En esta obra, Paul Preston recorre el camino que pasa por la desintegración del franquismo, la muerte de Carrero Blanco, la etapa de gobierno de Arias Navarro, la llegada de Adolfo Suárez y la reforma política emprendida, la construcción de una democracia con elementos del viejo régimen, los intentos de golpe de estado y la intervención crucial del rey Juan Carlos en todo el proceso que hizo posible el restablecimiento y la consolidación de la democracia en España.

Nueva edición actualizada del clásico texto de Preston sobre la transición y la consolidación de la democracia española.

Paul Preston

El triunfo de la democracia en España

De Franco a Felipe González pasando por Juan Carlos

ePub r1.0

Titivillus 16.09.2020

Título original: The Triumph of Democracy in Spain

Paul Preston, 1986

Traducción: Manuel Vázquez

Editor digital: Titivillus

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Este libro está dedicado a Nicolás Belmonte y Nines Alonso,

y a la memoria de Rafael Cerezo

Prólogo a la presente edición

Cuando escribí la primera edición de este libro, formaba parte de lo que, en mi concepto original, habría sido una trilogía que constaría de los siguientes volúmenes: La destrucción de la democracia en España, La lucha por la democracia en España y El triunfo de la democracia en España. Este iba a ser el tercero. El primero, La destrucción de la democracia en España, había sido publicado en 1978 en Madrid, donde fue presentado por Felipe González. La intervención del líder socialista ya de por sí subrayaba (pero también por lo que él decía respecto al papel del PSOE tanto en los años treinta como en los setenta) la conexión de aquel libro con este tercero. El segundo libro iba a ser un estudio muy amplio de la lucha antifranquista, la represión, el exilio y la resistencia en el interior. Ese libro fantasma fue objeto de mis investigaciones a fondo durante varios años. A lo largo de mucho tiempo, me entrevisté con dirigentes de muchos partidos, grupos y sindicatos de la oposición y coleccioné libros, panfletos y periódicos clandestinos. Un primer fruto de dicho trabajo había sido el libro colectivo que coordiné en Inglaterra en 1976, España en crisis, especialmente el capítulo titulado «La oposición antifranquista: la larga marcha hacia la unidad[1]». Aquel importante trabajo fue el primer esbozo de un proyecto ambicioso, pero no llegué nunca a redactar el libro definitivo. Las razones por las que me vi desviado tienen que ver con la génesis del libro actual y con mi interpretación de lo que fue la transición a la democracia en España. De todas formas, la materia de investigación acumulada sí sería utilizada en mi biografía de Santiago Carrillo[2].

Paradójicamente, mis esfuerzos por escribir la historia de la resistencia antifranquista me abrieron la posibilidad de adelantar este tercer tomo de la trilogía y, al mismo tiempo, demorar indefinidamente el proyecto del segundo. Esto ocurrió por varias razones entrelazadas, unas de índole intelectual y otras personales. Mis investigaciones sobre la izquierda durante el franquismo me habían llevado a conocer a muchos dirigentes de la oposición. Como consecuencia de aquellos contactos me vi, en el año 1975, ligado primero a los trabajos de la Junta Democrática y después, a partir de abril de 1976, cuando esta se había unido con la Plataforma de Convergencia Democrática, a los de la Coordinación Democrática. Mi papel fue muy marginal: yo actuaba de intérprete y enlace entre los políticos ingleses y los líderes de muchos grupos españoles que venían a Londres en busca de apoyo para el proceso de democratización en la península. Sin embargo, por muy secundaria que fuera mi participación, me proporcionó un puesto de observación privilegiado para cualquier joven historiador de la España contemporánea en unos momentos muy dramáticos. No era de extrañar que me alentase, como expliqué en el prólogo de la primera edición, a estudiar el proceso que se desarrollaba delante de mí.

Por supuesto, fue interesantísimo para un historiador estar en contacto con tantos personajes de la política española, como indicaba en el prólogo original, pero también, he de confesar, fue una experiencia personal estimulante. El grupo de españoles en Londres que aportaban su grano de arena a la lucha por la democracia en su país, Pepe Coll Comín, Nicolás Belmonte, Juan Antonio Masoliver, Eric Clavería, Nisa Torrents, Isabel Vázquez de Castro y Ángel García de Paredes, se convirtieron en amigos de verdad. A la vez, los momentos dramáticos se vieron aligerados por otros divertidos. No es este el lugar para contar anécdotas de la oposición antifranquista en el exilio, pero hay una que siempre me recuerda la dimensión humana de aquellos días. Como había que tener una cuenta bancaria para el funcionamiento del grupo, fuera para el alquiler de locales o para el alojamiento de personajes que venían del exterior, Nicolás Belmonte se dirigió a un banco londinense. Sin embargo, por no ser la Junta Democrática ni una empresa ni un partido político inscrito en Gran Bretaña, no había un concepto adecuado para el titular de la cuenta, hasta que al funcionario del banco se le ocurrió abrir la cuenta a nombre de un particular, Juanita Democrática. En adelante, Juanita, así rezaba el talonario colectivo, fue el nombre por el que se conoció aquel grupo de amigos.

Con todo, fue una experiencia humana, además de política y profesionalmente enriquecedora. Sin embargo, justo por los testimonios de excepción que me proporcionó, fue una experiencia que me hizo repensar la lucha antifranquista y el proceso de democratización en España. Creo sinceramente que antes había dado por supuesto que el restablecimiento de la democracia sería el triunfo final de la lucha antifranquista. Ya que la dictadura no fue derrotada y la democratización fue un proceso de negociación entre elementos de la oposición y otros procedentes del mismo régimen, tuve que reflexionar sobre la dificultad de trazar la continuidad entre las luchas de la inmediata posguerra y el triunfo eventual de la democracia en el periodo 1976-1982.

Decir esto no significa, ni mucho menos, infravalorar el sufrimiento y el heroísmo de los luchadores por la democracia que padecían las consecuencias de la victoria de Franco. El exilio, las cárceles, las torturas, las ejecuciones, la lucha de los huidos en los montes, la guerrilla de 1944 a 1951, el esfuerzo por mantener una vida sindical en la clandestinidad, el trabajo silencioso de los partidos nacionales y regionalistas, todo forma parte de la lucha por la democracia, todo es parte de la herencia democrática española y, sin ello, es difícil concebir que hubiese habido una transición a la democracia. Sin embargo, no pude evitar ver cierta desconexión entre aquellas luchas y sufrimientos y el tejido de la transición pactada de 1976 a 1977. Por tener la oportunidad de observar ese proceso de cerca, me dejé desviar del estudio de la oposición de los años cuarenta y cincuenta. Hasta cierto punto, para que triunfara la democracia en los años peligrosos que vieron la muerte de Franco y la agonía de su régimen, esa parte de la herencia democrática fue silenciada. Precisamente al publicar una nueva edición de El triunfo de la democracia en España en 2001, ya se podía ver tanto las grandezas como las miserias del llamado «pacto del olvido» de otra forma. Las grandezas las estudiaría luego en mi libro sobre el rey Juan Carlos[3], las miserias, en mi libro El holocausto español[4].

Franco quería mantener siempre supurante la división de la nación en vencedores y vencidos. A pesar de ello, la transición a la democracia se basó en una transacción entre varias Españas: la parte más progresista y moderada de la España franquista, la España de las víctimas de la dictadura que renunció a venganzas y ajustes de cuentas, y la inmensa tercera España que quería una normalización dentro de una Europa democrática. Uno de los costes de esa transacción fue que los familiares de las víctimas de la dictadura, los afligidos y/o sus descendientes, no tuvieron el reconocimiento de sus sufrimientos que les permitiría finalmente llorar a sus muertos y lamentar otras pérdidas de vidas enteras: los profesores, médicos, abogados, funcionarios y trabajadores que no podían ejercer sus profesiones; las mujeres que tenían que prostituirse, los niños que sufrían hambre y que, por falta de educación, nunca pudieron realizarse. Todo esto tuvo que olvidarse durante la transición por la necesidad primordial de evitar obstaculizar con amarguras y rencillas un proceso delicadísimo. El pacto del olvido fue ineludible en el contexto de los años setenta, cuando había un búnker bien armado. Sin embargo, no dejó de llevar consigo una inmensa injusticia: las víctimas que debieron silenciar sus penas durante casi cuarenta años tuvieron que seguir callándose. En ese sentido, el pacto del olvido no era un pacto a partes iguales[5].

Hay un argumento que todavía se esgrime con cierta frecuencia para evitar condenar la legalidad del franquismo. Según este, una condena tal puede minar la base legal de la democracia actual, ya que dos elementos cruciales de su fragua —la reforma política de 1976 y la monarquía que la encabezó— tenían una notable continuidad con el sistema franquista. De hecho, se puede contestar que ni Franco creyó en su propia «legitimidad» ni (como espero que pruebe este libro) la monarquía democrática tiene necesidad de tal legitimidad. Franco despreció olímpicamente su propia legitimidad. A finales del año 1943, los servicios secretos de la dictadura interceptaron una carta de don Juan de Borbón a uno de sus partidarios en la que jugaba con la idea de una ruptura pública con el régimen. En la carta que escribió al heredero del trono negó que hubiera nada ilegítimo en su presente situación, afirmando con una increíble arrogancia y seguridad en sí mismo: «Entre los títulos que dan origen a una autoridad soberana sabéis se encuentran: la ocupación y la conquista; no digamos el que engendra el salvar una sociedad[6]». El 19 de marzo de 1945, don Juan hizo público su Manifiesto de Lausana, en el cual denunciaba la naturaleza totalitaria del régimen de Franco y sus lazos con las potencias del Eje, pidiendo además que se diera paso a una monarquía moderada, democrática y constitucional. Franco lo rechazó de plano, diciendo al general Kindelán: «Mientras yo viva nunca seré una reina madre[7]».

La actitud de Franco frente al país era más o menos lo que habría sido de haber realizado su antigua ambición de ser alto comisario en Marruecos. Es decir, se consideraba un mando supremo colonial que gobernaba por medios militares de violencia y terror. Delegaba ciertas áreas del poder a sus ministros y les daba total libertad siempre que sus acciones no amenazasen su propio poder. Al final, todo dependía de él y, por tanto, a veces trataba con una frialdad glacial a sus ministros y se burlaba de las más acariciadas instituciones de su régimen. Proclamaba a menudo que la llamada democracia «orgánica» de su seudoparlamento, las Cortes, con sus elementos supuestamente representativos, los procuradores nombrados a dedo, era infinitamente superior a la democracia parlamentaria occidental porque esta se había contagiado por su dependencia de la voluntad de las masas. Sin embargo, cuando Joaquín Ruiz-Giménez hizo un comentario que daba a entender que se lo creía, Franco le espetó con impaciencia: «¿Y a quién representan las Cortes?»[8]. En otra ocasión, en julio de 1957, cuando el general Rafael García Valiño votó en contra de una ley nada conflictiva (la ley de enseñanza técnica) y, por otra parte, aprobada casi unánimemente, Franco se indignó: «Si no le gusta el proyecto, debe abstenerse, pero nunca votar en contra, pues el cargo me lo debe a mí por nombramiento directo mío[9]». En otra ocasión, le comentó a Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, mofándose de ello: «El Movimiento es la claque que me acompaña en mis viajes por España»[10]. Mediante estas frases desdeñosas Franco estaba reconociendo indirectamente que la estructura legal e institucional de su régimen no era más que una fachada construida al detalle para cubrir su dictadura personal.

El rey ya no necesita una legitimidad franquista de la que tan fácilmente se burlaba el mismo Franco. La monarquía de Juan Carlos I ha conseguido superar su pecado original: haber sido concebida por el general Franco con el propósito de dar continuidad a los principios fundamentales del Movimiento. Un estigma que en teoría podría haber impedido que la monarquía jamás fuera aceptable para los demócratas españoles fue borrado por el papel que desempeñó el rey en la transición a la democracia y en especial durante las crisis de golpismo entre 1977 y 1982, sobre todo durante el golpe de Tejero del 23 de febrero de 1981. En otras palabras, la monarquía borbónica superó una prueba de utilidad nacional precisamente por haber contribuido a impedir varios intentos de volver al franquismo. Esto, junto a un cuarto de siglo durante el cual ejerció la jefatura del Estado con dignidad y neutralidad, es uno de los pilares de la estabilidad y la durabilidad de la monarquía democrática.

Irónicamente, Franco había excluido la monarquía precisamente por varias razones, desde los resentimientos hacia Alfonso XIII hasta la razón fundamental: no se fiaba de que el heredero legítimo al trono, don Juan de Borbón, comulgase con los principios en los que se basaba su régimen. Franco proclamaba una España en monarquía, pero excluía a la familia real, se convirtió en regente vitalicio y se autoatribuyó el derecho de elegir su propio sucesor monárquico. Al elegir un Borbón, quiso neutralizar a los franquistas monárquicos, pero al saltar una generación, rompió la continuidad de la línea borbónica porque quiso establecer los cimientos de un nuevo tipo de monarquía, franquista, libre de constituciones y de las asociaciones democráticas de don Juan. Con su proyecto retorcido de reemplazar la legitimidad de los Borbones por una legitimidad franquista, Franco contribuía sin querer a la actual popularidad y estabilidad de la monarquía. Las reglas de su juego garantizaron que la única manera en que Juan Carlos pudiera restablecer la monarquía sería a base de probar su propia utilidad a la nación. Así ha sido, y ha creado una nueva «legitimidad de utilidad».

Al rechazar de facto el pasado franquista, el rey conectaba con el deseo popular de contribuir en lo que fuera posible al restablecimiento y luego a la consolidación de la democracia. El 1 de octubre de 1975, Franco había aparecido delante de una multitud de seguidores concentrada frente al palacio de Oriente de Madrid. Su discurso paranoico, repleto de la fraseología de la Guerra Civil española, denunció la amenaza democrática que venía desde Portugal como «una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social»[11]. Este fue el mismo Franco que, en 1960, se había burlado de don Juan de Borbón por querer ser «el rey de todos los españoles», diciendo que «para eso no hubiese sido necesaria la sangrienta guerra civil». Se indignaba de que aquel concepto pudiera incluir «a todos los vencidos, separatistas catalanes, comunistas, anarquistas, socialistas, de la CNT, republicanos de varios matices y terroristas, también, ¿por qué no?, todos son españoles». «Parece mentira —decía— que lo que hemos visto y sufrido no haya servido de escarmiento a toda persona medianamente culta y sensata[12]». En la investidura del rey Juan Carlos, el cardenal Enrique y Tarancón pidió que reinase como «rey de todos los españoles», por lo que recibió las gracias encarecidas del propio monarca[13]..

De esta forma, Juan Carlos iniciaba el proceso de rechazo del franquismo, haciendo suyo el grito tácito del pueblo español: «¡Basta ya de violencia! ¡Basta ya de guerras civiles!». El recuerdo de los horrores de la guerra y de las violencias posteriores fue tan fuerte que, sin embargo, aunque aún subsistían odios personales, el consenso político posfranquista se estableció sobre la base de un acuerdo colectivo de renunciar a la venganza. Se subsumieron los odios en lo que se ha llamado «un pacifismo militante». Las consecuencias de esto han sido importantísimas para la supervivencia de la nueva democracia en España. Más del 70 por ciento de los españoles se definen como pertenecientes a un amplio espectro que va del centro derecha al centro izquierda. En ninguna de las elecciones que se han convocado desde 1977 los partidos de la extrema izquierda o de la extrema derecha han conseguido más del 2 por ciento de los votos. Después del fracaso del golpe militar del 23 de febrero de 1981, millones de personas se lanzaron a las calles de España para manifestar su apoyo a la democracia y su condena de los intentos del coronel Tejero de repetir la experiencia de 1936.

Aquella moderación popular era, en gran medida, una reacción contra los intentos franquistas de mantener vivos los odios de la Guerra Civil española y fue un fiel reflejo del recuerdo horrorizado de lo que había significado el conflicto. Solamente los falangistas más militantes y los militares más franquistas podían seguir vanagloriándose de «los valores del 18 de julio» y de «la Cruzada». La mayoría de la población rechazaba lo que había pasado, estaba decidida a evitar que se repitiera, y la reiteración incesante por parte del régimen de sus acontecimientos sangrientos les causaba repulsión. Fue rechazada por la gran mayoría de los españoles e incluso por el sucesor de Franco, Juan Carlos, quien se convirtió así en el símbolo nacional de la reconciliación.

No se debe olvidar que este proceso de reconciliación fue abierto ya desde antes del final de la Guerra Civil española por Manuel Azaña cuando hablaba de la imposibilidad de triunfar personalmente contra compatriotas y denunciaba el antipatriotismo de quien propusiera exterminar al adversario[14]. Luego, el diálogo mantenido entre Indalecio Prieto y José María Gil Robles en 1948 se basaba en el reconocimiento de que una transición a la democracia solo se podría postular sobre la base de la amnistía y «la necesidad de eliminar de la vida española todo lo que signifique violencia, venganza o represalia injusta»[15]. Prieto, Salvador de Madariaga y otros pasaron gran parte de sus vidas intentando realizar el llamamiento de Azaña de «paz, piedad y perdón». Prieto llevaba cuatro meses en la tumba cuando sus esfuerzos se acercaban a la fruición. Una delegación encabezada por Gil Robles, compuesta por monárquicos, católicos falangistas arrepentidos que llegaban desde el interior de España, se encontraba con otra, encabezada por Salvador de Madariaga, integrada por socialistas y nacionalistas vascos y catalanes en el IV Congreso del Movimiento Europeo del 5 al 8 de junio de 1962. La conferencia de Múnich —denunciada por Franco como contubernio y traición— fue, en muchos aspectos, un ensayo para la transición pactada hacia la democracia. Uno de los asistentes, Fernando Álvarez de Miranda, habló a los del interior y del exilio del reto de «romper con el pasado y saltar todo un río de sangre que los separaba». La misma valoración de la reconciliación inspiraba el diálogo entre comunistas y católicos mantenido a lo largo de los años sesenta.

El lenguaje de reconciliación empezó a escucharse en una parte muy importante de la Iglesia y hasta en los ambientes capitalistas más progresistas. El caso es que, aun contra la voluntad del dictador, bajo el franquismo se desencadenó un notable crecimiento socioeconómico que iba desfasando progresivamente las estructuras políticas del propio régimen. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, era perceptible el desajuste entre una sociedad y una economía españolas cada vez más desarrolladas y capacitadas para ingresar en el Mercado Común Europeo y unas formas político-institucionales anacrónicas para la época. Obviamente, esos cambios afectaron de manera favorable a las fuerzas que componían la diversa oposición antifranquista, que solo comenzaron a unirse y a superar sus diferencias cuando el régimen empezó a mostrar su debilidad y decadencia. Pero también afectaron a los elementos más inteligentes de la coalición franquista, quienes, conscientes de la obsolescencia de las estructuras de la dictadura, iniciaron su separación gradual de esta. El caso más llamativo y evidente es el de la Iglesia, especialmente desde la presentación a la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, el 13 de septiembre de 1971, de un proyecto de resolución en el que pidió perdón al pueblo español por no haber sabido actuar durante la guerra civil como «verdaderos ministros de reconciliación». Esta declaración logró mayoría, pero no la suficiente para ser adoptada; no obstante, simbolizando el cambio de bando de una importante parte de la Iglesia y un indicio de su percepción del estado de ánimo de los fieles, fue un tremendo golpe asestado a la convicción de Franco de que había que mantener para siempre la división de los españoles entre vencedores y vencidos. En definitiva, fue un hito crucial en el proceso que lleva a la transición[16].

Desde finales de los años sesenta, también se apreció otro síntoma claro del desfase entre la sociedad y el Estado franquista en la progresiva irrelevancia que iba adquiriendo la estructura sindical del régimen. Los mismos empresarios para los cuales había sido creado ese aparato comenzaron a marginarlo y a negociar directamente con los sindicatos clandestinos unos convenios laborales efectivos y más rentables que los falsos acuerdos logrados a través de la central sindical. A esta deserción de la Iglesia y de sectores empresariales se fue añadiendo la oposición del creciente número de técnicos y especialistas que se iban formando al compás de la gran expansión de las universidades que se produjo durante los sesenta. Finalmente, el régimen recibió un golpe importante, en términos psicológicos, con el comienzo de las acciones de ETA. La imagen de invulnerabilidad del régimen se fue rompiendo precisamente por la facilidad, aislada y muy ocasional, desde luego, con la que determinados individuos del aparato franquista caían bajo los ataques de ETA.

Para agravar más la situación, a finales de los años sesenta fue surgiendo otro problema biológico: el deterioro de la salud del propio Franco. Desde hacía tiempo, existía el problema de la enfermedad de Parkinson que había afectado ocasionalmente su lucidez y su dinamismo. Fue motivo de muchos comentarios, por ejemplo, la imagen de anciano agotado que mostró el Caudillo cuando leyó su discurso de presentación de la Ley Orgánica del Estado el 22 de noviembre de 1966[17]. En el verano de 1968, después de un Consejo de Ministros celebrado en Santander, uno de sus ministros, que llevaba ya varios años en el Consejo, le pidió un autógrafo sobre una foto de los dos juntos con el resto de ministros. Franco dijo que sí, se puso las gafas, cogió la foto, miró fijamente al ministro y le dijo: «Bien, y ¿cómo se llama usted?»[18]. Franco siempre se había vanagloriado de su capacidad de aguante, presidiendo los Consejos de Ministros durante sesiones de ocho y diez horas. El 6 de diciembre de 1968, salió al baño por primera vez en treinta años. El 2 de junio de 1969, durante el viaje en coche de Madrid a Córdoba para inaugurar unas obras, Franco cayó inconsciente sobre el hombro de Federico Silva Muñoz, su ministro de Obras Públicas[19]. Unas semanas después de la crisis ocasionada por el asunto MATESA y el cambio ministerial del 29 de octubre de 1969, hubo una cena en la que corrió por la mesa la ocurrencia de que «En tiempos de Franco, no pasaba esto»[20].

No es de extrañar que dentro del pequeño círculo o camarilla de El Pardo se empezaran a preocupar seriamente por el estado físico del general, llegando a la conclusión de que Franco no era inmortal (lo que debió de ser difícil de aceptar para algunos). Fernando María Castiella le llamó el «Cansado»[21]. A finales de septiembre de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon, acompañado de su consejero Henry Kissinger, llegó a Madrid para hablar de las bases estadounidenses y del futuro político de España. Después de pasear en coche por la capital, el dictador ya dormitaba, y mientras Nixon negociaba con Gregorio López-Bravo, Franco y Kissinger roncaban suavemente[22].

Es imposible saber qué hubiera pasado si Carrero Blanco no hubiera sido asesinado por ETA en diciembre de 1973, pero no comparto la opinión de quienes dicen que su muerte aceleró la transición democrática en diez o quince años. Como mucho, creo que la aceleró en seis meses o quizá un año; aunque ahora debo contar otra anécdota: en 1989, Juan Carlos le comentó a un amigo mío que el asesinato de Carrero fue providencial porque, de haber seguido al frente del gobierno, «a lo mejor, estamos todavía esperando la transición». Detonar una crisis dentro del régimen fue el objetivo de ETA con su bomba de la calle Claudio Coello, lo cual supuso un golpe tremendo para el régimen[23]. Acentuó las luchas internas entre las familias políticas que componían la coalición franquista hasta extremos de desintegración porque Carrero, debido a su conexión con el Opus Dei y a su irreprochable pasado franquista, era insustituible en el papel de mediador entre las fuerzas moderadas y extremistas del franquismo. Obviamente, la intención de ETA al eliminar a Carrero era no solo acabar con un individuo, sino también abrir una crisis en el propio régimen. Y así sucedió, aunque insisto en que la crisis interna franquista era ya bastante grave antes del asesinato.

La muerte de Carrero Blanco abrió la puerta a la etapa de gobierno de Arias Navarro, que duraría hasta su dimisión forzada en el verano de 1976 para dar paso a Adolfo Suárez. Fue una etapa tan crucial en la preparación de la transición pacífica que, en este libro, la califiqué como el periodo de «mal necesario», porque Arias Navarro presidió una fase de honda crisis económica e inequívoco tambaleamiento de la dictadura que alentó los movimientos unitarios en el seno de la izquierda. Este crucial proceso unitario es imposible de entender sin referencia a la paralela desintegración del franquismo, ya que mientras la dictadura parecía inexpugnable, la izquierda había permanecido desunida y dedicada a discutir sobre sus distintas utopías. Una vez que se apreciaron posibilidades reales de acabar con el régimen, los diferentes partidos de izquierdas comenzaron a unirse sobre unas bases concretas para promover la transición a la democracia.

Mientras, la debilidad física de Franco iba aumentando. Esto dio lugar a una de las anécdotas más reveladoras del periodo. En julio de 1974, cuando estaba hospitalizado para ser tratado de una flebitis, estalló delante de la habitación del Caudillo una indecorosa pelea entre el doctor Vicente Gil y el yerno de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú. Que los dos profesionales encargados de la salud del jefe del Estado intercambiaran bofetadas fue un fiel reflejo del grado de descomposición del régimen. Doña Carmen despidió al doctor Gil con las palabras: «Médicos hay muchos, Vicente, y yernos solo hay uno». Se quedó pasmado al ver que, en reconocimiento de sus cuarenta años de servicio al Caudillo, se le mandó un televisor de los muchos regalados y almacenados en El Pardo[24]. Durante aquella enfermedad de Franco en 1974, se había activado el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, a pesar de las muchas dudas del entonces príncipe Juan Carlos. Ejerció las funciones de jefe del Estado durante solo cincuenta días y fue bastante humillado por el yerno de Franco, que hizo hincapié en tratar a su propio yerno Alfonso de Borbón como si fuera el sucesor oficial. También se sintió humillado cuando Franco volvió a asumir la jefatura del Estado sin previo aviso[25]. Los síntomas de debilidad del dictador y de su régimen se sucedían. En octubre de 1974, con motivo del proceso judicial por el fraude del «aceite de Redondela», José María Gil Robles estaba aireando la fortuna que había hecho al respecto Nicolás Franco, hermano del dictador, se desató una campaña feroz contra Pío Cabanillas, quien se vio obligado a dimitir y, en solidaridad, también lo hizo el miembro más importante y «liberal» del gobierno: el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo. Con ambos, dimitió todo el grupo de altos funcionarios que dominaban los engranajes del Estado, los cristianodemócratas conservadores del grupo «Tácito».

Con este abandono, la desintegración del sistema franquista ya era irreversible, aun antes de la muerte del general en noviembre de 1975. El 20 de octubre de 1975, se volvió a activar el artículo 11 de la Ley Orgánica. La primera experiencia había sido tan desagradable que el príncipe insistió en que esta vez no fuera provisional. Había rumores burlones de que cuando se lo dijo a Franco, el Caudillo había contestado: «Bueno, puede ser hasta que Su Alteza muera, pero luego asumiré otra vez mis poderes». El intento por parte de Arias de modificar el franquismo sin cambiar nada fue «un mal necesario» porque aceleró las divisiones del franquismo. Es decir, obligó a los elementos progresistas a reconocer que solo renunciando al franquismo podrían esperar una transición pacífica. Por tanto, Arias facilitó inadvertidamente el acercamiento de los elementos moderados del régimen a los elementos moderados de la oposición. Además, la ejecución de dos miembros de ETA y tres del FRAP, dos meses antes de esa muerte, modificó de manera radical la actitud internacional hacia la dictadura, que quedó aislada diplomáticamente. En esas condiciones, lo sorprendente es que Arias Navarro pudiera mantenerse en el gobierno durante los siete meses que siguieron a la desaparición de Franco.

Ello se debe, en gran medida, a la astucia del rey Juan Carlos, quien sabía que tenía que establecerse como rey antes de intentar un salto adelante en la transición. Era muy consciente de que algunos elementos todavía muy poderosos del franquismo, dentro del ejército, en la camarilla de El Pardo, el búnker en general, le veían con muchísimo recelo. Era muy importante ganar tiempo y para eso sirvió bien Arias, quien fue una garantía para los franquistas a ultranza de que el nuevo cumpliera sus juramentos de seguir las leyes fundamentales del Movimiento. Sin embargo, al ir estableciendo su propia autoridad, el rey no pudo eludir la conclusión de que Arias era incapaz de llevar adelante la reforma democrática que estaba exigiendo la situación. Por tanto, en junio de 1976 procedió a sustituirlo por Adolfo Suárez para acelerar ese proceso y para dirigirlo según las directrices trazadas por su gran consejero Torcuato Fernández-Miranda.

En 1976 había cierta preocupación por que la transición fuera un proceso sangriento en el que la presión del movimiento obrero y la amenaza de huelga general fueran el detonante de una reacción represiva de las fuerzas de orden público. De hecho, gracias al buen sentido de las fuerzas democráticas y de los políticos de la monarquía, el proceso de la transición en 1976 fue esencialmente pacífico. Sin embargo, si no hubiera sido por las presiones populares, los elementos progresistas del franquismo no habrían tenido motivos para admitir la ruptura pactada que fue la base de la transición. El momento crucial en el consiguiente mano a mano tuvo lugar a principios de 1977. Todos aprendieron del inmenso esfuerzo de contención hecho por la oposición franquista después de la matanza de Atocha[26]. De hecho, la renuncia a la venganza por parte de la izquierda fue justificada casi a diario durante la transición. Por mucho que se hagan alabanzas a la madurez y el alto grado de ciudadanía de un pueblo que parecía decidido a resolver el futuro por medio de la negociación, al cuestionar el pacto del olvido, tampoco se pueden olvidar las figuras omnipresentes de los golpistas y los terroristas, quienes lo hacían necesario. En enero del año 1977, la disciplina con que el PCE expresó su rechazo de la violencia fue la realización más completa de las esperanzas de reconciliación nacional.

Pensando en las preocupaciones y dramas del periodo que va de la muerte de Carrero Blanco, pasando por la de Franco mismo y acabando con las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, parece mentira decir que la transición a la democracia fue casi inevitable. Todo indica que el régimen franquista, inadvertidamente y contra su voluntad, sembró las semillas de lo que habrían de ser las bases y condiciones para su propia superación y sustitución por un régimen democrático. Había en la segunda mitad de los años sesenta y a comienzos de los setenta un cada vez más creciente consenso que se iba fraguando entre las fuerzas de izquierdas y ciertos elementos aperturistas del franquismo para favorecer una transición pacífica hacia la democracia parlamentaria. Sin embargo, si hoy la inevitabilidad de la transición es poco discutible, su perfil final era muy difícil de vislumbrar en 1975, cuando la mayoría de los españoles veían el futuro inmediato con una gran incertidumbre. Por una parte, sus ansiedades se iban a ver sobradamente justificadas por el grado de violencia que iba a acompañar al proceso de cambio, tanto por parte de los sectores militares reacios al cambio democrático como por parte de ETA.

Por tanto, al intentar explicar en este libro el triunfo final de la democracia tal y como se realizó, tuve que atender a dos planos paralelos: por un lado, las razones estructurales, de orden socioeconómico, que permitieron el carácter mayormente pacífico de todo el proceso y que son la base de la «inevitabilidad»; por otro, las vicisitudes y factores políticos que fueron desarrollándose durante el propio periodo transitorio hasta las primeras elecciones de junio de 1977 y aún más allá. En este sentido, el libro se encontró en un cruce de caminos en mi propia manera de percibir la historia. Siempre había pensado, y sigo pensando, que los grandes procesos históricos no se pueden entender sin trazar las estructuras socioeconómicas de fondo y sus conflictos con los sistemas de superestructura política. Este concepto subyace en La destrucción de la democracia en España, donde intenté equilibrar lo estructural y lo coyuntural del papel de los individuos. En adelante, desarrollé mi interés por los individuos y su papel en la historia —sin menospreciar los factores estructurales— en otros libros y, especialmente, mi biografía del mismo dictador.

En el prefacio a la primera edición de El triunfo de la democracia en España, comenté que «me fascinó el submundo absorbente de las negociaciones e intrigas entre bastidores. Este fue uno de los legados más singulares de la política franquista». Gran parte de la temática central del libro se desarrollaba en negociaciones mantenidas en habitaciones cargadas del humo de cigarrillos. Por tanto, la actuación del individuo representó un papel tan importante como el de las estructuras. Pienso que en este libro, para bien o para mal, logré cierto equilibrio entre lo estructural y lo coyuntural. La abundante bibliografía nueva que ha salido sobre el tema hace hincapié en el relato anecdótico. Esta avalancha de libros ha sido más abundante con respecto a dos temas: el papel del rey durante la transición y los entresijos del golpe fallido del 23 de febrero. Creo que difícilmente podría incorporar las aportaciones puntuales de lo nuevo sin distorsionar la forma básica de un libro que pretende equilibrar los dos elementos fundamentales de su estructura. Así pues, en este prólogo me he limitado a hacer unas reflexiones sobre la posición de este libro dentro de mi propio currículum y también unas meditaciones provocadas por la nueva riqueza bibliográfica sobre los años de la transición.

Prefacio

Se inicia este libro en 1969, año en que me fui a vivir a España. Por aquellos días, interesándome la política española contemporánea bastante menos que la Segunda República y la Guerra Civil, mi único propósito era realizar una investigación para mi tesis doctoral de historia de la filosofía. Aunque no había previsto que aquel viaje de estudios durase más de doce meses, mi estancia se prolongó más de tres años. Aborrecía el régimen de Franco, pero me sumergí en archivos y hemerotecas hasta el extremo de vivir más en los años treinta que en el presente. Sin embargo, las restricciones impuestas a las fuentes indispensables para mi trabajo hacían muy difícil ignorar por mucho tiempo las realidades cotidianas de la vida bajo una dictadura. A medida que la búsqueda de material informativo y de supervivientes de esa época me iba poniendo en contacto con socialistas y anarquistas veteranos, así como con jóvenes militantes de la oposición al régimen (católicos, comunistas y socialistas), me resultó imposible no interesarme de forma cada vez más apasionada por las luchas políticas que diariamente se desarrollaban a mi alrededor.

Esa realidad se me hizo tangible por los más diversos medios. Muchos de los estudiantes a quienes conocí en la Universidad de Madrid militaban muy activamente en la oposición de izquierdas. Las cargas policiales con porras eran harto frecuentes en el campus. Un día, cuando regresaba a casa de trabajar en un archivo, al salir del metro me encontré en medio de una batalla a tiro limpio entre la policía y varios miembros de la organización terrorista FRAP. En mayo de 1973, después del apuñalamiento de un agente de la policía secreta durante una manifestación del Primero de Mayo, pude comprobar la magnitud de la represión subsiguiente. Varios estudiantes que solían trabajar en los archivos adonde yo acudía estuvieron ausentes durante unos días. Más tarde supe que habían sido arrestados, vapuleados e interrogados.

En lo referente a mi trabajo, la Segunda República siguió siendo la prioridad principal, pero creció mi interés por la situación presente. Así pues, empecé a coleccionar periódicos, revistas y libros con objeto de escribir algún día la historia de la resistencia antifranquista, un proyecto ambicioso que sigue todavía inacabado. Cuando volví a Inglaterra, organicé en la Universidad de Reading un seminario sobre la España contemporánea, que acogió con frecuencia a visitantes de España y Francia. Entretanto, mis viajes a París para recabar información documental y entrevistar a varios exiliados republicanos me habían permitido ya establecer numerosos contactos. El más importante de ellos fue la editorial, la biblioteca y el archivo de Ruedo Ibérico, administrados y dirigidos por José Martínez Guerricabeitia, un hombre de trato difícil pero notable, cuya enorme contribución al mantenimiento de la tradición libertaria española ha sido reconocida finalmente como se merece en el libro de Albert Forment. Al margen del trabajo en el seminario, publiqué la obra España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco, que refleja con cuánta amplitud se centró nuestro trabajo en las víctimas y en la oposición a la dictadura de Franco, más que en la desintegración interna del régimen propiamente dicho. Por aquel entonces yo estaba en Londres, cada vez más interesado por la oposición democrática gracias a las estrechas relaciones que mantenía con los grandes frentes antifranquistas de los años setenta: la Junta Democrática, Coordinación Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática.

Como era inevitable al visitar tan a menudo España, seguí la evolución política del periodo que siguió a la muerte de Franco con enorme apasionamiento y también con inmensa satisfacción en la medida en que se fue consolidando el régimen democrático. Mi vida en España y la preparación de mi obra sobre los años treinta me habían permitido comprender hasta cierto punto la magnitud de los sufrimientos soportados por el pueblo español durante la Guerra Civil y la dictadura subsiguiente. Los españoles me trataron siempre con notable amabilidad y afecto. Por esa razón, solo podía sentir alegría ante el restablecimiento de la democracia. Sin embargo, al examinar retrospectivamente hasta qué punto se evidenciaba casi a diario la fragilidad del nuevo régimen ante el acoso de sus dos enemigos gemelos, la subversión militar o «golpismo» y el terrorismo, empecé a preguntarme si había captado de verdad todos los factores del proceso. Al igual que otros muchos comentaristas, había creído que una transición fundada en el consenso entre las fuerzas progresistas del antiguo régimen y la oposición democrática tradicional tendría tanta estabilidad como pudiera razonablemente esperarse de ella. En cierto modo, la supervivencia de la democracia española lo ha demostrado así, al superar la sangría diaria de ETA y las repetidas tentativas de golpes militares. No obstante, aunque tenía muchos otros compromisos apremiantes, me esforcé en rellenar las lagunas de mis propios conocimientos sobre el tema.

Durante ese proceso, averigüé muchas cosas sobre ETA y sobre el ejército, que pude contrastar con lo que ya sabía acerca de la oposición democrática. Y además, al querer saber más sobre los factores que había tendido a subestimar en mi contribución al libro España en crisis, me fascinó el mundo absorbente de las negociaciones e intrigas entre bastidores. Este fue uno de los legados más singulares de la política franquista. Fue el instrumento de todos los tratos y regateos que permitieron a los elementos moderados del régimen de Franco salir de su caparazón, encontrarse a medio camino con la oposición y prepararse para el futuro mediante la construcción de nuevos vehículos políticos como UCD y Alianza Popular, hasta dominar la escena política entre 1976 y 1982. Así pues, el tema central de este libro se desarrolla a menudo en habitaciones cargadas de humo, mientras que los dos argumentos secundarios de mayor importancia tienen como escenario los cuarteles donde se fomentaba el golpismo, y las calles en las que ETA se dedicaba a sus mortíferas ocupaciones. Respecto a las masas populares, la clase obrera, las huelgas y los cambios sociales, se dice bastante menos en el libro de lo que me propuse cuando lo comencé. No obstante, me parece que capta hasta cierto punto la esencia de la política española en el asombroso periodo transcurrido entre los primeros síntomas de la enfermedad de Franco, en el año 1969, y la materialización de las peores pesadillas del dictador al llegar el PSOE al poder en 1982.

Durante los años de preparación del libro, contemporáneos al periodo analizado, aprendí mucho de mis conversaciones con numerosos protagonistas. Quisiera aquí agradecer a Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Solana, Elena Flores, Gregorio Peces-Barba, Narcís Serra, Carlos Zayas, Andrés García de la Rica, Fernando Morán, Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo su buena disposición para hablar conmigo sobre el PSOE, el PSP y Coordinación Democrática; a Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Rafael Calvo Serer, José Vidal Beneyto y Manuel Azcárate por ayudarme a comprender el PCE, Comisiones Obreras y la Junta Democrática; a Félix Pastor Ridruejo, Rafael Cerezo y Manuel Fraga por hablarme sobre Alianza Popular; a Juan Antonio García Díez, Javier Rupérez y Rodolfo Martín Villa por sus penetrantes e inestimables indicaciones acerca de UCD y sus diversos componentes; y, por último, al general Manuel Prieto, por ayudarme a comprender algo de la mentalidad militar. También me enseñaron mucho unas breves conversaciones con los generales José Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello.

Aun siendo tan valiosos dichos contactos, todavía lo fueron más los mantenidos con los amigos que han discutido conmigo sobre política española durante muchos años. Rememorando los diez años que requirió la preparación de este libro, no puedo dejar de sentirme abrumado ante las innumerables muestras de amabilidad que he recibido de mis amigos. Me gustaría particularmente dar las gracias por su hospitalidad, sus perspicaces observaciones y sus palabras de ánimo a Jerónimo Gonzalo Rubio, Joaquín Romero Maura, Ángel Viñas, Manuel Arroyo Stephens, Miguel Ángel Aguilar, Juby Bustamante, Sheelagh Ellwood, Joan Maria y Susana Esteban, Kees van Bemmelen, Pepe Coll Comyn, Eduardo Sevilla Guzmán e Isidro López de la Nieta. Durante estos años he aprendido una cantidad enorme de cosas leyendo y charlando con Juan Tomás de Salas. Muy especialmente me gustaría expresar mi agradecimiento por su amable invitación a participar en las Jornadas sobre Violencia Política y Terrorismo, organizadas por el Grupo 16 en octubre de 1984, lo que me brindó la oportunidad inapreciable de trabar conocimiento y hablar con Mario Onaindía y Txiki Benegas, y empezar a comprender en toda su profundidad el problema vasco. Estoy inmensamente agradecido a José Varela Ortega por brindarme la oportunidad de asistir al magnífico seminario sobre la transición celebrado en Toledo en octubre de 1984 por la Fundación Ortega y Gasset, en el que se expresaron con suma franqueza Adolfo Suárez y otras figuras destacadas de aquel periodo.

Y, sobre todo, estoy en deuda con los amigos que no solo han discutido conmigo los planteamientos de este libro, sino que también han leído y comentado el manuscrito: Elías Díaz, Paul Heywood, Francés Lannon, Norman Cooper, Nicolás Belmonte y José Joaquín Puig de la Bellacasa. Me han ayudado muchísimo sus consejos. Y si subsiste todavía algún error o falsa interpretación de los hechos, la culpa no será suya, sino mía. En fin, una vez más me encuentro en la envidiable situación de poder agradecer a mi editora en Methuen, Nancy Marten, su paciencia, su sosegado sentido común y su eficacia. Vaya también mi gratitud a la colega doctora Freda Harcourt, cuya cooperación y solidaridad me han permitido, en una época de estrecheces académicas crecientes, reservar algún tiempo para trabajar en este libro. Y finalmente, quiero agradecer sobre todo a mi esposa Gabrielle su admirable indulgencia mientras mi mente estaba ausente entre las intrigas políticas, las maquinaciones militares y las conspiraciones terroristas de otro país.

Glosario de siglas

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas, influyente grupo de presión política.

BRIPAC: Brigada Paracaidista, unidad clave con guarnición en Alcalá de Henares.

CCOO: Comisiones Obreras.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, partido católico de masas en la Segunda República, dirigido por José María Gil Robles.

CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

CESID: Centro Superior de Información de la Defensa.

DAC: División Acorazada, unidad militar de choque con guarnición en Brunete.

EIA: Euskal Iraultzako Alderdia (Partido de la Revolución Vasca); grupo asociado a ETA Político-Militar.

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad).

FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota; grupo maoísta terrorista, vinculado al PCE (marxista-leninista).

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.

HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario del Pueblo); partido ultranacionalista vasco, componente de Herri Batasuna.

HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica.

JOC: Juventud Obrera Católica.

KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista; frente popular vasco de grupos nacionalistas de izquierdas, precursor de Herri Batasuna.

LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (Partido Patriótico Revolucionario de Trabajadores); frente político de ETA Militar, componente de Herri Batasuna.

PCE: Partido Comunista de España.

PNV: Partido Nacionalista Vasco.

POD: Plataforma de Organizaciones Democráticas, frente amplio de grupos de oposición formado a finales de 1976.

PSC: Partit Socialista de Catalunya.

PSDE: Partido Social Demócrata Español; partido dirigido por Antonio García López desde la muerte de Dionisio Ridruejo.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

PSP: Partido Socialista Popular, dirigido por Enrique Tierno Galván.

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya.

SIPG: Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno; servicio secreto de Carrero Blanco.

UCD: Unión de Centro Democrático.

UDPE: Unión del Pueblo Español.

UGT: Unión General de Trabajadores.

UMD: Unión Militar Democrática.

USDE: Unión Social Demócrata Española; partido dirigido por Dionisio Ridruejo.

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Las contradicciones internas del franquimo

1939-1969

El 20 de noviembre de 1975, cuando murió Franco, pocos políticos españoles, tanto de derechas como de izquierdas, podían predecir con precisión cuál iba a ser la evolución política del país en la década siguiente. Solo podían discernirse vagamente las líneas generales. Una vez desaparecido su Caudillo, todos los defensores del baluarte franquista, salvo los más fanáticos, comprendieron que sería preciso hacer concesiones al adversario democrático apostado ante la poterna. Existía la esperanza, aunque no la certidumbre, de poder dar paso por medios incruentos a un régimen pluralista, mediante negociaciones entre los valedores más liberales de la dictadura y los miembros más moderados de la oposición. Sin embargo, hasta las personas más razonables en uno y otro campo tenían puntos de vista sumamente dispares sobre cuál debía ser el desenlace de tales tratos. Por añadidura, en ambos extremos del espectro político se asentaban elementos poderosos, muy poco dispuestos a abandonar sus posiciones maximalistas. Llegado el momento, la habilidad y la firmeza mostradas por el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y los principales líderes de la oposición asegurarían una transición relativamente tranquila. Ahora bien, solo los observadores más perspicaces hubieran podido prever que el incierto camino hacia la democracia debería pasar en medio de las emboscadas tendidas por los terroristas de derechas e izquierdas y atravesar los campos minados de la obstinación de algunos elementos militares.

El escenario que se ofrecía a la vista tras el fallecimiento de Franco en 1975 hubiera parecido sobremanera improbable desde la atalaya de 1969. Cuando finalizaba la década de los sesenta, Franco y sus consejeros políticos prepararon el terreno para el paso a una monarquía franquista, personificada por el rey Juan Carlos y vinculada irrevocablemente a los principios del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Tales principios implicaban una oposición beligerante al comunismo, el socialismo y el liberalismo, al pluralismo político y a cualquier forma de transferencia de poderes a las regiones. Así pues, se exigió formalmente al príncipe el compromiso de mantener un modelo de Estado autoritario y centralista, con la vista fija en el pasado, y que en esas fechas había entrado ya en colisión con la sociedad y la economía modernas de España. Semejante perspectiva no era un buen presagio para la supervivencia a largo plazo de la monarquía en España. La transición del poder y la supervisión del proceso subsiguiente se habían encomendado a un hombre fiel a Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, que había asumido la vicepresidencia del Gobierno en el año 1967 y a quien Franco iba confiando, en medida creciente, el gobierno cotidiano del país. Sin embargo, y contrariamente a las esperanzas de los incondicionales franquistas, el periodo del gobierno de Carrero Blanco selló la desintegración del régimen en vez de su consolidación. Desde 1969 hasta su asesinato en el año 1973, Carrero presenció cómo se cuarteaba el barniz de invulnerabilidad atribuido a la dictadura, bajo el terrorismo de ETA. Al mismo tiempo, ante el resurgir inexorable de la clase obrera y de la contestación estudiantil, no supo encontrar una respuesta más constructiva que el tradicional recurso franquista a la represión.

Los gabinetes de tecnócratas y políticos de la línea dura presididos por Carrero se vieron obligados a buscar ayuda aún más a la derecha del espectro político. Al comenzar la década de los setenta se vio cómo el Gobierno encargaba los trabajos sucios a las escuálidas organizaciones de extrema derecha. En consecuencia, muchos franquistas tuvieron que plantearse serias dudas sobre la eficacia de los planes propuestos por Franco para hacer perdurar su régimen después de muerto, una opción política de la que se hablaba abiertamente y con toda seriedad bajo el nombre de «continuismo». Por su parte, los partidarios de Juan Carlos empezaron a preguntarse si el futuro de este no se vería comprometido al formar parte de la operación continuista. La incompetencia brutal que siguió envenenando las relaciones con los vascos, con el clero y con los trabajadores sembró una inquietud creciente entre los elementos más sagaces del franquismo.

Y entonces se manifestó con suma lentitud cierta predisposición a sobrepasar los límites del continuismo y jugar con la idea de una apertura del régimen («aperturismo»). Esta posición se generalizó entre los funcionarios jóvenes y casi apolíticos, más preocupados por su propio futuro que por la defensa de los dogmas de la Guerra Civil. El goteo inicial de deserciones bajo el mando de Carrero se tornó riada durante la presidencia de su sucesor, Carlos Arias Navarro, tan pronto como se vio claro que su compromiso retórico para introducir reformas no podría resistir las presiones reaccionarias. Los efectos acumulativos a lo largo de los periodos Carrero y Arias demostraron por igual a los moderados del régimen y de la oposición que el derramamiento de sangre sería evitable únicamente mediante una transacción. Este libro se fundamenta sobre la premisa —expuesta en los capítulos 2 y 3— de que la naturaleza de la transición hacia la democracia y del periodo posterior de crisis y cambio político solo pueden entenderse en toda su complejidad en función de la profundización de las contradicciones internas del régimen durante los últimos seis años de la vida del dictador.

La más profunda de esas contradicciones surgió del crecimiento económico, que la dictadura había presidido con desasosiego. Los mecanismos autoritarios y la retórica anacrónica del régimen resultaban inadecuados para satisfacer las necesidades de modernización de un Estado en el umbral de la Comunidad Europea. La incapacidad franquista para responder a las múltiples demandas de liberalización formuladas desde numerosos sectores de una sociedad española nueva y dinámica fue el rasgo característico más notable del periodo 1969-1975. Desde luego, el hecho de que la inflexibilidad ciega del régimen indujera a sus servidores más liberales a considerar la posibilidad de un diálogo con la oposición fue solo un elemento accidental del legado franquista. Y la circunstancia de que esa democracia flamante se viera en trance de zozobrar entre 1977 y 1981 debe cargarse también en gran medida en la cuenta de los problemas heredados de la dictadura. El centralismo intransigente de Franco y su aplicación implacable en el País Vasco son la razón principal que explica el terrorismo de ETA y el considerable respaldo popular de que disfrutó, por lo menos hasta 1978.

No menos perjudicial fue el prurito contumaz de mantener la división de los españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil. La creencia de que la democracia engendra caos y disgregación nacional fue un dogma fundamental del sistema educativo y de la política cultural del régimen. Difundida con especial vehemencia en las academias militares, nutrió el rechazo violento e instintivo a la democracia por parte del ejército y de los partidarios más extremistas de Franco después de 1975. Los temas del terrorismo y de la subversión militar continuarían sin resolverse hasta que los socialistas alcanzasen el poder en 1982. No obstante, según se razona en los capítulos 4, 5, 6 y 7, ambos fueron los problemas centrales del periodo durante el que se construyó la democracia española. Los obstáculos que debieron afrontar tanto UCD como los socialistas en el gobierno formaban parte de la herencia franquista. El desempleo y la inflación pueden haber sido una consecuencia de la situación mundial, pero los graves desequilibrios económicos que dejó la dictadura hicieron aún más espinosa su solución.

El intervencionismo militar, la virulencia de la extrema derecha y la violencia de los vascos, la obsolescencia de la infraestructura industrial y el desarrollo desigual han condicionado la trayectoria política de España desde 1975. El denominador común de esos factores es que todos ellos caracterizan el hecho de que España fue gobernada, bajo Franco, como un territorio conquistado, sojuzgado por un ejército invasor. Con ello no se quiere decir que los militares fuesen los beneficiarios de la dictadura ni que se repartieran el botín del saqueo. El ejército español se vio privado de armamento moderno y transformado en un instrumento de control social —en lugar de serlo de la defensa nacional—. A este respecto puede afirmarse que, considerando la manipulación sufrida, el ejército ha sido también una víctima de la dictadura. Ahora bien, todo ello significa en definitiva que, pese a sus muchos progresos y logros, la democracia española es, tanto por su nacimiento como por su desarrollo formativo, una criatura de la dictadura de Franco.

El régimen de Franco tuvo como función cardinal la institucionalización de la victoria nacionalista en la Guerra Civil española. Una coalición de fuerzas derechistas había provocado y librado aquella guerra para defender sus intereses particulares en contra de determinadas reformas planteadas por la Segunda República. Los latifundistas querían preservar la estructura existente de la propiedad rural; los capitalistas querían mantener su derecho a dirigir la industria y la banca sin interferencias de los sindicatos; el Ejército quería salvaguardar la organización centralizada del Estado español y la Iglesia conservar su hegemonía ideológica[1]. Cada uno contribuyó como mejor supo al esfuerzo de guerra franquista en los terrenos financiero, militar e ideológico. Tanto la victoria como su consolidación y defensa posterior fueron posibles gracias a la cooptación de una burocracia política y militar, constituida por miembros de las clases medias y trabajadoras a quienes cabría denominar la «clase de servicio» del franquismo. Por razones diversas, tales como la convicción, el oportunismo o la lealtad condicionada por la situación geográfica en tiempo de guerra, todos ellos decidieron alinearse con el régimen[2].

Concluida la guerra civil, esas fuerzas heterogéneas del franquismo se cohesionaron de formas diversas. Se crearon redes de patronazgo y corrupción, y el llamado «pacto de sangre» les unió sobre todo en la complicidad con la represión[3]. El triunfo de Franco había dividido a España en vencedores y vencidos, pero la guerra entre ambos campos continuaba latente. Así se evidenció con la represión desarrollada después de 1939. El régimen reconoció la existencia de 271 139 prisioneros políticos en 1939. Prisiones, campos de concentración y campos de trabajo seguían repletos bien entrada la década de los cuarenta. Hasta que la balanza del acontecer bélico se inclinó en contra del Eje tras la batalla de Stalingrado y los franquistas empezaron a temer por su propio destino, las ejecuciones habían seguido un ritmo masivo[4]. En toda España se desarrolló esporádicamente una guerra de guerrillas que alcanzó su momento culminante entre 1945 y 1947, para finalizar tan solo en 1951. Así pues, no podía extrañar que las diversas «familias» o grupos políticos constitutivos de la alianza franquista se mantuvieran unidos por temor a que cualquier relajación en la represión institucionalizada acarreara que se reanudara la guerra civil, con los consiguientes actos de venganza por parte de sus víctimas.

La unidad de los vencedores parecía más sólida incluso de lo que realmente era, gracias al predominio político de la Falange. Sin rival posible mientras duró la hegemonía de Hitler, y todavía poderosas en la época posterior, las organizaciones falangistas —Frente de Juventudes y Sección Femenina— dieron, con sus concentraciones y su control del aparato propagandístico del régimen, un aire totalitario al franquismo de los cuarenta. Con el soporte de un cuerpo policial adiestrado por la Gestapo, el susodicho aire pareció sobremanera real para los vencidos. Ahora bien, dentro del estrecho círculo de los vencedores se desarrollaba una dura pugna por el poder y la influencia política[5]. Las familias del régimen —católicos, monárquicos, militares, clero, falangistas y tecnócratas— estaban formalmente unidas dentro del heterogéneo partido único conocido como el Movimiento. Sin embargo, en la práctica se enfrentaron unas con otras, y la mayor virtud del general Franco fue la hábil explotación de sus rivalidades. En ciertos momentos de tensión extrema, las «familias» llegaron incluso a recurrir a la violencia[6]. No obstante, sus maniobras para alcanzar la preeminencia se redujeron por lo general a conspiraciones e intrigas dentro de la corte franquista. El Caudillo mantuvo su control personal mediante procedimientos muy diversos. Utilizó con singular destreza los cargos ministeriales y la promoción a puestos de la administración estatal, e hizo la vista gorda allá donde imperaba la corrupción. A su vez, la amenaza que entrañaban la izquierda exiliada y la hostilidad internacional contra el régimen obligó a casi todos los políticos relevantes a apiñarse en torno a él. Por su parte, los grupos competidores apelaban con regularidad a Franco como árbitro.

Los distintos sectores de la derecha emplearon su potencial económico y sus conexiones internacionales en la competencia interna para alcanzar el poder y las posiciones más ventajosas. En último término, la lucha se polarizó en dos bandos. De un lado pesaban los beneficios económicos y sociales de la unidad bajo Franco; del otro, las amenazas inherentes a la izquierda, a una población potencialmente hostil y a los azares de la situación internacional. Con arreglo a ello, el desarrollo social y económico de España fue no solo el objeto de la política emprendida por el régimen, sino también un factor destinado a causar un impacto determinante en la dinámica interna del régimen. En 1939 los grandes latifundistas del sur eran los banqueros del régimen; las potencias del Eje, sus principales aliados, y las Fuerzas Armadas, su poder fundamental. En cambio, en los años sesenta, las fuerzas económicas dominantes habían pasado a ser las compañías multinacionales y la banca, mientras que Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) ejercían las principales influencias externas, y el ejército había quedado reducido a la condición de pariente pobre del régimen[7]. Así pues, la correlación de fuerzas sufrió un cambio constante, y no solo entre las «familias» franquistas, sino también en la relación de todas ellas con el antagonista democrático. En consecuencia, a finales de la era de Franco, las rivalidades se acrecentaron e incluso degeneraron en una pugna mal disimulada por la supervivencia[8]. Las fuerzas que se habían unido en 1936 para salvarse, se fraccionaron en 1976 con idéntico objetivo, aunque esta vez acomodándose a las fuerzas de la democracia en lugar de destruirlas. Al morir, como al nacer, el legado del franquismo fue el oportunismo político.

Durante los años cuarenta hubiera sido casi imposible prever la desintegración final de las fuerzas franquistas. Por aquel entonces, el régimen dedicó sus principales esfuerzos a erradicar la memoria de la Segunda República, a reprimir a sus cuadros políticos, y a imponer una disciplina severa a la clase obrera y a la población campesina. Se disolvieron los sindicatos tradicionales, y el Estado y la Falange confiscaron sus patrimonios. Se les sustituyó por sindicatos no conflictivos, corporativos o «verticales» para las distintas ramas de la producción y de los servicios. Dentro de la organización estaban teóricamente representados la patronal, el Gobierno y los trabajadores, aunque en la práctica tendieron a ser instrumentos para la eliminación de las huelgas y el mantenimiento de salarios bajos. Un sistema de salvoconductos y certificados de buena conducta política dificultó en extremo los viajes y la búsqueda de trabajo. Así pues, los vencidos que escaparon a la prisión o la ejecución se vieron constreñidos a una posición de ciudadanos de segunda clase.

Por consiguiente, las clases subalternas se vieron forzadas a soportar el coste de una política económica que tenía por objeto recompensar a las fuerzas del régimen por su apoyo durante el tiempo de guerra. El compromiso con los latifundistas meridionales implicó el mantenimiento de salarios de hambre e imposibilitó la reforma agraria, tan necesaria para un crecimiento autosostenido. La autarquía y las políticas monetaria y comercial desengancharon al régimen de la locomotora de las ayudas del Plan Marshall, que contribuyeron no poco a reconstruir las economías europeas de la posguerra. El franquismo de los años cuarenta dio pocas pruebas para justificar la aseveración ulterior de que se trataba de una dictadura desarrollista. Es más, al proporcionar a los terratenientes una mano de obra pasiva y barata y al protegerlos contra las importaciones, el régimen acentuó la ineficacia de la agricultura y privó a la industria de un mercado rural. La autarquía resultó ser una camisa de fuerza que corroboró el predominio de la agricultura pero le impidió simultáneamente atender a las nuevas demandas que se le formulaban[9].

Hacia finales de los años cuarenta, el régimen encontró dificultades crecientes para remediar las contradicciones y los desequilibrios de la economía. La inflación, las quejas de una mano de obra descontenta y la presión cada vez mayor de las exigencias de desarrollo industrial obligaron a abandonar la política autárquica. Por otra parte, la ineficacia y los desequilibrios de la agricultura, así como la inexistencia de una política de riego coherente, significaron que España necesitase imperiosamente importar alimentos. Asimismo, escaseaban las materias primas y la energía. No habría paliativo contra semejantes deficiencias mientras no se conectase el país con la economía internacional o se buscaran los créditos estadounidenses. En el ambiente ensombrecido de la Guerra Fría, el anticomunismo visceral de Franco le convirtió en un aliado interesante. De la misma forma, su legislación laboral, cuyo carácter represivo facilitaba un amplio margen de beneficios, hizo de España un país no menos interesante para los inversores.

El nexo con Estados Unidos redujo la presión ejercida sobre Franco desde el interior y el exterior porque frenó el continuado descenso en el nivel de vida y proyectó al país hacia una cruzada anticomunista de nivel mundial que contribuyó a reavivar el espíritu de la guerra civil[10]. Sin embargo, los primeros pasos hacia una liberalización económica suscitaron los recelos y resentimientos de algunas familias del régimen, en especial de los propietarios agrarios y los falangistas.

Ciertas familias franquistas se adaptaron al cambio económico, pero otras permanecieron aprisionadas en una urdimbre correspondiente al tiempo de los años cuarenta. La Falange mantuvo una retórica vacua de inquietudes sociales. Continuó comprometida con una ideología a todas luces huera, puesto que afirmaba la soberanía del campesino no obstante la evidente posición privilegiada de los grandes terratenientes, y pareció ajena durante largo tiempo a los cambios sociales que la industrialización acarreaba de forma masiva. Los cambios sociales se hicieron palpables durante la década de los sesenta, pero en 1956 hubo ya choques entre las fuerzas progresivas y las reaccionarias dentro del campo franquista[11]. En ese mismo año, con ocasión de varias huelgas y una crisis violenta de la universidad, Franco destituyó al más liberal de sus ministros, el católico social Joaquín Ruiz-Giménez. Así, la competencia dentro del régimen se circunscribió a las rivalidades entre los falangistas y los tecnócratas del grupo católico de presión, inmensamente poderoso, del Opus Dei, denominado por sus enemigos la «Santa Mafia». La lógica de la industrialización favoreció a los tecnócratas. De modo que, en febrero de 1957, ante las persistentes huelgas y la agitación estudiantil, Franco los incluyó a regañadientes en el Gobierno.

En cierto modo, el Caudillo acomodaba así la superestructura política a unos cambios sociales y económicos ya consolidados. Ahora bien, ello le llevó a comprometerse en una apuesta difícil. La liberalización económica en un contexto de autoritarismo político exigía crear la riqueza suficiente para permitir soslayar las huelgas y desarmar a la oposición. Una oferta semejante significaba para un régimen reaccionario y agrario como el de Franco sembrar los gérmenes de su propia desintegración. Al mismo tiempo, implicaba la necesidad de crear un proletariado industrial de masas, cuya lealtad o al menos apatía política iba a depender de la existencia o no de una prosperidad continuada. También implicaba una desviación gradual del poder hacia la banca y los industriales, cuyos intereses seguían orientaciones y determinaciones mucho más internacionales que las de la restringida élite franquista[12].

El compromiso contraído después de 1957 para alcanzar un desarrollo económico capitalista moderno puso fin al dominio de la Falange, pero no alteró la naturaleza represiva del régimen. Se llevó a cabo la liberalización económica tras el escudo de una representación militar reforzada en el Gobierno. La medida crucial a este respecto fue el nombramiento del general Camilo Alonso Vega como ministro de la Gobernación, para aplicar una represión rápida y brutal cuando la dislocación social originada por la liberalización desencadenase el descontento. La austeridad estricta del Plan de Estabilización (1959) acarreó efectivamente un descenso inmediato del nivel de vida para la clase trabajadora. Sin embargo, a principios de los años sesenta la renta per cápita empezó a aumentar de forma espectacular. La nueva clase obrera se apresuró a flexionar los músculos y desencadenó varias huelgas en el año 1962 con resultados positivos, porque en aquella atmósfera de prosperidad repentina los industriales se mostraban remisos a cualquier pérdida de producción[13]. Las consecuencias de ese sprint hacia la modernización sembraron la inquietud en muchos círculos franquistas, particularmente en el ejército y la Falange.

Según los tecnócratas del Opus Dei, capitaneados por el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, la clave para resolver todos los problemas de España residía en su incorporación plena al capitalismo occidental. Con tal fin se presentó una solicitud a la CEE en febrero de 1962 requiriendo el ingreso como nuevo miembro, una maniobra a la que se opusieron porfiadamente los falangistas acérrimos, pues la integración en una Europa democrática y moderna significaría el final de una fórmula ideológica exclusivamente española. Para ellos, la interacción libre de los partidos políticos suponía el camino hacia una nueva guerra civil. Preferían la fórmula autoritaria y segura de la «democracia orgánica» sin elecciones patrocinada por Franco. Europa y la democracia dejarían al descubierto la gran farsa del gran paraguas paternalista conocido como el Movimiento, dentro del cual coexistían todas las «familias» pero se excluía a las masas. Solamente después de varias crisis internas traumáticas, la Falange desistió de su oposición a la expansión capitalista de la economía.

Durante los años sesenta, el ministro secretario del Movimiento, José Solís Ruiz, se esforzó cuanto pudo por impedir que las nuevas directrices económicas del franquismo acabaran por eclipsar totalmente al partido único[14]. Fue un esfuerzo fútil. La reforma cosmética para modernizar el Movimiento manteniendo su monopolio en la vida política resultó una empresa tan ambiciosa como irrealizable. Este fue incapaz de evolucionar al ritmo de la cambiante realidad social del país. El régimen de Franco había nacido para defender los intereses de los vencedores en la guerra civil y, justamente por esa razón, entorpecía el libre juego de los partidos políticos y los sindicatos. El Movimiento era la garantía institucional de un exclusivismo social y político. Por consiguiente, la única forma de adaptarse al cambio social consistía en dejar de ser lo que era. Y como ese hecho se hizo evidente a lo largo de la década, la tensión latente entre las familias del régimen empezó a manifestarse con claridad creciente de forma pública. Cada cual trabajaba para el escenario que se acomodara mejor a su propio futuro, y muchos advirtieron que su futuro tenía más sentido fuera del Movimiento.

El descubrimiento de que el Caudillo era mortal había proporcionado un estímulo a tales actividades. El 24 de diciembre de 1961, Franco resultó herido por accidente en la mano izquierda mientras cazaba pichones en El Pardo, y quedó prácticamente incapacitado durante los primeros meses de 1962. Su única disposición para paliar esa imposibilidad pasajera de gobernar fue la advertencia algo críptica al general Alonso Vega para que se mantuviera vigilante: «Ten cuidado de lo que ocurra»[15].

Franco confiaba con razón en que su ministro de Interior, Carlos Arias Navarro, mantendría el control de la situación. Ahora bien, al parecer, el incidente hizo meditar al propio Franco y a muchos de sus seguidores sobre la sucesión. En los años cuarenta, algunos fanáticos habían defendido la idea de que Franco se declarase rey de España. Tal posibilidad se descartó, porque Franco tenía la convicción de que una monarquía no puede dar buen resultado sin una tradición que la apoye. Sin embargo, se comprometió a designar un sucesor real. Por otra parte, la amistad íntima entre el Caudillo y Camilo Alonso Vega dejaba entrever la posibilidad de una regencia franquista con un custodio leal para garantizar que el monarca elegido no se desviase del sendero autoritario. Finalmente, se asignó ese papel a Carrero Blanco. Entretanto, la selección del candidato a rey dejaba un amplio margen a la especulación y la maniobra.

Cada una de las «familias» depositó sus esperanzas en el pretendiente que parecía más predispuesto a favorecer sus intereses particulares. Los liberales como José María Areilza —que fuera embajador de Franco en Washington— pusieron sus miras en el heredero legítimo, don Juan de Borbón; los carlistas se agruparon en torno a don Javier de Borbón-Parma. Pero el aspirante con más probabilidades era el príncipe Juan Carlos, hijo de don Juan, a quien se había educado para ser el monarca franquista y cuya causa estaba patrocinada por Carrero Blanco y los tecnócratas. El sector falangista del Movimiento hubiera preferido una sucesión presidencial, pero esa alternativa resultaba extremadamente improbable porque casi todas las familias del régimen eran monárquicas. Hacia el final de la década los falangistas dedicaron su atención a don Alfonso de Borbón y Dampierre, sobrino de don Juan y prometido de la nieta de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú. Es muy probable que el propio Franco no pensase ni por asomo en la posibilidad de fundar una dinastía real. No obstante, la causa de don Alfonso contó con el apoyo entusiasta de la extrema derecha y sobre todo de la esposa de Franco y su yerno, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde. Se utilizó la alternativa de Alfonso de Borbón para esgrimirla como una amenaza contra Juan Carlos, caso de que este se sintiera atraído por el ejemplo democrático de su padre, don Juan. En términos generales, la cuestión dinástica proporcionó un tema estelar para las intrigas que ocuparon y dividieron cada vez más a las familias franquistas[16].

El desacuerdo sobre la sucesión fue tan solo el síntoma más agudo de las tensiones por el desajuste existente entre un régimen opresivamente reaccionario y la sociedad, de un dinamismo cada vez mayor, sobre la que gobernaba. Se intentó varias veces remediar esa contradicción mediante el nombramiento de nuevos ministros con empuje. El compromiso de implantar la liberalización económica y la posibilidad de futuros cambios políticos parecieron quedar personificados en el hombre-talismán del Opus Dei, Gregorio López-Bravo, nombrado ministro de Industria en la remodelación del Gobierno de julio de 1962. Aún más significativa fue la designación de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo. El «hiperactivo» Fraga dirigió, aunque no atrajo exactamente, el auge turístico que prestó tan enorme contribución al crecimiento económico. Todavía fue más importante el formidable alarde propagandístico emprendido para mejorar la imagen de España en el extranjero. Aunque Fraga y López-Bravo eran franquistas leales y luchadores infatigables por la causa del régimen, ambos se convirtieron también en adversarios enconados hacia el final de la década. El motivo fue el resonante escándalo de MATESA, que implicó a varios miembros del Opus Dei en el empleo fraudulento de fondos públicos para la exportación de maquinaria textil. Sin embargo, su verdadero origen era el abismo que separaba la perspectiva tecnocrática de la falangista en relación con el futuro del franquismo.

