a la primera oportunidad, al frente de sus unidades, llevándose consigo los planes de batalla republicanos. Por todo ello, es plenamente comprensible el recelo con el que las fuerzas izquierdistas miraban a los militares de carrera. Incluso oficiales competentes y leales fueron utilizados a menudo muy por debajo de su capacidad real. Bajo la dirección de un fanático comunista, el comandante Eleuterio Díaz Tendero, se creó un comité con el fin de clasificar a los oficiales en facciosos (rebeldes), indiferentes o republicanos. De sus trabajos surgió el núcleo de lo que iba a ser el Ejército Popular.

Del mismo modo que el alzamiento militar había privado a la República de un porcentaje significativo de sus fuerzas armadas, también dejó al régimen desprovisto de las fuerzas del orden público. A corto plazo, la falta de unidades militares pudo suplirse de forma espontánea, aunque inadecuada, por medio de unidades de milicianos carentes de instrucción militar. Pero el problema de la Guardia Civil y de la Policía Armada, conocida como Guardia de Asalto, no pudo resolverse con la misma facilidad. En las ciudades en que ambas instituciones se mantuvieron leales, como Barcelona y Málaga, la República pudo sofocar la rebelión. Sin embargo, en general, las simpatías de ambos cuerpos se decantaron por los sublevados, e incluso donde no sucedió así, las viejas fuerzas del orden fueron víctimas de una desconfianza tan patente como comprensible. El entusiasmo revolucionario que llevó a muchos trabajadores al frente no sirvió para que se ofrecieran como policías voluntarios. A resultas de todo ello, en los dos primeros meses de la guerra se produjo una quiebra del orden público en la zona republicana.

Las autoridades republicanas se esforzaron al máximo por controlar a los elementos «incontrolados». Un ejemplo típico de la respuesta oficial fueron unas palabras que Prieto pronunció por radio. Aunque no ocupaba ningún puesto oficial, Prieto era en realidad quien presidía el gobierno entre bastidores, aunque aparentemente sirvió solo en calidad de consejero del gabinete de Giral del 20 de julio al 4 de septiembre. Desde un espacioso despacho en el Ministerio de la Marina trabajó sin descanso para imponer orden y dirección al caos del gobierno. El 8 de agosto de 1936 declaró: «Por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos, aunque día a día nos lleguen agrupados, en montón, los nombres de camaradas, de amigos queridos, en quienes la adscripción a una idea bastó como condena para sufrir una muerte alevosa, no imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa… ¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad. Yo no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos duros para el combate, duros, de acero, como se denominan algunas de las milicias valientes —pechos de acero— pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana».

Julián Zugazagoitia, director del diario El Socialista y partidario leal de Indalecio Prieto, el líder socialista moderado, escribió que «el poder del Estado residía en la calle». Zugazagoitia, a quien Azaña calificó de «vasco taciturno», utilizó su posición para hacer campaña a favor de la disciplina en la retaguardia y el respeto a la vida del adversario en el campo de batalla. Característico del tono ético que adoptó el periódico fue el artículo de fondo titulado «La ley moral de la guerra» que publicó el 3 de octubre de 1936 y que decía: «La vida del adversario que se rinde es inatacable; ningún combatiente puede disponer libremente de ella. ¿Que no es la conducta de los insurrectos? Nada importa. La nuestra necesita serlo».

Sin embargo, durante un breve período reinó en toda la zona el terror, dirigido principalmente contra el clero y los afiliados a los partidos de la derecha. Facilitó esta situación la desaparición del cuerpo de policía y la judicatura, junto con el hecho de que las multitudes revolucionarias habían abierto las cárceles y puesto en libertad a los delincuentes comunes. Por consiguiente, detrás de una retórica de justicia revolucionaria, se perpetraron actos violentos de todo tipo. Parte de la violencia fue sin duda expresión de la indignación popular ante el hecho mismo del golpe militar y su intento de destruir los avances que había hecho la República. Hubo actos de venganza dirigidos contra sectores de la sociedad en cuyo nombre actuaban los militares. Así, el odio a un sistema social opresivo encontró expresión en el asesinato o la humillación de los párrocos que lo justificaban, los guardias civiles y los policías que lo defendían, los ricos que disfrutaban de él y los patronos y agentes de los terratenientes que lo ponían en práctica. En algunos casos los actos tuvieron una dimensión revolucionaria: la quema de registros de la propiedad y del catastro. Pero también hubo crímenes, asesinatos, violaciones, robos y ajustes de cuentas personales. Los tribunales de justicia fueron sustituidos por tribunales revolucionarios creados por partidos políticos y sindicatos.

En opinión del anarquista Juan García Oliver, que iba a ocupar el cargo de ministro de Justicia en noviembre de 1936, la acción estaba justificada: «Todo el mundo creó su propia justicia y la administró por sí mismo. Algunos lo llamaron “secuestrar a una persona y darle un paseo”, pero yo mantengo que se trataba de justicia administrada directamente por el pueblo, ante la total ausencia de cuerpos judiciales regulares». Menos organizados incluso que esos «tribunales» fueron los actos incontrolados de represalia y de venganza por agravios anteriores reales o imaginados. Los «paseos» en coche a medianoche a manos de las patrullas de milicianos o de grupos de saqueadores que actuaban por su cuenta dejaban un horrible saldo de cadáveres que aparecían al amanecer esparcidos en las cunetas de las carreteras. El gobierno tomó medidas para poner fin a esa «justicia» irregular. Bajo la presidencia de José Giral, después de la matanza de la cárcel Modelo de Madrid el 23 de agosto de 1936, se promovió la creación de tribunales populares con el fin de moderar los excesos revolucionarios. Pero en las primeras semanas de la guerra la medida surtió solo efectos muy limitados.

Era imposible mantener bajo control la marea de sentimientos antiderechistas largo tiempo reprimidos, una vez desaparecidos los frenos que la contenían. Iglesias y conventos de la zona republicana fueron saqueados e incendiados. Muchos se destinaron a usos profanos como prisiones, garajes o almacenes. Los actos de profanación —la destrucción de obras de arte o el empleo de vestiduras sacras en sátiras de ceremonias religiosas— solían ser simbólicos y a menudo teatrales. El estudio más fiable de la persecución religiosa durante la Guerra Civil, obra del padre Antonio Montero, señala que fueron asesinados o ejecutados 6832 miembros del clero y órdenes religiosas. Otros muchos huyeron al extranjero. El odio popular contra la Iglesia se debió tanto a su tradicional asociación con la derecha como con la legitimación abierta de la rebelión militar por parte de la jerarquía eclesiástica. En el curso de la guerra fueron asesinados, además, en la zona republicana, casi cincuenta mil civiles. Es difícil encontrar una explicación simple a esa matanza. Algunos, como los muertos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, fueron víctimas de decisiones basadas en la evaluación del peligro potencial que representaban para la causa republicana. Otros fueron ejecutados como quintacolumnistas reconocidos. Otros fueron víctimas de las masivas explosiones de ira que se producían cuando llegaban noticias de la represión salvaje que tenía lugar simultáneamente en la zona nacional, y en especial de las atrocidades cometidas en el sur por los moros de Franco. Los bombardeos aéreos de ciudades republicanas fueron otro detonante de la furia popular.

Fueran cuales fuesen sus razones, la violencia perjudicó gravemente la reputación de la República en el extranjero y sus esfuerzos por obtener apoyo internacional. Curiosamente, las atrocidades cometidas en su zona no disminuyeron el prestigio de los nacionales ni siquiera en los círculos de los gobiernos británico y francés, y mucho menos en Berlín o Roma. Los asesinatos extrajudiciales horrorizaron a republicanos y socialistas como Azaña, Prieto y Negrín, para los cuales la legitimidad de la República eran sus normas democráticas y su defensa del imperio de la ley. Al enterarse de lo que estaba sucediendo en la cárcel Modelo en agosto, Negrín se dirigió allí en coche para tratar de detener la matanza. Llegó demasiado tarde, pero, indignado y frustrado, su furiosa diatriba contra los perpetradores estuvo a punto de costarle la vida. A partir de entonces, en Madrid y más tarde en Valencia, saldría de noche, desarmado y sin escolta, y plantaría cara a grupos de milicianos que estaban practicando detenciones ilegales.

Incluso en la sitiada Madrid, las autoridades hicieron esfuerzos por contener la rabia popular. El 14 de noviembre el Estado Mayor utilizó la prensa y la radio para ordenar que se tratara bien a los aviadores enemigos que hicieran un aterrizaje forzoso o se lanzaran en paracaídas. «Comprendemos muy bien el sentimiento de ira y de furia que se apodera de los milicianos al ver a los fascistas destructores de nuestras casas. Pero principios de orden militar nos obligan a exigir de todas las unidades una actitud correcta respecto a los aviadores prisioneros. El piloto que salta en paracaídas, queda fuera de combate y, al mismo tiempo, es de gran valor la información que de él se puede obtener. El mando espera que no serán las medidas de castigo, sino la conciencia de los combatientes republicanos, lo que hará cumplir esta orden».

El 14 de noviembre, después de un combate aéreo en los cielos de Madrid, un caza republicano aterrizó detrás de las líneas nacionales. El piloto fue capturado y despedazado. Al día siguiente el cadáver desmembrado fue envuelto cuidadosamente y metido en una caja de madera que luego se lanzó en paracaídas en el centro de Madrid con una etiqueta que decía «Para la Junta de Defensa».

La tardanza en imponer de nuevo el orden público y organizar el esfuerzo bélico fue una consecuencia directa de la confusa relación entre las instituciones del Estado y un poder que había pasado a manos del pueblo. La ambigüedad era especialmente grave en Barcelona, y el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, partido republicano burgués, lo reconoció así abiertamente. El 20 de julio de 1936, inmediatamente después de la derrota del alzamiento en Cataluña, recibió la visita de una delegación de la CNT formada por Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz y Juan García Oliver. Con asombrosa sinceridad, no exenta de cierta astucia, les dijo: «Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña… La habéis conquistado y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo enseguida. Si, en cambio, creéis que en mi puesto, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio, puedo ser útil en la lucha…, podéis contar conmigo y con mi lealtad como hombre y como político». La delegación anarquista, cogida por sorpresa, pidió a Companys que siguiera en su puesto. Éste les convenció después de que se unieran a los partidos del Frente Popular, al que la CNT no pertenecía oficialmente, y crearan un Comité de Milicias Antifascistas, a fin de organizar tanto la revolución social como la defensa militar de la República.

Después de largos debates, la dirección de la CNT se mostró de acuerdo con la decisión espontánea de Durruti, Sanz y García Oliver. La contradicción dentro de la Confederación entre una ideología apolítica y antiestatista y las actividades sindicales cotidianas dio como consecuencia que los anarcosindicalistas no estuvieran preparados para improvisar las instituciones necesarias para llevar adelante la organización simultánea de una revolución y una guerra. El Comité de Milicias Antifascistas representaba para ellos una solución ideal. Parecía que los trabajadores controlaban así todo el poder, pero la CNT accedió a que el Comité Central de Milicias Antifascistas fuera sencillamente un subcomité de la Generalitat. Sin embargo, Companys había conseguido garantizar en la práctica la continuidad de un poder estatal, por más que de momento quedase situado en un segundo plano. La presencia en el Comité tanto de su partido republicano liberal, Esquerra Republicana de Catalunya, como del partido de los comunistas catalanes, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), fortalecía esa continuidad, porque el PSUC compartía con Companys y la Esquerra la idea de que era preciso frenar la revolución. Companys había inducido a la CNT a aceptar responsabilidades sin participar en un poder institucionalizado. Los anarquistas no sospecharon que su autoridad efectiva en las calles podía tener una vida efímera. A finales de septiembre la CNT ya se había mostrado de acuerdo con la disolución del Comité de Milicias Antifascistas y su propia participación directa en la Generalitat.

En Madrid, los sindicatos dominaban el gobierno a través de su control del transporte y las comunicaciones pero, en definitiva, el aparato del Estado sobrevivió, pese a las apariencias de una conquista revolucionaria del poder. En las pequeñas ciudades y en los pueblos se crearon comités del Frente Popular y comités de seguridad pública. En un ambiente frenético de entusiasmo revolucionario, la cuestión del poder del Estado parecía carecer de importancia. Camiones cargados de sindicalistas partían hacia el frente acompañados por carros blindados construidos de forma improvisada y a toda prisa. Los hoteles de lujo de Madrid y Barcelona fueron convertidos en puestos de mando, y sus comedores, en cantinas de las milicias. Los símbolos de la respetabilidad de las clases medias desaparecieron de la noche a la mañana: los sombreros, las corbatas, la propina en los restaurantes, el cortés tratamiento de «usted» al dirigirse a otra persona, todo era cosa del pasado. En Barcelona se cerraron los burdeles y los cabarets. Durante dos meses, los sindicatos lo controlaron todo. En su euforia estaban convencidos de que la incautación de los medios de producción era la revolución. Sin embargo, los progresos del Ejército de África al mando de Franco, y del Ejército del Norte de Mola, subrayaban, inevitablemente, la necesidad de la coordinación militar y económica. A finales de septiembre, el Comité de las Milicias fue disuelto y la CNT entró en el gobierno de la Generalitat junto al PSUC y la Esquerra.

La convivencia de las instituciones tradicionales del Estado con los comités revolucionarios formados espontáneamente por los trabajadores era el síntoma más evidente de la dificultad principal que arrastraba la República, surgida de las ambiciones contradictorias de los diferentes grupos que componían el Frente Popular. En definitiva, el dilema se planteaba en los términos de elegir entre dar prioridad a la guerra o a la revolución. El Partido Comunista, el ala derecha del Partido Socialista y los partidos republicanos burgueses mantenían que era necesario ganar primero la guerra, para dar a la revolución la posibilidad de triunfar después. Salvo en el caso del ala prietista del PSOE, este argumento no era enteramente desinteresado. Para los anarcosindicalistas de la CNT, el más o menos trotskista POUM y el ala izquierda del PSOE, la revolución proletaria misma constituía la condición previa esencial para la victoria sobre el fascismo. El punto de vista revolucionario queda vívidamente resumido en el aforismo: «El pueblo en armas ganó la revolución; el Ejército Popular perdió la guerra». Con todo, ni las victorias populares sobre los insurrectos en Barcelona y Madrid en los primeros días de la guerra, ni la derrota definitiva del Ejército Popular organizado por los comunistas, hacen inclinar la balanza a favor de uno u otro argumento. Después de todo, la República perdió mucho más territorio en los primeros diez meses de la guerra, antes de que los comunistas impusieran finalmente su hegemonía, que en los 23 meses siguientes, en los que asumieron la dirección de la guerra.

Después de 1939, los republicanos españoles se enzarzaron en amargas polémicas acerca de la responsabilidad de la derrota. Los comunistas y sus aliados mantenían la posición de que la Guerra Civil había sido un combate entre el fascismo, por un lado, y una República popular, democrática y antifascista, por otro. Desde este punto de vista, los movimientos revolucionarios populares constituían un obstáculo. No solo estorbaban la tarea central de crear un ejército eficiente para ganar la guerra, sino que, además, amenazaban con enfrentar a la República con una alianza de las democracias conservadoras de Occidente y las potencias del Eje. La posición contraria queda perfectamente expresada en las palabras del anarquista italiano Camilo Berneri, asesinado en Barcelona en mayo de 1937 en circunstancias misteriosas. Podría haber sido víctima de agentes soviéticos o de la policía secreta italiana, la OVRA. Escribió: «El dilema guerra o revolución no tiene sentido. El único dilema es, o bien victoria sobre Franco mediante una guerra revolucionaria, o derrota». En otras palabras, únicamente una revolución proletaria a gran escala podía destruir el capitalismo que había engendrado al fascismo. La misma idea debió atormentar las mentes de las autoridades republicanas que dudaban en armar a los trabajadores el 18 de julio. Temían, con razón, que si armaban a los trabajadores para vencer a los militares sublevados, podían desencadenar la revolución proletaria.

Ambas posiciones, diametralmente opuestas, se basan en una visión parcial de la guerra. Al denunciar a los revolucionarios como saboteadores y enemigos objetivos de la causa popular, los comunistas ignoran el hecho de que el arma principal, y prácticamente única, que poseía la República era el entusiasmo popular. Esa arma se destruyó cuando se desmantelaron las estructuras revolucionarias con métodos despiadados. Por su parte, la posición revolucionaria tiende a ignorar la situación internacional y la magnitud del poderío militar convencional al que se enfrentaba la República. Es improbable que la Gran Bretaña de Chamberlain, e incluso la Francia dividida de Blum, asistieran como observadores impertérritos a la construcción de una sociedad auténticamente revolucionaria en el confín del Mediterráneo. El argumento comunista implica que el resultado final de la Guerra Civil era inevitable. El argumento revolucionario elude esa trampa pero solo para caer en otra al mantener contra toda probabilidad que «si se hubiera desencadenado la guerra revolucionaria, Franco habría sido derrotado».

En 1969, Noam Chomsky reavivó el debate al intentar establecer un paralelismo entre la guerra de España y los movimientos de liberación popular activos en ese momento en el Sudeste asiático. El trabajo de Chomsky aportó valiosas consideraciones sobre la potencia del entusiasmo popular revolucionario. Sin embargo, sus analogías fallaron; ni Largo Caballero ni tan siquiera Durruti eran Ho Chi Minh, y lo que es más importante aún, no existía ninguna ruta de Ho Chi Minh que serpentease a través de los Pirineos hasta el territorio de un aliado fuerte. El atractivo de los argumentos de Chomsky es triple. En primer lugar, a las personas que simpatizan con la lucha del pueblo contra los elementos más reaccionarios de la sociedad española y sus aliados fascistas de otros países, la destrucción de la revolución popular por parte de los comunistas les parece un desperdicio. Al mismo tiempo, muchos historiadores conservadores se han dado la satisfacción de condenar las atrocidades de los comunistas en España contra grupos revolucionarios por los que, en otras circunstancias, no habrían mostrado la menor simpatía. Finalmente, como la posición comunista de dar primacía a la guerra sobre la revolución fue la que en definitiva se llevó a cabo, y fracasó, resulta cómodo defender el argumento contrario de que, de no haber sido por los comunistas, la República habría ganado la Guerra Civil, pese a que no hay ningún argumento serio que abone esa tesis. Contra todo ello sigue en pie la indiscutible afirmación de los comunistas, los burgueses republicanos y los socialistas moderados de que, una vez que el alzamiento había crecido hasta alcanzar las proporciones de una guerra civil, la primera prioridad para la República era ganar esa guerra.

De todos modos, era imposible ignorar sencillamente los acontecimientos revolucionarios que se desarrollaron en los primeros días de la guerra. Sus implicaciones fueron profundas, tanto en relación con la actitud de las masas hacia el esfuerzo bélico de la República como con el contexto internacional en el que esa República tenía que desempeñar su función. En toda España se habían librado varias guerras de clases antes de julio de 1936. En la zona nacional fueron aplastadas por medio de una represión draconiana. No solo fueron aniquiladas las organizaciones obreras con sus militantes; también los votantes de los partidos republicanos burgueses corrieron la misma suerte. Esa brutal solución a los conflictos de clases no fue imitada en la zona republicana; se dieron casos de dueños de fábricas y de terratenientes asesinados y los medios de producción pasaron a manos de los trabajadores urbanos o rurales. De cualquier modo, las contradicciones entre los republicanos burgueses demócratas y los socialistas moderados por una parte, y los grupos proletarios revolucionarios por otra, seguían siendo un problema latente. La derrota de la sublevación a manos de los trabajadores originó una situación de doble poder ejemplificada en la reunión de Companys con los dirigentes de la CNT. El gobierno republicano de Madrid y la Generalitat de Cataluña regían en teoría el país, pero la autoridad efectiva había pasado, aunque por muy breve tiempo, a manos de los trabajadores anarcosindicalistas en Barcelona, y de la UGT en Madrid.

La decisión de la delegación de la CNT de mantener a Companys en su puesto significaba la aceptación tácita de que la revolución libertaria debería ceder el paso a la tarea más inmediata de derrotar al enemigo común. Sin embargo, inducidas por sus bases, las organizaciones locales de la CNT ignoraron las consignas de su dirección y aseguraron la toma efectiva del poder por las masas revolucionarias. Comenzaron las colectivizaciones de todo tipo en la industria y el comercio, que no se limitaron únicamente a grandes empresas, sino que se extendieron también a pequeños talleres y oficinas. El proceso tuvo tal espectacularidad que impresionó incluso a los comunistas. Uno de ellos, Narciso Julián, un ferroviario que había llegado a Barcelona la noche anterior al alzamiento, dijo al historiador oral británico Ronald Fraser: «Resulta increíble la comprobación en la práctica de lo que uno conoce solo en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando ocupan las calles. De repente se percibe su fuerza creadora; no puede imaginarse con qué rapidez son capaces las masas de organizarse a sí mismas. Las formas que inventan van mucho más allá de todo lo que puedes imaginar, o de lo que has leído en los libros».

Con todo, Barcelona no era representativa del conjunto de la España republicana. La incautación revolucionaria de tierras e industrias revistió diferentes grados según las zonas. Las únicas características comunes fueron el desorden y el caos que marcaron los primeros meses de la guerra en la zona republicana. Por lo demás, muy pocas ciudades experimentaron el mismo fervor revolucionario que agitó a Barcelona. Valencia no vivió ningún cataclismo social comparable al de Barcelona. En Madrid, donde de todas formas había mucha menos industria, el ambiente era más sombrío y se vivía más la guerra que la revolución. En San Sebastián y Bilbao, la vida continuó de forma muy parecida a como era antes del 18 de julio. En la España rural, y sobre todo en las áreas latifundistas y de escasez de cultivos, los campesinos resolvieron rápidamente el problema de la tierra mediante la colectivización. En Andalucía se llegó a una austeridad socializada realmente impresionante. Se abolió la «tiranía de la propiedad» y con ella vicios tales como el consumo de café y de alcohol. En algunos lugares de Aragón sucedió lo mismo, por más que se haya exagerado la espontaneidad y la naturaleza revolucionaria de muchas de las colectivizaciones. En zonas de la Castilla republicana, la pobreza se impuso al individualismo instintivo de los pequeños propietarios; en cambio, los prósperos granjeros de Cataluña, Levante y Asturias mostraron muy escaso entusiasmo.

Las formas de organización y gestión de los colectivos variaban considerablemente. Además, no todos estaban controlados por la CNT. En Levante, por ejemplo, se dieron situaciones en que en un pueblo pequeño existían tres colectivos: uno controlado por la CNT, otro por la UGT y un tercero por republicanos de izquierda. No toda la tierra expropiada fue luego colectivizada; la cantidad de tierra incautada variaba según las regiones. Por ejemplo, un reciente estudio de la profesora Aurora Bosch muestra que, mientras en Jaén se expropió el 65 por ciento de la superficie agraria útil, y el 80 por ciento de esa tierra fue colectivizada, en Valencia solo se expropió el 13,8 por ciento de la superficie, y de ella se entregó a los colectivos únicamente el 31,58 por ciento. En general, en todas las zonas republicanas la colectivización fue más intensa allí donde la CNT tenía más fuerza. Esa norma se cumplió con particular evidencia en Aragón. Las zonas con mayor implantación de UGT estaban situadas en el oeste de la región y habían caído en poder de los sublevados. El PCE era muy débil en Aragón, y los republicanos no disponían de organizaciones locales lo bastante numerosas para poder tomar el mando. Esa situación dejaba el campo libre a la CNT, por más que el único lugar en el que disponía de fuerza real era la provincia de Zaragoza. Los anarcosindicalistas colectivizadores aragoneses se vieron respaldados, además, por la ayuda militar que les prestaron sus compañeros catalanes.

En efecto, el predominio inicial de la CNT en los comités revolucionarios de Aragón fue en buena medida consecuencia de la influencia de los milicianos catalanes. Tras el fracaso del alzamiento militar en el este de Aragón, las columnas de milicianos catalanes de la CNT tuvieron un papel decisivo en la creación del «clima» de revolución social. Según los comunistas, se impuso la revolución a punta de pistola. En la mayor parte de la región, los colectivos, lejos de formarse espontáneamente por iniciativa de los campesinos, se impusieron por la fuerza. Por añadidura, ya fueran auténticamente espontáneos o creados por la fuerza, todos toparon con el problema de cómo llevar a la práctica lo que hasta ese momento era solo una teoría abstracta. En opinión de Juan Zafón, un cenetista catalán que escribiría más tarde un libro sobre sus experiencias como consejero de propaganda en el Consejo Revolucionario de Aragón, «intentábamos poner en práctica un comunismo libertario sobre el que, triste es reconocerlo, ninguno de nosotros sabía una palabra».

El Consejo de Aragón se había establecido a comienzos de octubre de 1936 con el objetivo de llenar el vacío político creado por el alzamiento militar y las colectivizaciones a gran escala. Por ser un feudo de la CNT, desde el primer momento, el Consejo se convirtió en el blanco de la hostilidad de comunistas, socialistas y republicanos. Fue reconocido por parte del gobierno central de Largo Caballero en el mes de diciembre. Ello trajo consigo la creación de consejos municipales, y la inclusión en el Consejo de Representantes de los demás partidos del Frente Popular. El Consejo pronto se vio preso en el dilema de intentar proporcionar una estructura coherente a una serie de cuerpos locales con un alto grado de desorganización, sin por ello interferir en su «espontaneidad». Finalmente, se vio forzado a emprender una centralización económica, abandonando en consecuencia el principio anarquista de gobierno local autónomo. Las cosas llegaron al extremo de que el Consejo de Aragón fue atacado por otras organizaciones del Frente Popular por su intervencionismo, en especial respecto a la fábrica azucarera de Monzón; y en el seno de la propia CNT se le acusó de «actividades contrarrevolucionarias». Y que los comunistas denunciaran al Consejo por imponer una «tiranía de gángsteres».

La misma historia se repitió casi punto por punto en Valencia, donde había muy pocas ideas claras acerca de cómo dirigir los colectivos. Además, los delegados provinciales del Instituto de Reforma Agraria se vieron incapaces de imponer ninguna clase de orden. En consecuencia, se permitió a los colectivos agrícolas valencianos funcionar con independencia y autonomía totales. Esa situación, sumada a la violencia que acompañó a buena parte de las medidas colectivizadoras, tuvo efectos desastrosos en la economía agrícola de la región. La producción del arroz y las naranjas, que constituían una fuente crucial de divisas de la exportación para la República, quedó interrumpida. El caos económico alcanzó tales niveles que incluso los poderes revolucionarios provinciales reconocieron la necesidad de instituir alguna norma unitaria. Pero aunque se constituyó el Consejo de Economía de Valencia, tuvo escaso o ningún efecto. De hecho, los casos de colectivización total y proclamación del comunismo libertario en el País Valenciano fueron en general escasos y efímeros. La guerra no constituía el contexto más idóneo para los experimentos económicos a gran escala. Las colectivizaciones tendían a cortocircuitar la continuidad de la producción y los mecanismos del mercado, precisamente en el momento en que se necesitaban con mayor urgencia medidas de planificación y coordinación.

Como norma general, la colectivización agraria fue aceptada de forma entusiasta por los braceros sin tierra, pero mirada con desconfianza por los pequeños propietarios que veían reducirse el mercado de mano de obra, se sentían amenazados por la competencia de unidades de explotación más amplias y capaces de incrementar sus rendimientos mejorando la productividad y, en definitiva, temían la posibilidad de ser expropiados ellos mismos. A riesgo de simplificar, podría decirse que las zonas rurales de la República fueron escenario de un conflicto potencial entre el proletariado rural agrupado en los colectivos y la clase media de los pequeños propietarios agrarios. De forma semejante, en los núcleos industriales, los pequeños empresarios, que de hecho habían votado mayoritariamente a la República, miraban con recelo el proceso de las colectivizaciones. Los dos grupos en conflicto en el campo y en las ciudades buscaban apoyo en dos autoridades nacionales diferentes: los colectivistas en la CNT y la UGT, los pequeños terratenientes y empresarios en el gobierno republicano. Podía suponerse que se impondría el poder abrumador del proletariado de no haber tenido que hacer una guerra contra Franco, Hitler y Mussolini. Sin embargo, la necesidad de ayuda extranjera y el hecho de que quien la proporcionaba era la Unión Soviética, pronto hizo cambiar la correlación de fuerzas en la zona republicana. El Partido Comunista emergió de la relativa oscuridad en que se encontraba, desde su posición de canal a través del cual circulaba toda la ayuda soviética, hasta convertirse en el árbitro de la política republicana.

La política soviética en España estaba condicionada por la necesidad de Stalin de buscar aliados occidentales contra Hitler. La ayuda soviética debía asegurar que los acontecimientos políticos y sociales de España se detuvieran en el límite de lo que los estadistas franceses y británicos podían considerar tolerable. En otras palabras, debía garantizarse que la República española siguiera siendo un régimen burgués de democracia parlamentaria. En cualquier caso, los comunistas españoles estaban convencidos de que una ley de hierro histórica obligaba a España a pasar por una fase de democracia burguesa en su camino hacia el socialismo. No percibieron que tanto en términos económicos como legales España había vivido ya una revolución burguesa en el siglo XIX, aunque no fuera acompañada por una revolución política democrática. Las consignas soviéticas y los propios análisis erróneos del partido sobre la historia española determinaron así que en los potenciales conflictos de clases que se produjeran en la zona leal a la República, el nuevamente poderoso PCE volcara toda su fuerza en el respaldo a las fuerzas republicanas burguesas. La hostilidad que se desató entonces entre los comunistas y las fuerzas revolucionarias fue amarga y violenta, y debía intensificarse aún más en 1937, por la determinación de los consejeros soviéticos en España de emular los juicios de Moscú y la caza de brujas desencadenada por Stalin contra los trotskistas.

Con todo, hacer hincapié en las divisiones entre las organizaciones de la izquierda podría inducir a error. En el sombrío mundo de la depresión el experimento republicano hizo que muchos españoles y extranjeros concibieran esperanzas de un futuro igualitario. A pesar del inexorable empeoramiento de las circunstancias durante la guerra —escaseces, racionamiento, privaciones de todo tipo—, la idea de que merecía la pena luchar por la República perduró hasta bien entrado 1938. Un cambio importante que simbolizó esto fue la invasión femenina de campos que antes estaban vedados a las mujeres, tales como la política, la economía y la sociedad. La necesidad de movilizar a la sociedad para la guerra total dio a las mujeres de ambas zonas una participación espectacularmente nueva en las funciones tanto del gobierno como de la sociedad. Como en todas las guerras modernas, la violencia correspondía casi exclusivamente a los varones, lo que hizo necesario que las mujeres atendieran a la estructura económica y asistencial. En la zona republicana las mujeres de clase obrera desempeñaron papeles clave en la producción de guerra, como enfermeras, incluso como soldados, trabajadoras agrícolas e industriales en pésimas condiciones de toxicidad, conductoras de autobuses y tranvías en las ciudades, maestras en campañas de alfabetización en el frente, además de seguir preparando la comida y lavando la ropa de los hombres. Las mujeres no solo desempeñaron un papel crucial en la producción industrial, sino que, además, ocuparon puestos importantes en la organización política e incluso en la militar.

Esto no dejaba de tener sus complicaciones. Las mujeres jóvenes y políticamente comprometidas que empuñaron las armas y lucharon en calidad de milicianas combatían con mucho valor cuando se lo permitían. Sin embargo, la mayor parte de sus camaradas masculinos daba por sentado que lo mejor que podían hacer era cocinar y lavar. También estaban sometidas a considerables presiones sexuales y, tanto si sucumbían a ellas como si no, a la creencia de que eran putas. En la retaguardia las mujeres se encargaban de los servicios públicos en los transportes, la asistencia y la sanidad. Esto, sumado al desempeño del papel de principal sostén de la familia, tuvo un efecto dramático en las tradicionales relaciones entre los sexos. Fue efímero y estuvo limitado a la esfera pública. La vida doméstica raramente se democratizó y las mujeres continuaron siendo las principales encargadas de cocinar, limpiar y cuidar a los hijos incluso cuando se ocupaban de organizar los medios necesarios para la guerra.

La euforia revolucionaria duró poco en muchos aspectos. En agosto de 1936 los comunistas trabajaban para que se fijara como objetivo central del esfuerzo bélico la defensa de las instituciones legítimamente elegidas en la República democrática burguesa. Al principio apoyaron al gobierno Giral, lo que acarreó un conflicto con la realidad de la revolución en los campos y en las fábricas. Sin embargo, el PCE pronto gozaría de una ventaja firme por su posición privilegiada en cuanto a la muy esperada ayuda soviética, que podía no materializarse si no se rectificaban determinadas medidas. Así, a finales de agosto, cuando resultó obvio que era necesario reemplazar al gobierno de Giral, la Komintern mandó a los comunistas franceses André Marty y Jacques Duclos con el encargo de persuadir a Largo Caballero de que su preferencia por una Junta revolucionaria con la participación del PSOE-UGT, la CNT-FAI y el PCE era peligrosamente irresponsable. Los rusos opinaban que las potencias occidentales no tolerarían un gobierno obrero en su esfera de influencia. Lejos de tratar de hacerse con el gobierno ellos mismos, lo que querían era que la República mantuviese un gobierno con una base más amplia. Según los diarios de Georgi Dimitrov, el secretario general de la Komintern, una reunión del Politburó celebrada en el Kremlin se mostró de acuerdo con «procurar la transformación del gobierno de Giral en un gobierno de defensa nacional, encabezado por Giral, con una mayoría de republicanos, la participación de socialistas y de dos comunistas, así como de representantes de los catalanes y los vascos». Stalin dio su aprobación por teléfono.

