A lo largo de 50 entradas fundamentales, los 34 historiadores más brillantes que han escrito sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo (Fontana, Preston, Viñas y Casanova entre ellos) aportan de forma definitiva, autorizada, rigurosa y crítica las claves principales para entender una etapa de nuestra historia que aún sigue suscitando demasiados desacuerdos.

Este libro está organizado en capítulos breves y concisos que permiten una lectura fácil de inicio a fin o la consulta particular de determinadas voces («Franco», «Negrín», «represión», «18 de julio»…).

AA. VV.

En el combate por la Historia

La República, la guerra civil, el franquismo

ePub r1.2

Titivillus 22.07.15

Título original: En el combate por la Historia

AA. VV., 2012

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

LOS AUTORES

JULIO ARÓSTEGUI es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, de Madrid, y director de la cátedra extraordinaria Memoria Histórica del siglo XX. Entre sus obras: La historia vivida. Sobre la historia del presente, Alianza, Madrid, 2004, Por qué el 18 de julio… y después, Flor del Viento, Barcelona, 2006, y Francisco Largo Caballero en la edad de oro del obrerismo español, Debate, Barcelona, 2012.

CARLOS BARCIELA es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante. Entre sus obras: Autarquía y mercado negro, Crítica, Barcelona, 2003, y «Ni un español sin pan». La Red Nacional de Silos y Graneros, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2007.

JULIÁN CASANOVA es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Entre sus obras: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, Crítica, Barcelona, 1997, La Iglesia de Franco, Crítica, Barcelona, 2005, y República y guerra civil, Crítica, Barcelona, 2007.

CARLOS COLLADO SEIDEL es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Munich. Entre sus obras: España, refugio nazi, Temas de Hoy, Madrid, 2005, y Der Spanische Bürgerkrieg. Geschichte eines Europäischen Konflikts, C. H. Beck, Munich, 2010.

MATILDE EIROA es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III, de Madrid. Entre sus obras: Política internacional y comunicación en España (1939-1975). Las cumbres de Franco con jefes de Estado, MAEC, Madrid, 2009, y Al lado del gobierno republicano. Los brigadistas de la Europa del Este en la guerra civil española, Ediciones de UCLM, Madrid, 2009.

ANTONIO ELORZA es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus obras: La formación del PSOE (con Michel Ralle), Crítica, Barcelona, 1989, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España (con Marta Bizcarrondo), Planeta, Barcelona, 1999, y Un pueblo escogido. Génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco, Crítica, Barcelona, 2001.

FRANCISCO ESPINOSA es doctor en Historia y director científico del proyecto «Todos los nombres». Entre sus obras: La columna de la muerte, Crítica, Barcelona, 2003, La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona, 2005, y coordinador de Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica, Barcelona, 2010.

JOSEP FONTANA LÁZARO es catedrático emérito de Historia Económica de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Entre sus obras: La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, Ariel, Barcelona, 1971, y Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Pasado & Presente, Barcelona, 2011.

FERRAN GALLEGO es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus obras: Ramiro Ledesma y el fascismo español, Síntesis, Madrid, 2005; Barcelona, mayo de 1937, Debate, Madrid, 2007, y El mito de la Transición, Crítica, Barcelona, 2008.

GUTMARO GÓMEZ BRAVO es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, de Madrid. Entre sus obras: El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (1939-1950), Taurus, Madrid, 2009 y, junto con Jorge Marco, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista 1936-1960, Península, Barcelona, 2011.

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III, de Madrid. Entre sus obras: Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea (1865-2008), Alianza, Madrid, 2009, y Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Alianza, Madrid, 2011.

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ es profesor de la Universidad Autónoma, de Madrid. Entre sus obras: Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la guerra civil, disidente en el exilio, Raíces, Madrid, 2007, y Guerra o revolución: el PCE en la guerra civil, Crítica, Barcelona, 2010.

JOSÉ LUIS LEDESMA es profesor de la Universidad de Zaragoza. Entre sus obras: Los días de llamas de la revolución, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2004; es coeditor de Culturas y políticas de la violencia, Siete Mares, Madrid, 2005, y La República del Frente Popular, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, Zaragoza, 2009.

JUAN CARLOS LOSADA MALVÁREZ es doctor en Historia, especialista en historia militar y contemporánea de España. Entre sus obras: Ideología del ejército franquista, Istmo, Madrid, 1990, y, junto con Julio Busquéis, Ruido de sables, Crítica, Barcelona, 2003.

JOSÉ CARLOS MAINER es catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. Entre sus obras: Falange y literatura, Labor, 1971, y Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Espasa Calpe, Madrid, 2006.

JORGE MARCO es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, de Madrid. Entre sus obras: Hijos de una guerra, Comares, Granada, 2010, y Guerrilleros y vecinos de armas, Comares, Granada, 2012.

JOSÉ LUIS MARTÍN es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma, de Barcelona. Entre sus obras: Els orígens del PSUC, Curial, Barcelona, 1977, Historia de la UGT, Siglo XXI, Madrid, 2008, y Ordre públic i violencia a Catalunya, Dau, Barcelona, 2011.

LUDGER MEES es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, de Bilbao. Entre sus obras: El profeta pragmático. Aguirre, el primer lehendakari, 1939-1960, Alberdania, Irún, 2006 y, junto con S. de Pablo y J. A. Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Crítica, Barcelona, 1999.

RICARDO MIRALLES es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, de Bilbao. Entre sus obras: Juan Negrín. La República en guerra, Temas de Hoy, Madrid, 2003, «Indalecio Prieto, un demócrata radical», estudio preliminar a Textos escogidos de Indalecio Prieto, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1999, pp. XI-XCII, y Los rusos en la guerra de España, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2010.

ENRIQUE MORADIELLOS es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Entre sus obras: La perfidia de Albión: el gobierno británico y la guerra civil española, Siglo XXI, Madrid, 1996, y El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la guerra civil española, Península, Barcelona, 2001.

XAVIER MORENO JULIA es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona. Entre sus obras: La División Azul. Sangre española en Rusia, 1941-1945, Crítica, Barcelona, 2004 y Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra (1936-1945), Planeta, Barcelona, 2007.

JUAN CARLOS PEREIRA es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, de Madrid. Entre sus obras: Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, Ariel, Barcelona, 2003, y La política exterior de España, Ariel, Barcelona, 2010.

PAUL PRESTON es catedrático emérito de la London School of Economics. Entre sus obras: Franco, caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 1998, Las tres Españas del 36, Plaza & Janés, Barcelona, 1999, y El holocausto español, Debate, Barcelona, 2011.

FERNANDO PUELL DE LA VILLA es profesor de Historia Militar del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED. Entre sus obras: Historia del Ejército en España. Atlas de la guerra civil española: antecedentes, operaciones y secuelas militares (1931-1945) Alianza, Madrid, 2003, y editor de Los ejércitos del franquismo (1939-1975), UNED, Madrid, 2010.

JOSEP PUIGSECH FARRAS es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus obras: Entre Franco y Stalin. El difícil itinerario de los comunistas en Cataluña, 1936-1949, El Viejo Topo, Mataró, 2009, y Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC i la Internacional Comunista durant la guerra civil, Eumo, Vic, 2001.

HILARI RAGUER I SUÑER es doctor en Derecho, monje de Montserrat y especialista en la historia de la Iglesia española. Entre sus obras: La espada y la cruz (La Iglesia, 1936-1939), Bruguera, Barcelona, 1977, y La pólvora y el incienso: la iglesia y la guerra civil, 1936-1939, Península, Barcelona, 2008.

ALBERTO REIG TAPIA es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona. Entre sus obras: Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu, Alianza, Madrid, 1999, Franco. El César superlativo, Tecnos, Madrid, 2005, y La Cruzada de 1936, Alianza, Madrid, 2006.

RICARDO ROBLEDO es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Salamanca. Entre sus obras: Los ministros de Agricultura de la Segunda República (1931-1939), MAPA, Madrid, 2006, y, con S. López (eds.), ¿Interés particular, bienestar público? Grandes patrimonios y reformas agrarias, PUZ, Zaragoza, 2007.

JOSE ANDRÉS ROJO es licenciado en Sociología y periodista. Entre sus obras: Vicente Rojo. Retrato de un general republicano, Tusquets, Barcelona, 2006.

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona. Entre sus obras: ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras cuestiones, Flor del Viento, Barcelona, 2006, y La Segunda República en el exilio, 1939-1977, Planeta, Barcelona, 2011.

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Entre sus obras: Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1939, Diversidad de origen e identidad de interés, Instituto Juan Gil Albert, Alicante, 1996 y Sobre todos Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos, Flor del Viento, Barcelona, 2008.

JOAN MARIA THOMÀS es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona. Entre sus obras: La Falange de Franco, Plaza & Janés, Barcelona, 2001, La batalla del wolframio. Estados Unidos y España de Pearl Harbor a los inicios de la guerra fría, 1941-1947, Cátedra, Madrid, 2010, y Los fascismos españoles, Planeta, Barcelona, 2011.

ÁNGEL VIÑAS es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense, de Madrid. Entre sus obras: Hitler, Franco y el estallido de la guerra civil, Alianza, Madrid, 2000, En las garras del águila, Crítica, Barcelona, 2003, La república española en guerra, Crítica, Barcelona, 2010, 3 vols., y La conspiración del general Franco, Crítica, Barcelona, 2012.

PERE YSÀS es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus obras: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004, y, en colaboración con Carme Molinero, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, Crítica, Barcelona, 2008.

Presentación

ÁNGEL VIÑAS

PRESENTACIÓN

La literatura existente, en castellano y otros idiomas, sobre la Segunda República, la guerra civil y el franquismo es inabarcable en su variedad. Es más, no cesa de crecer. Cada mes aparecen nuevos títulos. A veces para arrojar luz sobre aspectos que siguen siendo muy debatidos. Con harta frecuencia, para refritar lo ya conocido. En los últimos años para continuar presentando visiones distorsionadas y profundamente ideologizadas. En algún caso, como se verá al final de este libro, para regurgitar auténticos dislates.

La idea de esta obra surgió a mitad de 2011. El lector recordará que, tras una auténtica primicia del diario madrileño Público, los medios se hicieron eco entonces de las discusiones que despertaron ciertas entradas del denominado Diccionario Biográfico Español, de la Real Academia de la Historia (RAH). Levantaron enorme controversia algunas de las relacionadas con el período 1931-1975. Franco apareció bajo una luz rosada, algo inimaginable en el caso de una institución comparable en cualquier país europeo con los restantes dictadores autóctonos del siglo XX. La experiencia republicana fue demonizada. La guerra civil resurgió en ocasiones como una lucha contra los «rojos». En algunas de las entradas aireadas en la prensa fue imposible desconocer el sesgo antidemocrático y a veces próximo a las querencias de la extrema derecha española. Todo ello presentado, bajo la autoridad de la augusta Institución, como si fuese la última palabra en historia.

En medio de aquella controversia, el editor Gonzalo Pontón me sugirió si no sería oportuno que, con vistas a los debates ulteriores, coordinase un «contradiccionario». No me sedujo. Tras terminar el curso, estaba enfrascado en cuatro proyectos. Los planos eran ya perentorios para tres de ellos, de los cuales uno era europeo. Asumir otro era peligroso.

Sin embargo en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial me había comprometido a celebrar uno sobre los «Mitos del 18 de Julio, 75 años después» (cuyas ponencias confío no tarden demasiado en salir a la luz). Fue en este marco en el que me cupo el honor de presidir una mesa redonda para examinar un centenar de entradas, escogidas aleatoriamente, del diccionario de la RAH. El resultado fue patético, con frecuencia no exento de aspectos cómicos. No dejaron otra alternativa los incontables errores y equivocaciones, a veces propios de estudiantes poco avezados de escuela secundaria. Dos ejemplos: Santiago Casares Quiroga apareció como el último presidente del gobierno republicano. El no menos desconocido biógrafo del general Antonio Cordón ignoraba incluso su autobiografía, un libro de referencia del cual se han tirado no menos de tres ediciones, la última y más completa hace solo pocos años. He de confesar que muchos de los autores de aquellas entradas han quedado prendidos, para mí, en el descrédito profesional más absoluto. Incluyo entre ellos a un par de eminentísimos académicos que reescribieron biografías de dos personajes que probablemente les parecerían poco estudiados por otros historiadores: Manuel Azaña y Francisco Franco.

Simultáneamente, la revista Temas para el Debate me había propuesto que escribiese un artículo sobre las perplejidades que me suscitaba el ya famoso diccionario. Al prepararlo, las preguntas se plantearon por sí mismas. ¿Cómo la RAH había podido caer en semejante desvarío? ¿A quién o quiénes, en concreto, correspondía la responsabilidad? ¿Cómo y con qué criterios se había elegido al equipo que seleccionó los autores que debían resumir el conocimiento objetivo sobre los protagonistas del período 1931-1975? ¿Había existido algún tipo de control de calidad mínimo? ¿Quién y cómo lo había ejercido? ¿Había alguien advertido los innumerables errores?

En resumen, una mezcla de disgusto y conciencia de que el público español se merecía otra cosa me indujeron a aceptar la propuesta. Se intensificó al comprobar la paralela estupefacción de los participantes en la mesa redonda escurialense ante los fenómenos combinados de disparates, distorsión y ninguneo que, con su conocimiento de expertos, detectaron adicionalmente. Para mayor inri, uno de ellos puso de relieve que las entradas que tanto se incriminaban iban en contra de los propios preceptos metodológicos aprobados solemnemente por la RAH misma. La deriva constatable merecería un estudio analítico más detallado. Siquiera para aclarar responsabilidades porque me cuesta trabajo pensar que todos los académicos sin excepción dieran su luz verde a tamaños dislates, algunos de los cuales se airearon en los medios. El particular olor rancio y a naftalina de muchas de las entradas lo recogió muy bien, por aquella época, Joaquín Prieto, en El País (31 de julio de 2011).

No extrañarán dos cosas: que todos los miembros de la mesa figuren en esta obra y que cundiera entre nosotros la sensación de que el diccionario, a pesar de los ditirambos que se le dedicaron desde la propia Institución, no era, ni más ni menos, que una provocación. Provocación a los hechos, al conocimiento, a la historia y a los historiadores. Más aún, en último término, a la sociedad española y al prestigio de España. No he de entrar aquí a valorar la voluntad de, tras un período de enfriamiento y quizá esperando a la constitución de las nuevas Cortes en la presente legislatura, distribuir los cincuenta tomos del diccionario como si no hubiera pasado nada.

De aquel cuestionamiento nació el germen de este libro, cuyo título está tomado prestado al de uno de los conocidísimos ensayos de Luden Febvre, autor francés que junto con Marc Bloch más ha influido en varias generaciones de alevines de historiador. Una respuesta científica a tal provocación. No, sin embargo, en el mismo molde. Puesto que ciertos autores del diccionario de la RAH manipulaban y desvirtuaban, había que poner coto a sus ideológicas reconstrucciones. De aquí la necesidad de proceder a través de un número de temas que permitieran al lector recorrer el período comprendido entre 1931 y 1975, muchos de cuyos protagonistas tan desfigurados aparecían en el Diccionario Biográfico Español. Hemos evitado, conscientemente, la camisa de fuerza que impondría un análisis diacrónico, de los que ya existen en número abundante. El lector podrá, a su libre arbitrio, adentrarse en este libro bien por etapas, por temas o por personajes. A su aire y a su conveniencia. Quizá algunos de quienes nos hagan el honor de leerlos podrán comprobar por sí mismos que mucho de lo que han servido una parte de los autores de la RAH, bajo el manto de su autoridad y al socaire de sus entradas biográficas, es, en realidad, sopa boba, eso sí, pagada por el sufrido contribuyente.

Un enfoque como el elegido para esta obra entraña varias dificultades. En primer lugar la selección de temas. En segundo lugar, la de autores. Sobre la base de un borrador previo, numerosas discusiones obligaron a incrementar el número previsto. La decisión final se tomó teniendo en cuenta dos necesidades: la conveniencia de centrarnos de preferencia en los aspectos políticos, institucionales, culturales y militares —en los que las controversias públicas son más intensas y muchas de las entradas del diccionario de la RAH más sesgadas o erróneas— y la de cubrir en la mayor medida posible el decurso histórico. Algunas dimensiones se examinan desde perspectivas varias en diferentes artículos, pero sin que medien soluciones de continuidad demasiado amplias entre unos y otros. En tal sentido, bien puede decirse que la presente obra encierra un análisis de las claves fundamentales para comprender la evolución histórica española desde la instauración de la República hasta el fallecimiento de Franco tal y como la ha ido articulando en general la historiografía crítica.

Determinados los temas, la selección de autores se hizo deforma natural: buscando a los expertos más destacados en cada uno. Especialistas conocidos por sus publicaciones, su orientación por la investigación y no la mera divulgación y su familiaridad con archivos, españoles y extranjeros. No todos los previstos acudieron. Dificultades de calendario, excesos de trabajo o compromisos de diversa índole llevaron a varios a declinar la invitación. De todas formas el lector puede tener la seguridad de que, si bien no están todos los que son, sí son todos los que están. Con una peculiaridad que deseo hacer explícita: siempre entendí que debía haber una representación de al menos tres generaciones. Los veteranos que llevamos publicando desde los albores de la etapa democrática e incluso antes. Los intermedios, de entre 40 y 50 años, que ya han ganado sus méritos más que sobradamente. Y los más jóvenes, que empiezan a darse a conocer con publicaciones relevantes y entre los cuales figurarán los grandes historiadores del futuro. En su conjunto el plantel reunido en este libro no tiene equivalente en ninguna otra obra en el mercado español o extranjero.

La guerra civil constituyó el gran parteaguas en nuestra historia contemporánea (no en su acepción académica que la retrotrae a la revolución francesa sino en la británica/norteamericana o en la alemana de la Zeitgeschichte). Desfigurada durante más de cuarenta años, los de la dictadura franquista, la dinámica interna a tal conflicto ha ido saliendo documentadamente a la superficie poco a poco. No es, pues, de extrañar que los temas relacionados con la guerra constituyan el meollo del presente libro. Hemos examinado casi todas sus dimensiones: desde la cultural en el largo período a las operaciones militares, desde los apoyos exteriores a la movilización interior o la evolución de las fuerzas políticas en presencia, ya sea en la zona gubernamental o en la controlada por los sublevados. No hemos esquivado problemas duros como la actitud de la Iglesia católica. También se han extraído significaciones no evidentes de hitos tales como la «unificación» o los «hechos de mayo». Sin entrar en discusiones académicas, ni mucho menos dignificar la subliteratura neofranquista que inunda tanto la red como las grandes superficies en la España de nuestros días, en los veinte temas de esta parte creo que se desploma una buena porción de los perdurables mitos que entronizó y propagó el franquismo, incluidos los de la «revolución», el exilio y la posterior oposición armada en forma de guerrillas.

Ahora bien, no es menos imprescindible explicar cómo y porqué se llegó a la guerra y cuáles fueron sus consecuencias. La paciente investigación de muchos de nosotros, y de otros cuyas aportaciones se han reseñado siquiera someramente en las informaciones sobre bibliografía básica, ha puesto de relieve que el funcionamiento del sistema republicano entre 1931 y 1936 no conducía necesariamente a la guerra. La contraria es una tesis siempre sostenida por los autores profranquistas que, al fin y al cabo, se impusieron y continúan imponiéndose como primer deber el justificar la sublevación. La dinámica sí llevaba a una rebelión militar, en el surco de una estela de actividades conspiratoriales iniciadas desde el primer momento por quienes nunca quisieron aceptar el nuevo régimen. No en vano pretendieron defender la vuelta en lo posible al statu quo previo y, poco más tarde, eliminar las reformas iniciadas durante el primer bienio (1931-1933) y reanudadas en la corta experiencia del Frente Popular (febrero a julio de 1936). Se fascistizaron, deslumbrados por ejemplos foráneos que enseñaban cómo podía someterse a una rígida disciplina al movimiento obrero al servicio de una «comunidad de raza», «una comunidad nacional» o un «Estado nuevo».

El caso español no fue, sin embargo, una mimesis del italiano o del alemán. A pesar de que, en la actualidad, autores neofranquistas y antirrepublicanos de toda laya procuran distanciar lo más posible las concepciones de la derecha española en los años treinta de lo que entonces aparecía como «modernidad» en su peculiar variante nazi-fascista, lo cierto es que constituyeron el basamento sobre el cual se construyó el «nuevo Estado» aprovechando la «feliz» circunstancia de la guerra civil. Los ocho temas que dedicamos a la República y algunos de los que figuran en la parte relativa a la contienda constituyen, en su conjunto, un análisis coherente que no busca otra cosa sino llevar al gran público los resultados de la más reciente investigación universitaria, necesariamente crítica.

Establecer como período de unidad histórica el «binomio» República-guerra civil es una falacia, por mucho que los manuales escolares sigan haciendo hincapié en ello. La unidad histórica básica es el binomio guerra civil-dictadura. Algo que apenas si aflora entre los autores encandilados con el«tranquilo» régimen impuesto en España durante cuarenta años. Años que fueron de exclusión, aunque ahora algunos pretenden retroproyectar tal experiencia a los bienios reformistas republicanos. No fue así: hemos aplicado el análisis a la triada ideas-verbo-ejecución. En algunos temas predomina el primer aspecto. En otros, el segundo. Hay quien se decanta a favor del tercero. El resultado indica que muchos de los autores (a veces total o casi totalmente desconocidos) que han participado en el diccionario de la RAH dieron gato por liebre a sus eventuales lectores entre los cuales nosotros, ciertamente, nos contamos.

En una gran parte del público las anteriores percepciones no han calado. Para explicar las razones hay que acudir a la mitología. En las páginas de esta obra no hemos dejado de invocar al principal mitógrafo español del siglo XX: el general Francisco Franco. Cada una de las tres partes de este libro se abre con reflexiones suyas, tomadas de sus discursos de finales de año en el período 1956-1961, por tantas razones uno de los goznes históricos en torno al cual giró su largo régimen.

Traemos a colación estas reflexiones de Franco porque las mismas tesis subsisten en alguna infraliteratura, en la red y fuera de ella, en la que cuesta sangre, sudor y lágrimas reconocer el resultado de la guerra civil: una dictadura de base militar, nacionalcatólica y fascista que atrajo a todas las fuerzas que vieron en la confrontación misma la posibilidad de presentar en positivo lo que denominaron «contrarrevolución» y, a la vez, plasmar la configuración histórica del fascismo español. Como si la revolución, antes de la sublevación militar, hubiese estado a la orden del día.

A diferencia de ciertos manuales de historia de España en el siglo XX los trece temas que dedicamos al franquismo examinan sus presuntas luces y sus aspectos más sórdidos, ligados a la represión física, política, económica, social y cultural que practicó hasta el final. Se han abordado las dimensiones esenciales en las cuales se jugó su supervivencia: la construcción de un seguimiento político y social o la interacción con el exterior en donde encontró tanto apoyos (cambiados raudamente en cuanto se modificó la correlación de fuerzas externas) como también desprecio, un desprecio que duró, en varios aspectos, hasta su final. Hemos echado un vistazo a la desangelada política de la autarquía, el mercado negro y la contrarreforma agraria. Hemos ilustrado las circunstancias en que se produjeron el volantazo y cambio de rumbo de 1959 y entrado en los «felices años sesenta», con sus luces, sus sombras y la contestación que provocaron. Amén de otros ángulos de análisis. Hoy los exégetas del fenecido régimen siguen dale que te pego con el«cerco exterior» presentándolo, nada menos, como una «conjuración contra España». Otros se enzarzan en discusiones sobre la versión más actual de las querellas en torno al sexo de los ángeles. Equivalen a querer dilucidar en un solo adjetivo el carácter prístino del Régimen: más o menos «autoritario» pero no necesariamente «dictatorial» (sin olvidar a quienes se sublevan contra la categoría de «totalitario», tan querida de los politólogos de la guerra fría). Dejamos de lado, no obstante, la noción, cara al simpar generalísimo, de que su dictadura sería uno de los faros que alumbrarían el mundo del futuro, es decir, a NUESTRO mundo. En sus propias palabras:

Nuestro Movimiento ha visto en la pujanza y fuerza expansiva de las organizaciones sindicales […] la prueba y la posibilidad práctica de fundar sobre estas entidades naturales y de vida auténtica y propia un sistema representativo y de libertad política. A medida que aquel error se reconozca en toda su entidad, cambiarán las bases más generales de pensamiento político y se descubrirán las posibilidades inmensas de las organizaciones naturales para un sistema representativo con todas las ventajas, sin ninguna de las gravísimas deficiencias del viejo sistema […] Cuando las instituciones políticas decimonónicas se resquebrajan por todas partes, ¿cómo no pensar en reconocer su personalidad de Derecho público a las instituciones naturales y constituir políticamente la sociedad sobre ellas?

Finalmente en la tercera parte, hemos seleccionado una docena de personajes de primera línea. De nuevo no son todos los que están, pero sí están todos los que son. Sus biografías merecerían más páginas. En ninguna se ha escamoteado nada relevante ni se ha eludido el juicio histórico que nos merecen. Un contrapunto al Diccionario Biográfico Español.

El lector juzgará si nuestros objetivos se han alcanzado o no. Ya dijo Luis Cernuda que «entre piedras de sombra, de ira, llanto, olvido, alienta la verdad». Quisiera, con todo, llamar la atención sobre el cuidado puesto en la redacción de los capítulos sobre la represión en y después de la guerra. Creo que se justifican ampliamente porque, de unos años a esta parte, se ha recrudecido el número de infrapublicaciones que enfatizan la violencia republicana y disminuyen o suavizan en todo lo posible la barbarie de la franquista. Incluso hay quien todavía se remite a los cálculos de mi buen amigo Ramón Salas Larrazábal, totalmente obsoletos.

En realidad, si se compara el número de víctimas de la represión franquista con las comúnmente aceptadas en el caso alemán (y nadie pretenderá que la dictadura hitleriana fuera suave) la brutalidad relativa de la primera es aparente, salvando lógicamente el período de la segunda guerra mundial. Este se encuentra ensangrentado para toda la eternidad por la Shoah, por las salvajadas cometidas en los territorios ocupados y por la hiperviolencia desatada contra todo tipo de oponentes interiores. La historia de Alemania nunca expiará tales bestialidades.

Aún así hay que andar con algo de cuidado en lo que se refiere al período 1933-1939. Comparar realidades muy distintas entraña siempre un problema pero no nos resistimos a la tentación, hecha con todo tipo de cautelas. A tenor de los datos recogidos por Richard J. Evans, en el primer año completo tras la llegada de Hitler a la Cancillería se registraron 64 condenas judiciales a muerte. En 1934, fueron 74. En 1935, 94. En 1936, 68. En 1937, 106 y en 1938, 67. En total unas 473. Calderilla en comparación con el caso franquista. Los detenidos «políticos» ascendían a 23 000 en junio de 1935 y, tras varias oscilaciones, a 11 265 en diciembre de 1938. Las muertes en Dachau entre 1936 y 1938 fueron las siguientes: 10, 69, 370, en Buchenwald, entre 1937 y 1939, 48 771 y 1235 como mínimo[1]. El total es de 2500. No son cifras completas, pero no divergen mucho de las identificadas como finales. Según sir Ian Kershaw hacia 1939 unos 150 000 comunistas y socialistas habían pasado por campos de concentración; 12 000 habían sido condenados por alta traición y unos 40 000 habían sido detenidos por delitos políticos menores[2].

Las cifras que conocemos del franquismo, y en este particular después de la guerra, no dejan a la dictadura española en buena situación comparativa. Antes al contrario. Las suyas son muy superiores.

Naturalmente, las magnitudes alemanas que anteceden están referidas al terror «regular». Hay que tener en cuenta también el irregular. Del 30 de enero de 1933 al 30 de junio de 1934, es decir, en año y medio, durante el período de imposición de la dictadura hitleriana, se produjeron entre 800 y 1200 asesinatos[3]. Pues bien, este último número se alcanzó, por ejemplo, en la zona controlada por el general Queipo de Llano hacia finales de julio de 1936. En menos de quince días. En ambos casos se observa que las víctimas recayeron esencialmente en compatriotas y dentro de las propias fronteras.

Cabría incluso hacer otras comparaciones, entremezclando represión y condiciones de guerra o similares. La que más prontamente se me ocurre es Francia. Nadie dirá que la ocupación alemana, entre 1940 y 1944, fue un lecho de rosas. Hubo una resistencia notable, sobre todo a partir de 1941, que dejó un legado sobre el cual se levantaron varias legitimidades: la de la Francia combatiente de De Gaulle —como muestra de que los mejores jamás renunciaron al combate— pero también la del partido comunista, que exageró notablemente las víctimas entre sus filas. Al igual que en el caso español, es preciso pues andar con tiento a la hora de clasificar las que ocasionó la represión. Se trata de una tarea en la que los historiadores franceses y algunos de otras nacionalidades han invertido mucho tiempo y esfuerzo. Como en España.

La más reciente investigación que conozco ha distinguido entre víctimas de fusilamientos tras condenas a muerte decretadas por un tribunal militar alemán o una jurisdicción francesa (del régimen de Vichy); rehenes fusilados; ejecutados sumaria o arbitrariamente sin mediar juicio alguno y los masacrados, asesinados pura y simplemente por las fuerzas de ocupación o los colaboradores con las mismas. Pues bien, en plena guerra civil entre franceses y de resistencia contra los alemanes, en circunstancias absolutamente abominables y excepcionales, el número de víctimas que pueden atribuirse a las dos primeras categorías ascienden a 3100 y 1434 respectivamente[4]. Muchos, desde luego, pero de nuevo bastante menos que las de la represión franquista entre 1939 y 1948 cuando, no hay que olvidarlo, seguía vigente el estado de guerra. Sin contar los muertos por enfermedad y malos cuidados, respecto a los cuales no hay estimaciones excesivamente fiables.

Si de la dictadura nazi se pasa a la italiana, la comparación es todavía peor para el franquismo. Según Bosworth, en el camino hacia su implantación en 1922 y después, Mussolini liquidó entre 2000 y 3000 oponentes políticos. Al final del fascismo unas 13 000 personas habían sufrido destierros y, en tiempos de paz, término de referencia que es igual que el nuestro, el tribunal especial relevante había impuesto solo nueve sentencias de muerte. De aquí que Bosworth acepte que, en lo que se refiere a la dimensión interna, el régimen mussoliniano, por otra parte tan repelente, fuera infinitamente menos sanguinario que el soviético, el hitleriano o… el franquista[5].

A ello se añade el hecho de que, a pesar de haber llevado a cabo una acción supuestamente loable y patriótica para salvar a España, los franquistas hicieron todo lo posible para velar sus desmanes, desde el no registro de cadáveres en los cementerios durante la guerra hasta la ocultación de una gran parte de la documentación en que pudiera reflejarse lo sucedido.

El público español en general, y no hablemos de los jóvenes que no llegan a la Universidad, ignora mayoritariamente que la dictadura franquista fue, descontando las víctimas ocasionadas por la guerra mundial en los casos alemán e italiano, la segunda más sanguinaria de Europa, muy por delante de la italiana. Habrá, sin duda, gente que piense que nuestras comparaciones no son válidas, pero hay que tener en cuenta que contraponemos por lo general víctimas de procesos judiciales, aunque fuesen con garantías mínimas, como las que tuvieron lugar en la zona franquista desde antes de terminar la guerra civil y que se prolongaron hasta 1948. En estas condiciones es, creo, aceptable afirmar que a la dictadura franquista solo le sobrepasó, eso sí, a considerable distancia, la soviética. Obviamente, el terror estalinista de los años treinta, en sus variadas manifestaciones, constituye una salvajada sin paliativos, aunque hay autores, sobre todo soviéticos, que han tratado de explicarla «racionalmente». En mi opinión, el binomio Stalin-Franco o Rusia-España y sus formas respectivas de encarar el pasado sombrío ofrece amplio campo para muchas reflexiones. En ambos casos, y como en toda buena dictadura que se precie, se invirtieron medios considerables en reinterpretar a su conveniencia y según sus necesidades el pasado, ya fuese el próximo o el remoto.

En España, con el advenimiento de la democracia, tal esfuerzo ha resultado al menos baldío en el plano historiográfico o científico. No así en los ámbitos propagandístico, marrullero o populista. La ofensiva «historietográfica» no se ha detenido nunca. Pervive, y a los compases de los cambios y pugnas políticas, sigue coleando. Dedicamos a estos aspectos el epílogo y su coda. Que cada palo aguante su vela. Nosotros pretendemos ofrecer un resumen de los análisis más exactos posible de lo que los historiadores hoy conocemos sobre los aspectos fundamentales de un pasado de sangre y coacción. No se ha rehuido ningún tema básico, por escabroso que sea.

En mi papel de coordinador me ha tocado realizar todos los esfuerzos necesarios para homogeneizar en lo posible las contribuciones, evitar solapamientos y rellenar lagunas. Me he guiado por dos principios.

El primero, la conciencia de que cuarenta años de dictadura de extrema derecha han dejado un poso indeleble en la sociedad española. Esto es, por supuesto, una constatación trivial. En pleno proceso de elaboración de esta obra, el diario El País hizo referencia, en su edición del 20 de diciembre de 2011, a la encuesta llevada a cabo por Metroscopia sobre una muestra de casi 20 000 entrevistas, un número muy amplio en este género de investigaciones. En ella se pidió a los encuestados que se posicionaran en una escala ideológica que iba desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Me llamaron la atención los resultados globales: la mayoría se consideró ideológicamente de centro (con todas las ambigüedades en las que sea dable pensar) pero, y este pero tiene su importancia, tras haber pasado una cota de edad de 65 años aumentaban significativamente quienes se autoposicionaban en la extrema derecha.

Los autores de la encuesta notaron, para explicar dicho fenómeno, que podían esgrimirse diferentes argumentos, pero subrayaron que tal grupo lo componían los nacidos antes de 1945 y que acabaron la enseñanza primaria a mitad de los años cincuenta. Es decir, personas que han pasado la mitad de sus vidas bajo el franquismo y cuyos recuerdos de infancia y juventud, así como los procesos de socialización más fundamentales en la vida de un ser humano, estuvieron expuestos a la ideología oficial que se enseñoreaba de todos los medios de comunicación y de «aculturación» política e ideológica. Este grupo de personas, y verosímilmente muchos de sus descendientes, figura entre los más reacios a aceptar los resultados del trabajo de desmitologización efectuado por los historiadores y se encuentra entre los más susceptibles a los lavados de quienes ven en la historia un arma para la lucha política e ideológica del presente.

El segundo principio es la conciencia de que en los últimos años, y en un número reducido de «alcázares», no existe el menor empacho en difundir distorsiones del proceso histórico español. Algunos se identifican en el último artículo de la presente obra. Distorsiones que, por lo general, coinciden con los mitos aducidos durante el franquismo para justificar la sublevación militar de 1936. Esto conlleva una visión maniquea y en blanco y negro de la experiencia política, económica, social previa, del todo congruente con el propósito, ya evidente antes de la sublevación, de deslegitimarla antes de subvertirla. La Universidad española no será un dechado de perfecciones, pero es la mejor que hasta ahora ha tenido España y se ha mostrado bastante impermeable a la aceptación de tales distorsiones, con la excepción de un grupito de autores que denuncian, a veces con malas maneras e insultos personales, a quienes escriben, según ellos, «historia militante». En general, no son especialistas de la represión ni tampoco conocen demasiado experiencias extranjeras.

Al término de esta intensa y compacta aventura intelectual (por cierto, de los cuatro proyectos en paralelo culminé tres, entre ellos el europeo), me sentiría muy satisfecho como coordinador de este libro, interpretando el sentir de todos los que en él han colaborado, si el público (y los jóvenes que serán los ciudadanos que contribuyan a configurar el futuro) resultaran más conscientes de las ambigüedades insertas en toda explicación histórica. Hay quienes miran al pasado y quienes no. Hay quienes, en cumplimiento de su deber científico y ético, aspiran a mejorar el conocimiento de nuestro devenir. Hay quienes se sienten felices ante la idea de que España continúe siendo una curiosa excepción en la experiencia europea, sobre todo occidental.

Lo que ocurre en nuestro país, con la carta blanca que en él se da a cualesquiera versiones, distorsiones o plenas estupideces, es algo muy diferente de lo que ocurrió en otros de pasados no menos sombríos: la Historikerstreit —la querella de los historiadores— en Alemania, las oleadas que suscitó la «recuperación» de Mussolini en Italia de la mano de Renzo de Felice o la visión relativamente balsámica que durante años se propagó en Francia sobre el régimen de Vichy hasta que la reventó de un trallazo Roben O. Paxton.

Aquí se venden sucesivas ediciones de un librito infumable que presenta a Franco como católico ejemplar y nadie se conmueve. Quizá porque la Iglesia se ha adentrado aceleradamente en su propio proceso regresivo y porque pugna de nuevo por recuperar la preeminencia en la tutela sobre lo que deben saber y creer los sectores que le interesan de la sociedad española.

Si en Hungría o Eslovaquia, también países miembros de la Unión Europea, se observan preocupantes fenómenos de lavado del pasado fascista —todo ello para enlazar con una versión reaccionaria de sus esencias patrias—, en España habrá que seguir atentos a que universitarios de escasa fiabilidad, periodistas de medio pelo y divulgadores carentes del menor sentido del bochorno no queden sin respuesta. No sea que nos vaya a pasar lo que en Chile, donde se ha pensado con toda seriedad en edulcorar oficialmente la dictadura del general Pinochet caracterizándola como «régimen militar».

Es preciso, pues, no cejar en los esfuerzos de poner a la historiografía española a un nivel comparable al de nuestros homólogos en los países que siempre han sido nuestra referencia. En ese combate por la historia nos alineamos todos los que hemos colaborado en la presente obra y están muchos otros que en las aulas escolares y universitarias velan porque a las nuevas generaciones no se les sigan suministrando pociones mágicas e informaciones que, simplemente, no son historia.

¿Podremos romper el tradicional círculo vicioso? ¿Sentar las bases para que los historiadores del futuro miren complacidos hacia nuestro tiempo? No todo depende de la educación, pero sí en una medida muy importante. Ciudadanos conscientes del pasado de su sociedad, de todo su pasado, no son fácilmente manipulables. Tampoco bajo argumentos de autoridad vacíos.

Esta obra se concibió bajo la invocación del gran poeta Jaime Gil de Biedma cuando afirmó que «de todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal». En nosotros, en todos nosotros, está que el ciclo quede definitivamente roto.

23 de febrero de 2012

(XXXI aniversario de un día de infamia)

Entre cultura y política

ENTRE CULTURA Y POLÍTICA

RUPTURA Y CONTINUIDAD

INTELECTUALES DESDE 1931 A 1975

por

JOSÉ-CARLOS MAINER

¿UNA REPÚBLICA DE INTELECTUALES?

De forma premonitoria, un «Manifiesto» de la Agrupación al Servicio de la República —que firmaron intelectuales tan relevantes como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala— se publicó en El Sol el 10 de febrero de 1931 y pareció predecir el rumbo del futuro Régimen. Los signatarios obtuvieron trece escaños, pero pronto se advirtió que no eran buenos tiempos para el prestigio de los intelectuales, crucificados entre el compromiso que les exigían las izquierdas radicales y la pésima opinión de las derechas, que los consideraban engreídos, egoístas y veleidosos. A la fecha de 1931 y en plena crisis de valores del mundo occidental, el nuevo paradigma era el intelectual que no creía en la democracia liberal y confirmaba a su alrededor toda clase de decadencias: la de Occidente (famosa por el agorero y reaccionario libro de Oswald Spengler, publicado al final de la guerra de 1914), la del patriotismo convencional y militarista (Valle-Inclán lo puso en solfa al recoger en 1930 los feroces esperpentos que componen Martes de Carnaval), la de la burguesía, la de la cultura convencional y hasta la de azul celeste (como decía el título de una novelita de Federico Carlos Sáinz de Robles) y la de flauta (como anunció un ensayo de Ramón Sijé, el mentor católico y fascistoide de Miguel Hernández)…

Para un escritor joven y ya famoso, Ramón J. Sender, que vacilaba entonces entre las tentaciones del anarquismo y el comunismo, el prestigio intelectual era también una cosa del pasado, como advertimos en los incitantes ensayos de Proclamación de la sonrisa (1935), donde sustentó la superioridad del dandy. Y la narrativa inquieta del momento se pobló de héroes dubitativos y fracasados que mostraron los valores declinantes de la pequeña burguesía más o menos cultivada: Un intelectual y su carcoma, de Mario Verdaguer; La vida difícil, de Andrés Carranque de Ríos, y Luis Álvarez Petreña, de Max Aub, son símbolos —entre otros muchos— del largo eclipse de la razón.

Sin embargo, a pesar de estos augurios iconoclastas, la República vino a significar mayoritariamente una continuidad de lo más valioso de la cultura liberal y progresista que se había fraguado en los treinta primeros años del nuevo siglo, a favor de los componentes más abiertos de la monarquía, como el conde de Romanones hizo notar en su opúsculo Las responsabilidades del antiguo Régimen (1924), una hábil autoapología escrita un año después de la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. No era una casualidad que el autor hubiera sido en 1901 el primer ministro de Instrucción Pública en España (cartera desgajada de la de Fomento en aquel año) y que poco después fuese el lugarteniente de José Canalejas en el empeño de modernizar el partido liberal.

En ese año y los siguientes, se expandieron las consignas que movilizaron y conformaron la opinión progresista española e hicieron pensar a muchos en una concepción más democrática del gobierno de la nación: el anticaciquismo, el antimilitarismo y el anticlericalismo exorcizaban los viejos demonios familiares del país y, de un modo u otro, junto a la esperanza de una república, fueron un programa intelectual que tuvo como referentes morales a Joaquín Costa, a Benito Pérez Galdós y a Francisco Giner de los Ríos. Sin embargo, los liberales monárquicos fracasaron en las batallas del laicismo y de la reforma escolar, en la contención del militarismo y al establecer las líneas de vinculación de la Corona y el mundo de la cultura. Y la oportunidad llegó quizá demasiado tarde en 1931…

Pero el nuevo régimen abordó la separación de Iglesia y Estado (eso y no otra cosa quería decir Manuel Azaña al anunciar que «España ha dejado de ser católica»), redujo privilegios militares y procuró, a la par, dotarse de una respetabilidad cultural en sus solemnidades públicas, buscó el reconocimiento de las grandes figuras y hasta abordó la protección de algún notable escritor en malos momentos, como fue el caso de Ramón del Valle-Inclán. Dio pasos en la creación de un «Estado cultural» inteligente, que era la pauta de la época a la vista de ejemplos tan llamativos como la Unión Soviética y el México revolucionario, la Italia fascista y los Estados Unidos del «New Deal», aunque, por supuesto, se quedó en los umbrales del delirante, agudo y provocativo panfleto del fascista Ernesto Giménez Caballero, Arte y Estado (1935), que se había publicado previamente en unos artículos de la revista monárquica Acción Española.

También dio un tono más decididamente social a la vida escolar, como se percibió en la creación de las Misiones Pedagógicas (mayo de 1931) —un entusiasta esfuerzo del Ministerio de Instrucción Pública, desempeñado por Fernando de los Ríos (e inspirado por Manuel Bartolomé Cossío desde la Institución Libre de Enseñanza)— para reclutar jóvenes estudiantes que realizaran campañas culturales en la España rural. Poco después, Federico García Lorca y sus amigos de la FUE (Federación Universitaria Escolar) crearon el teatro ambulante «La Barraca» con objetivos muy similares. Pero, sobre todo, la obsesión educativa del Gobierno se plasmó en un ambicioso plan de construcciones escolares y el paralelo incremento de las plantillas de profesorado de las enseñanzas primaria y media. Los cursillistas —maestros reclutados y formados en breve plazo— fueron un síntoma de aquella urgencia y luego, un objetivo del rencor y la venganza en 1936. [→ REPRESIÓN].

En esa misma tónica, lo que hizo más visible la proyección social del nuevo régimen fueron iniciativas de asociación de intelectuales republicanos que se iniciaron a finales de los veinte y que buscaban otra dimensión de su tarea más allá de lo meramente profesional: así hicieron los arquitectos fieles al racionalismo de Le Corbusier al crear un activo GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Arte Contemporáneo); los nuevos músicos que se asociaron en un «grupo de los ocho», concebido como un eco del francés «groupe des six»; los artistas y los espectadores inquietos que formaron la asociación ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas) que promovió exposiciones, recitales, conciertos y un clima favorable a la novedad estética; las mujeres que crearon el Lyceum Club madrileño, primera asociación feminista de finalidad cultural… Sin duda, aquel matiz «republicano» del que se hablaba a menudo (como marchamo positivo por parte de sus componentes o como franca descalificación en labios de sus enemigos) estuvo precisamente en la inquietud de estos grupos decididos a actuar como fermento social. Los hubo, también, en las izquierdas radicales que, muy a menudo, despreciaban aquellos ritos burgueses y concibieron sus formaciones como un sindicato o un soviet de trabajadores de la cultura: la UEAP (Unión de Escritores y Artistas Proletarios, 1932) y la AEAR (Asociación de Artistas y Escritores Revolucionarios, 1933), creada como sección nacional de una alianza impulsada desde la Unión Soviética.

LA GUERRA CIVIL Y LA MOVILIZACIÓN DE LA CULTURA

Como en buena parte de Europa, la tensión del ambiente político y social español se había trasladado a la cultura. Y cuando estalló la guerra civil —en el escenario de mutuas sospechas— se produjo un llamativo intercambio de violencias simbólicas, que es abordado en otras entradas del presente libro pero cuya matriz cultural conviene recordar aquí: los docentes y los profesionales progresistas fueron las víctimas predilectas de la represión franquista, mientras que los clérigos y los grandes propietarios lo fueron en la zona republicana. Nada reflejó mejor la inquina de las derechas hacia el clima —que tildaba de frívolo y amoral— de la nueva intelectualidad que las páginas de la novela Madrid, de Corte a cheka (1938), escrita a imitación de Valle-Inclán (y no sin gracia) por un joven diplomático aristócrata, Agustín de Foxá, convertido al falangismo. Pasada la contienda, Raza (1941), el guión cinematográfico con el que el megalómano general Franco (que firmó con el pretencioso seudónimo «Jaime de Andrade») se explicó a sí mismo (y a sus fieles) las razones de su rebelión contra la legalidad y percibió la guerra civil como una amplificación de otra guerra intestina librada en el corazón mismo de las clases medias españolas: sus sectores católicos y tradicionales frente a los avanzados, laicos y extranjerizantes. Pero Franco, de añadidura, situó la primera escisión de ese cuerpo social (aquel «macizo de la raza», como luego escribiría el disidente Dionisio Ridruejo) en las jornadas de 1898, en la influencia de la masonería y en el desinterés de los progresistas por la aventura colonial africana. Con esto se culpabilizaba a toda una larga genealogía de intelectuales: desde los hombres de la Institución Libre de Enseñanza a los universitarios de la Junta para Ampliación de Estudios y los intelectuales politizados de la Liga de Educación Política (convocada por Ortega en el marco de la proyección del Partido Reformista), pasando por la recién bautizada «generación del 98» (un concepto falso de raíz, aunque expresivo, que cobró densidad académica en los tiempos republicanos, precisamente). [→ REPRESIÓN].

El estallido de la guerra civil —consecuencia de un golpe de estado que no pudo cumplir sus previsiones— fue difícilmente entendido por dos generaciones de intelectuales liberales y hasta radicales en su día que ya estaban en la cincuentena y sesentena de su edad. No se equivocaba Pío Baroja cuando le dijo a José Moreno Villa, a finales de 1936, «¡qué mal hemos quedado los del 98!», según recogió el primero en sus memorias de exilio. Los patéticos cambios de opinión de Miguel de Unamuno, antes de romper públicamente con los sublevados, y la angustia de sus últimos días contrastaron, por supuesto, con la lealtad republicana de Antonio Machado, un veterano burgués radical que buscó entender el nuevo lenguaje revolucionario y traducirlo a su experiencia vital. En la mayoría de los casos, hubo una hostilidad de principio —como la del propio Pío Baroja desde 1930—, o actitudes vacilantes que se resolvieron a la larga en apartamiento y reprobación de la República, como sucedió a Azorín, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Marañón y Menéndez Pidal, que abandonaron el país preventivamente al estallar el conflicto. Hubo quien tardó en hacerlo —como Manuel de Falla— pero a la postre se exilió para siempre. Alguno, como Juan Ramón Jiménez, también dejó tempranamente su patria pero siguió siendo fiel a la legitimidad republicana; otros, como Ramón Gómez de la Serna, intentaron desde su autodestierro bonaerense una precoz y fallida reconciliación con los vencedores. Y no faltó quien, como Eugenio d’Ors y los pintores Ignacio Zuloaga y José María Sert, colaborara desde el comienzo con los futuros ganadores, mientras otros, como Jacinto Benavente y José Gutiérrez Solana, se hicieron olvidar pronto sus actitudes prorrepublicanas. Salvador Dalí, siempre al margen, se mantuvo en Estados Unidos y muy tarde redescubrió su país y empezó su extemporáneo y caprichoso acercamiento al Régimen en los años cincuenta, lo que le convirtió en un fetiche pintoresco celebrado siempre por un nutrido coro de periodistas y gorrones.

Pero, con raras excepciones (y Dalí fue una de ellas), prevaleció la inflexible frontera de edad, ya aludida, que marcaba la comprensión o la incomprensión del nuevo tiempo político. Por debajo de aquella, entre los nacidos después de 1890, las actitudes prorrepublicanas fueron mayoritarias, aunque muchos también abandonaron el país en guerra con más consternación dolorosa que fervor militante: lo hicieron Pedro Salinas (que tenía una invitación previa en Estados Unidos), Jorge Guillén (atrapado en la Sevilla de Queipo de Llano), Alejandro Casona (que estaba en gira americana con su compañía teatral), Luis Cernuda (que dejó Valencia en otoño de 1937 para ir a Inglaterra), Ramón J. Sender (tras un oscuro episodio militar que ocasionó su ruptura virulenta con los mandos comunistas)…

La radicalización de las posiciones se hizo muy patente en torno a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, heredera de aquellas agrupaciones militantes de preguerra, en cuya organización estuvieron dos escritores comunistas, Rafael Alberti y María Teresa León, y un ensayista católico, José Bergamín, que la presidió. El título de su revista, El Mono Azul, declaró su vinculación del proletariado urbano al evocar su prenda de trabajo emblemática. Otros, sin embargo, apuntaron a la reconstrucción moral de una cultura más compleja, de base socialista, aunque también liberal y fuertemente nacional. Tal fue el empeño de la revista valenciana Hora de España (1937-1939), el más valioso conjunto de pensamiento y creación que ofreció la literatura de estos años, a uno y otro lado de las trincheras. Más allá de la mera y necesaria propaganda, la altura de miras de su grupo inspirador no tiene parangón; muchos de sus colaboradores dieron también el tono dominante de las sesiones del II Congreso Internacional por la Libertad de la Cultura que celebró sesiones en Valencia pero también en Barcelona y Madrid. Los asistentes de todo el mundo fueron un refrendo irrefutable del apoyo de la intelectualidad internacional más progresista a la causa republicana: entre ellos estuvieron Tristan Tzara, Stephen Spender, Ilya Ehrenburg, Alexis Tolstoi, André Malraux, Jef Last, Malcolm Cowley, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Alejo Carpentier, Octavio Paz, César Vallejo, Juan Marinello… (André Gide no acudió, temeroso de la reacción de los comunistas ante su reciente libro Retour de l’URSS, cuya mención ocasionó un desagradable incidente en el congreso). Y todo aquello encendió el entusiasmo de una generación más joven —cuyo símbolo puede ser el joven poeta Miguel Hernández— que vivió la alianza del arte, el pensamiento y el combate, movilizados en el comisariado político de las milicias, trabajando en el Altavoz del Frente y en las Brigadas de Alfabetización, o en las Milicias de la Cultura y las Guerrillas del Teatro.

En la zona que pronto se autodenominó «nacional» la organización de la cultura nunca tuvo la importancia que adquirió en el campo de sus enemigos. Los grupos de Falange fueron, con larga diferencia, los más activos y en muchos órdenes se siguieron pautas de actuación parecidas a las protagonizadas por los militantes de izquierda en la España republicana. Hubo carteles y consignas (que aquí realzaban el carácter rural y tradicional de la «nueva España», frente a la España fabril y moderna que identificaba a sus enemigos), revistas de tono entre militante y frívolo (como Vértice) o de reflexión más sesuda (como Jerarquía), y semanarios de humor para combatientes como La Ametralladora, donde se combinaba la befa castiza y la comicidad moderna que ya apareció en revistas reaccionarias del periodo republicano, como Buen Humor y Gutiérrez Pero los intelectuales más activos —el estrafalario Ernesto Giménez Caballero en Salamanca, la «escuadra de Jerarquía» en Pamplona, el grupo falangista de Burgos— tuvieron mucha menos fuerza movilizadora que la que el clero y el laicado católicos proporcionaron al bando vencedor. Aunque, en muchos aspectos y prejuicios, todos coincidían. Federico de Urrutia fue autor de un divulgado libro de Poemas de la Falange eterna (1938) —uno de los cuales, «Leyenda del César visionario», dio título a un libro de Francisco Umbral— y dos años después, fue compilador de otros Poemas de la Alemania eterna (1940), donde tirios y troyanos compitieron en sonrojantes alabanzas del nazismo. El escritor que alcanzó mayor repercusión, José María Pemán, pertenecía a ese contexto de fascistización colectiva, pero ya había sido en los años treinta el héroe literario de la derecha monárquica con estrenos teatrales como El divino impaciente (sobre la vida del misionero Francisco Javier), Cuando las Cortes de Cádiz (caricatura de la España liberal de 1812) y Cisneros (apología descarada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera); en 1938, los versos de su Poema de la Bestia y el Ángel —ilustrados por los dibujos de Carlos Sáenz de Tejada— acuñaron para siempre el repertorio de valores de los vencedores y el odio por sus enemigos vencidos, identificados con el internacionalismo, el marxismo y el judaísmo.

BALANCE DE LA DESTRUCCIÓN

El balance humano de la guerra fue atroz. El caso más conocido y ejemplar fue el sacrificio de Federico García Lorca, delatado, detenido y fusilado sin juicio en una ciudad donde le conocía todo el mundo y donde se sabía que no militaba en ningún partido. Pero, no muy lejos, patrullas «rojas» asesinaron al poeta malagueño José María Hinojosa, uno de los surrealistas más precoces. Al viejo testigo de 1898, periodista y novelista Manuel Ciges Aparicio le fusiló un grupo falangista cuando era gobernador civil de Ávila; las represalias anarquistas en Barcelona sacaron de su cama y asesinaron a otro escritor de su edad (y enfermo de cuidado), Manuel Bueno, involuntario causante de la manquera de Valle-Inclán. En el País Vasco cayeron José Manuel Aizpurúa, falangista, que había diseñado el Club Náutico de San Sebastián, el más airoso de los edificios racionalistas del decenio de los treinta, y Nicolás Lekuona, de la misma cuerda política, el mejor fotógrafo y pintor de la promoción vanguardista vasca. Entre los intelectuales vascos muertos por los franquistas estuvieron el sacerdote José de Ariztimuño, Aitzol, renovador de la lengua literaria, y Estepan Urkiaga, Lauaxeta, el más prometedor de los nuevos poetas en eusquera. Las «sacas» de las cárceles madrileñas contaron entre sus víctimas al veterano ensayista Ramiro de Maeztu, referencia de la derecha totalitaria española, y al nada joven Pedro Muñoz Seca, el inventor de la astracanada. Y las patrullas espontáneas segaron las vidas del anciano paleógrafo jesuita Zacarías García Villada y del joven pintor Alfonso Ponce de León, falangista, quizá el mejor representante de la Nueva Realidad en la pintura española. En la sitiada Huesca fue fusilado Ramón Acín, simpatizante anarquista, uno de los artistas más imaginativos del momento, pero en Burgos, que era una ciudad lejana del frente, se fusiló a Antonio José (Martínez Palacios), el mejor músico castellano de la nueva generación, como en Galicia se acabó con la vida del intelectual galleguista Alexandre Bóveda y en Tenerife, donde la sublevación triunfó sin apelación, se mató a Domingo López Torres, surrealista y colaborador de la renovadora Gaceta de arte. Y la sangría siguió: en Valencia, los ocupantes franquistas fusilaron a Juan Piqueras, uno de los mejores críticos de cine de su generación, y en Madrid, al recalcitrante bohemio Pedro Luis de Gálvez, a quien se atribuía el asesinato de Muñoz Seca. La ocupación de Francia por los nazis entregó a la policía de Franco a políticos e intelectuales: uno de ellos, fusilado en Madrid en 1940, era el escritor socialista Julián Zugazagoitia que, años antes, había salvado la vida al escritor Wenceslao Fernández Flórez a quien avaló ante las autoridades republicanas. Pero en 1942, Miguel Hernández murió en la cárcel de Alicante, sin que sirviera de nada la intercesión de algunos escritores leales al Régimen. [→ VIOLENCIA, → ZONA FRANQUISTA, → ZONA REPUBLICANA].

La destrucción de patrimonio fue grande en ambos bandos. El arte religioso fue objeto de violencia sistemática por partidarios de la República mientras que los monumentos civiles o las Casas del Pueblo eran derribadas y saqueadas por los franquistas. Se quiso poner freno por parte de unos y otros. El 25 de julio de 1936 el gobierno republicano constituyó una Junta de Incautación del Tesoro Artístico, en diciembre de 1936 se organizaron en la España de Franco las Juntas de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico y, en 1937, un Servicio Artístico de Vanguardia encargado de trabajar en primera línea de las zonas de combate, lo que incluía la devolución de obras de arte incautadas a sus dueños. Hubo también un Servicio de Recuperación de Documentos, adscrito al Ministerio de Gobernación: la distinta dependencia administrativa nos indica que la función de este tenía mucho más que ver con las exigencias fiscales de la futura depuración que con los propósitos de salvaguardar un patrimonio valioso.

Cuando se produjo el asedio de Madrid, la autoridad republicana evacuó a los principales científicos y escritores que vivían en la capital y les buscó un acomodo en Valencia, lejos de los bombardeos, donde incluso fundaron una revista miscelánea, Madrid. Cuadernos de la Casa de la Cultura, que conoció tres entregas. En las mismas fechas, fue también ejemplar la operación de salvamento de los cuadros del Prado que, en pleno asedio de Madrid (y habiendo sido bombardeado el museo por los franquistas), salieron para Valencia. Allí fueron depositados en las Torres de Serranos, luego marcharon hacia la frontera francesa y, por último, fueron llevados a Ginebra, como sede de los organismos internacionales. La ardua negociación para su rescate fue inicialmente llevada por Eugenio d’Ors en nombre del gobierno franquista e incluyó la aceptación de celebrar una exposición pública de los fondos preservados: un total de 163 cuadros (procedentes del Prado, pero también del Monasterio de El Escorial y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando) fueron expuestos y visitados, a partir del 1 de junio de 1939, por 350 000 personas. Las ciudades de Berlín, París y Roma pidieron ser sede de nuevas exposiciones, a lo que no se accedió.

Lo que sucedió a la victoria franquista en la guerra civil fue —en el campo de la cultura— una suerte de glaciación que desarrollaba, en mayor o menor medida, todos los proyectos de contrarreforma que habían inspirado a los vencedores. Tres siglos de historia nacional —el XVIII extranjerista e ilustrado, el XIX liberal y revolucionario, el cercano XX caracterizado por la decadencia de la tradición— fueron puestos bajo sospecha, a la vez que se exaltaba el pasado medieval devoto y guerrero (como buscó la celebración del Milenario de Castilla en 1943), la unidad forjada por los Reyes Católicos (referencia que se multiplicó al calor de la nueva onomástica pública) y la gloria imperial de los dos primeros Austrias (particularmente entusiasta con el caso del «César Carlos»). Las nuevas referencias históricas contaron con temprana bibliografía exegética y alumbraron un calendario de «conmemoraciones y fechas de la España Nacional-Sindicalista» que recogía un folleto oficial de 1942, editado por la activa Vicesecretaría de Educación Popular: 1 de abril (Fiesta de la Victoria), 19 de abril (Día de la Unificación, que recordaba el decreto de fusión de falangistas y carlistas), 2 de mayo (de 1808), 18 de julio (Glorioso Alzamiento y Exaltación del Trabajo), 1 de octubre (Día del Caudillo), 12 de octubre (Día de la Hispanidad, instituido como Día de la Raza en 1918 por un gobierno Maura), 29 de octubre (Fiesta Fundacional de Falange y Día de los Caídos), 20 de noviembre (Luto Nacional, por la muerte de José Antonio Primo de Rivera). A ellas se añadían fiestas religiosas sin cuento y conmemoraciones partidarias (el Día del Estudiante Caído recordaba, el 9 de febrero, la muerte en atentado del militante falangista Matías Montero, ocurrida en 1934) o históricas (el 4 de agosto, Día del Dolor, revivía la pérdida de Gibraltar). Católicos, falangistas y carlistas acordaron sin demasiados problemas su apabullante presencia simbólica: al Himno Nacional de la monarquía lo escoltaban las «canciones nacionales» (el «Cara al sol» fascista, el «Oriamendi» carlista y el bronco «Himno de la Legión»), pero ningún escolar dejaba de aprender desde el himno de la Acción Católica hasta el himno de la Infantería, pasando por un cancionero a veces adaptado de modelos nazis («Yo tenía un camarada») o de producción nacional, como «Montañas nevadas», con letra de Pilar García Noreña y música de Enrique Franco. Y muy pronto un avispado compositor logró imponer una fanfarria que amalgamaba aquellas «canciones nacionales» para concluir en las notas del Himno Nacional.

La negación del pasado próximo estuvo en el primer plano, como se ha indicado. Términos como la «Antiespaña», para referirse a sus rivales y a sus herederos, como la acuñación del término «contubernio judaico-masónico-marxista», para designar a quienes vieron como responsables de la contienda, no fueron fruto de una retórica ocasional sino denominaciones insistentes, difundidas por todos los medios y sostenidas hasta el último momento. Se advirtió claramente en el patético discurso de Franco, en octubre de 1975, dirigido a sus últimos partidarios en la Plaza de Oriente, tras los fusilamientos de cinco terroristas de ETA y GRAPO en septiembre y en plena campaña internacional del repudio de su régimen: allí volvió a condenar el «liberalismo y el comunismo» y a evocar su desdén por la opinión internacional como había venido haciendo desde 1936. [→ TARDOFRANQUISMO].

LA EJECUCIÓN DE LA VENGANZA: PERSECUCIÓN Y EXILIO

En 1939 los vencedores reclamaban la venganza y la persecución sin paliativos, a la vez que exhibían sin pudor su rencoroso masoquismo: los términos de «mártires de la Cruzada» y «cautivos de la horda roja» se incorporaron al léxico de la «Victoria» por antonomasia, a la que se aludía en las locuciones «primer año triunfal», «segundo año triunfal», etc., utilizadas en la correspondencia oficial (e incluso particular) durante toda la contienda, al lado del preceptivo «¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!». Y se exigió, en consecuencia, el cambio radical de los parámetros culturales que habían de ser los propios de un país habitado en lo sucesivo por intelectuales que fueran «mitad monjes, mitad soldados». En una de sus «terceras» del ABC de 1939, el falangista Agustín de Foxá saludaba a los jaraneros soldados castellanos que ocupaban los hoteles y los bares madrileños de donde habían desalojado a una generación de intelectuales enfermiza y cursi. Y tildaba de «Homeros rojos», citándolos por sus nombres, a los escritores republicanos cuyas firmas había visto en Hora de España. Su camarada Ernesto Giménez Caballero proclamaba el final del «ensayo», género de raigambre liberal, y su urgente reemplazo por el «sermón» y el «tratado». Y el filólogo Antonio Tovar, al prologar el libro España ante Francia, de Hans Juretschke, llegaba mucho más lejos en su germanismo y su repudio de la cultura francesa que el propio autor, que era consejero cultural de la embajada nazi en Madrid.

El culto a Ramiro de Maeztu o el rescate de Marcelino Menéndez Pelayo —de quien se inició una magna «Edición Nacional» de sus obras completas en el marco del nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas— denotó el signo de los tiempos, tanto como el general aplauso con que se recibió el inicio —por parte de Editorial Católica— de una Biblioteca de Autores Cristianos (1944), muy pronto considerada «de interés nacional» y copiosamente subvencionada. Por espacio de muchos años, los sólidos pilares del nuevo régimen —católicos, militares, totalitarios— no reconocieron como suyos ni a los intelectuales progresistas, ni siquiera a los liberales moderados, y miraron con desconfianza incluso a quienes habían sido sus partidarios.

El dramático hecho del exilio de muchos intelectuales fue, sin embargo, la confirmación más patente de la hostilidad del Régimen a la intelligentsia. Ningún otro destierro europeo del siglo pasado ha sido tan largo en el tiempo, ni tan generalizado. A otros países partieron los convencidos de su causa y los dubitativos, la gente desmoralizada (como Benjamín Jarnés) y las gentes que no pudieron soportarlo (como Juan Gil-Albert, que regresó pronto, o como Eugenio Ímaz y Ramón Iglesia Parga, que se suicidaron). Para algunos fue una experiencia definitiva que tiñó de amargura o despecho su destino y su escritura (como pasó a los poetas Pedro Garfias y José Herrera Petere), o fue una obsesión permanente a lo largo de toda su obra. La guerra civil y sus consecuencias formaron el centro temático de la obra —narrativa y teatral— de Max Aub, bajo el título general de «El laberinto mágico», pero el caso más paradigmático fue el de la poesía de León Felipe, concebida para la declamación personal en actos que llenaban los teatros mexicanos de exiliados contumaces y de partidarios locales. Para otros, sin embargo, el destierro favoreció el desarrollo de una carrera profesional importante que había comenzado en España (arquitectos como Josep Lluís Sert o Félix Candela; músicos como Rodolfo Halffter y Robert Gerhard, un cineasta como Luis Buñuel), o significó aquella integración favorable en un nuevo paisaje cultural para la que el filósofo José Gaos acuñó el término de trasterrados, para reemplazar el de desterrados. [→ EXILIO].

En una u otra medida, nunca olvidaron su origen: en el exilio se escribieron evocaciones de la infancia y la juventud tan hermosas como Crónica del alba, de Ramón J. Sender, y Retornos de lo vivo lejano, de Rafael Alberti, pero también visiones tan apasionadas de la cultura patria como Pensamiento y poesía en la vida española, de María Zambrano, y España en su historia, de Américo Castro. Tal era la vinculación colectiva al pasado que, un año después del dramático libro de Castro, en 1949, Francisco Ayala se preguntaba desde Buenos Aires: «¿Para quién escribimos nosotros?», conjeturando que, al cabo, habrían de tener en cuenta el escenario actual de su vida y confluir y dialogar, en cierto modo, con lo que inevitablemente se seguiría escribiendo en la patria lejana. La trayectoria de Ayala demostró, como pocas, la capacidad de adaptación de un intelectual: mal visto en la Argentina de Perón, pasó a Puerto Rico, donde se familiarizó con la cultura anglosajona, y esto le permitió establecerse en Estados Unidos con excelentes contratos universitarios (aunque hubo de cambiar sus estudios sociológicos por los literarios), a la vez que proseguía su obra de creador. Ya en los años sesenta empezó a viajar frecuentemente a su país de origen y fue el primer exiliado que se integró con éxito en la primera línea de los intelectuales españoles. No debe olvidarse que la fidelidad a España era innata en unas generaciones fuertemente marcadas por la preocupación por su país, pero también fue muy facilitada por el destino mayoritario de los desterrados, tras los trastornos europeos: México, Argentina, Chile, Cuba…, e incluso la entonces poco recomendable República Dominicana, de Trujillo. Allí los desterrados no cambiaron de lengua y pudieron dotarse de una notable institucionalización cultural propia —asociaciones, revistas…— que el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas promovió con admirable generosidad. Hubo, por supuesto, distanciamientos y riñas entre las gentes exiliadas, como también recelos y envidias entre los naturales de los países de destino y los forasteros. Pablo Neruda, habitualmente muy generoso con los españoles a los que había conocido antes de 1936, zahirió al exiliado Juan Larrea y levantó sospechas de rapiña sobre los orígenes de la colección de antigüedades peruanas que el escritor había regalado al gobierno republicano español poco antes de iniciar su marcha.

En cualquier caso, conviene recordar que hasta comienzos de los años sesenta el balance literario del exilio era notablemente más rico e intenso que el del interior: así se hizo bueno lo que apostrofó León Felipe a Franco y a sus «harcas victoriosas» de 1939 («Tuya es la hacienda, / la casa, / el caballo / y la pistola. / Mía es la voz antigua de la tierra. / Tú te quedas con todo / y me dejas desnudo y errante por el mundo… / mas yo te dejo mudo… ¡Mudo! / ¿Y cómo vas a recoger el trigo / y a alimentar el fuego / si yo me llevo la canción?»), aunque el propio poeta rectificara en 1958 al prologar generosamente el libro de una poeta antifranquista española, Ángela Figuera Aymerich, autora de Belleza cruel. Escribir, componer o pintar en libertad, poder hacerlo en cómoda cercanía de los modelos internacionales, mantener una relación más intensa y personal con las nuevas tendencias ideológicas, fueron elementos que —entre otros— explican una parte de esa hegemonía del exilio sobre el interior, pero además conviene advertir que, de un modo u otro, los mejores se habían ido fuera. El franquismo hizo lo que pudo para ignorarlo y para desnaturalizar el significado de la concesión de dos premios Nobel —Juan Ramón Jiménez en 1956 y Severo Ochoa en 1959— que llegaron a las manos de dos exiliados. En el primer caso, el Gobierno auspició oficiosamente candidaturas más amables para sus intereses y, a la muerte del poeta, logró burlar su decisión de recibir tierra en Puerto Rico y, con el apoyo de un sector de la familia, trajo a España los restos del escritor y su esposa Zenobia Camprubí. En el caso de Ochoa, los periódicos ocultaron el desmantelamiento sistemático de la herencia científica de Juan Negrín y de la Junta para Ampliación de Estudios; el científico recibió invitaciones y homenajes de centros españoles que, en todo caso, no lograron desvincular a Ochoa ni de sus convicciones ni de su laboratorio norteamericano. Cuando el Consejo de Europa otorgó el Premio Carlomagno a Salvador de Madariaga en 1973 tampoco se dijo una palabra de cuánto había significado la firme actitud antifranquista, aunque muy neoconservadora, del premiado.

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA ESPAÑA

FRANQUISTA

Los mecanismos de propaganda del Régimen —la revista El Español y la prensa institucional— siempre echaron mano de la incomprensión del extranjero, herencia de la veterana «leyenda negra», y subrayaron la indignidad de los cómplices españoles en los «intolerables ataques a la independencia» del país. Pero la impopularidad internacional del franquismo se mantuvo indemne en el mundo intelectual e incluso rebrotó en el dramático otoño de 1975 cuando las últimas ejecuciones políticas reactivaron milagrosamente la solidaridad de 1936, 1947 o los primeros sesenta. No obstante, algunos significativos artistas del siglo XX sintieron por lo español un fuerte tirón afectivo que les trajo repetidamente al país bajo la Dictadura: para Ernest Hemingway, Orson Welles o Jean Cocteau, lo español —no la España de Franco— fueron una parte de sus biografías personales, lo que algunos desaprensivos utilizaron como una coartada a favor del Régimen que, al fin y al cabo, había preservado la «España eterna» del folclore. Pero lo cierto es que, por más que asociemos al franquismo la industrialización de las formas populares de cultura y diversión, el primer esfuerzo serio de explotación industrial de aquel mundo (mediante el cine o la fonografía) ya se había producido al calor de la República.

Ya hemos recordado que en la España franquista, el «tercer año triunfal» había querido ser el nacimiento de una nueva era, destinada a borrar todo lo precedente, cuyos destinos siempre estarían ligados al predilecto mantra salvador del «18 de julio». Desde un comienzo hasta las conmociones del II Concilio Vaticano, el mundo católico —la jerarquía episcopal y el laicado, activo en una renovada y poderosa Acción Católica— se integraron de forma mayoritaria en los mecanismos de legitimación del poder y de preventiva censura, vinculados a la Vicesecretaría de Cultura, donde sus prejuicios se impusieron mayoritariamente. Los preceptos morales —en lo sexual, sobre todo— y la exaltación de los valores religiosos les llevaron incluso a pintorescos enfrentamientos con escritores de inequívoca ejecutoria, como revela las reservas formuladas contra dos novelas típicamente fascistas, ambas reconocidas con el Premio Nacional en 1942 y 1943: La fiel infantería, de Rafael García Serrano, había aludido a las visitas de los soldados a los burdeles, y Javier Marino. Historia de una conversión, de Gonzalo Torrente Ballester, había presentado a un héroe con dudas, que era amante de una burguesa excomunista. [→ NACIONALCATOLICISMO].

Todos velaban por la defensa de sus intereses y, pese a algunos encontronazos internos, coincidían en la percepción de sus enemigos comunes. No hubo dudas en la ejecución del «atroz desmoche» (la frase es de Pedro Laín Entralgo, un tardío arrepentido) que se aplicó al mundo académico mediante una sistemática depuración que redujo drásticamente el peso de la enseñanza pública en la educación primaria y secundaria y que puso bajo mínimos el nivel de la vida universitaria, controlada por la Ley de Ordenación de 1943. Pero no fue menos virulento el otro «atroz desmoche» de las culturas regionales: más violento en Cataluña —donde el nivel institucional de la cultura autóctona había alcanzado la hegemonía en 1936— y algo menos en Galicia (que, desde un comienzo, fue zona controlada por los franquistas) y en el País Vasco, donde el carácter más tradicional y la tutela eclesiástica del cultivo del eusquera permitió la anémica sobrevivencia de algunas instituciones. En uno y otro caso, el aparato organizativo de la Universidad y de las culturas regionales habían sido obra de los sectores más dinámicos de la baja Restauración y, sobre todo, de la República. Y sucumbieron aunque quedara su recuerdo. La Institución Libre de Enseñanza desapareció bajo una capa de denuestos de sus viejos enemigos, cifrada en libros como el del catedrático de medicina Enrique Suñer, Los intelectuales y la tragedia española (1938), y el colectivo Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza (1939), que fueron el equivalente de la Causa General en el campo de la cultura. Sin embargo, la odiada Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fue transformada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pronto colonizado por el Opus Dei, que lo convirtió en referencia principal de su ofensiva por ocupar un lugar de preferencia en el control del nuevo Estado, a menudo en pugna con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. A la larga, mediados los años cincuenta, uno y otra estuvieron presentes en la racionalización administrativa del nuevo Estado y buscaron copar los cargos técnicos y el control de la Universidad. La ACNDP buscó una línea más discreta, sin desdeñar el futuro horizonte de una democracia cristiana muy conservadora y hegemónica al modo italiano, mientras que el Opus Dei se embarcó en una línea más ambiciosa y pública (creación de revistas, desde Atlántida a Punta Europa; formación de una amplia red de centros de enseñanza media y de colegios mayores, e incluso una universidad propia, la de Navarra, fundada en 1952), más cercana en política al ideal de un autoritarismo tecnocrático.

Ambos sectores del catolicismo pugnaron visiblemente con el falangismo que, a su vez, inundó la administración sindical, la frondosa administración local, la prensa de provincias y los sindicatos verticales, aunque —a pesar de disponer de otra red de colegios mayores y, sobre todo, de la sindicación obligatoria en la Universidad (mediante el SEU)— tuvo menos fortuna en el control académico. Los propios interesados han sostenido que (en el marco de su participación en el franquismo) se produjo la primera ruptura de la alianza sellada entre 1936 y 1939, lo que ha llegado a dar por bueno el oxímoron de «falangistas liberales». Dejando aparte el caso de alguna ruptura personal significativa —la de Dionisio Ridruejo fue la más conocida y ejemplar, aunque no la única—, la calificación es exagerada, incluso si se hace referencia a su periodo de esplendor más significativo, el paso de Joaquín Ruiz-Giménez (un católico, procedente de la ACNDP, con afinidades falangistas) por el Ministerio de Educación Nacional, desde 1951 hasta 1956, cuando los enfrentamientos de estudiantes y falangistas ortodoxos dieron al traste con su mandato. Y con el ministro, cayeron los rectores de Madrid, Pedro Laín Entralgo, y Salamanca, Antonio Tovar. No hubo «liberalismo» sino una vaga sensación de frustración y melancolía de los años heroicos, que se resolvió en un visible designio de rescatar en su provecho los hitos cercanos de la cultura liberal: todo esto lo encarnó muy bien la publicación barcelonesa Revista (inspirada desde 1952 por Dionisio Ridruejo). Pero había empezado antes con la publicación del libro La generación del 98 (1944), de Laín Entralgo, y con el proyecto de la revista Escorial (1942) que buscó parecerse a Cruz y Raya, la revista de Bergamín: en sus páginas anduvieron liberales que habían roto con la República (Menéndez Pidal y Antonio Marichalar) y hasta escritores que tendrían después una trayectoria de drástica ruptura (Blas de Otero).

HACIA LA DESLEGITIMACIÓN CULTURAL DEL

FRANQUISMO

Los años cincuenta impusieron una clarificación del panorama, que no fue ajena ni a los recambios generacionales, ni a la consolidación del Régimen en la Europa de la guerra fría, ni al fracaso de la economía autárquica. El citado Ministerio de Ruiz-Giménez auspició unos «Congresos de Poesía» sorprendentemente abiertos a los disidentes, facilitó las cosas a formas artísticas innovadoras, aunque poco propicias a la militancia política (la nueva arquitectura, la pintura abstracta, la música atonal), y permitió la recuperación de algunos «exiliados interiores». Una nueva promoción de escritores empezó a bullir en revistas estudiantiles de tono ingenuo pero a veces muy crítico; en una de ellas, la barcelonesa Laye, se gestó un «Manifiesto de las nuevas generaciones ajenas a la guerra civil», que nunca llegó a pasar del mecanoscrito pero que marcó el paso de muchos desde un populismo vagamente falangista a una actitud muy crítica contra el franquismo envilecido y cotidiano. Y paralelamente, un profesorado más joven entró en la Universidad y con él lo hicieron la lógica formal, la historia social, el psicoanálisis, la nueva lingüística, la teoría económica y hasta las primeras nociones del materialismo dialéctico. También se hizo evidente la huella de una «cultura de Estado» mediocre y alicorta en su planteamiento pero significativa. Fue una mezcla de intervencionismo y control en estado puro (como se vio en la creación de Radio Nacional y en la copiosa presencia de cabeceras periodísticas vinculadas al aparato estatal), de recuerdos del modelo internacional de promoción artística que se difundió en Europa después de 1945 (creación de teatros nacionales, política de protección al cine propio) y de mera propaganda de la imagen del país, muy vinculada al auge del turismo. En el fondo, esa peculiar «cultura de Estado» venía muy bien definida por la apelación que recogía sus funciones de vigilancia y promoción: el Ministerio de Información y Turismo, creado por decreto de 1951.

Ya se ha indicado que los cambios principales del decenio de los cincuenta se produjeron extramuros del Régimen y a su pesar. El más significativo fue la constitución de lo que podríamos llamar una «literatura (y un arte) de posguerra», lo que vale decir unas formas expresivas que —al igual que las del resto de Europa— se preocupaban del dolor y la culpabilidad, la solidaridad y la inocencia, con una compunción que estaba muy lejos del triunfalismo oficial. Una parte de ese tono lo marcaba la significativa presencia de escritores que habían estado entre los derrotados: autores como José Hierro, Gabriel Celaya, Antonio Buero Vallejo…, al lado de quienes como Blas de Otero, Carmen Laforet o Miguel Delibes habían renunciado pronto a sentirse «vencedores». O incluso de alguien, como Camilo José Cela, inmune a cuanto no fuera la pasión de escribir y el deseo de triunfar, que atemperó su desenfado cínico a las nuevas circunstancias: Viaje a la Alcarria, en 1947, y La colmena, su novela temporalmente prohibida de 1952, no fueron una denuncia social, ni menos política, pero sí una distinta forma de mirar la España profunda y un estremecedor diagnóstico de la vida madrileña. Lo que a finales de los cuarenta se llamó el «tremendismo» fue un primer síntoma, tras el que llegaron los primeros asomos del existencialismo y, sobre todo, a comienzos de los cincuenta, el desembarco de una promoción de escritores comprometida con el realismo como forma de descripción y como acto de fe en el futuro. Poetas y novelistas, además de algún dramaturgo y cineasta, dibujaron la España de la insatisfacción de los jóvenes, de la miseria campesina, de la desmoralización de las clases medias, la tristeza del mundo provinciano y de los abusos de los nuevos ricos. Hoy la seguimos reconociendo con piedad e indignación al ver Historia de una escalera, de Buero Vallejo, y Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, y al leer Los bravos, de Jesús Fernández Santos; Las afueras, de Luis Goytisolo; Entre visillos, de Carmen Martín Gaite; Compañeros de viaje, de Jaime Gil de Biedma; Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, y Tormenta de verano, de Juan García Hortelano, testimonios sobrecogedores que van de 1949 a 1962.

A lo largo de estos años, la industria cultural se afianzó en los terrenos del consumo popular con series de relatos del Oeste (José Mallorquí fue el fecundo inventor de «El Coyote») y policiacos, literatura sentimental de consumo femenino (donde brillaron el veterano Rafael Pérez y Pérez y luego, Corín Tellado) y de aventuras con destino a los adolescentes, a lo que hay que añadir la extendida divulgación de los tebeos, alguna vez claramente fascistoides («Roberto Alcázar», «El guerrero del Antifaz»…) y otras veces muy iconoclastas (como lo eran la mayoría de los personajes de Pulgarcito: los traviesos Zipi y Zape, el hambriento Carpanta, las irascibles hermanas Gilda…). Pero, a la par, en el mercado más exigente, se produjo la definitiva implantación del ensayismo universitario de divulgación, la vuelta de la biografía novelada y de la novela traducidas y la restitución del canon de grandes escritores, alterado por los exilios y las prevenciones censoriales. Se reeditó con éxito a Galdós, aunque se tardó en autorizar las ediciones sueltas de La Regenta, de Clarín (¡hasta 1966!). Baroja y Unamuno, como Azorín, vieron publicadas sus obras completas a finales de los años cuarenta, con algunas supresiones, y su conocimiento debió también mucho a la creación de la benemérita Colección Austral en plena guerra civil, primero en Buenos Aires y luego en España. Pero los cambios más significativos llegaron a mediados de los años cincuenta con la tarea de editoriales muy significativas por su compromiso intelectual —como Seix-Barral, Taurus y Guadarrama— o por su volumen de novedades, como Planeta y Plaza & Janés.

El inicio de los años sesenta registró movilizaciones entre obreros industriales y estudiantes, a la vez que el franquismo se decantaba por una tecnocracia autoritaria que ponía la economía como objetivo esencial. Desde el Ministerio de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne convirtió la celebración del veinticinco aniversario de la victoria franquista en «XXV años de paz», por primera vez escrito en todas las lenguas del país; la campaña fue un fracaso pero, sin buscarlo, reintegró el nombre de «guerra civil» a la percepción colectiva de lo que oficialmente siempre fue «Cruzada» o «guerra de liberación». Del mismo modo, su Ley de Prensa de 1966, clamorosamente reglamentista e insuficiente, suscitó cambios de actitud que ya añoraban las empresas periodísticas y que recibió con ansia —seguida de decepción— la emergente clase media urbana. En torno a 1965 se puede hablar ya de una progresiva deslegitimación cultural del franquismo, que precedió en mucho a su desahucio político. No cabía diálogo alguno y ni siquiera había lugar para el posibilismo. El realismo literario se radicalizó en la poesía, la novela y el teatro; en el ensayo aparecieron el marxismo y el estructuralismo; las formas pop —en la pintura y la escritura— revistieron en España una singular politización sarcástica, que se mostró en los cuadros de Equipo Crónica y Eduardo Arroyo; las formas abstractas —en la pintura de Antoni Tapies, Antonio Saura y Manolo Millares; la escultura de Eduardo Chillida y Pablo Serrano— parecieron asumir la dureza material y la virulencia expresiva adecuadas a una época de frustración y rebeldía; la entusiasta recepción de las nuevas letras latinoamericanas patentizaba, a su vez, la añoranza de una escritura estéticamente esmerada y políticamente revolucionaria. Pero la sed de novedades tropezó con la censura y creó pronto una aguda sensación de disconformidad: la certificaron las frecuentes prohibiciones y multas y también los muchos españoles que hacían cola para asistir a sesiones maratonianas de cine extranjero vetado, en Bayona o en Perpignan; los recitales de los «cantautores», a menudo suspendidos, y las dificultades de la batalla del rock que libraron los más jóvenes. E incluso el reencuentro con los libros publicados por exiliados —que por fin aparecían en algunas editoriales españolas— incrementó la aguda conciencia de que nada cabía esperar del Régimen sino su extinción. [→ DESARROLLISMO].

Cuando en 1975 se produjo lo que la prensa llamaba «el inevitable hecho biológico» la sensación de alivio fue tan general que tomaron nota hasta los últimos partidarios del dictador: la transición moral había comenzado en el largo, desasosegante y enmarañado primer lustro de los setenta y se culminó, bajo el signo de la crisis económica internacional, en el segundo. E incluso la sensación de haber vivido con anticipación la ruptura y la desilusión ante los acontecimientos favorecieron una conciencia de frustración e irrealidad que estuvo detrás del precoz desencanto que pareció desteñir sobre aquellos años de recuperación de la libertad.

LOS TÉRMINOS DE UNA CATÁSTROFE

La larga duración del franquismo debe considerarse una catástrofe cultural sin paliativos y esta consideración es un principio que no pueden modificar ni las añoranzas indulgentes de un pasado impresentable, ni los planteamientos fatalistas que cohonestan todavía la miseria intelectual y la política de represión con los presuntos beneficios de una modernización económica y social. Tampoco cabe siquiera un pretendido parangón igualador entre las dos violencias desatadas por la guerra civil. Es cierto que, en ambos bandos, hubo justificaciones de la misma, firmadas por políticos e intelectuales, pero solamente en el bando republicano hubo un intento de la autoridad pública por mitigarla y únicamente en su marco se dieron bastantes actitudes personales de consternación y de horror ante los horrores perpetrados por los suyos. La contumacia en la venganza caracterizó, sin embargo, al franquismo, que todavía en abril de 1963 fusiló a Julián Grimau, miembro del comité central del Partido Comunista, detenido como activista pero juzgado por sus actividades como policía durante los días de la guerra civil (un año antes de la prescripción legal de sus presuntos delitos).

Los vencedores nunca dudaron de sus razones y, por eso, tampoco desistieron de su proyecto de revocar la historia que les había precedido. El desmantelamiento y depuración de una vida universitaria muy prometedora y activa en 1936, el exilio al que se condenó a buena parte de las figuras más destacadas del país, la brutal interrupción de los procesos de afianzamiento de las culturas autóctonas, el control que los vencedores ejercieron sobre la creación y el pensamiento hasta 1975 fueron hechos que no pueden recibir otro calificativo que el de catástrofe. Y en consecuencia, a la altura de 1975, todavía contrastaba la décima posición que el país ocupaba en el concierto económico mundial con el bajo nivel de su ciencia y su tecnología y con la escasa recepción internacional de su cultura (con las veteranas excepciones de Picasso, Buñuel y Lorca, a las que se sumaron las más recientes de un pintor como Tapies y un escultor como Chillida).

La cultura digna de tal nombre solo había sobrevivido gracias a los descuidos de la chapucera organización censorial y a las contradicciones de bulto entre los variados intereses que el franquismo albergaba en su seno. En ese clima, muchos intelectuales cuyo comportamiento no siempre había sido ejemplar acabaron por recuperar el respeto que se debían y, sin pretenderlo a menudo, constituyeron una «resistencia silenciosa» (como ha escrito Jordi Gracia), hecha de sus palabras de ayer y de hoy, de la devoción de sus fieles y de significados que, pese a todo, seguían indemnes: el caso de Ortega y Gasset fue el más llamativo entre su regreso en 1947 y su muerte en 1955. Algunos vencedores vivieron su propio desengaño, o a veces jugaron las bazas de su oportunismo, y también contribuyeron —desde puestos más cómodos— a la continuidad de las pautas de una cultura liberal e integradora. Y no faltaron los que se han llamado «exiliados interiores», testigos de un pasado distinto y referencias de su continuidad: la actitud de Vicente Aleixandre, poeta en activo y paciente corresponsal y mentor de varias generaciones de jóvenes creadores, fue un episodio fundamental de esta mediación, que —en un terreno más amplio— encarnó desde 1946 la revista Ínsula.

Más tarde, la comparecencia de generaciones nuevas, de procedencia burguesa en su mayor parte, pero cuya primera identidad fue la conciencia de fraude político, de miseria moral y de certezas perdidas, provocó un cambio de horizontes que en la segunda mitad de los sesenta, como hemos visto, se generalizó. Cuando en 1969 el escritor exiliado Max Aub regresó a España por vez primera se lamentó acerbamente del olvido que las nuevas generaciones progresistas parecían tener con respecto al pasado cultural que él representaba. Y dejó un punzante testimonio de esa sensación en las páginas de su diario La gallina ciega, que vio la luz en México (1972). Pero solo en parte tenía razón: la cultura española de la primera transición reconstruyó por sí misma buena parte de los puentes que la enlazaban con el ayer y elaboró, por fin, una historia plausible de la guerra civil y de sus causas. Y mucho después, desde el decenio de los noventa, quizá la querella intelectual más significativa de nuestro país versa todavía sobre el juicio de lo sucedido entre 1931 y 1939 y sobre la aceptación o el repudio del legado de Franco. Lo que no habría de extrañar en una Europa que —como señaló con justeza el recordado ensayista Tony Judt— se ha construido sobre el remordimiento de su cercano pasado de violencia.

La gran pregunta —imposible de resolver pero quizá moralmente muy legítima— es qué hubiera ocurrido en la cultura española si no se hubieran producido las consecuencias de la victoria absoluta de 1939: si no hubiese habido un largo exilio, si el proyecto —quizá incipiente pero no impreciso— de «Estado cultural» republicano hubiera seguido adelante, si el encuentro y la confrontación de personalidades y generaciones se hubieran dado en un régimen de normalidad civil y en un clima educativo laico y abierto. A esa luz, es evidente que las grandes debilidades intrínsecas de la cultura bajo el franquismo —la aceptación del adanismo ideológico como punto de partida, la excesiva influencia de registros religiosos o populistas, el tono quejumbroso, el excesivo localismo de los planteamientos, la voluntaria renuncia a muchas dimensiones de la modernidad estética e ideológica— hubiesen tenido menos presencia de la que tuvieron y el camino iniciado ya en el lejano fin del siglo XIX se hubiera resuelto en una cultura fuertemente nacional pero también europea, con más peso de lo científico, más cercana a los grandes movimientos del mundo occidental, menos solipsista y, sobre todo, sin la obligación de incorporar lo metafórico y lo fantasioso, lo elíptico y lo simbólico, a la representación estética de la libertad.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Trapiello, Andrés: Las armas y las letras. Literatura y guerra civil 1936-1939, Destino, Barcelona, 2010.

LA REPÚBLICA

Recordad la situación de la que hubimos de partir y que puso en marcha las ansias renovadoras del Movimiento: España se moría desintegrada por sus luchas intestinas. Sus partes estaban en trance de disgregación. La anarquía, estimulada desde el Poder, se señoreaba del país progresivamente. El comunismo acechaba su presa. El eje Moscú-Madrid, apuntando a Hispanoamérica, no constituía una invención pues estaba perfectamente definido en las actas del Congreso de la Komintern de 1935 […]. El camino para la subversión comunista se ofrecía franco. La organización de las Milicias populares se encontraba al orden del día; la provocación por los partidos en el Poder de alteraciones del orden público buscaba la intervención de las fuerzas de seguridad para explotar la reacción creando el clima favorable para su disolución. El licenciamiento de gran parte de los efectivos militares perseguía debilitar toda resistencia. Las informaciones que desde la propia Dirección de Seguridad recibían las autoridades militares superiores acusaban la proximidad del golpe comunista. Se les prevenía contra el proyecto de eliminación de sus jefes y oficiales al salir de los domicilios para incorporarse a los cuarteles e incluso en muchas ciudades en las puertas de sus domicilios se descubrían señales y marcas misteriosas. La supresión de las principales y posibles cabezas de la contrarrevolución estaba decretada. Muy pronto, Calvo Sotelo, jefe de la oposición parlamentaria, había de encabezar el número de las víctimas. Su asesinato, premeditado por las fuerzas de orden público del Gobierno del Frente Popular, señaló el comienzo de la revolución.

FRANCISCO FRANCO

ESPERANZAS E ILUSIONES EN

UN NUEVO RÉGIMEN

LA REPÚBLICA REFORMISTA

por

PAUL PRESTON

La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931, dos días después de que una gran coalición de socialistas y republicanos de clase media hubiesen ganado unas elecciones municipales en las principales ciudades españolas. Dicha victoria provocó la salida del país del rey Alfonso XIII. El acontecimiento fue acompañado por una explosión de alegría popular y de unas expectaciones excesivas de que el nuevo régimen pudiera remediar las injusticias y deficiencias sociales y políticas tanto de la monarquía como de la dictadura del general Primo de Rivera. La coalición republicano-socialista se proponía emprender una serie de reformas sociales y construir una España moderna, libre de las influencias reaccionarias de la Iglesia católica y de las fuerzas armadas.

PROYECTOS Y FUERZAS EN PRESENCIA

El denominador común de los componentes del nuevo Gobierno era el deseo de acabar con la monarquía. Por lo demás, cada uno de los principales grupos tenía sus propias prioridades y no necesariamente apoyaba las ambiciones de sus compañeros de Gobierno. La amplia coalición abarcaba desde elementos conservadores que no querían cambios más allá de echar a Alfonso XIII, un centro formado por los radicales de Alejandro Lerroux, muchos de los cuales eran corruptos y simplemente querían beneficiarse del acceso a los resortes del poder, y, finalmente, republicanos de izquierdas y socialistas con objetivos reformistas ambiciosos pero diferentes. Se veían a sí mismos utilizando juntos el poder del Estado para crear una nueva España. Sin embargo, para ello se requería un inmenso programa de reformas que consistiría en, aparte de destruir las influencias reaccionarias, crear relaciones laborales más equitativas, acabar con los poderes casi feudales de los latifundistas y satisfacer las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes. [→ REFORMA AGRARIA, → NACIONALISMOS].

La llegada de la República encontró a la derecha temporalmente carente de organización política. Por tanto, las clases altas y numerosos sectores de las clases medias se conformaron con la marcha de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa. Lo hicieron con la esperanza de que, sacrificando al rey y tolerando a un presidente, podrían protegerse de mayores desgracias en el camino de la reforma social y económica. La proclamación de la República significó que, por primera vez, el poder político pasó de las oligarquías a las izquierdas moderadas. Sin embargo, otros resortes más potentes quedaron en manos de las clases conservadoras. Para obstaculizar el proyecto reformista republicano-socialista dispondrían del poder económico, de los bancos, de la industria y de la tierra, y del poder social, el control de los medios de comunicación, la prensa, la radio y el sistema de enseñanza que en gran parte era privado. Además, contaban con el poder persuasorio de la Iglesia y el monopolio de la violencia en manos del Ejército y la Guardia Civil en su determinación de impedir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. En este sentido, las semillas de la discordia estaban sembradas en las esperanzas de la izquierda y en el miedo y resentimiento de los elementos de la derecha que se veían amenazados.

El Gobierno provisional fue fruto del pacto de San Sebastián firmado en agosto de 1930 por republicanos y socialistas. El primer ministro fue Niceto Alcalá-Zamora, un terrateniente católico de Córdoba y exministro de la monarquía. Su ministro de la Gobernación fue Miguel Maura, hijo del célebre político conservador y también católico e igualmente conservador. Los dos eran reacios a reformas sociales profundas. El venal líder del partido republicano radical Alejandro Lerroux fue ministro de Estado y su segundo, Diego Martínez Barrio, hombre más recto y honrado, ministro de Comunicaciones. El resto del Gobierno estaba formado por cuatro republicanos de centro-izquierda y tres socialistas reformistas, unánimes en su deseo de construir una república progresista.

Las esperanzas de los socialistas eran moderadas. La dirección del PSOE sabía que la implantación del socialismo era un sueño lejano y buscaba simplemente una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de la clase obrera industrial. Su moderación sería vana porque los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico.

Sin embargo, en los primeros dos años de la República, antes de darse cuenta de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes y la tenaz hostilidad de la derecha ante cualquier tipo de reforma, los socialistas colaboraron con un espíritu de autosacrificio y optimismo. Sus ministros se plegaron a la negativa de Maura de abolir la Guardia Civil, odiado símbolo del antiguo régimen para trabajadores y campesinos. Además, como gesto conciliador para con las clases adineradas, el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, anunció que asumiría todas las obligaciones financieras de la Dictadura.

Aun así, la hostilidad de la derecha se manifestó muy pronto. Casi de inmediato, la situación financiera se vio amenazada por la masiva evasión de capitales. Tras la proclamación de la República, los seguidores del general Primo de Rivera empezaron a recolectar dinero de aristócratas, terratenientes, banqueros e industriales para justificar la necesidad de un golpe militar para derrocarla, financiar actividades conspirativas y comprar armas. No era de extrañar, ya que el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los más pobres implicaba una importante redistribución de la riqueza. En medio de una depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser compensados fácilmente por mayores beneficios. De hecho, en una economía en proceso de contracción, las reformas humanitarias parecían desafíos revolucionarios al orden económico establecido.

Desde finales de abril hasta principios de julio, los ministros socialistas de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y de Justicia, Fernando de los Ríos, publicaron una serie de decretos dirigidos a remediar la dramática situación de paro en la España rural, intensificada por el regreso de emigrantes de América Latina y del norte de Europa a unas tierras castigadas por la sequía durante la temporada 1930-1931. De los Ríos rectificó el desequilibrio de los arrendamientos rurales, que favorecían a los terratenientes, dificultando tanto el desahucio como la subida de los alquileres. Las medidas de Largo Caballero fueron más polémicas. Con el llamado «decreto de términos municipales», que prohibía contratar obreros foráneos mientras los trabajadores del propio municipio permanecieran sin empleo, pretendió neutralizar la más potente arma de los terratenientes: la capacidad de romper las huelgas y mantener los salarios bajos a base de contratar mano de obra barata traída de fuera. Luego creó jurados mixtos para la negociación de los salarios y las bases de trabajo en el campo, antes decididos a capricho de los propietarios, y estableció la jornada de ocho horas. Ya que tradicionalmente el jornal suponía que los braceros trabajaran de sol a sol, ahora los propietarios tendrían que pagar más o emplear a más hombres para hacer el mismo trabajo. Finalmente, a fin de evitar que los propietarios sabotearan estas medidas mediante lock-outs, un decreto de laboreo forzoso les impidió mantener sus tierras sin cultivar. De hecho, fue casi imposible aplicar con rigor tales decretos. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

Aun así, estas medidas, con los preparativos para una Ley de Reforma Agraria, fueron recibidas por los terratenientes como si fuesen el comienzo revolucionario de la ruina de la agricultura. En las provincias latifundistas del sur no solamente hicieron caso omiso de la nueva legislación, sino que también emplearon a cuadrillas armadas para acallar a los dirigentes sindicales que protestaban. La ejecución de los decretos de Largo Caballero y De los Ríos dependió de la eficacia y del grado de compromiso del gobernador civil de cada provincia. De hecho, Maura y sus sucesores tuvieron dificultades enormes para encontrar personal lo suficientemente competente y experimentado con el fin de poner en práctica los nuevos decretos y leyes. En muchas provincias, la influencia social de las élites locales, de la Iglesia y de los jefes de puesto de la Guardia Civil pronto aseguró que muchos gobernadores no se atreviesen a plantar cara a quienes desacataban abiertamente las leyes e incluso con frecuencia acabaron siendo más leales a las élites locales que al Gobierno.

Tanto a nivel nacional como en provincias, las poderosas redes de prensa y canales de radio de la derecha empezaron a presentar a la República como responsable de los problemas de la economía española y de la violencia de las turbas. La derecha pronto se reorganizó políticamente por dos vías, conocidas entonces como «accidentalismo» y «catastrofismo». La alternativa accidentalista surgió de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), una organización de élite influida por los jesuitas y compuesta por unos quinientos derechistas prominentes con influencia en la prensa, la judicatura y las profesiones liberales. Consideraban que las formas de Gobierno, republicana o monárquica, eran accidentales y no fundamentales. Lo que realmente importaba era el contenido social del Régimen. Por tanto, adoptaron una táctica legalista. Su inspirador, Ángel Herrera Oria, director del diario de derechas más moderno de España, El Debate, y su líder, el inteligente y dinámico catedrático de Derecho José María Gil Robles crearon Acción Popular a base de unir una plana mayor procedente de la ACNP y las masas de pequeños propietarios católicos del norte y centro de España encuadrados en las antiguas Federaciones Agrarias Católicas. Sus escasos diputados utilizaron todos los ardides posibles para bloquear las reformas en las Cortes. Se montó una masiva y eficaz operación de propaganda con prensa, radio y hasta cines móviles para persuadir a esos pequeños propietarios de que los proyectos perjudicaban sus intereses en igual o mayor medida que los de los grandes terratenientes. Se presentó a la República como el instrumento del comunismo soviético que se cernía sobre sus tierras para robarlas y forzar a sus esposas e hijas a una orgía de amor libre obligatorio. Segura de sus votos, en 1933 la derecha legalista arrebataría el poder político a la izquierda.

El enfoque de los llamados grupos catastrofistas estribó en la convicción de que la República debía ser derrocada mediante un golpe militar. Su proyecto llegó a fructificar en 1936, aunque no debe olvidarse que la contribución de los accidentalistas en cultivar el antirepublicanismo entre los pequeños propietarios suministró numerosísimos voluntarios para la campaña bélica de Franco.

Había tres principales organizaciones catastrofistas. La más antigua era la Comunión Tradicionalista de los carlistas, defensores antimodernos de un régimen reaccionario ultracatólico. Por anticuadas que fueran sus ideas, disponía de nutridas filas de partidarios en Navarra y en Andalucía occidental y poseía una fanática milicia (el Requeté) que, entre 1934 y 1936, recibió instrucción militar en la Italia de Mussolini.

Los más influyentes de los catastrofistas eran los antiguos partidarios de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera. Estos monárquicos alfonsinos, con su revista Acción Española y su partido Renovación Española, fueron el estado mayor y el baluarte económico de la extrema derecha. Sin ellos, tanto la sublevación de 1936 como la estructura e ideología del Estado franquista hubieran sido diferentes. Finalmente, existía un número de grupúsculos fascistas que finalmente se coaligaron como Falange Española entre 1933 y 1934 bajo el liderazgo del hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. Los militantes falangistas, subvencionados también por el segundo grupo y Mussolini, proporcionaron la carne de cañón de la opción catastrofista, al provocar las luchas callejeras con la izquierda que permitieron a los demás denunciar el «desorden» de la República. [→ DERECHAS, → FALANGE ESPAÑOLA].

Los más poderosos enemigos de esta eran la Iglesia y el Ejército. Ambos fueron fácilmente empujados hacia la derecha antirrepublicana, en parte por los errores cometidos por los políticos reformistas, pero también debido a las acciones de los partidarios de una línea dura dentro de sus propias filas. En lo que se refiere a la Iglesia, entre los más militantes se encontraban el intransigente obispo de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, Isidro Gomá, y el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Pedro Segura. Este ambicioso e irascible clérigo escribió una pastoral a todos los obispos y fieles de España pidiendo la movilización para conseguir la elección a las Cortes Constituyentes de «candidatos que ofrezcan garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social». Tan irresponsablemente provocador fue su lenguaje monárquico, en un contexto de entusiasmo popular por la República, que el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, se vio obligado a expulsarle del país. La prensa de derechas presentó fotografías del cardenal primado escoltado por policías y guardias civiles como prueba de que la República perseguía a la Iglesia. La sede de Toledo permaneció vacante hasta el 12 de abril de 1933, fecha en que reemplazó a Segura un hombre tan vehemente como él, Isidro Gomá.

La hostilidad entre la República y la Iglesia se intensificó dramáticamente a partir del 10 de mayo por los incendios de iglesias en Madrid y luego en Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada y Alicante. El Gobierno se negó a llamar a la Guardia Civil y el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, proclamó que «todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano», frase utilizada por la prensa derechista para persuadir a sus lectores de clase media de que, en cierta manera, Azaña aprobaba la quema de conventos. No cabe duda de que el Gobierno mostró una notable falta de energía ante los incendios, lo cual no quiere decir que fuera el culpable de ellos. La prensa republicana afirmó que fueron obra de agentes provocadores reclutados entre los esquiroles de los llamados Sindicatos Libres, en un intento de desacreditar al nuevo régimen, pero cabe poca duda de que existía un anticlericalismo profundo en las filas de la izquierda. La indiferencia de las multitudes que contemplaban los siniestros reflejó hasta qué punto el hombre de la calle resentía el poder cultural de la Iglesia. Cuando el Gobierno declaró el 22 de mayo la plena libertad religiosa, el diario monárquico ABC y el católico El Debate despotricaron contra la República. El Gobierno los clausuró temporalmente. [→ IGLESIA].

Al tiempo, existían diversos motivos de fricción con las Fuerzas Armadas, pero seguramente uno de los más importantes fue la rapidez con que el nuevo régimen concedió autonomías regionales. Más significativa fue la iniciativa del ministro de la Guerra, Azaña, para reducir la escala del inflado cuerpo de oficiales y hacer más eficiente al Ejército, esperando también reducir las pretensiones políticas de los militares. El decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 para la llamada revisión de ascensos pretendía una reforma necesaria y, en muchos aspectos, generosa, dado que ocho mil oficiales sobrantes se retiraron con paga completa. Sin embargo, se avivaron las susceptibilidades militares por la insensibilidad con que se llevaron a cabo diversos aspectos de la reforma. Cuando se reabrieron los expedientes de algunos ascensos concedidos por méritos de guerra en Marruecos, numerosos generales derechistas, incluyendo a Francisco Franco, se enfrentaron a la posibilidad de verse reducidos al rango de coroneles. La comisión encargada de esta reforma necesitó más de dieciocho meses para elaborar un informe y causó una intensa ansiedad a los casi mil oficiales afectados. En junio de 1931, Azaña cerró la Academia General Militar de Zaragoza por razones presupuestarias y por considerarla un nido de militarismo reaccionario, lo cual le garantizó la eterna enemistad de su director, el general Franco.

Los oficiales más retrógrados, y que ya se habían jubilado por haberse negado a jurar lealtad a la República, tuvieron tiempo suficiente para conspirar contra el Régimen, empresa en la cual fueron alentados por periódicos como ABC, La Época y La Correspondencia Militar, que montaron una campaña contra Azaña acusándole de intentar «triturar el Ejército». Aunque Azaña nunca pronunció dicha frase, se creía que sí lo había hecho. En realidad, lejos de privar al Ejército de fondos y material, Azaña —quien se había dedicado toda la vida al estudio de las relaciones entre civiles y militares— aseguró solamente que se iba a gastar el presupuesto militar de un modo más eficaz. Irónicamente, la preparación del Ejército español en 1936 se debió tanto a los esfuerzos de Azaña como a los de su sucesor, el derechista José María Gil Robles. Para la derecha, el Ejército existía por encima de todo para defender sus intereses sociales y económicos. Por tanto, se presentó a Azaña como el monstruo corrupto supuestamente dispuesto a destruir tanto al Ejército como a la Iglesia porque formaba parte de una conspiración judeo-masónica-bolchevique.

Desde antes de la República, en la derecha católica corría la idea de que una alianza de los judíos, los masones y las Internacionales obreras conspiraba con el propósito de destruir la Europa cristiana, con España como blanco principal. A partir de 1931, la Editorial Católica, que poseía una cadena de prensa encabezada por El Debate, lanzó dos revistas profundamente antisemitas y antimasónicas, Gracia y Justicia y Los Hijos del Pueblo. Al denunciar el proyecto reformista de la República como fruto de un sucio complot, la ultraderecha justificó la violencia contra sus partidarios. Esta retórica de exterminio tuvo su contrapartida en la ultraizquierda anarquista convencida de que la creación de una nueva utopía exigía la previa destrucción de los baluartes del antiguo régimen.

EL DURO CAMINO DE LAS REFORMAS

En este contexto de crispación entre los extremos a la izquierda y a la derecha, el gobierno republicano-socialista emprendió la tarea de llevar a cabo su proyecto progresista. Como consecuencia del contexto de crisis económica se enfrentó con un terrible dilema que aumentó las implícitas divisiones dentro del consejo de ministros. ¿Cómo encontrar una vía media entre satisfacer mínimamente la necesidad de los obreros de aumentos de salarios y una reducción del desempleo (por no hablar de sus demandas de colectivización de los latifundios y las fábricas) y asegurar que el Ejército no interviniese para destruir el nuevo régimen democrático? En un momento de retorno al campo de cientos de miles de emigrantes tanto del exterior como de las ciudades, la caída de los precios agrícolas obligó a muchos terratenientes a dejar de cultivar sus tierras. Los jornaleros, que en épocas de prosperidad rozaban la miseria, se enfrentaron con el hambre y los obreros urbanos, sobre todo los de la industria minera y de la construcción, corrieron igual suerte. El mercado laboral se convirtió en un auténtico polvorín. Al reprimir los desórdenes revolucionarios con la esperanza vana de tranquilizar a las clases altas, el Gobierno aumentó el descontento de las clases trabajadoras.

El dilema se reveló enseguida. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no se identificaba con la República, que consideraba, como la monarquía, un mero instrumento al servicio de la burguesía. Aspiraba simplemente a contar con mayor libertad para difundir sus objetivos revolucionarios y seguir alimentando su encarnizada rivalidad con el sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT). La breve luna de miel concluyó apenas dos semanas después de las elecciones, con la brutal represión policial de las manifestaciones del 1 de mayo promovidas por CNT-FAI. Una huelga general convocada el 18 de julio por la CNT ofreció al Gobierno la oportunidad de subrayar su compromiso con el mantenimiento del orden público. Los afiliados de la UGT no secundaron la huelga, que fue declarada ilegal. En Sevilla, hubo violentos enfrentamientos entre huelguistas anarquistas y comunistas, por un lado, y obreros de la UGT y la Guardia Civil, por otro. Con el apoyo unánime del gabinete, Miguel Maura declaró el estado de guerra y autorizó el bombardeo por la artillería de un centro anarquista, la Casa Cornelio. Unos voluntarios derechistas locales formaron una «Guardia Cívica» y mataron a varios izquierdistas, entre ellos cuatro anarquistas asesinados a sangre fría en el Parque de María Luisa. La naturaleza revolucionaria de la huelga asustó a las clases altas, mientras que la violencia con que fue reprimida —30 muertos y 200 heridos— intensificó la enemistad anarquista contra la República.

La CNT fue cayendo progresivamente bajo el dominio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). En el verano de 1931, los faístas, partidarios de la violencia revolucionaria continua, ganaron la lucha interna, de hecho expulsando a los sindicalistas más moderados de la CNT. Hasta que esta se reunificó tras grandes dificultades en 1936, los anarquistas se embarcaron en una política de «gimnasia revolucionaria». Sus huelgas fracasaron invariablemente por falta de coordinación y la eficacia de la represión republicana, pero permitieron que la prensa derechista identificara la República con la violencia y la subversión. [→ ANARQUISMO].

Mucho antes de que las oleadas de agitación anarquista llegaran a su punto álgido, la coalición republicano-socialista se vio involucrada en otro asunto conflictivo. Las Cortes estaban ocupadas en la elaboración de la nueva Constitución. Una comisión constitucional presentó el 27 de agosto lo que su presidente, el socialista Luis Jiménez de Asúa, describió como «un documento democrático y liberal con gran contenido social». El proyecto dio pie a tres meses de reñido debate.

Hubo una importante victoria socialista cuando la cámara aceptó el artículo 1: «España es una república de trabajadores de todas las clases». El artículo 44 establecía que todo el bienestar del país debía subordinarse a los intereses económicos de la nación y que, por razones de utilidad social, toda propiedad podía expropiarse con la correspondiente indemnización. La Constitución —finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931— era tan democrática, laica, reformista y liberal, incluso en materia de autonomía regional, como republicanos y socialistas hubieran podido desear. A la vez, provocó el intenso resentimiento de los grupos más poderosos en la sociedad española: terratenientes, empresarios, la Iglesia y el Ejército.

La oposición a la Constitución se plasmó en torno a los artículos 44 y 26. Este último se refería a la supresión de las subvenciones estatales al clero y a las órdenes eclesiásticas; la disolución de las congregaciones que, como la de los jesuitas, pronunciaban juramentos de lealtad a una potencia extranjera y la limitación del derecho de la Iglesia a la propiedad de bienes. La actitud de la coalición republicano-socialista se basaba en la creencia de que si iba a construirse una nueva España, debía eliminarse el dominio reaccionario de la Iglesia sobre numerosos aspectos de la vida social. La religión no fue atacada como tal, pero la Constitución acabó con el apoyo gubernamental a la posición privilegiada de la Iglesia católica. El Gobierno se arriesgó a ofender los sentimientos de millones de fieles. La derecha presentó la Constitución como un ataque despiadado y violento contra los valores tradicionales. El debate sobre el artículo 26, la crucial cláusula referente a la religión, tras el encarnizamiento provocado por las reformas militares de Azaña, intensificó la polarización.

La hostilidad de la derecha ganó considerable apoyo popular durante su bien financiada campaña contra la Constitución. La oposición a las cláusulas religiosas fue igualada en cuanto a encarnizamiento en las referentes a la autonomía regional para Cataluña y la reforma agraria. La legalización del divorcio y la disolución de las órdenes religiosas provocaron las iras de los católicos y de la prensa de derechas, que atribuyeron tales medidas a malévolas maquinaciones judeo-masónicas. En el curso del debate del 13 de octubre de 1931, Gil Robles desafió a la mayoría republicano-socialista en las Cortes diciendo: «Hoy, frente a la Constitución se coloca la España católica […] vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual que se va a desencadenar en España». Cinco días después, en la plaza de toros de Ledesma (Salamanca), hizo un llamamiento a favor de una cruzada contra la República.

De hecho, la aprobación de la Constitución significó un cambio importante en la distribución de fuerzas. El Gobierno perdió el apoyo de numerosos miembros de las clases medias católicas. La derecha pudo organizarse en contra del anticlericalismo de la Constitución justo en el momento en que empezó a disolverse la unión de los dispares componentes de la coalición gobernante. Durante el debate de la noche del 13 de octubre, la defensa de las cláusulas religiosas de la Constitución recayó en Manuel Azaña quien comentó que «España ha dejado de ser católica». La derecha pudo presentar esta declaración como prueba de que la República estaba decidida a destruir a la Iglesia, aunque Azaña simplemente se refería a la realidad sociológica de que el catolicismo ya no gozaba de la preeminencia de antaño. No obstante, tanto Alcalá-Zamora como Miguel Maura dimitieron en octubre de 1931 y Azaña fue nombrado primer ministro. Esto provocó la ira de Lerroux, a quien se había descartado para el puesto por su fama de corrupto. En consecuencia, pasó con el Partido Republicano Radical a la oposición. Ausentes los republicanos conservadores y los radicales, Azaña ya presidía un gabinete más compacto con los socialistas pero quedó muy expuesto a una oposición cada vez más amplia.

PRIMEROS TOQUES DE ALARMA

Azaña se encontraba entre dos fuegos: el deseo popular de reformas profundas y la determinación por parte de la derecha de impedirlas. El dilema se hizo más patente respecto al problema agrario. Frente al hambre rural, la CNT y la socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) reivindicaron la colectivización de la tierra. Los republicanos azañistas no estaban dispuestos a permitir expropiaciones masivas de la propiedad. Largo Caballero, como ministro de Trabajo, había mejorado algo la situación con los cuatro decretos aprobados en primavera. Sin embargo, los límites de tales medidas parciales se pusieron de manifiesto cuando la sección pacense de la FNTT convocó una huelga general pacífica. El 31 de diciembre, en el aislado pueblo de Castilblanco, después de un invierno sin trabajo, los afiliados de la FNTT llevaron a cabo una ordenada manifestación cuando la Guardia Civil intervino matando a un hombre e hiriendo a otros dos. Los aldeanos hambrientos, en un arrebato de miedo, angustia y pánico, se abalanzaron sobre los cuatro guardias y los mataron a pedradas y cuchillazos. [→ ANARQUISMO].

El general José Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, comparó a los trabajadores de Castilblanco con los moros contra los que había luchado en Marruecos y comentó: «En un rincón de la provincia de Badajoz hay un foco rifeño». Las palabras de Sanjurjo parecieron justificar la venganza que luego se cobró la Guardia Civil. En la mentalidad del alto mando africanista el proletariado era el equivalente a las tribus coloniales. Tres días después de Castilblanco la Guardia Civil mató a dos trabajadores e hirió a otros tres en Zalamea de la Serena (Badajoz). Dos días más tarde un huelguista fue muerto a tiros y otro resultó herido en Calzada de Calatrava. Se disparó contra un huelguista en Puertollano (ambos pueblos en Ciudad Real), a la vez que hubo dos huelguistas muertos y once heridos en Épila (Zaragoza) y dos muertos más y diez heridos en Teresa (Valencia). El 5 de enero tuvo lugar la más atroz de estas acciones cuando veintiocho guardias civiles abrieron fuego contra una pacífica manifestación en Arnedo, pequeña villa de la provincia de Logroño. Entre las víctimas mortales hubo un trabajador y cuatro espectadoras, una de las cuales era una mujer embarazada, de veintiséis años, cuyo hijo de dos también resultó muerto. Las balas hirieron a otras cincuenta personas, entre ellas gran número de mujeres y niños, algunos de muy corta edad. Durante los días siguientes otras cinco personas murieron a causa de sus heridas, entre ellas un niño de cinco años y una viuda con seis hijos. A muchas víctimas tuvieron que amputarles alguna extremidad.

El dilema central de la coalición republicano-socialista fue intensificándose. A principios de 1932, se reprimió brutalmente una huelga anarquista, especialmente en el Alto Llobregat, con arrestos y deportaciones. Mientras tanto, la derecha seguía presentando a la República como sinónimo de caos y violencia. Sin embargo, la necesidad de una reforma era urgente, sobre todo en el sur rural, donde a pesar de las promesas, las condiciones de vida seguían siendo inhumanas. Numerosos terratenientes habían declarado la guerra a la República negándose a cultivar sus fincas. Las redes de prensa de derechas se explayaron augurando la ruina que acarrearían las reformas gubernamentales cuando, en realidad, los terratenientes actuaban como si los decretos nunca se hubieran aprobado y las medidas socialistas se limitasen a poco más que esperanzas de papel. De hecho, no había manera de hacer cumplir la legislación en los aislados pueblos del sur. Los propietarios seguían disfrutando del poder social que les garantizaba el ser los únicos suministradores de trabajo. Los diputados socialistas se quejaban con frecuencia en las Cortes de la incapacidad de los gobernadores civiles para aplicar la legislación gubernamental y del hecho de que la Guardia Civil permanecía leal a las clases rurales altas.

Durante 1932, la FNTT se dedicó a intentar limitar la creciente desesperación de sus militantes del sur. Con la reforma agraria en el aire, los propietarios no estaban dispuestos a invertir en sus tierras. De hecho, pasaban por alto el decreto de laboreo forzoso y no contrataron mano de obra para las labores esenciales de la siembra de primavera. A pesar de que se negara el trabajo también a los braceros afiliados a la FNTT, esta continuó fiel a su línea de moderación. El proyecto de reforma agraria prometió poco, porque sus cautelosas disposiciones habían sido esbozadas para Marcelino Domingo, nuevo ministro de Agricultura, por ingenieros agrónomos conservadores y especialistas en el derecho de propiedad. Después de un lento debate en las Cortes entre julio y septiembre se dio paso a la creación de un Instituto de Reforma Agraria que no hizo absolutamente nada para los pequeños propietarios del norte. Además, los trucos empleados por los terratenientes a fin de evitar declarar sus propiedades, junto con el hecho de que las cláusulas de la Ley de Reforma agraria estuvieran plagadas de pretextos y excepciones, tampoco fueron una ayuda para los braceros del sur. Si la nueva ley no contribuyó a mitigar el fervor revolucionario del campo, aún hizo menos para disipar la hostilidad de los propietarios de derechas hacia la República. [→ REFORMA AGRARIA].

Otra fuente de encarnada hostilidad fue el estatuto de autonomía de Cataluña. Los militares y las clases conservadoras lo consideraron un ataque a la unidad nacional aunque estaba lejos del separatismo que tanto se denunciaba. De todas formas, la religión continuó siendo el arma más potente del arsenal de la derecha y en cierta medida ello se debió a la imprudencia de los republicanos y los socialistas. Diversas manifestaciones de anticlericalismo aumentaron la hostilidad católica. A la vez, en vista de los lazos históricos de la Iglesia con los elementos más reaccionarios de la sociedad española, a los cuales legitimaba, no era difícil de comprender la intensidad del anticlericalismo popular. No obstante, incluso los católicos apolíticos se llevaron grandes disgustos a causa de muchas medidas que no atacaron a la Iglesia institucional, sino más bien a los rituales compartidos que tanta importancia tenían en gran parte de la vida provincial.

Se prohibió a las autoridades municipales hacer aportaciones económicas a la Iglesia o a sus festividades. En muchas villas y pueblos la prohibición por parte de las autoridades locales de la utilización de las campanas de las iglesias o la celebración de bodas o entierros según el rito católico fue una provocación gratuita. Las procesiones religiosas que llegaban a celebrarse chocaban a menudo con las nuevas festividades laicas. Debido a la supresión de los crucifijos en las escuelas y de las imágenes religiosas en los hospitales públicos, se fomentó fácilmente una intensa hostilidad a la República a base de difundir la impresión de que existía persecución religiosa.

La derecha pronto reveló su falta de escrúpulos en utilizar la violencia para cambiar la trayectoria de la República. A los oficiales del Ejército, enfurecidos por las reformas militares y el estatuto de autonomía catalana, se unieron los conspiradores monárquicos para persuadir al general José Sanjurjo de que el país estaba al borde de la anarquía y era necesario un golpe de estado. La intentona del 10 de agosto de 1932 en Sevilla fue mal planeada y la derrotó fácilmente una huelga general de la CNT, la UGT y el PCE. En Madrid, el Gobierno, previamente alertado, acorraló rápidamente a los conspiradores. En cierto modo, el ataque al Régimen benefició al Gobierno al generar una ola de fervor republicano. La facilidad con que la llamada «Sanjurjada» fue sofocada, permitió al Gobierno generar el suficiente entusiasmo parlamentario para hacer aprobar en las Cortes la Ley de Reforma Agraria y el estatuto catalán en el mes de septiembre. De todas formas, entre los que apoyaron el golpe en Sevilla estaban los mismos derechistas que habían tomado parte en los asesinatos del Parque de María Luisa en 1931. Pronto quedarían en libertad y repetirían sus hazañas en 1936. [→ CONSPIRACIONES].

El prestigio del Gobierno se encontraba en su cota más alta, pero la situación era menos favorable de lo que parecía. La «Sanjurjada» mostró la determinación del Ejército y de la extrema derecha de derrocar a la República. Además, la coalición gubernamental iba pronto a derrumbarse mientras la derecha se vio reforzada por la estrategia revolucionaria de la CNT-FAI. Su prensa no distinguía entre los sindicatos socialistas y la CNT y culpaba de las huelgas e insurrecciones a la coalición republicano-socialista, que de hecho se esforzaba duramente por controlarlas.

TIEMPOS AGITADOS

Ya que para los anarquistas la República era «tan repugnante como la monarquía» era fácil dividir la izquierda, algo que se vio dramáticamente con motivo de la huelga revolucionaria de ámbito nacional convocada por la CNT para el 8 de enero de 1933 y sus sangrientas repercusiones en la localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. En las condiciones de lock-out existentes en 1932, cuatro de cada cinco obreros de Casas Viejas estaban en paro durante gran parte del año, alimentando a sus familias solamente a base de la caridad, de trabajos ocasionales en obras públicas y del merodeo por la zona en busca de espárragos silvestres y conejos. Su desesperación, intensificada por la subida del precio del pan, aseguró que el 11 de enero su respuesta a la convocatoria revolucionaria de la CNT fuese una proclamación del comunismo libertario que desembocó en una represión violenta en la que murieron veinticuatro personas.

La prensa derechista al principio se frotó las manos, felicitando a las fuerzas del orden, pero pronto se dio cuenta de que se podía explotar la situación. La consiguiente campaña de desprestigio, en la que denunció a la República por brutal y corrupta, desmoralizó a la coalición republicano-socialista. Las tareas del Gobierno se vieron virtualmente paralizadas. Aunque los socialistas apoyaron lealmente a Azaña, quien cargó con el peso de los insultos derechistas, el incidente anunció la muerte de la coalición al simbolizar el fracaso del Gobierno en su pretensión de resolver el problema agrario. A partir de Casas Viejas, la FNTT sería más beligerante y su actitud se reflejó en el seno del PSOE con la renuencia a colaborar con los republicanos. Mientras tanto, los anarquistas avivaron el ritmo de sus actividades revolucionarias y los radicales de Lerroux, siempre ávidos de poder, se escoraron cada vez más a la derecha e iniciaron una política de obstrucción en las Cortes.

La violencia latente en el ámbito local se transmitió a la política nacional en la que aumentó progresivamente la hostilidad entre el PSOE y la recién creada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). El nuevo partido, resultado de la fusión de Acción Popular y de unos cuarenta grupos derechistas, fue obra de Gil Robles. En su discurso de clausura en el congreso fundacional en Madrid, en febrero de 1933, declaró que: «Estamos ante una revolución social. En el panorama político de Europa veo solo la formación de grupos marxistas y antimarxistas. Eso ocurre en Alemania y también en España. Esa es la gran batalla que tendremos planteada este año». Ese mismo día, en otro mitin en Madrid, dijo que no veía nada malo en pensar en el fascismo para curar los males de España. El sector mayoritario del PSOE, liderado por Largo Caballero, empezó a pensar que si la república democrática era incapaz de detener el auge del fascismo, correspondía a la clase obrera defenderse a sí misma.

Mientras tanto, a lo largo de 1933, la CEDA se dedicó a fomentar el descontento en los círculos agrarios. Gil Robles citaba constantemente el ejemplo de la República de Weimar. La prensa católica aplaudió la destrucción de los movimientos socialistas y comunistas por los nazis quienes gozaban de gran admiración por parte de la derecha española. Como justificación de las tácticas legalistas en España, El Debate citó la llegada de Hitler al poder y afirmó con frecuencia la necesidad de que en España hubiera una organización como aquellas que en Alemania e Italia habían destruido la izquierda e insinuaba que Acción Popular y la CEDA podían desempeñar esa función. [→ DERECHAS].

La parálisis del Gobierno fue tal que el presidente Alcalá-Zamora convocó elecciones para noviembre. En contraste con 1931, la izquierda acudió a las urnas dividida mientras la derecha pudo montar una campaña unida a base de un único frente antimarxista y antirrevolucionario. Sin escrúpulos ideológicos y con un pragmatismo total, la CEDA acudió a las elecciones según su fuerza en cada zona, en coalición con grupos catastrofistas como Renovación Española y los carlistas, o en otras provincias con la Lliga Regionalista o los cínicos y corruptos radicales. La derecha invirtió fondos considerables en la campaña electoral. El clímax se produjo en un discurso que Gil Robles pronunció en Madrid. Acababa de visitar el congreso nazi en Nuremberg y su tono beligerante reflejó las lecciones allí aprendidas. No dejó lugar a dudas respecto a lo que una victoria de la CEDA iba a significar para la izquierda:

Hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la Patria depurada de masones judaizantes […]. ¡Qué importa si nos cuesta hasta derramar sangre! […]. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer.

Contra el consejo del moderado Indalecio Prieto, la dirección del PSOE había decidido abandonar la alianza electoral con los republicanos de izquierdas. Culpar a estos de todas las deficiencias de la República fue un error inmenso y fruto en parte de la frustración de los elementos rurales de la UGT ante la debilidad de las autoridades frente al éxito con el que las derechas provinciales obstaculizaron la reforma. También reflejaba una percepción irresponsablemente equivocada de la fuerza electoral del partido basada en la creencia de que la gran victoria de junio de 1931 se debía exclusivamente a los votos de los militantes socialistas. Esto significaba olvidar que la legislación electoral favorecía las coaliciones, no en vano se había diseñado a fin de evitar la fragmentación política que tanto había debilitado la República de Weimar. Para asegurarse importantes mayorías gubernamentales en cada provincia, el 80 por ciento de los escaños se daba al partido o a la lista con más votos por encima del 40 por ciento de los emitidos. El otro 20 por ciento se adjudicaba a la lista situada en segundo lugar. Por tanto, pequeñas fluctuaciones en el número de votos emitidos podían determinar vuelcos masivos en el número de escaños parlamentarios ganados. La necesidad de formar coaliciones era obvia.

En las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 la amplia coalición de socialistas, republicanos de izquierdas y radicales había logrado una gran victoria con un total de 250 escaños. El PSOE había ganado 116 escaños pero los radicales de Lerroux, con una campaña desvergonzadamente conservadora, por no decir derechista, habían obtenido 94 escaños y se convirtieron en el segundo partido en orden de importancia en las Cortes. Desde el invierno de 1931-1932 el partido radical se había alineado cada vez más con la derecha pero Largo Caballero hizo caso omiso de ello al imponer la separación con los republicanos de Azaña. Esto lo hizo pensando que la mayoría de los votos para la coalición republicano-socialista se debía a la fuerza del PSOE. De hecho la escisión de los radicales significaba que el PSOE necesitaba más y no menos a la izquierda republicana.

El éxito de la obstaculización derechista de las reformas y el consiguiente desencanto entre la base popular de la izquierda provocaron un cambio importante en la relación de fuerzas. Los anarquistas que en 1931 habían votado a los partidos izquierdistas, como consecuencia de Casas Viejas pasaron en 1933 a la abstención, en tanto que muchos afiliados de la FNTT habían perdido la fe en las posibilidades de la democracia burguesa.

La disposición de la CEDA de aliarse con quien fuera dio como resultado que se necesitara el doble de votos socialistas que derechistas para elegir un diputado. Los resultados electorales significaron una amarga derrota para los socialistas, que solamente obtuvieron 58 escaños. Después de los pactos locales entre la CEDA y los radicales, diseñados para aprovecharse de la ley electoral, los dos partidos acabaron obteniendo 115 y 104 diputados respectivamente. La derecha había recuperado el control del aparato del Estado y estaba decidida a utilizarlo para desmantelar las reformas de los dos años precedentes. Sin embargo, durante estos dos primeros años se habían creado tales expectativas que podía preverse la violencia popular cuando la derecha hizo retroceder el reloj a la época anterior a 1931.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Rey, Fernando del (ed.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Tecnos, Madrid, 2011.

BAJO EL SIGNO DE LAS DERECHAS

LAS REFORMAS PARALIZADAS

por

PAUL PRESTON

Como consecuencia de las elecciones de noviembre de 1933 el poder pasó a una derecha decidida a acabar de una vez para siempre con el desafío reformista del primer bienio y vengar las indignidades que consideraba haber sufrido durante esos dos años y medio. Una gran parte del proletariado urbano y rural se había desesperado por el éxito de la obstaculización patronal a unas reformas ya de por sí bastante débiles. La determinación de los nuevos gobernantes de eliminar los pocos logros sociales de los años previos provocaría forzosamente una respuesta violenta. Una reciente corriente historiográfica ha hecho hincapié en que los actos de violencia cometidos por elementos de izquierda durante este período habrían sido numéricamente superiores a los atribuibles a la derecha. Así, implícita o explícitamente, la conclusión sería la necesidad de un golpe militar para restablecer el orden. Sin embargo, el recuento estadístico vale poco si se hace sin tener en cuenta el contexto de desesperación de las masas de jornaleros sin trabajo. Todavía vale menos si no se reconoce que la derecha, controlando tanto las fuentes de trabajo como los medios de comunicación y gozando de una relación estrecha con las autoridades locales y las fuerzas de orden público, tenía muchas armas a su disposición sin tener que recurrir a la violencia directa.

CRECE LA POLARIZACIÓN

Después de las elecciones de 1933, el 12 por ciento de la fuerza de trabajo en España se encontraba sin empleo y, en el sur, las cifras se elevaban hasta el 20 por ciento. No obstante, los patronos y los terratenientes celebraron la mayor libertad otorgada por la llegada al poder de un gobierno de derechas con recortes de jornales, despidos de afiliados a los sindicatos, desahucios de los arrendatarios y subidas de alquileres. Incluso antes de que el nuevo Gobierno tomara posesión, se pasó por alto la legislación social vigente.

La rabia de la dirección socialista por su derrota fue intensa a pesar de que un factor crucial en su fracaso electoral había sido su propio error táctico al no pactar con los republicanos. Aun así, y no sin razón, los socialistas estaban convencidos de que se les habían robado bastantes escaños en muchos sitios por fraudes de diversos tipos. En muchas provincias del sur latifundista con alto índice de desempleo, los caciques habían conseguido votos de jornaleros hambrientos con la promesa de trabajo o la amenaza de despidos. Muchas veces, los guardias jurados de los caciques impidieron mítines de los candidatos socialistas y el día de las elecciones constituyeron una presencia amenazante al lado de las urnas de cristal. El PSOE, a base de un millón y medio de votos, había obtenido 58 escaños, mientras los 800 000 votos de los radicales habían conseguido 104 escaños. La coalición de partidos de la derecha obtuvo 3 345 504 votos y 212 escaños a 15 780 votos por escaño, mientras la izquierda fragmentada recibió 3 375 432 votos y cada uno de sus 99 escaños costó 34 095 votos. En algunas zonas del sur —Badajoz, Córdoba y Málaga, por ejemplo— el margen de la victoria derechista fue lo suficientemente pequeño como para que el fraude electoral resultase decisivo.

La amargura socialista ante los frutos espectaculares de la cínica alianza de los radicales con la CEDA tuvo un elemento de candidez y encubrió la necesidad de analizar el grave error táctico de haber acudido solos a las elecciones. No obstante, la percepción de una derrota injusta pasó rápidamente a convertirse en indignada consternación cuando se vio la ofensiva tan agresiva de los patronos. El resentimiento de la base militante se nutrió de la convicción de que, entre 1931 y 1933, la política socialista había sido notable por su moderación y ahora significaba un autosacrificio perdido. Por consiguiente la dirección del PSOE respondió a la rabia de la base girando hacia una táctica de retórica revolucionaria. Se esperaba así, cándida y vanamente, hacer ver a la derecha las posibles consecuencias de su beligerancia y asustarla para que la limitase y a la vez persuadir al presidente Alcalá-Zamora de que convocara nuevas elecciones. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

Alcalá-Zamora no estaba dispuesto a tomar una decisión tan drástica, pero sus sospechas sobre las intenciones de Gil Robles le inclinaron a no invitarle a formar gobierno, a pesar de que la CEDA era el partido mayoritario en las Cortes aunque sin mayoría absoluta. Convencido de que Gil Robles abrigaba la intención de instaurar un Estado autoritario y corporativo, el presidente nombró primer ministro al líder radical, Alejandro Lerroux. Agarrándose al poder, para lo cual necesitaba los votos de la CEDA, Lerroux aceptó el papel de marioneta de Gil Robles. A cambio de que los radicales gozaran del tráfico de influencias gubernamental, Lerroux colaboró en la imposición de una política social muy dura que beneficiaba los intereses de los votantes más ricos de la CEDA. Una vez en el poder, los radicales crearon una oficina para organizar la venta de monopolios, concesiones de contratas, licencias, etc. Tanto el PSOE como la izquierda republicana consideraban que los radicales habían abandonado los principios básicos de la República.

La primera protesta obrera violenta llegó de las filas anarquistas. Con una ingenuidad irresponsable, el 8 de diciembre de 1933 convocaron un levantamiento general. Previamente informado de los planes anarcosindicalistas, el Gobierno declaró el estado de emergencia, deteniendo a los líderes de la CNT-FAI, imponiendo la censura de prensa y clausurando los locales sindicales. En áreas tradicionalmente anarquistas como Aragón, La Rioja, Cataluña, Levante y parte de Andalucía y Galicia se produjeron huelgas esporádicas, descarrilamientos de trenes y asaltos de algunos cuarteles de la Guardia Civil. El movimiento fue rápidamente dominado en Barcelona, Madrid y Valencia pero en la capital aragonesa, Zaragoza, tomó proporciones más serias. Los obreros levantaron barricadas, asaltaron edificios públicos y se enzarzaron en una dura batalla callejera contra las fuerzas del orden. Hizo falta la intervención de unidades del Ejército con carros blindados para aplastar la revuelta. [→ ANARQUISMO].

Mientras tanto el problema del hambre en las provincias del sur llegó a ser endémico. El creciente paro se intensificó no solo como consecuencia de la determinación de los terratenientes de rebajar los jornales y negar el trabajo a los afiliados de los sindicatos, sino también por las importantes subidas de precios de los artículos de primera necesidad. El gobierno radical suprimió el control del precio del pan que había aumentado entre el 25 y el 70 por ciento. Con frecuencia se veían manifestaciones de mujeres, niños y ancianos famélicos pidiendo pan. Había que esperar un incremento de la combatividad en el seno de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, el sindicato más numeroso de la UGT. Esto se reflejó en la sustitución de su moderado presidente Lucio Martínez Gil por uno de los seguidores más radicales de Largo Caballero, Ricardo Zabalza Elorza.

A finales de 1933 las direcciones de la UGT y del PSOE tuvieron que hacer frente a una creciente militancia de sus afiliados. La reacción de Largo Caballero fue intensificar sus amenazas revolucionarias. Se trataba de una retórica totalmente hueca, un revolucionarismo verbal dirigido a apaciguar la base y a la vez presionar a Alcalá-Zamora para que convocase nuevas elecciones. Aunque carecía de cualquier intención revolucionaria seria, fue un juego peligroso. Si el presidente no sucumbía a dichas presiones, los socialistas tendrían que escoger entre redoblar sus amenazas o perder credibilidad entre sus propios militantes. Mientras, la retórica revolucionaria asustaba a las clases medias y aumentaba su apoyo a la CEDA.

La extrema derecha desconfiaba de la táctica democrática de Gil Robles y continuaba preparándose para la destrucción violenta de la República. Los carlistas almacenaban armas y entrenaban sus milicias, los Requetés, en el norte. En el mes de marzo, una delegación de carlistas y de monárquicos alfonsinos de Renovación Española, presidida por Antonio Goicoechea, visitó a Mussolini, quien prometió dinero y armas para una sublevación. En mayo de 1934, el líder monárquico más dinámico, José Calvo Sotelo, volvió a España después de un exilio de tres años y sustituyó a Goicoechea. Desde ese momento, la prensa monárquica, además de acusar a Gil Robles de debilidad, empezó a hablar de la conquista del Estado como la única vía segura para la creación de un nuevo régimen autoritario y corporativo. [→ CONSPIRACIONES].

La aparente moderación de Gil Robles le provocó algunos problemas dentro de sus propias filas. La Juventud de Acción Popular (JAP) convocó grandes concentraciones al estilo fascista. Mientras, los monárquicos empezaron a financiar la Falange Española, como fuente potencial de fuerzas de choque contra la izquierda. Por ser terrateniente y aristócrata, además de hijo del general Primo de Rivera, su fundador José Antonio representaba para las clases dominantes la garantía de que el fascismo español no escaparía a su control. La Falange Española se fusionó en 1934 con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista de los más extremistas Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, convirtiéndose en Falange Española de las JONS. Siempre falto de recursos, durante el período republicano el partido no pasó de ser un pequeño grupo mayormente estudiantil que se dedicaba a provocar desórdenes callejeros y a contribuir a generar una anarquía que, exagerada por la prensa derechista, se utilizó para justificar el levantamiento militar.

La izquierda era muy consciente de la radicalización de la extrema derecha y estaba firmemente decidida a evitar correr la misma suerte de las izquierdas alemana y austríaca. A lo largo de 1934 se produjo un número cada vez mayor de refriegas callejeras entre elementos izquierdistas y derechistas. Lerroux dimitió en abril, después de que Alcalá-Zamora hubiera tardado en firmar una amnistía para reintegrar a los militares implicados en la «Sanjurjada». La izquierda ya estaba alarmada ante la manifiesta dependencia del Gobierno de los votos de la CEDA, sobre todo porque Gil Robles, quien nunca había prestado juramento de lealtad a la República, afirmaba que cuando consiguiera el poder cambiaría la Constitución. De hecho, Gil Robles dio la impresión de que el gobierno radical, respaldado por los votos de la CEDA, pretendía desmantelar la República progresista y reformista creada en 1931. Por tanto, la idea de una acción enérgica para impedir que llevara a cabo sus planes parecía cada vez más necesaria para la izquierda.

En este contexto, los líderes más moderados de la UGT y del PSOE tenían mucha dificultad en contener la frustración de sus militantes. De hecho, Largo Caballero en sus mítines se dedicaba a incitar la impaciencia revolucionaria de las masas sin especificar ningún programa concreto para la futura revolución. A lo largo de 1934 se radicalizó la base socialista, especialmente dentro de la Federación de Juventudes Socialistas (FJS) y la Agrupación Socialista Madrileña. Esto generó importantes divisiones internas en el PSOE. El ala derecha del partido, dirigida por Julián Besteiro, intentó en vano diversas tácticas para frenar este proceso de «bolchevización». El centro, liderado por el siempre pragmático Indalecio Prieto, se unió a regañadientes a la táctica revolucionaria, por disciplina de partido. Los jóvenes seguidores de Largo Caballero pasaron a dominar el PSOE y la UGT, mientras las distintas organizaciones del movimiento socialista caían en sus manos en rápida sucesión. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

Así pues, la tensión política fue creciendo a lo largo de 1934. En el mes de marzo, los anarquistas llevaron a cabo otra huelga de cuatro semanas en Zaragoza en protesta por los malos tratos dados a sus afiliados hechos presos después de la insurrección de diciembre. Mientras tanto, la JAP convocó la primera de sus grandes concentraciones al estilo nazi. La elección del lugar, el monasterio de El Escorial, constituyó un gesto claramente antirrepublicano. Bajo una torrencial aguanieve, unas veinte mil personas juraron lealtad a Gil Robles, «nuestro supremo jefe», y corearon el «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!». Un diputado de la CEDA, Ramón Serrano Suñer, cuñado del general Franco y, más tarde, arquitecto del Estado franquista, denunció la «democracia degenerada». Gil Robles clausuró la concentración con una arenga agresiva que fue recibida con aplausos delirantes y prolongados gritos a coro de «¡Jefe!».

Los jóvenes revolucionarios de la FJS estaban convencidos de que Gil Robles se proponía apoderarse del Gobierno para acabar con la República y que los sucesivos gobiernos radicales no eran más que su caballo de Troya. Gil Robles mismo amenazaba con retirarles su apoyo parlamentario y se quejaba de que el Gobierno era demasiado liberal, lo cual provocó una serie de crisis de gabinete. En consecuencia, el consejo de ministros fue adquiriendo matices cada vez más conservadores. Al tiempo que esto sucedía, Lerroux, desesperado por permanecer en el Gobierno, eliminó a sus elementos más liberales. Esto provocaría su salida del partido radical. Los que permanecieron en sus filas dependieron aún más de los caprichos de la CEDA. Después de la primera remodelación del Gobierno, en marzo de 1934, Gil Robles encontró un ministro radical que iba a gozar de su plena confianza: Rafael Salazar Alonso, representante de los agresivos terratenientes de Badajoz. Como ministro de la Gobernación no tardó en dar órdenes al inspector general de la Guardia Civil para que sus fuerzas no se anduvieran con miramientos al reprimir conflictos sociales. Aunque Lerroux resistió la tentación de declarar ilegales todas las huelgas, dio una gran alegría a la derecha al anunciar que aplastaría cualquier huelga política. Ahora bien, tanto para la CEDA como para Salazar Alonso todas las huelgas eran políticas. En la primavera y el verano de 1934 este último provocó una serie de huelgas que le permitieron acabar uno a uno con los sindicatos más poderosos, empezando en marzo con el del Arte de Imprimir. La determinación de los radicales y de la CEDA en socavar los más firmes apoyos de la República se hizo patente cuando el Gobierno se enfrentó sucesivamente con los catalanes y los vascos. [→ DERECHAS].

La simpatía mostrada por las Cortes Constituyentes hacia las aspiraciones autonómicas sufrió entonces una transformación en favor de una política derechista y centralista. Así sucedió en especial con respecto a Cataluña pues, a diferencia del resto de España, estaba gobernada por un partido plenamente republicano, la Esquerra Republicana de Catalunya, presidida por Lluís Companys. En abril, Companys aprobó una reforma agraria, la Ley de Contratos de Cultivos, medida para proteger a los rabassaires del desahucio por parte de los propietarios y otorgarles el derecho a comprar la tierra que habían cultivado durante dieciocho años. Los terratenientes catalanes y el partido conservador Lliga Regionalista protestaron ante el Gobierno de Madrid con el apoyo de la CEDA. El gobierno radical llevó el problema ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyos miembros eran generalmente de derechas. El 8 de junio, el Tribunal se pronunció, por escasa mayoría, contra la Generalitat. Companys, no obstante, siguió adelante y ratificó la ley. Entretanto, el Gobierno suprimió los conciertos económicos con el País Vasco y, para silenciar las protestas, prohibió sus elecciones municipales. Un centralismo tan descarado no podía sino confirmar los temores de la izquierda respecto al rápido giro de la República hacia la derecha.

EL CAMINO DE OCTUBRE

A lo largo del verano los problemas se agravaron, sobre todo en el campo. Los jornaleros padecían unas condiciones muy duras debido a la agresión patronal, facilitada enormemente por la derogación en mayo del decreto de Términos Municipales. A punto de comenzar las cosechas, los patronos ya no tenían ningún impedimento a la práctica de traer mano de obra barata de Galicia y Portugal. Las defensas del proletariado rural estaban cayendo rápidamente ante el asalto de la derecha. El último vestigio de protección con que contaban los jornaleros provenía de los ayuntamientos de izquierdas, que imponían multas a los terratenientes que no observaban la legislación social y que empleaban los fondos públicos municipales para obras públicas. Salazar Alonso inauguró un desmoche sistemático de tales ayuntamientos bajo pretextos como «irregularidades administrativas» o «incapacidad para el mantenimiento del orden público».

El nuevo secretario de la FNTT, Ricardo Zabalza, se pronunció a favor de una huelga general como la única manera de combatir la ofensiva patronal. La dirección de la UGT se opuso a lo que le parecía una estrategia temeraria y que conllevaba el riesgo de malgastar las energías de los trabajadores y de debilitar la defensa futura contra los intentos de instaurar un Estado corporativista reaccionario. La cosecha estaría lista en diferentes momentos según las regiones, por lo que la elección de una única fecha para la huelga coordinada era imposible. Además, una huelga general, a diferencia de una huelga limitada a los latifundios, perjudicaría a los arrendatarios y aparceros que necesitaban contratar a uno o dos trabajadores. También existía el riesgo de que provocaciones de los terratenientes empujaran a los trabajadores a enfrentamientos violentos con la Guardia Civil de los que saldrían perdiendo. No obstante, bajo la presión extrema de unas bases hambrientas y empujadas de forma intolerable por las provocaciones constantes de los caciques y la Guardia Civil, la FNTT convocó una serie de huelgas que debían desarrollarse dentro de parámetros estrictamente legales.

Aun así, Salazar Alonso no estaba dispuesto a perder la oportunidad de asestar un golpe al sindicato numéricamente más importante de la UGT. Sus medidas fueron rápidas y drásticas porque, en diversos encuentros previos con el jefe de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, ya había trazado planes concretos para la represión de una huelga de tal tipo. Por consiguiente, justo cuando Zabalza estaba a punto de llegar a un acuerdo negociado entre la FNTT y los ministros de Agricultura y Trabajo, Salazar Alonso promulgó un decreto que criminalizaba las acciones de la FNTT al declarar que la cosecha era un servicio público nacional y la huelga, un «conflicto revolucionario».

En todas partes hubo arrestos masivos de miembros de la izquierda, incluidos cuatro diputados socialistas, lo que suponía una flagrante violación de los artículos 55 y 56 de la Constitución. Varios miles de braceros fueron subidos en camiones a punta de fusil, trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares y abandonados sin alimentos ni dinero ni medios para volver. Se cerraron los locales sindicales y muchos ayuntamientos fueron destituidos para ser reemplazados por delegados gubernativos no elegidos. Aunque la mayoría de los trabajadores detenidos pronto fueron puestos en libertad, los principales dirigentes sindicales fueron condenados a cuatro o más años de prisión. Se clausuraron muchas Casas del Pueblo y, en la práctica, la FNTT quedó desmantelada hasta 1936. En una desigual batalla, la FNTT había sufrido una terrible derrota a manos de Salazar Alonso, cuya política de represalias empezó a generar un ambiente de gran belicosidad.

La izquierda veía al fascismo detrás de cada acción de la derecha y la derecha olfateaba el comunismo en cada acción de la izquierda. Las Cortes eran escenario de violentos discursos y llegó un momento en que salieron a relucir las pistolas. En las calles había tiroteos entre las juventudes socialistas y falangistas. Juan Antonio Ansaldo, conocido aviador y playboy monárquico, se había afiliado a la Falange en la primavera para organizar sus escuadras «de sangre». Se desbarató un proyecto de volar la Casa del Pueblo de Madrid cuando la policía descubrió un enorme escondite de armas y explosivos. La creciente agresión del Gobierno y de la CEDA estaba llevando a los socialistas a pasar de la retórica a la realidad de una insurrección revolucionaria para evitar la destrucción de la República. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

El 9 de septiembre, la JAP montó una nueva concentración en Covadonga, el simbólico punto de origen de la Reconquista. La elección de la localidad insinuaba que la derecha estaba a punto de lanzar una nueva cruzada no contra el islam, sino contra la izquierda. Gil Robles habló en términos de un centralismo violento sobre la necesidad de aplastar el supuesto separatismo de los nacionalistas catalanes y vascos. Detrás de una pasión, aparentemente espontánea, se escondía la fría determinación de provocar a la izquierda. Gil Robles era consciente de que la izquierda le consideraba un fascista y de que quería evitar la llegada al poder de la CEDA. También sabía perfectamente que la izquierda tenía muy pocas posibilidades de hacer la revolución. Los preparativos revolucionarios de los jóvenes socialistas apenas pasaban de excursiones dominicales a la Casa de Campo de Madrid para hacer maniobras «militares» sin armas. La policía había podido confiscar los pocos fusiles y pistolas adquiridos mediante caros contactos con traficantes de armas. La compra más importante la hizo Prieto. Llevadas a una playa cerca de Muros de Nalón en Asturias en el vapor Turquesa las armas cayeron en manos de la policía, aunque Prieto pudo escapar. Solamente en Asturias había obreros mínimamente armados a base de robos de dinamita de las minas.

El 26 de septiembre, Gil Robles abrió una crisis de gabinete declarando que no podía seguir apoyando a un gobierno minoritario. Lerroux respondió con un nuevo equipo, hecho público en la madrugada del 4 de octubre, que incluía a tres ministros de la CEDA. Las fuerzas republicanas lo denunciaron como un paso hacia el fascismo. La dirección socialista estaba paralizada por las dudas. Largo Caballero había esperado que sus amenazas de revolución bastasen para que Alcalá-Zamora convocara nuevas elecciones. Ahora, la UGT anunció que habría una huelga general pacífica en veinticuatro horas, lo que dio tiempo a la policía para detener a líderes obreros. En la mayoría del país, fue un fracaso debido a la falta de preparación y a la rápida declaración del estado de guerra y el uso del Ejército para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos.

En Barcelona, Lluís Companys declaró el Estado independiente de Cataluña «dentro de la República Federal de España» como protesta contra lo que se veía como la traición fascista a la República. La CNT se mantuvo al margen porque consideraba la Esquerra como un partido meramente burgués. De hecho, la rebelión de la Generalitat quedó condenada al fracaso cuando Companys se negó a armar a los trabajadores. Su moderación, pareja a la de Domingo Batet, el general al mando de la IV División Orgánica, evitó un baño de sangre. Batet ordenó a sus hombres que fueran «sordos, mudos y ciegos» ante cualquier provocación. Al impedir así una posible carnicería, incurrió en las iras de Franco que dirigía la represión desde Madrid. Franco había enviado buques de guerra a bombardear la ciudad. Batet no hizo caso de su recomendación de usar la Legión para imponer una represión salvaje a los catalanes y logró que el número de bajas fuese mínimo. Al evitar la violencia ejemplar que Franco consideraba esencial, Batet aseguró su propia ejecución por parte de los franquistas durante la guerra civil.

El único lugar en que la protesta de la izquierda en octubre de 1934 no fue aplastada con facilidad fue Asturias. Aquí la acción espontánea de los mineros empujó a los dirigentes locales del PSOE a adherirse a un movimiento revolucionario, la Alianza Obrera, organizado conjuntamente por la UGT, la CNT y, posteriormente, los comunistas. Los líderes socialistas locales sabían que sin el apoyo del resto del país la huelga minera estaba condenada al fracaso, pero optaron por permanecer al lado de sus bases. El ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, había confiado a Franco la dirección extraoficial de las operaciones. Le nombró «consejero» suyo marginando a los generales más republicanos del Ministerio y firmó las órdenes redactadas por Franco a quien eligió por su conocimiento de Asturias. Lo que deleitó a la derecha fue que Franco respondiese a los mineros asturianos como si fueran las recalcitrantes tribus de Marruecos.

Para este fin, Franco envió unidades del ejército de África. No dudó en usar todo el peso de las fuerzas armadas contra civiles. Los mineros organizaron una comuna revolucionaria con transporte, comunicaciones, servicios hospitalarios y distribución de alimentos pero disponían de pocas armas y mayormente de dinamita. Fueron derrotados tanto por la artillería pesada como por los bombardeos aéreos. La Legión cometió atrocidades, mató a mujeres y niños y cuando cayeron Gijón y Oviedo hubo ejecuciones sumarias de huelguistas.

LECCIONES DE OCTUBRE

La «revolución de Asturias» demostró a la izquierda que el asalto frontal al Estado estaba condenado al fracaso y que solamente podría volver al poder por la vía electoral. La lección que extrajo la derecha fue que la mejor manera de bloquear la revolución o incluso la reforma residía en el uso de las fuerzas armadas. No cabe argumentar que octubre de 1934 justificase el golpe militar de julio de 1936. De hecho señaló la posibilidad de una futura coalición democrática, el Frente Popular, que contaría con el apoyo decidido de la izquierda asturiana. Mientras tanto, los sucesos de octubre habían aterrorizado a las clases media y alta que, motivadas por el miedo, llevaron a cabo una venganza brutal que dejó al movimiento socialista seriamente diezmado. Hubo torturas de prisioneros, más de veinte mil trabajadores fueron encarcelados y prácticamente toda la ejecutiva de UGT fue a parar a prisión. La prensa socialista fue silenciada.

Durante los quince meses siguientes no se hizo nada para apaciguar los rencores suscitados por la revolución y la consiguiente represión. Pese a la retórica de la CEDA de vencer a la revolución con un programa de reformas sociales, los proyectos para una moderada reforma agraria se vieron obstaculizados por la intransigencia de la derecha. Por ejemplo, Manuel Giménez Fernández, su ministro de Agricultura, tropezó con la resentida oposición de su propio partido ante sus planes tibiamente reformistas. Se le acusó de ser un «bolchevique blanco». Companys fue condenado a treinta años de prisión. Se intentó infructuosamente culpar a Azaña de la «revolución» en Cataluña. El estatuto de autonomía catalán quedó suspendido.

A pesar de tener tres ministros en el gabinete, Gil Robles pronto volvió a su táctica de provocar una crisis a fin de debilitar a los radicales y avanzar hacia la jefatura del Gobierno. A principios de mayo de 1935, se vio recompensado cuando Lerroux incluyó en la recomposición de su Gobierno a cinco cedistas, incluido el propio Gil Robles como ministro de la Guerra.

Se abrió entonces un período de clara reacción: los terratenientes disminuyeron los salarios en un 50 por ciento y en las zonas rurales se impuso el orden por la fuerza. Gil Robles nombró a conocidos enemigos del Régimen para cargos de responsabilidad —Francisco Franco fue nombrado jefe del estado mayor general, Manuel Goded inspector general y Joaquín Fanjul subsecretario de Guerra— y se depuró a muchos oficiales leales a la República. Mediante varias iniciativas, como la reorganización de los regimientos, la mecanización del Ejército y la modernización del equipo, Gil Robles preparó al Ejército para el papel que debía desempeñar posteriormente. [→ DERECHAS].

Como respuesta a la intransigencia de la derecha, hubo elementos jóvenes de la izquierda que extrajeron la conclusión de que había que hacer la revolución en serio. En la cárcel, algunos presos políticos estudiaban literatura leninista pero otros, sobre todo los asturianos, pensaban que la lección de Octubre era la necesidad de unidad entre las fuerzas republicanas. Fuera de la cárcel, la miseria económica de gran número de jornaleros y obreros, la represión y los ataques a Manuel Azaña se conjugaron hasta generar una atmósfera solidaria entre todos los grupos de la izquierda. Después de su salida de prisión, Azaña y Prieto, que se encontraba exiliado en Bélgica, colaboraron para evitar una repetición de las divisiones electorales de 1933. Azaña trabajó con empeño en la reunificación de los diversos pequeños grupos republicanos, mientras Prieto se esforzó en contrarrestar el extremismo revolucionario de la izquierda socialista dirigida por Largo Caballero.

En la segunda mitad de 1935, Azaña inspiró un entusiasmo delirante por la unidad de la izquierda en los cientos de miles de asistentes venidos de toda España para asistir a sus «Discursos en campo abierto» en Bilbao, Valencia y Madrid. Al mismo tiempo, los comunistas, obedientes a la consigna de «Frente Popular» proveniente de la Komintern, fruto de la política de acercamiento a las democracias occidentales, utilizaron su influencia con Largo Caballero para que abandonase su oposición a la nueva coalición electoral entre republicanos y socialistas. Aunque los comunistas formarían parte del nuevo frente electoral, este no fue una creación de la Internacional Comunista pese a las acusaciones derechistas. La izquierda y el centro-izquierda cerraron filas sobre la base de un programa de amnistía para los presos políticos, reformas básicas sociales y educativas y libertad para los sindicatos.

Cuando a la táctica de Gil Robles de ir minando sucesivos gobiernos radicales se añadió el descubrimiento del escándalo llamado «estraperlo», en el cual estaban implicados allegados del mismo Lerroux, a mediados de septiembre de 1934 este tuvo que dimitir. Para evitar que Alcalá-Zamora convocara nuevas elecciones, el 29 de septiembre Gil Robles apoyó la formación de un gobierno por el republicano conservador Joaquín Chapaprieta. La CEDA por fin tuvo el mismo número de ministros que el partido radical y Gil Robles fue la figura dominante del consejo de ministros. Se iba acercando al poder. En noviembre, sabiendo que se avecinaba otro escándalo, Gil Robles provocó la dimisión de Chapaprieta al negar el apoyo parlamentario de la CEDA a su proyecto de reforma fiscal.

Cuando Chapaprieta dimitió finalmente el 9 de diciembre, Gil Robles dio por sentado que Alcalá-Zamora le encargaría la formación de un gobierno, pero este no se fiaba del compromiso democrático del líder de la CEDA. A mediados de octubre, el boletín de la JAP había desenmascarado los objetivos de la táctica legalista diciendo:

Con las armas del sufragio y de la democracia, España debe disponerse a enterrar para siempre el cadáver putrefacto del liberalismo. La JAP no cree en el sufragio universal ni en el parlamentarismo ni en la democracia.

Cuando Alcalá-Zamora se decantó en cambio por el centrista Manuel Portela Valladares con la misión de convocar nuevas elecciones, Gil Robles tanteó las posibilidades de un golpe militar con los generales Fanjul, Goded, Varela y Franco. Este afirmó que, dada la fuerza de la resistencia obrera durante los sucesos de Asturias, el Ejército no estaba suficientemente preparado.

La campaña para las nuevas elecciones se desarrolló en un ambiente muy conflictivo. Ya a finales de octubre, Gil Robles había encargado una colección de folletos y carteles de propaganda nazi y antimarxista para utilizarlos como modelo del material publicitario de la CEDA. Desde el punto de vista práctico, la derecha disfrutaba de una enorme superioridad sobre la izquierda pues sus posibilidades financieras para la campaña sobrepasaban espectacularmente los exiguos fondos de sus oponentes. La CEDA hizo imprimir 10 000 carteles y 50 millones de folletos, que presentaron las elecciones como una lucha a vida o muerte entre el bien y el mal, la supervivencia o la destrucción. El Frente Popular basó su campaña en la amenaza del fascismo, los peligros a los que se enfrentaba la República y la necesidad de amnistiar a los presos de Octubre. Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron una victoria por estrecho margen al Frente Popular en cuanto a votos, pero un masivo triunfo en cuanto a poder en las Cortes. Se abría una nueva etapa.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Chapaprieta Torregrosa, Joaquín: La paz fue posible: memorias de un político, Ariel, Barcelona, 1971.

González i Vilalta, Arnau, y Gisela Bou i Garriga: La creació del mite Lluís Companys. El 6 d’octubre de 1934 i la defensa de Companys per Ossorio y Gallardo, Editorial Base, Barcelona, 2007.

Juliá Díaz, Santos: La izquierda del PSOE (1935-1936), Siglo XXI, Madrid, 1977.

Juliá Díaz, Santos: Madrid, 1931-1934: de la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid, 1984.

Juliá Díaz, Santos: Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1979.

Ruiz, David: Insurrección defensiva y revolución obrera: el octubre español de 1934, Editorial Labor, Barcelona, 1988.

Salazar Alonso, Rafael: Bajo el signo de la revolución, Librería de San Martín, Madrid, 1935.

Souto Kustrín, Sandra: «Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?». Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2004.

EL FRENTE POPULAR

por

JOSEP FONTANA

Los conflictos que dividían a las fuerzas que gobernaron España durante el bienio derechista se enconaron en 1935 como consecuencia del enfrentamiento del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, con los dirigentes de los partidos de derecha, y en especial con Gil Robles, que exigían se aplicase una represión sangrienta a los responsables de los movimientos de octubre de 1934 —habían preparado «a la opinión pública para la ejecución en masa de los presos políticos», dirá Bowers—, y que se indignaron cuando el presidente indultó al comandante Pérez Farrás y al teniente coronel Ricart, con el argumento de que hubiese resultado escandaloso ejecutarles cuando se estaba indultando a Sanjurjo y a sus cómplices. El balance del año que publicaba ABC el primero de enero de 1936, obra de Luis de Galinsoga, comenzaba denunciando la debilidad de los gobiernos y sintetizaba los dos años de la derecha en el poder como: «dos años perdidos para España, pero aún es tiempo para la unión contrarrevolucionaria».

Mientras los monárquicos seguían trabajando para la destrucción del sistema, la CEDA se desgastaba con su participación en los gobiernos presididos por Lerroux (en «el consorcio cedoradical», como lo calificaba ABC), y más tarde en los dos de Chapaprieta (septiembre-diciembre de 1935). Alcalá-Zamora, que se había opuesto a que Gil Robles desempeñase el Ministerio de la Guerra, en el que se había rodeado de personajes tan inequívocamente antirrepublicanos como los generales Franco, Fanjul y Goded, no quería ver en el poder a la CEDA, sino que aspiraba a crear una «fuerza de centro» capaz de «refrenar y conciliar a derechas e izquierdas». De modo que cuando la CEDA provocó la crisis del gobierno Chapaprieta el 9 de diciembre de 1935, Alcalá-Zamora no quiso confiar la formación de uno nuevo a Gil Robles y, no habiendo encontrado otra solución que pudiera mantenerse con el apoyo de las Cortes, optó por encargarlo a Manuel Pórtela Valladares, un político liberal gallego sin compromisos de partido —no era ni siquiera diputado en aquellos momentos—, a quien escogió para desarrollar su proyecto de «centrar» la República.

PÓRTELA Y EL PROYECTO CENTRISTA

de ALCALÁ-ZAMORA

Pórtela, que recibió de Alcalá-Zamora el decreto de disolución de las Cortes con la fecha en blanco, se proponía crear una base de apoyo con vistas a unas elecciones generales, copando en las provincias los cargos de gobernador civil con hombres de su cuerda, a la vez que buscaba la alianza de su recién creado Partido Centrista con fuerzas más o menos moderadas. Era un proyecto inviable, que solo podía nacer de un hombre como Alcalá-Zamora, aislado del mundo real y lleno de resentimientos por «las iniquidades, las injurias y los ataques de casi todos los partidos y hombres políticos» de que se creía víctima.

Su primer error consistió en subestimar el potencial electoral de las fuerzas unidas de la izquierda; pero más grave aún resultaba pensar que se podía crear un mecanismo caciquil de captación de votos en dos meses. El resultado final fue dividir el voto derechista y facilitar el triunfo del Frente Popular.

El primer gobierno Pórtela duró poco más de dos semanas y acabó de manera inesperada. El 30 de diciembre de 1935 se convocó una reunión del consejo de ministros a la que había de asistir el presidente de la República, donde Pórtela comenzó leyendo el decreto de disolución de las Cortes y provocó la crisis del Gobierno presentando su dimisión, tras lo cual, y una vez Alcalá-Zamora le hubo ratificado de nuevo su confianza, se constituyó un nuevo consejo de ministros, preparado de antemano, que estaba integrado por amigos de ambos presidentes, sin apoyo parlamentario alguno, en lo que representaba, como dijo Chapaprieta, «un gobierno electoral para su exclusivo uso», destinado a erigir el «centrismo» como una fuerza capaz de arbitrar la vida parlamentaria, bajo la dirección y tutela del presidente de la República.

Pórtela hubiera querido esperar a publicar la disolución de las Cortes a mediados de febrero de 1936, para celebrar elecciones a fines de abril, esperando haber ganado entre tanto apoyos para su partido; pero no pudo aguardar tanto. Un Gil Robles furioso, que se había asociado para ello a los monárquicos, denunció que la conducta del presidente de la República era contraria a la Constitución, y que era necesario abrir de nuevo las Cortes, donde, contando con mayoría de votos, o impondría un gobierno de derecha dirigido por la CEDA o forzaría a dimitir al presidente.

Obligados a adelantar la disolución, Pórtela y Alcalá-Zamora convocaron las elecciones para el 16 de febrero de 1936. Pensaban que era imposible que triunfase la izquierda, debilitada por la represión del movimiento de octubre de 1934, que había llevado a que más de 20 000 ayuntamientos controlados por socialistas o por republicanos de izquierda hubieran sido destituidos y reemplazados por comisiones gestoras de derechas, en provecho ante todo de los radicales, como también por el gran número de sus dirigentes y cuadros que seguían encarcelados. Lo ideal para su proyecto hubiesen sido unas elecciones con resultados divididos, con el fin de que sus hombres pudieran tener un papel decisivo. «Yo creo, escribió Alcalá-Zamora en enero, que la derecha aventajará a la izquierda, aunque el Gobierno en algunos sitios ayude a esta, pero el centro podrá pesar y decidir en el Parlamento».

De cara a las elecciones, la derecha monárquica planteó sus objetivos en términos extremos, amenazando con la ruptura del sistema. Álvaro Alcalá Galiano escribió en ABC el 15 de enero de 1936 que, aunque se quisieran proponer ambiguas fórmulas centristas, «no es posible evadir el dilema en que se halla España frente a las elecciones: revolución o contrarrevolución, Patria o Antipatria». Los militares, por su parte, hubieran querido acabar con la República sin ni siquiera esperar a las elecciones. Como decía Mola, en un documento dirigido a la Unión Militar Española que publicaron José Castillo y Santiago Álvarez en 1958:

Sería un error funesto plantear la batalla a la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista […]. Hay que evitar las elecciones, de las cuales sacarían algunos partidos de izquierda argumentos para intervenir en el gobierno […]. Nada de turnos ni transacciones; un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo es lo que se impone, […] la destrucción del régimen político actualmente imperante en España. […] En el porvenir, nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos […], ni sobre el parlamentarismo infecundo.

La CEDA, en cambio, optaba nominalmente por aceptar el juego republicano, convencida de sus posibilidades de triunfo, como lo reflejaba su eslogan electoral: «A por los trescientos y a por él». Los trescientos eran los diputados que aspiraban a conseguir —en 1933 habían sacado 115— lo que les daría la mayoría absoluta. «Él» era el presidente de la República, con quien aspiraban a saldar cuentas. Mientras tanto los Jóvenes de Acción Popular publicaban proclamas fascistoides y afirmaban que lo que había que hacer era «excluir del poder las izquierdas para siempre».

Pórtela sostiene que convenció «a elementos de gran peso económico que el Gobierno consideraría como un acto de hostilidad que subvencionasen a la CEDA como lo habían hecho en las elecciones de 1933»; pero el despliegue de medios que realizó Gil Robles demuestra que no lo cumplieron. Pórtela se ilusionó también con el apoyo del nuncio Tedeschini y de un sector de católicos asustados por la beligerancia de la derecha, todo lo cual, unido a las buenas noticias que recibía de sus gobernadores civiles, sirvió para alimentar sus esperanzas.

LAS ALIANZAS ELECTORALES

La CEDA organizó un Frente Nacional Antirrevolucionario, pero no pudo crear una gran coalición con un programa común, sino que hubo de resignarse a hacer pactos provincia por provincia. Los monárquicos no querían figurar en una coalición que incluyera a los radicales, y estos, a su vez, rechazaban asociarse a los monárquicos. Calvo Sotelo, por su parte, quería a Gil Robles en su bando, pero no para dirigirlo, y exigía un programa que comenzaba con la destitución de Alcalá-Zamora y la formación de un gobierno provisional que conduciría a unas cortes constituyentes. Afirmaba en público que estos puntos formaban parte del acuerdo a que se había llegado con la CEDA, lo cual alejó de la coalición a republicanos de una derecha moderada, como Maura o Alba, y obligó a Gil Robles a desmentir que hubiera tal acuerdo. Solo en el caso de Cataluña hubo un pacto global de la derecha, ya que la Lliga organizó un Front Catalá d’Ordre donde entraron desde los monárquicos a los radicales.

Los problemas de la coalición antirrevolucionaria para formar las listas en cada provincia fueron considerables. En Madrid los monárquicos querían cuatro lugares, igual que la CEDA, colocando a personajes como Maeztu, Pemán y Luca de Tena. Finalmente los tres primeros fueron para Gil Robles, Calvo Sotelo y Royo Villanova, aunque este hubiese preferido ir por Valladolid, porque pensaba que en Madrid penalizaría a la CEDA el hecho de haber apoyado las campañas de austeridad presupuestaria de Chapaprieta:

Todo militar y todo funcionario a quien hemos quitado una gratificación de veinte duros, vota contra nosotros, sin pensar en lo que vendrá después. Y con él votarán en contra su mujer, y su suegra y su criada. Calcule usted los votos que suman entre todos.

Los radicales, desacreditados por los escándalos de corrupción del «estraperlo» y del asunto Tayá-Nombela, estaban desconcertados. Samper se dio de baja del partido y dos de sus diputados aceptaron entrar en el segundo gobierno de Pórtela, que estaba captando a miembros destacados del radicalismo para que se inscribiesen en su partido centrista. Lerroux, que creía que iba a obtener una gran votación que le convertiría de nuevo en el árbitro del centro, rechazó la idea de una gran coalición de la derecha que hubiese abarcado de Martínez de Velasco y Gil Robles hasta él. En realidad nadie quería asociarse con los radicales. La dirección central del partido aconsejó a las provinciales que se aliasen con quien pudieran a escala local, recomendándoles que lo hicieran con la CEDA siempre que fuese posible; pero pocas direcciones provinciales de la CEDA aceptaron este pacto. En muchas provincias en que antes dominaban los radicales tuvieron que presentarse solos, porque nadie los quería en sus listas. El resultado fue que mientras en 1933 habían presentado 200 candidatos, ahora presentaron 78, solos o mal colocados, en lugares atrasados de listas conjuntas.

Las alianzas del centro portelista se hicieron a escala provincial, integrando a un buen número de radicales. Gil Robles les acusó de agrupar en torno a sus cincuenta gobernadores civiles a «todos los residuos de las antiguas organizaciones caciquiles, así como una variada fauna de tránsfugas, arribistas y despechados». A lo cual añadió que «no era sin embargo enemigo despreciable», porque arrebatándole votos a la derecha podía dar el triunfo a la izquierda. De modo que, aunque hubiese querido evitarlo, no le quedó otro remedio que aceptar en algunas provincias ir en candidaturas complementarias con el portelismo.

Es interesante señalar, en contrapartida, con qué facilidad se pudo negociar el pacto del Frente Popular, pese a la diversidad de las fuerzas que lo integraban, desde la extrema izquierda comunista a los galleguistas y los nacionalistas de izquierda en Cataluña y en Valencia. La idea inicial había sido la de un frente republicano que pactaron Azaña (Izquierda Republicana), Martínez Barrio (Unión Republicana) y Sánchez Román (Partido Nacional Republicano), aunque este último acabó abandonando el proyecto. La propuesta de transformarlo en un Frente Popular de carácter más amplio surgió en momentos en que había un clima de entendimiento entre las fuerzas de izquierda, favorecido por el viraje que había hecho la Komintern, que, ante la victoria de la extrema derecha en Alemania y Austria, había abandonado la vieja política de «clase contra clase» y propugnaba un gran pacto antifascista.

Según Santos Juliá, fue la división interna del PSOE la que les obligó a dejar la dirección en manos de los republicanos, como «se manifiesta en el programa, número de candidatos y futura responsabilidad exclusiva de Gobierno». Los delegados de los socialistas, que representaban en las reuniones a la UGT, a las Juventudes Socialistas, al PCE, al Partido Sindicalista y al POUM, trabajaron largamente en el programa con los partidos republicanos, pero no lograron que estos aceptasen sus propuestas más avanzadas, lo que ayuda a explicar la oposición al pacto de Largo Caballero, que sostenía que había que seguir la línea de Octubre: «Solidaridad, sí, pero con los nuestros, con los obreros. La solidaridad con los republicanos se quemó en las constituyentes, no hay que mirar nunca hacia atrás». Vidarte, que actuaba como secretario del partido, al estar encarcelado Enrique de Francisco, le replicó que lo que estaba quemado era Octubre y tiró adelante con el acuerdo.

EL PACTO DEL FRENTE POPULAR

El pacto, que se firmó el 15 de enero de 1936, decía que los firmantes habían llegado a un

plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral, y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.

Esta es una precisión fundamental: el compromiso era para formar un gobierno republicano de izquierda, sin participación ni de los socialistas ni de otras fuerzas. Su primer punto definía los términos en que se ofrecía «una amplia amnistía de los delitos políticos y sociales», para pasar a ocuparse después de las cuestiones propiamente políticas, en que su principal compromiso era restablecer «el imperio de la Constitución» y «dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal funcionamiento».

Los límites de este programa aparecían con toda claridad en el tercer punto, donde se afirmaba que «los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos solicitado por los delegados del Partido Socialista». Y en el sexto, que rechazaba «las medidas de nacionalización de la banca propuestas por los partidos obreros», aunque reconocía «que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España».

La misma discrepancia se producía en el terreno de las medidas sociales. No solo no aceptaban «el control obrero», sino ni siquiera «el subsidio al paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no solo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro». La única excepción a esa actitud contraria al intervencionismo gubernamental era la que proponía «rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos […] y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguido de oficio ante los tribunales».

El punto séptimo acababa de definir el sentido general de la política propuesta al declarar:

La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción.

El octavo punto decía: «La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social», para lo cual comenzaba comprometiéndose a impulsar «con el ritmo de los primeros años de la República la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias». Los dos últimos párrafos del programa prometían reponer «en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes» y desarrollar «los principios autonómicos consignados en la Constitución», y orientar «la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones».

La moderación del programa desconcertó a las derechas que no encontraron otra salida que sostener «que existían unas cláusulas secretas, mediante las cuales los partidos republicanos llegaban a concesiones de distinto y superior alcance». En realidad, como dijo Martínez Barrio:

El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del Régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos, les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria.

Para ir más allá del pacto no había más que dos vías: o aguardar a unas nuevas elecciones y conseguir que el electorado diese apoyo a un programa más radical, o hacer la revolución. El 12 de enero de 1936, tres días antes de firmarse el pacto, Largo Caballero, que había pasado un año en la cárcel, apareció en un mitin en Madrid, donde dijo:

No vengo aquí arrepentido de nada, absolutamente de nada. Yo declaro paladinamente que, antes de la República, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando yo hablo de socialismo a secas, hablo del socialismo marxista. Y al hablar del socialismo marxista, hablo del socialismo revolucionario.

Añadió que él no rompería el partido, pero que «la república burguesa es estación de tránsito». Pese a esta retórica revolucionaria, que nunca se correspondió en Largo con la realidad de sus actos, no hay indicios de que antes de la insurrección militar de julio hubiese ningún grupo de la izquierda que se estuviese preparando para subvertir el pacto a corto o a medio plazo.

Quienes se preparaban para una toma violenta del poder eran los militares, dirigidos por los generales Goded y Franco, quien seguía siendo en estos momentos jefe del estado mayor central y pretendía que los rumores de conspiración que le implicaban eran falsos. Por entonces, nos dice su primo, «Franco, siempre tranquilo, confiaba en el triunfo de Gil Robles»; lo que no era obstáculo para que, al propio tiempo, conspirase para organizar un golpe militar.

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936

La campaña electoral fue muy intensa y desigual en cuanto a los medios empleados. La CEDA dispuso de recursos abundantes: «Jamás se había desplegado tamaña profusión de anuncios, prospectos, mítines, desfiles y grandes concentraciones que la desplegada por la CEDA». Pero mientras el Frente Popular presentaba un programa moderado que prometía amnistía para los presos políticos, lo que había de atraer el voto anarquista, la derecha usaba una retórica agresiva y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo daba a entender que, si ganaban, no habría más votaciones en mucho tiempo.

Las elecciones se desarrollaron con pocos incidentes; el propio ABC reconoció al día siguiente que la votación se había realizado con toda normalidad en la capital, a lo que añadía: «Señálase este importante detalle en honor de los españoles, porque lo mismo que en Madrid ocurrió en toda España». Javier Tusell afirma que los resultados electorales —que acabaron dando 133 diputados a la derecha, 77 al centro y 263 a la izquierda— fueron «una representación fiel de la opinión pública española del momento».

A las ocho de la tarde del 16 el Ministerio de la Gobernación anuncio que, según las noticias proporcionadas por los gobernadores, «puede anunciarse que el resultado de las elecciones celebradas hoy acusa un triunfo destacado para los partidos de centro y de derecha». Pero a medida que avanzaba la noche y llegaban los primeros resultados que apuntaban a una victoria del Frente Popular, cundió el pánico en la derecha. Pórtela telefoneó a Alcalá-Zamora «pidiéndome le autorizase por teléfono la suspensión de garantías y aun el estado de guerra». Mientras Gil Robles, que se presentó en el Ministerio de la Gobernación «pidiendo protección política y amparo personal», visitó a Pórtela para decirle que no había otra salida que la de que siguiese al frente del Gobierno, prescindiendo del resultado de las elecciones, y proclamase una dictadura, para lo cual podía contar con la total adhesión de las derechas, «así como de cuantos elementos representaban la estabilidad y el orden en el país».

El general Franco, cuyos relatos de los acontecimientos de estos días están llenos de errores y fabulaciones, fue también en la tarde del 17 a visitar a Pórtela para ofrecerle el apoyo del Ejército para que continuase en el poder; pero su principal actividad consistió en estos días en organizar un golpe militar, para lo cual, nos cuenta, «convocó a aquellos generales que le habían expuesto en otras ocasiones su disgusto y necesidad de un movimiento para […] intentar que el Ejército evitase la total y segura ruina de nuestra patria […]. Intentamos evitar que el Frente Popular se hiciese con el poder». Tuvo que desistir al fallarle las colaboraciones imprescindibles.

Pórtela llamó el martes 18 a Martínez Barrio para decirle: «No debo seguir aquí ni un momento más. Ni un momento más […]. Háganse ustedes cargo rápidamente del poder, porque yo no puedo responder de nada». Ante el desmoronamiento del hombre que, en palabras de Alcalá-Zamora, fue el 19 a «dimitir, mejor dicho, a dejar el poder, en mi despacho, o en la calle, o donde fuese», sin esperar ni siquiera al escrutinio de las elecciones, el presidente de la República se vio obligado a convocar aquella misma tarde a quienes pudieran optar a formar Gobierno y a confiar el encargo a Azaña.

EL DIFÍCIL EJERCICIO DEL GOBIERNO

El 20 de febrero se celebró en Presidencia el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno. «Continúan los alborotos en algunos puntos de Andalucía y Levante —escribe Azaña—. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos de San Miguel de los Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los presos comunes y los políticos, que han caído como en rehenes de aquellos. En Alicante han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos».

El 3 de abril Azaña presentó a las Cortes su programa de gobierno, que seguía fielmente las líneas de reformismo moderado del programa del Frente Popular, «sin quitar punto ni coma y sin añadirle punto ni coma»: reforma agraria, construcción de escuelas, un estatuto de autonomía para el País Vasco… Cuatro días más tarde, Alcalá-Zamora fue destituido de la presidencia de la República, de acuerdo con una controvertida interpretación del artículo 82 de la Constitución. Era un acto necesario, dados los poderes que el presidente podía utilizar para oponerse a una política que, como revela su diario, veía con profunda hostilidad. Como explica Chapaprieta, de no ser inhabilitado el presidente hubiera podido «sustituir al Gobierno y aun disolver las Cortes antes de constituirse» e incluso, una vez constituidas, «podía todavía, por motivos de salud pública bien manifiestos, dar un golpe de fuerza».

En los primeros meses de su gestión, mientras trataba de restablecer la paz social y de poner en marcha su programa reformista, el gobierno del Frente Popular hubo de enfrentarse a una derecha que no estaba dispuesta a tolerar que se siguiese por ese camino. Plantear la historia de aquellos meses como la de un enfrentamiento de violencias de uno y otro bando, que habrían conducido inevitablemente a la guerra civil, es una falacia inadmisible. Estos listados de «desórdenes sociales», difundidos por la prensa conservadora y producidos, según afirma González Calleja, «por una red de informadores establecida ex profeso por los partidos de derecha», han servido para seguir falseando todavía hoy la realidad de una violencia social, que era hasta cierto punto explicable como respuesta a la represión del bienio negro, pero que estaba además alimentada por las 270 000 licencias privadas de armas de fuego que habían concedido en 1934-1935 los gobiernos de derecha, y por el terrorismo falangista. [→ DERECHAS].

Lo que hubo, desde el primer momento, fue el choque entre un gobierno legítimamente elegido que se esforzaba en llevar adelante una política, harto moderada, de transformación de la sociedad española y unas fuerzas decididas a liquidar violentamente este intento, y a acabar de paso con la democracia. Esta actitud puede verse tanto en un liberal como Chapaprieta, que a fines de marzo de 1936 recomendaba a Alcalá-Zamora, todavía presidente de la República, que prescindiera del resultado de las elecciones y nombrase un nuevo Gobierno «que con el apoyo de la fuerza armada restablezca el orden y la autoridad», como en un reaccionario como Calvo Sotelo, que el primero de julio abogaba en las Cortes por un gobierno corporativo y desafiaba las propuestas agrarias de la mayoría de izquierda gritándoles: «¡No os dejaremos!».

Unas actitudes que pretendían legitimarse con los imaginarios temores de una amenaza revolucionaria comunista que no existió jamás. Como lo revela el hecho de que el Partido Comunista de España recibiera el 17 de julio de 1936 estas instrucciones de Moscú: «Después de considerar la alarmante situación en relación a la conspiración fascista en España, os aconsejamos: Preservar intactas, a cualquier precio, las filas del Frente Popular, ya que cada división en ellas sería utilizada por los fascistas en su lucha contra el pueblo». [→ CONSPIRACIONES].

Al cabo, y gracias a la ayuda del fascismo internacional, la derecha española pudo acabar con el Frente Popular, con la República y con las esperanzas de una transformación democrática en España.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Alcalá-Zamora, Niceto: Memorias, Planeta, Barcelona, 1977.

Alcalá-Zamora, Niceto: Asalto a la República. Enero-abril de 1936, La esfera de los libros, Madrid, 2011.

Azaña, Manuel: Memorias políticas y de guerra, Crítica, Barcelona, 1978, 2 vols.

Castillo, José del, y Santiago Álvarez: Barcelona, objetivo cubierto, Timón, Barcelona, 1958.

Chapaprieta, Joaquín: La paz fue posible: memorias de un político, Ariel, Esplugues de Llobregat, 1971.

Gil Robles, José María: No fue posible la paz, Ariel, Esplugues de Llobregat, 1968.

González Calleja, Eduardo: Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Alianza Editorial, Madrid, 2011.

Juliá, Santos: Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Siglo XXI, Madrid, 1979.

Martínez Barrio, Diego: Páginas para la historia del Frente Popular, Ediciones españolas, Madrid, 1937.

Martínez Barrio, Diego: Orígenes del Frente Popular Español, PHAC, Buenos Aires, 1943.

Martínez Barrio, Diego: Memorias, Planeta, Barcelona, 1983.

Muñiz, Alfredo: Días de horca y cuchillo. Diario 16 de febrero-15 de julio de 1936, Espuela de Plata, Sevilla, 2009.

Pórtela Valladares, Manuel: Memorias, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Romero Solano, L.: Vísperas de la guerra de España, El Libro perfecto S. A., México, [¿1947?].

LOS MALES DEL LATIFUNDISMO

LA HORA DE LA REFORMA AGRARIA

(Reforma ilustrada y reforma desde abajo)

por

RICARDO ROBLEDO

El tema de la reforma agraria republicana ha sido objeto de numerosas descalificaciones y ha dejado de ser un tema estelar en la investigación. Como cualquier reforma distributiva, no gozó del beneplácito del franquismo. Su máximo representante lo expuso claramente en el informe que Gomá envió a la Secretaría de Estado del Vaticano en 1937:

De la desigualdad en la distribución de la riqueza como elemento que podía haber dado ocasión a la guerra, me dice [el Generalísimo] que no son precisamente los grandes terratenientes los que habían causado el desequilibrio, si se exceptúan algunas regiones del sur de España, sino los grandes industriales y las anónimas.

La cita demuestra el escaso peso que Franco concedió al problema agrario respecto al que atribuyó al capitalismo industrial, una muestra más del ruralismo antiindustrialista o del enfrentamiento campo-ciudad con el que también se presentó la contienda civil. Pese a la retórica joseantoniana, la mayor parte de la derecha consideró la reforma agraria como el medio más barato con que contaban los partidos de izquierda para atraerse a las masas campesinas frente a los gastos de los terratenientes en la compra de votos. Como escribieron varios terratenientes salmantinos en septiembre de 1936:

La Ley de Reforma Agraria tal como se ha llevado a la práctica, basándose en la declaración de utilidad social, a juicio exclusivo de los mismos políticos, fue el arma más eficaz del escandaloso soborno empleado en las últimas elecciones; antes, el que sobornaba y compraba la opinión pública lo hacía a expensas de su dinero, ocasionándole en la mayoría de los casos su ruina económica, pero estos candidatos izquierdistas más avisados y sin escrúpulo alguno en su conciencia, compraron y obtuvieron los votos de la masa obrera campesina con el ofrecimiento serio y formal de toda la riqueza rústica nacional perteneciente a sus adversarios políticos.

Sin embargo ¡qué difícil ignorar la desigualdad de la propiedad en la España meridional, los bajos niveles de vida y la escasa mano de obra que empleaba el latifundio! Además, durante los primeros meses de 1931 un elevado paro coyuntural se superpuso al paro estructural cuando la producción de aceite prácticamente desapareció en Jaén o Córdoba.

REFORMA ILUSTRADA Y REFORMA DESDE ABAJO

Con la llegada de la República, la presión social y las expectativas del cambio político impulsaron el reformismo agrario; de hecho, los republicanos hicieron de la reforma agraria una de las señas de identidad del nuevo régimen. La coyuntura económica cerró no solo la válvula de escape de la emigración, sino que potenció el retorno de los emigrantes —de 1930 a 1936 la población española aumentó en cerca de 2,3 millones, según Maluquer—. Esto añadió un plus de oportunidad a la reforma. En un país de escaso desarrollo industrial, con la mitad de la población activa agraria en el campo (contando solo la población masculina), cuesta encontrar un modelo alternativo para paliar el paro como el de intensificar la gran explotación incorporando el factor productivo que más abundaba, el trabajo. Con la mayor productividad de la pequeña explotación sería posible reducir la pobreza y el paro que, como hoy, azotaba a las provincias extremeñas y andaluzas.

Pese a su coherencia teórica y oportunidad económica, el modelo reformista español encontró demasiados obstáculos. Para empezar, el enemigo estaba en casa. El presidente de la República, Alcalá-Zamora, un gran hacendado cordobés, se opuso al proyecto más ambicioso, el de la Comisión Técnica Agraria en julio de 1931. Al mes siguiente presentó el suyo propio, más preocupado por limar las aristas que pudieran afectar a la burguesía rural que por llevar a cabo la reforma. Si al final salió adelante la Ley de Bases de septiembre de 1932 —proyecto de Marcelino Domingo— fue porque la euforia republicana, que alentó el fracaso de la sublevación de Sanjurjo en agosto, la sacó del atolladero en que la habían metido la obstrucción de los agrarios y cierta desidia de los mismos republicanos.

Sin los recursos que hubiera proporcionado un impuesto progresivo, propuesto por Flores de Lemus, y sin el crédito de un Banco Agrario, que no llegó a crearse por la oposición de la banca, la reforma careció del impulso financiero para actuar en gran escala. Su vuelo alicorto continuó gracias a las componendas que exigió la representación de diversos grupos en el Instituto de Reforma Agraria (IRA), creyeran o no en la reforma. El Obrero de la Tierra llegó a calificarlo de Instituto de Antirreforma Agraria. Por otra parte, solo se expropió el 16% de las tierras de la gran aristocracia, 577 360 hectáreas pertenecientes a 99 Grandes de España, a quienes se consideró cómplices del golpe de Sanjurjo.

Hubo, pues, una reforma consentida que no pudo llegar muy lejos por los dos caminos que ensayó la República: el de los asentados por decretos de intensificación de cultivos (ocupación temporal) y el de los asentados por ley de reforma agraria (expropiación). El primero sirvió para taponar estallidos sociales, con incidencia especial en Extremadura, que canalizó algo más del 80% de los cerca de 40 000 beneficiarios hasta octubre de 1933. Respecto a los obreros asentados según la Ley de septiembre de 1932 apenas si llegaron a unos 8600 a fines de 1934, si se prescinde de la contabilización anómala de asentados en Jaén. Compárese con el medio millón de jornaleros que había en las catorce provincias latifundistas. En los casos en que se actuó sobre los buenos cortijos, podría decirse que se trató de una «reforma ilustrada». Es como si el Instituto de Reforma Agraria, más que buscar la reducción del desempleo, hubiese preferido demostrar primero las potencialidades de modernización agraria recurriendo a asentamientos que contaban con la dirección técnica de los ingenieros, tierras de calidad y medios y superficie por activo relativamente abundantes.

Si los propietarios tenían dificultades para cobrar la renta de la tierra, como analizaremos más adelante, ¿por qué eran remisos a ceder las tierras para que fueran ocupadas temporalmente si el IRA les garantizaba la renta catastral? Muy probablemente porque la intensificación de cultivos estaba sometida a restricciones sociales y políticas: el propietario tenía que aceptar obreros o yunteros que siguieron viéndose como «alojados», con la diferencia de no poder escogerlos según las afinidades políticas, como se hacía antes de 1931. Aunque hubo casos de ofrecimientos de tierras, no parece que abundaran en la España meridional las actitudes de colaboración para moderar el problema social y dar estabilidad al régimen republicano en el primer bienio. Estas actitudes intransigentes alimentaron las sospechas en vez de la confianza mutua. Con ello se arruinó cualquier posibilidad de modernizar las viejas estructuras. A principios de 1933 Azaña escribe en su diario:

Continúan las invasiones de fincas: se hace propaganda diciendo que son atentados comunistas y sindicalistas. No es exacto. Los pequeños agricultores se mueren de hambre, y muchos propietarios se niegan a dar tierra y trabajo ¿Pedirán que nos limitemos a rechazar las invasiones a tiros?

Con el cambio político de noviembre de 1933 se paralizó el mecanismo de las expropiaciones y se utilizó solo el de asentamientos temporales, unos 3650 hasta fines de 1934. La llegada de la CEDA al Gobierno en octubre de 1934 ralentizó aún más la reforma. Luego, se aprobó la ley de 1 de agosto de 1935 (de «contrarreforma»). La desnaturalización se llevó a cabo anulando el inventario de fincas expropiables, la expropiación sin indemnización (efectuada con tierras de la Grandeza), reduciendo el presupuesto del IRA y aceptando indemnizar las tierras expropiadas a precio de mercado, decisión que al no ir acompañada de la correspondiente partida presupuestaria supuso la paralización de hecho de la reforma. Al acabar el año de 1935 Azaña confesaba que «en dos años se ha probado una vez más que no saben gobernar con moderación los que se llaman moderados. A título de conservación social, han acentuado la guerra civil». La Ley Velayos, que cerró las puertas abiertas por la Ley Azaña, dejó sin embargo un resquicio que se volvió en contra de los intereses de los que la habían promovido. Se trató de la facultad de expropiar por razones de «utilidad social», cláusula que debió aceptarse a regañadientes para salvar la mala conciencia de los radicales y que con otras fuerzas políticas más comprometidas permitió por su vaguedad acelerar la implantación de la reforma.

En efecto, el triunfo del Frente Popular concedió a la reforma una segunda oportunidad de cuya importancia fueron conscientes los dirigentes republicanos. De este modo se pasó de la reforma agraria ilustrada a la reforma agraria desde abajo, durante marzo-julio de 1936, con protagonismo no de los ingenieros del IRA, sino de la iniciativa popular y sindical (influencia de la Federación de los Trabajadores de la Tierra) que promovió la invasión de fincas en marzo de 1936. Según datos del Boletín del IRA, del 19 de febrero al 19 de junio fueron asentados con carácter urgente 91 919 yunteros en una superficie de 232 199 has. pertenecientes a 364 pueblos de siete provincias a los que hay que añadir 10 264 cabezas de familia en 523 690 has. Es decir, la superficie distribuida fue cinco veces más que la entregada antes de febrero de 1936. El objetivo de todas estas disposiciones tuvo poco de desbordamiento radical, pues de no llevarse a cabo la ocupación para efectuar el barbecho o siembra en la primavera de 1936 resultaría comprometida la subsistencia de miles de campesinos en los meses siguientes. Como más del 70% de los asentados en esa etapa fueron extremeños, cabe pensar que la extensión de la reforma guarda una gran relación con el protagonista del asentamiento, el yuntero, con más medios de cultivo que el simple bracero. Sin duda la sociología del beneficiario de la reforma había cambiado.

Para salvar la legalidad, las autoridades del Frente Popular optaron por la ocupación temporal, acogiéndose a la cláusula de «utilidad social», el artículo 27 de la ley de contrarreforma. Más del 80% de los jornaleros extremeños (si los homologamos como yunteros) fueron asentados en pocas semanas. El decreto de 20 de marzo permitió que se llevara a cabo realmente la reforma agraria cuando iban a cumplirse cinco años de la llegada de la República. Más que referirnos a la Ley de 1932 cuando se habla de reforma agraria la referencia obligada tiene que ser el decreto de 20 de marzo que, por cierto, tardó ocho días en publicarse en la Gaceta. El problema del paro no podía resolverse ya con «la buena voluntad de los terratenientes» y resultó necesario acometer el cambio en la estructura de la propiedad. [→ FRENTE POPULAR].

Todo lo que hizo el Frente Popular, como se quejó el católico-propagandista Sánchez Juliá, lo efectuó en virtud de una ley inútil en manos de la derecha:

Ni un asentamiento, ni un colono transformado en propietario, ni nada. Ya veis que estos señores en dos meses han asentado cien mil, cuyo resultado final lo veremos dentro de un par de años, pero cuyo efecto político está plenamente conseguido a las pocas semanas.

Hay dos aspectos que conviene analizar brevemente, el de la violencia y el de la viabilidad de la reforma. El primero remite a los desórdenes que hubo con la intensificación de la misma, las «invasiones de fincas» que suelen engrosar el inventario de acciones violentas que luego los émulos de Joaquín Arrarás han utilizado como coartada de la sublevación militar.

La investigación de Espinosa, centrada en la provincia donde tuvo lugar el gran asalto de fincas del 25 de marzo, desmiente la idea de un clima desencadenante de guerra civil. Por ejemplo, matizando lo escrito por Malefakis en el sentido de que el Gobierno retiró las tropas para no provocar una masacre al obligar a los campesinos a desalojar las tierras, la realidad fue que no respondió con la violencia habitual, y los segundos obligaron al IRA a adaptarse a su ritmo y exigencias como el propio instituto corroboró en un informe reservado. En definitiva, «el resultado fue que todos salieron ganando: el Gobierno dando la impresión de que controlaba el problema —ya no hubo nuevas invasiones de tierras— y los campesinos obligando con su actitud al poder a que se tomara en serio el problema de la tierra. El equilibrio entre legalidad y legitimidad se había conseguido».

Sin duda, como reforma desde abajo, el hecho fue muchas veces por delante del derecho, pero no puede acusarse al ministro Ruiz Funes ni a Vázquez Humasqué, que había vuelto a hacerse cargo del IRA, de estimular una reforma que se les escapara de las manos. Recordemos que donde la reforma tuvo realmente incidencia fue en Extremadura, y en mucho menor grado en Ciudad Real, Toledo o Salamanca. En Andalucía, el impacto fue mínimo. De hecho las cifras oficiales de asentados no justifican precisamente una revolución en marcha. Lo que ocurre es que frente al guión mortecino de la reforma ilustrada, el programa del Frente Popular era realizable y todos los días la prensa se hacía eco del número de asentamientos o de declaraciones que indicaban el camino a seguir. La violencia se estaba gestando en otros lugares, pues al tiempo que se intensificaba la reforma lo hacía la preparación del golpe militar. [→ CONSPIRACIONES].

El otro aspecto destacable es la viabilidad de aquella reforma. Vázquez Humasqué consideró que se había logrado la asociación de los tres factores, la tierra cedida por el gran arrendatario o propietario, el capital de explotación a cargo del IRA y el trabajo de los campesinos. El deber de los gobernantes llevó a que la facultad de dar jornales no quedara en manos de los propietarios, sino del IRA. Pero una cosa es el planteamiento reformista y la coherencia que encerró esta generalización de «la vía campesina», que hoy está de actualidad en varios países en desarrollo, y otra pasar por alto los problemas de aplicación, técnicos y financieros, de una reforma a gran escala. A diferencia de otras reformas que han desorganizado la producción agraria, la ventaja de la desarrollada por la República con las ocupaciones temporales masivas de 1936 es que expropió muy poco, pues la propiedad siguió en manos del propietario a quien se le abonó una renta equivalente al 4% del valor de la finca ocupada. En el laboratorio de los cuatro meses escasos de la reforma desde abajo hubo desajustes que afectaron a la capacidad de las comunidades de campesinos para devolver los créditos o a la mayor o menor implicación de los ingenieros. De modo general, quien falló fue el Estado en sostener económicamente una reforma a gran escala, pues a las circunstancias climatológicas realmente adversas (persistentes lluvias que dificultaron las tareas e hicieron los caminos intransitables) se sumó la tardanza o la exigüidad de los créditos concedidos. Ahora bien, sin necesidad de edulcorar la reforma, no se trató de problemas irresolubles, al contrario. Y lo que está fuera de duda es la importancia de aquella reforma para consolidar el régimen republicano.

MERCADO DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO

Es posible que la tierra explotada por colonos alcanzara el 40% o más de la superficie en explotación. Había arrendatarios que se sucedían de padres a hijos, pero mayoritariamente abundaban la inestabilidad y la falta de incentivos para invertir en tierra ajena. En teoría la modificación de las relaciones contractuales de los arriendos tiene muchos menos costes que los de la expropiación y así lo aconsejan en la actualidad para diversos países los expertos en desarrollo. Pero si plantear cambios en la estructura de la propiedad pareció mover los cimientos de la sociedad, hacerlo sobre el régimen de explotación fue visto como si se hundiera todo el edificio social.

A diferencia de las legislaciones reformistas que en varios países regularon los contratos de arrendamiento, en España dominó la facilidad para los desahucios y la cesión a «riesgo y ventura», que dejaba indefenso al colono ante cualquier incidencia climatológica. Es cierto que al final de la dictadura de Primo de Rivera se promulgaron medidas bienintencionadas, pero fueron difíciles de llevar a cabo y fueron consideradas como la extensión del socialismo en el campo. Este proyecto reformista resultó desbordado con la llegada de la República cuando en la primavera de 1931 se produjo una auténtica «huelga de rentas». Las disposiciones del gobierno provisional por una parte y el asociacionismo de los arrendatarios por otra cambiaron una situación secular donde quien daba la ley —en expresión de Jovellanos— solía ser el dueño de la tierra amparado por la ley de la oferta y la demanda.

Con la nueva legislación cambiaron las reglas del juego de un mercado en el que acostumbraba a haber más colonos que tierra arrendable. Las principales disposiciones reformistas (decretos de 11 de julio y 31 de octubre de 1931 y 26 de marzo de 1932) permitieron la revisión de las rentas y el establecimiento de jurados mixtos o Juzgados Especiales de Revisión de Arrendamientos Rústicos, que resolvían por procedimientos relativamente rápidos el contencioso con el dueño; también se aceptaron la tasación de la renta (que no debía superar la renta catastral o el líquido imponible) y el aplazamiento del pago que puso fin a la cláusula de «a riesgo y ventura» de los contratos de arrendamiento que se firmaban habitualmente. A los pocos meses hubo cerca de 70 000 demandas de propietarios que no habían cobrado las rentas, pero es seguro que en muchos otros casos se llegó a acuerdos privados amistosos para aceptar alguna reducción de la renta a cambio de renunciar a la vía jurídica.

Fue en Cataluña, que contaba con la organización de la Unió de Rabassaires desde 1922, donde el conflicto adquirió unas dimensiones sociales y políticas extraordinarias al darse en un marco político autonómico que acogió los acuerdos favorables a aparceros y rabassaires. La oposición de la burguesía conservadora, movilizada por el Instituto Catalán de San Isidro o por la Lliga de Cambó, impugnó la Ley de Contratos de Cultivo de abril de 1934 ante el Tribunal de Garantías. Los esfuerzos para llegar a un acuerdo se rompieron con la entrada de la CEDA en el gobierno de Madrid y los sucesos de la revolución de octubre. Tras el triunfo del Frente Popular fue restablecida la Ley de 1934.

La forma en que se desenvolvió el conflicto en Cataluña anticipa el resultado que tuvieron los proyectos que se defendieron en las Cortes. En primer lugar, el proyecto de Marcelino Domingo, discutido en el verano de 1933, se encontró con una fuerte oposición de los agrarios —«gloriosa minoría»— que tuvieron a gala haberle hecho «una guerra sin cuartel». Pero es difícilmente creíble que menos de un 6% de los diputados tumbaran el primer proyecto de Ley de Arrendamientos que se discutía en el Parlamento. También la facción conservadora del partido radical-socialista al que pertenecía Domingo estuvo en contra.

El segundo proyecto de Ley de Arrendamientos se presentó en enero de 1934 por Cirilo del Río. Era más moderado, pero de nuevo los agrarios y su jefe, Gil Robles, lo boicotearon. Con estos precedentes es presumible la orientación que podía seguir el tercer intento de defender un proyecto por el ministro Giménez Fernández, que, una vez desvirtuado por quienes más se habían opuesto a los anteriores, se convirtió en la Ley de Arrendamientos de 1935.

Giménez Fernández retomó el proyecto de Cirilo del Rey pensando ingenuamente que podía mejorarlo en sentido progresivo —hacer más fácil la adquisición de la tierra por parte del arrendatario— con su teoría de que la revolución podía frenarse con la reforma, algo que pocos de su partido compartían. Era el proyecto «de acceso a la propiedad» que acompañó al de arrendamientos y que el ala derecha de su partido, que a su vez lideraba la patronal agraria, la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, combatió con todas las armas retóricas posibles, ya se relacionaran con la economía nacional o la Biblia, en la que se escudaba el católico-social Giménez Fernández.

Este proyecto ni se llegó a discutir o, dicho de otro modo, el ministro se quedó sin la coartada social de crear «una pequeña burguesía». Por la Ley de Arrendamientos de 1935 el tiempo de contrato fue rebajado de seis a cuatro años, no se pusieron topes a la renta (al desligarla del líquido imponible), se prescindió de cualquier tribunal de arbitraje (jurados mixtos de propiedad rústica) y, sobre todo, se facilitaron los desahucios con la excusa del cultivo directo. Cualquier arriendo estipulado en renta en especie fue considerado como aparcería aunque el propietario aportara poco más que el valor de la tierra; conseguido el estatus de aparcería ya no eran aplicables las normas que protegían al arrendatario. Pocas veces un proyecto apadrinado por el ministro de turno resultó tan desfigurado cuando se convirtió en ley.

El tortuoso periplo de la Ley de Arrendamientos de 1935 nos enseña que la deriva conservadora llegó antes del bienio negro y luego se profundizó esta tendencia. Tanto a Domingo, Cirilo del Rey como a Giménez Fernández les segaron la hierba bajo los pies sus propios correligionarios. Da toda la impresión de que en el complicado objetivo de cambiar las relaciones agrarias quien tenía las ideas claras, y con más tenacidad expuestas, era la facción extremista de la derecha. También ello ayuda a entender cómo los programas demócrata-cristianos de extender la pequeña propiedad, que se aceptaron en otras partes de Europa, se consideraron inaplicables por la derecha en España. [→ BIENIO NEGRO].

Si el propietario de la tierra arrendable había disfrutado de los beneficios de la desregulación hasta 1931, otro tanto ocurría con el mercado de trabajo. Un análisis económico convencional considera que en esa situación, donde el Estado no interviene, los salarios se ajustan libremente. La legislación republicana significaría entonces la ruptura de aquel equilibrio al establecer la jornada de ocho horas, los jurados mixtos de patronos y obreros y los decretos de términos municipales (no contratar a los forasteros hasta que los del pueblo estuviesen empleados, aunque muy pronto la provincia fue considerada como un término municipal). También habrían roto el supuesto equilibrio el laboreo forzoso (para evitar que las fincas se dejaran en barbecho o erial y se redujera la demanda de trabajo) y sobre todo la potenciación del sindicalismo rural en lugares en los que hasta entonces no existía. Fue este poder sindical, que creció espectacularmente con la Federación de Trabajadores de la Tierra, el factor que más repercutió en la elevación del salario nominal.

Más de una vez se ha desacreditado la política laboral de la República —un marco institucional que dio cauce a negociaciones hasta entonces dictadas por la ley del más fuerte— pues, ideada para elevar el nivel de vida del jornalero, lo que hizo fue disminuirlo al incrementarse el paro; si además, desde otro planteamiento, se la asocia, en mayor o menor medida, con la derechización del pequeño propietario, el juicio negativo se incrementa hasta el punto que impide distinguir cambios en el periodo republicano o valorar los aspectos positivos de la legislación reformista. Aunque parezca obvio, precisemos, primero, que sería ingenuo creer que bastaban los decretos de Largo Caballero para cambiar de golpe unas relaciones seculares.

En segundo lugar, el incumplimiento de la legislación reformista se acentuó a partir de septiembre de 1933 con la llegada de los radicales y sobre todo después de las elecciones de noviembre. La misma ley de términos municipales, objeto de restricciones y adaptaciones desde su publicación, fue suprimida en 1934. En consecuencia, si se critica la subida salarial que supuso la legislación del primer bienio, habrá que contar también el descenso generalizado desde fines de 1933, ayudado por el desmantelamiento institucional que se concretó en la supresión de trece delegaciones de Trabajo, la reducción a la mitad de los jurados mixtos y en las restricciones presupuestarias que impidieron reforzar los servicios de inspección ya casi nulos.

En tercer lugar, como demuestra el estudio de las contabilidades agrarias, habría grandes explotaciones que verían mermados sus beneficios, pero no por ello necesariamente tendrían que arruinarse. Es cierto que la subida salarial, que no se podía repercutir en alzas de precios como los del trigo en los años treinta, debió de poner en compromiso las pequeñas explotaciones, sobre todo en 1931-33, pero esto es una cosa y otra muy distinta extender la imagen de que el mercado de trabajo y el orden social agrario funcionaban equilibradamente, como el mundo bucólico que evocaba Gabriel y Galán… y entonces llegó la República para estropearlo. Cuando el mercado es de un único demandante, como el que solía haber en más de un pueblo, se generarán empleos y salarios por debajo del precio de equilibrio y, como no había instituciones que regularan las relaciones laborales, las condiciones las fijaba el único contratador. Esto era precisamente lo que había que romper, por meras consideraciones éticas y sociales.

El intervencionismo republicano cambió las tradicionales reglas de juego. Obligó a patronos y obreros a compartir la mesa de negociación y a discutir sobre condiciones de trabajo que, allí donde se respetaran las bases de trabajo, pusieron en aprieto el margen de explotación de pequeñas-medianas explotaciones, especialmente si estaban dedicadas a producir cereal cuya cotización debió sostenerse, inútilmente por cierto, mediante precios políticos que consumieron más recursos que la reforma agraria. Pero lo que se discutió en muchas bases no fue solo que la empresa agraria pudiera o no soportar alzas salariales, con la consecuente quiebra. Lo que no se toleró o resultó difícil de comprender fue la aparición de unas nuevas relaciones de poder con unas reglas de juego hasta entonces inéditas en el campo. Estaban bien los sindicatos cuando eran los católicos, pero no se aguantaba, como decía el administrador de Fernán Núñez en 1936, actuar «bajo la férula de la Casa del Pueblo».

Para que las bases de trabajo rural fueran respetadas hacía falta un mínimo de consenso, de cultura de pacto, y esto exigía aceptar la legitimidad del nuevo régimen nacido del 14 de abril, puesta en entredicho por la violencia desatada en aquel mismo año de 1931 y por la creencia de que los jurados mixtos equivalían a la «lucha de clases» al haber acabado con la «libertad de contratación». En mi opinión tiene más relevancia esto —en Salamanca se demostró la actitud desafiante de Gil Robles, Castaño y Lamamié de Clairac, los agrarios, proponiendo el impago de contribuciones y la suspensión de la siembra antes que aceptar el laboreo forzoso— que sugerir, como hacen los partidarios de la presunta «historia objetiva», que los socialistas controlaron de tal forma el mercado de trabajo que instauraron un nuevo caciquismo, si cabe más dañino que el antiguo. De ello extraen la conclusión que los sindicatos desarticularon la economía agraria por seguir propuestas que no eran «fruto de una doctrina económica mínimamente elaborada». Como esta opción fue generadora de una gran violencia, en abstracto, premonitoria de la revolución social, la guerra civil se convirtió en el escenario previsible. Extraña deriva de una historia que se autoproclama objetiva —el franquismo nos hizo idealizar la República, dice— revisando el pasado con argumentos que rozan la justificación ideológica de los sublevados. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

EL PROBLEMA DE LOS COMUNALES

La reforma agraria liberal se hizo en España con registro de la propiedad pero sin catastro. En el registro se presume que los derechos reales inscritos pertenecen al titular y, en caso de litigio, incumbe a la otra parte, no al titular, aportar pruebas suficientes para destruir la presunción. La ausencia de catastro dificultó la aportación de esas pruebas y abrió la puerta a la apropiación irregular de bienes públicos. Se entenderá fácilmente cómo la ausencia del catastro sobre los bienes de los pueblos, que en 1855 ascendían a varios millones de hectáreas, facilitara procesos de desamortización irregular, por no decir simple y llanamente de usurpación.

Como en otros campos, también aquí por primera vez la República dio acogida a la recuperación de comunales. A diferencia de otros procesos reformistas, nadie dudó en la discusión parlamentaria de 1932 de la justicia del contenido de la base 20 de la Ley de reforma —se podía «instar ante el Instituto de Reforma Agraria el rescate de aquellos bienes y derechos de que se consideren despojados, según datos ciertos o simplemente por testimonio de su antigua existencia»— al ponerse en evidencia las múltiples irregularidades del proceso desamortizador. Pero transformar la base en una ley resultó frustrante.

A principios de 1933, veinte meses después de proclamada la República, se produjeron los sucesos de Casas Viejas. A estas alturas la esperanza de la reforma agraria se había desvanecido y el consejo ejecutivo del IRA era todo menos ejecutivo. Fue el convencimiento de que «la República estaba montada en el aire», como se dijo no hacía mucho tiempo en las Cortes, lo que precipitó la publicación de dos decretos (Gaceta 22 y 26-1-1933) que convirtieron al IRA, primero, y luego a la Dirección General de Reforma Agraria en un órgano ejecutivo para aplicar de inmediato el rescate de bienes comunes.

Esta fue la primera vez que se pretendió desandar el camino de la desamortización poniendo en entredicho la seguridad de innumerables transacciones, pero los decretos se anularon por irregularidades administrativas. La segunda vez fue la guerra civil la que interrumpió la discusión parlamentaria. En efecto, la aplicación del programa electoral del Frente Popular, en el que se prometió dictar normas para el rescate de bienes comunales, dio un giro a la situación, tanto en la recuperación «desde abajo» —un movimiento social aún sin investigar sistemáticamente que no necesitó la aprobación de la ley para realizarse legalmente— como a través de iniciativas parlamentarias. Cuando aún no se había apagado el eco por los gravísimos sucesos de Yeste en junio (un hecho sangriento con el trasfondo de la privatización del comunal) llegó el proyecto de recomposición del patrimonio municipal el 26 de junio de 1936, teniendo preferencia, junto con el proyecto de amnistía, ante cualquier otro proyecto o discusión. Pero el estallido de la guerra solo permitió que se aprobara el primer artículo.

Al margen de los debates parlamentarios, los movimientos por el rescate de bienes comunales se intensificaron allí donde estaba más arraigada la tradición del común; fue el caso de las corralizas en Navarra, de los Montes de Toledo, de las Cinco Villas… Conviene distinguir el fracaso legislativo en el rescate y los movimientos reivindicativos vecinales que se tradujeron en resultados prácticos, como cuando se roturó la dehesa boyal en manos del ayuntamiento para que pudieran sembrar los que menos tierra tenían. En general, los años de la República fueron aquellos en los que se alteró el uso oligárquico de los espacios comunales, se cuestionó su privatización y hubo oportunidad de aliviar el paro y el hambre de los necesitados con la adjudicación de tierra comunal. Cuando triunfó la sublevación, el éxito de estas acciones fue el motivo más socorrido para la represión.

REFORMA AGRARIA EN TIEMPOS DE GUERRA

Si no hay confiscación de la tierra, la reforma se hace invisible. Hasta julio de 1936 la expropiación se redujo a los encartados por el golpe de Sanjurjo y a una pequeña parte de la aristocracia. Es cierto que con el Frente Popular se intensificó la reforma, pero lo hizo, como hemos visto, mediante la ocupación de tierras por las que se pagaba una renta. Aunque fue inevitable la incertidumbre creada por la Ley de Reforma Agraria y su temido inventario, el gran propietario español tenía en julio de 1936 las mismas hectáreas que en abril de 1931, pues el IRA no expropió más de 90 000 hectáreas.

Estos pocos miles de hectáreas confiscados no permiten la comparación con las grandes reformas de México, Rusia y otros países. Las cosas varían con la revolución que desencadenó la rebelión militar y ello no tanto por la eficacia de las normas dictadas desde arriba como por saber canalizar las acciones que ya se estaban dando.

De acuerdo con los condicionantes de la escena internacional —viraje obligado a la Unión Soviética dos meses después de iniciado el conflicto para romper «la soledad de la República»— y con la influencia del PCE en España (había obtenido 17 diputados en las elecciones de febrero), los comunistas entraron en el gobierno de Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936 haciéndose cargo del Ministerio de Agricultura Vicente Uribe. La política de «Frentes Populares», que sancionó la Internacional Comunista en 1935, obligó a los comunistas a aliarse con otras fuerzas, desde campesinos a intelectuales, y a postergar la revolución en beneficio del orden republicano, del respeto a la propiedad, todo en pro de la lucha común contra el fascismo. De este modo, Uribe tuvo a su izquierda a los anarquistas, por supuesto, pero más de una vez a los propios socialistas cuando antepusieron otros objetivos a los de ganar la guerra. Esto hizo extremadamente difícil la actuación de Uribe, sometida a presiones internas de todo tipo —políticas, ideológicas, nacionalistas— que hicieron imposible el único objetivo de cualquier economía de guerra: vencer.

De los decretos de Uribe más significativos, el del 7 de octubre de 1936 quiso castigar económicamente a los «sublevados y financiadores de la rebelión», entre los que se hallaban «los grandes propietarios latifundistas». Si en el decreto de 20 de marzo de 1936, que permitió agilizar la reforma en el Frente Popular, el motivo determinante fue la declaración de utilidad social, en el de 7 de octubre el motivo había pasado a ser social y político. Esta disposición cambió radicalmente la situación al acordar la expropiación sin indemnización y a favor del Estado de las fincas rústicas de los propietarios que hubieran prestado «su colaboración en cualquier forma al movimiento subversivo o su ayuda con recursos en moneda o especie, auxilios, servicios, confidencias o simple resistencia o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gobierno legítimo de la República […] deban ser clasificados como enemigos del Régimen y comprendidos en el grupo de insurrectos…».

Se establecieron, eso sí, unos rigurosos trámites para controlar el proceso «desde arriba» dejando al IRA como organismo tutelar. La Junta Calificadora Municipal propuso la inclusión del propietario expropiable con una propuesta razonada en base a criterios económico-sociales y políticos («actividades en los primeros días del movimiento insurreccional»). Después de pasar a la Junta este «expediente de declaración de faccioso» se transmitía al Gobierno, que le daba sanción oficial en la Gaceta. Luego venían el acta de expropiación de la finca y la formación del inventario de explotación hasta que el IRA la entregaba «en usufructo a perpetuidad» a las organizaciones de obreros y campesinos o a los pequeños cultivadores «siempre que se mantenga la racional explotación». Cabía recurso del considerado insurrecto, pero «al solo efecto de rectificación de conceptos».

El único recuento disponible del alcance de la expropiación hasta agosto de 1938 procede de Pascual Carrión, que dio la cifra de 5 458 885 has, un 40% confiscadas por motivos políticos, un 37% por razones de utilidad social y el 23% restante se trataba de propiedades ocupadas directamente por los campesinos a título provisional. La reforma iniciada en marzo del 36, e intensificada extraordinariamente a partir del verano, se atuvo al canon de las reformas agrarias por el escaso tiempo empleado en su realización (que hay que medir en meses más que en años) y por la importancia de la superficie útil afectada: casi 5,5 millones de hectáreas, sin contar Cataluña y Aragón. No hay datos para estas regiones, donde sin duda la expropiación no fue un hecho accidental. Si aplicamos el mismo porcentaje promedio de otras regiones, es posible que las hectáreas expropiadas pasaran en conjunto de los 7 millones. En la comparación con las reformas del siglo XX, excluidas Rusia y China, la republicana superaría el promedio de superficie útil afectada. También, como en cualquier reforma agraria, fue inevitable la desorganización que provoca el cambio de titularidad y que en este caso se acentuó por la incidencia de la guerra y de las divisiones políticas. Pero ninguna reforma tiene posibilidades de éxito si se queda en mero reparto. Tan solo desde el inicio de la guerra hasta febrero de 1937 el IRA había concedido 43,5 millones de pesetas de créditos en concepto de anticipos reintegrables, una cantidad que, aun descontada la inflación, fue bien significativa si se tiene en cuenta el gasto destinado a Agricultura antes de 1936. Habría que añadir también la creación de cooperativas agrícolas que contó con el apoyo decidido de los comunistas.

El más polémico de los decretos fue el del 8 de junio de 1937, con el que se quiso «encauzar debidamente» el movimiento colectivista y para lo cual se legalizaron con carácter formal y temporal, año agrícola 1936-37, las explotaciones colectivas formadas a partir del 19 de julio. La fecha del decreto, después de los hechos de mayo, indica la preocupación de que los trabajos de recolección y almacenamiento no fueran entorpecidos por desavenencias ideológicas: el IRA se comprometía a no tramitar ninguna demanda de revisión de tierras o de incautación de cosechas del antiguo poseedor «ni en los casos en que se aleguen supuestos errores de carácter jurídico».

Esta postura del PCE, que era la del Ministerio de Agricultura, lo enfrentó a la visión que, de acuerdo con la orientación de Kautsky, mantuvo buena parte de los socialistas al considerar al pequeño propietario una figura más o menos caduca del pasado y por tanto preferir la propiedad colectiva a la individual. Ricardo Zabalza, destacado dirigente socialista del ala caballerista, criticó duramente en mayo del 37 el decreto de Uribe, a quien equiparó a un demagogo blanco similar a Gil Robles.

La estrategia dilatoria de posponer la revolución y proclamar, como hizo Uribe a fines de 1936, que «la propiedad del pequeño campesino es sagrada y al que ataca o atenta a esta propiedad o a este trabajo tenemos que considerarlo como adversario del Régimen» marcó muchos de los conflictos entre las autoridades del Ministerio de Agricultura y del IRA frente a los cenetistas y otros partidarios de la colectivización inmediata, acusados de «izquierdismo infantil». El enunciado de diversos discursos en el otoño de 1936 publicados por el Ministerio («Nadie está autorizado para saquear campos y pueblos») ilustra fehacientemente los enfrentamientos. Uribe tuvo que proclamar en Algemesí que el Gobierno no había autorizado a nadie para que se incautara de las cosechas y que no se impondría por la violencia la colectivización del trabajo. [→ ANARQUISMO].

EL CONTINUADO CAMUFLAJE DE LA CUESTIÓN AGRARIA

En vez del ocultamiento del problema agrario como pretendió Franco, los economistas más cualificados, como Flores de Lemus, siempre llamaron la atención sobre los males de la concentración de la propiedad para la «constitución social de España», una reflexión que impregnó muchos de los análisis años después. Los historiadores de los años 1960-70 compartieron el protagonismo que los contemporáneos dieron al proceso de reforma agraria. Su análisis sirvió para explicar el crecimiento o el atraso económico o la conflictividad social. Ahora bien, en torno a 1980 aproximadamente fue cayendo en un relativo olvido. Era una época en que los cambios estructurales de la agricultura española aliviaron la secular tensión entre hombres y recursos. Seguramente el énfasis en la «modernización» influyó en que pasaran a segundo plano los criterios de la igualdad frente a los de eficiencia económica.

También entre los críticos de la «modernización» la reforma agraria pasó a un segundo o tercer plano. Su declive se justificó por una consideración más optimista de la agricultura latifundista que no habría sido un nido de ineficiencias técnicas y mercantiles. Al fin y al cabo, el terrateniente no se habría sino atenido a criterios rentabilistas cuando prescindía de contratar jornaleros, pues emplearlos «no salía a cuenta». Otros autores han valorado los aspectos positivos de aquella agricultura tradicional en comparación con los sistemas agrarios contemporáneos que consumen más energía de la que producen. Pero no siempre está claro que la explotación latifundista fuese «óptima» teniendo en cuenta las posibilidades de su suelo y del clima; otro tanto ocurre si en vez de medir los resultados contables de la empresa del latifundista lo hacemos según los beneficios sociales (alfabetización, niveles de vida) que impidió desarrollar el régimen latifundista. Recientemente algunos autores han defendido incluso la inutilidad de la reforma, pues el mercado ya se estaba encargando de realizarla haciendo que descendiera el número de jornaleros y subiera el de propietarios desde 1860. Pero si nos fijamos en el análisis pormenorizado de las comarcas latifundistas, se desmiente este optimismo en el cambio de la estructura social que, por otra parte, encaja mal con los porcentajes de paro de los pueblos en el suroeste español y las tensiones consiguientes.

A la minusvaloración de la reforma agraria se ha sumado últimamente la crítica política por parte de una pretendida «historia objetiva» (presunta alternativa de la «historia militante»). Entre sus críticas destaca la utilización de los conflictos sociales, generados por la aplicación de la legislación laboral en el campo, para desacreditar o desmitificar la democracia republicana. Así ha llegado a afirmar que la República no fue entendida por los republicanos, sobre todo los socialistas, como una democracia sino como una revolución: es la tesis de la intransigencia republicana o la de la patrimonialización del poder por los socialistas. Por poner dos ejemplos: la huelga de junio de 1934 se atribuye más al extremismo de Largo Caballero o a la resistencia socialista a perder el control de los sindicatos que al incumplimiento de las bases de trabajo o a la provocación de Salazar Alonso. Y, cuando llegó la victoria del Frente Popular, lo que se habría producido fue «un pequeño golpe de estado» con la destitución de los ayuntamientos; los terratenientes, asustados, tuvieron que huir de los campos… Puede alegarse, entre otras cosas, que el andamiaje del poder tradicional siguió apoyado por muchas fuerzas, entre ellas la Guardia Civil, como se demostró con el otro Casas Viejas, los veinte asesinados en mayo de 1936 en Yeste.

La reforma agraria ayuda, pues, al empeño de la «revisión» de la República, sobre todo cuando se hace a las izquierdas principales responsables de la violencia. Las invasiones de fincas en la primavera del 36, aunque legitimadas por el IRA, sirven para ilustrar el presunto clima de guerra civil. Calvo Sotelo se habría quedado corto en sus ataques al Gobierno cuando enumeró los atentados contra la propiedad. Ahora bien ¿se pueden cambiar con guante blanco la estructura de la propiedad y las relaciones sociales? ¿Se conoce alguna reforma agraria en la historia mundial, desde Graco al Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que no entrañe algún grado de violencia?

El peligro que puede desprenderse de alguna de las versiones «revisionistas» es marginar tanto los problemas clásicos de la distribución de la renta que se identifica la reforma republicana solo con factores de índole ideológica o política. Con todo, hay hechos irrefutables. Pese a que la reforma agraria liberal había desmantelado grandes patrimonios, la desigualdad en la propiedad territorial en 1933 era llamativa en la España meridional: trece propietarios de Cáceres poseían 133 621 hectáreas, quince en Badajoz sumaban 104 690, cuarenta en Andalucía llegaban a casi 600 000, bien fueran nobles, burgueses o sociedades anónimas; en conjunto representaban el 18% de la superficie potencialmente expropiable. Y hay que advertir que estas cifras proceden del Inventario de fincas expropiables que mide solo parcialmente la concentración de la propiedad; en el Inventario se inscribieron las fincas afectadas por la Ley de septiembre de 1932 (por su tamaño, tipo de explotación, localización, etc.), pero no todas. En la otra parte de la pirámide social, en su base, un tercio de la población agraria de las provincias latifundistas estaba expuesto sistemáticamente al paro forzoso sin subsidio alguno.

Ninguna de las cuatro grandes reformas republicanas que trataron de cambiar la organización territorial, militar, religiosa y agraria de España fue fácil de llevar a cabo, si bien la última fue la más compleja de realizarse y la que ocupó la mayor parte del tiempo político y social. Obviamente la estabilidad del latifundismo a lo largo de la historia no se sustentaba tan solo en la racionalidad económica del terrateniente, sino en un conjunto de relaciones sociales que requería distintos apoyos para que funcionara todo el sistema. La tierra es algo más que un factor de producción, y cuando la propiedad está desigualmente repartida necesita —aparte de administradores que lleven la contabilidad, la compra de votos y de influencias— un variado conjunto de legitimaciones para su mantenimiento, desde la resignación cristiana o las limosnas (cuya cuantía recogen las administraciones nobiliarias), a fórmulas más complejas en las que intervienen varias normas e instituciones, formales e informales. Por ejemplo, sostener la «libertad de trabajo» y limitar la sindicación obrera exigió el funcionamiento del triángulo institucional gobernador-alcalde-guardia civil. También hubo que recurrir a los «alojamientos», el reparto de obreros parados que escogía a su gusto el administrador. Este era el coste de la paz social con el beneficio de unas relaciones de dependencia. Todo ello aseguró, por utilizar la expresión de Hirschman, la lealtad pese a la poca de que disponían los más débiles y que, por primera vez, les concedió la República, la primera experiencia democrática —medida con los parámetros de la época— que hubo en la historia de España hasta 1977.

En conclusión, la reforma agraria, pese al camuflaje efectuado durante el franquismo, o en su versión actual de relativa marginación académica o de su instrumentalización política, respondió a la necesidad de corregir la desigualdad económica y social. La República favoreció la creación de nuevas redes sociales mientras los grandes terratenientes perdieron rentas políticas, aparte de las económicas. Este cambio de escenario fue difícil de asumir desde un principio y cuando llegó la primavera del Frente Popular la intensificación de la reforma alimentó el bulo de la revolución en marcha. En vez de considerar el desarrollo de la reforma agraria culpable de un clima de intransigencia y de guerra civil, más bien, como expuso el ministro Ruiz Funes en junio de 1936, habría que resaltar que solo por el camino de la reforma agraria hubiera podido consolidarse la democracia. Su importancia crece con la consideración de otros aspectos distintos a los del «reparto» de tierras, tales como la reforma de los contratos agrarios y del mercado de trabajo o la reivindicación de los bienes comunales.

Conviene finalizar recordando aquí el momento en el que las Cortes, gracias a la sublevación de Sanjurjo, adoptaron la medida de expropiar sin indemnización las tierras de los Grandes de España. El discurso de Azaña del 18 de agosto de 1932 fue tajante: «Porque no nos engañemos: o nosotros los republicanos tomamos todas aquellas medidas que conduzcan al desarme de las cabilas monárquicas o son las cabilas monárquicas que se alzan contra nosotros las que con nosotros acaban». Pero Azaña imitó a Robespierre solo en su retórica, no en sus actos, y menos de cuatro años después de este discurso se había cumplido la profecía con un segundo golpe de estado que inició la guerra civil.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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LAS DERECHAS

por

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA

La historia de las derechas durante la Segunda República ha de partir de un hecho incontrovertible: su mayor parte no aceptó la democracia como modo de organización y de convivencia política. Esta deriva antidemocrática más que antirrepublicana tiene que ver con el marcado giro contrarrevolucionario que la derecha sociológica española sufrió a partir de la crisis de 1917 y el declive del sistema monárquico liberal, que la dictadura de Primo de Rivera aceleró, abriendo camino al ascenso político de nuevas élites políticas con un marcado tono autoritario. En estas condiciones, el repentino establecimiento de una república con un profundo designio reformista fue percibido como una amenaza directa que había que liquidar a toda costa. La identificación que gran parte de la derecha hizo de la República con la revolución —confusión alimentada por los propios líderes republicanos— pareció corroborarse especialmente en la nueva estructura de las relaciones sociolaborales, en la redefinición de la arquitectura estatal a través de los procesos estatutarios y, sobre todo, en las medidas de corte laico. En estas circunstancias de creciente enfrentamiento simbólico con lo que la República representaba, buena parte de los sectores caracterizados genéricamente como conservadores experimentaron una significativa mutación de sus planteamientos políticos. El universo pactista que constituía el bagaje mental dominante de los grupos sociales conservadores saltó hecho añicos y su lugar lo ocuparon unas culturas políticas más movilizadoras, inclinadas al maximalismo programático (fuera este la restauración borbónica, el régimen católico-corporativo, la monarquía tradicional o la revolución nacional-sindicalista) y a la confrontación indiscriminada contra los rivales.

EL REPUBLICANISMO CONSERVADOR

Durante los primeros compases del nuevo régimen se produjo un deslinde de campos entre el republicanismo conservador y lo que ya se denominaban indistintamente «las derechas», procedentes del naufragio político, social y cultural del régimen monárquico. Por un lado estaba el centro-derecha. Lo representaban el Partido Republicano Radical, la Agrupación al Servicio de la República y el accidentalismo. Este último abierto a la colaboración con las fuerzas monárquicas. También se ubicaban en él los partidos conservadores de ámbito regional como el PNV o la Lliga Regionalista (que en febrero de 1933 cambió su apelativo por el de Lliga Catalana e hizo adhesión explícita al principio republicano). El espectro más moderado lo ocuparon fuerzas netamente liberales y laicas, pero partidarias de un republicanismo no excluyente, que tendieron a situarse frente a la mayoría de los problemas más cerca de la derecha respecto a intereses, pero a alejarse de la misma por su sincero compromiso con la democracia parlamentaria. Fueron, en todo caso, partidos de notables lastrados por un liderazgo fuertemente personalista y un reformismo político y social muy limitado.

Hubo otras formaciones. En primer lugar, el Partido Liberal Demócrata se fundó el 24 de mayo de 1931. Tenía como precedente el Partido Reformista fundado en 1912 por Melquíades Álvarez (que se había incorporado al fantasmagórico Bloque Constitucional formado por notables liberales y conservadores en marzo de 1930) y acentuó la tónica antiestatalista y antisocialista. Acabó por aliarse con el lerrouxismo y más tarde con la CEDA. Esto condujo a su ala más avanzada a incorporarse a partidos de izquierda republicana más comprometidos con una interpretación reformista de la República y con un mayor peso parlamentario. También cabe mencionar la Derecha Liberal Republicana (DLR) de Niceto Alcalá-Zamora, que se fusionó con la incipiente formación republicana de Miguel Maura poco antes del Pacto de San Sebastián y obtuvo 22 escaños en las Cortes Constituyentes dentro de las listas de la conjunción republicano-socialista.

La quema de conventos de los días 11 y 12 de mayo de 1931 marcó una de las grandes líneas divisorias para las clases conservadoras, que constataron que la táctica política netamente republicana que preconizaban Alcalá-Zamora y Maura no era capaz de garantizar sus intereses y valores. En consecuencia, Acción Nacional nació el 29 de abril y fue creciendo al socaire de la indignación que cundió en los medios católicos ante las medidas de laicización. Comenzó a acaparar las simpatías y los votos de aquel sector de la sociedad que debería haber nutrido el proyecto político de un republicanismo conservador que, sin embargo, se vio fragilizado en su imagen pública por la incorporación de dirigentes monárquicos e incluso caciques rurales de la época del general Primo de Rivera.

La DLR atribuyó los discretos resultados electorales de junio a una imagen excesivamente conservadora y optó por dotarse de una apariencia más centrista. Esto la llevó, en una asamblea general celebrada el 3 de agosto, a cambiar su nombre por el de Partido Republicano Progresista (PRP), pero sin contemplar la posibilidad de sumar sus esfuerzos a los del Partido Radical, a pesar de la creciente similitud entre los postulados de ambas fuerzas.

Durante las discusiones constitucionales, ambas formaciones abandonaron la coalición republicano-socialista e iniciaron una dura política de oposición parlamentaria. En enero de 1932, el ala derecha, liderada por Miguel Maura, se escindió y trece de sus diputados pasaron a constituir el Partido Republicano Conservador (PRC). Tras una intensa campaña de propaganda de alcance nacional, la creación de una red de periódicos afines y de comités locales y provinciales, el PRC pareció despegar gracias a la conversión de Maura en el líder más cualificado de la política de obstrucción parlamentaria al gobierno de Azaña.

Ahora bien, los exiguos resultados que el conservadurismo maurista tuvo en las elecciones de noviembre de 1933 (17 diputados), en comparación a los cosechados por la DLR en 1931, confirmaron la incapacidad de la derecha republicana, democrática, aconfesional y moderadamente reformista en ganar la batalla por el voto conservador a la derecha accidentalista, corporativa, católica y autoritaria que representaba la CEDA. La falta de coherencia política de Maura le condujo durante el segundo bienio de contradicción en contradicción, para terminar, a finales de 1935, muy próximo a una CEDA de la que Maura parecía abominar dos años antes. Tras presentar escasas candidaturas a las elecciones de 1936, en las que apenas obtuvo tres escaños, y después de que su líder preconizara una «dictadura nacional republicana» en junio de 1936, el PRC despareció sin pena ni gloria al inicio de la guerra civil.

Por su lado, el PRP continuó fiel a las líneas centristas trazadas por el presidente de la República e incrementó su agresividad contra los gobiernos republicano-socialistas, pero tras conseguir resultados muy discretos en las elecciones de noviembre de 1933, abandonó el Gobierno en octubre de 1934 en protesta por la llegada al poder de la CEDA. A fines de 1935 se embarcó en el experimento neocaciquil que representaba el Partido del Centro de Manuel Pórtela Valladares. Los resultados del PRP en los comicios de febrero de 1936 (6 escaños progresistas y 16 del centro portelista), significativamente mejores que en las anteriores convocatorias electorales, no revelan un mayor apoyo de la opinión a sus candidaturas, sino los réditos de una presión gubernativa que permitió a los aspirantes progresistas ser admitidos en algunas de las listas de la coalición contrarrevolucionaria.

En resumen, los repetidos fracasos de Alcalá-Zamora y Maura a la hora de crear una sólida alternativa republicana conservadora fueron un buen ejemplo de la difícil viabilidad de esa pretendida «tercera España» en un contexto de aguda polarización política.

EL DESLINDE DE CAMPOS ENTRE DERECHAS

ACCIDENTALISTAS Y MONÁRQUICAS

Los tumultos anticlericales de 10 y 11 de mayo tuvieron también graves consecuencias para la derecha no republicana, ya que precipitaron la clausura del Círculo Monárquico Independiente de Madrid, la destrucción de conspicuos centros de sociabilidad conservadora (como algunos casinos y círculos de labradores del Sur y Levante) y la desaparición de los grupúsculos monárquicos que habían proliferado tras la Dictadura.

En cambio, desde el entorno de la Acción Católica, depositaria de una ideología moderadamente adaptada a los requerimientos de la modernidad (la doctrina social de la Iglesia) y una estrategia política contrastada en otras latitudes (el ralliement con el poder constituido avalado desde el Vaticano en países como Francia o Italia), se impulsó a partir del 29 de abril la iniciativa política de Acción Nacional (AN). Se trataba de una organización de defensa social, un embrión de partido confesional y una plataforma electoral que vertebraría un heterogéneo universo de organizaciones católicas (sindicatos, cofradías religiosas, entidades culturales, grupos estudiantiles, círculos recreativos, asociaciones confesionales…) y de cuadros políticos de los viejos partidos monárquicos (mauristas y conservadores), del catolicismo social, de la Unión Patriótica primorriverista e incluso del carlismo con objeto de avanzar en la deseada «unión de las derechas».

El primer manifiesto de AN que fue hecho público el 7 de mayo definió la nueva formación política con la retórica tan al uso desde el período de entreguerras: una vaga «organización de defensa social» que acataba el Régimen, pero anteponía la defensa de los principios básicos del conservadurismo sociológico. Estos se compendiaban en su lema «religión, familia, orden, trabajo, propiedad». En principio, el accidentalismo y la exclusión de la violencia reactiva fueron la mejor plataforma para atraer a los conservadores descontentos o recelosos con la República, pero también a los desafectos a una monarquía «liberal» cuyos errores habían abierto la puerta a la «revolución».

AN solo obtuvo cinco escaños de 470 en las elecciones de junio y pasó a formar la minoría agraria en las Cortes Constituyentes. Cuando el 19 de octubre de 1931, Ángel Herrera Oria renunció a la presidencia del partido, se formó un comité dirigido por accidentalistas como José María Gil Robles, Dimas Madariaga o José Medina Togores, junto a tradicionalistas como el conde de Rodezno y alfonsinos como el conde de Vallellano, Cirilo Tornos y Antonio Goicoechea, que a fines de año se vio obligado a ceder la presidencia a Gil Robles. El 3 de diciembre el propio Goicoechea elaboró un programa que no preconizaba el accidentalismo, sino la inhibición en torno al problema de las formas de gobierno.

Mientras tanto, los partidarios del rey destronado llamaron a constituir un «apiñamiento defensivo» sin connotación política, pero los alfonsinos siempre tuvieron un concepto puramente instrumental de la organización política. Era un refugio necesario mientras se ponía a punto la estrategia que en el siglo XIX había propiciado realmente la Restauración: la intervención militar. Esta visión subordinada de la acción política legal impuso la adopción de un modelo de partido de cuadros con un marcado talante elitista. El alfonsismo perdió pronto su inicial carácter liberal y derivó desde un moderantismo antirrevolucionario restauracionista, constitucionalista y legalista hasta llegar a un autoritarismo contrarrevolucionario e instauracionista inspirado históricamente en la monarquía española de tipo tradicional.

La virtual carencia de una cultura política militante trató de paliarse a través de dos medios: el fomento del militarismo y la difusión de un completo ideario de la contrarrevolución. Por lo pronto pasaron a integrarse en AN, que con los agrios debates constitucionales (que llevaron a una retirada de las minorías agraria y vasco-navarra a mediados de octubre de 1931) estaba capitalizando la mayor parte del descontento católico. Desde las asociaciones confesionales, el sindicalismo católico agrario y la prensa afín, la Iglesia patrocinó una poderosa movilización en demanda de sus derechos, fomentando el victimismo, atizando la confrontación entre creyentes y no creyentes, y elevando al rango de categoría cualquier enfrentamiento institucional con la República.

El tercer grupo derechista que declaró la guerra a la República fue el carlismo, que con la proclamación del nuevo régimen llamó el 23 de abril a la creación de un «partido monárquico, federativo, anticomunista» y se transformó como lo había hecho entre 1868 y 1876 en un aglomerado contrarrevolucionario de amplia base, aunque no dominante en el universo de las derechas españolas. Con todo, intentó convertirse en una organización de ámbito estatal mediante tres estrategias convergentes: la reunificación de las diversas tendencias tradicionalistas (jaimistas, mellistas e integristas volvieron a unirse tras la muerte del pretendiente don Jaime el 2 de octubre de 1931); la unión dinástica con los alfonsinos (que no avanzó gran cosa, especialmente tras la creación de Renovación Española) y el liderazgo del movimiento católico antirrepublicano y antiliberal a través de la constitución de la minoría parlamentaria vasco-navarra.

En diciembre de 1931 los carlistas abandonaron AN y a comienzos de 1932 abordaron la renovación organizativa con el establecimiento de una Junta Suprema Delegada presidida por el dirigente navarro Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno. Pero con la consolidación del catolicismo accidentalista a fines de 1932 e inicios de 1933 y la ruptura con el PNV por culpa del rechazo de las Constituyentes al Estatuto de Estella, el jaimismo perdió el liderazgo de la movilización católica y encontró más dificultades para salir del gueto político.

Los hechos de la «Sanjurjada» de 1932 y sus secuelas aclararon el hasta entonces confuso panorama de la derecha y permitieron la reorganización de la opción antirrevolucionaria con tácticas diferenciadas. El fracaso de la vía armada para subvertir la República otorgó la hegemonía dentro del conglomerado derechista de Acción Popular (nueva denominación de AN desde abril de 1932) al accidentalismo católico. La I Asamblea General del partido, celebrada el 22 y 23 de octubre, se convirtió en un agitado debate en el que se ventilaron las diversas tácticas políticas respecto del régimen republicano. Mientras que los representantes de las Juventudes de Acción Popular (JAP) se manifestaron partidarios del acatamiento al régimen vigente, los monárquicos intransigentes se opusieron a toda convivencia con una república considerada anticatólica y defendieron la doctrina del derecho a la rebeldía, lo que fue muy criticado por los accidentalistas. En las resoluciones finales se prohibió el uso de la violencia so pena de expulsión, aunque se destacó el punto común de la exigencia de la revisión constitucional.

Los alfonsinos extrajeron la conclusión de que su convivencia en el seno del partido no había producido la esperada radicalización de las bases conservadoras, sino que había acentuado el aislamiento propio en beneficio del gradualismo del sector confesional menos identificado con la monarquía. En consecuencia, el 8 de enero de 1933, Goicoechea renunció a todos sus cargos en AP y el día 13 apareció el programa del nuevo partido alfonsino Renovación Española (RE), constituido oficialmente el 9 de febrero. En él se reiteró la voluntad de llegar a la unión de las derechas y se expuso un ideario estatalista, católico, constitucionalista y respetuoso de la tradición, más cercano del maurismo conservador que del carlismo o el fascismo.

Tras repetidas llamadas a carlistas, pseudofascistas de Albiñana, agrarios y miembros de AP para que se incorporaran a la nueva formación política, el 1 de marzo Goicoechea desgranó el ideario de la nueva entidad y propugnó la eliminación de la lucha de clases mediante el «fascismo». Aunque el partido no era totalmente inmune a la tentación fascistizante, en realidad RE contaba con dos corrientes perfectamente diferenciadas y crecientemente incompatibles: una conservadora autoritaria de raíz maurista y veleidades neotradicionalistas, liderada por Goicoechea, y otra más vinculada a las corrientes totalitaristas y de la extrema derecha europea, que defendía la idea de una instauración monárquica en la persona de don Juan de Borbón. Este fungiría como cabeza de un régimen dictatorial a mitad de camino entre el cristianismo corporativo austríaco o portugués y el estatismo fascista germano-italiano, pero con una monarquía «de nueva planta» y de «mando único». Tal alternativa autoritaria, con diversas gradaciones de radicalismo programático, fue aglutinada a partir de 1934 por José Calvo Sotelo, quien transformaría al Bloque Nacional impulsado en diciembre de este año en una entidad cada vez más autónoma del partido alfonsino y más interesada en el pacto dinástico con el sector minoritario del tradicionalismo representado por Rodezno. Con este se concertó el 20 de marzo de 1933 la creación de la oficina electoral TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española).