Un factor típico de las contradicciones internas del franquismo de los años sesenta fue que el progreso económico iba siempre acompañado por la represión. Así, la naturaleza despiadada del régimen quedó desenmascarada en 1963. Pese a las peticiones de clemencia por parte de dignatarios eclesiásticos del mundo entero y de líderes políticos como Nikita Jrushchov, Willy Brandt y Harold Wilson, Franco autorizó la ejecución del comunista Julián Grimau ante un pelotón de fusilamiento. Antes del juicio había sido horriblemente torturado. La oleada subsiguiente de condena internacional puso en serio entredicho los esfuerzos del régimen para mejorar su imagen. La insensibilidad con que reaccionó Fraga ante el affaire Grimau, al autorizar antes del juicio la distribución de un panfleto en el que se denunciaba la culpabilidad de Grimau, resultó especialmente contraproducente[17]. Cuatro meses más tarde, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, ambos anarquistas, fueron juzgados con un apresuramiento indecoroso y ejecutados mediante el método bárbaro del garrote vil por su presunta implicación en la colocación de una bomba en el cuartel de la policía en Madrid. Las protestas internacionales, aunque no tan clamorosas como en el caso de Grimau, fueron considerables[18]. Dentro del campo franquista se manifestaron signos de disconformidad, especialmente en el caso de Joaquín Ruiz-Giménez, el antiguo ministro de Educación, cuyo avance hacia actividades de oposición se aceleró como consecuencia de ello.

Al estar la prensa sometida a rigurosa censura, la brutalidad de la dictadura hizo menos estragos internos de lo que hubiera cabido esperar. La prosperidad incipiente, así como los triunfos futbolísticos del Real Madrid y de la selección nacional española, causaron un impacto mucho mayor. La industria turística, favorecida por diferentes medidas de exención fiscal, créditos y licencias de construcción, fue un motor del crecimiento económico y contribuyó a mejorar la imagen de España en el extranjero. El turismo ayudó a atraer divisas, pero canalizó las inversiones hacia sectores distintos de la industria productiva. A decir verdad, los planes de desarrollo de los años sesenta dejaron intactas amplias áreas de atraso proverbial, además de no abordar los dos problemas centrales de la reforma agraria y la revisión del sistema tributario. No obstante, y pese a las desigualdades del crecimiento económico y los desequilibrios y dependencias cuya rectificación se confiaba al futuro, el crecimiento fue un hecho. El incremento de la renta disponible para vastos sectores de la sociedad española fue un factor que ayudó a la supervivencia del régimen. Así lo evidenció el referéndum constitucional franquista del 14 de diciembre, que pidió el refrendo popular para los preparativos sobre la sucesión de Franco. Fraga proyectó una gigantesca campaña propagandística que describía a los potenciales votantes del «No» como «criminales» y «agentes de Moscú». Ahora bien, por mucho que se objete que existieron imponentes presiones y descaradas manipulaciones, el famoso 95,6 por ciento de votos por el «Sí» refleja en cierta manera la opinión popular en 1966[19].

El crecimiento económico de los años sesenta fue algo así como una bomba política de espoleta retardada, pues creó los problemas estructurales que, más adelante, iban a derribar el edificio político del franquismo. Sin embargo, a corto plazo, y no obstante las importantes deficiencias de los planes de desarrollo, la prosperidad inmediata que se generó dio un respiro al régimen. La oposición obrera continuaba acrecentándose, pero al mismo tiempo existía un amplio sector de las capas medias, una mayoría no politizada y predispuesta a aceptar mejoras en la alimentación y la vestimenta a cambio de ciertas libertades políticas que de todos modos nadie podía recordar. En este sentido limitado, los resultados del referéndum constitucional de 1966 fueron un motivo de satisfacción para la élite política. Los abrumadores votos afirmativos dejaban entrever que la política del palo y la zanahoria practicada por el Opus Dei había sacado al régimen del abismo de los últimos años cincuenta. En aquella época, el Partido Comunista podía denunciar todavía de forma apocalíptica, aunque posible, las desastrosas condiciones de la vivienda y el abandono de la sanidad y la educación, como pruebas de que la camarilla franquista, avariciosa e incompetente, había hundido a España en el abismo de la ruina económica[20]. Según dicho análisis, la dictadura se veía cada vez más aislada y pronto iba a ser derribada por un frente amplio de fuerzas de la oposición. Aunque oficialmente esa afirmación fuera objeto de burlas, suscitaba recelos entre las filas franquistas. Sin embargo, la combinación tecnocrática de prosperidad, seudoliberalismo y represión continuada había ido minando la predicción comunista, hasta el extremo de provocar una crisis traumática dentro del PCE[21].

Ahora bien, el resultado del referéndum oscurecía la realidad de la protesta obrera y estudiantil. Asimismo, resaltaba —para quien estuviera interesado en verlo— el hecho de que el régimen estaba hipotecando su bienestar futuro en aras del crecimiento continuado. La clase obrera, con su fuerza recién adquirida, no renunciaría fácilmente a las mejoras en el nivel de vida conquistadas en los años sesenta. Al renunciar a la autarquía, el régimen se había hecho vulnerable a los cambios en la economía internacional. No pasaría mucho tiempo sin que los capitalistas españoles más perspicaces advirtieran que un sistema político más abierto podría absorber mejor las tensiones sociales resultantes de la recesión económica. Incluso en los días dorados de mediados de la década, el crecimiento estaba introduciendo una cuña entre ciertos sectores de la élite económica y el régimen. Se sabía que algunos hombres de negocios pactaban en secreto con el sindicato ilegal dominado por los comunistas —las llamadas Comisiones Obreras— en vez de hacerlo con la anquilosada burocracia sindical controlada por el Estado, pues los acuerdos acerca del salario y la productividad concertados con los representantes genuinos de los trabajadores tenían muchas más probabilidades de ser efectivos que los ilusorios convenios fabricados por los sindicatos verticales.

Los franquistas que comprendieron que las ventajas políticas de aquella prosperidad a corto plazo no podían ser duraderas, constituían todavía una minoría. Incluso los más clarividentes de entre ellos seguían considerando con optimismo la posibilidad de un ajuste del sistema franquista sin cambios radicales. Así pues, aunque el crecimiento económico generaba una situación sumamente peligrosa para el régimen, los años sesenta fueron un periodo de confianza para los franquistas. El exiguo porcentaje de deserciones fue un hecho sintomático. El cambio de posicionamiento político del relevante intelectual falangista Dionisio Ridruejo, en la década anterior, había sido un gesto relativamente aislado, comparable tan solo a la dimisión en octubre de 1964 del embajador en París, José María de Areilza, y a la decisión del exministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, de abandonar el seudoparlamento franquista, las Cortes, en febrero de 1964. Areilza se proponía trabajar para la causa del heredero de la Corona, don Juan de Borbón. En cuanto a Ruiz-Giménez, desde la crisis universitaria de 1956 se fue aproximando a los cristianodemócratas no franquistas. Su revista Cuadernos para el Diálogo sería muy pronto un órgano oficioso de la oposición socialista moderna, y especialmente la católica. El largo proceso de desencanto de Ridruejo le indujo a adoptar posiciones socialdemócratas, en las que se vio secundado en los años sesenta por un puñado de exfalangistas, tales como Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar y José Antonio Maravall[22]. Más tarde, toda una riada de refugiados franquistas seguiría la ruta de aquellos pioneros. Entretanto, cada uno serviría a su modo de puente hacia la oposición.

Pese a la creciente intensidad de los sentimientos contra el régimen, los tecnócratas esperaban que el nivel de vida en ascenso eliminara gradualmente la hostilidad despertada por el franquismo, y que ahogaran mientras tanto los mecanismos represivos del régimen los problemas más acuciantes. Las contradicciones irreconciliables entre las anticuadas formas políticas de este y la dinámica de una sociedad y una economía rápidamente cambiantes afloraron a la superficie hacia el final de la década. Sin embargo, el punto de confluencia de la presión en demanda de cambios llevada a cabo por los trabajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales, con una presión similar ejercida desde ciertos sectores, antaño sólidamente franquistas, no se manifestaría hasta después de la crisis de 1973. Ahora bien, hacia 1969 se hizo cada vez más evidente que el futuro del régimen distaba mucho de haberse consolidado. La oleada creciente de luchas en fábricas y universidades planteó la sucesión de Franco como una cuestión insoslayable. El nombramiento de Juan Carlos como sucesor y la elaboración, por José Solís Ruiz, de un plan para una reforma política superficial fueron las respuestas a la agitación popular. Ante esas medidas, muchos franquistas hasta entonces despreocupados sintieron la necesidad de revisar sus planteamientos. Pero quienes creyeran que iba a ser posible examinar con toda tranquilidad las distintas posibilidades vieron cómo se volatilizaban sus ilusiones al estallar el escándalo de la maquinaria textil de MATESA en agosto de 1969. Entonces se desató una agria disputa entre el Opus Dei, implicado en el affaire, y una Falange exultante. Pero la cosa no terminó ahí: los temores sobre el futuro y los rencores del pasado iban a enconar aún más los conflictos entre las familias del régimen.

La afirmación del Opus Dei de que la prosperidad permitiría una liberalización sin dolor y por ende garantizaría la supervivencia del régimen se hacía insostenible ante las numerosas huelgas y manifestaciones, así como la aparición del terrorismo en el País Vasco. Muchos defensores del régimen, sobre todo entre las Fuerzas Armadas y la Falange, concluyeron que la modernización había sido un error y que su seguridad estribaba en la vuelta a la línea dura franquista del periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil. Sin embargo, otros empezaron a pensar que la liberalización debería ir mucho más lejos si se quería evitar un diluvio revolucionario. El periodo comprendido entre 1969 y 1973 iba a caracterizarse por un retorno a la política inflexible, descaradamente brutal, de los primeros tiempos del franquismo. La protesta internacional subsiguiente fue considerable y se agravó en diciembre de 1970 con los famosos procesos de Burgos contra militantes de ETA. Aunque el recrudecimiento de la hostilidad internacional no desencadenó una desbandada general hacia los botes salvavidas, sí obligó a muchos franquistas a revisar su futuro.

La aparición de la organización vasca ETA, separatista y revolucionaria, durante los años sesenta, fue tan solo el más espectacular de los muchos problemas que el régimen debió afrontar. El asesinato en San Sebastián de un policía y torturador muy conocido, el inspector Melitón Manzanas, en agosto de 1968, marcó el comienzo de un largo proceso en el que ETA empezó a destruir el mito de la invulnerabilidad del régimen[23].

Con el recrudecimiento de la oposición en diversos frentes, el dictador puso en evidencia los límites de la liberalización al declarar el «estado de excepción» en el País Vasco. El estado de excepción dotaba de poderes extraordinarios al Gobierno y le eximía del teórico respeto hacia las garantías de las libertades civiles retóricamente enunciadas en las leyes fundamentales franquistas. Ese recurso instintivo a la represión ciega, con la admisión implícita de la bancarrota política, se repitió el 24 de enero de 1969, cuando el Caudillo decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional como respuesta a las huelgas estudiantiles.

La situación de las universidades fue el hecho que ejemplificó en mayor medida las contradicciones del esfuerzo del régimen por mantener una estructura política anticuada apostando, al mismo tiempo, por un auge económico frenético. Desde 1956 se había dado una agitación estudiantil intermitente, y desde 1962 prácticamente continua. Al finalizar la década, la policía había ocupado casi de forma permanente diversos campus[24]. A la luz de los acontecimientos de otros países, sobre todo de Francia e Italia, el régimen siguió con intensa preocupación las manifestaciones estudiantiles. Al fin y al cabo, no solo se educaba a los estudiantes en general para ser los futuros funcionarios del Estado y los empresarios de la industria española, sino que, además, muchos de los revoltosos que caían bajo las porras policiales eran hijos e hijas de la clase media acomodada, e incluso de veteranos funcionarios franquistas. Ya en abril de 1968 se había reconocido la gravedad de la situación a través de un gesto mínimo pero elocuente: la designación como ministro de Educación de un miembro del Opus Dei, José Luis Villar Palasí[25].

La derrota de los falangistas fue incuestionable. La pérdida de su influjo sobre el mundo estudiantil mostraba el creciente anacronismo de sus fórmulas políticas. Incapaces de idear algo más eficaz que las vagas retóricas sobre la revolución pendiente, y sin recursos para afrontar los problemas de una España en vías de modernización, los falangistas veteranos se vieron obligados a elegir entre la reforma política y el repliegue al búnker. Desde el reajuste ministerial del verano de 1967, la dirección del viento había sido clara. El cese del general profalangista y vicepresidente del Gobierno, Agustín Muñoz Grandes, anunciado el 22 de julio de 1967, hizo pensar que Franco no quería comprometerse en demasía con una sola opción. El 22 de septiembre el almirante Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia y fiel seguidor del Caudillo, ocupó el cargo vacante. Carrero era a la vez franquista acérrimo y miembro del Opus Dei, y estaba convencido de que el régimen podría sobrevivir con más garantías bajo la forma de una monarquía[26]. El eclipse inexorable de la Falange fue también perceptible en la desaparición de las universidades y en la incapacidad para controlar su otra esfera de influencia, la de las clases trabajadoras. Sumergida en la uniformidad laxa y mediocre del Movimiento, la Falange emitió sus últimos destellos de individualidad política recurriendo a una manida retórica izquierdista. Por tanto, la admisión sin ambages del fracaso falangista en el frente laboral constituía una evidencia inequívoca de que su fin estaba próximo.

El crecimiento económico de los años sesenta había aportado mejoras en el nivel de vida de los trabajadores, pero estos recibieron una parte desproporcionadamente reducida de los beneficios del auge económico. La intensificación de la conciencia de clase se reflejó en el desarrollo de varios sindicatos clandestinos, en particular Comisiones Obreras, y en la politización de las huelgas. Los paros solidarios, que habían representado solo un 4 por ciento de los conflictos laborales de 1963 a 1967, se elevaron a un 45 por ciento entre 1967 y 1971[27]. La inadecuación de la Organización Sindical oficial, cuya función principal era impedir las huelgas, quedó cada vez más al descubierto. Por añadidura, los problemas de los trabajadores introdujeron una cuña entre el franquismo y la Iglesia católica. Durante los años cincuenta, organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica habían constituido un refugio para los activistas obreros. De resultas, muchos sacerdotes jóvenes, agregados como capellanes a esas ramas de la Acción Católica, se habían radicalizado. Por añadidura, en los años sesenta, algunos sacerdotes deseosos de compartir la vida de sus feligreses se hicieron curas obreros. En 1969, una encuesta realizada entre dieciocho mil sacerdotes reveló que el 24,8 por ciento se consideraba socialista, mientras que solo un 2,4 por ciento era falangista[28]. La percepción de las condiciones en que vivían los trabajadores empujó a un número creciente de sacerdotes a posiciones antifranquistas. Del mismo modo, la identificación con las minorías regionales perseguidas encaminó a muchos sacerdotes vascos y catalanes hacia la oposición.

El aumento de elementos progresistas dentro de la Iglesia no se limitó a los rangos inferiores del clero. Siguiendo las recomendaciones del Concilio Vaticano II, y especialmente a medida que menguaba la generación de la Guerra Civil, la Iglesia adoptó posturas más liberales. El 24 de julio de 1968, la Conferencia Episcopal rechazó el control gubernamental de los sindicatos corporativos o verticales, e hizo un llamamiento para la creación de sindicatos independientes. Además de todo ello, el Vaticano hizo sentir su peso para que se fuera conformando una jerarquía más liberal. Así se evidenció durante las negociaciones mantenidas en 1969 para renovar el concordato entre Roma y Madrid. Franco las bloqueó porque no quiso renunciar a su derecho a nombrar obispos, lo cual venía a reconocer hasta qué punto la independencia episcopal estaba causando dificultades políticas. El Vaticano y la jerarquía eclesiástica española replicaron valiéndose del hecho de que, según los términos del Concordato, el régimen no podía inmiscuirse en la designación de obispos auxiliares o administradores apostólicos. Para mortificación de los franquistas intransigentes, los nombramientos liberales acabaron por constituir la norma general, no sin una resistencia feroz por parte del régimen y de los miembros más reaccionarios de la jerarquía eclesiástica. En abierto desafío a la política represiva del régimen contra vascos y catalanes, se nombró administrador apostólico de Bilbao al liberal obispo de Santander, monseñor José María Cirarda Lachiondo, y como obispos auxiliares de las cuatro diócesis catalanas, a otros tantos prelados catalanes. Franco deploró con amargura la «ingratitud» de la Iglesia y calificó al obispo Cirarda de elemento subversivo peligroso, sobre todo después de un informe secreto del ultraderechista Blas Piñar López que denunciaba al obispo como partidario del separatismo vasco[29].

Ese fermento en la sociedad y la política españolas tuvo repercusiones dentro del campo franquista. Hubo algunas personalidades de élite, los llamados «aperturistas», que avanzaban con prudencia hacia la conclusión de que los espectaculares cambios sociales y económicos ocurridos en el decenio comprendido entre 1959 y 1969 habían hecho cada vez más obsoletas las estructuras políticas del franquismo. Las polémicas en clave sobre el futuro, que proliferaron después de que Fraga redujera parcialmente la censura con su ley de prensa publicada en marzo de 1966, reflejaron una percepción creciente de los problemas creados por la modernización. Los aperturistas querían adecuar las formas políticas del régimen a un aspecto, por lo menos, de la cambiante realidad social de España: la aparición de un capitalismo a gran escala, nacional y multinacional, como fuerza económica dominante del momento. Esa realidad implicaba la inadecuación política cada vez más acusada de amplios sectores del sistema franquista. Aunque los sindicatos oficiales y el peso de los cuerpos represivos habían sido herramientas útiles para la oligarquía predominantemente agraria de los años cuarenta y los primeros cincuenta, desde 1969 el desarrollo económico que en parte ellos mismos habían facilitado hizo cada vez más innecesaria su presencia.

Por añadidura, al conocerse los contactos clandestinos entre empresarios y Comisiones Obreras, pudo verse que para el nuevo capitalismo había cambiado la naturaleza de la amenaza que la clase obrera representaba para la oligarquía. La relación entre los trabajadores —que compraban a plazos automóviles, apartamentos o televisores—, por un lado, y los banqueros e industriales dependientes de la productividad continuada, por el otro, se diferenciaba a todas luces de la que existía entre jornaleros y latifundistas en los años treinta y cuarenta. Las necesidades de una economía compleja habían creado un nuevo proletariado con niveles de especialización y renta relativamente altos. Muchas de las empresas mayores y más competitivas esperaban integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista mediante convenios sobre la base de primar la productividad y extender sus operaciones a la CEE, por lo que la institucionalización del conflicto social en el régimen de Franco se estaba convirtiendo en un obstáculo formidable para el desarrollo venidero.

Teniendo presente la función del franquismo en la defensa del capitalismo, era inevitable que el descontento de la clase empresarial incidiera de forma determinante en la estructura política. El anticuado capitalismo agrario de los años treinta había sido reemplazado por el dinámico capitalismo financiero e industrial de los años sesenta. Era inevitable, pues, que el marco político evolucionara para adecuarse a la nueva realidad. Las grietas incipientes de los últimos años sesenta dejaban apenas entrever la definitiva desintegración franquista. Sin embargo, a mediados de la década siguiente los elementos más sagaces iban a negociar con la izquierda, y los más reaccionarios se empeñarían en un esfuerzo desesperado por dar marcha atrás al reloj de la historia por medio de la violencia. Iban a necesitarse seis años de terrorismo vasco y una economía en vías de rápido deterioro para crear las condiciones que permitieran la transición a la democracia mediante un proceso negociado de despegue del pasado, la llamada «ruptura pactada». Lamentablemente, ese mismo periodo vio la consolidación de las posiciones extremistas de los grupos que iban a ser los mayores enemigos del futuro régimen democrático, ETA y el búnker. Así pues, los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro prepararon el escenario para el triunfo de la moderación entre 1976 y 1978, también para el aumento de la violencia política entre 1979 y 1981.

2

A contracorriente

Los años de Carrero Blanco, 1969-1973

El año 1969 representó un punto de inflexión dramático en la historia del régimen de Franco. Fue cuando estalló el caso más patente y virulento de rivalidad entre familias, el escándalo MATESA. Fue también el año en que ETA se perfiló como un enemigo inquietante del régimen. Y, aún más importante, fue el año en que Franco reconoció formalmente su creciente incapacidad, al entregar las riendas del gobierno a Carrero Blanco y confirmar la sucesión del príncipe Juan Carlos. Los pensamientos de la élite política se tornaron inevitablemente hacia el futuro. Lo hicieron en una atmósfera de tensión cada vez mayor. Carrero Blanco se vio obligado a afrontar problemas que tres o cuatro años antes no eran otra cosa que vagas insinuaciones. La magnitud de las dificultades pudo deducirse del hecho de que el régimen se apresurara a recurrir al terrorismo ultraderechista en contra de sus oponentes. La confianza que inspiraran los años sesenta, simbolizada por el éxito del referéndum de Fraga en 1966, se desvaneció ante la agitación creciente en las universidades y en las fábricas.

Considerando los nexos existentes entre el mundo de los negocios y la clase política, el recelo consiguiente de banqueros e industriales tuvo eco dentro de ciertos círculos franquistas. Sin embargo, por la misma naturaleza de las cosas, esas dudas sembradas entonces solo podían surtir efecto de forma gradual. Más espectacular, por el abandono de lealtades tenidas antaño por inquebrantables, fue la actitud contraria al régimen de algunos sectores de la Iglesia. La política relativamente liberal del Vaticano después del concilio había surtido gran efecto en las actitudes de muchos miembros veteranos de la jerarquía eclesiástica. Ese influjo ejercido desde arriba se emparejó con la radicalización de los jóvenes capellanes asociados a las JOC y las HOAC y de los curas obreros. Muchos clérigos y religiosos comprobaron de cerca las privaciones de los obreros inmigrantes que habitaban los suburbios de los centros industriales. Respecto al País Vasco y a Cataluña, el afianzamiento de las estrechas relaciones tradicionales entre el clero y los fieles se reflejó en una creciente simpatía de los eclesiásticos hacia las aspiraciones regionalistas e incluso, en la comunidad vasca, hacia ETA.

La impresión de que algunos elementos del régimen estaban negociando una avenencia con los adversarios de antaño dio lugar al temor corrosivo de que los días dorados de la corrupción impune estuviesen tocando a su fin. Entre 1969 y 1975 la eventualidad de la desaparición de Franco afectó de formas muy diversas a las diferentes fuerzas del régimen. Los funcionarios jóvenes, los políticos con cargos dirigentes o consejerías en empresas dinámicas, los de tendencias liberales y los simplemente clarividentes empezaron a jugar con la idea de la democracia. Contrastando con tal actitud, los falangistas recalcitrantes se atrincheraron en la burocracia sindical, la policía y la Guardia Civil; muchos oficiales de las Fuerzas Armadas se mostraban decididos a defender la dictadura hasta la muerte. Compartían ese criterio quienes habían amasado enormes fortunas a costa del régimen, los llamados «cleptócratas», y también muchos de los humildes serenos y porteros, que entendían que la continuidad de su empleo era consustancial a la de la dictadura. En esos círculos cundió la idea de que se debería defender el franquismo, abandonado incluso por la Iglesia, tal como se defendió el nazismo en los últimos días de Berlín, es decir, desde un búnker.

En el curso de 1969, aunque algunos obispos, como Casimiro Morcillo González y José Guerra Campos, hacían ostentación de un franquismo intransigente, en el Vaticano se acentuó de forma inconfundible la tendencia a alinearse con los enemigos del régimen. En ese sentido, el papa Pablo VI profundizó en el cambio de perspectiva iniciado por Juan XXIII. El moderado arzobispo de Pamplona, monseñor Tabera y Araoz, protestó contra la imposición del estado de excepción en enero de 1969. Poco después fue promovido al Colegio Cardenalicio. Un síntoma aún más espectacular de la determinación vaticana de marcar distancias respecto a Franco fue el nombramiento en febrero de monseñor Vicente Enrique y Tarancón como primado de España. Comprometido con el espíritu del Concilio Vaticano II, Enrique y Tarancón iba a ser el instrumento que utilizaría el papa Pablo VI para expresar su descontento con el régimen de Franco[1]. El cambio de posición de la Iglesia, su identificación creciente con las protestas de las nacionalidades y de la clase obrera y su negación implícita de la legitimidad moral del régimen tuvieron consecuencias significativas en los pasillos del poder. Los funcionarios de tendencias cristianodemócratas reforzaron su compromiso con una monarquía constitucional como la opción más segura. Los falangistas «liberales» empezaron a acariciar ideas socialdemócratas[2]. Asimismo, los franquistas acérrimos comenzaron a percibir las primeras señales de aislamiento.

Hasta cierto punto, el estado de excepción de 1969 fue una reacción refleja ante los primeros síntomas de asfixia. El recurso a la brutalidad constituía una confesión tácita de indefensión frente al clamor creciente de los trabajadores, los estudiantes y los activistas vascos. De hecho, la suspensión de las garantías constitucionales suscitó cierta oposición entre los ministros del Opus Dei, que querían limitarla a Madrid y Barcelona. Es significativo que Fraga presionara con éxito para conseguir el pronto levantamiento del estado de excepción —el 25 de marzo—, alegando el perjuicio que se ocasionaba al turismo. El Caudillo no quedó muy convencido, porque prefería el orden público a la buena voluntad internacional. El suceso fue una ilustración irónica de las contradicciones existentes entre las nuevas realidades sociales y económicas de España y los métodos políticos tradicionales de la dictadura[3]. La inflexibilidad del «ala dura» del régimen, incluido Franco, situaba inevitablemente a los tecnócratas del Opus Dei bajo una luz más o menos favorable. Su objetivo de fomentar un desarrollo económico capitalista integrado en el mercado mundial les hacía parecer más progresistas que algunos de los trogloditas políticos que ocupaban cargos ministeriales con Franco.

Ahora bien, conviene no olvidar que sus esfuerzos para promover el desarrollo económico estuvieron caracterizados no pocas veces por la ineficacia, la corrupción y los altos costes sociales. Los planes de desarrollo reflejaban la convicción de los tecnócratas de que cualquier esfuerzo para redistribuir la riqueza, reducir los desequilibrios regionales o incluso aumentar las inversiones estatales requeriría cambios en la política fiscal que perjudicarían a las clases privilegiadas, cuya protección constituía una de las funciones principales del régimen. Por consiguiente, eligieron un modelo de crecimiento que aceptaba e intensificaba la distribución desigual de riqueza, las disparidades regionales y la dependencia tecnológica. Pese al autobombo de los tecnócratas, el crecimiento comenzó antes de que se aplicaran sus planes y continuó en muchos casos a pesar de ellos. Al afianzarse el impulso económico consecuente a la apertura de España al comercio mundial, se abandonó la planificación a largo plazo para favorecer una política de stop and go, expansión y restricción alternativas sin más horizonte que el control de la inflación y el equilibrio de la balanza de pagos. Así pues, cuando el auge económico de los sesenta empezó a declinar, los tecnócratas pudieron responder tan solo con medidas de austeridad, y entonces se intensificaron sin remedio las presiones sociales ejercidas sobre el régimen. El crecimiento económico había creado una nueva clase obrera cuya militancia contra las malas condiciones laborales y la represión política solo podía contrarrestarse mediante un alza continuada del nivel de vida[4].

Ante los embates de la inestabilidad social y política a finales de los años sesenta, Carrero Blanco creyó oportuno apremiar a Franco con el objeto de acelerar los planes previstos para la sucesión. Mucho tiempo antes el Caudillo se había comprometido formalmente a restaurar la monarquía como la forma política adecuada para asegurar la continuidad de su régimen. Y si había retrasado el nombramiento de un heredero no era solo por su resistencia a ceder el poder, sino también por la dificultad de encontrar un sucesor totalmente comprometido con la perpetuación del franquismo y bien visto por todas las familias del régimen. Esas condiciones excluían tanto al legítimo heredero del trono, don Juan de Borbón, como al pretendiente carlista, Carlos Hugo. En 1948, en unas circunstancias muy complejas y bajo la amenaza, por parte de Franco, de eliminar para siempre la monarquía de España, don Juan había dado su aprobación para que se educara a su hijo, el príncipe Juan Carlos, como futuro rey. Su introducción en el mundo oficial tuvo lugar en el curso de los años sesenta. Juan Carlos contaba con el apoyo de un grupo influyente de católicos conservadores del régimen, incluidos los miembros del Opus Dei Laureano López Rodó y el almirante Carrero Blanco. Como consecuencia de todo ello, la oposición democrática vio en el joven príncipe una mera marioneta de Franco. No obstante, Franco aplazó cuanto pudo la decisión definitiva para conseguir el apoyo de las distintas facciones monárquicas y evitar enfrentarse con los falangistas. El deterioro de la situación política dio un indudable carácter de urgencia a la cuestión y, por fin, los laboriosos preparativos constitucionales culminaron con la proclamación oficial de Juan Carlos como sucesor, el 22 de julio de 1969. Al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado franquista[5].

Según las leyes constitucionales franquistas, no hubo una restauración de la monarquía borbónica de Alfonso XIII finalizada en 1931. Se «instauró» en su lugar una nueva monarquía franquista, personificada incidentalmente por un Borbón. Según la expresión ampulosa de uno de los tutores del príncipe, el profesor de derecho constitucional falangista Torcuato Fernández-Miranda, la nueva monarquía sería «la personificación de la legitimidad histórico nacional encarnada en el Estado español nacido del levantamiento del 18 de julio de 1936»[6]. El grueso de la Falange aceptó el nombramiento, en parte por el hábito de la obediencia y, en parte, porque creyó que las limitaciones establecidas en las leyes fundamentales impedirían a Juan Carlos introducir cambio alguno. Por lo demás, los círculos franquistas se mostraron satisfechos de que se hubiesen tomado por fin medidas definitivas para garantizar la continuidad del régimen. Los monárquicos liberales adeptos de don Juan que habían abogado por una política de evolución desde dentro sufrieron una decepción al ver frustradas sus esperanzas. Algunos, como el presidente del periódico Madrid y reformista del Opus Dei, Rafael Calvo Serer, y el exembajador José María de Areilza, empezaron a aproximarse a la oposición. Por su parte, la izquierda se indignó. Los socialistas denunciaron el intento de «imponer un futuro rey de cartón, en una función grotesca de teatro medieval». Los comunistas rechazaron la determinación de Franco de continuar gobernando desde la tumba institucionalizando el «inmovilismo»[7]. Ni ellos, ni los franquistas que acogieron satisfechos el anuncio de un sucesor, podían prever el papel que iba a desempeñar Juan Carlos en la transición a la democracia, de 1976 en adelante.

El nombramiento de Juan Carlos como sucesor estuvo acompañado por otro esfuerzo para adaptarse al futuro. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, presentó un Estatuto de Asociaciones al Consejo Nacional, en el mes de julio. Se trataba de una formalización vacua de la teoría del «pluralismo limitado», que permitía la creación no de partidos políticos, sino de asociaciones que «podrían formular y contrastar opiniones legítimas». El llamado «Estatuto Solís» no pasaba de ser un barniz para blanquear la fachada del Movimiento. Las asociaciones no tendrían vida electoral, requerían para su reconocimiento una afiliación mínima de veinticinco mil miembros, y su legalización debía ser aprobada por el Consejo Nacional del Movimiento. Rechazadas tajantemente por la oposición democrática, las asociaciones quedaron limitadas a las facciones franquistas. La más ultrarreaccionaria fue Fuerza Nueva, de Blas Piñar. Las más liberales, Acción Política, de Pío Cabanillas Gallas, y Reforma Social Española, dirigida por el falangista progresista Manuel Cantarero del Castillo[8]. Franco no se había opuesto nunca a los esfuerzos por dar al régimen una fachada más liberal, siempre que sirvieran solo para impresionar en el extranjero. Sin embargo, su odio obsesivo a los partidos políticos garantizaba que la reforma nunca llegaría a alterar la esencia dictatorial de su régimen.

Las actividades de la policía y de los tribunales en el verano de 1969 disiparon cualquier duda que pudiese haber al respecto. Mientras se orquestaba la proclamación del príncipe y la promulgación del Estatuto de Asociaciones como evidencias de la liberalización del régimen, apenas pasó un día sin arrestos o procesamientos de trabajadores, estudiantes o militantes vascos. Las sentencias fueron desde un año por pintar consignas en las paredes hasta dieciséis por pertenecer a ETA. Los sacerdotes recibieron un trato especialmente duro, los jueces militares condenaron con rigor lo que consideraban una traición por parte del clero. Su determinación de erradicarla sirvió solo para intensificar la identificación de la Iglesia con la oposición, sobre todo en el País Vasco. La distribución de propaganda de ETA supuso penas de hasta diez años. Quizá el caso más significativo fue el del padre Bereciartúa, acusado de «rebelión militar». Su crimen fue la posesión de numerosas octavillas que denunciaban el encarcelamiento de sacerdotes vascos en el penal de Zamora. Aunque el obispo Cirarda Lachiondo invocó los poderes que le otorgaba el Concordato para negar el permiso para el juicio, el tribunal militar de Burgos dictó sentencia condenatoria de ocho años de prisión[9].

La eterna disposición del régimen a ensañarse con sus enemigos debería haberse dado cada vez con mayor frecuencia, pero en 1969 quedó eclipsada por una disputa interna trascendental. Su origen fue el colapso de Maquinaria Textil del Norte, S. A. (MATESA), el 10 de agosto de 1969. MATESA era una empresa dirigida por un miembro del Opus Dei, Juan Vila Reyes. Los éxitos de exportación de su empresa habían provocado la admiración del mismo Franco. De hecho, una gigantesca apropiación indebida de fondos estatales que rondaba los diez mil millones de pesetas, utilizados para financiar las iniciativas del Opus Dei en el extranjero además de engrosar el bolsillo de Vila Reyes, fue la causa del escándalo. Los ministros acusados de alguna complicidad en el caso fueron Faustino García Moncó (Comercio), Juan José Espinosa San Martín (Hacienda) y Gregorio López-Bravo (Industria), junto al gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio. Todos ellos fueron miembros del Opus Dei. Dicha asociación gozaba de la confianza de Carrero Blanco, y López-Bravo contaba con la amistad de la familia de Franco. Sea como fuere, los falangistas a quienes incomodaba desde hacía mucho el predominio creciente de los tecnócratas, y particularmente Fraga y Solís, creyeron poder aprovechar la situación para promover su propio modelo de «apertura». El ministro de Información permitió que la prensa desatara una campaña violenta contra el Opus. Fue un grave error de cálculo.

Un resurgir de la Falange no encajaba con los planes de Carrero para una transición tranquila hacia una monarquía franquista. Además, aunque el Caudillo había permitido siempre una discreta competencia entre las distintas facciones del régimen, también es cierto que no había tolerado nunca la lucha sin cuartel por el poder. Fraga y Solís se habían excedido en su ataque al Opus. Incluso antes del asunto MATESA, el puritanismo sofocante que caracterizaba a Franco, a Carrero Blanco, a sus respectivas esposas y al séquito del dictador se había sentido escandalizado ante la liberalización de la prensa emprendida por Fraga desde el Ministerio de Información. La descarada tentativa de desmontar el escenario dispuesto por el Opus Dei para el advenimiento de una monarquía franquista ofendió sobremanera a Franco. Así, Carrero Blanco y López Rodó encontraron relativamente fácil aprovechar la crisis de MATESA, tan dañina en potencia, en beneficio propio. El 16 de octubre de 1969, Carrero Blanco presentó al Caudillo un informe en el que se mencionaba de pasada la «lamentable negligencia» de los ministros a quienes cabía responsabilizar por las actividades de MATESA, y en cambio se hacía hincapié en el hecho de que la subsiguiente campaña de prensa había dañado seriamente la credibilidad internacional de España. La acusación directa al ministro de Información, en el informe de Carrero, determinó la caída de Fraga.

El 29 de octubre se anunció una importante reforma del Gobierno que Carrero propugnaba desde hacía dieciocho meses. El poder personal de Carrero se vio reforzado por el hecho de que, aunque ostentaba la vicepresidencia del Consejo de Ministros desde 1967, esta fue la primera ocasión en la que tuvo un papel en el nombramiento del gabinete. La presidencia de Franco era poco más que nominal. Aquel iba a ser el equipo de Carrero Blanco. Así, Fraga fue reemplazado por el opusdeísta Alfredo Sánchez Bella. En el Movimiento, Solís fue sustituido por el sinuoso Torcuato Fernández-Miranda, el falangista más comprometido con la monarquía de Juan Carlos. Por lo demás, se adjudicó a García Moncó y a Espinosa San Martín el papel de chivos expiatorios, mientras que López Rodó se mantenía como figura clave y López-Bravo pasaba a dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Opus controlaba Educación, Información, Asuntos Exteriores y los cuatro ministerios económicos (Hacienda, Comercio, Plan de Desarrollo e Industria). El implacable ministro de la Gobernación, el general Camilo Alonso Vega, fue reemplazado al cumplir los ochenta años por el jurídico militar Tomás Garicano Goñi[10].

Consciente del declive de sus funciones vitales, Franco delegó cada vez más responsabilidades en su vicepresidente, de modo que Carrero Blanco fue el auténtico primer ministro. Ese austero almirante «de secano» era la mejor garantía de la política de continuismo. Aunque le reprochaban haber influido en Franco para abandonar la política de autarquía y emprender el experimento tecnocrático, Carrero estaba muy bien considerado entre los «inmovilistas». Era la encarnación del franquismo a ultranza, el consejero más cercano del Caudillo desde 1940. Su primera misión política había sido representar a España en la celebración del vigésimo aniversario del movimiento fascista, en Roma, en el año 1939. Desde mayo de 1941 Carrero fue el subsecretario de la Presidencia y, en la práctica, el secretario del Gobierno. En julio de 1951, Franco le confirió rango ministerial para «ahorrarse el tener que repetir lo que sucedía en el gabinete»[11]. Incluso el reaccionario más inflexible podía confiar sin temor en la capacidad de Carrero Blanco para impedir que Juan Carlos se desviara de las normas prescritas por Franco. Con su poderoso grupo de tecnócratas del Opus Dei, se propuso construir un franquismo después de Franco sobre la base no de la liberalización política, sino de la prosperidad continuada. Así pues, no resultó extraño que antes de concluir el año 1969 el nuevo ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda, se viera obligado a descartar el proyecto Solís de asociaciones políticas, presumiblemente por temor a que estas evolucionaran hasta convertirse en auténticos partidos políticos.

En definitiva, los proyectos de Carrero habían de concluir con su propio asesinato y con el desencadenamiento de una crisis económica generalizada. La conjunción de la recesión mundial con la endeblez estructural de la economía española determinaría que, un año después de su muerte, los otrora franquistas se vieran forzados a recurrir a la liberalización política como sustitutivo de la prosperidad continuada. Sin embargo, en 1970, tres años antes del estallido de la crisis de los recursos energéticos, se esperaba incluso que el grupo del Opus Dei consolidara el crecimiento económico consiguiendo la entrada de España en la CEE. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López-Bravo, emprendió un programa frenético de recomposición de las relaciones exteriores del régimen. No obstante, tropezaba a cada paso con una barrera infranqueable: la entrada en Europa requería una liberalización política que el régimen se negaba a considerar. El problema salió a la luz cuando ciento treinta y un miembros de la oposición moderada —socialistas, cristianodemócratas y liberales— enviaron una carta abierta a Franco el 23 de diciembre de 1969. El documento, divulgado en toda Europa, señalaba las diferencias existentes entre España y la CEE. Su exigencia de los derechos humanos y políticos básicos se reiteró cuando el ministro germano occidental de Asuntos Exteriores, Walter Scheel, visitó Madrid el 24 de abril de 1970 y se reunió con Joaquín Ruiz-Giménez, José María de Areilza, Joaquín Satrústegui y Enrique Tierno Galván. Ante el malestar del propio Franco y de la prensa española —que denunció su traición—, los cuatro consiguieron hacer público su criterio de que el régimen era inadecuado para la integración en Europa[12].

El deterioro de las relaciones laborales a lo largo del año 1970 evidenció desde otro ángulo la incapacidad del equipo Carrero para resolver las contradicciones existentes entre el régimen y la sociedad. El año comenzó con la huelga de veinte mil mineros en Asturias, y también se dieron luchas importantes en los astilleros y entre los trabajadores agrícolas[13]. El Gobierno se vio obligado a importar carbón para alimentar la industria siderúrgica. Este hecho constituyó cierto triunfo para López-Bravo, ya que un porcentaje muy considerable de dichas importaciones provenía del bloque oriental; y también reflejaba la disposición soviética a castigar a los comunistas españoles por su condena de la invasión de Checoslovaquia[14]. La tensión de los trabajadores industriales se acrecentó durante la primavera y a principios de verano. Después de varios meses de conflicto en las minas asturianas, la ola de huelgas alcanzó su punto culminante con los paros de los obreros de la construcción de Granada y los trabajadores del metro de Madrid. El 21 de julio, la policía abrió fuego contra unos dos mil obreros de la construcción de Granada, matando a tres e hiriendo a varios más[15]. El recurso inmediato a la violencia era indicativo de la crisis de autoridad del régimen. Así lo confirmó la reacción histérica de la prensa del Movimiento, acusando al clero local de haber provocado la huelga. El 28 de julio, el arzobispo de Granada, Benavent Escuín, reputado como conservador, publicó una carta pastoral condenando la brutalidad policial contra los trabajadores y saliendo en defensa de los sacerdotes obreros frente a las acusaciones de la prensa falangista[16].

En su celoso, aunque vano, esfuerzo por conservar la propiedad exclusiva del territorio sindical, la Falange denunció acremente la intervención eclesial. Durante la huelga de los mineros asturianos, el arzobispo de Oviedo, monseñor Díaz Merchán, había publicado una carta pastoral apoyándolos y condenando las represalias gubernamentales contra ellos. Además, la catedral de Granada había servido de refugio a los huelguistas, y cada vez era más corriente la utilización de los locales eclesiales para reuniones sindicales y como asilo frente a la policía. Como la policía no podía atacar al clero, empezaron a surgir grupos terroristas paralelos. Los extremistas de Fuerza Nueva, empleando sobrenombres como «guerrilleros de Cristo Rey», entraron en las iglesias y perpetraron acciones violentas contra los sacerdotes. Estas actividades distanciaron aún más a la Iglesia del régimen. Asimismo, los frecuentes procesamientos de sacerdotes por delitos de propaganda ilegal que implicaban el apoyo a la clase obrera o a las reivindicaciones nacionalistas abrieron grietas cada vez más profundas entre el aparato estatal franquista y los católicos[17].

Al intensificarse la oposición de la clase obrera, el régimen volvió cada vez más abiertamente a sus hábitos autoritarios. El 26 de julio, las Comisiones Obreras celebraron un congreso nacional clandestino en un convento de las afueras de Madrid. Estaban presentes muchos dirigentes obreros católicos, pero el influjo comunista se evidenció al decidirse la escalada de las acciones hasta crear las condiciones para coordinar una huelga general de alcance nacional. Jamás se consumaría esa perenne ambición comunista, pero la agudización de los conflictos a lo largo de 1970 acentuó la sensación de acorralamiento de las fuerzas del régimen. El 29 de julio, por primera vez desde la guerra civil, el metro de Madrid quedó paralizado por una huelga que fue el desenlace inesperado de un conflicto salarial cuya duración pasaba ya de tres meses. Un Consejo de Ministros convocado con urgencia decretó la militarización de los tres mil ochocientos trabajadores, que se vieron así bajo la amenaza de un consejo de guerra por indisciplina. Los huelguistas no tuvieron más remedio que volver al trabajo. La impresión de que el régimen podía mantener el control únicamente por medio de la brutalidad represiva hizo pensar a muchos trabajadores y profesionales de la clase media en la necesidad acuciante de una acción para desencadenar el cambio político.

Tras un breve plazo de respiro durante el verano, el régimen afrontó en otoño una nueva oleada de huelgas. Los trabajadores del metro madrileño se negaron a hacer horas extra. En Sevilla los ferroviarios declararon la huelga de brazos caídos. En Asturias, un accidente minero que causó tres muertes fue el motivo para una huelga de tres mil quinientos trabajadores. La empresa estatal del carbón, Hunosa, replicó con un cierre que afectó a quince mil obreros. En último término se trataba de huelgas de tipo económico. Los precios estaban subiendo de forma vertiginosa: la carne un 40 por ciento desde 1968 y la fruta un 30 por ciento. El transporte y la calefacción, el vestido y casi todos los productos alimentarios subieron hasta tal punto que una familia media —matrimonio y dos hijos— necesitaba una renta mensual de doce mil pesetas para sobrevivir. El salario mínimo legal era de ciento veinte pesetas diarias, y muchos empleados percibían menos. Las situaciones más precarias afectaban a los trabajadores no cualificados y a los temporeros. Hacia el otoño, y como resultado de ese panorama, tuvo lugar en Madrid una de las huelgas más prolongadas y duras del sector de la construcción. Participaron veinte mil obreros, aunque el Partido Comunista afirmó que habían sido cinco veces más.

Aquellas huelgas significaban, a juicio de los comunistas, una prueba de que numerosas personas apoyaban su estrategia para una amplia alianza de las fuerzas de oposición al régimen, el llamado «pacto para la Libertad», y pensaron que podrían hacer realidad muy pronto ese pacto mediante una acción huelguística de ámbito nacional[18]. Las Comisiones Obreras convocaron una jornada de lucha, el 3 de noviembre, para exigir la amnistía de los prisioneros políticos. Pero la represión policial y la falta de una motivación económica inmediata provocaron una respuesta popular desigual. El mayor impacto se produjo entre los obreros metalúrgicos de Madrid y Barcelona, los astilleros del País Vasco y El Ferrol, y la construcción en Sevilla. Las estimaciones oficiales, exageradamente bajas, llegaron a reconocer veinticinco mil huelguistas en todo el país. El apoyo público prestado abiertamente por muchos artistas, intelectuales, estudiantes y amas de casa evidenció la solidaridad creciente de las fuerzas de la oposición[19].

Contrastando con ello, se profundizaron las grietas abiertas en la coalición de las fuerzas franquistas cuando el gobierno de Carrero Blanco, sometido a fuertes presiones, recayó en sus instintos más primarios. Así, la intensificación de la represión pareció tener como único efecto provocar una actitud más desafiante de la oposición. El número de personas juzgadas por delitos políticos durante los nueve primeros meses de 1970 fue de mil ciento una, y un porcentaje desproporcionado de ellas eran vascas. Para llamar la atención sobre esta circunstancia, Joseba Elósegui, un nacionalista vasco, se quemó vivo mientras Franco presidía los campeonatos mundiales de jai-alai en San Sebastián el 18 de septiembre. Elósegui había estado al mando de la única unidad militar vasca presente en Guernica el 26 de abril de 1937, cuando la ciudad fue aniquilada por los aliados alemanes de Franco. El acto de Elósegui relacionaba implícitamente la lucha para defender el País Vasco contra las tropas franquistas durante la guerra civil con el combate librado por los jóvenes nacionalistas de ETA en los años sesenta[20]. Franco permaneció impasible mientras retiraban de la escena al maltrecho Elósegui. Sin embargo, en una época en que el continuismo del gobierno de tecnócratas de Carrero Blanco intentaba negociar la integración en Europa, el incidente atrajo la atención internacional hacia la persecución de los vascos. Mostrando una insensibilidad absoluta ante la repulsa mundial que él mismo había provocado, el Gobierno anunció su propósito de montar un juicio espectacular contra dieciséis activistas de ETA. La explosión subsiguiente de marchas, manifestaciones de protesta y choques violentos con la policía subrayó el contraste entre un régimen que estaba perdiendo los papeles y una oposición que mostraba cada vez más cohesión y resolución[21].

Con Franco hundiéndose en la senilidad y una situación económica en proceso de deterioro, la confianza que había caracterizado a los tecnócratas durante el verano de 1969 se disipó. El conflicto MATESA había eliminado las posibilidades de la opción del falangismo reformista, e incluso un franquista impenitente como Manuel Fraga empezaba a dar sus primeros pasos dubitativos hacia posiciones más progresistas o «centristas». El gobierno de Carrero Blanco se consideraba «monocolor» porque el almirante había seleccionado, de entre todas las familias del régimen que compusieran los anteriores gobiernos, exclusivamente a los tecnócratas, ahora dominantes, y a los militares. Tras de ellos, la única opción de recambio era el búnker. De hecho, Carrero Blanco empezó a simpatizar con los «ultras» vinculados a Blas Piñar y a José Antonio Girón de Velasco. Antiguo ministro de Trabajo y hombre que amasó su fortuna personal con el amparo del régimen, Girón iba a ser la columna vertebral de la extrema derecha durante los siguientes doce años. Sin embargo, la simpatía de Carrero por los nostálgicos de la vieja guardia no le hizo perder su ascendiente con sus colegas en el Gobierno. Los tecnócratas no se opusieron a las medidas duras. Es más, se rumoreó que todos ellos toleraron la existencia de comandos ultraderechistas, no solo porque hacían el trabajo sucio del régimen, sino también porque, al constituir el polo extremo de la derecha, permitían al Gobierno presentarse a sí mismo como el centro del espectro político[22].

Mientras los comandos ultraderechistas asaltaban a sacerdotes y abogados liberales e izquierdistas, el Gobierno se ocupó a lo largo de 1970 de hacer callar a la oposición moderada, así como de cerrar la puerta definitivamente a la reforma. En marzo, el monárquico José María de Areilza escribió en el diario ABC un artículo sobre «la vía española hacia la democracia». En él señalaba que el objetivo del régimen de integrarse en Europa sería con toda probabilidad inalcanzable mientras España no tuviese una democracia auténtica y completa, con partidos políticos. El día 1 de abril, el rotativo católico Ya pidió la democratización de la vida española. El propio Carrero Blanco, bajo el seudónimo de Ginés de Buitrago, le replicó en los términos más duros. ABC se vio obligado a publicar su artículo, en el que el autor comparaba los esfuerzos para democratizar España con las tentativas para hacer tomar una copa a un alcohólico reformado. No solo reiteraba en tono tajante que los principios del Movimiento eran inamovibles, sino que manifestaba que en vez de intentar adaptar España a Europa, sería preferible que Europa imitara al franquismo[23]. A todas luces, la liberalización era menos probable con aquel Gobierno que con el precedente, y así se confirmó cuando, a finales de mayo, Torcuato Fernández-Miranda reveló el nuevo proyecto para las asociaciones políticas: no se permitiría a las asociaciones defender posiciones situadas «al margen o en contra de los principios del Movimiento»[24].

El giro cada vez más a la derecha del gobierno de Carrero empujó a muchos antiguos incondicionales del régimen hacia la oposición. Como el rango social y político de esas personas les daba acceso a la prensa, el gobierno «monocolor» se vio sometido a críticas públicas en España mayores que las de cualquier otro gobierno franquista. Los alfilerazos más dolorosos procedieron de Ya, diario asociado al grupo de presión católico Asociación Católica Nacional de Propagandistas, de Cuadernos para el Diálogo, donde trabajaban cristianos demócratas y socialistas moderados bajo los auspicios de Joaquín Ruiz-Giménez, y —quizá por encima de todos ellos— del vespertino Madrid. Ya, aunque conservador, había emulado el distanciamiento de la jerarquía eclesiástica respecto al régimen. Simultáneamente, muchos altos funcionarios del régimen pertenecientes a la ACNP empezaban a mostrarse críticos en la medida en que la liberalización parecía cada vez más improbable. Gracias a sus contactos políticos y eclesiásticos, Ya era casi inmune a las presiones ejercidas por el régimen.

Al igual que otras revistas liberales, Cuadernos para el Diálogo estuvo sometida a un acoso incesante, en forma de sanciones pecuniarias y secuestro de ejemplares. Por ejemplo, el 13 de marzo de 1970, el Tribunal Supremo confirmó una multa de cincuenta mil pesetas impuesta a Ruiz-Giménez bajo el cargo de que la prensa no tenía derecho a intentar cambiar el sistema[25]. Sin embargo, Madrid planteaba problemas todavía más inabordables. Este periódico había sido adquirido en 1961 por la organización cultural del Opus Dei, FACES (Fomento de Actividades Culturales, Económicas y Sociales), como parte del plan tecnocrático para preparar el futuro después de Franco. Intervinieron en la operación varios opusdeístas prominentes, entre ellos López Rodó. Sin embargo, el periódico no tuvo éxito y en 1966 el intelectual del Opus Dei Rafael Calvo Serer se hizo cargo de él. En los años cincuenta había lanzado la idea de una «tercera fuerza», compuesta por partidarios de don Juan y opusdeístas, para competir con los falangistas y cristianodemócratas conservadores que constituían entonces el grueso del elemento civil en los gobiernos de Franco. Posteriormente evolucionó hacia posiciones de un carácter monárquico más constitucional. Bajo su presidencia, Madrid se abrió a un espectro muy amplio de opiniones liberales y democráticas. Un equipo de periodistas sobresalientes, como Miguel Ángel Aguilar, José Oneto y Francisco Cerecedo, lo transformaron en el más atractivo de los periódicos publicados en España.

Madrid despertó muy pronto la hostilidad de Fraga, aunque las conexiones de Calvo Serer con el régimen le protegieron durante algún tiempo. Una suspensión de cuatro meses fue la réplica del régimen a un famoso artículo de Calvo que pedía aparentemente la retirada del general De Gaulle, pero aludiendo entre líneas claramente al Caudillo. A raíz de este incidente, aunque el periódico sobrevivió todavía a varios procesos, sus días estaban contados. Su línea «pro don Juan» era una herejía para Carrero Blanco y los tecnócratas comprometidos en la construcción de una monarquía franquista alrededor de Juan Carlos. Desde febrero de 1970 se vio con suma claridad que el régimen estaba dispuesto a eliminar el periódico. En la preparación orquestada de los juicios de Burgos, el diario Madrid no supo adoptar el tono exigido de histerismo patriótico. Un año después tuvo lugar el cierre del periódico, bajo el cargo baladí de «irregularidades administrativas», y acto seguido Calvo Serer se exilió. En Francia fue recibido triunfante por la oposición, sobre todo por los comunistas, que le acogieron con entusiasmo por sus contactos con don Juan y porque, en su calidad de conservador, católico y monárquico, daba credibilidad a sus intentos de construir un amplísimo frente con todas las fuerzas opuestas al régimen[26].

Entretanto, habían facilitado considerablemente la tarea de la oposición las oleadas de repulsa provocadas por los juicios de Burgos, celebrados a partir del 3 de diciembre de 1970. Por lo general, el régimen mantenía en secreto sus farsas judiciales, pero como dos sacerdotes vascos figuraban entre los acusados, monseñor Cirarda Lachiondo, administrador apostólico de Bilbao, solicitó del Vaticano que hiciera valer su influencia para lograr la celebración pública de las vistas. Los juicios de los dieciséis acusados resultaron ser de los más largos que jamás celebró la dictadura y, por añadidura, los procesamientos fueron tan burdos que los defensores de ETA y la prensa mundial los convirtieron en un juicio contra el propio régimen.

Por lo demás, la brecha abierta entre el régimen y la Iglesia se hizo casi infranqueable. El 22 de noviembre, monseñor Cirarda y el obispo Argaya Goicoechea de San Sebastián publicaron una carta pastoral conjunta condenando el procedimiento seguido en los juicios y la aplicación de la ley sobre bandidaje y terrorismo reinstaurada poco antes, y pidiendo el indulto ante cualquier eventual condena a muerte. La prensa al servicio del Gobierno reaccionó con histeria, particularmente en relación con la condena de los obispos a todo tipo de violencia, cualesquiera que fuesen sus perpetradores[27].

Una furiosa campaña de prensa acusó al clero de temporalismo, una falta que no había turbado la conciencia del régimen cuando se predicaba el franquismo desde el púlpito, allá por los años cuarenta. Una declaración del Ministerio de Justicia, publicada el 21 de noviembre en respuesta a la carta pastoral conjunta, aludió a la violencia y los asesinatos cometidos por los acusados. La Iglesia manifestó su estupor ante el desenfado con que se presumía la culpabilidad de los procesados antes de celebrarse el juicio. La implicación evidente de que la Iglesia estaba obligada a respaldar moralmente la violencia institucionalizada del régimen contra sus enemigos vascos era inaceptable para la jerarquía eclesiástica, máxime cuando había algunos sacerdotes entre las personas procesadas. Así pues, al celebrarse la XIII Asamblea de la Conferencia Episcopal el 1 de diciembre en un lugar próximo a Madrid, se rechazó una declaración progubernamental presentada por varios obispos «ultras». En su lugar, prevaleció la línea liberal del cardenal Enrique y Tarancón; la conferencia expresó su solidaridad con los obispos Argaya y Cirarda, y apeló al Gobierno en solicitud de clemencia[28].

La actitud de la Iglesia supuso un tremendo impulso moral para la oposición antifranquista. Mientras tanto, los sindicatos clandestinos y los partidos de izquierdas preparaban ya una formidable operación de propaganda contra el régimen. Diecinueve líderes destacados de la oposición, entre ellos el socialista Tierno Galván y el abogado de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius, fueron arrestados cuando preparaban una carta abierta de protesta contra los juicios. Un centenar de abogados reaccionó ante esas detenciones con una sentada en el Palacio de Justicia de Madrid. Tres mil estudiantes y obreros se enfrentaron con la Policía Armada en Barcelona. El régimen parecía incapaz de comprender que la causa vasca despertara numerosas simpatías en toda España. Los universitarios de Madrid y Barcelona se declararon en huelga. El comienzo de los juicios se desarrolló sobre un fondo de manifestaciones callejeras organizadas no solo por ETA, sino por toda la izquierda. Se levantaron barricadas en muchas ciudades vascas y se libraron verdaderas batallas con la policía y la Guardia Civil. Incluso las fuentes oficiales reconocieron la participación de ciento ochenta mil huelguistas en el País Vasco[29].

El 1 de diciembre de 1970 un comando de ETA secuestró al cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián, Eugen Beihl, para llamar la atención de la opinión pública hacia los procesados, en especial los seis para los que el ministerio fiscal había pedido la pena capital. Antes de iniciarse los juicios, había surgido un conflicto dentro de ETA entre quienes opinaban que la organización debería sumarse a la lucha emprendida contra el régimen por un amplio sector de la clase trabajadora y los partidarios de la acción «militar», es decir, terrorista, con un objetivo exclusivamente nacionalista. Tales divisiones acabarían por constituir una constante en la historia de ETA. Invariablemente, la fracción más socialista iba a verse abocada a la expulsión, y la «legitimidad» sería esgrimida por la sección más nacionalista y violenta. Con la edad y la experiencia, los militantes de ETA acabarían por desesperar del ciclo inacabable de violencia y buscarían el progreso en los métodos de la política, ligados a otros grupos de izquierdas. Una nueva generación de activistas jóvenes y menos preparados los reemplazaría, depositando todas sus esperanzas en la violencia. Los prisioneros de Burgos, pertenecientes a la rama más socialista, ETA-Sexta Asamblea, se movían en un terreno político más convencional.

Los secuestradores de Eugen Beihl pertenecían a la rama más nacionalista, ETA-Quinta Asamblea (ETA-V). ETA-V secuestró a Beihl como un acto de autoafirmación, y también como prueba de que la lucha vasca no necesitaba del respaldo de liberales ni izquierdistas en otros lugares de España. Además de presionar al Gobierno, el secuestro tenía por objeto demostrar que los métodos «militares» de ETA-V eran más eficaces que las masivas manifestaciones populares organizadas a lo largo y ancho de España. Se anunció que la suerte de Beihl dependería de que se impusieran o no penas de muerte. Mientras se emprendía una búsqueda frenética, el Gobierno alemán empezó a intervenir para propiciar un acto de clemencia. Como Alemania era el segundo país proveedor en importancia, el segundo cliente y el tercer inversor en España, la amenaza de sanciones económicas tenía un enorme peso. Hasta cierto punto, este hecho aseguró que los juicios perdieran su veneno incluso antes de comenzar[30].

Sea como fuere, herr Beihl fue liberado el día de Navidad de 1970, antes de que se anunciaran las sentencias; este gesto, que sugería que ETA no estaba asustada por la «justicia» franquista, enfureció a los elementos más reaccionarios del régimen. Curiosamente, el secuestro de Beihl evidenció la extraordinaria identificación entre ETA y el pueblo vasco. Mientras estaba prisionero en una aldea vasca, situada casi con toda seguridad en el lado francés de la frontera, herr Beihl aprovechó un descuido de sus secuestradores para escapar. Pues bien, los aldeanos volvieron a capturarlo y lo pusieron otra vez en manos de ETA-V[31].

Los juicios comenzaron el 3 de diciembre. Tanto el comportamiento de los jueces militares como el de los acusados evidenció que aquel proceso tenía por finalidad juzgar y escarmentar a todo el pueblo vasco. Con aquel proceso colectivo los jueces militares atrajeron la atención mundial sobre las aspiraciones nacionalistas compartidas, junto a los efectos de la brutalidad franquista, por los dieciséis procesados y por muchos otros vascos. Los presuntos crímenes terroristas de algunos de ellos atrajeron mucha menos atención. Sea como fuere, las constantes manifestaciones en diversas capitales europeas y en países de América Latina, unidas a la agitación en el País Vasco y en otras zonas de España, se encargaron de que los pormenores específicos del proceso tuviesen menos relieve que su función represiva más general. El Gobierno contribuiría a que fuese así al reunirse en sesión extraordinaria el 4 de diciembre para decretar el estado de excepción en Guipúzcoa durante tres meses. Los registros domiciliarios, las detenciones prolongadas por tiempo indefinido, el secuestro y la censura del correo proliferaron más que de costumbre. El vínculo entre los procesamientos y la persecución del pueblo vasco no pudo plasmarse de forma más gráfica[32].

El 6 de diciembre, Jesús Abrisqueta Corta, el primero de los acusados, prestó declaración. Ante el asombro del público y la prensa, el presidente del tribunal, coronel Manuel Ordovás, le permitió explicar con detalle las torturas a las que le había sometido la policía. Los tres procesados siguientes hicieron lo mismo y se explayaron sobre la opresión del pueblo vasco por el Estado franquista. Es posible que la actitud permisiva de Ordovás reflejara su disgusto por la función represiva encomendada al ejército, así como la intención de cargar las culpas sobre la policía. El 7 de diciembre se aplazó la vista, y a su reanudación resultó evidente que Ordovás había recibido orden de evitar nuevas revelaciones. Tanto los acusados como sus defensores fueron objeto de amenazas e interrupciones incesantes. La sesión del 9 de diciembre concluyó con un caos absoluto. Mario Onaindía Nachiondo fue conminado a callarse después de haber expuesto circunstancialmente las posiciones de ETA en la lucha vasca. Entonces saltó del banquillo y empezó a entonar el himno del guerrero vasco, el Eusko Gudariak. Los otros quince acusados, encadenados juntos, le secundaron, y lo mismo hizo gran parte del público. Dos oficiales del tribunal desenvainaron sus sables en un intento vano de restablecer el orden. Una vez despejada la sala, se reanudó la vista a puerta cerrada[33].

En los días siguientes resultó patente que el proceso había hecho aflorar enormes reservas de sentimientos contrarios al régimen. Luego comenzó una larga espera hasta el pronunciamiento de las sentencias. La violencia prosiguió, con choques entre policía y manifestantes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Pamplona. El 12 de diciembre, trescientos artistas, escritores e intelectuales se encerraron en la abadía de Montserrat y publicaron un manifiesto de solidaridad con el pueblo vasco pidiendo la amnistía política, las libertades democráticas y el derecho a la autodeterminación. El abad, don Cassià Just, exteriorizó su aprobación, y L’Osservatore Romano publicó el manifiesto.

No obstante, con la Guardia Civil rodeando el monasterio, los manifestantes decidieron poner fin a su ocupación el 14 de diciembre por temor a que hubiera represalias contra el abad y los monjes. El abad declaró al rotativo Le Monde que la Iglesia no debía apoyar a un régimen que condenaba a los ciudadanos, incluidos los católicos, sin más motivo que el de la oposición a Franco. El Partido Comunista interpretó los acontecimientos de Montserrat, las huelgas del País Vasco y las manifestaciones del resto de España como otras tantas pruebas de que se estaba formando un inmenso frente de oposición[34].

Inevitablemente, el clamor de la condena hizo perder el control al régimen y a sus partidarios más frenéticos. El 14 de diciembre, aprovechando la ausencia de López Rodó y López-Bravo, el Gobierno suspendió el habeas Corpus en todo el país. En el seno de las Fuerzas Armadas se percibía un hondo resentimiento por haber sido utilizadas como blanco para el descontento popular, al encomendarles la misión de pagar los platos rotos que, según la oficialidad, eran consecuencia de la debilidad de los políticos. Las murmuraciones de las salas de banderas culminaron con diversas peticiones elevadas a algunos generales prestigiosos como protesta por la intromisión de la opinión mundial en los asuntos españoles. El 14 de diciembre, un grupo de mandos militares se reunió en el campo de tiro de Carabanchel, próximo a Madrid, bajo la presidencia del conservador capitán general de la Región Militar de Madrid, Joaquín Fernández de Córdoba. Después de acordar que se debería hacer callar a la oposición, designaron una delegación para entrevistarse con Franco. En respuesta al mensaje presentado por Fernández de Córdoba y por los generales «duros» Tomás García Rebull, capitán general de Burgos, Alfonso Pérez Viñeta, capitán general de Barcelona, y Manuel Chamorro, Franco convocó una sesión urgente del Gobierno y suspendió las garantías constitucionales[35].

Esa victoria de los ultras preludiaba el comienzo de una contraofensiva a gran escala del régimen. Como una operación semejante solo podía resultar convincente azuzando a las masas ultras, se ahondaron inevitablemente las grietas abiertas en el seno del propio Gobierno. Los miembros de las clases al servicio del régimen, desde los torturadores policiales hasta los plumíferos más insignificantes de la burocracia sindical, tras ver que sus privilegios se tambaleaban por el desafío de la oposición, culparon al Opus Dei tanto como a sus enemigos directos, los «rojos» y los «separatistas». Los días 16 y 17 de diciembre hubo enormes manifestaciones «pro Franco» organizadas en Burgos y Madrid. Los manifestantes embarcaron para la capital en autobuses desde la Castilla rural, y se les dio la paga de un día y un bocadillo para el almuerzo. Se concedió día de asueto a los funcionarios. La organización del día de «afirmación nacional» corría a cargo de una comisión formada apresuradamente por fanáticos del régimen, mandos militares y exministros que habían sido suplantados por tecnócratas.

Se vieron múltiples pancartas «anti Opus», desde «¡Franco sí, Opus no!» hasta «¡Dios nos libre de los gobiernos débiles!». Tan solo tres días antes Franco había recibido las quejas de los generales, y ahora se vio otra vez sometido a presión. El hecho de que consiguieran manipularle los que deseaban vengarse del victorioso Opus Dei después del escándalo MATESA fue un síntoma del declinar de su salud. Él no había tenido la intención de asistir a la concentración. Llegó allí en ropa de paisano, cediendo en el último instante a los apremios de su esposa, persuadida a su vez por el fervor del médico de cabecera de Franco, Vicente Gil. El doctor Gil, un reaccionario excitable, estuvo a punto de llegar a las manos con el ministro de Información, el opusdeísta Alfredo Sánchez Bella. Enfurecido porque Sánchez Bella había omitido el saludo fascista, el doctor le gritó que los tecnócratas eran unos ineptos y le llamó «gallo capao». A lo largo de la semana siguiente se sucedieron las manifestaciones preparadas y tuvo lugar una histérica campaña de prensa[36]. Abrumada por el peso renovado de la represión, la oposición guardaba silencio.

Sin embargo, pese al reforzamiento aparente del régimen, la autoafirmación pública del búnker era en realidad un síntoma de su aislamiento. Reducido en 1969 a los tecnócratas y a la «línea dura», el Gobierno se vio impelido hacia los ultras por las secuelas del proceso en Burgos. Carrero Blanco se apresuró a demostrar que no le había contagiado el «liberalismo» del Opus Dei. Debía hablar en las Cortes el día 21 de diciembre. Envalentonados por el éxito de la concentración fascista organizada cinco días antes, los ultras le dedicaron un áspero recibimiento. Expresaron su desaprobación por las relaciones de Carrero con los tecnócratas del Opus pateando y abucheándole a su llegada. No obstante, su discurso plagado de latiguillos retóricos anticomunistas propios de los años cuarenta inclinó a los procuradores del lado de Carrero. El orador presentó a ETA, la campaña internacional desarrollada durante los juicios y la oposición nacional como las piezas articuladas de una gigantesca conspiración comunista contra el régimen. Denunció las peticiones de liberalización política como expresiones nostálgicas del «rancio manifiesto de Marx y Engels». Mientras los jueces de Burgos deliberaban todavía, Carrero dio por supuesta la culpabilidad de los acusados, lo cual encantó a su auditorio por más que se subrayaba una vez más la medida en que todo el proceso se había montado como una operación dirigida a dar una lección a los vascos. Levantó una ovación al anunciar la decisión, tomada siete días antes, de suspender durante seis meses el artículo 18, el habeas Corpus, de la ley fundamental franquista del Fuero de los Españoles[37].