Los comunistas deseaban vivamente que al frente del nuevo gobierno no hubiera un socialista, en particular Largo Caballero. Al informar a Moscú de que no habían podido impedirlo, citaron como atenuante el hecho de que Giral continuaba formando parte del gobierno en calidad de ministro sin cartera. El gobierno que formó Largo Caballero el 4 de septiembre incluyó tanto a los republicanos como a los representantes de los partidos obreros. La fama inmerecida que tenía Largo Caballero de ser el «Lenin español» sirvió de consuelo a los obreros, aunque también confirmó los prejuicios de los diplomáticos de Londres y París. Sin embargo, Azaña y Prieto, que confiaban poco en las aptitudes de Largo Caballero, buscaban en los comunistas la garantía de que la República burguesa se mantendría intacta.

La posición de los comunistas planteaba a los anarquistas un terrible dilema. Si los rebeldes ganaban la guerra, el experimento anarquista habría acabado sin remedio. Para la victoria de la República era esencial la cooperación activa de los anarquistas. El problema radicaba en la forma que debía revestir esa cooperación, y en el precio que debería pagarse en términos de sacrificio de las conquistas de la revolución. Los comunistas no dudaban frente a la participación de la CNT-FAI en el gobierno central, porque su doble objetivo era crear un frente político sólido y así implicar a los anarquistas en la tarea de destruir los poderes revolucionarios autónomos que habían ido surgiendo. Fueron los comunistas quienes, según relata Largo Caballero, «pidieron que se procurara por todos los medios que la CNT estuviera representada en el gobierno, y así lo prometí». Los contactos y presiones sobre la CNT dieron su fruto. El 3 de noviembre de 1936 concluyeron las negociaciones. Al día siguiente, cuatro representantes anarcosindicalistas pasaban a formar parte del gobierno, en el Madrid sitiado. Era inevitable que esa decisión creara tensiones y fricciones en el seno del movimiento anarquista. Incluso para quienes estaban de acuerdo con la participación gubernamental, se trataba de una decisión dolorosa. El ingreso en el gobierno significaba el reconocimiento de que, si la CNT se mantenía al margen, sería mucho más fácil para los comunistas controlar el aparato de toma de decisiones.

Los ministros anarquistas se opusieron de inmediato a la posición del PCE de que era necesario posponer las acciones revolucionarias hasta que la República burguesa se hubiera consolidado frente al ataque fascista. Tardaron en percibir la fuerza de la tácita alianza entre el PCE por una parte y Azaña y Prieto por otra. Ambos esperaban utilizar a los comunistas para controlar a las masas revolucionarias de la UGT y la CNT. El gobierno central inició una política de hostilidad burocrática hacia la industria y la agricultura colectivizadas. Las medidas podían justificarse por la necesidad de integrar la producción en un esfuerzo bélico centralizado; sin embargo, las restricciones de créditos, deliberadamente manipuladas, ocasionaron dificultades serias a muchos colectivos. Al mismo tiempo que cercenaban las conquistas de la revolución popular, los comunistas se atraían a las fuerzas pequeñoburguesas de la sociedad republicana. En efecto, para un amplio sector de las clases medias rurales y urbanas, la posición de los comunistas representó un inmenso alivio. Profundamente inquietos por la marcha de las colectivizaciones, se sentían desesperados por la aparente incapacidad de sus propios dirigentes republicanos para controlar la marcha de los acontecimientos. Los comunistas maniobraron conscientemente para atraerse el apoyo de los pequeños propietarios amenazados, y emprendieron una campaña de proselitismo entre oficiales del Ejército, funcionarios estatales, profesionales y pequeños terratenientes y empresarios.

En los locales y despachos del PCE había letreros que decían RESPETAD LA PROPIEDAD DEL PEQUEÑO PROPIETARIO y RESPETA LA PROPIEDAD DEL PEQUEÑO INDUSTRIAL. Vicente Uribe, el ministro comunista de Agricultura en el gobierno de Largo Caballero, legalizó la expropiación de tierras pertenecientes a franquistas, pero no la de otras tierras colectivizadas, muchas de las cuales fueron devueltas a sus dueños. Declaró: «La propiedad del pequeño campesino es sagrada y quienes atacan o intentan atacar esa propiedad deben ser considerados enemigos del régimen». Todo ello formaba parte de una política dirigida a desmantelar la revolución. Stalin escribió a Largo Caballero el 21 de diciembre de 1936:

La pequeña y media burguesía urbana debe ser atraída del lado del gobierno… No hay que rechazar a los dirigentes del Partido Republicano; por el contrario, debe persuadírseles y estimulárseles a que se entreguen al trabajo codo a codo con el gobierno… Es necesario hacerlo así para impedir que los enemigos de España la presenten como una República comunista y, por consiguiente, para evitar su intervención abierta, que representa el mayor peligro para la República española.

La política cautelosa recomendada por Stalin y puesta en práctica por el gobierno de Largo Caballero se basaba en un análisis realista de la actitud de las grandes potencias. Por desgracia, como los cinco años de existencia de la República habían hecho perder a la clase obrera cualquier ilusión que pudiera alimentar sobre la capacidad de la democracia burguesa para emprender reformas profundas, esa política afectó de un modo fulminante a la moral de los trabajadores de la zona republicana.

De forma similar, la disolución, el 30 de septiembre de 1936, de las milicias revolucionarias formadas espontáneamente, y su sustitución por unidades regulares del Ejército, disminuyó el impulso revolucionario de las masas. Con todo, se trataba de una exigencia elemental desde el punto de vista militar, habida cuenta de la serie ininterrumpida de derrotas sufridas a manos del Ejército de África en los primeros meses de la guerra. Solo desde una perspectiva romántica puede considerarse un paso atrás la creación del Ejército Popular. De hecho, es difícil negar los éxitos militares alcanzados por los comunistas españoles que, asesorados por los delegados de la Komintern y por los consejeros militares soviéticos, fueron los primeros en percibir que si la República quería evitar ser barrida por los nacionales, debía contar con tropas adecuadamente entrenadas y dispuestas a ejecutar las órdenes de un mando unificado y coherente. Los comunistas, a causa de su estructura organizativa, de la costumbre de una disciplina rígida y de su acceso privilegiado a la ayuda soviética, estaban en una posición inmejorable para organizar de inmediato el Ejército Popular. Largo Caballero se convenció de la lógica del punto de vista comunista gracias a los esfuerzos combinados del periodista soviético Mijaíl Koltsov y de Julio Álvarez del Vayo, ministro de Asuntos Exteriores socialista unido cada vez más estrechamente a los comunistas. En cualquier caso, los defectos del sistema de las milicias eran escandalosamente obvios. Su pretensión de mantener la democracia plena incluso en el campo de batalla había llevado a una costosa ineficacia. A menudo se perdieron horas vitales en discusiones y deliberaciones entre los miembros de los comités. Era casi imposible establecer la disciplina. Se dieron casos de milicianos que habían vuelto a sus casas a pasar el fin de semana, estando en servicio activo.

En cambio, los comunistas pedían «disciplina, jerarquía y organización». Las tres virtudes alcanzaron su punto más alto en el Quinto Regimiento formado por los propios comunistas, y que iba a constituir el núcleo del Ejército Popular. Modelado sobre el Ejército Rojo de la guerra civil rusa, el Quinto Regimiento estaba dirigido por una serie de notables oficiales comunistas: Enrique Castro Delgado, Enrique Líster y Juan Modesto. La eficiencia del Quinto Regimiento atrajo a miles de voluntarios a sus filas. Según José Martín Blázquez, oficial del Ejército republicano, «debe adjudicarse al Partido Comunista el mérito de haber dado el ejemplo de aceptar la disciplina. Al hacerlo así, no solo aumentó enormemente su prestigio, sino su número. Innumerables hombres que querían alistarse y luchar por su país se afiliaron al Partido Comunista». El Quinto Regimiento disfrutó además de la ventaja adicional de un trato especial en la distribución de las armas soviéticas.

Precisamente en relación con el Ejército republicano, se produjo el choque decisivo de los comunistas con Largo Caballero. Esa circunstancia determinaría en definitiva la caída del jefe del Gobierno. Los comunistas pretendían a toda costa el cese del general José Asensio, nombrado por Largo subsecretario de la Guerra. Veían en él un obstáculo para sus planes de conseguir la hegemonía en la conducción republicana de la guerra. La grosería y el descaro con que el embajador soviético, Marcel Rosenberg, trataba de imponer su punto de vista causaron roces intensos. Finalmente, las injerencias de Rosenberg provocaron un famoso incidente en el que Largo se enfrentó al embajador soviético y a Álvarez del Vayo, que habían pedido la destitución de Asensio. Al parecer el embajador ruso pasaba varias horas al día en el despacho del presidente del gobierno. Luis Araquistain, amigo y consejero de Largo Caballero, escribió más adelante: «Más que como un embajador, [Rosenberg] actuaba como un virrey ruso en España. Visitaba a diario a Largo Caballero, acompañado a veces por rusos de alto rango, militares o civiles. Durante estas visitas, que duraban infinitas horas, Rosenberg intentaba dar instrucciones al jefe del Gobierno español sobre lo que debía hacer o dejar de hacer para dirigir la guerra con éxito. Sus indicaciones, que prácticamente eran órdenes, tenían que ver principalmente con los oficiales del Ejército. Tales generales o tales coroneles debían ser destituidos, y en su lugar debían ser nombrados tales otros. Esas recomendaciones se basaban no en la competencia de los oficiales, sino en su filiación política y en su grado de sumisión a los comunistas».

Normalmente, acompañaba a Rosenberg el intérprete de más alto rango que pueda imaginarse, el ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez del Vayo. En la mañana del incidente, una reunión de dos horas finalizó bruscamente cuando se oyó gritar a Largo Caballero. Según el diputado socialista Ginés Ganga:

Las voces de Largo Caballero fueron creciendo en intensidad. De repente la puerta se abrió y se oyó decir al anciano primer ministro español, de pie frente a su mesa, con los brazos extendidos y señalando con el dedo índice la puerta, las siguientes palabras pronunciadas con una voz temblorosa por la emoción: «¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sepa, señor embajador, que aunque los españoles somos muy pobres y estamos muy necesitados de ayuda exterior, somos también demasiado orgullosos para dejar que un embajador extranjero intente imponer su voluntad al jefe del Gobierno de España! En cuanto a usted, Vayo, mejor será que recuerde que es usted español y ministro de Asuntos Exteriores de la República, y que no vuelva a ponerse de acuerdo con un diplomático extranjero para presionar a su primer ministro».

Las relaciones entre Largo y los comunistas se deterioraron rápidamente. Demasiado tarde pudo darse cuenta de que la inmensa contribución de los comunistas a la resistencia de la República iba vinculada a una visión sectaria de la sociedad y a unos métodos dictatoriales que hacían inevitable el conflicto con otros grupos que, con abnegación, luchaban también contra Franco. Después de la caída de Málaga, en la que quedaron al descubierto de forma abrumadora todos los fallos del sistema de las milicias, Asensio fue cesado. Largo intentó entonces reducir el predominio de los comunistas en el Ejército, sin tener en realidad una estrategia alternativa coherente. Pero su intento de hacerles frente llegó demasiado tarde. Los suministros de armas soviéticas, y la eficacia de la organización de los comunistas, dejaban al primer ministro español pocas posibilidades de éxito. Sus simpatías se decantaban por los elementos revolucionarios de la izquierda que habían empezado a colectivizar la industria y la agricultura sin mostrar demasiado interés por el esfuerzo bélico. Los esfuerzos de los comunistas, en cambio, gozaban del apoyo de amplios sectores del PSOE y de los partidos republicanos burgueses que se daban cuenta de que había que dar prioridad a hacer la guerra.

Los acontecimientos llegaron a un punto crítico en mayo de 1937 en Barcelona, donde las tensiones, tanto sociales como políticas, iban en aumento desde hacía algunos meses. A esas alturas, el «contenido proletario» de los episodios revolucionarios iniciales de la guerra había quedado drásticamente eliminado. Cada vez más, el PCE, los republicanos y los socialistas reformistas iban consiguiendo el control de las estructuras políticas y militares de la República. En Cataluña el gobierno regional, la Generalitat, estaba recuperando sistemáticamente los poderes que había perdido al debilitarse el aparato del Estado por culpa del golpe militar. En el conjunto de España la tendencia a la creación de un Estado de tipo tradicional capaz de hacer una guerra convencional constituyó un desafío a los socialistas de izquierda seguidores de Largo Caballero, los anarquistas, y el POUM, grupo marxista de disidentes antiestalinistas dirigido por Joaquín Maurín y Andreu Nin, antiguo secretario particular de Trotski en Moscú. Nin había sido ministro de Justicia de la Generalitat hasta que los comunistas consiguieron desplazarle en diciembre de 1936. La CNT y el POUM habían llegado a la conclusión de que los sacrificios pedidos por los comunistas en favor de una República burguesa no tenían absolutamente ninguna influencia sobre las potencias occidentales, que eran perfectamente conscientes, en última instancia, de que Franco era para el capitalismo occidental una apuesta preferible a lo que la República jamás podría ser. Para el POUM, cuya mayor fuerza se situaba en Lérida y Barcelona, guerra y revolución eran inseparables.

Los esfuerzos de la Generalitat por recuperar sus poderes de los sindicatos revolucionarios ya estaban creando mucha tensión. Esto se vio exacerbado de forma dramática por el contexto de dificultades económicas y sociales debidas a la guerra. La llegada de 350 000 refugiados había aumentado la población en un 10 por ciento. Las escaseces y la inflación estaban controladas a corto plazo por los comités de abastecimiento de la CNT, que requisaban alimentos en el campo y los repartían entre los pobres de las ciudades. Inevitablemente, los precios bajos que imponía la CNT empujaron a los campesinos a acaparar alimentos. Las consiguientes escaseces e inflación de los precios provocaron disturbios relacionados con el pan en Barcelona. Companys ya iba camino de chocar con la CNT. Decidido a poner coto a los excesos anarquistas, ya había restablecido los cuerpos de policía normales en octubre. Además, por el bien del esfuerzo bélico ansiaba imponer el control central a la industria. El 9 de diciembre de 1936 dijo a la prensa: «Nos interesa a todos salvar el honor y la gloria de la revolución y ganar la guerra y acabar con los asesinos. Sobran juntas y juntitas, comisiones, comités e iniciativas. Hay más de una docena de razones que obligan a la constitución de un gobierno fuerte con plenos poderes, que imponga su autoridad».

La postura de Companys en todos estos asuntos contaba con el apoyo decidido del PSUC, que, por diversas razones, ya estaba haciendo campaña para sacar al POUM del gobierno catalán. Al igual que Companys, los líderes del PSUC creían que el POUM debilitaba el esfuerzo bélico al acusar a la Generalitat de contrarrevolucionaria y pedir la formación de un frente obrero revolucionario con la CNT. Además, el 12 de diciembre, en una cena con Companys, el cónsul general ruso en Barcelona, Vladimir AntonovOvseenko, recalcó que la continuación de la ayuda soviética exigía pruebas de que se estuvieran eliminando los obstáculos que impedían unificar el esfuerzo bélico. El 16 de diciembre Companys hizo cambios en su gobierno. Puso a Joan Comorera, del PSUC, a cargo del abastecimiento como primer paso para volver al mercado libre. El conflicto entre la Esquerra y el PSUC, por un lado, y los comités de la CNT, por el otro, era solo cuestión de tiempo.

La animadversión de los comunistas iba dirigida de forma específica contra el POUM precisamente a causa de puntos de vista que, si bien no eran rigurosamente trotskistas, dada la compleja relación de Nin con Trotski, era fácil presentarlos como tales. El partido se expuso todavía más a ser atacado al criticar de manera franca y pública el juicio y la ejecución de los bolcheviques viejos Kamenev y Zinoviev. Su análisis bolchevique de la traición del PCE a la revolución española era especialmente hiriente para los comunistas. Alentado por Antonov-Ovseenko, el PCE empezó a llamar a la exterminación del POUM y a denunciar como enemigos de la URSS, «espías fascistas» y «agentes trotskistas», a quienes criticaban los procesos de Moscú. Como seguidores ciegos de las orientaciones de la dirección soviética, los comunistas españoles estaban convencidos de que los procesos se dirigían realmente contra «enemigos del pueblo». Además, después de la derrota de los republicanos en Málaga, los rusos, y en particular el recién llegado delegado de la Komintern, el búlgaro Stoyán Minev («Boris Stepanov»), se obsesionaron con la idea de que se habían producido sabotajes y traiciones. De forma inevitable, esto puso en primer plano a los «trotskistas» locales, el POUM.

Sin embargo, la escandalosa persecución de que fue víctima el POUM debe verse en el contexto del interés de los rusos, que compartían los republicanos y los socialistas españoles, así como los comunistas, por la necesidad de aumentar la disciplina y la centralización del esfuerzo de guerra. Los rusos se valieron de su influencia para insistir en que se abandonaran «los experimentos izquierdistas en la industria y sobre todo en el campesinado». En el contexto del momento y a la luz de las críticas provocativamente subversivas que el POUM dirigía contra la Generalitat, era casi inevitable que las milicias del POUM dejaran de recibir armas. Orwell no fue el único en lamentarse de que las unidades del POUM tuvieran que combatir en el frente con uniformes andrajosos, equipo anticuado e insuficientes suministros de alimentos y municiones. En contraste, los regimientos comunistas de Barcelona, que hostilizaban al POUM, estaban bien equipados. Como escribió Orwell, «un gobierno que envía chicos de quince años al frente con fusiles viejos de hace más de cuarenta años, y mantiene a los hombres más fuertes y las armas más nuevas en la retaguardia, teme sin duda más a la revolución que a los fascistas».

Orwell no tenía una visión de conjunto, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta su humilde posición en la milicia del POUM. La creciente oleada de refugiados que llegaban a Cataluña sometía el abastecimiento de alimentos a una presión cada vez mayor. La liberalización del mercado por parte de Comorera permitió a los productores rurales subir sus precios, pero eso no resolvió el problema, toda vez que Cataluña necesitaba importar alimentos y sencillamente no tenía divisas extranjeras para ello. A pesar del racionamiento, las escaseces, la inflación, la especulación y el crecimiento de un mercado negro causaron agudas tensiones sociales. Al mismo tiempo, la Generalitat y el PSUC estaban en pugna con la CNT y el POUM por el control de las industrias de guerra y los armamentos, las colectivizaciones rurales e industriales, la militarización de las milicias y el orden público. Ambos bandos afirmaban que las violentas manifestaciones en masa de mujeres contra el alza de los precios de los alimentos y el combustible apoyaban sus argumentos. La tensión fue en aumento cuando a mediados de marzo la Generalitat hizo un esfuerzo definitivo por tomar el control del orden público y disolvió las patrullas de seguridad de la CNT, a la vez que exigía que todas las organizaciones obreras entregasen sus armas. La CNT se retiró del gobierno catalán.

La tensión subió todavía más cuando el 25 de abril en uno de los choques resultantes fue asesinado Roldán Cortada, militante del PSUC y secretario de Rafael Vidiella, ministro de Trabajo y Obras Públicas de la Generalitat. Unos días después el líder del comité local de la CNT en Puigcerdà, Antonio Martín, apodado el cojo de Málaga, y otros dos anarquistas murieron en un tiroteo con un destacamento de carabineros, los guardias de fronteras que se hallaban bajo la jurisdicción del ministro de Hacienda, el doctor Negrín. El gobierno estaba imponiendo su control a las colectividades. Había choques entre las patrullas de la CNT y las de seguridad. Unidades de la policía secreta comunista empezaron a detener a militantes del POUM. En abril de 1937, la tensión en Cataluña llegó a niveles extremos. En consecuencia, la Generalitat decretó la prohibición de las tradicionales concentraciones del Primero de Mayo. Las bases cenetistas se lo tomaron como una provocación. A comienzos de mayo la crisis estalló.

El detonante inmediato de los sucesos de mayo fue el asalto a la central de La telefónica en Barcelona controlada por la CNT, ordenado el 3 de mayo por Eusebio Rodríguez Salas, jefe de policía del PSUC al servicio de la Generalitat de Cataluña. Al suceder después del empeoramiento de las condiciones y la torpeza de la policía durante los tres meses anteriores, esto hizo que estallaran luchas callejeras; una guerra civil a pequeña escala dentro de una Guerra Civil. Hubiera podido evitarse de haber retirado la Generalitat las fuerzas que rodeaban el edificio de La telefónica, pero Companys aprovechó la oportunidad para continuar la ofensiva contra la CNT. Dijo a la prensa: «Hay grupos armados por la calle y no cabe más solución que escamparlos». Subestimó la intensidad de la resistencia popular a la campaña que pretendía reafirmar el poder del Estado. Se hicieron barricadas en el centro de Barcelona. La CNT, el POUM y el grupo extremista anarquista Amigos de Durruti se enfrentaron a las fuerzas de la Generalitat y el PSUC durante varios días. Los distritos obreros y la periferia industrial estaban en manos de las masas anarquistas, pero su falta de coordinación devolvió la iniciativa a Companys.

Aunque los «sucesos de mayo» estaban profundamente arraigados en las circunstancias de la Cataluña en guerra y sus efectos en los miembros más pobres de la sociedad, el gobierno central, la Generalitat y el PSUC no desaprovecharon ninguna oportunidad de promover sus propios intereses. Los comunistas y Prieto acogieron gustosos la oportunidad de quebrar el poder de la CNT y limitar el de la Generalitat. Los combates agudizaron el dilema central de la CNT; los anarquistas solo podían vencer en Barcelona y otras ciudades catalanas a costa de un baño de sangre que para la República implicaría con toda seguridad perder la guerra. Solo podían resistir si retiraban sus tropas de Aragón y luchaban contra el gobierno central y a la vez contra los franquistas. Por consiguiente, Juan García Oliver, el ministro de Justicia, habló por radio desde la Generalitat y, en nombre de la dirección de la CNT, pidió a sus incrédulos militantes que depusieran las armas. El 7 de mayo el gobierno proporcionó desde Valencia los refuerzos policiales que decidieron finalmente el resultado del enfrentamiento. Puso como condición para ello que la Generalitat renunciara al control autónomo del Ejército de Cataluña y a la responsabilidad del orden público. Varios centenares de militantes de la CNT y del POUM fueron detenidos, aunque la necesidad de que las industrias de guerra reanudaran el trabajo limitó la escala de la represión. Hay que recordar que todo esto sucedía mientras el País Vasco caía en poder de Franco.

El POUM se vio convertido en el chivo expiatorio. Andreu Nin y el resto de la dirección del partido habían superado ampliamente a la CNT en lo que se refiere al radicalismo de sus pronunciamientos revolucionarios durante la crisis. Los comunistas, vencedores, no se mostraron precisamente magnánimos. Querían nada menos que la completa destrucción del POUM. Orwell anotó que «flotaba en el aire un peculiar ambiente maligno; una atmósfera de sospecha, temor, incertidumbre y odio velado».

En cuanto acabaron los combates de Barcelona, los comunistas pidieron al gobierno de Largo Caballero que disolviera el POUM y arrestara a su dirección. Él se negó. Para los comunistas, la negativa confirmaba su convicción de que debía irse. De hecho, la decisión se había tomado ya en marzo, en una agitada reunión del Comité Ejecutivo del PCE, a la que asistieron más extranjeros que españoles. Los consejeros de la Komintern, y en especial André Marty y «Boris Stepanov», habían insistido en el cese de Largo Caballero y chocaron violentamente con los dirigentes del PCE José Díaz y Jesús Hernández. Cuando se sometió a votación la suerte del primer ministro, los votos de estos últimos fueron los dos únicos a su favor. A continuación, los comunistas provocaron una crisis de gobierno al bloquear los planes de Largo Caballero para lanzar una ofensiva en Extremadura, y éste se quedó sin apoyos. Indalecio Prieto, socialista moderado, albergaba desde hacía tiempo un resentimiento latente contra el adusto primer ministro, y sus seguidores del PSOE vieron en el conflicto una ocasión para desbancar a los caballeristas. Pensaban en particular que Largo Caballero y su ministro de la Gobernación, Ángel Galarza Gago, no habían dedicado suficiente energía a la tarea de reimponer el orden público. Azaña, por su parte, no le perdonaba la tardanza en sacarle de Barcelona durante los sucesos de mayo. Largo Caballero se vio forzado a dimitir y Azaña ofreció la presidencia del gobierno al doctor Juan Negrín. En cierto modo, este hecho marcó el fin de la lucha por el poder entre los revolucionistas y los comunistas. En adelante, las conquistas revolucionarias de las primeras etapas de la lucha fueron sistemáticamente desmanteladas, y la guerra siguió su curso bajo la dirección de los republicanos y los socialistas moderados, que se repartieron los ministerios clave del nuevo gobierno.

Al pedir a la ejecutiva del PSOE que propusiera un nuevo presidente del gobierno, Azaña había dado por sentado que el elegido sería Prieto. Desde luego, todos los camaradas de Prieto querían que fuese él. Sin embargo, Prieto se negó categóricamente y alegó que carecía del apoyo de los anarcosindicalistas y de los caballeristas y que, de forma decisiva, los comunistas querían a Negrín. Prieto prefería seguir trabajando entre bastidores. Así pues, se hizo cargo de todo el esfuerzo bélico en un ministerio nuevo, el de Defensa Nacional, que se creó mediante la fusión de dos ministerios cruciales, el de la Guerra y el de la Marina y el Aire. A Azaña no le molestó tener que invitar a Negrín a formar gobierno: «En la presidencia, los altibajos del humor de Prieto, sus “repentes”, podían ser un inconveniente».

En el nuevo gabinete Prieto utilizó la influencia que ejercía en Negrín para que el cargo de ministro de la Gobernación se diera a Julián Zugazagoitia por su firme compromiso con la restauración del orden público. Junto con la elección de otro vasco, Manuel Irujo, para la cartera de Justicia, de esta forma quedó garantizado que en España no habría juicios como los de Moscú a pesar de la persecución que desencadenaron los comunistas contra el POUM. Al tomar posesión de su cargo, Irujo declaró: «Levanto mi voz para oponerme al sistema y afirmar que se han acabado los “paseos”… Hubo días en que el gobierno no fue dueño de los resortes del poder. Se encontraba impotente para oponerse a los desmanes sociales. Aquellos momentos han sido superados… Es preciso que el ejemplo de la brutalidad monstruosa del enemigo no sea exhibido como el lenitivo a los crímenes repugnantes cometidos en casa».

Una de las primeras cosas que hizo Irujo fue profesionalizar el servicio penitenciario. Se reformó y reforzó el cuerpo de funcionarios de prisiones para asegurarse de que no se repitieran las atrocidades de noviembre de 1936. El régimen carcelario se suavizó de una forma que era inimaginable en la zona nacional. Se puso en libertad a clérigos y religiosos católicos. Se dio a la Cruz Roja acceso total a las prisiones. A muchos presos civiles se les concedía la libertad condicional cuando había un nacimiento, una boda, una enfermedad o una defunción en su familia. A causa de estas medidas durante un tiempo la prensa anarquista acusó a Irujo de ser un cavernícola vaticanista y un reaccionario burgués, pero más adelante una delegación anarquista le felicitó por su labor. En el Ministerio de la Gobernación Zugazagoitia se valdría de su posición para salvar la vida de muchos falangistas prominentes que estaban en cárceles republicanas. Su conducta no le salvó después de la Guerra Civil. Zugazagoitia se exilió en Francia, donde fue capturado por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas. Murió fusilado el 9 de noviembre de 1940.

No cabe duda de que el doctor Negrín estaba interesado en terminar la tarea de restaurar la disciplina, pero, a diferencia de Azaña, que esperaba que fuese el primer paso para conseguir la mediación internacional con el objeto de poner fin a la guerra, Negrín sabía que la política que debía seguirse era continuar luchando. Estaba convencido de que la única oportunidad para la República consistía en cooperar estrechamente con los soviéticos. Negrín sigue siendo un enigma. Desde el punto de vista personal era el polo opuesto del puritano Largo Caballero: encantador, atractivo, aficionado a la buena mesa y, al parecer, poseedor de un voraz apetito sexual a pesar de su corpulencia. Habiendo trabajado en Alemania varios años como brillante investigador, obtuvo en 1922, a la edad de treinta años, la cátedra de fisiología en la Universidad de Madrid. Se afilió al PSOE en 1929, y fue elegido como diputado socialista moderado en su ciudad natal de Las Palmas de Gran Canaria. Durante los años de la República empeñó su energía en la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid —que sería escenario de tantas batallas a lo largo de la Guerra Civil—. Se le consideraba un aliado de Indalecio Prieto. Sin embargo, en la época en que asumió la presidencia del gobierno, las relaciones entre los dos empezaban a deteriorarse como resultado de su diferente actitud hacia los comunistas. En opinión de Burnett Bolloten, «fue él, más que ningún otro español, el responsable del éxito de la política comunista en el último año de la Guerra Civil». No es un crimen tan atroz, como insinúa Bolloten, dado que los comunistas tenían como primera prioridad la derrota del fascismo en España. Ciertamente, la política de Negrín se basaba en la firme convicción de que la victoria dependía de la disciplina de las Fuerzas Armadas y del suministro ininterrumpido de armas desde la Unión Soviética. Como en el caso del envío de las reservas de oro español a Moscú, es difícil señalar qué otras alternativas podía barajar Negrín si rechazaba el apoyo comunista. Su gobierno era más homogéneo que el de cualquiera de sus predecesores. Sin embargo, esa unidad se había forjado al precio de liquidar la revolución. Era la conclusión lógica y la realización más concreta de la opción que representaba el Frente Popular: un gobierno que sellaba la alianza comunista con las fuerzas democráticas burguesas, en beneficio de las relaciones de Rusia con las democracias burguesas.

Negrín no era el único en creer que las potencias democráticas de Europa acudirían en ayuda de la República si se conseguía convencerlas de la naturaleza no revolucionaria de la lucha republicana. Su estrecha colaboración con los comunistas es, desde ese punto de vista, enteramente comprensible. Para los comunistas, una vez que Negrín asumió el cargo de primer ministro, sus objetivos prioritarios se centraron en completar la destrucción del POUM y limitar los efectos del derrotismo creciente de Indalecio Prieto, ministro de la Guerra. Presionados por los diversos consejeros rusos, intensificaron el ataque contra el POUM. El partido fue declarado ilegal a mediados de junio de 1937, su comité ejecutivo fue detenido y acusado de sedición en tiempo de guerra por su participación en los sucesos de mayo.

Un episodio horroroso fue el secuestro en Barcelona del líder del partido, Andreu Nin, por agentes rusos. Lo llevaron a una casa de Alcalá de Henares, donde fue interrogado y torturado brutalmente. Al negarse a «confesar» que era un agente nazi, lo sacaron y lo ejecutaron. Los torpes esfuerzos de la propaganda comunista para hacer creer que Nin se había fugado con la ayuda de un comando nazi de rescate no pudieron impedir las especulaciones en el sentido de que su asesinato había sido obra de la NKVD, la policía secreta soviética. De hecho, es casi seguro que lo organizó el jefe de la NKVD en España, el coronel Aleksandr Orlov (Leiba Lazarevich Feldbin). Había sido enviado a España a finales de agosto de 1936, aparentemente en calidad de agregado político, con la misión exclusiva de combatir el trotskismo. Al mismo tiempo que Nin también desaparecieron varios trotskistas extranjeros, entre ellos el escritor austríaco Kurt Landau, y José Robles Pazos, amigo del novelista John Dos Passos.

Irujo puso en marcha una investigación judicial. Zugazagoitia destituyó al director general de Seguridad, el coronel comunista Antonio Ortega, porque no pudo explicar el papel que había desempeñado en la desaparición de Nin. Los comunistas montaron en cólera, pero cedieron cuando Zugazagoitia, Irujo y Prieto amenazaron con dejar el gobierno. Negrín, que se mostró de acuerdo con la destitución de Ortega, no estaba dispuesto a permitir que nuevas revelaciones perjudicasen la unidad del gabinete y ordenó que se suspendiera la investigación. Un furiosísimo «Boris Stepanov» informó a Moscú de que Zugazagoitia era «un trotskista camuflado», e Irujo, «un jesuita», «un fascista». El caso Nin provocó muchos roces entre Negrín por un lado y Zugazagoitia e Irujo por el otro. Todavía furiosos e indignados por el asesinato, Largo Caballero, al que seguía doliéndole su destitución, y los anarquistas que habían formado parte de su gobierno fueron a visitar a Azaña y denunciaron a Negrín como traidor. Sin embargo, el presidente de la República compartía la opinión de Negrín de que no podía tolerarse una rebelión en tiempo de guerra. A Azaña no le agradaba más que a Negrín la propugnación por parte del POUM de un gobierno revolucionario de obreros y campesinos y, por tanto, no hizo caso de la petición de Largo Caballero de cesar al primer ministro. Curiosamente, alguien compartía el punto de vista de Azaña: Joaquín Maurín, el hombre que había fundado el POUM con Nin, y que había pasado los días de mayo en una cárcel franquista. Muchos años después escribió el epitafio de su propio movimiento: «El Ejecutivo del POUM no entendió nunca que lo primero era ganar la guerra. Antepuso la revolución a la guerra, y perdió la guerra, la revolución y perdió a sí mismo». No obstante, la desaparición y el asesinato de Nin, Landau, Robles y otros hicieron un daño enorme a la credibilidad del gobierno de Negrín tanto entonces como mucho tiempo después.