Como réplica a la creación de RE, AP lanzó una propuesta de unión confederal sobre las bases programáticas, expuestas por Gil Robles el 5 de enero de 1933. Comprendían el acatamiento del poder constituido según la enseñanza de la Iglesia, la «lucha legal contra la legislación persecutoria e inicua» y la omisión de toda definición relativa a las formas de gobierno, de suerte que cada socio quedaría en libertad de mantener íntegras sus convicciones y defenderlas fuera de la organización.

También se advirtió que los partidos u organizaciones que no coincidieran en los puntos señalados no podrían formar parte del nuevo proyecto político, aunque se «mantendrá relación amistosa y cordial con aquellos». Poco después nació la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en un congreso celebrado en Madrid entre los días 27 de febrero a 2 de marzo de 1933. Acudieron más de 400 delegados que representaban a 735 058 cotizantes y 17 organizaciones derechistas regionales. El factor común era su especial interés por la cuestión religiosa y su repulsa a las reformas que se emprendieron en la primera legislatura de la República. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

Con la creación de la CEDA, el modelo agregativo de la inicial AN dejó paso a una estructura política más descentralizada y de rasgos no democráticos. Gil Robles aseguró que

el parlamentarismo, es decir, la concentración de la soberanía en el Parlamento, ha traído como consecuencia la inestabilidad de los gobiernos, la debilidad del poder público y, como reacción inevitable, los golpes de Estado y las situaciones de fuerza.

Su crítica al Parlamento no fue seguida de una apuesta decidida por la organización de formas de gobierno sobre las bases del liberalismo democrático, sino sobre el sistema corporativo como forma de organización político-social teóricamente superior a la democracia inorgánica que reputaba «degenerada». Para alcanzar esa meta, se buscó la obtención de una mayoría parlamentaria suficiente para emprender la contrarrevolución desde el poder. Fiado del triunfo de esta «táctica» dirigida al vaciado democrático del Estado republicano, la CEDA acudió a la convocatoria electoral de 19 de noviembre de 1933 formando la Unión de Derechas y Agrarios con varios partidos derechistas, como los monárquicos RE y CT, con el fin de aprovechar las ventajas que la ley electoral otorgaba a las mayorías y bajo una plataforma política centrada en la revisión de la «legislación laica y socializante».

Se obtuvieron 115 actas y la CEDA se convirtió en la primera fuerza política en el Parlamento, pero lejos de la mayoría necesaria para formar Gobierno, ya que las formaciones coaligadas solo aglutinaron 188 diputados de un total de 472. En lo sucesivo, la táctica cedista iría encaminada a apoyar desde fuera a los gobiernos en minoría presididos por Lerroux, a quien se exigió que llevara a cabo lo esencial del programa derechista, para a continuación compartir responsabilidades de gobierno en el momento adecuado, desbancar posteriormente al líder radical y aprovechar el control de los resortes del Gobierno para convocar elecciones y obtener una mayoría holgada que permitiera abordar la revisión de la Constitución de 1931 en un sentido inequívocamente autoritario.

LA FALTA DE SINTONÍA Y LOS ENSAYOS

DE CONVERGENCIA DE LAS DERECHAS DURANTE EL

«BIENIO NEGRO»

La gran novedad en el segundo bienio fue la incorporación plena del fascismo al debate político, hasta el punto de que, como señaló en su momento Ramiro Ledesma, prácticamente todas las formaciones derechistas sucumbieron en mayor o menor medida a las tentaciones de la fascistización. Esta se entendió en buena parte de los casos como la radicalización de ideologías, organizaciones y repertorios de acción en el sentido de una mayor agresividad e intransigencia contra la República democrática y las formaciones de izquierda.

La aparición del fascismo como opción política tuvo mucho de artificioso. Al abrigo de la situación de ruptura del consenso social que caracterizó a la República, y alentados por los éxitos en Italia y Alemania, se desarrollaron nuevos grupos que podríamos calificar de tendencia «fascistizante avanzada», tanto en su voluntad de mimetizar pautas exteriores como en su interés por radicalizar planteamientos tradicionalmente conservadores. Sin embargo, tal fascistización no resultó homogénea y encontró evidentes dificultades de orden interno y externo. La heterogeneidad de las tendencias convergentes (el radicalismo pequeñoburgués del grupo de La Conquista del Estado, el sindicalismo ultracatólico de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y el ultraderechismo postprimorriverista de la primera Falange), la diversa extracción sociocultural de sus líderes (clase media intelectual de origen orteguiano en Ledesma o Giménez Caballero, catolicismo social agrario en Onésimo Redondo, aristocratismo antidemocrático y militarista en Primo de Rivera) y el carácter de late comer que tuvo dicha opción política en la escena española ayudan a explicar la dificultosa consolidación del fascismo español como partido y como alternativa cultural al conservadurismo campante en las derechas. En este contexto nada favorable para su despegue, el empleo sistemático de la violencia verbal o física frente a los rivales de derecha e izquierda actuó como un factor vital de cohesión interna y como un método de conquista de un espacio político propio.

Los grupos que reivindicaron abiertamente la titularidad del fascismo no tuvieron gran peso en la política republicana, pero sí jugaron un papel relevante en el proceso de desestabilización del Régimen por su mayor disponibilidad hacia el conflicto armado y, desde el punto de vista ideológico-teórico, por suponer el estadio más avanzado en el proceso de radicalización violenta de la derecha que generó el ambiente para la sublevación militar de 1936.

El conocido pasaje del discurso fundacional de Falange Española en el que Primo advirtió que «no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria» resulta un claro llamamiento justificativo a la utilización de la violencia, realizado ante un auditorio predominantemente derechista. Fue la evolución desfavorable de la coyuntura política la que permitió a Falange perfilar esa subcultura de la violencia, dándola mayores visos de originalidad.

El llamado «pacto de El Escorial», concertado con RE a fines de agosto de 1933 para patrocinar el naciente falangismo a cambio de compartir los principios antiliberales y reivindicar la «violencia lícita» contra los enemigos políticos, fue ratificado un año después con la condición de consolidar una milicia destinada eufemísticamente a «levantar la tónica espiritual del país». Durante todo el año 1934, Falange osciló entre el parlamentarismo y el modelo de partido-milicia. El ulterior desencanto o el desinterés de la extrema derecha alfonsina por Falange, y las sucesivas defecciones y escisiones que sufrió el partido entre julio y noviembre de 1934 (salida de los alfonsinos) y enero de 1935 (marcha de los jonsistas independientes de Ledesma), intentaron contrarrestarse a partir de este último año con un poco creíble giro a la izquierda y un ilusorio proyecto insurreccional en solitario plasmado durante la reunión de la Junta Política en Gredos en junio de 1935. El estancamiento de FE trató entonces de sublimarse por medio de un mayor radicalismo verbal, en el que el recurso al «estilo» resultó ser la mejor coartada para trascender la sensación de aislamiento a través del perfeccionamiento de una retórica embellecedora de la violencia.

El fascismo fracasó como alternativa política de masas en España por varias causas: sus debilidades internas; sus erráticos planteamientos estratégicos y tácticos; su dependencia casi permanente de los planes subversivos de la derecha reaccionaria y del Ejército y la actitud reticente de la derecha sociológica, que optó por una parcial radicalización desde planteamientos predominantemente conservadores. En estas condiciones, la pervivencia del fascismo español se debió muy probablemente a la necesidad que tenían ciertos sectores de la derecha de complementar la «división del trabajo» contrarrevolucionario con la creación de una fuerza de choque antiobrera que, como decía Gil Robles, «por sus características combativas pueda llegar a suplir, frente al poderío y violencia marxistas, las funciones del Estado, hoy vergonzosamente abandonadas por el Estado republicano».

La CEDA, que asumió los principios del corporativismo, el nacionalismo autoritario y el populismo rural, mantuvo durante el bienio la hegemonía política de las derechas en base a un programa de calculada ambigüedad. Algunos historiadores han destacado el fondo socialcatólico de su ideario, especialmente el de su tendencia más filorrepublicana (Manuel Giménez Fernández y Luis Lucia), pero otros han subrayado la radicalidad del movimiento que le situaba en los aledaños del fascismo, muy especialmente en lo que hace referencia a su organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP) creadas el 22 de febrero de 1932. Mientras tanto el grupo dirigente, encabezado por Gil Robles, profesó un conservadurismo corporativo de raíz autoritaria heredero del primorriverismo y émulo del salazarismo.

Durante todo el año 1935, la dirección de la CEDA y su sección juvenil mantuvieron una tensa relación centrada en la polémica respecto a los límites de la colaboración con el Régimen y el alcance de las medidas contrarrevolucionarias a desplegar desde el poder. El paulatino agotamiento de la táctica legalista no supuso un fortalecimiento del papel de la JAP en el seno del partido, sino el comienzo de su propia decadencia, lo que supone un significativo indicio para calibrar su naturaleza conservadora y una constatación de los límites de su radicalismo verbal. En realidad, Gil Robles nunca alimentó planes de insurrección sobre la base de esas masas juveniles, sino que su recurso de fuerza se centraba en el resorte clásico del conservadurismo oligárquico: el Ejército como defensor del orden establecido. La CEDA nunca fue un conglomerado político homogéneo ni democrático y la JAP utilizó de forma contradictoria conceptos y valores tomados del fascismo, pero con una evidente intencionalidad reaccionaria.

Uno de los logros más reseñables de la táctica cedista fue la división y la virtual anulación del monarquismo alfonsino. La intención de RE era prolongar la Unión de Derechas más allá de las elecciones y comprometer a Gil Robles en la inmediata transformación autoritaria del Estado. Pero, tras los comicios, la CEDA decidió romper la coalición en medio de la indignación de los monárquicos que habían obtenido 34 escaños: 20 carlistas y 14 de RE. El exrey Alfonso decidió actuar en consonancia con el auge político del accidentalismo e impuso, de acuerdo con Gil Robles, una tregua en la hostilidad de los monárquicos contra la táctica cedista de agotamiento de las posibilidades de actuación dentro del marco legal republicano. Con la adopción de este compromiso, el antiguo monarca mermó de forma significativa las posibilidades de crecimiento de RE.

La ruptura de la Unión de Derechas por la voluntad de cedistas y agrarios a acercarse al lerrouxismo potenció la tendencia al antiparlamentarismo de carlistas y alfonsinos y acarreó sendas crisis de sus aparatos partidistas: en la CT en abril y en RE en el verano de 1934. Alejada de toda posibilidad de influir directamente en el Gobierno, RE se mantuvo a la espera del fracaso de la táctica cedista, afirmando sus posiciones políticas específicas (la monarquía como medio fundamental para evitar la revolución) y avanzando lentamente en sus trabajos conspirativos.

Calvo Sotelo, que había vuelto a España el 4 de mayo de 1934 como beneficiario de la ley de amnistía promulgada el mes anterior, comenzó a esbozar en la tribuna parlamentaria y en la prensa todo un programa de acción contrarrevolucionaria que contrastaba, por su rigor teórico de influjo maurrasiano, su carácter instauracionista y su sentido práctico, con el «tradicionalismo mágico», autoritario, retórico y nostálgico de la «vieja guardia» alfonsina reunida en torno a Goicoechea. Las expectativas de Calvo Sotelo se cifraban en movilizar a los diferentes grupos de la extrema derecha en un frente común de carácter fascistizante, aunque no quedó claro el propósito de esa fascistización. Todo ello agudizó las contradicciones entre los neoconservadores que dominaban RE y los derechistas radicales reunidos en torno al político gallego, en el preciso momento en que el conde de Rodezno perdía la dirección del carlismo.

A pesar del extraordinario desarrollo que había experimentado la Comunión Tradicionalista desde 1931, su estructura de mando (liderada por una Junta Delegada que mantenía el equilibrio de tendencias al estar compuesta por Rodezno, Pradera, Lamamié y Oriol) continuó desarrollando una actividad eminentemente parlamentaria y propagandística, sin demasiado interés por el encuadramiento de la militancia más joven en organismos activistas. El avance de la CEDA y el paralelo estancamiento carlista a partir de 1933 dejaron al descubierto la ineficacia del gradualismo preconizado por Rodezno, quien no dejaba de insistir en la necesidad de una sintonía con alfonsinos y fascistas. Ello, unido al fracaso de las negociaciones para la unión dinástica, acentuó el malestar en las bases tradicionalistas, especialmente las de menor edad, que reclamaron una reorganización del partido a todos los niveles e impusieron a partir del 3 de mayo de 1934 el liderazgo del joven abogado andaluz Manuel Fal Conde.

Las relaciones con los alfonsinos se interrumpieron abrupta y oficialmente, pero la vieja guardia jaimista, encastillada en sus cargos, sobre todo en el país vasconavarro, fue a partir de entonces un constante obstáculo para la plena realización del proyecto de renovación impulsado por Fal, ya que asumió iniciativas al margen de los máximos órganos rectores de la Comunión. Esto se puso de manifiesto en la crucial primavera de 1936. El «nuevo estilo» de Fal, antialfonsino, antiparlamentarista, centralizador y movilizador de esfuerzos, que algunos tildaron de «fascistoide», no fue bien recibido por los caciques comarcales, acostumbrados a la vida sosegada y fatalista de la Restauración, y que vieron con singular recelo las tareas para transformar al carlismo en un partido de masas moderno y disciplinado: un partido «movimentista» o partido-milicia que podía brindar el necesario apoyo popular a los sectores provenientes del establishment conservador para «cerrar el paso a la revolución». A cambio recibiría respetabilidad y apoyo material para participar en la coalición contrarrevolucionaria que aspiraba a la conquista del poder por medios violentos.

Durante la revolución de octubre, las estrategias particulares de la derecha (la desactivación legal de la República propugnada por la CEDA, el derrocamiento abierto del Régimen mediante una insurrección acariciada por el carlismo, la repetición del proceso restauracionista de conquista del poder alentada desde el alfonsismo o la lucha callejera del falangismo) se sacrificaron en favor del apoyo al Estado en la dura prueba revolucionaria. El carácter de secreto a voces que tuvo la asonada obrera permitió a las distintas formaciones derechistas preparar sus instrumentos de movilización, que pasaron a ejercer funciones de tradicional «guardia cívica» contra los efectos de la huelga general o, en casos de extrema gravedad, a actuar como tropa auxiliar del Ejército y la policía en las zonas insurgentes.

Tras la revolución, los alfonsinos reclamaron una represión ejemplar y Calvo Sotelo propuso la convergencia contrarrevolucionaria de todos los grupos de la extrema derecha bajo su mando. El manifiesto del Bloque Nacional, hecho público el 8 de diciembre de 1934, iba dirigido a los sectores más acomodados de la sociedad a los que se prometía no una monarquía, sino un Estado autoritario capaz de imponer por la fuerza la paz social en aras de un supuesto «concepto unitario del interés nacional». El proyecto instauracionista de Calvo Sotelo se cifró en alcanzar un «período intermedio» durante el cual se impondría una dictadura militar, se realizaría una profunda reforma de la representación política con exclusión de las opciones de centro y de izquierda y se convocarían unas Cortes por sufragio corporativo. Esta cámara fijaría las leyes y preceptos fundamentales y, tras la convocatoria de un referéndum, confirmaría la implantación de una monarquía neotradicionalista a la cabeza de un «Nuevo Estado» de corte totalitario.

Ahora bien este conato de organización de un amplio movimiento contrarrevolucionario fracasó prácticamente desde sus inicios: el número de cedistas que se pasó al Bloque fue muy escaso, dadas las esperanzas que aún despertaba la colaboración gubernamental y las críticas que Gil Robles hizo al proyecto. La CT tampoco se sintió especialmente atraída por tal programa totalitario, sin contar con la ausencia de definición monárquica. El propio partido alfonsino aceptó con reticencias la iniciativa tras un mensaje del exrey a Goicoechea y las garantías dadas por los «bloquistas» de respetar la independencia de RE. En cuanto a Falange, la ruptura de su pacto con los alfonsinos y su «izquierdización» después de la revolución de octubre la disuadió de participar en un común proyecto contrarrevolucionario. Esto precipitó la salida de los más moderados (encabezados por el marqués de la Eliseda, principal apoyo financiero del grupo) hacia el campo «bloquista».

Cuando la coalición radical-cedista se rompió a mediados de diciembre y se convocaron nuevas elecciones, RE y el Bloque se dispusieron a actuar en la primera línea de fuego. El alfonsismo afrontó los comicios como la antesala de un vasto movimiento involucionista. Un manifiesto del Bloque fechado el 25 de diciembre identificó la República con la revolución y propuso la creación de un frente contrarrevolucionario dirigido explícitamente a acabar con la República democrática. Durante la campaña, Goicoechea y Calvo Sotelo propagaron un mensaje guerracivilista que alentaba el levantamiento del Ejército como «la nación en armas» contra un gobierno antipatriótico y contra los «enemigos de España»: marxismo, laicismo, separatismo y masonería.

El resultado de los comicios fue, sin embargo, decepcionante: el Bloque Nacional logró solo doce escaños y el triunfo de las izquierdas reafirmó a los monárquicos en su actitud antidemocrática. La estructura partidaria del alfonsismo inició a partir de ese momento una rápida descomposición: el 19 de marzo, la Junta Directiva de RE, tras conocer la defección del BN de los carlistas (que habían logrado nueve diputados), decidió romper todo vínculo de unión con los otros grupos derechistas, reclamando libertad de acción y dando la puntilla al proyecto unitario calvosotelista. [→ FRENTE POPULAR].

RE se reunió por última vez el 22 de abril, acosada por las deudas y el transfuguismo hacia su antaño protegido falangista. Algo parecido sucedió con la CEDA, que durante la campaña no quiso presentar una alternativa política clara que aglutinase en torno suyo a las fuerzas conservadoras y cuyo fracaso electoral (obtuvo 88 escaños) arrastró a buena parte de sus masas, especialmente las más jóvenes, hacia la ruptura definitiva con los principios democráticos. Pero su trasvase hacia organizaciones violentas como el Requeté o la Primera Línea de Falange fue insuficiente, tardío e ineficaz. Conscientes de su inoperancia en aquella coyuntura de crisis, la CEDA aceptó desempeñar un papel de comparsa en la preparación de un golpe que contó con cierta ayuda «cívica» en la conspiración y el fomento del clima de inseguridad propicio para justificar la acción «salvadora» de las Fuerzas Armadas.

LA DERIVA CATASTROFISTA DE LAS DERECHAS DURANTE

EL FRENTE POPULAR

La derrota electoral precipitó la crisis de representación de la CEDA en paralelo a la merma de autoridad de Gil Robles, quien reconoció la defección de sus juventudes hacia el falangismo y el carlismo. En un nuevo giro hacia la radicalidad, la CEDA optó por el boicot a la vida institucional republicana aunque el 19 de marzo, bajo presiones de Giménez Fernández, los diputados se declararon en favor del mantenimiento de la legalidad entonces vigente. Sin embargo, en mayo, Gil Robles ya se había incorporado a la conspiración entregando a Mola medio millón de pesetas de los fondos electorales del partido y el 2 de junio vetó la participación de representantes cedistas en las negociaciones para la constitución de un gobierno de amplia base presidido por Indalecio Prieto.

Los alfonsinos retomaron con redobladas fuerzas la vía insurreccional. De la mano de las provocaciones de Calvo Sotelo convirtieron las Cortes en palestra de un mensaje catastrofista que alentó sin rebozo alguno la intervención militar. Fue entonces cuando el discurso político de las derechas, que no habían tenido reparo en hablar de «contrarrevolución» y «reacción» durante la campaña electoral, alcanzó su caracterización definitiva, que se mantendría durante la guerra y la posguerra. Un discurso beligerante fundamentado en la maniquea contraposición de símbolos: «civilización o barbarie», «por España o por Rusia», «la bandera española contra la bandera roja», «cruz por un lado, de otro la hoz y el martillo», «el voto contra el puño», etc. El apoyo a la conspiración y la inculcación de un ambiente guerracivilista que comprometiera y destruyera la normalidad democrática fueron las principales misiones de los monárquicos hasta el 17 de julio.

Aquella primavera, Falange contempló el ingreso masivo de jóvenes conservadores en sus filas. Tras la detención de su Junta Política el 14 de marzo y su ilegalización tres días más tarde, la Falange clandestina optó por dos tácticas violentas dependientes de un proyecto insurreccional de más amplio calado: la acción terrorista con fines desestabilizadores, aunque también defensivos, y la acción conspirativa, con la decisión última de aceptar el plan subversivo propuesto por el Ejército. La táctica que Primo asignó a Falange en aquella hora crucial no fue la toma del poder por sus propias fuerzas, sino el fomento del ambiente propicio para una intervención militar que podía ser «reconducida» en su vertiente ideológica por Falange hasta la instauración de un «régimen revolucionario nacional-sindicalista». A la postre, Primo acabó por sumarse sin condiciones al levantamiento militar el 29 de junio.

El fracaso electoral de la derecha acabó por convencer a la Comunión Tradicionalista de la necesidad de emprender en solitario la aventura insurreccional y a tal efecto aceleró la organización de sus milicias. Fal Conde, que a fines de 1935 vio reforzada su posición con el nombramiento de jefe delegado, negoció ásperamente con Mola mientras trataba de convertir al voluble Sanjurjo en su valedor para precipitar un levantamiento cívico-militar netamente tradicionalista. Pero las conversaciones de Mola con los dirigentes carlistas navarros a espaldas del jefe delegado y de la Junta de Guerra carlista radicada en San Juan de Luz dejaron expedito el camino a la colaboración, aunque su resultado también limitó la autonomía política del movimiento cuyo liderazgo e influencia política fueron debilitándose a lo largo de la guerra civil.

CONCLUSIÓN

La implantación de un marco político democrático en 1931 impuso una absoluta renovación de los modos de actuación política de las diversas corrientes de la derecha no identificadas con la República. La opción escogida por la mayor parte de los grupos fue la radicalización. Esta se puso de manifiesto en aspectos muy diversos, como la adopción de estructuras organizativas disciplinadas, especializadas, jerarquizadas y con vocación totalizante; en unas formas de liderazgo «fuerte» legitimado por el carisma o en el desarrollo de ideologías catastrofistas, excluyentes y rupturistas. Se percibió sobre todo en la adopción de unas estrategias de movilización de carácter marcadamente agresivo, que agudizaron la tensión entre moderados y radicales en la práctica totalidad de los grupos de la derecha. En este sentido, la equivalencia radicalización=fascistización se justifica en la medida en que describe sobre todo una táctica de lucha política, una adopción de rasgos externos (lo que en terminología falangista quedó definido con el etéreo concepto del «estilo»: parafernalia y estructura castrenses; culto a la jefatura carismática; fórmulas, consignas y eslóganes pseudorrevolucionarios; elitismo y aspiración a la movilización de masas; retórica obrerista e interclasista; ultranacionalismo violento, etc.) y una cierta mimesis de los elementos privativos de la ideología fascista (nacionalismo extremo con el objetivo de la movilización de masas, Estado autoritario o totalitario, imperialismo activo, cultura o filosofía antimaterialista, antiliberalismo, anticomunismo, anticonservadurismo, etc.). Su evidente incorporación al acervo teórico de los grupos de derecha no significa que predominaran en el subconjunto doctrinal propio de cada colectivo afectado. En realidad, el fascismo no solo era una forma de hacer «atractivo» al conservadurismo para las masas neutras con un pretendido aire de «modernidad», sino sobre todo un modelo de eficacia contrastada a la hora de conseguir el poder desarticulando las formaciones de izquierda (sobre todo la obrera) y destruyendo por ende el sistema democrático. Algo que las derechas contrarrevolucionarias lograron en España al precio de subordinarse por décadas a la hegemonía institucional de las Fuerzas Armadas y al dictado del futuro jefe del Estado.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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CONSPIRACIONES

EL ACOSO ARMADO DE LAS DERECHAS A LA

DEMOCRACIA REPUBLICANA

por

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA

Desde el mismo 14 de abril fuerzas de la derecha pretendieron subvertir o derribar al nuevo régimen por medio de la violencia. El intento de golpe militar de 1932, los continuos preparativos insurreccionales de monárquicos y fascistas (estimulados en ocasiones por el «ciclo revolucionario» anarquista de 1931-1934 y por el octubre obrero de 1934), son muestras palpables del acoso permanente a que se vio sometido el régimen democrático desde distintos ángulos. Fueron, en último término, los diferentes sectores de la derecha contrarrevolucionaria los que persiguieron con mayor ahínco la destrucción de la República democrática y actuaron acumulativamente en tal dirección, si bien divergieron ocasionalmente en el modo de llevarla a cabo y en la naturaleza del sistema político resultante de sus esfuerzos subversivos.

El rasgo más relevante fue la acusada militarización. En este sentido, los insistentes mensajes militaristas que lanzaron los distintos grupos de derechas, simbolizados en la metáfora calvosotelista del Ejército como columna vertebral de la patria, acabaron por justificar la intervención pretoriana del sector más reaccionario de las fuerzas armadas, cuyo proyecto contrarrevolucionario se combinó con las aspiraciones del sector más radicalizado y fascistizado de los elementos civiles y acabó plasmándose en un régimen castrense con voluntad de perdurar.

LAS CONSPIRACIONES CONVERGENTES EN LA

«SANJURJADA»

Las primeras conspiraciones contra la República las protagonizaron fuerzas políticas en declive, que asumieron redes de influencia, compromisos y proyectos subversivos heredados de la oposición a Primo de Rivera y a Alfonso XIII, con un carácter revolucionario o involucionista. Mientras que algunos grupos de la extrema izquierda trataron de impedir la consolidación de la República «burguesa» (en la intentona de Tablada y el «ciclo insurreccional» anarquista), otros sectores conservadores aglutinados a fines de los años veinte en la lucha contra la Dictadura (en concreto, los constitucionalistas y los republicanos radicales) trataron el 10 de agosto de 1932 de limitar el contenido democrático de la misma.

A la derecha de la alianza de gobierno republicano-socialista, los viejos liberales constitucionalistas que habían llevado el peso de la lucha contra Primo de Rivera conservaron una red conspirativa que se mantenía virtualmente intacta desde el nonato golpe de Goded en enero de 1930. La alianza subversiva entre grupúsculos castrenses y los «monárquicos sin rey» no se rompió con la proclamación de la República, sino que se mantuvo como un factor residual hasta la fallida acción de Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1932.

La «Sanjurjada» fue el resultado de la convergencia entre la conspiración que la extrema derecha carlista y alfonsina estaban tejiendo en el exilio francés, las maniobras de los antiguos constitucionalistas relegados en la escena política tras el 14 de abril y los turbios manejos de los radicales lerrouxistas. Estos últimos pretendían derribar al gobierno republicano-socialista, disolver las Cortes Constituyentes, frenar las reformas emprendidas por el gobierno Azaña y reconducir la República hacia derroteros moderados e incluso pactistas con las fuerzas monárquicas, que participaron en el complot deseosas de acelerar el proceso de restauración. La intentona fue sofocada con rapidez en la madrugada del 10 de agosto en Madrid. Tras conocerse el fracaso en la capital, Jerez y Cádiz, y verse amenazado por la huelga general de las organizaciones obreras, Sanjurjo huyó de Sevilla veinticuatro horas más tarde. Los activistas alfonsinos renunciaron temporalmente a la conspiración e invirtieron un depósito de dinero, gestionado por el conde de los Andes, en la compra de armamento en Amberes por iniciativa del general Ponte, en el apoyo a los nacientes grupos fascistas y en la captación de militares a través del teniente coronel Valentín Galarza, en una operación que fue el origen de la Unión Militar Española (UME).

La frustración de este redressement republicano en sentido conservador (causa que luego retomarían Lerroux en el segundo bienio y políticos como Miguel Maura y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román durante el Frente Popular) trajo consigo el definitivo ocaso del pronunciamiento como modelo subversivo válido para civiles y militares. Desde entonces, el modelo de intervención militarista violenta adoptaría los contornos, más técnicos y expeditivos, del golpe de estado.

LA CONSPIRACIÓN PERMANENTE DE LAS DERECHAS

CONTRARREVOLUCIONARIAS

Sin duda alguna, las diversas formaciones de la derecha que no se identificaron con los valores democráticos del régimen republicano fueron las que emplearon de forma más persistente la vía de la conspiración para subvertirlo. Bien es cierto que esa actividad se plasmó en diversos modelos de contrarrevolución: el carlismo actualizó su tradicional modelo insurreccional guerracivilista como antesala de la instauración monárquica, y a tal fin tentó la aproximación dinástica con los alfonsinos, prosiguió los trabajos conspirativos del Comité de Acción creado por don Jaime en París en 1930 y perfeccionó la estructura paramilitar del Requeté con el apoyo de militares retirados como el entonces coronel Varela.

El posibilismo católico representado por la CEDA trató de crear un movimiento de amplia base que no renunciase a frenar la «revolución» dentro de la legalidad. Su estrategia política se inspiró en los antecedentes ya existentes en Europa (Portugal y Polonia en 1926, Austria en 1934) de «vaciado» legal del régimen democrático a través de un proceso de transformación autoritaria, antiparlamentaria y corporativa «desde dentro» y con el apoyo decisivo de las fuerzas armadas; es decir, una toma del poder inspirada más en la Machtergreifung hitleriana de 1933 que en un modelo subversivo de masas del tipo de la Marcha sobre Roma. Este último fue la referencia constante para los grupos que reivindicaron abiertamente la titularidad del fascismo español, cuya mayor disponibilidad hacia el conflicto armado trató de canalizarse a través de un movimiento nacionalista revolucionario dirigido por un partido-milicia.

De entre los grupos de derecha, los monárquicos leales al rey destronado en 1931 fueron los más tempranos, activos e impenitentes conspiradores. Si para la CEDA el proceso involucionista debía pasar por el trance previo de un refrendo electoral, los alfonsinos trataron de desencadenar el proceso inverso: ayudar a la implantación de una dictadura militar provisional que contribuyese a generar el estado de opinión propicio para la restauración de la Monarquía por medio de un sufragio amañado. Este proyecto conspirativo, situado a mitad de camino entre la restauración de fines de 1874 y el coup de forcé maurrasiano, fue el primero en plasmarse y el más insistentemente desplegado a lo largo de toda la República. A tal fin, se abordaron cuatro estrategias complementarias: en primer lugar, se elaboraron complejas justificaciones de la rebeldía y del militarismo a través de Acción Española y otras organizaciones culturales y medios de prensa afines, que actuaron como portavoces de un discurso de la rebelión antidemocrática que alcanzaría durante la guerra su plena caracterización en los documentos episcopales sobre la «Cruzada». [→ IGLESIA].

En segundo término, se buscó el apoyo del fascismo italiano en sucesivas misiones (las del general Emilio Barrera en febrero de 1932, el aviador Juan Antonio Ansaldo en abril del mismo año y Calvo Sotelo en febrero y otoño de 1933) que desembocaron en el acuerdo que los representantes alfonsinos y carlistas desplazados a Roma firmaron con Mussolini el 30 de marzo de 1934. Este previó la concesión de ayuda en armas (10 000 fusiles, dos millones de cartuchos y cien cajas de bombas) y dinero (500 000 pesetas) para la ejecución de un golpe de estado reaccionario a cambio de la concertación de un pacto de amistad con el futuro gobierno rebelde.

En tercera instancia, se buscó la instrumentalización de otras organizaciones políticas que aportaran el necesario potencial ofensivo. De aquí los azarosos intentos de capitalización de la agitación clerical vasconavarra del verano de 1931 (con ofertas de apoyo a José Antonio Aguirre para una movilización insurreccional de los mendigoizales del PNV) y del golpe del 10 de agosto de 1932, la búsqueda de un pacto estable con el tradicionalismo, el temporal control del aparato paramilitar de Falange entre agosto de 1933 y noviembre de 1934 o la creación frustrada de una juventud y unas milicias sobre la exigua base juvenil del Bloque Nacional.

Por último, se trató de capitalizar el descontento militar contra las reformas y el propio régimen republicano mediante la difusión de una doctrina militarista (presente en los artículos de La Correspondencia Militar, la teoría de la monarquía militar de Maeztu y el appel au soldat de Calvo Sotelo) y el fomento práctico del golpismo a través de la constitución de una Junta Militar liderada por los generales Barrera y Orgaz a partir de junio de 1931, y desde inicios de 1933 por Sanjurjo y Galarza. Este último facilitó el apoyo económico y la impregnación ideológica necesarios para la creación de la sociedad secreta UME, surgida como reacción frente al gobierno republicano-socialista tras los sucesos de Casas Viejas y dirigida por jefes de obediencia monárquica como Emilio Rodríguez Tarduchy, Valentín Galarza o Bartolomé Barba Hernández, aunque también había un sector republicano conservador completamente fiel al presidente Alcalá-Zamora.

Estas cuatro tareas fueron culminadas de forma muy desigual: las propuestas teóricas para la subversión no concitaron la adhesión unánime de la Iglesia católica y de los grupos políticos antirrepublicanos; la subvención de Mussolini (que había perdido interés por España tras el acuerdo antigermano firmado con Pierre Laval el 4 de enero de 1935) no pasó de discreta; el alejamiento del carlismo liderado por Manuel Fal Conde desde mayo de 1934 y la sistemática negativa de la CEDA a apoyar un programa contrarrevolucionario explícito frustraron la tan ansiada creación de un frente antirrepublicano. Tampoco se logró la satelización permanente de organizaciones combativas como el Requeté carlista o la Primera Línea falangista, que a mediados de 1935 diseñaron proyectos insurreccionales por cuenta propia.

En concreto, las autoridades tradicionalistas comenzaron en julio-agosto de 1934 a enviar a las cercanías de Roma a medio centenar de oficiales del Requeté que fueron adiestrados por militares italianos en el manejo de armamento moderno, táctica militar y guerrilla urbana con vistas a un alzamiento. Del lado falangista, la Junta Política se reunió en el Parador de Gredos los días 15 y 16 de junio de 1935 con el objetivo de debatir una insurrección impulsada por el partido como avanzadilla política e ideológica de un movimiento nacional más amplio, para el que se contaba con el apoyo de los carlistas y los militares de la UME. El plan, con todas las reticencias expuestas por José Antonio Primo de Rivera, quería ser el acicate para una posible insurrección militar, jugando la baraja del prestigio de un misterioso general —seguramente Sanjurjo— e invocando el «honor y el amor a España». Era, de hecho, un plan de «Marcha sobre Madrid» similar a las realizadas por los generales Pilsudski sobre Varsovia y Gomes da Costa sobre Lisboa en mayo de 1926, o por Kurt M. Wallenius y el movimiento agrario-fascista Lapua sobre Helsinki en febrero de 1932. Consistía en la concentración de efectivos en un punto (primero Fuentes de Oñoro y luego Toledo) de fácil defensa y retirada ante la eventualidad de un fracaso, la difusión de un llamamiento «patriótico» a la salvación nacional apoyándose en esa postura de fuerza y el apoyo a un golpe militar que instauraría un régimen nacionalista autoritario. El plan falangista estuvo a punto de llevarse a cabo en relación con las presiones realizadas por los militares sobre Gil Robles para la ejecución de un golpe de estado en el momento de su alejamiento del Ministerio de la Guerra en la segunda quincena de diciembre de 1935.

A la larga, la baza subversiva tutelada con mayor mimo por los alfonsinos —y a la que se adhirió gran parte de la CEDA desde fines de 1935— fue el pronunciamiento militar tradicional, aunque caracterizado por la posición hegemónica y la fuerte autonomía programática del Ejército. El alfonsismo no llevó la iniciativa en la conspiración y la insurrección de 1936, pero otorgó cobertura teórica involuntaria a la institucionalización del caudillaje y de un régimen militar duradero, cuya impregnación de los valores del monarquismo autoritario seguía siendo, a pesar de todo, muy limitada.

La convergencia de los militares antirrepublicanos y los partidos contrarrevolucionarios en un programa de destrucción de la República fue una tarea ardua, pero dio un paso decisivo con la lucha común frente a la rebelión obrera de 1934. Tras Octubre, las fuerzas armadas revalorizaron lo suficiente su papel político y legitimaron su intervención en la crisis del Estado como para resucitar añejas actitudes pretorianas. Esta reactivación del intervencionismo militar no solo se debió a los insistentes llamamientos procedentes de la derecha, sino al desarrollo de una sociedad secreta de marcado carácter corporativo como fue la UME y a la gestión sectaria de Gil Robles, que desde su llegada al Ministerio de la Guerra en mayo de 1935 facilitó el acceso al mando de los generales conservadores de procedencia africanista, que en contacto con la UME impulsaron la depuración de la oficialidad profesional más identificada con la República.

Las sucesivas crisis políticas que precipitaron el final del segundo bienio tuvieron un evidente sesgo conspirativo desde este sector militar. Entre el 18 de octubre y el 1 de diciembre de 1934 cundieron rumores de una «marcha hacia Madrid» de las fuerzas de ocupación de Asturias con el propósito de destituir al presidente Alcalá-Zamora (empeñado en indultar a los militares implicados en el levantamiento de la Generalitat) e imponer un directorio militar liderado por Sanjurjo. El 11 de diciembre de 1935, en plena tormenta suscitada por el inminente relevo de Gil Robles de la cartera de Guerra, el subsecretario Joaquín Fanjul le propuso un golpe de estado. El líder cedista no le disuadió, sino que le encargó consultar con el jefe del estado mayor central, general Franco, pero no hubo acuerdo porque los políticos no estaban dispuestos a asumir desde un principio la responsabilidad de un movimiento y porque el Ejército seguía dividido y en posición mayoritariamente absentista.

Una nueva intentona golpista se desarrolló en el proceso de transmisión del poder al gobierno del Frente Popular: a medianoche del 16 de febrero de 1936, Franco pidió al inspector de la Guardia Civil, general Pozas, que influyera cerca del ministro, general Molero, para la inmediata declaración del estado de guerra, petición que fue desestimada por el presidente del Consejo previa consulta con el de la República. A primera hora de la mañana del 17, Goded trató de sublevar el cuartel de la Montaña, pero tras fracasar se reunió en el Ministerio con Fanjul y Rodríguez del Barrio (inspector general del Ejército), y entre los tres convencieron a Franco para que sondease el espíritu de las guarniciones, que arrojó un resultado descorazonador. Aunque en el Consejo de Ministros que se celebró a mediodía Pórtela consiguió la conformidad de Alcalá-Zamora para declarar el estado de guerra (que fue impuesto en provincias como Granada y Murcia), a media tarde el jefe del Estado volvió de su acuerdo anterior y prohibió a Pórtela cursar las órdenes de declaración de la ley marcial.

En una reedición de los cabildeos de Palacio del 14 de abril de 1931, Pórtela fue presionado por Calvo Sotelo, Gil Robles y varias veces por Franco para imponer el estado de excepción pero, como entonces, también faltaba la unidad moral en el Ejército para asumir el poder. La tensión militar de aquellos días estalló a las 6 horas en un intento frustrado de rebelión en Cuatro Vientos. Entre las 14:30 y las 15 horas del día 19, Pórtela aún mantuvo una última entrevista con Franco: el general intentó dar marcha atrás asegurando que estaba al margen de toda maniobra política y Pórtela se reafirmó en su postura de dejar inmediatamente el poder, lo que provocó las iras del todavía jefe del estado mayor. El tercer intento serio de golpe tras la revolución de octubre había fracasado. A las 16 horas, Azaña se dirigió al Palacio Nacional donde Alcalá-Zamora le encomendó la formación de Gobierno, efectuándose definitivamente la transmisión de poderes al nuevo gabinete a las 21 horas. [→ FRENTE POPULAR].

LA «GRAN CONSPIRACIÓN» DE LA PRIMAVERA DE 1936

Fracasado este nuevo intento de «golpe blando», durante la primavera el sector más reaccionario del Ejército abandonó definitivamente sus escrúpulos legalistas, espoleado por los agravios reales o ficticios infligidos por el Gobierno en la inhibición ante las frecuentes colisiones entre civiles y militares (especialmente graves el 14 de marzo en Logroño o el 15 de mayo en Alcalá de Henares), la detención de oficiales desleales y la confección de listas de sospechosos, los ceses y traslados masivos, los registros de instalaciones militares, la declaración de disponibles forzosos y la política de ascensos, amén de los recortes presupuestarios.

Tras la destitución de Alcalá-Zamora el 7 de abril, la rebeldía castrense cobró una nueva dimensión, ya que se incorporaron al complot algunos generales descontentos pero de notoria trayectoria republicana como Cabanellas o Queipo de Llano y el sector más moderado de la UME, que fue extendiendo sus tentáculos en Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Galicia, Marruecos y San Sebastián. Los contactos se intensificaron de forma casi natural: la primera reunión conspirativa se había celebrado en el domicilio del general Barrera a inicios de 1936, con intervención de representantes de la Junta Superior de la UME y varios delegados de divisiones orgánicas, aunque ya desde la intentona fallida de la segunda semana de diciembre de 1935 funcionaba una junta oficiosa de generales dirigida por Goded y Rodríguez del Barrio, e integrada además por Orgaz, Varela, Ponte, Villegas, Fanjul y Fernández Pérez.

Esta junta designó como jefe supremo a Sanjurjo, quien a inicios de marzo de 1936 visitó Berlín para la adquisición de armas, aunque no obtuvo el deseable grado de implicación de unas autoridades demasiado absorbidas por la remilitarización de Renania. La Junta de Generales pasó a estar presidida por Rodríguez del Barrio al ser destinado Goded a Baleares y celebró una nueva reunión el 9 de marzo en casa del cedista José Delgado y Hernández de Tejada, candidato por Madrid en las elecciones del mes anterior. Este conciliábulo de generales retomó los contactos conspirativos del 11 de diciembre de 1935 y discutió los planes alternativos que se habían diseñado en enero: un alzamiento centrípeto basado en la convergencia sobre Madrid desde las provincias (González Carrasco desde Barcelona, Villegas desde Tarragona o Fanjul desde Burgos) y otro centrífugo, cuyo elemento desencadenante sería un golpe de estado en la capital.

La entrevista duró cinco horas, y en ella Varela y posiblemente Galarza propusieron un golpe de mano contra el Ministerio de la Guerra, donde se capturaría al general Masquelet, mientras grupos dirigidos por Orgaz tomaban la Capitanía General y el Ministerio de Marina, y otros implicados, al mando del almirante Ramón de Carranza, ocupaban Correos y el Banco de España. Pero este plan de golpe de mano fue rechazado por Mola (partidario del plan de sublevación en provincias para converger sobre la capital) y por Franco como demasiado aventurado. Lo único que se acordó fue que si el Gobierno disolvía el Ejército o la Guardia Civil, estallaba la fantasmal «insurrección comunista» o se alzaba una guarnición, se emprendería el golpe «por España, sin ninguna etiqueta determinada».

A pesar de las iniciales reticencias, se aceptó el plan subversivo de Varela y Orgaz, consistente en una sublevación en Madrid para los días 19 o 20 de abril, en la que se contaba con el apoyo de la UME, con quien la Junta de Generales había mantenido contactos iniciales en enero de 1936 en la reunión celebrada en casa del general Barrera. Fanjul, director entonces de la Junta de Generales de Madrid, contactó a través de Rodríguez del Barrio con la UME, a quien se propuso el 17 de abril, en una reunión celebrada en la casa del general González Carrasco en La Guindalera, un golpe para el día 20, aunque otros autores hablan del 14, el 17 y el 19 de ese mes; es decir, en los aledaños de la tumultuosa celebración del V aniversario de la República que tan graves consecuencias pudo tener para la continuidad del Régimen.

El día 19, víspera del golpe, se enviaron instrucciones a la Junta Central de la UME de Madrid para que las tropas quedaran concentradas en los cuarteles a las órdenes de Rodríguez del Barrio, aunque la organización secreta militar no se mostró muy conforme con esta iniciativa de los generales, ya que dudaba de la capacidad de un general que se encontraba gravemente enfermo. Con todo, secundó la movilización, al igual que las milicias de FE, el Requeté y otros grupos políticos, pero el plan fracasó por la falta de precaución de Varela (quien fue detenido), la indecisión de Rodríguez del Barrio, la estrecha vigilancia policial sobre los militares conspiradores, las medidas punitivas tomadas por el Gobierno contra la oficialidad insurrecta tras los tumultos callejeros del 16 de abril, y la puesta en guardia de las organizaciones del Frente Popular tras las llamadas a la acción enérgica efectuadas por el diputado comunista José Díaz el día 18.

El fracaso de esta tentativa llenó de indignación a los falangistas y requetés implicados y acarreó la destitución de Rodríguez del Barrio y una nueva deportación de Orgaz a Canarias, mientras que Varela era confinado en Cádiz y Villegas, Saliquet, González Carrasco y Fanjul fueron declarados disponibles forzosos.

Sin embargo, la intentona de abril no tuvo un saldo absolutamente negativo, ya que permitió la vinculación cada vez más estrecha de la UME a los planes de la Junta de Generales y demostró la creciente subordinación de las organizaciones políticas de derecha respecto a la alternativa insurreccional diseñada por el Ejército. Ello parecía evidente en el caso de RE y la CEDA, pero existían indicios para suponer una predisposición similar en Falange y el carlismo, que habían optado por colaborar de forma secundaria en la intentona a pesar de estar ultimando sus propios planes insurreccionales. En concreto, aquella primavera Fal Conde estrechó sus relaciones con Sanjurjo y preparó desde una recreada Junta Suprema Militar Carlista radicada en San Juan de Luz un plan insurreccional que, según el jefe delegado, consistía en lo siguiente:

Mirando a los acuerdos con Italia y Portugal y a un eventual instigado alzamiento de la Caballería francesa contra el Frente Popular, en dos fuertes contingentes en Navarra y el Maestrazgo, conservando contacto con la frontera francesa y un puerto del Mediterráneo, o incomunicando a Cataluña, donde, en Barcelona, la UME nos inspiraba confianza de que se alzarían, aunque no lo hiciese el Ejército oficial. Marcha sobre Madrid. Y dos focos de guerrillas en la frontera portuguesa: uno en la Sierra de Aracena, estudiadísima y preparada por oficiales bajo la jefatura del comandante Redondo, y otro en la Sierra de Gata, que en principio aceptaba José Antonio con falangistas.

Dejando a un lado las fantasiosas lucubraciones sobre la presunta vocación golpista de un sector del ejército francés, salta a la vista que, el plan de rebelión carlista era sorprendentemente complementario de la «marcha sobre Madrid» proyectada por Falange en la Sierra de Gredos en junio de 1935. Se trataba, pues, de un levantamiento partidista que contaba con la adhesión de una parte del Ejército en posición subordinada. Pero, a fines de mayo, el sector transaccionista del carlismo, representado por Rodezno, ya estaba en contacto con Mola para poner al Requeté a las órdenes del complot militar a condición de que el «Director» reconociese la preeminencia de Sanjurjo en las negociaciones políticas con los carlistas. A pesar de la relegación de sus dos valedores más importantes (Varela y Rodríguez del Barrio), Sanjurjo seguía siendo la cabeza indiscutible del movimiento, asumiendo la jefatura suprema del mismo al tiempo que obtenía la jefatura oficiosa de la UME, que de esta manera se plegaba aún más a la conspiración de los generales.

Tras constatar la ineficacia de la Junta de Generales y de la UME, el general Mola, gobernador militar de Navarra desde el 14 de marzo, asumió a fines de abril la dirección de la conspiración. Sanjurjo le nombró representante suyo y el 29 de mayo González Carrasco, secretario de la Junta de Generales, viajó a Pamplona y designó oficialmente a Mola «jefe de estado mayor del general Sanjurjo», quien al día siguiente le confirmó como jefe efectivo del complot. Desde entonces, el «Director» se encargó de la organización del movimiento, enviando «instrucciones reservadas» muy inspiradas en las directrices revolucionarias elaboradas por Ruiz Zorrilla medio siglo antes. La de 25 de mayo, titulada «El objetivo, los medios y los itinerarios», establecía un plan de conquista del Estado que consistía en sublevar las Divisiones Orgánicas V (Zaragoza), VI (Burgos) y VII (Valladolid), formando tres columnas que caerían sobre Madrid por el Norte. Al tiempo se sublevaría Valencia, desde donde se enviaría una columna contra Barcelona.

A inicios del verano de 1936 convergieron tres procesos conspirativos militares distintos: el de la UME en numerosas guarniciones, el de la Junta de Generales que operaba en Madrid y la conspiración organizada por Mola y basada en Navarra. Fue esta constelación golpista la que protagonizó el movimiento sedicioso de julio. Después de conciliar todos los planes subversivos elaborados en su seno, las Fuerzas Armadas impulsaron no solo su propio proyecto insurreccional, sino toda una alternativa contrarrevolucionaria basada en un confuso pero largamente gestado plan de ordenación autoritaria de la sociedad. Al transformarse en un actor más del juego político, el Ejército exigió (no sin fuertes resistencias, sobre todo del lado carlista) que todos los demás proyectos contrarrevolucionarios de la derecha se subordinaran a su estrategia golpista y a su futuro diseño de Estado que, en principio, no iba mucho más allá de la proclamación de una dictadura militar en un régimen temporal de excepción.

Constatada la incapacidad de las ideologías, organizaciones y estrategias de confrontación violenta de la derecha para asaltar la República por sus propios medios, el instrumento contrarrevolucionario escogido a la postre fue la intervención militar tradicional. La subordinación, voluntaria o forzada, a las directrices del sector conspirativo del Ejército en la primavera de 1936 marcó de forma elocuente los límites de la modernización subversiva de las derechas antirrepublicanas, que en la primavera de 1936 hubieron de reconocer que era la fuerza militar quien debía acabar con la República democrática y levantar una nueva legalidad bajo su tutela directa.

CONCLUSIONES

En definitiva, a pesar de su amplia movilización y su gran capacidad para gestionar la protesta en sus diversos grados de ruptura con el régimen establecido, las derechas españolas no lograron articular un proyecto contrarrevolucionario propio y coherente, salvo en su definición antirrepublicana, ni un instrumento de movilización y confrontación que posibilitara la toma del poder por sus propias fuerzas. La armonía no reinó nunca entre los partidos de la derecha accidentalista o catastrofista, pero a diferencia de las concepciones subversivas que dividían profundamente a la izquierda, las estrategias particulares (la desactivación legal de la República propugnada por la CEDA, el derrocamiento abierto del Régimen mediante una insurrección acariciada de antiguo por el carlismo, la repetición del proceso restauracionista de conquista del poder alentada desde el alfonsismo o la trayectoria más errática del falangismo) fueron sacrificadas a la postre en favor del apoyo al Ejército, poder decisivo e inapelable en la dura pugna bélica que, a partir de julio de 1936, libraron los dos bandos implicados en la guerra civil.

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Viñas, Ángel: Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil, Alianza, Madrid, 2000.

LOS SOCIALISTAS EN

LA SEGUNDA REPÚBLICA

UNA VICTORIA CON ALTO COSTO

por

JULIO ARÓSTEGUI

Es un hecho bien conocido que el socialismo español alcanzó en la década de los treinta del siglo XX un momento culminante de su historia. Otra cosa sería hablar de los resultados históricos de aquel esplendor. Su contribución al cambio de régimen, de la Monarquía a la República, su relevancia en el Gobierno, su contribución al reformismo republicano, al progreso en las relaciones laborales y la defensa misma del Régimen fueron sus principales activos. Sin embargo, también tuvo una relación cambiante con los ámbitos del poder y su participación en él acentuó su división interna en este tiempo al verse afectado por una difícil política de alianzas. En definitiva, su inmersión en la aventura republicana tuvo unos altos costos de forma que no sería exagerado mantener que la victoria para el socialismo que representó la instauración de la República no fue realmente sino una victoria pírrica.

En la literatura actual se acusa hoy la presencia de corrientes relativamente revisionistas con relación a los más acreditados estudios de los años ochenta y noventa del siglo pasado —Tuñón, Bizcarrondo, Juliá, Contreras, Preston, entre otros—, que constituyen la mejor historiografía existente sobre el caso. Tal revisionismo tuvo primero su soporte en una publicística de carácter netamente neofranquista, —Vidal, Marco y otros—, presidida por el trabajo más académico, pero no más creíble, de Stanley G. Payne. Más recientemente han aparecido corrientes críticas de factura más rigurosa —Del Rey Reguillo, Cabrera, Álvarez Tardío, etc.—. La República española, y con ella el socialismo, al igual que la guerra civil, no han dejado de atraer la atención de los estudiosos.

UNA FUERZA FUNDAMENTAL

Al alcanzar los años treinta, el socialismo había recorrido una historia de más de medio siglo de duración. Desde la fundación del Partido Obrero, luego Socialista Obrero, en 1879, y de la Unión General de Trabajadores, en 1886, su larga trayectoria la había presidido Pablo Iglesias. La ubicación en el mundo doctrinal del marxismo no fructificó, sin embargo, en la aportación de ideas originales, aunque tampoco puede ignorarse la presencia en él de escritores y tratadistas estimables. El propio Iglesias fue un muy prolífico escritor. Aunque algo tardíamente, el socialismo español acabó interesando a muchos intelectuales.

Hasta 1930, el socialismo había atravesado varias etapas y se había señalado en acciones de importancia como la huelga general revolucionaria de 1917, el episodio de la escisión en 1921 o su posición con respecto a la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923. Había establecido como presupuesto fundamental de su táctica el intervencionismo del Estado en el sistema de relaciones laborales como instrumento fundamental de la reivindicación obrera y la transformación hacia una sociedad socialista. Pablo Iglesias había muerto en 1925.

Su fallecimiento propició, lo que parecía casi inevitable, la aparición de tendencias que se convertirían en claras corrientes en el pensamiento y en la táctica bajo la dictadura de Primo de Rivera. Cabe decir que a la llegada de la República en 1931, un primer espectro de tales corrientes ya estaba constituido en parte. La experiencia republicana las amplió y modificó aunque dicho espectro no permaneció inalterable durante los tiempos republicanos, cosa a la que numerosos autores y obras sobre el socialismo no han prestado, a mi juicio, la atención debida.

Fue, precisamente, la crisis del sistema dictatorial a partir de 1928 y la consiguiente de la propia Monarquía —con un monarca perjuro y fuerzas políticas incapaces de renovarse— las que marcarían el nuevo horizonte de la política española y del socialismo. Los antes «colaboracionistas» entendieron que la Dictadura había acabado su ciclo y que había que poner fin a las disidencias internas. Solo Julián Besteiro, presidente del partido y del sindicato, como heredero factual de Iglesias, y sus seguidores mantuvieron que la colaboración debería continuar pues seguía ofreciendo posibilidades. Los congresos de ambas organizaciones en 1927 y 1928 dictaminaron el fin de la relación con la Dictadura. Puede señalarse, pues, que el besteirismo como corriente interna nació en aquella coyuntura y que fue la primera disidencia notable. El renovado empuje republicano, desde 1926 aproximadamente, tuvo entre sus rasgos el acercamiento a los socialistas. Un acercamiento cuyo precedente y punto de partida se encuentra en la reunión y acuerdo que dieron lugar al conocido Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. El socialismo no estuvo formal y oficialmente representado —Indalecio Prieto asistió a título personal— pero con cuyas líneas maestras, tanto de objetivo como de procedimiento, coincidía en su conjunto.

Fue en octubre de aquel año cuando las fuerzas antimonárquicas, aunadas en un comité revolucionario, entraron en contacto directo con el socialismo en sus dos ramas. Lo que podríamos llamar ya conjunción republicano-socialista se forjó en los meses que trascurrieron entre octubre y diciembre de 1930. El socialismo aceptó muy mayoritariamente, tanto en la dirigencia como entre los militantes y afiliados, la colaboración con los republicanos en la empresa del derribo de la Monarquía. Únicamente Besteiro y los suyos —Saborit, Trifón Gómez, Martínez Gil y otros más— entendieron que no debían implicarse en tal acción. La burguesía tenía sus propios caminos revolucionarios a los que el mundo obrero podría apoyar, pero no mezclarse en ellos.

En octubre y diciembre de 1930 se desarrolló una lucha en el interior de los organismos directivos socialistas sobre el alcance de tal implicación, donde dirigentes como Largo Caballero, Prieto y De los Ríos lograron imponer la política de colaboración y, aun más, la participación gubernamental en el régimen futuro. La conjunción, en todo caso, funcionó con dificultad, dispersión y descoordinación y el fracaso del proyecto de derribo de la monarquía por la vía insurreccional comenzó con el aplastamiento de la intentona de Jaca (Galán, García Hernández y otros), el 15 de diciembre. Los conjurados no pudieron detenerla ni controlarla y el fracaso culminó con el de la huelga general que debería haber tenido lugar días después, mientras se producía una acción militar en Madrid. Estos hechos sucesivos llevaron al encarcelamiento de líderes como Largo Caballero y De los Ríos.

Para el socialismo el episodio tuvo una trascendencia decisiva: introdujo en sus filas la discordia, que no cesaría ya, aunque bajo formas variables, y mostró que el proceso histórico al que asistía el país no lo entendían de la misma forma todos sus dirigentes. No solo había división en cuanto a la participación en el movimiento y en su comité, sino que la disidencia besteirista consideró más peligrosa aún la participación ministerial en un hipotético gobierno republicano tras el triunfo del movimiento. La discordia culminó, por el momento, con la dimisión del propio Besteiro y de sus seguidores de la Comisión Ejecutiva del PSOE a fines de enero de 1931, cuando ya se había decidido la participación ministerial con tres carteras, a desempeñar por Prieto, De los Ríos y Largo Caballero.

Fracasado el intento de proclamación republicana por la vía insurreccional, el camino a la proclamación de la República se abrió el 14 de abril siguiente, tras unas elecciones municipales el domingo día 12, cuyo resultado fácilmente legible fue contrario a la permanencia de la Monarquía. Así lo entendieron destacados dirigentes de este régimen a cuya cabeza estuvo el conde de Romanones. Los socialistas, como el republicanismo y como una parte no desdeñable de las viejas fuerzas monárquicas, no se olvide, se opusieron a los movimientos «transaccionales» por vía del sufragio para salvar la Monarquía que propusieron tanto el gobierno dictatorial del general Dámaso Berenguer, como el que le sucedió, plenamente civil, pero de designación real presidido por el almirante Aznar en febrero. Por ello, no parece en modo alguno correcto hablar de una «transición» para caracterizar el proceso que llevó de la Monarquía a la República, según han mantenido algunos autores.

Cuando la República quedó instaurada, el socialismo marchaba con una clara división en sus filas sobre la interpretación que cabía hacer del nuevo régimen. La magnitud de su organización se medía por el hecho de que los 25 000 militantes contabilizados en 1931 habían subido a 85 000 en 1933 y que los 486 000 afiliados a las organizaciones sindicales que constituían la Unión General de Trabajadores en 1931 eran algo más de un millón en 1932 (aunque hay variaciones en estas cifras). Las Juventudes Socialistas representaban otra fuerza considerable.

La historia del socialismo atravesó por varias etapas no difíciles de delimitar. La primera fue el tiempo de la conjunción republicano-socialista, de la participación ministerial, de la construcción jurídica y política del Régimen y de la puesta en marcha de un abanico de reformas de variado tipo. Un abanico amplio, algo desordenado, descoordinado y, tal vez, precipitado que habían de transformar a fondo el país y llenar de entusiasmo a las masas socialistas, lo que no puede decirse de todo el movimiento obrero en su conjunto. Fue el periodo transcurrido entre abril de 1931 y septiembre de 1933. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

Desde la salida del Gobierno hasta el triunfo del Frente Popular, es decir, de septiembre de 1933 a febrero de 1936, el socialismo estuvo fuera del poder, con todo el republicanismo de izquierda, al tiempo que la unidad del periodo quedó partida por la llamada «revolución de Octubre» de 1934. En esta las organizaciones socialistas, sobre todo la sindical, mantuvieron una implicación fundamental que cambió drásticamente el panorama político y detuvo en seco todo proceso de reformas. Desencadenó también un amplio movimiento de represión gubernamental y profundizó las diferencias en el seno del socialismo. La revolución de Octubre tuvo un impacto inmenso y duradero sobre el panorama de diferencias internas, de corrientes y de tendencias a la fragmentación. Del fracaso insurreccional intentaron extraerse enseñanzas diversas. Desde Octubre, el gran problema del socialismo sería el tipo de alianzas a concertar para superar sus efectos.

Por fin, el periodo de gobierno del Frente Popular fue interrumpido por la sublevación militar. Discurrió entre febrero y julio de 1936. Tampoco en el seno del Frente Popular amainaron, más bien todo lo contrario, las diferencias. Aunque los socialistas no participaron de la tarea gubernamental, en función de su propia decisión táctica —muy discutida internamente—, su influencia siguió siendo decisiva, pese a la notable diferencia de criterios en sus filas. La sublevación sorprendió al socialismo en un paroxismo de discordias por el control del partido mientras la UGT permanecía, por el momento, bajo el control de una de las fracciones cuyo liderazgo ejercía Francisco Largo Caballero. Las Juventudes, por su parte, habían iniciado ya claramente su deriva hacia la órbita del PCE con los intentos de crear las Juventudes Socialistas Unificadas.

LOS SOCIALISTAS EN EL PODER

La época de la conjunción republicano-socialista, que se acostumbra a conocer como «bienio reformista», fue la más brillante, la más fructífera, la más esperanzada, pese a las decepciones, del socialismo en los años de la República. La organización mantuvo a tres ministros en el Gobierno. Prieto, primero en Hacienda y luego en Obras Públicas. De los Ríos, de entrada en Justicia y posteriormente en Instrucción Pública y, más brevemente, en Estado. Largo Caballero en Trabajo y Previsión Social. La mayor parte de la acción gubernamental socialista tuvo lugar bajo la presidencia del gobierno de Manuel Azaña, con quien las relaciones fueron generalmente satisfactorias y cordiales. Julián Besteiro presidió las Cortes hasta su disolución en octubre de 1933.

El socialismo tuvo una implicación notable en algunas de las grandes reformas. Luis Jiménez de Asúa fue el cerebro de la Constitución de 1931, clave en la reforma del Estado. Prieto tuvo primero el duro quehacer de enfrentarse a la crisis económica generalizada y después fue el impulsor de algunas obras públicas de resultado duradero más allá de su época. De los Ríos estimuló un intento de reforma de la justicia y presidió el mayor impulso educativo que se emprendió en España en todo el siglo XX. La obra de Largo Caballero en Trabajo fue más coherente y continuada: acometió la reforma más importante del sistema de relaciones laborales que se llevara a cabo, incluyendo al mundo agrario, descuidado hasta entonces. Todo ello frente a variadas resistencias que al fin harían que el proyecto no diese todos los frutos esperados.

Sin embargo, la presencia gubernamental del socialismo no dejó de crear tensiones internas. De hecho, el grueso del partido había considerado que tal presencia habría de tener un límite temporal una vez consolidado el Régimen. Este límite no se alcanzó nunca por propia decisión socialista. En el fondo latía la divergencia sobre el sentido histórico que cabía atribuir a la democracia burguesa y el papel en ella del proyecto socialista. El debate interno se profundizó en 1931 y 1932, en el curso de sendos congresos del PSOE (el XIII, de octubre de 1932, último de los celebrados en España hasta la recuperación del sistema constitucional en los años setenta del siglo, fue un hito en el problema) en los que triunfó la posición de quienes consideraban imprescindible e insustituible la colaboración con la burguesía republicana, si bien con matices diferentes en cuanto a su alcance y duración.

Adoptada en septiembre de 1931 la decisión de permanecer en el Gobierno, con el apoyo esta vez de Besteiro y de sus seguidores, la conjunción continuó su tarea con altibajos y resistencias crecientes. Tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931 y la normalización del Gobierno presidido por Azaña, el año 1932 fue de continuidad reformista. Pero la evolución política republicana fue haciéndose más compleja desde fines de aquel año. Los republicanos radicales de Alejandro Lerroux habían salido del Gobierno y se convirtieron en el eje de la oposición a la conjunción y especialmente a la presencia socialista. Los sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933, agravaron aún más la situación gubernamental. Las relaciones del Gobierno, y particularmente de Manuel Azaña, con el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, fueron tensándose en función de la aprobación de algunas leyes que este no veía con satisfacción. Las dificultades desembocaron en la crisis de gobierno de junio. Tras un fugaz encargo a Indalecio Prieto de formar nuevo gabinete, la presidencia de Azaña quedó confirmada.

La necesidad de la salida socialista del Gobierno se acusó en aquel verano de 1933 y los célebres discursos de Largo Caballero (recogidos como Discursos a los Trabajadores) abrieron con su radicalismo un nuevo frente. Largo Caballero fue quien consideró con más fuerza e impacto el agotamiento de la situación gubernamental, la imposibilidad «del socialismo en la democracia» y la necesidad de un giro hacia una política «autónoma» de las fuerzas obreras. La crisis definitiva de la conjunción se produjo en los primeros días de septiembre. En el interior del socialismo, el convencimiento de que había que dejar el Gobierno se aceptó en términos generales, pero la pugna que precipitó la crisis se interpretó no como una «salida» sino como una «expulsión», con la connivencia o complicidad del propio republicanismo izquierdista. Comenzó, sin duda, una nueva etapa y esta posición táctica marcaría nítidamente el siguiente periodo de la política socialista.

El radical cambio de signo político del poder se consumó con el resultado de las elecciones legislativas de noviembre de 1933. La derrota de socialistas y republicanos de izquierda fue contundente a manos de la CEDA, el partido que mayor número de diputados obtuvo, y del Partido Republicano Radical de Lerroux. Este triunfo nítido de las derechas los socialistas lo interpretaron también como claramente favorecido por las irregularidades electorales, las presiones sobre los votantes de izquierda y el incumplimiento de las leyes. La derrota obedeció más que al cambio general del sentido del voto ciudadano (se ha hablado incluso, erróneamente, de la influencia del voto femenino que se ejercía por vez primera) al error estratégico de las izquierdas de concurrir desunidas a los comicios y no en coalición, solución esta que la ley electoral aprobada por el mismo Gobierno de la conjunción potenciaba de forma decisiva.

LOS SOCIALISTAS EN LA OPOSICIÓN

La política del bienio 1934-1935 estuvo dominada por el contrarreformismo auspiciado por republicanos radicales y la CEDA y por la ruptura final del entendimiento entre ambas fuerzas, junto a la reclamación de la CEDA en 1934 de participar en el Gobierno. La actitud a adoptar por los socialistas en la nueva coyuntura fue el objeto fundamental del debate desde septiembre de 1933 a febrero de 1934. No parece adecuado interpretar este proceso como la lucha entre democracia (liberal) y revolución, como han hecho muchos autores. La situación era mucho más compleja. Las posiciones socialistas no descartaron ninguna de las dos vías y la decisión adoptada no se inclinó, de hecho, nítidamente por una de las dos, sino por una táctica de oportunidad que las hizo convivir.

Existen algunos hechos básicos sobre los que es preciso apoyar el examen de las decisiones que los socialistas adoptaron en la nueva etapa. Primero, los efectos de una crisis económica generalizada que impactó seriamente sobre la situación, en especial de las clases obrera y asalariada en su conjunto, y degradó las mejoras conseguidas en tiempos anteriores. Después, el desencanto con la obra republicana y las expectativas que habían levantado en una gran masa del mundo del trabajo, que no contaba con las resistencias que se presentaron. Por fin, debe entrar en este cuadro general el impacto del fascismo a escala europea tras el triunfo en Alemania del nacionalsocialismo, las convulsiones parafascistas en Austria, el auge de la Italia mussoliniana y el progreso constante de la influencia fascista en otros países.

El debate socialista comenzó inmediatamente después de la salida del Gobierno. El impacto en la masa militante de lo que se entendía como un peligroso retroceso, lo señaló Largo Caballero cuando en la reunión del Comité Nacional del PSOE el 19 de septiembre de 1933 indicó que en el amplio número de comunicaciones que como presidente del partido le hacían llegar militantes, agrupaciones y dirigentes, las opiniones sobre el camino a adoptar eran del tenor de «que el que más suavemente [lo hace] aconseja que nos apoderemos del poder…». Caballero y los principales dirigentes estimaban que en aquellos momentos semejante planteamiento era una quimera irrealizable. Pero el gran peligro, y el sentimiento que había de él y de que toda la obra reformista pudiera ser derribada de pronto, condicionaron este enfoque generalizado de confrontar la situación.

El triunfo de las derechas no republicanas, cuya legalidad fue fuertemente discutida por los perdedores, actuó como potente voz de alarma. En el socialismo se consideró seriamente la posibilidad de que pudiera producirse una involución decisiva, una toma del poder por aquellas fuerzas fascistizantes que abogaban, sobre todo la CEDA, por una «pérdida» irremediable de la República. El problema era, pues, cómo responder a tal riesgo. La idea de oponerse mediante una acción de masas con carácter insurreccional en defensa de la República y el supuesto peligro de su desmantelamiento se abrió paso claramente. La cuestión estribaba en determinar el «umbral» de decisión de la política antirrepublicana que obligaría a ponerla en marcha. La posición socialista al respecto también se dividió. De un lado quienes pensaban, frente al peligro fascista, en una acción para promover la instauración de un proyecto sociopolítico de carácter socialista pleno y, de otro, los que estimaban que un levantamiento solo podría estar orientado a la defensa de la República constitucional si se atentaba contra ella.

Las posiciones se decantaron, una vez más, entre, por una parte, el grueso de la dirigencia y militancia partidarias de una acción insurreccional para instaurar la República «social» y, por otra, Julián Besteiro y sus seguidores, que controlaban plenamente desde 1932 la ejecutiva de la UGT. (Largo Caballero, elegido para ello, había renunciado a ser secretario general en una ejecutiva de mayoría besteirista). Esta segunda corriente favorecía únicamente una acción de defensa constitucional que no debería desbordarse, y ello siempre que las decisiones de las fuerzas que controlaban el poder amenazasen la República. Estas dos posiciones polarizaron la confrontación hasta febrero de 1934 cuando el besteirismo fue apeado de la dirección del sindicato. Desde entonces, la posición conjunta de las dos organizaciones —con excepción, pues, de la corriente besteirista— fue la de considerar la entrada de los no republicanos —la CEDA— en el Gobierno como aquel umbral en el que la insurrección debería producirse.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y SUS CONSECUENCIAS

Desde febrero de 1934 las organizaciones socialistas trabajaron clandestinamente en la preparación de sus fuerzas para el caso de un levantamiento insurreccional. Meses después se produjo el hecho que se había fijado como condición determinante: el presidente de la República aceptó en los primeros días de octubre la formación de un gobierno presidido por Alejandro Lerroux con presencia de tres ministros de la CEDA. La larga preparación, la organización del movimiento, la coordinación territorial, los contactos con otras fuerzas obreras —comunistas, ortodoxos y disidentes, anarcosindicalistas— tuvo un punto de encuentro en la puesta en marcha de las Alianzas Obreras bajo la inspiración del comunismo heterodoxo. Sin embargo, hoy se conoce bien que, contra lo que afirman autores y libros mal informados y disparatados —«la revolución mejor preparada de Europa», que dicen autores como Payne—, tal preparación fue bastante más imaginaria que real y muy imperfecta e inadecuada, como escribió en su relato posterior su artífice Largo Caballero. El socialismo no llegó en manera alguna a estar preparado para una insurrección en regla y no distinguió claramente entre esta y una huelga general al estilo clásico. Por lo demás, la huelga campesina de junio, promovida por la UGT contra el criterio de Largo Caballero, restó fuerza a la acción, en la que no participó de hecho el campesinado.

Una acción de tal tipo estaba, pues, condenada al fracaso y, como es sabido, solo adquirió una notable importancia en Asturias donde fue un hecho la unidad del proletariado. Allí, Barcelona (con su peculiar carácter nacionalista) o Madrid —relativamente esta— fueron los lugares donde el movimiento tuvo resonancia. En los demás lugares únicamente hubo acciones de importancia secundaria. El Gobierno empleó a fondo al Ejército. Hubo en torno a treinta mil detenidos y más de mil muertos. Se produjeron ejecuciones sumarias. Se cerraron centros y prensa obrera y se expulsó a miles de trabajadores de sus empleos y de cargos municipales de los ayuntamientos. Entre los encarcelamientos de dirigentes socialistas el de Largo Caballero fue el más relevante. Aun así hay quien ha dicho que la represión fue en exceso blanda.

El problema histórico que plantea la «Revolución» —nombre claramente falto de rigor, aunque fuese el propio de la época—, o, simplemente «Octubre», según el lenguaje obrero, es el verdadero objetivo del levantamiento y la realidad de los errores cometidos en su preparación y ejecución. Se ha hablado desde una «revolución defensiva» (de la República) hasta un alzamiento bolchevique. Lo que hoy podemos concluir es que en el levantamiento y su preparación confluyeron dos líneas: el intento, en efecto, de defender una República sobre la que se cernían indiscutibles peligros de alteración, pero también quiméricas ideas que pensaban que en España eran posibles una revolución del proletariado y una marcha decidida al régimen socialista, cuando realmente las condiciones históricas no eran las propicias. De lo que no cabe duda es de la importancia de las consecuencias.

La vía insurreccional quedó definitivamente marginada en el pensamiento socialista. Pero las «lecciones de Octubre», como se dijo y escribió entonces, se interpretaron de distinta manera. De una parte, el hecho revolucionario espoleó la táctica que predicaba continuar y potenciar ampliamente el camino político autónomo del proletariado, su unidad y la renovación y transformación de sus instrumentos organizativos —la bolchevización del Partido Socialista—. Este fue el pensamiento de las Juventudes Socialistas explicado en un folleto de gran impacto, Octubre, Segunda Parte. Y en este enfoque el líder proclamado fue Francisco Largo Caballero. La línea de reflexión alternativa fue que la solución política del momento no podía ser otra que la recomposición del pacto político con la burguesía progresista republicana y la búsqueda en el campo de la política democrática a través del sufragio de la «recuperación» de la República, reparando las desastrosas consecuencias de Octubre. Fue en la línea insistente con el pactismo republicano donde nació realmente el prietismo. Indalecio Prieto fue, en efecto, el campeón de esta estrategia y, desde luego, no estaba solo.

1935 fue un año crucial para la definición de la futura política socialista y para la resolución del gran problema del fracaso de Octubre. Mientras el caballerismo insistía en la política exclusivamente obrera, de unión obrera con hegemonía socialista, el sector prietista entendía que la única fórmula viable era el renacimiento de la alianza con la burguesía republicana. En esto Prieto actuó siempre en contacto y connivencia con Manuel Azaña, represaliado también por el Gobierno, que convenció a los republicanos de izquierda de la necesidad de recomponer el pacto con los socialistas. La idea de Prieto y Azaña era la basada en la creación de una amplia coalición de izquierdas, burguesa y obrera, como la que triunfó en mayo de 1931. Pero nadie negó que la alianza electoral era entonces la única vía para saldar los efectos de Octubre y obtener una mayoría electoral que consiguiese una amnistía.

En consecuencia, en contra de lo que se ha dicho equivocadamente, el caballerismo no se opuso a una alianza electoral con las izquierdas. La dicotomía estribaba en el carácter de tal alianza, el papel en ella del socialismo y los fines políticos. Su idea era la de una alianza meramente electoral, un «frente electoral de izquierdas», capaz de ganar unas elecciones y sacar a los presos políticos de las cárceles. Una conjunción circunstancial y en la que el mundo obrero en su conjunto tuviera un destacado papel. La gran confrontación entre prietismo y caballerismo en 1935 giró esencialmente en torno a este problema, mientras el besteirismo perdió gran parte de su impulso.

Las negociaciones entre republicanos y socialistas para conseguir un nuevo pacto se desarrollaron a partir de noviembre de 1935. Fueron prolijas. En ellas el caballerismo intentó hacer valer la idea de un pacto global entre el mundo obrero y la burguesía progresista republicana. No lo consiguió plenamente por la oposición de los republicanos, que solo querían entenderse concediendo a los socialistas la representación del resto de los grupos obreros. Frente a la «negociación global» que proponía el caballerismo, los republicanos impusieron una negociación «de partes». Ello fue la obra de Azaña con el apoyo de Prieto. Este problema y no simplemente la cuestión del control de la minoría parlamentaria socialista por la Comisión Ejecutiva, que venía arrastrándose desde mucho antes, fue la cuestión de fondo que provocó la dimisión de Francisco Largo Caballero de la presidencia del PSOE a finales de 1935. La tensa situación del partido experimentó con ello otro importante vuelco, pues el caballerismo quedó relegado al único bastión de la UGT y al predominio en la Agrupación Socialista Madrileña.

LOS SOCIALISTAS Y EL FRENTE POPULAR

Este período es también de gran complejidad, pero de hecho no hacía sino prolongar las condiciones que habían venido madurando desde Octubre y su fracaso. La representación socialista en el Frente Popular fue claramente mayoritaria, pero el pacto establecía que el Gobierno sería desempeñado por los republicanos. Todo el sector caballerista entendió que la nueva conjunción no era una auténtica alianza, sino una convergencia gubernamental en la que los republicanos deberían desarrollar un programa pactado con el apoyo parlamentario del obrerismo. El socialismo caballerista no fue en modo alguno, pues, frente-populista. Su táctica se fundó en la idea, bastante poco perfilada, del agotamiento del proyecto republicano burgués que daría paso al socialista. El lenguaje de Largo Caballero y los suyos en toda esta etapa giró en torno a tal idea y a las propuestas de alcanzar el socialismo una vez agotada la República burguesa. La revolución socialista y la dictadura del proletariado figuraron claramente en tal lenguaje.

El episodio del encargo hecho a Prieto de formar Gobierno al ascender Azaña a la presidencia de la República en mayo puso a prueba, una vez más, la división interna del socialismo y ha sido también con frecuencia objeto de notables tergiversaciones. No fue Largo Caballero por sí mismo quien se opuso a la realización del encargo, sino una mayoría muy cualificada del grupo parlamentario socialista, ciertamente dominado por el caballerismo. Prieto apenas defendió el encargo y carecemos de la documentación deseable para aclarar a fondo el rechazo. Pero este fue sintomático: triunfó en la confrontación aquella parte del socialismo que se oponía en todo caso a la participación gubernamental. Añadió gravedad al episodio el hecho de la gran conflictividad social y la violencia política que venían caracterizando la situación. Bastantes sectores de opinión entendían que Prieto era el hombre adecuado para mantener una situación gubernamental que conciliara política de izquierdas y contención de los conflictos.

Ni las tácticas políticas, ni la propia situación interna en el PSOE —con los problemas pendientes de la elección de una nueva Comisión Ejecutiva y la convocatoria de un congreso—, en la que continuaba la confrontación de posiciones habían encontrado una solución satisfactoria cuando se produjo la sublevación militar de julio. La aventura republicana, con sus logros indudables, había obligado, como ya dijimos, a pagar un alto precio. La guerra civil, el esfuerzo de defensa de la República, al que el socialismo se entregó sin reservas, ni aplacó las disputas ni saldó las cuentas. A mediados de la década de los años treinta el socialismo era el gran grupo que en la política española representaba la incorporación de las masas a una empresa de la que habían estado excluidas durante siglos. La más difícil prueba estaba aún por llegar.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Tuñón de Lara, M.: Tres claves de la Segunda República: la cuestión agraria, los aparatos del Estado, el Frente Popular, Alianza Editorial, Madrid, 1985.

LOS ANARQUISTAS FRENTE A

LA REPÚBLICA BURGUESA

por

JULIÁN CASANOVA

Cuando llegó la República, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) apenas tenía veinte años de historia. Aunque muchos identificaban tal organización con la violencia y el terrorismo, en realidad eso no era lo que explicaba su presencia en la sociedad española. El mito y realidad de la CNT se había forjado por otros caminos, por el de las luchas obreras y campesinas, un sindicalismo eficaz, labrado en los talleres y fábricas, en los campos y en las calles, ganando conflictos a patronos intransigentes y luchando contra un Estado oligárquico y represor. Un sindicalismo de acción directa, independiente de los partidos políticos, destinado a transformar revolucionariamente a la sociedad. Ningún país europeo tenía por esas fechas un sindicalismo de masas con esa impronta antipolítica y antiestatal, de orientación anarquista, que había arraigado además en Cataluña, la región más moderna e industrial de España. Por eso llamaba la atención y se consideraba una cosa extraordinaria, atípica, frente a lo que se suponía que debía ser lo normal: que los trabajadores se organizasen en sindicatos socialistas o, tras la revolución bolchevique de 1917, comunistas.

ESPERANZAS Y DESILUSIONES

La República llegó con celebraciones populares en la calle. El pueblo se alegraba «infantilmente», escribió el anarcosindicalista Valeriano Orobón Fernández, «como si le hubiera tocado la lotería» y los anarquistas se sumaron al principio al ambiente festivo, a la «borrachera de entusiasmo» que la proclamación del nuevo régimen provocó. Comparada con la dictadura de Primo de Rivera, que había silenciado y enviado a la clandestinidad a la CNT, la República ofrecía libertades y permitía volver de nuevo a la movilización, a la propaganda y a la organización de sindicatos y de grupos anarquistas. El dirigente Galo Díez lo vio muy claro y así se lo dijo a sus compañeros en el congreso extraordinario de la CNT celebrado dos meses después en Madrid. Al pueblo no solo había que hablarle de sueños revolucionarios, sino también «de sus deseos, de sus necesidades, de sus miserias, de sus derechos». La mayoría de los españoles estaba en ese momento con su República «como niños con zapatos nuevos». Las circunstancias exigían cautela y no confundirse «con la causa de la reacción». Cuando el pueblo destrozara los zapatos —«ya los destrozará»— y se gastara la ilusión, la CNT se convertiría en la auténtica esperanza.

Hasta que todo eso pudiera ocurrir, la CNT aprovechó las libertades e ilusiones de los primeros momentos para fortalecer la organización. En el Congreso de Madrid de junio de 1931 estuvieron representados 535 565 afiliados, de los que más de la mitad procedían de la Regional de Cataluña, la más influyente y la que proporcionaba la mayoría de los líderes. El crecimiento de la CNT fue en aquellos meses muy notable y en su momento de mayor apogeo, a finales de 1931, sus sindicatos contaban con unos 800 000 afiliados.

Salvo en Andalucía, el arraigo de la CNT se plasmaba fundamentalmente en los trabajadores de las industrias en Cataluña, en los obreros de las pequeñas y medianas ciudades del País Valenciano, en su capital, en Zaragoza y en los núcleos mineros y metalúrgicos asturianos, aunque contaba también con numerosos sindicatos, a caballo entre la actividad agraria e industrial, esparcidos por el resto del territorio. Un sindicalismo sin aliados políticos, alejado de las reformas y que iba a escindirse muy pronto y a enfrentarse, a partir de ese momento, al régimen republicano.

La escisión comenzó a fraguarse en el verano de 1931. El 30 de agosto treinta dirigentes de la CNT firmaron un escrito en el que exponían su «interpretación» del momento revolucionario abierto con la proclamación de la República y ofrecían una alternativa al «concepto simplista, clásico y un tanto peliculero, de la revolución» que se había asentado en «determinados núcleos de militantes». La revolución no podía dejarse en manos de «minorías más o menos audaces». Emanaría de «un movimiento arrollador del pueblo en masa, de la clase trabajadora caminando hacia su liberación definitiva, de los sindicatos y de la Confederación». La algarada y el motín, «la preparación rudimentaria», deberían dejar paso a la previsión, a la disciplina y a la organización.

Eran ideas fáciles de reconocer en la trayectoria trazada por los principales mentores y dirigentes del sindicalismo revolucionario desde 1918 y algunos de ellos eran los firmantes de ese manifiesto. Allí estaban Ángel Pestaña, que se encargó de la redacción del escrito; Joan Peiró, director en aquel momento de Solidaridad Obrera, el periódico anarquista con más solera e influencia; Juan López, miembro del Comité Nacional y de la Junta del Sindicato de la Construcción; y otros líderes del Comité Nacional como Francisco Arín, autor de la propuesta, o Progreso Alfarache. Como el tiempo demostró, no era un grupo monolítico. Roldán Cortada, por ejemplo, acabó años después en el PSUC, donde militaba cuando fue asesinado en abril de 1937; y Ángel Pestaña, secretario general de la CNT, fundó en 1934 el Partido Sindicalista y saldría elegido diputado por la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Pero a partir de ese momento se les conoció, a ellos y a los miles de militantes que representaban, como «treintistas», una especie de estigma con el que tuvieron que cargar durante la República.

Frente a ellos se situaron los grupos ácratas más radicales, que habían encontrado su vehículo de expresión en la Federación Anarquista Ibérica (FAI), creada en julio de 1927, una organización que pretendía ser la vanguardia de la CNT, su guía ideológica, para preservar la pureza anarquista y corregir los peligros «desviacionistas» y reformistas de los sindicatos que buscaban el pacto y la negociación. Y aunque no habían participado en la fundación de la FAI, se hicieron famosos en los primeros años de la República —y su leyenda se consolidaría durante la guerra civil— algunos de los anarquistas que mejor la representaron, hombres como Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Juan García Oliver o Ricardo Sanz.

Si la FAI hizo valer su autoridad en la CNT está claro que no fue por su fuerza numérica y menos aún por su notoriedad como organización. Durante los dos primeros años republicanos, y después le tocó vivir todavía tiempos peores, la FAI ni siquiera llegaba a ser una organización. Eran grupos de afinidad, que casi nunca alcanzaban diez miembros, con pocas cosas en común, que pululaban alrededor de un Comité Peninsular, encabezado por Juan Manuel Molina, y que contaban, eso sí, con un núcleo notable de «periodistas» y aficionados a la escritura que ponían su pluma al servicio de la revolución. Flotando en constantes aprietos económicos, el semanario Tierra y Libertad, los aglutinaba en torno a una labor que inicialmente solo aportaba entusiasmo propagandístico. Felipe Alaiz, A. G. Gilabert, José España, Dionisio Eroles, José Alberola, Miguel Jiménez, Severino Campos, José Bonet, Liberto Callejas e Isaac Puente eran algunas de las firmas que más aparecían, a las que se añadieron muy pronto las de Jacinto Toryho y Jaime Balius, dos periodistas que iban a hacer carrera en Solidaridad Obrera durante la guerra civil. La mayoría de esas firmas se repetían en El Libertario, el semanario que lograron sacar en Madrid desde comienzos de la República hasta junio de 1933, y solían disponer también de las puertas abiertas en El Luchador, la última creación de la familia Urales, Federico Urales y Soledad Gustavo, los padres de Federica Montseny. Tenían a un destacado dirigente, Manuel Rivas, en el Comité Nacional de la CNT, a Arturo Parera en el Comité Regional de Cataluña y a un grupo de activistas bien distribuidos por los sindicatos de la construcción más numerosos de la CNT: Cipriano Mera y Miguel González en Madrid; José González en Sevilla; Progreso Fernández en Valencia; y Joaquín Aznar y Joaquín Ascaso en Zaragoza.

Las bazas con las que contaban esos anarquistas de los grupos de afinidad aumentaron desde el verano de 1931 y se pusieron definitivamente de su lado con las deportaciones de cenetistas que siguieron al primer intento insurreccional de 1932. La cosa empezó suave y con una cantilena bien conocida: la CNT, dirigida por oportunistas que favorecían «los planes de las instituciones democráticas», no era anarquista. Y aunque recordaban de vez en cuando que «el sindicalismo solo es un arma de lucha y defensa empleada por la clase trabajadora contra el capitalismo y el estado», simpatizaban poco con la posibilidad de que ello se manifestara exclusivamente en la obtención de mejoras tangibles en las condiciones laborales. Para la reafirmación anarquista no había mensaje más adecuado que denunciar el desvío del camino revolucionario al que estaban sometiendo a la CNT sus dirigentes. Por si eso no bastara, muy pronto se empezó a acusar a los «bomberos treintistas» de ser los causantes de la persecución gubernamental: «En la represión contra la CNT colaboran entusiastas los treintistas», se lee en Tierra y Libertad del 3 de febrero de 1933.

Con ese mensaje, y con los muertos que dejaban por el camino los enfrentamientos con las fuerzas de orden público, ganarse a todos los «hombres de acción» no fue tarea difícil. Grupos constituidos como «Los Solidarios», denominado «Nosotros» a partir de 1933, donde estaban, entre otros, Francisco Ascaso, Durruti, García Oliver, Gregorio Jover y Ricardo Sanz, ingresaron en la FAI en ese año, después de que sus miembros aparecieran, sin serlo, ante la opinión pública, la policía y las autoridades, como los dirigentes de esa organización. El recurso a la acción los puso en primera fila de los «gestos de rebeldía heroica».

Poco a poco, los anarquistas más radicales desplazaron a los más moderados en los comités de dirección, en las Juntas de Sindicatos de Barcelona y en el periódico Solidaridad Obrera. Un proceso que duró casi dos años, acompañado del acoso a los «treintistas» y de su expulsión de los sindicatos. Unos setenta mil afiliados abandonaron la CNT para formar los «sindicatos de oposición» y organizarse en la Federación Sindicalista Libertaria, que arraigó de forma especial en algunas ciudades industriales de Cataluña y en el País Valenciano.

Mientras tanto, esos grupos más radicales ya habían encontrado tiempo y oportunidades para enfrentarse al Estado republicano y a sus mecanismos de represión. Porque la luna de miel con la República duró poco. La República llegó a España en medio de una crisis económica internacional sin precedentes y aunque los factores económicos, como han mostrado los especialistas, no determinaron su trágico final, sí que complicaron el Gobierno y la puesta en marcha de las reformas. La lucha por el control del trabajo disponible, por el reparto del espacio sindical y la confrontación en torno a los jurados mixtos, el entramado corporativo propuesto por Francisco Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, constituyeron los hilos conductores básicos de la agitación anarquista, de las huelgas planteadas y de los duros enfrentamientos entre los dos sindicalismos ya arraigados entre las clases trabajadoras. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

La UGT, desde el Gobierno, legislando y utilizando el aparato del Estado, ocupó un espacio cada vez más extenso en el terreno de las relaciones laborales. La CNT lo percibió como una intromisión que limitaba enormemente su campo de actuación y optó por la acción directa, sin intermediarios estatales, por la calle como escenario de lucha y enfrentamiento con el Estado, y su sector radical comenzó a anunciar la revolución a fecha fija y a golpe de disturbio e insurrección. Esa pugna disparó las acusaciones e insultos y situó frente a la República a un sector importante de la clase obrera organizada.

Las movilizaciones cenetistas, y los conflictos en el campo y en las ciudades, ofrecieron muy pronto la oportunidad de comprobar que las fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil, actuaban con la misma brutalidad que bajo la Monarquía. En el primer año de la República hubo decenas de conflictos que se extendieron por áreas de latifundio, como Badajoz, o por zonas de pequeña propiedad y de aparente calma, como en Arnedo (La Rioja) y Epila (Zaragoza), que provocaron abundantes muertos, resultado casi siempre de choques con la Guardia Civil, que disparaba a concentraciones y manifestaciones de trabajadores ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas.

Y es que el régimen republicano recurrió profusamente a las normas excepcionales. Apenas nacido, se dotó de un «estatuto jurídico» que otorgaba al Gobierno provisional «plenos poderes», una excepcionalidad mantenida hasta la Ley de Defensa de la República del 21 de octubre de 1931. En esos escasos meses ya hubo abundantes muestras de la forma en que iban a tratarse los problemas de orden, con sucesos sangrientos en Pasajes, en mayo, y todavía más en Sevilla, en julio. Parece fuera de duda que una buena parte de aquellos primeros eventos que acabaron teñidos de sangre eran simples manifestaciones y protestas colectivas a las que siempre se respondía con armas de fuego. La intimidación y la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales se erigieron en norma. Todas esas medidas excepcionales, al limitar libertades indispensables para su funcionamiento como organización, estimularon en amplios sectores de la CNT un complejo de persecución difícil de superar. Rota la inicial y necesaria coexistencia, las autoridades republicanas mostraron una notable incapacidad para discernir entre conflictos sociales y «actos de agresión a la República», mientras que los cenetistas comenzaron a autoproclamarse víctimas de la «dictadura social-azañista».

El sector más puro del anarquismo encontró en los muertos y la represión un resorte para la movilización contra la República y contra quienes dirigían la CNT en ese momento. «El crimen, método de gobierno», comenzó a difundirse en los medios libertarios. A medida que los conflictos se endurecían, arreciaban las jornadas de protesta contra la represión, contra la Ley de Defensa de la República, contra las deportaciones tras el primer intento insurreccional de enero de 1932. Eran muchos los conflictos planteados por objetivos meramente reivindicativos, para conseguir seguros de accidente y subsidios de enfermedad, para presionar en favor de mejoras salariales o hacer cumplir las bases presentadas a los patronos, protestas contra el seguro obligatorio de maternidad, pero la retórica, y las acciones que la fomentaban, iban por otro camino, por el de las visiones apocalípticas que anunciaban «el derrumbe total del mundo capitalista y autoritario».

Y fue a partir de enero de 1932, tras los sucesos de Arnedo, que dejaron once muertos, y la represión de la primera insurrección, cuando esa retórica sobre el derramamiento de «sangre proletaria» se incorporó a los medios de difusión anarquista. De la protesta se pasó a la insurrección. Tres tentativas de rebeldía armada en apenas dos años, incitadas por militantes anarquistas y que contaron con algún apoyo obrero y campesino. Las dos primeras fueron dirigidas contra el gobierno de coalición de republicanos y socialistas que se había establecido desde la llegada de la República. La tercera, la que más víctimas mortales dejó en los combates, ocurrió en diciembre de 1933, a los pocos días de que los republicanos radicales de Alejandro Lerroux y la derecha de José María Gil Robles ganaran las elecciones.

POR LA SENDA DE LA INSURRECCIÓN

La preparación y puesta en marcha de esas insurrecciones fue obra de grupos anarquistas iluminados por visiones catastrofistas, aunque en la superficie de esa retórica siempre había ingredientes «sociales», causas que justificaban y legitimaban, según ellos, el «estado pasional del pueblo». En realidad, las tres insurrecciones fueron identificadas por algunos dirigentes de la CNT y de la FAI como etapas de una misma senda, la que conducía a través de la acción revolucionaria al comunismo libertario.

En la que abrió ese ciclo, la de enero de 1932, no hubo preparativos. El 19 de ese mes, mineros de la colonia de San Cornelio, en Fígols, comenzaron una huelga, se apoderaron de las armas del somatén y el conflicto se propagó a otras localidades del Alto Llobregat y Cardoner.

La fuerza insospechada con la que arrancó ese conflicto minero nada tuvo que ver con las posteriores insurrecciones de 1933, anunciadas a fecha fija y ordenadas por los grupos dirigentes de la CNT y de la FAI. Las duras condiciones en las minas, con largas jornadas de trabajo y sin seguridad en el fondo de los pozos; la frustración de las expectativas que se habían creado para cambiar esa situación con la llegada de la República; y la lucha por los derechos de reunión y asociación, que ni con la nueva situación política estaban allí reconocidos, alimentaron un importante foco de descontento que se encendió la mañana del 19 de enero de 1932. En principio era solo una huelga, con esperanzas de modificar esas condiciones, aunque los más conscientes anunciaron el comunismo libertario. Convencidos de que solo triunfaría si lograban apoderarse de las armas y frenar así la respuesta de la dirección de las minas, desarmaron al somatén y comenzaron a patrullar las calles.

La resistencia se extendió al día siguiente a otros pueblos ribereños. En Berga, Sallent, Cardona, Balsareny, Navarcles y Súria pararon las minas, cerraron los comercios. En Manresa, piquetes de trabajadores impedían el acceso a fábricas y talleres. La interrupción de comunicaciones telefónicas y la sustitución de banderas republicanas por otras rojas y negras en algunos ayuntamientos de tales localidades anunciaban que aquello era algo más que la declaración de una huelga reivindicativa.

El 21 de enero de 1932, Manuel Azaña, presidente del Gobierno, se dirigió a las Cortes. Nadie podía ponerse «en actitud de rebeldía» contra la República. «A mí no me espanta que haya huelgas […] porque es un derecho reconocido en la ley». Pero frente a los «desmanes», la fuerza militar tenía la obligación de intervenir. Efectivamente, el 22 llegaban a Manresa los primeros refuerzos militares procedentes de Zaragoza, Lérida, Gerona y Barbastro. El 23 habían ocupado todos los pueblos de la zona, excepto Fígols. Allí llegaron al día siguiente y comprobaron que los mineros habían volado el polvorín y habían huido por las montañas. El 25 se había restablecido el orden. Los mineros fueron despedidos. Los vecinos que se habían opuesto al conflicto colaboraron en la represión.

Las ilusiones de los mineros se malograron. La subversión del orden en las minas acabó muy pronto. Tampoco hubo saqueos, ni abolición de la propiedad privada, ni muertos. El Comité Nacional de la CNT, sin embargo, espoleado por las ganas de «hacer la huelga revolucionaria» que manifestaron algunos dirigentes sindicales de Barcelona acordó, en su reunión del 23 de enero, cuando el levantamiento minero ya tocaba a su fin, «dar la orden de paro en toda España, aceptándola con todas sus consecuencias». Solo algunos pueblos aislados del País Valenciano y Aragón respondieron. Tropas de infantería de Barcelona y Zaragoza se encargaron de sofocar los disturbios. El 27 todo se había acabado.

La calma fue acompañada de varias decenas de detenidos y de la clausura de todos los centros de la CNT en las comarcas afectadas. Pero los ecos de esa persecución resonaron con desmedida fuerza a causa del famoso y polémico affaire de las deportaciones. El 22 de enero habían sido detenidos en Barcelona varios militantes anarquistas, entre los que se encontraban los hermanos Francisco y Domingo Ascaso, Durruti y el dirigente de la FAI Tomás Cano Ruiz. Acompañados de otros cenetistas fueron trasladados al día siguiente al vapor Buenos Aires, anclado en el puerto. La noticia de que iban a ser deportados, pena que la Ley de Defensa de la República contemplaba en su artículo segundo, desató la ira de los órganos de expresión libertarios. El día 26 había ya más de 200 detenidos en el buque. Un centenar iniciaron el 28 una huelga de hambre y redactaron unos días después un comunicado en el que denunciaban su indefensión. El buque zarpó, finalmente, el 10 de febrero del puerto de Barcelona con 104 presos a bordo. Ese mismo día, en las Cortes, diputados catalanes de la minoría federal solicitaron que no se llevaran a cabo las deportaciones. Tras recoger otros presos en Cádiz, el Buenos Aires pasó por Canarias, Fernando Poo y llegó a Villa Cisneros el 3 de abril. Algunos de los presos enfermaron de gravedad, uno de los cuales murió, y otros fueron liberados en el trayecto. Cuando el asunto concluyó y los últimos deportados regresaron a España en septiembre, los grupos dirigentes de la CNT y de la FAI se habían situado ya en el primer puesto de la línea de enfrentamiento con el gobierno de la República.

Un año después de la primera insurrección, la CNT, de la que habían desertado ya varias decenas de miles de militantes, volvió a la carga y las huelgas e incidentes con explosivos alcanzaron de nuevo a algunas poblaciones de Aragón y del País Valenciano. El Ejército y las fuerzas de policía ocuparon posiciones estratégicas en las ciudades donde se preveían desórdenes. Los dirigentes sindicales fueron detenidos y las culpas y reproches se multiplicaron. Cuando todo parecía acabado, comenzaron a llegar las noticias de disturbios en la provincia de Cádiz, donde grupos anarquistas y comités de defensa locales amenazaban el orden en la capital, Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Paterna de la Rivera, San Fernando, Chiclana, Los Barrios y Sanlúcar. La línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, una población de apenas dos mil habitantes a diecinueve kilómetros de Medina Sidonia. Grupos de campesinos afiliados a la CNT tomaron posiciones en el pueblo la madrugada del 11 de enero.

Tras algunos choques armados, y el asalto e incendio de la choza de la familia de Francisco Cruz Gutiérrez, «Seisdedos», a quien se hizo responsable de la insurrección, las fuerzas del orden, mandadas por el capitán de la guardia de Asalto Manuel Rojas, asesinaron a doce campesinos. Los diferentes enfrentamientos y esa masacre concluyeron con diecinueve hombres, dos mujeres y un niño muertos. Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. La República ya tenía su tragedia.

Decenas de campesinos fueron arrestados y torturados. El Gobierno, dispuesto a sobrevivir al acoso que desde la izquierda y la derecha emprendieron contra él por la excesiva crueldad con la que se había reprimido el levantamiento, eludió responsabilidades. «No se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno», declaró Azaña en su discurso a las Cortes del 2 de febrero de ese año. «En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Frente a «un conflicto de rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado», él no tenía otra receta, repitió varias veces a los diputados, aunque se corriera el riesgo de que algún agente del orden pudiera excederse «en el cometido de sus funciones». En cualquier caso, dijo ante el mismo escenario el 2 de marzo, en la política social del Gobierno no estaban los orígenes de esas rebeliones contra el Estado, contra la República y contra el orden social: «Nosotros, este Gobierno, cualquier Gobierno, ¿hemos sembrado en España el anarquismo? ¿Hemos fundado nosotros la FAI? ¿Hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?».

La oposición radical y de la derecha al Gobierno, pese a que algunos periódicos como ABC aplaudieron inicialmente el castigo dado a los revolucionarios, creció a palmos a partir de ese momento. Eduardo Guzmán, quien visitó Casas Viejas en compañía de Ramón J. Sender, planteó desde La Tierra serios interrogantes a la versión oficial. La CNT, que lo único que sacó de aquellos hechos fueron más mártires para la causa, cobró fuerzas en su campaña contra la «política dictatorial y los políticos facciosos». Pasó el resto del año protestando por los presos que iba acumulando en las cárceles y preparando intensamente la revolución que conduciría a otra insurrección abortada, la que más muertos ocasionó.

La excusa, en esta ocasión, fue la victoria electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. Antes de las elecciones, la CNT había intensificado la campaña abstencionista y prometió la revolución si triunfaba la derecha. El Comité Nacional se trasladó a Zaragoza y se encargó de la organización de la insurrección a un comité revolucionario en el que estaban Buenaventura Durruti, Cipriano Mera, Isaac Puente y Joaquín Ascaso. Aunque llegaron mensajes de otras regiones anunciando que «no estaban preparados», el comité decidió dar el paso crucial.

El 8 de diciembre, el día de la sesión de apertura de las nuevas Cortes, ante los rumores sobre la preparación de un movimiento revolucionario, el gobernador de Zaragoza, Elviro Ordiales, ordenó la clausura de todos los centros de la CNT. Al día siguiente, sábado, los enfrentamientos y tiroteos se extendieron por todos los barrios céntricos de la ciudad. El paro en el comercio, taxis, tranvías y autobuses fue general y hubo intentos de incendiar algunos conventos.

Los incidentes continuaron hasta el 14, pero la batalla entre autoridades e insurrectos se desató también en numerosos pueblos de la región. Dejando de lado aquellos lugares en los que solo hubo alteraciones del orden o meras adhesiones al movimiento revolucionario, los hechos adquirieron mayor gravedad allí donde se intentó proclamar el comunismo libertario. Así ocurrió en varias localidades de Huesca, Teruel y La Rioja. Fuera del área de influencia, los ecos insurreccionales alcanzaron puntos aislados de Extremadura, Andalucía, Cataluña y la cuenca minera de León. El 15 de diciembre se habían apagado. Cinco días había durado la insurrección que cerró el ciclo de ensayos de comunismo libertario. Fue la que más huella dejó de las tres: 75 muertos y 101 heridos entre los que subvirtieron el orden; 11 guardias civiles muertos y 45 heridos; 3 guardias de asalto muertos y 18 heridos. La CNT estaba rota, desarticulada, sin órganos de expresión. Retazos, en suma, de lo que dos años antes prometía ser una fuerza devastadora.

Como ya había ocurrido en las dos ocasiones anteriores, los dirigentes sindicalistas más moderados, que habían sido expulsados de la CNT, reaccionaron con dureza. «Entre la FAI y las masas de la CNT», escribió Joan Peiró días después de la insurrección, «impera el más profundo de los divorcios». Acusó a aquella de emplear «dinero a espuertas en una campaña antielectoral que solo podía favorecer a la reacción». Las revoluciones, concluía, «se hacen sumando fuerzas, no dividiéndolas» y esa era «la lección severa» que tenía que asumir «la grey faísta». Peiró no hacía sino ser fiel a la valoración oficial de la Federación Sindicalista Libertaria, la organización que agrupaba a los sindicatos escindidos de la CNT: aquello había sido «un movimiento de pequeños grupos, de guerrilleros»; nada que ver con un movimiento de masas.

Todos los sucesos trágicos que acompañaron a esas insurrecciones anarquistas tuvieron como origen el enfrentamiento con las fuerzas armadas. No hubo excesos ni venganzas anticlericales y tampoco sus autores ejercieron violencia alguna contra los propietarios o los símbolos de la explotación económica, por nombrar algunos blancos contra los que sí apuntó el anarquismo en la revolución emprendida tras el golpe de estado de julio de 1936. Que la violencia no se ejerciera en ese sentido, sin embargo, no dulcifica el carácter de ese método de coacción contra la autoridad establecida. Detrás de él había, esencialmente, un repudio del sistema institucional representativo y la creencia de que la fuerza era el único camino para liquidar los privilegios de clase y los abusos consustanciales al poder.

La rivalidad por el poder en el movimiento anarquista, su estructura descentralizada e ineficaz que permitía todo tipo de acciones incontroladas, sometieron a sus organizaciones a una situación de enorme provisionalidad cuyo objetivo primordial llegó a ser la movilización contra la represión y los excesos del régimen republicano. De las acciones de protesta de sus afiliados en los sindicatos se pasó a la actividad radical de pequeños grupos que ni siquiera se ponían de acuerdo en qué insurrección era la suya y cuál tenían que apoyar o dejar pasar de largo.

A sus principales instigadores les preocupaba muy poco medir la fuerza del contrincante, base de cualquier cálculo racional para pasar a la ofensiva. Según García Oliver, se trataba de «superar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al Ejército, a la Guardia Civil, a la policía, lográndolo mediante la sistematización de las acciones insurreccionales. Cuando eso ocurriera, a la reacción no le quedaría más remedio que embestir y eso, inevitablemente, conduciría al desplome de la república burguesa». Una concepción simple de la acción revolucionaria que resultaba elaboradísima al lado de las posiciones de la familia Urales o de Isaac Puente. La revolución estallaría, nos dicen, en los municipios rurales, donde «un puñado de camaradas audaces» desarmarían al enemigo y armarían a los revolucionarios. En la ciudad, los obreros debían preocuparse únicamente de «traer en jaque a la fuerza armada para que no pueda acudir a someter a sus hermanos los campesinos sublevados». Las condiciones para llevar a cabo ese doble objetivo, implantar el comunismo libertario en los pueblos y lanzar la huelga general revolucionaria en las ciudades, estaban siempre servidas, aunque empezaron a ser muy propicias, de acuerdo con esa retórica, desde el primer trimestre de 1932.

En realidad, «hermanos campesinos sublevados» no había, ni podía haber, muchos. Solo grupos reducidos y muy localizados, si se compara con otras acciones de protesta emprendidas por la CNT, dieron un paso al frente cuando el reloj marcó tres veces el inicio de esa supuesta revolución. Quienes habían decidido la oportunidad del movimiento no mostraron la misma capacidad para organizarlo. Entre otras razones, porque no había mucho que organizar. Una cosa es una huelga, un conflicto por las malas condiciones de vida, por el incumplimiento de las bases de trabajo o una protesta contra la represión, y otra muy distinta una insurrección armada. Una acción desvinculada absolutamente de la usual práctica obrera basada en el sindicalismo, que era al fin y al cabo donde residía la fuerza de la CNT, no podía ser apoyada, obviamente, por los sindicalistas que fueron desplazados de la dirección por negarse precisamente a adoptar esa táctica, que ellos consideraban errónea y suicida, de enfrentamiento abierto con el poder republicano.

Tampoco esa base sindical formada en los primeros momentos de la República, que acudió a muchas de las movilizaciones urbanas y desoyó las advertencias de los «treintistas», secundó a la hora de la verdad la llamada de los heraldos de la revolución. La escasa fuerza de la CNT en el mundo rural, por último, con dispersos sindicatos locales subordinados a las órdenes y propaganda que venían de las ciudades, que solo podían tener éxito en la medida en que atendieran a reivindicaciones concretas y alcanzables, convertía en pura quimera las visiones apologéticas de las posibilidades revolucionarias del campo español. En el escenario supuestamente más propicio para ese sueño, Andalucía, la CNT mantuvo expectativas entre el proletariado agrícola mientras transitó la ruta de la huelga reivindicativa conectada con las aspiraciones de ese sector. Cuando se olvidó de asuntos como las subidas salariales, la reducción de la jornada laboral o la abolición de los destajos y se precipitó por el camino marcado por los dirigentes urbanos y los comités de defensa —es decir, huelgas de carácter general desvinculadas de esas reivindicaciones específicas e insurrecciones—, ese proletariado rural desertó de sus filas y las organizaciones socialistas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) asumieron el control y la dirección de los movimientos huelguísticos. La máxima expresión de aquella línea insurreccional desembocó en Casas Viejas y ya hemos visto cómo acabó.

CAMBIO DE RUMBO

Tras la insurrección de diciembre de 1933, la CNT estaba sumergida en una profunda crisis, escindida y sin recursos para plantear alternativas sólidas a los avances de la derecha y de la patronal. La intensidad de las luchas sociales cayó en picado y aunque una parte de los anarcosindicalistas asturianos participaron en la revolución de octubre de 1934, la CNT y la FAI comenzaron a dar muestras de agotamiento y varios de sus dirigentes se sumaron a las voces que pedían más organización y disciplina y menos acciones supuestamente revolucionarias vinculadas a las «minorías audaces». Las injurias y calumnias entre los diferentes sectores anarcosindicalistas bajaron también de tono. En el Pleno Nacional de Regionales de enero de 1936, la representación asturiana pidió «que se invite a los sindicatos de oposición a ingresar de nuevo en la CNT». Salvo el grupo de Ángel Pestaña, que continuó con su proyecto político en el Partido Sindicalista, volvieron casi todos los que a comienzos de la República estaban en la dirección de la CNT, encabezados por Joan Peiró. En total, 69 621 afiliados y 85 sindicatos reingresaron en la organización en el congreso que se celebró en Zaragoza en mayo de 1936.

La victoria de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 permitió de nuevo a la CNT ocupar el espacio público, movilizar a sus afiliados y reorganizar sus efectivos. Atrás quedaban el tono victimista de sus declaraciones y el lenguaje agresivo contra republicanos y socialistas. Los vientos que soplaban entre los sindicatos de la CNT eran muy diferentes a los de 1933. Los centros obreros se reabrían. Las heridas ocasionadas por la escisión se cerraban. La prensa confederal, con censuras, pero sin suspensiones, se recuperaba. El congreso de mayo de Zaragoza, en el que pudieron reunirse 649 delegados que representaban a 988 sindicatos y 559 294 afiliados, daba de nuevo motivos para el optimismo, incluso para la euforia.

De ese congreso extraordinario siempre se ha destacado su famoso dictamen sobre el comunismo libertario, un triunfo rotundo de las concepciones comunales y retrógradas que con tanto ahínco habían defendido Isaac Puente y la familia Urales durante aquellos años. Y resultaba asombroso, efectivamente, comprobar que, con lo que parecía avecinarse, un grupo de anarquistas, entre quienes se encontraban Federica Montseny, Juan García Oliver o Joaquín Ascaso, se enzarzara en discusiones tan peregrinas sobre la familia y las relaciones sexuales en las comunas libres del futuro. No debería olvidarse, no obstante, que aquella fue la primera vez que la CNT reconoció públicamente los errores de la táctica insurreccional y dejó las especulaciones sobre la reforma agraria para intentar el camino opuesto, el de las reivindicaciones concretas sobre salarios, condiciones de trabajo y devolución de los bienes comunales. «La preparación constructiva de los campesinos, de acuerdo con nuestros principios, es la misión más importante y difícil del anarcosindicalismo en el campo», se lee en el dictamen sobre el «problema agrario». Se trataba de «evitar en lo sucesivo esos movimientos esporádicos que inician por su cuenta las regiones, sin el menor control, sin las circunstancias que indican el momento adecuado para la revolución, y sin la preparación necesaria para imponerse desde el primer momento al sistema capitalista». Organización, preparación y búsqueda de apoyos sociales entre los campesinos.

Es difícil imaginar hasta dónde hubiera llegado esa apuesta porque dos meses después la sublevación militar obligó a cambiar de nuevo el rumbo y esta vez de forma brusca. Lo que en la primavera de 1936 era debilidad, incertidumbre, vuelta a empezar, se tornó en el verano en fortaleza y revolución social. La guerra civil que siguió a esa sublevación impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron inservibles. Una vez puesto en marcha ese engranaje de rebelión militar y respuesta revolucionaria, las armas fueron ya las únicas con derecho a hablar.

Toda una etapa concluía para el anarcosindicalismo con ese golpe. Una etapa en la que, como hemos visto, mantuvo relaciones muy difíciles con la República y conoció diferentes estados de ánimo, desde las expectativas iniciales de algunos a las insurrecciones inútiles de otros, pasando por la hostilidad de la mayoría de sus afiliados. Cuando estaban rehaciéndose todos esos caminos, llegó julio de 1936. De súbito, el anarcosindicalismo se encontró con lo que tanto había buscado sin éxito, con su oportunidad histórica de hacer realidad el sueño igualitario en un paraíso terrenal. De la «borrachera de entusiasmo» que trajo el vendaval de abril de 1931 se pasó a la «borrachera revolucionaria» originada por la tormenta de julio de 1936. De la fuerza de la calle al poder de las armas.

La oposición de la CNT privó a la República, en conclusión, de apoyos sociales fundamentales. Pero resultaría demasiado simple atribuir al radicalismo anarcosindicalista el debilitamiento de la alternativa liberal y democrática. Con unas clases medias divididas ante el alcance de las reformas, una legislación que en nada facilitaba la solución de los conflictos, con un Estado sin recursos económicos, ineficaz en la gestión y con unas fuerzas de orden habituadas a la represión violenta de los conflictos, la consolidación de la democracia republicana resultaba un objetivo repleto de obstáculos. Los anarcosindicalistas proporcionaron una buena dosis a esa cultura del enfrentamiento pero, evidentemente, no eran los responsables de la fragmentación política de las clases medias ni de la incapacidad que mostraron para formar coaliciones gobernantes duraderas. Los sectores tradicionalmente dominantes de las instituciones políticas que se habían visto obligados a salir de ellas con la proclamación de la República volvieron tras las elecciones de noviembre de 1933. Desde algunos meses antes habían iniciado, con la adhesión incondicional de cientos de miles de pequeños y medianos propietarios rurales, una ofensiva desestabilizadora del Régimen que no concluyó hasta conseguir su objetivo de echar abajo las reformas y extirpar la amenaza revolucionaria. [→ DERECHAS].

La República encontró enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo. Pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Los primeros desafíos fuertes, y los que más se vieron porque solían acabar en enfrentamientos con las fuerzas de orden público, llegaron desde abajo, desde las protestas sociales, y después insurrecciones, de anarquistas y socialistas. El golpe de muerte, el que la derribó por las armas, nació, sin embargo, desde arriba y desde dentro, desde el mismo seno de sus fuerzas armadas y desde los poderosos grupos de orden que nunca toleraron la República.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Casanova, Julián (coord.): Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España, Crítica, Barcelona, 2010.

Ealham, Chris: La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto, 1898-1937, Alianza, Madrid, 2005.

Monjo, Anna: Militants. Participació i democràcia als anys trenta, Laertes, Barcelona, 2003.

Vega, Eulalia: Anarquistas y sindicalistas durante la Segunda República. La CNT y los Sindicatos de Oposición en el País Valenciano, Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1987.

LA GUERRA CIVIL

En 1936 había quebrado la legalidad republicana al convenirse el mismo Poder en promotor y protagonista de la más radical subversión de los derechos de la persona y de la sociedad. Al ordenar el Gobierno a la Policía del Estado el asesinato del jefe de la oposición parlamentaria y entregarse a los designios de Moscú, dejaban de existir los últimos restos del que se decía Estado de derecho. En consecuencia, las fuerzas armadas de la Nación, conscientes de sus deberes para con la Patria y en cumplimiento de lo que prescriben sus leyes constitutivas, con el respaldo entusiasta del pueblo sano, aleado en armas para defender su existencia, su historia y su soberanía, eligen y nombran un Caudillo y abren una etapa creadora, instauradora, fundacional.

FRANCISCO FRANCO

LA SUBLEVACIÓN MILITAR

DE JULIO DE 1936

por

JUAN CARLOS LOSADA

El 19 de julio de 1936 era la fecha dictada por el general Emilio Mola, el «Director», para iniciar la sublevación en la península. Elegir domingo era lógico. Las temidas masas obreras estarían descansando, lo mismo que los políticos, por lo que una rápida acción militar de madrugada debería resultar definitiva. Además era verano. Muchos de los mandos militares fieles estaban de vacaciones, gran cantidad de soldados de permiso y los conjurados se habían preocupado de estar en los lugares clave.

UNA VISIÓN GENERAL

Sin embargo los acontecimientos se precipitaron en muchos lugares y la suerte de la rebelión fue muy desigual. De las 51 guarniciones más importantes se rebelaron 44, pero en muchas de ellas cundió el fracaso. Durante tres días se sucedieron frenéticos acontecimientos a lo largo de toda España que decidirían la suerte de millones de españoles. Hoy hay un acuerdo bastante generalizado en las causas estructurales del golpe de estado: el miedo de la derecha reaccionaria a las profundas reformas sociales que se avecinaban en 1936. Es sabido que, a grandes rasgos, el golpe triunfó en aquellas zonas tradicionalmente conservadoras, rurales y en las que el movimiento obrero era más débil y las derechas más movilizadas y contaban con civiles fácilmente convertibles en milicias (falangistas, carlistas, Acción Española, Juventudes de Acción Popular…). Por el contrario tuvo mayores dificultades en donde las masas proletarias eran más fuertes, con la relevante excepción de Sevilla. [→ DERECHAS].

También hay miles de pequeñas causas coyunturales y hasta personales que explican el éxito de la rebelión o su fracaso en muchos lugares y, sobre todo, la indecisión de un número importante de los protagonistas que habían de encabezar la sublevación. Los militares golpistas eran distintos entre sí y no solo desde el punto de vista de sus opciones ideológicas o políticas concretas (aunque les unía un general rechazo hacia todo lo que oliese a izquierdista o separatista), sino en cuanto a posturas personales. Los había claramente decididos, convencidos a dar el golpe, a ser protagonistas, a jugarse el todo por el todo sin importarles el precio a pagar o a cobrar a los demás, dispuestos a desatar una matanza de todos aquellos elementos que consideraban nocivos para España. Era el grupo de la Unión Militar Española, de Mola, de Queipo de Llano y de muchos de los africanistas forjados en las crueles guerras de Marruecos o en la represión de Asturias, como el mismo Franco.

Pero otros rebeldes, posiblemente los más, pensaban que la rebelión sería una repetición del golpe de Primo de Rivera, no tan fácil pero que se resolvería en pocos días aunque costase sangre. Muchos de estos, basándonos en sus testimonios personales y memorias, se habrían pensado mucho más su adhesión a la rebelión de haber anticipado la dimensión de la carnicería que iba a desencadenarse y durar tantos años y de la que ellos serían causantes, al menos en parte.

Este sector también tenía su equivalente entre la mayor parte de militares profesionales que quedaron en el bando republicano, muchos por «accidente geográfico». Todo este bloque, posiblemente mayoritario, eran profesionales, conservadores o moderados políticamente, que aspiraban simplemente a vivir en paz o, como mucho, a luchar en Marruecos (había africanistas en los dos lados), pero que no deseaban mezclarse en una guerra fratricida en que podía pasarse de héroe a traidor por la decisión de un minuto y en la que sabían que miembros de su familia y compañeros y amigos de profesión podían estar en la trinchera de enfrente. Cierto que la gran mayoría no estaban de acuerdo con una evolución izquierdista de la República, pero tampoco deseaban implicarse en aventuras como la «Sanjurjada». Muchos de ellos formaban parte, posiblemente, de la amplísima mayoría que no quería llegar a la guerra, pero las circunstancias les pusieron en la obligación de elegir aun cuando no quisiesen. Si no acertaban a qué bando adherirse (el que triunfase en su ámbito geográfico) ponían en juego no solo su propia vida, sino también la de sus familias.

Por ello, en muchos predominó la actitud de ver y esperar hasta el último momento, sumidos en la duda, para apuntarse al caballo ganador. De esta manera aguardaron indecisos el desarrollo de los acontecimientos para comprobar si en las sedes de las divisiones orgánicas, o en otras plazas importantes, triunfaba el golpe para adherirse o no. No querían aventuras, pero tampoco enfrentarse con sus compañeros. Hubo casos en los que los jefes y oficiales llegaron, incluso, a votar en las salas de banderas sobre la actitud a seguir en el día de la sublevación, cosa impensable en cualquier ejército. Otros muchos, ante el resultado equivocado de su apuesta, decidieron suicidarse. Sin contemplar tales cientos de historias personales, sin calibrar su situación, sus convicciones íntimas más que políticas, no puede comprenderse el desarrollo tan distinto de los acontecimientos que tendrían lugar en aquellos días de julio de 1936, según las diferentes guarniciones. Junto a la política y los ideales, jugaron la situación personal, el instinto de supervivencia, el compañerismo, el miedo y hasta las envidias y rivalidades. Es sabido que uno de los motivos que influyeron en Franco fue su fuerte enemistad personal con Sanjurjo, quien habría de ser el jefe de la sublevación. Lo cierto es que el golpe de estado se concretó en cientos, en miles de pequeños golpes en los diferentes pueblos y acuartelamientos de España, en donde lo político no podía desgajarse de lo personal.

17 DE JULIO: EL EJÉRCITO DE ÁFRICA SE SUBLEVA

Movilizar y agrupar un ejército disperso y escasamente motorizado requería tiempo. El paso previo al golpe era acuartelar las fuerzas y aprovisionarlas, con cualquier excusa, para actuar con rapidez y energía cuando llegase el momento oportuno. El primer movimiento se dio a las 22 horas del 16 de julio, cuando un tabor (batallón) de regulares salió de Torres de Alcalá, frente el peñón de Vélez de La Gomera, para llegar por la mañana a Melilla. A su mando estaba el comandante Joaquín Ríos Capapé, quien antes de partir había cortado las comunicaciones del peñón con la península. A diferencia de lo que ocurría en las capitales peninsulares más importantes, los conspiradores eran muy mayoritarios en Marruecos y se movían con gran impunidad. Allí estaban las mejores unidades militares, unos 40 000 hombres en total que alcanzaban la cuarta parte del ejército español, y lograr sublevarlas era indispensable para el éxito. Aunque los generales eran fieles al Gobierno, la mayor parte de jefes y oficiales estaban implicados a pesar de que muchos de ellos, como Juan Yagüe, habían dado su palabra de honor de no estar planeando nada. Los valores militares de un ejército colonial como aquel, que además había participado activamente en la represión de la revolución de Asturias, le hacía sumamente proclive a comulgar con los postulados más reaccionarios. Además en África apenas existía sociedad civil, lo que cimentaba aún más el aislamiento de la militar. Hubo mandos que, oliéndose lo que se venía encima, decidieron ausentarse oportunamente para no verse implicados, como el teniente coronel Juan Caballero, de Regulares. Sin embargo, ello no le evitó el pelotón de ejecución en Sevilla poco después.

Todos los golpistas debían reunirse y prepararse en los acuartelamientos a lo largo del 17 de julio. El plan preveía actuar en la madrugada del 19. Es más, Mola envió un aviso para que se retrasase unas horas con el fin de esperar a que Franco asumiera la dirección del ejército de África. Un hecho fortuito en Melilla adelantó el golpe al 17 por la tarde. En la sede de la Comisión de Límites habían ido acumulándose armas robadas del arsenal, que debían distribuirse entre falangistas y otros civiles que apoyasen el golpe. Desde hacía horas corrían intensos rumores y un chivatazo movió a que guardias de asalto, siguiendo órdenes del general Manuel Romerales, tratasen de efectuar un registro. Para evitarlo, un grupo de legionarios se desplazó con el fin de proteger el edificio.

La acción se ordenó a las 14:30 y dos horas más tarde se intentó acometerla, lo cual resultó imposible por la acción de los legionarios. No se llegó al incidente armado, pero era evidente que enseguida las autoridades civiles sabrían que el registro había sido imposible y que no tardarían en deducir que se tramaba algo muy serio. A los golpistas no les quedó otro remedió que huir hacia adelante si no querían ser descubiertos y detenidos. Al poco rato, aproximadamente a las 17 horas, el general Romerales, jefe superior de Melilla, fue detenido a punta de pistola por el coronel Luis Solans y otros conspiradores. Inmediatamente la rebelión se extendió por la ciudad. Todos los colaboradores de Romerales (fusilado un mes después) y el personal adicto al Gobierno fueron detenidos e inmediatamente se proclamó, a las seis, el estado de guerra en nombre de la República. El mando del ejército de África se ofreció al único general que más allá de Gibraltar se había sublevado, aunque todavía no públicamente: Franco.

Mientras tanto las autoridades republicanas, alarmadas por las noticias que llegaban confusas sobre una rebelión en Melilla, llamaron a Ceuta y Tetuán desde donde sus interlocutores informaron, entre el desconocimiento y el engaño, que allí no pasaba nada. El general Agustín Gómez Morato, que aterrizó a las 18 horas en Melilla para inspeccionar la plaza, fue detenido inmediatamente. Solo resistió la base de hidroaviones del Atalayón. Su jefe, el capitán de aviación Virgilio Leret, tras poner a salvo a su familia, se defendió a tiros pero fue capturado y fusilado aquella misma noche, aunque por un prurito de apariencia legal se retrasó oficialmente la fecha de la ejecución en cinco días.

El teléfono funcionó y el resto de guarniciones africanas se sumaron. Aquella misma tarde del 17 de julio lo hizo también Tetuán bajo el mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. El alto comisario, Arturo Álvarez Buylla, fue detenido en su despacho y ejecutado meses después. Tomó el mando el teniente coronel Juan Beigbeder. Ceuta cayó por la noche a manos de los legionarios de Yagüe y los pocos mandos leales a la República que no fueron apresados tuvieron que escapar a la zona francesa desde Larache, como el teniente coronel Luís Romero Basart (su hermano Pedro, en el bando sublevado, fue el alma de la resistencia del Alcázar de Toledo).

En aquella tarde-noche del 17 de julio todo Marruecos se había sublevado a excepción de un punto: el aeródromo militar de Sania Ramel, bajo el mando de un primo hermano de Franco, el comandante Ricardo de La Puente Bahamonde, que inutilizó diez aviones Breguet XIX antes de caer prisionero con dos de sus capitanes, a las cinco de la madrugada del 18 de julio. A estas horas todo Marruecos quedó controlado por los sublevados. Poco antes, aproximadamente a la una de la madrugada, se había asaltado el centro obrero de Tetuán, deteniendo a unas trescientas personas de las que, posteriormente, 114 serían pasadas por las armas. Una pequeña posición cerca de Arcila resistió hasta el 25 de julio. El sargento y los soldados que la mantuvieron fueron fusilados a la semana siguiente. Mientras tanto, y tras asumir el control absoluto de Melilla, el coronel Solans había lanzado, hacia las 18 horas del día 17, la primera proclama golpista en la que se anunciaba que el Ejército se había levantado en armas y que al frente estaba el general Franco como jefe supremo de las fuerzas de Marruecos.

Franco aterrizó en el mismo aeródromo en donde resistió su primo el 19 de julio por la mañana, para hacerse cargo del mando supremo. Tras un consejo de guerra el 4 de agosto, se le fusiló, pero Franco, cínicamente, hizo que el «enterado» lo firmase el general Orgaz. Así evitó mancharse las manos con la sangre de su familia. En todo el Protectorado, según las últimas investigaciones, fusilaron a 768 militares y civiles, desde oficiales a sindicalistas, por oponerse al golpe o, simplemente, por no secundarlo. Una tercera parte de ellos lo fueron en las primeras 36 horas. Las directrices de Mola se cumplieron a rajatabla.

16 DE JULIO: FRANCO CRUZA EL RUBICÓN

Tradicionalmente se ha sostenido que Franco jugó a la ambigüedad hasta el último momento. La tesis se apoya en que estaba al mando en Tenerife, mientras que su subordinado el general Amado Balmes encabezaba la más potente guarnición de Gran Canaria. También se encontraba aquí el general Luis Orgaz, viejo conspirador monárquico, en una especie de semidestierro oculto tras el poco transparente velo de estudiar un plan de artillado para las islas.

La ideología de Franco, su malestar con la República por haberle marginado y su ambición personal jugaban a favor de que se sumase al golpe. A finales de junio, Mola le había designado como jefe del ejército de África. Varios autores profranquistas han aducido que Franco ya había decidido sumarse al golpe, una tesis escasamente aceptada entre la mayor parte de los historiadores, que han enfatizado la cautela de Franco y sugerido que al golpe se adhirió en el último momento, tras conocer el asesinato de Calvo Sotelo.

Contra esta última tesis se ha pronunciado Ángel Viñas. En una nueva investigación ha destacado que los conspiradores militares y civiles habían concebido ya la idea en abril de trasladar por avión a Franco o a Goded a la península. Se lo habían comunicado al embajador británico en Madrid, a quien sometían a una fuerte intoxicación sobre el destino «para-soviético» al que se dirigía presuntamente la República.

A mitad de junio los conspiradores monárquicos empezaron las gestiones para hacerse con un avión que trasladase a Franco, con quien se comunicaban por diversos medios, entre ellos a través de Yagüe. No parece que Franco respondiera, probablemente porque no se fiaba ni de su sombra. También porque no estaba seguro de cuándo podría salir de Canarias ni de sus posibilidades de convencer a Balmes de sumarse a la rebelión. Todo hace pensar que esto último no lo consiguió. A principios de julio debió concebir la idea de eliminarlo. Lo único que dijo a los conspiradores es que el avión que alquilaran fuese a recogerle a Gando y no a Los Rodeos, cerca de su residencia.

El 11 de julio el marqués de Luca de Tena dio instrucciones a la persona que había alquilado el avión, Luis Bolín, de que el aparato debía dirigirse a Las Palmas, sin duda porque en él Franco había divisado la posibilidad de escapar de las estrecheces del archipiélago. El operativo para deshacerse de Balmes se puso en marcha, no sin ciertos episodios de nerviosismo, siempre ocultados en la literatura profranquista. Por ejemplo, las gestiones de Orgaz para contar con una alternativa, un aparato del servicio postal de Lufthansa que hacía la ruta de África.

Es lógico que Franco no comunicara nada de sus planes ni a los conspiradores ni a Mola. El general gallego había puesto en marcha una conspiración personal dentro de la global. El Dragón Rapide, que llevaba a bordo a un excapitán de la inteligencia militar británica, Hugh Pollard, probablemente con el conocimiento de esta o del servicio secreto (M16) llegó a Gran Canaria el 14 de julio. Pollard se encaminó al día siguiente a Santa Cruz donde comunicó la disponibilidad del aparato al entorno de Franco, que no cesaba de comunicar con los conspiradores en Madrid a la ansiosa espera del avión. El 16 por la mañana se produjo la muerte de Balmes a resultas del intento de desencasquillar la pistola con la que hacía prácticas de tiro. Lo hizo apoyando el cañón en el bajo vientre en un accidente que describieron la prensa de la época y los cuentistas a sueldo de Franco posteriormente. En realidad lo más verosímil es que fuera un asesinato cometido por un oficial de la confianza de Balmes y encubierto por un grupo de conspiradores, oficiales médicos incluidos. Ciertamente, el capitán Pollard, gran experto en armas cortas, no tuvo la menor duda de que al general le habían pegado un tiro.

El 17 por la mañana Franco desembarcó en Las Palmas para asistir al funeral, debidamente autorizado por el Ministerio de la Guerra. En la travesía le acompañaron su familia, su ayudante y su escolta. También Pollard. Tras el funeral y comprobar la tensión existente en Las Palmas, se fue al Hotel Madrid. Esa noche su primo y ayudante teniente coronel Francisco Franco-Salgado le comunicó el telegrama de Solans y las noticias de África. En la mañana del 18 de julio se hizo público su primer manifiesto, que había redactado unos días antes, y que contenía un compendio de los reproches «patrióticos» y profesionales contra el gobierno republicano. Acababa con un «¡Viva el honrado pueblo español!». Tras la declaración del estado de guerra, se tomaron los puntos clave de Gran Canaria y Tenerife. Solo hubo resistencia, y no mucha, en la isla de La Palma. Durante unos días dejó a Orgaz al cuidado de la «pacificación», pero poco más tarde le llamó a Tetuán junto con el oficial que supuestamente había asesinado a Balmes.

Franco fue por mar desde Las Palmas hasta Gando haciendo gala de una cautela extrema. Su mujer Carmen y su hija embarcaron en el barco alemán Waldi, que zarparía días más tarde con destino a Lisboa y El Havre. En el extranjero, por si las moscas, les esperaba la cuenta de 500 000 pesetas que Juan March les había abierto.

A las 14,30 horas del 18 de julio despegó el Dragón Rapide desde Gando. Hay fuentes que afirman que subió al avión de paisano y sin bigote. Para un viaje que podía hacerse en siete horas invirtió diecisiete. Siempre queriendo jugar sobre seguro, retrasó su llegada al Protectorado hasta hiperconvencerse de que todo estaba controlado. Tras hacer escala en Agadir a las 17:30, llegó a Casablanca a las 20 horas, ciudad en la que pernoctó. Cuando se despertó a primeras horas del 19 de julio, ya se sabía que en Sevilla se había sublevado Queipo de Llano. Por fin, a eso de las 8 horas del 19 de julio, llegó al aeropuerto en donde su primo hacía poco había sido capturado, pero no aterrizó hasta comprobar que era Sáenz de Buruaga quien le esperaba en la pista. El golpe había triunfado fácilmente en Canarias y África. Ahora había que esperar lo que pasaría en la península en ese mismo domingo.

LA SUBLEVACIÓN EN ANDALUCÍA Y

LA REACCIÓN GUBERNAMENTAL

El Gobierno tardó en creerse las imprecisas noticias que llegaron de África la tarde-noche del 17 de julio y no se enviaron aviones ni refuerzos. Cuando al día siguiente se supo la certeza de la rebelión, un simple comunicado a las 8 de la mañana dio cuenta de la misma, pero despreciando su alcance y asegurando que en la península nadie lo había secundado. El Gobierno creyó, o quiso creer, que se enfrentaba a algo puntual. Sin embargo, la noticia movilizó a las organizaciones obreras, que acudieron a sus locales, así como a los gobiernos civiles, pidiendo armas y consignas. Este estado de alerta entre la población será decisivo para que, el 19 de julio, el golpe fracase en numerosos lugares.

De momento el Gobierno confió en que con simples llamadas telefónicas o emisarios podría evitar la extensión de la rebelión. Inocentemente las evasiones o engaños que recibió Casares Quiroga de gran parte de sus interlocutores militares las interpretó como si de verdad nada en serio estuviese sucediendo. El único que se mostró enérgico fue el director general de Aeronáutica, el general Miguel Núñez de Prado, que tras comprobar la envergadura de la sublevación trató de marchar a Marruecos. Al ver que era ya inútil, se dirigió en la madrugada del 18 a Zaragoza para contener al general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, viejo amigo suyo. Sin embargo será apresado y más tarde fusilado por orden del general Mola.

La precipitación de la sublevación en África obligó a muchos conspiradores a adelantarse un día, al 18 de julio, sobre todo en el sur, si querían contar con el apoyo de las tropas africanas. Este fue el caso de Sevilla, en donde el jefe de la II División Orgánica, José Fernández Villa-Abrille, fue depuesto por la audaz acción de Gonzalo Queipo de Llano, inspector jefe de carabineros, que con el apoyo de un grupo de conspiradores de la UME logró detener a los jefes y oficiales leales a la República aproximadamente al mediodía. Hay que señalar que tanto como su audacia jugó la falta de energía y las dudas de los mandos fieles al Régimen que, desconcertados, no supieron reaccionar. Sus tropas se pasaron a los sublevados. Al día siguiente, 19 de julio, el aeródromo de Tablada ya estaba en su poder, lo que significaba que podían llegar por vía aérea fuerzas de África.

Aunque menos conocida, más decisiva aún fue la acción del jefe militar de Cádiz, general José López-Pinto, que informado del éxito de la rebelión en Marruecos liberó al general José Enrique Varela (confinado en Cádiz por conspirador) y se hizo con el control de la ciudad por la noche del 18 de julio y en la madrugada del 19. Ello permitió que llegasen a su puerto las primeras unidades del ejército de África y acabasen con la resistencia republicana.

El día 19 llegaron tropas al puerto de Algeciras, cuya guarnición también se había sublevado, y ocuparon la Línea de la Concepción. Todo ello configuró una cabeza de puente en forma de cuña que, partiendo de Cádiz, ascendía hasta Sevilla y que permitiría la posterior implantación de las fuerzas africanas.

En las otras capitales andaluzas la resolución fue desigual. Las guarniciones comprometidas estaban en un ambiente hostil y, en aquellas horas y minutos, todo dependía de una acción fortuita, de una decisión, de un estado de ánimo, de una audacia o de una duda. Muchos militares se vieron en la necesidad de elegir en meros segundos en qué bando estar y correr el riesgo de equivocarse, sabiendo que les esperaba, según acertasen apuntarse o no al bando ganador, la medalla o el fusilamiento. Fruto de esas circunstancias el golpe triunfó en Granada y Córdoba, pero fracasó en Málaga, Huelva, Almería. En su mayoría los generales con mando efectivo se mantuvieron fieles al Gobierno, siendo depuestos por sus estados mayores y por sus jefes y oficiales. De hecho solo tres generales de división del ejército de Tierra en activo se sublevaron: Cabanellas, Franco y Goded.

Rebasado por los acontecimientos y reacio a dar armas a los obreros, Casares Quiroga dimitió a las 22 horas del 18 de julio. Lo único que dispuso a lo largo de aquel día decisivo fueron un par de decretos que se convertirían en papel mojado cuando no nefasto, como la anulación del estado de guerra dictado por los sublevados en sus ciudades y la expulsión del Ejército de los jefes sublevados (que, obviamente, no se aplicaría) así como el licenciamiento y la liberación de obediencia de los soldados pertenecientes a las unidades sublevadas. Este último fue un desastre (medida «insensata», según Gabriel Cardona), pues de ella se hizo caso omiso en las zonas sublevadas, y en las republicanas, en donde la situación era dudosa, supuso la deserción masiva e inmediata de la tropa desmantelándose las unidades que hubiesen podido formar el eje de un nuevo ejército fiel a la República. El resultado fue el hundimiento del ejército gubernamental. De esta manera, cuando los oficiales fieles a la República trataron de asumir el mando se encontraron sin tropas a las que mandar.

Azaña nombró entonces a Diego Martínez Barrio nuevo jefe del Gobierno cerca de la medianoche del día 18. Poco antes de la madrugada hará un intento desesperado de conjurar el golpe mediante la negociación. El nuevo jefe del Gobierno representaba el ala más moderada del Frente Popular, un hombre centrista y bien relacionado con casi todo el mundo. Para convencer a los golpistas de sus intenciones conciliadoras y de que estaba dispuesto a negociar, trató de formar un gobierno con presencia testimonial socialista moderada y con mayoritaria representación republicana de centro, miembros algunos de partidos no integrados en el Frente Popular, como dos ministros del Partido Nacional Republicano que habían rechazado su presencia en la coalición por figurar en ella el Partido Comunista. Largo Caballero rechazó su incorporación aspirando al todo o nada y entonces Martínez Barrio, en aquella madrugada, formó un gabinete con solo republicanos moderados. La izquierda puso el grito en el cielo y amenazó con movilizarse si tal gobierno «claudicante» se constituía y mantenía la decisión de no dar armas al pueblo.

Inmediatamente Martínez Barrio trató de comunicarse con los militares rebeldes y de convencerles de que depusieran su actitud a cambio de considerar sus demandas. Como prueba de buena voluntad exhibió el gobierno moderado que acababa de constituirse. En la noche del 18 al 19 tanto él como el general Miaja, nuevo ministro de la Guerra, contactaron con Mola, quien por fin les confesó abiertamente que estaba sublevado y que había depuesto al general Batet como jefe supremo de su zona militar. Al parecer, en la madrugada se llegó a ofrecer a Mola un Ministerio, como prueba del sincero propósito de reorientar la política hacia la derecha y restablecer el orden público. El general rebelde rechazó el ofrecimiento. Su tajante decisión de no negociar la reflejará, días después, cuando declaró por radio que no era hora de aceptar «ni pactos de Zanjón, ni abrazo de Vergara». Era evidente que estaba decidido a que el Gobierno dimitiese y entregase el poder a los sublevados. A Cabanellas también se le prometió integrar a varios generales sublevados en el Gobierno, pero igualmente contestó que ya era demasiado tarde.

Con similares negativas a negociar respondieron otros mandos sublevados, que divisaban en las desesperadas gestiones de Martínez Barrio una señal de debilidad, lo que les animó a reafirmarse en su rebelión. Muchos ni siquiera se pusieron al teléfono al saber que era el Gobierno quien trataba de comunicarse con ellos. Todas las gestiones fracasaron y ninguna de las ciudades en donde las guarniciones se habían sublevado volvieron a la legalidad republicana. La única excepción fue Málaga, en donde el dubitativo general Francisco Patxot parece que se dejó convencer por el Gobierno y el falso argumento que la sublevación estaba fracasando en toda España, aunque la correlación de fuerzas en la ciudad tampoco le favorecía.

A las pocas horas se constató que el sentido y el único motivo del nuevo Gobierno, negociar con los sublevados para impedir el desastre, se había saldado con un fracaso. Además el gabinete y Azaña se vieron desbordados por la agitación de las masas que pedían armas y se negaban a negociar con los sublevados, percibiendo que la ola revolucionaria podía desatarse contra ellos. Martínez Barrio, impotente y amargado, dimitió en la mañana del 19 de julio, sin que su Gobierno llegara a tomar posesión ni se hubiese plegado a entregar armas a los obreros. Posiblemente algunos militares que estaban a la espera de las gestiones moderadas de Martínez Barrio (¿Aranda?), se lanzaron entonces abiertamente a la rebelión.

EL GOLPE EN EL NORTE

Las noticias de Marruecos hicieron que Cabanellas, el único jefe de división orgánica rebelde, acuartelase las tropas en la mañana del 18 de julio, pero siguió manteniendo, oficialmente, una postura ambigua. De hecho en la zona norte la sublevación no se desencadenó hasta la fecha planeada del 19 de julio. No fue hasta las 23 horas del 18 de julio cuando Cabanellas colocó baterías en las calles de Zaragoza, pero aún sin proclamar el estado de guerra, cosa que no se hizo hasta las 5 horas del 19. Lo mismo hizo Mola en Pamplona a las 6 de la mañana. Enseguida se sumaron Logroño, Soria, Vitoria y Palencia. Sin embargo, la sublevación fracasó en San Sebastián, Bilbao y Santander. Tras la audaz acción del general Andrés Saliquet, también retirado por el Gobierno, al apoderarse de la capitanía de Valladolid en la madrugada del 19 se sumaron las guarniciones de Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Cáceres. Al mismo tiempo Domingo Batet, general en jefe de la división orgánica de Burgos, fue detenido por sus subalternos. Rápidamente se organizaron columnas desde Pamplona que partieron en todas direcciones para consolidar la rebelión y acabar con todos los focos de resistencia. Sin duda la importante presencia de militantes de extrema derecha en Navarra, Castilla la Vieja, León y Galicia, que inmediatamente recibieron armas, fue un elemento que jugó a favor de los insurrectos.

En Galicia, muy alejada del control de Mola, las dudas estuvieron muy presentes hasta que, en Orense, a las 15 horas del 19 se proclamó el estado de guerra, pero no fue hasta el 20 cuando la situación fue dominada gracias a la Marina y al coronel Pablo Martín Alonso, destinado en La Coruña. De todas formas en Vigo, Porriño, y sobre todo en Tuy, la resistencia republicana se prolongó hasta final de mes.

En la revolucionaria Asturias la situación fue más confusa. En Oviedo, el coronel Aranda estaba comprometido, lo mismo que Antonio Pinilla en Gijón. Sin embargo sabían que era imposible vencer la oposición minera. Tras engañar a las autoridades sobre su fidelidad a la República, Aranda animó a los mineros a partir hacia Madrid en sendas columnas para defender la capital. A tal efecto les dio unos pocos y viejos fusiles. Unos 3500 mineros y obreros partieron en tren y por carretera, el 19 de julio a primera hora. Una vez desembarazado de ellos, Aranda proclamó su adhesión a la rebelión, ocupando Oviedo con cierta facilidad. Pinilla, en cambio, se retrasó en la ocupación de Gijón y fracasó. En León la llegada de los mineros con destino a Madrid impidió la rebelión del 19 de julio, pero cuando prosiguieron su camino el general Carlos Bosch Bosch proclamó el estado de guerra. Eran las 14 horas del 20 de julio.

EL FRACASO EN BARCELONA, VALENCIA Y MADRID

En Barcelona había una tupida red de conspiradores de la UME que mantenía estrecha relación con Emilio Mola a través de su hermano Ramón, destinado en la ciudad. Sin embargo también existía un numeroso grupo de militares decididamente republicanos, de la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), que vigilaba a los golpistas y estaba muy al tanto de sus planes. Manuel Goded, comandante de Baleares, fue el encargado de encabezar la rebelión una vez dominadas las islas, lo que hizo con facilidad en Mallorca e Ibiza, aunque no en Menorca, que fue republicana hasta casi el fin de la guerra.

En Barcelona Federico Escofet, capitán de caballería, era el comisario de Orden Público. Su colaborador era el comandante Vicente Guarner. Ambos advirtieron al general Francisco Llano de la Encomienda, jefe de la IV División Orgánica, de su certeza acerca de un golpe inminente, pero el general no actuó. Por ello ambos militares idearon un plan con los guardias de asalto y la policía para detener, en medio de la ciudad, a las columnas militares sublevadas que sabían iban a dirigirse hacia el centro de la ciudad desde la periferia, en donde estaban ubicados los cuarteles. A las cuatro de la madrugada del 19 todos los cuarteles se alzaron, excepto aviación e intendencia, bajo el mando inicial del general Álvaro Fernández Burriel. Las columnas rebeldes, al llegar al centro, se encontraron con el fuego que desde esquinas y azoteas les hacían los guardias. Eso no se lo esperaban y varios soldados desertaron dejando su equipo que fue recogido por algunos milicianos.

Ante la oposición policial y sindical varias unidades se replegaron a los cuarteles, aunque otras alcanzaron edificios del centro en donde se hicieron fuertes, mientras esperaban la salvadora llegada de Goded que arribó a media mañana. Sin embargo, ello no alivió la situación. Los combates y la confusión continuaron y algún avión comenzó a bombardear los cuarteles. La situación se decidió a las 14 horas cuando la Guardia Civil, bajo el mando del coronel Antonio Escobar, hasta entonces inactiva, salió del cuartel y se puso a las órdenes del Gobierno obedeciendo las órdenes del general jefe de la Benemérita, Sebastián Pozas.

Cuando los guardias civiles, junto a soldados de intendencia, irrumpieron en la plaza de Cataluña y en la plaza de la Universidad, la moral de los sublevados se vino abajo y comenzaron a rendirse. Goded, a las 18 horas, decidió claudicar y aceptó la petición de Companys de emitir un mensaje radiado en el que se pedía el cese del fuego. Los pocos focos que resistieron fueron cayendo, muchos de ellos masacrados por milicianos anarquistas que se habían hecho con la mayor parte de las armas. Comenzaba la revolución social en Cataluña. Las milicias, con el poder de las armas, accedieron a mantener el gobierno de la Generalitat que era ya solo un decorado de cartón piedra, sin apenas atribuciones reales.

Al conocerse el mensaje de Goded, el resto de las guarniciones catalanas que esperaban su suerte se rindieron de inmediato cual fichas de dominó. El eco del fracaso llegó a Valencia, que también estaba a la espera de los acontecimientos. Allí había llegado de incógnito el general Manuel González Carrasco, junto con el dirigente de la UME Bartolomé Barba Hernández, para dirigir la operación. Pero las dudas de última hora, las indecisiones del general Fernando Martínez de Monje y de la derecha valenciana (su jefe Luis Lucia manifestó su fidelidad al Gobierno), junto con la movilización popular hicieron que nadie se sublevase en la capital levantina. La oficialidad, en un extraño comportamiento, optó por encerrarse en los cuarteles varios días, sin atreverse a rebelarse abiertamente, hasta que las milicias y la acción del Gobierno (Martínez Barrio llegó a Valencia el día 20) rindieron todos los cuarteles, aunque hubo intentonas y enfrentamientos hasta el mismo 2 de agosto. En el fracaso de la rebelión en la zona levantina y, en concreto, de Alicante, Cartagena, Almería y Valencia, tuvo un importante papel la marinería de varios buques de guerra que se habían hecho con su control.

A los sublevados de Madrid no les esperaba mejor suerte. Mola ya contaba con que la capital sería la más difícil de tomar, no solo por la negativa correlación de fuerzas sino porque el Gobierno podía reaccionar de inmediato. Por ello el plan pasaba por hacerse fuertes en varios enclaves y esperar las columnas de socorro que habrían de llegar de Castilla. Al frente debía estar el general Rafael Villegas, sin mando desde 1932, pero incapaz de tomar ninguna decisión en el enfervorizado Madrid del 19 de julio, al que ya habían llegado las noticias de la sublevación del día anterior. Las tropas estaban acuarteladas mientras que el Gobierno, temeroso de la numerosa guarnición de Madrid, comenzaba a barajar la posibilidad de dar armas al pueblo como única solución. Sin embargo ello no era fácil, pues la mayor parte de las armas estaban en el Cuartel de la Montaña, principal centro rebelde, bajo el mando del coronel Moisés Serra.

Ante la inoperancia de Villegas, y para hacerse cargo de la rebelión, llegó al cuartel, hacia las 12 horas, el general Joaquín Fanjul (vestido de paisano), quien declaró el estado de guerra, mientras que el general Miguel García de la Herrán se dirigió a sublevar los cuarteles de Campamento. Mientras tanto ya había habido sublevaciones en varios cuarteles y muertos, aunque nadie había sacado tropas a la calle y la Guardia Civil seguía expectante. A las 19 horas los focos sublevados estaban incomunicados entre sí, mientras que varios miles de fusiles se habían repartido entre la militancia izquierdista. El resultado es que a aquella hora el cuartel, con sus 1500 defensores, comenzó a verse sitiado. En la madrugada del 20 de julio reinaba el desorden. El regimiento de transmisiones de El Pardo huyó a la zona de Mola, llevando como rehén al hijo de Largo Caballero. La columna que debía enlazar desde Campamento con el Cuartel de la Montaña fue bloqueada por militares republicanos y García de la Herrán murió en la refriega. En los cuarteles de artillería de Getafe la revuelta también fue sofocada. Sólo quedaba el Cuartel de la Montaña.

A las 5 de la mañana del día 20 comenzó el ataque con un avión Breguet XIX y piezas de artillería. Los sitiadores eran una abigarrada masa de miles de milicianos, guardias de asalto, guardias civiles y militares. La moral de los defensores fue cayendo y Fanjul y el coronel Serra resultaron heridos. Además, muchos de los soldados estaban en el cuartel en contra de su voluntad y querían rendirse. A las seis conminó la rendición, que no se aceptó. A las 10 de la mañana uno de aquellos grupos de descontentos enarboló una sábana blanca y los sitiadores avanzaron confiados, pero ráfagas de ametralladora mataron a muchos. Macabramente el episodio se repitió dos veces más. Cuando, por fin, una hora después, los sitiadores lograron entrar se desató una matanza de oficiales imposible de controlar, al tiempo que otros se suicidaron. De los 145 jefes y oficiales murieron 98, la mayor parte asesinados, 14 fueron heridos y el resto hechos prisioneros. En total hubo unos 200 muertos entre ambos bandos. Las decenas de fusiles que guardaba el cuartel se repartieron entre las masas obreras.

LA MALDICIÓN DE LA GUERRA INEVITABLE

Y EL DÉBIL GOBIERNO GIRAL

Las hostilidades abiertas resultaron inevitables, y ante la generalizada insurrección militar y la disolución de las unidades que permanecían fieles no hubo más remedio que armar a los civiles, aun a riesgo de que pudiera desatarse la revolución social. Aquella decisión fue un punto irreversible que supuso la temporal abdicación del poder del Estado, aunque era la única opción que quedaba al nuevo Gobierno para contener la rebelión. Lo presidió José Giral, amigo y correligionario de Azaña, que formó otro gabinete solo de republicanos el 19 de julio por la mañana. Ello lo aprovechó el nuevo ejecutivo para tratar de demostrar, en un último e inútil esfuerzo a los insurrectos y a la opinión pública internacional, muy sensibilizada por entonces ante las amenazas revolucionarias, que excluía del mismo a la izquierda radical.

Mientras tanto, la CNT y la UGT habían convocado una huelga general como respuesta al golpe de estado que, lógicamente, fue reprimida a sangre y fuego en las zonas sublevadas. Durante la huelga fue, precisamente, cuando se armaron los partidos y sindicatos obreros, bien mediante la entrega de armas por parte del Gobierno, o por el asalto de las fuerzas obreras a los cuarteles y arsenales, estuviesen o no sublevados. Precisamente por el hecho de que se armó al pueblo, la izquierda radical decidió aceptar el gobierno moderado de Giral, sabiendo que este no tenía fuerza, pues eran entonces los sindicatos y los partidos revolucionarios quienes detentaban el poder real en la calle. Lo cierto es que a aquellas alturas no había otra solución, pues el ejército republicano como tal había dejado de existir. Únicamente entre un 10 y un 20% de la oficialidad había permanecido fiel y muchos de ellos solo por las «circunstancias geográficas», que les hacían sospechosos, aquel mismo día 19 el nuevo jefe del Gobierno solicitó por telegrama ayuda urgente a Francia.

LAS CIFRAS Y UNA ABATIDA CONCLUSIÓN

Hoy se sabe con certeza el reparto de las fuerzas en aquellos primeros días de julio. El ejército de Tierra y las fuerzas de orden público sumaban unos 190 000 hombres, encuadrados por unos 13 000 jefes y oficiales y 93 generales en activo. Se calcula que más de un 80% de la oficialidad eran partidarios, activos o pasivos, de los sublevados, aunque no así los generales. De los ocho que eran jefes de las divisiones orgánicas, solo uno (Cabanellas) estaba comprometido, aunque la mayor parte de los jefes de estado mayor también lo estaba. Como apunta Gabriel Cardona: «De los 18 generales que formaban la cúpula militar, solo se sublevaron cuatro. En cambio, lo hicieron la mitad de los generales de segunda fila y otros muchos sin destino o en reserva».

Los soldados quedaron repartidos aproximadamente en un 50%, aunque el ejército de África, el más preparado, quedó en bloque con los sublevados, mientras que el que había quedado en la zona leal se había disuelto. La marina de guerra, por su parte, contaba con 88 buques de muy diverso uso y estado; 60 quedaron en manos gubernamentales y 28 con los sublevados, pero la mayor parte de la oficialidad también se alineó con los rebeldes. En la aviación se contaba con un total de unos 400 aparatos, distribuidos en 35 escuadrillas, entre aviación y aeronáutica naval. Dos tercios quedaron en manos gubernamentales. Por su parte las 217 compañías de la Guardia Civil quedaron divididas casi exactamente al 50%, mientras que de los 18 grupos de guardias de asalto, 11 quedaron en zona republicana.

Por otra parte, la represión en aquellos primeros días ya fue brutal. Los sublevados siguieron la letra y el espíritu de las órdenes de Mola y asesinaron a miles de demócratas y republicanos atenazando toda posible oposición. En el territorio republicano, por su parte, todo olor a militar, a religión o a derecha fue criminalizado y las masas revolucionarias, sin obedecer las órdenes en contra de las legítimas autoridades republicanas, se dedicaron a asesinar a todo sospechoso de faccioso y a quemar cientos de iglesias y conventos. Los odios de clase se desataron abriendo trincheras imposibles de rellenar. [→ VIOLENCIA].

Pasó lo peor que podía haber pasado. Si el golpe hubiese fracasado, la República posiblemente hubiese acabado superando sus graves tensiones internas. Si hubiera triunfado la sublevación en toda España, hubiese habido represión, cientos o miles de muertos, pero limitada en el tiempo y, posiblemente, la democracia hubiese retornado en plazo más breve a España. Pero el golpe triunfó en unos lugares y fracasó en otros. Se consolidaron dos bandos y los frentes y con ello empezó una contienda que, también en parte gracias a las intervenciones e inhibiciones extranjeras, causaría cientos de miles de muertos, presos y exiliados y atroces sufrimientos. Además, macabras coincidencias y una extrema habilidad manipuladora por parte de Franco hicieron de este el amo de España durante casi cuarenta años, arrancando de cuajo las libertades. Sin la guerra, sin aquel golpe medio frustrado, la dictadura de Franco no hubiese existido. [→ VIOLENCIA].

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Alia, Francisco: Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contraía II República, Crítica, Barcelona, 2011.

Cardona, Gabriel: El poder militar en España hasta la Guerra Civil, Siglo XXI, Madrid, 1982.

Cruz, Rafael: En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra civil en la España de 1936, Siglo XXI, Madrid, 2006.

Viñas, Ángel: La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada, Crítica, Barcelona (edición revisada y ampliada, 2012).

OPERACIONES MILITARES

VIVENCIAS RIFEÑAS, LECTURAS DE LA

GRAN GUERRA Y AÑORANZAS DE VALMY

por

FERNANDO PUELL de la VILLA

La guerra civil española fue la imprevista e inesperada consecuencia de un golpe de estado frustrado, mal planificado por un pequeño grupo de generales cuya carrera militar se había desarrollado en Marruecos, al que se sumaron con entusiasmo aproximadamente dos tercios de los militares de alta graduación del ejército de Tierra, la práctica totalidad de los oficiales jóvenes y casi todos los mandos de la Armada, quienes lograron arrastrar a la mitad de la fuerza disponible en julio de 1936, incluida la totalidad de la tropa profesional radicada en el Protectorado de Marruecos.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

En tierra, esta contienda apenas tuvo trascendencia sobre el arte de la guerra. Más bien todo lo contrario. Aferrado Franco a los usos de la guerra irregular que había practicado en el Rif, fascinado Rojo por el estudio de las grandes batallas de la Gran Guerra y nostálgico su Ejército de la victoria del pueblo de París sobre las tropas profesionales prusianas en Valmy, en ninguno de los dos bandos surgieron ideas nuevas, y ni tan siquiera se intentaron ensayar las originales tácticas y procedimientos sobre el empleo de los carros de combate, que tanta controversia ocasionaban en los círculos militares de las potencias que muy pronto se enfrentarían en la segunda guerra mundial.

Sin embargo, la contienda adquirió una tremenda importancia como campo de ensayo de la cada vez más consolidada arma aérea. La experiencia adquirida en los cielos de España por los fabricantes de aeronaves y por los pilotos de la Luftwaffe será determinante para el futuro de la aviación de combate y, seguida atentamente en todo el mundo, la mayoría de los observadores se convencieron que la victoria dependería en el futuro del dominio del aire.

Desde el punto de vista estratégico, la guerra tuvo tres fases claramente diferenciadas en función del objetivo buscado por las fuerzas en liza. En las dos primeras, la iniciativa debe atribuirse al bando rebelde, el cual determinó el objetivo estratégico a alcanzar en cada caso: el fallido de Madrid y el logrado en la cornisa cantábrica. En la tercera, en cambio, la iniciativa fue republicana, cuyos estrategas optaron por trasladar el peso de las operaciones al cuadrante nororiental de la Península, escenario donde el enemigo terminaría alzándose con el triunfo definitivo.

La primera de las citadas fases tuvo una duración de ocho meses, de finales de julio de 1936 a finales de marzo de 1937, y su gran objetivo estratégico fue adueñarse de los resortes del poder político mediante la conquista de la capital de la nación. En torno a Madrid, por tanto, las tropas franquistas lanzaron una serie de potentes acciones ofensivas dirigidas a lograr dicho objetivo, eficazmente contrarrestadas por el operativo defensivo concebido por el mando republicano. Durante este periodo inicial, también se combatió en otros puntos de la geografía española, pero sin ligazón alguna con el objetivo principal y cuya única importancia estriba en que trazaron la línea fronteriza entre los territorios dominados por cada uno de los bandos contendientes; línea que, en muchos casos, permaneció estable hasta el final de la guerra.

El objetivo estratégico de la segunda fase de la guerra (abril-octubre de 1937) vino determinado por el desequilibrado reparto de los bienes de producción existentes entre los dos bandos, inicialmente favorable a la República debido a no haber triunfado el golpe en Asturias, Cataluña y el País Vasco, regiones donde se concentraba la mayor parte del tejido industrial español. Esta circunstancia y la patente imposibilidad de apoderase de Madrid por la fuerza de las armas forzaron a Franco a aceptar la sugerencia de su estado mayor de trasladar el teatro de operaciones a la cornisa cantábrica, con la ventaja añadida de poder eliminar un importante y extenso frente secundario. Como en la fase anterior, también se combatió en otras zonas, pero en este caso los distintos ciclos operativos puestos en marcha fueron concebidos por el general Vicente Rojo como maniobras de distracción o de disuasión para impedir la caída del Norte en manos de Franco.

La última y larguísima tercera fase de la guerra, que se prolongó desde diciembre de 1937 a febrero de 1939, tuvo objetivos estratégicos distintos en función del bando que tomó la iniciativa en cada momento. Tal como se ha anticipado, fue la República quien eligió el terreno, deseosa, tanto en Teruel como en el Ebro, de ocupar en fuerza un determinado espacio territorial e impedir de esa forma que el enemigo llevase a buen término las operaciones que tenía entre manos: contra Madrid en el primer caso y contra Valencia en el segundo. Por parte franquista, los ciclos de operaciones emprendidos como respuesta a ambas iniciativas republicanas deben calificarse como clásicas operaciones de explotación del éxito, con el principal objetivo de destruir y aniquilar al Ejército contrario. Una vez más, también se combatió en otras zonas, pero, como en la fase anterior, fueron acciones secundarias de distracción o disuasión concebidas por el general Rojo y tendentes a impedir, en unos casos, que el enemigo conociese el verdadero alcance de la operación principal y, en otros, a aliviar la presión ejercida por las tropas franquistas en el principal teatro de operaciones.

Desde el punto de vista táctico, la mayor parte de los combates librados por las unidades terrestres fueron bastante primitivos, incluso podría decirse que se inspiraron más en la doctrina imperante durante las campañas rifeñas que en la de las grandes batallas de desgaste características de la primera guerra mundial; batallas que el general Rojo, buen conocedor de ellas como editor de la Colección Bibliográfica Militar, intentó emular sin tener por lo general en cuenta la precariedad de los medios disponibles. Naturalmente, la entrada en acción de algunos novedosos y foráneos ingenios bélicos —aviones, carros de combate y cañones antiaéreos y contracarro alemanes, italianos y soviéticos—, someramente ensayados durante la Gran Guerra, permitió que, en cierto sentido, la contienda española adquiriese el carácter de banco de pruebas para demostrar la validez de las tácticas terrestres y aéreas esbozadas durante el periodo de entreguerras por alemanes, británicos, franceses y soviéticos.

A este respecto, las batallas de mayor entidad pusieron de manifiesto que la doctrina para el empleo táctico del carro de combate utilizada en la guerra europea era inadecuada. Sin embargo, solo los alemanes parecieron percatarse de ello, mientras que los soviéticos se sirvieron de la experiencia adquirida para incrementar la potencia, coraza y armamento de sus carros y continuaron viéndolos como meros vehículos de acompañamiento de las unidades de infantería.

Los carros de combate T-26, dotados de un cañón de 45 milímetros y dos ametralladoras, comprados por la República en 1936 —sin duda, el mejor vehículo blindado del momento— fueron destruidos con suma facilidad mediante rudimentarios cócteles Molotov, una vez dejaban atrás las unidades de infantería a las que supuestamente apoyaban, y los modernísimos BT-5, llegados en 1938, corrieron la misma suerte, al cifrar su protección en una escuadra de soldados encaramados a su casco, que era aniquilada en cuanto quedaban al alcance del fuego de ametralladoras del adversario.

En el bando contrario, la batalla de Guadalajara (marzo de 1937) acreditó la extrema vulnerabilidad del vehículo blindado carente de cobertura aérea. Y exactamente un año después, la explotación del éxito que llevó a las tropas franquistas a la costa mediterránea pondría por primera vez de manifiesto la validez de la novedosa doctrina para el empleo de las unidades acorazadas que acababa de esbozar el teniente general alemán Heinz Guderian.

Otro tanto ocurriría con el empleo de la Legión Cóndor, cuyos pilotos perfeccionaron en España procedimientos tácticos avanzados, como el llamado bombardeo en cadena que tantos frutos rindió a los nazis a comienzos de la segunda guerra mundial. Sin embargo, el escándalo de Guernica y el escaso rendimiento obtenido con los masivos bombardeos de Madrid y Barcelona hizo que el mariscal Hermann Goering infravalorase la eficacia de esta modalidad de combate. Debido a ello, pero también a los cálculos alemanes de liquidar la guerra en breve plazo, inicialmente se prestó muy escasa atención a la aviación estratégica de LA Luftwaffe, lo que obró en su contra a la hora de librar la llamada batalla de Inglaterra.

PRIMERA FASE: LA BATALLA DE MADRID

(AGOSTO DE 1936-MARZO de 1937)

La segunda de las instrucciones que el general Mola elaboró para derrocar al Gobierno surgido de las elecciones de febrero de 1936 llevaba por título «El objetivo, los medios y los itinerarios» y fecha de 25 de mayo de 1936. A semejanza de las órdenes de operaciones formuladas para preparar una acción bélica, la instrucción precisaba la misión a cumplir —«el Poder hay que conquistarlo en Madrid»— y la maniobra ideada para alcanzar dicho objetivo: lanzar contra la capital cuatro columnas motorizadas desde Valencia, Zaragoza, Burgos y Valladolid.

El 24 de junio, ante las muchas trabas que encontró su proyecto, decidió implicar directamente en el golpe a las tropas del Protectorado de Marruecos, sin duda las mejores disponibles y que en el plan anterior iban a permanecer en reserva. A consecuencia de ello, el general Franco quedó encargado de trasladar de Melilla a Málaga y de Ceuta a Algeciras algunas unidades de la Legión Extranjera y de los Grupos de Regulares Indígenas y de hacerlas confluir en Despeñaperros para formar una quinta columna que atacase Madrid desde el sur.

El proyecto de Mola fracasó estrepitosamente. De las cinco columnas que debían confluir en Madrid, solo se pusieron en marcha dos: las procedentes de Burgos y de Valladolid. La de Valencia ni siquiera llegó a organizarse, al lograr sofocarse allí la insurrección apenas iniciada, y las unidades que deberían haber formado la de Zaragoza tuvieron que hacer frente a las columnas anarquistas procedentes de Barcelona y Valencia, que estuvieron a punto de apoderarse de las tres capitales aragonesas. Tampoco las tropas de Marruecos pudieron desembarcar en Málaga y Algeciras, al quedar bloqueado el Estrecho por la escuadrilla de destructores de la base naval de Cartagena, y solo una compañía de regulares y otra de legionarios fueron trasladadas a Sevilla por vía aérea.

El fracaso del golpe supuso la fragmentación del territorio nacional y, al decidir los rebeldes continuar la lucha hasta hacer claudicar al Gobierno, se inició una trágica guerra de incierto resultado y duración. Aproximadamente un tercio del territorio había quedado en sus manos, aunque dividido en cinco áreas bastante separadas entre sí. La más extensa, dominada por Mola, estaba formada por Galicia, Castilla-León, Navarra y La Rioja, más la mitad occidental de Aragón y las provincias de Álava y Cáceres. Una pequeña cuña con centro en Sevilla y sus extremos en Córdoba, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda quedó en poder del general Queipo de Llano. En Mallorca e Ibiza también triunfó el golpe, pero no en Menorca. El archipiélago canario fue dominado por Franco y de allí partió para ponerse al frente del ejército de Marruecos, también sublevado al completo. Las bases navales de Ferrol y San Fernando se sublevaron y solo Cartagena quedó en manos de la República, que también mantuvo casi todas las bases aéreas con sus aviones. El golpe se abortó en todas las grandes ciudades de la época, excepto en Sevilla, y en la parte más rica e industrializada del país se mantuvo la legalidad republicana.

Una semana después, la situación parecía algo controlada en la Península, al conseguir detener las columnas mixtas de soldados, guardias civiles y de asalto y milicianos socialistas, anarquistas y comunistas, que habían partido de Madrid, a las tropas rebeldes procedentes de Burgos y Valladolid en los puertos de la sierra de Guadarrama. Sin embargo, en Marruecos las cosas pintaban mucho peor para la República y cada vez mejor para Franco, a quien Hitler y Mussolini decidieron favorecer con el envío de importantes remesas de armamento y material aéreo. Debido a ello y a la detención de las tropas de Mola en la sierra madrileña, Franco asumió por su cuenta la misión de apoderarse de Madrid con sus tropas profesionales.

Gracias a los aviones italianos y alemanes, Franco logró organizar un puente aéreo para trasladar cuatro batallones de regulares y legionarios a Sevilla, desde donde, a primeros de agosto, partieron hacia Madrid, eligiendo la ruta extremeña en lugar de marchar por Despeñaperros, tal como suponía el Gobierno. Su decisión ha sido objeto de controversia; sin embargo, en esta ocasión cabe decir que fue bastante acertada, si se sopesa el inconveniente de ser algo más larga (568 kilómetros frente a los 538 de la ruta directa) con la indudable ventaja de apoyar su flanco izquierdo en la frontera portuguesa, cuya dictadura favorecía incondicionalmente al bando rebelde, y de permitir un rápido enlace con las tropas de Mola, que dominaban la parte septentrional de la provincia de Cáceres. Las fuerzas republicanas, integradas mayoritariamente por milicianos sin experiencia, disciplina ni armamento, fueron materialmente barridas del mapa.

Mientras legionarios y regulares avanzaban hacia Mérida, Queipo, con la ayuda de fuerzas irregulares reclutadas por los terratenientes andaluces, fue aniquilando a las columnas de jornaleros organizadas en los pueblos de la campiña sevillana y cordobesa. Primero logró afianzar la rebelión en Córdoba y apoderarse de la parte sur de esta provincia, a continuación de la totalidad de la de Huelva y por último, de la parte occidental de la de Granada, dejando prácticamente aislada a Málaga por el norte y el oeste. Otro tanto ocurría en Navarra, donde las columnas de requetés organizadas por Mola lograron apoderarse de Irún y de San Sebastián, con lo que toda la cornisa cantábrica quedó totalmente aislada del resto del territorio leal e interrumpidas sus comunicaciones con Francia por vía terrestre.

Sin embargo, las operaciones de más envergadura continuaban desarrollándose en Extremadura, donde las tropas coloniales aniquilaron sin complejos cualquier conato de resistencia. En apenas dos semanas se situaron en Badajoz y, tras masacrar a sus defensores para no dejar enemigos a su espalda, se dirigieron a Talavera, apoyando su flanco derecho en el Tajo y el izquierdo en el territorio en poder de Mola. La defensa de Talavera demostró que la capacidad de combate de las columnas republicanas había progresado notablemente, vaticinando ya su futura actuación en Madrid, y también la competencia y liderazgo de algunos de sus improvisados mandos. Debido a ello, el enemigo, que solo había tardado un mes en posicionarse en Talavera (450 kilómetros), necesitó tres semanas para cubrir los 43 kilómetros que había de allí hasta la línea de la carretera de Toledo a Ávila.

Una vez establecido el frente en esa posición y en lugar de continuar directamente hacia Madrid, Franco ordenó desviarse hacia el sur para levantar el cerco del Alcázar de Toledo. Su polémica decisión respondió a un calculado planteamiento político: obtener un triunfo propagandístico que promocionase su figura e indujese a sus pares a reconocerle como generalísimo de los ejércitos y jefe político del bando rebelde. La pretensión de sus hagiógrafos de que la decisión obedeció a una cuestión táctica —la conveniencia de continuar apoyando el flanco derecho en el Tajo— se cae por su propio peso, pues tal hipótesis no fue tenida en cuenta cuando se reinició la marcha hacia Madrid.

Desde el punto de vista operativo, la decisión fue nefasta, al proporcionar a la República dos semanas de respiro, durante las cuales se comenzó a estructurar el Ejército Popular, llegó material soviético y se instruyeron y encuadraron las dos primeras brigadas internacionales. Pero para los intereses particulares del flamante «Caudillo», el retraso, que probablemente impidió que se apoderase de Madrid a mediados de octubre, le debió de permitir intuir por primera vez que cuanto más se prolongase la guerra más posibilidades tendría de reforzar su liderazgo.

Coincidente con la pérdida de Toledo, la República acuñó dos eslóganes que caracterizarán esta fase de la guerra: ¡No pasarán!, consigna ya utilizada en Verdún veinte años antes, y Madrid será la tumba del fascismo. No obstante, el Gobierno, convencido de su inminente caída, se trasladó a Valencia y la defensa de la capital quedó confiada al general Miaja, auxiliado por una Junta de Defensa e investido de plenos poderes políticos y militares, aunque teóricamente subordinado al general Pozas, jefe del Teatro de Operaciones del Centro de España.

A primeros de noviembre, tras emplear cuarenta días en cubrir 70 kilómetros, las tropas franquistas alcanzaron los arrabales de la ciudad. Tenían enfrente el obstáculo natural del río Manzanares y una compleja y hostil zona de operaciones urbana, ámbito poco habitual para las unidades coloniales, algo fortificada y defendida por hombres con la moral muy alta y enardecidos al ver volar sobre sus cabezas los primeros aviones soviéticos. Su idea de maniobra era fijar al enemigo entre los puentes de Segovia y Toledo, y desbordar sus líneas por el oeste, infiltrándose por la Casa de Campo y penetrando por el paseo de Rosales, barrio residencial donde se esperaba una entusiasta recepción.

Los atacantes encontraron una resistencia desconocida hasta entonces y durante dos semanas se libraron durísimos combates, en los que intervinieron las recién organizadas brigadas mixtas, las columnas cenetistas procedentes de Barcelona y las dos primeras brigadas internacionales; importantes refuerzos, sobre todo desde el punto de vista moral. Irritado y sorprendido por la resistencia encontrada, Franco echó mano de la también recién organizada Legión Cóndor, que bombardeó intensamente la ciudad, causando más de un millar de víctimas civiles. Fue la primera vez en la historia que se sometía a la población civil al castigo sistemático de la aviación, lo que escandalizó a una Europa poco acostumbrada a aquel tipo de guerra. Mientras tanto, en tierra, legionarios y regulares se debatían entre las ruinas de la Ciudad Universitaria con muy escaso éxito y gran número de bajas.

Finalmente, Franco ordenó suspender el infructuoso ataque frontal, quedando consolidado el frente en la ribera del Manzanares con un pequeño entrante en la Ciudad Universitaria, y optó por hacerse con la capital mediante tres sucesivas operaciones de envolvimiento, que también se saldarían sin éxito: por el noroeste en diciembre y enero (combates de la carretera de la Coruña), por el sureste en febrero (batalla del Jarama) y por el noreste en marzo (batalla de Guadalajara). En la primera se demostró por segunda vez la capacidad de las tropas republicanas para batirse con éxito a la defensiva. La segunda fue una batalla de material, de características similares a las libradas en los campos franceses durante la Gran Guerra; aunque su escala fuera mucho menor, terminó como aquellas sin provecho alguno para ambos contendientes y con un pavoroso desgaste de sus recursos humanos y materiales. Y la tercera sirvió para demostrar la inoperancia de las unidades blindadas carentes de apoyo aéreo y también la doblez de Franco, que no dudó en abandonar a sus aliados italianos para bajarles los humos tras el espectacular triunfo alcanzado en Málaga en febrero.

SEGUNDA FASE: LA CAMPAÑA DEL NORTE

(MARZO-OCTUBRE DE 1937)

El palmario resultado adverso obtenido en las acciones en torno a Madrid forzó a Franco a emprender la segunda fase de la guerra, protagonizada por el ejército del Norte, integrado por unos 50 000 hombres, entre requetés e italianos, apoyado por 200 piezas de artillería y con la decisiva presencia de la Legión Cóndor, una potente unidad, de mando alemán y dotada con los aviones y cañones antiaéreos más modernos de la época, que, precisamente en esta campaña y por primera vez en la historia del arte de la guerra, pondría a prueba con éxito la doctrina táctica para el empleo combinado de medios terrestres y aéreos tal como todavía hoy se concibe.

Tres días después del descalabro de Guadalajara, las tropas de Mola rompieron el frente vizcaíno, defendido por los 35 000 bisoños soldados del Euzko Gudarostea, precariamente dotado con cinco aviones, 50 carros, otros tantos cañones, 300 ametralladoras y 15 000 fusiles, y atrincherado en dos colosales, y en teoría inexpugnables, líneas fortificadas, según la doctrina imperante por entonces en Francia, que tan inútil sería para detener a los nazis en 1940.

Ambas estaban a medio construir, excepto en las inmediaciones de las principales carreteras, y, para más inri, su artífice había cambiado de bando, desvelando al enemigo los puntos más vulnerables del llamado Cinturón de Hierro. Su caída precipitó la de Bilbao y dejó expedito el camino hacia Cantabria y Asturias. En el curso de la operación, la Legión Cóndor bombardeó impunemente Guernica, acción que escandalizó a la opinión británica y francesa, sin lograr, no obstante, modificar la favorable actitud de sus gobiernos hacia el bando franquista.

Largo Caballero decidió responder con una ambiciosa operación ofensiva en el frente extremeño, dirigida a partir en dos el territorio rebelde, pero su relevo al frente del Gobierno por el doctor Negrín la dejó en suspenso, optándose en su lugar por realizar dos acciones de alcance limitado en Segovia y en Huesca, cuyo único saldo fue demostrar, como observó el comandante Estrada, jefe del Servicio de Información republicano, que «al Ejército Popular le sobra valor y le falta ciencia y arte militar». Pero más objetivamente, lo que realmente faltaban eran recursos, tal como revela la imposibilidad material de combinar las dos grandes ofensivas ejecutadas durante el verano de 1937 en los frentes madrileño (batalla de Brunete) y aragonés (batalla de Zaragoza, mal llamada de Belchite) para aliviar la presión ejercida por los franquistas en el Norte. Brillantes y esperanzadoras en su planteamiento y en su fase inicial, su desarrollo fue deplorable. Si la República hubiera podido actuar simultáneamente en ambos escenarios, aunque no se hubiera evitado ya la caída de Bilbao, tal vez habría sido posible evitar la desastrosa pérdida de Cantabria y Asturias.

El adverso desenlace de esta campaña hundió la moral de la retaguardia republicana y el Ejército Popular perdió de golpe 200 000 efectivos. En cambio, el enemigo, aparte de hacerse con vitales explotaciones mineras y con numerosas y eficientes fábricas de armamento y munición, logró otra inestimable ventaja: libertad de acción, tanto para aplicar su principal masa de maniobra en el escenario que mejor se adaptase a sus planes como para concentrar a la totalidad de su flota en aguas mediterráneas, lo cual condicionaría severamente desde ese momento el abastecimiento bélico del bando republicano.

TERCERA FASE: LAS CAMPAÑAS DE ARAGÓN Y CATALUÑA

(DICIEMBRE DE 1937-FEBRERO de 1939)

Recién liquidada la campaña del Norte, podía esperarse que la guerra estuviera a punto de finalizar, dada la manifiesta inferioridad republicana y la posibilidad de que Franco volcara todo su potencial en una batalla decisiva. No obstante, la lucha se prolongó otros quince meses y, sorprendentemente, el escenario principal se trasladó a Aragón y Cataluña, cosa que no entraba en los planes de ninguno de los dos bandos.

Durante el mes de noviembre de 1937, Franco había ido concentrando en la Alcarria al grueso del ejército del Norte con el objetivo de lanzarlo contra Madrid. Por las mismas fechas, Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional, y su jefe del estado mayor central, el general Rojo, planeaban iniciar la postergada ofensiva contra Extremadura, concebida en tiempos de Largo Caballero, para aislar Andalucía del resto de la zona rebelde. Pero la necesidad de frustrar el ataque sobre Madrid les indujo a apoderarse de Teruel, operación propagandística de escaso valor estratégico. El éxito alcanzado y la obsesión de Franco por no ceder terreno dieron un vuelco a la situación y la contienda pasó a decidirse en Aragón y Cataluña.

El siempre convencional Rojo concibió una ortodoxa operación de alcance limitado: estrangular el estrecho corredor que unía Teruel con su retaguardia, apoderarse de la ciudad y volver a establecerse a la defensiva. Tras el éxito alcanzado, Prieto dio la operación por concluida y ordenó retomar la operación de Extremadura, pero Franco, nada dispuesto a tolerar el humillante revés, reaccionó de forma tan desmesurada que la guerra dio un vuelco espectacular: anuló la ofensiva sobre Madrid y trasladó a la zona la práctica totalidad del ejército del Norte, apoyado con medio millar de piezas de artillería y un centenar de aviones alemanes, que en poco más de un mes recuperó el terreno perdido mediante la amplia maniobra de envolvimiento que ha pasado a la historia con el nombre de batalla del Alfambra, última ocasión en que tropas montadas de caballería libraron un combate decisivo.

La costosísima operación propagandística de Teruel fue letal para el Ejército Popular, cuyo armamento y material sufrieron irreversibles daños, aparte de provocar el desplome de la moral de la retaguardia republicana. Y no fueron menores sus repercusiones políticas, estando en el origen del casi inmediato cese de Indalecio Prieto como ministro de Defensa y la absorción de esta cartera por Negrín. Y por si fuera poco, obligó a posponer sine die la ofensiva extremeña para poder reforzar el amenazado frente aragonés.

Apenas recuperada la ciudad, Franco se dispuso a aniquilar con saña a su enemigo y puso en marcha una colosal operación de explotación del éxito en todo el frente aragonés, desde los Pirineos a la cordillera Ibérica. La entidad de las fuerzas en presencia ponía de manifiesto la importancia que ambos bandos prestaban ya a aquel teatro de operaciones. Franco empeñó en la operación 150 000 hombres y 750 piezas de artillería, integrados en cuatro cuerpos de Ejército, más 600 aviones, que incluían por primera vez Junker-87, más conocidos como Stukas (bombarderos en picado), futuros protagonistas de la segunda guerra mundial. Enfrente tenía 100 000 soldados, apoyados por 500 piezas de artillería y 250 aviones, aunque tanto las unidades como el material estaban muy quebrantados y con insuficiencias logísticas tan graves que impedían el trasvase de unidades entre los distintos frentes amenazados.

Durante el mes de marzo, en un anticipo del ulterior desarrollo de la Blitzkrieg, los carros alemanes penetraron impune y vertiginosamente por las planicies del sur del Ebro y, desarticulando completamente al cuerpo de Ejército allí desplegado, profundizaron sin trabas más de cien kilómetros hasta ponerse a las puertas de Alcañiz, donde la aviación italiana quiso emular el bombardeo de Guernica. Simultáneamente, las tropas marroquíes cruzaron el río y, mediante otra fulgurante operación motorizada, lograron tomar Lérida a primeros de abril. Quince días después, una división navarra alcanzaba la costa de Castellón. La abrumadora derrota republicana proporcionó a Franco 30 000 kilómetros cuadrados, 70 kilómetros de costa, con algunos pequeños fondeaderos de suma utilidad para su flota, y dejó aislada Cataluña, que albergaba la única frontera internacional por donde podía recibirse ayuda y donde radicaba el grueso del tejido industrial republicano, privado además de la energía procedente de las centrales hidroeléctricas pirenaicas.

Todo presagiaba que Franco, con siete cuerpos de Ejército cerniéndose sobre los maltrechos restos del Ejército Popular, iba a culminar rápidamente la guerra invadiendo Cataluña. Seguramente nunca se sabrá por qué no lo hizo. Recientes investigaciones han evidenciado la falsedad de la hipótesis manejada por sus hagiógrafos: una supuesta amenaza francesa de intervenir en la guerra si los franquistas se posicionaban en la frontera pirenaica. Lo único documentalmente probado es que Franco, nada más llegar las tropas navarras al Mediterráneo, ordenó a las que guarnecían Teruel dirigirse a Sagunto y enlazar con aquellas para después marchar ambas contra Valencia.

Simultáneamente, Negrín tomó la decisión de crear dos grupos de ejércitos: el de la Región Central (GERC), constituido por los cinco ejércitos que habían quedado fuera de Cataluña, y el de la Región Oriental (GERO), nucleado en torno a las maltrechas tropas que habían logrado salvarse del desastre aragonés, más las del Ejército que guarnecía Cataluña, nutrido por la movilización de todos los catalanes mayores de dieciocho y menores de cuarenta años. Negrín, auxiliado por Rojo, se atribuyó el mando del GERO y delegó en Miaja el del GERC.

El abrupto terreno del Alto Maestrazgo, la afluencia de efectivos del GERC y las potentes líneas fortificadas erigidas por Miaja al norte de Valencia detuvieron el avance de los franquistas y, a finales de julio, cuando se produjo la sorprendente reacción republicana en el Ebro, estaban paralizadas a la altura de Castellón.

Dicha reacción, planificada por Rojo, consistía en una operación de cruce de ríos, seguida de una penetración en profundidad por la comarca de la Terra Alta dirigida a detener la ofensiva sobre Valencia. Logrado esto, hubiera sido razonable replegar los 100 000 efectivos implicados y establecerse a la defensiva en Cataluña o retomar la tantas veces postergada ofensiva extremeña. Inconcebiblemente, en lugar de esto ambos contendientes decidieron librar la sangrienta e inútil batalla del Ebro, que en realidad respondió a un violento choque de voluntades. De una parte, la asombrosa voluntad de vencer de Negrín, que se empecinó en aferrarse a aquel agreste terreno en la esperanza, nunca perdida pese a tantas evidencias negativas, de que Francia y Gran Bretaña vendrían en su auxilio cuando estallase la guerra en Europa y Franco se alinease con el Eje. Y de otra, la obsesión de este por no ceder ni un ápice de terreno y por aniquilar definitivamente aquel recalcitrante Ejército capaz de renacer de sus cenizas cada vez que se le daba un respiro.

Tras cien días de titánicos combates y resultar destruido lo más granado del Ejército Popular y la práctica totalidad de su armamento, la República había perdido cualquier posibilidad de ganar la guerra, y la población, vistiera o no de uniforme, era plenamente consciente de ello. La angustiosa situación exigía preparar con urgencia una acción que impidiese la invasión de Cataluña, para lo que Rojo concibió tres operaciones de alcance limitado en Motril, en Córdoba y en Brunete. La primera se suspendió, la segunda se retrasó y la tercera fracasó, y el día de Nochebuena de 1938 seis cuerpos de Ejército franquistas rompieron el frente e iniciaron la ofensiva que les permitiría alcanzar la frontera francesa en poco más de un mes sin apenas oposición.

Los catalanes abandonaron sus casas e inundaron carreteras y caminos camino del exilio, seguidos de los 230 000 hombres del GERC, que fueron internados por el gobierno francés en improvisados campos de concentración carentes de las más mínimas condiciones de habitabilidad. A su espalda, en los arcenes de las carreteras, quedaba una ristra de vehículos militares, piezas de artillería, cajas de munición, bidones de gasolina y otros enseres, abandonados o inutilizados por la acción de la aviación franquista.

Dos meses después, tras el vano intento del coronel Casado de pactar un convenio similar al que puso término a la primera guerra carlista, los soldados del GERC depusieron incondicionalmente sus armas y Franco se alzó con una victoria que marcaría imperecederamente a varias generaciones de españoles.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Cardona, Gabriel: Historia militar de una guerra civil: estrategia y tácticas de la guerra de España, Flor del Viento, Barcelona, 2006.

Casas de la Vega, Rafael, Errores militares de la Guerra Civil, 1936-1939, San Martín, Madrid, 1997.

Puell de la Villa, Fernando, y Justo A. Huerta Barajas: Atlas de la Guerra Civil española: antecedentes, operaciones y secuelas militares (1931-1945), Síntesis, Madrid, 2007.

VV. AA.: La aviación en la guerra española, CESEDEN, Madrid, 2000.

LA NO INTERVENCIÓN

UNA FARSA POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA

por

ENRIQUE MORADIELLOS

La política de no intervención en la guerra civil fue resultado de un acuerdo promovido por el gobierno francés a principios de agosto de 1936 al que se sumaron a lo largo de dicho mes el resto de los gobiernos europeos entonces existentes (salvo Suiza). En esencia, el llamado formalmente «Acuerdo de No Intervención en España» comprometía a esos gobiernos a prohibir la venta y exportación de armas y municiones con destino a los contendientes en España y prescribía la prohibición del tránsito por su territorio y aguas de soberanía del material bélico de otras procedencias. Para supervisar la aplicación se constituyó el pertinente Comité de No Intervención, con sede en Londres, formado por los representantes acreditados de todos los países europeos en el Reino Unido.

La aplicación colectiva de la política de no intervención, convertida en una especie de neutralidad imperfecta, tuvo desde el principio un efecto muy diferente sobre los contendientes españoles. Supuso un severo perjuicio para el gobierno de la República y representó una gran ventaja para los militares insurgentes. En primer lugar, significó la imposición de un embargo de armas y municiones sin previa declaración oficial de neutralidad y sin reconocimiento paralelo de sus derechos de beligerancia, equiparando así de facto al gobierno legítimo reconocido con los rebeldes en un ámbito crucial (aspecto clave puesto que ninguno contaba con los medios suficientes para combatir). En segundo lugar, el embargo fue aplicado básicamente contra los intereses de la República, dado que Alemania, Italia y Portugal continuaron remitiendo su vital apoyo material a los insurgentes mientras que Gran Bretaña cumplió estrictamente el embargo e hizo que lo respetasen una Francia renuente y los demás países europeos (al menos hasta que la Unión Soviética empezó a secundar, en la medida de sus posibilidades, la actitud germano-italiana de respeto formal y violación real). De este modo, la no intervención fue conformando una estructura muy asimétrica de apoyos e inhibiciones exteriores favorable al bando insurgente y letal para la República a largo plazo, ya que el apoyo germano-italiano nunca pudo compensarse en cantidad o calidad por la limitada ayuda soviética (aún menos por la mexicana o de otros orígenes).

UNA INICIATIVA DIPLOMÁTICA FRANCESA

La iniciativa para la formulación de la política de no intervención procedió, como se ha dicho, del gobierno del Frente Popular constituido en Francia apenas dos meses antes del estallido de la guerra civil. Presidido por el socialista Léon Blum e integrado por una coalición de socialistas y radicales con apoyo parlamentario comunista, dicho Gobierno consideró inicialmente acceder a la demanda de asistencia militar presentada por las autoridades republicanas españolas el 20 de julio por obvias razones políticas y estratégicas: procedía de un gobierno amigo que gozaba de capacidad legal para comprar armamento en el mercado internacional y cuya benevolencia sería crucial en caso de guerra europea para asegurar la frontera pirenaica y el libre tránsito naval entre Francia y su imperio colonial.

Sin embargo, esa actitud inicial fue enmendada ya el 25 de julio de 1936. Por un lado, la intensa oposición manifestada por los partidos de las derechas, la opinión pública católica e influyentes sectores de la burocracia civil y militar, que percibían con suma prevención el amago de proceso revolucionario desatado en la retaguardia gubernamental española y temían su extensión a una Francia apenas salida de sus propias convulsiones socio-políticas. Por otro lado, la actitud de estricta neutralidad adoptada desde el primer momento por el gobierno conservador británico, su vital e insustituible aliado en Europa, que compartía las prevenciones antirrevolucionarias de las derechas francesas y consideraba prioritaria la continuidad de su política de apaciguamiento de las dictaduras de Alemania e Italia, una estrategia destinada a evitar a toda costa una nueva guerra total mediante la satisfacción negociada de sus demandas de revisión del statu quo continental y colonial.

La profunda división interna en Francia y la irreductible actitud británica acabaron socavando la propia unidad del gobierno francés. Ante el abismo de la ruptura de la coalición del Frente Popular, Blum trató de encontrar una salida a la crítica situación a la par que recibía noticias sobre la llegada de la primera ayuda alemana e italiana a las fuerzas de Franco (autorizada por Berlín y Roma el 25 y el 27 de julio, respectivamente). El 1.º de agosto de 1936 las autoridades francesas ratificaron su decisión de «no intervenir en el conflicto interno de España» mediante el suministro de armas a la República. Pero, al mismo tiempo, sometieron la continuidad de esa política al éxito de una nueva iniciativa diplomática: París propuso al resto de los gobiernos europeos (sobre todo a Italia y Alemania) la adopción de una política común de no intervención en el conflicto. En esencia, el gobierno francés pretendía «evitar que otros hicieran lo que nosotros mismos éramos incapaces de hacer» (palabras del secretario de Blum): puesto que no podían apoyar a la República, intentarían impedir que Hitler y Mussolini ayudaran a Franco, dando así una oportunidad para la supervivencia de la democracia española.

La propuesta francesa fue pronto asumida por las autoridades británicas, que vieron en ella un mecanismo ideal para preservar su neutralidad de facto y amortiguar las críticas de una oposición laborista solidaria con la República (no en vano, la iniciativa era del socialista Blum). Además, la propuesta permitiría igualmente garantizar los cuatro objetivos diplomáticos básicos establecidos por el Foreign Office en la crisis española: confinar la lucha dentro de España y, al tiempo, refrenar la hipotética intervención del aliado francés en apoyo a la República; evitar a toda costa el alineamiento con la Unión Soviética en el conflicto y eludir totalmente el enfrentamiento con Italia y Alemania por su presente o futura ayuda a Franco.

En tales circunstancias, con el apoyo británico, la diplomacia francesa desplegó un tenaz esfuerzo a fin de lograr el concurso de todos los gobiernos europeos, sin destituir al republicano de su condición de gobierno legalmente reconocido y sin elevar a los insurgentes a la categoría de beligerantes acreditados. Como consecuencia, entre el 15 y el 24 de agosto de 1936 los veintisiete estados europeos (exceptuando a Suiza, siempre neutral por imperativo constitucional) fueron declarando su adhesión a la no intervención, que cobró la forma de una declaración política similar por parte de cada gobierno (no la de un tratado jurídico de obligado cumplimiento):

1.º Los gobiernos citados prohíben, cada uno en lo que le concierne, la exportación, directa o indirecta, la reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra, incluyendo aviones, montados o desmontados, y todo navío de guerra.

2.º Esta prohibición se aplica a los contratos en curso de ejecución.

3.º Los gobiernos citados se mantendrán informados de todas las medidas que tomen para hacer efectiva la precedente declaración, que entra inmediatamente en vigor.

EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN INICIA SUS LABORES

Antes de que finalizara el mes de agosto, todos los gobiernos habían aceptado igualmente otra propuesta franco-británica para formar parte de un comité, con sede en Londres, que tendría como misión la vigilancia de la aplicación del embargo. En consecuencia, el 9 de septiembre de 1936 se constituyó el Comité de No Intervención bajo la presidencia del delegado británico, Lord Plymouth, subsecretario permanente del Foreign Office. En su primera sesión y a propuesta británica se constituyó un Subcomité de No Intervención que actuaría como ejecutivo efectivo y estaría integrado por los delegados de los países adyacentes a España y los principales productores de armas: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Suecia y la Unión Soviética. También por iniciativa británica fue aprobado un «procedimiento de trabajo» que solo permitiría al Subcomité y al Comité examinar las denuncias de infracción basadas en «pruebas sustanciales» y presentadas por un gobierno partícipe (no por los bandos españoles, la prensa u otras instituciones independientes), tras lo cual se esperaría a las explicaciones del gobierno acusado «para establecer los hechos», sin previsión de sanciones en el caso de que se demostrara la veracidad de la denuncia original. Todas estas medidas sirvieron a la diplomacia franco-británica para conseguir que la Sociedad de Naciones, ya herida de muerte por su inoperancia en las crisis previas, acabara desentendiéndose de facto del problema español gracias a meras declaraciones formales de apoyo a la no intervención (la primera la aprobó el Consejo de dicho organismo el 12 de diciembre de 1936).

El triunfo de la política de no intervención fue desde el principio mucho más aparente que real. Los tres estados que se habían manifestado más resueltamente favorables hacia los militares insurgentes, Italia, Alemania y la dictadura de Salazar en Portugal, habían consentido en firmar el acuerdo y tomar parte en el Comité para relajar la tensión internacional y no forzar una reacción enérgica franco-británica. Pero no tenían la menor intención de respetar el compromiso si ello fuese posible sin riesgos graves e irreparables. De hecho, en una muestra de la creciente cooperación ítalo-germana en España, que habría de conducir muy pronto a la conformación del Eje Roma-Berlín, Mussolini comunicó de inmediato a Hitler que había dado instrucciones a su embajador en Londres para que «hiciese todo lo posible a fin de dar a las actividades del Comité un carácter puramente platónico».

En consecuencia, el continuo sabotaje ítalo-germano (con la activa colaboración portuguesa), unido a la debilidad de la respuesta franco-británica, determinaron casi desde el comienzo el rotundo fracaso de la política de no intervención. Apenas establecido en Londres el Comité, el delegado alemán remitió a Berlín un informe confidencial donde subrayaba certeramente la falta de una firme voluntad anglo-francesa para detener la intervención y la naturaleza de recurso elusivo y dilatorio que tenía para sus patrocinadores el organismo recién creado:

La sesión de hoy dio la impresión de que para Francia y Gran Bretaña, las dos potencias interesadas principalmente en el Comité, no se trata tanto de tomar medidas reales e inmediatas como de apaciguar la excitación de los partidos de izquierda en ambos países mediante el mero establecimiento de tal Comité.

Durante el mes de septiembre de 1936, a la sombra de las parsimoniosas deliberaciones del Comité, el proceso de internacionalización de la guerra española generó una estructura de apoyos e inhibiciones muy favorable para el esfuerzo bélico de Franco y muy perjudicial para el gobierno de la República. Por una parte, el primero consiguió mantener intacta la vital corriente de suministros militares de Italia y de Alemania (concedidos a crédito) y el inestimable apoyo logístico portugués (aparte del aliento moral prestado por la Santa Sede y el catolicismo mundial). Por otro lado, el segundo se vio privado mayormente de los potenciales suministros bélicos de Francia, Gran Bretaña y otros estados europeos. La política, además, había sido secundada por Estados Unidos con un embargo de armas unilateral, en virtud de su tradicional alineamiento con la entente franco-británica. En consecuencia, la República solo pudo contar con el apoyo abierto pero limitado del México del general Cárdenas, y con las costosas y dudosas oportunidades ofrecidas por el oscuro mundo de los traficantes de armas.

La cristalización de tal estructura tan asimétrica de apoyos e inhibiciones en el otoño de 1936 tuvo su reflejo inmediato en el curso de las hostilidades, con su cosecha de triunfos militares insurgentes y de clamorosas derrotas republicanas. Y fue entonces, con la suerte de las armas decantada aparentemente sin remisión a favor de Franco, cuando tuvo lugar un cambio decisivo en la no intervención.

La Unión Soviética había suscrito el acuerdo como parte de su política de acercamiento a las democracias occidentales iniciada en 1934, tras la instauración del nazismo en Alemania. Cercenadas las esperanzas de una revolución mundial que sacara de su aislamiento al régimen soviético, Stalin quería evitar una coalición hostil de potencias capitalistas antisoviéticas y atajar la contingencia de un ataque alemán sobre su vulnerable y extenso territorio (ya amenazado en el Este por el dinámico imperialismo japonés en China). Sin embargo, la inicial actitud de «simpatía platónica» por la República se vio puesta en cuestión por la decidida intervención ítalo-germana y por las demandas de los sectores antifascistas internacionales. De manera gradual, la política soviética comenzó a virar a lo largo de septiembre a favor de la República sin denunciar el acuerdo. El 23 de octubre de 1936 el embajador soviético en Londres oficializó públicamente la nueva actitud de la URSS en una declaración ante el Comité en la que señalaba que su Gobierno «no puede considerarse ligado por el Acuerdo de No Intervención en mayor medida que el resto de los participantes en el mismo». El correspondiente apoyo militar soviético (canalizado a través de envíos directos de armas y asesores, así como a través del reclutamiento de brigadistas internacionales por los partidos comunistas nacionales bajo el estímulo de la Komintern) permitió frustrar la anunciada victoria franquista en la batalla de Madrid e hizo posible la inesperada resistencia de la República.

EL PRECARIO ÉXITO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

DE LA NO INTERVENCIÓN

La consecuente conversión de la guerra civil en una guerra larga y más internacionalizada (la intervención soviética apenas precedió a una intensificación del apoyo militar germano a Franco) impuso a la entente franco-británica la necesidad de atajar la espiral abierta mediante un nuevo recurso a la política de no intervención. Tratando de detener el agravamiento de la situación internacional, el 9 de enero de 1937 el gobierno británico propuso al Comité la adopción urgente de un plan de control de las costas y fronteras españolas por buques de los países participantes en el acuerdo y mediante observadores terrestres neutrales. A la par, solicitó a las principales potencias la adopción de «medidas inmediatas para detener el flujo de voluntarios extranjeros hacia España» y la prohibición de su salida o tránsito desde sus respectivos países y con destino español. Como resultado, el 12 de enero el Subcomité encomendó a un subcomité técnico la urgente preparación de un plan de control que considerase tres aspectos esenciales: la supervisión de los mercantes extranjeros dirigidos a España; la patrulla naval de las costas españolas; y la vigilancia de las fronteras limítrofes con España desde el lado no español (renunciando así a la cooperación de los contendientes).

La respuesta ítalo-germana a la renovada actividad británica, apoyada por Francia y alentada por la URSS, fue prudente y contemporizadora. Bajo el supuesto de que había que «llegar hasta el límite de lo posible, evitando que de las complicaciones españolas se derive una guerra general», Mussolini y Hitler acordaron acceder a la negociación del plan de control con propósito dilatorio, sin interrumpir sus envíos bélicos y confiados en la básica disposición tolerante del Reino Unido. En estas condiciones, desde finales de enero de 1936, en un contexto internacional más relajado, el Comité de No Intervención fue diseñando un complejo y costoso sistema de control internacional de las fronteras y costas españolas, a la par que aprobaba la ampliación del acuerdo original de agosto de 1936 para incorporar la prohibición del reclutamiento, salida o tránsito de voluntarios extranjeros con destino a España. Poco después, el 8 de marzo de 1937, también se autorizó la creación de otro subcomité técnico para estudiar la «retirada de España de todos los extranjeros involucrados, directa o indirectamente, en el presente conflicto de ese país».

De acuerdo con el plan aprobado, el control terrestre de las fronteras españolas quedó a cargo de un equipo de observadores internacionales y neutrales que se situarían en distintos pasos fronterizos de Francia (130 agentes), Gibraltar (5 agentes) y Portugal (129 observadores exclusivamente británicos), con la facultad de examinar cualquier cargamento con destino a España e informar de toda infracción del embargo vigente a una «Junta Internacional de No Intervención en España» con sede en Londres. A la par, otro equipo de 550 observadores neutrales con idénticas facultades estarían dispuestos en once puertos europeos para embarcar en todos los barcos mercantes de países signatarios del Acuerdo en ruta hacia España. Por último, las costas españolas serían vigiladas desde alta mar por una patrulla naval formada por buques británicos, franceses, alemanes e italianos, con derecho a interceptar y registrar todo el tráfico mercante dirigido a puertos españoles para garantizar la observancia del embargo y la presencia de agentes internacionales a bordo. A tal fin, cada una de las flotas señaladas se encargaría de la vigilancia de unos tramos particulares de las costas españolas: Francia y Gran Bretaña básicamente las que estaban bajo dominio franquista e Italia y Alemania las que se encontraban bajo dominio republicano.

Por dificultades técnicas y logísticas, la entrada en vigor de dicho plan de control no tuvo lugar hasta el 20 de abril de 1937. Desde entonces, y por algún tiempo, pareció que la no intervención dejaba de ser una mera declaración retórica para convertirse en una realidad operativa, como habían querido desde el principio sus patrocinadores franceses y como habían deseado desde principios del año sus valedores británicos. Sin embargo, al margen de la mayor o menor voluntad de cooperación ítalo-germana, el conjunto del sistema adolecía de fallas internas muy apreciables: no cubría el tráfico aéreo, ni el mercante realizado en buques españoles o americanos, así como tampoco el destinado a puertos portugueses. Además, los supervisores no tenían poder de control, sino solo de observación.

LA CRISIS DEL VERANO DE 1937

La marcha de las hostilidades a favor de Franco y el creciente endurecimiento de la actitud de Alemania ante los problemas europeos supusieron el final del breve y limitado éxito de la política de no intervención. A principios de junio de 1937, tomando como excusa la actividad naval republicana, Hitler dispuso la retirada alemana del Comité y de la patrulla de control naval, decisión pronto secundada por Mussolini en una demostración de fuerza del nuevo Eje Roma-Berlín. La respuesta británica al desafío nazi-fascista fue sumamente cautelosa, tratando de conseguir su reincorporación al Comité y a la patrulla naval mediante concesiones atractivas y bajo el supuesto de que la ruptura del acuerdo de no intervención «sería un gran riesgo» inasumible porque pondría en cuestión la viabilidad misma de la política de apaciguamiento europeo.

En consecuencia, a lo largo de los críticos meses de junio y julio, la diplomacia británica consiguió la reincorporación de ambos países al Comité, aunque hubo de aceptar su retirada definitiva de la patrulla naval y una suspensión del proyecto de plan para la retirada supervisada de los combatientes extranjeros en España. Presionadas igualmente por un gobierno francés que suspendió el control de su frontera, las autoridades británicas formularon una propuesta de acuerdo muy tentadora para el Eje: ofrecer la posibilidad de conceder los derechos de beligerancia a Franco (una decisión que hubiera favorecido sus actividades de bloqueo naval de las costas republicanas) una vez que se hubiera alcanzado el compromiso de llevar a cabo esa repatriación supervisada de combatientes extranjeros a cargo de un equipo de observadores internacionales (un plan que ofrecía múltiples posibilidades de dilación y sabotaje en virtud de su propia dificultad técnica).

Convertido así el Reino Unido en virtual mediador de ambos bandos (el Eje, secundado por Portugal, frente a Francia, apoyada por la Unión Soviética), las tediosas sesiones del Comité y del Subcomité de julio y agosto de 1937 evidenciaron la quiebra real de la política de no intervención. De hecho, las labores de ambos comités quedaron suspendidas en agosto de 1937: el Subcomité no volvería a reunirse hasta el 16 de octubre, en tanto que el Comité no lo haría hasta el 4 de noviembre de 1937. De ese modo, la parálisis alcanzada selló en la práctica el desmantelamiento de gran parte del sistema de control y supervisión elaborado trabajosamente a principios de año. Con ello se ponía fin al proyecto franco-británico de implantar una política de no intervención realmente eficaz para cauterizar la guerra española y evitar su plena internacionalización. En adelante, la idea de la restauración del control naval y terrestre, combinada con una retirada supervisada de los combatientes extranjeros y el reconocimiento de los derechos de beligerancia a Franco, permanecerían como mera posibilidad teórica y pretexto político válido para justificar la vigencia formal del acuerdo y la propia existencia aletargada del Comité. La política de no intervención se había convertido definitivamente en una farsa institucionalizada y mutuamente consentida: «un complicado sistema de embustes oficiales», en palabras certeras de Winston Churchill.

La irrenunciable actitud conciliadora exhibida por Gran Bretaña en aquella crítica coyuntura tuvo evidentes efectos de largo plazo en la política europea. Por un lado, sirvió para empezar a desvanecer poco a poco las esperanzas soviéticas de un cambio de actitud sobre España de las grandes democracias ante el desafío del Eje, justo en el mismo momento en que los dirigentes soviéticos comenzaban a preocuparse más por la grave situación en China y su extensa y vulnerable frontera asiática que por la viabilidad de su política de frente antifascista en la Península Ibérica. Por otro lado, sirvió también para refrendar públicamente la supeditación de la conducta francesa a los intereses británicos en el «problema español», limitando su margen de actuación a practicar una «no intervención relajada»: la tolerancia tácita al paso de armas soviéticas hacia la República. A partir de entonces, la guerra española se convirtió en un escenario estabilizado y marginal de las tensiones políticas continentales. No en vano, la atención europea fue concentrándose en los acuciantes problemas derivados de la expansión alemana en Europa central.

Mientras el desafío nazi al statu quo centroeuropeo aumentaba su apuesta y enfilaba la vía que habría de llevar a la ruptura bélica de septiembre de 1939, la guerra española siguió confinada en virtud de la vigencia formal de la política de no intervención. De hecho, gracias a la conciliadora actitud británica (secundada por una Francia dividida y aturdida) y a la disposición negociadora italiana (preocupada por el riesgo de una guerra general para la que no estaba preparada), el 4 de noviembre de 1937 el Comité de No Intervención consiguió aprobar por unanimidad un nuevo plan británico después de cuatro meses de letargo: la concesión de derechos de beligerancia a Franco sería aprobada una vez hubiera comenzado sus labores una comisión internacional creada para la retirada «sustancial» de voluntarios extranjeros de ambos bandos españoles. En realidad, pese a la apariencia de acuerdo general, en las discusiones se habían eludido los temas más conflictivos que seguían dando pie a las dilaciones ítalo-germanas (determinar el número «sustancial» de voluntarios, las bases proporcionales o equitativas de su entidad, el alcance de esos derechos concedidos y su momento de entrada en vigor, etc.).

1938: EL AÑO DEL DESAHUCIO DE LA REPÚBLICA

Bajo la sombra del creciente peligro alemán, a lo largo de 1938 el gobierno británico acentuó su política de pasividad expectante en España y asumió como deseable solución inevitable la pronta victoria militar de Franco. Con este fin, además de mantener en vigor la farsa de la no intervención, presionó vivamente al gobierno francés para que cesara su apoyo soterrado a la causa republicana mediante el cierre de su frontera pirenaica, y también concertó con el gobierno italiano un acuerdo formal para reconocer su conquista colonial en Abisinia a cambio de la promesa de retirada de sus fuerzas de España una vez terminada la guerra (y bajo el supuesto del triunfo de Franco).

El nuevo curso de la política británica ante la «cuestión española» en 1938 quedó reflejado en las labores del Subcomité de No Intervención. En abierto contraste con la actividad desplegada entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 (cuando se habían registrado 11 reuniones, muchas de ellas presididas por el propio secretario del Foreign Office), el Subcomité suspendió sus deliberaciones durante casi dos meses. Finalmente, se le convocó para una nueva sesión el 31 de marzo cuyo objetivo nominal era revisar algunos aspectos financieros del previsto plan de retirada supervisada de voluntarios extranjeros. En realidad, las razones eran meramente propagandísticas, como transmitió a su Gobierno el delegado italiano de parte de Lord Plymouth:

Con toda reserva, el presidente del Comité ha manifestado al consejero de la Embajada de Italia en Londres que la citada reunión no ha tenido más objeto que calmar a la opinión pública inglesa, ya que el estado de descomposición de Barcelona haría imposible todo contacto con aquel Gobierno para la aplicación del plan inglés, añadiendo que el Comité tendrá que cambiar pronto sus actividades para dedicarse a proteger a los refugiados.

En esas condiciones, bajo la presidencia de lord Halifax, el 5 de julio de 1938 se reuniría por primera y única vez en todo el año el pleno del Comité de No Intervención. Y lo hizo para aprobar el laborioso plan de retirada de voluntarios extranjeros diseñado en los meses anteriores así como sus abultados costes financieros. En esencia, el plan disponía que la «Junta Internacional de No Intervención en España» organizara un complejo mecanismo para la evacuación con el concurso (todavía no obtenido) de los contendientes españoles. A este fin, dos comisiones formadas por un mínimo de veinte agentes internacionales realizarían sobre el terreno el registro de voluntarios en cada bando y dispondrían su envío a cuatro «zonas de evacuación» organizadas previamente: dos puertos republicanos (Palamós y Cartagena) y dos franquistas (Málaga y Cádiz). Desde allí, según su nacionalidad, serían embarcados en buques fletados por la Junta que les repatriarían a los siguientes puertos: Londres, Hamburgo, Lisboa, Marsella y Génova. El coste financiero de la operación sería sufragado a partes iguales por los gobiernos británico, francés, alemán e italiano. Una vez que las comisiones hubieran empezado «el cálculo efectivo de los voluntarios», entraría en vigor nuevamente el control de las fronteras portuguesa y francesa suspendido en el verano de 1937. De igual modo, una vez que se hubiera efectuado «la retirada sustancial» de 10 000 voluntarios en los dos campos, se procedería a reconocer los derechos de beligerancia a ambos contendientes.

Naturalmente, la aprobación del plan por el pleno del Comité de No Intervención solo significaba dejar en manos de las partes españolas la posibilidad real de llevarlo a la práctica. A este respecto, como siempre, los intereses de la República y los del gobierno de Franco diferían radicalmente, dado el contraste en volumen y calidad de los combatientes extranjeros respectivos (en cifras globales, no más de 35 000 brigadistas internacionales y 2000 asesores soviéticos, frente a casi 80 000 italianos y 19 000 alemanes). Por eso mismo, mientras la primera manifestó su disposición a colaborar con la expectativa de forzar una mediación internacional que evitara su completa derrota militar, el segundo se atrincheró en «reservas y contrapropuestas» a fin de «ganar tanto tiempo como fuera posible para proseguir la guerra» y alcanzar la victoria total.

En todo caso, la ruina de la política de no intervención y de su último plan de retirada supervisada de extranjeros fue resultado de la evolución de la situación europea en el crítico mes de septiembre de 1938, a la par que se decidía el desmembramiento de Checoslovaquia en la conferencia de Múnich. El desenlace de la crisis germano-checa fue una auténtica sentencia de muerte irrevocable para la República. Y así fue comprendido y asumido por todas las cancillerías europeas y por los propios españoles. El efecto disolvente de esa actitud sobre la capacidad defensiva, moral y material, del bando republicano fue irreversible, como ya había anticipado un profético artículo editorial del Manchester Guardian en marzo de 1938: «Sea cual sea el bien que haya podido hacer a Europa, la no intervención ha clavado una lanza extranjera en el costado de la España leal». Y el mismo enjuiciamiento hizo un analista militar en vísperas del inicio de la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña, que habría de conducir a la victoria total en la guerra civil. En palabras del agregado militar británico en España en su informe final reservado para sus superiores en Londres:

Fuera cual fuera el propósito imparcial y benévolo del Acuerdo de No Intervención, sus repercusiones en el problema de abastecimiento de armas de las fuerzas republicanas han sido, por decir lo mínimo, funestas y sin duda muy distintas de lo que se pretendía. La ayuda material de Rusia, México o Checoslovaquia nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la actitud de Gran Bretaña.

CONCLUSIONES

En definitiva, no cabe duda alguna de que el desenlace de la guerra, al igual que su curso efectivo, fue determinado en gran medida por el contexto internacional envolvente, oficialmente caracterizado por la política de no intervención de todos los gobiernos europeos entonces existentes. Cabe decir, sin asomo de duda razonable, que sin la vital y multiforme ayuda de Hitler y de Mussolini es harto difícil creer que Franco hubiera podido obtener su victoria absoluta e incondicional en la contienda. De igual modo, también cabe afirmar con aplomo que sin el asfixiante embargo impuesto por la no intervención y la consecuente inhibición de las democracias occidentales es muy poco probable que la República hubiera sufrido un desplome interno y una derrota militar tan total y sin paliativos. Al respecto, es bien significativo el hecho de que apenas diez días antes de la terminación oficial de la guerra con el parte de la victoria del 1 de abril de 1939, en Londres se hubiera reunido la última sesión plenaria del Comité de No Intervención. En ella se decidió, sin discusión ni apenas publicidad ni parafernalia, el desmantelamiento oficial de la compleja y costosa maquinaria burocrática y logística creada desde septiembre de 1936. Apenas cinco meses después de tomada esta decisión estallaría finalmente la guerra europea que tan laboriosamente había querido evitar (¿o más bien había aplazado?) la política de no intervención.

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CLAVES SOBRE LA PRESENCIA MILITAR Y

DIPLOMÁTICA SOVIÉTICA

EL KREMLIN NUNCA QUISO DOMINAR

ESPAÑA

por

JOSEP PUIGSECH

La presencia soviética en España se convirtió en un factor decisivo para el devenir de la República española durante el conflicto de 1936-1939, aunque no en un factor determinante para el resultado de la guerra civil. Permitió a la República desarrollar formalmente relaciones con el único país europeo que decidió ayudarla y ponerla en condiciones de generar una resistencia militar con cierta solidez. Ahora bien, en ningún caso ello implicó que la República quedase subordinada a la URSS, a diferencia de lo que ha planteado y plantea la historiografía profranquista. La República fue habitualmente el sujeto activo de la relación. A veces con mayor capacidad de presión, como en la esfera militar. A veces, con menor, como en la diplomática. Pero difícilmente como elemento subordinado. Sirva de ejemplo el hecho de que los suministros de material de guerra y armas soviéticas siempre se realizaron según las peticiones que el gobierno de la República presentó a su homónimo soviético. Y no a la inversa.

Cronológicamente, la llegada de los representantes diplomáticos soviéticos a España fue previa a la de los primeros suministros y asesores militares. Sin embargo, temáticamente, la intervención soviética estuvo centrada en la esfera militar. Por ello, iniciaremos nuestro análisis desde esta perspectiva.

ARMAS PARA LA REPÚBLICA

La intervención militar de la URSS en España fue resultado directo de las peticiones realizadas por el gobierno de la República. El ejecutivo español lo intentó primero con las potencias liberales europeas. Pero siempre encontró una respuesta negativa. Ello, junto con la neutralidad de EE. UU., le llevó a solicitarla ayuda a la URSS. Desde el primer momento, el gobierno de la República la planteó como un acuerdo comercial legal entre ambas partes. La República quería comprar armas. Y la URSS aceptaría venderlas. Las demandas de la República fueron llevadas a cabo a través de las vías diplomáticas o los servicios de inteligencia. El presidente del Gobierno o, en ocasiones, el ministro de Marina y Aire fueron los encargados de realizar las peticiones. Las entregaron al embajador o plenipotenciario soviético en España y estos últimos al Comisariado de Defensa de la URSS. El Comisariado preparó los materiales solicitados y Stalin aprobó las cantidades finales, aunque a partir de noviembre de 1937 con recortes. El envío fue organizado y ejecutado por un subgrupo especializado de los servicios de inteligencia del Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores, denominado Sección X.

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobó la intervención militar de la URSS el 29 de septiembre de 1936, tras recibir instrucciones de Stalin. La denominación que recibió fue Operación X. Se planteó como una operación militar clandestina, altamente secreta y de gran complejidad, debido a la actuación del Comité de No Intervención y a la delicada situación internacional en la que se encontraban tanto la República como la propia URSS. No obstante, debemos recordar que Alemania e Italia habían sido los primeros estados que se habían saltado los acuerdos de no intervención, sin olvidar la tolerancia del Reino Unido y de Francia ante esta infracción.

La URSS envió material de guerra, tanto para las fuerzas de Aire (bombarderos y cazas), como de Tierra (vehículos blindados y carros de combate) y Marina (torpederas), acompañadas con sus respectivas armas y municiones (morteros, ametralladoras, fusiles, cartuchos, proyectiles y bombas de aviación). El traslado a España se llevó a cabo a través de una compleja y precisa red de transporte. Las dificultades que supusieron la distancia geográfica entre ambos países, los riesgos propios de la ruta marítima por el Mediterráneo, la importante cantidad de armas, así como la necesidad de mantener todas las operaciones en secreto, fueron los condicionantes que marcaron este traslado. El primer barco, cargado de armas obsoletas, llegó al puerto de Cartagena el 4 de octubre de 1936, mientras que el segundo lo hizo el 12 del mismo mes. Estas fechas demuestran, en contra de lo que pretende la historiografía profranquista, que la presencia del armamento soviético en España nunca fue anterior a octubre de 1936. En otras palabras, en julio de 1936 no había ni una sola pieza de armamento soviético en España que pudiera justificar aquello que los franquistas denominaron «Alzamiento Nacional» contra la bolchevización de España. [→ AYUDA EXTERIOR].

La ruta de traslado inicialmente tuvo su punto de partida desde los puertos del suroeste de la URSS, en el mar Negro, y pasó por los Dardanelos y el Bósforo. Los barcos, bien soviéticos, bien españoles, se dirigieron hacia las islas griegas, Malta y la costa norteafricana. El destino final fue generalmente Cartagena. Pero la llegada a este puerto no supuso el final de los problemas. Las armadas italiana y alemana y los servicios de espionaje franquista, unidos al inexistente secretismo de las autoridades republicanas, facilitaron que las fuerzas franquistas tuvieran rápidamente conocimiento de la llegada del armamento. Como resultado, de forma casi inmediata, los bombarderos italianos y alemanes castigaron el puerto de Cartagena. Estos bombardeos, pronto extendidos a puertos alternativos, junto con la actividad pirata de los submarinos italianos y el aumento de la presión del bloqueo naval por parte del Reino Unido y Francia, así como la mejora del acceso por la frontera franco-española, forzaron a un cambio de la ruta de los envíos soviéticos, a petición española, especialmente a partir de las Navidades de 1937. La nueva vía partió de los puertos del noroeste de la URSS hasta el extremo noroeste de Francia, donde la descarga se hizo en trenes o camiones hasta la frontera franco-española, soportando enormes trabas administrativas. La excepción fueron algunos de los aviones. Se ensamblaron en un aeródromo francés ante la imposibilidad de cargar sus diferentes partes en los trenes, debido a sus enormes dimensiones, tal y como indican algunos expedientes del Archivo Central del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa analizados por Yuri Rybalkin.

Sea desde unos u otros puertos de partida, el material fue camuflado en barcos. La tripulación solo fue informada del contenido real del cargamento en el momento de la salida. Los barcos incluso cambiaron de nombre, pabellón, pintura y documentos identificativos, además de camuflar a sus tripulantes. Como era de esperar, estuvieron dotados de enormes medidas de seguridad, que incluyeron a equipos especiales del servicio de inteligencia militar soviético, cañones antiaéreos y cargas de profundidad antisubmarinas. Los barcos con pabellón soviético que transportaron armas consiguieron llegar a su puerto de destino. En cambio, no sucedió siempre lo mismo con algunos cargueros con pabellón soviético que no transportaron armas, ya que fueron apresados, o en algunos casos incluso hundidos, por las fuerzas navales de la España sublevada (como el ejemplo del Komsomol). Precisamente, ese fue también el destino que marcó a una parte de los barcos con bandera de la República o de países extranjeros que transportaron armas.

Tal y como se indica en otro lugar de este libro, no hay ninguna duda de que cuantitativamente los materiales bélicos enviados a la República por la Unión Soviética fueron notablemente inferiores a los recibidos por la España de Franco desde Italia y Alemania. La prueba más evidente de ello, al margen de las propias cifras, fue que la España republicana no estuvo en condiciones de realizar una ofensiva sostenida sólida contra las tropas franquistas durante el conjunto de la guerra civil. Es más, la ostensible inferioridad en la cantidad del armamento fue el factor que en mayor medida jugó en contra de los intereses republicanos en la esfera de la contienda armada. [→ AYUDA EXTERIOR].

La ayuda militar soviética no fue gratuita. Pero la República nunca pretendió que lo fuese. La transacción comercial entre el Estado republicano y el soviético fue una realidad incontestable. Y, además, los soviéticos enviaron las primeras remesas de material sin que la República hubiese pagado aún nada. El pago se llevó a cabo a través de una parte de las reservas de oro del Banco de España. Por lo tanto, bajo ningún concepto, pese a lo que intenta esforzarse la historiografía profranquista, puede afirmarse que la URSS robó el oro a la República. Más aún si tenemos presente que esta práctica no la llevó a cabo solo la Unión Soviética. Francia vendió armamento a la República entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 1936. Esta venta fue pagada con las reservas de oro del Banco de España. Y a partir del 9 de agosto, Francia siguió adquiriendo oro español para canjearlo por dinero en metálico. El dato es contundente: en marzo de 1937 el gobierno de la República había transferido al Estado francés una cuarta parte aproximadamente de las reservas de oro del Banco de España.

Otra cuestión a analizar es la calidad del material enviado a España. La historiografía profranquista insiste aún hoy día en su pésima calidad. Veámoslo. Es cierto que los soviéticos no enviaron ni aviones de transporte, ni unidades de paracaidismo, ni el bombardero TB-3, ni unidades de transporte terrestre. Pero ello fue debido a que las unidades de transporte aéreo eran el punto más débil de toda la fuerza aérea soviética; el TB-3 era el bombardero soviético más pesado, lo que hacía prácticamente imposible su traslado; finalmente, la propia URSS tenía escasos vehículos de transporte terrestre. Por otro lado, muchas de las piezas de artillería y las armas portátiles soviéticas fueron de pésima calidad, debido a su procedencia de la primera guerra mundial o de la guerra civil rusa, o bien porque es lo que los republicanos obtuvieron de terceros países como los bálticos. Sin embargo, la inmensa mayoría del material enviado a España fue el más moderno que los soviéticos estuvieron en condiciones de fabricar. Tal fue el caso de los carros de combate y los aparatos aéreos. Entre los primeros destacó el T-26, especialmente frente a las tanquetas italianas; mientras que el más pesado BT-5 fue utilizado en la planificación de las batallas de finales de 1937, con escasa pericia por los militares republicanos. En el segundo caso, destacaron por encima del resto los cazas: la agilidad y el armamento del I-15, así como la velocidad y la mayor dotación armamentística del I-16. Los bombarderos estuvieron compuestos por el Tupolev SB-2, de una gran velocidad y capacidad, pero con un nivel de eficacia por debajo de lo esperado. Junto a él, intervinieron también los bombarderos y aviones de reconocimiento Polikarpov R-5, R-Zet y R-5, aunque su nivel de efectividad fue más reducido.

La progresiva reducción de los envíos de elementos bélicos desde la URSS a la República a partir de finales de 1937, y especialmente durante 1938, desvelan una cuestión de fondo de enorme importancia: la URSS jamás se planteó convertir la República española en una república popular avant la lettre controlada desde Moscú. En primer lugar, porque ese último concepto fue totalmente ajeno a la lógica del contexto europeo de la segunda mitad de los años treinta, marcado por la dicotomía fascismo-antifascismo. La sovietización fue un proceso propio de la Europa posterior a la segunda guerra mundial, es decir, la Europa de la guerra fría, en la que la lucha entre capitalismo y comunismo sí que condujo a la sovietización del este y parte del centro de Europa. Pero eso fue a partir de 1945-1947. Nunca entre 1936-1939. En segundo lugar, porque la voluntad de Stalin fue mantener el modelo liberal en España durante toda la guerra civil. Stalin apostó en España por una política comprometida con la defensa de los valores liberales democráticos y, por derivación, en la lucha contra el fascismo. La defensa de la República, entendida en términos de Estado liberal, debería generar un aliado de la URSS contra la expansión internacional del fascismo en Europa. Pero, sobre todo, debería ayudar a Francia a comprometerse a realizar campañas activas que detuviesen cualquier posible expansión territorial de los países fascistas en Europa y, también, evitar que el Reino Unido realizase algún tipo de pacto —junto con Francia— con los países fascistas que dejase aislada a la URSS. Esa fue la política internacional que llevó a cabo la URSS en España. Y, por derivación, la misma que siguieron la Internacional Comunista y el Partido Comunista de España (PCE), sintetizada en la política del Frente Popular: alianza entre los partidos liberales, socialistas y comunistas con el objetivo de defender el modelo liberal democrático frente al ascenso del fascismo. En definitiva, una realidad bien alejada de la quimera profranquista que identificó la presencia militar y diplomática soviética en España como sinónimo de intervención política para imponer un gobierno revolucionario, formado por comunistas, socialistas y anarquistas, sumiso a las órdenes de Moscú. Finalmente, en tercer lugar, tampoco debe olvidarse que los intereses de la política internacional soviética a finales de los años treinta no se centraron exclusivamente en España. Tuvieron una proyección mucho más amplia. En este sentido, destacó el compromiso contra la expansión fascista en el centro de Europa así como los cambios políticos en Mongolia y China.

LOS TAN NECESARIOS ASESORES MILITARES

El segundo gran eje de la intervención militar soviética en España basculó alrededor de los asesores militares. Este caso, como el del armamento, también fue fruto de las solicitudes realizadas por el gobierno de la República a su homónimo soviético. El ejecutivo español reclamó su envío para organizar con eficacia la defensa. Y no fue más allá. Así, pues, debe desterrarse la tesis profranquista según la cual los soviéticos infiltraron asesores militares con el armamento enviado a España, para ejecutar un plan secreto de control y sumisión de la República a los intereses de Moscú. Nada más lejos de la realidad.

El Comisariado de Defensa de la URSS realizó un preciso proceso de selección para garantizar las expectativas que depositaron los dirigentes de la República sobre tal contingente. Cada miembro del equipo soviético enviado a España recibió unas instrucciones personales y el itinerario que tenía que seguir, junto con la documentación y los recursos monetarios necesarios. A algunos se les dieron pasaportes auténticos, a otros dos pasaportes (el auténtico y otro falso) y, en algunos casos, incluso se les camufló como miembros de la delegación diplomática soviética en España. En todos los casos siempre se les otorgó un pseudónimo para encubrir su ciudadanía.

Los primeros especialistas llegaron a España por distintas vías, aunque lo hicieron mayoritariamente con la tripulación de los barcos que transportaron las armas. Los primeros asesores y técnicos militares fueron los encargados de supervisar el correcto cumplimiento de la Operación X: el agregado militar, V. E. Gorev; el agregado naval, Nikolai Kuznetsov; el consejero militar jefe, Jan Berzin; y los agregados comerciales I. Winzer y Artur Stachevsky. Entre mediados de octubre y mediados de diciembre de 1936 llegó un nutrido número de asesores militares. Pero su número fue reduciéndose a partir de 1937, como en el caso de los suministros de guerra. De todas formas, no debe perderse la perspectiva que esta progresiva reducción fue también resultado de que sus servicios fueron cada vez menos necesarios, en la medida que habían instruido de forma relativamente eficiente a parte de las fuerzas republicanas. Está datado el envío de un contingente de 25 asesores soviéticos a España el 7 de febrero de 1939, así como la presencia de asesores soviéticos en España diecinueve días antes del final de la guerra civil.

Los asesores soviéticos fueron integrados de forma oficial dentro de la estructura del Estado republicano. Para ello se creó la Jefatura de Asesoría Militar como parte de la organización del Ejército Popular. En la cúspide se situó un consejero militar jefe, cargo que en 1936-1937 ocupó el citado Berzin, en 1937-1938 Grigori Shtern y en 1938-1939 K. M. Kachánov. Por debajo, los consejeros militares mayores, desde artillería y defensa antiaérea, hasta infantería, pasando por tropas mecanizadas, fuerza aérea, fuerza naval, comunicaciones… Cada uno de esos consejeros tuvo asesores especializados en el ámbito de su campo de acción. En la base se situaron los pilotos, tanquistas, artilleros, marineros, ingenieros técnicos, radiotelegrafistas, cifradores, traductores, médicos, zapadores, instructores y asesores de armas y artillería, personal de comunicaciones, tropas químicas, especiales y grupos de destinos especiales.

Los asesores y especialistas tuvieron que hacer frente a las limitaciones que supuso no poder diseñar las operaciones ni participar en el frente militar sin el previo consentimiento del gobierno de la República. Estuvieron presentes en el diseño de operaciones de Teruel, Brunete, Jarama o Guadalajara. Pero siempre en colaboración con los mandos republicanos y dependiendo del visto bueno final del presidente del Gobierno. Como era de esperar, estos límites a veces chocaron con las órdenes que recibieron desde el gobierno soviético, que lógicamente quiso planificar sus propias operaciones militares y diseñó modelos de actuación para los materiales que envió a España. Desde Moscú a veces también se enviaron órdenes contradictorias, y este mismo esquema se reprodujo entre los diferentes escalones de la jerarquía militar que se establecieron en España. Es más, no siempre se pudo evitar los conflictos entre los propios asesores soviéticos, tanto por incompatibilidades políticas o militares como personales.

La sintonía entre el gobierno de la República y el soviético fue mucho mayor en el adiestramiento y la capacitación de cuadros militares españoles. El primero solicitó a Moscú que permitiese el envío de cuadros militares españoles a la URSS. El proceso se inició en enero de 1937. Unos 3000 españoles recibieron instrucción militar en la URSS, especialmente en la formación de pilotos. Esta cifra se complementó con unos 20 000 republicanos que recibieron instrucción militar por parte de los asesores soviéticos, pero en suelo español.

La presencia de los asesores militares soviéticos fue significativa a la hora de permitir que la República realizase un salto cualitativo en sus operaciones en el frente de batalla. Proporcionaron instrucción militar y una relativa racionalización de los recursos, especialmente durante el último tercio de 1936 y los primeros meses de 1937. En este sentido, sobresalió su participación en la defensa de Madrid entre octubre de 1936 y enero de 1937.

De todas formas, la capacidad de actuación de los asesores tuvo límites. Junto a la dependencia de las órdenes del gobierno de la República, debe añadirse su número relativamente reducido; en algunas ocasiones fueron relevados cuando llevaban un cierto tiempo en España, lo que no favoreció la estabilidad y el asentamiento de una plantilla permanente; a veces tuvieron que soportar reticencias de los propios militares españoles, poco favorables a ser aleccionados en las Escuelas de Formación de mando del Ejército Popular y en las Escuelas Populares de Guerra por los militares soviéticos; y, finalmente, los problemas de comprensión lingüística, en la medida que el número de traductores soviéticos fue reducido para el número de asesores que se envió a España. Además, la capacitación de estos asesores no fue pésima, pero tampoco excelente. En primer lugar, porque el ejército y la armada soviéticos padecieron en esa época un grave déficit de cuadros experimentados en los niveles de jefes de unidad y de comandantes. Y, en segundo lugar, porque el ambiente de purgas que se vivió en la URSS a partir de 1936 se convirtió en un elemento de presión añadido para este colectivo. Resulta bien sintomático de ello las rotaciones constantes del personal enviado a España, una parte de cuyos cuadros fue ejecutada al llegar a la URSS.

Los éxitos de las actividades encomendadas fueron diferentes según los casos. Los asesores de la industria obtuvieron óptimos resultados, tanto en las tareas de supervisión de la producción armamentística, como en la reconversión de las industrias civiles en industria militar. En cambio, los asesores navales no consiguieron que la débil Marina republicana realizase un salto cualitativo. La instrucción en la guerra de guerrillas fue escasa, a diferencia de los servicios de espionaje y contraespionaje militar. Los ingenieros y asesores de comunicaciones mantuvieron eficientes comunicaciones por radio entre la URSS y sus hombres en España, así como entre los asesores en el estado mayor republicano y el resto de soviéticos que estaban diseminados entre las fuerzas de Tierra, Aire y Mar. Los traductores e intérpretes fueron eficaces como tales, pero sufrieron la losa de su reducido número. Merece destacarse que se trató de un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres, de las que quizás se recuerda con especial melancolía el caso de las hermanas Abramson. Por otro lado, los pilotos supusieron el contingente más numeroso de todos los que enviaron a España, debido a la gran debilidad de la República en este campo. Se convirtieron en la pieza clave, en singular, para permitir que la República superase su crónica inferioridad respecto a las tropas franquistas. Más mérito aún tiene si tenemos presente que buena parte de estos pilotos tenían escasa experiencia. La República mantuvo una cierta superioridad en el campo aéreo hasta marzo de 1937. Después empezaron a pasar factura los problemas de la llegada de los suministros soviéticos para reparar y mantener el material aéreo. El penúltimo caso fue el de los instructores y tripulantes de blindados. Sus éxitos fueron escasos, fruto de los problemas derivados de la falta de mantenimiento, la escasa coordinación con las tropas españolas y los constantes cambios de personal ordenados desde Moscú.

Finalmente, debemos comentar con detalle los comisarios políticos, en la medida que son el colectivo que la historiografía profranquista ha convertido en una de sus puntas de lanza. Su tarea principal consistió en adoctrinar políticamente a los propios asesores soviéticos que fueron enviados a España. Se trató de un pequeño colectivo en términos cuantitativos, con una reducidísima capacidad de incidencia directa en la estructura militar republicana, por no decir inexistente. La figura del comisario político existió entre los republicanos. Pero fue fruto de una creación autóctona, espontánea, en el seno del ejército español. Otra cuestión es que nominalmente coincidiese con la misma terminología de ese pequeño colectivo de asesores soviéticos. Por ello, tenemos que acabar con la imagen de los comisarios políticos soviéticos que se habrían infiltrado en el ejército de la República (y también en las Brigadas Internacionales) para pasar a dominarlas desde la oscuridad.

EL APOYO DE UNA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA

DEGRADADA

La intervención militar de la Unión Soviética en la guerra de España se complementó con un segundo espectro, las relaciones diplomáticas.

La primera cuestión que no debe pasar inadvertida en este ámbito fue que las representaciones de ambos estados se crearon al mes o mes y medio después de iniciadas las hostilidades. Esta cronología desbarata la validez de cualquier tesis que plantease la existencia de una mano negra soviética en la República previa al 18 de julio de 1936. Y lo mismo puede plantearse para las primeras semanas tras dicha fecha.

Moscú fue quien estableció primero su representación diplomática, a través de una embajada en Madrid, luego en Valencia y posteriormente en Barcelona. El cargo de embajador fue ocupado por Marcel Rosenberg desde finales de agosto de 1936 hasta inicios de febrero de 1937; posteriormente pasó a manos de Lev Gaikis, hasta octubre de 1937; y, a partir de ese instante, quedó vacante y asumió la dirección de la embajada, sin el estatus de embajador, el encargado de negocios soviéticos, Sergei Marchenko.

La URSS también estableció una representación consular en Barcelona desde octubre de 1936 hasta enero de 1939, aunque quedó cortada en sus atribuciones cuando la embajada se trasladó a Barcelona a finales de 1937. Vladímir Antonov-Ovseenko fue el cónsul general hasta septiembre de tal año. A partir de ese momento el cargo quedó vacante y la representación del consulado fue asumida por el secretario general del mismo, Alexei Strajov. La tercera representación soviética se estableció en Bilbao. Fue encabezada por Yosif Tumanov, con el estatus de consejero soviético pero actuando como cónsul. Ocupó el cargo desde inicios de noviembre de 1936 hasta la ocupación franquista del País Vasco, que supuso el fin de esta delegación diplomática.

Por otro lado, la principal representación española en la URSS fue la embajada en Moscú. Marcelino Pascua fue designado embajador a mediados de septiembre de 1936 hasta la primavera de 1938. Posteriormente, las figuras más relevantes de la embajada pasaron a ser el agregado comercial, Vicente Polo, y el encargado de negocios, Manuel Martínez Pedroso. La misión española se centró en fomentar y facilitar la ayuda soviética así como en fortalecer las relaciones institucionales con las autoridades. Su eficacia discurrió paralela a la intensidad de la relación militar y diplomática de la URSS con la República.

Los primeros contactos diplomáticos se llevaron a cabo durante la primera semana de agosto. El día 8 llegaron los primeros informantes a España, los periodistas Mijail Koltsov e Ilya Ehrenburg, junto a los cineastas Román Karmen y Boris Makaseev. El Politburó designó a Marcel Rosenberg como embajador soviético en España el día 21. Rosenberg llegó a Madrid el 27, con cinco funcionarios. Fue recibido eufóricamente por muchos madrileños y presentó sus credenciales al presidente de la República el 29 de agosto. Unos días después, llegaron otros representantes del Estado soviético a Madrid, encargados de diferentes misiones políticas, militares o económicas.

La presencia de la embajada soviética en Madrid implicó un claro posicionamiento de la URSS en clave internacional. Estuvo marcado por las manifestaciones públicas de Rosenberg y del presidente Azaña, referentes al mutuo respeto al modelo político y social que representaban la URSS y la República respectivamente. El primero insistió que el objetivo de su país no era exportar su ideología política y su sistema social. Por su parte, Azaña pasó de puntillas sobre las evidentes diferencias entre el modelo de uno y otro Estado, consciente que era la mejor manera de evitar potenciales conflictos con el único aliado de la República. De todas formas, la embajada difundió una notable campaña de propaganda sobre el modelo político, social y económico de la URSS. La voluntad de Rosenberg fue influir sobre la política del gobierno republicano, extralimitándose en sus instrucciones. Lo mismo ocurrió, en una primera tacada, con Berzin. Por ello, ambos fueron llamados inmediatamente al orden desde Moscú. Rosenberg no se comportó con habilidad ni con los españoles, ni con muchos de los soviéticos que fueron llegando progresivamente a España. El resultado de su misión fue decepcionante. Las quejas sobre los métodos de Rosenberg fueron expuestas por el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, aunque no llegó a trasladarlas a Stalin claramente, quien, sin embargo, no se equivocó respecto a la escasa idoneidad de Rosenberg y lo eliminó de un plumazo.

La etapa de Gaikis al frente de la embajada supuso una suavización de las formas y la lógica empleada por Rosenberg. El nuevo embajador, que precisamente había tenido una tensa relación profesional con su antecesor en el cargo, presentó las credenciales al presidente Azaña el 16 de marzo. El discurso de Gaikis ensalzó, como era de esperar, el compromiso de solidaridad y apoyo de la Unión Soviética a la República. Pero su trayectoria tampoco mereció la confianza de Moscú y en poco tiempo fue relevado del cargo.

Tras la retirada de Gaikis, Marchenko se convirtió defacto en el nuevo hombre fuerte de la embajada hasta el final de la guerra civil. A diferencia de Rosenberg y Gaikis, no se trató de un diplomático profesional. Tateos Guegamovich Mandalian, su nombre auténtico, fue un hombre de la Internacional Comunista, a la que se integró a partir de 1935, tras haber destinado cinco años de su carrera política a la Comisión Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pese a ello, supo ganarse la confianza de la dirección del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores, aunque no le evitó algunas reprimendas por su lentitud a la hora de confeccionar los informes o por sus quejas sobre la falta de personal en la embajada. Formalmente desempeñó el cargo de hombre de negocios del gobierno soviético en España. Pero su actividad en la embajada se caracterizó por su visión bastante amplia de la vida política republicana. Suyas fueron las manifestaciones en las que evidenció que ni el Gobierno ni el ejército de la República actuaron bajo las órdenes de la URSS: el jefe del gobierno de la República, Juan Negrín, hizo oídos sordos ante las sugerencias políticas procedentes de la embajada soviética. Así lo escribió en su informe sobre las causas de la derrota republicana en la guerra civil, redactado en la primavera de 1939.

En el caso del cónsul en Barcelona, la misión fue similar, aunque con matices. Primero, se ordenó a Antonov-Ovseenko no intervenir en el operativo militar soviético, ya que esta atribución correspondió exclusivamente a la embajada, una orden que intentó incumplir justo antes de llegar a España por la frontera francesa. Y, segundo, porque sus atribuciones quedaron circunscritas al ámbito político (establecer contacto directo, ejercer cierta influencia, reconducir la hegemonía anarquista en Cataluña e iniciar una aproximación al movimiento marxista catalán identificado con Moscú que representaba el Partit Socialista Unificat de Catalunya —PSUC—) y económico (generar acuerdos comerciales entre el gobierno de la Generalitat y el soviético). Antonov-Ovseenko fue mucho más prudente y actuó con más tacto que Rosenberg. Esto le permitió establecer cordiales relaciones con el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, con el PSUC, e incluso se ganó un relativo respeto entre los anarquistas (básicamente por la simbología que supuso su papel en el asalto al Palacio de Invierno en 1917). Antonov-Ovseenko ejecutó una intensa campaña propagandística del modelo soviético en Cataluña. Pero no logró evitar los choques con los anarquistas, ni consiguió incidir en el gobierno de la Generalitat tanto como hubiera deseado.

El caso de Tumanov aún hoy día es una notable incógnita, debido a la falta de estudios. Sin embargo, no resulta difícil intuir que su misión fue similar a la del cónsul en Barcelona si tenemos presente el estatus con el que llegó y el área geográfica en la que se desarrollaron sus actividades.

Hemos comentado anteriormente que Rosenberg fue substituido por Gaikis y, poco después, el propio Gaikis fue relevado de su cargo, dejando vacante la figura del embajador soviético. Con Antonov-Ovseenko sucedió lo mismo a partir de septiembre de 1937 en el consulado. Y en el caso de Tumanov, la evolución del conflicto militar en la zona norte de España facilitó el cese de sus actividades en fechas similares. Así, pues, los datos demuestran que la URSS no tuvo una representación diplomática de primer nivel en España a partir del tercer trimestre de 1937. En primera instancia, esta evidencia permite cuestionar de raíz las tesis profranquistas que situaban la presencia diplomática soviética en España como un mecanismo efectivo de control y sometimiento de la República a las órdenes de Moscú. Nunca fue así. Y menos aún a partir del otoño de 1937, cuando esta delegación quedó degradada. En segundo lugar, los datos no invalidan la tesis del compromiso del Estado soviético con la República. La prueba más evidente fue que Stalin se encargó de confirmar el apoyo de la URSS a la República, pero desde una segunda línea, al embajador español en Moscú el 3 de febrero de 1937. Finalmente, los datos constatan los efectos que tuvieron sobre el conjunto del aparato diplomático en España las persecuciones políticas en el seno del Estado soviético a partir de 1937 (y que también afectaron a la esfera militar y de seguridad). Las diferencias políticas y personales entre los miembros de la representación soviética, así como el incumplimiento de los resultados previstos desde Moscú, generaron argumentos para crucificarlos políticamente, y en muchos casos físicamente. Rosenberg, Gaikis y Antonov-Ovseenko fueron ejecutados entre 1937 y 1938. En cambio, Marchenko fue una excepción, ya que no se le ejecutó hasta 1941, en un contexto diferente al de sus correligionarios. La persecución del supuesto enemigo interior del Estado soviético a partir de inicios de 1937 se tradujo, en el caso del aparato diplomático, en la desaparición de numerosos altos cargos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores, desde una figura tan relevante como la de Nikolai Krestinsky, comisario adjunto, hasta los embajadores en Finlandia, Hungría, Polonia y un largo etcétera. Las rotaciones en estos niveles de la administración fueron constantes y, a pesar de ello, buena parte del aparato quedó desarticulado. Stalin y sus más fieles colaboradores consiguieron así acrecentar el control directo sobre la diplomacia soviética. El caso de la representación en España fue un buen ejemplo de ello.