En el discurso podía percibirse una dosis muy considerable de bravata ante el contexto internacional hostil, tal como había ocurrido también en las diversas manifestaciones ultras. De modo similar, la determinación de recuperar el terreno perdido durante el juicio se reflejó en los veredictos, hechos públicos finalmente el 28 de diciembre. El coronel Ordovás, contraviniendo las normas del procedimiento judicial, se había puesto en contacto con el general Fernández de Córdoba. García Rebull, que como capitán general de la VI Región Militar (Burgos) debía asumir la responsabilidad de firmar las sentencias de muerte, se vio sometido a fuertes presiones por parte de sus compañeros de armas para mantener una trayectoria inflexible. Consecuentemente, se confirmaron las seis sentencias de muerte solicitadas por el Ministerio Fiscal. Se culpó a tres de los procesados de dos delitos capitales y, por tanto, cada uno de ellos recibió dos sentencias de muerte. Desde ese instante, la posibilidad de refrendar o conmutar las sentencias solo dependía de Franco. Mientras los ultras vociferaban pidiendo sangre, el Caudillo entrevió que la agitación nacional e internacional provocada por los juicios se decuplicaría con las ejecuciones. Es probable que ya desde unas semanas antes la intervención alemana le hubiera hecho decidirse por la clemencia. Además, la mayor parte del Gobierno se inclinaba por la conmutación de las penas. En Burgos se había perdido la prueba de fuerza con los vascos. Así se encargaron de ratificarlo la opinión pública mundial y el coraje mostrado por toda la oposición española. Sin embargo, la semana de manifestaciones fascistas y lo que Franco denominó el «plebiscito» del 17 de diciembre en su mensaje de fin de año habían ayudado a salvar la cara del régimen y, lo que fue más importante, le permitieron mostrarse sabiamente magnánimo y conceder el perdón desde una posición de fuerza aparente[38]. En contraste con ello, su incapacidad para hacer lo mismo cinco años más tarde constituyó el signo de la degeneración de su poder.

Antes de los juicios de Burgos ya había ido creciendo la marea contra el régimen. La oposición obrera y estudiantil, e incluso la resistencia violenta de los vascos, encontró el apoyo de la Iglesia. El hecho de que, no obstante la modernización económica, el Gobierno se viera obligado a recurrir cada vez más a la represión empujó a un número creciente de franquistas hacia la oposición. La actitud de la Iglesia aceleró ese proceso. Después de los juicios de Burgos el goteo de deserciones se hizo constante, aunque no se transformaría en riada hasta 1974. Los juicios habían alterado el equilibrio de fuerzas en España; la oposición estaba más unida que nunca desde la guerra civil. ETA había levantado la moral de toda la izquierda y mantenía unido al País Vasco en torno a su causa. En lo sucesivo, el País Vasco iba a convertirse en un reducto desafiante contra el régimen. La violencia frenética a la que Carrero Blanco y su sucesor, Arias Navarro, debieron recurrir engendró las reservas de odio que colocarían a los vascos en la vanguardia de la lucha contra Franco y, después de su muerte, de las batallas libradas para establecer la democracia.

A corto plazo, los juicios agudizaron la rivalidad existente entre el Opus Dei y los ultras. El hecho de que Carrero Blanco se inclinara hacia los ultras cuando se vio sometido a presión indicó el camino que en adelante había de seguir el régimen. Por el momento, Franco había mantenido el equilibrio, al aplacar con feroces sentencias al búnker y con indultos a los tecnócratas. Sin embargo, rodeado en su residencia de El Pardo por una camarilla ultra formada por su esposa, su yerno el marqués de Villaverde y el irascible doctor Vicente Gil, y sometido a las presiones de los incondicionales de la vieja guardia como José Antonio Girón, el Caudillo fue perdiendo gradualmente el control. Sus momentos de lucidez se hicieron cada vez menos frecuentes. Su capacidad para matizar los sucesivos equilibrios entre las familias del régimen fue sustituida por el retorno a tendencias de épocas pasadas, lo que dio aún mayor peso a los ocupantes del búnker. El 3 de febrero de 1971, el marqués de Villaverde rompió las hostilidades entre el búnker y el Opus con un discurso pronunciado en Guadalajara. Su auditorio coreó consignas contra el Opus Dei. El proceso mediante el cual la corte de El Pardo buscó indisponer al dictador con los tecnócratas restringiría seriamente la flexibilidad y los recursos del Gobierno para afrontar la gravedad creciente de los problemas políticos[39].

Algunas veces el búnker se excedió. El 8 de enero de 1971, el capitán general de la IX Región Militar (Granada), Fernando Rodrigo Cifuentes, se dirigió a una concentración de veteranos de la Guerra Civil. Después de recordarles su victoria sobre la «francmasonería roja» de aquel entonces, les exhortó a combatir la «francmasonería blanca del Opus Dei que, so pretexto de perseguir metas loables, intenta sembrar la discordia entre los elementos más nobles de la nación». De inmediato fue transferido a la escala de reserva. Sin embargo, el ejército siguió siendo un bastión de las actitudes políticas reaccionarias. Rodrigo Cifuentes había cometido el pecado de sacar a la luz pública los conflictos internos del régimen, pero siguió promocionándose a otros representantes más discretos de la línea dura. Tomás García Rebull fue recompensado, por su firmeza durante los juicios, con la Capitanía General de la I Región Militar (Madrid). Uno de los militares ultras más significados, el general Carlos Iniesta Cano, ocupó el cargo de director general de la Guardia Civil. Estos nombramientos denotaban hasta qué punto se encomendaba la defensa del régimen al ejército ante el resurgimiento de la oposición. Una de las tareas fundamentales debía ser el control de Madrid. A la sazón, el gobernador militar de la capital era el general Ángel Campano López, que, durante la agitación ocasionada por los juicios de Burgos, se había ganado las simpatías del campo ultra con el comentario, muchas veces citado, de que «hace falta imponer la ley marcial durante una semana y fusilar a cien mil»[40].

Sin duda, la consolidación de los ultras dentro de la jerarquía militar mejoró la armazón defensiva del régimen, pero el triunfo del inmovilismo hizo muy poco para facilitar la solución de los formidables problemas sociales que afrontaba el Gobierno. Un ejemplo lo constituyeron las insuficiencias de la nueva ley sindical implantada el 16 de febrero de 1971. Se admitían de forma limitada las asociaciones profesionales y comerciales, pero no se hizo nada para proporcionar a los trabajadores mayores cauces de participación o de representación. El Partido Comunista la denominó «aborto fascista». La mayor parte de la jerarquía eclesiástica, con las notables excepciones de los obispos reaccionarios Cantero Cuadrado y Guerra Campos, condenó la nueva ley. La realidad de las relaciones laborales no se plasmó en la jurisprudencia falangista, sino en las comisarías donde se torturaba a los trabajadores. En Sevilla, las protestas contra el mantenimiento de la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles culminaron en huelgas. Una representación muy amplia de abogados y catedráticos, médicos, arquitectos y obreros presentó al cardenal arzobispo de Sevilla, José María Bueno Monreal, una denuncia detallada de las brutalidades policiales. En Pamplona, una huelga realizada por los trabajadores metalúrgicos a lo largo del mes de enero fue sofocada por la violencia policial. El 8 de abril de 1971, festividad de Jueves Santo, se leyó en un 80 por ciento de las iglesias de Navarra un documento firmado por doscientos sacerdotes navarros que denunciaba torturas de trabajadores. En la catedral de Pamplona, el obispo auxiliar manifestó ante las autoridades: «Yo he visto con mis propios ojos, aquí en Pamplona, las torturas, los interrogatorios arbitrarios y las detenciones injustificadas e inexplicables. Los que las practican, ordenan, toleran o simplemente las ignoran se apartan de la Iglesia»[41].

Del mismo modo que la represión continuada de la clase obrera ponía al descubierto la vaciedad de la ley sindical, el giro del Gobierno hacia la derecha dejó sin sentido el proyecto para las asociaciones políticas, que estaba todavía en la fase de discusión. Después de la orgía de extremismo desencadenada a finales de diciembre de 1970, los franquistas se habían visto forzados a restablecer su credibilidad mostrándose más franquistas que Franco. Carrero Blanco había dado un nuevo portazo a los partidos políticos con su discurso del 21 de diciembre. Ahora, la reforma cosmética que se discutía en los círculos del régimen permitiría el «pluralismo» dentro del Movimiento, aunque no de partidos sino de «contrastes legítimos de pareceres». Según comentó entristecido Joaquín Ruiz-Giménez, lejos de abrir las ventanas del sistema, el nuevo proyecto ahondaba aún más en los laberintos internos del Movimiento. José María de Areilza vio en él, simplemente, una máscara para el inmovilismo. Incluso desde el propio régimen, algunos franquistas distinguidos empezaron a hacer pública su decepción por la falta de progresos hacia una evolución política. En julio de 1971, Ramón Serrano Súñer, el arquitecto del Estado franquista, habló en Burgos sobre la necesidad de la vuelta controlada a un sistema de partidos. Juan Manuel Fanjul Sedeño, el otrora vicesecretario general del Movimiento, monárquico y miembro del Opus Dei, aseveró en noviembre que se precisaba una apertura democrática para la supervivencia del sistema. Y el desespero ante la fosilización del régimen lo indujo a declarar, seis meses después: «Lo único que produce encerrarse en los sótanos de la Cancillería es provocar el hundimiento de la Cancillería»[42]. Al expresarse así, Fanjul Sedeño —que fue más tarde, tras la muerte de Franco, una «eminencia gris» en la UCD de Adolfo Suárez— contribuyó sin saberlo a acuñar la expresión «búnker» con que se denotaba la intransigencia de la extrema derecha.

La ceguera del régimen alarmó a los franquistas inteligentes. Incapaz de contener el crecimiento de la marea de la oposición, Carrero se limitó sencillamente a endurecer las medidas represivas, sometiendo a las leyes militares delitos reservados hasta entonces a la jurisdicción civil. Se impusieron a la prensa sanciones y suspensiones con el máximo rigor. El 25 de junio de 1971, la revista más progresista del país, Triunfo, fue suspendida por tres meses y multada con doscientas cincuenta mil pesetas. El 25 de noviembre se dispuso el cierre de Madrid. Se hizo evidente, para quien no se hubiera percatado todavía, que aquel Gobierno de tecnócratas neofranquistas era incapaz de patrocinar ningún tipo de evolución política[43]. Por añadidura, la identificación de los tecnócratas con el franquismo puro y duro quedó ilustrada gráficamente el 1 de octubre de 1971. Los mismos ultras que organizaron las manifestaciones en la plaza de Oriente madrileña el 17 de diciembre de 1970 proyectaron una operación idéntica en Burgos. Los ministros tecnocráticos lo descubrieron y tomaron la iniciativa. Se utilizó el Ministerio de la Gobernación para movilizar las estructuras locales del Movimiento. Centenares de autobuses y trenes proporcionaron medios de transporte gratuitos. Miles de soldados asistieron vestidos de paisano. Se rumoreó que el Movimiento había distribuido sotanas para simular que muchos sacerdotes estaban con Franco y contra la jerarquía eclesiástica. Unos doscientos mil servidores del régimen se concentraron para aclamar a Franco. A todos ellos les pasó inadvertido, casi con total seguridad, que los tecnócratas los estaban utilizando. La amnistía parcial concedida por Franco alcanzó a muy pocos presos políticos, pero favoreció a los exministros y altos funcionarios condenados por el escándalo MATESA. No podía sorprender que los tecnócratas se esforzaran por silenciar a la prensa liberal[44].

Los rumores sobre falangistas disfrazados de sacerdotes evidenciaban la consternación de los propagandistas del Movimiento ante la liberalización acelerada de la Iglesia. Diversos nombramientos efectuados en 1971 mostraron que el régimen se hallaba sometido a un aislamiento sistemático por parte de una Iglesia cada vez más progresista. En junio de 1971 falleció Casimiro Morcillo González, el reaccionario arzobispo de Madrid-Alcalá. Consciente de la inmensa importancia de la diócesis de Madrid, el Vaticano nombró como su administrador apostólico nada menos que al propio primado, cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Este no tardó mucho en hacer patente su firme determinación de marcar distancias entre la Iglesia y el régimen. El 13 de septiembre de 1971 presidió una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes en la que se elaboró una declaración que rechazaba de manera contundente la ideología de la dictadura vencedora en la guerra civil. En la declaración se decía: «Reconocemos humildemente y pedimos por ello perdón, por no haber sabido ser, cuando fue necesario, verdaderos ministros de la reconciliación». En diciembre de 1971, el Vaticano subrayó el hecho de que Madrid-Alcalá era la verdadera sede del poder de la Iglesia al confirmar al cardenal Enrique y Tarancón en dicho puesto. Le reemplazó como primado el arzobispo González Martín, cuyas opiniones centralistas habían causado muchas fricciones cuando era arzobispo de Barcelona. Así se solventaba un problema para el régimen, al mismo tiempo que se facilitaba el nombramiento del liberal arzobispo catalán Narcís Jubany Arnau para Barcelona[45].

Entretanto, las protestas obreras se hicieron más persistentes que nunca. La subida de los salarios fue muy inferior a la tasa de inflación. Por añadidura, el cacareado crecimiento del producto interior bruto sirvió solo para ocultar las auténticas condiciones sociales de la clase obrera. Los urbanistas no supieron resolver los problemas de la vivienda originados por una urbanización masiva, y los especuladores llenaron esa laguna edificando inmuebles de un nivel inconcebiblemente bajo. El acceso a ciertos artículos de consumo era una flaca compensación por el nivel insuficiente de los servicios sociales. La sanidad mediocre y la falta de medios educativos y de atención médica contribuyeron a la politización consciente de la clase trabajadora. Por ejemplo, el Partido Comunista hizo un tremendo esfuerzo para ayudar a solventar los problemas cotidianos de los barrios obreros mediante asociaciones de vecinos aparentemente apolíticas. El régimen no estaba dispuesto a hacer concesiones. Pese a la retórica de la nueva ley sindical, el Ministerio de Trabajo se enfrentó a las huelgas con arrestos preventivos y censurando las informaciones periodísticas sobre conflictos laborales.

Las huelgas se reprimieron con mayor dureza, y las acciones solidarias en respuesta a la brutalidad policial alentaron las esperanzas del Partido Comunista en la posibilidad de una huelga general. El 13 de septiembre los trabajadores de la construcción fueron a la huelga en Madrid. Un dirigente obrero comunista, Pedro Patiño Toledo, fue muerto a tiros por la Guardia Civil cuando distribuía octavillas. Durante cinco días, setenta mil obreros se negaron a volver a sus puestos de trabajo, en señal de solidaridad y de duelo. En el mes de octubre hubo violentos enfrentamientos en las minas asturianas y en los talleres de SEAT en Barcelona. Ambas huelgas tuvieron por origen las pésimas condiciones de trabajo, pero la intervención policial las politizó rápidamente. Como las minas asturianas y SEAT eran empresas estatales, las huelgas recibieron el trato correspondiente a un desafío directo al régimen. Siete mil trabajadores ocuparon la fábrica SEAT como protesta por el despido de veintitrés huelguistas, entre ellos nueve enlaces sindicales. El gobernador civil envió contra ellos a la policía, que fue rechazada con mangueras[46]. Muchos patronos empezaban a inquietarse porque la intervención gubernativa agravaba aún más los conflictos laborales. En las zonas industriales más avanzadas, Madrid, Barcelona y el País Vasco, los mecanismos represivos del régimen aparecían como un obstáculo real para unas relaciones laborales normales. Muchos empresarios pasaron por alto las estructuras sindicales oficiales y negociaron directamente con representantes de los sindicatos clandestinos.

Así pues, la propia inflexibilidad del régimen iba dando forma a la estrategia del Partido Comunista, el llamado «pacto para la Libertad»; sobre todo en Cataluña a lo largo de 1971 se celebraron reuniones preparatorias entre los delegados de las principales fuerzas de la oposición catalana: el Partit Socialista Unificat de Catalunya, muchos grupos socialistas, Comisiones Obreras, monárquicos liberales, católicos, organizaciones profesionales y grupos feministas. El 7 de noviembre, unos trescientos delegados se reunieron en secreto en Barcelona en la primera Assemblea de Catalunya, inspirada hasta cierto punto por la experiencia del año anterior en Montserrat. Un rasgo muy notable de la asamblea y de su programa por la amnistía política y la libertad fue la amplitud del espectro político que la apoyaba. Entre los firmantes se encontraban varios miembros destacados de la burguesía industrial y financiera catalana. Según se rumoreó la asamblea había recibido un telegrama de solidaridad de un obispo catalán[47]. No podía buscarse mayor evidencia del hecho de que, ante el repliegue del régimen, algunos sectores influyentes de la oligarquía española empezaban a concertar pactos alternativos en busca de su propia supervivencia. Otros lugares, especialmente Madrid y Sevilla, emularon muy pronto el ejemplo de la asamblea.

No pareció ocurrírsele al gobierno de Carrero que su intolerancia estaba sirviendo meramente para fortalecer a la oposición. Por el contrario, ante la contestación política no pudo encontrar una respuesta más creativa que recurrir a una violencia cada vez mayor. A lo largo de 1971 y también más tarde, aparecieron numerosos comandos terroristas neofascistas que arremetían contra todos los que podían considerarse enemigos del régimen. Agrupados en torno a la revista Fuerza Nueva y a su editor Blas Piñar —amigo de Carrero Blanco—, los Guerrilleros de Cristo Rey, el neonazi Partido Español Nacional-Socialista, los Comandos de Lucha Antimarxista y muchos otros asaltaron a trabajadores, sacerdotes e intelectuales. Se trataba de grupos compuestos por matones mercenarios, hijos de elementos ultras, y a veces policías fuera de servicio, que actuaron con la suficiente impunidad para hacer sospechar que existía una connivencia oficial. Al fin y al cabo, hacían un trabajo que un Gobierno tecnócrata, deseoso de incorporarse a Europa y ostensiblemente católico, no hubiera podido efectuar por sí mismo sin sentirse incómodo.

En las universidades, liberales e izquierdistas se vieron sometidos a un terror esporádico. Se invadieron las iglesias regidas por sacerdotes progresistas, y se atacó al clero y a las congregaciones. Algunas galerías de arte y librerías fueron destruidas. Se hicieron incursiones en barrios obreros contra los líderes sindicales más conocidos. El 6 de febrero de 1972, en Barcelona, se produjo una explosión en el apartamento de un simpatizante neofascista que causó la muerte de seis personas al derrumbarse parcialmente el edificio. Se rumoreó, pese a la explicación oficial sobre un escape de gas, que había explotado un depósito de armas y municiones[48]. Las actividades de los comandos ultras representaron un esfuerzo para reparar las fugas del dique del franquismo. Algunos de los partidarios menos idealistas del régimen, que habían llevado una vida muy placentera durante largo tiempo, advirtieron ahora que la sociedad estaba experimentando un cambio que el franquismo institucionalizado iba a ser incapaz de contener; por consiguiente, intentaron dar marcha atrás al reloj mediante el terrorismo, para proteger sus privilegios y los de sus jefes.

La prueba de la situación crítica a que se había llegado podía encontrarse en la moral y el coraje crecientes de la oposición. Los mecanismos «legales» del régimen eran cada vez más incapaces de silenciar a trabajadores, estudiantes o regionalistas. Los éxitos de ETA y la acción catalizadora de los juicios de Burgos fueron, parcialmente, las causas del cambio producido en la correlación de fuerzas entre régimen y oposición. Los juicios habían afectado también a ETA. Los militantes de ETA-V continuaron perpetrando ataques contra las fuerzas de orden público, atentados con bombas y robos. La lección de Burgos y las grandes movilizaciones populares que provocó indicaban que ETA debía combinar la lucha nacionalista y la laboral. El 19 de enero de 1972 empleó una táctica espectacular para reforzar las peticiones de los trabajadores vascos en huelga. El industrial Lorenzo Zabala fue secuestrado en Durango, y su liberación no llegó hasta que su empresa, Precicontrol, anunció que ciento ochenta y tres huelguistas despedidos serían readmitidos y que se aumentarían los salarios. Los sindicatos clandestinos expresaron sus dudas sobre ese tipo de intervención, pasado el tiempo rechazarían los métodos violentos como extraños a la lucha de los trabajadores. Pero en aquellos días, las acciones al estilo Robin Hood cumplieron la función de refrendar la afirmación de ETA de que su frente militar era un complemento a la lucha de masas de los trabajadores.

En aquellos días, anteriores a su degeneración criminal a partir de 1975, ETA contó con la admiración de algunos sectores de la izquierda, tanto en España como en el extranjero, que la consideraban un instrumento eficaz de la oposición contra la dictadura. Entonces, además de sus actividades ordinarias —robo de dinero, de explosivos y de equipo de imprenta, además del ataque a las fuerzas de seguridad—, ETA asaltó diversos locales de los sindicatos verticales. Asimismo, colocó petardos en lugares conocidos de reunión de la oligarquía adinerada, casinos y clubes náuticos. El 12 de enero de 1973 secuestró a otro industrial, Félix Huarte, para apoyar a los huelguistas de una empresa suya en Pamplona, Torfinasa. Fue un astuto golpe propagandístico, pues por aquellas fechas era casi imposible pasar por las calles de cualquier ciudad española sin ver el nombre de Huarte presidiendo uno u otro edificio en construcción. Al igual que en el caso de Zabala, se concedió el aumento de salario solicitado[49].

Cualesquiera que fuesen sus efectos en la moral de los huelguistas de Torfinasa, el secuestro de Huarte tuvo su verdadero significado en las repercusiones que causó en la propia ETA a largo plazo. Huarte era uno de los industriales más progresistas de España. A semejanza de otros, había prescindido de los sindicatos oficiales para negociar directamente con Comisiones Obreras. Por esa razón, el coro de protestas ante el secuestro se vio alterado al alzarse una voz discordante desde dentro del Movimiento. Lanzando un ataque demagógico contra Huarte, Emilio Romero escribió en Pueblo, el diario de los sindicatos, que si la empresa estaba dispuesta a pagar bajo la amenaza de violencia, también debería haberlo estado a través de unas negociaciones normales en el seno de las estructuras sindicales. El artículo de Romero reflejaba la rabia de los falangistas, que veían cómo los cambios sociales y económicos iban arrinconando el papel del Movimiento y de los sindicatos. La polémica subsiguiente con el vespertino Informaciones, más ligado a la clase dominante, indicó a los ideólogos de ETA la posibilidad de divisiones entre los clanes franquistas.

Hasta aquí, la estrategia de ETA se había fundamentado en la convicción de que el franquismo era un bloque monolítico, y planteaba la lucha armada en términos relativamente toscos. El criterio tradicional de ETA, similar al de Nechayev, el terrorista ruso del siglo XIX, cultivaba la dinámica «acción-represión-acción» mediante la cual la violencia contra los servidores del Estado acarrearía una represión que a su vez despertaría la belicosidad popular contra el régimen. Sin embargo, en los años setenta, la determinación de conectar con el movimiento obrero llevó a contemplar la lucha armada como un elemento que debería plantearse en el momento en que las huelgas alcanzasen un punto muerto. Ese había sido el caso en el secuestro de Lorenzo Zabala. En 1973, las repercusiones del caso Huarte permitieron ver a los ideólogos de ETA las contradicciones existentes entre los franquistas pertenecientes a los aparatos sindicales o represivos y los de los sectores más dinámicos de la oligarquía económica. Quince años antes, el teórico comunista Fernando Claudín había visto esa peculiaridad, y su clarividencia le había valido la expulsión del PCE. A decir verdad, ETA, con su rotación trepidante de militantes, no se distinguió ni entonces ni después por su sutileza teórica. En cualquier caso, decidió concentrarse en acciones que acentuaran las divisiones entre los franquistas. Con ese objetivo a la vista, forjó planes para secuestrar al vicepresidente Carrero Blanco[50].

Quizá era inevitable que las actividades de ETA no tuviesen una acogida favorable en todos los grupos de la izquierda del resto de España. Tanto Comisiones Obreras como la socialista UGT prefirieron consolidar la fortaleza de la clase obrera mediante el desarrollo gradual de la solidaridad de masas, y no por la violencia. Las represalias ciegas contra la izquierda y la clase obrera constituían un elemento de importancia básica en el ciclo acción-represión-acción sobre el que se basaban los planes de ETA. Sobre todo los comunistas, que propugnaban una política de alianzas con los «sectores dinámicos del capitalismo español» como parte de su pacto para la Libertad, se mostraron hostiles a ETA. No obstante, el dato sirvió de muy poco para aliviar la sensación de acoso imperante en el régimen o para disuadirle de sus reacciones violentas contra huelguistas y terroristas. Y verdaderamente, las operaciones en 1973 tomaron la forma de un enfrentamiento directo entre grandes contingentes de la Guardia Civil y pequeños comandos de ETA. La organización terrorista alegaba que el régimen había decidido no tolerar más procesos estilo Burgos, para concentrarse en la eliminación física de sus miembros. El golpe más efectivo contra ETA fue la muerte en Algorta (19 de abril de 1973) de Eustakio Mendizábal, Txikia, quizá el único líder capaz de mantener unidos el frente militar y el laboral. Su desaparición facilitó el afloramiento de las tensiones dentro del Movimiento. Dieciocho meses después se desintegraría el frente laboral, dejando a ETA más comprometida que nunca con la violencia armada[51].

En 1972 y 1973 el País Vasco no había asumido todavía el puesto de vanguardia que tendría hacia mediados de los años setenta. Los enfrentamientos que parecían tener más probabilidades de derrocar el régimen se desarrollaban en las fábricas y las universidades. La convicción comunista de que se conseguiría derribar al franquismo mediante una huelga general revolucionaria dio la impresión de estar justificada por la escala en intensidad de las huelgas en los primeros años de la década. En marzo de 1972 se resolvió con tal brutalidad una huelga en la empresa estatal Astilleros Bazán de El Ferrol que toda la ciudad se politizó. El 10 de marzo la policía abrió fuego contra una manifestación de tres mil huelguistas, matando a dos e hiriendo a quince. Cuando el Gobierno amenazó con militarizar a los trabajadores y aplicarles la ley marcial, se multiplicaron las huelgas solidarias por toda Galicia, en las minas asturianas, en Cataluña y en el País Vasco[52]. Los choques entre policías y estudiantes tuvieron una intensidad similar. Entre el 13 y el 18 de enero sufrieron lesiones más de cincuenta personas en diversas escaramuzas en la Universidad de Madrid. Los estudiantes recorrieron las calles de la capital y al finalizar el mes casi toda la ciudad universitaria había sido cerrada por las autoridades[53]. Otros actos violentos en la Universidad de Valladolid determinaron el ascenso de elementos de la línea dura en el Ministerio de Educación, como primer paso hacia una purga de catedráticos y estudiantes subversivos en las universidades. Ello no impidió que se siguiera manifestando la inquietud estudiantil, y el primer trimestre de 1973 se caracterizó por nuevos choques aún más violentos.

El Gobierno de tecnócratas modernizadores, cuya misión había sido garantizar el franquismo después de Franco mediante la creación de una prosperidad que desarmara a la oposición política, estaba prácticamente en la bancarrota. La moral de la oposición iba en ascenso, la situación en el País Vasco no podía ser más explosiva y la Iglesia se había pasado con armas y bagajes al enemigo. Algunos años antes, por evidente que fuera el antifranquismo de muchos obispos, el régimen se curaba en salud argumentando que las críticas provenían tan solo de unos cuantos exaltados. La realidad se hizo insoslayable después del mensaje de fin de año de Franco en 1971. A modo de advertencia para los obispos, había dicho que «lo que no puede hacer un Estado es cruzarse de brazos ante determinadas actitudes de carácter temporal asumidas por algunos eclesiásticos». Lejos de acobardarse, la Iglesia endureció sus posiciones. Al día siguiente, monseñor Suquía Goicoechea, obispo de Málaga, publicó una carta pastoral en la que afirmaba que las amenazas no harían callar a la jerarquía eclesiástica. El diario Ya, órgano de la ACNP y normalmente respetuoso con el régimen, comentó osadamente que «cuando la jerarquía eclesiástica habla, deberíamos pensarlo dos veces antes de acusarla de invadir la esfera temporal»[54]. A renglón seguido, la crítica abierta contra la brutalidad del régimen expresada en los trabajos de la comisión Justicia y Paz de la Iglesia constituyó la evidencia más condenatoria del fracaso de los piadosos aunque fanáticos católicos del gobierno de Carrero Blanco.

El esquema del «continuismo» neofranquista elaborado por Carrero Blanco y López Rodó no encontró otra solución que el endurecimiento de la violencia represiva oficial, más la intrusión furtiva en el terreno del terrorismo ultraderechista, para combatir la profunda inquietud social y política que había heredado. Las consecuencias de ese fracaso tuvieron, en líneas generales, una doble vertiente: la intensificación de las divisiones entre las fuerzas del régimen y la clarificación de las opciones dentro de la oposición. El fortalecimiento constante de las huelgas y su multiplicación a medida que la represión suscitaba nuevas acciones solidarias confirmaron la idea sustentada por el Partido Comunista de que la transición de la dictadura a la democracia sería el resultado de una combinación entre el pacto para la Libertad y una huelga general de alcance nacional. Con el régimen desarbolado mediante la huelga, las fuerzas coaligadas en el citado pacto formarían un Gobierno provisional y luego convocarían elecciones constituyentes[55]. El Partido Socialista Obrero Español fue menos concreto y sin duda menos triunfalista en sus propuestas para conquistar la democracia. Después de tantos años de impotencia, el PSOE estaba atravesando un periodo de recuperación. Su XII Congreso en el exilio —concretamente en Toulouse, del 13 al 15 de agosto de 1972— había visto aparecer a un influyente grupo de militantes capitaneados por Felipe González, de Sevilla, y Nicolás Redondo, de Bilbao, que suplantaron a la caduca dirección en el exilio. Su principal preocupación fue la reconstrucción del partido. Su proyecto para derrocar a Franco era algo vago, aunque sin grandes diferencias respecto al propuesto por el PCE que, después de todo, se parecía mucho al planteamiento que permitiera al PSOE alcanzar el poder en 1931. También los socialistas estaban seguros de que la clase obrera formaría en primera línea de combate mientras el PSOE asumía la tarea política de buscar la unidad con fuerzas de la oposición[56]. Algunos grupos situados a la izquierda del PCE, casi todos ellos relativamente reducidos, presentaron programas más o menos similares para la sustitución de la dictadura.

La oposición moderada, compuesta por disidentes cada vez más numerosos del régimen, representaba una panorámica mucho menos conflictiva del futuro. Durante muchos años, conservadores destacados como Joaquín Satrústegui y José María de Areilza habían esperado una transición no violenta hacia una monarquía democrática regida por don Juan de Borbón. Otros, como Dionisio Ridruejo o Joaquín Ruiz-Giménez, se caracterizaban por una hostilidad más acentuada contra el régimen y, sin embargo, confiaban también en una transición pacífica hacia la democracia mediante el aislamiento creciente de los reductos franquistas. La rigidez del gobierno impuesto por Carrero, unida a la aparición de la violencia ultraderechista, no solo aceleró el proceso de crecimiento de la oposición moderada, también difundió la creencia de que la «opción Carrero» se reducía al propósito de morir matando y poco menos.

Así pues, se empezaron a buscar los medios que permitiesen una transición incruenta. Entre los ideólogos de cátedra y los políticos se apuntó la idea de aprovechar la propia retórica de la Constitución para impulsar una auténtica transición. Areilza, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate —quien dimitió como embajador ante la Santa Sede— y otros dirigentes de la oposición moderada pensaron que, para tener alguna probabilidad de éxito en una evolución «legal» hacia la democracia, necesitarían rescatar a Juan Carlos de las manos de los tecnócratas[57]. Y a su debido tiempo, ello resultó más fácil de lo que habían supuesto. En comparación con el apoyo prestado por la clase obrera al Partido Comunista y con el que encontrarían muy pronto los socialistas, la oposición moderada apenas podía contar con militantes activos. Sin embargo, cuando en 1976 se llegase al punto de un potencial enfrentamiento sangriento entre el inmovilismo del régimen y las fuerzas de la izquierda, el proyecto legalista y evolutivo, plenamente respaldado por Juan Carlos, conseguiría abrirse camino.

La evolución significaba para Carrero Blanco, a lo sumo, unas asociaciones políticas. Al finalizar el año 1972, Franco mencionó en su mensaje tradicional «la disparidad legítima de tendencias e ideas». Y el 1 de marzo de 1973, Carrero propuso a la asamblea consultiva del Movimiento, el Consejo Nacional, medidas que acrecentasen la participación del pueblo español en la vida política. Sin embargo, la propuesta iba poco más allá de un asociacionismo reducido a los tres grupos que siempre habían coexistido dentro del régimen, es decir, la Falange a la derecha, un centro tecnocrático y los conservadores cristianodemócratas a la «izquierda». Un espectro político compuesto por Girón, López Rodó y Federico Silva Muñoz —que había sido ministro de Obras Públicas hasta 1970— no ofrecía, ciertamente, una perspectiva revolucionaria; no obstante, para los intransigentes como Blas Piñar o el general Carlos Iniesta Cano, esos proyectos liberalizadores eran los causantes de que se hubiera roto la estabilidad social y política del país. A principios de abril hubo huelgas solidarias en toda Cataluña, después de que un huelguista fuera muerto por la policía en San Adrián de Besós[58]. La ultraderecha estaba decidida a detener aquella plaga.

La oportunidad se le ofreció el 1 de mayo. Durante la manifestación tradicional de la clase trabajadora en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, fue muerto a puñaladas por un miembro del ultraizquierdista FRAP. Otros dos policías secretos resultaron heridos. Se dijo que el apuñalamiento había sido un acto de venganza por la muerte del huelguista. Pero varios años después llegaría a saberse que el FRAP estaba infiltrado por provocadores de la policía. Pero en aquellas fechas el incidente proporcionó una excusa perfecta para una ofensiva general de los duros del régimen. Hubo arrestos masivos y se torturó a varios militantes de izquierdas. Con todo, los acontecimientos más significativos comenzaron en el funeral de Fernández Gutiérrez. El cortejo estaba presidido por el general Iniesta. Varios miembros de la policía se manifestaron exigiendo medidas represivas mientras tres mil falangistas, veteranos de la guerra, pedían venganza. Sus pancartas ensalzaban a los neonazis ultras y exigían el fusilamiento de los «arzobispos rojos». El hecho es que se toleró una revuelta policial en presencia de Carrero Blanco, lo cual era una clara indicación de que la balanza se inclinaba a favor de los ultras. La corte de El Pardo convenció sin dificultad a Franco de que el Gobierno había fracasado en su cometido de mantener el orden.

El 8 de junio se nombró a Carrero presidente del Consejo de Ministros, y el 11 del mismo mes se anunció la composición de un Gobierno que dejó caer definitivamente el telón sobre la liberalización. Se prescindió de López-Bravo, y López Rodó marchó exiliado al Ministerio de Asuntos Exteriores con la ingrata tarea de representar a un Gobierno adusto ante el ancho mundo. Los escasos tecnócratas que consiguieron subsistir, como José María López de Letona en Industria y Tomás Allende y García Baxter en Agricultura, o subir a bordo como Fernando de Liñán en Información, era leales a Carrero. La Falange recobró su vieja prepotencia con Francisco Ruiz-Jarabo en Justicia, José Utrera Molina en Vivienda, Licinio de la Fuente en Trabajo y Enrique García Ramal en Sindicatos. Hubo concesiones significativas a los ultras con los nombramientos de Carlos Arias Navarro, otrora férreo director general de Seguridad y más tarde alcalde de Madrid, en el Ministerio de la Gobernación, y de Julio Rodríguez Martínez, un ultra sumamente belicoso, en Educación. Se mantuvo al ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda, que fue promovido a la Vicepresidencia. El 23 de junio, Fernández-Miranda denunció «el pluralismo ideológico en que se basaba la democracia». Si el Gobierno monocolor había sido gris, su sucesor lució el azul de la Falange[59]. Todo lo concerniente al nuevo Gobierno sugería la puesta en marcha de una operación dirigida a preparar la sucesión. Los chistosos madrileños le llamaban el «Gobierno del funeral». Era un equipo pensado para ahogar la reforma y aplastar a la oposición. En la nave zozobrante del franquismo, los tripulantes no parecían tener mejor idea que vestir trajes de buzo.

La frase de Franco, tantas veces citada, de que todo quedaba «atado y bien atado», no pudo haber sido más inoportuna. Tras un breve respiro durante el verano, la clase obrera se mostró tan militante como de costumbre. En noviembre, el Gobierno impuso una serie de medidas estabilizadoras como respuesta a una inflación en ascenso. Casi inmediatamente después hubo huelgas importantes en Cataluña, en las minas asturianas y en la industria siderúrgica del País Vasco, así como en otras áreas tradicionalmente menos conflictivas. Los trabajadores necesitaban el pluriempleo o muchas horas extras para poder dar un nivel de vida razonable a su familia, de modo que el conflicto social fue el problema más importante que debió afrontar el gobierno de Carrero. La crisis de los carburantes despuntaba ya en el horizonte, y para un país tan dependiente de la energía importada como España, la recesión fue inevitable y con ella se agravaron los problemas laborales. La única respuesta del Gobierno fue la represión renovada. Así lo evidenció la preparación del proceso 1.001, el juicio espectacular de diez miembros de Comisiones Obreras acusados de asociación ilegal. Aquello pretendía ser una demostración pública de que el Gobierno se proponía aplastar a los sindicatos clandestinos, algo así como un juicio de Burgos contra los trabajadores[60].

Y a decir verdad, el proceso se desarrolló en una atmósfera de terror, en la que acusados y defensores escuchaban sin cesar amenazas de linchamiento proferidas por una turba histérica de derechistas que sitiaba el Palacio de Justicia[61]. Eran las primeras repercusiones de un hecho ocurrido quince minutos antes de que se iniciara la vista: Carrero Blanco había sido asesinado por un comando de ETA. Una potente bomba colocada bajo el asfalto de la calle había hecho volar su coche justamente por encima de la iglesia de la que acababa de salir. El plan inicial para secuestrar a Carrero había sido descartado cuando este ocupó la Presidencia y quedó sujeto a unas medidas de seguridad bastante más rigurosas que las precedentes[62]. Se había simultaneado el asesinato con el comienzo del proceso 1.001 para estimular la moral de los trabajadores y acrecentar la vulnerabilidad de sus enemigos. Sin embargo, al hilo de los análisis estratégicos que siguieran al secuestro de Huarte, se esperaba también que el asesinato de Carrero Blanco alterase la política interior del régimen. Se calculó que este daría un giro a la derecha, acrecentando por tanto su aislamiento del pueblo, o bien iniciaría un proceso de «apertura» provocando la ira de los ultras. Fue un golpe cuidadosamente estudiado para frustrar los planes de Franco respecto a la continuidad de su régimen.

El comunicado de ETA en el que asumía toda la responsabilidad por el asesinato fue inequívoco. La operación quiso vengar a algunos militantes de ETA como Txikia, y asimismo intensificar la división entre las fuerzas del régimen: «Luis Carrero Blanco, un hombre duro, violento en sus actitudes, era la clave que garantizaba la continuidad y estabilidad del sistema franquista. Es cierto que sin él se agudizarán peligrosamente las tensiones entre las diferentes tendencias leales al régimen fascista del general Franco —Opus Dei, Falange, etcétera—. Por consiguiente, nosotros consideramos que nuestra acción contra el presidente del Gobierno español es sin discusión un anticipo de singular trascendencia en la lucha contra la opresión nacional, por la causa del socialismo en el País Vasco y por la libertad de todos aquellos a quienes se explota y oprime dentro del Estado español»[63].

Un año después, Le Monde citaba a un «exembajador de Franco, uno de los más sutiles analistas cartesianos en Madrid», casi con seguridad José María de Areilza, para argumentar que la muerte de Carrero había acortado por lo menos cinco años el proceso de la sucesión «post-Franco»[64]. De hecho, es muy improbable que Carrero Blanco pudiera haber impedido el choque dentro del régimen entre los defensores de la política reaccionaria y los campeones de la economía moderna, y aún le hubiera sido más difícil acallar el clamor creciente de la militancia popular. Por otra parte, sus antecedentes ofrecen motivos suficientes para conjeturar que habría sido más intransigente que su sucesor a la hora de afrontar las exigencias de la reforma. Es cierto que las tensiones brotaron rápidamente después de su muerte; ahora bien, considerando el deterioro de la situación económica, no es aventurado afirmar que hubieran aflorado en cualquier caso.

La fluidez relativa con que funcionaron los mecanismos constitucionales del régimen para afrontar los problemas del restablecimiento de la continuidad administrativa y la confianza general representó un pequeño consuelo para los «continuistas». El vicepresidente del Gobierno, Torcuato Fernández-Miranda, asumió las funciones de presidente interino hasta que llegara el momento de nombrar un sucesor. Sin embargo, fue claramente perceptible que entre bambalinas se estaban tomando posiciones ante una lucha inminente por el poder: los acontecimientos más espectaculares correspondieron a la actitud de los ultras, que reaccionaron como lo previera ETA. No les aplacó la noticia de que los «diez de Carabanchel», los líderes de Comisiones Obreras, habían sido sentenciados a un total de 162 años de prisión en el proceso 1.001[65]. El comportamiento provocativo y amenazador de los ultraderechistas fue lo bastante expresivo para hacer temer a muchos militantes de izquierdas —en lo cual se equivocaron— que se preparaba una noche de los cuchillos largos. En el hospital al que se había trasladado el cadáver del almirante, varios miembros enfurecidos de grupos ultras discutían sobre una razzia contra los enemigos del régimen. Muchos izquierdistas destacados se escondieron. El funeral del almirante se transformó en una manifestación neofascista donde se profirieron insultos contra el arzobispo de Madrid y se oyeron voces estridentes clamando por la vuelta a un Gobierno firme.

El incidente más perturbador sobrevino como resultado de una reacción emocional tras el asesinato, y lo protagonizó el general Carlos Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil. Iniesta, amigo íntimo de José Antonio Girón de Velasco y uno de los militares ultras más extremistas, dio a todos los comandantes locales la orden de abrir fuego contra manifestantes y elementos subversivos. No obstante, el más antiguo de los ministros castrenses, almirante Gabriel Pita da Veiga, el presidente interino Torcuato Fernández-Miranda y el ministro de la Gobernación Carlos Arias Navarro, respaldados por el jefe del servicio secreto de Carrero, teniente coronel José Ignacio San Martín, actuaron en conjunto para impedir una carnicería. Iniesta se vio obligado a dar una contraorden telegráfica y quedó sujeto a un breve arresto domiciliario. Por otra parte, se ordenó al líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, que contuviera a su gente, y cuando intentó arengar a la multitud en el escenario del crimen, un helicóptero policial sobrevoló el lugar e hizo inaudible su discurso. Se informó al embajador de Estados Unidos y a los líderes de la oposición que la situación estaba controlada. Dos ministros de Carrero, Julio Rodríguez (Educación) y José Utrera Molina (Vivienda), se presentaron en un estado de shock emocional ante el jefe de policía de Madrid, coronel Federico Quintero Morente, y se ofrecieron para formar un comando vindicativo que buscara a los asesinos y les diera muerte[66].

El choque entre los elementos reaccionarios más prudentes y los irresponsables producido en el incidente de Iniesta se repitió en el debate para elegir el sucesor de Carrero. La elección más lógica hubiera sido la del presidente interino Torcuato Fernández-Miranda, entre otras razones por su estrecha relación con el príncipe Juan Carlos. Sin embargo, el búnker no estaba satisfecho: en primer lugar, precisamente por esa relación; después porque, según sus particulares patrones, era un «aperturista»; y en fin, por su talante taciturno y arisco, que contrastaba con el estilo propio de campechana camaradería de los falangistas. Hasta cierto punto, Fernández-Miranda fue la víctima de las maquinaciones de numerosos ultras que quisieron aprovechar la debilidad creciente de Franco para imponer la marcha atrás. La misma suerte corrió otra remota posibilidad «liberal», el jefe del Estado Mayor General, general Díez Alegría. Mientras la élite política de Madrid era un hervidero de especulaciones, las verdaderas decisiones se tomaron en el alborotado círculo íntimo del senil dictador. Se pensaba que el propio Franco era partidario de otra figura militar, tal vez el almirante Nieto Antúnez o el general Castañón de Mena. La opinión intermedia dentro del Movimiento se inclinaba hacia figuras «progresistas» tales como el católico conservador Silva Muñoz, los opusdeístas López-Bravo y López Rodó, o incluso Manuel Fraga. Sin embargo, ninguno de esos nombres agradaba al búnker. Doña Carmen Polo de Franco, el consejero y frenético reaccionario doctor Vicente Gil y Girón montaron continuamente una campaña para ejercer influencia en Franco. Bajo ese asalto y padeciendo además una fuerte gripe, Franco tomó una decisión que quizá por primera vez en su dictadura no fuera suya: nombró a Carlos Arias Navarro[67]. El nombramiento fue un signo adicional de que empezaba ya la desintegración del régimen prevista por ETA.

Aparte de ser amigo íntimo de la familia Franco, Arias reunía suficientes condiciones para ser un candidato aceptable por lo que se refería al búnker. El diario La Vanguardia le había calificado como el ministro más firme del gobierno de Carrero. Experto en cuestiones de seguridad interna, Arias había sido largo tiempo director general de Seguridad, bajo el mando férreo del general Camilo Alonso Vega. Durante sus seis meses como ministro de la Gobernación había dirigido importantes ofensivas contra ETA, con nueve militantes muertos, contra el PCE, con varias redes regionales desarticuladas, y contra Comisiones Obreras[68]. No obstante, quedaron flotando ciertas dudas sobre la muerte de Carrero. Al fin y al cabo, Arias fue en última instancia el ministro responsable de los sorprendentes fallos de la seguridad, pues transcurridas cinco horas desde la explosión no se habían montado todavía los oportunos controles en el aeropuerto de Barajas ni en las salidas por carretera de Madrid. Asimismo, se generalizó el escepticismo acerca de la asombrosa facilidad con que se habían llevado a cabo los complejos preparativos para el atentado en una zona en la que estaba situada la embajada estadounidense y varios edificios oficiales. Resultó extraño que la exploración efectuada por las fuerzas de seguridad con anterioridad a la visita de Henry Kissinger el día precedente no hubiese descubierto nada de los complicados trabajos del comando de ETA, que incluso había abierto un túnel en la calle de Claudio Coello. A Arias le exculpó en parte el hecho de que él mismo había advertido a Carrero, sin que le hiciera caso, sobre la conveniencia de alterar su rígido y cotidiano itinerario[69].

Sea como fuere, su historial como fiscal durante la guerra civil, como gobernador civil muy activo en la represión de los guerrilleros durante los años cuarenta, y como policía experimentado, bastaba para convencer a la élite franquista de que dispondría de un puño férreo para detener cualquier amenaza contra el orden establecido. Arias conservó en su gobierno a ocho ministros de Carrero y agregó o recuperó a varios funcionarios falangistas de la línea dura. Así pues, el Gobierno proclamado el 3 de enero de 1974 difícilmente podía haber sido más retrógrado[70]. A los observadores del exterior les pareció que Arias personalizaba el giro a la derecha pronosticado por ETA. Sin embargo, no todo era exactamente como aparentaba ser.

3

Un mal necesario

El experimento Arias Navarro, 1974-1976

Sería erróneo interpretar el asesinato de Carrero Blanco como el factor detonante de la crisis definitiva del régimen de Franco. Al fin y al cabo, los problemas fundamentales de esa crisis —la lucha obrera, el terrorismo vasco y las divisiones entre las familias franquistas— ya estaban presentes cuando Franco nombró a Carrero Blanco subsecretario de la Presidencia y vicepresidente del Consejo de Ministros, en septiembre de 1967. Al final de los años sesenta, cuando el Caudillo, después de treinta años en el poder, empezó a descargar cada vez más peso sobre las espaldas de su almirante «de secano», los problemas antedichos se habían agudizado. El declive histórico cada vez más acentuado del franquismo empeora por el hecho de que las energías menguantes del dictador se emparejaban con la marea creciente de la clase obrera, la oposición nacionalista y un foro internacional cada vez menos contemporizador.

Mientras Carrero Blanco se mantuvo en el poder fue casi inevitable que las rivalidades existentes en el ámbito franquista se agravaran en los momentos en que las presiones nacionales e internacionales obligaban a los diversos grupos a reconsiderar sus opciones políticas. Carrero se había propuesto como objetivo impedir que ocurriera eso reprimiendo a la oposición y permitiendo una «apertura» ínfima. De ese modo, quería servir de puente entre los intransigentes y las fuerzas progresistas dentro del régimen. Sin embargo, la solución de las contradicciones entre una sociedad en evolución y una política retrógrada requería cambios más profundos de los que Carrero podía impulsar sin traicionarse a sí mismo ni desertar de su amo. Así lo evidenciaron los acontecimientos del verano de 1973 y la reversión a un gobierno duro, cuya figura principal fue Arias Navarro. En los días que precedieron a su muerte, Carrero tropezaba ya con dificultades muy serias dentro de su Gobierno. Así pues, la acción de ETA vino a acelerar las tendencias centrífugas larvadas en las fuerzas del régimen. Cuando se hubo despejado la humareda de la explosión en la calle de Claudio Coello, los más perspicaces empezaron a acelerar sus propios planes para su supervivencia «después de Franco».

Arias Navarro fue elegido por Franco con la aprobación de los ultras, porque era un hombre capaz de proseguir la operación de contención iniciada por Carrero Blanco. El nuevo Gobierno tenía pocos elementos capaces de sorprender al Caudillo o a su vieja guardia. La inclusión de tres vicepresidentes —los ministros de Gobernación, Hacienda y Trabajo— revelaba que las principales preocupaciones del Gobierno se centrarían en tres cuestiones, ligadas íntimamente entre sí: orden público, inflación e inquietud laboral. Una de las últimas medidas adoptadas por Carrero fue el plan de estabilización implantado en noviembre de 1973. Acto seguido hubo huelgas en las minas de carbón de Asturias y en la industria siderúrgica vasca. El sector textil catalán fue también a la huelga, y estallaron algunos conflictos muy duros en ciudades por lo general tranquilas, como Zaragoza, Valladolid y Alcoy. La combinación de la inflación sin control con la congelación de salarios tuvo unas secuelas políticas explosivas[1]. La dependencia casi absoluta de España en materia energética la hacía en particular vulnerable a las subidas drásticas de los precios del petróleo ocurridas en aquellas fechas[2]. Por añadidura, dos de sus principales fuentes de divisas, el turismo y las remesas de los trabajadores emigrantes, decrecieron extraordinariamente como consecuencia del impacto de la crisis energética en el norte de Europa. El asesinato de Carrero Blanco vino a atenuar el ritmo de las huelgas tan solo durante un intervalo muy breve, ya que los costes de la energía se cargaron sin la menor consideración sobre el consumidor. Durante el primer trimestre de 1974 la electricidad subió un 15 por ciento, la gasolina un 70 por ciento, el gas butano —el combustible más utilizado para calefacción y cocina— un 60 por ciento y los transportes un 33 por ciento. A principios del año 1974 la inflación había crecido en un porcentaje anual del 25 por ciento o más, y simultáneamente se decretó un tope del 15 por ciento al aumento de salarios[3]. El consiguiente descenso del poder adquisitivo de las clases trabajadoras se reflejó en una renovada ola de huelgas.

Incluso el estrecho círculo reaccionario en el que se aislaba Franco percibió cada vez más los problemas planteados por las luchas obreras cuando aún se buscaba un sucesor para Carrero[4]. Arias reveló su ortodoxo instinto franquista con el nombramiento de un representante de la «línea dura» como ministro de la Gobernación. El nuevo vicepresidente del Gobierno y encargado de la seguridad interior, José García Hernández, había formado parte, como Arias, del equipo del famoso general Camilo Alonso Vega. Se mantuvo como ministro de Trabajo del gabinete Carrero a Licinio de la Fuente, un falangista conocido dentro del régimen por sus inquietudes sociales. El nombramiento no sirvió para moderar las luchas obreras, porque sus líderes sabían sobradamente que los restantes ministros del Gobierno no permitirían a Licinio de la Fuente el ejercicio de esa flexibilidad tan necesaria en el frente laboral.

Ahora bien, el nombramiento del tercer vicepresidente ofreció características muy diferentes. Antonio Barrera de Irimo, antiguo presidente de la Compañía Telefónica, podía ser calificado como una figura representativa de los sectores más dinámicos del capitalismo español. Su continuidad desde el gobierno de Carrero parecía una concesión inesperada de Arias a la modernidad. En realidad era un síntoma de ambigüedad, por no decir de esquizofrenia, que iba a caracterizar el periodo de Arias en el poder. Las inclinaciones instintivas de este eran franquistas, pero reconoció a regañadientes la necesidad de hacer algún esfuerzo para remozar el sistema. Ciertamente, Barrera de Irimo se mostraba bastante reacio a aceptar la cartera, y solo se decidió a instancias del príncipe Juan Carlos. Su reticencia inicial le permitió pedir a Arias un precio, consistente en el derecho a designar los ministros de Comercio e Industria, para crear así un equipo coherente en el ámbito económico[5]. Por ese medio estableció una cabeza de puente relativamente progresista dentro del Gobierno.

A decir verdad, cualesquiera que fuesen las tendencias ideológicas de Arias y pese al empeño de los ultras en que su gobierno constituyese el último baluarte del franquismo puro, ciertas esferas cruciales de la élite política habían aprendido la lección que significara la muerte de Carrero Blanco. El nombramiento de Barrera de Irimo no fue el último heraldo de los cambios por venir. Arias había intentado introducir como ministro secretario general del Movimiento a uno de sus funcionarios más emprendedores, el opusdeísta Fernando Herrero Tejedor. La significación de ese nombramiento residía en el hecho de que cualquier reforma del sistema político existente debería pasar por las instituciones del Movimiento. Algún tiempo antes, los intentos extremadamente tímidos del anterior ministro secretario, Torcuato Fernández-Miranda, para reformar el Movimiento habían alertado a los ultras sobre semejante posibilidad. Es más, Fernández-Miranda había sido excluido de la presidencia por esa causa. Ahora, sin duda bajo la sospecha de que Herrero Tejedor hubiera sido elegido para dirigir una operación reformista, el búnker entró en acción. José Antonio Girón de Velasco, su figura más prominente, empleó su enorme influencia sobre Franco para bloquear el nombramiento de Herrero y asegurar la inclusión de un ultra fiable en el Gobierno. El candidato elegido fue Utrera Molina, que después de la muerte de Carrero se había ofrecido para formar parte de un comando vengador[6]. Este revés inicial sufrido por Arias era un mal presagio de las dificultades que iban a entorpecer su periodo de gobierno.

De hecho, el gobierno de Arias Navarro no estuvo totalmente desprovisto de aquellos reformistas que habían aceptado ya lo inevitable del cambio si se quería sortear el desastre. Dejando aparte a Barrera de Irimo, estuvo también presente el otrora protegido de Manuel Fraga, Pío Cabanillas, como ministro de Información; y en el Ministerio de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, una figura del Movimiento muy conocida por su dinamismo y su amistad con Fraga. Aunque este último había de retornar más tarde a sus orígenes franquistas, las universidades respiraron aliviadas al conocer su nombramiento, lo que no era sorprendente considerando que su predecesor, el cerril Julio Rodríguez Martínez, que se ofreciera también para seguir el rastro de los asesinos de Carrero Blanco, había estado a punto de destrozar todo el sistema educativo con su agresividad y sus extraños esquemas. Algo más velado, aunque no menos significativo, fue el nombramiento de Antonio Carro Martínez como ministro de la Presidencia y cabeza efectiva de la burocracia oficial. El nuevo ministro mantenía estrechos lazos con el grupo reformista conocido como «Tácito».

La influencia de Antonio Carro se materializó en el hecho de que Arias incorporara, en el nivel inmediatamente inferior de su Gobierno, a diversos miembros del grupo «Tácito» como subsecretarios. Dentro de la burocracia franquista, fueron «tácitos» muchos funcionarios distinguidos por su educación y talento. Eran cristianodemócratas conservadores, comprometidos con la reforma pacífica del sistema desde dentro. Estrechamente unidos al grupo de presión católico Asociación Católica Nacional de Propagandistas, todos ellos se adjudicaron una identidad colectiva mediante los artículos periodísticos firmados por «Tácito». Esos artículos tan influyentes, escritos unas veces por una sola persona y otras por un equipo defendiendo la reforma legal, se publicaron a partir de 1972 en el diario católico Ya. Sus representantes más destacados en el nuevo Gobierno fueron Marcelino Oreja Aguirre, subsecretario de Información, y Landelino Lavilla, subsecretario de Industria. Por sus ramificaciones extremadamente poderosas en el mundo financiero e industrial, y como intérpretes fieles de la política practicada por la jerarquía eclesiástica, la ACNP y los «tácitos» constituyeron un grupo de presión que no pudo dejar indiferente a Arias[7].

A lo largo de 1974, Arias se debatió entre las pretensiones de los reformistas y las del búnker, mientras los problemas planteados por los grupos de presión, la lucha obrera y el terrorismo se multiplicaban. El dirigente «tácito» Alfonso Osorio García hizo saber a Arias que su grupo le respaldaría si formara un gobierno comprometido con el cambio. Para demostrar que tal oferta no era nada desdeñable, el grupo «Tácito» amplió sus actividades públicas, incluyendo almuerzos políticos y conferencias que reunieron a una representación notablemente amplia e influyente de los sectores económico, social y político. Al otro lado estaba el búnker, que contaba con su fácil acceso a Franco y con las simpatías de Arias Navarro. Sin embargo, guardando a duras penas el equilibrio, el presidente del Gobierno decidió ir contra sus propias inclinaciones y adherirse a la opción de los cristianodemócratas reformistas. Fue así como Carro Martínez y los «Tácitos» le ayudaron a redactar una declaración de intenciones sorprendentemente liberal[8].

El celebrado discurso del 12 de febrero de 1974 presentó un programa para el desarrollo controlado del sistema, la «apertura». El llamado «espíritu del 12 de febrero» proponía una mayor participación política, aunque respetando los límites del orden franquista más estricto. Una reforma restringida proveería los medios para elegir alcaldes y funcionarios locales prescindiendo de los nombramientos gubernativos. Se incrementaría desde un 17 por ciento hasta un 35 por ciento del total el número de diputados en las Cortes no nombrados «a dedo», sino elegidos mediante sufragio estrictamente limitado a los sindicatos o a los «cabeza de familia». Por otra parte, se prometió a los sindicatos verticales más poder para negociar. Asimismo, se preveía la formación de asociaciones políticas, aunque no de partidos políticos. Tras unas palabras apologéticas dedicadas a Franco, se oyó la pasmosa declaración de que la innovación política implicaba una responsabilidad que no podía seguir recayendo de manera exclusiva en las espaldas del Caudillo[9]. Sin embargo, el rígido compromiso contraído con el pensamiento franquista y la determinación, recalcada especialmente, de aplastar la «subversión» eran una garantía de que la reforma, tal como la concebía Arias, no iba a generar ningún cambio verdaderamente sustancial. Por añadidura, en los dos años siguientes el búnker se encargaría incluso de reducir esa mínima reforma a la nada. No obstante, quedaba en pie la declaración más liberal jamás exteriorizada por un ministro de Franco. La oposición no se impresionó, por creer que los discursos reformistas o la promoción de miembros del grupo «Tácito» eran mera fachada.

Aun así, el talante menos represivo de Pío Cabanillas en el Ministerio de Información ante la prensa y los editores dio cierta credibilidad al «espíritu del 12 de febrero». Ese hecho, unido a una tolerancia cada vez mayor hacia los sectores más moderados de la oposición, dio pie a un leve optimismo. En realidad, el gobierno de Arias oscilaría entre esas promesas tentadoras de liberalización y la represión más violenta. Los «tácitos» habían alertado a Arias sobre el poder creciente de la oposición, obligándole a reconocer que para sobrevivir sería preciso hacer ciertas reformas. Sin embargo, él siguió reaccionando con inexorable rigor contra la inquietud social. Era una actitud instintiva, aunque también reflejaba los éxitos del búnker al estimular las reacciones reflejas del dictador moribundo. Mientras el Caudillo viviese, la vieja guardia seguiría siendo poderosa y podría aguijonearle contra cualquier reforma. Así se hizo, mediante el sencillo procedimiento de acumular informes sobre el supuesto deslizamiento del país hacia la pornografía y el desorden para achacar después sus causas a la debilidad liberal.

La insistencia con que el búnker jugó esa carta hizo insostenible la posición de Arias Navarro. Él tenía el cometido de ajustar las estructuras políticas del régimen a la cambiante situación económica y social, pero el desempleo creciente y el descenso del nivel de vida ocasionados por la crisis de la energía dificultaron esa tarea. Según alegaban los «tácitos» progresistas, una reforma política limitada era una concesión razonable por cuyo medio se evitaría que la lucha popular, siempre en aumento, barriera todo el edificio del poder, y a ellos de paso. Desgraciadamente para Arias, la necesidad de contemporizar sin pausa con el búnker le obligó a adoptar unas medidas que surtieron el efecto contrario. Como esas medidas coincidían con sus propias inclinaciones, agotaron muy rápido sus exiguas reservas de credibilidad como reformista.

Dos semanas después del discurso pronunciado el 12 de febrero, Arias se creyó obligado a demostrar que el nuevo espíritu no le impediría defender los valores franquistas fundamentales. Tras la muerte de Carrero Blanco, los gestos conciliatorios del cardenal Vicente Enrique y Tarancón allanaron el camino para una breve tregua entre el régimen y la Iglesia[10]. Después de una visita del primado a mediados de enero, Arias había hablado de un nuevo entendimiento entre la Iglesia y el Estado. De inmediato se envió una delegación al Vaticano con el propósito de mejorar las relaciones. Las dificultades estribaron sobre todo en el encarcelamiento indefinido en Zamora de varios sacerdotes implicados en organizaciones regionalistas y obreras. La «traición» de los sacerdotes izquierdistas al régimen irritaba hasta el paroxismo a los ultras; el diario El Alcázar llegó a recomendar a sus lectores el uso de la violencia para hacer que la jerarquía eclesiástica corrigiera sus extravíos[11]. El furor ultra se debía en parte al elevado número de vascos entre los sacerdotes encarcelados. Era muy cierto que los vínculos tradicionales de los sacerdotes vascos con sus feligresías les impidieron mantenerse al margen de los problemas planteados por la guerra de ETA contra el régimen; así pues, el obispado de Bilbao se encontró en la primera línea del conflicto entre Iglesia y Estado[12].

El 24 de febrero de 1974, la tensión alcanzó su punto culminante. Monseñor Añoveros Ataún, obispo de Bilbao, autorizó la publicación de cuatro homilías redactadas por la comisión pastoral de su diócesis, en las que se citaban las palabras del papa Juan XXIII: «Todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad de las minorías étnicas violará gravemente los requisitos de la justicia». El texto —del que se hicieron numerosas fotocopias para su distribución— concluía con un llamamiento para que el pueblo vasco y otras minorías nacionales en España pudieran conservar sus identidades distintivas «dentro de una estructura sociopolítica que les reconociera su derecho a hacerlo así». Aunque no fuera vasco, Añoveros era un católico social convencido, según lo habían demostrado sus actividades como obispo de Cádiz. Ahora creyó estar actuando con arreglo al «espíritu del 12 de febrero», y aquel fue, de hecho, su primer experimento. Sin embargo, esa defensa moderada de las minorías nacionales en la estela del asesinato de Carrero Blanco por ETA era bastante más de lo que la extrema derecha podía tolerar. La prensa ultra lo interpretó como un ataque subversivo contra la unidad nacional, y Arias —que siempre había tenido algo de anticlerical[13]— cedió a sus presiones. El ministro de la Gobernación, José García Hernández, puso bajo arresto domiciliario a Añoveros y a su vicario general, monseñor José Ubieta López. Cualquier esperanza de reconciliación se desvaneció al emprenderse una torpe maniobra para desterrar a Añoveros a Lisboa o Roma.

El obispo se negó a marcharse, alegando que lo haría tan solo por orden expresa del Papa, e hizo constar que cualquier expulsión por la fuerza significaría una violación del Concordato e implicaría la excomunión del católico que le pusiera las manos encima. La Conferencia Episcopal convocada en Madrid bajo la presidencia del cardenal Enrique y Tarancón respaldó ese alegato y prestó su apoyo incondicional a Añoveros. El papa Pablo VI, que desde antiguo consideraba con disgusto el régimen de Franco, respaldó también al obispo. El asunto desencadenó una publicidad inmensa dentro y fuera de España, y causó profunda desazón al Gobierno español. Se hizo comparecer ante el Tribunal de Orden Público a los editores de los periódicos que habían publicado extractos de la homilía. En el Gobierno hubo un enfrentamiento áspero entre Pío Cabanillas, Antonio Barrera de Irimo y Antonio Carro, por un lado, y Arias y su contumaz séquito, por el otro. A su debido tiempo, Franco medió. Temiendo ver destruido aquel Concordato que fuera uno de sus primeros triunfos sonados, el Caudillo hizo que Arias se retractara. Mientras la prensa ultra se exasperaba porque monseñor Añoveros había llegado a Madrid para celebrar consultas con Tarancón cubriéndose con una boina vasca, y Blas Piñar arengaba a una multitud de seguidores denunciando a los clérigos corruptores del régimen, el presidente del Consejo se vio forzado a una retirada humillante. Por entonces, las relaciones con el Vaticano habían alcanzado un punto crítico al borde de la ruptura definitiva, y Arias había conseguido tan solo que la Iglesia acelerara su distanciamiento de la órbita del régimen[14].

El revés que se había asestado a la credibilidad del «espíritu del 12 de febrero» se combinó casi inmediatamente con nuevas pruebas de que Franco y el búnker se habían comprometido a no hacer más concesiones que pudieran ser interpretadas como señales de debilidad. En los dos primeros meses de 1974 la policía había arrestado ya a ciento cincuenta miembros de organizaciones obreras, ETA y grupos izquierdistas como el FRAP, la Liga Comunista y el Movimiento Comunista[15]. El 1 de marzo, Franco se negó a conmutar las penas capitales dictadas contra el anarquista catalán Salvador Puig Antich y el polaco Heinz Chez, ambos acusados de haber matado a miembros de las FOP. No obstante el clamor internacional y las protestas del Vaticano, de la CEE y de varios jefes de Estado, las ejecuciones —garrote vil— tuvieron lugar el 2 de marzo. Ese desafío a las normas humanitarias era un síntoma de que se intensificaba la sensación de asedio en el búnker, y los ultras tenían mucha razón al sentirse solos. En respuesta a la creciente fortaleza de la oposición antifranquista, numerosos empresarios y funcionarios del régimen optaron por el cambio. La nueva actitud respondía a un clima internacional cada vez más hostil. El 14 de marzo, el Parlamento Europeo reaccionó ante las ejecuciones antedichas y las molestias causadas a Añoveros con una condena del régimen de Franco y una declaración que expresaba: «Las repetidas violaciones por el Gobierno español de los derechos humanos y civiles básicos, así como su falta de respeto ante los derechos de las minorías en una Europa que está buscando su camino libre y democrático hacia la unidad, impiden la admisión de España en la Comunidad Europea»[16].

Una reacción semejante de las «democracias corruptas» no podía sorprender al búnker. Un efecto mucho más traumático surtieron los signos crecientes de que el régimen de los coroneles griegos se tambaleaba, sumados al colapso de la dictadura portuguesa el 25 de abril de 1974. El hecho de que cuarenta y cinco años de autoritarismo en Portugal pudieran desaparecer de la noche a la mañana causó una profunda consternación en el búnker español y supuso una fuerte inyección de moral para la oposición. Y la circunstancia de que ese pariente pobre pudiese digerir la democracia sirvió para intensificar las demandas de cambio en España. Sospechando que los elementos progresistas dentro del régimen acelerarían sus planes de reforma y que los vacilantes se pasarían al campo reformista, los ultras reaccionaron sin tardanza. José Antonio Girón de Velasco, en connivencia con Antonio Izquierdo Feriguela, editor de Arriba, órgano oficial del Movimiento, lanzó un ataque furibundo contra los «liberales» del Gobierno. El llamado «gironazo» del 28 de abril reflejó el temor ultra al impacto que los acontecimientos externos podían tener en el ciudadano español medio, a través de unos medios de comunicación parcialmente liberalizados. «Vivimos tiempos difíciles —escribía Girón— pero no seremos derrotados por la confusión, una confusión orquestada desde dentro y fuera de España». Denunció a los «tácitos» y a los ministros reformistas como «falsos liberales infiltrados en la Administración y en las altas magistraturas del Estado». Pocas semanas después, aprovechando un acto para promocionar la publicación de un libro con los discursos de Carrero Blanco, Blas Piñar insistió en el tema. Empezó por condenar la «libertad abyecta de la prensa», describió la vida política española como una veleta a merced de «enanos, cobardes e hijos malcriados del régimen», y declaró la guerra a la apertura de Arias por parecerle «una puerta abierta a la subversión». Piñar anunció que «había sonado la hora de los caudillos y los guerreros»[17].