Al final, el resto del ejecutivo del POUM no corrió la misma suerte que su líder. No hubo más ejecuciones. En efecto, Manuel Irujo se aseguró de que Nin fuera el último trotskista asesinado. Para la represión del POUM el gobierno había creado el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, pero Irujo se encargó de que lo integrasen jueces totalmente imparciales y probos. Muchos militantes de base del POUM estaban en la cárcel, furiosos por encontrarse encerrados al lado de fascistas y saboteadores sin que aún se les hubiera acusado oficialmente. La esposa de Kurt Landau, Katia, que seguía sin saber exactamente qué le había ocurrido a su marido, se declaró en huelga de hambre y su ejemplo se propagó rápidamente por las penitenciarías de Barcelona y Valencia. Irujo la visitó en el hospital y logró convencerla de que los juicios serían justos, por lo que Katia desistió. Irujo mandó fiscales y jueces a todas las prisiones para que hicieran los trámites apropiados, y los presos los recibieron con aplausos porque vieron en ellos una garantía contra las ilegalidades estalinistas.

La seriedad del compromiso de Irujo con la restauración plena de la legalidad republicana se deduce del hecho de que en julio de 1937 ordenara que se investigase lo que había acontecido en Paracuellos en noviembre de 1936. Con gran indignación de «Boris Stepanov», ordenó que se llevara a cabo una investigación judicial del papel de Carrillo. Al celebrarse el juicio del ejecutivo del POUM en octubre de 1938, Irujo ya no era ministro de Justicia. Había dimitido a finales de noviembre de 1937 por no estar de acuerdo con las propuestas de Negrín de crear Tribunales Especiales de Guardia con poderes de excepción, y fue reemplazado por el republicano Mariano Ansó. Irujo siguió en el gobierno en calidad de ministro sin cartera tras asegurarse de que las penas de muerte que pudieran dictar los Tribunales Especiales tuviesen que ser ratificadas por el gabinete. Finalmente, el juicio de siete miembros del comité ejecutivo del POUM tuvo lugar en el clima tenso de las etapas finales de la decisiva batalla del Ebro. No obstante, tal como Irujo había prometido a Katia Landau, se celebró con todas las garantías judiciales. Dos de los acusados fueron absueltos y cinco recibieron sentencias de cárcel. Todos pudieron huir de España al terminar la guerra.

Mucho antes de entonces los comunistas habían continuado presionando a favor de una mayor centralización y el Consejo de Aragón fue disuelto. Sin embargo, al cumplir el Decreto de Disolución de 11 de agosto de 1937, Enrique Líster, el dirigente comunista, fue mucho más allá de lo previsto en la norma. Con una actitud represora innecesariamente brutal, no solo disolvió el Consejo sino que arrestó a muchos miembros de la CNT. Los efectos de esa acción, tanto para la moral de combate como para la producción agrícola, fueron devastadores. Después de Aragón, los comunistas intervinieron en contra de los colectivos existentes en Cataluña, y en 1938 quedaba muy poco de la autonomía garantizada por el Frente Popular. Otras medidas centralizadoras incluyeron la utilización del Servicio de Investigación Militar (SIM), una policía secreta que había sido objeto de una creciente infiltración por parte de los comunistas para purgar a sus oponentes. Gustav Regler se ha referido a la obsesión de la Komintern por los espías y los traidores como «la sífilis rusa». El desmantelamiento de las colectividades y la utilización de la policía secreta garantizaron que los dos últimos años de la Guerra Civil en la zona republicana fueran muy diferentes del primero. Sin el ideal de un nuevo mundo por el que luchar, los sacrificios y el hambre se hacían mucho más difíciles de soportar.

También el PCE, irónicamente, salió perdiendo. Los comunistas habían respaldado a los republicanos burgueses y a los socialistas moderados y, en las últimas etapas de la guerra ambos grupos se vieron invadidos por el derrotismo. Incluso en el interior del PCE se expresaron dudas respecto a algunas decisiones tomadas, especialmente después del acuerdo de Múnich que sugería el acercamiento entre las potencias occidentales y el Eje. El obstáculo principal que le quedaba al PCE era la presencia continuada del cada vez más anticomunista Indalecio Prieto como ministro de la Guerra. Aunque Prieto y el PCE se habían unido en su oposición al revolucionismo de Largo Caballero y de los anarquistas, cada uno vio en el otro el medio para desarrollar sus propios intereses particulares. Prieto siempre había desconfiado de los comunistas. Cuando Largo se vio obligado a dimitir, el matrimonio de conveniencia se vino abajo. Prieto, cuya tendencia natural al derrotismo y a la desmoralización encontró un eco simétrico en el estado de desesperación traumática de Azaña, quiso reducir el protagonismo de los comunistas. Esto colocó al PCE en una situación difícil. Después de insistir con tanto ahínco en la necesidad de defender una República burguesa moderada, difícilmente podía atacar abiertamente a sus representantes más destacados: Azaña y Prieto.

Paradójicamente, los esfuerzos de los comunistas contra el revolucionismo habían debilitado su propio control de la conducción de la guerra. Los métodos que utilizaron en esa situación para imponer sus puntos de vista iban a conducir, por desgracia, a comienzos de 1939, a una segunda guerra civil dentro de la Guerra Civil. El historiador inglés Ronald Fraser y el marxista español Fernando Claudín han defendido de forma convincente la tesis de que si los comunistas hubieran conseguido encontrar alguna forma de encauzar el entusiasmo revolucionario de los primeros meses, en vez de limitarse a aplastarlo, tal vez se habría ganado la guerra. Esto habría implicado una guerra revolucionaria de guerrillas en las zonas ocupadas por los nacionales. Habría requerido una genuina política revolucionaria en la zona leal. Dadas las tendencias sectarias de los comunistas, sería improbable la creación de una política aceptable para la CNT y el POUM. Más aún, a la luz de la situación internacional en los años 1936 y 1937, y de la posición de Stalin en particular, resultaba virtualmente inconcebible que los comunistas aceptaran el patrocinio de la revolución. Tal como se desarrollaron las cosas, el Partido Comunista, pese a todos sus crímenes y sus errores, tuvo una intervención decisiva en el mantenimiento de la resistencia de la República durante todo el tiempo que fue posible.

IX. Derrota a plazos

IX

Derrota a plazos.

Apenas pudo sorprender, dadas las divisiones internas que aquejaban a los republicanos, que incluso después de la derrota de Guadalajara, que supuso la aniquilación del importante contingente de tropas italianas, los nacionales mantuvieran la iniciativa. Ese hecho quedó claramente demostrado por la facilidad con que irrumpieron en el norte durante la primavera y el verano de 1937. En marzo, Mola había concentrado un ejército de cerca de cuarenta mil combatientes para el asalto al País Vasco, e inició su campaña a finales del mes con una amenaza a la que dio amplia publicidad: «Si la rendición no es inmediata, arrasaré Vizcaya, empezando por las industrias de guerra. Tengo medios para hacerlo». A pesar de los evidentes deseos del general de conseguir una victoria rápida, la campaña se desarrollaba con más lentitud de la deseada por los rebeldes y sus aliados alemanes. Los riscos, las colinas boscosas y las vías de comunicación deficientes retenían el avance, y la encarnizada defensa de los vascos se cobraba además un precio muy alto entre las fuerzas atacantes. La hábil utilización de las minas anticarro y los laberintos de alambradas de espino parecían nada más que el preludio de lo que pasaría cuando los rebeldes llegasen al famoso «cinturón de hierro» defensivo que rodeaba Bilbao, la llamada «ciudad de los sitios» por su resistencia en las guerras carlistas del siglo XIX.

Mola disponía de la cobertura aérea de la Legión Cóndor alemana, cuyo jefe de Estado Mayor y posteriormente comandante era el teniente coronel Wolfram von Richthofen, primo del «Barón Rojo». Von Richthofen, que dirigiría más tarde la invasión nazi de Polonia, utilizó la Legión Cóndor para ensayar las técnicas del bombardeo en picado y bombardeo de saturación, que se incorporarían posteriormente a la Blitzkrieg en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Von Richthofen era un comandante profesional exigente y metódico que estaba firmemente convencido del uso del terror. Aconsejó a Mola: «No es irrazonable ninguna medida capaz de destruir la moral del enemigo y es preferible hacerlo rápidamente». Esa misma noche, el 25 de abril, Mola lanzó desde la emisora de radio rebelde la siguiente advertencia al pueblo vasco: «Franco está a punto de asestar un golpe poderoso contra el que toda resistencia es inútil. ¡Vascos! Rendíos ahora y ahorraréis el sacrificio de vuestras vidas».

A primeras horas de la tarde del día siguiente, lunes 26 de abril, día de mercado en la pequeña población de Guernica, la Legión Cóndor atacó. Guernica, un símbolo de importancia capital para el pueblo vasco, fue destruida en una sola y siniestra tarde de bombardeos continuados. Las dimensiones de la atrocidad cometida intentaron paliarse con los posteriores esfuerzos de la propaganda nacional negando toda responsabilidad en el suceso. George Steer, corresponsal de The Times, fue uno de los primeros periodistas en llegar al lugar. El director de The Times, Geoffrey Dawson, publicó, no sin cierto recelo, el siguiente reportaje de Steer el 28 de abril:

Guernica, la ciudad más antigua del pueblo vasco y el centro de su tradición cultural, ha quedado completamente destruida por una incursión aérea rebelde. El bombardeo de esta ciudad abierta, situada a una gran distancia del frente, duró exactamente tres horas y cuarto, durante las cuales una poderosa flota aérea compuesta por tres tipos de aparatos alemanes, bombarderos Junker y Heinkel y cazas Heinkel, descargó de forma ininterrumpida bombas de hasta mil libras de peso y, según se calcula, más de tres mil proyectiles incendiarios de aluminio de dos libras de peso cada uno. Los cazas, mientras tanto, efectuaban pasadas en vuelo rasante sobre el centro de la ciudad y ametrallaban a la población civil que buscaba refugio.

Dawson escribió más tarde: «Hice lo que pude, noche tras noche, para tachar todo lo que pudiera herir la susceptibilidad (de los alemanes)». Steer era un corresponsal de guerra de primera línea. Los franquistas, en el intento de desacreditar su reportaje, hicieron grandes esfuerzos para denigrar su integridad personal y profesional.

El servicio de prensa extranjera franquista, dirigido por Luis Bolín, optó en primera instancia por sostener que el bombardeo no había tenido lugar. La posición adoptada por Bolín, antiguo corresponsal en Londres del diario monárquico ABC, se debía en gran medida a su preocupación por la posible reacción de la Iglesia Católica inglesa. Cuando resultó evidente que la negación pura y simple de los hechos era insostenible, los propagandistas de Franco recurrieron a la tesis de que Guernica había sido dinamitada por los propios vascos, supuestamente para intentar de ese modo cargar sobre sus enemigos una acusación fabricada con fines propagandísticos. Algunos historiadores han mantenido esa versión hasta ya entrados los años setenta. Por desgracia para Bolín, sin embargo, existían testigos muy fiables. El padre Alberto Onaindía, agente diplomático oficioso del País Vasco en París, había llegado a la ciudad el día del ataque alemán. Declaró a The Times:

Llegué a Guernica el 26 de abril, a las cuatro cuarenta de la tarde. Apenas había bajado del coche cuando comenzó el bombardeo. La gente estaba aterrorizada. Los campesinos huyeron, abandonando sus animales en el mercado. El bombardeo duró hasta las siete cuarenta y cinco. Durante ese tiempo no pasaban cinco minutos sin que el espacio se viera ennegrecido por los aviones alemanes. Los aviones volaban muy bajo, arrasando los caminos y bosques con fuego de ametralladora, y en las cunetas de las carreteras se amontonaban juntos, tirados en el suelo, hombres, mujeres y niños. Al cabo de no mucho tiempo era imposible ver nada a una distancia de doscientos metros, por la humareda. El fuego envolvía la ciudad. Se oían gritos de dolor por todas partes, y las gentes, llenas de terror, se arrodillaban, levantando las manos al cielo, como si implorasen a la divina providencia… Como sacerdote católico, declaro que no podía infligirse mayor ofensa a la religión que el tedéum celebrado a la gloria de Franco en la iglesia de Guernica, milagrosamente salvada por el heroísmo de los bomberos de Bilbao.

No todos los franquistas intentaron negar el bombardeo de Guernica. Virginia Cowles, periodista norteamericana, hizo un largo viaje por la España rebelde en compañía del capitán Gonzalo de Aguilera, el excéntrico aristócrata que atribuía a las alcantarillas el estallido de la guerra. Después de saludar a unos soldados alemanes en el norte, él comentó: «Buenos chicos, los alemanes, pero quizá demasiado serios; nunca se les ve acompañados de una mujer, aunque supongo que no han venido para eso. Si matan suficiente número de rojos, puedo perdonarles cualquier cosa». La periodista visitó las ruinas de Guernica acompañada por otro encargado de la prensa franquista, Ignacio Rosalles:

Cuando llegamos a Guernica solo encontramos un caos de vigas de madera y ladrillos, como si se tratara de las excavaciones de una antigua civilización. Apenas se veían tres o cuatro personas por las calles. Un viejo removía los cascotes. Acompañada por Rosalles, mi oficial de escolta, me acerqué y le pregunté si había estado en la ciudad cuando fue destruida. Asintió con la cabeza y, al preguntarle qué es lo que había sucedido, levantó los brazos y nos contó que el cielo estaba negro de aviones: «Aviones —dijo— italianos y alemanes». Rosalles estaba atónito. «Guernica fue incendiada», le contradijo con vehemencia. Pero el viejo se mantuvo en sus trece, e insistió en que después de cuatro horas de bombardeo quedaba muy poco que incendiar. Rosalles me llevó aparte: «Es un rojo», me explicó indignado. Un par de días más tarde, charlábamos con unos oficiales de estado mayor. Rosalles les contó nuestro viaje a lo largo de la costa y comentó el incidente de Guernica. «La ciudad estaba llena de rojos —dijo—. Querían hacernos creer que fue bombardeada, y no incendiada». El oficial más alto replicó: «Pues claro que fue bombardeada. La bombardeamos y la bombardeamos y la bombardeamos, y bueno, ¿por qué no?». Rosalles le miraba con la boca abierta, y cuando estuvimos de vuelta en el coche me dijo: «Creo que yo no escribiría sobre ese tema, si estuviera en su lugar».

Los intentos de intimidación de este tipo no eran infrecuentes, aunque en general no resultaron especialmente eficaces. Luis Bolín, en particular, que ya había amenazado al cámara francés René Brut con ejecutarle por haber filmado la matanza de Badajoz, estaba acostumbrado a someter a la prensa a su voluntad. En última instancia, sin embargo, el mito de los dinamiteros vascos fue contraproducente. Si las autoridades nacionales hubieran adoptado la misma línea de conducta que el despreocupado oficial de Estado Mayor, tal vez el bombardeo habría podido excusarse como una lamentable secuela de la guerra. En cambio, la polémica suscitada convirtió a Guernica en el símbolo central de la guerra, inmortalizado por el cuadro de Pablo Picasso. Hoy en día no existe la más mínima duda de que Guernica fue destruida por la Legión Cóndor alemana; más aún, ese hecho es el que da al suceso un significado militar, porque la ciudad fue la primera en la historia del mundo en quedar enteramente destruida por un bombardeo aéreo. La única polémica que aún subsiste en relación con ese hecho atroz es si se realizó con el conocimiento del Alto Mando franquista, o por una iniciativa exclusiva de los nazis. El doctor Herbert Southworth, la mayor autoridad mundial en el asunto de la destrucción de Guernica, llegó a la conclusión inequívoca de que la población resultó destruida por bombas explosivas e incendiarias lanzadas desde aviones de la Legión Cóndor pilotados por alemanes, y que el bombardeo se realizó a petición del Alto Mando nacional, con el objeto de destruir la moral de los vascos y debilitar la defensa de Bilbao.

La destrucción de Guernica significó ciertamente un golpe terrible para la moral de los vascos. Las reuniones entre el general Mola y el teniente coronel von Richthofen en la noche del 25 de abril y la mañana del 26 sugieren que, precisamente, a esa razón se debió el bombardeo. De no ser la propia ciudad el objetivo, el blanco táctico más plausible de la operación podía haber sido el puente de Rentería, sobre el río Nundaca, un punto clave para la retirada de las tropas vascas. Sin embargo, las bombas incendiarias ligeras no eran el tipo de proyectil adecuado para utilizarlo contra un puente de piedra. Además, von Richthofen, un militar caracterizado por su austera eficiencia, disponía de los nuevos bombarderos en picado Stuka, los aviones más idóneos, con diferencia, para el bombardeo de precisión a pequeña escala; y sin embargo, no los utilizó. Aun así, testigos oculares han confirmado que los bombarderos convencionales que se emplearon en la acción volaban lo bastante bajo como para poder lanzar sus bombas con puntería, y que su formación de vuelo era demasiado amplia para suponer que concentraban su ataque sobre un blanco de pequeñas dimensiones. De hecho, parece que fue debajo del puente de Rentería donde encontraron los vascos el refugio más seguro durante el bombardeo de Guernica.

Si la clave de la defensa de Bilbao, las fortificaciones del «cinturón de hierro», pudo ser conocida por los nacionales fue gracias a la traición de un oficial vasco, el comandante Alejandro Goicoechea, que desertó en el mes de marzo con copias de los planos. A finales de mayo las tropas de Mola tenían rodeada Bilbao. El presidente vasco, José Antonio Aguirre, hizo caso omiso de las órdenes de Prieto, ministro de Defensa Nacional, de destruir las instalaciones industriales. Los constantes ataques aéreos nacionales permitieron la ruptura de las líneas defensivas el 12 de junio; una semana más tarde caía Bilbao. El nuevo alcalde impuesto por los rebeldes, el falangista vasco José María de Areilza, en un intento de minimizar la ventaja de los nacionales al disponer de la información filtrada de las defensas de la ciudad, exaltó la victoria en los siguientes términos:

Bilbao ha sido conquistada por las armas. Nada de tratos y favores póstumos. Las reglas de la guerra —duras, viriles e inexorables—. La pesadilla revolucionaria, siniestra, atroz, conocida como Euskadi, ha caído para siempre. Habéis caído para siempre, egoísta, pendenciero, indigno, servil nacionalista vasco presidente Aguirre. Usted, que se ha preocupado por componer una figura elegante durante once meses, de crímenes y robos mientras los pobres soldados vascos eran cazados en los pueblos como alimañas, y sus pellejos se diseminaban a lo largo y a lo ancho de los montes de Vizcaya. En cuanto al nacionalismo vasco, desde ahora existe un argumento que reemplaza a toda sofistería histórica así como maniobras legalistas. Este argumento, escrito con la sangre vertida en Vizcaya, ha vuelto a formar parte de España pura y simplemente por la conquista de las armas. España ha recuperado la plena independencia de su soberanía. Y la utiliza para proclamar su amistad hacia las grandes naciones europeas que la han apoyado en estos tiempos trágicos de cruzada nacional. Me refiero a la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, y al Portugal de Oliveira Salazar.

Treinta años más tarde, después de una brillante carrera al servicio de Franco, Areilza se arrepentiría de su pasado y se alinearía con la oposición moderada.

Para Indalecio Prieto, que se había hecho cargo del Ministerio de Defensa Nacional hacía solo dos semanas, fue un golpe demoledor. Su frenética energía no había servido de nada. Estaba inconsolable y dijo a Zugazagoitia: «He tenido unas horas tan amargas y he medido tan severamente lo que juzgo mi responsabilidad que, aparte de haber enviado al jefe del Gobierno una carta con mi dimisión, pensé en el suicidio. Esa idea llegó a obsesionarme y tuve la pistola a punto». Negrín insistió en que siguiera en el Ministerio de Defensa Nacional.

Tras la caída de Bilbao, las campañas franquistas en el norte encontraron pocos obstáculos. Un ejército de 60 000 hombres, ampliamente provisto con tropas y equipamiento italianos, maniobró fácilmente ante las desorganizadas milicias republicanas, y entró en la elegante ciudad costera de Santander enarbolando retratos gigantes de Mussolini. En Italia, la prensa magnificó la gesta en tono triunfalista, como una revancha de Guadalajara, aunque en realidad, las tropas italianas no encontraron virtualmente resistencia. A esas alturas, las tropas vascas que defendían la Santander castellana se sentían totalmente desalentadas tras la pérdida de su propia tierra. Temerosos de la actitud vengativa de los franquistas, intentaron negociar la paz con el general italiano Ettore Bastico. Sin embargo, Franco tuvo noticia del plan y envió rápidamente más tropas para cortar las negociaciones. Después de la caída de Santander, el resto de la cornisa norte fue ocupado rápidamente en los meses de septiembre y octubre. Con gran desesperación de Prieto, que volvió a presentarle la dimisión a Negrín, las ciudades asturianas de Gijón y Avilés cayeron el 21 de octubre, y a finales del mes toda la industria del norte trabajaba para los rebeldes. Con ello, su ventaja era ya decisiva. Los nacionales, que ya antes superaban a sus rivales en aviones y carros de combate, podían ahora consolidar su superioridad militar mediante el control de la producción de hierro. Además, el servicio militar impuesto en toda la zona rebelde daba a los nacionales una ventaja de aproximadamente doscientos mil hombres respecto a los republicanos.

Al empezar la guerra, las fuerzas nacionales contaban con 80 000 hombres. Al concluir las campañas del norte entre la primavera y el otoño de 1937, las Fuerzas Armadas de Franco habían aumentado considerablemente. En el norte tenía diez divisiones consistentes en 140 000 hombres y durante los meses siguientes se incorporaron 100 000 más que eran prisioneros de guerra republicanos. Al principio eran internados en campos de concentración improvisados y sometidos a interrogatorios y purgas. Los oficiales y los comisarios políticos eran ejecutados sumariamente. Los soldados que se habían presentado como voluntarios fueron utilizados en batallones de trabajo forzado en posiciones de primera línea. A los reclutas se les tenía por suficientemente apolíticos para ser absorbidos por las filas nacionales. Muchos de ellos eran veteranos curtidos que el Ejército republicano podía reemplazar solo con novatos. Además de este Ejército en el Norte, las fuerzas de Franco consistían en los Ejércitos del Centro y del Sur, ambos con amplias reservas. En diciembre de 1937 Franco ya había movilizado once reemplazos, que iban de 1929 a 1939 y sumaban 413 500 hombres. Junto con los voluntarios y los desertores y prisioneros republicanos, a finales de 1937 tenía 772 000 hombres sobre las armas.

Franco no tenía ni la intención ni la capacidad profesional para utilizar esta superioridad numérica en rápidos ataques estratégicos que, a su modo de ver, eran apropiados solo en la guerra contra un enemigo extranjero. Tenía un Ejército enorme y las vidas de sus propios hombres no le preocupaban, todo lo cual sencillamente le ofrecía la posibilidad de machacar a la República en una larga guerra de desgaste. Su intención eran aplastar por completo al Ejército republicano, lo cual, junto con la represión en las zonas conquistadas, tenía por objeto echar los cimientos de una dictadura duradera. Explicó su proyecto al embajador de Mussolini, Roberto Cantalupo, el 4 de abril de 1937. Refiriéndose a «las ciudades del campo que ya he ocupado pero que aún no han sido redimidas», declaró ominosamente que «debemos llevar a cabo la tarea necesariamente lenta de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar será en gran parte inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas». Redención significaba sangrientas purgas políticas como las que habían tenido lugar a raíz de la toma de Badajoz y Málaga: «Ocuparé España villa tras villa, pueblo tras pueblo, ferrocarril tras ferrocarril… Nada me hará abandonar este programa gradual. Me dará menos gloria, pero mayor paz interior. Siendo así, la Guerra Civil aún podría durar otro año, dos, quizá tres. Querido embajador, puedo asegurarle que no me interesa el territorio, sino los habitantes. La reconquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes, el fin. No puedo acortar la guerra ni siquiera en un día… Incluso podría ser peligroso para mí llegar a Madrid por medio de una elegante operación militar. No tomaré la capital ni una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un régimen».

A lo largo del verano los republicanos intentaron detener el proceso, al parecer inexorable, por el cual su territorio iba reduciéndose progresivamente. Una ofensiva cuidadosamente planificada en Brunete, en terreno árido y cubierto de maleza, a unos treinta kilómetros al oeste de Madrid, consiguió el 6 de julio la ventaja de la sorpresa inicial. El ataque fue planeado por el coronel Vicente Rojo, sagaz jefe del Estado Mayor republicano. Su idea consistía en romper las líneas nacionales por su punto más débil. Cerca de cincuenta mil hombres consiguieron abrir brecha en las líneas enemigas, pero el enorme calor y la confusión hicieron quebrar la disciplina republicana. Las rivalidades políticas obstaculizaron la explotación eficaz de la ventaja y al cabo de dos días el general Varela pudo concentrar suficientes refuerzos para taponar la brecha. A pesar de la irrelevancia estratégica de Brunete, Franco retrasó su campaña en el norte. Como demostraría más adelante en Teruel y en el Ebro, su concepto de una guerra de redención moral por medio del terror no permitía a Franco ceder ni un palmo de territorio conquistado ni desaprovechar oportunidad alguna de recalcar con sangre republicana el mensaje de su invencibilidad, prescindiendo de la pérdida de vidas en su propio bando. Brunete ofrecía una tentación irresistible de aniquilar a gran número de soldados republicanos.

Durante diez días, en uno de los choques más sangrientos de la guerra, los republicanos defendieron el saliente que habían conquistado frente a una abrumadora superioridad aérea y de artillería del enemigo. Los nacionales recibieron un importante refuerzo con la aparición en la batalla de Brunete del nuevo caza alemán Messerschmitt BF 109, que tan importante papel iba a desempeñar en la Segunda Guerra Mundial. En unas condiciones de caos total, en que ambos bandos bombardeaban por error sus propias posiciones, los nacionales obligaron gradualmente a los atacantes a regresar a sus bases de partida. Los aliados de Franco opinaron que su decisión de aceptar el desafío de Brunete fue un error estratégico. Franco no estaba de acuerdo porque la República, en una de las batallas más sangrientas de la guerra, solo consiguió retrasar la caída de Santander unas cinco semanas, además de perder mucho material valioso y 20 000 de sus mejores soldados, y éste era un objetivo al que Franco concedía la mayor importancia. Más notable que la decisión de abandonar la campaña del norte para luchar en Brunete fue la respuesta de Franco a la victoria de Varela. La carretera de Madrid estaba abierta y Varela deseaba vivamente perseguir a los republicanos que se retiraban a la capital. Se quedó estupefacto al ordenarle Franco que se atrincherase porque, según dijo, era importante reanudar la guerra en el norte antes de que la niebla y la nieve obstaculizasen el avance de los nacionales allí. Franco no tenía ningún interés en tomar pronto Madrid ni en poner en peligro su avance en el norte. Probablemente la caída de la capital hubiera puesto fin a la guerra. Pero Franco no quería la victoria sin antes haber limpiado hasta el último rincón de España de izquierdistas y liberales.

Sin embargo, a pesar del coste de Brunete, los republicanos prosiguieron sus esfuerzos por apoderarse de la iniciativa. En agosto de 1937 se realizó una nueva ofensiva en el frente de Aragón, zona elegida, en parte, por el deseo del gobierno de acabar con el control de las líneas por parte de los anarquistas. El objetivo, debido nuevamente al cerebro del coronel Rojo, era rodear Zaragoza con un audaz movimiento de pinza. Sin embargo, la captura de los pueblos que jalonaban el camino, como Belchite, tropezó con serias dificultades y la ofensiva debió detenerse a mediados de septiembre. La historia de Belchite fue similar a la de Brunete. Los republicanos obtuvieron una ventaja inicial, pero luego quedaron atascados debido a la combinación del intenso calor de la canícula y las malas comunicaciones. Como anécdota, la estrategia del comandante de los carros soviéticos acabó, en buena parte, en desastre, debido a su insistencia en dar las órdenes en ruso. Una vez más, una feroz resistencia ante el contraataque nacional determinó bajas muy numerosas. La ofensiva republicana se vio obstaculizada, también en este caso, por conflictos políticos. La determinación comunista de controlar la conducción de la guerra tuvo como resultado que las milicias de la CNT se viesen carentes del armamento adecuado. La fuerza republicana de ataque se resintió en su conjunto de esas divisiones políticas internas, pese a la disciplina del Ejército Popular. Junto a él combatían las unidades de las Brigadas Internacionales y los restos de las antiguas columnas milicianas anarquistas, resentidas todavía por su militarización forzosa.

El Ejército republicano requería una reconstrucción considerable cada vez que sufría una gran derrota. Los nacionales tenían reservas abundantes que les permitían rotar sus tropas para que descansasen y se recuperaran, cosa que raras veces era posible en el caso de los republicanos. Los soldados del Ejército Popular y, en particular, los hombres de las Brigadas Internacionales pasaban largos períodos ininterrumpidos en el frente. A finales de 1937 la República ya había llamado a filas a los reemplazos de 1930 a 1939, lo cual le había proporcionado un ejército de aproximadamente ochocientos mil hombres bajos de moral. Muchos oficiales procedían directamente de las milicias. Aunque algunos destacaban por su talento, la mayoría sencillamente carecía de suficiente preparación. Las derrotas en el frente y la moral baja en la retaguardia provocaron numerosas deserciones a pesar de las feroces medidas disciplinarias, entre ellas el fusilamiento sin juicio previo y el castigo de las familias de los desertores.

Las decepciones de las campañas de Brunete y Aragón intensificaron las recriminaciones que dividían el campo republicano. Largo Caballero había insistido mucho en favor de una ofensiva en Extremadura para aislar Andalucía del resto de la zona rebelde, pero la oposición de los comunistas, en particular de Miaja, hizo que su plan quedara descartado. Ahora, Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional, atacaba a los comunistas por su comportamiento en la ofensiva de Aragón. El hecho confirmó al cada vez más pesimista dirigente del PSOE como el principal enemigo de los comunistas en el gobierno. Prieto también se vio atacado por los anarquistas, debido a su papel al sancionar la disolución del Consejo de Aragón en agosto de 1937. Siempre negó haber autorizado la brutal destrucción de las colectividades anarquistas debida a la brutalidad del coronel estalinista Enrique Líster; no obstante, era cada vez más evidente que las disputas políticas estaban socavando la moral de la zona republicana.

En la zona franquista no había disputas de ese tipo. La muerte del general Mola, el 3 de junio, permitió a Franco dirigir la guerra sin interferencias, mandando a sus fuerzas sin verse afectado por problemas de insubordinación o de indisciplina. Sin embargo, el comandante en jefe rebelde se mostró excesivamente pródigo con las vidas de sus soldados en una serie de decisiones de un valor estratégico muy cuestionable. Después de perder la oportunidad de entrar en Madrid por su insistencia en liberar el Alcázar de Toledo, empleó a sus hombres en costosas contraofensivas, particularmente en Brunete. La táctica bélica de Franco reflejaba su carácter cruel, despiadado y vengativo. Esos atributos, sin embargo, tenían el inestimable valor de permitirle imponer su voluntad sin discusión en la zona rebelde. Una vez muertos sus mayores rivales potenciales, Franco podía controlar no solo la dirección militar, sino también la política nacional.

El predominio político del Caudillo se confirmó a comienzos de 1938. El 30 de enero nombró su primer gabinete regular. Finalizaba así el cometido de la Junta de generales de Burgos. Ramón Serrano Súñer, el «cuñadísimo», fue nombrado ministro del Interior, y los restantes cargos se distribuyeron entre una selección cuidadosamente equilibrada de militares, monárquicos, carlistas y falangistas. El tono dominante, con todo, era el militar. Los Ministerios de la Guerra, Orden Público y Asuntos Exteriores fueron encomendados a generales. El Nuevo Estado, como era conocido, se formalizó por medio de la Ley de Administración Central del Estado, según la cual, «la organización creada por la presente Ley estará sujeta a la constante influencia del Movimiento Nacional. La administración del nuevo Estado estará imbuida del espíritu de sus orígenes: noble e imparcial, fuerte y austero, profundamente español hasta la médula». La Falange se vio recompensada con el control del movimiento sindical y, con ello, una fuente enormemente lucrativa de patronazgo. También se recompensaron los servicios de la Iglesia con la concesión de su autoridad exclusiva sobre la educación. En parte se premiaba así el reconocimiento formal de Franco por parte del Vaticano, en agosto de 1937. La ideología del Nuevo Estado se volcó enteramente hacia el pasado, preocupándose por encima de todo de la destrucción de los símbolos del progreso como la democracia parlamentaria y el sindicalismo. Sus objetivos políticos se concretaron en la reconstrucción de España a imagen y semejanza de su pasado imperial. La única novedad la constituían las concentraciones patrióticas y otros elementos decorativos adoptados para facilitar la incorporación del país al orden mundial fascista soñado por Hitler y Mussolini.