CONCLUSIONES

La presencia soviética en España no fue homogénea. Sin lugar a dudas, la trayectoria de la intervención militar y diplomática se caracterizó por la existencia de diferentes modelos de actuación y ejecución, no siempre coincidentes ni perfectamente coordinados. Los resultados fueron variados, pero especialmente cuestionables en el caso de la representación diplomática. De todas formas, también resulta evidente, y mucho más importante, que la URSS ni dirigió, ni sometió, a la República.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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LOS APOYOS EXTERIORES, PALANCAS

DE LA VICTORIA Y DE LA DERROTA

por

ÁNGEL VIÑAS

La guerra civil no hubiera podido sostenerse con los recursos propios españoles. Armas modernas, voluntarios de verdad o simulados y consejeros procedentes del exterior incidieron en los planteamientos estratégicos y tácticos de los contendientes. En cierto modo se trató de una guerra internacional por interposición entre las dos potencias agresoras (Tercer Reich y la Italia fascista), una potencia a la defensiva y en búsqueda del reforzamiento de la seguridad colectiva contra el fascismo (Unión Soviética) y los países sedicentemente no intervencionistas, encabezados por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, pero en el fondo más o menos hostiles a la República. De entre los restantes, únicamente México la ayudó. El tópico que ha lastrado este debatido tema es que los republicanos gozaron de una superioridad neta en cuanto a apoyos exteriores. Es rigurosamente falso.

LAS POTENCIAS DEL EJE TOMAN CARRERILLA

La sublevación se había preparado teniendo en cuenta dos supuestos relacionados con la escena exterior: la posibilidad de que ayudara la Italia fascista y que el Reino Unido, la potencia imperial por excelencia, se inhibiera. Ambos supuestos se revelaron correctos. También se había tratado de obtener algún apoyo alemán. Vanamente. Los intentos de Sanjurjo/Beigbeder —y por consiguiente de Mola— se saldaron con un rotundo fracaso.

Hitler decidió apoyar a Franco el 25 de julio de 1936 tras enviar este una misión de medio pelo a Berlín para lo que utilizó un avión de Lufthansa requisado en Canarias. En contra de lo esperado, tuvo éxito en llegar a Hitler. La misión la componía un ingeniero de minas y jefe del minúsculo partido nazi en Marruecos, Adolf P. Langenheim, y un comerciante que solía trapichear con los mandos del ejército de África Johannes E. F. Bernhardt. Era, incidentalmente, colaborador del Sicherheistdienst, el temido servicio de información y de seguridad del partido nazi, pero en aquella época todavía poco implantado en el extranjero. Un purasangre.

Ambos se dirigieron al departamento internacional del partido donde Langenheim conocía al responsable para la península Ibérica, Friedhelm Burbach. Este funcionario, que había vivido en España y montado en ella el partido, rápidamente se dio cuenta de que este podía incidir en una decisión de trascendencia. Gracias al apoyo de Alfred Hess, convenció a su inmediato superior. Rudolf Hess, de vacaciones, se mostró de acuerdo en facilitar el acceso de los emisarios a Hitler en Bayreuth. El Führer no dudó. El lector puede echar por la borda todas las descripciones del encuentro que se encuentran en la literatura. Son producto de la imaginación de Bernhardt quien, en su momento, engañó también al autor de estas líneas.

Hitler y Mussolini jugaron con dos apreciaciones geoestratégicas coincidentes. El primero con el atractivo de debilitar el respaldo que una república frentepopulista victoriosa pudiese prestar a Francia, ya entonces en su punto de mira como el primer enemigo a batir. El segundo con las perspectivas que ofrecería una España endeudada a Roma a la hora de extender la hegemonía italiana en el Mediterráneo occidental. Ambas apreciaciones se enmascararon bajo la hoja de parra del anticomunismo. Mussolini, que adoptó la decisión de ayudar a Franco el 27 de julio, tenía ya noticias de que la URSS no apoyaba a la República.

El peso de los planteamientos geoestratégicos, siempre subestimado en la literatura profranquista, explica que la ayuda se hiciera sin solución de continuidad. Desde finales de julio una corriente ininterrumpida de aviones de transporte y de combate, de gasolina tetraetilada moderna, de artillería ligera y pesada y de grandes cantidades de municiones se encaminó hacia Marruecos, primero, y los puertos controlados por los sublevados después (Vigo, Cádiz, Sevilla), amén de, en dos ocasiones al menos, Lisboa. La dictadura salazarista no tardó en echar su cuarto a espadas a favor de los rebeldes.

La respuesta de las democracias fue distorsionadora. Los británicos adoptaron una actitud distante, no en vano el gobierno hiperconservador de la época había sido víctima de las intoxicantes noticias transmitidas por sus servicios diplomáticos y de inteligencia sobre una «revolución para-soviética» en España. Los franceses no se atrevieron a romper filas y lanzaron la idea de la «no intervención». Se las apañaron, eso sí, para enviar un caza Dewoitine 372, el 7 de agosto. Al día siguiente partieron 12 cazas (tres de los cuales se averiaron al aterrizar) y 6 bombarderos Potez 54. Ninguno tenía armamento y necesitaban gasolina tetraetilada, que no había en España. Eso sí, los cobraron a un precio exorbitante. [→ NO INTERVENCIÓN].

La no intervención nació muerta. Todos lo sabían. Los británicos porque interceptaban las comunicaciones italianas y estaban al corriente de los suministros fascistas. Los franceses por impotencia y falta de imaginación. Los países fascistas y Portugal porque no tenían la menor intención de respetarla. Cumplió un papel: evitar que la contienda española afectara vitalmente al equilibrio europeo y a la política de apaciguamiento, presuntamente para ganar tiempo e impulsar una estrategia de disuasión basada en el rearme. La República española fue su primera víctima. Le siguieron en 1938 Austria y Checoslovaquia.

Las intenciones de las potencias fascistas se reflejan con claridad en la continuada secuencia de envíos de armas y hombres a Franco en agosto y septiembre de 1936. En esta fecha los alemanes le prometieron ya suministrarle un arma novedosa: tanques. Las expediciones de ambos dictadores y el apoyo político, propagandístico y diplomático contribuyeron vitalmente a poner a Franco en condiciones de alzarse con el mando único. No había otro general entre los sublevados que contara con tales ases en su manga.

El 28 de agosto alemanes e italianos intercambiaron datos referidos a sus suministros en el primer mes, el más crítico para mejorar las posibilidades de éxito de la sublevación. El Tercer Reich había enviado 26 bombarderos Junker con sus tripulaciones, 15 cazas Heinkel sin ellas, 20 piezas de artillería, 50 ametralladoras, 8000 fusiles, bombas, municiones y 5000 máscaras antigás. Los italianos habían remesado 12 bombarderos y 27 cazas con su armamento y tripulaciones al completo, 12 ametralladoras antiaéreas con 96 000 proyectiles, 40 ametralladoras con 100 000, 5 carros veloces totalmente equipados y con sus tripulaciones, 50 000 bombas de mano, 20 000 de 2 kgs, 2000 de 50, 100 y 250 kgs, 400 toneladas de gasolina y carburante, 300 más por cuenta alemana y 11 toneladas de lubricantes. El material más preciado lo constituían, evidentemente, los aviones en condiciones de combate. El apoyo conjunto ascendió a 38 bombarderos y 42 cazas. El lector buscará vanamente estos datos en la mayor parte de los historiadores profranquistas.

A principios de octubre (la fecha exacta no se ha identificado) los alemanes empezaron a preparar un nuevo tipo de apoyo. Sería una unidad interarmas, con base en la aviación, que operase con plena independencia y en formación cerrada: la Legión Cóndor, un ariete de acero. Una innovación estratégica fundamental. Franco, naturalmente, no se opuso. Sus presuntas reticencias, en las que se deleitan los autores profranquistas, tratan de enmascarar lo esencial. Mussolini, que ya había jugado en septiembre con la idea de enviar un cuerpo expedicionario («Operación Garibaldi»), se retrajo, en parte para no activar una eventual intervención soviética.

Las primeras unidades de la Cóndor empezaron a salir de los puertos alemanes el 7 de noviembre. Su pleno despliegue ocupó todo el mes. Como es obvio, no pasó desapercibido para nadie. Tampoco para los franceses e ingleses, que se quedaron tan tranquilos brindando por la no intervención y Léon Blum que no dejaba de llorar ante la calamidad que recaía sobre sus correligionarios españoles.

LA REACCIÓN SOVIÉTICA

En septiembre de 1936 se dio una notable congruencia de estimaciones estratégicas. Tanto los servicios de inteligencia militar británicos (MI3) como los soviéticos (GRU) llegaron a la conclusión de que, si no se alteraba el contexto internacional, Franco se haría con la victoria. No de otra opinión fue Azaña, profundamente dolido por la retracción de Francia. O de observadores diplomáticos como el encargado de negocios mexicano en Lisboa, Daniel Cossío Villegas.

Los condicionamientos internacionales cambiaron. Stalin había seguido con preocupación los éxitos de los sublevados y los apoyos de las potencias fascistas. Entrevió que en España se jugaba el futuro de la seguridad colectiva. Si la República caía, Francia se vería amenazada y con ella el pivote de la estrategia de seguridad soviética. Consideraciones geoestratégicas, geopolíticas e ideológicas (no cabía dejar en la estacada a la clase obrera española) se combinaron para impulsar una táctica de deslizamiento paulatino a favor del apoyo a la República. Sus hitos son conocidos. El más importante fue el suministro de combustible, a precios reducidos, a la flota republicana. El 6 de septiembre de 1936 Stalin ya pensaba en enviar aviones por intermedio de México, idea un tanto descabellada.

A mitad de mes el pleno de la Komintern decidió constituir las Brigadas Internacionales. Stalin no tardó en dar un paso hacia adelante. Constatadas hasta la saciedad las vulneraciones italianas, alemanas y portuguesas de la no intervención, decidió apoyar también a la República con material. Lo que más se necesitaba. El 26 de septiembre zarpó de Odessa el primer envío a bordo del petrolero Campeche, una colección de armas viejas sacadas a toda prisa de los arsenales. A partir del 4 de octubre siguió el material moderno: aviones, tanques, ametralladoras, artillería ligera y pesada, etc. No pudieron entrar en acción realmente hasta los momentos iniciales de la defensa de Madrid. Contribuyeron a fortalecer la resistencia. Al igual que las Brigadas Internacionales, cuyas primeras formaciones habían empezado a concentrarse en Albacete a mediados de octubre.

En comparación con las potencias fascistas, la reacción de la URSS se enfrentó a considerables dificultades logísticas. Los envíos de las primeras iban escoltados por buques de guerra. Los republicanos nunca quisieron provocar un incidente serio por temor a las repercusiones. Los soviéticos iban solitos hasta llegar a las aguas territoriales españolas, donde recibían protección. Desde el principio los submarinos italianos plantearon una amenaza sobre la navegación con destino a puertos republicanos.

Hasta el 6 de diciembre de 1936 los suministros soviéticos comprendieron 136 aviones, 106 carros de combate T-26, 30 vehículos blindados, 174 piezas de artillería, 3750 ametralladoras, 340 lanzagranadas, 60 183 fusiles, 120 000 granadas de mano, 28 107 bombas de aviación, 1010 pistolas, 692 552 proyectiles de artillería, casi 151 millones de cartuchos, 150 toneladas de pólvora y 6200 toneladas de combustibles y lubricantes. Salvo en lo que se refiere a la calidad de aviones y carros, esta ayuda quedó muy por detrás de la proporcionada por las potencias fascistas. En particular, los 136 aviones soviéticos hay que compararlos con, al menos, los 180 aparatos que suministraron estas.

La saga de los intentos por adquirir armamento en Estados Unidos es conocida. Surgieron innumerables impedimentos y la gran banca, que ya había acorralado a la República en Europa, interpuso obstáculos para impedir las transacciones financieras. Hasta la Nochebuena de 1936 no se efectuó una expedición con 19 aviones civiles que podrían convertirse en bombarderos. Una segunda expedición, a bordo del Mar Cantábrico, fue interceptada. Tras inmensos esfuerzos se logró embarcar en México a bordo del Ibai alrededor de una docena de aparatos estadounidenses, que zarparon el 29 de diciembre. En los primeros días de 1937 los norteamericanos introdujeron un embargo legal sobre las ventas de armas a España. Numerosas operaciones, muchas de las cuales se pagaron, terminaron en la nada. Hubo aviones que se secuestraron en Canadá. Se firmaron contratos que no se cumplieron. Todo ello, naturalmente, bajo cuerda.

¿Qué se desprende de este sucinto resumen? Simplemente que el conflicto fue derivando en guerra civil a la rastra de una brutal asimetría de los suministros materiales a ambos contendientes. Solo para Franco las condiciones fueron ideales.

VOLÚMENES Y CADENCIA

Raros son los historiadores profranquistas, si es que hay alguno, que hayan comparado a lo largo del tiempo los envíos de material de guerra de las tres potencias intervinientes. Sus afirmaciones suelen moverse en el terreno de los mitos generales ya enunciados. Es, sin embargo, posible descender al detalle del número de expediciones, sus fechas de salida (y con frecuencia de llegada a España), el peso del material transportado y, para el caso italiano, de la composición de los cargamentos. Nunca fue lo mismo recibir material al principio que en plena guerra o al final. Un avión a mitad o a finales de 1936 siempre fue, mutatis mutandis, más valioso en términos de su contribución al combate que en años posteriores. De aquí que al desigual reparto de los volúmenes de material haya que añadir una acentuada asimetría en la cadencia de los envíos.

El ritmo de los suministros soviéticos fue, al principio, bastante rápido. Luego se estancó. Entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre de 1936 no zarpó ningún barco con material de guerra. Tampoco entre el 7 de enero y el 4 de febrero de 1937. En este mes se produjeron tres envíos más. En el período comprendido entre el 26 de septiembre de 1936 y el 13 de marzo de 1937, se hicieron 27 travesías. Del mar Negro A Cartagena hubo 20, de Leningrado al norte 2 y desde Murmansk a Francia 1. Cuatro salieron de terceros países y se produjeron dos percances. Un barco fue apresado (el Mar Cantábrico, indicio de que en su carga habían intervenido los servicios soviéticos) y otro no terminó el trayecto. La operación la cubrieron 11 barcos soviéticos, otros tantos españoles y tres extranjeros. Los últimos en cargar en marzo de 1937 fueron el Santo Tomé, el Darro y el Antonio de Satrústegui, los días 6, 8 y 13 respectivamente. El comisario para la Defensa, mariscal Klim Voroshilov, dio entonces órdenes de que los envíos se paralizaran. El buque siguiente no zarpó hasta el 21 de abril. Fue el Escolano. Le siguieron el Santo Tomé el 24, el Cabo de Palos el 29, el Ciudad de Cádiz el 3 de mayo, el Sac-2 el 8, el Antonio de Satrústegui el 12 y el Yazón el 21. Estos datos permiten pensar que los envíos, tras un primer momento, no se hicieron con demasiada regularidad. Confirman las afirmaciones republicanas de que nunca se estaba seguro de cuándo iban a recibirse los suministros.

En el caso alemán hasta el 13 de marzo hubo, al menos, 70 expediciones por vía marítima. No se cuentan suministros por vía aérea ni las remesas, aparentemente abundantes, que se hicieron a través de Italia. Aun con tales restricciones, es obvio que la cadencia fue muy elevada: en noviembre, por ejemplo, se registraron 26 expediciones, tantas como todas las soviéticas en el período indicado. Hubo expediciones a un ritmo superior al semanal en enero de 1937 y en febrero el número se disparó (de 7 a 11). En Berlín debió pensarse que con ello ya se había hecho un esfuerzo suficiente, porque de marzo a junio dicho ritmo decayó para ir progresivamente situándose en una expedición por semana en término medio. Nunca hubo una interrupción tan prolongada como las que experimentaron los envíos soviéticos.

La contemplación estadística de estos últimos, sobre todo en aviones, a finales de junio de 1937 permite hacer una comparación con los de origen nazi, para los cuales se dispone de una relación detalladísima cerrada al 1 de julio del mismo año. El Tercer Reich suministró nada menos que 306, es decir, tres cuartas partes de los envíos de la URSS. Fueron de muy diversos tipos. Predominaban, como era lógico, los modelos relativamente antiguos pero ya despuntaban los más modernos (25 He 70, 17 Bf 109 y 12 Do 17). Esta tendencia se acentuaría con el paso del tiempo. También se habían remitido un total de 183 motores de recambio y casi medio millón de bombas de aviación (los soviéticos habían suministrado solo 85 620 antes del 8 de mayo).

El 1 de noviembre de 1937 el número de aviones enviados por el Tercer Reich ascendió ya a 424 y uno de los mejores cazas jamás construidos en la época, el Bf 109, pasó 352 unidades, una fruslería en comparación con los que todavía quedaban por llegar. Hitler no aflojó demasiado decidido a apoyar a Franco a todo trapo, compensando y superando los suministros soviéticos. No hay que olvidar los envíos italianos. A finales de junio de 1937 oscilaron entre un total de 472 y 415.

En noviembre de 1937 Stalin reexaminó su estrategia hacia la República a la luz del conflicto chino-japonés en el que apoyó a los primeros. A partir de entonces el flujo de suministros empezó a reducirse. Es decir, en román paladino, cuando los soviéticos se retrajeron, los nazis e italianos avanzaron aún más. Se comprenderá que, en estas condiciones, el ejército republicano no pudiera hacer gran cosa.

HOMBRES

El número de efectivos extranjeros se conoce desde hace tiempo con bastante exactitud. Los italianos no tuvieron nunca inhibiciones y jugaron a los grandes números. Entre el 18 de diciembre y mitad de febrero de 1937 partieron 26 000 hombres de la milicia, encuadrados por casi 1200 oficiales y casi 2000 suboficiales. Habría que añadir los soldados procedentes del Ejército regular: 17 500 más 1240 suboficiales y otro millar de jefes y oficiales. En total casi 49 000 hombres.

Aun siendo importante este número, la aportación siguió creciendo. A finales de 1937, se había llegado a la cota de los 55 000 hombres (de los cuales 28 000 del ejército de Tierra). En 1938, cuando la República quedó agotada por el esfuerzo del Ebro, el apoyo había seguido aumentando: en diciembre, los soldados enviados a España ascendían a 37 000 y los milicianos a algo más de 27 600. Ni siquiera en los últimos meses dejaron de llegar efectivos. Por ejemplo, entre diciembre de 1938 y febrero de 1939, Mussolini envió 5000 soldados y casi 6000 milicianos. En marzo, arribaron 3776 y 4866 respectivamente. Esto significa un grado de compromiso rayano en la desmesura. Añádanse casi 6000 soldados de aviación y pilotos. En total, a finales de marzo de 1939, los efectivos italianos que habían pasado por el teatro español ascendían a cerca de 80 000, de los cuales casi 45 000 habían procedido del Ejército.

En el caso alemán, Hitler apostó por la calidad. La Cóndor tuvo una dotación estable en torno a los 6500 hombres que obviamente rotaban (como hacían los demás) para conseguir que el mayor número posible de soldados, sobre todo pilotos, adquiriera experiencia de combate. Por el teatro español terminarían pasando unos 18 000 hombres, todos profesionales. Su aportación fue enorme. Franco necesitaba no tanto hombres sino técnicos.

La carne de cañón la aportaron los moros. Su captación se llevó a cabo a marchas forzadas desde el principio. Franco también deseaba entonces con urgencia más efectivos. A finales de septiembre de 1936, la tropa y los indígenas transportados a la península fueron, aproximadamente, iguales: 9746 para los primeros y 9183 para los segundos. Sobre los efectivos totales marroquíes las estimaciones son muy dispares, según los criterios. Dejando de lado cifras delirantes, los cálculos más recientes se sitúan en torno a los 80 000 hombres. Tampoco se trató de una fruslería.

Por si faltaba poco, también llegaron voluntarios portugueses. Sobre su número se ha cebado la controversia. Dejando de lado las abultadísimas cifras de la época, los historiadores más ponderados coinciden en 2490 para los cuales existen fichas de identificación. Son, pues, un mínimo. Como en su mayor parte se incorporaron a unidades españolas (de Falange, del Ejército regular y de la Legión) el margen de estimación varía. Una historiadora portuguesa los cifra en torno a los 4000. Un colega suyo puede aceptar, como máximo posible, el doble, es decir, 8000. En comparación con la significación política y diplomática de la ayuda que Oliveira Salazar prestó a Franco, la aportación humana no pesó demasiado en la balanza. Otras contribuciones, rodeadas de alharaca propagandística, tuvieron una significación infinitamente menor.

Todo ello lleva a pensar que a lo largo de la guerra afluyeron unos 187 000 extranjeros a las filas de Franco. Representaron más de cuatro veces el número recibido por la República: en torno a 36 000 en las Brigadas Internacionales más los que combatieron con los anarquistas y el POUM. A ellos habría que añadir el contingente soviético. Según cifras oficiales, algo más de 2000 personas como mínimo pasaron por España: 772 pilotos, 351 tanquistas, 222 generalistas e instructores, 77 marinos, 150 especialistas militares, 130 trabajadores e ingenieros, 156 radios y 204 traductores. La cifra máxima alcanzaría tal vez los 4000, incluyendo todas las categorías civiles.

DISCREPANCIAS FINALES

Entre noviembre de 1937 y agosto de 1938 se produjeron 11 (quizá 13) expediciones soviéticas, una fruslería en comparación con algo más de 40 alemanas y casi 50 italianas. Desde septiembre de 1938 hasta el final de la guerra se contabilizaron, cuando menos, 28 expediciones alemanas y 36 italianas. Hablamos de un total, pues, de 154 contra 11 o 13. Los envíos soviéticos no se reanudaron hasta diciembre de 1938, cuando ya era demasiado tarde, y solo una parte llegaron a territorio republicano.

Las comparaciones estáticas en términos de suministros finales son engañosas. En cualquier caso la superioridad en material de guerra de los envíos nazi-fascistas es abrumadora. Ciñéndonos al caso de los aviones soviéticos las estimaciones varían entre 648, según un autor ruso, y 680, según dos historiadores profranquistas. Frente a ellos cabe mencionar 762 aviones italianos y 756 alemanes, es decir 1518 comprendidas todas las categorías. Ante esta disparidad, un reputado historiador militar español ha recurrido al último truco. Inflar, hasta cifras descomunales, el número de aviones de caza montados en territorio republicano con motores extranjeros, su parte más delicada. Con ello llega a 1073. El problema es que no ofrece la menor evidencia fiable. En ausencia de estadísticas de importación de motores, que hasta ahora nadie ha exhibido, es literalmente imposible que los soviéticos pudieran enviar, sin haberse registrado hasta ahora, 425 (1073-648) motores. Cierto es que también se utilizaron norteamericanos, en cantidad desconocida. En este tema, como en tantos otros, sigue cumpliéndose el dictum de que nunca se es suficientemente profranquista o antirrepublicano. La única investigación monográfica que conozco ha identificado la construcción en Cataluña de 60 I-15 (chatos). Con datos desperdigados de diversas fuentes otro autor ha llegado a cifras en torno a 231. Todos parecen ignorar que para comparar categorías estas han de ser homogéneas. No vale comparar aviones de procedencia extranjera en un caso (el franquista) con otros a los que se añaden los montados en España. ¿Qué hicieron los franquistas con los 233 motores alemanes y los 1414 italianos que se conocen como recibidos por ellos?

La presente entrada no puede terminar sin hacer mención de otra tesis que ha dado la vuelta al mundo. La lanzó un buen amigo mío, Gerald Howson, y vino a decir que la URSS estafó a los republicanos cargándoles por los aviones precios muy superiores a los del mercado internacional. Howson no es en modo alguno profranquista y, de hecho, es uno de los blancos favoritos de los mitólogos de esta tendencia, por lo que su credibilidad se vio acentuada. Es una tesis que, sin embargo, reposa sobre supuestos controvertibles. En primer lugar, la tesis se basa en la utilización del tipo de cambio oficial rublo/dólar que no tenía virtualidad alguna fuera de ciertas transacciones diplomáticas y financieras. En segundo lugar, la tesis ignora que los soviéticos aplicaban a las transacciones industriales y comerciales con el exterior un sistema muy complejo de tipos de cambio múltiples, según producto (la España franquista lo tuvo desde finales de la segunda guerra mundial hasta 1959). Es irrazonable pensar que los soviéticos fueran a poner patas arriba su sistema para aplicar uno alternativo a los envíos de material a España. Finalmente, la tesis establece los términos de comparación de precios con los del mercado internacional relativos a una amplia gama de aviones de origen esencialmente anglo-norteamericano.

Existe otro método mucho más sencillo y perfectamente adaptado a la guerra civil. Comparar los precios de los aviones soviéticos, italianos y alemanes. Esto puede hacerse utilizando los tipos de cambio aplicados a la valoración en pesetas de los aparatos suministrados por las tres potencias intervinientes. El problema estriba en que es necesario saber qué precios cargaron italianos y alemanes en liras y marcos respectivamente. Por fortuna, no hay que hacer largas expediciones a fuentes recónditas. En el Archivo Histórico Nacional se encuentran relaciones muy pormenorizadas de precios para los productos de aviación suministrados por los italianos y un número menor de las que corresponden a una parte del material de aviación alemán cedido.

Pues bien, en cuanto se aplica esta metodología el resultado cambia radicalmente. Los dos aviones de caza soviéticos sobre los cuales descargó el grueso de las operaciones fueron el I-15 (Chato) y el I-16, más avanzado (Mosca). Solían facturarse a 35 000 y 40 000 dólares respectivamente. Su equivalente italiano fue el Fiat CR 32, muy moderno, que se facturó a Franco por 35 000 dólares. El Rasante (R5) lo cargó Moscú a 35 000 dólares. Con respecto a bombarderos, el núcleo descansó en el SB (Katiuska), facturado a 110 000 dólares. Su contraparte italiana fueron el Savoia 79 o el Savoia 81, facturados a 111 000 y 106 000 respectivamente en términos redondos. Se observa la similitud de precios.

En el caso alemán el Junker 52 se facturó a casi 55 000 dólares, una enormidad. El Heinkel 51 a casi 37 000. El bombardero Junker 86 lo fue por la friolera de casi 114 000 dólares y el Dornier 17, a 72 000 tampoco se quedó manco. Si hubo, pues, sobre facturación, las cifras señaladas parecen indicar que no se centró en los suministros soviéticos ni italianos, sino más bien en los alemanes. Muy en consonancia con la política hitleriana de estrujar de la sedicente España nacional todo lo que pudieran.

CONCLUSIONES

Sin la ayuda material y humana, absolutamente determinante, de Mussolini y de Hitler, por orden de cuantificación, hubiera sido imposible para Franco sostener y ganar la guerra. Su aportación más importante se hizo en el primer año y, si se me apura, en los primeros meses. Los soviéticos nunca pudieron servir de contrapeso equivalente.

Los contendientes españoles no tuvieron igualdad de acceso a los arsenales de las potencias extranjeras. Fue bastante amplio a los del Tercer Reich y de la Italia fascista. Muchísimo más limitado al soviético.

El volumen y la cadencia de suministros hablan un lenguaje absolutamente claro. Respondían a preocupaciones muy diferentes de los apoyantes. Eminentemente agresivas en el caso de las potencias fascistas. Esencialmente defensiva en el soviético. Esta característica, la sincopada cadencia de suministros y debilitamiento durante un año (de noviembre de 1937 a noviembre de 1938) encuadran exactamente los propósitos de Stalin, que nunca estribaron en crear en España una república popular avant la lettre. Este fue el mantra de los anticomunistas de toda laya, de muchos antirepublicanos, de los autores profranquistas y, no en último término, de los guerreros de la guerra fría, ya fuesen historiadores británicos o, en especial, norteamericanos. Los ejemplos de sus sesgadas e incontrastadas percepciones duran hasta la actualidad.

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Solidaridad de los pueblos con la República española, Progreso, Moscú, 1974.

BRIGADAS INTERNACIONALES

LA SOLIDARIDAD DE LA IZQUIERDA

por

MATILDE EIROA SAN FRANCISCO

Las Brigadas Internacionales constituyen el conjunto de unidades militares integradas por voluntarios extranjeros que durante la guerra civil española lucharon en defensa de la Segunda República. Los primeros combatientes fueron refugiados políticos alemanes e italianos que se encontraban en España en julio de 1936 y deportistas que se hallaban en Barcelona para competir en la Olimpiada Popular organizada para contrarrestar los Juegos Olímpicos convocados por la Alemania de Hitler. Aunque la mayoría dejaron España a lo largo del verano, algunos se encuadraron en centurias y batallones surgidos al comienzo de la guerra, como una demostración de solidaridad con los españoles defensores de la legalidad republicana. A ellos se unirían grupos de individuos procedentes de Europa que vinieron al conocer los primeros ecos del golpe de estado.

La constante y creciente incorporación espontánea de hombres de todo el mundo en apoyo de la República llevó a Stalin y Maurice Thorez a proponer a la Internacional Comunista la creación de un cuerpo militar. En la reunión de Moscú del Presidium de la Komintern del 18 de septiembre de 1936 se acordó proceder al reclutamiento de jóvenes, remitir a las autoridades españolas las aportaciones económicas recogidas entre los sindicatos obreros a través de colectas y actos benéficos, así como a realizar presión social con la organización de manifestaciones y mítines a favor del gobierno de la República. Esta reunión constituye el «acta fundacional» de las Brigadas Internacionales, aunque los autores profranquistas la retrotraen a finales de julio, quizá para «explicar» las decisiones de intervención de Hitler y Mussolini y justificarlas.

La eficacia del reclutamiento se debió a la Komintern, pero también a la simpatía que la España republicana despertaba entre la izquierda mundial, de tal modo que los comunistas canalizaron un movimiento espontáneo ampliamente extendido desde que se tuvo noticia de la rebelión militar del 18 de julio. La Internacional Obrera Socialista (IOS) y los sindicatos conformaron, igualmente, una estructura esencial para la leva y envío de voluntarios, a pesar de las contradicciones que se vivieron en su seno con respecto a la intervención en la guerra.

La integración en este movimiento prorepublicano se realizaba, pues, a través de dos vías principales: por un lado, la Komintern mediante su red de alistamiento, y por otro, de forma individual y espontánea acudiendo a organismos o comités de ayuda a España donde obtenían apoyo técnico y logístico. Quienes llegaban a través de la Internacional Comunista recibían ciertas instrucciones con respecto al objetivo principal de su participación, a saber, el apoyo a los republicanos españoles y la lucha contra el fascismo. Aunque comenzaron a circular listas de enrolamiento en las células de los partidos comunistas, nadie obligó al mismo ni hubo consignas amenazadoras al respecto, si bien el ambiente propagandístico y la alarma de las noticias que llegaban de España invitaban a la colaboración activa.

La central de alistamiento se estableció en París donde, entre otros, se hallaba Josep Broz, «Tito». Cada nacionalidad disponía de su propia modalidad y estructura para recibir a los voluntarios. Cuando llegaban, se hospedaban en hoteles, pensiones o domicilios particulares, y la cooperativa obrera de la CGT se ocupaba de la alimentación. La selección no era rígida y primaba el pragmatismo ante la urgente necesidad de contar con hombres que apoyaran al Ejército Popular. No obstante, se procedía a una breve investigación en la que se comprobaba que no eran infiltrados facciosos o provocadores, si tenían conocimientos militares y un examen médico para verificar la aptitud física.

Los voluntarios no obtenían ninguna prima, ni firmaban contratos, ni conocían el tiempo de su estancia en España, si bien recibían un sueldo diario de 10 pesetas, igual al de los milicianos españoles. Las condiciones, sin embargo, fueron muy diferentes según los países. En Suiza, por ejemplo, desde agosto de 1936 un decreto prohibió toda forma de apoyo, además de estar en marcha una campaña de ilegalización del Partido Comunista que obligaba a realizar los trabajos de forma clandestina; en Suecia y Bélgica el Partido Comunista tomó la decisión de canalizar el voluntariado en octubre y una ley perseguía a quien apoyara el reclutamiento; en Gran Bretaña no se inició hasta octubre-noviembre; en Estados Unidos en noviembre y en Irlanda en diciembre. Los grandes contingentes británicos y norteamericanos llegaron a España a principios de 1937, pero el Foreign Office pronto declaró ilegal esta actividad. A partir de marzo los pasaportes de los estadounidenses no eran válidos para viajar a España. Polonia, Hungría y Bulgaria anunciaron a quienes se enrolaran que perderían su nacionalidad.

En general los voluntarios recorrían numerosas vicisitudes hasta llegar a París. Aquellos que procedían de países con gobiernos de derechas tenían complicaciones en la salida, especialmente los de origen alemán, polaco, italiano, húngaro o balcánico, quienes pasaban aventuras arriesgadas en su viaje a pie o en medios de transporte muy precarios, durmiendo al aire libre y escondiéndose de día para no despertar sospechas. A algunos les detuvieron e ingresaron en prisiones provinciales, mientras que otros fueron devueltos a sus lugares de residencia. Partían con un sentimiento fuerte de fraternidad con el pueblo español atacado por las potencias nazi-fascistas, un sentimiento que prendió en hombres de todos los puntos del mundo incluidos chinos, árabes, hindúes, norteamericanos o canadienses.

Después de París, los voluntarios se dirigían a la estación de tren de Austerlitz o a los puertos de Lyon y Marsella, desde donde se trasladaban en barco. El antiguo hospital de Perpiñán funcionaba como centro de recepción para los que llegaban en tren. De aquí eran transportados en autobuses hasta Cerbère o Le Perthus. El paso de la frontera se realizaba apenas sin problemas, en grupos reducidos, puesto que aprovechaban los turnos de la guardia favorable a la República. Posteriormente tomaban un sendero de montaña de la manera más discreta posible, hasta que llegaban a Figueres y de ahí a Albacete.

El movimiento masivo de voluntarios constituyó un ejemplo único de solidaridad sin precedente hacia la España republicana, y el riesgo físico de los que se enrolaron debe interpretarse como la máxima expresión del compromiso que contrajeron. A fines de diciembre de 1936 el flujo de los alistamientos comenzó a estancarse, debido a la filtración de las matanzas de brigadistas en Madrid y a las prohibiciones del alistamiento. Después del 21 de febrero de 1937 la cadena tuvo que ser reconstruida: el paso de los Pirineos se volvió más complejo, ya que era clandestino, se realizaba de noche y atravesando zonas muy Peligrosas de transitar.

En cuanto al perfil de los brigadistas, la historiografía ha demostrado que se trató de un ejército proletario dada la preeminencia de la clase obrera frente a intelectuales, poetas, escritores o periodistas. Aun siendo cierto el compromiso físico y el peso de estos últimos en las labores de propaganda, solidaridad y defensa republicanas, fueron minoría en el contexto del voluntariado. Los estudios confirman, por ejemplo, que el 80% de los ingleses, el 92% de los franceses y el 57% de los húngaros eran obreros. En lo que respecta a la edad media, la franja de edad se situaba entre los 25-40 años con excepciones hacia el arco superior e inferior dependiendo de cada nacionalidad. En lo que concierne a la orientación política predominaba la comunista, aunque dependiendo de los países el porcentaje variaba: en Italia suponía el 56%; en Francia un 53%; suizos y norteamericanos el 72%; británicos el 75%. Además de ellos se encontraban cientos de socialistas, anarquistas o simplemente simpatizantes de izquierda. Las fuentes desmontan, pues, una de las acusaciones de los historiadores profranquistas al demostrar que no fueron un capital militar, ni un ejército comunista pagado con el dinero del Banco de España enviado a Moscú, ni mercenarios, aunque entre ellos hubo aventureros e infiltrados con diversos intereses.

Los motivos que los voluntarios adujeron para su alistamiento cubren una amplia gama de motivaciones, siendo las principales el antifascismo, el patriotismo, el pacifismo —puesto que interpretaron la guerra española como el inicio de otra guerra mundial—, la injusticia, una reacción ante la no intervención, la solidaridad con los de su clase, aunque en algunos se observó un gusto innegable hacia la aventura. Entre los militantes pesaba el hecho de que los camaradas arriesgaban sus vidas por la lucha antifascista. Según las nacionalidades las razones eran diferentes: para los italianos se trataba de frenar al fascismo, de ahí el lema «Hoy en España, mañana en Italia» o «Por vuestra libertad y la nuestra»; algunos comunistas franceses eran partidarios de hacer avanzar el comunismo; los alemanes y polacos intentaban frenar el nazismo. Ellos sabían que lo que ocurriera en España tendría consecuencias en sus respectivos países.

En las Brigadas Internacionales hubo también decenas de mujeres que pertenecían a los servicios sanitarios y administrativos de la base de Albacete, pero tenían prohibido participar en los combates. Algunas realizaron tareas de espionaje como Lise Ricol en la OMS, el aparato clandestino de la Komintern en Valencia o en el SIM, el Servicio de Investigación Militar. Estaban familiarizadas con la lucha de la clase obrera y el antifascismo y en su mayoría pertenecían a las Juventudes Comunistas, Socialistas o eran de ideología de izquierdas.

Los internacionales se organizaron en brigadas mixtas con comisarios, como existían ya en las unidades del Quinto Regimiento. Este modelo contó con el apoyo de algunos militares profesionales españoles y se inspiró en los grupos móviles que los franceses utilizaban en África y no en el modelo soviético, como algunos historiadores sostienen. Al adoptarlas como unidad, se abandonaban las divisiones orgánicas que había establecido Manuel Azaña en 1931, pero se prefirió el nuevo sistema al ser más ágil, más fácil de organizar y con mayor capacidad de actuar de forma independiente.

El 19 de septiembre de 1936 André Marty elaboró un Plan General de Operaciones que incluía la formación de una agrupación militar constituida por 4000-5000 voluntarios. Luigi Longo encabezó una comisión que se reunió con el ministro de la Guerra y presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero a fin de ponerse a disposición del estado mayor. Largo Caballero manifestó muchas reticencias al plan con motivo del indudable peso que tenían los comunistas en la toma de decisiones. Los anarquistas no eran partidarios de su presencia e incluso en un principio hubo órdenes de que se les devolviera a París cuando llegaban a la frontera. Pero las circunstancias aconsejaron aceptar la oferta y, tras negociar los términos concretos, se aprobó el decreto oficial de creación de las Brigadas Internacionales el 22 de octubre de 1936.

El mando quedó configurado con personalidades de amplia trayectoria política y militar dentro de la disciplina comunista. Su relación con el estado mayor republicano se realizaba a través de un organismo de enlace dirigido por el coronel Simonou (Valois), quien, además, tendría que estar en contacto con Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y de la Junta Delegada del Gobierno en Levante. Se nombró comandante jefe a André Marty con quien colaboraron Jean Marie Geoffrey, Vital Gayman (comandante de la base), Emile Kléber, Luigi Longo (comisario político jefe) y Nicoletti Di Vittorio. André Marty ha recibido el apodo del carnicero de Albacete, un apelativo generado por su fama de carácter fuerte. Diversos historiadores le han acusado de haber ejecutado a numerosos internacionales, un ejemplo de leyenda negra nacida con la manipulación de sus palabras en las que supuestamente había confesado el fusilamiento de 500 hombres. Quienes estuvieron con él en Albacete niegan que haya habido esa política de ejecuciones sistemáticas, aunque su personalidad severa parece ser cierta.

Las Brigadas quedaron encuadradas bajo mandos españoles y el Gobierno eligió Albacete como base organizativa. Esta ciudad estaba situada en un lugar estratégico entre Madrid y Andalucía, los dos frentes más activos; tenía buena comunicación, era el centro de una región rica en producción agrícola, de terreno llano adecuado para la formación de milicias, y con escasa presencia de anarquistas, lo que facilitaba la convivencia. Su inauguración tuvo lugar el 14 de octubre.

Los brigadistas recuerdan la calurosa bienvenida que les brindó el pueblo español a su llegada. En Albacete fueron alojados en casas grandes, cuarteles y otros edificios civiles y en los pueblos de alrededor se organizaron secciones de alimentación, abastecimiento de víveres, ropa, higiene y otros enseres. Las dificultades para encontrar una lengua común, las diferencias culturales y algunas rivalidades políticas hicieron que los contactos fueran difíciles y lentos. Las disputas eran habituales entre alemanes y franceses, mientras que había roces entre británicos y norteamericanos y entre británicos e irlandeses, aunque estos problemas no se trasladaron al campo de batalla. Se estableció un programa de instrucción militar de quince días mientras se realizaba una verificación de los cuadros militares y políticos.

Paralelamente se regularizaban las distintas secciones administrativas de la base. Hubo que hacer un esfuerzo ingente en la organización del transporte y el correo postal, un servicio de primera necesidad para la moral de los voluntarios. También se dispuso la producción de prensa, creándose en marzo de 1937 una estructura informativa basada en una publicación conjunta, Le Volontaire de la Liberté, editada en varios idiomas. Según Mirta Núñez nacieron unas 71 cabeceras de periodicidad semanal o diaria, redactadas en numerosas lenguas. Algunos de estos periódicos estaban ilustrados y sus contenidos hacían referencia a la vida cotidiana, reflexiones morales, consejos, curso de español, escritos literarios, noticias generales sobre los brigadistas y directrices ideológicas. Entre los más importantes figuran Dabrowszszak, Dimitrovac, Commune de París, Vers la liberté, Le Volontaire Antifasciste, Tchapaiev, La Voz de la Sanidad, Le Peuple en armes, Pasaremos, Il Garibaldino, Adelante la XIII, Venceremos, El Soldado de la República-Le Soldat de la République, Our Fight y Bayonetas Internacionales. La divulgación de lo ocurrido en España se realizó igualmente a través de documentales producidos por técnicos y personal internacional, como The defense of Madrid (1936), The Spanish Earth (1937), Brigadas Internacionales (1936), Ispanija (1939), Madrid en llamas (1937), Heart of Spain (1937), L’Espagne vive (1939), o In kampf gegen den Welzfeind (1939).

La atención sanitaria se reconstruyó, principalmente, con ayuda francesa, británica, norteamericana, escandinava y checa. En enero de 1937 se creó en París la Central Sanitaria Internacional (CSI) cuyo objetivo sería coordinar las actividades de solidaridad médica con la República. Hubo servicios hospitalarios en Romeral (Toledo), Murcia, Alcoy (Alicante) y Benicásim (Castellón), cuyo personal llegó a conformar diez equipos quirúrgicos en el frente y cuatro en la retaguardia. En ellos se realizaron mejoras que sirvieron para guerras posteriores, como el transporte de productos sanguíneos, el tratamiento de las gangrenas y las transfusiones.

Igualmente se organizó un Servicio de Justicia Militar dotado con dos órganos, el Servicio de Control y la Comisión Judicial, cuyo objetivo era vigilar las acciones militares y controlar a los agentes infiltrados. Las acciones más graves de deserción, traición y sabotaje fueron castigadas con fusilamiento sumario o con pena de muerte conmutada, aunque la sanción habitual era la asignación a un batallón de zapadores destinado a cavar trincheras y a montar fortificaciones. Contaban con dos centros de reeducación y tres cárceles. El total de ejecuciones que han calculado J. Delperrié de Bayac y R. Skoutelsky, es de unos 50 para el total de la guerra, el total de las Brigadas y el total de los motivos. En consecuencia no cabe hablar de aplicación de «la medicina del terror», ni se puede afirmar que los soldados estuvieron sujetos a una oleada represora como han afirmado numerosos autores profranquistas.

A mitad de 1937 la base de Albacete ocupaba más de 40 edificios y la burocracia se había multiplicado. La ciudad dejó de ser la sede principal de las Brigadas a comienzos de abril de 1938 ante el avance de las tropas franquistas. Además había que reforzar la ayuda al frente catalán. De aquí que se evacuaran a Barcelona todos los efectivos y se instalara la central en esta ciudad.

En el plano de la organización interna cada brigada constituía una unidad autónoma y dependía del estado mayor del sector asignado, a su vez controlado por un especialista militar o «mexicano», como se denominaba a los asesores soviéticos. Contaba, además, con un comisario político, una institución que implantó Largo Caballero para reforzar ideológicamente al mando, cuyo papel fue definido en una orden del Ministerio de la Guerra publicada en La Gaceta de Madrid el 16 de octubre de 1936. La urgencia de que entraran en batalla no permitió realizar más filtros que los de la agrupación nacional, la afinidad idiomática o la capacitación profesional, de ahí que después hubiera numerosos cambios. Estos fallos permiten demostrar que no se trataba de un ejército organizado premeditadamente desde Moscú, sino de hombres que no conocían bien las reglas disciplinares y militares y que no habían sido formados para la guerra. Igualmente se produjo el hecho de creación y desaparición de nuevas brigadas, ya fuera debido a que llegaban nuevos voluntarios o a que perdían efectivos y los supervivientes eran reagrupados en otras.

En cuanto a las cifras de voluntarios que han dado los historiadores y la Sociedad de Naciones son muy dispares. La más alta, de 160 000, fue publicada en la prensa franquista durante la guerra; el coronel José Manuel Martínez Bande la rebajó a 125 000, mientras que en 1940 Adolfo Lizón calculó 100 000. Ricardo de la Cierva, basándose en estas investigaciones y las de Ramón Salas Larrazábal, ofreció el número de 100 000, superior al del «Cuerpo de Tropas Voluntarias» de Mussolini con el propósito de demostrar la mayoritaria colaboración foránea con la República. Andreu Castells habla de 59 380 brigadistas, aunque la documentación procedente de diversos archivos, incluidos los de Moscú, permite asegurar que el total de extranjeros alistados del lado republicano durante toda la guerra rondó los 35 000, y nunca hubo más de 15 000-16 000 simultáneamente en acción.

La distribución entre las 53 nacionalidades que participaron también ofrece variaciones. Francia fue el país que, con diferencia, aportó más personal con unos 9000-10 000, seguidos de polacos (4500), italianos (unos 3000), estadounidenses (2340-3000), alemanes (2200-3000), balcánicos (2095), británicos (1840), belgas (1700), checoslovacos (2200), bálticos (892), austríacos, escandinavos (799), holandeses, húngaros (900-1000), búlgaros (466) canadienses, suizos, portugueses y un total de unos 1120 de otras nacionalidades. Conviene también destacar su naturaleza multirracial, con la presencia de unos 200 negros y una cantidad indeterminada de chinos y árabes. Habría que añadir la contribución de unos 7000 judíos repartidos entre los distintos batallones.

Las bajas fueron bastante elevadas y se ha calculado un porcentaje aproximado del 30-40%. La explicación reside, en primer lugar, en el hecho de haber sido configuradas como fuerzas de choque, llamadas de todos los frentes con urgencia cuando estos se derrumbaban; en segundo lugar, en la superioridad cuantitativa de la artillería franquista; y, por último, en un cierto descuido del estado mayor hacia estas unidades. El factor que les mantenía animados fue, sobre todo, la solidaridad de grupo, el sentido del deber hacia los caídos y la defensa de la ideología antifascista.

La composición de las Brigadas quedó fijada según la orden de 8 de diciembre de 1936 y se integraron en el Ejército regular con los números XI a XV. Cada brigada estaba formada por un promedio de cuatro a seis batallones, subdivididos en cinco compañías: comando, transmisiones, zapadores, pelotón de caballería y motociclistas; una batería de artillería, un grupo anticarros, un servicio sanitario y otros anexos como la intendencia o talleres. En la primavera de 1937 constituían una fuerza de primer orden, pero fue necesaria una reorganización, que consistió básicamente en el refuerzo de la dirección y la reforma de sus batallones completados con la incorporación de españoles voluntarios o quintos. La desconfianza gubernamental respecto a los Internacionales aumentó durante el Ministerio de Indalecio Prieto, aunque su prestigio militar se mantuvo alto hasta el ataque a La Granja en mayo de 1937, una operación militar que marcó el inicio del declive. Algunos responsables fueron retirados del mando, como Vital Gayman, llamado a París por la dirección del PCF, así como André Marty, sustituido por Maurice Lampe en julio. Poco a poco adquirirían el aspecto externo de un ejército clásico: se unificó el armamento y los combatientes recibieron el uniforme color caqui del ejército republicano con la estrella de tres puntas, el símbolo del Frente Popular.

La presión del ejército franquista sobre Madrid en octubre-noviembre de 1936 obligó a los dirigentes de Albacete a apoyar con urgencia a los milicianos en la defensa de la capital. El 1 de noviembre la IX Brigada Móvil pasó a denominarse la XI Brigada Mixta Internacional y estaba compuesta por los batallones Edgar André (alemanes, austríacos y yugoslavos al mando de Hans Khale), Garibaldi (italianos dirigidos por Randolfo Pacciardi), Comuna de París (franco-belga en su mayoría aunque también hubo italianos, españoles, yugoslavos y rusos blancos al mando de Henri Dupré) y Dombrowski (polacos, búlgaros y balcánicos a cuya cabeza se encontraba Boleslav Ulanoski).

Largo Caballero nombró al general húngaro Emile Kléber comandante en jefe de esta brigada que entró en combate a fines de octubre. El estado mayor se instaló en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se dirigían las operaciones de la Casa de Campo, el Parque del Oeste y el Puente de los Franceses. Los brigadistas defensores de la Ciudad Universitaria aportaron energía y optimismo a los republicanos, a pesar de su rudimentario equipamiento, y, sobre todo, la elevada mortandad.

La XII Brigada se hallaba en vías de constitución cuando Vital Gayman recibió la orden de enviarla a Madrid el 7 de noviembre. El jefe sería el húngaro Maté Zalka, conocido como Paul Lukacs, y la componían el batallón Garibaldi, el Thaelmann, con hombres de lengua alemana, y el último, un batallón franco-belga que adoptó el nombre de André Marty. Con motivo del ataque a Huesca y a fin de lograr una mayor eficacia, la XII Brigada se dividió en dos: una nueva XII que incluyó a españoles e italianos, y la CL (150.ª) Brigada integrada por polacos, balcánicos, húngaros y españoles.

Las Brigadas XIII y XIV se formaron en diciembre de 1936. La mayoría de los voluntarios de la XIII fueron distribuidos en tres batallones: el Tchapaiev o «de las 21 nacionalidades», el Henri Vuillemin, francés; y el Louise Michel, compuesto de franco-belgas. El mando fue adjudicado al alemán Wilhelm Zaisser conocido como «Gómez». En febrero de 1937 se desplazó hasta Málaga, y posteriormente a Sierra Nevada, Guadalajara, Extremadura y Brunete. Esta brigada fue enviada a Teruel y tuvo cuantiosas bajas, de ahí el nacimiento de la nueva XIII Brigada el 4 de agosto de 1937 con los batallones Dombrowski, Palafox y Rakosi, bajo el mando del polaco Jan Barwinski. Participó en la batalla de Belchite y Fuentes de Ebro, y como consecuencia de las numerosas pérdidas se reorganizó y recibió un nuevo batallón, el Mickiewicz.

La XIV Brigada Internacional, conocida también como La Marsellesa, comprendía cuatro batallones: Sans Nom o Des Neuf Nationalités, llamado así por reunir a hombres de toda Europa, Vaillant-Couturier, La Marsellaise y Henri Barbusse. Su jefe fue el general Walter (Karol Swierczewski). Intervino en Andalucía, en los combates de la carretera de La Coruña, en la batalla del Jarama, en La Granja y cooperó en una operación en el Puente de Toledo, donde frenó el intento rebelde de ampliar la zona ocupada. La unidad fue engrosando sus filas con el batallón Commune de París, el español Domingo Germinal, el Ralph Fox, el Henri Vuillemin procedente de la XIII, el Six Février de la XV y el Pierre Brachet de nueva creación. En El Escorial se creó la XIV Brigada bis en noviembre de 1937, y en diciembre se organizo una unidad judía llamada Naftali Botwin, una agrupación simbólica porque los judíos estaban repartidos en varios batallones.

El 31 de enero de 1937 se creó la XV Brigada Internacional. La formaban dos agrupaciones, una anglosajona, con los batallones Abraham Lincoln y el British Battalion o Radford, a cuyo frente se hallaba Tom Wintringham; y otra latinoeslava, con los Spanish, Galindo, 6 de Febrero y Dimitrov, en la que se integraron hombres de los Balcanes y Europa Central. El mando fue encomendado al húngaro Janos Galicz «Gal». Participó en la batalla de Brunete, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Belchite y Teruel.

Los combates del verano de 1937 fueron extenuantes y trajeron algunos cambios. El 27 de septiembre Prieto firmó un decreto en cuyo artículo primero se especificaba que las Brigadas se creaban como unidades del Ejército de la República en sustitución de la Legión Extranjera, dotándolas, así, de legitimidad internacional. En febrero de 1938 hubo una reorganización que dio lugar a la 129.ª y última Brigada Internacional compuesta de restos de otras brigadas y encabezada por el polaco Wacek Komar. Figuraban en ella cinco batallones, tres de ellos mixtos de españoles y extranjeros: el Dimitrov, salido de la XV; el Thomas Masaryk de checoslovacos y el Djure Djakovic de yugoslavos.

El 21 de septiembre de 1938 el presidente Juan Negrín declaró en la Sociedad de Naciones que el gobierno republicano había decidido el retiro inmediato de todos los combatientes no españoles que luchaban al lado de la República. Paulatinamente fueron retirados de los frentes y desarmados para ser enviados a Cataluña y organizar su salida. La despedida fue muy emotiva y consistió en diversos actos multitudinarios de homenaje, como los desfiles celebrados a finales de octubre en Barcelona y Valencia. La evacuación concluiría a principios de diciembre.

Sin embargo no todos se marcharon. Algunos permanecieron en unidades del ejército republicano mientras que otros sufrieron la represión franquista y acabaron en cárceles o campos de concentración como prisioneros de guerra extranjeros. Los exbrigadistas fueron internados en el seminario de Belchite (Zaragoza), el campo de San Pedro de Cardeña (Burgos), el Batallón Disciplinario 75 de Palencia, y el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos), donde permanecieron desde el verano de 1940 hasta su repatriación o liberación. Dependiendo de las nacionalidades, estuvieron recluidos en dicho campo de tres meses a un año. La justicia militar franquista les acusó del delito de «rebelión militar», a tenor del cual fueron castigados con Penas de muerte, posteriormente conmutadas, o penas de cárcel de 30, 20 y 12 años, aunque más tarde se redujeron. En 1945 apenas quedaban internacionales en el universo penitenciario franquista.

Al estallar la segunda guerra mundial muchos se unieron a los movimientos de resistencia y se convirtieron en cuadros de gran relevancia debido a su experiencia bélica. Cuando la guerra acabó, algunos desempeñaron cargos directivos en los gobiernos, pero otros fueron depurados y procesados, como Artur London o Laszlo Rajk. En Estados Unidos la persecución emprendida por el senador McCarthy condujo a prisión a algunos veteranos. Italia, en cambio, les trató bien: se beneficiaron de su condición de excombatientes y algunos ocuparon puestos de primer nivel en la política, como Luigi Longo o Pietro Nenni.

Esta experiencia única y pionera de ejército de voluntarios ha sido objeto de mofa, insultos y críticas infundadas. Algunos autores les han calificado como «chusma armada», «hatajo de borrachos, homosexuales y delincuentes al servicio de Stalin» (Rafael García Serrano), «lepra y azote», «necios y picaros» (Joaquín Arrarás) y les han responsabilizado de horrores cometidos por todo el país. Adolfo Lizón Gadea habló de deserciones, fusilamientos, indisciplina y alteraciones del orden generalizados. Además, el franquismo presentó a las Brigadas Internacionales como evidencia de que la URSS había intervenido en España antes y en mayor número que las potencias nazi-fascistas.

El estudio de este fenómeno parte de la década de 1940-1950 con la publicación de memorias y autobiografías. En los años sesenta aparecieron monografías con un enfoque general como la de Jacques Delperrié de Bayac en Francia, Verle B. Johnston en Estados Unidos y la de Vicent Brome en Gran Bretaña. En España, la Sección de Estudios de la Guerra Civil dirigida por Ricardo de la Cierva encabezó la reacción de los historiadores oficiales editando dos títulos en los que De la Cierva potenciaba las mismas hipótesis que proponían Arrarás y Lizón Gadea en 1940. Mucho tiempo después las reforzó en Brigadas Internacionales, 1936-1939. La verdadera historia. Mentira histórica y error de Estado (1997), a pesar de que ya había acceso a fuentes que las desmontaban.

Con motivo del 60 aniversario de la guerra y la apertura de los archivos de Moscú a los investigadores, se multiplicó el número de publicaciones que darían lugar a nuevas reflexiones, como las de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Rémi Skoutelsky, Santiago Álvarez o los monográficos dirigidos por Manuel Requena. En los últimos años se han editado memorias de médicos y enfermeras, estudios sobre los hospitales de retaguardia y análisis de historiadores de todo el mundo sobre la participación concreta de voluntarios de las más diversas nacionalidades. Finalmente, disponemos ya de algunas investigaciones sobre su estancia en prisiones y campos de concentración y las situaciones que vivieron a la vuelta a sus lugares de origen.

A pesar de los numerosos textos y de la importante documentación primaria de época accesible en los archivos, todavía hay autores que no las han consultado y, en consecuencia, subsisten publicaciones con graves errores históricos que trasladan la versión franquista a la actualidad. De ahí que continúen sosteniendo afirmaciones infundadas relativas a su ideología monocolor, su presunta voluntad de conformar un ejército paralelo con el objetivo de implantar en España el comunismo, su motivación meramente económica, y la condición de haberse constituido en un aparato de represión, de espionaje y propagandístico. Las fuentes permiten afirmar que fue un ejército controlado por la Komintern pero no «exclusivo» de la Komintern, entre otras razones porque esta organización nunca habría admitido a cientos de socialistas, anarquistas o gentes de izquierda en general, ni tampoco a los miles de voluntarios que no sabían coger un fusil.

En suma, las Brigadas constituyeron una formación militar de voluntarios extranjeros que permaneció bajo la autoridad del estado mayor del Ejército. Por su amplitud representan un fenómeno único en la historia, un movimiento intemacionalista basado en el común denominador del antifascismo y la solidaridad de clase como factor fundamental del alistamiento.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Álvarez, Santiago: Historia política y militar de las Brigadas Internacionales. Testimonios y documentos, Compañía Literaria, Madrid, 1996.

Delperrié de Bayac, Jacques: Las Brigadas Internacionales, Júcar, Madrid, 1968.

Prezioso, Stéfanie, y otros (dir.): Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, Syllepse, París, 2008.

Requena, Manuel (ed.): Las Brigadas Internacionales, monográfico en Ayer, n.º 56, Madrid, 2004.

Skoutelsky, Rémi: Novedad en el frente. Las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, Temas de Hoy, Madrid, 2006.

EVOLUCIÓN POLÍTICA

EN LA ZONA REPUBLICANA

LA DIFÍCIL UNIDAD

ANTE UNA GUERRA ADVERSA

por

JOSÉ LUIS MARTÍN

LAS CONSECUENCIAS DEL GOLPE

La rebelión militar no consiguió su objetivo de derribar el régimen democrático, pero sus instituciones de gobierno y defensa quedaron dañadas de manera importante. La ocupación de las calles por gentes armadas de las organizaciones obreras y republicanas que se habían enfrentado junto a las fuerzas leales a los rebeldes, configuró un escenario de expectativa de cambio social. La reacción de violencia política y social que acompañó a la lucha contra los insurgentes y sus apoyos civiles, y a su derrota, incrementó la imagen revolucionaria del momento. También contribuyeron las ocupaciones de tierras y las colectivizaciones agrarias, no generalizadas, así como las ocupaciones de talleres y fábricas por las organizaciones sindicales, la CNT y la UGT. A las instituciones republicanas les costó dar respuesta al doble desafío: el de los rebeldes que, merced al apoyo internacional, pudieron transmutar su golpe, a medias fallido, en guerra civil y el de la ocupación de las calles, las fábricas y los campos, con su acompañamiento de violencia y aspiraciones revolucionarias. Lo decisivo, a pesar de todo, fue que la República no se hundió. [→ REFORMA AGRARIA, → ANARQUISMO].

Las instituciones de gobierno prevalecieron y se dispusieron a hacer frente al doble desafío, a pesar de todas sus limitaciones, mayores cuanto más problemático resultó el contacto físico con las sedes del poder. Se abrió en el interior de la zona republicana un período de inestabilidad a causa de la competencia entre el Gobierno y los comités y las gentes armadas y en razón de la fragmentación política y la dualidad de funciones entre los nuevos organismos de movilización y los de representación y gobierno. Sin embargo, no se estableció ninguna situación de doble poder. Esto permitió que el institucional fuera recomponiendo su base social y política y recuperara poco a poco buena parte de su autoridad.

Esta recuperación resultó compleja y no se hizo sin lagunas ni contradicciones. La recomposición de la base del poder institucional, en la situación extrema de guerra civil, sin apoyarse en mecanismos electorales que renovaran su legitimidad y fijaran los términos de las nuevas correlaciones de fuerza, tuvo que basarse en una política de coalición gubernamental efectiva, no prevista por sus protagonistas y, lo que es peor, en parte no deseada. La guerra impuso la unidad, pero fue siempre una unidad difícil, internamente contestada, puesta en peligro más que por la divergencia de los proyectos ideológicos por las disidencias internas de la mayor parte de los sectores protagonistas de esa unidad, los socialistas, los anarquistas e incluso los republicanos. Las confrontaciones entre los diversos sectores socialistas, el enfrentamiento entre partidarios y contrarios de la colaboración gubernamental en la CNT y la FAI, las divisiones de los partidos republicanos y en particular la existente entre el republicanismo español y el catalán, flanqueado este último por el nacionalismo vasco, entorpecieron y dificultaron la política de coalición. [→ ANARQUISMO, → SOCIALISMO, → NACIONALISMOS].

Por otra parte, a la emergencia del localismo en situaciones de debilitamiento del aparato del Estado se sumó el replanteamiento de la cuestión territorial por la asunción de hecho, por parte de los gobiernos vasco y catalán, de facultades que iban mucho más allá de las que les atribuían sus respectivos estatutos de autonomía. La emergencia del localismo tuvo expresiones singulares en Asturias, por sus dificultades de comunicación con la zona central, o en Aragón, por la autoproclamación anarquista del Consejo de Aragón. Ambas expresiones plantearon problemas de control no desdeñables, pero no una discrepancia añadida sobre la concepción del Estado. Por el contrario, los gobiernos encabezados por Aguirre y Companys sí plantearon en la práctica un salto federal en su organización, aunque no llegó a consumarse institucionalmente. En el caso vasco por la ocupación franquista de Vizcaya en junio de 1937, y en el catalán por el fracaso político de la Generalitat puesto de manifiesto en los sucesos de mayo de ese mismo año.

EL GOBIERNO GIRAL. LOS LÍMITES

DE LA RESPUESTA REPUBLICANA

El gobierno monocolor de Casares Quiroga, que no había acertado en controlar la conspiración militar, tampoco se vio capaz de hacerle frente. Tan preocupado de interrumpirla —más que de derrotarla— como de evitar el desbordamiento social que pudiera producirse, se negó a repartir armas entre las organizaciones obreras para enfrentarse con los sublevados. Sin tomar tampoco ninguna decisión operativa relevante, dimitió en la tarde del 18 de julio para dar paso al intento conciliador auspiciado por Azaña y del que se encargó Martínez Barrio. El presidente de las Cortes se aplicó en la noche y madrugada del 18 al 19 a formar un nuevo Gobierno ampliado a la derecha republicana, a Felipe Sánchez Román y el Partido Nacional Republicano, que no formaba parte del Frente Popular, así como al PSOE, y a buscar la negociación con los generales Cabanellas y Mola. La izquierda obrera rechazó el proyecto y se manifestó contra él en la mañana del 19, reclamando al propio tiempo la entrega de armas. Coherente con esta posición, Largo Caballero cortocircuito la inclinación personal de Prieto a participar en el intento. Lo determinante de su fracaso, no obstante, fue el rechazo de Mola y Cabanellas a detener la sublevación. Martínez Barrio llegó a formar un gabinete con representación de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano, que duró solo unas horas. El mismo 19 dimitió y a Azaña no le quedó otra solución que pasar el encargo a Giral, con un cometido nuevo: hacer frente a la rebelión con el concurso de las organizaciones obreras, cuya petición de entrega de armas tendría que ser atendida.

Giral no pudo contar, como también habría querido, con la participación del PSOE a causa de la persistente negativa de Largo Caballero. Este, no obstante, sí lo apoyó como contrapartida de la entrega de armas, la disolución del Ejército y la organización de las milicias. El Gobierno, por tanto, continuó siendo monocolor, con la única novedad de la inclusión de significados militares leales: el general Pozas como ministro de Gobernación y el general Castelló, de Guerra. El mismo día de su constitución tomó una tercera decisión, la de recabar al gobierno francés, de Frente Popular, encabezado por el socialista Léon Blum, el suministro de equipo militar para derrotar a los rebeldes.

La participación de las milicias armadas contribuyó a la derrota de los rebeldes allí donde coincidió con la acción eficaz de fuerzas leales a la República, pero la negativa del gobierno francés y el impulso de la no intervención dejó inerme al gobierno de la República, que tuvo que situarse a la defensiva, en tanto que los rebeldes, con el apoyo de Alemania e Italia, pudieron consolidar sus posiciones y, sobre todo, trasladar el ejército de África a la península, para avanzar desde Andalucía y a través de Extremadura, con su flanco izquierdo cubierto por el respaldo de Portugal, en dirección a Madrid. La suerte de la capital de la República se identificó con la resolución inmediata del conflicto que, con todo ello, se había convertido en guerra civil.

El gobierno Giral no pudo responder como habría querido al desafío militar de los rebeldes. Y tampoco pudo controlar la situación interior en la que, en el verano de 1936, se alcanzó el mayor nivel de violencia y de fragmentación política, representada por la multiplicación de comités, con denominación y composición muy diversa. Por otra parte la economía de la zona leal sufrió un grave impacto por la pérdida de buena parte de la cosecha y la desorganización de las actividades productivas y comerciales. La desorganización tuvo múltiples causas: la ruptura de los flujos tradicionales del mercado interno, como los intercambios entre regiones agrícolas y regiones industriales; el encarecimiento de las materias primas, en particular las importadas, que no cesó a lo largo de toda la guerra, y la ocupación de talleres y fábricas por los trabajadores.

El Gobierno procuró dar respuestas concretas, entre otras cosas destinando las reservas del Banco de España a la adquisición de armamento o estableciendo una justicia de excepción, con la instauración de tribunales especiales, «populares», integrados por tres juristas y catorce jurados, para hacer frente a la violencia vengativa. Sin embargo, apenas dieron fruto por la rápida pérdida de autoridad de un Gobierno que no representaba el arco popular que luchaba contra los rebeldes y que solo pareció contar en su haber los sucesivos retrocesos militares. Estos no eran tan imputables a la acción del Gobierno como a sus limitaciones en la disposición de armamento y a la inadecuación de las milicias obreras para hacer frente al ejército insurgente, mayoritariamente profesional y cada vez mejor pertrechado por Alemania e Italia. Con todo, la responsabilidad política final del deterioro de la situación recayó en él y, de manera singular, en su escasa representatividad.

Mientras las tropas rebeldes seguían avanzando por Extremadura en dirección a Madrid, en la capital se desarrolló una operación política que desembocó en la formación de un gobierno de coalición; este sí ampliamente representativo del Frente Popular, pero además con un peso preponderante de la izquierda proletaria. El gestor de la operación y nuevo presidente del Consejo de Ministros fue el líder de la UGT, Francisco Largo Caballero. Este fue un hecho que respondía al papel que las clases trabajadoras y sus organizaciones habían asumido en la lucha y también, aunque de manera menos unánime, en la defensa de la República. La primera propuesta de un gobierno de tal tipo se la había hecho Luis Araquistáin a Largo Caballero el 24 de agosto.

Tras constatar la inadecuación de un gobierno de republicanos ante la perspectiva de una guerra larga, Araquistáin descartó un vuelco absoluto —la formación de un gobierno socialista— por la oposición que tendría por parte de los republicanos, empezando por el propio Azaña, y propuso lo que él denominó un «gobierno mixto», esto es un gobierno de coalición, con la precisión de que en él la mayoría habría de corresponder a los socialistas, tanto en el número de carteras como por lo que se refería al peso político de las que habrían de ocupar los socialistas: además de la Presidencia del Gobierno, Araquistáin consideraba que habían de asumir los ministerios de Guerra, Estado, Gobernación y Hacienda. En tal «gobierno mixto» deberían integrarse Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Comunista e incluso un representante de la CNT. A excepción del detalle, no desdeñable, de que Araquistáin atribuía una posición hegemónica al ala «caballerista» del socialismo, su propuesta fue la pauta sobre la cual se constituyó el nuevo Gobierno, el 4 de septiembre.

LA ETAPA LARGO CABALLERO

Y LOS PROBLEMAS DE LA «UNIDAD ANTIFASCISTA»

El Consejo de Ministros encabezado por Largo Caballero quedó integrado por seis socialistas: tres representantes del ala «caballerista» —él mismo, Álvarez del Vayo y Galarza— y tres de la «centrista» del PSOE —Prieto, Negrín y Anastasio de Gracia—; cinco republicanos: José Giral, Julio Just y Mariano Ruiz Funes, de Izquierda Republicana, Bernardo Giner de los Ríos, de Unión Republicana, y Tomás Piera, de Esquerra Republicana; dos comunistas: Jesús Hernández y Vicente Uribe; y un representante del Partido Nacionalista Vasco: Manuel de Irujo. En el reparto de carteras se cumplió casi a rajatabla la pauta de Araquistáin: Largo Caballero asumió Guerra, además de la Presidencia, Álvarez del Vayo Estado y Galarza Gobernación; ya no había más caballeristas y Hacienda fue encomendada a uno de los pocos políticos de la izquierda española que en la época estaba capacitado técnicamente para ella, Juan Negrín. La incorporación de Irujo, como ministro sin cartera, una de las dos novedades con respecto al planteamiento de Araquistáin, estaba vinculada al decantamiento final del PNV en contra de la rebelión y su contrapartida, la aprobación urgente del Estatuto de autonomía vasco. La otra novedad fue la negativa de la CNT a entrar en el Gobierno. Sin embargo fue una negativa débil, no un rechazo absoluto, que dejó abierta la discusión en el seno de la organización anarquista sobre su participación o no en el ejecutivo.

El Partido Comunista acabó entrando también, por la coincidencia entre el deseo de Largo Caballero de no dejar al PCE en la oposición, y de la dirección del mismo, incluido el delegado de la Internacional Comunista en España, Luis Codovilla, de no quedarse fuera del Gobierno que había de gestionar la guerra. Esta no había sido la primera opción de la Internacional Comunista, que defendió en los inicios de la guerra un Gobierno encabezado por los republicanos ampliado a los socialistas. Una fórmula que era coherente con la doctrina comunista inicial sobre el Frente Popular, propuesta defensiva que los comunistas promoverían hasta la coalición electoral, pero manifestando su voluntad de abstenerse de participar en los gobiernos frentepopulistas y de mantenerse en una posición de apoyo parlamentario. Así se había hecho en Francia, con la formación del gobierno del socialista Blum y el radical Daladier. Tal diseño político era, además, congruente con la política exterior soviética de defensa de la seguridad colectiva y de potenciar el máximo protagonismo en ella de Francia y Gran Bretaña. [→ URSS].

El estallido de la guerra modificó de manera importante esa concepción inicial defensiva del Frente Popular, y la Internacional Comunista y Stalin tuvieron que acabar aceptando la entrada de los comunistas en el Gobierno en caso de un peligro extremo de la República. Esa era la situación. Así y todo, hasta el último momento la dirección de la Internacional Comunista abogó porque, cuando menos, el gobierno de coalición en el que se incluyeran los comunistas estuviera presidido por un republicano. No lo consiguió. No se correspondía con la realidad, en la que dominaba el protagonismo de las organizaciones obreras y además Largo Caballero solo admitía una política de coalición encabezada y dominada por los socialistas.

La configuración de la política de coalición se completó un par de meses después cuando, finalmente, los anarquistas entraron en el Gobierno. El antecedente de este paso se dio en Cataluña. Allí tanto el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, como el Comité Central de Milicias Antifascistas, constituido tras un pacto político entre Companys y las organizaciones obreras, quedaron desbordados por la extrema fragmentación del poder y la violencia y la desestabilización económica del verano de 1936. Como el de Giral, el gobierno de la Generalitat era un ejecutivo monocolor que dejó de responder a la nueva correlación social y política. Por su parte, el Comité de Milicias, a pesar de su flamante adjetivo de «central», tampoco llegó a imponer su autoridad sobre la multiplicidad de comités, milicias y facciones sindicales. La asunción de que la guerra iba para largo llevó, en la estela de la formación del gobierno Largo Caballero, a acordar la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat, con la participación de todas las organizaciones integrantes del Comité Central de Milicias: Esquerra Republicana, el PSUC —nuevo partido fundado tras la derrota de los rebeldes por la fusión de socialistas y comunistas—, los comunistas disidentes del POUM y también la CNT. Es significativo que el faísta Juan García Oliver, que el 21 de julio había defendido sin éxito en el seno de la CNT que esta proclamara la revolución libertaria, fuera uno de los artífices del pacto que dio lugar al nuevo gobierno de la Generalitat, constituido el 26 de septiembre. Por primera vez los anarquistas entraban en un gobierno y eso ayudó a decantar las posiciones en el seno de la CNT con respecto al gobierno de la República.

La posición del anarquista Horacio Martínez Prieto, favorable a aceptar la propuesta de incorporarse en él, se reforzó con la decisión de la CNT catalana. El debate en el seno de la CNT se situó en una dinámica de negociación de los términos de su entrada en el Gobierno. Finalmente el acuerdo se cerró, con las tropas de Franco ya frente a Madrid, el 4 de noviembre con la entrada en el ejecutivo de cuatro anarquistas: dos, Peiró y López, libertarios moderados, representarían a la CNT, y los otros dos, García Oliver y Federica Montseny, a la FAI. El último escollo fue la repugnancia de Azaña a aceptar la inclusión de los faístas y, muy particularmente, la designación de García Oliver como ministro de Justicia; pero este fue resuelto por Largo Caballero, con el apoyo de Giral, mediante una política de hechos consumados, publicando en la Gaceta los nombramientos antes de disponer de la preceptiva firma de Azaña. El presidente de la República estuvo a punto de dimitir, pero finalmente se resignó a la situación que se le había impuesto. Tampoco había una salida política mejor. Con los rebeldes a las puertas de Madrid la única respuesta que los defensores de la República tenían en sus manos, a la espera de la llegada de las armas soviéticas y el refuerzo de los brigadistas internacionales, era la manifestación pública de su unidad. Su primera decisión, difícil de entender en términos emocionales pero lógica en términos políticos, fue la de trasladar el gobierno de Madrid, bajo amenaza de caída inminente, a Valencia.

El nuevo Gobierno tenía que resolver el doble problema: dar respuesta a la exigencia de la guerra sustituyendo las milicias partidarias por un ejército de nuevo tipo y recuperar la autoridad institucional sobre el territorio republicano. Eso, además, tenía que llevarlo adelante obligado a hilvanar los diversos y contradictorios proyectos políticos de las organizaciones que lo integraban. En una nueva etapa en la que, en respuesta al reaccionarismo de los rebeldes y sus apoyos sociales, no ya contrarrevolucionarios sino hostiles a toda reforma social, el término que dominaba los discursos de la zona republicana era «revolución». Casi todos en los primeros meses lo esgrimieron y cada uno de los sectores protagonistas tendieron a considerarlo de su patrimonio exclusivo. Araquistáin había calificado al futuro Gobierno como «un gobierno de guerra y, al mismo tiempo, sin decirlo, un gobierno revolucionario». No es tanto que pretendiera esconder sus intenciones como que actualizara la tradicional concepción de avance hacia el socialismo de Largo Caballero y sus seguidores: la que lo consideraba como un proceso empírico, que progresaba por vía de hechos en los cuales lo fundamental era la acumulación de poder social, institucional y político por parte de la organización obrera. En la medida en que la base del caballerismo y la principal experiencia de su líder eran la UGT y la acción sindical, toda su práctica quedó marcada por una impronta sindicalista que podía coincidir, aparentemente, con planteamientos de la CNT, y que, por el contrario, era rechazada por el ala «centrista» del socialismo y, más todavía, por Azaña.

La revolución que Prieto y Negrín podían considerar era la revolución democrática y con ello el predominio de las instituciones representativas, o que tuvieran su base en el sistema representativo y la participación política universal, por encima de las corporativas. En España era una constatación histórica, común al republicanismo de izquierdas y al socialismo, que ese triunfo, además, implicaba la reforma social. La división socialista, no solo en los liderazgos, en los faccionalismos, sino también en los proyectos de fondo fue un gran lastre en la evolución política de la zona republicana.

También estaba dividido el espacio republicano, más que por su pluralidad porque mantenía una línea de fractura histórica y que se reactivó con la situación de la guerra civil: la división entre unitarios y federales, ahora representada en el extremo por la confrontación entre Azaña, a la vez máxima institución de la República y uno de los principales líderes políticos e institucionales del republicanismo unitario, y Esquerra Republicana de Catalunya.

Para esta también había llegado el momento de una revolución, que concebía en clave política y de manera más precisa en clave territorial: la España republicana había de redefinirse, más allá de la Constitución de 1931 y el Estatuto catalán de 1932, en términos federales, en realidad tal y como lo planteaban, confederales. Así lo reclamó públicamente Lluís Companys y así intentó practicarlo por la vía de hecho la Generalitat en los primeros meses de la guerra. No obstante, el deterioro de la situación económica y financiera obligó al gobierno catalán a sustituir la vía de hecho por la de la negociación con el gobierno de la República. Así se llegó, en los inicios de 1937, a compromisos que descartaron extremos —como el de la pretensión de un mando militar y un ejército catalán propio coordinado, pero no subordinado, al de la República— pero mantuvieron una buena parte de las atribuciones asumidas por la Generalitat en julio, más allá de lo estipulado en el Estatuto, singularmente en materia de legislación económica, social, laboral y educativa. Sobre el borde de esta línea de fractura emergió de manera episódica y confusa la opción del separatismo, defendido por Estat Catalá, que no formaba parte de los organismos unitarios catalanes, y también, lo que podía tener mayor trascendencia, por algunos sectores de Esquerra Republicana.

Quienes más esgrimieron el término revolucionario, y más pretendieron que fuera un concepto exclusivo, fueron los anarquistas. Lo malo es que el concepto de la revolución en el seno de la CNT era muy diverso; desde su identificación con la proclamación del comunismo libertario y la independencia de los municipios libres, hasta la postulación del estado sindicalista que teorizó Abad de Santillán. Y aún más diversos eran los medios y los caminos revolucionarios que se consideraban. No solo se produjo una división interna en la CNT entre partidarios y antagonistas de la colaboración gubernamental, de la política de coalición, también la hubo entre quienes consideraban que los sindicatos eran los protagonistas principales del proceso revolucionario y los que, por el contrario, pensaban que el papel principal había de corresponder a los comités territoriales y a los comités de defensa. Merced a su heterogeneidad, la CNT pudo tender puentes, aunque fueran frágiles por los antagonismos ideológicos, con sectores socialistas; en una primera etapa, sobre la base de la defensa común de la sindicalización integral de la sociedad y el Estado. También con sectores republicanos en Cataluña, tanto en la defensa del particularismo municipal como en la de la mayor cota de autogobierno con respecto al de la República. [→ ANARQUISMO].

Con los que no hubo puentes, sino todo lo contrario, fue con los comunistas. Contra lo sostenido por la propaganda de la época y la escuela historiográfica de la guerra fría (Burnett Bolloten, Stanley G. Payne), el Partido Comunista también tenía su concepción revolucionaria del momento. Pero no era el de la revolución proletaria y sindical de anarquistas y una parte de los socialistas, sino el de la revolución popular. Según su propia interpretación de los hechos, el abandono del campo de la democracia por parte de los sectores sociales que habían dado su apoyo a la rebelión y su deriva hacia el fascismo dejaba aquel campo exclusivamente en manos de las clases populares, de los trabajadores, del proletariado industrial y campesino, pero también del pequeño campesino, del arrendatario y de aquellos sectores de las clases medias, pequeña burguesía y profesionales que se habían mantenido identificados con la República democrática. Claro está que esa revolución popular había de integrar aspiraciones sociales diferentes e incluso competidoras y eso solo podía hacerse en el seno de las instituciones mediante un compromiso programático. El Frente Popular pasó a ser, y así lo teorizó el ulterior delegado de la Internacional Comunista, Togliatti, una propuesta ofensiva, no solo defensiva, la de la revolución popular, cuya culminación tras la victoria sería una democracia de nuevo tipo, una «democracia popular». [→COMUNISTAS].

Lo primero que había de conseguirse era ganar la guerra. Sin ello no tenía sentido ningún proyecto, revolucionario o no. Claro está que de la misma manera que no todos concebían la revolución en los mismos términos, tampoco todos pensaban en la misma manera de hacer la guerra y consideraban con los mismos criterios su instrumento. Largo Caballero inició la reconversión de las milicias en Ejército Popular mediante la militarización de las columnas partidarias y la constitución de una nueva agrupación militar, la Brigada Mixta, y se apoyó en el general Asensio Torrado y militares profesionales de la confianza de este. El control político del nuevo Ejército habría de hacerse a través de los comisarios políticos y, en la cúspide, del Consejo Superior de Guerra. No obstante, la transición a una política militar ofensiva resultó muy problemática para un ejército en proceso de construcción en el seno del cual se produjo una importante reacción contraria a la militarización, en las milicias anarquistas y del POUM. [→ EJÉRCITO POPULAR].

Por otra parte, el protagonismo recobrado por los militares profesionales suscitó desconfianzas sobre su lealtad y conflictos con los mandos promovidos desde las milicias. Largo Caballero reveló su personalismo, recabando un apoyo privilegiado de Asensio y relegó al Consejo Superior de Guerra. Si en el capítulo militar la ejecución de la nueva política se vio entorpecida y avanzó lentamente, tampoco el gobierno Largo Caballero consiguió el éxito pleno en el del control territorial. El gobierno vasco actuó por cuenta propia y los acuerdos conseguidos entre la Generalitat y el gobierno central se quedaron en gran parte en el limbo a causa de la crisis en que cayó la política de unidad catalana a finales de enero de 1937. Un ejemplo sangrante de esa situación habría de ser la paralización en Cataluña de la movilización de quintas decretada por el gobierno de Largo Caballero en marzo. Tampoco consiguió este último una relación fluida con la Junta de Defensa de Madrid, con lo que la sensación era que el gobierno de Valencia, a pesar de su carácter unitario, apenas si conseguía hacer valer su autoridad sobre una parte del territorio. En este, sin embargo, impuso la sustitución de las redes de comités por representantes de la autoridad institucional y puso freno a la violencia.

La caída de Málaga, el 8 de febrero, precipitó las críticas a Largo Caballero, que se focalizaron en su conducción de la política militar. Comunistas, republicanos y el ala «centrista» del socialismo fueron coincidiendo en la conveniencia de separarle de las responsabilidades de Guerra y superar la tolerancia hacia las disidencias a la militarización, para acelerar la construcción del Ejército Popular. En contrapartida, desde la CNT se inició una ofensiva para sustituir el gobierno de coalición por un gobierno con la exclusiva participación de UGT y CNT, un «gobierno sindical», al tiempo que se propugnaba la incautación generalizada de las tierras, las industrias y los servicios por los sindicatos, bajo la denominación de la «socialización integral». Largo Caballero se negó en redondo a ceder la dirección de la guerra y aunque coqueteó, a efectos de maniobra política, con las insinuaciones que le venían de impulsar un «gobierno sindical», lo rechazó también. Frente a esa hipótesis, el Partido Comunista y el PSOE se dispusieron a abrir una nueva etapa política con su acuerdo del 15 de abril, de constitución de comités de enlace a todos los niveles entre ambos partidos, a fin de reforzar la presencia de la izquierda marxista.

En la primavera de 1937 la política de coalición y la unidad política entraron en crisis. Esta se precipitó definitivamente cuando se produjeron los hechos de mayo en Barcelona y otras poblaciones catalanas. Frente a las demandas urgentes de intervención de fuerzas enviadas desde el gobierno de Valencia para acabar con los enfrentamientos —que hizo tanto Azaña, instalado en Barcelona, como el presidente de la Generalitat— Largo Caballero optó por ceder a la propuesta de los ministros anarquistas e intentar negociar con la CNT catalana levantada en armas. Sin embargo las gestiones de García Oliver y de Federica Montseny en Barcelona fracasaron y, finalmente, Largo Caballero y su ministro de la Gobernación, Galarza, no tuvieron otra opción que enviar las fuerzas de seguridad de la República, que junto con las catalanas y la intervención de la mayor parte de las direcciones políticas y sindicales consiguieron el cese de los enfrentamientos y el control de la situación. [→ HECHOS DE MAYO].

El fantasma de una guerra civil dentro de la guerra civil, la tardanza en intervenir por parte de Largo y Galarza, acabó de quebrar al Gobierno. Prieto y los republicanos tomaron la iniciativa para intentar desplazar a Largo Caballero, incluso de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Partido Comunista se atuvo a su planteamiento inicial de que Largo Caballero se mantuviera en la Presidencia pero abandonara el Ministerio de la Guerra. A ello añadió en la reunión del Gobierno del 13 de mayo la propuesta de disolución del POUM, acusado de instigador de los hechos de mayo. La propuesta comunista, rechazada por Largo Caballero, no fue la causa de la crisis, sino su desencadenante final. Ante el abandono de la reunión por los ministros comunistas, Prieto pidió a Largo que informara a Azaña de la crisis de Gobierno. No es cierto, por tanto, que se produjera una maniobra comunista para descabalgar del Gobierno a Largo Caballero. Por el contrario, los comunistas consideraban que la permanencia de Largo en la Presidencia era conveniente para mantener la unidad y más ante la eventualidad de un cambio en la responsabilidad de la gestión de Guerra y una intensificación de las relaciones entre socialistas, comunistas y republicanos para hacer frente a las reticencias y disidencias que venían, principalmente, del campo anarquista.

Las tesis de Bolloten, fundamentadas en memorias tan falaces como las de Jesús Hernández pero no en documentación de archivo, han deformado este episodio, como tantos otros, y el sentido general de la guerra civil con su postulado del camuflaje del comunismo en España. Entre otros argumentos, Bolloten atribuyó al Partido Comunista, a la Internacional Comunista y a Stalin, en definitiva, el designio oculto de hacerse con el poder y de llevar a cabo su maniobra de manera solapada, mediante la utilización de terceros y, sobre todo, de quien iba a sustituir a Largo Caballero, el socialista Negrín, convertido por Bolloten en un político sin personalidad y sin escrúpulos, marioneta de los comunistas.

Ciertamente, los comunistas tenían como objetivo final la revolución, como buena parte de los republicanos eran partidarios del liberalismo. Nada hay de ilegítimo en ello, pero en la etapa histórica de la guerra civil la dirección comunista, de Díaz a Stalin, no se planteó tomar el poder ni abierta, ni ocultamente. No fueron los comunistas, sino los socialistas, para bien y para mal, quienes condicionaron en primer término la política de la República en guerra, y Negrín nunca fue ni un criptocomunista ni una marioneta. Volviendo a la crisis de junio, los promotores imprescindibles de la misma, sin la cual todo lo ocurrido no tiene sentido, fueron socialistas en primer término, con Prieto al frente y desde luego con el concurso de republicanos y comunistas. Fueron estos últimos los que intentaron salvar la presencia de Largo Caballero en el Gobierno.

No obstante, el presidente no se avino a ninguna salida. Primero dimitió tras la reunión del 13 y luego, cuando Azaña le encargó la formación de un nuevo gobierno, le respondió, el 16, con una propuesta, sin nombres, en la que a cambio de reducir la presencia anarquista y mantener la de las demás fuerzas políticas no solo se situaba al frente de la política de guerra, sino que reforzaba su control de la misma en un Ministerio de Defensa Nacional, cuyas atribuciones le permitirían actuar definitivamente de manera autónoma con respecto al resto del Consejo. Su propuesta, aceptada por la UGT, fue rechazada por el PSOE, el PCE y la CNT. Largo Caballero se puso así en una situación imposible y facilitó a Azaña, siempre distante de él, el encargo de formar gobierno a otro dirigente socialista. Era obvio que había de pertenecer al sector «centrista» del PSOE, pero Prieto, hasta entonces el principal antagonista de Largo Caballero, lo rechazó. Negrín quedó como la mejor opción que podía presentar el PSOE y Azaña, que apreciaba su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, se decidió por él.

NEGRÍN: RESISTIR ES VENCER.

RECUPERACIÓN Y QUIEBRA DEL FRENTEPOPULISMO

El 18 de mayo Negrín formó un nuevo gobierno del que quedaron fuera la UGT y la CNT. Un gobierno estrictamente de «Frente Popular», con tres socialistas: Negrín, que además de la Presidencia retuvo la cartera de Hacienda, Prieto como ministro de Defensa Nacional y Zugazagoitia de Gobernación; tres republicanos: Giral, en Estado; y Bernardo Giner de los Ríos y Aiguader, de Esquerra Republicana; dos comunistas: Hernández y Uribe; e Irujo por el PNV. La ausencia de la UGT y CNT le restaban base social de apoyo, pero en contrapartida era un gobierno más equilibrado que el anterior y más homogéneo, que pudo acometer el remate de las líneas iniciadas y no consumadas por el anterior ejecutivo: la constitución definitiva del Ejército Popular y el restablecimiento pleno de la autoridad institucional en todo el territorio leal. Aunque en esto último ayudaron dos hechos que le eran ajenos: por un lado la caída de Vizcaya en poder de los rebeldes; por el otro la evidencia del fracaso de la Generalitat de Cataluña en el control del orden interno, lo que propició —de acuerdo con las previsiones constitucionales y estatutarias— la intervención del orden público en Cataluña por parte del Ministerio de Gobernación y la disolución de la Consejería de Defensa catalana, esto es, la asunción plena del mando militar en Cataluña y el frente de Aragón. Negrín, además, decidió disolver en agosto el Consejo de Aragón. Por otra parte, las dificultades que pudieran poner al nuevo gobierno la UGT y la CNT quedaron diluidas por el aumento de la división interna en el seno de ambos sindicatos. La UGT entró en una etapa de confrontación entre caballeristas, por un lado, y comunistas y «unitarios», por otro, que anuló la personalidad política del sindicato, tanto más después de que Largo Caballero se posicionara públicamente en un mitin, en octubre de 1937, contra Negrín y contra el PCE, al que acusó de ser el verdadero dueño de la situación.

Esta era una acusación sin fundamento, que pretendía minimizar a Negrín y que perjudicó de manera notable la imagen de la República en el exterior en vísperas del crítico año europeo de 1938. La CNT, por su parte, multiplicó sus querellas intestinas y, aunque en el otoño de 1937 algunos sectores anarquistas soñaron con otro movimiento insurreccional, acabó aceptando la nueva situación y persiguiendo la manera de volver a formar parte tanto del gobierno de la República, como del de la Generalitat, del que también quedó excluida. La otra cara de esa decadencia sindical fue la cuota de desmovilización para la guerra que ello supuso y que incidía sobre el sufrimiento causado por una guerra cada vez más larga y más dura para la población.

El gobierno de Negrín consiguió normalizar el orden público en Cataluña con una exhaustiva recogida de armas en la retaguardia y acordó, en junio, la ilegalización del POUM, exigida por el Partido Comunista pero aceptada con convencimiento por las fuerzas políticas representadas en el ejecutivo. Lo que no fue en absoluto de su responsabilidad fue el secuestro y asesinato de Nin, una clara intromisión de los servicios soviéticos vivamente rechazada por los ministros de Gobernación, Zugazagoitia, y de Justicia, Irujo. La situación en la retaguardia se estabilizó, se hizo menos convulsa por lo que se refiere a los enfrentamientos interpartidarios y toda la atención pudo centrarse, por fin, en la guerra. Esta, sin embargo, proporcionó los primeros reveses al nuevo Gobierno, a mediados de junio, con la caída de Bilbao y el posterior «pacto de Santoña», que supuso la rendición de los Batallones Vascos a los rebeldes, a las tropas italianas; una rendición que desoyó las órdenes del mando central republicano de replegarse hacia Santander y Asturias y que, además de no obtener el trato de respeto prometido por parte de los rebeldes, facilitó la prosecución del avance franquista en el Norte hasta la caída de Asturias, el 21 de octubre. Tras esta pérdida, Negrín decidió controlar el máximo de recursos al tiempo que disuadir de cualquier tentación de búsqueda de una situación unilateral —el pacto firmado por los nacionalistas vascos en Santoña no era una buena premonición— y trasladó la sede del gobierno de Valencia a Barcelona.

Con esta decisión, el ejecutivo republicano consiguió un mejor acceso a los recursos industriales y demográficos de Cataluña, cuya utilización intensiva era imprescindible para seguir la guerra, por más que el control pleno de las estructuras catalanas de industrias bélicas no se consiguió hasta el último trimestre de 1938. Ese traslado, no obstante, tuvo un coste político por el choque que iba a producir entre el aparato de la administración del Estado y el autonómico. Ese choque se endureció por los recelos de Negrín ante la Generalitat, heredados de su etapa como ministro de Hacienda. Por otra parte, la incautación por parte del gobierno central de los servicios de abastecimientos de Cataluña, que era una de las principales responsabilidades institucionales del PSUC, le enajenó en parte el apoyo del partido catalán que hasta entonces se había distinguido por su defensa del gobierno republicano en general y de Negrín en particular.

La guerra vivió una encrucijada en la batalla de Teruel, en enero y febrero de 1938. Su pérdida definitiva para la República, con la consecuencia posterior del derrumbamiento del frente de Aragón y la entrada de los rebeldes en el Este y Sur de Cataluña, tuvo un tremendo impacto político. Prieto, que desde la caída de Bilbao había decidido que la guerra estaba perdida, hizo una interpretación catastrofista pública, ante las representaciones europeas y en el seno del propio Gobierno, faltando a la discreción a la que estaba obligado por su calidad, precisamente, de ministro de Defensa. La posición de Prieto redundó en la que mantenía Azaña quien, desde enero de 1937, había concebido un plan de mediación internacional para acabar la guerra cuya realización se reveló siempre imposible: que las potencias europeas, incluidas las fascistas, impusieran en España una suspensión de hostilidades —no un armisticio que implicaba el reconocimiento mutuo de las partes beligerantes— acompañada de la retirada de los combatientes extranjeros, a la espera de que tal situación de tregua de hecho abriera la posibilidad de realización de un plebiscito, bajo supervisión internacional, con el cual el pueblo español tomaría la decisión política final.

No hubo nunca margen real para ello, porque Franco jamás estuvo dispuesto a la suspensión y, ni por las potencias fascistas, ni por el gobierno británico, ni por la mayoría del gobierno francés tampoco, hubo la disposición receptiva imprescindible. En estos últimos siguió primando la lógica del apaciguamiento con la falacia de la no intervención. El comportamiento de Prieto obligó a Negrín a forzar su dimisión del Ministerio de Defensa, una dimisión que el propio Prieto había presentado de manera repetida desde la caída de Bilbao. Negrín intentó que siguiera en el Gobierno, con otra responsabilidad ministerial, pero aquel se negó en redondo. [→ SOCIALISMO EN GUERRA].

A pesar de este contratiempo, que sin duda habría de interferir en la relación con el PSOE —no con su dirección, porque el Comité Nacional mantuvo su apoyo al presidente del Consejo de Ministros— Negrín aprovechó la crisis para reincorporar al Gobierno tanto a la UGT, mediante Ramón González Peña, al que encargó la cartera de Justicia, como a la CNT, con Segundo Blanco, encargado de Instrucción Pública y constituir así de nuevo un ejecutivo de Frente Popular ampliado, lo que se denominó un gobierno de «guerra» y de «unión nacional». Por otra parte, Negrín abandonó la cartera de Hacienda y asumió la de Defensa, un gesto que manifestaba su voluntad de proseguir la lucha y que objetivamente era también una muestra de respeto hacia Prieto y el PSOE al no elegir a cualquier otro para sustituirlo.

El resto del Gobierno siguió igual en su composición, con algunos cambios de nombres y carteras, como la asunción de nuevo de Estado por parte de Álvarez del Vayo; a excepción del Partido Comunista, que redujo su presencia a un diputado. De hecho Stalin había planteado desde comienzos de año la retirada de los comunistas del Gobierno para facilitar las relaciones entre la República y los gobiernos de Londres y París, algo que los comunistas españoles y el propio Negrín no consideraron conveniente por la contraproducente interpretación que en España pudiera hacerse de esa retirada y por la desconfianza sobre sus resultados efectivos. No hubo retirada, pero sí reducción de su presencia. Otra cuestión fue que ante la división interna del resto de fuerzas políticas, que iba agravándose a medida que transcurría la guerra, y el desaliento que crecía en sectores de ella y en parte de la población, el PCE y el PSUC dieron mayor apoyo a Negrín; no sin algún problema como el distanciamiento con el PSUC o la afloración de algunas tentaciones, en el seno del PCE, aunque no de sus máximos dirigentes, de asumir la principal cuota de poder, algo que el propio Togliatti se encargó siempre de descartar.

Negrín inauguró el curso público de su segundo gobierno con la presentación, el 1.º de mayo de 1938, del manifiesto de los Trece Puntos, un programa moderado que incidía en la postulación de la República democrática, el respeto a la propiedad privada y a las libertades, incluidas las de conciencia y religión, e invocaba la independencia e integridad territorial de España. Tenía un doble objetivo, insistir en la política de resistencia y acompañarla con una manifestación más de moderación que facilitara el apoyo nunca recibido de las potencias occidentales. La resistencia, que Negrín consideraba que era la única decisión coherente y que, por sí mismo, podían tomar el Gobierno y las fuerzas que lo apoyaban, se hacía posible en aquella primavera, cuando menos por dos razones. Contra todo temor, fundado, Franco no aprovechó la coyuntura militar de marzo-abril para marchar sobre Barcelona y dar el golpe de muerte a la República y ofreció a esta la ocasión de reorganizar sus fuerzas, bajo la dirección técnica de Vicente Rojo. Por otra parte, entre abril y mayo, Hitler abrió un nuevo frente de conflicto en Europa con la cuestión de los Sudetes, región de mayoría germanoparlante de Checoslovaquia. Ello amenazó la supervivencia del único Estado democrático de la Europa central y principal aliado de Francia en la región, con lo cual se abría la perspectiva de que esta última se viera obligada a abandonar por fin su política de apaciguamiento y, por ello, de no intervención en España. En este contexto de expectativa de cambio de posiciones en Europa, Negrín y Rojo decidieron lanzar la ofensiva de la batalla del Ebro, el 25 de julio, que además tenía el sentido táctico de aliviar la presión rebelde sobre Valencia. El éxito del paso republicano del río, catalizó las expectativas de resistencia. Luego, la prolongación de la batalla produjo el efecto contrario. [→ OPERACIONES MILITARES].

En 1938, lo que quedaba del campo de los defensores de la República se volvió a dividir entre partidarios de la resistencia y «mediacionistas». Sus referentes principales eran Negrín y Azaña. Lo que separaba a Negrín del presidente era su convicción de que incluso una mediación internacional exigía, por parte republicana, la resistencia y que abandonarla era darse por vencido y propiciar una derrota que iba a tener consecuencias humanas, además de políticas, sociales y culturales, catastróficas. Cada una de ambas opciones tuvo sus derivas, algunas extremas. Los comunistas madrileños insistían en que la resistencia solo era viable si el PCE pasaba a controlar el poder. La dirección del PCE y de la Internacional Comunista no compartieron tal interpretación. En el campo del nacionalismo vasco y catalán se consideró la hipótesis descabellada de una paz por separado de Cataluña, puesta bajo la protección británica y francesa, que nunca fue escuchada por los gobiernos de Londres y París, pero sirvió para especulaciones y maniobras políticas. En el seno del PSOE —incluyendo a Besteiro que se reactivó para ello—, de una parte de los republicanos y de Esquerra Republicana se concibió una maniobra política para desplazar a Negrín y a los comunistas del Gobierno y formar un nuevo ejecutivo inclinado a la propuesta mediacionista.

Este fue el significado de la maniobra de agosto de 1938, que aprovechó el descontento de Azaña y una serie de decretos sobre justicia extraordinaria y nacionalización de las industrias de guerra, para, con la dimisión de Irujo y Aiguader, del PNV y Esquerra Republicana respectivamente, provocar una crisis de gobierno general. Esta no llegó a producirse, en gran medida, porque Azaña, a pesar de todas sus diferencias con Negrín, no quiso entrar en una operación encabezada por los nacionalistas vascos y catalanes, que habrían sido sus principales vencedores políticos. Negrín pudo salvar la situación cambiando los dimisionarios por Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, y Josep Moix, del PSUC; aparentemente se salvaba la cuota de las naciones periféricas en el ejecutivo, pero en realidad este quedó disminuido políticamente. El desenlace de la crisis checoslovaca —con la vergonzosa abdicación de Francia y Gran Bretaña en Munich, el 29 de septiembre, accediendo, una vez más, a los deseos de Hitler— dejó muy maltrecha la política de resistencia. No es de extrañar que las maniobras mediacionistas arreciaran en otoño, siempre sin ningún resultado. Como tampoco tuvieron ningún resultado las gestiones diplomáticas de Álvarez del Vayo y las puntuales y secretas del propio Negrín, en su caso no para contradecir la resistencia, sino para acompañarla hacia una salida que no fuera la derrota o que, en el peor de los casos, fuera una caída final ordenada.

Tras el final de la batalla del Ebro, a mediados de noviembre, las capacidades militares de la República quedaron exhaustas, sobre todo en Cataluña, y la movilización social quebrada por la suma de padecimientos materiales y disidencias políticas. El desplome catalán, en febrero de 1939, se convirtió en la antesala de los últimos y más desgraciados, y estériles, enfrentamientos internos que hicieron imposible, incluso, aquella caída ordenada que, a pesar de todo, hasta cierto punto aún pudo llevarse a cabo en Cataluña. [→ GOLPE DE CASADO].

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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LA REBELIÓN ANARQUISTA DE MAYO

DE 1937 Y SUS CONSECUENCIAS

por

JOSÉ LUIS MARTÍN

LAS CAUSAS POLÍTICAS Y LOS ORÍGENES

DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO

Los enfrentamientos de los primeros días de mayo de 1937, en Cataluña, fueron el colofón final a una prolongada crisis interna de la coalición antifascista y a la ofensiva de sectores anarquistas para alterar, bajo la presión de las armas, la correlación de gobierno y la política de la Generalitat. Después del trágico verano de 1936, en el que a la derrota de los rebeldes siguieron una extrema fragmentación del poder y una deriva de violencia que amenazaron con impedir una respuesta social adecuada frente a la rebelión, las organizaciones políticas y sindicales catalanas acordaron un pacto político, con la constitución, el 26 de septiembre, de un gobierno de la Generalitat unitario, integrado por Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, la CNT-FAI, el PSUC-UGT, el POUM y la Unió de Rabassaires, en sustitución de los débiles gobiernos monocolores que habían intentado imponer, sin éxito, su autoridad durante los dos primeros meses de la guerra.

Ello supuso, por otra parte, la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas. Sus funciones militares y de control del orden interior, en las que tampoco había conseguido imponer plenamente su autoridad sobre la miríada de comités territoriales y sectoriales, las asumió el nuevo gobierno de la Generalitat. El pacto unitario se consolidó en las semanas siguientes con el restablecimiento de la plena autoridad institucional de los ayuntamientos, mediante su recomposición con representantes de todas las fuerzas integradas en el Gobierno, y el decreto de colectivizaciones del 24 de octubre. Este último implicó un compromiso entre las propuestas de control sindical integral sin distinción de todas las empresas, industriales y comerciales, efectuada por los anarquistas, y la defensa de la mediana y pequeña propiedad hecha por Esquerra Republicana y el PSUC.

Por el contrario, aunque el nuevo Gobierno acordó también la reorganización del Ejército y la movilización de cuatro levas, las de 1932 a 1935, y el establecimiento de la exclusiva autoridad del consejero de Seguridad Interior, el republicano Artemi Aiguader, en el orden interno —con el apoyo de una Junta de Seguridad Interior en la que también estaban presentes todas las fuerzas gubernamentales— las decisiones en ambos terrenos encontraron una fuerte resistencia por parte de la militancia anarquista y de las diversas patrullas de control, que impidieron la aplicación efectiva de los acuerdos tomados en las reuniones de la Generalitat.

La evidencia de una «crisis de ejecución» desembocó en un reajuste del gobierno de unidad, concretado el 17 de diciembre con la salida del POUM y, para compensarla, del pequeño partido Acció Catalana Republicana. Fue una solución en falso. El PSUC focalizó la salida de la crisis en la expulsión del POUM, al que acusó de doble lenguaje y de ataque a la URSS, a causa de las críticas del partido de Nin a los procesos de Moscú, y este hecho desvió el centro de atención del problema esencial: el del incumplimiento por parte de las bases anarquistas de los acuerdos del Gobierno. El POUM fue el chivo expiatorio de la «crisis de ejecución» pero no fue, ni mucho menos, el responsable principal de ella. De entrada por la limitada influencia social de dicho partido. Por otra parte, la adjudicación en el nuevo gobierno de la Generalitat, del 17 de diciembre, de la Consejería de Abastecimientos al PSUC y de la Consejería de Defensa a la CNT agravaron las disidencias internas en la coalición unitaria.

Comorera impulsó un cambio en la política de abastecimientos con la sustitución de la red de comités y el protagonismo de los sindicatos —que habían dominado desde julio la distribución alimentaria— por una estructura de delegados e interventores de la Consejería. Por otra parte, el acceso de Isgleas a la Consejería de Defensa dejó enteramente en manos anarquistas el ritmo de organización del nuevo Ejército Popular. Los sindicatos de alimentación, el transporte y la distribución de la CNT barcelonesa abrieron un nuevo frente de confrontación y obstaculizaron el nuevo sistema de abastecimientos. Comorera no pudo frenar la carestía y el encarecimiento de las subsistencias, que también respondían a causas generales. Isgleas, por su parte, antepuso el debate interno en las columnas anarquistas sobre el proceso de militarización a la ejecución de los acuerdos gubernamentales. La movilización de las levas habría de quedar constantemente en suspenso hasta mediados de mayo de 1937.

La formación del Gobierno de diciembre produjo, además, importantes desavenencias en el seno de la CNT catalana, en la que creció la oposición a la política de colaboración gubernamental e incluso a la de unidad antifascista. Algunos sectores empezaron a defender que el reconocimiento dado al PSUC y a la UGT había ido en detrimento de la propia CNT. A comienzos de 1937 la disidencia interna encontró un elemento aglutinante en la renovada exigencia de extensión del control sindical absoluto a todas las empresas, bajo el lema de la «socialización», así como en la defensa del papel independiente de las patrullas de control en la gestión de la seguridad interior. Ambos extremos suponían una ruptura unilateral del pacto de septiembre-octubre.

De esta consecuencia se era consciente cuando, al propio tiempo, se propuso sustituir los gobiernos unitarios de la República y la Generalitat por «gobiernos sindicales», constituidos exclusivamente por la UGT y la CNT. A todo ello se añadió el enconamiento del enfrentamiento en el campo catalán entre colectivizadores, minoritarios en Cataluña, y defensores de la explotación familiar. Alcanzó episodios de confrontación sangrienta en los sucesos de La Fatarella, de finales de enero, y de Centelles, en marzo de 1937. En los dos intervinieron, de manera escandalosa y fuera de su ámbito territorial, patrulleros de la ciudad de Barcelona, con lo que se subrayó la necesidad de poner bajo la autoridad única del consejero de Seguridad Interior a todos los elementos que intervenían en el orden público y acabar con la acción, por propia cuenta, de las patrullas.

El proyecto de reorganización de los servicios de orden público, unificados en un único Cuerpo de Seguridad Interior y organizados territorialmente en nueve comisarías, bajo la autoridad operativa máxima de un director general de Seguridad, fue aprobado por el gobierno de la Generalitat en los primeros días de marzo. Poco después quedó bloqueado por la CNT, que puso como condición para aceptarlo asumir la Dirección General, la Comisaría de Barcelona y otras responsabilidades territoriales así como el reparto de los componentes del nuevo cuerpo entre militantes de las formaciones que integraban el Gobierno.

En medio del debate sobre la movilización de las levas y la reforma del orden público, los sectores más radicales de la CNT forzaron una nueva crisis del gobierno de la Generalitat a finales de marzo. Invirtiendo los términos de lo que realmente se estaba produciendo —el incumplimiento de los acuerdos gubernamentales y el desbordamiento del «pacto de La Monumental»— la CNT se aferró al argumento de una supuesta «contrarrevolución» en marcha para justificar su envite. No había tal contrarrevolución. La defensa del compromiso sobre colectivizaciones, de la explotación familiar campesina, de la organización inmediata del Ejército Popular, del fin de las acciones irregulares en el control del orden público, de la violencia sectaria y fuera de justicia —incluso de la justicia de excepción de los tribunales populares— y, en última instancia, del cumplimiento de los acuerdos de un gobierno de la Generalitat que seguía siendo ampliamente unitario, no era en absoluto una maniobra contrarrevolucionaria.

Planteada la crisis por su iniciativa, la CNT exigió una relación paritaria en el seno del Gobierno, en el que los anarquistas habrían de ocupar la mitad de las consejerías y el control de Defensa, Seguridad Interior, Economía y Abastecimientos. La división interna en el seno de Esquerra Republicana, entre las posiciones de Companys, opuesto a las pretensiones anarquistas, y las de Tarradellas, que aceptaba partir de ellas para llegar a un nuevo acuerdo gubernamental, dejó al PSUC como principal antagonista de la CNT. La crisis se alargó, sin que pudiera alcanzarse un nuevo compromiso y en su transcurso el PSUC pasó a reclamar, a su vez, una presencia activa en la gestión de la política militar.

Finalmente todas las partes tuvieron que reconocer que se estaba en un callejón sin salida y Companys impuso, como último recurso que no solución, poner otra vez el contador a cero: la formación de un gobierno de la Generalitat con las mismas características de participación y asunción de consejerías, por parte de las organizaciones sindicales y políticas, que el que había tenido que dimitir en marzo de 1937 a causa del envite anarquista. No dejó de ser significativo que esa salida fuera propuesta por elementos de la dirección regional de la CNT, que empezaban a reconocer la inoportunidad de la crisis planteada. A la repetición del mismo gobierno, con solo algún cambio de personas, que no afectó a las principales —Tarradellas, Artemi Aiguader, Isgleas, Comorera—, se le añadió un acuerdo de mínimos sobre la organización del Ejército Popular, la aplicación de los Decretos de Reorganización de Orden Público, con la aceptación de que los miembros del nuevo cuerpo pudieran estar afiliados sindical o políticamente, y el respeto a la doble opción en el campo de la explotación colectiva o la explotación familiar.

El acuerdo no entró en las cuestiones más espinosas como el rechazo a la «socialización», por la que los sindicatos cenetistas seguían presionando, o los nombramientos del cuadro de mandos de Seguridad Interior.

La crisis y su prolongada tramitación favorecieron el avance de las posiciones más radicales en el seno de la CNT y la FAI catalanas, sobre todo en las federaciones de Barcelona de ambas organizaciones. En Barcelona, además, se había constituido la Asociación de los Amigos de Durruti, con milicianos opuestos a la militarización y militantes de los sindicatos de la alimentación y de la distribución, que empezó a practicar un discurso de rebelión para ir a la constitución de una «junta revolucionaria». En abril el comité regional y el comité local de las Juventudes Libertarias publicaron un manifiesto invocando su vocación de volver a las barricadas, como en julio de 1936, si las exigencias de la revolución, tal y como ellos la entendían, no eran aceptadas. No era solo retórica. El fracaso de la vía política para la resolución de los desacuerdos benefició la disposición hacia la vía insurreccional en el campo anarquista. Una vía insurreccional para la que se contaba con bazas importantes. Desde julio de 1936 los comités de defensa de la CNT controlaban un importante volumen de armas de guerra; entre ellas fusiles —según propio reconocimiento anarquista—, ametralladoras y un arsenal de municiones y bombas de mano, además de una docena de vehículos blindados, a los que con exageración en la época se denominaban «tanques».

El dominio cenetista de los procesos de producción y distribución de la Comisión de Industrias de Guerra catalana les había permitido aumentar lo que ya habían conseguido en julio de 1936. El gobierno de la Generalitat, presionado por los representantes de Esquerra y del PSUC, había reclamado de manera infructuosa, desde octubre de 1936, la entrega de esas armas para enviarlas al frente. La respuesta de los comités de defensa siempre había sido la misma: no estaban dispuestos a entregarlas si no se enviaban al frente a todos los miembros de la Guardia de Asalto y de la Guardia Nacional Republicana (Guardia Civil). Su posesión se justificaba por su hipotética necesidad ante un todavía más hipotético ataque por parte de dichas fuerzas e instituciones de seguridad.

Los comités de defensa ni siquiera permitieron que los controlaran los sindicatos, ni que las armas las controlasen otros organismos que no fueran ellos mismos. La hipótesis del ataque de las fuerzas de seguridad constituyó, como la de la contrarrevolución, una inversión de la realidad. El gobierno de la Generalitat, unitario, lo hacía imposible ya que, por de pronto, nunca habría sido aceptado por los consejeros anarquistas en él representados, empezando por el de Defensa. La retención de las armas era, por el contrario, una amenaza constante, latente, de presión anarquista para obtener ventajas políticas.

Frente a ella, el PSUC respondió con la reivindicación de la máxima autoridad institucional, confiando en la desaparición de las armas de guerra en la retaguardia con objetivos improcedentes y tomó medidas de equipamiento estrictamente defensivo, sin llegar a la adopción de ningún plan ofensivo ni a la adquisición de un equipo de guerra para ser utilizado en retaguardia. Se compraron fundamentalmente pistolas y una cantidad menor de armas largas. La correlación en temas de armamento era absolutamente desigual tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Esa situación está documentada por los más variados testimonios: el del agente anarquista Hilario Esteban, que al tiempo que informaba de la obtención de pistolas —¡incluso «pistolas ametralladoras»!— por parte del PSUC constataba la cicatería con que la Comisión de Industrias de Guerra suministraba a la División Carlos Marx; los de la delegación de los servicios soviéticos en Cataluña y de la Internacional Comunista en España, que constataron, antes y después de los sucesos de mayo, que el PSUC no había adoptado en la primavera de 1937 no ya un plan de ataque, sino ningún plan de defensa general, y sí solo algunas medidas parciales de defensa de sus sedes centrales en Barcelona; las quejas del comité de Barcelona del PSUC ante el comité ejecutivo de su partido porque no se había atendido su solicitud de armas para autodefensa. En una palabra, la disposición a pasar del enfrentamiento político al militar se daba en el campo anarquista, no en el contrario.

LA REBELIÓN Y SU RESPUESTA

El gobierno del 16 de abril no resultó una solución. Diez días más tarde la confrontación política se convirtió en armada cuando se sucedieron diversos episodios todos trágicos aunque de naturaleza diferente. Empezó por el asesinato de Roldán Cortada, importante cuadro del PSUC, en un control ilegal de carreteras a manos de un grupo anarquista, el 25 de abril. Le siguió el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, carabineros y civiles armados del pueblo de Bellver con el comité anarquista de Puigcerdá, que dominaba hasta entonces la importante comarca de frontera, en el curso del cual fue muerto el dirigente de este último, Antonio Martín.

Los anarquistas reaccionaron hostigando a militantes del PSUC en diversos puntos de Cataluña y el comisario general de Orden Público, Eusebi Rodríguez Salas, que pertenecía al PSUC, lo hizo buscando con una redada en L’Hospitalet, contiguo a Barcelona, a los asesinos de Cortada. Grupos de anarquistas armados se echaron a la calle y multiplicaron los controles, en Barcelona y otras poblaciones de Cataluña. El 29 de abril los tiroteos empezaron a menudear en Barcelona. El gobierno de la Generalitat ya no pudo frenar los acontecimientos, aunque otorgó un voto de confianza al consejero de Seguridad Interior, Aiguader, y al de Defensa, Isgleas, para que intentaran controlar la situación.

En esta coyuntura se produjo el conflicto de la Telefónica, precedido el 1 de mayo por el incidente que afectó a Azaña, entonces residente en Barcelona, quien se vio interferido en una conversación telefónica por alguien que desde la central de la compañía intervenía su línea. La central estaba bajo control de un comité obrero absolutamente dominado por la CNT. Tiene poco de extraño que a partir de aquel momento esa central se situara como uno de los puntos candentes del enfrentamiento. Era un lugar común de la época la trascendencia que tenía el control de las comunicaciones telefónicas en cualquier situación de conflicto.

Aiguader, en uso del voto de confianza que el Gobierno le había dado, encargó el 3 de mayo a Rodríguez Salas que con un contingente de guardias de Asalto asegurara que un delegado gubernativo asumiera la dirección de dicha central. No debió esperar la resistencia que se le opuso, porque Rodríguez Salas no movilizó el número suficiente de guardias y no logró su objetivo. A partir de ese momento los enfrentamientos se generalizaron, de manera que las fuerzas de Seguridad Interior y los grupos armados del PSUC, de Esquerra Republicana y también de Estat Catalá, tuvieron que ponerse a la defensiva.

La confrontación se extendió por diversos puntos de Cataluña, sobre todo en las tierras del Ebro y las comarcas de Tarragona, el Penedès, la comarca de Vic, la cuenca del Alt Llobregat y la costa del Alt Empordà, en donde existía ya un clima de conflicto generado por los enfrentamientos campesinos o por los intentos de controlar los puntos de frontera. La pauta seguida, por lo general, fue la misma que la de Barcelona: grupos anarquistas asaltaron o asediaron sedes de ayuntamientos y de las organizaciones rivales.

El POUM, marginado políticamente desde su exclusión del gobierno de la Generalitat, en diciembre, decidió intervenir después de que a lo largo del 3 de mayo se generalizara la lucha. Desde comienzos de año había estado intentando, sin éxito, llevar a la CNT a una situación de ruptura con Esquerra Republicana y el PSUC y a la formación de un «gobierno obrero y campesino», que concretaba con la integración exclusiva de CNT, FAI y POUM. Solo había conseguido que sus Juventudes Comunistas Ibéricas constituyeran con las Juventudes Libertarias un «Frente Revolucionario de la Juventud», que alentó el insurreccionalismo que dominaba ambas organizaciones.

El 26 de abril, tras el asesinato de Cortada, Andreu Nin, en un mitin, invitó a la clase trabajadora a ocupar el poder de manera pacífica de forma inmediata ya que, de lo contrario, tendría que hacerlo violentamente. El POUM no organizó la insurrección, pero pretendió ponerse políticamente al frente de ella dándole una salida en términos de conquista del poder. En la noche del mismo día 3 Nin, el dirigente de las Juventudes Comunistas Ibéricas, Wilebaldo Solano, y otros miembros del comité ejecutivo del POUM se entrevistaron con el comité regional de la CNT para proponerles tal salida, sin conseguir convencer a los dirigentes cenetistas.

La opción del comité regional de la CNT era otra. Aprovechar la situación de predominio armado en las calles para obtener de Companys la destitución de Aiguader —algo que venían planteando desde la crisis de gobierno de marzo y abril— y de Rodríguez Salas. Con ello recuperar la iniciativa política que pensaban haber tenido en marzo y que perdieron durante la interminable tramitación de la crisis. Esta posición de presión armada se combinó con una exhortación a la calma que, no obstante, no llegó todavía a pedir el regreso a sus casas de los grupos anarquistas armados. El comité regional quiso sacar una ventaja parcial, pero no creyó oportuno lanzarse a una ofensiva general.

Esa ofensiva general no solo se la planteó el POUM en la noche del 3 de mayo. También lo hicieron importantes sectores anarquistas: los comités de defensa de los barrios, el comité de la Federación Local de la FAI, cuyo secretario era Julián Merino, y la Federación Local de Sindicatos de Barcelona y otros comités locales anarquistas de Cataluña. Y, desde luego, la Asociación de los Amigos de Durruti que, aunque fuera minoritaria, podía movilizar en Barcelona algunos centenares de efectivos.

La situación siguió empeorando. Mientras tanto, Largo Caballero, que en primera instancia había subestimado el conflicto, decidió dar opción a una intervención mediadora de García Oliver, ministro de Justicia, en representación de la FAI. El mismo día 3 Companys había pedido ya una primera ayuda al gobierno de la República e insistió en ella al día siguiente ante la continuación de los enfrentamientos. Por otra parte, y con toda lógica política, Companys se negó a ceder a la presión armada de la CNT y a destituir a Aiguader y Rodríguez Salas. La intervención mediadora de García Oliver retrasó el envío de fuerzas de seguridad de la República desde Valencia a Cataluña, pero apenas consiguió resultados. García Oliver se encontró con una situación en la que los Comités de Defensa anarquistas y los sectores insurreccionales de la CNT y la FAI estaban tirando hacia adelante. Ejemplo de ello fue el activo papel de Julián Merino, que constató García Oliver y que se reflejó también en el protagonismo del secretario local de la FAI en la reunión ampliada del comité regional de aquel día. En esta también quedó claro el papel del Comité de Defensa como representante y organizador de la gente armada de las barriadas. La reunión acordó mantener la insurrección hasta conseguir la caída de Aiguader y Rodríguez Salas, aunque la delegación de Girona planteó ya «ir a por todo el Gobierno». Aquella madrugada, las diversas negociaciones abiertas por Companys, que incluyeron al Comité Nacional de la CNT, consiguieron que se llegara a un acuerdo entre las direcciones de las organizaciones catalanas para la formación de un gobierno «transitorio» con cinco miembros: Companys, que lo presidía, y un representante por cada una de las organizaciones presentes en el ejecutivo desde diciembre: Valeri Mas, secretario del comité regional de la CNT, Antoni Sesé, secretario general de la UGT de Cataluña —que fue muerto cuando iba a tomar posesión y fue sustituido por Rafael Vidiella—, Pou miembro de la dirección de la Unió de Rabassaires y Martí Feced, de la de Esquerra Republicana. El día 5 tanto la dirección regional de la CNT como la de la UGT llamaron al alto el fuego. Este, no obstante, no fue acatado por gran parte de los grupos anarquistas armados.

El Comité de Defensa de Barcelona manifestó que estos, ya al borde de sus fuerzas, se estaban planteando lanzar un último ataque a fondo. La realidad es que estaban cada vez más aislados y, además, después de fracasar en su intento de hacerse con el control del Parque de Artillería, empezaron a quedarse sin municiones. Pero también es cierto que las fuerzas de Seguridad de la Generalitat estaban empezando a ceder en su resistencia y que también ellos y los grupos armados que les daban apoyo tenían un creciente problema de municionamiento. Por fin Largo Caballero comunicó y aplicó los decretos, aprobados por Azaña el día anterior, por los cuales el gobierno de la República intervenía los servicios de orden público en Cataluña, de acuerdo con el estatuto de autonomía, y nombraba al general Pozas al mando de la Cuarta División Orgánica, lo que significó recuperar el control militar perdido en julio de 1936. Los efectos de la intervención del orden público, no obstante, se hicieron esperar por cuanto el teniente coronel Arrando, nuevo delegado de Orden Público y jefe superior de policía de Cataluña, adoptó siguiendo órdenes una posición pasiva ante la persistencia de la rebelión, a la espera de que esta se desinflara.

El impasse del 5 al 6 de mayo fue roto por la intervención de las fuerzas enviadas por el gobierno de la República, que empezaron a entrar en Cataluña por la provincia de Tarragona. Los comités de defensa y los grupos armados anarquistas, al borde del agotamiento, no estaban ya en condiciones de hacer frente a aquella intervención activa, por mucho que algunos de ellos siguieran empeñados en mantener la lucha, ahora pensando en evitar una derrota militar absoluta.

En esta situación fue cuando la Asociación de Amigos de Durruti llamó a «reabrir el fuego y no parar sin poner condiciones» y cuando el POUM, entre vacilaciones, hizo una muestra más de «oportunismo revolucionario», al dar publicidad a las llamadas de los Amigos de Durruti, sin comprometerse explícitamente. Fue un último coletazo. El comité regional de la CNT persistió en dar por terminada la confrontación y en pedir la retirada de la gente armada de las calles —ahora sí de una manera explícita— y el retorno a la actividad normal del trabajo cotidiano. El 7 de mayo la rebelión había terminado para dar paso a las valoraciones políticas y una represión selectiva.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Los sucesos de mayo no fueron un putsch «trotskista» ni una provocación comunista. El POUM quiso intervenir y dirigir, una vez que estallaron, sin conseguir otra cosa que quedar en evidencia. Tras ello Nin quiso proceder a una retirada ordenada. Pretendió ser oportuno y se quedó en oportunista. Ni el PSUC, ni los republicanos supuestamente «criptocomunistas» —ese fue el sambenito que se le colgó a Artemi Aiguader, como también se haría con Negrín— quisieron provocar ningún levantamiento contrario, para el que no se habían preparado. Menos aún buscó Stalin, con un supuesto poder omnímodo y una capacidad de maniobra absoluta a distancia, desestabilizar, con ello, al gobierno de Largo Caballero para sustituirlo por otro subordinado a los comunistas y la URSS. Esta es otra fábula apoyada en memorias falaces, como las de Jesús Hernández o Krivitsky y mantenida, contra todo rigor de fundamentación documental, por historiadores como Bolloten o sus epígonos actuales.

La posición de Stalin se orientaba, precisamente, en la dirección contraria, la de reducir la presencia comunista en las responsabilidades de gobierno republicano y conseguir que este dependiera menos de la URSS para defenderse ante Franco. No hay que buscar argumentos conspirativos, y mucho menos externos, para entender un proceso que tuvo todas sus razones internas en la evolución de la crisis de la coalición unitaria catalana; unas razones que no fueron en absoluto ocultas, aunque se escondan para pretender que todo, o lo fundamental, había empezado con la intervención de Aiguader y Rodríguez Salas el 3 de mayo.

Fue una insurrección de anarquistas, en la que la dirección de la CNT catalana se vio desbordada no solo por la base sino por algunos elementos dirigentes locales —Merino, Xena, faísta de L’Hospitalet, ¿quién sabe hasta qué punto Escorza, responsable de investigación de la CNT catalana y probable mentor intelectual de los comités de defensa o Aurelio Fernández, otro destacado faísta que actuó desde julio de 1936 en el ámbito del orden público, primero en el Comité de Milicias y luego en la Junta de Seguridad Interior y que había aspirado a ser el director general de Seguridad?— y quedó involucrada en su decisión de intentar mantenerla en sus primeros momentos, de sacar partido político de ella, en los términos de una presión armada que pretendía que fuera limitada.

El caldo de cultivo de la insurrección estuvo en el campo anarquista desde comienzos de año. El tiempo del conflicto no se limitó al que iba del 3 al 7 de mayo. Se inició en enero, con la ofensiva cenetista a favor de la «socialización» y el gobierno sindical y se aceleró con los Decretos de Orden Público de comienzos de marzo. Los enfrentamientos armados, incluso, tuvieron su inicio el 29 de abril, aunque se generalizaron cuando se produjo el incidente de la Telefónica. Fueron el capítulo final de una confrontación política que había quedado irresuelta.

Las consecuencias no fueron solo las policiales que ni siquiera fueron las más importantes, aunque desde luego así lo resultaran para quienes las padecieron. Por otra parte fueron selectivas y tuvieron un doble recorrido paralelo: por un lado, la persecución de algunos de los más cruentos responsables de la violencia de los primeros meses de la guerra y de los que quisieron mantenerse en armas hasta el final e incluso, individualmente, después del 7 de mayo; por otro lado, la requisa de los innumerables arsenales de que disponían grupos militantes anarquistas, comités de defensa y patrullas más o menos irregulares. En cuanto a las víctimas se llegó a publicar la de 500 muertos y 1000 heridos en Barcelona, datos absolutamente inflados y que no es posible ratificar documentalmente. Los muertos en Barcelona, entre el 3 y el 11 de mayo fueron alrededor de 220, la cifra que ya en su momento estimaron las fuentes judiciales y que Solé Sabaté y Villarroya han ratificado en sus estudios de víctimas durante la guerra civil. La de heridos es imposible de precisar.

Una cuestión singular fue el secuestro y asesinato de Andreu Nin, a cargo de agentes soviéticos, aunque esto no fue tanto una consecuencia exclusiva de los hechos de mayo como un daño añadido a ellos por las disensiones del movimiento comunista y las prácticas de Stalin en la persecución de los disidentes. En cualquier caso, el asesinato de Nin no fue el que dio sentido, retrospectivamente, a la confrontación armada que dentro de la guerra sufrió la retaguardia catalana.

Las más trascendentes fueron las consecuencias políticas. En primer lugar una derrota política importante para la CNT catalana, que no llegó a ser absoluta porque la mayor parte de sus dirigentes evito pasar de la presión al «ataque a fondo». Pero sufrió un mayor retroceso de su popularidad y una clara pérdida de influencia política. El comportamiento del POUM, intentando llevar a la dirección regional de la CNT a la posición de la insurrección «a fondo», lo puso en condición de chivo expiatorio, como en diciembre de 1936, para ocultar en parte las responsabilidades anarquistas y no hacer recaer sobre la CNT-FAI catalanas un mayor castigo que habría sido imprudente y que solo podría haberse producido ahondando en el enfrentamiento.

Sin quererlo, y sin haber sido propiamente el protagonista de la insurrección, el POUM dio la cara por la CNT. El secuestro y asesinato de Nin fueron la secuela final de tal circunstancia, pero ni mucho menos la consecuencia más importante de los sucesos de mayo, ni el hecho a la luz del cual aquellos deban ser considerados.

La segunda consecuencia política, todavía de mayor trascendencia, fue el retroceso político de la Generalitat, que había venido evidenciando a lo largo de 1937 su incapacidad para resolver la interminable crisis e imponer su autoridad. El sueño de la relectura federal de la República se alejó de manera irreversible. El gobierno de la República intervino el orden público, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias; también recuperó todas las atribuciones en materia militar que la Generalitat se había adjudicado unilateralmente en julio, favorecida entonces por la derrota de los sublevados y por las decisiones del gobierno Giral sobre la disolución práctica del Ejército.

La intervención del orden público y la pérdida de la responsabilidad militar no fueron un ataque centralista, sino la evidencia del fracaso final de la gestión de la Generalitat en los dos ámbitos. A pesar de todo, la Generalitat todavía habría de mantener un amplio nivel de competencias, económicas, sociales y culturales, hasta finales de año, por encima de lo que había establecido el estatuto de 1932. El PSUC pudo aparecer como vencedor del proceso, pero no fue tanto eso como el hecho que resultó ser el único que no salió derrotado o mermado. Su peso político había venido creciendo desde otoño, sin llegar a tener nunca una posición dominante. Después de mayo de 1937 pasó a concitar todos los recelos por parte de Esquerra Republicana que temió perder la dirección política de Cataluña y que, con pactos, había venido manteniendo. Muy pronto las dos formaciones iban a enzarzarse en una competencia mutua cada vez más agria.

Los sucesos de mayo, en fin, también tuvieron consecuencias para el gobierno de la República porque precipitaron una crisis que este, también, venía arrastrando desde comienzos de año y de manera casi irreversible después de la caída de Málaga en poder de las tropas italianas. No fueron la razón de la crisis, a pesar de que el comportamiento inicial de Largo Caballero y de su ministro de Gobernación, Galarza, minimizando primero el hecho y dilatando luego hasta el máximo la intervención de las fuerzas de la República, coadyuvaron a convencer a sus críticos en el seno del Gobierno, empezando por Prieto, sobre la inconveniencia de que Largo Caballero siguiera al frente del Ministerio de la Guerra y Galarza del de Gobernación. [→ ZONA REPUBLICANA].

Los sucesos ayudaron asimismo a consolidar el criterio de que era imprescindible y urgente asumir una política de guerra coherente y no seguir subordinándola a la negociación corporativa o entre entidades territoriales. En esta situación, una de las secuelas de los sucesos de mayo, la petición comunista de ilegalización del POUM, que por otra parte se compartía también entre sectores socialistas y republicanos, fue el detonante de la quiebra del Gobierno, por la respuesta incompatible entre Largo Caballero y el PCE. Como en el caso de los propios sucesos de mayo en esa quiebra, y todavía más en su resolución, no es preciso ver manos extrañas. La propia situación interna republicana dio razones suficientes y adecuadamente documentadas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Amorós, Miquel: La revolución traicionada. La verdadera historia de Bauils y Los Amigos de Durruti, Editorial Virus, Barcelona, 2003.

Gallego, Ferran: Barcelona, mayo de 1937, Random House Mondadori, Barcelona, 2007.

Guillamón, Agustín: Barricadas en Barcelona. La CNT de la victoria de julio a la necesaria derrota de mayo de 1937, Espartakus, Barcelona, 2007.

Martín Ramos, José Luis: La retaguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937, Editorial L’Avenç, Barcelona, 2012.

Martín Ramos, José Luis (ed.): Els fets de maig, El Viejo Topo, Barcelona, 2010.

Viñas, Ángel: El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Crítica, Barcelona, 2007.

LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA ZONA

SUBLEVADA

por

FERRAN GALLEGO

La sublevación del 17 de julio de 1936 en Marruecos y, al día siguiente, en buena parte de las guarniciones peninsulares se ha presentado frecuentemente como un golpe rectificador, cuyas intenciones explícitas eran acabar con la anarquía e imponer el orden público. Tras la muerte del general Sanjurjo, autoridad indiscutible del movimiento, el principal organizador de la conspiración, Emilio Mola, instó a la formación de una Junta de Defensa Nacional. Integrada solamente por altos mandos del Ejército y presidida por Miguel Cabanellas, el general de mayor rango y antigüedad, se radicó en Burgos. Los documentos publicados por la Junta limitaban el alcance político del movimiento, sin cuestionar siquiera el régimen republicano y orientando sus críticas a las condiciones de desorden propiciadas por la acción del Gobierno, incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la unidad de la patria, el honor del Ejército y la contención del desorden social. Del mismo tono fueron los bandos dictados por Mola y Franco —nombrados jefes de los ejércitos del norte y del sur en los días siguientes— y por Gonzalo Queipo de Llano, que había asumido amplias y soberanas tareas de gobierno en su peculiar feudo andaluz.

GOLPE DE ESTADO Y MOVILIZACIÓN

CONTRARREVOLUCIONARIA

La composición estrictamente militar de la Junta, aconsejada por antiguos dirigentes de Renovación Española, y los objetivos limitados que se exponían en las declaraciones de los insurrectos han permitido construir una imagen de moderación en el carácter inicial del levantamiento, cuya radicalización política obedecería a la que se produjo en el bando republicano como resultado de la resistencia armada de las organizaciones obreras y de su creciente influencia en la zona leal. En realidad, la autoridad indiscutible de las fuerzas armadas operaba, en el bando sublevado, en una dinámica más compleja y ambiciosa que superó inmediatamente los objetivos enunciados para justificar el golpe y amplió a una inmensa movilización civil la participación en la insurrección contra la República. [→ CONSPIRACIONES].

La formación de milicias falangistas, tradicionalistas, de las Juventudes de Acción Popular y de Renovación Española, así como la incorporación al ejército regular de jóvenes voluntarios de diversas opciones de la derecha, se produjeron de forma inmediata. El camuflaje rectificador y exclusivamente militar con que se presentó el alzamiento contrastó con la adhesión de sectores políticos cuyos objetivos contrarrevolucionarios implicaban la destrucción completa y definitiva de las instituciones y la creación de un sistema antidemocrático. Las condiciones de la insurrección crearon muy pronto el escenario de una guerra civil que ajustó sus objetivos a los de la radicalización y movilización masiva de la derecha. La militarización general sustituyó al golpe, lo que implicaba la subordinación de las acciones civiles a una autoridad tradicional como el Ejército, que se presentaba con una cadena de mando indiscutible y con la imagen de situarse por encima de las diversas facciones que se sumaban al movimiento.

De hecho, los mandos sublevados no representaban a una mayoría abrumadora de las fuerzas armadas, especialmente en sus grados más altos, aunque las simpatías e incluso militancia en los grupos de extrema derecha se incrementaban en jefes y oficiales. Solo la disolución del Ejército por el gobierno republicano, tratando de evitar la difusión del movimiento sedicioso, llevó a la identificación del único ejército regular existente en el país con la sublevación, dándose la paradoja de un Estado que no disponía de fuerzas armadas profesionales y de un ejército sublevado que carecía de un «Estado» distinto a su propia representación y coordinación. [→ SUBLEVACIÓN MILITAR].

La participación de los voluntarios fue indispensable para que la soberanía de los sublevados pudiera consolidarse en una zona «nacional», cuyas dimensiones crecieron espectacularmente en las siguientes diez semanas. En octubre, uno de cada tres combatientes estaba enrolado en las milicias, mayoritariamente en las de Falange o en los tercios de requetés. Solo en Navarra, unos siete mil boinas rojas y unos tres mil falangistas aseguraron el control del territorio y pudieron desplegarse hacia Zaragoza, Guipúzcoa y La Rioja. La proporción se invertía en Castilla o en Galicia, donde el peso de las milicias fascistas fue muy superior. Pero esta movilización supuso, en todas partes, la construcción visible de un escenario en el que ya no podía hablarse de una acción del Ejército que pudiera prescindir de la movilización de las masas encuadradas en grupos antirrepublicanos.

Esta incorporación no podía molestar a generales, jefes y oficiales cuya actitud política apenas difería —y el curso de los acontecimientos se encargó de demostrar hasta qué punto— de la que expresaba el paso a la acción violenta organizada por parte de la base social de la derecha. Su objetivo manifiesto también era el de destruir los centros de poder de la República y proceder a una tarea de limpieza del personal que había servido al Régimen. La construcción de una nueva autoridad se realizó mediante el asalto al poder institucional legítimo, con la destitución y, en muchos casos, el asesinato de quienes ostentaban la autoridad provincial o municipal. Tales acciones se dirigieron contra los organismos que simbolizaban el poder republicano en los niveles locales, donde la llegada de la República había significado el desplazamiento de una elite tradicional y la apertura a la participación política popular. La quiebra de los mecanismos democráticos de representación y la anulación de los viejos sistemas clientelares producida por la instauración de la democracia fueron sustituidas por un marco radical de integración y exclusión, que se justificaba por la lógica militarizada de la distinción entre vencedores y vencidos. La violencia se ejerció como represión, pero también como adaptación a un escenario político que no necesitó de la resistencia para ejercerse, bastándole la voluntad de extirpación de las raíces sociales del régimen republicano.

Los decretos de la Junta de Defensa y, a partir de octubre, de la Junta Técnica del Estado plantearon siempre la primacía del poder militar en un desarrollo de los acontecimientos que había desbordado con creces las manifestaciones iniciales del movimiento. A fines de julio, se declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional y se consideraron destituidas las autoridades locales y provinciales desde el día 19. Una medida que corroboró legalmente los cambios que ya se habían producido, pero que indicó que los objetivos del movimiento no eran los de una restauración del orden, sino la creación de un nuevo sistema.

Todos los combatientes aceptaron la primacía del poder militar en la zona «nacional» con naturalidad. Para algunos sectores políticos que no habían logrado mantener en pie sus organizaciones —alfonsinos de Renovación Española, católicos de la CEDA, antiguos militantes o electores de partidos republicanos conservadores—, así como para sectores sociales e instituciones que simpatizaban abiertamente con el alzamiento —el clero, las organizaciones empresariales, los sindicatos católicos, las «gentes de orden» que se habían decantado por una actitud favorable— el Ejército era la garantía de un poder indiscutible, unitario y disciplinado frente a la amenaza que podían ofrecer las aspiraciones hegemónicas del nacionalsindicalismo de Falange o del legitimismo integrista de los requetés. Carlistas y falangistas aceptaron esa primacía militar por realismo político: su crecimiento de aluvión desde la primavera había ido vaciando las organizaciones de la derecha, pero esta radicalización que incrementaba el poder de convocatoria de ambas organizaciones, especialmente del falangismo, no permitía albergar la esperanza de una conquista del poder realizada de forma autónoma.

Por lo demás, no parece que tal esperanza fuese necesaria, dada la disposición del Ejército en ir tomando las actitudes políticas más extremas y su apoyo a un proyecto político de destrucción irreversible de la democracia. La guerra civil no supuso la sustitución de la conquista del poder por la instauración de una dictadura militar, sino el escenario constituyente de un nuevo Estado. En dicho escenario convergieron las diversas fuerzas sociales y políticas que tomaron parte en la sublevación, entre ellas el Ejército como parte integral de este proceso. Es esta una función que el propio Franco recordó durante la guerra, al señalar la comunidad de objetivos políticos y la intolerable actitud de quienes pretendieran mantener un proyecto particular de fuerzas armadas.

La presunta despolitización que se imponía en los proyectos de los organismos dirigentes de la sublevación se produjo en este espacio de convergencia. El «apoliticismo» exigido en proclamas y decretos solo puede comprenderse como la negativa a someter el proceso de construcción del Estado a una lógica fraccional, atribuida a la cultura política democrática. El decreto de la Junta Técnica del Estado del 5 de octubre instó al nuevo cargo de gobernador general a constituir los poderes civiles provinciales o municipales recurriendo a los mayores contribuyentes o a representantes de las cámaras económicas, «carentes de significado político, aceptando en último extremo el de tendencias afines a la causa nacional».

Esta última consideración aceptaba algo tan obvio como la existencia de unos principios y objetivos políticos inspiradores de la movilización, algo que no quedó impugnado por la prohibición de actividades políticas o sindicales de cualquier signo. Falangistas y tradicionalistas no solo mantuvieron su actividad sino que la consolidaron mediante la elección de una Junta Nacional de guerra y una Junta de Mando provisional, respectivamente, en agosto y septiembre de 1936. Para ninguna de estas fuerzas existió más que una separación de funciones entre el Ejército y las organizaciones políticas, aun cuando esta percepción habría de concretarse conflictivamente en el proceso de institucionalización del Estado que se llevó adelante en el primer invierno de la guerra.

DE LA UNIDAD DE MANDO A LA UNIFICACIÓN POLÍTICA

La necesidad y posibilidades de acelerar este proceso se produjeron muy pronto, coincidiendo con una mejor organización de la resistencia republicana y la formación del gobierno de Largo Caballero tras la caída de Talavera e Irún, el 3 de septiembre. No parece, sin embargo, que la entrada de las organizaciones obreras en el gobierno republicano —que se ensancharía con la de la CNT y la FAI en noviembre— fuera el factor de una concentración de poderes paralela en la zona «nacional». Lo que algunos han visto como toma del poder por los sectores más radicales de la izquierda puede presentarse como el compromiso de las organizaciones socialistas, comunistas y libertarias para hacerse cargo de responsabilidades gubernamentales. Algo que provocaría situaciones de crisis en un futuro no lejano, cuando sí se quiso proceder al asalto de la legalidad republicana por parte de algunos sectores de la CNT o por el POUM. En el bando sublevado, se trató de la construcción misma del Estado sobre dos elementos fundamentales: la lógica de la guerra civil y el proyecto político de fascistización que la acompañó y la justificó.

La unidad de mando requerida por la mayor parte de los dirigentes de la sublevación —tanto militares como civiles— se decidió en los últimos diez días del mes de septiembre en la única dirección personal posible, aunque no en la única forma de concreción política de los títulos asumidos por el general Franco. Estaba claro que sobre el jefe del ejército del Sur había de recaer, en caso de proponerse, el mando único de las fuerzas armadas y una jefatura de gobierno provisional asociado a ellas mientras continuaran las operaciones militares. Sus éxitos militares y la calidad de las tropas que mandaba fueron factores determinantes. También lo fue la influencia de Alemania e Italia, cuyos contactos con Franco habían ido anulando todos los demás. La figura de Franco sumó a estas ventajas la apariencia de su falta de ambiciones políticas y su desvinculación de cualquier posición fraccional en el seno del movimiento. Por último, la mitificación del «Caudillo», que muy pronto fue objeto de una minuciosa propaganda del Estado en ciernes, había empezado ya a manifestarse de forma espontánea, iniciándose en Andalucía y extendiéndose al ritmo de su veloz avance hacia el norte por el pasillo abierto en Extremadura.

La audaz iniciativa de algunos generales e intelectuales alfonsinos, como Kindelán, Orgaz y Yanguas Messía, acabó por decantar las cosas en su favor y por modificar el nombramiento inicial, que se limitaba al mando supremo del Ejército y a un poder gubernamental que dependía directamente de esta función. A fines de mes, se redactó el decreto por el que Franco era nombrado Generalísimo de los ejércitos y «jefe del Gobierno del Estado» sin límite temporal alguno, lo que provocó alguna perplejidad y la inútil resistencia de Mola, Cabanellas o Queipo de Llano, ante la falta de alternativas unitarias y la fuerte posición política de Franco. El 1 de octubre el nuevo jefe del Estado —la jefatura del Gobierno fue borrada rápidamente del vocabulario de los sublevados— asumió ante sus compañeros de armas sus cargos, dotándolos ya de una dimensión providencial según la cual los mandos militares colocaban a una España en proceso de reconstrucción en manos de su legítima y definitiva autoridad.

El acceso de Franco a este nivel de poder fue acompañado de la creación de un organismo al que quiso darse una función explícitamente instrumental, dedicada a resolver problemas de intendencia bajo la supervisión de un general de plena confianza. La Junta Técnica del Estado, bajo la dirección de Fidel Dávila, adquirió una estructura paragubernamental, con la creación de comisiones encargadas a civiles que colaboraron a título estrictamente personal. La estructura se duplicó con la creación de secretarías de la Jefatura del Estado, entre las que destacó una general, que ostentaba el hermano de Franco, Nicolás, el consejero de mayor influencia hasta la llegada a Salamanca de Serrano Suñer.

La definición de la autoridad, los objetivos y el principal instrumento político con el que contaría Franco se definieron en poco más de un año, en el periodo que separa su ascenso a la Jefatura del Estado y la formación de su primer gobierno, a comienzos de 1938, en lo que culminaría su poder discrecional sobre la administración del Estado. Entre ambas fechas se produjo la neutralización de los grupos políticos más potentes y con expectativas de autonomía en la zona «nacional» —el carlismo y el falangismo— y la fundación y articulación de un nuevo partido, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, cuyos Estatutos dispondrían el poder absoluto del «Caudillo» sobre la única organización política permitida en el país.

La neutralización de Falange y la Comunión Tradicionalista fue un paso indispensable para alcanzar un poder político real que dio contenido al nombramiento de jefe del Estado por los máximos mandos militares. Para ello, Franco contaba ya con el apoyo de quienes, como se ha indicado antes, deseaban evitar la imposición de cualquiera de esas fuerzas —o de las dos unificadas al margen del Estado— sobre el conjunto del movimiento. Pero también dispuso de amplias simpatías en un falangismo que había crecido con la incorporación fundamental —aunque no exclusiva— de sectores de la extrema derecha española, de procedencia católico-populista o alfonsina. El crecimiento exponencial de Falange se produjo, por tanto, con la adhesión a la misma o las simpatías abiertas de aquellos sectores fascistizados durante la República y que decidieron tomar partido con el estallido de la guerra civil. Esta afluencia acentuó una versión del nacionalsindicalismo más permeable a un nacionalismo de corte tradicional, fuertemente impregnado por el catolicismo, que interpretaba la revolución como la actualización de los viejos ideales de la comunidad imperial y cristiana, los cuales sustanciaban la unidad de los españoles y la justicia social. La evolución de Falange hacia un fascismo en el que era más explícita su vinculación doctrinal al catolicismo se acompañó de una actitud prepotente de FE de las JONS, que se vio capaz de absorber en su seno a todas las fuerzas políticas existentes, identificándose por completo con el movimiento iniciado el 18 de julio. [→ FALANGE ESPAÑOLA].

Estas condiciones ofrecieron ventajas mutuas a Franco y a la Falange. El «Caudillo» necesitaba una organización política que le proporcionara una base doctrinal y una estructura de partido único para que su mandato adquiriera condiciones simbólicas y reales mucho mayores que las que poseía. En especial, para pasar a la condición de un verdadero caudillaje, que no procediera de un acto reducido a la voluntad de unos cuantos generales sino que pudiera percibirse como un plebiscito del pueblo en armas, fundador de su liderazgo carismático. Falange ofrecía la ventaja del giro hacia posiciones ideológicas más proclives al nacionalcatolicismo, sobre las que podía establecerse un acuerdo político de gran amplitud. Por otro lado, el fascismo se adaptaba perfectamente, por sus concepciones políticas y su estrategia de captura del poder, a las condiciones de la guerra civil y al objetivo de un Estado totalitario, ofreciendo a Franco un poder absoluto que ningún otro proyecto le proporcionaba.

El deseo de unidad política estaba presente en todos los sectores de la zona nacional. Incluso Gil Robles, dirigente del mayor partido de la derecha antes de la guerra, la CEDA, escribió a Franco a comienzos de octubre, indicándole su voluntad de que los sectores que él había liderado se fundieran en un movimiento nacional unificado que recogiera los valores antidemocráticos del 18 de julio. Sin embargo, las condiciones en que había de realizarse esta unidad podían llegar a crear problemas que la bloquearan o que pusieran en peligro la posición de Franco como factor de cohesión del movimiento y, por tanto, como verdadero líder carismático de la revolución nacional.

El principal obstáculo se encontró en los esfuerzos que realizaron tradicionalistas y falangistas por construir la unidad de las dos organizaciones al margen de una iniciativa del jefe del Estado. Franco había conseguido aislar a los sectores más intransigentes del carlismo, liderados por Fal Conde, expulsando del país al presidente de la Junta Nacional de guerra en diciembre de 1936, tras el intento de constituir una Real Academia del Requeté y profundizar en la autonomía de las milicias carlistas. Al día siguiente, se declaró la subordinación de todas las milicias al Ejército. Los tradicionalistas menos intransigentes comprendieron el carácter utópico de una «cuarta guerra carlista», en la que los voluntarios de la Comunión debían combatir en pie de igualdad con el Ejército, en una lucha que culminaría con la imposición de la monarquía tradicional. Tal visión, sostenida por los partidarios de Fal Conde y del regente don Javier, amenazaba con destruir la participación del carlismo en el poder que estaba constituyéndose. Para hombres como Rodezno, el programa máximo era una imposibilidad histórica que había de compensarse con la introducción en el nuevo Estado de elementos de la ideología carlista.

Por su parte, los falangistas no habían conseguido compensar su inmenso desarrollo con la firmeza de un equipo dirigente y, menos aún, de un líder que pudiera compararse con los caudillos fascistas europeos. Muerta o cautiva la inmensa mayoría de la Junta Política elegida en 1935, el falangismo disponía de una potente organización huérfana de lo que un movimiento fascista no podía prescindir: una jefatura incontestable y atractiva. En febrero y marzo de 1937 fracasaron los intentos de llegar a un acuerdo de fusión con el carlismo, que embarrancó por las pretensiones de absorción de Falange y por la intransigencia monárquica e integrista de los negociadores de la Comunión.

Sin duda, de haber llegado ese acuerdo de los dos partidos a un buen puerto se habrían creado dificultades serias a Franco, ya que la existencia de un poder alternativo o, por lo menos, autónomo habría sido aprovechado por quienes ya habían manifestado sus recelos ante la concentración de fuerza que se daba en manos del «Caudillo». Sin embargo, la posibilidad se enfrentó a su total incongruencia con el escenario en el que se produjeron los hechos. En el marco de una guerra civil, los mismos factores que facilitaron la creación de un partido fascista que dependiera del Estado en construcción fueron los que descartaron la formación de un partido independiente, que pudiera presentarse como órgano político del movimiento en competencia abierta con la autoridad del Estado. Esta fue la principal peculiaridad del proceso de fascistización desarrollado en España durante la guerra civil.

La capacidad aglutinante de los movimientos fascistas se produjo gracias a una negociación con los sectores tradicionales de la sociedad y de las instituciones, que condujeron a la progresiva asimilación de estos en el seno del partido fascista o a una adhesión al Estado creado por el acceso del fascismo al poder. En España se construyeron de forma simultánea el partido y el Estado. La decisión de Franco de fundar un partido basado en dos experiencias políticas previas no fue gratuita ni estuvo destinada a constituir un instrumento sin utilidad social ni política. Podía haber mantenido una administración de técnicos y militares, como lo hizo el mariscal Pétain. Sin embargo, necesitaba del proceso de construcción del partido único —pues se trató de un proceso más que de un hecho puntual— para que su jefatura adquiriera los rasgos de un proyecto político pleno, superador de una dictadura provisional con aires de gestión «técnica». El falangismo, por su parte, no pudo constituirse en fuerza que asaltara el poder o lo compartiera, sino que hubo de subordinar su estrategia autónoma a la formación de un partido unificado desde el Estado, que le ofreció la protección de Franco y la influencia decisiva en la sociedad que tal apoyo conllevaba. Si algunos historiadores consideran que Falange quedó subordinada e incluso anulada por la autoridad del Estado —cosa muy lejana a la verdad, según mi opinión—, puede imaginarse lo que habría supuesto la abolición de los partidos o la penosa supervivencia de una Falange reducida a sus tareas militares y a su colaboración cada vez más exigua con el Régimen. Sin duda, habría corrido una suerte semejante a la de los carlistas ortodoxos que nunca aceptaron la unificación, e incluso de quienes se resignaron a ella.

DE LA UNIFICACIÓN POLÍTICA AL PRIMER GOBIERNO

La llegada de Serrano Suñer a Salamanca, a comienzos de febrero de 1937, dio impulso y encauzamiento al proceso de unificación que precisaba el «Caudillo». Sus relaciones familiares —estaba casado con una hermana de Carmen Polo— le permitían gozar de la confianza de un Franco siempre cauteloso. Su sólida formación jurídica, alimentada con un profundo conocimiento del régimen fascista italiano, le proporcionó los recursos para plantear una estrategia de construcción de un partido en muchas mejores condiciones que las que había ido proponiendo Nicolás Franco.

Serrano conocía el interés del «Caudillo» por sintetizar en un solo proyecto los principios del tradicionalismo y los del falangismo, apreciando la utilidad que podía tener una estrategia que combinara el acto fundacional de un partido por el jefe del Estado con la continuidad que podía tranquilizar a sus diversos componentes. Tal combinación evitó las reticencias que podían darse en cualquiera de las dos organizaciones, presentando a ambas como parte de un solo movimiento nacional que había ido expresándose de forma distinta hasta culminar en la unificación implícita en el inicio mismo de la guerra civil. Resuelto rápidamente el conflicto que estalló en torno al IV Consejo Nacional de FE de las JONS entre el 15 y el 18 de abril, que enfrentó a adversarios y partidarios de la jefatura nacional de Manuel Hedilla, Franco supo también liquidar la oposición que planteó el falangista cántabro, al advertir que ocupaba un lugar subordinado en la dirección del nuevo partido unificado. La unificación no provocó problemas significativos en la base militante del partido, dando solo lugar a un conflicto temporal, cuyos protagonistas formarían disciplinadamente en los tiempos de una Falange más entregada al liderazgo de Franco.

Franco presentó la unificación como una necesidad para ganar la guerra y construir el régimen de la victoria, definiéndose el Nuevo Estado por una norma programática que se identificaba con los primeros 26 puntos de Falange. Sin embargo, Franco se vanaglorió de disponer de un Movimiento, no de un programa, dejando para las necesidades de su mando la constante revisión de los principios expuestos. Falange Española Tradicionalista y de las JONS —como se llamó, agotadoramente, la nueva organización—, aprobó cuatro meses más tarde los estatutos que convirtieron al partido en «base e inspiración del Estado español». A Franco, su jefe y fundador, se le consideró encarnación de sus valores y autor de una época en la que España podría cumplir su destino. Sobre todo, se le otorgó la «más absoluta autoridad», permitiéndole responder solamente «ante Dios y ante la Historia». Las aspiraciones de control de la sociedad por parte de FET se manifestaron en la creación de doce servicios paralelos a los del Estado, garantizándose el control de la organización sindical que habría de formarse en el futuro.

El 2 de diciembre se realizó la jura solemne de los miembros del Consejo Nacional designado por Franco. La mayor parte de los cincuenta integrantes de este organismo pertenecían a Falange, que duplicó la representación tradicionalista y se colocó a gran distancia de la representación de sectores monárquicos o de altos mandos del Ejército. No creo que sea relevante indicar el carácter de camisas viejas o nuevos militantes de los cargos electos, ya que tal diferencia no estableció necesariamente posiciones más o menos radicales en lo que se refiriera a la independencia del partido, a su control del aparato del Estado o al tipo de proyecto nacionalsindicalista que se poseía. La variedad obedeció a criterios distintos a la fecha de afiliación. Raimundo Fernández-Cuesta, nombrado secretario general del partido ese mismo día, era el más importante de los antiguos miembros de la dirección de Falange, y ello no impidió que su actitud fuera siempre la de poner el partido a la disposición del «Caudillo». Cualquier otra actitud habría resultado pintoresca en aquel momento para la práctica totalidad de la organización.

La subordinación del partido al Estado procedió de las condiciones de su propia fundación, pero también de las que acompañaron a la creación del Régimen construido en un marco tan determinante como el de una guerra civil. El falangismo no delegó su autoridad en un alto mando militar, sino que la guerra permitió que un general pudiera convertirse en algo más que un simple dictador tradicional para llegar a ser el líder de un proyecto político inspirado en una doctrina totalitaria similar a la de otras experiencias europeas. La subordinación al «Caudillo» adquirió rasgos tan claros como los que pudieron verse en Alemania, mientras que la primacía del Estado no implicó ni en la guerra ni en la posguerra una función residual para FET.

El partido tuvo, por el contrario, una función decisiva en la articulación del Estado. Las afiliaciones obligatorias a FET no pueden contemplarse, según lo habitual, como una reticencia generalizada en el mismo seno del bando sublevado ante los avances del falangismo, que debían compensarse con la inserción de los servidores de la administración, incluyendo los mandos de las fuerzas armadas. FET fue un organismo imprescindible en la constitución del Estado y en la afirmación del liderazgo de Franco en el seno del movimiento. Su condición de jefe del partido, que se unía a la de Generalísimo de los Ejércitos y jefe del Estado, fue cualquier cosa menos un factor secundario en la definición de su poder.

Ciertamente, son indudables los conflictos desarrollados entre las autoridades municipales y las jefaturas locales del partido, o las que podían producirse a una escala superior, entre gobernadores y jefes provinciales. Sin embargo, en noviembre de 1937 se había decretado la consulta obligada a los jefes locales de FET para nombrar a las autoridades municipales. La fusión entre las máximas autoridades de los municipios y las provincias y los jefes locales o provinciales del partido se ha presentado, también, como una subordinación de la autoridad política del Régimen al Ministerio de Gobernación. Pero esta parece ser una visión extremadamente simplificada de las complejas y siempre conflictivas relaciones entre Estado y partido en todos los regímenes fascistas europeos. La tendencia a fundir ambas responsabilidades no implicó necesariamente una voluntad de anulación del poder del partido, sino su identificación más estrecha con las tareas del Estado, algo que estaba determinado por las condiciones fundacionales de ambos en el marco de la guerra civil.

El partido fascista ejerció funciones de control y movilización sociales, de encuadramiento femenino y juvenil, de agrupación universitaria y de organización sindical. El asalto a un control total de las instituciones resultó tan frustrante como pudo serlo en otras experiencias europeas, especialmente la italiana, aun cuando tal grado de frustración se expresaría de acuerdo con aspiraciones y condiciones políticas distintas. Las esperanzas de los fascistas españoles para desarrollar una identidad que distinguiera al Estado del proceso de su propia formación fueron, naturalmente, más reducidas que las de quienes habían conquistado un poder ya constituido desde fuera, como en Alemania, o de quienes habían negociado abiertamente las condiciones de instalación en el poder con los sectores tradicionales, como fue el caso de Italia.

La guerra, como proceso constituyente del fascismo español de masas, había dado también una actitud más integradora a un partido estatal que se identificaba, desde su nacimiento, con el conjunto de las instituciones y del movimiento creado con la sublevación de 1936. Los beneficios de esta integración supusieron la lógica pérdida de identidad de grupo a favor de una propuesta de aglutinación, que resultara coherente con la misión que se había dado al partido desde su fundación.

EL PRIMER GOBIERNO Y LAS PROPUESTAS SOCIALES

PARA LA VICTORIA

El 30 de enero de 1938, la ley de administración del Estado designó el primer gobierno del Régimen y otorgó a Franco poderes discrecionales para dictar normas jurídicas de carácter general, con lo que se redondeó tanto su poder personal como el carácter del Régimen construido durante el conflicto. La creación del Gobierno también supuso la consagración de Serrano Suñer como pieza central de esta etapa del franquismo, habitualmente identificada con el más alto grado de fascistización alcanzado por el nuevo Estado.

Serrano construyó un edificio político al que quería dotar de un claro sentido totalitario al servicio de un proyecto político fascista y de la consolidación del liderazgo carismático de Franco. A lo largo de 1938, prodigó discursos en los que afirmó ambos aspectos, justificando la guerra civil por el objetivo de la revolución nacional, como hizo en Sevilla, o declarando la inexistencia de un poder militar y un poder civil diferenciados, como hizo ante la guarnición de Alcazarquivir en un discurso conmemorativo del 18 de julio.

La asunción de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda le proporcionó un espacio fundamental para la definición política del Régimen y la orquestación de sus propuestas. La formación del nuevo Gobierno implicó, además, la destrucción del poder que aún podía oponer una personalidad como Queipo de Llano, cuya soberanía andaluza se eclipsó a partir de la formación del gabinete. El reparto de funciones en su seno ofreció al tradicionalista Rodezno la posibilidad de negociar normas favorables a la Iglesia, como la derogación de la Ley de Congregaciones Religiosas, mientras que el monárquico Sáinz Rodríguez redactó una Ley de Bachillerato que acentuaba la formación en estudios clásicos, como se había hecho en Italia con la reforma de Gentile.

Los proyectos más importantes procedieron, sin embargo, del entorno falangista y de Serrano. En el mes de marzo, Franco firmó el decreto por el que se aprobaba el Fuero del Trabajo. El texto, cuya redacción se había encargado al ministro de Organización y Acción Sindical González Bueno, sufrió debates entre serranistas, falangistas de otras facciones y sectores conservadores, hasta que Franco impuso el acuerdo a las distintas tendencias. Se convirtió en la primera de las «Leyes Fundamentales», adquirió un inmenso prestigio y provocó una copiosa serie de publicaciones que interpretaron su contenido. Para los más radicales, como el catedrático de Filosofía del Derecho Legaz Lacambra, se trataba de una norma constituyente del Régimen. De hecho, el texto suponía una clara síntesis de las posiciones políticas existentes en este y en el partido. Por un lado, estableció la subordinación de la economía a la política y vinculó el concepto de trabajo a la idea de «comunidad de empresa». El corporativismo se radicalizó con la creación de sindicatos verticales, que superaba la separación entre organizaciones obreras y empresariales. La función del sindicalismo no era la representación de los trabajadores o la negociación de sus condiciones laborales. Se limitó a disciplinar a todos los productores y a informar de las condiciones del mundo del trabajo a las autoridades. Estos factores se compensaron con aspectos más coherentes con las posiciones tradicionalistas, tales como la referencia a la tradición católica, la defensa de los gremios y la artesanía o la consideración de la familia como núcleo elemental de la sociedad. La gestión del sindicato fue entregada a las jerarquías de FET en sucesivas normativas. [→ NUEVO ESTADO].

La Ley de Prensa, dictada al mes siguiente, y que permaneció como norma del Estado hasta la aprobada a iniciativa de Manuel Fraga en 1966, reflejó también el carácter totalitario y la subordinación de todos los poderes al Estado, incluyendo el que se refería al de la información. El concepto mismo de esta palabra se establecía, según el criterio que Goebbels comunicó a los dirigentes del mundo de la comunicación en 1933, a la obligación de adaptar su tarea al Zeitgeist, al espíritu de la época. No fue distinta la forma en que Serrano justificó el control férreo de las labores informativas, considerándolas alejadas de cualquier visión liberal de pluralidad, y resaltando su carácter de reforzamiento de la opinión pública a través de su nacionalización.

Antes de finalizar la conquista del territorio el Gobierno dictó la anulación del Estatuto de Cataluña. El 13 de febrero de 1939 se decretó la Ley de Responsabilidades Políticas. La primera medida iba destinada a acabar con uno de los motivos que había justificado la sublevación. La segunda fundamentó la depuración y persecución de quien no se hubiera sumado al movimiento. En los estertores del conflicto ambas subrayaron el carácter de la guerra civil y la responsabilidad de su inicio y desarrollo. Lejos de tratarse de una rectificación militar de la deriva republicana, la sublevación había ido institucionalizando los objetivos de la extrema derecha española: la construcción de un régimen totalitario que, como estaba haciéndose en la Europa de los años treinta, destruyera la democracia y evitara su renacimiento. Tales objetivos se alcanzaron en la circunstancia bélica con mucha más eficacia y radicalidad de lo que pudo hacerse en otras experiencias europeas y sentaron las bases de la supervivencia del Régimen.

CONCLUSIONES

La evolución política de la zona sublevada se orientó rápidamente hacia la construcción de un Estado totalitario, la exaltación del caudillaje de Franco y la formación de un partido único de naturaleza fascista. Teóricamente, no fue la única respuesta posible de la derecha española a la radicalización de la República tras el 18 de julio. El primer ministro de Educación Nacional de Franco, Pedro Sáinz Rodríguez, escribió en sus memorias que la responsabilidad de la guerra civil se encontraba en la actitud poco generosa de los dirigentes republicanos, que prefirieron el baño de sangre a abandonar el poder como había hecho Alfonso XIII en 1931. La afirmación puede parecer extravagante, pero no carece de vínculos con quienes suponen que el camino tomado por el golpe de julio habría sido mucho más moderado sin la resistencia de las legítimas autoridades y del pueblo levantado contra la sublevación.

Fue la guerra la que ofreció el marco propicio para aplicar las propuestas políticas de una derecha cuya fascistización ni siquiera había precisado de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Sin embargo, tras el triunfo electoral de la izquierda, la decisión de conseguir la destrucción de la democracia por la fuerza dio cohesión a quienes habían planteado distintas estrategias en los años anteriores. El golpe fue acompañado ya, incluso cuando todavía podía preverse un conflicto de corta duración, de una política de destrucción sistemática de las instituciones republicanas, la depuración de los cargos públicos y su frecuente asesinato, la movilización de milicias de extrema derecha vinculadas a Falange o al carlismo amén de la incorporación de los sectores conservadores a los grupos más radicales en su doctrina y en sus métodos. Los sublevados no dejaron pasar una sola ocasión para manifestar, tras las débiles propuestas iniciales de restauración del orden, sus convicciones antidemocráticas y sus simpatías por el establecimiento de un sistema cercano a los regímenes «de autoridad» existentes en Europa.

Este último aserto puede corroborarse con otras fuentes que complementan la significativa afirmación de Sáinz Rodríguez en sus memorias y que no dejan de salir al paso de la mirada del historiador que analiza la radicalización de la derecha durante el conjunto del proceso republicano. En algunos casos, desde el mismo 14 de abril; en otros, en el desarrollo del Régimen y, naturalmente, en la fase que rodeó las elecciones de febrero de 1936. En el número 42 de Acción Española, correspondiente al 1 de diciembre de 1933, se publicó un editorial que llevaba el revelador título de «Hacia un Estado nuevo». El texto clarifica de qué modo y con qué objetivos finales se contemplaba, ya antes del comienzo del bienio conservador, la estrategia antirrepublicana. Se glosó elogiosamente un discurso pronunciado por Gil Robles el 15 de octubre, en el que el líder de la CEDA señalaba su escasa disposición a renunciar a los objetivos de alteración del Régimen, negociando con los sectores más moderados del republicanismo: «Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, una Nación nueva; dejar la Patria depurada de masones, judaizantes… Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! […] Llegado el momento, el Parlamento, o se somete, o lo haremos desaparecer».

Las conocidas palabras de Gil Robles habían de desmentirse en su actuación favorable al «contubernio» con el lerrouxismo que él mismo denunciaba. Pero la percepción de una comunidad de objetivos y una diversidad de tácticas, diversidad que quedaría laminada en el verano de 1936 estaba clara. Por ello, los redactores de Acción Nacional podían indicar la falta de discrepancias entre todos aquellos que se reunirían en la sublevación:

De la amargura que nos causa todo esfuerzo por ahogar el sentido heroico del alma nacional, viene a compensarnos —siquiera en parte— la difusión de esta idea fundamental que ACCIÓN ESPAÑOLA ha venido pregonando, y que vemos expuesta un día por el señor Gil Robles, y otro por el señor Primo de Rivera; en el credo del partido tradicionalista, como punto de arranque del programa de Renovación Española. No hay discrepancias. El Estado liberal y democrático, hijo de la Revolución francesa, debe de [sic] desaparecer y ser sustituido por un Estado cristiano, nacional y corporativo. Nosotros —y no nosotros solos— aún añadimos algo. Porque no concebimos el Estado cristiano, nacional y corporativo, más que siendo monárquico.

Con Franco bien asentado en el mando esta última noción desapareció. Aquí lo que debemos resaltar, una vez más, es que la guerra es la que ofreció el marco propicio para aplicar las propuestas políticas de una derecha cuya fascistización ni siquiera había precisado de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Sin embargo, tras el triunfo electoral de la izquierda, la decisión de conseguir la destrucción de la democracia por la fuerza dio cohesión a quienes habían planteado distintas estrategias en los años anteriores. El golpe fue acompañado ya, incluso cuando todavía podía preverse un conflicto de corta duración, de una política de destrucción sistemática de las instituciones republicanas, la depuración de los cargos públicos y su frecuente asesinato, la movilización de milicias de extrema derecha vinculadas a Falange o al carlismo amén de la incorporación de los sectores conservadores a los grupos más radicales en su doctrina y en sus métodos. Los sublevados no dejaron pasar una sola ocasión para manifestar, tras las débiles propuestas iniciales de restauración del orden, sus convicciones antidemocráticas y sus simpatías por el establecimiento de un sistema cercano a los regímenes «de autoridad» existentes en Europa.

Hasta el final de la Dictadura, el Régimen no dejó de exhibir el 18 de julio como un símbolo legitimador que había permitido llevar a cabo una guerra de liberación depuradora de los «enemigos de España». En la propia percepción de los adictos al Régimen, este nunca pudo desvincularse de la sublevación y, sobre todo, de la unificación de los sectores antidemocráticos españoles en una tarea que halló en el frente y en la retaguardia el marco más propicio para instaurar un nuevo orden. El mito del 18 de julio contiene la experiencia asumida por quienes se sumaron a la lucha abierta y violenta contra la República. Basta con repasar la evolución de la propaganda de los sublevados, escrita por fascistas, por sacerdotes, por tradicionalistas, por monárquicos o por viejos republicanos conservadores, para comprender que el conflicto armado no fue un mecanismo de defensa social ante la persecución presuntamente ejercida por el régimen republicano contra sus adversarios. Por el contrario, el proyecto de un régimen totalitario se convirtió en la principal justificación de la sublevación y de la guerra civil. No en vano se manifestó abierta y frecuentemente que España nunca regresaría a un régimen parlamentario.

Mientras en la zona republicana se produjo el asalto a la autoridad del Frente Popular por parte de algunos sectores del movimiento obrero, en la sublevada se procedió a la construcción de un Estado nuevo, institucionalizado sobre la base de un acuerdo general en un proyecto político totalitario. La fascistización de la derecha española hizo congruente con su proyecto antirrepublicano la constitución de un partido único de naturaleza fascista. Quienes han planteado la equivalencia de las condiciones políticas de las dos zonas parecen olvidar la diferencia esencial entre un Estado que hubo de enfrentarse a una sublevación y un régimen que fue el producto directo de este alzamiento contrarrevolucionario de masas.

La evolución política de la zona franquista no se reduce a la institucionalización: esta expresó un proyecto social ambicioso que no se agotó en la sucesiva articulación del poder ejecutivo, sino que se propuso la modificación radical de todas las formas de poder. Este proyecto respondió al desafío de la democratización republicana y escogió el terreno de una confrontación armada de larga duración, que permitió ir radicalizando la transformación social en el ambiente excepcional de una guerra civil. Se trataba de destruir todas las formas de poder democrático y de representación popular que la República había desarrollado, fue paralela a la definición de un régimen construido al amparo de una lógica de victoria absoluta y de conseguir la rendición incondicional del gobierno legítimo y de quienes lo apoyaban. Este proceso fue aglutinando a los partidarios del levantamiento en torno al caudillaje de Franco, que muy pronto dejó de presentarse como delegación del poder de sus compañeros de armas para ser teorizado de un modo más congruente con el fascismo: un acto de soberanía popular, un gran plebiscito armado que otorgaba al líder una condición providencial y, al mismo tiempo, la legitimidad basada en el asentimiento voluntario de los españoles dignos de serlo.

El Régimen siempre negó, incluso en sus años de formación durante la guerra, ser una dictadura militar. Lo hizo para dar consistencia a un proyecto político cuya ambición totalitaria fue estimulada por las circunstancias de guerra civil. En este aspecto, el proceso de fascistización halló un espacio constituyente propicio en las condiciones del conflicto bélico. Actuó como aglutinante de las diversas corrientes que se sumaron a la sublevación y como base operativa del poder personal del «Caudillo». El partido unificado, FET y de las JONS, a diferencia de otras organizaciones fascistas europeas, fue creado en el mismo momento en que se organizaba el poder del Estado y se definía el papel de Franco en la institucionalización de ambos.

La peculiaridad del fascismo español no residió en la heterogeneidad de sus corrientes internas, en los conflictos abiertos entre ellas o en las tensiones entre partido y Estado que son inseparables de las experiencias fascistas europeas. Lo que diferenció la experiencia española fueron las condiciones de la guerra civil y la construcción de un Estado mientras se desarrollaba la contienda. El poder aglutinante de cualquier movimiento fascista europeo se dio en España a través de su identificación inmediata con el Estado. Esa fabricación por decreto suponía una necesidad política a cubrir por las nuevas instituciones: de haber sido innecesario, engorroso o sustancialmente competitivo con la estructura administrativa, no se habría creado.

El partido fascista fue imprescindible para el «Caudillo», cuyo mando político sobre una fuerza organizada le permitió hacer frente a cualquier forma de oposición. Mientras se destaca el disgusto que el falangismo causa en diversas instituciones del Régimen, como el Ejército o la Iglesia, así como entre sectores sociales conservadores, deja de tenerse en cuenta que esta misma molestia subraya dos cosas: la importancia real del partido y su papel como instrumento de control ejercido por Franco sobre la variopinta base social del movimiento del 18 de julio. La subordinación a Franco, que se presenta a veces como signo de la función secundaria e incluso del carácter «afascista» de FET y de las JONS, parece obviar cuáles fueron los vínculos de dependencia entre el partido nazi y el Führer, confundiendo la subordinación al jefe carismático con el carácter contingente de la organización política que vertebró una zona esencial del poder del «Caudillo» y de su comunicación con la sociedad.

El poder absoluto, que se ejercía en el partido por Franco, se llevó a la administración del Estado por la ley del 30 de enero de 1938, en que se basó la formación del primer gobierno de Franco. El Estado no había abandonado el tono militar de su organización jerárquica. Pero superó su aire de provisionalidad y la carencia de definición política de los primeros meses de la guerra civil. Ganó la posibilidad de empezar desde el principio, en un proceso fundacional por cuyos circuitos de poder habrían de expresarse las expectativas de quienes habían sido desplazados de sus espacios de control social por el advenimiento de la República. La primera de lo que serían luego las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, además de destruir los instrumentos de negociación y resistencia de los trabajadores, estableció un nuevo concepto de la empresa y una nueva visión de las relaciones laborales que solo pudo imponerse a través de una conquista del poder realizada a través de una guerra civil. Cualquiera de las normas y los poderes que se construyeron con el objetivo de organizar la victoria partieron de una misma percepción: el sentido político de la guerra civil debía ser la destrucción radical e irrevocable de todo aquello que había significado la República desde el instante mismo de su proclamación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Tusell, Javier: Franco en la guerra civil. Una biografía política, Tusquets, Barcelona, 1992.

EL TRÁGICO FINAL

DE LA REFORMA AGRARIA

LA REVOLUCIÓN «FASCISTA»

EN EL CAMPO ESPAÑOL

por

CARLOS BARCIELA

Una de las causas desencadenantes de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 fue el conjunto de problemas que afectaron al sector agrario durante los años de la República. Especialmente el proyecto de realizar una reforma agraria que redistribuía la propiedad de la tierra y modificaba el mercado de la tierra y del trabajo se convirtió en un problema crucial en el que se enfrentaron posiciones irreconciliables. Los sublevados mantuvieron durante los primeros momentos del «alzamiento» una actitud de calculada ambigüedad, respecto a su lealtad a la República, disimulando sus verdaderos propósitos. [→ SUBLEVACIÓN MILITAR].

LAS INTENCIONES ORIGINALES FASCISTAS

Sin embargo, en lo concerniente a las cuestiones agrarias su actuación fue rápida, clara y decidida. Durante el mismo verano de 1936 la Junta militar adoptó un conjunto de medidas que eran una sentencia de muerte para la reforma agraria republicana. Eso no significó una renuncia a mantener las promesas de llevar a cabo la reforma agraria nacional-sindicalista como elemento propagandístico y como arma para generar confusión sobre el carácter del «Movimiento».

El proyecto de reforma agraria de la Segunda República, de carácter moderado, había sido duramente combatido por las fuerzas políticas más extremistas, tanto desde la izquierda, que lo consideraba insuficiente, como desde la derecha, que no estaba dispuesta a admitir los más mínimos recortes de sus derechos y privilegios. Los difíciles avatares sufridos por el democristiano ministro de agricultura de la CEDA, Manuel Giménez Fernández, ante los duros ataques de sus propios compañeros de partido, o la escasísima atención prestada a reformistas tan sumamente moderados como Severino Aznar, son buenos ejemplos de la radicalización de las posiciones de los defensores del sistema entonces vigente. [→ REFORMA AGRARIA].

Paralelamente, fueron apareciendo fuerzas políticas de signo fascista, que se autoproclamaban revolucionarias y que, también, propugnaban una reforma agraria. José Antonio Primo de Rivera se refirió con frecuencia a la imperiosa necesidad de emprender una auténtica reforma agraria y criticó con dureza, incluso en el Parlamento, la tibieza con la que, a su juicio, actuaba la República. En un artículo publicado en Arriba el 7 de noviembre de 1935, y que podría haber firmado cualquier líder de la extrema izquierda, afirmaba:

España tiene tierras suficientes para mantener a todos los españoles y quince millones más. Sólo faltan hombres enérgicos que lleven a cabo la bella y magnífica revolución agraria: el traslado de masas enteras, hambrientas de siglos, agotadas en arañar tierras míseras, a los anchos campos frescos. Habrá que sacrificar a los capitalistas del campo. No importa. Se les sacrificará. El pueblo español tiene que vivir. Y no tiene dinero para comprar todas las tierras que necesita. El Estado no puede ni debe sacar de ningún sitio, si no es arruinándose, el dinero preciso para comprar las tierras en que instalar al pueblo. Hay que hacer la reforma agraria revolucionariamente; es decir, imponiendo a los que tienen grandes tierras el sacrificio de entregar a los campesinos la parte que les haga falta.

El mismo diario publicaba el 12 de diciembre de 1935 un editorial verdaderamente incendiario en el que entre otras cosas se decía:

La reforma agraria de verdad, que dé la tierra y el bienestar al campesino, no tendrá tantos artículos. Ni dependerá de los caprichos y vaivenes políticos. Se hará sin tanto aparato formal, pero atenderá más a las necesidades del campo. Dedicar cincuenta millones anuales es una burla. Es el mejor procedimiento para no hacer la reforma agraria. Que quizá en el fondo es de lo que se trata. Esa receta para hacer propietario no es sino una cruel burla. Y van siendo muchas. Y esperamos que se realice la revolución agraria sin tanta pamplina, pero tocando el nervio del problema: dando tierra al campesino, con sacrificio de quien sea.

El programa agrario de Falange, aun con las vaguedades características de muchos de estos documentos, no dejaba dudas respecto a la voluntad de llevar a cabo una profunda transformación del campo español, empezando por la estructura de la propiedad de la tierra. En concreto, el proyecto agrario aparecía recogido en los puntos 17 al 22, de los denominados «Veintiséis puntos de Falange Española». En ellos se afirmaba que el objetivo fundamental de la reforma era la elevación del nivel de vida del campo, para lo que se llevaría «a cabo sin contemplaciones la reforma económica y la reforma social de la agricultura».

La reforma económica tenía como finalidad el aumento de la producción, lo que se conseguiría mediante la fijación de precios mínimos remuneradores, mejorando la relación entre los precios pagados y los precios percibidos, organizando un verdadero crédito agrícola nacional, difundiendo la enseñanza agropecuaria, ordenando los cultivos, protegiendo al sector de la competencia exterior, acelerando las obras hidráulicas y «racionalizando las unidades de cultivo, para suprimir tanto los latifundios desperdiciados como los minifundios antieconómicos».

En lo que respecta a la reforma social, se llevaría a cabo «distribuyendo de nuevo la tierra cultivable para instituir la propiedad familiar…, redimiendo de la miseria en que viven a las masas humanas que hoy se extenúan en arañar suelos estériles y que serán trasladadas a las nuevas tierras cultivables». Finalmente, se anunciaba una campaña «infatigable» para la repoblación forestal y ganadera y la reconstrucción de los patrimonios comunales de los pueblos.

El programa de Falange, si bien sin concretar (no se señalaban los latifundios que serían «suprimidos», no se indicaba la extensión de las nuevas unidades de cultivo familiares, no se explicaba cómo se llevaría a cabo la colosal tarea de reconstruir los patrimonios comunales de los pueblos, ni de dónde saldrían los astronómicos recursos económicos necesarios), planteaba de forma inequívoca cambios verdaderamente revolucionarios, ya que dicho programa chocaba directamente con los intereses de los grandes propietarios.

Son muchas las páginas que Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos dedicaron a la cuestión triguera. El 23 de marzo de 1935, Ledesma publicó en La Patria Libre un trabajo en el que afirmaba:

En torno al problema del trigo se han levantado en España diversas banderas. Nos atrevemos a decir que ninguna ha surgido al calor del único interés legítimo en estas grandes cuestiones: el interés general de España el interés de todo el pueblo. Aquí se perciben con más claridad las deficiencias de una economía anárquica, a merced de las audacias criminales de los especuladores, que siempre envuelven y mezclan su interés al de los verdaderos perjudicados por su parasitismo. Acontece, en efecto ahora, que entre las lamentaciones y quejas por el precio variable e ínfimo del trigo, por su difícil venta y colocación en el mercado, se oyen las voces, no ya de los labradores verdaderos, de los campesinos que cultivan con esfuerzo el trigo en sus tierras, sino de los acaparadores, de los intermediarios, que con el trigo en sus paneras, comprado sabe Dios a qué precio, claman luego por su venta a tipos altos. En la irregularidad de la compraventa del trigo es donde se advierten, repetimos, los radicales efectos de la actual ordenación económica pues es un producto que se presta, como ningún otro, a la más perfecta regulación de su mercado, sobre todo en un país como España, donde normalmente la producción y el consumo casi se nivelan de forma natural.

LAS DISCREPANCIAS LAS ZANJAN LOS MILITARES

En definitiva, entre las fuerzas que conformaban el autodenominado «bando nacional» los problemas agrarios constituyeron un motivo esencial de actuación, aunque discreparan inicialmente en sus planteamientos. De manera particular, la derecha tradicional pretendía acabar con la reforma agraria republicana y solucionar el problema triguero; de otros grupos, como Falange y las JONS, era esperable, además, la puesta en marcha de su prometida reforma, de carácter radical; finalmente, junto a sectores minoritarios y moderados, influidos por las corrientes de pensamiento social de la Iglesia y partidarios de ciertos cambios de carácter paternalista, existían grupos muy poderosos que no querían ni oír hablar de reformas, lo que suponía un serio motivo de desacuerdo interno.

A pesar de esas diferencias que, tal vez, habrían aconsejado una actitud de mayor cautela, lo cierto es que la Junta de Defensa Nacional actuó de forma muy rápida desde las primeras semanas de la guerra. Con ello puso claramente de manifiesto las verdaderas razones de la sublevación.

Durante los meses de agosto y septiembre de 1936, se publicaron cuatro decretos que han sido considerados como la primera fase de la contrarreforma agraria. Según Emilio Gómez Ayau, testigo, protagonista y estudioso de este periodo, estos cuatro decretos «sientan criterio y dictan normas para el reajuste y liquidación de la obra de reforma agraria inspirados en las necesidades de una economía de guerra y de las diferentes situaciones en que se encontraban las fincas ocupadas como consecuencia de la aplicación de los decretos de yunteros y reforma agraria». En efecto, el preámbulo del Decreto 74 eliminaba cualquier duda en relación con las intenciones de los militares sublevados. Según la Junta, la actuación del IRA «había dado lugar a la ocupación de fincas nada interesantes a la reforma y al interés nacional». En esta brevísima frase, se dejaban muy claras dos cuestiones fundamentales: que los latifundios expropiados e intervenidos volverían a sus antiguos propietarios y la identificación de «interés nacional» con el de las clases terratenientes.

El «reajuste» de la reforma tenía que contemplar distintas situaciones. En primer lugar, la existencia de fincas ocupadas con planes de aplicación aprobados y ejecutados en su totalidad. En segundo término, las fincas con planes solo parcialmente ejecutados y, finalmente, las fincas ocupadas de derecho en las que no se hubiesen realizado actuaciones de ninguna clase. Para este último grupo se adoptaba una solución tajante e inmediata: la anulación de todas las diligencias practicadas y su devolución inmediata a sus anteriores propietarios para su libre disposición. Esta norma revela de forma cristalina la verdadera voluntad de la Junta: la supresión radical de la reforma.

Evidentemente, una solución así no se podía adoptar con las fincas contempladas en los dos primeros supuestos, en los que la ejecución total o parcial de los correspondientes planes de transformación habían conllevado una actuación previa del Estado, a través del IRA, asentando colonos y realizando una serie de inversiones y ayudas. En consecuencia, para estos dos grupos, y especialmente en el caso de las fincas ocupadas entre el 16 de febrero y el 18 de julio de 1936, se concedía a los propietarios la posibilidad de solicitar su devolución, condicionada a la previa liquidación de cuentas con el Estado. Esta misma línea se podía adoptar para las fincas ocupadas con anterioridad al 16 de febrero cuando «se diese la circunstancia de la total renuncia (a sus derechos) por parte de los asentados».

No me parece necesario insistir demasiado en el carácter de esta disposición. Conseguir por parte de un gran propietario, en el verano de 1936, en la zona nacional, que los colonos asentados en sus antiguas fincas renunciasen a sus «derechos» no parece que fuese tarea difícil. Para completar el proceso, los decretos suprimían las juntas provinciales de Reforma Agraria y ordenaban la depuración de su personal y la de los campesinos asentados.

UN NUEVO FASCISMO

El 1 de octubre de 1936 se creó la Junta Técnica del Estado y, dentro de ella, la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola (embrión de un futuro Ministerio del ramo), que quedó en manos de Eufemio Olmedo, castellano-viejo, falangista e ingeniero agrónomo. Desde ese momento, los servicios provinciales de esta Comisión de Agricultura asumieron la tarea de gestionar la liquidación y devolución de fincas, así como la administración provisional de las que todavía no se hubiesen devuelto. Durante todo el año 1937 continuó el proceso de desmantelamiento de la obra republicana, y se asiste a un largo compás de espera en lo que concierne a la gestación y puesta en marcha de una reforma agraria alternativa. Hay que esperar a enero de 1938, cuando se forma el primer gobierno, para que se inicien actuaciones en una línea «constructiva». Franco colocó en la cartera de Agricultura a Raimundo Fernández-Cuesta y en la subsecretaría al ingeniero agrónomo y gran propietario agrario castellano Dionisio Martín Sanz, ambos destacados falangistas. El Ministerio de Agricultura quedó en manos de un miembro de Falange y ello se convirtió en tradición durante décadas.

El 4 de marzo de 1938, Fernández Cuesta pronunció un importante discurso conmemorando la fusión de las JONS y Falange, en Valladolid, en el que anunciaba, por fin, la puesta en marcha de la reforma:

Hay que pensar también en un plan de reforma agraria hecho con toda cautela, objetividad y desapasionamiento, inspirado no en móviles políticos populacheros de galería ni de persecución de nadie; pero que no se detendrá ante prejuicios de clase, presiones o intereses particulares cuando estos choquen con los superiores de la nación, de la justicia, incluso de la caridad cristiana; por eso, en este acto yo tengo que hacer una declaración y una advertencia, y es que hasta tanto se elabore y se apruebe esa reforma no se podrán devolver a sus antiguos propietarios las fincas hoy incautadas, pues ello sería tanto como prejuzgar nuestros proyectos y poner en la calle a los campesinos que las trabajan y que lo hacen precisamente por su afecto a nuestro Movimiento. Esa reforma agraria ya la esbozó magistralmente José Antonio a grandes rasgos. Explotación sindical de los grandes cultivos de secano, parcelación por unidades familiares de los regadíos, puesta en riego inmediato de aquellos que tienen terminadas las obras hace ya muchos años, determinación de la clase de cultivo de cada zona según las condiciones de explotación, traslado de las masas campesinas desde aquellas tierras sobre las que no es posible vivir, por ser la tierra estéril e inútil estar arañando año tras año, a aquellas otras más aptas para la producción.

En una magistral muestra de doble juego el ministro afirmaba que no se devolverían las fincas incautadas a sus antiguos propietarios porque eso «sería prejuzgar nuestros proyectos y poner en la calle a los campesinos», cuando el proceso de reocupación de fincas se estaba realizando de forma generalizada. En contra de todas las evidencias, Fernández-Cuesta reiteraba la voluntad de realizar la reforma agraria prometida por Falange. La contradicción entre lo que estaban haciendo y lo que prometían resultó clamorosa.

Un mes más tarde, se creó el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST), institución encargada de dar la réplica al IRA republicano y de llevar a cabo la reforma agraria nacional-sindicalista. Como responsable del nuevo organismo se nombró a otro destacado militante de Falange, el ingeniero agrónomo Ángel Zorrilla Dorronsoro. En apariencia, ya nada se oponía, a partir de aquel momento, a que los falangistas pudiesen llevar a cabo sus proyectos reformistas, pues ocupaban los cargos más importantes del Ministerio. De hecho, el nuevo organismo llevaba en su denominación las dos ideas fundamentales del programa agrario de Falange: reforma económica y reforma social. En efecto, los objetivos del SNREST no diferían, en esencia, de los enunciados en los epígrafes dedicados a la agricultura en los «Veintiséis puntos de Falange», como el acceso a la propiedad, la creación de los patrimonios familiares, la concentración parcelaria, la racionalización de los sistemas de explotación, la expansión del regadío y el embellecimiento de la vida rural, entre otros.

Prosiguiendo este juego de poéticas promesas (propio del lenguaje de Falange) y crudas realidades, un mes más tarde, el 3 de mayo de 1938, se creó un nuevo organismo, el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA), dependiente del SNREST, al que se encomendó, específicamente, la tarea de devolver todos los bienes afectados por la reforma agraria a sus antiguos propietarios, conforme se iban ocupando nuevos territorios republicanos por las tropas nacionales.

Esta devolución se justificó por razones productivas para evitar, en lo posible, las consecuencias depresivas derivadas de las secuelas de la guerra. Según la Memoria sobre sus actuaciones, elaborada y publicada por el propio SRA, se devolvieron a «donde fueron arrancados por las hordas enardecidas por la guerra», más de 2,5 millones de quintales métricos de productos, 61 000 cabezas de ganado de labor, 1,2 millones de cabezas de ganado de renta, varios millones de unidades de útiles, aperos y maquinaria agrícola. El SRA se encargó, igualmente, del cultivo de más de 60 000 hectáreas abandonadas bajo la modalidad de «tierras de ausentes» y cuyos propietarios se encontraron con sus rentas depositadas en cuentas del Banco de España.

Con bienes de propiedad desconocida, el SRA atendió «urgentes problemas y perentorias necesidades» de las zonas devastadas, dedicándose más de catorce millones de pesetas a la adquisición de ganado de labor, piensos y semillas, que fueron distribuidos gratuitamente entre los agricultores damnificados, a los que también se donó más de 22 000 cabezas de ganado de labor y 91 000 reses, ascendiendo el total de estas aportaciones a más de 45 millones de pesetas. Con los descuentos que el organismo cobraba a los agricultores se realizaron algunas obras de interés general, como pequeños regadíos y centros para la fermentación y secado de tabaco. Al procederse a su liquidación, el SRA reintegró al Estado los bienes agrícolas que en ese momento obraban en su poder, por un importe de más de 62 millones de pesetas. Sin lugar a dudas, el SRA prestó un buen servicio a los propietarios agrarios.

En lo que respecta al proceso de devolución de las fincas, la situación era la siguiente. Según Gómez Ayau se habían devuelto, conforme a las diversas disposiciones legales promulgadas, 445 fincas con una superficie total de 456 523 hectáreas, de los 6,3 millones de hectáreas afectadas por la reforma. El Estado se reservó once fincas, con una superficie de algo menos de 18 000 hectáreas. El grueso de las tierras afectadas por la reforma fue ocupado de manera directa por sus antiguos propietarios en un proceso que, como veremos más adelante, vino marcado por una despiadada represión contra los campesinos asentados, el saqueo de sus pertenencias y el expolio de los bienes del IRA.

LA CUESTIÓN TRIGUERA

El segundo problema de carácter agrario abordado por los sublevados fue, como era de esperar, el de la depresiva situación que vivía la agricultura triguera. En agosto de 1937, se publicó el Decreto-Ley de Ordenación Triguera, una de las normas económicas fundamentales de la organización del Nuevo Estado. El principal artífice de esta norma fue Dionisio Martín Sanz, que, en aquellos momentos, ocupaba el cargo de delegado y vocal del Servicio Técnico Nacional de FET y de las JONS y que había publicado, poco antes, en Valladolid, un libro titulado El problema triguero y el nacional-sindicalismo. Para Martín Sanz, «el campo estaba sufriendo un proceso de pauperización a causa de los privilegios de la ciudad y de la rapiña del capitalismo liberal». La solución del problema solo podía ser la intervención totalitaria de la agricultura por parte del Estado mediante los sindicatos verticales de producción, inspirados en el modelo fascista italiano. El objetivo final de la intervención era el de alcanzar la autarquía triguera, «imprescindible para garantizar nuestra independencia económica». Para ello, el Estado quedaría capacitado para fijar los precios, clasificar comercialmente los trigos, establecer comarcas en las zonas trigueras, ordenar a los agricultores para la entrega del trigo, controlar que las fábricas de harina adquirían el grano en los silos estatales, organizar un registro de productores y realizar las operaciones de comercio exterior. En resumen, se encomendaba al Estado la regulación y el control de la producción, comercialización y consumo del trigo.

Se trataba, no obstante, de una solución momentánea. La solución definitiva del problema triguero solo se lograría cuando se sustituyese el sistema económico liberal-capitalista por el nacional-sindicalista. Hasta que llegara ese momento (la famosa «revolución pendiente»), el Servicio Nacional del Trigo llevaría a cabo una reforma económica basada en la revalorización de la producción, «asegurando al trigo sus precios mínimos remuneradores, ordenando la producción y distribución del mismo y la de sus principales derivados y regulando su adquisición y movilización». Además, al tener el trigo un precio más elevado «desaparecerán los jornales mínimos, renacerá la prosperidad en las aldeas y comenzaremos a devolver al campo, para dotarlo suficientemente, gran parte de lo que hoy absorbe la ciudad en pago de sus servicios intelectuales y comerciales». El panorama resultaba idílico.

Al finalizar la guerra, los vencedores habían conseguido el objetivo de desmantelar totalmente la reforma agraria republicana y, por descontado, la obra de la revolución campesina. Igualmente, habían sentado, al menos en teoría, las bases institucionales con las que pensaban ordenar la producción agraria y, especialmente, resolver la cuestión triguera.

Sin embargo, en lo que concierne a la prometida reforma agraria falangista no se había producido ninguna novedad. Todo había quedado en el papel: propaganda y promesas pero ninguna actuación. Ni una sola medida concreta que permitiese, siquiera, vislumbrar en qué podría consistir la reforma agraria del Nuevo Estado.

En 1939 fue suprimido el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra. Solo se puede decir de este organismo, de nombre tan largo y espectacular, que no hizo absolutamente nada que respondiese a los objetivos que se le habían encomendado. Su labor fue, sin embargo, muy eficaz en lo que concierne a las tareas de desmantelamiento de la reforma agraria republicana.

En la misma fecha, y a modo de sucesor, se creó el Instituto Nacional de Colonización (INC). Este nuevo organismo, su propio nombre no deja lugar a equívocos, tenía unos objetivos mucho más concretos y limitados. La palabra reforma, cargada de simbolismo, quedó suprimida. Acabada la guerra, era hora de dejar las cosas claras.

Los casi dos años transcurridos entre la creación del SNREST y su supresión y creación del INC, son cruciales en la evolución de la política de «reforma agraria» de los vencedores. ¿Cómo se pasó, en ese tiempo, de un programa en el que se hablaba de división de la propiedad, de supresión de latifundios, de creación de unidades familiares de explotación y de recuperación de los patrimonios comunales de los pueblos, a un simple programa de colonización agraria? Durante aquellos meses tuvo lugar un soterrado enfrentamiento entre fuerzas favorables a desarrollar algún tipo de reforma y grupos muy poderosos que no querían ni oír hablar del tema. Durante ese tiempo, y en todo el proceso, hubo una figura protagonista destacada de la que ya hemos hablado, el falangista e ingeniero agrónomo Ángel Zorrilla Dorronsoro. Encargado, inicialmente, de realizar la reforma agraria, terminó dirigiendo un descafeinado proyecto de colonización.

LA VISIÓN DESDE EL INTERIOR

Desde hace unos años, disponemos de un documento de gran valor histórico que nos ha permitido conocer las interioridades de este proceso. Se trata de las actas del Consejo Nacional de Colonización, organismo presidido por el ministro de Agricultura y del que formaba parte, entre otros altos responsables políticos, el director del INC. Es decir, la plana mayor del Ministerio de Agricultura, uno de los reductos más sólidos del poder de Falange. Las actas correspondientes a los días 29 y 30 de noviembre de 1943 contienen unas largas reflexiones de Ángel Zorrilla sobre las vicisitudes que el proyecto de reforma y él mismo vivieron en aquellos meses trascendentales. Con decepción y amargura, y sin cortapisas, este alto responsable contó a sus camaradas cómo fracasó el intento de llevar a cabo la tarea de hacer una reforma conforme a los planteamientos de Falange, las razones y las fuerzas que la hicieron fracasar y el triunfo final de una política colonizadora, en sustitución de la reforma, fundamentada en la transformación en regadío y socialmente de cortísimo alcance.

Considero del mayor interés reproducir algunos de los pasajes más significativos de estas actas (las itálicas son nuestras) para que el lector conozca los detalles más importantes de aquel proceso, en las propias palabras de su principal protagonista.

En lo que concierne a la relación entre la reforma agraria republicana y la sublevación de julio de 1936 señala:

La diferencia de posiciones [en el tema de la reforma agraria] se fue señalando más y más a lo largo del Movimiento Nacional en una y otra zona, pues, efectivamente, las armas se habían tomado, entre otras cosas, para defender una y otra posición frente a estas cuestiones de modo muy palpable en lo que se refiere al concepto de propiedad de la tierra.

Sobre el proceso de recuperación de las tierras por sus antiguos propietarios, y tras referirse a los decretos de agosto y septiembre de 1936, afirma:

Esto es lo que se hace con carácter legal, pues por su cuenta y riesgo y sin atenerse a normas, en varios casos se echa a los colonos instalados con amenazas de diversa índole, y una vez echados se acoge el propietario al Decreto correspondiente para la recuperación de la finca; otras veces, al liberarse los pueblos, entran en ellos con las armas nacionales propietarios de algunas de sus fincas, que las toman inmediatamente de una manera violenta, haciéndose cargo de animales y aperos, sean suyos, hubiesen sido adquiridos por el Estado con anterioridad al Movimiento o procediesen de traspasos o compras en la zona roja con posterioridad a aquel.

El proceso de reocupación de sus fincas, como puede observarse en la cita anterior, muestra todos los rasgos del «terror blanco»: actuación sin base a normas legales, expulsiones de colonos, ejercicio privado de la violencia, robos y expoliación.

El problema de la violencia «privada» lo vuelve a tratar más adelante:

Todos los agricultores asentados eran enemigos decididos del Movimiento Nacional. Algunas depuraciones efectuadas con anterioridad a mi llegada y actos violentos que también se habían realizado contra estos colonos al margen de la Ley, acrecentaron su desconfianza y ello dio lugar a la penosísima impresión que de su aspecto saqué al realizar el recorrido de fincas de que tantas veces he hecho mención.

Respecto a la protección de los arrendatarios, otro de los compromisos más destacados de la política agraria del Nuevo Estado, Zorrilla indicó:

En lo que se refiere a arrendamientos, se supone fuera de vigor la Ley de junio de 1936, y se inician los desahucios; en otros casos, aun partiendo del vigor de esta Ley, los desahucios se promueven por falta de pago de los combatientes que están en el frente y han tenido que abandonar el campo para defender la causa nacional.

Y, más adelante, al comentar las numerosas dificultades que se le plantearon en febrero de 1938, al asumir la Dirección General de Reforma Económica y Social de la Tierra, insistió sobre el problema de los desahucios:

Habían llovido sobre el Ministerio multitud de instancias de los desahuciados, especialmente de los que lo habían sido por combatir en las filas nacionales.

Ante la dramática e incomprensible situación de las familias campesinas desahuciadas, por encontrarse el cabeza de familia combatiendo en el frente con las tropas nacionales, Zorrilla intentó que se aprobase una elemental medida de apoyo que fue rechazada:

Hice también un proyecto de disposición para evitar el desahucio de los combatientes aún por falta de pago, obligando a que los agricultores que quedaban en los pueblos se preocupasen de realizar la labor de los combatientes ausentes. Este proyecto se rechazó, no sé si con la previa deliberación del Consejo de Ministros o sin llegar siquiera a conocimiento del mismo.

Hablando de cómo intentó, finalmente, materializar la doctrina falangista en un proyecto concreto de reforma afirmó:

En este aspecto y dejado a mi libre arbitrio [el proyecto de reforma] la situación era clara: debía concretar en normas de actuación la ideología de Falange y procurar que en el desenvolvimiento de estas líneas no se hirieran demasiados intereses, pues, dada la falta de ambiente general y la posición antirreformista de grupos importantes e influyentes, proceder de otro modo conduciría irremediablemente al fracaso. De la expropiación sin indemnización no podía ni hablarse, dado el ambiente y la propia naturaleza de nuestro Movimiento Nacional, pues una de sus causas fue no ya la expropiación sin indemnización, sino la que con indemnización pretendía la República.

La conclusión era que no se realizaría reforma agraria alguna:

Había que ir, por tanto, a llevar a cabo la doctrina falangista en todos sus puntos, y, teniendo en cuenta la posición de los núcleos españoles que se agruparon en el Movimiento Nacional, no podía pensarse en expropiaciones sin indemnización, ni en arrendamiento forzoso, sino en compras, pero, en este caso, no limitándose a inversiones tan modestas y limitadas como las del periodo de 1934 a 1936 en España, sino llegando en este aspecto a cifras ingentes que era posible movilizar y cuya movilización no envolvía riesgo alguno.

Dejando al margen el extraño optimismo sobre la posibilidad de movilizar «cifras ingentes» para la compra de tierras, es fundamental destacar lo que quedaba de las promesas de reforma agraria falangista: la pura y simple adquisición de tierras ofertadas libremente por sus Propietarios para su posterior colonización. Podemos comprender el escasísimo impacto que habría de tener una reforma de este tipo, recordando la situación del presupuesto nacional. ¿Dónde quedaban los mordaces ataques de José Antonio Primo de Rivera a las escasas dotaciones presupuestarias dedicadas por la República a la reforma?

LA REFORMA QUE SE QUERÍA

La Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas, de diciembre de 1939, fue la gran apuesta del INC. Esta ley, inspirada en la política colonizadora del fascismo, tenía un objetivo eminentemente productivista en consonancia con la precaria situación en el abastecimiento alimenticio del país. Buscaba el aumento de la producción mediante la expansión de los regadíos y la puesta en cultivo de zonas no explotadas agrícolamente. De manera colateral se consideraba que, por efecto del regadío, se podría asentar a un gran número de colonos.

Lo más destacable de la Ley era su ambicioso planteamiento, ya que se pretendía abordar la transformación profunda de amplias extensiones territoriales que, en opinión del Gobierno, estaban insuficientemente aprovechadas. Se partía de la premisa de que las grandes inversiones necesarias para la realización de estos planes superaban la capacidad privada, por lo que resultaba «necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado». Correspondía al Gobierno el estudio y la declaración de «alto interés nacional» de una zona así como su transformación, para lo que se redactaría el correspondiente proyecto de colonización, con la asignación de diferentes ayudas financieras. Sin embargo, el elemento más novedoso lo constituía la manera en la que se intentó implicar a los propietarios de tierras en los proyectos. La ley preveía la creación de las denominadas sociedades de colonización para cada zona a transformar en las que se agruparían, para actuar conjuntamente con el Estado, todos los particulares que se viesen afectados por los proyectos.

La Ley de Grandes Zonas fue un enorme fiasco. La actitud de los propietarios fue absolutamente pasiva y no llegó a constituirse ni una sola sociedad de colonización.

También sobre este asunto disponemos de los testimonios de Zorrilla y de Gómez Ayau, que nos dejaron análisis del mayor interés sobre las causas de este fracaso. A su calidad técnica hay que añadir, y esto es de excepcional importancia, que se trataba de dos figuras políticas de primer nivel. Es, de nuevo, Zorrilla, en aquellas reflexiones ante el Consejo Nacional de Colonización, quien nos dejó una explicación bastante completa de las causas del fracaso. En mi opinión, pueden dividirse en tres grupos: económicas, técnicas y políticas. Entre las primeras, destacaba el extraordinario coste de las obras de colonización para los propietarios que:

Suponía un esfuerzo imposible de soportar… Ha sido la excesiva carga financiera, echada sobre las espaldas de los propietarios y el ambiente económico general, las causas fundamentales de la lentitud en la transformación de las grandes zonas regables.

Pero la cuestión no era solo de elevadas cargas financieras. En unos momentos en los que los salarios en el campo habían experimentado una tremenda reducción y las jornadas de trabajo se habían incrementado, es decir que los costes laborales se habían desplomado, resultaba mucho más rentable explotar esa mano de obra, antes de emprender costosas inversiones de inciertos resultados. Mucho más en unos momentos de incertidumbre sobre el futuro del Régimen.

En lo que concierne a los problemas de orden técnico indicó:

Mas no se acaban aquí [en los problemas financieros] las dificultades de la colonización de las grandes zonas, pues la administración del agua es corrientemente muy defectuosa y las reclamaciones continuas en multitud de zonas y el propio Instituto lo ha podido comprobar en aquellas en las que se sitúan fincas de su propiedad. La distribución de las cuotas por unidad de superficie dominada, que todavía subsiste en algunas zonas, es totalmente injusta, pues a veces se obliga a pagar tal cuota a propietarios que si tienen su finca dominada jamás la podrán regar, o por ser impropia para el riego o por exceder a toda posibilidad económica los gastos de nivelación […]. Finalmente, la escasez de abonos, y muy especialmente la de agricultores conocedores de las prácticas del riego, ha sido otra de las razones para que la transformación de las zonas fuese lenta.

Por último, a los problemas económicos y técnicos, Zorrilla añadía los de carácter político, a los que concedía una especial importancia. Estos problemas surgieron, generalmente, como consecuencia de la oposición de los grandes propietarios a los proyectos de colonización:

El calvario que la Ley hubo de pasar hasta su aprobación superó a todo lo que habíamos imaginado. Pero el año y medio de gestiones que ocupó la promulgación de la Ley no fue sino el comienzo de la lucha que se planteó contra dicho proyecto: una vez promulgada e iniciados los trabajos para declarar diversas zonas de interés nacional, recordé muchas veces el pronóstico de Ridruejo y sus palabras de que sin el apoyo decisivo de la Superioridad [así llama en muchas ocasiones Zorrilla al general Franco] y sin la expropiación total y absoluta de cada una de las zonas en las que hubiésemos de trabajar, los esfuerzos del Instituto serían inútiles […] pretendí declarar de interés nacional, en primer término, las zonas regables de Guadalcacín, Valle Inferior del Guadalquivir y Guadalmellato, cuya colonización inmediata era posible y hubiera sido uno de los mayores éxitos políticos de la España Nacional. Mas este no solamente no pudo conseguirse, sino que, como consecuencia de tal pretensión, se iniciaron fortísimas campañas de todo género contra la actuación del Instituto, campañas que hasta entonces no se habían promovido.

Mas las campañas no paraban aquí, sino que, partiendo de este punto, tenían amplias ramificaciones. A partir de entonces, propietarios muy influyentes en el Ministerio de Agricultura atacaban también esta ley y la de Arrendamientos, pues si la primera no les afectaba, les afectaba la segunda, y, en definitiva, lo que querían era paralizar la marcha del Instituto.

Se movilizaron pocos agricultores, pero los suficientes para crear el ambiente adecuado, y los que tenían fincas en regadío acuciaban a emprender la colonización en secano; los que las tenían en secano y eran andaluces, a iniciarla en el regadío de otras provincias; los que llevaban sus fincas en explotación directa mantenían el criterio de que la ley fundamental reformadora era la de Arrendamientos, etc.; todo ello, promoviendo un ambiente enormemente desmoralizador en todo el personal de nuestra Casa.

Mas, con todo ello, la dificultad máxima, lo que asustaba a cuantos fueron invitados a tomar esta Dirección General, era el convencimiento de que el problema de la transformación del campo español había de abordarse, pero, al mismo tiempo, el ambiente espiritual y político de la zona nacional no parecía el más adecuado para apoyar este tipo de medidas…

En resumen, según Zorrilla confluyeron toda una serie de causas económicas, técnicas y, sobre todo, políticas, que fueron las responsables del fracaso del proyecto colonizador.

Por su parte, Gómez Ayau insistió en los defectos técnicos de la ley y la incapacidad y la falta de voluntad política para llevar a cabo los proyectos:

Son muchas las razones que cabría aducir basadas en las dificilísimas circunstancias económicas por las que pasaba el país en aquellos años, pero no bastan. Bien es verdad que no se hizo una propaganda suficiente, también quizá porque la Obra Sindical Colonización no actuó, ni tuvo facultades suficientes para ello, como Asociación de Sustitución de forma similar a la Opera dei Combattenti italiana, pero lo cierto es que no se constituyó ningún consorcio ni ninguna sociedad de colonización y el INC se encontró imposibilitado de actuar salvo en las fincas que, procedentes de Reforma Agraria, poseía en las zonas del Valle Inferior del Guadalquivir y del Guadalcacín… Aquí no se logró nada parecido [a lo de Italia] con nuestra mal llamada política hidráulica y es que en el fondo ha faltado la fe y sobre todo la decisión y la constancia.

CONCLUSIONES

Sintetizando los análisis de Zorrilla y Gómez Ayau, se puede decir que las causas del fracaso de la colonización fueron las siguientes: 1) Inadecuación de la Ley de Grandes Zonas como instrumento capaz de promover la obra colonizadora. 2) Fracaso del aparato sindical organizado para fines colonizadores. 3) Excesivos costes para los propietarios. 4) Unas expectativas de beneficio marcadas muy negativamente por la experiencia de la ineficacia del Estado en tareas colonizadoras. 5) Problemas derivados de la falta de mano de obra experimentada en las labores de cultivo en regadío. 6) Dificultades de comunicación y alejamiento de los mercados consumidores. 7) Apreciación incorrecta del ambiente social sobre las reformas. 8) Radical oposición por parte de los grandes propietarios. 9) Falta de voluntad política del Gobierno.

El absoluto fracaso de la política colonizadora durante los años cuarenta debe ser, no obstante, contemplado con la adecuada perspectiva. Lo que había empujado a las clases terratenientes a sumarse al «alzamiento» era la defensa de la propiedad privada y de los ancestrales privilegios de los que disfrutaban. Lo que había estado en juego era la supervivencia del propio sistema y, en este terreno, la victoria había sido absoluta. La colonización fue un intento de reforma de carácter Puramente técnico y productivista, que respetaba plenamente la propiedad agraria y que permitía al Nuevo Estado el mantenimiento de la Propaganda sobre la tantas veces anunciada reforma agraria nacional-sindicalista. El éxito o fracaso de la colonización carecía de verdadera importancia.

A finales de la década de los años cuarenta se produjo un cambio de gran calado en la política colonizadora que anunciaba nuevos tiempos. El 21 de abril de 1949 se aprobó la Ley sobre Colonización y Distribución de la Propiedad en las Zonas Regables. Con esta norma se abandonó el modelo del fascismo italiano y se adoptaron los criterios de la experiencia colonizadora norteamericana. Ángel Martínez Borque, primer secretario del INC, a raíz de un viaje de estudios a Estados Unidos, había escrito un ensayo en el que describía con gran entusiasmo el sistema de colonización agraria de aquel país. Pero, más allá de esta cuestión, lo verdaderamente llamativo de este trabajo es el panegírico que se hace de Estados Unidos como nación. ¡Qué despliegue de elogios a aquel gran pueblo y a aquel gran país! ¡Qué lejos parecían quedar (¡y que cerca estaban!) los tiempos en los que las referencias exteriores de los gobernantes españoles eran las potencias del Eje y Estados Unidos se consideraban como la encarnación de todos los males del abominable sistema capitalista liberal! El régimen de Franco, huérfano desde el hundimiento de los fascismos, trataba de buscar un modesto cobijo en la órbita de la gran potencia norteamericana.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Barciela, Carlos, y José Manuel Mangas Navas: Historia y evolución de la colonización agraria en España. Vol. II. Políticas administrativa y económica de la colonización agraria, Ministerio de Agricultura, Ministerio para las Administraciones Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1990.

Barciela, Carlos, y M.ª Inmaculada López Ortiz: «La política de colonización del franquismo: un complemento de la política de riegos», en Carlos Barciela y Joaquín Melgarejo, El agua en la historia de España, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2000.

Barciela, Carlos, y M.ª Inmaculada López Ortiz: «El fracaso de la política agraria del primer franquismo, 1939-1959. Veinte años perdidos para la agricultura española», en Carlos Barciela (ed.), Autarquía y mercado negro, Crítica, Barcelona, 2003.

Gómez Ayau, Emilio: «De la Reforma Agraria a la Política de Colonización (1933-1957)», Agricultura y Sociedad, n.º 7, 1978.

Ortega Cantero, Nicolás: Política agraria y dominación del espacio. Orígenes, caracterización y resultados de la política de colonización planteada en la España posterior a la Guerra Civil, Ayuso, Madrid, 1979.

Sorní Mañés, José: «Aproximación a un estudio de la contrarreforma agraria en España», Agricultura y Sociedad, n.º 6, 1978.

EL EJÉRCITO FRANQUISTA

por

JUAN CARLOS LOSADA

Preparar un golpe de estado no es lo mismo que preparar una guerra. Cuando se hizo evidente que esto es lo que iba a ocurrir, ambos contendientes hubieron de construir ejércitos eficaces. Por supuesto el ejército rebelde se constituyó, desde el primer momento, en el vertebrador de todas las fuerzas antirrepublicanas, sin aceptar injerencias políticas. Esta estricta disciplina de encuadramiento le daría una gran ventaja sobre el ejército republicano que, prácticamente, hubo de construirse desde la nada. [→ EJÉRCITO POPULAR].

Desde el punto de vista militar los rebeldes contaban con las mejores unidades, que eran las que pertenecían al ejército de África, en donde destacaban las profesionales de regulares y legionarios. Eran casi 40 000 hombres, bien entrenados y curtidos. En la península no era lo mismo. Las unidades militares en las zonas en donde triunfó el golpe estaban muy incompletas y mal entrenadas y equipadas. Dado que la sublevación como tal había fracasado en la mayor parte de la península, hubo que improvisar. Para engrosar las filas rebeldes y completar las unidades se recurrió a la Guardia Civil así como a milicianos falangistas, requetés y militantes de la CEDA, de Renovación Española o Acción Popular, que quedaron férreamente encuadrados en la disciplina militar, cobrando como los soldados (3 pesetas diarias de las que les entregaban 0,50 en metálico). Estos sirvieron de entregada carne de cañón porque fueron a engrosar las unidades de infantería, mientras que la artillería, zapadores, transmisiones e intendencia, siguieron en manos de militares.

Las carencias de las fuerzas peninsulares bajo el mando de Mola se hicieron evidentes enseguida. Fracasaron en su avance hacia Madrid y sus esfuerzos se centraron en frenar el avance republicano en Aragón y enlazar con el sitiado Oviedo, lográndolo gracias al aporte de los voluntarios de las milicias derechistas. Lo consiguieron porque, a pesar de sus menguados efectivos, su férrea disciplina permitió asegurar una sólida red administrativa y logística en retaguardia. Sin embargo el ejército rebelde de la península apenas contaba con artillería, munición, vehículos a motor y aviación. Su equipo personal era igualmente penoso. Como explica Gabriel Cardona: «los soldados se abrigaban con una manta, que tenía un agujero en el centro para pasar la cabeza, y el vestuario de los oficiales parecía propio de un baile de disfraces. El mismo Mola evitaba la humedad con una gabardina civil sobre el uniforme…».

A pesar de que su experiencia militar se basaba solo en las guerras coloniales de Marruecos, la calidad de los jefes y oficiales sublevados era buena. Eran casi todos bastante jóvenes y acostumbrados a mandar y a ser obedecidos, aunque sus dotes militares no se habían demostrado en el manejo de unidades superiores al batallón e ignoraban el mando de grandes unidades como las divisiones. Sin embargo, la guerra fue una buena escuela y la resistencia republicana les dio la oportunidad de ejercitarse en los grandes movimientos de tropas.

LA FORMACIÓN URGENTE DE UNA OFICIALIDAD

Ante la evidencia de que se iniciaba una guerra, el 9 de agosto dio comienzo el reclutamiento ordinario de soldados y se llamó a los reemplazos de 1933, 1934 y 1935, alcanzándose ya en octubre una cifra total de unos 150 000 hombres. Para encuadrarlos se recurrió a oficiales, así como a sargentos y cabos recién ascendidos. Sin embargo era obvia la falta de mandos, y el 15 de septiembre de 1936 comenzaron de modo urgente los cursos de alférez provisional. Era necesario tener el bachillerato, entre 20 y 30 años, ser combatiente, con buena condición física y superar un curso de 15 días con una dedicación diaria que no llegaba a las ocho horas. Solían ser universitarios, procedentes de clases medias o acomodadas, lo que les daba ascendencia moral sobre la tropa. El 3 de septiembre salió la primera promoción. Se formaron al principio en Burgos, Sevilla, Tenerife y Xauen. Sin embargo, la apremiante necesidad de oficiales hizo rebajar las exigencias hasta el bachillerato elemental y los 18 años.

Los requetés y los falangistas trataron de sustraerse al control militar y establecer sus propias academias de oficiales, destinados a comandar sus milicias. Franco lo impidió. A los primeros no se les permitió inaugurar su academia alegando que se había hecho por real decreto, en nombre del pretendiente carlista al trono y, por tanto, al margen del jefe del Estado, que ya era Franco. Fal Conde, cabeza de los requetés, fue acusado de rebelión y hubo de refugiarse en Lisboa. Un decreto del 20 de diciembre (BOE n.º 64 del 22) sometió a las milicias al código de justicia militar y a la jerarquía castrense, dejándolas sin ninguna autonomía operativa. Igualmente, en dicho decreto se estableció que solo podrían ser de infantería o caballería, aunque se les reservaba un cupo en las academias de alféreces provisionales.

Acabar con la academia de Falange fue algo más difícil, pues contaban con profesores nazis, pero en abril de 1937 se produjo el decreto de unificación y Manuel Hedilla, el jefe nacional, fue condenado a muerte y la academia quedó integrada definitivamente en el Ejército. Desde ese momento los militares formaron y encuadraron, exclusivamente, a todas las fuerzas rebeldes. Lo único que se les permitió mantener fueron restos de sus uniformes: la llamativa boina roja en los requetés, que suponía un blanco perfecto para el enemigo, y la camisa azul bajo la guerrera militar en el caso de los falangistas. Igualmente las unidades requetés mantuvieron el nombre de «tercio» y las falangistas de «bandera», agrupaciones que equivalían a un batallón.

Aún se discute sobre el número total de alféreces provisionales formados. En todo caso no llegaron a 30 000 y sufrieron una mortalidad del 10%. Dado su carácter voluntario, su juventud y que el 20% provenían de las milicias de los partidos, tuvieron una adhesión fanática al régimen rebelde desde el principio y contribuyeron a la politización del Ejército. En las academias fueron mucho más adoctrinados y disciplinados. De ellos, casi un 50% permanecieron en el Ejército tras el fin de la guerra como oficiales profesionales. También hubo que recurrir a la formación urgente de suboficiales o sargentos provisionales. Se formaron unos 60 000. Las condiciones de acceso fueron menos exigentes que las de los alféreces y, en su mayor parte, su origen estaba en la tropa veterana.

Tanto los oficiales como los sargentos provisionales formaron el eje vertebrador, duro y disciplinado, sobre el cual se construyó todo el numeroso ejército franquista. Más que su preparación técnica o militar, que no podía ser mucha dada la premura de tiempo con que se formaron, sirvieron sobre todo como motivadores psicológicos y difusores del entusiasmo de los principios de los rebeldes entre los miles de soldados encuadrados, lo que hicieron con mucha eficacia. La disciplina de hierro impuesta llegó, incluso, a los castigos físicos. En una guerra como la española en la que la tecnología no era excesiva, el arrojo y la motivación fueron elementos muy importantes. El resultado fue óptimo y el elevado número de cuadros formados en el ejército franquista contrastó con la angustiosa y permanente escasez de oficiales y suboficiales entre los republicanos, lo que lastró en buena medida la creación de un eficiente ejército popular.

UN EJÉRCITO CADA VEZ MÁS POTENTE

En septiembre de 1936 los cruceros Canarias y Almirante Cervera vencieron a los destructores republicanos en Gibraltar, lo que facilitó el continuado traslado del ejército de África y de mercenarios marroquíes que esencialmente se había estado verificando a través del puente aéreo montado por los alemanes. Su eficacia desde el primer momento puso en evidencia, una vez más, las limitaciones de las fuerzas de Mola. Hasta el fin del año fueron llamados nuevos reemplazos: el de 1932, el de 1936 y el de 1931. Mientras tanto, Franco fue depurando a sus fuerzas de todo jefe u oficial sospechoso no ya de republicano, sino de poco entusiasmo para con la rebelión. De ello se encargó la Junta Superior del Ejército (y otra de la Marina), que también promovió los ascensos. Sin embargo estos fueron cuidadosamente medidos. Solo hubo ocho a generales de división y únicamente 37 coroneles a generales de brigada. Se recurrió a las habilitaciones (el ejercicio de un grado superior pero siendo, realmente, el inferior). Estaba claro que Franco quería mantener en cada momento su prevalencia tanto militar como política sobre todos los sectores rebeldes, tanto civiles como militares. Por si había alguna duda de lo que significaba «generalísimo», el 18 de julio de 1937 se nombró a sí mismo «capitán general», sin que nadie fuese ascendido por el momento a teniente general, rango vacante.

Por otra parte, Franco nombró al eficiente Fidel Dávila como jefe del estado mayor al tiempo que actuaba como ministro de la Guerra. Ante una guerra larga, hubo que intensificar la organización del Ejército. Un ejemplo fueron las tropas italianas que, aunque no muy eficientes, estaban adaptadas a la guerra moderna, algo muy alejado de la primitiva guerra de columnas que predominó al principio en España. Este esfuerzo organizativo se aplicó a principios de 1937, creándose diferentes cuerpos de ejército, cada uno compuesto por varias divisiones, aunque ello no alteró sustancialmente el modo anticuado que tenía Franco de dirigir la guerra. En este aspecto no escuchó los consejos de sus aliados alemanes e italianos y decidió hacer una guerra lenta pero metódica, de desgaste, sin importarle el número de bajas con tal de aniquilar completamente al enemigo.

En la primera mitad de 1937 Franco ya contaba con unidades disciplinadas y fogueadas. Por una parte eran las que se habían atascado ante Madrid, en las que destacaban los duros legionarios y regulares. Pero Mola también había aprendido y creado las Brigadas Navarras. Cuando murió había seis, cada una de cuatro o cinco mil hombres, reforzadas por abundante artillería italiana. Aunque eran de vocación carlista, lo cierto es que este elemento no alcanzaba el 30%. También estaban presentes en un 15% los falangistas. El resto fueron soldados de reemplazo contando, incluso, con algún batallón marroquí. De esta manera las milicias requetés quedaron diluidas en una organización militar más grande y diversa. Tras la muerte de Mola, Franco reorganizó de nuevo el Ejército poniendo al frente de las nuevas unidades a generales absolutamente fieles pero grises, incapaces de hacerle sombra. A partir de entonces Fidel Dávila mandó el ejército del Norte y Andrés Saliquet el del Centro. Este, a su vez, se dividió en dos cuerpos de Ejército: el de Madrid, al mando de Luis Valdés Cabanillas, y el de Castilla, con José Enrique Varela. Las unidades de Andalucía se dividieron, por su parte, en los cuerpos de Ejército de Córdoba y Granada.

La reorganización fue pareja a un eficiente aumento de la movilidad. La superioridad en vehículos de motor que le suministraron empresas norteamericanas y una red ferroviaria poco castigada, permitió trasladar a las unidades de un frente a otro con cierta rapidez, cosa que no lograba el ejército republicano. Así se evidenció en las ofensivas de Belchite y Brunete (desencadenadas por la República para aliviar la presión sobre el norte), que frenaron los franquistas al trasladar con rapidez las tropas que atacaban la franja cantábrica.

UNOS EFECTIVOS CRECIENTES

A finales de 1937 todo el norte estaba conquistado. Con ello la guerra había dado un salto tremendo y no porque entonces Franco tuviese la industria siderúrgica y las minas, o por el abundante material de guerra que había incautado, sino porque tenía más hombres a su disposición. Todos los prisioneros que cayeron en sus manos, y que no estaban significados políticamente o eran sospechosos de «rojos», pasaron a engrosar su Ejército si su quinta había sido movilizada (hasta aquel momento se había llamado a filas a once reemplazos). La Legión también logró captar un buen número de «voluntarios» republicanos tras visitar los campos de concentración. Si el recluido no era un destacado dirigente, se le podrían «redimir» sus faltas políticas si ingresaba en ella y combatía con ardor. Esta política de reclutamiento fue un éxito y captó a miles de presos. Por otra parte la dura campaña del norte había curtido y fogueado a sus fuerzas como nunca. Franco tenía ya, en resumen, una masa de maniobra dura y experimentada que en nada se parecía a las inexpertas fuerzas de un año antes. También habían aprendido lo que era una guerra moderna, muy alejada de la de columnas de carácter colonial. Habían visto, y aprendido, la importancia de contar con una importante masa de artillería y de la aviación como elemento indispensable para el avance de la infantería.

A finales de 1937 las fuerzas franquistas pueden cuantificarse ya en torno al millón de hombres. La mayoría, unos 900 000, eran españoles. Unos 40 000 eran italianos, miembros del Corpo Truppe Volontarie, que formaron parte de los 80 000 que pasaron por España a lo largo de toda la guerra. A ellos hay que añadir en torno a los 80 000 rifeños que se alistaron como mercenarios impulsados por las duras condiciones de vida que sufrían en el norte de Marruecos. Por último estarían los cualificados 5000 hombres de la Legión Cóndor alemana (unos 19 000 sirvieron en diversos momentos a lo largo de la contienda), que actuaron como pilotos de aviación, carristas, instructores, artilleros, observadores, transmisiones, etc. Hay que añadir la presencia de unos tres mil Viriatos portugueses y la anecdótica de unas pocas decenas de rusos blancos (había tres tenientes en la Legión), unos pocos irlandeses encuadrados en la llamada Legión de San Patricio y algún otro extranjero de extrema derecha. [→ AYUDA EXTERIOR].

Noviembre de 1937 fue también el momento de una nueva reorganización. Desaparecieron las antiguas divisiones orgánicas reemplazadas por regiones militares, con lo que se volvió a la terminología previa a la República. A su frente Franco puso a generales de segundo orden y sin carisma. En la II Región (Sevilla) a Luis Lombarte Serrano, en la VI (Burgos) a José López-Pinto, en la VII (Valladolid) a Fernando Barrón, etc. Sin embargo los seis cuerpos de Ejército destinados a formar la masa de maniobra que había de llevar el peso de la guerra los entrego a generales avezados y con prestigio como José Enrique Varela, Fidel Dávila, José Solchaga, Antonio Aranda o José Moscardó.

A estos efectivos crecientes se les suministró un equipo completo sin problema. Italia y Alemania aportaron el material con continuidad, a través de rutas más rápidas y accesibles que los refuerzos (casi todos soviéticos) que llegaban a la República. Por otra parte la disciplina en el bando rebelde era absoluta, lo que facilitaba un óptimo provecho de los recursos. Franco se había encargado bien de mezclar las unidades requetés y falangistas con marroquíes y profesionales españoles sin adscripción política concreta y siempre bajo mandos del ejército profesional. De este modo su identidad política quedaba diluida y no representaban ningún problema. Solo hubo un caso curioso de permisividad identitaria. El tercio requeté de Nuestra Señora de Montserrat estaba formado únicamente por catalanes o por gentes de habla catalana, como mallorquines. Todos sus oficiales eran también catalanes, a excepción del mando superior, y el idioma empleado en la unidad fue el catalán. Los domingos bailaban sardanas y levantaban castells. Obviamente toda sospecha «separatista» fue compensada con una adscripción ideológica ultrarreaccionaria que se expresaba en la extrema religiosidad de la unidad, que incluía misa y rosario diarios.

LAS FUERZAS DE CHOQUE

La principal fuerza de ataque fue la Legión. Al principio de la guerra apenas alcanzaba los 5000 efectivos, pero llegó a sumar unos 15 000 que combatieron simultáneamente. Su número de bajas fue terrible; en total murieron 7674 legionarios y hubo unos 23 000 heridos o mutilados. El ejemplo más claro fue la 4.ª Bandera, que a lo largo de dos años y medio tuvo unas mil bajas, cuando sus efectivos de plantilla eran de 600 hombres. Imbuidos de un espíritu casi más suicida que valiente, sanguinario y hasta necrófilo (sus himnos y canciones así lo reflejan), fueron la punta de lanza de las ofensivas más peligrosas. Su disciplina, y sus consiguientes castigos, eran mucho más duros que en el resto del ejército. Pero ello también supuso el establecimiento de unos ligámenes de compañerismo y espíritu de cuerpo mucho más sólidos (el llamado «espíritu legionario»), que fueron de gran importancia para el mantenimiento de esta fuerza aguerrida como ninguna.

Tras los legionarios destacaron los mercenarios marroquíes, encuadrados en los regulares. Estaban comandados por mandos españoles y hacían meramente de fusileros, pues los españoles también se hicieron cargo de la artillería, transmisiones, ametralladoras, etc. Fueron usados como carne de cañón y enviados, como los legionarios, a los objetivos más peligrosos. Su manera de hacer la guerra era especialmente cruel, porque siguieron los usos y costumbres de Marruecos. Por eso, si no había cerca ningún oficial español que pudiese poner cierto coto a sus desmanes, solían rematar a los enemigos heridos, les robaban, mutilaban, violaban a las mujeres, etc. Ello les dio una fama que, en más de una ocasión, fue más efectiva ante el enemigo que sus propias armas. Se les toleraba que traficasen con tabaco y alimentos. No obstante sus abusos podían ser de tal calibre que cientos de ellos fueron fusilados por su maltrato hacia la población civil.

Por último caracterizamos como fuerzas de choque, por su elevado entusiasmo por la causa, a las unidades de falangistas y requetés ya citadas, pero que estaban mezcladas con las unidades profesionales del Ejército. Las primeras, que al principio de la guerra eran menos de 25 000 hombres (los «camisas viejas»), alcanzaron al final los 200 000, sirviendo preferentemente en los cuerpos de Ejército de Castilla y Aragón. Los requetés, por su parte, de unos 5000 pasaron en el mismo periodo a los 60 000 y combatieron en los cuerpos de Aragón, Navarra y en unidades de Extremadura y Andalucía. Varias de las unidades falangistas y de requetés tuvieron una elevadísima mortandad en las batallas de Belchite y del Ebro y recibieron colectivamente la Laureada de San Fernando, máxima condecoración del ejército franquista.

AL FINAL DE LA GUERRA

Los crecientes efectivos del ejército de Franco permitieron en los últimos meses crear dos nuevos cuerpos de Ejército, con los que acometió las últimas ofensivas: el del Maestrazgo y el de Urgel. Al final de la contienda sus fuerzas sumaban tres ejércitos; el de Levante (fundamentalmente con los cuerpos de Galicia, Castilla, Aragón y Urgel), el del Centro (Primero, Maestrazgo, CTV, Navarra y Toledo) y el del Sur (Extremadura, Granada, Córdoba y el Marroquí). Los datos oficiales dan un total de 1 020 500 hombres (se había mantenido constante el número de efectivos desde finales de 1937), 1 090 000 ametralladoras y fusiles ametralladores, 7600 morteros, 3244 piezas artilleras y 651 carros de combate. A todo este material había que sumarle el botín de guerra de origen soviético. En resumen, un enorme ejército bien equipado de material. De todas formas, y aunque mucho mejor preparado que al principio de la guerra, no era nada equiparable a los modernos ejércitos que estaban a punto de combatir en la mundial. Seguía habiendo menos de 20 000 artilleros y solo unos 11 000 ingenieros. En cambio había aún unos 20 000 soldados de caballería montada que participaron en 1938 en la batalla de Alfambra, en una operación de exploración o de reconocimiento en profundidad. No hubo muchas más parecidas en los anales de la historia militar.

EL MATERIAL EXTRANJERO DEL EJÉRCITO REBELDE

Sin apenas medios motorizados, blindados y aviación, el ejército de Franco precisó de ellos para ganar la guerra. Aparte de los camiones norteamericanos, los italianos aportaron unas tanquetas pequeñas Fiat Ansaldo (Carro Veloce) de solo tres toneladas, armadas pobremente con dos ametralladoras y, a veces, con un lanzallamas, pero que alcanzaban casi los 40 km/hora. A lo largo de la guerra fueron llegando en número aproximado de 150. Los alemanes, por su parte, aportaron las tanquetas Panzer I (los negrillos) en un número aproximado de también 150, que eran inferiores a los soviéticos T-26, pues solo estaban armados con ametralladoras, mientras que los soviéticos ya contaban con un cañón incorporado. Las lecciones sobre su vulnerabilidad fueron determinantes para que los alemanes mejorasen la calidad de sus carros. Donde sí los alemanes hicieron un aporte excepcional fue en la artillería, concretamente en el cañón antiaéreo Flak 18 de 88 mm, capaz de disparar más de 15 obuses por minuto y que demostró unas magníficas cualidades, más que contra los aviones enemigos, como arma de campaña y anticarro. Una mejora de tal modelo acabaría siendo una de las armas más importantes de la segunda guerra mundial.

Mucho más decisiva fue la aportación de la aviación. Los aparatos militares en manos rebeldes no llegaban a los 70 al principio de la guerra y eran, además, modelos muy antiguos. Era evidente que, para ganar, era imprescindible una numerosa y buena aviación. Los italianos aportaron unos 760 aparatos, de los cuales 376 fueron los cazas Fiat CR-32 armados con dos ametralladoras. El resto serían algo más de 200 bombarderos de, entre otros, tipo Savoia-Marchetti y Fiat BR-20 aparte de varios modelos de caza e hidroaviones. Muchos aviadores eran italianos, pero la mayoría acabaron siendo españoles.

La aportación alemana fue tanto o más decisiva. Fueron cerca de 760 los aviones aportados y, en general, de mejor calidad que los italianos. Aquí encontramos los modelos que, más desarrollados, serán también estrellas en la segunda guerra mundial, como los bombarderos (también empleados como aeronaves de carga) Heinkel He-111 los Junkers Ju-52, Dornier F-17, etc. Hay que destacar que en la guerra de España los alemanes probaron varios Ju-87, los célebres Stuka, que en la contienda mundial causarían pavor. Entre los cazas hay que destacar los 125 Heinkel He-51 y, sobre todo, uno de los mejores cazas de la historia, el Messerschmitt Bf-109 tipo «B», de los que llegaron 139 unidades amén de algunos más evolucionados. Al contrario que con los aparatos italianos, la mayor parte de las tripulaciones fueron siempre alemanas. Solo se transferían a españolas cuando los alemanes tenían que hacerse con el manejo de los aparatos nuevos y más innovadores que iban llegando.

La acción de los bombarderos fue especialmente intensa a partir de mediados de 1937. Seguían las directrices generales de Franco, pero practicaron las técnicas de ataques «en cadena» sobre objetivos terrestres así como los bombardeos sobre núcleos de población. La Legión Cóndor nunca careció de cierta autonomía. Tanto Hitler como Mussolini querían hacer de sus aviaciones un escaparate tecnológico y militar de sus respectivos regímenes, alardeando de su poder devastador ante toda Europa.

La superioridad que paulatinamente la aviación del bando franquista fue adquiriendo acabó siendo determinante en la guerra. Sin ella, por ejemplo, la batalla del Ebro hubiese tenido otro desarrollo y, sobre todo, el derrumbe de la moral de la retaguardia republicana, fruto de los incesantes bombardeos, tanto sobre puntos estratégicos como contra la población civil, no hubiese sido tan acusado. La superioridad de la aviación rebelde, tanto en cantidad como en calidad, fue una de las bases en las que se cimentó el ejército franquista y determinante en el resultado de la guerra. [→ AYUDA EXTERIOR].

La guerra en el mar no tuvo tanta importancia y la ayuda extranjera fue casi exclusivamente procedente de Italia. La mayor parte de buques quedaron en manos de la República, sobre todo los destructores y submarinos. Lo mismo pasó con los efectivos humanos, pues los rebeldes solo sumaron unos 7000 hombres. Sin embargo contaron con una buena oficialidad y tres de los buques más modernos de la Armada: los cruceros Almirante Cervera y los gemelos Canarias y Baleares que, en realidad, eran los únicos capaces de navegar con cierta rapidez. Sus funciones fueron, casi exclusivamente, de bloqueo de los puertos republicanos, aunque en ocasiones también bombardearon con mucha impunidad las ciudades costeras. Las acciones de bloqueo fueron bastante efectivas impidiendo a la República recibir suministros y en ellas fue determinante la ayuda italiana. Desde finales de 1937 la Armada fascista era dueña del Mediterráneo y los buques republicanos, con base en Cartagena, apenas se atrevían a salir. Varios de los submarinos italianos torpedearon a mercantes soviéticos, aparentando que eran sumergibles de la Marina de Franco. Italia también cedió y vendió varios submarinos y destructores, aunque de escaso valor. Lo cierto es que nunca a lo largo de la guerra se dio ninguna batalla naval de entidad. La excepción que confirma la regla fue la del cabo Cherchel que se libró en aguas argelinas el 7 de septiembre de 1937. Meses más tarde, si bien el crucero Baleares fue hundido, lo fue en un encuentro fortuito de pocos minutos de duración, tras el cual ambas escuadras se retiraron.

UNA VALORACIÓN FINAL

Una obviedad pero que es preciso recordar: el franquismo no se entiende sin la guerra civil y sin el Ejército que la ganó. Durante casi tres años se forjaron unas fuerzas armadas fanáticamente politizadas, profundamente antidemocráticas y que eran el crisol de todo el pensamiento reaccionario español. Ese Ejército fue la columna vertebral (parafraseando a Calvo Sotelo) sobre la que se construyó el franquismo. Sin aquellos miles de cuadros que se formaron en la guerra, sin aquel innumerable personal político que, salido del Ejército, copó la mayor parte de la administración civil, no cabe comprender la naturaleza del Régimen ni la adhesión, más o menos activa, de la que gozó de buena parte de la población hasta la muerte del dictador.

La base más sólida del franquismo durante toda su existencia fue el Ejército, que adoraba a Franco como a un dios a pesar de ser pobre, mal pagado y atrasado. Tanto es así que cuando otros sectores que habían apoyado a Franco en su momento comenzaron a desertar al final de su vida (el empresariado, la Iglesia, el Movimiento…) los militares en su gran mayoría siguieron fieles a su memoria intentando, ya en la democracia, diversos golpes de estado en nombre del legado del dictador. Es más, a finales de los años cincuenta, cuando el Régimen tuvo que modernizarse, los excombatientes se reivindicaron como el personal político que debía regir los destinos de España, en contraposición a la tecnocracia, a la que acusaban de traidora y que acabó controlando el poder.

Sin aquel Ejército, forjado y cohesionado ideológicamente en tres años de crueldades, no hubiese habido una dictadura tan dura y tan larga. Comprender el ejército franquista es comprender el régimen de Franco.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cardona, Gabriel: «Milicias y Ejércitos», en La Guerra Civil, vol. X, Historia 16, Madrid, 1986.

Cardona, Gabriel: Historia militar de una guerra civil, Flor del Viento, Barcelona, 2006.

Engel, Carlos: Historia de las Divisiones del Ejército Nacional, 1936-1939, Almena, Madrid, 2000.

Losada, Juan Carlos: «La improvisación de oficiales», en La Guerra Civil, vol. X, Historia 16, Madrid, 1986.

Salas Larrazábal, Ramón: «Las fuerzas militares», en Malefakis, Edward (ed.), La guerra de España, 1936-1939, Santillana, Madrid, 1996.

Servicio Histórico Militar: Historia de la guerra de liberación, San Martín, Madrid, 1945.

EL EJÉRCITO POPULAR

UNA CONSTRUCCIÓN EN EL FRAGOR

DEL COMBATE

por

JOSE ANDRÉS ROJO

No habían pasado muchos minutos del 25 de julio de 1938 cuando dos cuerpos de Ejército, el V y el XV, empezaron a cruzar el Ebro por distintos lugares, apoyados por una división y una brigada que, en otros puntos del río, facilitaban el paso de las tropas principales con dos operaciones de distracción. Más allá del sentido estratégico de la maniobra, de su desarrollo posterior y de su cruento balance, importa tener presentes la sofisticación militar y complejidad del desafío para entender el gigantesco esfuerzo que había supuesto la construcción del Ejército Popular.

DE LAS MILICIAS POPULARES A UN NUEVO EJÉRCITO

Solo dos años antes, en julio de 1936, la sublevación militar provocó un cataclismo de tal envergadura que, en la mañana del 19, el gobierno Giral tomó dos decisiones que serían determinantes para la evolución del conflicto: puso en marcha la disolución del viejo ejército y entregó armas a las organizaciones obreras. Logró frenar el triunfo de los rebeldes pero no pudo evitar, al tiempo, que las milicias se hicieran fuertes en distintos lugares —Cataluña, Aragón, Málaga…— y forzaran un giro revolucionario.

Dos cuestiones son esenciales. El golpe dividió al Ejército en dos. De otra manera hubiera triunfado con toda seguridad sobre los sublevados. Las primeras víctimas de los rebeldes fueron sus propios compañeros. De los 18 generales que formaban la cúpula militar, solo cuatro tomaron parte en la asonada, a los que hay que añadir 18 de los 32 generales de brigada, casi todos los jefes de estado mayor, alrededor del 85% de los oficiales, 44 de las 53 guarniciones más importantes y la mitad de las fuerzas del orden público. Aun así no pudieron asegurar el triunfo, de ahí la virulencia de las medidas previstas contra quienes permanecieron leales. Seis generales fueron asesinados por no sumarse al llamado alzamiento: Núñez de Prado y Romerales, en julio; Campins, en agosto; Salcedo y Caridad, en noviembre; Batet, en febrero de 1937. Recientemente se ha argumentado con documentos si no concluyentes sí bastante indicativos, que también el general Balmes, fallecido el 15 de julio en un supuesto accidente, cayó víctima de una conspiración con el fin de asegurar el viaje de Franco de Gran Canaria a Tetuán para tomar el mando de las tropas de África.

Pero si los militares leales padecieron la crueldad de los rebeldes, pronto sufrirían un segundo embate. Allí donde los insurgentes fueron derrotados se inició un proceso imprevisto, súbito y violento. Los milicianos no solo ejecutaron a muchos oficiales que se habían rebelado, sino que también desconfiaron de cuantos llevaban uniforme. No hubo la menor compunción en quitarse de en medio a los que, aunque estuvieran del lado de la República, tacharon de traidores. De ahí la delicada misión que correspondió a quienes asumieron las principales responsabilidades en la conducción del conflicto. Debían suministrar los más elementales conocimientos militares a unas masas que, por principio, rechazaban cualquier injerencia militar. El gobierno Giral contó con ellos. El general Pozas fue ministro de Gobernación y al general Castelló se le dio la cartera de Guerra. El subsecretario, y cerebro de las primeras medidas, fue Hernández Saravia. Mientras la Junta de Defensa, creada de inmediato por los sublevados, decretó el estado de guerra en las primeras jornadas del golpe y el 28 de julio consideró incurso en rebelión militar a quien defendiera, activa o pasivamente, el orden constitucional vigente, la República intentó reconstruir la autoridad civil y no tuvo más remedio que aceptar que el mando de las columnas se lo disputaran en los primeros momentos los líderes milicianos y los oficiales leales. Algunos de estos murieron porque los hombres a su mando consideraron que no ponían demasiado entusiasmo en el cumplimiento de su deber.