En las palabras de Girón y Piñar aparecía implícita la amenaza de que, cualesquiera que fuesen los impulsos crecientes del reformismo, el búnker podría recurrir siempre en última instancia a las Fuerzas Armadas. Esto era cierto en líneas generales, aunque los militares quizá no formaran un bloque ultraderechista tan monolítico como podía suponer Girón dada su amistad con algunos generales reaccionarios como Iniesta Cano o García Rebull. El mismo día del «gironazo», el general García Rebull manifestó en Nuevo Diario que él veía a los «partidos como el opio del pueblo» y a los políticos como «vampiros». Entre bastidores, sin embargo, los generales ultras no confiaban por entero en su capacidad para dominar los acontecimientos. Temiendo que los liberales en el Gobierno fuesen imitados por generales más abiertos como Díez Alegría, los militares ultras empezaron a conspirar para consolidar su poder. Iniesta Cano estaba resentido desde que Arias le amonestara por su belicoso telegrama a las unidades de la Guardia Civil el día del asesinato de Carrero. Confabulándose con varios generales retirados, incluidos Rebull y los capitanes generales de Valladolid, Pedro Merry Gordon, y de Madrid, Ángel Campano López, Iniesta se propuso eludir su retiro inminente y reemplazar a Díez Alegría en el puesto clave de jefe del Estado Mayor General. Luego, Campano recibiría de Iniesta la jefatura de la Guardia Civil, y procedería a una purga de oficiales sospechosos de liberalismo.

Aparentemente, la conjura contó con la aprobación del círculo familiar en torno a Franco, aunque el propio Caudillo no supo una palabra. Sin embargo, cuando se expuso el plan al ministro del Ejército, general Coloma Gallegos, Arias se enteró por algún conducto. Entonces amenazó con dimitir, y como los conspiradores no estaban preparados para asumir el poder, hubieron de poner punto final a la ejecución del proyecto. Iniesta Cano se vio obligado a aceptar el retiro en la fecha reglamentaria, el 12 de mayo, y le reemplazó un general relativamente liberal, José Vega Rodríguez[18]. Pero, reconociendo la necesidad de aplacar al búnker, Arias cesó a Díez Alegría y lo hizo sustituir por el capitán general de la VIII Región Militar (La Coruña) Carlos Fernández Vallespín, adscrito a la «línea dura». Según se rumoreó, Díez Alegría había sido castigado por visitar Rumania para entrevistarse con el presidente Ceaucescu, en cuya ocasión Santiago Carrillo afirmó haber tenido una entrevista con él. Santiago Carrillo había estado en efecto en Rumania en las mismas fechas, pero nunca existió el encuentro porque el general Díez Alegría se abstuvo de dar semejante paso sin la autorización de Arias; no obstante, los comunistas aseguraban que Díez Alegría había tenido contacto con ellos el día en que se asesinó a Carrero Blanco. Sea como fuere, el búnker temía que Díez Alegría se convirtiera en el Spínola español, y se decía que desde la revolución portuguesa el general recibía a diario por correo centenares de monóculos. Es comprensible que las alusiones de Carrillo a Díez Alegría y su confianza en una próxima «portugalización» de España, según lo expresó en varias conferencias de prensa, inquietaran a la derecha española[19]. Sin embargo, ahí hubo ciertos elementos de histeria, puesto que los líderes de la oposición, incluidos los comunistas, sabían sobradamente que una intervención militar «prodemocrática» era inconcebible.

El Gobierno continuó haciendo equilibrios a lo largo de la divisoria entre ultras y liberales del régimen. El total de izquierdistas detenidos durante la primera mitad de 1974 fue superior a quinientos. Los reflejos de Arias Navarro, desde su época de inflexible director general de Seguridad, seguían siendo los mismos. A finales de mayo presentó a las Cortes su raquítico proyecto para las asociaciones políticas, y el 15 de junio, en un discurso en Barcelona, lo expuso a la nación. Aunque fue bien acogido por los periódicos asociados a los reformistas del régimen, ABC y Ya, el discurso vino simplemente a subrayar la naturaleza limitada de los cambios. Después de decir que el «espíritu del 12 de febrero» era inherente al «espíritu permanente del régimen de Franco», Arias subrayó con suma claridad que las asociaciones previstas no serían nunca nada más que tendencias legalizadas, inspiradas exclusivamente en las esencias del Movimiento. Dicho de otra forma, el proyecto, sin ser lo bastante inmovilista para tranquilizar al búnker, ofrecía muy pocas bazas para amansar a la oposición renaciente una vez más tras los acontecimientos portugueses[20]. Y así se evidenció apenas transcurrida una semana desde el discurso de Arias. El sábado 22 de junio, numerosas personalidades de la oposición moderada se reunieron en Estoril para celebrar el santo de don Juan de Borbón, el heredero legítimo al trono. Se escucharon diversas declaraciones condenando la sucesión de Juan Carlos impuesta por Franco, entre ellas las de Joaquín Satrústegui, líder de los monárquicos liberales, y Fernando Álvarez de Miranda, un destacado cristianodemócrata. Al día siguiente, veinte mil obreros españoles se congregaron en Ginebra para oír a Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, que anunciaron confiados que estarían pronto en Madrid formando parte de un Gobierno provisional[21].

La ciudadela del franquismo se tambaleaba sobre sus cimientos como jamás lo hiciera en los treinta años anteriores. Cuando Franco cayó enfermo de flebitis e ingresó en el hospital el 9 de julio, floreció la esperanza de un cambio real. Cundió el optimismo entre los «tácitos» con la delegación provisional de poderes al príncipe el 19 de julio, por pensarse que el Caudillo iba a renunciar en favor de Juan Carlos. Pero todo terminó en una experiencia humillante para este. Franco mostró una resistencia física notable y pudo abandonar el hospital el 30 de julio. Su corte de El Pardo, frenética ante la perspectiva de perder todos sus privilegios, le instó a recobrar sus poderes sin pérdida de tiempo. Las circunstancias que rodearon la dimisión del doctor Vicente Gil, médico de cabecera de Franco, el 29 de julio, revelaron la atmósfera febril que pesaba sobre la camarilla palaciega. El doctor Gil había diagnosticado que Franco debía renunciar al poder político para prolongar su vida. En consecuencia, se vio expuesto a la cólera de la indignada señora de Franco, y faltó poco para que le golpeara el marqués de Villaverde, yerno del Caudillo, que llegó con bastante retraso a hacerse cargo del tratamiento. El doctor Gil afirmó que, mientras Franco agonizaba, Villaverde había estado en Manila presenciando la elección de Miss Mundo[22]. Nadie se extrañó, pues, de que el aprendizaje del príncipe concluyera oficialmente el 2 de septiembre. La efímera transmisión de poderes y las payasadas de los cortesanos en El Pardo contribuyeron muy poco a despertar su entusiasmo por la causa franquista[23].

La consecuencia más importante de la enfermedad de Franco fue su acción estimulante en la moral de la oposición. Por fin había una señal de que Franco podía morir y moriría. Y al llegar tan inmediatamente después de la revolución portuguesa, en la izquierda se aceleró el movimiento hacia la unidad. La política del Partido Comunista, el «pacto para la Libertad», se había apuntado su primer éxito notable con la fundación de la Assemblea de Catalunya en noviembre de 1971. Aquel movimiento asambleísta incluía una amplia gama de partidos de izquierdas, entre los cuales el más importante era el partido comunista catalán PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya); además, participaban varias organizaciones de la clase trabajadora encabezadas por Comisiones Obreras, y un amplio muestrario de asociaciones legales. La asamblea contó con representantes de toda Cataluña, y dejando aparte su enorme variedad de apoyos populares, incluyó a banqueros e industriales entre sus dirigentes. En los años siguientes surgieron por toda España juntas democráticas y mesas redondas similares[24].

Cuando se hizo pública la enfermedad de Franco, Carrillo intentó forzar la marcha organizando una Junta Democrática en París el 30 de julio de 1974. La componían Comisiones Obreras, el minúsculo Partido Socialista de Tierno Galván, varios grupos regionalistas, incluida la Alianza Socialista Andaluza de Alejandro Rojas Marcos, los carlistas y numerosas personalidades independientes, entre las que destacaba el monárquico Rafael Calvo Serer. Los contactos con Tierno Galván, Rojas Marcos y otros participantes representativos los había facilitado en Madrid el abogado de Calvo Serer, Antonio García Trevijano. Se intentó convencer a Felipe González y a Joaquín Ruiz-Giménez de que se adhirieran, y también hubo conversaciones con representantes del Partido Nacionalista Vasco. Más tarde Carrillo aseguró que García Trevijano había prometido incluso preparar entrevistas con un miembro importante del alto mando militar. A través de Calvo Serer se intentó convencer a don Juan de Borbón de que respaldara la operación. Don Juan se excusó desde su exilio portugués en Estoril. Su negativa no sorprendió a nadie, porque el programa de la Junta planteaba resolver mediante un referéndum futuro el dilema de que si España debía ser una monarquía o una república[25].

El programa incluía además los siguientes puntos: asunción del poder por un Gobierno provisional; amnistía política total; legalización de todos los partidos políticos; devolución a los sindicatos del patrimonio que se les arrebatara después de la guerra civil; libertad de huelga, reunión y manifestación pacífica; libertad de expresión para la prensa y los demás medios de comunicación; independencia del poder judicial; neutralidad política de las Fuerzas Armadas; autonomía de las regiones; separación entre Iglesia y Estado; elecciones libres dieciocho meses después de haberse constituido el Gobierno provisional, e ingreso en la CEE. No obstante la incomparecencia a última hora de grupos e individuos de importancia decisiva, tales como los grupos cristianodemócratas o el Partido Socialista Obrero Español, la Junta y su programa de «ruptura democrática» constituyeron un impacto publicitario muy considerable para los comunistas. Los círculos de la oposición en Madrid y Barcelona hervían, y la sensación de asedio en el búnker alcanzó proporciones de pánico[26].

Entretanto, al cabo de varios años de letargo, el PSOE estaba experimentando una revitalización. La jefatura exiliada y cansina de Rodolfo Llopis había mantenido durante años una rivalidad tensa con el diminuto Partido Socialista del Interior (más tarde Partido Socialista Popular) de Enrique Tierno Galván y con la sección madrileña del PSOE, capitaneada por Pablo Castellano y Luis Gómez Llorente. Pero los tres fueron ahora apartados a codazos por la dinámica alianza de Enrique Múgica y Nicolás Redondo de Bilbao, por un lado, y Felipe González y Alfonso Guerra, de Sevilla, por el otro. El liderazgo de Felipe González quedó confirmado durante el XIII Congreso del PSOE en el exilio, celebrado en Suresnes, cerca de París, a mediados de octubre de 1974. En aquel momento, la dirección del PSOE tuvo una concepción más realista que el PCE sobre las posibilidades existentes de una ruptura con el pasado. Al darse cuenta de que un derrocamiento violento del franquismo era imposible, González y sus compañeros llegaron a la ingrata conclusión de que se requería probablemente algún tipo de negociación con los reformistas del régimen. Ese fue uno de los motivos por los que el PSOE no se adhirió a la Junta Democrática. Para que las negociaciones tuvieran alguna probabilidad de éxito, el PSOE no debería tomar partido en la cuestión dinástica entre Juan Carlos y don Juan. Así pues, manteniendo las distancias con Carrillo, Calvo Serer y la Junta, Felipe González consiguió no ser utilizado por los comunistas ni verse implicado en una conspiración con Estoril[27].

Asimismo, en el otoño de 1974 se anunció la formación de un nuevo partido político, clasificado tímidamente a la izquierda del centro, como un desafío a la ley de asociaciones promulgada por Arias. El nacimiento de la USDE (Unión Social Demócrata Española) fue obra del antiguo falangista y oponente muy prestigioso del régimen, Dionisio Ridruejo, y del economista Antonio García López[28]. Al igual que el PSOE, la USDE no formó parte de la Junta Democrática, aunque García Trevijano y los comunistas se desvivieron por convencer a Ridruejo de que se le adhiriese. No obstante, el éxito publicitario de la Junta galvanizó al PSOE, a la USDE y a los cristianodemócratas de Ruiz-Giménez, induciéndoles a esforzarse más en la organización de su propio frente antifranquista.

Los comunistas alentaban la esperanza de que una huelga general convocada por la Junta derrocaría al franquismo y propiciaría la formación de un Gobierno provisional, siguiendo la pauta de la transición de la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República en 1931. Su optimismo era infundado, aunque comprensible si se considera la inexistencia de otros modelos históricos. Sin embargo, el resurgimiento de la confianza izquierdista confirmó la creencia del búnker, que estimaba necesaria una táctica defensiva a ultranza. Así pues, cuando Arias Navarro anunció el 10 de septiembre que estaba determinado todavía a llevar adelante el programa del 12 de febrero e implantar las asociaciones políticas antes de enero de 1975, encontró una feroz oposición. Un cruento incidente terrorista en Madrid sirvió de motivo oportuno para que los ultras lanzaran ataques frenéticos contra la «debilidad» del Gobierno. El 13 de septiembre, la cafetería Rolando de la calle del Correo, próxima a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, fue destruida por una bomba. Como aquel bar era un punto de reunión para la policía, hubo varios agentes entre los once muertos y setenta o más heridos. Ciertos rumores sobre una circular interna distribuida por la Dirección General de Seguridad el día de la explosión, en la que recomendaba a los oficiales no frecuentar la cafetería Rolando, dieron un aire de misterio al incidente.

Cuando las autoridades imputaron en un principio el hecho al PCE y a ETA, los comunistas negaron con energía toda responsabilidad, y ETA tardó bastante tiempo en reivindicar su autoría. La dilación se debió a un áspero debate en el seno de la organización, que aceleró su división posterior en ETA Militar (ETA-M) y ETA Político-Militar (ETA-PM). De hecho, el atentado fue perpetrado probablemente por un comando de ETA con el apoyo de algunos simpatizantes en Madrid. En seguida se detuvo a varios izquierdistas conocidos por su talante solidario con la causa vasca, entre ellos Eva Forest, una renombrada psicóloga de Madrid, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre, y Lidia Falcón, una abogada de Barcelona. Curiosamente, no se hizo comparecer ante los tribunales a ninguno de los acusados. Lidia Falcón publicó varios años después un vehemente documento justificativo en el que se traslucía que la participación de Eva Forest en el atentado de la cafetería Rolando había sido considerable[29]. Era comprensible que la policía quisiera salpicar al Partido Comunista con parte del oprobio moral inherente a la violencia de ETA; ahora bien, Eva Forest proporcionó una conexión posible, tal como ocurriera en el asesinato de Carrero Blanco. Los nexos entre Eva Forest y ETA siguen siendo un enigma.

Las secuelas políticas del asalto a la cafetería Rolando sobrevinieron sin tardanza. Comenzaron con un ataque de Blas Piñar contra Arias en las páginas de Fuerza Nueva. En la portada del número del 26 de septiembre figuraban solo estas palabras: «¡Todo tiene un límite!». El editorial de Blas Piñar desvinculaba a su movimiento de Arias, aduciendo que las reformas de este estaban «sembrando de cadáveres los campos». Luego entraron en acción los ultras de El Pardo capitaneados por el marqués de Villaverde. Dos directores de periódicos del Movimiento, Antonio Izquierdo de Arriba y Emilio Romero de Pueblo, prepararon un informe para revelar a Franco la presunta escalada de «pornografía» autorizada por el ministro de la Gobernación. Mezclaron en él la publicidad de accesorios para camping, en la que aparecían mujeres en biquini, con recortes de Playboy, una revista ilegal en España, de tal modo que el puritano dictador quedó escandalizado y se dejó convencer fácilmente de que el ministro de Información estaba exponiendo España a una mortífera combinación de marxismo y subversión erótica.

Aún más que las pruebas de aquel informe, irritó a Franco la indiscreción de Pío Cabanillas al permitir que la prensa aireara «lo del aceite de Redondela», un escándalo en el que estaba implicado su hermano Nicolás. Al parecer, una compañía especializada en el refino y almacenamiento de aceites vegetales, REACE, en la que Nicolás Franco poseía importantes intereses, había estado especulando durante algunos años con el aceite de sus clientes. En 1972 se echaron en falta cuatro millones de litros de aceite de oliva. En el curso de la investigación policial, numerosos testigos «perdieron la memoria» y seis murieron en circunstancias misteriosas. Se procuró mantener al margen de las pesquisas el nombre de Nicolás Franco. Por último, el caso pasó a los tribunales de Pontevedra el 21 de octubre de 1974, y la prensa lo siguió con avidez. José María Gil Robles, que actuaba como defensor de uno de los acusados, sacó a relucir hábilmente las relaciones de este con el hermano del Caudillo. Acto seguido, Arias se entrevistó con Franco, y este le dijo que Pío Cabanillas debía dimitir. El cese del ministro de Información (29 de octubre) fue el primero de una serie de triunfos aparentes del búnker. Al celebrarse el aniversario de la fundación de Falange, Francisco Labadíe Otermín habló ante el Consejo Nacional del Movimiento en presencia del Caudillo. Su declaración de que «se defendería con uñas y dientes» la victoria nacionalista en la guerra civil provocó los gritos de rigor: «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!». Entretanto, continuaban a buen ritmo las detenciones de izquierdistas y huelguistas[30].

En realidad, el triunfo de los ultras contribuyó solo a subrayar más que nunca la crisis interna del régimen. La caída de la Bolsa confirmó los criterios de muchos reformistas y empujó a numerosos asustadizos hacia su campo. La bancarrota del régimen levantó una oleada de dimisiones. Uno de los dimisionarios más importantes fue el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, que por sus relaciones con el mundo de los negocios constituía un barómetro excelente de la opinión predominante en la élite industrial y multinacional de España. Hubo otras dimisiones de figuras que empezaban a destacar y serían más tarde ministros con Juan Carlos: Francisco Fernández Ordóñez abandonó la presidencia del Instituto Nacional de Industria; Juan José Rosón renunció a la dirección general de RTVE; el subsecretario de Pío Cabanillas, Marcelino Oreja, encabezó la dimisión colectiva de numerosos altos funcionarios pertenecientes al grupo «Tácito». Su veredicto conjunto sobre el proyecto reformista de Arias del 12 de febrero, «una línea política ha muerto ayer», subrayó el aislamiento del presidente[31].

La crisis no había contentado ni mucho menos al búnker, cuyo esfuerzo por aunar con más eficacia sus fuerzas culminó en la fundación de la Confederación Nacional de Excombatientes, bajo la jefatura de José Antonio Girón de Velasco. Y como si quisiera subrayar hasta qué punto los acontecimientos desbordaban a Arias, la policía arrestó —aparentemente sin su autorización— a finales de noviembre a los líderes de la oposición moderada, que se habían reunido en el bufete de Antonio García López, de la USDE, para discutir la formación de un frente rival de la Junta Democrática. El incidente originó un escándalo internacional similar al provocado por el caso Añoveros. Entre los detenidos figuraban Felipe González, García López, Dionisio Ridruejo y varios cristianodemócratas. Joaquín Ruiz-Giménez —que había abandonado la reunión poco antes de la llegada de la policía— se presentó más tarde voluntariamente en la Dirección General de Seguridad pidiendo ser arrestado. Al cabo de pocos días se les devolvió la libertad[32]. Para entonces la situación de Arias se había deteriorado aún más.

Los perseverantes esfuerzos del primer ministro por llevar adelante la reforma parecían cada vez más fútiles. El Estatuto de Asociaciones, presentado el 2 de diciembre y aprobado por el Consejo Nacional el 16 de dicho mes, no aportó ninguna novedad. Las asociaciones no tendrían ninguna existencia electoral fuera de la órbita del Movimiento. Se requería que contasen por lo menos con veinticinco mil afiliados distribuidos en quince provincias como mínimo, lo que excluía las asociaciones regionalistas; además, los métodos de afiliación eran laberínticos. A juicio de la oposición, aquello no significaba absolutamente nada, salvo la prueba de que Arias seguía comprometido con su pasado franquista. Incluso el grupo «Tácito» declaró que aquel Estatuto equivalía con muy escasas mejoras al proyecto presentado por Solís en 1969[33]. La reacción de «Tácito» marcó el camino que iban a seguir los sectores influyentes de la oligarquía española, hasta unirse finalmente a las demandas de la oposición pidiendo democracia.

A lo largo de 1974 había habido reuniones prácticamente públicas entre financieros e industriales prestigiosos, por un lado, y miembros de la oposición moderada, por el otro. Entre las más sonadas, cabe citar las que tuvieron lugar en el hotel Ritz de Madrid y en el domicilio de Joaquín Garrigues Walker a las afueras de Madrid (Aravaca). Garrigues, yerno de Areilza, era una de las figuras más significativas en el mundo de los negocios español. Desde muchos años atrás, su bufete de tradición familiar venía representando a varias multinacionales importantes. No ocultó su convicción de que debía correrse el riesgo de una liberalización política, con el fin de evitar un enfrentamiento catastrófico. Así pues, renunció a sus numerosas representaciones de empresas y dedicó todas sus energías a la creación del Partido Demócrata, que sería con el tiempo el núcleo de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales[34]. Este proceso, sumado a las gestiones de Francisco Fernández Ordóñez para organizar un partido socialdemócrata y a la evidencia de una actividad frenética en todo el espectro de la derecha «civilizada», coincidió con el progreso aparentemente incontenible hacia la unidad de los dos frentes izquierdistas.

Contrastando con ello, el gobierno de Arias navegaba a la deriva en un mar de militancia popular. A finales de 1974, ETA reanudó su ofensiva contra las fuerzas del orden, y a finales de diciembre inició una nueva campaña por la amnistía de sus militantes encarcelados. En la huelga del 11 de diciembre, convocada por ETA y otras fuerzas de izquierdas locales, participaron doscientos mil trabajadores vascos. Las universidades mantuvieron un estado de agitación constante que el ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, no consiguió atajar cuando dispuso en enero el cierre de la Universidad de Valladolid. La huelga se extendió por todo el país, en parte como respuesta a la deteriorada situación económica, pero también con una dimensión política inequívoca. Las principales huelgas afectaron a la industria de la construcción en Madrid y a las fábricas metalúrgicas de Cataluña. Las de mayor trascendencia política y las que más eco tuvieron en los medios de comunicación fueron la de los actores de los teatros madrileños y la de los funcionarios, que realizaron una jornada de paro el 6 de febrero de 1975[35].

El fermento democrático alcanzó incluso a las Fuerzas Armadas. En su mensaje de Año Nuevo, el ministro del Ejército, general Francisco Coloma Gallegos, se refirió a la necesidad de evitar disensiones «en las filas». Esa observación esotérica se refería al hecho de que durante 1974 el Servicio de Información Militar había descubierto asambleas clandestinas de jóvenes oficiales, potencialmente comparables a las que organizara el Movimiento portugués de las Fuerzas Armadas. Los oficiales comprometidos no tenían ninguna afiliación política. Sin embargo, las autoridades militares les trataron como si se hubiesen alineado con el Partido Comunista para infiltrar juntas democráticas en las Fuerzas Armadas, y el Servicio de Información acrecentó su vigilancia para averiguar hasta dónde se ramificaban las actividades de los oficiales disidentes. Pocos días después del discurso de Coloma Gallegos, dichos oficiales publicaron su manifiesto bajo la rúbrica de Unión Militar Democrática. Sin llegar a tener nunca amplias dimensiones, la UMD sembró el pánico a causa del ejemplo portugués. Los primeros arrestos —el comandante Julio Busquets Bragulat, el sociólogo militar más distinguido de España, y el capitán José Júlvez— tuvieron lugar en febrero de 1975. Ya en verano, el Servicio de Información había reunido informes suficientes para disponer una oleada de arrestos entre los líderes de la UMD[36].

En el marco del creciente clamor popular por la democracia y los preparativos para el futuro forjados por la izquierda y por la derecha «civilizada», las tímidas gestiones reformistas de Arias Navarro y su batalla con el búnker parecían cada vez más insignificantes. Sin embargo, siguió luchando en un frente que se reducía por momentos. Indignado ante el sabotaje de su endeble proyecto aperturista por parte de la prensa oficial del Movimiento, Arias se sintió espoleado a emprender una acción resolutiva al ver que se ignoraba el aniversario de su discurso del 12 de febrero. Mostrando determinación por última vez, despidió al director de Arriba, Antonio Izquierdo Feriguela, y al director de la prensa del Movimiento y de Radio Nacional, Antonio Castro Villacañas. Pero los ultras no desmayaron. Capitaneados por Alejandro Fernández Sordo, ministro de los Sindicatos Verticales, los representantes del ala dura del Gobierno bloquearon la legislación destinada a implantar el derecho (limitado) de huelga. El 24 de febrero, desanimado, Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo desde 1969 y un franquista nada sospechoso de tendencias liberales, presentó su dimisión[37].

El 4 de marzo, Arias anunció una remodelación de su Gobierno que dejaba entrever el propósito de acabar con las restricciones impuestas por los ultras. El ministro de Justicia, Francisco Ruiz-Jarabo, fue reemplazado por un miembro algo más liberal de la ACNP, José María Sánchez Ventura. Y lo que fue más significativo, el ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, uno de los enlaces entre el búnker y Franco y un obstáculo formidable para los planes de Arias, fue sustituido por un elemento más reformista, Fernando Herrero Tejedor[38]. Dotado de clara inteligencia y favorecido por unas relaciones excelentes con Franco, Herrero Tejedor era un opusdeísta con una irreprochable hoja de servicios en el Movimiento. En suma, un oportunista flexible capacitado, según los expertos franquistas, para ser el futuro sucesor de Arias y el hombre que organizase la transición a la monarquía. Por aquellos días, Herrero suscitó muchos comentarios en los círculos del régimen al trasladar simbólicamente su despacho desde el edificio del Movimiento decorado con el yugo y las flechas, en la calle de Alcalá, al palacio donde tenía su sede el Consejo Nacional. Desde ese instante, Herrero Tejedor trabajó de firme para dar credibilidad al proyecto de las asociaciones políticas, aunque ya demasiado tarde para infundir vitalidad a un fraude exánime. Estableció contactos con la oposición moderada de los cristianodemócratas y los socialdemócratas de Ridruejo, y creó asimismo su propia asociación, la Unión del Pueblo Español. Sin embargo, el 23 de junio de 1975 Herrero Tejedor murió en un accidente de automóvil. Según parece, Franco interpretó esa infortunada coincidencia como un signo providencial que le aconsejaba cerrar la puerta herméticamente a los experimentos con las asociaciones, e insistió para que Arias reemplazara a Herrero por José Solís, el archiprestidigitador de la reforma cosmética vacua[39].

La muerte de Herrero Tejedor puso el punto final al laborioso proyecto de las asociaciones, pero también despejó el camino para la aparición del hombre que presidiría el periodo de transición: Adolfo Suárez González. Suárez, que fue secretario de Herrero Tejedor en los años cincuenta, había conseguido auparse agarrado a sus faldones, hasta convertirse en el funcionario arquetípico del Movimiento. Impulsado por una ambición incontenible, se afilió al Opus Dei e hizo amistad con relevantes figuras del régimen durante el periodo inicial de la década de los sesenta, cuando Herrero era vicesecretario del Movimiento a las órdenes de Solís. Más tarde cultivó la amistad del general Camilo Alonso Vega, ministro de Gobernación, hasta hacerse nombrar gobernador civil de Segovia en 1968. Cuando se aproximaba ya a la cumbre, Suárez utilizó su amistad con Herrero Tejedor para atraer la atención de Franco y al mismo tiempo entablar relaciones amistosas con el príncipe Juan Carlos.

En 1969, Suárez fue nombrado director general de RTVE a instancias de Carrero Blanco, que le había conocido personalmente por mediación de Juan Carlos. Suárez utilizó su puesto para promocionar en aquel medio de comunicación a Juan Carlos, que por aquellas fechas era objeto de burlas populares y de chistes que le hacían pasar por un pelele de Franco; y trabajó también para proyectar una imagen favorable de ciertos ministros con quienes deseaba intercambiar favores. Durante su periodo en televisión, empezó a forjarse una reputación de hombre muy bien relacionado con el ejército. Trabó estrecha amistad con Andrés Casinello Pérez, segundo jefe del servicio de información de Carrero Blanco, y se atrajo a diversos generales poniendo a su disposición espacios de televisión y enviando flores a sus esposas. De resultas, al ser nombrado vicesecretario del Movimiento en febrero de 1975, el ministro secretario general, Herrero Tejedor, le pidió un informe sobre las Fuerzas Armadas y su posible actitud respecto al cambio político. Suárez aprovechó el encargo para consolidar sus lazos con los oficiales clave y con el príncipe, que quedó impresionado con aquel informe y su conclusión, a saber, que el ejército toleraría una reforma política moderada[40].

A la muerte de su protector, Suárez dimitió de la vicesecretaría para dirigir la asociación política de Herrero, Unión del Pueblo Español, y ahí cesó, aparentemente, su arrollador ascenso. De hecho, la tendencia que lo marginó parecía tan irrefrenable que cabe sospechar que también el propio Herrero Tejedor se hubiera visto desbordado por los acontecimientos. Un número creciente de franquistas, antaño irreductibles al desaliento, preparaban su futuro sumándose a la convicción de que era inevitable algún tipo de cambio. Un comentarista de derechas, Luis María Anson, escribió malicioso: «Las ratas están a punto de abandonar el barco del régimen… la cobardía de la clase dominante española es realmente sofocante […] estamos ya en los comienzos del “sálvese quien pueda” de la capitulación incondicional». Sin embargo, el mismo comentarista llamó a Suárez «político del mes» en el semanario Blanco y Negro del 2 de julio. En esos momentos, Anson fue uno de los pocos observadores políticos que vieron en Suárez una figura potencial de la futura reforma aperturista. Ahora bien, si se tiene en cuenta que Juan Carlos había sido obligado por Franco a jurar fidelidad a los principios del Movimiento, era evidente que, para evitar un baño de sangre, se debería intentar el cambio real por mediación de alguien que supiese cómo manipular la estructura del régimen. La persona más adecuada, en función de sus conocimientos sobre el sistema constitucional, sería Torcuato Fernández-Miranda. Sin embargo, la figura juvenil y dinámica de Adolfo Suárez, y su experiencia en todos los niveles del Movimiento, le hacían apto para desempeñar esa misión[41]. Sea como fuere, a principios de 1975 sus planes se limitaban a recomponer la estructura franquista. En definitiva, iba a ser el peso decisivo de la clase obrera, de los nacionalismos, de la protesta estudiantil y de las presiones ejercidas por la oposición durante los dieciocho meses siguientes lo que les forzaría a considerar el cambio democrático como la alternativa más factible.

Ciertamente, Suárez no se había percatado todavía de que podía desempeñar semejante papel. Por el contrario, trabajó con Solís y Emilio Romero para sacar adelante la Unión del Pueblo Español como una opción continuista dentro del palenque de las asociaciones políticas. La UDPE movilizó a toda la prensa y la radio del Movimiento. Tenía muchas probabilidades de arrollar a las asociaciones más reformistas proyectadas por Fraga, Pío Cabanillas, Federico Silva Muñoz, José María de Areilza, Francisco Fernández Ordóñez y los «tácitos»; y cuando estos comprendieron que la UDPE podría llegar a ser tan omnímoda como el propio Movimiento, abandonaron el proyecto de las asociaciones y formaron en su lugar compañías privadas, FEDISA y GODSA, para el estudio de las opciones políticas futuras. Sin tales representantes del franquismo «respetable», el proyecto de las asociaciones se vino abajo. No obstante, uno de los «tácitos» más veteranos y conservadores, Alfonso Osorio, siguió intentando crear una asociación reformista, la Unión Democrática Española, con Federico Silva. El personal que Osorio logró reunir en torno suyo desempeñaría más tarde un papel significativo en la creación de la UCD de Adolfo Suárez[42].

En relación con la actividad política existente en todo el país, los planes para las asociaciones y el continuismo parecían en 1975 totalmente insignificantes. Comandos terroristas de ultraderecha perpetraron ataques contra sacerdotes y abogados de izquierdas, librerías y trabajadores. Tales asaltos acentuaron la actitud crítica de sectores poderosos de la Iglesia. Un manifiesto de la comisión Justicia y Paz, el 26 de mayo, pidió que se pusiera término a la acción policial indiscriminada y exigió que las autoridades contuvieran a los grupos terroristas de la ultraderecha[43]. Se había dado rienda suelta a estos últimos so capa del estado de excepción declarado por tres meses el 26 de abril en Vizcaya y Guipúzcoa. Esta medida intentaba contrarrestar los continuos atentados de la campaña de terror lanzada por ETA, pero significó también un esfuerzo supremo de los elementos ultraderechistas para detener el cambio político. Su ferocidad fue contraproducente, porque fortaleció la unidad de la oposición. Los franquistas liberales católicos confirmaron su decisión de desvincularse del régimen. El terror derechista provocó una oleada de militancia mucho más espectacular en el País Vasco que aceleraría la marcha de España hacia la democracia.

El estado de excepción desencadenó una operación a gran escala de terror policial contra las poblaciones de las dos provincias. Se asaltaban los domicilios y los despachos de los sospechosos. Las detenciones alcanzaron tales proporciones que fue preciso habilitar por corto tiempo la plaza de toros de Bilbao como centro de detenciones. Torturas y palizas estaban a la orden del día. Se utilizó como rehenes a las esposas y novias de los hombres perseguidos, y se las sometió a vejaciones inhumanas. La intimidación de la población se intensificó mediante la actuación de los comandos terroristas de ultraderecha, que empleando denominaciones como Antiterrorismo ETA o Batallón Vasco-Español, ametrallaban y destrozaban con bombas los bares frecuentados por nacionalistas, los despachos de abogados, las empresas publicitarias y los establecimientos comerciales de simpatizantes de ETA. Toda la operación fue una represalia colectiva de las fuerzas del búnker contra las provincias más militantes de España. Ahora bien, lejos de asustar a la población, la situación suscitó una masiva reacción popular en el País Vasco respaldada por acciones solidarias en toda la geografía española. El resentimiento generalizado se expresó en la respuesta popular a la matanza de varios peatones inocentes, cuyos funerales se transformaron en gigantescas manifestaciones de solidaridad[44].

Cuando el régimen recurrió a medidas extremas para aterrorizar al País Vasco, la militancia adquirió proporciones inconmensurables. Las sentencias de muerte dictadas contra Juan Paredes Manot, Txiki; José Garmendia Artola y Ángel Otaegi Etxebarría politizaron al País Vasco tanto como lo hicieron los juicios de Burgos en 1970. Ciertas dudas sobre la culpabilidad específica de Txiki Paredes y Ángel Otaegi, sumadas a la indignación suscitada por la forma de tratar a Garmendia, gravemente disminuido por sus heridas, reforzaron la convicción generalizada de que el búnker se estaba desatando de tal forma bárbara para dar una lección a los vascos. No obstante la represión sobrecogedora a que quedó sujeta toda el área, hubo una manifestación grandiosa de solidaridad el 11 de junio de 1975, y las huelgas generales paralizaron toda la región los días 28 y 29 de agosto y 11 y 12 de septiembre[45].

Cuando el estado de excepción llegó a su término el 26 de julio de 1975, había pasado un mes escaso desde que se restableciera y extendiera a toda España una draconiana ley antiterrorista[46]. Además, volvió a florecer una censura rígida que ordenó el secuestro de muchos periódicos y semanarios. Todo ello fue, en definitiva, un tributo al influjo inmenso que ejercían algunos campeones de los ideales democráticos tales como Cuadernos para el Diálogo y Triunfo. Se persiguió incluso, por «solapada incitación a la rebelión», a revistas académicas como Sistema, dirigida por el intelectual socialista Elías Díaz. Las tentativas del régimen para resolver su crisis mediante un retorno a la situación de represión sin trabas que tanto le favoreciera en los años cuarenta no consiguieron contener las crecientes oleadas de huelgas. Estas, al principio de carácter económico, fueron adquiriendo un profundo significado político. Los elementos liberales de la administración franquista estaban horrorizados ante el salvajismo del búnker. FEDISA, la «sociedad de estudios políticos» fundada por Fraga, Areilza y Cabanillas, publicó una petición inequívoca de avance desde el autoritarismo hacia la democracia[47]. Expresaban, de hecho, la alarma que cundía entre banqueros e industriales. La posibilidad de que un baño de sangre anulase la oportunidad para España de ingresar en la CEE ocasionó una caída en picado de los valores bursátiles durante el tenso periodo transcurrido entre la promulgación de la ley antiterrorista y las ejecuciones, consumadas a finales de septiembre[48].

Los últimos espasmos del franquismo deterioraron hasta tal punto la imagen internacional de España que el gobierno de Arias se dividió profundamente. A los tres vascos que habían escuchado ya la sentencia de muerte se les unieron el 12 de septiembre tres miembros del FRAP, acusados de asesinatos terroristas. Poco después, el 18 de septiembre, otros cinco activistas del mismo grupo fueron condenados a la pena capital. El 26 de septiembre, Franco asistió al Consejo de Ministros para presidir las deliberaciones sobre la posible conmutación de las penas capitales dictadas contra once personas, dos de ellas mujeres encintas. Casi simultáneamente, el Parlamento Europeo, reunido en sesión extraordinaria de urgencia, reclamó el indulto general. En definitiva, se conmutó la pena a dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos el maltrecho Garmendia. Las sentencias de Txiki Paredes, Ángel Otaegi y tres miembros del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, fueron confirmadas. El clamor internacional fue ensordecedor. Las severas censuras del Papa tensaron una vez más las relaciones entre España y el Vaticano hasta el punto de la ruptura. Desafiando la repulsa nacional e internacional que se había suscitado, se ordenó la ejecución de las sentencias el 27 de septiembre. Trece países retiraron sus embajadores de España. Se prendió fuego a cuatro embajadas españolas. El presidente mexicano pidió que se expulsara a España de las Naciones Unidas. El 6 de octubre, la Comisión Europea propuso la suspensión del comercio con España[49].

La aversión y el temor provocados por la brutalidad del moribundo Franco sirvieron para consolidar el prestigio de la oposición. En junio de 1975 aparecieron, tras la Junta Democrática, la Plataforma de Convergencia Democrática, que agrupaba al PSOE con la Unión Social Demócrata Española de Dionisio Ridruejo, la Izquierda Demócrata Cristiana de Joaquín Ruiz-Giménez y algunos grupos regionales, incluido el Partido Nacionalista Vasco. Dicha Plataforma, dominada por el PSOE, se mostraba más propicia al diálogo con los reformistas del régimen que la Junta Democrática, cuyo compromiso con una estrategia de huelgas y manifestaciones masivas permaneció inamovible. Sin embargo, la inflexibilidad del régimen sirvió para disipar las últimas reservas socialistas respecto al PCE, hasta el extremo de que los dos frentes contrapuestos iniciaron negociaciones para su unificación. La fundación de la Plataforma se anunció el 14 de junio, en una asamblea de la oposición moderada, celebrada en Estoril. Un centenar de prestigiosos dirigentes de la oposición liberal al régimen, que ocupaban mesas decoradas con banderas españolas y claveles rojos, escucharon la alocución de don Juan de Borbón. Este reafirmó su condición de heredero legítimo del trono, reconoció la necesidad de un respaldo popular para la monarquía y reafirmó su compromiso con los derechos humanos. Al poner en entredicho la sucesión franquista del príncipe Juan Carlos, sembró el pánico entre los reformistas del régimen y, sin duda, les indujo a reflexionar sobre la necesidad de comprometerse más a fondo con la democracia si querían sobrevivir[50].

Mientras tanto, los últimos días de Franco fueron testigo de una orgía de enfrentamientos. El 1 de octubre, el Caudillo se dirigió a las hordas falangistas en la plaza de Oriente, escenificando un rechazo ritual del cambio que recordaba al tono de anteriores discursos de los años cuarenta y de la época de los juicios de Burgos. Su exposición a la inclemencia de los gélidos vientos otoñales de Madrid contribuyó probablemente a la recaída definitiva de Franco. El mismo día, una nueva organización terrorista, que se había adjudicado el título de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), mató a cuatro policías para vengar las ejecuciones citadas. En los cinco años siguientes, el GRAPO iba a actuar como un peligroso «agente provocador», y más tarde se le descubrirían curiosas conexiones con la policía. Entretanto, las manifestaciones, huelgas y tiroteos jalonaron la agonía de Franco[51]. A los asesinatos perpetrados por el FRAP y ETA siguieron sin dilación las represalias de los terroristas ultraderechistas. Cundió el temor de que, sintiéndose condenado al ostracismo por el mundo civilizado, Franco desencadenara una explosión de violencia derechista. En los mismos días llegaron las primeras noticias de que Marruecos se disponía a emprender una «marcha verde» contra el Sáhara español. El mundo franquista empezaba a desintegrarse velozmente. Así pues, cuando se anunció el ataque cardíaco del Caudillo el 21 de octubre, hubo un suspiro colectivo de alivio. Durante el mes que precedió a su muerte, el 20 de noviembre, el valor de las acciones en la Bolsa de Madrid experimentó una subida sustancial.

Los franquistas liberales invadieron el palacio de la Zarzuela, residencia del príncipe Juan Carlos. La «solución inmovilista» para el franquismo después de Franco había muerto con Carrero Blanco. El leve «aperturismo continuista» de Arias Navarro había sido torpedeado por las maquinaciones del búnker y por el propio Franco. La violencia desatada en septiembre de 1975 subrayó aún más que el anacronismo político de las estructuras del régimen había creado una abrumadora coincidencia de opiniones interesadas en el cambio, que incluía desde la oposición democrática y vastas áreas de la oligarquía económica hasta las clases medias y la Administración. Entonces, todas las esperanzas se centraron en Juan Carlos, cuyos largos silencios durante los últimos excesos de Franco inquietaban a la izquierda. Sin embargo, en las tres semanas anteriores a la muerte del Caudillo, sus contactos con diversos enviados europeos y con personalidades liberales de España hicieron suponer que estaría dispuesto a marcar el camino de España hacia la democracia[52].

Cuando se anunció el fallecimiento de Franco, el pueblo bailó por las calles de las ciudades vascas. Aunque flotaban temores considerables en el aire, en Madrid y Barcelona la gente se emborrachó silenciosamente con champán. Fue un mentís espectacular a las esperanzas de quienes formaban el círculo íntimo alrededor del Caudillo, que habían soñado con hacer retroceder las saetas del reloj. Según se rumoreó, se le había mantenido artificialmente con vida por medio de aparatos mucho después de perderse toda esperanza de recuperación[53]. Al parecer se hizo así para poder anunciar su defunción el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Nada hubiera podido ilustrar mejor la desconexión de los «cortesanos» franquistas con el mundo real de la España de los años setenta que esa inclinación a creer en una asociación mística entre las muertes de Franco y del fundador de la Falange, como si se tratara de un sortilegio capaz de procurar la supervivencia del franquismo.

Ningún jefe de Estado significativo, salvo el dictador chileno general Pinochet, asistió a los funerales del Caudillo. En espectacular contraste, Giscard d’Estaing, el duque de Edimburgo, el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de la República Federal de Alemania presenciaron la coronación de Juan Carlos[54]. Tanto dentro como fuera de España, los comienzos del reinado de Juan Carlos despertaron una atención cargada de simpatía. Ahora bien, los obstáculos que se interponían a su esforzada voluntad de democratización del país eran inmensos. El legado de amargura y de odio que politizó —algunos dirían revolucionó— al País Vasco iba a envenenar la política española en los años siguientes. Por añadidura, aunque la historia parecía favorecer a las fuerzas progresistas, deseosas de avanzar hacia la democracia, subsistía un búnker poderoso, atrincherado en el ejército, la policía y la Guardia Civil, y más de cien mil falangistas seguían autorizados a llevar armas. El problema quedó ilustrado de un modo palmario el 22 de noviembre, cuando Juan Carlos se dirigió a las Cortes franquistas. Su discurso, de un progresismo mesurado y que omitió de manera ostensible toda referencia al 18 de julio de 1936, fue recibido con frialdad por los procuradores, que dedicaron más tarde una ovación extática a la hija de Franco.

La resolución de la crisis sin derramamiento de sangre a gran escala dependía en buena parte de la habilidad de Juan Carlos, de los ministros que eligiera y de la actitud de los líderes de la oposición. El rey afrontaba un dilema muy grave. Tenía sobrados motivos para favorecer la democratización. Sus consejeros le habían indicado con claridad que varios sectores importantes del capitalismo español deseaban suprimir los mecanismos políticos del franquismo. Asimismo, conocía perfectamente las consecuencias que había acarreado a la familia real griega oponerse a la corriente de los sentimientos democráticos populares. Tal vez influyeron también en él las declaraciones de su padre. Si optaba con audacia por el progreso, podría asegurarse un apoyo masivo para la monarquía. Ahora bien, conocía igualmente la fortaleza, determinación y mala voluntad del búnker. Y aún más importante de lo que quizá se creyera por aquellos días era su estrecha dependencia de la Constitución franquista y de las instituciones a las que debía su entronización. Por consiguiente, en los primeros tiempos de su reinado Juan Carlos avanzó con suma cautela.

Continuaron las detenciones de extremistas de izquierdas, y el búnker conservó su optimismo. Después de todo, con arreglo a su interpretación, si Juan Carlos presidiera la implantación de la democracia en España, desvirtuaría la finalidad de su herencia y de su educación. Así lo expresó, esperanzado, Blas Piñar: «Esto no es una restauración monárquica, sino la instauración de una nueva monarquía franquista que no tiene tras de sí otra idea que la victoria nacionalista de la guerra civil»[55]. Al excluir la monarquía de España durante cuarenta años y arrogarse altivamente el derecho a nombrar su propio sucesor real, Franco había destruido en apariencia toda posible iniciativa política de que pudiera disfrutar Juan Carlos, tal como había socavado los otros dos atributos fundamentales de la monarquía: la continuidad y la legitimidad[56]. El búnker esperaba que la influencia de Franco se hiciese sentir desde su tumba en el Valle de los Caídos. Así pues, no resultó demasiado sorprendente que la izquierda acogiese la coronación con titulares en su prensa clandestina proclamando «¡No a un rey impuesto!» y «¡No al rey franquista!»[57]. El hecho de que los primeros actos de Juan Carlos se encaminaran a consolidar su posición dentro del ejército hizo poco para congraciarle con la oposición. El 2 de noviembre ya había llevado a cabo una genial jugada de relaciones públicas respecto al ejército al realizar una visita relámpago a las guarniciones españolas en el Sáhara. Ciertamente, su sensibilidad hacia las reacciones de los militares forjó la base de una relación en la que se iba a sustentar en gran parte la España democrática del futuro. El 22 de noviembre, Juan Carlos envió un mensaje a las Fuerzas Armadas renovando su juramento de lealtad a la bandera y reconociendo su posición como defensoras de las leyes fundamentales de Franco. Pocos días después, un real decreto nombró al difunto Caudillo capitán general a perpetuidad de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire[58].

La necesaria tranquilización del búnker se simultaneó con algunas pequeñas concesiones a la izquierda. Un indulto limitado alcanzó a bastantes delincuentes comunes, pero devolvió la libertad a pocos presos políticos. Así que, mientras el rey y la reina recorrían las calles flanqueados por multitudes clamorosas, la policía antidisturbios lanzaba cargas, gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para disolver las manifestaciones frente a las cárceles del país. Muchas organizaciones, incluidos el Colegio de Abogados, Justicia y Paz y los partidos de izquierdas, protestaron contra las limitaciones del indulto y exigieron una amnistía total. La decepción se torno cólera cuando varios presos excarcelados, entre los que figuraba el dirigente de Comisiones Obreras Marcelino Camacho, reingresaron en prisión. Hubo enormes manifestaciones proamnistía en Sevilla, Valladolid, Vigo, Barcelona y Madrid. Felipe González fue vejado por la policía en el cementerio municipal de Madrid cuando rendía tributo a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en la celebración del quincuagésimo aniversario de su muerte[59].

La supervivencia a largo plazo de Juan Carlos dependía de su capacidad para dar cumplimiento al abrumador deseo popular de democracia. Sin embargo, Franco había marcado los naipes constitucionales de tal manera que aquel objetivo resultaba sobremanera difícil de cumplir. Las instituciones del régimen, Consejo del Reino, Consejo Nacional del Movimiento y Cortes, continuaban en manos de franquistas convictos y les respaldaban el Ejército y la Guardia Civil. En contrapartida, el movimiento hacia la democratización contaba con el apoyo internacional. Además, en la misa solemne de la coronación, el cardenal Enrique y Tarancón había orientado la atención del rey hacia las esperanzas populares al exhortarle a ser «rey de todos los españoles»[60].

El primer gobierno de la monarquía representó, casi inevitablemente, una decepción para quienes esperaban reformas. Juan Carlos hubiera preferido prescindir de Arias y nombrar a un presidente del Gobierno con quien se compenetrara mejor. Había habido ya algunas fricciones entre ambos, en parte por la tendencia de Arias a tratar al joven monarca con el mismo aire paternalista y despectivo de Franco. Pero el 13 de noviembre Juan Carlos se reunió, sin conocimiento de Arias, con varios miembros del alto mando militar para deliberar sobre el futuro. Arias se enfureció al enterarse. Para afirmar su autoridad dimitió, esperando que, con Franco en su lecho de muerte, Juan Carlos encontrase sumamente difícil afrontar una crisis adicional. Y acertó. El rey se vio obligado a pedirle que permaneciese en su puesto. Sin embargo, para llevar a cabo la modernización política, que él sabía esencial para la supervivencia de la monarquía, el rey necesitaba el concurso de alguien más abierto al cambio. Por algún tiempo jugó con la idea de nombrar a su antiguo tutor, el experto en derecho constitucional franquista Torcuato Fernández-Miranda, que no podía pasar por liberal, pero su experiencia era esencial para cualquier proyecto de cambio. Sin embargo, el secretario de la Casa del Rey, general Alfonso Armada y Comyn, otro extutor, advirtió al monarca —no con objetividad absoluta— que un paso semejante podría ser peligroso dada la hostilidad del búnker. Sea como fuere, el propio Fernández-Miranda participó al rey que él sería más útil presidiendo las Cortes y el Consejo del Reino, pues desde ambos puestos podría facilitar una reforma «legal». Otro posible candidato a primer ministro de Juan Carlos era José María López de Letona, que como ministro de Industria de 1969 a 1973 había adquirido reputación de tecnócrata dinámico, con excelentes contactos en el mundo de los negocios. En definitiva, el rey estaba obligado a solicitar el concurso de Arias para garantizar que el Consejo del Reino aprobase el citado doble nombramiento de Fernández-Miranda. Así pues, aplazó por el momento la idea de sustituir a su primer ministro[61].

El 4 de diciembre, Arias quedó confirmado en su cargo después de haber presentado a regañadientes la dimisión simbólica exigida por el protocolo. En general, el gobierno de Arias evidenció sus inclinaciones franquistas. Ahora bien, aunque contuviera un alto porcentaje de representantes de la línea dura, el rey y Torcuato Fernández-Miranda habían hecho ver a Arias la necesidad de agregarle savia, si no exactamente nueva, por lo menos diferente. Por consiguiente, en la lista gubernamental anunciada el 10 de diciembre, hubo ciertas innovaciones significativas: Manuel Fraga como ministro de la Gobernación, José María de Areilza, conde de Motrico, como ministro de Asuntos Exteriores, y Antonio Garrigues como ministro de Justicia eran personalidades bien conocidas por su compromiso para introducir reformas en mayor o menor grado. Ellos y algunos otros ministros habían representado en diversas ocasiones los intereses de poderosas empresas españolas o multinacionales como United States Steel, IBM, Rank Xerox y General Electric. Según anotó Areilza en su diario, la supervivencia del capitalismo requería algunos sacrificios políticos[62].

Otro nombramiento crucial fue el del cristianodemócrata Alfonso Osorio en el ministerio de la Presidencia. Como entre sus tareas figuraba la responsabilidad del patrimonio nacional, tuvo ocasión de celebrar entrevistas regulares con el rey. Sin duda se trató de un nombramiento deseado por el propio Juan Carlos. La composición del Gobierno dejaba entrever que, no obstante las pretensiones del búnker, empezaba a perfilarse una especie de cambio. A este respecto, el nombramiento doble de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, su capacidad para la intriga política, su conocimiento profundo del derecho constitucional franquista y su trato familiar con toda la élite política del franquismo, le hicieron el guía perfecto para que Juan Carlos pudiera transitar por el laberinto en el que se veía atrapado. Fernández-Miranda se dio prisa en procurarse un topo dentro del Gobierno al entrevistarse con Arias y persuadirle de que aceptara como ministro secretario general del Movimiento a su nuevo protegido, Adolfo Suárez[63].

Las posibles repercusiones a largo plazo de tales nombramientos o de la operación bizantina —todavía limitada en aquella etapa— urdida por Fernández-Miranda eran difícilmente previsibles. La reacción inevitable de las coaliciones de la oposición, cada vez más nutridas, fue la denuncia de lo que se les antojaba un ejercicio mal enmascarado de continuismo. En verdad, resultaba difícil extraer otra conclusión del discurso pronunciado por Arias ante el Consejo Nacional del Movimiento el 19 de enero de 1976, en el que afirmó su firme decisión de permanecer fiel a sus orígenes. Aseguró a los oyentes que él aceptaba «con honor el pasado de nuestro régimen desde sus heroicos y dolorosos momentos inaugurales hasta su ayer más inmediato en un propósito de continuación perceptiva», y que no albergaba «ningún deseo tenebroso de revisionismo ni se había propuesto el objetivo suicida de alterar nuestro sistema constitucional». Tales observaciones revelaban lo poco que estaba ofertando Arias con sus vagas alusiones a que esperaba ver a su debido tiempo una especie de Parlamento electivo compuesto por cuatro o cinco partidos legales. Lo más que podía esperarse de Arias era un posible intento de preparar para España, de forma paternalista, una democratización limitada capaz de sortear la crisis sin ofender al búnker. Se encomendó esa tarea a una comisión mixta integrada por ministros y por miembros veteranos del Consejo Nacional. En su primera reunión, el 11 de febrero de 1976, Arias reiteró escuetamente su posición al declarar: «Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la vida política no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos y lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza». El despacho del primer ministro quedó presidido de manera simbólica por un caballete que soportaba un enorme retrato de Franco contrastando con una fotografía diminuta del rey[64].

Aunque el propósito de Arias era en parte tranquilizar al búnker, hizo muy poco para disuadir a la oposición de que cumpliera su compromiso para demoler acelerada y completamente el sistema franquista, es decir, la llamada «ruptura democrática». Las exigencias mínimas de la izquierda —amnistía política total, legalización de todos los partidos políticos, sindicatos libres, desmantelamiento del Movimiento y de la Organización Sindical y elecciones libres— difícilmente podían negociarse con Arias. La primera mitad de 1976 iba a presenciar una prueba de fuerza entre las dos opciones. Más adelante, la intransigencia de Arias daría paso a los planteamientos más flexibles de Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez. Fueron la amenaza de la militancia popular que se propagaba por toda España y la violencia en el País Vasco las que persuadieron a los miembros más liberales del Gobierno, y particularmente a los más compenetrados con Juan Carlos, de que solo un compromiso positivo podía atajar un grave desafío al orden existente.

Durante los primeros meses de 1976 se sucedieron las manifestaciones multitudinarias a favor de la amnistía para los presos políticos y las huelgas industriales a gran escala. Las huelgas estaban relacionadas hasta cierto punto con el hecho de que dos terceras partes de los convenios colectivos del país tenían vencido el plazo y debían negociarse en los tres primeros meses del año[65]. A este respecto, la imposición gubernamental de una congelación salarial intensificó la agitación laboral. No obstante, las huelgas tuvieron también en muchos lugares una motivación política. En algunos casos constituyeron una respuesta consciente al llamamiento comunista para una «acción democrática nacional» con el fin de derrocar al régimen; pero fueron en mucha mayor medida el reflejo del empeño popular generalizado a favor de una reforma política. La acción huelguística y las manifestaciones multitudinarias del País Vasco estuvieron fuertemente ligadas y conocieron una escalada febril que no se dio en el resto de lugares. La intensidad peculiar de la militancia popular expresada allí era el legado de la violencia desatada por las fuerzas de orden público durante el estado de excepción de 1975.

Por razones evidentes, las huelgas con mayor impacto político afectaron a los servicios públicos. Cuando comenzaba el año, Madrid fue escenario de una intensa presión ejercida sobre el Gobierno. Las acciones consecutivas emprendidas por los trabajadores del metro y los carteros suscitaron la amenaza de hacer efectiva su teórica situación militar de modo que, según el Código Militar, se habían hecho reos de amotinamiento si no volvían al trabajo. El ejército intervino para poner en funcionamiento las líneas del metro. Los paros en la industria metalúrgica y la construcción paralizaron la periferia de la capital. El recurso a las cargas policiales para dispersar a los grupos de huelguistas reflejó el instinto franquista de Arias y de su ministro de la Gobernación, Manuel Fraga. Más tarde se atajaron con la militarización las huelgas de los carteros y de los ferroviarios de Renfe[66].

Las huelgas convencieron a los ministros liberales de la urgencia del diálogo con la oposición. Arias mantuvo su intransigencia y los únicos contactos fueron extraoficiales. El más importante tuvo lugar entre Areilza y el cristianodemócrata de izquierdas Joaquín Ruiz Giménez. Exministro de Educación con Franco, Ruiz-Giménez era un católico social idealista que había mantenido estrechos contactos con los socialistas a través de Cuadernos para el Diálogo, la revista fundada por él en 1963. Universalmente respetado, podía ser el interlocutor más adecuado de la oposición con el Gobierno. Las dimensiones de la tarea emprendida por Ruiz-Giménez se transparentaron en cierto comentario de Areilza, que le comparó con «la hermana de la caridad predicando castidad en una casa de lenocinio»[67]. El propio Areilza, como ministro de Asuntos Exteriores, emprendió una operación compleja con el fin de asegurar el apoyo de las democracias occidentales a una reforma política bajo los auspicios de Juan Carlos. Estaba tan convencido de la necesidad de llegar a un compromiso con la oposición, como asombrado ante la rigidez de Arias Navarro. La actitud de Areilza y de los escasos ministros liberales no mitigaba, a juicio de la oposición, el cuadro general de inflexibilidad gubernamental a ultranza. Por consiguiente, se acentuó la presión.

Concluidas las huelgas de enero en Madrid, el mes de febrero se caracterizó por las manifestaciones proamnistía, que reunieron a ochenta mil participantes en dos domingos consecutivos en Barcelona[68]. Pero la máxima militancia se dio en el País Vasco. El indulto promulgado el día de la coronación había favorecido a un escaso 10 por ciento de los setecientos cincuenta presos vascos. En vez de paliar la tensión ocasionada por Franco, la mezquindad del indulto provocó el furor popular. El grueso de la población vasca creía que la violencia de ETA era una respuesta justificada a la violencia institucional del franquismo, y la decepción causada por el indulto se materializó de inmediato en una campaña intensiva proamnistía. Las acciones proamnistía vasca superaron en volumen e intensidad a los movimientos similares en el resto de España. Se combinaron las frecuentes manifestaciones con luchas laborales, «sentadas», huelgas de hambre y dimisiones en masa de funcionarios municipales. Las peticiones de libertad para los presos alternaron con llamamientos a la legalización de la bandera vasca, la ikurriña.

El hecho de que ETA no abandonara la lucha armada tras la muerte del dictador complicó sin remedio la campaña. En los tres primeros meses de 1976 murieron varios guardias civiles al intentar retirar unas ikurriñas con trampa explosiva, algunos presuntos confidentes cayeron muertos a tiros, y un empresario fue secuestrado y asesinado. Todo ello no solo desató la ira del búnker, sino también la del ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, que declaró la guerra a ETA el 8 de abril[69]. Las relaciones entre Fraga y los vascos habían ido empeorando hasta alcanzar el límite el 3 de marzo. Ese día concluía una huelga de dos meses en Vitoria con una manifestación multitudinaria. Cuando los trabajadores abandonaban la iglesia de San Francisco, la policía antidisturbios cargó contra ellos. Hubo tres muertos y más de setenta heridos graves. Otros dos trabajadores fallecieron pocos días después a consecuencia de sus heridas. En respuesta, se convocó una huelga general en todo el País Vasco. Por aquellas fechas Fraga estaba de viaje, pero regresó muy aprisa. La atmósfera reinante se reflejó en el incidente ocurrido durante la visita de Fraga y Rodolfo Martín Villa, ministro de Sindicatos, al hospital provincial: un familiar de uno de los heridos les preguntó si venían para rematarlo. Los acontecimientos de Vitoria anularon cualquier credibilidad que pudiera haber tenido el Gobierno en aquella región, reforzaron el apoyo popular a ETA e intensificaron la militancia de la clase obrera vasca. La declaración de guerra hecha por Fraga, que implicó un incremento de la actividad policial y coincidió con la reaparición de los comandos ultraderechistas de choque, agravó la situación hasta un punto crítico[70].

Mientras la oposición se entregaba totalmente a la lucha por la democracia en el resto de España, las reivindicaciones populares del País Vasco adquirían cada vez mayor alcance. El área se había radicalizado hasta tal punto que las aspiraciones separatistas y revolucionarias de ETA recibieron un apoyo muy considerable de la población. Se esperaba que la agitación popular disminuiría en cualquier otro lugar de España una vez establecida la democracia, pero en el País Vasco se había alcanzado un punto en el que la pacificación y el retorno a la normalidad parecían casi imposibles. Los ideólogos de ETA se afanaron por capitalizar la militancia generada por su propia lucha y por la represión. Las polémicas sobre el mejor modo de combinar la actividad política y la militar habían sido constantes en el seno del Movimiento desde que el asesinato de Carrero Blanco introdujera un cambio político en el programa. Para algunos radicales del frente militar, el activismo terrorista había llegado a ser un fin en sí mismo. Otros miembros más reflexivos del frente político opinaban que se debían hacer preparativos para un futuro «post-Franco» e impedir que el Partido Nacionalista Vasco, esencialmente burgués, acaparara el capital político acumulado por la lucha de ETA. El debate, cada vez más enconado dentro de ETA, culminó después de la bomba de la cafetería Rolando, el 13 de septiembre de 1974. Aquel acto insensato evidencia hasta qué punto se estaba desmandando el frente militar. Desdeñando los esfuerzos de las cabezas más frías para ligar las acciones terroristas a los movimientos de masas, los «milis» se escindieron para formar ETA-M. El resto de la organización se denominó ETA-PM.

Por entonces, las diferencias entre ambas organizaciones eran aún muy pequeñas, pero se fueron acentuando rápidamente en el curso de los tres años siguientes. ETA-M subrayó su carácter nacionalista y comenzó a establecer una divisoria rígida entre las actividades políticas y las militares. En la estela de su creación se fundó un partido político de un nacionalismo extremista, LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, o Partido Revolucionario de Trabajadores Patrióticos). ETA-PM se planteó objetivos socialistas más amplios, además del nacionalismo, y sus líderes creyeron que las acciones políticas y militares eran compatibles. Las unidades activistas ETA-PM fueron conocidas como los «Comandos Bereziak». Más tarde iban a ocupar el centro de la polémica, en una nueva crisis derivada de las contradicciones existentes entre las acciones terroristas y la actividad política convencional. Ocurrió el 17 de marzo de 1976, con el secuestro por los Comandos Bereziak de ETA-PM de Ángel Berazadi Uribe, un empresario de San Sebastián simpatizante del PNV. Cuando su familia se negó a pagar el rescate exigido, le asesinaron. El Gobierno vasco en el exilio, dominado por el PNV, condenó enérgicamente el crimen de ETA-PM.

El asesinato de Berazadi arrebató a ETA parte de la simpatía popular con la que contaba e indujo al principal ideólogo de ETA-PM, Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, a reflexionar sobre los problemas derivados del empleo continuo de la violencia en aquella situación política cambiante. Pertur redactó un informe que causó un gran impacto, la ponencia Otsagabía, en la que se proponía que ETA-PM abandonase las actividades militares en favor de las políticas. La ponencia Otsagabía constituyó el fundamento de la filosofía que iba a respaldar la formación de un partido político propio de ETA-PM, EIA (Euskal Iraultzako Alderdia, o Partido de la Revolución Vasca). Capitaneados por exetarras, LAIA y EIA, más otros partidos menores de la llamada izquierda abertzale (vasca patriótica), acabaron por asumir la jefatura dinámica de un movimiento popular cuyos objetivos iban más allá de toda solución que pudiera ofrecer un gobierno de Madrid. Quizá por esa razón, secuestraron y asesinaron a Pertur a finales de abril. Por aquellos días se atribuyó su muerte a los comandos terroristas de ultraderecha, pero investigaciones ulteriores apuntaron hacia los propios Comandos Bereziak de ETA-PM, y en particular a su líder Miguel Ángel Apalátegui, Apala, quien, aparentemente, quiso impedir a toda costa la evolución hacia la política ortodoxa patrocinada por Pertur[71].

Los conflictos internos de ETA no influyeron gran cosa en el crecimiento incesante del nacionalismo de izquierdas en el año 1976, estimulado por la violencia de las fuerzas de orden público. De una manera diferente a otros sectores de la oposición democrática, la herencia de odio dejada por la dictadura se intensificó en la época de Arias Navarro. Los frentes democráticos que se habían establecido en el resto de España y que se estaban ampliando sin tregua para dar cabida a los moderados no echaron raíces en el País Vasco. La Asamblea Democrática de Guernica, patrocinada por el Partido Comunista, fue un fracaso. En su lugar, la izquierda abertzale organizó en 1975 su propio frente, conocido como KAS, Koordinadora Abertzale Sozialista. Sus aspiraciones nacionalistas de gran alcance se plasmaron en la «Alternativa KAS», que subsistiría como núcleo de las ambiciones abertzales[72].

El resto de la izquierda española tardó mucho en comprender lo que estaba sucediendo en el País Vasco. Sin embargo, el Partido Comunista se conformó poco a poco con el hecho de que las posibilidades para su estrategia de «acción democrática nacional», destinada a desmontar el sistema franquista, se limitaban en realidad a Madrid y Barcelona. La dirección del PCE se vio obligada a reconocer que la situación en el País Vasco escapaba a su control. De resultas, Santiago Carrillo hubo de reconocer, aunque disimulándolo con su incesante retórica triunfalista, la endeble posición potencial del PCE. Tácitamente admitió que la estrategia fundada en la convicción de que una huelga extendida por todo el territorio nacional precipitaría la ruptura democrática era errónea. Si la militancia de la clase obrera era incapaz por sí sola de vencer al sistema franquista, la ruptura podría realizarse tan solo a través de una negociación entre Gobierno y oposición.

Carrillo vislumbró de inmediato que el PCE corría peligro inminente de ser excluido de dicho proceso. Pese a la enorme militancia y disciplina del partido, y pese a la superioridad numérica de sus activistas sobre el resto de la oposición, las negociaciones favorecerían a los socialistas y los cristianodemócratas, evidentemente más «respetables». Así pues, el secretario general del PCE percibió la necesidad urgente de una mayor unidad entre la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Abandonando los dos objetivos comunistas de la quiebra total del sistema franquista y la marcha de Juan Carlos, Carrillo facilitó la fusión de las dos organizaciones. A finales de marzo, ambas constituyeron la Coordinación Democrática, conocida como la Platajunta. Aunque la enorme amplitud de la coalición reducía la maniobrabilidad de la oposición para convocar acciones decisivas, su formación allanó el camino a la negociación con los reformistas de dentro del sistema y la exposición de las divisiones en el Gobierno[73]. Un curioso efecto secundario de la creación de la Platajunta vino a poner de relieve hasta qué punto el debate político significativo quedaba limitado al existente entre la oposición y los reformistas del régimen.

Alarmada ante la perspectiva de cooperar con los comunistas, el ala más conservadora de los cristianodemócratas de Ruiz-Giménez se escindió bajo la jefatura de Fernando Álvarez de Miranda. Tras prolongados análisis, el grupo dirigido por Ruiz-Giménez había cambiado su denominación de Izquierda Demócrata Cristiana por otra más progresista y de apariencia menos confesional, Izquierda Democrática. Durante algún tiempo, Ruiz-Giménez había apremiado a Álvarez de Miranda para que ejerciera su influencia sobre los «tácitos» y les indujera a abandonar su ambigüedad y condenar el continuismo de Arias. Álvarez de Miranda confiaba en persuadir a los «tácitos» e integrarlos en Izquierda Democrática, con lo cual se establecería la base para un futuro Partido Cristiano Demócrata de gran envergadura. Sin embargo, los «tácitos» recelaban de los contactos establecidos por el ala izquierda de Ruiz-Giménez, cosa que preocupó también a Álvarez de Miranda. Ruiz-Giménez no quiso romper sus lazos con los líderes obreros, a quienes había defendido durante años. La escisión de Izquierda Democrática se formalizó en abril de 1967. Álvarez de Miranda, con Óscar Alzaga e Íñigo Cavero, se separó y formó un grupo propio bajo la reaparecida denominación de Izquierda Demócrata Cristiana, con posiciones casi equivalentes a las de los «tácitos». Más tarde, Álvarez de Miranda y sus compañeros acabarían por incorporarse a UCD. Mientras tanto, sirvieron de puente útil entre sus antiguos amigos de la oposición y los «tácitos»[74]. La deserción de Álvarez de Miranda respecto a Ruiz-Giménez era un signo de que la atmósfera cambiaba. De la lucha generalizada por la democracia se empezaba ya a pasar a una fase en la que en algunos círculos iban delineándose posiciones más precisas, con vistas a un posible futuro democrático.