El hecho de que Franco tuviera tiempo suficiente para organizar su futuro político era un claro indicio de que la balanza militar se inclinaba del lado de su victoria definitiva. Después de la ofensiva republicana en Aragón, se produjo un período de calma en los frentes. Hacia finales de 1937, sin embargo, Franco decidió lanzar un nuevo ataque sobre lo que se había convertido virtualmente en su obsesión: Madrid. Su plan consistía en romper el frente por el sector de Guadalajara y avanzar directamente sobre la capital. Sin embargo, los republicanos consiguieron descubrir el plan de ataque de Franco mediante una misión de espionaje culminada con éxito total. Según el historiador franquista Ricardo de la Cierva, el espía fue el comandante anarquista del IV Cuerpo republicano, Cipriano Mera, que cruzó las líneas, disfrazado de pastor. Ahora bien, en sus memorias, el propio Mera dice taxativamente que apenas sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Sea de quien fuere el mérito, la información obtenida permitió a los republicanos desencadenar en diciembre un ataque preventivo, con la idea de distraer a Franco de su cerco de Madrid. El ataque republicano se dirigió contra Teruel, capital de la más desierta de las tres provincias aragonesas. Las líneas nacionales estaban allí relativamente desguarnecidas, y la ciudad se encontraba prácticamente rodeada por fuerzas republicanas.

Una vez más la estrategia la había preparado hábilmente Vicente Rojo. El 22 de septiembre de 1937 el gobierno le había ascendido a general. La iniciativa había salido de Indalecio Prieto, que no había dicho nada a Rojo, cuya modestia era legendaria, porque temía que rechazara el ascenso. Rojo se enteró por la prensa. Al igual que ofensivas anteriores planeadas por él, se consiguió una total sorpresa. La campaña tuvo lugar en uno de los inviernos más crudos que jamás se hayan sufrido en España, y el frío punzante era más intenso en el terreno pedregoso que rodea Teruel. Los nacionales, cogidos por sorpresa, vieron inutilizados por el mal tiempo los aparatos alemanes e italianos de sus fuerzas aéreas. Los vehículos de transporte que aportaban los refuerzos quedaron detenidos por la nieve y el hielo de las carreteras. Todo ello permitió a las fuerzas republicanas, compuestas principalmente por unidades del Ejército Popular, explotar a fondo su ventaja inicial. Los rebeldes se vieron, en consecuencia, obligados a aplazar su planeada ofensiva sobre Madrid para desplazar a parte de sus fuerzas hacia Teruel. Pero el contraataque nacional, dirigido por los generales Varela y Aranda, quedó paralizado por las terribles condiciones meteorológicas. El 29 de diciembre había dejado de nevar, pero dos días más tarde se registraron las temperaturas más bajas de todo el siglo. En esas condiciones, la única estrategia posible para ambos bandos era la de desgaste, en la que los nacionales disponían de clara ventaja. Con más armas y hombres a su disposición, y la inflexible determinación de Franco de recuperar a toda costa el territorio perdido, los rebeldes podían confiar en que su resistencia sería superior a la de las tropas leales.

Después de una lucha sangrienta, casa por casa, los republicanos forzaron la rendición de la guarnición nacional de Teruel el 8 de enero. Desde ese momento se vieron sometidos a un intenso fuego de artillería y a bombardeos constantes. El ambiente gélido contribuía a minar la moral de los soldados. Las muertes por congelación fueron numerosas en ambos bandos; muchos hombres murieron mientras dormían, en parte por efecto del alcohol que habían ingerido para calentarse. Era inevitable que volviesen a producirse conflictos de orden político. Indalecio Prieto visitó el frente e hizo mordaces comentarios sobre la ineficacia de la operación. También entre los comandantes de las tropas se intuían rivalidades peligrosas: Valentín González, el Campesino, comandante comunista analfabeto y feroz, lanzó años después la acusación de que, en el curso del contraataque nacional sobre Teruel, «las posiciones avanzadas cayeron, y rápidamente me vi rodeado con mi fuerza de 16 000 hombres. A las afueras de la ciudad estaban Líster y Modesto, al mando de seis brigadas y dos batallones. Podían ayudarme, y no hicieron el menor gesto para intentarlo. Peor aún, cuando el capitán Valdepeñas se ofreció para acudir a rescatarme, le prohibieron que lo intentase». Según la versión de el Campesino, su división solo consiguió escapar rompiendo el cerco en una salida desesperada. Sin embargo, otros testigos afirmaron que el comandante huyó presa del pánico dejando a sus hombres a merced del destino. Algunas brigadas se negaron a obedecer las órdenes. Líster y el Campesino consiguieron convencerles; pero 46 amotinados de la CNT fueron ejecutados. El Campesino, más tarde, hizo la afirmación descabellada de que los comunistas habían saboteado deliberadamente la operación de Teruel a fin de impedir que Prieto reforzara su posición en el gobierno. No hay fundamentos para una afirmación que no se hizo hasta 1950, ya en plena guerra fría, cuando el Campesino era utilizado por el Congreso para la Libertad de la Cultura, organización patrocinada por la CIA, con el fin de denigrar la función que desempeñaron los comunistas durante la Guerra Civil.

En cualquier caso, después de una nueva y costosa defensa de lo conquistado en un pequeño avance, los republicanos tuvieron que retirarse el 21 de febrero de 1938, cuando Teruel estaba a punto de quedar cercada. Las bajas fueron enormes por ambos bandos: más de cincuenta mil hombres del lado franquista y por encima de sesenta mil republicanos. Los fracasos sucesivos de las ofensivas republicanas de Brunete, Belchite y Teruel demostraron que la neta superioridad material de las fuerzas rebeldes prevalecía en todos los casos sobre el valor de las tropas leales, y los republicanos se mostraron incapaces de explotar la ventaja inicial que habían conseguido. En parte, la situación se debía también a los conflictos políticos en el interior de la zona republicana; pero la razón principal residía en el hecho de que, a comienzos de 1938, Franco poseía una abrumadora ventaja en hombres y en equipo. La reconquista de Teruel, aprovechando a fondo esa superioridad, representó el punto de inflexión decisivo, en términos militares, de la Guerra Civil.

El resultado de estas graves pérdidas fue que el gobierno republicano se vio obligado ahora a llamar a filas a los reemplazos de 1923 a 1929, 1940 y 1941. Por consiguiente, su Ejército tenía que preparar a hombres más viejos y a hombres más jóvenes. En la gran batalla final de la contienda, la del Ebro, muchos soldados republicanos serían adolescentes de diecisiete años. En cambio, a finales de 1938 Franco solo había echado mano de otros tres reemplazos, los de 1927 y 1928, 1940 y los nueve primeros meses de 1941. En consecuencia, junto con los voluntarios y los desertores y prisioneros republicanos, antes de la batalla del Ebro su Ejército consistía en 879 000 hombres. El contraste era muy grande. Durante la batalla el Estado Mayor de Franco dio parte de que muchos prisioneros habían sido capturados el día después de salir de Barcelona, donde habían recibido solo cinco días de preparación.

Así pues, fue con una acentuada superioridad numérica y material que los nacionales se prepararon entonces para consolidar su victoria con una ofensiva masiva, a través de Aragón y Castellón, hasta el mar. Cien mil hombres, con una cobertura de doscientos carros y cerca de mil aviones alemanes e italianos, comenzaron a avanzar el 7 de marzo de 1938. El coronel Wilhelm von Thoma, al mando de la unidad rápida de carros de la Legión Cóndor, quería utilizar las tácticas de la Blitzkrieg (guerra relámpago), pero entró en conflicto con el instinto conservador de Franco. A imitación de los generales de la Primera Guerra Mundial, Franco concebía la utilización de los carros únicamente como apoyo de la infantería. Von Thoma defendía su opinión, pero la cuestión perdió importancia dadas las circunstancias de la lucha. Después de una preparación con fuego artillero y bombardeos desde el aire, los nacionales encontraron unas fuerzas republicanas agotadas, carentes de armas y munición y, en general, mal preparadas; la desmoralización por la pérdida de Teruel se sumó a la confusión organizativa. En la última semana de marzo, las tropas nacionales cruzaron el río Ebro. La población huía aterrorizada ante el avance de Franco. Apilaban sus muebles y pertenencias en carros a los que ataban el escaso ganado que poseían, y en esas condiciones eran ametrallados desde el aire. A comienzos de abril los rebeldes llegaron a Lérida, que cayó después de ser defendida valerosamente por la división de el Campesino. Luego descendieron por el valle del Ebro, aislando así a Cataluña del resto de la República. La retirada de los republicanos la cubrió valerosamente el grupo de montaña del coronel Gustavo Durán, que se había formado con los restos de otras unidades en Morella, en las inhóspitas y áridas montañas del Maestrazgo, entre Aragón y Castellón. El 15 de abril, los nacionales llegaron al mar, en el pueblo pesquero de Vinaroz. En la playa de Benicàssim, los alegres soldados carlistas pudieron chapotear en las olas. Serrano Súñer declaró que la guerra se aproximaba a su fin. De hecho, debido a la determinación de Franco de aniquilar la República, la lucha continuaría un año más.

Al proseguir el avance, los principales centros urbanos de la zona republicana se llenaron de refugiados. Inevitablemente el hambre afectó la moral y la solidaridad. El sufrimiento se intensificó a causa de los continuos bombardeos aéreos que sufrían villas que disponían de poca artillería antiaérea e infrecuente cobertura por parte de aviones de caza. Estos problemas alcanzaron la mayor gravedad en Cataluña. En el otoño de 1936 Madrid había sido bombardeada de forma constante y en el invierno de 1937 Barcelona ya había sufrido bombardeos de saturación. No obstante, el 16 de marzo de 1938 Mussolini ordenó que se adoptara una nueva técnica de bombardeo que consistía en repetidas oleadas de ataques que acabarían con la eficacia del sistema de alarma porque dejaría de ser claro si las sirenas anunciaban el comienzo o el fin de un ataque. La noche del 18 de marzo los barrios obreros donde se apiñaban los refugiados sufrieron un duro castigo que causó casi mil muertos. La gente huyó al campo. Como los aviones italianos despegaban de Mallorca y llevaban distintivos españoles, podían actuar con impunidad. Los bombardeos continuarían durante todo 1938 y se extenderían a las ciudades portuarias de la costa de Levante: Valencia, Gandía, Alcoy y Alicante.

Dividida en dos, desmoralizada por los bombardeos, la República se encontraba en una situación crítica y sufría intensamente por la falta de alimentos. La Unión Soviética había empezado a espaciar sus entregas de armas. De hecho, las perspectivas eran tan sombrías que el siempre descontento Indalecio Prieto empezó a compartir la vieja convicción de Azaña de que todo estaba perdido y era necesario alcanzar una paz negociada para evitar la pérdida absurda de más vidas. Este planteamiento dio a los comunistas la oportunidad que buscaban para librarse del ministro de Defensa Nacional. Después de una tensa reunión del gabinete celebrada el 16 de marzo de 1938 en el palacio de Pedralbes, en Barcelona, con manifestantes (orquestados por el PCE) gritando contra los derrotistas, Prieto secundó la propuesta de Azaña de pedir la mediación del gobierno francés para poner fin a la guerra. Negrín, esta vez con Zugazagoitia de su parte, reafirmó su convencimiento de que la guerra debía seguir. Dos semanas más tarde, el 19 de marzo, en otra reunión del gabinete, Prieto declaró que era imposible seguir luchando cuando las fuerzas de Franco estaban a punto de llegar al Mediterráneo y cortar la República en dos. Negrín, consternado, comentó que lo que había dicho Prieto «desmoralizó por completo a nuestros colegas de gobierno, al estilizar los sucesos con tintes de sombría desesperación y presentarlos como fatales».

Negrín pidió luego a Zugazagoitia que persuadiera a Prieto para que aceptara el cargo de ministro de Obras Públicas y Ferrocarriles en una remodelación del gabinete. Prieto se negó y presentó su dimisión en el Consejo de Ministros del día 5 de abril, pese a las peticiones de la Ejecutiva del PSOE y de una delegación de la CNT para que permaneciera en su puesto. Negrín dijo a Prieto que no podía permitirse tener a un pesimista en el Ministerio de Defensa. Prieto se sentía irritado por su propio pesimismo, según comentó un amigo, «tanto como al jorobado le irrita su joroba», pero opinaba que no disminuía su eficacia. Estaba dispuesto a aceptar la cartera de Hacienda, con el fin de preparar el terreno para el exilio republicano que juzgaba inevitable. Negrín rechazó la sugerencia porque, a su modo de ver, la misión del Ministerio de Hacienda era financiar las compras de armas. Hondamente humillado, Prieto dijo a Zugazagoitia: «Me han expulsado con una patada en los…». Prieto optó por cerrar los ojos ante el papel de su propio derrotismo en la remodelación del gabinete e interpretarlo como un complot que habían tramado contra los comunistas con Negrín como marioneta complaciente. Olvidó limpiamente que él mismo había sido cómplice servicial en la colocación de comunistas en puestos importantes.

Su amargura aumentó al descubrir que Zugazagoitia había renunciado a la cartera de Gobernación con el fin de convertirse en secretario general del Ministerio de Defensa bajo Negrín mismo. Zugazagoitia pensaba que él sería el ministro real con Negrín como simple figura decorativa. Con todo, dada la energía inagotable de Negrín, fue Zugazagoitia quien se encontró prácticamente sin nada que hacer. Prieto se vengaría de Negrín en una reunión del Comité Nacional del PSOE que se celebró el 9 de agosto de 1938 para analizar la crisis del gabinete del mes de abril anterior. Negrín repitió su opinión de que un derrotista como Prieto no podía quedarse en el Ministerio de Defensa. Prieto replicó con una feroz diatriba de tres horas en la que acusó a Negrín de obedecer las órdenes de los comunistas. El incidente creó entre ellos una enemistad que dejaría un legado de división áspera y estéril dentro del movimiento socialista hasta mucho después de la Guerra Civil.

Franco estaba tan convencido como Prieto de que el fin se aproximaba. Sugirió cautelosamente a los alemanes que podían repatriar sus tropas, como lenitivo para la sensibilidad de británicos y franceses. Por su parte, Hitler pensaba que los técnicos alemanes ya no tenían nada que aprender del conflicto español. Con todo, los dos líderes fascistas no habían contado con la tenacidad de la resistencia republicana. Los nacionales iban a descubrir que aún no podían prescindir de la cobertura de la Legión Cóndor. Por otra parte, la apertura de la frontera francesa en el mes de marzo había aportado a los defensores de la Segunda República española suministros y nuevas esperanzas.

Las armas que pudo obtener la República con la apertura de la frontera francesa detenían el avance nacional, o al menos disminuían su ritmo hasta convertirlo en un penoso arrastrarse de risco en risco. De hecho, Negrín, apesadumbrado por la atmósfera de estancamiento y de desgaste del bando republicano en la guerra, buscaba una paz negociada, pero Franco aceptaría solamente una rendición incondicional. Ése era el motivo por el que perseguía una guerra de aniquilación. Para él no podía haber entendimiento con la República. Si hubiese lanzado una ofensiva contra Cataluña, donde se encontraba toda la industria bélica que le quedaba al bando leal, probablemente habría conseguido finalizar la guerra mucho antes. No tenía ningún interés ni en un final rápido de la guerra, ni en un armisticio por el cual tendría que hacer concesiones a los derrotados. Así pues, en julio, desencadenó una importante ofensiva contra Valencia.

La decisión de Franco estaba motivada en parte por el temor de que, después del Anchsluss de Austria por parte de Alemania en marzo, los franceses se mostraron dispuestos a intervenir en Cataluña al lado de la República. A Hitler le preocupaban también las posibles repercusiones si los nacionales conseguían una victoria total tan poco tiempo después de la anexión de Austria. En su opinión, expresada ya en noviembre de 1937, «una victoria al ciento por ciento de Franco» era indeseable «desde el punto de vista alemán», porque a Alemania «le interesa más la continuación de la guerra y el mantenimiento de la tensión en el Mediterráneo». En realidad, las preocupaciones de Hitler eran infundadas. La segunda administración Blum, que nacía ya con plomo en las alas por la falta de una mayoría clara, duró solamente un mes, y Daladier se hizo cargo del gobierno francés en abril. En junio se cerró de nuevo la frontera con España. Gran Bretaña, entretanto, seguía la vía propugnada por Chamberlain de contemporizar a cualquier precio. En abril firmó un tratado con Italia en el que admitía tácitamente la intervención italiana en España. Aún peor fue, en el verano, la reacción británica ante la crisis de Checoslovaquia. Para evitar el riesgo de una guerra con Hitler, Checoslovaquia fue, prácticamente, entregada a los nazis por el Tratado de Múnich de 29 de septiembre. Los republicanos esperaban el resultado de la reunión de Múnich con una penosa angustia. Las ingenuas esperanzas de Negrín de una guerra europea en la que la España republicana pudiera convertirse en un aliado vital para las democracias occidentales se derrumbaron ante el cinismo de éstas. Como dijo Prieto, Europa había traicionado a España.

La respuesta inmediata de Negrín al tratado anglo-italiano consistió en lanzar una ofensiva diplomática propia. En busca de una fórmula que facilitara las negociaciones de paz, propuso sus «Trece puntos», inspirados por Ivor Montagu, productor de cine comunista británico. En ellos se proponía una España libre de interferencias extranjeras, con elecciones libres y plenos derechos civiles. Las democracias occidentales no se inmutaron, pese a la moderación de la propuesta. En Estados Unidos, las esperanzas de que se levantara el embargo de la venta de armas se estrellaron contra el poder del lobby católico. Un telegrama del reaccionario embajador en Londres, Joseph Kennedy, aseguraba que el cese del embargo de la venta de armas significaría un riesgo cierto de extender la guerra más allá de las fronteras españolas. El propagandista derechista, padre Coughlin, hizo un llamamiento radiado a los católicos americanos para que inundaran de telegramas la Casa Blanca. De esa forma agitaron un fantasma que asustó al presidente Roosevelt. Dijo a su secretario del Interior, Harold Ickes, que temía «la pérdida de todos los votos católicos en el otoño próximo». El presidente ordenó que se mantuviera el embargo. Su esposa Eleanor, que simpatizaba con la República, consideró que la medida era «un trágico error», y lamentó «no haberle presionado con más fuerza». El 11 de mayo, Portugal procedía al reconocimiento diplomático del régimen de Franco. Dos días después, los ruegos de Álvarez del Vayo a la Sociedad de Naciones para poner fin a la política de no intervención caían en oídos sordos. La República estaba condenada.

Sin embargo, la ofensiva de Franco contra Valencia no había salido como estaba planeada. Una vez más, los republicanos demostraron su heroica tenacidad en la lucha defensiva. Los generales nacionales José Varela, Antonio Aranda y Rafael García Valiño se encontraron con que el avance por el terreno rocoso del Maestrazgo hacia la costa resultaba lento y agotador; de hecho, habían subestimado la capacidad de los republicanos para contener a las tropas franquistas. Mandados con brillantez por el general Leopoldo Menéndez López y el coronel Durán, los republicanos se defendieron tenazmente. Mediante el uso de trincheras bien trazadas y de líneas de comunicación adecuadamente protegidas, los republicanos conseguían infligir a los nacionales grandes bajas, sufriendo a cambio relativamente pocas. Pese a todo, el avance rebelde era inexorable, aunque trabajoso. El 23 de julio de 1938 Valencia quedó directamente amenazada por las tropas nacionales, situadas a menos de cuarenta kilómetros. Si Valencia caía, la guerra habría terminado en realidad. Como respuesta, Negrín decidió preparar una contraofensiva espectacular, que contuviese la continua erosión del territorio republicano.

Negrín era muy consciente de la represión salvaje que imponían los franquistas a los territorios que conquistaban. Dijo a su amigo Juan Simeón Vidarte: «Yo no entrego indefensos a centenares de españoles, que se están batiendo heroicamente por la República, para que Franco se dé el placer de fusilarlos como ha hecho en su tierra, en Andalucía, en las Vascongadas, en cuantos pueblos ha puesto su pezuña el caballo de Atila». Por consiguiente, esperaba que si la República podía seguir luchando durante otro año, encontraría la salvación en la guerra general que creía inevitable.

El siempre previsor estratega del mando republicano, general Vicente Rojo, planeó un asalto a través del río Ebro, con el objetivo de restablecer el contacto con Cataluña. Iba a librarse la batalla más dura de toda la guerra. Con vistas a la ofensiva, se formó un Ejército especial del Ebro, bajo el mando del tiránico general comunista Juan Modesto. Todos los comandantes de división lo eran también, aunque algunos de ellos, como Líster, habían tenido divergencias con Modesto. El comandante del XV Cuerpo era el teniente coronel Manuel Tagüeña, que a la edad de veinticinco años era ya un jefe militar destacado. Al empezar la guerra Tagüeña estudiaba matemáticas y física en la universidad. Se alistó en la milicia de las JSU, ascendió de soldado raso y mandó sucesivamente una compañía, un batallón, una brigada, una división y finalmente todo un cuerpo de ejército. Como en las anteriores ofensivas, las mejores armas se distribuyeron a los comunistas. Los nacionales encargaron la defensa al abrupto general Juan Yagüe, un hombre sin pelos en la lengua. Una vez más, por un exceso de confianza sumado al deficiente trabajo de los servicios de información, los nacionales subestimaron la importancia y las dimensiones del ataque republicano.

Se había transportado en secreto hasta la orilla del río a una gran concentración de hombres, alrededor de ochenta mil. Las primeras unidades del ejército de Modesto cruzaron el río en botes, en la noche del 24 al 25 de julio. El resto lo cruzó al día siguiente en pontones. El avance abarcó una curva inmensa del Ebro desde Flix en el norte hasta Miravet en el sur. La sorpresa en las desguarnecidas líneas nacionales fue total. El Ejército Popular infligió severas pérdidas a los hombres de Yagüe, aunque la 14.a Brigada Internacional sufrió bajas cuantiosas y se vio obligada a retirarse. Río arriba, sin embargo, las fuerzas republicanas consiguieron establecer una sólida cabeza de puente aprovechando un amplio recodo del río. El día 1 de agosto llegaron a Gandesa, a cuarenta kilómetros del punto de partida, pero allí quedaron detenidos. El personal de Franco estaba inicialmente desmoralizado debido al éxito estratégico republicano, pero, como de costumbre, Franco se mantuvo impasible. Pidió refuerzos, incluida la Legión Cóndor, para taponar la brecha, y dio comienzo una desesperada, y en definitiva absurda, batalla por la reconquista del territorio cedido.

La aparente tranquilidad de Franco empezó a crear dudas entre sus valedores italianos. Mussolini se vio invadido por el pesimismo respecto a España, y dijo a Ciano: «Apunta en tu diario que hoy, 29 de agosto, profetizo la derrota de Franco… Los rojos son luchadores, Franco no». Esa batalla iba a durar tres meses. Pese a la insignificancia estratégica de la banda de terreno ocupada por los republicanos, Franco estaba decidido a recuperarla a toda costa. Parecía satisfecho con la oportunidad que se le presentaba de atrapar a los republicanos, rodearlos y destruirlos. Podía haber contenido a los republicanos y avanzar hasta una cercana e indefensa Barcelona. En cambio, prefirió, al margen de las bajas humanas, convertir Gandesa en un cementerio para el Ejército republicano. Con cerca de un millón de hombres alineados bajo sus banderas, podía permitirse el lujo de despilfarrar vidas. Su educación militar en las guerras de África no le predisponía a comportarse de otro modo.

Negrín tenía depositadas sus esperanzas en un aumento de la tensión europea que alertase a las democracias occidentales de los peligros que el Eje representaba para ellas. Franco era muy consciente de que una guerra general en Europa pondría en peligro la victoria de los nacionales. Sabía que la República se alinearía con Francia y Rusia contra Alemania y temía que si los republicanos recibían abundantes pertrechos, los nacionales se encontrarían prácticamente aislados de las potencias del Eje y amenazados por el Ejército francés. Por tanto, sintió un gran alivio cuando en la práctica la República fue condenada a muerte por la reacción británica a la crisis de Checoslovaquia. El Tratado de Múnich truncó las esperanzas de Negrín.

Los nacionales abrieron los diques de los ríos pirenaicos tributarios del Ebro y lograron con ello aislar a las fuerzas republicanas que se hallaban atrapadas en terreno montañoso con poca cobertura y escasos pertrechos. Tenían órdenes de no retirarse y resistieron tenazmente a pesar del feroz bombardeo de la artillería. Quinientos cañones dispararon contra ellos más de trece mil quinientos proyectiles diarios durante casi cuatro meses. Bajo un calor sofocante, con poca agua, a veces sin ella, bombardeados del amanecer al crepúsculo, siguieron resistiendo. Consciente de que Múnich había acabado con la última esperanza de Negrín de encontrar la salvación en una guerra europea, y cada vez más decidido a aniquilar al Ejército republicano, Franco reunió más de treinta mil soldados de refresco. Para tener garantizado el suministro de grandes cantidades de material alemán nuevo con el que pertrechar a estas tropas, hizo concesiones importantes al Tercer Reich relacionadas con el incremento de la participación en empresas mineras de la península y el Marruecos español. Fue una renuncia a la soberanía española que superó ampliamente las que hizo la República ante la URSS. El ministro de Asuntos Exteriores de Franco, el conde de Jordana, informó al embajador alemán de «la firme intención de la España nacional de continuar orientándose a Alemania en los planos político y económico una vez finalizada la guerra». Con la frontera francesa cerrada y la disminución de la ayuda soviética a la República, el material alemán obtenido así dio a Franco una ventaja crucial para la ofensiva final.

Los nacionales utilizaron la táctica de concentrar el fuego de la artillería y la aviación en zonas pequeñas previamente elegidas, y lanzar después contra ellas, al asalto, a los batallones de infantería. Incidentalmente, fue en la batalla del Ebro donde el as de la aviación alemana, teniente Werner Mölders, ensayó las tácticas con cazas que más tarde se convertirían en reglamentarias. A mediados de noviembre, con un terrible coste en bajas humanas, los franquistas habían empujado a los republicanos hasta las posiciones de partida que ocupaban en el mes de julio. Los restos del Ejército republicano, bajo el mando de Manuel Tagüeña, abandonaron la orilla derecha del Ebro a altas horas de la noche del 15 de noviembre de 1938, utilizando el puente de hierro de Flix para cruzarlo y volándolo después. Muchos tuvieron que cruzar el río a nado.

Durante 113 días casi doscientos cincuenta mil hombres habían chocado en una zona montañosa de aproximadamente quinientos kilómetros cuadrados. Ambos bandos sufrieron cuantiosas bajas durante la batalla del Ebro, aunque sigue siendo muy difícil conocer el número exacto. Un total aproximado de 13 250 españoles y extranjeros murieron: 6100 (el 47 por ciento) franquistas y 7150 (el 55 por ciento) republicanos. En proporciones parecidas, unos ciento diez mil resultaron heridos o mutilados. La muy fértil Terra Alta se convirtió en un inmenso cementerio; decenas de miles de hombres fueron enterrados a toda prisa, a muchos los dejaron donde habían caído y otros se ahogaron en el río. Todavía hoy es frecuente encontrar restos humanos en la región. La batalla echó a perder la cosecha de trigo y cebada en julio, la de almendras en agosto, la de uva en septiembre y la de aceitunas en noviembre. Al retirarse, los republicanos dejaron muchos muertos y gran cantidad de material precioso. Inmediatamente después de la contienda prisioneros republicanos obligados a trabajar para los Servicios de Recuperación del nuevo régimen recogerían 75 000 toneladas de material de guerra nuevo y bombas sin estallar. Durante años los habitantes de la región se ganarían la vida buscando metralla y chatarra (viure del ferro). Muchos civiles murieron al estallar las bombas que recogían.

La República había perdido su Ejército. El último esfuerzo desesperado había hecho que los nacionales se apuntaran una victoria decisiva. La República nunca se recuperaría y los franquistas pronto penetrarían en Cataluña. Y, así y todo, Vicente Rojo había alcanzado varios de sus objetivos al impedir la ofensiva contra Valencia y tentar a las principales fuerzas franquistas a librar una batalla en un terreno que impidió que su superioridad material y numérica tuviera el efecto esperado. Se habían infligido grandes pérdidas al enemigo, aunque a un precio muy elevado, y se había prolongado la guerra de acuerdo con la esperanza de Negrín de que las democracias tomaran conciencia de las ambiciones agresivas del Eje. Fue Múnich lo que convirtió el Ebro en una derrota rotunda.

En efecto, la República estaba derrotada, aunque se negó simplemente a aceptar el hecho. Madrid y Barcelona se vieron inundadas de refugiados, y la población llegó al límite de la depauperación. Negrín empezó de nuevo a buscar una fórmula que posibilitara un compromiso de paz. Como gesto de buena voluntad, la República propuso la retirada de los voluntarios extranjeros. Fernando de los Ríos, embajador de la República en Estados Unidos, insistió en la propuesta del gobierno: «España, desde el principio, ha estado en favor de la retirada de todos los elementos extranjeros, por dos razones. Primero, porque los elementos extranjeros no deben inferir en un conflicto puramente doméstico. Y segundo, porque estamos seguros de que, en el momento en que esos elementos desaparezcan, el fin de la Guerra Civil estará muy próximo». La propaganda republicana presentaba la guerra cada vez más como un combate patriótico para expulsar de España a los invasores extranjeros. Junto a la liquidación de los últimos residuos de la revolución y la reapertura de las iglesias, todo ello constituía un vano esfuerzo por preparar una posible paz negociada.

El 29 de octubre de 1938 tuvo lugar en Barcelona un desfile para despedir a las Brigadas Internacionales. En presencia de miles de españoles que aplaudían con lágrimas en los ojos, la dirigente comunista Dolores Ibárruri, la Pasionaria, pronunció un discurso emotivo y conmovedor: «¡Camaradas de las Brigadas Internacionales! Razones políticas, razones de Estado, la salud de esa misma causa por la cual vosotros ofrecisteis vuestra sangre con generosidad sin límites, os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia… No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved! Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria». Ante la mirada lúgubre del presidente Azaña desfilaron entonces los brigadistas mientras el público echaba flores a su paso.

Es difícil calcular el número exacto de voluntarios. Las cifras varían entre un mínimo de 40 000, a un máximo de 60 000, los cuales vinieron de cincuenta países distintos para luchar contra el fascismo en España. Casi el 20 por ciento de ellos había muerto y la mayoría había sufrido heridas de distinta gravedad. En octubre de 1938 permanecían en España 12 673. Comenzaron el lento viaje de vuelta a sus casas o al exilio, y en muchos casos hacia un destino más aterrador todavía que todo lo que habían sufrido. Muchos cayeron en manos de los nazis cuando ocuparon Francia, y otros, procedentes del este, murieron en las purgas estalinistas, culpados de haber visto la vida en Occidente. Los supervivientes no podrían regresar a España hasta después de la muerte de Franco, treinta y siete años más tarde. Sin embargo, parte de la profecía de Dolores Ibárruri se hizo realidad cuando a finales de 1995, el gobierno socialista de Felipe González otorgó la ciudadanía española a los brigadistas supervivientes.

La marcha de las Brigadas Internacionales no dejaba a la población republicana ninguna duda acerca de la inminencia de la derrota. Solo se mantenía la resistencia bélica por el miedo a la determinación de Franco, difundida por todos los medios, de acabar con el liberalismo, el socialismo y el comunismo en España. El 7 de noviembre Franco dijo al vicepresidente de la United Press, James Miller: «No habrá mediación. No habrá mediación porque los delincuentes y sus víctimas no pueden vivir juntos». Y añadió en tono amenazador: «Tenemos en nuestro archivo más de dos millones de nombres catalogados con las pruebas de sus crímenes». El nuevo embajador alemán, el barón von Stohrer, escribió a la Wilhelmstrasse el 19 de noviembre de 1938: «Los principales factores que separan todavía a las partes beligerantes son la desconfianza, el miedo y el odio. El primero de ellos afecta en especial a los blancos y el segundo a los rojos, mientras que el odio y el deseo de venganza afectan casi por igual a ambos bandos». Franco tenía ya plenamente experimentada su política de venganza institucionalizada. Los archivos y la documentación política capturados en cada una de las ciudades caídas en poder de los nacionales se guardaban en Salamanca. Cuidadosamente revisados, proporcionaron un inmenso índice de fichas de los miembros de partidos políticos, sindicatos y logias masónicas. Apenas puede sorprender en tales circunstancias que la zona republicana se mantuviera en pie de guerra, por temor a las represalias franquistas.