Fueron los oficiales que pertenecían a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), una suerte de sindicato de izquierdas del Ejército, quienes tomaron la iniciativa durante las primeras horas del golpe. Se adueñaron del Ministerio de la Guerra y se encargaron de organizar la entrega de armas. Repartieron entonces 5000 fusiles a cinco oficiales leales, que se suministraron a las primeras fuerzas de milicianos, formados por mineros asturianos (que dirigía Mangada), gente de la UGT (dirigidas por Marina y Sánchez Aparicio), militantes de la CNT (Lacalle) y del partido comunista (Fernández Navarro). Estas, por el orden que ocuparon, dieron lugar al mítico Quinto Regimiento. El mismo 20 de julio se incautaron de un colegio de los Escolapios en la zona de Tetuán de Madrid, que convirtieron en centro de movilización, instrucción y encuadramiento para milicianos de cualquier ideología y que pretendió ser la base de un futuro ejército regular.

Entre las medidas iniciales se creó el 8 de agosto la Inspección General de Milicias, que dirigió el comandante Luis Barceló, para organizar, armar, avituallar y facilitar asistencia técnica a las columnas. El capitán Díaz Tendero, unos de los jefes de la UMRA, se ocupó de un particular gabinete de información y control para calificar a los miembros de las unidades que se iban formando. Utilizó tres letras de identificación —R., I. y F.— para señalar a quienes eran republicanos, indiferentes o fascistas. Estos últimos solían terminar en la cárcel o en las cunetas. Los combatientes salieron de inmediato a las sierras del norte de Madrid (Guadarrama, Navacerrada, Somosierra, Gredos) para frenar el avance de las tropas de Mola. También se dieron órdenes para formar batallones en el País Vasco, Andalucía, Asturias… En Cataluña, la organización militar pasó a depender en la práctica del Comité de Milicias Antifascistas.

El desorden y la indisciplina reinaban por doquier. En Málaga, por ejemplo, el poder estuvo en manos de un comité de salud pública sobre el cual no llegó a mandar nunca nadie. Desde Cataluña avanzaron sobre Aragón las columnas anarcosindicalistas con la voluntad de instaurar el comunismo libertario. En el centro, las fuerzas que se adelantaban a defender la sierra tardaron en plegarse al Ministerio de la Guerra. Las autoridades militares crearon el 7 de agosto el Teatro de Operaciones del Centro de España (TOCE), que colocaron bajo el mando del general Riquelme, pero su poder era más simbólico que real. No hay que olvidar que fue durante aquellos primeros meses cuando se produjo el mayor número de víctimas en el lado republicano a causa de una violencia desatada abruptamente: cayeron religiosos y militares, sobre todo, pero también políticos conservadores, propietarios, terratenientes, comerciantes, técnicos y jefes de personal y, entre otros, muchos católicos. [→ VIOLENCIA].

A finales de verano, ya fue posible calcular cuál era el peso de cada una de las fuerzas en liza. Los rebeldes tenían alrededor de 130 000 efectivos, entre los que había que contar los 40 000 hombres del ejército de África, los 50 000 soldados del ejército peninsular que quedaron en los territorios en los que triunfó el golpe, unos 30 000 agentes de orden público (Guardia Civil, carabineros, guardias de Asalto) y unos jefes y oficiales. Defendían la República unos 33 000 miembros de las fuerzas del orden público, unos 7000 oficiales y cuantos quedaran, tras el decreto que les permitió licenciarse, de los 50 000 efectivos del Ejército que permaneció leal. En total, 90 000. La superioridad en el campo de batalla se inclinó de manera ostentosa del lado de los sublevados. Las fuerzas que procedían de África tenían experiencia en el combate y estaban bien dirigidas por unos oficiales altamente ideologizados que buscaban la victoria por encima de todo. La intervención nazi-fascista aportó movilidad y capacidad de fuego. Frente a ellos, un enjambre de unidades dispersas, mal armadas, excesivamente politizadas y dudosamente dirigidas por unos oficiales cuestionados y bajo sospecha. [→ SUBLEVACIÓN MILITAR].

La combinación entre el peso de las organizaciones obreras y el avasallador avance desde el sur hacia Madrid de las fuerzas rebeldes —el 3 de septiembre estaban ya en Talavera—, forzó la caída de Giral y de su gabinete republicano. El 4, Francisco Largo Caballero formó nuevo gobierno con el apoyo de socialistas y comunistas. Para corregir los desmanes que producían las fuerzas descontroladas —los paseos se convirtieron en una pesadilla—, el 17 de ese mismo mes se crearon las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Un día antes, ya se hablaba en el diario El Sol de la voluntad del nuevo gobierno de crear un ejército popular de nueva planta.

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES

El proceso fue tomando forma poco a poco. Lo que las autoridades republicanas habían comprendido era que con una colección de batallones de voluntarios no podía ganarse la guerra. Era necesaria una organización jerarquizada y disciplinada. Largo, convertido en el nuevo conductor de las acciones armadas al hacerse cargo del Ministerio de la Guerra, no fue demasiado proclive a la militarización de las milicias pero terminó por ceder. Puso al frente de un nuevo estado mayor al comandante Manuel Estrada, socialista pero que terminó ingresando en el PCE. Sustituyó en la subsecretaría a Hernández Saravia por el coronel Rodrigo Gil y en el TOCE a Riquelme por Asensio Torrado, a quien hizo también responsable el 20 de octubre de una nueva Comandancia de Milicias. Necesitaban un éxito militar inmediato y decidieron recuperar el Alcázar de Toledo, donde se habían encerrado con un centenar de rehenes cerca de dos millares de civiles y militares rebeldes. La iniciativa fue un fracaso pero indujo a las tropas que avanzaban hacia Madrid a hacer un desvío.

Hubo, así, un minúsculo margen para reorganizarse. El 22 de septiembre, Stalin aceptó vender armas a la República: el 4 de octubre llegó a Cartagena el primer barco con material procedente de la URSS. El 29 de septiembre un decreto reguló el paso de oficiales y suboficiales a las escalas activas del Ejército y otro estableció la militarización del ejército del Centro para el día 10 y, a partir del 20, para el resto de fuerzas militares. El 9 de ese mismo mes se crearon varias Escuelas Populares de Guerra, y el 10 se inició la construcción del Ejército Popular, cuya unidad básica iba a ser la Brigada Mixta. El 12 empezaron a llegar voluntarios extranjeros que, unos días después, fueron enviados a Albacete para su encuadramiento en lo que serían las Brigadas Internacionales, que Largo aprobó el 22 tras corta resistencia. El 15 nació la institución del Comisariado General de Guerra y el 16 se reformularon las funciones del Consejo Superior de Guerra (CSG).

Militarización de las milicias, creación del Comisariado y puesta al día del CSG fueron las grandes aportaciones de Largo. La primera fue imprescindible para la configuración de una fuerza con vocación de efectividad. Las otras dos fueron más polémicas. Largo sostuvo que en la iniciativa del Comisariado intervino él con el apoyo de socialistas y de la UGT, aunque habían sido los comunistas del Quinto Regimiento los que introdujeron esa figura en sus filas. La idea era la de dar, a través de los comisarios, cohesión y espíritu de combate a las nuevas unidades y también formación ideológica: los partidos y organizaciones sindicales no querían que en el trayecto hacia un ejército más profesional se perdiera su vocación revolucionaria. Álvarez del Vayo fue nombrado comisario general y, desde muy pronto, hubo disputas a la hora de decidir a quiénes se elegía para cubrir la función de comisarios (el predominio comunista fue indiscutible sobre todo en el ejército del Centro). También surgieron problemas económicos: el comisario general ganaba 22 000 pesetas; cada subcomisario 20 000; 16 000, el secretario. En cuanto al CSG existente, Largo hizo de él un órgano político que sirviera para asesorar en la marcha de la guerra y en la que estuvieran representadas todas las corrientes. Fue una estratagema que le permitió desviar cualquier discusión militar hacia este órgano y evitar que se produjera en el Consejo de Ministros. Como no siempre podía convocarse, quien tomaba las decisiones era al final exclusivamente Largo: una marca de su manera personalista de gobernar.

De mayor calado por lo que se refiere a la lógica exclusivamente militar fue la decisión de configurar el nuevo Ejército Popular sobre la unidad de la Brigada Mixta. Mixta significaba que, junto a sus efectivos de infantería, contaría también con otras armas (caballería, artillería de calibre mediano, transmisiones, zapadores y tropas de segundo escalón), tradicionalmente dependientes de divisiones o cuerpos, para hacerlas autónomas. También los soviéticos quisieron apoderarse de la paternidad de esta iniciativa, pero formaba parte de la tradición del ejército español, por lo que lo más probable es que surgiera del círculo de oficiales próximo a Largo. Se ordenó constituir 25 y ocho se pusieron en marcha de inmediato: seis nacionales y dos internacionales. La primera procedió del Quinto Regimiento y se encargó su mando a Líster. Las otras se formaron con efectivos procedentes del Ejército naciente y con carabineros. Sus jefes fueron Martínez de Aragón, Galán, Arellano, Gallo y Sabio. Tres de ellos eran comunistas (Líster, Galán y Gallo), dos procedían de milicias (Líster y Martínez de Aragón) y los restantes eran militares. Las dos primeras internacionales que estuvieron listas fueron la XI, mandada por Kléber, y la XII, por Lukacs. El 24 de octubre se creó una nueva división orgánica, situada en Albacete y sin tareas operativas, cuya misión era la de organizar, encuadrar, instruir y preparar las brigadas mixtas. A principios de noviembre se empezaron a formar las que serían numeradas del 16 al 25 (para el Norte se reservaron las que iban del 7 al 10). El nuevo Ejército contaba con 21 brigadas, que agrupaban alrededor de 80 000 hombres. Para engrosar sus filas se habían movilizado, por decretos del 29 de septiembre y 7 de octubre, las quintas de 1932 a 1935.

DEL ÉXITO EN MADRID AL DESASTRE DE MÁLAGA

La constitución de fuerzas militares que fueran efectivas fue un proceso en marcha que fue materializándose poco a poco sobre el campo de batalla. El ejército rebelde siguió su avance imparable y a principios de noviembre llegó a las puertas de Madrid. La República había recibido para entonces la primera remesa de armas soviéticas. El 29 de octubre, quince carros de combate T-26 intervinieron en una acción en Seseña; el 4 de noviembre aparecieron en el cielo madrileño los primeros aviones rusos, los I-15 o chatos. Largo había nombrado dos días antes a Asensio Torrado nuevo subsecretario de Guerra, con lo que el general Pozas pasó al mando del TOCE para sustituirlo y Miaja se convirtió en el comandante militar de Madrid. El 4, los anarquistas entraron en el Gobierno y el 6 Largo ordenó la salida del Gobierno de la capital camino de Valencia. Las tropas enemigas estaban a punto de lanzarse a la conquista de Madrid, que se daba por perdida. Se creó entonces una Junta de Defensa presidida por el general Miaja.

Las medidas de Largo iban a probarse por una autoridad y un ejército sobre el que había dejado de tener mando directo. Las órdenes que recibieron Miaja y Rojo fueron las de resistir a cualquier precio. Las tropas franquistas atacaron el 8 de noviembre y desistieron el 23. Madrid confirmó que para enfrentarse a Franco hacía falta un ejército disciplinado y conducido por profesionales. Los comunistas, que consideraban que antes que hacer la revolución había que defender el Estado republicano, tuvieron un importante papel que su propaganda se encargó de magnificar. La intervención de los aviones soviéticos y de las Brigadas Internacionales fue decisiva en algunos momentos.

No hay una definición clara de lo que fuese un ejército popular, escribió Rojo más adelante. La terminología castrense había definido los ejércitos regulares, nacionales, mercenarios, políticos, permanentes, profesionales, coloniales, etcétera, pero poco se había dicho de una institución que fue clave en distintos momentos históricos: en los últimos diez años del siglo XVIII en Francia, durante el proceso de independencia de las repúblicas americanas, durante la Revolución rusa. Rojo recordó la importancia que habían tenido las milicias populares en la historia de España, cuando se «alzaron y multiplicaron a partir de 1808 para imponerse a la invasión napoleónica», y subrayó que un ejercito popular necesitaba «un ideal concebido y sentido unánimemente y sin reservas mentales o doctrinarias de ninguna especie, por cuanto la discrepancia ideológica suele ser la base de la discordia». En Madrid, la miríada de fuerzas que peleaban del lado de la República se unieron para que la ciudad no cayera.

Fue durante la batalla de Madrid cuando las iniciativas del gobierno de Largo se concretaron de manera formal: el 11 de noviembre se puso en marcha el CSG y el 25 el Comisariado adquirió contenido orgánico. El 20 se reorganizó el estado mayor instalado en Valencia con un nuevo jefe: Toribio Martínez Cabrera. En otro orden de cosas, Largo envió al País Vasco al general Llano de la Encomienda para organizar y dirigir la resistencia ante un eventual avance enemigo: jamás existió entendimiento entre las milicias que controlaba el lehendakari Aguirre y el nuevo Ejército que se construía en Valencia. La unidad que permitió que los franquistas no tomaran Madrid no llegó a existir nunca en el Norte.

Mientras tanto, algunas de las brigadas mixtas de nueva factura que iban preparándose en Albacete llegaron a la zona central para batirse contra las bregadas tropas franquistas. El 29 de noviembre, las fuerzas de Rojo consiguieron frenar un ataque por la zona de Pozuelo-Húmera. El 15 de diciembre se produjo, a través de la carretera de La Coruña, un demoledor ataque indirecto para tomar la capital. Las escaramuzas se prolongaron durante un mes y el Ejército Popular logró aguantar el embate. El antiguo voluntarismo de las milicias había sido sustituido por la dureza de unas tropas que luchaban hasta su aniquilamiento. Fue ejemplar lo que ocurrió con la XI Brigada Internacional: el ardor de los combatientes extranjeros sirvió de espejo a las tropas españolas.

Ahora bien, por mucho que se hiciera para progresar en la unidad de acción, siguieron existiendo roces dentro del Ejército y el Gobierno no consiguió controlar diferentes territorios leales. El caso más notable fue Málaga, pese a los afanes de los jefes militares por instaurar la disciplina. El 5 de febrero las tropas italianas que colaboraban con los rebeldes avanzaron hacia la ciudad que cayó en pocos días. Prácticamente al mismo tiempo se inició la batalla del Jarama: las fuerzas franquistas insistían en golpear cerca de Madrid para luego tomar la capital. Tocó batirse al ejército del Centro que mandaba el general Pozas. Pronto se vio que su relación con Miaja no era demasiado fluida. El 31 de diciembre el defensor de la capital tomó la iniciativa de crear el Cuerpo de Ejército de Madrid y durante la batalla del Jarama se negó a facilitar tropas a Pozas. Su presión fue tan grande que terminó dirigiendo las operaciones. Cuando finalizó el brutal choque frontal entre un ejército y otro, sin que ninguno se impusiera con claridad, se reformaron una vez más las fuerzas que batallaban en Madrid y sus alrededores y surgió el Ejército de Operaciones del Centro de España, con Miaja al frente y Rojo como jefe de estado mayor. Reunió a tres cuerpos de Ejército, la Agrupación Modesto y algunas divisiones independientes. El 8 de marzo, los italianos se lanzaron sobre Madrid desde Guadalajara. El teniente coronel Jurado fue el encargado de repeler el ataque con el recién creado IV Cuerpo de Ejército. La victoria republicana obligó a Franco a cambiar de estrategia: renunció a Madrid y decidió conquistar el Norte.

Los comunistas fueron entonces particularmente críticos con la conducción de la guerra, sobre todo con Asensio Torrado, a quien achacaron la responsabilidad de los desastres militares. Ganaron la partida. El 14 de mayo, Largo fue sustituido por Negrín. Su estado mayor se esforzaba en aquellos días por poner en marcha una ofensiva por Extremadura que no llegó a realizarse.

BAJO EL SIGNO DE PRIETO

Indalecio Prieto, socialista moderado, fue el nuevo ministro de Defensa —que agrupó los Ministerios de Guerra y Marina y Aire—. Un profundo viraje se produjo en el seno de la República: las organizaciones sindicales quedaron fuera de juego y los partidos recuperaron la iniciativa política. El objetivo de ganar la guerra se impuso frente a cualquier veleidad revolucionaria.

Este desafío significaba reforzar el Ejército y el elegido para esa tarea, como jefe del estado mayor central, fue el entonces coronel Rojo. Matallana lo sustituyó en el ejército del Centro, donde hubo otros cambios. Aguirre impuso en el Norte sus condiciones: Llano de la Encomienda fue desplazado para convertirse en jefe del nuevo ejército de Asturias y Santander y se nombró al general Gámir Ulibarri para dirigir las tropas del País Vasco. Se crearon nuevas brigadas, de la 91 a la 153, y una Escuela Popular de Estado Mayor que prepararía a jefes y oficiales de milicias y del Ejército. Se reforzaron frentes antes de entonces pasivos y quedaron reservas para impulsar el Ejército de Maniobra, que contaría con los mandos más prestigiosos y las mejores tropas. La iniciativa fue de la época de Largo, pero se concretó en tiempos de Prieto. Para aliviar la presión sobre el Norte se pusieron en marcha dos ofensivas en Segovia y Huesca que no tuvieron fortuna.

A finales de mayo, las bombas de un avión republicano impactaron en el crucero alemán Deutschland en el Mediterráneo. El 31, una flotilla hitleriana vengó la afrenta y bombardeó Almería. El estado mayor republicano propuso entonces a Prieto responder al desafío y desencadenar un conflicto internacional que obligaría a las democracias occidentales a situarse del lado de la República frente a las ambiciones de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Los jefes del Ejército republicano tuvieron siempre presente que también libraban una guerra contra las ambiciones totalitarias del nazismo y del fascismo. Nadie en el Gobierno aceptó la sugerencia.

Bilbao cayó el 19 de junio. La gran ofensiva que preparaba el Ejército Popular solo podía contrarrestar el avance franquista sobre Santander y Asturias. La batalla de Brunete se inició el 7 de julio, se prolongó hasta el 26 y supuso el mayor despliegue de fuerzas que se había realizado hasta entonces. Tres cuerpos de Ejército, dos divisiones de reserva inmediata (más otra, y una brigada, disponibles por si fueran necesarias). Alrededor de 125 000 hombres, artillería y tanques, cerca de 300 aviones. El efecto sorpresa funcionó y el avance inicial obligó a Franco a desplazar a sus mejores efectivos: 4 divisiones y 2 brigadas navarras, además de artillería, tanques, caballería y la aviación, que fue decisiva gracias a la superioridad de la Legión Cóndor. Se combatió cada palmo de terreno con un desgaste terrible para ambos bandos, sobre todo para el republicano. Rojo impuso su estrategia frente al enemigo, pero no logró que el signo de la contienda se inclinara del lado de sus fuerzas. El Ejército de Maniobra mostró que se habían hecho avances notables en su preparación, pero sus carencias eran notables cuando se trataba de combatir en campo abierto.

Tampoco el ataque republicano del 24 de agosto en el frente de Aragón consiguió sus objetivos. Para contrarrestar las numerosas bajas que se produjeron en Brunete, la República movilizó a la quinta de 1937 en julio (el 3 de septiembre llamó también a los reemplazos de 1930 y 1931). La ofensiva desencadenada sobre Belchite no sirvió para detener el avance enemigo sobre Santander, que cayó el día 26. Poco después, con la caída de Gijón el 21 de octubre, terminó la campaña del Norte. El revés sufrido con la pérdida de la cornisa cantábrica y las provincias vascas fue un golpe devastador para los esfuerzos militares que se realizaban a marchas forzadas. El balance que hizo Prieto el 30 de octubre fue un preciso diagnóstico de los gravísimos problemas que aquejaron al Ejército Popular durante todo el conflicto: antagonismos partidistas, intromisión de intereses políticos en la conducción militar, falta de solidaridad entre las regiones afectadas, actitud de algunos comisarios (que llegaron a anular órdenes del mando), desplazamiento de gran parte de civiles hacia otro tipo de tareas cuando su lugar debía haber estado en el Ejército, falta de apoyo de la retaguardia y recelos permanentes hacia los mandos.

«La síntesis de estas causas es la falta de mando único, cuya conveniencia reclaman todos, pero que casi nadie respeta», afirmó Prieto entonces. Fue, seguramente, uno de los mayores males que afectaron a las acciones de las tropas republicanas que, sin embargo, iban a tener a finales de año uno de sus mayores éxitos. De nuevo los planes de Rojo desbarataron los proyectos de los militares rebeldes. Habían vuelto a concebir un ataque directo sobre Madrid desde Guadalajara cuando los efectivos del Ejército Popular iniciaron su ofensiva sobre Teruel el 14 de diciembre. El éxito fue rotundo y unas semanas después la República podía presumir de haber conquistado por primera vez una capital de provincia enemiga. Franco, en vez de ignorar un desafío que no podía cambiar el curso de la guerra, decidió desistir del golpe definitivo sobre Madrid y trasladó sus fuerzas a Teruel.

Junto a la contraofensiva, que adquirió su mayor virulencia hacia el 18 de enero, los franquistas iniciaron una maniobra sobre el río Alfambra el 5 de febrero. Rojo había calculado mal: seguro de la consistencia de su triunfo, abandonó la zona para poner en marcha el plan P sobre Extremadura y retiró del frente a parte del Ejército de Maniobra. Tuvo que volver, pero fue inútil. Las brigadas que envió para batirse en el río fueron arrolladas por la caballería de Monasterio en un episodio que parecía sacado de una guerra antigua. Teruel cayó en manos franquistas el 22 de febrero.

El 7 de marzo el ejército franquista inició una ambiciosa maniobra por el frente de Aragón contra una República en sus peores momentos: alrededor de 100 000 soldados con 150 piezas de artillería y una poderosa aviación avanzaron a lo ancho de un frente de 100 kilómetros defendido por 34 000 republicanos con 74 piezas de artillería. Pocos días después, al norte del Ebro 110 000 hombres con 404 piezas de artillería se lanzaron para ocupar una zona que protegían 35 000 combatientes del Ejército Popular apoyados con 87 piezas de artillería. El 4 de abril cayó Lérida y Franco ordenó que las tropas de Yagüe detuvieran su avance hacia Barcelona, que pudo haber caído entonces con facilidad. El 15 la vanguardia franquista que avanzaba por Aragón llegó al Mediterráneo en Vinaroz y partió en dos el territorio de la República. Prieto se libró de recibir esa pésima noticia como ministro de Defensa: había dimitido el 5. El jefe del Gobierno, Negrín, tomó las riendas de la cartera.

EL NUEVO EJÉRCITO POPULAR

La República pasó por su peor momento hasta entonces. Los republicanos estaban divididos entre quienes procuraban acabar el conflicto a través de una mediación internacional y quienes habían comprendido que con Franco no iba a ser posible negociación alguna y que no quedaba otra alternativa que resistir. Una de las divisiones del Ejército Popular que sufrió el último embate franquista en el valle de Bielsa, la 43, consiguió llegar a Francia el 14 de junio. A sus combatientes los franceses les permitieron decidir a qué bando preferían reincorporarse. Solo 41 hombres y 5 enfermeras se integraron en el ejército franquista. Los 6899 restantes regresaron a continuar peleando por la República. Y es que, incluso en las peores circunstancias, la voluntad de continuar luchando seguía indemne. La batalla que se libró en Levante fue sintomática en ese sentido. Franco prefirió avanzar hacia Castellón, Sagunto y Valencia. El ejército rebelde, sin embargo, se encontró con una eficaz defensa, la llamada línea Matallana: una serie de posiciones de resistencia escalonadas en profundidad que obligaron a detener los ataques en el frente de Viver hacia el 23 de julio. Pocas horas después iba a empezar la batalla del Ebro. La guerra se prolongó unos meses más.

Para poder combatir, la República se vio obligada a reclutar a más soldados. El 10 de marzo se llamó a la quinta del 40, con lo que se incorporaron jóvenes que tenían 18 o 19 años. El 13 de abril se movilizo a las de 1927, 1928 y 1941; el 28 de mayo, a las de 1925 y 1926. Más adelante a las de 1923 y 1924 e, incluso, a las de 1919 y 1911. Iban a pelear hombres que tenían entre 40 y 17 años (a los más jóvenes se los conoció como la quinta del biberón). Se procedió también a una profunda reorganización de las fuerzas militares. El 29 de mayo se las dividió en dos zonas. De un lado, el Grupo de Ejércitos del Centro (GERC), con Miaja a la cabeza, y las tropas del Centro (Casado), Levante (Menéndez), Extremadura (Burillo, y después Prada) y Andalucía (Moríones). De otro el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental (GERO), cuyo jefe era Hernández Saravia y que agrupaba a los combatientes del Ejército del Ebro (Modesto) y del Este (Perea). Aunque las Brigadas Internacionales estaban ya compuestas sobre todo por reclutas españoles (de sus 40 149 hombres solo 14 175 procedían de fuera), se decidió retirarlas definitivamente para dar una señal a las democracias occidentales.

El ruido político se mantuvo hasta casi el final. Una de las obsesiones de Prieto había sido la de frenar la voluntad de los comunistas de situar a sus hombres en puestos de mando del Ejército. El SIM, militarmente, no fue significativo. Prieto se centró, esencialmente, en el Comisariado. Rojo le criticó, con razón. La presencia soviética siguió manifestándose a través de sus consejeros y su jefe intentó, inútilmente, detener la maniobra del Ebro. El dominio del Mediterráneo por parte de los franquistas a partir de la caída del Norte había complicado extraordinariamente la llegada de las armas que procedían de la Unión Soviética, que tuvieron que entrar por Francia y que estaban expuestas a los vaivenes de los políticos del país vecino. Blum facilitó la entrada de pertrechos en marzo, pero su sucesor Daladier la cerró en junio. La coyuntura más grave se produjo en el terreno internacional: el 30 de septiembre, las democracias occidentales permitieron en Múnich a Hitler que se quedara con los Sudetes. La posibilidad de que estallara el conflicto en Europa, la gran esperanza de la República para formar parte de una alianza de países que se unieran para combatir al totalitarismo de alemanes e italianos, se desvaneció.

La batalla del Ebro, que se prolongó hasta mediados de noviembre, fue una escabechina. Un brutal encuentro frontal que duró hasta que la superioridad, sobre todo aérea, de los franquistas resultó abrumadora. La fragilidad de las fuerzas que consiguieron volver a cruzar el Ebro era evidente. Aun así, se dispusieron a aguantar la ofensiva sobre Cataluña, que se desencadenó el 23 de diciembre. Para entonces, el general Rojo había diseñado tres ataques escalonados que debían ejecutarse con precisión de relojería para ser efectivos y que empezaron por fallar en su primer movimiento. Se trataba de un ataque combinado entre la Marina y la infantería sobre Motril. Cuando debía empezar, Miaja comunicó que no estaba dispuesto a arriesgar las fuerzas de su ejército que se le habían solicitado. Rojo intentó que interviniera Negrín, pero el jefe del Gobierno prefirió dejarlo correr. El Ejército Popular mostró así las grietas profundas que habían surgido entre sus mandos. De hecho, una parte de los responsables del ejército del Centro buscaba ya un acuerdo con Franco.

Las otras dos acciones proyectadas por Rojo se realizaron tarde y mal. El ataque por Extremadura, que por fin puso en marcha el famoso plan P, se realizó en los primeros días de enero con desgana y no supuso mayores contratiempos para los franquistas. Tampoco fue efectiva la acción secundaria iniciada poco después en las cercanías de Madrid. Las debilidades que el Ejército Popular había conseguido camuflar durante todas las ofensivas realizadas desde el verano de 1937 saltaron a la vista. También hubo problemas en el GERO, entre las fuerzas que procuraban contener a las tropas franquistas en su avance por Cataluña. Rojo tuvo que sustituir en el mando a Hernández Saravia por Jurado, por las diferencias que se produjeron entre el veterano militar profesional y los mandos comunistas del ejército del Ebro. El 9 de febrero, los restos que quedaban de los ejércitos republicanos de la región oriental cruzaron la frontera con Francia. Negrín regresó a la región central para dirigir la resistencia.

Los cambios que Negrín hizo en el Ejército para promocionar el 3 de marzo a los militares más comprometidos con la idea de facilitar la evacuación, entre ellos muchos comunistas, sirvió de pretexto para la sublevación que ciertos altos mandos del ejército de Madrid preparaban con algunos políticos republicanos para pactar el final de la guerra con Franco. El 5, cuando Negrín se reunió en Elda con sus ministros y jefes militares para organizar la defensa, el coronel Casado le comunicó por teléfono el golpe que dio la puntilla a la República. Entre el 6 y el 12 de marzo una minúscula guerra civil en los últimos bastiones republicanos sirvió de prólogo a la derrota definitiva. La historia del monumental esfuerzo que hicieron cuantos permanecieron fieles al Gobierno legal en la construcción de un nuevo ejército, el Ejército Popular, terminó con la ignominia de Casado, apoyado de cerca por el héroe de Madrid, el general Miaja. Los debates que aquel golpe suscitó continúan todavía. [→ GOLPE DE CASADO].

UN ORGANISMO FRÁGIL

El inmenso esfuerzo de construcción del Ejército Popular no sirvió para ganar la guerra, si acaso para prolongarla, pero las razones de su fracaso estuvieron presentes ya en su propia concepción. Tardó mucho en dejar de ser una colección de columnas de milicianos y, cuando incorporó la disciplina para convertirse en una fuerza militar, sus enemigos le llevaban ya varios cuerpos de ventaja. Si la declaración del estado de guerra puede considerarse como síntoma de haber tomado medidas militares excepcionales, no está de más recordar que el ejército rebelde lo declaró el 28 de julio mientras las autoridades republicanas lo hicieron el 22 de enero de 1939. Los golpistas adoptaron enseguida un organigrama militar y colocaron al frente de cualquier agrupación de falangistas y requetés que sobrepasara los 30 miembros a un oficial profesional. Entre los leales, en cambio, el golpe y la revolución dinamitaron la autoridad del Estado y las primeras acciones obedecieron exclusivamente al afán de frenar el golpe. Los mandos se improvisaron y las diferencias políticas lastraron gravemente los esfuerzos militares desde el primer momento. No hubo acción de conjunto (el norte quedó aislado, en Cataluña y Aragón se impusieron las milicias, Málaga no obedecía a Madrid…), y se generalizaron los conflictos: entre tenientes y comisarios, entre militantes de distintas agrupaciones, entre jefes del mismo partido (Modesto, Líster y el Campesino, los tres comunistas, se enfrentaron con frecuencia). El mando lo tuvo en la República el ministro de la Guerra, un civil, y habitualmente se vio obligado a realizar difíciles equilibrios entre las fracciones políticas en vez de centrarse en la evolución militar.

En la guerra civil el factor humano fue esencial, pero desde la revolución industrial por grande que fuera una masa de combatientes siempre fracasaría ante un ejército bien armado. Teóricamente, pocos días después del golpe, la República estaba en mejores condiciones: en el terreno naval conservó más barcos, pero carecía de oficiales (la tropa se enfrentó a sus mandos y, de los 721 miembros del cuerpo general, permanecieron leales solo 44 y tres guardiamarinas) y de combustible, con lo que la iniciativa fue del enemigo (que contó además con los dos cruceros más modernos, el Baleares y el Canarias); las dos terceras partes de los aviones quedaron también en manos gubernamentales, y 250 pilotos frente a los 150 que lucharon en el bando rebelde; el número de combatientes inicial fue semejante para ambos contendientes, pero los rebeldes tenían al ejército de África, bien preparado y con experiencia en la lucha. Pronto, sin embargo, la República quedó internacionalmente aislada mientras los rebeldes empezaron a recibir, de manera constante y fluida, armamento y colaboración militar de italianos y alemanes. Un dato refleja la diferencia abismal entre ambos contendientes: cuando la República recibió el 23 de agosto 20 000 fusiles y 20 millones de cartuchos facilitados por México, sus enemigos contaban ya con tripulaciones, especialistas, 38 bombarderos, 42 cazas, 5 carros, 8000 fusiles, 12 ametralladoras antiaéreas, 20 piezas de artillería y gran cantidad de municiones, combustibles y lubricantes procedentes de Italia y Alemania. [→ AYUDA EXTERIOR].

Desde los primeros Savoias que el Duce envió a los golpistas el 30 de julio, no cesó la ayuda externa a los rebeldes. La República contó con 18 aviones que llegaron de Francia entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, pero enseguida dejó de recibir cualquier apoyo de las democracias europeas y tuvo que recurrir a la Unión Soviética. Stalin les vendió excelentes aviones y tanques, pero también chatarra. Frente a la regularidad con que llegó la ayuda militar de Italia y Alemania al bando de Franco, la República tuvo que buscarse la vida hasta en 19 países y hubo momentos (durante toda la batalla del Ebro, por ejemplo) en que no llegó ni una mísera granada. El dominio aéreo de los rebeldes fue claro desde mediados de 1937 y navalmente controlaron el Mediterráneo tras la campaña del Norte (con lo que bloquearon a los barcos con armamento soviético, que tuvo entonces que entrar por Francia sujeto a vaivenes políticos que determinaban si la frontera se abría o no). Ello les permitió además trasladar a otros frentes a una potente fuerza militar. Frente a esta, la República solo consiguió poner en pie al Ejército de Maniobra para emprender acciones ofensivas. Poca cosa frente a las bien pertrechadas divisiones franquistas. La debilidad artillera del Ejército Popular fue tan notable, que en todas sus acciones tuvo que contar con el efecto sorpresa. Tras el éxito inicial de cada iniciativa, llegaban los aviones rebeldes para barrer a sus combatientes. De esa manera fue imposible imponerse al adversario.

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EL SOCIALISMO EN LA GUERRA CIVIL

por

JULIO ARÓSTEGUI

La sublevación militar sorprendió al PSOE en medio de una profunda disputa interna que se arrastraba desde años antes y se había agudizado aquella primavera. A la cuestión de la participación o no en el gobierno frentepopulista, que aún estaba abierta en la víspera del movimiento militar, se sumaban los litigios por el control de la ejecutiva y la celebración de un congreso, ordinario o extraordinario, del que se esperaba la resolución estatutaria de tales litigios. Ahora bien, la sublevación, como no podía ser de otra forma, dio un vuelco completo al panorama político en España e hizo entrar la historia del socialismo y, obviamente, de las demás fuerzas políticas y sindicales, en una fase nueva.

LA MOVILIZACIÓN

El socialismo, en todas sus organizaciones, se aprestó de forma inmediata, masiva y sin reservas a las tareas de defensa de la República, tanto en lo militar como en otros muchos extremos a los que obligó la sublevación. La UGT fue uno de los más sólidos pilares de la República en guerra —lo que no excluyó grandes conflictos en su seno— y el núcleo de una movilización de amplio alcance de la población, cosa en la que la acompañarían las Juventudes Socialistas Unificadas, si bien situadas cada vez más fuera de la órbita del propio mundo socialista. Mientras, el partido, muy apegado a su organización tradicional y dividido entre sus filas, tuvo menos capacidad movilizadora para la guerra, una realidad que acabó marcando fuertemente su trayectoria a lo largo del conflicto y en el exilio posterior.

Entre los hechos nuevos que la guerra acarreó destacaron algunos fundamentales que, en ciertos casos, los socialistas encararon de forma ambigua. Entre los más importantes figuró, sin duda, el papel que las organizaciones obreras habrían de jugar en la política republicana como ya lo jugaban en su defensa. En este sentido, un movimiento fundamental fue su integración en el gobierno de la República, política que propugnó el socialismo obrerista acompañado, aunque con planteamientos bien distintos, por el anarcosindicalismo de la CNT. Simultáneamente, en el movimiento obrero socialista se expandió la corriente hacia la unificación política del proletariado que llevó a la pugna por la creación del Partido Único del Proletariado, un asunto con raíces anteriores, en el que la voz cantante correría de cuenta de los comunistas.

Otra de las grandes cuestiones que la guerra planteó fue, justamente, la de la exacerbación de la vertiente política del sindicalismo socialista. Dio lugar a la controversia, amplia a partir de febrero de 1937, sobre la supuesta pretensión del caballerismo y de la CNT de establecer un «gobierno sindical». Una cuestión más, en fin, fue la nueva y variable consideración —y los hechos que la concretaron— sobre la unidad de acción de las dos grandes centrales sindicales, UGT y CNT, motivo de algunas decisiones importantes pero también de conflictos políticos acusados.

Contamos con escasas obras que hayan estudiado el papel del socialismo en su conjunto en la guerra civil, aunque no faltan. Son más abundantes, desde luego, los estudios que han enfocado aspectos particulares de esa historia —por ejemplo, la del partido y la del sindicato, separadamente— y el análisis de las actuaciones de algunos de los dirigentes más influyentes. La historia del socialismo en la guerra civil responde en líneas generales a una línea que no deja de tener dimensiones contradictorias. Mientras el movimiento socialista fue de principio al fin el soporte fundamental de la República en guerra, tal realidad se vio gravemente afectada por una profundización de las diferencias internas, por la aparición de corrientes nuevas, la más significativa de las cuales fue el negrinismo —en el propio lenguaje del socialismo de la época—, el programa político de Juan Negrín.

La trayectoria socialista derivó, según detallaremos más adelante, hacia una disminución progresiva de su importancia hegemónica, mientras la masa de la militancia continuó sin desmayo el esfuerzo de guerra. Hombres del PSOE o de la UGT ocuparon a lo largo de la contienda puestos fundamentales en el aparato político republicano, especialmente en los primeros tiempos del conflicto. Desde los ministerios, las subsecretarías, las direcciones generales, hasta los gobiernos civiles y la dirección de múltiples organismos y servicios fundamentales. En el partido y en el sindicato se operó, inevitablemente, una amplia «gubernamentalización», valga la palabra.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos de sus principales dirigentes y cuadros, su capacidad movilizadora de las masas no fue excepcional. Había, por lo demás, un cierto número de militares leales de afiliación socialista pero su número no aumentó significativamente. En contraste con ello, se operó una constante expansión de la presencia, la influencia y la preponderancia comunistas. Mientras el socialismo prácticamente no varió en su militancia —teniendo en cuenta su política restrictiva de nuevas afiliaciones y, en sentido contrario, los fenómenos de sindicalización obligatoria del mundo del trabajo al comenzar la guerra— el Partido Comunista crecía vertiginosamente en número de afiliados y en presencia en el Ejército y los organismos gubernamentales. Su capacidad propagandística y de agitación fue muy superior, pero no es este el lugar para ahondar en tal fenómeno.

Como en el caso de la historia socialista en la época de preguerra, no es difícil señalar algunas etapas claramente identificables de su trayectoria durante la contienda, que están sujetas con mayor nitidez, si cabe, al comportamiento de las diversas tendencias y la actitud de los dirigentes. En la primera de ellas, el socialismo se movilizó bajo la preeminencia del obrerismo de inspiración caballerista, con Largo Caballero como dirigente más destacado y la UGT como organización fundamental. Durante la presidencia del gobierno de Largo Caballero, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, el socialismo fue la fuerza hegemónica en la República, hegemonía que partió de la debacle de los gobiernos exclusivamente republicanos frente al empuje de la sublevación. El papel del sindicalismo fue clave en este periodo.

Los movimientos de ruptura en la concentración de fuerzas presidida por Caballero —que desbordaba el ámbito estricto del Frente Popular, dada la presencia en ella de los anarcosindicalistas— comenzaron ya en febrero de 1937, impulsados por las deficiencias en la política militar, y llevaron en definitiva a la caída de su Gobierno, la salida de los sindicatos, UGT y CNT, del gabinete y la constitución del gobierno de Juan Negrín el 17 de mayo. En mayo de 1937 se abrió, pues, una segunda etapa. En sus características de fondo, la configuración política abierta por el gobierno Negrín se mantuvo hasta el final mismo de la contienda. Pero la evolución experimentada fue profunda. En ese periodo de veinte meses aproximadamente fue perceptible una cesura intermedia al producirse la ruptura entre Indalecio Prieto y el propio Negrín, en abril de 1938, tras un año de estrecha colaboración.

La sonada salida de Prieto del Ministerio de Defensa Nacional dio paso a la última conformación gubernamental en la República en la que la política preconizada por Negrín, con el claro y fundamental apoyo comunista, fue la que se impuso en la dirección de la guerra hasta su final. La disidencia de Prieto no fue seguida, sin embargo, por la mayor parte de sus seguidores —Zugazagoitia, González Peña, Lamoneda, Cordero, Vidarte, Prats y bastantes otros— que permanecieron fieles a la política gubernamental, lo cual consagró definitivamente la hegemonía en la dirección republicana de la línea preconizada por Juan Negrín. Estas sucesivas fragmentaciones permiten, pues, hablar, con una formulación breve, pero que dibuja bien los hechos, del socialismo como de una columna esencial del esfuerzo de guerra que, sin embargo, experimentó un progresivo resquebrajamiento. [→ ZONA REPUBLICANA].

LA ETAPA DE LA UNIDAD ANTIFASCISTA

En la primera de esas etapas, entre el comienzo de la guerra y la crisis de mayo de 1937, las diferencias entre el PSOE, aglutinado en torno a la Comisión Ejecutiva que controlaban los seguidores de Prieto, y la UGT, dirigida, a su vez, por los seguidores de Caballero, no desaparecieron, pero, en principio, pasaron a segundo plano. Se impuso la perentoria necesidad de una auténtica alianza frente al fascismo. Ciertamente, Caballero no pidió la aquiescencia de la ejecutiva para componer su Gobierno, lo que siempre se blandió en su contra, pero sí un apoyo completo del partido que este le prestó sin discusión. Tres ministros socialistas eran de la órbita del partido designados por la organización: Indalecio Prieto, Juan Negrín y Anastasio de Gracia, que era también dirigente sindicalista. Otros fueron designados directamente por Caballero. Prieto reconocería, días antes de la formación del gobierno de unidad, que no había otro presidente posible que Caballero. No fue obstáculo que la presencia comunista en él no fuese, desde luego, del entero gusto del mismo Prieto y aún menos de Negrín. Como no lo fue la de los anarcosindicalistas ni la alta representación de sindicalistas.

Fue aquel el gran momento del «sindicalismo de guerra» en el que se sumergió la UGT, que propugnaba el aplazamiento de toda significativa modificación del orden social —al contrario de lo propuesto por la CNT— para volcarse en el esfuerzo bélico. El sindicato socialista, la mayor organización de masas existente en el campo republicano, desempeñó un papel fundamental en la vanguardia de la contienda, donde las milicias socialistas eran mayoritarias —con excepción de Cataluña—, pero, sobre todo, en la organización de la retaguardia. Una organización que el sindicato emprendió en dos direcciones fundamentales: una referente al orden político, la disciplina, el control de los disidentes —con su preponderancia en las Milicias de Vigilancia en la retaguardia— y la movilización y la sujeción completa de todas las organizaciones al esfuerzo bélico. Junto a ello, la reestructuración de una economía de guerra que abarcaría la producción, la distribución y las modificaciones en la propiedad, con la lucha por el acrecentamiento del esfuerzo productivo, todo lo cual llevaría a una fuerte sindicalización del esfuerzo bélico. En este segundo caso, la sintonía con la CNT fue notable, especialmente en Cataluña. UGT no se manifestó en la guerra partidaria de una colectivización de la propiedad, sino de su nacionalización.

La sintonía entre partido y sindicato, que impuso el desencadenamiento de la guerra, empezó a experimentar serios contratiempos a partir de febrero de 1937 y en su origen estuvo el problema militar. La pérdida de Málaga actuó de espoleta. En todo caso, la iniciativa de la oposición vino del sector comunista —aunque no debe olvidarse que en enero se había producido la correspondencia entre los máximos dirigentes soviéticos y Largo Caballero en la que se reflejaba un amplio acuerdo en temas fundamentales para la guerra— y se orientó hacia la crítica de los colaboradores militares del presidente. El PSOE mostró, en principio con prudencia, a través de su órgano El Socialista el apoyo a esas críticas, mientras UGT renovaba su apoyo al presidente. Fue entonces cuando, al lado de la evidente propensión de Caballero a sustentar su política con el apoyo sindical, surgieron los rumores y, más tarde, las acusaciones claras, de que pretendía crear un gobierno sindical marginando a los partidos.

La deriva que llevó a la caída del gobierno de Largo Caballero puso en primer plano, una vez más y de forma dramática, las diferencias en el seno del socialismo. La dirección de la guerra fue el núcleo central de la oposición, pero el problema sindical jugó también un importante papel. No consta que Caballero expusiera nunca de forma explícita la intención de componer un gabinete con predominio de los sindicatos. Pero las manifestaciones sobre tal pretensión se multiplicaron desde muchos frentes. La CNT no ocultó su propensión a ese dominio sindical. Las denuncias más insistentes procedieron del PCE —José Díaz, Pasionaria, Jesús Hernández—. Lo reflejó también El Socialista y hasta el propio Azaña dijo que él no conviviría con un gobierno de tal hechura. Parece claro que fue la crisis, que tuvo ya su primera manifestación en febrero de 1937, la que constituyó el punto de partida de una situación política que parecía propiciar ese aumento de poder e influencia de los sindicatos en el Gobierno. La tendencia a acentuar el papel político de los sindicatos, que siempre fue la de Largo Caballero, llegaba así a su punto culminante.

LAS DOS CRISIS

La crisis de mayo de 1937, con independencia del papel que en ella representaran los comunistas y otras fuerzas políticas, plantea un episodio muy decisivo de la disputa entre caballerismo y prietismo, lo que encierra también ciertos perfiles —que no deben exagerarse, en todo caso— de contraposición, no nueva, desde luego, entre las visiones del partido y del sindicato. Lo nuevo era el contexto en que entonces se manifestaron. Cuando las exigencias comunistas abocaron a una primera dimisión de Caballero, el 13 de mayo, la propuesta por este, habiéndole renovado Azaña la confianza, de un nuevo gabinete tenía algunas notables peculiaridades que fueron fundamentales: su negativa a abandonar el Ministerio de la Guerra, su clara intención de concentrar los poderes fundamentales en manos socialistas, de la UGT y del partido —como captaron perfectamente los cenetistas— dejando en su mano cinco ministerios, y, en fin, su afán por disminuir el papel de Prieto en la nueva composición gubernamental. Los comunistas se mantuvieron inflexibles en sus posiciones y el partido socialista las apoyó frente a las pretensiones de Caballero. Aquí fallaron estrepitosamente las más que problemáticas esperanzas de este en que el socialismo acabaría apoyándole frente a las pretensiones comunistas. No fue así y la situación política en la República dio un vuelco sustancial. El debilitamiento de las posiciones socialistas ante la emergencia comunista fue un hecho irreversible. [→ ZONA REPUBLICANA].

Otros elementos, sin duda, habían contribuido en los meses anteriores a esa problemática deriva socialista en su continua cesión de terreno político, de capacidad de movilización, de influencia militar, ante la pujanza comunista. Estos elementos fueron, entre otros, la irresolución acerca de la creación definitiva del Partido Único del Proletariado, una persistente insistencia comunista a la que los socialistas no respondieron nunca con la negativa sino con la propuesta de algunas condiciones difíciles —la no integración del partido en cuestión en la Internacional Comunista, que el PSUC sí había hecho— y dilaciones, cómo habría de realizarse esa fusión, comités de enlace, etc. Otro asunto que derivó en un enfrentamiento con los comunistas fue el del Comisariado Político, que impulsó realmente Largo Caballero y cuyo control perdió posteriormente —acusando al comisario general, Álvarez del Vayo, de aumentar en él la presencia comunista—. Por fin, los graves incidentes de Barcelona y Cataluña en los primeros días de mayo no hicieron sino acelerar el estallido de la crisis. [→ HECHOS DE MAYO].

La salida del caballerismo del poder tuvo consecuencias profundas y duraderas para la política republicana en la guerra civil y marcó toda una nueva etapa en la actuación de los socialistas. Se ha dicho, con razón, que aquí comenzó el declive del sindicalismo político o de la presencia política de los sindicatos. Significó la salida del sindicalismo del Gobierno —pese a la propuesta primera de Negrín de contar con él— y la apertura de un enfrentamiento sindical con el nuevo Gobierno. En la crisis, UGT negó su colaboración con cualquier proyecto gubernamental que no fuese presidido por Largo Caballero. Tal postura estuvo en el origen de la gran batalla desencadenada en el seno de la central. La decisión de la ejecutiva caballerista fue ya ampliamente discutida en el comité nacional celebrado en el mismo mes de mayo. A partir de esas fechas la batalla, el «pleito de la UGT», tuvo como polos enfrentados a toda la masa del caballerismo y aquellos sectores, a cuyo frente había muchos dirigentes afectos o seguidores del Partido Comunista, decididos a prestar un apoyo pleno al programa de Negrín. El desenlace de la pugna se produjo al comenzar el mes de octubre de 1937, con la práctica escisión del sindicato entre caballeristas y negrinistas. La presidencia del sindicato promovida por estos últimos recayó en Ramón González Peña, líder minero héroe de Asturias y adscrito siempre al sector prietista. Él reunió ahora en su persona las dos Presidencias que anteriormente había ostentado Caballero: la del partido y la del sindicato. La influencia del caballerismo entró así en un ocaso definitivo si bien intentó propiciar entonces un cierto frente sindical con su acercamiento activo a la CNT.

Al contrario que la UGT, el PSOE apoyó sin resquicios la línea política de Juan Negrín. Hombre clave en esa trayectoria fue el secretario general Ramón Lamoneda, pero de hecho contó con apoyo de toda la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional. Su actuación se vio ratificada en el importante Comité Nacional celebrado en julio de 1937 en Valencia que consagró la política seguida por el partido en la nueva situación gubernamental y condenó al sector caballerista y sus iniciativas opositoras. Durante un año, de mayo de 1937 a abril de 1938, el prietismo, con el propio Prieto a la cabeza, desde su cargo de ministro de Defensa Nacional, mostró una convergencia sin fisuras con el presidente Negrín y su política muy influida ya por el Partido Comunista y actuó con eficacia. La política militar fue rectificada con un mando único e iniciativas operativas, como la de Teruel. El resquebrajamiento de esa sintonía, desde el fracaso final en Teruel y el subsiguiente desplome del frente de Aragón, se aceleró, sin embargo, siendo una vez más claves las discrepancias de Prieto con el Partido Comunista o, vale decir igualmente, la viceversa. El caballo de batalla de esta nueva confrontación fue la acusación a Prieto de su falta de fe en la posibilidad de la victoria republicana a la vista del desastre en el frente del Este. Pero había más problemas, el del dominio comunista en el Ejército y el Comisariado como el fundamental entre ellos.

La ofensiva contra Prieto y su «pesimismo» tuvo también entonces como protagonista a los comunistas, que propugnaban una política de resistencia a todo trance y una lucha contra los «capitulacionistas». El resultado fue la salida de Prieto del Ministerio en los primeros días de abril de 1938 y la remodelación del Gobierno. Negrín pasó entonces a hacerse cargo de la política militar desempeñando él mismo la cartera de Defensa. En definitiva, cabe decir que la salida de Prieto no hizo sino prolongar en un episodio más una trayectoria de progresiva perdida de la influencia del socialismo en la política de guerra y la preponderancia de una situación política presidida por una más fuerte alianza entre el socialismo identificado con la política de resistencia de Negrín y los comunistas. El caballerismo derrotado intentó mostrar, una vez superados los episodios más agudos de oposición, su disposición a la colaboración con el Gobierno, pero Prieto no dejó pasar la ocasión de oponerse ostensiblemente a la política de Negrín y al creciente poder comunista. [→ COMUNISTAS].

En el Comité Nacional que el PSOE celebró entre el 8 y el 10 de agosto de 1938, Prieto presentó un venenoso e inexacto informe —que publicaría después de la guerra— que significó una feroz denuncia de la política de Negrín y de las «intrigas de los rusos», en relación con su salida del Gobierno. No se conservan las actas de aquella reunión y la prensa, sometida a férrea censura, no dio cuenta del hecho. El Socialista publicó crónicas del evento donde el enfrentamiento entre Prieto y Negrín se convertía en «diálogo». Nada dijo del contenido del informe ni de la respuesta de Negrín. Pero hay abundantes huellas testimoniales —Zugazagoitia, Vidarte, bastantes de ellas de posguerra— acerca del suceso, además de la crónica periodística, pese a sus limitaciones.

Lo discutido en aquella reunión tiene un especial significado por los asuntos tratados. Tanto la crónica como algunos sueltos periodísticos dieron cuenta del amplio debate acerca de la unidad del socialismo, ensalzaron su actuación y llamaron al olvido del pasado. El problema ocupó gran parte de aquella reunión, lo que prueba que los socialistas estaban más desunidos que nunca, por lo que el tema de la unidad aparecía como estrella. Se discutió ampliamente sobre la unificación con el PCE. Se mostró la voluntad de realizarla pero no se ocultaron las dificultades, muchas de las cuales se achacaron a la propia actitud desleal de los comunistas. Se habló del mediocre funcionamiento de los comités de enlace entre ambos partidos y de las iniciativas particulares por la unificación que habían adoptado algunas agrupaciones socialistas. Ramón Lamoneda tuvo en todo ello una actuación destacada. Se criticó la actitud francamente tibia de la Internacional Socialista con respecto a la guerra de España y al apoyo a la República. Todo un cuadro, pues, de las muy graves dificultades en las que se desenvolvían los socialistas y la República.

En cualquier caso, aquel comité nacional acabó aprobando toda la política seguida por la ejecutiva del PSOE a lo largo de la guerra, con extraordinario disgusto para Largo Caballero, que vio consagrada lo que él entendía como una gran traición, la de mayo de 1937, y la contrariedad de Prieto cuyas posiciones no fueron aceptadas. La celebración coincidió con los preparativos para la celebración del 50.º aniversario de la fundación del PSOE. Con este motivo se intentó la intervención en los actos de dirigentes históricos como Caballero y Besteiro. Ambos renunciaron. El intento de integrarles en la Comisión Ejecutiva como antiguos presidentes fracasó igualmente.

EL PROYECTO POLÍTICO DE JUAN NEGRÍN

Marginados de todo poder Largo Caballero y el caballerismo, eliminada igualmente la posición, poco coherente en más de un sentido, de Prieto, habiendo perdido Besteiro —al que nos referiremos posteriormente— y sus seguidores toda capacidad de influencia desde el principio de la guerra, controladas igualmente las dudas y discrepancias de Azaña, que no veía otra salida para la República que la mediación, la historia del socialismo en la última etapa de la guerra civil se identifica casi plenamente con la dirección desempeñada por Negrín y sus apoyos. El socialismo seguía siendo una fuerza fundamental, pero como organización política había perdido prácticamente su iniciativa.

La política de Negrín en la última fase de su mandato mantuvo unos rasgos bastante perceptibles. Primero, la decisión a favor de una resistencia militar sin desmayo ante la clara ventaja militar —y diplomática— de los sublevados. Ello no quiere decir que no intentase, por vías de negociación —que Negrín dijo haber explorado— o mediante manifestaciones políticas de alcance, una solución mediada de la guerra como demostró la proclamación de sus «Trece Puntos» para la finalización de la contienda el 1.º de mayo de 1938 —reducidos posteriormente a los «Tres Puntos»—. Segundo, la colaboración permanente con el Partido Comunista y el constante recurso a la ayuda soviética en material de guerra y sostén político en lo que insistió hasta el final prácticamente de la contienda. En fin, una práctica gubernamental que potenció firmemente el poder político del Gobierno frente a todas las demás organizaciones y una cierta militarización —en cuestión de la justicia, por ejemplo— de la vida en retaguardia y el control de los disidentes ante su creciente presencia. Cosa que ha sido convertida por torpes manipuladores en un supuesto afán «dictatorial» del presidente Negrín. Este, a finales de 1938, llegó a comentar con el encargado de negocios soviético y los líderes del PCE la creación de una especie de Frente Nacional en la República como sostén último de la resistencia. La idea fue rápidamente descartada.

El problema histórico que durante mucho tiempo ha oscurecido la realidad de la política republicana bajo la presidencia de Negrín ha sido la atribución de su comportamiento al sometimiento a los dictados comunistas y al fomento constante de la influencia de estos, lo que se une a los viejos asertos también sobre la influencia comunista en su propio ascenso a la presidencia. Hoy en día, las pretensiones de veracidad de estos asertos, que formularon con persistencia no solo el enemigo franquista sino sectores amplios del socialismo y de las fuerzas republicanas, han caído claramente por su base, empezando por la documental. La labor historiográfica de autores como Elorza, Hernández Sánchez y, particularmente, Viñas, han derruido este castillo de naipes.

Juan Negrín dijo explícitamente que no podía gobernar sin los comunistas, idea compartida por muchos y que se ajustaba de forma estricta a la lógica de la situación, por la eficacia comunista, por la ayuda soviética, el continuado retraimiento de las democracias occidentales y el avance de las posiciones contrarias al esfuerzo de resistencia, frente al que no había otra opción viable. Tampoco los comunistas, y menos aún los soviéticos, fueron la clave del ascenso de Negrín. Él fue una «solución republicana», cosa suficientemente demostrada hoy.

La mayor parte de las fuerzas socialistas estuvieron del lado de la política de Negrín, aunque la desunión interna pervivió hasta el final y se exacerbó en el exilio. La nueva UGT salida de la escisión en octubre de 1937, dirigida ahora por elementos afines a Negrín —González Peña, Rodríguez Vega, Domínguez, Del Rosal, etc.— colaboró decididamente con el Gobierno y también practicó una política de acercamiento a la CNT. De hecho, un cenetista poco relevante, Segundo Blanco, se incorporó al Gobierno tras la crisis de abril de 1938. A los acuerdos adoptados ya en el verano de 1937 bajo la dirección caballerista, con la creación de comités de enlace entre ambas centrales, se sumaron los más elaborados que se adoptaron en marzo de 1938, en forma de auténtico pacto en el que los criterios políticos y sociales del ugetismo quedaron prácticamente dominantes.

El problema para la continuación de la guerra que se presentaba a la coalición de socialistas y comunistas, especialmente tras el resultado de la batalla del Ebro, no tenía ya que ver directamente con el socialismo y sus problemas. Tenía que ver con la política de resistencia a todo trance y con el cansancio y la falta de perspectivas de una paz condicionada así como con una población que había sufrido un largo conflicto en circunstancias de vida crecientemente difíciles. El divorcio entre la política de guerra y el grueso de la población, el alejamiento entre Gobierno y pueblo, el aislamiento de las fuerzas políticas en su exigencia de resistencia y una retaguardia exhausta fue advertido por agudos observadores y asesores como Togliatti. De hecho, la política republicana no tenía otra perspectiva ante la negativa de Franco a cualquier solución negociada y el progresivo alejamiento de las potencias de la suerte de la República.

LA ÚLTIMA DIVISIÓN Y LA DERROTA

En esta situación se gestó el asalto final del coronel Segismundo Casado en Madrid, con su golpe institucional y su disparatada creencia de que eliminado el gobierno Negrín sería posible una negociación con Franco, lo que se consumó en lo sucedido a partir del 5 de marzo de 1939. Con independencia de otras dimensiones insertas en la sublevación casadista y de las oscuras intenciones que latían en ella, el episodio tiene importancia como último acto en la guerra del drama de la división y decrecimiento del socialismo. En el Consejo de Defensa creado por Casado figuraron Besteiro, como figura socialista más destacada, el caballerista Wenceslao Carrillo y el ugetista Antonio Pérez. El caso de Besteiro es el más relevante. [→ GOLPE DE CASADO].

En efecto, Besteiro y el besteirismo habían perdido ya antes de la guerra su capacidad de influencia en la marcha del socialismo. El veterano dirigente permaneció en Madrid durante toda la contienda dedicado a labores culturales y humanitarias. No desempeñó cargo alguno, pero sí lo hicieron antiguos seguidores suyos. Besteiro se negó a formar parte de nuevo de la ejecutiva socialista, en el verano de 1938, y evolucionó hacia un anticomunismo profundo. En la reunión circunstancial con miembros de la ejecutiva y el Comité Nacional del PSOE a la que asistió en Barcelona, en noviembre de 1938, culpó claramente a los comunistas de ser artífices de la guerra y, sobre todo, de imponer su continuación. Trabajado en Madrid por quintacolumnistas entró en contacto con Casado y fue ganado para la causa del derribo de Negrín y su Gobierno y la terminación de la guerra por acuerdo con Franco. A ello le llevaron su convencimiento de que el comunismo era el problema y el sentido humanitario ante los sufrimientos de la población. Prestó al golpe su prestigio de dirigente y su capacidad discursiva para justificarlo. Con ello, sin embargo, liquidó sus convencimientos políticos de décadas.

Por las mismas razones de sentimiento anticomunista profundo, como explicaría en el exilio Wenceslao Carrillo, los caballeristas estuvieron de parte de Casado y contra el gobierno Negrín en este episodio final. Largo Caballero mismo, ya en el exilio desde enero, no tuvo intervención directa ni indirecta en el asunto, pero más tarde aprobó las razones de los golpistas como enemigos de Negrín y la política comunista. Prieto no se pronunciaría sobre estos hechos, como no lo hicieron tampoco otros dirigentes, incluidos algunos caballeristas. Como es sabido, el grueso del anarcosindicalismo, por idénticas razones, estuvo igualmente con Casado y proporcionó algunos consejeros a su Consejo Nacional de Defensa. No hubo, sin embargo, deserciones en el socialismo seguidor de Negrín.

Como ha escrito Helen Graham, la historia del socialismo en la guerra civil es una de «poder, crisis y derrota». El poder fue consustancial con la trayectoria socialista desde el principio. La crisis en su seno llegó a su eclosión definitiva. La derrota fue compartida con todas las demás fuerzas defensoras de la República. Fue una derrota histórica para todo el obrerismo y progresismo español en el siglo XX. Lo que comenzó para el socialismo, al entrar la década de los treinta, en una victoria con fuertes costos, en una victoria pírrica acompañada de una profunda división y una frustración de las expectativas, desembocó en una derrota sin paliativos, compartida con el resto de las fuerzas obreras y burguesas republicanas, a la que coadyuvó no poco su propia división. Pero, tal vez, no fueron menores los costos de una penosa reconstrucción del movimiento socialista que ocupó algo más de tres décadas con posterioridad a la derrota.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Gabriel, Pere: Un sindicalismo de guerra, 1936-1939, Siglo XXI, Madrid, 2011 («Historia de la UGT», 4).

Graham, Helen: El PSOE en la guerra civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939), Debate, Barcelona, 2005.

Juliá Santos (coord.): Socialismo y guerra civil, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1987 (con la colaboración de diecisiete autores).

Largo Caballero, Francisco: Notas históricas de la guerra de España, en Obras Completas, edición a cargo de Aurelio Martín Nájera y Agustín Garrigós Fernández, Fundación Francisco Largo Caballero e Instituto Monsa de Ediciones, Madrid-Barcelona, 2003-2009, vol. 11-13.

Mateos, Abdón (ed.): Indalecio Prieto y la política española, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2008 (con la colaboración de nueve autores).

Miralles, Ricardo: Juan Negrín: la República en guerra, Temas de Hoy Madrid, 2003.

Moradiellos, Enrique: Don Juan Negrín, Península, Barcelona, 2006.

Viñas, Ángel: La soledad de la República; El escudo de la República; El honor de la República; El desplome de la República (este último con F. Hernández Sánchez), Crítica, Barcelona, 2006-2009, 4 vols.

EL SUEÑO ANARQUISTA

GUERRA CIVIL Y REVOLUCIÓN

por

JULIÁN CASANOVA

Revolución y/o violencia. Esas son las dos palabras con las que suele unirse al anarquismo cuando se recuerda su presencia e historia durante la guerra civil española. En realidad, los dos fenómenos, la revolución y la violencia, fueron productos del fracaso de la sublevación militar de julio de 1936. Un golpe de estado contrarrevolucionario que intentaba, entre otras cosas, frenar la presunta revolución, acabó desencadenándola.

Visto lo que había pasado con los intentos insurreccionales anarquistas durante la República, es muy probable que sin ese golpe, y sin el derrumbe de los mecanismos de coerción del Estado que ocasionó, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera existido unanimidad a favor de la sublevación en las fuerzas armadas, cualquier posible resistencia habría sido vencida fácilmente. Las milicias sindicales, incluso armadas (¿quién les hubiera proporcionado las armas?), nada hubieran podido hacer frente a un ejército unido. Las organizaciones revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo por la fuerza. En el ejército español de 1936 apenas había conexiones con las actividades revolucionarias, mientras que un buen numero de jefes y oficiales mostraban claras simpatías por la causa autoritaria y contrarrevolucionaria.

QUIEBRA DEL PODER Y VIOLENCIA REVOLUCIONARIA

La sublevación no pudo lograr de entrada la conquista del poder, pero al ocasionar una división profunda en el Ejército y en las fuerzas de seguridad debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha violenta, de rebelión militar y de revolución popular. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de mil días.

Las calles de esas ciudades donde el golpe fracasó se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos actores de la historia, muchos de los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado que ahora se tambaleaba. No estaban allí exactamente para defender a la República, a la que ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la revolución. Adonde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. La política daba paso a las armas.

Barcelona, la segunda ciudad de España, el bastión de los anarquistas, se convirtió muy pronto en el símbolo de la resistencia popular y de la revolución. Tenía una guarnición muy nutrida y dividida entre militares que apoyaban a la República y otros que estaban involucrados en la conspiración. El general encargado a última hora de dirigir allí la rebelión, Manuel Goded, comandante general de Baleares, llegó tarde, cuando ya otro general, Álvaro Fernández Burriel, se había sublevado sin planes muy precisos.

Poco pudo hacer Goded, porque un sector de la Guardia Civil, las fuerzas de orden público de la Generalitat y los grupos anarquistas más radicales, que se habían apoderado de cientos de fusiles, controlaban ya la situación. Cuando el 20 de julio se entregaron los últimos militares alzados en Barcelona y el general Manuel Goded, sitiado en el antiguo palacio de Capitanía General, anunciaba por radio su derrota y rendición, los enfrentamientos en la capital catalana habían dejado 450 muertos, entre ellos el anarquista Francisco Ascaso, de 35 años, muerto en el asalto al cuartel de Atarazanas, el primer mártir del anarquismo, inmortalizado en cientos de carteles con cara de adolescente.

Los anarquistas se apropiaron desde el principio de esa victoria, que explicaron como el enfrentamiento entre un ejército sublevado y la clase obrera organizada en la CNT. «Si la sublevación militar ha desembocado en una gran guerra, se debe sobre todo a nuestra intervención combativa», afirmaba el anarquista Diego Abad de Santillán al recordar aquellos hechos, alimentando la leyenda: «No fue la República la que supo y la que fue capaz de defenderse contra la agresión; fuimos nosotros los que, en defensa del pueblo, hemos hecho posible el mantenimiento de la República y la organización de la guerra».

La información disponible prueba, sin embargo, que solo los militantes más comprometidos y algunos dirigentes salieron a combatir a los sublevados junto con las fuerzas de seguridad leales. El famoso «pueblo en armas» apareció después, cuando, derrotado el levantamiento, las calles se llenaron de hombres y mujeres en huelga que el 19 y el 20 de julio habían permanecido en sus casas atemorizados por los disparos y la gravedad de los acontecimientos. Ahí comenzó a cultivarse la leyenda de los que estuvieron en las barricadas, de los que libraron a Barcelona de los militares fascistas, de los que vieron a Francisco Ascaso caer abatido por la bala de un francotirador.

Era la hora de los anarquistas, que hasta ese momento habían mantenido relaciones muy difíciles y tensas, de enfrentamiento abierto en algunos momentos, con el régimen republicano. Tenemos numerosas pruebas documentales de esa fiesta revolucionaria, filmada por ellos mismos, de cómo empezó todo en Barcelona, la ciudad revolucionaria y libertaria por excelencia, para extenderse después a otros lugares, a los campos de Aragón, a los frentes de batalla. Una revolución que llegaba a los medios de producción y a los bienes de consumo, con imágenes históricas como la del Hotel Ritz de Barcelona, ejemplo por excelencia del lujo burgués, convertido en comedor popular.

De esa victoria al frente del pueblo trabajador quedó para la posteridad la imagen de una delegación de la CNT-FAI acudiendo al palacio de la Generalitat a entrevistarse con el presidente Lluís Companys. Iban «armados hasta los dientes… descamisados y sucios de polvo y humo», según el relato que entonces escribió Juan García Oliver. Companys los recibió «emocionado» para decirles que, aunque en el pasado nunca habían sido tratados como se merecían, «hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña porque solo vosotros habéis vencido a los militares fascistas». «Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo». Y la CNT y la FAI, que tenían al fascismo vencido, al pueblo en las calles y al poder político rendido a sus pies, «se decidieron por la colaboración y la democracia, renunciando al totalitarismo revolucionario y a la dictadura confederal y anarquista». Pudiendo «ir a por el todo», abandonaron esa ambición en un acto de «ética libertaria».

Abad de Santillán, que estuvo en esa reunión, explicó el porqué de este comportamiento tan «ejemplar»: «nosotros no creíamos en la Dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando la Podíamos ejercer nosotros en daño de los demás. La Generalidad se quedaría en su puesto con el presidente Companys a la cabeza y las fuerzas populares se organizarían para continuar la lucha por la liberación de España». Así surgió el 21 de julio el Comité Central de Milicias Antifascistas, compuesto por cinco anarquistas, tres dirigentes de la UGT, uno del PSUC, uno del POUM, uno de Esquerra Republicana, uno de la Unió de Rabassaires, uno de Acció Catalana y varios asesores militares. Según la literatura anarquista, con él nacía un modelo de organización y de poder revolucionarios frente al gobierno «central» de José Giral en Madrid. En realidad, en los dos meses que funcionó, hasta su disolución a finales de septiembre con la entrada de los anarquistas en el gobierno de la Generalitat, poco o nada hizo para «ordenar» la actividad económica y política de Cataluña. Sus decretos fueron más bien orientados a crear mecanismos de control del orden revolucionario, reclutar y adiestrar milicias, donde destacaron García Oliver y Abad de Santillán, y dirigir el «mando único» de las operaciones de guerra en tierras aragonesas.

Muchos anarquistas vieron sus sueños cumplidos. Soñaron despiertos. Duró poco, pero aquellos meses del verano y otoño de 1936 fueron lo más parecido a lo que creían que era la revolución y la economía colectivizada. Poco importaba que la revolución se llevara por medio a miles de personas, «excesos inevitables», «explosión de las iras concentradas y de la ruptura de cadenas», en palabras de Abad de Santillán. La necesaria destrucción de ese orden caduco era algo insignificante, en cualquier caso, comparado con la «reconstrucción económica y social» que se emprendió en julio de 1936, sin precedentes en la historia mundial. Esa es la imagen feliz del paraíso terrenal que transmitieron la literatura anarquista, las declaraciones de Buenaventura Durruti a los corresponsales extranjeros o en la prensa que podían leer los obreros de Barcelona y los milicianos en el frente de Aragón: «Los trabajadores se posesionaron de toda la riqueza social, de las fábricas, de las minas, de los medios de transporte terrestre y marítimo, de las tierras de los latifundistas, de los servicios públicos y de los comercios más importantes». [→ VIOLENCIA].

En realidad, a esas transformaciones políticas y sociales del verano de 1936 y a la creación y organización de milicias, consideradas las máximas manifestaciones del poder popular, siempre les acompañó la violencia. La tea purificadora alcanzó en aquellas primeras semanas a políticos conservadores, militares, propietarios, burgueses, comerciantes, clero, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, católicos, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias. Antes de construir, había que eliminar de raíz el mal social y a sus principales causantes. Y la sangre corrió derramada por los múltiples comités de empresa, barrio y pueblo que se crearon al calor de la revolución; por los «grupos de investigación y vigilancia», encargados de limpiar la atmósfera de gente «malsana». Cualquiera podía llevar una pistola o fusil en aquel momento.

En las primeras semanas de guerra, la «caza de fascistas», la defensa de la revolución y la persecución de sus adversarios fueron fenómenos inextricablemente unidos y en la práctica resultaba muy difícil de hallar la línea divisoria. Esa violencia empezó con la eliminación de quienes habían participado en la sublevación contra la República, siguió como una tarea urgente para suprimir la contrarrevolución y desembocó en una cuestión de ley y orden revolucionarios. Había llegado por fin la hora de que el pueblo se liberara de sus cadenas y muchos compartieron entusiasmados esa retórica extremista. El fuego purificador alcanzó con especial virulencia al clero. De los reproches éticos y las actitudes ofensivas, elementos comunes a la cultura anticlerical de republicanos, socialistas y anarquistas desde principios de siglo, se pasó definitivamente a la acción.

El recuerdo de esa revolución provoca, por lo tanto, posiciones enfrentadas: convulsión destructiva y radical para unos; demostración, para otros, de la capacidad creadora de los trabajadores en industrias y tierras sin dueños; autogestión obrera o imposición de los postulados de una minoría dirigente. Es una ambivalencia, por otro lado, presente en todos los fenómenos revolucionarios y períodos de cambio social que históricamente han ido acompañados de guerras y presiones internacionales. La revolución española, que los anarquistas consideraron exclusivamente suya, tuvo en las milicias, en las colectivizaciones y en los comités sus principales señas de identidad.

El primer símbolo de ese nuevo poder de los anarquistas fueron las milicias, «el pueblo en armas», columnas armadas formadas por obreros, campesinos y residuos de unidades del Ejército y de las fuerzas de seguridad no sublevadas. Las milicias dominaron en aquellos primeros meses de la guerra, antes de convertirse en unidades regulares del ejército de la República, extensos territorios, crearon comités revolucionarios por los pueblos donde pasaban, los sustitutos de los viejos ayuntamientos, ajustaron cuentas con la gente de orden, con los derechistas y el clero, y propagaron la revolución expropiadora y colectivista. Todos los máximos dirigentes de aquellas columnas anarquistas (Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz, Antonio Ortiz, Gregorio Jover o Cipriano Mera) eran «hombres de acción», miembros de los principales grupos anarquistas de la FAI, la organización creada en 1927 para salvaguardar la pureza de las ideas anarquistas en el seno de la CNT.

Nadie representó mejor la fuerza y fama de los anarquistas en esos meses dorados de la revolución que Buenaventura Durruti, nacido en 1896 en León, obrero, aventurero en Francia y Latinoamérica, que pasó largos períodos en la cárcel durante la Segunda República y que estuvo en primera línea de fuego en las jornadas del 19 y 20 de julio de 1936, cuando salieron derrotados los militares sublevados en Barcelona.

Lideró las milicias que partieron desde Barcelona hacia Aragón para «arrancarlo al fascismo» y posteriormente fue con su columna al Madrid sitiado por los franquistas, donde murió, en circunstancias todavía no aclaradas, en el sector de la Ciudad Universitaria el 20 de noviembre de 1936. Como murió en la ciudad que el gobierno republicano acababa de abandonar, con los nuevos ministros anarquistas incluidos, para trasladarse a Valencia, la leyenda de Durruti se agrandó: era la prueba definitiva de su fortaleza frente a quienes, pese a ser anarquistas, se habían enzarzado en el juego de la política. Con ese Durruti mártir, sacrificado en la lucha contra el fascismo, murió, como repitieron muchos anarquistas después, lo mejor y más puro de la revolución española. En realidad, poco había aportado Durruti a la historia, teoría y práctica del anarcosindicalismo español. Pero el mito siempre se ha impuesto a la realidad.

Sus frases y declaraciones, realizadas algunas de ellas a los corresponsales de prensa extranjeros, parecían recoger el espíritu espontáneo de la revolución puesto en marcha por los anarquistas. Un bando firmado por el propio Durruti en la localidad aragonesa de Bujaraloz, el 11 de agosto de 1936, apenas tres semanas después de la sublevación militar, abolía la propiedad privada de «la tierra de los terratenientes», declaraba propiedad del pueblo, bajo control del comité revolucionario, «todos los útiles de labranza, tractores, máquinas trilladoras, etc., de los propietarios fascistas» y exigía a sus habitantes, por ser «la lucha armada de las milicias antifascistas la salvaguarda de los intereses del pueblo trabajador», su apoyo «entusiasta e incondicional, tanto material como moral».

Las colectivizaciones de las tierras incautadas por las milicias y el dominio ejercido por anarquistas y socialistas en muchos municipios de la España republicana en los primeros meses de la guerra civil fueron en verdad un asalto directo a las relaciones de propiedad, a la autoridad y al poder establecido. Mitos y tópicos al margen, la abolición del trabajo asalariado, de la propiedad privada de los medios de producción y del dinero y la discusión en asambleas populares del funcionamiento de ese nuevo sistema de producción y consumo son fenómenos que ilustran suficientemente la inversión del orden social en los primeros instantes de aquel proceso revolucionario.

La revolución y la guerra contra el fascismo generaron también un nuevo discurso y una imagen diferente de la mujer. La cultura patriarcal gozó de un fuerte arraigo en la España anterior a la proclamación de la Segunda República. Según ese discurso tradicional, el hombre era un individuo superior, sostén económico de la familia, mientras que la mujer estaba predestinada por la naturaleza y la biología a la maternidad y a la dedicación a la familia y al hogar.

La representación de la mujer como «perfecta casada» y «ángel de la casa» dio paso, en el fervor revolucionario de las primeras semanas, a la figura de la miliciana, activa y beligerante heroína, fuerte y valiente, descrita gráficamente en numerosos carteles como una joven atractiva, con mono azul, fusil al hombro, marchando con paso decidido hacia el frente a la caza del «enemigo fascista». Si para los hombres el rechazo del «traje burgués» era un signo de identificación política, como ya observara George Orwell, para las mujeres, según la historiadora Mary Nash, «llevar un pantalón o un mono adquirió un significado más profundo, dado que las mujeres nunca habían adoptado antes ese atuendo masculino», que desafiaba la tradicional apariencia femenina.

En realidad, esa imagen de la heroína miliciana que formaba parte del espíritu de aventura revolucionaria presente en el verano de 1936 desapareció muy pronto y fue sustituida por la consigna «hombres al frente, mujeres a la retaguardia», más acorde con el papel diferente que a ambos géneros se les asignaba en el esfuerzo bélico: los primeros, ocupados en la tarea de combatir en las trincheras y las segundas en servicios de apoyo y auxilio en la retaguardia. Tras la sacudida revolucionaria, la exaltación de la maternidad y del derecho de las madres a defender a sus hijos de la brutalidad del fascismo constituían una forma mucho más poderosa de movilización femenina.

Muchos anarcosindicalistas creyeron que con la destrucción de la legalidad vigente y ese cambio de propietarios la revolución era ya una cosa hecha. Los acontecimientos de julio de 1936 habían proporcionado, efectivamente, un ascenso fulminante a la CNT. En Cataluña y en la mitad oriental de Aragón, sus militantes de siempre se imaginaban dueños absolutos de la situación. Ya no eran «desheredados», carne de presidio, blanco favorito de la reacción y de los gobernantes. Ahora el pueblo —es decir, ellos— estaba armado y nada ni nadie podría detenerlo. Todos querían tener un carné de la histórica CNT. Solidaridad Obrera, que se repartió gratis en los primeros días en las calles de Barcelona, alcanzó pronto su apogeo, con tanta gente ávida de noticias frescas sobre la guerra y la revolución. Su tirada se disparó: los 31 000 ejemplares de comienzos de julio pasaron a 70 000 pocos días después de la sublevación y a 150 000 a finales de agosto.

Pero por muy festiva, destructiva y radical que se manifestara en el verano de 1936, la revolución ocurría en el marco de una guerra civil, donde se luchaba contra un ejército bien organizado y auxiliado además desde el principio por las potencias fascistas. El dilema que algunos planteaban sobre si había que hacer la revolución antes que la guerra, o aplazarla hasta la derrota de los militares rebeldes, tenía poco que ver con la realidad porque, como advertía Helmut Rudiger, delegado de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en España, «si se pierde la guerra se pierde todo, y para medio siglo o más tiempo ya no habrá ninguna discusión más sobre el problema de la revolución».

La España republicana, la que surgió de la resistencia al golpe de estado, la que acogió la revolución y la guerra contra el ejército de los sublevados, la componían en aquellos primeros meses un conjunto de poderes armados y fragmentados de difícil control. Con tantos centros de poder compitiendo, además, era muy difícil avanzar en el camino correcto para crear una economía unificada y un ejército eficaz, dos elementos fundamentales para combatir contra los militares rebeldes. Resultaba también imprescindible que de tal revolución y hervidero de poderes saliera un orden público capaz de dirigir la guerra y controlar la retaguardia. A la República le comenzó a ir muy mal en el escenario internacional y perdió continuamente terreno en los campos de batalla.

Como Giral no representaba a esa nueva movilización social y política abierta con la rebelión militar, dirigida también contra lo que quedaba del propio Estado republicano, ni a los múltiples poderes revolucionarios y sindicales que emergieron, los únicos que mandaban en aquel escenario caótico del verano de 1936, tuvo que dimitir y dejar paso a Francisco Largo Caballero. Era el 4 de septiembre de 1936 y el veterano líder de la UGT, que se había negado a que Indalecio Prieto formara un gobierno republicano y socialista en mayo de 1936 y que tampoco había querido asumir esa responsabilidad tras la sublevación militar de julio, aceptó por fin presidir «un gobierno de coalición», en el que había, por primera vez en un país de Europa occidental, ministros comunistas.

ANARQUISTAS EN EL GOBIERNO

La transmisión de poderes desde un gobierno republicano que nada dirigía a otro presidido por el viejo conocido, y otrora «enemigo», líder del sindicalismo rival, puso en guardia a los comités dirigentes de la CNT. Mientras el gobierno central estuvo compuesto por los republicanos, los «burgueses de siempre», despreciados además por su incapacidad para detener el avance fascista, no les preocupó demasiado. Estando el pueblo armado, ¿qué necesidad había de crear nuevos organismos de poder? De lo que se trataba era, más bien, de consolidar política y militarmente aquellos cambios revolucionarios que se habían propagado por Cataluña, la mitad oriental de Aragón, el País Valenciano y extensas zonas de Castilla la Mancha y Andalucía. Y eso no lo iba a hacer, por supuesto, una especie de gobierno fantasma que ni siquiera mandaba en Madrid. La llegada de Largo Caballero al Gobierno, acompañado de socialistas poco revolucionarios y comunistas, cambiaba, sin embargo, las cosas y obligaba también a modificar la retorica. A partir de ese momento, la actitud de la mayoría de los dirigentes de la CNT consistió en impedir que las demás organizaciones utilizaran exclusivamente ese poder en beneficio propio.

Tomaron la iniciativa los anarcosindicalistas de Cataluña, allí donde los acontecimientos de julio de 1936 más influencia habían dado a la CNT. El hombre fuerte y respetado del momento era Mariano Rodríguez Vázquez, «Marianet», un joven militante de la construcción nacido en 1909, miembro también de la FAI, que podía presentar en su curriculum haber pasado más de veintinueve meses en la cárcel entre las seis veces que fue detenido durante los años republicanos. Secretario de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña desde junio de 1936 y apoyado por gente tan dispar como García Oliver, Abad de Santillán o Federica Montseny, emprendió un discurso de orden, disciplinario, que, sin renunciar a la profundidad y radicalismo del cambio gestado, acabara con los impulsos dispersos y sin coordinación. Tarea difícil, dada la estructura de la organización libertaria y el dominio que los múltiples comités habían adquirido durante el verano. Para llevarla a cabo, no había de entrada recurso más apropiado que orientar al movimiento hacia objetivos más amplios que la revolución que se creía ya consumada. Una propaganda machacona preparó el ambiente para dulcificar la incorporación de los dirigentes anarcosindicalistas a puestos de responsabilidad y gobierno. Jacinto Toryho, primero desde la Oficina de Prensa y Propaganda de la CNT y después desde Solidaridad Obrera, fue el hombre escogido para desarrollar tal estrategia.

Ese discurso de orden y disciplina, en el que insistía también desde el comienzo de la contienda Joan Peiró, condujo primero a la CNT al gobierno de la Generalitat el 26 de septiembre de 1936. A partir de ese momento, los dirigentes anarquistas pasaron el mes de octubre en tratar de convencerse entre ellos y convencer a los militantes de que entrar en el gobierno de la República era necesario y, como dijo su entonces secretario nacional, Horacio Martínez Prieto, la única alternativa que les quedaba. Tras una serie de encuentros entre este y Largo Caballero, el 4 de noviembre de 1936, cuatro dirigentes anarquistas pasaron a ser ministros de la República. Era un «hecho trascendental», como afirmó aquel mismo día Solidaridad Obrera, porque los anarquistas nunca habían confiado en los poderes de la acción gubernamental y porque era la primera vez que eso ocurría en la historia mundial. Anarquistas en el gobierno de una nación: un hecho extraordinario e irrepetible.

Las personas elegidas por el Comité Nacional para tal misión fueron Federica Montseny, Juan García Oliver, Joan Peiró y Juan López. En esos cuatro dirigentes estaban representados de forma equilibrada los dos principales sectores que habían pugnado por la supremacía en el anarcosindicalismo durante los años republicanos: los sindicalistas y la FAI. Joan Peiró y Juan López, ministros de Industria y Comercio, quedaban como indiscutibles figuras de aquellos sindicatos de oposición que, tras ser expulsados de la CNT en 1933, habían vuelto de nuevo al redil poco antes de la sublevación militar. Juan García Oliver, nuevo ministro de Justicia, era el símbolo del «hombre de acción», de la «gimnasia revolucionaria», de la estrategia insurreccional contra la República, que había ascendido como la espuma desde las jornadas revolucionarias de julio en Barcelona. A Federica Montseny, ministra de Sanidad, la fama le venía de familia, hija de Federico Urales y Soledad Gustavo, y de su pluma, que había afilado durante la República para atacar, desde el anarquismo más intransigente, a todos los traidores reformistas. Ella iba a ser además la primera mujer ministra en la historia de España.

Ya en el Gobierno, los anarquistas dieron el visto bueno a todas las grandes decisiones que tuvo que tomar Largo Caballero: la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias y creación del Ejército Popular de la República, el control y enfriamiento de la revolución y la centralización del poder. De todas ellas, la conversión de las milicias en un ejército con mando militar centralizado, capaz de enfrentarse al ejército del general Franco, fue la que creó un debate más intenso entre los anarquistas. Los principales dirigentes trataron de convencer a la mayoría de los militantes de que las milicias, eso que llamaban «el pueblo en armas», resultaban ineficaces para una guerra de largo alcance frente a un enemigo potente. «La vida sindical se basa en acuerdos de asambleas generales; la guerra en mandar y obedecer», sentenció Helmut Rudiger, el delegado de la AIT en España, con la excepcional lucidez con la que captó aquellos acontecimientos.

En los primeros meses de 1937 la mayoría de los milicianos del frente de Aragón, escenario de las escasas resistencias que hubo, se incorporó al nuevo Ejército. Hubo deserciones en varias columnas, como en la de Durruti, y unos 400 hombres de la de «Hierro», la más radicalmente enfrentada a esa medida, la abandonaron cuando en marzo de 1937 fue militarizada y convertida en la Brigada 83. Muchos de aquellos desertores y disidentes esgrimieron sus armas en las calles de Barcelona en mayo de 1937. Fueron derrotados, aunque el grave problema de orden y disciplina que crearon a la República dejó huellas y alimentó más el contraste entre la desunión en el bando republicano y la unidad bajo un único jefe en el franquista.

Tampoco fue nada sencillo la reconstrucción del poder central. Porque aunque el gobierno de Largo Caballero limitó el poder de los comités revolucionarios, no pudo evitar que Cataluña y lo que quedaba de Euskadi incrementaran su autonomía y que se consolidaran en otros sitios poderes regionales. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat tuvo plena autonomía política y económica y, hasta mayo de 1937, ejerció el poder absoluto de la policía y del orden público. Adquirió especial notoriedad el Consejo de Aragón, creado por las columnas anarquistas en ese frente en octubre de 1936 y que contó con sus propios órganos de policía, controló la economía colectivizada y administró justicia. Todo un desafío para el gobierno republicano hasta que lo disolvió por decreto, y con la ayuda de la fuerza militar, en agosto de 1937.

Uno de los grandes logros de la etapa de gobierno de Largo Caballero, sobre todo desde comienzos de 1937, fue que desapareció casi por completo el terror caliente, brutal y sin garantías de los primeros meses de la guerra. La revolución cedió el paso a la guerra y el control de la retaguardia, con poderes políticos y armados más fuertes y disciplinados, sustituyó a la violencia de las «sacas» y «paseos» por la justicia de los tribunales populares.

La creación de un ejército regular, el control de la retaguardia y la reconstrucción del Estado se abordaron, no obstante, en medio de fuertes disputas y tensiones políticas entre las fuerzas que configuraban la coalición del Gobierno. Los comunistas, que presionaban sin éxito a Largo Caballero para que uniera al PSOE y al PCE en un gran partido marxista, como habían hecho los jóvenes de ambas organizaciones justo antes de la guerra con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), comenzaron a protestar, en público y en privado, contra la ineficacia del Gobierno para controlar los poderes regionales y contra la forma de dirigir la guerra. Las críticas subieron de tono a partir de la conquista de Málaga, el 8 de febrero de 1937, por las tropas de Franco, apoyadas por trece batallones italianos al mando del general Mario Roatta.

Los comunistas, y también Manuel Azaña, el presidente de la República, querían que los anarquistas desaparecieran del Gobierno. Acusaron a Largo Caballero de ser el responsable último de la caída de Málaga y la Komintern presionó para echarlo del Ministerio de la Guerra, aunque continuara siendo el presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, los socialistas de la fracción de Indalecio Prieto, que controlaban el comité nacional del PSOE y querían también eliminar del ejecutivo a las organizaciones sindicales, a la UGT y a la CNT, transmitieron a Manuel Azaña a mediados de marzo la necesidad de sustituir a Largo Caballero como ministro de Guerra. Era la lucha entre partidos y sindicatos, que iba a resolverse muy pronto a favor de los primeros.

LA REVOLUCIÓN CONGELADA

Y comenzó a resolverse en Barcelona, una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista. Las fuerzas políticas y sindicales de Cataluña se enzarzaron durante el primer trimestre de 1937 en duras disputas sobre la escasez del pan, el alcance de las colectivizaciones, el control del armamento, de las industrias de guerra y del orden público, cuestión vital que desembocó a comienzos de marzo en la disolución de las patrullas de control, uno de los ejes del poder armado de la CNT. La imagen de la autogestión obrera abría paso a manifestaciones de mujeres que reclamaban alimentos y combustible y a sangrientos disturbios en la retaguardia que dejaron varios muertos entre manifestantes, mujeres incluidas, y miembros de las fuerzas de seguridad.

Ese escenario de crisis de subsistencias, de pugna política y sindical y de sentimiento de fracaso revolucionario alimentó los famosamente trágicos sucesos de mayo de 1937. La chispa que los hizo estallar, el día 3, fue la decisión del consejero de Seguridad de la Generalitat, el nacionalista Artemi Aiguader, de ocupar el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña, en poder de la CNT desde la derrota de los militares sublevados en julio de 1936. Las fuerzas de asalto que llegaron allí para cumplir la orden fueron recibidas a tiros por algunos anarquistas que se encontraban dentro. Acudieron al lugar anarquistas armados en ayuda de los sitiados. Los combates se extendieron. Muchos dejaron el trabajo. Las barricadas se levantaron de nuevo en Barcelona. Detrás de ellas, y frente a las fuerzas de seguridad, socialistas y comunistas, se encontraban antiguos milicianos que se habían negado a incorporarse al nuevo Ejército, jóvenes libertarios, anarquistas de la FAI, que ya no eran reconocidos como tales por la propia organización, y militantes del POUM. [→ HECHOS DE MAYO].

El gobierno de Largo Caballero decidió enviar una delegación de anarquistas, con los ministros Juan García Oliver y Federica Montseny, y de la UGT, que nada más llegar a Barcelona pidieron por la radio el alto el fuego, la unidad antifascista. Y a Barcelona llegaron también unos cinco mil guardias, que ocuparon la ciudad y sofocaron las últimas resistencias. En la tarde del 7, la normalidad, según George Orwell, testigo de todos esos sucesos, «era casi absoluta». Se dio por oficial la cifra de 400 muertos y mil heridos.

Las cosas no podían seguir igual después de esos sucesos, aunque se hubiera restablecido «la normalidad». Lo que había pasado en Barcelona y en el frente de Aragón, donde hubo disturbios e intentos de deserción, excedía el marco del enfrentamiento entre los diferentes sectores políticos y sindicales de la España republicana. Las grietas eran más profundas y sacudían los ejes de apoyo del poder político y militar. Ahí estaban todos los problemas básicos no resueltos desde el comienzo de la guerra, agravados por el paso del tiempo: la constante cosecha de fracasos militares; la incapacidad gubernamental de organizar el abastecimiento de la retaguardia; y la continua desunión en ámbito económico, político, social y militar.

En la reunión del Gobierno del 13 de mayo los dos ministros comunistas, Vicente Uribe y Jesús Hernández, exigieron que Largo Caballero dejara el Ministerio de la Guerra y la disolución del POUM. El presidente se negó a aceptar la primera petición y trató de aparcar la resolución sobre la segunda mientras no se tuvieran los datos exactos sobre los culpables de los disturbios. Los ministros comunistas abandonaron la reunión. La crisis quedaba abierta. Tras un intercambio de cartas y propuestas, en el que Largo Caballero no logró que se tuviera en cuenta la suya, antes de seguir con un gobierno en el que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas y sindicales, Manuel Azaña prescindió del viejo líder de la UGT y encargó, el 17 de mayo, formar gobierno al socialista Juan Negrín. Las dos organizaciones sindicales se quedaron fuera. «Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario», declaró Solidaridad Obrera en su editorial del día siguiente.

Del paso de los anarquistas por el Gobierno quedaron escasas huellas. Entraron en noviembre de 1936 y se fueron en mayo de 1937. Poco pudieron hacer en seis meses. Se ha recordado mucho más lo que significó la participación de cuatro anarquistas en un gobierno que su actividad legislativa. Como la revolución y la guerra se perdieron, nunca pudieron aquellos ministros pasear su dignidad por la historia. Para la memoria colectiva del movimiento libertario, derrotada y en el exilio, de aquella ruptura con la tradición antipolítica, de aquella traición y error, solo podían derivarse funestas consecuencias.

La República en guerra dio un giro copernicano a partir de mayo de 1937. El POUM fue liquidado, Largo Caballero se quedó solo, aislado, y los anarcosindicalistas vieron cómo se aceleraba la pérdida de su poder político y armado. Esa violencia política en la retaguardia fue la mejor prueba de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra. La perdieron los republicanos, finalmente, por el desequilibrio de las fuerzas materiales de los dos bandos, por la política de no intervención de las potencias democráticas, por la intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista, porque Franco tenía las tropas mejor preparadas del ejército español. Pero, también, por el fraccionamiento político y las disputas que siempre acompañaron a la República. Las grietas, como se comprobó en mayo de 1937, eran profundas, un abismo de desconfianza y división muy difícil de salvar.

Bastante antes de perder la guerra, la revolución ya había dejado de ser para los anarquistas la referencia ineludible, aquella fuerza devastadora que se había llevado por delante en el verano de 1936 el viejo orden. Desapareció de la agenda de la CNT, incluso de su discurso. El traslado del gobierno de Negrín a Barcelona a finales de octubre de 1937 relegó al de la Generalitat a un papel secundario, favoreció el control sobre las colectivizaciones y restringió la autonomía que aún conservaban los sindicatos en la gestión de las empresas. Del control y las restricciones se pasó en muchos casos, especialmente en el sector metalúrgico, a la requisa, lo que en la práctica significó el fin de la colectivización y del poder sindical. A medida que la guerra se endurecía, el pesimismo aumentó entre una población cada vez más numerosa por la masiva afluencia de refugiados, que se alejaba de la felicidad prometida por la revolución con la misma velocidad que experimentaba el deterioro de su nivel de vida.

Aislados y enfrentados con los comunistas, los anarquistas ofrecieron como salida el pacto con la UGT, la «alianza obrera revolucionaria» tantas veces abortada, y la vuelta al Gobierno. De nada sirvió, sin embargo, que un «programa de unidad de acción» se firmara finalmente en marzo de 1938, cuando las dos organizaciones sindicales eran una sombra de su historia, rota y escindida la UGT, impotente la CNT. Evaporada su capacidad movilizadora, esos sindicalismos poco tenían que decir y hacer. Su buena disposición les llevó de nuevo al Gobierno en abril de ese mismo año. A un gobierno, el segundo de Negrín, que ya no tenía por qué temerlos. Al cenetista Segundo Blanco, que procedía de Asturias, donde ya había defendido la alianza obrera en 1934, le designaron ministro de instrucción Pública; a Ramón González Peña, de la UGT, de Justicia. La impotencia cerraba las heridas. Mientras las dos organizaciones obreras tuvieron fuerza, nunca fue posible tender un puente al vacío que las separaba, coser el saco roto en el que caían todas las llamadas a la unidad.

El movimiento libertario entró, desde esa primavera de 1938, en fase de liquidación. Cada vez quedaba menos territorio que defender. Algunos de sus periódicos no superaron esos difíciles meses y ni siquiera llegaron hasta el final. La penuria alcanzó también a Solidaridad Obrera, que había vivido su edad de oro, plena de abundancia, en los primeros meses de la revolución. Desde mayo de 1937 comenzó a faltarle el papel y la censura se ensañó con el diario que había encarnado el poder de la CNT. El 24 de marzo de 1939 apareció su último número. Unos días después, el 14 de abril, se publicó en sus locales de la calle Consell de Cent Solidaridad Nacional, el «Diario de la Revolución Nacional Sindicalista».

Todo se había acabado. Tras la conquista por el ejército de Franco de todo el territorio fiel a la República, el orden social fue restablecido con la misma rapidez con la que había sido derrocado. Las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarcosindicalismo en un túnel del que ya no volvería a salir. El anarquismo había arrastrado tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Arraigó con fuerza en sitios tan dispares como la Cataluña industrial, en donde además, hasta la guerra civil, nunca había podido abrirse paso el socialismo organizado, y la Andalucía campesina. Muchos de sus militantes participaron durante décadas en una frenética actividad cultural y educativa. Pero en ese recorrido siempre le acompañó la violencia. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores, que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas e injuriosas, sin medias tintas. Una prueba más de las múltiples caras de lo que ahora llaman muchos, en singular, memoria histórica.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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MOSAICO ROJO

LOS COMUNISTAS EN LA GUERRA CIVIL

por

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

La historia del Partido Comunista de España (PCE) en el periodo de la guerra civil ha sido, tradicionalmente, el resultado de la combinación de dos grandes marcos interpretativos: el nutrido por la literatura memorialística del exilio, donde distintas voces desde el socialismo al anarquismo vertieron sus acerbas críticas sobre el papel desempeñado por los comunistas, considerados como una fuerza cipaya al servicio de los objetivos de una potencia extranjera, la URSS; y el conformado por la propaganda de la era de la guerra fría, alimentada por los disidentes de los años cincuenta y cristalizada finalmente en el paradigma de Burnett Bolloten conocido como el «gran camuflaje»: el enmascaramiento de las intenciones comunistas de edificar, so capa de la defensa de la República y de los intereses de las clases medias, una democracia popular avant la lettre, similar a las implantadas en Europa oriental tras la segunda guerra mundial.

LA GRAN CUESTIÓN

Tanto la hagiografía partidaria, con su evidente intencionalidad autojustificativa, como la debelación franquista —producto del combate contra la subversión mediante el plagio de la producción anticomunista de matriz occidental— se anularon mutuamente. La pérdida de interés por el comunismo como sujeto histórico tras su desaparición de la agenda política urgente en los años noventa del pasado siglo y el acceso a los archivos contribuyeron a una progresiva liberación de prejuicios y paradigmas obsoletos en el estudio de los partidos comunistas. Desde entonces, y basándose en la evidencia primaria relevante de época, los historiadores han intentado responder a la cuestión que durante tanto tiempo obsesionó a especialistas, adversarios y simpatizantes del fenómeno comunista: ¿Cómo fue posible que un grupúsculo marginal, situado en un extremo ultraperiférico del sistema de partidos, se erigiera en menos de una década en un elemento central de la República en guerra? ¿Cuál fue su fuerza real, su implantación, su influencia? ¿En qué medida fue un injerto político foráneo en la convulsa realidad española de los años treinta o el producto de una nueva correlación de fuerzas en el movimiento obrero y la sociedad republicana en guerra? ¿Por qué, habiendo constituido parte esencial del nervio de la resistencia, el PCE se hundió con la derrota sin dejar una infraestructura significativa para alimentar la lucha clandestina?

La Revolución de Octubre, hito fundacional del «corto siglo XX», motivó la radicalización del movimiento socialista quebrantado por la Gran Guerra. En el congreso extraordinario del PSOE de abril de 1921, los partidarios de la Komintern (Internacional Comunista, IC) se escindieron y fundaron el Partido Comunista Obrero Español. En 1920, miembros de las Juventudes Socialistas habían fundado el Partido Comunista, conocido como el de «los 100 niños». En noviembre de 1921, ambos grupos se fusionaron en el Partido Comunista de España (PCE).

Al poco de nacer, el PCE ya hubo de enfrentarse a la clandestinidad bajo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). En los años iniciales de la República, fue una fuerza política que, aunque legal, ocupó una posición marginal en el sistema de partidos mientras mantuvo un discurso esencialista, radical y sectario. El partido apenas incrementó sus filas durante el periodo en que siguió al pie de la letra la ortodoxa línea kominteriana del tercer periodo, consistente en ataques al «socialfascismo» esterilizadores de cualquier posibilidad de acuerdo con otras organizaciones de izquierda. El número de militantes paso del poco más de un centenar con que contaba a finales de la Dictadura a 8800 a finales del primer año de la República. Después, se estancó en torno a la cota de los 14 000 (con un pico de 19 000 en el verano de 1934, en plena huelga general del campo) hasta finales de 1935. Los cambios de dirección, como el que tuvo lugar en 1932, al acceder a su cúpula el equipo de José Díaz, Dolores Ibárruri, Jesús Hernández y Vicente Uribe, apenas motivaron mejoras visibles.

El impulso para el giro estratégico que proporcionaría una mayor visibilidad al PCE vino, como era lógico en un partido que constituía una sección nacional de «el ejército mundial de la revolución», de la nueva senda marcada por la Komintern a partir de la constatación de la extensión del fascismo y el incremento del peligro de una nueva guerra. A las directrices del VII Congreso de la IC de 1935 se sumaron, en el caso español, las campañas a favor de los represaliados de la huelga insurreccional de octubre de 1934 —una de las experiencias, junto con la austríaca y la francesa, de cuya lectura se derivó la formulación de los frentes populares— y la ola unitaria para la recuperación de la República reformista que culminó en la plataforma electoral acordada por republicanos y socialistas que ganaría las elecciones de febrero de 1936.

Al enarbolar la bandera del antifascismo, el PCE fue capaz de asentarse en un espacio político y social nutrido de las tradiciones del ideario republicano de izquierdas de entresiglos, cuyos ingredientes fundamentales eran los conceptos de justicia y reforma sociales, progreso, libertades, laicismo e instrucción popular. Este espacio estaba quedando semivacante por el desplazamiento del discurso ideológico de las organizaciones veteranas del movimiento obrero (socialistas de izquierda y CNT) hacia la exaltación de la revolución social, y por la ingénita debilidad organizativa de los partidos republicanos burgueses. El frentepopulismo sustituyó el objetivo de la revolución proletaria por un proyecto interclasista para la defensa de la democracia burguesa, cuya revolución consideraba inconclusa y cuya existencia estimaba amenazada por el ascenso rampante del fascismo. Para congregar al pueblo tras esta bandera, el PCE revitalizó el repertorio ideológico de la vieja cultura radical, dotándola de nuevos contenidos y referentes, como el de la modernidad asociada a la proyección de la joven Unión Soviética e imágenes tomadas de la iconografía bolchevique, difundidas mediante las más novedosas técnicas de agitación y propaganda.

Como se podía esperar, la combinación de entusiasmo, expectativas de cambio y movilización social hicieron crecer al PCE en la primavera de 1936. En febrero, tras las elecciones, contaba con 22 500 afiliados, que ascendieron al mes siguiente a 46 200 y a 88 500 en la primera quincena de julio. Al calor del antifascismo crecieron las dinámicas unitarias entre las organizaciones marxistas de la clase trabajadora española. Tras la fusión de la comunista Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU) con la UGT, esta central sindical pasó a contar con 745 000 obreros industriales, unos 253 000 campesinos y más de 200 000 obreros en trance de afiliación. La CNT, que declaraba 559 000 adherentes, también se reforzaba, aunque no al ritmo impetuoso de la UGT. El gran éxito unitario lo constituyó la creación de la Juventud Socialista Unificada (JSU). Desde el punto de vista orgánico, el resultado de la fusión fue más allá de la mera suma de efectivos, desencadenando efectos sinérgicos: si la Juventud Comunista tenía antes del 16 de febrero 14 000 miembros y en el momento de la fusión contaba con 50 680 y la JS contaba con unos 65 000, dos o tres semanas después de la fusión la Juventud Unificada tenía ya 140 000 miembros. A ellos había que añadir decenas de miles de pioneros, entre 40 000 y 50 000 mujeres antifascistas y unos 30 000 jóvenes en la Federación Deportiva Obrera.

Pero, frente a lo que sostuvo después la propaganda franquista, no existió nunca un peligro de revolución comunista en ese periodo. El PCE carecía aún de peso e influencia política o parlamentaria suficientes para asaltar el poder o inducir a otros a tomarlo. Los comunistas contaban con 17 de 473 escaños en las Cortes. Ni la línea de la IC ni la geoestrategia de la URSS, preocupada fundamentalmente por la articulación de un sistema colectivo de seguridad en Europa que pasaba por tender puentes con la III República francesa frente al expansionismo alemán, postulaban una revolución en España. Muy al contrario, los comunistas apoyaron a los gobiernos republicanos frente al golpismo y denunciaron la impaciencia de la izquierda socialista y la tendencia al desbordamiento de los anarquistas que podían proporcionar pretextos a los sediciosos.

UN PARTIDO EN ALZA INCONTENIBLE

Fue, paradójicamente, la sublevación militar la que propició tanto el estallido de la revolución social, al debilitar al Estado republicano, como el espectacular desarrollo del PCE, que se fijó como objetivo prioritario reconstruirlo. El PCE entendió muy pronto que el conflicto desencadenado en España debía ser afrontado como una «guerra total», con la creación de un ejército disciplinado, obediente a un mando único y eficazmente auxiliado por una potente industria de guerra. Ello suponía disciplinar la retaguardia, descartar las experiencias revolucionarias a escala local y sectorial que desorganizaban la producción y mantener en tensión mediante una intensiva propaganda a la sociedad republicana en pos del objetivo supremo de la victoria. La Komintern y el propio Dimitrov lo dejaron bastante claro en los primeros y confusos días de la guerra. En aquellas circunstancias, proponer la creación de soviets y tratar de establecer una dictadura del proletariado en España constituiría un error fatal. Las consignas eran defender la República; no abandonar las posiciones del régimen democrático en España; mantener la unidad con la pequeña burguesía, los campesinos y los intelectuales radicales, consolidando y reforzando la República democrática mediante la destrucción total de los elementos contrarrevolucionarios.

Apoyado en el prestigio otorgado por la llegada de las armas soviéticas, las Brigadas Internacionales reclutadas por la Komintern y hazañas como la defensa de Madrid, el PCE pasó a ocupar un lugar de centralidad en la política del momento. Por primera vez en España, un gobierno, el de Largo Caballero, formado en septiembre de 1936, contó con dos ministros comunistas: Vicente Uribe, en Agricultura —que decretó la reforma agraria sobre la base de la expropiación de las tierras de los insurrectos, la legalización de colectividades y la defensa del pequeño campesino agrupado en cooperativas— y Jesús Hernández, en Instrucción Pública —impulsor de las Milicias de la Cultura, los Institutos Obreros y la puesta a salvo del patrimonio artístico, amenazado por los bombardeos franquistas.

El PCE tuvo la habilidad de desplegar en torno suyo un conglomerado de organizaciones (la «galaxia PCE»: el Socorro Rojo, los Amigos de la Unión Soviética, Mujeres Antifascistas, el Movimiento «Alerta») que ampliaron la base del frentepopulismo y extendieron su mensaje a otros sectores de la izquierda no necesariamente vinculados de forma orgánica al partido. El principal logro de estos frentes de masas fue el de alimentar la percepción del PCE como un partido-providencia, capaz de suministrar estímulo moral y ayuda material tanto a los combatientes como a la retaguardia, estableciendo entre ellos un vinculo de apoyo mutuo que dotaba plenamente de sentido a la lucha global contra la reacción y el fascismo.

La militancia creció de forma acelerada. Después del 18 de julio, el PCE encuadraba a 119 000 militantes. El cénit se alcanzó a finales de 1937. Para entonces, la cifra de adherentes rozaba los 340 000. Pero estas cifras, magnificadas interesadamente por la propia propaganda, pero también por sus adversarios para denunciar la supuesta aplastante superioridad de los comunistas merced a un agresivo proselitismo, enmascaran que fue imposible, en tan breve plazo, convertir la cantidad en calidad, es decir, controlar y encuadrar con eficacia a todos los que solicitaron su carnet y transformar a una masa de simpatizantes y afiliados en un organizado contingente de activistas.

El PCE albergó en su interior una representación a escala del pueblo laborioso antifascista, con un predominio de los asalariados y una reproducción, ponderada al alza en lo relativo a los trabajadores manuales (campesinos y obreros industriales), de la estructura laboral de la sociedad española de su época. De los nuevos militantes que entraron durante la guerra, entre julio de 1937 y enero de 1938, el 40,84% eran obreros, mientras el 42,18% eran campesinos, el 8,3% empleados, el 4,4% intelectuales o gentes de profesiones liberales y el 4,1% pequeños comerciantes. Esta distribución correspondía a un partido de clases trabajadoras, independientemente de su relación con la posesión de los medios de trabajo o con la condición de asalariado. El activo del PCE se nutrió fundamentalmente de gente sin experiencia previa, de las cohortes más jóvenes de la población, numerosas en la sociedad española de la década de 1930 e impelidas a la acción política debido al contexto de radicalización de la época. Un ejemplo: de 767 afiliados cuyas fichas fueron recopiladas por las escuelas provinciales de cuadros —destinadas a la formación de responsables políticos de células, radios y comités provinciales— la edad media se situaba en 26,2 años. De los 57 500 afiliados con que contaba el PC madrileño en agosto de 1937, el 90,8 por ciento no había tenido nunca experiencia militante previa. De los casi 390 000 miembros en diciembre de 1937, 292 000 (el 74,9 por ciento) habían ingresado en el partido después del inicio de la guerra. A medida que esta avanzó hay que destacar la llegada masiva de mujeres, muchas tan jóvenes que no superaban la mayoría de edad legal de la época (23 años), que vislumbraron en el compromiso partidario la posibilidad del estudio, del trabajo fuera de casa, del asociacionismo; en definitiva, una puerta de acceso a la modernidad.

El PCE contendió con las otras fuerzas proletarias por la captación de nuevos miembros. Respecto a los socialistas, la agitación y la propaganda se mostraron muy eficaces en un contexto en el que primaba la emergencia de la movilización y en el que los tiempos políticos estaban marcados por la respuesta inmediata a las necesidades bélicas. La vieja estrategia socialista de la persuasión paciente, unida a una vanidad organizativa propia de la aristocracia obrera, puntillosa respecto a la calidad requerida a los aspirantes a integrar sus filas —el PSOE llegó a congelar la entrega de nuevos carnets durante el primer año de la guerra— se revelaron obsoletas en tiempos que exigían resolución y respuesta urgente. El PCE ganó por la mano a los socialistas merced a su energía y disciplina interna, su unidad de criterio, el prestigio de la invocación al sostén de la URSS al esfuerzo de guerra republicano —en agudo contraste con la retracción de la socialdemocracia europea y sus organizaciones— y, por supuesto, también a su capacidad para ofrecer a los neófitos puestos de relevancia en aquellos aparatos de la administración o el Ejército donde ejercían influencia. Pero, en todo caso, el mayor éxito del PCE fue la captación del flujo afluente de la juventud a través de la fagocitosis de la dirección de la JSU. Esta, y no la absorción del partido adulto, habría sido, caso de haber culminado la guerra de otra forma, la principal amenaza para el relevo generacional en las filas del partido socialista.

Respecto a los anarquistas, que pretendieron materializar de forma inmediata la revolución mediante transformaciones radicales de la economía, la sociedad y las relaciones de producción a escala local, los comunistas opusieron su lectura de la guerra como una lucha agónica total y su propuesta de una articulación centralizada de los recursos e instrumentos necesarios para afrontarla a escala estatal. Más allá de las visiones enfrentadas acerca de la naturaleza de la guerra (revolucionaria o primordialmente antifascista), de la prioridad al impulso de la revolución igualitaria en el marco de una confederación de comunas locales o de la centralización estatal en pos de la maximización del esfuerzo de guerra, entre la CNT y el PCE se dio la más aguda disputa por el liderazgo del movimiento obrero. Los anarquistas, que habían ejercido una hegemonía indiscutida en amplios sectores y extensas áreas territoriales durante los primeros tiempos de la contienda, se vieron enfrentados a la necesidad de pasar de una cultura antipolítica y eminentemente resistencialista a desarrollar un programa de gestión del poder. En este trance se vieron acometidos por la expansión de la influencia comunista, que les disputó el espacio retórico de la revolución frente al reformismo —tradicional banderín de enganche del anarcosindicalismo en los años previos—, al tiempo que logró incorporar a su base social a un amplio espectro de clases trabajadoras englobadas en la categoría de «pueblo laborioso», que no se encontraban cómodas en el campo de las experiencias revolucionarias de los libertarios y que hasta entonces, habían integrado buena parte del pósito de reclutamiento del viejo partido socialista. La pugna por el control de las clientelas y el liderazgo del proceso desencadenado por la guerra se convirtió para los anarquistas, a partir de mayo de 1937, en una lucha por la supervivencia organizativa ante le evidencia de la reconstitución, bajo la pretendida hegemonía comunista, de los dos leviatanes —Estado y Ejército— contra los que tanto había combatido el movimiento libertario, mientras entonaban en todos los tonos posibles su frustración por la revolución traicionada y perdida.

La extensión de la organización comunista fue bastante irregular, no logrando cuajar estructuras sólidas más allá de las grandes áreas urbanas, como Madrid, Valencia o Cataluña —en el caso del PSUC—, y algunas de sus provincias adyacentes. Es cierto que en el interior de algunos resortes del Estado (Ejército, fuerzas de seguridad) ocupó inicialmente posiciones influyentes, pero no logró mantenerlas todo el tiempo —y mucho menos incrementarlas hasta obtener una presunta hegemonía— disfrutando de una suerte de poder difuso, basado en el control de distintas piezas del mecanismo estatal, pero entre las que faltó una trabazón sólida y eficaz. Frente a la tesis tradicional que la dibujó como el efecto de una máquina todopoderosa, capaz de ejercer presiones insostenibles para sus adversarios y provocar a voluntad caídas y desgracias políticas, la actuación del PCE resultó limitada, e incluso impedida, cuando las autoridades o el conjunto de las fuerzas rivales pudieron oponerle una acción decidida o concertada. Es posible asegurar, incluso, que el éxito de la propaganda del PCE tuvo efectos contraproducentes para el propio partido, pues al amplificar su presencia pública mucho más allá del límite efectivo del poder que estaba en condiciones de ejercer, le llevó a ser percibido como un aparato amenazador dotado de una influencia avasalladora.

UN MOSAICO DE CULTURAS POLÍTICAS

Fruto del crecimiento desordenado, en el PCE convivieron adherentes con escasa formación junto con activistas formados en culturas políticas distintas y contextos diversos. El diferente entusiasmo militante de unos u otros no anuló del todo posibles contradicciones coyunturales con la línea oficial del partido. Aquellos (funcionarios y militares) que se aproximaron a él como refugio o palanca de promoción manifestaron, como era de esperar, una entrega tibia y una fidelidad declinante al compás del avance de la perspectiva de la derrota. Por otro lado, la dirección tuvo que contener los impulsos de algunos de sus sectores radicalizados, aquellos llegados al compromiso militante por el poderoso influjo del mito soviético, entre quienes destacaron los combatientes de primera línea. De ello resultó un equilibrio complejo de sostener entre dos corrientes que alentaron en el seno del PC durante todo este periodo, la pragmática y la radical. El partido se vio abocado a gestionar las tensiones derivadas de, simultáneamente, sostener al Gobierno, disputarse el espacio de la izquierda con otras fuerzas concurrentes y contener —al tiempo de no desalentar, porque era necesario para galvanizar el espíritu de resistencia— el espíritu revolucionario de sus militantes.

El PCE fue un partido que formaba parte de una estructura internacional indisociablemente ligada a la defensa de la URSS y sus intereses pero, al mismo tiempo, tuvo que enfrentarse a una situación extremadamente dinámica como fue la guerra civil, ante la que urgía dar respuestas que obedecían a condiciones nacionales. La necesidad de reaccionar ante situaciones cambiantes situó al partido en determinadas circunstancias ante un tempo político y una táctica que podían no resultar coincidentes con los que convenían a la estrategia soviética. Tal ocurrió con la entrada en el gobierno encabezado por Largo Caballero, en septiembre de 1936, y con la participación en su caída, en mayo de 1937; con las reticencias ante la directriz de impulsar la celebración de elecciones en el otoño de 1937 y la resistencia a la de abandonar el Gobierno antes de la crisis de abril de 1938, que culminó con la salida de Prieto. En todos estos casos se incumplió, o se fue más allá sobre el terreno, del alcance previsto originalmente por Moscú.

En esta tarea de guiar la línea del PCE y ajustarla a la sintonía modulada por la batuta soviética se emplearon los tutores designados al efecto por la Komintern, con diversa suerte. Unos, como Victorio Codovilla (Luis), apenas fueron capaces de ajustar su estilo de dirección, marcado por el más tosco sectarismo, la pertinaz resistencia al reconocimiento de los propios errores y la tendencia al desbordamiento de posiciones, a la nueva estrategia elaborada por el VII Congreso de la IC. Los efectos se apreciaron reiteradamente en el triunfalismo infundado de los análisis referentes a los primeros compases de la guerra, el uso instrumental del concepto de Frente Popular y la desaforada lectura del Panorama abierto tras la salida del gobierno de Largo Caballero. Estos inconvenientes, muy peligrosos en las dinámicas condiciones de la guerra civil, se intentaron corregir por parte de la IC mediante el envío en misión de nuevos delegados. El primero de ellos, el búlgaro Stoian Minev (Stepanov o Moreno), imbuido de la ortodoxia que en Moscú estaba sirviendo de carburante para alimentar la monstruosa maquinaria de las purgas, reincidió en buena parte de los errores de Codovilla. Su apuesta por el principio de que nunca se era demasiado radical a ojos de Stalin le condujo a desbordar ampliamente los objetivos planteados en la crisis de gobierno de mayo de 1937 y al planteamiento de metas maximalistas. Ello hizo necesario el envío de una especie de tutor de tutores, el italiano Palmiro Togliatti (Ercoli o Alfredo), no menos estalinista que los anteriores, pero sostenedor de una visión mucho más pragmática y coherente, tanto con la estrategia frentepopulista de la Komintern como con las orientaciones de la diplomacia del Kremlin.

Stepanov y Alfredo encarnaron las dos corrientes coexistentes en el seno de la dirección del PCE: el primero, antiguo profesor de la Escuela Leninista de Moscú, recibió el apoyo de la mayor parte del núcleo dirigente, en particular de Dolores Ibárruri, que no pocas veces se hizo portavoz de sus directrices. Togliatti, sin embargo, a pesar de no contar con la simpatía de importantes figuras del Buró Político español (en particular, fue franca su enemistad con Jesús Hernández y padeció la animadversión de gran parte de los mandos militares, como José del Barrio), supo imponer su orientación de manera interpuesta mediante su influencia sobre el secretario general, José Díaz, y de forma directa sobre el máximo responsable de la cantera juvenil, Santiago Carrillo. En cualquier caso, los roces entre ambas corrientes se manifestaron siempre en el plano de las discusiones internas acerca de los problemas tácticos planteados por la evolución de la situación política derivada de la guerra y apenas trascendieron al exterior hasta los últimos compases de la contienda. Habría que esperar a la derrota para que los desgarros ocasionados por sus consecuencias abrieran grietas en la hasta entonces monolítica dirección comunista española.

El apoyo político y logístico de la Unión Soviética, con la llegada de armas y voluntarios reclutados por la Komintern en los decisivos momentos de la batalla de Madrid, fue usufructuado por el PCE, que se benefició de la oleada de simpatía generada por ello en la sociedad republicana. En contrapartida, el partido se implicó en las campañas contra el trotskismo y su organización de supuestos agentes en España, el POUM. La cruzada antitrotskista, que hasta la guerra no había pasado de ser una querella familiar en el seno del comunismo español, se insertó virulentamente en la política republicana como resultado de un factor exógeno, la lucha de tendencias en el interior del PC de la URSS proyectada a todo el movimiento comunista internacional.

Más allá de lo absurdo de la mayoría de las imputaciones vertidas sobre el POUM, la percepción de los comunistas españoles sobre el trotskismo prescindió del inextricable debate teórico para explicarse a la luz de los dogmas impuestos por Moscú, a lo que se añadió una teoría de la conspiración que se fundamentaba en la sospechosa coincidencia de los desbordamientos en la retaguardia con las ofensivas enemigas en el frente. Como instrumento amplificador, el PCE consiguió algunos de los objetivos que se le prescribieron: logró explotar con eficacia el fracaso de la insurrección de Barcelona en mayo de 1937 y endosar su responsabilidad prácticamente en exclusiva al POUM, en pos de su ilegalización y de la persecución de sus líderes y militantes. Pero fracasó en otros, y de manera particular en la conversión del sumario contra la cúpula del POUM en un juicio simbólico contra el trotskismo en España, a semejanza de los procesos impulsados en la URSS por Yezhov y Vichinsky: a pesar de ciertas interpretaciones sesgadas, en 1938 Barcelona no fue Moscú.

Sin embargo, la persecución antitrotskista y la implementación de operaciones de limpieza en la retaguardia, como las llevadas a cabo en noviembre de 1936 en el Madrid sitiado, introducen en el currículum del PCE la presencia de la NKVD y los servicios soviéticos, a cuya actuación dio cobertura y a los que facilitó su labor de liquidación de disidentes encomendada por Stalin en su pugna por fortalecer su poder interno y eliminar en el exterior la concurrencia de otras corrientes comunistas no obedientes a su canon. En este sentido, el secuestro y asesinato del líder del POUM, Andreu Nin y los fusilamientos de Paracuellos del Jarama constituyen dos ejemplos de las páginas más funestas de la historia del Partido Comunista español.

UN GIGANTE VARADO

Como todo partido político, el PCE mantuvo una lógica vocación de poder, pero hubo de retraerse de acometer su conquista por el operativo de las consignas de Moscú, apostando en cambio por el mantenimiento del pluralismo frentepopulista. El PCE tuvo que realizar equilibrios complejos: consciente de que, a partir de un momento determinado, fue la fuerza fundamental para el sostenimiento del gobierno de Juan Negrín, compartió con él, y en su estela, la política de resistencia y la animadversión creciente que llevaron a su caída en marzo de 1939. No hubo un plan coherente del PCE para la toma del poder, porque este objetivo nunca se planteó en firme. La influencia comunista, muy importante en algunos momentos, pero variable en el tiempo, territorialmente inconexa y nunca hegemónica, se ejerció siempre en concurrencia con otras fuerzas políticas y sindicales que nunca fueron tan débiles como para dejarse absorber o aplastar por ella.

El PCE fue, no cabe duda, una de las columnas maestras de la movilización de masas para afrontar el esfuerzo bélico en la era de la guerra total. Se erigió en un puntal básico del sostenimiento del esfuerzo de guerra republicano, contribuyendo a hacer posible lo que ninguna otra nación europea había llevado a cabo con anterioridad: resistir con las armas la imposición del yugo fascista. Mantuvo la lealtad hasta el final al gobierno Negrín, que se propuso llevar a término la contienda salvaguardando la dignidad nacional y las vidas de los combatientes comprometidos. Pero el deterioro de la situación bélica y la endeblez política de una militancia llegada en forma de aluvión hicieron que se escurriera en caudales crecientes al compás de los reveses militares. El partido, que había superado los 350 000 adherentes y que, junto a la Juventud Socialista Unificada, se había erigido en la principal fuerza política de la España republicana, perdió la mitad de su militancia con el corte de la zona en enero de 1938, quedando en poco más de 180 000 miembros, y en acentuado descenso.

La identificación de la línea de actuación del PCE como la de un partido interesado en la prolongación de la guerra y, por tanto, del sufrimiento a beneficio de los intereses de una potencia extranjera, acabaron convirtiéndolo en un gigante varado, que acabó desintegrándose por la acción combinada de fuerzas externas y de una acelerada descomposición interior. El golpe del coronel Casado, el 5 de marzo de 1939, desplazó al PCE de toda capacidad de influencia en la finalización de la guerra. Comenzó entonces la pendiente hacia la clandestinidad, para cuyas terribles luchas no quedó preparada estructura ilegal suficiente: solo un legado en forma de imaginario esmaltado con las glorias de antaño —la defensa de Madrid, Guadalajara, el Jarama, el Ebro…— que insuflaría las indispensables dosis de heroísmo a las generaciones de militantes que, penosa y arriesgadamente, lograron poner en pie unas estructuras de oposición interior a la dictadura franquista, mil veces golpeadas y otras tantas reconstruidas. [→ REPRESIÓN].

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS

DE ZANCADILLAS A LA REPÚBLICA

A LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES

por

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ

SITUACIONES INICIALES MUY DIFERENTES

Desde abril de 1931 Cataluña dispuso de autogobierno bajo la presidencia de Francesc Macià. Tras su fallecimiento fue proclamado presidente de la Generalitat Lluís Companys en enero de 1934, pero con los hechos de octubre de este año se suspendió la autonomía. Por eso, cuando tuvo lugar la sublevación militar de 1936, el presidente de la Generalitat actuó con determinación a favor del autogobierno y de la República con el apoyo de la guardia civil, de los «mossos d’esquadra» y de las milicias obreras.

La situación en el País Vasco fue muy diferente, pues cuando estalló la rebelión no disponía aún de autonomía. En noviembre de 1933 se celebró el referéndum estatutario en las tres provincias vascas, las únicas incluidas en el texto, siendo aprobado por mayoría, aunque en Álava los votos favorables no alcanzaron el 50% del censo. Cuando, dos semanas después, la derecha radical-cedista ganó las elecciones legislativas no quiso otra nacionalidad con autonomía. Por eso al PNV le resultó difícil escoger uno de los dos bandos, ya que era un partido confesional. De hecho, uno de sus principales dirigentes, Telesforo Monzón, Participó dos meses antes en una reunión en San Sebastián, junto con otros partidos de derechas, para apoyar el levantamiento. Eso explica que el 18 de julio, el PNV tuviese reacciones contrapuestas. Por la mañana, la dirección de Guipúzcoa se opuso al golpe pero, por la tarde, el Euskadi-Buru-Batzar la desautorizó en tanto que la de Vizcaya necesitó toda la noche, del 18 al 19, para decidirse por la República, y si acabó apoyándola fue porque les garantizaba la autonomía, lo que jamás hubiese hecho la derecha. Esta propuesta oficial del PNV, que prevaleció en Guipúzcoa y Vizcaya, no fue unánime entre otros dirigentes. Ignacio de Rotaeche, José Arteche y Avelino Barriola se mostraron a favor del golpe, así como las direcciones del PNV en Navarra y en Álava, en unos casos por decisión propia y, en otros, por intimidación, que de todo hubo. La ambigüedad prosiguió y este partido no formó sus milicias hasta el 25 de julio. Hasta el 8 de agosto no creó el ejército de Euskadi, que solo entró en combate tras la concesión del Estatuto de Autonomía el 1 de octubre si bien, con anterioridad, el 25 de septiembre Largo Caballero ya había incorporado al nacionalista Manuel Irujo a su gobierno, para asegurarse la leal colaboración del PNV.

En Galicia el Estatuto se sometió a referéndum el 28 de junio de 1936. Lo aprobó una amplia mayoría y, el 15 de julio, una comisión presidida por el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Casal, entregó el texto al presidente de las Cortes para su aprobación. La inmediata caída de Galicia en manos rebeldes, a finales de julio, no solo lo impidió sino que llevó al paredón a la mayoría de los integrantes de la comisión estatutaria. Con todo, las Cortes aceptaron tramitar el Estatuto en febrero de 1938, pero la marcha de la guerra y la itinerancia del Parlamento impidieron su promulgación.

CONVERGENCIAS VASCO-CATALANAS

A pesar de la certeza de su efectiva autonomía con la República, el PNV, desde el 21 de septiembre, y a través del canónigo Alberto Onaindía, negoció con Mola en encuentros que continuaron cuando José Antonio Aguirre ya presidía el gobierno de Euskadi (7 de octubre). Por otra parte, la llegada de Irujo al gabinete republicano propició la coordinación entre el gobierno vasco y la Generalitat. Así, Irujo, en diciembre de 1936, dijo al presidente del directorio del PNV que Euskadi y Cataluña debían avanzar en la vía confederal y que Tarradellas y Companys estaban de acuerdo. De hecho, desde el inicio del autogobierno, los vascos mantuvieron delegaciones en el extranjero. Las más importantes fueron las de Londres y París, dirigidas, respectivamente, por José Ignacio de Lizaso y Rafael Picavea. Su objetivo inicial fue la compra de material de guerra y de alimentos, pero también negociaron políticamente cuando pudieron. La influencia de Irujo para conseguir este objetivo fue primordial, ya que como ministro de justicia, era el encargado de los canjes de prisioneros y tuvo un contacto muy intenso con los diplomáticos acreditados ante la República.

En Cataluña, la revolución anarquista lanzó al exilio a gente conservadora pero catalanista que, en su mayoría, apostaron por la causa de Franco. Cambó fue el paradigma, pues financió el Servicio de Información de la Frontera del Nordeste de España (SIFNE), una red de espías integrada por militantes de la Lliga Catalana. La revolución proletaria obligó a exiliarse no solo a la oligarquía antirrepublicana, sino también a republicanos moderados, asustados por la vorágine de los acontecimientos. Ambos grupos tenían en común el catalanismo y el odio de clase contra los dirigentes sindicales que mandaban en Cataluña. En este ambiente surgió la colaboración entre los catalanes que querían recuperar su hegemonía social. La infiltración en dichos grupos por el espionaje franquista permitió que, en su interior, se cociese la idea de una paz separada para Cataluña, de la que Cambó se hizo eco en sus memorias. El núcleo que auspiciaba tal proyecto tuvo la cobertura política e institucional del Comisariado de Propaganda de la Generalitat, creado en octubre de 1936 y dirigido por Jaume Miravitlles, bajo la dependencia directa de Companys. En su seno, y a lo largo de 1937, se estableció la oficina de propaganda exterior, con delegaciones en París y Londres, dirigidas por Nicolau M. Rubió i Tudurí y Donald R. Darling, respectivamente. Este último fue sustituido en marzo de 1938 por Josep M.ª Batista i Roca. El objetivo común de catalanes y vascos era hacer permeables los mensajes ante esos gobiernos. Así, en febrero de 1937, el dirigente de la UDC Carrasco i Formiguera se entrevistó en Hendaya con el embajador británico para ver si su Gobierno estaba dispuesto a iniciar una mediación que respetase el autogobierno vasco y catalán.

La diplomacia paralela, frecuentemente, se camufló bajo aspectos culturales. Es lo que sucedió con la «Exposición de arte catalán medieval en París» (marzo-mayo de 1937), comisariada por Ventura Gassol, exconsejero de la Generalitat y exiliado desde octubre de 1936. A ella acudió el historiador Pere Bosch i Gimpera que realizó actividades diplomáticas confidenciales durante la guerra en favor de la Generalitat y del propio Azaña. De hecho Companys, para reforzar su autoridad, le nombró consejero de Justicia.

En abril de 1937, la Brigada de Información de la policía republicana en Perpiñán supo, gracias a la interceptación telefónica, que Batista i Roca se reuniría en Londres con Lizaso para negociar con el gobierno británico su paz separada. Esta diplomacia secreta hizo que las relaciones entre Negrín, Companys y Aguirre empeoraran. Azaña anotó en su diario el 29 de julio de 1937: «La defección de Cataluña (porque no es menos) se ha hecho palpable». Por aquellas fechas la Generalitat realizó una campaña de afirmación nacional, a través del Comisariado de Propaganda, distribuyendo entre los soldados catalanes un emblema con el escudo de la Generalitat y la palabra Cataluña. Esta maniobra se reforzó con una poderosa campaña de prensa señalando:

¡Combatientes catalanes! Cuando vayáis a luchar hacedlo en nombre de Cataluña, hacedlo pensando en Cataluña. Hace falta también que se vea que es en nombre de Cataluña. Nada más adecuado que el emblema que el Comisariado de Propaganda os dará gratuitamente.

La cooperación entre vascos y catalanes se estrechó cuando, tras la caída del frente norte, el gobierno de Euskadi se refugió en Cataluña (octubre de 1937), a la vez que iban creciendo los desentendimientos con el gobierno central que, el 1 de noviembre, se estableció también en Barcelona. Con tal decisión, el ejecutivo republicano quiso impedir, según el delegado de la Komintern en España Palmiro Togliatti, que triunfase en Cataluña un movimiento favorable a una paz separada con el fascismo. En parecidos términos se expresaron, respectivamente, Mariano Ansó, y Antonio Cordón, que asistieron a conversaciones entre Negrín y Companys. Pero fue a partir de 1938 cuando, ante la inexorable derrota republicana, catalanes y vascos realizaron un esfuerzo negociador mayor, favorecido por el establecimiento en Barcelona de los diplomáticos acreditados, especialmente con los británicos John H. Leche y Denis Cowan, encargado de negocios el primero y agente de enlace de la comisión de intercambio de prisioneros, el segundo. Fue entonces cuando Manuel Irujo, de nuevo ministro de Justicia y responsable de los canjes con los franquistas, y Bosch i Gimpera, consejero de Justicia, les permitieron visitar las cárceles dependientes del Estado y de la Generalitat y, a través de ellos, consiguieron contactar con las autoridades británicas de máximo nivel.

ACTUACIONES INTERNACIONALES

El 28 de marzo de 1938, desde París, Manuel Irujo telegrafió a Companys para que enviase a Londres a Batista i Roca y a Rubio i Tudurí a París, con el fin de sondear a ambos países acerca de negociar una paz que garantizase los autogobiernos catalán y vasco. Gestión que coincidió con la ruptura del frente de Aragón, la salida de Prieto del Ministerio de Defensa y cuando muchos pensaban que la guerra ya estaba perdida. Batista i Roca se reunió, el 22 de abril de 1938, con Joseph Ball, asesor del primer ministro y exagente del MI 5, después que británicos e italianos acabasen de firmar un acuerdo sobre el equilibrio militar en el Mediterráneo. Batista i Roca pretendió comprometer al gobierno británico en apoyar un armisticio en España creyendo que, tras el acuerdo con Roma, Londres estaba en condiciones de presionar a Franco. Idéntica actuación pensaba que podría realizarse sobre el gobierno republicano a través de París, pero Ball le respondió que Franco no pactaría porque estaba convencido de su victoria.

Los británicos y los franceses se tomaron un tanto en serio a estos interlocutores, pues Leche envió a Londres, el 30 de mayo, un telegrama indicando que Companys y Aguirre habían contactado con Georges Bonnet, ministro de Exteriores francés, para obligar a Negrín a encontrar una salida a la guerra. Prosiguiendo esta iniciativa, el 23 de junio, los delegados catalanes entregaron en el Foreign Office y en el Quai d’Orsay un documento. En él se indicaba que, tras dos años de lucha indecisa,

la mitad occidental del país, con ayuda extranjera, lucha por conquistar y subyugar la mitad oriental. En la costa mediterránea, los países de habla catalana, incluida Cataluña, son quizás el factor decisivo dentro de la prolongada resistencia del Gobierno republicano y están decididos a continuar esta resistencia.

Franco había suprimido el Estatuto de Autonomía y exigía una rendición incondicional, pero «la victoria militar de los rebeldes representaría sencillamente una repetición de la anterior conquista de Castilla, […] conquista a la que puede parcialmente atribuirse la presente guerra». Señalaban, además, que si británicos y franceses se mostraban dispuestos a intervenir, los gobiernos catalán y vasco usarían su influencia para conseguir que la República aceptase los puntos del Comité de No Intervención, referentes a la retirada de las fuerzas extranjeras. A cambio pedían que se garantizasen los estatutos de Cataluña y Euskadi y que ambas autonomías estuviesen representadas directamente en la conferencia de paz, pues querían que «el futuro Gobierno de la Península» se decidiese mediante un plebiscito con supervisión internacional. Insistieron en que los referéndums en Cataluña y en el País Vasco, «que son ya países autónomos», deberían celebrarse separadamente del resto de España y a sus ciudadanos se les preguntaría si consideraban necesario ampliar los poderes de los gobiernos autónomos. Los vascos pretendían colocar bajo su soberanía, y con amparo internacional, a Navarra, y Cataluña pensaba hacer lo mismo con las islas Baleares y Valencia. Todos estos territorios se convertirían en zonas desmilitarizadas y, para dorar aún más la píldora, se ofrecerían garantías a los intereses británicos y franceses. También querían atraer a Galicia para que las naciones autónomas conformasen «un grupo de potencias dentro de la Península, el más fuerte económicamente, que podría mediar entre las partes opuestas de España, en estrecha inteligencia con los países europeos occidentales».

Los ingleses trataron de comprobar la influencia de los peticionarios. Así, el 21 de julio, Alexander Cadogan, subsecretario permanente del Foreign Office, les presentó la propuesta del Comité de No Intervención sobre la retirada de voluntarios extranjeros y, de hecho, los dos ministros nacionalistas Manuel Irujo y Jaume Aiguader plantearon el tema en el gabinete, pero el Consejo de Ministros se opuso a la propuesta de condicionar la retirada a que solo se fiscalizasen cuatro puertos rebeldes. Los reparos tenían que ver tanto con la opinión de los militares como con el hecho de que Negrín y Azaña conocían los pasos que catalanes y vascos estaban dando. De hecho, la interferencia inglesa estuvo detrás de la crisis gubernamental de agosto de 1938, con la dimisión de los dos ministros. Batista lo expuso en un nuevo documento a Halifax, el 29 de aquel mes, al decir que se había producido por la intransigencia y el radicalismo de Negrín. Por ello, y para desbloquear la situación, afirmo ponerse a las órdenes del gobierno británico para buscar la paz.

En esa misma línea, el 12 de octubre, y tras los acuerdos de Munich, Lizaso y Batista le enviaron otro memorando afirmando que la solución encontrada para los Sudetes, donde supuestamente se habría aplicado el principio de autodeterminación, podía servir para el conflicto español, ya que el proyecto castellano de crear España había fracasado y la solución, como en Checoslovaquia, era la aplicación del derecho de autodeterminación. Insistieron, también, en que Cataluña y el País Vasco representaban una tercera fuerza entre las dos Españas extremistas y pedían que, como en los Sudetes, se enviase una misión de expertos «para el estudio y la resolución de los problemas de las nacionalidades de la Península» y que el no reconocimiento de la autodeterminación provocaría la ruptura del pacto de las nacionalidades con el Estado español.

Todo esto, ni qué decir tiene, planteaba consecuencias un tanto descabelladas que ni los británicos ni los franceses estaban dispuestos a afrontar. A pesar de la deslealtad política de un pequeño círculo de la Generalitat y del gobierno vasco la inmensa mayoría de la población de esos territorios se mantuvo totalmente fiel a la República y desconoció la actividad que esos gobiernos desarrollaron.

La urgencia por la desfavorable marcha de la guerra, después de la derrota gubernamental en el Ebro, hizo que Bosch i Gimpera e Irujo, el 26 de noviembre, se entrevistasen con sir Frederic Mounsey, responsable para Europa Occidental en el Foreign Office, diciéndole que «en una España en la que los problemas autonómicos no se tuviesen en cuenta no se llegaría nunca a la estabilidad». Insistieron en que era el momento ideal para imponer un cese de hostilidades porque, tras los acuerdos de Munich y la política de apaciguamiento, se podría: 1. Dar especial protagonismo a Mussolini, que ya había «jugado un importante papel en la resolución de los problemas de Europa Central», junto a Francia y Gran Bretaña. 2. Reordenar estructuralmente España con acuerdo de las potencias interesadas, dejando a los españoles, únicamente, la solución del problema doméstico. 3. Desmilitarizar los países vasco y catalán, colocándolos bajo control internacional como solución para garantizar la seguridad de las fronteras francesas y sus líneas de comunicación con el norte de África. Mounsey, después de escucharles con atención, les transmitió la convicción de que «el Gobierno inglés consideraba perdida la causa republicana y que el Pacto de Munich representaba el abandono de toda intervención incluso en el momento de la paz».

El ministro Álvarez del Vayo, inmediatamente después de esta reunión, envió instrucciones al embajador en París diciéndole que solo cabía resistir y que un desenlace de tipo federativo o un arreglo con cesión de cualquier parte del país sería rechazado. Y, el 17 de noviembre, Azaña anotó en su diario: «llamo la atención del Gobierno sobre los amigos oficiosos que hacen gestiones diplomáticas en París y Londres […] Hacen daño. Necesidad de acabar con eso. Desautorizarlo».

De acuerdo con el gobierno catalán, el 7 de diciembre, Irujo envió a Cadogan otro memorando pidiendo la convocatoria de una conferencia de paz en Londres. La iniciativa debía partir de Gran Bretaña y tener la misma metodología que la empleada en la Conferencia Balcánica de 1932. El plan debía empezar por la desmilitarización de la frontera pirenaica, que podría quedar bajo el control de una policía internacional. Debía entenderse por zona fronteriza el territorio de Cataluña y Euskadi con Navarra, donde se establecería un protectorado internacional y, «una vez establecido, la conferencia deliberaría sobre la propuesta de celebración de plebiscitos en ambos países autónomos», en los que se preguntaría si querían un régimen democrático o totalitario, autonómico o unitario. La conferencia consideraría también la necesidad de realizar un plebiscito «en el resto del territorio». Este plan propugnaba, en segundo término, la fórmula alternativa de convocar un plebiscito en toda España sobre las preguntas: «régimen democrático o totalitario; monarquía o república, dejando los problemas autonómicos sujetos a plebiscitos particulares de sus pueblos respectivos. Esta garantía es imprescindible para el éxito de cualquier solución». Se señalaba que ellos preferían el primer modelo. El autismo nacionalista llegó así a un punto culminante.

En febrero de 1939, una vez que Cataluña ya había sido completamente ocupada, Batista y Lizaso aún enviaron un postrer texto a Halifax en el que se reiteraba que «vascos y catalanes, siempre que estuviesen a salvo los derechos fundamentales de sus pueblos», se pondrían incondicionalmente a las órdenes del gobierno británico, pues ambas naciones siempre habían sido democráticas, de tal forma que «la actual situación solo puede ser considerada por vascos y catalanes como de conquista militar y la administración del general Franco no podrá ser considerada jamás como Gobierno legítimo de sus pueblos».

EL EXILIO

Los intentos de paz separada obviamente no funcionaron y en febrero de 1939 la inmensa mayoría de los dirigentes republicanos se encontraron exiliados en Francia. El lehendakari, en abril de 1939, quiso reimpulsar el ejecutivo de unidad pero, en junio de 1940, cuando se produjo la invasión alemana, aún no lo había conseguido. A partir de entonces, el gobierno vasco dejó literalmente de existir quedando, apenas, en Francia su vicepresidente Jesús M.ª de Leizaola y el consejero Heliodoro de la Torre. La situación más dramática la vivió el lehendakari que, en vísperas de la caída de Francia, quedó atrapado por el avance alemán hasta que llegó a Montevideo, en octubre de 1941. La desaparición de Aguirre dejó un vacío institucional que no pudo cubrir Leizaola.

Los catalanes impulsaron el Consejo Nacional de Catalunya (CNC), que inicialmente se creó en oposición a Companys el cual, ya en el exilio, había sido acusado de incapacidad por no haber preservado el «oasis catalán» ante la revolución desencadenada por la CNT-FAI y de haber caído, a partir de mayo de 1937, en manos de los comunistas. De hecho el anticomunismo se extendió en amplios sectores de la clase política catalana. Por eso el directorio de ERC obligó a Companys a sustituir su gobierno de unidad por el CNC, encargando de la elaboración del proyecto al exministro y exalcalde de Barcelona Carles Pi i Sunyer, que había llegado a Londres en abril de 1939. El CNC debería tener funciones ejecutivas mientras que Companys se quedaría con las competencias protocolarias, pero nada de esto acabó por concretarse en vida del presidente catalán a causa de la invasión germana. Después, Companys sería detenido en agosto de 1940 en la zona ocupada y entregado a las autoridades franquistas y, finalmente, fusilado en el Castillo de Montjuïc. A Companys le sustituyó el presidente del Parlamento catalán, Josep Irla, a finales de octubre. [→ EXILIO].

El CNV se creó el 11 de julio de 1940 contando, además de su presidente Irujo, con ocho miembros, todos en la órbita del PNV. En esa fecha, el CNV firmó un protocolo con el gobierno británico por el que, en caso de que la España franquista entrase en la guerra, el Consejo sería reconocido como Gobierno Provisional de Euskadi. En caso de victoria aliada, los británicos se comprometían a consolidar el Estado Vasco. Esta era la orientación estratégica perseguida por Irujo y, con tal finalidad, en noviembre de ese año, redactó el anteproyecto de una Constitución de la República Vasca, cuyo territorio se expandía a expensas de la Rioja, Aragón, Cantabria y Castilla la Vieja. Evidentemente, para no molestar a los aliados, no se incluyó el País Vasco francés pero el texto dejaba abierta la posibilidad de su futura incorporación.

El CNC se constituyó dieciocho días después que el vasco y fue también, una continuación de la delegación catalana de Londres, por eso integró a Batista i Roca. Su presidente fue Carles Pi i Sunyer y estuvo compuesto por otros cinco miembros.

La actuación conjunta de vascos y catalanes se visualizó nuevamente en octubre de 1940, después de la conferencia entre Hitler y Franco en Hendaya. Entonces entregaron a Halifax una nota en la que considerando una probable entrada de España en la guerra al lado del Eje, se ponían incondicionalmente al lado de Gran Bretaña, subrayando que Franco no representaba ni a los vascos ni a los catalanes. En esta línea, en enero de 1941, presentaron otra nota reiterando su fe en la democracia y en la victoria de Gran Bretaña y sus aliados, mostrándose «dispuestos a prestarles toda la colaboración posible». Al tiempo reafirmaron sus aspiraciones nacionales por «poseer derechos inherentes de autodeterminación sin otro límite que los establecidos por su propia voluntad, libremente expresada, o los que se derivasen de convenciones o pactos internacionales». También reclamaron que España se transformase en una comunidad de pueblos con los mismos derechos y afirmaron que las relaciones ibéricas, la estabilidad europea y la cooperación internacional se asegurarían si Euskadi y Cataluña pudiesen, con apoyo de Galicia y Portugal, reorganizar políticamente la Península.

La legitimidad del CNV quedó en entredicho cuando el lehendakari Aguirre reapareció por sorpresa. Este echó en cara a Irujo que hubiese formado un organismo político basado solo en el PNV quebrando la unidad política vasca, piedra angular en la que se apoyaba su Gobierno, y haber actuado al margen de su ejecutivo, pues él había dejado a Leizaola al frente del gobierno en París. El CNV se disolvió el 28 de enero de 1942 y sus funciones se traspasaron al Gobierno. Con todo, la orientación política diseñada por Irujo de establecer una coordinación política entre las nacionalidades históricas no fue contrariada por Aguirre y daría origen a la reorganización de Galeuzka (acrónimo de Galicia, Euskadi y Catalunya).

El CNC, por su parte, siempre fue a remolque del vasco que tenía más contactos políticos, y más apoyos, pues sus expatriados en Gran Bretaña eran más numerosos que los catalanes y, también, disponía de mayores recursos financieros. Tampoco existía entre los catalanes unanimidad de criterios en cuanto a la orientación política pues, a diferencia del CNV que consideraba superado el marco legal republicano, en el catalán había sectores claramente autonomistas. Asimismo, la creación del CNC propició un enfrentamiento con los sectores que apoyaban el mantenimiento de la Generalitat. Por eso cuando dieron por acabado el proceso estatutario y pasaron a reclamar el derecho de autodeterminación e independencia, se propiciaron los desentendimientos entre Irla y Pi i Sunyer, receloso el primero de ser ninguneado.

El malentendido fue, en gran parte, consecuencia del aislamiento de Irla, exiliado en Francia y desconectado de la política que se cocinaba en Londres. Pero las tesis autodeterministas del núcleo londinense empezaron a hacer aguas mucho antes de la liberación de Francia. Ya en enero de 1942 Miquel Santaló envió a Pi i Sunyer una carta, consensuada con la «intelligentsia» del catalanismo exiliado en Francia, muy crítica con la política desarrollada por el Consejo por prescindir de la Generalitat. Y él mismo, en septiembre de 1942, partió hacia México como delegado plenipotenciario de Irla. La actuación de Santaló en México reforzó considerablemente el sector oficial, pues era claro que las potestades con las que contaba desautorizaban al CNC de Londres. Además Irla convocó una reunión, en julio de 1943, en la que se aprobaron «los 10 puntos de Montpellier» en los que, sin renunciar a mayores cotas de libertad para Cataluña y con el objetivo de evitar un nuevo período constituyente, proclamaban la vigencia y la legalidad de las instituciones republicanas.

La política de la Generalitat estaba en total contradicción con la del Consejo catalán y sus socios de impulsar Galeuzka, cuyo pacto firmaron en Buenos Aires sin excesiva publicidad, en mayo de 1941, Ramón M.ª Aldasoro, por el gobierno vasco, Serra i Moret, por el CNC y Rodríguez Castelao por los galleguistas. Su objetivo era tratar de cambiar la estructura política de España para establecer una república confederal e impulsar la democratización del Estado para que fuese respetuoso con los derechos humanos, con la pluralidad nacional y aceptase el derecho de autodeterminación.

El problema fundamental de Galeuzka era que el entendimiento con los catalanes pasaba a través del CNC, pero la Generalitat, conforme se acercaba el final del conflicto mundial, tenía cada vez más relevancia. Por eso, en 1944, la acción coordinada de las tres nacionalidades históricas fue perdiendo peso ante la acción de los propios gobiernos Vasco y catalán y su creciente entendimiento con el republicanismo estatal, lo cual acabó desdibujando a Galeuzka. Así, la Generalitat recuperó su papel central después de conseguir la unidad en ERC entre los partidarios de Irla y los de Pi i Sunyer. El 14 de junio de 1945 en el congreso de Toulouse, Pi reconoció la Constitución republicana y el Estatuto. Un camino similar recorrió el lehendakari quien, en el mensaje de Navidad de 1945, dio su apoyo a las instituciones republicanas y reivindicó el estatuto de autonomía. Todo ello significó el fin de la alianza de las nacionalidades históricas.

VÍAS DIFERENTES

El gobierno vasco, con las metamorfosis necesarias derivadas de la guerra fría y del desgaste del exilio, se remodeló en 1948 y 1952. En marzo de 1960, tras la muerte de Aguirre, lo dirigió Jesús M.ª de Leizaola, su más estrecho colaborador. Este se mantuvo en el cargo hasta las legislativas de marzo de 1979, en las que el PNV obtuvo la mayoría. Leizaola regresó del exilio (16 de diciembre) y entregó simbólicamente el poder al nuevo lehendakari Carlos Garaikoetxea.

En septiembre de 1945 se constituyó el gobierno catalán presidido por Irla y contó con representación de todas las fuerzas políticas. Se caracterizó por su poca actividad y por sus muchas tensiones, por lo que el presidente, en enero de 1948, lo disolvió y nunca más fue reconstituido en el exilio. Irla, con problemas de salud, dimitió en abril de 1954, siendo escogido para sucederle Tarradellas, tras una votación de parlamentarios catalanes celebrada en la embajada republicana de México. Tarradellas procuró mantener institucionalmente el autogobierno, llegando a la transición con un significativo reconocimiento social. Tras la victoria socialista en Cataluña de junio de 1977, Adolfo Suárez le permitió pilotar la transición para que no fuese controlada por la izquierda y Tarradellas regresó el 23 de octubre para dirigir el organismo preautonómico. Formo un gobierno de unidad y, después de la aprobación del nuevo Estatut de 1979 y de las primeras elecciones autonómicas de marzo de 1980 que dieron la victoria a Jordi Pujol, se retiró de la vida política activa.

La organización del nacionalismo gallego fue lenta y complicada. El Consejo de Galicia se creó en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1944 con los diputados allí refugiados: Alfonso Rodríguez Castelao, que sería su presidente, Elpidio Villaverde, Román Suárez Picallo y Antonio Alonso Ríos. A los que más tarde se unió Alfredo Somoza. Su objetivo era «mantener y defender la última voluntad de Galicia, mientras dure esa etapa de avasallamiento, en la que el pueblo se ve privado de toda expresión democrática […], por lo que resulta natural que los representantes de Galicia busquen el equilibrio democrático de España, en base a una nueva estructura del Estado español». Su primera medida fue «llevar a cabo las negociaciones de alianza con los presidentes de Euskadi y Cataluña». Pero el principal temor de Castelao era que se marginase políticamente a Galicia cuando, según pensaba, después de la guerra mundial, se restaurasen las instituciones republicanas y se adujera la excusa de que el Estatuto gallego no había sido aprobado por las Cortes. Por eso quería que los presidentes autonómicos no aceptasen ningún pacto que no pasara por el reconocimiento conjunto de los derechos de las tres nacionalidades históricas y por eso Galeuzka le pareció el mejor instrumento para conseguirlo. Este pacto se acabó oficializando en el hotel Majestic de México, en diciembre de 1944, ante diversas organizaciones vascas, catalanas y gallegas, pero sin la presencia de los gobiernos vasco y catalán ni del Consejo de Galicia. Por lo que la alianza, según el propio Castelao, ya nació muerta y así se lo transmitiría al dirigente galleguista Ramón Piñeiro:

Cuando decimos que Galicia debe ser autónoma, en el mismo instante en que sean restablecidos los Gobiernos de Cataluña y Euskadi, percibimos la reserva mental de nuestros aliados, no porque desaprueben la justa reclamación de los gallegos sino porque no se atreven a cargar con tamaño compromiso.

El fracaso de Galeuzka obligó a Castelao a reformular la estrategia del Consejo de Galicia y a aproximarse a las instituciones republicanas exiliadas consiguiendo que, en el postrer pleno del Parlamento realizado en México, en noviembre de 1945, se nombrase la Comisión del Estatuto Gallego para que un grupo de diputados dictaminase su vigencia. Proposición que contó con el apoyo de todos los grupos. Castelao señalaría: «nos servirá de mucho si la República triunfase», pues entonces las esperanzas del fin del franquismo eran muchas.

La gubernamentalización de la política republicana obligó al Consejo de Galicia a conseguir representación en el recién creado gobierno Giral, lo que inicialmente no sucedió porque, según Castelao, catalanes y vascos se olvidaron de Galicia y se centraron en sus intereses particulares, desentendiéndose de los pactos conjuntos. Pero, cuando este Gobierno se trasladó a Francia y se amplió, en mayo de 1946, Castelao fue designado ministro sin cartera, trasladando entonces su residencia a París, donde se encontró aislado y sin apoyos. Su soledad se agravaría por el desentendimiento entre él y el Partido Galleguista del interior por la falta de contactos permanentes y efectivos y por las intoxicaciones derivadas de las rivalidades del exilio. Su presencia en el Gobierno concluyó en enero de 1947, tras la crisis que provocó la caída del gabinete Giral. Los ejecutivos posteriores prescindieron de la representación gallega, lo que afectó profundamente a Castelao que, enfermo y dolorido, regresaría a Buenos Aires en agosto de ese año y acabaría muriendo allí el 7 de enero de 1950. Entonces Alonso Ríos pasó a presidir el Consejo.

En junio de 1960, y dada la avanzada edad de los tres diputados que lo dirigían (en 1951 había muerto Alfredo Somoza), se realizó en Buenos Aires una asamblea de sociedades patrióticas gallegas que aprobó la remodelación y ampliación del organismo, dando paso a nuevos dirigentes del galleguismo argentino. Para algunos tal ampliación diluía la legitimidad del Consejo que procedía de las elecciones de 1936 pero, en el exilio y en la emigración americana, nuevas generaciones de gallegos se unieron en el esfuerzo de redimir a una tierra subyugada cultural, económica y políticamente por la Dictadura, y era natural que el Consejo de Galicia se resistiese a desaparecer. En 1962 falleció Elpidio Villaverde y, dos años más tarde, Ramón Suárez Picallo, quedando solo Alonso Ríos que se mantuvo hasta el 12 de octubre de 1980 cuando, con 99 años, decidió suicidarse en las vías del tren en las proximidades de Buenos Aires, quizá por la desazón de que la nueva democracia gallega se hubiese olvidado de los que la defendieron con tanto sacrificio.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Sánchez Cervelló, Josep: ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras cuestiones, Flor del Viento, Barcelona, 2006.

LA IGLESIA

por

HILARI RAGUER

En la primavera de 1936 la Iglesia española, como todas las derechas, deseaba una intervención del Ejército que derribara el gobierno del Frente Popular, pero aunque algunos eclesiásticos tenían noticias de lo que se tramaba, no estaban implicados en la conspiración concreta que coordinaba Mola. Sin embargo, una vez estallado el alzamiento, los obispos y la gran mayoría del clero y también de los fieles se le adhirieron con entusiasmo, aunque de momento de modo reservado, en espera de que el Papa hablara. [→ CONSPIRACIONES].

En todas las ciudades donde fracasó el alzamiento militar se desencadenó inmediatamente una terrible persecución religiosa. Durante unos meses, hasta que se pudo restablecer gradualmente el orden público, bastaba que alguien fuera identificado como sacerdote, religioso, o laico miembro de alguna asociación religiosa, o que conservara imágenes u objetos piadosos, para que fuera asesinado sin proceso ni posibilidad de defensa. Según el riguroso estudio de Antonio Montero perecieron 12 obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2635 religiosos y 283 religiosas. En toda la historia de la Iglesia, sin exceptuar las persecuciones de los primeros siglos, no se había dado tal hecatombe en un semestre. Cuestión distinta es si los mataban por odio a Cristo o por ser representantes significados de una Iglesia que se había identificado con las derechas y era vista como enemiga del pueblo. En todo caso, los extremistas sirvieron así en bandeja a los sublevados el útil título de «Cruzada». [→ NACIONALCATOLICISMO].

De esta persecución religiosa se ha hablado y escrito mucho y en cambio apenas en los últimos decenios se ha empezado a estudiar sistemáticamente la represión en la zona rebelde, que según los mejores estudios fue más cuantiosa, y sobre todo mucho más culpable. Las víctimas en la zona leal sucumbieron a pesar de los esfuerzos del Gobierno por evitarlas, mientras que las de la zona rebelde estaban ya programadas antes del golpe y fueron perfectamente controladas. [→ VIOLENCIA].

Dice un adagio forense que «a confesión de parte, relevación de prueba». Merecen, pues, total crédito las matanzas que atestiguó un jesuita entusiasta del alzamiento, el padre Fernando Huidobro Polanco. En 1936 estudiaba filosofía en Alemania y era discípulo predilecto de Heidegger. Se unió como capellán de la Legión a la columna de Castejón, con la que avanzó hasta las puertas de Madrid. En aquella marcha fue testigo de las matanzas de la que Francisco Espinosa ha llamado con razón «la columna de la muerte». Redactó dos escritos, dirigido uno a las autoridades militares y otro al Cuerpo Jurídico Militar, titulados «Sobre la aplicación de la pena de muerte en las actuales circunstancias. Normas de conciencia». En el primer escrito decía: «Toda condenación en globo, sin discernir si hay inocentes o no en el montón de prisioneros, es hacer asesinatos, no actos de justicia […]. El rematar al que arroja las armas o se rinde, es siempre un acto criminal». En el segundo escrito expuso:

Se puede afirmar que los asesinos de mujeres, sacerdotes y otras personas inocuas; los autores de esos crímenes repugnantes que marcan un grado infrahumano de perversión en la naturaleza, con casos de un sadismo asqueroso; los que han incurrido en delitos que todo Código sanciona con penas gravísimas pueden merecer la pena de muerte. Y si no son locos o idiotas se presume que la merecen. Lo mismo se puede decir de los guías y promotores conscientes de un movimiento como el comunista, que lleva en sí tales horrores; los que desde el periódico, el libro o el folleto han excitado a las masas […]. En cambio hay que proceder con suma lenitud cuando se trata de las masas engañadas […]. No se incurre en la responsabilidad necesaria para merecer la pena de muerte por el mero hecho de estar afiliado a la CNT o a la UGT; ni aun por tomar un fusil para defender ideales, equivocados, pero sinceramente tenidos por lo mejor para la sociedad.

El padre Huidobro envió sus «Normas» a numerosas autoridades militares y a muchos capellanes castrenses. Consta que las leyeron Castejón y hasta Varela. A este último el padre Huidobro le escribió el 14 de noviembre de 1936, cuando avanzaba rápidamente hacia Madrid, rogándole que, ya que estaba destinado a ser el conquistador de la capital de España, no permitiera que sobre su glorioso nombre recayera la mancha de los asesinatos que algunos de sus subordinados se jactaban de querer cometer. El 3 de diciembre le contestó Varela felicitándole por los sentimientos que demostraba y asegurándole que coincidía con su criterio. Apuntando al vértice, el padre Huidobro se atrevió a enviar al mismo Franco, por conducto de su ayudante, el teniente coronel Carlos Díaz Varela, sus «Normas», a las que añadió un escrito denunciando excesos concretos cometidos. Díaz Varela estimó que el Generalísimo estaba demasiado atareado para atender a semejantes minucias, pero envió aquellos escritos al teniente coronel Yagüe, que mandaba la división en la que estaba encuadrada la unidad de Huidobro. Pero este insistió y Díaz Varela le contestó que había pasado sus escritos al Generalísimo, quien, al conocer los abusos cometidos, «se indignó» y «lamentó que no le avisasen a él en seguida estas cosas».

El 25 de noviembre Díaz Varela escribió desde Salamanca al padre Huidobro:

Pude enterar de sus quejas a la persona que deseaba. Las encontró justificadísimas y condenó, como se merecen, los excesos que denuncia. Enemigo sincero de ellos, le aseguro que solo desea que puedan ser señalados sus autores o inductores, para ser sancionados con el rigor que merecen. Son muy lamentables esas extralimitaciones de algunos locos, que solo sirven para desprestigiar la causa y ofender seriamente a Dios.

El error del padre Huidobro estribó en creer que las matanzas que presenciaba las ejecutaban unos «locos», contra las consignas de los buenos y cristianos generales, cuando en realidad eran unos legionarios muy disciplinados que cumplían fríamente las instrucciones recibidas, programadas de antemano por el «Director» del Movimiento, el general Mola, y asumidas por Franco, Varela, Yagüe, Castejón y todos los jefes de las columnas. Contra la versión hasta ahora aceptada y divulgada de que el padre Huidobro murió en el frente de Madrid a causa de un obús ruso, voces autorizadas aseguran que el proyectil que acabó con su vida procedía de alguien de la Legión, que debió sentirse amenazado por sus denuncias. Lo más lamentable es que mientras se decía que había muerto por un obús ruso se tramitó su causa de beatificación como mártir, pero al saberse que fue víctima de alguien de la misma Legión porque denunciaba las matanzas indiscriminadas, la causa se detuvo.

Otro testigo importante es fray Gumersindo de Estella. En sus patéticas memorias refiere la gran cantidad de personas fusiladas tras un simulacro de juicio. La mayoría no habían visto al oficial asignado defensor de oficio hasta el día del consejo de guerra. Algunos tenían pruebas de su inocencia, pero no habían podido aportarlas. Muchos eran víctimas de rastreras venganzas privadas. Los capellanes de la prisión los insultaban en los sermones de asistencia obligatoria. [→ VIOLENCIA].

Los casos del padre Huidobro, fray Gumersindo y alguno más son excepcionales. Una grave responsabilidad de la Iglesia española es su complicidad, al menos por omisión, con la represión. La Iglesia española fue hipersensible con sus víctimas e insensible con las otras. Pla y Deniel escribió desde Salamanca a Gomá el 31 de agosto de 1936:

Aquí gracias al Señor en toda la diócesis no ha habido ningún incendio de iglesias, ni asesinato de sacerdotes. El Ejército domina total y completamente la provincia, con mucha ayuda personal y económica de los paisanos.

Pero Unamuno, que en un primer momento había aplaudido el alzamiento, al conocer la terrible represión escribía:

Aquí en Salamanca no hay guerra sino algo peor, porque se oculta en el cinismo de una paz en estado de guerra. No hay guerra de trincheras y bayoneta calada, pero la represión que estamos sufriendo no hay forma de calificarla… Se cachea a la gente por todas partes. Los «paseos» de presos hasta los lugares de fusilamiento son constantes. Se producen desapariciones […]. Hay tortura, vejaciones públicas a las mujeres que van por la calle con el pelo rapado. Trabajos forzados para muchos disidentes. Aglomeración inhumana en la cárcel. Y aplicaciones diarias de la ley de fugas para justificar ciertos asesinatos […]. ¿Qué será de mi España cuando despierte de esta salvaje pesadilla?

El episcopado español tampoco tuvo piedad de las víctimas de los mortíferos bombardeos de la aviación alemana e italiana, en los que se ensayaron nuevas armas y métodos que se aplicarían en la segunda guerra mundial. El canónigo vasco Alberto Onaindía, que se hallaba en Guernica el día del famoso bombardeo inmortalizado por Picasso, escribió inmediatamente a Gomá una carta patética describiendo lo ocurrido y pidiéndole una intervención humanitaria:

Sr. Cardenal, interpretando el sentir del pueblo más cristiano del mundo, en nombre de mis hermanos en el sacerdocio, en nombre de la religión que representamos, le ruego interponga su mediación para que la guerra se lleve por los cauces legales, si esto se puede llamar legal […]. Matar niños, matar mujeres, perseguirlas al huir, quemar vivas a cientos de personas, sembrar el luto con escombros y ceniza, todo esto no soy capaz de describirlo y menos de calificarlo debidamente. ¿Quemarán Bilbao los hombres responsables de tantas ruinas? Ha prometido arrasarla el encargado de Radio Sevilla.

La respuesta inmisericorde de Goma fue: «Lamento como el que más lo que ocurre en Vizcaya […]. Pero me permito responder a su angustiosa carta con un simple consejo: que se rinda Bilbao, que hoy no tiene más solución».

Un año más tarde, los bombardeos de Barcelona en marzo de 1938 no tuvieron un Picasso que los denunciara al mundo pero fueron mucho más sangrientos que el de Guernica. Eran bombardeos terroristas. Lo decía expresamente un telegrama de Mussolini, que ordenaba terrorizzare le retrovie. La Santa Sede, por medio de L’Osservatore romano, los condenó públicamente como matanzas innecesarias, carentes de justificación militar, pero la Iglesia española guardó silencio. Dos años después de los bombardeos de Barcelona, Londres los sufría multiplicados. El 18 de junio de 1940 Churchill, en uno de sus más dramáticos discursos, dijo en la Cámara de los Comunes: No subestimo la severidad de las pruebas que nos aguardan, pero sí creo que nuestros compatriotas demostrarán ser capaces de hacer frente a ellas como los valientes hombres de Barcelona.

La Iglesia no se preocupó por la muerte de tantos condenados, pero sí por su sacramentalización. El alférez capellán de Yagüe atestigua cómo procuraba que las víctimas se confesaran antes de la ejecución. En la carta colectiva de los obispos se dice que:

al morir, sancionados por la ley, nuestros comunistas se han reconciliado en su inmensa mayoría con el Dios de sus padres. En Mallorca han muerto impenitentes solo un 2%; en las regiones del Sur no más de un 20%; y en las del norte no llegan tal vez al 10%.

El obispo Miralles, de Mallorca, se sentía muy satisfecho de poder decir: «solamente el 10% de estos amados hijos nuestros han rehusado los santos sacramentos antes de ser fusilados por nuestros buenos oficiales». Eduardo Fernández Regatillo, S. J., en la revista sacerdotal Sal Terrae, enero de 1938, se preguntaba: «¿Se puede y se debe dar la extremaunción a los condenados a muerte?». Respondió: «Es cuestión de suma actualidad, pues por cientos se cuentan los condenados a la máxima pena por los tribunales militares; y son ajusticiados comúnmente por fusilamiento; y los reos de más graves y numerosos crímenes por la horca o garrote». Propiamente, la extremaunción era un sacramento para enfermos que no tardarían en fallecer. «El condenado a quien van a fusilar no está necesariamente enfermo, pero ciertamente está a punto de morir». En la duda convenía extremaunciar. El momento más oportuno, opinó, sería «después de la primera descarga, antes del tiro de gracia». El capellán de la prisión de Burgos, padre Bolinaga S. J., dirigía a los condenados a muerte duras palabras. Ramón de Galarza, en su Diario de un gudari condenado a muerte, recuerda sus coacciones e insultos. Reprochaba a los presos sus grandes crímenes, que les llevarían irremisiblemente al infierno si no se confesaban, y elogiaba la justicia del «Caudillo». En cambio, según me refirió Ramón Salas Larrazábal, el padre Bolinaga era muy solicitado por la buena sociedad de Burgos como confesor porque se mostraba muy comprensivo con las debilidades humanas.

La Santa Sede no compartió la actitud beligerante de la Iglesia española. El diario vaticano reproducía en un primer momento los despachos de agencias internacionales sobre la insurrección. El 23 de julio ya denunciaba «los horrores de la guerra civil en España… Estragos y espantosas devastaciones realizadas por los comunistas». Pero el Papa calló y se limitó a las protestas diplomáticas del nuncio ante el gobierno de Madrid y del secretario de Estado ante el embajador de la República. Entre la documentación vaticana recientemente abierta a los investigadores son especialmente interesantes las notas personales del cardenal Pacelli después de sus audiencias con el Papa. El día 11 de agosto de 1936 anoto:

Por tercera vez he sometido al Santo Padre la idea, propuesta por muchos, de una función expiatoria o reparadora por los dolorosos hechos de España. El S. Padre no ha creído aún [conveniente] acogerla. En cambio ha aprobado el artículo aparecido ayer en el Oss[ervatore] Rom[ano] y preparado por la Secretaría de Estado «La Santa Sede y la situación religiosa en España».

La primera toma de posición pública del Papa sería el discurso del 14 de septiembre de 1936, transcurridos ya casi dos meses de guerra, recibir en su residencia veraniega de Castelgandolfo a unos quinientos refugiados españoles. Pío XI, buen orador, solía pronunciar sus discursos sin papeles, pero aquel día no solo lo leyó sino que hizo preparar previamente una cuidada traducción española que se distribuyó a Jos asistentes. Empezó con una sentida lamentación por las víctimas de la persecución religiosa, pero en vez de sacar la consecuencia de que aquello era una guerra santa, como algunos esperaban, expresó su horror por «la guerra civil, la guerra entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria». Citando a Manzoni, añadió: «Bien se ha dicho que la sangre de un solo hombre ya es demasiado para todos los siglos y para toda la tierra; ¿qué decir en presencia de las matanzas fraternas que todavía se anuncian?». Hacia el final de su alocución formuló una velada acusación contra los sublevados:

Por encima de toda consideración política y mundana, Nuestra bendición se dirige de modo especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa misión de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión […]. Misión, decíamos, difícil y peligrosa, también porque muy fácilmente el esfuerzo y la dificultad de la defensa la hacen excesiva y no plenamente justificable, además de que no menos fácilmente intereses no rectos e intenciones egoísticas o de partido se introducen para enturbiar y alterar toda la moralidad de la acción y toda la responsabilidad.

Terminó exhortando a amar a los enemigos, tal como manda el Evangelio: «… amar a estos queridos hijos y hermanos vuestros, amarlos con un amor particular hecho de compasión y de misericordia, amarlos y, no pudiendo hacer otra cosa, rezar por ellos».

La mayoría de los presentes escucharon emocionados las consoladoras palabras del Papa, pero algunos partidarios del alzamiento, que esperaban una adhesión total al mismo, dejaron oír murmullos de desaprobación y hasta hubo quien arrojó despectivamente al suelo el folleto del discurso. Uno de estos, Luis Antonio de Vega, un año más tarde recordaba en el semanario donostiarra Domingo el discurso, que él atribuía a Pacelli: «Y entonces fue el discurso de vocablos de hielo, las frases que podían haber sido escritas o dictadas por el ministro de Estado de una potencia a quien no angustiara de un modo particular la infinita angustia de España y cuya preocupación máxima fuera la de no comprometer a su país con alguna palabra imprudente». Pacelli y Gomá se quejaron de este artículo.

La propaganda rebelde difundió ampliamente el discurso de Castelgandolfo en lo favorable, pero suprimió la alusión a los excesos de los insurrectos. Es especialmente significativo el caso del obispo de Salamanca, Pla y Deniel. En 31 de agosto escribió a Gomá: «Es evidente para mí la licitud del movimiento y así lo he dicho a todos antes [¡antes!] y después de él. He cedido a las autoridades militares cuantos edificios y objetos han pedido» (Franco instaló su cuartel general en el palacio episcopal; una lápida en la fachada aún lo recuerda). Pero rogó que no se publicara su nombre en la lista de donantes, porque esto sería declararse beligerante. Al recibir la versión mutilada del discurso, Pla y Deniel la publicó en el Boletín Eclesiástico del 30 de septiembre y la acompañó de su pastoral «Las dos ciudades», sin duda la más importante, teológica y políticamente, de todas las cartas pastorales sobre la guerra civil. Cuando poco después le llegó el texto pontificio completo lo hizo publicar en el número siguiente del Boletín, pero no se retractó nunca de aquella pastoral. Los demás obispos españoles, engañados por el texto manipulado del discurso de Castelgandolfo, se lanzaron a publicar pastorales de cruzada (¡ni Pío XI ni ningún sucesor suyo calificaron nunca de cruzada nuestra guerra civil!). También a la zona republicana llegó el discurso de Castelgandolfo en la versión censurada y la prensa lo comentó como una bendición incondicional del alzamiento. Así se difundió en ambos bandos la falsa creencia de que el Papa había apoyado plenamente y desde el principio la rebelión.

En marzo de 1937 Pío XI publicó casi simultáneamente tres encíclicas: la Divini Redemptoris, «contra el comunismo ateo», es del 19 de marzo. La Mit brennender Sorge, «sobre la situación de la Iglesia en Alemania», es del 14 pero se retrasó su publicación en el Osservatore romano y en Acta Apostolicae Sedis para dar tiempo a que el documento llegara en secreto a los obispos alemanes y se leyera en las misas dominicales sorprendiendo a las autoridades nazis. Estas dos encíclicas son características del «tercerismo» de la política vaticana: ni comunismo ni nazismo. La tercera encíclica, Firmissimam constantiam, al episcopado mexicano, sobre la situación religiosa en México, es del 28, día de Pascua. No llamó tanto la atención como las dos primeras, porque parecía que interesaba solo a los mexicanos, pero seguramente Pío XI, hablando de México, apuntaba a España. La guerra de los «cristeros» o Cristiada se había prolongado en México de 1926 a 1929. En 1925 Pío XI había instituido la fiesta de Cristo Rey sobre el «Reinado social de Cristo». El Vaticano y la mayoría del episcopado mexicano no habían apoyado el movimiento de los «cristeros», pero la vía diplomática y pacífica intentada no había bastado. Entonces Pío XI dijo:

Vosotros [obispos] habéis recordado a vuestros hijos más de una vez que la Iglesia fomenta la paz y el orden, aun a costa de graves sacrificios, y que condena toda insurrección violenta que sea injusta contra los poderes constituidos. Por otra parte también vosotros habéis afirmado que, cuando llegara el caso de que estos poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aun los fundamentos mismos de la Autoridad, no se ve cómo se podría entonces condenar el que los ciudadanos se unieran para defender a la Nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarla a la ruina […] [pero] el uso de tales medios y el ejercicio de los derechos cívicos […] no es en manera ninguna de la incumbencia del clero ni de la Acción Católica como tales instituciones; aunque también, por otra parte, a uno y otra pertenece el preparar a los católicos para hacer recto uso de sus derechos.

Una interpretación auténtica de la tercera encíclica, y de su eventual aplicabilidad a España, son las palabras de Pío XI unos años antes a Pacelli en la audiencia del 20 de diciembre de 1931:

Sobre la cuestión de México. Encontrar la manera de decir que la S. Sede no puede sino bendecir y alentar a todos los que defienden los derechos de Dios y de la religión, pero en las condiciones actuales no puede ni autorizar ni alentar la resistencia armada. En las condiciones actuales: porque, si vemos la historia, los Pontífices muchas veces no solo han autorizado sino también promovido las cruzadas externas y aun internas, como las guerras contra los turcos, los herejes. Es verdad que se defendía también la civilización […]. Pero en las condiciones actuales no puede la S. S. ni autorizar ni alentar, no queremos decir desaprobar. Lo que hay que hacer es aprovechar bien la Acción Católica, que en vez de armarse con espadas y mosquetones, se arma con las armas del apostolado […]. Si se quiere, un partido de católicos, no un partido católico.

La posición del episcopado español quedó sobre todo plasmada en su carta colectiva, redactada por el cardenal Gomá y datada el 1 de julio de 1937, o sea un año después de iniciada la guerra. Sorprende que no declarase que la guerra civil fuera una «Cruzada», sino que expresamente afirmó que no lo era: «Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado órdenes militares y ha organizado cruzadas contra los enemigos de la fe. No es este nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó». Gomá, Pla y Deniel y otros obispos habían afirmado el carácter de «Cruzada» que, según ellos, tenía la contienda, pero en la carta colectiva Gomá no creyó oportuno darle esta denominación porque sabía que no gustaría a Pío XI y quería su aprobación. Por la misma razón, a pesar de que globalmente apoyó el alzamiento, no fue un respaldo incondicional a un régimen que estaba aun in fieri: «Cuanto a lo futuro, no podemos predecir lo que ocurrirá al final de la lucha. Sí que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada, sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los tiempos viejos».

Los dos grandes teólogos de la guerra santa fueron dos catalanes, Gomá y Pla y Deniel, pero contra lo que suele decirse, Gomá fue relativamente moderado en el uso del calificativo de «Cruzada». Según el recuento de Bernardino M. Hernando, en sus trece escritos de 1936-1937 solo la empleó una sola vez; en los ocho escritos de 1938, únicamente otra, y en 1939, cuatro veces. Pla y Deniel la usó profusamente y se esforzó por justificarla teológicamente y hasta el fin de sus días (1968) mantuvo que aquello fue cruzada.

Lo peor de la carta fue la absolución que impartió a la represión franquista:

Toda guerra tiene sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la justicia y de la caridad cristiana todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente subalterna y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia de su administración y de la forma de aplicarla de una y otra parte.

El obispo de Vitoria, Mateo Múgica, no opinaba así. En una carta a la Santa Sede, en junio de 1937, explicando los motivos por los que se abstenía de firmar la carta colectiva, afirmó: «Según el episcopado español, en la España de Franco la justicia es bien administrada, y esto no es verdad. Yo tengo nutridísimas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica».

Un dato importante de la documentación vaticana ahora asequible es que a última hora Pacelli, sin duda por orden de Pío XI, pensó detener la publicación de la carta colectiva. El 5 de julio Gomá había enviado a Pacelli las pruebas de imprenta del texto definitivo. El 31 de julio, Pacelli escribió a Gomá acusándole recibo y le respondió:

Esta Secretaría de Estado sería del parecer que para la publicación de un documento de tanta importancia, como es la citada carta, sería deseable la unanimidad de ese Excmo. Episcopado. Puesto que el Emmo. Señor Vidal y Barraquer, como Vd. observa en su mencionada carta N. 88, no estima conveniente la publicación de dicho documento, y por otra parte S. E. Mons. Múgica y tal vez con él otros Obispos españoles no desean firmarlo, esta Secretaría deja a la conocida prudencia de Vuestra Eminencia ver si no sería el caso de suspender por ahora su publicación.

Esta importante carta no llegó a enviarse. No se envió, pero no se destruyó, sino que el original, no firmado, se archivó en la Secretaría de Estado, con una anotación en lápiz, a mano, encerrada en un círculo, que dice: «Sospeso».

Cuando se habla del papel de la Iglesia en la guerra civil hay que distinguir entre la actitud del Vaticano y la que adoptó la gran mayoría del episcopado español. Tanto los franquistas como los prorepublicanos, aunque por razones opuestas, han sostenido, durante la guerra y después de la guerra, que la Santa Sede estuvo desde el principio completamente al lado del alzamiento militar. Pero en realidad el Vaticano fue mucho más humano y menos belicoso que los obispos españoles. Prueba elocuente de ello es la evolución de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con las dos Españas desde 1936 a 1939.En el Annuario Pontificio de 1936, a pesar de los conflictos con la República, son plenas: nuncio y embajador. El de 1937 (elaborado en diciembre de 1936, a los seis meses del alzamiento) admitió doble representación, activa y pasiva, en las dos Españas, el «Gobierno de Burgos» y el «Gobierno de Valencia». Sobre este último se reconoció al embajador Zulueta en Roma y la Nunciatura de Madrid, abierta y con un encargado de negocios, Sericano, aunque «ausente», mientras que con los insurrectos solo había un «encargado oficioso provisional» del Papa ante Franco, el cardenal Gomá, y un «enligado oficioso» de Franco ante la Santa Sede, el marqués de Magaz. El Annuario Pontificio de 1938 ya vio elevadas las relaciones con el «Gobierno nacional de Salamanca» a nivel de «encargados de negocios» (Monseñor Antoniutti en Salamanca y Churruca en Roma), pero todavía se puede observar en las representaciones diplomáticas de la Santa Sede, tanto activas como pasivas, un apartado dedicado al «Gobierno de Valencia», sin cargos ni nombres, solo con unos puntos suspensivos, que significan que las relaciones no estaban formalmente rotas. Solo en el Annuario Pontificio de 1939, redactado a fines de 1938, desapareció toda referencia a la República y en las casillas del «Gobierno Nacional» (único reconocido) las representaciones llegaron al grado que tenían en 1936: nuncio (Cicognani) y embajador (Yanguas).

El retraso del pleno reconocimiento vaticano despertó resentimiento en el bando rebelde. Públicamente, la España de Franco era el país más católico del mundo, obediente al Papa y regido por la doctrina de la Iglesia, pero en privado se multiplicaban las críticas. Gomá informó así del malestar a Pacelli, el 7 de abril de 1937: «[Es un hecho innegable] del que hemos podido percatarnos mi Sr. Secretario y yo en cuatro entrevistas sucesivas, que en el General Franco y en el ambiente de colaboración política que le rodea se observa una actitud de reserva para con la Santa Sede […]. La causa principal de estas reservas está en el no reconocimiento de jure, por parte de la Santa Sede, del Gobierno de Salamanca». El 26 de junio insistía: «La situación, sin ser grave, la reputo delicadísima […]. Todo ello se traduce en una orientación francamente civilista, cuando no laicista, en las disposiciones emanadas del Gobierno». Denunció que acababa de constituirse la obra «Auxilio Social»,

y en ella no hay sitio para la religión y el sacerdote, ni se construye una capilla, a pesar de que constará de amplísimos pabellones para albergar a los niños hasta los doce años. A más, se establece la separación por edades, no por sexos, lo que levanta a la categoría oficial la coeducación […]. En general se nota en todo una desviación del sentido profundamente religioso que tuvo en sus principios el movimiento y una disminución de la devoción a la Santa Sede, tan tradicional en el pueblo español; y me temo que el resultado final no corresponda ni al esfuerzo ni al sentido religioso del país. Es general el aforismo de que «ganaremos la guerra, pero perderemos la paz». El jefe del Estado, que sin duda ofrece garantías de seriedad política y que personalmente es creyente convencido, tiene por colaboradores principales a dos familiares [Nicolás Franco y Serrano Suñer] que, en el sentir de quienes los conocen, no están a la altura de su cometido.

Carmelo Blay, sacerdote bien introducido tanto en el Vaticano como en la embajada española, recién llegado a Burgos escribió a Pacelli el 23 de agosto de 1937: «No debo dejar de manifestar a Vuestra Eminencia Reverendísima que, en general, se oyen respetuosos lamentos de la actitud de la Santa Sede, creyendo que no ha comprendido bien el principio y origen de esta guerra, que no ha tenido otros motivos que religiosos y patrióticos, es decir para salvar la Religión y la Patria».

Para corregir este mal ambiente, aprovechando el XVI aniversario de la coronación de Pío XI, Gomá le salió al paso el 28 de enero de 1938 con una pastoral. El apartado III, «Pío XI y España», subrayó cómo el Papa apoyaba la causa «nacional», pero el III, «Prevengámonos», respondía a los que «hubiesen querido una intervención clamorosa del Pontífice», y el V, «Fórmula heterodoxa y antiespañola», expresó su horror ante una fórmula «ajena al sentido católico y a la tradición española. La hemos oído y leído, “católicos sí; vaticanistas, no”; esta es la fórmula; y con maneras más suaves hemos visto con pena que un sector de la prensa apuntaba contra las directivas pontificias. Es apuntar contra la luz».

¿Por qué la Santa Sede tardó tanto en reconocer a los insurrectos, que decían defender a la Iglesia, y que combatían a los que la perseguían? Por tres razones. Primera, porque era incierto el resultado de la guerra. Segunda, porque la ayuda que Hitler y Mussolini prestaban a Franco hacía temer que el nuevo régimen sería como el nazismo y el fascismo, con los que el Vaticano, a pesar de los respectivos concordatos, tenía crecientes problemas. Y tercera, porque llegaban al Vaticano informaciones sobre la represión en la zona franquista, sobre todo el fusilamiento de sacerdotes vascos y la expulsión del obispo Múgica. Durante el segundo año de guerra el Vaticano, que tenía relaciones muy tensas con Franco, mantuvo contactos indirectos y secretos con la República. Si finalmente dejó caer estos contactos y reconoció plenamente a Franco fue por la suerte de las armas.

Hacia el final de la guerra el ministro vasco católico Manuel de Irujo recordó al cardenal Vidal i Barraquer cómo había buscado la reconciliación de la Iglesia con la República denunciando ante el Gobierno la persecución religiosa, evacuando a sacerdotes y otras personas amenazadas, liberando a sacerdotes presos y procurando restablecer el culto público. Había fracasado, y no por culpa del Gobierno, sino por la falta de cooperación de las autoridades eclesiásticas. Terminó diciendo: «Tenga presente que en las dos zonas se han hecho mártires; que la sangre de los mártires, en religión como en política, es siempre fecunda; que la Iglesia, sea por lo que fuere, figurará como mártir en la zona republicana y formando en el piquete de ejecución en la zona franquista».

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Southworth, Herbert R.: El mito de la cruzada de Franco, Plaza & Janés, Barcelona, 1986.

EL GOLPE DE CASADO

LA PUNTILLA A LA RESISTENCIA

REPUBLICANA

por

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar a partir del 5 de marzo de 1939 ofrecieron el triste colofón a una ya de por sí amarga derrota. La dramática división dentro del campo republicano puso fin de la peor manera posible a una guerra que, si bien estaba perdida hacía mucho tiempo, dado el ingente apoyo material del Eje a Franco y la retracción culposa de las democracias hacia la República, había supuesto un aldabonazo en la conciencia de la opinión pública mundial que veía con aprensión el ascenso del fascismo en Europa y había aprendido del pueblo español las lecciones de la dignidad y la resistencia. El enfrentamiento cainita entre antiguos camaradas de lucha lastró durante décadas las relaciones entre las fuerzas del exilio antifranquista y proporcionó a la Dictadura un impagable balón de oxígeno. El papel de unos y otros en aquellos días se empleó como argumento arrojadizo en las ulteriores controversias entre socialistas, libertarios y comunistas. Las distintas interpretaciones fueron profusamente tratadas tanto en las memorias de los protagonistas como por la historiografía posterior, siempre como un arma arrojadiza. Nunca se verificó de forma tan cruda el viejo aforismo de que «la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana». [→ EXILIO].

FRACTURAS EN EL CAMPO REPUBLICANO

Tras la pérdida de Cataluña, en enero de 1939, nadie albergaba dudas acerca del próximo fin de la guerra. La búsqueda de una «paz honrosa» era el objetivo que compartían las corrientes que cohabitaban —cada vez de forma más irritada— en el Frente Popular. Pero las diferencias para alcanzarla eran notorias. Negrín había condensado sus condiciones irrenunciables en los llamados «tres puntos de Figueras»: independencia frente a cualquier injerencia extranjera; decisión libre y soberana del pueblo español sobre su régimen futuro; renuncia a persecuciones y represalias. Solo si se mantenía la resistencia y se lograba controlar un arco de la costa comprendido entre Valencia y Cartagena podría precederse al éxodo ordenado de aquellos cuadros políticos y militares que no pudieran convivir con los vencedores. Madrid sería abandonada en el primer mes. Se establecerían líneas de repliegue en Tarancón, entre Murcia y Albacete y en torno a Cartagena, desde donde la Flota, elemento clave del operativo, procedería a la evacuación. Para todo ello decidió instalar el aparato gubernamental en la posición «Yuste», en la comarca de Elda, en la encrucijada de las principales vías de comunicación entre el interior y la costa.

Los comunistas, que seguían a Negrín, se movían entre el empecinamiento de proseguir la guerra, atacando como derrotismo y traición cualquier intento de negociación para concluirla, la desorientación por el ocultamiento que de sus cartas hacía el presidente del Gobierno y la inclinación, en última instancia, ante las decisiones tomadas por este. Con una base que se estrechaba día a día y obligado a improvisar los preparativos para un previsible paso a la ilegalidad, la fragilidad de la posición del PCE se enmascaró con el ejercicio de un radicalismo verbal que constituía el único recurso a su alcance para hacerse temer y frustrar los propósitos de unos adversarios que, tras las duras declaraciones de sus principales dirigentes contra Largo Caballero, Miaja y Casado, habían proclamado su incompatibilidad con los comunistas. El creciente aislamiento del PCE se complicó con la existencia de un serio problema de dirección: ante la ausencia por enfermedad de José Díaz, se formó un secretariado compuesto por Dolores Ibárruri, Pedro Checa y Manuel Delicado. Esta troika siguió de cerca al Gobierno, en el que figuraban dos ministros comunistas: Vicente Uribe y Josep Moix (del PSUC), pero se distanció del resto de órganos colectivos de dirección —el Comité Central (CC) y el Buró Político (BP)—, que apenas podían ya reunirse al completo. A dos de los miembros del BP, Jesús Hernández y Pedro Martínez Cartón, no se les convocaba para que no desatendieran sus tareas en los ejércitos de Levante y Extremadura, respectivamente. Algunos significados responsables, como Francisco Antón (del Comité Central) y Santiago Carrillo (de la JSU), no retornaron de Francia a la zona central.

Frente a Negrín y el PCE, un sector creciente apostaba por la finalización inmediata del conflicto depositando sus últimas esperanzas en una mediación internacional de carácter diplomático y humanitario. En la práctica se formó una coalición de militares profesionales, socialistas desplazados y aquellos anarquistas que compartían una profunda animadversión hacia el PC. Los militares confiaron en una negociación directa entre elementos castrenses de ambos bandos, prescindiendo tanto del Gobierno, que apostaba por la resistencia, como de los comunistas, que lo apoyaban. Entre ellos el protagonista más decidido fue el coronel al mando del Ejército del Centro, Segismundo Casado, contactado desde hacía tiempo por la quinta columna franquista a través de la cual se le ofreció un proyecto de condiciones de capitulación pactadas entre compañeros de armas. De enero a principios de marzo menudearon los intercambios de mensajes entre Casado y el Cuartel General de Burgos. La «paz honrosa» estaba al alcance de aquellos que favorecieran el fin de la guerra barriendo los últimos obstáculos que se oponían a la ineluctable victoria franquista: los comunistas y su supuesto fiel lacayo, Negrín. Casado se encargó de urdir la trama y de crear el ambiente para que su sedición vistiese el traje honorable del último esfuerzo para salvar la dignidad nacional frente a una supuesta sublevación comunista. El 2 de febrero de 1939 se reunió en la zona Centro con los generales José Miaja, Manuel Matallana y Leopoldo Menéndez. Tras la declaración del estado de guerra en la zona republicana, argumentó, el poder real recaía en las autoridades militares. Desde ese instante, la continuación de la resistencia, decidida por políticos irresponsables —cuando no cómplices de manejos a beneficio de intereses bastardos— y partidos políticos vendidos a una potencia extranjera constituía un suicidio colectivo. Como quiera que, además, estaba seguro de que el tándem PCE-Negrín preparaba una toma del poder absoluto mediante la ocupación de la cúpula de mando en el Ejército, el deber patriótico dictaba la urgencia de actuar para conjurar ese extremo peligro. En el manual del golpista, la primera lección es que los golpistas siempre son los otros.

Casado contaba con que el cansancio por la prolongación de una guerra irremisiblemente perdida era el principal agente erosivo del gobierno Negrín. Menudeaban los actos de sabotaje y las muestras de derrotismo. La desolación atravesaba desde la cúpula hasta las bases. Las organizaciones del Frente Popular se ocupaban ya abiertamente de organizar la huida. Las células y agrupaciones, a excepción de pequeños núcleos de militantes firmes, iban dejando de tener actividad y los dirigentes locales se encontraban profundamente desmoralizados.

ASCENSOS Y MENTIRAS

En tal ambiente bullía el malestar alentado por los adversarios del Gobierno y del PCE, que acabó encontrando su máxima expresión ante la sucesión de ascensos —supuestamente favorables a la hegemonía comunista en el Ejército— que Negrín ordenó tras su retorno a la zona Centro. El asunto de los nombramientos de los últimos días de la guerra se convirtió, durante décadas, en la prueba del nueve sobre la pretensión hegemónica de los comunistas sobre la República, interpretación reconfortante para un heterogéneo elenco ideológico e historiográfico. Sirvió tanto al franquismo, que vio legitimada en sentido retroactivo su propia contrarrevolución preventiva, como a los denunciantes de amplio espectro —anarquistas, socialistas antinegrinistas y «cruzados del mundo libre», como Julián Gorkín y Burnett Bolloten— de la sovietización de la República y de la configuración avant la lettre de una democracia popular en España. Como ha sucedido respecto a otros episodios de la guerra, tal versión es el resultado de una lectura hacia atrás realizada desde las necesidades de la pugna ideológica de la guerra fría. La supuesta existencia de un complot comunista para tomar el poder en marzo de 1939 carece de base documental primaria —y en puridad, hasta de lógica, en aquellas circunstancias— pero sirvió a Casado para cotizar por dos veces sus sesgadas memorias, en Londres en 1939 (The last days of Madrid) y, retornado a España, en 1968 (Así cayó Madrid). Las primeras fueron acotadas para ajustarse a los puntos de vista británicos en vísperas de la guerra mundial; las segundas, escritas para procurarse unos ingresos de subsistencia, transigieron con el canon interpretativo del Régimen. El resultado, en todo caso, satisfizo a autores como Bolloten, el diseñador del artefacto anticomunista por antonomasia, el «gran camuflaje» que, como con otros casos parecidos (por ejemplo, la explotación de las «memorias» de Enrique Castro Delgado —Hombres made in Moscú— como fuente primaria… a casi 30 años de distancia de los hechos referidos) no vaciló en elevar a la categoría de verdad absoluta lo que no era sino un monumento a la autojustificación.

El análisis de los nombramientos demuestra que, aunque los comunistas hicieron una propuesta cuya última finalidad era poner en manos fiables el control de los puestos clave para la evacuación, Negrín introdujo modificaciones según su criterio personal que no les contentaron. El jefe del Gobierno mantuvo una reunión con los principales mandos del Ejército en Los Llanos (Albacete) y de ella extrajo la impresión de que los militares estaban poseídos de un ánimo anticomunista exacerbado. Jugando a mantener un cierto equilibrio, ascendió a Juan Modesto, Antonio Cordón y Segismundo Casado a generales y a José Miaja y Vicente Rojo, a tenientes generales. Ulteriores medidas serían dadas a conocer en una inminente alocución radiada. Los ascensos que las implementaban, entre los que se encontraban no solo los de comunistas sino también los de destacados anarquistas, como González Entrialgo, David Antona o González Inestal, estaban preparados para su publicación en el Diario Oficial.

Negrín desconocía que, para entonces, Casado se encontraba en contacto permanente con Burgos a través de la quinta columna y que ya había previsto el escenario para su actuación: un gobierno con Besteiro a la cabeza, la neutralización militar y política del PCE y la entrega inerme de la zona republicana. El problema era que, para doblegar la fuerza militar comunista, debía emplear una fuerza equiparable que se encontraba en manos anarquistas. La vieja rivalidad entre ambos sectores favoreció sus propósitos. El 20 de febrero de 1939 se reunió en Madrid un pleno regional de la CNT que acordó la constitución de un comité de defensa de la zona centro-sur. En su transcurso, Manuel Amil, secretario de la Federación Nacional del Transporte, propaló la especie de que Negrín proyectaba dar un golpe de estado y destituir a todos los mandos militares que no le fueran adictos. José García Pradas, director del diario CNT, expuso con vehemencia que, en nombre de los principios libertarios, no quedaba más remedio que destruir las pretensiones dictatoriales de los comunistas. Eduardo Val, por su parte, comunicó a los mandos militares que si Negrín entregaba el poder a los mandos comunistas, recibiría la respuesta que se merecía. A continuación impartió las directrices concretas sobre la mecánica del golpe: En cuanto oyeran en el parte de medianoche de Unión Radio que se había constituido una Junta para luchar contra Negrín debían apoderarse del mando de las unidades y destituir o encerrar a los negrinistas sin la menor vacilación. A partir de ahora todo el movimiento libertario debía considerarse en pie de guerra.

El 25 de febrero se reunió el comité de enlace del movimiento libertario. El representante de la FAI afirmó que con el gobierno Negrín no había posibilidad de hacer una paz honrosa y que inevitablemente se necesitaba formar una Junta de Defensa. El 27 el embrión de plan golpista llegó a conocimiento del PCE. Según apuntó Togliatti, un informante relató que dos días antes se había celebrado una reunión en la posición «Jaca» (cuartel general del ejército del Centro) en la que participaron Casado, Pedro Girauta, el socialista Julián Besteiro y el anarquista Melchor Rodríguez. En ella acordaron formar una Junta de Defensa para entregar Madrid. Besteiro no aceptó el puesto de presidente. Rodríguez se ofreció. La Junta decretaría de inmediato la libertad de todos los presos políticos, la disolución del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), la movilización de todas las fuerzas disponibles para controlar a los comunistas y la entrega incondicional de la capital. El 29 de febrero, una nueva entrada en los apuntes de Togliatti dejó constancia de que la CNT-FAI había organizado grupos de acción que habían comenzado a vigilar las sedes del PCE y a sus dirigentes.

Lo anterior deja en absoluta evidencia la impostura sobre la que Casado y sus propagandistas justificaron su sedición. No fue necesario el goteo de disposiciones sobre personal en la Gaceta para alertar a los verdaderos patriotas acerca de las siniestras intenciones del presidente del Gobierno de entregar lo que quedaba del país a los lacayos de Moscú: ellos ya tenían previsto cómo iban a actuar nueve días antes de que se cerrase el círculo de nombramientos.

El 24 de febrero (Gaceta del 25) se publicó el ascenso a general de Casado. Las últimas rondas aparecieron en la Gaceta del 1 de marzo (el ascenso al generalato de Antonio Cordón). Se anunció una tercera hornada para el 3 de marzo. Las designaciones contribuían al diseño del control sobre la geografía de la evacuación, otorgando el mando sobre el arco mediterráneo comprendido entre Alicante y Murcia a fuerzas seguras. Nada había de extraordinario en ello que permitiese colegir una entrega del poder militar al PCE. Es más, Negrín había empezado a tomar medidas para reducir la influencia comunista en el Ejército, procurando limar asperezas y reforzando su propia influencia y autoridad. Los comunistas, por su parte, no estaban en la dinámica de preparar un golpe, sino en situación de prever acontecimientos y de contar con un aparato capaz de hacerles frente. El PCE había sacado lecciones del derrumbamiento en Cataluña y temía que en la zona centro-sur fuese más rápido y catastrófico. Era preciso montar un dispositivo que sostuviera al Gobierno y al partido, por este orden, con gente firme y segura ante la tentativa sediciosa que se aventuraba.

Pero si el partido, como se deduce de las confidencias recogidas por Togliatti, tenía constancia de la preparación del pronunciamiento con más de una semana de anterioridad, hay que concluir que respondió con enorme torpeza. El PCE careció de decisión para adelantarse a los conspiradores, de fuerza para sofocarlos y de coordinación en la respuesta a su pronunciamiento. De ahí la variopinta gama de respuestas al golpe del 5 de marzo, que fueron desde el acatamiento en algunas provincias a la resistencia armada en Madrid, pasando por la movilización expectante en Levante. De ahí, también, la rapidez del desplome definitivo.

UN DESPLOME EN TRES ESCENARIOS

El último acto comenzó en Cartagena el 4 de marzo. Fue un levantamiento contra el Gobierno encabezado por el almirante Buiza, de acuerdo con el general Matallana en Madrid, que habría de encargarse de presentar un ultimátum a Negrín: o negociaba inmediatamente la paz o la Flota se hacía a la mar hasta que el Gobierno resignase sus poderes en las autoridades militares. Pero sobre ese levantamiento «por España y por la paz» se superpuso un segundo movimiento compuesto por elementos abiertamente profranquistas que se sublevaron bajo la consigna: «Viva Franco. Arriba España». La sublevación tomó como epicentro el lugar sin duda más sensible para la estrategia de repliegue ordenado y evacuación segura. La disponibilidad de la Flota era vital Para procurar la salvación de miles de militantes, ya que su fuerza operativa aún podría haber forzado una ruptura del bloqueo franquista. Todo se frustró cuando se puso en fuga a las 12:30 del 5 de marzo. Fuerzas comunistas de la 206 Brigada redujeron el foco rebelde de la base y reconquistaron Cartagena, pero no sirvió para que los barcos, que ignoraron los radiogramas que informaban del restablecimiento del orden, retornaran a puerto.

El segundo escenario fue la zona centro-sur. En la madrugada del 5 al 6 de marzo se constituyó en Madrid el Consejo Nacional de Defensa (CND), apoyado políticamente por el diputado socialista Julián Besteiro, sustentado militarmente por las fuerzas anarquistas del IV Cuerpo de Ejército (CE) comandado por Cipriano Mera e inspirado por encima de todo por el estado mayor del ejército del Centro encabezado por Casado. Es decir, con la aceptación de Besteiro, el plan previsto en la reunión en «Jaca» del 25 de febrero que llegó a oídos de Togliatti. Los motivos esgrimidos para derrocar a Negrín fueron la supuesta ocultación de lo desesperado de la situación tras la pérdida de Cataluña, su empecinamiento en una resistencia inútil que solo favorecía los intereses soviéticos a costa de la prolongación del sufrimiento del pueblo español y su subordinación a los dictados de un partido que ejecutaba los planes de un estado mayor foráneo.

En el tercer escenario, Levante, la reacción de quienes estaban reunidos en Elda —Negrín, los ministros más allegados y los dirigentes comunistas— recorrió raudamente el trayecto entre el estupor y la toma de la decisión de marcharse para no caer en manos de los sublevados. La errática respuesta del PCE dejó claro que carecía en absoluto de una estrategia cohesionada de salida a la guerra. Pasionaria, Uribe, Líster, Modesto y otros partieron hacia Orán entre el 6 y el 7 de marzo, salvo Togliatti, Pedro Checa y Fernando Claudín, que se quedaron para preparar el paso a la clandestinidad. Su misión se vio dificultada al apresarlos fuerzas casadistas en las afueras del aeródromo de Monóvar y conducirlos a la cárcel de Alicante. Cuando pudieron recobrar la libertad y dirigirse a Albacete, descubrieron que en Valencia Jesús Hernández había decidido actuar por su cuenta apoyándose en la hegemonía comunista en el XIV Cuerpo de Guerrilleros y en la base de tanques de Calasparra. Las unidades con las que pensaba contar la comisión político-militar comunista eran la 19 División, desplegada en Tarancón; la Agrupación Toral, en Ciudad Real; el XXII CE; la división de tanques y la 15 División del XXI CE. Se diseñó un plan consistente en disponer las fuerzas de tal modo que pudieran lanzarse sobre Madrid para aplastar al CND o sobre la zona del litoral levantino entre Valencia y Cartagena, bloqueando y, si era necesario, tomando la capital y asegurando los puertos.

La situación del PCE era crítica: por fuga o por captura de sus principales líderes, se encontraba falto de línea a seguir. La confusión era general. Llegaban informaciones de que en algunas provincias el partido gozaba de vida legal porque sus comités provinciales —o una parte significativa de sus miembros, muchos de ellos a título de dirigentes de la UGT— se habían adherido a la Junta. Además, el supuesto control comunista de las fuerzas armadas mostró no ser tan férreo como sus adversarios pretendían. El PCE no pudo contar con el apoyo de los XX y XXI CE, cuyos jefes, Gustavo Durán y Ernesto Güemes, aunque miembros del partido, rehusaron oponerse al CND toda vez que lo consideraban como el único poder legal existente tras la marcha de Negrín. Algunos destacados cuadros militares, como Domingo Ungría o «el Campesino», huyeron antes de tiempo y comprometieron el éxito de las operaciones en sus zonas.

Tras asegurar posiciones en la carretera Madrid-Valencia, Hernández formó un nuevo BP y publicó un manifiesto el 9 de marzo. En él llamaba a la resistencia contra el CND, instaba a los comisarios y militares comunistas a no relegar el mando ni a entregar las armas bajo ningún concepto sin haber conseguido la restitución de la legalidad frentepopulista, la liberación de los prisioneros y la autorización de la difusión de su prensa. En caso contrario se emplearían los tanques contra el CND. No pasó de ser la justificación a una actitud expectante. Tras muchos tiras y aflojas, a primera hora de la madrugada del 11 de marzo las autoridades del CND en Valencia reconocieron la legalidad del PCE, la libertad de los presos, la autorización de su prensa y la reapertura de sus locales. La dirección comunista levantina optó entonces por aceptar el ofrecimiento y centrarse en procurar la salvación del máximo de cuadros comunistas.

Las fuerzas acumuladas por Hernández sirvieron para obligar al general Menéndez a negociar una atenuación de la persecución al partido en Valencia, pero nunca se pusieron en marcha hacia Madrid, en donde otro sector aislado de la dirección comunista se había levantado en armas para derribar, aquí sí y decididamente, al CND. En Madrid se desató un combate abierto y feroz. En las luchas callejeras que asolaron la capital durante siete días se ventilaron pleitos que se remontaban a los tiempos de la Junta de Defensa y del mayo barcelonés —con los anarquistas— o a la caída de Caballero —con la Agrupación Socialista Madrileña—. Sin Gobierno y perdida definitivamente la fe en la victoria, se liberaron las tensiones de rozamiento acumuladas durante mucho tiempo y, como en la tectónica de placas, con brutal intensidad.

Durante los primeros días, los comunistas madrileños llevaron a cabo una ofensiva irresoluta y lastrada por una tremenda desorientación. Solo estos elementos paralizantes y la decisiva llegada del socorro en forma de las columnas del IV Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera procedentes de Alcalá de Henares salvaron al CND cuando se encontraba casi batido. Las posiciones comunistas cayeron en cascada, hasta quedar circunscritas a los Nuevos Ministerios. La dirección del partido se orientó a la búsqueda de una salida, dada la imposibilidad de continuar luchando por un gobierno que ya no existía y el riesgo de que cayera sobre el PCE la responsabilidad final por la pérdida de la guerra. Era preciso explorar las posibilidades de reconquistar una situación de legalidad a fin de retomar la evacuación.

La lucha cesó definitivamente a las ocho de la mañana del domingo 12 de marzo. En los días siguientes el PC madrileño se sumergió en tareas de paso a la clandestinidad. Se intentó restablecer el contacto con los radios, intentando reorganizar comités y reagrupar militantes en las células. Se instó a la formación de comisiones de mujeres que se dirigiesen al CND pidiendo clemencia para el comandante Barceló y el comisario Conesa, fusilados luego por rebelión, y la reclamación de la puesta en libertad de todos los detenidos. En dos ocasiones se convocó una manifestación de mujeres que no llegó a realizarse por falta de asistentes. La organización comunista de Madrid, que había llegado a contar con cerca de 75 000 militantes, se estaba disolviendo como un azucarillo.

En Levante, mientras tanto, Togliatti estableció contacto con Hernández y su plana mayor el 11 de marzo. Se llegó a la conclusión de que al PCE no le interesaba que la derrota militar, ya inevitable, se desarrollase bajo su control. Para el periodo que se avecinaba era más conveniente que el prestigio del partido quedase a salvo de la responsabilidad histórica de la claudicación y ligado a lo que, desde entonces, se erigiría en el conjunto de hitos conmemorativos del imaginario resistente comunista: la defensa de Madrid, la resistencia del Norte, la victoria de Teruel, la defensa de Valencia, la batalla del Ebro.

En lo que quedaba de zona republicana la situación se descompuso a pasos agigantados. Los locales de la JSU, del PCE y de todas las organizaciones de su galaxia política (los Amigos de la Unión Soviética, el Socorro Rojo, las Mujeres Antifascistas, el Altavoz del Frente y la Unión de Muchachas) fueron desvalijados y clausurados. La mayor parte de los militantes y organizaciones locales dejaron de dar señales de vida. Desaparecieron muchos de quienes trabajaban en el aparato de dirección y los dirigentes de los sindicatos. No había posibilidad de reunir un mínimo de responsables para la organización del paso a la clandestinidad y quienes resultaron encargados de quedarse en España para formar parte de la dirección ilegal no se avinieron a cumplir las órdenes.

Refugiado en casa de Ettore Vanni, director del diario comunista valenciano Verdad, Togliatti estableció la comunicación con la IC a través de su mujer, Rita Montagnana, desplazada hasta Levante para transmitirle las consignas de «la Casa». Trató de conseguir, sin éxito, el envío de barcos de la France-Navigation. Durante los últimos días, los esfuerzos se centraron en la formación del aparato clandestino, en la designación de una nueva dirección y en la organización de la evacuación. Cumplidos estos trámites, el día 24, Togliatti, Checa, Hernández y Claudín despegaron de la escuela de vuelo de Totana con dirección a Orán pocas horas antes de la entrega de la aviación republicana a Franco.

Sus adversarios del CND tampoco esperaron a comprobar la sinceridad de la «paz honrosa» de Franco. Salvo Besteiro, que se quedó para arrostrar la venganza de los vencedores, la mayoría de los integrantes de la Junta abandonaron el país. Casado lo hizo por mar bajo cobertura británica y su brazo ejecutor, Mera, cogió un avión con destino a Argelia. El pretendido numantinismo final del movimiento libertario naufragó en medio del derrumbe de los frentes. Con todo perdido, el PCE fue invitado por la Agrupación de Ejércitos a formar parte de una agónica Junta de Evacuación Nacional —con el voto adverso de los anarquistas—. El último medio centenar de comunistas que salieron de España pudieron hacerlo en los navíos Lezardieux y Stambrook. El resto quedó en manos de los vencedores en la vorágine del puerto de Alicante.

LECCIONES DE LA DERROTA

Los soviéticos se interesaron de inmediato en la realización de un balance que integrase las perspectivas militares, políticas, económicas y sociales del conflicto español. Los más significados cuadros políticos y militares del PCE fueron llamados a capítulo por la Komintern para que explicaran su comportamiento durante los días transcurridos entre la sedición de Casado y su salida de España. Se pretendía la celebración de una conferencia en la que el partido extrajese las enseñanzas pertinentes para el resto del movimiento comunista internacional. Durante una reunión con José Díaz y altos dirigentes de la IC, Stalin critico la línea seguida por los comunistas españoles. A su juicio, el mantenimiento de la resistencia a cualquier coste no había sido una actitud correcta. A veces, dijo, era preciso reconocer una derrota —como hizo Lenin en 1905—, pero entonces el partido debía explicar la situación al pueblo y no dejarlo abandonado y sin orientación.

No duró más allá de unos meses el interés de Moscú por las enseñanzas de la guerra de España. El nuevo marco de relaciones con Berlín tras la firma del pacto Molotov-Ribbentrop el 23 de agosto las convirtió en prescindibles. Las conclusiones quedaron para consumo interno del PCE. De ellas se desprenden, en su mayoría, debilidades que difícilmente se compadecen con la imagen, tenazmente transmitida por Casado, la propaganda franquista y la historiografía de corte bolloteniano, de una organización conspirativa al asalto del poder: unas labores de información muy deficientes durante el periodo previo al golpe casadista; carencia de organismos militares preparados de antemano y listos para actuar en cualquier momento con unidad de mando, cohesión y disciplina; exceso de voluntarismo individualista; ineficaz respuesta del aparato de agitación y propaganda; falta de coordinación entre la dirección y de asistencia mutua entre fuerzas comandadas por miembros del partido; en última instancia, incomprensión de la nueva situación creada por el golpe y la salida del gobierno Negrín. Se había combatido desigualmente en nombre de un gobierno inexistente y se había tensionado al máximo al partido para, a la postre, no perseguir la conquista del poder sino una simple negociación de mínimos de legalidad.

De lo que caben pocas dudas es de que los comunistas acertaron en el pronóstico de lo que iba a venir, aunque erraran en su prevención y tratamiento. El 22 de febrero el BP del PCE había publicado un manifiesto titulado «Para terminar la guerra salvando la independencia de España y la libertad del pueblo y excluyendo toda represalia» en el que advertía:

El triunfo del fascismo en nuestra Patria no significaría una etapa breve y transitoria de Gobierno reaccionario, como fue la dictadura de Primo de Rivera o el bienio negro. El triunfo del fascismo sobre la República no sería una simple derrota parcial o pasajera. Sería el fin de todo lo que los obreros han conquistado en decenas de años de trabajo y en duros combates; sería el fin de toda libertad, el aplastamiento de la dignidad humana, la esclavitud más dolorosa.

Así fue.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Bahamonde, Ángel, y Javier Cervera: Así terminó la guerra de España, Marcial Pons, Madrid, 1999.

Elorza, Antonio, y Marta Bizcarrondo: Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Planeta, Barcelona, 1999.

Graham, Helen: La República española en guerra, 1936-1939, Debate, Madrid, 2006.

Miralles, Ricardo: Juan Negrín. La República en guerra, Temas de Hoy, Madrid, 2003.

Viñas, Ángel, y Fernando Hernández Sánchez: El desplome de la República, Crítica, Barcelona, 2009.

Viñas, Ángel: «Segismundo Casado», en 25 militares de la República, Ministerio de Defensa, Madrid, 2011.

LA VIOLENCIA Y SUS MITOS

por

FRANCISCO ESPINOSA Y JOSÉ LUIS LEDESMA

«Hay cosas que es mejor que se queden donde están». Lo afirmaba un veterano político gallego cuando se le preguntaba por las fosas comunes donde reposan miles de republicanos fusilados y por la presencia de símbolos franquistas a lo largo y ancho del país. Quien así hablaba, fundador del gran partido conservador patrio y «padre» de la Constitución de 1978 pero antes ministro de Franco, advertía que evocar esos temas amenaza con abrir una «guerra de memoria». Sus argumentos sentaron cátedra. El mismo día en que el Congreso le homenajeaba como gran demócrata al poco de morir, en enero de 2012, el Gobierno justificaba en el Senado congelar el plan de reforma del Valle de los Caídos aludiendo a que se trata de «no reabrir viejas heridas». La explicación es en ambos casos la misma: en pos de la reconciliación, «hay que dejar en paz la Historia».

La historia no es sin embargo una suerte de caja de Pandora que pueda guardarse cerrada bajo siete llaves so pena que, abierta por mano incauta, libere males y demonios sin cuento. Tampoco una naturaleza muerta de la que nos separe un cristal desde el que podamos verla o no, tal y como fue, a libre conveniencia. Es más bien una realidad viva, en constante reinterpretación, y su presencia actual depende de los laberínticos vericuetos de las «memorias», usos públicos y representaciones colectivas del pasado. No vale sepulcro alguno en el que aherrojarla con versiones definitivas. Todo presente mira y revisa su pretérito al calor de los distintos interrogantes e intereses que germinan en él. Claro que eso ocurre de modo particular si ese pasado es el de episodios tan traumáticos para una sociedad como una guerra civil. Y sucede aún más cuando se trata de su rostro más sensible, el de las violencias y sus víctimas, pues la experiencia histórica no deja de dar razón a aquel aforismo de Nietzsche según el cual, al procurarse recuerdos, el hombre nunca ha podido prescindir de sangre, torturas y sacrificios.

Pero lo anterior resulta todavía más cierto cuando las imágenes dominantes han sido mixtificaciones tan burdas y enraizadas como las que aquí han rodeado a la guerra y sus represiones. Pasan los años y se suceden las investigaciones históricas que lo rebaten, pero el relato mítico franquista disfrutó de tanto tiempo de monopolio público y goza aún hoy de tal reciclaje mediático que sigue siendo preciso insistir en un par de cosas sobre aquella historia de terrores y persecuciones. Una historia que los primeros que no dejaron en paz fueron los vencedores de 1939, quienes nunca prescindieron de su sesgado recuerdo, y a cuyo reposo tampoco contribuyen demasiado los libelos pseudorevisionistas, beatificaciones y obstáculos políticos y judiciales que surgen de los sectores más conservadores del país. Desde ellos se acusa a movimientos de «recuperación de la memoria histórica», historiadores e incluso algún juez de hacer lecturas presentistas y usos espurios de aquellos hechos. Cree el ladrón que son todos de su condición. En el fondo, lo que querrían es ahogar en ruido los relatos opuestos que han surgido en los últimos años y clausurar esa página de la historia con una especie de equiparación de todas las violencias y víctimas. Pero eso no parece fácil, con miles de estas últimas todavía desaparecidas en fosas y cunetas, ni acaso aconsejable. Mejor un pasado en debate y conflicto que disecado o único, máxime si su experiencia proyecta todavía tantas dosis de trauma colectivo.

LA REPRESIÓN DE LOS GOLPISTAS

El fenómeno represivo fue tan duro que inevitablemente surgieron una serie de mitos para que el terror pudiera ser normalizado tanto por parte de los perpetradores como por las víctimas. Estos mitos arraigaron de tal manera que todavía hoy están vigentes en la sociedad española, en lo cual influye que solo recientemente, con la investigación y con la movilización social en torno a la memoria histórica, ha habido oportunidad de contrastarlos con la realidad de los hechos, antes ocultos, y con otro modo de ver el pasado. En realidad es la primera vez que muchas personas han hecho públicos sus recuerdos y sentimientos sobre lo acaecido en su entorno familiar.

Antes de entrar en los mitos propios de la represión conviene destacar algunos mitos de carácter más general, que constituyen la base de aquellos y que desempeñaron un importante papel en la conformación ideológica de la España surgida del golpe militar y de la guerra civil. Dadas sus consecuencias, había que justificar la sublevación y a ello se dedicó un gran esfuerzo que podemos materializar en tres hitos: el invento, aireado de inmediato por la prensa afín, de un supuesto plan comunista que los militares golpistas habrían abortado con su iniciativa (fue elaborado por Tomás Borrás); el conocido Dictamen sobre la ilegalidad de los poderes actuantes en 18 de julio, realizado por una comisión de juristas bajo la dirección de Serrano Suñer, y la Causa General, el gran proceso que debía demostrar mediante los procedimientos de una instrucción judicial la vesánica maldad intrínseca de los rojos y que, al menos desde octubre de 1934, España y los españoles de bien estaban en trance de desaparecer en las fauces de la revolución.

De esos tres hitos, el de mayores consecuencias fue el segundo, ya que el Dictamen ideado por Serrano Suñer y sus colegas, en su deseo de borrar lo ocurrido a partir de las elecciones de febrero de 1936 y de justificar el «Alzamiento», creó el esquema básico de lo que con el tiempo el propio Serrano denominaría «la justicia al revés», que en resumen vendría a ser: las elecciones de febrero fueron fraudulentas, por lo que el gobierno saliente era ilegal, ante lo cual la parte sana del Ejército se levantó para llenar ese vacío, de ahí que los que se negaron a aceptar la nueva situación fueran considerados incursos en delito de rebelión.

De aquí surge el mito, aún vigente (ahí tenemos recientemente la operación urdida en torno a los «papeles perdidos» de Niceto Alcalá-Zamora) del fraude electoral, que choca contra la evidencia de la aceptación generalizada que en su momento tuvieron los resultados de las elecciones de febrero de 1936. De estos mitos nace la visión de la República como un caos absoluto de principio a fin, desde la quema de conventos de mayo de 1931 hasta la escalada revolucionaria de la primavera del 36. Desde esta óptica la etapa republicana vendría a ser el escenario de una continua orgía de violencia que, salvando el Bienio Negro, habría ido a más hasta culminar en la revolución de Asturias y en los meses del Frente Popular.

Obsérvese un curioso fenómeno: los mitos en torno al caos de la República cumplen la función de justificar el desorden y la violencia posterior. ¿Habrá mayor caos y miedo que el producido por el avance de las columnas sublevadas o el padecido por las ciudades y pueblos que sufrieron la guerra? Pero sobre todo, al criminalizar a la República, se oculta que la violencia habida en esos años no es nada comparada con la violencia y el terror que se extendieron por todo el país desde abril de 1939 hasta finales de la década siguiente. Años de terror, de muerte y de hambre, como el invierno de 1940, todo el año 1941, el peor, y buena parte de 1942, período que marcó para siempre a quienes lo padecieron. No solo se siguió matando sino que, aprovechando la guerra mundial, se dejó morir de hambre y enfermedades a los presos, que cayeron por centenares en las prisiones provinciales, y a sus familiares, víctimas de los males más diversos, desde los más comunes con que se denominaba el hambre (caquexia, avitaminosis, anemia e inanición) hasta enfermedades como el paludismo, las fiebres tifoideas o la pelagra. La mortalidad producida por el hambre diezmó el ya de por sí expurgado mundo de los vencidos. Sus consecuencias reales aún no han sido investigadas.

Otro mito básico es el que se centra en la terrible desgracia de las guerras civiles, lo peor que hay: la guerra entre hermanos. Cumple la función de olvidar la raíz del problema. Soslaya que el mal se gesta y que hay unos responsables. Concretamente pasa por encima de quienes desde despachos, casinos, sacristías y cuarteles se dedicaron a preparar el golpe militar, hecho del que parte todo lo demás. El recurso sin más a la consabida maldad de las guerras civiles las sitúa en un plano superior, como si vinieran dictadas por el destino o por el espíritu cainita de algunas sociedades; el deseo bienintencionado e ingenuo de que no vuelvan a ocurrir nunca más las vuelve a colocar en el mismo plano. Las guerras civiles se producen, como vemos sin cesar a nuestro alrededor, porque hay quien las provoca y saca beneficio de ellas. España no fue una excepción. Y en relación con esto, nada más falso que ese otro mito de que en la guerra civil todos fueron perdedores: hay ejemplos sobrados que nos muestran que hubo vencedores y vencidos, e incluso que quizás haya sido uno de los conflictos en los que los vencedores hayan querido dejar más claro y para siempre quiénes eran unos y quiénes eran otros.

Vayamos con los mitos más usuales relacionados con la represión franquista.

LOS ROJOS DISPONÍAN DE LISTAS DE DERECHISTAS

PARA ELIMINARLOS, PERO NO LES DIO TIEMPO

El mito de las listas es de los más extendidos. En ocasiones va unido a que también habían preparado ya los detalles de la matanza: tenían los bidones de líquido inflamable ya preparados o incluso habían cavado ya la fosa en el cementerio. La investigación ha demostrado que dichas listas solo existieron en el imaginario de quienes buscaban justificar la eliminación posterior de izquierdistas. Fueron miles las personas detenidas por las autoridades republicanas cuando se produjo el golpe militar y sin embargo, si se observa un mapa de la represión de la extensa zona donde los golpistas se impusieron en poco tiempo, solo en contadas ocasiones se produjeron hechos luctuosos con derramamiento de sangre. Una y otra vez se comprueba que, pese a los deseos de algunos que querían llegar a más, los comités formados por los principales cargos políticos y sindicales de cada localidad hicieron primar el derecho a la vida y consiguieron que los derechistas salieran bien parados de aquella terrible situación. Al contrario que los golpistas, la República carecía de un plan de exterminio.

El problema es que después, aunque no hubiera víctimas de derechas, no hubo correspondencia en el trato, ya que se impuso como norma que todos los pueblos debían aportar su cuota de sangre. Fue una vez que se entró en esta dinámica de un terror que no se detenía ante nada, cuando se hizo preciso propalar el bulo de la lista y, unido a él, la leyenda de que, si no se produjo la matanza de derechistas, fue porque no les dio tiempo, ya que las columnas se acercaban y el miedo y las prisas impidieron que se llevara a cabo. A esta farsa se añadieron después las lápidas con decenas de nombres de caídos que adornaron los muros de las parroquias del país, encabezadas por el «Ausente» (Primo de Rivera). En su mayoría eran muertos en la guerra, pero de cara al mito que nos ocupa suplieron a las víctimas que nunca existieron.

Tampoco cabe olvidar el importante papel jugado por la prensa en este terreno con mentiras, exageraciones y bulos. Aireando la desaparición de personas que no sufrieron daño alguno, dando cifras inventadas del número de religiosos asesinados, recreando de manera morbosa y falsa crímenes ocurridos en zona republicana… Para los servicios de propaganda franquistas no había límites. Todo era poco para la función que dicha propaganda debía cumplir, que no era otra que disipar la más mínima duda sobre la limpieza que había que llevar a cabo.

LA REPRESIÓN FUE COSA DE FALANGE

Otro mito muy arraigado. Tiene por base la percepción que la gente tuvo del proceso represivo. Veían a los falangistas en todas las situaciones que recordaban y que las marcaron: en las calles, cuando se producían detenciones, en las palizas, durante las conducciones de presos, en relación con los asesinatos… De forma que no lo dudaban: la represión era Falange. En ningún momento fueron conscientes, salvo algunos, de que eso que veían era el tercer escalón de la estructura represiva. La mayoría ignoraba quiénes eran los miembros de las gestoras municipales y sus atribuciones; incluso desconocían las relaciones que unían a algunos de estos gestores, meros delegados, con los verdaderos poderes locales, que no eran otros que los representantes de los sectores socioeconómicos afectados por las reformas republicanas, que eran los que ahora orientaban la criba represora.

Tampoco eran conscientes de la importancia de la comandancia de la Guardia Civil, a cuyo responsable desconocían por lo general, ignorando igualmente que era ahí y en contacto con las autoridades militares provinciales y de la Capitanía correspondiente donde se fraguaban las decisiones que afectaban a los vecinos desde su detención a su desaparición, y tanto en la fase inicial de los bandos de guerra como en la posterior de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia.

Sin embargo, la gente, que ni veía las reuniones de las fuerzas vivas en las que se orientaba la actividad represiva ni el trasiego de oficios e informes entre la Guardia Civil y los militares, pensaba ingenuamente que todo era cosa de ciertos guardias civiles y policías municipales, de los requetés, de los guardias cívicos y, sobre todo, de los falangistas. Tampoco fueron conscientes de la extensa red de informantes que desde el primer momento se puso al servicio de los golpistas.

Esta percepción de la Falange omnipresente ha pasado a la posteridad e incluso admite algunas variaciones. Así, hay lugares donde los crímenes son adjudicados a un grupo de incontrolados o a gente de fuera. En el primer caso se trata de dar un carácter improvisado y casual a lo que no lo tuvo; en el otro, aun teniendo cierta base real —hubo casos en que localidades cercanas se intercambiaron la tarea represiva para no señalarse ante el vecindario—, tiene igualmente por objeto desviar la atención de los verdaderos responsables locales.

LA MAYORÍA FUERON VÍCTIMAS

DE VENGANZAS PERSONALES

Este mito clave cumple varias funciones. Los afectados sabían ciertos nombres de individuos implicados en la desaparición de sus familiares, pero ante una dictadura sin fin como la franquista esa información servía para poco. Fue así como de manera paulatina se fue imponiendo la idea de que casi todas las víctimas lo fueron por motivos personales. Esto se produjo mediante bulos diversos: en el caso de las mujeres asesinadas siempre había algún antiguo novio despechado o que eran deslenguadas; en el de los hombres, deudas contraídas y no pagadas o conflictos de todo tipo habidos en los años republicanos, algunos por ser muy echaos p’alante, etc. Todo menos admitir que fue un conflicto de clases en el que se eliminó al adversario.

Esto, que se resalta en las víctimas de derechas —basta ver la Causa General, que ofrecía todo tipo de detalles sobre las personas asesinadas (entre otros profesión, militancia, lugar de fallecimiento y responsables del hecho)—, se oculta en las de izquierdas que, cuando llegan a mencionarse ya sea ahí o en el Registro Civil, quedan reducidas simplemente a un nombre y unos apellidos. Se les despoja de su vida profesional y política y su asesinato se oculta. Obsérvese que las víctimas de derechas nunca caen por venganzas personales, sino por ser propietarios, sacerdotes, falangistas, etc.

Estamos pues ante una maniobra más para que no se sepa la verdad de lo ocurrido. Y también ante un recurso para hacer más llevadera la vida diaria a unos y a otros. La convivencia entre los represores y los familiares de las víctimas no debió de ser nada fácil y el mito de las venganzas personales liberaba a los crímenes del carácter de purga sociopolítica que tuvieron. Se mató a la gente de izquierdas, a los políticos y sindicalistas más significados, a los más asociados con la experiencia republicana y especialmente con el Frente Popular; se eliminó a la clase media progresista, escasa pero muy destacada en los pueblos (funcionarios, médicos, abogados, algunos propietarios…), y sobre todo se dio un escarmiento brutal a los obreros por haber olvidado cuál era su sitio. El mito de que todo fue fruto de venganzas personales, en pos de la supervivencia, tapaba todo esto y optaba por personalizar el terror, liberando así a los verdaderos responsables de la represión y disipando sus objetivos.

LOS ASESINOS TUVIERON MUERTES HORRIBLES

Ya que la justicia humana no existió para las víctimas y sus familiares, el mundo de los vencidos acabó por creer en una venganza de orden superior. Según esta creencia los asesinos acabaron su vida de manera acorde a sus actos. Unos se suicidaron, otros murieron entre gritos y pesadillas, algunos se arruinaron y acabaron pidiendo limosna por las calles, muchos fueron despreciados por sus propios vecinos y hubieron de abandonar sus pueblos…

Como en casi todos estos mitos, hay un fondo de verdad y mucha mentira. Efectivamente hubo asesinos que acabaron mal. Algunos, cuando fueron útiles, se sintieron arropados por la derecha, que se vio así liberada de acometer las tareas sucias, pero una vez que la purga fue realizada y el trabajo pasó a la maquinaria judicial militar, se encontraron aislados y señalados como apestados. La relación con ellos, que antes no se ocultaba, pasó poco después a significar implicación en las tareas represivas. Muchos se incorporaron al frente y lavaron allí su imagen de asesinos presentándose como heroicos soldados; algunos no volvieron, y otros muchos simplemente fueron devorados por la guerra y nunca se supo de ellos.

Pero esto no fue en modo alguno un fenómeno general. En los pueblos y ciudades quedaron miembros de las llamadas «brigadillas de ejecuciones» que se integraron perfectamente en la vida social y que continuaron allí tranquilamente hasta el final de sus vidas. Y esto abarca desde propietarios hasta simples obreros. Piénsese que, según el tamaño del pueblo, el grupo de individuos implicados en las tareas represivas podía ir de una decena a un centenar o más, protegidos en todo momento a lo largo de la Dictadura por las fuerzas vivas de cada localidad. El desprecio que sentía por ellos parte del vecindario nunca les afectó.

Como era de esperar, existe también una leyenda que culpa a los propios izquierdistas de la muerte de sus compañeros. Una vez más estamos ante un hecho real convenientemente aumentado. Según esto no serían los fascistas los responsables de la selección, sino los mismos rojos quienes para librarse del castigo cambiaron de chaqueta y denunciaron a sus amigos y vecinos. Sin negar la existencia de casos de gente que traicionó a los suyos, lo cierto es que los represores no necesitaron mucha ayuda para acometer la limpieza.

NO CAYERON MÁS PORQUE HUBO DERECHISTAS BUENOS

Son conocidas las leyendas por las que algunos rojos salvaron la vida en el último momento: «Don Fulano se acercó y ordenó que lo bajaran del camión», «Don Zutano lo sacó de la cuerda», «El amo le dijo que se fuera a la finca tal y aguardara un tiempo», «El párroco se plantó delante del camión y dijo que allí el primer rojo era él y que por tanto acabaran con él primero», «El cura habló con la superioridad y ya no mataron a nadie más», etc. Toda la España de la represión está llena de historias similares, algunas de las cuales también tuvieron una parte de realidad. Lo que oculta este mito es que lo normal fue lo contrario. Es sabido que algunos propietarios y párrocos se implicaron directamente en la represión, concretamente en la selección de los que debían ir cada noche al paredón. También sabemos que más de un propietario tomó parte directa en los crímenes y que incluso algunos curas, aparte de confesar a los que iban a morir, integraron los piquetes de ejecución.

Sin embargo, la leyenda del derechista bueno o del cura bueno, pese a lo extendida que está, tiene poco recorrido. Entre otras cosas porque, salvo en las primeras sacas, la decisión se tomaba en la Comandancia Militar y el propietario o el cura tenían poco que hacer ante la trama que llevaba a alguien a la muerte. A pesar de esto, todos gustaron de tener su rojo salvado, especialmente cuando cambiaron las tornas y los fascismos iniciaron su declive.

TODOS FUERON IGUALES

Este mito surge de la Transición. El modelo impuesto por la derecha reformista exigía que la supuesta reconciliación se hiciera sobre esta base. Para que tal mito se instalase socialmente fue necesaria la Ley de Amnistía de 1977, que al borrar el pasado impedía conocer realmente la dimensión de la historia criminal de la Dictadura desde sus orígenes, el 17 de julio de 1936, hasta la aprobación de la Constitución de 1978. La diferencia era abismal: para saber del terror rojo pueblo a pueblo y hasta con nombres y apellidos bastaba con acudir al Archivo Histórico Nacional y pedir los legajos de la Causa General; para saber del terror azul no había nada. Solo las cifras exactas de los historiadores franquistas y los cálculos de los hispanistas.

Más de tres décadas ha costado probar que todos no fueron iguales y que, según lo investigado hasta la fecha, por cada víctima de derechas (49 272) cayeron casi tres de izquierdas (130 199). No obstante en lo que respecta a la represión fascista, estamos ante cifras mínimas basadas en los fondos documentales que se han ido abriendo a lo largo del tiempo. La razón de esta lentitud, y de este recurso constante a fuentes incompletas, no es otra que el hecho de que la verdadera fuente, los archivos de la represión que tuvieron militares, guardias civiles y policías (también Falange), nos ha sido vedada. Nos consta que existieron ficheros exhaustivos con los nombres de los represaliados, ficheros que se estuvieron utilizando durante la Dictadura y que llegaron íntegros hasta la década de los ochenta, pero en cierto momento desaparecieron y no se ha vuelto a saber de ellos.

EL TERROR ROJO, O LAS VIOLENCIAS

EN LA ZONA REPUBLICANA

Muy distinto es el panorama que presenta la violencia que tuvo lugar al otro lado de las trincheras. Si en lo relativo al terror azul ha habido hasta fecha reciente más silencios, invisibilidad pública y carencias de fuentes que otra cosa, en el caso del terror rojo hubo todo lo contrario. Durante décadas, predominó una presencia ensordecedora. La guerra de propaganda que se libró a la par que la de las armas hasta 1939 siguió también después aunque hubiera ya solo un contendiente en liza. El régimen de Franco convirtió a sus «caídos» y «mártires» en emblemas morales del Nuevo Estado y todos los medios de este se pusieron al servicio de difundir una imagen de la guerra basada en ellos y en la idea de «Cruzada» contra sus verdugos. El país se vio salpicado de lugares de memoria. Monumentos, placas, nombres de calles y plazas, conmemoraciones, martirologios, manuales escolares…, todo valía para invocar a los que «ofrendaron su vida por Dios y por España». En palabras de Serrano Suñer, en 1949, eran «recuerdos que nunca deben dejar de estar presentes en nosotros». Y hasta tal punto lo estuvieron y durante tanto tiempo —toda la Dictadura— que el énfasis en el terror rojo —y el silencio sobre el azul— permearon toda visión de la guerra para al menos una generación. Son muchos los testimonios que sugieren que ni los vencidos fueron inmunes a tan abrasiva política de memoria.

Ese lastre explica muchas cosas. Una de ellas es que, saturada de recuerdos de sangre y muerte, buena parte de la sociedad que salía del franquismo en los años setenta aceptara no remover la ciénaga de aquel pasado y tratara de pasar página. Pero para lo que aquí nos interesa, ayuda a entender también cómo los historiadores lo estudiaron después. Su atención se dirigió mucho más y antes a las violencias que habían protagonizado los sublevados y su régimen cuartelero, hasta entonces oculta, que a las publicitadas hasta el hartazgo cometidas en la zona republicana. Incluso cabría entender así que, cuando las segundas empezaron a ser investigadas más tarde, se hiciera menos y a menudo como mero contrapunto a las primeras. No en vano, el esquema de análisis que desde entonces ha prevalecido es el que subraya las diferencias entre ambos terrores.

Mientras todo esto era poco más que discusión entre historiadores, tampoco las respuestas fueron mucho más allá. Todo ha cambiado desde que la «recuperación de la memoria histórica» ha llevado los orígenes sangrientos del franquismo al primer plano de la agenda pública. El órdago era mayúsculo por vez primera para los sectores más o menos identificados con el relato mítico franquista, y lo es también la ofensiva que ha surgido desde ellos. La mejor defensa, sobre todo si no la hay, es el ataque y el ruido. Contra la memoria histórica, reivindican «la otra memoria», que dicen oculta y amenazada desde el poder y las universidades. Ante el interés público por la violencia franquista, publican sin pausa historias de terrores rojos, checas, martirios y persecuciones religiosas. Y frente a la sólida historiografía que rebate los mitos del 18 de julio, denuncian de ella «la puesta al día de los viejos mitos frentepopulistas».

Resulta grotesco invocar que esa «otra memoria» esté en peligro. Fue la única posible durante demasiado tiempo, sigue hoy apuntalada por innumerables vestigios y desde luego nadie la amordaza. También lo es pretender que los historiadores tejen una conspiración de silencio sobre la violencia de la República en guerra —ahí están las bibliotecas para comprobarlo— o que reciclan sin más los mitos de su propaganda. Con todo, y como una prueba más de que no todos hacen lo mismo, no eludiremos aquí la autocrítica. Al habernos acercado antes y con más vigor al terror azul que al rojo, los historiadores hemos dejado que el interés por el segundo se asociara a los nostálgicos del franquismo. La falta de un corpus bibliográfico solvente sobre el tema ha dejado espacio para una infraliteratura pretendidamente revisionista. Es más, es posible que hayamos abusado del distinto tratamiento de las dos violencias. Incluso es probable que, con ello, se haya encarado demasiado las violencias rojas desde lo que un historiador llamó «posiciones defensivas» —frente al maniqueo relato franquista y ante el posterior en clave de «todos fueron iguales»— y que no hayamos sido demasiado críticos con los tópicos que destila el esquema de las diferencias entre ambas.

Diferencias existieron, es indudable, y resulta obligado referirse a ellas. Las hay de orden cuantitativo porque, como apuntábamos más arriba, está acreditado que la violencia franquista fue mucho más sangrienta. Sin contar las víctimas del terror de posguerra, la violencia en la zona rebelde durante la guerra se llevó por delante al menos el doble de vidas que la de la zona republicana. Pero hay asimismo divergencias más allá de cifras y obituarios. En la retaguardia roja, la «limpieza» no estaba dirigida y sancionada desde la cúpula del poder, como sucedía en el otro lado. Procedía de la virtual desaparición del Estado y de la radical dispersión del poder que se produjo allí al inicio de la guerra. De igual modo, tampoco fue una eliminación del contrario previa y explícitamente planificada, ni era, como acabó siendo en la zona rival, la columna vertebral de todo un proyecto político. Surgió más bien como respuesta a la rebelión y a la violencia que les acompañaba y fue en buena medida fruto de la brutal improvisación de aquellos primeros meses de guerra y revolución.

En realidad, quedarse solo en las asimetrías resulta problemático. Ese esquema se adapta mejor a la violencia franquista y puede acabar pintando la de la retaguardia republicana como una mera explosión de violencia popular «en legítima defensa» y como un fenómeno de orígenes espontáneos y actores «incontrolados», lo que es tanto como decir que no se sabe bien de dónde surgían ni quién las ejecutaba. Por un lado, y aunque menos intensa que en la otra zona, esta violencia fue también terrible, y medio centenar de miles de víctimas son muchas víctimas. Por otro, junto a las asimetrías había inevitables paralelismos entre las dos. Fueron parecidos los procedimientos homicidas, pues en ambas proliferaron los célebres paseos y sacas, casi siempre nocturnos. En una y otra hubo una durísima concentración de la represión en los primeros meses, para reducirse después de modo más o menos acusado. Y en las dos, el gran eje político-ideológico de la guerra no era el único motor de las prácticas represivas; las alimentaban asimismo otras «lógicas» presentes en todo contexto bélico como las espirales de represalias, el control militar del territorio y los litigios locales y de tipo privado.

A todo lo cual se añade que improvisación y falta de dirección no significan que las violencias rojas carecieran de pautas y fueran una simple reacción anómica. No se basaban en planes previos ni directrices desde arriba, pero tampoco surgían de la nada. Se nutrían de las fracturas sociales, identidades y culturas políticas preexistentes, que en aquellos años solían incluir retóricas agresivas y la identificación de grupos enemigos a los que combatir. Nada de eso abocaba a una degollina como la de 1936. Pero cuando la sublevación abrió un escenario de guerra, todos esos elementos previos sirvieron para orientar lo que un periódico llamó «profilaxis social» y para dar significados a algo que no tenía precedentes. De igual modo, si bien esa limpieza justiciera no emanaba de la cúspide del poder republicano ni obedecía a una rígida cadena de mando, sería abusivo achacarla sin más a patrullas y grupos «incontrolados» que actuaran fuera de toda autoridad y control. Son demasiadas las pruebas del protagonismo que tuvieron en aquello los múltiples poderes revolucionarios que se arrogaron las funciones policiales y judiciales de un Estado casi en ruinas. Un sinfín de comités locales, milicias de primera línea o de retaguardia, grupos de investigación, patrullas de control, juntas de defensa, etc. que estaban ligados a las organizaciones políticas y sindicales —y por cierto que no solo a las «anarquistas»— e incluso a lo que quedaba de ese Estado, sobre todo si hablamos de Madrid y de las matanzas de Paracuellos.

No obstante, nada de lo anterior implica desandar el camino recorrido por los historiadores y regresar a lo que había antes. Al contrario, el constante reciclaje actual de eso que había, con sus más rancios tópicos, hace que siga siendo preciso mostrar sus vergüenzas. Y precisamente Madrid, y Paracuellos en particular, son buen modo de encarar esa tarea. Lo ocurrido allí es el núcleo duro del imaginario franquista de entonces y de ahora, el extático punto de partida y de llegada de cualquier relato antirrepublicano sobre la guerra. Son legión los libros y foros de internet que lo presentan como epítome y fruto necesario de la sed de sangre de la República. Sus argumentos no resisten la critica. Es como poco discutible que formara parte de una «conspiración para la matanza» urdida mucho antes desde las más altas instancias de la República. Resulta indemostrable que fuera la plasmación lógica y necesaria del terror rojo, la mera punta del iceberg de algo que habría estado en potencia desde el inicio y que todo lo anterior habría ido anunciando. Y es mera propaganda describirlo, caso de César Vidal, como la culminación ineluctable del «proyecto exterminacionista» de tipo sovietizante que anidaría entre los republicanos y que prefiguraba nada menos que el holocausto nazi. Frente a tan etéreas elucubraciones, sabemos ya del aterrador balance de aquellas matanzas (alrededor de 2400 víctimas), aunque también de lo que tuvieron de excepción. Sacas colectivas había habido antes en otras partes, empezando por el Madrid de las semanas anteriores. Pero por sus dimensiones, su grado de organización y la decisiva implicación de los hombres de Moscú en Madrid, la zona republicana no registró nada más, ni antes ni después, ni remotamente parecido.