Arias continuó inamovible, a despecho de la actividad desarrollada por la oposición. Él seguía unido al pasado, y su instinto de policía franquista le dictaba las respuestas. Algunos ministros más realistas y flexibles, como Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, se acomodaron a la disposición de Areilza para el diálogo. Por su parte, Manuel Fraga reaccionó con violencia. Desoyendo los consejos del cada vez más extenso sector liberal del Gobierno, arrestó a diversos líderes de la oposición que se habían reunido el 29 de marzo para anunciar la formación de la Platajunta[75]. Como ministro de la Gobernación, había sido inicialmente uno de los miembros más reformistas del Gobierno. Sin embargo, los sucesos de Vitoria dañaron la credibilidad de este, y en particular la de Fraga. De hecho, Fraga había iniciado ya una política de buscar apoyos dentro de la antigua élite franquista, y en especial del Ejército.

Poco después de los acontecimientos de Vitoria, el cristianodemócrata valenciano Emilio Attard hizo una visita a Fraga para pedirle moderación policial respecto a una inminente manifestación proamnistía que iba a celebrarse en Valencia con asistencia de algunos seguidores suyos. Ante la alarma de Attard, Fraga le participó que eran los manifestantes quienes deberían moderarse, porque de lo contrario «los voy a moler a palos». Transcurrido apenas un mes, hubo nuevas pruebas del retorno de Fraga a un autoritarismo belicoso. Ocurrió el día anterior a la celebración del 1 de mayo proyectada por el PSOE en el cementerio municipal madrileño ante la sepultura de Pablo Iglesias, fundador del partido. Durante una comida celebrada en el domicilio de Miguel Boyer, futuro ministro de Economía en el primer gobierno de Felipe González, Fraga explicó sus planes para el futuro sin imaginar que no iba a representar el papel principal en ese escenario. En tono amenazador dijo a Felipe González que tal vez se legalizara el Partido Socialista al cabo de ocho años y los comunistas jamás. «Recuérdese —añadió con su típica jactancia— que yo soy el Poder y usted no es nada». Ese abandono repentino del barniz liberal fue un error de cálculo de cuyos efectos no podría recuperarse hasta las elecciones de 1982. Al reafirmar ese estilo autoritario en la primavera de 1976, se descalificó a sí mismo como posible sucesor de Arias[76].

Por el contrario, la crisis de Vitoria, además de aglutinar a la izquierda, dio un impulso muy considerable a la carrera de un casi desconocido hasta entonces: Adolfo Suárez. Como Fraga estaba en Alemania cuando se produjeron los sucesos, el ministro secretario del Movimiento tuvo que hacerse cargo de la situación. El general Prada Canillas, capitán general de la Región Militar de Burgos, que abarcaba también Vitoria, recomendó con urgencia que se declarara el estado de excepción. En su lugar, Suárez optó por un despliegue discreto de refuerzos policiales enviados desde las provincias vecinas. Acto seguido, y con el concurso de Alfonso Osorio, convenció al rey de que su firme actuación ante los acontecimientos había impedido un mayor derramamiento de sangre[77]. El alza de la cotización de Suárez fue muy curiosa. Areilza no creyó que su joven rival fuera un demócrata convencido por su aparente predisposición a utilizar el aparato del Movimiento para fabricar un cambio democrático simplemente de fachada. Otros incondicionales del Movimiento compartían su opinión de que Suárez era fundamentalmente un reaccionario[78]. Sin embargo, mediante sus contactos con los consejeros del rey, sobre todo Torcuato Fernández-Miranda, Suárez se había ido convenciendo de que el futuro pasaba por un compromiso más estrecho con la democracia. Por lo pronto, había establecido ya contactos con la «oposición tolerada» de la Unión Social Demócrata Española y con los cristianodemócratas agrupados en torno a Fernando Álvarez de Miranda. Como este último grupo era el más próximo al rey, Suárez fue concretándose cada vez más en los proyectos reales como el hombre capaz de conciliar los sectores más dispares de la política española. El propio Suárez pudo darse cuenta de ello cuando, con ocasión de la final de la Copa de fútbol de 1975, tuvo que sentarse junto al rey. En cierto momento, Juan Carlos señaló al joven presidente del Real Zaragoza —que ofrecía un marcado contraste con el caduco presidente de su oponente, el Real Madrid— y le preguntó si había notado «lo majos que resultan los presidentes jóvenes»[79].

Entretanto, el gobierno de Arias seguía atascado en el empeño de sacar a flote una nueva ley de asociaciones políticas, mientras comprobaba poco a poco que su plan para una reforma sumamente limitada se había venido abajo. A instancias de Torcuato Fernández-Miranda, Suárez fue elegido para presentar la nueva ley a las Cortes franquistas, y así lo hizo con gran estilo. El rey quedó encantado y elogió su elocuencia llamándole «pico de oro». Ahora bien, como futuro candidato al poder político, Suárez se resentía de su falta de contactos con la oposición legal[80]. A esas alturas, otros colegas evidentemente más liberales veían ya la necesidad urgente de dialogar con la izquierda. Y mucho antes, la oposición había reconocido que cualquier tentativa revolucionaria para derribar al franquismo tendría como desenlace una guerra civil. Incluso el PCE descartaba su exigencia retórica de una ruptura democrática a gran escala y aceptaba, con el PSOE y los cristianodemócratas más liberales, la idea de un marco nuevo negociado con la dictadura, la denominada «ruptura pactada». La creación de Coordinación Democrática había requerido una evaluación realista de los límites inherentes a toda acción de masas. Luego se dio un giro hacia un programa más moderado, capaz de ampliar la oposición hacia el centro e incluso a los grupos de centro derecha, de modo que el Gobierno quedara aislado[81].

El rey se mantuvo informado de los detalles de dicho proceso por medio de sus consejeros. Desde marzo, si no antes, el monarca mostró un creciente descontento ante la incapacidad de Arias para reaccionar de otra forma que no fuese la violencia regresiva frente al fortalecimiento incesante de la oposición. El propósito real quedó bien claro cuando él mismo permitió que se citara en Newsweek su frase de que el primer ministro era «un desastre sin remedio». El 9 de junio de 1976, después del discurso carismático de Suárez, las Cortes aprobaron la nueva ley de asociaciones políticas, pero rechazaron las enmiendas del Código Penal, indispensables para la legalización de los partidos políticos como preveía la ley. Arias evidenció ser tan poco hábil o remiso para tratar con el búnker como incapaz de contener a la oposición.

Juan Carlos, convencido ya de que la transición hacia la democracia era necesaria para su propia supervivencia, tenía que pasar las riendas a alguien capaz de habérselas con el búnker y la oposición. El descontento respecto a Arias entre los mandos superiores del Ejército había alcanzado ya el punto de saturación, y el rey percibió la necesidad de actuar antes de que los militares se lo pidieran. Si estos lo hacían, él podía verse obligado a continuar con Arias para preservar su propia autoridad[82]. Así de apremiante era la situación. Por consiguiente, después de recibir firmes promesas de apoyo por parte de Estados Unidos durante su visita triunfal a primeros de junio, Juan Carlos pidió la dimisión de Arias. Hubo insinuaciones sobre la influencia estadounidense; en opinión de Areilza, la sustitución de Arias por Suárez se había planeado ya desde Pascua, incluso quizá desde la visita de Henry Kissinger a Madrid en enero[83].

En ese momento, la demora del rey en reemplazar a Arias hizo surgir dudas sobre el grado de su compromiso con la democratización. Convencidos de que la adaptación de la estructura política española a las nuevas realidades sociales y económicas de los años setenta era inevitable, muchos observadores empezaron a confundir la vacilación con la mala fe. Sin embargo, esa opinión subestimaba el poder residual del búnker en general y de las Fuerzas Armadas en particular. La aparición subsiguiente del fenómeno del golpismo obliga a ver la parsimonia de Juan Carlos desde una nueva perspectiva. La sensibilidad en su trato con el estamento militar fue una contribución crucial para la llegada de la democracia. Del mismo modo, toda la experiencia de Arias revistió una importancia decisiva desde diversos aspectos. Sus reformas tímidas y restringidas tuvieron el mérito de reducir los ardores del búnker y, por ende, hacer que la ultraderecha se desacreditara ante el resto de la élite franquista. Como consecuencia de ese proceso, la propia insuficiencia de los planes propuestos por Arias empujó a numerosos funcionarios y empresarios franquistas hacia el campo reformista. Joaquín Garrigues Walker, Francisco Fernández Ordóñez, los «tácitos» y otros se encontraron así en la posición de interlocutores entre la derecha y la oposición.

Quizá fuera ese el factor principal entre los que aseguraron la transición incruenta hacia la democracia. Asimismo, las endebles reformas de Arias y la fuerte represión que las escoltó coadyuvaron a la unidad de la izquierda. La unidad y la militancia popular que la respaldaban fueron la clave para el proceso de democratización. Sin ellas ningún funcionario, ni siquiera el más flexible y reformista, se habría creído obligado a reflexionar sobre el futuro. El hecho de que Arias fuese incapaz de contener el encarnizamiento del búnker, especialmente en el País Vasco, estimuló de forma inconmensurable a las fuerzas populares. La repulsa general suscitada por la extrema derecha en el periodo de Arias hizo también que el peso de la opinión pública internacional se inclinara a favor de la izquierda democrática. Si se echa una mirada retrospectiva a la España de Carrero Blanco, resaltará la importancia de los «años Arias», que, con todos los sufrimientos que conllevaron, cumplieron el papel de acercar el país a su objetivo, la democracia.

4

Reconciliando lo irreconciliable

La reforma política de Adolfo Suárez, 1976-1977

Los treinta meses transcurridos entre la muerte de Carrero Blanco y la dimisión de Arias Navarro fueron testigo de cambios radicales en España. Pese al impacto de la modernización económica y a la marea creciente de la lucha obrera, estudiantil y nacionalista, los sólidos contornos de la España de Franco seguían siendo en 1976 tan inequívocos como treinta años antes. Entre las familias franquistas empezaban a abrirse grietas en el subsuelo, pero faltaba todavía mucho tiempo para denotar que algún día podían llegar a cuartear la ciudadela. El ejército sitiador de comunistas y socialistas, obreros y estudiantes, vascos y catalanes, parecía aún muy lejos de la victoria. La muerte de Carrero Blanco hizo añicos el mito de la invulnerabilidad franquista, desencadenó reyertas dentro de las murallas e incitó a la oposición a buscar esa unidad que se había mostrado siempre tan evasiva. Dos años y medio después, la oposición había empezado a avanzar, muchos de los mejores hombres y más clarividentes del régimen se habían pasado al enemigo democrático, y los ultras iban quedándose reducidos a una minoría mezquina y resentida, aunque todavía poderosa. Sin embargo, oficialmente, España estaba tan lejos de ser un país democrático como lo estuviera el 12 de febrero de 1974. Por mucho que los años de Arias hubiesen allanado el camino, por mucho que hubiera crecido el aplomo de la oposición, al parecer, el poder del sistema franquista, y sobre todo de las Fuerzas Armadas, permanecía incólume. Para evitar un choque catastrófico entre la fuerza irresistible de la izquierda y el rancio inmovilismo de la derecha era necesario avanzar rápidamente hacia el objetivo de introducir la democracia de forma que contase con la aprobación de las Fuerzas Armadas y del grueso de la vieja guardia.

Los criterios del grupo de poder franquista eliminaron a Areilza como posible artífice del milagro, se le condenó por su liberalismo. Fraga se eliminó por sí solo con su estilo belicoso. Sea como fuere, ambos eran personalidades más dominantes de lo que Juan Carlos deseaba. Según parece, con ocasión de la reciente visita real a Estados Unidos, Areilza había intentado imponer sus puntos de vista sobre el protocolo, con cierta arrogancia y, desde luego, con bastante menos deferencia de la adecuada[1]. Por añadidura, durante sus años de ferviente partidario de don Juan, había censurado no pocas veces a Juan Carlos. Ahora, el candidato idóneo debería ser más joven y más aceptable para la élite franquista. Con esa idea, el 3 de julio Torcuato Fernández-Miranda actuó de tramoyista en la reunión del Consejo del Reino que debía designar la «terna», es decir, la lista de tres nombres entre los cuales el rey elegiría el nuevo presidente del Gobierno. Como en general se esperaba que Torcuato Fernández-Miranda luchara por incluir a Fraga y/o Areilza, la decisión previa de no optar por ninguno de los dos facilitó su tarea. La mayoría del Consejo se regocijó tanto de que se les «sacrificara», que aparentemente les pasó inadvertida la habilidad de Fernández-Miranda para introducir el nombre de Adolfo Suárez en la terna.

Solo después de un debate prolijo y de sucesivas votaciones, apareció su nombre en liza. Para casi todos los consejeros, Suárez no era un candidato serio sino una figura inocua del Movimiento, a quien se podía votar para excluir a otros. Un derechista del Movimiento que no votó por Suárez, Joaquín Viola Sauret, exalcalde de Barcelona, comentó desdeñoso: «Aunque resido en Cataluña, soy de Cebreros y conozco muy bien a este muchacho». Cebreros, en la provincia de Ávila, era el pueblo natal de Suárez. Finalmente, la terna quedó compuesta por Adolfo Suárez, Gregorio López-Bravo, uno de los más atractivos tecnócratas de Franco, y Federico Silva Muñoz, el austero cristianodemócrata. El Consejo presentó la lista confiando en que la elección recaería en uno de los dos candidatos veteranos. Un consejero participó incluso a Fernández-Miranda que la inclusión de Suárez había sido un tremendo despilfarro, porque era un candidato sin la menor opción y se podía haber utilizado su puesto para adular a algún miembro más importante del poder establecido[2]. Solo Fraga y Areilza podían haber quedado más sorprendidos con el nombramiento de Adolfo Suárez el 3 de julio, ya que ambos, y también la prensa, estaban plenamente confiados en sus propias posibilidades[3].

Suárez significaba para el rey alguien que, como apparatchik del Movimiento, conseguiría, sobre todo bajo la orientación de Fernández-Miranda, utilizar el sistema para volverlo contra sí mismo e iniciar la reforma. A mediados de 1976 esa posible ventaja no era perceptible para muchas personas. Arias dijo a Suárez que le encantaba su nombramiento, aunque solo fuera porque así se interceptaba el acceso de Areilza o Fraga a la presidencia del Consejo de Ministros. Ciertamente, las credenciales franquistas de Suárez regocijaron al búnker en la misma medida que espantaron a la oposición. Así, en la segunda semana de julio la izquierda convocó manifestaciones multitudinarias a favor de las libertades políticas y la amnistía. Su éxito dejó pocas dudas a Suárez sobre la necesidad de una reforma rápida y completa si se quería solventar sin violencia la crisis[4].

A decir verdad, la tarea más difícil e inmediata de Suárez fue la formación de un equipo ministerial. Tanto Areilza como Fraga le habían escrito ya para participarle su negativa a seguir formando parte del Gobierno. Al igual que muchas otras personas de la élite política y de la oposición, pensaban que la permanencia de Suárez en el poder sería efímera. Queriendo evitar la fatídica medida de formar gobierno con sus colegas del Movimiento, el nuevo presidente del Consejo de Ministros pidió ayuda a Torcuato Fernández-Miranda y a Alfonso Osorio. Así pues, Osorio, miembro destacado del grupo «Tácito», fue vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia. A instancias del rey, Osorio ejerció toda su influencia para persuadir a otros «tácitos» de que aceptaran cargos. También intentó reclutar a cristianodemócratas seguidores de Fernando Álvarez de Miranda, y ofreció a este la cartera de Educación. Álvarez de Miranda rechazó la invitación a formar parte de un Gobierno no electo, dejando claro de paso que, al menos por el momento, la derecha liberal quería mantener las distancias[5].

La lista gubernamental definitiva fue objeto de burlas y se la denominó «gabinete de penenes» (profesores no numerarios), una agudeza atribuida a Francisco Fernández Ordóñez. No obstante, y dejando aparte los ministerios militares, el nuevo Gobierno, compuesto por católicos conservadores como Marcelino Oreja en Asuntos Exteriores y Landelino Lavilla en Justicia, proporcionó a Suárez la oportunidad de emprender más reformas de las que sus críticos creían posibles[6]. Paradójicamente, la exclusión de Areilza contribuyó al avance de la transición. Si él hubiese asumido el poder, habría encontrado más intransigencia que Suárez por su flanco derecho. En cambio, al quedar al margen, pudo dedicar su nada desdeñable prestigio y su elocuencia a la tarea de fomentar el diálogo entre la derecha civilizada y la oposición[7].

Con un Gobierno constituido por políticos ligados en diversa medida a los sectores más progresistas del capitalismo español, Suárez podía hacer planes para una democratización más significativa. Informó al gabinete de que su estrategia se fundaría en la rapidez. Mantendría la iniciativa mediante la implantación de medidas específicas sin dar tiempo a que los «continuistas» del sistema franquista pudieran reaccionar contra ellas[8]. Según anunció por televisión, su programa reconocía la soberanía popular y prometía un referéndum sobre la reforma política y elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. La presentación del programa fue acompañada de un perdón real por los delitos políticos, lo cual fue bien acogido en casi toda España, aunque no consiguió acrecentar la credibilidad de Suárez en el País Vasco. Sin embargo, la combinación de Juan Carlos y Adolfo Suárez representaba una opción atractiva para la mayor parte de los españoles no politizados, temerosos de perder las ventajas materiales adquiridas en los quince años precedentes pero receptivos respecto a la liberalización política. Pareció ofrecer la oportunidad de proteger los avances económicos y sociales de tiempos recientes, y de progresar pacífica y gradualmente hacia la democracia.

La habilidad con la que Suárez proyectó una imagen televisiva moderna y atractiva contribuyó a consolidar el apoyo político de la mayoría silenciosa. Por otra parte, una nueva prensa dinámica y polémica salió en esos días a la calle, dispuesta para el debate sobre la reforma política. Verdaderamente, la prensa en general y El País y Cambio 16 en particular serían también protagonistas durante el proceso de transición, actuando como una fuente permanente de presión sobre Suárez. A despecho de sus ventajas, este afrontaba una situación tan dificultosa como la que había desarbolado a Arias. Por un lado, el búnker y el ejército mantenían su fuerza y sus recelos; por otro, aparecía una oposición de masas clamorosa. Al principio, Suárez pareció concebir su tarea como un reparto del poder entre la oposición y los «aperturistas» de su Gobierno. Sin embargo, la oposición dejó bien claro que no buscaba un arreglo de trastienda y que, a su juicio, la ruptura pactada consistía en la negociación de la apertura de un periodo constituyente. Lograr que la oposición colaborara en un proceso de democratización conducido desde dentro de la «legalidad» franquista fue uno de los cometidos más espinosos de Suárez y, por consiguiente, su mayor triunfo.

Sobre todo Carrillo mantenía la presión mediante una política calculada para hacer volver a la superficie al PCE, desafiando al Gobierno a tolerar la existencia de su partido o bien revelar su verdadera faz, al reincidir en la acción represiva. Empezó por celebrar un mitin del comité central del PCE en Roma a finales de junio. El acto, comentado generosamente en los medios de comunicación, tuvo un impacto considerable y reveló por primera vez al público español que un número significativo de intelectuales y líderes obreros eran comunistas. Luego, hacia el otoño, el partido empezó a distribuir carnets a sus miembros dentro de España. Carrillo, que residía clandestinamente en Madrid, informó a Suárez mediante intermediarios de que, si no se le concedía el pasaporte, celebraría una conferencia de prensa en Madrid con participación de Oriana Fallaci, Marcel Niedergang y otros corresponsales extranjeros influyentes. El motivo de semejante táctica se remontaba a un pequeño incidente ocurrido a finales de julio. Por entonces, Carrillo había solicitado un pasaporte por conducto normal a la embajada española en París. Allí le recibió el embajador, Miguel María de Lojendio, a quien reveló que había estado viviendo clandestinamente en España. Poco después de recibir el informe de Lojendio, Suárez reaccionó con el clásico estilo franquista y le relevó de su cargo por haber recibido a Carrillo sin las debidas instrucciones. No es de extrañar, pues, que el PCE tuviese poca o ninguna fe en las intenciones reformistas proclamadas por Suárez[9].

Así se originó una pugna entre Suárez y la oposición por el control del proceso de transición. Suárez podía disculparse por los retrasos eventuales señalando al ejército; y como incentivo para que se apresurase, la oposición a su vez podía recurrir a la oleada creciente de presión popular. Efectivamente, las huelgas se habían decuplicado con relación al año precedente[10]. Para un hombre que había hecho una campaña televisiva durante 1971 con objeto de asegurarse la colaboración del público en la represión militar de las huelgas, las negociaciones con comunistas y socialistas no eran nada fáciles. Ahora bien, como el destino de la monarquía estaba en la balanza, los consejeros de Juan Carlos auxiliaron a Suárez. Mientras Torcuato Fernández-Miranda concertaba arreglos con el grupo de poder franquista, el profesor de derecho constitucional Carlos Ollero recomendó llegar a unos acuerdos realistas con la oposición[11]. Se vio claro que, para asegurar una transición incruenta sin dislocaciones económicas ni sociales, Suárez tendría que arrebatar la iniciativa a la izquierda. Eso solo sería realizable mediante una hábil combinación de concesiones sustanciales y maniobras dirigidas a quebrantar el frente unido de la oposición. Un objetivo primordial era hostigar a los comunistas, a fin de impedirles que siguieran marcando el ritmo de las demandas de la oposición y obligarles a adoptar una actitud más defensiva para imposibilitar su propio aislamiento.

A lo largo del mes de agosto Suárez celebró entrevistas con muy diversas personalidades de la oposición, incluido Felipe González, y causó una impresión muy favorable a todos ellos. La dirección del PSOE se había convencido ya de que había muy pocas probabilidades de derrocar el sistema franquista mediante la acción popular. Aquí no habría ninguna revolución de los claveles al estilo portugués. Hacia principios de 1976 los socialistas habían llegado a la conclusión de que el ideal de la supresión total del franquismo, considerando la correlación de fuerzas con un Gobierno provisional y unas Cortes Constituyentes para decidir sobre la forma del régimen, era pura utopía. Cuando Suárez se entrevistó con Felipe González el 10 de agosto, el líder del PSOE había decidido ya que una Constitución elaborada por unas Cortes libremente elegidas constituiría por sí sola una ruptura. Sabía además que, para alcanzar ese punto, sería necesario negociar «con las fuerzas que ocupan el aparato del Estado». Así pues, le impresionaron de manera favorable la humildad del presidente del Consejo y su predisposición a escuchar «como una esponja». Las relaciones entre ambos serían cordiales durante todo el periodo de transición. El comunicado del PSOE al término de la entrevista reconocía que Suárez se mostraba «bien dispuesto para la creación de un régimen genuinamente democrático»[12]. Se había dado un paso importante en el camino hacia un cambio negociado.

Suárez se puso también en contacto con Carrillo a través del abogado y director de la agencia Europa Press, José Mario Armero, e instó al líder del PCE a no hacer nada que imposibilitara la transición[13]. Desde luego, se refería a una transición pacífica que dejase lo más intacta posible la estructura social, económica y política existente. De hecho, Carrillo, que llevaba ya algún tiempo en Madrid y había conversado con José María de Areilza y Joaquín Ruiz-Giménez, comprendió que sería inevitable cualquier forma de compromiso con la derecha reformista. Así pues, admitió la idea de que un Gobierno provisional impuesto por la fuerza popular era un desenlace improbable, y garantizó a Suárez su compromiso para un cambio pacífico[14].

El nuevo presidente caminaba por la cuerda floja. Cualquier reforma tendría que encauzarse a través del ejército y del sistema franquista, y al mismo tiempo quedaría expuesta al escrutinio receloso de la oposición. El 4 de septiembre, un amplio abanico de grupos liberales, socialdemócratas y cristianodemócratas se reunieron en el hotel Eurobuilding de Madrid para discutir con Coordinación Democrática y otros frentes regionales de oposición sobre una serie de cuestiones relacionadas con la elaboración de una estrategia conjunta[15]. Presidida por Joaquín Ruiz-Giménez y anunciada a bombo y platillo por los medios de comunicación, aquella asamblea significó que la unidad de la oposición alcanzaba ahora incluso a varios refugiados «aperturistas» del régimen de Franco. En la práctica, de la reunión no salió más que un comité de enlace, pero fue suficiente para que Suárez se sintiera obligado a apresurar los preparativos para la presentación de su proyecto de reforma política.

Entretanto, e inevitablemente, los rumores de una sublevación militar eran constantes. A decir verdad, ante el crecimiento impetuoso de la confianza de la oposición, el ejército y el búnker cerraron filas juntos y más desafiantes si cabe. Se había mantenido la capacidad de los militares para controlar el proceso político mediante la presencia continuada de generales ultras al frente de los ministerios militares. Juan Carlos había esperado poder introducir en el Gobierno al general liberal Manuel Gutiérrez Mellado, que, por ser amigo de Díez Alegría y por su oposición a que se castigase con severidad a los oficiales relacionados con la Unión Militar Democrática, se había ganado la antipatía del búnker militar. A fin de mantenerlo alejado del Gobierno, un prominente militar ultra —casi con seguridad Jaime Milans del Bosch— había elaborado un expediente negativo en el que se insinuaba que Gutiérrez Mellado era realmente el jefe de la UMD. Así que el general reaccionario Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil[16] asumió toda la responsabilidad de los asuntos de Defensa, tanto en el gobierno de Arias como en el de Suárez. Bajo su influencia, las relaciones entre los mandos militares veteranos y el búnker civil se estrecharon sobremanera, no obstante sus frecuentes declaraciones reafirmando el carácter apolítico de las Fuerzas Armadas. Tales manifestaciones eran probablemente sinceras, ya que la lealtad a los principios del franquismo no significaba para los militares «duros» una actitud política, sino tan solo un deber patriótico ineludible. A lo largo de 1976, había habido contactos entre generales destacados y ultras franquistas como José Antonio Girón de Velasco, presidente de la Confederación de Excombatientes; Blas Piñar, jefe de Fuerza Nueva, y el director retirado de la Guardia Civil Carlos Iniesta Cano. Sus reuniones tenían por objeto alentar la intransigencia de los militares frente a la reforma democrática[17].

Juan Carlos percibió hasta qué punto los ultras estaban intentando bloquear la transición. Así pues, emparejó al nombramiento de Suárez la designación de Gutiérrez Mellado como jefe del Estado Mayor General. El progreso resuelto hacia el diálogo con la oposición originó primero fricciones y luego furor entre los ultras. Las líneas generales del conflicto pueden plasmarse en la furiosa reacción del general De Santiago ante el hecho de que Suárez hiciese retirar de su despacho el gran retrato de Franco colocado allí por Arias. Aún más contundente fue el choque que tuvieron en presencia del rey sobre la amnistía inicial concedida el 30 de julio de 1976, en cuya ocasión Suárez advirtió que no toleraría tales explosiones de cólera. Al amparo de la amnistía, y para mortificación de algunos capitanes generales, se concertó un convenio secreto para la deportación de varios etarras encarcelados[18]. El 8 de septiembre de 1976, se percibió irremediablemente la tensión ambiental cuando Suárez sometió su proyecto de reforma a los mandos militares más significados y apeló a su «apoyo patriótico». Entre los invitados a la reunión figuraban los ministros militares, los nueve capitanes generales y los jefes de los tres Estados Mayores. Como los planes expuestos persuasivamente por Suárez contaban con el refrendo de Juan Carlos, fueron aceptados a regañadientes, pero con la petición de que se excluyera al Partido Comunista de toda reforma futura. Suárez les tranquilizó con el argumento de que las lealtades antinacionalistas plasmadas en los estatutos del PCE excluirían de antemano su legalización. No les dijo, sin embargo, que en sus contactos secretos con Carrillo estaba propiciando un cambio de los susodichos estatutos y la consiguiente legalización del Partido Comunista. Lo más curioso es que, ocho años después, Suárez seguía convencido de que «él no había engañado jamás a oficial alguno». Esa mezcla de sofisma y sinceridad era un arma fundamental en el arsenal de Suárez, pero algunas veces le salió el tiro por la culata. En el caso de la legalización del PCE, el ejército la interpretó como un incumplimiento de su palabra, y Suárez se ganó un odio implacable que habría de perseguirle hasta su marcha del escenario político en 1981.

Sea como fuere, diez días después de la citada reunión con el alto mando, el Gobierno aprobó una ley para la reforma política sin la menor oposición por parte de los cuatro ministros militares. Pocos días más tarde, el asunto adquirió un giro distinto al presentar el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, un anteproyecto para la reforma sindical. Este suscitó la oposición tajante del general De Santiago y Díaz de Mendívil, que creía que el desorden de los años treinta había emanado de los sindicatos. Su protesta fue tan enérgica que Suárez le obligó a dimitir el 21 de septiembre. El presidente iba cobrando aplomo, porque sabía muy bien que no podía permitirse ningún retraso en su programa de reformas. Por añadidura, le alegró esa oportunidad de reemplazar a De Santiago por Gutiérrez Mellado. Sin embargo, tanta firmeza inquietó al ministro de la Presidencia, Alfonso Osorio. Siempre sagaz, cauto y esencialmente conservador, Osorio creía que debía haberse convencido al general De Santiago mediante métodos persuasivos, teniendo en cuenta su inmensa influencia sobre los oponentes derechistas de la reforma. Por su parte, Suárez creía conocer lo suficiente a las Fuerzas Armadas para permitirse esos alardes de firmeza. No podía haber previsto las consecuencias inmediatas de su gesto, que preludiaron ya el deterioro progresivo de sus relaciones con el estamento militar.

El general De Santiago hizo distribuir una carta circular entre sus compañeros de armas, explicando su posición: «La evolución política de nuestra patria está discurriendo por unos cauces y con un planteamiento con el que no me siento identificado. Mi íntimo convencimiento de que el protagonismo político de las Fuerzas Armadas solo producirá a corto plazo situaciones indeseables me indujo a no adoptar posturas de intransigencia, pero también considero que personalmente, como en mi calidad de portavoz en el gobierno de nuestras Fuerzas Armadas, la comprensión tiene el límite de las interpretaciones equívocas que algunos pudieron atribuirle. El Gobierno prepara una disposición, posiblemente con el rango de decreto-ley, a la que me he opuesto infructuosamente, por la que se autoriza la libertad sindical, lo que supone, a mi juicio, la legalidad de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de Comisiones Obreras, organización del Partido Comunista. Tengo el convencimiento de que sus consecuencias no se harán esperar, y como ni mi conciencia ni mi honor me permiten responsabilizarme y aún menos a nuestras Fuerzas Armadas por la representatividad que me atribuyen, decidí presentar mi dimisión irrevocable».

Dicho texto, aparte de disimular el hecho de que el general De Santiago fue realmente destituido, daba a entender que cualquier otro oficial que aceptara un ministerio en el gobierno de Suárez no tendría honor ni moralidad. La postura de De Santiago y también quizá su visión deformada de la historia de España suscitaron declaraciones solidarias por parte de otros oficiales y expresiones de satisfacción en la prensa del búnker. El Alcázar, periódico ultraderechista cuya junta de directores estaba presidida por el general Jaime Milans del Bosch, publicó una carta abierta del indomable general Iniesta Cano agradeciendo a De Santiago su lección «impagable». A Iniesta le habían enfurecido las hablillas de café que murmuraban que De Santiago no había dimitido por su propia voluntad. Con el título «Una lección de honradez», Iniesta reforzó el objetivo de la circular de De Santiago aseverando que todo oficial comprometido con el servicio a la patria debería emular su ejemplo. Se trataba, en definitiva, de una declaración de guerra contra el general Manuel Gutiérrez Mellado. Sus implicaciones fueron objeto de un debate en el Consejo de Ministros el 1 de octubre, en el que se decidió sancionar a De Santiago e Iniesta con el pase a la reserva.

Era comprensible que Suárez quisiera imponer su autoridad al ejército. Sin embargo, en este caso su actuación fue precipitada porque una iniciativa semejante no se ajustaba a lo reglamentado por el Código de Justicia Militar. Destacadas figuras del búnker, como Juan García Carrés, Jaime Milans del Bosch y José Antonio Girón de Velasco, se colocaron al lado de Iniesta y le animaron a recurrir contra la sanción. Tras las enérgicas protestas de Iniesta y una serie de consultas frenéticas con los expertos jurídicos militares, se adjudicó el caso al general Joaquín Fernández de Córdoba para su dictamen. Este, tradicionalista y amigo íntimo de Iniesta, no se contentó con declarar impropio el decreto gubernamental, sino que también juzgó intachable el comportamiento de ambos generales. El Gobierno apareció, bajo la luz cruda de la publicidad, como una institución ridícula y vengativa. El general Gutiérrez Mellado se vio en una situación espantosamente embarazosa, teniendo que soportar el desprecio de sus compañeros de armas y la hostilidad del general De Santiago, tal vez el oficial superior más influyente de todo el Ejército. El búnker estaba exultante[19]: había encontrado dos paladines de sus ideas. Durante los cinco años siguientes, los artículos de ambos en El Alcázar reflejarían y fomentarían el sentimiento antidemocrático, o golpismo, dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, la destitución de De Santiago privó al búnker de una posición estratégica. Pese a la atmósfera hostil en la que debía trabajar, Gutiérrez Mellado tuvo el empuje suficiente para iniciar la tarea urgente de promover una nueva generación de oficiales leales al nuevo régimen democrático.

Lo máximo que el ministro de Defensa podía esperar a corto y medio plazo de los mandos militares veteranos era, más que una fidelidad básica a Juan Carlos, un compromiso profundamente arraigado con la democracia. A finales de 1976, el director general ultra de la Guardia Civil, Ángel Campano López, fue sustituido por el general Antonio Ibáñez Freire, un íntimo de Gutiérrez Mellado. El hecho de que se le hubiese ascendido expresamente a teniente general desató la cólera en los sectores reaccionarios de la jerarquía militar, en extremo respetuosos con los ascensos por antigüedad en el escalafón. Destacó por el tono descompuesto de sus críticas el general Jaime Milans del Bosch. La política de relevos prosiguió pese a las manifestaciones antigubernamentales de policías y guardias civiles. El director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, fue reemplazado por Mariano Nicolás García, y el inspector general de la Policía Armada, general Aguilar Carmona, por el general José Timón de Lara[20]. En un momento en que el Gobierno y la oposición avanzaban cautamente hacia un acuerdo, Gutiérrez Mellado y Suárez eran conscientes de la necesidad de multiplicar los esfuerzos para asegurar que el mantenimiento del orden público en una democracia incipiente quedara a salvo de los sanguinarios reaccionarios.

Mientras tanto, la tarea de hacer avanzar el proyecto de reforma por el laberinto del sistema franquista ocupaba casi todo el tiempo de Suárez. El texto aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre se hizo público poco después. Las reacciones de la oposición fueron variadas. Como el proyecto permitía que el Gobierno existente presidiera las elecciones generales prometidas para mediados de 1977, y dado que Suárez no pensaba ni por asomo presentar la dimisión en favor de un Gobierno provisional, el comité ejecutivo del Partido Comunista publicó el 15 de septiembre una declaración que denunciaba dicho texto como un «fraude antidemocrático»[21]. Sin embargo, otros grupos de la oposición se mostraron agradablemente sorprendidos ante la amplitud con la que se estaba liberalizando la vida cotidiana, y dieron apoyo a las propuestas de Suárez. La prensa funcionaba con normalidad, los grupos políticos situados a la derecha del PCE no encontraron trabas para su funcionamiento, y el PSOE se preparó para celebrar su XXVII Congreso. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, hizo distribuir entre todos los gobernadores civiles unas instrucciones que prohibían toda actividad pública de los comunistas[22]. No obstante, se toleró de manera extraoficial hasta cierto grado que el PCE se ocupara de sus propios asuntos. La iniciativa se inclinaba a favor de Suárez. Este dio a entender a los socialistas y los cristianodemócratas de izquierdas que tal vez les hiciera mayores concesiones, siempre y cuando ellos no intentaran romper la baraja ni provocar al ejército insistiendo en la legalización del PCE. Con su típica habilidad y astucia, Suárez utilizó este litigio para clavarlo como una cuña en la oposición, al tiempo que exigía cautela a Carrillo. Hacia finales de septiembre, Felipe González se mostraba inamovible, aduciendo que la legalización del Partido Comunista era un requisito previo e innegociable de la democracia. Sin embargo, al concluir el mes de noviembre reconoció que insistir sobre el tema era poco realista[23]. Confrontada con la imposibilidad evidente de imponer cambios contra la voluntad del ejército, ante las pruebas elocuentes de que todo progresaba bajo la orientación de Suárez, la oposición no podía hacer otra cosa que asentir[24].

De hecho, Suárez, auxiliado por Torcuato Fernández-Miranda, estaba apuntándose éxitos considerables en la conducción de su proyecto reformista a través de las instituciones franquistas, aunque le preocupara de manera constante la posibilidad de que los obstáculos llegaran a ser insalvables. Se contaban anticipadamente los votos con mucho nerviosismo, y se compraron muchos de ellos con promesas de cargos influyentes en el periodo poselectoral del régimen democrático[25]. El 8 de octubre, en una atmósfera algo tensa, el Consejo Nacional aprobó el proyecto con pequeñas enmiendas, por ochenta votos contra trece y seis abstenciones. Cuando se debatió en las Cortes a mediados de noviembre, Blas Piñar asumió la defensa de las posiciones del búnker y Miguel Primo de Rivera las del proyecto reformista. Ambas partes desplegaron con tantos sofismas como virtuosismo todo el repertorio de las teorías políticas franquistas. Las maniobras precedentes de Suárez y Fernández-Miranda entre bastidores dieron el fruto apetecido: la reforma fue aprobada por cuatrocientos veinticinco votos contra quince más trece abstenciones.

Las probabilidades de aquel desenlace se habían calculado con sumo cuidado. Se envió en viaje oficial a Panamá, vía Caribe, a algunos procuradores en potencia recalcitrantes. A otros se les prometió un escaño en el futuro Senado. Se sacó mucho partido de la circunstancia de que las Cortes y el Senado democráticos que se proponían tenían en conjunto el mismo número de escaños que las Cortes franquistas, lo que influyó en muchos procuradores que creían «representar» realmente a las áreas en las que había sido impuesta su presencia, y que por consiguiente dieron por supuesto que sus agradecidos electores les votarían. En términos generales, el voto a favor del proyecto de reforma política fue un suicidio colectivo cuyo fundamento residió en el hábito de obediencia a la autoridad, en un sentido exagerado del patriotismo y, sobre todo, en las tentadoras promesas susurradas al oído de los que Suárez denominó más tarde «procuradores del harakiri»[26]. La sabiduría de la vía del tándem Suárez-Fernández-Miranda hacia la democracia quedó confirmada después de la votación, cuando el ministro de Marina, el derechista radical almirante Gabriel Pita da Veiga, amigo íntimo de Franco, comentó lo siguiente: «Tengo la conciencia tranquila porque se llevarán a cabo las reformas democráticas mediante la legalidad franquista». Con las instituciones de Franco en vías de liquidación voluntaria, quedaba despejado el camino para las elecciones. Ahora Suárez tenía buenas razones para confiar en que la izquierda se vería obligada a aceptar su versión de la reforma concedida desde arriba[27].

A decir verdad, la oposición mantenía sus recelos, cosa comprensible después de los anodinos simulacros de reforma presididos sucesivamente por Solís, Carrero Blanco y Arias Navarro. El 23 de octubre, Coordinación Democrática se unió con cinco frentes regionales de Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia para constituir la Plataforma de Organizaciones Democráticas. La nueva organización, reunida el 4 de noviembre en Las Palmas, rechazó los planes de Suárez para un referéndum sobre su proyecto de reforma política. Alegando que el referéndum carecía de sentido mientras los partidos políticos fuesen todavía ilegales, mientras el Gobierno siguiese monopolizando la radio y la televisión, mientras hubiese presos políticos y mientras existiese la inmensa maquinaria del Movimiento como un mecanismo de presión electoral, la POD hizo un llamamiento a la abstención[28]. No obstante, y pese a la fortaleza y firmeza aparentes de la oposición, Suárez seguía marcando el ritmo con autoridad creciente.

Verdaderamente, la ola de huelgas alcanzó su culminación en noviembre sin graves alteraciones del programa gubernamental para una reforma paulatina, y poco después empezó a perder ímpetu. Si dejamos aparte a los activistas comprometidos con los partidos políticos o los sindicatos, la mayoría del pueblo acogió con satisfacción los cambios introducidos por Suárez y mostró inclinación a votar a favor de su proyecto. Por añadidura, la incorporación de varios elementos centristas a la oposición tuvo efectos sedantes en las actitudes combativas. Así pues, la gran huelga general convocada para el 12 de noviembre se planteó en términos más económicos que políticos. Sus consignas eran la protesta contra la congelación de salarios y sus consecuencias, aunque las aplicaciones políticas eran bastante obvias. Se movilizó a más de un millón de trabajadores, pero la huelga no llegó a convertirse en la gran acción nacional contra la reforma de Suárez que esperaran los comunistas. Ello se debió en gran parte a las cautelosas medidas adoptadas por el ministro del Interior. Tan pronto como le llegaron los informes de los servicios de información sobre los preparativos de la huelga, Martín Villa organizó un comité para elaborar una contraestrategia, compuesto por expertos en orden público y telecomunicaciones, en la circulación y en el servicio secreto. La policía arrestó a líderes obreros en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. Así se neutralizaron los centros neurálgicos del Movimiento y, por tanto, se redujo considerablemente su impacto[29].

Al mismo tiempo debe destacarse el hecho de que Suárez estaba consiguiendo persuadir a las grandes masas populares de que la reforma programada era auténtica. Por añadidura, al tener lugar solo tres días antes de que el proyecto fuera sometido a las Cortes, el fracaso relativo de la huelga fortaleció su posición y contribuyó a su éxito ante las Cortes entre el 16 y el 19 de noviembre. Es más, confirmó la tendencia de muchos grupos oposicionistas a reconocer la validez de la negociación con Suárez como vía para liquidar el franquismo. Las numerosas conversaciones del presidente con figuras de la oposición moderada empezaron a dar resultado. Con la agregación de diversos grupos liberales y socialdemócratas a la Plataforma de Organizaciones Democráticas, la disposición para negociar testimoniada por Joaquín Ruiz-Giménez prevaleció sobre las posiciones más maximalistas de comunistas y socialistas. Una asamblea extraordinaria de la POD y otros grupos, celebrada el 27 de noviembre, refrendó muchas de las peticiones que la Plataforma hiciera en su declaración inaugural del 4 de noviembre; sin embargo, se descartó la condición fundamental, a saber, la formación mediante «consenso democrático» de un Gobierno provisional que supervisara las inminentes elecciones[30]. Quedaba así despejado el camino para que un «comité de personalidades» de la oposición negociara con el Gobierno.

La amplitud con la que se había afirmado la opción Suárez quedó reflejada en el tono preelectoral que presidió el XXVII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid a principios de diciembre. Los líderes socialistas percibieron con claridad el impacto popular causado hasta entonces por el progreso de Suárez, y debieron además preocuparse por impedir que el presidente explotara la endeblez de sus flancos. En efecto, Suárez había permitido astutamente que emergieran varios aspirantes más al legado socialista. De un lado estaba la Federación de Partidos Socialistas, una colección de pequeñas agrupaciones provinciales que se reclamaban con cierta vaguedad socialistas independientes. Otro grupo influyente era el minúsculo Partido Socialista Popular, en el que figuraban algunos profesionales e intelectuales sobresalientes bajo la dirección de dos profesores de política, el veterano opositor conocido como el Viejo Profesor, Enrique Tierno Galván, y su ayudante Raúl Morodo. Por último, el grupo potencialmente más peligroso era el de los exiliados y antiguos militantes repatriados del llamado PSOE-Histórico, que no habían reconocido a Felipe González y seguían a los viejos líderes de Toulouse. Estos podían presentar objeciones molestas contra la legitimidad del PSOE.

Consecuentemente, la dirección del PSOE temió que si se negaba a participar en las elecciones alegando una solidaridad a regañadientes con los comunistas, los ciudadanos acudirían de todos modos a las urnas y los votos del PSOE pasarían a los partidos socialistas rivales. Vistos en retrospectiva, esos partidos parecerán intrascendentes, pero por aquellas fechas el PSOE los consideraba como competidores en potencia. Así pues, dejar bien establecida la autenticidad del PSOE era una tarea crucial para el partido. Alfonso Guerra preparó con habilidad la presencia en el Congreso de Willy Brandt, Michael Foot, Mário Soares y otros relevantes líderes socialistas europeos para evidenciar la pertenencia del PSOE a la familia socialista internacional. Luego Felipe González no solo impuso una trayectoria inequívocamente moderada a su partido, sino que también hizo constar que el PSOE participaría en las elecciones próximas aunque no todos los partidos hubiesen sido legalizados de antemano[31]. Este planteamiento obedeció a una recomendación de la dirección de los socialistas alemanes, cuya influencia sobre el PSOE era considerable.

La sabia moderación de los socialistas quedó confirmada el 15 de diciembre cuando, no obstante las exhortaciones a la abstención hechas por la oposición, el referéndum sobre la reforma política dio como resultado la aprobación del proyecto con un 94 por ciento de los votos. Las llamadas a la abstención fueron sin duda un error táctico. Ahora bien, a falta de más garantías de Suárez respecto a la legalización de los partidos políticos, ni la dirección del PSOE ni la del PCE se sintieron capacitadas para respaldar públicamente su iniciativa. Hubo cierto aire de irrealidad en sus explicaciones sobre la llamada a la abstención, y las bases no las consideraron como obligatorias. Ciertamente, tanto Carrillo como González sabían que el referéndum sería un éxito para Suárez. No es menos cierto que ninguno de los dos consideró el resultado como una derrota propia. A decir verdad, si se considera que la presión ejercida por la oposición durante todo el año 1976 había impulsado al Gobierno hacia la democratización, el resultado del referéndum significaba en cierto sentido una victoria para la izquierda tanto como para Suárez. No obstante, el respaldo que dio a la posición del presidente fue inconmensurable[32].

Exaltado por su éxito y en vísperas de unas negociaciones para las que contaba con casi todos los triunfos, Suárez debía afrontar todavía otros dos problemas que, cada cual a su modo, podían descomponer el número de equilibrio que estaba ejecutando. Las dos cuestiones por resolver, la legalización del Partido Comunista y el terrorismo —particularmente el de ETA—, mantuvieron en todo momento al borde de la ruptura la incómoda tregua de Suárez con el ejército. El problema comunista se prestaba a su forma tan peculiar de negociar y regatear en la trastienda. Al final, Suárez conseguiría resolverlo, pero no sin dejar un poso de resentimiento enconado en los círculos militares. Por el contrario, el terrorismo vasco iba a resultar inabordable y, a la larga, acabaría por ser la perdición de Suárez. Osorio escribió en su diario que Suárez sencillamente no comprendía a los vascos[33]. Después de todo, inmerso en la tarea ciclópea de crear un Estado gobernado de manera democrática, y agobiado por el problema de apaciguar simultáneamente al búnker y a la oposición, Suárez no podía simpatizar con las aspiraciones nacionalistas revolucionarias de la izquierda abertzale, y menos todavía entender por qué proseguía ETA su guerra de guerrillas. Los turbulentos meses transcurridos entre julio de 1976 y junio de 1977 no le permitieron dedicar el tiempo suficiente a la comprensión y el desentrañamiento del problema vasco. Sea como fuere, influido por los reflejos franquistas de su confidente, el ministro de Agricultura Fernando Abril Martorell, Suárez tendió a reducir el problema vasco a un asunto de orden público. No se le ocurrió jamás que tuviera sus raíces en los excesos y atrocidades del franquismo. Así pues, traspasó la cuestión «técnica» de tratar con el terrorismo a su extremadamente competente ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Fue una lástima que lo hiciera. Los antecedentes inequívocamente falangistas de Martín Villa despertaron las sospechas de la izquierda en general. El hecho decisivo de que hubiera sido gobernador civil de Barcelona en septiembre de 1975, cuando se ejecutó allí a Txiki Paredes, contribuyó a provocar una hostilidad intensa en el País Vasco[34].

En realidad, cuando Suárez asumió el poder heredó una situación vasca virtualmente irresoluble o, por lo menos, que nadie podría resolver mediante la acción policial o los comandos terroristas de ultraderecha. Lo que se requería era algún espectacular gesto conciliador capaz de aislar a ETA de las masas populares que la apoyaban. Sin embargo, la amnistía total y la legalización de la bandera vasca, la ikurriña, quedaban más allá del límite de tolerancia del búnker y, en definitiva, más allá de lo que el propio Suárez estaba dispuesto a hacer. Tal miopía era comprensible considerando que la Guardia Civil y la policía sufrían bajas de forma continuada en sus choques con ETA. Por otra parte, las manifestaciones proamnistía con sesenta mil participantes en San Sebastián el 3 de julio y cien mil en Bilbao el 8 de julio revelaron las proporciones del compromiso popular. Resultó evidente que sin una prueba más convincente de espíritu conciliador, el apoyo a ETA y a los abertzales iría en aumento. La primera amnistía parcial, concedida el 30 de julio de 1976, fue insuficiente para serenar la situación vasca. Por no abarcar los delitos de sangre, dejó todavía a ciento cuarenta y cinco etarras en prisión. Así pues, la campaña proamnistía prosiguió durante todo el año 1976, y en ella cayeron muertos algunos manifestantes en choques con la policía, lo que agudizó la virulencia del enfrentamiento. Siguieron a la campaña en rápida sucesión varias huelgas obreras.

Finalmente, ETA rompió la tregua que se había impuesto a sí misma durante el verano y el 4 de octubre de 1976 asesinó al presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Juan María de Araluce Villar, junto a cuatro componentes de su escolta. Suárez se vio en una posición difícil ante el búnker, que pedía a gritos la declaración del estado de excepción. El camino hacia la amnistía parecía imposible de recorrer sin provocar a la derecha. Por consiguiente, se emprendieron laboriosas gestiones para establecer contactos con ETA. Hacia el mes de noviembre hubo conversaciones preliminares altamente secretas con ETA-PM en Ginebra. Al principio, ETA-M hizo caso omiso de la invitación, pero pocos días después envió un observador a la segunda reunión. Los representantes de ETA-PM exigían la excarcelación gradual de todos los presos antes de las elecciones, más una limitación a las actividades de las FOP y la legalización, o por lo menos la tolerancia, para todos los partidos abertzales. A cambio, ofrecían la suspensión de la lucha armada. Pero los agentes gubernamentales se contentaron por el momento con tomar buena nota y nada más. Así comenzó un juego sumamente arriesgado cuyo desenlace y consecuencias no se vislumbrarían hasta el verano de 1977[35].

Comparado con ETA, el otro problema urgente para Suárez en el ámbito de la izquierda fue relativamente sencillo. El respaldo popular a su programa en el referéndum de diciembre y la decisión por parte del PSOE de participar en las elecciones aun sin la legalización del PCE proporcionaban a Suárez casi todas las cartas en su partida inminente con Carrillo. Pero este, consciente de que el resto de la oposición no arriesgaría las ganancias propias para ayudar a los comunistas, jugó sus bazas con destreza y osadía. Se había puesto ya en contacto con Suárez mediante algunos intermediarios, y su residencia clandestina en Madrid era un secreto a voces en los principales círculos políticos. Pero ahora resolvió forzar la mano mostrándose abiertamente. El 10 de diciembre, Carrillo convocó una conferencia de prensa a la que asistieron setenta periodistas españoles y extranjeros. Fue una provocación que desconcertó no poco al ministro del Interior[36]. Sin embargo, las palabras de Carrillo ante la asamblea periodística fueron conciliatorias. Entre otras cosas, insinuó que, si se concediera al PCE el derecho a participar en las elecciones, los comunistas cooperarían en la elaboración de un acuerdo social para afrontar la crisis económica.

Era una oferta significativa, dado el influjo comunista sobre Comisiones Obreras y teniendo presente que la inquietud de la clase trabajadora había sido uno de los principales motivos que indujeron a los franquistas a considerar por primera vez la posibilidad de una reforma. También dejaba entrever la importancia que tendría Carrillo para Suárez como un aliado parlamentario útil en los años por venir. No obstante, el Gobierno se enfureció y ordenó la detención de Carrillo. La policía no dio con su paradero hasta el 22 de diciembre, y el comité ejecutivo del PCE aprovechó ese intervalo antes de la detención inevitable para preparar una campaña de masas a favor de su liberación. Después de ocho días de detención, Carrillo se había convertido en una pesadilla para el Gobierno, e hiciera este lo que hiciera, tenía las de ganar. Suárez propuso soslayar la espinosa cuestión deportándolo a Francia, pero Martín Villa señaló que eso solo sería posponer el problema porque, sin duda, al cabo de pocas semanas Carrillo reaparecería. Mantenerle en prisión o llevarlo ante los tribunales perjudicaría la credibilidad del presidente respecto a sus propósitos de reforma. Al liberar a Carrillo, como comprendió que debía hacerlo, Suárez dio un paso sustancial hacia la legalización del PCE[37].

Ahora bien, el más leve indicio de que el comunismo pudiera adquirir de nuevo estado legal en España agravaría con absoluta seguridad el problema del búnker. Dentro del ejército, Gutiérrez Mellado continuaba con la política de ascender a oficiales liberales, que hubo de contrapesar con una exagerada afirmación retórica de los valores tradicionales de las Fuerzas Armadas como guardianas de la integridad nacional, y con el ascenso de algunos ultras, a los que tenía la esperanza vana de neutralizar. La destitución de algunos franquistas irreductibles exasperó a los ultras, máxime en un momento en que la actividad terrorista continuada estaba crispando los nervios del estamento militar. En realidad, apenas anunció Suárez su compromiso con el cambio, se desató una acción perfectamente orquestada para desestabilizar España siguiendo la pauta empleada por la extrema derecha en Sudamérica e Italia. El presunto grupo disidente marxistaleninista, el GRAPO —que, según sospechaba Gutiérrez Mellado, estaba sujeto a infiltraciones o manipulaciones de la derecha y de algunos elementos policiales—, emprendió primero una campaña de bombas. Luego, mediante dos acciones complementarias, dirigidas aparentemente a «levantar los ánimos del pueblo» y dejar al descubierto la falsedad de la reforma política, lo que procuraron en definitiva los terroristas del GRAPO fue galvanizar la ultraderecha. De forma significativa, poco antes del referéndum, el 11 de diciembre de 1976, secuestraron a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. El hecho de que la votación del referéndum celebrado el 15 de diciembre se inclinara con mayoría abrumadora a favor del sí permitía suponer que la citada acción no había surtido el efecto apetecido; así pues, el 24 de enero de 1977 el GRAPO secuestró al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar[38]. Entonces el búnker afirmó rotundamente que el gobierno de Suárez estaba malbaratando los logros de la guerra civil. Se desató una campaña concertada contra el proceso de reforma en términos generales, y en particular contra el general Gutiérrez Mellado.

Como parte de la estrategia derechista encaminada a crear tensión, el mismo día del secuestro de Villaescusa los terroristas ultras asesinaron a cinco personas, entre ellas cuatro abogados laboralistas comunistas, en un despacho de la calle de Atocha, en Madrid. En vez de reaccionar contra la provocación, el PCE exhortó a la serenidad y, en los funerales de las víctimas, organizó un despliegue gigantesco de solidaridad silenciosa. No solo Suárez quedó impresionado ante la demostración comunista de fortaleza y disciplina; la hostilidad popular contra la legalización del PCE perdió también mucho ímpetu cuando se vio la respuesta mesurada de este ante la tragedia. Una delegación de líderes de la oposición se entrevistó con Suárez, y a cambio de promesas sobre una intervención contra la violencia del búnker, le propusieron una declaración conjunta «Gobierno-oposición» denunciando el terrorismo y haciendo un llamamiento para el apoyo nacional al Gobierno. El comunicado suponía un avance para Suárez: reforzaba en buena medida su respaldo popular, y la propia izquierda le reconocía su pertenencia a las fuerzas democráticas de España[39].

De este modo, y dejando aparte la envenenada situación en el País Vasco, Suárez iba avanzando por el camino hacia la democracia controlada en España, manteniendo a raya al búnker y a los comunistas por igual. Sin embargo, su objetivo final no consistía únicamente en preparar unas elecciones que los partidos de la izquierda, mejor organizados, podían ganar. El objetivo final de la operación era garantizar la supervivencia política y económica del amplio espectro de fuerzas del sistema franquista que, a diferencia del búnker, habían apostado todo su capital por la monarquía. A este respecto, la opción Suárez era la última carta del aperturismo. Consecuentemente, los objetivos de Suárez y de sus más íntimos colaboradores se situaban más allá de las elecciones proyectadas. Las encuestas para sondear la opinión pública, llevadas a cabo de manera sistemática por el Gobierno, permitían suponer que un partido de centro derecha, no demasiado contaminado por el franquismo y que contaba con el control de Suárez sobre la maquinaria del Movimiento y los medios de comunicación, tendría un futuro electoral bastante saludable. De hecho, durante el otoño de 1976, los diversos exfranquistas progresistas que habían estado nutriendo en número creciente las filas de la oposición moderada a lo largo de la década precedente se aunaron con los conversos demócratas más recientes e iniciaron unos preparativos frenéticos para asegurarse la supervivencia política bajo un régimen democrático[40].

Uno de los primeros en tomar la salida fue Manuel Fraga. Tenía la certidumbre de que los cuarenta años de dictadura habían convertido a la mayoría de los españoles en derechistas convencidos. Así pues, se asoció con otros seis dignatarios exfranquistas: Laureano López Rodó, Licinio de la Fuente, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas, Enrique Thomas de Carranza y Gonzalo Fernández de la Mora. Conocidos como los «siete magníficos», esperaban captar todos juntos a esa mayoría imaginaria de lo que se denominaba «franquismo sociológico». Aunque Fraga subestimaba la avidez popular de cambio, tuvo éxito al intentar absorber a amplios sectores de la asociación política de Suárez, la Unión del Pueblo Español. Más tarde se convirtió en el centro de otras ambiciones, las de muchos franquistas veteranos y optimistas, incluidos López-Bravo y Carlos Arias Navarro. Con el respaldo sustancial de la banca se creó en la primera mitad de septiembre de 1976, a una velocidad vertiginosa, el partido Alianza Popular, dirigido por Fraga; pero sus posibilidades electorales habían de tardar mucho en adquirir importancia[41]. Hasta cierto punto la creación de Alianza Popular, junto a los resultados de las encuestas, reafirmó la creencia de Suárez de que el espacio más adecuado para su propio futuro político era el centro. Ahí existían ya, por lo menos, una veintena de partidos y grupúsculos derechistas. El proceso para aglutinarlos y constituir con ellos la Unión de Centro Democrático bajo la jefatura de Adolfo Suárez fue calidoscópico, confuso y nada edificante.

Entre las maniobras políticas efectuadas en el otoño e invierno de 1976, una de las más excepcionales fue la eliminación de los católicos antifranquistas más liberales, capitaneados por Joaquín Ruiz-Giménez y José María Gil Robles. Este hecho resulta especialmente irónico si se piensa que Ruiz-Giménez había sido el primer político en percibir las posibilidades de una gran unión del centro. La Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez y la Federación Popular Democrática de Gil Robles, unidas para formar el denominado Equipo de la Democracia Cristiana, estaban catalogadas por lo general como un grupo destinado a tener una presencia significativa en el inminente régimen democrático. Sea como fuere, quedaron excluidos de la gran operación política del centro y, por tanto, condenados al aniquilamiento electoral. Antes les había abandonado ya Fernando Álvarez de Miranda, más conservador, a quien inquietaban sus contactos con la izquierda. En estas fechas, el grupo desligado de Ruiz-Giménez, la Izquierda Demócrata Cristiana, estaba ya embarcada en un proceso que lo uniría primero con algunos «tácitos» para formar un partido conservador demócrata cristiano, el llamado Partido Popular Demócrata Cristiano, y luego lo llevaría a integrarse en la UCD.

El aislamiento del Equipo de la Democracia Cristiana se debió también en parte a la actitud de Gil Robles, que no disimulaba su descontento ante los antecedentes franquistas de muchos de los cristianodemócratas más conservadores. Franco había aborrecido a Gil Robles, pese a que este le prestó ayuda en el alzamiento de 1936, según se dice porque le irritaba que el exjefe de la CEDA de anteguerra hubiera ejercido autoridad sobre él como ministro de la Guerra. Desdeñado ostentosamente por el Caudillo en 1937 como hombre poco autoritario, Gil Robles tenía un largo historial de monarquismo antifranquista. Durante las negociaciones de 1976, mostró una falta persistente de cooperación, y miraba a sus interlocutores como delincuentes juveniles políticos difíciles de redimir. Gil Robles se negó a participar en la «gran operación del centro», y Ruiz-Giménez, siempre leal y honesto, siguió a su lado, aunque percibía que, electoralmente aislados, les aguardaba el desastre. Además de su aversión a los exfranquistas, Gil Robles había creído de manera errónea tener el apoyo de la Iglesia. Una serie de artículos publicados en El País por José María Martín Patino, el confidente íntimo del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, descubrió su error en la primavera de 1977. En efecto, como reacción a los daños sufridos por la Iglesia tras su excesiva identificación con el franquismo, el cardenal Enrique y Tarancón tomó la determinación de mantener una posición de independencia. Y como negó todo apoyo a los partidos confesionales y exteriorizó, en cambio, su simpatía por los «partidos de inspiración cristiana», Ruiz-Giménez y Gil Robles quedaron marginados en beneficio de las formaciones que constituirían la UCD. Al proceder así, la Iglesia estaba respaldando probablemente las opciones más seguras en función de la defensa futura de sus propios intereses[42].

Fue el hundimiento de la izquierda cristianodemócrata, junto con la creación de Alianza Popular en el otro extremo del espectro, lo que contribuyó a delimitar el centro político que había de ocupar la UCD. En términos generales, la Unión de Centro Democrático nació de una alianza electoral entre cinco grupos principales, cada uno de los cuales estaba compuesto a su vez por otros. El segmento más numeroso del futuro partido estaba constituido por un amplio espectro de cristianodemócratas conservadores, muchos de los cuales habían desempeñado cargos importantes en la Administración franquista, mientras que otros se habían mantenido apartados de la dictadura. En el otoño de 1976, un grupo considerable de la antigua asociación política de Alfonso Osorio, la Unión Democrática Española, más algunos «tácitos», se fusionó con un grupo de estos últimos, la Izquierda Demócrata Cristiana, encabezado por Fernando Álvarez de Miranda. El partido resultante fue denominado Partido Popular Demócrata Cristiano. El 1 de diciembre de 1976, un grupo similar compuesto por otros funcionarios «tácitos» y varios cristianodemócratas se lanzó a la liza bajo la denominación de Partido Popular, y sus primeros patrocinadores, entre los que figuraban el abogado valenciano Emilio Attard y el liberal católico Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, quedaron poco menos que eclipsados cuando se planteó la necesidad de incluir figuras conocidas y se consiguió incorporar a Pío Cabanillas y José María de Areilza. Los dos partidos, apenas distinguibles entre sí y unidos como Centro Democrático a mediados de enero de 1977, constituirían la base de UCD[43]. En esa fase nadie podía presumir de mucho apoyo popular. Se insinuó incluso que la preeminencia del hasta entonces desconocido Emilio Attard se debió a la circunstancia de haberse presentado en una de las reuniones fundacionales con un autobús cargado de partidarios suyos de Valencia. En un partido cuyos jefes eran más numerosos que las bases, un autobús cargado de sencillos militantes significaba mucho[44].

A principios de 1977, unas negociaciones muy complejas facilitaron la adhesión de otros dos grupos pequeños al Centro Democrático: de un lado, los socialdemócratas de diversos orígenes capitaneados por Francisco Fernández Ordóñez, y del otro, los distintos partidos liberales presididos por Joaquín Garrigues. Según se dice, Garrigues comentó que la base de su partido cabía con toda comodidad en un taxi. Ni los socialdemócratas ni los liberales eran auténticos aliados naturales de los cristianodemócratas, y posteriormente unos y otros tendrían un papel decisivo en la fragmentación de UCD. Sin embargo, las elecciones se perfilaban ya en el horizonte, y todos esos grupos compartían una necesidad primordial: la creación urgente de un partido viable desde el punto de vista electoral. Así pues, la búsqueda implacable de alianzas provechosas, que tanto repugnaba a Ruiz-Giménez, arrolló todas las consideraciones morales, personales e ideológicas. A ese respecto, la luz más reveladora del proceso brilló entre febrero y marzo de 1977. Suárez quedó impresionado ante el éxito de la incipiente coalición, y como quiera que su propia Unión del Pueblo Español estaba derivando hacia la órbita de Manuel Fraga, se esforzó por adueñarse de Centro Democrático y convertirlo en su propio vehículo electoral. Dado el control gubernamental de Radiotelevisión Española y de la maquinaría administrativa local, confiaba en presentarse como un líder aceptable.

Sin embargo, las apariciones públicas de Areilza, coronadas por un éxito considerable, le causaron una preocupación no exenta de cierta envidia. En el nuevo grupo no habría espacio para dos líderes. Suárez experimentó el mismo temor que sintiera el rey en 1976, a saber, que Areilza pretendiese dominarle. Así pues, pidió a Alfonso Osorio que le allanara el camino. En un almuerzo celebrado el 19 de marzo en el domicilio de un «extácito», José María Ruiz Navarro, y al que se había invitado a todos los principales líderes centristas con excepción de Areilza, Osorio advirtió que el peso electoral del Gobierno respaldaría al centro solo si se aceptaba sin disputa el liderazgo de Suárez y se encontraba una solución al «problema de José María de Areilza». Si se exceptúan algunas palabras sibilinas de consternación, Pío Cabanillas y los restantes líderes del Centro Democrático tuvieron pocos reparos en asegurarse el poder con Suárez. Percibiendo que la debilidad del Centro Democrático residía en su exiguo aparato organizativo y propagandístico, todos ellos se desligaron sin vacilar de Areilza. Cualquier duda que pudiera quedarles al respecto se disipó ante el gesto digno con el que el conde se rindió a lo inevitable y dimitió el 24 de marzo[45].

Fueron asimismo unas consideraciones de orden práctico, más que ético, las que aconsejaron la inclusión en UCD de un quinto grupo de importancia crucial: los burócratas del Movimiento, compañeros del propio Suárez, que se apiñaban alrededor de Rodolfo Martín Villa. Varios gobernadores provinciales, alcaldes y altos funcionarios sindicales habían recibido la sugerencia de dimitir para dedicarse por entero a la nueva agrupación, con la promesa a cambio de diversos cargos en el futuro régimen. Se les conoció como los «azules» por la camisa azul de Falange que vistieran en otro tiempo. A muchos les costó lo suyo corregir los hábitos retóricos adquiridos en el partido único de Franco. Emilio Attard manifestó haber quedado atónito en un mitin de la candidatura parlamentaria ucedista cuando uno de ellos, al ser interpelado por Suárez, echó hacia atrás los hombros, dio un taconazo y, en un despliegue revelador de jocosa camaradería, vociferó mientras hacía el viejo saludo falangista: «¡A tus órdenes, jefe!». Los «azules» se habían dejado llevar por la huera retórica social del Movimiento, hasta el punto de intentar formar un partido seudosocialista, la Federación Social Independiente, que se vino abajo en 1976. Contrastando con ello, otra herencia del Movimiento, la habilidad para manipular los resortes del poder local, fue su carta más valiosa cuando se trató de negociar su incorporación al Centro Democrático. Esa iba a ser la clave de su futuro, y no la tentativa de fundar un partido con los veteranos y exiliados del PSOE-Histórico, más la minúscula Reforma Social Española del falangista disidente Manuel Cantarero del Castillo, y el PSDE de Antonio García López, heredero de la USDE de Ridruejo[46].