El 23 de diciembre de 1938, Franco puso en marcha su ofensiva final. Disponía de nuevo equipo alemán y de tropas suficientes para poderse permitir relevarlas cada dos días. Los abatidos republicanos solo pudieron oponer una débil resistencia. A principios de 1939 Barcelona era una ciudad llena a rebosar de decenas de miles de refugiados hambrientos procedentes de toda España. Poco duró su respiro de la implacable persecución por parte de las tropas del general Franco. El gobierno republicano, que se había trasladado de Valencia a Barcelona en octubre de 1938, siguió su camino hacia el norte y se instaló en Gerona el 25 de enero de 1939. Al día siguiente los rebeldes entraban en la exhausta capital de Cataluña. Las calles estaban desiertas. El siempre desagradable Luis Bolín comentó: «El hedor era espantoso. Las calles, sin barrer durante años, estaban cubiertas de hojas marchitas y de basura, parte de la suciedad acumulada que los rojos iban pasando a cada ciudad que ocupaban… El polvo del Ritz, el mejor hotel de la ciudad, tenía varios dedos de espesor». Mientras Bolín iba organizando unas mujeres de limpieza, cerca de medio millón de refugiados marchaba penosamente hacia el norte.

Cuando el 23 de enero se recibió la noticia de que los nacionales habían llegado al río Llobregat, unos cuantos kilómetros al sur de la ciudad, empezó un éxodo colosal. Centenares de miles de mujeres, niños y ancianos aterrorizados y de soldados vencidos emprendieron el camino de Francia. Bajo un frío atroz, soportando aguanieve y nieve, por carreteras bombardeadas y ametralladas por aviones nacionales, muchas personas andaban envueltas en mantas y aferrando unas cuantas pertenencias, algunas niños de pecho. Hubo mujeres que dieron a luz junto a la carretera. Hubo recién nacidos que murieron de frío y niños que perecieron pisoteados. Los que podían se apretujaban en todos los tipos de transporte imaginables. A partir del 28 de enero el gobierno francés permitió de mala gana que los primeros refugiados cruzasen la frontera. La retirada de la desdichada masa humana que avanzaba lentamente hacia el norte fue cubierta por el heroísmo desesperado de los restos del Ejército republicano.

Lo que quedaba de las Cortes republicanas celebró su última reunión en Figueras, cerca de la frontera francesa. El domingo 6 de febrero, pese a que Negrín intentaba aún convencerle de que volviera a Madrid, el presidente de la República, Manuel Azaña, optó por el exilio. Las circunstancias de su marcha, descritas unos meses más tarde en carta a su amigo Ángel Ossorio, simbolizaban la situación de la República. Partió al alba, con el presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio, en un pequeño convoy de coches policiales. El coche de Martínez Barrio se averió y Negrín, que les acompañaba, intentó apartarlo a empujones del camino. El presidente hubo de cruzar la frontera a pie. Tres días más tarde le seguían el primer ministro Negrín y el general Rojo. Miaja quedaba al mando del resto de las fuerzas republicanas. A finales de febrero Azaña dimitió, y su sucesor designado constitucionalmente, Diego Martínez Barrio, se negó a regresar a España. Como Gran Bretaña y Francia habían anunciado ya el reconocimiento del gobierno de Franco, la República quedó presa en un atolladero desde el punto de vista constitucional: ni siquiera estaba clara la legalidad del gobierno Negrín.

Sin embargo, una amplia zona que representaba aproximadamente el 30 por ciento del territorio español seguía todavía en manos de la República. Se había asignado el mando global de esa zona central al general Miaja, aunque residía la mayor parte del tiempo en Valencia. Negrín y Álvarez del Vayo viajaron por vía aérea de Francia a Alicante el día 9 de febrero. Negrín alimentaba todavía la vana esperanza de resistir hasta el estallido de una guerra europea que obligara a las democracias occidentales a comprender que la República había estado durante toda la guerra española librando su misma lucha. Aunque la resistencia militar era ya imposible, los comunistas estaban decididos a proseguirla hasta el amargo final con objeto de capitalizar políticamente la «deserción» de sus rivales. En cambio, los republicanos no comunistas deseaban una paz en los mejores términos que pudieran negociarse. Sus esperanzas tenían muy poco sentido a la luz de la Ley de Responsabilidades publicada por Franco el 13 de febrero, en la que se condenaba a los seguidores de la República de un crimen, el de rebelión militar, que en el confuso mundo moral de Franco significaba oponerse a su golpe militar. Con independencia de la convicción de Negrín de las posibilidades de salvación de la República en el caso de que estallara una guerra europea, no parecía quedar más opción que seguir luchando. Regresó a España y convocó a los mandos militares para exhortarles a continuar la resistencia. Solo los comunistas le apoyaron.

El 4 de marzo, el ascético coronel Segismundo Casado, comandante del Ejército republicano del Centro y sustituto efectivo de Miaja, decidió por su cuenta poner fin a lo que veía cada vez más como una carnicería sin sentido. Junto a los desilusionados líderes anarquistas y al distinguido catedrático de lógica y socialista Julián Besteiro, Casado formó una Junta de Defensa Nacional anti-Negrín, con la esperanza de que sus contactos con Burgos facilitarían la negociación con Franco. Tal vez confiaba también en que si protagonizaba un levantamiento militar «para salvar a España del comunismo», de algún modo Franco le trataría con mayor benevolencia. Se ha sugerido que Casado era un agente de los británicos. Es poco probable, pero ciertamente estaba en contacto con representantes británicos en Madrid, que probablemente le animaron en sus esfuerzos por poner fin a la guerra. Casado era un hombre sin ambiciones personales y un militar capaz, que actuó motivado por el disgusto que le producía oír hablar a Negrín y a los comunistas de resistir hasta el final, mientras al mismo tiempo hacían gestiones para sacar fondos de España y apalabraban los aviones que debían transportarles al exilio. La revuelta de Casado contra el gobierno republicano fue la chispa que encendió lo que era ya la segunda guerra civil dentro de la Guerra Civil, en la zona republicana.

La acción de Casado recibió un apoyo inesperadamente amplio porque la población ya estaba muy cansada de la guerra. El hambre y la desmoralización habían cundido en la zona central, donde la hostilidad que en los anarquistas y los socialistas despertaban los comunistas y su política de resistencia hasta el fin no hacía más que reflejar el deseo de que la guerra terminase. La contribución de Besteiro tuvo una importancia capital. Besteiro había cultivado esmeradamente su fama de hombre recto, por lo que su participación en la Junta Nacional de Defensa dio a esta una legitimidad que en otro caso no hubiera tenido. La decisión de Casado y Besteiro quitó sentido al derramamiento de sangre y los sacrificios de los tres años anteriores al emular el golpe militar del 18 de julio de 1936 contra un supuesto peligro comunista. Casado pecó de ingenuo al creer que Franco pensaría en la posibilidad de algún armisticio y Besteiro pecó de ignorancia culpable al minimizar la represión que probablemente se desataría en la posguerra. Ya había establecido contacto con la «quinta columna» franquista y, al parecer, se creía capaz de ser la barrera moral entre los vencedores y los vencidos. Al igual que hicieron en toda España muchos hombres menos inteligentes y menos cultos que él, aceptó la afirmación franquista de que todas las personas que no fuesen culpables de delitos comunes no tenían que temer por su vida y su libertad.

Lo sucedido en Madrid despertó ecos en todas partes. El gobernador militar de Valencia, general José Aranguren, se negó a entregar su mando al tosco Enrique Líster. La decisión de Negrín de nombrar al comandante comunista Francisco Galán para hacerse cargo de la base naval de Cartagena desencadenó una rocambolesca serie de acontecimientos. Un grupo de oficiales de artillería, de ideas similares a las de Casado, se rebeló contra Galán. Pronto se sintieron confusos al ver secundada su acción por simpatizantes franquistas, derechistas jubilados y falangistas locales. Los falangistas se apoderaron de la emisora de radio local. Se produjeron refriegas esporádicas entre Galán, los artilleros republicanos anticomunistas y los franquistas. Finalmente, las fuerzas fieles a Negrín restablecieron el control, no sin que las baterías costeras hubieran disparado sobre la flota.

Mientras tanto, en Madrid habían empezado las detenciones de comunistas el 6 de marzo. El general Miaja accedió tardíamente a unirse a la Junta y fue nombrado presidente de la misma. La mayor parte de la dirección del PCE había abandonado ya España. Desde Francia denunciaron a la Junta de Casado en términos virulentos. El 7 de marzo, Luis Barceló, comandante del Cuerpo del Ejército del Centro, decidió emprender una acción más directa. Sus tropas rodearon Madrid, y durante varios días se produjeron violentos combates en la capital de España. El IV Cuerpo, mandado por el anarquista Cipriano Mera, consiguió finalmente una posición ventajosa y el día 10 de marzo se acordó el alto el fuego. Barceló y otros oficiales comunistas fueron arrestados y ejecutados. Con ello finalizó el predominio comunista en la zona central. La relativa facilidad con la que la Junta de Casado estableció su control de la situación revela lo absurdo de las acusaciones de que la República estaba en las garras soviéticas. Mientras tanto, Casado intentaba negociar una capitulación con Franco. Como era de esperar, el Caudillo solo estaba interesado en oír hablar de rendición incondicional. Su determinación de no llegar a ningún tipo de compromiso se reflejó después de la guerra en los campos de trabajo, en los 500 000 presos y en las 150 000 muertes sobre las que edificó su dictadura. Casado y todos los miembros de la Junta de Defensa excepto Besteiro marcharon al exilio. Besteiro se quedó en Madrid creyendo que podría ayudar a otros a escapar, pero alegremente inconsciente de que la acción de Casado había saboteado de forma grave toda posibilidad de organizar como era debido la evacuación de quienes corrían peligro. Acusado de «rebelión militar», sería sometido a un consejo de guerra por parte de generales rebeldes y condenado a treinta años de cárcel, donde moriría.

Al quedar brutalmente en evidencia la bancarrota de los planes de Casado, en todo el frente las tropas republicanas empezaron a rendirse o sencillamente a marchar de vuelta a sus casas, aunque algunos se refugiaron en las montañas y organizaron allí una resistencia guerrillera que duraría hasta el año 1951. El 26 de marzo Franco inició un gigantesco avance en un amplísimo frente sin encontrar virtualmente oposición. Los nacionales entraron en un Madrid silencioso y aterrado el 27 de marzo. Luis Bolín se mostró tan despectivo como en Barcelona hacia las personas desconcertadas y pobremente vestidas que recibieron a los vencedores, así como hacia el hecho de que la ciudad «oliera horrible y estuviera sucia». El 31 de marzo de 1939, toda España estaba en poder de los nacionales. El parte final emitido desde el cuartel general de Franco, el día 1 de abril, decía: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Franco tuvo la satisfacción de recibir un telegrama del Papa agradeciéndole el inmenso gozo que le había producido la «victoria católica» de España. Era una victoria que había costado más de medio millón de vidas y que iba a costar más todavía. Los republicanos que consiguieron apoderarse de algún medio de transporte se precipitaron hacia los puertos mediterráneos. Después de esperar en vano su evacuación en el puerto de Alicante, algunos se suicidaron para evitar caer en manos de la Falange. Quienes consiguieron pasar la frontera francesa se vieron sujetos a toda clase de humillaciones y, finalmente, hacinados en campos de concentración. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron conducidos a campos temporales para prisioneros. A los soldados los desarmaron y llevaron a campos insalubres que se habían improvisado apresuradamente en la costa marcando con alambradas de púas secciones de la playa. Bajo la mirada inexpresiva de guardianes senegaleses, improvisaron refugios excavando la arena húmeda.

Gustav Regler, un comisario comunista alemán que había luchado con las Brigadas Internacionales, estaba en la frontera buscando a algunos de sus hombres. Más tarde describió así las degradantes escenas que presenció:

Aquella tarde llegaron las tropas republicanas. Fueron recibidos como si se tratara de vagabundos… Se preguntó a los españoles qué llevaban en los macutos y las bolsas de mano, y contestaron que al rendirse habían tenido que entregar los fusiles y todas las armas que poseían. Pero los franceses señalaron desdeñosamente los macutos y pidieron que los abriesen. Los españoles no entendían. Hasta el último momento persistían en el trágico error de creer en la solidaridad internacional… El camino polvoriento que pisaban aquellos hombres desarmados no era únicamente la frontera entre dos países, era un abismo abierto entre dos mundos. Ante los ojos del Prefecto y de los generales, los hombres de la Garde Mobile tomaron las bolsas y mochilas que contenían los efectos personales de los españoles, y las vaciaron en una zanja rellena de cal viva. Nunca he visto tanta rabia e impotencia como las que reflejaron los ojos de aquellos españoles. Estaban rígidos como si se hubieran vuelto de piedra; no entendían lo que ocurría.

X. La paz de Franco

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La paz de Franco.

Para cuantificar el número de muertes que causó la represión en la posguerra, es necesario reconocer que las palabras «después de la Guerra Civil» tienen significados distintos en diferentes partes de España. En Castilla la Vieja, Sevilla, Granada, Córdoba, Huelva, Cádiz, Cáceres, Galicia y Zaragoza, la «guerra» terminó al cabo de unas horas o unos días de producirse el golpe militar. Por consiguiente, las cifras que importan son las que corresponden a las personas que murieron a manos de quienes ejercían un control ilimitado en cada zona. Las muertes en la zona republicana se registraban cuidadosamente. La maquinaria del Estado las investigaba a conciencia cuando zonas republicanas caían en poder de los franquistas. El estudio detallado ha producido cifras de aproximadamente cincuenta mil muertes como resultado de la represión política o de la violencia incontrolada en la zona republicana.

En la zona nacional las muertes no se registraban de modo parecido salvo en los casos en que eran resultado de consejos de guerra sumarios (y, por supuesto, totalmente ilegales). Así pues, hay miles más de muertos que sencillamente desaparecieron. La mayoría de las muertes no se registraban y muchas veces simplemente se enterraba a las víctimas en fosas comunes colectivas. Desde la muerte de Franco los historiadores locales han hecho enormes esfuerzos por recuperar la documentación que se conservaba, en algunas zonas con más rigor que en otras. Es sobre esta base que ahora pueden calcularse seriamente las cifras y estas inducen a pensar que los asesinatos en la zona nacional fueron entre el triple y el cuádruple de los que se cometieron en territorio republicano.

Aparte de quienes murieron en los campos de batalla, decenas de miles de personas fueron ejecutadas oficialmente, asesinadas judicialmente, entre el otoño de 1936 y 1945, cuando la derrota del Eje obligó al Caudillo a ser más prudente. Algunas fueron arrojadas vivas al mar desde acantilados o a ríos profundos desde puentes elevados. A otras las fusilaron ante las tapias de un cementerio o junto a una carretera y las enterraron allí mismo, en sepulturas poco profundas, o las arrojaron a pozos de minas abandonadas. Durante decenios sus familias vivieron aterrorizadas, sin poder llorarlas de forma apropiada, sin saber con seguridad la suerte que habían corrido sus madres o sus padres, sus esposos o sus hijos.

Una indicación de la escala de la represión la da el hecho de que en treinta y seis de las cincuenta provincias de España estudiadas total o parcialmente antes de 2005 se habían descubierto los nombres de 92 462 personas asesinadas judicialmente. La extrapolación de los probables resultados de las provincias que aún no se han investigado hace pensar que, en términos de muertos identificables, principalmente las víctimas de «ejecuciones judiciales», tal vez la cifra final sea del orden de 130 000. Sin embargo, hubo otras personas, probablemente un mínimo de 50 000, a las que asesinaron sin siquiera un simulacro de juicio. Las personas cuyos nombres se han identificado son las que fueron ejecutadas después de un seudojuicio o las que fueron enterradas en cementerios donde se llevaba un registro, o ambas cosas. A ellas hay que añadir las personas asesinadas cuyos nombres no pueden saberse. Quizá nunca será posible calcular el número exacto de personas asesinadas junto al camino que recorrieron las columnas africanas que violaron, saquearon y asesinaron durante su avance de Sevilla a Madrid. ¿Y las que fueron asesinadas en campo abierto por las patrullas montadas de falangistas y carlistas que «limpiaban el campo» cuando las columnas reanudaban su avance? ¿Y las que huyeron de su ciudad o su pueblo y fueron asesinadas en otra parte, sin que nadie reconociera sus cadáveres?

Para dar una idea del número de muertes que aún se desconocen, podemos examinar el caso de Valladolid, llamada a la sazón «la capital del alzamiento», en parte porque allí el golpe militar triunfó con mucha rapidez. Después de tres años de investigación exhaustiva, un equipo de veinticinco personas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid encontró pruebas de 2000 muertes violentas en la provincia además de las 1300 personas que se sabe que fueron asesinadas judicialmente. En 2005 calcularon que las cifras totales correspondientes a Valladolid serán probablemente de alrededor de 5000.

Una idea distinta de las complicaciones la da la provincia de Jaén. La investigación oficial franquista, la Causa General, alcanzó una cifra de 1875 derechistas asesinados mientras la provincia estuvo en poder de los republicanos. El posterior estudio franquista a cargo del general Ramón Salas Larrazábal hinchó las cifras de derechistas asesinados a 3049 y dio una cifra de 857 izquierdistas asesinados en la represión, 606 en la zona de la provincia que estuvo en poder de los franquistas durante la guerra y 251 después. Posteriores investigaciones efectuadas en la provincia redujeron el número de víctimas derechistas identificables a 1368. Sin embargo, la minuciosa investigación pueblo por pueblo del historiador local Luis Miguel Sánchez Tostado ha vuelto a cambiar las cifras. En el año 2005 había descubierto detalles de 1859 derechistas asesinados o fallecidos en la cárcel, frente a 3278 víctimas de la represión franquista.

En toda España las excavaciones arqueológicas están revelando indicios de los horrores de la Guerra Civil. Un ejemplo típico fue lo que sucedió entre julio de 1936 y diciembre de 1937 cerca del pueblo de Concud, en la provincia de Teruel. En Los pozos de Caudé, que tienen una embocadura de 2 metros cuadrados y una profundidad de 84 metros, se arrojaron los cadáveres de 1005 hombres y mujeres, incluidos chicos y chicas adolescentes. Pocas de estas personas militaban en política. Su crimen fue sencillamente criticar el golpe militar, estar emparentadas con alguien que había huido, tener una radio o haber leído periódicos liberales antes de la guerra. A algunos los mataron guardias civiles; a otros, falangistas de sus propios pueblos. Sus familias tardaron sesenta y ocho años en averiguar la verdad. Debido al miedo nadie se acercaba al pozo, aunque de vez en cuando alguien dejaba ramos de flores cerca de él. Cuando los socialistas subieron al poder la gente empezó a dejar ofrendas florales en pleno día. Luego, en 1983, se presentó un agricultor de la comarca que dijo que tenía apuntado en una libreta el número de tiros de gracia que había oído todas las noches durante la Guerra Civil. Eran más de mil.

El interés de los medios de difusión por Caudé y otras fosas comunes se intensificó después del año 2000 cuando un joven sociólogo navarro, Emilio Silva-Barrera, empezó a investigar la suerte de su abuelo, que había desaparecido en León durante los primeros meses de la contienda. Salvando el muro de silencio y miedo que el régimen franquista había construido, y que había resistido la transición a la democracia, Silva-Barrera descubrió la verdad. Al amanecer del 16 de octubre de 1936 su abuelo y otros doce republicanos habían sido asesinados por pistoleros falangistas en las afueras de Priaranza del Bierzo, cerca de Ponferrada, y enterrados en un campo junto a la carretera. Emilio Silva-Faba era tendero y padre de seis hijos de entre tres meses y nueve años de edad y su delito era pertenecer al partido de centroizquierda, Izquierda Republicana. Su nieto localizó luego el lugar donde estaba enterrado y persuadió a un grupo de arqueólogos y expertos en medicina forense a participar en las excavaciones. Los análisis del ADN de los huesos exhumados identificaron a Emilio Silva-Faba.

Como resultado de este «éxito» en toda España han surgido delegaciones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que han recibido miles de solicitudes de ayuda en la localización de los restos de parientes. Es imposible calcular con exactitud el número de cadáveres que yacen en sepulturas poco profundas en muchos lugares de España. Existen fosas comunes gigantescas en Extremadura, donde hubo asesinatos en masa en el campo de concentración de Castuera, en Asturias —tanto en Oviedo con 1600 como en Gijón con 2000— y en varias partes de Andalucía. Solo en Cataluña el gobierno autonómico ha localizado 54 sepulturas de este tipo con 4000 cadáveres en Barcelona. Hay sepulturas en toda España. Los parientes presencian las tareas de excavación con nerviosismo, como las personas que esperan a los equipos de salvamento en los desastres mineros o los terremotos. Las personas que nunca supieron qué les sucedió a sus seres queridos, aunque saben que fueron asesinados, siguen esperando la confirmación definitiva con horror e inquietud. Cuando llega, como ocurre a veces, pueden expresar, estremecidas, el dolor acumulado y no reconocido.

Fue un juez de instrucción español, Baltasar Garzón, quien persiguió al general Pinochet en nombre de los «desaparecidos» en Chile. Sin embargo, en España, donde hay diez veces más casos, a pesar de la iniciativa particular de Emilio Silva, que llevó el caso a las Naciones Unidas, el gobierno del Partido Popular se negó a destinar recursos a la investigación. Las cosas empezaron a cambiar bajo el gobierno del PSOE. No obstante, todavía no existe un censo nacional de los muertos, ningún equipo de historiadores se ocupa del problema, no hay fondos para las pruebas del ADN. El gobierno, sin embargo, contribuye al mantenimiento de las tumbas de los voluntarios falangistas que lucharon al lado de los alemanes en el frente ruso. Además, desde hace algún tiempo historiadores de derechas responden a la labor de la Asociación resucitando la propaganda franquista que da a entender que los «rojos» sencillamente recibieron su merecido. Los más virulentos entre ellos aparecen con regularidad en los primeros puestos de las listas de libros más vendidos, y la Guerra Civil española se está luchando otra vez sobre el papel.

Hasta el día de su muerte Franco mantuvo vengativamente a España dividida entre los vencedores y los vencidos de 1939. Este benévolo padre de su nación consideraba la Guerra Civil como «la lucha de la patria contra la antipatria», y a los vencidos, como la «canalla de la conspiración judeo-masónica-bolchevique». Es difícil conciliar la visión de Franco como patriota magnánimo con el lenguaje psicopatológico utilizado por los franquistas para presentar a sus compatriotas de izquierdas como seres infrahumanos: canalla sucia, asquerosa, pestilente, depravada, chusma, putas y criminales. Este lenguaje justificaba la necesidad de «purificación», eufemismo de la más amplia represión física, económica y psicológica. Poco importaba a los vencedores el coste en sangre de salvar el alma de la nación. Al igual que la Volksgemeinschaft nazi y los gulags soviéticos, la dictadura de Franco también se embarcó en un proceso de «reconstrucción» nacional por medio de la ejecución, el exilio forzoso, el encarcelamiento, la tortura y la humillación económica y social de centenares de miles de españoles derrotados en la contienda civil de 1936-1939. La persecución de los compatriotas a los que se consideraba pertenecientes a la «anti-España» (izquierdistas o liberales y sus familias extendidas, todos los cuales se convirtieron en «no personas» sin derechos civiles) afectó a millones de españoles.

Desde los primeros días de la guerra el terror había sido un instrumento crucial de los militares sublevados. Pero Franco le añadió la determinación de aniquilar a tantos republicanos como fuera posible. A pesar de las esperanzas alemanas e italianas de una rápida victoria de los nacionales, el objetivo de Franco era la ocupación gradual y total del territorio republicano. Ya el 4 de abril de 1937, al empezar la campaña contra el País Vasco, declaró al embajador italiano Roberto Cantalupo que «debemos llevar a cabo la tarea necesariamente lenta de redención y pacificación». Lo que él llamaba «redención moral» se pondría de manifiesto en las matanzas que siguieron a las capturas de cada ciudad, de Badajoz, de Talavera de la Reina, de Toledo, de Málaga, de Gijón, de Santander, de Teruel y de Barcelona. La determinación de Franco de avanzar despacio partía de su convencimiento de que ello garantizaría que nunca habría una vuelta atrás, no solo por medio de la eliminación física de miles de liberales e izquierdistas, sino también sembrando el terror a largo plazo entre otros españoles para obtener su apoyo político o sumirlos en la apatía. Franco era plenamente consciente de la medida en que la represión no solo aterrorizaba al enemigo, sino que, además, hacía que quienes se encargaban de ponerla en práctica quedaran ligados de forma inextricable a la supervivencia del propio general. La complicidad de esta gente garantizaba que se aferrarían a él como única defensa contra la posible venganza de sus víctimas.

En el sur fue tal vez donde los horrores fueron más grandes porque un Ejército colonial aplicó contra la población civil las técnicas terroríficas utilizadas en las guerras de África. La ferocidad del terror no estaba relacionada con la fuerza de la resistencia de la clase trabajadora. En el caso de Badajoz, donde la resistencia fue encarnizada, los nacionales mataron a casi cuatro mil personas en una semana. La represión también fue sangrienta en los barrios obreros de Sevilla, donde los trabajadores se opusieron al golpe, pero en Huelva, donde la derecha se impuso con relativa facilidad, la represión se cobró más de seis mil vidas. Lo que sucedió en Huelva fue representativo de lo que tuvo lugar en todas las partes del territorio en poder de los sublevados y no solo en los lugares que hubo que conquistar mediante la fuerza militar. Hubo represión en sitios donde los militares rebeldes triunfaron de forma inmediata y prácticamente no hubo resistencia. No fue obra de elementos incontrolados como ocurrió en la zona republicana, donde la sublevación militar había provocado el derrumbamiento total de todo el aparato de orden público. Las autoridades militares hubieran podido frenar en cualquier momento a los falangistas y otros elementos encargados de las matanzas sistemáticas. Sin embargo, los militares animaron activamente a miles de elementos civiles a hacer una guerra sucia.

Era común violar a las viudas y las esposas de los prisioneros. Los conquistadores usaban generalmente su posición para exigir una gratificación sexual. Existen diversos testimonios sobre uno de los más notorios ejemplos de este comportamiento, el hombre que Queipo de Llano designó para supervisar la represión en Sevilla, el capitán Manuel Díaz Criado. El jefe de Propaganda de Queipo, Antonio Bahamonde, escribió más tarde que «solo las mujeres jóvenes eran recibidas en su despacho. Sé de casos de mujeres que salvaron a sus deudos sometiéndose a sus exigencias». El sufrimiento de las supervivientes de la represión no acabó con la viudedad o con los abusos sexuales. Requisaron sus casas, los muebles, las máquinas de coser e «incautaron» cualquier cosa que fuera transportable. No se trataba solo del ordinario saqueo de relojes o joyas que hacían los soldados. Robaban las explotaciones agropecuarias y los negocios, y en algunos casos los conquistadores hicieron importantes fortunas. Cuando el comandante Gregorio Haro Lumbreras fue cesado como gobernador civil de Huelva, se dijo que sus efectos personales ocupaban tres camiones. Muchas se vieron obligadas a vivir en la miseria total y con frecuencia, empujadas por la desesperación, a venderse por las calles. El aumento de la prostitución benefició a los hombres de Franco, que de esta forma aplacaron su lujuria, y también sirvió para que no les cupiera duda alguna de que las mujeres «rojas» eran fuente de suciedad y corrupción.

A medida que iban conquistándose las regiones de España empezaba un proceso de purga política y social. A menudo se justificaba citando las atrocidades perpetradas por los izquierdistas a pesar de que en muchos lugares el golpe militar había triunfado en cuestión de días, cuando no de horas, y no se habían cometido tales atrocidades. Hubo incrementos sucesivos y enormes del número de prisioneros después de la conquista del norte en 1937, la ocupación del este de Aragón en la primavera de 1938, la batalla del Ebro, la caída de Cataluña y, de forma masiva, al finalizar la contienda. El sistema penitenciario franquista era caótico, improvisado y absolutamente arbitrario. Centenares de miles de personas que se libraron de las matanzas cometidas al azar fueron recluidas en condiciones de extrema degradación en prisiones y campos de concentración. La situación en los campos no era meramente una reacción al problema que planteaba el número de prisioneros de guerra, sino que era también un pilar fundamental de la política de Franco de dividir a vencedores y vencidos. Se tachaba a los vencidos de enemigos permanentes, separándolos de la sociedad porque no compartían los valores sobre los que se estaba edificando el Estado franquista. Los campos proporcionaban un aparato para la aplicación de castigos en masa y la subsiguiente represión social, moral, ideológica y política de los republicanos.

Al principio había casi doscientos campos, algunos provisionales, al crear los victoriosos franquistas centros de detención para internar y clasificar a los prisioneros de guerra. La primera función de los campos era dividir a los prisioneros en dos categorías: los que se consideraban «recuperables» después de reeducarlos y los no recuperables. A estos últimos los fusilaban. La siguiente categoría la formaban los que se reintegraban por medio del trabajo forzoso penado, que estaba a cargo del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. Más de cien campos siguieron existiendo hasta bien entrado el decenio de 1940 como centros de coacción, humillación y explotación. El último de ellos, en Miranda de Ebro, no se cerró hasta 1947. Más de cuatrocientos mil prisioneros pasaron por los campos. Después de la clasificación a muchos de los que no eran ejecutados los enviaban a Colonias Penitenciarias Militarizadas, Destacamentos Penales o Trabajos de Regiones Devastadas. Muchos prisioneros republicanos en espera de que los clasificasen eran enviados a Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. A pesar de que a los prisioneros se les consideraba no españoles, no se respetaba en absoluto la Convención de Ginebra y los prisioneros eran sistemáticamente maltratados, torturados y obligados a trabajar.

La existencia de estos campos fue causa de considerable oprobio para el régimen de Franco. Tratando de probar que la trayectoria del régimen era inmaculada, a finales de 1950 el embajador español en París, Manuel Aguirre de Cárcer, envió un despacho al ministro de Asuntos Exteriores en Madrid, Alberto Martín Artajo, en el que solicitaba permiso para invitar a la Commission Internationale contre le Régime Concentrationaire a visitar España. La Commission representaba, entre otras naciones, a la República española en el exilio. Después de que el ministro diera largas al asunto durante dos años, en 1952 se produjo un hecho asombroso al concederse permiso para que la Commission fuese a España y «entrase en unos “centros en los que se aplican las modernas y humanitarias doctrinas implantadas por nuestro Régimen e inspiradas en los cristianos principios de la redención por el trabajo”». La investigación de la Commission, a pesar de las enormes limitaciones que se impusieron a su libertad de movimientos, produjo conclusiones sorprendentes sobre la naturaleza arbitraria del encarcelamiento en masa y el intenso hacinamiento. El gobierno franquista denunció el informe, tachándolo de sarta de mentiras, y afirmó que los «trabajos forzados» que había descubierto la Commission eran en realidad un régimen benévolo de «redención cristiana».

La tortura era la explicación del gran número de suicidios que se registraban en las prisiones, y las autoridades, que se sentían estafadas por estas «escapatorias» de su justicia, reaccionaban con frecuencia ejecutando a algún pariente del prisionero suicida. Parte fundamental de la represión era la explotación económica sistemática de la clase trabajadora, tanto la rural como la industrial. Muchos miles de personas fueron obligadas a trabajar —y morir— en condiciones inhumanas en destacamentos penales y batallones de trabajo. La amenaza de cárcel forzaba a millones de trabajadores a aceptar salarios ínfimos.

La humillación social y la explotación de los vencidos se justificaba en términos religiosos afirmando que era la necesaria expiación de sus pecados y también en términos propios del darwinismo social. Denunciando a los vencidos por degenerados, se les quitaban a sus hijos a la vez que psiquiatras militares llevaban a cabo experimentos con las prisioneras en busca del «gen rojo». En las prisiones se hacían enormes esfuerzos por quebrantar no solo el cuerpo, sino también la mente de los reclusos. El hombre que supervisaba el proceso era el comandante Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército nacional. Creó el Laboratorio de Investigaciones Psicológicas, cuya misión era efectuar estudios psicológicos de los prisioneros de los campos de concentración con el fin de determinar «las raíces biopsíquicas del marxismo». Los resultados de sus investigaciones dieron una gran alegría al alto mando militar porque le proporcionaron argumentos «científicos» para justificar sus opiniones sobre la naturaleza infrahumana de sus adversarios, por lo cual fue ascendido a coronel.

Un buen ejemplo de lo que significaba realmente la redención por Franco se encontraba en lo que ocurrió en Cataluña después de su caída en poder de los nacionales en enero de 1939.

El desfile formal de entrada en Barcelona fue encabezado por el cuerpo de Ejército de Navarra, bajo el mando del general José Solchaga. Se les concedió este honor, según un oficial británico agregado al cuartel general de Franco, «no porque hubieran combatido mejor, sino porque son los que saben odiar mejor. Es decir, cuando el objeto de su odio es Cataluña o los catalanes». Un amigo de Franco, Víctor Ruiz Albéniz («El Tebib Arrumi») publicó un artículo declarando que a Cataluña había de imponerle «un castigo bíblico (Sodoma, Gomorra) para purificar la ciudad roja, la sede del anarquismo y del separatismo…, como único remedio para extirpar esos dos cánceres por el termocauterio implacable». Para Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y ministro del Interior, el nacionalismo catalán era una enfermedad que había que exterminar. El hombre a quien nombró como gobernador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, proclamaba que «España se alzó, con tanto o mayor fiereza contra los Estatutos desmembradores que contra el comunismo» y que cualquier tolerancia del regionalismo llevaría otra vez a «el mismo proceso de putrefacción que acabamos de extirpar quirúrgicamente».