Lo que Paracuellos sí tiene de punta de iceberg es su lugar en los enfoques conservadores sobre las violencias en la zona republicana. Tomando la parte por el todo, convierten aquella salvaje excepción en norma. Ni siquiera haría falta detenerse en las versiones más esperpénticas, como las del polígrafo recién citado, que las ve como la aplicación a España de la «industria del exterminio» desarrollada en la Rusia bolchevique y como la meta inevitable del proyecto genocida que estaría inserto desde siempre en toda ideología revolucionaria. Su rastro puede seguirse asimismo entre quienes sí han leído o investigado sobre lo que escriben. Para un profesor de la UNED, famoso por sus desabridas críticas al último libro de Paul Preston, los «teóricos del exterminio» estaban en la izquierda y no hubo más holocausto y genocidio que los que sufrió el clero a manos republicanas. Según un historiador eclesiástico, especialista en la «represión roja» en Extremadura y en la «persecución religiosa», la violencia «frentepopulista» fue ejercida por autoridades e instancias tanto revolucionarias como republicanas, fue sistemática en el espacio y durante toda la guerra y se usó como una estrategia de terror para subyugar a la población e implantar una sociedad de tintes totalitarios. Hasta el solvente estudio reciente sobre El terror rojo en Madrid de un hispanista británico recoge algunas de esas ideas. Según él, el Estado republicano no se hundió en el verano de 1936, sino que se implicó en toda una «red de terror». Tal vez se llega a esa idea por concentrar la atención en las retóricas agresivas e imaginarias y dedicar mucha menos a los intentos de «control» de la violencia y al contexto de guerra y asedio que todo lo marcaba. Sea como fuere, el resultado es ver «continuidad» entre la inicial violencia extrajudicial y la represión estatal posterior, es decir «interconexión» entre el terror y el Estado, y sugerir así que no había tantas diferencias entre las violencias de uno y otro lado.

Las cosas, sin embargo, no fueron tan simples. Para empezar, la limpieza política acometida por los rojos fue implacable, pero aun así queda a la zaga de la ejercida por los azules. Lo que explica además tal cosa no es solo que los primeros controlaran únicamente la mitad del país y los otros acabaran ocupándolo entero. Si miramos a los seis primeros meses de la guerra, cuando se produjeron más de dos tercios de las ejecuciones y ambas retaguardias eran parejas en población y superficie, la comparación es inequívoca. Aunque la republicana estaba más poblada, se registraron menos asesinados en ella que en la rebelde y eso que es para esos meses cuando más lagunas tenemos respecto de la segunda. Por lo demás, las cifras dicen más cosas. Las ejecuciones siguieron después de 1936, a menudo al calor de los vaivenes, represalias y retiradas de la guerra. Pero que entre el 80 y el 95% de las muertes, según regiones, se hubieran producido en esos seis meses, cuando quedaban aún otros 27 de contienda, dice mucho de la conflictiva pero inequívoca labor de «ordenación de la retaguardia» por la que transitó la República. Ni la violencia fue sistemática a lo largo del tiempo ni se redujo con el paso de este porque ya no quedara a quien matar, sino que las prioridades pasaron a ser otras y la mayoría del espectro político republicano fue aceptando sustituir la violencia extrajudicial por otra más mesurada e institucional.

En segundo lugar, cierto es que la violencia en la zona roja no fue espontánea ni surgía de la nada. La implacable caza que sufrió el clero, con unas 6800 víctimas, es la mejor prueba de que la guerra reactivó culturas, identidades y conflictos anteriores, pues ninguno estaba tan enraizado en la izquierda obrera y burguesa como la identificación simbólica de la Iglesia como enemigo «del pueblo» por antonomasia. Ahora bien, ni la anticlerical ni las demás formas represivas estaban programadas en el código genético de esa izquierda o escritas en las estrellas. Todavía se hace preciso recordar, frente a tanta historia-ficción como hay por ahí, que nada parecido se hubiera producido nunca fuera de un enfrentamiento bélico inexpiable como el que otros desencadenaron a mediados de julio de 1936. Lo cual conduce a su vez a otras dos consideraciones. Por un lado, cuando se iniciaron, esas violencias no tuvieron como fuente única o incluso principal la supuesta vesania de toda revolución. Afirmar tal cosa es muy congruente con la tendencia actual a reducir toda utopía política a meros baños de sangre y celebrar así nuestro presente como el mejor posible. Pero los estudios recientes sobre la violencia en otras guerras y revoluciones tienden a rebajar el papel que desempeña en ella la ideología y muestran que su peso se subordina a los recursos, oportunidades y circunstancias —políticas, sociales, bélicas, locales, etc.— de cada tiempo y lugar.

Y por otro lado, el terror rojo no estaba programado ni era la mera continuación de la supuesta «pendiente de violencia» de los meses del Frente Popular. Según autores como Payne, esa «primavera trágica» presentaba tal situación de «coacción, ilegalidad y aumento de la violencia», culpa por supuesto de la izquierda, que la revolución violenta del 36 no era un fruto espontáneo de la guerra, sino que había sido «planificada y publicitada» desde antes y el conflicto solo añadió el marco para hacerla masiva. Semejante argumento se apoya en dos líneas de continuidad cuando menos discutibles. Una soslaya las enormes diferencias, de grado y cualitativas, entre las violencias anteriores y posteriores al 17 de julio. La otra elude algo no menos diferente. Una cosa son los excesos retóricos de líderes y medios revolucionarios, que hicieron poco por la convivencia pero pertenecían al ámbito de la propaganda política, y otra muy distinta que estuvieran anunciando y tuvieran preparada la venida del reino del terror en la Tierra. Pese a los burdos intentos franquistas de fabricar pruebas de una pretendida insurrección sovietizante, la realidad es tozuda y no había en la izquierda del espectro político ningún plan conspirativo ni mucho menos designios aniquiladores impresos negro sobre blanco en «instrucciones reservadas», como sí los hubo entre los militares sublevados, sobre la necesidad de ser implacables con el enemigo.

Por último, si la violencia en la zona republicana no era solo obra de incontrolados, estaba todavía más lejos de constituir, como aún se escribe por ahí, una «política deliberada del Frente Popular», una «estructura de terror, una organización del crimen». Ese es quizás el gran mito del relato franquista. Mezclando churras con merinas, quienes lo pergeñaron ayer y repiten hoy meten en el mismo saco la inclemente «limpieza» de los primeros meses con las muy distintas purgas de 1937-1938. El objetivo es retratar un único supuesto Terror rojo, así con mayúsculas, que recoge la brutalidad de la primera y las checas y carácter institucional de las segundas. Da igual que la realidad fuera mucho más compleja. Por un lado, ahí están las rotundas y públicas condenas de la violencia que hicieron algunos de los más importantes dirigentes de la República en guerra, empezando por su propio Presidente. Aunque pecaran de timoratas y no siempre se fuera o se pudiera ir del dicho al hecho, esas condenas públicas marcan una diferencia inconmensurable con lo sucedido al otro lado de las líneas del frente. Media un abismo entre, pongamos por caso, los discursos radiados de Prieto y Azaña («no los imitéis» y «paz, piedad y perdón») y las poco católicas arengas a la caza de rojos y violación de rojas de Queipo de Llano. Es imposible menospreciar el influjo que unos y otras hubieron de tener en aquel irrespirable clima bélico. No eran además solo peticiones retóricas de cara a la galería. Ahí estaban también las iniciativas privadas de muchos que protegieron decenas de vidas, entre otros el mismo Prieto o el anarcosindicalista Joan Peiró. A cientos o acaso miles las salvaron asimismo actuaciones institucionales, por ejemplo del PNV, de la Generalitat, que facilitó la huida en barco de 9200 personas «de orden», o de las propias autoridades de Madrid que toleraron que otras 11 000 hallaran refugio gracias al asilo diplomático. Y qué decir del anarquista Melchor Rodríguez, quien como inspector y luego delegado especial de prisiones frenó por dos veces las sacas con destino a Paracuellos y evitó el asalto a la cárcel de Alcalá tras un bombardeo rebelde.

Y ahí está por supuesto, con todas las lagunas e insuficiencias que se quiera, esa labor de regulación de la represión a la que nos referíamos, sin la que ni siquiera Rodríguez habría podido hacer apenas nada. En esa tarea, se echó a andar tarde y se fue a trompicones, los nuevos órganos institucionales coexistieron un tiempo con los improvisados en verano, y hasta finales de 1936 hubo espacio para muchos excesos. Por si fuera poco, no todos los sectores políticos y sindicales estuvieron por esa labor. Para quienes construyeron espacios de poder entre las ruinas del Estado, gestionar la violencia representaba una fuente alternativa de legitimidad de cara a la construcción del orden revolucionario. Y es probable que las consideraciones humanitarias no fueran el único motivo para controlar y minimizar la represión. Entraban en juego también la imagen internacional que se estaba dando y el intento de reconstruir el Estado para afrontar el esfuerzo bélico, algo que pasaba entre otras cosas por eliminar todo tipo de instancias y poderes alternativos. Sea como fuere, los resultados hablan por sí solos. Al principio, todos parecían estar ante la atropellada respuesta al golpe militar, respuesta que parecía tenía que ser tan sin contemplaciones como él. Pero a medida que se hizo evidente que dejó de ser eso y se convirtió en una guerra total frente a un enemigo pertrechado por las potencias fascistas, el discurso de la revolución fue perdiendo terreno frente al del «orden republicano» y la disciplina.

El camino fue arduo y no sin sonadas resistencias, aunque a la postre imparable. Primero los Tribunales Populares en agosto de 1936 luego los Jurados de Urgencia y de Guardia, también la centralización de los mil grupos armados en las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, más tarde la militarización de las columnas y la sustitución de los primeros comités locales por consejos municipales… Esas y otras iniciativas jalonaron la reconstrucción del Estado y esta vino de la mano del drástico descenso de las prácticas violentas. Podría no haber sido así, porque lo que pasaba en la zona franquista, o ha pasado en otras experiencias revolucionarias, muestra que centralizar las funciones judiciales y policiales en manos estatales no es garantía de moderación represiva. En todo caso, aquí las cosas funcionaron de otro modo, y lo que se hizo fue bastante más que, como en ocasiones se ha dicho, legalizar y «sancionar situaciones de hecho» e institucionalizar el terror sin deseo alguno de frenarlo. El terror, o al menos la violencia, nunca se frenaron del todo, pues la hubo todavía más allá de 1936, aunque en grado tan inferior que no admite comparación con las grandes masacres del primer verano ni con las que acompañarían al avance de las tropas franquistas y a su régimen cuartelero de posguerra.

De hecho, se puede dar una vuelta de tuerca más al argumento. Lo que sorprende de la violencia roja, al menos tanto como la intensidad de la purga inicial, es que se redujera tanto durante los dos últimos años de guerra, máxime teniendo en cuenta la entonces sí potente quinta columna y, sobre todo, la desastrosa marcha de la guerra para la República. Puestos a comparar lo ocurrido aquí con el terror rojo bolchevique o incluso con el nazi, como algunos hacen, merece la pena destacar que, al contrario que en ellos, en este caso los reveses bélicos no inauguraron ninguna radicalización homicida. Por decirlo con palabras de Víctor Hugo, «el terror contestaba al terror», o al menos lo hizo durante los primeros meses, pero es cuando menos discutible que siguiera haciéndolo después.

Después, cabe siempre recurrir a los futuribles y preguntarse cómo habrían sido las cosas si hubieran ganado la guerra los que la perdieron y perdido los que la ganaron. Hay razones para pensar que esos hipotéticos vencedores no habrían sabido vencer del todo la tentación de castigar al vencido. Pero visto cómo evolucionaron las cosas en la zona republicana, hay al menos tantas para concluir que la sangre no hubiera seguido corriendo durante tanto tiempo y en tal cantidad como lo hizo con la victoria franquista. En todo caso, lo único que podemos saber es eso, lo que hicieron quienes sí ganaron la contienda. Lo que hicieron fue no permitir que los ecos y rescoldos de la guerra dejaran de crepitar en la posguerra, sobre todo el recuerdo del terror rojo y de los caídos y mártires sacrificados. Entre otras cosas porque esa letanía podía ayudar a no oír lo otro que hicieron y que es objeto de atención de otro capítulo de este libro: el mantenimiento de su propio terror, en todas sus formas, más allá, bastante más allá del final de la conflagración bélica el primero de abril de 1939. Los cuadros siguientes dan una idea aproximada de las dimensiones cuantitativas de las víctimas en ambas zonas. [→ ZONA FRANQUISTA, → ZONA REPUBLICANA, → REPRESIÓN].

Cuadro 1[6]

VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Número de
víctimas
Historiadores

Albacete (incompleta)
1619
M. Ortiz Heras – ARMH de Cuenca

Alicante
742
M. Ors Montenegro – V. Gabarda

Almería
373
R. Quirosa

Asturias
5952
Asociación de Viudas J. R. Muñoz – R. G.ª Piñeiro – M.ª E. Ortega V.

Badajoz
8914
J. Gallardo – F. Espinosa – J. Martín Bastos

Baleares
2300
D. Ginard i Fèron[7]

Barcelona
1716
J. M. Solé i Sabaté – J. Villarroya

Cáceres
1680
J. Caves Palacios

Cádiz (incompleta)
3071
A. Domínguez – F. Romero y otros

Cantabria
2535
J. Gutiérrez Flores

Castellón
1052
V. Gabarda

Castilla-León (incompleta)
14 660
Varios[8]

Ceuta, Melilla y prot.
768
F. Sánchez Montoya – V. Morga

Ciudad Real (incompleto)
2193
F. Alía Miranda y otros

Córdoba
9579
F. Moreno Gómez – A. Bedmar – G. García de C. A. y F. López

Cuenca (incompleta)
890
ARMH de Cuenca (Máximo Molina)

Galicia
4265
X. M. Suárez – J. A. Tojo – L. Lamela – M. J. Souto – Proxecto Universitário

Girona
519
J. M.ª Solé i Sabaté – J. Villarroya

Granada
5500
R. Gil Bracero – M. I. Brenes

Guadalajara (incompleta)
789
R. Salas Larrazábal

Huelva
6019
F. Espinosa Maestre – José M.ª García Márquez

Huesca
1492
J. Casanova – A. Cenarro – J. Cifuentes – P. Salomón

Jaén
2879
F. Cobo – L. M. Sánchez Tostado – S. de Córdoba

La Rioja
2000
A. Hernández García – M. C. Rivero Noval – J. V. Aguirre

Las Palmas (incompleta)
1000
J. L. Morales – M. Torres

Lleida
750
J. M.ª Solé i Sabaté – J. Villarroya

Madrid (incompleta)
3204
M. Núñez Díaz-Balart – A. Rojas – T. Montero

Málaga
7471
A. Nadal Sánchez – E. Barranquero – M. Eiroa

Murcia (incompleta)
1251
P. M. Egea – Antonio Martínez Ovejero – (trabajo en curso)

Navarra
3280
Altaffaylla Kultur Taldea

País Vasco
1900
J. Ugarte – P. Barruso y otros[9]

Sevilla
12 507
F. Espinosa – J. Ortiz – J. M. García Márquez

Tarragona
703
J. M.ª Solé i Sabaté – J. Villarroya

Tenerife (incompleta)
1600
M. A. Cabrera Acosta – R. García Luis – R. Rivas García

Teruel
1031
J. Casanova – J. Cifuentes – P. Salomón – A. Cenarro

Toledo
4867
J. M. Sabín Rodríguez – J. M. Ruiz

Valencia
3128
V. Gabarda

Zaragoza
6000
J. Casanova – A. Cenarro – J. Cifuentes – P. Maluenda – P. Salomón

TOTAL
130 199

Cuadro 2[10]

VÍCTIMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Repres.
franquista
Repres.
republicana

Andalucía
47 399
8367

Aragón
8523
3901

Asturias
5952
2000

Baleares
2300
323

Canarias
2600
–

Cantabria
2535
1283

Castilla-La Mancha
10 358
7524

Castilla-León
14 660
575

Cataluña
3688
8352

Ceuta-Melilla-Protect.
768
–

Extremadura
10 594
1567

Galicia
4265
–

Madrid
3204
8815

Murcia
1251
740

Navarra
3280
–

País Vasco
1900
945

La Rioja
2000
–

Valencia
4922
4880

TOTAL
130 199
49 272

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Casanova, J. (coord.), F. Espinosa, C. Mir, y F. Moreno Gómez: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002.

Espinosa Maestre, Francisco (ed.), J. M. García Márquez, J. L. Ledesma, y P. Gil Vico: Violencia roja y azul. España 1936-1950, Critica, Barcelona, 2010.

Gómez Bravo, Gutmaro, y Jorge Marco Carretero: La obra del Miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Península, Barcelona, 2011.

Juliá, Santos (ed.), J. Casanova, J. M. Solé, J. Villarroya, y F. Moreno Gómez: Víctimas de la guerra civil y del franquismo, Temas de Hoy, Madrid, 1999.

Martín Rubio, Ángel David: Los Mitos de la Represión en la Guerra Civil, Grafite Ediciones, Madrid, 2005.

Prada Rodríguez, Julio: La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Alianza, Madrid, 2010.

Preston, Paul: El Holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Debate, Barcelona, 2011.

Reig Tapia, Alberto: Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil, Akal, Madrid, 1984.

Rodrigo, Javier: Hasta la raíz. La violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Alianza, Madrid, 2008.

Ruiz, Julius: El Terror Rojo. Madrid 1936, Espasa, Madrid, 2012.

Solé i Sabaté, Josep M., y Joan Villarroya: La repressió a la retaguarda de Catalunya (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, 2 vols.

EL EXILIO REPUBLICANO DE 1936 A 1977

por

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ

LOS EXILIOS DE 1936: EN LA ZONA LEAL

Y EN LA SUBLEVADA

Con el inicio de la guerra civil algunos miles de republicanos, huyendo de la represión, entraron en Portugal. La época de mayor afluencia fue durante la aplicación de los bandos de guerra (julio de 1936 a febrero de 1937), cuando el orden público estuvo dirigido por los militares. Del año 1936 no existen datos fiables. Apenas sabemos que había detenidos en las cárceles lusas 400 republicanos y que a 1500, procedentes del norte de la provincia de Huelva y del sureste de la de Badajoz, se les permitió partir en barco de Lisboa hacía Tarragona, tras el escándalo mundial de la matanza de Badajoz. César de Oliveira calculó que en 1937 había en Portugal más de 3000 refugiados, cifra que con toda seguridad debió ser mucho mayor en el primer medio año de la guerra. Aunque los números exactos no se sabrán nunca, porque la dictadura salazarista, desde agosto de 1936, impidió que se dejase rastro de la entrada de republicanos para poder devolverlos a España sin contratiempos. Si eran fusilados, como aconteció al alcalde de Badajoz Sinforiano Madroñero, y al diputado socialista Nicolás de Pablo, las responsabilidades lusas quedaban salvadas. Otra frontera a la que recurrieron los republicanos fue la de Gibraltar donde hubo refugiados desde el inicio de las hostilidades, llegando en junio de 1938 a unos 2000.

Existió también emigración de elementos derechistas desde la zona republicana por la vía de los pasos con Francia y desde los puertos del Mediterráneo. Según Ángel Duarte, por esta última salieron, entre julio de 1936 y febrero de 1938, más de 9200 personas y de estas más de 5000 lo hicieron el primer medio año de guerra. Milagrosa Romero eleva este número a más de 20 000.

DE LA CAIDA DEL NORTE A LOS ÚLTIMOS DÍAS

DE LA GUERRA

El cómputo de los expatriados creció con el curso de la guerra. Así la campaña franquista de Guipúzcoa expatrió a 15 000 personas, a las que se sumaron, tras la caída del frente Norte, en octubre de 1937, otros 160 000, dos tercios de ellas vascos. Muchos volvieron a España por Cataluña o regresaron a sus domicilios habituales. Organizadas por el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada salieron de la zona republicana más de 33 000 niños, un 60% de los cuales con destino a Francia aunque gran parte regresó al concluir las hostilidades. Tras la ruptura del frente de Aragón, en la primavera de 1938, marcharon a Francia muchos de los habitantes del Alto Aragón con los integrantes de las divisiones 31 y 43, unos 25 000 hombres, que, mayoritariamente, volvieron por Cataluña a la zona leal.

La guerra también produjo numerosos desplazamientos internos de población civil, sobre todo en la zona leal, debido a los atroces y continuados bombardeos de la aviación franquista sobre poblaciones indefensas, por lo que el número de refugiados de 1936-1939 dentro de España fue muy grande, calculándose que Cataluña tenía, en noviembre de 1938, más de un millón. Esto acabó afectando al ingente volumen de refugiados que pasaron, a principios de 1939, a Francia.

Negrín, en la última sesión de las Cortes republicanas celebrada en el castillo de San Fernando de Figueres el 1 de febrero de 1939, indicó que durante los últimos días de la ofensiva franquista había habido pánico, pero no amotinamiento ni sublevación contra el Gobierno, diciendo: «¿Cuáles son los motivos objetivos del pánico? En primer termino la repulsa de nuestra población civil a vivir bajo la dominación facciosa. Ello ha hecho que en territorio leal se acumule una gran cantidad de gente desprovista de recursos. El éxodo de la población civil —hombres, mujeres y niños— ante las fuerzas rebeldes e invasoras, es el mejor plebiscito que puede producirse a favor del Gobierno». Dijo que lo abandonaban por las represalias y persecuciones de los vencedores, junto con los ataques criminales de la aviación sobre los civiles. Negrín también indicó que pidió a Francia que admitiera de 100 000 a 150 000 refugiados en la metrópoli, en Argelia o en Túnez, corriendo los gastos de parte de su Gobierno. Pero París no lo autorizó y propuso crear una zona fronteriza neutra en la que se atenderían a los que allí se acogiesen. Esta solución acabó siendo desestimada por la oposición de Franco, por lo cual se produjo una gran aglomeración que obstruyó los accesos a la frontera. El Gobierno, al cabo de tres días, solucionó el problema y, después de lamentar las víctimas producidas por la intemperie, agradeció al francés las facilidades para permitir que entrasen más refugiados de los que había previsto.

EL GRAN EXILIO DEL 39 HACIA FRANCIA

Y EL NORTE DE ÁFRICA

En vísperas de la derrota de Cataluña se inició el exilio institucional cuando, el 5 de febrero de 1939, el presidente de la República, Manuel Azaña, marchó al destierro por La Vajol en compañía, entre otros, del presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio y del presidente del Gobierno, Juan Negrín. Este, que quería enlazar la guerra civil con la mundial, regresó inmediatamente.

El dramático éxodo hacia la frontera con Francia englobó a gentes de toda clase y condición. De hecho, en los dos primeros meses de 1939 cruzaron la frontera más de 450 000 personas, de las que Joan Villarroya señaló que solo entraron en los campos 275 000. Su procedencia geográfica, según Dolores Pla, fue en un 36,5% de Cataluña, un 18% de Aragón, un 10,5% de Andalucía; un 9,2% de Valencia; un 6,6% de Murcia; un 5,9% de Castilla la Nueva; un 3,2% de Asturias; un 1,1% del País Vasco y un 9% del resto de las regiones. En cuanto al perfil socio-profesional de los varones registrados en los campos, Javier Rubio estableció que el 30,4% procedían del sector primario; el 45,4% del secundario y el 10,5% del terciario. Esto no reflejaba la estructura laboral de la España de los años treinta, en la que el sector primario era el más numeroso con un 45,5%, la industria representaba el 26,5% y los servicios el 28%. Ello nos permite percibir el compromiso de la clase obrera con el proyecto republicano y, aunque el sector terciario aparece representado con menos de la mitad del porcentaje total, hay que señalar que los intelectuales, artistas y científicos que emigraron eran cualitativamente los más relevantes.

El humillante trato que deparó el gobierno francés a los refugiados fue, en correlación con la hostilidad de la prensa, lo que hizo que muchos regresasen a los pocos meses. Entre otras lindezas podía leerse, en Gringoire, que, con la entrada de tantos exiliados, «Francia pronto será el estercolero de Europa»; que había que prevenir a los franceses contra la multitud de microbios que los españoles introducían, según Le Fígaro. Por su parte, el parlamentario Ibergaray dijo que los exiliados debían volver a España y si no era posible lo mejor sería, para acabar con tanta roña, colocarlos en barcos y vaciarlos en medio del Atlántico. Debió ser por ello que las autoridades galas se preocuparon muy poco del alud humano que iba a llegarles y prefirieron improvisar, primero establecieron zonas de internamiento en Arles, La Tour-de-Carol, Prats de Molió, etc. El frío y la nieve hicieron estragos y en la última población instalaron a los refugiados en una antigua fábrica destartalada, en la que durante tres días solo aparecieron los tontos del pueblo que los acosaron como si fuesen fieras feroces. En la Guingueta, en el Voló y en otros se establecieron puntos de selección. Los hombres a un lado, las mujeres y los hijos en otro, mientras que gran parte de los viejos eran apartados para ser repatriados rápidamente. La mayoría de las mujeres y los niños fueron enviados a campamentos improvisados. A los pocos días regimientos enteros fueron escoltados por soldados senegaleses hasta los arenales de Salanca. El campo ocupaba un inhóspito paraje a nivel del mar de un kilómetro de largo por medio de ancho. Para albergar al primer contingente no había nada preparado. Asaltados por enfermedades físicas y heridas morales, de 80 000 a 90 000 hombres, combatientes y civiles, quedaron abandonados sin barracones ni servicios, ni nada para cubrirse de las frías noches de febrero. Finalmente, con el paso de las semanas y meses, se les fue repartiendo en campos más o menos preparados: Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès […].

En Argelès, que fue el mayor de todos, en el verano de 1939, debían estar unas 100 000 personas, en Saint-Cyprien 80 000, en Barcarès 55 000, en Bram 14 000, en Agde 25 000, en Septfons 16 000, en Vernet 15 000 y en Gurs 26 500. Además había otros campos de castigo como los de Mont-Louis y Riencros, para mujeres, y el de Colliure para hombres. Especialmente duros fueron los de las colonias del norte de África, adonde llegaron unos 15 000 refugiados.

En todos los campos de concentración, junto al hambre y la miseria, se padeció el piojo verde, causante y propagador del tifus exantemático, un parásito que solo podía ser eliminado hirviendo la ropa, que allí no era posible, ya que la mayoría solo tenía la que llevaba puesta. Otros problemas fueron la sarna. El jefe de la sanidad militar republicana, Joaquín d’Harcourt, apuntó en sus informes que la disentería y la neumonía causaban estragos, junto con el tifus, la tuberculosis y que incluso se detectó lepra. También era frecuente la ulceración de la piel, la inflamación de los ojos y del cuello provocada por la arena levantada por el fuerte viento. Y, además de todo esto, los senegaleses cometieron muchas agresiones sexuales.

Las autoridades francesas dificultaron al máximo las condiciones de vida de los refugiados para que aceptasen regresar a España, permitiendo que en los campos los agentes franquistas publicitasen que los que volviesen y no tuviesen manchadas las manos de sangre serían bien tratados. Muchos se lo creyeron y acabaron ante los pelotones de ejecución. Igualmente, practicaron de forma regular la repatriación forzosa del máximo número de exiliados, a lo largo de 1939 y 1940, tratando de quitarse el problema de encima. Pero, ante la tesitura de ser devueltos a España, muchos prefirieron huir o incluso suicidarse. Los campos en la metrópoli se vaciaron con el estallido de la guerra mundial, al ser sus ocupantes masculinos militarizados en compañías de trabajo y en los batallones de marcha. Diferente fue la situación en el Magreb, donde los centros de detención se mantuvieron hasta abril de 1943, pero tras el desembarco aliado de 1942 las condiciones de los internados mejoraron. Los refugiados que llegaron al puerto de Bizerta fueron internados en el improvisado campo de Meheri-Zebbeus en el desierto. En aquel infierno la mitad de los refugiados decidieron retornar a España, donde muchos fueron fusilados o encarcelados. Se negaron a regresar unos 1400, que después repartieron entre aquel campo y otro de trabajos forzados en Kasserine (Túnez). A lo largo de aquel mismo mes de marzo llegaron desde Alicante a Argelia, en barcos franceses y británicos, otros 13 600 nuevos refugiados. Fueron encerrados en los campos de Relizanne, Colomb-Béchar y otros puntos cercanos al desierto. La situación empeoró con el régimen de Vichy, que creó el campo de castigo de Bossuet, en Argelia, donde deportaron a comunistas enviados exprofeso de Francia y a los exiliados considerados más peligrosos. Hubo, además, en Marruecos el campo de Missour en el desierto y varias cárceles por los que pasaron varias centenas de republicanos.

En diciembre de 1939, según Geneviève Dreyfus-Armand, residían en Francia 180 000 refugiados. En abril de 1940 eran 166 788. Para atenderlos, el gobierno de Negrín había creado, en febrero de 1939, el Servido de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), al que después del pacto germano-soviético las autoridades francesas acusaron de ser una organización comunista. También, por presión del gobierno franquista, acabó siendo disuelto en mayo de 1940. Había dispuesto de unos tres millones de dólares durante su funcionamiento. Pero la cuantía mayor de sus recursos los envió el SERE a México en el barco Vita, que las autoridades mexicanas colocaron a las órdenes de Indalecio Prieto Con ello constituyó la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE) y dispuso de un capital calculado en 50 millones de dólares, cálculo aproximado porque Prieto jamás pasó cuentas con la excusa de que el gobierno franquista podría reclamarlo.

La derrotada Francia, en junio de 1940, aceptó la división en dos zonas: la ocupada y la de Vichy. El gobierno colaboracionista firmó un acuerdo migratorio con el de México, el 22 de agosto de 1940, para que los refugiados pudiesen emigrar a este país. Los «petainistas» no actuaron por humanidad, sino para expulsar de Francia a gente que reputaban indeseable. Vichy acabó trabando la migración por las presiones del régimen de Franco, que quería que se deportasen a España a los principales dirigentes republicanos. Entre otros, reclamaron a Julián Zugazagoitia, Lluís Companys, Joan Peiró y Francisco Cruz Salido, que fueron extraditados y fusilados, destino que también hubiese tenido Manuel Azaña, si no hubiese muerto antes. La interferencia conjunta de nazis y franquistas acabó por trabar el flujo migratorio.

VICHY, MAUTHAUSEN Y LAS PENALIDADES

DE LOS REPUBLICANOS EN EUROPA

Tras el armisticio, tanto en la Francia de Vichy como en la ocupada continuaron funcionando las compañías de trabajo. Se calcula que los nazis enviaron a 40 000 republicanos a trabajar a Alemania y a unos 8000 a los campos de concentración y exterminio. Especialmente en Mauthausen y sus campos adyacentes hallaron la muerte la mayoría de los 5000 republicanos deportados.

Por otro lado unos 10 000 españoles combatieron en la resistencia a favor de los aliados. Aunque se aseguró que la contribución de sangre republicana serviría para desalojar a Franco del poder esto no ocurrió. Acabada la guerra Francia, en agradecimiento al papel de los exiliados en la resistencia, les concedió el estatuto de refugiados, ya que la mayoría no quiso la nacionalidad francesa, pensando que su regreso a la patria estaba próximo. En septiembre de 1944 había 160 000 refugiados pero, de 1947 a 1951, tras la creación de la Organización Internacional de los Refugiados (OIR), que ayudaba a los desplazados a rehacer su vida en otros países, se dio un pequeño éxodo hacia Latinoamérica de unas 10 000 personas. Con todo, su número no descendió por la llegada a Francia de otros 21 000 españoles, que huían de la represión y de las durísimas condiciones de vida, y a los que los expatriados consideraron de los suyos, porque sus sufrimientos eran consecuencia de la victoria franquista. Por eso, en junio de 1958, el ministro del gobierno exiliado Julio Just trató —sin éxito— con el ministro del Interior francés, Emile Pelletier, de que estos huidos adquiriesen la condición de refugiados políticos. Los refugiados en las colonias francesas del Magreb normalizaron su situación, quedándose allí hasta las independencias en 1956 y 1962. Después, la mayoría pudo regresar a la metrópoli.

Entre los refugiados en Francia podemos destacar a pintores como Pablo Ruiz Picasso y Oscar Domínguez; escritores como los hermanos Carlos y Jorge Semprún, Gómez Arcos y Fernando Arrabal; el físico y químico, Enric Moles Ormella; filólogos como Pompeu Fabra y periodistas como Antoni Rovira i Virgili.

Los refugiados en Gibraltar fueron presionados por los británicos para que abandonasen la colonia a lo largo de la guerra mundial. A finales de 1946 solo quedaban 325 a los que los franquistas acusaban de introducir en territorio español publicaciones prohibidas, de lo que asiduamente se quejaban a las autoridades del Peñón. Otros se refugiaron en Gran Bretaña, donde en 1937 llegaron 4000 niños, pero fueron repatriados gradualmente hasta el punto de que en 1941 únicamente quedaban 411. Los registros policiales señalaron que en 1942 había 1689 refugiados, que en 1948 aumentaron a 2 353. De entre estos podemos citar al físico Arturo Duperier Vallesa; escritores como Arturo Barea, Luis Baeza y José Antonio Balbontín; pedagogos como José Castillejo Duarte, músicos como Robert Gerhard, médicos como Josep Trueta y diplomáticos como Salvador de Madariaga y Pablo de Azcárate.

Bélgica, según estadísticas oficiales, recibió 793 refugiados durante la guerra civil, a los que habría que añadir la acogida de unos 4800 rusos evacuados en 1937, de los que la inmensa mayoría fueron repatriados, quedando allí 513. A partir de 1952, y dada la crisis que se vivía en Francia, el gobierno exiliado apoyó que refugiados establecidos en Francia fuesen a ese país, pero antes de la emigración económica de los años sesenta no llegarían al millar de residentes. Las personalidades republicanas más conocidas fueron el teniente coronel Federico Escofet, el poeta y dramaturgo Josep Carner, el compositor Oscar Esplá y el dirigente socialista Wenceslao Carrillo.

En 1937 arribaron a Dinamarca 178 niños, de los que 58 no fueron repatriados.

REFUGIADOS EN LA EUROPA DEL ESTE

Otro país que recibió niños españoles, entre 1937 y 1938 fue la URSS, que acogió a 2895 y a otras 150 personas entre profesores y ayudantes. Su mayoría procedía del País Vasco, Asturias y Cantabria. Con el inicio de la guerra mundial muchos de ellos fallecieron por enfermedades, mala alimentación y la crudeza del clima. También había un grupo de marineros y otro de aviadores que se encontraban allí al acabar la guerra de España, unas 300 personas, a las que se sumó el grupo de militantes del PCE/PSUC, unos 1300. En total en la URSS llegó a haber unos 4600 refugiados, pero al acabar la guerra mundial fueron dispersándose, la mayoría de marineros y aviadores acabaron regresando, después de la muerte de Stalin y de haber conocido el campo de Karaganda. Además de los cuadros del PCE, como Ibárruri, Carrillo, Díaz, Líster, Tagüeña, «el Campesino», hubo personalidades de relieve tales como el arquitecto Luis Lacasa, el artista plástico Alberto Sánchez, el médico Juan Planellas, el abogado Vicente Talón, escritores como César M. Arconada […]. Algunos acabaron en los países del Este donde, según Szilvia Pethö, llegaron en 1948, cuando Stalin rompió con Tito. Entonces los españoles residentes en Yugoslavia (como Lister, Modesto, Tagüeña, Artemio Precioso) fueron obligados a abandonar ese país y se establecieron en Praga. En 1950, cuando el PCE fue declarado ilegal en Francia y algunos comunistas fueron detenidos y deportados a Córcega y Argelia, la dirección decidió enviar a militantes caracterizados a varios países del Este. En 1954 había 550 refugiados, de los que 191 residían en Checoslovaquia. Entre los destacados estaban la novelista Teresa Pàmies, el militar Enrique Líster y su hijo y el general Antonio Cordón. Entre los 144 de Polonia sobresalen el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el traductor Carlos Marrogán. De los 113 en Hungría destacó el periodista Vicente Arroyo. De los 94 de la República Democrática Alemana figuraron, entre otros, el cartelista Josep Renau. Además hubo ocho en Austria. Con posterioridad, se creó otro núcleo, cerca de 20, en Bulgaria entre los que sobresalió el pintor José Sancha.

MÉXICO Y EL RESTO DE AMÉRICA:

UN REFUGIO DURADERO

Después de Francia, el país que acogió mayor número de refugiados fue México que ya, en junio de 1937, recibió a 456 niños. En 1939 aceptó otros 6200 que partieron de Francia apoyados por el SERE. Tras la supresión de ese organismo, la JARE se encargó del traslado de los refugiados y en 1940 arribaron otros 4000. A estos se unieron otros 2000 que, después de pasar por la República Dominicana, la dejaron por la dictadura de Trujillo y por la falta de infraestructuras. La emigración interrumpida durante la guerra mundial se reemprendió de 1946 hasta 1948, alcanzando la cifra total de 20 000. Posteriormente, en junio de 1954, llegaron cerca de 200 procedentes de Guatemala, tras el golpe militar contra el presidente Jacobo Arbenz.

La emigración en México fue la de mayor importancia política, pues allí se reunió casi toda la elite del Estado, amén de un sinfín de personalidades del mundo académico y cultural como José Gaos, Pere Bosch i Gimpera, Antonio Sacristán, José Medina, María Zambrano, José Bergamín, León Felipe, Ramón J. Sender, Max Aub, Juan Grijalbo, Niceto Alcalá-Zamora, Luís Recasens, Manuela Ballester, Arturo Souto, Rodolfo Halffter, Alfredo Just, Luis Buñuel; científicos y médicos como José Puche, Jaume Pi i Sunyer, Ignacio Bolívar, Odón de Buen, Honorato de Castro, Pedro Carrasco Francisco y José Giral, etcétera.

Chile fue otro país que aceptó republicanos. Con ayuda del SERE arribó, en septiembre de 1939, el Winnipeg con 2200 exiliados. Otros llegaron con posterioridad sin apoyos institucionales. Aun así, gracias a la OIR, llegaron 776 a partir de 1947. Tuvieron notoriedad, entre otros, los ingenieros Víctor Pey Casado, el editor Arturo Soria, literatos como Pere Quart, Xavier Benguerel y Pablo de la Fuente etc. La República Dominicana, inicialmente, aceptó emigrantes, por eso el SERE entre 1939 y 1940 envió 5000, pero en 1942 marcharon casi todos a México, aunque otros fueron a Cuba y Venezuela. Entre los que se quedaron destacó el pintor Josep Gausachs.

En Venezuela acabaron afincándose unos 5000, de los cuales un millar eran vascos y otros tantos procedían de la República Dominicana. 2623 fueron a través de la OIR desde 1947. Entre los asilados destacaron: el urbanista Rafael Bergamín, el biólogo August Pi i Sunyer los arquitectos Fernando y Amos Salvador, los médicos José Sánchez Covisa y Manuel Corachán, el ensayista Eduardo Ortega y Gasset. En Argentina, a partir de 1939, entraron pequeños grupos de exiliados en base a relaciones antiguas o con contratos con instituciones y empresas. Un caso excepcional se produjo a finales de aquel año cuando se consiguió, por influencia del director del rotativo Crítica, que 147 españoles que viajaban a Chile pudiesen desembarcar en Buenos Aires. En 1940, el Gobierno permitió el establecimiento de 1400 vascos, porque el presidente del país Roberto Ortiz Lizardi era hijo de un vizcaíno y consideraba a los vascos gente de orden. Finalizada la guerra mundial, las restricciones migratorias se relajaron, permitiendo que, con la colaboración de la OIR hasta 1949 y con la llegada de pequeños grupos de países vecinos, se instalasen unos 6000 refugiados, lo que dio un total de unos 10 000. Entre ellos los historiadores Claudio Sánchez Albornoz y Augusto Barcia, periodistas como Diego Abad de Santillán y Alfonso Rodríguez Castelao; músicos como Manuel de Falla; juristas como Luis Jiménez de Asúa y Ángel Ossorio y Gallardo; escritores como Rosa Chacel, M.ª Teresa León y Rafael Alberti; actrices como Margarita Xirgu y pedagogos como Lorenzo Luzuriaga.

Otro país con una presencia relativa de exiliados fue Brasil. Según María S. Levy, entre 1940 y 1949 entraron 4702 españoles, la mayoría republicanos, que se establecieron preferentemente en Sao Paulo y Rio de Janeiro. En Cuba, se afincaron unos 1500 refugiados. Entre otros merecen ser destacados los científicos Paulino Suárez y Gustavo Pittaluga y el editor Mariano Sánchez Roca. En Uruguay se establecieron alrededor de un millar que fueron llegando en diversos momentos. Sobresalen el compositor Enrique Casal Chapí; los médicos Francisco Bergós y Luís Sayé; el poeta y premio Nobel en 1956 Juan Ramón Jiménez. En EE. UU., Juan B. Vilar cifra también en un millar los emigrados de la diáspora de 1939, entre los que cabe destacar la jurista y periodista Victoria Kent, el general José Asensio Torrado, el historiador Américo Castro; el médico Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959, y los literatos Jorge Guillén y Pedro Salinas. En Colombia se calcula que vivieron medio millar de compatriotas, entre 1936 y 1948. La lista de personajes fue larga y significativa: médicos como Antonio Trías, Pedro Mayoral y Manuel Usano; abogados e intelectuales como José Prat, José de Recasens, Pedro Urbano de la Calle; economistas como Andrés Perea y científicos como Antonio García Banús, el botánico José Cuatrecasas y el antropólogo José Pérez de Barradas. Hubo también un centenar en Bolivia, destacando el general y jefe del estado mayor republicano Vicente Rojo; el jurista Manuel López-Rey y el físico Ismael Escobar. En suma, con mayor o menor contingente, hubo exiliados en todos los países del continente. Es notorio el caso de los músicos Pau Casals y María Rodrigo en Puerto Rico. Se considera que el total de trasterrados en el continente americano llegó a las 44 000 almas.

LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS:

LA DEFENSA TITÁNICA DE LA LEGITIMIDAD

Además del exilio general es preciso referirse al político, porque los dirigentes del Estado republicano mantuvieron las instituciones hasta 1977. Estas se apoyaron en cuatro pilares: la Presidencia de la República, el Gobierno, las Cortes y los gobiernos autonómicos. Ya el 3 de marzo de 1939 se reunió por primera vez en el exilio la Diputación Permanente (DP), presidida por Martínez Barrio que, como presidente del Parlamento, fue invitado a ocupar la jefatura de la República, dado que la guerra aún no había concluido, si bien se negó a asumirla. Esto fue un desastre, pues los dos máximos dirigentes del Estado, Azaña y Martínez Barrio, abandonaron sus responsabilidades cuando cerca de medio millón de compatriotas, que lo habían perdido todo defendiendo el Régimen, se quedaron sin representación ni guía. Con posterioridad, ya instalado en México, Martínez Barrio sí aceptó la jefatura del Estado en la reunión de Cortes de agosto de 1945, cuando el horizonte parecía luminoso y claro y cuando pensó en regresar a la patria como presidente de la República. Se mantuvo en el cargo hasta su deceso en enero de 1961. Le sustituyó el jurista Luís Jiménez de Asúa. Tras su fallecimiento, en noviembre de 1970, le sucedió José Maldonado, que hasta entonces ocupaba, en funciones, la presidencia de las Cortes. Este y su jefe de Gobierno, Fernando Valera, fueron los encargados de disolver las instituciones exiliadas un mes después de las elecciones de junio de 1977. En un comunicado en el que señalaban que la única legitimidad democrática que había existido, hasta entonces, había sido la emanada de la Constitución de 1931, y de las elecciones realizadas a su amparo, pero reconociendo la voluntad de las urnas, decidían disolver las instituciones.

Otro puntal fundamental fue el ejecutivo. El gobierno de Negrín continuó siendo legítimo hasta que, con la elección de Martínez Barrio como presidente, le presentó su dimisión. El jefe del Estado ofreció la dirección del Gobierno a José Giral, que constituyó el primer gabinete del exilio contando con todas las formaciones que apoyaban a la República. A lo largo de 1945-46, el Gobierno culminó sus únicos once reconocimientos diplomáticos: los de México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Polonia, Yugoslavia, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, Albania y Bulgaria. Destacaron por su lealtad México y Yugoslavia que, además, apoyaron financieramente a la República, como también hizo Francia desde 1950.

El gobierno Giral, que en 1946 trasladó las instituciones a París, entró en crisis a finales de ese año por la actitud de Indalecio Prieto, que creía que solo podría llegar la libertad a España pactando con don Juan de Borbón. Para conseguirlo se mostró dispuesto a enterrar al gobierno exiliado. Por eso le retiró el apoyo del PSOE, aunque no sirvió de nada porque la guerra fría acabó convirtiendo al dictador en un socio imprescindible. Martínez Barrio, entendiendo que no podían mantenerse cabalmente las instituciones sin los socialistas, consiguió retrasar su alejamiento institucional, nombrando jefe del ejecutivo a Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, en febrero de 1947. Este formó un gobierno con la misma composición que el anterior, pero tuvo la oposición de Prieto, por lo que acabó dimitiendo en agosto de aquel año. A partir de entonces el PSOE abandonó las instituciones. A Llopis le sucedió Álvaro de Albornoz (agosto de 1947-octubre de 1951). La novedad fue que el ejecutivo solo pudo disponer de la colaboración de los partidos liberales republicanos: Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR) y el insignificante Partido Republicano Federal (PRF), fuerzas que, en julio de 1959, se fusionaron en Acción Republicana Democrática Española (ARDE). A partir de entonces este fue el único sostén de las instituciones exiliadas, lo que supuso su lento declinar.

Tras la salida de Albornoz dirigió el ejecutivo Félix Gordon Ordás, de octubre de 1951 a mayo de 1960. Su Gobierno se vio atrapado por el torbellino del reconocimiento internacional del franquismo que, en 1953, firmó el acuerdo de establecimiento de bases militares de EE. UU. en España y en diciembre de 1955 entró en la ONU. El aislamiento y la soledad de las instituciones republicanas fueron totales e incluso llegó a pensarse que Francia les prohibiría sus actividades, lo que no sucedió. Gordon fue reemplazado por el general Emilio Herrera en mayo de 1960, que ocupó el cargo hasta marzo de 1962, cuando le sucedió Claudio Sánchez Albornoz hasta su dimisión en marzo de 1971. El último jefe de Gobierno fue Fernando Valera, que ejerció hasta junio de 1977.

El Parlamento también mantuvo su presencia en el exilio. Aunque las Cortes solo se reunieron en México en 1945. Pero en Francia, hasta la invasión alemana de junio de 1940, funcionó la DP. La misma irresponsabilidad que hemos atribuido a Azaña y a Martínez Barrio tuvo Jiménez de Asúa (PSOE), vicepresidente primero que, refugiado en Argentina, estuvo desaparecido desde 1939 hasta noviembre de 1945. Entonces, cuando parecía inminente la caída del franquismo, ocupó circunstancialmente la presidencia de las Cortes, pero volvió a abandonarla cuando las instituciones se trasladaron a Francia en 1946. Le sustituyó Luis Fernández Clérigo (IR), ratificado como vicepresidente segundo por las Cortes en México. La renovación de la mesa se completó con los nombres de Ramón Nogués Biset (ERC), como vicepresidente tercero y de Dolores Ibárruri (PCE) como vicepresidenta cuarta. En París, la primera reunión de la DP se realizó en enero de 1947. Ya entonces era claro que el exilio iba para largo, por lo que la desesperación fue apoderándose de la emigración, de modo que, en noviembre, Fernández Clérigo decidió regresar a México, asumiendo la presidencia Nogués Biset. Durante su mandato, tanto la Comisión de Gobierno Interior como la DP, fueron languideciendo por la obstrucción del PSOE, en mayo de 1949, y la del PCE.

Nogués, enfermo y desilusionado, renunció al cargo y regresó a España en septiembre de 1955. Entonces, volvió a ocupar la presidencia Jiménez de Asúa, como vicepresidente segundo, cargo que simultaneó, tras la muerte de Martínez Barrio, con la presidencia de la República. Hasta mayo de 1968 no se realizó una nueva reunión de diputados para cubrir las vacantes de la Mesa del Congreso, escogiéndose a José Maldonado (ARDE) como vicepresidente segundo y a Joan Casanellas (ERC) como vicepresidente tercero. Así, cuando Maldonado llegó a la presidencia de la República, tras el deceso de Jiménez de Asúa, Casanellas ocupó la vicepresidencia hasta 1977.

Las Cortes de la República tuvieron un activo papel en la Unión Interparlamentaria, desde abril de 1947 hasta agosto de 1955, cuando se aceptó la entrada de las cortes franquistas. Estuvieron en su consejo directivo Fernando Valera y Álvarez del Vayo. Otra actuación destacada de los exiliados, apoyada por las Cortes, fue la defensa del europeísmo. De hecho, hubo republicanos en todos los foros europeístas desde el principio. Los socialistas impulsaron el Movimiento Europeo para los Estados Unidos de Europa, reuniéndose en Londres en febrero de 1947, con asistencia del catalán Enric Adroher. La Democracia Cristiana creó los Nuevos Equipos Internacionales, celebrando en Chaudfontaine (Bélgica), su primer congreso (mayo del 47), al que acudió una delegación del PNV que se convirtió en miembro fundador de la organización. Los liberales, a su vez, desarrollaron el Movimiento Liberal para la Europa Unida, en 1952. Formaron parte de su comité ejecutivo Fernando Valera y Salvador de Madariaga. El punto de arranque definitivo fue el Congreso de La Haya, de mayo de 1948, al que fueron invitadas diversas personalidades republicanas. Sus resoluciones alumbraron el Consejo de Europa, integrado por 16 estados, lo que obligó a los exiliados a crear el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) en febrero de 1949. Su comisión ejecutiva la presidió Salvador de Madariaga.

El principal éxito del CFEME fue el congreso de Munich (7-8 de junio de 1962), donde, por primera vez, se reunieron representantes de los enfrentados en la guerra civil. En Munich se aprobó una resolución conjunta basada en el restablecimiento de la democracia en España. La asistencia de una selecta representación de liberales de derechas destruyó el discurso oficial de que toda la oposición era comunista. Las consecuencias fueron el aumento de la nómina de exiliados con algunos nombres de postín, como el exfalangista Dionisio Ridruejo y el exjefe de la CEDA José María Gil Robles. La actitud represiva del Régimen inviabilizó los esfuerzos aperturistas que decía hacer y propició la unidad de la oposición, lo que fue un factor clave para el futuro. En Munich, simbólicamente, el testigo de la lucha por la libertad se cedió al interior, que sería donde, desde entonces, se decidiría el futuro del Régimen. Para el ejecutivo exiliado, Munich tuvo un elevado coste porque dejó de tener la iniciativa política y pasó, en lo sustantivo, a mantener la representatividad de la República, pero con menos audiencia y menor capacidad de influir en los acontecimientos.

El otro puntal de las instituciones exiliadas fueron el gobierno vasco y la Generalitat de Cataluña.

La herencia política de las instituciones republicanas fue determinante en la transmisión de la memoria democrática y contribuyó a erosionar la dictadura de Franco.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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EL FRANQUISMO

Si fueron tantos los sacrificios que nuestra Nación necesitó en nuestra Cruzada para que la Patria se salvase, no podía abandonársela de nuevo a aquellos viejos sistemas que la venían aniquilando. Y ningún camino más fácil ni más recto, para este primero y básico objetivo, que la desaparición del anárquico sistema liberal […]. Hemos buscado precisamente los basamentos sobre los que se levantan los pilares del orden y de la civilización específicamente europeo-cristiana, hoy ahogados por los artificiosos y antinaturales convencionalismos políticos del sistema liberal, a todas luces ineficaces y absolutamente rebasados […] Hemos llegado a constituir en el mundo un hecho trascendente, que si un día por mala información pudo despertar las críticas, hoy ha conquistado la admiración y el respeto de los más […]. Jamás ha existido en nuestra Patria ningún régimen ni ningún Gobierno que hubiera hecho lo que el Estado español y sus Gobiernos vienen haciendo por el renacimiento de la fe y de la moralidad pública, no solo con las medidas de auxilio directo a la Iglesia y sus jerarquías sino por su legislación y obra eminentemente social […]. Por primera vez en la Historia del mundo occidental los supremos órganos sindicales llegan a tener desde los órganos consultivos, deliberantes y fiscalizadores del Estado y de la Administración los medios adecuados para hacer frente al volumen y a la importancia de los intereses que se le confían y de las responsabilidades que de ello se derivan […]. Será preciso alcanzar las últimas etapas de nuestra propia marcha con sus espléndidas realizaciones para que comiencen [en el extranjero] a comprender la distancia a la que se han quedado y el ejemplo y estimulo que España va a ser para el sindicalismo nacional en todos los pueblos.

FRANCISCO FRANCO

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADO

UNA DICTADURA

CONTRA VIENTO Y MAREA

por

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO

El régimen franquista fue una dictadura «de base militar con importantes apoyos civiles», según la expresión de Antonio Elorza y se convirtió en un anacronismo político en Europa Occidental a partir de 1945, al final de la segunda guerra mundial, después de la desaparición de las dictaduras fascistas en Alemania e Italia que habían sido sus avales internacionales desde la rebelión militar de julio de 1936. Por ello el régimen franquista ha sido considerado por muchos analistas e historiadores como un epígono de los regímenes fascistas; otros, sin embargo, lo han definido como régimen autoritario, colocándolo en el indeterminado tramo que va desde el totalitarismo a la democracia. Ambas formulaciones dieron lugar a un largo debate que condicionó la investigación historiográfica sobre el franquismo hasta finales de los años noventa.

LA DICTADURA FRANQUISTA

Al margen del debate, pero utilizando conceptos de unos y de otros, desde una posición ecléctica puede decirse en primer lugar que el régimen franquista fue una dictadura, entendiéndola como un estado de excepción, ya que la concentración de poder en una sola persona sitúa al franquismo al margen de todo régimen constitucional liberal o democrático. Esta dictadura, además, estuvo apoyada y sostenida en todo momento por el Ejército, sin que el poder fuera ejercido en exclusiva o en la mayor parte de los cargos e instituciones por militares, pero siempre estuvo encabezado y dirigido por el jefe del Ejército —el Generalísimo—; además, varios ministerios se hallaron permanentemente en manos de los militares y otros de forma temporal, y muchos militares ocuparon altos cargos de la administración del Estado. En el Ejército se había inculcado también la idea de ser el depositario de la unidad, la permanencia y las virtudes de la nación española; de ahí que los militares se consideraran los garantes del Régimen y los representantes del espíritu nacional que encarnaba el franquismo.

En segundo lugar, en contra de lo que sugiere el término «estado de excepción», la dictadura franquista mostró desde el principio su inclinación a ser duradera; por lo que sin alterar sus primeros objetivos utilizó las estrategias políticas que creyó más adecuadas para adaptarse a las coyunturas interiores y exteriores en sucesivas etapas: el directorio militar de los primeros meses, el estado totalitario, a semejanza de los regímenes establecidos en Italia y Alemania, y la monarquía tradicional, social, católica y representativa, a la que acudió cuando, ya inservible la fórmula fascista, el franquismo tuvo que ofrecer otra que fuera aceptable para los regímenes democráticos.

La primera etapa abarcó hasta enero de 1938, cuando se formó el primer gobierno del general Franco; a partir de esta fecha comenzó el diseño, al menos superficial, de un estado totalitario; pero desde 1942, y sobre todo de 1945, se buscó otra fórmula que, sin cambiar nada de lo fundamental, manifestara alguna semejanza con las democracias occidentales, como la creación de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la ley de Sucesión y el referéndum de 1947, y las elecciones municipales, a pesar del aislamiento internacional al que se sometió al Régimen. Esta última fórmula se mantuvo hasta el final del mismo y con relación a ella se tomaron las medidas políticas por las que el Régimen consolidó su existencia.

La imposición del Régimen y su posterior consolidación no podrían haberse alcanzado sin su relación con la guerra civil, durante la cual se pusieron sus fundamentos, sin sus repercusiones políticas, sociales e ideológicas que supusieron la aniquilación del pluralismo, de las reformas y proyectos alentados por la República, y sin el mantenimiento de una feroz represión contra los que consideró sus enemigos, particularmente hasta finales de los años cuarenta, ejecutada por el partido único —FET y de las JONS—, los cuerpos de seguridad, sobre todo la Guardia Civil, y el Ejército que no tuvo inconveniente en aquellos años en presentarse como «ejército de ocupación» y referirse al territorio que se mantuvo leal a la República como «zonas liberadas».

LOS PODERES DEL DICTADOR

En toda dictadura influye de una manera muy notable la personalidad de quien posee y ejecuta el poder supremo. Pues bien, el 29 de septiembre de 1936 el general Franco recibió de la Junta de Defensa Nacional, que coordinaba y dirigía a los militares que se habían rebelado contra la República, en «aquellas circunstancias excepcionales» todos los poderes del nuevo Estado: el militar, convirtiéndolo en jefe del Ejército, Generalísimo, y el político, nombrándolo jefe del Gobierno del Estado, poderes que Franco no declinó en toda su vida; con lo que consiguió la mayor concentración del poder en la historia contemporánea de España. [→ ZONA FRANQUISTA].

A mediados de los años treinta del siglo XX, por lo tanto, se había vuelto a una situación propia de los regímenes absolutistas, previa al establecimiento del liberalismo. Los generales de la Junta de Defensa Nacional, tal como consta en su decreto constitutivo de 24 de julio de 1936, se habían autoproclamado titulares de todos los poderes del Estado, y con aquella entrega reconocían la superioridad del Ejército que mandaba Franco sobre todos los demás, la eficacia de su estrategia, a pesar de la brutalidad con la que se había llevado a cabo, y el apoyo internacional otorgado por Mussolini, Hitler y Salazar, lo que ya indicaba, aparte de la ayuda militar recibida, la orientación política que tomaría Franco en el caso de ganar la guerra civil. [→ AYUDA EXTERIOR].

A lo largo de los treinta y nueve años que duró el régimen franquista el Generalísimo ni abandonó ni redujo los poderes recibidos y en circunstancias históricas muy significativas los reafirmó aunque en alguna, por ejemplo sobre la Ley Orgánica del Estado, se produjo un debate en noviembre y diciembre de 1966 sobre el mantenimiento de sus poderes excepcionales.

Aquellas circunstancias históricas fueron: enero de 1938, cuando Franco formó su primer gobierno. En el decreto de nombramiento fundamentaba la facultad con que estaba ejerciendo los poderes mencionados y lo mismo sucedió en agosto de 1939 con la ley de la Administración General del Estado, en cuyo artículo 7.º se decía:

Corresponde al jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la Ley de 30 de enero de 1938, y radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de Leyes o de Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen, si bien en tales casos el jefe del Estado dará después conocimiento a aquel de tales disposiciones o resoluciones.

En el decreto de creación de las Cortes Españolas, de 17 de julio de 1942, se yuxtaponían los poderes ilimitados otorgados a Franco y la colaboración que buscaba en los procuradores para la elaboración de las leyes. Pero donde Franco ejerció el poder absoluto hasta el paroxismo fue con la publicación de la ley de Sucesión, de junio de 1947, en la que definió la forma política de su régimen como Reino católico, social y representativo, de acuerdo con la tradición (art. 1), y se otorgó el poder de nombrar, a su albedrío, sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey (art. 6). Esta fue la declaración más clara y contundente de que el Generalísimo había decidido ejercer todos los poderes sin limitación alguna hasta el final de sus días. Fue, en definitiva, un dictador vitalicio. No es extraño, por lo tanto, que en la campaña de propaganda que antecedió a la votación en referéndum de la Ley Orgánica del Estado, entre noviembre y diciembre de 1966, los exégetas del Régimen se plantearan la cuestión de si las limitaciones que imponía la ley al jefe del Estado afectarían también a los poderes de Franco, para concluir que el «Caudillo» estaba sobre la ley y que, en consecuencia, aquellas limitaciones se aplicarían solo a sus sucesores.

También ha de tenerse en cuenta el principio de que en el régimen franquista la praxis política antecedió siempre, y sobre todo en las dos primeras décadas, a la teoría o justificación de las decisiones adoptadas; por lo que, aunque las coyunturas a las que trataba de adaptarse ejercieron cierta influencia en su evolución, la concepción del poder y la forma de administrarlo (unidad de poder y coordinación de funciones, según la fórmula que se impuso en los años sesenta) no cambiaron a lo largo de su trayectoria, actuando como elemento y principio conductor de la dictadura franquista. De ahí el largo proceso de institucionalización del Régimen que comenzó con el citado decreto del 29 de septiembre de 1936 y se prolongó hasta la promulgación de la Ley Orgánica del Estado aprobada en referéndum el 14 de diciembre de 1966 o hasta el nombramiento del príncipe Juan Carlos de Borbón como heredero de la Jefatura del Estado a título de Rey el 22 de julio de 1969.

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADO

Los regímenes de dictadura, como ya se ha dicho, utilizaron la expresión Nuevo Estado para referirse a sus propias estructuras políticas y diferenciarse de los «regímenes liberales» y tomar posiciones ante la influencia del temido comunismo soviético. En este sentido el régimen franquista no fue una excepción, y desde su primer texto fundacional ya se acercó, al menos terminológicamente, a los que eran sus valedores principales.

Entre los instrumentos que utilizó el general Franco para construir su régimen estaba, en primer lugar, el Gobierno. El poder residía enteramente en el Generalísimo; por lo que designaba a sus ministros, distribuía sus funciones y solo ante él rendían sus responsabilidades. Entre los ministerios debe hacerse mención de los militares porque siempre mantuvieron una estricta lealtad al jefe del Estado, constituyéndose de esta forma en el fundamento más firme del Régimen, a pesar de que algunos generales mantuvieran opiniones políticas discrepantes de las del Generalísimo, particularmente durante la segunda guerra mundial; el de la Gobernación, en el que se hallaba la Dirección General de Seguridad y desde el que se controlaba la importante red de los gobernadores civiles, fundamentales para el control de la población civil y el gobierno de las provincias; y el de la Secretaría General del Movimiento, que controlaba el partido único y a través de sus consignas e instrucciones movilizaba la población e influía sobre ella a través de la propaganda.

Instrumento fundamental y otro de los actos fundacionales del nuevo Estado fue la creación del partido único —FET y de las JONS—, a cuyo frente se colocó el general Franco como jefe nacional, a pesar de no haber militado en ninguno de los partidos con los que se organizó FET y de las JONS. De esta forma los poderes políticos que había recibido de la Junta de Defensa Nacional se fortalecieron con una tupida red de cargos públicos que en buena parte dependían de la voluntad discrecional del jefe del Estado. El régimen franquista se cimentó con una decidida voluntad totalitaria que se basaba en los puntos programáticos de FE de las JONS, cuyo ideario fue otorgado por el jefe nacional al nuevo partido FET y de las JONS, con lo que el grupo falangista fue colocado en una situación de privilegio en la nueva organización política y al mismo tiempo se creó un campo de enfrentamiento permanente entre los falangistas y los demás grupos integrados en el partido único —coalición reaccionaria—, como se verá más adelante. [→ ZONA FRANQUISTA].

El punto 6 de FE de las JONS decía de forma clara y contundente: «Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria». Entre el Estado franquista y FET y de las JONS se estableció una relación muy profunda que se expresó en el artículo 1.º de los Estatutos del 4 de agosto de 1937, en donde se definía el partido como «el movimiento militante inspirador y base del Estado español, que en comunión de voluntades y creencias asume la tarea de devolver a España el sentido profundo de una indescriptible unidad de destino y de la fe…». El calificativo de totalitario se adecuaba perfectamente al régimen que estaba construyendo el Generalísimo ya que, como máxima encarnación del Estado, este había asumido todos los poderes y abolido las libertades individuales que reconocen los regímenes democráticos. Ambas características facultaban al Estado franquista para invadir todos los ámbitos de la vida pública y privada valiéndose de su única y exclusiva organización política.

El poder otorgado al partido único, y en particular al grupo falangista, dio lugar a conflictos con dos pilares fundamentales del Régimen: el Ejército y la jerarquía eclesiástica. Respecto al primero, a pesar de que los oficiales eran militantes de FET y de las JONS, según los estatutos (art. 5, B), el Ejército tuvo siempre el convencimiento de ser una institución autónoma, es decir, de no depender de ninguna otra autoridad política u organización, excepto del jefe del Estado y de sus propias autoridades: ministros, capitanes generales, etc., aunque esto no impedía que algunos militares de alta graduación se reconocieran más próximos a las ideas de uno u otro de los sectores integrados en FET y de las JONS. Por ello estuvieron en contra del excesivo poder del sector falangista en la primera época y se consideraron permanentemente defensores del régimen político implantado por el Generalísimo.

En términos generales, puede decirse que los militares solo consideraron a los políticos del partido único como instrumento de la acción política al servicio del Estado encarnado por el general Franco; es decir, que su actitud respecto a ellos no había cambiado desde la guerra civil. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica fue más proclive a aceptar las propuestas falangistas y a defender al Régimen de las acusaciones de «estatismo». Es muy clarificador el informe enviado al Vaticano por el cardenal primado, Mons. Isidro Gomá, el 24 de abril de 1937 sobre el «decreto de unificación» y la opinión difundida en la España franquista sobre la encíclica papal: «La situación de la Iglesia en el Reich Germánico», en el que destacó su distinta actitud en torno al partido y al general Franco: respecto al primero, a pesar de detectar claras tendencias estatistas, recomendó no molestar a la Falange por la lucha que estaba protagonizando en el frente y en la retaguardia; y respecto al segundo, confió en la «catolicidad» del Generalísimo para neutralizar los peligros que pudieran suponer las tendencias falangistas. Su sucesor como arzobispo de Toledo y primado, Mons. Pla y Deniel, en 1945 y, por lo tanto, en una coyuntura política distinta, saldría en defensa del régimen franquista y de la Iglesia española en una carta pastoral, del 28 de agosto, con motivo del final de la guerra mundial, con estas palabras:

En los ataques a España y a su actual gobierno se envuelve por algunos extranjeros a la misma jerarquía eclesiástica española, acusándola de servidumbre a un régimen estatista y totalitario. Ni ha habido ni hay servidumbre a nadie por parte de la jerarquía eclesiástica española, ni menos ha defendido ni defiende una concepción estatista ni totalitaria. [→ NACIONALCATOLICISMO].

El tercer instrumento fundamental de la construcción del Nuevo Estado fue el sindicato vertical. Este asimismo se ajustó al ideario falangista, cuyo punto 9 decía:

Concebimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional.

Estas ideas se trasladaron un año más tarde al Fuero del Trabajo (9 de marzo de 1938), en el que se sintetizaron las ideas y proyectos del partido único sobre la política económica y social que debía aplicar el régimen franquista, y en el que, como documento de síntesis, sus formulaciones serían más moderadas que los enunciados del ideario falangista, aunque estos, bien analizados, desvelaban mayor moderación que la que se les suponía bajo la cobertura de su retórica radical.

Pues bien, en la Base XIII del Fuero del Trabajo se desarrolló ampliamente el proyecto de la Organización Nacional-Sindicalista del Estado. En ella apareció definido el sindicato como complemento del Estado para aplicar una política de carácter totalitario; se estableció que el sindicato había de ser único y vertical y a través de este el Estado elaboraría y controlaría la política económica, y en el punto 9 de la misma se anunció «la ley de sindicación». Esta ley se desarrollaría mediante otras dos: la primera, la de Unidad sindical, de 26 enero de 1940 y la segunda, la ley de Bases de la Organización sindical, de 6 de diciembre de 1940, en la que se definió la estructura organizativa del sindicato.

El proyecto de sindicato vertical y las dos leyes que lo desarrollaron se adecuaban al anterior planteamiento falangista; de ahí la oposición permanente que albergó en los distintos grupos de la coalición reaccionaria contra la Organización Sindical. Las prerrogativas concedidas al sindicato vertical respecto a la política económica y laboral del régimen franquista se contrarrestaron desde el Ministerio de Trabajo del que fue titular entre 1941 y 1957 José Antonio Girón de Velasco, reconocido adalid falangista, pero cuya lealtad al «Caudillo» estaba por encima de cualquier otra creencia o militancia.

El sistema de representación política del Nuevo Estado se apoyó en el punto 6 del ideario falangista redactado de la forma siguiente:

Todos los españoles participarán en él [el Estado] a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará a través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos, con todas sus consecuencias…

Pero el sistema de representación corporativa no se puso en funcionamiento hasta finales de 1942, en las primeras elecciones a Cortes. Estas se constituyeron con representantes de los municipios y provincias, de los sindicatos, de la Administración y de otras instituciones: Ejército, jerarquía eclesiástica y corporaciones civiles del Estado. El tercio familiar no fue convocado hasta 1967, después de la aprobación de la Ley Orgánica del Estado. Hasta 1948 no se celebraron las primeras elecciones municipales para la designación de concejales por los tercios familiar, sindical y de las corporaciones. Los alcaldes durante todo el régimen franquista lo fueron por nombramiento gubernativo. Hasta 1948 los cargos municipales (comisiones gestoras) fueron designados, de acuerdo con el decreto de 5 de octubre de 1936, entre «los mayores contribuyentes por rústica, industrial, pecuaria y utilidades, siempre que reúnan las características de apoliticismo y eficacia… Ello no obsta para que asimismo puedan ser llamadas cualesquiera otras personas que puedan estimarse como de leal e imprescindible cooperación…». Así pues, durante el franquismo los ciudadanos nunca estuvieron representados como tales sino solo las instituciones y las corporaciones del Régimen, y partiendo de una base electoral muy reducida.

Finalmente, en la conexión del régimen franquista con la sociedad española ejerció una función importante la red de intereses, entendiendo por ella, de acuerdo con el diccionario de la RAE, «ventajas, no siempre legítimas, de que gozan varios individuos, y por efecto de las cuales se establece entre ellos alguna solidaridad circunstancial». Solidaridad que se expresa en un doble sentido: horizontal, la que mantienen los individuos o grupos que acceden a dicha concesión y que forman una especie de trabazón y se extiende de forma reticular; y vertical, es decir, la solidaridad de los individuos o grupo con el que concede las ventajas y solo mientras las concede; de ahí el adjetivo de circunstancial. En el sentido vertical, la solidaridad circunstancial puede interpretarse como apoyo social que los mencionados individuos o grupo otorgan a quien les concede las ventajas, obteniendo así un beneficio recíproco y contribuyendo a consolidar una situación de privilegio para ambas partes.

En la creación de la red de intereses la política económica, fuertemente intervencionista y autárquica en las dos primeras décadas del régimen franquista, ejerció una función primordial. A la red se llegaría por una doble vía: la primera, de forma experimental, por el aprovechamiento de situaciones de hecho que facilitarían el contacto y el estrechamiento de relaciones entre los políticos franquistas y los financieros y empresarios; y la segunda, a través de la utilización consciente de las instituciones y organismos del Régimen en los que se producirían dichos encuentros y permitirían la extensión de las relaciones.

En esta segunda vía las grandes empresas públicas y privadas proporcionaron un cuadro muy adecuado para el encuentro y colaboración de los empresarios y los políticos, y asimismo las instituciones provinciales y locales. Los consejos municipales y provinciales fueron las instituciones idóneas para establecer alianzas políticas, llegar a acuerdos económicos y asegurar compromisos con el régimen franquista. En su interior deben hallarse las razones de la radicación, la estabilidad y la expansión de muchas empresas de servicios básicos, electricidad, agua, limpieza, de industrias de la construcción, de elaboración de productos de primera necesidad, etc., que, si por un lado recibían protección política, por otro, prestaban el apoyo social.

El sindicato vertical prestó también otro marco para el encuentro de los políticos franquistas y los empresarios, en el que estos representaron el papel de auténticos protagonistas, llevando la iniciativa en los asuntos económicos de los sindicatos y, en definitiva, colocándolos al servicio de sus propios intereses. Pero esto no debe conducirnos a una conclusión errónea, a afirmar que se dio un consenso generalizado entre la sociedad española y el régimen de Franco durante la mayor parte de su existencia.

Para evitarlo debemos repasar las ideas principales: que la red de intereses estuvo formada por la imbricación de políticos franquistas y empresarios, que estos sirvieron de apoyo al Régimen para consolidarlo y que el concepto de apoyo, por el contenido pragmático que tiene, es más adecuado que el de consenso, en el que el acuerdo es más general y reside prioritariamente en los principios del ordenamiento político y social. Así pues, los implicados en la red de intereses, además de los políticos, pertenecían a un sector de la sociedad, el de los empresarios; pero otra parte importante de aquella se mantuvo alejada con actitudes claras de oposición o de indiferencia, es decir, que la sociedad española albergó un alto grado de disenso.

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN Y

AMPLIACIÓN DE LA COALICIÓN REACCIONARIA

La institucionalización del régimen franquista, como se ha dicho, fue muy lenta. Terminó en 1966 o en 1969 dependiendo de la decisión política que se adopte para considerarla cerrada. Esta lentitud se ajusta perfectamente al carácter de un régimen de dictadura porque la institucionalización ordena y fija el ejercicio del poder y, en consecuencia, limita el poder discrecional del dictador. A pesar de ello y retomando el principio de que en el régimen franquista la teoría siguió a la praxis, en 1945, al terminar la segunda guerra mundial, ya se habían asentado los fundamentos políticos del Nuevo Estado y la institucionalización posterior no alteró de manera significativa el funcionamiento del Régimen.

Fue precisamente en aquel año de 1945 cuando se incorporaron a la coalición reaccionaria —FET y de las JONS— los militantes católicos, que eran unos políticos formados en las organizaciones de la Acción Católica, particularmente en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Al finalizar la segunda guerra mundial los falangistas, por su relación con los partidos fascistas, no eran los más idóneos para representar al Régimen en el exterior ni para tomar la iniciativa en el proceso de institucionalización que era preciso abordar.

De ahí que el grupo elegido por el dictador fuera el de los militantes católicos, pensando en la posible rentabilidad política de la relación de estos con los políticos europeos demócratas cristianos, por su proximidad ideológica como miembros de la Acción Católica. No deja de ser llamativo que el ministro de Asuntos Exteriores designado fuera Alberto Martín Artajo, que entonces era presidente nacional de Acción Católica, y que a su equipo se le encargara la redacción de los proyectos de institucionalización del Régimen. Con este nombramiento, y otros en 1951 (Joaquín Ruiz-Giménez, ministro de Educación Nacional), la jerarquía eclesiástica, en particular Mons. Pla y Deniel, arzobispo de Toledo, tendría una vía directa para intervenir en la política activa, un aspecto del nacionalcatolicismo al que no se le ha prestado la atención debida. [→ NACIONALCATOLICISMO].

La presencia de los militantes católicos en el gobierno de Franco y en la coalición reaccionaria redujo pero no anuló el poder del grupo falangista; con lo que se delimitó una línea de confrontación entre católicos y falangistas porque tenían proyectos distintos acerca de la definición política del Régimen, tal como se manifestó entre 1945 y 1947 (Leyes Fundamentales de «Fuero de los Españoles» y «Sucesión») y entre 1956 y 1957, en las postrimerías de la etapa de mayor influencia de los militantes católicos, cuando se debatió la forma de cerrar el proceso de institucionalización. En aquellas circunstancias, la posible imposición de las ideas defendidas por el ministro secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese, en sus proyectos podían reducir el poder de la jerarquía y la autonomía eclesiástica. Se produjo entonces una intervención contundente de la alta jerarquía ante el jefe del Estado, al que entregaron un escrito, uno de cuyos párrafos se cita a continuación:

Se pone como poder supremo del Estado un partido único, aun cuando sea con el nombre de Movimiento, del Gobierno y de las Cortes, cuyas actividades juzga y limita, quedando aún muy mermada la autoridad del jefe del Estado […]. La forma de gobierno en España no es ni monárquica, ni republicana, ni democracia orgánica o inorgánica, sino una verdadera dictadura de partido único, como fue el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania o el peronismo en la República Argentina, sistemas todos que dieron mucho que deplorar a la Iglesia…

El último grupo político en incorporarse al Gobierno y, por lo tanto a la coalición reaccionaria, fue el de los tecnócratas del Opus Dei. Anteriormente ya había habido tecnócratas en los gobiernos de Franco, sobre todo en los ministerios económicos, cuyo perfil político mínimo requerido lo constituían la lealtad a Franco y el no sentir ninguna veleidad de tipo liberal. Pero el grupo que se incorporó en 1957, también a las carteras económicas, presentaba unas características determinadas: eran especialistas y técnicos en economía y derecho administrativo; conocían el estado real de la economía española y las tendencias de la economía en el mundo occidental; eran firmes partidarios de la liberalización económica y de la integración de la economía española en la de los países occidentales y, en particular, en la del Mercado Común Europeo; otorgaban prioridad absoluta a la economía sobre cualquier otro aspecto de la actividad política; no albergaban ninguna inclinación hacia la actividad política por vías democráticas, por lo que no hallaron obstáculo en participar en un gobierno de dictadura; y por último, todos ellos pertenecían o estaban próximos a la organización religiosa del Opus Dei. [→ PLAN DE ESTABILIZACIÓN].

Esto no era un elemento circunstancial, a pesar de sus propias declaraciones, sino que, dadas las características de la institución, esta contribuyó a moldear la ideología y condicionar la acción de sus miembros. La presencia de este grupo en la coalición reaccionaria dio lugar a una serie de enfrentamientos con el grupo falangista que se centraron en la elaboración de las Leyes Fundamentales: Los Principios del Movimiento Nacional (1958) y La Ley Orgánica del Estado (1966), pero que alcanzaron su nivel máximo en el verano de 1969, con el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a «título de Rey» y el estallido del «caso Matesa» en el interior del Consejo de Ministros, del que daría cuenta Manuel Fraga al informar de lo tratado. La capacidad de influencia de este grupo dentro del régimen franquista quedó patente en la formación del gobierno de octubre de 1969, al que los comentaristas ya entonces denominaron «gobierno monocolor».

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Sánchez Recio, Glicerio: Sobre todos Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos, Flor del Viento, Barcelona, 2008.

LOS EJÉRCITOS DEL FRANQUISMO,

PRINCIPAL PUNTAL DEL RÉGIMEN

HASTA 1975

por

FERNANDO PUELL DE LA VILLA

El 1 de abril de 1939, el Ejército con el que Franco había derrotado a la República estaba formado por más de un millón de hombres, articulados en 60 divisiones, lo que obligó a licenciar a sus dos terceras partes antes de finalizar el año. Simultáneamente, se procedió a desmantelar la superestructura creada durante la contienda. Lo primero fue suprimir el Ministerio de Defensa Nacional y distribuir sus cometidos entre los del Ejército, Marina y Aire, teóricamente coordinados por una Junta de Defensa Nacional, cuyos vocales natos eran los tres ministros militares y el de Asuntos Exteriores, y un organismo denominado «alto estado mayor», directamente dependiente de Franco y con funciones bastante imprecisas.

Dos han sido las razones más esgrimidas para intentar explicar por qué Franco decidió suprimir la cartera de Defensa y crear tres ministerios militares independientes. Los historiadores militares aducen que pretendió neutralizar la evidente fortaleza política de un ministro que concentrara todo el poder militar en su persona. Los de origen universitario, en cambio, se inclinan más por destacar que la presencia de al menos tres generales en el Consejo de Ministros contrarrestaba la imprescindible inclusión de jerarcas falangistas. Su sustitución por el alto estado mayor avalaría la primera de estas hipótesis, al ser este concebido como órgano de asesoramiento y apoyo al jefe del Estado, sin autoridad alguna sobre los ministros militares y cuya ineficiencia para promover la acción conjunta de los ejércitos solo comenzó a paliarse a finales de la década de los sesenta.

Una vez definida la estructura de todos esos organismos, se restauró la organización periférica anterior a 1931, es decir, se volvió a dividir el territorio en ocho capitanías generales peninsulares, dos insulares y tres departamentos marítimos, organizándose otras cuatro regiones aéreas de nuevo cuño a consecuencia de la creación del ejército del Aire. En 1944, ante el temor de un desembarco estadounidense en la costa almeriense, se creó una novena capitanía general en Granada. Esta estructura territorial subsistió hasta 1984.

En el Protectorado de Marruecos se reinstauró también la Alta Comisaría, cuyo titular desempeñaba además el cargo de general jefe del ejército de África dependiendo también de él las comandancias militares de Ceuta y Melilla y las tropas y servicios de Marina y del Aire radicados en la demarcación.

PERSISTENCIA DEL ESTADO CAMPAMENTAL

Hasta 1948 se mantuvo en pleno vigor el estado de guerra declarado en los bandos dictados por los generales golpistas en julio de 1936 y, durante todo este periodo, Franco se sirvió indiscriminadamente de los miembros de las fuerzas armadas, y más en particular de los del ejército de Tierra, para ahormar el régimen dictatorial toscamente esbozado durante la contienda. Si Serrano Suñer definió la estructura salmantina de 1937 de «Estado campamental», bien podría decirse que el modelo perduró casi diez años en tres esferas de actuación especialmente sensibles: la justicia, el orden público y la educación. Además y para impulsar su utópica política autárquica, el dictador confió a algunos de sus compañeros de armas la dirección de empresas públicas dependientes del Instituto Nacional de Industria (INI). [→ AUTARQUÍA].

Posteriormente, continuarían siendo muchos los militares designados para desempeñar cargos públicos, pero primándose cada vez más su formación profesional ajena a la milicia que su mera condición castrense, la cual esencialmente concedía a quienes cubrían las vacantes producidas un aura de confianza que los hacía preferibles al resto de candidatos de condición civil. Así, por ejemplo, los militares togados fueron considerados muy idóneos para desempeñar cargos que requirieran conocimientos jurídicos; intendentes e interventores para los relacionados con la economía; artilleros e ingenieros para los de carácter técnico; marinos y aviadores para infraestructuras y transportes, etc. En parecida línea, también se utilizó masivamente el servicio militar para alfabetizar al proletariado y, una vez iniciados los planes de desarrollo, para transformar campesinos en obreros industriales y en conductores de tractores, lográndose en ambos aspectos indudables éxitos.

La justicia castrense, conforme a lo previsto en la ley de Responsabilidades Políticas de 1939, encausó a cientos de miles de sospechosos de simpatizar con el ideario republicano en los juzgados militares de instrucción, sentenciados después en consejos de guerra sumarísimos. La carga de trabajo fue tanta que obligó a crear diez auditorías provisionales, que funcionaron hasta 1941 y cuya actuación fue bastante legalista, aunque menudearon abusos y errores. Otras instancias judiciales, también de naturaleza castrense, se ocuparon de la represión de la masonería.

A diferencia de lo que ocurría en Italia y Alemania, donde el Partido controlaba las prisiones y los campos de concentración, en el caso español la vigilancia de los penados se encomendó a la abultada oficialidad de complemento y provisional, a la que, con la excusa de desmovilizarla, se le brindó la oportunidad de ingresar en el Cuerpo Técnico de Prisiones. El ejército de Tierra asumió la gestión de la eufemísticamente denominada redención de penas por el trabajo, es decir, el mando del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que no eran otra cosa que sobresaturados campos de concentración, quedando los batallones de trabajadores que se ocupaban de rehabilitar vías de comunicación o de construir el mausoleo del dictador a cargo de la Guardia Civil.

Respecto al orden público, militares profesionales desempeñarían hasta la muerte de Franco las jefaturas de la Guardia Civil y de la Dirección General de Seguridad, de la que dependían el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada y de Tráfico. Y para mejor controlar unas corporaciones que no se habían mostrado demasiado leales durante la guerra, la totalidad de la plantilla de guardias civiles fue cubierta por suboficiales provisionales y de complemento; la de comisarios e inspectores del Cuerpo General de Policía, por oficiales de la misma procedencia, y el mando de las unidades de la Policía Armada fue confiado a jefes y oficiales profesionales del ejército de Tierra.

Finalmente, también se consideró conveniente militarizar el sistema educativo al objeto de inculcar a la infancia los valores propios del Régimen. Para ello y tras depurar masivamente al profesorado republicano, se cubrieron sus plazas con personal afecto al Régimen, reservándose una notable proporción de las vacantes producidas a oficiales provisionales y de complemento.

EL GIGANTE DESCALZO

La derrota de Hitler en 1945 fue un durísimo revés para el régimen español, por lo que Franco se apresuró a maquillarlo; a modo de ejemplo, derogó inmediatamente la normativa que obligaba a los militares a saludar con el brazo en alto. Cosméticas aparte, el estado de las fuerzas armadas era deplorable. Su presupuesto —unos 2500 millones de pesetas— continuaba consumiendo la cuarta parte de la partida estatal e iba destinado casi en su totalidad a retribuir a los cuadros de mando y a alimentar, vestir y alojar a la tropa, sin quedar apenas remanente para inversiones, ni para gastos de mantenimiento. Resulta significativo comparar los 43 millones anuales destinados a adquirir carbón para las cocinas y para calentar precariamente las oficinas con los nueve utilizados para llenar los depósitos de gasolina de los escasos y anticuados vehículos, o los 40 para mantener y reparar el obsoleto armamento y material de guerra.

Como agudamente lo definió Gabriel Cardona, aquel sobredimensionado y macrocéfalo Ejército —22 000 oficiales, 3000 suboficiales y casi 300 000 soldados— era un «gigante descalzo». Y podría también decirse que entumecido y anacrónico, con unos cuadros de mando totalmente ajenos a los cambios doctrinales y avances tecnológicos que estaban transformando los ejércitos de su entorno y ensimismados en la victoria alcanzada en un conflicto que se libró a golpe de alpargata y con muy escasos medios modernos. En su mayor parte franquistas de corazón y con escasas perspectivas de hacer carrera, estaban honradamente persuadidos de las bondades del Régimen, satisfechos de las prebendas de que disfrutaban y proclives a justificar su lamentable situación profesional.

Ante la sobrecogedora precariedad de medios, mero inventario de agotados remanentes de la guerra civil, los más inquietos, profesionalmente hablando, trataron de formular un pensamiento estratégico unívocamente enfocado a defender a España contra el enemigo soviético. Y para ello recurrieron a dos mitos patrióticos: exaltar hasta la saciedad la agreste orografía peninsular y las heroicas virtudes del pueblo español, razonando que ambos factores habían sido decisivos para la derrota de Napoleón y para la reciente victoria sobre el comunismo internacional.

Para hacer frente a la invasión soviética, que muchos creían inminente, se reforzaron las divisiones situadas en las inmediaciones de la frontera francesa y sesudos estudios, publicados en las revistas profesionales, magnificaron el valor de los Pirineos como barrera defensiva, la guerra de montaña y la de guerrillas. Algunos incluso ensalzaron la potencialidad y rendimiento de las unidades a lomo, en detrimento de las motorizadas; obsoleta polémica totalmente olvidada y superada tras la segunda guerra mundial.

La única nota optimista en aquel desolador panorama fue una iniciativa del INI: diseñar el prototipo del fusil de asalto CETME, una de las mejores armas portátiles de la segunda mitad del siglo XX, que sería declarada reglamentaria en el ejército español en 1957, en sustitución de los decimonónicos Mauser, y cuya patente compró la República Federal Alemana en 1958 para diseñar el HK. Ambas armas continúan hoy día utilizándose satisfactoriamente en 30 países.

Sin embargo, resulta descorazonador leer el artículo firmado por un general británico que, invitado por el alto estado mayor, giró una visita por las instalaciones militares en la primavera de 1951 y presenció el desfile conmemorativo del duodécimo aniversario de la victoria de 1939, quien sentenciaba: «las divisiones españolas con su falta de material moderno, con sus caballos y transporte a mulo, podrían resultar más bien un riesgo que una ventaja en una guerra de movimiento». En realidad, el objetivo de aquel general era inducir a su Gobierno a equipar e instruir a las fuerzas armadas españolas para poder incorporarlas a la defensa del bloque occidental. Por ello, tras narrar crudamente las carencias observadas, sostenía que, dada la calidad de los cuadros de mando y de la cantidad de efectivos disponibles, bastaría con enviar un plantel de instructores y proporcionar algo de material moderno para que se produjese una asombrosa transformación. El artículo fue traducido y publicado por la principal revista profesional del ejército de Tierra, probablemente como un argumento más a utilizar en los contactos informales con militares estadounidenses que, desde 1948, se venían propiciando y que culminaron con el célebre encuentro en el verano de 1951 entre Franco y el almirante Forrest Sherman.

Por las mismas fechas, el general Muñoz Grandes fue nombrado ministro del Ejército con el encargo de aligerar y rejuvenecer las escalas. A tal fin, adelantó las edades de retiro y de pase a obligatorio a puestos de carácter burocrático y se ofreció a los militares la posibilidad de trabajar en la Administración central, provincial y local. Más de la sexta parte de los oficiales en activo decidió beneficiarse de las ventajas que comportaba el pase a los llamados «destinos civiles»: ascenso al empleo inmediato; sueldo base militar y retribuciones complementarias del puesto asignado, lo que suponía un incremento salarial medio del 20 por ciento; jubilación a los setenta años, lo que prolongaba su vida laboral en una media de quince años, con la consiguiente mejora de pensión, y derecho a poder vestir de uniforme en actos sociales.

Al quedar todavía un enorme excedente de oficiales, se alentó a solicitar la reserva a cuantos hubiesen ingresado en el Ejército antes del 1 de abril de 1939, advirtiéndoles de que estaban fatalmente abocados a permanecer en el mismo empleo durante el resto de su vida militar. La solución adoptada era similar a la utilizada por Azaña en 1931, con la única diferencia de ofrecerse el pase a la situación de reserva en lugar de a la de retiro, siendo incluso casi miméticos los incentivos previstos para los solicitantes: mínimo recorte salarial, ascenso honorífico al empleo superior y compatibilidad con cualquier otra retribución que pudiesen percibir. No obstante, la disuasoria aridez del panorama económico español hizo que fuesen muy pocos los que decidieron abandonar el Ejército.

Otro problema urgente era cubrir las numerosas plazas vacantes en el Cuerpo de Suboficiales, sin gravar excesivamente la recargada partida presupuestaria de personal. La solución encontrada, de la que se haría un uso abusivo hasta la creación de la Academia General Básica de Suboficiales en 1974, fue encomendar la mayor parte de las funciones propias de este importantísimo escalón de la cadena de mando a la tropa de reemplazo que optaba por reengancharse en el servicio militar. A partir de 1952, los soldados que voluntariamente lo solicitaban —unos seducidos por sus oficiales y la mayoría incitados por el hambre— recibían una precaria y sumaria formación en el seno de su propia unidad, materializada en un breve cursillo para habilitarles como cabos primeros, equiparados a efectos prácticos a sargentos, aunque su retribución fuese mínima y vistiesen, viviesen, comiesen y durmiesen mezclados con los demás soldados. Muy de tarde en tarde, un puñado de ellos asistía al curso de sargentos y casi a cuentagotas, tras muchos años de servicio en ese empleo, los más antiguos ascendían a brigada.

INCIDENCIA DEL PACTO CON ESTADOS UNIDOS

La firma de los pactos con Estados Unidos en septiembre de 1953 influyó notablemente en la estructura y organización de las fuerzas armadas, y mucho más en la ideología y mentalidad de los militares, pese a que muy pocos de ellos entraran en contacto directo con sus colegas estadounidenses destinados en España, salvo el par de centenares que, por su dominio del inglés, realizaron tareas de enlace. El primer indicio de la entidad del cambio que iba a producirse fue la organización de tropas paracaidistas, inicialmente encuadradas en una unidad tipo batallón y con un par de rasgos algo nostálgicos: tomar prestado de la Legión el nombre de bandera para designar a la flamante unidad y otorgar también a la tropa el título de caballero legionario paracaidista.

Mucho más significativa fue la concesión de un crédito extraordinario de 15 millones de pesetas al Ministerio del Ejército —cuantiosa cantidad en 1954, equivalente al tres por ciento del presupuesto anual destinado a infraestructuras— para acondicionar locales donde alojar las nuevas remesas de material automóvil, obras que en la mayor parte de los casos se redujeron a demoler pesebres para ampliar la capacidad de unas cuadras convertidas en garajes. No obstante, resulta bastante más representativo para comprender la situación real el que, un mes después, se tuviese que arbitrar otro crédito extraordinario por el doble de dicha cantidad para alimentar al mucho ganado existente, una vez agotada la partida ordinaria.

Los pactos preveían la entrega del material preciso para equipar un cuerpo de Ejército de tres divisiones, incluido apoyo logístico, defensa antiaérea y material de instrucción. Sin embargo, Muñoz Grandes decidió distribuir, más o menos equitativamente, las remesas entre todas las unidades, aunque la mayor parte se quedó en Madrid, en la División Acorazada y en la III Brigada de Caballería. Lo que llegaba procedía de la guerra de Corea e incluso algún remanente de la segunda guerra mundial, todo ello debidamente reparado y repintado, pero su moderna apariencia impresionó a la oficialidad, acostumbrada a los vetustos blindados rusos y alemanes, y la aparición de unos cuantos vehículos todoterreno —jeeps Willys, camionetas Dodge y camiones GMC— en los regimientos fue acogida con asombro y alborozo.

El armamento ligero no se renovó y, hasta bien entrados los años sesenta, la tropa siguió teniendo en sus manos el eficaz fusil Mauser de 7,92 mm, estrenado en la guerra de Cuba, la carabina de 9 mm o el peligroso subfusil apodado «naranjero». Incluso la flamante Bandera Paracaidista solo dispuso durante sus primeros años de vida del anticuado fusil italiano Modello 1891, más conocido como M-91, de 6,5 mm de calibre. En cambio, los regimientos madrileños recibieron un batallón de carros M-47, uno de los vehículos de combate más modernos del momento, dos de transportes blindados semiorugas, otros dos de carros ligeros M-24, más antiguos y complejos de manejar, y cinco grupos de obuses autopropulsados. Más equitativo fue el reparto de cañones sin retroceso, lanzagranadas y emisoras de radio, y lo que realmente llegó a todas partes fueron las vistosas láminas de instrucción que durante muchos años decoraron dormitorios, comedores y pasillos en los cuarteles.

Sin lugar a dudas, las remesas de armamento y material no contribuyeron demasiado a cambiar la mentalidad de los militares, siendo bastante más efectivo a ese respecto, solo que su incidencia tardaría varios años en hacerse sentir, la realización de estudios en escuelas de capacitación profesional sitas en territorio americano, de la que se benefició casi la tercera parte de los cuadros de mando —exactamente 9890 oficiales y suboficiales entre 1953 y 1975—, debiéndose a este respecto tener en cuenta que solo 63 oficiales, más selectivamente elegidos, realizaron cursos en centros militares de enseñanza europeos durante el mismo periodo.

Debido en parte a ello, la oficialidad comenzó a escindirse en dos grupos: el integrado mayoritariamente por antiguos alféreces provisionales, que esgrimía como principal acreditación el «haber hecho la guerra», y el procedente de las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier, cuya superior formación teórica le inducía a menospreciar al anterior. A esos dos vino pronto a sumarse un tercero, al que uno y otro desestimaban, formado por suboficiales ascendidos a tenientes de la Escala Auxiliar, tras superar un sumario curso de capacitación, pero en realidad como premio a sus numerosos años de leales servicios.

Podría tal vez contemplarse un cuarto colectivo, no tan nítido como los anteriores, que agrupaba a los universitarios formados en los campamentos de la Instrucción Premilitar Superior, quienes realizaban varios meses de prácticas en una unidad armada al término de su carrera para alcanzar el empleo efectivo de alférez o sargento de complemento. Los más de ellos se reintegraban a la vida civil nada más terminar el periodo de prácticas y solo unos cuantos optaban por reengancharse y emprender una lenta carrera militar que, en el mejor de los casos, culminaba en el empleo de comandante.

La incidencia de los pactos condicionó también dos importantes reformas orgánicas: la creación del mando de la defensa aérea y la reorganización del estado mayor central, solapadas ambas con el precipitado reconocimiento de la independencia de Marruecos y la repatriación de las tropas que guarnecían el Protectorado. La primera de dichas reformas fue el primer paso dado en la senda de la acción conjunta, al poner bajo las órdenes de un general del ejército del Aire a la aviación de caza y a las unidades de artillería antiaérea. Y la segunda racionalizó y modernizó el confuso organigrama concebido tras la guerra civil, comenzando así a deslindarse las áreas operativas de las que gestionaban y administraban los recursos disponibles.

Por la misma época se actualizaron, por primera vez desde 1939, los sueldos, cuya parca entidad apenas permitía vivir dignamente a cuantos dependían únicamente de lo percibido por ese concepto. El incremento medio fue del 25 por ciento, desde las 5600 pesetas mensuales brutas asignadas a los tenientes generales a las 1100 de los sargentos, pasando por las 3000 de los tenientes coroneles o las 2000 de los capitanes. También aumentaron en igual proporción las retribuciones complementarias, cuya cuantía doblaba el concepto anterior, aunque con el inconveniente de no contabilizar para las pagas extraordinarias ni a la hora de calcular las pensiones de retiro, viudedad y orfandad.

El 25 de febrero de 1957, Franco, ante ciertos conatos de rebeldía en el seno de la Falange y acuciado por el creciente deterioro económico, nombró su primer gobierno tecnocrático, con notable presencia opusdeística. Para atajar lo primero y en vísperas de que el Ejército se viese obligado a combatir en los territorios de Ifni y Sahara, dio rango de ley fundamental al ideario político falangista, convenientemente acomodado a sus propios designios. La ley de Principios Fundamentales del Movimiento, entidad que pasó a ser definida como la «Comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada», contemplaba a las fuerzas armadas como «garantía de seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo» y se comprometía a dotarlas de «la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria».

A ese objeto, y adelantándose incluso a la entrada en vigor del durísimo Plan de Estabilización diseñado por los tecnócratas para recortar el gasto público y controlar la galopante inflación, el general Antonio Barroso, nombrado ministro del Ejército en la crisis de 1957, puso en marcha la primera de las grandes reformas estructurales que iba a sufrir el ejército de Tierra durante las cuatro últimas décadas del siglo XX. Aunque fugaz en el tiempo, la coloquialmente denominada Organización Pentómica fue el primer intento serio para modernizar aquel obsoleto Ejército. Pese a la supresión de 56 unidades, todavía quedaron en pie 14 divisiones y seis brigadas. A título anecdótico, en las nuevas divisiones, a cambio de una pequeña mejora retributiva, desapareció la tradicional figura del asistente, soldado que desde el siglo XVIII estaba al servicio personal de cada oficial.

Los racionalizadores planes de Barroso se vieron lastrados por el ascenso en bloque, decretado por Franco, del millar de antiguos alféreces provisionales que seguían siendo capitanes tras veinticinco años de servicio. Como no había puestos suficientes para aquel aluvión de comandantes, la mayoría tuvo que contentarse con desempeñar cargos y cometidos propios de sargentos y brigadas, tales como la administración del economato de víveres o de la cantina de tropa. En realidad, estas últimas funciones continuaron en manos de los suboficiales y los nuevos titulares se vieron abocados a deambular ociosos por el cuartel o a entretenerse de las más variopintas maneras.

SOTERRADAS ANSIAS DE REFORMA

Recién comenzada la década de los sesenta, España comenzó a experimentar cambios sociales y económicos muy profundos, que no se vieron acompañados por la por muchos esperada apertura política. Además, el Régimen comenzó a encerrarse en sí mismo y a endurecer sus medidas represivas, algo atenuadas durante los años cincuenta, que culminaron en el proceso militar que sentenció a muerte al dirigente comunista Julián Grimau y al anarquista Jordi Conill. Acosado desde el exterior y sin duda preocupado por el grave accidente de caza sufrido, Franco decidió que, en caso de fallecer, su obra quedase bien asegurada. Para ello, nombró vicepresidente al general Muñoz Grandes, que también era jefe del alto estado mayor, y situó en los Ministerios del Ejército y de Marina a dos personas de su absoluta confianza: el general Pablo Martín Alonso y el almirante Pedro Nieto Antúnez.

Muñoz Grandes recibió expresamente el encargo de coordinar los «Departamentos afectos a la Defensa Nacional». Esto hizo que algunos militares pensasen que se había abierto el proceso hacia la unificación de los ministerios militares y que se estaban dando pasos hacia la actualización y modernización de las fuerzas armadas y hacia la concreción de una política de defensa inspirada en la doctrina de la acción conjunta y combinada, a semejanza de lo que habían hecho otros países occidentales al término de la segunda guerra mundial. La realidad fue muy otra: Muñoz Grandes no mostró ningún interés por convertirse en ministro de Defensa ni se esforzó por impulsar dicha política, y el papel para el que parecía haber sido nombrado fue asumido por un pequeño grupo de militares, entre los que pronto destacó la figura del general de brigada Manuel Díez-Alegría.

Situado al frente del CESEDEN, centro de enseñanza creado en 1964 bajo la dependencia directa del alto estado mayor y, por tanto, al margen de las luchas competenciales que libraban los ministerios militares, decidió emprender por su cuenta la importante reforma legislativa que sería culminada diez años después por su pupilo Gutiérrez Mellado. Obsesionado por poner fin al llamado poder militar y por poner al día una institución que hundía sus raíces en el siglo XIX, pretendía que el militar profesional mantuviese una postura de exquisita neutralidad en temas políticos y que se considerase un mero servidor del Estado, dispuesto a prestar sus servicios leal y eficazmente, con independencia del color político de quien estuviese al frente del Gobierno.

Para alcanzar estos objetivos quiso hacer de las fuerzas armadas un instrumento ágil y eficaz, homologable al modelo imperante en Europa, y que los tres ejércitos, a través de un profundo proceso de renovación interna, alcanzasen un nivel equiparable al de los occidentales. Para conseguirlo consideraba imprescindible que las fuerzas armadas españolas abandonasen definitivamente la que los tratadistas estadounidenses denominaban «función real» y se dedicasen en exclusiva a la «función formal» o «teórica» para la que fueron creadas, es decir, a la defensa del Estado frente a un enemigo exterior, dejando de lado las tareas de gendarmería que tenían encomendadas. Sin embargo, nada de esto llegó a hacerse realidad, al toparse contra la cerrada oposición de los ministros militares, que se ocuparon de cortocircuitar unas iniciativas que evidentemente ponían en riesgo la autonomía de que disfrutaban.

Tal vez lo más llamativo de aquel truncado intento de reformas fue que sacó a la luz las discrepancias existentes en el seno de las fuerzas armadas sobre el futuro de la institución, lo cual era indicio suficientemente significativo de que no constituían de hecho el bloque monolítico que muchos suponían. También puso en evidencia que había algunos militares que contemplaban el futuro de forma distinta y que estaban concienciados y abiertos a un proceso de reformas que pasaba por homologar las fuerzas armadas a las de los países occidentales. Pero quizás lo más trascendental del proceso fue que llevó a estos militares inquietos sobre el futuro de su institución a tomar conciencia de que la reforma militar solo sería viable si se realizaba en consonancia con la del régimen político que venía gobernando España desde el final de la guerra civil.

Mientras Díez-Alegría se debatía por sacar adelante sus planes, Martín Alonso y Nieto Antúnez se sintieron llamados a actuar para hacerles frente mediante la reforma de sus respectivos ejércitos, que todos consideraban inaplazable. El proyecto más ambicioso y mejor articulado fue el impulsado por el segundo, materializado en la ley orgánica de la Armada de 1970 y en el colosal programa naval culminado a principios de esa década con la botadura de cinco fragatas antimisiles. La citada ley confirió el mando efectivo de la fuerza naval al almirante jefe del estado mayor de la Armada, reconociendo tácitamente el carácter simbólico del mando supremo sobre las fuerzas armadas que la ley orgánica del Estado de 1967 había atribuido al jefe del Estado. El principal inconveniente del programa naval, aparte de su excesiva dependencia logística de Estados Unidos, fue conferir un carácter demasiado heterogéneo a la flota, en la que convivían unidades con sistemas muy avanzados con otras cuyo nivel tecnológico era más propio de la segunda guerra mundial. Además, debido a su fuerte componente antisubmarino, parecía más enfocada a combatir contra los submarinos soviéticos que surcaban el Mediterráneo que a defender las costas, rutas comerciales y caladeros españoles.

Martín Alonso murió repentinamente a consecuencia de una intervención quirúrgica cuando apenas llevaba dos años en el cargo, y Franco le sustituyó por otro general de su entorno inmediato: Camilo Menéndez Tolosa, jefe de su Casa Militar, quien llevó a cabo los proyectos iniciados por su predecesor. El más acuciante era mitigar los efectos de la expansión demográfica sobre el reemplazo anual. Su incidencia había hecho inviable la tradicional práctica de convocar simultáneamente a todos los alistados y la solución arbitrada fue fraccionar cada reemplazo en cuatro llamamientos, cuya instrucción se confió a 17 grandes centros de instrucción de reclutas (CIR).

Menéndez Tolosa también abordó la segunda gran reorganización que conocería el ejército de Tierra durante los años sesenta: la sustitución de la Organización Pentómica, de origen estadounidense y orientada a contrarrestar los efectos de un ataque nuclear, por otra inspirada en el vigente modelo francés, que recuperó la tradición ternaria y articuló las unidades en dos grandes conjuntos operativos. Uno, denominado Fuerzas de Intervención Inmediata, encuadraba a las divisiones acorazada, mecanizada y motorizada, a las brigadas paracaidista, aerotransportable y de caballería, y a un núcleo de tropas para cuerpo de Ejército. El otro, bajo el nombre genérico de Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio (DOT) y el solapado cometido de controlar al denominado enemigo interior, agrupaba dos divisiones de montaña, ocho brigadas de infantería, una de alta montaña, otra de reserva y otra de artillería para la defensa del Estrecho, más unidades de artillería antiaérea y de costa, así como las tropas que guarnecían los dos archipiélagos y las posesiones africanas. Si exceptuamos la posterior aparición de nuevas unidades de misiles y de helicópteros, la nueva organización no sufrió variaciones de importancia hasta la transición.

La modernización del ejército del Aire fue algo más tardía, pero igualmente notable. Al comenzar la década de los sesenta, todos sus aviones estaban muy anticuados, tanto los reactores construidos en España, como los procedentes de la ayuda estadounidense, pese a ir armados con misiles desde 1962. Su progresiva sustitución por reactores supersónicos F-104, cazabombarderos Phantom II y cazas franceses Mirage F-1 y F-1C supuso sin duda un enorme salto tecnológico. Su entrada en servicio puso término al modelo de aviación surgido de la guerra civil y se compaginó con un fuerte incremento de personal, en especial en la escala de suboficiales y en la de especialistas, debido a la creciente complejidad del material y a tener que asumir nuevos cometidos, como el de la gestión de la red de alerta y control instalada nada más firmarse los primeros pactos con Estados Unidos.

El I Plan de Desarrollo Económico y Social de 1963 consideraba más prioritarios que el de la defensa «otros sectores nacionales, cuyo inmediato desarrollo y progreso se consideran vitales para la nación». Por esta razón, lo asignado a los ejércitos en el apogeo del desarrollismo solo mereció un leve incremento de 1,19 puntos porcentuales respecto al total del presupuesto estatal. No obstante, esta inyección de fondos fue muy considerable comparada con lo percibido hasta entonces: casi 5000 millones de pesetas, equivalentes a un aumento del 39,47 por ciento en la partida anual. Muy pronto la cabalgante inflación, muy agudizada por el conflicto árabe-israelí de 1973, se ocupó de diluir este incremento y el optimismo que había empezado a cundir entre muchos oficiales, esperanzados por los cambios que venían produciéndose, acrecentado por una notable mejora de retribuciones, comenzó a diluirse. Un extendido sentimiento de insatisfacción profesional fue apoderándose de ellos, hartos de vivir con estrecheces y de trabajar en una institución con patentes carencias operativas y logísticas.

Tras el asesinato del almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973, las críticas se encauzaron hacia el Gobierno, convertido en chivo expiatorio de todos los males que les aquejaban, dejando a salvo la figura de Franco, al que consideraban engañado por quienes le rodeaban. No obstante, la mayor parte de los cuadros de mando había interiorizado el vetusto axioma primorriverista de que el Ejército era la «columna vertebral de la patria», sin plantearse en ningún caso si su concepto de patria se correspondía con la realidad, ni lo que subyacía tras de él, y mucho menos cuestionar la petrificada y anacrónica política militar del franquismo, que encomendaba a los ejércitos un papel propio de países preindustriales y no el exigido por la pujante España de comienzos de los años setenta.

Solo una escasa minoría de oficiales comenzó a cuestionarse la situación y solo una mínima parte de ellos, acicateados por la Revolución de los Claveles portuguesa de abril de 1974, dio un paso adelante y osó proclamar que el régimen franquista no era representativo de la realidad española y que las fuerzas armadas debían someterse a los dictados de la sociedad, surgiendo así la asociación clandestina denominada Unión Militar Democrática (UMD), cuyos miembros fueron detenidos y encausados en julio de 1975 y sentenciados a diversas penas de prisión, que aparejaban la expulsión del Ejército, a comienzos de 1976.

A modo de conclusión puede afirmarse que la importantísima reforma iniciada por Gutiérrez Mellado en 1977 y culminada por Narcís Serra en 1989, probablemente habría generado muchos más conflictos, y desde luego habría sido bastante más lenta, si Diez-Alegría y el selecto grupo de generales, jefes y oficiales que compartía sus inquietudes, situados en cargos de mayor o menor responsabilidad, no se hubiesen sentido insatisfechos de la institución a la que pertenecían y no se hubiesen esforzado por mejorarla y actualizarla durante los últimos años del franquismo, muchas veces a contracorriente de sus superiores jerárquicos e incluso sin su aquiescencia expresa.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aguilar Olivencia, Mariano: El ejército español durante el franquismo (Un juicio desde dentro), Akal, Madrid, 1999.

Busquets Bragulat, Julio: El militar de carrera en España: estudio de sociología militar, Ariel, Barcelona, 1984, 3.ª ed.

Cardona, Gabriel: El gigante descalzo: el ejército de Franco, Aguilar, Madrid, 2003.

Losada Malvárez, Juan Carlos: Ideología del ejército franquista, 1939-1959, Istmo, Madrid, 1990.

Olmeda Gómez, José Antonio: Las fuerzas armadas en el Estado franquista, El Arquero, Madrid, 1988.

Puell de la Villa, Fernando, y Sonia Alda Mejías (eds.): Los ejércitos del franquismo (1939-1975), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2010.

EL NACIONALCATOLICISMO

por

HILARI RAGUER

El vocablo nacionalcatolicismo, que llegaría a ser una denominación característica del franquismo, nació de modo más bien jocoso. El canónigo José María González Ruiz lo lanzó, con su humor sevillano, en una entrevista de una revista francesa, como un juego de palabras irónico entre el nacionalsindicalismo español, que era el nombre oficial del Régimen, y el nacionalsocialismo alemán. El término adquirió rigor científico cuando Alfonso Álvarez Bolado le dedicó varios artículos, que se recopilaron en el libro El experimento del nacionalcatolicismo. En esencia, el nacionalcatolicismo español consiste en que todo buen español ha de ser católico, apostólico y romano y, recíprocamente, todo católico español ha de ser buen español, pero identificando el españolismo con el franquismo.

Curioso precedente del nacionalcatolicismo español fue Napoleón Bonaparte, con su «catecismo imperial» que, más que dogmas, inculcaba a los franceses desde su tierna infancia, como una exigencia del cuarto mandamiento, «honrarás padre y madre», el respeto y obediencia al emperador, el pago de los impuestos y el cumplimiento del servicio militar. Napoleón examinó personalmente el texto, lo juzgó poco patriótico y lo retocó con añadiduras y modificaciones. El papa Pío VII lo rechazó, pero fue aprobado por el legado pontificio Caprara en 1806. Napoleón decía que para él el misterio de la Encarnación era el misterio del orden público.

Guillermo Rovirosa, fundador del movimiento católico obrero HOAC, pertenecía al comité organizador de las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, importante plataforma de debate que ejerció una marcada función crítica, hasta que el Gobierno las prohibió. Me contaba que, cuando empezaron a oírse entre los mismos cristianos españoles, sobre todo en la Acción Católica especializada (obrera o juvenil), voces que discrepaban del nacionalcatolicismo imperante, en uno de aquellos encuentros cierto obispo español dio una conferencia sobre la obediencia a la autoridad. Citó las palabras de san Pablo: «Que todos obedezcan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien resiste a la autoridad, resiste a Dios» (Romanos 13, 1-2). Glosaba aquel prelado este pasaje paulino en el sentido de que un cristiano español pecaba si disentía políticamente de Franco (no lo aplicaba a la rebelión de 1936 contra la República, que la Santa Sede, y todos los obispos españoles siguiendo la consigna vaticana, habían acatado como autoridad legítima). Al terminar su exposición, un cristiano polaco le preguntó cómo tenía que aplicar aquella doctrina a su país, regido por un gobierno comunista. El obispo, que evidentemente no había tenido en su mente más que la situación española, juzgada ideal, quedó tan desconcertado que ni le salían las palabras y solo acertó a tartamudear.

Aunque tiene su precedente histórico en la secular alianza del trono y el altar, el nacionalcatolicismo español surgió de la guerra civil. Sin embargo el golpe militar de julio de 1936 no se dio en defensa de la religión. Ni uno solo de los bandos de declaración del estado de guerra que se proclamaron en todas las capitales donde una parte del Ejército se sublevó indicó entre sus motivaciones la religiosa. El general Mola, el «Director», preveía una dictadura republicana laica. Su mensaje del 23 de julio anunciando la constitución en Burgos de la Junta de Defensa habló de reconstrucción, orden y disciplina y tampoco mencionó la religión. El 24, la primera declaración programática de la flamante Junta de Defensa fue un manifiesto contrarrevolucionario, anticomunista y antiseparatista, en defensa del orden. El general Cabanellas, que por antigüedad presidía la Junta, era notorio masón (lo que entonces era incompatible con la religión católica). Sanjurjo y Queipo no se distinguían por su religiosidad y de Franco el mismísimo De la Cierva ha escrito: «No era un anticlerical, pero tampoco una excepción fervorosa en su ambiente y en su herencia castrense». Solo Dávila era plenamente católico. Pero muy pronto, sobre todo en Navarra, se sumaron al movimiento miles de católicos convencidos de que aquello era una guerra santa y Mola no dudó en acogerlos y «bautizar» su pronunciamiento ateo.

Jorge Vigón, miembro de la Unión Militar Española y nacionalista ultracatólico de Acción Española, anotó en su diario ante el espectáculo de la gran misa de los requetés en Pamplona antes de partir para el frente: «Santiago. Misa de campaña en la Plaza de Castilla. Cabanellas, con boina roja, preside la consagración al Sagrado Corazón de Jesús (no tengo fiebre; estoy seguro de haberlo visto)». Madrid bien valía una misa. Pero el golpe fracasó como tal y desembocó en una guerra civil presumiblemente larga que se decidiría en las cancillerías europeas, porque ambos bandos solo disponían de municiones para breve tiempo y necesitaban ansiosamente suministros del extranjero. A estos efectos, la sobrecarga religiosa asumida por los rebeldes, en contraste con la persecución religiosa desencadenada en la zona leal, resultó muy ventajosa. A mediados de agosto Mola, en el famoso discurso por Radio Castilla (en el que acuñó la expresión «quinta columna», suprimida luego en la versión divulgada por las represalias que provocó) proclamó que se proponían «edificar un Estado grande, fuerte y poderoso que ha de tener por galardón y remate allá en la altura una Cruz de amplios brazos, señal de protección a todos. Cruz sacada de los escombros de la España que fue, pues es la Cruz símbolo de nuestra religión y nuestra fe». Todavía el 1.º de octubre Franco, en su discurso de toma de posesión de la Jefatura del Gobierno del Estado (convertida por él en Jefatura del Estado), habló de separación de Iglesia y Estado, lo que según el magisterio eclesiástico de entonces era una herejía.

El 7 de octubre la Junta Nacional Carlista de Guerra escribió una carta a Franco diciendo: «… pero al mismo tiempo es inexcusable para nosotros llamar su atención sobre la declaración de V. E. radiada por Radio Castilla en primero del corriente mes, en la que junto a conceptos que merecen nuestra más entusiasta aprobación, como los dirigidos a desahuciar el sufragio inorgánico y a repudiar las relaciones con los Soviets, hay algún otro como el relativo a la aconfesionalidad del Estado, que como españoles y católicos, no está en nuestra mano pasar en silencio». También Gomá lo atestigua en carta a Pacelli del siguiente día 24:

Un episodio desagradable pudo inspirar algún temor sobre la actuación futura del general Franco. En su declaración política, al empezar a ejercer su mandato, dijo ante el micrófono, y las oyó toda España, estas palabras: «España será un Estado aconfesional». Por aclaraciones posteriores, no se les puede dar alcance ninguno: primero, porque se trataba de unas cuartillas que había redactado persona muy conocida y que el general leyó ante el micrófono sin previa lectura privada; segundo, porque al día siguiente sus ayudantes desvirtuaron por encargo de su general el valor que pudiesen tener estas palabras; y finalmente, porque el mismo general, acosado por la copiosa correspondencia y visitas de protesta por tales palabras, ha dicho que él no intentaba más que concretar la libertad del Estado en sus atribuciones específicas, diciendo estas textuales palabras: «¡Lo que yo no quiero es que haya obispos que sean factura de Romanones!», aludiendo al célebre político de la monarquía.

José María Pemán escribió en 1937: «El humo del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios, son una misma voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar un mundo y restaurar una civilización». La denominación de «Cruzada» no tardó en ser aplicada a la contienda por parte de eclesiásticos, incluso algún obispo (nótese que ningún Papa utilizó jamás tal calificativo para la guerra de España). Pero el texto más representativo de este fervor de «cruzados» es probablemente el Poema de la Bestia y el Ángel, de Pemán, que aplicó a la guerra civil todo el simbolismo del libro del Apocalipsis. Refiere Iribarren, el secretario de Mola, que cuando este y Franco se encontraron en Burgos, Franco le contó a aquel «lo encantados que vienen los moros a la guerra. Llevan detentes del Corazón de Jesús, que en Sevilla les colgaron las muchachas. Dicen: hace tiempo que no podíamos matar hebreos».

Visto el panorama, hasta los no creyentes iban a misa. Ante los tribunales militares, la vida misma podía depender de un aval del párroco acreditando que el acusado era católico practicante. Tomás Muniz, arzobispo de Santiago, en una circular del 14 de septiembre de 1936, prohibió a los párrocos dar certificados de buena conducta religiosa a los que habían pertenecido a sociedades marxistas: «Certificarán en conciencia, sin miramiento alguno, sin atender a consideraciones humanas de ninguna clase». El obispo de Lugo, Rafael Balanzá, lo restringió aún más el 30 de noviembre:

Las certificaciones se referirán siempre a determinado tiempo, porque se dan casos de personas que cumplieron sus deberes religiosos en años lejanos [monarquía] y dejaron de cumplirlos durante el nuevo régimen [República], o que en los últimos años no recibieron los sacramentos, ni ayudaron al sostenimiento del clero, y desde hace unos meses se portan como si fueran católicos fervorosos.

Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, en una valiente alocución del 15 de noviembre de 1936 denunció la práctica habitual de que, cuando un requeté había muerto en el frente y lo llevaban a su pueblo a enterrar, después del sepelio fusilaban a unos cuantos vecinos considerados «rojillos». «¡Perdón, perdón! ¡Sacrosanta ley del perdón! ¡No más sangre, no más sangre!», clamó Olaechea. Pero, consciente de que entonces muchos no creyentes, por miedo, practicaban, exhortó a recibirlos con caridad:

Almas que vienen en tropel y temblorosas a la Iglesia en busca del bautismo y matrimonio, confesión y eucaristía. Vienen con sinceridad; pero no venían antes. Se han roto los eslabones de las cadenas que las aprisionaban y corren al caliente consuelo de la fe. Pero traen el miedo, atravesado como una daga, en el alma. Y los hemos de ganar con la sinceridad de nuestra fe, con la sinceridad de nuestro cariño, con la justicia social y la caridad.

En este clima religioso, se multiplicaron los decretos que concedían honores y facilidades a la jerarquía católica y a las instituciones eclesiásticas. La Diputación de Navarra, que al principio se había arrogado un poder soberano, derogó de golpe las leyes republicanas sectarias, restableció la Compañía de Jesús y le restituyó las propiedades incautadas. Las autoridades de Burgos fueron por el mismo camino, pero mucho más lentamente. En la cuestión escolar, tan polémica en la etapa republicana, se dio satisfacción a la Iglesia. Una Orden de 26 de septiembre de 1936 mandó expurgar los textos para que no hubiera nada contrario a la fe o la moral católicas, se ordenó «la precisa separación de sexos» y, mientras se elaboraban nuevos libros de texto, se programaron conferencias de temas religiosos. El 17 de octubre se restableció para los ordenados in sacris la exención del servicio militar. Más que las disposiciones mismas, fueron las exposiciones de motivos las que revelaron la ideología nacionalcatólica. El 30 de octubre se implantó el «plato único» justificándolo «por las múltiples atenciones benéficas a que un Estado moderno y benéfico ha de hacer frente». Era copia servil de una institución nazi, pero para cristianizarla (y de paso aumentar la recaudación) una Orden del 17 de julio de 1937 dispuso que, en vez de los días 1 y 15 de cada mes, se observaría todos los viernes del año. El 1 de octubre de 1937 se instituyó la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas para que fuese «Cruz de Cruzados» para los que tomaban parte en aquella «cruzada contra la barbarie comunista»; con la misma fecha fundacional, Franco concedió las primeras «Cruces de Cruzados», en su grado máximo, a tres cristianos un tanto peculiares: Víctor Manuel III, Benito Mussolini y Adolfo Hitler.

El 11 de septiembre de 1936 se asignaron las clínicas psiquiátricas militares a los Hermanos de San Juan de Dios. El 6 de diciembre se incorporaron al Ejército los capellanes castrenses, licenciados por la República. En la misma fecha se declaró festivo el día de la Inmaculada, «interpretando el espíritu tradicional del pueblo español». El 22 de marzo de 1937, en la inminencia de la primera semana santa del Nuevo Estado, se declararon festivos el Jueves y Viernes Santos. El 9 de abril, en vigilias del mes de mayo, se ordenó que en las escuelas figurase una imagen de la Santísima Virgen, «preferentemente en la españolísima advocación de la Inmaculada Concepción, quedando a cargo del maestro o maestra proveer a ello, en la medida de su celo» (o sea que demostrará su celo costeándola); durante el mes de mayo, «siguiendo la inmemorial costumbre española, los maestros harán con sus alumnos el ejercicio del mes de María ante dicha imagen»; cada día, a la entrada y salida de la escuela, los niños saludarán diciendo «Ave María Purísima» y el maestro contestará: «Sin pecado concebida».

Al ritmo de las fiestas que se avecinaban, se sucedieron las disposiciones piadosas. El 22 de mayo se declaró festivo el día de Corpus, ya que esta festividad «está vinculada a páginas gloriosas de nuestra historia y con marcada influencia en la literatura española del siglo de oro». El 21 de julio, recordando «la universal significación que en el orden histórico tiene el Apóstol Santiago se destaca más singularmente en España, lugar de sus predicaciones y deudora de los mejores gestos de su glorioso pasado», se proclamó fiesta nacional el 25 de julio y se restableció la antigua ofrenda del tributo al Apóstol. En 1938 Serrano Suñer la haría con estas palabras: «Vos [Santiago] fuisteis en el Colegio de Nuestro Señor Jesucristo un temperamento español […]. Fuisteis vos quien pidió fuego del cielo que consumiera las gentes protervas». Hasta lo empadronó como gallego: «De vuestra Galicia surgió el protomártir de nuestro Movimiento, José Calvo Sotelo. Ella engendro y formó con hálitos marinos —broncos e imperiales— y con suaves delicias de cantigas y de rías misteriosas al Caudillo de España, cuyos ojos reflejan toda la fe jacobea».

Entre toda esta legislación destaca, por su importancia perdurable, la ley de reforma de la enseñanza secundaria de 20 de septiembre de 1938, que abrió paso generosamente a los colegios privados.

Pero las grandes leyes de la República en materia religiosa (cementerios, divorcio, matrimonio civil, congregaciones religiosas, presupuesto de culto y clero) seguían vigentes. Hay un fuerte contraste entre el aparente idilio público Iglesia-Gobierno y las fuertes tensiones que la documentación reservada revela. El 29 de diciembre de 1936 el cardenal Gomá, que regresaba de Roma con el nombramiento de «agente confidencial y oficioso» del Papa, se entrevistó con Franco y acordaron seis puntos que fueron como el embrión del futuro concordato. En el 5 Franco «se complace en ofrecer a la Santa Sede el propósito de modificar o derogar aquellas leyes que por su letra o su tendencia están disconformes con el sentido católico». Era un propósito de futuro: «Para ello aprovechará las coyunturas favorables». En realidad las aprovechó para presionar al Papa para que lo reconociera plenamente y le concediera el derecho de presentación de obispos. Dos meses después, en otra entrevista, el 3 de marzo de 1937, Franco dijo a Gomá:

Yo deseo tanto como la Iglesia raer de la legislación española cuanto sea atentatorio a la conciencia católica del país; pero, primero, no me parece oportuno derogar leyes tan fundamentales sin la solemnidad análoga a la que las creó; y en segundo lugar, me veo ahora precisado a tratar, en España y fuera de ella, con gentes cuyo concurso necesito y que podrían recelar, desde sus puntos de vista, de una actuación demasiado rápida en el sentido que Su Eminencia me indica. Cuando hayamos logrado la fuerza que esperamos dentro de poco tiempo, procederemos sin trabas.

Gomá, en nombre de la Conferencia de Metropolitanos, insistía una y otra vez en la derogación de aquellas leyes, pero Franco se las reservó como arma de negociación con el Vaticano.

En septiembre de 1938 se produjo en el seno del consejo de ministros una fuerte discusión entre el ministro de Justicia, conde de Rodezno, y el de Asuntos Exteriores, el general conde de Jordana. Curiosamente, era el tradicionalista Rodezno quien quería que se amenazara al Vaticano con la ruptura de relaciones diplomáticas (que en mayo-junio anterior habían alcanzado, por fin, su grado máximo, con intercambio de nuncio y embajador). Rodezno, fiel a la doctrina integrista, se oponía a la política que hasta entonces se había seguido de reservarse la derogación de las leyes republicanas y sobre todo el restablecimiento del presupuesto de culto y clero como arma de negociación con Roma, porque decía que esta política liberal del do ut des era impropia de un gobierno católico. Que se promulgara, pues, unilateralmente toda la legislación propia de un Estado católico, pero si entonces la Santa Sede no reconocía inmediatamente al jefe del Estado el derecho de presentación de obispos y demás privilegios concordatarios, que se rompieran las relaciones diplomáticas. El general Jordana, realista, se opuso a este radicalismo, sosteniendo que «mientras perdure la guerra ni tan siquiera cabe pensar en la posibilidad de semejante ruptura, por las funestísimas consecuencias que acarrearía a nuestra situación exterior y aun acaso a la interior».

Franco, que siempre procuró no topar con la Iglesia (recordemos su intervención in extremis en el caso Añoveros) hizo suyo el parecer de Jordana y el consejo de ministros acordó continuar la misma política negociadora. Las derogaciones fueron cayendo tardía y lentamente. La ley de matrimonio civil no fue derogada hasta el 12 de marzo de 1938 casi dos años después del alzamiento. La Compañía de Jesús, disuelta por la República, fue restablecida por un decreto del 3 de mayo de 1938. Finalmente el presupuesto de culto y clero, que remediaba la angustiosa situación económica de la Iglesia española, no se repuso hasta después de la victoria, el 9 de noviembre de 1939.

Con una cadena de decisiones militares que sus mejores generales y los asesores alemanes e italianos atribuían a incompetencia, Franco había alargado intencionadamente aquella sangrienta guerra para ir forjando con una hábil propaganda (a la que contribuyeron con entusiasmo los obispos) su mito de general invicto, enviado de Dios, y su poder absoluto. El parte de la victoria, redactado personalmente por el «Caudillo», anunciaba el 1 de abril: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado nuestras tropas sus últimos objetivos militares». Quedaban los objetivos no militares, entre ellos el control religioso mediante el nacionalcatolicismo.

La celebración de la victoria tuvo una expresión militar, el desfile de ciento veinte mil soldados el 19 de abril de 1939, y, al día siguiente, la religiosa, en la iglesia madrileña de Santa Bárbara, con la entrega de la espada del «Caudillo» victorioso al cardenal Gomá, ante el Cristo llamado de Lepanto porque según la tradición lo había tenido en aquella batalla don Juan de Austria en su nave capitana, el Arca Santa de Oviedo y las cadenas de las Navas de Tolosa. Se entonaron cantos de un antifonario mozarábico del siglo X y se rezaron las Orationes de regressu Ducis de proelio, de un Liber Ordinum del siglo VII. Giménez Caballero comentó: «Hoy ha sido ungido Francisco Franco». El diario Arriba exultó: «Después de la Victoria, la Iglesia, el Ejército, el Pueblo, han consagrado a Franco Caudillo de España». Pero el conde de Rodezno, partidario de la restauración monárquica, anotó en su diario: «Esto parece que toma rumbos de poder personal indefinido».

Parecido mensaje, de lo que la Iglesia debía al Ejército, se había expresado con la estudiada ceremonia de la «reconciliación» (tras la profanación revolucionaria) de la catedral de Tarragona, el 21 de enero de 1939. La ofició el canónigo de la catedral de Salamanca don José Artero, uno de los jefes del servicio de recuperación de locales y objetos de culto (y probablemente uno de los cuatro sacerdotes salmantinos que, después de la intentona de Sanjurjo en agosto de 1932, habían ayudado a uno de los cabecillas a huir a Portugal). A la puerta de la catedral y ante una compañía de infantería que rendía honores, un soldado presentó en una bandeja de plata la llave del templo a un teniente del Servicio Artístico de Vanguardia, que se la entregó al gobernador militar, y este abrió con ella el gran portón de la catedral. «Seguidamente —cuenta la crónica local— el clero, oficiando don José Artero, hizo las aspersiones de ritual a los que entraban y procesionalmente se dirigió al altar mayor, cantando las antífonas y Miserere de la Reconciliación Litúrgica». A continuación el Dr. Artero «hizo una plática de hondo sentimiento español», en la que llegó a decir: «¡Perros catalanes! ¡No sois dignos del sol que os alumbra!».

El cardenal Vidal i Barraquer, que desde su exilio en la cartuja de Lucca se mantenía bien informado de la situación, la describió así a Pío XII, el 25 de noviembre de 1939:

Su religión consiste principalmente en promover actos aparatosos de catolicismo, peregrinaciones al Pilar, grandes procesiones, entronizaciones del Sagrado Corazón, solemnes funerales por los Caídos con oraciones fúnebres. Organizan espectacularmente la asistencia a Confirmaciones y Misas de Comunión, y sobre todo inician casi todos los actos de propaganda con Misas de Campaña, de las que se ha hecho un verdadero abuso. Manifestaciones externas de culto que más que actos de afirmación religiosa tal vez constituyan una reacción política contra el laicismo perseguidor de antes, con lo cual será muy efímero el fruto religioso que se consiga, y en cambio se corre el peligro de acabar de hacer odiosa la religión a los indiferentes y partidarios de la situación anterior.

El Catecismo patriótico español de González y Menéndez-Reigada, publicado por primera vez en 1937 y declarado en 1939 libro de texto para las escuelas, enseñaba (como el de Napoleón, más arriba citado) que debía honrarse a la patria en sus representantes, «principalmente el Caudillo, que es como la encarnación de la Patria y tiene el poder recibido de Dios para gobernarnos». «Caudillo de España por la gracia de Dios», repetirán las monedas al pasar de mano en mano.

Un testigo importante del clima nacionalcatólico imperante fue el canónigo ovetense Maximiliano Arboleya Martínez, sin duda la personalidad más destacada del catolicismo social español de entonces. Desde su soledad vio apenado cómo sus antiguos compañeros del Grupo de la Democracia Cristiana se sentían contentos y satisfechos con el nuevo régimen. El que había sido líder del grupo, Severino Aznar, exultaba, porque después de tantos años de luchar por la implantación de la doctrina social de la Iglesia sin lograr nada, ahora le dejaban hacer todo y le cubrían de honores, cargos y encargos. «Aunque le parezca mentira —escribía Aznar a Arboleya en 1943— este Gobierno va realizando el programa de la democracia cristiana con más sinceridad y energía que el de Gil Robles». Arboleya no pudo menos que contestarle:

Resultaría muy doloroso verle a usted (a usted y a estas alturas, y cuando nuestros ideales triunfan en todas partes) acomodando la democracia cristiana a lo que hay de más opuesto a ella […]. Preferiría verle a usted combatiéndola y reconociendo su error de tantos años, que yo sigo creyendo acertados y gloriosos, a pesar de nuestros fracasos, que también pueden estar saturados de gloria.

Tan cambiado vio Arboleya a su en otro tiempo íntimo amigo don Severino que en una carta a un común amigo le llamó «el ex Aznar». Discrepaba también de este en cuanto a la protección que el Estado dispensaba a la Iglesia, pues Arboleya estaba convencido de que a no tardar resultaría contraproducente. En su libro Técnica del apostolado popular (Barcelona, 1945; no pudo aparecer en Madrid, a pesar de su amistad personal con el obispo Eijo Garay, a quien tuteaba, porque el censor eclesiástico juzgó que atacaba demasiado duramente a la Acción Católica), escribía Arboleya que mal andaban las cosas cuando en algunos barrios la Guardia Civil tenía que proteger a las procesiones religiosas para que el pueblo no las apedrease. Decía a Eijo Garay con sinceridad: «Te creo convencido de que nuestro pueblo —los obreros y empleados, así como gran número de campesinos— está hoy más alejado de nosotros que antes de la guerra». Se horrorizaba de que en la zona minera de su tierruño asturiano los sacerdotes y algunos «católicos de acción» le dijesen: «Estamos admirablemente y no hay peligro alguno de que volvamos a las andadas mientras siga aquí la tropa».

Un párroco de suburbio de Madrid —refiere también Arboleya— respondió muy feliz al obispo Eijo Garay, que le preguntó cómo iban los muchachos de la zona: «Antes no venían a misa, ahora nos los traen formados». En el régimen nacionalcatólico, el Estado prestaba a la autoridad eclesiástica su soporte político, social y económico y ponía todo el aparato institucional al servicio de la actividad pastoral de la Iglesia. Había clase de religión desde la primaria hasta la universidad, capellanías en el Ejército, cárceles y hospitales, censura de cátedra, prensa, espectáculos, modas y playas. La Iglesia, por su parte, avalaba a la autoridad civil y exigía bajo pena de pecado a sus fieles que la obedecieran.

Permítaseme añadir unas anécdotas rigurosamente históricas, y que no por pintorescas dejan de ser significativas. El humorista Chumy Chúmez hablaba muy en serio de cuando servía como alférez de complemento en jerez de la Frontera. Llegó un nuevo reemplazo y al tomar la filiación a los mozos les preguntaban nombre, apellidos, nombres de los padres, filiación… religión. Todos contestaban: «católica», y se les anotaba: «CAR», abreviatura de «Católica, Apostólica, Romana». Hasta que uno contestó: «ninguna». El escribiente le insistió en que había que hacer constar alguna religión, y el joven dijo: «Entonces ponga: la actual». Conté esta anécdota en una conferencia y, en el coloquio final, uno de los asistentes explicó que a él le había sucedido algo parecido. También había contestado que no tenía ninguna religión y el escribiente, para evitar problemas, le dijo: «Mira, pondremos CAR». «Y esto, ¿qué significa?»: «En tu caso, significará “Carece de Actividades Religiosas”».

La cuestión del nombramiento de obispos era acuciante. Entre las víctimas de la persecución y las muertes por causa natural había una larga lista de diócesis vacantes, que pedían urgentemente un pastor. Tras complicadas negociaciones, el 7 de junio de 1941 firmaron el nuncio Cicognani y el ministro de Asuntos Exteriores Serrano Suñer un acuerdo para el nombramiento de obispos, que fue el antecedente inmediato del concordato de 1953. El retorcido procedimiento de nombramiento fue elaborado personalmente por Pío XII. Al producirse una vacante, el nuncio, de forma confidencial, se pondría en contacto con el Gobierno y, de común acuerdo, enviaría a la Santa Sede una lista de nombres, al menos seis, de los que el Santo Padre escogería tres (la famosa «terna», en la que el Papa, si no le gustaba ningún candidato de la lista, podría incluir otros nombres) y los comunicaría al Gobierno. Entonces el jefe del Estado presentaría oficialmente a uno de los tres para que el Papa lo nombrara obispo. Era, pues, el viejo privilegio del derecho de patronato de los reyes de España, pero con serias limitaciones. Se le llamó «acuerdo para el nombramiento de obispos», pero en realidad era un acuerdo para «no» nombrar obispos. Cualquiera de las dos partes podía bloquear el proceso y así daba al Gobierno la seguridad de que la Santa Sede no nombraría obispos nacionalistas para Euskadi o Cataluña en tanto que la Santa Sede podría impedir que el jefe del Estado presentara obispos falangistas.

Entre los papeles de Franco se han encontrado las informaciones que la policía y el servicio de información de Falange le transmitían sobre los candidatos al episcopado. En un primer momento se cubrieron todas las diócesis vacantes pero más adelante, hacia los años sesenta, los expedientes se bloquearon por los vetos de uno y otro lado y se llegó a un impasse que produjo otra vez una larga lista de diócesis huérfanas. Según el artículo 9 del acuerdo, el Estado se comprometía a cumplir los cuatro primeros artículos del concordato de 1851. El primero de ellos decía: «La Religión Católica, que con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica».

El cardenal Gomá había empezado su discurso del 28 de mayo de 1938 en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest afirmando: «Señores congresistas: No creo inferir agravio a ninguno de los pueblos católicos representados en el Congreso Eucarístico de Budapest si digo que España ha ido a la delantera de todos en la fe y en el amor a Jesucristo». A esta misma convicción de que España era el país más católico del mundo respondía un curioso proyecto que por el apellido de su principal autor se denominó «Plan D». José María Doussinague y Teixidor, amigo personal de Serrano Suñer y bien considerado por el propio «Caudillo», estuvo al frente de un grupo de diplomáticos que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, hacia 1942, prepararon un plan grandioso que pretendía hacer de España la cabeza de un nuevo orden internacional, supuestamente basado en las ideas que Pío XII había expuesto en su mensaje de Navidad de 1939 como condiciones para una paz estable. Era como si desarrollara aquel pintoresco lema de «Por el Imperio hacia Dios». De acuerdo con la megalomanía que pretendía devolver España al nivel de primera potencia de que había gozado en los siglos de oro, acaudillaría a medio mundo en nombre de Dios y del Papa. Pero ya los primeros tanteos pusieron de manifiesto el total irrealismo del plan.

1945 fue el annus horribilis de Franco. El 6 de junio de 1944 los aliados habían desembarcado en Normandía, el 7 de mayo de 1945 se rindió Alemania y el 14 de agosto lo hizo Japón. El 12 de febrero los jefes de estado aliados, reunidos en Yalta, declararon que todos los países satélites del Eje tendrían elecciones libres y el 17 de julio, en Potsdam, condenaron explícitamente el régimen de Franco. El 19 de junio la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por aclamación la propuesta de la delegación mexicana (influida por el gobierno de la República en el exilio) de excluir de la organización a «los regímenes instaurados con la ayuda de los ejércitos de los estados que habían luchado contra las Naciones Unidas».

Franco emprendió una operación de maquillaje de su Dictadura para darle una apariencia demócrata cristiana, o al menos cristiana. El Vaticano, a pesar de sus tensiones con Franco, la vio bien, porque no deseaba el regreso a España del sector más extremista de los vencidos de la guerra civil. El principal instrumento para esta operación fue Alberto Martín Artajo, presidente de la Acción Católica y miembro destacado de la influyente Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Martín Artajo consultó al cardenal Pla y Deniel (y este con el Nuncio) y creyeron que, aceptando, podrían presionar a Franco en un doble sentido: restablecimiento de la monarquía y anulación del influjo falangista filonazi.

El 18 de julio de 1945, entre la rendición de Alemania y la del Japón, Franco formó un nuevo gobierno, sacando a los ministros más falangistas, amigos de Alemania y poniendo a Martín Artajo en Asuntos Exteriores y a otro católico, antiguo miembro de la CEDA, Fernández Ladreda, en Obras Públicas. Aquel parche católico del 1945 significó un buen alivio en la angustiosa situación de Franco, pero lo que finalmente le salvó fue la guerra fría, que lo convirtió en adalid del anticomunismo y «centinela de occidente».

La cumbre del nacionalcatolicismo franquista fue el concordato de 1953. Tras la firma del acuerdo de 1941, Serrano Suñer había declarado que era «un paso definitivo para la conclusión de un nuevo Concordato, en el que España haga presente su fervoroso deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional». Siendo ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo se constituyó en 1949 una comisión interministerial para elaborar un primer borrador, que fue aprobado por la comisión en marzo de 1950. Era año jubilar y Martín Artajo peregrinó a Roma presidiendo una misión extraordinaria. Aprovechó la ocasión para hablar con Pío XII y con los dos prosecretarios de Estado, Montini y Tardini. A principios de 1951 la comisión interministerial aprobó definitivamente el texto que se presentaría a la Santa Sede como base para la negociación. El 6 de marzo Franco lo entregó al embajador Ruiz-Giménez diciéndole: «Llévelo al Padre Santo y dígale que para elaborarlo se han reunido en torno a esta mesa cinco hombres cristianos». El 6 de abril Ruiz-Giménez puso solemnemente el documento en manos del Papa, junto con una carta personal de Franco en la que le decía que, una vez decidida a favor de España la batalla internacional, cumplía el compromiso adquirido en 1941 (¡diez años antes!) y ofrecía a la Santa Sede el texto de un concordato.

En julio de aquel mismo 1951 hubo cambio de Gobierno en España: Ruiz-Giménez pasó a ministro de Educación Nacional y Castiella le sucedió en la embajada vaticana. Tras dos años más de negociaciones, el texto definitivo lo firmaron en el Vaticano, el 25 de agosto de 1953, Alberto Martín Artajo en nombre de Franco y Tardini, prosecretario de Estado, en el de Pío XII.

El artículo I del concordato declara que «la religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española», con lo que reprodujo el artículo primero del concordato de 1851, uno de los que el acuerdo de 1941 había declarado vigentes, pero con un importante cambio, pues ya no se decía: «… con exclusión de cualquier otro culto». El motivo era que Estados Unidos y Gran Bretaña presionaban en favor de los protestantes. Lo de «sigue siendo la única de la nación española», si bien se tomó del concordato de 1851, suena un poco a refutación de las famosas palabras de Azaña, la noche del 13 al 14 de octubre de 1931, en el debate de la cuestión religiosa en las Cortes: «España ha dejado de ser católica». Aunque nada innovaba, tal vez el artículo más importante (y discutido) fue el VII, en virtud del cual «para el nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con derecho de sucesión» continuarían vigentes las normas del acuerdo de 1941, o sea la lista de seis y la terna.

Algunos años más tarde, por el agujero de los obispos auxiliares, que el acuerdo de 1941 y el concordato de 1953 habían dejado abierto, entre Pablo VI y el buen nuncio Dadaglio lograron dar un vuelco al episcopado español porque en la conferencia episcopal española que se crearía después del Vaticano II los auxiliares tenían el mismo derecho de voto que los residenciales. El Gobierno se sintió engañado y protestó por lo que consideraba un «fraude de la ley», pero el Vaticano se atuvo a la letra del concordato.

El éxito de este, al hacerse público, fue delirante de parte y parte: Franco recibía el espaldarazo definitivo del Vaticano y la Iglesia veía reconocidas todas sus reivindicaciones históricas, más generosamente que en cualquier otro concordato. El catedrático de Derecho canónico de la Universidad de Madrid Eloy Montero afirmó que «es, sin duda, el más conforme a la doctrina de la Iglesia que haya podido ajustarse a través de todas las épocas de la historia». Otro ilustre canonista, Laureano Pérez Mier, auditor de la Rota, apreció en él «una compenetración de los ordenamientos canónico y civil más cumplida y extensa que la llevada a cabo en los concordatos anteriores con cualesquiera otras naciones». Lamberto de Echevarría, decano de la Facultad de Derecho canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, opinó que era «modelo desde el punto de vista del derecho público eclesiástico». Y el padre Fernández Regatillo, S. J., príncipe de los canonistas-moralistas, afirmó solemnemente: «Nosotros, después de haber recorrido los 150 convenios o concordatos celebrados entre la Santa Sede y los diversos Estados en el correr de los siglos; después de haber explicado muchos años la asignatura de Concordatos, no creemos aventurado el afirmar que este se lleva la palma entre todos los de otras naciones y de todos los tiempos».

Trujillo, que desde 1930 gobernaba dictatorialmente la República Dominicana, quería también un concordato. Preguntó cuál era, según la Santa Sede, el mejor modelo. Le dijeron que el recién firmado con España y ofreció aceptar otro igual, que, en efecto, tras rapidísima negociación, se firmó el 16 de junio de 1954. Trujillo murió asesinado en 1961, en vísperas de inaugurarse el Concilio Vaticano II que supuso, como entonces se dijo, «el fin de la era constantiniana».

El concordato español no sería el primero de una nueva era de concordatos, como pretendió Franco al presentarlo a las Cortes, sino el último de la era antigua. Nació herido de muerte. Fue el canto del cisne de la «tesis católica» del Estado confesional porque era el ejemplo más perfecto que imaginarse pudiera de un determinado modo de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado que, cuando se firmó, ya lo rechazaban los sectores más lúcidos de la Iglesia.

Esto se vería clamorosamente diez años más tarde, en el Concilio Vaticano II (1962-1964). A la consulta de Juan XXIII al episcopado mundial sobre qué medidas debería adoptar el concilio recién convocado, los obispos españoles (con alguna honrosa excepción, como el antifranquista Pildain) habían pedido sobre todo la condena del comunismo y la intensificación de la devoción a la Virgen, pero una vez empezado el Concilio la mayoría de ellos (sobre todo los obispos auxiliares y, lo que era casi lo mismo, los jóvenes), seducidos por la personalidad de Juan XXIII y el clima conciliar, se sumaron a la mayoría renovadora.

Quedó con todo un núcleo duro de prelados franquistas que se alinearon con la curia vaticana y la minoría conservadora. Ejemplo característico fue el del cardenal de Tarragona Arriba y Castro. Cuando en el aula se defendieron la libertad religiosa y la separación de Iglesia y Estado, comentó que el Espíritu Santo, que es quien inspira los concilios, no permitiría jamás que se aprobaran aquellas herejías, condenadas por Pío IX en el Syllabus (1864). Pero cuando una votación de tanteo mostró que la declaración sobre la libertad religiosa sería aprobada por abrumadora mayoría, dijo que si el Concilio lo aprobaba, él lo aceptaría, «pero esto no quita que hoy es el día más triste de mi vida» y aquel día no almorzó. Lo que se le hundía no era solo su teología, sino también su idea de España.

Antes de la votación definitiva, un grupo de obispos españoles que pensaban como él dirigieron una patética carta a Pablo VI alegando que ellos se habían opuesto decididamente al documento porque era contrario a lo que la Santa Sede había exigido siempre al episcopado español (y en esto no les faltaba razón) y pedían que Su Santidad lo retirara del debate conciliar (tal como había hecho con el celibato sacerdotal). Pablo VI no atendió a su petición, dejó que se aprobara la declaración sobre la libertad religiosa y al término del Concilio la promulgó solemnemente. Fue como un torpedo que estallara bajo la línea de flotación del nacionalcatolicismo español.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Díaz Salazar, Rafael: Iglesia, dictadura y democracia. Catolicismo y sociedad en España (1853-1979), Ediciones HOAC, Madrid, 1981.

González y Menéndez-Reigada, Albino: Catecismo patriótico español, reedición de Península, Barcelona, 2003.

Hernando, Bernardino M.: Delirios de cruzada, Ediciones 99, Madrid, 1977.

Marquina Barrio, Antonio: La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), CSIC, Madrid, 1983.

Raguer, Hilari: Réquiem por la cristiandad. El Concilio Vaticano II y su impacto en España, Península, Barcelona, 2006.

LA FALANGE

DE LA REVOLUCIÓN AL ACOMODAMIENTO

por

JOAN MARÍA THOMÀS

Bajo este nombre se denomina tanto al partido fascista español más importante de los años de la Segunda República —Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista)— como al partido único del régimen franquista —Falange Española Tradicionalista y de las JONS— creado durante la guerra civil —el 19 de abril de 1937— por decreto del general Franco. Esta FET y de las JONS, pasó a llamarse a partir de 1958, Movimiento Nacional. La casi homogeneidad de denominaciones y acrónimos entre las dos Falanges no fue casual sino pretendida, ya que el Régimen creó su partido único sobre el modelo falangista anterior. Los órganos de gobierno —Junta Política, Consejo Nacional—, su ideario —los «Veintiséis Puntos» copiados de los «Veintisiete» anteriores—, las secciones del partido y la denominación de los militantes de FET fueron copiados de FE. Hubo pues voluntad de mimesis. La unificación implicó la fusión de FE con la Comunión Tradicionalista —la organización política de los carlistas— en un partido nuevo, cuyo jefe Nacional fue Franco.

En la decisión unificadora del «Caudillo», y junto a la voluntad de acabar con una pluralidad de fuerzas políticas que se consideraba incompatible con los objetivos antidemocráticos de la guerra, intervino su voluntad de gobernar la esfera de las organizaciones políticas, con lo que reforzaría su poder. Al tiempo, mostró su voluntad de permanencia a largo plazo. Además, con la unificación Franco subió un peldaño crucial en el camino de construcción del Nuevo Estado al inclinarse por el modelo de los aliados nazis y fascistas: el régimen de partido único. Pero no era solo eso: FET y de las JONS se creó sobre el modelo de partido y de programa fascistas de FE, lo que parecía indicar que el Régimen seguiría el camino de sus homólogos. De hecho Franco mismo se sentía más próximo al fascismo de FE —con su deseo genérico de «justicia social» y de integración de lo que el llamado Generalísimo denominaba «el elemento obrero»— que al monárquico neoabsolutista de los carlistas, visto como valeroso pero poco «moderno» y apto para los tiempos que corrían. [→ ZONA FRANQUISTA].

La unificación fue de hecho una incautación por el hombre-Estado Franco de dos partidos. Dos partidos de importancia desigual, ya que FE era más numeroso, con sus decenas de miles de militantes de primera y segunda línea, organizaciones de mujeres (Sección Femenina), niños, jóvenes y estudiantes (Organizaciones Juveniles, Sindicato Español Universitario) y miles de milicianos en los frentes, encuadrados en sus centurias y banderas. Los carlistas también eran abundantes —con sus militantes masculinos, femeninos, jóvenes y niños— y con sus tercios de requetés en los frentes, pero habían sido ampliamente superados por los falangistas. Era una proporción completamente inversa de la de antes del inicio de la guerra. A partir del estallido de esta el fascismo falangista había sido capaz de atraer a masas de personas procedentes de la derecha y, seguramente más significativo, a personas sin adscripción política anterior que entonces, en medio de la conmoción y movilización que implica todo estado de guerra, y aún más una de tipo civil, se unieron a una organización que les parecía integradora, como era de hecho el discurso falangista con sus proclamas de «Brazos abiertos al obrero y al campesino», sus llamadas a la «Revolución Nacional Sindicalista» y la demanda de «Justicia Social».

Por otra parte FE era un partido huérfano de sus jefes carismáticos, al haber muerto casi todos ellos en los primeros meses de guerra a manos de los republicanos o estar prisioneros. Así, el jefe Nacional José Antonio Primo de Rivera había sido fusilado en Alicante en noviembre de 1936 y Onésimo Redondo, líder de la Falange castellana, había muerto en los primeros días; otros, como el secretario general Raimundo Fernández-Cuesta, el escritor Rafael Sánchez Mazas u otros como Valdés Larrañaga estaban en prisiones de la zona republicana. Al frente de FE en la zona franquista se encontraba una Junta de Mando Provisional presidida por Manuel Hedilla, jefe provincial de Santander in partibus. En la Junta estaban personas del entorno inmediato de José Antonio, como Agustín Aznar —jefe de la Primera Linea (las milicias)—, Sancho Dávila —jefe territorial de Andalucía y primo del jefe Nacional—, Rafael Garcerán —abogado pasante del jefe Nacional— y otros cuatro jefes territoriales. Igualmente ocupaba un lugar preeminente una de las hermanas de José Antonio, Pilar, delegada nacional de la Sección Femenina. Aunque la noticia del fusilamiento del jefe Nacional se mantuvo oculta al partido y en general, desde principios de 1937, el irregular funcionamiento de la Junta de Mando y el conocimiento de las intenciones de Franco de crear un partido unificado, junto con el cuestionamiento de Hedilla por algunos de los vocales, llevaron a la que podemos denominar «crisis de abril de 1937» que incluyó los llamados «sucesos de Salamanca». Al convocar Hedilla un Consejo Nacional para elegir un sucesor de José Antonio, Aznar, Dávila, Garcerán y Moreno le destituyeron, creando un triunvirato directivo el 16 de abril. La reacción del santanderino fue no aceptarlo y restablecer la disciplina y al ir a detener a Dávila se produjo un tiroteo en el que murieron un escolta de este y uno de los ayudantes de Hedilla. Franco apoyó a Hedilla en tales circunstancias y tres días más tarde, el 19, Hedilla fue elegido jefe Nacional de FE de las JONS. El apoyo del Generalísimo fue demostración de las buenas relaciones establecidas en los meses anteriores. Frente a la actitud chulesca hacia el general de los vocales citados, Hedilla había establecido una buena sintonía con él, trabajando para que, caso de hacerse la unificación por decreto, esta fuese favorable a FE. Como acabó sucediendo.

Franco aprovechó las querellas internas falangistas para publicar su decreto, si bien al parecer ya tenía intención de hacerlo de manera inminente en cualquier caso. Lo hizo el mismo día de la elección de Hedilla y ambos fueron aplaudidos por la multitud. No obstante, las presiones de los familiares de Primo sobre Hedilla, a quien acusaban «de haber vendido la Falange a Franco» y de haberlo hecho por ambición personal, junto con la sorpresa que para Hedilla y la cúpula de FE significó el nombramiento por Franco de la nueva dirección de FET —en la que solo un miembro de la dirección de FE, el propio Hedilla— formaba parte, llevaron a este a no querer tomar posesión del cargo. En su actitud hubo un componente personal —cerrar el paso a las acusaciones de que era objeto— pero también un intento de negociación con Franco respecto a una dirección de FET ampliada y de un mayor protagonismo en el proceso de construcción del partido único. Como es sabido, la negativa le costó el procesamiento —se le acusó de instigador de los sucesos de Salamanca— y, junto a un grupo de seguidores, fue condenado a muerte en un consejo de guerra. Permanecería en prisión cuatro años y alrededor de su figura algunos falangistas, y él mismo, crearían un «mito Hedilla» en tanto que defensor de una Falange pura ante la mistificada por Franco.

Sin embargo, la situación se recompuso rápidamente y el entorno familiar y cercano a José Antonio —grupo que tenía un concepto patrimonialista de FE— enlazó rápidamente con otro amigo del antiguo jefe Nacional, Ramón Serrano Suñer, exdiputado de la facción más ultraderechista de la CEDA y concuñado y consejero político de Franco. Este quería un partido único que no fuese una repetición de la amorfa Unión Patriótica de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, sino una organización con nervio para lo que, a través de Serrano, aceptó un acuerdo no escrito entre los cuadros más importantes supervivientes de la «vieja» Falange que permitiría desarrollar el partido. Serrano se convirtió así en hombre-puente entre el Generalísimo y los falangistas. Y mostró su propia y amplia disposición al desarrollo de FET y de las JONS, desarrollo del que él sería también beneficiario personal, convirtiéndose en los cuatro años siguientes en el auténtico hombre fuerte del partido. En 1939 el jefe Nacional lo nombró presidente de la Junta Política.

Por tanto, a la hora de la construcción del partido se optó por un modelo específico, el fascista de Falange Española de las JONS, y aún en buena parte por sus cuadros, en detrimento de los de las restantes fuerzas. Ello conllevó al progresivo distanciamiento de carlistas y alfonsinos, por no hablar del Ejército, que vio en Falange un competidor —que lo era— a la hora de la administración de la victoria una vez acabada la guerra en 1939. De hecho, muy pronto los carlistas se quejarían de haber sido objeto más que de una unificación con Falange de una absorción por aquella. Así, el partido creado para acabar con el pluralismo acabó siendo una más de las tendencias internas del Régimen, aunque con la forma del único partido oficialmente existente. Lo que llevaba aparejadas el control de la organización e importantes cuotas de poder. Consecuencia de ello fue que si bien todos los antiguos ultraderechistas monárquicos y los cuadros militares eran oficialmente militantes y tenían carnet de FET y de las JONS, una parte importante de ellos no se identificaba con los postulados fascistas ni militaba de facto en el partido único, sino que continuaba siendo más o menos fiel a su «familia» política.

En la inmediata posguerra el Régimen se aplicó a una ofensiva fascistizadora, llevada adelante por Serrano y los falangistas, con el apoyo de Franco. Se aprobaron diversas leyes de carácter totalitario y se desarrollaron iniciativas de reforzamiento del papel del partido. Las leyes fueron la del Frente de Juventudes, la de Unidad Sindical y la de Constitución de Sindicatos —después llamada de Bases de la Organización Sindical—. Las dos últimas concedían a la Delegación Nacional de Sindicatos de FET la exclusiva del encuadramiento y control del mundo del trabajo, tanto a nivel de las organizaciones empresariales como de los sindicatos. Mientras tanto, a través del Servicio Social de la Mujer, en manos a partir de 1939 de la Sección Femenina, y del citado Frente de Juventudes y del Sindicato Español Universitario (SEU), la Falange recibió el encargo de socializar políticamente a la mujer, a la juventud y al estudiantado.

Esta ofensiva acabó coincidiendo con el momento no ya de mayor proximidad con el Eje, sino de los intentos directos del Régimen por entrar en la segunda guerra mundial dentro del Eje. Intentos fallidos por la negativa alemana a conceder unas reivindicaciones territoriales coloniales a expensas de Francia que retrajeron a los dirigentes españoles. En la demanda coincidieron inicialmente FET y el Ejército, pero en los meses siguientes el segundo se retrajo en parte mientras Falange continuaba esperándola. Al producirse la invasión de la URSS por el Eje y sus aliados España enviaría una unidad —la División Azul— y a la hora de su formación y composición se produjeron nuevas tensiones entre Falange y Ejército. Digamos que el Ejército soportaba mal la preeminencia concedida por Franco al partido y se sentía postergado en tanto que vencedor de la guerra. Y Falange pugnaba con el resto de sectores franquistas para lograr la fascistización completa del Estado. [→ DIVISIÓN AZUL].

La frustración por la no entrada en guerra y la conciencia de que, a pesar de las leyes aprobadas, el poder no residía en el partido sino en un gobierno ecléctico, llevaron a la cúpula de FET y de las JONS a presionar a Serrano para que consiguiese el poder para el partido. Serrano debía convertirse en presidente del Gobierno, dejando a Franco como jefe del Estado. Para lograrlo se forzó la llamada crisis de mayo de 1941, con dimisiones de altos cargos del partido y del propio Serrano. Sin embargo, Franco manejó el envite, concediendo más ministerios a dirigentes de FET pero, al tiempo, haciendo cambios en la cúpula del partido promocionando a falangistas sumisos, como el nuevo ministro-secretario general del Movimiento, José Luis de Arrese. Serrano acabaría completamente apartado de la vida política a raíz de los llamados «sucesos de Begoña» en agosto de 1942, cuando un grupo de falangistas radicales atacó una concentración festiva carlista presidida por el ministro del Ejército, el más antifalangista, general Varela.

A partir de Begoña quedó fijada la aceptación por FET de su papel dentro del Régimen. Contaba con importantes cuotas de poder pero debía abandonar cualquier veleidad de llegar al poder total con actos de fuerza, aunque fuesen «de salón» —como había sido la crisis de mayo de 1941—. Quien ejemplificó esta sumisión falangista a los dictados del jefe Nacional Francisco Franco fue Arrese. A partir de ese momento sería realmente la Falange de Franco. No se trataba de que no aspirase ya al «poder total» sino que aceptaba esperar de Franco «la orden de avanzar». De avanzar en la «revolución nacional-sindicalista» del programa fascista del propio partido. Ya no utilizaría la vía de la contestación o el desafío. Y es que, si bien que con una vida interna aletargada en la sección masculina, pero en pleno desarrollo de las actividades juveniles, femeninas y estudiantiles, y con una extensa red sindical y de prensa y propaganda establecidas, FET y de las JONS se había convertido en una gran maquinaria de encuadramiento, ideologización y control de la población, proveedora de empleos, pisos protegidos y prebendas a sus cuadros. Era la sección civil organizada del apoyo a Franco y a su régimen. Y la más fiel al «Caudillo» y jefe Nacional, precisamente porque se lo debía todo.

Ello se vio en 1945, cuando, tras la victoria de los aliados, el Régimen fue aislado internacionalmente. Para tratar de evitarlo y, aun cosas peores, Franco procedió a lo que hemos denominado un proceso de oscurecimiento y maquillaje de su componente fascista —es decir, FET y de las JONS—. Tras la desaparición del saludo romano como saludo oficial general, desapareció el Ministerio de la Secretaría General del Movimiento y los presupuestos del partido se camuflaron en los de otros. El Consejo Nacional estaría once años sin reunirse. Y desde 1942-1943 Arrese venía insistiendo en el carácter católico del fascismo español. Pero, pese a las muchas presiones internacionales, e internas, que recibió al respecto, Franco nunca disolvió el partido. Era su granero de apoyo organizado, el más importante, e imprescindible como organizador de movilizaciones prorégimen y «proCaudillo», como las masivas del 9 de diciembre de 1946 en Madrid o en la movilización del referéndum de la Ley de Sucesión de 1947, entre otras.

Cuando la presión internacional aflojó, a raíz del estallido de la guerra fría en 1947-48, se restauró el secretario general del Movimiento en la persona de otro de los «históricos» francofalangistas, Femández-Cuesta. Y el partido volvió al Gobierno como Ministerio en 1951. En general podemos decir que aunque las ansias totalitarizantes del partido de los años 1939-1942 continuaban, y mientras ejercía sus labores de control y encuadramiento de las clases trabajadoras a través de la Organización Sindical, y de socialización de la juventud y del estudiantado a través del Frente de Juventudes, el Sindicato Español Universitario y la Sección Femenina la influencia real de FET continuaba siendo, aunque considerable, limitada, entre otras razones por las de índole presupuestaria. Y, además, tenía la competencia de las organizaciones juveniles, femeninas y masculinas católicas, que nunca habían desaparecido y que disfrutaban de vitalidad.

Sin embargo, a las alturas de 1956 pareció que FET y de las JONS podía avanzar posiciones. Se acababan de producir los incidentes de la Universidad Central, en Madrid, donde, tras una derrota electoral de delegados del SEU, habían ocurrido ataques falangistas —organizados desde el mando central de FET— contra las asambleas de estudiantes, lo que degeneró en manifestaciones y altercados. En el curso de una de aquellas un seuísta resultó herido —por un tiro salido de las filas falangistas, aunque este extremo nunca se hizo público—, lo que estuvo a punto de provocar una escalada vengativa del partido. Reaccionando desmesuradamente, se lanzó una amplia oleada represiva antiopositora en todo el país, pero Franco también cesó a los dos ministros políticamente responsables, el de Educación Nacional —el católico Ruiz-Giménez— y el de la Secretaría General del Movimiento, el citado Fernández-Cuesta. Llegó entonces y de nuevo a la Secretaría Arrese, quien quiso recuperar plenamente el funcionamiento del partido y, sobre todo, aumentar su poder. Trató de situarlo como clave de bóveda del Régimen y de su arquitectura institucional.

Para ello se dedicó a incrementar y vitalizar el protagonismo de FET, volviendo a reunir al Consejo Nacional y a la Junta Política y captando militantes. Al tiempo, se lanzó a completar las estructuras del Estado elaborando y pretendiendo hacer aprobar por las Cortes unas nuevas «leyes fundamentales» a través de las que el partido quedaría en posición central dentro del Régimen y también como controlador del futuro de este. Todo ello contó con la aprobación inicial de Franco.

Se redactaron en concreto tres proyectos de leyes fundamentales: la de Principios del Movimiento Nacional —una actualización de los 26 Puntos de 1937, reafirmando su falangismo—; la Orgánica del Movimiento Nacional, que concedía a este órgano del partido la facultad de velar por que la acción legislativa del Gobierno y de las Cortes se ajustase a los Principios del Movimiento falangista; y la de Ordenación del Gobierno, que concedía al Consejo Nacional poderes como el cese de futuros jefes de Gobierno en determinados supuestos. Los textos concitaron la oposición de los otros sectores o «familias» del Consejo Nacional. Y además y destacadamente, de la jerarquía eclesiástica. La presión de esta última sobre Franco fue definitiva y acabó forzando la retirada por Arrese de los tres proyectos. Además, Arrese mismo acabó siendo sustituido al frente del partido en 1957, tan solo algo más de un año tras su designación.

La acción de Arrese había sido en parte respuesta al avance de una nueva «familia» franquista, el Opus Dei, de la mano del ministro de la Presidencia del Gobierno y máximo consejero del «Caudillo», Carrero Blanco. Gracias a él, los «tecnócratas» avanzaron rápidamente posiciones en la alta administración del Estado y desde 1957 estuvieron en el Gobierno. La suya fue no solo una progresión de personal político imparable —llegando en 1969 a nutrir casi de manera monocolor (con la excepción de los ministros militares) todo el Gobierno— sino también de su política.

La reacción del partido, representado por el nuevo —desde 1957— ministro-secretario general José Solís Ruiz, ante la orientación «tecnocrática» dominante fue buscar el potenciamiento de la organización y de su influencia. Se abogaría entonces por un «desarrollo político» que se consideraba debía acompañar al económico y no limitarse al ámbito institucional —lo cual era una crítica directa a los opusdeístas— sino promoviendo la participación dentro del Movimiento. En concreto abriendo la posibilidad de formación de «asociaciones (que no partidos) políticas» en su seno. Aunque siempre contando con la hegemonía sobre ella de los «hombres del Movimiento», es decir, de los falangistas viejos y nuevos.

Esta iniciativa específica venía facilitada por haberse redefinido el Movimiento en la ley de Principios de 1958 no como partido, sino como «comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada». Es decir, enfatizando una idea más amplia, de conjunto, y atribuyendo al mismo Movimiento el encauzamiento del «pacífico contraste de pareceres entre los españoles». En este sentido, Solís presentaría en 1964 un decreto de asociacionismo que no acabó siendo aprobado —por los titubeos de Franco a abrir a la codificación la pluralidad política y por las presiones de los sectores «tecnócratas», que no estaban de acuerdo con el redactado—. Con ello comenzó un largo estira y afloja en el tema que tan solo se resolvería en 1974, con los tecnócratas apartados ya del poder y el Régimen en una situación crítica por el deterioro de la situación económica, sociolaboral y política de la primera mitad de los años setenta. Deterioro al que contribuyeron destacadamente la crisis económica y el fortalecimiento de la oposición democrática.

Solís actuó también en el tema sindical, buscando potenciar y modernizar el esclerotizado sindicalismo vertical oficial, y en las organizaciones del partido, como el antiguo Frente de Juventudes o el SEU, que fueron suprimidas y sustituidas por otras, ya sin pretensión totalitaria. Por lo demás, la pugna política Movimiento-Opus Dei se cruzó con otra, algo más transversal, entablada entre «aperturistas» e «inmovilistas», es decir, entre partidarios de las reformas políticas —como el propio Solís o Fraga Iribarne, entre otros— y la mayoría de tecnócratas, y otros de diferentes familias. Pero la estrella del Opus comenzaría un lento declive desde 1969 con el llamado «escándalo MATESA» —un asunto de malversación de caudales públicos en el que acabaron procesados varios ministros de aquella tendencia— y, definitivamente, tras el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, a los pocos meses de su nombramiento por Franco como presidente del Gobierno. [→ TARDOFRANQUISMO].

Por entonces las luchas políticas internas ya se daban en paralelo a un fenómeno nuevo por su tamaño y al que acabamos de hacer referencia: el gran aumento de la conflictividad laboral, estudiantil y terrorista de una oposición antifranquista de dimensión y capacidad movilizadora impensables veinte años atrás. Conflictividad a la que el Régimen respondió con violencia represiva, violencia mucho más medida que la de la posguerra, pero que tuvo el efecto colateral de incrementar sus tensiones internas. El proceso de deterioro del Régimen se agudizó tras la muerte del «Caudillo» el 20 de noviembre de 1975, cuando la oposición lanzó un pulso en pro del fin del mismo, entonces encabezado por el rey y sucesor del dictador, Juan Carlos I. La presión de la oposición, aunque incapaz de forzar la caída del Régimen, catalizó la lucha entre aperturistas e inmovilistas, hasta llegarse, en 1976, de la mano de un nuevo presidente del Gobierno, Adolfo Suárez —anteriormente ministro-secretario general del Movimiento— a la aprobación de una llamada Ley de Reforma Política que inició una reforma radical que implicaba la finalización del llamado «Estado del 18 de Julio [de 1936]». Y la celebración de unas elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.

Dos meses antes, el 1.º de abril, se había disuelto el Movimiento Nacional. Un Movimiento Nacional subsistente hasta los últimos momentos de un régimen que si bien nunca le dio todo el poder y nunca se fascistizó completamente, lo tuvo como seña de identidad. Y siempre lo mantuvo. Aunque en sus últimos años fuese una momia burocrática en tanto que organización, pero con capacidad de movilización de adictos, como se vio en las grandes manifestaciones de 1975, cuando, tras ejecutar a cinco presos políticos terroristas, el Régimen tuvo que afrontar su última oleada de protestas internacionales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Payne, Stanley G.: Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923-1977), Planeta, Barcelona, 1997.

Rodríguez Jiménez, José Luis: Historia de Falange Española de las JONS, Alianza, Madrid, 2000.

Thomàs, Joan Maria: Lo que fue la Falange. La Falange y los falangistas de José Antonio. Hedilla y la Unificación. Franco y el fin de Falange Española de las JONS, Plaza & Janés, Barcelona, 1999.

Thomàs, Joan Maria: La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista 1937-1945, Plaza & Janés, Barcelona, 2001.

Thomàs, Joan Maria: Los Fascismos españoles, Planeta, Barcelona, 2011.

VENGANZA TRAS LA VICTORIA

LA POLÍTICA REPRESIVA

DEL FRANQUISMO (1939-1948)

por

GUTMARO GÓMEZ BRAVO

La represión sistémica fue el aspecto que mejor definió la dictadura franquista. El régimen político más violento de la historia española surgió de las cenizas de una guerra civil en la que ya se habían puesto en marcha la mayor parte de los mecanismos de eliminación, física o civil, del enemigo. La victoria permitió perfeccionar y ampliar el aparato necesario para continuar la operación de venganza contra la «antiEspaña». En marzo de 1948, cuando se levantó por fin el estado de guerra, el sistema represivo estaba ya plenamente desarrollado y no sufrió variaciones sustantivas hasta el final del Régimen.

El nivel de la represión de posguerra sigue siendo impreciso, sobre todo porque es muy difícil de desligar del alcanzado por los mecanismos iniciados en la contienda. El recuento provincial no puede siempre separar la represión habida desde 1936 de la consumada a partir de 1939, sobre todo en aquellas zonas divididas durante las hostilidades. La historiografía reciente ha utilizado como cifra de las ejecuciones de posguerra la de 50 000, pero no puede tomarse como definitiva, ya que está sometida a múltiples dificultades metodológicas, como el reconocimiento de las muertes por aplicación del bando de guerra o la represión reglada subsiguiente desde 1937, la confusión con las defunciones certificadas como naturales o las desapariciones, sin contar con el silencio y las lagunas de las fuentes policiales y de la Guardia Civil.

A pesar de todas las limitaciones estadísticas, la dictadura española se sitúa como la segunda más sangrienta entre las europeas, tan pronto como se la compara con las cifras equivalentes de la Alemania nazi e Italia hasta 1939. Solo la superó, aunque a considerable distancia, la soviética. El 2 de noviembre de 1944 la embajada británica en Madrid envió un informe al Foreign Office en el que señaló que las sentencias de muerte cumplidas entre el mes de abril de 1939 y 1944 podrían ascender a entre 60 000 y 80 000 personas. El dato muestra una variación considerable e ilustra una violencia inusitada que ya no se practicó en guerra, sino tras la victoria. Las ciudades ocupadas al final de las hostilidades muestran este repunte de la justicia sumarísima: 3128 muertos en Valencia y 1717 en Barcelona solo en los dos primeros años de posguerra, mientras que en Madrid los datos siguieron fijados en los 3204 registros del cementerio del Este. A este panorama de muerte habría que añadir un millón de presos y detenidos en cárceles y campos de concentración a comienzos de 1940; miles de exiliados; 300 000 empleados públicos depurados; innumerables bienes expropiados; despidos, inhabilitaciones, multas, destierros y un largo etcétera de medidas punitivas que de nuevo superaron con mucho a las dictaduras de Italia o de Portugal, e incluso, en algunos aspectos como en el penitenciario, a la Alemania nazi, que nunca fue un lugar feliz para los oponentes del Tercer Reich. [→ VIOLENCIA].

La información estadística, aun siendo necesaria, nunca permitirá comprender la naturaleza de un fenómeno represivo como el de la posguerra española. Ya no se trataba tan solo de eliminar a los que habían luchado en el campo enemigo, objetivo que también se mantuvo y se recrudeció según las circunstancias, sino teóricamente de redimirlos y de convertirlos con sus familias, volviendo a los principios penales más ultraconservadores con Jaime Balmes a la cabeza. La razón la expuso Franco con meridiana claridad: los criminales y sus víctimas no podían vivir juntos. Esta voluntad de criminalizar, segregar y excluir a una gran parte de la población tampoco tuvo precedentes. Para lograrlo, la política represiva adoptó la forma de un potente sistema de control destinado desde el principio a movilizar sus propias bases sociales con el fin de fomentar la colaboración y la cohesión en torno a la naciente Dictadura. Una nueva versión del «pacto de sangre» sellado en los tiempos de la guerra civil. La represión creó, pues, un enorme espacio donde quienes habían padecido aquellos tiempos de fuego, podrían castigar a los culpables y resarcirse así de su dolor públicamente. Las consecuencias ampliaron enormemente la fractura social iniciada con el golpe militar. Las denuncias, las listas elaboradas por las gestoras municipales, las comisiones de clasificación de detenidos, o los juzgados de porteros a los que al día siguiente de la entrada de tropas en una ciudad se exigía un informe de los vecinos casa por casa, fueron algunas de tales manifestaciones de venganza fomentadas por una política penal que no dio el más mínimo paso hacia el perdón o la clemencia, en contra de las afirmaciones públicas del general Franco durante la última parte de la guerra.

LA IMPRESCINDIBLE LEGITIMACIÓN DE LA IGLESIA

No es desde aquí, de la venganza, de donde arrancó la legitimación de la violencia franquista a partir de 1939. La guerra había terminado y en puridad no era fácil retóricamente volver al ojo por ojo como doctrina oficial. La fórmula para legitimar el castigo la identificó la Iglesia. Se encontraba en la encíclica Divinis Redemptoris contra el comunismo y el materialismo ateos. En la Carta Colectiva de 1937, la jerarquía eclesiástica ya había defendido la pena de muerte para apoyar la victoria militar franquista. Pero después la guerra de cruzada debía dar paso a una paz redentora. La represión de la posguerra quedó ligada al sacramento de la penitencia, si bien en una versión sacramental que no desmereció del Concilio de Trento.

La cúpula de la Iglesia avaló la campaña de la justicia de Franco, en la que nada tendrían que temer los que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Pío XII saludó la idea del Generalísimo de «justicia con el crimen y benévola generosidad para con los equivocados». Esa distinción separaba «objetivamente» al incorregible, que producía y difundía el mal, del sujeto engañado y redimible. Las exigencias de este «perdón con condiciones» marcaron el comienzo oficial de la represión de posguerra y dieron vía libre a ilimitadas posibilidades de venganza en un país que ya arrastraba una profunda conflictividad social desde mucho antes de la guerra.

El mayor logro de la Iglesia fue adaptar el mensaje cristiano del perdón a la dureza del castigo militar, para lo cual formó parte de los equipos técnicos y administrativos que dirigieron la política represiva que bautizó como «obra de pacificación espiritual». Se trató del núcleo de un programa de recatolización y de conversión de España, un programa de conquista de las masas cuya principal particularidad fue centrar su contenido en el aislamiento para lograr la conversión individual, aspecto que distanció los objetivos de la política criminal franquista de las de otros regímenes totalitarios pero que no la hizo más humanitaria, como algunos autores sostienen.

La fundamentación teológica del castigo se asentó en la necesidad de proteger el orden social y marcó la pauta durante toda la Dictadura: política represiva = orden social. El esquema de la justicia al revés de la guerra evolucionó hacia la punición de los culpables. La República, al promover la revolución había cometido un delito muy grave porque había violado el orden social y el orden sagrado. Las penas impuestas deberían ser ejemplares ya que suavizarlas implicaba dejar impune el delito. No existía, pues, posibilidad de corrección de los criminales. Únicamente, aquellos de los vencidos que demostraran haber sido engañados podían ser recuperados para la patria, pero a cambio debían cumplir un castigo digno y justo. Digno como correspondía al Derecho Natural y justo porque emanaba directamente del Derecho Divino. Solo a través de la penitencia podría obtenerse un individuo sano que un día pudiera volver a la sociedad. De este modo la Iglesia delimitó su esfera en la justicia «terrenal», ya que como vicaria de Dios en la tierra, era la única que podía ser testigo del arrepentimiento de los rojos. La Iglesia gestionó así gran parte de las políticas represivas, especialmente las encaminadas al perdón que afectaron de lleno a la famélica población civil. Durante décadas, todo lo que la Iglesia consideraba pecado sería delito y por tanto se reprimiría de manera contundente. De lo contrario reinarían el desorden y los enemigos del Régimen, es decir, de Dios. [→ NACIONALCATOLICISMO].

EL DERECHO A DEFENDERSE

Las formulaciones seudoteológicas sirvieron para que los juristas hicieran compatible la cuestión de la legitimidad de origen con la represión, asegurando que España era un Estado de derecho y que como tal tenía la obligación de defenderse. «La comisión sobre ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936» ya señaló el camino. Llegada la paz, los arquitectos jurídicos del Régimen, la mayoría profesores universitarios antes de la guerra, trabajaron en adaptar la legislación represiva de la contienda al nuevo marco legal. La justicia integral, como la definió Elías de Tejada por influencia del derecho nacionalsocialista, sería el cuerpo jurídico de la Nueva España, base de una extraordinaria y prolongada legislación que fue perfeccionándose como pieza fundamental del sistema dictatorial. Profesores como González Oliveros, Blas Pérez González, Castán Tobeñas, etc., hicieron aportaciones desde sus respectivas ramas para legalizar la represión, siendo quizás la más sobresaliente la del catedrático de Derecho Penal de Salamanca, Sánchez Tejerina, autor del informe jurídico a favor del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, quien sostenía:

¿Cómo vamos a negar al Estado el derecho a defenderse contra sus enemigos interiores, cuyo peligro actual e inminente está demostrado y sus ataques injustos son ciertos? No habrá más que examinar cuidadosamente este requisito: necesidad racional de la pena de muerte para defender el Estado.

Desde su posición de catedráticos numerosos juristas se convirtieron en los ideólogos penales del Régimen. Federico de Castejón, catedrático en Sevilla y magistrado del Tribunal Supremo, participó en el anteproyecto de Código Penal de Falange en 1938; Eugenio Cuello Calón, catedrático en Barcelona y Madrid después, dirigiría la Escuela de Estudios Penitenciarios y José María Rodríguez Devesa, jurídico militar además, informaría el Código Penal de 1944. En particular el Cuerpo Jurídico Militar, uno de cuyos miembros más dilectos fue Pérez González, también ministro de la Gobernación, dirigió siempre la política represiva prolongando la justicia sumarísima de la guerra hacia una esfera, la de la posguerra, donde la jurisdicción ordinaria quedó totalmente vaciada.

LOS PRIMEROS PASOS:

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

El núcleo del aparato represivo se estructuró con anterioridad y con mucha menor publicidad que las propias leyes represivas. Su embrión está en los distintos servicios especiales creados durante la guerra pero cuyos objetivos se mantuvieron en la posguerra. En 1937, tras la toma de Bilbao, se crearon dos instrumentos represivos de primer orden: la Causa General (aunque no se inició formalmente por la Fiscalía del Tribunal Supremo hasta abril de 1940) y el Servicio de Recuperación de Documentos, dirigido por Marcelino Ulibarri, por orden del ministro de Gobernación Serrano Suñer. Con sede en Salamanca, pronto se convirtió en un impresionante depósito de documentos de la criminalidad roja. Su funcionamiento fue regulado por un decreto reservado de 1938 destinado a coordinar las acciones tras la entrada en las ciudades ocupadas para, en particular, encontrar las pruebas que debían respaldar la acción de la justicia. Así, y sobre todo de cara al exterior, la represión podría seguir mostrando la faceta defensiva de un Estado de derecho. Sobre esta documentación se creó el fichero de antecedentes político-sociales más importante de la Dictadura, que en 1944 ya superaba los tres millones de fichas personales. El Servicio de Recuperación de Documentos siempre estuvo en estrecho contacto con las labores de policía política. Primero con el SIPM y muy pronto con la DGS. El coronel José Ungría organizó la transición del espionaje militar a la policía política, que mantuvo su carácter militar y su organización en brigadas. Una de ellas, la Brigada Especial de Información, formada por antiguos agentes de Inspección y Vigilancia, evolucionaría rápidamente hacia la Brigada Político-Social dedicada en cuerpo y alma a la represión hasta el final de la Dictadura.

El 30 de septiembre de 1944, otro decreto reservado fusionó los servicios especiales de información y los de recuperación de documentos en un solo organismo con dependencia única de la Presidencia del Gobierno. Se creó la Delegación Nacional de Servicios Documentales. Su principal tarea sería proseguir en la labor de clasificación documental y «facilitar a cuantas dependencias oficiales lo soliciten los antecedentes de índole militar, política, social y secreta que sobre personas físicas y jurídicas posea». Pero los pasos de la evolución de la policía militar hacia la policía política se habían dado mucho antes. Al término de la guerra se estableció la comisión de desmovilización del SIPM, cuya documentación se conserva en el Archivo Militar de Ávila. Una instrucción reservada de septiembre de 1939 del alto estado mayor ordenó a todas sus segundas secciones que derivasen su personal militar al Ministerio del Ejército; el civil pasaría a la DGS junto con los archivos documentales de interés judicial: «aquellos que implican materia delictiva denunciable o imputable a personas huidas o presentes en la España Nacional».

Por su parte la propia DGS se reestructuró en diciembre de 1939 con Ungría ya cesado, al hilo del acuerdo hispano-alemán de cooperación policial. Aunque el conocimiento de la documentación policial sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia, la implantación del modelo policial nazi debió producirse con éxito. Un informe británico de 1949 describía así a la policía política española:

Sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado. Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social que actúa por orden del jefe Superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas «confesiones». Como reciben un extra, los mal pagados policías tienden a usar métodos cada vez más violentos y a prolongar cuanto sea posible el aislamiento de los prisioneros para obtener una confesión. Cuando se termina el dossier, al prisionero se le traslada a una de las prisiones del Estado y pasa a la jurisdicción militar.

Este es el último punto que caracterizó el núcleo fundacional del entramado represivo de la posguerra: los juzgados especiales para los delitos de «comunismo y espionaje», creados también con carácter reservado. El primero, entre 1940 y 1943, fue presidido por el general Josualdo de la Iglesia, con jurisdicción en toda España. Su sucesor para la región centro, Enrique Eymar, trasladó sus oficinas a la cárcel de Ocaña, donde instruyó entre 1943 y 1958 unos 7500 expedientes por actividades subversivas que se conservan en la citada prisión. A finales de la década, los juzgados especiales militares se descentralizaron, siguiendo curiosamente la misma estructura de las segundas secciones del estado mayor prevista en la desmovilización del SIPM. Esta fue la base organizativa y jerarquizada que dirigió la represión, en todo momento controlada por los militares.

LA JUSTICIA MILITAR

Y LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

El golpe de estado de julio de 1936 se inauguró con la proclamación de un bando de guerra en cada una de las guarniciones militares sublevadas. A partir de entonces y durante el resto de la Dictadura (salvo en la segunda mitad de los 60 con la jurisdicción del Tribunal de Orden Público), cualquiera podía ser sometido a un procedimiento militar. Terminada la guerra, la Dictadura recurrió a una nueva legislación específica para hacer frente a cualquier tipo de actividad subversiva. La Ley de Seguridad del Estado, aprobada el 29 de marzo de 1941, y sus sucesivas modificaciones de 1942 y 1943, ampliaron la capacidad de la jurisdicción militar. Cada una de las reformas supuso un endurecimiento progresivo de las penas y una ampliación de los delitos políticos respecto a la anterior. Así ocurrió con la reforma del Código de Justicia Militar de 1945 y con el posterior Decreto-Ley 1947 sobre la represión de bandidaje y terrorismo. La justicia militar se convirtió en el instrumento central de la limpieza política de la sociedad, aplicando miles de penas de muerte y larguísimas condenas de cárcel muchos años después del final de la guerra.

A lo largo de la Dictadura se crearon, según el recuento de Juan José del Águila, veinticinco jurisdicciones especiales que extendieron su competencia a materias tan diversas como la persecución política de los enemigos del Régimen, el orden público, los delitos monetarios y el contrabando, los deportes, el abastecimiento, el arbitraje sindical, la emigración, los seguros o la suscripción de bienes para la Iglesia. El 1 de marzo de 1940 se estableció el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo que presidiría el general Saliquet. Las penas establecidas abarcaban desde la reclusión mayor hasta la incautación de bienes. La simple acusación de ser masón servía automáticamente para quedar separado de cualquier empleo o cargo que se desempeñara hasta el momento. Los acusados tampoco podían recibir ningún beneficio penitenciario dada su condición de incorregibles. El archivo de antecedentes masónicos se conservaba igualmente en Salamanca y fue dirigido por Ulibarri, que a su vez formaba parte del propio tribunal. Un tribunal que por sus consideraciones y procedimientos reveló el anhelo de la política represiva franquista de volver a los métodos del antiguo Régimen. Se exigía del acusado una retractación pública de sus ideas y, finalmente, eran las autoridades eclesiásticas las que aceptaban o no la retractación del encausado, previo pago de las dispensas correspondientes. El tribunal se suprimió formalmente el 8 de febrero de 1964, cuando gran parte de sus funciones se habían transferido al Tribunal de Orden Público. El propio inventario del tribunal, examinado por Jorge Marco, reconoce haber realizado 27 085 juicios entre 1940 y 1953, condenando a 8198 personas y absolviendo a 16 470. Un último dato: mientras se celebraban los juicios fallecieron 1697 de los acusados, muchos de ellos en prisión.

Es frecuente escuchar, y no lo es menos leer, que según se alejaba el fin de la guerra la represión comenzó a relajarse coincidiendo con la puesta en marcha de las Comisiones de Examen de Penas y el descenso en el cumplimiento de las sentencias de muerte. Según los datos del Consejo Supremo de Justicia Militar, analizados por Pablo Gil, hasta 1945 la justicia militar no consiguió poner al día los asuntos derivados de la guerra. Pero esto no implicó relajación de sus funciones. Entre 1939 y 1941 se produjo la fase álgida de la represión jurídica militar. En 1942 todavía casi el 10% de las penas impuestas fueron de muerte y entre 1943 y 1944 el grueso de las condenas siguieron siendo de reclusión mayor. Si las comisiones de conmutación de penas, controladas por auditores militares, tuvieron alguna tendencia, esta no parecía seguir otro deseo que la de hacer coincidir su magnanimidad con el indulto generalizado del año siguiente decretado por Franco, dando por liquidado «el problema de los presos derivado de la revolución».

EL SISTEMA PENITENCIARIO,

CONCENTRACIONARIO Y DISCIPLINARIO

El encarcelamiento más masivo en la historia de España puso colofón a la guerra civil. Entre las diversas instituciones creadas para clasificar, ordenar y utilizar a presos, prisioneros de guerra y detenidos se distribuyeron cerca de un millón de personas entre finales de abril de 1939 y enero de 1940. Medio millón de prisioneros de guerra en campos de concentración, 90 000 en Batallones de Trabajadores y al menos 47 000 en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. La cifra de reclusos superó los 300 000 en abril de 1939. El Ministerio de Justicia daría cifras algo más bajas para el número de presos oficiales a comienzos de 1940, situándolo en torno a los 270 000, cuando antes de la guerra el número de presos no excedió de los 30 000. Sus datos hacían referencia únicamente a las penas de reclusión con condenas firmes, pero no mencionaban todas aquellas prisiones irregulares o habilitadas (más de 250 todavía en 1942) por las que desfilaron miles de personas ni tampoco todos los detenidos a disposición de la policía gubernativa. Los datos de la Dirección General de Seguridad siguen siendo desconocidos. La cifra exacta nunca podrá saberse, pero se acerca al millón si no lo supera y es, con mucho, la más elevada en la historia de España. Igualmente, y a pesar de lo que supuso la segunda guerra mundial en este sentido, sigue siendo una de las más altas de todo el ámbito europeo, teniendo en cuenta que la cifra máxima de presos contabilizada por Wachsmann en toda la Alemania nazi fue de 196 000.

Al final de la guerra civil existían 180 campos de concentración, al menos 104 de ellos con carácter estable. Como ha descrito Javier Rodrigo, se trataba de la red de campos más densa y poblada de la Europa meridional. La tendencia en España fue trasladar a los prisioneros de guerra de los campos a las prisiones ya existentes o a todo tipo de edificios habilitados para ello. Dio comienzo así el «turismo penitenciario» auspiciado en motivos de seguridad. En enero de 1940 el colapso era monumental, pero las autoridades no se apartaron ni un ápice del plan de redención de penas puesto en marcha oficialmente tras la batalla del Ebro. La solución fue habilitar más prisiones provisionales y trasladar de unas zonas a otras a miles de detenidos. Separándoles de su lugar de origen, condenaron a miles a una muerte segura. Se silenciaron tanto el importante volumen de suicidios como los fallecimientos naturales en prisión. La mayor presión demográfica de las cárceles se produjo a mediados de 1941, cuando a los presos de la guerra se les unieron los detenidos por delitos políticos posteriores al 18 de julio y por delitos comunes, sobre todo contra la propiedad.

Las penas de muerte volvieron a cumplirse dentro de las prisiones mediante pelotones de fusilamiento, pero también se rescató el garrote vil, a la vez que se promovía la entrada masiva de excombatientes como funcionarios de prisiones. El uso de la fuerza desmedida y la brutalidad de la guerra se prolongaron en un ambiente de fuerte conflicto y degradación. Entre agosto y septiembre de 1944, la Dirección General de Prisiones emitió hasta tres órdenes reservadas prohibiendo expresamente la tortura, destituyó al jefe de servicios de Carabanchel y sacó de Madrid a los presos que servían de espías al Tribunal de Espionaje del coronel Eymar. La respuesta fue el aumento de las sentencias de muerte y el relevo en la cúpula del Ministerio de Justicia. Pero la deshumanización en el trato ya había comenzado antes en el discurso oficial sobre las penas construido por la intelectualidad católica. Se trataba de que expiaran su culpa, su pecado, a través de castigos físicos y humillaciones públicas, concebidas como formas de mantener la disciplina y de facilitar su conversión. La Iglesia, la Compañía de Jesús y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), se encargaron de llevar a la práctica tales principios. Una labor de apostolado sobre la Antiespaña, dirigida en su mayoría por capellanes castrenses, como el jesuita Pérez del Pulgar o el propio director de prisiones entre 1938 y 1942, propagandista y auditor militar, Máximo Cuervo, todavía hoy hijo predilecto de Aguadulce (Almería).

Las prisiones de mujeres pasaron por la misma dramática situación: de las apenas quinientas reclusas en 1934 se llegó a más de 23 000 en 1940 (Hernández Holgado). La situación de hacinamiento e insalubridad se tradujo en unos niveles de mortalidad jamás conocidos. En Barcelona la prisión de Les Corts albergaba a 1806 mujeres y 43 niños en agosto de 1939. Para entonces, solo en el centro de Madrid había más de 2500 mujeres y niños encarcelados. La tónica dominante en la represión femenina fue poner el acento sobre la moralidad y la conducta privada, ya que el término despectivo de roja equivalía al de puta. La vinculación entre delincuencia política y prostitución o «conducta sexual desaforada» ya había sido documentada por el jefe de psiquiatría militar Antonio Vallejo-Nájera con las presas de Málaga. Por ello las órdenes religiosas femeninas volvieron a las prisiones de mujeres antes de terminar la guerra. Así, las congregaciones que desde el siglo XIX se habían encargado de las prostitutas callejeras o clandestinas, como las Adoratrices, las Oblatas o las Hijas de la Caridad, regresaron al interior de las prisiones de mujeres.

Un patronato, el de Redención de Penas por el Trabajo, organizó todo lo relativo al empleo de los presos como mano de obra abundante y barata, a través sobre todo de la red benéfica de la Iglesia, que funcionó como un engranaje perfecto de presión y control sobre las familias de presos. No en vano se creó con el fin de «acometer la ingente labor de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria». El control por parte de la institución carcelaria se extendió también sobre las familias a través de las juntas locales del patronato. Estas se encargaban de entregar las 15 pesetas mensuales por hijo (menos los descuentos) a la familia del preso, siempre que la junta de disciplina de la prisión siguiera certificando que este trabajaba y mostraba buena conducta. A cambio, las juntas tutelaban directamente a todos los miembros de la familia y si cualquiera de ellos cometía un delito o daba señales de mal comportamiento, el preso perdía automáticamente todos los beneficios y rebajas de condena que hubiera acumulado hasta la fecha. La fórmula alcanzó su grado máximo en la tutela de los niños, muchos de los cuales fueron internados en orfanatos donde fueron entregados o vendidos a otras familias.

Un elemento fundamental en la profusión espectacular de la represión de posguerra fueron los trabajos forzados. Hasta 1940 no se disolvieron los Batallones de Trabajadores, sustituidos por los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, en los que, tras la nueva normativa sobre servicio militar, fueron integrados más de 50 000 jóvenes menores de 25 años clasificados como desafectos. A estos hay que añadir, como ha demostrado Fernando Mendiola, seis batallones especiales para penados, creados para los jóvenes que salían en libertad condicional. Hasta diciembre de 1942, en el caso de la gran mayoría, y hasta 1945, en el de los penados, se mantuvo el régimen de trabajos forzados diseñado para los prisioneros de guerra. Fortificaciones militares ante posibles invasiones aliadas en el Pirineo y en Gibraltar, infraestructuras portuarias o ferroviarias, y en menor medida, minas y fábricas, fueron los destinos de estos esclavos del franquismo.

El desvío masivo de la mano de obra a la empresa privada se produjo a través de la mediación del Patronato de Redención de Penas y la entidad de Regiones Devastadas. Se destinaron presos en trabajos al aire libre en destacamentos penales o colonias penitenciarias militarizadas hasta 1955, donde redimieron pena trabajando en concesiones tan dispares como las empresas que trabajaban en el Valle de los Caídos (San Román, Banús Hermanos o Molán, entre otras) o las de la Colonia Penitenciaria de Tefía, en Canarias, donde iban a parar los homosexuales condenados por la Ley de Vagos y Maleantes. Cientos y cientos de carreteras (Riegos Asfálticos), canales como las de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, minas (Duro Felguera, Minerosiderúrgica de Ponferrada), fábricas (Hidronitro Española) o el ferrocarril Madrid-Burgos (Marcor, Hermanos Nicolás Gómez, Elizarrán) fueron obras en que los empresarios pagaban la mitad del salario mínimo de un trabajador libre.

Emplear penados ofrecía además la posibilidad de desviar una ingente cantidad de alimentos, medicinas y materiales del Estado al mercado negro con la connivencia de las autoridades, haciendo más crítica si cabe a las empobrecidas economías de las familias de los presos. Aun así, todavía es posible hoy encontrar en cierta prensa digital «supuestos documentos» con los que aseguran demostrar que los presos trabajaban con contrato, seguro de accidentes y hasta con calefacción. A otro nivel, también se ha deslizado al hilo de la confrontación sobre la política penitenciaria antiterrorista, la idea de que la redención de penas fue la fórmula de amnistía que desarrolló Franco para solucionar el problema de los presos de la guerra civil, reproduciendo el mismo esquema repetido toda la Dictadura: que el problema de los presos, y en definitiva, la represión, lo crearon los rojos al subvertir el orden y hacer la revolución.

LA REPRESIÓN ECONÓMICA

La incautación de bienes y la Ley de Responsabilidades Políticas

Desde el comienzo de la guerra se activaron las medidas de represión económica. A su término, un decreto de septiembre de 1939 reguló que todo lo incautado de las organizaciones extinguidas pasase a la Delegación Nacional de Sindicatos. Pero la verdadera maquinaria de extorsión se puso en marcha en febrero de 1939 con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Dieciocho tribunales regionales de composición mixta, aunque de mayor peso castrense, iban a dirigir la operación de criminalizar a los oponentes al Régimen incluso a aquellos acusados de pasividad («tibios») haciendo retroceder las posibles responsabilidades hasta 1934. Esta nueva jurisdicción especial actuó sobre 17 supuestos delictivos y centralizó las competencias de los organismos de incautación de bienes. El resultado fue una purga política total, pero también un gigantesco colapso.

En mayo de 1941, tras su nombramiento como subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Carrero Blanco pidió los datos de esta jurisdicción, resumidos por Álvaro Dueñas: hasta septiembre de 1941 se habían incoado 125 000 expedientes, de los que apenas se habían resuelto un veintinueve por ciento. Más de cien mil órdenes para abrir nuevos expedientes seguían pendientes de curso. El presidente del Tribunal Nacional, González Oliveros, reconocía en «un mínimo de doscientos cincuenta mil los expedientes que, en toda España, ha de resolver esta jurisdicción». Las sanciones iban desde las multas, las más numerosas junto a la confiscación de los bienes, a la pérdida de la nacionalidad española en casos como Azaña, Negrín, Alcalá-Zamora y 31 ministros republicanos, pero también incluían la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o el despido directo en la actividad privada. Fue disuelto en 1945 con todavía 42 000 causas pendientes.

La depuración laboral

El predecesor de González Oliveros en el cargo y también catedrático universitario, Enrique Suñer, fue el artífice fundamental de la depuración de la Administración pública que se llevó a cabo sobre todo durante la guerra, pero que tuvo un nuevo impulso con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Todos los empleados públicos tuvieron que volver a completar los formularios donde justificaban su actuación durante la guerra y en los que se pedía expresamente que denunciaran a sus compañeros. El proceso depurador fue similar en todas las administraciones. Las comisiones depuradoras se formaban por ramas y categorías, actuando el cuerpo de mayor rango como juzgado instructor. El expediente depurador de todos y cada uno de los empleados públicos constaba de informes de conducta político-social, un pliego de cargos que hacía la comisión y otro de descargos del propio interesado, la propuesta de sanción y la sanción definitiva. El paso entre la propuesta y la ratificación de la sentencia que haría el Ministerio del ramo podía tardar años o, en ocasiones, se hacía coincidir con la jubilación del depurado, que perdía así todos los derechos y haberes adquiridos.

Con particular inquina se llevó a cabo el proceso depurador de la enseñanza. Si en otras administraciones la depuración se había realizado de facto antes de que terminase la guerra, en la enseñanza se crearon cuatro tipos de comisiones para limpiar sus distintos grados otra vez en la posguerra. Los expedientes volvieron a su lugar de inicio, ampliándose los informes y las nuevas acusaciones al hilo de las montañas de pruebas que las jurisdicciones especiales amontonaban y que las redes personales y profesionales de los depuradores intercambiaban cuando no fabricaban. No es de extrañar que el juez depurador de la Universidad Central, el catedrático de Medicina Fernando Enríquez de Salamanca, encontrara un masón detrás de cada nuevo grado del escalafón, siendo tío como era del jefe de ejecutorias de Masonería y Comunismo.

Las depuraciones de maestros, profesores de bachillerato y universidad, así como de investigadores, golpearon con dureza al sistema educativo y científico español. Miles de personas capacitadas fueron excluidas de su práctica profesional, cambiaron de profesión o se marcharon al extranjero si pudieron. A pesar de los problemas por encontrar profesores para reanudar las clases universitarias, el nuevo ministro de Educación, el propagandista católico Ibáñez Martín, amplió las medidas depuradoras en febrero de 1940 a todos los profesores auxiliares. Fue una medida necesaria para construir el nuevo edificio de la educación sobre la base del catolicismo antiliberal y antimoderno, cuyas directrices científicas emanaron del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La libertad vigilada

La libertad vigilada terminaría siendo el elemento principal de censura y presión social de posguerra. Los Servicios de Vigilancia y Tutela se construyeron básicamente sobre las redes locales. Las autoridades de este nivel emitían informes sobre la conducta moral, política y social de los que habían pasado por la cárcel o habían sido investigados por alguna jurisdicción especial. Una red que alcanzaba a la familia entera, que fue perfeccionándose y dotándose de más medios hasta su disolución en 1954. Los poderes locales se adaptaron sumamente bien a sus nuevas funciones, especialmente a la hora de confeccionar denuncias e informes de conducta. La novedad fue el poder que recibieron para decidir sobre el destino de los que salían en libertad vigilada, desde la manutención de su familia a la fijación de su residencia. En definitiva, quien terminaba valorando la peligrosidad del delincuente era el alcalde, el jefe de Falange, el párroco o la Guardia Civil, aunque también podían participar otras destacadas personas de la vida local, como ricos propietarios o empresarios que empleaban a presos, y aquellos «elementos femeninos especialmente caritativos». Todos ellos formaron parte de estas comisiones encargadas de permitir que los rojos volvieran y se reintegraran en la vida local. La denegación sistemática del retorno llegó a tener tal magnitud que el Ministerio de Justicia terminó por sustituir las denegaciones por destinos a 3250 kilómetros del pueblo natal. El destierro podía poner fin así a una larga nómina de castigos pero de ningún modo suponía un punto y final. Durante la segunda mitad de los años 40, el grueso de la política represiva se había desplazado hacia el poder local, donde se ejercía la más dura de las medidas económicas: la ley del mercado negro. La represión del estraperlo también recayó en la jurisdicción militar y en la Fiscalía de Tasas, pero solo descabezó sus niveles más bajos, mientras que los más altos eran premiados con la política de precios o el reparto de las concesiones estatales con las que acumularon buena parte de sus capitales industriales y agrícolas.

Una red extendida por todo el país que se superponía sobre los mecanismos de varias jurisdicciones y la omnipresencia de la supervisión religiosa, aseguró el control de movimientos de cualquier persona detenida, en espera de juicio o de sentencia, que hubiera pasado por la cárcel o que tuviera abierto alguno de los procedimientos simultáneos de depuración, masonería, responsabilidades políticas… La exigencia de avales y de certificados llevó a una corrupción generalizada y a un mercado negro de papeles paralelo al de alimentos. Y aquí es donde más pesó el aislamiento social promovido por la política represiva del Régimen, que se extendió hasta formas más sutiles como las denominadas suscripciones patrióticas y todo tipo de cuestaciones vecinales. Una política así diseñada desembocaba forzosamente en la muerte civil de los afectados. Los antecedentes penales, la inscripción en el registro de penados y rebeldes, los distintos ficheros de inhabilitación profesional y para desempeñar cargos públicos, la incautación de bienes, las multas, etc. hacían imposible volver a la vida anterior a la guerra. Desempeñar cualquier actividad económica, viajar, hasta solicitar el carnet de conducir, exigía el permiso de la autoridad local o gubernativa y eso podía dar lugar a una nueva investigación. Ninguno de los mecanismos de revisión de las condenas, civiles o penales, llegaron a articularse realmente hasta entrados los años 50, pero para entonces el miedo ya había paralizado definitivamente a buena parte de la sociedad española. La causa republicana se extinguió y la guerra fría permitió al franquismo sacar pecho en el exterior sobre su política penal, tal y como proclamaba la Oficina de Información en 1948: «aquí no se ejecuta ni se priva de la libertad, sino al que se lo merece. España, ¡no faltaría más!, detiene, procesa, juzga y condena todos los delitos, comunes o políticos». Solo faltó por añadir ad maiorem Franco gloriam.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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ESPAÑA EN LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

LA «HÁBIL PRUDENCIA» DE UN «NEUTRAL»

por

CARLOS COLLADO SEIDEL

La política española durante la segunda guerra mundial ha generado gran interés no solo entre los historiadores. El gran número de publicaciones al respecto que han ido apareciendo en las últimas décadas evidencia igualmente el excepcional atractivo del tema para un amplio público. Este atractivo deriva de la, a primera vista, asombrosa circunstancia de que la España franquista, que debió su victoria en la guerra civil a la ayuda de las potencias del Eje, lograra no solo mantenerse al margen de la contienda mundial, sino que incluso evitara verse arrastrada por el ocaso del fascismo en Europa. El argumento que la propaganda del régimen de Franco repitió machaconamente exaltó una supuesta habilidad diplomática, así como la gran prudencia del dictador que antes de nada pensó y obró siempre por el bien de la nación española. Este argumento se ha grabado profundamente en la memoria colectiva de los españoles (e incluso fuera de las fronteras nacionales). Aunque los resultados de la investigación historiográfica de las últimas décadas, sobre la base de la evidencia documental, han ido desmontando este y otros mitos, es asombroso constatar que en la memoria colectiva de los españoles siga perviviendo aquella lógica simplista. Ante esta larga vida, parece necesario ofrecer un resumen de los aspectos más relevantes de la cuestión y añadir algunos nuevos.

FRANCO QUISO ENTRAR EN LA GUERRA

Con una guerra de conquista recién concluida y una victoria que el conde Ciano calificaría como el mayor éxito logrado por el fascismo, dio comienzo la guerra internacional que el presidente del gobierno republicano Juan Negrín habría anhelado unos meses antes. No es de extrañar, pues, que Franco, ante la aterradora perspectiva de verse involucrado automáticamente en los acontecimientos bélicos, declarase de forma inmediata la neutralidad ante el conflicto. Esta declaración no fue más que aparente, pues el gobierno español se apresuró no solo a reiterar su amistad con las potencias del Eje sino que, más allá de declaraciones simbólicas, pasó simultáneamente a los hechos accediendo, por ejemplo, a permitir el aprovisionamiento de submarinos alemanes en costas españolas. La diplomacia española argumentó a lo largo de la guerra que se veía forzada a obrar a favor de Alemania dado el peligro que representaba la Wehrmacht al otro lado de los Pirineos. Esta argumentación, obviamente, no es valedera para el año 1939 y deja al descubierto las claras preferencias del Régimen. Estas quedaron a todas luces claras a los pocos meses cuando Franco, deslumbrado por las ofensivas relámpago y ante la inminente derrota de Francia, escribió a Hitler una carta que el jefe del alto estado mayor, Juan Vigón, le entregaría a mediados de junio de 1940 en la central de operaciones de la Wehrmacht, en Bélgica:

Querido Führer: En el momento en que los ejércitos alemanes bajo su dirección están conduciendo la mayor batalla de la historia a un final victorioso, me gustaría expresarle mi admiración y entusiasmo y el de mi pueblo, que observa con profunda emoción el glorioso curso de una lucha que ellos consideran propia […]. No necesito asegurarle lo grande que es mi deseo de no permanecer al margen de sus cuitas y lo grande que sería mi satisfacción al prestarle en toda ocasión los servicios que usted estime más valiosos.

Franco imitaría pocos días más tarde la actitud previa de Mussolini y declaró la «no-beligerancia». Para los observadores del momento estaba claro que se trataba de una prebeligerancia. La ocupación, acto seguido, de la zona internacional de Tánger significó un paso más en esta dirección. La plena incorporación de España a la guerra parecía ser algo inminente.

Así también lo consideró el primer ministro británico Winston Churchill que por aquellas fechas vivía angustiosos momentos ante el bombardeo de la Luftwaffe y la amenaza de un desembarco alemán en las Islas Británicas. Una entrada en guerra de España hubiera sido un duro golpe más para la defensa de las Islas, pues con la pérdida de Gibraltar y el cierre del paso por el Mediterráneo se cortaría una ruta en aquellos momentos vital para el abastecimiento del Imperio. A finales de mayo de 1940, Churchill envió a Madrid a sir Samuel Hoare en «misión especial» (tal y como rezarían sus memorias de guerra), dotado de poderes excepcionales que le permitirían un gran margen de acción. Hoare era uno de los pesos pesados de la política conservadora y había ocupado un buen número de carteras ministeriales, incluyendo la de Exteriores. «España mantendría la llave de todas nuestras operaciones en el Mediterráneo», constataría el primer ministro en sus memorias, aunque en aquellos momentos sin grandes esperanzas al respecto. En este sentido, Hoare constató a los pocos días de llegar:

No he visto en mi vida un control tan total de los medios de comunicación, de la prensa, de la propaganda, del transporte aéreo, etc. como el que los alemanes se han montado aquí. Es más, incluso afirmo que la Embajada y mi persona solo estamos aquí presentes porque lo toleran los alemanes.

La misión de Hoare no estribaba propiamente en evitar la entrada en guerra de España, sino en atrasarla lo más posible, mientras se tomaban medidas apresuradísimas para reorganizar la defensa de las Islas y fortificar el peñón de Gibraltar. Además, se elaboraron planes de acción preventiva para el momento en que España cerrara filas con el Eje. El ejército británico mantuvo permanentemente en alerta un cuerpo expedicionario para realizar, en dicho caso, un desembarco en Canarias.

Los campos de batalla de Hoare en Madrid fueron múltiples y comprendían tanto la adulación política como la subversión, sobornando a generales, y sobre todo la vigilancia sobre el suministro de materias primas y mercancías vitales para el funcionamiento de la economía española como eran los carburantes, el caucho y el algodón. Materias, todas ellas, que el Reich no se veía capaz de suministrar en cantidades suficientes.

Los vientos, sin embargo, soplaron fuertemente en contra de los intereses británicos. El «cuñadísimo» de Franco, Ramón Serrano Suñer, que, siguiendo el modelo italiano, estaba desarrollando las estructuras del Estado fascista en España, viajó a Berlín a mediados de septiembre para negociar con Hitler los términos de la participación española en la guerra. Con ello comenzaron unas semanas de febril actividad diplomática entre Madrid, Berlín y Roma. Aún a principios de junio de 1940, con la guerra de Francia todavía en curso y obcecado por la esperanza de un inminente arreglo con Londres, Hitler no prestó demasiada atención a las adulaciones de Franco. La península Ibérica se encontraba en aquellos momentos fuera de los esquemas estratégicos de los alemanes, centrados en lo que se consideraba una victoria histórica sobre el «eterno rival». Sin embargo, en septiembre la panorámica había cambiado. Con la continuada resistencia de Londres cobró relevancia la opción de arremeter contra el punto neurálgico de Gibraltar.

Retomando la línea que ya había expuesto Vigón, Serrano concretó las aspiraciones españolas a cambio de una entrada en guerra que en principio se limitaría a la toma de Gibraltar. La lista de contraprestaciones territoriales no solo se transmitió a nivel diplomático, sino que al tiempo fue aireada públicamente por José María de Areilza y Fernando María Castiella en su conocido libro titulado Reivindicaciones de España. Se trataba de un territorio que incluiría tanto el Marruecos francés como el Oranesado así como una ampliación de las posesiones en Guinea Ecuatorial. En sus conversaciones con Hitler, Serrano incluso reclamó la devolución de aquellos territorios limítrofes con Francia que, tal y como argumentó, habían sido cedidos bajo imposición francesa con la Paz de los Pirineos en 1659, a saber el Rosellón y la Baja Navarra. Es evidente que Franco y su círculo consideraron que en aquellos momentos se presentaba una ocasión única para, después de la «reconquista» de España, emprender la conquista de un nuevo imperio, esta vez en África, sueño y obsesión de la generación de africanistas, así como para humillar al eterno rival transpirenaico.

Sin embargo, tanto a Hitler como a los demás interlocutores de Serrano Suñer tales como Von Ribbentrop, Mussolini o Ciano, las exigencias españolas les parecieron desmesuradas. Las aspiraciones de Franco desbordaban todo lo que los alemanes estaban dispuestos a conceder a España, que no era más que una ampliación «razonable» de la zona del Protectorado.

En este contexto hay que tener en consideración que Francia, aunque derrotada, desde una perspectiva alemana continuaba siendo una potencia respetable y un rival con el que Alemania habría de seguir contando. España, por su parte, mirada desde Berlín, seguiría siendo lo que había sido durante los siglos pasados, es decir un país atrasado y exótico, inexistente en el concierto de las grandes potencias europeas. Desde esta perspectiva resultaba impensable recompensar a España de tal manera a expensas de Francia. Por lo demás, Hitler confrontaría a Serrano Suñer con exigencias territoriales difícilmente aceptables por el Régimen, como cesiones territoriales en las Islas Canarias. Hitler ya pensaba en establecer las condiciones para un futuro enfrentamiento con Estados Unidos.

Alemanes y españoles incluso discreparon en la manera de realizar la toma del Peñón. Para el Régimen se trataba de una cuestión de honor nacional, por lo que la Preeminencia de tropas españolas resultaba imprescindible. Dada la endémica inferioridad del equipamiento militar español, la conquista, sin embargo, no podría lograrse por medios propios. Serrano exigiría, pues, el suministro de potente artillería pesada de producción alemana. Los estrategas alemanes, por el contrario, se opusieron a este enfoque planteando la desmantelación de las fortificaciones por medio de rápidos ataques a efectuar por la Luftwaffe.

Ante la evidencia de que un ataque contra Gibraltar inevitablemente implicaría enfrentarse al león británico, y teniendo en cuenta los miles de kilómetros de costa así como los archipiélagos, de alto valor estratégico pero completamente indefensos, el Régimen exigió también cuantiosos suministros de material bélico. Nuevas humillantes derrotas hubieran dejado en ridículo la retórica imperial del momento. Además, Alemania habría de suplir aquellas mercancías que, como carburantes o caucho, llegaban de Ultramar. Y ante la calamitosa situación de abastecimiento de la población en la que se encontraba el país, el Régimen solicitó finalmente importantes cantidades de alimentos de primerísima necesidad. Estas necesidades españolas desbordaban la capacidad de suministro alemana.

Dadas las contradicciones entre estos presupuestos de partida, no fácilmente compaginables, Hitler propuso una entrevista personal con Franco para allanar la situación y llegar a un acuerdo, sin duda deseado por ambas partes. A la vuelta de Serrano a mediados de octubre, Franco emitió nuevas señales de significado evidente: el ministro de Exteriores, el coronel Juan Beigbeder, que había mostrado su inclinación hacia Londres, fue cesado y reemplazado por el mismo Serrano.

Así llegó el 23 de octubre, día del famoso encuentro de Hendaya en el que, como es sabido, se repitieron los argumentos esgrimidos. Especialmente reñida siguió siendo la cuestión de las contraprestaciones territoriales. Un Franco tozudo insistió en que se estipulara detalladamente el botín de guerra a percibir una vez finalizada la contienda. «España no puede entrar por gusto» en la guerra. Es lo que Franco constataría en una anotación al respecto.

Hitler, por su parte, nunca hubiera dado por escrito lo que los españoles exigían, pues los alemanes estaban seguros de que tales concesiones (se cumplieran finalmente o no) no se mantendrían en secreto y dañarían irreparablemente el modus vivendi con la Francia de Pétain. Hitler, por tanto, no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Franco a espaldas de Francia y menos aún en un momento en el que buscaba el apoyo de Pétain en la lucha contra Gran Bretaña. Las colonias africanas en cuestión se mantenían fieles al gobierno de Vichy, con lo que un conocimiento prematuro de arreglos territoriales probablemente hubiera provocado su sublevación contra Pétain y su paso a De Gaulle. El mantenimiento de un territorio norteafricano bajo el control de Vichy era de gran valor estratégico para el Eje y, por tanto, prioritario.

Al final, la fórmula acordada en Hendaya y posteriormente firmada no fue muy explícita: Franco se comprometió por escrito a entrar en la guerra, si bien sin fijar fecha, y las potencias del Eje, por su parte, declararon tener en cuenta las aspiraciones españolas ante la reorganización del reparto colonial en África después de la victoria final. Aun con todo, este protocolo hizo de España un firme aliado del Eje, pues estipuló además la incorporación tanto al Pacto Tripartito como al de Acero. Franco, convencido de la victoria del Eje, estaba decidido a entrar en guerra, pero dudaba del momento adecuado, pues sabía que no podía arriesgarse a una contienda larga que forzosamente hubiera sido desastrosa para él desde un punto de vista militar. Así, Franco pretendió aguardar hasta el último momento posible antes de tomar asiento en la mesa del reparto del botín. Con el protocolo firmado, el Régimen estaba ya dentro del Eje pero sin tener que actuar inmediatamente.

Hitler convocó a Serrano Suñer a Berchtesgaden a mediados de noviembre para urgir la puesta en marcha de la operación contra Gibraltar. Su interlocutor, sin embargo, volvió a los planteamientos expuestos en Hendaya y resaltó especialmente la falta de preparación española. La situación interior evidentemente era calamitosa y de ello también eran conscientes los alemanes. ¡Así no se podía hacer la guerra! Además, los observadores alemanes constatarían un creciente malestar dentro del Régimen, especialmente en el sector militar, debido a la creciente influencia de Serrano Suñer y de la Falange. Todo esto no hacía de Franco un aliado especialmente fiable.

No obstante, y ante los problemas de las tropas italianas en el norte de África. Alemania presionó a España a finales de año y presentó lo que se conoce como Plan Félix, que preveía la toma del Peñón por la Wehrmacht. La participación española hubiera sido marginal, pues ante la experiencia con Italia en los Balcanes y el marcado desprecio hacia los militares españoles durante la guerra civil, Hitler albergaba más que argumentos suficientes para dudar de la eficacia militar española.

En Berchtesgaden tampoco se llegó a ningún acuerdo. Una entrevista en El Pardo entre Vigón, Franco y Canaris a primeros de diciembre no alteró la situación. Hay quien afirma que el propio Canaris tranquilizaría a Franco al insinuar que una negativa no conllevaría la ocupación de España por la Wehrmacht. Evidentemente, Alemania no estaba en condiciones para poner en marcha las operaciones en contra de la voluntad del Régimen. A fin de cuentas, España era y seguiría siendo para el Reich un escenario de segundo rango que no justificaba tal inversión de recursos. El precio a pagar por Gibraltar pareció excesivo.

A mediados de diciembre de 1940 la operación Félix fue cancelada. Goebbels constató al respecto: «Franco no se mueve. Será que no puede. No tiene altura. La situación interna tampoco es grata. No tener Gibraltar representa una gran herida». Pero los preparativos para el ataque contra la Unión Soviética eran en aquel momento absolutamente prioritarios y exigían la concentración de todas las fuerzas disponibles.

El encuentro entre Franco y Mussolini en Bordighera en febrero de 1941 tampoco dio resultados. Ante el curso que de entonces en adelante tomó la contienda nunca más se volvería a replantear seriamente la entrada en guerra de España. Rommel se encargaría de intentar arreglar la situación y cerrar en Suez el paso por el Mediterráneo.

Hitler se sintió defraudado por Franco, de lo que dan muestra las descalificaciones del general como «pavo engreído», «monigote» y otras muchas más. Sin duda alguna, la más conocida es aquella según la cual Hitler hubiera preferido que le arrancaran tres muelas antes que volver a negociar con Franco. Su supuesto enorme enfado en Hendaya se ha interpretado como prueba de la tenacidad y prudencia del dictador español. Sin embargo, ni se refleja en los comentarios de Hitler a Mussolini unos días más tarde ni en las anotaciones que Goebbels haría de forma entusiasta en su diario: «Todo ha ido como una seda. Tenemos a España». El encuentro de Hendaya, de por sí, no se consideró un fracaso.

El hecho de que España finalmente no entrara en la guerra dio motivo, a partir de 1945, a hiperensalzar al providencial «Caudillo». El argumento aducido por hagiógrafos de Franco, y al que también se aferraría hasta su muerte el mismo Serrano Suñer, fue que deliberadamente formuló exigencias desmesuradas tanto en relación con las reivindicaciones coloniales como con los suministros, a las que Hitler no hubiera podido acceder. Con tal planteamiento, Franco se habría guiado por el único objetivo de hacer todo lo posible en defensa de la paz de España y evitar de esta forma al pueblo español los estragos de la guerra.

Este planteamiento, por más que siga aduciéndose hasta la más rabiosa actualidad, no es sostenible. Ha sido refutado unánimemente por la historiografía, pues si bien es evidente la discrepancia entre los planteamientos alemanes y españoles en Hendaya, esta no constituyó una estrategia negociadora por parte española, tal y como constatan los apologetas. No cabe duda de que Franco hubiera entrado en la guerra si hubiese tenido los medios a su alcance o lo hubiera hecho en el último momento posible. Incluso no hay motivo para dudar de que lo habría hecho, tal y como reza el protocolo, sin que Hitler le asegurara de antemano y por escrito la cuantía de las recompensas. A Franco no le hubieran preocupado lo más mínimo los sufrimientos de la población. No obstante, la visión de Franco como político hábil, astuto y prudente lamentablemente sigue estando presente en la memoria colectiva de buena parte de la sociedad española (y no solo en este país). Tal memoria, construida en su día conscientemente por la propaganda franquista, se muestra lamentablemente reacia a aceptar cambios. Habrá, pues, que seguir predicando.

LA ESPAÑA DE FRANCO NI FUE NEUTRAL

NI FUE CONSIDERADA NEUTRAL

Mientras que la cuestión de la entrada en guerra quedó aplazada en espera de las circunstancias propicias, dio comienzo, el 22 de junio de 1941, el ataque de la Wehrmacht contra la Unión Soviética. Sin entrar en la exaltación que produjo tal acontecimiento no solo en la Falange sino también en sectores militares, el Régimen lo consideró como una ocasión idónea para contrarrestar el malestar que había causado en Berlín la negativa a permitir la ejecución del Plan Félix. En un conocido discurso ante el Consejo Nacional de Falange, el 17 de julio de 1941, Franco no solo arremetió, como era de esperar, contra el comunismo sino también contra la Gran Bretaña, e incluso llegaría a amenazar a Estados Unidos:

La suerte está echada. En nuestros campos se dieron y ganaron las primeras batallas. […] La destrucción del comunismo ruso, es ya de todo punto inevitable. […] Ni el continente americano puede soñar en intervenciones en Europa sin sujetarse a una catástrofe […] que pueden las costas americanas peligrar por ataques de las potencias europeas. […] Se ha planteado mal la guerra y los aliados la han perdido. […] En estos momentos en que las armas dirigen la batalla que Europa y el cristianismo desde hace tantos años anhelaban y en que la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje, como expresión viva de solidaridad, renovemos nuestra fe en los destinos de nuestra patria, que han de velar estrechamente unidos nuestros ejércitos y la Falange.

Con la «División Azul» en el frente del este, España, desde un punto de vista estricto de derecho internacional, no entró en guerra, pero sí dio un paso híbrido que dejaba las puertas abiertas a una posterior mayor implicación. Esta fraternización con el Tercer Reich en los campos de batalla, sin embargo, a poco hubiera precipitado la guerra. El Ejecutivo británico no tenía dudas de que España formaba parte del bloque del Eje. El discurso de Franco alertó a Churchill, pues lo entendió como un signo claro de agresión. El primer ministro se mostró convencido de que le seguiría la plena incorporación a la guerra. En consecuencia, tomó la decisión de ordenar el desembarco preventivo en las Islas Canarias. Se debió a Hoare que este paso finalmente no se diera. Hoare, gracias a los contactos que mantenía con sectores monárquicos, logró convencer a Churchill de que el discurso belicoso del dictador no implicaba necesariamente la entrada en la contienda. Churchill aplazó la orden de asalto ya que, al fin y al cabo, una España que no estuviera en estado de guerra con Gran Bretaña seguía siendo de un valor estratégico incalculable.

El envío de la División Azul no sería ni por asomo la única «expresión viva de solidaridad». El régimen de Franco hizo todo lo que estuvo a su alcance para contribuir al esfuerzo bélico del Eje. Así, en el mismo julio de 1941, el general Vigón constataría en carta a un vacilante general Kindelán: «Yo sigo creyendo y esperando el triunfo alemán, más o menos completo y radical. Sigo creyendo que debemos desearlo y favorecerlo en todo lo que sea discreto y eficaz; que en este orden deberíamos hacer mucho y hablar muy poco».

Franco, además de posibilitar el aprovisionamiento de submarinos en costas españolas, permitió la presencia masiva en España de servicios de espionaje militar alemanes, especialmente a ambos lados del Estrecho, para observar los movimientos navales. El Reich llegó a mantener en España la mayor central de inteligencia fuera de sus fronteras, encargada también de dirigir las operaciones de los submarinos en el Atlántico. Canaris realizó frecuentes viajes a España entrevistándose repetidamente con Franco y entabló lazos de amistad con generales españoles como Vigón o con su homólogo español, el general Arsenio Martínez de Campos. Por lo demás, el Tercer Reich estuvo presente en España con un gran número de delegaciones y de organizaciones y mantuvo alrededor de un centenar de centros oficiales, fueran estos representaciones diplomáticas y consulares, colegios o Casas alemanas. La colonia alemana, con sus más de 10 000 miembros, era la segunda en número después de la portuguesa. Solo muy paulatinamente y ante los progresos en los campos de batalla, lograrían los aliados contrarrestar en cierta medida esta omnipresencia en territorio español.

Con la entrada de Estados Unidos en guerra a finales de 1941, Franco comenzó a cuestionarse si Alemania realmente lograría subyugar a la gran potencia de ultramar. Si bien esto no mermaría aún su creencia en la victoria del Eje, con el desembarco de tropas aliadas en África en noviembre de 1942 y con la catástrofe que se anunciaba simultáneamente en Stalingrado, la perspectiva comenzó a cambiar. Ante la derrota en Túnez, en mayo de 1943, un análisis del alto estado mayor llegó a la conclusión que sí estaba avecinándose una preocupante tormenta para el Eje y, obviamente, para el Régimen. El desembarco en Sicilia, la defenestración de Mussolini, el armisticio con Italia y poco después la declaración de guerra italiana a Alemania desvanecerían las esperanzas en la «victoria final». El Régimen, no obstante, mantuvo su fe en el Tercer Reich y continuó convencido de que Alemania a fin de cuentas llegaría a un acuerdo con las potencias occidentales para continuar conjuntamente la guerra contra la Unión Soviética.

De esta forma, si bien se rectificó la posición ante el conflicto pasando de la «no-beligerancia» a una «escrupulosa neutralidad», tal y como no se cansaría de afirmar la diplomacia española, el Gobierno siguió apoyando al Reich en la medida de lo posible exportando materias primas de primerísima relevancia militar, enviando trabajadores a Alemania o haciendo caso omiso a las quejas de que infringía la neutralidad por la presencia inalterada del espionaje alemán. No extraña, pues, que España durante todo el curso de la guerra fuera vista por los aliados como un miembro del Eje y que los viajeros que pasaban por España siguieran teniendo la impresión de encontrarse en Alemania.

No puede asombrar, por tanto, que uno de los propósitos que se plantearan los aliados fuera la desaparición del Régimen y en concreto de Franco y de su Falange. En este sentido ya constataría un alto cargo británico en el verano de 1942:

Todo intento por nuestra parte de meternos con el régimen actual en España, bien entrando en contacto con los monárquicos o con grupos de refugiados, debe ser pospuesto hasta que nos encontremos en una posición militar que nos permita ayudar a nuestros amigos, bien suministrándoles lo necesario o bien interviniendo directamente.

En aquel momento, sin embargo, aún se consideraba necesario seguir adulando a Franco, pues todavía era de gran valor estratégico mantener tranquila la zona del Estrecho. Ante el desembarco en Italia cambiaría la perspectiva. Ahora, las amenazas no dejarían lugar a dudas: «Dentro de poco tendremos que ocupamos de Franco», y «¡maldito Franco! Le habremos derribado antes de acabar con todo esto».

Curiosa y significativa al respecto es la propuesta del embajador norteamericano en Madrid, Carlton Hayes. Si bien este se convertiría en la última fase en uno de los más asiduos propagandistas del Régimen, a finales de marzo de 1943 propuso abrir en España un frente de guerra. De esta forma se lograría, tal fue el razonamiento, hacer acto de presencia en Europa y al tiempo resolver el problema que planteaba el Régimen. Si bien nadie discutió la legitimidad de obrar en el sentido propuesto, en Washington no se vio sentido alguno en intervenir con tropas en España, pues esto no hubiera contribuido al esfuerzo absolutamente prioritario de la guerra que era la derrota de Alemania y de Italia. A fin de cuentas la actitud de no beligerancia española seguía siendo considerada como positiva.

Por tanto y si bien los Aliados tuvieron a su disposición, en todo momento, las herramientas necesarias para estrangular económicamente a España, optaron, por razones de estrategia militar, por tolerar el apoyo del Régimen al Reich, siempre y cuando no traspasara ciertos límites. Ante los continuados actos de infracción de las obligaciones como neutral, Londres y Washington, por mucho tiempo, no pasarían de ejercer una presión prudencial.

La situación cambió a partir del verano de 1943. Ahora que la neutralidad española ya no tenía aquel valor estratégico que había forzado a aguantar las frivolidades del Régimen, la presión diplomática ejercida por los aliados aumentaría constantemente, obteniendo parcialmente resultados positivos como la orden de retirada de la División Azul, dada en octubre. La creciente presión culminó, a finales de enero de 1944, en una seria crisis diplomática llegándose incluso al embargo de productos petrolíferos. Ante el dominio aliado y el decreciente potencial militar alemán, el Régimen finalmente se vio forzado, a comienzos de mayo de 1944, a convenir un canje de notas diplomáticas con el que España se comprometió a retirar a Alemania todo el apoyo prestado hasta entonces. Las medidas previstas comprendieron sobre todo el cierre del consulado general en Tánger, la expulsión de agentes de espionaje, la salida de los últimos restos de la División Azul, así como el cese, casi total, de las exportaciones de wolframio, un mineral que la industria de armamentos alemana necesitaba desesperadamente.

En la práctica la actitud real no cambió en lo sustancial. Se retrasó considerablemente el cierre del consulado. La diplomacia española y las autoridades gubernamentales y militares hicieron caso omiso de las peticiones de expulsión de agentes. Toda solicitud aliada fue consultada con la embajada alemana a fin de llegar a un mutuo acuerdo. De esta manera se intentó asegurar a los alemanes el funcionamiento de los servicios de inteligencia dentro de lo que permitían las circunstancias. Igualmente continuaron las exportaciones de wolframio, si bien por medios clandestinos. La política de amistad inquebrantable con el Tercer Reich continuó marcando la diplomacia española. A mediados de febrero de 1945, el ministro de Asuntos Exteriores José Félix de Lequerica renovó una vez más los votos de amistad respecto del gobierno del Reich.

En este sentido es insostenible el argumento de aquellos autores que afirman que al final de la guerra España dio incluso un giro hacia una neutralidad benevolente para los aliados al permitir el uso de aeródromos españoles por aviones militares de transporte norteamericanos. Si bien esta medida, tomada en febrero de 1945, demuestra un cierto grado de pragmatismo, no mermó el apoyo inalterado concedido al Tercer Reich. Berlín gozó, hasta la ruptura de todas las vías de comunicación, del permiso para introducir continuamente en España a personajes en misión secreta. Las autoridades españolas ni siquiera estuvieron informadas de la identidad real de aquellos siniestros viajeros, pues los consulados encargados de conceder los correspondientes visados tenían orden de no verificarla. De esta forma, los aviones de la Lufthansa no solo siguieron llegando a Barcelona hasta abril de 1945, sino que además darían entrada en España a un considerable número de personas que alimentaron los temores de los aliados respecto de la reorganización del nazismo al cobijo de Franco.

No es de extrañar, por lo demás, que la admiración por el Tercer Reich tampoco desapareciera en 1945. En este sentido puede considerarse como paradigmática del sentir del Régimen la frase de José Ignacio Escobar que, al intervenir en favor de nazis buscados por los aliados, manifestó que el único crimen de los alemanes había sido no haber logrado que su patria se hiciera a tiempo con la bomba atómica y por ello haber perdido la guerra.

No es más que comprensible, en consecuencia, que tanto en la declaración de Potsdam como en la declaración tripartita de las potencias occidentales en la ONU en marzo de 1946 se calificara a España como un régimen que desde sus orígenes no solo estuvo intrínsecamente compenetrado con las potencias del Eje, sino que, «por su naturaleza», no era apto para ser aceptado como miembro de las Naciones Unidas.

LA SUPERVIVENCIA DEL RÉGIMEN NO SE DEBIÓ NI A LA

ASTUCIA NI A LA HABILIDAD POLÍTICA DE FRANCO

Tras este repaso por los elementos esenciales para comprender la actuación del Régimen durante la segunda guerra mundial, podemos entrar en un análisis algo más pormenorizado de aquel gran rasgo atribuido al «Caudillo» en relación con su actuación de cara a la contienda: su prudencia y su astucia que no solo salvarían a los españoles de los estragos de la guerra, sino que además posibilitarían la pervivencia del Régimen más allá de 1945.

De entrada es paradójico que un régimen considerado como firme aliado del Eje lograra evitar verse arrastrado por el crepúsculo de los dioses fascistas. Esto lo es más aún teniendo en cuenta la repulsión que sentían los centros de poder, tanto en Londres como en Washington, respecto de Franco y de la Falange. Parece, pues, a primera vista lógico pensar que para explicar tal resultado haya que tener en consideración al afectado, es decir, al dictador. En este sentido, la propaganda del Régimen no se cansaría en repetir que habría sido él quien logró dirigir la nave del Gobierno por aguas extremadamente tormentosas.

Esta valoración de la diplomacia española, en un principio atribuida en exclusiva a Franco, ha sido asignada por la historiografía posterior al conde de Jordana, quien en un momento de gran tensión interior (que culminaría en los sucesos de Begoña) heredó la tarea de dirigir la política exterior de manos de Ramón Serrano Suñer, devoto declarado del fascismo y partidario de una alineación incondicional con el Eje.

Jordana es, pues, visto como el artífice de la política neutralista. En este sentido es cierto que existe abundante documentación que demuestra que Jordana efectivamente no se cansaría en predicar una actitud de cautela. Jordana dirigió toda su energía a abandonar el partidismo abiertamente declarado y a vencer las reticencias de los sectores falangistas que seguían defendiendo la comunidad de destino con el Tercer Reich. Para Jordana, una toma de partido en exclusiva por uno de los bandos representaría un planteamiento suicida ante la evolución en los campos de batalla. Así, el ministro de Asuntos Exteriores se enfrentó continuamente a los responsables de una prensa que no dejaba de predicar la «victoria final».

En tal sentido, la diplomacia española comenzó a relativizar el partidismo creando la curiosa teoría de las tres guerras, independientes entre sí, que tenían lugar en aquellos momentos: mientras que España participaba activamente en la guerra contra el comunismo, declaró una estricta neutralidad respecto de aquella en la que se enfrentaban los EE. UU., Inglaterra y Alemania. Además hubo una tercera guerra en el Pacífico que fue vista con indiferencia.

La actitud de Jordana, sin embargo, no fue de equidistancia en el sentido de un distanciamiento lo mayor posible respecto de ambos bandos en guerra. Jordana persiguió más bien una finalidad opuesta a este planteamiento al intentar mantener unas relaciones lo más cordiales posibles con ambos. Esto lo demuestran las actas de las conversaciones con los embajadores tanto de Alemania como de Inglaterra y de Estados Unidos, si bien la creciente cordialidad en las conversaciones con Hayes y Hoare contrastó visiblemente con una notable decepción y una actitud de fatalismo por parte alemana.

Partiendo del supuesto de que estas tres potencias, tarde o temprano, firmarían un armisticio que evitaría su total agotamiento y que permitiría aunar las fuerzas en la lucha futura contra el comunismo, Jordana emprendió además diversas ofensivas diplomáticas a lo largo de 1943 para mejorar la posición de España de cara a lo que él consideraba sería el orden mundial de posguerra. En este sentido, la diplomacia española no solo hizo llamamientos a la paz, sino que al titular de Exteriores no le importó demasiado que los rechazaran ambos bandos, pues siguió convencido de que el armisticio llegaría tarde o temprano. Además, Jordana quiso sobre todo dejar constancia de que había sido el gobierno español quien más tempranamente alzara la voz al respecto, convencido como estaba de que España, como neutral, obligatoriamente tendría un peso en las negociaciones de paz.

En este contexto del posicionamiento de España de cara a la postguerra mediante ofensivas diplomáticas de carácter simbólico es obligado hacer mención de la extraña orden de Jordana a Ginés Vidal, su embajador en Berlín, de quejarse del trato dado a los católicos en Alemania. Tanto Vidal como el nuncio apostólico consideraron tal protesta como contraproducente. A Jordana, sin embargo, ello le traía sin cuidado, pues no le interesaba lo más mínimo el resultado de la acción. Lo único que pretendía, tal y como constataría en una segunda orden al respecto, era dejar constancia de la actuación del gobierno español.

En este sentido también tiene que verse la política seguida respecto de los judíos sefarditas, otro de los grandes mitos de la actuación española durante la segunda guerra mundial. Lejos de estar motivado por una supuesta caridad cristiana, tal y como lo ensalzaría la propaganda franquista después de la guerra, el Gobierno no solo actuó muy a regañadientes al verse forzado a tomar medidas al respecto, pues se trataba de personas que poseían la ciudadanía española. Es más, a estos españoles no solo se les pusieron trabas burocráticas de la más diversa índole sino que se les privó de su derecho a asentarse en España, permitiéndoles únicamente el tránsito hacia un tercer país. Tal y como dejaría claro Jordana, dichas medidas se tomaban para evitar problemas a nivel internacional y especialmente de cara a Estados Unidos, pues es evidente que el gobierno español estaba convencido de que organizaciones judeo-masónicas ejercían gran influencia sobre el ejecutivo norteamericano. Y al igual, las posteriores medidas de salvación de judíos en Budapest y otras capitales de Europa oriental formaron parte de una política que tenía como destinatario a Washington, además de que se debieron sobre todo a la actuación desinteresada de diversos diplomáticos españoles.

La política de neutralidad a partir del año 1943 ha sido considerada como la base sobre la cual Franco logró acomodarse de cara a la posguerra. Y, efectivamente, los aliados vieron en un principio con buenos ojos el viraje dado por Jordana así como el mejoramiento de las relaciones diplomáticas. Pero toda la adulación y el neutralismo simbólicos no impresionaron de forma duradera ni a Washington ni a Londres, ya que en cuestiones de fondo como las facilidades otorgadas al espionaje alemán, las exportaciones de wolframio o la continuada presencia de españoles en el frente del Este —ahora dentro de lo que se denominó «Legión Azul»— España siguió apoyando en todo lo posible al Tercer Reich. Además, tanto para Londres como para Washington, la posición de neutralidad española era ya poco justificable ante la previsible derrota del Eje. Así, no solo no quedaron satisfechos con el alcance de las medidas tomadas sino que incluso se enfurecieron a raíz de determinadas actuaciones como el inoportuno telegrama de Jordana al presidente del gobierno títere de Filipinas o al darse a conocer que el gobierno español, en otoño de 1943, había concedido al Tercer Reich un crédito por valor de cien millones de marcos para facilitar la compra de materias primas.

Jordana no se percató de que al enarbolar la bandera de la neutralidad y de amistad con ambos bandos peligraba la situación internacional de España. Para los aliados, y especialmente para Washington, la neutralidad ante el conflicto fue cada vez más intolerable, como ocurrió especialmente con los países latinoamericanos que, uno tras otro, fueron forzados a declarar la guerra al Eje.

Así llegó, a finales de 1943, la famosa crisis del wolframio en la que el gobierno de Washington, de hecho, estuvo dispuesto a doblegar a España sin miramientos. Los norteamericanos sentían un especial desprecio por Franco y, desde que entraron en la guerra, Londres no lo tuvo nada fácil para lograr mantener el rumbo de una política comprensiva con el Régimen. Ahora, el ejecutivo en Washington se mostro harto de un dictador que incluso a aquellas alturas de la guerra osaba suministrar al Reich materias primas que eran consideradas como cruciales para la prolongación de la misma y que, en consecuencia, causaban la muerte innecesaria de soldados norteamericanos.

En este caso, las discrepancias de fondo tuvieron que tratarse entre Roosevelt y Churchill, al más alto nivel político. Finalmente, y por muy poco, prevaleció el razonamiento de los ingleses, que no querían provocar una seria crisis en la Península con consecuencias imprevisibles. A España se le permitió seguir exportando unas cantidades, aunque mínimas, de dicho material. Lo que el conde de Jordana consideró como una gran victoria diplomática, festejada en el Lhardy de la madrileña carrera de San Jerónimo, fue en realidad el fruto de un durísimo desacuerdo entre Londres y Washington. El dictador se salvó de lo que seguramente hubieran sido sus peores momentos y a los que difícilmente hubiera podido sobrevivir.

Se impuso la posición británica, en concreto la diseñada por Hoare. Detrás de la actitud de querer evitar la subyugación del Régimen no se encontraba, ni mucho menos, una especial simpatía por Franco. Hoare perseguía un plan conspirativo que había estado fraguando desde hacía tiempo: el de inducir la restauración de la Monarquía por medio de los sectores monárquicos. Hoare mantuvo al respecto estrechos lazos con buen número de seguidores de don Juan, como eran Kindelán o el infante Alfonso. La introducción de sanciones y con ello la desestabilización del Régimen hubiera puesto en peligro tal objetivo. Hoare estaba convencido de lograr su propósito, como constataría en mayo de 1943: «Por medio de la influencia de los aliados, siempre y cuando esta sea manejada con cuidado y continuidad, estoy convencido de que presenciaremos el colapso del régimen tiránico de la Falange».

Si bien Hoare se salió con la suya en la crisis del wolframio, al final se equivocó en sus profecías: los monárquicos no se levantaron en contra de Franco y de la Falange y los conocidos tímidos intentos por parte de un pequeño número de procuradores en Cortes, así como de un grupo de generales, no llevaron a ninguna parte. El último y exasperado intento de Hoare, a finales de junio de 1944, de forzar un cambio de régimen al abordar el tema directamente con Jordana se saldó con un sonado escándalo. Tal resultado no solo decepcionó a Hoare sino que lo enfureció. A partir de entonces no escatimaría esfuerzos en atacar al Régimen, exigiendo incluso todas aquellas sanciones a las que solo unas semanas antes se había opuesto radicalmente.

A esas alturas, sin embargo, ya se estaba fraguando la postguerra. Así lo consideraría Churchill a primeros de junio de 1944 en un revelador telegrama a Roosevelt:

No deberíamos acceder a atacar a países que no nos han molestado por la mera razón de que nos desagrade su gobierno totalitario. No sé si existen mayores libertades en la Rusia de Stalin que en la España de Franco, pero yo no quiero entrar en jaleos con ninguno de los dos.

El primer ministro continuaría su razonamiento declarando:

Franco no me gusta, pero después de la guerra no quiero una Península Ibérica hostil hacia Gran Bretaña. No sé en qué medida podré fiarme de una Francia gaullista. Alemania, por su parte, va a tener que mantenerse subyugada por la fuerza y a nosotros se nos presenta una alianza de veinte años con Rusia. Ten presente que todo esto lo vivimos muy de cerca.

España sería vista desde una perspectiva distinta y si bien la desaparición de Franco y de la Falange seguirían siendo deseables, por no decir que incluso se esperaba tal resultado, ni Londres ni Washington estuvieron dispuestos a partir de entonces a intervenir en España por motivos ideológicos. El temor a una desestabilización comunista del país primaría por encima de la preferencia inglesa por un régimen monárquico. La situación en que vivían los españoles le trajo sin cuidado a Churchill.

Ante estos hechos es, pues, razonable argumentar que España ni siquiera estuvo presente en la mesa en la que, en la última fase de la guerra, se jugó el futuro del Régimen. Británicos y norteamericanos movieron las piezas al respecto obstaculizándose mutuamente y sin ponerse de acuerdo sobre el método a utilizar, hasta que finalmente la ocasión pasó. En todo caso, los aliados no solo se sintieron legitimados a proceder en contra del Régimen, sino que además persiguieron activamente tal propósito. El que Franco subsistiera se debió a razones ajenas a la política exterior española.

Es más, la diplomacia española no solo estuvo a merced de lo que dispusieran las grandes potencias en guerra, sino que incluso cometió errores de tal envergadura que por poco hubieran arrastrado consecuencias perniciosas. España se salvó de la ocupación por la Wehrmacht a comienzos de 1941 gracias a que el ataque contra la Unión Soviética exigía la acumulación de todas las fuerzas disponibles. En julio de 1941 un torpe discurso de Franco anunciando la fraternización con los ejércitos del Eje por muy poco provocó un asalto británico a las Islas Canarias. Antes del desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942, Washington se mostró convencido de que España no se mantendría neutral, por lo que los planes originales previeron un ataque preventivo contra el Protectorado español. En este caso, el Régimen se salvó gracias a la intervención británica que convenció al ejecutivo americano de que una España neutral sí era posible. Finalmente la crisis del wolframio planteó nuevamente una situación en la que la política de «dignidad nacional» estuvo a punto de provocar estragos. Ante tanta torpeza, la España de Franco se salvó por los pelos.

Además, es evidente que el Régimen no fue capaz de descifrar el horizonte del mundo de la posguerra que se anunciaba. Uno de los mejores ejemplos es el contenido de la archiconocida carta de Franco a Churchill de octubre de 1944 en la que llegó a afirmar:

Después de la terrible prueba pasada por las naciones europeas, solo tres pueblos entre los de población y recursos importantes se han destacado como más fuertes y viriles: Inglaterra, Alemania y España. Mas, destruida Alemania, solo le queda a Inglaterra otro pueblo en el continente adonde volver sus ojos: España.

Churchill, sin duda alguna, pensaría con gran incomodidad en las futuras relaciones con la Unión Soviética pero, de esto no caben dudas, en ningún momento tomó en consideración a la España de Franco como aliado frente al comunismo.

La diplomacia española no fue capaz de comprender que el orden mundial que comenzaba tenía muy poco que ver con el de anteguerra y que el lema de libertad y democracia propagado durante la contienda seguiría vigente después de la guerra. Todas las medidas cosméticas, como la remodelación del Gobierno en julio de 1945, no lograron que los aliados cambiaran de perspectiva, ya que seguirían exigiendo un relevo de régimen y, en concreto, la retirada de Franco y el eclipse de la Falange como prerrequisito para la aceptación de España en la comunidad de países occidentales. Ante tal falta de sentido de la realidad, es imposible hablar de una «hábil prudencia» del dictador durante la segunda guerra mundial.