Las negociaciones finales para aunar a todos esos grupos y a otros muchos menores se convirtieron en un cambalache sórdido y espinoso. El 3 de mayo de 1977 se firmó el acuerdo oficial para la coalición electoral conocida como Unión de Centro Democrático, y como se debía presentar la lista de candidatos antes del 9 de mayo, hubo una serie de tratos frenéticos durante los cinco días siguientes. En definitiva, sin embargo, el control de Suárez sobre la maquinaria electoral del Estado le prestó un inmenso poder. Después de eliminar a Areilza, dejó muy claro que tenía compromisos de prioridad con numerosos «azules». Desde luego, muchos de esos compromisos eran deudas contraídas por Suárez en el otoño de 1976, durante el proceso seguido para acumular votos suficientes que aseguraran la aprobación de su proyecto de reforma política por las Cortes franquistas. Por consiguiente, y también por los orígenes de otros centristas, las listas finales quedaron repletas de nombres que con Franco habían sido procuradores en las Cortes, alcaldes, gobernadores civiles, directores de industrias estatales o de RTVE, funcionarios sindicales, líderes de la organización estudiantil del Movimiento (el SEU), altos funcionarios ministeriales, y así sucesivamente. Muchos cristianodemócratas que habían estado en la oposición al franquismo se vieron arrinconados, lisa y llanamente. Después de las elecciones de 1977, unos veinticinco diputados ucedistas electos resultaron ser hombres que habían ocupado también escaños en las Cortes de Franco. Si contamos además la legislatura de 1979, un total aproximado de cincuenta exprocuradores franquistas volvieron al palacio de las Cortes como diputados de UCD. Además, un tercio de los diputados parlamentarios ucedistas eran miembros del Opus Dei[47].

Al comprender cuán débil sería el centro sin el aparato que aportaba Suárez, varios miembros del Centro Democrático que tenían por lo menos un tibio historial antifranquista, hubieron de conformarse con la llegada de lo que denominaron «la nueva división azul» (una referencia a la legión de voluntarios falangistas que lucharon por Hitler en Rusia[48]). Con el paso de los años su amargura creció al ver cómo el poder real del partido se iba concentrando alrededor de Suárez y sus compinches y, en menor medida, en torno a los «barones» de los distintos grupos integrantes. Areilza descubrió la naturaleza esencial de ese centro heterogéneo al explicar a sus colegas del Partido Popular que estaba dispuesto a retirarse: «Suárez ha pedido mi cabeza. Debéis entregársela pidiendo por ella un alto precio. Puede haber muchas carteras, subsecretarías y direcciones generales en contrapartida. En el autobús de la Moncloa hacia la carrera de San Jerónimo debe haber plazas para todos»[49]. La metáfora del autobús resultó profética por pura casualidad. Hasta la desaparición del partido en 1982, los miembros de la UCD, al igual que los del Partido Radical durante la Segunda República, se asemejaron a los pasajeros de un autobús, unidos no por la ideología o por los ideales, sino sencillamente porque todos ellos coinciden en un mismo viaje.

La UCD se formó como coalición electoral alrededor de Suárez porque este tenía acceso a los fondos del Estado y controlaba el mecenazgo gubernamental, así como las redes de radio y televisión. Cuando esas bazas hubieron prestado su contribución al triunfo electoral, aún pudo disolver los distintos componentes en un partido apiñado en torno suyo como fuente de patronazgo. Privada de una ideología coherente, la UCD crecería sin remedio con los defectos de su origen puramente clientelar. Sin embargo, en 1977 fue la morada natural de los de segunda fila franquistas que habían sabido prever a tiempo el fin inevitable de la dictadura. Fue también una consecuencia del distanciamiento respecto al franquismo que protagonizaron los miembros más lúcidos de la élite económica a finales de los años sesenta. Así pues, la UCD se nutrió sobre todo de franquistas jóvenes, y por tanto ajenos a los peores crímenes del régimen. Con Franco, muchos de ellos habían desempeñado altos cargos, como subsecretarías o direcciones generales, y otros habían trabajado de un modo u otro para el Gobierno, sobre todo en empresas estatales. Exceptuando a los «azules», que no se les podía definir como franquistas comprometidos, aunque no habían faltado manifestaciones de apoyo a Franco en los comienzos de sus carreras, más bien se diría que eran hombres ambiciosos proyectados por el sistema estatal de oposiciones hacia el mundo de la administración pública, y comprometidos con muy pocas cosas salvo sus propias carreras. La mayor parte de ellos tuvieron estrechas relaciones con el comercio, la industria y, en particular, la banca. A este respecto, el socialista catalán Ernest Lluch ideó el bon mot de que el banco gubernamental, siempre forrado de cuero azul en las Cortes españolas, era doblemente «banco azul»: azul por falangista y banco por sus concomitancias con la banca. Dicho de otra forma, UCD era el instrumento idóneo para garantizar que, durante la transición del régimen dictatorial al democrático, el poder gubernamental real permaneciese en las manos, si no de las mismas personas que antes, sí por lo menos de unos individuos lo bastante conservadores para mantener las estructuras existentes del poder económico y social[50].

Mientras la UCD se hallaba todavía en proceso de gestación, Suárez seguía encarrilando el proyecto de reforma hacia su culminación. En 1977 se habían iniciado los trámites para legalizar los partidos políticos. El escollo era el PCE. Legalizar el Partido Comunista significaba para el búnker y el ejército malbaratar todo aquello por lo que habían luchado en 1936. Los planes del general Gutiérrez Mellado para liberalizar el ejército le habían valido ya unos ataques verbales desaforados. El 24 de enero de 1977, el mismo día de la matanza en Atocha, numerosos oficiales superiores se reunieron en el Casino Militar de Madrid y exigieron la dimisión del Gobierno. Entonces, el primero de varios incidentes, cada vez más graves, tuvo lugar en el funeral de dos policías asesinados por el GRAPO. Se corearon consignas ultras, y un capitán de navío, Camilo Menéndez Vives, insultó públicamente a Gutiérrez Mellado con toda impunidad, de modo que se convirtió en una especie de emblema de la subversión derechista[51]. Parecía evidente que el furor de los ultras alcanzaría niveles mucho más altos si Suárez legalizaba el Partido Comunista. El presidente tenía pocas opciones: si se excluía a un partido de tanta significación como el PCE, la democracia quedaría incompleta, ni más ni menos. De todos modos, Suárez calculó que el aplazamiento de la entrada del PCE en la escena política disminuiría el apoyo electoral a los comunistas. Por tanto, el presidente se dispuso a entrevistarse con Carrillo el 27 de febrero, aunque tal decisión representaba un golpe mortal para sus relaciones, ya bastante deterioradas, con Torcuato Fernández-Miranda[52].

Después de una reunión maratoniana de ocho horas en el domicilio de José Mario Armero, Carrillo y Suárez llegaron a un acuerdo. A cambio de la legalización, Carrillo prometió reconocer al rey, adoptar la bandera bicolor de la monarquía española y prestar su apoyo para un futuro pacto social. Entre Suárez y Carrillo nació una extraña simpatía que iba a ser la base de su cooperación política futura durante todo el periodo de transición. Sin embargo, el PCE no dejó de recordar al Gobierno de forma tajante que tenía capacidad suficiente para provocar un escándalo internacional si se le excluía de las elecciones. Y así lo hizo el 2 de marzo al cumplir con el papel de anfitrión en una conferencia eurocomunista de Carrillo, Berlinguer y Marchais celebrada en el hotel Meliá-Castilla de Madrid. El 9 de abril, cuando casi toda la élite política y militar estaba ausente de Madrid en las vacaciones de Semana Santa, Suárez, confiando erróneamente en la aquiescencia del ejército, anunció la legalización del PCE, cuyos estatutos habían sufrido una modificación especial para no contravenir la promesa hecha por Suárez, en el otoño anterior, a la jerarquía militar[53].

Ese ardid no salvó a Suárez del odio implacable del búnker, aunque él no comprendió jamás la razón. En 1984, Suárez seguía afirmando que él no había engañado a los militares. Pero el golpe del 23 de febrero de 1981 le demostró de la forma más gráfica cuán convencido estaba el ejército de que lo había hecho. La circunstancia de que el gigantesco símbolo rojo del yugo y las flechas fuese retirado por unos obreros de la fachada de la sede del Movimiento, en Alcalá 44[54], mientras los comunistas celebraban su legalización, exasperó la furia del búnker. Con la legalización del Partido Comunista, Suárez se hizo culpable ante los ultras de una vil traición a la causa por la cual se había luchado en la guerra civil. El resultado inmediato fue la dimisión del indignado ministro de Marina, almirante Pita da Veiga. Varios ministros civiles encabezados por el de Hacienda, Eduardo Carriles, estaban dispuestos también a dimitir, pero Alfonso Osorio logró disuadirles[55]. El ministro del Ejército, general Félix Álvarez-Arenas, hubo de retirar su dimisión porque sus colegas le hicieron ver que nadie querría reemplazarle. Espoleados presuntamente por Fraga y los otros «magníficos», ninguno de los mandos superiores se prestó a ocupar el puesto de Pita. Después de muchas gestiones, Suárez consiguió convencer al almirante retirado Pascual Pery Junquera de que se hiciera cargo del Ministerio de Marina.

El 11 de abril, Suárez se reunió con el alto mando para explicar lo sucedido y justificarse. Incluso hizo pasar una grabación del transcurso de su entrevista del 8 de septiembre de 1976. Todo fue inútil. Tras una reunión del Consejo Superior del Ejército, presidida por el general José Vega Rodríguez el 12 de abril, se hizo público el profundo malestar existente dentro del ejército. El comunicado aludía a la repulsa generalizada que había suscitado aquella medida, pero aceptaba disciplinadamente el hecho consumado. Asimismo, se presentó al rey una declaración privada que contenía duras críticas contra Suárez y Gutiérrez Mellado. Varios años después, Suárez comentó que él mismo había preparado la publicación de aquel comunicado, para limar las asperezas del descontento militar. El general Ibáñez Freire, director de la Guardia Civil, presumiblemente de acuerdo con el presidente, hizo circular una nota con el propósito expreso de atenuar la tensión. Como medida de precaución adicional, se había recortado el suministro de combustible a las principales unidades militares en las semanas precedentes[56].

Incluso así, la legalización del PCE, que constituía una parte necesaria e inevitable de la transición, fue recibida por los ultras como una bofetada. Se acentuó la propaganda en los cuarteles con el objeto de resaltar la «traición» de Suárez. Se inventaron unas cuantas organizaciones efímeras, las Juntas Patrióticas, la Unión Patriótica Militar y el Movimiento Patriótico Militar, para encubrir la invasión de las colonias militares con propaganda ciclostilada, consistente en diatribas virulentas contra las reformas militares del general Gutiérrez Mellado —a quien se daba el trato insultante de «señor Gutiérrez»—, y contra un Gobierno que toleraba el deterioro de los valores patrióticos, los ultrajes a la bandera y el terrorismo de ETA. Esa propaganda encubierta pretendió indicar que algunos sectores del ejército habían llegado a la conclusión de que una intervención en la política era esencial[57]. Los periódicos del búnker, El Alcázar, El Imparcial y Fuerza Nueva, se encargaron de consolidar ese impacto mediante incitaciones casi diarias a la rebelión militar.

Inevitablemente, las estridencias de la ultraderecha se cargaron de razón ante sus adeptos a causa de la evolución del problema vasco. Por fortuna para Suárez, el hecho de que su gobierno hubiese iniciado las negociaciones con ETA en noviembre de 1976 pasó inadvertido al búnker. En febrero de 1977 se reanudaron esas primeras conversaciones, por la mediación del periodista José María Portell. Una tregua esporádica gestionada en la parte francesa del País Vasco se vio recompensada por una excarcelación muy parca de presos, seguida de una amnistía parcial el 14 de marzo de 1977, que dejaba todavía entre rejas a veintisiete etarras. En esa coyuntura, los diversos partidos abertzales manifestaron que boicotearían las elecciones de junio a menos que se liberara a todos los prisioneros. Mientras se levantaban barricadas en muchas ciudades vascas y los choques entre abertzales y fuerzas del orden público se convertían en un acontecimiento diario, las dos alas de ETA reanudaron sus actividades terroristas. Alarmado ante el posible derrumbamiento de las inminentes elecciones, el Gobierno negoció un alto el fuego con ambas fracciones de ETA y concedió una amnistía total el 20 de mayo. La lentitud de Suárez para captar la gravedad del problema vasco fue causa de que tanto ETA como el búnker tuvieran la impresión inequívoca de que dicha amnistía había significado una capitulación ante la violencia armada[58].

Desde octubre de 1975, los grupos abertzales se habían unido en un frente popular ambiguo conocido como KAS o Koordinadora Abertzale Sozialista. Su programa, denominado «Alternativa KAS», exigía amnistía total, retirada del ejército del País Vasco, disolución de las FOP bajo control gubernamental y autodeterminación para la comunidad autónoma, así como otras reivindicaciones que cualquier gobierno de Madrid no podía aceptar jamás. Antes y después del alto el fuego negociado el 20 de mayo, hubo acalorados debates en el comité de enlace de KAS sobre el tema de la participación electoral. En términos generales, ETA-PM y el partido político asociado a ella, EIA o Euskal Iraultzako Alderdia (Partido de la Revolución Vasca), querían participar para dar una voz parlamentaria al nacionalismo popular de izquierdas. ETA-M y su propio frente político, LAIA o Langile Abertzale Iraulzaileen Alderdia (Partido Revolucionario de Trabajadores Patrióticos), se pronunciaron en definitiva contra la participación.

La brecha abierta entre los abertzales se acentuó poco después de que el EIA emprendiera negociaciones electorales con el Movimiento Comunista, nacido a su vez como resultado de otro «cisma» político de ETA ocurrido en 1966. La coalición resultante, Euskadiko Eskerra o Izquierda Vasca, sufriría en el terreno electoral las consecuencias de la confusión creada durante el debate abertzale sobre la abstención, aunque ganó un escaño en el Congreso y otro en el Senado en las elecciones de junio. Los miembros de EIA que no aprobaban la nueva trayectoria, junto a la parte más militante de LAIA y a otros nacionalistas radicales, decidieron después de las elecciones fundar un nuevo partido. Se denominó Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea o HASI (Partido Socialista Revolucionario del Pueblo), y quedó constituido el 3 de junio de 1977. A diferencia de Euskadiko Eskerra, HASI, LAIA y los demás abertzales siguieron mostrando una hostilidad enconada contra el nuevo gobierno democrático. Los errores de la política vasca practicada por Suárez determinaron que la misma violencia armada y la militancia popular que se habían expresado en la campaña proamnistía pasasen después al servicio de la Alternativa KAS[59]. Este fue el principal borrón en el historial de Suárez durante la transición.

No obstante, sería injusto no reconocer los asombrosos logros de Suárez. No solo obtuvo la aceptación franquista para la reforma política y el control de una gran coalición electoral; además, fue capaz de alcanzar un acuerdo con la oposición moderada, legalizar el PCE y asegurar el acuerdo con ETA para no perturbar las elecciones. Sin embargo, la lealtad amenazadora del ejército obligó a la comisión mixta oposición-Gobierno a elaborar la ley electoral con espíritu de no poca precipitación. Pese a todo, la campaña se desarrolló en una atmósfera de regocijo popular que hizo evocar a muchos el advenimiento de la Segunda República en 1931. Los mítines más concurridos fueron los del PSOE, seguidos por los del PCE. La campaña de UCD tendió a concentrarse en la televisión, la prensa y la radio, donde sus recursos eran ilimitados o poco menos[60]. Votaron dieciocho millones de personas, aproximadamente el 80 por ciento del electorado, y un 90 por ciento de ellas se pronunciaron a favor del cambio.

Para ser más exactos, los españoles deseaban cambio, pero no enfrentamiento, y esa coyuntura favoreció a Suárez y a Felipe González. En contraste con ellos, Carrillo y Fraga evocaban conflictos del pasado. No obstante la generosidad con que fue financiada, Alianza Popular incluía en sus filas a varios franquistas preeminentes, y ese hecho no favoreció su causa, máxime cuando Arias Navarro manifestó, en una asombrosa entrevista concedida al periodista Pedro J. Ramírez, que visitaba con regularidad el Valle de los Caídos para comunicarse con Franco y rogar por un retorno milagroso del Caudillo que pusiera remedio a las cosas. Sus mítines durante la campaña se movieron en un clima claramente reaccionario y nostálgico, provocando gritos de «Franco, Franco, Franco». Al ceder a Arias uno de los tres espacios televisivos pertenecientes a Alianza Popular, Fraga perdió con seguridad casi absoluta muchos votos, porque el expresidente dio allí una nota de franquismo impenitente. Extrañamente, la figura de Alianza Popular con una imagen más moderna y liberal, Gregorio López-Bravo, no desempeñó virtualmente ningún papel en la campaña. Por su parte, Fraga fue el torbellino usual de energía y patriotismo. El empleo constante de la consigna «España, lo único que importa» daba un adecuado tono patriótico. Además, lució con ostentosidad unos tirantes del Marylebone Cricket Club, adquiridos cuando era embajador en Londres, con los colores rojo y amarillo de la bandera española. Sin embargo, su imagen de dinamismo se malograba cada vez que se dejaba llevar por su notorio mal genio. El 6 de mayo, en Lugo, Fraga respondió a unos agitadores que aludían a las muertes de Vitoria despojándose de la chaqueta y abalanzándose hacia el auditorio para perseguirlos[61].

Los comunistas se vieron especialmente perjudicados por las remembranzas de la Guerra Civil. Quizá ello fuera inevitable, porque la liberalización «post-Franco» había provocado un auge de publicaciones populares sobre temas históricos y, por ende, reavivado la divulgación de los crímenes estalinistas cometidos por el PCE en el pasado. Los propios comunistas no contribuyeron a facilitar las cosas al dar los primeros lugares de sus listas a figuras de la guerra como Carrillo o Dolores Ibárruri. Por su parte, los socialistas se beneficiaron de su historial en la Guerra Civil y de la continuidad clandestina de la tradición del PSOE en muchas familias. Asimismo, la imagen de honradez y competencia que ofrecía Felipe González y el prestigio conferido por el resuelto apoyo de los líderes socialistas europeos le convirtieron en un serio rival para Suárez. Sin embargo, tanto los socialistas como los comunistas cometieron el error, confiando en los pronósticos de las encuestas, de considerar la Alianza Popular de Fraga como un peligro bastante más serio de lo que realmente fue. Así pues, unos y otros tendieron a concentrar una parte excesiva de su fuego electoral en aquella dirección[62].

De resultas, ni el PSOE ni el PCE lanzaron ataques directos contra UCD durante la campaña. El ataque más eficaz a UCD provino de José María de Areilza, que participaba en la lucha electoral representando a un grupo de candidatos liberales socialistas y cristianodemócratas para el Senado, denominado Senadores para la Democracia. El 28 de mayo, en el estadio del Rayo Vallecano, en una barriada periférica de Madrid, Areilza afirmó que UCD y Alianza Popular eran «las dos alas del franquismo que se entienden perfectamente por debajo, a pesar de las aparentes batallas que se libran en la superficie, y que harán todo lo posible para que las próximas Cortes no sean constituyentes ni soberanas». En cuanto a Suárez, soslayó las confrontaciones directas mediante el sencillo método de rechazar toda invitación a participar en debates con otros líderes de partido, alegando excusas extravagantes. Su ventaja era abrumadora: además de la utilización en beneficio de UCD del control gubernamental sobre los medios de comunicación, unos fondos bancarios inagotables le permitieron emprender una colosal campaña publicitaria. Las vallas reservadas por el Gobierno para la propaganda institucional de llamamiento al voto se cubrieron después con los carteles de UCD. Cada ama de casa recibió una carta del propio Suárez en la que explicaba sus planes para mejorar el nivel de vida. En verdad, la maquinaria propagandística de UCD trabajó de firme para captar el voto femenino. La prensa embelleció la figura de Suárez, haciendo resaltar su apariencia de actor cinematográfico, para crear la imagen de un devoto padre de familia y católico practicante. Un 60 por ciento de los votantes de UCD fueron mujeres. Como cabía esperar a la luz de su situación privilegiada, UCD ganó las elecciones con el 34,3 por ciento de los votos, pero los socialistas no se quedaron muy atrás con su 28,5 por ciento. Alianza Popular se llevó solo el 8,4 por ciento, detrás del PCE, que obtuvo el 9,3 por ciento[63].

El régimen de Franco se enterró el 15 de junio de 1977. Su final había estado cercano desde hacía muchos años, pero faltaba el método adecuado. La decrepitud creciente del sistema presidido por el Caudillo había sido evidente durante años. Desde los últimos compases de los años sesenta, un número creciente de antiguos franquistas había empezado a darse cuenta de esa realidad. Y entonces se inició un proceso en dos direcciones. Por un lado, se hicieron diversas gestiones para adaptar el franquismo a las nuevas condiciones sin efectuar cambios fundamentales. Solís, Carrero y Arias lo intentaron uno tras otro, y uno tras otro se estrellaron contra la intransigencia del búnker y contra sus propios e irredimibles instintos franquistas. Por otro lado, los fracasos sucesivos de la reforma hicieron ver a sectores cada vez más amplios de la oligarquía económica, a los monárquicos liberales y, a su debido tiempo, a los franquistas más clarividentes que su supervivencia dependía del cambio. Así pues, los ideales de la oposición, sustentados desde 1939, empezaron a ser compartidos por sus enemigos de antaño, aunque de una forma restringida y poco más que retórica. Lo que había faltado hasta entonces era, de un lado, la voluntad y, del otro, la fórmula necesaria para conseguir efectuar la transición sin violencia ni pérdida sustancial de privilegios. La polarización suscitada por el extremismo del búnker, la ineficacia de Arias Navarro y sobre todo la muerte de Franco proporcionó a los franquistas inteligentes la indispensable voluntad política. Torcuato Fernández-Miranda y Suárez inventaron la fórmula.

Sin embargo, en el verano de 1976 parecía todavía posible un enfrentamiento sangriento. El hecho de que no lo hubiera constituye un tributo a la habilidad de Adolfo Suárez y sus consejeros, al coraje y la determinación del rey Juan Carlos y, particularmente, a la moderación y buen juicio mostrados por Felipe González, Santiago Carrillo y demás líderes de la oposición. Sería en extremo difícil exagerar los sacrificios hechos por la oposición. Las atrocidades terroristas cometidas a principios de 1977 hicieron que la izquierda moderara sus aspiraciones. Se arrinconaron las esperanzas en un cambio social significativo para poder asegurar el objetivo urgente e inmediato de la democracia política. La exuberancia, el júbilo y el espectáculo mismo de la campaña electoral eclipsaron un poco esos puntos y originaron expectativas que iban a sufrir un grave quebranto en los cuatro años siguientes. La democracia política formal significaba una conquista abrumadora después de treinta y ocho años de franquismo, pero en muchos aspectos lo conseguido era solo un tímido comienzo. Entretanto, la izquierda había renunciado a toda idea de un ajuste de cuentas con los carceleros, los verdugos y los ladrones que venían saboreando los frutos de la victoria desde 1939. La suerte del PIDE portugués a manos del populacho enfurecido no se repitió en España. Por el contrario, numerosos cuadros franquistas conservaron sus posiciones de poder mediante el simple traslado desde el Movimiento a la UCD. Para ellos la transición significaba una readaptación política de ciertas fuerzas selectas, en lugar de un cambio fundamental[64].

La oposición, que había mantenido vivos los ideales y las ideas de la democracia durante casi cuarenta años, se percató perfectamente de ello. Quizá su mayor sacrificio haya sido aceptar que la legalidad del sistema constitucional franquista fuera la premisa básica del proyecto de Suárez para una reforma política. Cuando había sido cuestión de torturar a los presos o disparar contra los huelguistas, el sistema franquista no había vacilado en violar los derechos humanos presuntamente salvaguardados por las leyes fundamentales. Los escrúpulos legales que se observaran durante el otoño y el invierno de 1976 fueron objeto del desprecio velado de la izquierda. Por otra parte, en las negociaciones con Suárez fueron revelándose el poder de las Fuerzas Armadas y la fortaleza y malevolencia continuadas del búnker. Se esperaba un cambio profundo del entramado social, la reforma agraria y la redistribución de la riqueza, pero esos objetivos mínimos de la izquierda se fueron arrinconando para poder garantizar la reforma política básica. Los estados mayores de la oposición y los cuadros políticos supieron todo eso, pero las amplias masas populares no. Así que, mientras la reforma de Suárez satisfacía ampliamente a la clase media conservadora, la inmensa hambre popular de cambio quedó insatisfecha. En un marco de desempleo e inflación crecientes, había escasas probabilidades de satisfacer las expectativas populares con un Gobierno cuya raison d’être estribaba en la creencia, nacida justo en el momento en que se iniciaba la crisis energética, de que la reforma política permitía soslayar la necesidad de un cambio social. Con Suárez, el entusiasmo inicial se tornaría poco a poco en desencanto popular. El reconocimiento de semejante hecho no aminora la magnitud de su proeza al conducir a España durante el proceso de la transición. Ahora bien, si nos fijamos con atención en el papel desempeñado por la oposición, no solo se explicará la naturaleza de los cambios políticos habidos entre 1976 y 1977, también se clarificarán las dificultades que habría de afrontar Suárez en el poder.

5

La construcción de un mundo nuevo con los ladrillos del antiguo

El pacto democrático, 1977-1979

El talante popular, después de las elecciones del 15 de junio de 1977, era de un optimismo justificable, aunque apareciesen en el horizonte nubarrones formados por los problemas sin resolver. Solo una minoría de españoles de a pie, y por supuesto los políticos profesionales más cautos, percibieron la magnitud de las dificultades que se les venían encima. Introducir al ejército y a los extremistas vascos en el redil democrático y afrontar al mismo tiempo los problemas económicos legados por la dictadura eran tareas cargadas de peligros. La euforia predominante a mediados de 1977 se fundaba en el hecho de que la transición se había llevado a cabo con un consenso generalizado de derechas e izquierdas, ratificado al fin por un electorado notablemente maduro. La «sopa de siglas» preelectoral, con trescientos partidos políticos o quizá más, había quedado reducida el 15 de junio a un sistema de cuatro partidos, y los votantes habían optado de modo arrollador por la moderación. Según los sondeos de opinión, cuatro de cada cinco españoles se situaban políticamente en el área comprendida entre el centro derecha y el centro izquierda[1]. Después de que Franco y sus validos les advirtieran durante décadas de que eran incapaces de gobernarse a sí mismos por la vía democrática, la mayoría de los españoles se sintieron justificadamente orgullosos del cariz que tomaban las cosas.

Sin embargo, los problemas que socavarían la flamante democracia durante los cuatro años siguientes —subversión militar, terrorismo y estancamiento económico— no podían resolverse mediante la mera presencia de un electorado prudente. Es más, la casi total absorción de la clase política por esos problemas llegaría a provocar cierta desilusión entre las masas de votantes, que habían esperado que el 15 de junio de 1977 anunciase el nacimiento de una nueva España. Ahora bien, todo ello no ensombreció los muchos aspectos positivos de la vida en la España democrática. Para un observador familiarizado con la España del general Franco, el resurgimiento cultural y educativo, el alto grado de convivencia parlamentaria y sobre todo el entusiasmo popular por el nuevo régimen fueron muestras palpables de que la democracia estaba liberando unas energías reprimidas durante largo tiempo. El auge pasajero de la pornografía en los cines y quioscos de prensa fue tal vez el síntoma del cambio que más enfureció al búnker. Su transitoriedad no impidió que la propaganda ultra continuara identificando tozudamente la democracia con la pornografía.

La naturaleza de las cosas quiso que UCD se mostrara remisa a enarbolar la bandera de las reformas estructurales. Una coalición heterogénea cuyos integrantes representaban a elementos de la élite financiera e industrial y a los sectores más progresistas de la burocracia franquista no era lo más indicado para emprender una profunda reforma fiscal y agraria. A decir verdad, durante los tres años siguientes los ucedistas destacados demostraron tener una vocación mucho más profunda por la lucha por cargos oficiales generosamente remunerados. Los grupos integrantes de la coalición electoral UCD, que habían proyectado ir cada cual por su camino después de las elecciones, acordaron la unificación no por afinidad ideológica, sino solo para garantizar su proximidad a la fuente del poder. El acuerdo de unión se recompensó con cargos ministeriales y otros diversos, y se reflejó en la composición del nuevo gabinete. Los amigos de Suárez estuvieron bien representados en general, y hasta un extremo asombroso en el caso del vicepresidente de Asuntos Políticos, un agrónomo desconocido llamado Fernando Abril Martorell, con quien Suárez había hecho amistad en Segovia en su época de gobernador civil.

Los «azules», capitaneados por Rodolfo Martín Villa, contaron también con su «parcela de poder» en y alrededor del Ministerio del Interior. A los socialdemócratas se les adjudicaron algunos ministerios económicos, desde los que esperaban llevar a cabo la reforma fiscal. Los cristianodemócratas retuvieron, en la persona de Landelino Lavilla, el Ministerio de Justicia. Su líder espiritual, Fernando Álvarez de Miranda, renunció a una cartera ministerial para asumir la presidencia de las Cortes. Álvarez de Miranda, que deseaba la transformación de UCD en un partido integrado en la Unión Cristiano Demócrata Europea, iba a ser una espina clavada en el flanco de Suárez. Le había contrariado que los partidos integrantes de UCD se disolvieran sin un debate previo y exhaustivo para esclarecer sus distintas posiciones ideológicas. Su disconformidad con el pragmatismo amoral y las aspiraciones socialdemócratas de Suárez fue la causa de que el presidente le dijera: «Fernando, tú eres demasiado bueno. Cuando vayas al cielo te va a tocar columna y no vas a ver a Dios»[2]. Los cristianodemócratas debían representar una fuente de preocupación constante para el presidente y desempeñar un papel decisivo en su caída. En definitiva, la necesidad de aplacar a todos esos grupos diversos significó siempre una importante desventaja política para Suárez a la hora de formar gobierno. El más conservador de los cristianodemócratas, Alfonso Osorio, se mantuvo totalmente al margen de la operación y prefirió asociarse a José María de Areilza y a la Alianza Popular de Manuel Fraga para constituir el llamado «pacto de Aravaca». De esas negociaciones nació una Coalición Democrática sin lugar a dudas derechista[3].

Entre los diversos factores que se acumularon para reducir la capacidad de maniobra de Suárez e imposibilitarle la construcción de un magnífico mundo nuevo, cabe destacar la pugna para mantener unida a la deslavazada UCD, la desventaja de no poseer una mayoría parlamentaria absoluta, los problemas inherentes a la elaboración de una ley constitucional consensuada, la necesidad constante de resolver disputas entre el nuevo Estado y los derechos de las nacionalidades autonómicas y, principalmente, la erosión diaria de energía y visión provocada por la violencia antidemocrática desde la derecha y la izquierda. Antes de que las Cortes pudieran pronunciarse sobre cuestiones trascendentes, se requirió siempre establecer negociaciones dentro de UCD y con otros partidos. Así pues, siguiendo su inclinación natural y vista la esencia de los problemas que afrontaba, el presidente debió trabajar cada vez más en los aposentos repletos de humo. Su estilo secretista y propenso a los acuerdos de pasillo, así como la sensación generalizada de indefensión ante ETA y el ejército, convirtieron el optimismo de 1977 en el desencanto de 1980 con Suárez y UCD. A lo largo de cuatro años, una espiral de terrorismo e intervencionismo militar infundió miedo y recelos en la vida cotidiana.

No obstante, la creación de un régimen democrático y la probabilidad de generosas concesiones en materia de autonomía regional parecían constituir el planteamiento adecuado para que cesara la violencia de ETA. El hecho de que no sucediera así fue en gran parte una consecuencia de la lentitud inicial de Suárez para conceder la amnistía política. Esa insuficiencia, quizá comprensible si se considera que el presidente necesitaba contar con la opinión del ejército, se había añadido a la amarga herencia franquista de la comunidad vasca. Las fracciones nacionalistas más extremadas se apresuraron a explotar esa herencia para fomentar su visión sectaria de un futuro País Vasco independiente de España y Francia por igual. No todos los vascos compartieron tales aspiraciones, ya que eran realizables únicamente a costa de provocar una intervención del ejército español, lo que acarrearía a su vez el retorno del autoritarismo en el resto de España y la guerra civil en el País Vasco.

La circunstancia de que Suárez hubiese capitulado antes de las elecciones de junio, al conceder una amnistía total el 20 de mayo, aparentemente como respuesta a las acciones terroristas, fue vista por algunos sectores izquierdistas abertzales tan solo como una demostración de las ventajas de la acción armada. El único grupo nacionalista de izquierdas que respondió de manera positiva a la concesión de Suárez fue Euskadiko Eskerra. Dirigido por exetarras y asociado a ETA-PM, este grupo había nacido antes de las elecciones de la fusión de ETA con el Movimiento Comunista y había conseguido un diputado parlamentario, Francisco Letamendia, y un senador, Juan María Bandrés Molet, ambos de Guipúzcoa. El resto de los grupos nacionalistas, más o menos unidos por la Koordinadora Abertzale Sozialista, siguieron mostrándose hostiles a Madrid. Es más, sus actividades dejaron entrever muy pronto que, lejos de tomar medidas para negociar con el nuevo régimen, se habían comprometido en una estrategia que podía acarrear la destrucción de dicho régimen[4].

Las dos fracciones de ETA reaccionaron de forma diferente ante los resultados electorales del 15 de junio de 1977. La respuesta de ETA-PM se redujo a afirmar que el éxito de Euskadiko Eskerra justificaba la estrategia consistente en combinar los métodos legales y los ilegales. La creencia de que la cambiante situación política requeriría relegar la lucha armada a un plano cada vez más accesorio tenía su origen en las ideas de Pertur y en la ponencia Otsagabía. La adopción de esa trayectoria conduciría finalmente a la fusión de Euskadiko Eskerra con el ala eurocomunista del Partido Comunista Vasco, y a su incorporación a una actividad parlamentaria convencional. A corto plazo, el abandono de la violencia ocasionaría divisiones internas, cismas y cierta añoranza por la lucha armada. Los veteranos de ETA-PM, presos excarcelados como Mario Onaindía, se habían retirado ya del activismo violento para concentrar sus energías en EIA y Euskadiko Eskerra. ETA-PM propiamente dicha, como organización militar clandestina, quedaba en manos de hombres y mujeres jóvenes, siempre predispuestos a emprender nuevas acciones terroristas. Por consiguiente, aunque respetara la tregua concertada en mayo, ETA-PM seguía representando la violenta oposición abertzale al régimen democrático.

Pese a todo, ETA-PM fue conceptuada por ETA Militar como una traidora a la causa de un País Vasco independiente. Un sector disidente importante de ETA-PM compartió ese criterio. Acaudillados por el sanguinario fanático Miguel Ángel Apalátegui, Apala —que se había opuesto a la trayectoria de Pertur y era sospechoso de haberle asesinado—, los contrarios a la negociación con el Gobierno fundaron los denominados Comandos Bereziak. Para mostrar su voluntad contraria a la tregua convenida el 20 de mayo de 1977, habían secuestrado el mismo día al industrial vasco Javier de Ybarra y Bergé. Después de las elecciones y durante todo el verano de 1977, los Comandos Bereziak negociaron su fusión con ETA-M. Ambos grupos compartían la opinión sectaria de Apalátegui de que las elecciones habían sido una artimaña para «legitimar el fascismo». La existencia de ETA tenía sentido solo como fuerza organizada contra la dictadura, de modo que la dirección de los «milis» ignoró conscientemente el hecho de que ya se había establecido la democracia en España[5]. Se interpretó con notable miopía la abstención electoral popular, situada en torno al 22 por ciento, como un gesto abertzale de apoyo a ETA Militar, y se consideró como una prueba adicional del fraude de los resultados electorales el hecho de que no se hicieran públicos unos porcentajes de abstención más altos.

Por consiguiente, según la opinión xenófoba de la recién reforzada ETA-M, no había cambiado nada desde la dictadura: las fuerzas centralistas que oprimieron siempre al País Vasco continuaban haciéndolo, y la policía era tan brutal como de costumbre. La única diferencia, a juicio de los abertzales izquierdistas, era que la tiranía española se enmascaraba ahora con los señuelos de una democracia fraudulenta. Un número apreciable de ciudadanos vascos compartieron esa visión partidista, sobre todo los jóvenes y, curiosamente, algunos inmigrantes convertidos al abertzalismo en su afán por demostrar que «pertenecían» a la comunidad adoptiva. Propagaron la misma tesis periódicos abertzales como el semanario Punto y Hora y el diario Egin, con una tirada de ochenta mil ejemplares[6]. Pero fue más significativo que la justificaran sectores más amplios al observar el comportamiento del Gobierno y de la derecha española durante el verano de 1977. Una vez más, el caballo de batalla fue la amnistía. En aquella etapa, los escasos presos etarras en las cárceles españolas eran convictos de homicidios perpetrados después de la muerte de Franco. Por tanto, la petición de amnistía para ellos provocó la ira de los círculos de la derecha.

El 10 de julio, cinco columnas partieron desde diferentes puntos del País Vasco en una «marcha de la Libertad» que, según lo programado, había de concluir el 28 de agosto en Pamplona. LAIA, HASI, EIA y casi todos los grupos abertzales respaldaban la iniciativa, pero no así el PNV ni las secciones vascas del PSOE y del PCE. A medida que la marcha iba sumando simpatizantes a lo largo de su itinerario, los gritos a coro que pedían amnistía se transformaron en ataques contra el Gobierno por dos razones. Por una parte, el 29 de julio Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, autorizó la detención de unos etarras exiliados que habían regresado abiertamente al País Vasco. Después, el Gobierno español agravó ese desafío a los abertzales al solicitar la extradición de Apala, detenido en Francia. La marcha de la Libertad se convirtió en una marcha contra la extradición y sus consignas más repetidas fueron «Apala askatu» (libertad para Apala) y «Presoak etxera» (presos a casa). ETA-M amenazó con tomar las armas otra vez si los franceses accedían a lo solicitado por Madrid. A lo largo de agosto hubo una serie de manifestaciones, cada una de las cuales sumó al menos hasta treinta mil personas, por todo el País Vasco, y algunas menores en el sur de Francia. Muchas personas empezaron huelgas de hambre para solidarizarse con la iniciada por Apalátegui. Cuando la marcha alcanzó Pamplona, el gobernador civil le negó la entrada. Las columnas acamparon en las afueras de la ciudad. Después de varias arengas incendiarias del veterano líder abertzale Telesforo Monzón, la policía dispersó brutalmente a los reunidos[7].

El impacto en la opinión pública vasca fue considerable, y aumentó aún más merced a las actividades de agents provocateurs. Hacia finales de agosto, grupos de «incontrolados» armados con palos, cadenas y pistolas perturbaron las fiestas locales de verano en varios pueblos vascos. Las autoridades rechazaron las acusaciones del diputado de Euskadiko Eskerra, Francisco Letamendia, de que la policía estaba involucrada. Sin embargo, en Amorebieta (Vizcaya), grupos de vigilancia organizados por los propios ciudadanos capturaron y desarmaron a una banda de la que formaba parte un agente de la policía. Los persistentes sentimientos antivascos y antidemocráticos de las fuerzas de orden público, unidos a las numerosas manifestaciones proamnistía, dieron credibilidad a la aseveración abertzale de que las elecciones no habían cambiado nada[8]. Los policías jóvenes de las regiones más pobres de España eran destinados al País Vasco, e incluso aunque fueran apolíticos a su llegada, el ostracismo al que la población local condenó a sus esposas e hijos, así como la atmósfera general de enconada hostilidad, los transformaron en enemigos acérrimos de la causa vasca. El problema exigía todo el tacto y la firmeza que pudiera reunir el gobierno central. Ni Suárez ni Martín Villa pudieron responder adecuadamente, lo que es quizá comprensible si se considera el peso de la opinión reinante en el seno de las Fuerzas Armadas y la policía. No obstante, ambos aguantaron sin ceder a las presiones para que se enviara el ejército al País Vasco. La derecha no quería ninguna concesión para las aspiraciones vascas, y esperaba capitalizar políticamente la existencia del terrorismo de ETA. No fue sorprendente, pues, que se rompiera la tregua impuesta durante el verano de 1977 en el País Vasco, y que el detonador fuera el terrorismo ultraderechista.

El 5 de octubre, las oficinas del semanario abertzale Punto y Hora, en Pamplona, fueron destruidas a bombazos por una organización fascista que se adjudicó el título de Alianza Apostólica Anticomunista. Era el pretexto que necesitaban los inquietos adolescentes de ETA-M para desencadenar una ofensiva terrorista contra el Gobierno. Al día siguiente, un comando de ETA-M asesinó al presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, y a dos guardias civiles que le escoltaban[9]. Se cumplía casi un año del asesinato de Juan María de Araluce. Con la muerte de Unceta, la dialéctica del terror y la represión inició una escalada arrolladora. Fue un proceso que favoreció por igual a ETA-M y a la ultraderecha, en detrimento del régimen democrático. En los meses siguientes, varios miembros de las FOP y presuntos confidentes cayeron en rápida sucesión víctimas de las balas de ETA. Mientras el Gobierno buscaba a tientas una fórmula para establecer la autonomía vasca, ETA-M se dedicó afanosamente a provocar un enfrentamiento a fondo entre España y el País Vasco.

Mediante ese conflicto, los extremistas abertzales esperaban forjar un Estado independiente revolucionario. Así pues, la última cosa que deseaba la dirección de ETA-M era un compromiso con Madrid. Para provocar la intensificación de la represión, y por ende ganarse apoyo popular, perpetró varios atentados contra oficiales superiores del ejército. Esa política, cuyo fruto sería el fortalecimiento de las tendencias al intervencionismo militar o «golpismo», comenzó con el asesinato del jefe de policía de Pamplona, comandante Joaquín Imaz Martínez, a finales de noviembre[10]. Aun cuando la estrategia de ETA-M no llegaría jamás a provocar la deseada invasión militar del País Vasco, sí consiguió que una brutalidad ciega siguiera presidiendo los métodos policiales. Manifestaciones de protesta espoleadas por el lema «¡Gora ETA! ¡ETA herria zurekin!» (¡Viva ETA! ¡ETA, el pueblo está contigo!) evidenciaron el apoyo popular a los activistas generado por la represión policial.

Si el odio latente acumulado con Franco pudo conservar toda su intensidad, fue en parte como consecuencia de los errores cometidos por el Gobierno entre 1976 y 1977 en la cuestión de la amnistía. Sin embargo, la razón principal fue el comportamiento de las fuerzas de orden público todavía sin reformar. En toda España la gente se sentía inclinada a creer que, no obstante los antecedentes franquistas de los nuevos gobernantes de UCD, el cambio real estaba ya en marcha. En contraste, un gran número de vascos seguían convencidos de que la opresión fascista continuaba existiendo bajo otro nombre. Los hábitos de violencia policial tardaban en desaparecer y hubo varios escándalos en 1977, incluso fuera del País Vasco. El 27 de agosto, el diputado socialista por Santander, Jaime Blanco, fue apaleado por unos policías en un mitin político. Las expresiones de condena por el incidente fueron descritas en la revista ultra Fuerza Nueva como una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. En el acalorado debate parlamentario que siguió a la moción de censura presentada por el PSOE, los días 13 y 14 de septiembre, el diputado y dirigente socialista Alfonso Guerra dijo a Martín Villa que si quería ver democracia en España, debería dimitir. En el mes de diciembre, con ocasión de una asamblea de nacionalistas andaluces en Málaga, la policía abrió fuego matando a un asistente e hiriendo a otros seis. Pocos días después, un estudiante fue muerto a tiros en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Lejos de proceder contra los responsables de estos actos, Rodolfo Martín Villa apoyó a la policía, y de nuevo se vio denunciado en las Cortes por Alfonso Guerra, que le llamó «último reducto del franquismo»[11]. Martín Villa encontró respecto de la policía los mismos problemas que afrontara Gutiérrez Mellado en el ejército. Al principio hubo de detener las indispensables reformas por temor a una rebelión. Hasta 1979, Martín Villa no podría llevar adelante sus planes de reforma de la policía[12].

Desde la legalización del PCE se venían intensificando las actitudes conspiradoras contra la democracia. La distribución puerta a puerta de propaganda en nombre de organizaciones imaginarias como Unión Patriótica, respaldadas por mensajes diarios en la prensa ultra, había llevado a las salas de banderas la convicción de que una intervención del ejército era deseable y necesaria a un tiempo. La relativa facilidad con que se distribuían los ataques ciclostilados contra el general Gutiérrez Mellado, ministro de Defensa, y la incapacidad para dar con sus fuentes, dejaban en entredicho la lealtad política del Servicio Secreto. A decir verdad, el papel sumamente negativo que desempeñó el Servicio de Información Militar, al impedir que los informes sobre las conspiraciones llegaran hasta el Gobierno y proporcionar informaciones a los conspiradores para sus preparativos del golpe de Estado, fue un elemento crucial en el desarrollo del golpismo después de 1977. Creado en sus orígenes para erradicar cualquier signo de liberalismo en las Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto militar seguía siendo acérrimamente franquista en su composición, en sus objetivos y en sus métodos. Tras la muerte de Franco, el servicio había sido sometido a una reorganización tan solo de fachada. Por todo ello, los enemigos del régimen democrático se vieron provistos de un instrumento inestimable para coordinar las conspiraciones militares y organizar una cadena de mando alternativa en el momento en que se diera un golpe. Mientras la prensa del búnker incitaba a la oficialidad a intervenir, el Servicio de Información Militar silenciaba el éxito de la susodicha propaganda entre las filas. Por lo demás, en lo que respecta al Gobierno, sus problemas con el Servicio Secreto parecían provenir de la ineficacia más que de la deslealtad. En cierta ocasión, Suárez se lamentó de que dos capitanes del Servicio de Información Militar llevaban impreso en sus tarjetas de visita el cargo que desempeñaban[13].

Cuando murió Franco, había once servicios secretos compitiendo entre sí, y en su mayor parte se hallaban bajo control militar. Los principales estaban administrados por los siguientes organismos: la Presidencia del Gobierno, el Estado Mayor General, cada uno de los tres ministerios militares o incluso la organización fascista de veteranos, la Hermandad de Alféreces Provisionales. El más poderoso era el Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG), instituido por Carrero Blanco y dirigido hasta principios de 1974 por el teniente coronel José Ignacio San Martín López, que más tarde se vería implicado en la intentona de Tejero el 23 de febrero de 1981. Originariamente, el SIPG se creó para vigilar la universidad, la Iglesia y los conflictos laborales, pero después de la revolución portuguesa sus actividades se extendieron primero al campo de las Fuerzas Armadas, para acabar por concentrarse en él. Al margen de su tarea, desarraigar la subversión, el SIPG se vio implicado, según se rumoreó, en la dirección y subvención de la violencia de grupos ultraderechistas contra sacerdotes liberales e izquierdistas, abogados, sindicalistas y libreros.

Bajo el primer Gobierno democrático de Suárez, se hizo un intento vano para quebrantar el poder del SIPG. El 2 de noviembre de 1977 quedó adscrito, junto a los servicios independientes administrados por cada rama de las Fuerzas Armadas, al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Pero como el CESID heredó, en su creación, el mismo personal de los organismos que lo habían precedido, el poder de esos fieles servidores, los llamados «hombres de Carrero», quedó intacto. Así pues, pudieron erigir una estructura paralela de poder prácticamente al margen de la jerarquía militar leal al rey y, por consiguiente, a Gutiérrez Mellado. El gobierno de Suárez hizo la vista gorda e incluso elogió públicamente con regularidad la lealtad de sus servicios secretos, no obstante la evidencia de que el CESID espiaba con sumo celo a algunos ministros y otros políticos mientras olvidaba investigar la subversión militar[14].

A principios del otoño de 1977 había ya indicios de fermento antidemocrático en el ejército. El resentimiento originado por la legalización del PCE y por la debilidad gubernamental ante los vascos se acrecentó con el rumor propagado durante el verano de que el Gobierno se proponía hacer una criba entre los oficiales superiores más antiguos, lo cual les impediría completar sus carreras y percibir los haberes del retiro que ellos esperaban. El optimismo predominante en los círculos políticos respecto a que la lealtad al rey contendría a los militares se desvaneció súbitamente a mediados de septiembre. Varios generales veteranos acudieron a una reunión en el domicilio del general Fernando De Santiago y Díaz de Mendívil en Játiva (Valencia). Allí se encontraron tres exministros del Ejército, Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Francisco Coloma Gallegos y Félix Álvarez-Arenas; el exministro de Marina, almirante Pita da Veiga, y los generales ultras Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López y Jaime Milans del Bosch, todos ellos presididos por el general De Santiago. Del 13 al 16 de septiembre deliberaron sobre la situación militar y redactaron un memorándum pidiendo al rey que designara un Gobierno de salvación nacional bajo la presidencia de De Santiago. Caso de que el rey rehusara hacerlo, se le pediría que destituyese a Suárez y ordenase la disolución de las Cortes Constituyentes durante dos años. Pese a los insistentes rumores sobre la citada reunión, el portavoz del Ministerio de Defensa negó extraoficialmente que se hubiera presentado semejante memorándum. Ahora bien, encubierta por esas peticiones de algo que equivalía a un golpe de Estado incruento, existía una amenaza clara de intervención militar directa[15].

Ciertos rumores inquietantes dejaron entrever que el apoyo civil a dicha subversión iba más allá de las incitaciones difundidas por la prensa del búnker, y consistía en la organización de redes de asistencia civil. Los mismos políticos ultras —José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar, Juan García Carrés y José Utrera Molina— que, según se suponía, dirigían las campañas propagandísticas de las «juntas patrióticas», se preparaban presuntamente para que sus adeptos asumieran los servicios administrativos públicos, los gobernadores civiles y las comunicaciones en el caso de un golpe de Estado. Este tipo de actividades iba a acrecentarse en los tres años siguientes[16]. A la luz de esa información y considerando el enorme prestigio dentro del ejército de los generales asistentes a la reunión de Játiva, el Gobierno se mostró remiso, como es comprensible, a tomar medidas radicales que pudieran precipitar los acontecimientos. No se hizo nada para sancionar a los militares implícitamente rebeldes. En un momento en que eran ya inminentes otros hechos trascendentales, como la negociación de un acuerdo social, el pacto de la Moncloa y la solución del problema de las autonomías del País Vasco y Cataluña, el Gobierno quiso ganar tiempo.

Así pues, el general Gutiérrez Mellado siguió poniendo en práctica su política de controlar las Fuerzas Armadas mediante ascensos y destinos estratégicos. La medida más importante fue el relevo de Milans del Bosch, que ocupaba el puesto decisivo de comandante de la División Acorazada Brunete (DAC en la nomenclatura militar). Esta unidad acorazada era la clave para cualquier tentativa de golpe, y quedó bajo el mando del general Antonio Pascual Galmés. Para suavizar el estacazo, se concedió a Milans la Capitanía General de la III Región Militar en Valencia. De hecho, se situaba así a un enemigo declarado del régimen en una posición más ventajosa, sin que cesara su influencia sobre la DAC Brunete. Otros cambios dieron resultados todavía menos positivos, y sirvieron solo para nutrir entre los militares la imagen de un Gobierno débil e indeciso, entrometido y vengativo.

La evidencia de esa debilidad se manifestó con la reacción oficial ante un incidente ocurrido el 8 de octubre de 1977, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero estuvo a punto de ocasionar una matanza en Málaga. Enfurecido por el asesinato de Augusto Unceta Barrenechea y de su escolta de guardias civiles, perpetrado por ETA-M dos días antes, Tejero disolvió una manifestación autorizada de organizaciones juveniles locales a favor de la reducción de la edad para votar a los dieciocho años. Sus hombres marcharon con armamento completo y munición real en lugar del equipo antidisturbios, y de no haber sido por la actitud pacífica de los jóvenes manifestantes, habría habido derramamiento de sangre. El único castigo impuesto a Tejero fue el confinamiento por un mes en el cuartel, y durante ese periodo se le permitió recibir las visitas entusiásticas de varios ultras.

El trato reservado a Tejero contrastó de forma espectacular con tres destituciones importantes. Primero, el general Álvarez-Arenas fue relevado de su cargo como director de la Escuela Superior del Ejército. Se le castigó, como a Milans, por su presencia en Játiva, pero se malogró el efecto con el anuncio oficial de que se le había impuesto esa sanción por las declaraciones extremistas de un subordinado suyo. Como Álvarez-Arenas había amonestado ya con toda severidad al culpable, su destitución pareció un acto mezquino y arbitrario del general Gutiérrez Mellado. El 31 de octubre, el general Alfonso Armada y Comyn fue relevado de su cargo en la secretaría de la Casa Militar del Rey por razones todavía oscuras. Según se rumoreó, utilizaba el papel de membrete de palacio para escribir cartas en apoyo de su hijo, que se presentaba como candidato de Alianza Popular. Armada rechazó siempre semejante acusación. Más tarde aseguró haber pedido él mismo ese traslado, pero al parecer sus ideas políticas apenas disimuladas habían suscitado las presiones de Suárez para lograr su destitución. Finalmente, el 16 de diciembre el excéntrico e incontenible general Manuel Prieto López fue destituido como comandante de la VI Zona de la Guardia Civil por un discurso en el que condenó la utilización de sus unidades en circunstancias inadecuadas. Las tres destituciones pudieron ser interpretadas como unas reacciones excesivas e intempestivas, y causaron un hondo malestar en las Fuerzas Armadas[17].

La incapacidad del Gobierno para eliminar la subversión militar no significa que fuera totalmente ineficaz o que estuviera inactivo. En el caso de Cataluña, las relaciones especiales entre Suárez y el presidente exiliado de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, de setenta y siete años, permitieron al primero dar un espectacular golpe político. Aunque no tan conflictiva como el País Vasco, Cataluña constituía un problema significativo para el Gobierno. La presión ejercida para que se hicieran ciertas concesiones a las aspiraciones autonomistas iba en aumento, pero el Gobierno no podía ceder a ella sin que pareciera perder la iniciativa y sin provocar el resentimiento de las Fuerzas Armadas. A principios de octubre de 1976 apareció una salida. Un banquero catalán con importantes conexiones políticas en Madrid, Manuel Ortínez, sugirió a Alfonso Osorio que Tarradellas podría ser la clave para una solución pacífica de la cuestión catalana.

Por aquellas fechas, Tarradellas parecía ser tan solo un anacronismo excéntrico. Sin embargo, tal como Ortínez explicó a Osorio, la mayoría de los catalanes le aceptaban como la personificación legítima del catalanismo. Tarradellas no había sido elegido nunca oficialmente como sucesor del presidente de la Generalitat en tiempo de guerra, Lluís Companys. No obstante, había enarbolado orgullosamente la bandera de la Generalitat durante su solitario y austero exilio. Tarradellas se veía a sí mismo como el líder espiritual de Cataluña, por encima de cualquier partido. Así pues, Osorio se convenció de que asegurándose la cooperación de Tarradellas, se conseguiría aminorar la tensión en Cataluña y, por añadidura, se crearía un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de un partido en Cataluña bajo el patrocinio del Gobierno. Se persuadió a Suárez de que enviara a Francia al jefe de su Servicio Secreto, coronel Andrés Casinello, para entrevistarse con el «honorable» Tarradellas. Aunque el informe de Casinello era favorable, Suárez pensó que la edad del líder catalán le descalificaba. Asimismo, se retrajo al juzgar como un rasgo de opereta el empeño de Tarradellas en que la tradicional guardia de honor, los mozos de escuadra, le recibieran en Barcelona. Fue típico de un exfranquista castellano interpretar erróneamente la importancia que atribuyen los catalanes al simbolismo de la Generalitat[18].

Las vacilaciones de Suárez le hicieron perder un tiempo valioso. La implantación a tiempo de una legislación descentralizadora similar a la del Estatuto de Autonomía catalán de 1932 podría haber procurado a la UCD un control mucho más riguroso del proceso autonómico. Y, sin duda, habría allanado el camino para un procedimiento análogo en el País Vasco, manteniendo el ritmo de la descentralización regional bajo el control del Gobierno y quizá conteniendo la avalancha subsiguiente de demandas de autonomía para otras regiones sin tradición histórica ni nacionalismo local. Sin embargo, una actuación tan directa habría suscitado inevitablemente una inmensa hostilidad de la derecha, si se considera que se había ido a la guerra civil, en parte, para destruir dicha legislación. Así pues, faltaron la voluntad y la clarividencia necesarias, y Suárez, fiel a su Movimiento originario, no se distinguió nunca por su sensibilidad en lo referente a las nacionalidades. Lo que al fin le hizo emprender la acción fue el desenlace de las elecciones en Cataluña el 15 de junio. La UCD se vio arrollada por los denominados «partidos sucursalistas», el PSC y el PSUC, ramas catalanas de dos partidos nacionales, el socialista y el comunista. Con su instinto sin par para conseguir ventajas políticas, Suárez empezó a comprender que podría utilizar el poderoso simbolismo de la Generalitat para recuperar la iniciativa perdida.

El 27 de junio de 1977, Tarradellas fue a Madrid y entabló unas negociaciones arduas con el presidente del Gobierno. Efectivamente, como compensación por el restablecimiento de la Generalitat mediante una adaptación del estatuto de 1932, Tarradellas debía prometer la lealtad de Cataluña a la monarquía, aceptar la unidad de España y respetar a las Fuerzas Armadas. Más tarde Suárez comentó que, en la reunión, la preocupación principal de Tarradellas fue asegurarse de que se le rendirían honores militares. Eso podía interpretarse como una vanidad terca del «honorable», pero también como un signo de enorme perspicacia, al vislumbrar que era esencial que apareciese expresada en ese símbolo la aquiescencia del ejército al proceso de descentralización.

Pero la conferencia fue, sobre todo, un gesto teatral destinado a socavar en lo posible la victoria electoral de los partidos catalanes de izquierdas, y reafirmó la propensión de Suárez a gobernar mediante negociaciones privadas. El restablecimiento de la Generalitat fue también un éxito popular inmenso, aunque se debió pagar cierto precio por el resentimiento originado dentro del ejército. El capitán general de Cataluña, Francisco Coloma Gallegos, protestó contra la recepción de Tarradellas por Juan Carlos. Tanto el rey como el general Gutiérrez Mellado hubieron de esforzarse para aplacarle y conseguir que Tarradellas tuviera los apetecidos honores militares a su regreso triunfal a Barcelona el 23 de octubre[19].

El 29 de septiembre se anunció al Gobierno el acuerdo de Suárez con Tarradellas. La autonomía vasca avanzó con más lentitud, en particular por la cuestión de la amnistía. A principios de octubre de 1977 se acentuaron las presiones de la oposición para pedir una amnistía de gran alcance que incluyera no solo a los etarras, sino también a la oficialidad que luchó por la República durante la guerra civil, incluso a los terroristas de ultraderecha responsables de la matanza en Atocha. Suárez se prestó a conferenciar con representantes de todos los partidos políticos, con la amnistía como el capítulo principal de la agenda. A lo largo de las laboriosas sesiones celebradas en el palacio de la Moncloa los días 8 y 9 de octubre, Suárez tocó una tecla ominosa. Justo al cabo de una semana en que la tensión había ido creciendo en el País Vasco tras el asesinato de Augusto Unceta Barrenechea, Suárez se refirió a la necesidad de tener en cuenta la opinión de lo que denominó «poderes fácticos». Estos poderes que planeaban sobre el régimen democrático —el ejército, la banca y, en menor proporción, la Iglesia— iban a ser cada vez con más frecuencia objeto de las referencias de los políticos durante los últimos años de los setenta y los primeros de los ochenta. El más poderoso, y el más obvio también, de ellos era por supuesto el ejército, y la circunstancia se reflejó en la exclusión de los oficiales republicanos y de los comprometidos con la Unión Militar Democrática cuando las Cortes aprobaron la amnistía el 14 de octubre. No obstante, la amnistía, respaldada casi por unanimidad —tal como ocurriera anteriormente con la restauración de la Generalitat—, fue un símbolo poderoso de reconciliación y coexistencia[20].

En abierto contraste con ello, el espectro del resentimiento militar continuó flotando sobre las negociaciones acerca de la autonomía vasca. A diferencia de la Generalitat meramente simbólica que personificaba Tarradellas, el Gobierno vasco en el exilio era una realidad material. Por añadidura, no se situaba por encima de los partidos, porque lo componían representantes del Partido Nacionalista Vasco y del PSOE. Consecuentemente, Suárez no estaba dispuesto a negociar un acuerdo con el presidente vasco o lehendakari, Jesús María de Leizaola, semejante al alcanzado con Tarradellas. En su lugar, el ministro para las Regiones, el andaluz Manuel Clavero Arévalo, negoció con representantes parlamentarios del PNV (Juan de Ajuriaguerra) y de las ramas vascas del PSOE (José María, Txiki, Benegas) y de la UCD (Juan de Echevarría) la creación de un organismo que se denominaría Consejo General Vasco. Entonces podría desarrollarse la negociación sobre la autonomía entre el Gobierno y el Consejo General.

Las discusiones entre el PNV y el PSOE para dilucidar quién sería presidente del Consejo General llegaron a un punto muerto. Para evitar la presencia de un nacionalista, Juan de Ajuriaguerra, al frente del nuevo organismo, los representantes de la UCD respaldaron al candidato del PSOE, Ramón Rubial. Las negociaciones excluyeron tajantemente a los abertzales, lo que acarreó su recelo hostil. Así pues, denunciaron la estructura burocrática del Consejo y sus relaciones oficiales con el Gobierno central, y le acusaron de ser un organismo ajeno por completo a la voluntad espontánea del pueblo que ellos decían representar. De hecho, los grupos cercanos a ETA-M, sobre todo HASI y LAIA, parecieron temer que el Consejo se convirtiera en un cauce pacífico para los deseos del pueblo y, por consiguiente, interceptara la dinámica del activismo de ETA, respaldado por asambleas y manifestaciones populares[21].

El punto más conflictivo, en lo referente a la autonomía vasca, se centraba en la posición de Navarra. A juicio de los abertzales y de algunos navarros del norte, la provincia formaba parte del País Vasco. Para el ejército, la UCD, la derecha española en general y la derecha navarra en particular, Navarra era un baluarte de la unidad española. Tampoco el PSOE ni el PCE propiciaban la incorporación de Navarra al País Vasco. Después de apasionadas manifestaciones contra los vascos, organizadas por la ultraderecha navarra a lo largo de diciembre, la jurisdicción del Consejo General Vasco quedó circunscrita a las tres provincias vascas indiscutibles: Guipúzcoa, Vizcaya y Álava[22]. El organismo entró en funciones el 4 de enero de 1978, y su puesta en marcha significó un paso positivo en el camino hacia la paz en el País Vasco, pero la animosidad encubierta del ejército y de los abertzales auguraba no pocos males.

La política de UCD parecía hecha a propósito para irritar por igual a los militares y a ETA. Según el criterio sectario de los abertzales, UCD proyectaba una complicada operación para neutralizar el autogobierno vasco, sumergiéndolo primero en un mar de autonomías y reduciéndolo luego al mínimo denominador común. Para casi toda la oficialidad del ejército, las concesiones autonómicas de UCD habían desencadenado una orgía salvaje cuya víctima propiciatoria era la unidad de España. En realidad, el Gobierno debía afrontar una situación compleja en la que el PSOE y el PCE patrocinaban cierta forma de Estado federal, mientras que la extrema derecha se aferraba con su obsesión de siempre a un centralismo rígido. Así pues, en el fermento político de 1977 fueron surgiendo peticiones autonómicas de los lugares más inesperados de España. Era una reacción inevitable tras la corrupción e ineficacia de los gobiernos civiles en tiempos de Franco, y ante los desequilibrios económicos legados por su régimen. Se encomendó a Manuel Clavero Arévalo una solución de compromiso que diera algún tipo de satisfacción a las aspiraciones locales sin herir la sensibilidad de los militares. Durante el periodo comprendido entre octubre de 1977 y octubre de 1978, Clavero intentó crear un sistema con dos escalones. Se permitió que las tres nacionalidades históricas, Cataluña, el País Vasco y Galicia, elaboraran sus estatutos autonómicos, que luego se someterían a referéndum. Otras trece regiones, algunas pequeñas como Cantabria y otras grandes como Andalucía, quedaron sometidas a unas disposiciones mucho más vagas[23]. Fue una solución que, por lo menos a corto plazo, no satisfizo a nadie; además, como parecía encarrilar disimuladamente a España hacia una estructura federal, recrudeció los agravios siempre en aumento que los militares achacaban al régimen democrático.

Sin embargo, dejando aparte la antipatía de militares y abertzales, el otoño y el invierno de 1977 se caracterizaron por un espíritu notable de cooperación y sacrificio entre los principales partidos políticos. Este clima culminó con el acuerdo firmado por treinta y un representantes de prácticamente todos los partidos, conocido como «pacto de la Moncloa». Concertado en reuniones mantenidas los días 8, 9 y 13 de octubre, el pacto tuvo por objeto dar una respuesta común a los problemas de terrorismo, inflación, desempleo y déficit comercial crecientes. Las reuniones y el propio pacto representaron un nuevo triunfo para el estilo Suárez de conversaciones y tratos en privado. Del mismo modo que utilizara a Tarradellas para dominar la situación catalana, Suárez se valió ahora de Santiago Carrillo con idéntica habilidad. El líder comunista se había pasado el verano de 1977 clamando frenéticamente por un gobierno de «concentración democrática» para reparar la decepción del PCE ante los resultados electorales. Carrillo alegaba que el poder de las fuerzas antidemocráticas en España requería un «compromiso histórico», al estilo italiano, de todos los partidos parlamentarios para construir una poderosa infraestructura democrática. Suárez no estaba dispuesto a compartir el poder, pero aprovechó la ocasión para beneficiarse de la influencia comunista sobre el movimiento obrero. Las conversaciones secretas con Carrillo explotaron el afán del líder comunista por acercarse a los resortes del poder, y aseguraron su apoyo para un pacto global de austeridad. Pertrechado con el asentimiento virtual de Comisiones Obreras, Suárez pudo ejercer una presión considerable sobre el PSOE para hacerle aceptar el convenio antedicho. De todos modos, con la muerte de Augusto Unceta todavía reciente en su memoria, todos los políticos se afanaron para que el éxito coronara las reuniones de la Moncloa[24].

En muchos aspectos, el pacto de la Moncloa fue la culminación de la política de moderación y sacrificio que practicaron los socialistas y los comunistas durante todo el periodo de transición. La izquierda aceptó el techo salarial del 20-22 por ciento cuando la inflación estaba en el 29 por ciento, además de una serie de medidas monetarias para restringir el crédito y el gasto público. A cambio, el Gobierno prometió una gran reforma estructural, particularmente en la agricultura y el sistema fiscal; la reorganización de la policía, y la devolución del patrimonio sindical, es decir, los edificios, periódicos y fondos de los sindicatos confiscados por los franquistas después de la guerra civil. A la hora de la verdad, el Gobierno cumplió pocas de sus promesas y, por consiguiente, la clase trabajadora española hubo de soportar la peor parte de la crisis económica. Durante los tres años siguientes, la inflación descendió hasta el 15 por ciento, pero manteniendo todavía un porcentaje casi doble del promedio de la OCDE, y el desempleo se remontó del 7 por ciento a casi el 13 por ciento. La política monetaria de la UCD acarreó una avalancha de suspensiones de pagos y cierres de fábricas[25]. La ultraderecha se aprovechó de todo ello para explotarlo en su beneficio. Olvidando por conveniencia que la situación mundial había causado el declive de la economía en los años setenta, del mismo modo que promoviera su auge en los años sesenta, el complejo periodístico de la extrema derecha empezó a hacer comparaciones simplistas e injustificadas con la prosperidad atribuida a Franco[26].

En el gran festival del PCE, la fiesta de Mundo Obrero[27], Carrillo celebró el pacto de la Moncloa como una victoria colosal. De hecho, como bien sabía Suárez, ni el PCE ni siquiera el PSOE podían obligar al Gobierno a cumplir su parte del trato. Aquel pacto fue un mal necesario, virtualmente el único modo —salvo unas eventuales medidas revolucionarias— de enfrentar la maraña inextricable de los problemas transferidos por el desequilibrio económico franquista y la desfavorable situación internacional. Era muy improbable que un programa de austeridad pudiera suscitar entusiasmo popular. Por el contrario, el incremento subsiguiente del desempleo, unido a la incapacidad del Gobierno para mantener sus promesas, causó una decepción popular muy considerable, que la prensa captó y elevó a la categoría del «desencanto» de 1980. Quizá la decepción fuera inevitable, habida cuenta de las expectativas exageradas que la democracia había despertado, como una panacea para todos los males de España. Después de la exaltación política del año precedente, la necesidad de afrontar problemas tan penosos como el terrorismo o la recesión económica debía traer forzosamente un anticlímax. Del mismo modo, la elaboración de textos jurídicos complejos tales como la Constitución, la legislación autonómica o el nuevo Código Penal, mal podía compararse con el arrebato y la novedad de la campaña electoral. A lo largo de los dos años siguientes, el Gobierno pareció ir a la deriva, en contraste con el dinamismo intrépido que caracterizara el primer año de Suárez en el poder. Ahora bien, mientras la extrema derecha y ETA coincidían en utilizar la imagen de un Gobierno abrumado por el peso de problemas inabordables, se estaban fraguando a puerta cerrada realizaciones muy considerables.

Tal fue el caso del pacto forjado en la Moncloa, y aún más el de la elaboración de la Constitución. Una tregua política entre los partidos, el llamado «pacto constitucional», facilitó considerablemente esa tarea trascendental. A principios de agosto de 1977, la comisión constitucional de las Cortes eligió un comité redactor, la Ponencia, compuesto por siete diputados de todos los partidos[28]. Los siete cumplieron su cometido con espíritu de compromiso y cooperación, y a mediados de noviembre presentaron ya un borrador. Cuando comenzaba el año 1978, la Ponencia presentó otro proyecto más perfilado ante los treinta y seis miembros de la comisión constitucional parlamentaria. Pese a las fricciones inevitables en temas tan espinosos como el aborto, las autonomías, la educación privada o la pena capital, se avanzó a un ritmo constante bajo la presidencia del flexible e ingenioso Emilio Attard. La prensa se hizo eco de sus chispeantes intervenciones, y los miembros de la comisión fueron conocidos como los «locos de Attard»[29].