La Cataluña ocupada experimentó un terror omnipresente en un período en el que sencillamente seguir vivo era toda una hazaña para muchas personas. El estudio de la vida cotidiana de los vencidos en la Cataluña rural durante los años cuarenta causa una profunda impresión, toda vez que muestra un terrible catálogo de hambre y enfermedad, represión arbitraria y miedo: miedo a ser detenido, miedo a ser denunciado por un vecino o un sacerdote. Todo el proceso se apoyaba en la complicidad de miles de personas que por muchas razones —miedo, ideas políticas, codicia, celos— se convertían en delatoras y denunciaban a sus vecinos. La pura miseria de la vida para los vencidos en la España de Franco es la causa del notable aumento de la tasa de suicidios, que a menudo eran la consecuencia de la extorsión económica y sexual por parte de los poderosos. Bajo el «paraguas» retórico de la «redención» franquista se infligía una considerable crueldad a las mujeres: violaciones, cárcel como castigo por el comportamiento de un hijo o del esposo y confiscación de bienes. Los soldados que se alojaban en casas de familias pobres frecuentemente se aprovechaban de las mujeres desprotegidas de la casa. No escaseaban los sacerdotes dispuestos a defender el honor de los feligreses de sexo masculino y denunciar a sus víctimas femeninas por «rojas».

La violencia que sufrían los vencidos no se limitaba a la prisión, la tortura y la ejecución, sino que incluía también la humillación psicológica y la explotación económica de los supervivientes. La política franquista de autosuficiencia económica o autarquía contribuía a la represión y la humillación de los vencidos y a la acumulación de capital, aunque su rigidez también retrasó el futuro desarrollo. Franco, que se consideraba a sí mismo un economista genial, abrazó la autarquía sin tener en cuenta que España carecía de la base tecnológica e industrial que había hecho que esa política fuera posible en el Tercer Reich. En España la autarquía causó un desastre económico y social; las escaseces resultantes de cerrar España al mundo provocaron la aparición de un mercado negro, el estraperlo, que exacerbó las diferencias entre ricos y pobres. Inevitablemente, los que se beneficiaron fueron los allegados al régimen, mientras que los vencidos sufrieron. El intervencionismo del Estado en todos los aspectos de la siembra, la recolección, el tratamiento, la venta y la distribución de trigo era tan corrupto que los funcionarios ganaron fortunas y se crearon escaseces cuyo resultado fue una subida vertiginosa de los precios. Para acceder a puestos de trabajo y cartillas de racionamiento se exigían carnets de identidad y salvoconductos, y para obtener estos documentos era obligatorio presentar «certificados de buena conducta» expedidos por funcionarios falangistas locales y párrocos. Como era inevitable, los vencidos sufrieron materialmente y fueron humillados una vez más al tiempo que aumentaba la sensación de bienestar de los vencedores.

Las consecuencias sociales de la autarquía y el funcionamiento del mercado negro concordaban con la insistencia retórica del Caudillo en que los vencidos solo podían encontrar redención por medio del sacrificio. Había una relación clara entre la represión y la acumulación del capital que hizo posible el auge económico del decenio de 1960. La destrucción de los sindicatos y la represión de la clase trabajadora garantizaron salarios ínfimos que permitieron un incremento espectacular de los beneficios de los bancos, la industria y los terratenientes. Además, la organización por medio de la cual los prisioneros redimían sus penas trabajando, el Patronato para la Redención de Penas, en realidad convirtió a miles de prisioneros republicanos en trabajadores esclavos. Los destacamentos penales proporcionaban mano de obra forzada para las minas, la construcción de ferrocarriles y la reconstrucción de las llamadas «regiones devastadas». Las colonias penales militares se crearon para proyectos de obras públicas a largo plazo como, por ejemplo, el canal del Guadalquivir, que se excavó a lo largo de más de ciento ochenta kilómetros durante veinte años.

El mayor símbolo de la explotación de los prisioneros republicanos fue un capricho personal de Franco, la gigantesca basílica y la imponente cruz del mausoleo del Valle de los Caídos. En la construcción de un mausoleo gigantesco para Franco y un monumento a los que cayeron por su causa se emplearon 20 000 prisioneros, varios de los cuales murieron o resultaron gravemente heridos. El Valle de los Caídos no fue más que una de las varias empresas en las que se obligó a prisioneros republicanos a trabajar para perpetuar el recuerdo de la victoria franquista de forma permanente. El Alcázar de Toledo se reconstruyó como símbolo del heroísmo de los nacionales durante los tres meses de asedio. En Madrid, la entrada de la Ciudad Universitaria, escenario de la salvaje batalla por la capital, se señaló mediante un gigantesco Arco de la Victoria. El Valle de los Caídos, sin embargo, empequeñecía todos los demás símbolos. El coste humano del trabajo forzado, las muertes y los sufrimientos de los trabajadores y sus familias corrieron parejas con las fortunas que ganaron las compañías privadas y las empresas públicas que los explotaron.

Después de años durante los cuales las atrocidades del franquismo se silenciaron en aras de la consolidación de la democracia, ahora es posible juntar las piezas que conforman el panorama global del holocausto español. Las fosas comunes son uno de los legados más horrendos de los métodos que empleó Franco para instaurar su poder. La verdadera magnitud de las terribles condiciones del régimen penitenciario franquista no ha empezado a aparecer hasta ahora. Las condiciones diarias de hambre, tortura y terror durante la espera de la cita con el pelotón de fusilamiento se conocen desde hace tiempo gracias a los recuerdos de los supervivientes. Con todo, hasta hace poco no se ha hablado de lo que les sucedió a las mujeres y los niños que fueron encerrados en las prisiones de Franco al concluir la Guerra Civil. Muchas de las miles de mujeres encarceladas por el régimen al terminar el conflicto eran jóvenes, algunas con hijos muy pequeños, algunas embarazadas, algunas violadas y preñadas por sus guardianes. La consecuencia fue una numerosa población penal de niños que fueron castigados por los crímenes que se imputaban a sus madres. Muchos murieron en los trenes de mercancías en los que se les hacinaba para trasladarlos de una prisión a otra. Muchos murieron de hambre, de frío o de enfermedad. En la prisión provincial de Zaragoza murieron 42 recién nacidos en una semana. Muchos niños eran maltratados, encerrados en cuartos oscuros y obligados a comer sus propios vómitos. Muchos fueron separados por la fuerza de sus madres y dados en adopción o educados en instituciones religiosas. Normalmente, aunque no siempre, se le quitaba el niño a la mujer que iba a ser fusilada. El embarazo no libró a una mujer joven de ser ejecutada y un juez comentó: «No podemos esperar siete meses para ejecutar a una mujer».

Una parte importante de la historia se refiere a los españoles que fueron víctimas del nazismo como resultado de las acciones del régimen de Franco. Muchos republicanos a los que el régimen obligó a exiliarse no pudieron escapar de la guerra y la máquina de terror nazis. Miles de españoles exiliados se encontraron entre millones de trabajadores extranjeros a los que obligaron a trabajar para el esfuerzo bélico alemán. Casi quince mil españoles fueron forzados a trabajar en la construcción de la Muralla del Atlántico en 1940-1941 a la vez que aproximadamente cuatro mil fueron deportados a las islas del Canal, que estaban ocupadas por los alemanes. A partir de octubre de 1941 estos «comunistas españoles», como los llamó Hitler, fueron obligados a construir fortificaciones en las diversas islas. Solo sobrevivieron 59.

Además de los que fueron obligados a trabajar para los nazis, hubo muchos españoles que acabaron en campos de concentración alemanes. El estudio más detallado del destino de los españoles que fueron a parar a Mauthausen en Austria sacó la conclusión de que de los más de treinta mil refugiados españoles deportados de Francia a Alemania casi quince mil fueron internados en campos nazis. De éstos, el grupo más numeroso, con mucho, alrededor del 50 por ciento, acabó en Mauthausen (donde era el segundo grupo de prisioneros en orden de importancia numérica), a la vez que otros grupos fueron transportados a Auschwitz, Buchenwald, Dachau y otras partes del sistema de campos. Los nazis mataron a alrededor de la mitad de los españoles que fueron deportados. Aunque el número de víctimas españolas de la máquina de terror nazi es relativamente pequeño en comparación con el número total de víctimas, es significativo que el régimen de Franco no solo no hiciera nada por impedir que los españoles sufrieran la misma suerte que otros europeos, sino que alentó activamente a los alemanes a detener y deportar a republicanos exiliados.

No fueron solo izquierdistas exiliados quienes, gracias al régimen de Franco, cayeron en las garras de los nazis. Se montó una gran operación de propaganda para engañar a gran número de obreros españoles que, empujados por el hambre, fueron a trabajar al Tercer Reich. Franco tenía una gran deuda con Hitler y la necesidad de mano de obra de la industria bélica alemana proporcionó una forma de saldarla. Una visita a Alemania de Gerardo Salvador Merino, de la Organización Sindical Falangista, dio por resultado propaganda sobre los elevados niveles de vida de Alemania, los salarios altos y las posibilidades de ahorrar. No se mencionó que el dinero que ganaran los obreros españoles serviría para pagar la deuda contraída durante la Guerra Civil. Pocas semanas después de que los alemanes invadieran la Unión Soviética, la División Azul, integrada por voluntarios falangistas, salió de España con destino a Rusia. Además de combatientes, el 21 de agosto de 1941 el Deutsche Arbeitsfront (Frente Alemán del Trabajo) y la Falange acordaron mandar 100 000 obreros españoles a Alemania. En realidad, las noticias que el primer grupo de 7000 envió sobre las condiciones que habían hallado en Alemania hicieron que a la Falange le resultara más difícil encontrar voluntarios.

La tarea de reconstruir esta represión se ha visto dificultada por la destrucción unilateral de material de archivo. En vista de ello, cabe hacer la siguiente pregunta: si el franquismo tenía tantas cosas de las que enorgullecerse, ¿por qué se purgaron de forma tan inexorable los archivos policiales, judiciales y militares de los años cuarenta? En los años sesenta y setenta desaparecieron los archivos de las jefaturas superiores de policía de las provincias, de las prisiones y de las principales autoridades locales franquistas, los gobernadores civiles. Convoyes de camiones se llevaron los anales «judiciales» de la represión. Además de la destrucción deliberada de archivos, hubo pérdidas «accidentales» cuando algunos ayuntamientos vendieron sus archivos por toneladas como papel usado para reciclar. A pesar de las pérdidas, lo que se conserva es suficiente para reconstruir la represión «legal». Los esfuerzos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tanto por medio de excavaciones arqueológicas como animando a la gente a presentarse y contar sus recuerdos, están contribuyendo a reconstruir a escala nacional la represión «extraoficial». Finalmente, es posible hacerse una idea general razonablemente aproximada del coste humano del golpe militar de 1936. El proceso ha sido acumulativo. Desde la muerte de Franco los historiadores locales han hecho enormes esfuerzos por recuperar la documentación que se conservaba, en algunas regiones más a conciencia que en otras. Es sobre esta base que ahora pueden hacerse estimaciones serias de las cifras.

La responsabilidad de los crímenes que cometieron los militares rebeldes debe buscarse en una inmensa pirámide de colaboradores, edificada sobre la participación entusiasta de oficiales de derechas, terratenientes, falangistas de los pueblos y sacerdotes, pasando por los comandantes militares de provincias enteras hasta llegar a Mola, Queipo de Llano y Franco. En la cúspide de la pirámide estaba Franco. El sistema «legal» o «constitucional» que sus asesores empezaron a crear a partir del 1 de octubre de 1936 le atribuía el poder absoluto. Por consiguiente, su responsabilidad personal era la mayor de todas, pero no era algo que le causara remordimientos de conciencia. En su testamento, poco antes de morir escribió «de todo corazón perdono a los que se declararon enemigos míos, aunque yo no los considerara como tales. Creo, y deseo que así sea, que nunca tuve otros salvo los que eran enemigos de España». Es obvio, en este sentido, que era feliz creyéndose su propia propaganda. Los propagandistas de Franco presentaban la represión, las ejecuciones, las prisiones llenas a rebosar, lo campos de concentración, los batallones de trabajadores esclavos, como justicia escrupulosa pero compasiva administrada por un Caudillo sabio y benévolo. Hicieron cola para cantar, uno tras otro, las alabanzas de la elevada y noble imparcialidad del Caudillo.

A mediados de julio de 1939 el conde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, llegó a Barcelona. Devolvía así la visita oficial a Italia que un mes antes había hecho Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco. Ciano había sido defensor entusiasta de la causa de Franco durante la Guerra Civil, por lo que tenía asegurada una cálida bienvenida. Sin embargo, no quedó impresionado. Entre las diversiones que se ofrecieron a tan ilustre huésped hubo una gira por diversos campos de batalla. Cerca de uno de ellos le mostraron a un grupo de prisioneros republicanos que estaban trabajando. Su condición provocó un amargo comentario: «No son prisioneros de guerra, son esclavos de guerra». Más adelante fue recibido por Franco en el palacio de Ayete, en San Sebastián. Al volver a Roma describió a Franco a uno de sus compinches: «Ese tipo raro de Caudillo, allí en su palacio de Ayete, en medio de su guardia mora, rodeado de montañas de expedientes de prisioneros condenados a muerte. Con su horario de trabajo, verá unos tres de ellos al día, porque ese individuo disfruta de sus siestas». Parece en verdad que el sueño de Franco nunca fue turbado por ninguna preocupación por sus prisioneros ni por ningún sentimiento de culpa al firmar sentencias de muerte.

Epílogo

Epílogo

Quienes escaparon a través de la frontera francesa tuvieron que someterse al internamiento en campos de concentración insalubres, pero aun así podían considerarse afortunados. Después de la ocupación de Cataluña, la única vía de escape que quedaba era la costa mediterránea. El 27 de marzo de 1939, mientras la República se plegaba sin resistencia al avance final de los nacionales, el coronel Casado y algunos de sus colegas de la Junta de Defensa embarcaron en un buque británico en Gandía, cerca de Valencia. El veterano dirigente socialista Julián Besteiro decidió que su deber era quedarse con el pueblo de Madrid, con la vana esperanza de mitigar de algún modo la venganza de los nacionales. Fue detenido y murió en la destartalada prisión de Carmona. Los comunistas presos en las cárceles de Madrid por orden de la Junta de Defensa de Casado fueron fusilados cuando Franco entró en la capital. Los esfuerzos por organizar una evacuación masiva resultaron inútiles. En los puertos del Mediterráneo se apiñaban los refugiados, y solo una pequeña parte consiguió evitar su hacinamiento en los campos de prisioneros organizados a la llegada de los nacionales. Pero tampoco los que se exiliaron estaban a salvo. Julián Zugazagoitia, Lluís Companys y Juan Peiró fueron capturados por la Gestapo en Francia y enviados a Franco, que los hizo fusilar. Largo Caballero estuvo internado durante cuatro años en el campo de concentración de Mauthausen y murió poco después de ser liberado. Negrín, Prieto y otros dirigentes republicanos escaparon a México, y pasaron allí el resto de sus vidas enzarzados en polémicas estériles sobre a quién correspondía la responsabilidad de la derrota. Manuel Azaña murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940.

Desde 1939 hasta la muerte de Franco, España estuvo gobernada como un país ocupado por un ejército extranjero. La instrucción, el despliegue y la estructura del Ejército español estaban planteados con el objetivo de prepararlo para la acción contra la población nativa, más que contra un enemigo exterior. La situación era plenamente coherente con la opinión del Caudillo, expresada en 1937, de que estaba librando una «guerra fronteriza». Cuando Ciano regresó a Italia después de su visita de diez días a España en el verano de 1939, escribió un largo informe para Mussolini. Era mucho menos crítico que los comentarios privados que hemos citado en el último capítulo, pero, a pesar de ello, señalaba que diariamente tenían lugar de 200 a 250 ejecuciones en Madrid, 150 en Barcelona y 80 en Sevilla. En mayo de 1939, el Manchester Guardian calculaba que en Barcelona se estaba fusilando a 300 personas por semana. El cónsul británico en Madrid informaba en junio que había en la ciudad 30 000 presos políticos, y que doce tribunales iban juzgándolos a velocidad de vértigo. Después de visitas que duraban solo algunos minutos, se solicitaba invariablemente, y en general el tribunal así lo decidía, la pena de muerte. Fuentes del Consulado británico estimaban en 10 000, al menos, las personas fusiladas en los cinco primeros meses de la posguerra.

La matanza prosiguió hasta bien entrados los años cuarenta. En noviembre de 1939 una procesión de antorchas acompañó los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial. A lo largo del camino asaltaron algunas prisiones y hubo presos republicanos linchados. Las autoridades militares se quejaban de que al haberse habilitado para cárceles el 70 por ciento de los barracones del Ejército, la tropa debía alojarse en tiendas de campaña. Más de cuatrocientos mil españoles, entre los que había mujeres, niños, ancianos y enfermos, así como soldados heridos y mutilados, se vieron obligados a hacer frente a los horrores del exilio.

La Guerra Civil fue ganada por una coalición derechista formada como réplica a los intentos reformistas de la Segunda República. Franco rara vez dejó pasar la oportunidad de declarar que había suprimido el legado de la Ilustración, de la Revolución francesa y de otros símbolos de la modernidad. De hecho, la fuerza de los vínculos del franquismo con el viejo orden de cosas hizo que la Segunda República apareciera como un mero entreacto en la historia de España. Durante ese paréntesis, se había estructurado un ataque contra la relación de fuerzas existente en el ámbito social y económico. La respuesta defensiva de la derecha, como se ha señalado, fue doble: una violenta o «catastrofista» y otra legalista o «accidentalista». La violencia catastrofista tuvo muy pocas posibilidades de éxito en los primeros años de la República. En efecto, su fracaso más espectacular, el golpe de Estado frustrado del general Sanjurjo, se limitó a confirmar el buen juicio de quienes habían confiado en los recursos legalistas de la CEDA para defender sus intereses oligárquicos. Sin embargo, el éxito de Gil Robles en la construcción de un partido de masas, su utilización del Parlamento para bloquear las reformas y su victoria en las elecciones de 1933, llevaron a los socialistas a la desesperación. Su reformismo optimista se endureció hasta convertirse en un revolucionismo agresivo.

El levantamiento de octubre de 1934 señalaba la determinación de la izquierda de oponer toda la resistencia posible al establecimiento por la vía legal de un Estado autoritario corporativo. La represión subsiguiente sirvió para unir a la izquierda y preparó el camino para la victoria electoral del Frente Popular en 1936. La derecha no tardó en percibir la imposibilidad de defender las estructuras tradicionales por medios legales. Dada la inequívoca determinación de las fuerzas obreras de introducir reformas profundas, y la disposición similar de la oligarquía a resistirse a esas reformas, el fracaso de la táctica legalista de Gil Robles solo podía desembocar en un resurgimiento del «catastrofismo» y en el intento de imponer el Estado corporativo por la fuerza de las armas. Ese intento, en la forma del alzamiento nacional y la posterior guerra, se vio coronado por el éxito. En consecuencia, los primeros objetivos del nuevo régimen se centraron en el mantenimiento de la estructura existente de la propiedad agraria y en el control estricto de la clase obrera recién derrotada, tareas que quedaron encomendadas a una ingente burocracia política y militar adicta al régimen de Franco.

Se recortaron los salarios, y las huelgas fueron consideradas actos de sabotaje castigados con largas penas de prisión. La CNT y la UGT fueron desarticuladas, y el Estado y la Falange se incautaron de sus locales, sus fondos, sus imprentas y otras propiedades. Los desplazamientos y la búsqueda de trabajo se controlaban mediante un sistema de salvoconductos y certificados de buena conducta política y religiosa. De ese modo, los republicanos derrotados que se libraron de ser encarcelados se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. El régimen de Franco se preocupó especialmente del mantenimiento de la estructura social rural, amenazada por la República. Ese objetivo era relativamente fácil entre los pequeños propietarios del norte, debido a su conservadurismo social y religioso. En cambio, en el sur el régimen hubo de afrontar el problema de mantener un sistema social que había llevado a la exasperación y a la militancia a los braceros sin tierra. Por consiguiente, se crearon una serie de instituciones que forzaban a los trabajadores rurales a cultivar la tierra en condiciones todavía más inhumanas que las sufridas antes de 1931. Al no existir ninguna red de asistencia social, no trabajar significaba morir de hambre. En 1951 los jornales se situaban todavía en el 60 por ciento del nivel de 1936. La Guardia Civil y los guardas jurados armados empleados por los latifundistas mantenían una severa vigilancia para evitar el merodeo de los campesinos hambrientos. Las Hermandades de Labradores y Ganaderos fueron instrumentos corporativos creados por la Falange sobre la base del mito de que los trabajadores del campo y los propietarios compartían los mismos intereses «fraternales». En el mismo fraude se basó la concepción del sistema sindical represivo que regía las relaciones laborales industriales.

De hecho, por detrás de la retórica de la unidad nacional y social, hasta la muerte de Franco todos los esfuerzos se centraron en mantener la división entre vencedores y vencidos. Se podía esperar de la Falange, como organización fascista, que intentara integrar a la clase obrera en el régimen. Sin embargo, después de una guerra victoriosa, las clases gobernantes no necesitaban ninguna operación de ese tipo. Los burócratas de la Falange seguían llenándose la boca de retórica anticapitalista pero sus frases cada vez sonaban más huecas. Sirvieron aplicadamente a sus amos afiliando obligatoriamente a la clase obrera urbana en los sindicatos corporativos y haciendo desfilar a toque de tambor al campesinado hacia las Hermandades rurales. Los aspectos antioligárquicos de los regímenes nazi y fascista no se dieron en la España de Franco; el Estado de la posguerra continuó siendo el instrumento de la oligarquía tradicional. Los propios funcionarios falangistas reconocían abiertamente la estructura de clase del régimen. José María de Areilza declaró que el Estado protegía al capital tanto de sus enemigos internos como de los externos. José Solís afirmaba: «Cuando hablamos de transformación o de reforma en el campo, nadie puede pensar que de lo que se trata es de perjudicar a los actuales propietarios». La vaciedad de la retórica falangista sobre la revolución era tan evidente que avergonzaba a algunos seguidores de José Antonio Primo de Rivera y les indujo a plantear una tímida oposición al régimen. Así nació una Falange disidente, aunque débil, dedicada a la conservación de la herencia de su fundador.

El franquismo fue el último de una serie de intentos militares de bloquear el progreso social en España. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, no solo sirvió a la oligarquía española, sino también al capitalismo internacional. El abandono de la República por las democracias occidentales durante la Guerra Civil tuvo su continuación en la benignidad de las medidas internacionales contra Franco después de 1945. Todo ello reflejaba el reconocimiento tácito de que una dictadura militar podía defender los intereses de los inversores extranjeros mucho mejor que una República democrática. Paradójicamente, sin embargo, la doble defensa de los intereses de los capitalistas españoles y extranjeros acabó por sentar las bases para la definitiva democratización de España. Los esfuerzos realizados por los franquistas para dar marcha atrás al reloj de la historia contribuyeron inconscientemente a crear las condiciones económicas y sociales para la transición del régimen hacia la democracia.

Las represivas relaciones laborales de los años cuarenta y cincuenta contribuyeron a asegurar unos beneficios elevados y a la acumulación de capital autóctono. También contribuyeron, junto al bien conocido anticomunismo de Franco, a la conversión de España en una opción atractiva para los inversores extranjeros. Los capitales internacionales afluyeron masivamente. En los años de auge del capitalismo europeo se produjo una doble corriente de turistas que viajaban hacia el sur y de trabajadores españoles que emigraban hacia el norte, y desde allí enviaban a casa sus ahorros en forma de divisas. Gradualmente, dentro del anticuado y rígido corsé político de la España franquista empezó a crecer una sociedad nueva, moderna y dinámica. Se repetía una de las constantes de la historia de España: el marco político quedaba desfasado respecto a la realidad social y económica. Cuando sobrevino la crisis energética de los años setenta, muchos seguidores de Franco empezaron a preguntarse si su propia supervivencia política no dependería de alguna especie de acomodo con las fuerzas de la oposición democrática.

El propio dictador había creado un complejo edificio de leyes e instituciones cuya finalidad era garantizar la continuación de su régimen mucho después de que él muriese. En virtud de una de dichas leyes, la Ley de Sucesión de 1947, se había otorgado a sí mismo la prerrogativa de elegir a su propio sucesor real. En 1969 eligió al príncipe Juan Carlos de Borbón, joven nieto de Alfonso XIII, que desde 1948 se había formado «en los principios del Movimiento». En su mensaje de fin de año del 30 de diciembre de 1969, el Caudillo declaró con confianza que «todo ha quedado atado, y bien atado». Sin embargo, estaba en un error. El príncipe se dio cuenta de que su propia supervivencia dependía de ser «Rey de todos los españoles», y no solo de los franquistas, y de que el grueso de la población quería la vuelta a la democracia que había sido destruida en 1939. En 1977, tan solo dos años después de su muerte, sus peores pesadillas habían empezado a hacerse realidad. Apoyándose en un consenso abrumador de la derecha y la izquierda, el rey Juan Carlos había presidido un proceso por medio del cual los elementos más progresistas de la elite franquista y la mayoría moderada de la oposición democrática colaboraron con espíritu de avenencia para crear una democracia para todos los españoles. La división entre vencedores y vencidos, tan grata a la ideología franquista, dejaba de tener sentido. Cinco años más tarde, los socialistas llegaban al poder en Madrid.

Debajo de todo el proceso había la firme determinación de no volver a sufrir nunca una sangrienta guerra civil ni una dictadura represiva. Fue este deseo de un futuro diferente lo que llevó al acuerdo, en octubre de 1977, de promulgar una ley de amnistía que, de hecho, dio inmunidad a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Fue la base de lo que se denominaría el «pacto del olvido». La decisión política de no remover el pasado no ha hecho que desapareciera el deseo popular de saber más sobre la Guerra Civil y la represión que la siguió. Respondiendo a esta hambre de conocimiento, ha habido un interminable torrente de libros, documentales televisivos y actos públicos. Así pues, la Guerra Civil española continúa sobre el papel.

Guerra de palabras. Ensayo bibliográfico

Guerra de palabras

Ensayo bibliográfico.

La Guerra Civil española ha dado origen a una enorme cantidad de material de extraordinario valor, ya sea en forma de polémica, de estudio científico o de memorias de los protagonistas. Se calculó a finales de los años sesenta que ya había alcanzado la cifra de 15 000 libros y panfletos publicados. Desde entonces, aquella cifra se ha visto incrementada inexorablemente. Hay obras de la primera importancia política, histórica y literaria y también un inmenso número de libros sin valor. El recuento siguiente no pretende ser exhaustivo, sino servir de guía para el lector que quiera saber más sobre el conflicto. Por razones obvias, la bibliografía más extensiva es la española, y en menor medida la catalana. Además, hay libros importantes en francés, alemán, italiano, portugués y en otros muchos idiomas europeos. Fuera de España, la bibliografía más enjundiosa se ha producido en inglés, mayormente en Gran Bretaña, y en menor medida, Estados Unidos. Su importancia fue aumentada durante casi cuarenta años porque esta bibliografía inglesa tuvo que suplir los vacíos creados por la censura franquista, gracias a la cual no fue posible el estudio objetivo de la guerra dentro de España. A la mayor libertad de los escritores anglosajones se añadía el hecho de que, por exigencia de su propio público, se solía buscar una visión global, lo que les da un protagonismo importante en esta bibliografía.

Como consecuencia del hecho de que la dictadura de Franco impedía el estudio objetivo de la sangría en que nació, hubo durante muchos años un predominio comprensible dentro de la bibliografía en castellano de las interpretaciones partidistas. Desde la muerte del dictador, y la liberalización consiguiente de las universidades y la apertura de los archivos, ha tenido lugar una revolución en la historiografía española en cuanto a la Guerra Civil. Sin embargo, la gran iniciativa dentro de la investigación española ha sido en los estudios locales, y en menor medida, en la investigación de las dimensiones internacionales de la guerra. Provincia por provincia, se ha descubierto una inmensidad de detalles sobre las colectivizaciones y la revolución en la zona republicana y, en los últimos años, sobre la represión en la zona franquista. Sin embargo, antes de entrar en esa riqueza bibliográfica, el lector debe leer unos libros menos pormenorizados.

Hay muchos libros de carácter general sobre España que sitúan la Guerra Civil en un largo contexto histórico. Entre ellos destacan dos obras, ya clásicas, de autores británicos. Gerald Brenan, El laberinto español (Plaza & Janés, Barcelona, 1996) es inigualable por la comprensión que manifiesta hacia personajes y situaciones, sobre todo en cuanto a los problemas agrarios. Su análisis de las divisiones de la izquierda y de los nacionalismos regionales combina unas reflexiones astutas con la frescura de la visión de un testigo ocular. Escrita con una prosa jugosa y tersa, refleja los muchos años que Brenan, un miembro del famoso «grupo de Bloomsbury», pasó en el sur de España entre las dos guerras mundiales. La obra monumental de Raymond Carr, España 1808-1975 (Ariel, Barcelona, 1983), presenta los desastres del siglo XX en términos de un fracaso a la larga de las clases medias en su lucha con la vetusta oligarquía terrateniente para modernizar el país política, económica e intelectualmente. Con una amenidad elegante de prosa, España 1808-1975 está basada en lecturas masivas, un conocimiento muy sensible de la literatura española, especialmente las obras de Galdós y muchos viajes. De hecho, el toque humano descomunal que es la señal característica de la obra de Carr debe mucho a su consumo ávido de las novelas españolas tanto decimonónicas como del siglo XX. Reflejaba también sus muchos viajes por los senderos y recovecos de pueblos y ciudades. Una interesante interpretación desde un punto de vista socialista es la de Antonio Ramos Oliveira, Historia de España (Compañía General de Ediciones, México D. F.: 1943, 3 vols.). También de importancia capital son los dos volúmenes de Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX (Librería Española, París, 1961) y La España del siglo XX (Librería Española, París, 1973). Dos visiones recientes de altísimo valor, basadas en impresionantes lecturas e investigaciones a lo largo de un amplio espectro de temas políticos, sociales y culturales, son la de Juan Pablo Fusi Aizpúrua y Jordi Palafox, España 1808-1996. El desafío de la modernidad (Espasa Calpe, Madrid, 1998) y la de José María Jover Zamora, Guadalupe Gómez-Ferrer y Juan Pablo Fusi Aizpúrua, España: Sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX) (Debate, Madrid, 2001).

Hay algunas monografías importantes que iluminan diversos aspectos de los orígenes a largo plazo de la guerra. El papel de la Iglesia Católica ha sido objeto de algunos de los libros más importantes y sugerentes de los últimos años. Frances Lannon, Privilegio, persecución, y profecía: La Iglesia Católica en España 1875-1975 (Alianza Editorial, Madrid, 1989) es una visión aguda y sutil de las razones por las que la Iglesia Católica se enfrentó con la Segunda República y le prestó apoyo a Franco. Sobre el papel de la Iglesia durante la misma guerra hay dos versiones importantísimas de religiosos, una del jesuita Alfonso Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil 1936-1939 (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1995) y otra del benedictino Hilari Raguer, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la guerra civil española (Ediciones Península, Barcelona, 2001); dos libros éticos y elegantes, que a base de profundas investigaciones, ofrecen una visión crítica y honesta. Menos compasivo con la jerarquía eclesiástica es el libro de Julián Casanova, La Iglesia de Franco 2.ª edición (Crítica, Barcelona, 2005), de apasionante lectura.

Las intervenciones frecuentes del Ejército español en la política doméstica se analizan en Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea (Ruedo Ibérico, París, 1967) y en Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil (Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1983). Los orígenes de la brutalidad del Ejército de África durante la Guerra Civil española se pueden examinar en Juan Pando, Historia secreta de Annual (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1999) y Manuel Leguineche, Annual 1921. El desastre de España en el Rif (Alfaguara, Madrid, 1996). Dos valiosísimas, originales y brillantes reconstrucciones enfocadas en las consecuencias peninsulares de la guerra colonial se encuentran en Sebastian Balfour, Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939) (Ediciones Península, Barcelona, 2002) y Gustau Nerín, La guerra que vino de África (Crítica, Barcelona, 2005).

En cuanto a las causas más inmediatas de la guerra y la quiebra de la Segunda República, la bibliografía es muy abundante. Hay dos estudios que buscan la relación entre el trasfondo de conflicto social y la política diaria. El de Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en España (Ariel, Barcelona, 1976), explica la intensidad del conflicto social generado por el problema agrario y el fracaso de la reforma agraria. El de Paul Preston, La destrucción de la democracia en España: reforma, reacción y revolución en la Segunda República 3.ª edición ampliada (Grijalbo, Barcelona, 2000) analiza el proceso a través del cual las luchas entre jornaleros sin tierra y los terratenientes, y entre los mineros y los propietarios de las minas, se transmitieron a la política nacional y nutrieron una batalla para el dominio del aparato del Estado entre el PSOE y la CEDA.