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Tusell, Javier, y Genoveva García Queipo de Llano: Franco y Mussolini. La política española durante la segunda guerra mundial, Planeta, Barcelona, 1985.

Tusell, Javier: Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Temas de Hoy, Madrid, 1995.

EL FRANQUISMO AZUL CONTRA

LA UNIÓN SOVIÉTICA, 1941-1947

por

XAVIER MORENO JULIÁ

La División Española de Voluntarios, conocida como «División Azul», fue la máxima aportación militar del franquismo a la causa alemana en su lucha contra la Unión Soviética, iniciada en junio de 1941 y concluida en mayo de 1945, con la toma de Berlín. La integraron más de 45 000 hombres en total que debían combatir por la toma de Moscú pero que, por orden de Hitler, lo hicieron en el sector norte del frente, con efectivos que oscilaron entre los 16 000 y los 18 000. Ante Novgorod, primero, y ante Kolpino, barrio de Leningrado, después, transcurrieron dos años de combates, casi siempre de escasa intensidad, pero con ciertas puntas de gran dureza. Una de ellas costó la vida a más de mil de sus hombres, casi una cuarta parte de cuantos murieron allí; en tanto que otra, un año antes, había llegado al extremo de aniquilar (muertos, congelados, amputados…) a casi la totalidad de cuantos participaron.

ATAQUE ALEMÁN Y CONFIGURACIÓN DE

LA DIVISIÓN AZUL

A las tres de la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, 183 divisiones atacaron territorio bajo dominio soviético. De ellas, 153 eran alemanas (119 de infantería y caballería; quince, motorizadas, y nueve, acorazadas), dieciocho eran finlandesas y las doce restantes, rumanas. En total, unos tres millones y medio de hombres de los cuales 3 050 000 eran alemanes, el 42 por ciento de los efectivos de la Wehrmacht, las fuerzas armadas. Se abrieron tres líneas de ataque, en un frente de unos 2500 kilómetros de amplitud, entre el océano Ártico y el mar Negro. En el norte, desde el golfo de Finlandia hasta Memel, actuó una conjunción de fuerzas germano-finlandesas con Leningrado por objetivo. En el centro, desde Memel hasta los Cárpatos, se movió el grueso del ejército alemán para tomar Moscú. Y en el sur, desde los Cárpatos hasta el mar Negro, avanzó una conjunción de fuerzas germano-rumanas con la misión de conquistar Rostov.

Había comenzado una nueva guerra colonial, de conquista de un Este que debería convertirse en «una especie de India germánica», con enlace directo con Alemania, la nueva metrópoli. Millones de rusos —180— serían sometidos a un envilecimiento progresivo, limitada su procreación y cerradas sus escuelas con lo cual se evitarían futuras oposiciones. Según apunta la historiografía (Bracher), el ataque fue una ofensiva a la desesperada y la consecuencia de la obsesión ideológica de Hitler. Al parecer, no constituyó una sorpresa para Moscú, aunque Stalin creyese hasta el último momento en su aplazamiento. De hecho, ya el 13 de abril había conseguido la firma de un pacto de no agresión con Japón, que aliviaba la situación en su frontera oriental y aminoraba los efectos del Pacto Tripartito (27 de septiembre de 1940, Berlín-Roma-Tokio). Hasta entonces, Moscú había cumplido al pie de la letra sus obligaciones con Berlín y reconocido sus conquistas. Pero Hitler había confirmado su decisión de ir a la guerra, a raíz del fracaso de las negociaciones habidas en Berlín con Molotov, en noviembre de 1940, hasta el punto que en el segundo y último día de la visita, el 13, manifestó a Goering que atacaría a la Unión Soviética el 1 de mayo. A cambio del ingreso en el Tripartito, en aquel encuentro Molotov había exigido influir en los Balcanes y la libre salida del mar Báltico y el mar Negro, y había impugnado la presencia de tropas alemanas en Finlandia y en Rumanía. Por contra, Berlín solo insinuó estar dispuesto a entregar una parte del Imperio británico, a conquistar. En todo caso, el ataque permitiría materializar los deseos hitlerianos de «espacio vital» (el Lebensraum), expuestos en su día en el Mein Kampf, y que, en consonancia con lo acaecido durante la Edad Media, hacían del Este el campo de expansión natural de Alemania. Sin embargo, la justificación que se daría al mundo sería otra muy distinta: el Tercer Reich —se afirmaría— se había alzado en armas contra el bolchevismo, doctrina asiática ávida de saltar sobre Europa y subyugarla. Era una guerra preventiva —se concluía—, decisiva, entre dos formas de entender el mundo y la vida. Pero había más. Como apunta la historiografía (Lukacs), pesaba el factor psicológico, el deseo de superar una frustración nacida de la derrota militar (en los cielos británicos). Vencer a Rusia era, en la mente de Hitler, demostrar a Londres la inutilidad de resistir.

Hitler creía que todo iba a resultar fácil: en unas semanas, durante el verano, la victoria se materializaría. Pero la mayoría de los alemanes no estaban tan seguros y prefirieron no hacer especulaciones. De hecho, hubiesen querido que la guerra acabase en 1940, y 1941 les resultaba un añadido no deseado. La apertura del nuevo frente, tras el fracaso sobre Londres, las dificultades ante Creta y la ampliación de la guerra a los Balcanes (que retrasaría el ataque), era como mínimo preocupante. Pero con Londres en pie y la amenaza creciente de Washington, la guerra había llegado a un callejón sin salida para Hitler. Necesitaba un éxito rápido y contundente que le diese ímpetu suficiente para precipitarse sobre Inglaterra. Al menos, eso era lo que pensaba.

Londres estaba alerta, hasta el punto de que el 18 de junio, el embajador español, duque de Alba (Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó), supo del Foreign Office de la concentración de tropas alemanas en las líneas fronterizas con territorio soviético y se le advirtió de la posibilidad del inicio de una guerra. Recibida la noticia, Madrid entró en tensión máxima. El cuñado de Franco, ministro de Asuntos Exteriores y jefe de la Junta Política de Falange, Ramón Serrano Suñer, especuló sobre el envío de voluntariado falangista en apoyo del ataque con un grupo de fieles (otros falangistas lo odiaban o, al menos, lo despreciaban), como el poeta Dionisio Ridruejo o el capitán de fragata y vicesecretario general del partido Manuel Mora Figueroa.

A las seis de la mañana, tres horas después del inicio del ataque, la embajada en Berlín informó telefónicamente a Serrano. Poco después, por deseo del ministro Joachim von Ribbentrop, el embajador Eberhard von Stohrer le telefoneó para comunicarle la decisión de invasión y los motivos que le habían llevado a ella. A continuación, Serrano se dirigió a El Pardo, informó a Franco y le manifestó el deseo de Falange de contribuir a la invasión con un contingente de voluntarios. Franco, de entrada, no se opuso. Acto seguido, Serrano se dirigió a la embajada alemana y comunicó a Von Stohrer la decisión. Franco —le dijo— enviaría a Rusia unas cuantas unidades falangistas en reconocimiento a la ayuda recibida por Alemania durante la guerra civil, lo que —puntualizó— no tenía que entenderse como el anuncio de la entrada española en el conflicto. Pero ya el lunes 23, el Ejército valoró ante Franco su propia participación en la guerra germano-soviética. Un día bastó para que se hiciera añicos la iniciativa falangista. Resultaba evidente que el régimen de Franco era militar.

Ni que decir tiene que Serrano y los suyos quedaron frustrados y en el consejo de ministros que comenzó aquella tarde (se ampliaría al día siguiente) el ministro de Exteriores se enfrentó con el titular de Ejército, el bilaureado general Enrique Varela, para preservar el carácter voluntario de la unidad. Y mientras la prensa filtraba la posibilidad de configurarla, Falange tenía ya —una vez más, en tanto que durante la guerra civil fueron unas cuantas— la partida perdida.

El martes 24, Von Ribbentrop telegrafió a Von Stohrer la aceptación del voluntariado español y la petición de que arrancase a Madrid el compromiso de declaración de guerra. Pero esto resultaba imposible ya que Franco, frustrado por la negativa alemana a ceder a España el imperio norteafricano francés, había cerrado toda posibilidad al respecto el 7 de diciembre del año anterior. El embajador se reunió con Serrano Suñer y se dio cuenta de que no habría entrada de España en guerra. La gasolina llegaba de Norteamérica y se temía la posibilidad de un bloqueo por parte anglosajona (temor no infundado). Transmitió a Franco el deseo —dijo—, pero entendía que su materialización era poco probable. A continuación, una vociferante masa falangista se puso en marcha por las principales arterias de Madrid —cámaras de cinematógrafo lo grabaron— y se concentró ante la Secretaría General de Falange. Avisado Serrano, improvisó una arenga desde el balcón al grito de «¡Rusia es culpable!» (quería decir «el comunismo es culpable», pero dijo lo que dijo). Acto seguido, grupos de jóvenes falangistas se dirigieron a la embajada británica, donde gritaron, apedrearon y hendieron ruedas, lo que llevaría al embajador, sir Samuel Hoare, a presentarse en casa de Serrano para manifestarle que cosas así solo ocurrían en un «país de salvajes», y a este a echarlo.

El miércoles 25, baterías españolas del Campo de Gibraltar, bajo mando del general de brigada Agustín Muñoz Grandes, la persona que muy pronto iba a ser designada para el mando de la División Azul, dispararon a un avión británico que sobrevolaba Algeciras. Los británicos respondieron desde el Peñón y los españoles replicaron. Podemos afirmar que probablemente aquel fue el punto de máximo desencuentro entre España y la Gran Bretaña, movidas por el nerviosismo del momento. Ya el jueves, el Foreign Office decidió el embargo momentáneo de petróleo. Se trataba de aplicar el palo para después proceder con la zanahoria, tal como venía haciéndose desde el inicio de la segunda guerra mundial, en un juego de equilibrios inteligente destinado a mantener a Madrid fuera del conflicto.

Entre el 27 de junio y el 2 de julio de 1941 se materializó la recluta para la División Azul, División Española de Voluntarios en denominación oficial, bajo una tónica de fracasos y éxitos, en función de las zonas del país. Así, en Cataluña, donde no fueron aceptados los carlistas (los falangistas lo impidieron a pesar de su menor peso específico) y el País Vasco, donde el carlismo no unificado se negó a inscribirse, el enganche civil fue escaso (Barcelona, 425 voluntarios). Pero no en Madrid (3669 voluntarios) ni en otros puntos de Castilla, Extremadura y Andalucía. Según apunta el profesor Rodríguez Jiménez, sobre base documental fueron 9154 los falangistas reclutados de un contingente de 17 951 hombres. Por el contrario, en todos los puntos de la geografía española la recluta militar a nivel de mandos fue un éxito, si bien los soldados debieron cubrir los déficits de civiles, al igual que falangistas valencianos llenaron los de falangistas catalanes. Finalmente, el miércoles 2 de julio, Serrano Suñer ofreció una cuidada entrevista al corresponsal en Madrid del Deutsche Allgemeine Zeitung, en la que manifestó que España tomaría parte en la «guerra moral» contra la Unión Soviética, «el más odiado de todos los enemigos del pueblo español» (sic).

Del 3 al 16 de julio hubo concentraciones de voluntarios en España. Se trataba de dar una primera pincelada de disciplina militar a una tropa ideologizada. Hubo bastantes tropiezos y no faltó el uso de la fusta para hacer entrar en vereda a más de un exaltado. En tal contexto, el 11 la comisión aposentadora marchó a Grafenwöhr, localidad bávara donde se ubicaba el campo de entrenamiento al que la División estaba destinada. Ya el 13 partieron las primeras expediciones, de las diecinueve que se dirigirían a Baviera. El 22, todas estaban ya allí. Siete eran castellanas; cuatro, andaluzas; dos, vascas; otras dos, catalanas; dos más, valencianas; una, aragonesa, y otra, gallega. Por tierras de España se dio toda la tipología posible de situaciones: despedidas efusivas; otras, más bien tibias; estaciones repletas, y otras, por razón de la hora de pase del tren, vacías.

VIAJE AL FRENTE

El campamento de Grafenwöhr era grande, muy a la usanza alemana del momento. De hecho, constituía una especie de ciudad cuidada con esmero germánico. No faltaron problemas, fundamentalmente a raíz de las interacciones de los divisionarios con las mujeres, fuesen camareras o acompañantes de alemanes. Algunos, solucionados a tortazos. Hubo incluso disparos de pistolas alemanas, que no hicieron blanco. Entretanto, la guerra rugía y, a pesar de los éxitos obtenidos, las dificultades comenzaban a manifestarse. Así, el 30 de julio, la 34.ª directriz de Hitler ordenó, en contra del criterio de sus generales, deseosos de proceder contra Moscú, que el Grupo de Ejércitos Centro debería pasar a la defensa de posiciones, en tanto que proseguiría el ataque en el norte y el sur. Al día siguiente, la mayor parte de la División Azul le juró fidelidad «en su lucha contra el comunismo». El 3 de agosto lo hizo el resto de la unidad. La División Azul se convirtió en la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. Quedó configurada por tres regimientos de infantería (sobraba uno, que debió ser disuelto y sus efectivos repartidos entre los restantes); uno de artillería, con cuatro grupos (tres de ligeros y uno de pesado), y cuatro unidades independientes (zapadores, antitanques, exploración y transmisiones), además de catorce servicios. Más de dieciocho mil hombres, en total.

El 5 de agosto cayó Smolensk. El camino a Moscú quedó expedito para cuando Hitler decidiese proseguir. Estaba previsto que la División Azul, encuadrada en el 9.º Ejército, participase en su toma. Dos semanas después, el 19, concluyó la permanencia en Grafenwöhr y el 20 comenzó la marcha hacia Rusia, uno de los episodios más extravagantes de la historia de la unidad. Cincuenta y tres días en total, de los cuales nueve transcurrieron en tren (20 a 28 de agosto, Alemania y Polonia); treinta y uno, a pie (29 de agosto a 28 de septiembre; Bielorrusia, Lituania, nuevamente Bielorrusia y Rusia), y los trece restantes, de nuevo en tren (29 de septiembre a 11 de octubre, Rusia).

Muchas cosas habían acaecido cuando llegó al punto de destino. El 19 de septiembre había caído Kiev. Cinco días después, en Smolensk, Hitler decidió reforzar su Grupo de Ejércitos Norte con la División Azul, la División 227 y un regimiento paracaidista. A partir de aquel momento, la división española quedó integrada en el 16 Ejército. Pesaron en aquella decisión los malos informes recibidos de los españoles (mala uniformidad, circulación imprudente con bicicletas…). En el fondo habían chocado los cánones mediterráneos de conducta, fundados, grosso modo, en la improvisación y el rechazo a las reglas, con los germánicos, construidos sobre la reglamentación y la norma. Individualismo frente a colectivismo, un choque en suma que tan difícil haría la relación entre los dos grupos humanos. Ni que decir tiene que la decisión supuso una patada para los españoles.

Cuando Hitler tomó la decisión de cambio de frente, la División Azul estaba muy próxima ya a Smolensk. La marcha había resultado extenuante: entre treinta y cuarenta kilómetros diarios (salvo algunas jornadas de descanso), en tramos de seis con breves reposos, en jornadas de siete u ocho horas. El paisaje era monótono, solo quebrado por la acción de la guerra, que había dejado muertos sin enterrar, restos de armamento, tumbas alemanas, columnas de judíos hacia el trabajo forzado (y la muerte) y de prisioneros hacia el cautiverio (con altas posibilidades también de muerte). Con ellos habían topado los españoles fundamentalmente en Grodno y Vilna, donde pudieron ver el estado de postración al que estaban sometidos. Sus actitudes fueron diversas: no faltaron manifestaciones de rechazo, influidas por el antisemitismo de cierto discurso conservador que venía de lejos, pero también hubo aproximaciones y hasta intimidad. Solo la idea de llegar a Moscú había animado a aquella columna de marcha de unos treinta kilómetros de longitud. Ni que decir tiene que el desánimo cundió entre todos el 27 de septiembre, cuando una orden informó del cambio de sentido de marcha y del nuevo destino. Iban a desfilar por la capital de Rusia y, de pronto, se encontraron destinados a un frente de segundo orden. Y habría que desandar cien kilómetros, tras ochocientos cubiertos, para, en Vitebsk, tomar el tren que llevaría a la División al nuevo frente, el de la milenaria Novgorod, antigua capital de Rusia y hasta entonces capital departamental, aunque en aquellos momentos era poco menos que escombros.

NOVGOROD Y EL VOLJOV

El frente de Novgorod venía definido por el río Voljov, cuyo curso unía el lago Ladoga, al norte, con el lago limen, al sur. Al oeste del río, dominio alemán; al este, soviético. La Orden número 24 del OKH (Alto Mando del Ejército) dictaminó que la División Azul debería cruzarlo y reunirse, en su orilla oriental, con la 126 División, para iniciar el avance, que debería concluir ante las colinas Valdai. Fueron varios los intentos, que finalmente fructificaron el 19, con el cruce de una sección de treinta y seis hombres al mando del teniente José Escobedo. Al día siguiente, atravesó el río el batallón completo, al que siguieron nuevas unidades. Las temperaturas eran muy bajas ya, pero aun así, los españoles lograron conquistar algunas pequeñas aldeas. Destacó la toma de Sitno, el 22, que forzó a una defensa en la que se llegó a la lucha cuerpo a cuerpo. El 24, la acción fue reconocida por el Alto Mando de la Wehrmacht y el 25, destacada en el periódico nazi Völkischer Beobachter. El avance culminó el 5 de noviembre, cuando un batallón relevó a un regimiento alemán en las localidades avanzadas de Possad y Otenski, en lo que iba a ser inicio de una lucha defensiva atroz. El frío era ya muy intenso y el equipo de campaña seguía siendo el de verano. El 15 de diciembre el termómetro marcaba cuarenta grados centígrados bajo cero. Para entonces, Muñoz Grandes había ordenado el repliegue a la otra orilla del Voljov. La lucha en Possad y Otenski había resultado extenuante y las bajas sumaban cientos de hombres. Unidas ambas localidades por un pequeño camino, todo era bosque, dominado por los partisanos. La aviación había bombardeado en repetidas ocasiones las posiciones, objeto de ataques continuos de la infantería. De muy poco había servido la visita del general José Moscardó a Sitno el día 1 para arengar a la tropa.

Las cosas eran como eran. Hitler y los alemanes habían debido plegarse a la realidad cuando el 5 de diciembre las unidades siberianas del general Gueorgui Zhukov, salidas de Moscú, habían forzado al repliegue en todo el sector central del frente. La guerra se había invertido definitivamente. La Wehrmacht, exhausta, no recuperaría la iniciativa hasta el punto de que la ofensiva de 1942 quedó limitada a su sector sur, en búsqueda desesperada de petróleo, y la de 1943, a un punto del sector central, el núcleo de Kursk, rápidamente desarbolado por los soviéticos que, a partir de aquel momento, iniciaron el avance que los llevaría hasta Berlín.

Tras el derrumbe del 5 de diciembre, Hitler destituyó al mariscal Walter von Brauchitsch (y a otros mandos) y asumió el mando directo del Heer, el Ejército. A partir de aquel momento dirigió la guerra y aunque no siempre se equivocó su estrategia, que tan buenos resultados le había ofrecido en Occidente, fue errónea para Rusia, realidad geográfica y humana muy distinta. En su desarrollo puede apreciarse la cara pérfida del caudillismo: sin deliberación, sin coordinación del mando, sin una ponderada planificación del conjunto de esfuerzos bélicos, todo quedó supeditado al «genio del Führer». Dispondría de cuatro jefes de estado mayor, algunos de gran talento, los dos primeros, cesados o «dimitidos», el tercero, accidentado, y el último, hundido con la derrota. Así, los generales Franz Halder, Kurt Zeitzler, Heinz Guderian y Hans Krebs intentarían canalizar las órdenes de Hitler en sentido lógico, hasta el punto de que, al son del anunciado hundimiento de Stalingrado, en diciembre de 1942 Zeitzler aprovechó un lapsus de su jefe y logró salvar a todo un ejército, el que se había desplegado en el Cáucaso.

Desde el punto de vista de la División Azul a las tres semanas de la retirada de la orilla oriental del Voljov una nueva tragedia se cernió sobre los españoles: la de la posición intermedia. Un pelotón avanzado, al mando del alférez José Rubio Moscoso, fue aniquilado y los cuerpos de sus hombres clavados en el suelo con picos para el hielo. El contraataque vino de la mano del comandante Tomás García Rebull y se convirtió en una carnicería: no hubo prisioneros. Acababa 1941 y los muertos de la División Azul ascendían ya a mil cuatrocientos, mientras que los del ejército alemán se acercaban al cuarto de millón. El ejército rojo proseguía en su ofensiva. Los presagios eran malos.

En la noche del 4 al 5 de enero de 1942, Hitler calificó a los divisionarios de «banda de andrajosos», «impávidos ante la muerte». Fueron momentos muy difíciles para ellos, que debieron hacer frente a un doble ataque soviético: al norte, del Frente Noroeste, del teniente general Pawel Alexejewitsch Kurotschkin, y al sur, del Frente Voljov, de su homólogo Meretskov. Respecto al norte, en enero la compañía de esquiadores quedó mermada (216 muertes y congelaciones entre 228 hombres) en el intento de rescatar a alemanes en el otro lado del lago limen, que tuvieron que cruzar en zig-zag (estaba helado), dadas las grietas abiertas en el hielo. Muñoz Grandes sacaría de ello provecho propagandístico al hacer llegar a Hitler un álbum con los mensajes que había radiado a sus hombres en pro de la resistencia y los que había recibido. Y en cuanto al sur, tres ejércitos soviéticos irrumpieron en Teremets (enero) y Bol y Mal Samoschje (febrero), puntos en los que la División Azul debió emplearse a fondo y sufrió cuantiosas bajas. Así las cosas, a finales de febrero el Cuerpo de Ejército en el que estaba encuadrada pasó al 18 Ejército, en el que permanecería hasta el final de sus días. Llegada la primavera, del 15 de marzo al 28 de junio, se desarrolló Predador, un conjunto de acciones destinadas a embolsar a las tropas soviéticas al oeste del Voljov y en las que la División Azul tomó parte. Aunque la operación resultó un éxito, no faltaron los sustos, como el del día 2 de abril, cuando carros del general Andrey Andreyevich Vlasov (se pasaría a los alemanes y combatiría contra Stalin, por lo que acabó fusilado) se abalanzaron sobre las posiciones de un batallón.

MÁS AL NORTE: KOLPINO (LENINGRADO)

Llegado agosto de 1942, la División Azul debió cambiar de frente. Fue trasladada al norte, a las afueras de Leningrado, para participar en el proyectado asalto a la ciudad. Quedó ubicada frente al arrabal industrial de Kolpino, atravesado transversalmente por el río Ishora, afluente meridional del Neva. Allí permanecería hasta el fin de sus días, en octubre del año siguiente. Tenía a la Segunda Brigada SS al oeste y la División de Polizei SS al este y resultaba vulnerable a la acción de dos de las tres grandes concentraciones artilleras que defendían los accesos meridionales de la ciudad mártir (trece baterías en Pulkovo y cuarenta en Kolpino).

El 5 de septiembre, Hitler manifestó que uno de sus principales aciertos en la campaña de Rusia (uno de los pocos que tuvo) había sido permitir la participación española. Para entonces había mantenido una segunda entrevista con el general Muñoz Grandes, en la que, según llegó a conocimiento de Madrid, este había aceptado convertirse en relevo de Franco, que se vería relegado a una honorífica jefatura del Estado. Ya hacía tiempo que se había reclamado desde España la vuelta del general, pero Hitler había logrado que permaneciese gracias a los buenos oficios del almirante Wilhelm Canaris, buen amigo de Franco y enviado exprofeso a El Pardo. Su sustituto, el general Emilio Esteban-Infantes Martín, quedó relegado durante meses: primero en Berlín y después en la propia División, con la categoría de segundo jefe. Pero las cosas iban mal para Hitler que, dadas las dificultades en Stalingrado y la necesidad de pertrechos, tuvo que anular el 16 de octubre «Luz del Norte», la operación que había llevado a la División Azul al nuevo frente.

Noviembre de 1942 fue un mes nefasto para las armas alemanas. Batidas en El Alamein, sorprendidas en Marruecos y Argelia por desembarcos aliados (Operación Antorcha) y cercadas en Stalingrado. Hitler ocupó la Francia de Vichy y Córcega, pensó nuevamente en atacar Gibraltar y estableció una cabeza de puente en Túnez, en tanto que en Rusia envió hacia Stalingrado un ejército blindado que fracasaría. Medidas que tras su contundencia escondían la incapacidad para restablecer la situación militar anterior. Por otra parte, la retaguardia alemana comenzaba a ser masacrada desde el aire.

El 13 de diciembre de 1942 Muñoz Grandes abandonó la División Azul y ya en Rastenburg (Prusia Oriental) se entrevistó por tercera y última vez con Hitler. No hubo nada de conspiraciones. Hitler expresó el deseo de conseguir, por su mediación, el compromiso de Franco de utilizar las armas que Alemania le vendería (Programa Bar) contra los anglosajones, ya fuese en España o en Portugal. El general cumplió, pero Franco, aunque dijo que sí, deseaba las armas a cambio de nada. Solo la llegada del nuevo embajador alemán, tras la abrupta destitución de Eberhard von Stohrer por manejos de la diplomacia nazi paralela en Madrid (el llamado Dienststelle Ribbentrop), aclaró la situación. Su sucesor Adolf von Moltke forzó la firma del protocolo secreto germano-español (12 de febrero).

Tres hechos de armas definieron la lucha de la División Azul en 1943. Del 16 al 30 de enero, la de un batallón en Posselok, al sur del lago Ladoga, tras el ataque soviético del 12 para liberar Leningrado, la llamada Operación Iskra. Hacia allí partieron 550 hombres, al mando del capitán Manuel Patiño Montes, y en la defensa de las posiciones asignadas, con el uso del arma blanca y a cuarenta grados centígrados bajo cero, tuvieron 418 bajas, 124, por muerte. Destacó la defensa de la compañía del capitán Salvador, quien tras ser herido varias veces luchó hasta morir. Con él, otro hombre pasó a engrosar la lista de «héroes» de la mística divisionaria. Pero todo quedó en muy poco en comparación con lo que acaeció el 10 de febrero, cuando treinta y ocho batallones soviéticos, apoyados por carros y baterías artilleras, se abalanzaron sobre las posiciones españolas en Krasny Bor («Bosque Rojo»), En menos de veinticuatro horas, 1125 divisionarios resultaron muertos, 1036, heridos y 91 desaparecieron. Solo con los muertos de aquel día, la «deuda de sangre» con el Tercer Reich quedó saldada e invertida dieciséis veces, ya que los alemanes habían dejado poco más de trescientos muertos en España. La Luftwaffe socorrió a los españoles tras ocho horas y cuarenta y cinco minutos de combate y la infantería tardó otra hora en llegar, a pesar de haber sido informada y de que algunas fuerzas contemplaban el combate. Se perdieron entre tres a seis kilómetros de frente, que pasó a ampliar el área de protección de Kolpino. Y en cuanto al tercer hito de la lucha de 1943, hay que referir los combates desarrollados en la orilla occidental del Ishora, cuyas posiciones se mantuvieron al precio de unas treinta bajas diarias. El último asalto soviético de importancia tuvo lugar el 19 de marzo, y costó ochenta bajas más a los españoles.

Los seis últimos meses fueron anodinos. Con el frente estabilizado, se sucedieron acciones ofensivas de infantería por ambas partes. Eran asaltos rápidos, destinados a mermar la capacidad de resistencia del adversario. Buscaban mantener el espíritu ofensivo y capturar prisioneros para someterlos a interrogatorio. Hubo, por parte soviética, ataques de compañías de castigo, entre doscientos y trescientos hombres que asaltaban las trincheras tras ingerir vodka. En cuanto a la artillería, continuó el dominio soviético y en la festividad del 18 de julio atacó el cuartel general español, que liquidó de un porrazo la fiesta (mandos alemanes y españoles) y dejó treinta y ocho heridos, uno de ellos, el comandante José Alemany Vich, que murió. A nivel de operaciones, solo el incremento de las acciones de la Luftwaffe sobre Kolpino y Leningrado elevó un tanto el ánimo de los divisionarios, hombres comprometidos por azares de la guerra en una lucha que, como se desprende de la historiografía (Overy), ante Leningrado fue de exterminio (según cifras oficiales soviéticas, 632 253 civiles muertos de una población inicial de 3,3 millones, aunque fueron muchos más, en torno al millón). Fue un asedio atroz, donde todas las valoraciones morales quedan en precario.

Sin embargo en el Voljov los españoles habían dado muestras de cierto compromiso moral con los rusos, a los que mayoritariamente asistieron y ayudaron, aunque no faltaron muestras de desprecio, marcado por un sentido de superioridad cultural (los rusos eran atrasados, extraños…) que venía de lejos. Muchos se abrieron, en fin, hasta el punto que hubo incontables romances que en numerosos casos fructificarían en hijos (varios hoy todavía en Novgorod). Sabemos, esencialmente por fuentes orales pero también por documentación, que en la repatriación niños rusos acabaron en España, adoptados. También nos consta que columnas de civiles seguían los desplazamientos de la División Azul, en el intento de guarecerse de las imprevisibles acciones de los alemanes, marcadas muchas veces (no todas, por supuesto) por el racismo. Finalmente no ignoramos que los españoles compartieron habitáculo cuando muy bien hubiesen podido monopolizarlo. En fin, sin negar abusos (el robo era un problema serio, perfectamente documentado, que preocupaba mucho al mando alemán), la acción mayoritaria divisionaria fue de entendimiento y cooperación, como también lo fue la rusa, aunque marcada en parte por el deseo de congraciarse con el ocupante. En el fondo, la idiosincrasia española se identificaba más con los parámetros rusos de comportamiento que con los germánicos, normalmente fríos y distantes, aunque moderados por las adversas circunstancias y por el temor a que la población civil se volcase en favor de los partisanos. Salvo excepciones, en condiciones de normalidad el choque de mentalidades entre españoles y rusos no fue, ni de lejos, insuperable. Y así lo testimonia el recuerdo de los que todavía viven, que vieron en aquellos «alemanes extraños», bajitos y morenos, personas con las que era fácil entenderse por medio del lenguaje facial y gestual.

SE IMPONE EL ADIÓS

El 20 de septiembre de 1943 se despidió de los españoles el jefe del Cuerpo de Ejército al que la División Azul estaba adscrita, quien había generado fuertes recelos por su pasividad ante el desarrollo de la batalla de Krasny Bor. Fue sustituido por un hombre relativamente joven que poco pudo conocer a su Blaue División por cuanto acababa de comenzar el proceso que la llevaría a la repatriación. En Madrid, hacía un mes ya que Franco había recibido al embajador Hoare (20 de agosto), tras haber parlamentado con su homólogo norteamericano, profesor Carlton Hayes (28 de julio), quien le había solicitado (exigido sin rudeza, de hecho) que abandonase la «no beligerancia» y retornase a la situación de neutralidad. Para ello, debería conseguir el retorno de la División Azul y ceder en otros aspectos, como eran el cierre del consulado alemán en Tánger y el retorno a Italia de los barcos retenidos en puerto balear. Franco no dudó un momento y puso manos a la obra: reunió al Consejo Supremo de Guerra (los tres ministros militares, el de Exteriores y los jefes de estado mayor de los tres ejércitos) y ordenó la neutralidad informativa de la prensa, radio y las agencias. Pesaba como una losa el hundimiento del fascismo (25 de julio), apreciado referente histórico y modelo. Las cosas para Alemania iban de mal en peor y Franco lo sabía, con informaciones de primera mano que le llegaban de Berlín. Iba a contar con el buen hacer del ministro Jordana y del embajador Ginés Vidal, además del apoyo del duque de Alba y de Juan Francisco de Cárdenas, titular de la embajada en Washington.

Jordana y Vidal se reunieron en San Sebastián el 23 de agosto. El 6 de septiembre, Vidal solicitó al secretario de Estado alemán barón Von Steengracht que la División pasase a retaguardia. Informado von Ribbentrop, captó que no iba a acabar con una retirada temporal. Pasados unos días, Franco reunió al Consejo de Ministros (20 de septiembre) e impuso la retirada y repatriación definitivas, para desagrado de los ministros falangistas que, por boca del titular de Ejército, general Carlos Asensio, lograron que se aprobase la permanencia en Rusia de una «unidad de pequeñas dimensiones». Acababa de nacer, sobre el papel, la Legión Azul, un proyecto sustitutivo de 2269 hombres, que lucharía en Rusia tan solo un mes, en enero de 1944.

El 1 de octubre de 1943, Vidal pidió a Steengracht la repatriación de la División y le entregó un memorándum que proponía el mantenimiento de la pequeña unidad. Aquel día, Franco utilizó, ante el diplomático británico Arthur Yencken, la palabra «neutralidad» para definir la posición española en la guerra.

En todo caso el 12 de octubre de 1943 la División abandonó sus posiciones de combate. Hacía exactamente dos años que lo había iniciado. Casualidades del devenir histórico. La Legión Azul pudo hacer muy poco en unos momentos en que los frentes se desplomaban en el norte de Rusia. Su historia fue, a partir del 26 de enero de 1944, la de una retirada atroz, días después de que los tenientes generales Leonid Govorov y Kirill Meretskov iniciasen con casi un millón y cuarto de hombres su ofensiva de invierno. En abril, la Legión Azul retornó a España. Quedaron, al lado de Alemania, unos cientos de hombres, en parte encuadrados en la Wehrmacht y, en parte, en las Waffen SS. Pero esta es ya otra historia, la de quienes lucharon por su cuenta, al margen del régimen de Franco, obsesionado en ofrecer una imagen grata a los virtuales vencedores de la guerra. Una historia donde los datos se cruzan y la memoria siempre falla.

Quedaron también en Rusia por muchos años (¡hasta 1954!) casi quinientos prisioneros, en parte porque Franco prefirió apuntarse a la Doctrina Truman en vez de negociar con la Unión Soviética en 1947, que sabrían en sus carnes cuál fue el precio a pagar por la fracasada invasión. La historia cuenta que a partir de abril de 1944 Franco y su régimen pudieron respirar después de muchos meses de tensión.

REFLEXIONES FINALES

La realidad de la División Azul difícilmente responde a los cánones diseñados por la narrativa mitificadora, a la que hay que reconocer sus muchas limitaciones, en tanto que a ella sí se ajustan los establecidos por la historiografía académica. Existen, sin embargo, algunos aspectos en los que cabe seguir trabajando y que únicamente voy a apuntar. La División Azul solo fue parcialmente de dicho color, ya que nunca la masa falangista constituyó una mayoría suficiente. Pero difícilmente hubiera podido serlo desde el mismo momento en que el Ejército entró en el juego, sabedor de que el régimen de Franco era más suyo que de Falange. En cuanto a los elevados índices de desafección en la unidad, patentes desde el principio, no hay que olvidar que el diseño de la División estaba compuesto por miles de voluntades difícilmente cuantificables, muchas de ellas afines a sus principios (mayoritarias hasta 1942) y otras hasta cierto punto equidistantes de los extremos. Así, la casuística divisionaria se impone por su amplitud y diversidad (convencidos, obligados, interesados…). Hubo desafecciones, sí, pero también muchas adhesiones y pocas, de hecho muy pocas, deserciones. Por otra parte, debemos resaltar aquí, como cuerpo teórico sólido, la reflexión historiográfica crítica y desmitificadora del «relato divisionario», articulado fundamentalmente sobre seis elementos discursivos: 1. Idealismo desencantado; 2. Conjunción de acusado realismo, a veces tremendista, con lirismo; 3. Silencio ante aspectos poco claros del hacer divisionario; 4. Radical contraste entre el comportamiento español y el alemán; 5. Contradicción entre la idiosincrasia del pueblo ruso y los principios del comunismo, y 6. Justificación de la presencia en Rusia como avance de la caída del régimen comunista.

Cabría, no obstante, seguir profundizando en algunos de los aspectos a que dicha reflexión apunta y en otros que le son inherentes. Por ejemplo, hubo efectivamente hombres de la División Azul que robaron a civiles rusos, pero no hay que olvidar que también actuaron en el seno de la unidad, entre ellos y sobre alemanes. Igualmente se dio el caso de que ejecutaron a espías y partisanos, pero aquello fue una guerra. Probablemente participaron en represalias sobre civiles en respuesta a ataques partisanos, pero no está claramente documentado ni cuándo ni cómo y convendría, además, calibrar el nivel de complicidades. En fin, matizar cuesta y más cuando tenemos ante nosotros un mundo de voluntades tan amplio como fue el divisionario. De ahí que quien esto escribe en su día optase por definir la División Azul como la amalgama de más de cuarenta y cinco mil pequeñas realidades, una por cada uno de sus hombres. La mayoría reposan ya en nuestros cementerios y unas cinco mil bajo tierra rusa. Pocas, muy pocas ya, quedan todavía entre nosotros.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Thomàs, Joan Maria: Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la Guerra Fría (1941-1947), Cátedra, Madrid, 2010.

LA RESISTENCIA ARMADA

EL ÚLTIMO COMBATE DEL ANTIFASCISMO

EN ESPAÑA

por

JORGE MARCO

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA RESISTENCIA

Cristino García Granda, teniente en el Ejército Popular y miembro del XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero durante la guerra civil, se exilió a Francia en 1939. Después de su paso por un campo de concentración, participó activamente en la Resistencia francesa. Tras la liberación de París, en agosto de 1944, recibió la condecoración de Héroe Nacional de Francia. El fascismo retrocedía con firmeza por todo el continente europeo salvo en España, donde la dictadura de Franco trataba de distanciarse de sus aliados tradicionales, la Alemania nazi y la Italia fascista, con el fin de evitar la intervención aliada.

Una vez culminada su misión en Francia, Cristino García Granda decidió regresar clandestinamente a España para continuar su combate. El PCE le había encomendado organizar la guerrilla en las sierras de Gredos y Guadarrama pero, tras la caída de José Vitini, asumió la dirección de la guerrilla urbana en Madrid. El 20 de octubre de 1945 fue detenido, junto a sus compañeros, por la Brigada Político-Social. Cuatro meses después, el 21 de febrero de 1946, unas horas antes de ser ejecutado, Cristino escribió en la soledad de su celda:

Aún es muy largo el camino que tenemos que recorrer hasta ver a nuestra patria libre de fascistas… Cuando se ve cómo tiemblan ante lo que les espera tenemos que dar mucho más, la vida y mil vidas que tuviéramos, pues todo hay que darlo por bien empleado por la libertad y el triunfo del pueblo y la democracia.

Al día siguiente la prensa franquista habló de la ejecución de los «terroristas», «vándalos» y «asesinos» enviados desde el extranjero. «Bandidos», «criminales», «asesinos», «bandoleros», «atracadores», «terroristas», «forajidos». Estos fueron los adjetivos habituales para definir a los guerrilleros antifranquistas que emplearon primero las fuerzas policiales y la prensa y que, a continuación, copiaron los propagandistas de la Dictadura que, vestidos o no de uniforme, se hicieron pasar durante décadas por historiadores. Héroes en Francia y bandoleros en España.

La estrategia del Régimen no era, en realidad, novedosa. El nazismo y el fascismo italiano también habían calificado con las mismas palabras a los miembros de la Resistencia en Europa. La diferencia radica en las distintas evoluciones que sufrieron los países europeos tras la segunda guerra mundial. Mientras que en Francia o en Italia, por señalar algunos casos, el fascismo fue derrotado en 1945 y los guerrilleros pasaron a convertirse en héroes de la nueva democracia, en España la Dictadura se mantuvo durante las tres décadas siguientes, relegando al olvido, cuando no a la simple criminalidad, a los combatientes antifranquistas. Un desequilibrio que las recientes décadas de la joven democracia española no ha podido, todavía, solventar.

JUVENTUD Y ANTIFASCISMO

La «generación de 1936» no es una simple figura retórica. Durante la Segunda República una nueva generación de jóvenes se involucró activamente en la política. La insurrección militar del 17 de julio de 1936 movilizó, de forma significativa, a la «juventud antifascista». Observadores españoles y foráneos quedaron impresionados por el espíritu de los jóvenes combatientes. El Ejército Popular nunca fue revolucionario pero tampoco asumió los parámetros de los ejércitos convencionales. Era el Ejército del Pueblo, unas Fuerzas Armadas Antifascistas, tal y como lo denominó el propio gobierno republicano en la primavera de 1937. Los soldados no eran simples soldados, sino jóvenes combatientes, militantes antifascistas en un ejército con un profundo carácter ideológico. Desde el Ejército Popular se desplegó toda una artillería para instruir a los soldados en materia política, bajo la atenta supervisión de los comisarios políticos. Aquella era una guerra que no se podía ganar exclusivamente con las armas, o al menos esa fue una de las utopías más difundidas. Los fusiles y las pistolas eran necesarios, pero la nueva sociedad se construía sobre la base de la cultura. Una cultura popular y militante, orgullosa de sí misma, y una cultura de élite que decenas de intelectuales trataban de acercar al pueblo. Ambas debían confluir en una cultura común que forjara ciudadanos conscientes y republicanos.

La utopía germinó en las trincheras, detrás de las endebles paredes de sacos terreros, en las zanjas cavadas con palas de hierro en la tierra. Trabajo y cultura. Esfuerzo y cambio social. Los soldados analfabetos, sentados en improvisadas mesas de madera, aprendían a leer y a escribir gracias a la ayuda de los soldados letrados bajo la luz eléctrica de los viejos generadores. Junto a los cuadernos y los libros reposaban los fusiles, a punto de cualquier emergencia. Letras y pistolas; balas y caligrafía. La escuela en las trincheras alternó el combate, la formación, la camaradería y el aprendizaje. Pero los soldados no solo aprendían a leer y a escribir. La lectura y la escritura eran consideradas dos herramientas culturales para su liberación. Aquellos jóvenes soldados descubrían, entre debates y discusiones apasionadas, nuevas identidades, nuevas formas de solidaridad y, sobre todo, adquirían una nueva conciencia sobre sus propias capacidades y potencialidades colectivas. La experiencia de la guerra, sin lugar a dudas, transformó la mentalidad de miles de jóvenes soldados republicanos que, por primera vez en sus vidas, se sentían protagonistas de la Historia. Al terminar la guerra, ninguno de ellos era la misma persona que años atrás había salido de su casa, forzado o con la ilusión del voluntario. Aquellos que retornaban a sus hogares ya no eran unos jóvenes imberbes que, en muchos casos, nunca habían traspasado los límites de su municipio, sino miles de excombatientes con una experiencia bélica difícil de olvidar.

La guerrilla antifranquista, sin lugar a dudas, fue una consecuencia de aquella enorme transformación colectiva. Miles de jóvenes soldados republicanos habían aprendido a defender con las armas sus derechos y sus ideales. Al terminar la guerra se descubrieron en su nueva doble condición: de vencidos por un lado, pero también de excombatientes orgullosos con una cultura de guerra arraigada en su experiencia. Tres cuartas partes de los guerrilleros españoles en la posguerra habían sido combatientes durante la guerra civil. La mayor parte tenían entre 18 y 30 años que eran quienes habían formado la columna vertebral del Ejército Popular en la guerra y, más adelante, formaron el corazón del movimiento guerrillero en España. Todos compartían unas experiencias comunes, una cultura de guerra, un fuerte sentido de camaradería que germinó en las trincheras y terminó por trasladarse a las sierras.

LOS PRIMEROS HUIDOS (1936-1943)

Estos surgieron durante la guerra civil. La violencia insurreccional en el verano de 1936 y la paulatina ocupación del territorio por las fuerzas sublevadas empujaron a decenas de personas a esconderse en las sierras y los montes más cercanos. Las altas cimas y los bosques frondosos parecían el único refugio posible para escapar de una muerte segura. Muchos de ellos eran simples vecinos: hombres y mujeres, acompañados de sus hijos, cuyo único delito había sido militar en una organización obrera o republicana. Deambulando a la intemperie, la mayor parte trató de cruzar a la zona republicana para lograr la ansiada libertad. Pero entre los primeros huidos también hubo soldados republicanos cuyas unidades se habían disuelto en el campo de batalla. Escasamente armados, emboscados en la retaguardia enemiga, trataron de realizar algunos sabotajes, aunque sus acciones nunca tuvieron impacto en el desarrollo de la guerra. Galicia, León, Asturias, Cantabria y Huelva fueron los lugares donde mayor presencia de huidos hubo durante la contienda. Aquellos hombres que sobrevivieron fueron la base de la guerrilla antifranquista en la posguerra, aunque su número a la altura de 1939 no debió superar la centena en toda España.

Al terminar la guerra se produjo una nueva oleada de huidos a la sierra. En el mes de abril de 1939, tras la derrota militar, miles de soldados republicanos desmovilizados retornaron a sus hogares. Pero la vuelta a los municipios de origen no significó un regreso a la normalidad, sino todo lo contrario. La guerra y el proyecto de limpieza política diseñado por la Dictadura transformaron radicalmente la situación en los pueblos y las ciudades. Aquellos vecinos que habían participado en el Ejército Popular, o que hubieran tenido algún tipo de relación con el movimiento obrero durante el periodo de la República, se vieron sometidos a un profundo proceso represivo. Las nuevas autoridades locales y los vecinos más activos en su colaboración con la Dictadura iniciaron la purga a través de las denuncias y las detenciones. Las cárceles, las prisiones habilitadas y los campos de concentración se atestaron de presos, mientras la justicia militar continuaba su labor de limpieza y castigo. En aquellos primeros meses de la posguerra todas las noches, una vez caído el sol, la Guardia Civil llegaba a los centros de detención con el listado de las personas que serían fusiladas al amanecer.

En unos casos fue el miedo, en otros el sentido de dignidad por el cual algunos prefirieron morir combatiendo antes que ser llevados dócilmente ante un pelotón de fusilamiento. Ambas razones fueron las que provocaron, a lo largo de prácticamente toda la geografía española, el fenómeno común de los huidos en la posguerra. Decenas de personas, ante la muerte o la condena inminente, también decidieron negar su condición de vencidos y recuperar la iniciativa, fugándose de las prisiones y los campos de concentración.

Pronto comenzaron a formarse los primeros grupos armados. La vecindad, la amistad y el parentesco —y no tanto las preferencias ideológicas— fueron los principales lazos que aglutinaron a los huidos en la sierra. Combatir a la Dictadura y, sobre todo, sobrevivir, fueron sus dos objetivos esenciales en aquel periodo. Las armas y los medios eran escasos y la moral de los vencidos baja, por lo que el carácter de sus acciones tuvo un sentido más defensivo que ofensivo. Atracos y secuestros (expropiaciones, golpes económicos) contra quienes mostraban adhesión a la Dictadura, pequeños sabotajes… En conclusión, un abanico de acciones reducido debido a las precarias condiciones de su resistencia.

El fenómeno de los huidos no es un rasgo particular de la guerrilla antifranquista. La mayor parte de los movimientos de resistencia en Europa, en sus orígenes, también nacieron a partir de grupos descoordinados de huidos. Vecinos y soldados que, tras la ocupación de su territorio y temerosos de las represalias, se echaban al monte para sobrevivir. Una reacción natural, espontánea, que progresivamente se fue ordenando hasta constituir un movimiento organizado de Resistencia.

DE LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES A LA INVASIÓN

DEL VALLE DE ARÁN (1943-1944)

La guerra civil provocó una trasformación y fractura enormes dentro del movimiento obrero español. Las dos organizaciones hegemónicas, la UGT y la CNT, sufrieron una importante sangría de militantes y sucesivas crisis internas durante la guerra. El PCE, por el contrario, un partido minoritario entre 1931 y 1936, pasó a convertirse en el mayor referente de la lucha antifascista. A la altura de 1939 el enfrentamiento entre socialistas y anarquistas, por un lado, y comunistas, por otro, hacía imposible cualquier tipo de acción concertada. El pacto germano-soviético, firmado en agosto de 1939, enterró definitivamente cualquier posibilidad de entendimiento en la oposición antifranquista. Esta es la razón por la cual surgieron distintas iniciativas paralelas para organizar la resistencia en España, fomentando la división y la competencia entre los primeros grupos armados.

El primer proyecto guerrillero surgió en el seno del PCE. Una vez roto el pacto germano-soviético, en agosto de 1941, la delegación francesa del Partido lanzó un llamamiento para la unión de todas las fuerzas antifascistas bajo las siglas de la Unión Nacional. Dentro de la nueva organización se constituyó en la primavera de 1942 el XIV Cuerpo del Guerrilleros —en una clara alusión a las unidades guerrilleras del Ejército Popular creado por Juan Negrín en septiembre de 1937—, donde se integró gran parte de los exiliados españoles que formaban parte de la Resistencia en Francia. Pero la propuesta de la Unión Nacional contó con el rechazo frontal del resto de organizaciones políticas del exilio, quienes acusaron al PCE de seguir a pies juntillas las directrices de Moscú.

La respuesta a la Unión Nacional llegó un año después, en 1943, cuando el PSOE en el exilio, junto a Esquerra Republicana de Catalunya y Acció Catalana Republicana, crearon la Junta Española de Liberación. Su impacto en España fue escaso y a finales de 1944 se disolvió en beneficio de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, una coalición cuajada en el interior por militantes socialistas y anarquistas a la que se sumaron sectores republicanos y poumistas. El objetivo era aglutinar a toda la oposición antifranquista con la excepción del PCE, que seguía manteniendo su enemistad con el resto de organizaciones.

El PCE trató de romper su aislamiento a comienzos de 1944 con la creación de la Junta Suprema de Unión Nacional. Jesús Monzón, líder del partido en Francia, trató de integrar a diferentes sectores del exilio y del interior, aunque sus esfuerzos fueron en vano. Las tácticas hegemónicas desarrolladas por el PCE seguían suscitando el rechazo en el resto de sectores. Aun así, la Junta Suprema de Unión Nacional rápidamente se convirtió en la referencia guerrillera de la oposición antifranquista gracias a la Agrupación de Guerrilleros Españoles, una organización constituida en 1944 a partir de la estructura del XIV Cuerpo de Guerrilleros. La AGE protagonizó la invasión del Valle de Arán, la operación de mayor envergadura llevada a cabo por la resistencia armada contra Franco.

El PCE, ante la inminente derrota del fascismo europeo, decidió organizar varias invasiones guerrilleras en España. Cientos de soldados republicanos exiliados, después de su paso por los campos de concentración en el sur de Francia, se habían incorporado a la resistencia francesa desde 1941. Aunque la acción de los exiliados entre los maquisards se desarrolló en distintas unidades, un gran número se encuadró a partir de 1944 en la AGE. Una vez liberado París, en agosto de 1944, entre 8000 y 9000 guerrilleros españoles se trasladaron a la frontera francesa con una idea común: librar en España la última batalla contra el fascismo.

La operación del Valle de Arán se desarrolló entre octubre y noviembre de 1944. A lo largo de un mes y medio se realizaron varias incursiones guerrilleras en los Pirineos con el objetivo de provocar una insurrección nacional y establecer una zona de control insurgente donde se asentaría un gobierno provisional. La invasión, pensaban los dirigentes del PCE, permitiría vincular el conflicto español con el europeo y, por lo tanto, el destino de la Dictadura franquista con el del resto de los fascismos. En la operación participaron unos 3500 guerrilleros, de los cuales unos 800 fueron detenidos. Entre 200 y 330 murieron en combate. La invasión había sido anunciada por distintos medios de propaganda previamente, por lo que el ejército franquista la repelió sin grandes dificultades. La operación no logró ninguna de sus metas, pero las consecuencias internas dentro del PCE y del movimiento guerrillero fueron cruciales.

El fracaso de la invasión del Valle de Arán se utilizó para realizar una purga interna del PCE. El Comité Central, bajo la dirección de Dolores Ibárruri, consideró que la Junta Suprema de Unión Nacional y la delegación francesa del partido, liderados por Monzón, habían adquirido demasiada autonomía y era necesario restaurar la autoridad. Por ese motivo Pasionaria envió a Santiago Carrillo en el mes de noviembre de 1944, en plena operación, al sur de Francia. Historiadores y protagonistas han discutido durante décadas sobre si Carrillo dio la orden de retirar las unidades guerrilleras o si la decisión, en cambio, ya estaba tomada cuando el joven dirigente llegó a Toulouse. Este asunto, en realidad, no es más que una cuestión secundaria. Lo fundamental de aquel acontecimiento fue que permitió a Santiago Carrillo y, con él, al Buró Político del PCE, hacerse con el control del partido dentro de España y en el sur de Francia acusando a Monzón y a sus seguidores de «provocadores». En los meses siguientes se realizó una amplia purga dentro del partido y Santiago Carrillo, a partir de ese momento, se convirtió en el máximo dirigente de la guerrilla comunista en España.

AGRUPACIONES GUERRILLERAS (1944-1952)

El cambio de rumbo en la guerra mundial a partir de 1943 fue decisivo en la transformación de la resistencia armada antifranquista. La perspectiva de una victoria aliada elevó la moral de los vencidos en España. Una derrota del fascismo europeo supondría inmediatamente la caída de la Dictadura. En este contexto debe entenderse el esfuerzo de la oposición por transformar a los grupos de huidos en un auténtico movimiento guerrillero. El PCE, sin lugar a dudas, fue la organización que mayor empeño y esfuerzos desarrolló en este cometido. Santiago Carrillo, ahora al mando de la dirección guerrillera desde Francia, envió decenas de cuadros militantes a España con el objetivo de retomar las riendas del partido y crear un nuevo modelo de resistencia a través de las agrupaciones guerrilleras. Estas debían unificar a todos los grupos armados locales y dotarles de una disciplina militar, una jerarquía propia de un ejército y un mayor sentido nacional de la lucha, erradicando cualquier tipo de localismo.

La misión fue cualquier cosa menos sencilla. Por un lado los dirigentes del PCE se encontraron con la resistencia de algunos grupos armados locales —en mayor o menor número dependiendo de la zona— a integrarse en las agrupaciones. Los grupos autóctonos se habían organizado desde sus orígenes entre vecinos, amigos y familiares, por lo que solían estar mezclados ideológicamente, y en muchos casos se negaron a perder su autonomía. Otros grupos locales, en cambio, se mostraron contrarios a la unificación por cuestiones ideológicas. Aquellos grupos que tenían un nutrido número de guerrilleros socialistas o anarquistas recelaban de la propuesta del PCE, integrándose en la plataforma de la Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas. La Federación de Guerrillas León-Galicia o el Grupo de Guerrilleros del Sur de España (Almería), con una enorme heterogeneidad política entre sus integrantes, prefirieron no decantarse por una u otra organización con el fin de no abrir una crisis interna. Las divisiones políticas terminaron habitualmente con la fractura de los grupos y propiciaron la constitución de nuevas organizaciones guerrilleras bajo la hegemonía del PCE. No faltaron tampoco casos de grupos armados de signo comunista que, ligados a la antigua dirección de Monzón, mantuvieron una difícil relación con los nuevos dirigentes enviados por Carrillo.

En cualquier caso, la propuesta del PCE finalmente logró implantarse en la mayor parte de la resistencia. Entre 1944 y 1946 se crearon diversas agrupaciones guerrilleras que constituyeron el Ejército Nacional Guerrillero, concentrado en los principales sistemas montañosos de la península:

EJÉRCITO NACIONAL GUERRILLERO (1944-1952)

1.ª Agrupación: Cáceres, Toledo, Ávila, suroeste de Madrid y norte de Badajoz y Ciudad Real.

2.ª Agrupación: Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Toledo, Cáceres y Badajoz.

3.ª Agrupación: Córdoba, sur de Badajoz y Ciudad Real.

4.ª Agrupación: Galicia y León.

5.ª Agrupación: Este de Ciudad Real, sur de Cuenca y oeste de Albacete.

6.ª Agrupación: Cádiz y Málaga occidental.

Agrupación guerrillera de Málaga/Granada: Granada, Málaga oriental y zonas limítrofes con Almería y Jaén.

Agrupación guerrillera de Levante/Aragón: Teruel, Valencia, Castellón, Cuenca y zonas limítrofes.

Las agrupaciones guerrilleras fueron, sin lugar a dudas, la apuesta más seria dentro del movimiento guerrillero en España. Dirigidas por un reducido grupo de jóvenes con larga experiencia, sus acciones siempre trataron de superar las limitaciones que las propias condiciones de la lucha imponían. Pero el aislamiento de la guerrilla antifranquista a nivel internacional, sin ningún tipo de apoyo o soporte exterior, redujo en gran medida sus capacidades. Es por este motivo que, aunque el sabotaje era uno de los objetos fundamentales de las agrupaciones sobre el papel, su reflejo en la realidad fue extremadamente pequeño. La necesidad constante de autofinanciarse situó a los golpes económicos y a los secuestros como las dos acciones más comunes en la guerrilla. Con el objeto de no ser confundidos por la población con unos delincuentes, cada una de las acciones solía ir acompañada de propaganda política. El asesinato de chivatos y confidentes, como en el resto de resistencias en Europa, concentró la mayor parte de los homicidios que llevó a cabo la guerrilla, aunque las cifras en España —menos de mil— fueron muy inferiores a sus homólogos europeos. En algunas ocasiones también se ocuparon pequeños pueblos aislados durante algunas horas con el propósito de reunir a los vecinos y extender, a través de mítines, los postulados de la resistencia. Estas fueron, junto a los combates con la Guardia Civil, las acciones básicas del Ejército Nacional Guerrillero.

La guerrilla en España fue básicamente campesina. Y no lo fue solo porque actuara en la sierra, sino porque en torno al 90% de los guerrilleros procedían del campo y de las actividades económicas vinculadas al sector primario. Los obreros urbanos, en cambio, no debieron superar el 7% de los guerrilleros. Por ese motivo las agrupaciones concentraron sus focos de acción en las sierras y los montes más abruptos. La Agrupación de Levante-Aragón fue la organización que contó con mayor número de miembros. Sin embargo, la de Granada fue la más activa, asumiendo los índices más altos en golpes económicos, secuestros, homicidios y encuentros con las fuerzas gubernamentales.

GUERRILLA URBANA

La guerrilla urbana tuvo un carácter marginal y sus actividades se concentraron en Madrid, Málaga, Granada y, sobre todo, en Barcelona y su cinturón industrial. En el caso de Cataluña, estuvo dominada por los sectores anarquistas, destacando las figuras de Josep Lluís Facerías, Francisco Sabaté y Ramón Vila Caracremada. Tuvo dos características esenciales. En primer lugar, los guerrilleros anarquistas no residían de forma permanente en Barcelona. La proximidad de la frontera les permitía introducirse en el país, actuar, y regresar de nuevo a Francia, evitando de este modo las medidas de control habituales. En segundo lugar, los líderes solían formar grupos esporádicos. Una vez concluida la acción, el grupo se disolvía. En ocasiones incluso llegaron a realizar acciones individuales, sin necesidad de crear una estructura de apoyo en el interior. Tales características permitieron que la acción urbana en Cataluña se prolongara a lo largo del tiempo más allá de lo previsible: Facerías (1939-1957), Sabaté (1945-1960) y Vila (1946-1963).

La guerrilla urbana en Madrid tuvo una vida más efímera. La actividad se concentró en el año 1945, aunque hubo pequeñas acciones aisladas que se prolongaron hasta 1947. Uno de los rasgos más importantes fue su carácter exógeno, es decir, el desarrollo y la promoción de la guerrilla se efectuó desde el exterior. Antes de 1945 su presencia era residual y aunque existían algunos proyectos internos, ninguno había llegado a cuajar. Entre 1944 y 1945 el PCE en Francia envió varios cuadros —entre los más importantes José Vitini y Cristino García Granda— con el fin de organizar la Agrupación Guerrillera de Madrid pero, tras varios fracasos y redadas, la actividad guerrillera en la capital quedó prácticamente extinguida.

El último foco de guerrilla urbana se concentró en Andalucía oriental y, más concretamente, en las capitales de Málaga y Granada. En el primer caso actuó un pequeño grupo de signo anarquista, liderado por Antonio Raya. Como en el caso de los guerrilleros anarquistas en Cataluña, varios miembros tenían una experiencia previa como «expropiadores» durante el periodo de la República. La actividad en la ciudad de Málaga se concentró entre 1939 y 1940. A mediados de 1941, asediados por la policía, decidieron desplazarse a la capital granadina, donde el grupo fue finalmente eliminado en el mes de junio de 1942. Del mismo perfil fue el grupo liderado por el «Niño de la Inés», cuya acción en Granada transcurrió entre 1939 y 1940. La excepción, sin lugar a dudas, fue el grupo de los hermanos Quero. Muy heterogéneo en su composición política, su actividad se extendió entre 1940 y 1947 en la capital y alrededores. El grupo, a pesar de ser extremadamente pequeño, alcanzó gran fama en la región debido a sus espectaculares acciones y a un rasgo muy particular: casi la mitad de sus miembros se suicidaron antes de entregarse o ser capturados.

DEL CAMBIO DE TÁCTICA AL FINAL DE LA RESISTENCIA

(1948-1952)

Tras el final de la guerra mundial el aislamiento de la guerrilla antifranquista fue agudizándose. Las potencias democráticas occidentales, como ocurrió durante la guerra civil, abandonaron la causa republicana a su suerte. Los aliados habían derrotado al fascismo en Europa pero, en un incipiente contexto de guerra fría, permitieron la continuación de las dictaduras en España y Portugal. Un enorme jarro de agua fría cayó sobre los guerrilleros españoles. Ante la nueva situación, 1947 marcó una primera fase de desmovilización de la resistencia armada contra Franco. En distintos puntos de la geografía española pequeños grupos armados, dada la pasividad de Francia, Gran Bretaña y EE. UU. ante el «problema español», decidieron dejar las armas y huir al extranjero. Algunos lo consiguieron, pero en la mayoría de los casos fueron eliminados por el Ejército y la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, la Dictadura incrementó sus medidas represivas. La Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo agravó las penas contra los guerrilleros en la sierra. Del mismo modo, la Guardia Civil y el Ejército implementaron nuevas medidas de contrainsurgencia. Grupos de contraguerrilla formados por guardias civiles y exguerrilleros sembraron el terror en los focos de mayor actividad. La ley de fugas se extendió como práctica habitual. Centenares de guerrilleros y enlaces fueron asesinados. Las nuevas medidas aplicadas a partir de 1947 diezmaron la guerrilla hasta tal punto que, a la altura de 1948, tan solo sobrevivían dos importantes focos guerrilleros: en la zona de Levante-Aragón y en Andalucía oriental.

En el mes de febrero de 1948 una comisión formada por Santiago Carrillo, Enrique Líster y Juan Modesto acudió a Yugoslavia con el propósito de conseguir armas y ayuda en el transporte. Importantes líderes partisanos yugoslavos habían participado en la guerra civil española como brigadistas. En Yugoslavia, además, trabajaban varios miembros del PCE como asesores del estado mayor y el gobierno de Tito apoyaba entonces la lucha guerrillera en Grecia. Todos estos factores explican la petición de ayuda al gobierno yugoslavo, pero la delegación no pareció ser consciente del importante cisma que se estaba abriendo entre los comunistas griegos y yugoslavos y el poder soviético. La noticia llegó a Stalin, quien convocó en el mes de octubre en el Kremlin a una delegación del PCE formada por Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri y Francisco Antón. El encuentro, al que acudieron Stalin, Molotov, Voroshilov y Suslov, tenía el propósito de conocer de primera mano los propósitos del pequeño PC español y su lealtad a las directrices del Kominform.

Según los testimonios, la idea básica que transmitió en aquella reunión Stalin fue que no debían olvidar una línea de gran tradición leninista como era el trabajo y la infiltración en los sindicatos verticales. ¿Significaba esto la desmovilización de facto de la guerrilla antifranquista? Nunca han quedado claras las instrucciones al respecto de Stalin, pero el PCE mantuvo la apuesta por la resistencia durante los años siguientes, al tiempo que trataba de iniciar su trabajo en los sindicatos. El cambio de táctica, en realidad, fue penetrando lentamente en los planes del PCE e incluso en sus últimos años las consignas resultaron confusas y contradictorias.

La desmovilización de la guerrilla antifranquista se caracterizó por su desorden. La decisión se tomó con tal lentitud que prácticamente todos los cuadros guerrilleros fueron detenidos o muertos en combate. El PCE tan solo organizó la evacuación de los últimos veintisiete supervivientes de la Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón entre finales de 1951 y comienzos de 1952, olvidando al resto de guerrilleros. Aquellos que sobrevivieron y alcanzaron el exilio fueron sometidos a un interrogatorio por parte de Carrillo y sus colaboradores al cruzar la frontera.

Todos los guerrilleros fueron dispersados en varios países del este de Europa o en Francia con el objeto de impedir que pudieran formar núcleos de disidencia interna. La desmovilización guerrillera se produjo al mismo tiempo que se desarrollaba una nueva ola de purgas en la órbita soviética. El cisma yugoslavo había abierto un nuevo proceso depurador estalinista en el que se vieron afectados antiguos miembros de la resistencia en Europa y de las Brigadas Internacionales en España. El PCE, aunque a menor escala, también inició un proceso similar, recurriendo de nuevo al fantasma del monzonismo.

CONCLUSIÓN

Entre 1939 y 1952, unos 8000 guerrilleros integraron la resistencia armada contra Franco. De ellos, aproximadamente la mitad, unos 4000, debieron morir en combate, asesinados por el procedimiento de la ley de fugas o ejecutados después de un consejo de guerra. No se conoce el número de guerrilleros que consiguieron llegar al exilio, pero su número difícilmente superó las 300 personas. Aquellos que no murieron o no huyeron de España sufrieron la cárcel y la tortura. También gran parte de sus familiares, camaradas y amigos, el gran soporte social de la resistencia. Las cifras de muertos se desconocen, pero se estima que en torno a 60 000 enlaces fueron detenidos por colaborar con la guerrilla.

La Dictadura no ahorró ningún sufrimiento a aquellos que consideró como «recalcitrantes». No había mayor insolencia que rebelarse después de la derrota. La memoria de la democracia debe mucho, sin embargo, a su insolente rebelión. Una rebelión de supervivencia y, al tiempo, de libertad, protagonizada por una generación de jóvenes que tenía depositada la fe en el futuro. Fe en un mundo más justo y más igualitario. Fe en el cambio social y en la revolución. La más salvaje de todas las dictaduras de la Europa occidental, al margen de la Alemania nazi, cercenó su sueño, pero no su testimonio de rebeldía, de justicia y de libertad.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aróstegui, Julio, y Jorge Marco (eds.): El último frente. La resistencia armada antifranquista en España (1939-1952), Catarata de los Libros, Madrid, 2008.

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Moreno Gómez, Francisco: La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. Crítica, Barcelona, 2001.

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Yusta, Mercedes: Guerrilla y resistencia campesina. La resistencia armada contra el franquismo (1939-1982), Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003.

AUTARQUÍA Y MERCADO NEGRO

LA AUTÉNTICA ECONOMÍA POLÍTICA

DEL FRANQUISMO

por

CARLOS BARCIELA

Los resultados de las investigaciones de los expertos en la historia económica contemporánea son unánimes y coinciden en señalar la profundidad y duración de la depresión que sufrió la economía española durante los años cuarenta del pasado siglo. Albert Carreras afirma que esta década es la única de la historia reciente de España en la que se sufrió una pérdida de bienestar a largo plazo. Basta echar un vistazo a la evolución de las macromagnitudes más significativas: producción agraria e industrial, inversión, comercio exterior, PIB y PIB per cápita, para hacerse una idea de la magnitud del desastre. La disminución de la estatura, un indicador biológico que sintetiza las condiciones de vida, refleja dramáticamente las graves carencias alimenticias, higiénicas y sanitarias sufridas por la mayor parte de la población española.

MITOS SOBRE EL COLAPSO ECONÓMICO

Para la mayor parte de los españoles que vivieron aquella época, y que no utilizaban estos conceptos económicos, fueron, sencillamente, los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento y las colas, de las enfermedades, de la escasez de agua, de los cortes en el suministro de energía, del frío y los sabañones. «Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan», el famoso eslogan franquista, refleja, a la vez, la modesta e inalcanzada meta que el Régimen fue incapaz de conseguir para la mayoría de los españoles.

La otra cara de la moneda fue la plena restauración de la propiedad privada —parcialmente cuestionada por las reformas republicanas y gravemente amenazada durante la guerra—, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los grandes estraperlistas protegidos del Régimen y la recuperación de los privilegios sociales y económicos de la Iglesia y el Ejército.

Además de su intensidad, el otro rasgo característico de la depresión de los años cuarenta fue su larga duración: hasta 1951-1952 no se recuperaron los índices del PIB y PIB per cápita, respectivamente, de 1935. No obstante, debe señalarse que la recuperación de los niveles de bienestar fue todavía más tardía, como consecuencia de la apuesta del Régimen por la industria pesada y militar, a costa del abandono de la agricultura y las industrias de consumo. Así, el nivel de consumo alimenticio de preguerra, en términos de calorías totales, solo se alcanzó a mediados de los años cincuenta y el consumo de algunos productos de calidad, como la carne y los lácteos, se retrasó hasta entrados ya los años sesenta.

Comparativamente, la depresión posbélica española fue mucho más intensa y larga que la de los países europeos afectados por la segunda guerra mundial. En un reciente trabajo he presentado lo que he denominado «índice de eficacia en la recuperación». Este índice relaciona los años de retroceso del PIB como consecuencia de la guerra con los años que se necesitaron para recuperar el nivel previo al conflicto. Los resultados son muy significativos. Alemania fue 4,1 veces más eficaz en su recuperación que España, Italia 4,8 veces, Francia 9,1 veces y los Países Bajos 11 veces. Para el Régimen, la grave y prolongada depresión posbélica fue debida a los daños causados por la guerra civil («las destrucciones de los rojos», en la propaganda oficial), al aislamiento internacional de España y a las adversas condiciones climatológicas (la famosa «pertinaz sequía»).

Los daños de la guerra deben ser, sin embargo, matizados: fueron limitados sectorial y territorialmente. Tan solo fueron verdaderamente importantes en algunos sectores como en los transportes y las infraestructuras. A ello hay que añadir la pérdida de las reservas internacionales, el endeudamiento, la desarticulación económica y los problemas monetarios. Según datos del propio Servicio de Recuperación Agrícola franquista, los daños fueron escasos en la agricultura aunque algo mayores en la ganadería. La industria y la minería sufrieron desplomes no demasiado intensos (recordemos, al respecto, que la minería asturiana estaba a pleno rendimiento ya durante la guerra y que la industria vasca pasó intacta a manos de los sublevados). Las destrucciones de viviendas fueron limitadas y localizadas ya que, salvo contadas excepciones, las ciudades no sufrieron los devastadores bombardeos que afectaron a muchas urbes europeas. En todo caso, las destrucciones bélicas fueron muy inferiores a las que sufrieron los países afectados por la segunda guerra mundial.

Las pérdidas más graves, curiosamente olvidadas por el Régimen, fueron las de vidas humanas. Los cientos de miles de muertos en los frentes de batalla y en las retaguardias. Los miles de víctimas de la represión tras el final de la guerra y los fallecidos por el hambre, las privaciones y las enfermedades. Pero no solo se trató de los muertos: cientos de miles de españoles fueron víctimas de variados tipos de represalias, depuraciones y represión laboral y la población penitenciaria alcanzó cifras extraordinarias y arbitrariamente prolongadas. Miles de españoles trabajaron en condiciones de auténtica esclavitud, para el Estado y para empresas privadas, en cientos de obras: desde túneles ferroviarios hasta presas y canales de regadío. Finalmente, hay que tener en cuenta el capítulo de los exiliados, particularmente importante desde el punto de vista del capital humano. [→ REPRESIÓN, → EXILIO].

Resulta muy llamativo que incluso un personaje como Himmler aconsejara a Franco, durante su visita a Madrid, una política de menor rigor represivo y más favorable a la integración de la clase obrera en las estructuras del Nuevo Estado, si quería avanzar en la reconstrucción del país. La depuración ideológica y el retorno del fundamentalismo religioso fueron una pesada losa que impidió el desarrollo de la libertad y la iniciativa. La enseñanza de la religión católica y el adoctrinamiento de los jóvenes se erigieron en los objetivos fundamentales de la educación, relegando las enseñanzas científicas y humanísticas ya que, como predicaban reiteradamente los curas: ¿de qué valía conseguir todas las riquezas de este mundo, si se perdía el alma? La sociedad española se convirtió en una sociedad empobrecida material e intelectualmente y terriblemente atemorizada. [→ NACIONALCATOLICISMO].

Para colmo de males, el lugar que dejaron vacío los científicos, intelectuales y maestros republicanos fueron ocupados por elementos del Régimen y personas afines políticamente que, en muchos casos, carecían de las cualidades y la preparación técnica necesaria. Los «aprobados patrióticos», en los que se valoraba la trayectoria política y no la competencia científica o técnica, fueron la mejor muestra de esta degradación.

El aislamiento internacional de España, a partir del final de la segunda guerra mundial, también debe matizarse. En primer lugar hay que decir que fue más espectacular, por la retirada de embajadores y la condena de la ONU, que efectivo en términos económicos. Durante la guerra, Franco había contado con las abiertas simpatías de Churchill, con crédito de las grandes empresas norteamericanas, como Texaco y General Motors, y el apoyo de la banca española y las finanzas internacionales. Tras la condena internacional, el comercio con Gran Bretaña y otros países europeos no se interrumpió y la ayuda argentina y norteamericana resultaron fundamentales para la supervivencia del Régimen. Por otra parte, no deja de ser llamativo y paradójico que un régimen que tenía entre sus principios básicos el logro de la autarquía, es decir, el aislamiento, se quejara precisamente de tal situación.

Frente a la explicación oficial, la práctica totalidad de los investigadores que han abordado este periodo están de acuerdo en señalar que, por encima de cualquier circunstancia, la duración y profundidad de la crisis no puede ser entendida sin situar en primer plano la esencia política del Régimen, sus fundamentos y objetivos, así como la propia política económica desarrollada. Un régimen nacido del apoyo directo de las potencias del Eje y que se alineó de manera entusiasta con ellas hasta casi el final de la guerra, participando militarmente en la contienda en el frente del Este. La situación de España en 1945 fue el resultado de una opción voluntaria de Franco, el resultado de una apuesta a todo o nada que resultó fracasada.

Algunos altos dirigentes, entre los que podemos señalar al propio Franco y, sobre todo, a su gran amigo el ingeniero naval militar Juan Antonio Suanzes, tenían ideas propias sobre economía y sobre la historia económica de España. Franco llegó a afirmar que las concepciones económicas del Nuevo Estado habrían de provocar cambios fundamentales en la teoría económica vigente hasta entonces. Sobre la situación del país consideraban que el modelo liberal había sido el responsable del fracaso económico de España durante el siglo XIX, por lo que correspondía al Estado la tarea de industrializarla. Un Estado fuerte, totalitario, capaz de imponer sus designios a toda la población. No hablamos de personajes de segunda fila. Recordemos que Suanzes desempeñó la presidencia del INI desde su creación hasta 1963 y que ocupó la cartera de Industria y Comercio y la presidencia del Instituto Español de Moneda Extranjera entre 1945 y 1951.

LO HACEMOS NOSOTROS, CON VOLUNTAD Y DISCIPLINA

El nacionalismo y el rechazo a lo extranjero culminaron en el ideal supremo de la autarquía. Conviene insistir en que la autarquía económica constituía un objetivo intermedio. Era el paso necesario para que España se convirtiera en una potencia militar e imperial. Con el tiempo, y a la vista del estrepitoso fracaso del experimento autárquico, los dirigentes del Régimen y los economistas oficiales intentaron dar la vuelta a la historia, afirmando que la autarquía había sido «impuesta» desde el exterior. Lo cierto es que las bibliotecas y las hemerotecas están llenas de libros y revistas donde se pueden encontrar centenares de textos de los más destacados dirigentes franquistas defendiendo el proyecto autárquico. El propio general no dejó dudas al respecto: «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada». Nuestro país guardaba en su subsuelo, según el general, «oro en cantidades enormes y pizarras y lignitos en cantidad fabulosa, aptos para la destilación, que pueden asegurar nuestro consumo». El general unía a sus carencias formativas en economía e historia un notable desconocimiento de geografía, geología y química.

La nómina de los defensores de la autarquía es amplísima e incluye desde representantes de la burguesía y los grandes propietarios agrarios a destacados políticos y militares y, por descontado, a los economistas del Régimen: José María de Areilza, Dionisio Martín Sanz, Eduardo Aunós, Alarcón de la Lastra, Antonio Robert, Higinio Paris Eguilaz, Manuel Fuentes Irurozqui y otros muchos. Martín Sanz, falangista de primera hora, gran propietario agrario castellano e inspirador de la política triguera franquista, defendió con absoluta claridad el logro de la autarquía. El Instituto Nacional de Industria, el organismo encargado de industrializar el país, iba a nacer con el nombre de Instituto Nacional de Autarquía. Incluso la Iglesia se sumó al proyecto aportando su particular visión. El jesuita José Agustín Pérez del Pulgar impartió unas conferencias en la Universidad de Valladolid durante el curso 1938-39 sobre «El concepto cristiano de la autarquía». Conferencias que fueron publicadas en 1941 con un prólogo de Alfonso Peña Boeuf, ingeniero de caminos y ministro de Obras Públicas.

Desgraciadamente, el objetivo autárquico era una quimera y partía de la ignorancia y el desprecio de la teoría económica «en vigor». Para España, un país pequeño y atrasado económicamente, con un mercado interior débil y pobre, con grave escasez de ahorro interno, subdesarrollado científica y tecnológicamente, con un alto nivel de analfabetismo, con grave escasez de materias primas y bienes intermedios, mal dotado de productos energéticos y carente absolutamente de petróleo, era un callejón sin salida. Con estas carencias y con las exigencias que planteaba la reconstrucción, los planteamientos autárquicos y nacionalistas del desarrollo hacia adentro, de visceral rechazo del capital y la tecnología extranjeras, eran un auténtico suicidio.

El logro de la autarquía exigía, como primera medida, un control estricto del comercio exterior. Los aranceles quedaron arrumbados ante instrumentos más poderosos de intervención como el comercio de Estado, las restricciones cuantitativas, el establecimiento de licencias, los acuerdos bilaterales y, sobre todo, con el control de cambios y monopolio del comercio de divisas, funciones que fueron asumidas por otro organismo de nueva creación: el Instituto Español de Moneda Extranjera. Para colmo de males, Franco, como Mussolini y otros dictadores, consideraban el tipo de cambio como un símbolo de la fortaleza y del prestigio internacional de un país. En consecuencia, el tipo de cambio de la peseta estuvo permanentemente sobrevalorado y se convirtió en una constante fuente de problemas para la balanza de pagos.

Hace tiempo que Manuel Jesús González demostró lo profundamente equivocada que resultaba la opción autárquica y la plena responsabilidad del Régimen en su diseño y ejecución. Más recientemente, otros autores, como Jordi Catalan o Carles Sudrià, han evaluado de manera más precisa los costes de la autarquía. España se había beneficiado de manera extraordinaria de su posición neutral durante la primera guerra mundial. Por su parte, los países que permanecieron neutrales durante la segunda guerra lograron, igualmente, importantes beneficios. De manera inversa, la autarquía y la posición favorable al Eje nos perjudicaron gravemente. Resulta de gran interés recordar los comentarios de Churchill sobre Mussolini, tras su terrible caída, comentarios que muy bien se podrían aplicar a Franco: «Su gran error fue declararle la guerra a Francia y a Gran Bretaña… De lo contrario podría haber mantenido a Italia en una posición intermedia, cortejada y recompensada por ambos bandos y obteniendo una riqueza y una prosperidad insólitas como consecuencia de las luchas entre otros países».

Otro de los principios fundacionales del sistema fue el respeto a la propiedad privada, si bien se impusieron algunos límites y restricciones a su uso. Límites y restricciones, dicho sea de paso, que difuminaron los derechos de propiedad, que restringieron y condicionaron la iniciativa privada y que ocasionaron graves perjuicios. Así, los propietarios de tierra y de las empresas industriales se vieron obligados a producir determinados bienes y las entidades financieras a dedicar parte de sus recursos a los fines establecidos por el Gobierno. La idea de que los burócratas estaban más capacitados que los mismos propietarios de los medios de producción para saber qué resultaba conveniente producir o en qué empresas convenía invertir era un principio incuestionable para las autoridades.

Lo mismo sucedió con el mercado. Los dirigentes franquistas recelaban del capitalismo liberal y confiaban en la actuación de un Estado fuerte y totalitario. La fe del Régimen en que la autoridad ejercida sin vacilaciones podía conseguir un orden económico más eficiente que el del mercado se consagró, incluso, como ley fundamental del Nuevo Estado. El Fuero del Trabajo, promulgado durante la guerra, anunciaba en uno de sus puntos, de manera rotunda y castrense: «Se disciplinarán los precios». La idea de que los precios podían «disciplinarse», podían someterse a las órdenes de la autoridad (como si de reclutas se tratara), muestra ignorancia y desprecio de los más elementales mecanismos económicos. Para desgracia de la mayor parte de los españoles, que veían cómo sus salarios se desplomaban, los precios, indisciplinados y maliciosos, se burlaban de las normas que pretendían sujetarlos bajo montañas de papel del BOE y se escapaban de las férreas, pero incompetentes, manos de los interventores, elevándose inconteniblemente.

La sustitución del mercado como mecanismo asignador de los recursos y de los productos por un entramado burocrático y por la proliferación de normas reguladoras y sanciones fue un verdadero disparate. El Nuevo Estado procedió a crear una interminable serie de organismos interventores, en la creencia de que de esa manera el sistema económico estaría perfectamente controlado. En 1937 se estableció el Servicio Nacional del Trigo y se promulgó el Decreto Ley de Ordenación Triguera. Norma, conviene recordarlo, que sobrevivió al propio dictador, lo que constituye una buena muestra de las resistencias al cambio. El SNT y las erróneas políticas desarrolladas fueron, en gran parte, responsables de la hambruna que sufrió nuestro país durante los años cuarenta. Junto al SNT, la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes fue otro de los organismos cuya presencia resultó aplastante, además de absolutamente ineficaz. Se necesitarían varias páginas para, simplemente, citar todos y cada uno de los centenares de organismos que se crearon. Algunos de ellos, como los ya citados INI y SNT, tuvieron, además de un gran protagonismo, una larga existencia.

La fijación de precios, el establecimiento de sistemas de cupos y racionamiento y, sobre todo, la prolongación temporal de estos mecanismos —que pueden alcanzar un cierto éxito en momentos de excepcionalidad— tuvo efectos devastadores, aunque perfectamente esperables, conforme a la teoría económica (previa a la revolución nacional-sindicalista, claro). Fijar precios de tasa por debajo de los que se lograrían en el mercado (ese es precisamente el objetivo de un precio de tasa), tiende a reducir la oferta de los bienes cuya producción ya no resulta rentable, provoca un mayor deseo de consumo a esos bajos precios y genera, automáticamente, un mercado negro. Los productores, por ejemplo los de trigo, tenderán a producir bienes alternativos no sometidos a intervención (cebada o centeno) y, por lo tanto, de precios libres y en alza e intentarán reducir los costes de producción, utilizando menos insumos o de peor calidad (menos abonos y labores). En último extremo, preferirán dedicar el trigo para engordar el ganado antes de entregarlo a los organismos de intervención a los bajos precios oficiales. Resultaba previsible.

Lo mismo habían hecho los campesinos alemanes tras la primera guerra mundial con la mantequilla. Mientras que en las ciudades la gente fallecía por el hambre, ellos la utilizaban para engrasar la maquinaria. No era por maldad. Vender la mantequilla a los bajos precios de tasa y tener que comprar grasa industrial a precios libres resultaba un pésimo negocio. El mismo problema había sufrido Austria en aquellos años. El Gobierno, impulsado por el deseo de garantizar el suministro barato de leche en Viena, fijó unos precios tan bajos que resultaba ruinoso para productores y transportistas. En consecuencia, la leche desapareció del mercado oficial.

En cualquiera de los casos, el efecto de «disciplinar» los precios fue el mismo: una reducción de la oferta de los bienes sometidos a bajos precios de tasa, un aumento de la demanda (a esos bajos precios) y aparición de un mercado negro, con precios mucho más elevados que los de tasa y que los que se habrían alcanzado en un mercado libre legal. Que los precios del mercado negro fueran más altos que los que se habrían logrado en un mercado libre se explica por dos razones: la escasez provocada por los bajos precios de tasa y los mayores costes de transacción en el mercado negro, incluido el riesgo de las sanciones.

Los mismos efectos desalentadores se advirtieron en otros sectores, con consecuencias particularmente graves en la producción de energía y en la construcción y rehabilitación de viviendas, dadas sus implicaciones inmediatas en las condiciones de vida de la población. La fijación de bajas tarifas eléctricas desanimó la inversión, provocando caídas en la producción. Si a ello unimos las dificultades para importar maquinaria y suministros para la conservación o construcción de nuevas centrales, no sorprende que las restricciones eléctricas fueran una pesadilla durante estos años.

La congelación de los alquileres, concebida como un remedio «milagroso» contra la inflación, se convirtió en un poderosísimo obstáculo para la restauración y rehabilitación de las viviendas. Con el tiempo, los alquileres de «renta antigua» quedaron reducidos a cantidades simbólicas y los propietarios se vieron forzados a descuidar la conservación de los inmuebles.

El establecimiento de cupos y racionamientos tuvo efectos distorsionadores similares. Resultaba prácticamente imposible hacer coincidir los deseos de consumidores y productores con las cantidades asignadas y los precios que estaban dispuestos a pagar. Lo normal era que el cupo asignado de una materia prima, por ejemplo a un industrial, fuera insuficiente (esa insuficiencia general era, precisamente, la razón del establecimiento de cupos). En consecuencia, el citado industrial estaría dispuesto a adquirir cantidades adicionales a precios más altos. Lo mismo sucedía con el racionamiento. Pensemos en el caso de un consumidor que tuviese derecho al racionamiento de un producto que para él carecía de valor, pero cuya cotización en el mercado (negro) fuera muy elevada. Puede ponerse, al respecto, el ejemplo de una persona que no fuma. Para él, el tabaco carecería de valor (de uso). Sin embargo su escasez y su elevada demanda hicieron del tabaco un bien tan preciado que llegó a sustituir con ventaja al papel moneda. Los cigarrillos se aceptaban igual que los billetes y, al contrario que estos, se revalorizaban constantemente.

EL RECURSO AL ESTRAPERLO Y A LA INFLACIÓN

En todos estos casos de desajuste entre la demanda y los cupos o racionamientos asignados, el equilibrio solo podía conseguirse acudiendo a transacciones en el mercado negro. Eso explica la proliferación del estraperlo. Junto a los grandes estraperlistas que movían ingentes cantidades de productos e hicieron negocios multimillonarios, pululaban por las ciudades españolas miles de personas que intentaban, simplemente, subsistir. En los mercadillos de los extrarradios de Madrid, como en el del barrio de Mataderos en Carabanchel, las vendedoras de frutas y verduras escondían, bajo sus sucios delantales y envueltas en viejos periódicos, las ansiadas barras de pan.

Precisamente, ese carácter clandestino y descontrolado del mercado negro tuvo un efecto muy pernicioso desde el punto de vista de las garantías de composición, salubridad e higiene de los alimentos. En muchos casos —recordemos el estraperlo con penicilina adulterada en la película El tercer hombre—, el consumidor corría el riesgo de sufrir graves daños en su salud. Nadie podía garantizar la composición y calidad de un producto.

Evidentemente, había otra solución más barata, cómoda y segura de conseguir cupos más elevados: acudir directamente a los organismos interventores. Si se contaba con las amistades o las influencias políticas adecuadas, podían lograrse pingües beneficios. Resultaba mucho más rentable dedicarse a la búsqueda de cupos o licencias que a la fabricación o al cultivo. La corrupción se convirtió así en otro de los rasgos característicos de los años cuarenta.

En definitiva, el mercado negro, con sus paralelas lacras de miseria, carestía, descontrol y falta de garantías de calidad, se extendió como una epidemia y terminó afectando a todos los productos escasos y sometidos a control.

Con la guía de precios y cupos fijados de manera arbitraria por una burocracia, que para colmo de males estaba muy poco cualificada, la asignación de los recursos resultó extraordinariamente ineficiente. Paradójicamente, el mercado negro sirvió para resolver, aunque fuera con costes extraordinarios, algunas de estas ineficiencias. Los industriales más competitivos podían permitirse el pagar más por las materias primas, de manera que, en muchos casos, los recursos terminaban asignándose eficientemente. El mercado negro de alimentos permitió, en ocasiones, completar los insuficientes racionamientos. Volviendo al ejemplo que había puesto antes, muchos niños vieneses pudieron ser alimentados «gracias» al mercado negro de leche.

En realidad, en nuestro país no sucedió nada que no hubiera pasado en anteriores posguerras. Lo lamentable es que los dirigentes franquistas lo ignoraran. Leamos lo que decía Kenneth Boulding sobre los años posteriores a la primera guerra mundial: «La intervención oficial y la inflación que suelen acompañar a todas las conflagraciones constituyen un buen medio para que gentes sin escrúpulos obtengan grandes beneficios. Puede así crearse una clase de nouveaux riches sin los frenos que sujetan la conducta de una vieja aristocracia. El hombre honrado se ve así arrinconado y envuelto en una maraña de intervenciones y de prohibiciones oficiales; tropieza con unos competidores desleales que conocen bien el “mercado negro”, no solo el de productos, sino también el de hombres, y que se hacen ricos a su costa. No es por tanto extraño que aumente la tentación de prevaricar, de abusar del poder y que, en consecuencia, toda la estructura moral se debilite».

El mercado negro, en efecto, tuvo esas dos caras. Por un lado, la de los estraperlistas, una clase de nuevos ricos, con hábitos de consumo y ostentación de riqueza que se hicieron célebres. Por otra parte, las clases populares de las grandes ciudades industriales. Ciudades y habitantes, no lo olvidemos, de filiación mayoritariamente republicana. ¿Casualidad? Curzio Malaparte nos proporciona en su inmortal narración autobiográfica Kaputt una de las razones de la permisividad de las autoridades nazis en Polonia con el mercado negro. El Reichsminister Frank, König der Polen, explica a los invitados en una fiesta: «Los campesinos se enriquecen con el mercado negro, y yo dejo que se enriquezcan. ¿Por qué? Porque el mercado negro desangra a la burguesía y reduce a la indigencia al proletariado industrial, impidiendo con ello la formación de un frente único de obreros y campesinos». Es muy probable que Franco desconociese este hecho, pero con toda seguridad no desconocía que los grandes propietarios agrarios se enriquecían con el estraperlo y que el proletariado industrial se sumía en la indigencia.

Además de la tolerancia con ciertos participantes en el mercado negro, la reacción gubernamental fue la de ampliar los mecanismos de intervención y reforzar las sanciones. En 1940 se creó la Fiscalía de Tasas y en 1941 la Junta Superior de Precios. La inclusión en el código militar de los incumplimientos de las tasas como delitos de auxilio a la rebelión constituye una ejemplar muestra de la incomprensión de los mecanismos económicos por parte de las autoridades franquistas. Ya en 1944 Manuel de Torres, uno de los pocos economistas afectos al Régimen con sólida formación intelectual y académica, afirmaba que tratar los problemas económicos como problemas de orden público no suponía conferirles más importancia o elevarlos de categoría sino, simplemente, tratarlos de manera inadecuada.

Los dirigentes franquistas aspiraban a la construcción de un Estado fuerte, totalitario. Es verdad que en algunos aspectos lo consiguieron particularmente en lo que concierne a su capacidad represora. Sin embargo, desde un punto de vista económico el Nuevo Estado mostró una debilidad patética. El raquitismo del sistema fiscal provocó grandes restricciones en la capacidad de gasto, que impidieron una actuación eficaz en la reconstrucción del país y en la realización de inversiones que hubieran podido relanzar la economía. Todos los expertos en materia fiscal, Enrique Fuentes Quintana y César Albiñana en su día y, más recientemente, Francisco Comín, coinciden en señalar que el sistema fiscal español era insuficiente, anticuado, inflexible, ineficaz e injusto. A todo ello hay que unir el elevado grado de fraude, la «insinceridad tributaria» de la que hablaba Fuentes, utilizando una expresión suave y eufemística.

Las elevadas exigencias de los gastos militares y de los cuerpos de seguridad y las necesidades del servicio de la deuda dejaban exhausto el presupuesto, de forma que los gastos económicos, aquellos que podían mejorar las infraestructuras, el nivel educativo y la salud de los ciudadanos quedaron bajo mínimos. También coinciden todos los estudiosos en la absoluta necesidad de haber llevado a cabo una reforma fiscal capaz de acabar con aquel estado de cosas. Sin embargo, cualquier reforma fiscal necesariamente tendría que haber afectado a los poderosos y eso era, dada la esencia del Régimen, imposible. Muy al contrario, la Iglesia católica recuperó viejos privilegios fiscales y consolidó sus asignaciones en los presupuestos generales del Estado.

Sin recursos y sin capacidad para aumentar los ingresos, el déficit de la hacienda era inevitable. Los gobernantes franquistas optaron por una solución fácil a corto plazo, pero con efectos letales a medio y largo. Se utilizó el recurso directo al Banco de España y se procedió a la emisión de deuda que, una vez adquirida por la banca privada, era pignorada en el instituto emisor. La falta de recursos atenazaba, también, a la multitud de organismos autónomos, para los que no se habían previsto las más mínimas dotaciones. Muchos de ellos consiguieron la autorización del Gobierno para lanzar sus propias emisiones, agravando el endeudamiento total del sector público.

La reiterada financiación del déficit mediante la emisión de dinero, además de alimentar la inflación, fue un gran negocio para la banca. Por otra parte, agudizó la injusticia del sistema tributario, ya que el impuesto inflacionista golpeaba, de manera más dura, a las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Debe señalarse que la monetización del déficit mermó la eficacia de la unificación monetaria y de la drástica reducción de medios de pago que llevó aparejada. Por cierto, conviene recordar que la unificación monetaria se hizo a costa de la ilegalización masiva de dinero republicano, lo que constituyó un nuevo acto de represalia contra los vencidos en la guerra.

El proceso inflacionista (unido a la sobrevaloración de la peseta) tuvo efectos devastadores sobre la ya escasa capacidad exportadora de la economía española y limitó drásticamente la capacidad de importación. Paradójicamente para un régimen que se había planteado como principal objetivo el logro de la autarquía, el déficit exterior fue la razón principal de su fracaso.

La banca privada española, que ya gozaba de una posición de oligopolio (no estaba permitida la creación de ninguna nueva entidad y la banca extranjera no podía establecerse en nuestro país), vio extraordinariamente reforzado su poder sobre la economía española, adquiriendo grandes participaciones en empresas industriales. Provista de una abundante liquidez proveniente de la pignoración de la deuda y de la compra por parte del Estado de activos muy depreciados a precios nominales (nacionalización de las compañías ferroviarias y creación de RENFE), la banca, como señalan Carreras y Tafunell, «salió de compras».

CONCLUSIONES

A finales de los años cuarenta, el fracaso del experimento autárquico era una evidencia. Sin embargo, paralelamente, se habían venido produciendo cambios en el panorama político internacional que resultaron providenciales para la salvación de la Dictadura. El estallido de la guerra fría y una serie de acontecimientos posteriores (la caída de China, la fabricación de la bomba atómica por la URSS y la guerra de Corea) facilitaron e impulsaron el proceso de acercamiento entre España y EE. UU., proceso que fue acompañado por la concesión de préstamos y ayuda alimentaria y que culminó en la firma de los Acuerdos de Madrid. La ayuda y, sobre todo, el padrinazgo norteamericano proporcionaron salida a la dificilísima situación que vivía nuestro país. No obstante, debe recordarse que la ayuda norteamericana tuvo limitaciones cuantitativas y cualitativas, llevó aparejadas importantes contrapartidas y, sobre todo, quedó restringida a un ámbito bilateral. España siguió quedando al margen de los organismos de cooperación económica internacional y de las iniciativas de integración europea.

Resulta interesante comparar la evolución de España e Italia en aquellos años. Italia, liberada de Mussolini, se benefició de las ayudas del Plan Marshall, formó parte de la OECE, se integró en los organismos internacionales y pudo ser socio fundador de la CEE. La evolución de España podría haber sido similar. Lo impidió la permanencia de Franco en el poder. Por descontado, la actitud del general no respondía a la defensa de los intereses de España y al amor a la patria, sino a sus propios supervivencia e interés.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Viñas, Ángel, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernández Pulgar, y Senén Florensa: Política comercial exterior en España (1931-1975), Banco Exterior de España, Madrid, 1979.

DE «CENTINELA DE OCCIDENTE» A LA

CONSPIRACIÓN MASÓNICA-COMUNISTA

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL

FRANQUISMO

por

JUAN CARLOS PEREIRA CASTAÑARES

El 9 de junio de 1953, Franco, en un discurso que pronuncia en Vitoria, dirá con su voz firme pero un tanto aflautada:

Como entidad social, como nación que tiene que vivir una vida de relación, nos hemos planteado el problema de nuestra política exterior. España fue un país creador y director de pueblos, España tuvo un papel en la sociedad europea y mundial, y lo había perdido, y nosotros tratamos de recuperarlo, de volverla al puesto que no debió dejar, de reintegrarla al concierto internacional; pero no como socio transeúnte ni de segunda fila, sino como socio de número con todos los derechos, como corresponde a su historia, a su soberanía, a su independencia y a su dignidad.

¿Se consiguieron tales objetivos a lo largo de casi cuarenta años de poder? ¿Fue España realmente un socio de número en el concierto internacional? ¿Se alcanzó la reintegración en la sociedad internacional? ¿Tuvieron en cuenta los principales actores internacionales el papel de España en la historia, sus «sacrificios» en pro de la civilización occidental y la lucha contra el comunismo? Quizá convenga recordar en este preámbulo otro texto del propio Franco, ya enfermo, con voz casi inaudible y a poco más de un mes y medio de morir, cuando en su último discurso, el 1 de octubre de 1975, en la emblemática Plaza de Oriente dijo:

Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las agresiones de que han sido objeto varias de nuestras representaciones y establecimientos españoles en Europa, que nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos […]Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece […] Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo.

A la vista de estos dos textos parece razonable, cuando menos, pensar que los retos establecidos a principios de los años cincuenta no solo no se lograron en su totalidad, sino que incluso hubo una «vuelta atrás» en los mismos. En 1975 habían reaparecido con fuerza actitudes internacionales contra Franco tales como el aislamiento, las condenas internacionales, el asalto a las embajadas o las duras críticas contra el Régimen desde el papa Pablo VI al presidente de México Luis Echeverría, pasando por la ONU o el Parlamento europeo.

EL PUNTO DE PARTIDA: ¿CÓMO ENTENDER

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL FRANQUISMO?

Estudiar la política exterior del franquismo es apasionante. Contamos ya con una amplia bibliografía general, que va ampliándose de forma progresiva. Antes de suscitar algunos de los hechos relevantes y los nuevos debates o interpretaciones sobre los mismos, es necesario presentar al lector una serie de planteamientos que nos pueden ayudar a entender y comprender la política exterior desde la perspectiva actual:

a) Han quedado ya superados algunos de los debates —absurdos en algunos casos— sobre si el franquismo tuvo o no una política exterior o sobre el decisivo o secundario papel de Franco en el proceso de toma de decisiones.

b) Dadas las características políticas del franquismo (una dictadura antiliberal y con una elevada concentración de poder en el «Caudillo»), no cabe entender en su conjunto su evolución entre 1939 y 1975 sin analizar y valorar la estrecha relación entre política interior, política exterior y evolución económica.

c) A un régimen dictatorial le corresponde, sin duda, una política exterior autoritaria. Desde el fin de la guerra civil, pero especialmente durante la etapa más fascista del Régimen, se consideró la política exterior una actividad que se identificó con lo secreto, elitista, que no necesitaba de un control «democrático» o popular, relacionada con el paradigma del Poder Exterior, elaborado por el nazismo, especialmente por Carl Schmitt. Se aplicó en la España de Franco, tras una reelaboración por parte del jurista Antonio de Luna en 1962, quien afirmó que «el poder exterior no es una parte del poder del Estado, si no ese mismo poder del Estado, uno e indivisible, actuando hacia el exterior»; en definitiva se dirá: «la democracia ha sido siempre una forma mal avenida con la política exterior».

d) El franquismo tuvo una política exterior, pero careció de unos objetivos entendidos como los grandes principios que exige una política de Estado, consensuados, proyectivos y no reactivos, en pro de los intereses nacionales, diseñados de acuerdo con el estatus y las necesidades nacionales. El franquismo tuvo unos fines, entendiendo por tales «la serie de resultados generales que se aspiran a lograr o se intentan mantener durante largos periodos de tiempo y respecto de los cuales un Estado está dispuesto a movilizar sus principales recursos arriesgando, en último extremo, su propia existencia, su soberanía y su seguridad». Esos fines fueron: la búsqueda a toda costa de un reconocimiento internacional de Franco y su régimen, para lo que irá elaborándose una estrategia cambiante en función de los acontecimientos y la coyuntura internacionales; la permanencia de Franco en el poder, una vez obtenido el triunfo en la guerra civil; un anticomunismo visceral y permanente, de gran utilidad tanto para la política interior —«el enemigo en casa»—, como para la política exterior —Franco «Centinela de Occidente»—; un antiliberalismo consciente y militante y la búsqueda de unos culpables, de unos enemigos de España y de los españoles, no de Franco y su Dictadura, que se sintetizará en la triple alianza formada por judíos, masones y comunistas.

e) A partir de estos fines el franquismo desarrolló una acción exterior que pretendió alcanzar unos determinados logros a corto y medio plazo: la integración progresiva en la sociedad internacional y en algunas de las principales organizaciones internacionales; el reconocimiento internacional por parte de determinados Estados esenciales; el acercamiento a un cierto número de Estados europeos —especialmente en aquellos donde los católicos y la democracia cristiana tenían mayor peso— que no sentían rechazo o animadversión hacia el régimen español, identificado casi de forma permanente con el totalitarismo y el fascismo; la creciente importancia de las relaciones con Estados Unidos, como vía específica hacia el reconocimiento y la normalidad en economía, defensa y relaciones exteriores; las siempre retóricas relaciones con el área hispanoamericana, utilizadas en ocasiones como «política de sustitución»; las constantes alusiones a la «estrecha amistad con los países árabes», que permitió un cierto apoyo internacional, a cambio de no reconocer a Israel; la recuperación de Gibraltar; un proceso de descolonización forzado y no bien resuelto que llevó a conflictos armados o tensiones militares hasta 1975 y unas relaciones pendulares pero intensas y necesarias con el Vaticano.

f) En este sentido, el franquismo diseñó un proceso de toma de decisiones y una Administración Exterior adaptada a los intereses de Franco y de ciertos sectores del Régimen. Franco fue clave en el primero, representado gráficamente por una estructura piramidal y jerarquizada, y ello por tres razones: 1) por la normativa jurídica internacional; 2) por el marco político-institucional del franquismo que respondía a los principios «de unidad de poder y coordinación de funciones»; 3) por la ausencia de un poder de control como consecuencia del limitado papel de las Cortes y la falta de libertades públicas.

g) Ahora bien, el planteamiento no sería completo si no tuviéramos en cuenta a otros actores. En primer lugar, a Luis Carrero Blanco quien, desde 1941 y hasta su asesinato en 1973, será un inestimable consejero y buen amigo, subsecretario, ministro-subsecretario, vicepresidente y presidente del Gobierno; clave en algunas decisiones, tuvo también fuertes enfrentamientos con varios ministros e incluso opiniones diferentes a las de Franco en temas centrales como el de las relaciones con Estados Unidos. Nueve ministros ocuparon la cartera de Asuntos Exteriores. Procedieron de todas las «familias políticas» y en función de los intereses que representaban se inclinaron por unos u otros objetivos. La Administración económica desempeñó también un papel destacado en la apertura exterior del Régimen. Por último, no debemos olvidar que junto a la política exterior propiamente dicha hubo una acción exterior, desarrollada por una compleja Administración Exterior —pocas veces estudiada—, que actuó en muchos casos de forma descoordinada y celosa. Esta acción se manifestó en frentes tan diversos como la Falange (Servicio Exterior), el Sindicato (Delegación Exterior), los organismos culturales (Consejo de la Hispanidad, Instituto de Cultura Hispánica, Instituto Hispano-Árabe de Cultura), los religiosos (Consejo Superior de Misiones), la emigración (Casas de España), el espionaje, la información y los servicios de inteligencia.

TIEMPO, FINES Y ACCIÓN EXTERIOR

¿Cómo evolucionó la política exterior franquista? El tema de la periodización ha sido objeto de debates entre los especialistas. Casi todos ellos destacan la importancia de los años 1945, 1953, 1957 y 1973. Desde mi punto de vista hubo seis etapas:

a) 1939-1945 período caracterizado por un firme alineamiento con las potencias del Eje en los primeros momentos de la guerra mundial, la configuración fascistizada del Régimen, la apuesta por un modelo económico autárquico y el oscilamiento progresivo entre la neutralidad y la no beligerancia, con una intervención indirecta en el conflicto mundial principalmente a través de la División Azul. Desde los primeros meses de 1944, fue produciéndose un viraje proaliado.

b) 1945-1949: a pesar de este cambio proaliado, la actitud comprometida con el Eje hizo que las potencias aliadas condenaran al Régimen español a un aislamiento internacional —nunca completo—, que provocó durante casi cinco años el momento más difícil para Franco. El dictador español respondió con cambios en la estructura política, la configuración del Estado como Reino, el mantenimiento forzoso de la autarquía como sinónimo de independencia y el mayor peso dado a los «católicos» frente a los falangistas. Los acontecimientos internacionales, en el contexto de la guerra fría, que tuvieron lugar desde 1947 y especialmente 1949, permitieron el cambio de actitud de Estados Unidos, de algunas potencias occidentales y, como consecuencia, de la ONU, en relación con la España de Franco. Poco a poco el anticomunismo fue sustituyendo en el sistema internacional al antifascismo dominante, lo que favoreció la inserción progresiva en ese sistema.

c) 1950-1953: el establecimiento de un eje Madrid-Washington se convirtió en un objetivo prioritario de los dirigentes españoles. El papel desempeñado por Estados Unidos y la creciente tensión exterior ayudaron para que fuera produciéndose un lento pero seguro proceso de integración de España en la sociedad internacional. La progresiva «liberalización» del Régimen, básicamente en el ámbito económico y en la configuración del quinto gobierno, ayudó a transformar la imagen de España. Esta situación permitió la firma de dos acuerdos que marcarán un antes y un después: el Concordato con el Vaticano (agosto de 1953) y los Pactos económico-militares con Estados Unidos (septiembre de 1953).

d) 1953-1957: el Régimen inició una ofensiva para aumentar su presencia en las organizaciones internacionales, culminada con éxito con el ingreso en la ONU en 1955. Igualmente pudo solucionar el tema de Marruecos a través de la independencia; relanzó con fuerza la cuestión gibraltareña, planteó el ingreso en los organismos económicos internacionales y, en definitiva, fue asentando a España en la comunidad internacional.

e) 1957-1973: la formación del décimo gobierno de Franco el 25 de febrero de 1957 incluyó a Fernando María Castiella (de la ACNP) en la cartera de Asuntos Exteriores. Fue la etapa más brillante de la acción exterior del franquismo hasta 1969. Fue la fase en la que se produjo la transformación económica y social del país y en la que encontramos una mayor y mejor planificación de la política exterior. A ello ayudarán, sin duda, el desarrollo económico, la llegada de millones de turistas, el cambio social y de mentalidad. En 1969 Franco decidió que era el momento de nombrar a su sucesor a título de Rey, el príncipe Juan Carlos, y en junio de 1973 que el nuevo presidente del Gobierno fuera el almirante Carrero Blanco.

f) 1973-1976: frente a los logros obtenidos hasta 1973 el asesinato de Carrero Blanco por ETA supuso el inicio de un período que solo puede definirse por un término: crisis global. Una crisis, en efecto, que se aprecia en la política interior en la que la inestabilidad, el aumento de la represión, las tensiones entre las familias del Régimen o la enfermedad de Franco se combinarán con el impacto de la crisis económica mundial que llegó a España desde 1974, paralizando el desarrollo económico y provocando con ello un creciente malestar social. Todo ello se reflejará en la política exterior en la que poco a poco irá descomponiéndose la estructura de relaciones establecida en los periodos anteriores con aliados y vecinos. España, desde 1974, se convirtió en la única dictadura de toda la Europa Occidental —tras la «revolución de los claveles» en Portugal y el fin de la junta militar en Grecia—. Esta grave situación no permitió resolver adecuadamente las diferentes amenazas y focos de tensión que comenzaron a surgir desde el Sahara hasta Helsinki, desde Lisboa a Nueva York. El incremento de la represión desde 1975, junto con decisiones como las condenas a muerte de terroristas, harán que volviese aquello que se creía superado, es decir, el aislamiento, las condenas internacionales, el recuerdo del fascismo, etc. La muerte de Franco, en noviembre de 1975, y el aislamiento al que se sometió a España no pusieron fin a los recelos internacionales ni incluso con el nuevo jefe de estado, el rey Juan Carlos I. Transcurrieron aún varios meses, hasta mediados de 1976, para que se percibiera realmente el fin del franquismo y su herencia desde la perspectiva de la política exterior.

LOS CONDICIONANTES DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Nuestro punto de partida para entender la relación entre fines, objetivos y resultados en la política exterior franquista debe ser, sin duda, la Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, aprobada por la Asamblea General de la ONU por 34 votos a favor, 13 abstenciones y 6 votos en contra. En mi opinión puede ser considerada la declaración internacional más dura contra el Régimen hasta 1975. Destacan los siguientes párrafos:

Los pueblos de las Naciones Unidas condenaron en San Francisco, Potsdam y Londres el régimen de Franco en España y decidieron que mientras ese régimen permaneciese en el poder, España no podría ser admitida en las Naciones Unidas. […] El subcomité del Consejo de Seguridad encargado de dicha investigación [sobre el régimen español], resolvió por unanimidad:

a) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini.

b) […] El subcomité estableció de forma incontrovertible y con pruebas documentales que Franco era culpable, en unión de Hitler y Mussolini, de conspirar para el desencadenamiento de la guerra […].

En consecuencia se decide que:

La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España, que le fue impuesto por la fuerza al pueblo español, con la ayuda de las potencias del Eje, y que prestó considerable apoyo material a esas potencias durante la contienda, no representa al pueblo, y con su continuado dominio de España hace imposible que ese pueblo participe con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales.

Recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellos […] Además, la Asamblea General […] recomienda que si dentro de un plazo razonable no se establece en España un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación y de coacción de partido, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación.

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente sus Embajadores y Ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid.

La dureza de las condenas así como las recomendaciones a los Estados miembros «sorprendieron» al gobierno español. En una gran manifestación organizada por el Régimen en Madrid, en diciembre de 1946, Franco señaló:

Los que en la impunidad intentan injuriarnos, queriendo quitar a los españoles la gloria de su victoria y el mérito de sus sacrificios para hacerlos recaer precisamente en un puñado de sus odiados enemigos, con la injusticia echan sobre sí mismos un baldón de ignominia.

Posteriormente añadió que el verdadero enemigo del mundo occidental era «la ola de terror comunista [que] asola a Europa».

La resolución y el discurso nos permiten presentar los cuatro grandes condicionantes que van a definir, desde mi perspectiva, la evolución de la política exterior hasta 1976:

a) El régimen franquista, a pesar de los cambios políticos internos, del crecimiento y desarrollo económicos, de las transformaciones sociales y de la apertura hacia el exterior, siempre vivió condicionado, lo que limitará el logro de sus objetivos, por lo que se denominaría el pecado original de Franco, expresado muy bien en el primer apartado de la Resolución.

b) Siempre hubo en la comunidad internacional un interés, no exento de preocupación, por los asuntos españoles. Por su posición geoestratégica, sus materias primas, su vinculación con los países hispanoamericanos, su anticomunismo recalcitrante, su religiosidad católica confesa y militante y por apoyar a un régimen que estaba dispuesto a admitir lo que fuera con tal de alcanzar sus fines, las grandes potencias y las principales organizaciones internacionales se ocuparon permanentemente de España. De la cuestión española como se la denominó en las Naciones Unidas.

c) Objetivos como el reconocimiento exterior o la integración en la sociedad internacional estuvieron permanentemente condicionados por la evolución del sistema internacional y de las propias relaciones entre las grandes potencias. La España de Franco supo acomodarse a esa cambiante realidad externa para conseguir gran parte de los fines establecidos por el dictador.

d) A pesar de todo ello, el deseo de que los fines fijados por el régimen prevalecieran sobre cualquier otro argumento, manteniendo una política interior cerrada, represiva y sin capacidad de adaptación, impidió una plena integración, una normalización ansiada por muchos sectores —especialmente por la oposición interna y externa— y una mayor apertura hacia el exterior.

EL DESPLIEGUE DE UNA POLÍTICA CONDICIONADA

La pregunta que surge ahora es si tuvieron razón las Naciones Unidas en las acusaciones contra Franco y su régimen. ¿Existió realmente ese pecado original? De acuerdo con la bibliografía más representativa y la documentación ya publicada, es indudable que el triunfo de los llamados «nacionales» en la guerra civil se debió a la masiva ayuda, en calidad y cantidad, de los regímenes fascista y nazi. En su política exterior los golpistas en su conjunto, y Franco en particular, se inclinaron claramente hacia las potencias totalitarias y fascistas, las únicas que podían satisfacer las demandas franquistas desde la firma del primer tratado internacional de la «España nacional»: Acuerdo hispano-italiano de 28 de noviembre de 1936. [→ AYUDA EXTERIOR].

Al estallar la guerra mundial ese pecado se amplió: neutralidad (1939-1940), no beligerancia (1940-1943) y vuelta a la neutralidad (1943-1945) fueron las tres actitudes oficiales del Régimen ante el conflicto. Sin duda, la etapa de la no beligerancia ha sido hasta ahora la más polémica, provocando amplios debates historiográficos A lo largo de dos años y cuatro meses, la idea básica que domina es muy sencilla: el Régimen de Franco quiso participar en la guerra mundial apoyando al Eje y ello a pesar de lo que aún siguen escribiendo ciertos sectores nostálgicos portavoces del franquismo. [→ SEGUNDA GUERRA MUNDIAL].

Por otro lado, la importancia de la actitud británica al final de la guerra marcó una pauta por parte de los aliados occidentales frente al futuro de Franco y de su régimen. Contamos ya con un conjunto de trabajos que ponen de manifiesto cómo Churchill decidió no inmiscuirse en los asuntos internos españoles por temor al comunismo, la escasez de suministros en la inmediata posguerra y la rivalidad con la URSS en Europa.

Estos acontecimientos parecieron tranquilizar a Franco que, a principios de 1945, pensaba que dos de sus fines esenciales —el reconocimiento internacional y su mantenimiento en el poder— se habían logrado. No obstante, en el nuevo orden mundial que habían ido fraguando durante el conflicto norteamericanos, británicos y soviéticos no parecía existir un lugar para la España de Franco. En las conferencias de Yalta y Potsdam los Tres Grandes consideraron la dictadura de Franco como un ejemplo de «un gobierno que no es expresión de la voluntad del pueblo». El aislamiento se cernía sobre España y comenzó así la cuestión española.

El aislamiento y un conjunto de resoluciones condenatorias desde 1946, acompañadas por la publicación de un Libro Blanco sobre España, con documentos comprometidos aprehendidos en los archivos alemanes e italianos y el cierre de la frontera con Francia, pusieron de manifiesto que el franquismo iba a comenzar un duro periodo. Hubo excepciones a esta actitud como la de la Santa Sede —con la que se había firmado en 1941 un convenio para regularizar las relaciones—, algunos países hispanoamericanos —caso de Argentina (Protocolo Franco-Perón, 1948) y Portugal (creación del Bloque Ibérico).

La aparente unanimidad contra Franco, pues, no fue tal y el resquebrajamiento de la existente se aceleró desde 1947 con el estallido de la guerra fría. Tres consecuencias se derivaron de esta nueva realidad internacional: a) la cuestión española dejó de ocupar el interés que hasta el momento había tenido en los foros internacionales; b) del antifascismo patente en la sociedad internacional se pasó progresivamente en el seno del mundo occidental a un anticomunismo excluyente y obsesivo; y c) Estados Unidos comenzó a ocupar un papel central en la nueva estrategia antisoviética, en la que todos aquellos países que pudieran contribuir a la misma serían bienvenidos. Fue el momento de presentar a Franco como el Centinela de Occidente.

En efecto, fue en Estados Unidos donde se pusieron en marcha las principales iniciativas surgidas en favor del Régimen. Propuestas en la Cámara de Representantes para incluir a España entre los beneficiarios del Plan Marshall, que fueron inmediatamente rechazadas desde Europa; informes del Departamento de Planificación Política, dirigido por George F. Kennan, recomendando la rápida normalización de relaciones políticas y económicas con España; visitas privadas de representantes políticos y militares norteamericanos y un perceptible cambio de actitud en Naciones Unidas. Acompañadas todas ellas de la labor desde marzo de 1948 en Washington de José Félix de Lequerica —«Inspector de Embajadas y Legaciones»—, con el objetivo preciso de crear un Spanish lobby que presionara a las autoridades y personalidades norteamericanas, especialmente en el seno del mundo católico, en favor de la causa española.

Los resultados pronto fueron apreciables. Se redujo el número de Estados que apoyaban el mantenimiento de la Resolución de 1946. Francia decidió el 10 de febrero de 1948 reabrir sus fronteras. En mayo, junto con Gran Bretaña, firmó con la España de Franco dos importantes tratados comerciales. En 1949, el Chase National Bank, el Export-Import Bank y el National City Bank concedieron los primeros créditos financieros a España, con el visto bueno del gobierno norteamericano. El 3 de septiembre de ese mismo año hacía escala en aguas de El Ferrol la escuadra estadounidense. El almirante Connolly se entrevistó poco después con Franco. El camino hacia los pactos del 53 había comenzado. Dos días más tarde llegó el rey Abdullah de Jordania («voy a España a visitar al general Franco, el hombre a quien conmigo, odian más los rusos. Si los rusos nos odian tanto —dirá— es que ambos somos útiles a nuestros dos países»). Fue la primera visita oficial de un jefe de estado desde 1936.

A pesar de estos éxitos, es indudable que los recelos subsistían en muchas cancillerías europeas al igual que en todo el bloque comunista. Las primeras son de mayor interés, por cuanto permiten apreciar la diferencia, cada vez más notable, entre la actitud norteamericana —especialmente del aparato militar y el bloque católico—, y el recelo y la permanencia de sentimientos antifascistas en las principales potencias de Europa Occidental. Eso explicará el rechazo a que España recibiera ayuda del Plan Marshall y que en 1949 tampoco se la admitiera en la OTAN, lo que sí ocurriría con Portugal, a pesar de no ser un Estado democrático. Pesaba mucho el pecado original.

La evolución de la guerra fría aceleró los acontecimientos. El 4 de noviembre de 1950 se aprobó por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, la Resolución 386/V por la que se revocaron las recomendaciones de 1946. Poco a poco fueron desapareciendo gran parte de los obstáculos para que Franco consiguiera sus fines centrales. El camino hacia el final llegó en 1953.

El 27 de agosto de 1953 se firmó el Concordato con el Vaticano. En la rueda de prensa que siguió a la firma, el ministro Martín Artajo dijo:

Este nuevo concordato es la consagración formal, y por escrito, del Régimen de perfecta colaboración entre la Iglesia y el Estado, que instauró en España el Movimiento Nacional, acaudillado por el Generalísimo Franco, por lo cual, tenemos motivos de felicitarnos como españoles y como católicos.

Sin duda no era la interpretación correcta del contenido del acuerdo, por cuanto las concesiones españolas al Vaticano en materia económica, patrimonial, judicial, educativa y cultural fueron muy superiores a las conseguidas por el Gobierno: elevación diaria de preces por España y Franco; uso del español en las causas de beatificación; dos auditores españoles en el Tribunal de Rota y, quizá la más importante, derecho de presentación de obispos. A pesar de ello, el apoyo de la Santa Sede y del mundo católico bien merecían esas concesiones.

La firma de los Pactos económico-militares con Estados Unidos tuvo lugar el 26 de septiembre de 1953. Franco los consideró en las Cortes como «el jalón más importante de nuestra política exterior contemporánea». Tuvieron siempre categoría de «acuerdos ejecutivos» y como tales no precisaron ratificación por órganos democráticos. Se componían de tres acuerdos: a) Convenio Defensivo, que permitía la creación de bases militares y otras instalaciones de utilización conjunta, «bajo el mando y la soberanía españolas»; b) Convenio sobre Ayuda Económica, en el que se integró la recibida desde 1951 y que se amplió durante diez años. Si bien esta ayuda fue muy importante para la deteriorada economía española, también hay que destacar que de la misma debía dedicarse el 60% a sufragar los gastos norteamericanos en España; c) Convenio relativo a la Ayuda para la Mutua Defensa, por el que se estipulaban obligaciones para ambas partes en relación con la paz y la seguridad internacionales, además de regular el estatus del personal norteamericano. La vigencia de los acuerdos fue desigual.

Una nota oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que «el convenio no contiene cláusula secreta alguna de carácter militar». Hubo que esperar hasta la publicación del libro de Ángel Viñas Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos para conocer que los acuerdos publicados eran tan solo la punta de un iceberg contractual que se mantuvo secreto durante la mayor parte del franquismo. Una «Nota adicional» permitía activar las bases en caso de «evidente agresión comunista», emergencia o amenaza, sin otro requisito que comunicarlo al gobierno español. La acompañaron 22 acuerdos de procedimiento secretos, cartas confidenciales y cinco acuerdos técnicos secretos, que solo conocieron Franco y un número limitado de personas. Era el más alto grado de sumisión, cesión de soberanía y dependencia que jamás se había producido en España y todo ello para lograr los tan ansiados fines particulares de Franco.

El año 1953 puede ser considerado, pues, una fecha histórica para el régimen de Franco. La consolidación de su posición en la sociedad internacional se vio confirmada por el ingreso de España en la ONU el 14 de diciembre de 1955.

Entre 1953 y 1973, que podríamos definir como los «felices años veinte del franquismo», el Régimen y el propio Franco desarrollaron una más amplia acción exterior, con el fin de lograr una plena inserción en la sociedad internacional y el olvido del pecado original. A pesar de ello, persistieron los recelos y el rechazo de muchos países y organizaciones internacionales. La oposición española en el exilio no paró de recordar el pecado. Quizá fuese el periodo 1957-1969 el de mayor éxito gracias, en parte, a la labor de Castiella, la actuación de algunas otras personalidades políticas, la reforma administrativa, el gran desarrollo económico y la mejora de la situación internacional.

Desde 1955 España trató de integrarse en las principales organizaciones internacionales, lo que en gran parte consiguió, aunque la subsistencia de muchos recelos internacionales impidió que pudiera pertenecer a organizaciones como la OTAN y la UEO, en el campo militar; el Consejo de Europa, en el ámbito político-cultural; o las Comunidades Europeas, desde una perspectiva político-económica. Estas siguieron cerradas a un Estado no democrático como España y de las que solo consiguió, tras el «no político» a las demandas de los años 1962 y 1964, la firma de un Acuerdo Comercial Preferencial en 1970.

Con los dos grandes valedores de Franco, las relaciones fueron oscilantes y a veces conflictivas. Con el Vaticano comenzaron a deteriorarse desde la proclamación de Juan XXIII en 1958 y las consecuencias derivadas del II Concilio Vaticano. Bajo Pablo VI desde 1963 la situación se agravó progresivamente, produciéndose una fuerte división entre la jerarquía eclesiástica y los dirigentes españoles en torno a la actitud de la Iglesia católica. Las relaciones hispano-norteamericanas adquirieron para Franco un gran protagonismo gracias también a la visita oficial del presidente Eisenhower en diciembre de 1959. Pasado el impacto del encuentro, pronto comenzaron los debates en el seno de algunos ministerios en torno a las excesivas concesiones que se habían hecho a los norteamericanos, especialmente por parte de las autoridades militares e incluso al incumplimiento por parte norteamericana de lo estipulado. Accidentes graves como el de Palomares en 1966, cuyas consecuencias aún se mantienen vivas, o el almacenamiento de hasta 200 bombas atómicas en las bases españolas entre 1958 y 1976, confirman esta realidad no admitida por Franco y algunos dirigentes del Régimen.

Las relaciones con Hispanoamérica se basaron en una permanente retórica y en un objetivo nunca logrado: la creación de la Comunidad Hispánica de Naciones. En este ámbito, no obstante, conviene destacar las especiales relaciones con Cuba desde 1959 tras la instauración del régimen castrista que fue recibida en España con una mezcla de cautela y expectación. Las relaciones no se rompieron nunca, pero sí sufrieron un deterioro desde el incidente entre Castro y el embajador español Lojendio.

El proceso de descolonización se inició con la concesión de la independencia forzada —Francia mandaba— de Marruecos en 1956, que no estuvo completada por cuanto los territorios de Sidi Ifni, el Sahara más Ceuta y Melilla siguieron bajo soberanía española y ello interfería con la creación del llamado «Gran Marruecos». Esta situación iba a provocar una tensión creciente y especialmente el inicio de la última guerra colonial en Ifni —desde noviembre de 1957 hasta febrero de 1958— en la que a pesar del triunfo español no pudo evitarse la cesión del territorio a Marruecos en 1969. El conflicto del Sahara tardaría en estallar. La situación se complicó desde el momento en el que las autoridades españolas asumieron en 1966 el compromiso de apoyar la autodeterminación, aunque sin fijar unos plazos. La colonia de Guinea Ecuatorial se provincializó en 1959. El 11 de agosto de 1968 se aprobó en referéndum una Constitución, por cierto más liberal que las Leyes Fundamentales de la metrópoli, y el 12 de octubre se proclamó la independencia. La cuestión de Gibraltar quedó paralizada, más bien enquistada, por el cierre de la verja y la suspensión de cualquier negociación.

Cuando este panorama realmente esperanzador y positivo parecía haberse consolidado —a pesar de las sombras y recelos aún existentes— el asesinato por ETA de Carrero Blanco, en diciembre de 1973, los cambió notablemente. Este hecho provocó un cambio profundo en la propia evolución del Régimen, en el propio dictador y en la política exterior, lo que confirma la estrecha relación entre política interior y política exterior en el último período. Fue la crisis global del franquismo.

Además de la extraña reacción de Franco ante el asesinato, el nombramiento de Carlos Arias, responsable de la seguridad del Estado en aquel momento, como nuevo presidente del Gobierno y las reacciones del llamado «bunker» y de los «generales azules» pusieron de manifiesto un cambio de actitud desde dentro que muy pronto se hará notar y así será percibido por las cancillerías occidentales: volvía la imagen más negra, más represora e intransigente. La creciente crisis interna y el aumento de la represión coincidieron con la aparición de los primeros síntomas de la crisis económica mundial que había estallado en septiembre de 1973. El Gobierno, temeroso de las consecuencias sociales que tendría la adopción de medidas duras —en un momento en el que se asistía a un creciente número de huelgas—, atrasó la adopción de una política anticrisis y cuando lo hizo, bien entrado el año 1974, las consecuencias para la economía española fueron alarmantes, aunque no siempre se hicieron públicas. A estas crisis, a las que se añadieron los primeros síntomas del deterioro de la salud de Franco, que cedió sus poderes por vez primera entre julio y septiembre de 1974 al príncipe Juan Carlos, se le unió la crisis en la política exterior. [→ TARDOFRANQUISMO].

El punto de arranque es una fecha ya altamente simbólica: el 25 de abril de 1974, momento en el que la dictadura portuguesa de Marcelo Caetano cayó mediante un golpe militar. La «revolución de los claveles» supuso la ruptura del Bloque Ibérico. Del tradicional «peligro español» en Portugal se pasó al «peligro portugués», que por contagio podría provocar un proceso similar en España. En junio de 1974, otro hecho alarmó a las autoridades: Grecia, con una dictadura militar implantada en 1967 tras el «golpe de los coroneles», y con la que España no tenía unas relaciones intensas, pero cuya familia real se encontraba en el exilio y a la que pertenecía la princesa Sofía, también se desplomó y con ella desaparecería la monarquía, tras el referéndum de diciembre de 1974.

A esta situación se unieron un conjunto de acontecimientos que fueron aislando a la única dictadura de Europa Occidental, al irse resquebrajando las relaciones con gran parte de los apoyos externos que tan difícilmente se habían conseguido y al reaparecer los viejos fantasmas que estaban detrás del llamado peligro español.

Las relaciones con el Vaticano se deterioraron progresivamente desde el «incidente Añoveros» de febrero de 1974, que fue el momento de mayor tensión vivido entre las dos partes desde 1939. Las ejecuciones del 2 de marzo de 1974 del anarquista catalán Salvador Puig Antich y el delincuente polaco Heinz Chez, cuyas peticiones de clemencia no fueron ni escuchadas ni admitidas, pusieron de manifiesto que el Régimen no estaba dispuesto a ceder ante las presiones externas y provocaron intensas reacciones contrarias. Las relaciones con Francia se deterioraron también, especialmente por la poca colaboración de las autoridades francesas en la persecución y detención de los terroristas.

Al finalizar 1974 y comenzar las primeras semanas de 1975 la situación en la España de Franco no era ni óptima ni estable, sino más bien inquietante. La acentuación de la crisis económica, el fuerte aumento de la conflictividad social, el incremento de las acciones terroristas, la declaración del estado de excepción en el País Vasco el 25 de abril, la entrada en vigor del Decreto-ley antiterrorista de 26 de agosto y la propia actitud de don Juan, con su manifiesto del 4 de junio ante los acontecimientos que se estaban desarrollando, ofrecían un sombrío panorama. La visita del presidente Ford a finales de mayo, que se realizó a pesar de la opinión en contra del embajador norteamericano Wells Stabler, no sirvió para calmar los ánimos y Ford se mostró más interesado en conocer al príncipe Juan Carlos que a Franco. La actitud de Kissinger, con sus prejuicios y percepciones equivocadas, tampoco facilitó las cosas, aunque no se consiguió un apoyo a la oposición moderada como pidió el embajador.

Confirmando los condicionantes anteriormente citados, el Régimen adoptó una última medida de fuerza en el contexto de las acciones/respuestas en el ámbito terrorista de ETA y el FRAP: cuatro consejos de guerra en los que se dictaron once penas de muerte en aplicación de la ley antiterrorista con efectos retroactivos. El consejo de ministros del 26 de septiembre confirmó cinco de las condenas, siendo indultados el resto, ante el temor de una mayor reacción internacional. Al día siguiente tuvieron lugar las ejecuciones. Desde el secretario general de la ONU hasta el papa Pablo VI, quien solicitó en tres ocasiones clemencia y trató de hablar con Franco en el último momento, las peticiones no sirvieron para nada. Las manifestaciones se extendieron por el mundo, se asaltó la embajada en Lisboa, el presidente mexicano Luis Echeverría pidió la expulsión de España de Naciones Unidas y 18 embajadores fueron llamados a consulta. En el seno de las Comunidades Europeas y en el ámbito de la Cooperación Política Europea (CPE) se decidió suspender todas las negociaciones y apoyar un cambio político democrático. También el Parlamento Europeo y la OTAN condenaron la actitud del gobierno español.

La cuestión del Sahara vino a completar la crisis exterior. El anuncio del Gobierno de convocar un referéndum, reiterando su deseo de aplicar el principio de autodeterminación para el pueblo saharaui, alarmó al rey Hassan II, interesado además, como Estados Unidos, por controlar la producción de fosfatos. El conflicto se trasladó al Tribunal Internacional de La Haya, con apoyo de los norteamericanos y muchos países árabes. La decisión contraria a las reivindicaciones marroquíes del Alto Tribunal hizo que el rey pasara a la acción, aprovechando los momentos difíciles por los que atravesaba España. La organización de la «Marcha Verde» con la participación de 350 000 «voluntarios» provocó un momento de grave tensión en el seno del Gobierno y de las fuerzas armadas, que obligó a intervenir al príncipe Juan Carlos. La postura de algunos miembros del ejecutivo, con Solís Ruiz, claramente promarroquí, a la cabeza, llevó a la firma del Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre de 1975 —el último acto internacional del Régimen—, por el que España, incumpliendo todos los acuerdos y compromisos adquiridos en la ONU y ante el pueblo saharaui, abandonó precipitadamente el Sahara que pasaron a ocupar Marruecos y Mauritania.

El 20 de noviembre de 1975 falleció Francisco Franco. A su entierro solo asistieron dos jefes de Estado, el más destacado el general Pinochet. Las representaciones de segundo o tercer nivel que enviaron los diferentes Estados demostraron el distanciamiento al que se había llegado con respecto al Régimen e incluso el rechazo por las últimas decisiones adoptadas. Franco y el franquismo murió, murieron, casi como comenzaron: bajo un aislamiento, críticas intensas, buscando culpables en el exterior —«masones-comunistas en contubernio comunista-terrorista»— y un recuerdo del pecado original que no se olvidaría durante mucho tiempo.

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EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y

LIBERALIZACIÓN

DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS AL MITO[11]

por

ÁNGEL VIÑAS

Uno de los mitos esenciales de la historiografía proFranquista es el que atribuye a Franco el mérito de haber propiciado el desarrollo económico español y, con él, la suavización de las tradicionales desigualdades sociales. En sus versiones más exaltadas Franco aparece poco menos que como el creador de la España moderna. Esta apreciación, totalmente errónea, está ligada a las consecuencias de la única operación de gran calado estratégico que llevó a cabo el Régimen: la apertura y liberalización de la economía iniciada por el Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959.

ANTECEDENTES

Hasta aquel año la economía española estuvo encorsetada rígidamente, financiada a base de pulsiones inflacionarias y con un sector exterior sometido a manipulaciones cambiarías y reglamentísticas sin cuento. Todo parecido a una economía de mercado, incluso subdesarrollada, era en puridad mera coincidencia. Las ambiciones de dirigir la economía con criterios cuarteleros chocaron con la evolución que seguían los países europeos occidentales y con las nuevas ideas de racionalidad económica que penetraron incluso en la aislada España. Tales ambiciones terminaron haciendo agua por el sector más sensible: el que la conectaba con el mundo exterior. A pesar de los doscientos mil trucos y truquitos que puso en práctica una administración hiperimaginativa, la crisis en los pagos internacionales resultó imparable. La habían mitigado hasta cierto punto la ayuda norteamericana, un sistema barroco de tipos de cambio múltiples, la estricta bilateralización de los intercambios, la multiplicación de acuerdos de pago no multilaterales y la ayuda —encubierta— a los exportadores a tenor de la Ley Reservada del Fondo de Retorno (que databa de 1939). La idea estratégica de que España se bastaba a sí misma se reveló crecientemente quimérica. El propio Franco se agarró como pudo a alguna que otra afirmación que había hecho en sentido contrario. Que la realidad chocara con ello, jamás le importó. [→ AUTARQUÍA].

Desde los primeros años cincuenta había habido intentos por estabilizar y abrir la economía. Todos fracasaron. La carencia de interés auténtico en la cúpula política por buscar soluciones coordinadas y los intereses de quienes se aprovechaban de las miles de oportunidades que deparaba la corrupción generalizada dieron al traste con ellos. El clima tampoco ayudó, cuando en 1956 devastó la exportación de frutas (en especial, la naranja) y hortalizas, puntales de la generación de divisas. Aun así, tímidamente subsistió una línea de comportamiento que tendría éxito: discurrió por la incorporación a algunas agencias económicas multilaterales (Organización de los Mercados Agrícolas Europeos o pool verde), técnicos y políticos (Naciones Unidas, en 1955). Se trataba de hacer más presentable la Dictadura en tiempos de la guerra fría, tras los espaldarazos políticos del Vaticano y de Estados Unidos. La punta de lanza fue el progresivo acercamiento a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) a través de algunos de sus comités y como observadores en el trabajo general después. Para un eventual ingreso no se recibió apoyo económico norteamericano.

El cambio de gobierno de febrero de 1957, con la llegada de los denominados «tecnócratas» supuso una primera ruptura con la ortodoxia económica dominante pero, en realidad, continuó la tendencia que ya había aparecido aunque sin demasiada profundidad. La incorporación en mayo de 1958 a los organismos de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) fue el paso casi irreversible. Había habido que vencer resistencias que se situaban al más alto nivel: al de Franco mismo y al de su fiel escudero, almirante Luis Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia. [→ TARDOFRANQUISMO].

FRANCO Y CARRERO BLANCO

A LA LUNA DE VALENCIA

Entre las primeras medidas del nuevo gobierno figuró la creación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El que el Gobierno, siempre presidido por Franco, delegara en varios de sus componentes la responsabilidad en temas económicos se consideró una operación político-burocrática de gran alcance. En una de sus primeras reuniones Franco no quiso perder la oportunidad de aleccionar a sus ministros y les dirigió una larga alocución que se mantuvo en el más estricto secreto, si bien quedó aneja al acta de la reunión correspondiente.

En ella hizo una defensa sin concesiones de la política autárquica seguida hasta la fecha. Abordó las críticas en el sentido de que España era incapaz de producir todos los productos que necesitaba. Por ejemplo, el caucho. Ese caucho con el que se fabricaban los neumáticos de los camiones que distribuían la riqueza entre los hombres y tierras de España (estoy utilizando la formulación de la época). Franco, severo maestro de escuela, preguntó a sus ministros: ¿Se habían estudiado adecuadamente las posibilidades del guayule (una planta cauchífera andaluza)? Plantear la cuestión equivalía a mantener la estrategia autárquica o, al menos, de la industrialización a ultranza sustitutiva de importaciones. Dicho discurso, nunca publicado, ha desaparecido hoy del archivo de la Presidencia del Gobierno: una casualidad.

Lo que hoy ya no es posible documentar, y que no es ad maiorem Franco gloriam, puede hacerse perfectamente con su escudero. También en 1957 Carrero Blanco redactó una modesta «Introducción al estudio de un plan coordinado de aumento de la producción industrial». Sabemos que a finales de año se distribuyó entre los ministros del área económica para su ilustración y, suponemos, guía.

Carrero Blanco aspiraba a identificar la mejor estrategia a fin de asegurar el mínimo necesario de productos de primera necesidad para la población española (según afirmó, objeto de sus desvelos más profundos). Rechazó de plano, «por injusto y egoísta», el argumento de que España era un país pobre. Lo que había que hacer era, antes que nada, agotar «todos los recursos, de la técnica y del trabajo, en poner al máximo de producción el total de la superficie explotable». Las importaciones, que no se excluían, debían limitarse a un mero papel subordinado, para cubrir los déficits de producción allí donde surgieran. Su receta no dejó lugar a dudas:

Mientras la producción nacional de artículos de consumo no llegue al nivel de necesidades de la población española, como esta tiene que comer todos los días, habrá que importar todo cuanto haga falta para satisfacer sus necesidades, aunque esto sea una pesada servidumbre para el comercio exterior.

Es decir, se aceptaba la irremediabilidad de ciertas importaciones. Pero nada más. El comercio conectaba con un mundo exterior proceloso del que surgían innumerables conspiraciones contra el Régimen. Había que huir de él, y descoyuntarse de él, en todo lo que fuese posible. Carrero era no menos severo maestro de escuela que Franco, pero sí tan analfabeto en lo económico como él. Aleccionó a los ministros:

Cuestión de primera consideración es disponer de la mayor cantidad posible de divisas y, en último extremo, de las necesarias para cubrir necesidades generales de primer orden (productos alimenticios, fertilizantes, carburantes, etc.); de aquí la elemental conveniencia de asegurar el equilibrio de la balanza comercial; procurando, a la vez que exportar más, importar menos, es decir, lograr que la producción nacional cubra la mayor cantidad posible de productos de importación…

En el ínterin, la marcha hacia la singladura de la Comunidad Económica Europea era ya imparable (el Tratado de Roma se había firmado el 25 de marzo de 1957) pero a Carrero —como a su jefe— le atraían los mercados cerrados, «disciplinables», según normas cuarteleras en el mejor de los casos o nazis en el peor.

Lo que dio bazas a quienes desde los Ministerios de Comercio y Hacienda (Alberto Ullastres, catedrático de Universidad, y Mariano Navarro Rubio, héroe de la «Cruzada» y auditor militar) y Asuntos Exteriores (Castiella) pero también del Servicio de Estudios del Banco de España (dirigido desde 1956 por el profesor Juan Sardá) empujaban a favor de una estabilización y liberalización de la economía fue el imparable déficit del sector exterior. Las estadísticas comerciales, todavía expresadas en una unidad un tanto peculiar como era la peseta-oro, no lo reflejan adecuadamente. Hay que acudir a los movimientos de divisas que vigilaba cual feroz cancerbero el Instituto Español de Moneda Extranjera, dependiente de Comercio y autoridad monetaria exterior desde agosto de 1939, para darse cuenta de hasta qué punto Franco y Carrero Blanco ensoñaban a la luz de los luceros falangistas y de la luna de Valencia.

HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA

Los años anteriores a la nueva ordenación económica se vieron acompañados por un empeoramiento progresivo de las cuentas exteriores. Todos los artilugios, ortodoxos y heterodoxos, aplicados no sirvieron para nada. La comparación que hacía el IEME entre entradas y salidas de divisas así lo muestra: 63 millones de dólares en 1954, 128 en 1955, 168 en 1956. Frenos y regimentaciones brutales, y alguna que otra ayudita exterior extraordinaria, hicieron descender los déficits a 137 en 1957 y a 113 en 1958. En lenguaje muy mesurado el informe anual del Banco de España correspondiente a 1957 afirmó que «junto la debilitación cada día mayor de las reservas internacionales [se] plantea de una manera aguda todo el problema de nuestra relación comercial y financiera con el exterior». Tenía razón. Considerada en su momento como secreto de Estado la posición de exigible a corto plazo del IEME no hizo sino empeorar: 253 millones de dólares en 1956, 223 en 1957, 158 millones en 1958. A lo cual había que añadir lo exigible a largo plazo, es decir, los vencimientos por importaciones: 128 millones de dólares en 1956, 96 en 1957, 34 en 1958, 71 en 1959, 45 en 1960, etc.

No endulzaron los sueños de Franco y Carrero Blanco ni la posición de oro del IEME (35 millones de dólares a finales de 1957) ni los totales de reservas oficiales brutas (69 millones). Se puso en marcha una «contabilidad creativa» pero ni aun así. A lo más que llegó el Banco de España fue a 97 millones para finales de 1957.

A los egos de Franco y Carrero Blanco se les sometió a un masaje calculado. Había que salvar, a toda costa, el orgullo de los dirigentes. Castiella y Ullastres empujaron el acercamiento hacia los organismos internacionales (OECE y Bretton Woods). No sin dificultades se aceptó que técnicos extranjeros llegaran a España a escudriñar las cuentas. No fue difícil que se pusieran de acuerdo con sus colegas españoles. Muchos de los informes emitidos hacia las organizaciones de origen se discutieron y las recomendaciones a veces se consensuaron entre unos y otros. Destacaron Raymond Bertrand y Cornelius Castoriadis por la OECE y, por el FMI, Gabriel Ferras, director del Departamento Europeo, con Ugo Sacchetti. Sus interlocutores abarcaron una amplia gama de funcionarios tutelados en Comercio por Manuel Varela Parache, secretario general técnico, con el apoyo intelectual que suministraba Enrique Fuentes Quintana desde el Servicio de Estudios y las páginas de la revista Información Comercial Española (ICE). Fuentes destruyó sistemáticamente la presunta justificación de cualquier alternativa posible a la ordenación económica en ciernes. En Hacienda el equipo homólogo lo dirigió Juan Antonio Ortiz Gracia, también secretario general técnico.

El problema estribaba en cómo vencer las resistencias del «único elector», en caracterización inmortal de Sardá, que no era otro sino el propio Franco. En los combates de menor nivel no cabía por otra parte olvidar la sorda oposición de otros ministerios, regentados por falangistas «inmoribles» y técnicos que no veían más allá de su sector y la protección de los sólidos intereses en ellos atrincherados.

Carrero Blanco fue el primero en tirar la toalla. Sus planes habían fracasado estrepitosamente, aunque es obvio que nada de ello traslució al público. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos tampoco hizo demasiado caso de las recetas milagrosas del tipo guayule. El 4 de febrero de 1959 la Presidencia del Gobierno se dirigió a los ministros de Agricultura, Comercio, Educación Nacional, Hacienda y secretario general del Movimiento ordenando que canalizasen hacia ella las respuestas recibidas a una consulta que hizo el Gobierno a diferentes organismos. Muy exaltada en su tiempo, parece que no se le atribuyó demasiada importancia. En la consulta no dejó de registrarse hasta un burdo plagio.

Existe el riesgo de pensar que la dinámica era imparable. Nada de eso. En febrero de 1959 el presidente de una delegación comercial británica manifestó que «diversos países europeos habían retrocedido en su postura favorable al ingreso efectivo de España [en la OECE] a la vista de la poca decisión de las autoridades españolas para llevar a cabo las reformas necesarias». Un toque de alerta. En Exteriores arreciaron entonces las críticas a Ullastres por su excesiva cautela. En Hacienda, también. La trayectoria no ya franquista sino hiperfranquista de Navarro Rubio no le impidió señalar que Franco desconfiaba de los extranjeros (algo que encaja con sus percepciones desde 1939 si no antes), que estimaba que las reformas podían hacerse con los propios recursos y que no estaba muy seguro de que fuese el momento oportuno de abordarlas.

Tampoco desaparecieron las resistencias como por arte de magia. Industria y el INI alentaron combates de retardamiento. Otros sectores, ¡en el Ministerio de Agricultura!, aunque no se atrevieron a pronunciarse en contra, veían con inquietud un porvenir que sería diferente de lo que habían conocido durante veinte y muy gozosos años. Los privilegios de que siguieron gozando algunos sectores muy poderosos dentro del franquismo, por ejemplo los terratenientes encastillados en el Servicio Nacional del Trigo, consiguieron, liberalización o no liberalización, que se les defendiera a base de prácticas tales como el comercio de Estado, la garantía de compra de cosechas a precios fijos y la financiación privilegiada del Banco de España (Barciela). La azulada «revolución» falangista quedó definitivamente consignada al limbo de los justos. Con o sin retórica.

De nuevo impulsó la dinámica que llevó al cambio de rumbo la amenaza de suspensión en materia de pagos internacionales. De haberse producido hubiese sido la confesión de que el «régimen del 18 de Julio» estaba en bancarrota. Entre finales de 1958 y junio de 1959 la situación de disponible del IEME empeoró pasando de 52 a 60 millones de dólares. En esta última fecha el exigible a corto plazo por créditos de importación autorizados ascendía a 97 millones. Teniendo en cuenta otros conceptos el total exigible a corto suponía la friolera de 198 millones de dólares.

Más tarde Sardá aludió a este pasado con toda crudeza: la situación monetaria exterior «continuaba evolucionando con extrema gravedad» y «era virtualmente de suspensión de pagos exteriores por parte del IEME, ya que este no podía ceder divisas ni para las importaciones más indispensables». Hasta aquí habían llevado los sueños autárquicos de Franco y de Carrero Blanco. Acudió en su ayuda no el caballo blanco de Santiago sino, más prosaicamente, Gabriel Ferras, que llegó a Madrid en febrero de 1959. No tardó en señalar que estaba autorizado a ir más allá del examen rutinario previsto sobre la situación de la economía. Con sus colegas, en particular Sardá, pergeñó un plan de reformas que constituye el preludio de la famosa operación de julio. Abarcaba el sector público y su financiación, la política monetaria y comercial exterior, el tipo de cambio, la liberalización comercial, la política monetaria y financiera interna, la restricción del crédito bancario, la delirante política sobre inversiones extranjeras y ciertos ámbitos adicionales.

El FMI, por la vía de Ferras, hizo más. Desarrolló toda una justificación de la política económica seguida hasta entonces por el Régimen que le vino de caramelo. No en vano la asumió sin la menor variación: las necesidades de la reconstrucción, la insuficiencia de recursos, el bajo nivel de renta y ahorro, la dislocación de la capacidad productiva, el cierre de los mercados tras la segunda guerra mundial. En resumen enormes dificultades. Ni una referencia a la autarquía, a los ensueños, a la mala gestión.

Quedaba por perfilar el futuro tipo de cambio de la peseta con el dólar, clave de toda la operación. Los estudios técnicos se guiaron por la cotización en el mercado libre de Tánger que en aquel semestre había oscilado entre 57 y 61 pesetas (alcanzados en febrero). El 25 de junio Franco recibió al director gerente del FMI y al presidente del comité director del Acuerdo Monetario Europeo, que insistieron en la importancia de no equivocarse, sobre todo en el sentido de quedarse cortos (Varela). Franco tenía ya asumida la paridad que había zanjado a lo militar: números redondos, es decir a 60.

El 30 de junio Navarro Rubio y Ullastres, cuyas relaciones se habían deteriorado, dirigieron un memorándum, muy famoso, a la OECE y al FMI. El 17 de julio, coincidiendo con el XXIII aniversario de la sublevación militar, se fijó la nueva paridad de la peseta. Cuatro días más tarde se promulgó el decreto-ley de nueva ordenación económica. Se ocultaron cuidadosamente las desilusiones. A pesar de todos los pesares, y de los múltiples esfuerzos desplegados, no se consiguió que Estados Unidos apoyara con dinero fresco el cambio de rumbo. Se retitularon fondos ya previamente asignados por importe de 180 millones. Al Régimen no le faltó el apoyo político, que costaba menos. La banca norteamericana aportó su granito de arena, 68 millones. Los organismos internacionales también contribuyeron. Ellos, mejor que nadie, sabían cuán desesperada era la situación. En la última ronda de negociaciones, los españoles tuvieron que confesar su desnudez. Al 12 de junio la posición de disponible del IEME era de 58 millones de dólares; el total de exigible a corto 216 millones y a largo 243. La OECE, a la cual se incorporó España, ofreció un crédito en dos tramos: 75 millones a utilizar hasta el 31 de julio de 1961 y 25 millones que se otorgarían a partir del 1 de febrero de 1960, a condición de que se hubieran realizado progresos satisfactorios en la puesta en marcha del plan. Las deudas bilaterales con los países miembros de la OECE, por importe de 50 millones, se consolidaron. El FMI contribuyó con 75 millones. No todos los expuestos fueron necesarios.

LA CAUTELA Y OBSESIONES DE FRANCO

Al «único elector» se le había arrancado la luz verde con fórceps. En la primera ocasión que tuvo de pronunciarse solemnemente sobre una operación que iba a cambiar, al menos, la faz económica de su régimen no puede afirmarse que la alegría le desbordase. En el mensaje con motivo del Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1959, conjugó tres variables: la defensa a ultranza de su régimen político e institucional en términos que hoy resultan hilarantes; la defensa no menos numantina de la política económica seguida hasta el cambio de rumbo y una somera valoración de este.

Franco no había olvidado la lección dada dos años antes a sus ministros. Aprovechó, pues, la ocasión para cantar «sus» verdades del barquero. Se dolió del «trágico» aumento de las importaciones. Aludió a un «pretendido» (es decir, como si no lo hubiese querido) proceso de autarquía al que, menos da una piedra, se le achacaban los males de la economía española. Se escabulló pronunciándose a favor del reforzamiento de la exportación para poder reducir las importaciones y producir los elementos indispensables y suficientes en cantidad y calidad… Y mintió como un bellaco utilizando un lenguaje orwelliano. Presentó el plan de estabilización como si hubiera tenido su origen

en aquellas líneas maestras de nuestra política económica establecidas desde el momento que cayó sobre mis hombros la responsabilidad de la dirección de nuestra Patria, y son complemento de las que han venido desarrollándose al correr de estos veinte años.

Sorprende que Franco no se mostrara demasiado efusivo. Agradeció, eso sí, «la acogida que nos han prestado todos los países miembros» de los organismos internacionales. España cumpliría con sus compromisos. Fue muy parco a la hora de valorar los resultados del giro copernicano de la política económica: «los efectos beneficiosos de la integración [sic] y las repercusiones de las medidas adoptadas para la regulación de esta última fase de nuestra estabilización económica ya comienzan a sentirse». C’est tout.

Lo que importaba era no «bajar la guardia ni cejar en la vigilancia, pues, entre otras cosas, sigue patente que la península Ibérica continúa estando bajo el punto de mira del comunismo internacional y sus compañeros de viaje». Eso era lo permanente. La economía, lo pasajero.

Naturalmente solo engañaba a los leales. Los observadores franceses, que habían seguido la evolución de la política económica española, no se equivocaban lo más mínimo. El delegado general de la multinacional Saint-Gobain señaló en su informe anual de 1960 que «el jefe del Estado dista mucho de comprender los problemas económicos. No abraza con agrado las novedades y deja simplemente hacer porque no puede actuar de otra manera». Un informe financiero de 1961 enviado al Quai d’Orsay se hizo eco que «los nuevos rectores [de la economía] se baten contra el espíritu retrógrado de algunos colegas suyos, en particular del INI y de la Falange, que cultivan la nostalgia de la época de aislamiento de España y hacen gala en todo momento de una xenofobia llena de suspicacia».

La falta de calor por parte de Franco hacia «sus» tecnócratas puede explicarse, como ha escrito Paul Preston, por el temor a que les saliera el tiro por la culata y el fracaso le cayera encima. En realidad, a medida que la estabilización de la situación monetaria y financiera interna y la liberalización de los contactos con el exterior fue desplegándose en el tiempo los efectos adquirieron un matiz acusadamente positivo. Como era lógico, tras un primer período de contracción de la actividad económica y de aumento del paro. Nada que preocupase indebidamente al Régimen.

Los compromisos con los organismos internacionales se cumplieron. En 1960 se diseñó un arancel como mecanismo esencial para proteger el mercado interior (pronto complementado con mecanismos de protección adicional no arancelaria). Se liberalizó la inversión extranjera en las empresas. También la de las importaciones, si bien con un ardor decreciente. ¿Y qué pasó con el coco del desequilibrio de la balanza de pagos, que siempre había preocupado a Franco, según confesión propia? Pues que con los ingresos por turismo, las remesas de emigrantes obligados a salir de España en busca de empleo y las inversiones de capital se cubrió el flanco exterior durante el período de modernización de la economía española hasta que las exportaciones dejaron de ser de materias primas y de productos de postre y aperitivo. ¡Milagro de milagros! De haber seguido Franco apostando por ellas para financiar las importaciones más fundamentales su régimen —y los españoles— hubieran podido despedirse de la posibilidad de participar en los años dorados de la expansión de la economía occidental.

¿Salvó el plan de estabilización y liberalización al franquismo? Responder con un sí automático sería caer en un economicismo de medio pelo. El Régimen hubiera podido continuar bandeándose, «a la sombra vigilante de las bayonetas». No tenía enemigos exteriores declarados y, en su modesto rincón, no representaba un peligro para la estabilidad europea occidental. Constituía, eso sí, un peligro para una gran parte de sus súbditos, pero a ello las democracias ya se habían acostumbrado y, en realidad, no le prestaban demasiada atención. Tal vez la suspensión de pagos internacionales hubiera podido evitarse apretando las tuercas. Es difícil, no obstante, pensar que la estabilización hubiera podido postergarse indefinidamente. En algún momento, quizá menos favorable, lo más probable es que se hubiera producido. Se habrían perdido, eso sí, oportunidades. En realidad, ya se habían desperdiciado antes de 1959.

El plan de estabilización y liberalización permitió, tras un compás de espera, un rápido crecimiento económico que, aunque distribuido desigualmente en términos personales, sociales y regionales, suavizó las lacras del subdesarrollo y facilitó la posterior evolución hacia una economía más acorde con el juego del mecanismo del mercado, metas todavía lejanas cuando falleció Franco. A posteriori, amamantó la leyenda del creador del «milagro económico» que aún perdura. Forma parte de toda mitología hacer de la necesidad virtud. Y las virtudes no tardaron en identificarse: había que llegar a los mil dólares de renta per cápita, había que desarrollar el «Estado de obras». ¡Ah!, y no debía tocarse a lo político.

En su mensaje de finales de 1959 Franco había presentado su régimen como un adelantado «al servicio de principios, normas de vida e ideales constructivos de un orden nuevo». ¿Y cuáles eran? Pues «los basamentos sobre los que se levantan los pilares del orden y de la civilización específicamente europea-cristiana, hoy ahogados por los artificiosos y antinaturales convencionalismos políticos del sistema liberal, a todas luces ineficaces y absolutamente rebasados».

En una palabra: el nirvana sobre la tierra. Muchos no le creyeron.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

González, Manuel-Jesús: La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Tecnos, Madrid, 1979.

Navarro Rubio, Mariano: «La batalla de la estabilización», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 53, 1976.

Sánchez Sánchez, Esther M.: «La España de la estabilización y el desarrollo en la perspectiva francesa (1958-1969)», en Mélanges de la Casa de Velázquez, n.º 34/2, 2004.

Sardá, Juan: «El Banco de España: 1931-1962», en El Banco de España: una historia económica, Madrid, 1970.

Varela, Manuel: «El Plan de Estabilización: elaboración, contenido y efectos», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, vol. 8, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2004.

Varela, Manuel: «Enrique Fuentes Quintana en el Ministerio de Comercio», ICE, julio-agosto de 2007.

Viñas, Ángel, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernández Pulgar, y Senén Florensa: Política comercial exterior en España (1931-1975), Banco Exterior de España, Madrid, 1979.

LOS FELICES AÑOS SESENTA

LA ETAPA DEL «DESARROLLISMO»

por

ANTONIO ELORZA

En la década de los 50 el régimen franquista se había consolidado, hacia fuera mediante su inserción como pieza dependiente de Estados Unidos en el sistema bipolar de la guerra fría, y hacia el interior con el desmantelamiento de la oposición. La represión seguía siendo técnicamente anticuada, pero su brutalidad compensaba ese defecto. Para la mayoría de los españoles, la Dictadura aparecía como invulnerable. Además lentamente, a pesar del obstáculo que en sí misma representaba la política autárquica, la economía había recuperado, y aun superado levemente, los niveles de la preguerra.

HACIA UNA NUEVA ETAPA

El final de la década probó sin embargo que esa tendencia favorable era imposible de sostener. El sistema de producción no era competitivo y el aislamiento forzado llevaba al endeudamiento y a la asignación ineficaz de recursos, en tanto que la persistencia de reglamentaciones propias de un período de excepción pasaba a carecer de sentido en el momento en que Europa iniciaba su proceso de convergencia económica con el Tratado de Roma. Para una dictadura que había subsistido sobre la base del dualismo heredado de la guerra civil, la estabilización y liberalización necesarias venían a socavar los fundamentos de su política de fortaleza sitiada. Con mayores o menores alteraciones internas, los regímenes democráticos de Europa occidental encontraban sus principales problemas en su agonía como imperios coloniales, y no en la amenaza comunista que seguía constituyendo la razón de ser proclamada por Franco en su calidad de «centinela de Occidente». La propia Iglesia, con Juan XXIII, se abría a la democracia y a las perspectivas de reforma social, superando la etapa, tan apreciada por el Régimen, de cierre doctrinal y orientación contrarrevolucionaria del papado de Pío XII. El progreso económico dejaba atrás la penuria de la posguerra y bajo el signo de la libertad llevaba a los trabajadores europeos a unos niveles de vida impensables para los españoles: los flujos migratorios serán la expresión de la toma de conciencia del diferencial económico entre un país por fuerza cerrado sobre sí mismo y su entorno europeo en expansión.

Cerrando el círculo, la visibilidad del aparato represivo, en todos los órdenes de la vida, y del nacional-catolicismo como agente de control ideológico y moral difundieron en muchos españoles la sensación de sufrir un absurdo enclaustramiento. Toda una generación recuerda las amputaciones culturales provocadas por la censura en la prensa y en el cine, que con frecuencia llegaban al sinsentido, así como la proliferación de los actos represivos que los jóvenes debían sufrir en su vida cotidiana o los efectos del control ejercido por la Iglesia sobre las familias. En ausencia de cambios, España estaba condenada a ser un país pobretón, sometido a formas de represión que carecían ya de operatividad, y además bajo una inestabilidad económica en ascenso. El estallido universitario de 1956 vino a probar la debilidad de las fuerzas de oposición, pero también sirvió de detonador a un distanciamiento del mundo estudiantil que ha de acentuarse en la siguiente década.

Resultaba evidente la necesidad de cerrar una etapa que podía conducir al desastre. La solución de fondo residía en una liberalización de las relaciones económicas, susceptible de eliminar los factores de estrangulamiento que atenazaban la vida económica. Los tecnócratas del Opus Dei entraron en escena, así como una nueva generación de técnicos, los economistas. Aun antes del Plan de Estabilización de 1959, la sustitución de las reglamentaciones por una contratación colectiva a practicar en el interior de los sindicatos verticales, hizo surgir una nueva realidad en las relaciones de trabajo. A pesar de los controles institucionales y normativos, y de la intervención policial omnipresente, los trabajadores pudieron negociar sus condiciones de trabajo, con el importante añadido de que en la coyuntura de crecimiento económico de los años sesenta los empresarios pudieron mostrarse favorables al acuerdo en una coyuntura de beneficios altos.

El problema residía en conjugar el momento de libertad, correspondiente a la negociación del convenio, con la prohibición de establecer sindicatos legales, y la consiguiente imposibilidad de conservar las organizaciones entre una negociación y la siguiente. La solución de las Comisiones Obreras, negociar a la sombra de la organización vertical y pasar a Estado latente una vez aprobado el convenio, minimizando una represión que actuaría de todos modos, surgió como un recurso natural. Desde el PCE, Santiago Carrillo había previsto esta posibilidad, que cobró forma a partir de 1962. Paralelamente, por su rechazo purista de los sindicatos verticales, la UGT socialista quedó marginada en beneficio de comunistas y activistas católicos. Se puso en marcha un proceso de transformación de la vida de los trabajadores, con una secuencia de convenios más favorables, huelgas, encarcelamientos, y a partir de 1962 —huelgas de Asturias en 1963— proyección de la imagen reivindicativa de la clase obrera sobre el conjunto de la sociedad. A pesar de la censura, las primeras movilizaciones de intelectuales y de estudiantes al lado de los mineros asturianos, mostraban la construcción de un tejido social enfrentado al orden de represión.

NUEVO GOBIERNO, ¿MUCHO CAMBIO?

El cambio de Gobierno en julio de 1962 sancionó la hegemonía de los tecnócratas del Opus Dei, iniciada con la pertenencia a la Obra de dos ministros en 1957. Ahora copaban las tres carteras económicas (Ullastres, Navarro Rubio, López Bravo), con el refuerzo de Laureano López Rodó como comisario del Plan de Desarrollo y enlace con el principal colaborador de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco. La imagen hacia el exterior fue de apertura controlada, con la designación de Manuel Fraga Iribarne, catedrático autoritario, pero admirador del parlamentarismo británico, para la nueva cartera de Información y Turismo, en sustitución del integrista Arias Salgado.

En junio de 1963 había tenido lugar en Munich una reunión de más de cien representantes de la oposición no comunista y la respuesta del Régimen fue de cárcel y denigración de los participantes en el llamado «contubernio de Munich», en estricto sentido fascista. Solo que una vez solicitada por España una vinculación con la Comunidad Económica Europea, la violencia de la respuesta resultó impolítica, aun cuando los reunidos en Munich condicionaran el ingreso español a la restauración de la democracia. Y estaba también el cambio de presidente en Estados Unidos, que tal vez por casualidad siempre tuvo reflejo en España: Kennedy había sustituido al binomio Eisenhower/Nixon. La toma de posesión de Nixon en enero de 1969 coincidirá en cambio con la entrada en vigor del estado de excepción que cierra el 68 español.

Si Munich podía preocupar al dictador, y de ahí la persecución contra los participantes, también probó el aislamiento del PCE. En 1956 el partido había renovado su planteamiento estratégico con el llamamiento a la unidad antifranquista mediante la «reconciliación nacional», pero por el momento desde 1958 veía fracasar sus intentos de movilización general del país con una huelga nacional pacífica irrealizable, ante todo por la represión del Régimen, y en cualquier caso por la ausencia de aliados.

A pesar de todo, Franco se cuidó de que el despegue de la modernización tuviera lugar bajo el signo del miedo. Nunca abandonó el principio de la ejemplaridad de una represión selectiva. En 1963 la detención, seguida de la tortura del representante del PCE en el interior, sirvió de base al último consejo de guerra basado en hechos de la contienda, con la condena ilegal y ulterior ejecución de Julián Grimau.

En los años sesenta los trabajadores españoles pensaban sobre todo en la mejora de sus remuneraciones y por consiguiente de su nivel de vida. En las regiones industrializadas estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Solo la militancia comunista forzada por el PCE iba a hacer lo mismo por conseguir de golpe el cambio político. El relevo de la jurisdicción militar por el Tribunal de Orden Público se tradujo en una mayor sensibilidad represiva, pero también en miles de procesos y condenas, los cuales no impidieron que fuera cumplido el objetivo principal, la subida de los salarios, ni la organización progresiva a nivel nacional de las Comisiones Obreras de 1964 a 1966, hasta que el Tribunal Supremo decretó su ilegalización en 1967. El PCE logró su mayor éxito histórico, por encima del voluntarismo estratégico, cuya expresión más conocida fue la disidencia de dos de sus más destacados dirigentes, Fernando Claudín y Jorge Semprún.

El Régimen había tenido un patrón fijo de comportamiento desde 1939: persecución a ultranza de toda organización opositora, empleo de métodos estrictamente fascistas en el tratamiento de los detenidos, recurso último al Ejército como «columna vertebral del Régimen», delegación en la Iglesia del control moral y doctrinal de acuerdo con el nacionalcatolicismo, cierre frente a la penetración de las ideas procedentes del exterior —lo que Ortega llamó para otra época «tibetanización»— y control de la información siguiendo pautas totalitarias. Negro contra blanco. No cabían los matices. De ahí la dificultad para afrontar situaciones de conflicto, sin acudir a las formas clásicas de satanización. [→ REPRESIÓN, → NACIONALCATOLICISMO].

Las expectativas puestas en el ministro Fraga se tradujeron en una mayor flexibilidad en la autorización de libros y películas, en espera de una nueva legislación, pero dejaron ver muy pronto el fondo franquista ante los dos primeros conflictos de 1963: la ya mencionada ejecución, previa tortura, de Grimau y el manifiesto de un centenar de relevantes intelectuales, con Vicente Aleixandre a la cabeza, contra las torturas infligidas a los huelguistas de Asturias. El tono despreciativo empleado contra el primero al borde de la ejecución —«ese caballerete»— y el rechazo público de las acusaciones recogidas en el manifiesto, cerrado con la aprobación de que dos mujeres fuesen públicamente peladas por la fuerza pública, fueron toda la prueba de que nada cambiaba con la sustitución del comunicado oficial por las declaraciones de un ministro.

Fue también la década de despegue del turismo. Fraga no pudo superar el atraso en la red viaria, pero puso orden en una actividad que iba a convertirse en motor del desarrollo, desde la autorización del bikini en las playas hasta la exposición pública de los precios en hoteles y restaurantes. El diferencial de precios actuará por muchos años a favor de la competitividad del sector turístico en España, que sirvió también como modelo para una liberalización de las costumbres y del vestido. No tenía sentido exigir el libro de familia a los visitantes extranjeros ni someterles a la prohibición de comer carne los viernes.

Los usos que hasta entonces llegaban solo por las pantallas se convirtieron en elementos de la vida cotidiana, gracias también a la televisión, que influía sobre las formas del lenguaje y de cuando en cuando ponía de manifiesto la irracionalidad de la censura. Por fin, la emigración de cientos de miles de trabajadores a Europa determinó una importante llegada de recursos y, al cabo de cierto tiempo, la adopción de formas de vida alternativas, más ricas y más libres.

Tal vez sin una conciencia clara de oposición, una buena parte de los españoles percibía la incomodidad de los obstáculos a la modernización en curso, desde la presión de la Iglesia sobre la vida afectiva a los riesgos mayores o menores que podían derivarse de una infracción a las reglas establecidas por el Régimen, fuera un beso en un parque o la posesión de un libro prohibido. Los rituales de la Dictadura, en torno al «Caudillo» o al «Movimiento Nacional», resultaban cada vez algo más distante de las preocupaciones y de los valores que iban infiltrándose en la mentalidad de los españoles.

Incluso los empresarios empezaron a comprender que la inserción de España en la economía europea les favorecía, y aun cuando la mayoría siguiera agradeciendo el escudo de protección que les daba el Régimen contra las reivindicaciones obreras, la nostalgia de la autarquía prácticamente desapareció. E igual que sucediera en Italia una década antes con el milagro económico, el automóvil utilitario se convirtió en el símbolo de la aspiración a una vida mejor, con una creciente disposición a imitar las formas de vida europeas, en la sociabilidad, en las vacaciones, incluso a un prestigio social que trataron de encarnar extraños vehículos sport como el Seat 850. La espera obligada para la adjudicación del más modesto Seat 600 fue el indicador de esa demanda creciente de bienestar.

EL DOGAL SE AFLOJA

El levantamiento parcial para las restricciones que pesaban sobre los libros en cuanto a la entrada, primero, y la publicación después, cambió progresivamente el horizonte mental de quienes muy pronto se convirtieron en minorías activas militantes frente al Régimen. Marx no llegó de inmediato en forma directa sino en lo que humorísticamente fue llamado «el Marx de los jesuitas», por alusión al libro del padre Yves Calvez. Su conocimiento se hizo posible asimismo por la apertura de una rendija de tolerancia para los libros escritos en inglés o francés. Fue así como el Manifiesto comunista llegó en la edición francesa de la editorial 10-18 y pudo ser traducido al español y vendido como texto para lectura en clases prácticas por las tiendas del SEU. Incluso antimarxistas como Raymond Aron, capaces sin embargo de proporcionar una información objetiva, se convirtieron en vehículos de penetración ideológica desde sus ediciones francesas.

Esa doble vía existió ya en los años cincuenta, con el filósofo Manuel Sacristán en la Universidad de Barcelona, e incluso con un franquista ilustrado, el teórico del caudillaje, Francisco Javier Conde, en los seminarios del Instituto de Estudios Políticos en Madrid, pero con incidencia entonces sobre círculos muy reducidos.

El aligeramiento de la presión policial permitió asimismo la constitución de infiernos de libros prohibidos por la censura, pero accesibles para una minoría, en las librerías progresistas. Como compensación, el intento de desarrollar una labor editorial fuera de España tropezó con una persecución rigurosa desde el Ministerio de Fraga: caso de las Ediciones de Ruedo Ibérico en París.

A partir de 1966 la apertura se ensanchó con la ley de Prensa de Fraga, que creó un complejo mecanismo de publicación de libros y periódicos sin censura previa, pero con control y graves sanciones, e incluso condenas de cárcel, para los infractores. Fue la libertad conquistada a borbotones, que abrió el camino a la expansión de un mercado de publicaciones de izquierda, con extraños límites concernientes a vetos simbólicos: así a fin de cuentas Marcuse pudo filtrarse, como lo harían luego Marx o Lenin, mientras siguió vigente hasta el fin del Régimen la condena sobre el inocuo fundador del socialismo español, Pablo Iglesias. La competencia del gabinete de censores en el Ministerio fue puesta a prueba. El resultado fue el caos. También la consolidación de editoriales como Seix Barral, la aparición del libro de bolsillo de calidad con Alianza e incluso la transitoria presencia de una editorial del PCE, Ciencia Nueva.

En la prensa se mantuvo la imposibilidad de publicar un diario defensor de la democracia o crítico del franquismo por lo que, siguiendo la regla anterior para los libros, Le Monde se constituyó en principal cauce de información, mientras en el plano de las noticias se conjugaron mayor permisividad y comportamiento errático. Para los semanarios existió mayor tolerancia: entre advertencias y suspensiones, Triunfo encarnó hasta el fin del franquismo una actitud de crítica permanente, compartida por otras publicaciones como Cuadernos para el diálogo.

El criterio de Fraga sobre la ampliación de los márgenes para las minorías intelectuales hizo posible que en el teatro y en el cine la contestación de los valores del sistema alcanzara una notable difusión. Casi siempre tratando de encubrir el significado real del texto por medio de un lenguaje esópico: El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, y La caza, de Carlos Saura, serían los mejores ejemplos de ese tipo de comunicación que en muchos casos creaba un código compartido entre el autor y el público. Otro tanto cabría decir de una obra en sí misma críptica, como Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu. La novela reflejó asimismo el nuevo ambiente, no exento de frustraciones. Del universo enclaustrado de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, se pasó a Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Sin embargo, signo de los tiempos, Señas de identidad de Juan Goytisolo pudo ser objeto de recensiones sin que su venta fuera autorizada. La ruptura llegó también al arte, a partir de la constitución del grupo «El Paso».

LA DURA VIDA DE LA OPOSICIÓN

Débil y perseguida la oposición política, el enfrentamiento al Régimen cobró la forma de una convergencia de esfuerzos individuales, en gran medida unificados por la receptividad del público. Con mayor fuerza ciertamente cuando podía intervenir, como en el caso del PSUC en Cataluña, una articulación entre política y cultura, entre partido y sociedad civil. Además, siempre bajo la espada de Damocles de la prohibición, los recitales de los cantautores catalanes congregaron a gran número de jóvenes y difundieron de manera rotunda un proyecto cultural incompatible con la dictadura. El Diguem no! del valenciano Raimon fue el emblema de un tiempo y los intérpretes de la nova cançó, en torno al núcleo de los Setze jutges, los difusores de una actitud opositora que encontraba en las letras de las canciones un punto de referencia y un símbolo de ideas compartidas. Por vez primera en la historia cultural de España, unos textos en catalán sirvieron de cauce unificador a un grupo generacional. La experiencia se transmitió a Euskadi con la formación del grupo Ez dok amairu, «no somos trece», con menores posibilidades por la mayor presión de la censura y un mensaje de recuperación nacionalista más acentuado.

El regreso de los nacionalismos fue uno de los rasgos definitorios del nuevo tiempo político. La condena de los «separatismos», centrada sobre todo en el catalanismo y en el nacionalismo vasco —el gallego ya había sido aplastado en julio de 1936—, fue una de las señas de identidad del Régimen, pero una vez que cedió el estado de excepción permanente sobre la vida social, las posibilidades de una represión total fueron menores que las que afectaban a los movimientos estrictamente políticos y sindicales de oposición, de señalización más fácil. La represión de la enseñanza de los idiomas nacionales y la prohibición de sus símbolos identitarios, de una sardana como la Santa Espina al propio nombre de Euskadi, sirvió más para aglutinar disconformes que para eliminarlos. Los sucesos del Palau de la Música Catalana, en 1960, fueron un buen ejemplo de tal efecto bumerán, así como de la voluntad represiva del Régimen. La prohibición de entonar el clásico Cant de la Senyera, durante una visita de Franco a Barcelona, suscitó la respuesta general del público entonándola. El incidente costó al joven Jordi Pujol un consejo de guerra y años de cárcel, pero también le aupó al liderazgo y puso de relieve la cohesión social identitaria.

Intelectuales laicos y clases medias, eclesiásticos demócratas con el abad de Montserrat, Aureli Escarré como punto de referencia, universitarios y un partido comunista, el PSUC, dispuesto a asumir el hecho nacional catalán, dieron a la oposición política y social en Cataluña una consistencia muy superior a la del resto de España. En 1966, la caputxinada, la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona, reunió en un convento de capuchinos de Sarriá a los representantes estudiantiles, respaldados por figuras egregias de la cultura catalana (Salvador Espriu, Carlos Barral…), con el filósofo Manuel Sacristán como portavoz. Todos cercados por la policía y en vísperas de una cascada de sanciones. La represión no impidió que en 1969 tuviera lugar la Coordinación de Fuerzas Democráticas de Catalunya, que a diferencia de Munich, incluía al partido comunista, base de la Assemblea de Catalunya, de 1971. La vida política en Cataluña era ya democrática, a pesar de la supervivencia del Régimen.

La recuperación del nacionalismo vasco siguió otro camino. La represión cultural y simbólica fue muy alta, si bien el carácter conservador del PNV limitó desde 1943 la persecución política. El nacionalismo mantuvo pasivamente su hegemonía en sus zonas de implantación anteriores a 1936 y confió en una intervención exterior de los aliados que nunca llegó. Al llegar los años sesenta, faltaba la institución universitaria como espacio para forjar la disidencia, —a excepción de la tradicional Universidad de Deusto—, con los grupos de universitarios dispersos por España.

Salvo entre los especialistas del euskera, empeñados en la empresa decisiva de la unificación lingüística, no existían cauces culturales de afirmación nacional, más allá de grupos reducidos. Como contrapunto, la Iglesia se convirtió en centro de formación de cristianos nacionalistas en los seminarios y en plataforma de difusión más o menos críptica de posiciones conciliares incompatibles con el Régimen, amén de lugar de protección para los sindicalistas en una década de fuerte crecimiento económico. Un factor positivo para que regresase ampliado el espíritu de religión política vigente en el nacionalismo anterior a 1936, de cuyo radicalismo independentista y orientado a la violencia se alimentará la «nueva juventud», la gaztedi berria, que dio vida a ETA. El correlato vasco de la constitución de la Asamblea de Cataluña será en diciembre de 1970 el juicio de Burgos.

Las transformaciones económicas y culturales pusieron en movimiento las dos fuerzas sociales de oposición que habían de protagonizar la década, por lo menos en el plano simbólico. Su convergencia se reflejará en la consigna de unidad «obreros y estudiantes». Ninguna muestra mejor de la misma que los porcentajes de procesados por el Tribunal de Orden Público entre 1964 y 1976: casi la mitad, trabajadores; algo más de una quinta parte, universitarios. Entre ambos, más del 70 por 100 de los encausados. Las huelgas de Asturias en 1962 dieron la señal para que la minoría de disconformes que venía formándose en las Universidades ampliara su capacidad de convocatoria, al tiempo que el incremento en el número de universitarios —de setenta mil a cuatrocientos mil en el curso de la década— creó, sobre todo en facultades de ciencias sociales, lo que acabó convirtiéndose en un pequeño ejército de maniobra opuesto al sistema.

Al sistema, más allá del Régimen, porque del mismo formaba parte el núcleo de catedráticos, anquilosado en cifras e ideas, pero del cual emergían excepciones que enlazaban con el pasado liberal o anunciaban nuevas formas de conocimiento: en Madrid los discípulos de Ortega y Gasset, el economista José Luis Sampedro, el filósofo José Luis L. Aranguren (expulsado de la Universidad tras la marcha del 23 de febrero de 1965). El crecimiento de alumnos llevará a la multiplicación del profesorado subalterno, los profesores no numerarios, «penenes», miserablemente pagados y distantes en todo del pasado.

En la medida que estas categorías procedían de clases medias y capas populares en ascenso, sus intereses encajaban en todo con aspiraciones de cambio: las expectativas de movilidad social ascendente de los nuevos universitarios tenían escasa cabida en el marco franquista. La lucha contra el SEU, definitivamente vencedora en 1965, salpicada de golpes represivos convertidos a su vez en factores de radicalización, abrió paso a un proceso de lucha por la autonomía, de toma de conciencia ideológica y de conflictos entre los grupos opositores por controlar el naciente Sindicato Democrático (con especial competencia entre universitarios del PCE, militantes del Frente de Liberación Popular y grupos izquierdistas).

El cerco de represión policial intervenía significativamente a la hora de bloquear un desarrollo estrictamente democrático. La Universidad catalana fue a estos efectos una vanguardia y en gran medida una excepción, según probó la caputxinada. Sobre el antifranquismo no cabían dudas. En el juego de asambleas, movilizaciones, detenciones con o sin malos tratos, entradas de la policía y formación de grupos dirigentes, la dinámica llegó a su culminación en 1968, dando lugar a una versión convulsa del Mayo francés. Precisamente el 18 de mayo, la celebración en Económicas de Madrid de un recital de Raimon llevó a una manifestación que llegó a bloquear el automóvil de la princesa Sofía. La secuencia de incidentes en la Universidad de Barcelona culminó simbólicamente con la defenestración de un busto de Franco. Llegaba la hora de la represión policial a ultranza que en Madrid se cobró el 20 de enero de 1969 la vida del estudiante Enrique Ruano, militante del FLP. Cuatro días más tarde entró en vigor el estado de excepción.

CAMBIOS SUPERFICIALES: EL MITO DE LA CRECIENTE

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN

El desenlace fue fácil de adivinar, por lo menos a corto plazo, dada la disparidad de fuerzas entre una dictadura dispuesta a ejercer la represión y unas organizaciones y unos movimientos sociales y políticos de oposición todavía minoritarios en el conjunto del país. Lo que resultó claro es que Franco no estaba dispuesto a autorizar otros cambios que los superficiales. Fraga había creído posible llevar al país hacia un sistema autoritario, aceptable para Europa, en la línea de lo que representó su Ley de Prensa, pero al mismo tiempo compartía el instinto defensivo de la Dictadura, basado en la admiración a Franco que trajo «25 años de paz», con lo cual las democracias europeas debían entender que «España es diferente».

En realidad, lo que era diferente era la situación de los españoles al final de la década, con unos niveles crecientes de bienestar, el rechazo implícito de los tiempos de la autarquía y un reconocimiento cada vez más extendido tanto de las ventajas de acercarse a Europa en todos los órdenes como de la incomodidad de permanecer atados a las restricciones del nacionalcatolicismo. El conformismo, no obstante, persistía ante la inflexibilidad del dictador. Al mismo tiempo, ello suponía la incapacidad para poner en marcha cualquier cambio político de envergadura, según confirmara la frustración de las expectativas suscitadas por la designación de heredero en la persona del príncipe Juan Carlos, jurando nada menos que los principios del Movimiento Nacional.

Este fue el modelo propugnado por el número dos efectivo, el almirante Carrero Blanco: una monarquía atada al Régimen. En enero de 1967 la Ley Orgánica del Estado introdujo modificaciones técnicas, tales como la figura de un jefe de Gobierno bajo Franco, que tardará en implementarse, o el reforzamiento del Consejo del Reino, y otras insignificantes, como la joseantoniana entrada en escena de ciento dos procuradores por votación del tercio familiar. Las asociaciones políticas, sucedáneo de los satanizados partidos, nunca verán la luz. La frustración fue general.

Continuó en pie, desde la primera línea del preámbulo, «el Estado del 18 de julio» y los acontecimientos del siguiente trienio vinieron a confirmarlo, con los estados de excepción y el cambio de Gobierno de 1970. La modernización de la sociedad española y los cambios en la normativa económica y en la política cultural habían propiciado la actualización del marco conceptual en que se inscribía la Dictadura, con su calificación por Juan J. Linz de «régimen autoritario», distante en consecuencia del totalitarismo y por consiguiente digno de figurar en el sistema de alianzas del «mundo libre».

La categoría era útil, pero no precisamente para un régimen que reforzaba su carácter de cesarismo de base militar, sin tolerar el pluralismo restringido de un subsistema político —pues las «familias del Régimen» eran en todo dependientes de la voluntad de Franco—, con una ideología arcaizante pero bien definida, mezcla de corporativismo militar y nacionalcatolicismo, sin límites predecibles en su estado de excepción de facto permanente y con elementos estrictamente fascistas en el comportamiento del aparato represivo, cuyos únicos límites residían en la obsolescencia técnica. Como aquellas intervenciones de teléfonos, perfectamente detectables por el vigilado, que podía responder al controlador simplemente apretando a medias el interruptor, con el consiguiente tormento para sus oídos: «¡Quita cabrón, que me haces daño!», rugía entonces el teléfono. O las dificultades para detectar la renovación en los grupos opositores.

En este sentido, la España de Franco no era la Alemania de Hitler, ni la RDA, pero tampoco podía ser catalogada como un régimen autoritario, excepto en lo concerniente a la situación de la prensa después de la ley Fraga y al dato particular de su rechazo a las manifestaciones de masas, salvo en circunstancias de excepcional dificultad. El hecho de que su ideología, suma de corporativismo militar y de nacionalcatolicismo, no fuera precisamente un dechado de coherencia, no permitía sin embargo hablar solo de mentalidad, como el propio Franco se preocupó de concretar en el guión de Raza. El tipo de pluralismo interno observable en el Régimen también existía en el fascismo italiano y en el nacionalsocialismo. Lo importante, frente a los autoritarismos, es que no representaba nada parecido a un sistema político restringido, pues todas las decisiones, incluso las relativas a la formación de los gobiernos, dependían de la pura y simple voluntad del dictador.

Esto pudo comprobarse en la crisis de 1970, cuando quisieron forzar la mano a Franco frente al Opus Dei y dieron lugar al reforzamiento de la Obra. Es un aspecto fundamental para entender por qué el Régimen, ligado inexorablemente a la supervivencia de Franco, no pudo poner en marcha su propia reforma de cara a la sucesión. Ni siquiera contaba la pluralidad en el Ejército: Franco se cuidó muy bien de que su cesarismo no derivase hacia el pretorianismo y ello fue de agradecer en la transición. Finalmente, en cuanto a la existencia de límites predecibles a la acción de la Dictadura, el error de estimación se debe a que incluso el fascismo italiano pudo aflojar su voluntad represiva en los años treinta, por no ser ya necesaria, y algo parecido sucedió con el franquismo en los sesenta. Pero la esencia del estado de excepción permanente se mantenía, según pudo comprobarse en la crisis final de los fusilamientos de septiembre de 1975. A pesar de las consignas de máxima dureza, solo un miembro de ETA iba a ser ejecutado. Ello quebró a su juicio la ejemplaridad que siempre asignó a las acciones punitivas. «Quiero un vasco más», habría dicho en el Consejo de Ministros decisorio, y naturalmente le fue concedido. El marco jurídico nunca fue un límite para las decisiones de Franco. [→ NUEVO ESTADO].

Tras el primer asesinato organizado de ETA, el 2 de agosto de 1968, y el establecimiento del estado de excepción para aplastar al movimiento estudiantil, en enero de 1969, la supervivencia del Régimen se vinculó de modo exclusivo a una nueva oleada represiva. Aun condenados pronto a la marginación, los reformistas se sumaron a la recuperación de las esencias del franquismo. Tras la manipulación del asesinato del estudiante Ruano, la declaración del ministro Manuel Fraga Iribarne no ofrecía espacio para la duda: «Se trata de acciones claramente concertadas para meter al país en una ola de confusión y de subversión mundial», «una estrategia en la que se utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobediencia» y «dentro de ella, unos cuantos malvados y ambiciosos han querido capitalizar en su beneficio esta situación». Consecuencia: «Vamos a cumplir nuestro deber de defender la patria y el progreso de España».

Fraga contaba con el carácter minoritario de la oposición en «nuestro gran país, alegre y en paz creadora» para prolongar el «Estado del 18 de julio», sellando de paso toda posible transformación del Régimen desde el interior. Tal y como explicaba la copla de una de las representaciones teatrales más populares del momento, y por ello pronto prohibida, Castañuela 70: «Y a pesar de todo, todo sigue igual; si todo va bien, ¿para qué cambiar?». El movimiento en tijera entre la Dictadura y la sociedad civil siguió acentuándose hasta la muerte de Franco.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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DEFENDEREMOS NUESTRA VICTORIA

CON UÑAS Y DIENTES

EL TARDOFRANQUISMO

por

PERE YSÀS

Se denomina tardofranquismo a la última etapa de la Dictadura, cuando tuvo que coexistir con una sociedad inmersa en un proceso de profundos cambios sociales, económicos y culturales y, además, prepararse para asegurar su futuro más allá de la vida del «Caudillo». El final de la etapa está bien delimitado, con la desaparición del Régimen en la segunda mitad de los setenta, pero su inicio es más impreciso; con frecuencia se sitúa en 1969 aunque también en los años anteriores, incluso hasta alcanzar el inicio de la década. El marco cronológico aquí utilizado parte de mitad de los años sesenta cuando, por una parte, se inició un ciclo de conflictividad social y de activismo antifranquista creciente y, por otra, se manifestaron con intensidad importantes tensiones en el interior de la Dictadura.

CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y GENERACIONALES

A lo largo de los años sesenta y hasta 1973, la economía española experimentó un gran crecimiento que implicó un cambio de su estructura productiva, con una industrialización y un desarrollo de actividades terciarias que alcanzó, aunque con grandes desigualdades, a buena parte de la geografía española. Sin embargo, y contrariamente a lo que la propaganda franquista repitió sin cesar, dicho crecimiento, que llegó a ser calificado de «milagro económico», no fue el resultado de los «planes de desarrollo» desplegados, sino de las divisas obtenidas del turismo de masas en expansión, de las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes y de las inversiones de capital extranjero. Es decir, los factores decisivos estuvieron vinculados al ciclo de crecimiento general que comportó la disponibilidad de capitales, la mejora del nivel de vida de los trabajadores europeos que podían disfrutar de sus vacaciones en España, y de la necesidad de mano de obra de los países más desarrollados.

El fracaso franquista en promover un crecimiento económico territorialmente más equilibrado comportó un movimiento migratorio interior de grandes dimensiones, que determinó un extraordinario crecimiento de la población en Cataluña, Madrid, País Valenciano y País Vasco y unos elevados saldos negativos en Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Galicia y Murcia. Buena parte de dicha emigración se concentró en las periferias de las antiguas y de las nuevas ciudades industriales, que tuvieron muy elevados crecimientos, pero sin la existencia de políticas de ordenación urbana y de servicios sociales.

Las transformaciones económicas y los movimientos migratorios comportaron también un cambio en la estructura social: el número de trabajadores industriales y de determinados servicios se incrementó sustancialmente y disminuyó el de jornaleros y pequeños propietarios agrarios. También experimentaron una notable transformación las denominadas clases medias, con la incorporación de profesionales asalariados con ingresos relativamente elevados.

A los cambios anteriores deben añadirse otros de no menor importancia aunque sin relación directa con el crecimiento económico. Desde 1960, los jóvenes que alcanzaban la mayoría de edad habían nacido después de la guerra civil, de manera que no tenían memoria personal de aquellos años ni de los de la inmediata posguerra. Todos ellos habían sido adoctrinados políticamente desde las instituciones del Estado, del partido único FET y de las JONS y de la Iglesia católica, pero cada vez fue mayor el choque de los principios y valores transmitidos con los de la sociedad en cambio. Los crecientes contactos con el mundo exterior, en especial con la Europa democrática próxima, comportaron una mayor y más fácil difusión en España de los movimientos culturales presentes en las sociedades occidentales así como un mayor y mejor conocimiento de dichas sociedades, sus sistemas políticos y sus formas de vida. El «España es diferente» que proclamaba la publicidad del Ministerio de Información y Turismo para atraer a los visitantes extranjeros era también una constatación, y no precisamente positiva, de sectores amplios de la sociedad española, en especial de los jóvenes.

Justo a mitad de la década, en diciembre de 1965, fue clausurado por Pablo VI el Concilio Vaticano II, cuyo impacto en España sería extraordinario, con consecuencias políticas de primer orden. Desde la llegada al solio pontificio de Juan XXIII, la Dictadura franquista se había encontrado con un cambio de gran calado en la Iglesia católica, lo que no podía dejar de tener importantes efectos en un régimen que se declaraba católico y que utilizaba el catolicismo como una de sus fuentes de legitimidad, que había otorgado a la Iglesia una posición de privilegio y que había hecho todo lo que en su mano estaba para que toda la sociedad española fuera, como se proclamaba de la «nación española», inequívocamente católica. La encíclica Pacem in Tenis había provocado ya una apreciable incomodidad, la elección de Pablo VI la había incrementado —según el testimonio del ministro de Información, Manuel Fraga, Franco recibió la noticia como «un jarro de agua fría»— y los trabajos del Concilio encendieron las primeras alarmas. En 1965, la inmensa mayoría de la jerarquía católica española era inequívocamente franquista, pero ello pronto se reveló inútil para el Régimen. Por un lado, buena parte de esta jerarquía estaba en el límite biológico de su trayectoria, lo que abría la puerta a una profunda renovación del episcopado; por otro, la estricta jerarquización de la institución dejaba escasas posibilidades de desoír las directrices vaticanas. [→ NACIONALCATOLICISMO].

Todo lo anterior contribuyó a configurar un escenario complejo y con problemas cada vez más difíciles de gestionar para los gobernantes franquistas. Además, con el «Caudillo» sobrepasando los 70 años —que cumplió en 1962— la cuestión de la sucesión y, en definitiva, de la continuidad del Régimen más allá de la vida del dictador se convirtió en un problema capital.

EFERVESCENCIA ANTIFRANQUISTA

Los dirigentes estaban especialmente preocupados por las actitudes de los jóvenes. En 1962, el Consejo Nacional del Movimiento había estudiado la situación de la juventud y las conclusiones alcanzadas no eran precisamente tranquilizadoras. Los hechos no desmintieron las percepciones. En 1965 y 1966 irrumpió una protesta estudiantil que, primero en las universidades de Madrid y Barcelona y después en las del resto del país, alteró la «paz de Franco», equiparada al estricto orden público. Las actitudes críticas de los universitarios se habían manifestado ya en 1956 y de forma menos conflictiva en los años siguientes, pero desde 1965 la Universidad se convertiría en un problema continuado para la Dictadura. Frente al Sindicato Español Universitario (SEU) y a las oficiales asociaciones estudiantiles que lo sucedieron, la creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes supuso la materialización de la ruptura con el Régimen de un movimiento representativo de unos jóvenes que rechazaban la ideología, los valores y las características del Régimen así como la moral católica tradicional. Las aulas fueron escenario de dicho rechazo, lo que comportó la presencia y la actuación de las fuerzas policiales en los recintos académicos, alimentando con frecuencia nuevas protestas que se desarrollaron también en las calles de las ciudades universitarias.

Paralelamente, y tras una relativa tranquilidad laboral después de las huelgas de 1962 y 1963, los conflictos obreros entraron de nuevo en escena pero ahora acompañados de la articulación del movimiento de las Comisiones Obreras. Las elecciones sindicales celebradas en 1966 ofrecieron la oportunidad de agrupar y coordinar al activismo obrero y de ocupar un buen número de cargos representativos —los «enlaces» sindicales— de elección directa de los trabajadores en el seno de las empresas. En numerosas grandes y medianas empresas de las principales concentraciones industriales, los candidatos alternativos a los oficialistas obtuvieron notables victorias, lo que desencadenó en los meses siguientes una respuesta represiva que tuvo entre sus expresiones más significativas la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1967 que, de forma explícita, declaró la ilegalidad de las comisiones considerándolas una «filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado español». Para el gobernador civil de Asturias, uno de los escenarios principales de la conflictividad obrera, las Comisiones Obreras constituían «la base más amplia y peligrosa de la oposición al Régimen español».

Los militantes del PCE constituían, en efecto, el principal núcleo del activismo político que era el motor de los movimientos obreros y estudiantiles. El PCE —en Cataluña el PSUC— había formulado con claridad unos objetivos graduales; sin perder de vista una futura sociedad socialista, lo que se proponía en primer lugar era la desaparición de la Dictadura y el establecimiento de un régimen democrático. Para lograrlo, propugnaba la más amplia unidad antifranquista posible e impulsaba las reivindicaciones sociales que si, por una parte, perseguían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, por otra generaban una conflictividad social que erosionaba severamente a la Dictadura. Junto al PCE, con planteamientos más radicales —la revolución socialista como objetivo inmediato— pero con notables coincidencias en cuanto a la acción concreta, actuaron hasta la disolución de la organización los militantes del Frente de Liberación Popular (FLP) así como otros grupos menores. En el activismo social tuvieron un papel relevante los miembros de movimientos como la HOAC y la JOC, protegidos por su carácter católico, así como un buen número de sacerdotes jóvenes que, reforzados por las doctrinas conciliares, adoptaron actitudes de compromiso social e incluso algunos no dudaron en participar en el activismo antifranquista. La colaboración de comunistas y católicos, después de sorprender, irritó sobremanera a los dirigentes franquistas y también a los sectores católicos más conservadores.

En enero de 1969, el Gobierno declaró el «estado de excepción» en toda España. Era la culminación de la política represiva contra un movimiento estudiantil en proceso de radicalización y un movimiento obrero en crecimiento. Anteriormente se había declarado el «estado de excepción» en Vizcaya en abril de 1967 y en Guipúzcoa en agosto de 1968. Para evitar equívocos hay que aclarar que la Dictadura franquista siempre fue un «estado de excepción»; la utilización explícita de tal mecanismo jurídico pretendía atemorizar a opositores y disidentes, anunciando una mayor dureza represiva, y facilitar la acción policial suspendiendo algunas restricciones formales como, por ejemplo, la presentación de los detenidos ante la autoridad judicial en el plazo de 72 horas. El vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, justificó ante las Cortes la decisión adoptada argumentando que «el Comunismo intenta conseguir ahora lo que no pudo lograr hace treinta años con la complicidad de un régimen abyecto y de las brigadas armadas del Comunismo internacional». Por ello, quienes colaboraban con el comunismo, «perturbando el orden público o mermando la producción», cometían un acto de «traición a la Patria». Esta era la lectura que de las reivindicaciones laborales y estudiantiles y de las demandas de libertades realizaba quien era ya indiscutiblemente el número dos de la Dictadura.

ATAR Y BIEN ATAR

En aquel mismo año 1969 que comenzó con la declaración del «estado de excepción» culminaría la operación dirigida a dejar «atado y bien atado» el futuro del Régimen mediante la «monarquía del 18 de Julio». Con la proclamación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco se pretendía resolver definitivamente la cuestión de quién ocuparía la Jefatura del Estado tras la desaparición del «Caudillo». Dos años y medio antes, en enero de 1967, la promulgación de la Ley Orgánica del Estado se había presentado como la coronación del edificio institucional franquista. Además, sometiéndola a referéndum, se escenificó su aprobación popular. Sin embargo, ni las colas de votantes en los colegios electorales, ni las urnas repletas de papeletas, podían ocultar la naturaleza de una consulta organizada y controlada desde el Gobierno para obtener el resultado predeterminado, después de una abrumadora campaña en la que no fue posible defender otra opción que el «Sí» aprobatorio a la ley. Tanto antes como después de la celebración del referéndum, se argumentó que la aprobación de la ley suponía la ratificación, tras el referéndum de 1947 sobre la Ley de Sucesión, del apoyo popular a Franco y al Régimen. Aunque solo disponemos de las cifras oficiales, es indudable que la participación y el voto afirmativo fueron muy elevados, entre otras cosas porque, si bien a diferencia de veinte años antes no se recurrió a amenazas más o menos veladas a los potenciales abstencionistas, la presión ejercida no fue menor y el miedo estaba bien instalado en la sociedad. En todo caso, el análisis de los resultados de algunos colegios electorales revela que los votos emitidos eran superiores al 100% del censo electoral, y el gobernador civil de Barcelona, Tomás Garicano Goñi, tuvo que advertir en un informe confidencial al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, que «convendrá afinar bien en los resultados definitivos» puesto que se estaba diciendo que habían «sobrado dos millones de votos». Desde luego, más que de un desbordado entusiasmo popular en la participación hubo un exceso de celo en quienes debían asegurar el éxito del referéndum.

La Ley Orgánica fue presentada a la vez que como cierre de la institucionalización como expresión de la voluntad de «apertura» del Régimen para adaptarse al conjunto de cambios que estaba experimentando el país. Así, se creaba un nuevo grupo de procuradores a Cortes, los de representación familiar, que serían elegidos a razón de dos por provincia por los «cabezas de familia y mujeres casadas». Con ello se reforzaba la denominada «democracia orgánica» española fundamentada en la triada familia-municipio-sindicato. Ello aseguraba la celebración de actos electorales que permitieran presentar, tanto en el interior como sobre todo en el extranjero, el carácter peculiar pero igualmente «democrático» del régimen político español. Naturalmente los candidatos a procuradores debían pasar un severo filtro para asegurar su inequívoca fidelidad a los Principios del Movimiento y a las demás Leyes Fundamentales. Por otra parte, la LOE asignaba importantes funciones al Consejo Nacional del Movimiento, que sería presentado a partir de ahora como la Cámara Alta del Régimen, entre ellas la de «encauzar dentro de los Principios del Movimiento el contraste de pareceres sobre la acción política». Por último, la Ley Orgánica también aseguraba el blindaje del sistema político; si la Ley de Principios Fundamentales de 1958 los había declarado «permanentes e inalterables», ahora se establecía el denominado «recurso de contrafuero» que tenía como objetivo la paralización de cualquier acto legislativo o disposición gubernamental que vulnerara aquellos Principios.

Pocos meses antes había sido aprobada la Ley de Prensa e Imprenta, presentada también como muestra del «aperturismo» gubernamental. La conocida como ley Fraga suprimía la censura previa hasta entonces vigente para las publicaciones —periódicos, revistas, libros— aunque no así para cine, teatro y otras actividades culturales, pero establecía un severo cuadro sancionador para quienes transgrediesen la supuesta libertad de prensa otorgada, entre cuyos límites figuraba «el acatamiento de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política». En la misma línea «aperturista» cabe inscribir la modificación de algunas normas laborales, o la reforma del artículo 222 del Código Penal que limitaba la aplicación de la figura delictiva de la sedición a las huelgas de naturaleza política, lo que no significaba ni mucho menos, como erróneamente se ha afirmado a veces, que despenalizara las huelgas laborales que, como recordó una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 1967, eran «ilegales todas ellas». En el ámbito sindical, en las elecciones de 1966 se llamó a «votar al mejor», eliminando restricciones en la presentación de candidatos.

EL CHOQUE CON LA TOZUDA REALIDAD

Pero la mayor parte de medidas «aperturistas» tuvieron inmediatamente efectos contrarios a los pretendidos. La ley de Prensa se encontró con un colectivo de periodistas jóvenes y no tan jóvenes, con editores y con autores dispuestos a transgredir los límites establecidos, lo que comportó una inmediata acción sancionadora y, por tanto, que lejos de mejorar la imagen de la Dictadura se hiciera más visible la represión de la libertad de expresión. Igualmente, en el ámbito laboral, la política de captación e integración en la Organización Sindical (OSE) del activismo emergente comportó un fracaso sin paliativos y la represión desencadenada contribuyó a extender la solidaridad obrera.

Tales fracasos fueron pronto denunciados por los sectores más reacios al «aperturismo» y, al mismo tiempo, utilizados a fondo en el marco de las divergencias en el seno del Gobierno. De hecho, desde 1962, ante los retos que se planteaban al Régimen, se habían configurado dos proyectos no antagónicos pero sí diferenciados. Conviene dejar claro que ninguno de los dos tenía el objetivo de establecer la democracia en España, antes al contrario, su pretensión era asegurar el futuro de la Dictadura. Por un lado, buena parte del falangismo, con José Solís al frente de la Secretaría General del Movimiento, defendió que la continuidad del Régimen —sintetizada en la formulación «después de Franco, las Instituciones»— debía asegurarse mediante un «desarrollo político» consistente en incrementar la participación popular en las instituciones para que estas tuvieran un mayor carácter representativo, lo que las dotaría de una nueva legitimidad, asegurando así el reforzamiento del consentimiento y, por tanto, de la estabilidad política. Se trataba de dar «autenticidad» a la «democracia orgánica», potenciando formas de participación en la Organización Sindical —que además debía incrementar su autonomía— y estableciendo unas asociaciones políticas en el seno del Movimiento que permitieran estimular y canalizar la participación política. Al mismo tiempo, debía desarrollarse una potente política social conforme al inalcanzado objetivo falangista de la «justicia social». Este proyecto perseguía el objetivo de fortalecer al Régimen pero al mismo tiempo también al propio Movimiento, cuyo papel quedaría extraordinariamente revalorizado y su posición en el sistema político alcanzaría una muy relevante centralidad.

Por su parte, los denominados «tecnócratas», buena parte de ellos miembros del Opus Dei y en la línea del catolicismo reaccionario de Acción Española, querían evitar cualquier limitación o condicionamiento al poder del Gobierno y veían en las propuestas falangistas una amenaza a la «unidad de poder y coordinación de funciones» que, según la Ley Orgánica, caracterizaba al Régimen. Para este sector de la clase política franquista que tenía como máximo apoyo a Carrero, el Gobierno debía tener todo el poder, con el Movimiento y sus organizaciones plenamente subordinados. La estabilidad política la aseguraría el estricto orden jerárquico y el desarrollo económico que, aumentando el bienestar de sectores cada vez más amplios de la población, ensancharía la adhesión y el consentimiento. Algunos «tecnócratas» compartían la conveniencia de cierto «desarrollo político», pero rechazaban el decisivo papel que el Movimiento quería ejercer.

Desde 1967, las tensiones crecieron de manera continuada y culminaron con la crisis de octubre de 1969, que comportó la salida del Gobierno, entre otros, de José Solís y Manuel Fraga, y la formación de un nuevo gabinete con un predominio de los tecnócratas dirigido de facto por Carrero. Este había manifestado reiteradamente a Franco la necesidad de sustituir a ambos ministros y el caso MATESA —un escándalo de corrupción que afectaba a destacados «tecnócratas» y que fue aireado en la prensa con la tolerancia del Ministerio de Información— facilitó la oportunidad para ello. Desde tiempo antes, Carrero consideraba a Fraga y Solís responsables de los problemas derivados de los resultados adversos de medidas como la Ley de Prensa o la política sindical.

El nuevo Gobierno estableció dos objetivos bien definidos: restaurar la «unidad» interna y el «orden» quebrantado. La «unidad» quedó asegurada en el nuevo gabinete con el predominio de los «tecnócratas», pero no así en el conjunto de las instituciones. Al contrario, la ruptura del equilibrio que había caracterizado a todos los anteriores gobiernos franquistas comportó una fractura que se manifestó en repetidas ocasiones en los años siguientes. En febrero de 1971, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Movimiento celebrada a raíz de la «crisis de diciembre» —así denominada en relación a las importantes protestas internas e internacionales contra el «proceso de Burgos»—, se expresó con notable contundencia el malestar de los falangistas con el Gobierno, al que se acusó simultáneamente de incompetencia frente a la «subversión» y de agravar la situación del Régimen con la paralización del «desarrollo político», necesario para dar respuesta a los retos planteados. Para superar las tensiones, se creó en noviembre de 1972 una Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional y meses después, en junio de 1973, el nombramiento de Carrero para presidir el Gobierno facilitó una recomposición del gabinete que permitió restablecer el equilibrio roto. Pero en ese momento, las divergencias internas se estaban acentuando. Más allá de las líneas divisorias de los años anteriores, ahora, bajo el impacto de la creciente conflictividad social y de una mayor actividad de la oposición, estaba conformándose un sector ultrafranquista, al que con el paso del tiempo se acabaría denominando el «búnker», partidario de una acción represiva de mayor severidad y opuesto a cualquier «apertura» o reforma por limitada que fuera. En sentido contrario, algunos dirigentes mostraban su inquietud ante el «inmovilismo» del Gobierno y defendían con voz más alta la necesidad de algunos cambios precisamente para defender más eficazmente el orden político establecido.

Si el objetivo de la «unidad» del Régimen no fue alcanzado bajo el mandato de Carrero, tampoco fue un éxito la política de autoridad y orden. En diciembre de 1970, el consejo de guerra celebrado en la Capitanía de la Sexta Región Militar, en Burgos, contra miembros de ETA acusados del asesinato del jefe de la policía política de San Sebastián —la Brigada de Investigación Social— se desarrolló de forma muy distinta a la prevista por el Gobierno, que se vio obligado a declarar el «estado de excepción», primero en Guipúzcoa y después en toda España, para hacer frente a las protestas. Ante la mirada de observadores y corresponsales de prensa extranjera, el consejo de guerra derivó en una denuncia de la Dictadura, lo que alimentó una importante movilización antifranquista en el extranjero. El juicio concluyó con la imposición de nueve penas de muerte a seis acusados y largas penas de prisión a los demás encausados. Sintiéndose todavía fuerte, el Régimen optó por la clemencia, pero la situación vivida durante varias semanas encendió todas las alarmas.

SE INTENSIFICA LA REPRESIÓN

En los tres años siguientes se acentuó la política represiva gubernamental en respuesta a una ascendente conflictividad social y a una mayor actividad de la oposición. El incremento de la violencia policial tuvo como resultado un goteo de trabajadores muertos y heridos por disparos de armas de fuego de la Policía Armada. En junio de 1970, tres trabajadores de la construcción murieron en Granada cuando la policía disolvió una pacífica concentración de huelguistas ante la Delegación de la OSE; en octubre de 1971, un obrero de la empresa SEAT en Barcelona resultó también muerto en los enfrentamientos desencadenados por la actuación policial para desalojar a los trabajadores de la factoría; en marzo de 1972 en El Ferrol —entonces denominado «del Caudillo»— la intervención de la policía contra una manifestación en el marco de un conflicto en la Empresa Nacional Bazán ocasionó dos nuevas víctimas mortales; en abril de 1973, la policía dispersó a los trabajadores en huelga de las empresas constructoras de una central térmica en Sant Adrià del Besos concentrados en las puertas de la obra, causando la muerte de otro trabajador y, como en los sucesos anteriores, numerosos heridos. Pero, si la violencia policial en las calles, y en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, pudo contener las movilizaciones obreras e impedir que alcanzaran una peligrosa generalización, en modo alguno logró acabar con ellas. Tampoco consiguió evitar la extensión de las Comisiones Obreras, a pesar de la detención en junio de 1972, en un convento de Pozuelo de Alarcón, de los miembros de su coordinadora general encabezados por Marcelino Camacho, lo que daría lugar al «proceso 1001» del Tribunal de Orden Público (TOP) y a una importante campaña de solidaridad internacional.

Además, la represión, tanto patronal como policial, tuvo cada vez más consecuencias indeseadas para la Dictadura; por una parte, las manifestaciones de solidaridad se extendieron, especialmente frente a las actuaciones policiales más violentas, en forma de huelgas generales locales, como la que paralizó El Ferrol tras los hechos de 1972 citados anteriormente. También los posicionamientos críticos desde distintos sectores de la sociedad crecieron, siendo particularmente dañinos para la Dictadura los efectuados por miembros del clero católico, especialmente cuanto mayor era su jerarquía. Por otra parte, la represión deterioraba la imagen del Régimen cuando más se estaba esforzando para mejorar sus relaciones exteriores, en especial con los países de la Comunidad Económica Europea.

Pero la conflictividad social en ascenso no era exclusivamente obrera. Desde el inicio de la década de los años 70, las universidades se convirtieron en cajas de resonancia de los principales problemas sociales y en espacios de abierta oposición a la Dictadura —«zonas de libertad», según la denominación del antifranquismo más activo— lo que comportó la presencia policial permanente en los recintos universitarios y continuos cierres de facultades. Además, la contestación estudiantil empezó a alcanzar a los centros de enseñanza secundaria. Por otra parte, el crecimiento de un profesorado universitario joven, con precarias condiciones de trabajo, mal remunerado —los profesores no numerarios— y en buena parte socializado políticamente en el movimiento estudiantil de los años anteriores, comportó la aparición de un amplio colectivo de profesores antifranquistas. En estos mismos años, el malestar acumulado en los barrios periféricos de las ciudades en crecimiento acabó manifestándose mediante un movimiento vecinal capaz de desarrollar acciones reivindicativas con una amplia participación para conseguir que las administraciones locales atendieran las necesidades básicas de los vecinos. Puesto que el orden franquista no permitía ninguna posibilidad de organización social autónoma ni ningún instrumento efectivo para la acción reivindicativa, el movimiento vecinal tuvo que transgredir la legalidad para hacer oír su voz. Ello determinó la consiguiente respuesta represiva que, ante el carácter tan elemental y legítimo de las demandas formuladas, no hizo más que desacreditar a los gobernantes, especialmente los locales y provinciales, y deslegitimar todavía más las instituciones dictatoriales. El franquismo tampoco logró evitar el papel ejercido por numerosos profesionales —abogados, urbanistas, periodistas, etc.— en los movimientos sociales así como la extensión de actitudes y de tomas de posición abiertamente críticas con la Dictadura en dichos colectivos y entre intelectuales y artistas.

Esta movilización social ofreció las mejores oportunidades para el crecimiento de la oposición política a la Dictadura, cuyos militantes jugaron habitualmente un papel esencial en el impulso de las reivindicaciones sociales, alimentando un circuito virtuoso que la Dictadura no logró romper. Junto al PCE, tuvieron un apreciable papel una serie de grupos marxistas-leninistas y trotskistas, partícipes de un fenómeno general de radicalización política izquierdista en el mundo occidental; al mismo tiempo, aparecieron diversos grupos socialistas y se puso en marcha la reorganización del PSOE.

A LA CAZA DE OPOSITORES

Ante tal estado de cosas, la preocupación de los dirigentes franquistas, independientemente de sus divergencias internas, fue continuadamente en aumento. En marzo de 1972, ante el Consejo Nacional del Movimiento, Carrero afirmó que era indispensable «que salgan para siempre de la universidad los profesores y los alumnos que llevan a cabo en ella la subversión», añadiendo, por otra parte, que «con las huelgas hay que terminar a rajatabla». El panorama que había descrito previamente revelaba involuntariamente un clamoroso fracaso del franquismo tras más de 30 años en el poder: «nuestra juventud no se forma conforme el interés de la Patria exige, la Universidad no es lo que todos quisiéramos que fuera; las relaciones laborales no se desarrollan con los niveles de paz, de justicia y de recíproca lealtad que establece nuestra doctrina; la moral de las gentes […] no es lo que nosotros quisiéramos, no es la moral de nuestras tradiciones patrias». Por su parte, el Consejo Nacional del Movimiento se ocupó continuadamente de los «ataques de la subversión». En 1971, el consejero por Asturias Francisco Labadíe Otermín afirmó ante el pleno del Consejo que los enemigos del Régimen «le han perdido definitivamente el miedo» y estaban dispuestos a «asaltarle y destruirle». Las llamadas a una represión todavía más contundente fueron numerosas; en marzo de 1972, el consejero Carlos Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, reclamó en dicha institución una «acción enérgica para que no por temor a la creación de mártires estemos nosotros siendo los mártires de la situación». El documento que Carrero elaboró para presentar en una reunión con los miembros del Gobierno que debía celebrarse el día de su muerte, el 20 de diciembre de 1973, afirmaba que «el comunismo» había logrado infiltrarse, en colaboración con la masonería, en la universidad, en la Iglesia, entre los trabajadores, en los medios de comunicación, en los sectores intelectuales, incluso, aunque «espero que todavía sin éxito», en la policía y en las Fuerzas Armadas. De nuevo un panorama desolador.

La muerte en atentado de ETA de Carrero se produjo en un escenario de crisis de la Dictadura. Franco, tras algunas dudas, se decidió por Carlos Arias Navarro para presidir el Gobierno. Del nuevo gabinete quedaron excluidos los «tecnócratas», y ello apenas tuvo consecuencias políticas relevantes, lo que muestra su extrema dependencia de Carrero y lo inapropiado de su equiparación con el amplio sector de la clase política franquista de origen falangista, bien presente en todas las instituciones del Régimen y en sus «bases militantes». En la composición del nuevo Gobierno destaca la presencia de falangistas y propagandistas católicos, en especial jóvenes del colectivo «Tácito» que, desde 1972, difundían sus opiniones reformistas a través del diario Ya. Arias presentó un programa político abiertamente definido como «aperturista» —de su intervención en las Cortes surgiría la expresión «espíritu del 12 de febrero»— que, aunque no convenció de su pretendida voluntad democratizadora a ningún sector de la oposición, sí que fue valorado favorablemente por aquellos que en el interior del Régimen habían reclamado una política de reformas y por quienes, especialmente en los medios de comunicación escritos, optaron por utilizar el propósito gubernamental para ganar cotas de mayor tolerancia informativa.

A pesar del compromiso de «acometer todas las medidas de desarrollo político», los límites de tal «apertura» quedaron meridianamente claros y nadie podía llamarse a engaño: el acatamiento a la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y a las demás Leyes Fundamentales, lo que en el particular lenguaje político creado por el franquismo era denominado la «Constitución», de un inexistente, a pesar de proclamarlo constantemente, «estado de derecho», pero que era una peculiar «democracia» que reprimía todas las libertades políticas y negaba la mayor parte de los derechos humanos.

En los 23 meses que van de la muerte de Carrero a la de Franco la crisis de la Dictadura se agravó sin cesar; continuó el aumento de la conflictividad social y de la acción de la oposición, el «aperturismo» incrementó las divergencias internas del Régimen y, a la postre, los escasos cambios introducidos en la legalidad dictatorial resultaron fallidos a causa de su irrelevancia. El único cambio que pudo percibirse en los meses siguientes a la formación del gobierno Arias fue una mayor tolerancia por parte del Ministerio de Información. Pero muy pronto se hizo visible el rostro más sombrío del Régimen. El 2 de marzo de 1974 fue ejecutado mediante garrote vil, desoyendo todas las peticiones de clemencia, Salvador Puig Antich, miembro de un minúsculo grupo libertario que había sido condenado por la muerte de un policía durante su detención. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno estaba sosteniendo un duro enfrentamiento con la Iglesia al pretender expulsar de España al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por una homilía leída en la diócesis que fue considerada un ataque a la «unidad de España», aunque en realidad no pasaba de ser una moderada defensa del euskera y de la identidad vasca. El prelado se negó a abandonar su diócesis y la Conferencia Episcopal se solidarizó con él, amenazando incluso con excomulgar a quienes violentaran su voluntad. Al final, el Gobierno tuvo que ceder. En menos de un mes desde la formulación del «espíritu del 12 de febrero», la credibilidad «aperturista» del Gobierno se había arruinado y, además, su autoridad había quedado cuestionada.

EL OCASO DEL RÉGIMEN

El gobierno Arias se encontró, además, con las primeras consecuencias de la crisis económica internacional, con la «revolución de los claveles» en abril, que comportó la sorprendente caída de la vecina dictadura portuguesa, y con la creciente hostilidad del «búnker» —y meses más tarde, además, con la crisis del Sahara—. El veterano falangista y exministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, publicó en el periódico Arriba del 28 de abril un durísimo ataque contra el «aperturismo», acusando a quienes defendían con mayor entusiasmo la conveniencia de reformas de pretender «que los españoles pierdan la fe en Franco y en la Revolución Nacional». En un discurso en Barcelona algunas semanas después, Arias tuvo que afirmar que el «espíritu del 12 de febrero» «ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional».

A principios de julio de 1974, Franco sufrió una tromboflebitis que obligó a su hospitalización y a Juan Carlos a ejercer interinamente la función de jefe del Estado, lo que desencadenó múltiples especulaciones así como algunas maniobras políticas en la cúpula del Régimen que aceleraron la reasunción por Franco de sus poderes. La inquietud de todos quienes veían amenazado el Régimen crecía día a día. En este contexto, la bomba que ETA hizo estallar cerca de la Dirección General de Seguridad en Madrid el 13 de septiembre, causando 12 muertos y casi un centenar de heridos, desencadenó una ofensiva contra el «aperturismo», al que se consideraba en parte responsable del deterioro de la situación política, así como una demanda de firmeza contra la «subversión» y todos sus colaboradores. Al mismo tiempo, una violencia ultrafranquista, con notables complicidades en las instituciones y, especialmente, en el aparato policial, llevaba a cabo actos contra entidades y personas calificadas de «rojas».

El 29 de octubre, en el acto del aniversario de la fundación de la Falange, presidido por Franco, en presencia de Juan Carlos y del Gobierno, Francisco Labadíe Otermín, encargado de pronunciar el discurso conmemorativo, llamó a la defensa a ultranza del Régimen: «Yo proclamo aquí con energía dos verdades políticas que no estamos dispuestos a someter a debate ni a consideración electoral: que ganamos una guerra para construir un nuevo Estado […] y que defenderemos con uñas y con dientes si es necesario la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español». En este clima político, la cara más aperturista del Gobierno, el ministro de Información Pío Cabanillas, fue cesado. A continuación dimitieron, en un gesto insólito en el franquismo, otros altos cargos.

Ante la imagen de paralización de la «apertura» e incluso de involución, Arias decidió dar un empujón a varias iniciativas bloqueadas durante mucho tiempo. En primer lugar, se aprobó en diciembre el estatuto que permitía la creación de asociaciones políticas en el marco orgánico del Movimiento Nacional, controladas por su Consejo Nacional y con requisitos materiales muy exigentes. Ante tal realidad, algunos de los dirigentes que en el inmediato pasado habían defendido el asociacionismo político, como Manuel Fraga, entonces embajador en Londres, renunciaron a participar en el experimento. Algunos meses más tarde, fue aprobada una regulación del derecho de huelga tan restrictiva que fue simplemente ignorada por los trabajadores.

La conflictividad laboral había alcanzado un nuevo máximo en 1974, con una cifra sin precedentes de huelgas, huelguistas y de horas no trabajadas, con dos huelgas generales en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat y otras dos en Guipúzcoa. Desde comienzos de 1975, se sucedieron numerosos conflictos laborales, en especial en Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y Asturias, pero también en otras provincias como Navarra, que vivió en Pamplona una importante huelga general. Sin duda, la situación más tensa estuvo localizada en el País Vasco, con la declaración del «estado de excepción» en Guipúzcoa en abril, distintas convocatorias de huelgas generales y una represión policial muy dura. Por otra parte, las preceptivas elecciones sindicales celebradas en la primavera otorgaron una importante victoria a las «candidaturas unitarias y democráticas» promovidas por las Comisiones Obreras.

Por otro lado, la oposición estaba finalmente avanzando en su articulación unitaria, con la experiencia de la Asamblea de Cataluña formada en 1971 como ejemplo. En julio de 1974 se creó la Junta Democrática de España impulsada por el PCE y con las CC. OO., el Partido Socialista Popular y otros grupos menores y personalidades independientes. Su programa propugnaba la formación de un gobierno provisional para restablecer las libertades democráticas. Casi un año después, a iniciativa del PSOE y de otras formaciones como el PNV y la democristiana Izquierda Democrática, se constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática, con un programa no muy distinto del de la Junta, que facilitó la fusión de ambas entidades en marzo de 1976 en Coordinación Democrática.

El clima político se tensó todavía más con una serie de atentados realizados por un grupo ultraizquierdista, el FRAP. En ese escenario, el Gobierno aprobó el 27 de agosto un decreto-ley formalmente contra el terrorismo pero dirigido también contra buena parte de la oposición totalmente ajena a la acción violenta. Los efectos del decreto-ley fueron inmediatos, con detenciones y procesamientos que comportaron en poco tiempo que se dictaran once sentencias de muerte. A pesar de la movilización interior y exterior para evitar las ejecuciones, el 27 de septiembre, tres condenados miembros del FRAP y dos de ETA fueron fusilados, lo que desencadenó una ola de protestas internacionales que sorprendió al Régimen por su magnitud. Pablo VI manifestó públicamente su «vibrante condena» a la represión revelando que había «solicitado tres veces clemencia». Diecisiete embajadores abandonaron Madrid llamados por sus gobiernos, la mayoría de los europeos y casi todos los de la CEE, aunque no el de EE. UU. En muchas ciudades en todo el mundo se celebraron multitudinarias manifestaciones, algunas derivando en actos violentos, en especial en Lisboa, donde la embajada española fue asaltada e incendiada.

Ante tal situación, se impuso un unánime cierre de filas del conjunto de la clase política franquista y una llamada a la movilización de los «adictos», que tuvo su principal expresión en la concentración el 1 de octubre —el «Día del Caudillo»— en la madrileña plaza de Oriente, habitual escenario de las manifestaciones de adhesión al Régimen. En lo que sería una de sus últimas apariciones públicas, Franco afirmó que «todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece». El discurso del «Caudillo» y el mar de brazos en alto entonando el himno falangista, el Cara al sol, parecían un viaje a través del túnel del tiempo a 1946, cuando la ONU aprobó el boicot diplomático contra un régimen calificado de fascista.

Algunas semanas más tarde Franco murió, ciertamente en la cama, pero en un escenario de profunda crisis del Régimen. En definitiva, cuando se apagó la vida del «Caudillo», la salud política de la Dictadura estaba tan deteriorada como la física del dictador. Sin embargo, el franquismo conservaba un aparato represivo intacto y apoyos sociales e institucionales no insignificantes. La legalidad y las instituciones dictatoriales continuaron en pie y el primer gobierno de la Monarquía intentó una reforma del Régimen que, combatida por una amplia movilización social, acabó fracasando. En la primera oportunidad desde 1936 que los españoles tuvieron de expresarse libremente en las urnas, en las elecciones del 15 de junio de 1977, las candidaturas franquistas y neofranquistas fueron literalmente barridas, lo que permitió poner punto final a una dictadura que hasta sus últimos días había impedido por todos los medios la libre expresión de la voluntad popular.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Hispán Iglesias de Ussel, Pablo: La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969, Proyectos, conflictos, luchas por el poder, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006.

Molinero, Carme, y Pere Ysàs: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008.

Saz, Ismael (ed.): «Crisis y descomposición del franquismo», Ayer. Revista de Historia Contemporánea, n.º 68, Madrid, 2007.

Soto, Álvaro: ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.

Tusell, Javier, y Queipo de Llano, Genoveva: Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003.

Ysàs, Pere: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004.

LOS GRANDES ACTORES

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE LEKUBE

por

LUDGER MEES

El Presidente Aguirre es hoy una figura prestigiada, dentro y fuera de los límites de Euzkadi y de España. Los vascos le aclaman como a un símbolo. Su autoridad es cada día mayor. La confianza que inspira a propios y extraños es indudable. Su nombre constituye hoy un capital inestimable para Euzkadi.

Pero, ese nombre, ese prestigio y esa autoridad no nos pertenecen ya por entero a los vascos. Hoy el Presidente Aguirre es una gran figura de la República Española.

MANUEL IRUJO, 1946.

Manuel Irujo, el líder nacionalista navarro, exdiputado a Cortes y, a la sazón, flamante ministro del gobierno republicano en el exilio, era probablemente el político más próximo a José Antonio Aguirre, el primer lehendakari vasco. Además de compartir el mismo ideario político, y pese a haber conocido también una fase de desencuentro y enfrentamiento, a ambos líderes les unía una fuerte amistad, hasta el punto de que Irujo confesó en la necrología que redactó tras la muerte de Aguirre en 1960 que este para él había sido su «mejor amigo». Cuando el navarro escribió en un informe para la dirección del Partido Nacionalista Vasco (PNV) las palabras antes citadas, sabía que la segunda parte de esta afirmación sobre la importancia del presidente vasco contenía una notable sobredosis de heterodoxia capaz de provocar inmediatamente un fuerte dolor de tripas a sus correligionarios más ortodoxos. Y era cierto: la tesis de que Aguirre, ya en vida un ídolo y símbolo para muchos, y no solamente los nacionalistas, pertenecía también a la República española, rayaba en la herejía en el seno de un movimiento sociopolítico que nunca había superado del todo su actitud de rechazo frontal a todo lo que significaba España.

Sin embargo, Irujo no erraba en su diagnóstico que hoy, con la necesaria distancia temporal y gracias a diferentes investigaciones realizadas y en curso, es confirmado y ampliado por la historiografía: el primer lehendakari vasco ha sido, sin lugar a dudas, el político vasco más importante, más influyente, mejor relacionado y más querido del siglo XX. El único político que quizá podría disputarle este puesto sería el líder socialista Indalecio Prieto, un hombre de gran importancia y enorme influencia por los diferentes puestos de dirección que ocupó durante su vida. Pero Prieto no llegó a tejer esa enorme red de relaciones de respeto y, en la gran mayoría de los casos, de confianza incluso con hombres políticamente muy alejados. Su incompatibilidad con Juan Negrín partió en dos el socialismo español durante la guerra y los primeros años del exilio. Aguirre no tuvo este tipo de incompatibilidades casi viscerales: no tenía verdaderos enemigos entre los demócratas. En consecuencia, Prieto no alcanzó la cota de popularidad que Aguirre ya logró durante su vida: una popularidad que trascendía claramente los límites de su propio partido. Dentro del PNV, el fundador Sabino Arana también era un hombre venerado como un héroe nacional, pero este carisma solo funcionaba entre sus seguidores nacionalistas. Más tarde, Juan Ajuriaguerra llegó a ser un personaje admirado y querido como recto e implacable resistente antifranquista, pero el vizcaíno nunca logró —también porque no la buscó— la proyección pública que tuvo Aguirre. Irujo, como ya se ha dicho, sí tenía este carácter fuerte, pero era demasiado librepensador y heterodoxo como para figurar en el núcleo de poder nacionalista. Por último, Jesús María Leizaola, el sucesor de Aguirre en la presidencia del gobierno vasco, también era un hombre estimado y respetado, pero era tan reservado y callado que parecía alérgico a todo lo que olía a proyección pública y carisma.

Aguirre era, por tanto, un dirigente del nacionalismo vasco realmente extraordinario, pero también, como dice Irujo, «una gran figura de la República española», y eso al menos por tres razones: una, en 1936 negoció y consensuó con Indalecio Prieto la aprobación del Estatuto vasco, convirtiendo así en realidad una aspiración histórica de la mayoría de los vascos y creando Euskadi como sujeto político; dos, en 1944-45 realizó una importante labor de mediación entre los diferentes sectores del republicanismo antifranquista que desembocó en la creación del gobierno republicano en el exilio; y tres —una razón que se produjo años después de que Irujo redactara su informe—, Aguirre pudo haber sido en dos ocasiones presidente del Consejo de Ministros al haber sido invitado por el presidente de la República, Diego Martínez Barrio, lo que no deja de ser un hecho tan sorprendente como significativo. Como se ve, la trayectoria política del dirigente vasco está estrechamente vinculada a la República y a la política republicana, aunque en esta relación no faltaran periodos de tensión y confrontación. [→ EXILIO].

LA FORJA DE UN LÍDER PREMATURO

José Antonio Aguirre nació el 6 de marzo de 1904 como hijo primogénito, en el seno de una conocida familia bilbaína. Tras el fallecimiento de su padre en 1920, tuvo que dedicarse a la gestión de la empresa familiar (Chocolates Bilbaínos), de la que fue consejero. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto, regida por los jesuitas, donde se tituló en 1929. En los años veinte alcanzó cierta notoriedad como futbolista del Athletic Club de Bilbao. Como presidente de la Juventud Católica de Bizkaia dio el salto a la vida pública. No se conoce el momento exacto de su afiliación al PNV, lo que ocurrió en la fase transitoria entre la dictadura de Primo de Rivera y la República. En 1931, con tan solo 27 años, fue elegido alcalde de Getxo y diputado a Cortes por Navarra. Desde el ayuntamiento de Getxo lideró el movimiento de alcaldes vascos por la autonomía. En 1933 y 1936 repitió mandato como diputado por Bizkaia-provincia.

Dotado de una gran capacidad oratoria, Aguirre pronto se convirtió en un joven político dinámico y popular que llenaba los mítines de su partido. En el primer bienio de la República, el PNV era un partido clerical y de derechas que se había aliado con el tradicionalismo con el fin de constituir un frente común en la lucha por la autonomía y la defensa de la religión. Esta alianza con uno de los mayores enemigos de la joven República, así como la pretensión de aprobar un estatuto de autonomía anticonstitucional como el llamado de Estella, generaron una brecha entre los nacionalistas vascos y los gobiernos de Alcalá-Zamora y Azaña. Aguirre inicialmente lideró esta línea política de su partido, pero pronto se tuvo que dar cuenta del nulo interés de la inmensa mayoría de la derecha tradicionalista por la autonomía y del error estratégico que había supuesto esta alianza que había contribuido a alejar la autonomía en lugar de acercarla, todo lo contrario de lo que pasó con el estatuto catalán, aprobado en 1932. Por ello, una vez rota la alianza electoral con el carlismo, en el segundo bienio el joven diputado puso manos a la obra de pilotar a su partido hacia el centro y abrir la puerta a un entendimiento con los partidos de la izquierda, un proceso que tuvo uno de sus hitos en la Asamblea Nacional del PNV en Tolosa (enero de 1933), donde la vieja guardia de la ortodoxia aranista agrupada alrededor del presidente y hermano del fundador, Luis Arana Goiri, fue apartada de la dirección del partido. Sin embargo, la nueva constelación de poder favorable a la derecha durante el bienio radical-cedista causó otro parón en el camino del Estatuto, que en noviembre de 1933, con un texto nuevo y adaptado a la Constitución, ya había sido refrendado por una gran mayoría de los votantes de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Este bloqueo solo pudo ser superado tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Durante la primavera de ese año, Aguirre, como diputado y secretario de la Comisión de Estatutos de las Cortes negoció con su presidente Indalecio Prieto el acuerdo en torno al Estatuto vasco. Por lo tanto, no es cierto que fuera consecuencia de la guerra civil su aprobación por las Cortes el 1 de octubre de 1936, así como la constitución, una semana más tarde, del primer gobierno vasco bajo la presidencia de Aguirre, que encabezaba una entente entre los nacionalistas vascos y los partidos del Frente Popular.

Sí está comprobado, en cambio, que el logro de la tan ansiada autonomía tras el pacto con la izquierda fue el principal motivo que explica la decidida implicación de un partido católico y de centro como el PNV en la defensa de la República y contra el golpe militar del 18 de julio. Esta lucha fue liderada por el propio lehendakari, que asumió también la Consejería de Defensa. En los poco más de ocho meses que duró la autonomía, Aguirre y sus consejeros realizaron una notable labor. El gobierno vasco abrió delegaciones en Barcelona, París y otras ciudades, negoció el canje de presos, promulgó una Ley de Orden Público, acuñó moneda, expidió pasaportes, creó una policía autónoma y fundó con la Facultad de Medicina el embrión de lo que décadas más tarde sería la Universidad pública vasca. Aunque el Estatuto de 1936 no lo preveía así, Aguirre asumió la «dirección suprema de la guerra», tal y como lo expresaba su programa de gobierno. Para ello creó el Ejército Regular de Euskadi, con unos 40 000 hombres y 90 batallones, tras haber militarizado las milicias de partidos y sindicatos. Encargó la construcción del famoso «cinturón de hierro» en torno a Bilbao, que debía impedir el avance de las tropas franquistas.

Finalmente, ni esta línea de defensa ni la combatividad del Ejército de Euskadi pudieron evitar la conquista del resto del territorio vasco por los sublevados —debidamente apoyados por los crueles bombardeos llevados a cabo por la aviación alemana e italiana—, que el 19 de junio de 1937 ocuparon Bilbao. Aguirre, su Gobierno y las tropas tuvieron que huir de la capital vizcaína hacia Santander, donde dos meses más tarde el lehendakari fue marginado por la dirección de su partido, que negoció en secreto con los italianos una rendición de las tropas vascas. Este célebre «Pacto de Santoña» resultó un desastre porque llegaron tarde los barcos que debían haber evacuado a los dirigentes y militares vascos y porque los responsables italianos entregaron los soldados nacionalistas que se habían rendido a los franquistas. Al final, muchos de los responsables políticos y militares del PNV quedaron presos en el penal de El Dueso, donde el 15 de octubre fueron fusilados 14 presos, entre ellos seis nacionalistas.

Aguirre había estado al margen de estas negociaciones. Todavía antes de la caída de Santander, en julio de 1937, la idea del lehendakari era organizar el paso de su ejército por Francia con el fin de cruzar la frontera en Cataluña, retomar la lucha y reconquistar Navarra desde Aragón. Este plan fue rechazado por diferentes razones, tanto por el presidente Azaña como por el ministro de Defensa Nacional Prieto: el gobierno francés difícilmente podría autorizar semejante movimiento de tropas sin vulnerar la (mal llamada) política de no intervención. Además, Azaña, quien nunca tuvo buena química con el presidente vasco, recelaba de una iniciativa militar no controlada por la República y sospechaba detrás de esta propuesta de Aguirre no un plan para seguir luchando, sino —tal y como lo recogió en su diario— «una máscara para quitarse bonitamente de en medio». Al final, en octubre de 1937 Aguirre y la dirección de su partido decidieron trasladar formalmente —y sin tropas— la sede del gobierno vasco a Barcelona, donde también estaba el gobierno republicano, además de la Generalitat de Cataluña. En la capital catalana, Aguirre, que vivía a caballo entre Barcelona, París y el País Vasco francés, y su Gobierno realizaron una labor importante, sobre todo en el ámbito humanitario, organizando una amplia red asistencial para los miles de refugiados vascos que se encontraban en tierras catalanas y en Francia. Con todo, ante la inminente caída de toda Cataluña, en febrero de 1939, en un noble gesto de solidaridad, el lehendakari regresó desde París para acompañar al presidente de la Generalitat Lluís Companys camino del exilio francés. Así, perdido el territorio y la autonomía, y a la vista de la definitiva victoria militar de Franco, para José Antonio Aguirre comenzó el largo periodo del exilio, del que ya no volvería.

EL OPTIMISTA EXILIADO

Todas las fuentes coetáneas coinciden en describir a Aguirre como un hombre dotado de un optimismo a prueba de bomba, que sabía sacar conclusiones positivas incluso de las noticias más desfavorables. Las palabras desaliento o frustración no parecían existir en su vocabulario. Al contrario, los testimonios nos presentan a un líder hiperactivo, enérgico y decidido, que siempre tenía alguna solución para todos los problemas. Y es cierto que, desde la perspectiva histórica, no deja de resultar sorprendente la enorme vitalidad política que exhibió el primer presidente vasco hasta su prematura muerte en 1960, en un periodo de tiempo en el que los demócratas antifranquistas no hacían mucho más que encajar un golpe tras otro. Obviamente, Aguirre no estuvo a salvo de sentir y sufrir estos reveses, y hechos como su dependencia del tabaco como fumador empedernido, sus problemas de salud o su envejecimiento prematuro documentado por las fotos de la época indican que su inquebrantable y verdadero optimismo mostrado ante sus seguidores, amigos y familiares, no impedía que al mismo tiempo la procesión fuera por dentro. En todo caso, lo que merece la pena recoger aquí es que esta faceta característica de su naturaleza permitió al lehendakari vasco superar una tras otra todas las contrariedades políticas y tener permanentemente un «plan B» para el momento en el que el «plan A» hubiera fracasado. Así, Aguirre se convirtió sin duda en uno de los líderes más activos de todo el exilio antifranquista. Veamos.

Una de las primeras iniciativas políticas de Aguirre poco después de haber cruzado la frontera para reorganizar su Gobierno en la sede parisina de la Avenue Marceau consistió en el diseño de un proyecto nacionalista radical y hegemónico. Este proyecto significó una clara ruptura en la trayectoria política del dirigente vasco, quien en la mayoría de las publicaciones historiográficas y periodísticas normalmente —y con razón— suele ser presentado como un político moderado, pactista y dialogante. Sin embargo, investigaciones más recientes han dejado patente que ni siquiera Aguirre estaba completamente a salvo del caprichoso juego del péndulo patriótico que llevaba marcando la historia del PNV desde su fundación, acercándole en ocasiones al polo de la moderación y del posibilismo, y en otras al extremo del nacionalismo radical, esencialista y hegemónico. En 1939, a Aguirre y a su partido les había llegado nuevamente el momento del radicalismo sin contemplaciones. En las reuniones de Meudon, un pequeño pueblo en las cercanías de París, Aguirre protagonizó una serie de reuniones con otros dirigentes del PNV, en las que defendió la idea de que, con la caída de la República, también habían perecido todos los compromisos de los nacionalistas vascos con la misma. Según este discurso, en 1936 no había habido más remedio que pactar con la República para defender la Euskadi autónoma. Para ello había sido necesario priorizar el consenso con los demás partidos y diseñar un programa de Gobierno en el que «lo nacional aparecía veladamente dicho». Ahora, en cambio, ya no existían estas ataduras y, por ello, era no solo posible sino necesario negociar un nuevo «arreglo» con los partidos vascos que abriera la puerta a otros escenarios mucho más ambiciosos de autogobierno.

La perspectiva de un nuevo conflicto bélico de dimensiones internacionales fue otro argumento para defender esta reafirmación nacionalista, con el fin de colocar a Euskadi en una posición favorable para el momento crucial en el que gobiernos, estados y fronteras previsiblemente iban a quedar en entredicho. La consecuencia más tangible de este nuevo pensamiento estratégico fue la exigencia dirigida a los demás partidos vascos en el Gobierno, sobre todo el socialista, de oficializar una afirmación de su filiación nacional vasca y renunciar expressis verbis a todo tipo de intromisión de cualquier organismo «español» en su actividad. En otras palabras: Aguirre y su partido exigieron a los socialistas vascos como condición de seguir en el Gobierno que rompiesen los lazos orgánicos que les unían con el PSOE. La lectura de las actas de estas reuniones revela que esta medida no solo estaba pensada para proteger a los partidos vascos del virus de la desunión que había infectado a prácticamente todos los partidos españoles en el exilio, sino que se trataba también de una cuestión de profundo calado ideológico que recuperaba la hispanofobia del primer aranismo, como admitía el propio lehendakari: «Realmente lo que estamos haciendo […] es Euzkadi contra España». No es necesario subrayar que la amenaza de quedar expulsados del Gobierno significaba una fuerte presión para los socialistas vascos, que en tal caso también hubieran quedado apartados del centro de decisión en el que se cocinaba y ejecutaba la tarea política y administrativa más importante del momento, a saber, la distribución de los recursos para el socorro de los miles de refugiados.

Esta exigencia provocó una grave crisis en el seno del gobierno vasco, entre cuyos consejeros socialistas pesaba mucho la influencia de Indalecio Prieto, quien rechazaba abiertamente las pretensiones nacionalistas. Cuando las negociaciones se encontraban al rojo vivo, empero, Aguirre despareció de la vida pública. En mayo de 1940 fue sorprendido por la invasión nazi de Bélgica, en donde se encontraba en una visita familiar. No logró regresar a París y tuvo que pasar 15 meses en la clandestinidad. En su larga y rocambolesca odisea por Bélgica y la Alemania nazi, bien documentada por el diario que Aguirre escribió durante estos meses, el lehendakari pudo sobrevivir con el aspecto cambiado (gafas y bigote) gracias a la ayuda de un diplomático de Panamá. Finalmente, en julio de 1941 consiguió reunirse con su familia y embarcar en Suecia con rumbo a América Latina. Durante estos meses en la clandestinidad, Aguirre tuvo la suerte de que la policía y los servicios secretos franquistas andaban muy despistados a la hora de averiguar el paradero del líder vasco, ubicándolo en algún monasterio francés o en Bélgica, y, desde luego, no en la boca del lobo nazi, en Berlín, donde realmente se encontraba.

Esta milagrosa salvación de Aguirre y su reaparición en la escena pública tuvo dos consecuencias importantes: en primer lugar, el hecho de haber desafiado el poder de un omnipotente dictador que parecía a punto de conquistar el mundo incrementó aún más el carisma del dirigente vasco. A partir de su odisea, ya era mucho más que un político popular y querido. Para muchos de sus seguidores, se había convertido en un personaje extraordinario con facultades sobrehumanas y, probablemente, protegido por la providencia. Era ya un líder carismático en el sentido weberiano. En segundo lugar, tras su regreso tuvo que darse cuenta de que la estrategia de presión nacionalista sobre sus aliados en el Gobierno había provocado una grave crisis que estaba poniendo en tela de juicio el principio básico sobre el que el lehendakari había construido toda su política desde su nombramiento: el principio de la unidad de todos los demócratas vascos en el seno del Gobierno de Euskadi como institución respetada por todos como punta de lanza para la lucha por la libertad y la democracia. Tras la dimisión del único consejero prietista, Juan de los Toyos, en 1943, Aguirre llegó a la conclusión de que para salvaguardar la unidad de su Gobierno era imprescindible un repliegue en el conflicto de la «obediencia vasca». Así decidió recuperar su postura más flexible y dialogante y cerrar las heridas con el Pacto de Bayona (marzo de 1945), en el que se reafirmaba la unión de todos los demócratas vascos en torno a su Gobierno.

Uno de los factores que empujaron a Aguirre hacia la recuperación de una estrategia más moderada y pactista fue la experiencia acumulada durante su estancia en Nueva York, desde donde dirigió su Gobierno tras su regreso entre 1941 y 1945. Gracias a la protección y mediación de un acaudalado mecenas vasco-filipino bien relacionado con la sociedad norteamericana, Aguirre logró un puesto de profesor de Historia en la Universidad de Columbia y pudo establecer múltiples contactos con diferentes representantes del gobierno estadounidense. A cambio de poner a disposición de los norteamericanos los servicios de espionaje del gobierno vasco para la lucha contra el fascismo, el lehendakari logró una relación preferencial con el State Department, además de importantes apoyos financieros. Conforme se iba perfilando la victoria aliada en la guerra mundial, el presidente vasco se veía cada vez más cerca de poder cosechar el fruto de su incondicional apuesta por los aliados mediante una intervención de los mismos en España. Sin embargo, en estos encuentros con los líderes internacionales, había aprendido dos cosas: en primer lugar, sabía que a Washington, París y Londres no les interesaba lo que estaba pasando en Bilbao, sino solo lo que ocurría en el centro del poder político, que era Madrid. Y, en segundo lugar, también había llegado a la conclusión de que ninguna potencia iba a mover un dedo en contra de la dictadura franquista si no había una alternativa sólida y capaz de hacerse con las riendas del poder en España, evitar una nueva guerra civil y minimizar el riesgo de un golpe comunista. En consecuencia, Aguirre se había percatado de que la escandalosa desunión entre los demócratas españoles era un obstáculo insalvable que impedía de antemano cualquier intervención de los aliados contra Franco. De ahí que a partir de 1944 puso manos a la obra de mediar entre las diferentes fracciones del exilio republicano e impulsar la formación de un gobierno unido.