En mayo de 1978 sobrevino la crisis cuando se supo que una de las razones principales para el impecable funcionamiento de la comisión era que muchas cláusulas habían sido acordadas de antemano entre la UCD y el PSOE, a espaldas del presidente y de otros miembros de la Ponencia. Durante largas sesiones nocturnas celebradas en apartamentos privados e incluso en restaurantes madrileños, Fernando Abril Martorell por UCD y Alfonso Guerra por el PSOE habían cerrado tratos secretos sobre diversas cláusulas del proyecto. Por esa causa, Alianza Popular y el Partido Nacionalista Vasco abandonaron la comisión. Finalmente, esta, contando de nuevo con la presencia de Alianza Popular, concluyó sus deliberaciones el 20 de junio. Entonces se presentó al Congreso de los Diputados y el Senado el texto, que fue ratificado el 31 de octubre de 1978. Aparte de no satisfacer a los vascos, fue un texto que garantizó las libertades básicas y cuya moderación resultó aceptable para todos, si se exceptúa la extrema izquierda y la extrema derecha[30].

En términos generales, el final positivo de los trabajos de la Constitución fue bien acogido por los ciudadanos, no obstante la preocupación general por los problemas del desempleo y del terrorismo. Por no tener los reclamos sensacionalistas de los asesinatos o los crímenes callejeros, era inevitable que la Constitución no recibiera una cobertura muy amplia en los medios de comunicación. Sin embargo, se reclamó constantemente la asistencia de profesores universitarios especializados en derecho constitucional para dar conferencias sobre el texto y sus aplicaciones en muchos pueblos y ciudades de España. Ahora bien, en el País Vasco la tensión incesante entre las fuerzas de orden público y grandes sectores de la población hizo parecer la Constitución naciente como un contrasentido. La brutalidad arbitraria de policías y guardias civiles, unida al recuerdo del pasado franquista de Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior, alimentaba el apoyo popular a ETA. La creencia generalizada en el País Vasco de que el implacable rigor policial contaba con el beneplácito del ministro dio credibilidad a la afirmación de ETA de que la lucha contra Madrid debía proseguir. El 11 de enero de 1978, un policía y dos etarras murieron en un tiroteo a las afueras de Pamplona. Cuando los periodistas pidieron un comentario a Martín Villa, su respuesta fue de una indiscreción asombrosa: «2-1 a nuestro favor»[31]. Pintadas y pancartas retrataron con frecuencia creciente a Martín Villa como el heredero de la opresión franquista. Sus manifestaciones reiteradas de que los problemas del País Vasco eran asunto de la policía más que de los políticos convencieron a muchos vascos de que no cabía esperar nada de UCD. Varias figuras influyentes dentro del ejército compartían esa opinión.

Ciertamente, después de su serie de triunfos en 1977, Suárez vio cómo la marea empezaba un reflujo adverso a él a lo largo de 1978. Por si la cuestión del terrorismo político era insuficiente, la prensa ultra explotó el incremento de la criminalidad para sembrar el pánico entre las clases medias, prediciendo un colapso de la ley y el orden. El 25 de enero de 1978, el exalcalde de Barcelona y antiguo incondicional del Movimiento, Joaquín Viola Sauret, y su esposa fueron asesinados salvajemente con explosivos por una banda de chantajistas. La espantosa muerte de los Viola culminaba una oleada de secuestros y atracos, y desató un vendaval de protestas. El aumento de los delitos callejeros era un fenómeno paralelo a la espiral ascendente del desempleo, pero la ultraderecha prefirió explicar la delincuencia como el resultado de la excarcelación de los izquierdistas por las medidas de amnistía. En la izquierda empezó a predominar el criterio de que la policía intentaba socavar la democracia mediante el simple método de aflojar la vigilancia. Ciertamente, se observaba un contraste notable entre la eficacia brutal de la policía en la época de Franco y su incapacidad aparente en el régimen democrático. El Alcázar explicó así la oleada de crímenes: «¿Qué pasa en España? La respuesta es sencilla y nada compleja: Francisco Franco ha muerto»[32]. En realidad, el índice de criminalidad en España no era desproporcionado respecto a las pautas europeas. Pero de una u otra forma, el tema de la seguridad ciudadana contribuyó poderosamente a erosionar la credibilidad del gobierno de Suárez en el ánimo popular.

El terrorismo de ETA y las consiguientes reacciones militares iban a ser en última instancia la causa de la caída de Suárez. Ahora bien, otras razones varias causaron el deterioro inmediato de su imagen. Aunque la moderación salarial acordada en el pacto de la Moncloa contribuyó a reducir la inflación casi hasta la mitad, las empresas continuaban cerrando sus puertas y el desempleo aumentando a un ritmo alarmante. El ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, intentó cumplir algunas de las promesas gubernamentales de reformas estructurales contenidas en dicho pacto. Sin embargo, sus planes para reducir la producción siderúrgica y nacionalizar la producción eléctrica ofendieron a los sectores conservadores de UCD. Percibiendo su aislamiento creciente, Fuentes Quintana dimitió el 22 de febrero. La caída de Fuentes Quintana significó un duro revés para las aspiraciones socialdemócratas de algunos sectores de UCD, y un impulso para el ala cristianodemócrata y sus patrocinadores en el mundo bancario. La consiguiente reestructuración del Gobierno implicó un giro significativo a la derecha. Fernando Abril Martorell, compañero de Suárez en el Movimiento, asumió el poderoso Ministerio de Economía y el nombramiento anexo de vicepresidente. Otro amigo de Suárez en su época de gobernador civil de Segovia, Salvador Sánchez-Terán, fue nombrado ministro de Transportes. La prensa empezó a hablar de la «mafia segoviana». El Ministerio de Industria fue para Agustín Rodríguez Sahagún, emparentado con Suárez (concuñado) y también vicepresidente de la organización derechista de empresarios, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE[33]).

Las manifestaciones de Abril Martorell sobre sus simpatías por la política monetaria hicieron temer a la izquierda que el Gobierno no se propusiera cumplir su parte del pacto. Toda la oposición parlamentaria, desde Alianza Popular y Coalición Democrática hasta el Partido Comunista, se unió ante la convicción común de que el nuevo gobierno de UCD respetaba muy poco o nada las Cortes. La causa parcial de esa actitud fue una declaración del secretario ucedista de Relaciones con las Cortes, Rafael Arias Salgado, que afirmó que el Gobierno no tenía ninguna obligación de explicar la reorganización ministerial al Parlamento. El cáustico «número dos» del PSOE, Alfonso Guerra, comentó, según se dijo, que «hay quienes, como Manuel Fraga, evolucionan desde el franquismo hacia la democracia, pero Arias Salgado es el ejemplo más claro de todo lo contrario: evoluciona de la democracia al franquismo»[34]. Se convocó un debate extraordinario para el 1 de marzo, en el que estuvo ausente Suárez. Abril Martorell explicó de forma poco convincente la dimisión de Fuentes Quintana, y la oposición unida respaldó una moción que condenaba lo impropio de sus aclaraciones. La impresión de que Suárez, sencillamente, no gobernaba se reflejó en una caída espectacular del presidente en los sondeos de opinión[35].

Y en ninguna parte decayó tanto su popularidad como entre los mandos superiores del ejército. La esperanza de muchos políticos de que con el paso del tiempo las Fuerzas Armadas se reconciliarían con el régimen democrático no se materializó. Verdaderamente, durante todo el año 1978 Suárez y Gutiérrez Mellado parecieron estar patinando sobre hielo quebradizo. Lo precario de la situación se hizo patente el 17 de mayo con la dimisión del jefe del Estado Mayor General, teniente general José Vega Rodríguez, calificado hasta entonces como moderado. En realidad, sus contactos con Blas Piñar y su inquietud creciente acerca del problema del terrorismo habían minado su lealtad. Justificó esta actitud alegando la promoción indebida del general Antonio Ibáñez Freire de la Dirección General de la Guardia Civil a la Capitanía General de la IV Región Militar (Barcelona). El general Gutiérrez Mellado se había visto obligado a saltarse el rígido sistema de antigüedad para los ascensos, al objeto de favorecer las carreras de los oficiales leales. El ascenso anterior de Ibáñez Freire a teniente general, en diciembre de 1976, para permitirle hacerse cargo de la Guardia Civil había provocado ya comentarios airados entre los generales reaccionarios. Gutiérrez Mellado pensó que la seguridad política debía tener prioridad sobre la antigüedad cuando se trataba de puestos clave. Vega Rodríguez y muchos otros militares discreparon con violencia. La discrepancia no era necesariamente el resultado de tendencias derechistas, pues también podía nacer del apego a una tradición arraigada y entrañable. Sin embargo, el conflicto fue aprovechado con avidez por la ultraderecha.

La dimisión de Vega Rodríguez representó un golpe severo para Gutiérrez Mellado y al mismo tiempo generó un foco de descontento dentro del ejército. Se nombró como sucesor de Vega, para la jefatura del Estado Mayor General, al general aparentemente apolítico Tomás de Liniers Pidal. La naturaleza de su apoliticismo se reveló sin tardanza cuando, durante un discurso pronunciado en Buenos Aires el 15 de junio de 1978, De Liniers elogió el empleo «legítimo» de la violencia por los militares argentinos en su «guerra sucia» contra la oposición. Además, dio a entender que unos métodos similares serían convenientes en España. No se emprendió ninguna acción contra él[36]. Es más, en el pulso de fuerzas entre los ultras y el Gobierno, la iniciativa pareció pasar a manos del búnker. Se aumentó de forma muy considerable el presupuesto militar, incrementando en un 21 por ciento las pagas, pero ello no pareció acrecentar la lealtad militar al nuevo régimen. Los mandos superiores informaron con frecuencia creciente al Gobierno de que era preciso ir más despacio en el proceso de descentralización. No hacerlo así solo serviría para acentuar su hostilidad hacia el régimen democrático. Y hacerlo así provocaría más terrorismo por parte de ETA, suponiendo que hiciera falta alguna provocación.

En los dos años precedentes, el número de víctimas del terrorismo había permanecido estable: veintiséis en 1976 y veintiocho en 1977. Sin embargo, desde principios de 1978, el año de la Constitución, se inició una escalada incesante de la que ETA fue la responsable principal, si no exclusiva. Durante ese año murieron ochenta y cinco personas como consecuencia de las actividades terroristas, y las fuerzas de orden público se vieron impotentes ante ellas. No se podía sustentar por más tiempo la esperanza de que la democratización de España desactivara a ETA. Cada vez parecía más claro que ETA-M no solo se sentía ajena a la suerte de la democracia, sino que incluso se oponía activamente a su consolidación. La elaboración y la oportuna aplicación de un marco constitucional arrinconarían a su debido tiempo la opción sectaria de ETA-M. Ahora bien, la intensificación de la violencia contra policías y soldados podía provocar una respuesta brutal que mantendría las cosas en su punto de ebullición. Asimismo, persuadiría a muchos generales de que era necesario tener un pulso más firme, más decisivo.

En la espiral incesante de represión y terror, ETA-M y la extrema derecha saciaron mutuamente su sed de sangre. El mantenimiento del clima de violencia benefició realmente a los grupos abertzales cercanos a ETA-M, tales como HASI y LAIA, al ensombrecer y posponer las complejas perspectivas de un futuro Estado vasco por el cual, en teoría, estaban luchando. El inevitable resentimiento popular contra las «fuerzas de ocupación» fue más efectivo en términos electorales. Desde luego, hay buenas razones para creer que la policía se hallaba, en parte, fuera del control gubernamental durante el verano y el otoño de 1978[37]. Ese hecho fue particularmente palmario en el caso de Navarra. El 1 de mayo, una manifestación sindical en Pamplona se vio atacada por la policía al mando de un ultraderechista, el comandante Ávila. Cuando se arrió una bandera española, se emplearon balas de goma y botes de humo contra la multitud. Diez días después, el 11 de mayo, varios guardias civiles francos de servicio recorrieron la ciudad causando alborotos[38].

La tensión acumulada llegó a un punto culminante en el tradicional encierro de San Fermín, el 8 de julio. Contraviniendo las disposiciones específicas del gobernador civil de Navarra, un oficial de la localidad, el comandante Rubio, dirigió una intervención especialmente violenta de las brigadas antidisturbios contra una pequeña manifestación proamnistía en la plaza de toros de Pamplona. La oleada subsiguiente de terror, aparentemente fraguada por el comandante Ávila, causó la muerte de una persona y cuarenta heridos, y de paso puso fin a los sanfermines. El gobernador civil y el comandante Ávila fueron destituidos, pero no se tomó ninguna otra medida disciplinaria. Una serie de huelgas y manifestaciones empezó a extenderse por todo el País Vasco como protesta por los acontecimientos de Pamplona. El 11 de julio, una marcha de empleados bancarios en San Sebastián fue disuelta a balazos por la policía. Hubo un muerto y varios heridos. El País Vasco quedó paralizado por una huelga general, idéntica a las que secundaran las campañas proamnistía de 1976 y 1977. La réplica policial justificó totalmente los motivos por los que ETA confiaba en un apoyo generalizado para su guerra. Una compañía de la Policía Armada perdió los estribos en una localidad cercana a San Sebastián, Rentería, saqueando tiendas y registrando de manera salvaje algunos edificios de apartamentos. Martín Villa participó a las Cortes que no habría purgas en la policía, e hizo constar que el temor a actos muy serios de indisciplina imposibilitaba toda tendencia de reforma. Cuentan que durante el verano afirmó que podría confiar tan solo en veinte oficiales[39]. Las declaraciones del ministro dieron ánimos a la ultraderecha e hicieron cundir el desaliento en los círculos democráticos.

El gobierno de UCD no podría encontrar jamás una solución política para el problema de ETA mientras fuese incapaz de controlar a los oficiales de la policía, activamente hostiles a la democracia y a las aspiraciones vascas, y muchos de los cuales pertenecían a organizaciones ultraderechistas. Del mismo modo que Suárez y el general Gutiérrez Mellado intentaban asegurar la lealtad de los oficiales recalcitrantes procurando reaccionar con mesura ante los signos de indisciplina y proclamando su fe en el estamento militar, Martín Villa respaldó a sus hombres esperando inducirles de ese modo a aceptar el nuevo régimen. Su política dio resultado gradualmente, pero la vehemencia de muchas declaraciones suyas contribuyó a arruinar las perspectivas de paz en el País Vasco. Cuando declaró después de los incidentes en Rentería que «nosotros cometemos errores; ellos, asesinatos», confirmó a los abertzales la veracidad de las acusaciones de ETA sobre la continuidad de la opresión franquista sobre el País Vasco y aumentó las probabilidades para la resistencia armada de encontrar apoyo popular. Rentería fortaleció la impresión generalizada entre los vascos de que las fuerzas de orden público eran un rapaz ejército extranjero de ocupación.

A juicio de los abertzales, las acciones emprendidas por ETA eran actos de legítima defensa. En última instancia, la oleada inexorable del terrorismo contribuyó mucho más que la grisácea crisis ministerial de marzo a crear una imagen gubernamental de parálisis e incapacidad. Hasta la dimisión de Suárez a principios de 1981 y el subsiguiente golpe militar, apenas transcurrió una semana sin que ETA asesinase a un policía o a un guardia civil. ETA-M emprendió la vía del terrorismo indiscriminado. Ciertamente, la barbarie y la crueldad de algunas decisiones políticas suyas empezaron a menguar su apoyo popular, aunque no lo suficiente para ayudar a Suárez. El 17 de marzo, dos obreros inocentes resultaron muertos durante un ataque a la central nuclear de Lemóniz, en fase de construcción. El 28 de junio, la indignación se generalizó, incluso entre algunos abertzales incondicionales, cuando ETA-M asesinó al periodista José María Portell. Autor de dos importantes libros sobre ETA, el periodista estaba dedicado en el momento de su muerte a investigar el asesinato de Pertur. Se conjeturó que había sido asesinado para impedir revelaciones sobre la participación de ETA-M en aquel crimen. Aunque tal motivo fuera cierto, no era en todo caso el único que determinó el asesinato.

Ante la oleada de muertes violentas, el Gobierno había querido negociar una tregua con ETA. Algún tiempo antes se habían intentado gestiones pacificadoras por parte del presidente catalán Tarradellas, del socialista vasco José María, Txiki, Benegas y finalmente de Portell, que había actuado también como mediador en las conversaciones mantenidas antes de las elecciones de 1977. Portell estaba trabajando en un plan para que se pudieran publicar y debatir en el periódico Hoja del Lunes los puntos de vista de ETA. Ese progreso hacia el diálogo parece haber sido, paradójicamente, uno de los móviles de su asesinato. En el confuso comunicado de ETA-M para justificar el crimen, se acusaba a Portell de enredar las cosas y ser «un instrumento de intoxicación»[40]. De ahí surgió la especulación de que Portell había sido eliminado porque ETA-M no quería negociar una tregua, sino desafiar al ejército hasta hacerle invadir el País Vasco, provocando de este modo un levantamiento nacional revolucionario. El escaso interés de ETA en una tregua negociada se manifestó más tarde, en noviembre de 1978, cuando Martín Villa viajó a Ginebra para tener una entrevista secreta con representantes de ETA. Las conversaciones se interrumpieron ante la petición, deliberadamente provocativa, de que la sesión concluyese con una fotografía de prensa y se publicase un comunicado conjunto, como si cada interlocutor representara a una nación soberana[41].

La intervención militar fue, de hecho, la consecuencia más evidente de la violencia de ETA, en lugar de la acción popular revolucionaria que ETA-M esperaba desencadenar. Verdaderamente, la simpatía que inspirara ETA se mantuvo solo por las actividades continuadas del terror derechista y por las explosiones de indisciplina policial semejantes a la que acabó con los sanfermines de Pamplona en julio de 1978. La exacción del «impuesto revolucionario» a los empresarios vascos fue minando con rapidez la tolerancia del PNV, y cada vez fue mayor la evidencia de que aquellos estaban retirando fondos del País Vasco[42]. Dado el desprecio que ETA-M sentía por la burguesía vasca, era muy improbable que esos hechos les hiciesen replantearse sus objetivos. La determinación de provocar una intervención militar quedó ilustrada de forma espantosa el 21 de julio, día en que las Cortes debían concluir sus deliberaciones sobre la nueva Constitución. A las 8.30, el general Juan Manuel Sánchez-Ramos Izquierdo y su ayudante de campo, teniente coronel José Antonio Pérez Rodríguez, fueron acribillados en una calle madrileña. Aunque el GRAPO se proclamó autor en un primer momento, más tarde pudo atribuirse con toda autenticidad el atentado a ETA-M. La circunstancia de que ninguno de los dos oficiales muertos ocupase un puesto relevante dentro de la estructura militar debía entenderse como una advertencia de ETA respecto al riesgo que corrían todos los militares sin distinción en la España democrática. Adoptando un aire de horror escandalizado, la prensa ultraderechista estableció comparaciones con la situación inmediatamente anterior al alzamiento militar de 1936[43].

Los cinco meses siguientes se caracterizaron por un contrapunto incesante de terrorismo y reacción derechista. ETA-M y los ultras compartían el objetivo de impedir que se aplicara la nueva Constitución. El Alcázar había seguido con suma hostilidad la redacción del texto, describiéndolo como un código de inspiración comunista que allanaba el camino a las drogas, el aborto y el desmembramiento de España. La actitud del periódico respecto al inminente referéndum constitucional dio lugar a una tormentosa reunión de la Junta Nacional de la Confederación de Excombatientes. Girón y la parte más veterana de la dirección abogaban por el voto negativo. Antonio Izquierdo, editor de El Alcázar, pensaba que, siendo inevitable la victoria gubernamental, un llamamiento a la abstención tendría menos probabilidades de dejar en ridículo al búnker. Así pues, la línea oficial fue la abstención, si bien el periódico publicó anuncios de diversas organizaciones ultras a favor del voto negativo. Uno de los rasgos curiosos de 1978 fue que las ventas de El Alcázar se cuadruplicaron, lo cual debe tomarse, si se consideran los resultados electorales del búnker, probablemente como un tributo a su estilo provocativo, más que como un resurgimiento de la extrema derecha[44].

Como si hubiese decidido hacer realidad las profecías apocalípticas de El Alcázar, ETA-M desató una oleada de asesinatos entre miembros de las FOP a finales de agosto de 1978. Su objetivo inmediato era impedir la ratificación parlamentaria de la Constitución y la organización de un referéndum para darle el beneplácito popular. El 13 de octubre, varios etarras atacaron un todoterreno de la policía en Basauri (Vizcaya), matando a dos agentes e hiriendo gravemente a un tercero. Durante los funerales celebrados al día siguiente, el gobernador civil de Vizcaya, Luis Alberto Salazar-Simpson, amigo íntimo de Suárez; el director general de Seguridad, Mariano Nicolás García; el jefe de la Policía, general José Timón de Lara, y otros oficiales superiores se vieron rodeados en los cuarteles de Basauri por numerosos policías enfurecidos que coreaban insultos contra ellos y contra el régimen democrático. El amotinamiento fue la causa de que se destinase fuera del País Vasco a trescientos cuarenta y cuatro agentes y se expulsara del cuerpo a otros veinticinco[45].

En esa atmósfera de enorme tensión, las Cortes aprobaron por mayoría abrumadora la Constitución el 31 de octubre de 1978, con trescientos sesenta y tres votos a favor, seis en contra y trece abstenciones. En el Senado los resultados fueron similares: doscientos veintiséis votos afirmativos, cinco negativos y ocho abstenciones. La abstención vergonzante del PNV fue el único dato que ensombreció el optimismo general. Como ya ocurriera en otras ocasiones anteriores, el Partido Nacionalista Vasco desarrollaba un juego ambiguo. No había la menor duda de que la mayoría de sus dirigentes aprobaban la Constitución. Sin embargo, en el clima febril propiciado por los extremistas abertzales, el PNV no se atrevió a manifestar su conformidad con el Gobierno. Por consiguiente, llamó a la abstención en el referéndum constitucional[46]. Así, fue inevitable que la intensificación de la ofensiva de ETA anulara la euforia producida por la unanimidad parlamentaria a favor de la Constitución. Después de las trece víctimas de octubre, ETA-M iba a cobrarse otras trece a lo largo de noviembre. Decidida a aplastar la campaña del referéndum, aumentó la violencia dentro del País Vasco. En un enfrentamiento con la guardia civil el 15 de noviembre en Mondragón, dos pistoleros de ETA resultaron muertos junto a una viandante inocente. Al día siguiente, ETA-M devolvió el golpe asesinando a un magistrado, José Francisco Mateu Cánovas, que había sido presidente del Tribunal de Orden Público franquista. Los círculos de la derecha hirvieron de cólera y resentimiento. Mientras la oleada de crímenes crecía sin tregua, en un debate sobre orden público en las Cortes, Manuel Fraga lanzó un ataque feroz contra Martín Villa[47]. Sería difícil servir a los intereses de la ultraderecha con tanta efectividad como lo hizo aquella espiral de violencia.

Entretanto, el deterioro de la situación política había conseguido ya que muchos oficiales neutrales se pasaran al campo ultra. Ahora bien, aunque las circunstancias del momento favorecían sus planes, los cerebros más perspicaces de la facción ultra comprendieron que la política de ascensos estratégicos practicada por Gutiérrez Mellado, aun siendo tímida, estaba socavando poco a poco sus posiciones. Intentaron contrarrestar tal acción mediante la táctica de solicitar progresivamente traslados a unidades operacionales de importancia estratégica y a los Servicios de Información. Sin embargo, en el otoño de 1978 decidieron aprovechar su fuerza antes de que las gestiones reformistas de Suárez y Gutiérrez Mellado recibiesen la legitimación adicional del referéndum constitucional, previsto para el 6 de diciembre. La fecha elegida para el golpe proyectado fue el 17 de noviembre. La Operación Galaxia, llamada así por haber sido planeada en la cafetería Galaxia de Madrid, tenía como objetivo el secuestro de Suárez con todo el Consejo de Ministros en la Moncloa. La operación representaba un intento de reforzar los planes propuestos inicialmente en la reunión de generales en Játiva el año anterior. Secuestrando al Gobierno, los conspiradores esperaban crear un vacío de poder que convenciese a otras unidades de la necesidad de intervenir, imponiendo primero la ley y el orden, e implantando más tarde un Gobierno de «salvación nacional» que disolviera las cámaras y desencadenara una «guerra sucia» contra ETA.

Se eligió el día 17 de noviembre porque en esa fecha el rey iba a estar de viaje oficial en México, el ministro de Defensa y los jefes del Estado Mayor conjunto se ausentarían de Madrid, y numerosos generales se hallarían en Ceuta y las islas Canarias siguiendo cursos de promoción. Por añadidura, se esperaba la llegada a la capital de grandes contingentes de fascistas, algunos armados y muchos vistiendo uniforme paramilitar, para la conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre. El golpe en proyecto fue precedido por una campaña propagandística en los cuarteles. La mañana del 17 de noviembre, tuvo lugar un incidente que al parecer formaba parte de la estrategia de la tensión previa al golpe. El general Gutiérrez Mellado, de gira por distintas guarniciones para explicar la Constitución, estaba encontrando una hostilidad considerable entre los oficiales, porque la prensa ultra interpretaba la iniciativa como un intento de imponer la política al ejército. En Cartagena, el impetuoso jefe de la Guardia Civil para la zona de Levante, general Atarés Peña, gritó de forma destemplada que la Constitución era una mentira. El general Gutiérrez Mellado le ordenó retirarse, con todos los que compartieran su opinión. Atarés se marchó acompañado significativamente por Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar. Más tarde regresó a la sala, justo cuando Gutiérrez Mellado estaba diciendo que «un general debe saber lucir sus estrellas con honor». Atarés replicó indignado e insultó al ministro de Defensa llamándole «francmasón, traidor, cerdo, cobarde y espía» entre los aplausos de muchos oficiales presentes. Curiosamente, el general Atarés había tenido bajo su mando al teniente coronel Tejero en el País Vasco en el año 1976.

En realidad poco importaba que el clarinazo de Atarés Peña tuviese por finalidad provocar una sublevación local o no, porque el complot había sido descubierto con anterioridad. Uno de los conspiradores, un comandante de Infantería agregado a la Academia de Policía, informó del mismo al jefe de la policía, general Timón de Lara, y acto seguido se emprendió una investigación. El jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, coronel Andrés Casinello Pérez, entregó un informe completo a Adolfo Suárez el 16 de noviembre. Se arrestó a los dos primeros implicados, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, de la Guardia Civil, y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas, de la policía. No obstante, el Gobierno dio, en términos generales, signos alarmantes de querer olvidar el asunto, y en especial sus implicaciones más embarazosas. Así, no se hizo nada para atajar una serie de acontecimientos relacionados casi con toda seguridad con el proyectado golpe. Entre ellos cabe mencionar la asistencia de quinientos oficiales a una ceremonia fascista ante la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, el 20 de noviembre, y la celebración de una concentración fascista internacional en Madrid, dos días antes, durante la cual Blas Piñar pidió un alzamiento militar. A decir verdad, el modo en que se trató el incidente de Atarés Peña y la conspiración Galaxia no contribuyó a disipar la convicción creciente en los círculos militares de que se podía atacar con más o menos impunidad al régimen democrático.

Paradójicamente, la anodina respuesta del Gobierno era un reflejo del profundo desasosiego infundido por la Operación Galaxia. Se averiguó, por ejemplo, que Tejero e Ynestrillas habían mantenido contactos con unos doscientos oficiales. So pretexto de no haber tomado en serio el asunto, estos omitieron, casi sin excepción, informar de la proyectada sublevación a sus superiores. Resulta muy difícil no llegar a la conclusión de que casi todos se limitaron a mantenerse atentos en espera de acontecimientos. Muy especialmente, los Servicios de Información representaron un papel ambiguo e inquietante. O no habían sabido descubrir la conspiración o, si lo habían hecho, dejaron de informar al Gobierno. Un veterano de esos servicios y experto en la lucha antiguerrilla, el teniente coronel Federico Quintero Morente, que desempeñaba un cargo en la División de Operaciones del Estado Mayor General, descubrió la operación e informó de ella al jefe de la división, general Luis Sáez Larumbe. Este decidió no investigar el asunto, argumentando que se trataba de una «fantasía disparatada». Las investigaciones posteriores no confirmaron esa opinión. Según parece, estaban implicadas diversas unidades en Burgos y Valladolid, Sevilla y Valencia, y se las mantuvo en estado de alerta durante la víspera del día previsto para la Operación Galaxia. Aparentemente, lo único que impidió la adhesión de una unidad escogida, la División Acorazada Brunete, fue la enérgica intervención del general liberal Antonio Pascual Galmés. Esta unidad acorazada era clave para el control de Madrid[48].

Quizá la peculiaridad más notable del asunto Galaxia fue el hecho de que Tejero pudo conspirar con toda libertad. Su actitud de oposición histérica al régimen democrático era ya notoria. Se había inclinado hacia posiciones extremistas durante su periodo de servicio en el País Vasco. Conocido por su gesto teatral de abrazar los cadáveres ensangrentados de guardias civiles muertos por las bombas o los francotiradores de ETA, Tejero alimentó un odio enconado a los políticos, a quienes culpaba de no hacer nada para acabar con el terrorismo. Así pues, inculcó la brutalidad que incitaba a su vez el apoyo popular a ETA. Simultáneamente, empezó a frecuentar el trato de los ultras, y de ellos extrajo la creencia de que podría ser el salvador de España. En septiembre de 1976, Tejero ganó ya notoriedad y cierta popularidad entre los círculos más reaccionarios de la jerarquía militar por un telegrama insolente que envió al ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa. Tejero se encolerizó porque se había legalizado la bandera vasca sin tener en cuenta la muerte de muchos guardias civiles al retirar ikurriñas dotadas con cebo explosivo. En su sarcástico telegrama solicitaba instrucciones sobre la forma de rendir honores a la bandera recién autorizada[49]. Después de sufrir un breve arresto en el cuartel, fue destinado a Málaga. Allí dio también buenas pruebas de su capacidad para entrometerse en los asuntos políticos. Indignado por el asesinato de Augusto Unceta, estuvo a punto de desencadenar una matanza al disolver una manifestación autorizada el 8 de octubre de 1977. El hecho de que la sanción a Tejero, tras su persistente actitud sediciosa, se limitara a relegarle a un puesto burocrático, es ilustrativo del trato de guante blanco reservado después de la muerte de Franco a los oficiales rebeldes del ejército y de la Guardia Civil. En la Agrupación de Destinos de la Guardia Civil, tuvo suficientes oportunidades para trabar amistad con diversos ultras que nutrieron, enfervorizados, su incipiente golpismo[50].

Después de la Operación Galaxia, Tejero cumplió solo siete meses de arresto antes de que se le adjudicara otro destino en Madrid al frente de una unidad de transporte, lo que le permitió recibir los plácemes de los paisanos ultras, para quienes la conspiración había hecho de él un héroe. Entretanto, el general Atarés Peña fue sometido a un consejo de guerra por el general Luis Caruana Gómez, gobernador militar de Valencia, que tendría más tarde un papel significativo en el golpe del año 1981. Caruana absolvió a Atarés del cargo de indisciplina. El asunto Galaxia fue en muchos aspectos el ensayo de lo que sería la conspiración del 23 de febrero de 1981. La circunstancia de que a su fracaso le siguiera, menos de dos años y medio después, una operación similar pero mucho mejor planeada puede explicarse por la débil réplica gubernamental en 1978. Solamente se impuso un castigo mínimo a aquellas personas cuya implicación había sido tan evidente que se hacía imposible pasarla por alto. La postura del búnker fue hacer pasar la conjura Galaxia como una charla hipotética en un bar, y las declaraciones oficiales presentaron los acontecimientos de noviembre de 1978 como un plan disparatado urdido por una minoría insignificante, en definitiva «cuatro locos». Pero la política de apaciguamiento no se limitó al Gobierno. Todos los sectores del espectro político, incluidos socialistas y comunistas, se hicieron cómplices en el deseo retórico de dar por supuesta la lealtad militar[51]. Sin embargo, en los meses que siguieron y pese a las declaraciones de confianza, el Gobierno se vio obligado a hacer cada vez más concesiones a la jerarquía militar, y a cerrar los ojos ante la insubordinación.

Tras el desenmascaramiento de la Operación Galaxia, la jefatura de ETA-M no dejó entrever el menor desconcierto por la reacción que pudiera provocar su violencia dentro del ejército. Muy al contrario, aumentó el número de sus ataques contra policías y guardias civiles en el País Vasco. De resultas, el referéndum constitucional del 6 de diciembre se celebró en una atmósfera de intenso nerviosismo. Su resultado supuso una clara ratificación popular de la Constitución. No obstante, el bajo porcentaje de participación total y la proporción comparativamente alta de votos negativos en el País Vasco fueron motivo de preocupación. El promedio de abstención en el conjunto de España fue de un 32,3 por ciento. Esas cifras preludiaban hasta cierto punto la apatía creciente que caracterizaría los dos últimos años del mandato de Suárez, aunque no significaran un abstencionismo impresionante respecto a la pauta europea. El 87,79 por ciento de los votos fueron afirmativos. Los niveles más altos de abstención, 51,46 por ciento, se registraron entre las brumas célticas de Galicia. Era una zona conocida por sus bajos índices de politización y su desconfianza hacia Madrid. Para empeorar las cosas, una lluvia torrencial se desató el día de la votación. Por lo demás, los votos negativos en Galicia figuraron entre los más bajos de España[52].

Mucho más inquietantes fueron los resultados vascos, con un 51,1 por ciento de abstención. El 23,54 por ciento de los vascos que votaron lo hicieron en contra. El alto porcentaje de abstenciones denotó la presencia del miedo, al menos en las ciudades pequeñas. Realmente, las exhortaciones a la abstención en las áreas rurales habían desvirtuado el secreto de la votación, ya que el hecho mismo de votar implicaba un rechazo de las instrucciones distribuidas por los partidos abertzales. Los sospechosos de entusiasmo por la Constitución podían caer en desgracia, lo cual acarreaba unas consecuencias en extremo graves. Quienes votasen, serían descubiertos fácilmente por los abertzales más extremistas, y podrían tomarse represalias contra los considerados «colaboracionistas». De todas formas, el porcentaje de votos afirmativos, el 67,46 por ciento, no contribuyó ni mucho menos a dar la razón al argumento abertzale para justificar la violencia continuada de ETA y según el cual el País Vasco rechazaba la Constitución[53]. No obstante, el hecho de que un número relativamente alto de vascos votara contra la Constitución evidenció la necesidad de elaborar un estatuto autonómico para la comunidad vasca. Con el fin de obtener autoridad parlamentaria para dar ese paso, Suárez convocó elecciones para el 1 de marzo de 1979.

La doble tarea de ganar las elecciones y negociar con los vascos se desarrolló marcada por el contrapunto interminable del terrorismo y el golpismo. El ritmo de los ataques de ETA contra policías y guardias civiles se intensificó incluso respecto a 1978. Pero fueron los ataques contra oficiales superiores lo que llevó a los ultras hasta el paroxismo. El 2 de enero, ETA-M asesinó al comandante José María Herrera Hernández, ayudante del gobernador militar de Vizcaya. Al día siguiente, asesinó en la propia capital al gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín Gil. Su funeral fue interrumpido por gritos de «¡Ejército al poder!» e insultos frenéticos a Rodolfo Martín Villa y al general Gutiérrez Mellado. Con la tensión en los cuarteles a punto de ebullición, la prensa ultra hizo más explícito su llamamiento a un Gobierno militar. La declaración, hecha públicamente por Martín Villa, de que «si no terminamos con ETA, ETA terminará con nosotros» equivalía a reconocer inoportunamente, aunque sin esa intención, la acusación ultra de que España estaba sufriendo de «desgobierno».

La provocación de la derecha se acrecentó el 9 de enero de 1979 cuando el GRAPO asesinó a un magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Cruz Cuenca, lo que motivó nuevas especulaciones sobre las actividades de agentes provocadores[54]. Tanto si tenía policías infiltrados como si no, el GRAPO fue, comparado con ETA, un mero comparsa[55]. Tal vez la virulencia de la ofensiva de ETA fuera, en parte, una respuesta a los éxitos de los grupos clandestinos antiterroristas, que habían dado muerte a varios etarras, incluido el líder de ETA-M, José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala. Sin embargo, la nueva escalada estaba mucho más relacionada con las negociaciones sobre el estatuto autonómico vasco. Su objetivo fue inducir al Gobierno a aceptar un texto lo más parecido posible a las reivindicaciones maximalistas de la Koordinadora Abertzale Sozialista, las llamadas Alternativa KAS.

Entretanto, la deslabonada coalición KAS se había visto reducida por la inclusión de EIA en Euskadiko Eskerra y la evolución de aquel partido hacia la moderación. A finales de 1977, los restantes grupos abertzales se reunieron en Alsasua, Navarra, bajo la jefatura del mesiánico Telesforo Monzón. La Mesa de Alsasua, organizada por el ayatollá Telesforo, como se apodaba a Monzón, se convirtió en Herri Batasuna (Unidad Popular) el 28 de abril de 1978. Herri Batasuna era una coalición abertzale compuesta por HASI, LAIA y numerosos grupos nacionalistas menores de izquierdas; su nacimiento fue el fruto de largos años de manifestaciones a favor de la amnistía para los presos etarras. Se presentó como la antítesis de otros partidos constituidos con métodos convencionales, y su radicalismo estribó en el recurso a la retórica de las asambleas populares (asamblearismo) para la adopción de decisiones.

Herri Batasuna estaba unida por estrechos lazos a ETA-M, y se consagró a la implantación política de la Alternativa KAS. Pero las peticiones de que se expulsara del País Vasco al ejército y a la Guardia Civil y de la unificación de las provincias vascas francesas y españolas para constituir un Estado vasco independiente, no podían ser jamás negociables en Madrid. Ahora bien, un factor indicativo del odio que despertaban las fuerzas de orden público y los comandos terroristas de derechas fue el hecho de que Herri Batasuna ejerció una atracción magnética entre los numerosos grupos ultraizquierdistas y ultranacionalistas. Por añadidura, el compromiso con Alternativa KAS garantizaba un fermento constante de militancia. Puesto que ETA-M iba a proseguir la lucha armada por Alternativa KAS, siempre habría, por muchas amnistías que se concedieran, una reserva de presos de ETA como objetivo para reclutar personal y engrosar las filas de Herri Batasuna mediante movilizaciones proamnistía[56].

En las elecciones del 1 de marzo de 1979, los resultados de Herri Batasuna superaron todas las expectativas. En realidad, el hecho mismo de que se abriera un paréntesis en las actividades terroristas de ETA pareció relacionarse directamente con el nacimiento de la nueva coalición. ETA se impuso una tregua voluntaria para permitir la demostración electoral del apoyo popular a su organización. La dirección publicó un comunicado instando a sus partidarios a votar por Herri Batasuna como una «abstención activa». Como los candidatos de Herri Batasuna habían manifestado su intención de no cumplir sus deberes parlamentarios si eran elegidos, cada voto por la coalición sería un rechazo positivo a Madrid y su política. La circunstancia de que el patriarca Monzón fuera detenido al comenzar la campaña por «apología del terrorismo» generó un apoyo abertzale muy significativo. En las urnas, Monzón resultó elegido para las Cortes por Guipúzcoa, y el abogado de ETA Miguel Castells, para el Senado. Herri Batasuna ganó otros dos escaños de diputado en Vizcaya, uno de los cuales correspondió a Francisco Letamendia, que había abandonado Euskadiko Eskerra. Este triunfo abertzale denotó las muchas dificultades reales que debía afrontar el Gobierno en la negociación del Estatuto vasco[57].

El boom de Herri Batasuna no fue la única sorpresa respecto a los resultados. Durante los dos meses de campaña, los sondeos de opinión habían situado al PSOE en cabeza, aunque por poco margen[58]. Muchos supusieron que el PSOE se beneficiaría considerablemente de la integración, en abril de 1978, del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván. Aunque su reputación académica era tal vez exagerada, el Viejo Profesor, como se le llamaba, disfrutaba de gran popularidad e influencia entre las generaciones de intelectuales socialistas. Incluso sin contar con los votos adicionales que pudieran aportar Tierno y el PSP, UCD había sufrido, según se creyó, un desgaste irremediable en las interminables batallas con el terrorismo, el desempleo y la inflación. No obstante, ganó las elecciones y aumentó el número de sus escaños en las Cortes de ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y ocho, mientras que el PSOE ascendía solo de ciento dieciocho a ciento veintiuno[59]. Varios factores inclinaron la balanza del lado de UCD.

Una declaración hecha durante la campaña por la comisión permanente de la Conferencia Episcopal condenando las «ideologías materialistas» fue interpretada por muchas personas como un refrendo de la Iglesia a UCD. En sus reductos meridionales, el PSOE perdió votos en beneficio del Partido Socialista de Andalucía, recién creado y que, según se rumoreó, recibía dinero de los fondos secretos o «fondo de reptiles» de UCD, pese a abogar por el nacionalismo andaluz. En el País Vasco, la condena de ETA por los socialistas les hizo perder setenta mil votos y tres escaños parlamentarios. Fue tanta la hostilidad abertzale al PSOE que desbarató con indefectible regularidad sus mítines en la campaña, y en uno, el de Eibar, se lanzaron al final cócteles molotov. Sin embargo, el factor decisivo fue la intervención de Suárez. Después de su silencio y su aislamiento de los meses precedentes, el candidato ucedista utilizó su carisma televisivo con efectos deslumbrantes. Así sucedió, muy particularmente, en su discurso final de la antevíspera de las elecciones, en el que lanzó un ataque devastador contra el PSOE describiéndolo como el partido marxista del aborto y del divorcio. Era un llamamiento descarado al «voto del miedo», mediante el cual se atrajo, según algunos cálculos, un millón o más de votos indecisos[60].

La campaña electoral suscitó mucho menos entusiasmo popular del que se observara en los momentos de euforia de 1977. Era comprensible que, después de dos referendos y con unas segundas elecciones generales en solo dos años, el porcentaje de abstención se elevara hasta el 33,6 por ciento. Como se había rebajado la edad para votar hasta los dieciocho años, el electorado aumentó en tres millones y medio de personas; sin embargo, el número de votos emitidos fue inferior en trescientos mil a la cifra de 1977. Tras los años esplendorosos de la militancia estudiantil, había llegado el periodo de los «pasotas», una expresión de jerga, a caballo entre los punks y los hippies, que en este caso designaba a los jóvenes que rechazaban por completo la política. Todos los partidos experimentaron una mengua del fervor militante. Varios miembros de las Juventudes Comunistas deploraron que su única actividad política se redujera a pegar carteles en las paredes o barrer los locales del partido. Los veteranos de la lucha antifranquista decían bromeando que «Contra Franco vivíamos mejor», un juego de palabras que parodiaba el eslogan derechista «Con Franco vivíamos mejor». En el caso del PCE, el descenso espectacular de la afiliación se debió en buena medida a la reacción contra el equipo de dirigentes escleróticos que Carrillo trajo del exilio. Los hábitos estalinistas de los «parisinos» repelieron progresivamente a muchos de los mejores y más capacitados militantes jóvenes del partido[61].

Pero el PSOE sufrió también una grave crisis interna, después de la entusiástica duplicación de afiliaciones de los dos años precedentes. A medida que se aproximaba a la cumbre del poder, su dirección encontraba cada vez más trabas en la denominación oficial del partido, que se definía a sí mismo como marxista. Por otra parte, un sector radical del partido no estaba conforme con la consolidación de la imagen socialdemócrata que, según los sondeos de opinión, podía tener más éxito en el terreno electoral[62]. Durante toda la campaña electoral de 1979, Felipe González trabajó sin descanso para proyectar una imagen de moderación y de talla de estadista, también para corregir el extremismo de los trabajadores parados y no especializados que acudían en masa a sus mítines. Los beneficios electorales obtenidos por Suárez con su ataque de última hora contra el PSOE «marxista» reafirmaron la determinación del secretario general de resolver definitivamente las contradicciones existentes dentro de su partido. A la vista de las expectativas socialistas antes de las elecciones, la derrota surtió un efecto traumático. No faltaron voces cautelosas para insinuar que ese desenlace había sido el más deseable y expresar un alivio retórico por no tener que asumir todavía las cargas del poder. Tales observaciones, tanto si se trataba de argumentaciones sinceras como de meras fórmulas para paliar el pesar de la derrota, implicaban la creencia de que era todavía demasiado pronto, tras la muerte de Franco, para que la derecha tolerara la transición pacífica a un gobierno socialista. Es difícil asegurar que el electorado o las secciones del PSOE creyeran realmente que ese era el caso. Sea como fuere, la dirección se convenció de que la imagen radical del partido era lo que hacía posible semejantes especulaciones.

En realidad, las dificultades habían estado fermentando en el PSOE desde hacía algún tiempo. Felipe González gozaba de una admiración casi universal dentro y fuera del PSOE por su honradez, sentido común y humanidad cálida. Entre bastidores, su compañero de siempre, el cáustico Alfonso Guerra, descrito cierta vez en tono histérico por Abril Martorell como el Josef Goebbels español, asumía las tareas cotidianas de la administración del partido. Guerra regía con mano férrea las federaciones locales del PSOE. Sin embargo, después del crecimiento vertiginoso de los años 1977 y 1978, el propio Guerra, pese a su legendaria capacidad de trabajo, encontró dificultades para hacer prevalecer la homogeneidad sobre las diferencias generacionales e ideológicas. A principios de 1978, el PSOE absorbió a la Federación de Partidos Socialistas, una colección de agrupaciones regionales dispares en cuya dirección figuraban varios tecnócratas que serían más tarde ministros en el primer gobierno socialista: Enrique Barón, José Barrionuevo y Julián Campo. En mayo del mismo año, el pequeño pero prestigioso Partido Socialista Popular de Tierno Galván se integró en la órbita del PSOE. En julio, un proceso similar condujo a la fusión de diversos partidos socialistas catalanes[63].

La incorporación de esos nuevos grupos inundó el PSOE de cuadros experimentados, para contrariedad de los que llevaban más tiempo en el partido. Los recién llegados habían negociado su inclusión directa en los niveles de dirección con el eje Sevilla-País Vasco que había dirigido el partido desde 1974. Inevitablemente, así se consolidó la fortaleza del liderazgo de Felipe González-Alfonso Guerra. El hecho era en especial mortificante para el grupo madrileño de Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo y otros, que habían mantenido vivo el PSOE durante los años cincuenta y los primeros años de los sesenta. Estos consideraron que el desembarco de los nuevos tecnócratas conducía al partido por una vía socialdemocrática inaceptable. Sus sospechas se despertaron el 8 de mayo de 1978, cuando Felipe González anunció ante un grupo de periodistas, en Barcelona, que pensaba proponer en el próximo congreso del PSOE la eliminación de la expresión «exclusivamente marxista» en la definición del partido. De hecho, la audaz maniobra de Felipe González para adueñarse del terreno intermedio entre el PSOE y la UCD empezó a dar frutos con las victorias socialistas en las elecciones primarias para el Senado celebradas el 17 de mayo de 1978 en Asturias y Alicante[64].

Los recelos ideológicos del grupo madrileño concluyeron con el resentimiento existente en las provincias ante la manipulación despótica del aparato del partido por Alfonso Guerra. Ese talante se agudizó particularmente al procederse a la elaboración de las candidaturas para las elecciones de marzo de 1979. La imposición de candidatos desde la sede del partido en Madrid, unida a la disciplina rígida y la lealtad personal exigidas —e inspiradas por lo común— por Guerra a los funcionarios remunerados del partido, suscitaron un descontento considerable en Extremadura, Valencia, Aragón y sobre todo Galicia. Aquí hubo numerosas dimisiones de protesta, entre las cuales la más notable fue la de Modesto Seara Vázquez, el ambicioso secretario general del partido en Galicia, que acusó de estalinismo a Guerra[65]. Los resentimientos diversos ocasionados por la moderación ideológica de González y el riguroso centralismo administrativo de Guerra alcanzaron su culminación en el curso del XXVIII Congreso del PSOE, celebrado en Madrid del 17 al 20 de mayo de 1979. Los acontecimientos dramáticos que allí sucedieron tenían su origen, en última instancia, en la relación existente entre la definición ideológica del PSOE y sus ambiciones electorales. Un factor crucial fue la medida en que Suárez se había introducido con la UCD, durante los dos últimos años, en un territorio socialdemócrata que, a juicio de muchos líderes del PSOE, correspondía a los socialistas. Por añadidura, la victoria del PSOE en las elecciones municipales celebradas el 3 de abril, poco antes del XXVIII Congreso, había convencido a la dirección socialista de que el temor al marxismo del partido era lo único que les había impedido alcanzar un éxito similar en las elecciones generales[66].

Una inmensa mayoría de los delegados en el XXVIII Congreso eran activistas elegidos por las secciones provinciales del PSOE. Solo un 30 por ciento eran funcionarios asalariados del partido, controlados por el aparato. Los restantes se consideraron con libertad para expresar su contrariedad ante el giro electoralista hacia la derecha del partido. Sin embargo, Felipe González se resistió a representar un papel para la galería. Durante su discurso inaugural en defensa del balance de la ejecutiva saliente, aceptó la utilidad del marxismo como instrumento analítico, pero sin reconocer en él un sistema de valores absoluto y exclusivo para el partido. González recomendó a los delegados que orientaran los trabajos del congreso hacia la elaboración de «un proyecto capaz de movilizar a los diversos sectores de la sociedad». Al día siguiente, 18 de mayo, el comité al que se encomendó la ponencia ideológica del partido presentó un texto que reafirmaba el carácter del PSOE como partido marxista y de clase. Cuando la asamblea plenaria aceptó dicho texto el 19 de mayo, los pasillos hervían de rumores. Casi todo el mundo daba por supuesto que Felipe González buscaría un compromiso con los «críticos». Sin embargo, en un discurso emotivo e histórico, el 20 de mayo anunció ante un plenario consternado su determinación de no presentarse a la reelección para el cargo de secretario general, una determinación secundada por toda la ejecutiva.

Los críticos de Felipe González se encontraron entonces en la posición del aprendiz de brujo. Aunque Pablo Castellano dijo a Luis Gómez Llorente, según informó la prensa, que él debía ser el próximo secretario general, los «críticos» no se atrevieron a recoger la corona. Numerosas razones justificaban su actitud. Por un lado, lo sorpresivo del desenlace no les había dejado tiempo para confeccionar una candidatura a todos los puestos de la dirección. Asimismo, les dejó estupefactos el pánico con que habían reaccionado los delegados ante el gesto de Felipe González. Y, desde un punto de vista más práctico, se les dio a entender que los funcionarios del partido leales a Guerra no les secundarían si intentaban asumir la secretaría general. Por añadidura, los «críticos» sabían que el grueso de los parlamentarios del partido eran decididamente «felipistas». En fin, Enrique Tierno Galván —que había desempeñado un papel ambiguo y oportunista en los planes de los «críticos»— se echó atrás y empezó a hablar del modo negativo con que reaccionarían la Iglesia, el ejército y la banca ante un PSOE ultraizquierdista. Así pues, con los «críticos» paralizados, se encargó a una comisión gestora la tarea de preparar un congreso extraordinario en el que todo el mundo se comprometió a esforzarse por cerrar la brecha[67].

Con el congreso extraordinario previsto para finales de septiembre, Felipe González pasó el verano de 1979 visitando las distintas provincias y explicando su postura a los militantes de base. Mientras tanto, Alfonso Guerra acentuó su control del aparato del partido. Le ayudó enormemente un cambio de los reglamentos, según el cual se reemplazaba la elección individual de delegados en cada ciudad por la formación de delegaciones provinciales o regionales[68]. Al congreso extraordinario, celebrado los días 28 y 29 de septiembre en Madrid, asistieron cincuenta delegaciones, frente a las mil del XXVIII Congreso. Además, los presidentes de cada delegación dirigían las votaciones más o menos en bloque. El propio Guerra tenía el control absoluto de la mayor delegación, la andaluza, con un 25 por ciento de la totalidad de votos. La prensa nacional y la televisión apoyaron a Felipe González, por lo que seguramente fue inevitable que los «críticos» sufrieran una humillante derrota. Los moderados triunfaron en toda la línea, y los críticos se vieron relegados a una posición marginal. En lo sucesivo, la conquista del socialismo quedaría subordinada a la tarea inmediata de ganar las elecciones y completar la transformación democrática del país. El propio secretario general agigantó su estatura, y todo el espectro político le aclamó como futuro líder nacional[69].

En contraste, la estrella de Suárez palidecía. Uno de los primeros síntomas fue el resultado decepcionante para UCD en las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Estas marcaron una etapa decisiva en la transición a la democracia. Pese a los avances espectaculares ocurridos en España, las administraciones locales seguían sin reforma. En esta área el pueblo se sintió más libre para exteriorizar sus preferencias políticas que en las elecciones generales, en las que subsistía el factor miedo después de cuarenta años de franquismo y de los gruñidos posteriores del ejército. De resultas, entre el PSOE y el PCE consiguieron el control de veintisiete capitales de provincia, que representaban a diez millones quinientas mil personas. Por el contrario, UCD, aunque ganó en muchas municipalidades rurales, triunfó tan solo en veintitrés capitales de provincia, que representaban a dos millones quinientas mil personas. Herri Batasuna captó el 15 por ciento de los votos vascos y el control de muchas localidades[70].

Aún fue más significativa la impresión negativa causada desde el primer momento por el nuevo gobierno de Suárez tras las elecciones, anunciado el 5 de abril tras un mes de deliberaciones. Una semana antes, Suárez había sido tratado lastimosamente en las Cortes cuando se presentó para la investidura y expuso su nuevo programa de gobierno. El PSOE estaba resentido desde el discurso preelectoral de Suárez, en el que este evocó el fantasma del marxismo del partido. Entonces, por recomendación de Abril, UCD propuso que se procediera a la votación para la investidura y el programa sin un debate adecuado. La oposición se enfureció, y Felipe González citó discursos de Suárez pronunciados en sus días del Movimiento, ensalzando al general Franco. Con el apoyo de Alianza Popular/Coalición Democrática y del sospechoso Partido Socialista de Andalucía, Suárez ganó la votación, pero su prestigio sufrió un grave quebranto[71].

Pronto empezó a asentarse la opinión de que el nuevo gobierno era un equipo que no tenía el empuje ni la imaginación suficientes para resolver los problemas planteados por las autonomías regionales, el terrorismo, el desempleo y la subversión militar. Lo dominaba el amigo íntimo del presidente, Abril Martorell, que ocupó el cargo de segundo vicepresidente, encargado de los asuntos económicos. Gutiérrez Mellado siguió siendo el vicepresidente para Seguridad Nacional y Defensa, aunque el Ministerio de Defensa pasó por primera vez desde la guerra civil a manos de un civil, Agustín Rodríguez Sahagún. La desaparición de varias figuras destacadas fue lo que causó la impresión de mediocridad. Rodolfo Martín Villa había pedido que se le sustituyera en el Ministerio del Interior, agotado después de tres años de intenso trabajo. A falta de un sustituto más conveniente —después de que rehusara el subsecretario de Martín Villa, Jesús Sancho Rof (a quien Alfonso Guerra llamaba «el Sheriff»)—, Suárez recurrió al general Antonio Ibáñez Freire. Francisco Fernández Ordóñez, el líder de los socialdemócratas dentro de UCD —que estaba flirteando con el PSOE según algunos rumores—, fue reemplazado por uno de sus jóvenes seguidores, Jaime García Añoveros. Por otra parte, además de los problemas que estaba encontrando para formar gobierno, Suárez sufrió el dolor y la incomodidad de una complicación dental que le dificultaba cada vez más el habla[72].

No era de extrañar, pues, que apenas transcurridos dos meses desde su victoria electoral, la prensa se hiciera eco del aislamiento y la parálisis del presidente. La opinión del público politizado se sintetizó en una pintada que apareció en cierta pared de Madrid, donde se leía: «Franco estaba loco: se creía Suárez»[73]. Al margen de su salud, los problemas que afrontó el presidente del Gobierno eran lo bastante desalentadores para provocar cierto retraimiento. Las realizaciones de los dos años transcurridos desde las elecciones del 15 de junio de 1977 habían sido considerables —el pacto de la Moncloa, la Constitución, los comienzos de la legislación autonómica—, pero no tenían facetas espectaculares. Por el contrario, los elementos negativos, como el terrorismo, el crimen y la subversión militar, acaparaban los titulares prácticamente cada día. ETA-M se había comprometido en una vía violenta con bastante más empeño que dos años antes, y ahora contaba con el respaldo de una coalición de partidos políticos, Herri Batasuna, a la que apoyaba por lo menos un 15 por ciento de la población vasca. El poder de los ultras en el ejército y, sobre todo, en los Servicios de Información y las unidades escogidas como la DAC Brunete era mayor que nunca. Después de su reciente derrota electoral, el PSOE había emprendido también un proceso de renovación que iba a llevarle al poder en 1982. Se podía argumentar que el momento de Suárez había pasado. Había cumplido la tarea histórica de conducir la reforma democrática a través de las instituciones franquistas. Suárez había sido el hombre perfecto para hacerlo así, por más que fuera la presión de la oposición lo que le empujara por el camino de la democratización. Torcuato Fernández-Miranda había dicho cierta vez, con incomparable arrogancia, que el drama de la transición tuvo un empresario, Juan Carlos, un guionista, él mismo, y un actor, Adolfo Suárez[74]. De hecho, Suárez había sido un actor capaz de componer por cuenta propia muchos de sus mejores renglones en una situación específica. Esa situación ya no existía. Y, ante un auditorio cada vez más inquieto, Suárez hubo de sentarse en su camerino y preguntarse cómo terminaría la función.

6

Crónica de una muerte anunciada

La caída de Suárez, 1979-1981

Desde las elecciones de 1979 hasta su dimisión en enero de 1981, el gobierno de Suárez mostró una clara diferencia con la serie aparentemente inacabable de triunfos del periodo 1976-1977. También hubo un declive muy acusado en contraste con el periodo 1977-1979, durante el que se llevaron a cabo grandes realizaciones legislativas a pesar del hostigamiento de ETA y de la hostilidad ultra. Sin embargo, después de 1979 la persistente incapacidad para solucionar los abrumadores problemas sociales y económicos que azotaban España, junto al terrorismo y la subversión militar, pasó su factura. La prensa empezó a hablar cada vez más de un desencanto generalizado respecto a Suárez y UCD. Quizá era inevitable que ese hecho se reflejara en una impresión general de decepción hacia la democracia, que no había respondido a las esperanzas puestas en ella. No obstante, el búnker llegó a la conclusión errónea de que el menguante entusiasmo popular significaba un rechazo activo del régimen democrático. Así pues, se intensificaron las conspiraciones en la creencia infundada de que ese «desencanto», del que hablaban tanto los medios de comunicación, significaba por una razón u otra que, contrariamente a la evidencia de los resultados electorales y las encuestas, el pueblo anhelaba la vuelta a un gobierno autoritario.

Había numerosas razones para que el presidente encontrara tan irresolubles los distintos problemas de la nación: la tremenda magnitud de tales problemas, las limitaciones de sus propios orígenes franquistas, el secreto celosamente guardado de las dolorosas infecciones dentales que padeció durante casi todo el año 1979. Pero uno de los peores obstáculos que se le enfrentaban consistía en la preocupación por la evidencia creciente de que la frágil unidad de su partido se estaba desintegrando. Este hecho acrecentó dramáticamente las dificultades derivadas de la carencia, por parte de UCD, de una mayoría absoluta en las Cortes. La transformación de la coalición electoral en partido se había realizado, con grandes dificultades, a lo largo de 1978. Subsistían tensiones considerables entre quienes se habían formado, aunque más tarde, en las filas de la oposición moderada a Franco y quienes habían sido hasta el último minuto servidores del antiguo régimen. En el congreso de UCD de octubre de 1978 había corrido un bon mot del viejo líder cristianodemócrata José María Gil Robles relativo a los reformistas exfranquistas de UCD: su conversión, dijo, no les había llegado al caer de su cabalgadura en el camino de Damasco, sino mientras dormitaban dulcemente en el asiento trasero de un coche oficial. Desde la perspectiva actual, se aprecia que la pretendida unificación resultó un error estratégico monumental. Como coalición, los grupos que integraban UCD podían marcharse o quedarse sin destruir el conjunto, pero, en cualquier caso, habrían tenido que adecuar sus movimientos a las realidades electorales. La negociación y el compromiso habrían sido de rigor. En cambio, dentro de un partido homogéneo, el temor al aislamiento electoral era menos acusado y, por tanto, todos se mostraron menos prudentes y más dispuestos a enzarzarse en una lucha destructiva por el poder para imponer sus criterios a los demás.

A principios de 1979 los cristianodemócratas de UCD, como Landelino Lavilla y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, se sentían ya ofendidos por las concesiones sobre el divorcio y la educación que Abril Martorell hiciera al PSOE durante sus negociaciones secretas acerca de la Constitución. Había también indicios de que los socialdemócratas de UCD, capitaneados por Francisco Fernández Ordóñez, estaban negociando su tránsito al PSOE. El cambalache para organizar las listas de candidatura para las elecciones generales de marzo de 1979, y la propia estrategia de la campaña, dejaron posos amargos en el seno del partido[1]. Consecuentemente, Suárez tenía suficientes preocupaciones con las posibles deserciones como para exigir a cada diputado ucedista una carta de dimisión sin fecha y disponer que no se les abonara sus salarios directamente sino por medio del partido[2]. No debe extrañar, pues, dadas la escala y la variedad de sus problemas, que Suárez se aislara en el palacio presidencial.

Su estrella pareció alcanzar el nivel más bajo durante el fin de semana del 25 al 27 de mayo de 1979. En la mañana del viernes 25 de mayo, un comando de ETA-M acribilló al teniente general Luis Gómez Hortigüela, jefe de la sección de personal del Estado Mayor General del Ejército, a los coroneles Agustín Laso Corral y Jesús Avalos Gomáriz y al conductor. El atentado, perpetrado dos días antes de la fiesta militar anual, el día de las Fuerzas Armadas, era un acto de provocación calculado con cruel premeditación. La tensión en los cuarteles alcanzó un punto álgido. Bandas derechistas merodearon por las calles madrileñas en busca de víctimas para una represalia. En los funerales, celebrados el 26 de mayo, los ultras provocaron incidentes y se oyeron de nuevo gritos de «¡Ejército al poder!». Suárez no asistió a la ceremonia; tampoco visitó el cuartel general del ejército ni apareció siquiera en las Cortes hasta el miércoles siguiente. Pocas horas después de las honras fúnebres, explotó una bomba en una cafetería madrileña repleta, California 47, en la calle de Goya. Esta calle, próxima a la sede de Fuerza Nueva, ocupaba el corazón mismo del baluarte ultra, el barrio de Salamanca, apodado «zona nacional». Eran las 18.30, y el local estaba atiborrado de gente que merendaba; murieron ocho personas y otras cincuenta resultaron heridas. Extrañamente, no estaba presente ningún ultra y los habituales tenderetes de Fuerza Nueva habían desaparecido de la acera[3]. Se atribuyó el ataque al GRAPO.

Los rumores sobre un golpe de Estado se hicieron ensordecedores. En una conferencia entre los generales Álvarez-Arenas y Luis Cano Portal y el coronel José Ignacio San Martín se discutió sobre la necesidad de una intervención militar[4]. Suárez se batía en retirada frente a los militares ultras ya desde antes de los acontecimientos trágicos del 25 y el 26 de mayo. En la reforma gubernamental de abril, nombró ministro de Defensa a Agustín Rodríguez Sahagún, porque había llegado a la conclusión de que la hostilidad creciente contra el general Gutiérrez Mellado hacía imprescindible retirarle de la línea de fuego. Por tanto, lo ascendió al cargo de vicepresidente del Gobierno, con responsabilidades en las áreas de Defensa y Seguridad. La autoridad que se había conseguido concentrar en su ministerio revirtió a los estados mayores generales de los tres ejércitos. El nuevo ministro de Defensa llevó al extremo la política de concesiones a los militantes ultras. No sirvió de nada. En mayo, la exasperación de los militares con el Gobierno se alimentó con un nuevo motivo. En ese mes, quedó vacante la jefatura del Estado Mayor General del Ejército. Un nombramiento por orden estricto de antigüedad debía poner ese empleo en manos de los ultras, que dominaban los escalones superiores del ejército.

Era inevitable que la prensa del búnker se centrara en el tema de la antigüedad, sencillamente porque muchos de los generales más antiguos que habían combatido en la guerra civil y luego con la División Azul en Rusia eran fervorosos antidemócratas. Por el contrario, el Gobierno vio en la vacante una oportunidad para materializar sus objetivos de liberalizar las Fuerzas Armadas. Los candidatos lógicos, si la antigüedad fuera el único módulo, serían Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, y Jesús González del Yerro, capitán general de Canarias, ambos de extrema derecha. El procedimiento normal de nombramientos exigía una consulta al Consejo Superior del Ejército, que se pronunció como era de rigor a favor de Milans. Así pues, se recibió con furiosa indignación el nombramiento del general José Gabeiras Montero, un colaborador de Manuel Gutiérrez Mellado. Fue preciso ascender a Gabeiras, general de división, a teniente general y luego hacerle saltar por encima de otros cinco generales. Su discurso al tomar posesión del nuevo empleo versó sobre la necesidad de que el ejército respetara la Constitución. Un nuevo puntal vino a reforzar la posición del general Gutiérrez Mellado en forma de nombramiento de otro general relativamente liberal, Guillermo Quintana Lacaci, como capitán general de Madrid[5].

El veredicto de la jerarquía militar respecto a la política de ascensos concebida por Gutiérrez Mellado y aplicada parcialmente por el general Gómez Hortigüela, y sobre los incidentes terroristas del 25 y el 26 de mayo se hizo patente en el proceso a Atarés Peña. El consejo de guerra por su agresión a Gutiérrez Mellado durante la intentona Galaxia, en noviembre de 1978, se celebró el 28 de mayo de 1979, y recayó en la jurisdicción de la Región Militar de Valencia, al mando del general Milans del Bosch, amigo de Atarés. El hecho de que el tribunal no le considerara culpable prácticamente convirtió el juicio al acusado en una condena al general Gutiérrez Mellado. El Gobierno y la oposición mantuvieron un significativo silencio respecto a la sentencia. En cambio, aplaudieron las frecuentes declaraciones hechas por diversos generales en el sentido de que el ejército respetaría en cualquier circunstancia el artículo 8 de la Constitución, que definía su papel como defensor del orden constitucional y de la integridad territorial de España. Sin embargo, el súbito entusiasmo de los mandos militares por ese artículo de la Constitución no era ajeno a la creencia, errónea, de que les procuraba una justificación legal para intervenir en política. Preferían ignorar el hecho de que cualquier tentativa para ahogar la democracia sería, por su propia naturaleza, anticonstitucional[6].

En realidad, las manifestaciones cada vez más abiertas y enfáticas de los generales sobre su voluntad de defender el orden existente estaban muy ligadas a la certidumbre de que las negociaciones para conceder la autonomía a vascos y catalanes alterarían gravemente ese orden. De nuevo, los generales olvidaban que, según la Constitución, la voluntad popular podía cambiar las cosas siempre. Suárez se vio en una posición dramática, expuesto al fuego cruzado del odio de los ultras y de los abertzales. En diciembre de 1978, los concejales de todos los municipios del País Vasco habían aprobado un proyecto de estatuto autonómico basado en el que concediera la Segunda República, por lo que se emprendió una negociación entre los partidos vascos y el Gobierno para subsanar esas incompatibilidades. El Partido Nacionalista Vasco era el más inclinado al compromiso. EIA y Euskadiko Eskerra se afanaron por mantener inalterado el «Estatuto de Guernica», como se denominó al borrador. Herri Batasuna se mostró hostil por considerar que aquel texto distaba mucho de los objetivos previstos en la Alternativa KAS. Claramente, la celeridad era esencial para la negociación, y, por tanto, el País Vasco se desconcertó al observar la parsimonia con que procedía el Gobierno. Los representantes de UCD en la comisión constitucional de las Cortes, a la que se encomendó la negociación, se dividieron en halcones o «constitucionalistas», que se atenían al espíritu y la letra de la Constitución, y palomas o «pactistas», que se mostraban dispuestos al compromiso. El más representativo de los «constitucionalistas» fue Gabriel Cisneros y el líder «pactista», Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Herrero, por su esposa vasca y por sus especulaciones monárquicas sobre la posibilidad de resucitar una antigua fórmula por la que un País Vasco independiente se uniría a España mediante un convenio con la Corona, despertó las sospechas de los sectores más patrióticos de UCD. El 23 de junio se apartó a Herrero del comité por estimarse que simpatizaba demasiado con vascos y catalanes. Incluso se rumoreó que el propio ministro de Administración Territorial, lógicamente interesado por la cuestión, el «pactista» Antonio Fontán Pérez, había sido excluido de las negociaciones por Suárez. En esa coyuntura, ETA-PM decidió intervenir para forzar al Gobierno a acelerar el largo proceso. Inició una campaña de bombas en las playas españolas, y efectuó un intento fallido de secuestrar a Gabriel Cisneros, que escapó con graves heridas. Era un ejemplo revelador de la política de ETA-PM de recurrir a la violencia como suplemento a medidas convencionales. El 18 de julio de 1979, Suárez acordó definitivamente el Estatuto de Autonomía con el lehendakari vasco Carlos Garaikoetxea[7].