Las políticas de las derechas en general de 1931 a 1936 se han tratado a fondo en las siguientes obras: Javier Jiménez Campo, El fascismo y la crisis de la Segunda República (Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1979); Paul Preston, Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo, golpismo (Editorial Sistema, Madrid, 1986); José Luis Rodríguez Jiménez, La extrema derecha española en el siglo XX (Alianza Editorial, Madrid, 1997) y Mercedes Cabrera, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia (Siglo XXI, Madrid, 1983). En cuanto a la derecha accidentalista, es de lectura imprescindible el libro monumental de José R. Montero, La CEDA. El catolicismo social y político en la II República (Revista de Trabajo, Madrid, 1977, 2 vols). También de consulta recomendada son los libros de Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España, (Edicusa, Madrid, 1974, 2 vols.); José Manuel Ordovas, Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. De la Dictadura a la Segunda República 1923-1936 (EUNSA, Pamplona, 1993); de Rafael Valls, La Derecha Regional Valenciana 1930-1936 (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992); de Aurora Bosch, Rafael Valls y Vicent Comes, eds., La derecha católica en los años treinta. En el cincuentenario de la muerte de Luis Lucia (Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1996), y de Alejandro López López, El boicot de las derechas a las reformas de la Segunda República: la minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra (Instituto de Estudios Agrarios, Madrid, 1984). En cuanto a los partidos y grupos individuales de la llamada derecha catastrofista, los libros cruciales son: Raúl Morodo, Orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española. (Alianza Editorial, Madrid, 1985); Julio Gil Pecharromán, Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina (1913-1936) (Eudema, Madrid, 1994); Gonzalo Álvarez Chillida, El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002) (Marcial Pons, Madrid, 2002) y José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941) (Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, Cádiz, 1996), y Pedro Carlos González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936) (Editorial Tecnos, Madrid, 1998). También son totalmente fascinantes las memorias de Eugenio Vegas Latapié, Memorias políticas: el suicidio de la monarquía y la segunda República (Planeta, Barcelona, 1983) y Pedro Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos (Planeta, Barcelona, 1978). Sobre la Comunión Tradicionalista, el movimiento del cual los otros grupos derechistas sacaban gran parte de su ideología, el libro definitivo es la muy amena y sofisticada obra de Martin Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en España 1931-1939 (Crítica, Barcelona, 1977). Sobre la Falange hay una inmensa bibliografía, entre la cual los libros más accesibles son los de Sheelagh Ellwood, Prietas las filas: historia de Falange Española 1933-1983 (Crítica, Barcelona, 1984); Stanley G. Payne, Franco y José Antonio: El extraño caso del fascismo español (Planeta, Barcelona, 1997); Julio Gil Pecharromán, José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1996), y José Luis Rodríguez Jiménez, Historia de Falange Española de las JONS (Alianza Editorial, Madrid, 2000).

Sobre las fuerzas republicanas y la izquierda en la Segunda República existe una riqueza bibliográfica enorme. Para la derecha republicana, son importantísimas las memorias de Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII (Imprenta Mañez, México D. F., 1962). Con respecto al Partido Radical, hay que consultar las memorias de Alejandro Lerroux, La Pequeña historia. Apuntes para la Historia grande vividos y redactados por el autor (Editorial Cimera, Buenos Aires, 1945), el estudio de Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical (1908-1936) (Ediciones Giner, Madrid, 1976) y el de Nigel Towson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936) (Editorial Taurus, Madrid, 2001). En cuanto a la izquierda republicana, las obras fundamentales son las siguientes: Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa en la II República (Espasa Calpe, Madrid, 1985); Cipriano de Rivas-Cherif , Retrato de un desconocido: vida de Manuel Azaña (seguido por el epistolario de Manuel Azaña con Cipriano de Rivas Cherif de 1921 a 1937) (Grijalbo, Barcelona, 1980); Alicia Alted, Ángeles Egido y María Fernanda Mancebo, eds., Manuel Azaña: pensamiento y acción (Alianza Editorial, Madrid, 1996); Santos Juliá, Manuel Azaña: una biografía política (Alianza Editorial, Madrid, 1990); Ángeles Egido León, Manuel Azaña. Entre el mito y la leyenda (Junta de Castilla y León, Valladolid, 1998), y Carlos Fernández Santander, Casares Quiroga, una pasión republicana (Ediciós do Castro, Sada-La Coruña, 2000).

Para el PSOE, los libros de Santos Juliá son imprescindibles por su base de investigación sólida y su análisis tan inteligente: Historia del socialismo español (1931-1939) (Conjunto Editorial, Barcelona, 1989); La izquierda del PSOE (1935-1936) (Siglo XXI, Madrid, 1977); Madrid, 1931-1934: de la fiesta popular a la lucha de clases (Siglo XXI, Madrid, 1984) y Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936) (Siglo XXI, Madrid, 1979). También muy importantes son las memorias de Juan Simeón Vidarte: Las Cortes Constituyentes de 1931-1933 (Grijalbo, Barcelona, 1976), El bienio negro y la insurrección de Asturias (Grijalbo, Barcelona, 1978) y Todos fuimos culpables (Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1973). Un libro de extraordinaria originalidad sobre el papel de la juventud socialista durante la crisis de octubre de 1934 es el de Sandra Souto Kustrín, «Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?». Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936) (Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2004). En cuanto a los anarcosindicalistas, el estudio de conjunto fundamental es el de Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939) (Crítica, Barcelona, 1997). Sigue siendo de gran utilidad John Brademas, Anarco-sindicalismo y revolución en España 1930-1937 (Ariel, Barcelona, 1974). Sobre el Partido Comunista, la obra básica es la de Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la II República (Alianza Editorial, Madrid, 1987). De una bibliografía nutrida sobre los comunistas de oposición y trotskistas, dos obras notables son la de Andrew Charles Durgan, B. O. C. 1930-1936. El Bloque Obrero y Campesino (Editorial Laertes, Barcelona, 1996) y la de Pelai Pagès, El Movimiento trotskista en España 1930-1935 (Ediciones Península, Barcelona, 1977).

Es evidente que la gestación de una guerra civil en la que intervinieron muchas guerras hay que buscarla también a través de estudios locales. Los últimos años han visto una auténtica avalancha de libros muy interesantes basados en rigurosísimas investigaciones. Entre los más destacados se encuentran los siguientes: Leandro Álvarez Rey, La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936 (Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla 1993); José María Azpíroz Pascual, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República (Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993); Alberto Balcells, El problema agrario en Cataluña. La cuestión Rabassaire (1890-1936) 2.ª edición (Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1980); Francisco Bermejo Martín, La II.ª República en Logroño (Ediciones del Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1984); Francisco Cobo Romero, Labradores, campesinos y jornaleros. Protesta social y diferenciación interna del campesinado jiennense en los orígenes de la Guerra Civil (1931-1936) (Publicaciones del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1992), Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura (Jaén, 1917-1950) (Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 1999), y De campesinos a electores. Modernización agraria en Andalucía, politización campesina y derechización de los pequeños propietarios y arrendatarios. El caso de la provincia de Jaén, 1931-1936 (Biblioteca Nueva, Madrid, 2003); Salvador Forner Muñoz, Industrialización y movimiento obrero: Alicante (1923-1936) (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1982); Juan Pablo Fusi Aizpúrua, El problema vasco en la II.ª República (Ediciones Turner, Madrid, 1979); Luis Germán Zubero, Aragón en la segunda República (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984); José Luis de la Granja Sainz, Nacionalismo y Segunda República en el País Vasco (Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI, Madrid, 1986); María Paz Ladrón de Guevara, Reforma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1936) (Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 1993); José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaria: Sevilla en la segunda República (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, 1985), y del mismo autor, mucho más crítico frente a la política agraria de la República, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936) (Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000); Emilio Majuelo, Luchas de clases en Navarra (1931-1936) (Gobierno de Navarra, Pamplona, 1989); Francisco Moreno Gómez, La República y la guerra civil en Córdoba I (Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1982); Manuel Pérez Yruela, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba 1931-1936 (Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979); Adrian Shubert, Hacia la revolución: Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934 (Crítica, Barcelona, 1984), y Enric Ucelay Da Cal, La Catalunya populista: Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939) (Edicions de La Magrana, Barcelona, 1982). Con esta lista resumida no se pretende agotar el tema, ya que se ha publicado mucho de valor sobre la mayoría de las provincias y regiones españolas. Desgraciadamente, los libros de este tipo no siempre logran la difusión que se merecen.

Pasando de los antecedentes a la guerra misma, encontramos que abundan aún más las obras disponibles. Hugh Thomas, La guerra civil española (Grijalbo, Barcelona, 1996) es una obra larga, enciclopédica y de lectura amena —un clásico de especial valor en cuanto a los aspectos militares y diplomáticos—. Su rival más destacado es el libro de Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil (Crítica, Barcelona, 1982) el cual constituye una visión humana escrita desde un punto de vista liberal. Por desgracia, desde su salida original en 1965, no ha sido puesto al día para tener en cuenta los inmensos pasos dados en la investigación en los últimos treinta años. Un libro más reciente con especial valor en cuanto al tema militar es el de Anthony Beevor, La guerra civil española (Crítica, Barcelona, 2005). Una reconstrucción monumental y fascinante se puede encontrar en el libro de Guillermo Cabanellas, La guerra de los mil días (Grijalbo, Buenos Aires, 1973, 2 vols.); dado que el autor fue hijo de uno de los generales facciosos, Miguel Cabanellas, y militó en el PSOE, se trata de un libro rico en detalles de primera mano. Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros (Crítica, Barcelona, 1979) es un magnífico trabajo de historia oral que entrelaza los relatos de un amplio grupo de testigos presenciales hasta conseguir algo parecido a una gran novela épica. Más manejable es la síntesis inteligente de Enrique Moradiellos, 1936. Los mitos de la guerra civil española (Ediciones Península, Barcelona, 2004). Un intento de contrarrestar el tópico de que la Guerra Civil era simplemente una lucha entre dos Españas extremistas o la idea franquista de que la guerra fue un conflicto entre la España buena y la anti España son dos libros de Paul Preston, Las tres Españas del 36 (Plaza & Janés, Barcelona, 1998), y Palomas de guerra. Cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico (Plaza & Janés, Barcelona, 2001).

Para una visión crítica de la literatura sobre la Guerra Civil aparecida durante el franquismo, hay que recurrir a los estudios clásicos de Herbert Rutledge Southworth, El mito de la cruzada de Franco (Plaza & Janés, Barcelona, 1986) y El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y guerra civil (Crítica, Barcelona, 2000). Seis obras colectivas que dan una muestra de los avances de la investigación científica española e internacional a lo largo de los últimos quince años son: Manuel Tuñón de Lara, Julio Aróstegui, Ángel Viñas, Gabriel Cardona y Josep M. Bricall, La guerra civil española 50 años después (Labor, Barcelona, 1985); Paul Preston, ed., Revolución y guerra en España 1931-1939 (Alianza Editorial, Madrid, 1986); Julio Aróstegui, ed., Historia y memoria de la guerra civil (Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, 3 vols.); Stanley G. Payne y Javier Tusell, eds., La guerra civil española. Una nueva visión del conflicto que dividió España (Ediciones Temas de Hoy, Madrid 1996); Edward Malefakis, La guerra de España 1936-1939 (Taurus, Madrid, 1986), y Paul Preston, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil (Ediciones Península, Barcelona, 1999).

Para conocer a fondo la guerra de España, hay que familiarizarse con las complicaciones y las pasiones surgidas de los distintos grupos políticos de ambas zonas. Empezando por la zona nacional, es de notar la relativa escasez de buenos estudios. Evidentemente, antes de la muerte de Franco, se escribían auténticos montones de libros a favor del alzamiento militar y en contra de la República. Sin embargo, quizá por el deseo de la dictadura de ocultar sus propios orígenes, hay poco de valor sobre la misma política dentro de la zona rebelde. Curiosamente, uno de los primeros libros sigue siendo el más interesante: Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada española (Ediciones Españolas, Madrid, 1939-1943, 8 vols., 36 tomos). Desde el punto de vista carlista, el libro más importante es el de Jaime del Burgo, Conspiración y guerra civil (Alfaguara, Madrid, 1970), que se complementa con el estudio de Martin Blinkhorn citado arriba. El papel de la Falange durante la Guerra Civil está examinado desde dentro por Maximiano García Venero, Falange en la guerra de España: la Unificación y Hedilla (Ruedo Ibérico, París, 1967), un libro escrito por encargo de Manuel Hedilla, el líder falangista derrotado por Franco. Hay que leerlo con el comentario de Herbert Rutledge Southworth, Antifalange; estudio crítico de «Falange en la guerra de España» de Maximiano García Venero (Ruedo Ibérico, París, 1967), una obra que combina una erudición minuciosa con una prosa mordaz. Como estudio reciente, habría que contar con los cuatro libros de Joan Maria Thomàs: Falange, guerra civil, franquisme. F. E. T. y de las J. O. N. S. de Barcelona en els primers anys de règim franquista (Publicacions de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992); José M. Fontana Tarrats. Biografía política d’un franquista català (Edicions del Centre de Lectura, Reus, 1997); Lo que fue la Falange (Plaza & Janés, Barcelona, 1999), y La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945) (Plaza & Janés, Barcelona 2001). Sobre los monárquicos dentro de la coalición nacional, son imprescindibles las memorias de Eugenio Vegas Latapié, Los caminos del desengaño. Memorias políticas 2: 1936-1938 (Ediciones Giner, Madrid, 1987), y La frustración en la Victoria. Memorias políticas: 1938-1942 (Editorial Actas, Madrid, 1995).

Ni que decir tiene que estudiar la política de la zona nacional es estudiar el comportamiento y las ambiciones del general Franco. Una visión crítica que dedica bastante espacio a la política de Franco durante la guerra es la biografía hecha por Paul Preston, Franco «Caudillo de España» (Grijalbo, Grupo Editorial Random House-Mondadori, Barcelona, 2002). Dedicado exclusivamente a la creación de la dictadura es el estudio fascinante de Javier Tusell, Franco en la guerra civil. Una biografía política (Tusquets, Barcelona, 1992). De entre las muchas biografías de Franco, destacan dos por manejables y amenas. Escrita desde una objetividad fría es la síntesis eminentemente sensata de Juan Pablo Fusi, Franco: autoritarismo y poder personal (El País, Madrid, 1985). Mucho más crítico es el ensayo psicológico de «Luis Ramírez» [seudónimo de Luciano Rincón], Franco: la obsesión de ser, la obsesión de poder (Ruedo Ibérico, París, 1976). En una línea semejante pero aún más audaz es la de Gabrielle Ashford Hodges, Franco. Retrato psicológico de un dictador (Taurus, Madrid, 2001). Desde una óptica franquista, la crónica más completa es la de Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1984, 8 vols.), que existe también en una versión ampliamente ilustrada, Franco: la historia y sus documentos (Urbión, Madrid, 1986, 20 vols.). Escrita de forma más apasionada es la biografía de Ricardo de la Cierva, Francisco Franco: un siglo de España (Editora Nacional, Madrid, 1973, 2 vols.), y en versión ampliada, Francisco Franco: biografía histórica (Planeta, Barcelona, 1982, 6 vols.).

La política militar de Franco se puede estudiar en las síntesis clásicas de Manuel Aznar, Historia militar de la guerra de España (1936-1939) (Ediciones Idea, Madrid, 1940) y Luis María de Lojendio, Operaciones militares de la guerra de España (Montaner y Simón, Barcelona, 1940). A pesar de su extremado partidismo y adulación de Franco como genio militar, ambos son de lectura amena y provechosa. Mucho más técnicos y detallados son los 17 tomos del coronel José Manuel Martínez Bande (Servicio Histórico Militar/Editorial San Martín, 1968-1985). Unas reflexiones más recientes se pueden ver en los siguientes libros: José Antonio Vaca de Osma, La larga guerra de Francisco Franco (Madrid, RIALP, 1991), una versión pausada y amena; Rafael Casas de la Vega, Franco, militar (Editorial Fénix, Madrid, 1995), la visión de un buen historiador militar desde un planteamiento de admiración por Franco y de forma más crítica, Carlos Blanco Escolá, La incompetencia militar de Franco (Alianza Editorial, Madrid, 2000) y Franco. La pasión por el Poder (Planeta, Barcelona, 2005), y Paul Preston, «La guerra de aniquilación de Franco» en su libro La política de la venganza: el fascismo y el militarismo en la España del siglo XX (Ediciones Península, Barcelona, 1997) que se centra en las ambiciones políticas subyacentes de la estrategia militar de Franco.

Dos de los acontecimientos más debatidos en relación con las decisiones de Franco son la desviación de sus columnas africanas a Toledo en la última semana de septiembre de 1936 y la destrucción de Guernica. El consiguiente alivio para Madrid del ataque sobre Toledo pudo haber salvado la capital. Sobre el asedio del Alcázar de Toledo y su liberación hay una literatura abundante triunfalista desde un punto de vista franquista. Dos versiones prorepublicanas son las de Antonio Vilanova, La defensa del Alcázar de Toledo (epopeya o mito) (Editores Mexicanos Unidos, México D. F., 1963) y Luis Quintanilla, Los rehenes del Alcázar de Toledo (Ruedo Ibérico, París, 1967). La polémica sigue en los años noventa con el libro crítico de Isabelo Herreros, Mitología de la Cruzada de Franco: El Alcázar de Toledo (Ediciones Vosa, Madrid, 1995), y con la vuelta al triunfalismo franquista de Ángel Palomino, Defensa del Alcázar. Una epopeya de nuestro tiempo (Planeta, Barcelona, 1995) y un libro que, al contrario de su título, puede suscitar más debate todavía: Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera y Luis Eugenio Togores Sánchez, El Alcázar de Toledo. Final de una polémica (Actas Editorial, Madrid, 1996). Sobre el bombardeo de Guernica también ha habido una polémica intensa. El resumen definitivo es el magnífico estudio de Herbert Rutledge Southworth, La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia (Ruedo Ibérico, Barcelona, 1976). A pesar de la contundencia del libro de Southworth y de otros muchos estudios, el esfuerzo franquista de disminuir las dimensiones de la atrocidad ha seguido hasta los años ochenta con Jesús Salas Larrazabal, Guernica (Ediciones Rialp, Madrid, 1987). Dos importantes estudios recientes surgidos de Euskadi son: José Luis de la Granja y Carmelo Garitaonandía, eds., Gernika: 50 años después (1937-1987). Nacionalismo, República, Guerra Civil (Universidad del País Vasco, Bilbao, 1987), y María Jesús Cava Mesa, Memoria colectiva del bombardeo de Gernika (Bakeaz/Gernika Gogoratuz, Guernica, 1996).

Sobre la represión en la zona franquista, siguen siendo de gran valor cuatro libros de testimonios presenciales escritos durante la misma Guerra Civil. Se trata de Antonio Bahamonde y Sánchez de Castro, Un año con Queipo (Ediciones Españolas, S. A., Barcelona, 1938); Antonio Ruiz Vilaplana, Doy fe… un año de actuación en la España nacionalista (Éditions Imprimerie Coopérative Étoile, S. A., París, 1938); Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas contados por quienes lo han vivido (Editorial España, S. A., París, 1938), y Mario Neves, La matanza de Badajoz (Editora Regional de Extremadura, Badajoz, 1986). El libro de Bahamonde ha sido reeditado en un compendio de primerísima utilidad con otros dos testimonios de gran importancia sobre la represión en el sur: Un año con Queipo seguido de Noches de Sevilla de Jean Alloucherie y de El infierno azul de Edmundo Barbero (Ediciones Espuela de Plata, Sevilla, 2005).

Después de un período prolongado de silencio, en los últimos años ha habido una explosión en los estudios de la represión en la zona franquista. Como visión de conjunto, es de la primera importancia Julián Casanova, Francisco Espinosa, Conxita Mir y Francisco Moreno Gómez, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco (Crítica, Barcelona, 2002). La represión empezó en África, y al respecto hay que consultar tres libros importantes: Vicente Moga Romero, Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla (Edicions Bellaterra, Barcelona, 2004); Francisco Sánchez Montoya, Ceuta y el Norte de África. República, guerra y represión 1931-1944 (Editorial Natívola, Granada, 2004), y las conmovedoras memorias de Carlota O’Neill, Una mujer en la guerra de España (Oberón, Grupo Anaya, Madrid, 2003). Respecto a la brutal represión de Asturias, hay que ver, entre otras muchas obras, Marcelino Laruelo Roa, La libertad es un bien muy preciado. Consejos de Guerra celebrados en Gijón y Camposantos por el ejército nacionalista al ocupar Asturias en 1937. Testimonios y condenas (En la Estela de Aldebarán, Gijón, 1999); María E. Ortega Valcárcel, La represión en Asturias. Ejecutados y fallecidos en la cárcel del coto de Gijón (Azucel, Avilés, 1994), y la historia desgarradora de la matanza del personal de un hospital republicano, Marta Capín Rodríguez, El Valle de Dios (Ediciones MS-CTC, Madrid, 2004).

Hay una bibliografía muy rica referente a Galicia, gracias al esfuerzo editorial de la casa do Castro. Entre otros muchos, destacan los siguientes: Carlos Fernández Santander, El alzamiento de 1936 en Galicia 2.ª edición (Ediciós do Castro, La Coruña, 1982) y Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939) (Ediciós do Castro, Sada-La Coruña, 2000, 2 vols.); Luis Lamela García, A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión (Ediciós do Castro, Sada-La Coruña, 2002); Crónica de una represión en la «Costa da Morte» (Ediciós do Castro, Sada-La Coruña, 1995), y Estampas de injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión (Ediciós do Castro, Sada-La Coruña, 1998); María Jesús Souto Blanco, La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940) (Ediciós do Castro, La Coruña, 1998). Respecto a las provincias castellanas donde el golpe triunfó casi inmediatamente, hay ya varios estudios interesantes, como el de Isaac Rilova Pérez, Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943) (Editorial Dossoles, Burgos, 2001); Ignacio Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (1936-1939). Amaneceres ensangrentados (Ámbito Ediciones, Valladolid, 2000); Jesús María Palomares Ibáñez, La guerra civil en la ciudad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del alzamiento» (Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2001), y La guerra civil en Palencia. La eliminación de los contrarios (Ediciones Cálamo, Palencia, 2002) y Santiago Vega Sombría, De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia (Crítica, Barcelona, 2005).

Aragón ha sido objeto de nutridos estudios de parte del grupo de investigación dirigida por el profesor Casanova. Los títulos más importantes de su producción son: Julián Casanova, Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, María Pilar Maluenda y María Pilar Salomón, El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón (1936-1939) 2.ª edición (Mira Editores, Zaragoza, 1999); Ángela Cenarro, El fin de la esperanza: Fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939) (Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1996) y Julia Cifuentes Chueca y Pilar Maluenda Pons, El asalto a la República: los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939) (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995). Sobre la represión en las islas Baleares, se puede consultar Jean A. Schalekamp, De una isla no se puede escapar. Mallorca’36. (Prensa Universitaria, Palma de Mallorca 1987) y los muchos libros de Josep Massot i Muntaner, entre los cuales los más relevantes son Guerra civil i repressió a Mallorca (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997); Mallorca durant la guerra civil (Edicions Documenta Balear, Palma de Mallorca, 1996), y El primer franquisme a Mallorca. Guerra civil, repressió, exili i represa cultural (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996).

El sur de España, por donde pasaron las columnas africanas de Franco, es donde la represión fue más salvaje. Quizá por eso, Andalucía y Extremadura han generado en el posfranquismo una riquísima literatura, a veces poco conocida. Entre las obras más enjundiosas, relevantes y desgarradoras se encuentran dos de Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Crítica, Barcelona, 2003) y La justicia de Queipo. (Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936) Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz 2.ª edición (Crítica, Barcelona, 2005). Por provincias, hay que contar con los siguientes libros: Granada: Ian Gibson, El asesinato de García Lorca (Plaza & Janés, Barcelona, 1996); Córdoba: Francisco Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba (1936-1939) (Editorial Alpuerto, Madrid, 1985); Arcángel Bedmar González, Lucena: de la Segunda República a la Guerra Civil (Imprenta Vistalegre, Córdoba, 1998); Gabriel García de Consuegra Muñoz, Ángel López López y Fernando López López, La represión en Pozoblanco (Guerra civil y posguerra) (Francisco Baena Editor, Córdoba, 1989); Huelva: Francisco Espinosa Maestre, La guerra civil en Huelva 4.ª edición (Diputación Provincial, Huelva, 2005); Sevilla: Juan Ortiz Villalba, Sevilla 1936. Del golpe militar a la guerra civil (Diputación Provincial, Sevilla, 1997); Alfonso Lazo, Retrato del fascismo rural en Sevilla (Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998); Alfonso Braojos Garrido, Leandro Álvarez Rey y Francisco Espinosa Maestre, Sevilla, 36: Sublevación fascista y represión (Muñoz, Moya y Montraveta, Brenes, Sevilla, 1990), y Nicolás Salas, Sevilla fue la clave. República, Alzamiento, Guerra Civil (1931-39) (Editorial Castillejo, Sevilla, 1992, 2 vols.); Cádiz: Fernando Romero Romero, Guerra civil y represión en Villamartín (Diputación Provincial, Cádiz, 1999) y Alicia Domínguez Pérez, El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945) (Quórum Editores, Cádiz, 2005, 2 vols.). También, para comprender el ambiente de guerra en un pueblo, San Roque, hay que consultar las maravillosamente detalladas memorias de Carlos Castilla del Pino, Pretérito imperfecto (Tusquets, Barcelona, 1997). Para Extremadura, hay un espléndido estudio de Cáceres de Julián Chaves Palacios, La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939) (Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995), y para Badajoz: José María Lama, La amargura de la memoria: República y guerra en Zafra (1931-1936) (Diputación de Badajoz, Badajoz, 2004); Francisco Espinosa Maestre, El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española (Sobre la Matanza de Badajoz y la lucha en torno a la interpretación del pasado) (Los Libros del Oeste, Badajoz, 2005); Justo Vila Izquierdo, Extremadura: la guerra civil (Universitas Editorial, Badajoz, 1983); Jacinta Gallardo Moreno, La guerra civil en La Serena (Diputación Provincial, Badajoz, 1994), y desde otra óptica, José Luis Gutiérrez Casalá, La guerra civil en la provincia de Badajoz. Represión republicano-franquista y La guerra civil en la provincia de Badajoz. Segunda parte (Universitas Editorial, Badajoz, 2004 y 2005).

Hubo provincias que pasaron parte de la guerra en ambas zonas, de entre las cuales la provincia con la experiencia más dramática fue quizá Málaga. Hay una literatura franquista espeluznante: Francisco García Alonso, S. J., Mis dos meses de prisión en Málaga (Tipografía de M. Carmona, Sevilla, 1936); G. Gómez Bajuelo, Málaga bajo el dominio rojo (Establecimientos Cerón, Cádiz, 1937); Francisco Lluch Fabado Valls, Mi diario entre los mártires. Cárcel de Málaga, año 1937 (Editorial Dardo, Granada, 1937), y Ángel Gollonet Megías y José Morales López, Sangre y fuego: Málaga (Librería Prieto, Granada, 1937). Hay dos estudios recientes de lectura obligada: Antonio Nadal, Guerra civil en Málaga (Editorial Arguval, Málaga, 1984) y Encarnación Barranquero Texeira, Málaga entre la guerra y la posguerra: el franquismo (Editorial Arguval, Málaga, 1994). Sobre Jaén, son de suma importancia: Francisco Cobo Romero, La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén 1936-1950 (Diputación Provincial, Jaén, 1993) y Luis Miguel Sánchez Tostado, Víctimas. Jaén en Guerra (1936-1950) (Ayuntamiento de Jaén, Jaén, 2005).

La represión en ambas zonas está examinada en un importante libro colectivo dirigido por Santos Julià, Víctimas de la guerra civil (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1999) y en la colección Archivo Histórico Nacional, Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la guerra civil española: Instituciones y fuentes documentales (Ministerio de Cultura, Madrid, 1990). En cuanto a la represión en la retaguardia republicana, muy exagerada en la literatura franquista, ha sido a mediados de los años noventa objeto de estudio serio por parte de los investigadores. Frutos valiosos de dichas investigaciones son Glicerio Sánchez Recio, Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936-1939) (Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1994) y La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil (Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991) y Jaume Barrull Pelegrí y Conxita Mir Curcó, coordinadores, Violència política i ruptura social a Espanya 1936-1945 (Edicions de l’Universitat de Lleida, Lérida, 1994). Un apartado de suma importancia dentro de la represión republicana fue la dedicada al clero. Sobre este tema, sigue siendo de enorme valor Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939 (Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961). También de gran interés son Josep Massot i Muntaner, recopilador, La persecució religiosa de 1936 a Catalunya. Testimoniatges (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1987) y Albert Manent i Segimon y Josep Raventós i Giralt, L’Església clandestina a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984). Sobre los intentos republicanos de poner fin a la persecución de la Iglesia, es de consulta obligatoria Hilari Raguer, Salvador Rial, Vicari del Cardenal de la pau (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1993).

Las más interesantes investigaciones locales aparecidas hasta la fecha sobre la política y la sociedad en la retaguardia republicana, incluyendo consideraciones sobre la represión, son: Josep M. Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font, La repressió a la reraguardia de Catalunya (1936-1939) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, 2 vols.); Pelai Pagès i Blanch, La presó Model de Barcelona. Història d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996); Jaume Barrull Pelegrí, Violència popular i justícia revolucionària. El Tribunal Popular de Lérida (1936-1937) (Edicions de l’Universitat de Lleida, Lérida, 1995); Vicent Gabarda Cebellán, La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano (1936-1939) (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1996); Francisco Alía Miranda, La guerra civil en la retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939) (Diputación Provincial, Ciudad Real, 1994); Juan Martínez Leal, República y guerra civil en Cartagena (1931-1939) (Universidad de Murcia/Ayuntamiento de Cartagena, Murcia, 1993); Carmen González Martínez, Guerra civil en Murcia. Un análisis sobre el Poder y los comportamientos colectivos (Universidad de Murcia, Murcia, 1999); Manuel Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950 (Siglo XXI, Madrid, 1996); dos libros de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Política y guerra civil en Almería (Editorial Cajal, Almería, 1986) y Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana (Universidad de Almería, Almería, 1996); Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939) (Universidad Complutense, Madrid, 2004, 2 vols.) y José Luis Ledesma Vera, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la guerra civil (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2003), un estudio especialmente brillante.

La más notoria atrocidad en territorio republicano fue la masacre de prisioneros derechistas en noviembre de 1936. Tres estudios apasionados son: Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue (Argos Vergara, Barcelona, 1983); Carlos Fernández Santander, Paracuellos de Jarama: ¿Carrillo culpable? (Argos Vergara, Barcelona, 1983), y Rafael Casas de la Vega, El terror: Madrid 1936. Investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas (Editorial Fénix, Madrid, 1994). A este respecto, resulta fascinante un estudio minucioso de la quinta columna derechista dentro de la capital sitiada: Javier Cervera Gil, Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1936-1939 (Alianza Editorial, Madrid, 1998). La aparición de la quinta columna al final de la guerra está tratada en Ricardo de la Cierva, La victoria y el caos. A los sesenta años del 1 de abril de 1939 (Editorial Fénix, Madrid, 1999). Además de la represión de elementos de derechas, en la zona republicana hubo otra represión que era la supresión, por parte de los comunistas, de individuos acusados de ser trotskistas. El caso más notorio era el de Andreu Nin, líder del POUM. Sobre su muerte existe: Julián Gorkín, El proceso de Moscú en Barcelona. El sacrificio de Andrés Nin (Aymá S. A. Editora, Barcelona 1973). Para una visión más reciente, véase José María Zavala, En busca de Andreu Nin. Vida y muerte de un mito silenciado de la guerra civil (Plaza & Janés, Barcelona, 2005). Otro caso individual que ha suscitado mucho interés es el asesinato de José Robles Pazos, el amigo del novelista célebre americano John Dos Passos. Sobre este tema, es de lectura fascinante el libro de Ignacio Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos (Seix Barral, Barcelona, 2005).

Pasando ya a la política oficial dentro de la zona republicana, una fuente imprescindible es los escritos del Presidente Manuel Azaña, que se encuentran en el tomo cuarto de sus Obras completas (Ediciones Oasis, México D. F., 1966-8, 4 vols.) y en Manuel Azaña, Apuntes de memoria inéditos y cartas 1938-1939-1940 edición al cuidado de Enrique de Rivas Ibáñez (Pre-Textos, Valencia, 1990, 2 vols.). Sobre el papel de Azaña en la guerra, son fundamentales los libros mencionados anteriormente de Ángeles Egido y Cipriano Rivas-Cherif.

Los relatos más enjundiosos desde un punto de vista socialista son los de Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, 2.ª edición (Librería Española, París, 1968, 2 vols.) y Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables (Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1973). Desafortunadamente, Indalecio Prieto no nos dejó sus memorias. Sin embargo, muchas de sus más importantes reflexiones sobre la Guerra Civil española se pueden encontrar en su libro Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos (Oasis, México D. F., 1967-1969, 3 vols.) y en su correspondencia con Juan Negrín, Epistolario Prieto-Negrín. Puntos de vista sobre el desarrollo y consecuencias de la guerra civil española, 2.ª edición (Fundación Indalecio Prieto/Planeta, Barcelona, 1990). En cuanto a Largo Caballero, hasta que salga la prometida pero ya muy demorada publicación de sus memorias de guerra depositadas en la Fundación Pablo Iglesias, hay que recurrir a las amargas y no muy fiables cartas que escribió a Enrique de Francisco, Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos: cartas a un amigo (Editores Unidos, México D. F., 1953).