Como el líder vasco era prácticamente el único político relevante en el exilio que se llevaba bien con todos y cada uno de los sectores enfrentados, y gracias también a su reconocido talante conciliador y don de gentes, en agosto de 1945 logró su objetivo con la constitución del gobierno de la República en el exilio presidido por el republicano José Giral, en el cual Manuel Irujo entró de ministro. Esta operación significó el mayor desembarco en la política española que el nacionalismo vasco ha tenido a lo largo de su historia. Aguirre había jugado un papel crucial en la fase previa a la constitución del Gobierno e influyó notablemente en su estrategia política hasta el abandono de Irujo tras el fracaso del gabinete Llopis en agosto de 1947. También controló buena parte de las finanzas del Gobierno. La influencia de Aguirre era tal que incluso lo convertía en candidato a presidir el gobierno republicano. Tras la crisis del gobierno Llopis, Diego Martínez Barrio, el presidente de la República, ofreció este cargo al lehendakari vasco, destacando su «carácter, nombre internacional, prestigio y autoridad». Aguirre quedó impresionado, pero declinó esta oferta. Obviamente, esta posibilidad real de que un dirigente nacionalista dirigiera la política española debía levantar ampollas entre los sectores más ortodoxos del PNV. No obstante, por el momento, el indudable carisma del lehendakari abortaba todas las críticas de esta españolización de la política nacionalista, críticas que tan solo iban a aflorar años más tarde, cuando poco antes de la muerte de Aguirre el nacionalismo vasco, y con él el gobierno de Aguirre, entraron en una grave crisis.

Antes, sin embargo, Aguirre iba a cambiar otra vez su estrategia política en la lucha contra la Dictadura y a favor de la recuperación de la libertad vasca. En el momento en que, a instancias de Indalecio Prieto, el Partido Socialista había retirado su confianza al gobierno republicano, desencadenando así la crisis del gabinete Llopis, se había desvanecido la esperanza de ofrecer a los aliados una alternativa sólida, unitaria y de orden para sustituir a la dictadura de Franco. A la vista de estas dudas que sembraba el proyecto republicano, Aguirre optó por favorecer la vía que llevaba propugnando Indalecio Prieto, quien aspiraba a constituir una alianza entre los monárquicos descontentos con Franco y agrupados en torno a don Juan de Borbón, con los socialistas como fuerza social mayoritaria en España. De forma discreta, y con la intención de no herir demasiado las sensibilidades en el lado republicano, Aguirre buscó el contacto directo con el propio don Juan y sus delegados, además de moverse en el terreno internacional para apoyar a Prieto y, por ejemplo, facilitar sus negociaciones en Londres con el Foreign Office y Gil Robles, portavoz de don Juan, en octubre de 1947. Poco antes, en mayo de 1947, la autoridad del lehendakari había recibido un nuevo refrendo popular, cuando la resistencia en el interior cosechó un gran éxito movilizador con la organización de una huelga general impulsada y coordinada por Aguirre y su Gobierno.

Como es sabido, tras la vía republicana, también fracasó este llamado «Plan Prieto». Pese a un aparente avance en las negociaciones con los monárquicos, que desembocaron en la firma del Pacto de San Juan de Luz (agosto de 1948), pronto quedaría patente que el propio don Juan y la gran mayoría de sus seguidores monárquicos y militares preferían un arreglo con el Régimen a una alianza con «los rojos». El encuentro entre Franco y don Juan en el yate Azor (25 de agosto de 1948) y el envío del príncipe Juan Carlos a España para su educación fueron señales inequívocas en esta dirección. Prieto había fracasado y, con él, también lo había hecho nuevamente Aguirre. [→ PRIETO].

Sin embargo, al lehendakari todavía le quedaba otra carta en la manga, que él mismo iba a describir como «la más grande de las esperanzas»: la esperanza de que la naciente Europa unida iba a expulsar a todos los regímenes dictatoriales de su seno, articulando así una fuerte presión sobre el gobierno de España que debía someterse a un proceso de democratización si no quería perder el tren de la Europa unida, que se suponía el tren del futuro, de la paz y de la prosperidad. Así, durante los últimos años de su vida, Aguirre y los líderes del PNV multiplicaron sus actividades en este ámbito. Los principales hitos de esta política europeísta, que era concebida como una estrategia antifranquista, a la vez que nacionalista vasca, con el objetivo de colocar a la nación vasca en una situación favorable en el marco de la Europa de los Pueblos, se concentran en el lustro entre 1947 y 1951. En junio de 1947, una delegación del PNV, encabezada por Aguirre, asistió al congreso fundacional de las Nouvelles Équipes Internationales (NEI), el embrión de la confederación europea de diferentes partidos democristianos y similares. En mayo del año siguiente, Aguirre y otros nacionalistas asistieron a la conferencia de La Haya, donde fue bautizado el Movimiento Federal Europeo. En febrero de 1949, finalmente, se constituyó en la sede del gobierno vasco en París el Consejo Español del Movimiento Europeo como órgano aglutinador de todas las fuerzas federales del Estado español bajo la presidencia del profesor liberal-conservador Salvador de Madariaga, con Irujo como vicepresidente y su correligionario José María Lasarte como secretario, lo que una vez más requirió la intervención de Aguirre para tranquilizar a los sectores más ortodoxos del nacionalismo vasco y quitar hierro a este nuevo compromiso con la política española.

Como ya había ocurrido con la formación del gobierno republicano en el exilio, Aguirre tuvo que volver a explicar a los sectores más reticentes su idea de que, para lograr el menos España en que todos los nacionalistas estaban de acuerdo, era preciso pasar previamente por una fase de más España, en la que había que hacer concesiones y llegar a compromisos con otras fuerzas españolas, y, a mayor influencia en estas alianzas, mayor beneficio político para la libertad y el autogobierno vascos. Por dos razones, estas tesis no llegaron a provocar un choque abierto: una, en el ámbito teórico, Aguirre mantuvo un discurso que, pese a determinados guiños semánticos hacia los no nacionalistas, en su calculada imprecisión conceptual era compatible también con planteamientos abiertamente independentistas; y dos, su política de hechos consumados estaba blindada por su aureola carismática que envolvía y protegía al máximo dirigente del nacionalismo vasco, con quien nadie osaba enfrentarse de forma abierta, al menos en público.

Al final, tampoco la estrategia europeísta surtió efecto. Así, a finales de la década de 1950, el dirigente vasco se encontraba por vez primera en su carrera política en una situación en la que sentía que había disparado también su último cartucho, otra vez sin dar en el blanco. La guerra fría había salvado a Franco y al lehendakari le costaba asimilar su nueva situación de paria en unas cancillerías que preferían el anticomunismo del dictador a las inciertas perspectivas democratizadoras defendidas por el exilio vasco y español. Aquí, su innato e inquebrantable optimismo se convirtió en obstáculo, porque le impidió captar a tiempo esta nueva constelación geopolítica, abandonar la esperanza de una intervención de las potencias europeas y llegar a la conclusión de que nadie iba a echar a Franco, si no lo hacía la resistencia española y vasca. Quizás su actitud más blanda y complaciente ante los jóvenes nacionalistas que en 1959 habían decidido abandonar la disciplina del PNV y fundar la organización Euzkadi ta Askatasuna (ETA), una actitud que provocó notables roces con la dirección de su partido, indica que poco antes de su fallecimiento Aguirre, finalmente, se había despedido de su convicción de que, en algún momento, el Gran Hermano iba a intervenir y devolver a los vascos la ayuda recibida durante la guerra mundial.

No es posible, empero, saber si esta actitud complaciente se debía a su talante abierto y dialogante o si era fruto de la esperanza de que el activismo de los jóvenes rebeldes inyectara nueva vida al movimiento nacionalista y la resistencia antifranquista. Aguirre mismo había realizado un último gran esfuerzo para lograr esta reanimación del movimiento antifranquista vasco reuniendo a un gran número de representantes de los diferentes sectores políticos y sociales del exilio y del interior en el Congreso Mundial Vasco celebrado en 1956 en París. El Congreso logró un notable éxito de convocatoria, pero su importancia real fue más bien simbólica. No consiguió dotar al gobierno vasco y a su presidente de una nueva estrategia política operativa y eficaz, ni pudo evitar la escisión del PNV, con la aparición de ETA.

El repentino fallecimiento del lehendakari José Antonio Aguirre el 22 de marzo de 1960, tras una aguda crisis cardíaca, provocó una sensación de orfandad entre todos los demócratas vascos y muchos españoles. Había desaparecido el líder carismático, luchador y optimista nato, quien, pese a haber sido venerado como un profeta, había sido durante la mayor parte de su vida un político pragmático que priorizaba el diseño y la aplicación de estrategias gradualistas y posibilistas en el camino hacia la democracia y la libertad de su pueblo ante proclamas grandilocuentes y populistas, pero políticamente estériles. Tenía razón Irujo: Aguirre fue un gran político nacionalista y un capital inestimable de Euskadi, pero, siendo también una gran figura de la República, no se puede escribir la historia de la democracia en España sin tenerlo en cuenta.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aguirre, José Antonio: De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, Fundación Sabino Arana, Bilbao, 2004.

Arrieta, Leyre: Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Tecnos, Madrid, 2007.

Granja, José Luis de la: Nacionalismo y II República en el País Vasco, Siglo XXI, Madrid, 2008 (1.ª ed. 1986).

Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos: De la derrota a la esperanza: políticas vascas durante la segunda guerra mundial (1937-1947), IVAP, Oñati, 1999.

Mees, Ludger: El profeta pragmático. Aguirre, el primer lehendakari (1939-1960), Alberdania, Irún, 2006.

Pablo, Santiago de, Ludger Mees, y José Antonio Rodríguez Ranz: El Péndulo Patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Crítica, Barcelona, 1999 y 2001.

MANUEL AZAÑA

por

PAUL PRESTON

De 1931 a 1933, presidente del Consejo de Ministros, arquitecto del Frente Popular en 1935 y presidente de la República de 1936 a 1939, Manuel Azaña fue, esencialmente, la personificación de la misma. Las reformas durante el primer bienio —la nueva Constitución, el voto para la mujer, el divorcio, las reformas militares, la separación de la Iglesia y el Estado, el estatuto de Cataluña, la legislación laboral y la reforma agraria— fueron considerables. Cada una, a su manera, constituyó un desafío a los privilegios de la derecha y todas, en mayor o menor medida, se convirtieron en leyes gracias a la habilidad oratoria de Azaña. Una aportación igualmente crucial a la Segunda República fue la inteligencia y energía con que Azaña contribuyó a la creación de la coalición electoral de izquierdas que ganaría las elecciones de 1936. Como presidente de la República, su determinación de permanecer en España durante la guerra civil fue una aportación poco valorada en la lucha contra los militares rebeldes. Si hubiese optado por buscar la seguridad en el extranjero, como hicieron muchos de sus colaboradores, la legitimidad de la República se habría colapsado fatalmente a ojos de las grandes potencias.

Según Salvador de Madariaga, Azaña fue «el español de más talla que reveló la breve etapa republicana», «por derecho natural, el hombre de más valer en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual y moral» y «el orador parlamentario más insigne que ha conocido España». Madariaga insistió con acierto en «la vertiente ética de Azaña». Irónicamente, a pesar de un alto grado de orgullo lindando con la soberbia, fue notable el grado de sacrificio personal que Azaña invirtió en interés de la democracia. La consecuencia fue que Azaña, a quien Ernesto Giménez Caballero llamó «el padre de la República», fue objeto de los insultos más soeces por parte de la extrema derecha franquista.

Ningún otro político, con la posible excepción de Indalecio Prieto, percibió tanto como Azaña la necesidad de modernizar el aparato del Estado y, en particular, su relación con poderosas instituciones ligadas al viejo régimen. Tuvo tres objetivos principales: modernizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, modernizar el Ejército, tanto técnicamente como en términos de subordinación política al gobierno de la nación, y finalmente introducir racionalidad y diálogo en la vida política y parlamentaria. Actuó basándose en la convicción de que las leyes cambian la realidad, que las grandes reformas se logran aprobando leyes importantes. Azaña concebía el ejercicio del poder como la práctica de la virtud; tenía razón, convencía con palabras y actuaba legislando. Desgraciadamente, acabó descubriendo que el poder legal, verbal y racional era insuficiente ante la fuerza conjunta del Ejército, la Iglesia, la oligarquía española y sus aliados alemanes e italianos pero, indignado por el ataque a la legalidad que tanto respetaba, se mantuvo junto a «su» República. Su programa para la creación de una España moderna no se llevaría a la práctica hasta después de la muerte de Franco.

Manuel Azaña Díaz nació el 17 de enero de 1880 en Alcalá de Henares. Su padre, un próspero empresario y terrateniente, Esteban Azaña y Catarineu, era alcalde y cronista de la ciudad natal de Miguel de Cervantes. Su madre, Josefina Díaz Gallo-Muguruza, era una mujer inteligente y culta. El joven Manuel creció en una casa llena de libros, situada en la calle de la Imagen, casi enfrente de la casa donde, se creía, vivió Cervantes. La madre murió cuando él tenía nueve años y su padre cuando llegaba a los diez. Manuel, su hermano Gregorio y su hermana Josefa fueron cuidados por su abuela paterna, Concha de Catarineu. En la espaciosa casa familiar, Manuel tuvo una vida solitaria. Muy inteligente, pero tímido, se retiró a un mundo de libros en el que devoró vorazmente los clásicos españoles y la literatura popular de la época. Más adelante, sus enemigos tacharían de arrogancia su solitaria afición a la lectura.

Manuel heredó de su padre el interés por la política y los asuntos cívicos. A los trece años fue enviado al Real Colegio de Estudios Superiores, de los padres agustinos, en El Escorial. Esta institución para los hijos de la alta burguesía fue la primera de las jaulas doradas de Azaña. Se refirió a los estudiantes como sus «compañeros de presidio». Sus experiencias fueron la base de su exquisita novela El jardín de los frailes. Habiéndose licenciado en Derecho en Zaragoza, hizo su tesis doctoral en Madrid. Ganó por oposición un puesto de letrado de la Dirección General de Registros y del Notariado. Como funcionario, dedicó lo mejor de su tiempo a actividades intelectuales en el Ateneo de Madrid. Entre 1911 y 1912, con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, estudió en la Sorbona donde nació su interés por las ideas liberales francesas. Durante la primera guerra mundial visitó los frentes italiano y austríaco e hizo campaña en España en favor de los aliados. Como secretario del Ateneo de Madrid, como colaborador de la revista España y de los periódicos El Sol y El Imparcial, y como fundador, con José Ortega y Gasset, de la Liga de Educación Política desempeñó un papel importante en la cultura del período. Su libro Vida de don Juan Valera obtuvo en 1926 el Premio Nacional de Literatura. En 1912, se afilió al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, del que se separó en 1924 para fundar Acción Republicana.

Físicamente poco agraciado, y de una timidez que le hacía parecer despectivo, Azaña fue objeto de caricaturas de sus enemigos de derechas. Pero ni su apariencia ni su condición de oscuro escritor y funcionario bastan para explicar tal odio. Su preparación para la vida pública no tenía precedentes en los políticos activos españoles. Como miembro de la generación del 98, había estudiado y escrito sobre literatura española, sobre los problemas de España, sobre el militarismo y el caciquismo. Leyendo y reflexionando constantemente, había llegado a una visión de una reforma racional para España. Lo que dejaba perpleja y enfurecía a la derecha era que una visión tan intelectual pudiera despertar suficiente apoyo popular como para convertirse en amenaza. Azaña había concluido que los mayores obstáculos para la modernización de España eran el militarismo y la Iglesia católica. Tenía también ideas inequívocas acerca de la reforma agraria, no como una preocupación revolucionaria, sino como un deseo humanitario de mejorar la vida de los jornaleros famélicos del campo. Sus ideas no habrían salido de las tertulias del Ateneo si Azaña no hubiese pasado de la oscuridad al Ministerio de la Guerra, en abril de 1931, y a la presidencia del Consejo de Ministros a mediados de octubre de 1931, a consecuencia de su brillante intervención en el debate sobre los artículos religiosos de la Constitución.

Ese éxito flamante fue inesperado. Antes de la República, su vida política no había pasado de su modesto papel en el Partido Reformista, desde 1913 a 1923. Su participación en la Alianza Republicana y en los diversos comités que finalmente condujeron al Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 y al gobierno provisional de abril de 1931 fue el resultado de la presión de un amigo, Enrique Martí Jara. Después del fracaso de la sublevación de Jaca, el 12 de diciembre de 1930, Azaña desapareció de la vida pública, retirándose a la casa de su suegro, para escribir una novela. Hasta el 14 de abril de 1931 se mantuvo oculto e hizo muy poco para traer la República. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

En realidad, Azaña nunca se preocupó de las cuestiones a las cuales suelen ser muy sensibles quienes tienen ambiciones políticas: la necesidad de una maquinaria electoral, de un partido, de una organización. Le hicieron ministro de la Guerra en el primer gobierno republicano-socialista en reconocimiento de su talento y de sus estudios de la política militar de la Tercera República francesa. Veía el problema del militarismo español resumido en el hecho de que España tuviera un ejército completamente desproporcionado respecto a las posibilidades económicas del país, con exceso de personal y deficiencia de equipamiento. Además, los militares se ocupaban menos de su tarea propia, la de defender a España, y se inclinaban, en cambio, a intervenir en política. La determinación con la que Azaña emprendió su tarea provocó gran inquietud entre la oficialidad. Esto, junto con su decisión de eliminar, en la medida de lo posible, los ascensos irregulares aprobados durante la dictadura de Primo de Rivera, explican el feroz odio que sintieron por Azaña muchos destacados oficiales africanistas ascendidos «por méritos de guerra».

Las primeras reformas militares de Azaña en 1931 fueron presentadas hábilmente por la prensa de derechas para dar la impresión de que los oficiales, junto con los grandes propietarios de tierras y los sacerdotes, eran objeto de persecución por parte del nuevo régimen. Según un decreto del 22 de abril de 1931, los oficiales debían prestar promesa de fidelidad a la República, como antes lo prestaban a la monarquía. Aunque la prestaron muchos cuyas convicciones verdaderas eran antirrepublicanas, hubo otros más cerriles que la vieron como un asalto a sus convicciones más profundas. La prensa de derechas generó sin dificultad la impresión de que Azaña arrojaba a la miseria a aquellos cuyas convicciones les impedían prestar la promesa aunque quienes no lo hicieron pasaron a la reserva y recibieron el sueldo correspondiente.

Una indignación más enconada todavía la provocó el decreto anunciado tres días después, conocido como «la ley Azaña», por el cual se ofrecía el retiro voluntario, con sueldo completo, a todos los miembros del cuerpo de oficiales, una manera generosa de reducir su excesivo número. La prensa de derechas respondió fomentando la idea de que la República perseguía al Ejército. Les facilitó más aún la operación el decreto de Azaña del 3 de junio de «revisión de ascensos», que suponía la reapertura de los expedientes por los cuales se habían concedido algunos ascensos por méritos durante la guerra de Marruecos. Se corrió el temor de que todos los que habían sido ascendidos durante la Dictadura podrían verse afectados y muchos influyentes generales, entre ellos Franco, volverían a ser coroneles y se degradaría a muchos otros africanistas. Ya que la comisión correspondiente tardó dieciocho meses en emitir sus conclusiones, ese intervalo constituyó una situación irritante y una causa de ansiedad. Casi un millar de oficiales temían verse afectados, aunque en realidad solo la mitad vio examinados sus ascensos.

La prensa conservadora que leía la mayoría de los oficiales, ABC, La Época, La Correspondencia Militar, llevó a cabo una feroz campaña alegando que Azaña había declarado que quería «triturar el Ejército», cosa que nunca dijo. Algo que enfureció especialmente a los africanistas fue la creencia de que a Azaña le aconsejaba un grupo de oficiales republicanos que llamaron el «gabinete negro». Por una parte, uno de los asesores militares extraoficiales de Azaña se quejó de que este era demasiado orgulloso para escuchar consejos de nadie. Además, tenía buena relación con otros oficiales monárquicos, como José Sanjurjo o Enrique Ruiz Fornells, a quien tuvo de subsecretario. Aunque firme en su trato con los oficiales, en público Azaña siempre habló de las fuerzas armadas en términos respetuosos.

Quien más inquina mostró hacia Azaña fue el general Franco. La causa fue la orden del 30 de junio de 1931 que clausuró la Academia General Militar de Zaragoza, de la que Franco era director. El futuro «Caudillo» nunca perdonó a Azaña y al llamado «gabinete negro».

Si la prensa de derechas convirtió a Azaña en el foco del resentimiento militar, lo mismo le ocurrió con los católicos. El artículo 26 de la nueva Constitución, redactado en agosto de 1931, desafió el poder social de la Iglesia al poner término al apoyo financiero del Estado al clero y a las órdenes religiosas, ordenar la disolución de las que, como los jesuitas, prestaban juramento de fidelidad a poderes extranjeros y establecer límites a la riqueza de la Iglesia. Azaña reflejaba la creencia republicana de que, para construir una nueva España, era necesario acabar con este dominio social de la Iglesia. No se atacó a la religión como tal, pero los diputados de derechas en las Cortes y la red de periódicos católicos, principalmente El Debate, presentaron la Constitución como una expresión de anticlericalismo violento. Esto permitía arropar las posiciones reaccionarias con el manto de la religión. Cuando el debate parlamentario llegó a un callejón sin salida, Azaña pronunció en las Cortes, el 13 de octubre de 1931, un discurso magistral de sentido común y de flexibilidad. Sin embargo, una frase, «España ha dejado de ser católica», causó una alarma innecesaria entre los católicos, ganándole la hostilidad agresiva de gran parte del clero. Las palabras de Azaña fueron consideradas como el satánico grito de guerra de un vengativo inquisidor laico, aunque su actitud respecto a la Iglesia era, en general, muy razonable.

Como resultado de su discurso del 13 de octubre se salvó la Constitución. Sin embargo, el Gobierno entró en crisis porque sus miembros católicos más destacados, el presidente del Consejo de Ministros, Niceto Alcalá-Zamora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, se creyeron obligados a dimitir. El discurso de Azaña le había convertido en el sucesor en ciernes a la presidencia del Gobierno. La presión de sus colegas de gabinete le obligó a aceptarla. Posteriormente comentó: «Realicé entonces el mayor sacrificio que he hecho en mi vida». A partir de entonces, Azaña mostró una curiosa mezcla de enérgica decisión y de derrotismo depresivo. A los seis meses de asumir la presidencia del Gobierno escribió en su diario, el 14 de marzo de 1932, que deseaba «mandar a paseo la política y sumergirme en los libros». El 25 de junio de 1932, afectado por el lento avance del estatuto catalán y por la impresión de que tenía que hacerlo todo él mismo, anotó: «todo lo veo negro y perdido». Se mostraba constantemente dispuesto a abandonar la política para leer y meditar. La idea del servicio impersonal y desinteresado al bien público impregna todos sus escritos y discursos. Una vez, en las Cortes, expuso su concepción de la actividad política: «Me he impuesto la disciplina, el deber y el sacrificio de tragarme mis sentimientos personales, mis inclinaciones y mis devociones más íntimas, para inmolar todo lo que es personal en aras del servicio público». Hizo un balance brutalmente realista de sus realizaciones y de sus deficiencias y terminó con estas palabras: «Es que como no aspiro a nada, ni quiero ser nada, ni me propongo ser nada, no tengo que solicitar el concurso de nadie para nada».

Azaña no era incapaz de ejercer autoridad. Lo hizo a menudo, y con decisión. En una ocasión, durante el levantamiento anarquista del Alto Llobregat, en enero de 1932, sin contemplaciones envió fuerzas militares para aplastarlo, pero cuando llegó el juicio a los responsables se opuso a que hubiese ejecuciones, declarando: «No quiero fusilar a nadie. Alguien ha de empezar aquí a no fusilar a troche y moche. Empezaré yo». De la misma manera se opuso a la aplicación de la última pena al general José Sanjurjo después de su fallido golpe del 10 de agosto de 1932. Tras las dificultades ocasionadas por la insurrección anarquista y la «Sanjurjada», Azaña quedó agotado por el desgaste consiguiente. La misma sensación de agotamiento y de decepción por la paralización de las reformas fue muy fuerte entre los socialistas, que la achacaban, en especial Largo Caballero y sus partidarios, a sus aliados republicanos. En sus filas había mucha desconfianza hacia los republicanos y la consecuencia fue la decisión socialista de romper la coalición electoral de 1931. A Indalecio Prieto, voz de la moderación pragmática en el seno del PSOE, le pareció un inmenso error. Lo único que pudo hacer fue incluir a Azaña y al dirigente radical-socialista más próximo al PSOE, Marcelino Domingo, en la candidatura socialista por Vizcaya. El resultado de las elecciones fue un desastre en toda España para el PSOE y los republicanos de izquierda quienes fueron literalmente barridos del mapa electoral. [→ BIENIO NEGRO].

Por diversas razones, el partido socialista dio un espectacular giro a la izquierda. A la amargura por la lentitud de las reformas sociales alcanzadas entre 1931 y 1933 se agregó el temor a que la base socialista se pasara a la más militante CNT o al partido comunista. Hubo también la esperanza vana de que una actitud revolucionaria verbal asustaría a la derecha y moderaría su asalto a los avances sociales o que alarmara al presidente de la República y le indujera a convocar nuevas elecciones. Azaña estaba asombrado, pues veía que este extremismo retórico solo lograría acelerar la polarización política puesta en marcha por los resultados electorales. Además, la radicalización del movimiento socialista fue hábilmente explotada por la derecha, con el fin de permitir una represión en aumento a lo largo de 1934. Se provocaron huelgas y se debilitó seriamente a ramas enteras de la UGT. Cuando lo que más deseaba era retirarse de la vida política, Azaña respondió esforzándose por impedir la radicalización total de la vida política española y por reconstruir la coalición republicano-socialista.

Fue una tarea enorme que le valió la cárcel, el vilipendio público y la necesidad de participar en una campaña política en la cual, en contra de sus inclinaciones, habló ante cientos de miles de personas. A pesar de la muy difundida creencia de lo contrario, Azaña entendía la política como un deber desagradable y su primera respuesta al encontrarse fuera del poder fue una sensación de alivio por regresar a sus libros. A la vez, percibiendo que sería difícil vencer la hostilidad del ala izquierda del PSOE hacia los republicanos, volvió a la política en 1934 porque creía que la República estaba en grave peligro. Por su percepción de lo que consideraban la traición republicana, tuvo que enfrentarse con la desconfianza de los socialistas de izquierda. En cambio, mantuvo su amistad con los líderes más moderados del PSOE, Prieto, Besteiro, De los Ríos y otros, y gozó de una cierta popularidad y prestigio entre las masas. Sus esfuerzos se centraron en facilitar el reagrupamiento de las fuerzas republicanas y de advertir a los socialistas amigos del potencial desastroso de la línea retóricamente revolucionaria de Largo Caballero. Azaña estaba convencido de la necesidad de reconstruir la coalición republicano-socialista porque pensaba que la presencia socialista en el Gobierno era inexcusable. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

El 11 de febrero de 1934, en un largo discurso pronunciado en Madrid, Azaña tildó de frívola la retórica socialista de amenazas revolucionarias, aunque reconoció que el desprecio del Gobierno por la justicia social era una provocación flagrante. Fue un llamamiento razonado a la unidad y la moderación, pero los socialistas todavía no estaban dispuestos a prestarle atención. Tuvo mayor éxito en la tarea de unificar a los fragmentados y desmoralizados partidos republicanos de izquierda. Tras vencer rivalidades y desconfianzas entre los grupos, a comienzos de abril de 1934, logró la unificación del Partido Radical Socialista Independiente de Marcelino Domingo, de la Organización Regional Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga y de su propia Acción Republicana para formar Izquierda Republicana. Azaña fue el presidente del nuevo partido y Marcelino Domingo su vicepresidente. Aunque la creación de Izquierda Republicana no condujo a la unificación de todo el campo republicano, inició un proceso importante de racionalización. Cuando en mayo de 1934 el ala liberal del partido radical, bajo la dirección de Diego Martínez Barrio, rompió con Lerroux, no tardó en establecer contacto con los radical-socialistas irreductibles de Félix Gordon Ordás, que habían quedado aislados por la unión de Domingo y Azaña. Las negociaciones, a lo largo del verano de 1934, llevaron a la fundación, el 11 de septiembre, de Unión Republicana. Esto facilitó considerablemente los planes de Azaña de lograr una amplia concentración de la izquierda moderada.

En cambio, las relaciones de Azaña con los socialistas no mejoraron. El comité revolucionario del PSOE dirigido por Largo Caballero hizo pocos preparativos serios para su amenazado levantamiento dando así la impresión de que no se esperaba que fuese necesario poner a prueba sus planes. A pesar de esto, en una reunión en junio, Largo Caballero rechazó los intentos de Azaña de renovar la colaboración entre republicanos y socialistas y fue sordo a los argumentos de este último sobre la necesidad de unidad y el profundo efecto que el anuncio de esta unidad tendría en la situación política. El mayor obstáculo para los planes de Azaña de reconstruir la coalición republicano-socialista fue la determinación de Largo Caballero de aparecer tan militante como los afiliados de base de su UGT.

A finales de septiembre, Azaña coincidió con Prieto y De los Ríos en el entierro en Barcelona de Jaume Carner, su exministro de Hacienda. En una comida con amigos mutuos catalanes, lamentó la falta de acuerdo entre los socialistas y los republicanos de izquierda. Aprovechó la ocasión para reiterar, en términos desesperados, lo que ya sabían de los riesgos de la radicalización de las bases socialistas. Durante su estancia en Barcelona habló también con varios miembros de la Generalitat, subrayando su convicción de que la violencia no era una respuesta adecuada a la provocación gubernamental, desaconsejando una insurrección contra el Estado central. A pesar de estos esfuerzos, el 4 de octubre, cuando tres ministros de la CEDA entraron en el Gobierno, el mal preparado levantamiento estalló en Madrid, Cataluña y Asturias. Aunque esto significaba, en cierto sentido, el fracaso de sus intentos de hacer entrar en razón a la izquierda española, el fracaso de Octubre impulsó a Prieto a sumarse al proyecto de una coalición electoral de izquierdas.

Las alas prietista y caballerista del movimiento socialista sacaron conclusiones opuestas del desastre. Largo Caballero llegó a la conclusión de que debía adoptarse una línea todavía más revolucionaria. Prieto argumentó mucho más racionalmente que la prioridad consistía en recobrar el poder para poner fin a los sufrimientos de la clase obrera provocados por la coalición radical-cedista. A lo largo de 1935, Prieto trabajaría para conseguir el apoyo de la clase obrera a las iniciativas formuladas por Azaña.

Este había sido detenido en Barcelona el 8 de octubre, al comienzo de los acontecimientos, y permaneció encarcelado en un buque en el puerto barcelonés hasta finales de diciembre de 1934. Acusado de responsabilidad por la rebelión federalista de la Generalitat e insultado por la prensa de derechas, se convirtió en un símbolo para todos quienes sufrieron la represión impuesta en toda España después de octubre. Se le enviaron millares de telegramas de apoyo. Azaña nunca perdonaría al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, por no haber hecho nada para asegurarse de que se respetara su inmunidad parlamentaria. El apoyo popular que recibió durante su persecución —en forma de cartas de intelectuales y políticos, así como las misivas colectivas firmadas por centenares de españoles corrientes— le indujo a redoblar sus esfuerzos por la recuperación de la República.

Ya que Azaña no había cometido ningún delito, se retiraron las acusaciones contra él. El 28 de diciembre de 1934 fue puesto en libertad, y los telegramas y tarjetas de felicitación llegaron por cientos de miles al local de Izquierda Republicana en Madrid. Después de una experiencia tan traumática, Azaña tuvo pocas ganas de ocuparse él solo de la reconstrucción de la fuerza electoral necesaria para recuperar la República, pero le empujó a emprender tal labor el apoyo recibido durante su persecución. Le conmovieron estas demostraciones de estima popular y lo que consideraba entusiasmo por el regreso a la República de 1931-1933. Mientras en sus cartas a Prieto, exiliado en Bélgica, le apremiaba a trabajar a favor de la coalición republicano-socialista, él mismo se dedicó a consolidar la unificación republicana iniciada la primavera anterior. A finales del verano de 1934 había empleado su influencia para conseguir que el nuevo partido de Unión Republicana abandonara su inclinación antisocialista. Tras salir de la prisión, reanudó sus contactos con Unión Republicana, así como con el conservador Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román.

Este esfuerzo dio por resultado una declaración conjunta del 12 de abril de 1935 en la cual se señalaban las condiciones mínimas para la reconstrucción de la coexistencia política en España. Las siete condiciones eran: supresión de la tortura de los presos políticos; restablecimiento de las garantías constitucionales; liberación de los detenidos por los hechos de octubre de 1934; fin a la discriminación de los funcionarios de izquierdas y liberales; readmisión en sus puestos de trabajo de los obreros despedidos después de Octubre; legalización de los sindicatos y restablecimiento de los ayuntamientos destituidos por el Gobierno. Este programa era la base potencial de una reanudación de la coalición electoral republicano-socialista.

De hecho, la represión después de Octubre había impuesto suficiente realismo a muchos izquierdistas para facilitar los esfuerzos de Azaña y Prieto en pos de la recreación de la coalición electoral. Desde el exilio, la tarea crucial de Prieto consistió en buscar puntos de acuerdo entre los republicanos y los socialistas y, cosa aún más importante, neutralizar el irresponsable extremismo de los caballeristas. El papel de Azaña fue incluso más crucial. Consistió en realizar un esfuerzo masivo de propaganda y publicidad para llevar a cientos de miles de españoles la idea de una coalición electoral renovada y para demostrar al ala izquierda del PSOE que existía un inmenso apoyo popular para un acuerdo electoral. Azaña emprendió con cierto desagrado inicial la serie de «discursos en campo abierto». Se inició el 26 de mayo en el campo de Mestalla, en Valencia. Ante más de cien mil espectadores, anunció que Izquierda Republicana trabajaba, junto con otros partidos, en una plataforma electoral y un futuro plan de Gobierno, que en su momento se sometería a la aprobación de los grupos más a su izquierda. Luego, el 14 de julio, habló ante una multitud aún más numerosa, en el campo de Lasesarre, de Baracaldo, cerca de Bilbao, y provocó gran entusiasmo cuando reclamó nuevas elecciones y defendió la necesidad de la coalición electoral. No se trataba de mítines bien organizados, sino más bien de manifestaciones espontáneas de apoyo popular al hombre y al Régimen que personificaba.

La gente acudió en masa de todas partes de España. La culminación de la campaña tuvo lugar el 20 de octubre de 1935, en Comillas, en lo que entonces eran las afueras de Madrid. Casi medio millón de personas le escucharon exponer su proyecto de programa de Gobierno. Terminó uno de los discursos más eficaces de su vida con las palabras: «El silencio del pueblo declara su tristeza y su indignación; pero la voz del pueblo puede sonar terrible como las trompetas del juicio. ¡Qué mis palabras no resbalen ligeramente sobre corazones frívolos y que penetren en el vuestro como dardos de fuego! ¡¡Pueblo, por España y por la República, todos a una!!».

Los oyentes estallaron en una frenética ovación y se levantaron millares de puños cerrados. El apoyo masivo en pos de una amplia alianza electoral constituyó la base del Frente Popular. La muestra de disciplina de los asistentes inquietó mucho a la derecha pero sus dimensiones y su entusiasmo ayudaron a resolver las dudas que podían quedar a quienes todavía se oponían a la formación de un frente electoral.

Entretanto el PSOE estaba inmerso en un torbellino de discusiones sobre la táctica electoral que convenía adoptar. Convencido de que importantes sectores del partido le apoyaban, Prieto publicó, el 14 de abril de 1935, un artículo en su diario El Liberal pidiendo la colaboración socialista en el amplio frente que estaban forjando Azaña y Martínez Barrio. El artículo causó mucho efecto. Pero, con Prieto todavía en el exilio, la tarea de llevar a las masas este llamamiento correspondió a Azaña. Se reunieron en Bélgica, a mediados de septiembre, para concretar el programa de la proyectada coalición. El 14 de noviembre de 1935, Azaña escribió formalmente a Enrique de Francisco, del Comité Ejecutivo del PSOE, proponiendo un acuerdo electoral. Convencidos por las pruebas del apoyo a Azaña durante su campaña de «discursos en campo abierto», y por el cambio de táctica adoptado por sus aliados comunistas, los caballeristas aceptaron a regañadientes el punto de vista de Prieto.

Se llevó a cabo con éxito un complejo proceso de negociaciones sobre el programa del Frente Popular. Si algo convenció al dubitativo Largo Caballero fue, casi con seguridad, el apoyo conseguido por Azaña durante su campaña de propaganda. La victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue, en última instancia, la victoria de Manuel Azaña. Intimidado por varias presiones militares para impedir la entrega del poder al Frente Popular, el jefe del Gobierno saliente, Manuel Pórtela Valladares, insistió en traspasar inmediatamente el poder a Azaña. Este no tenía ningún deseo de ocupar la presidencia del Consejo pero tuvo que aceptar que después de sus éxitos con los «discursos en campo abierto» y durante la campaña electoral, las masas no lo habrían entendido. Así pues, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, ofreció el Gobierno a Azaña.

Su tarea sería muy difícil como consecuencia de la inquebrantable decisión de Largo Caballero de que los socialistas no formaran parte del Gobierno. La fuerza electoral del Frente Popular no se vio reflejada en el nuevo equipo ministerial, formado únicamente por republicanos de izquierda. Azaña regresó al poder «con el deseo que haya sonado la hora de que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros». Era una vana esperanza. Tras la aguda polarización de los dos años anteriores, Azaña se enfrentaba a una abrumadora tarea de pacificación y reconciliación. Prieto estaba dispuesto a apoyarle, mientras Largo Caballero se contentaba con esperar el cumplimiento del programa del Frente Popular para después presionar por un gobierno plenamente socialista. Mientras tanto, Mola y los conspiradores militares habían comenzado a preparar el golpe y cualquier signo de incertidumbre gubernamental o de alteración del orden público facilitaría su labor. Azaña se desesperó con los incendios de iglesias y los asaltos a casinos derechistas en las manifestaciones que expresaban la alegría popular por la victoria electoral y pedían venganza por los sufrimientos del «bienio negro». Sin embargo, durante la última semana de febrero, todo el mes de marzo y comienzos de abril, pareció dominar la situación, actuando con energía, decididamente, satisfaciendo a todos los elementos de la coalición parlamentaria que lo mantenían en el poder y presentándose de modo convincente como la garantía del orden público, de la paz social y de la moderación. [→ FRENTE POPULAR].

En la primavera de 1936, aunque consciente de la amenaza de golpe, se sentía aún optimista. En su magistral discurso en las Cortes, el 3 de abril, habló con arrogante confianza respecto a los peligros que se cernían sobre España. Fue un grito para reunir apoyos y un desafío a quienes actuaban contra la República. Siempre hubo en Azaña el esfuerzo necesario para dar pruebas de valor cuando lo exigía el deber y su combativo discurso a las Cortes y a la nación dejó bien claro que sabía que esta vez no habría otra oportunidad, ni tiempo ni espacio para rectificar errores ya que veía la situación como «la postrera coyuntura que tenemos, no solo del desenvolvimiento pacífico y normal de la política republicana y del asentamiento definitivo del régimen republicano en España —quiero decir definitivo, pacífico—, sino también en el régimen parlamentario».

Una aparente oportunidad de fortalecer el Gobierno surgió de la debilidad del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. El artículo 81 de la Constitución daba a este el poder de disolver las Cortes dos veces durante su mandato pero preveía que en el caso de una segunda disolución, las Cortes elegidas en consecuencia investigarían la necesidad y validez de la aplicación del decreto. En caso de encontrar que el decreto de disolución había sido innecesario, el presidente estaría obligado a dimitir. Una mayoría de las Cortes vio con agrado la oportunidad de librarse de Alcalá-Zamora. Los partidos de izquierda nunca le perdonaron el haber permitido la entrada de la CEDA en el Gobierno en octubre de 1934 y los partidos de derecha estaban furiosos porque no concedió el poder a Gil-Robles en diciembre de 1935. Azaña y Prieto no confiaban en Alcalá-Zamora y vieron en el artículo 81 la oportunidad de consolidar el nuevo Gobierno. Azaña, en particular, resentía la frecuente interferencia del presidente en las reuniones del Consejo de Ministros y no podía perdonarle por haber consentido su persecución en octubre de 1934. En realidad, se repelían mutuamente. Tras largas deliberaciones, Azaña llegó a la conclusión de que «no podía cargar con la responsabilidad de dejar en la presidencia de la República a su mayor enemigo».

La destitución de Alcalá-Zamora y la necesidad de encontrar un nuevo presidente abrió posibilidades para reforzar la República. Azaña concluyó que podría utilizar la «oleada de azañismo» del verano anterior para fortalecer el Régimen ocupando él la presidencia. Tenía varios motivos subyacentes: el sentimiento del deber; el deseo de escapar del agotador quehacer cotidiano de la política después de sus esfuerzos del año y medio anterior y, posiblemente, la oportunidad de estar en una posición de influencia en caso de que tuviese éxito el «guión» de Largo Caballero. Prieto estaba a favor, mientras Largo Caballero consideraba ridículo trasladar a Azaña desde donde llevaba a cabo una labor fructífera a la «jaula dorada» de la presidencia. De hecho, solo habría sido una buena idea si hubiese sido Prieto el sucesor de Azaña para dirigir el Gobierno en un momento de intensificada hostilidad derechista.

Prieto y Azaña eran probablemente los únicos dos políticos con la capacidad y la popularidad necesarias para estabilizar la polarización de la primavera de 1936. En equipo, con Azaña de presidente de la República y Prieto presidiendo el Consejo de Ministros, podrían haber introducido suficientes reformas para satisfacer a la izquierda militante y para controlar las conjuras de la extrema derecha, acabando con las provocaciones fascistas y las represalias izquierdistas que sembraron el ambiente previo para un golpe militar. Desgraciadamente, no se cumplió tal fantasía y la realidad fue que el resultado de la destitución de Alcalá-Zamora fue que ninguno de los dos, Azaña o Prieto, dirigiese el Gobierno.

En un momento en que la República tenía necesidad urgente de un gobierno fuerte, Azaña pidió inmediatamente a Prieto que formara gobierno a sabiendas de que había preparado un programa capaz de restaurar el orden y acelerar las reformas y así impedir la guerra civil. Para cumplirlo, necesitaba el apoyo parlamentario de todas las fuerzas republicanas, incluyendo el PSOE. Prieto, cuando propuso el ofrecimiento de Azaña a la minoría parlamentaria socialista dominada por Largo Caballero, salió derrotado. Años más tarde afirmó que nunca tuvo posibilidades de asumir el Gobierno y que Azaña siempre pensó en nombrar a Santiago Casares Quiroga ya que sabía de sobra que la mayoría caballerista del PSOE nunca le permitiría formar gobierno. Si esta reconstrucción posterior de Prieto fuera verídica, supondría que Azaña se proponía inicialmente controlar el Gobierno a través del sumiso (y virtualmente desconocido) Casares Quiroga como su obediente instrumento, pero esto no fue lo que sucedió. Casares Quiroga, enfermo de tuberculosis, no dio muestras de estar controlado por Azaña. Ciertamente, no estaba a la altura de los problemas que debía resolver y la izquierda del PSOE acusó a Azaña de escabullirse de sus propias responsabilidades. De hecho, en la Presidencia, se dedicó con placer a las funciones ceremoniales, la restauración de los edificios oficiales, la decoración de su vivienda en el viejo Palacio Real y el fomento de las artes.

El golpe militar del 18 de julio y el estallido de violencia revolucionaria que provocó sobrecogieron a Azaña. Frente a la necesidad de hallar una solución a la crisis, descartó en seguida al vacilante Casares Quiroga por ser incapaz de enfrentarse a la situación. Trató de crear una coalición de amplia base, un gobierno nacional desde las derechas republicanas hasta los comunistas, pero era una idea condenada al fracaso sin la colaboración de Largo Caballero. Cuando Casares dimitió, Azaña intentó abrir el camino a una negociación con los rebeldes pidiendo a Diego Martínez Barrio que formara un gobierno de coalición. El proyecto fracasó por dos razones. Por un lado, Largo Caballero se opuso a la participación socialista en su Gobierno porque Martínez Barrio quería incluir a grupos que estaban a la derecha del Frente Popular. Por otro, una vez formado, a primeras horas de la mañana del 19 de julio, un gobierno compuesto únicamente de republicanos, los intentos de Martínez Barrio de negociar con los rebeldes fueron tajantemente rechazados por el general Mola. En cuestión de horas, Martínez Barrio se vio obligado a dimitir. [→ SUBLEVACIÓN MILITAR].

La única opción que quedaba era luchar, lo que significaba armar a las masas. Inquieto ya por el radicalismo obrero manifestado durante la primavera de 1936, Azaña contemplaba con alarma esta opción. Sustituyó a Martínez Barrio por el profesor José Giral, uno de los pocos republicanos dispuestos a asumir responsabilidades. Su Gobierno apenas se distinguía del de Casares Quiroga, que había mostrado tan poca energía e iniciativa ante las amenazas de golpe. Era un gabinete que no estaba a la altura de la situación con la que se enfrentaba. Prieto fue el poder real detrás del trono, aconsejando infatigablemente a Giral, quien no tuvo otro remedio que aprobar la distribución de armas a las masas obreras. Esto fue crucial para el fracaso de la rebelión en muchos lugares, pero significó que la legalidad republicana, de la que tan devoto era Azaña, sería sustituida esencialmente por la acción espontánea de la clase obrera.

Así, los desesperados esfuerzos de Azaña por encontrar una solución conciliadora se vieron derrotados. A partir de entonces, se retiró virtualmente de la vida pública, salvo en lo referente a la búsqueda de una mediación internacional. En la España de la guerra civil no había lugar para Azaña, hombre de paz al que repugnaba la violencia. La derecha nunca perdonaría al educado burgués que era Azaña que hubiese planteado un plan de reforma y modernización del país. La desesperación de Azaña fue consecuencia de haber tenido que aceptar el hecho de que la derecha provocara una sangría para impedir que su visión se convirtiera en realidad. Además, a sus ojos, la revolución en la zona republicana minó la legitimidad de la República. El estallido de la guerra mancilló toda su obra. Fue el comienzo de una serie de desastres personales.

El 23 de agosto de 1936, la matanza de treinta presos en la cárcel Modelo de Madrid, entre ellos su viejo maestro Melquíades Álvarez, le dejó abatido. El 19 de octubre, ya sin esperanza, dejó el Palacio Nacional para ir a residir en Barcelona, tres semanas antes de que el Gobierno abandonara Madrid. El 2 de noviembre, se instaló en la Abadía de Montserrat, envejecido y amargado por los excesos anarquistas. Los peligros y dificultades del viaje diario a Barcelona le obligaron a instalarse en el Palacio de Pedralbes. Azaña no huyó de España, como hicieron tantos de sus amigos republicanos, pero su presencia en el país fue más importante como símbolo que como político en activo. Permaneció en Barcelona hasta los acontecimientos de mayo de 1937. Le indignó que Largo Caballero lo mantuviera en una ignorancia total de lo que pasaba. La ansiedad que pasó durante aquellos días lo indujo a trasladar su residencia a La Pobleta, cerca de Valencia. Fue en aquellos momentos cuando confió a Julián Besteiro una misión de paz en Londres.

Cuando Largo Caballero dimitió el 17 de mayo, Azaña tuvo un último destello de esperanza. Confiando en un amplio apoyo del ala derecha del PSOE, dirigida por Prieto, de los comunistas y de los republicanos, pudo ejercer sus funciones presidenciales e invitar al socialista moderado Juan Negrín a formar gobierno. Sin embargo, Negrín no compartía su profunda desconfianza hacia los comunistas ni su esperanza de que la guerra terminara gracias a una mediación. Las diferencias entre Azaña y el enérgico y decidido Negrín condujeron a su mayor marginación. Su mutua incompatibilidad —uno, decoroso y respetable, el otro, energético y frenético trabajador— intensificaron el aislamiento de Azaña.

Instalado en La Pobleta, se entregó a escribir su diario, hasta diciembre de 1937, en que regresó a Barcelona, donde vivió en una casa de campo, La Barata, cerca de Terrassa. Disgustado por el derramamiento de sangre, profundamente angustiado, permaneció, sin embargo, en la presidencia, por su compromiso con los que habían muerto en los campos de batalla y porque temía que su dimisión pudiera perjudicar a la República. Tuvo muchas oportunidades de dimitir, marcharse al extranjero y unirse a sus amigos y colegas de antaño. De hecho, los juzgó con dureza, diciendo con amargura: «A muchos los saqué de la nada y a todos volví a ponerlos a flote, después del naufragio de 1933, y les he hecho diputados, ministros, embajadores, subsecretarios, etcétera, etcétera. Todos tenían con la República la obligación de servirla hasta última hora».

Aunque sufrió por ello, Azaña cumplió con su obligación de estar con la República hasta el último momento. Había superado el miedo y se quedó a pesar de las matanzas de agosto de 1936, la incorporación de la CNT al Gobierno en noviembre de 1936, los peligros durante las jornadas de mayo de 1937 y la ineludible evidencia del inevitable triunfo de Franco después de la caída de Teruel en febrero de 1938. Fue muy intensa su amargura al ver que le dejaban solo la mayoría de sus antaño compañeros republicanos. A uno de ellos le dijo: «Tener miedo es humano, y si usted me apura, propio de hombres inteligentes. Pero es obligatorio dominarlo cuando hay deberes públicos que cumplir». Pese a su desesperación y a su pesimismo, Azaña nunca dudó de que el primero de esos deberes era el de oponerse al ultraje del levantamiento militar. Una vida dedicada al Estado de derecho y a un ideal democrático no podía traicionarse con la huida. Permaneciendo en su lugar, daba a la República legitimidad internacional: «Mi presencia en este sitio significa y denota la continuidad del Estado legítimo republicano, que encuentra en el presidente de la República, en el Gobierno responsable en funciones y en las Cortes los órganos supremos de su expresión representativa y de mando».

La humanidad de Azaña contrastó con la fría implacabilidad de Franco. El «Caudillo» quería redimir a la nación por la sangre, dispuesto, de considerarlo necesario, a matar a la mitad de la población. Azaña, hombre de razón y paz, declaró en Valencia, el 18 de julio de 1937 que «ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario; no solo —y ya es mucho— porque moralmente es una abominación, sino porque, además, es materialmente irrealizable; y la sangre injustamente vertida por el odio, con propósito de exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición». Azaña habló en Barcelona en el segundo aniversario del comienzo de la guerra civil. Sus palabras fueron un epitafio para los que habían muerto en ambos bandos y una condena terrible de la política de los vencedores: «que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de estos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, piedad y perdón».

A medida que la República iba siendo derrotada a plazos, en el otoño de 1938, Azaña resistió con desesperación, dolorido por la falta de comprensión entre el gobierno central y la Generalitat en Barcelona. Sabiendo que los soldados arrojaban las armas ante el avance franquista, un Azaña horrorizado —sintiéndose abandonado por las autoridades republicanas—, fue testigo de la caída de Cataluña. El 22 de enero de 1939 él y su familia emprendieron un abrumador viaje a Figueres, cerca de la frontera con Francia. El domingo 6 de febrero, después de que Negrín tratara de convencerlo de que regresase a Madrid, eligió el exilio. Salió al alba, con el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, en una pequeña caravana de coches de la policía. El automóvil de Martínez Barrio se averió y Negrín, quien acompañaba al presidente, ayudó a echarlo a un lado y los dos cruzaron la frontera a pie. Al comienzo de la guerra había dicho a su esposa: «Saldremos de España a pie». Llegó a París el 9 de febrero y resistió la presión de Negrín para regresar a Madrid. En lugar de ello, apoyó las propuestas británicas de mediación. Gran Bretaña y Francia reconocieron al gobierno del general Franco el 26 de febrero de 1939 y al día siguiente Azaña dimitió de la presidencia. Murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940. Había escapado, finalmente, de la jaula dorada de la preeminencia política.

«Dentro de cien años habrá mucha gente que no sepa quiénes éramos Franco ni yo», dijo Azaña a Julio Álvarez del Vayo. Esta modestia, de parte del presidente de la Segunda República, a quien tan a menudo se calificó de arrogante, contrasta espectacularmente con la visión de sí mismo de Francisco Franco pensando en su lugar en la posteridad y repitiendo constantemente que solo era «responsable ante Dios y ante la Historia». La diferencia puede verse incluso hoy, en los lugares de su descanso final. Para Franco el faraónico Valle de los Caídos, el inmenso desafío a la posteridad con el cual el «Caudillo» quiso emular «la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido». Para don Manuel, una simple tumba en Montauban, con esta única inscripción: «Manuel Azaña (1880-1940)».

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Serrano, Vicente Alberto, y San Luciano, José María, recopiladores: Azaña, Ediciones Edascal, Madrid, 1980.

LLUÍS COMPANYS I JOVER

por

JOSEP SÁNCHEZ CERVELLÓ

Lluís Companys i Jover (Tarros, 21 de junio de 1882 – Barcelona, 15 de octubre de 1940), fue el segundo de ocho hermanos del matrimonio formado por Josep Companys i Fontanet y Maria Lluïsa Jover, que constituían una familia de propietarios rurales de ideas liberales procedentes de la pequeña nobleza rural. Realizó la enseñanza primaria en su pueblo natal. A los ocho años sus padres le matricularon interno en el Liceo Polyglota de Barcelona donde cursó bachillerato y conoció a Francesc Layret. A partir de 1898 estudió Derecho. Desde su entrada en la facultad defendió los postulados republicanos, influenciado quizá por Layret, dos años mayor que él y con quien había vuelto a coincidir en la universidad. En febrero de 1900, Companys fue uno de los fundadores de la Asociación Escolar Republicana y, en calidad de tal, al año siguiente, encabezó la delegación estudiantil que agasajó al expresidente de la República, Francesc Pi i Margall, encargado de presidir los Juegos Florales de 1901.

En 1903 se afilió a Unión Republicana (UR), encabezada por Nicolás Salmerón. Pero tres años más tarde, al constituirse la coalición electoral Solidaridad Catalana, el partido se dividió entre los que se aliaron con el movimiento catalanista, contando con el apoyo de Salmerón, y los que abandonaron el partido siguiendo a Alejandro Lerroux, que en 1908 creó el Partido Republicano Radical (PRR). Companys, Layret y muchos de los cuadros comarcales fueron «solidarios» y gozaron del efímero fruto de la victoria electoral de 1907, pero la imposibilidad de mantener la frágil coalición se evidenció con la Semana Trágica (1909). La represión política subsiguiente condujo a la primera detención de Companys aunque sin que se le imputara ningún cargo.

El debilitamiento de UR, tras el abandono de los «lerrouxistas», hizo que sus dirigentes —Josep Roca y Eusebi Corominas— se planteasen la unificación con los federales y con el Centre Nacionalista República, lo que condujo a la creación de la Unión Federal Nacionalista Republicana (UFNR) en abril de 1910. Companys sería el responsable de las Juventudes de la nueva formación.

En esta época contrajo sus primeras nupcias con Mercedes Micó. La pareja tendría dos hijos, Luis, nacido en 1911, y María del Alba, cuatro años más tarde. El primogénito pronto mostró síntomas esquizofrénicos que acabaron siendo agudos en edad adulta, enfermedad que se complicaría con una tuberculosis ósea. Este vástago fue siempre una de las principales preocupaciones de Companys.

La UFNR, surgida con el doble propósito de arrancar apoyos a la Lliga Regionalista en el campo catalanista y al PRR entre los obreros, tuvo su éxito más significativo en las elecciones legislativas de mayo de 1910, en las que consiguieron 11 parlamentarios. La muerte de Valles i Ribot, su verdadero aglutinador, provocó la ruptura del partido en abril de 1912. Su desaparición coincidió con el surgimiento del Partido Reformista, liderado por Melquíades Álvarez, y que bajo la consigna «libertad y orden» propugnaba una república moderada. Fue entonces cuando el sector menos nacionalista de la UFNR se integró en la nueva formación, y entre ellos Lluís Companys, así como también el rotativo La Publicidad, donde trabajaba como corresponsal de la sección de política municipal de la capital catalana. Trabajo que compatibilizaba con el de redactor jefe del semanario barcelonés La Barricada.

En las elecciones municipales de noviembre de 1913 Companys se presentó en la lista reformista por el distrito de Sants-Les Corts pero, igual que el resto de los candidatos de la formación, no resultó elegido. A principios de 1914 abandonó el reformismo aunque continuó manteniendo su vinculación con La Publicidad, rotativo que, desde enero de 1915, pasó a dirigir Marcelino Domingo, siendo él su redactor jefe. Ambos acabaron propiciando, junto con Layret, la formación del Bloc República Autonomista (BRA), en mayo de ese año. Su fuerza fue testada en las elecciones generales de abril de 1916, en las que solo salió elegido Marcelino Domingo por Tortosa. La relación entre Companys y Domingo era entonces muy estrecha y Domingo propició que, en esas elecciones, Companys concurriese como candidato en el distrito de Roquetes, vecino del de Tortosa, representando la «candidatura republicana obrera». A pesar de que fue derrotado por un candidato liberal por más de 6000 votos, era la primera vez, desde la Restauración, que en aquella región del Ebro catalán se presentaba una lista republicana.

El 3 de septiembre de 1916 surgió el periódico La Lucha, primero como órgano del BRA y después del Partido Republicano Catalán (PRC), constituido en abril de 1917 a partir de la adhesión de más de 150 entidades de toda Cataluña, entre las que se encontraba el BRA. El director de La Lucha fue Domingo, el jefe de redacción, Companys y el sostén económico, Layret. Los tres acabarían siendo el banderín de enganche del PRC. La Lucha fue un periódico eminentemente ideológico. Realizó campañas muy contundentes contra la guerra de Marruecos, en pro de la autonomía catalana y de la causa aliada por lo que sufrió con mucha frecuencia los embates de la censura.

La crisis política del verano de 1917 separó definitivamente a la Lliga Regionalista de los grupos republicanos y estos, con el objetivo de acabar con la hegemonía de aquella, propiciaron pactos como el establecido en las elecciones municipales de noviembre de ese año, cuando el PRC presentó como candidato a Companys dentro de la lista radical, siendo escogido por el distrito barcelonés del Raval.

A principios de 1918, la crisis económica agravada desencadenó un poderoso movimiento huelguístico que provocó la imposición del estado de excepción en mayo, al amparo del cual se produjeron numerosas detenciones, entre ellas la de Companys por un corto período, primero en el barco Álvaro de Bazán y después en la cárcel Modelo de Barcelona.

A partir de 1919 Companys fue acercándose a la CNT y como abogado defendió a diversos sindicalistas presos. Su radicalización política y su acercamiento a las tesis obreristas más extremas se reflejaron en septiembre de 1919, cuando él, Layret y Gabriel Alomar aprobaron la adhesión del PRC a la III Internacional. Esta decisión, aunque jamás se concretó, provocó la separación de los núcleos más centristas y nacionalistas. Además, la desaparición de La Lucha (junio de 1919) y el asesinato de Layret (noviembre de 1920) provocaron la desbandada del partido. En ese momento de reflujo del movimiento obrero y republicano, acentuado por la actuación del gobernador civil, general Martínez Anido (1920-1922), Companys, como dirigente obrerista, fue detenido el 27 de noviembre de 1920 y, tres días más tarde, junto con otros sindicalistas, fue deportado a la cárcel de la Mola (Menorca). Estuvo poco tiempo encarcelado porque, tras el asesinato de Layret, fue designado para sucederle como candidato del PRC. Elegido en los comicios de diciembre de 1920, fue liberado. Entonces asumió, también, la dirección del semanario republicano de Sabadell L’Avenir, que había fundado Layret y en el que ya venía colaborando asiduamente. En las elecciones de abril de 1923 fue reelegido por el mismo distrito.

En la carrera política de Companys fue crucial su esfuerzo, a partir de 1922, para impulsar la Unión de Rabassaires (URa), de la que fue su máximo dirigente hasta finales de 1932. A él se debió también la fundación de su portavoz orgánico, el semanario La Terra (n.º 1, 15.X.1922), del que también fue su director.

Durante la dictadura de Primo de Rivera, su actividad se centró en potenciar la URa con la que se adhirió a la Alianza Republicana encabezada por Lerroux que, además de otras fuerzas, también integraba al PRC. En junio de 1926 participó en el homenaje que se hizo en Barcelona al líder radical, que en aquellos momentos pasaba por ser uno de los más decididos opositores a la Dictadura. Además, su compromiso político contra el régimen autoritario le llevó a participar, desde Barcelona, en el fallido complot organizado por Sánchez Guerra en enero de 1929, lo que le llevó a la cárcel por un periodo de tres meses. A pesar de ello, en diciembre de ese año, suscribió el manifiesto del PRC que pedía la convergencia de las fuerzas republicanas catalanas y la coordinación con sus homólogas del resto de España. Este proceso unitario de las izquierdas republicanas del Principado culminó con la publicación del Manifiesto de Inteligencia Republicana, en mayo de 1930, firmado por diversos partidos y personalidades, entre otros Companys. Y cuando días después se hizo público el primer manifiesto del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), que a nivel estatal dirigía Domingo, Companys volvió a ser una de sus apoyaturas.

En marzo de 1931 la mayoría de fuerzas antimonárquicas catalanas convergieron en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido liderado por Francesc Macià y del que Companys formó parte de la dirección. En las elecciones municipales del 12 de abril fue escogido por la candidatura de Barcelona y cuando se conoció el resultado del escrutinio, a media mañana del día 14, Companys se dirigió, con otros correligionarios, hacia el Ayuntamiento y desde el balcón que da a la Plaza de Sant Jaume proclamó solemnemente, mientras izaba la bandera tricolor, «la República como el régimen que habíamos prometido al pueblo». Horas más tarde Macià instauró la República Catalana como «Estado integrante de la Federación Ibérica». Con su actuación, Companys buscaba su designación como alcalde de la capital catalana, pero Macià prefirió nombrarle para una función más incómoda y gris, la de gobernador civil, cargo que desempeñó durante 45 días, abandonándolo al ser elegido diputado en las Constituyentes donde, además, fue el jefe de la minoría catalana, teniendo por ello una relevante participación en los debates del Estatuto de Cataluña.

Fue fundador y director del órgano vespertino de ERC, La Humanitat (n.º 1, 9.XI.1931), lo que le ayudó a reforzar su peso político. En noviembre de 1932 fue elegido diputado al Parlamento de Cataluña, del que fue presidente, cargo que abandonó en junio de 1933, al ser designado ministro de Marina en el gobierno Azaña. Su nombramiento ha de entenderse dentro del juego de equilibrios que garantizaban la estabilidad del ejecutivo central, siendo Companys el sustituto del también catalán Jaume Carner, ministro de Finanzas que había enfermado de cáncer. Su etapa en el Ministerio, como reconoció Ossorio y Gallardo, la ejerció «con desgana y sin interés». Se mantuvo hasta la crisis de septiembre de 1933 que provocó la disolución de las Constituyentes. De vuelta a Barcelona, se reincorporó plenamente a la política catalana, ocupando un lugar destacado en la candidatura de ERC en las legislativas de noviembre y fue el candidato más votado por Barcelona.

En diciembre de 1933 murió Francesc Macià. Companys se perfilaba, con toda lógica, como su sucesor natural. De hecho, en calidad de tal, en octubre de 1932, había clausurado el II Congreso Extraordinario de ERC. Asimismo, ya en septiembre de 1933, la expulsión de ERC del Grup de l’Opinió facilitó mucho su designación, pues sus principales integrantes eran sus rivales directos en la sucesión. El 31 de diciembre, el Parlamento catalán se reunió para elegirle como nuevo presidente de Cataluña, obteniendo los votos de la mayoría de ERC y de gran parte de las minorías, con seis abstenciones, la suya propia y las de la Lliga. Su primer gabinete fue de concentración republicana, incluyendo a los disidentes del Grup de l’Opinió, lo que marcó la pauta de lo que serían todos sus gobiernos. En junio de 1934 presentó al Parlament la Ley de Contratos de Cultivos que condujo a un grave enfrentamiento con el gobierno central, que recurrió ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que, a su vez, acabó anulándola.

La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de la República y las propias divergencias en el seno del ejecutivo catalán entre los partidarios de mantener una alianza con las izquierdas del Estado (Joan Lluhí), los que querían la independencia (Josep Dencás) y quienes deseaban realizar la revolución socialista (Joan Comorera) acabaron arrastrando a Companys a un creciente radicalismo que condujo a la ruptura de la legalidad republicana el 6 de octubre de 1934 cuando, después de acusar al gobierno central de monarquizante y fascista, proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española» en un gesto que pretendía realzar su perfil catalanista.

Detenido por la autoridad militar, asumió en exclusiva la responsabilidad de los hechos de Octubre, por lo que fue destituido como presidente y enviado al barco Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona, donde estuvo recluido hasta su traslado a la cárcel Modelo de Madrid el 7 de enero de 1935. Fue procesado por el Tribunal Supremo que, seis meses más tarde, dictaría una sentencia condenatoria de 30 años de reclusión mayor. Pasó a cumplir la condena, junto con el resto de su Gobierno, en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz), de donde fue liberado tras la victoria electoral del Front d’Esquerres (febrero de 1936), ya que había sido elegido diputado por Barcelona, pasando además a ocupar la presidencia de la Generalitat. Fue entonces cuando se casó en segundas nupcias con Carme Ballester.

El 19 de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar en Cataluña, Companys asumió directamente las medidas institucionales destinadas a neutralizarlo, pero la participación revolucionaria de los obreros hizo que las masas populares —especialmente las confederales— se armasen. Ante la posible suplantación del gobierno, Companys negoció con la CNT-FAI la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas que, en la práctica, supuso la existencia de un doble poder hasta que, el 27 de septiembre de 1936, fue disuelto y sus competencias asumidas, en exclusiva, por el gobierno catalán. [→ REVOLUCIÓN].

El proceso revolucionario dejó sin capacidad de reacción al ejecutivo catalán y en ese tiempo se produjeron asesinatos de religiosos, de derechistas, asaltos a la propiedad y quema de edificios eclesiásticos de los que Companys, como máxima jerarquía del Estado, sería directamente responsabilizado por los franquistas en 1940, sin entender que fueron la consecuencia directa del golpe de estado y que Companys, como se evidenció en el consejo de guerra al que fue sometido, tuvo una actitud resueltamente humanitaria, pues ayudó a salir del país a muchos dirigentes de la Lliga, a industriales y a jerarquías de la Iglesia, como los obispos de Gerona, Tortosa y Tarragona.

Durante la guerra civil, Companys formó siete ejecutivos cuya composición política fue variando a tenor de la coyuntura. Hasta mayo de 1937, la CNT fue la fuerza hegemónica y con ella pactó ERC, como se evidenció en la política de creación de una industria de guerra catalana. La CNT, que no entró en el Gobierno hasta septiembre de 1936, desde el inicio de la revolución tuvo capacidad para condicionar los ejecutivos. Ya el primer gabinete de guerra (1.VIII.1936), al padecer la frontal oposición confederal por contar con tres consejeros del PSUC, cayó cuatro días más tarde, formándose otro sin presencia comunista. Con todo, la normalidad política no se impuso hasta el 26 de septiembre, cuando la CNT accedió a entrar en un nuevo ejecutivo y a disolver, al día siguiente, el Comité de Milicias, su máxima fuente de poder. Esta remodelación gubernamental permitió a los anarquistas disponer de tres consejeros frente a dos de los comunistas. Pero la oposición de estos últimos, reforzados por la ayuda soviética a la República, obligó a Companys a realizar una nueva remodelación en diciembre de 1936, tras la cual se consiguió que los comunistas tuviesen la misma representatividad que los anarquistas: tres consejeros, a pesar de que no estaban en el ejecutivo como miembros del PSUC sino como militantes de la UGT. Esta sutileza no agradó a la CNT y sus quejas aún provocaron una postrera crisis en vísperas de los «sucesos de mayo de 1937». Entonces, la CNT consiguió cuatro consejerías frente a las tres de sus oponentes comunistas y las tres de sus aliados circunstanciales de ERC. [→ HECHOS DE MAYO].

Los enfrentamientos por la hegemonía política, que se desarrollaron en Cataluña del 3 al 7 de mayo de 1937, condujeron, inicialmente, al establecimiento de un gobierno, el día 5, con un consejero de cada una de las siguientes formaciones: ERC, URa, CNT y UGT. Pero este gabinete dio paso, el 29 de junio, a otro que excluía a la CNT y en el que la UGT y el PSUC, por primera vez desde el inicio de la guerra, dispusieron de tres carteras, igual que ERC, además de integrar a URa y Acció Catalana Republicana (ACR) con una consejería cada grupo.

En definitiva, los siete gobiernos de Companys durante la contienda revelan las dificultades que generó la doble dinámica de guerra y revolución, y su difícil engarce en un sistema político liberal, porque las fuerzas más moderadas se vieron abocadas a la marginalidad. Por eso, a pesar de que antes del 18 de julio ERC había sido hegemónica, en la guerra se vio obligada, de la mano de Companys y Tarradellas, el binomio sobre el cual se asentó la dirección de ERC, a pactar con la CNT y más tarde, cuando esta sindical perdió posiciones, a entenderse con el PSUC que, junto con la satelizada UGT, acabaría siendo la fuerza hegemónica hasta el final de las hostilidades. El entendimiento de Companys con los comunistas no agradó a Tarradellas, que inició un progresivo desmarque del presidente de la Generalitat. Con todo, las voces críticas contra Companys, en plena guerra, fueron muy minoritarias, como lo evidencia el hecho de que al agotar su mandato de cuatro años, el 9 noviembre de 1937, y presentar su renuncia al cargo, volvió a obtener el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con excepción de un diputado de Unión Democrática de Cataluña (UDC).

A partir de los «hechos de mayo» los comunistas se convirtieron, también en Cataluña, en los principales aliados del gobierno de Negrín en su política de centralización, tanto en lo que se refiere a las industrias de guerra como en las cuestiones de orden público. Tras el establecimiento del gobierno central en Barcelona, en noviembre de 1937, Companys se enfrentó sin éxito a la creciente pérdida de autonomía catalana y al trato descortés que Negrín le prodigaba. Este clima, cada vez más enrarecido, acabó desembocando en la crisis de agosto de 1938, durante la cual ERC y el PNV abandonaron el gobierno de Negrín. Con todo, la actitud de las autoridades superiores de la República con relación a Companys, y a otros dirigentes de la Generalitat, estuvo mediatizada por las actividades diplomáticas secretas que venían realizando, desde finales de 1936, el PNV y ERC y sus aliados de ACR con el objetivo de conseguir una paz separada con los franquistas, de común acuerdo con los vascos y con participación del Vaticano. [→ NACIONALISMOS].

Tras el traslado del gobierno de Euskadi a Cataluña (octubre de 1937), los nacionalistas vascos y catalanes, mediante delegaciones en París y Londres, se acercaron a los gobiernos francés e inglés tratando de que obligasen al gobierno de la República y a la junta sediciosa de Burgos a establecer una paz que respetase el autogobieno de las nacionalidades históricas y se impusiese un Estado confederal. Esa defección preocupó en gran manera a Azaña y a Negrín, que tuvieron siempre un conocimiento pormenorizado de lo que consideraban manejos desleales de Companys y Aguirre.

Después de la derrota del Ebro (noviembre de 1938) y la victoriosa ofensiva franquista sobre Cataluña (enero de 1939) se hizo inevitable coger el duro camino del exilio. Así, el 5 de febrero, Companys junto con el presidente vasco, ]osé Antonio Aguirre, y diversos miembros de sus respectivos gobiernos cruzaron la frontera por les Illes (Gerona). Companys se estableció, el 7 de febrero, en París con el doble objetivo de ayudar a los refugiados y de continuar la actividad política, reforzando la presencia catalana entre los emigrados. Vivió junto con su esposa Carme, en el Boulevard de la Seine, cerca de la modesta oficina que la Generalitat había abierto en la Rué Pepinière. Su estancia parisina duró hasta junio de 1939. Cuando las autoridades le obligaron a dejar la capital, se mudó a la población bretona de Le Baule-les-Pins, donde su amigo Joan Casanelles había alquilado una casa, en la que acabaría por ser detenido.

El enfrentamiento de Negrín con los nacionalistas catalanes continuó en el exilio, máxime cuando el gobierno de la Generalitat, entre diciembre de 1938 y marzo de 1939, había entregado todos los valores, reservas y depósitos al gobierno de la República, comprometiéndose este a sustentarles financieramente. Negrín no pudo cumplir su promesa, primero, porque el número de refugiados que había previsto se cuadruplicó y, segundo, porque se había quedado sin el tesoro del Vita que, en lugar de engrosar los fondos del gubernamental Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), pasó a manos de Indalecio Prieto, que constituyó la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE) y la utilizó para instrumentalizar el exilio a su voluntad. Uno de los que siguió incondicionalmente a Prieto fue Josep Tarradellas, secretario general de ERC, que convenció fácilmente a la dirección de su partido, en agosto de 1939, de que Negrín y el SERE habían actuado con un profundo sectarismo y que la JARE favorecería mejor los intereses espirituales y políticos de Cataluña. [→ EXILIO].

Tarradellas y la mayoría del consejo directivo de ERC creían que con la JARE dispondrían de recursos suficientes para ensayar una acción política diferente de la realizada hasta entonces, que estaría marcada por el partido y no por Companys, al que acusaban de no haberse sabido desmarcar de Negrín. Así, Tarradellas exigió que fuese el partido el que nombrase su representante en la JARE y que siguiese exclusivamente las orientaciones que emanasen de ERC, mostrando su desacuerdo con el representante designado por el presidente de la Generalitat. Creía que era indispensable separar las funciones del partido y las de la Generalitat, para «evitar la confusión entre la política de partido con la suya como presidente de Cataluña». (Acta del Consell Directiu d’ERC, 2.VIII.1939. AMTM-Poblet). Fue la constatación de que las relaciones entre Companys y la dirección de ERC eran malas desde la entrada en Francia. Además se planteó otro cisma, el que Companys quisiese mantener a los comunistas en el gobierno catalán en el exilio, a lo que su partido se oponía. Incluso algunos sectores de ERC, de ACR y de UDC reclamaron su dimisión porque consideraban que su actuación durante la guerra había sido un desastre. Tampoco la CNT sentía ninguna simpatía por este gabinete.

La principal acusación que recayó sobre Companys era que no había sido capaz de preservar el «oasis catalán» ante la revolución desencadenada por la CNT-FAI entre julio de 1936 y mayo de 1937 y de haber caído en las manos del PSUC desde esa última fecha. De hecho el anticomunismo y, por extensión, el antinegrinismo se habían extendido a amplios sectores de la clase política catalana. Por eso Josep Tarradellas era, entre otros, uno de los principales defensores de sustituir el gobierno catalán por un Consejo Nacional de Cataluña (CNC), posición que compartía el directorio de ERC. Companys se opuso por considerar que, además de desautorizarle, cortaba los puentes con el PSUC, que era entonces la única vía que tenían para llegar a Negrín y al dinero del SERE pero, cuando se convenció de que no obtendría nada, aceptó el acercamiento a la JARE.

En paralelo con las gestiones económicas, el directorio de ERC encargó la constitución del CNC a Carles Pi i Sunyer que, como representante del presidente de la Generalitat, residía en Londres desde abril de 1939. Según el proyecto que redactó, este organismo debería estar formado por representantes de los partidos y por diversas personalidades del mundo cultural y debería conformarse como un órgano ejecutivo, mientras que Companys ostentaría tan solo funciones representativas. Este proyecto fue bendecido por Tarradellas, que le aseguró el apoyo de la mayoría de los miembros del Directorio de ERC, además del de ACR y del de Estat Catalá (EC). Pero el verdadero problema para constituirlo, según confesó Tarradellas a Pi i Sunyer, radicaba en que muchos querían de entrada «prescindir pura y simplemente de aquel que, hasta ahora, es la más alta representación de nuestro país» y hasta habían elaborado un eslogan «C [ompanys] o Catalunya».

El ataque contra Companys, como reconoció Tarradellas, aunque se venía produciendo desde el inicio del exilio, nunca había sido tan exacerbado como en ese momento y eso, en su opinión, se debía «a que el presidente es el que administra la subvención de la JARE y creen que la utiliza para hacer una política personal». Añadió que había nombrado administradores manirrotos para las residencias donde se habían refugiado los principales intelectuales catalanes, prescindiendo de la opinión del partido y que, además, tenía el propósito de crear un consejo que agrupase al máximo de representaciones políticas posibles sin descartar a los comunistas.

Finalmente, en enero de 1940, el pulso entre el partido y el presidente de la Generalitat se decantó a favor del primero. Fue en el transcurso de un cónclave tenso, en el que además de Companys asistieron la dirección de ERC y representantes de ACR y de EC. Companys acabó aceptando la creación del Consejo Nacional Catalán (CNC) diciendo que «ante las opiniones manifestadas estaba dispuesto a delegar, pero pidió que no se hiciese público enseguida, con el fin de que no pareciese la delegación de funciones como el deseo de eliminarlo y fuese considerado, por algunos, como una victoria y, después que hubiese delegado, dijo que esperaba que le dejasen el despacho». Tarradellas, que tuvo un papel relevante a la hora de convencerle en el traspaso de poderes, le tranquilizó diciéndole que ni la opinión de los presentes ni la de ERC era herirle y que si le habían molestado retiraban la propuesta destinada a compartir el poder (Carta de J. Tarradellas a Pi i Sunyer, París, 17.I.1940, AMTM-Poblet).

La exacta composición del Consejo y sus funciones fue anunciada en abril de 1940 señalándose que se había decidido crear un Consejo Ejecutivo presidido por personalidades del campo cultural: Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili, Josep Pous i Pagès, Carles Pi i Sunyer y Jaume Serra i Hunter. El CNC debía constituirse formalmente el 13 de mayo en París pero, en plena ofensiva germana sobre Francia iniciada tres días antes, los componentes del mismo no llegaron a tomar posesión del cargo.

En Francia la situación fue complicándose, especialmente a partir de junio cuando se firmó el armisticio con Alemania y la administración francesa colaboró con los ocupantes y pasó a perseguir a los republicanos. Los alemanes detuvieron en París a todos los comisarios de policía, entre ellos al jefe de la Sección de Extranjeros de la Prefectura de Policía, el comisario Louis que, para ser liberado, entregó a los alemanes y a la embajada española el domicilio de los españoles que tenían asignada residencia, entre otros el de Companys.

El presidente de la Generalitat, desde el inicio de la ofensiva alemana, vivió pendiente de no perder la relación con su hijo Lluís, enfermo e internado desde 1936 en diversas clínicas: primero en Suiza, más tarde en Bruselas y luego cerca de París. La rapidez del avance germano impidió que Camil, hermano del presidente, pudiese recogerlo y llevarlo con su padre. El matrimonio Companys había quedado atrapado en la pequeña localidad de La Baule, situada en la zona ocupada y no había querido abandonarla porque allí recibía novedades del sanatorio donde se hallaba su hijo. Cuando se iniciaron los feroces ataques aéreos que antecedieron a la ocupación de la capital, el sanatorio fue evacuado. Lluís Companys hijo viajaba en el coche del director de la clínica pero, llegados a la Chapelle (Cher), un bombardeo sobre la carretera les obligó a abandonar el vehículo y el hijo de Companys se perdió, aunque acabó siendo trasladado a un sanatorio de Limoges situado en la zona libre, bajo la administración de Vichy. La intranquilidad por su desaparición y el deseo de encontrarlo estuvieron en el trasfondo de su negativa a dejar la zona ocupada y de no partir hacia México, adonde ya habían marchado su hija María del Alba, su yerno y su nieta.

La paradoja fue que mientras su hijo se hallaba a salvo su padre no tuvo noticias de ello y al no moverse de La Baule fue detenido el 13 de agosto por una brigada de la policía franquista, que contó con la colaboración de la Gestapo, bajo las órdenes de Pedro Urraca Rendueles, que funcionaba con la cobertura de la embajada franquista en la capital francesa dirigida por José Félix de Lequerica.

Companys empezó así su calvario personal, que le condujo primero a un acuartelamiento alemán, donde estuvo detenido siete días, después le trasladaron a la prisión de La Santé, en París, adonde llegó la noche del 20 de agosto. Nueve días más tarde fue entregado a las autoridades franquistas en Irún. De aquí lo condujeron a Madrid, a la sede de la Dirección General de Seguridad, donde fue torturado de palabra y obra, como han explicado diversos testigos que coincidieron en su cautiverio —Rivas Cherif o Eduardo Guzmán—. Escribió, en esta fase, varias misivas a su familia solicitando comida y ropas, pues llevaba las mismas que el día de su detención. Pero nunca llegaron a sus destinatarios por interceptación policial, ya que el Régimen no quería que se conociese su detención.

Cuando, finalmente, el 3 de octubre fue trasladado a Barcelona y encerrado en el Castillo de Montjuïc, Companys ya había sido sometido a dos procesos en rebeldía, uno por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y otro por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Companys había ingresado en abril de 1922 en la logia Lealtad de Barcelona, vinculada a la Gran logia Regional del Noroeste de España, pero sus actividades en este campo fueron irrelevantes.

Fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo el 14 de octubre de 1940, que estuvo plagado de irregularidades, manipulaciones y sin ninguna garantía jurídica, como los miles de republicanos juzgados en esa época. Se le condenó a la pena de muerte por «incitación a la rebelión». Además, tuvo que declarar también en el sumario sobre la Causa General.

Companys fue fusilado en el foso del castillo el 15 de octubre de 1940. La dignidad de su comportamiento y su serenidad han sido unánimemente reconocidas por los que asistieron a su juicio y dejaron su testimonio. Sus últimas palabras «Per Catalunya», antes de sucumbir ante el pelotón de ejecución, convencieron hasta a sus oponentes más críticos de que lo asesinaron porque representaba a Cataluña. Con su trágico final, todas las contradicciones de su actuación política quedaron en un segundo plano.

La muerte de Companys tuvo un gran impacto al conocerse las vejaciones de las que había sido objeto en la DGS, por la vergüenza del pseudoproceso y por la entereza que mostró en sus últimos momentos. La conmoción en el exilio fue total, como muestra abundantemente la documentación de la época, pero también fue muy grande entre la atemorizada y subyugada población del interior que incluso encontró maneras de repudiar este crimen. Así, el jefe provincial de FET y de las JONS de Tarragona, José Fontana, señalaría:

El fusilamiento de Companys ha dolido bastante, quizás por no haberse afrontado públicamente el hecho, lo que ha mantenido apagada la sana reacción de las personas adictas. Por cierto, algún directivo antiunificador [se refería a los carlistas] ha hecho comentarios absurdos y de cierta simpatía hacia Companys. Por Tarragona circula insistentemente un relato en el que se dice que, hace pocas semanas, en una iglesia de Barcelona, un sacerdote habló en términos encomiásticos de la cristiana muerte del honorable presidente de la Generalidad.

A esta desgracia se sumó el suicidio del hermano menor, Camil, el 20 de septiembre en Montpellier, tras conocer la suerte del presidente. La desolación entre los exiliados en Francia, especialmente entre los catalanes, fue terrible.

El vacío institucional lo cubrió inmediatamente el presidente del Parlamento catalán, Josep Irla, que desde el inicio del exilio residía en Ceret. Allí, en los últimos días de octubre de 1940, recibió la visita de Tarradellas y del teniente coronel Federico Escofet, para comunicarle la trágica noticia del asesinato de Companys y de que, según el Estatuto de Cataluña, el presidente del Parlamento, interinamente, debía ocupar la Presidencia de la Generalitat. Irla, después de alguna reticencia, acabó por aceptar y dar continuidad institucional al cargo.

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FRANCISCO FRANCO

por

PAUL PRESTON

Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde nació en la madrugada del 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, a la sazón una pequeña base naval y una ciudad amurallada de 20 000 habitantes. Su padre, Nicolás Francisco Franco Salgado-Araujo, era oficial en la rama administrativa de la Armada, con fama de bebedor, mujeriego, jugador y de ideas liberales. Se había casado en 1890 con María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, una mujer piadosa y conservadora a quien a partir de 1898 le sería sistemáticamente infiel. La forma en la cual el matrimonio fracasaría habría de tener una importancia primordial en la formación de las ideas del futuro dictador, sobre todo en su determinación de reescribir la historia de su propia familia. En aquella ciudad de rígidas jerarquías, donde los oficiales de la Armada constituían la casta privilegiada, había barreras sociales que separaban a la familia de Franco de los oficiales navales «de verdad», pues la Intendencia se consideraba inferior al Cuerpo General. La consiguiente humillación y el deseo de ocultar la traición paterna a su madre subyacen a la obsesión de crear una heroica tradición naval familiar, lo cual sería solamente uno de los muchos mitos que posteriormente Franco cultivaría.

De hecho, esos mitos y la espesa cortina de propaganda que él y sus turiferarios crearon explican en parte cómo fue posible que un déspota mediocre llegase a gozar de buena fama dentro y fuera de España no solamente durante, sino todavía después de su larga dictadura. En el poder, fue comparado con Alejandro Magno, con Carlomagno, con Napoleón, con el Arcángel Gabriel y otros tantos seres reales e imaginarios. Tales absurdos excesos de sus propagandistas no tuvieron el impacto duradero de sus propias invenciones como los mitos, cuidadosamente cultivados, de Franco el héroe del Rif, del genio militar que ganó la guerra civil por sus méritos técnicos, del hombre que salvó a España de la segunda guerra mundial y del arquitecto del crecimiento económico de los años sesenta.

Decir que Franco fue una figura mediocre no explica cómo llegó al poder absoluto y cómo logró disfrutar de él durante treinta y ocho años. De todas formas, hay un volumen enorme de información fidedigna que muestra sin la menor duda a un Franco poco culto y poco sofisticado. Al comparar a Franco con Hitler y Mussolini, y evidentemente tuvo mucho en común con ambos, se tropieza con el hecho de que Franco tenía la afición de jugar a las quinielas y que ganaba de vez en cuando. Algo imposible de pensar en el caso de Hitler. A final de los años treinta, Franco estaba convencido de que España llegaría a ser una gran potencia gracias a las ilimitadas reservas de oro que le prometía su alquimista oficial, un misterioso hindú llamado Savarpoldi Hammaralt. En 1940, apenas desengañado, se dejó embaucar por un timador austríaco, Albert Eider von Filek, que le indujo a comprar la patente de una gasolina sintética fabricada con agua, hojas e ingredientes secretos, y creyó que con ello haría de España un país rico y exportador de petróleo. Las memorias de personas cercanas a él, como por ejemplo su cuñado Ramón Serrano Suñer, su primo Francisco Franco Salgado-Araujo, su ministro Pedro Sáinz Rodríguez, sus médicos Vicente Gil y Vicente Pozuelo nos muestran, algunas veces quizás inadvertidamente, la mediocridad de Franco. Sin embargo, esto no debe ocultar que sus triunfos fueron fruto de una ambición sin límites, de una falta de escrúpulos, de una disposición a eliminar a sus enemigos y de una extraordinaria capacidad de manipulación incluso de personas más inteligentes que él mismo y, cómo no, de la suerte que tuvo al contar con un contexto internacional extraordinariamente propicio.

A veces las memorias de sus allegados reflejan el enorme esfuerzo de Franco para ser impenetrable en cuanto a lo que realmente le interesaba en cada momento. Su capellán, el padre José María Bulart, capto muy bien esta dimensión al decir que «quizá era frío como han dicho algunos, pero nunca lo aparentó. En realidad, nunca aparentó nada». Este afán de Franco de esquivar la definición y de controlar su propia imagen se ve con claridad en las fuentes procedentes de su propia mano: los escritos, los discursos, las cartas y las entrevistas. Franco escribió de forma prolífica, una novela y decenas de artículos de prensa. Evidentemente sus discursos ocupan muchos tomos. Fueron centenares y, aunque una gran parte se la redactara funcionarios o ministros, siempre cabe encontrar algún fragmento en donde se oye la auténtica voz de Franco, una especie de diálogo consigo mismo.

Tanto en sus discursos, como en las múltiples entrevistas con él aparecidas en la prensa española y extranjera, y en las conversaciones relatadas en las memorias de parientes y colaboradores, se observa lo que podría llamarse la mentira cotidiana de Franco con la que él mismo no dejó de pulir su propia biografía. Apenas si hay algún incidente de su vida que no reconstruyera o perfeccionara de alguna forma, para poder lucir mejor en la versión de cualquier momento. La difusión de esta versión explica mucho sobre la perduración de su imagen positiva y da una pista sobre sus propias inseguridades.

Una de las claves es el hecho que, después de muchas infidelidades, su padre abandonó finalmente a la familia en 1907 para vivir con su amante en Madrid. Franco se crio en un hogar bastante infeliz, como un niño muy tímido y muy identificado con su madre que intentaba ocultar la realidad de la actuación de su marido. Franco creció con un odio nunca reconocido hacia su padre y, en la reconstrucción constante de su propia vida, uno de los temas a los que más energía dedicó fue a la relación con él. En 1922, en su libro Diario de una bandera, donde contó sus experiencias en África incluyó una escena presentada como si fuera verdadera —aunque era evidentemente ficticia— en la que un joven oficial de la Legión pasa por una calle en Tetuán y se cruza con un viejo legionario. Se detienen para saludarse militarmente y en aquel momento se cruzan sus miradas; se reconocen y advierten que el veterano legionario es el padre que había perdido el joven oficial muchos años atrás. En este primer intento de Franco por explicar la falta de su padre, el abandono vergonzoso se convierte en el gesto patriótico de la lucha en África.

En su novela de 1941, Raza. Anecdotario para el guión de una película, Franco hizo un esfuerzo inequívocamente autobiográfico de reconstruir su linaje y su infancia. En el guión, y en la película posterior, la creación del padre del protagonista, un oficial naval muerto heroicamente en la guerra de Cuba, le sirvió para sustituir a su verdadero padre en una trama de romanticismo desenfrenado, plasmando así sus fantasías y compensando las frustraciones de su vida familiar. Raza es la manifestación más extrema de los esfuerzos de Franco para crear un pasado perfecto. La elección del seudónimo bajo el que se publicó, Jaime de Andrade, un antiguo y noble apellido con el que estaba lejanamente emparentado por ambos progenitores, constituye una manifestación reveladora tanto de sus aspiraciones sociales como de la tendencia ególatra de Franco. Cuando murió su padre real, el 24 de febrero de 1942, hizo secuestrar el cadáver de la casa en donde vivía con su amante y organizó un entierro con honores militares que no correspondían a los servicios que realmente había prestado.

En 1907, cuando su padre abandonó la familia, el joven Francisco, que no había cumplido todavía quince años, entró en la Academia Militar. Pasó del acogedor ambiente gallego a la árida provincia de Toledo y a la atmósfera brutal de la Academia Militar. Franco, un adolescente bajo, delgado, de voz aflautada, fue la clásica víctima de las novatadas que se hacían en las academias militares y, sin embargo, con quizá la primera manifestación de la fuerza de voluntad que iba a ser siempre su gran recurso, les hizo frente, determinado a superar esa experiencia siendo mejor militar que sus compañeros. De momento, no llegó a ser el primero de los trescientos doce, su promoción, sino el doscientos cincuenta y uno. Nunca fue muy estudioso pero, sin embargo, fue el primero de su promoción en llegar al generalato. Durante su paso por la Academia empezó a crear algo que explica el resto de su vida.

Para hacer frente a una vida dura, Franco comenzó a construir una serie de personajes falsos que le servirían de máscara o de cáscara mientras viviera. El primero de estos personajes, y que él llegó a creer que lo era, fue el de héroe del Rif. Su llegada a Marruecos a finales de 1911 fue el comienzo de una carrera espectacular, fruto de su ambición y dedicación. Mientras sus compañeros soportaban las durezas de una guerra colonial cruel a base de diversiones nocturnas con bebidas, mujeres y naipes, él, en cambio, se consagró a distinguirse como militar. Se hizo famoso hasta el punto de que la prensa llegó, en los años veinte, a llamarle el «As de la Legión», lo que reflejaba el interés y la capacidad de Franco para congraciarse con los periodistas.

De hecho, lo que queda de la historia de su carrera militar africana, más allá de su hoja de servicios, depende de las «confidencias» que hizo directa o indirectamente a sus hagiógrafos. Muchas veces, la única posible fuente para lo escrito fue su propio testimonio. Unos buenos ejemplos serían las siguientes historias contadas a su primer biógrafo, Joaquín Arrarás, de las cuales no hubo testigos. La primera se refiere a un avance en mayo de 1912 de unas fuerzas de Regulares, entre ellas una sección dirigida por Franco. Supuestamente, el coronel Berenguer, observando con prismáticos la marcha de las tropas comento, «¡Qué bien avanza aquella sección!», y uno de los suyos le dijo: «Es la de Franquito». Luego, durante una acción en octubre de 1914 en Izarduy, según Arrarás, «en opinión de don Dámaso Berenguer, se reveló el temperamento militar de Franco [al mando de su sección de Regulares] al conquistar, con una pericia que acreditaba su vocación de guerrero y con un brío que era reflejo de su valor, unas alturas que el enemigo defendía con acérrimo empeño». Como ha señalado el coronel Blanco Escolá, en mayo de 1914 Franco no estaba destinado en los Regulares y tampoco tenía como jefe al coronel Berenguer. Tampoco en octubre tenía mando de una sección. La otra anécdota no está ubicada ni en el tiempo ni en la geografía: «Un día, hallándose en un parapeto, coge un termo para beber el café. Una bala disparada con precisión diabólica le arranca el tapón de entre los dedos. El capitán no se inmuta: bebe el contenido y, mirando al campo enemigo, exclama: “¡A ver si apuntáis mejor!”».

Es posible que el supuesto coraje de Franco fuera auténtico, ya que tenía fama de no conocer el miedo. De ser cierto, indicaría un hombre totalmente carente de imaginación y humanidad. El valor temerario de aquella época, que tanto contrasta con la cautela del resto de su vida, también pudo ser consecuencia de su ambición. Habiéndose propuesto llegar lo antes posible a general, y para tener ascensos por méritos de guerra, necesitaba exponerse a las balas del enemigo y lo hacía sin miramientos. El 1 de febrero de 1914, por su valor en la batalla de Beni Salem, cerca de Tetuán, ascendió a capitán a los 21 años. Franco iba ganándose una reputación como oficial meticuloso, interesado en logística, en el abastecimiento de sus hombres y en la preparación de mapas. Años más tarde, aseguró a unos periodistas que en Marruecos había devorado tratados militares, memorias de generales y descripciones de batallas. Ahora bien, sus ascensos no siempre se debieron a su coraje, sino también a quejas y solicitudes. En muchas entrevistas habló como si no le interesara otra cosa que su deber de modesto soldado, una supuesta abnegación en plena contradicción con un comentario hecho por Pedro Sáinz Rodríguez que había trabado amistad con Franco cuando los dos se encontraban en Oviedo y que, años después, sería ministro suyo: «Toda su vida se la pasó preocupado por su carrerita. A don Alfonso XIII le estaba constantemente hablando de sus acciones, de sus méritos, de su expediente en África y le cansaba con sus recomendaciones». Cuando ascendió a comandante de infantería el 28 de febrero de 1917 fue a consecuencia de una queja suya al propio Rey.

El gran salto en su carrera hacia la fama llegó en el verano de 1920 cuando el teniente coronel José Millán Astray le ofreció el puesto de segundo jefe de la Legión española, que se fundó el 31 de agosto de 1920 con el nombre de Tercio de Extranjeros y en el cual Franco fue nombrado jefe de la primera bandera. En tal puesto, como más tarde haría en la península durante la guerra civil, aprobó la muerte y mutilación de prisioneros. Los años pasados entre la inhumana barbarie de la Legión contribuyeron a deshumanizar a Franco. No se sabe si llegó a África tan falto de las reacciones emocionales normales como para que no le afectase la brutalidad que le rodeaba. Gonzalo Queipo de Llano, que no destacaba precisamente por su sensibilidad, se quedó impresionado ante la imperturbabilidad y la satisfacción con que Franco presidía la cruel violencia de los castigos a las tropas moras, incluso por faltas menores.

Como consecuencia de una grave herida en septiembre de 1921, a Millán Astray le sustituyó como comandante de la Legión el teniente coronel Rafael Valenzuela, lo que ocasionó que Franco, sintiéndose postergado, volviese a la península. En Oviedo, en junio de 1923, mientras preparaba su boda con Carmen Polo, Franco ascendió a teniente coronel y fue nombrado jefe de la Legión como consecuencia de la muerte en acción de Valenzuela. La boda aplazada se efectuó por fin en Oviedo el 22 de octubre de 1923. Entre muchos comentarios aduladores, un periódico de Madrid encabezó la noticia con el titular: «La boda de un heroico caudillo». Fue una de las primeras veces en que se aplicó a Franco este término. Cabe suponer que semejante prosa lisonjera influyese en la percepción de Franco de su propia importancia.

De regreso en Marruecos, consolidó su reputación a finales de 1924 cuando la Legión a su mando cubrió la retirada de las fuerzas y la población española de Xauen. Su fama aumentó todavía más por su papel en el desembarco de Alhucemas del 7 de septiembre de 1925, una operación conjunta con Francia que aniquiló la resistencia rifeña a los españoles en Marruecos. El 3 de febrero de 1926 Franco ascendió a general de brigada y, a partir de ese momento, cambió radicalmente su vida. Además, aquel año tuvo mucha significación para él porque nació su hija Carmen. Por tanto, fue un momento en que asumió otro tipo de ambiciones menos arriesgadas y, a la vez, abandonó la máscara y el personaje de «Héroe del Rif» y se propuso otra meta aún más elevada, la de ser no uno de los generales más significados, sino el general más importante de España.

Su gran ambición en esta época fue ser Alto Comisario en Marruecos. Se trata de un período a finales de los años veinte en que Franco se convirtió en favorito del Rey, que lo nombró gentilhombre de cámara. Por Real Decreto del 4 de enero de 1928 se le nombró también primer director de la nueva Academia General Militar en Zaragoza. Educó a una generación de oficiales bajo la tutela de profesores elegidos a dedo entre amigos africanistas embrutecidos por sus experiencias en la despiadada guerra colonial, y notables más por su rigidez ideológica que por sus dotes intelectuales. El propio Franco dirigía a caballo las maniobras más duras. El énfasis central se centró en los valores de patriotismo, lealtad al Rey, disciplina militar, sacrificio, coraje y la hostilidad a la democracia.

La época de la Academia de Zaragoza parecía ofrecer magníficas perspectivas para su ambición. Sin embargo, todos sus sueños se vieron destruidos con la llegada de la Segunda República. Desde el primer momento, apenas pudo disimular su aversión al nuevo régimen. A pesar de no haber hecho nada para impedir la caída del Rey, pasó de ser el militar mimado de la monarquía a ser simplemente otro general más con la República. El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, consciente de los problemas de un ejército ineficiente, caro y con ambiciones políticas, decidió, entre otras medidas, cerrar la Academia Militar. A Franco le apartó de su puesto, que le había gustado enormemente, le mantuvo varios meses sin destino para nombrarle finalmente comandante militar de La Coruña. La hostilidad latente de Franco hacia la República cobró mayor cuerpo con las reformas militares de Azaña. En concreto le consternó la conversión de las ocho regiones militares históricas en «divisiones orgánicas» al mando de un general de división sin poderes jurisdiccionales sobre los civiles. Más desconcertante todavía fue el decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 sobre la llamada «revisión de ascensos» por el que se examinarían algunos de los concedidos por méritos durante la guerra de Marruecos. La sospecha infundada de que afectaría a todos los ascendidos durante la dictadura de Primo de Rivera preocupó a Franco por la posibilidad de volver a ser coronel. Durante los dieciocho meses que tardó la comisión en llevar a cabo la revisión y presentar su informe, fue fomentándose un resentimiento corrosivo entre muchos oficiales africanistas. Impugnado su ascenso a coronel, Franco logró conservar su empleo efectivo desde la fecha de su promoción en 1926, pero perdió el número uno del escalafón de generales de brigada, y pasó al 24 (de un total de 36).

A pesar del consiguiente aumento de su resentimiento hacia la República y muy especialmente hacia Azaña, Franco se mantuvo alejado del golpe fracasado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. En febrero de 1933 Azaña lo destinó a las islas Baleares como comandante general, un puesto que normalmente habría correspondido a un general de división. Esto podría haber sido un intento de Azaña por atraer a Franco a la órbita republicana, recompensándole por su pasividad durante la «Sanjurjada». Sin embargo, en comparación con el favoritismo que le habían mostrado el Rey y Primo de Rivera, Franco no consideró el destino como una recompensa y escribió en el borrador de sus memorias que era una «postergación». Sin embargo, la tirantez entre Franco y Azaña no justifica la opinión, muchas veces repetida en la propaganda franquista, de que Franco sostenía con visión clarísima que había que acabar cuanto antes con la República para dar paso a otra España autoritaria. Al contrario, en la segunda época de la República, en la época de los gobiernos radical-cedistas, Franco pasó a recuperar la situación de militar mimado, porque con el visto bueno de Lerroux, siendo ministro de la Guerra Diego Hidalgo, se le ascendió a general de división a finales de marzo de 1934.

Mucho más importante es que, en octubre de tal año, a Hidalgo se le ocurrió nada menos que ceder prácticamente a Franco todos sus poderes para dirigir la represión de la insurrección de Asturias y de la rebelión de Cataluña. Difícilmente se puede exagerar el significado de esta iniciativa, ya que durante el estado de guerra los poderes del ministro de la Gobernación se trasladaron a la jurisdicción del titular de Guerra. Hidalgo instaló a Franco en un despacho al lado del suyo y se limitó simplemente a firmar los decretos que este redactaba. Fue una experiencia profundamente formativa para Franco el pasar tres semanas disfrutando de un poder inmenso, una muestra para él y para España de lo que sería su uso de poderes dictatoriales. Por consejo suyo, se enviaron mercenarios marroquíes al mando del despiadado teniente coronel Juan Yagüe para aplastar la insurrección y se encargaron las operaciones policiales posteriores al brutal comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval. La falta de escrúpulos en bombardear los pueblos asturianos y el uso de mercenarios marroquíes revelaron que Franco sentía por los obreros de izquierdas el mismo desprecio racista que le habían despertado las tribus del Rif. Como dijo a un periodista, «esta es una guerra de fronteras y los frentes son el socialismo, el comunismo y todas cuantas formas atacan a la civilización para reemplazarla por la barbarie». Sus métodos fueron un anticipo de los que utilizaría durante la guerra civil.

La experiencia reforzó el convencimiento mesiánico de Franco de que había nacido para gobernar. Además, la derecha ya le veía como un salvador potencial. Por su papel en octubre de 1934, se le nombró comandante en jefe de las fuerzas militares en Marruecos. En mayo de 1935, cuando llegó el jefe de la CEDA José María Gil Robles al Ministerio de la Guerra, nombró a Franco jefe del estado mayor, un cargo acorde con su propia estimación de sus méritos personales. Franco se dedicó a corregir las reformas de Azaña, llevando a cabo una purga entre los oficiales leales a la República y ascendiendo a otros que eran conocidos por su hostilidad hacia la misma, como Emilio Mola o José Enrique Varela. Franco recordaría esta etapa con gran satisfacción porque sus logros facilitarían el posterior esfuerzo bélico de los rebeldes. Cuando se convocaron nuevas elecciones a finales de 1935, Gil Robles y algunos generales plantearon la posibilidad de un golpe de estado, pero Franco les convenció de que el momento no era propicio.

En los tres días siguientes a la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, Franco intentó organizar un golpe de estado pero fracasó gracias a la oposición de los generales Sebastián Pozas, director general de la Guardia Civil, y Miguel Núñez de Prado, jefe de la 2.ª Inspección del Ejército. Por tanto, cuando Azaña volvió a ocupar la presidencia del Gobierno, se sustituyó a Franco como jefe del estado mayor y se le envió a Canarias como comandante general. A pesar de la importancia del destino, Franco lo percibió como una degradación, lo que aumentó su resentimiento hacia Azaña y la República. Antes de emprender viaje a Santa Cruz de Tenerife, Franco se reunió con los generales disidentes que serían los principales golpistas unos meses después.

Sin embargo, al principio no colaboró activamente en los planes del golpe, aunque se mantuvo al corriente del progreso de la conspiración. Con su típica cautela, dudando del éxito de un levantamiento militar, se presentó como candidato a Cortes en las elecciones parciales que se celebrarían en Cuenca para tener una posición segura en la vida civil desde donde aguardar los acontecimientos. Llegado el momento, no pudieron presentarse más que los candidatos que habían estado incluidos en las listas de las elecciones originales. Varios de los golpistas lamentaron su mezquina precaución y su negativa a asumir riesgos.

El 23 de junio de 1936, Franco escribió una carta al presidente del Gobierno Santiago Casares Quiroga en la que insinuaba que él podría acabar con la conspiración si obtenía el mismo poder del que había dispuesto en octubre de 1934. Para Franco, el golpismo era fruto de las legítimas precauciones defensivas de unos militares con pleno derecho a proteger su idea de la nación por encima de cualquier régimen político. La carta muestra a primera vista que Franco probablemente hubiese preferido imponer la autoridad militar, con el respaldo legal del Gobierno, a arriesgarlo todo en un golpe, pero no se compadece demasiado bien con su aceleración de los preparativos de la sublevación en Canarias. Podría haberse tratado de un seguro adicional. A mitad de junio ya estaba pensando en cómo salir de las islas. Redujo sus comunicaciones a un mínimo excepto para solicitar que el Dragón Rapide le recogiese en Las Palmas, no en Santa Cruz, y para mantenerse informado de cuándo llegaría. El famoso avión llegó a Gando el 14. Dos días más tarde el comandante militar de Gran Canaria, general Balmes, sufrió un «accidente» mortal. El 17, Franco presidió su entierro y el 18 se trasladó a Marruecos para ponerse al mando del ejército de África ya sublevado.

La idea estribaba en cruzar el estrecho de Gibraltar y con los jefes militares de otras provincias avanzar contra Madrid. Sin embargo, como consecuencia de la defección de la flota, en la cual se amotinó contra sus jefes la mayor parte de la marinería, el ejército de África se encontró bloqueado. Con sus efectivos un tanto desalentados, Franco impuso su fuerza de voluntad adoptando la idea, evidentemente concebida en colaboración, de romper el bloqueo a través de un puente aéreo y mediante el llamado «Convoy de la Victoria».

Para conseguir aviones, Franco convenció a los representantes locales en Marruecos del partido nazi y a las autoridades italianas de Tánger que, con una mínima ayuda suya, la victoria sería inevitable. Esta capacidad para explotar el deseo de los regímenes nazi y fascista de pescar en aguas turbias sería una de las claves de su futura victoria.

Como antes en su vida, Franco superó las dificultades con que se enfrentó a base de crear un personaje o una máscara detrás de los cuales actuaba libre de sus inseguridades naturales. Durante la guerra, adoptó el personaje-máscara del «Salvador de España», que tiene mucho que ver con El Cid. Una vez establecido en la península, Franco montó un aparato de propaganda y empezó ya a crear deliberadamente una identificación de su propia personalidad con los grandes héroes de la historia medieval, un proyecto propagandístico para el que sirvió muy bien el que ciertos sectores de la Iglesia ya hablaran de «Cruzada». Haciendo caso omiso de la realidad de trasladar mercenarios marroquíes a la península, su aparato de prensa se aprovechó de toda la retórica de la Reconquista para montar el nuevo personaje de una especie de El Cid del siglo veinte.

Detrás de tal imagen, Franco desarrolló un esfuerzo bélico poco acorde con el tópico de la historiografía franquista de que era un genio militar. Tanto la historiografía antifranquista como las observaciones contemporáneas de militares y diplomáticos italianos y alemanes coinciden en que Franco fue un general muy mediocre cuyas experiencias previas le habían preparado para una pequeña guerra colonial y, por tanto, incapaz de maniobrar con grandes ejércitos y grandes visiones estratégicas. De todas formas, a pesar de su mediocridad, Franco en ningún momento se propuso llevar a cabo una guerra de gran calado estratégico, a lo Napoleón. Franco pensaba, ya identificado con el personaje de El Cid, que su responsabilidad era la de limpiar la Anti-España compuesta de masones y de «rojos-separatistas». Franco creía que hasta Felipe II España había triunfado por tener un Estado unitario y autoritario y que había pasado a la decadencia por la obra minadora de la masonería y del liberalismo a los que achacaba todos los males de la España moderna, en particular la invasión napoleónica, la pérdida del imperio y las guerras civiles del siglo XIX. Su virulenta obsesión con la masonería desempeñó en su vida el mismo papel que el antisemitismo en la de Hitler. Franco la asociaba con el auge de los valores de la Ilustración y de la Revolución francesa en la España de los siglos XVIII y XIX, lo que solía denominar «la gran invasión del mal». La historia de España desde Felipe II se reducía, según él, a tres «calamitosos siglos» de decadencia, corrupción y francmasonería. Por tanto, volver atrás el reloj a las glorias del siglo de oro fue su principal objetivo en la guerra civil. Tal ambición requeriría una guerra de aniquilamiento, algo poco homologable con grandes operaciones estratégicas de estilo que hubieran asegurado la victoria en una batalla pero dejado vivos a muchos enemigos.

A primera vista puede parecer que Franco cometió un error al desviar sus fuerzas hacia un Madrid indefenso para liberar el Alcázar de Toledo. Hubiera sido inconcebible que un gran estratega hubiese ordenado semejante desviación. De la misma forma, puede parecer un error que Franco acudiese a Teruel para reconquistar un territorio que estratégicamente no significaba nada o que afrontase la batalla del Ebro cuando fácilmente podría haber obligado a las fuerzas republicanas a quedarse donde estaban mientras montaba ataques contra Barcelona o Madrid. Tales decisiones no pueden entenderse sino como intentos de propiciar grandes batallas de desgaste cuya finalidad estribaba en masacrar el número mayor posible de republicanos, porque lo que llevaba a cabo Franco era una guerra de terror, en la que la matanza de las tropas contrarias se vería acompañada por una represión despiadada de la población civil. Se propuso realizar una inversión en terror para establecer los cimientos de un régimen duradero. Fue una inversión de cuyos beneficios viviría hasta su muerte.

Al ganar la guerra, había cumplido con el papel que se había propuesto como «Salvador de España», presentándose como un héroe semejante a los caudillos medievales. De hecho, solamente había cumplido una parte de su ambición para la resurrección de la grandeza de España. Había repetido la gesta de la Reconquista, es decir había limpiado (su) España de «los tres siglos calamitosos», pero quedaba por hacer la segunda parte. Para volver a la España de Felipe II, la segunda parte de la tarea exigía crear un Imperio. En la primavera de 1939 se entregó a su puesta en escena, afianzando su asociación con las grandes figuras del pasado medieval. El 18 de mayo hizo su entrada oficial en la capital, «según el ritual observado cuando Alfonso VI, junto con el Cid, tomó Toledo en la Edad Media». Se encendieron hogueras en los montes más altos de cada provincia y 150 000 soldados participaron en el espectacular desfile de la victoria ante Franco durante cinco horas. En un acto aún más rimbombante, que tuvo lugar al tercer día, se subrayó el simbolismo medieval que vinculaba el esfuerzo bélico de Franco a la Reconquista. Cuando el «Caudillo» llegó a la basílica de Santa Bárbara para asistir al solemne Te Deum fue rodeado de las gloriosas reliquias militares de las «cruzadas» españolas de otros tiempos, en particular el pendón arrebatado a los moros en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y el estandarte que enarboló don Juan de Austria en la de Lepanto (1571).

La intoxicación fue tanta que Franco, a pesar de la evidencia concreta en contrario, ya se creía el igual de Felipe II. Existen despachos de representantes americanos, alemanes, británicos y portugueses a lo largo de aquel año en que los diplomáticos destinados a Madrid mostraron su extrañeza frente al hecho de que un hombre que siempre les había parecido prudente, cuidadoso y lento, casi hubiera enloquecido. Franco perdió su cautela habitual entre finales de la guerra civil y finales de 1940. Proyectaba tomar Gibraltar, apoderarse del imperio norteafricano de Francia y anexionarse Portugal. Sin embargo, la situación española de la inmediata posguerra no era ni económica ni militarmente propicia para convertirle en un Felipe II del siglo XX. Se vio obligado a buscar en sus lazos con el Eje la condición necesaria para el resurgimiento de una gloriosa tradición imperial. Los primeros triunfos nazis le causaron tanta alegría como si hubieran sido suyos. En el verano de 1940, en una visita al Archivo General de Indias en Sevilla, invitado a firmar en el libro de oro, escribió: «Ante las reliquias de un imperio, con la promesa de otro». Tuvo la suerte de que su intoxicación no le llevara a la guerra, porque aunque después se vanagloriara de su astucia en mantener la neutralidad española, no cabe duda de que Franco sí quiso entrar en la guerra mundial, y al lado de Hitler. [→ SEGUNDA GUERRA MUNDIAL].

La idea de que Franco engañó a Hitler con su hábil prudencia ha sido muy barajada por sus muchos admiradores. Quizás el más empedernido fue el propio Franco y durante los últimos treinta años de su vida consideró que el regalo más precioso de los muchos que había dado a España había sido el de la neutralidad. Por desgracia para él, España fue neutral a pesar de Franco y no a causa de Franco. De hecho, cuando Alemania ya había derrotado a Francia y parecía estar a punto de derrotar a Gran Bretaña, Franco pensó que la guerra iba a durar unas pocas semanas más. A mediados de junio de 1940 ofreció entrar en la guerra al lado del Eje esperando tener acceso al reparto del imperio francés. Hitler, reacio a tener otra boca en la mesa para alimentar, rechazó la oferta. A mediados de septiembre de 1940, todavía convencido de una pronta victoria germana sobre Inglaterra, envió a Berlín a su cuñado y ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, para establecer las condiciones en las que España participaría en la conferencia final. Serrano comunicó a Franco que Hitler y su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, solamente veían a España como un futuro satélite agrícola. La idea de que Franco era un pacifista cauteloso queda desmentida por las cartas que envió a su cuñado durante su permanencia en Berlín. Muestran que Franco no solo confiaba ciegamente en la victoria del Eje, sino también que estaba plenamente decidido a entrar en la guerra a su lado. Atribuyó las duras demandas hechas a Serrano «al egoísmo y excesiva autoestima de los subordinados del Führer».

Finalmente se encontraron Franco y Hitler en Hendaya el 23 de octubre del año 1940. A Hitler le interesaba algo, no demasiado, la posibilidad de conquistar Gibraltar, pero cuando salió de Alemania en viaje al sur de Francia no fue solo para entrevistarse con Franco. De hecho el Führer hizo un viaje de reconocimiento, entrevistándose el 22 de octubre con el ministro de Asuntos Exteriores de Vichy, Pierre Laval, y el día 24 con el mariscal Pétain. Hitler estaba sopesando las ventajas relativas de dos posibilidades distintas: o dejar el imperio francés en manos de los franceses de Vichy o darlo a España como quería Franco. Según los turiferarios de Franco, «el resultado de esta entrevista entre David y Goliat» era que «la habilidad de un hombre contuvo al que no consiguieron todos los ejércitos de Europa, incluido el francés». Pensando en cómo funcionaba Hitler y cómo cumplió sus amenazas contra otros países, resulta difícil concebir cuáles eran las frases mágicas pronunciadas por Franco para persuadir a Hitler que no lanzara doscientas divisiones contra España. El hecho es que Hitler no pensaba amenazar a Franco, cuya amistad servía muy bien a los intereses del Tercer Reich, pero no podía permitirse gastar los recursos necesarios para rehacer la economía española y sufragar el rearme total de las fuerzas armadas españolas. Además, a Hitler le pareció más sensato permitir a los franceses defender su propio imperio dentro del nuevo orden mundial del Tercer Reich, antes que arriesgarse a que los franceses de las colonias se pasasen a De Gaulle. No pudo, ni quiso, pagar el precio que quería Franco para entrar en la guerra. Se limitó a ofrecer la promesa de hablar de premios una vez ganado el conflicto.

De hecho, el comentario más demoledor sobre «la hábil prudencia» de Franco fue hecho por el propio Hitler el 10 de febrero de 1945 a su secretario, Martin Bormann:

España ardía en deseos de seguir el ejemplo de Italia y formar parte del club de los vencedores. Franco, por supuesto, tenía ideas muy exageradas sobre el valor de la intervención española. Sin embargo creo que, a pesar del sabotaje sistemático perpetrado por su jesuítico cuñado, accedería a hacer causa común con nosotros bajo condiciones razonables: la promesa de un pequeño pedazo de Francia para compensar su orgullo y una parte sustancial de Argelia como ganancia material real. Pero como España no tenía nada tangible con que contribuir, llegué a la conclusión de que no era deseable su intervención directa. Es cierto que nos hubiera permitido ocupar Gibraltar. Por otra parte, la entrada de España en la guerra habría añadido muchos kilómetros que habríamos tenido que defender en la costa atlántica, de San Sebastián a Cádiz. […] Al asegurarnos que la península Ibérica permanecía neutral, España ya nos había proporcionado el único servicio que podía ofrecernos. […] Un país como España en su estado de pobreza y poca preparación, habría sido más un riesgo que una ventaja.

Sin embargo, al final de la guerra, la prensa del Movimiento proclamó la paz como «la victoria de Franco», como si todo hubiera sido obra de él. Fue el comienzo de una operación propagandística destinada a demostrar la habilidad y perspicacia providencial del «Caudillo» al mantener la neutralidad española. En un momento en que crecía la oposición dentro y fuera de España, el éxito de tal operación contribuyó de manera significativa a la consolidación interna del Régimen. Además, proporcionó una débil justificación para que las potencias occidentales, deseosas de incorporarlo al frente anticomunista de la guerra fría, olvidasen sus innumerables actos hostiles de palabra y obra durante el conflicto mundial. Dichos actos (entre otros: la devoción de la prensa española por la causa del Eje, el abastecimiento y suministro de submarinos alemanes, la autorización del uso de radares, reconocimientos aéreos y tareas de espionaje dentro de España, junto con la exportación a Alemania de materias primas valiosas), aunque muy disminuidos en la primavera de 1944, nunca se interrumpieron completamente.

La política exterior de las potencias aliadas se vio muy influida por la intensa hostilidad de gran parte de la opinión pública en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia hacia lo que se percibía como un superviviente del Eje. Hasta que los aliados relajasen su postura, Franco pasó por lo que se ha denominado una larga noche negra. Sin embargo, todavía capaz de vivir de los beneficios de la gran inversión en el terror hecha entre 1936 y 1945, no se inmutó y mostró de nuevo su fuerza de voluntad adoptando otro tipo de personaje-máscara, el del capitán de Numancia. Sus cortesanos le aconsejaron que, derrotadas Italia y Alemania, no había otra posibilidad que abrir camino a la Monarquía y pasar a la reserva a la Falange. Fue un consejo lógico, pero Franco fue lo suficientemente astuto para ver que eso habría sido el primer paso hacia su propia retirada. Sagazmente optó por no desmantelar la Falange, manteniéndola como «baluarte contra la subversión» y como pararrayos (diciendo «a ella le echan la culpa de los errores del Gobierno») o como mecanismo para movilizar a las masas durante sus giras por España. Sabía que mientras los monárquicos podían tener el apoyo de Londres y de Washington, los falangistas no tenían dónde ir, y por tanto la Falange sería una especie de guardia incondicional hasta el final. Sus fieles numantinos fueron los falangistas.

A través de los medios de comunicación de la Dictadura se difundió el mito del cerco internacional. En la guerra fría, los intereses económicos y militares de las grandes potencias occidentales se vieron más favorecidos con un dictador autoritario que con una República en la cual participarían socialistas y comunistas. De hecho, el supuesto aislamiento internacional no fue sino simbólico, la retirada de embajadores aunque no de embajadas. Ello no obstante, el período entre 1945 y 1950 se presentó como si Franco y España fueran víctimas de un cerco mortal, aunque no había razones para suponer que los aliados intentarían derrocarle dada la importancia geoestratégica de España en una posible guerra contra la Unión Soviética. La operación para reescribir la historia del papel de Franco durante la segunda guerra mundial y presentar a su régimen como católico y, en el fondo, monárquico se recibió bien en Washington.

Por otra parte, Franco se dedicó a consolidar la lealtad de los tres grandes pilares del Régimen (la Iglesia, el Ejército y la Falange) enalteciendo su papel de heroico defensor de un país asediado. Su objetivo principal no era otro que mantenerse en el poder. Expuesto a la lisonja diaria desde hacía casi un decenio, Franco no veía ninguna contradicción entre sus propias necesidades políticas y las de su país. Toda crítica extranjera se explicó como fruto de una conspiración masónica contra España. Su éxito se tradujo en la manifestación, bien escenificada, en la Plaza de Oriente el 9 de diciembre de 1946, durante la cual fue vitoreado por cientos de miles de personas. A finales de 1947, los embajadores empezaron a regresar a Madrid y Franco se atribuyó una gran victoria. El «Caudillo», en efecto, había sobrevivido a lo peor. La llegada al poder del comunismo en Checoslovaquia en febrero de 1948, el bloqueo de Berlín del 24 de junio de 1948 al 4 de mayo de 1949 y la invasión de Corea del Sur por las tropas norcoreanas el 24 de junio de 1950 harían el resto. En menos de un año, la cúpula militar norteamericana consiguió que se despejase el camino para abrir negociaciones sobre el arrendamiento de bases en España.

La permanencia de Franco en el poder estaba a punto de quedar garantizada. España fue admitida en la UNESCO el 17 de noviembre de 1952; se firmó un Concordato con el Vaticano el 27 de agosto y los pactos de defensa con Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953. La propaganda del Régimen presentó estos como prueba de que Franco era el igual del presidente de la mayor potencia militar del mundo. La prensa publicó fotomontajes donde aparecían juntos Franco y Eisenhower, así como artículos para mostrar que las naciones estaban mudas de asombro y júbilo ante el último triunfo del «Caudillo». En la práctica, el autoproclamado paladín de la independencia nacional, émulo del Cid, acababa de sacrificar un importante aspecto de la soberanía española. En la eventualidad de una guerra y de tener que organizar en cuestión de minutos las necesarias medidas, era Estados Unidos quien decidiría si España tendría o no que intervenir. En caso de ataque a España por un agresor no comunista, Estados Unidos no se comprometía a prestarle ayuda. Por otra parte, grandes zonas del país quedaron privadas de suficiente defensa. El «Caudillo» echó por la borda la neutralidad y soberanía de España sin hacer distinción alguna entre el bien de la nación y su propio bien. Especialmente el permiso para que se instalaran bases a poca distancia de importantes centros de población constituyó un acto de suma irresponsabilidad.

A partir de 1953, en la cima de su poder, Franco empezó a forjar una nueva imagen, una nueva máscara: la de padre del pueblo. Sin embargo, a mitad de los años cincuenta, no solo no había logrado hacer realidad sus sueños imperiales sino que, al contrario de lo que decía la propaganda, gobernaba un proceso de empobrecimiento nacional gracias a su política económica de autarquía. A finales de los años cincuenta era evidente que España estaba al borde de la bancarrota. Franco tenía 65 años, una edad en la que la mayoría de la gente piensa en la jubilación. La dimensión y la complejidad de los problemas económicos empujaron a Franco a reconocer que hacían falta mentes más expertas que la suya después de que su ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, le hubiera dicho que en opinión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial hacía falta un saneamiento de la economía. Al principio, convencido de que los banqueros extranjeros eran todos masones, Franco se negó porque creyó que se trataba de un truco para acabar con su poder personal. Solamente cuando Navarro Rubio, en unas escenas muy tensas, le amenazó con la vuelta de gasógenos a las calles de España, Franco, de muy mala gana, encogió los hombros y entregó el gobierno cotidiano y concreto del país a los tecnócratas. [→ PLAN DE ESTABILIZACIÓN].

Ese fue el momento en el que, en la práctica, Franco se retiró del puesto de jefe del Gobierno ejecutivo para asumir un nuevo papel, mucho más ceremonial, como jefe del Estado. Abandonó gran parte de las preocupaciones de gobierno y dejó la administración del día a día en manos del almirante Luis Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas. Él se quedó con muchas obligaciones rutinarias que cumplía al estilo de un monarca: recibir a numerosas personas en audiencia, inaugurar obras públicas, presidir las reuniones de los consejos de ministros y asistir a servicios religiosos. Mientras otros se encargaban de las complejas tareas diarias de gobierno, Franco dedicó el resto de su vida a cazar, pescar, ver cine, televisión y fútbol, hacer quinielas y trabajar en el gran proyecto político que le quedaba: la preparación del posfranquismo, una monarquía franquista. En un proceso muy complicado, escogió a un sucesor —don Juan Carlos de Borbón— confiando que este, atado por sus juramentos y por las instituciones y leyes del Régimen, trabajaría para la supervivencia de las esencias del mismo. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 sin saber que su sueño no se cumpliría. En resumen la suya fue una vida que, para entenderla, hay que descubrir las motivaciones psicológicas reveladas por las sucesivas máscaras del Héroe del Rif, del Salvador de España, del nuevo Emperador, del Capitán de Numancia y del padre y abuelo del pueblo. Fueron unas máscaras que ocultaron en cada momento las ambiciones de Franco, dándoles un barniz de patriotismo y haciendo posible que el mismo Franco no tuviera que distinguir entre el bien de España y su propio bien.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Preston, Paul: Franco «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 2002.

Preston, Paul: El gran manipulador: la mentira cotidiana de Franco, Ediciones B, Barcelona, 2008.

Southworth, Herbert Rutledge: El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000.

Southworth, Herbert Rutledge: El mito de la cruzada de Franco, Random House Mondadori, Barcelona, 2008.

Viñas, Ángel: La conspiración del General Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada, edición revisada y ampliada, Crítica, Barcelona, 2012.

DOLORES IBÁRRURI

Y SANTIAGO CARRILLO

por

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Es probable que en un listado de personalidades políticas emblemáticas del siglo XX español, Dolores Ibárruri, Pasionaria, y Santiago Carrillo ocupen un lugar destacado y compartan con algunos de sus contemporáneos —Azaña, Negrín…— la concitación de valoraciones oscilantes entre la hagiografía y la execración. Quizá sea el precio a pagar por quienes, durante décadas, fueron las cabezas visibles del comunismo español, figuras señeras de la guerra civil y del exilio y referentes de la resistencia antifranquista.

Dolores Ibárruri Gómez, Pasionaria (Gallarta, 1895-Madrid, 1989) nació en la comarca minera de Somorrostro, a espaldas de Bilbao. Fue la octava de los once hijos de una familia de campesinos carlistas de los que heredó, en principio, una profunda fe religiosa, la pertenencia al Apostolado de la Oración y la devoción a la Virgen Dolorosa. Pronto, sin embargo, cambió el catolicismo por la ideología socialista, de la que se impregnó en la biblioteca del centro societario de Gallarta y escuchando la encendida oratoria de los líderes del socialismo vizcaíno, Facundo Perezagua e Indalecio Prieto.

Los mítines y los conflictos laborales menudeaban en una región donde el movimiento obrero poseía un importante sustrato de masas, contando en su haber con seis huelgas generales y treinta parciales entre 1890 y 1910. No es casual que allí se formaran otros miembros de la primera generación dirigente del PCE, como Vicente Uribe, Leandro Carro o Jesús Hernández, y que a ella vinieran a hacer sus armas políticas destacados activistas como Óscar Pérez Solís.

Dolores Ibárruri entró de criada en un café con 17 años, donde conoció a un joven minero socialista, Julián Ruiz, con el que se casó en 1915. El matrimonio estuvo marcado desde sus inicios por la falta de apoyo familiar, la precariedad laboral y las frecuentes detenciones de Julián a causa de su activismo político, a lo que se sumó la muerte de cuatro de los seis hijos de la pareja: solo dos, Rubén y Amaya, sobrevivieron.

La toma de conciencia sobre la condición de los trabajadores de la minería llevó a Ibárruri a asumir un compromiso político activo. Participó, junto con su marido, en la preparación de la huelga insurreccional de agosto de 1917. Meses después, ingresó en la agrupación socialista de Somorrostro en pleno debate motivado por la revolución bolchevique. En la Semana Santa de 1919 publicó su primer artículo en El Minero Vizcaíno, firmado con el seudónimo que posteriormente alcanzaría resonancias mundialmente conocidas: Pasionaria.

Ese mismo año los militantes de Somorrostro votaron por la adhesión a la Internacional Comunista (IC, también denominada Tercera Internacional o Komintern). En 1920, fue elegida miembro del primer Comité Provincial de Vizcaya del recién fundado Partido Comunista. En este periodo, la organización se caracterizaba por su reducido tamaño, un exacerbado sectarismo, un extremado radicalismo izquierdista y una apuesta por el recurso a la violencia mimetizado del anarcosindicalismo. Su línea política abundaba en la constante denuncia del reformismo y la «colaboración de clases» de los socialistas. La crispación entre «moscuteros» y «socialtraidores» —como se motejaban unos a otros— pronto pasó de las palabras a los hechos. Durante una tumultuosa sesión del XV Congreso de la UGT (1922) se produjo la muerte por disparos de un joven socialista. Los sindicatos de mayoría comunista, entre ellos el minero, fueron expulsados de la UGT. En los meses siguientes, los choques entre ambas tendencias estuvieron a la orden del día.

En 1923, la dictadura de Primo de Rivera puso fuera de la ley al raquítico PCE, cerró sus locales y encarceló a sus dirigentes. Solo La Antorcha, su órgano de expresión, pudo seguir publicándose sometido a censura previa. De su endeblez organizativa da idea el hecho de que, en 1929, contase con solo 770 militantes, de ellos 216 en Vizcaya, y que su dirección pudiese enmascararse como la directiva de un pequeño club de fútbol, el Oriente F. C. En estas difíciles condiciones Pasionaria comenzó a ejercitar su innata facultad de agitadora de masas, particularmente exitosa entre las mujeres de los presos y de los huelguistas. En 1928 fue elegida delegada por Vizcaya para acudir al III Congreso del PCE que iba a celebrarse en París en agosto de 1929. No pudo franquear la frontera y tuvo que limitarse a participar en la denominada «conferencia de Pamplona», que en realidad se celebró en Bilbao en marzo de 1930. Durante este cónclave, Pasionaria ascendió al Comité Central (CC) del PCE, a cuya cabeza se encontraba el también vizcaíno José Bullejos. Un año después, trasladó su residencia a Madrid para incorporarse a la redacción de Mundo Obrero, lo que supuso su separación de hecho de Julián Ruiz.

En la capital, Ibárruri vivió los primeros tiempos de la República, recibida por el PCE como una modalidad más de Estado burgués al que combatir. Este análisis era resultado de la deformada visión de la realidad española por parte de los delegados de una Komintern empeñada por entonces en la línea de confrontación («clase contra clase») con los socialistas y la izquierda burguesa. Si este posicionamiento sectario tenía como resultado un escaso arraigo del partido y la incapacidad para atraer a un significativo sector de la clase obrera, la culpa la achacaba la IC no a sus propios errores acerca de la compleja situación política del recién nacido régimen republicano, sino a la presunta incompetencia del equipo dirigente encabezado por José Bullejos, Gabriel León Trilla, Etelvino Vega y Manuel Adame.

Muy distinta era, en aquel momento crucial, la influencia ejercida por los socialistas, entre los que comenzaba a despuntar un joven cuadro prometedor. Santiago Carrillo Solares (Gijón, 1915) había nacido en una familia de profunda raigambre socialista. Su padre, Wenceslao Carrillo, fundidor de oficio y militante del PSOE y de la UGT, era un hombre muy próximo a Francisco Largo Caballero. En 1924, Wenceslao se trasladó con toda su familia a Madrid para hacerse cargo de la jefatura de redacción de El Socialista. Allí comenzó a trabajar su hijo Santiago quien, siguiendo los pasos del padre, se afilió a la UGT y a la Federación de la Juventud Socialista (FJS). Sus primeras tareas consistieron en colaborar en la redacción de las crónicas municipales con Andrés Saborit, director del periódico del partido y concejal del ayuntamiento de Madrid. Con 15 años participó en la preparación de la abortada huelga revolucionaria del 15 de diciembre de 1930 contra la Dictadura. Meses después, fue testigo de la proclamación de la República en la Casa de la Villa de Madrid.

Con el advenimiento del nuevo régimen, Santiago Carrillo desarrolló una agitada actividad periodística como corresponsal parlamentario. Después del trabajo acudía con su padre a la Casa del Pueblo de Madrid, donde se familiarizó con las luchas fracciónales entre las corrientes del socialismo español: la «derecha» de Julián Besteiro, los «centristas» o «prietistas» y los «caballeristas». El 10 de junio de 1931 pronunció su primer mitin en la Casa del Pueblo, en el que se situó abiertamente en las posiciones izquierdistas de un creciente sector de la juventud que se identificaba con Largo Caballero. Desde 1933 fue director del semanario Renovación, altavoz de los jóvenes opuestos a la colaboración con los republicanos que postulaba Prieto. El primer ingreso de Carrillo en prisión —breve, al alegar su entonces minoría de edad— estuvo relacionado, precisamente, con la aplicación de la Ley de Defensa de la República a determinados contenidos de Renovación.

También Pasionaria pasó dos veces por la cárcel en aquellos años: la primera, a finales de 1931, por encubrimiento de un implicado en un choque entre socialistas y comunistas; la segunda, en marzo de 1932, por atentado contra la forma de gobierno a raíz de un mitin en que se llamó asesina a la Guardia Civil. En el IV Congreso del PCE, reunido en Sevilla en marzo de 1932, Ibárruri ascendió al Buró Político (BP), como secretaria femenina. Poco después, el nuevo tutor de la Komintern, el argentino Victorio Codovilla, llevó a cabo una depuración de la dirección para ahormarla a su medida. Expulsó a Bullejos, Adame, Trilla y Vega y promocionó a un conjunto de jóvenes cuadros de acendrada formación estalinista, formados ya en la Escuela Leninista de Moscú, entre quienes destacaban José Díaz, Vicente Uribe o Jesús Hernández. Pasionaria fue la única del anterior equipo que conservó su puesto. Sobre todos ellos, Codovilla impuso su control como delegado de la Internacional.

Las elecciones de noviembre de 1933 supusieron una contundente derrota de la izquierda y el ascenso de una derecha nutrida de un fuerte componente antirrepublicano. Dolores Ibárruri se presentó por Asturias y recogió 17 954 votos, el 6,5% de los sufragios emitidos, sin obtener escaño. En medio de la debacle, los comicios depararon un magro resultado positivo para el PCE: la elección de un diputado por la circunscripción de Málaga, el doctor Cayetano Bolívar, a resultas de la victoria parcial de una coalición antifascista presentada en segunda vuelta. Pero, en general, la izquierda se replegó a la defensiva, preparando una estrategia de respuesta a la previsible desarticulación del régimen republicano por la nueva mayoría en el poder. En la Escuela de Verano organizada en Torrelodones en 1933, en la que Carrillo actuó como secretario, tanto Caballero como los jóvenes socialistas anticiparon las líneas de su radicalización. Se dio por terminado el periodo de colaboración con la república burguesa y se anunció la firme voluntad de oponerse con cualquier tipo de recurso —incluida la insurrección armada— a la implantación de un gobierno reaccionario que persiguiese a las organizaciones del proletariado.

A la cabeza de esa deriva insurreccional se encontraba la FJS, que celebró su V Congreso en abril de 1934. Santiago Carrillo, con 19 años, fue elegido secretario de la Federación, encabezando una nueva comisión ejecutiva integrada exclusivamente por partidarios de la vía revolucionaria: Carlos Hernández Zancajo, Federico Melchor, José Laín, José Cazorla, Alfredo Cabello y Segundo Serrano Poncela. Una de las primeras decisiones adoptadas fue el abandono de la Segunda Internacional. En agosto comenzaron las discusiones con la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE) con vistas a un posible proceso de fusión orgánica. A ambas organizaciones les afectaba la legislación limitadora del derecho de asociación a los menores de edad impulsada por el ministro de la Gobernación, el radical Salazar Alonso. La respuesta fue la convocatoria de un mitin conjunto socialista-comunista en el estadio Metropolitano, en septiembre de 1934, donde se celebró, además, el ingreso del PCE en la Alianza Obrera, el órgano unitario que los caballeristas habían postulado para la organización de la futura revolución. Como secretario de la FJS, Carrillo pasó a formar parte del Comité Nacional del PSOE y representó a las Juventudes en el comité organizador de la insurrección de octubre de 1934.

Mientras tanto, Dolores Ibárruri había viajado a la Unión Soviética a finales de 1933 para asistir al XIII Pleno de la IC. A su vuelta a España impulsó el trabajo del secretariado femenino en un momento en que la labor en distintos frentes de masas estaba permitiendo una cierta apertura del partido hacia otros sectores políticos y sociales. Entre estos nuevos frentes destacaban las Asociaciones de Amigos de la Unión Soviética, encargadas de difundir la versión canónica de la construcción del socialismo en la URSS a través de revistas gráficas y películas, y el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, presidido por la propia Pasionaria. El Comité, que formaba parte del movimiento internacional contra la guerra y el fascismo (también conocido como movimiento Amsterdam-Pleyel) impulsado por la Komintern, logró atraer a mujeres de clase no proletaria y de distinta procedencia política, como Clara Campoamor, Victoria Kent o Aurora Arnáiz. Algunas, como Constancia de la Mora y Caridad Mercader, acabarían incorporándose al PCE.

El fracaso de la huelga insurreccional de octubre de 1934 arrastró a prisión a la mayor parte de dirigentes del movimiento obrero español. Caballero, los dos Carrillos (Wenceslao y Santiago) y otros dirigentes del PSOE y la UGT permanecieron en la cárcel Modelo de Madrid hasta febrero de 1936. Junto con Amaro del Rosal y Felipe Pretel, Carrillo dirigió la fracción caballerista en prisión y encabezó la lucha orgánica contra el sector prietista. De hecho, fue Carrillo quien formuló las ideas atribuidas al veterano líder en las páginas del semanario Claridad. El ascendiente del joven Carrillo era tan grande sobre quien había sido su mentor político que comenzó a ser considerado como su delfín. En un contexto de discusión permanente sobre el fracaso de la insurrección, Carrillo culminó su aproximación a las posiciones comunistas. En las páginas de Octubre. Segunda Época (1935) analizó lo ocurrido como un fracaso imputable a la dirección reformista y a la ineficaz estructura del PSOE para afrontar las necesidades de la lucha clandestina. Frente a ello, se imponía la bolchevización del partido, romper con la tradición socialdemócrata excluyendo a los sectores reformistas, salir de la Segunda Internacional y propugnar la unificación de todas las corrientes revolucionarias del proletariado español en el seno del Partido Socialista como único medio de avanzar hacia el triunfo de la revolución, la implantación de la dictadura del proletariado y la reconstrucción del movimiento obrero internacional en torno al referente de la revolución rusa.

En este periodo, Carrillo tendió puentes a los sectores comunistas heterodoxos, la Izquierda Comunista de Andreu Nin y el Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín, a los que invitó a unirse al PS, junto con el PC, para reconstruir el gran partido del proletariado español. La aproximación a los sectores habitualmente identificados como trotskistas terminó sin resultados a finales de 1935. Para entonces, Carrillo se encontraba ya poderosamente atraído por la nueva línea política del Frente Popular, impulsada por el VII Congreso de la Komintern y el VI de la Internacional Juvenil Comunista (IJC). Aunque aún conservaba un respeto personal por el viejo líder socialista, la figura de Caballero había comenzado a palidecer a ojos de Carrillo desde la insurrección de octubre. Su indecisión en los momentos decisivos, su negativa a asumir su responsabilidad y las reticencias manifestadas a la línea unitaria del Frente Popular desinflaron el entusiasmo caballerista de Carrillo.

El retraimiento de Largo tuvo otro efecto: dejar expedito a los comunistas el camino de la reivindicación del movimiento, que se convirtió en un referente del imaginario revolucionario de los años treinta y en un polo de atracción de la solidaridad nacional e internacional con las víctimas de la represión. Fue en el contexto de la ayuda a huérfanos e hijos de encarcelados en el que Pasionaria adquirió gran popularidad. Organizó un viaje a Asturias bajo la cobertura de la Organización ProInfancia Obrera, asociación que había sustituido a la ilegalizada organización de mujeres. Fue detenida, conducida a la cárcel de Oviedo y, tras ser puesta en libertad, pasó a la clandestinidad. En julio de 1935 salió ilegalmente del país para participar junto a José Díaz en el VII Congreso de la IC, en el que se abandonó la estrategia sectaria anterior y se formuló la formación de los frentes populares. La coalición electoral que con este nombre se fraguó en España con el objetivo de rescatar la República triunfó en las elecciones de febrero de 1936. Esta vez Pasionaria sí obtuvo un escaño por Asturias, con 170 497 votos, el 52,7% de los sufragios. Durante los meses siguientes se convirtió en una de las figuras más destacadas de las Cortes republicanas, manteniendo duras controversias con los líderes de la derecha, Gil Robles y Calvo Sotelo.

Durante su estancia en la cárcel Modelo, tanto Caballero como Carrillo recibieron visitas de destacados dirigentes de la IC, el francés Jacques Duelos y Codovilla. Nada más salir de la cárcel con la amnistía decretada por el nuevo gobierno del Frente Popular, Codovilla organizó un viaje a Moscú de los dos principales dirigentes juveniles, Carrillo por la FJS y Trifón Medrano por la UJCE. En la capital soviética fueron recibidos por el secretario general del Konsomol (la juventud comunista bolchevique) y de la IJC y por los altos dirigentes de la Komintern, Dimitrov y Manuilski. Se trató sobre la unificación orgánica, haciendo especial hincapié en la exclusión de cualquier concesión al trotskismo. Se apostó por una organización de masas, sin demasiadas definiciones políticas, que permitiera agrupar a la juventud en función de sus intereses y preocupaciones más inmediatos, pero con un núcleo de dirección identificado con la línea política comunista. La reunión de Moscú terminó con la firma de unas bases en las que se reconocía como línea política de la nueva organización la elaborada en el VII Congreso de la IJC, a la que se adheriría como simpatizante pero sin romper con la sección juvenil de la Segunda Internacional, dado que la unificación se produciría sobre la matriz de la FJS y esta conservaría sus relaciones con el PSOE. En vísperas de la guerra, la Juventud Socialista Unificada (JSU) decía tener 150 000 militantes y su semanario, Juventud, dirigido por Fernando Claudín, tiraba otros tantos ejemplares. Durante la guerra, con casi 350 000 afiliados, llegaría a ser la organización política más importante y numerosa de las que actuaron en la España republicana.

Fue también la guerra civil la que convirtió a Pasionaria en una figura con intensa proyección nacional e internacional. Con su fisonomía de madre enlutada personificó la resistencia popular y el magnetismo de sus discursos galvanizó las simpatías por la causa de la República. Logró condensar en consignas incisivas y contundentes, dotadas de una intensa carga emotiva, las formulaciones de la urgente política del momento (el «¡No pasarán!» pronunciado ante los micrófonos de Unión Radio el 19 de julio; el «¡más vale morir de pie que vivir de rodillas!» del mitin de solidaridad en París el 8 de septiembre; o el discurso de despedida a las Brigadas Internacionales pronunciado en Barcelona en septiembre de 1938). Con un estilo que apelaba a los sentimientos y un repertorio cuajado de referencias de la cultura popular, Pasionaria se erigió en un mito. Los testimonios de corresponsales extranjeros, el homenaje de los intelectuales y la intensa propaganda desplegada por su partido contribuyeron a fortalecerlo. Sin embargo, junto a esta faceta radiante de su labor política, Pasionaria también supo emplear magistralmente sus recursos dialécticos en la denigración de sus adversarios políticos, aportando piezas de excepcional dureza al proceso de persecución de los comunistas antiestalinistas del POUM o a la debelación de adversarios dentro del arco republicano, como Largo Caballero o Indalecio Prieto.

La sublevación militar había sorprendido a Carrillo en París, en una reunión con el secretario general de la IJC. Volvió a España por Irún, fue testigo de los primeros enfrentamientos en San Sebastián y tuvo su bautismo de fuego en una unidad miliciana en Euskadi antes de recibir la orden de retornar a Madrid a través de Cataluña. En la capital, Carrillo se encuadró como comisario político en un batallón de la JSU destinado a la sierra. Pasadas las primeras semanas, fue reclamado a Madrid para ponerse al frente del trabajo político juvenil. El ingreso de Carrillo en el PCE, según él mismo, tuvo lugar en el inicio de la batalla de Madrid, el 7 de noviembre de 1936. Además de por lo emblemático de la fecha —el 19.º aniversario de la revolución bolchevique—, Carrillo explicó su decisión como respuesta a una situación en la que el Gobierno y su presidente, Largo Caballero, habían huido y las democracias, junto con la Internacional Socialista, asistían impasibles a la lucha agónica de la capital republicana. Para Carrillo, los únicos que permanecieron en su lugar, haciendo frente al enemigo, fueron los comunistas y el único país que prestó ayuda en circunstancias tan extremas fue la Unión Soviética. Ahora bien, documentos procedentes de la interceptación por la inteligencia británica de las comunicaciones cifradas entre Madrid y Moscú han permitido saber que Carrillo ya asistía como invitado a las reuniones del BP (máximo órgano de dirección comunista) desde la primavera de 1936.

La guerra, con la confirmación de sus ideas acerca de la necesidad de una disciplina férrea, solo contribuyó a la formalización definitiva de su apuesta por el modelo organizativo comunista. La mayor parte de los dirigentes de la JSU secundaron su postura, aunque otros empezaron a manifestar su desagrado por lo que Araquistáin denominó la «ursificación» de la JSU. Cuando la ejecutiva de la juventud se instaló en Valencia en diciembre, Carrillo comunicó a Caballero y a su padre, Wenceslao, su paso al PCE. Caballero lo acusó como un golpe personal. La defección de las juventudes minaba su base en el seno del PSOE y, a largo plazo, suponía el envejecimiento y la consunción del viejo Partido Socialista si antes no se unificaba con el PCE, pero ahora en un sentido inverso al previsto por él: debía haber sido el PSOE el que absorbiera al PCE, y no al revés.

La incorporación de Carrillo al Partido Comunista coincidió con su nombramiento como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, el organismo creado para sostener la resistencia de la capital republicana ante la evacuación del Gobierno a Valencia. Bajo su mandato tuvieron lugar las ejecuciones masivas de presos derechistas en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La propaganda franquista erigió estos hechos en requisitoria criminal contra Santiago Carrillo. La primera vez, cuando asumió el puesto de ministro sin cartera en el gobierno Giral en el exilio, en marzo de 1946. En la información de la Causa General aparece un expediente dedicado a Carrillo en el que se describe someramente el mecanismo desencadenante de las sacas de presos de la cárcel Modelo y de otras prisiones madrileñas. El procedimiento consistía en la entrega a sus directores de una orden firmada por Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público, para que pusieran en libertad a los presos que se detallaban. Una vez confirmado, se ponían a disposición de un contingente de milicianos de vigilancia de la retaguardia que los conducían en autobuses hasta Paracuellos y Torrejón, donde procedían a su fusilamiento.

La Causa General señala que Carrillo transmitía las órdenes verbalmente a Serrano Poncela, por lo que no existe documentación escrita que pruebe su responsabilidad. En los testimonios deducidos de diversos responsables de las fuerzas policiales actuantes en el Madrid en guerra se alude, en algunas ocasiones, a las directrices dadas por Carrillo para que algunos de ellos acudieran a distintas expediciones. Carrillo siempre ha esquivado su responsabilidad argumentando que él autorizó la evacuación, en circunstancias muy difíciles, de un numeroso contingente de presos, en su mayor parte oficiales refractarios a servir en defensa de la República, y que, una vez que los convoyes se encontraron fuera de la zona garantizada por la autoridad de la Junta, fueron presa de fuerzas incontroladas que procedieron a su asesinato.

Las investigaciones actuales apuntan a que en el origen de la decisión se encontraron los servicios especiales soviéticos, quienes sugirieron a responsables de la cúpula comunista la necesidad de acabar de manera expeditiva con el problema de los prisioneros —en su mayor parte, militares y derechistas comprometidos con los sublevados— que podían ser incorporados a las fuerzas atacantes con grave quebranto para la causa republicana. En el desarrollo se encontraron implicadas fuerzas comunistas y anarquistas, que establecieron un protocolo tanto para la selección de los presos como para la determinación de su destino, y aportaron las fuerzas necesarias para cumplimentar las ejecuciones. Resulta difícil creer que un operativo de esa naturaleza y sus dramáticas consecuencias escapara al conocimiento del máximo responsable del orden público en aquel momento. Los fusilamientos de Paracuellos persiguieron durante su trayectoria política posterior a Carrillo, particularmente en las postrimerías de la dictadura franquista y a comienzos de la transición política. De hecho, la mayor incidencia de informaciones periodísticas sobre Paracuellos coincidió con la detención de Carrillo en Madrid a finales de 1976 y su reaparición en la vida política española en la transición democrática.

La promoción de Carrillo a la dirección del PCE fue meteórica. En la conferencia de Valencia de marzo de 1937 fue designado miembro suplente del BP. Su adecuación al discurso del partido le llevó, a veces, incluso mucho más allá que a algunos de sus dirigentes veteranos. Cuando a finales de 1937 se debatió sobre la conveniencia, sugerida por Stalin, de celebrar elecciones en la zona republicana, el conjunto del BP se manifestó en contra de esa directriz por considerar que favorecería la formación de una amplia coalición anticomunista que debilitaría el esfuerzo de guerra. Solo Carrillo acogió con el entusiasmo del neófito las observaciones de Togliatti, el nuevo tutor designado por la Komintern en el verano de aquel año, acerca de continuar adelante con la consigna de convocatoria electoral. La identificación absoluta entre Carrillo y la línea del PCE motivó una creciente oposición interna en la JSU, impulsada por los sectores afines a Caballero. La confrontación fue in crescendo hasta que en septiembre de 1938 el PSOE creó un secretariado juvenil para agrupar a los jóvenes socialistas afines, lo que era un paso hacia la restauración de la juventud socialista bajo la dirección del PSOE y un síntoma de la descomposición que comenzaba a manifestarse en la unidad de las organizaciones republicanas ante la previsible consumación de la derrota.

En 1938, Dolores Ibárruri se integró en la estructura suprema de dirección del PCE, el Secretariado del Buró Político, junto con Antonio Mije y el secretario de organización, Pedro Checa, en ausencia de un gravemente enfermo José Díaz. En función de este cargo, siguió al gobierno Negrín en sus desplazamientos hasta que se afincó en Barcelona tras el corte de la zona republicana. Carrillo recorrió el mismo itinerario, permaneciendo en la ciudad hasta su caída en enero de 1939. Tras perderse Cataluña, Ibárruri volvió a la zona Centro-Sur al lado de Negrín consecuentemente con la apuesta de su partido por la línea de mantenimiento de la resistencia y contra la capitulación. Carrillo se quedó en Toulouse y ya no regresaría a territorio español hasta 1976.

El golpe del coronel Casado —5 de marzo de 1939— sorprendió al Gobierno y a la mayor parte de la dirección comunista en Elda. Para Santiago Carrillo, la noticia tuvo un impacto moral añadido al conocer la incorporación de su padre, Wenceslao, al Consejo Nacional de Defensa encabezado por Besteiro. Santiago dirigió una virulenta carta a su padre renegando de él, cuando Wenceslao, que salió de España acompañando al coronel Casado, se hallaba ya exiliado en Londres. Pasionaria, por su parte, abandonó España en avión con dirección a Orán, desde donde pasó a Francia para, finalmente, partir hacia la URSS. A los problemas derivados de la derrota se sumó la incómoda situación creada a raíz del pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939. Los comunistas españoles justificaron su apoyo al acuerdo invocando el retraimiento de las democracias occidentales hacia la República española durante la guerra civil. La futura conflagración, decían, era un conflicto interimperialista en el que el proletariado internacional no se jugaba nada e incluso podía tener efectos positivos al confrontar entre sí a los potenciales agresores de la URSS.

En consecuencia, los comunistas españoles refugiados en Francia se convirtieron en objetivo de la policía. La cúpula del PCE, con la orientación de la Komintern, decidió repartir sus núcleos de dirección entre la URSS —José Díaz, Dolores Ibárruri, Jesús Hernández— y México —Vicente Uribe, Antonio Mije, Pedro Checa y los líderes de la JSU—, dejando un reducido grupo en Francia. Antes de su partida, Carrillo fue llamado a la URSS, adonde llegó en diciembre de 1939. A iniciativa de Dimitrov fue cooptado para el secretariado de la IJC y asistió a las reuniones del secretariado de la Komintern. Permaneció en Moscú seis meses, alojado en el Hotel Lux, la sede de la Internacional para sus cuadros extranjeros. En junio de 1940 se decidió su envío a Estados Unidos, para trabajar con Victorio Codovilla y Earl Browder (secretario del PCUSA) en la organización de un centro dirigente de la IC para el continente americano. Una vez en Nueva York no se entendió con Browder y se desplazó a México. Instalado en Latinoamérica, Carrillo dirigió la revista Lucha de la Juventud, tuteló a la juventud comunista cubana sin mucho éxito y escribió habitualmente en la revista teórica del PCE, Nuestra Bandera.

A Pasionaria le correspondió hacerse cargo de la colonia de españoles refugiados en la URSS, en torno a 4000 hombres, mujeres y niños, al tiempo que asumía nuevas responsabilidades en la cúpula de la Komintern como miembro titular de su Presidium. La situación en la «Patria del socialismo» no resultó tan idílica como muchos habían creído al leer las páginas de La URSS en construcción. Escaseaban los artículos de consumo básico, los ritmos de trabajo en la industria eran extenuantes y la atmósfera estaba aún teñida del terror causado por las grandes purgas. Entre el colectivo español afloró tímidamente el descontento. Se formularon críticas sordas contra el círculo próximo a Dolores Ibárruri, integrado por Ignacio Gallego, Irene Falcón y —sobre todo— Francisco Antón, un joven ferroviario, antiguo responsable del Comité Provincial de Madrid y fulgurante estrella del Comisariado con el que Pasionaria mantenía relaciones desde la guerra de España. Antón se convirtió en el blanco de los críticos de Ibárruri por interposición. El agravamiento de la mermada salud de José Díaz ahondó la brecha en el seno del grupo dirigente entre dos sectores irreconciliables que comenzaron a disputarse la sucesión, el encabezado por el antiguo ministro Jesús Hernández y el que se identificaba con Pasionaria.

El 22 de junio de 1941 se produjo la invasión nazi de la URSS. El 16 de octubre, los alemanes estaban a las puertas de Moscú. La colonia española se dispersó desde las montañas del Cáucaso hasta las estepas de la Siberia central. Las colonias de niños fueron evacuadas hacia el Este en condiciones espantosas. Sobre los republicanos españoles parecía caer la maldición de ser refugiados de dos guerras. Muchos emigrados con experiencia militar se dirigieron a la dirección del partido para alistarse. Fue en combate contra las tropas hitlerianas cuando Pasionaria sufrió la pérdida de su hijo, Rubén Ruiz Ibárruri, teniente mayor del Ejército Rojo, que murió de las heridas recibidas en Stalingrado el 3 de septiembre de 1942.

En pleno marasmo, José Díaz se suicidó en un hospital de Tiflis (Georgia) el 20 de marzo de 1942. La pugna entre Jesús Hernández y Pasionaria quedó abierta. En principio, las circunstancias parecían menos favorables a Ibárruri, pero un giro decisivo en la política de Stalin, en plena guerra mundial, revalorizó sus expectativas. Stalin ordenó la disolución de la Komintern en 1943 para tranquilizar a los aliados occidentales y ello hizo necesario poner al frente de los partidos comunistas a personalidades con un comprobado espíritu de fidelidad a la URSS con preferencia a aquellos que podían manifestar en el futuro veleidades autónomas. En este sentido, Pasionaria ofrecía más confianza a los dirigentes soviéticos que Hernández. Cuando en 1944 este intentó jugar sus cartas en México, adonde se desplazó para reorganizar el núcleo de dirección que actuaba en contacto con el exilio republicano, se encontró con un proceso de expulsión. Pasionaria fue aclamada como nueva secretaria general del partido. El PCE se convirtió, en la propaganda, en «el Partido de Pepe y Dolores» y se desató una oleada de culto a su personalidad.

En febrero de 1945, Pasionaria y otros dirigentes abandonaron la URSS y se instalaron en Toulouse. En el Mediodía francés los comunistas españoles habían jugado un papel fundamental en la resistencia bajo la dirección de Carmen de Pedro y Jesús Monzón. Por iniciativa de Monzón, fuerzas guerrilleras penetraron en el valle de Arán con el objetivo de ofrecer al gobierno republicano un territorio liberado y forzar a los aliados a intervenir en la liberación de la península. Carrillo, que llegó desde el norte de África investido como secretario de organización, se opuso a la operación y ordenó el inmediato repliegue. La confrontación de Carrillo con Monzón evidenció la pugna por el poder que se dio en el seno de todos los partidos comunistas europeos entre los líderes de la resistencia y los cuadros trasplantados desde Moscú que venían a aplicar los acuerdos de Yalta una vez extinta la Komintern.

Entre 1945 y 1947 se mantuvo la esperanza en un pronto final del franquismo. Los comunistas buscaron una aproximación entre las fuerzas del exilio integrándose en el gobierno encabezado por José Giral. Pronto, el inicio de la guerra fría supuso de nuevo el aislamiento del PCE. En España, las agrupaciones guerrilleras fueron prácticamente liquidadas y apenas quedaban restos operativos a finales de 1950. Hasta el mismo Stalin aconsejó a Pasionaria y Carrillo el abandono de la lucha armada y la penetración en la estructura de los sindicatos verticales franquistas. En el exterior, la «operación Bolero-Paprika» puso fuera de la ley a los grupos comunistas extranjeros en territorio francés en septiembre de 1950, privando al PCE de su principal base de actuación de cara al interior. Pasionaria pasó los siguientes veintisiete años de su vida entre Moscú y Bucarest, donde tenía su sede Radio España Independiente («la Pirenaica»). Uribe y Mije salieron hacia Praga. El control efectivo del aparato del partido quedó en buena parte en manos de Carrillo, que permaneció ilegalmente en Francia.

La muerte de Stalin en 1953, el proceso abierto por el XX Congreso del PCUS en 1954, la formulación de la coexistencia pacífica y el resurgimiento de la oposición en el interior de España reclamaron de los comunistas una renovación de la estrategia y de la dirección. Para ello, los «jóvenes» procedentes de la JSU se plantearon desplazar a la generación de la vieja guardia. Este proceso se consumó entre el V y el VI Congreso del partido. En 1960, Pasionaria dimitió de la secretaría general, admitió el cargo honorífico de presidenta y traspasó la responsabilidad efectiva de la dirección del partido a Santiago Carrillo. Se formuló entonces la política de reconciliación nacional y la superación de la dicotomía vencedores/vencidos. Esta se sustituyó por una nueva dialéctica dictadura-democracia que concitara el encuentro de fuerzas heterogéneas con el mismo objetivo de propiciar la caída del Régimen mediante una contundente demostración de masas y la huelga nacional pacífica (conocida desde entonces por su acrónimo HNP). El fracaso de dos jornadas de movilización en torno a estas consignas, el 5 de mayo de 1958 y el 18 de junio de 1959, no modificó esencialmente la estrategia del PCE, que se mantuvo en términos generales hasta el inicio de la transición.

Al frente del partido, Carrillo hubo de sostener un delicado juego de equilibrios entre la tradición prosoviética, el rechazo del monocentrismo del movimiento comunista, la ampliación de alianzas y el surgimiento de discrepancias con los militantes del interior respecto a la viabilidad de la estrategia del partido. Episodios de este periodo fueron las escisiones motivadas por la ruptura chino-soviética, el conflicto con Claudín y Semprún y la condena de la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968. A partir de este último hecho, el PCE comenzó un distanciamiento de Moscú que se tradujo en la teorización, junto al Partido Comunista italiano, de una vía autónoma hacia el socialismo democrático que se conocería en los años setenta como eurocomunismo.

Para canalizar la creciente agitación obrera y estudiantil en la España del desarrollismo e impulsar una salida a la Dictadura, el PCE propuso el Pacto para la Libertad, un programa rupturista que tendría en la Junta Democrática su proyecto de plataforma unitaria. Tras la muerte de Franco en 1975, la intensificación de las huelgas y las manifestaciones en demanda de amnistía impidieron la consolidación de un proyecto continuista, pero no fueron suficientes para forzar la ruptura democrática. Se abrió entonces la vía de un proceso de negociación con el presidente Suárez para la consecución de una reforma pactada.

Carrillo se instaló clandestinamente en Madrid en febrero de 1976 y, en un calculado proceso de desembarco en la vida pública, sometió a prueba las intenciones reformistas. La legalización del PCE se convirtió en la piedra de toque de la sinceridad de la reforma democrática. El entierro de cinco abogados laboralistas vinculados a CC. OO. y el PCE, asesinados en enero de 1977 por pistoleros de extrema derecha, fue una disciplinada demostración de dolor contenido que contribuyó decisivamente a la legalización del PCE en el mes de abril. La irritada reacción del estamento militar motivó una reunión plenaria del CC en la que Carrillo pronunció una solemne declaración de acatamiento a la forma monárquica de Estado y a la bandera bicolor.

Las primeras elecciones libres de 1977 llevaron de nuevo a Pasionaria, recién retornada a España, a un escaño en las Cortes, pero los comunistas obtuvieron unos decepcionantes resultados, a mucha distancia de un recién refundado PSOE. Carrillo procuró que el PCE fuera una pieza fundamental en la construcción del nuevo régimen democrático participando en los grandes consensos: los Pactos de la Moncloa y el proceso constituyente de 1978. Pero la constatación del estancamiento electoral del comunismo propició a comienzos de los años ochenta la floración en su seno de corrientes heterogéneas, unidas circunstancialmente por su oposición al secretario general: los «renovadores», partidarios de la superación del modelo partidario de matriz leninista y del distanciamiento definitivo del modelo soviético; y los «leninistas» o «prosoviéticos», irritados por el abandono de las señas de identidad tradicionales del partido.

La forma traumática con que se sustanció el conflicto, a golpe de expedientes y expulsiones, debilitó internamente al PCE y demolió su imagen pública, lo que unido a la inquietud motivada por el intento de golpe de estado de 1981 y el reagrupamiento del voto de izquierda en torno al PSOE concluyó en la debacle electoral de octubre de 1982. Santiago Carrillo dimitió como secretario general el 2 de noviembre de ese año. Los posteriores choques con su sucesor, Gerardo Iglesias, culminaron con su expulsión del partido en 1985 y la fundación de un nuevo grupo, la Mesa para la Unidad de los Comunistas. Como debería haber aprendido de tantas escisiones surgidas bajo su antiguo mandato como secretario general, el experimento tuvo una existencia efímera y una trascendencia insignificante.

Dolores Ibárruri, que asistió en sus últimos días al desgarro del partido que había contribuido a forjar, murió el 12 de noviembre de 1989, pocos días después de que la caída del Muro de Berlín marcara el inicio del colapso del mundo surgido de la Revolución de Octubre. Santiago Carrillo abandonó la política activa y recuperó, en cierta forma, su lejana carrera periodística. Se convirtió en contertulio habitual de la radio y columnista en diversos medios, cultivando su imagen de figura emblemática de la transición. En octubre de 2005 recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid en reconocimiento a lo que probablemente haya sido su principal contribución y la del PCE a la sociedad española actual: la formulación de una cultura de superación del conflicto civil para la consecución de un marco democrático de convivencia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Avilés, Juan: Pasionaria, la mujer y el mito, Plaza & Janés, Barcelona, 2005.

Claudín, Fernando: Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Planeta, Barcelona, 1983.

Morán, Gregorio: Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985, Planeta, Barcelona, 1986.

Vázquez Montalbán, Manuel: Pasionaria y los siete enanitos, Planeta, Barcelona, 1995.

FRANCISCO LARGO CABALLERO

por

JULIO ARÓSTEGUI

Francisco Largo Caballero (Madrid, 1869-París, 1946) fue el más destacado líder obrero del siglo XX español en la «edad de oro» del movimiento reivindicativo del obrerismo. Esa aseveración es especialmente cierta tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925. La figura y la obra de Largo Caballero han sido siempre muy controvertidas, fuera y dentro del socialismo. Con pocas excepciones, la historiografía le ha sido adversa. Nadie ha negado, sin embargo, la trascendencia, para bien o para mal, de su obra política y sindical. Esta ha sido discutida, paradójicamente, desde dos posiciones encontradas que han permitido hablar también de «los dos Caballero».

Para unos (Joaquín Maurín, Juan Andrade) se trató de la revivificación de Pablo Iglesias mismo, del definidor del reformismo socialista, del colaboracionismo con la burguesía, actuando como «adormideras» —ambos dirigentes y otros socialistas— del impulso revolucionario del obrerismo. Para otros (Gabriel M. de Coca, Andrés Saborit y toda la literatura de inspiración franquista y neofranquista), fue el paradigma del revolucionarismo, de la radicalización política de un sector muy mayoritario del socialismo, el hombre de la revolución de 1934, de la bolchevización y de la dictadura del proletariado (el «Lenin español»), responsable de buena parte de la violencia social en 1936 y, por ende, de la desembocadura en una guerra civil.

Hoy resulta casi ocioso decir que ambas visiones son falsas y lo es más aún su carácter excluyente. Ninguna de ellas explica por sí misma la significación histórica del personaje cuyo proyecto obrerista no puede entenderse fragmentariamente sino a través de su desarrollo completo. La significación histórica de Largo Caballero necesita de una profunda revisión. No hubo «dos Caballero», sino el despliegue en su obra de procedimientos de reivindicación obrera adaptables, pragmáticos, tacticistas y, ciertamente, alguna vez, oportunistas y, en otros casos, quiméricos. Pero con un horizonte permanente de progreso social gradualista para el mundo obrero. «Intervencionismo en el Estado burgués» y «revolución del proletariado» fueron para él dos tácticas en modo alguno excluyentes —como no lo fueron para una buena parte del socialismo—. No fueron, justamente, dos principios doctrinales sino dos «tácticas» en un único horizonte: la reivindicación de clase como objetivo único de toda la acción obrerista.

Francisco Largo Caballero, nacido en octubre de 1869 en el castizo barrio madrileño de Chamberí, tuvo una infancia muy difícil —dickensiana, escribiría E. H. Meaker—. Acabó adoptando el oficio de estuquista, relativamente elitista en el mundo de la construcción, en el que permaneció activo hasta comienzos del siglo XX. Fue, él mismo lo señalaría en bastantes ocasiones, un hombre de escasa instrucción, pues su escolarización terminó definitivamente a los siete años de edad. Su aprendizaje posterior, que lo hubo, fue autodidacta y práctico. No tenemos una idea cabal de cuáles fueron sus lecturas reales aunque sabemos que poseía una biblioteca y que era comprador de libros. De Marx y otros definidores de primera línea del marxismo debió conocer directamente solo opúsculos. Su aprendizaje tuvo sin duda mucho que ver con el magisterio de Pablo Iglesias y con lo aprendido en el curso de la militancia. Fue escritor tardío —a partir de 1910—, poco hábil en principio, según confesión propia también, que mejoró mucho con el tiempo y la necesidad creciente desde sus puestos en la dirigencia de expresarse por escrito. Al fin, sus escritos adquirieron un volumen considerable, en la prensa y en la polémica, y los más importantes, Notas Históricas de la Guerra de España y Mis Recuerdos (este con dudas razonables sobre su entera autoría), quedaron inéditos a su muerte.

Largo Caballero ingresó en la Unión General de Trabajadores en 1890, a los veintiún años. Su afiliación al Partido Obrero, como se le llamaba entonces, fue algo más tardía, en 1894. Según escribiría, el descubrimiento de Iglesias y del socialismo obrero tuvo el efecto de «la luz en las tinieblas». Ocupó pronto cargos sindicales relacionados con su oficio. Al comenzar el nuevo siglo los primeros de ellos fueron ya de mayor alcance como secretario y presidente de la Casa del Pueblo madrileña. En el partido la promoción sería más tardía, aunque no fue así en la Agrupación Socialista Madrileña, de la que sería presidente durante años, al comienzo de siglo y luego en los tiempos de la República y la guerra civil. Fue hombre, además, de amplísima actividad societaria —presidente de la Mutua Socialista Madrileña, de la Fundación Cesáreo del Cerro, representante obrero en diversos organismos, como el Banco de España, etc.— que él siempre creyó consustancial con la militancia sindical.

En 1904 se incorporó al entonces creado Instituto de Reformas Sociales como miembro de la representación obrera. Llegó a formar parte de su Consejo de Dirección y en él permanecería durante toda la vida del organismo. En 1905 ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento madrileño, un cargo que repetiría a lo largo de varias legislaturas hasta la época de la dictadura de Primo de Rivera y que le llevaría también a ser diputado provincial. Fue diputado en el Congreso por vez primera en 1917, elegido junto a los compañeros presos en Cartagena y condenados a cadena perpetua por los sucesos de 1917 —Besteiro, Anguiano, Saborit— a los que acompañaron Iglesias e Indalecio Prieto. Lo sería de nuevo a partir de 1931. Durante la Dictadura fue consejero de Estado como miembro del Consejo de Trabajo, en medio de polémicas y críticas. Ministro de Trabajo y Previsión Social con la República —la primera vez que un obrero llegó a un cargo de tal índole— sería luego presidente del Gobierno, ya en la guerra civil, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Fue el dirigente obrero más preocupado por los contactos internacionales del socialismo español y ocupó puestos directivos en la Federación Sindical Internacional y en la Oficina Internacional del Trabajo.

En las filas socialistas, del sindicato y del partido —como uno de los protagonistas de la simbiosis generalizada de los cargos entre una y otra organización—, fue vicetesorero y vicepresidente de la UGT, secretario general a partir de 1918, para continuar en tal cargo durante veinte años, con alguna intermitencia debida a las discrepancias internas. Concluyó también su mandato, en medio de críticas circunstancias, a fines de 1937. Vocal de la Comisión Ejecutiva del partido, fue vicepresidente y luego presidente del mismo entre 1932 y 1935, cargo del que dimitió en medio de disputas internas en diciembre de este último año. Desde fines de 1937 hasta su muerte en el exilio en París, en marzo de 1946, no volvió ya a desempeñar ningún nuevo cargo, pero su influencia siguió siendo importante.

Conviene señalar que su pensamiento sindical y político tuvo inspiración en el magisterio de Iglesias, en el pablismo. Contra lo que ha solido afirmarse, el verdadero heredero doctrinal de Iglesias no fue Julián Besteiro, aunque fuese realmente su sucesor personal de hecho, sino que Largo Caballero y el caballerismo constituyeron su última evolución. Él mismo reclamó tal herencia en múltiples ocasiones y fue quien realmente llevó a la práctica en los años de expansión, desde 1917, los postulados del fundador. Las ideas pablistas ponían énfasis en el primado de la organización y su preservación, en el uso moderado y hasta restrictivo de instrumentos reivindicativos como la huelga, la penetración en los organismos estatales donde se elaboraban las políticas sociales, lo que se acabaría conociendo como intervencionismo, frente a la táctica de la acción directa mantenida por los anarcosindicalistas. Ello daría lugar a la caracterización de reformista para el socialismo pablista, una caracterización que durante mucho tiempo afectó plenamente también al caballerismo, especialmente para sus críticos dentro del movimiento obrero.

La revolución social, integrada siempre en el vocabulario y la doctrina pablista y, por ende, de Caballero, se entendería así como un «proceso», sin horizonte temporal preciso, que debía convivir con las reivindicaciones inmediatas. La revolución se convertía así en un horizonte de la transformación social, no en un presupuesto táctico primordial. De otra parte, el pensamiento sindical caballerista tuvo también como orientación básica su evolución hacia el sindicalismo político, con sus frutos y realizaciones más caracterizadas desde los últimos tiempos de la dictadura de Primo de Rivera.

La primera gran prueba para el movimiento socialista en el siglo XX y, por ende, para el Largo Caballero dirigente sindicalista fue la huelga general revolucionaria de 1917. Tuvo en su preparación un papel fundamental, en el contacto y acuerdo con el anarcosindicalismo y en la evolución del movimiento desde su originario sentido de protesta social —en medio de las dificultades de la clase obrera provocadas por las condiciones e impacto de la Gran Guerra en España— hacia la huelga revolucionaria de carácter político para derribar la Monarquía. Fue elegido secretario general de la Unión General de Trabajadores en su XIII Congreso, septiembre-octubre de 1918. El periodo más brillante y decisivo de la historia de la UGT se desarrolló bajo su secretariado durante los veinte años siguientes. La transformación del sindicato fue decisiva. Hizo de él una organización más moderna, empezando por su reorganización burocrática, hasta culminar, ya a fines de la década de los veinte, en su estructuración en Federaciones de Industria —una transformación en la que le precedió la CNT y que en UGT tropezó con diversas dificultades. Su visión, elaborada desde antes, la expuso en un breve libro publicado en 1925, Presente y Futuro de la Unión General de Trabajadores de España, breve compendio de la historia del sindicato y previsión de su futuro.

Aunque no de manera constante, el volumen asociativo de la central creció desde entonces sin retrocesos, manteniéndose siempre por encima de los 200 000 afiliados hasta superar el millón y medio en los años treinta. Largo Caballero supo prever el futuro del sindicalismo como instrumento esencial de reivindicación pero también como organización activa en la política con un tipo especial de relación con el partido, que no equivalía a la subordinación a él sino a una especie de asociación federativa sobre la que se pronunció y escribió especialmente en los años 1929 y 1930, sin que llegara a realizarse.

Antes del golpe de estado de Primo de Rivera, en 1923, Largo Caballero hubo de enfrentarse a dos grandes retos: conseguir la unidad organizativa del proletariado militante mediante la fusión de las dos grandes centrales, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la UGT y, por otra parte, combatir las corrientes socialistas proclives a seguir el ejemplo de la revolución rusa, ingresar en la III Internacional y eliminar a los «reformistas» de los cuadros socialistas. En ninguna de ambas empresas alcanzó un éxito definitivo. La unidad en la acción del proletariado sería para Caballero un principio táctico fundamental, entonces y después. Sin embargo, la fusión con la CNT solo alcanzó a una convergencia de propósitos en un breve periodo en 1920.

Por otra parte, Largo Caballero, junto a Pablo Iglesias y los principales dirigentes socialistas, se opuso a la integración del socialismo español en la III Internacional, rechazando las condiciones impuestas para ello —las célebres 21 condiciones—, que incluían la eliminación de los líderes reformistas, lo que equivalía al descabezamiento de la organización española. Los partidarios de la línea bolchevique —los terceristas en el lenguaje de la época— lograron, sin embargo, un impulso capaz de provocar una escisión en el PSOE dando lugar a la creación final del Partido Comunista de España en 1921. La UGT, por el contrario, bajo la influencia directa de Caballero, salió casi indemne de la crisis.

La dictadura de Primo de Rivera fue un momento crucial para la historia del socialismo español y en él se ha atribuido a Largo Caballero un protagonismo que no le corresponde en forma alguna en exclusiva. El hecho es que en la política de «colaboración» con la Dictadura ni estuvo solo ni fue el único responsable. Julián Besteiro, desde 1925 presidente del PSOE y de la UGT, fue aún más decidido partidario. Líderes sindicales de relieve como el asturiano Manuel Llaneza estuvieron incluso más implicados. La cuestión de la colaboración con la Dictadura generó serias divergencias en el interior del socialismo y críticas acerbas dentro del movimiento obrero. Lo cierto es que el socialismo no se opuso activamente al dictador, mantuvo su organización y se avino a participar en algunas de las instituciones y disposiciones laborales que la Dictadura puso en marcha. De forma tal que el sindicato aceptó la Organización Corporativa Nacional del ministro Eduardo Aunós, aunque con críticas y reticencias que el propio Caballero expresó en sus escritos y discursos. El socialismo participó en el Consejo de Trabajo —como los sindicatos católicos, por ejemplo—. Caballero justificó, por lo demás, su presencia en el Consejo de Estado, aunque era un cargo de designación real, por haber accedido como representante del Consejo de Trabajo del que era miembro electivo. Fueron los «políticos» los grandes opositores a la colaboración, encabezados destacadamente por Indalecio Prieto, seguido de Fernando de los Ríos, Teodomiro Menéndez y otros dirigentes menos relevantes pero numerosos.

Las crecientes diferencias sobre la política socialista respecto a la Dictadura acabaron sustanciándose en sendos congresos extraordinarios en 1927 en sentido negativo. Desde 1929, Largo Caballero alineó sus posiciones con las de Prieto y sus seguidores, convencido del acabamiento del régimen dictatorial y de las posibilidades que había ofrecido.

La crisis de la Dictadura abrió la de la propia Monarquía. Largo Caballero, junto a Prieto y De los Ríos, fueron los impulsores máximos de la integración socialista en el movimiento promotor de la instauración inmediata de una república. Para Caballero el cambio de frente fue ostensible. La República abría unas posibilidades «revolucionarias» que no podían desaprovecharse. El año 1930 fue decisivo en el comienzo del nuevo camino. Largo Caballero, independientemente de la acción más personal y dispersa de Prieto —que no era miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en aquellos momentos— fue el dirigente que mayor empeño puso, en las tormentosas reuniones celebradas por las ejecutivas del partido y del sindicato, en la incorporación del socialismo al movimiento por la República. Formó parte del Comité Revolucionario establecido por los republicanos, junto a Prieto y De los Ríos, e hizo triunfar la política de la participación socialista en el Gobierno que se constituyese. Sintetizó su posición en la disyuntiva «creer o no creer» —en las posibilidades del movimiento—. Para él, era el momento de creer.

El fracaso de la vía insurreccional y huelguística puesta en marcha por el Comité en diciembre de 1930 para derribar la Monarquía acarreó un inmenso debate en el socialismo en el que las responsabilidades por ello se discutieron agriamente durante mucho tiempo, especialmente en 1932, en el XIII Congreso del PSOE, sin aclararlas nunca del todo. Caballero las atribuyó siempre a la oposición besteirista, contraria a la participación en el movimiento. De ahí su creciente distanciamiento de Besteiro. Por todos estos hechos, Largo Caballero y De los Ríos serían encarcelados en Madrid, mientras Prieto se zafó de ello como en otras muchas ocasiones. La ruptura en el seno del socialismo se consumó a fines de enero de 1931, con la salida de sus cargos de Besteiro, Saborit, Trifón Gómez y demás seguidores.

Tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, Caballero pasó a desempeñar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el que permanecería hasta la salida de los socialistas del Gobierno en septiembre de 1933. Su obra ministerial constituye la parte más brillante de su biografía pública de tal forma que significó un paso histórico en el sistema de relaciones laborales en España cuyo espíritu no experimentó retrocesos ni siquiera durante la dictadura de Franco. Caballero fue el impulsor, e incluso el redactor, de algunas de las grandes leyes laborales de la época: comités paritarios, contrato de trabajo, términos municipales, accidentes del trabajo en la agricultura, control obrero en la industria (que no llegó a aprobarse), cooperativas, etc. Pero tan importante como ello fue la reorganización de los servicios ministeriales que hicieran del Estado el organizador y garante del sistema de relaciones laborales, con la creación de las Delegaciones Provinciales de Trabajo y la reforma de la Inspección. Con su labor evidentemente creyó contribuir a la preparación de un Estado social que facilitaría la llegada del socialismo. En parte la obra quedó frustrada por la actuación de los gobiernos posteriores, pero marcó claramente el camino al futuro. La historia de las relaciones laborales tiene un antes y un después del Ministerio de Largo Caballero.

La salida de los socialistas del Gobierno, al caer el presidido por Manuel Azaña en septiembre de 1933, marcó decisivamente el futuro del PSOE, de la República y del propio Largo Caballero. Los socialistas se sintieron «expulsados del poder». La fe en la posibilidad de hacer una política de amplia reforma social y de avanzar en la República hacia la «democracia socialista» estaba ya quebrantada desde antes, para Caballero desde el verano de aquel año según expresaría en sus célebres Discursos a los trabajadores. Se fija, pues, comúnmente en ese momento el comienzo del proceso político que se ha conocido en general como el de la radicalización del socialismo, cuyo protagonismo absoluto se adjudica al principal dirigente sindical, Largo Caballero.

Una vez más es preciso enfrentarse con denuedo a un inveterado mito que afecta especialmente a su figura: el que convierte a Largo Caballero en el fautor único de la radicalización, con el asesoramiento áulico del siempre tenido por su mentor intelectual, Luis Araquistáin, en un proceso acrecentado desde finales de 1933 y la pérdida de las elecciones, pero que realmente había comenzado meses antes. Largo Caballero aparece así convertido, de la noche a la mañana, con un cambio más que radical, en el propulsor de la revolución del proletariado, de la conquista del poder republicano por vías no democráticas y de la instauración de la República socialista de forma inmediata. Convertido en, según se dijo, el «Lenin español». Este mito, como todos, integra algunas apreciaciones reales ahogadas, sin embargo, en exageraciones, mixtificaciones, falsas atribuciones y simplificaciones interesadas de los hechos. Lo primero a señalar es que si hubo tal «radicalización» no fue la de Largo Caballero, sino la de la masa muy mayoritaria de socialistas, de la inmensa mayoría del proletariado y de las clases bajas no proletarias, afectadas por una dura crisis económica y la frustración general ante un reformismo republicano que no había conseguido sus objetivos, amén del peligro del fascismo, triunfante en Alemania y amenazante en Austria y otros países europeos.

El propósito de la vía insurreccional para detener la temida involución, en parte visible, fue, desde luego, alimentado en las filas socialistas antes de la derrota en las elecciones. No fue Caballero su iniciador, pese a su pérdida de fe en las posibilidades de transformación socialista en la República y en la alianza con los republicanos. Antes de las elecciones era escéptico sobre la posibilidad de una toma del poder que algunos reclamaban. Tras su pérdida, el temor por la destrucción de lo conseguido subió aceleradamente de tono. En las filas socialistas se abrió un amplio debate.

Largo Caballero fue el hombre de la «revolución de Octubre», desde luego. Pero el sentido de aquella decisión táctica fue bastante complejo y contenía elementos diversos: la defensa de la República ante quienes intentaban desvirtuarla y también la implantación de una transformación socialista real. La insurrección de Octubre fue un fracaso sin paliativos. En contra de lo afirmado por algunos autores, su organización estuvo presidida por numerosas insuficiencias, tal y como afirmó el propio Caballero sin ambages. Se preparó con la confusión entre huelga general e insurrección armada y, además, no como una iniciativa a plazo fijo sino como reacción condicionada a las decisiones de los tenidos por enemigos de la República. Sus cuadros no se perfilaron nunca, no hubo en realidad armamento del pueblo, las consignas circularon con dificultad y no llegaron a muchos sitios. Según Caballero, por la resistencia de muchos de los implicados. La responsabilidad de Caballero mismo, que presidió el comité clandestino, parece clara, pero él procuró verterla sobre otros muchos. Solo tuvo éxito en Asturias, donde se dio la circunstancia imprescindible para hacerla triunfar: la unidad de acción de las fuerzas del proletariado. Sin embargo, Octubre fue siempre exaltado por el caballerismo y la izquierda socialista y comunista como un hecho heroico, lleno de profundas enseñanzas para el futuro, pero nunca pudo realizarse un debate a fondo sobre su realización.

Las consecuencias fueron decisivas. Caballero permaneció encarcelado hasta diciembre de 1935, en que fue absuelto del proceso al que fue sometido. Ahondó su convencimiento de que el futuro del obrerismo estaba ligado a la acción autónoma del propio movimiento obrero. Sus diferencias con Indalecio Prieto experimentaron una profundización definitiva. La disputa interna creció en los organismos directivos y trascendió ampliamente a la polémica en la prensa y en las manifestaciones de los líderes. En ella se decantó el camino, desde marzo de 1935, que llevaría a una nueva conjunción con el republicanismo bajo la forma del Frente Popular, pactado en enero de 1936.

Largo Caballero y sus seguidores cercanos, que controlaban la ejecutiva del PSOE y la de la UGT —fundamentalmente De Francisco, Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás, Díaz Alor, Zabalza y otros— nunca fueron enemigos de una nueva convergencia con el republicanismo. Al contrario, consideraban que solo con ella y un triunfo electoral podría conseguirse acabar con la tremenda represión gubernamental que desencadenó Octubre y hacer salir de las cárceles y del ostracismo a decenas de miles de represaliados.

El problema fue siempre el alcance de esa nueva alianza y la dirección socialista que habría de realizarla. Largo Caballero expuso que aunque solo se consiguiera la amnistía esa nueva convergencia estaría ya justificada. Sin rechazar, pues, tal convergencia circunstancial, pues no podía hacerlo, insistió en la política autónoma para el movimiento obrero dentro de una República gobernada por el momento por los republicanos. Prieto estimó siempre que la República solo podría sostenerse sobre la vieja alianza republicano-socialista o socialista-republicana como formuló Fernando de los Ríos, fiel seguidor suyo. La disputa culminó en diciembre de 1935 con la dimisión de Largo Caballero de la presidencia del PSOE y la salida de sus partidarios de la dirección.

Largo Caballero no fue nunca un frentepopulista convencido. Durante la primavera de 1936, bajo el gobierno del Frente Popular, fuera de los órganos directivos del PSOE pero fuerte en la Agrupación Socialista Madrileña, con el apoyo de las Juventudes y, sobre todo, con el control de la UGT, Caballero consiguió imponer su política de no participación en el Gobierno. Creía que era el republicanismo el que debería llevar esa responsabilidad hasta agotar su proyecto, que abriría las puertas a los proyectos socialistas con un proletariado unido. En esta situación se produjo el confuso episodio, tergiversado también contra Caballero sin fundamento documental serio, del encargo a Prieto de formar un gobierno cuando Azaña ascendió a la Presidencia de la República al comenzar mayo de 1936. La posición mayoritaria del grupo parlamentario socialista, ciertamente dominado por el caballerismo, y algunos diputados más, a la participación ministerial frustró un proyecto en ese sentido que, por lo demás, ni Prieto defendió clara ni acendradamente porque quizá no creía en su viabilidad. La responsabilidad de Largo Caballero se diluye, una vez más, en la de un sector muy mayoritario del socialismo.

Largo Caballero mantuvo su lenguaje, desde la campaña electoral, propugnando la toma del poder por el proletariado, la implantación de la República socialista y la dictadura del proletariado, tras su necesaria unidad, una vez agotado el proyecto republicano burgués. Su discurso no fue, en forma alguna, más violento que el de sus enemigos y contradictores de la derecha. Expresó con claridad que la Revolución «no era para mañana». No se opuso a la política sindical de huelgas reivindicativas, que creía necesarias e imparables, sin aceptar que el fuerte conflicto social de aquellos meses tuviera su origen en tales reivindicaciones. No admitió los excesos de algunas actitudes y hechos.

Las posiciones obreristas a ultranza y su lenguaje y terminología incitantes a la preparación —no a la realización, entiéndase bien— revolucionaria han alimentado también la mixtificación de que su postura tuviese mucho que ver con la deriva que llevó a la conspiración y sublevación militar. La gratuidad de esta atribución fue ya señalada por el dirigente mismo en sus escritos posteriores. Caballero conocía la existencia de la conspiración perfectamente. Nunca creyó que pudiera detenerse por la detención igualmente de la constante reivindicación social, pero condenó explícitamente los excesos violentos que, según él, nadie en sus filas sostenía ni deseaba.

La sublevación y la guerra civil hicieron modificar, en parte al menos, algunos de los postulados en que Caballero y el caballerismo habían basado su política. Pero esta modificación se entendió también como provisoria. Lo urgente era vencer al fascismo. La idea central fue la de una amplia alianza de todas las fuerzas defensoras de la República contra el fascismo sublevado. Una alianza «entre clases». Caballero, con toda la UGT y el PSOE, fueron partidarios desde el momento mismo del alzamiento de armar al pueblo para la defensa de la República. Por ello se negó a prestar su apoyo al intento de gobierno que llevó a cabo Martínez Barrio el 19 de julio.

Mucho se ha escrito y discutido sobre las intenciones de Largo Caballero en relación con la gobernabilidad de la República una vez que la sublevación no pudo ser detenida en breve plazo. Se le ha atribuido la intención de apoderarse del poder, imponer un gobierno obrero y de acabar, por tanto, con la política de Frente Popular. Ningún testimonio —los hay muy escasamente fiables— o documento fehaciente ha podido mostrar hasta hoy que Caballero alimentase ciertamente tal intención. Sí es cierto, por el contrario, que sus críticas al gobierno de Giral y a la dirección de la guerra fueron constantes y crecientes a lo largo de julio y agosto, lo mismo que sus manifestaciones sobre la absoluta necesidad de que las fuerzas obreras estuviesen presentes en el Gobierno.

Largo Caballero subió a la presidencia el 5 de septiembre. Compuso un gobierno no obrero sino formalmente de concentración frentepopulista, lo que descabalgó los temores de algunos pero aumentó los de otros. En él estarían presentes socialistas, comunistas, republicanos de izquierda, nacionalistas vascos y catalanes, pero no, pese a la intención de Caballero de convergencia total, los anarcosindicalistas. No obstante, se incorporarían de manera inédita al Gobierno en el mes de noviembre siguiente.

El momento culminante de la trayectoria política de Largo Caballero, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, también se ha discutido profundamente, desde la opinión política y desde la historiografía, con el predomino de las visiones negativas. Ciertamente, el proyecto político de guerra de constituir una alianza estrecha de todas las fuerzas que defendían la República, «renunciando a las propias ideologías», acabó en un fracaso. No fue posible mantener una alianza coherente, que empezó a hacer aguas gravemente a partir de febrero de 1937. Su dirección de la guerra abundó también en desaciertos, personalismos y falta de unidad que acabaron concitando la oposición encabezada destacadamente por los comunistas, pese a éxitos como el comienzo de la creación de un Ejército Popular. La decisión de detener toda pretensión revolucionaria en favor del esfuerzo de guerra concitó aprobaciones pero enajenó de hecho a sectores importantes del obrerismo. Sus ideas negativas sobre la defensa de Madrid le pasaron factura. En definitiva, se ha mantenido, como hiciese Fernando Claudín, que Caballero careció de un verdadero proyecto político de guerra que acabaron imponiendo en definitiva fuerzas como el comunismo.

La caída de Caballero y su Gobierno el 17 de mayo de 1937 vino precedida de una fuerte lucha con los comunistas, opuestos a su política militar —una política que Caballero se obstinó en mantener en su mano—, con quienes acabaron coincidiendo las demás fuerzas políticas con excepción de la UGT y los anarcosindicalistas e incluido todo el sector no caballerista del socialismo encabezado por Prieto. Caballero rechazó enérgicamente la propuesta, que los comunistas aceptaban, de que continuara al frente del Gobierno pero no del Ministerio de la Guerra. No hubo posibilidad de avenencia. Caballero atribuyó desde entonces la derrota de su política más aún que a los comunistas a los manejos de los socialistas que le eran adversos, personificados en Prieto. Nunca olvidaría esta derrota, cuya descripción y análisis ocupa una parte mayoritaria de sus escritos autobiográficos posteriores. Salido del Gobierno, derrotado en su proyecto, desposeído de todo poder en el partido e integradas plenamente las Juventudes Socialistas Unificadas en la órbita comunista, Largo Caballero solo se mantuvo fuerte a la altura de mayo de 1937 en la UGT, cuyo control había tenido junto a sus seguidores con ligeras intermitencias —entre octubre de 1932 y febrero de 1934—. Pero lo ocurrido con la UGT en el verano de 1937 decidió, en definitiva, la derrota de Caballero y el caballerismo dentro del movimiento socialista.

Lo que él mismo denominó el «pleito de la UGT» se desarrolló sobre el fondo bien visible del intento de impedir el control del sindicato por la línea comunista, que había penetrado ampliamente y que apoyaba sin disidencias al gobierno Negrín, mientras Caballero y los suyos adoptaron una política cuando menos crítica del nuevo poder del que estaba excluido todo el caballerismo. La UGT se había negado a participar en cualquier gobierno que no estuviese presidido por Caballero. La política que siguió este y la Comisión Ejecutiva fue la de expulsar de la central aquellas federaciones de industria que dominaban los comunistas o estaban fuertemente influidas por ellos, basándose en dudosas exigencias estatutarias, entre las que figuraba el atraso en los pagos de las cuotas. En el sector procomunista figuraban conocidos dirigentes como Amaro del Rosal, Felipe Pretel, César García Lombardía, Antonio Génova, Edmundo Domínguez y Ramón González Peña. La lucha llegó a la escisión al convocar y celebrar los disidentes un Comité Nacional a fines de septiembre en el que depusieron a la ejecutiva caballerista.

Aunque se intentaron varias soluciones de acuerdo, Largo Caballero de hecho nunca regresaría a la dirección del sindicato ni a ostentar cargo alguno público. Paralelamente, en septiembre de 1937, Caballero fue apeado de su cargo de presidente del grupo parlamentario y con él salieron de la dirección los demás caballeristas. El diputado caballerista Crescenciano Bilbao acertó a definir la situación con trágica agudeza: «hablemos claro. Estamos derrotados».

Largo Caballero abandonó España a fines de enero de 1939. Carente de medios de acción y excluido de cualquier organismo directivo, con sus seguidores dispersos, no participó de las duras batallas del exilio socialista que se desarrollaron en 1939. El exilio sería para él un calvario de privaciones, persecuciones y zozobras que no concluyeron sino cuando en abril de 1945 fue liberado del campo de concentración nazi de Sachsenhausen donde estuvo recluido dos años, desde 1943. Perseguido por el régimen fascista de Vichy, este, sin embargo, no se decidió a conceder la extradición solicitada por Franco. Caballero se negó a marchar a América cuando era posible y después fracasó en sus intentos de conseguirlo. Luego cayó en manos de los nazis.

Regresado a París en septiembre de 1945, los últimos seis meses de su vida los entregó al esfuerzo por buscar vías para el derrocamiento de Franco, intentando, una vez más, conseguir la unidad de las fuerzas antifranquistas, sin excluir a los comunistas, lo que era política común de las demás fuerzas y que le procuró críticas. En esta empresa entró en estrecha relación con Indalecio Prieto, enemigos durante años, y pergeñaron la vía que se conoció como «transición y plebiscito» que Prieto difundió ampliamente en América y Europa. Caballero escribió en el exilio sus más importantes textos y entonces, en el último periodo, bastantes opúsculos y reflexiones sobre el socialismo, llenos de máximas morales y de fe inquebrantable en los destinos del movimiento.

Sus seguidores controlaron en gran medida el movimiento socialista en Europa llegando al final al acuerdo con las posiciones de Prieto en México, en una lucha común por descartar las tendencias negrinistas. La memoria del dirigente tuvo más persistencia que ninguna otra en el movimiento socialista, junto a la de Iglesias.

La historia de Francisco Largo Caballero, en definitiva, está compuesta de victorias decisivas y de fracasos no menos contundentes. Fue, en todo caso, el dirigente más cercano a las masas y el más seguido al menos en veinte años de su trayectoria. Pero sobre todo su significación histórica no puede separarse de la consideración de que fue un dirigente obrero ligado estrictamente al destino de su clase. Pese a sus numerosos cargos públicos, dijo con énfasis que nunca tuvo que «volver a la clase obrera porque jamás salí de ella»…

A la hora de su muerte, su gran amigo, seguidor y protector en el exilio, Rodolfo Llopis, acertó a definirle de la forma más sentida y brillante que se hiciese nunca: con Largo Caballero, escribiría, había muerto el hombre más representativo de su clase. Y con él una época fundamental de la historia del movimiento obrero en España.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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EL GENERAL EMILIO MOLA

por

JUAN CARLOS LOSADA

Mola fue el gran urdidor del «18 de julio». Sin su decidida actividad conspiradora, la guerra posiblemente no hubiese estallado o no con los planteamientos tan cruentos con que los hizo. Mola supo organizar, convencer, arrastrar, recabar apoyos y actuar con suma crueldad. Sin duda tuvo mucha más responsabilidad que otros militares golpistas y, por supuesto, que el mismo Franco en la organización de la sublevación. Sin embargo Franco y su régimen, quienes le debieron en gran medida su existencia, le empequeñecieron en la historia, de modo que la gente sabía más de la existencia del general Mola por las calles que llevaban su nombre en todas las localidades españolas que por el conocimiento de su figura en sí.

LA FORMACIÓN DE UN FANÁTICO AFRICANISTA

Emilio Mola Vidal nació en Cuba, en la provincia de Santa Clara, en julio de 1887. Era hijo de un capitán de la Guardia Civil allí destinado y de una cubana de familia catalana. En 1894 la familia viajó a España y se instaló en Gerona en donde el joven Emilio cursó el bachillerato. Luego, en agosto de 1904, con diecisiete años escasos, ingresó como cadete en la Academia de Infantería de Toledo. La honda impresión de derrota del 98, de deshonor y de la presunta traición de los políticos, la compartió con muchos de sus compañeros de la institución, lo que fue forjando en su persona un carácter hostil al mundo civil, al que veía lleno de vicio y corrupción frente al limpio y honorable mundo militar.

Antes de cumplir los veinte años ya estaba combatiendo en Marruecos como teniente. Psicológicamente era una guerra fácil; el enemigo era claro, evidente… eran los moros, crueles combatientes de una fe diferente y que practicaban una guerra en la que no se hacían prisioneros. En esta guerra primitiva la única regla era la valentía que debía llevar a vencer o morir. En 1909 ya fue condecorado y en 1911 pasó a ser oficial de Regulares, unidad que el general Berenguer había creado recientemente. Una herida sufrida un año más tarde le supuso el ascenso a capitán por méritos de guerra y poco después, también por su meritoria actuación en el frente, a comandante. Tras algunos destinos en la península, como Barcelona y Madrid, volvió a África en donde se mostró muy activo en los combates. En 1921 fue ascendido a teniente coronel y, tras un breve paso por Santander, de nuevo volvió a Marruecos. Allí logró el ascenso a coronel y participó en el decisivo desembarco de Alhucemas. En 1927, con la zona ya pacificada, alcanzó el grado de general de brigada (nunca más sería ascendido) y recibió la Medalla Militar, asumiendo la comandancia militar de Larache. De esta manera toda su carrera militar la había realizado en África marcando a fuego sus concepciones militares y políticas.

LA FORJA DE UN GENERAL CONTRARREVOLUCIONARIO

Cuando la dictadura de Primo de Rivera llegó a su fin, Mola estaba en Larache. Sin embargo, su viejo jefe y mentor Dámaso Berenguer fue ascendido a la jefatura del Gobierno inaugurando la «dictablanda», por lo que recabó a Mola para el puesto de director general de Seguridad. Ese cargo le permitió aflorar y poner en práctica el estremecedor simplismo entre buenos y malos que había ido adoptando, siendo los últimos un conglomerado de marxistas, judíos, masones, separatistas y todos sus cómplices liberales. Era un sencillo traspaso maniqueo de la guerra de África entre españoles y moros. Sus breves y previas estancias en Barcelona y Madrid, le habían reafirmado en sus creencias que todos los males de España respondían a las fuerzas conspiradoras extranjeras, que empleaban las huelgas y los disturbios como sus armas preferidas. Obsesionado con toda acción subversiva que conspirase contra el orden establecido por la monarquía, viajó a Valencia para asistir, en abril de 1930, a un acto de Alcalá-Zamora. En él se autodefinió como republicano. De aquellos meses nacieron las estrechas relaciones que estableció con comisarios de policía ultrarreaccionarios tales como Martín Báguenas y Rodríguez Chamorro. Al mismo tiempo extendió sus vigilancias al Ejército, la Universidad, los círculos intelectuales como los ateneos, etc. y tejió una tupida red de espías y confidentes. Al efecto creó una junta anticomunista compuesta por militares y juristas. En ellas destacó el coronel José Ungría, por entonces el secretario español de la Entente Internacional contra la III Internacional, cargo que ostentaba aprovechando que era agregado militar español en Suiza, que era en donde estaba ubicada la organización. Mola, por aquellos tiempos, ya estaba muy influenciado por la propaganda antibolchevique de rusos blancos exiliados y compartía toda su retahíla de demenciales y simplistas preceptos ideológicos.

Ante la intensificación de las conspiraciones militares republicanas, su actividad se volvió febril en la segunda mitad de 1930. Detuvo a varios militares, entre ellos a Ramón Franco, y escribió a fines de noviembre al capitán Fermín Galán una sorprendente y afectuosa carta en la que le advertía que sabía que estaba preparando la sublevación en Jaca y le pedía que desistiera. Fracasó en su propósito y Galán, junto a García Hernández, fue fusilado.

Sin embargo, de donde Mola salió peor parado fue de los llamados «sucesos de San Carlos» acaecidos en la Facultad de Medicina de Madrid el 25 de marzo de 1931, en donde resultaron muertos un joven y un guardia civil, así como 16 heridos. El uso de la fuerza fue excesivo e indiscriminado y Mola fue acusado como máximo responsable. Cuando tres semanas después se proclamó la Segunda República el simple esquema político del general se derrumbó, aunque tuvo la habilidad de indicar que la fuerza era incapaz de vencer al masivo entusiasmo popular, por lo que había que negociar. Sin embargo, nada más proclamarse la República, temeroso de las represalias, se escondió durante una semana hasta que se entregó a Azaña el 21 de abril. Inmediatamente fue procesado por su actuación en los incidentes universitarios e ingresó en prisión militar, aunque a principios de julio pasó a simple arresto domiciliario.

Durantes estos meses escribió tres obras que serían publicadas dos años después: Lo que yo supe, Tempestad, calma y crisis y El derrumbamiento de la monarquía. Eran memorias en parte autoexculpatorias y en donde exponía sus primarios principios ideológicos. Además de ello, y como distracción, se dedicó a construir juguetes de madera, para lo que tenía una peculiar habilidad. Estas actividades han llevado a muchos a tejer una leyenda según la cual todo ello lo hacía para poder subsistir porque la situación en la que estaba le había llevado prácticamente a la indigencia. No es verdad, ya que, a pesar de estar retirado del servicio, percibía el ochenta por ciento de los haberes y la totalidad de lo que le correspondía por antigüedad y condecoraciones. Cuando en 1932, tras la «Sanjurjada», pasó definitivamente a la reserva, cobró el sueldo completo de general. A fines de 1933 cargó duramente contra Azaña en su obra El pasado, Azaña y el porvenir, que se publicó un año después.

Sus obras están bien escritas y revelan una cierta formación intelectual más allá de su simplismo ideológico. Reflejan su mentalidad ultrarreaccionaria, ajustan cuentas con la monarquía de Alfonso XIII, a la que achacan muchos de los males sobrevenidos, y critican duramente las reformas republicanas, la Universidad, y a los políticos e intelectuales a los que acusan, en general, de bolcheviques infiltrados.

GENERAL CONSPIRADOR

Mola se acogió a la ley de amnistía del nuevo gobierno Lerroux y se reincorporó al Ejército en abril de 1934. Enseguida se vio tentado por la Unión Militar Española (UME), pero su espíritu de casta le impidió, como general, integrarse en una entidad regida por simples oficiales. Franco, entonces jefe del estado mayor central por decisión de Gil Robles, nombró a Mola comandante militar de Melilla en el verano de 1935, y a fines de año jefe de todas las fuerzas de África. Desde su nuevo cargo, y tras los sucesos revolucionarios acaecidos en la península en octubre de 1934, Mola no dudó en entrar en contacto con militares que participaron en la represión de Asturias, así como con líderes falangistas del Protectorado. Es más; acudió a Madrid a petición de Franco y Gil Robles para estudiar una posible intervención militar en caso de que se produjese un nuevo intento revolucionario.

Por entonces ya eran del dominio público sus actividades conspiradoras y su filiación política de extrema derecha. Por ello, cuando el Frente Popular venció en las elecciones de febrero de 1936, se le destituyó de su puesto en Marruecos y se le envió a otro más tranquilo y de mucha menor relevancia militar. Se le privó, de esta manera, del mando de las mejores unidades del Ejército. Sin embargo, cuando el 4 de marzo abandonó Melilla, traspasó al teniente coronel Juan Yagüe —jefe de la Legión en Ceuta— la dirección de la trama conspirativa de África que ya había forjado. Obviamente divisó en su traslado no solo una acción preventiva del Gobierno (más que justificada), sino una ofensa personal que no haría sino reforzar sus ansias golpistas. Para Mola, con la subida de los «marxistas» y de su acérrimo enemigo Azaña al poder, la hora de la sublevación había llegado y solo quedaba concretarla. De paso por Madrid, aprovechó para contactar con sus antiguos colaboradores de la policía y con varios jefes y oficiales partidarios de la rebelión así como con la UME, que desde hacía tiempo ya venía conspirando por su cuenta. También lo hizo con Calvo Sotelo, con Luca de Tena, Goicoechea y, a través de alguno de ellos, también con Juan de la Cierva que estaba en Londres.

El gobierno republicano pensó erróneamente que alejándole de Madrid y llevándole a un lugar con poca guarnición como Pamplona se le desactivaría como conspirador. Ocurrió todo lo contrario, pues lejos de las ciudades más importantes pudo hacer y deshacer con mayor libertad al contar con menor vigilancia gubernativa. Mola llegó el 14 de marzo a Pamplona con el acuerdo de que el 20 de abril tendría lugar la sublevación. Además en la capital navarra contaría con el gran apoyo de la milicia carlista y ultraconservadora del Requeté, que poseía armas y se puso inmediatamente a su servicio, lo mismo que el enlace de la UME, capitán Gerardo Diez de Lastra. Semanas después le llegó la noticia del aplazamiento de la sublevación y, molesto por los retrasos fruto de la incompetencia, se puso al mando de las tramas golpistas.

Lo hizo con el amparo y permiso de Sanjurjo, al que se aludía como el «Jefe», por lo que Mola se nombró a sí mismo el «Director». Su actividad fue febril contactando con jefes y oficiales que tuviesen mando de tropa, sin importarle demasiado los galones. Envió decenas de correos por toda España a través de señoritas en viajes culturales o de «visitas familiares», o por medio de militares de paisano. Él, por su parte, se reservó para negociar con los generales.

Las actividades de Mola eran cada vez más descaradas, pero el presidente Casares Quiroga no le cesó. Además su amigo y contacto en la policía, Martín Báguenas, le avisaba de las inspecciones que estaban a punto de hacerse en Pamplona, dándole tiempo a esconder las evidencias conspirativas. Lo cierto es que el Gobierno temía más a una posible revuelta izquierdista y no quería dar «excusas» a los derechistas si actuaba con mano dura contra Mola por lo que, erróneamente, le dejó hacer a él y a otros, creyendo en sus falsas promesas de no sublevarse. A finales de junio todo estaba ultimado y se decidió que fuese la madrugada del 19 de julio el momento para la sublevación. Falso es, por tanto, una de las mentiras más extendida de que fue el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio lo que precipitó los acontecimientos.

El «Director» no era tonto y sabía que en Madrid era difícil que la sublevación triunfase. Vio que, con toda probabilidad, sería necesario llevar tropas desde las zonas que él controlase, por lo que se fijó en tratar de establecer un pasillo a través de la sierra del Guadarrama que permitiese a sus fuerzas llegar a la capital. Dada la fuerza de las organizaciones obreras, y fiel a su obsesión antimarxista, también sabía que había que aterrorizarlas desde el primer momento para disuadir la resistencia. De ahí sus conocidas directrices reservadas y asesinas; la primera, de finales de mayo, decía: «… Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». Otra orden, ya del mes de junio, fue aún más dura al establecer que la rebelión debía ser «de una gran violencia: las vacilaciones no conducen más que al fracaso». Iniciada la sublevación se reunió con los alcaldes navarros y les advirtió que «todo aquel que ampare u oculte a un sujeto comunista o del Frente Popular, será pasado por la armas». A fines de julio se negó a cualquier negociación con la República, reiterando que «esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España».

Su «idealismo», sin embargo, no le nubló la visión práctica y pidió a Gil Robles, según cuenta este, que se abriera una cuenta a su nombre, en un banco francés, con la suma de medio millón de pesetas. Acción similar a la que hizo Franco en gestiones con Juan March. Según narra Gabriel Cardona, el propio Mola habría afirmado: «Por la Patria estoy dispuesto a jugarme la vida, pero no los garbanzos». Durante aquellas semanas trató con Queipo de Llano, Cabanellas, falangistas, carlistas, dirigentes de la CEDA y Renovación Española, etc. y encajó un difícil rompecabezas de adhesiones que debía concretarse el 19 de julio. Mola aspiraba a una simple dictadura militar contrarrevolucionaria a cuyo frente estaría Sanjurjo, mientras otras fuerzas aspiraban a reinstaurar una monarquía y pugnaban por qué bandera o himno debían representar a los sublevados. El general Domingo Batet, jefe de la capitanía de Burgos, logró arrancar a Mola su palabra de honor, días antes de la rebelión, de que no se lanzaría a ninguna aventura ni que se sublevaría. El 19 de julio, sin embargo, lo hizo sin que sirviesen las llamadas de Batet ni del Gobierno ofreciéndole un Ministerio. Parece ser que, por teléfono, argumentó a Batet que lanzarse a salvar la patria no era ninguna aventura ni una sublevación. Si los garbanzos estaban por encima de la patria, ¡cómo no lo iban a estar sobre la palabra de honor!

LA DECADENCIA DE MOLA

Su habilidad y audacia para la conspiración no supo trasladarlas Mola a la guerra. Sus fuerzas no fueron capaces de llegar con rapidez a Madrid y rápidamente se vio reemplazado por Franco como receptor de la ayuda de Hitler y de Mussolini. Cuando Sanjurjo murió en accidente el 20 de julio Mola se vio inmediatamente relegado por los acontecimientos. Si hubiese podido llegar a Madrid se hubiera convertido en alguien imprescindible en la nueva configuración y con prestigio suficiente para exigir el poder. Pero su fracaso militar le hizo perder protagonismo. En la zona norte que él controlaba (Castilla y León, Navarra, Álava, Logroño, Galicia, Aragón, Cáceres y Mallorca) instauró una Junta de Defensa Nacional encabezada formalmente por el viejo e inoperante Cabanellas, junto con los generales Ponte, Saliquet y Dávila, entre otros. Sin embargo estaba aislado de Sevilla, donde mandaba Queipo de Llano, y de la Andalucía por la que inmediatamente se desparramaron los soldados de Franco.

Mola militarizó las milicias carlistas y las sometió a oficiales del Ejército, pues no estaba dispuesto a que ninguna opción política interfiriese en la acción militar ni en su mando. Es conocido lo que hizo con el heredero a la corona Juan de Borbón, «Juan López», que se presentó vestido de mono azul, boina roja y la bandera monárquica como brazalete. El 2 de agosto le expulsó de España con la amenaza de fusilarlo, «con todos los honores que a su elevado rango corresponden».

El poder de Mola se congeló, no fue más allá de su zona y se vio obligado a pedir armas y municiones a Franco y Queipo. Su importancia se redujo aún más al ritmo en que las fuerzas de Franco avanzaban fulgurantemente hacia el norte uniendo las dos zonas, mientras él no pudo conquistar casi ningún territorio. Además, el ejército de África se vio abastecido masivamente por alemanes e italianos mientras que a Mola se le dejó a su suerte.

A finales de julio todo había cambiado. Mola había sido el artífice y organizador del golpe de estado y era, por tanto, el militar políticamente más destacado, aunque solo fuese general de brigada. Pero los nuevos acontecimientos y las muertes o fracasos de Sanjurjo, Goded, Fanjul, etc. aumentaron considerablemente las posibilidades de Franco. El 13 de agosto Mola viajó a Sevilla para reunirse con este. Acordaron que las tropas del norte se centrarían en ocupar Guipúzcoa, lo que alejó más a Mola del ansiado Madrid. Franco supo, además, maniobrar para que Mola no recogiese el gran laurel al que todos aspiraban: la toma de la capital. Conquistar Madrid se había convertido en una obsesión y, tras comprobar que Mola fracasaba en las inmediatas horas, Franco no hizo nada para acelerar la caída. Sin embargo, Madrid siguió siendo el objetivo principal y Mola se trasladó a Ávila, en septiembre, para tratar de entrar en ella al mismo tiempo que las columnas que venían desde el sur al mando de Yagüe. Pero es sabida la maniobra de Franco de acudir a Toledo, a liberar el Alcázar, en una hábil jugada de propaganda que le daría prestigio, en vez de avanzar hacia Madrid, lo que le hubiera hecho compartir gloria con Mola. Franco comenzaba a anteponer sus intereses políticos sobre los militares, aunque ello supusiese prolongar la guerra y los sufrimientos.

Franco, junto con Queipo, se incorporó el 3 de agosto a la Junta de Defensa Nacional. Era, no obstante, el único, con Mola, que tenía mando real de tropas y que gozaba de gran prestigio entre ellas. Era claro que la competencia por el mando supremo estaba entre los dos. Sin embargo Mola había fracasado militarmente y tenía menor graduación que Franco. El 21 de septiembre se celebró la reunión de Salamanca que debía decidir quién dirigiría a los sublevados. Eran nueve generales, la mayor parte monárquicos, y acordaron no tener en cuenta las diferencias de grado entre generales de brigada y división. Kindelán propuso que un jefe dirigiese la guerra, sin mencionar nombre concreto. Mola se adhirió y Cabanellas se pronunció por un triunvirato. Después Kindelán propuso el nombre de Franco y nadie osó replicar, si bien se aplazó la proclamación oficial.

Una semana después, tras la propagandística liberación del Alcázar, Franco se alzó con la jefatura máxima con vagas promesas de una restauración monárquica. Mola tuvo que tragarse el sapo. En su contra también había jugado el hecho de no haber escondido su animadversión a Alfonso XIII, mientras que Franco tenía fama de monárquico.

Luego, cuando ya fue jefe supremo, Franco destinó a Mola al mando del ejército del Norte. No se movería de allí. Sus fuerzas lograron, a principios de septiembre, cerrar la frontera y el 22 de septiembre tomar San Sebastián (pobre consuelo ante el fracaso de Madrid), pero en Vizcaya se vio de nuevo detenido.

Franco ascendió a Mola y a otros al rango de generales de división. Fue un acto aparentemente generoso, pero que recordaba quién ostentaba el poder real y quién había sido el autor de los ascensos.

En marzo de 1937, tras fracasar definitivamente ante Madrid, Franco decidió acabar con el norte republicano. Mola dirigió de nuevo las operaciones.

CRUELDAD Y MUERTE DE UN VIOLENTO REPRESOR

Mola tuvo una responsabilidad directa y eminente en la terrible represión que desencadenó en la zona que controlaba. Los últimos estudios revelan que en Navarra fueron fusiladas, en las primeras semanas, más de 2500 personas. Miles fueron igualmemte los asesinados en Logroño, Castilla la Vieja, León, Galicia, es decir, en zonas en las que el voto al Frente Popular había sido minoritario, que apenas si contaban con movimiento obrero y en donde las ideas izquierdistas estaban poco presentes. Ello hace que las ejecuciones fuesen todavía más crueles si cabe por inútiles y gratuitas. Mola reconocería que no tenía remordimiento alguno al firmar cada día sentencias de muerte, dadas las circunstancias, cosa que sí le hubiese creado problemas de conciencia un año antes. Como militar no fue gran cosa, pero en su labor represiva sus macabros éxitos fueron absolutos. Sin duda el hecho de que su hermano Ramón, destinado en Barcelona, se suicidase al fracasar la rebelión, exacerbó su odio hacia todo lo izquierdista. No tuvo pizca de compasión ni parece que le conmoviese el hecho de que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, salvase la vida de su anciano padre, Emilio Mola López, y le permitiera salir de Cataluña para trasladarse, vía Francia, a Pamplona en donde moriría a los 85 años.

La represión alcanzó tal nivel de crueldad que el mismo obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, proclamó en noviembre de 1936: «¡No más sangre! No más sangre que la que quiere Dios que se vierta, intercesora, en los campos de batalla, para salvar a nuestra Patria. No más sangre que la decretada por los Tribunales de Justicia, serena, largamente pensada, escrupulosamente discutida».

El 30 de mayo la República atacó en La Granja para tratar de liberar la presión sobre el norte. Ante esta ofensiva Mola quiso trasladarse a Segovia para inspeccionar el frente, pero la niebla hizo que se estrellase su avión en el monte Brújula de Burgos el 3 de junio de 1937. Mucha tinta se ha vertido sobre eventuales maquinaciones de Franco para eliminarle. No hacía falta. Mola, tras los primeros meses de la guerra, era ya un militar de segunda fila que no podía hacerle sombra. Cuenta un malvado rumor que cuando se informó a Franco del accidente al grito de: «¡Acaba de ocurrir una desgracia: el general Mola ha muerto en un accidente de aviación!», Franco respondió: «¡Qué susto me ha dado usted, creí que nos habían hundido el Canarias!».

Sin embargo había sido otro golpe de suerte para Franco. Se afirma que uno de los primeros actos de este fue enviar unos cuantos soldados para hacerse con los documentos que guardaba Mola. Era un personaje incómodo; había sido testigo de cómo Franco había sido reticente a seguir sus instrucciones respecto a la rebelión, que dictaba en nombre de Sanjurjo, y con quien Franco se llevaba personalmente mal. Todo ello hizo que su desaparición, objetivamente, le fuese muy bien. Así lo recogió el embajador alemán Wilhelm von Faupel cuando escribió: «El Generalísimo, sin duda, se siente aliviado por la muerte de Mola».

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Blanco, Carlos: General Mola. El ególatra que provocó la guerra civil, La esfera de los libros, Madrid, 2002.

Busquets, Julio, y Juan Carlos Losada: Ruido de sables. Las conspiraciones militares en la España del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2003.

Cardona, Gabriel: Franco y sus generales. La manicura del tigre, Temas de Hoy, Barcelona, 2001.

Cardona, Gabriel: A golpes de sable. Los grandes militares que han marcado la historia de España, Ariel, Barcelona, 2008.

Maíz, Félix B.: Mola frente a Franco, Laocoonte, Pamplona, 2007.

Preston, Paul: El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Debate, Barcelona, 2011.

Raguer, Hilari: El general Batet, Península, Barcelona, 1996.

LA LEYENDA SOBRE JUAN NEGRIN

SUS SEIS ACUSACIONES

por

RICARDO MIRALLES

Es difícil hacer una biografía si se trata de alguien tan controvertido como Juan Negrín, jefe del gobierno de la República durante la mayor parte de la guerra civil española, más tarde discutido en el cargo en el exilio hasta agosto de 1945, y finalmente expulsado del PSOE un año más tarde, en abril de 1946. Sobre él cayeron primero una ristra de acusaciones y, después, el más espeso silencio. Las acusaciones tenían un peso específico extraordinario, pues principalmente provinieron de sus propios compañeros del PSOE y de muchos de sus más próximos colaboradores. En puridad, el franquismo no tuvo que inventar mucho para condenarlo. La tarea se la sirvieron en bandeja los antinegrinistas de todo tipo. Así, los «historiadores» del Régimen se ensañaron con Negrín sin freno alguno y en el clima de guerra fría fue fácil condenarlo.

En esta última faena destacaron algunos historiadores extranjeros, sobre todo del mundo anglosajón (especialmente Burnett Bolloten y Stanley G. Payne), los cuales hurgaron en la herida sin que nadie osara oponérseles durante años. Afortunadamente, con el paso del tiempo la historiografía académica ha investigado y redescubierto otro personaje, aunque resulte asombroso que tal recuperación no se haya efectuado hasta fechas tan tardías como la primera década del presente siglo. En cualquier país de nuestro entorno cultural no se comprendería que la historia de la segunda guerra mundial se hubiera escrito sin estudios pormenorizados de Churchill, Roosevelt, Stalin o De Gaulle. En España, sí. Aunque Negrín aparecía en todas las historias de la guerra civil, siempre lo hizo perdido entre las líneas pero nunca como protagonista esencial del conflicto.

La historiografía ha tomado hoy el relevo de los debeladores, publicistas e incluso de autores extranjeros considerados inapelables y ha formado su propia opinión. Se ha despejado el espeso silencio que rodeó a Negrín y se han levantado muchos de los tópicos que sobre él cayeron, y de los que nunca —por cierto— se defendió personalmente, ni de palabra ni por escrito.

Hoy, el médico socialista canario Juan Negrín López aparece, sin duda, como el personaje político más importante de la etapa de la guerra civil por el lado republicano. Ocupó sucesivamente la cartera de Hacienda, la jefatura del Gobierno y, desde abril de 1938, sumó a esta la cartera de la Defensa Nacional. Su actuación fue decisiva a la hora de explicar el desarrollo y desenlace del conflicto.

Durante mucho tiempo Negrín tuvo el apoyo activo, para la tarea imposible de sostener la guerra, de todos, desde el presidente Azaña —que fue quien lo nombró— hasta el último de los anarquistas, pasando por republicanos, socialistas y comunistas. El escenario internacional encontró en él a un hombre preparado intelectualmente, conocedor de los desafíos de la diplomacia del momento y dispuesto a emplearla decididamente. Sus viajes al extranjero (principalmente a París) fueron frecuentes, y sus entrevistas con Edén, Blum, Cot, Auriol o Daladier reveladoras, igual que sus intervenciones ante la Sociedad de Naciones en Ginebra. Pero cuando la situación se torció definitivamente en contra de la República todos, salvo los comunistas y algunos pocos fieles, le volvieron la espalda, abandonándolo a su suerte —que era la de la República—, para acabar identificando la derrota con sus exhortaciones a la resistencia y haciéndole culpable de que aquella se hubiera producido de manera catastrófica, aunque sin explicar —dicho sea de paso— qué otra política hubiera sido posible.

Cuando el colapso final se produjo apareció un lugar común, que en poco tiempo se convirtió en tesis en la inmediata posguerra y que una literatura ad hoc se encargó de construir y difundir durante decenios: Negrín fue el instrumento de Stalin en España y en todo actuó de manera espuria, sin importarle su patria sino los dictados de Moscú.

Para desentrañar de manera eficaz el problema Negrín este apunte biográfico se centrará en la principal acusación —la de que actuó al dictado de Moscú y que su gestión estuvo sujeta a las directrices comunistas—. Partiendo de esta premisa se explicó, de manera retrospectiva, toda la política de Negrín: su papel en el traslado del oro a Moscú, su acceso a la jefatura del Gobierno, su supuesta responsabilidad en el asesinato de Nin, su decisión de apartar a Prieto del cargo de ministro de Defensa Nacional y su política de «resistencia a ultranza». Así, Stalin habría encontrado en Negrín a su mejor «agente» que, con su insensata política, habría asegurado el predominio del Partido Comunista y, por ende, de la política moscovita en España.

Estas acusaciones se convirtieron, con el tiempo, en la explicación más sencilla y cómoda de toda su actuación. Un enfoque del que le fue difícil sustraerse, máxime cuando toda la fuerza probatoria esgrimida se basó siempre en testimonios de quienes acabaron renegando de él y nunca en la menor prueba documental. Prieto dejó escrito que «las diferencias que engendraron nuestra enemistad debiéronse a que mientras él desempeñó la jefatura del Gobierno se sometió a los comunistas». Besteiro le acusó de haber sido «el caballo de Troya» de los comunistas. Fue «el hombre de confianza de Moscú», escribió el exestalinista Jesús Hernández. «La ambiciosa y dócil herramienta de los comunistas», apostilló «el Campesino». El hombre «que se adueñó de la España republicana, al servicio de Rusia», sentenció Segismundo Casado, el militar que se rebeló contra el gobierno republicano. Veamos lo que hay detrás de todas estas imputaciones.

1. Negrín fue nombrado ministro de Hacienda en el primer gobierno Largo Caballero y desde este cargo, de acuerdo a las instrucciones recibidas de Arthur Staschevsky (delegado comercial de la URSS, y del que se dice —sin prueba alguna— que fue principal agente de Stalin en España), habría obedecido la orden de trasladar a la URSS todo el oro del Banco de España.

En el origen de esta acusación están Walter Krivitsky, miembro del GRU (Inteligencia Militar soviética) y de la NKVD, y notorio desertor de la tutela estalinista, y Alexander Orlov, ulterior jefe de la NKVD (antecesora de la KGB) en España, huido a Occidente en 1938. La tesis no se mantiene en pie empezando porque hoy sabemos documentalmente que el Politburó soviético no nombró a Staschevsky como representante comercial en España (torgpred) hasta el 25 de octubre, es decir, cuando el oro ya viajaba hacia la URSS.

El traslado lo aprobó el Consejo de Ministros el 6 de octubre, que autorizó al presidente del Gobierno y al ministro de Hacienda «para que, de común acuerdo, tomen cuantas medidas sean necesarias con el oro del Banco de España, sin limitación alguna, y aun cuando para ello hubiere que situarlo, total o parcialmente, fuera del territorio patrio».

Las operaciones de embarque de las 7800 cajas fueron supervisadas por Negrín y Francisco Méndez Aspe, director general del Tesoro. Negrín tomó toda clase de precauciones formales: se cuidó de que del traslado y envío tuvieran conocimiento los tres poderes del Estado, llamando a Cartagena a José Giral, por el Ejecutivo, al diputado Luis Fernández Clérigo, por el Legislativo, y al magistrado Mariano Granados, presidente del Tribunal Supremo, por el Judicial.

En la leyenda antinegrinista figura también que Negrín ordenó la venta sin conocimiento de nadie, extremo este falso ya que, contra lo que más tarde dijera Largo Caballero, de que Negrín no le presentaba a la firma las órdenes, cabe demostrar documentalmente que las seis que se cursaron a lo largo de su mandato llevaron todas la firma de ambos.

2. Negrín habría sido elegido por los comunistas para presidir el Gobierno y favorecido el creciente e insólito poder del PCE así como la influencia de Moscú sobre la República.

¿Qué «pruebas» se han aportado? Sólo los testimonios que es posible refutar documentalmente. La designación habría sido decidida en Valencia, a comienzos de marzo de 1937, en una reunión entre el Buró Político del PCE y nada menos que una delegación llegada de Moscú (¡) compuesta por Stepanov (estaba en Valencia), Gerö (estaba en Barcelona), Togliatti, Orlov y Gaikis, consejero de la embajada soviética. El relato de la supuesta reunión la hizo el inefable Jesús Hernández y fue aceptada acríticamente por Bolloten. Si hubo, o no, tal reunión no es verificable al cien por cien, pero aparte de que Orlov la negó más tarde, y de que Togliatti ni siquiera llegó a España hasta julio de 1937, Hernández erró en un hecho clave: Gaikis era en aquel momento el embajador soviético. Los archivos rusos abiertos en 1991 tampoco han proporcionado prueba de tal reunión. En todo caso, nunca pudo ser aquella «la reunión histórica en la que se decidió la suerte de Largo Caballero» (Bolloten dixit).

Contra la leyenda cabe oponer los Diarios de Azaña cuando, al explicar el nombramiento, escribió: «Me decidí a encargar del Gobierno a Negrín. El público esperaría que fuese Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, para los que fuera de él, no había candidato posible. Y en la presidencia, los altibajos del humor de Prieto, sus “repentes”, podían ser un inconveniente. Me parecía más útil, teniendo Prieto una función que llenar, importantísima, adecuada a su talento y a su personalidad política, aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín». La misma Comisión Ejecutiva del PSOE había presentado a los comunistas, en plena gestación de la crisis anticaballerista, un borrador de nuevo gobierno con Negrín a su frente. Esto prueba de manera incontestable que no fueron los comunistas sino sus propios compañeros de la Comisión Ejecutiva los que lo propusieron. Lo que los comunistas querían era que Caballero dejase la cartera de Guerra en la que su ejecutoria dejaba mucho que desear.

Azaña consideró al primer gobierno Negrín como su gobierno, por lo que cabe calificarlo como gobierno azañista y no encubiertamente comunista. Es un hecho probado que bajo la restauración republicana que promovió Negrín, y que Azaña aplaudió —caracterizada no por el anterior equilibrio de fuerzas a que aspiró Largo Caballero, sino por la concentración de poder—, continuó el crecimiento exponencial del PCE, pero esto no se debió a ninguna maniobra suya, sino a la realidad incontestable del hundimiento del republicanismo y de las divisiones del socialismo. El proyecto político de Negrín se situó en la aceptación del inevitable papel central de los comunistas, pero sin prescindir un ápice del resto de fuerzas políticas —léase del PSOE.

Negrín habría sido el instrumento de Moscú para liquidar el POUM y asesinar a su líder, Andreu Nin.

Ciertamente lo primero que dijo Negrín al llegar a la presidencia del Gobierno fue que iba «a reconstruir el Estado y a restaurar su autoridad», empezando por asegurar el orden público en la retaguardia. Tuvo éxito en su propósito ya que, a los pocos meses, según Azaña, «no solo el Ejército se ha reconstruido [sino que] se ha rehecho el sistema entero de gobernación».

La primera víctima de esta nueva política de firmeza fue el POUM, cuya desaparición venía reclamando insistentemente el PCE. El POUM —pequeño partido comunista heterodoxo, cuyo modelo teórico y de acción era la revolución bolchevique de 1917 y para el cual el Frente Popular no era nada más que un instrumento de la burguesía al que había que combatir con las armas— fue ilegalizado, tras participar en los hechos de mayo. Negrín no fue cómplice del secuestro de Nin ni, sobre todo, de su asesinato, cometido probablemente el 22 de junio de 1937 por el mismo Orlov, sus agentes y algún afiliado del PCE. Negrín echó tierra sobre el asunto pero en las circunstancias extraordinarias de la guerra, en que la ayuda exterior se reducía a la de la URSS, hasta el católico ministro nacionalista vasco Irujo acabó teniendo que mirar hacia otro lado, aunque con repugnancia. Es posible que, como dijo Prieto, fuera Negrín el responsable de suspender las averiguaciones, pero no lo es menos que el resto del gabinete aceptó evitar una crisis grave por lo que Negrín acabó calificando como hecho menor. Cuando llegaron la detención y enjuiciamiento de los principales líderes del POUM, y el proceso se produjo un año después, fueron condenados a causa de los hechos de mayo de 1937 pero por atentado contra la autoridad pública y la legalidad, y en ningún caso por delitos de traición, y mucho menos de inteligencia con el enemigo, como clamaban los comunistas en sus publicaciones.

Sería absurdo, por otro lado, centrar la labor gubernamental de Negrín en ese único episodio, por lamentable que fuera. Negrín reinstauró la autoridad sobre el orden público eliminando definitivamente las patrullas de control, acabó con el Consejo de Aragón, restauró las sesiones ordinarias semestrales de Cortes ante las que rendir cuentas y sujetó las extralimitaciones de la Generalitat de Cataluña. En el terreno militar, sentó las bases de la definitiva constitución del Ejército Popular, dispuso la unificación en un solo Ministerio de Defensa Nacional de todas las fuerzas armadas y puso en pie un organismo para la coordinación del esfuerzo de guerra, el estado mayor central, con «funciones directoras en todo el conjunto de las operaciones de guerra», situando al teniente coronel Vicente Rojo —hasta entonces jefe del estado mayor de la Defensa de Madrid— al frente del mismo. Dicho estado mayor pasó a depender jerárquicamente del máximo organismo ejecutivo en lo militar, el Consejo Superior de Guerra, repuesto en sus funciones desde el 7 de junio, y compuesto por Negrín y los ministros de Defensa (Prieto, del PSOE), de Estado (Giral, de Izquierda Republicana) y de Agricultura (Uribe, del PCE).

Por último, y de manera no menos importante, Negrín dinamizó el aparato diplomático del Estado, algo en lo que —en opinión de Azaña— «no creía Largo Caballero». La activación de la política exterior fue más que notable. Sus objetivos —en medio de la asfixiante no intervención— fueron, por una parte, mantener las relaciones especiales con la URSS, de las que dependía el suministro de armas, y por otra abrir vías a una reorientación de la política exterior de Francia más favorable a la República y menos dependiente del Reino Unido. La suma de todo ello llevó a Azaña a felicitarse de que se había producido «la reconstrucción del Estado» como «fenómeno que tiene mucho de prodigio».

4. Negrín habría sido culpable de la debilitación del PSOE, porque al haber apartado a Prieto del Ministerio de Defensa Nacional, habría levantado el último obstáculo al encumbramiento, y eventual adueñamiento del poder, por parte del PCE.

Este capítulo de las supuestas traiciones negrinistas se produjo después de las batallas de Brunete y Belchite, de la pérdida del frente Norte —que condujo a la dimisión, no admitida, de Prieto por su condición vasco-asturiana— y de la reconquista y posterior pérdida de la ciudad de Teruel.

Probablemente, el momento en que empezó a fraguarse la más persistente «leyenda negra» sobre nuestro personaje fue a raíz de la crisis de marzo-abril de 1938. Desde mi punto de vista, la crisis se habría producido en tres actos. El primero se remonta al creciente disgusto de los comunistas con el ministro de Defensa a causa de los decretos de Prieto sobre el Comisariado de guerra de octubre de 1937. Estos decretos prohibían a los comisarios hacer propaganda en las filas, transfiriéndola a los jefes y a sus Estados Mayores y, en general, la agitación política en el seno del Ejército. Aparentemente nadie reaccionó en contra, pues la orden circular del Ministerio de Defensa fue aprobada en Consejo de Ministros sin que los comunistas dijeran nada y, por supuesto, sin que Negrín se opusiera a la misma. Pero cuando el Buró Político del PCE se pronunció en contra, los comunistas empezaron una verdadera campaña contra Prieto, tildándole en Frente Rojo, aunque sin mencionarlo por su nombre, de «derrotista». Prieto expresó a Negrín su enfurecido disgusto con los comunistas y si hubiera sido cierto que este actuaba de acuerdo con ellos, se entendería mal lo que hizo a continuación. Cuando el ministro comunista Uribe fue a expresarle la disconformidad del Buró Político, Negrín llevó el asunto directamente al Consejo de Ministros, haciendo del tema un asunto de incumbencia general, en el que todos los ministros apoyaron a Prieto, incluido el propio Negrín. Azaña, al tanto de una eventual crisis, dejó escrito que «los comunistas recogieron velas, diciendo que su indicación al presidente no tenía la importancia que este [sic] le había dado, y se sometieron al acuerdo del Gobierno». Es evidente que Negrín apoyó a Prieto y que la imputación de que le habría cesado más tarde también a causa de los mencionados decretos no es sostenible.

El segundo acto se habría producido cuando la gran ofensiva franquista en el frente de Aragón el 9 de marzo de 1938. Negrín salió urgentemente hacia París para pedir ayudas militares inaplazables, pero mientras se entrevistaba con Blum, Cot, Auriol y otros notorios simpatizantes republicanos, en Barcelona la totalidad del Gobierno en su ausencia (salvo los dos ministros comunistas) dio prácticamente por perdida la guerra y, veladamente, se declaró dispuesto a aceptar alguna mediación humanitaria que habría sugerido el embajador francés Eirik Labonne. Cabe suponer que Prieto pudo figurar entre ellos, pero no hay prueba de que entablara contacto con Labonne. Él siempre lo negó cuando Negrín le acusó en la inmediata posguerra, lo cual no quita para que el embajador supiera del desánimo de Prieto a través de otros ministros.

Una vez vuelto de París, Negrín mantuvo —o más bien padeció— una reunión, el 17 de marzo de 1938, con su Gobierno en presencia de Azaña. En dicha reunión, mientras que este exigía explicaciones sobre lo apurado de la situación [y pronunciaba aquella frase enigmática de «Yo sé muy bien lo que he hecho y lo que en ningún caso estoy dispuesto a hacer»], Negrín no se vio respaldado por Prieto. Este guardó silencio mientras el primero se esforzaba en apelar a la moral de combate y al espíritu de resistencia. La distancia entre el jefe del Gobierno y su ministro de Defensa se hizo probablemente absoluta cuando al levantarse a hablar Prieto confirmó los juicios del presidente de la República, presentando un panorama desolador, con las tropas desmoralizadas y retrocediendo en todas direcciones. Para complicar más el escenario, en medio de panorama tan negro, irrumpió cerca del Palacio de Pedralbes, lugar de la reunión, la conocida manifestación organizada por los comunistas, exigiendo el rechazo de cualquier compromiso y la continuación de la lucha. Negrín, que los recibió, les habría dicho: «No hay que mirar a las fronteras sino a los frentes». A partir de aquella manifestación, en la que se oyeron gritos contra Prieto, su permanencia en Defensa era cuestión de poco tiempo.

Por fin, el tercer, y último, acto se produjo unos pocos días después, en sendas reuniones habidas el 28 y el 29 de marzo con el Consejo Superior de Guerra y de nuevo con el Consejo de Ministros. Según Zugazagoitia, Negrín le habría dicho que los informes que presento Prieto ante ambos organismos contenían una «cierta complacencia morbosa en difundir su pesimismo», y que fue entonces cuando tomo la decisión de relevar a Prieto. Quiso conservarlo en el gabinete como ministro sin cartera, pero Prieto se negó en redondo. Negrín siempre defendió que su resolución de cesar a Prieto «fue exclusiva y auténticamente personal», a lo que Prieto opuso que tal cosa era falsa, y que «al lanzarlo del Gobierno, cedió a exigencias del Partido Comunista». Esto, lo creyera Prieto o no, era, incluso entonces, difícilmente sostenible, pues los comunistas ya se habían plegado a la voluntad de Negrín de mantener a Prieto en el Gobierno.

A mi entender, las razones últimas de la destitución han de encontrarse en la firme determinación de Negrín de imprimir una mayor energía en el mando y de reforzar la disciplina para levantar el ánimo de los soldados. Tal proceso quiso dirigirlo él personalmente, sin que nadie le discutiera la autoridad, motivo por el cual unió a la jefatura del Gobierno el Ministerio de la Defensa Nacional. Negrín volvió al viejo tejido revolucionario del Ejército, recreando en parte lo que Prieto había modificado, empezando por reconstruir en el frente del Este un ejército entregado que impidiese un nuevo desastre en los mandos, como el del mes de marzo.

El esfuerzo exitoso de Negrín fue corroborado el 12 de abril en un informe del coronel Henri Morel, agregado militar francés, en el que decía:

Hay que rendir un homenaje al intenso esfuerzo desplegado tanto en el terreno militar como en el civil bajo el impulso de Negrín, convertido en ministro de Defensa. [Ahora] la policía persigue a los desertores, los partidos políticos hacen una recluta intensiva, y los parados y los no combatientes son empleados en fortificar las líneas de repliegue. Una gran dosis de energía se ha desplegado para galvanizar al Ejército. En el origen de este esfuerzo está Negrín, cuyo papel, en el período turbio en que el Gobierno vacilaba, fue decisivo.

Lo inevitable, a partir de aquel momento, fue la creciente soledad de Negrín, especialmente en el seno de su partido, como se hizo patente en las reuniones del Comité Nacional del PSOE en Barcelona, del 7 al 10 de agosto de 1938, cuando sus miembros aprobaron a regañadientes la política y la defensa que de los comunistas hizo Negrín. En el PSOE la unidad interna quedó rota, su anterior fuerza política se vio inevitablemente debilitada y fue creciendo en su seno el mismo discurso que habían difundido Largo Caballero y los suyos cuando salieron de los puestos de dirección el año anterior: detrás de la trama estaban los comunistas y los que secretamente se les habrían entregado, es decir Negrín. A la luz de lo expuesto, no parece que tal imputación deba aceptarse si bien, poco a poco, todo el mundo fue abandonando el barco —aunque sin hacerlo de hecho— y cargando sobre las espaldas de Negrín y de los comunistas la deriva hacia la que se dirigía la República.

5. Negrín resistió para cumplir la voluntad de Stalin de prolongar la guerra de España.

Según este mito, Negrín habría sacrificado la vida de muchos millares de españoles para cumplir el objetivo estaliniano de prolongar la guerra de España, empantanando a los alemanes con objeto de dar tiempo a la URSS para armarse ante la conflagración europea en ciernes. Desde mi punto de vista, la decisión de Negrín de prolongar la resistencia puede ser discutible, y sobre ella cabe debatir todo lo que se quiera, pero de lo que no existe prueba alguna es de tal acusación.

Es indudable que el resultado de las sucesivas crisis de gobierno de abril-agosto de 1938 fortaleció la línea negrinista de resistir hasta encontrar el momento oportuno para algún tipo de final. Para entonces la República ya estaba dividida entre quienes pensaban, quizá la mayoría (empezando por Azaña), que había que detener la matanza y los que todavía creían que un cambio en las circunstancias internacionales acabaría convenciendo a las potencias democráticas de la necesidad de implicarse en la defensa de la República. Negrín sabía que solo la implicación forzada de estas podría detener la guerra, o, en último caso, lograr su mediación para llegar a un final sin represalias. Labonne supo entender muy bien a Negrín, después de entrevistarse con él en junio de 1938 e informar a sus superiores del Quai d’Orsay:

Lo que quiere me lo ha expuesto: […] ¿La victoria? La invasión y las circunstancias internacionales no la han hecho posible. ¿La rendición sin condiciones? Nunca. Entre ambos extremos, todos los grados de composición son posibles, el campo de la mediación, de los arreglos. Negrín, privadamente, confidencialmente, no se opone. Sabe bien cuánto las cosas, estando como están, favorecería a la República una mediación que asegurara una cierta negociación de igual a igual, cualquier estatuto que salvaguardara aunque no fuera más que un poco de democracia, y lo desea desde lo más profundo. Pero, precisamente para evitar una capitulación, para hacer efectivamente posible una mediación cualquiera, para imponerla en definitiva al adversario, y llevar a Franco a un arreglo, cree en la resistencia, la quiere, ve en ella el único medio de conseguirlo.

Este débil hilo de esperanza pareció tener alguna virtualidad en el momento de la crisis checoslovaca de septiembre de 1938, pero la manera como esta se resolvió deshizo cualquier lógica de mediación aceptable para la República. Y aunque Negrín siguió buscando, inútilmente, ayuda diplomática en Francia y en Gran Bretaña, incluso armas, finalmente tuvo que enviar a Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la Aviación republicana, a Moscú para solicitar un gran pedido de armamento. Cuando la ofensiva sobre Cataluña comenzó el 23 de diciembre de 1938, resultó difícil concebir otra salida diferente a la mediación internacional y cuando el último embajador francés en España, Jules Henry, se entrevistó con Negrín el 3 de febrero de 1939, percibió que este sabía que todo estaba acabado y que, por fin, aceptaría el auxilio final del país vecino. Pero Francia ni siquiera lo intentó, y mucho menos Gran Bretaña, por más que todo hubiera sido inútil dada la negativa de Franco a cualquier cosa que no fuera la rendición incondicional.

Así pues, cabe decir que Negrín resistió hasta el final buscando o bien torcer la voluntad de Franco, o bien forzar a las potencias occidentales a alguna especie de mediación impuesta al enemigo, aleccionándolas sobre los peligros de una prolongación incontrolada de la guerra. Si Stalin hubiera deseado realmente prolongar la guerra de España en su propio beneficio, hubiera armado a la República hasta los dientes en 1938 como se lo pidieron sus propios hombres.

La política de Negrín tuvo otro objetivo operativo, cual era enlazar con el conflicto europeo en ciernes con la esperanza de que las cosas cambiaran entonces favorablemente para la República, pero lo que resulta inútil de todo punto es buscar en la diplomacia negrinista una variable moscovita. No la hubo en absoluto, porque todo su empeño diplomático se orientó hacia las potencias democráticas. De todos modos, a la altura de los primeros días de febrero, en que incluso él hubo de abandonar el territorio español por la frontera catalana para regresar de inmediato a la zona Centro, es poco probable que Negrín albergara la esperanza de que la resistencia pudiera forzar una paz sin represalias. Aspiraba, por el contrario, a retirarse hacia los puertos mediterráneos para salvar el mayor número de personas posible. Por discutibles que sean sus últimas medidas, su lógica apunta en tal dirección, aunque Casado las utilizase para justificar su sublevación en base a los nombramientos de los responsables de las grandes unidades que habrían de cubrir la retirada.

6. La sexta acusación contra Negrín fue la de que su política en el exilio habría provocado la división del PSOE.

En realidad Negrín no causó dicha fractura (hasta el momento culminante de abril de 1946, en que fue expulsado de un PSOE «reunificado»), Al contrario, la padeció él mismo. Fue Prieto el encargado de aquella «reunificación», mediante el agrupamiento de los antiguos centristas, caballeristas y besteiristas en un nuevo PSOE, purgado de negrinistas.

Ciertamente, durante el exilio, entre Prieto y Negrín hubo diferencias políticas insalvables, para lo cual, probablemente, el primero necesitaba librarse del segundo. Prieto no defendió ya necesariamente la restauración de la Segunda República, sino un gobierno provisional que convocara un plebiscito sobre el Régimen. Negrín, en cambio, nunca renunció a la restauración republicana.

La primera disputa entre socialistas tuvo lugar en Francia, en las sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes de los días 3, 6, 7, 31 de marzo y 1 de abril de 1939, en torno a la legitimidad, o no, del gobierno de Negrín. Este duelo de legitimidades tuvo como telón de fondo el control de las finanzas del exilio, ya que Prieto, informado incidentalmente de la llegada del yate Vita a Veracruz (México), se hizo cargo de los bienes que transportaba el barco. Como Negrín pensara trasladarse a México con objeto de recuperarlos, Prieto decidió romper públicamente con él. Según dijo, la visita era «una astucia más de Negrín» para seguir con «su política de poder personal» (sic), cuyo desempeño —Prieto dixit— «agigantó siniestramente las proporciones del desastre y amenaza hundirnos a todos en la ignominia». Después de aquellas palabras, la ruptura fue irreversible, y jamás volvieron a tener contacto personal. Dicha separación se produjo en las reuniones del Grupo Parlamentario, Comisión Ejecutiva del PSOE (19, 20 y 21 de julio de 1939) y Diputación Permanente de Cortes (26 de julio, de París). En esta última, Prieto consiguió —por este orden— que el gobierno Negrín fuera declarado disuelto y que se aprobara la creación de una Junta encargada de la administración del patrimonio que él mismo controlaba. Fue este el origen de la JARE, organismo que, fiscalizado por la Diputación Permanente, sería el encargado de administrar los bienes y recursos republicanos. Huelga decir que Negrín no aceptó la decisión porque —a su juicio— faltaba al organismo potestad para tomar dicho acuerdo. Ciertamente, la Diputación carecía de atribuciones constitucionales para un acto de esa naturaleza, pero no es menos cierto que la pretensión de continuidad del gobierno Negrín podía resultar igual de discutible.

A diferencia de Prieto —que lo había hecho en noviembre de 1939—, Negrín no se fue a América. Tras la derrota de Francia se instaló en Londres, con la frágil esperanza de verse equiparado a los jefes de gobierno exiliados allí, en tanto que Prieto, sin ninguna oposición, se hizo dueño del exilio americano y culminó su proyecto de anulación de Negrín con la reconstitución de una nueva Comisión Ejecutiva del PSOE y otra de la UGT.

Con el final de la guerra mundial estuvo claro que la batalla política del exilio iba a darse en América. Después de dos intentos fallidos, las Cortes de la República se reunieron el 17 de agosto de 1945 en el Salón de Cabildos del Palacio de Gobierno de México y, ante ellas, Negrín presentó la dimisión por escrito, esperando el encargo de formar nuevo ejecutivo. Sin embargo, la cerrada oposición de los prietistas dejó sin otra salida a Martínez Barrio, nuevo presidente de la República, que ofrecer a Giral la jefatura de un gobierno en el que Negrín tuviera la Vicepresidencia y el Ministerio de Estado. Negrín se negó en redondo. Desde mi punto de vista, Negrín se equivocó rechazando una vicepresidencia que lo hubiera devuelto, con rango de primera, a la escena política activa pero ante el lehendakari Aguirre, que intentó convencerle para que aceptara, sostuvo que él solo podía desarrollar su proyecto político desde la Presidencia y no desde instancias de menor rango.

Negrín abandonó México y regresó a Londres, no sin antes pronunciar un discurso aconsejando apoyar al nuevo gobierno Giral, lo que prueba, una vez más, que no «dividió» a nada ni a nadie, sino que promovió la idea de unidad aunque, ciertamente, pretendiendo que debía hacerse en torno suyo.

Acabó así la vida política de un hombre injustamente enjuiciado. La labor de restitución historiográfica, emprendida en la última década por historiadores profesionales, ha contribuido a que Negrín, y los que con él fueron expulsados en 1946, fueran rehabilitados y readmitidos en el PSOE en su XXXVII Congreso Federal y devueltos sus antiguos carnés a sus descendientes el 24 de octubre de 2010. Quedó así reparada la verdad sobre Negrín en el único sentido en que podía —y debía— serlo: la de que fue un socialista que actuó siempre —acertada o equivocadamente— con el propósito de rendir un servicio a su partido y, sobre todo, a su país, pero nunca a un poder extraño.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Jackson, Gabriel: Médico, socialista y primer ministro de la República en guerra, Crítica, Barcelona, 2008.

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Viñas, Ángel (ed.): En defensa de la República. Con Negrín en el exilio. Memorias de Pablo de Azcárate, Crítica, Barcelona, 2010.

INDALECIO PRIETO

UN SOCIALISTA REFORMISTA

Y PRAGMÁTICO

por

RICARDO MIRALLES

A lo largo de su vida (1883-1962) Indalecio Prieto fue, entre los líderes socialistas españoles, un dirigente claramente político, sin la hipoteca de lazos sindicales ugetistas. En su primera etapa política (1911 – 1923/1930) fue, dentro del PSOE, un reformista firme partidario de la coalición con los republicanos. De hecho, la primera coalición republicano-socialista de la historia de España se formó en 1907 en Bilbao, su ciudad de adopción desde niño, dos años antes de que se oficializara esa política en el PSOE. Efectivamente, a raíz de la Semana Trágica barcelonesa de 1909, el PSOE asumió la idea de conjunción con los republicanos, quedando identificada la revolución con la República. Pues bien, vamos a ver en esta breve síntesis cómo fue Prieto el socialista que condujo invariablemente esta política de su mano hasta, al menos, 1947, en que él mismo decidió acabar con aquella identificación, sustituyéndola por la de Democracia sin apellidos de régimen.

Para un socialista reformista como Prieto, que siempre rechazó una política de clase y que nunca fue partidario de las alianzas obreras, la lucha al lado de los republicanos por la modernización de España fue siempre su doctrina. Partidario —y promotor— de la misma, la identificó con una política de moderación que se extendió hasta 1923/1930, incluso cuando los peligros de desbordamiento revolucionario por la izquierda, en 1917 y en 1921/1922, fueron más serios. El fracasado movimiento antimonárquico de 1917 produjo en el interior del Partido Socialista, en los años 1920 y 1921, un repliegue hacia dentro, enlazando con las primeras señas de identidad del PSOE que percibían la revolución como el resultado del crecimiento de la organización, a la que había que preservar de manera prioritaria. Contra este repliegue, fue Prieto el socialista que devolvió al PSOE a un papel de primera fila, con sus mítines e intervenciones parlamentarias, convirtiéndolo en el eje del movimiento antidinástico que se extendió por el país entre 1921 y 1923 como consecuencia de los desastres militares en el protectorado de Marruecos. Sin embargo, la inmediata colaboración del PSOE con la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue para Prieto su «travesía del desierto», teniendo que enfrentarse políticamente con Largo Caballero, el cual, en el Congreso Socialista de 1928, recomendó mayor contención hacia la idea política de la República, no fuera a ser que «nos convirtamos en liberales avanzados» (sic). Para Prieto, en cambio, la Dictadura fue un golpe contra la política democrática misma.

INDALECIO PRIETO CONDUJO AL PAÍS (Y AL PSOE)

HACIA LA REPÚBLICA

Cuando el 28 de enero de 1930 cayó Primo de Rivera, el Partido Socialista se dividió en dos tendencias: los partidarios (Besteiro, Saborit, Largo Caballero) de salvaguardar la independencia de la organización socialista, y aquellos (Prieto y Fernando de los Ríos) que consideraban necesario un cambio político en el país. Para Indalecio Prieto aquel fue su gran momento político, cuando empeñó todo su prestigio en forzar una salida que comprometiera al Partido Socialista en un cambio de régimen junto a los sectores republicanos y liberales del país. Aunque la dirección del PSOE siguió manteniendo un criterio unánimemente favorable al «aislamiento» político, Prieto consiguió vencer las resistencias de una parte de la dirección socialista (Largo Caballero), e inclinar al partido hacia la solución republicana. Este hecho señaló, sin duda, el triunfo de la línea política y trayectoria emprendidas por el líder socialista bilbaíno desde febrero de 1930, y, en realidad, la culminación de todo un proyecto político que estaba presente en Prieto desde el comienzo de su vida pública en 1911.

UNA REPÚBLICA PARA ESPAÑA

Cuando el régimen monárquico cayó, los socialistas se mostraron dispuestos a participar en una obra que no era la suya —dijeron— pero que consideraban indispensable para el logro futuro de sus objetivos sociales. Pensaban que la revolución que se preparaba sería la revolución burguesa nunca realizada en España, en la que el Partido Socialista se convertiría en el más sólido pilar del régimen republicano, renunciando a sus objetivos políticos últimos: «Si la burguesía liberal hubiera cumplido en nuestro país su papel histórico —dirá entonces Prieto—, entonces nada tendríamos que hacer en un bloque burgués. Pero cuando esa base legal se nos niega, tenemos que tratar de conquistarla y no les podemos negar nuestro apoyo a los partidos burgueses que aspiran a ella también». Una y otra vez repitió Prieto que en España, dada la debilidad de los republicanos y la previsible reacción de la derecha, sería más difícil consolidar la República que obtener su instauración.

El modelo que definió Prieto fue el que defendió invariablemente durante los años republicanos. Pero no todos sus compañeros pensaban igual. En general, los socialistas consideraron a la República de abril como una etapa necesaria en la consecución de la ansiada República social, y apoyaron aquella como parte de una marcha hacia el socialismo por etapas, una de las cuales sería la democrático/burguesa, a cuyo término se desembocaría en el socialismo. En otras palabras, la función que los socialistas reservaban a la República se limitaba a la de prepararles a ellos el acceso al poder, ya que la transición al socialismo se realizaría por agotamiento de la etapa republicana. Desde luego, la concepción de Prieto sobre la República era mucho más realista que la contenida en aquellos estímulos imaginativos que la representaban como antesala del reino socialista. A su juicio, aunque aquella no era evidentemente una república socialista, sino burguesa, suponía el punto de arranque de futuras transformaciones sociales que era preciso apoyar. Además, ante la debilidad y división de los partidos republicanos el PSOE se había convertido, sin quererlo, en «el sillar más poderoso de la República española» (Prieto). De ahí que para Indalecio Prieto la presencia de los socialistas en el gobierno de la República fuera la única garantía, dada la debilidad de los partidos republicanos, de la consolidación de la República orientada hacia la izquierda. Su ausencia, en cambio, podía dejar el camino libre a las fuerzas derechistas para apoderarse del nuevo régimen. Estas ideas de Indalecio Prieto fueron la base de su actuación política hasta, al menos, el verano de 1934, y, después del movimiento de octubre de ese año hasta julio de 1936.

¿ABOMINÓ PRIETO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

Y SE HIZO REVOLUCIONARIO?

Desde comienzos de 1933, una nueva situación política en España iba a conducir al Partido Socialista a un cambio en su estrategia política dentro de la República. La reacción de la derecha contra la obra reformista del Régimen y el hostigamiento a su presencia ministerial significaron para los socialistas el taponamiento de la vía democrática al ejercicio del poder por el PSOE. A juicio de los socialistas, la ofensiva parlamentaria de los lerrouxistas —apoyada por fuerzas antirrepublicanas— buscaba, en realidad, acabar con el proyecto reformista del nuevo régimen, abriendo el camino a una derechización de la República. Muchos socialistas fueron desdiciéndose de la anterior vía reformista y optando por la revolución, aun calificándola de «defensiva». Dentro de la Ejecutiva y del Comité Nacional empezaron a fraguar consignas a favor de una conquista revolucionaria del poder por el PSOE. No fue, desde luego, el criterio de Indalecio Prieto, el cual descartó, en el seno mismo de la Ejecutiva, «todas esas indicaciones a un poder inmediato». Para Prieto la situación era grave, pero nada indicaba —a su juicio— la imperiosidad de ir a la lucha de clases en lugar de a la lucha política, ni, mucho menos, de acabar con la República. Fue entonces cuando se materializó el distanciamiento de Prieto en relación a la que cristalizaría, un año más tarde, como fracción caballerista del PSOE. Prieto luchó cuanto pudo para evitar el desastre que creía adivinar en las elecciones si el PSOE iba desligado de los republicanos. Lo dijo con claridad en el seno de su agrupación, la de Bilbao, en donde pudo articular una candidatura en la que fue nada menos que Manuel Azaña, el jefe del gobierno republicano-socialista del primer bienio.

Los socialistas perdieron las elecciones de noviembre de 1933, pero solo Prieto hizo un análisis serio de las causas de la derrota electoral, atribuyéndola al hecho de no haberse acomodado a la nueva ley electoral aprobada en 1933 por el gobierno Azaña, «una ley para coaliciones» diseñada para asegurar, a base de ella, el predominio de las fuerzas auténticamente republicanas, predominio que sí lograron los adversarios A partir de entonces, se produjo en el seno del socialismo español una reorientación política que, desde el reformismo democrático y colaboración de clases practicados durante el primer bienio, desembocó en una nueva estrategia de ruptura de la colaboración con los partidos republicanos y apuesta por la revolución violenta —para detener al fascismo y/o implantar la dictadura del proletariado y el socialismo— y alianza con otros sectores obreros para la conquista del poder. Hay que advertir, sin embargo, que tales cambios estratégicos no fueron unánimes en el socialismo español y que pronto se hizo patente que los contenidos de aquella revolución propuesta eran diferentes para el convencido Largo Caballero, por ejemplo, que para el renuente Prieto. Pese a su oposición a la revolución en las reuniones de la Ejecutiva que la decidieron, Prieto se convirtió inopinadamente en el portavoz parlamentario de la nueva posición socialista. Tuvo nada menos que siete intervenciones en el Congreso de los Diputados advirtiendo del propósito del Partido Socialista de ir a un «movimiento», a una «revolución», en cuanto las derechas intentaran instalarse en el poder, lo que los socialistas daban por seguro. Los planteamientos de Prieto fueron, en síntesis, los siguientes: los republicanos históricos (los radicales), en su intento de contener el avance de la República socialmente reformista, habían entregado el control de esta a las derechas monarquizantes, dictatoriales o fascistas; tal actitud de los radicales implicaba una ruptura de los compromisos adquiridos con ellos en 1930 y su entrega a las derechas; estas aceptarían el juego mientras los republicanos gobernasen a su gusto, pero, en cuanto les estorbasen, se adueñarían de la República mediante un golpe de estado, para instalar en España una dictadura como en Alemania o Italia. Contra tales propósitos el partido socialista se lanzaría a la revolución.

Largo Caballero no llegó en ningún momento a explicitar el carácter que tendría el movimiento, sino que habló genéricamente de «antifascismo». Prieto, en cambio, siempre pensó en una república como la del primer bienio (no, desde luego, una dictadura del proletariado), socialmente reformista, gobernada por los socialistas y la izquierda republicana.

En el interior del movimiento socialista español, el fracaso de la revolución de octubre de 1934 tuvo hondas repercusiones, provocando una crisis interna que estuvo a punto de escindir al partido en dos. Indalecio Prieto jugó a fondo la baza de recuperar al PSOE para su antigua tradición de partido moderado, reformista, y, por supuesto, no revolucionario. Es probable que Prieto no deseara la escisión del partido, pero como dicha escisión fue una realidad de hecho a lo largo de todo el año 1935, también parece probable que si la ruptura se hubiera producido, Prieto no la habría detenido, y, sin duda, habría encabezado a una de las partes.

La izquierda caballerista sostuvo que la división interna del PSOE se debía a diferencias ideológicas insalvables entre los diversos sectores en pugna. Prieto, en cambio, rehuyó el enfrentamiento ideológico y llevó el debate al terreno político —que era su terreno—, forzando a la izquierda a contrastar con la realidad su discurso teórico. La principal alternativa del dirigente «centrista» en 1935 fue la reconstrucción de una alianza electoral con los republicanos de izquierda para recuperar la República reformista, y actuó de tal manera que obligó a la izquierda socialista a enfrentarse con él en el terreno concreto de las salidas políticas que proponía y no en el de las ideológicas. Dicho con otras palabras, como siempre fue propio en él, Indalecio Prieto respondió al ataque ideológico con una ofensiva política. [→ SOCIALISMO DE MASAS].

Tras el triunfo del Frente Popular, y una vez promovido Manuel Azaña a la Presidencia de la República, este encargó a Prieto la formación de un gobierno, pero Prieto hubo de rehusar el ofrecimiento, aun sintiéndose «muy atraído» a aceptarlo —según confesó—, porque sabía que no iba a contar con el apoyo del sector caballerista del partido y porque, de hacerlo, corría peligro la propia subsistencia del Frente Popular. A partir de entonces, con seguridad, todo corrió en la dirección de una escisión del PSOE, pero la sublevación militar del 18 de julio cortó en seco toda actividad corriente de la política en España.

GUERRA CIVIL

Indalecio Prieto tuvo un papel muy destacado durante la guerra civil, como ministro de Marina y Aire en el gobierno de Largo Caballero de 4 de septiembre de 1936, y de la Defensa Nacional en el gobierno Negrín del 17 de mayo de 1937. En medio del desbarajuste inicial, tomo pronto en sus manos la cuestión de la compra de armas y material de guerra, en colaboración con Largo Caballero, centralizando tales funciones en su Ministerio, y desarrolló el programa de conformación de un Ejército Popular de la República, junto a los asesores soviéticos llegados a España y al general Rojo, pronto convertido en jefe del estado mayor central. Sus malas relaciones con los comunistas según fue avanzando el tiempo (y con los delegados de la Komintern) enturbiaron el clima político-militar, lo que sumado a su estricto realismo sobre la marcha de la guerra (o más bien pesimismo sobre su inevitable deriva final hacia la derrota, que compartía casi a diario con el presidente Azaña), llevó a Negrín a cesarle de su puesto de ministro en la crisis de abril de 1938. Sigo pensando que la propuesta de Prieto —secundada completamente por el general Rojo, pero rechazada por Negrín—, de trasladar la sede del Gobierno y del estado mayor, a la zona Centro, ante la eventualidad de un corte en dos del territorio republicano (como ocurrió el 15 de abril de 1938 con la llegada de los franquistas a Vinaroz), era la más acertada. Si de verdad se hubiera querido preparar una retirada sobre los puertos del Mediterráneo, ante la previsible derrota republicana, esta hubiera sido la mejor manera de hacerlo. Como se vio más tarde, el «desgobierno», en sentido literal, de la zona mejor armada y pertrechada, el Centro, condujo hacia el temido final catastrófico que previo Prieto. No es frecuente que se cite esta propuesta de Prieto, ni que se la evalúe en el contexto de la previsible derrota republicana. A mi entender, Prieto estuvo en ese momento a la altura de lo que debe pedirse a un ministro de la Defensa Nacional. Dentro de sus atribuciones ejecutivas, Negrín pensó en cambio, quizás con igual cordura, que estar cerca de la frontera francesa era vital para organizar el suministro de armas soviéticas y detener cualquier conato independentista de la Generalitat, y esta decisión se impuso.

Prieto siempre achacó su cese (que él calificó de «expulsión») del Ministerio de la Defensa Nacional a la presión comunista y no a una decisión personal de Negrín, del que hasta aquel momento fue amigo personal. Desde luego, yo no descarto la presión comunista, sino que la creo verosímil a tenor de los informes del máximo delegado de la Komintern, Palmiro Togliatti, a Moscú, pero también creo que la decisión de Negrín no se debió a dichas presiones sino a su determinación de asumir él directamente la dirección de la guerra, que pensó continuar hasta hallar una mejor oportunidad para su final. [→ ZONA REPUBLICANA].

EL EXILIO DE PRIETO

Una vez acabada la guerra, y durante la larga etapa del exilio, Indalecio Prieto acabó convirtiéndose, en virtud de una serie de circunstancias, en el principal líder del socialismo español, y del republicanismo por extensión.

La baza del eventual apoyo internacional a la restauración de un sistema de libertades en España presidió gran parte de las reflexiones y de las acciones de Indalecio Prieto a lo largo de todo el exilio. Confió en que las democracias occidentales asumieran la tarea de derribar al régimen político franquista surgido de la alianza con el Eje, pero acabó repudiándolas por su nula contribución. Si en algo no se equivocó Prieto fue en que la restauración de la democracia en España sería obra de los mismos españoles, como lo probó años más tarde nuestra transición.

Entre 1939 y 1950, en que dejó la presidencia del PSOE, y aun hasta su muerte en 1962, la centralidad del problema político español fue, para Indalecio Prieto, la recuperación de la libertad en España. La cuestión de cómo restaurar la democracia en España guio todas sus actuaciones; de ahí que la revalorización de los principios democráticos, su reafirmación vehemente, reaparecieran entonces como lo que siempre fueron: la base doctrinal más firme de toda su trayectoria política y vital.

Si hay una etapa en la vida de Indalecio Prieto en que despuntó más su pragmatismo político fue esta: la democracia fue el objetivo prioritario, no necesariamente la recuperación innegociable de la República, y para alcanzar dicho objetivo prioritario debían admitirse, llegado el caso, soluciones de «plebiscito», de «transición sin signo institucional definido», e incluso de «pacto con los monárquicos». Sin embargo Prieto fracasó en todas sus iniciativas, de manera que las sucesivas elaboraciones estratégicas contenidas en dichas fórmulas acabaron naufragando. Las divisiones políticas del exilio fueron un factor determinante en el fracaso de Indalecio Prieto, y esto fue especialmente negativo para el objetivo de la democracia, máxime si se tiene en cuenta que durante los veinte años posteriores a la guerra civil la iniciativa de la oposición al franquismo estuvo precisamente en el exilio.

Prieto no fue suficientemente consciente —o si lo fue no lo hizo ver a los demás—, de que las potencias anglosajonas no tuvieron nunca la intención de restaurar la República en España, lo cual determino también gran parte de su fracaso. Pero lo que probablemente contribuyó más a su debilitación política fue que Indalecio Prieto nunca tuvo un liderazgo indiscutible en el exilio. En realidad —como ya he señalado varias veces— este fue siempre el gran handicap del político socialista: su proyecto para España, de libertad, democracia, república y reforma social, se hizo sobre la fractura de sectores del PSOE: en su etapa bilbaína contra Facundo Perezagua; durante la dictadura de Primo de Rivera contra los sectores sindicales; durante la República contra los «bolchevizadores» caballeristas; en la fase última de la guerra y en el primer exilio contra Negrín y los negrinistas; y, por fin, durante la última etapa del exilio, contra el aparato del partido en Toulouse poco o nada dispuesto a abandonar la reivindicación de la República.

La estrategia política de Indalecio Prieto después de la guerra fue la de formar un gobierno de amplia coalición (siempre sin los comunistas). Pero Prieto no concibió esta salida sino mediante la eliminación de la fracción negrinista del PSOE, y del mismo Negrín, culpable a sus ojos de haberse entregado a los dictados de los comunistas durante el último año de guerra. Para ello, Prieto reunió en París al poco de acabar la guerra, el 27 de julio de 1939, a la Diputación Permanente de las Cortes, con objeto de acabar con la existencia del gobierno de Juan Negrín, y declararlo, por 14 votos a favor y 5 en contra (de 2 diputados comunistas y 3 fieles a Negrín), extinto. En términos políticos aquello pudo ser un error, ya que no hubo nada para sustituir a la representación legal disuelta, y esto precisamente en el momento histórico del comienzo de la segunda guerra mundial, cuando hubiera sido más necesario que nunca un gobierno legítimo de la República española al que, eventualmente, hubieran podido reconocer las potencias en guerra contra el Eje. [→ EXILIO].

A partir de la invasión alemana de Francia, el exilio español se trasladó a América, dominándolo desde entonces Indalecio Prieto. En efecto, allí, en México, en donde se reunió el núcleo numérico más importante del exilio republicano, Prieto se convirtió en su dirigente principal. La estrategia prietista de dirección política, consistente en la anulación del gobierno Negrín empezada en Francia culminó en América con la determinación de controlar el PSOE con la reconstitución de una nueva ejecutiva del PSOE, que discutió a la negrinista su autoridad, y con sendas otras de la UGT y de las Juventudes, y la publicación de un nuevo órgano del partido, el periódico Adelante. Una vez disuelto el gobierno legal de la República, fue preciso estructurar alguna iniciativa lo suficientemente amplia y flexible para reunir a todas las fuerzas del exilio. El organismo ideado por Prieto fue la Junta Española de Liberación (JEL), la primera alianza relativamente amplia de las fuerzas republicanas en el exilio, aunque en ella no estaban ni los negrinistas, ni los anarquistas, ni, por supuesto, los comunistas. La JEL, creada el 20 de noviembre de 1943, a medias entre Prieto y Martínez Barrio, fue, en realidad, una fiel expresión de las ambigüedades y resistencias sentimentales, pero también políticas, que rodearon desde el principio al proyecto prietista. Aquella iba a ser —aseguró Prieto— la plataforma unitaria para la recuperación de la democracia, pero la JEL, pese a su declaración programática de «reivindicar el régimen que España se dio libremente el 14 de abril de 1931», introdujo pronto un planteamiento especialmente novedoso, en que el escenario último no era ya necesariamente la restauración de la Segunda República, sino un estadio intermedio de un gobierno provisional que realizara un plebiscito sobre el régimen político en España, bajo supervisión de las potencias democráticas. La solución de Prieto era, evidentemente, completamente nueva, y, por ello, muy difícil de aceptar para los muchos republicanos que habían luchado en la guerra por la República.

Una vez que hubo propuesto sacrificar el régimen republicano por la democracia, Prieto fue enemigo de la reconstitución de un gobierno en el exilio, como pretendía el todavía presidente de las Cortes de la República española, Diego Martínez Barrio. Lo consideró un estorbo para la dinámica, mucho más flexible, que quiso impulsar a través de la JEL, de manera que cuando, en agosto de 1945, quedaron reorganizadas las instituciones republicanas en el exilio, Diego Martínez Barrio fue proclamado legalmente presidente de la República y quedó constituido un gobierno presidido por José Giral, Indalecio Prieto anunció el apoyo de su partido a las nuevas instituciones, pero solo hasta donde el éxito acompañara a la acción del Gobierno, y nunca más allá, ni siquiera por motivos doctrinales. Y a para entonces, Prieto consideraba a las instituciones republicanas un estorbo, una «rigidez» (sic) inútil y contraproducente. Una vez enunciado (y anunciado), el objetivo de Prieto estuvo siempre claro y no lo ocultó a nadie: la restauración en España de algún poder democrático, no necesariamente de las instituciones republicanas.

Prieto mantuvo su idea hasta el final: la disyuntiva no era ya república o franquismo, sino «Plebiscito o Monarquía». Como declaró a un rotativo francés: seamos realistas —dijo—, porque «cuanto iríamos a perder lo tenemos perdido de antemano. Colocados en el punto de vista de los intransigentes más tenaces, perderíamos, a lo sumo, una legitimidad, perfecta desde puntos de vista jurídicos, pero inefectiva. El plebiscito no nos puede situar en planos inferiores al deplorable que ahora ocupamos, ni a ese otro —la monarquía— en perspectiva, tampoco satisfactorio. Por consiguiente, cerrar el único camino practicable con romanticismos e intransigencias constituye una gran torpeza».

Un plebiscito según la Carta del Atlántico, ese era el proyecto de Prieto. Desgraciadamente, contra lo que imaginó Prieto, la situación internacional en nada favoreció a la restauración de la democracia en España.

UNA INICIATIVA CONTANDO CON EL APOYO

INTERNACIONAL (QUE NUNCA LLEGÓ)

La cuestión de cómo restaurar la democracia en España fue el problema central de toda la oposición al franquismo a partir de 1939. El comienzo de la segunda guerra mundial fue casi inmediato al del final de la lucha fratricida entre españoles, y como la lucha quedó entablada entre los fascismos y las democracias, pareció esperable que la España derrotada obtuviera de la victoria de las naciones libres la restauración de su propia libertad. Este fue el criterio de Prieto, igual que el del resto de exiliados españoles de todo color político. Pero, para desgracia de los demócratas españoles, las potencias occidentales nunca resolvieron apartarse de una manera clara del camino emprendido el 27 de febrero de 1939, cuando reconocieron como gobierno legal de España al de Franco. Así, todas las esperanzas depositadas en la acción diplomática conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que llegó a materializarse en la llamada «Nota Tripartita», de 5 de marzo de 1946, quedaron frustradas ante la escasa entidad de la misma. La «Nota» condenaba al régimen franquista, pero no hacía ninguna mención expresa a qué pensaban hacer las tres potencias democráticas para acabar con él. De hecho, ninguna de las potencias pensaba hacer nada al respecto, como tampoco tenían en cuenta al gobierno republicano, al que ni siquiera mencionaban. Aquella «Nota» produjo tal grado de decepción en Prieto que nunca acertó a explicarse las razones de la cortedad de miras de las naciones democráticas.

Poco después, la creciente entrada de Europa en un orden internacional fundado en la «bipolaridad» de la guerra fría, condujo a un contexto diplomático muy desfavorable para la España democrática, tanto del exilio como del interior del país. De ahí que la decepción por la nula ayuda internacional («nuestras risueñas ilusiones» seguidas de «amargas decepciones», como las calificó Prieto) formara parte de su acervo analítico.

PACTAR CON LOS MONÁRQUICOS

Y FINAL POLÍTICO DE PRIETO

Prieto, desengañado por el nulo apoyo internacional, forzó ya el definitivo desprendimiento formal del PSOE del compromiso republicano, un acercamiento a la oposición monárquica y el reconocimiento expreso de la fórmula del plebiscito. En julio de 1947, en la Asamblea de Delegados del PSOE (que no tenía entidad de congreso, y, por lo tanto, carecía de autoridad para tomar resoluciones de la entidad que tomó), reunida en Toulouse, a donde se trasladó Prieto para apoyar personalmente su propuesta, los socialistas españoles aceptaron, a regañadientes, las ideas del líder socialista. Sin embargo, los planes prietistas sufrieron un descalabro total, en 1948, cuando los monárquicos con los que había llegado a una especie de «Pacto» en San Juan de Luz, se desdijeron del mismo. Los efectos negativos de este «fracaso personal» (sic) de Prieto sobre el exilio republicano y sus gobiernos fueron duraderos, lo cual le indujo a emprender de nuevo el camino del exilio, de manera ya definitiva, hacia México, en noviembre de 1950. Desde entonces, Indalecio Prieto quedó relativamente eclipsado, tomando su relevo activo las organizaciones socialistas y republicanas en Francia. Una etapa del exilio acababa así.

Si hubiera que cargar alguna deuda en el «debe» de Indalecio Prieto, que explicara el fracaso de su política en el exilio, probablemente una sería no haber captado suficientemente bien la nula disposición de Estados Unidos y Gran Bretaña no solo a propiciar una restauración de la República en España, sino ni siquiera a apoyar abiertamente la lucha por la democracia. Si esta fue una de las razones que explican el fracaso de la política de Prieto, la otra fue, con certeza, que su liderazgo nunca fue indiscutible. Muchos de los que le apoyaron lo hicieron sobre la base de un compartido anticomunismo —o antinegrinismo— que no pusiera en tela de juicio la cuestión constitucional, ni, por supuesto, la cuestión del régimen republicano. Al hacerlo, Prieto tuvo que forzar un apoyo que se le otorgó de mala gana, quedando su posición política en una situación de permanente inestabilidad. La consecuencia de todo ello fue que la razón de la debilidad de la oposición republicana no fue sino el resultado de la debilidad en el interior de la principal fuerza política del exilio, el partido socialista.

En resumen, mi tesis sobre Prieto es que aunque a lo largo de su vida política pudo haber definido la política más acertada para España, haber tenido a la opinión pública de su lado, y hasta el viento a favor de la historia, nunca tuvo —y esa fue su gran debilidad— ni al partido en pleno ni mucho menos a la UGT. Como le ocurrió a Negrín —aunque sus militancias no puedan compararse—, Prieto nunca se decidió a tomar el liderazgo indiscutible del PSOE, ni a ocupar las posiciones primeras y directoras, asumiendo el poder completo de la organización. Siempre se mantuvo en una especie de segunda línea, lo que le obligó al supremo desafío de alcanzar —remontando esforzadamente posiciones mediante la convicción de su pensamiento y la defensa de la oportunidad política—, lo que jamás tuvo por el poder mismo, que es el que lo permite todo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cabezas, Octavio: Indalecio Prieto, socialista y español, Algaba, Madrid, 2005.

Gibaja, José Carlos: Indalecio Prieto y el socialismo español, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1995.

Graham, Helen: El PSOE en la guerra civil: poder, crisis y derrota (1936-1939), Debate, Barcelona, 2005.

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

por

JOAN MARIA THOMÀS

Nacido en Madrid en 1903, José Antonio Primo de Rivera Sáenz de Heredia fue el primogénito del general Miguel Primo de Rivera Orbaneja, el dictador de los años 1923-1930. La familia paterna provenía de Jerez de la Frontera, de una familia de tradición militar y propietaria de tierras; la materna, de San Sebastián. José Antonio heredó de su padre, como este de su tío, el marquesado de Estella con Grandeza de España, obtenido por méritos de guerra. Era, pues, un parvenu en medio de la más rancia nobleza castellana. Licenciado en Derecho (1922) y abogado (1925), Primo no intervino en política hasta el fin de la Dictadura y de la muerte de su padre, ambas en 1930. Fue vicesecretario primero de la Unión Monárquica Nacional, partido formado por partidarios del régimen anterior y de su fuerza política, la Unión Patriótica, con un programa monárquico y autoritario con el que pretendía concurrir a las elecciones legislativas que permitiesen el retorno de la situación constitucional. No obstante, el advenimiento de la República el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales, frustró los planes y la UMN se disolvió. Primo concurrió entonces a unas elecciones para cubrir vacantes en las Cortes Constituyentes republicanas en tanto que independiente dentro de la lista de Acción Nacional por Madrid. No consiguió acta. Parece ser que su interés primordial en aquellos tiempos era conseguir un escaño desde el cual defender la memoria y actuaciones de su progenitor, todo ello en medio del ambiente de revancha y enjuiciamiento político de la Dictadura que efectuó la República. Tras su nuevo fracaso, y hasta el 1933 de su participación central en la fundación de dos grupos fascistas —el Movimiento Español Sindicalista, primero, y Falange Española, después—, Primo se mantendría apartado de la esfera política, dedicado a su bufete, de considerable éxito en buena parte debido a su apellido y relaciones, aunque también al parecer por su competencia profesional.

El año 1933, con la llegada de los nazis al poder en Alemania, significó el inicio de una segunda oleada (tras la primera despertada por Italia en 1922) de interés por los fascismos en Europa. En España fue cuando Primo entró nuevamente en liza, colaborando en marzo de ese año en el primer y único número —al ser prohibido inmediatamente— del semanario El Fascio. Poco después, junto con el aviador militar de gran popularidad Julio Ruiz de Alda y el catedrático de Derecho de Granada Alfonso García Valdecasas, fundó el citado y efímero MES e inmediatamente después, el 29 de octubre, tras un mitin en el Teatro de la Comedia madrileño, la Falange Española (FE). Denominación esta que compartía siglas con las de Fascismo Español y que se consideró demasiado mimética. Diez días antes del 29 había viajado a Roma, donde le recibió el Duce. Ya desde antes de nacer —desde los meses del MES— contó FE con financiación de los monárquicos autoritarios alfonsinos de Renovación Española. De unos monárquicos interesados en promover la agitación violenta antirrepublicana y que igualmente financiaban al otro grupo fascista existente en España, este más antiguo, fundado en 1931, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), continuación del grupo de «La Conquista del Estado», ambas con Ramiro Ledesma Ramos como líder principal. En JONS ocupaba también un cargo preeminente Onésimo Redondo Ortega, exlíder de unas Juntas Castellanas de Actuación Hispánica que se habían integrado en el grupo.

No resulta difícil ver en el proyecto político de Primo una voluntad de continuación y profundización de la experiencia de su padre. Como si en su caso la primogenitura hubiese llevado aparejado el impulso de terminar y superar —ampliándola definitivamente— la obra del mismo. Un autoconvencimiento —a veces pletórico, a veces dudoso y torturado— de su papel como líder de una España regenerada por el fascismo. Autoconvencimiento en el que aparece también una sublimación de la acusación de señorito que con frecuencia recibía por la vía de su creencia en el papel dirigente de la aristocracia, de una aristocracia modernizada, de la que formaba parte. Condición esta última, la de parvenu, que tal vez influyó al fracaso de su noviazgo con la futura duquesa de Luna, de impecable y antiquísimo pedigree.

Primo fue lector de Santo Tomás de Aquino; de teóricos del Derecho como Stammler y Kelsen; de pensadores tradicionalistas como Vázquez de Mella y Ramiro de Maeztu; de Unamuno y la Generación del 98; de D’Ors, Pérez de Ayala y Marañón; de Marx, Lenin y Sorel; de la filosofía de la historia de Spengler; y, por encima de todo, del pensamiento filosófico y político de Ortega y Gasset, que le fascinaba, pero de quien le alejaba el componente liberal del pensamiento del maestro. A todo ello sumaría su fascinación por la doctrina y experiencia italianas bajo Mussolini.

FE irrumpió en medio del panorama político español como el grupo más importante de los que se reclamaban del fascismo y a los pocos meses se unificó con las minúsculas JONS, cuyo agónico crecimiento había además bloqueado con su aparición. Fue una fusión en cierta manera inevitable, auspiciada por los financiadores alfonsinos de ambas organizaciones, así como por las escasas dimensiones de los dos grupos, aunque Ledesma fuera algo reticente a una unión con una FE y un Primo a los que consideraba como derechistas radicalizados más que propiamente fascistas. El 13 de febrero de 1934 se creó Falange Española de las JONS, con un triunvirato dirigente formado por Primo, Ruiz de Alda y Ledesma.

A pesar de aportar una militancia muy inferior en número a la falangista, las JONS llevaron simbología y lemas —la bandera rojinegra inspirada en la anarcosindicalista; consignas «España, Una, Grande y Libre»; «Por la Patria, el Pan y la Justicia» o «Arriba España»— y una mayor sensibilidad social y obrera, es decir, un interés por captar trabajadores que hiciese creíble la «Revolución Nacional Sindicalista» que propugnaban. La organización se estructuró internamente en Milicias de Primera y Segunda Línea, siendo las primeras las de los escuadristas de acción —propagandistas de la acción directa y violenta en las calles—. También se dotó al partido —que se autodenominaba «movimiento» por su radical antipartidismo— de un Sindicato Español Universitario en el que militaban los estudiantes —que siempre constituyeron más del cincuenta por ciento del falangismo—; una Sección Femenina dirigida por una de las hermanas de Primo, Pilar; una Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) y otra Central de Empresarios Nacional Sindicalistas (CENS).

Primo y Ledesma estuvieron tan solo un año juntos al frente de Falange. Aunque no hubo nunca una afinidad personal entre ambos, no cabe duda de la profundidad e influencia —no aceptada en el fondo por José Antonio— del segundo sobre el primero. A Ledesma se debe en buena parte el redactado del programa y un radicalismo anticapitalista fascista que poco a poco fue haciendo mella en Primo… aunque a principios de 1935 acabase expulsando a Ledesma tras saber de la intención de este de abandonar la organización para refundar las JONS. Las discrepancias del jonsista se centraban en la política de captación, que consideraba demasiado elitista y basada en campañas de mítines en localidades agrarias más que urbanas, y en la demanda, tras la revolución de octubre de 1934 en Asturias y los sucesos de Cataluña, de un intento de «conquista del Estado» al que un más cauteloso Primo se había negado. También se había negado Primo a admitir en Falange al exministro de la Dictadura José Calvo Sotelo, así como a la firma del manifiesto y plataforma del llamado «Bloque Nacional», auspiciado por aquel y que acabó agrupando a toda la ultraderecha a finales de 1934.

Estas actitudes conllevarían el corte de la financiación alfonsina, corte que Primo compensó en 1935 consiguiendo financiación fascista italiana, recibida vía París. También la cuestión del uso de la violencia por la organización generó tensiones internas. Primo mostró al principio reticencias ante el uso de represalias con resultado de muerte a los atentados con los que la extrema izquierda recibió la aparición de Falange. Sin embargo, la violencia se convertiría en la principal señal de identidad del partido, que entró en una escalada de actos de este tipo con las izquierdas. Hubo numerosos heridos y muertos, al tiempo que también los recibía la organización —los «caídos»— bajo la dirección de Primo.

Elegido diputado a Cortes en las elecciones de noviembre de 1933, elecciones cuyos resultados inauguraron el bienio radical-cedista, no lo fue en tanto que falangista —partido tan solo en ciernes en aquel momento— sino en el seno de una coalición derechista de Cádiz-Jerez, donde era muy conocido. Otro elegido en la misma lista, el marqués de la Eliseda, era también falangista y juntos, durante un tiempo —hasta que al aprobarse el programa falangista este abandonó la organización, por considerar «herético» el punto referido a las relaciones Estado-Iglesia—, fueron la voz del partido en las Cortes. La participación de Primo en las mismas fue escasa y de nula relevancia, aunque él mismo cuidase al extremo sus intervenciones y buscase impresionar a Manuel Azaña o al socialista Indalecio Prieto, a quien en algún momento consideró posible candidato a ejercer de Mussolini español, ni más ni menos, lo que es buena muestra del nivel de fantasía al que podía llegar.

Además, Primo consiguió irritar a sus compañeros de bancada derechistas, con sus alusiones a la justicia social, a la revolución nacional sindicalista o incluso a las esperanzas de que los socialistas o el mismo Azaña se «nacionalizasen». Paradójicamente lo salvó Prieto de la concesión del suplicatorio que le habría supuesto la pérdida del acta en razón de un delito de posesión de armas. Para salvar a un correligionario acusado del mismo delito, Prieto consiguió que las Cortes aplazasen la cuestión de los dos suplicatorios hasta el fin de la legislatura.

El programa falangista —los «Veintisiete Puntos»— definió España en tanto que «unidad de destino en lo universal» y alertó de que «todo separatismo es un crimen que no perdonaremos». Abogaba por la «anulación fulminante» de la Constitución republicana y definió al Estado falangista como «instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria» en la que se abolirían los partidos y el sufragio inorgánico sustituyéndolos por la participación familiar, municipal y sindical. Repudiaba la lucha de clases y propugnó una organización «corporativa» de la sociedad, «mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de producción al servicio de la integridad económica nacional». La propiedad privada se reafirmó y se garantizó su protección «contra los abusos del gran capital financiero, de los especuladores y de los prestamistas». También suscitó la necesidad de «la tendencia a la nacionalización del servicio de Banca y, mediante las Corporaciones, a la de los grandes Servicios públicos». Se abogaba igualmente por «la reforma económica y la reforma social de la agricultura» postulándose la propiedad familiar, la sindicación de los labradores y la redención «de la miseria en que viven […] las masas humanas que hoy se extenúan en arañar suelos estériles, y que serán trasladadas a las nuevas tierras cultivables». A ello se añadió la necesidad de la educación premilitar de la juventud y la separación Iglesia-Estado, lo cual motivó la salida de Eliseda. No era, pues, un programa conservador sino fascista. Al formularse, debilitó los lazos con el resto de la ultraderecha y, aún más, con la derecha católica agraria que representaba la CEDA.

Es más, tras la salida de Ledesma y la ruptura del acuerdo con los alfonsinos, Primo fue experimentando una evolución cada vez más radicalizada, producto en buena parte de la influencia ledesmista. Se «fascistizó» más de lo que estaba y a lo largo de 1935 y los primeros meses de 1936 arreciaron sus críticas «al capitalismo» —que relacionaba con el financiero— y a «los grandes trusts».

Pero el problema fundamental de Primo y de su pomposa y orgullosa Falange Española de las JONS fue su escasa incidencia en la política real. Había sido una late comer, apareciendo en un momento y en un medio con otras opciones ultraderechistas más potentes ya consolidadas, y lo pagó. Aunque en realidad acabó teniendo un mayor protagonismo del que probablemente se merecía por su importancia numérica, al ser considerada —correctamente— por la izquierda como la más genuina representante en España del fascismo… aunque ello fuese compatible con la calificación genérica de «fascistas» que se dedicaba a todo el elenco derechista y ultraderechista, desde la CEDA al carlismo, alfonsismo, albiñanismo y, por supuesto, al falangismo.

FE de las JONS fue el blanco preferido de los ataques de las izquierdas obreras, a las cuales ella misma dirigió sus ataques terroristas y «escuadristas», especialmente a la más numerosa, la socialista, así como a la comunista. Y, destacadamente, a las juventudes de ambas, así como a los estudiantes republicanos de la Federación Universitaria Escolar. El anarcosindicalismo de la CNT, aunque también fue atacado, y este atacó a FE, lo vieron Primo y los suyos como un sindicalismo «genuinamente español» y se realizaron intentos de acercamiento. En concreto al líder de la escisión «política» de la Confederación, Ángel Pestaña, que rechazó toda colaboración. Por supuesto que los guiños de José Antonio al líder socialista Indalecio Prieto que ya hemos citado también fueron olímpicamente ignorados.

Dada su inanidad a la hora de conseguir apoyo de masas, las estrategias de «conquista del Estado» falangistas siempre pasaron por la colaboración con el Ejército. Se formularon planes insurreccionales contando con los militares y Primo redactó dos cartas-manifiesto dirigidos a la oficialidad más joven para atraerla al seno o a la colaboración en un golpe, sin demasiado eco, aunque algunos oficiales del Ejército se afiliaron en secreto a la organización. El único caso de colaboración, de muy escasa importancia entre FE de las JONS y el Ejército, fue la de los falangistas en la derrota de la revolución de Asturias, de escasa relevancia.

Las cosas, no obstante, comenzaron a cambiar a raíz de la derrota electoral de la derecha —en concreto de las coaliciones electorales hegemonizadas por la CEDA— en las elecciones del 16 de febrero de 1936, que ganó el Frente Popular. FE hubiese podido ganar algunos escaños —entre ellos uno para Primo— si hubiese aceptado colaborar en la coalición, con una CEDA a la que tanto había criticado en los dos años anteriores. El propio Primo así lo pretendía, pero acabó plegándose a la negativa de sus camaradas y para no dar la impresión de estar garantizándose una posición y una inmunidad parlamentaria que perdería caso de no continuar siendo diputado.

Esto acabó pasándole factura porque el nuevo Gobierno cerró los locales de FE de las JONS y detuvo a todos los dirigentes falangistas que pudo, incluido José Antonio, en marzo de 1936. Ya no saldría nunca más de la cárcel. Fracasaron los intentos de devolverle la inmunidad presentándole a unas nuevas elecciones en Cuenca —que debían repetirse, debido a irregularidades en el proceso electoral—. A la hora de incluirle en la candidatura se produjo un forcejeo entre él y el general Franco —que también aspiraba al puesto—, forcejeo que se resolvió con el desistimiento del general, tras las gestiones realizadas a favor de Primo por el amigo de este, y concuñado del militar, Ramón Serrano Suñer, personaje que un año después —ya durante la guerra civil— jugaría un papel clave en la incautación de FE de las JONS por un Franco convertido en Generalísimo y jefe del Estado. [→ FALANGE ESPAÑOLA].

En la primavera-verano de 1936 Falange se lanzó a tumba abierta por la vía insurreccional, poniendo toda la carne en el asador en cuanto a su táctica terrorista y de acción directa antirrepublicana y antiizquierdista. Escalada que tuvo su respuesta desde la izquierda, llegándose a un momento destacado en las luchas callejeras. En estas también participó por supuesto el resto de milicias ultraderechistas —alfonsinas y carlistas— y aun derechistas, como las JAP (Juventudes de Acción Popular). Nada sorprendentemente, fue en esta época, con el partido en la clandestinidad, cuando recibió más ingresos, provenientes al parecer de las propias JAP y tal vez aún más de sectores que hasta ese momento no habían militado, pero que ante el temor a una revolución izquierdista y en contra del deterioro del orden público —del que culpaban al gobierno del Frente Popular— se unieron a FE de las JONS.

La incapacidad para urdir un golpe de estado propio, con ayuda de elementos militares y de la Guardia Civil, llevó a Primo a colaborar con el golpe que un grupo de generales —Sanjurjo, Goded, Franco, Mola, Orgaz y otros— estaban preparando. No sin reticencias, ordenó la colaboración de las milicias en el levantamiento. También preparó su propia liberación —se encontraba en el momento del golpe en la cárcel de Alicante— y la de los otros jefes falangistas. Pero el fracaso del golpe —la toma del poder en tan solo una parte de las provincias españolas— conllevó el inicio de una guerra civil. También fracasó la liberación de Primo, la del 17-19 de julio, y otras posteriores que se organizaron por FE de las JONS con la ayuda de los generales alzados, incluyendo a un Franco desde finales de septiembre de 1936 convertido en jefe supremo.

Finalmente Primo fue fusilado, junto a dos milicianos falangistas y dos carlistas, en un rincón del patio de la prisión de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Antes había intentado mediar entre los dos bandos para evitar la guerra, ofreciéndose al gobierno republicano —sin éxito— para ir a Burgos a conferenciar con los generales y lograr un acuerdo, dejando como rehenes en Alicante a algunos de sus familiares, encarcelados con él. También elaboró una lista de un posible gobierno de coalición —sin falangistas— que, incluyendo a republicanos moderados, intelectuales de prestigio, técnicos y de nuevo a Prieto, gobernase vía decreto y solucionase la situación, deteniendo la conflagración. No se le hizo ningún caso.

Iniciada ya la guerra, Primo fue entrevistado en la prisión por un periodista prorrepublicano norteamericano, Jay Allen, ante quien se mostró contrario a que la guerra civil estuviese siendo una guerra de clases y en la que el bando «nacional» representase simplemente a la España conservadora. Es probable que no conociera las dimensiones del crecimiento descomunal que comenzaba a experimentar FE de las JONS. Crecimiento facilitado por un ideario fascista que ofrecía integrar a personas procedentes también de las izquierdas para «nacionalizarlas». Pero que se expandió aún mucho más por la derecha y por los sectores hasta entonces no movilizados políticamente pero que lo hicieron en un contexto de guerra. O fueron obligados, como sucedió a veces —no siempre— en el reclutamiento de milicias falangistas para los frentes. Tampoco llegó Primo a saber nunca —porque ocurrió el 19 de abril de 1937 cuando ya estaba muerto— de la unificación por decreto de Franco de FE de las JONS con la Comunión Tradicionalista de los carlistas para crear el partido único del Régimen: Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Y, por supuesto, nunca supo que su persona iba a convertirse, durante los años del franquismo, en objeto de un culto a la personalidad auspiciado por el partido único —al frente del cual estarían siempre personas de su entorno político y familiar inmediato (los Pilar Primo, Raimundo Fernández-Cuesta o José Luis Arrese)— de alcance insólito y larguísimo recorrido. Y de la creación de un mito aún vivo entre los suyos y sus descendientes.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Gil Pecharromán, Julio: José Antonio Primo de Rivera. Retrato de un visionario, Temas de Hoy, Madrid, 1996.

Payne, Stanley G.: «José Antonio Primo de Rivera», en Enrique de Aguinaga y Stanley G. Payne, José Antonio Primo de Rivera, Ediciones B, Barcelona, 2003, pp. 160-284.

Thomàs, Joan María: Lo que fue la Falange, Plaza & Janés, Barcelona, 1999.

VICENTE ROJO LLUCH

por

JOSÉ ANDRÉS ROJO

Seguramente el hecho más relevante en la vida de Vicente Rojo Lluch se produjo el 6 de noviembre de 1936 cuando fue nombrado responsable militar de la defensa de Madrid unas horas antes de que se desencadenara la ofensiva, que se presumía definitiva, del ejército franquista. Procedió entonces, recuerda en Así fue la defensa de Madrid, su libro sobre aquellas jornadas, como el militar que era: insistió ante sus superiores que solo era teniente coronel y que había otros oficiales de mayor rango para asumir semejante reto. Cuando le dijeron que tenía que cumplir las órdenes, y que en aquellos momentos no servían ni los grados ni el escalafón, reunió a los jefes a los que en tiempos de paz le hubiera correspondido obedecer para darles la oportunidad de irse si no aceptaban de buen grado que entonces les tocaba acatar las órdenes de un inferior. Algunos se fueron; los que se quedaron hicieron piña con el responsable de la resistencia en Madrid. El cometido que les esperaba era complejo: detener a unas tropas que, sin sufrir graves escollos, habían avanzado desde el sur en poco más de tres meses y se disponían a terminar lo que un grupo de rebeldes inició el 18 de julio, acabar con la República.

Un día después de haber aceptado sus nuevos cometidos y, durante una cena con sus compañeros de estado mayor y el general Miaja, a quien el Gobierno nombró jefe de la Defensa de Madrid antes de salir para Valencia el 6, se presentó un miliciano con unos papeles que habían encontrado en manos de un oficial enemigo, caído durante los encontronazos de aquel día. Rojo revisó su contenido y pensó que podrían ser las órdenes de ataque a la capital. Se retiró con su equipo para planificar de inmediato la respuesta y, horas después, dio las órdenes oportunas para resistir el embate mayor, que iba a producirse por la Casa de Campo, y para sorprender al enemigo con un ataque lateral que, si funcionaba, serviría para debilitar el empuje de su ofensiva.

Así comenzó la batalla a primeras horas del 8 de noviembre, con una fuerte resistencia de los defensores de Madrid a las tropas que dirigía Varela. El 23, Franco ordenó interrumpir el ataque. El avance realizado por sus efectivos había sido mínimo y el eslogan que los habitantes de la ciudad levantaron para fortalecer su voluntad de lucha se cumplió. «No pasarán», y no pasaron. Vicente Rojo llamó la atención sobre la singularidad del fenómeno que se produjo entonces: el afán de detener al enemigo prendió con tanta fuerza en los habitantes de la ciudad que, de alguna manera, todos participaron en la defensa. Ya habían sabido de la capacidad destructora de los militares rebeldes por las bombas que cayeron antes de que llegaran sus tropas, con lo que se forjó una sorprendente solidaridad entre los que salían al frente y los que trabajaban en la retaguardia. «Ciertamente», escribió Rojo, «hubo luchadores que a su conducta abnegada hermanaron el fanatismo de sus creencias políticas, religiosas o sociales; pero otros, muchísimos más, supieron batirse con la misma abnegación y guiados por sus propias creencias libres de fanatismo y atentos especialmente a su deber militar».

Ese deber militar era detener al enemigo y a ese deber se consagró Vicente Rojo desde que se produjo el golpe de estado contra la República. No era de los oficiales que, por sus querencias izquierdistas, apoyaron el vuelco revolucionario que desencadenaron las milicias en cuanto se vieron con armas y fueron capaces de frenar (por cierto, siempre con el apoyo de efectivos regulares que habían permanecido leales) la asonada rebelde. La lealtad de Rojo tuvo desde el primer momento un carácter fuertemente institucional. Si había jurado como militar fidelidad al Gobierno elegido legalmente en las urnas, su sitio estaba ahí, con la República. «La convulsión nacional quebró el ritmo de mi vida, como la de todos los españoles», escribió en una breve autobiografía para explicarse ante su familia, «y como la inmensa mayoría de mis compatriotas, ante lo que desde el comienzo tenía caracteres de catástrofe, me pregunté “dónde estaba mi deber”». Su respuesta fue inequívoca: «En mi puesto, donde diariamente tenía mis obligaciones, siguiendo a mis jefes en tanto no entendiese que mi conducta pudiera entrar en el terreno de la indignidad, porque el Deber no podía ni debía rehuirlo cualesquiera que fueran los riesgos sin mengua de la disciplina y la lealtad».

La vida entera de Rojo estuvo desde siempre ligada al Ejército. Nació el 8 de octubre de 1894 en Fuente la Higuera, un pequeño pueblo de Valencia. Su padre acababa de morir tres meses antes, tras haber regresado enfermo de Cuba en 1892 y convertido en alférez por méritos de guerra. Su madre falleció también pronto, cuando Vicente, el último de seis hermanos, contaba con solo trece años. Entró en el internado que acogía a los huérfanos de Infantería y, a los dieciséis, se trasladó a Toledo, a la Academia Militar. Sus estudios se habían resentido un poco por una enfermedad que lo llevó a perder la vista del ojo izquierdo. Aun así se desempeñó brillantemente y, cuando se licenció, fue el segundo de una promoción de 390 alumnos. Su primer destino fue en Barcelona. Entre enero de 1915 y junio de 1919 estuvo en África, allí libró algunas batallas, fue condecorado con la Cruz Roja al Mérito Militar, ascendió a capitán. Pidió el regreso porque no soportaba el ambiente de camarillas y de servilismo a los jefes que reinaba entre los africanistas. Se incorporó a un regimiento en Barcelona y luego fue destinado a Vic. En mayo de 1922 conquistó el sueño para el que llevaba preparándose años: convertirse en profesor de la Academia de Toledo.

Conviene destacar, de los diez años que pasó enseñando, una de las iniciativas que puso en marcha. Se trata de la Colección Bibliográfica Militar, que fundó junto al capitán Emilio Alamán Ortega, y de la que publicaron 96 entregas entre septiembre de 1928 y julio de 1936 con una tirada global de 200 000 ejemplares. Fue, de hecho, la guerra la que terminó con una empresa que confirma que también al ámbito tradicionalmente árido y conservador propio de una academia militar habían llegado los aires de transformación que propiciaron aquella época culturalmente brillante que se conoce como Edad de Plata. La Colección Bibliográfica Militar procuró abrirse al exterior e incorporó los tratados y ensayos que los mejores estudiosos de la historia y la técnica militar producían por entonces. Consiguió también que muchos de los oficiales que enseñaban en sus aulas se implicaran en el proyecto con distintas contribuciones teóricas y prácticas. También ahí, en esa iniciativa que muestra el afán modernizador que latía en España en todas partes, el golpe militar causó efectos devastadores. No solo obligó a que muchos de los que colaboraron juntos en aquella empresa terminaran luchando en trincheras distintas, es que desde entonces nunca más se produjo en ningún centro docente militar español una iniciativa de semejante calado cultural y académico.

Vicente Rojo dejó las aulas de la Academia tras un incidente con el director a comienzos de 1932. «Consideré que se cometía una injusticia al negar a un alumno desconocido permiso para ir a un pueblo de la provincia de Toledo a ver a su madre enferma, el mismo día que se autorizaba marchar a Madrid a divertirse a uno protegido», explica en su autobiografía. Se trasladó a Madrid con su familia (en diciembre nacería allí el sexto de sus siete hijos) y entró ese mismo año en la Escuela Superior de Guerra. En abril de 1936 obtuvo el diploma de estado mayor y fue destinado a la 16.ª Brigada de Infantería de León. Regresó en junio, se incorporó al estado mayor central bajo las órdenes del coronel Avilés y fue ahí donde lo sorprendió la iniciativa de los militares rebeldes que desencadenaron contra la República el 17 y el 18 de julio el fatal testarazo que conduciría a una larga guerra civil.

El 20 de julio ya estaba en el estado mayor del Ministerio y el 24 fue convocado por el teniente coronel Hernández Saravia, cerebro entonces de las primeras iniciativas de las fuerzas republicanas: lo envió a Somosierra, y debía darse prisa pues un grupo de milicianos se había rebelado contra un oficial. Rojo llegó tarde. El teniente coronel Cuervo había sido ejecutado por las fuerzas que conducía, pues lo consideraron un traidor. No era la primera vez que sucedía, y no iba a ser la última. Los milicianos desconfiaban profundamente de los militares y dudaban de su lealtad. Cada una de las órdenes de los oficiales se leía en esa clave y era habitual que no se obedecieran. Reinaban la indisciplina y el caos. El coche en el que viajaba Rojo fue varias veces detenido por controles milicianos. En La Cabrera contactó con sus compañeros y con los combatientes a los que debía dirigir. Al día siguiente un grupo de exaltados se puso al frente de unos 300 o 400 hombres y la columna se dispuso a conquistar Somosierra. Los oficiales no tuvieron más remedio que acompañarlos. «Aquello era una verdadera calamidad orgánica y táctica», escribió Rojo años después. «¿Para eso había yo pasado la vida estudiando? ¿Era humano llevar aquella pobre gente al sacrificio?». Hubo suerte: un aviador que acababa de aterrizar por la zona les advirtió de la envergadura de hombres y medios que tenían sus enemigos y la iniciativa quedó truncada.

Rojo estuvo en la sierra, como jefe de estado mayor de las fuerzas que dirigió primero el teniente coronel Sánchez Paredes y después el general Bernal, hasta finales de agosto. Volvió entonces al Ministerio y el 9 de septiembre tuvo que desempeñar una delicada misión que le había transmitido personalmente el nuevo jefe de Gobierno, Largo Caballero. Debía pedir la rendición de los falangistas y guardias civiles, guardias de asalto y oficiales rebeldes (eran unos mil) que se habían hecho fuertes en el Alcázar de Toledo poco después del golpe con un centenar de rehenes. Las fuerzas republicanas pretendían colocar una mina, y volarla, para romper la fortaleza y realizar el ataque final. Antes de que se provocara una carnicería era necesario apelar al buen sentido de los que resistían. Los milicianos temían que el comandante Rojo se quedara con sus viejos compañeros de la Academia, entre los que estaba Alamán, su íntimo amigo.

No lo hizo. Moscardó se negó a rendirse, sus viejos camaradas intentaron convencerlo de que su sitio estaba del lado de los militares rebeldes frente a la chusma que defendía a la República, pero Rojo se mantuvo firme. Procedía de una familia humilde que lo educó en los valores tradicionales del catolicismo y él mismo se consideró siempre un hombre conservador. Era, sobre todo, militar. La patria, sin embargo, «también estaba en la calle y en el torbellino y en la pasión de tantas gentes a las que no debía traicionar». Y a las que no traicionó nunca.

El 18 de octubre las tropas franquistas, que habían conquistado Toledo el 28 de septiembre tras desviarse para liberar a los que resistían en el Alcázar, tomaron Illescas. El general José Asensio Torrado fue el encargado de diseñar la operación para recuperar la ciudad y detener el avance enemigo hacia Madrid. Los combates se iniciaron el 20 de octubre y se prolongaron hasta el 24. Rojo fue el encargado de conducir la columna que avanzó por la izquierda en su primera acción sobre el terreno. La ofensiva no consiguió lograr sus objetivos, con lo que los rebeldes tenían el camino abierto hacia la capital. El comandante Vicente Rojo ascendió por lealtad el 25 a teniente coronel.

Tenía entonces el perfil que mejor convenía al Ejército del Pueblo que Largo Caballero había empezado a construir con un decreto de finales de septiembre, que no significaba otra cosa que la militarización de las milicias. Rojo era un hombre muy capacitado técnicamente y de brillante inteligencia, con una asombrosa capacidad de trabajo, y que había demostrado —en Somosierra, en Toledo, en Illescas— su lealtad a la República. Sobre todo, no estaba vinculado a ninguna fuerza política y ni siquiera había conspirado años antes a favor de la República como habían hecho algunos de sus jefes más destacados. El verdadero reto, en tal momento, era la transformación de aquellas entusiastas y desorganizadas columnas milicianas en disciplinadas unidades militares. La Brigada Mixta se había impuesto como la unidad básica de ese nuevo Ejército que no iba a tener más remedio que repartir el mando de las tropas entre los jefes milicianos y los oficiales de graduación. Muchos de los altos mandos que habían permanecido fieles querían un ejército de profesionales. Tal como estaban las cosas, esa opción no era ya viable: los hombres de partidos y milicias, armados y encuadrados en columnas irregulares, habían llevado el peso de muchas escaramuzas, a veces de manera heroica. Era inconcebible que, a aquellas alturas, se les apartara de la lucha para propiciar un ejército totalmente desideologizado. La fórmula híbrida era inevitable y la defensa de Madrid se convirtió en el gran laboratorio en el que iban a probarse las iniciativas militares puestas en marcha por el nuevo jefe de Gobierno.

Fue el gran momento del joven teniente coronel. Había cumplido en octubre 42 años, estaba casado y tenía seis hijos. En su casa escondió a algunas monjas para protegerlas de la furia antirreligiosa de los milicianos más radicales e incluso logró ayudar a viejos compañeros para que salvaran el pellejo cuando corrían grave peligro de ser paseados por sus inclinaciones de extrema derecha. Cuando se convirtió en jefe militar de la defensa de Madrid, nombró enseguida a los integrantes de su estado mayor y con ellos empezó a desarrollar una tarea frenética.

En la suerte que corrió Madrid durante aquel invierno de 1936 la respuesta militar fue el factor decisivo para que la ciudad resistiera. Al trabajo que realizó el jefe de la defensa y sus hombres (los oficiales y la tropa) hay que añadir otros tres factores de extraordinaria relevancia. En primer lugar, la llegada de los cazas soviéticos. En el mismo momento en que el empuje de las tropas franquistas se vio frenado por los combatientes republicanos, la hegemonía que había reinado en el cielo a favor de los rebeldes, gracias a los aviones italianos y alemanes que recibieron a los pocos días de iniciado el golpe, quedó de pronto contrarrestada por la aparición de los I-15 Chatos tripulados por pilotos rusos. Importa también, y mucho, la incorporación a la lucha de los voluntarios extranjeros que acudieron a ayudar a los españoles a detener el avance del fascismo. La XI Brigada Internacional llegó a Madrid el día 10, desfiló por la Gran Vía entre los vítores de una población agradecida y marchó inmediatamente al frente. Eran combatientes rudos, curtidos en batallas anteriores, con experiencia. Los bisoños e inexpertos combatientes de las columnas republicanas tuvieron así un ejemplo próximo a imitar: no habían tenido prácticamente instrucción militar alguna, así que aprendían en el mismo terreno de batalla.

El tercer factor que contribuyó a frenar al enemigo fue la implicación de los ciudadanos de Madrid. Por eso ha quedado grabada con fuerza en el imaginario colectivo la imagen del pueblo heroico que resistió el feroz ataque de aquellas sanguinarias tropas que habían dejado su rastro de crueldad a lo largo de su avance hacia Madrid, durante el cual se produjeron las terribles matanzas de Badajoz, una insoslayable referencia de su manera de operar. La propaganda, sobre todo la comunista, cultivó mucho esta representación de la batalla de Madrid. También se ha subrayado con insistencia que la capital no cayó gracias al apoyo soviético. Los asesores rusos, el material militar y las Brigadas Internacionales operaron el prodigio. Vicente Rojo contó en su libro sobre aquellos días la magnífica relación que tuvo con el general Gorev y lo importante que fue su colaboración. Pero rechazó de cuajo que fueran ellos los que tomaban las decisiones. Una de las de Rojo resulta mucho más elocuente, en este sentido, que mil tratados. El general Kléber, uno de los grandes protagonistas de la gesta como responsable de la XI Brigada Internacional, fue destituido al terminar los combates por su manifiesta inclinación a desobedecer las órdenes del estado mayor, por haber tergiversado la información para quedar mejor parado y por tomar la iniciativa al margen de sus mandos para salir del atolladero al que condujo a sus tropas.

Al ataque directo sobre Madrid sucedió, a los pocos días, uno indirecto por la zona de la carretera de La Coruña y que se inició el 29 de noviembre. A los pocos días, hacia el 1 o 2 de diciembre, los combates languidecieron, pero la ofensiva se reforzó el 13 con la embestida de cuatro potentes columnas paralelas. Las tropas franquistas llegaron a conquistar la Cuesta de las Perdices el 9 de enero, pero las fuerzas leales reaccionaron con contundencia. Hacia el día 15 ambos bandos estaban exhaustos y desistieron de continuar: el enemigo consiguió avanzar pero Madrid había resistido el segundo embate. Las tropas republicanas demostraron que podían operar en campo abierto y el esfuerzo orgánico para consolidar el Ejército naciente reveló sus frutos.

Fue entonces cuando crujieron por primera vez los resortes de la maquinaria de guerra que había puesto en marcha la República. Vicente Rojo quería realizar una fuerte ofensiva por Brunete, mientras que el estado mayor de Valencia apoyaba una maniobra por el Jarama que defendía Pozas. La relación entre Miaja y Largo era cada vez más tensa. El general había conseguido defender una plaza que el político dio por perdida. Quizá por eso este último hizo lo posible por imponer sus directrices. Se iba a operar por el Jarama. Pero las fuerzas franquistas se adelantaron a los republicanos y realizaron justo en aquella zona el primer movimiento. La batalla se desarrolló entre el 6 y el 23 de febrero de 1937 y terminó en tablas. Miaja y Rojo recuperaron el control de las fuerzas hacia el día 15. De nuevo, el empeño de los rebeldes había fracasado.

La última de las iniciativas para tomar Madrid surgió del empeño de los italianos. La concepción del ataque fue la más moderna de cuantas se habían planificado hasta entonces y se sostenía en el avance de los carros blindados del Corpo Truppe Volontarie (CTV) por las llanuras de Guadalajara. Jurado, al mando del IV Cuerpo de Ejército republicano, fue el encargado de resistir el embate y Rojo fue reclamado como jefe del estado mayor para hacerse cargo del contraataque una vez que se hubo aguantado la presión enemiga. Todavía el 20 y el 21 de marzo las unidades republicanas perseguían a los derrotados rebeldes. Franco renunció a tomar Madrid: la guerra cambió de derrotero cuando decidió que su siguiente movimiento sería la conquista del Norte, que se inició el 31 de marzo, y que inevitablemente iba a alargar la guerra.

Las divisiones políticas fueron un lastre decisivo para la defensa en el Norte: hubo poco entendimiento entre el responsable elegido por el Gobierno y las autoridades vascas. Mientras tanto, Rojo decidió probar la eficacia de sus tropas en una acción ofensiva y planificó un ataque local que se inició el 9 de abril. El fracaso en la toma del cerro de Garabitas, en la Casa de Campo, sirvió para confirmar que en el nuevo Ejército todavía había mucho que hacer. Con la idea de colaborar en desatascar la presión enemiga sobre el País Vasco, el estado mayor de Largo preparó una acción en Extremadura. Miaja, y Rojo, preferían operar en Brunete.

Terminó por imponerse esta última idea, pero solo porque antes se produjo un cambio político de profundo calado. Los comunistas se habían enfrentado a Largo Caballero porque consideraban que obstaculizaba los esfuerzos de guerra y las facciones moderadas entendían que la presencia de las centrales sindicales en su gobierno complicaba el apoyo de las democracias occidentales. El jefe del Gobierno, falto de apoyos, dimitió el 17. El presidente Azaña decidió que su sustituto fuera Negrín.

Vicente Rojo fue nombrado entonces jefe del nuevo estado mayor Central del Ejército. Su jefe directo fue Indalecio Prieto como ministro de Defensa. Con Negrín llegó al Gobierno un vendaval de energía: prescindió de las centrales sindicales, volcó sus esfuerzos en recabar para la República el apoyo que le habían negado las democracias occidentales y decidió apostar a fondo por un ejército potente que fuera capaz de imponerse al enemigo. Tras los sucesos de mayo el afán de reforzar la unidad de las instituciones democráticas se impuso en la República. Rojo entendía que la complicidad partidista podía reforzar la capacidad combativa de determinadas unidades, pero se opuso siempre a que el Ejército tuviera un color político concreto. Desde el principio, los comunistas defendieron la disciplina y entendieron que la guerra solo se podía ganar si se consolidaban unas fuerzas armadas poderosas y bien dotadas. Frente a ellos, algunas fuerzas anarquistas se inclinaban más bien por la lucha de guerrillas. La falta de acuerdo influyó muchas veces en la eficacia de determinadas acciones militares. Prieto, por otro lado, estaba obsesionado por la voluntad del Partido Comunista de penetrar entre los altos mandos del Ejército.

Dos ofensivas, concebidas para aliviar la presión sobre el norte, no consiguieron evitar que Bilbao cayera el 19 de junio. Ni el ataque sobre La Granja, en Segovia, iniciado el 30 de mayo, ni el avance sobre Huesca del 10 de junio sirvieron para nada y solo confirmaron la falta de destreza técnica de muchas unidades republicanas. El gran golpe, sin embargo, se desencadenó el 6 de julio para intentar evitar que Santander cayera en manos franquistas. Rojo movilizó la mayor masa de efectivos puesta en marcha hasta entonces, con un sorprendente éxito de organización, para realizar una maniobra de doble envolvimiento sobre Brunete, en las proximidades de Madrid. La sorpresa fue fulminante y en las primeras horas la 11.ª División de Líster estaba ya en las cercanías del pueblo. El empecinamiento de distintas fuerzas por conquistar sus objetivos, en vez de desbordarlos y proseguir el avance, permitió reaccionar al enemigo.

La República hizo todavía otro esfuerzo para obligar al ejército franquista a retirar distintas tropas de su avance hacia Santander y entretenerlas en otros escenarios. La ofensiva se realizó en el frente de Aragón con dos direcciones de ataque para avanzar hacia Zaragoza. La llamada batalla de Belchite, que se desarrolló entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre, tampoco sirvió de mucho: Santander cayó dos días después de iniciada la maniobra y, de nuevo, las tropas se entretuvieron en acciones secundarias que las distrajeron del esfuerzo principal.

Estas acciones estaban bien concebidas, pero chocaban con la impericia de los mandos intermedios. El ímpetu inicial de los combatientes republicanos se desinflaba cuando se veían desamparados en el campo de batalla y no contaban con jefes que supieran interpretar con resolución la dirección del avance. La batalla de Teruel fue, sin embargo, un éxito indiscutible y el Ejército Popular vivió unas jornadas de gloria que hicieron concebir grandes esperanzas. Logró detener el nuevo avance sobre Madrid que proyectaba Franco y lanzó hacia el exterior la imagen de una República que había disciplinado a un ejército que era respetuoso con sus enemigos: el obispo, por orden directa de Rojo, fue tratado con toda consideración cuando fue detenido.

Rojo (tras convertirse en coronel en marzo de 1937 y en general, en septiembre) entró en la ciudad montado a caballo. Quedaban unas plazas por rendir, que cayeron el 8 de enero. El 17, el ejército franquista contraatacó con fuerza y, el 2 de febrero, desvió su ofensiva y provocó la batalla del Alfambra, que sorprendió al ejército republicano y que constituyó un triunfo rotundo de los rebeldes. Crecidos por la victoria, avanzaron de nuevo sobre Teruel y recuperaron la ciudad el 22 de febrero.

La batalla de Teruel revela como ninguna otra la delicada consistencia del Ejército Popular. Rojo tuvo primero que batallar en los despachos para que se impusiera su propuesta. La maniobra inicial se realizó con efectividad y se tomó la plaza, que quedó en manos del responsable de la operación, Fernández Saravia. Rojo, entonces, se concentró en un nuevo ataque (por Extremadura: el llamado plan P) para sacar partido de inmediato al éxito. La virulencia de la respuesta enemiga, y la superioridad de sus fuerzas, provocaron en los combatientes un desconcierto tal que se traducía en desbandadas y en la pérdida de cuanto se había logrado.

Rojo presentó a Prieto su dimisión el mismo día en que cayó Teruel. Estaba agotado y sus informes revelan cuán poco coincidían en la República la lógica política y la lógica militar. Los roces entre oficiales profesionales y milicianos se habían agudizado tras algunos ascensos. Fue entonces cuando intervino Negrín, rogándole que siguiera al frente. La complicidad entre el jefe del Gobierno y Rojo no dejaría de reforzarse a partir de entonces. Y venían tiempos malos. Las fuerzas de Franco rompieron el 9 de marzo de 1938 el frente de Aragón y avanzaron hacia el mar. El 15 de abril llegaban al Mediterráneo: la República había quedado partida en dos. [→ OPERACIONES MILITARES].

Fue seguramente el momento más delicado de todos. El 5 de abril Negrín tomó las riendas del Ministerio de Defensa. El general Rojo fue una de las piezas esenciales de su estrategia y se volcó en lo que seguramente fue el desafío más arriesgado de la República: puesto que cualquier negociación de paz pasaba por una rendición absoluta y sin condiciones, no había otra alternativa que resistir hasta que las condiciones internacionales cambiaran y las democracias occidentales decidieran por fin enfrentarse a las ambiciones de Italia y Alemania. Franco se convertiría en otro enemigo más y terminaría así la ficción del Comité de No Intervención. La nueva etapa iba a sostenerse, políticamente, en el programa de trece puntos que Negrín hizo público el 30 de abril.

Tras la conquista de Lérida, que se produjo el 3 de abril durante la anterior ofensiva de los rebeldes, Y agüe se propuso avanzar hacia Barcelona y acabar definitivamente. Pero Franco lo detuvo: prefería antes atacar Valencia. La ofensiva se inició el 18 de abril y lo que prometía ser una campaña veloz y rotunda se convirtió en una pesadilla. «Madrid revivía en el frente de Viver», escribió Rojo en España heroica. El ejército republicano, al que se había dado por muerto, resistió con uñas y dientes, y Franco no consiguió sus objetivos. De los siete cuerpos implicados en aquella gesta defensiva, solo dos estaban al mando de comunistas, observa Rojo para subrayar que el Ejército Popular no tuvo un color único, por mucho que así se haya contado.

Nada más empezar el 25 de julio, y tras haber resistido en Valencia hasta unas horas antes, la 42.ª División y los Cuerpos V y XV del Ejército Popular cruzaron el Ebro e iniciaron la más cruenta de las batallas de la guerra. Salvo en algún lugar, la compleja maniobra del cruce se realizó con éxito y el avance fue notable durante las primeras jornadas. Franco tuvo que interrumpir sus planes de ataque a Barcelona y trasladar a su Ejército a aquellas sierras para frenar a sus enemigos. Había mordido el anzuelo y la maniobra proyectada por Rojo permitía dilatar la guerra con la esperanza puesta en el exterior. Las amenazas de Italia y Alemania parecían estar a punto de producir una drástica respuesta de Francia y Reino Unido. Mientras esto ocurría, se pelearía en el Ebro y, si las fuerzas lo permitían, se avanzaría en el plan P para dar en Extremadura el golpe definitivo al bando rebelde. Nada de eso ocurrió.

El 29 de septiembre de 1938, en Múnich, Francia y el Reino Unido entregaron los Sudetes a Hitler para evitar cualquier conflicto. Acababan de firmar la sentencia de muerte de la República. Lo que tuviera que hacer desde ese momento, iba a tener que hacerlo sola, sin perspectiva de que las cosas cambiaran a corto plazo. El gobierno de Negrín decidió retirar a las Brigadas Internacionales el 21 de septiembre para forzar una intervención extranjera que frenara la llegada del apoyo italiano y alemán. A Rojo le costó mucho movilizar a las tropas de los ejércitos del Centro y el Este para que aliviaran la tensión que padecían los combatientes en el Ebro: la sintonía con sus compañeros se resquebrajaba y, a finales de año, algunos ya buscaban por su cuenta firmar la paz con Franco. La retirada terminó a mediados de noviembre. El balance fue desolador: los franquistas perdieron más de 30 000 hombres y los republicanos prácticamente el doble. Las fuerzas estaban agotadas. Pronto volverían a batirse.

Rojo, en su afán de resistir fuera como fuera, ultimó un nuevo plan para detener el avance franquista hacia Barcelona, una variante del viejo proyecto que acarició tras la toma de Teruel: el plan P. Consistía en tres movimientos que debían ejecutarse con extrema precisión: debía iniciarse con un ataque por mar y tierra sobre Motril; cinco días después, tres cuerpos procederían por Extremadura para lanzarse, de un lado, hacia Sevilla y, del otro, hacia Badajoz; el último paso consistía en un acción del ejército del Centro para cortar la comunicación enemiga entre Madrid y Extremadura. Rojo se entrevistó con los responsables de llevar el peso de la acción, envió las órdenes oportunas y fijó la ofensiva para el 8 de diciembre (luego se retrasaría al 11). Cuando la flota había enfilado hacia la ciudad andaluza, recibió una carta de Miaja en la que se negaba rotundamente a que sus tropas atacaran Motril. Furioso por la desobediencia del responsable de la maniobra, el general pidió a Negrín que tomara cartas en el asunto. No lo hizo. La República estaba empezando a derrumbarse.

Nunca habían sido fáciles las cosas en el estado mayor central. El jefe era Rojo, sí, pero sobre él mandaba siempre el ministro y, por mucha sintonía que hubiera con Negrín, era a este a quien le correspondía dar el visto bueno definitivo. Era inevitable que la fluidez necesaria para gobernar un ejército en guerra se interrumpiera cada vez que resultaba necesaria la bendición de una orden. Rojo pidió por activa y por pasiva que existiera un mando único, pero la República quiso que la responsabilidad militar última estuviera siempre en manos de un civil, de ahí que todavía no se hubiera declarado el estado de guerra (una medida que el general reclamó también constantemente). Ese paso lo dio Negrín el 24 de enero de 1939, un mes y un día después de que las tropas franquistas empezaran su avance por Cataluña.

Poco antes de iniciar la maniobra del Ebro, un consejero ruso (el general Maximov) quiso detenerla, pero aquella vez Rojo tuvo el apoyo de Negrín después de presentar su dimisión. Miaja lo desobedeció con lo de Motril y no pasó nada. Cuando se trataba de mantener la ardua y difícil y complicada resistencia en Cataluña, Rojo tuvo que destituir a Hernández Saravia y sustituirlo por Jurado por su falta de sintonía con el ejército del Ebro. La crisis era evidente en todos los órdenes. Barcelona cayó el 26 de enero. De nada sirvió el ataque republicano sobre Extremadura iniciado el día 5. Las tropas franquistas tomaron Gerona el 5 de febrero. El 9, Rojo vio cómo los últimos combatientes republicanos cruzaban la frontera francesa.

Negrín regresó de inmediato a la zona centro para continuar la resistencia. Rojo quedó a cargo de lo que quedaba de su Ejército en Francia. Fue entonces cuando hubo una serie de cartas «atroces», en palabras de Azaña, que el militar dirigió al político. No entendía que se hubiera abandonado de aquella manera a los combatientes republicanos: habían sido hacinados en campos de concentración y no existía plan alguno para aliviar sus penalidades. A Rojo se le comunicó que Negrín lo reclamaba pero se negó a regresar mientras no recibiera el mandato directo de su jefe y antiguo cómplice: temía que fuera una encerrona de quienes cuestionaban entonces su visión de la guerra. Cuando la orden llegó y se disponía a volver junto a Martínez Barrio, que iba a sustituir al dimitido Azaña, se produjo el golpe de Casado, que Rojo calificó de «error lamentable». No había ya nada que hacer. La guerra había terminado y empezaba una larga y ominosa dictadura.

El general Rojo, que rechazó el ascenso a teniente general del que se enteró por la prensa cuando estaba en Francia, prefirió no ir ni a la Unión Soviética ni a México: quería acabar con la pesadilla y dejar de prolongarla con la pléyade de políticos y militares que se dirigieron a esos países. Al final consiguió instalarse en Buenos Aires, donde vivió de sus crónicas en la prensa sobre la segunda guerra mundial, de sus textos sobre la España que había vivido en primer línea y de conferencias. En 1941 obtuvo una plaza de profesor en la Escuela de Guerra de Cochabamba y se instaló allí con su familia. Fue la época más feliz de su vida y Bolivia se convirtió en su segunda patria. En 1956 abandonó sus clases por prescripción médica. Estaba muy enfermo y decidió volver a España a morir. Tras un largo tira y afloja, Franco autorizó su regreso. Hay indicios, sin embargo, de que ordenó que se le negara el pan y la sal. A los pocos meses de llegar, fue juzgado el 5 de diciembre de 1957 por adhesión a la rebelión militar y condenado a reclusión perpetua, a la pérdida de empleo y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta. El 18 de enero de 1958 recibió en su casa de Madrid unos papeles oficiales: se le indultaba de la cadena perpetua, pero se conservaban las penas accesorias. «Se me ha reducido a la muerte civil», escribió.

Había vuelto porque pensaba que iba a morirse enseguida, y quería hacerlo en casa. Pasó por el bochornoso proceso y luego no tuvo otra alternativa que la de procurar obtener algunos ingresos escribiendo. Lo hizo de manera incansable hasta que una crisis cardiaca acabó con él el 15 de junio de 1966. Pese a las prohibiciones de la Dictadura, la calle de Ríos Rosas se llenó un día después con centenares de españoles que acudieron a despedirse de aquel general republicano que había hecho cuanto estaba en su mano por derrotar a Franco.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Salas Larrazábal, Ramón: Historia del Ejército Popular de la República, La esfera de los libros, Madrid, 2006.

RAMÓN SERRANO SUÑER

por

PAUL PRESTON

Ramón Serrano Suñer nació en Cartagena el 12 de septiembre de 1901 y murió en Madrid el 1 de septiembre de 2003. Se trata de una figura de importancia primordial en la historia del siglo XX español. Fue el quinto de los siete hijos del ingeniero de caminos José Serrano Lloberes y Carmen Suñer Font de Mora. La familia se trasladó a Castellón cuando se eligió al padre para construir el puerto. Durante la Segunda República, la guerra civil y el primer franquismo, su nombre tuvo una magnitud en la política española comparable a la de los tres grandes líderes de la derecha, José Calvo Sotelo, José María Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera. Dentro de la Falange, hizo más que nadie para cumplir con el legado fascista de su fundador. En cuanto a la construcción del nuevo Estado, su papel trasciende incluso al de Franco. Como ministro de Asuntos Exteriores, la tarea que desempeñó empequeñece a la de sus inmediatos predecesores y sucesores en el puesto. No llegó a disfrutar del mismo poder que Franco y fue desalojado de la política activa en 1942, pero siempre inspiró un cierto respeto al dictador. A partir de 1945 y hasta su fallecimiento, la elegancia de su conducta personal, junto con su producción literaria y periodística, le granjearon el respeto de muchos intelectuales, dentro y fuera de España.

En 1918, recién matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, entabló una amistad fuerte con otro estudiante, vecino del barrio de Salamanca y compañero suyo: José Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En 1923 se licenció con premio extraordinario. Habiendo ganado unas oposiciones al cuerpo de abogados del Estado pasó primero a ocupar plaza en Castellón y después en Zaragoza. En esta, Serrano conoció a Franco en 1928 como director de la Academia General Militar. Invitado con frecuencia a la casa del matrimonio Franco, Serrano conoció a Ramona (Zita) Polo Martínez Valdés, la bella hermana de la esposa del general, y el 6 de febrero de 1931 se casaron en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo, ciudad donde residía la novia. El padrino del novio fue José Antonio Primo de Rivera, y de la novia, Franco, y así se encontraron por primera vez.

Durante los años treinta, Serrano se ganó cierto prestigio dentro de la abogacía y entró en política en 1933 como diputado por la Unión de Derechas de Zaragoza, que luego habría de fusionarse con la CEDA. También fue una figura cada vez más prominente en las Juventudes de Acción Popular. En la primavera de 1936, Serrano Suñer jugó un papel central en el acercamiento de la gran mayoría de los afiliados de las JAP a la Falange. A comienzos de marzo, presentó a José Antonio Primo de Rivera a algunos de los principales conspiradores militares, entre ellos Juan Yagüe, clave para la participación del ejército de África. A la vez, cuando José Antonio fue encarcelado, Serrano actuó como interlocutor entre este y Franco, a la sazón destinado en Canarias, para solventar su rivalidad por la candidatura en las elecciones parciales de Cuenca. También sirvió de enlace entre Franco y los demás conspiradores en la península.

A pesar de estos servicios, no le avisaron de la fecha de la sublevación militar y, como consecuencia, sufrió unas experiencias escalofriantes durante los primeros meses de la guerra. Preso en la cárcel Modelo, fue testigo de los asesinatos de compañeros y amigos y consiguió librarse de las «sacas» que se hacían para ejecutar presos. En una de estas operaciones, sin embargo, habrían de morir sus dos hermanos, José y Fernando. Serrano Suñer consiguió salir de la cárcel Modelo de Madrid diciendo al ministro de Justicia republicano, Manuel de Irujo, que no tenía nada que ver con la Falange ni ninguna relación política con su cuñado, Franco. Durante las terribles penalidades de su cuñado en la cárcel Modelo, Franco no había hecho nada para lograr un canje de prisioneros, y después Serrano mantuvo cierto resentimiento hacia los que habían sido canjeados antes que él, como Joaquín Bau o Fernández-Cuesta. Ello no obsta para que entonces se hubiera convertido en un apasionado y entregado luchador contra el bando contrario.

Al oír que llegaba a Hendaya el 20 de febrero de 1937, Franco envió un coche para que llevase a Serrano y a su familia a Salamanca. El Generalísimo le invitó a trasladarse a un ático del palacio episcopal, donde tenía su cuartel general. En poco tiempo, el delgado y atractivo Serrano Suñer, tan elegante en su aspecto como en su discurso, se convirtió en una figura clave. Tenía el talento y el crédito político necesarios para crear la maquinaria política que faltaba en la zona franquista. Pero, además de su clara inteligencia y de su experiencia política, uno de los mayores rasgos que Serrano tenía para Franco como posible instrumento para domeñar a la Falange fue que carecía de una base independiente de poder. Además, doña Carmen, la esposa del Generalísimo, a quien no agradaba demasiado Nicolás Franco, vio con buenos ojos que lo reemplazara su cuñado. Carmen Polo admiraba a Serrano por ser un docto abogado y parlamentario. A menudo, en las conversaciones mantenidas en el reducido grupo familiar, cuando el locuaz Franco interrumpía a su cuñado, doña Carmen decía: «Cállate, Paco, y escucha lo que está diciendo Ramón»; lo cual, según Serrano, plantó las primeras semillas de posteriores resentimientos del dictador.

Al llegar Serrano a la zona rebelde, se encontró con lo que denominó «un Estado campamental» en el que lo que pasaba por vida política consistía en poco más que rencillas personales. El poder político real estaba en manos de Nicolás Franco al frente de la Secretaría General del jefe del Estado, que operaba en Salamanca, al lado del cuartel general de su hermano. Sin embargo, no tenía ni la energía, ni el conocimiento técnico jurídico, ni el empuje para emprender la construcción de una estructura estatal. Desde el momento en que se instaló en el palacio episcopal, Serrano dedicó todas sus energías e inteligencia a la causa por la que habían muerto sus hermanos. Su considerable ambición no era personal, sino abstracta; un compromiso con una idea. Como él mismo dijo, después de sus experiencias en Madrid estaba «traumatizado, despersonalizado». Franco, desconfiado por naturaleza pero consciente de su propia inexperiencia política, estaba dispuesto a depositar su confianza en Serrano, cuya llegada a Salamanca significó una importante elevación del nivel intelectual dentro de la Jefatura nacional. La combinación de su amistad con José Antonio Primo de Rivera y de su parentesco con el Generalísimo hizo de él una figura de peso.

En largos paseos por el jardín del palacio episcopal, Serrano Suñer obligó a Franco a reflexionar sobre qué tipo de Estado construirían después de la victoria. Rápidamente, y con cierta razón, se supuso que la eminencia gris que estaba detrás del Generalísimo era Serrano, quien se ganó el sobrenombre de «cuñadísimo». Mientras se libraban la batalla de Guadalajara y la campaña del País Vasco, el futuro Estado franquista fue ideándose en aquellos paseos. Después de estas consultas con Serrano, se elaboró un proyecto para llenar el vacío político del bando rebelde con la creación de un movimiento político de masas cuyos vehículos más apropiados serían la Falange, cuya afiliación rondaba ya el millón en 1937, y la Comunión Tradicionalista.

La Falange estaba debilitada por la prisión y desaparición de muchos de sus líderes, incluso antes de que la guerra empezase. Decapitada por la ejecución de su jefe, estaba inmersa en una lucha por el poder cada vez más enconada. Por un lado, había los seguidores más radicales del sucesor designado por José Antonio, el jefe provincial de Santander, el poco sofisticado matón Manuel Hedilla, jefe nacional de la Junta de Mando Provisional de la Falange. Enfrente se encontraba otro grupo, los llamados «legitimistas», entre los que había antiguos compañeros y parientes del propio José Antonio liderados por el vehemente jefe de las milicias falangistas, Agustín Aznar, y su primo Sancho Dávila, quienes como buenos esnobs consideraban a Hedilla demasiado proletario. Su rivalidad fue explotada con cierta finura por Serrano, Nicolás Franco y otros miembros del cuartel general de Franco. Con la dirección estratégica del primero, el cuartel general manipuló las querellas en la Falange para asegurar la unificación el 19 de abril de 1937 entre falangistas y carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS como la única formación política permitida en la zona franquista. Cuando Hedilla se opuso al hecho cumplido, fue condenado a muerte por rebelión militar aunque la intervención de Serrano Suñer le salvara la vida. Obligados a aceptar a Franco como nuevo jefe nacional, los falangistas «auténticos» vieron cómo la Iglesia usurpaba su papel ideológico y la Falange se convertía en una máquina de distribuir cargos y prebendas mientras que su «revolución» quedó definitivamente pendiente. [→ FALANGE ESPAÑOLA].

Como consecuencia de la Unificación, Franco adquirió un poder político equiparable al militar, pero las tareas cotidianas las asumió Serrano, dejando así a su cuñado libertad para concentrarse en la guerra. Muchos de los primeros decretos y la elección de cargos reflejaron la influencia de Serrano. La relación personal entre las dos familias, la participación de Serrano en la preparación del alzamiento y su dedicación fanática y ascética a la causa franquista contribuyeron a la confianza que Franco depositó en él. También hubo un elemento de astucia en este proceder mediante el cual Franco dejó que Serrano fuera el pararrayos en el que incidían los conflictos ideológicos de las fuerzas franquistas. Hecho presidente de la Junta Política de FET y de las JONS en 1938, durante lo que quedaba de guerra civil le tocó la labor de domesticar a la Falange. Después cargó con el peso de la lucha interna de poder entre el Ejército y la Falange. En ambas empresas Franco sería el ganador y Serrano el perdedor.

Una de las tareas de Serrano consistió en exaltar a Franco, consolidando su imagen como el jefe heroico de una «Cruzada» que había liberado a España de las hordas ateas de Moscú. Los textos para la identificación de Franco con los grandes héroes del pasado de España fueron obra de muchas plumas, incluidas las de Fermín Yzurdiaga, Ernesto Giménez Caballero e incluso Dionisio Ridruejo. Pero, por encima de todo, el creador de la leyenda de Franco como «Caudillo» providencial fue Serrano, que se sirvió de la prensa y del aparato de propaganda que controlaba. El «cuñadísimo» admiraba ciertos aspectos del nazismo y del Tercer Reich aunque, como católico, el ateísmo nazi le hacía sentirse incómodo. Su temporada de estudiante en Italia le había convertido en un italófilo convencido. Visitó Nuremberg en 1937 junto con Nicolás Franco y otros dignatarios y, haciendo gala de una susceptibilidad característica, le pareció que no le trataron con la deferencia adecuada.

Plenamente ocupado con su esfuerzo bélico, Franco delegó en su cuñado bastante poder. En su primer gobierno del 30 de enero de 1938, Franco le nombró ministro de la Gobernación. Sería la figura dominante y se le creía inspirador de la continuada represión aunque los responsables eran muchos, entre ellos el general Severiano Martínez Anido, titular de la cartera de Orden Público. La amargura que llevaba encima como consecuencia de lo que les había pasado a sus hermanos explica el interés de Serrano en las estructuras de la represión. El 26 de abril de 1938 promulgó el decreto por el que se creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), cuyo objetivo consistiría en recabar, almacenar y clasificar toda la documentación de los partidos políticos, las organizaciones y las personas «hostiles y desafectas al Movimiento Nacional», a fin de facilitar su localización y castigo. Cuando el general Martínez Anido murió a finales de 1938, las funciones de su Ministerio se integraron en el de la Gobernación y, en calidad de director general de Seguridad, Serrano Suñer designó a su amigo José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde. En los últimos meses de la guerra, Serrano alentó a Franco en su negativa a contemplar una paz negociada con la República, opinando que, después de tanto derramamiento de sangre, era inaceptable.

Después de la guerra civil, Serrano y Franco consideraron una alianza con el fascismo como requisito necesario para el cumplimiento de sus sueños imperiales. Mientras Franco se interesó especialmente en las relaciones con la Alemania nazi, las ambiciones de su cuñado residían en Roma. El 1 de junio de 1939, salió de Cádiz a la cabeza de una comitiva de varios altos cargos militares y numerosos dirigentes falangistas acompañando a las últimas tropas italianas que regresaban. Tan espectacular fue la pompa con que fueron recibidos que Serrano Suñer se sintió muy conmovido en total contraste con el brusco trato que más tarde habría de recibir de los alemanes. Poca duda cabe de la actitud de Serrano Suñer hacia la Italia fascista. En los círculos militares españoles y entre la comunidad diplomática de Madrid se suponía que sentía la misma devoción por la Alemania nazi. Sin embargo, incluso antes de la guerra mundial el embajador alemán, Eberhard von Stohrer puso en duda la actitud del «cuñadísimo» hacia el Tercer Reich, creyéndole demasiado intrigante y vaticanista para ser un amigo fiel de Alemania. Los alemanes llegaron a considerarle un enemigo y, a partir de 1945, él por su parte dedicó considerable energía a cultivar la imagen de un hombre que había trabajado hábilmente para mantener a España al margen de la guerra mundial.

En el radical cambio de Gobierno del 9 de agosto de 1939, se nombró ministro al falangista de primera hora, el indiscreto y volátil coronel Juan Beigbeder, otrora ferviente germanófilo quien, poco a poco, por un asunto romántico con una inglesa, fue haciéndose aliadófilo. De todas formas, Serrano era el ministro que poseía más influencia y más libertad de acción. Era casi el jefe del Gobierno, aunque no oficialmente ya que el Caudillo mantenía firmemente en sus manos la dirección suprema de la política y la comentaba solamente con un consejero íntimo, el cual, en esta etapa, era su cuñado.

Al avanzar el año 1940, Serrano influyó cada vez más en la política exterior. Odiaba enconadamente a los británicos y a los franceses, en parte porque aborrecía la democracia liberal y más en concreto porque creía que sus embajadas en el Madrid republicano se habían negado a dar asilo a sus hermanos, muertos poco después en la cárcel. También por igual motivo se opuso a la liberación de prisioneros republicanos a quienes hacía responsables de la pérdida de los «mejores camaradas» de la Falange.

De hecho, después de la caída de Francia, Serrano mostró especial interés en la localización de los dirigentes republicanos españoles que en aquel momento permanecían en el país vecino. Solicitó a las nuevas autoridades de ocupación la entrega de más de seiscientos refugiados que habían ejercido cargos políticos en la República. Serrano se indignó porque varios de ellos, entre otros Indalecio Prieto y Juan Negrín, hubieran conseguido escapar con la connivencia de las autoridades francesas. Varios funcionarios de la Dirección General de Seguridad fueron enviados a París para completar la extradición en la Francia ocupada de un número de líderes republicanos recientemente arrestados. Los alemanes procedieron a detener a figuras destacadas de las listas que les proporcionó el embajador Lequerica, entre las cuales figuraba Lluís Companys Jover, presidente de la Generalitat catalana. El 10 de julio, en Pyla-sur-Mer, cerca de Arcachon, la policía alemana, acompañada por un agente español, había arrestado a Cipriano de Rivas Cherif, cuñado de Azaña, junto a dos amigos íntimos del presidente exiliado, Carlos Montilla Escudero y Miguel Salvador Carreras. Al día siguiente, dos socialistas, Teodomiro Menéndez (uno de los líderes de la insurrección de mineros asturianos de octubre de 1934) y el periodista Francisco Cruz Salido fueron detenidos por los alemanes en Burdeos. El 27 de julio de 1940, en París, la Gestapo detuvo al antiguo director de El Socialista y ministro de la Gobernación durante la guerra, Julián Zugazagoitia Mendieta. Los prisioneros fueron entregados a la policía española en Francia, sin que mediara procedimiento judicial de ningún tipo, y trasladados a Madrid. Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940.

Cuatro días después Heinrich Himmler llegó a España. La invitación inicial extendida por el director general de Seguridad, José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, había sido reiterada por Serrano. Este, después de haber intrigado contra Beigbeder, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores el 16 del mismo mes. Serrano alcanzó así el apogeo de su poder. Ya era presidente de la Junta Política de la Falange. Habiendo sido ministro de la Gobernación desde enero de 1938, en realidad siguió controlando ese Ministerio a través del subsecretario, José Lorente Sanz, hasta el 14 de mayo de 1941, día en que fue nombrado ministro el coronel Valentín Galarza. Unos días antes de este nombramiento, el colaborador de Serrano, su director general de Seguridad, envió a todos los gobernadores civiles una circular ordenándoles redactar informes sobre «los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia […] indicando su filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial».

El 20 de octubre de 1940, Himmler fue recibido en Madrid por Serrano y la cúpula de la Falange. Se reunieron en el Palacio de Santa Cruz y después en El Pardo con Franco. Serrano Suñer se mostró particularmente interesado en el paradero de varios republicanos de primera línea que habían sido capturados, al igual que Himmler se interesó por los exiliados alemanes. Alcanzaron un acuerdo, en virtud del cual la Gestapo establecería una oficina en la embajada de Alemania en Madrid y el Sicherheistdienst tendría despachos en los principales consulados alemanes de España. Así, los agentes alemanes operarían con total inmunidad diplomática. El mismo privilegio se les aplicaría a los agentes españoles en Alemania y, lo que era más importante, en la Francia ocupada.

Estando Himmler aún en España, empezó el juicio a los otros republicanos eminentes que los alemanes habían entregado. Cipriano de Rivas Cherif, Francisco Cruz Salido, Carlos Montilla, Miguel Salvador, Teodomiro Menéndez y Julián Zugazagoitia, acusados de rebelión militar, fueron sometidos a un consejo de guerra el 21 de octubre. El fiscal reconoció que no habían cometido ningún delito pero declaró que era evidente que todos ellos habían contribuido a «inducir a la revolución». Serrano acudió a hablar en defensa de Teodomiro Menéndez, por lo que eludió la pena de muerte y en cambio fue condenado a treinta años de cárcel. A los demás, por el contrario, se les condenó a la pena capital. Cruz Salido y Zugazagoitia fueron ejecutados en el cementerio madrileño del Este el 9 de noviembre, junto con otros 14 republicanos. El 21 de diciembre, Rivas Cherif, Montilla y Salvador supieron que Franco había conmutado sus penas por la de cadena perpetua.

Un elemento del historial de Ramón Serrano Suñer todavía sin aclarar definitivamente es su participación en la crueldad con que los franquistas trataron a los exiliados españoles capturados en Francia por los alemanes. Algunos combatían con las tropas francesas, mientras que otros seguían internados en campos de prisioneros. Unos 10 000 exiliados terminaron en los campos de concentración alemanes. No cabe duda de que esto solo fue posible gracias a la aquiescencia del gobierno de Franco al recibir noticia de las capturas. En el mes de julio se enviaron numerosas cartas desde la embajada española en París al Ministerio de Asuntos Exteriores en las que se solicitaba una contestación al ofrecimiento, por parte de los alemanes, de enviar a los presos a España. A la vista de que la respuesta no llegaba, la propia embajada alemana en París estableció contacto con Madrid en agosto para conocer cuáles eran los deseos del gobierno español en relación con los muchos miles de refugiados. La única respuesta de la que se tiene constancia es la lista a la que ya se ha aludido anteriormente, con los nombres de los individuos cuya extradición solicitaban las autoridades españolas. Muchos de los demás, en ausencia de otra contestación, fueron condenados a los campos de prisioneros alemanes. Según lo declarado por el Standartenführer de las SS, August Eigruber, gobernador del Alto Danubio en Austria, «el propio Franco» dijo a los alemanes que, puesto que aquellos prisioneros habían luchado para instaurar una «España soviética», no podía considerárseles españoles. El comentario es coherente con las declaraciones públicas de Franco sobre los republicanos, a quienes presentaba como criminales irredimibles. Por consiguiente, los prisioneros españoles fueron tratados como apátridas y trasladados desde los campos de prisioneros habilitados en el frente a diferentes campos de concentración.

De todas formas, en sus años en la cúspide del poder, Serrano dedicó sus mayores energías a la política exterior. Durante este tiempo se convirtió en el interlocutor de Hitler y Mussolini y también de sus ministros de Exteriores, Joachim von Ribbentrop y Galeazzo Ciano. Aunque no ocupó la cartera de Exteriores hasta el 16 de octubre de 1940, desempeñó un papel central en la formulación de la política internacional española. El drama de aquellos años, la escala de los riesgos y la dificultad de tener que relacionarse con las potencias en guerra, hicieron que su tarea fuese más crucial que la de cualquiera de sus predecesores en la cartera de Exteriores durante la Segunda República de 1931 a 1939 y con mayor resonancia internacional. También fue mucho más significativo su papel que el de sus predecesores con Franco, el conde de Jordana y el coronel Beigbeder, e incluso de quienes le siguieron, Jordana de nuevo, José Félix Lequerica y Alberto Martín Artajo. Tanto Beigbeder como Jordana y Lequerica, todos ellos ministros durante la segunda guerra mundial, manifestaron que era el «Caudillo» quien se encargaba de la política exterior, mientras que a ellos solo les dejaba asuntos de menor importancia, utilizándolos como simples peones.

Desde 1945 los propagandistas de Franco se afanaron en presentar a Serrano como el arquitecto exclusivo de la política proalemana. Eso es una estupidez. Es inconcebible que Franco dejara pasivamente a su cuñado marcar su política. El 23 de octubre acudió con Franco al encuentro histórico con Hitler en Hendaya. Y sin embargo, fue Serrano quien tuvo que llevar las negociaciones directas con Hitler, Mussolini, Von Ribbentrop y Ciano. Al principio, al igual que Franco, creía fervientemente en la causa del Eje, porque consideraba que una alianza con Alemania e Italia sería la manera de acabar con la sumisión económica de España a los aliados franco-británicos. Sin embargo, durante su visita a Berlín en septiembre de 1940, se dio cuenta de que en realidad el Führer deseaba para España el estatus de un satélite. A partir de entonces, adoptó una posición estratégica mucho más defensiva que la de Franco.

Al comienzo de la segunda guerra mundial Franco, enardecido por su éxito en la guerra civil y movido por la solidaridad que las potencias del Eje le habían demostrado, estaba dispuesto a meter a España en la guerra, al lado del Eje. En el otoño de aquel año la inesperada resistencia de Inglaterra provocó que la prudencia natural del «Caudillo» se acentuara. Pero incluso entonces, si no hubiera sido por la indignación de Serrano por el trato que Hitler y Von Ribbentrop habían mostrado hacia España, Franco hubiese ido fácilmente a la guerra. Una vez que pasó el peligro mayor de beligerancia en 1940, Franco sintió lo que cabría denominar como la «tentación del Eje», sobre todo después de la invasión de la Unión Soviética en el verano de 1941. Pero, una vez más, sonó una nota de cautela de Serrano. [→ SEGUNDA GUERRA MUNDIAL].

La primera de las tres tensas confrontaciones entre Serrano, Hitler y Von Ribbentrop tuvo lugar en septiembre de 1940. Franco, confiado en la victoria sobre Inglaterra, lo mandó a Berlín para que fuera despejando las condiciones para que España estuviera presente en la conferencia final al lado del vencedor para compartir el botín de guerra. Entonces la rudeza y afectación de Von Ribbentrop le provocaron un intenso desagrado. En la reunión del 16 de septiembre, el alemán se opuso a la cesión de las cantidades de material requerido por España, revelando el abismo que separaba a Franco de Hitler en cuanto al valor de una beligerancia española. Consciente de que los ingleses responderían a la toma de Gibraltar con la captura de las Canarias, las Azores o las islas de Cabo Verde, el Führer quería una de las islas del archipiélago canario, como base alemana, más otras en Agadir y Mogador, con territorio extendido a su alrededor. También exigía significativas concesiones económicas como pago a la ayuda prestada durante la guerra civil e importantes participaciones mineras en Marruecos. Hombre muy soberbio, Serrano había llegado a Berlín con la expectativa de ser tratado como un aliado valioso y se indignó cuando lo fue como representante de un Estado satélite. Herido en su amor propio y en su susceptibilidad patriótica, sintió que las demandas de Von Ribbentrop eran de una impertinencia intolerable. Como consecuencia de su viaje, una vez meditadas las lecciones, cambió drásticamente su actitud ante el Tercer Reich y a continuación se dedicó a dificultar la entrada de España en la guerra. Comunicó sus preocupaciones a Franco, pero este no concedió demasiada importancia al asunto, pensando que era solo un problema de los subordinados de Hitler y negándose a creer que el Führer le tratase así. Serrano resistió con aplomo y decisión las presiones de Von Ribbentrop y Hitler. Más tarde, en sucesivas visitas a los jerarcas nazis, en noviembre de 1940 y en noviembre de 1941, hizo lo mismo.

Franco tenía bastante habilidad para crear ciertos mitos que aumentaran su aureola de ser providencial y quizá la que tuvo más fortuna es la que aseguraba que fue él quien con la sola ayuda de su genio consiguió mantener a España fuera de la segunda guerra mundial. Existen muchas razones para que esto sucediera, incluida la postración militar y económica que España sufrió después de la guerra civil. Pero entre ellas destaca también la orgullosa obstinación con la que Serrano defendió los intereses españoles durante sus visitas a Alemania. Y esta es su gran paradoja: un hombre cuyas tragedias personales lo empujaron a ciertos extremismos, pero también un hombre cuya formación jurídica y ejercicio ministerial hicieron de él un pragmático. Sus acciones, dentro de España, se dirigieron hacia la puesta en práctica de las ideas de José Antonio Primo de Rivera durante las difíciles circunstancias de la España de la guerra civil. En su comportamiento hacia la Alemania nazi pesó su creencia en el nuevo orden totalitario mundial, pero como no estaba dispuesto a que España colaborase como subordinada, llegó a ser un obstáculo para la beligerancia española, como reconoció el general Jodl.

La preeminencia de Serrano llegó a su fin en 1942. Desde hacía tiempo era la diana de las quejas de los militares contra la Falange, pero esto no fue determinante hasta que Franco comenzó a sentir un profundo resentimiento por los rumores de que Serrano Suñer era quien realmente controlaba la política; un sentimiento asiduamente fomentado por los rivales de este, el servil José Luis Arrese y Luis Carrero Blanco. Más sensible todavía a tales insinuaciones fue doña Carmen, enojada por el hecho de que la buena sociedad madrileña supiera que Serrano mantenía relaciones con la esposa de un destacado militar aristócrata. El desencadenante de la crisis fue el llamado incidente del Santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao, ocurrido a mediados de agosto de 1942 cuando un enfrentamiento entre carlistas y falangistas fue explotado por los ministros del Ejército, el general José Enrique Varela y de la Gobernación, el coronel Valentín Galarza. Ellos, y los monárquicos más importantes, intentaron utilizar la crisis para disminuir el poder de la Falange, pero Franco reaccionó contra lo que percibía como una amenaza a su propio poder cesando a los dos. El subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Carrero Blanco, susurró al oído del «Caudillo» que después de la crisis tenía que haber «vencedores y vencidos», ya que el cese de los dos militares podría interpretarse como si en verdad Serrano estuviera al mando. El 3 de septiembre de 1942 fue apartado del Gobierno. Su caída no significó un viraje de Franco hacia la causa aliada, sino una maniobra de política interna. No hubo expresiones de contrariedad ni de la Alemania nazi ni de la Italia fascista donde a Serrano se le veía como demasiado «difícil». The Times comentó sabiamente: «Considerar el cese del señor Suñer como un revés político para las potencias del Eje, es un ejercicio de imaginación tentador pero injustificable». Berlín y Roma tenían pocos motivos para preocuparse, pues no se alteró la dirección de la política española.

Serrano volvió a dedicarse a su bufete de abogados y a sus negocios en la radio, además de seguir siendo, hasta 1957, procurador en las Cortes de Franco. Poco a poco fue alejándose del franquismo hacia posiciones más liberales. El 3 de septiembre de 1945, escribió una carta a Franco en la que le proponía el licenciamiento de la Falange y la renovación del personal político, con un gobierno nacional que incluyera a figuras como Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Francesc Cambó. En el margen de la carta, Franco escribió «No» junto a las sugerencias y «Je, je, je» al costado de los nombres. A comienzos de 1949, Serrano publicó en ABC un osado llamamiento para una nueva etapa en la vida política española, quejándose del «perezoso aburrimiento» que afligía a la España de Franco. Escribió varios libros de memorias en los cuales no solamente justificó su papel entre 1937 y 1942 sino que, de forma elegante, hizo críticas demoledoras de Franco. En octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón nombró a treinta y cinco generales y ministros sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad. Entre ellos estaba el nombre de Ramón Serrano Suñer.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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García Lahiguera, Fernando: Ramón Serrano Suñer: un documento para la historia, Argos Vergara, Barcelona, 1983.

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Saña, Heleno: El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, Grijalbo, Barcelona, 1982.

Serrano Suñer, Ramón: Ensayos al viento, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1969.

Serrano Suñer, Ramón: Entre Hendaya y Gibraltar, Ediciones Nauta, Barcelona, 1973, 2.ª ed.

Serrano Suñer, Ramón: Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Editorial Planeta, Barcelona, 1977.

Serrano Suñer, Ramón: Política de España 1936-1975, Editorial Complutense, Madrid, 1995.

EPÍLOGO

LA PERVIVENCIA DE LOS MITOS

FRANQUISTAS

por

ALBERTO REIG TAPIA

A algunos (o tal vez a muchos) españoles les suene, siquiera vagamente, la retórica de las citas textuales de Franco con las que se abre cada una de las partes de la presente obra. Los mitos que figuran en ella continúan colonizando la infraliteratura que invade las superficies comerciales españolas y quizás, en el decir de algunos propagandistas afines a «la caverna mediática», según la autorizada opinión de José María Izquierdo, alcancen éxitos de tirada tan resonantes como los que se anuncian.

Las contribuciones a este libro de una amplia pléyade de expertos han puesto de relieve que aquellas afirmaciones excátedra del «Caudillo/Generalísimo/jefe del Estado» desfiguraron conscientemente la realidad. La cuestión que se plantea es, pues, la de explicar por que producen todavía cierto impacto. Adelantamos nuestra tesis de que no se trata de una versión contrastada de la historia contemporánea española. La subsistencia de la mitología franquista en lo que he designado en varias ocasiones con el neologismo de «historietografía» se explica no por razones historiográficas o intelectuales, sino por el factor más pedestre y menos confesable del asunto, que no es otro que el uso ideológico de la historia con fines puramente partidistas. Es decir, politiquería de ínfimo vuelo.

DEL APROVECHAMIENTO PRESENTISTA DE LOS MITOS

Según Roland Barthes no hay mitos eternos ya que la mitología «solo puede tener fundamento histórico, pues el mito es un habla elegida por la historia: no surge de la naturaleza de las cosas». Estudiando atentamente los textos clásicos de la versión franquista podemos apreciar, sin necesidad de una previa especialización en semántica o hermenéutica, que su fundamento radica en una inmensa y grandilocuente falacia. Los autores que la propagan presentan falsas evidencias como artículos de fe y de obligada asunción, muy respetables para los creyentes. Ahora bien, si incluso el discípulo Tomás dudó de su resucitado maestro y solo se convenció de tal prodigio cuando este se mostró ante él ofreciéndole sus manos para que lo corroborara por sí mismo, es natural que los agnósticos (los que no saben) se atengan exclusivamente a los hechos probados mientras no sean puestos de nuevo en cuestión con un mínimo de evidencia. Una cosa es la Historia y su irrenunciable vocación de fijar los hechos del pasado y otra muy distinta la religión y/o la politiquería al servicio de los intereses del presente.

Los mitógrafos (transcriptores, divulgadores o exaltadores de mitos) de la guerra civil y del franquismo cuentan con un excelente espejo en el que mirarse para desempeñar su trabajo. No ha habido suceso de la guerra (Cruzada de Liberación Nacional) o de la Dictadura (Régimen del 18 de Julio) que no haya sido mitificado hasta el delirio, primero, y mistificado hasta el hastío después. Tal espejo, de suyo frágil pero resistente al paso del tiempo, tuvo un insigne manipulador en Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Un superdotado para la comunicación y que poseía un vasto conocimiento de la psicología de masas. Aplicó el abc de la misma con suma eficacia (mentir, mentir y mentir… con férrea convicción y el máximo descaro) para difundir leyendas en Alemania que en España trataron de aplicar devotamente sus discípulos más aplicados. Esfuerzo este ciertamente baldío, como el desplegado por ideólogos del fuste de un Francisco Javier Conde quien se esforzó especialmente en legitimar el caudillaje de Franco sin que a este le importara nada semejante teorización (el libro de Conde apareció dedicado e intonso en «la biblioteca» de El Pardo). Al autoproclamado «Caudillo» le bastaba y sobraba con su «legitimidad de hecho» conquistada en los campos de batalla por la fuerza de las armas. La «legitimidad de derecho», que otorgan las urnas y el respeto a los principios fundamentales del Derecho, quedó relegada al adorno formal que le fabricaron sus leguleyos. Eso sí: un adorno imprescindible. El franquismo se dedicó desde sus poderosos aparatos ideológicos a la propaganda pura y dura destinada a captar adeptos y fieles que no cuestionaran los dogmas que convenía inculcar ad matorem Franco gloriam.

¿Cuál fue el principio de la propaganda que el maestro Goebbels nos legó?: una mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en verdad no discutida. Nos atreveríamos a elevar esta máxima a la categoría de dogma ya que no deja de fundamentarla la simple evidencia empírica si no fuera porque contradice abiertamente el método científico al que todo historiador se debe por encima de su particular ideología o sistema de valores. Curiosamente semejante actitud no fue otra que la que Goebbels atribuyó a los judíos, los «enemigos» a exterminar, y de la que él tan sabiamente se apropió.

Pues bien, según los mitógrafos franquistas, los historiadores «militantes» (entendiendo por tales los simplemente demócratas y constitucionalistas) serían como los judíos de Goebbels, que mentirían como bellacos una y otra vez. «El gremio de historiadores», debidamente «pagados con fondos públicos», no dejaría de repetir y repetir las viejas «consignas» que otrora dictara Stalin. Muerto el Gran Satán sería la Internacional Comunista la encargada de cursarlas a sus terminales mundiales. Después la Socialista y la Masónica, y a continuación… En los últimos años tal función le habría correspondido a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y mañana?

Bien pertrechados, los naturales receptores de tales consignas serían quienes porfían en mentir y manipular desde sus cátedras, institutos y universidades a sus incautos y prisioneros estudiantes y a confundir a la indefensa opinión pública, incapaz por sí misma de distinguir el trigo de la paja. En resumen, las consecuencias son las propias de una agresiva campaña que en su momento ideó la KGB para corromper las cátedras de Historia españolas, según explicó Ricardo de la Cierva al ministro de (Des) Información y Turismo de la época. Debió de acoger este alborozado semejante basura, pues «el explicador» logró hacerse con una plataforma para, con los medios materiales del propio Ministerio y sirviéndose de los sucesivos cargos políticos que desempeñó, dedicarse a esparcir la VERDAD, en lucha abierta y denodada contra los suministradores de la MENTIRA.

Lo cierto es que esta es precisamente la «metodología» que los propagandistas de Franco, sus historietógrafos de nómina y sus epígonos más romos han venido aplicando hasta nuestros días: mentir sin tregua ni descanso, manipular, tergiversar y subvertir cuanto se pueda, además de insultar sin medida ni contención. Todo en nombre de la Verdad Revelada que ellos, al igual que los iluminados de cualquier otro orden, siguen aspirando a administrar en régimen de monopolio contra los historiadores comunistas, anarquistas, marxistas, socialistas o izquierdistas de cualquier orientación.

Hundidos el comunismo, el anarquismo y el marxismo soviético, la «metodología» vale hoy también contra la izquierda en general, que estaría completamente entregada a los nacionalistas separatistas y que la monarquía actual (democracia) igualmente ampara, recibe, escucha o da cobertura legal, de acuerdo con el absurdo jurídico de atenerse al simple imperio de la Ley o al principio de isonomía (igualdad ante la ley) que nos legaron los sabios griegos y que la historietografía neofranquista ignora cuando no favorece sus intereses políticos.

Para esta, la izquierda, con tal de alcanzar y mantenerse en el poder, estaría siempre dispuesta a cualquier cosa: pactar con los terroristas propios o ajenos, con los nacionalismos periféricos que los alimentan, a tolerar o permitir la inmigración de origen musulmán o incluso a organizar o amparar atentados como los del 11-M (2004). Toda ignominia le parece poca con tal de retener un poder cuyo usufructo pertenece en exclusiva a la derecha, bien por herencia bien por legítima conquista. Existe una línea de continuidad que va desde Franco, ayer, a sus herederos, hoy. Alguno jamás ha repudiado el pasado régimen que, en su opinión, propició una situación «de extraordinaria placidez», en caracterización inmortal de Jaime Mayor Oreja, quien se opuso a una resolución de condena contra el régimen franquista en el Parlamento Europeo.

La conexión entre tal publicística y un sector de la derecha política de nuestros días conviene hacerla patente. Ambas contemplan la izquierda de ayer y de hoy como mentirosa, inepta, corrupta, equivocada, en tanto que las derechas de ayer y de hoy son verdaderas, eficaces, honestas y acertadas.

Naturalmente la interpretación subsiguiente del pasado es un arma más de intoxicación masiva para desalojar a la izquierda (los socialistas) del poder cuando han cometido la osadía de ocuparlo tras ganarlo legítimamente, lo que nunca es deseable que sea por mucho tiempo. Duele, eso sí, que sea tan escasa la literatura neofranquista con pretensiones historiográficas que haya encontrado cálida acogida en las universidades e institutos de investigación de España o del extranjero. El amplio y extenso mundo del hispanismo en Europa y América la ignora, salvo un par de curiosas excepciones.

El consuelo está en el teatro nacional, que es lo que importa. En este tal literatura sí logra una extensa aceptación en lo que pudiéramos llamar subcultura de masas a través de una infinidad de emisoras de radio y de canales de TV digitales, de diarios virtuales y de numerosos blogs de todo un ejército de escribientes. Incluso no pocos hallan acomodo en periódicos pretendidamente serios y moderados, así como en alguna universidad privada más o menos vinculada a quienes añoran el pasado nacionalcatólico, sus certidumbres y sus prerrogativas.

Todo ello repercute en el imaginario colectivo, en el estado de la opinión pública y, claro es, en el conjunto de nuestra cultura política. Así, la siempre tenue luz de la inteligencia crítica, el conjunto de pequeñas y modestas verdades que surgen del trabajo colectivo, sistemático, continuado y contrastado por la investigación seria y rigurosa, la que trabaja con fuentes directas, la de los especialistas, queda nublada, oscurecida o disipada, cuando no abiertamente ennegrecida por los parlanchines y escribidores compulsivos, entregados al servicio de una línea política de —¡ay!— muy bajos vuelos.

Los mitógrafos neofranquistas siguen redactando sus panfletos como si Franco estuviera aún vivo y vigilándolos, y a veces como si la democracia o la monarquía, traidora a su recuerdo o su doctrina, fuera el origen y causa de todos los males de la patria. No corresponde obviamente a los historiadores profesionales construir una especie de contraverdad a los mitos franquistas. Somos bastante más modestos. Siempre aferrados al documento y a la evidencia primaria relevante de época, y en contra de tópicos y clichés bastante arraigados, no nos afanamos en fijar verdades incontrovertibles. No tiene la menor importancia que cada uno de nosotros piense como quiera y participe según su libre albedrío de los valores e ideologías disponibles en el mercado del libre pensamiento. Los dogmas quedan reservados en exclusiva para los defensores de la Cruzada de Liberación y del Régimen del 18 de Julio que, como pretendían los principios de las Leyes Fundamentales de la Dictadura son, «por su propia naturaleza, permanentes e inalterables». Así lo fijó el art. 1.º de la Ley de Principios del Movimiento Nacional (17 de mayo de 1958) y el art. 3.º de la Ley Orgánica del Estado (10 de enero de 1967). Monopolio del poder, pues, y monopolio de la Verdad.

Como bien dijo Pierre Vidal-Naquet, la tarea del auténtico historiador consiste fundamentalmente en sustraer «los hechos históricos de los ideólogos que los explotan». Tal ha sido la perspectiva metodológica adoptada en esta obra para demostrar que el conjunto de mitos franquistas no obedece a una perspectiva historiográfica distinta o complementaria, hija de una respetable voluntad de clarificación de hechos aún confusos o débilmente establecidos, sino a una evidente y palmaria estrategia politiquera que, como decía Manuel Azaña frente a la verdadera vocación política, la del servicio público, no tiene más fin que la de «tapar bocas», «ganar amigos» y «colocar paniaguados».

Llevamos treinta y cinco años de democracia desde las primeras elecciones del 15-J (1977) y no ha amainado la aparición de una masa bibliográfica sólida y solvente sobre la República, la guerra civil y el franquismo. Quien haya querido informarse adecuadamente no podrá esgrimir que no le ha sido posible hacerlo. Ahora bien, la crispación política de los últimos años, los de gobierno socialista, ha alentado una batalla mediática guerracivilista. Lo más probable es que continúe vigente el reiterado antirepublicanismo y el profranquismo sectarios de un amplio sector de las derechas españolas, mientras sigan siendo negocio y las ventas no decaigan, aunque ya no haya socialdemócratas que descabalgar del Gobierno ni reformistas liberales a los que aupar en el mismo por una temporada.

Si en su momento pudo haber un mantra de izquierdas que atribuía toda dificultad, tropiezo, error o torpeza política manifiestos a la herencia franquista recibida, tal vez se nos venga encima otro mantra similar atribuyendo cualquier desatino del partido felizmente gobernante a la nefasta herencia legada por los socialistas con Rodríguez Zapatero a la cabeza. Al fin y al cabo el gran problema no era otro que él. Al igual que la República, Azaña y la izquierda fueron el problema en tanto que la Dictadura, Franco y la derecha fueron la solución.

La desmesura de los últimos años de bulla mediática no ha hecho, por lo demás, sino evidenciar que, mal que nos pese, existe un palpable anacronismo existente entre la España moderna del siglo XXI, que aspira a ser escuchada entre sus socios de la UE de acuerdo con su nivel de desarrollo y potencialidad, y la todavía débil cultura política realmente existente que ha premiado o no castigado electoralmente a líderes manifiestamente corruptos. Que la fidelización del voto ignore la irrenunciable tarea ciudadana de fiscalizar a sus gobernantes dice muy poco de esa cultura política que tantas veces se atribuye demagógicamente a los votantes.

Ahora bien, el más sólido fundamento de la cultura política es la historia si, como dijo Cicerón, es «maestra de la vida». Si se ignora o se desprecia el conocimiento riguroso de nuestro pasado más próximo no será de extrañar, ni ya de nada servirá lamentarse, de que los consabidos vientos traigan tormentas que acaben por provocar verdaderos lodazales en los que pudiéramos quedar todos atrapados durante una buena temporada.

¿Cuáles son los mitos franquistas fundamentales que los historietógrafos se han empecinado en seguir haciendo valer a estas alturas del siglo XXI? En cualquier lista es difícil que no figuren los siguientes:

La ilegitimidad de origen de la Segunda República al ser proclamada como consecuencia de unas elecciones municipales que además habrían perdido las izquierdas. [→ REPÚBLICA REFORMISTA].

La ilegitimidad del gobierno del Frente Popular alzado al poder por la falsificación del resultado electoral de las elecciones de febrero de 1936. [→ FRENTE POPULAR].

El desorden público y el caos provocado por los partidos del Frente Popular que tenían maniatado al propio Estado. [→ FRENTE POPULAR].

La conspiración comunista o marxista o izquierdista que preparaba el asalto al Estado para desencadenar la revolución. [→ SOCIALISMO DE MASAS, → ANARQUISMO, → COMUNISTAS].

La espontánea y masiva rebelión del pueblo español en un Alzamiento Nacional émulo del de 1808 contra el francés. [→ DERECHAS].

La inevitabilidad o predeterminación de la guerra civil que habría acabado por estallar en cualquier caso. [→ CONSPIRACIONES].

La consideración de que la guerra civil no fue tal sino una «Cruzada de Liberación» que enfrentó a los españoles cristianos con los invasores comunistas y masones. [→ IGLESIA].

El distorsionado terror desencadenado por los rebeldes y la represión franquista (justicia debida) como muy limitada respuesta al masivo terror rojo previo. [→ VIOLENCIA].

La leyenda de las matanzas masivas de Badajoz que no se habrían producido. [→ OPERACIONES MILITARES].

La asombrosa defensa del Alcázar de Toledo por una minoría de héroes comandados por un Guzmán el Bueno redivivo. [→ SUBLEVACIÓN MILITAR].

El famoso oro de Moscú, robado por los comunistas y/o negrinistas en su propio beneficio. [→ AYUDA EXTERIOR].

La falsedad del bombardeo de Guernica y sí su destrucción real a causa del incendio provocado por los rojos en su huida. [→ EJÉRCITO SUBLEVADO].

La basílica-mortuorio del Valle de los Caídos como símbolo de reconciliación de todos los españoles…, etc., etc. [→ TARDOFRANQUISMO].

Mitos que necesariamente convergen en el más importante: el del providencial «Caudillo» Franco, genio de la Raza, César visionario, jefe militar de excepción, genuino artífice del desarrollismo español, indisputado Príncipe de la Paz y a quien España y los españoles tanto deben. ¿En base a qué? En base a la presentación y desfiguración de una guerra civil derivada esencialmente de la combinación de tres factores esenciales: el fracaso relativo de la sublevación militar ante la resistencia de una parte de las propias fuerzas armadas y de seguridad y la rápida reacción de las masas populares; la intervención inmediata de las potencias fascistas en auxilio de los sublevados, preprogramada en el caso de la Italia mussoliniana desde hacía años y la inhibición de las democracias occidentales, lideradas por el Reino Unido, debidamente intoxicado ideológica y políticamente por su propio Gobierno.

El resultado fue que, para septiembre de 1936, la República tenía perdida la contienda. Solo la salvó, in extremis, la ayuda soviética en el marco de una operación de contención de la agresión nazi-fascista y como esfuerzo desesperado para reforzar la política de seguridad colectiva. Dejemos aquí de lado la evolución política y social de los años republicanos que, como las voces de esta obra demuestran, a lo más que pueden llegar es a identificar algunas condiciones necesarias, aunque no suficientes, para explicar una sublevación que devino en guerra de casi tres años y en los que una parte sustancial del pueblo español hizo frente con las armas al fascismo, ya fuese indígena, copiado o asumido parcialmente por las derechas.

EL MITO DE LA «CRUZADA»

Este fue el mito por antonomasia, negado como sublevación militar y exaltado como Glorioso Alzamiento Nacional (con frecuencia incluso como «Cruzada»). De él se hizo un emblema, un símbolo, un punto de partida para la reconstrucción espiritual de España. Fue la piedra fundacional del nuevo régimen, la síntesis del conglomerado ideológico de los vencedores brillantemente capitaneados por el santo cruzado que por sus méritos indiscutibles en la salvación/liberación de España, hija predilecta de la Iglesia, se ganó el derecho a entrar en los templos bajo palio.

Los sublevados, que trataron de «romper la capa de cochambre materialista que asfixiaba a España», fueron los verdaderos héroes de la Patria, «los que derribando prejuicios legalistas, cara al sol y a la muerte, hermanados en un mismo afán, desde África a Navarra, empuñaron las armas, para rescatar del monstruo moscovita a esa princesa de nuestros sueños que es España». No podía Raimundo Fernández-Cuesta resumir mejor el ideario del 18 de Julio que aglutinó a los patriotas alzados y a los vencedores. España era suya y no estaban dispuestos a compartirla. Imposible resulta hoy en día manejar semejante retórica. Sin embargo, a pesar de que el 18 de julio de 1936 es una fecha maldita ya que señala la deriva hacia una cruenta guerra civil, y no otra cosa, contra inexistentes invasores y extranjeros infieles, a pesar de que es una fecha que delimita campos, traza divisorias, establece bandos y niega la condición de compatriota a sus oponentes, los mitógrafos persisten en justificarla y legitimarla.

El golpe de estado del 17-19 de julio de 1936 habría sido un «alzamiento», espontáneo, «nacional», masivo. Es decir, se trata de dar a entender que hubo un levantamiento general prácticamente secundado en toda la geografía por la inmensa mayoría de españoles ante el caos y el desorden reinantes que se hacían insoportables. Los mistificadores actuales matizan la terminología pero mantienen incólumes la justificación y legitimación del golpe, ya que los «alzados» lo habrían hecho «forzados» por las conspiraciones comunistas, socialistas o izquierdistas previas y la revolución en curso desde 1934, según la luminaria más descollante de la historietografía que no deja de ilustrar a sus fervorosos partidarios bajo la siempre segura inspiración del «Caudillo».

No tenían los alzados otra pretensión que restaurar el orden para salvar nuestra civilización cristiano-occidental en trance de perecer a manos de la Anti-España y de sus cómplices. En cualquier caso evitó mayores males (?) que los que ya padecía la patria y podría incluso padecer. Es decir, fue una rebelión «preventiva». Los inevitables e «insignificantes» «daños colaterales» que todo conflicto armado necesariamente implica así como las consecuencias internacionales que de ello se derivaron se han minimizado: un bache demográfico de más de medio millón de personas, caída en pico del PIB, represión, hambre, pobreza y casi 40 años de «plácida» dictadura.

Es insostenible defender la teoría del «todos fuimos culpables» si no se establecen grados de culpabilidad. Y, desde luego, a nuestro juicio, cualquier pretensión de «equidistancia», como tan erróneamente pretenden algunos autores que se dicen liberales o de centro, no pone únicamente de manifiesto sus limitaciones heurísticas sino que evidencian unas opciones éticas o morales verdaderamente sorprendentes. ¿Acaso apoyarían hoy rebeliones militares (23-F) o ilegalidades e ilegitimidades similares?

El principal capítulo de responsabilidades cae del lado de quienes se sublevaron y rompieron el orden constitucional y abrieron así las puertas a la guerra misma. De no haberse producido el golpe es verosímil que hubieran tenido lugar desórdenes, violencias y quizá terrores, dado el contexto interno e internacional, pero con un plazo de finalización necesariamente breve, limitado y circunscrito a zonas muy localizadas. La pretendida revolución de las izquierdas ya había fracasado en España y lo que se desencadenó paradójicamente el 18 de julio de 1936 fue la contrarrevolución.

Una contrarrevolución cuya violencia y terror, implacablemente ejercidos, no pueden dejar aún de espantar el ánimo más templado. Con el 18 de julio se trataba precisamente de consolidar «definitivamente» el éxito de la «contrarrevolución» y hacerlo políticamente realidad por la fuerza incontenible de las armas y el firme y decidido apoyo de las potencias fascistas. Y esto es lo que muestra la evidencia primaria relevante de época, por más que sigan empecinándose en lo contrario, sin la menor prueba documental a su favor, todos aquellos que tratan de reescribir la historia con renglones torcidos al servicio de intereses políticos espurios.

EL TERROR Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA

El terror desencadenado tras la sublevación y después la represión debidamente institucionalizada constituye la página más negra de la dictadura de Franco que, naturalmente, la historietografía ha tratado y trata en todo lo posible de blanquear. La violencia desplegada por los rebeldes, siguiendo órdenes estrictas de sus jefes militares para amedrentar al resistente, no habría sido tan brutal como ha pretendido la izquierda, siempre manipuladora. Habría sido exagerada y distorsionada por la aludida historiografía «progresista», seguidora de las viejas consignas ya que jamás habría renunciado a imponer su enfoque «militante» a los españoles de nuestra generación.

La represión, por el contrario, fue lógica, «muy medida» (según palabras textuales del cabeza de fila de los mistificadores) e incluso necesaria habida cuenta del terror previo desencadenado por el Frente Popular. Los «rojos» habrían arremetido con inusitada violencia por toda España contra los defensores de los valores tradicionales inherentes a la idiosincrasia española. Es decir, en cualquier caso la violencia franquista habría sido ante todo defensiva y por tanto humanamente comprensible y justificable, muy inferior a la desplegada por los revolucionarios que se entregaron a una verdadera masacre de acuerdo con las directrices previas establecidas por Stalin. De aquí el énfasis puesto en el siniestro actuar de las checas, la masacre del clero regular y secular, los fusilamientos indiscriminados y, sobre todo, en Paracuellos, antecesor de Katyn y representativo de las calidades humanas de todas las izquierdas que en el mundo han sido.

Claro que uno se pregunta cómo no dejó la violencia «roja» de decrecer o no se redobló a partir del gobierno Negrín, presentado como un mero títere de Stalin hasta la más rabiosa actualidad. ¿Cómo se hubiera atrevido semejante subordinado a impedir los designios del gran jefe de exterminar al clero español cuando se repite y reitera, con aparente referencia a bases documentales (desvirtuadas hasta el paroxismo) que Negrín había cerrado un pacto con el genocida soviético para someter a España a su imperio?

El hispanista británico Gerald Brenan afirmó con evidente lógica que las guerras civiles las acaba ganando el bando que más mata. Y así ocurrió en la guerra civil. En su día, otro gran hispanista, Gabriel Jackson (1965), lanzó unas cifras sobre la represión tan diferenciadas cuantitativamente en contra de los planteamientos tradicionales del bando franquista, que incluso parecieron abultadas a muchos historiadores. Fue duramente descalificado. Pero es el caso que cuanto más se avanza en la contabilidad de las víctimas de una zona y otra, más se aproximan las cifras actuales a las entonces esgrimidas por el autor norteamericano.

La realidad, historiográficamente testada, es que no hubo terror previo desencadenado por la República. Otro tópico debidamente desmontado por los estudios locales, provinciales y territoriales sobre la materia. De nuevo pura y simple evidencia primaria relevante de época. La contabilidad nacional, por decirlo así, sobre esta lamentable cuestión, a la vista de los estudios empíricos realizados hasta la fecha, provincia por provincia, comunidad autónoma por comunidad autónoma, elaborando listas nominales para evitar duplicidades y a la espera de que se completen en todo el territorio, arroja para el período 1936-1939 un total actualizado al día de hoy de 130 199 víctimas de la represión producida en zona franquista y 49 272 en zona republicana. A la primera hay que sumar las que se produjeron a partir de 1939, ya concluida la guerra y hasta 1975, lo que puede suponer un total en torno a las 180 000. Es decir, Franco, mató en los años de posguerra (de su paz) y con todos los resortes del Estado y bajo su mano a casi tantos españoles como el derivado del terror rojo producido en zona republicana en tiempo de guerra y pese al descontrol de los primeros seis meses.

Todo esto significa que la dictadura franquista, impuesta a sangre y fuego, dejó chiquita a cualquier otra dictadura europea del siglo XX. Solo cabe ponerla por detrás de los grandes totalitarismos, el régimen estalinista y el hitleriano. Es más, sería interesante hacer comparaciones entre la vocación sanguinaria de Franco y del Hitler anterior a 1939. Hoy es ya una obviedad que «la espada más limpia de Europa» ha dejado de brillar pese al desproporcionado esfuerzo de sus «limpias» en sentido contrario.

Por lo demás, hay que tener presente que de acuerdo con la propia ONU (Res. 1996/119 de 2 de octubre de 1997) en España siguen sin cumplirse, en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación (lo que trató al menos de mitigar la Ley de Memoria Histórica). Desde el punto de vista propiamente técnico de la jurisprudencia internacional lo ocurrido en la zona franquista a partir del 18 de julio de 1936 fue un crimen contra la humanidad. Franco y el Régimen que alumbró fueron mucho más criminales que los del general Augusto Pinochet en Chile o de Slobodan Milosevic en Serbia. No deja de llamar la atención el contraste entre otros países que padecieron terrores parecidos a los nuestros y que, sin embargo, han ido cancelando sus deudas con el pasado, mientras que en España parece este un tema sobre el cual la derecha, política y religiosa, no está dispuesta a dar el más mínimo paso al frente tal y como muestra la experiencia habida entre los años 2004 y 2010.

EL «CAUDILLO» PROVIDENCIAL

Para franquistas y neofranquistas la figura del general Franco ha sido, lo es todavía hoy, una auténtica bendición para España. Una persistente y sistemática propaganda se encargó durante su interminable dictadura de construir una de las hagiografías más espectaculares que se han conocido en el mundo occidental a lo largo del siglo XX, hasta el punto de considerarlo tanto el «Caudillo» de la guerra como el «Caudillo» de la paz. Por tanto Franco sería a la vez un gran guerrero y un gran pacificador, un esforzado destructor y un destacado constructor, capaz por sí mismo de forjar un prolongado periodo de prosperidad como nunca jamás habrían conocido los españoles en su historia. La mayor parte de los mitos asociados a la guerra civil y al franquismo convergen en el de Franco de una manera u otra.

Si extraordinaria fue la hagiografía que se le consagró desde el primer instante de su nombramiento como Generalísimo, a partir de la victoria militar alcanzó cotas verdaderamente delirantes. Franco habría sido un auténtico genio militar, poseía una excepcional visión estratégica, unas sobresalientes dotes de mando y un profundo conocimiento de la psicología humana, en contraposición a la ineptitud de los jefes y oficiales republicanos y al hecho incuestionable de ser Caudillo de España «por la gracia de Dios». Fue el salvador de la Patria que gobernó con mano maestra y supo elevarla a las más altas cotas de su historia. Pero Franco, en el decir de sus hagiógrafos más templados, fue antes que nada un profesional de la milicia y esta sería la clave fundamental a la hora de entender, interpretar y explicar su irrepetible figura. Es decir, hay que estudiar a Franco fundamentalmente en clave militar, por lo que introducir el análisis político para explicar su papel como gobernante o dictador supone incorporar un elemento de distorsión que nos impide poder juzgarlo con la necesaria objetividad que exige un líder de tan proteicas cualidades.

Desde esta perspectiva, Franco fue primero un brillante táctico en África (aplicando, eso sí, «técnicas» de terrorismo colonial, ejecuciones sobre el terreno y clavando en picas las cabezas de los rebeldes cabileños) y un genial estratega en la «guerra de liberación». Hizo una brillantísima carrera militar que le convirtió en «el general más joven de Europa desde Napoleón» (falso). Hitler y Mussolini admirarían sus dotes de mando y cuando le conocieron personalmente en Hendaya o en Bordighera aún se asombraron más de sus destacados conocimientos polemológicos al igual que hicieran sus asesores militares alemanes, italianos y españoles (falso).

Por añadidura Franco habría toreado a Hitler y, además, podía alardear, concluida la segunda guerra mundial, frente a los dos caudillos derrotados en ella, de haber sido el único militar que había derrotado a los comunistas o bolcheviques (el nuevo enemigo de los aliados frente al nazismo) en los campos de batalla. Pura mistificación.

Como se muestra en los diversos capítulos de este libro, la victoria militar de Franco fue debida en no escaso grado al apoyo decidido que desde el primer momento e ininterrumpidamente le prestaron las potencias fascistas, al abandono a su suerte de la República por parte de Francia y el Reino Unido y al Pacto de No Intervención que resultó letal para la República y en nada perturbó los intereses militares de Franco. Las decisiones estratégicas de este irritaron siempre a sus aliados y asesores, pues incluso las estrictamente militares eran solo comprensibles desde su voluntad de retardar el final de la guerra para poder así ir despejando el camino en la retaguardia mediante una inmisericorde represión que asentara bien sus bases de dominación gracias a la práctica indiscriminada del terror. Terror que no llegaron a comprender sus aliados nazis y fascistas.

El propio Ramón Salas Larrazábal, no digamos los historiadores especialistas en la materia como Gabriel Cardona y otros muchos, cuestionaron alguna de las decisiones estrictamente militares de Franco en comparación con las que establece el arte militar más ortodoxo: ganar lo más rápidamente posible con la máxima economía de medios. Franco solía hacer justamente lo contrario y no le importó jamás utilizar a sus soldados como mera carne de cañón, aunque según el poeta José María Pemán conquistó España como si la acariciara.

Hoy podemos referirnos a la figura del general superlativo como la del general menguante pues, ante las evidencias que ha ido proporcionando la historia, no ha dejado de decrecer ininterrumpidamente su figura. El jovencísimo cadete fue de menos a más muy deprisa, y de más a menos también muy rápidamente. Mal estudiante (fue de los últimos de su promoción), todos sus ascensos lo fueron por méritos de guerra en ocasiones inflados y con el apoyo del monarca que fue su padrino de boda. Alcanzó su momento culminante el 30 de septiembre de 1936 cuando sus compañeros sublevados le entregaron España, en la ingenua creencia de su mentor, el general Kindelán, de que restauraría la monarquía. Una vez que se la entregaron, como dijo el general Miguel Cabanellas, que le conocía bien, se creyó que era suya, de su sola y exclusiva propiedad, y no la dejó de su mano hasta su mismísima muerte.

Franco, desde que en 1975 se cumpliera «el hecho sucesorio» (eufemismo con que la jerga del Régimen y él mismo se referían a su propia muerte), no ha cesado de ir sumiéndose en un humillante desprestigio. Franco no acaudilló el 18 de julio. No aterrizó en Tetuán hasta que se cercioró de que el golpe había triunfado en Marruecos. Y su golpe no precedió a ninguno previamente programado de orientación comunista, marxista o izquierdista. El inicio de su patriótica rebelión dio comienzo con su orden de asesinar vilmente al general Amado Balmes, a cuyo ejecutor protegió contra viento y marea. Acaparó en vida todo el poder posible: General Jefe de los Ejércitos de Operaciones, Generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, jefe del Gobierno, jefe del Estado, jefe Nacional del Movimiento. Fue en definitiva el supremo legislador omnipotente propio de una dictadura de tinte fascista que construyó a su medida. Se le aplicaron títulos honoríficos superlativos: Centinela de Occidente, el capitán de la última Cruzada, el puntal de la Hispanidad, el César visionario solo responsable de sus actos ante Dios y ante la Historia. Expiró en la cama, aunque no plácidamente sino consumido por el sufrimiento y el implacable desgaste al que le sometieron sus numerosas dolencias.

Franco fue el último espadón del siglo XIX, anacrónicamente inserto en el XX. Ya inmersos en el XXI su figura no merecería más espacio que el que quieran otorgarle los libros de Historia frente al desperdicio impreso de sus propagandistas. Salvo por los que todavía no dudan en certificar «la quiebra de la historia progresista», no podría decirse jamás de Franco, por mucho empeño objetivo que pusiéramos, que fuera alto, esbelto, atractivo, culto, gracioso, misericordioso, simpático… o un gran orador, o que tuviera cierta facilidad de palabra, o que fuera un gran escritor, o que poseyera una prosa al menos legible, o que fuera un genio de las finanzas y de la economía. Aunque también hay algún que otro economista que así lo ha pretendido.

Franco gobernó fundamentalmente para sí mismo y para la derecha que le aupó al poder. Los españoles todos no se redujeron nunca a los madrileños que quepan más o menos apretados en la Plaza de Oriente madrileña ni a los de provincias debidamente convocados, transportados y alimentados para pasearse por la Villa y Corte una jornada de domingo, ni siquiera a los que desfilaron delante de su cadáver, sin descartar a quienes lo hicieron para asegurarse de que estaba «definitivamente» muerto.

La V República francesa instaurada por el general De Gaulle aún pervive a los 42 años de su muerte habiendo sido incluso reforzada por sus más duros detractores. Claro que tratar de hallar la menor concomitancia entre el general De Gaulle y el «Caudillo» Franco, aparte de su común condición de militares, sería un auténtico despropósito, aunque también se ha intentado. Un pretendido estadista no construye un Estado a su medida que se volatiliza de inmediato tras su muerte. Tampoco fue el genial artífice del desarrollismo español. Se opuso mientras pudo al Plan de estabilización y liberalización económica de 1959 que rompió el aislacionismo español al que él mismo nos sometió. Franco, Carrero y Suanzes creyeron hasta el final en las bondades de la autarquía y del aislamiento.

¿Cómo se explica que se tengan por genocidas a Pinochet o a Milosevic, que se estremezca el mundo por sus crímenes contra la humanidad y haya gente que se rasgue las vestiduras por aplicar a Franco la misma denominación contando como cuenta en su haber con un número de muertos considerablemente superior? Quizás se trate de una de esas incógnitas o paradojas de la Historia que profesionales como Stanley G. Payne, uno de los más destacados valedores de los tan mentados mitógrafos junto con el inefable Ricardo de la Cierva, podrían despejarnos con su mucho saber.

Desde 1975 hasta la actualidad se ha ido produciendo una degradación constante del mito del «gran Caudillo». Todas las encuestas existentes al respecto apuntan en la misma dirección, a pesar del ruido mediático que producen sin descanso los mal llamados «revisionistas» y las estrambóticas declaraciones del más perspicaz de todos ellos declarando admirarle cada vez más a medida que más lo estudia… (sic). Sin embargo, las encuestas ponen de manifiesto que los españoles coinciden con los verdaderos especialistas al considerar al «gran Caudillo» cada vez menos inteligente, más autoritario, más reaccionario, más injusto, menos patriota, más cruel, menos comprensivo, menos religioso, más fascista y menos honrado.

Hoy cabe decir que representó o simbolizó mejor que nadie los valores caducos de un mundo y una sociedad ya desaparecidos. Como símbolo no representa nada, pues su hipotética base social de apoyo ya no existe. Lo que sí se intenta por todos los medios es lavarle un poco la cara ante la Historia pues, por muy paradójico que resulte, en una sociedad desarrollada, ideológicamente plural y con una razonable capacidad de consumo, hay gente para todos los gustos y por muy estrafalarios y anacrónicos que estos resulten a muchos nunca faltarán mercaderes y oportunistas que los seguirán atendiendo mientras sea negocio.

Todas las dictaduras, sean de derechas o de izquierdas y especialmente las surgidas tras una gran crisis revolucionaria o contrarrevolucionaria o un conflicto armado o una guerra civil traumática, han generado una propaganda justificativa tan desmesurada que sus efectos sobrepasan con creces la imaginación más despierta. En este sentido, la mitografía del franquismo también rompió moldes, como nos muestra el análisis comparado con otras dictaduras similares. La insólita persistencia de la derecha española actual dando alas, cuando no otorgando apoyo al impropiamente llamado «revisionismo» en vez de concederle su discreto silencio o su bien ganada indiferencia, llama poderosamente la atención del estudioso y del especialista. Se trata de una contradicción insalvable para cualquier derecha civilizada y demócrata.

En España, por razones obvias, hemos padecido la propaganda franquista como en la antigua Unión Soviética o en Cuba padecieron o padecen la comunista o revolucionaria. El hecho insoslayable de mostrar los excesos y manipulaciones de la propaganda que generó el franquismo y la que aún generan sus continuadores no puede suponer en modo alguno negar la historiografía contraria, como los denominados «revisionistas» atribuyen con evidente malicia a sus críticos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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Egido León, Ángeles (ed.): Memoria de la Segunda República. Mito y realidad, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.

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Reig Tapia, Alberto: Franco. El César superlativo, Tecnos, Madrid, 2005.

Reig Tapia, Alberto: La Cruzada de 1936. Mito y memoria, Alianza, Madrid, 2006.

Reig Tapia, Alberto: Anti Moa. La subversión neofranquista de la Historia de España, Ediciones B, Barcelona, 2006.

Southworth, Herbert R.: El mito de la cruzada de Franco, edición y prólogo de Paul Preston, Random House Mondadori, Barcelona, 2008.

Viñas, Ángel: La conspiración del general Franco y otras revelaciones de una guerra civil desfigurada, Crítica, Barcelona, edición revisada y ampliada, 2012.

RESIDUOS Y DERIVACIONES

FRANQUISTAS

UNOS EJEMPLOS

por

ALBERTO REIG TAPIA Y ÁNGEL VIÑAS

Toda investigación en este recurrente y apasionante tema, que titulamos pidiendo prestado un concepto paretiano bien conocido, debe empezar hoy por la red, de suyo inabarcable. Es en sus páginas, con frecuencia interrelacionadas, donde se encuentra el prístino material que apuntala dos de las ideas desarrolladas en la presente obra. Los mitos de la Dictadura subsisten, con frecuencia incólumes, y su defensa se adereza con comentarios despectivos sobre la democracia en España. Para los franquistas y neofranquistas la batalla por el pasado es una batalla por el presente. En puridad, la historia, para ellos, no vale la pena. De ningún modo constituye la preocupación de tales autores que no tienen inconveniente en calificar a los verdaderos historiadores de «militantes» ni admitirían que ellos fuesen «cínicos». Es decir aquellos que practican «la desvergüenza en el mentir o defienden y practican acciones o doctrinas vituperables», ajustándonos a la sabia y prudente neutralidad del DRAE.

Un investigador ajeno a las controversias políticas y culturales españolas podría pensar que existe una cierta similitud entre la tentación estalinista de reescribir el pasado a tenor de las necesidades del presente y la fascinación franquista/fascista por proceder de igual manera de cara al tratamiento de la guerra civil y de la Dictadura. No es una paradoja. Revela una verdad profunda. Los extremos se tocan.

Para contrastar nuestras afirmaciones hemos efectuado una pequeña incursión por la red. Cualquier lector puede realizar su propia navegación y descubrir sin demasiadas dificultades páginas de naturaleza rotundamente nazi o fascista. Al hacerlo hemos tenido en cuenta la máxima de Bertolt Brecht en sus Cinco dificultades a la hora de escribir la verdad: no es posible llevarlo a cabo con respecto a situaciones de barbarie sin pensar en todos aquellos que sufrieron bajo las mismas. Subrayamos lo de todos.

No representa una especial hazaña investigadora encontrar ese tipo de páginas. Suelen abundar en títulos huecos, de tono superpatriótico que apenas si ocultan un desprecio profundo a quienes no piensan como quienes en ellas escriben. Nos detendremos en las dos más importantes, sin molestarnos en descender a otras de menor entidad y de tono encendidamente fascista. Que las hay. Nos hemos sometido al trago de su lectura para comparar lo que en ellas se afirma con las reflexiones contenidas en los capítulos de esta obra. Las dos páginas en cuestión son la de la Fundación Nacional Francisco Franco (www.fnff.es) y otra dedicada específica y monográficamente al simpar «Caudillo» (www.generalísimofranco.com).

La primera es la que oficialmente guarda las esencias prístinas de Franco y de su régimen. También alberga una masa de documentos, no siempre bien estudiados, que hoy, afortunadamente, es posible consultar en versión digital en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, uno de los archivos nacionales de España.

El objetivo declarado de dicha página estriba en difundir el conocimiento de la figura de Franco en sus dimensiones humana, política y militar, así como de los logros y realizaciones de su régimen. También pretende fomentar la investigación histórica, educativa y cultural sobre la España de su tiempo. Las aportaciones son de tal calidad que cualquier parecido con lo ocurrido en el pasado suele ser mera coincidencia.

Trabajar en la página de la FNFF es como entrar en una realidad virtual. En su configuración actual nos ha llamado la atención que en una columna, titulada de Actualidad, exista un amplio trabajo sobre «El infame aislamiento de España». Muy apropiado. Tanto que lo recomendamos encarecidamente al amable lector. Si lo hace, no perderá el tiempo. En la rúbrica de Archivos, y en la subrúbrica de «Franco: político», figuran tres largos trabajos sobre «La entrevista con Hitler en Hendaya», los «Orígenes de la internacionalización de la guerra civil» y «La visión de Franco de la expansión comunista». No tienen desperdicio.

La segunda gran página está algo desfasada. Por ejemplo, la «Conjuración internacional contra España» se debe a la pluma del abogado y populachero escritor Fernando Vizcaíno Casas, fallecido hace años. Estaba muy versado en el anecdotario cinematográfico español, pero era más bien lego en la materia abordada. En cualquier caso, el tema de la conjuración da para mucho: a pesar de todo su desparpajo —y acumulación de mentiras— de cara al consumo interior, apoyados por una poderosa censura que hasta 1966 derivaba de la situación de guerra civil treinta años antes, el Régimen siempre fue débil hacia el exterior. Estudiar el franquismo desde el ángulo de sus relaciones con el mundo circundante con el necesario apoyo documental (mucho del cual se encuentra en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a cinco minutos de la madrileña Puerta del Sol) es una de las aventuras intelectuales más interesantes para desvelar sus temores, palpitaciones e inhibiciones. Y su mendacidad.

Uno de nosotros tiene ya preparado, para esta misma editorial, un libro en el que se identifican algunas de sus falacias no en los años cuarenta, no en los años cincuenta… sino ya en los sesenta. Desgraciadamente no podrá ampliarlo a base de la, sin duda, apasionante información que habría proporcionado un buen archivo del Ministerio de (Des) Información y Turismo. Archivo que recogía, por orden del hiperactivo titular de la cartera, recientemente fallecido, todas las noticias que se referían al general Franco en la prensa extranjera. Era muy conveniente conocer lo que decía «el enemigo», a saber, el mundo libre. Su director general de Prensa de la época no pudo, aparentemente, impedir, siendo ya subsecretario del Ministerio en 1975, que uno de sus funcionarios, en un arrebato de patriótico celo, destruyera tan sabrosos dossiers. Por cierto que tan eficaz colaborador, «periodista de raza», acabó su carrera profesional dirigiendo el diario Ya, de la Editorial Católica.

En esta segunda página son sumamente interesantes los artículos, muy numerosos, que figuran bajo la rúbrica Guerra Civil. Muchos están escritos por un caballero llamado Eduardo Palomar Baró, sin duda muy conocido en su casa. Todos con títulos realmente sugestivos. Entre ellos destaquemos los referidos a las causas, breves notas y apuntes sobre la guerra pero, y sobre todo, lo que siempre ha sido y es la obsesión de la «historietografía» franquista: su justificación. No podemos sustraernos a citar los siguientes: «la Constitución de 1931 invita a la guerra civil»; «un discurso de Largo Caballero, en Don Benito, instando a la guerra»; «las elecciones fraudulentas de 1936»; «la victoria del Frente Popular y sus consecuencias»; «la República recibe la amistad y la ayuda soviéticas»; «en Guernica no había nadie». Otros, de títulos neutros, encierran contenidos francamente interesantes. Pero de realidad virtual.

No es nuestra intención hacer publicidad de sus dislates. Aun así, digamos que en uno se retrotrae la creación del ejército «rojo» a la revolución socialista de Asturias. En otro —en la senda bien trillada por los faranduleros— se fija la creación de las Brigadas Internacionales en una conferencia de la Internacional Sindical comunista en Praga en julio de 1936. Todavía los escribidores no se han enterado de que se trató de un camelo difundido en Londres durante la guerra misma, en un panfleto titulado I accuse, sin otra mención de autor que «un abogado español». La «información» se tomó de la prensa derechista francesa de primeros de agosto. Lo cual no obsta para que algunos distinguidos militares que se autodenominan historiadores le hayan otorgado su benévola credibilidad.

Quizá tenga más interés exponer los rasgos analíticos que a nuestro, ¡ay!, falible juicio, se desprenden de tales construcciones ideológicas. Creemos poder sintetizar lo que sin duda daría para una tesis doctoral[12] en los siguientes rasgos:

El primero es la aparición de sujetos alternativos. Los sesudos autores que colaboran en tales páginas solo superficialmente parecen historiadores. Estos últimos son conscientes de la dificultad de recrear el pasado teniendo en cuenta los obstáculos cognoscitivos y metodológicos que se interponen en el camino. Aquellos, por comparación, recuerdan a los «avatares» de la película de James Cameron, contrapunto de los humanoides nativos de Pandora (los Na’vi).

Estos autores suelen recurrir a la denigración. En general, achacan sus propios fallos a los historiadores genuinos, aplicando «creativamente» un vulgar mecanismo de proyección sicoanalítica[13] o, quizá, siguiendo la máxima de que «la mejor defensa es un buen ataque». Esto podría dar resultado si sus espaldas estuvieran cubiertas. Hélas! No es así. Un ejemplo: la FNFF ha dedicado en su columna Actualidad un artículo de varias páginas a los «chismes en torno a la muerte del general Balmes». Aparte del honor que hace a uno de los autores de estas líneas, lo significativo son los calificativos que le dedica. No en balde se dice con razón que la lengua (y por tanto el lenguaje) es la verdadera alma del ser humano. También hay que recordar que, como ya señaló Buffon, le sytle, c’est l’homme. Como es poco probable que la simple concatenación de insultos y diatribas pueda adscribirse a un tropo literario, parecería que tales autores necesitan algo más de autodisciplina deontológica.

El tercero es la distorsión. Por ejemplo, en la tan trabajada entrevista de Hendaya, Franco comparece como alguien que ya ha decidido que no interesa a España entrar en guerra (sic). A Hitler, en cambio, se le presenta ansioso de incorporar al «aguerrido y entrenado Ejército español» a las fuerzas alemanas. Los autores, lógicamente, se pasan por la piedra toda referencia a los innumerables testimonios, tanto de 1940 como del período de la guerra civil, en los que los mandos alemanes expresaron juicios implacables y muy negativos sobre la habilidad y competencia de sus homólogos franquistas. Pero, claro, reconocerlo hubiera sido una autoflagelación que los servidores de la España imperial nunca podrían, ni pueden, reconocer.

El cuarto es la ocultación. También cabría hablar de hipertrofia de un aspecto particular en detrimento de otros. Una ilustración podría ser la caracterización de la Segunda República. Admitamos que no es un ejercicio simple, aunque tampoco supera un nivel de inteligencia medio. Aparece en toda su perversidad, rayana en auténtica vesania, como un régimen político cuyo objetivo final estribaba en, ¡horror de los horrores!, crear una escuela única, laica y pública. Algo que, como es obvio, chocaba y choca con la eterna vocación nacionalcatólica de buena parte de la sociedad española. De los aspectos económicos, sociales y laborales, contingentes y despreciables en una vida que no debe ser otra cosa que la preparación para la eterna, la verdadera, ni mu. De manera menos sugestiva, los partidos y sindicatos (de la izquierda radical y extrema izquierda, citamos textualmente) vieron en la República la oportunidad de hacer «su» revolución, siguiendo el ejemplo bolchevique (esto último se ha escrito en 2011).

El quinto es la confusión. Es el resultado de la combinación del segundo y tercer rasgos. Lo que normalmente los historiadores no franquistas identifican como problemas fundamentales no son tales sino meras construcciones ideológicas, que dejan de lado lo esencial. La esencia católica de España o, pásmese el lector, la batalla de la derecha a favor de una república que no fuese «excluyente».

El sexto es la ofuscación. El discurso profranquista suele ser parco a la hora de acudir a las fuentes. Cuando lo hace, porque no queda otro remedio, lo normal estriba en cortarlas y/o aderezarlas. El lector no puede tener nunca la seguridad de que sea cierto lo que dicen estos autores que dicen las fuentes. Destacados cultivadores de esta fraudulenta práctica son Ricardo de la Cierva, Luis Suárez Fernández y César Vidal. Pero hay muchísimos más.

El séptimo es la apelación a autoridades dudosas. En el gremio de contemporaneístas, como en cualquier otro colectivo no demasiado numeroso, todos nos conocemos. En la presente obra, que se ha abstenido de entrar en controversias académicas, se ha llamado la atención del lector sobre la escasa fiabilidad, por no decir total infiabilidad, que merecen supuestas autoridades como Burnett Bolloten o Stanley G. Payne. Pues bien, estos historiadores, que escribieron en condiciones limitadas, sesgados ideológicamente y sin documentación fiable, son auténticos gigantes en comparación con los autores preferidos de quienes escriben en las páginas profranquistas de la red. Las cosas como son. Motivo este por el que nos sume en la más completa perplejidad el patronazgo que uno de ellos, a quien deseamos cordialmente mucha salud y larga vida, ejerce repetidamente con respecto a autores que son absolutamente triviales y sin que alcance nuestro entendimiento a comprender las razones académicas para ello.

El octavo es la tergiversación. Esta no es una consecuencia del azar. Es el objetivo que se pretende conseguir. De aquí la defensa numantina de los postulados del «régimen del 18 de Julio» que en su momento fueron defendidos gracias a la censura, la brigada político-social, la guardia civil, los «grises» y el TOP, hasta el final del mismo. Y que continúan defendiéndose con otras «armas» más allá del mismo. La expoliación del oro, el sometimiento republicano a Moscú, el «terror rojo», Paracuellos como paradigma, etc. son temas que siguen apareciendo con frecuencia todavía hoy en día. En realidad, no hay ningún historiador de quienes escriben en las dos páginas de la red mencionadas que, para la mayor parte de los casos, se haya molestado en ir a los archivos en los que deberían encontrarse pruebas documentales de sus asertos.

El noveno es, pues, la sustracción de información. El lector puede tener la seguridad de que lo que los autores profranquistas le sirven es un pato cojo. Un ejemplo, en 1938 los alemanes se plantearon si convenía aumentar la dotación de la Legión Cóndor, mantenerla o reducirla. No era una cuestión baladí, porque en el verano de aquel año se suscitó la crisis de los Sudetes y existía la posibilidad de que estallara un conflicto. Al final, no lo hubo. Los alemanes se inclinaron por complacer a Franco, hasta cierto punto. Con contraprestaciones. Entre ellas el reconocimiento de la deuda de guerra y, sobre todo, la autorización para invertir en concesiones mineras por encima del porcentaje previsto en la legislación. Llevaban batallando por ello desde hacía un año. Confrontado con lo que podría ser un ultimátum, el inmarcesible «Caudillo» se bajó rápidamente los pantalones. Una medida lógica y prudente. El reconocimiento de la deuda («mera» cuestión formal) se difirió un par de años, pero la inversión se aprobó de inmediato. Así que, de consuno, los tres autores mencionados hacen todo lo posible para que el lector no identifique los términos del intercambio.

El décimo es, para seguir expresándonos en los términos neutrales del DRAE, «decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa». Normalmente a esto se le llama mentir. Es el alfa y omega de la «historietografía» franquista y lo que resume, mejor que cualquier otro rasgo, su característica fundamental. En tales aventuras el doctor en Historia antigua César Vidal tiene un largo recorrido, ya se trate de Paracuellos, de sus plagiadas Brigadas Internacionales, de Franco o de los supuestos planes de Stalin de avasallar España gracias a la fidelidad perruna de Negrín. Este último fraude intelectual lo viene repitiendo, impertérrito, a lo largo de los últimos años, inasequible al desaliento. Quizás habría tenido éxito bajo un régimen dictatorial. No es verosímil que, sin censura previa o «consulta» de tal característica, pueda hacer buena la conocida máxima del maestro Goebbels. De todas maneras ¿qué hay que inventar? Pues se inventa. ¿Qué hay que distorsionar? Pues se distorsiona. ¿Y la deontología profesional? Ni está aquí ni se la espera.

La tendencia a la evasión tiene, en ocasiones, aspectos patéticos. Destaquemos dos. El primero se refiere a la naturaleza de la violencia en guerra «y sus antecedentes». La actual «revalorización» del «terror rojo» se acompaña de un silencio profundo acerca de los resultados de las numerosas investigaciones de campo sobre el «terror azul», que tiene para los neofranquistas de toda laya las desventajas de que fue muchísimo más letal y que duró mucho más tiempo. Esto no se dice nunca. La represión franquista ha sido tradicionalmente una cuestión tabú para la «historietografía». Esto no significa que, en términos generales, no se hayan producido «acomodamientos». Desde un inicial «rojo=asesino» pasando por «los rojos=los malos» a un «todos cometieron barbaridades, pero los rojos más», para llegar al «todos fueron iguales» y regresar ulteriormente, coincidiendo con las recientes legislaturas socialistas, a posiciones antiguas y maniqueas que ya se habían abandonado, pero que se retoman en la batalla política presentista.

El auténtico crimen habría sido la brutal alteración del orden público perpetrada por las fuerzas desatadas de la revolución, en particular durante la primavera de 1936. Obsérvese lo que esto significa: al centrar la atención en la violencia republicana como motor de la posterior represión franquista, el centro de gravedad de la política de los sublevados y del régimen dictatorial, en ciernes o en plenitud, hacia la población considerada (con criterios hoy perfectamente conocidos) desafecta queda desprovista de toda intencionalidad. Fue meramente reactiva. Conviene insistir en que tal pretensión es una de las «columnas de Hércules» sobre las que construyen sus historietas esa clase de publicistas. Ocurrió más bien lo contrario. En cuanto llegaron a la península las primeras noticias de las atrocidades que provocó la brutal represión preventiva desatada por los rebeldes en el Protectorado la misma tarde del 17 de julio, y que figuraba con toda claridad en las instrucciones reservadas del general Mola para el «Alzamiento Nacional», la agitación de las masas obreras, sobre todo en las grandes poblaciones, se disparó. Al cruzar el Rubicón que fue la entrega de armas solo era cuestión de tiempo que se desatara la violencia «revolucionaria».

La persecución religiosa aparece como el eje absolutamente central. Nadie ha negado nunca que no se produjera y que no fuese cruenta. Algunos autores han tratado de distorsionar, retrotrayéndolo hasta 1931, el análisis de la situación en que surgió y se esparció después del fracaso relativo de la sublevación militar. Con ello, la peliaguda cuestión del papel de la Iglesia en unas estructuras de poder tradicionales que alteraría todo proceso de modernización desaparece por la chimenea. Este es uno de los más claros ejemplos aducidos por quienes denominaríamos «historiadores equidistantes» que han proliferado últimamente como setas tras las lluvias de otoño. Tienen, sin embargo (nada hay nuevo bajo el sol), antecesores relevantes, como el ilustre profesor Carlos Seco Serrano, autor de una biografía de Azaña en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, que provoca sonrojo. La teoría de las «maldades intercambiables» se acompaña con el ataque personal, desde el insulto a la calumnia, y viene articulándose en torno a dos vectores: el siempre socorrido recurso a las checas y Paracuellos y la práctica de hacer como si las nuevas investigaciones no existieran o, en todo caso, de minimizar sus resultados y conclusiones.

No podemos resistirnos a hacer algunos comentarios sobre el caso de Paracuellos a la luz de lo que afirma Julius Ruiz en su último libro en el que a diferencia de los De la Cierva, Vidal, Zavala, etc., ha descargado de la red innumerables documentos de la Causa General para tratar de hacer una reconstrucción factual. Ruiz es consciente de que la tesis hiperfranquista de que una incitación soviética (de la NKVD) a favor de la masacre «reduciría» la responsabilidad de los asesinos republicanos. Así que, ni corto ni perezoso, la niega. Atención. Sin haber puesto el ojo en los archivos en que, caso de haber existido, debería encontrarse alguna huella. Desgraciadamente para él, uno de nosotros la ha hallado, aunque no haya sido el primero. Los argumentos que aduce Ruiz en contrario no pasan de meras especulaciones, desprovistas de contenido. Ni sabe cómo funcionaban los servicios represivos en la URSS ni cómo se articulaban sus relaciones en el exterior con los partidos comunistas nacionales. No es de extrañar que ni siquiera sepa leer algunos de los documentos de la Causa General. De haber sido menos prejuicioso hubiera comprobado que también en ellos aflora la conexión que nosotros en su momento documentamos. Naturalmente, Ruiz no se priva de afirmar que quienes defendemos tal tesis describimos al gobierno republicano poco menos que como una víctima. Ignoramos de qué manga se saca tal conclusión. Es obvio que varios ministros se enteraron y estamos de acuerdo en que el de Gobernación, Ángel Galarza, distorsionó lo sucedido. Para tan largo viaje no son necesarias grandes alforjas. Ya lo demostró Gibson. ¿Y qué iban a hacer desde Valencia? El distinguido faísta, García Oliver, ministro de Justicia, volvió a Madrid y permitió que las «sacas» continuasen, no sin echar la culpa en sus falaces memorias a Margarita Nelken. ¿Lo echarían del Gobierno después de dos meses de tratos con los anarquistas para incorporarles al gabinete? Ruiz demuestra una candidez rayana en la desmesura al afirmar que «los asesores soviéticos se encontraban en Madrid porque las democracias occidentales habían dejado sola a la República». Pero ¿acaso no fue verdad? También había militares, agentes de inteligencia y expertos terroristas. Ruiz no ha demostrado si los de la NKVD se extralimitaron en sus funciones o si, por el contrario, obraron de acuerdo con instrucciones concretas, es decir, no genéricas. Lo que sí está claro es que el informante que alumbró la pista de la NKVD, el coronel Goriev, del GRU, tenía al igual que su jefe, el general Berzin, mandato estricto de no mezclarse en los asuntos internos republicanos.

Ruiz haría mejor en leer algo sobre la NKVD y echar un vistazo a situaciones comparativamente menos complicadas que las de una ciudad sitiada, sometida a bombardeos continuos, a punto de caer en manos del enemigo y luchando desesperadamente por sobrevivir. Estamos seguros de que en los gloriosos anales de la historia británica encontrará ejemplos del imperativo de la Realpolitik: por ejemplo, cuando se devolvieron a los amantes brazos soviéticos a los cosacos que se habían entregado a quienes creían que eran auténticos gentlemen. O, el más egregio de todos: el que Churchill se encamara con Stalin para vencer al enemigo común, por mucho que, como buen conservador, aunque no idiota, le repeliese profundamente el comunismo. Negrín lo hizo en mucha menor medida y las calumnias sobre su actuación han llegado hasta el delirio. Churchill, vencedor, fue glorificado por hacer lo mismo. En estos y otros casos, que han dado origen a debates sin cuento, no han aflorado las aristas que suscita Paracuellos. Pero ¿fue, acaso, también Realpolitik la carnicería de Amritsar en 1919 efectuada por tropas bajo mando británico en India? Nosotros no trivializamos Paracuellos: sí lo consideramos como lo que fue, una «matanza excepcional». Como el caso Nin. En este, por lo demás, nos permitimos aconsejar a Ruiz que eche un vistazo a lo que ya se sabe en la literatura acerca de la participación del MI6 en la operación que condujo al asesinato de Lumumba. Pour la bonne forme.

Ahora bien, ¿cuántos «mini-Paracuellos» hubo en la zona sublevada? Acumulativamente dan para unos cuantos «maxi-Paracuellos». En el reciente juicio al hoy ya exjuez Baltasar Garzón (summum ius, summa iniuria) salió a relucir, por ejemplo, el caso del cementerio de Ciriego (Cantabria). Lo relató Antonio Ontañón Toca, autor de un libro en cuya investigación invirtió treinta años. Se abrieron fosas, zanjas comunes, en las que cabía un centenar de ejecutados. A los cadáveres se les echaban paletadas de cal viva y se les distribuía capa a capa. Como mínimo hay una docena de zanjas. 1200 muertos. Sin identificar. Más que en las tres primeras sacas de Paracuellos. (Tomamos los datos anteriores de El País del 8 de febrero de 2012). Los asesinos franquistas lo que querían es que desaparecieran. Quizá Ruiz pueda hacer las oportunas comparaciones demográficas en el caso de Cantabria (unos 2500 desaparecidos) con el de Madrid, capital y provincia.

Lo que los residuos y derivaciones franquistas no soportan es la salida a la luz de las víctimas de, eso sí, la «vesania azul» desde las fosas en que yacen, que la Dictadura ocultó y en muchas de las cuales se han interpuesto toda suerte de obstáculos para su excavación. Dichas fosas se encuentran ancladas en toda la geografía del golpe triunfante, incluso allí en donde la sublevación se hizo dueña del territorio sin la menor oposición, lo que desmonta por completo la construcción ideológica de que la represión franquista fue la medida respuesta a la de «los rojos». A favor del «olvido» actúan la lenta y confusa evolución del acceso a los fondos documentales clave (el retraso en la apertura de los archivos judiciales militares hizo que no se utilizaran en las monografías provinciales en los años ochenta y noventa) y la ocultación de los archivos con los que contaban el Ejército, la policía y la Guardia Civil. Lo que importa es minimizar como sea el combate por la historia y por la justicia debida que supone arrebatar al silencio y al olvido a las víctimas del fascismo y del militarismo españoles.

Particular atención merecen los autores que militan en el entorno de la Universidad CEU – San Pablo donde brillan por su ausencia trabajos sobre lo que ocurrió en la zona sublevada y, sobre todo, en la posguerra. Este último período es un aspecto hipersensible porque plantea en toda su crudeza la política misma de la jerarquía católica española. La utilización política de la violencia no es nada nuevo. Ya la historia oficial de la ACNDP fue pudorosamente silente acerca del trabajo de sus elegidos en la obra de «pacificación de España», como mendazmente se caracterizó lo que ocurrió[14].

Este segundo ámbito tiene también su pequeña historia. El Stanley G. Payne[15] de 1995 resolvió el tema en una sola página, aceptando las cifras de Ramón Salas Larrazábal y dando por finalizadas las ejecuciones en 1944. Algo que no puede sino calificarse de inexplicable omisión, habida cuenta de las investigaciones ya disponibles entonces. Payne fue, además, uno de los primeros en impulsar la tendencia a focalizar la represión en la posguerra en torno a la Ley de Responsabilidades Políticas, la menos dura si se la compara con otras leyes y jurisdicciones. En él no hay ni rastro de la omnipresente jurisdicción militar. De este modo, años más tarde, Julius Ruiz pudo escribir un librito reduciendo la represión entera al Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas de Madrid e hizo coincidir su colapso con un pronunciado descenso de las víctimas de la mano dura a partir de 1942 en toda España.

Busque, busque el amable lector en las páginas neofranquistas de la red a ver si encuentra algo sobre estos temas. No hallará mucho. Lo cual no es de extrañar por cuanto que para alguno de sus insignes autores, como el profesor y académico de la Historia Luis Suárez Fernández, la represión se dirigió contra «el comunismo y la masonería». En 2005 le dedicó en su hagiografía de Franco la amplia extensión de cuatro páginas. El tema de los presos, incómodo ciertamente, lo despachó en menos espacio y, sin citar fuente alguna, afirmó que de los 210 000 prisioneros hechos desde principios de la guerra, 135 000 estaban libres al finalizar esta[16].

Una de las construcciones más típicas en los mitos neofranquistas es considerar que no hubo más antifranquistas que los comunistas estalinistas y los socialistas sovietizados, todos ellos revolucionarios de pro, amantes de la bomba y celosos practicantes del «paseo». Este posicionamiento, que deja fuera a republicanos, moderados, liberales «y demás ralea», permite interconectar la totalidad de la izquierda española actual con aquella de la República y de la guerra civil que previamente tales autores han jibarizado. La conclusión cae por su propio peso: los historiadores de hoy que no son complacientes con el franquismo y con su líder no son sino «historiadores militantes» o «frentepopulistas», al servicio de la URSS en el pasado y en los últimos años al de «un nieto de la ira» llamado José Luis Rodríguez Zapatero.

Nosotros, sin embargo, reconocemos que la esclerotización de la «historietografía», sus vetustas proposiciones y sus metodologías no tienen remedio y que la utilización de las fuentes y procedimientos habituales en el trabajo científico no puede aproximar dos concepciones tan antitéticas como son el trabajo serio y la propaganda.

Ahora bien, como ni siquiera el goebbelsiano más adicto es totalmente insensible a un discurso mínimamente racional, salvo que se autoproclame irracional (y ninguno de los autores en que pensamos lo ha hecho), no cabe darse por vencidos. Para bien o para mal, los historiadores escribimos también para el futuro. Todos, hasta los más estólidos, podemos ser un día objeto del mismo tratamiento como referencias que nosotros damos a los que nos han precedido. Afortunadamente, en España es posible comparar en libertad. No estamos en Alemania en donde, por razones perfectamente comprensibles, la justicia prohibió no hace mucho la publicación de ciertos extractos de Mein Kampf comentados por historiadores. Aquí las comparaciones son posibles. Las estupideces de Franco se leen en la red. No aparecerían en Alemania en el caso de Hitler. Lo mismo ocurre con los panegíricos.

Herederos, a larga distancia, de las Luces, creemos en el valor de la educación, no de la desinformación. No es que nos hagamos ilusiones. La prensa nos dice, por ejemplo, que en Alemania cerca de un 20 por ciento de los adolescentes no sabe que Auschwitz era un campo de exterminio. ¿Cuántos saben en España que nuestra autóctona dictadura fue una de las más sanguinarias de Europa? ¿Acaso decir esto, alto y claro, y documentarlo en libros supone desenterrar el hacha de la guerra cainita? ¿No será más bien al contrario? Porque lo que está en juego es mantener la abyecta diferenciación entre unas víctimas y otras; unas enterradas y dignificadas con honores, las otras sepultadas y humilladas como perros, enterradas bajo paletadas de cal viva. Si esta última interpretación fuese correcta, equivaldría a mantener bien enhiesta (prietas las filas, firme el ademán) el hacha criminal del victimario. Con una diferencia fundamental: no el hacha del vencedor sino la del melifluo y equidistante «patriota» de hoy a quien todavía no le parece llegada la hora de impartir justicia, no absoluta que es de por sí imposible sino, como nos enseñó Rawls, de simple reparación.

No damos, pues, nuestro brazo a torcer. Dos de los colaboradores de esta obra publicarán sendos volúmenes sobre ciertos aspectos de la guerra civil y el régimen de Franco. Una temática que cae de lleno dentro de las finalidades de la FNFF. Abordarán, en particular, el análisis de la cultura política del Régimen y demostrarán, de la voz de sus fundadores, que la legitimación doctrinal de la Dictadura no se basó en los atropellos del sistema republicano o en la amenaza de una revolución social (como hoy recuperan «historietógrafos» desmemoriados e ignorantes de sus propios orígenes en un caso auténticamente para siquiatras). Se basó en el deseo de establecer un sistema que desterrara de la historia de España la tradición liberal, el sindicalismo obrero y el socialismo. Es decir, que la visión del franquismo como una reacción ante vulneraciones de derechos de los ciudadanos conservadores y católicos pasó muy pronto a sustituirla la voluntad de construir un régimen que repudiaba los fundamentos de una sociedad democrática. No se trató, pues, de «rectificar» nada, sino de establecer y afianzar ex nihil un Estado totalitario de nueva planta. Eso sí… completamente «español». A partir del colapso de los fascismos europeos, con decir donde dije digo, digo Diego (algo que nunca deja de estar de moda), a otra cosa, mariposa.

Demostraremos, siempre con la máxima cortesía, cómo —por razones que no podemos demostrar pero sí colegir— el tratamiento de ciertos aspectos fundamentales del régimen franquista y, en particular, del comportamiento del héroe del profesor Suárez Fernández falla en temas absolutamente básicos. Quizá no por ignorancia, o simpatía ideológica, sino por no haber trabajado con fuentes relevantes.

No hay nada más hermoso que buscar la verdad y educar a ciudadanos, que no a súbditos. Pero, claro, la dictadura de Franco lo que hizo fue precisamente arrebatarnos por la fuerza de las armas tal estatuto, genuinamente liberal y republicano. No puede sorprender demasiado que los más fervorosos defensores, legitimadores y justificadores de aquel Régimen y su creador (que cuanto más lo estudian más lo admiran…) se sientan más cómodos cuanto mayor sea la influencia que ejerzan o puedan ejercer sobre la opinión pública gracias al martilleo incesante de sus burdas manipulaciones. En otra situación Brecht no dudó en proclamar que quien no conoce la verdad es un tonto, pero que quien, conociéndola, la caracteriza de mentira es un delincuente[17]. Nosotros, basándonos en el Duden alemán, equivalente del DRAE, no llegamos tan lejos. En vez de llamarles delincuentes les afeamos su conducta reprensible.

Un ejemplo. Ha aparecido recientemente una «nueva» historia de la guerra civil. No la ha escrito un periodista ni, aparentemente, un divulgador de tres peniques, sino todo un historiador académico. La entrada que del autor aparece en Wikipedia (no siempre una fuente fiable) es muy impresionante: exdecano, exvicerrector, secretario de un Instituto de Estudios Históricos (todo ello ligado a la ya mencionada Universidad CEU-San Pablo) y titular de numerosas publicaciones.

Pero, naturalmente, nada de ello es garantía de nada. La única garantía de un historiador la da su obra, como no nos cansamos de repetir pese al infundio a contrario de que exigimos títulos y certificados académicos para admitir a debate las fantasmagorías de los publicistas que, a veces, no dudan en atribuírselos maliciosamente, cuando no los falsifican o, simplemente, mienten construyéndose abultados curricula. El que algunos despectivamente llaman «gremio» de los historiadores académicos no cierra el paso a nadie carente de sangre azul ni pide certificados de limpieza de sangre. Eso sí: es obligatorio pasar la prueba del nueve. Para los no académicos y para los académicos.

¿Pasa esa nueva historia de la guerra civil un test de calidad? En nuestra opinión, no. Como podría pensarse, se inserta rígidamente dentro de los parámetros de la escuela que ha ido formándose en torno a la institución que da de comer al autor, el profesor Luis E. Togores.

La experiencia republicana, en el primer capítulo, se centra en el «revolucionarismo» de las izquierdas (singularmente los socialistas: «en contra de la República nacida en 1931») pero, como es lógico, también de Azaña («ambicioso y sin escrúpulos») y de sus huestes. Togores no ha leído a Helen Graham, Santos Juliá o Julián Casanova. Los comunistas (antañas bêtes noires de las derechas) apenas si hacen acto de presencia. Salvo en una ocasión que es, naturalmente, inventada: una presunta orden del día del «Consejo Permanente del Politburó soviético» de 28 de febrero de 1936 con el programa político para España sugerido por Dimitrov. Es, con todos los respetos, una tomadura de pelo.

Pero ¿y en las derechas? De nuevo otro de los rasgos de la «historietografía» franquista entra en funcionamiento: la distorsión. Las pobres fueron a remolque. ¿Qué iban a hacer? Se vieron provocadas. ¿Prueba? La «insurrección mejor preparada y pertrechada de todas las que habían declarado los partidos de izquierdas europeos en el período de entreguerras». Esto se lo debe a Payne. ¿Pero acaso no ha leído el profesor Togores a Largo Caballero? Podemos asegurar, con la mano en el corazón, que la propia explicación de este último (no siempre correcta) lleva mucho tiempo disponible en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias y está, primorosamente editada, desde hace años en el mercado. Por cierto, que sobre la CEDA y sus tentaciones hegemónicas (dejemos de lado su atracción por los «modernos» sistemas fascistas o fascistoides, los que habían sabido cómo se disciplinaba al movimiento obrero en Italia, Alemania, Hungría, Austria…) el autor pasa de puntillas. ¿Para qué mojarse? Ahora bien, ¿acaso no trató Gil Robles de que Alcalá-Zamora le nombrase presidente del Gobierno para poner en práctica el programa de cambios que ya se había presentado al Parlamento unos meses antes? Curioso es también lo que ocurre ahora con Alcalá-Zamora. Denostado durante decenios por las derechas, ahora, gracias a unas memorias despechadas, y anotadas mendazmente, aparece como héroe indómito en contra de las apetencias de las malvadas izquierdas.

Al profesor Togores no le arredra casi nada. Desde hace muchos, muchísimos, años hay algunos hitos perfectamente identificados. Por ejemplo, el que el 31 de marzo de 1934 unos caballeros muy patriotas representantes del Requeté y de Renovación Española se fueron a Roma a tomar el té con Mussolini. Como de paso, también concluyeron con él un acuerdo recabando armas y ayuda para un golpe contra la República. Precedieron la visita, normal cuando se va a tomar el te con un dictador extranjero, numerosos viajes y contactos, en algunos de los cuales participó un hombre de paz y concordia, José Calvo Sotelo, a la sazón exiliado en Francia. Como es lógico, Payne dixit, no hay que atribuir a nada de esto la menor importancia. Asuntos de rutina. ¡Qué más normal que tomar el té y conspirar contra el Régimen establecido en el propio país! Nuestro insigne historiador se las apaña no para no mencionar tales suposiciones. Eso hubiera sido atentar contra los procedimientos historiográficos más sagrados a los que él, sin duda, se atiene. La cuestión se suscita en relación con la revolución de Octubre, después de la «revuelta» de Azaña en Barcelona. Obsérvese lo que esto significa: la derecha, una vez más, reacciona a la provocación de la izquierda. Solo que no fue así. Los contactos con Italia databan de 1932 y la firma del acuerdo tuvo lugar, bajo un gobierno radical, seis meses antes de Octubre. Pelillos a la mar. Lo que ya no hará nuestro eminente historiador es profundizar en las consecuencias. Que las hubo.

El autor se dice especializado en historia militar. Pero, como a todo el mundo se nos cuelan errores, disculparemos otro fallo que algunos considerarían imperdonable. «La dirección de las operaciones militares en Asturias» (que no es precisamente un tema esotérico) no se la encargó Gil-Robles, «entonces ministro de la Guerra», a Franco. No. No. Fue Diego Hidalgo. Podemos asegurar, también con la mano en el corazón, que Azaña no «estaba en Barcelona apoyando los sueños independentistas de Companys». ¡Ah! Togores reconoce que una reforma agraria era necesaria. También la proclamó, de boquilla, José Antonio Primo de Rivera. No satisfizo a nadie, añade el exdecano y exvicerrector. ¿Pero no ha estudiado el porqué? Existe una abundante literatura al respecto. De nuevo el profesor Togores, apelando esta vez a lo que le parece indiscutible opinión de Ramón Salas Larrazábal, señala que en junio de 1936 «todo atisbo de actitud democrática había desaparecido en España». Pues no. Lo que había era una conspiración en marcha en toda regla, a la cual ya se había sumado —o estaba a punto de hacerlo— Francisco Franco, que no estaba tumbado a la bartola en Canarias.

Estalla la sublevación y ¿qué pasó? El eminente investigador cree probablemente que sus colegas somos unos cretinos. Como no triunfó del todo, cosa fácilmente constatable, «la derecha, olvidando sus prevenciones, se tuvo que radicalizar, generalmente fascistizándose, ya que el fascismo era la ideología de moda en Europa en aquellos momentos». ¡Qué explicación tan sugestiva! Hacía años que no leíamos una fórmula tan luminosa para quintaesenciar lo que habría sido el palpitar íntimo de la derecha española. La izquierda, nos enseña, no tuvo dudas: «Se lanzó a la guerra que comenzaba y para la que llevaba preparándose desde 1933 para hacer la revolución e imponer un nuevo modelo de sociedad en España».

Ya que no se trata, naturalmente, de cuestionar el posicionamiento ideológico del profesor Togores nos centraremos, con brevedad, en solo dos ámbitos de su argumentación: el marco internacional y la gran estrategia militar de Franco. Lo hacemos porque, salvo ignorancia culpable, por la que de antemano entonamos un sinfín de jaculatorias en demanda de perdón, no abundan los historiadores pro, neo, meta y criptofranquistas que pasen su tiempo en arar un campo al parecer suficientemente trillado y vayan a comprobar si, por casualidad, las verdades «eternas» resisten la prueba de la contrastación documental.

El exdecano y exvicerrector Togores da la impresión de pertenecer a tal categoría. Rehuye exponerse a lecturas nefandas con el fin de evitar sus «desviacionismos ideológicos». El escribe historia «no militante». Por eso se apaña para confundir al lector acerca de la intervención nazi-fascista. Presenta a Hitler a remolque de Mussolini. ¿Fuentes? Su imaginación. Añade que «inicialmente Mussolini se negó a colaborar». No. Mussolini dudó porque no sabía si lo que se había producido en España era el golpe que él esperaba. Se lanzó después de Hitler y de saber que la URSS no parecía interesada en atizar la revolución. También se apaña nuestro autor para despistar acerca de la respuesta francesa a la petición de ayuda republicana: rauda y como una centella Francia envió 12 bombarderos y 26 cazas y desde Marsella importantes cantidades de armamento. No. Por supuesto que, como nuestro autor es un historiador académico eminente, lo matiza acto seguido. Paralizó los suministros «por miedo a enemistarse con Inglaterra». Tampoco. Después, el Frente Popular francés vendió armas abiertamente a su homólogo español, tras contar con pruebas sobre la intervención italiana. Falso de toda falsedad.

Dado que uno de nosotros ha disfrutado, cosa que los «historietógrafos» no hacen, de los encantos de Moscú y a la vez trabajado en los archivos allí disponibles, le choca leer años más tarde, y 3000 páginas después, que la Unión Soviética «se puso abiertamente al lado del Frente Popular desde un primer momento. Empezó a enviar armas y ayuda diversa, incluso antes de saber cómo iba a cobrar». La valoración que nos merece el «novedoso» trabajo del actual secretario general del Centro de Estudios Históricos del CEU-San Pablo amenaza con desplomarse.

Se desploma definitivamente a la hora de constatar cómo se mueve en el segundo ámbito. La gran estrategia militar de Franco ha dado origen a discusiones enconadas. A un lado, los corifeos: el primer soldado de España (Rafael Casas de la Vega). Al otro, quienes subrayan su incompetencia estratégica (Carlos Blanco Escolá). Cabe avanzar por una vía intermedia. Gabriel Cardona identificó varios momentos (seis o siete) en los cuales la guerra hubiera podido tomar un curso distinto si Franco hubiese adoptado otras decisiones diferentes a las que tomó. Dejamos en el aire la esotérica discusión sobre lo que le moviera a tan eutrapélica decisión absolutamente contradictoria con el llamado «arte de la guerra» del que el Generalísimo, según sus «historiadores» habría sido tan destacado practicante. Con frecuencia las decisiones se adoptan sobre la base de información imperfecta aunque tampoco nada hace pensar que Franco fuese un estratega consumado. Hay una ocasión, sin embargo, en que su decisión fue inexplicable para sus generales. Algunos la criticaron. Otros se quedaron congelados en el primer tiempo del saludo. Se produjo tras la toma de Lérida el 4 de abril de 1938. Yagüe se pronunció a favor de avanzar hacia Barcelona. Carretera recta. Terreno expedito. Ninguna resistencia enfrente. Los republicanos en completa confusión y con una crisis gubernamental a cuestas. Una situación cuasiterminal. Franco paró de golpe la sugerencia. El 18 de abril optó por avanzar hacia Valencia. En el ínterin, los republicanos cerraron la brecha y resolvieron la crisis, Negrín se hizo cargo de la cartera de Defensa. La resistencia continuó.

Durante decenios la decisión de Franco ha sido muy discutida. Algunos de sus biógrafos se abstienen de explicarla. El mando es el mando. Otros recurren a argumentaciones absurdas: siguió órdenes de Hitler, que quería prolongar la guerra. Un tercer grupo se aglutinó en torno a la eminencia historiográfica de Ricardo de la Cierva. Sus motivos se los explicó el propio Franco en 1972. En diversas versiones, no siempre demasiado congruentes, De la Cierva los utilizó para oponerse a la «marejada roja» que, según él, anegaba desde las universidades la gran ejecutoria de Franco. En realidad, no había querido amenazar Barcelona para evitar la posibilidad de una intervención francesa.

Tan ensalzado hagiógrafo pasó por alto alguna que otra declaración de su héroe. Por ejemplo, que quince años antes de hablar con él, Franco había contado su propia versión a su ayudante, primo y hombre de toda confianza, Franco Salgado-Araujo. El 2 de marzo de 1957: «No quise apresurar la ocupación de Barcelona por no tener divisas para facilitar algodón a las fábricas catalanas. En cambio antes ocupé Valencia para poder exportar las naranjas y demás fruta de su espléndida huerta…». Tal versión es, aparte de absurda, rigurosamente contradictoria con la que popularizó De la Cierva.

Una forma de resolver el problema estribaría en deshacer la lógica económica y estratégica de dicha argumentación. Otra consistiría en examinar las informaciones de que disponía Franco acerca de las posibilidades de intervención francesa. Cualquier investigador normalito que se aproxime al tema lo primero que hará será examinar la evidencia primaria relevante de época, si la hubiere. A su luz, pasará revista a las diversas interpretaciones historiográficas y extraerá sus propias conclusiones. Un procedimiento absolutamente ineludible, obligado en un profesional.

Pues bien, el profesor Togores se abstiene cuidadosamente de seguir tan repelente metodología. Acude a un contacto que, al parecer, recientemente habló (¿por teléfono?) con Ricardo de la Cierva. Este le ratificó su versión. Lógico. No iba a desautorizarse diciendo que chocaba con los datos disponibles. A tal versión, pues, se atiene Togores. Nuestro esforzado investigador se pasa por la piedra olímpicamente una discusión que se remonta a los tiempos de la guerra misma y que criticaron militares franquistas tan significados como el general Alfredo Kindelán y el coronel Ramón Salas Larrazábal, en tanto que otros como el coronel José Manuel Martínez Bande nadan entre dos aguas y respecto a la cual un grupo prefiere no pronunciarse, no sea que se queme. Togores ignora, en todo caso, la evidencia primaria de época, que puede encontrar tanto en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores como en los militares. Por supuesto, no somete a crítica la aparecida ni, ¡horror de los horrores!, la contextualiza. Ni siquiera se atreve a criticar a los discrepantes de la versión de su propia fuente. Se limita, suavemente, a recordar que «en la actualidad algunos historiadores muy acertados sostienen que Franco no se decidió a avanzar sobre Cataluña por miedo a una intervención de Francia. Ricardo de la Cierva ha demostrado que…».

Pues, tampoco. Ricardo de la Cierva no demostró rien de rien, por decirlo con palabras de una bella canción y no con música de bolero. El tema, por supuesto, no es baladí. Es muy verosímil que una rápida avanzada hacia Barcelona hubiese hundido la entonces débil capacidad de resistencia republicana en el teatro. Franco no lo hizo porque para entonces seguía una estrategia de guerra larga que había explicado a sus aliados y protectores italianos, tanto diplomáticos como militares, cuyos documentos conviene de vez en cuando ojear. Quería triturar físicamente a la izquierda española. Le importó literalmente un pepino que, como secuela, murieran varios millares de soldados propios. ¡Qué mejor destino que rendir la vida en acto de servicio, por Dios y por la Patria! Y a la mayor gloria del Generalísimo Francisco Franco.

Obviamente hay muchos otros autores con pretensiones académicas excesivas en los que podríamos fijar el foco de nuestra atención, pero insistir demasiado sería abuso, rayaría ya en la mala educación o aburriríamos al lector. Nosotros ni insultamos ni descalificamos previamente a nadie por sus ideas dentro del marco común de la democracia y la Constitución; debatimos y dejamos siempre la puerta abierta a quien, bona fide atque sine ira et studio, se ajuste a la deontología inherente a los profesionales de la historia y quiera compartir con nosotros la siempre colectiva búsqueda del conocimiento. Esa es nuestra única «militancia». Somos civiles, ciudadanos.

LISTADO ONOMÁSTICO

Abad de Santillán, Diego

Abdullah de Jordania

Abramson, hermanas

Acín, Ramón

Adame, Manuel

Adroher, Enric

Aguirre, J. V.

Aguirre, José Antonio

Aiguader, Artemi

Aiguader, Jaume

Aizpurúa, José Manuel

Ajuriaguerra, Juan

Alaiz, Felipe

Alamán Ortega, Emilio

Alarcón de la Lastra, Luis

Alba, duque de, véase Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó

Alberola, José

Alberti, Rafael

Albiñana, César

Albornoz, Álvaro de

Alcalá Galiano, Álvaro

Alcalá-Zamora, Niceto

Aldasoro, Ramón M.ª

Aleixandre, Vicente

Alemany Vich, José Alexejewitsch Kurotschkin, Pawel

Alfonso, infante

Alfonso VI

Alfonso XIII

Alfredo, véase Palmiro Togliatti

Alía Miranda, F.

Alien, Jay

Alomar, Gabriel

Alonso Ríos Antonio

Alonso Vega, Camilo

Álvarez, Melquíades

Álvarez, Santiago

Álvarez Bolado, Alfonso

Álvarez Buylla, Arturo

Álvarez del Vayo, Julio

Álvarez Tardió, Manuel

Amil, Manuel

Andrade, Jaime de, véase Francisco Franco

Andrade, Juan

Andreyevich Vlasov, Andrey

Anguiano, Daniel

Ansaldo, Juan Antonio

Ansó, Mariano

Antón, Francisco

Antona, David

Antoniutti, Ildebrando

Antonov-Ovseenko, Vladímir

Añoveros, Antonio

Araquistáin, Luis

Arana, Sabino

Arana Goiri, Luis

Aranda, Antonio

Aranguren, José Luis L.

Arbenz, Jacobo

Arboleya Martínez, Maximiliano

Arconada, César M.

Areilza, José María de

Arellano, Eutiquiano

Arias Navarro, Carlos

Arias Salgado, Rafael

Arín, Francisco

Ariztimuño, José de

Arnáiz, Aurora

Aron, Raymond

Arrabal, Fernando

Arrando, teniente coronel

Arrarás, Joaquín

Arrese, José Luis de

Arriba y Castro, Benjamín de

Arroyo, Eduardo

Arroyo, Vicente

Arteche, José

Artero, José

Ascaso, Domingo

Ascaso, Francisco

Ascaso, Joaquín

Asensio, Carlos

Asensio Torrado, José

Aub, Max

Aunós, Eduardo

Auriol, Vincent

Aviles, coronel

Ayala, Francisco

Azaña, Gregorio

Azaña, Josefa

Azaña, Manuel

Azaña y Catarineu, Esteban

Azcárate, Pablo de

Aznar, Agustín

Aznar, Joaquín

Aznar, Juan Bautista

Aznar, Severino «Azorín» (José Martínez Ruiz)

Baeza, Luis

Bahamonde y Pardo de Andrade, María del Pilar

Balanza, Rafael

Balbontín, José Antonio

Balius, Jaime

Ball, Joseph

Ballester, Carme

Ballester, Manuela

Balmes, Amado

Balmes, Jaime

Barba Hernández, Bartolomé

Barceló, Luis

Barcia, Augusto

Bardem, Juan Antonio

Barea, Arturo

Baroja, Pío

Barral, Carlos

Barranquero, E.

Barrera, Emilio

Barrio, José del

Barriola, Avelino

Barrón, Fernando

Barroso, Antonio

Barruso, P.

Barthes, Roland

Barwinski, Jan

Batet, Domingo

Batista i Roca, Josep M.ª

Bau, Joaquín

Bedmar, A.

Beigbeder, Juan

Benavente, Jacinto

Benguerel, Xavier

Berenguer, Dámaso

Bergamín, José

Bergós, Francisco

Bernal, Carlos

Bernhardt, Johannes E. F.

Bertrand, Raymond

Berzin, Jan

Besteiro, Julián

Bilbao, Crescenciano

Bilbao, Tomás

Bizcarrondo, Marta

Blanco, Segundo

Blanco Escolá, Carlos

Blay, Carmelo

Blum, Léon

Bolín, Luis

Bolinaga, padre

Bolívar, Cayetano

Bolívar, Ignacio

Bolloten, Burnett

Bonet, José

Bonnet, Georges

Bormann, Martin

Borrás, Tomás

Bosch Bosch, Carlos

Bosch i Gimpera, Pere

Boulding, Kenneth

Bóveda, Alexandre

Bowers, Claude G.

Bracher, Karl Dietrich

Brecht, Bertolt

Brenan, Gerald

Brenes, M. I.

Brome, Vicent

Browder, Earl

Broz, Josep

Buen, Odón de

Bueno, Manuel

Buero Vallejo, Antonio

Buffon, conde de (Georges-Louis Leclerc)

Buiza, Miguel

Bulart, José María

Bullejos, José

Buñuel, Luis

Burbach, Friedhelm

Burillo, Ricardo

Caballero, Juan

Cabanellas, Miguel

Cabanillas, Pío

Cabello, Alfredo

Cabrera, Miguel Ángel

Cadogan, Alexander

Caetano, Marcelo

Callejas, Liberto

Calvez, Yves

Calvo Sotelo, Leopoldo

Camacho, Marcelino

Cambó, Francesc

Cameron, James

Camino Galicia de la Rosa, Felipe

«Campesino, el», véase Valentín González

Campins, Miguel

Campoamor, Clara

Campos, Severino

Camprubí, Zenobia

Canalejas, José

Canaris, Wilhelm

Candela, Félix

Cano Ruiz, Tomás

Caprara, cardenal

Caracremada, véase Ramón Vila

Cárdenas, Juan Francisco de

Cárdenas, Lázaro

Cardona, Gabriel

Caridad, Rogelio

Carlos de Habsburgo

Carner, Jaume

Carner, Josep

Carpentier, Alejo

Carranquer de Ríos, Andrés

Carranza, Ramón de

Carrasco Francisco, Pedro

Carrasco i Formiguera, Manuel

Carreras, Albert

Carrero Blanco, Luis

Carrillo, Santiago

Carrillo, Wenceslao

Carrión, Pascual

Carro, Leandro

Casado, Segismundo

Casal, Ángel

Casal Chapí, Enrique

Casals, Pau

Casanelles, Joan

Casanova, Julián

Casares Quiroga, Santiago

Casas de la Vega, Rafael

Casona, Alejandro

Castán Tobeñas, José

Castaño, Ernesto

Castejón, Antonio

Castejón, Federico de

Castelló, Luis

Castells, Andreu

Caterineu, Concha de

Castiella, Fernando María

Castillejo Duarte, José

Castillo, José

Castoriadis, Cornelius

Castro, Américo

Castro, Fidel

Castro, Honorato de

Castro Delgado, Enrique

Catalan, Jordi

Cazorla, José

Cela, Camilo José

Celaya, Gabriel

Cenarro, A.

Cernuda, Luis

Cervantes, Miguel de

«César Carlos», véase Carlos de Habsburgo

Chacel, Rosa

Chapaprieta, Joaquín

Chaves Palacios, J.

Checa, Pedro

Chez, Heinz

Chillida, Eduardo

Chumy Chúmez, véase José María González Castrillo

Churchill, Winston

Churruca, Pablo

Ciano, Galeazzo

Cicerón

Cicognani, Gaetano

Cid, el, véase Rodrigo Díaz de Vivar

Ciges Aparicio, Manuel

Cifuentes, J.

«Clarín» (Leopoldo Alas)

Claudín, Fernando

Cobo, F. Coca, Gabriel M.ª de

Cocteau, Jean

Codovilla, Luis, véase Victorio Codovilla

Codovilla, Victorio

Comín, Francisco

Comorera, Joan

Companys i Fontanet, Josep

Companys i Jover, Camil

Companys i Jover, Lluís

Companys i Micó, Lluís

Companys i Micó, María del Alba

Conde, Francisco Javier

Conesa, Roberto

Conill, Jordi

Connolly, Richard L.

Contreras, Manuel

Corachán, Manuel

Cordero, Manuel

Córdoba, S. de

Cordón, Antonio

Coromines, Eusebi

Cortada, Roldán

Cossío, Manuel Bartolomé

Cossío Villegas, Daniel

Costa, Joaquín

Cot, Pierre

Cowan, Denis

Cowley, Malcolm

Cruz Gutiérrez, Francisco

Cruz Salido, Francisco

Cuatrecasas, José

Cuello Calón, Eugenio

Cuervo, Máximo

D’Harcourt, Joaquín

D’Ors, Eugenio

Dadaglio, Luigi

Daladier, Edouard

Dalí, Salvador

Darling, Donald R.

Dávila, Fidel

Dávila, Sancho

De Francisco, Enrique

De Gaulle, François

De la Cierva, Juan

De la Cierva, Ricardo

De la Fuente, Pablo

De la Iglesia, Josualdo

De la Mora, Constancia

De la Torre, Heliodoro

De los Ríos, Fernando

De Pablo, Nicolás

De Pedro, Carmen

De Vega, Luis Antonio

Del Águila, Juan José

Del Rey Reguillo, Fernando

Del Río, Cirilo

Del Rosal, Amaro

Delgado y Hernández de Tejada, José

Delibes, Miguel

Delicado, Manuel

Delperrié de Bayac, Jacques

Dencás, Josep

Di Vittorio, Nicoletti

Díaz, José

Díaz Alor, José

Díaz de Vivar, Rodrigo

Díaz Gallo-Muguruza, Josefina

Díaz Tendero, Eleuterio

Díaz Varela, Carlos

Diez, Galo

Díez-Alegría, Manuel

Díez de Lastra, Gerardo

Dimitrov, Georgi

Domingo, Marcelino

Domínguez, A.

Domínguez, Edmundo

Domínguez, Óscar

Domínguez Arévalo, Tomás

Doussinague y Teixidor, José María

Doval, Lisardo

Dreyfus-Armand, Geneviève

Duarte, Ángel

Duelos, Jacques

Dueñas, Álvaro

Duperier Vallesa, Arturo

Dupré, Henri

Durán, Gustavo

Durruti, Buenaventura

Echevarría, Lamberto de

Echevarría, Luís

Edén, Anthony

Egea, P. M.

Ehrenburg, Ilya

Eigruber, August

Eijo Garay, Leopoldo

Eiroa, M.

Eisenhower, Dwight D.

Eider von Filek, Albert

Eliseda, marqués de la

Elorza, Antonio

Enríquez, Fernando

Ercoli, véase Palmiro Togliatti

Eróles, Dionisio

Escarré, Aureli

Escobar, Antonio

Escobar, Ismael

Escobar, José Ignacio

Escobedo, José

Escofet, Federico

Escorza, Manuel

España, José

Espinosa, Francisco

Esplá, Óscar

Espriu, Salvador

Esteban, Hilario

Esteban-Infantes Martín, Emilio

Estrada, Manuel

Eymar, Enrique

Fabra, Pompeu

Facerías, Josep Lluís

Fal Conde, Manuel

Falcón, Irene

Falla, Manuel de

Fanjul, Joaquín

Feced, Martí

Felipe II

Fernández, Aurelio

Fernández, Progreso

Fernández Burriel, Álvaro

Fernández Clérigo, Luis

Femández-Cuesta, Raimundo

Fernández Flórez, Wenceslao

Fernández Ladreda, José María

Fernández Navarro, militante del Partido Comunista

Fernández Pérez, Emilio

Fernández Regatillo, Eduardo

Fernández Santos, Jesús

Fernández Villa-Abrille, José

Ferras, Gabriel

Figuera Aymerich, Ángela

Finat y Escrivá de Romaní, José

Fitz-James Stuart y Falcó, Jacobo

Flores de Lemus, Antonio

Fontana, José

Ford, Gerald

Foxá, Agustín de

Francisco Javier, misionero

Franco, Carmen

Franco, Enrique

Franco, Francisco

Franco, Nicolás

Franco, Ramón

Franco Salgado Araujo, Francisco

Franco Salgado-Araujo, Nicolás Francisco

Fraga Iribarne, Manuel

Freud, Annan

Freud, Sigmund

Fuentes Irurozqui, Manuel

Fuentes Quintana, Enrique

Gabarda, V.

Gabriel y Galán, José María

Gaikis, Lev

Galán, Fermín

Galán, Francisco

Galarza, Ángel

Galarza, Ramón de

Galarza, Valentín

Galicz «Gal», Janos

Galinsoga, Luis de

Gallardo, J.

Gallego, Ignacio

Gallo, Miguel

Gálvez, Pedro Luis de

Gámir Ulibarri, Mariano

Gaos, José

Garaikoetxea, Carlos

Garcerán, Rafael

García Banús, Antonio

García de C. A., G.

García de la Herrán, Miguel

García Granda, Cristino

García Hernández, Ángel

García Hortelano, Juan

García Lombardía, César

García Lorca, Federico

García Luis, R.

García Márquez, Josep M.ª

García Noreña, Pilar

García Oliver, Juan

García Pradas, José

García Rebull, Tomás

García Serrano, Rafael

García Valdecasas, Alfonso

García Villada, Zacarías

Garfias, Pedro

Garicano Goñi, Tomás

Garzón, Baltasar

Gassol, Ventura

Gausachs, Josep

Gayman, Vital

Génova, Antonio

Gentile, Giovanni

Geoffrey, Jean Marie

Gerhard, Robert

Gerö, Erno

Gibson, Ian

Gide, André

Gil, Pablo

Gil, Rodrigo

Gil, Vicente

Gil-Albert, Juan

Gil Bracero, R.

Gil de Biedma, Jaime

Gil Robles, José María

Gilabert, A. G.

Giménez Caballero, Ernesto

Giménez Fernández, Manuel

Ginard i Fèron, D.

Giner de los Ríos, Bernardo

Giner de los Ríos, Francisco

Giral, José

Girauta, Pedro

Girón de Velasco, José Antonio

Goded, Manuel

Goebbels, Joseph

Goering, Hermann

Goicoechea, Antonio

Gomá, Isidro

Gomes da Costa, general

Gómez, Trifón

Gómez, véase Wilhelm Zaisser

Gómez Arcos, Agustín

Gómez Ayau, Emilio

Gómez de la Serna, Ramón

Gómez Morato, Agustín

González, José

González, Manuel Jesús

González, Miguel

González, Valentín («el Campesino»)

González Bueno, Pedro

González Calleja, Eduardo

González Carrasco, Manuel

González Castrillo, José María

González Entrialgo, Avelino

González Inestal, Miguel

González Oliveros, Wenceslao

González Peña, Ramón

González Ruiz, José María

González y Menéndez-Reigada, Albino

Gordon-Ordás, Félix

Gorev, V. E.

Gorkín, Julián

Goytisolo, Juan

Goytisolo, Luis

Govorov, Leonid

Gracia, Anastasio de

Gracia, Jordi

Graham, Helen

Granados, Mariano

Grijalbo, Juan

Grimau, Julián

Guarner, Vicente Guderian, Heinz

Guegamovich Mandalian, Tateos

Güemes, Ernesto

Guillén, Jorge

Gumersindo de Estella

Gustavo, Soledad

Gutiérrez Flores, J.

Gutiérrez Mellado, Manuel

Gutiérrez Solana, José

Guzmán, Eduardo

Halffter, Rodolfo

Halder, Franz

Halifax, lord (Edward Frederick Lindley Wood)

Hassan II

Hayes, Carlton

Hedilla, Manuel

Heidegger, Martin

Hemingway, Ernest

Henry, Jules

Hernández, Jesús

Hernández, Miguel

Hernández García, A.

Hernández Holgado, Fernando

Hernández Sánchez, Fernando

Hernández Saravia, Juan

Hernández Zancajo, Carlos

Hernando, Bernardino M.

Herrera, Emilio

Herrera Oria, Ángel

Herrera Petere, José

Hess, Rudolf

Hidalgo, Diego

Hidalgo de Cisneros, Ignacio

Hierro, José

Himmler, Heinrich

Hinojosa, José María

Hirschman, Albert

Hitler, Adolf

Hoare, Samuel

Howson, Gerald

Hugo, Víctor

Huidobro, Vicente

Huidobro Polanco, Fernando

Ibáñez Martín, José

Ibárruri, Dolores

Ibergaray, parlamentario

Iglesia Parga, Ramón

Iglesias, Gerardo

Iglesias, Pablo

Irnaz, Eugenio

Iniesta Cano, Carlos

Iribarren, José María

Irla, Josep

Irujo, Manuel de

Isgleas, Francesc

Izquierdo, José María

Jackson, Gabriel

Jaime, don

Jarnés, Benjamín

Javier de Borgón, regente

Jeanneret-Gris, Charles Edouard

Jiménez, Juan Ramón

Jiménez, Miguel

Jiménez de Asúa, Luis

Jodl, general

Johnston, Verle B.

Jordana Sousa, Francisco Gómez, conde de

Jovellanos, Gaspar Melchor de

Jover, Gregorio

Jover, Maria Lluïsa

Juan Carlos I de Borbón

Juan de Austria

Juan de Borbón

Juan XXIII

Judt, Tony

Juliá, Santos

Jurado, Enrique

Juretschke, Hans

Just, Alfredo

Just, Julio

Kachánov, K. M.

Karmen, Román

Kautsky, Karl

Kelsen, Hans

Kennan, George F.

Kennedy, John F.

Kent, Victoria

Khale, Hans

Kindelán, Alfredo

Kissinger, Henry

Kléber, Emile

Koltsov, Mijail

Komar, Wacek

Krebs, Hans

Krestinsky, Nikolai

Krivitsky, Walter G.

Kuznetsov, Nikolai

La Puente Bahamonde, Ricardo de

Labadíe Otermín, Francisco

Labonne, Eirik

Lacalle, Víctor

Lacasa, Luis

Laforet, Carmen

Laín, José

Laín Entralgo, Pedro

Lamamié de Clairac, José María

Lamela, L.

Lamoneda, Ramón

Lampe, Maurice Langenheim, Adolf P.

Largo Caballero, Francisco

Larrea, Juan

Last, Jef

Lasarte, José María

Laval, Pierre

Layret, Francesc

Le Corbusier, véase Charles Edouard Jeanneret-Gris

Leche, John H.

Ledesma Ramos, Ramiro

Legaz Lacambra

Luis Leizaola, Jesús M.ª de

Lekuona, Nicolás

Lenin, Vladimir Ilich Ulianov

León, María Teresa

«León Felipe», véase Felipe Camino Galicia de la Rosa

Lequerica, José Félix de

Leret, Virgilio

Lerroux, Alejandro

Levy, María S.

Linz, Juan J.

Líster, Enrique

Lizón Gadea, Adolfo

Lizaso, José Ignacio de

Llaneza, Manuel

Llano de la Encomienda, Francisco

Llopis, Rodolfo

Lluhí, Joan

Lojendio, Juan Pablo de

Lombarte Serrano, Luis

London, Artur

Longo, Luigi

López, F.

«López, Juan», véase Juan de Borbón

López, Juan

López Bravo, Gregorio

López-Pinto, José

López-Rey, Manuel

López Rodó, Laureano

López Torres, Domingo

Lorente Sanz, José

Louis, comisario

Luca de Tena, Torcuato

Lucia, Luis

Lukacs, Paul

Lumumba, Patrice

Luna, Antonio de

Luzuriaga, Lorenzo

Machado, Antonio

Macià, Francesc

Madariaga, Dimas

Madariaga, Salvador de

Madroñero, Sinforiano

Maeztu, Ramiro de

Magaz, marqués de

Makaseev, Boris

Malaparte, Curzio

Maldonado, José

Malefakis, Edward

Mallorquí, José

Malraux, André

Maluenda, P.

Maluquer, Joan

Mangada, Julio

Manuilski, alto dirigente de la Komintern

Manzoni, Alessandro

Marañón, Gregorio

March, Juan

Marchenko, Sergei, véase Tateos Guegamovich

Mandalian Marco, Jorge

Marcuse, Herbert

Marianet, véase Mariano Rodríguez Vázquez

Marichalar, Antonio

Marina, Julio

Marinello, Juan

Marrogán, Carlos

Marsé, Juan

Martí Jara, Enrique

Martín, Antonio

Martín Alonso, Pablo

Martín Artajo, Alberto

Martín Báguenas, Santiago

Martín Bastos, J.

Martín Gaite, Carmen

Martín Santos, Luis

Martín Sanz, Dionisio

Martínez Anido, Severiano

Martínez Bande, Manuel

Martínez Barrio, Diego

Martínez Borque, Ángel

Martínez Cabrera, Toribio

Martínez Cartón, Pedro

Martínez de Aragón, Jesús

Martínez de Campos, Arsenio

Martínez de Monje, Fernando

Martínez Gil, Lucio

Martínez Ovejero, Antonio

Martínez Palacios, Antonio José

Martínez Pedroso, Manuel

Martínez Prieto, Horacio

Martínez de Velasco, José

Marty, André

Marx, Karl

Mas, Valeri

Masquelet, Carlos

Matallana, Manuel

Maura, Antonio

Maura, Miguel

Maurín, Joaquín

Maximov, general (Maximovich)

Mayalde, conde de, véase José Finat y Escrivá de Romaní

Mayor Oreja, Jaime

Mayoral, Pedro

McCarthy, Joseph

Meaker, E. H.

Medina Togores, José

Medrano, Trifón

Melchor, Federico

Méndez Aspe, Francisco

Mendiola, Fernando

Menéndez, Leopoldo

Menéndez, Teodomiro

Menéndez Pelayo Marcelino

Menéndez Pidal, Ramón

Menéndez Tolosa, Camilo

Mera, Cipriano

Mercader, Caridad

Meretskov, Kirill

Merino, Julián

Miaja, José

Micó, Mercedes

Mije, Antonio

Millán Astray, José

Millares, Manolo

Milosevic, Slobodan

Minev, Stoian

Miralles, obispo

Miravitlles, Jaume

Modesto, Juan Moga, V.

Moix, Josep

Mola, Emilio

Mola, Ramón

Mola López, Emilio

Molero, Nicolás

Moles Ormella, Enric

Molina, Juan Manuel

Molina, Máximo

Molotov, Viacheslav

Montagnana, Rita

Montero, Antonio

Montero, Eloy

Montero, Matía

Montero, T.

Montilla Escudero, Carlos

Montini, Juan Bautista

Montseny, Federica

Monzón, Jesús Monzón, Telesforo

Mora Figueroa, Manuel

Morales, J. L.

Morel, Henri

Moreno, José

Moreno, véase Stoian Minev

Moreno Gómez, F.

Moreno Villa, José

Moriones, Domingo de

Moscardó, José

Mounsey, Frederíc

Múgica, Mateo

Muniz, Tomás

Muñoz Grandes, Agustín

Muñoz Seca, Pedro

Mussolini, Benito

Nadal Sánchez, A.

Napoleón Bonaparte

Nash, Mary

Navarro Rubio, Mariano

Navas, Manuel

Negrín, Juan

Nelken, Margarita

Nenni, Pietro

Neruda, Pablo

Nieto Antúnez, Pedro

Nietzsche, Friedrich

Nin, Andreu

Nixon, Richard

Nogués Biset, Ramón

Núñez, Mirta

Núñez Díaz-Balart, M.

Núñez de Prado, Miguel

Ochoa, Severo

Olaechea, Marcelino

Oliveira, César de

Oliveira Salazar, Antonio de

Oliver i Sellares, Joan

Olmedo, Eufemio

Onaindía, Alberto

Ontañón Toca, Antonio

Ordiales, Elviro

Orgaz, Luis

Oriol, José María

Orlov, Alexander

Orobón Fernández, Valeriano

Ors Montenegro, M.

Ortega y Gasset, José

Ortiz, Antonio

Ortiz Gracia, Juan Antonio

Ortiz Heras, M.

Ortiz Lizardi, Roberto

Orwell, George

Ossorio y Gallardo, Ángel

Otero, Blas de

Pablo VI

Pacciardi, Randolfo

Pacelli, Eugenio

Palomar Baró, Eduardo

Pàmies, Teresa

Parera, Arturo

París Eguilaz, Higinio

Pascua, Marcelino

Pasionaria, la, véase Dolores Ibárruri

Patino Montes, Manuel

Patxot, Francisco

Paz, Octavio

Payne, Stanley G

Peiró, Joan

Pelletier, Emile

Pemán, José María

Peña Boeuf, Alfonso

Pere Quart, véase Joan Oliver i Sellarès

Perea, Andrés

Perea, Juan

Pérez, Antonio

Pérez Barradas, José

Pérez de Ayala, Ramón

Pérez del Pulgar, José Agustín

Pérez Farrás, Enrique

Pérez Galdós, Benito

Pérez González, Blas

Pérez Mier, Laureano

Péres Solís, Oscar

Pérez y Pérez, Rafael

Perezagua, Facundo

Perón, Juan Domingo

Pestaña, Ángel

Pétain, Philippe

Pethö, Szilvia

Pey Casado, Víctor

Pi i Margall, Francesc

Pi i Sunyer, August

Pi i Sunyer, Carles

Picavea, Rafael

Picasso, Pablo Ruiz

Piera, Tomás

Pildain, Antonio

Pilsudski, Jósef

Pinilla, Antonio

Pinochet, Augusto

Piñeiro, Ramón

Pío VII

Pío IX

Pío XI

Pío XII

Piqueras, Juan

Pittaluga, Gustavo

Pía, Dolores

Pla y Deniel, Enrique

Planellas, Juan

Plymouth, lord, subsecretario del Foreign Office

Pollard, Hugh

Polo, Vicente

Polo Martínez Valdés, Carmen

Polo Martínez Valdés, Ramona (Zita)

Ponce de León, Alfonso

Ponte, general

Pórtela Valladares, Manuel

Pou, Joaquim

Pous i Pagès, Josep

Pozas, Sebastián

Pozuelo, Vicente

Prada, Adolfo

Pradera, Víctor

Prat, José

Precioso, Artemio

Preston, Paul

Pretel, Felipe

Prieto, Indalecio

Primo de Rivera, José Antonio

Primo de Rivera, Miguel

Primo de Rivera, Pilar

Puche, José

Puente, Isaac

Puig Antich, Salvador

Pujol, Jordi

Queipo de Llano, Gonzalo

Quero, hermanos

Quirosa, R.

Raimon Rajk, Laszlo

Rawls, John

Raya, Antonio

Recasens, José de

Recasens, Luís

Redondo, Onésimo

Renau, Josep

Requena, Manuel

Ricart, teniente coronel

Ricol, Lise

Ridruejo, Dionisio

Riquelme, José

Rivas, Manuel

Rivas Cherif, Cipriano de

Rivas García, R.

Rivero Nogal, M. C.

Roatta, Mario

Robert, Antonio

Robespierre, Maximilien de

Roca, Jaume

Rodezno, conde de, véase Tomás Domínguez Arévalo

Rodrigo, Javier

Rodrigo, María

Rodríguez, Melchor

Rodríguez Castelao, Alfonso

Rodríguez Chamorro, comisario

Rodríguez de la Torre, Beatriz

Rodríguez del Barrio, Ángel

Rodríguez Devesa, José María

Rodríguez Jiménez, José Luis

Rodríguez Salas, Eusebi

Rodríguez Tarduchy, Emilio

Rodríguez Vázquez, Mariano

Rodríguez Vega, José

Rodríguez Zapatero, José Luis

Rojas, A.

Rojas, Manuel

Rojo, Vicente

Romanones, conde de (Álvaro de Figueroa y Torres)

Romerales, Manuel

Romero, F.

Romero, Milagrosa

Romero Basart, Luís

Romero Basart, Pedro

Rommel, Erwin

Roosevelt, Franklin D.

Rosenberg, Marcel

Rotaeche, Ignacio de

Rovira i Virgili, Antoni

Rovirosa, Guillermo

Royo Villanova, Antonio

Ruano, Enrique

Rubio, Javier

Rubio Moscoso, José

Rubio i Tudurí, Nicolau M.

Rudiger, Helmut

Ruiz, J. M

Ruiz, Julián

Ruiz, Julius

Ruiz de Alda, Julio

Ruiz Fornells, Enrique

Ruiz Funes, Mariano

Ruiz-Giménez, Joaquín

Ruiz Ibárruri, Amaya

Ruiz Ibárruri, Rubén

Ruiz Zorrilla, Manuel

Rybalkin,

Sabaté, Francisco

Sabín Rodríguez, J. M.

Sabio, Fernando

Saborit, Andrés

Sacchetti, Ugo

Sacristán, Antonio

Sacristán, Manuel

Sáenz de Buruaga, Eduardo

Sáenz de Tejada, Carlos

Sáinz de Robles, Federico Carlos

Sáinz Rodríguez, Pedro

Salas Larrazábal, Ramón

Salazar Alonso, Rafael

Salcedo, Enrique

Salinas, Pedro

Saliquet, Andrés

Salmerón, Nicolás

Salomón, P.

Salvador, Amos

Salvador, capitán

Salvador, Fernando

Salvador Carreras, Miguel

Sampedro, José Luis

Samper, Ricardo

Sancha, José

Sánchez Arcas, Manuel

Sánchez, Alberto

Sánchez Albornoz, Claudio

Sánchez Aparicio, Narciso

Sánchez Covisa, José

Sánchez Guerra, José

Sánchez Mazas, Rafael

Sánchez Montoya, F.

Sánchez Paredes, teniente coronel

Sánchez Roca, Mariano

Sánchez Román, Felipe

Sánchez Tejerina, Juan

Sánchez Tostado, L. M.

Sanjurjo, José

Santaló, Miquel

Sanz, Ricardo

Saura, Antonio

Saura, Carlos

Sardá, Juan

Sayé, Luís

Savarpoldi Hammaralt

Schmitt, Carl

Seco Serrano, Carlos

Segura, Pedro

Sender, Ramón J.

Semprún, Carlos

Semprún, Jorge

Serra, Moisés

Serra, Narcís

Serra i Hunter, Jaume

Serra i Moret, Manuel

Serrano, Pablo

Serrano Lloberes, José

Serrano Poncela, Segundo

Serrano Suñer, Fernando

Serrano Suñer, José

Serrano Suñer, Ramón

Sert, Josep Lluís

Sert, José María

Sesé, Antoni

Sherman, Forrest

Shtern, Grigori

Sijé, Ramón

Skoutelsky, Rémi

Sofía, princesa

Solano, Wilebaldo

Solans, Luis

Solchaga, José

Solé i Sabaté, Josep Maria

Solís Ruiz, José

Somoza, Alfredo

Sorel, Georges

Soria, Arturo

Souto, Arturo

Souto, M. J.

Spender, Stephen

Spengler, Oswald

Stabler, Wells

Stachevsky, Artur

Stalin, Iosif

Stammler, Rodolfo

Stepanov, véase Stoian Minev

Strajov, Alexei

Streengracht, Adolf von

Suanzes, Juan Antonio

Suárez, Adolfo

Suárez, Paulino

Suárez, X. M.

Suárez Fernández, Luis

Suárez Picallo, Román

Sudrià, Carles

Suñer, Enrique

Suñer Font de Mora, Carmen

Suslov, Mijail

Swierczewski, Karol

Tafunell, Xavier

Tagüeña, Manuel

Talón, Vicente

Tapies, Antoni

Tarancón, Vicente Enrique

Tardini, Domenico

Tarradellas, Josep

Tedeschini, Federico

Tejada, Elías de

Tellado, Corín, véase María del Socorro Tellado López

Tellado López, María del Socorro

Thorez, Maurice

Tito, véase Josep Broz

Togliatti, Palmiro

Togores, Luis E.

Tojo, J. A.

Tolstoi, Alexis

Tomás, Pascual

Tomás de Aquino

Tomos, Cirilo

Torrente Ballester, Gonzalo

Torres, Manuel de

Toryho, Jacinto

Tovar, Antonio

Toyos, Juan de los

Trías, Antonio

Trilla, Gabriel León

Trueta, Josep

Trujillo, Rafael Leónidas

Tzara, Tristan

Tumanov, Yosif

Tuñón de Lara, Manuel

Tusell, Javier

Ugarte, J.

Ulanoski, Boleslav

Ulibarri, Marcelino

Ullastres, Alberto

Umbral, Francisco

Unamuno, Miguel de

Ungría, Domingo

Ungría, José

Urales, familia

Urales, Federico

Urbano de la Calle, Pedro

Uribe, Vicente

Urkiaga, Estepan

Urraca Rendueles, Pedro

Urrutia, Federico de

Usano, Manuel

Val, Eduardo

Valdés Cabanillas, Luis

Valdés Larrañaga, Manuel

Valenzuela, Rafael

Valera, Fernando

Valle-Inclán, Ramón del

Vallejo, César

Vallejo-Nájera, Antonio

Vallellano, conde de (Fernando Suárez de Tangil y Angulo)

Valles i Ribot, Josep Maria

Vanni, Ettore

Varela, José Enrique

Varela Parache, Manuel

Vázquez Humasqué, Adolfo

Vázquez de Mella, Juan

Vega, Etelvino

Verdaguer, Mario

Vichinsky, Andrei

Víctor Manuel III

Vidal, César

Vidal, Ginés

Vidal i Barraquer, Francesc

Vidal-Naquet, Pierre

Vidarte, Juan Simeón

Vidiella, Rafael

Vigón, Jorge

Vigón, Juan

Vila, Ramón

Vilar, Juan B.

Villarroya, Joan

Villaverde, Elpidio

Villegas, Rafael

Viñas, Ángel

Vitini, José

Vizcaíno Casas, Fernando

Von Brauchitsch, Walter

Von Faupel, Wilhelm

Von Moltke, Adolf

Von Ribbentrop, Joachim

Von Stohrer, Eberhard

Voroshilov, Klim

Wachsmann, Nikolaus

Wallenius, Kurt M.

Walter, general, véase Karol Swierczewski

Welles, Orson

Wintringham, Tom

Winzer, I.

Xena, José

Xirgu, Margarita

Yagüe, Juan

Yanguas Messía, José de

Yencken, Arthur

Yezhov, Nikolai

Yzurdiaga, Fermín

Zabala, Gonzalo

Zabalza Elorza, Ricardo

Zaisser, Wilhelm

Zalka, Maté

Zambrano, María

Zeitzler, Kurt

Zhukov, Gueorgui

Zorrilla Dorronsoro, Ángel

Zugazagoitia, Julián

Zuloaga, Ignacio

Zulueta, embajador en la ciudad de Roma

ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS GRANDES CUESTIONES

Acciones de guerra franquistas → EJÉRCITO SUBLEVADO

Acciones de guerra republicanas → EJÉRCITO POPULAR

AGUIRRE

José Antonio Aguirre Lekube, por Ludger Mees

Alcalá-Zamora → REPÚBLICA REFORMISTA, → FRENTE POPULAR

Alemania nazi → AYUDA EXTERIOR

Alfonso XIII → DERECHAS

ANARQUISMO [véase también → REVOLUCIÓN]

Los anarquistas frente a la República burguesa, por Julián Casanova

Aranda → SUBLEVACIÓN MILITAR

Arias Navarro → TARDOFRANQUISMO

Artistas → CULTURA, → EXILIO

AUTARQUÍA

Autarquía y mercado negro. La auténtica economía política del franquismo, por Carlos Barciela

Auxilio social → FALANGE ESPAÑOLA

AYUDA EXTERIOR

Los apoyos exteriores, palancas de la victoria y de la derrota, por Ángel Viñas

AZAÑA

Manuel Azaña, por Paul Preston

BIENIO NEGRO

Bajo el signo de las derechas: las reformas paralizadas, por Paul Preston

BRIGADAS INTERNACIONALES

Brigadas Internacionales: la solidaridad de la izquierda, por Matilde Eiroa

Calvo Sotelo → DERECHAS

Cambio → DESARROLLISMO

Campos de refugiados → EXILIO

Carrero Blanco → TARDOFRANQUISMO

Carrillo → IBÁRRURI, → COMUNISTAS

Casares Quiroga → SUBLEVACIÓN MILITAR

Castelao → EXILIO

Cautivos → REPRESIÓN

CEDA → DERECHAS

Chapaprieta → FRENTE POPULAR

CNT-FAI → ANARQUISMO, → REVOLUCIÓN

Colectivizaciones → ANARQUISMO, → REVOLUCIÓN

Colonias penitenciarias → REPRESIÓN

Comisiones Obreras → TARDOFRANQUISMO

COMPANYS

Lluís Companys i Jover, por Josep Sánchez Cervelló

COMUNISTAS

Mosaico rojo: los comunistas en la guerra civil, por Fernando Hernández Sánchez

Consejo de Aragón → ANARQUISMO, → REVOLUCIÓN

Consello de Galiza → EXILIO

CONSPIRACIONES

Conspiraciones: el acoso armado de las derechas a la democracia republicana, por Eduardo González Calleja

CONTRARREFORMA AGRARIA

El trágico final de la reforma agraria. La revolución «fascista» en el campo español, por Carlos Barciela

Contubernio de Munich → DESARROLLISMO, → TARDOFRANQUISMO

CULTURA

Entre cultura y política: ruptura y continuidad intelectuales, por José Carlos Mainer

DERECHAS

Las derechas, por Eduardo González Calleja

Desaparecidos → VIOLENCIA

DESARROLLISMO

Los felices años sesenta: la etapa del«desarrollismo», por Antonio Elorza

Dictadura → NUEVO ESTADO

Diputación permanente de las Cortes → EXILIO

DIVISIÓN AZUL

El franquismo azul contra la Unión Soviética, 1941-1947, por Xavier Moreno Juliá

Durruti → ANARQUISMO, → REVOLUCIÓN

Ejecuciones → VIOLENCIA

Ejército de África → SUBLEVACIÓN MILITAR

EJÉRCITO DE FRANCO

Los ejércitos del franquismo: principal puntal del Régimen hasta 1975, por Fernando Puell

EJÉRCITO POPULAR

El Ejército Popular. Una construcción en el fragor del combate, por José Andrés Rojo

EJÉRCITO SUBLEVADO

El ejército franquista, por Juan Carlos Losada

Elecciones → REPÚBLICA REFORMISTA, → BIENIO NEGRO, → FRENTE POPULAR

Escritores → CULTURA

Esquerra Republicana de Catalunya → NACIONALISMOS

Estados Unidos → AYUDA EXTERIOR, → DESARROLLISMO, → POLÍTICA EXTERIOR

Estatutos de autonomía → REPÚBLICA REFORMISTA

EXILIO

El exilio republicano de a 1936 A 1937, por Josep Sánchez Cervelló

FALANGE ESPAÑOLA

La Falange. De la revolución al acomodamiento, por Joan María Thomàs

Financiación de la guerra → AYUDA EXTERIOR

Francia → NO INTERVENCIÓN, → EXILIO

FRANCO

Francisco Franco, por Paul Preston

FRENTE POPULAR

El Frente Popular, por Josep Fontana

FUE → CULTURA

García Lorca → CULTURA, → REPRESIÓN

Gil Robles → DERECHAS

Giral → FRENTE POPULAR, → EXILIO

Goded → SUBLEVACIÓN MILITAR

Gobierno de Euskadi → EXILIO

GOLPE DE CASADO

El golpe de Casado. La puntilla a la resistencia republicana, por Fernando Hernández Sánchez

Golpe de estado → SUBLEVACIÓN MILITAR

Gran Bretaña → NO INTERVENCIÓN, → SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Guerrillas antifranquistas → RESISTENCIA ARMADA

HECHOS DE MAYO

La rebelión anarquista de mayo de y sus consecuencias por José Luis Martín

IBÁRRURI

Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, por Fernando Hernández Sánchez

IGLESIA [véase también → NACIONALCATOLICISMO]

La Iglesia, por Hilari Raguer

INI → AUTARQUÍA, → PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Intelectuales → CULTURA, → EXILIO

Irla → EXILIO

Italia fascista → AYUDA EXTERIOR

JARE → EXILIO

JSU → COMUNISTAS

Juan Carlos de Borbón → TARDOFRANQUISMO

Juan de Borbón → DERECHAS

Kindelán → SUBLEVACIÓN MILITAR, → ZONA FRANQUISTA

LARGO CABALLERO

Francisco Largo Caballero, por Julio Aróstegui

Latifundios → REFORMA AGRARIA

Legión Cóndor → AYUDA EXTERIOR, → OPERACIONES MILITARES

Lerroux → BIENIO NEGRO

Levantamiento → SUBLEVACIÓN MILITAR

Leyes fundamentales del franquismo → NUEVO ESTADO

Llopis → EXILIO

Maquis → RESISTENCIA ARMADA

Martínez Barrio → SUBLEVACIÓN MILITAR, → EXILIO

Memoria histórica → VIOLENCIA

México → AYUDA EXTERIOR

Miaja → EJÉRCITO POPULAR, → GOLPE DE CASADO

MITOS FRANQUISTAS

La pervivencia de los mitos franquistas, por Alberto Reig

Residuos y derivaciones franquistas: unos ejemplos, por Alberto Reig y Ángel Viñas

MOLA

El general Emilio Mola, por Juan Carlos Losada

Movimiento Nacional → NUEVO ESTADO

NACIONALCATOLICISMO

El nacionalcatolicismo, por Hilari Raguer

NACIONALISMOS

Los nacionalismos periféricos. De zancadillas a la República a la defensa de las instituciones, por Josep Sánchez Cervelló

NEGRÍN

La leyenda sobre Juan Negrín y sus seis acusaciones, por Ricardo Miralles

Nin → HECHOS DE MAYO → COMUNISTAS

NO INTERVENCIÓN

La no intervención: una farsa política y diplomática, por Enrique Moradiellos

NUEVO ESTADO [ver también → ZONA FRANQUISTA]

La construcción del nuevo Estado: una dictadura contra viento y marea, por Glicerio Sánchez Recio

OPERACIONES MILITARES

Operaciones militares: vivencias rífenos, lecturas de la Gran Guerra y añoranzas de Valmy, por Fernando Puell

Opus Dei → PLAN DE ESTABILIZACIÓN, → TARDOFRANQUISMO

Oro del Banco de España → URSS → AYUDA EXTERIOR

Pactos con EE. UU. → POLÍTICA EXTERIOR

Paseos → VIOLENCIA

PCE-PSUC → COMUNISTAS → IBÁRRURI

PLAN DE ESTABILIZACIÓN [véase también → DESARROLLISMO]

El plan de estabilización y liberalización. De la suspensión de pagos al mito, por Ángel Viñas

PNV → NACIONALISMOS

POLÍTICA EXTERIOR

De «centinela de Occidente» a la conspiración masónica comunista. La política exterior del franquismo, por Juan Carlos Pereira

Pórtela Valladares → FRENTE POPULAR

POUM → COMUNISTAS

PRIETO

Indalecio Prieto. Un socialista reformista y pragmático, por Ricardo Miralles

PRIMO DE RIVERA

José Antonio Primo de Rivera, por Joan María Thomàs

PSOE-UGT → SOCIALISMO

Queipo de Llano → SUBLEVACIÓN MILITAR

REFORMA AGRARIA [véase también → CONTRARREFORMA AGRARIA]

Los males del latifundismo. La hora de la reforma agraria, por Ricardo Robledo

REPRESIÓN

Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo, por Gutmaro Gómez Bravo

REPÚBLICA REFORMISTA

Esperanzas e ilusiones en un nuevo régimen: la República reformista, por Paul Preston

RESISTENCIA ARMADA

La resistencia armada. El último combate del antifascismo en España, por Jorge Marco

REVOLUCIÓN

El sueño anarquista: guerra civil y revolución, por Julián Casanova

Revolución de Octubre de → BIENIO NEGRO, → SOCIALISMO DE MASAS

ROJO

Vicente Rojo Lluch, por José Andrés Rojo

Sanjurjo → CONSPIRACIONES

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

España en la segunda guerra mundial. La «hábil prudencia» de un «neutral», por Carlos Collado Seidel

Sere → EXILIO

SERRANO

Ramón Serrano Suñer, por Paul Preston

Sesenta, los años → DESARROLLISMO

SOCIALISMO DE MASAS

Los socialistas en la Segunda República: una victoria con alto costo, por Julio Aróstegui

SOCIALISMO EN GUERRA

El socialismo en la guerra civil, por Julio Aróstegui

SUBLEVACIÓN MILITAR

La sublevación militar de julio de, 1936, por Juan Carlos Losada

Sucesos de mayo → HECHOS DE MAYO

TARDOFRANQUISMO

Defenderemos nuestra victoria con uñas y dientes. El tardo franquismo, por Pere Ysàs

Tarradellas → EXILIO

Terror blanco → VIOLENCIA

Terror rojo → VIOLENCIA

Tribunales populares → ZONA REPUBLICANA

UGT → SOCIALISMO DE MASAS, → TARDOFRANQUISMO

Unificación → ZONA FRANQUISTA, → NUEVO ESTADO

URSS

Claves sobre la presencia militar y diplomática soviética: el Kremlin nunca quiso dominar España, por Josep Puigsech

Venganza → REPRESIÓN, → VIOLENCIA

Víctimas de la guerra civil → REPRESIÓN

VIOLENCIA

La violencia y sus mitos, por Francisco Espinosa y José Luis Ledesma

Yagüe → SUBLEVACIÓN MILITAR

ZONA FRANQUISTA

La evolución política de la zona sublevada, por Ferran Gallego

ZONA REPUBLICANA

Evolución política en la {ona republicana. La difícil unidad ante una guerra adversa, por José Luis Martín

Notas

[1] The Third Reich in Power, 1933-1939. How the Nazis won over the Hearts and Minds of a Nation, Penguin Books, Londres, 2005, pp. 70, 87s, 90. <<

[2] The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives or Interpretation, 4.ª edición, Arnold, Londres, 2000, p. 208. <<

[3] Con datos de una variedad de fuentes fiables en www.de.wikipedia.org, «Mordopfer des nationalsozialistischen Terrors während der Machteroberungsphase, 1933-1934». <<

[4] Jean-Pierre Besse y Thomas Pouty, Les fusillés. Répression et exécutions pendant l’Occupation (1940-1944), Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, París, 2006, pp. 11-13 y 181-182. Stéphane Courtois y Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, 2.ª edición actualizada, PUF, París, 2000, p. 226, elevan el número de las víctimas francesas de los nazis a 23 000 personas en total sin dar explicaciones ni, mucho menos, hacer desglose alguno. Lo citamos como lo que podría ser un tope máximo pero sin las garantías del trabajo de Besse y Pouty. <<

[5] R. J. B. Bosworth, Mussolini’s Italy. Life Under the Dictatorship, Penguin Books, Londres, 2006, pp. 1 y 242. <<

[6] Con agradecimientos por la ayuda prestada a Jesús Vicente Aguirre, Francisco Alia Miranda, María Jesús Bono, Juan Pablo Calero, Julián Casanova, Orosia Castán, Luis Castro, Ángela Cenarro, Santiago de Córdoba, Severiano Delgado Cruz, José Antonio Espinosa Maestre, Francisco Etxeberria, Agustín García Lázaro, José María García Márquez, David Ginard, Carmen González Martínez, Emilio Grandío, Gustavo Hervella, José Luis López Villaverde, Antonio Martínez Ovejero, Pedro Medina Sanabria, Máximo Molina, Tomás Montero, Francisco Moreno Gómez, Jordi Oliva Llorens, Manuel Ortiz Heras, Jordi Pedrosa, Julio Recuero, Juan Sisinio Pérez Garzón, Alberto Reig Tapia, Fernando Romero, José María Ruiz Alonso, Francisco Sánchez Montoya, José Luis Sánchez del Pozo, Queralt Solé y Raquel Zugasti. <<

[7] Las cifras que se manejan para las islas son 2000 (Mallorca), 202 (Menorca) y 99 (Ibiza y Formentera). <<

[8] Esta cantidad se desglosaría en Ávila: 1000, Burgos: 2500, León: 3000, Palencia: 1500, Salamanca: 1000, Segovia: 360, Soria: 300, Valladolid: 3000 y Zamora: 2000. Salvo en Segovia y Soria las demás son cifras mínimas. <<

[9] Las cifras de represión para el País Vasco son muy variables. La del cuadro resulta de sumar algo más de 400 víctimas para Álava, 500 para Guipúzcoa y una cantidad un poco superior a 900 para Vizcaya. <<

[10] Las cifras de represión en zona republicana las ha elaborado Ledesma. <<

[11] Esta entrada está dedicada a la memoria del profesor Manuel Varela Parache. <<

[12] Por el momento nos contentamos con esperar los resultados de una tesina de licenciatura que se está elaborando en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. <<

[13] Proceso por el cual el sujeto atribuye inconscientemente a otro ideas, sentimientos o impulsos propios. De forma paradigmática aparece en las paranoias (Sigmund Freud). Es un tipo de defensa primitivo. Anna Freud la describió como desplazamiento hacia el exterior al ver en los demás deseos inaceptables para el Yo (Das Ich und seine Abwekrmechanismen). Agradecemos la información a la doctora Beatriz Rodríguez de la Torre, formada en Alemania. <<

[14] Tenemos noticias, quizá incorrectas, de que Manuel Navas, que salió a la prensa por otras actividades, presentó en la UNED una tesis doctoral titulada «Biografía de Máximo Cuervo Radigales. Aproximación a una vida jurídico militar y católica», centrada en la carrera profesional y en los textos católicos y sociales de ese hombre que asumió con entereza su responsabilidad como director general de Prisiones y salvó a muchos inocentes de una muerte segura. Esperamos, impacientes, su publicación y, si se demuestra documentalmente, abogaremos por la recuperación de su memoria, que no nos parece, por lo que sabemos, que sea tan impoluta. <<

[15] Franco. El perfil de la Historia, Espasa, Madrid, 1993. <<

[16] Franco, Ariel, Barcelona, 2005. Como resumen abreviado de su magna hagiografía, le atribuimos un significado especial. <<

[17] «Wer die Wahrheit nicht weiss, der ist bloss ein Dummkopf. Aber wer sie weiss und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher» Das Leben des Galilei, acto 9, en Die Stücke von Bertolt Brecht in einem Band, Suhrkamp, Frankfurt, 1978, p. 520.) <<