De Negrín no hay ni memorias ni una biografía completa. Sin embargo, la perspectiva ha cambiado en los últimos años. Antes de 2003 había que recurrir a los valiosos avances de Joan Llarch, Negrín ¡Resistir es vencer! (Planeta, Barcelona, 1985); Santiago Álvarez, Negrín, personalidad histórica. Biografía (Ediciones de la Torre, Madrid, 1994), y Manuel Tuñón de Lara, Ricardo Miralles y Bonifacio N. Díaz Chico, Juan Negrín López. El hombre necesario (Gobierno de Canarias, Las Palmas, 1996). La situación mejoró hace un par de años cuando Ricardo Miralles, Juan Negrín. La República en guerra (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2003) con una defensa de Negrín hecha con objetividad y habilidades forenses, publicó el más rico retrato hasta la fecha del enigma que fue Negrín. También merece una lectura cuidadosa la brillante y sugerente síntesis de Enrique Moradiellos, Juan Negrín López 1892-1956 (Parlamento de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 2005). La mejor visión de conjunto sobre el papel socialista en la guerra es un libro recientemente traducido al castellano, de Helen Graham, El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939) (Debate, Barcelona, 1991).

La versión oficial comunista de la guerra es la de Dolores Ibárruri y colaboradores, Guerra y revolución en España 1936-39 (Editorial Progreso, Moscú, 1966-1977, 4 vols.). Sobre Dolores Ibárruri se puede ver la biografía aguda escrita por Manuel Vázquez Montalbán, Pasionaria y los siete enanitos (Planeta, Barcelona, 1995) y el capítulo «Pasionaria de acero» en Paul Preston, Las tres Españas del 36. Una versión comunista de los primeros meses en Madrid, escrita con una extraordinaria inmediatez, es la del emisario de Stalin, Mijaíl Koltsov, Diario de la guerra de España (Ruedo Ibérico, París, 1963). La autobiografía de Santiago Carrillo, Memorias (Planeta, Barcelona, 1993) ha sido criticada por su falta de franqueza, sobre todo en «Santiago Carrillo o la miseria de la memoria», Julio Aróstegui, Historia 16, n.º 218, 1994. Una interpretación muy aguda desde la oposición comunista es el poco conocido pero fascinante libro de Grandizo Munis , Jalones de derrota, promesa de victoria. Crítica y teoría de la revolución española (1930-1939) (ZYX, Madrid, 1977). Otra versión trotskista se puede encontrar en la obra de dos historiadores franceses: Pierre Broué y Emile Témime, La revolución y la guerra de España (Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1972).

La historiografía sobre el anarquismo es muy abundante. De suma importancia por los muchos documentos que aportan son los tres tomos de José Peirats, La CNT en la revolución española 2.ª edición (Ruedo Ibérico, París, 1971, 3 vols.), un libro del que existe una versión resumida —José Peirats, Los anarquistas en la crisis política española (Editorial Alfa, Buenos Aires, 1964)—. Hay memorias anarquistas de importancia, sobre todo las de Cipriano Mera, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista (Ruedo Ibérico, París, 1976) y de Juan García Oliver, El eco de los pasos (Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978). Son decepcionantes las de Federica Montseny, Mis primeros cuarenta años (Plaza & Janés, Barcelona, 1987). Mucho más interesante respecto a Montseny es la biografía hecha por Susanna Tavera, Federica Montseny. La indomable (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2005). Entre otros libros de investigación posterior, son muy importantes el monumental estudio de Abel Paz, Durruti en la revolución española (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1996); los capítulos de la colección dirigida por Julián Casanova, El sueño igualitario: campesinado y colectivizaciones en la España republicana (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1988), y la excelente visión de conjunto del mismo Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939) (anteriormente citado). Un libro realmente original de Chris Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937 (Alianza Editorial, Madrid, 2005) demuestra la desesperación social que subyacía del radicalismo anarquista.

La experiencia colectivista está mejor estudiada a través de los estudios locales. Entre muchísimos, los siguientes son muy notables: Aurora Bosch Sánchez, Ugetistas y libertarios. Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939 (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1983); Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa 1936-1938 (Siglo XXI, Madrid, 1985), y Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón 1930-1938 (Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994); Luis Garrido González, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939) (Siglo XXI, Madrid, 1979), y de entre muchos estudios locales de Cataluña, Miquel Térmens i Grells, Revolució i guerra civil a Igualada (1936-1939) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991) y Joan Villarroya i Font, Revolució i guerra civil a Badalona 1936-1939 (Mascaró de Proa, Badalona, 1986).

El conflicto interno más intenso y destructivo en la zona republicana, y también entre los exiliados después de la guerra, fue el debate sobre la prioridad que había que conceder a la creación de una máquina de guerra o la construcción de una revolución. En consecuencia, el conflicto de «guerra o revolución» provocó una literatura considerable. Sobre el desmantelamiento de la revolución, la obra indispensable es el monumental ataque contra los comunistas del galés Burnett Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución (Alianza Editorial, Madrid, 1989). Durante la misma guerra, Bolloten fue corresponsal de prensa con simpatías muy cercanas al PCE. Exiliado en México, lo que supo del asesinato de Trotsky le empujó en una dirección anticomunista. El gran fallo de su libro —que sigue siendo de primerísima importancia— es que se dedica a denunciar los métodos comunistas sin examinar seriamente por qué tales procedimientos se consideraron necesarios no solo por los mismos comunistas, sino también por los socialistas moderados y los republicanos burgueses. Es decir, Bolloten sacó de su contexto las luchas internas dentro de la zona republicana, separándolas de sus consecuencias prácticas domésticas e internacionales y del hecho de que la República se vio obligada a llevar una guerra no solamente contra Franco, sino también contra sus aliados italianos y alemanes. Bolloten prestó poca atención a la necesidad de una centralización del poder para hacer una guerra eficaz. Hay una devastadora crítica de Bolloten por Herbert R. Southworth, «El Gran camuflaje: Julián Gorkin, Burnett Bolloten y la guerra civil española» en Preston, ed., La República asediada. La contestación más completa, aguda y original a las tesis de Bolloten viene de Helen Graham, The Spanish Republic at War 1936-1939 (Cambridge University Press, Cambridge, 2002) cuya traducción española saldrá pronto en Debate.

Quizá el libro más leído sobre la Guerra Civil es otra crítica feroz de los comunistas. Se trata de George Orwell, Homenaje a Cataluña (Ariel, Barcelona, 1973), que da una visión emotiva —pero estrecha— de los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona desde una posición pro POUM. En la misma línea se sitúa el libro de uno de los últimos supervivientes de la experiencia del POUM, Ignacio Iglesias, Experiencias de la Revolución. El POUM, Trotski y la intervención soviética (Editorial Laertes, Barcelona, 2003). La defensa de la política comunista fue asumida con gran inteligencia y sofisticación por Fernando Claudín, La crisis del movimiento comunista. I De la Komintern al Kominform (Ruedo Ibérico, París, 1970) y en los escritos e informes contemporáneos de Palmiro Togliatti, Escritos sobre la guerra de España (Crítica, Barcelona, 1980) y de Stoyán Mínev, (Stepanov), Las causas de la derrota de la República española. Informe para el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Moscú, (abril) de 1939 (Miraguano Ediciones, Madrid, 2003). Una contribución sobresaliente al debate sobre la primacía de la guerra es el capítulo de Helen Graham, «La movilización con vistas a la guerra total: la experiencia republicana», en Preston, ed., La República asediada.

El sitio de Madrid ha sido objeto de un magnífico estudio de Julio Aróstegui y Jesús A. Martínez, La Junta de Defensa de Madrid (Comunidad de Madrid, Madrid, 1984), un volumen de primerísima importancia porque contiene además las actas de la Junta. Una versión de un protagonista es Antonio López Fernández, Defensa de Madrid. Relato histórico (Editorial A. P. Márquez, México D. F., 1945) y la de un testigo ocular, Geoffrey Cox, La defensa de Madrid (Oberón, Madrid, 2005) con unas anotaciones muy atinadas de Martin Minchom. La política militar de la República se puede seguir en los varios tomos de memorias del general Vicente Rojo, ¡Alerta los pueblos! estudio político-militar del período final de la guerra española, 2.ª edición (Ariel, Barcelona, 1974); Así fue la defensa de Madrid (Ediciones Era, México D. F., 1967), y España heroica: diez bocetos de la guerra española, 3.ª edición (Ariel, Barcelona, 1975). La experiencia militar de la República está tratada con detalle y amenidad en dos libros de Jorge Martínez Reverte: La Batalla de Madrid (Crítica, Barcelona, 2003) y La Batalla del Ebro (Crítica, Barcelona, 2003).

Dos memorias de militantes comunistas que llegaron a posiciones de alto mando con el Ejército Popular son Enrique Líster, Nuestra guerra (Colección Ebro, París, 1966) y Juan Modesto, Soy del Quinto Regimiento (Notas de la guerra española) (Colección Ebro, París, 1969). Tres memorias por oficiales profesionales republicanos proceden de las plumas de Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo (Memorias) (Colección Ebro, Bucarest, 1964, 2 vols.), de Antonio Cordón, Trayectoria (Recuerdos de un artillero) (Colección Ebro, París, 1971) y del exsubsecretario del Ejército de la República, coronel Jesús Pérez Salas, Guerra en España (1936 a 1939) (Imprenta Grafos, México D. F., 1947). Los dos mejores estudios del Ejército republicano se deben al general Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército popular de la República (Editora Nacional, Madrid, 1973, 4 vols.) y Michael Alpert, El ejército republicano en la guerra civil, 2.ª edición (Siglo XXI, Madrid, 1989). Sobre la guerra naval, véase el estudio muy ameno de Michael Alpert, La guerra civil española en el mar (Siglo XXI, Madrid, 1987). Sobre la guerra aérea hay mucha tergiversación respecto al número de aparatos en cada bando. El mejor estudio y el más objetivo desgraciadamente no ha sido traducido al castellano. Se trata de Gerald Howson, Aircraft of the Spanish Civil War 1936-1939 (Putnam, Londres, 1990).

Un aspecto del esfuerzo militar republicano que ha suscitado una literatura inmensa tanto memorialística como erudita es el papel de las Brigadas Internacionales. Por razones obvias, la mayoría de la literatura se ha publicado en los idiomas de los voluntarios y no en castellano. Afortunadamente, hay en castellano unas visiones sinópticas del papel de las brigadas que subrayan su dimensión de defensa espontánea de la democracia contra el fascismo. La mayoría son favorables a los voluntarios: Luigi Longo, Las brigadas internacionales en España (Ediciones Era, México D. F., 1966); Andreu Castells, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España (Ariel, Barcelona, 1974); Santiago Álvarez, Historia política y militar de las Brigadas Internacionales (Compañía Literaria, Madrid, 1996), y Manuel Requena Gallego, ed., La guerra civil española y las Brigadas Internacionales (Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998). Dos versiones que interpretan las Brigadas como simple instrumento del Kremlin se pueden ver en Ricardo de la Cierva, Brigadas Internacionales 1936-1996. La verdadera historia: Mentira histórica y error de Estado (Editorial Fénix, Madrid, 1997) y César Vidal, Las Brigadas Internacionales (Espasa Calpe, Madrid, 1998).

Pasando ya a los voluntarios de cada nación, partiendo de una bibliografía inmensa, los títulos principales, por países, se indican a continuación. Sobre el país que más voluntarios mandó, Francia, hay un importante estudio reciente: Rémi Skoutelsky, L’Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades internationales, 1936-1939 (Bernard Grasset, París, 1998). Para Estados Unidos, la versión oficiosa de los brigadistas es Arthur H. Landis, The Abraham Lincoln Brigade (Citadel, Nueva York, 1967) y un estudio reciente de primerísima calidad, Peter N. Carroll, The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade: Americans in the Spanish Civil War (Stanford University Press, Stanford, California, 1994). Para Inglaterra, la versión oficial del último comandante del batallón británico es Bill Alexander, British Volunteers for Liberty (Lawrence & Wishart, 1982), y dos estudios globales recientes son James K. Hopkins, Into the Heart of the Fire: The British in the Spanish Civil War (Stanford University Press, Stanford, California, 1998) y Richard Baxell, British Volunteers in the Spanish Civil War. The British Battalion in the International Brigades, 1936-1939 (Routledge/Cañada Blanch, Londres, 2004). Irlanda e Italia son dos países que mandaron nutridos contingentes para luchar con ambos bandos en la Guerra Civil. La escala de la participación italiana se puede deducir de Ubaldo Bardi, La guerra civile di Spagna. Saggio per una bibliografia italiana (Argalià, Urbino, 1974). De la muy nutrida bibliografía memorialística, sigue siendo lo más interesante y menos partidista el libro de un hombre asesinado por los fascistas italianos, Carlo Roselli, Oggi in Spagna, domani in Italia 2.ª edición (Einaudi, Torino, 1967). Sobre los italianos que lucharon en las filas de Franco, véase abajo la sección sobre la ayuda internacional. La experiencia irlandesa en las Brigadas Internacionales se puede seguir en Michael O’Riordan, Connolly Column (New Books, Dublín, 1979) y la apología del comandante de las fuerzas fascistas el general Eoin O’Duffy, Crusade in Spain (Brown & Nolan, Dublín, 1938). Sobre los brigadistas de América Latina, hay algunos estudios de países individuales, pero la única visión de conjunto es la de Gerold Gino Baumann, Los voluntarios latinoamericanos en la guerra civil española (Editorial Guayacán, San José, Costa Rica, 1997).

Las dimensiones internacionales de la guerra han sido objeto de importantes investigaciones recientes. Hay dos reconstrucciones de conjunto: Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española (Ediciones Península, Barcelona, 2001) y Sebastian Balfour y Paul Preston, eds., España y las grandes potencias en el siglo XX (Crítica, Barcelona, 2002). Caben pocas dudas de que la derrota de la Segunda República se debe tanto a la inacción de las democracias como a la agresión de las dictaduras fascistas. El gran hito en la historiografía del papel británico durante la Guerra Civil española ha sido la publicación de dos magníficos estudios, tan amenos como agudos, de Enrique Moradiellos: Neutralidad benévola: el gobierno británico y la insurrección militar española de 1936 (Pentalfa, Oviedo, 1990) y La perfidia de Albión: el Gobierno británico y la guerra civil española (Siglo XXI, Madrid, 1996). Son fascinantes las memorias del embajador republicano en Londres, Pablo de Azcárate, Mi embajada en Londres durante la guerra civil española (Ariel, Barcelona, 1976). Sobre el papel de los franceses, cabe destacar el libro de José María Borrás Llop, Francia ante la guerra civil española (Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981) y el de David Wingeate Pike, Les français et la guerre d’Espagne 1936-1939 (Presses Universitaires de France, París, 1975). Un estudio interesante de las dos potencias europeas democráticas es el de Juan Avilés Farré, Pasión y farsa: franceses y británicos ante la guerra civil española (Eudema, Madrid, 1994). Los mejores estudios sobre la política exterior estadounidense no han sido traducidos al castellano: Richard P. Traina, American Diplomacy and the Spanish Civil War (Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1968) y Douglas Little, Malevolent Neutrality: The United States, Great Britain, and the Origins of the Spanish Civil War (Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1985). De gran interés es el libro reciente sobre la política interior norteamericana de Marta Rey García, Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos (Ediciós do Castro, La Coruña, 1997).

Dada la importancia capital de la política rusa, la bibliografía en castellano hasta hace poco era relativamente breve. La situación cambió recientemente con la publicación de los libros de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos Camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939 (Planeta, Barcelona, 1999), Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica (Crítica, Barcelona, 2003) y Frank Schauff, Der verspielte Sieg. Sowjetunion, Kommunistische Internationale und Spanischer Bürgerkrieg 1936-1939 (IISG, Amsterdam, 2004); tres investigaciones matizadas sobre las complicaciones, contradicciones y dificultades de la política rusa dentro de España. Mucho más crítico es el libro de Stanley G. Payne, Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939) (Plaza & Janés, Barcelona, 2003). Los documentos recopilados por Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov, Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War (Yale University Press, New Haven, Conn, 2001) aportan una visión de las frustraciones soviéticas frente a su incapacidad de imponer disciplina y uniformidad sobre la política republicana. Lo que muestran los documentos está en plena contradicción con el comentario de los recopiladores, que presentan un retrato de un férreo control soviético. También de gran interés es el libro de Fernando Claudín, La crisis del movimiento comunista (citado arriba), y el capítulo de Denis Smyth, «“Estamos con vosotros”: Solidaridad y egoísmo en la política soviética hacia la España Republicana, 1936-1939» en Preston, La República asediada. Sobre la vida de los funcionarios rusos en España es fascinante el libro de Paulina y Adelina Abramson, Mosaico roto (Compañía Literaria, Madrid, 1994). Aunque ya un poco viejo, sigue siendo de interés el libro de José Luis Alcofar Nassaes, Los asesores soviéticos; los mejicanos en la guerra civil española (Dopesa, Barcelona, 1971). Uno de los puntos más discutidos con respecto a la ayuda soviética es el precio cobrado. Los dos estudios clásicos sobre el tema se deben a Ángel Viñas, El oro español en la guerra civil (Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976) y El oro de Moscú: alfa y omega de un mito franquista (Grijalbo, Barcelona, 1979). Últimamente ha suscitado mucha polémica tanto en España como en el mundo anglosajón el libro de Gerald Howson, Armas para España (Ediciones Península, Barcelona, 2000).

Hay un estudio bastante sustancioso de la ayuda a Franco tanto italiana como alemana en la biografía de Paul Preston, Franco «Caudillo de España» 2.ª edición (anteriormente citado) y en sus capítulos en La República asediada y España y las grandes potencias. Sobre el papel del Tercer Reich, existen dos espléndidos libros de Ángel Viñas, La Alemania nazi y el 18 de julio 2.ª edición (Alianza Editorial, Madrid, 1977) y Guerra, dinero, dictadura: ayuda fascista y autarquía en la España de Franco (Crítica, Barcelona, 1984). El mismo Viñas ya ha cambiado totalmente nuestra visión del proceso por el que fue posible la ayuda nazi en un importante nuevo libro, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias (Alianza Editorial, Madrid, 2001). Sobre Italia, son de consulta obligatoria el libro sobre los orígenes de la intervención italiana de Ismael Saz Campos, Mussolini contra la II República: hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936) (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1986) y una colección de documentos que arroja mucha luz sobre la relación entre Mussolini y Franco (especialmente en relación con la batalla de Guadalajara) recopilada por Ismael Saz Campos y Javier Tusell Gómez, Fascistas en España: la intervención italiana en la guerra civil a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna» (15 diciembre 1936-31 marzo 1937) (Madrid/Rome, 1981). Siguen siendo de utilidad los libros de John F. Coverdale, La intervención fascista en la guerra civil española (Alianza Editorial, Madrid, 1979) y de José Luis Alcofar Nassaes, La aviación legionaria en la guerra de España (Euros, Barcelona, 1975); La marina italiana en la guerra de España (Euros, Barcelona, 1975), y C. T. V. Los legionarios italianos en la guerra civil española 1936-1939 (Euros, Barcelona, 1972). Sobre la ayuda portuguesa a Franco, las versiones principales son, en portugués: César Oliveira, Salazar e a guerra civil de Espanha (O Jornal, Lisboa, 1987); Iva Delgado, Portugal e a guerra civil de Espanha (Publicações Europa-América, s. f., Lisboa) y Fernando Rosas, ed., Portugal e a guerra civil de Espanha (Edições Colibri, Lisboa, 1998), y en castellano: Alberto Pena Rodríguez, El gran aliado de Franco. Portugal y la guerra civil española: prensa, radio, cine y propaganda (Ediciós do Castro, La Coruña, 1998).

Las dificultades de los últimos días de la República han sido iluminados por las memorias del coronel Segismundo Casado, Así cayó Madrid (Ediciones 99, Madrid, 1977). También de interés son los siguientes estudios escritos desde puntos de vista ampliamente divergentes: Luis Romero, El final de la guerra (Ariel, Barcelona, 1976); Ignacio Iglesias, La fase final de la guerra civil (de la caída de Barcelona al derrumbamiento de Madrid) (Planeta, Barcelona, 1977); Francisco-Félix Montiel, Un coronel llamado Segismundo. Mentiras y misterios de la guerra de Stalin en España (Editorial Criterio-Libros, Madrid, 1998); Ángel Bahamonde Magro y Javier Cervera Gil, Así terminó la Guerra de España (Marcial Pons, Madrid, 1999), y José Manuel Martínez Bande, Los cien últimos días de la República (Luis de Caralt, Barcelona, 1973).

Como muestra de lo que pasó en las zonas que cayeron al final de la guerra, hay que ver, entre otros muchos libros, Josep Benet, L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya (Publicacions de L’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995) y Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra (Editorial Milenio, Lleida, 2000) y Vicent Gabarda, Els afusellaments al Pais Valencià (1938-1956) (Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1993). Sobre las consecuencias a largo plazo de la victoria de Franco, la represión de la posguerra y la relación del Caudillo con el Eje, además hay unos libros que demuestran cómo la represión fue el pilar sobre el que se construía el nuevo régimen, como Paul Preston, La política de la venganza (citado arriba) y el estudio elocuente de Michael Richards, Un tiempo de silencio: La guerra civil y la cultura de represión en la España de Franco, 1936-1945 (Crítica, Barcelona, 1999). El doctor Richards reconstruye la compleja interacción de la violencia institucional, la ideología, la religión organizada, la economía y la privación social para conseguir la cruel humillación y explotación de los vencidos. Antonio Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953) (Marcial Pons, Madrid, 2000) examina los mismos temas en su síntesis sobre la violencia e intolerancia que subyacían en el régimen de Franco. Con sólida documentación y aguda inteligencia, ofrece percepciones interesantes sobre la relación entre la política del régimen y los problemas de la deficiente alimentación, la vivienda y la mortalidad infantil.

Por lo demás, es inmensa la bibliografía sobre la represión, la resistencia antifranquista después de la guerra y el exilio republicano. Forma parte de la literatura sobre la misma guerra porque, en cierto sentido, la contienda siguió viva hasta la muerte del dictador, quien nunca relajó su empeño en mantener viva la división de España entre vencedores y vencidos. Se trata de una literatura de difícil localización y de complicada utilización por su propia fragmentación geográfica y política. Además de los libros citados anteriormente sobre la represión durante la guerra, un elenco muy resumido de títulos importantes tendría que incluir, sin embargo, los siguientes libros. Están elegidos un poco arbitrariamente pero representan unas visiones conmovedoras de lo que supuso la derrota para los republicanos en España y en el exilio.

Sobre las cárceles, los campos de concentración, los trabajos de esclavo y los que fueron mandados a Alemania, hay una creciente literatura estremecedora. En cuanto a las visiones de conjunto, son imprescindibles la de Isaías Lafuente, Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2002); José Luis Rodríguez Jiménez, Los esclavos españoles de Hitler (Planeta, Barcelona, 2002); José Manuel Sabín, Prisión y muerte en la España de postguerra (Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1996); Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2002); Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis, Los niños perdidos del franquismo (Plaza & Janés, Barcelona, 2002), y dos libros de Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria (Siete Mares Editorial, Madrid, 2003) y Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947 (Crítica, Barcelona, 2005). De la inmensa literatura memorialística, sirvan de muestra Victoriano Crémer, El libro de San Marcos (Editorial Nebrija, León, 1980); Tomasa Cuevas Gutiérrez, Cárcel de mujeres (Sirocco Books, Barcelona, 1985, 2 vols.); Juana Doña, Desde la noche y la niebla: mujeres en las cárceles franquistas 2.ª edición (Comunicación y Diseño, Madrid, 1993); Ángeles García Madrid, Réquiem por la libertad (Editorial Alianza Hispánica, Madrid, 2003); Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real. Una vida (Alfaguara, Madrid, 1983); Clemente Sánchez, En las cárceles de Franco (Oberón, Madrid, 2003), y Ricard Vinyes, El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo (Plaza & Janés, Barcelona, 2004).

En cuanto a la continuación de la Guerra Civil en términos de la resistencia contra el régimen franquista, hay que contar con el libro de Fernando Jáuregui y Pedro Vega, Crónica del antifranquismo 1939-1975 (Argos Vergara, Barcelona, 1983-1985, 3 vols.), Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985 (Planeta, Barcelona, 1986) y Luis Ramírez, Nuestros primeros veinticinco años (Ruedo Ibérico, París, 1964). En cuanto a la resistencia armada, sobre la cual ya hay una bibliografía enorme, hay que comenzar con Francisco Moreno Gómez, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla (Crítica, Barcelona, 2001), Eduardo Pons Prades, Guerrillas españolas, 1936-1960 (Planeta, Barcelona, 1977) y Secundino Serrano, Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista (Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2001). Como un pequeño elenco de los abundantes estudios por zonas, se podría empezar con Benito Díaz Díaz, La guerrilla antifranquista en Toledo. La primera Agrupación Guerrillera del Ejército de Extremadura-Centro (Colectivo de Investigación Histórica Arrabal, Talavera de la Reina, 2003), Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939-1950) (Francisco Baena Editor, Córdoba, 1987), Luis Miguel Sánchez Tostado, La guerra no acabó en el 39. Lucha guerrillera y resistencia republicana en la provincia de Jaén (1939-1952) (Ayuntamiento de Jaén, Jaén, 2001) y Mercedes Yusta Rodrigo, Guerrilla y resistencia campesina. La resistencia armada contra el franquismo en Aragón (1939-1952) (Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003).

Por lo que respecta al exilio, destacar Antonio Vilanova, Los olvidados: los exiliados españoles en la segunda guerra mundial (Ruedo Ibérico, París, 1969); David Wingeate Pike, ¡Vae Victis! Los españoles refugiados en Francia 1939-1944 (Ruedo Ibérico, París, 1969) y Españoles en el holocausto. Vida y muerte de los republicanos en Mauthausen (Mondadori, Barcelona, 2003); Alicia Alted Vigil, La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939 (Aguilar, Madrid, 2005), y Alicia Alted Vigil, Encarna Nicolás Marín y Roger González Martell, Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999) (Fundación Largo Caballero, Madrid, 1999); Eduardo Pons Prades, El holocausto de los Republicanos españoles. Vida y muerte en los campos de exterminio alemanes (1940-1945) (Belacqua, Barcelona, 2005); Dreyfus Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco (Crítica, Barcelona, 2001), y Secundino Serrano, La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler (1939-1945) (Aguilar, Madrid, 2005).

En resumidas cuentas, hay lecturas para rato y la bibliografía seguirá creciendo.

Dramatis personae

Dramatis personae

ALCALÁ ZAMORA, Niceto: republicano conservador que fue primer ministro y posteriormente el primer presidente de la República, hasta su destitución en mayo de 1936.

ÁLVAREZ DEL VAYO, Julio: socialista de izquierda, seguidor de Largo Caballero, ministro de Estado, representó a España en el extranjero durante la Guerra Civil, y fue un firme aliado de los comunistas.

AZAÑA, Manuel: escritor e intelectual republicano de izquierda, primer ministro entre 1931 y 1933, y de nuevo en 1936; presidente de la República de 1936 a 1939.

BESTEIRO, Julián: socialista moderado de centroderecha del PSOE, opuesto a la corriente izquierdista; en 1939 participó en la Junta de Defensa de Casado.

BOLÍN, Luis: periodista de derechas, que ayudó a preparar el viaje de Franco a Marruecos en 1936 y defendió con entusiasmo la causa nacional ante la prensa internacional.

CALVO SOTELO, José: monárquico autoritario, dirigente de Renovación Española, asesinado el 13 de julio de 1936.

CASADO, Segismundo: coronel que, al mando del Ejército republicano del Centro, organizó un golpe contra Negrín en febrero de 1939.

COMPANYS, Lluís: dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya y presidente de la Generalitat, fusilado por los franquistas en 1940.

DURRUTI, Buenaventura: líder de las milicias anarquistas, muerto en el frente de Madrid en noviembre de 1936.

FRANCO BAHAMONDE, Francisco: el general más joven de Europa; después de algunas dudas iniciales, asumió el mando de las fuerzas nacionales.

GIL ROBLES, José María: dirigente de la derecha legalista, posteriormente relegado por Franco.

GOICOECHEA, Antonio: dirigente de Renovación Española hasta la vuelta de Calvo Sotelo del exilio.

KOLTSOV, Mijaíl: periodista ruso íntimo de Stalin.

LARGO CABALLERO, Francisco: ministro de Trabajo de 1931 a 1933, fue el máximo dirigente de la izquierda socialista en los años treinta, y primer ministro desde el 4 de septiembre de 1936 hasta el 17 de mayo de 1937.

LERROUX, Alejandro: fundador del Partido Radical, se mostró cada vez más venal y conservador, y fue primer ministro en 1934-1935 en coalición con Gil Robles.

MARTÍNEZ BARRIO, Diego: republicano de centro, abandonó el Partido Radical en 1934; fue primer ministro el 18 y 19 de julio de 1936, y presidente de la República en 1939.

MIAJA, general José: general republicano al que se confió la organización de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de 1936.

MOLA, general Emilio: general, director de la conspiración militar en 1936, mandó el Ejército nacional del Norte hasta su muerte en accidente de aviación en 1937.

NEGRÍN, doctor Juan: socialista moderado y catedrático de fisiología; fue ministro de Hacienda con Largo Caballero y primer ministro desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra.

NIN, Andreu: antiguo trotskista y líder del POUM, asesinado por los comunistas en mayo de 1937.

PRIETO, Indalecio: socialista moderado rival de Largo Caballero, ministro de Hacienda en 1931 y ministro de la Guerra desde mayo de 1937 hasta abril de 1938.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio: fundador de Falange Española, ejecutado en Alicante en noviembre de 1936.

QUEIPO DE LLANO, Gonzalo: excéntrico general que se apoderó de Sevilla e impuso la ley del terror en Andalucía.

ROJO, general Vicente: jefe del Estado Mayor republicano, que planeó las ofensivas de Teruel y del Ebro.

SANJURJO, general José: general derechista, que organizó un golpe frustrado en 1932 y pereció en un accidente aéreo en Portugal cuando se dirigía a asumir el mando supremo del alzamiento de 1936.

SERRANO SÚÑER, Ramón: falangista, cuñado de Franco y arquitecto de la estructura política nacional.

VARELA, general José Enrique: simpatizante carlista que dirigió el asalto nacional a Madrid.

YAGÜE, general Juan: simpatizante falangista y comandante táctico del Ejército de África.

ZUGAZAGOITIA, Julián: director de El Socialista, ministro del Interior durante la guerra, ejecutado por Franco en 1940.

Lista de siglas

Lista de siglas

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas, grupo derechista de elite fundado por Ángel Herrera, que nutrió a la CEDA de dirigentes.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, la mayor organización de masas de la derecha legalista durante la Segunda República.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo, sindicato anarcosindicalista de masas.

FAI: Federación Anarquista Ibérica, vanguardia insurreccional del movimiento anarquista español.

FJS: Federación de Juventudes Socialistas.

FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sección de trabajadores del campo de la UGT.

HISMA: Compañía Hispano-Marroquí de Transportes, empresa creada en Marruecos el 31 de julio de 1936 para enviar productos españoles a Alemania como pago por la ayuda del Tercer Reich a los nacionales.

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas, movimiento juvenil socialista creado mediante la unificación de las juventudes socialistas y comunistas en1936.

PCE: Partido Comunista de España, de orientación prosoviética.

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista, amalgama de disidentes comunistas antiestalinistas y trotskistas, creado en 1935 con el objetivo de construir un partido bolchevique de vanguardia.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

ROWAK (Rohstoff-und-Waren-Kompensation Handelsgesesllschaft): agencia de exportación creada en Alemania en octubre de 1936 para canalizar los suministros a la España nacional.

UGT: Unión General de Trabajadores, federación de sindicatos ligada al Partido Socialista Obrero Español.

SIM: Servicio de Investigación Militar, policía secreta de la zona republicana.

Apéndice fotográfico

Apéndice fotográfico

Paul Preston (Liverpool, Reino Unido, 1946) es un historiador e hispanista británico, autor de diversas obras sobre la historia contemporánea de España. Doctor en Historia por la Universidad de Oxford, es catedrático de Historia Contemporánea española y director del Centro Cañada Blanch para el Estudio de la España Contemporánea en la London School of Economics (Universidad de Londres). También fue profesor de Historia en la Universidad de Reading y en el Centro de Estudios Mediterráneos del Queen Mary College (Universidad de Londres). Escribe artículos en diversas publicaciones y colabora también con la BBC como comentarista de la actualidad española.

Junto a Raymond Carr y Hugh Thomas, es uno de los principales hispanistas británicos que han dedicado su esfuerzo al estudio de la historia reciente española, especialmente a la de la Segunda República, la Guerra Civil, y los años de la dictadura de Franco…