Se programó para el 25 de octubre un referéndum que ratificara el estatuto. Esa fecha iba a trazar una línea divisoria en la política vasca. El PNV y Euskadiko Eskerra hicieron campaña en pro del voto afirmativo. ETA-PM aceptó el estatuto mientras ETA-M declaraba que la guerra proseguiría. Herri Batasuna denunció que se había cocinado el texto a espaldas del pueblo. Así comenzó un largo proceso en el que ETA-M se iría aislando progresivamente. El 14 de julio, unos presos de ETA-PM y ETA-M llegaron a las manos por el estatuto. En las calles de San Sebastián hubo choques entre seguidores de Euskadiko Eskerra y militantes de Herri Batasuna. Estos últimos arrojaron monedas a aquellos llamándoles traidores. A lo largo de la campaña del referéndum, ETA-M mantuvo un ritmo constante de asesinatos e incluso intentó atentar contra la vida de los abertzales de Euskadiko Eskerra. Mario Onaindía, uno de los acusados en el proceso de Burgos y dirigente de EIA hasta la fusión con Euskadiko Eskerra, acusó a Herri Batasuna y ETA-M de emplear métodos nazis. Ambas organizaciones evidenciaban cada vez más el propósito de imponer sus opiniones al resto de la población vasca sin respetar las normas de expresión democráticas. Al celebrarse el referéndum, un 60,7 por ciento del electorado ejerció su derecho al voto; el 80,14 por ciento de los que votaron lo hicieron afirmativamente. Fue un triunfo para el PNV y Euskadiko Eskerra y, en menor medida, para Suárez. Las abstenciones y los votos negativos fueron algo más bajos en el País Vasco que en el referéndum catalán, cuya celebración fue simultánea[8].

Al fin se podía vislumbrar un camino para la paz en el País Vasco. ETA-PM no abandonaría las armas hasta algunos años más tarde, pero su dedicación gradual a la política convencional fue mayor que nunca. El problema irreductible seguía siendo ETA-M. El apoyo popular para sus actividades se mantenía merced a las acciones incesantes de los comandos terroristas de ultraderecha, los llamados «incontrolados», entre los que figuraban, según se supo, policías y guardias civiles. Portavoces de ETA-PM[9] condenaron la insensatez del afán de provocar una intervención militar. Por desgracia, ese afán se cobraba cada día nuevas víctimas. El 20 de septiembre de 1979, ETA-M asesinó en Bilbao a dos militares, el coronel Aurelio Pérez Zamora y el comandante Julián Ezquerro. La indignación del ejército no tuvo límites. La prensa ultra redobló sus incitaciones a una intervención militar. Bandas de jóvenes derechistas volvieron a la carga atacando a sindicalistas, a comercios regidos por judíos y a individuos liberales[10]. Mientras una gran mayoría de la población española acogía feliz el nuevo régimen democrático, los dos extremos, ETA-M y los ultras, se coordinaban en un macabro contrapunto para destruirlo.

Los síntomas de que se avecinaba una tormenta pudieron deducirse de las declaraciones provocativas y coincidentes hechas por los tres generales ultras más antiguos en servicio activo: Jaime Milans del Bosch, Jesús González del Yerro y Pedro Merry Gordon, capitán general de la Región Militar de Sevilla. Los dos primeros estaban encolerizados todavía por el nombramiento del general liberal Gabeiras como jefe del Estado Mayor General. En una entrevista concedida poco tiempo antes y publicada a la sazón por ABC, Milans denunciaba en términos extremadamente confusos el terrorismo, la inseguridad, la inflación, el desempleo, la pornografía y otros males que, en su opinión, eran imputables a la democracia. González del Yerro, que participaba en un homenaje a la Legión extranjera española, fue menos equívoco y condenó la incapacidad del Gobierno para invertir un proceso en el que, dijo, «se nos muere España». El general Merry Gordon, hablando ante la guarnición de Ceuta, hizo referencia directa a «una serie de enanos asesinos y ratas de alcantarilla que nos atacan por la espalda», y amenazó veladamente con que el ejército se revolvería pronto contra sus torturadores. ETA-M replicó imperturbable el 23 de septiembre con el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa, general Lorenzo González-Vallés Sánchez, en San Sebastián[11].

Del mismo modo que se relacionaron los exabruptos del general Atarés Peña contra Gutiérrez Mellado, en noviembre de 1978, con la conspiración Galaxia, los nuevos incidentes parecían destinados a alertar a los simpatizantes ultras sobre la inminencia de una acción. Después del fracaso de la Operación Galaxia, había arraigado entre los militares ultras la convicción de que una operación de esa envergadura solo podía tener éxito si se aseguraba la participación de alguna unidad importante con base en Madrid. Sus pensamientos convergieron en la División Acorazada Brunete, la DAC. Esta unidad acorazada era la llave de la capital, y si tomaba la iniciativa, casi todo el ejército la seguiría. Desde mediados de 1979 era comandada por un ultra, el general Luis Torres Rojas. De hecho, Torres Rojas representaba tan solo el último eslabón de un largo proceso que había hecho de la DAC una fortaleza ultra. Prácticamente desde el comienzo de la transición, los derechistas habían solicitado de manera sistemática y obtenido destinos en la DAC. Bajo el mando de Milans del Bosch, que tenía una capacidad notable para hacerse con la lealtad incondicional de sus subordinados, se empujó la DAC hacia el búnker. Su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel José Ignacio San Martín, había dirigido el servicio secreto de Carrero Blanco, el SIPG, y ayudaba con entusiasmo a Milans a transformar la DAC en la fuerza de élite que se necesitaba para «salvar a España». Curiosamente, el nombramiento de San Martín el año 1979 se debió en parte a una recomendación del general Alfonso Armada[12].

Apenas transcurrido un mes desde que Torres Rojas tomara el mando, el 1 de junio de 1979, comenzó una serie de maniobras no autorizadas: patrullas que se ejercitaban en el control de los centros neurálgicos de Madrid, vehículos blindados que dominaban las principales vías de acceso y transportes de tropas que patrullaban por el cinturón industrial. Los oficiales de la DAC ardían de cólera, convencidos de que el inminente referéndum para aprobar el estatuto autonómico vasco significaba abrir las puertas al separatismo. Al parecer, Torres Rojas estaba comprometido en un golpe proyectado para pocos días antes del referéndum. El plan consistía en que la brigada paracaidista de Alcalá de Henares, conocida como la BRIPAC, ocupara el palacio de la Moncloa con apoyo de helicópteros mientras los vehículos acorazados de la DAC neutralizaban la capital. Después de imponer la dimisión del Gobierno, los conspiradores constituirían un directorio militar presidido por el general De Santiago y Díaz de Mendívil o el general Vega Rodríguez. Se disolverían las Cortes, se proscribiría el Partido Comunista y se daría marcha atrás al proceso autonómico. La continuidad respecto a la conferencia de 1977 en Játiva y a la intentona Galaxia de 1978 era evidente. Sin embargo, la conversión de las maniobras ordinarias efectuadas por la BRIPAC el 21 de octubre en un golpe de Estado era algo que no estaba todavía al alcance de los ultras. En primer lugar, tropezaron con la dificultad material de obtener combustible y munición suficiente, ya que las reservas eran cortas, según lo dispuesto por un Gobierno receloso. Además, los conspiradores eran todavía una minoría dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales no estaban dispuestos a aceptar a la ligera la enormidad de un asalto al régimen democrático. La prensa ultra siguió llamando a una intervención militar, pese a la oportunidad fallida. El 24 de enero de 1980, la conspiración que se fraguaba en torno a Torres Rojas tuvo un fin repentino al ser sustituido este en el mando de la DAC y nombrado gobernador militar de La Coruña.

La forma en que el Gobierno solventó el asunto Torres Rojas allanó el camino para el golpe definitivo de 1981. Se informó de que el cambio de destino estaba previsto incluso desde antes de que Torres Rojas asumiera el mando de la DAC. Esto era absurdo a todas luces y no sirvió para mitigar el revuelo en los círculos militares, a quienes enojaba que se le hubiese destituido cuando estaba ausente de la unidad para pasar las fiestas con su familia en Las Palmas. El hecho de que el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, ocultara el verdadero motivo de la destitución hizo pensar a muchos políticos que el Gobierno estaba manipulando sencillamente, el espectro de las amenazas militares («el ruido de sables») a fin de distraer la atención de las dificultades existentes en otras esferas. Un proceder semejante solo podía servir para alimentar la complacencia en los círculos políticos y el desprecio en los militares. El lamentable trato dado a Miguel Ángel Aguilar surtió el mismo efecto. En esas fechas, Aguilar, uno de los periodistas más destacados de España y el experto mejor informado en cuestiones militares, era director de Diario 16. Publicó las verdaderas causas que motivaron el traslado de Torres Rojas, y fue replicado con un mentís gubernamental cuyo corolario fue su procesamiento por insultos al ejército y, posteriormente, su retiro forzoso de la dirección del periódico[13].

El comprensible reflejo gubernamental de mimar el ego de los militares tras los atentados de ETA, combinado con el alivio inmenso al comprobar que el terrorismo vasco no había surtido el efecto apetecido de provocar un golpe exitoso, inculcó una mentalidad de avestruz a la élite política. Así lo ejemplificó el contraste entre la supervisión en cierto modo rigurosa a que fuera sometido Rodolfo Martín Villa por la oposición y la benevolencia con que se trató a su sucesor desde abril de 1979, el general Ibáñez Freire. Su nerviosa ansiedad por no agraviar al ejército se exteriorizó en el juicio a los conspiradores de Galaxia, a primeros de mayo de 1980. Tejero y el comandante Sáenz de Ynestrillas, recién ascendido, fueron sentenciados tan solo a siete y seis meses de arresto, respectivamente, lo que significó, considerando el tiempo de arresto preventivo mientras esperaban el juicio, su liberación inmediata. Sería difícil imaginar un estímulo mayor para los conspiradores.

Una semana después, la Junta de Jefes de Estado Mayor denegó una solicitud para la reintegración en el ejército de los oficiales demócratas que habían dirigido la Unión Militar Democrática. El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, comparativamente un moderado, hizo el comentario ominoso de que «el ejército debía respetar la democracia, pero no introducirla en sus filas»[14]. El hecho de que el Gobierno no apoyara la reivindicación de la UMD fue una muestra adicional de debilidad que convenció aún más a los derechistas de las Fuerzas Armadas de que podían actuar con impunidad. Así pues, tan pronto como se le levantó el arresto, Tejero empezó de nuevo a conspirar con Milans del Bosch, a quien había conocido por medio de Juan García Carrés. A mediados del año 1980, la prensa ultra trabajaba de forma cada vez más abierta en atizar el descontento militar hacia el régimen democrático. A este respecto, la campaña que desarrolló durante la primavera contra los planes gubernamentales de situar a la Guardia Civil bajo jurisdicción civil tuvo un éxito considerable. Secundado por García Carrés, Tejero representó en ella un papel principal, y durante esa misión amplió su círculo de amistades en la extrema derecha[15]. El objetivo cardinal de esta y de otras actividades derechistas era intensificar la presión militar para forzar la marcha de Suárez.

El descontento con el presidente no se reducía a los círculos militares. El terrorismo, la delincuencia callejera, la inflación y el desempleo causaban desazón en una población que quizá había esperado más de lo razonable respecto de la nueva democracia. Los niveles crecientes de abstención electoral a lo largo de 1979 y principios de 1980 podían imputarse al cansancio puro y simple por aquella ronda de consultas electorales al parecer inacabable. Sin embargo, reflejaban asimismo la impresión creciente, originada en parte por los silencios de Suárez, de que las decisiones reales se tomaban en alguna otra parte. En 1980 se puso de moda hablar del «desencanto» y subestimar los éxitos tangibles de Suárez. En efecto, no solo había dirigido el país a través de la reciente transición oficial y legal hacia la democracia, sino que simultáneamente sus gobiernos habían trabajado desde 1977 para crear el marco institucional de una España democrática. Por desgracia, la labor de las comisiones constitucionales no era el tipo de actividad apropiada para despertar un intenso entusiasmo popular. A lo largo de 1980, algunos sectores políticamente poco preparados de la población, influidos por la prensa ultra y las escandalosas revistas sensacionalistas como Interviú, empezaron a creer que las cosas habían empeorado desde los tiempos de Franco. Numerosos comentaristas señalaban que el cambio había sido mínimo y que muchos franquistas seguían en el poder gracias a su conversión a UCD. Se calificaba a los colaboradores más cercanos de Suárez, primero Rodolfo Martín Villa y después Fernando Abril Martorell, de hombres grises, a despecho de su gran talla política. Incluso la atracción carismática del presidente parecía poder utilizarse solo de una forma cada vez más selectiva, sobre todo en televisión y en privado. Eso era, en parte, consecuencia de sus agudas dolencias dentales, que le hacían extremadamente penoso el hablar. No obstante, su talento y su habilidad indudables parecían encontrar serias dificultades para acomodarse a la vida parlamentaria. Por añadidura, los problemas políticos y económicos que arrostraba no se prestaban a su forma característica de negociar entre bastidores.

Las presiones ejercidas sobre Suárez no procedían tan solo de la derecha. Fue también, cada vez más, el blanco de los ataques concentrados del PSOE. Una vez resuelta la crisis interna de su partido, Felipe González se aprestó a derrotar a UCD, lo que significaba, en definitiva, intentar descabalgar a Suárez. La ofensiva del PSOE siguió dos direcciones. La más pública fue la censura implacable del aislamiento e inactividad de Suárez, combinada con ataques a su círculo inmediato de colaboradores. En particular, se lanzaron acometidas virulentas contra Abril Martorell, cuya política económica era comparable, según Felipe González, a los esfuerzos de un gitano por enseñar a un burro la forma de no comer[16]. En un terreno más interno, los socialistas trataron de segar la hierba bajo los pies de Suárez mediante negociaciones continuadas con el ala socialdemócrata de UCD. Facilitó su tarea el hecho de que UCD fuera un partido constituido y aglutinado fundamentalmente para el disfrute del poder. Al ofrecer garantías de estabilidad, había capitalizado el hambre de cambio en España. Sin embargo, muchos de sus líderes toleraban a duras penas el reformismo socialdemócrata de Fernández Ordóñez, e incluso al propio Suárez. Y si habían reprimido hasta ahora su conservadurismo, era tan solo para asegurar su propia supervivencia política. Al principio se habían inhibido por temor de que, si saltaban por la borda, Suárez siguiera pilotando la nave hacia metas más atractivas, y ellos quedaron remando en el olvido. En 1980, la marea empezó un reflujo adverso a Suárez que bastó para inducir a algunos de sus otrora partidarios a revelar su incipiente hostilidad.

Los cuatro grupos principales que componían UCD —los cristianodemócratas, los burócratas del ex Movimiento asociado a Rodolfo Martín Villa, los socialdemócratas y los liberales dirigidos por Joaquín Garrigues Walker— discrepaban entre sí en una serie de temas sociales, económicos y religiosos. Ahora bien, en 1980 pudo apreciarse también que compartían un resentimiento creciente ante la acumulación de poder por Suárez, y especialmente ante su control absoluto sobre la maquinaria electoral del partido. Asimismo, los indicios de deterioro de su popularidad daban pie a especulaciones sobre la posibilidad de seguir viviendo mejor sin él. Se tenía la sensación de que Suárez se dejaba llevar por las tendencias de sus orígenes franquistas al comportarse como jefe de Estado, más que como un simple jefe de Gobierno. Al presidente le cupo alguna responsabilidad por ese estado de cosas, por su hábito de rodearse de un círculo interno de «exazules», excluyendo a las demás fracciones del partido. Además, se mostró incapaz, ciertamente, de mantener unido el partido para enfrentar las vicisitudes cotidianas de la vida parlamentaria, por la sencilla razón de que rehuía la comparecencia diaria ante las Cortes[17]. Garrigues tomó la iniciativa mediante una llamada a formar una dirección más colectiva de UCD. Fernández Ordóñez empezó a reconsiderar su futuro. Pero los síntomas más inquietantes de rebelión provenían con mucho de los cristianodemócratas, organizados en el grupo más coherente. El ambicioso proyecto de transformar UCD en un partido abiertamente conservador y confesional tenía raíces históricas muy profundas, y a lo largo de 1980 lo activó el enorme impacto que supuso en España la elección del nuevo pontífice, Karol Wojtyla, cuyas actitudes reforzaron a los sectores más reaccionarios de la jerarquía. La consecuencia inmediata de ello fueron las crecientes críticas verbales de los cristianodemócratas a la proyectada reforma de UCD para implantar el divorcio[18].

Las divisiones internas y la consiguiente impresión de incapacidad e inactividad contribuyeron a una serie de reveses electorales para UCD en Andalucía, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Los retrocesos fueron mucho más allá de los modestos resultados que cabía esperar en ese tipo de consultas para un partido centralista en el Gobierno. En el caso particular del referéndum autonómico de Andalucía, celebrado el 28 de febrero, el Gobierno no pudo haber manejado peor las cosas. A mediados de enero, Suárez había decidido retardar la marcha del proceso autonómico, con las excepciones de Cataluña y del País Vasco. Su actitud provocó la dimisión de su ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, que había sido antes ministro para las Regiones. Suárez levantó oleadas de indignación y de burla cuando nombró como sucesor de Clavero al exjefe de la censura franquista y biógrafo «oficial» del dictador, Ricardo de la Cierva[19]. Como Andalucía había iniciado ya la «vía rápida» del proceso autonómico, según el artículo 151 de la Constitución, UCD intentó sabotear sus progresos mediante una campaña por la abstención en el referéndum. Esa asombrosa decisión hizo que Clavero y algunos otros diputados ucedistas por Andalucía dejaran decepcionados el partido para hacer campaña a favor del voto afirmativo. A fin de fomentar la abstención, el Gobierno inventó una pregunta realmente incomprensible: «¿Da usted su conformidad a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución respecto a su aplicación con arreglo al procedimiento establecido por el artículo antedicho?».

Pese a los pintorescos esfuerzos gubernamentales, el 54 por ciento de los cuatro millones y medio de electores andaluces votó sí. En realidad no estaban dando una respuesta concisa a la pregunta del referéndum, sino expresando una actitud general de apoyo al estatuto autonómico. En cierto sentido, el Gobierno salió victorioso, porque el artículo 151 requería una mayoría de votos afirmativos en cada una de las provincias andaluzas. Una sola provincia, Almería, con un 42 por ciento de votos afirmativos, no alcanzaba el nivel requerido y, en consecuencia, se desvió la autonomía andaluza hacia la «vía lenta» del artículo 143 de la Constitución. Ello significaba que el estatuto autonómico debería ser elaborado por una asamblea de todos los diputados y senadores andaluces más los representantes de las ocho diputaciones provinciales. La victoria de UCD adquirió tintes siniestros. Al anteponer los intereses del partido a los sentimientos de los andaluces, Suárez consiguió tan solo que el partido perdiese unas reservas masivas de votantes. La victoria moral de la izquierda andaluza, PSOE y Partido Socialista de Andalucía, suscitó amargas recriminaciones dentro de UCD. Por primera vez se rompió el mito de la infalibilidad de Suárez, y el presidente fue objeto de duras críticas por parte de Rodolfo Martín Villa y Landelino Lavilla[20].

Cuando la UCD se resentía todavía del revés andaluz, se celebraron las elecciones parlamentarias vascas el 9 de marzo de 1980. Desde el referéndum autonómico vasco del 25 de octubre de 1979, la violencia había seguido a la orden del día. ETA-M mantuvo el ritmo constante de asesinatos, intensificado ya con anterioridad a las elecciones. Aunque ETA-PM había aceptado el estatuto autonómico de Guernica y no cometió más asesinatos, el 11 de noviembre de 1979 uno de sus comandos secuestró, y liberó posteriormente sin daño alguno, al diputado ucedista Javier Rupérez. La acción se inscribía en una campaña encabezada por Euskadiko Eskerra contra el uso persistente de la tortura contra los etarras detenidos, y a favor de la excarcelación de presos[21]. Aparte de ese episodio, Euskadiko Eskerra siguió dando pasos hacia la plena integración en el espectro político vasco convencional. ETA-M, respaldada por Herri Batasuna, seguía buscando el rechazo tajante de España por parte del País Vasco. La justificación para sus asesinatos fue la escalada creciente de violencia a cargo de policías e incontrolados. Abundaron las protestas contra el empleo de la tortura. Los comandos terroristas de ultraderecha, ahora bajo la denominación de Batallón Vasco-Español[22], cometieron varios asesinatos, en España y en el sur de Francia. Como respuesta a la violencia en el nuevo año, el 1 de febrero de 1980 el Gobierno nombró delegado suyo en el País Vasco al general liberal José Sáenz de Santamaría, con plenos poderes para controlar y coordinar la lucha contra el terrorismo. Con él llegaron los GEO (Grupos Especiales de Operaciones de la policía) y las Unidades Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil. Todo ese despliegue fue muy útil para Herri Batasuna: el refuerzo de la represión ayudó a superar una crisis interna del partido abertzale.

Las elecciones celebradas en las provincias vascas el 9 de marzo fueron para Suárez aún más catastróficas que el referéndum andaluz. El Partido Nacionalista Vasco obtuvo veinticinco de los sesenta escaños y el 38 por ciento de los votos. De mal agüero, Herri Batasuna ocupó el segundo lugar, con once escaños y el 16 por ciento de los votos. La posible satisfacción de Suárez al ver que el PSOE ocupaba el tercer puesto con solo nueve escaños y el 14 por ciento, quedó eclipsada por la humillación de la propia UCD. El partido del presidente se vio reducido a compartir el cuarto lugar con Euskadiko Eskerra, ganando solo seis escaños y perdiendo cincuenta y cinco mil votos en comparación con las elecciones generales de 1979. Suárez salió de su letargo el tiempo suficiente para visitar el País Vasco y resistir las pancartas y los gritos de «¡Suárez kampora!» (¡Suárez, fuera!). Su intervención no dio ningún fruto, y la crisis interna de UCD se agravó más que nunca[23]. Apenas dos semanas después, el 20 de marzo, llegó un tercer revés con los resultados electorales para el Parlamento catalán. UCD quedó en cuarto lugar con solo dieciocho escaños sobre un total de ciento treinta y cinco, detrás de los veinticinco de los comunistas del PSUC, los treinta y tres de los socialistas del PSC y los cuarenta y tres de la victoriosa Convergència i Unió. Fue un flaco consuelo que el PSC-PSOE, que esperaba confiado el triunfo, perdiera nada menos que doscientos setenta y siete mil votos en comparación con 1979. En efecto, por su parte, UCD perdió doscientos ochenta y seis mil votos. Tampoco consoló a Suárez que Tarradellas le dijera que la victoria de la conservadora Convergència de Jordi Pujol había sido realmente un triunfo de UCD, ya que ambos estaban destinados a votar juntos en el Parlamento. Sea como fuere, Suárez se encontraba ante una importante crisis de credibilidad. Según se rumoreó, pensaba proponer al PSOE la formación de una coalición, pero los socialistas rechazaron la idea antes de que fuera expresada. Por su parte, ellos estaban estudiando la posibilidad de someter a Suárez a una moción de censura en las Cortes[24].

UCD se encontraba en un trance dramático. Una encuesta mostró que más de la mitad de los votantes del partido en las elecciones generales de marzo de 1979 habían decidido no votarlo en la próxima ocasión. Menos del 25 por ciento de los encuestados aprobaban la gestión de Suárez en el Gobierno. La clave de ese deterioro era la impresión popular de desgobierno, de no sentirse gobernados en absoluto. Mediante una política monetarista, se había conseguido rebajar la inflación, pero al precio de un aumento considerable del desempleo. Durante el invierno de 1979-1980, las restricciones de energía eléctrica habían dejado continuamente sin calefacción los hogares, oficinas y fábricas, con la consecuencia de un súbito ascenso de la impopularidad del Gobierno. Mientras tanto, seguían intactas las tradicionales debilidades estructurales de la economía. Ello originó un aumento de las fricciones entre el vicepresidente y responsable absoluto de Economía, Abril Martorell, y los ministros socialdemócratas de Comercio, Juan Antonio García Díez, y de Industria, Carlos Bustelo. A Suárez le impacientaban esas escaramuzas entre sus ministros, y en particular las de los ministros económicos. No era un área que despertara su interés.

En cualquier caso, se veía abrumado por los problemas pendientes y relacionados entre sí del terrorismo de ETA, de la actitud militar frente a la política y de la marcha cada vez más caótica del proceso autonómico. Hasta cierto punto, Suárez parecía intentar huir de la realidad, tratando a ETA como si no fuese más que un furúnculo sin importancia, aunque molesto, e ignorando el hecho de que la extrema derecha estaba de manera tácita en pie de guerra. Casi todos los observadores pensaban que se limitaba, simplemente, a no hacer nada. Se generalizó la impresión de que las riendas del gobierno estaban en manos del vicepresidente y amigo íntimo de Suárez, Fernando Abril Martorell. Se señalaba con frecuencia que Suárez estaba comportándose como un jefe de Estado y Abril Martorell, como su primer ministro. Esta crítica era bastante razonable, porque transcurrían intervalos de varios meses de una a otra comparecencia parlamentaria o conferencia de prensa del presidente. Incluso sus ausencias en los consejos de Ministros se hicieron cada vez más frecuentes. Suárez terminó por ser el ermitaño del palacio de la Moncloa, rehuyendo los enfrentamientos en el Parlamento y aislándose incluso de su propio partido. Emilio Romero, el mordaz periodista derechista, comentó que el estilo político de Suárez convendría mejor al jefe de un Estado secreto paralelo, inconciliable con las instituciones de la democracia[25].

En cierto modo, la incomunicación del presidente respecto a la élite política se debía a la falta de confianza derivada de su exigua formación académica. Muchos políticos eran excatedráticos universitarios, expertos juristas u hombres que habían ganado unas oposiciones. Se dijo que le daba verdadero pánico la perspectiva de aparecer en el Parlamento o ante su propio gabinete, lo que contrastaba con el aplomo excepcional que exhibía en sus apariciones en el medio controlado de la televisión[26]. Así, se guarecía en su despacho, como la crisálida en su capullo, aislado por la música ambiental, oculto al mundo político real por un círculo íntimo de asesores conocidos como los «fontaneros». Ese apodo, inspirado en el caso Watergate, se debía a la creencia de que constituían un pequeño centro de espionaje al servicio de Suárez. En él figuraban su cuñado y secretario privado personal, Aurelio Delgado; el primer secretario de su gabinete, Alberto Aza; el economista Alberto Recarte, de quien se decía que llevaba un archivo sobre las primeras figuras de la dirección de UCD; y el que fuera secretario de Estado para la Información y más tarde gobernador general de Cataluña, Josep Melià. Es casi seguro que los «fontaneros» causaron a Suárez más problemas de los que le solucionaron. Sus consejos capciosos y adulatorios acrecentaron su sensación de soledad y de asedio. Formaron en torno suyo una barrera que le impidió comunicarse con los demás dirigentes del partido. Su amigo de largos años, Fernando Abril Martorell, quedó particularmente alienado a causa de los «fontaneros»[27].

Lo más decisivo fue que los «fontaneros» se convirtieron en el blanco de un resentimiento venenoso en las altas esferas de UCD, donde empezaba a conspirarse abiertamente contra el presidente. Los representantes de las diversas facciones contaban despreocupadamente a los medios de comunicación sus agravios y sus versiones particulares de los conflictos intestinos del partido, sin considerar el impacto causado por sus indiscreciones en la opinión pública. Los diputados ucedistas empezaron a escatimar su comparecencia en los debates de las Cortes, y algunos comenzaron incluso a votar contra el Gobierno[28]. La magnitud de la disensión se hizo evidente a lo largo de las seis penosas semanas de la primavera de 1980 durante las cuales Suárez hubo de formar, pieza a pieza, su nuevo equipo ministerial. Aquellas negociaciones laboriosas y envenenadas, que Cambio 16 describió como «una danza macabra de vampiros», fueron un anticipo de la lucha por el poder que sobrevendría en el II Congreso de UCD, programado para octubre. La composición del nuevo Gobierno se anunció el 2 de mayo y se caracterizó por la ausencia de los liberales de Joaquín Garrigues Walker, así como de los socialdemócratas más cercanos a Francisco Fernández Ordóñez. Los cristianodemócratas vieron consolidarse sus posiciones con la incorporación de José Luis Álvarez (Transportes), Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona (Coordinación Legislativa) e Ignacio Bayón Mariné (Industria). El general Ibáñez Freire fue sustituido en el Ministerio de Interior por un amigo íntimo de Rodolfo Martín Villa, Juan José Rosón[29].

El descontento de Garrigues y Fernández Ordóñez era un indicio cierto de lo inadecuado de los cambios ministeriales para lidiar con la crisis surgida de las derrotas electorales y de los problemas incesantes creados por la violencia de ETA y de la ultraderecha. El 21 de mayo, con el objetivo de capitalizar la decepción general suscitada por Suárez, el PSOE presentó una moción de censura. Felipe González desencadenó un ataque duro aunque respetuoso contra los fracasos de UCD en el Gobierno. El gabinete ministerial solo sobrevivió a la moción en el debate subsiguiente, entre el 28 y el 30 de mayo, gracias a las abstenciones de Alianza Popular y Convergència i Unió. En dramático contraste con la torpeza de Suárez para reparar su maltrecha imagen, Felipe González logró acrecentar su prestigio, en el primer debate parlamentario televisado íntegramente en España, con una actuación de talla presidencial. El presidente prefirió no replicar la moción de censura y, en lugar de eso, sacrificar a su vicepresidente. En el curso del debate, Suárez se vio profundamente afectado por una afirmación de Alfonso Guerra: «Ni Suárez soporta la democracia, ni la democracia soporta por más tiempo a Suárez»[30]. La desmoralización cundió en las filas ucedistas y las críticas contra Suárez se multiplicaron. Uno de los que más se señaló por sus críticas desde las filas de los cristianodemócratas, Landelino Lavilla, era el presidente de las Cortes. Los «fontaneros» empezaron a quejarse de que había ejercido sus funciones con tanta imparcialidad que había favorecido el lucimiento de los socialistas. Las declaraciones públicas hechas por Lavilla a principios del verano dejaron traslucir que se consideraba un posible sustituto de Suárez[31].

Suárez y su círculo inmediato creyeron que un contraataque adecuado solo sería factible si se prescindía de Abril Martorell para restaurar la imagen del Gobierno. Después de la actuación errática e inconsecuente de Abril en el debate de la moción de censura, resultó aún más fácil para los «fontaneros» insinuar a Suárez que su propia supervivencia dependía de la desaparición de su amigo. Además, como las ausencias del presidente obligaban a Abril a continuas apariciones públicas, podía culpársele sin dificultad de todo lo que parecía marchar mal. Asimismo, el hecho de que los pactos entre Gobierno y oposición fueran negociados entre Felipe González o Alfonso Guerra y Abril llegó a despertar la envidia de Suárez. Ahora bien, dado el nivel que estaban alcanzando las intrigas contra Suárez, era una vana esperanza intentar achacar a Abril toda la responsabilidad por los fallos gubernamentales. La amplitud de las disensiones se reveló en una reunión del comité permanente de UCD celebrada en la «Casa de la Pradera», a orillas del embalse de Manzanares el Real, a cuarenta kilómetros de Madrid, entre el 7 y el 9 de julio de 1980. Los «barones» o líderes de las distintas facciones del partido exigieron una mayor participación, tanto en los asuntos internos de UCD como en el Gobierno. A ello siguió una polémica prolija y agria sobre los métodos posibles para reemplazar a Suárez.

Aparentemente, Joaquín Garrigues, Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa y Fernando Álvarez de Miranda, del ala cristianodemócrata, habían concertado un acuerdo previo para promover la candidatura de Lavilla. Llegado el momento, cuando se enfrentaron directamente con Abril y con la nueva mano derecha de Suárez, el ministro de la Presidencia Rafael Arias Salgado, ninguno de ellos tuvo valor para representar el papel de Bruto. La escasa convicción de los disidentes se debió en parte al hecho de que Lavilla era a lo sumo un candidato de compromiso. También les hizo vacilar el argumento de que la sustitución de Suárez solo podía favorecer al PSOE. Por último, les pareció muy grave derrocar a un presidente elegido por voluntad popular empleando precisamente el mismo tipo de maniobra de pasillos que se citaba como su mayor defecto[32]. No obstante, la amenaza quedaba expresada con claridad, y Suárez se vio obligado a ceder a las demandas de una «dirección colegiada», como se la denominó.

Se insinuó a la prensa que el Partido Social Demócrata de Francisco Fernández Ordóñez, disuelto dentro de la UCD, iba a reconstituirse muy pronto como partido independiente. El rumor desató a su vez las especulaciones de la prensa con la posibilidad de que el grupo sirviera de «partido bisagra» entre la UCD y el PSOE y canalizara las demandas para formar una coalición[33]. Esa clase de amenaza sirvió para acelerar el proceso de incorporación de los «barones» al Gobierno, aunque agudizó también el descenso de la moral. La atmósfera predominante se manifestó en un incidente en los pasillos de las Cortes, el 12 de junio de 1980: Francisco Fernández Ordóñez se quejó a Suárez de que se espiaban sus asuntos financieros; en concreto, que se dedicaba a investigarlos el «fontanero» Alberto Recarte[34].

Entretanto, otro colaborador cercano de Suárez, el elegante ministro de Administración Territorial, José Pedro Pérez-Llorca, trabajaba de firme para fortalecer al Gobierno mediante la negociación de acuerdos parlamentarios con los principales grupos catalanes y andaluces, e incluso con el Partido Nacionalista Vasco. Su propósito era que, una vez acordado ese apoyo, el Gobierno pidiera un voto parlamentario de confianza en el otoño. A cambio, algunos representantes de Convergència i Unió se incorporarían al Gobierno. Tales convenios no solo robustecerían a UCD en las Cortes, también allanarían el camino hacia la resolución de un proceso autonómico cada vez más enmarañado. Las minorías regionales recurrían a Suárez porque pensaban que contribuiría a aminorar la creciente fortaleza parlamentaria del PSOE. No obstante, aunque proporcionasen un respiro parlamentario, no podían hacer nada para cerrar las heridas que el mismo partido se había infligido. Abril Martorell y el secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, mostraron su disconformidad tajante con una política de componenda, que podía incluso llegar a la dependencia, con los partidos regionales. Consideraban más sensato intentar mantener el pacto democrático o consenso que tan bien sirviera al país durante el periodo constituyente. Abril Martorell, en particular, prefería mantener sus sólidas relaciones de trabajo con el PSOE, tanto por razones personales como porque creía que los problemas cardinales del terrorismo, la subversión militar y la descentralización requerían la cooperación de los dos grandes partidos nacionales. Pues, por encima de todo, temía que la belicosidad creciente entre la UCD y el PSOE conviniese a los propósitos de los conspiradores militares[35].

La situación empeoraba de forma inexorable para el presidente. El 21 de julio, Abril Martorell había dimitido, seguramente con la esperanza de que Suárez se viera obligado a reforzar su posición. Abril era diputado por Valencia. Le había indignado una noticia publicada en El País, según la cual el ministro de Transportes, Salvador Sánchez-Terán, había concertado un trato secreto con Marruecos por el que se permitiría, en reciprocidad a un convenio sobre límites pesqueros, el tránsito libre de las naranjas norteafricanas por España hacia los mercados de la CEE. Un acuerdo semejante dañaría gravemente los intereses de los electores valencianos más poderosos de Abril, por lo que se rumoreó que toda la operación se había montado para provocar su dimisión. Después de unos furiosos enfrentamientos en el Consejo de Ministros entre Abril y Sánchez-Terán, Suárez intervino ante el rey Hassan de Marruecos para buscar una solución. No obstante, las relaciones entre el presidente y su ayudante se habían deteriorado de forma irreparable. A Suárez le molestó que Abril mostrara tan poca gratitud por su intervención; Abril se dolió de que se hubiese permitido siquiera la iniciación de aquel asunto. Tras algunas semanas de vacilación, se aceptó la dimisión de Abril[36]. Los «fontaneros» confiaban en que el sacrificio de Abril Martorell beneficiase a Suárez. Ahora bien, aunque era cierto que su gestión como responsable máximo de los asuntos económicos no había conseguido contener la tasa ascendente de desempleo, Abril había sido el artífice de una relativa cooperación parlamentaria con el PSOE. Sin su apoyo leal, Suárez se vio más expuesto que nunca a las intrigas de sus adversarios.

El 29 de julio de 1980, las críticas al presidente sufrieron un breve paréntesis motivado por el desconsuelo general ante la triste muerte por leucemia del líder liberal, Joaquín Garrigues Walker. Liberal genuino, con talento político y atractivo personal, Garrigues era reconocido en algunos círculos como el futuro John Kennedy español y el candidato más probable para reemplazar a Suárez. Había contado con el apoyo sin reservas de la poderosa e influyente red de prensa Grupo 16, y en su última entrevista en Cambio 16 había expresado su convicción de que Suárez estaba acabado y además lo sabía[37]. A finales de agosto se rumoreó que José María de Areilza estaba intentando ganarse el apoyo de socialistas, comunistas y ciertos elementos ucedistas para componer un Gobierno de coalición que sustituyera a Suárez. La insinuación era falsa, porque Felipe González tenía tan pocas ganas de caer en las garras del conde de Motrico como el propio Suárez tres años antes. No obstante, el simple hecho de que se diera credibilidad a un rumor semejante denotaba sin duda el colapso de la confianza en el presidente, y la creciente hostilidad de la prensa. Otros rumores más inquietantes indicaban que el PSOE estaba dispuesto a entrar en un «Gobierno de gestión» bajo la presidencia de un general, posiblemente Álvaro Lacalle Leloup. Suárez, que se hallaba a la sazón en Lima, dijo a los periodistas españoles que le habían acompañado a Perú: «Estoy al corriente de los planes del PSOE de nombrar presidente a un militar. Es sencillamente descabellado»[38].

Durante el otoño de 1980, Suárez se encontró aislado de sus propios ministros, de su partido y de la prensa. El acuerdo de trabajo con el PSOE quedó hecho jirones. Felipe González manifestó que el papel del presidente había acabado. Mientras tanto, el número de desempleados había aumentado a un millón y medio, y la política gubernamental para las autonomías regionales estaba paralizada. En Andalucía seguía habiendo un malestar intenso después del escamoteo del referéndum, y las transferencias de poderes a los gobiernos autonómicos vasco y catalán, recién elegidos, se llevaban con una lentitud tan desconcertante como provocadora. En el País Vasco, el delegado del Gobierno, general Sáenz de Santamaría, se quejó de que la actitud dilatoria de Madrid estaba generando nuevos apoyos a ETA. Y ciertamente en un momento en que la opinión pública del País Vasco se estaba aglutinando alrededor del Estatuto de Guernica, distanciándose de todo compromiso con la Alternativa KAS, la apatía gubernamental rayaba en la negligencia criminal.

A mediados de 1980 se produjo, como consecuencia, un resurgimiento de las dos alas de ETA que no podía ser más alarmante. Como en el año precedente, ETA-PM emprendió sin éxito una campaña de bombas contra los centros turísticos, en demanda de la excarcelación de presos y la aceleración del referéndum autonómico para Navarra. Pese a su fracaso, las inconveniencias, el temor y el resentimiento generados por una conmoción semejante en las vacaciones veraniegas contribuyeron a la impresión generalizada de que el Gobierno era incompetente. Sin embargo, las actividades de ETA-PM resultaron insignificantes en comparación con las de ETA-M. El cruel jefe de la organización, Miguel Ángel Apalátegui, Apala, oculto en Francia desde octubre de 1977 mientras se ultimaban los trámites para su extradición, reapareció en España y formó un comando con Juan Lorenzo Santiago Lasa Michelena, Txikierdi, el presunto asesino de los generales Sánchez Ramos Ortín Gil y Gómez Hortigüela. El 25 de julio, Apala y Txikierdi, disfrazados de guardias civiles, robaron siete mil kilos de goma 2 de un polvorín mal custodiado en Soto de la Marina, en la provincia de Santander.

Un profundo escalofrío sacudió a la clase política de España, porque la posesión de explosivos en cantidad tan ingente presagiaba unos preparativos para desencadenar la guerra total contra el Estado español, a fin de asegurar la inclusión de Navarra en el País Vasco. Los mítines de Herri Batasuna se jaleaban con frecuentes gritos de «¡Nafarroa Euskadi da!» (Navarra es el País Vasco). Las elecciones de 1979 en Navarra habían evidenciado que una mayoría ingente de la población no deseaba formar parte de la comunidad vasca. En esas condiciones, el apoyo a la reivindicación anexionista mediante diversos ataques con granadas contra los cuartelillos de la Guardia Civil en Navarra fue una buena prueba no solo de la rigidez de las opiniones de los abertzales, sino también del desprecio de ETA-M por la democracia. El 22 de agosto, un comando de ETA-M intentó asesinar a José Javier Uranga, director del Diario de Navarra. El periódico de Uranga defendía los criterios de la gran mayoría de navarros, todos ellos determinados a que Navarra siguiese siendo parte de España y, por ende, independiente del País Vasco[39].

La aspiración de ETA a anexionarse Navarra provocó apoplejías entre muchos oficiales superiores del ejército, que la veían no solo como parte inalienable de España, sino además como cuna de los valores patrióticos de la derecha. Navarra había dado a Franco los requetés, la feroz milicia carlista que había acompañado a sus ejércitos durante la guerra civil y había disfrutado de una posición singularmente privilegiada bajo su régimen. En cualquier caso, el descontento militar se agudizó otra vez durante el verano de 1980, a causa de un proyecto de ley para la amnistía militar presentado a las Cortes en junio. Su objeto era la reintegración al ejército de los oficiales que lucharon con la República durante la guerra civil, y de los miembros de la Unión Militar Democrática. La cólera en los medios militares fue, según algunos informes, más intensa incluso que cuando se legalizó el Partido Comunista. Para agravar más las cosas, el descontento de los militares se había mantenido en un punto de ebullición a lo largo de la primavera y el verano de 1980 por una serie de atentados contra generales, llevados a cabo por ETA-M y GRAPO[40].

Suárez estaba contra las cuerdas, pero tuvo ánimos para lanzar su última ofensiva. El 9 de septiembre reestructuró el gabinete para formar el llamado «Gobierno de los barones», y creó una nueva categoría de superministros con el título de ministros de Estado. La distribución de los nuevos títulos le aseguró la lealtad transitoria de algunos de los «barones» más importantes. Sin embargo, el espacio para maniobrar conseguido de esta manera vino a complicar de manera inadvertida la situación interna de UCD. En particular, los cristianodemócratas interpretaron como un desafío el nombramiento de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia. El líder socialdemócrata, encargado oficialmente de las relaciones Iglesia-Estado, se dedicó a preparar la reforma del divorcio y, por tanto, estaba condenado a chocar con la derecha confesional. En realidad, Suárez no tenía más remedio que nombrar a Fernández Ordóñez si quería neutralizar los ofrecimientos que le había hecho el PSOE. Dados sus antecedentes como el político que llevó a cabo la reforma fiscal, Fernández Ordóñez era objeto de un aborrecimiento tan profundo en algunos círculos poderosos que Suárez no pudo entregarle el Ministerio de Economía, que pasó a estar dirigido por otro socialdemócrata, Juan Antonio García Díez. Landelino Lavilla sufrió la venganza presidencial por el papel de posible sustituto que desempeñó en la conferencia de Manzanares el Real, y quedó excluido del reparto de carteras ministeriales. Sin embargo, siguió siendo presidente de las Cortes, una posición que le permitía organizar a los «críticos», como se llamaba a los oponentes de Suárez dentro de UCD[41].

El Gobierno de los barones fue bien acogido por la prensa. Para remediar la debilidad más flagrante de la etapa anterior, se nombró ministro para la Administración Territorial a Rodolfo Martín Villa, que infundió nuevas energías en el proceso autonómico, aunque sus actuaciones precedentes como ministro del Interior y jefe de los hombres de la máquina franquista pasados a UCD, los «azules», no le hicieron muy entrañable para los vascos. En general, el Gobierno de los barones era casi con toda seguridad el más capaz de todos los dirigidos por Suárez, pero sirvió solo para prolongar la crisis y no para resolverla. La ausencia de Abril Martorell, el escudo parlamentario hasta entonces del presidente, suscitaba un grave problema. Suárez intentó reemplazarle por Pío Cabanillas, a quien nombró ministro de Estado adjunto a la Presidencia. Por desgracia, los posibles beneficios que pudieran reportarle las sinuosas habilidades negociadoras de Cabanillas menguaron no poco a causa de los choques entre él y otro importante defensor de Suárez en el Gobierno, Rafael Arias Salgado, ministro de la Presidencia. Según lo ha descrito José Oneto, uno de los comentaristas políticos más sagaces de España, sin Abril como bombero, el fuego alcanzó pronto el palacio[42].

Gracias a los acuerdos previos con catalanes y andaluces, Suárez consiguió superar el voto parlamentario de confianza el 18 de septiembre, aunque recibió un buen vapuleo en las Cortes. Blas Piñar observó que el nuevo Gobierno semejaba un desfile de modas en el que las mismas viejas maniquíes lucían los mismos viejos modelos. Con idéntico humor, Fraga comentó: «El discurso del presidente es como una película de Travolta: siempre es la misma comedia, siempre el mismo personaje y siempre para chicos». Mucho más significativo fue que los socialistas acrecentaran su buen crédito con una crítica razonada de la incapacidad gubernamental para resolver los problemas económicos y sociales[43]. Sin embargo, el contraste con otras actuaciones recientes de Suárez fue perceptible.

El presidente pareció haber recobrado su antiguo vigor al entrevistarse con los «críticos» ucedistas, dar conferencias de prensa e incluso intervenir en diversos mítines de provincias. Una serie de entrevistas con Felipe González el 1 de octubre, con Santiago Carrillo el 6 de octubre y con el lehendakari vasco Carlos Garaikoetxea el 12 de octubre dieron vuelos a la suposición de que se estaba preparando un nuevo pacto de la Moncloa. La entrevista con Garaikoetxea fue particularmente prometedora y reflejó la inyección de energía que Martín Villa había imprimido al proceso autonómico. Alarmada ante la posibilidad de que las conversaciones con el lehendakari fomentaran una mejora de las relaciones entre el País Vasco y Madrid, ETA-M asesinó a ocho personas durante la visita de Garaikoetxea. A pesar de ello, el balance general de dichas conversaciones fue positivo. Aun cuando no se satisfizo la petición de acelerar la creación de una fuerza policial autónoma vasca, se llegó a acuerdos para la creación por parte del Estado de escuelas de euskera o ikastolas, para la ayuda a la industria siderúrgica vasca y para la inauguración de un canal de televisión vasco[44]. Por desgracia, Suárez no pudo capitalizar ese comienzo prometedor. Su aparente recuperación llegaba demasiado tarde.

Poco después se inició, inexorable, un nuevo empeoramiento de la situación: la conspiración estuvo ya madura a distintos niveles en el ejército. Varios coroneles deliberaron sobre la posibilidad de imitar el reciente golpe de Turquía y constituir una junta para aplastar a ETA. Los generales veteranos examinaban los medios para poner fin a lo que juzgaban una situación política intolerable. Incluso antes de los acontecimientos turcos, la revista ultra Heraldo Español había publicado en su portada la imagen de un caballo blanco bajo el título «Se busca un general». En las páginas interiores se especulaba abiertamente sobre los candidatos militares más apropiados para asumir el gobierno. El 17 de octubre, veintiséis de los más notables ultras de España se reunieron en Madrid para discutir los apoyos financieros y civiles al golpe que se proyectaba. La prensa ultra se refirió enigmáticamente a una llamada «Operación De Gaulle». Era, casi con seguridad, una oscura referencia a las actividades del general Alfonso Armada. Desde principios de 1980, Armada, desde su puesto de gobernador militar de Lérida, intentaba recabar apoyos para la sustitución no violenta de UCD por un Gobierno de salvación nacional bajo su propia presidencia. El 22 de octubre, durante un almuerzo en el domicilio del alcalde socialista de Lérida, Antonio Ciurana, Armada llegó al extremo de sondear a Enrique Múgica, del PSOE, y a Joan Reventós, del PSC. El 17 de noviembre visitó al capitán general de la Región Militar de Valencia, Jaime Milans del Bosch, y le habló en términos similares, insinuando que actuaba con instrucciones secretas del rey. La alusión a la aprobación real debía avivar forzosamente el descontento de Milans con la situación política. La escena se repitió en una visita ulterior a Valencia, el 10 de enero de 1981. Sin embargo, en sus memorias, Armada ha intentado quitar importancia a aquellas entrevistas, y ha pretendido incluso hacer creer que el principal tema de conversación en el almuerzo de Lérida fue la necesidad de fomentar la cría mular para las unidades militares de montaña[45].

Además de los rumores sobre una conspiración militar, Suárez tuvo que enfrentar también la hostilidad del PSOE, que se mantuvo a pesar de la remodelación de gobierno. Tal como previera Abril, los acuerdos con los grupos regionalistas enfurecieron a la oposición. A Alfonso Guerra le molestó especialmente el arreglo de UCD con Alejandro Rojas Marcos y su Partido Socialista de Andalucía para acelerar la autonomía de la región meridional, hecho que interpretó como una maniobra contra el PSOE en su propio feudo. Dudando de que el nuevo Gobierno pudiese aportar nuevas medidas contra el terrorismo o llevar a cabo su programa de austeridad, Felipe González se refirió a la posibilidad de una nueva moción de censura. Además, la frágil imagen de unidad que ofrecía el gabinete se quebró ante la avalancha de críticas contra Suárez asestadas desde las filas de los relegados cristianodemócratas[46]. De ese modo, la aparente buena disposición de Suárez para iniciar una nueva etapa no impidió que su posición se deteriorara sin remedio. Decidió incluso acabar con los «fontaneros» dándoles empleo en otros lugares, pero muy pronto se replegó a una aparente apatía, a su aislamiento silencioso.

La bancarrota de Suárez quedó expuesta gráficamente el 23 de octubre de 1980. En esa fecha, cuarenta y ocho niños y tres adultos resultaron muertos en una explosión accidental de gas propano en la escuela pública de Ortuella, Vizcaya. Simultáneamente, la oleada de crímenes desencadenada por ETA-M culminó con el asesinato de tres miembros de la UCD vasca. Los atentados fueron perpetrados por una especie de organización paralela a ETA-M, conocida como los «comandos autónomos». En medio de tantos horrores, Suárez mostró una indiferencia glacial. Permaneció imperturbable en el palacio de la Moncloa y no hizo ninguna declaración parlamentaria sobre el fatal desastre y el ataque terrorista. No visitó el desconsolado pueblo, ni asistió a los funerales de sus colegas de partido. Según cuentan, argumentó que si iba a un funeral necesitaría ir a todos los demás. En contraste con su actitud, la reina Sofía se trasladó inmediatamente en avión a Bilbao para acompañar a los familiares de las víctimas de Ortuella. La prensa y los tres partidos principales de la oposición condenaron enérgicamente la aparente insensibilidad de Suárez[47].

En un momento en que la opinión pública del País Vasco empezaba a volverse por fin contra ETA, Suárez pareció hacer público alarde de desprecio hacia los vascos. No dejó de tener significación la circunstancia de que uno de los ucedistas asesinados fuese Jaime Arrese Arizmendiarreta, que había estado a punto de ganar un escaño parlamentario por Guipúzcoa en las elecciones generales de 1979. Arrese estaba llamado a sustituir en el grupo parlamentario a Marcelino Oreja Aguirre, el exministro de Asuntos Exteriores, que debía dejar su escaño en las Cortes por haber sido nombrado «gobernador general» del País Vasco. Como el artículo 154 de la Constitución española y el artículo 23 del Estatuto de Guernica preveían que el representante gubernamental en el País Vasco se denominase «delegado», el título de Oreja podía interpretarse como un insulto premeditado o una negligencia condenable[48]. En verdad, Oreja tuvo que trabajar de firme con Martín Villa para reavivar la confianza de los vascos en Madrid.

Sin embargo, en el curso de la semana del asesinato de Arrese, los comentarios periodísticos sobre «parálisis» y «putrefacción» parecieron quedar justificados ante los diez días de violencia desatada que vivió el País Vasco. El año 1980 presenció, hasta el final de octubre, ciento catorce muertes como resultado del terrorismo, un promedio de una víctima cada tres días, de los que cincuenta y siete fueron civiles, veintisiete guardias civiles, once oficiales del ejército y nueve policías. El 31 de octubre, ETA-PM asesinó a Juan de Dios Doval Mateos, un profesor de derecho de San Sebastián que ocupaba el siguiente puesto en la lista de candidatos ucedistas por Guipúzcoa y, por consiguiente, debía sustituir a Arrese Arizmendiarreta. Poco después, el 3 de noviembre, un comando de ETA-M ametralló un bar en Zarauz, matando a cuatro guardias civiles y a un miembro del PNV, e hiriendo a otros seis clientes. Ante la indignación de la UCD vasca, Suárez rehusó asistir al funeral del profesor Doval. La desmoralización del partido centrista alcanzó su cota más alta. Bajo el peso de las amenazas de ETA contra ellos y sus familias, varias figuras conocidas abandonaron la zona para fijar residencia en otros lugares de España. La convicción de que el Gobierno no gobernaba se afirmó más que nunca.

Sin embargo, y paradójicamente, la violencia del otoño de 1980 provocó al fin una reacción en el propio País Vasco. El 9 de noviembre, una manifestación silenciosa, integrada por treinta mil personas de todos los partidos, marchó en San Sebastián, encabezada por los líderes locales del PSOE, UCD y PNV cogidos del brazo. Los partidarios de Herri Batasuna levantaron una barricada, gritaron «PNV, traidor» y «Gora ETA-Militarra» (Viva ETA Militar) y apedrearon el desfile. Pese a ello, los manifestantes cambiaron de itinerario y culminaron con éxito su demostración. Se trató de un punto crítico importante. Un número creciente de empresarios empezaban también a negarse a pagar el «impuesto revolucionario» exigido por ETA[49]. Si hubo un tiempo en que la población vasca creyó que Madrid no podía impartir justicia y que, por tanto, era necesario recurrir a ETA, ese tiempo había finalizado. Una semana después, mientras ETA continuaba asesinando policías, se formó un Frente por la Paz integrado por el PSOE, el PNV, Euskadiko Eskerra, el PCE-EPK o Partido Comunista Vasco, UCD y los carlistas. Les unía la conciencia de que se debía contrarrestar antes de que fuera demasiado tarde el asalto de ETA contra el régimen democrático de España. No obstante, aquello fue solo un primer ensayo. Euskadiko Eskerra no pudo acomodarse a la idea de colaborar con partidos «españoles» como el PSOE y la UCD, por temor a perder apoyos en beneficio de Herri Batasuna. Asimismo, el PNV encontró ciertas dificultades para explicar esa idea a sus militantes, y más tarde se retiró del frente en circunstancias no claramente explicadas. Sea como fuere, y según sugirió Mario Onaindía, el dirigente de Euskadiko Eskerra, resultaba difícil descartar la sospecha de que el PNV no tuviera cierta secreta complacencia respecto al terrorismo de ETA. Ciertamente, el PNV evitó siempre una condena inequívoca de la violencia que, en última instancia, facilitaba la negociación de más concesiones desde Madrid[50].

Flotaba en el aire una sensación de urgencia, debida al temor de la élite política de que el ejército estuviera a punto de perder la paciencia. El 5 de noviembre, durante una reunión privada en cierta residencia militar, cincuenta oficiales discutieron un informe acerca del golpe militar turco acaecido dos meses antes. El informe había sido redactado por el agregado militar de la embajada española en Ankara, coronel Federico Quintero Morente, un experto en lucha antiguerrilla y en el servicio secreto, entrenado en Estados Unidos, que había descubierto, conviene recordarlo, la conspiración Galaxia. El documento, que analizaba los efectos del terrorismo y del estancamiento económico en las democracias mediterráneas inestables, se filtró a la prensa el 6 de noviembre. La elaboración del informe podía haber sido un trabajo más entre las tareas rutinarias de un agregado militar, pero más tarde se afirmó que los hombres de la CIA en Turquía habían colaborado en él. La prensa y muchos políticos empezaron a mencionar la «tentación turca» y el «síndrome de Ankara». Al enterarse de los rumores sobre la Operación De Gaulle del general Armada, Manuel Fraga y Felipe González se sintieron lo bastante inquietos para hablar de su disposición a formar en conjunto un Gobierno de gestión si se daban circunstancias de extrema gravedad. Probablemente ambos veían en esa iniciativa un mal menor, un sacrificio que quizá fuera necesario hacer para prevenir un «golpe a la turca» a gran escala[51].

A la luz de la situación vasca, no era nada sorprendente que los nervios de los políticos estuviesen crispados. Desde el verano de 1980 se venía considerando la formación de un Gobierno de gestión sólido, con participación de todos los partidos, para reemplazar a Suárez. A mediados de diciembre, el presidente participó a Fernando Álvarez de Miranda su desazón por los comentarios sobre coaliciones bajo la jefatura del general Armada. Los rumores referentes a los planes de Armada corrían parejos a ciertas especulaciones sobre una amplia coalición bajo la presidencia de Alfonso Osorio, que se había mostrado hostil a Suárez desde la legalización del Partido Comunista y su exclusión del Gobierno tras las elecciones de junio de 1977. Por cierto, Osorio era amigo de Armada y, al parecer, había discutido la idea de un Gobierno fuerte y representativo de todos los partidos con miembros importantes del PSOE, incluidos Enrique Múgica y Javier Solana, luego con los propios cristianodemócratas de UCD y, por último, incluso con Jaime Ballesteros, del PCE. Durante esas conversaciones exploratorias, se consideró la posibilidad de que un general pudiera dirigir la coalición mejor que Osorio. A la luz de los alarmantes rumores sobre un golpe violento de los coroneles, y dada la incapacidad patente del gobierno de UCD para solventar los problemas de ETA y el desempleo, ese recurso intermedio empezó a parecer casi una opción atractiva[52].

Con la sedición militar y el caos del País Vasco como telón de fondo, la despreocupación aparente del Gobierno era escandalosa. En realidad, Suárez se sentía profundamente preocupado por la situación interna de UCD. El partido era un caldo de cultivo para la conspiración. Enfurecida por los planes reformistas de Ordóñez respecto al divorcio, el ala cristianodemócrata había pasado al ataque. Por aquellos días quedó vacante el cargo de portavoz parlamentario de UCD tras la dimisión de su titular, Antonio Jiménez Blanco. El aparato del partido tenía ya dispuesto un candidato, Santiago Rodríguez Miranda, aprobado por Suárez. Pero los «críticos» entraron en acción, y para afirmar su poder y dar una lección a la dirección del partido, eligieron en su lugar a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, un brillante y mordaz cristianodemócrata, antiguo seguidor de Gil Robles. Herrero había abogado por la necesidad de democratizar el partido y calificado el estilo de Suárez para dirigir el país y la UCD como «movimientista», es decir, evocador de Franco y la Falange. Pues bien, ganó la votación para el cargo por ciento tres votos contra cuarenta y cinco gracias a que Martín Villa dio libertad de elección a sus seguidores. La decisión de este causó sorpresa y se interpretó como una evidencia clara de que había abandonado la causa de Suárez[53].

Un manifiesto firmado por doscientos «críticos» ucedistas reveló públicamente la magnitud del asalto cristianodemócrata a Suárez. Sin embargo, los contactos cada vez más frecuentes de los «críticos» con la Alianza Popular de Fraga, así como los informes sobre un sustancial apoyo bancario, dejaron entrever que no era la democratización de UCD el principal objeto de la operación. El verdadero propósito de la llamada «Operación Quirinal» consistía en empujar a UCD a posiciones similares a las de la Democracia Cristiana italiana, es decir, dar un giro hacia la derecha, a lo que se oponía Suárez. Y cuando Landelino Lavilla dio rienda suelta a la lengua, no se pudo ocultar ya por más tiempo que su objetivo era el presidente mismo. El 12 de enero de 1981, Lavilla hizo unas declaraciones explosivas, ampliamente recogidas por un periódico madrileño. No solo acusó a Suárez de acumular poder de manera arbitraria, sino también —lo que era peor— de no saber utilizarlo y, por ende, convertir a UCD en la «estatua de sal» de la política española. Resultó evidente que en el inminente II Congreso de UCD, programado para el 29 de enero en Mallorca, se produciría la culminación de la intriga iniciada seis meses antes contra el presidente en Manzanares el Real[54].

En tales circunstancias, a nadie podía sorprender que Suárez comenzara a considerar su dimisión. Exhausto física y psicológicamente después de dirigir España a través de la transición, apenas le quedaban fuerzas para luchar contra sus propios colegas. Sus incondicionales, los «fontaneros» aún en activo y el siempre fiel Abril Martorell, habían trabajado a conciencia y confiaban en que Suárez podría ganar el congreso. No obstante, durante el fin de semana del 24 al 25 de enero de 1981, Suárez adoptó la decisión repentina de dimitir. Al parecer, diecisiete generales entre los más antiguos se habían reunido el 23 de enero para deliberar sobre la necesidad de una intervención militar en la política. El rey, ausente de Madrid para participar en una cacería, regresó precipitadamente a la capital[55]. En aquella atmósfera de extrema tensión, Suárez llegó a la conclusión de que una victoria en el congreso le proporcionaría si acaso cinco o seis meses de respiro; luego, el conflicto se recrudecería con la reforma para el divorcio y la ley de educación. Para entonces, uno de los principales instrumentos de la disciplina de partido —las cartas de dimisión firmadas por todos los diputados ucedistas— sería inservible, porque a esas alturas las Cortes habrían alcanzado la fase en la que no sería posible sustituir a ninguno de los diputados. A renglón seguido, y con el partido desmoronándose, se ofrecería tan solo la perspectiva de un Gobierno de coalición, una opción que le disgustaba. Por lo demás, las encuestas indicaban que solo un 26 por ciento de la población le apoyaría, contra un 43 por ciento a favor de Felipe González. Ante la evidencia, pues, de que no podría haber unidad auténtica en UCD bajo su liderazgo, Suárez pensó que no le quedaba más alternativa que la dimisión, y se propuso anunciarlo así ante el congreso del partido. Según confesó a sus colaboradores más cercanos en la dirección de UCD, no tenía ya más conejos que sacar de su chistera[56].

Quiso el azar que una huelga de controladores aéreos desbaratara ese plan al obligar el aplazamiento del congreso. Por consiguiente, después de informar de su decisión al Gobierno, a la dirección del partido y al rey, Suárez anunció su retirada en un discurso televisado el 29 de enero. La ultraderecha estaba exultante, y en las salas de banderas corría el rumor de que eran el rey y los generales los que le habían obligado a dimitir. En los titulares de El Alcázar, el día que siguió a ese anuncio, se leía: «Suárez tiene razón: “Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en el Gobierno”. ¡Lástima que no lo hubiera pensado antes!». No hay ningún indicio publicado que indique que el rey reaccionara de otra forma que no fuese la sorpresa, aunque algunos comentaristas mantengan la creencia de que hubo un «guiño real». No cabe duda de que el rey estaba enterado de los sentimientos antidemocráticos en el ejército. Fue siempre enormemente sensible hacia los sentimientos de los militares, y el general Armada, entre otros, se ocupó de tenerle informado sobre el ambiente reinante en las salas de banderas.

El mensaje real de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas, pronunciado el 5 de enero, dejaba ver la preocupación del rey. Advirtió a la oficialidad que no se comprometiera «en actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa: la gran política de la grandeza de España y de la vigilancia permanente de su seguridad». Durante las vacaciones navideñas, Suárez visitó a la familia real en la estación de montaña de Baqueira Beret, en la provincia de Lérida. Inevitablemente se especuló entonces con que Juan Carlos y el presidente habían discutido sobre la posibilidad de un golpe militar y los medios para contrarrestarlo. Más tarde se observó también que, a su regreso de Baqueira Beret, Suárez parecía haber perdido la voluntad de luchar. Por añadidura, un párrafo del discurso de dimisión alimentó los rumores. Suárez decía: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España». Aunque Suárez ha negado más tarde haber sido sometido a presión por los militares, dicha observación era una referencia inconfundible al levantamiento del ejército contra la Segunda República en 1936[57].

A la luz de lo que acaeció apenas transcurrido un mes desde su dimisión, resulta difícil no interpretar la marcha de Suárez, hasta cierto punto, como una respuesta a la presión militar. Ahora bien, su valeroso comportamiento durante la ocupación militar de las Cortes el 23 de febrero de 1981, cuando hizo frente a los guardias civiles armados que irrumpieron el hemiciclo, descarta toda insinuación de que arrojara la toalla por cobardía. Suárez sufría un agotamiento profundo después de haber hecho todo cuanto pudo. El desgaste causado por el terrorismo de ETA, la subversión del ejército, las intrigas constantes de sus rivales en UCD y la incapacidad de su gobierno para aportar soluciones a los problemas económicos de España fueron todos ellos factores que contribuyeron a empañar la imagen otrora resplandeciente de Suárez. Ese es uno de los precios que debe pagar el poder en un sistema democrático. Disfrutó de un apoyo popular multitudinario en 1977 y 1979, porque el electorado percibió que su contribución a la nación era positiva. Y tras los meses de aislamiento en la Moncloa y los fracasos políticos en diversos frentes, perdió ese apoyo. El deterioro de la imagen de Suárez, su tendencia al secreto, su incomodidad en las Cortes y su retirada detrás de un parapeto de «fontaneros» no debieran hacer ignorar, pese a todo, su enorme aportación a la política española.

Llegó al palacio de la Moncloa en una época difícil, cuando en España había un enorme fermento de huelgas y manifestaciones. Muchas personas creían entonces inevitable un choque frontal entre el Gobierno y la oposición. Suárez carecía de legitimidad democrática y no era más que un candidato propuesto por el rey. No faltaron profetas agoreros que predijeran que podría darse por satisfecho si duraba unas cuantas semanas. Cuatro años y medio después, abandonó el palacio presidencial en un momento en que el terrorismo, la subversión y el desencanto popular estaban a la orden del día. No obstante, su misma partida como respuesta a los deseos de su propio partido y a la opinión hostil de las encuestas fue un reflejo de los enormes cambios habidos en España durante su mandato. Entre 1976 y 1977, Suárez convirtió el obstruccionismo estéril de la élite franquista en una flexibilidad abierta y positiva. De 1977 a 1980, no obstante su tendencia a anteponer las negociaciones secretas al debate parlamentario, y a costa de muchas demoras lamentables, hubo notables progresos hacia la creación de una democracia constitucional, la consolidación de una coexistencia parlamentaria y la concesión de las autonomías regionales. Por grandes que fueran las insuficiencias de Suárez, no debe permitirse que el desvarío de Tejero ni el de ETA le arrebaten el lugar que le corresponde en la historia de la democracia española.

7

Resucitada de las cenizas

La consolidación de la democracia, 1981-1982

La reacción inmediata de la prensa y de la élite política ante la marcha de Suárez fue de sorpresa. Después de tantos meses de hostilidad creciente contra el presidente, les resultaba difícil creer que se había ido de verdad. Hubo algunos comentarios de complacencia porque el simple hecho de que se le pudiese reemplazar sin más, se argumentó, evidenciaba el fortalecimiento de la democracia. Ni los políticos ni los periodistas pudieron imaginar cuán gravemente se pondría a prueba muy pronto ese fortalecimiento. En Madrid se rumoreó con insistencia que Suárez había tenido noticias anticipadas sobre una inminente acción militar contra él. Por lo menos, sabía sin duda que el general Armada estaba entrevistándose con varios políticos al objeto de dar lo que se denominó un «golpe blando». Dos días después de la dimisión de Suárez, el articulista de derechas Emilio Romero, buen amigo de García Carrés, publicó en ABC un artículo especulando sobre la «solución Armada». Suárez tampoco pudo haber ignorado el hecho de que, según se decía, algunos coroneles estaban preparando un golpe más brutal al estilo turco. La hostilidad del ejército, latente desde fechas lejanas, cobró nueva intensidad, sobre todo en las unidades de la DAC, cuando se supo que Suárez había intentado pacificar el País Vasco mediante indultos para varios presos de ETA. El 24 de enero, El Alcázar había publicado unas especulaciones siniestras en torno a la posibilidad de que otra conspiración al estilo Galaxia estuviese apuntando en el horizonte[1]. Sea como fuere, Suárez tenía buenas razones para temer algo parecido. Pero si esperaba poder prevenirlo con su mutis del escenario, iba a sufrir una decepción. Efectivamente, con su dimisión la situación iba a adquirir un ritmo de desintegración política que serviría tan solo para consolidar el criterio de muchos oficiales de que la intervención militar era un deber patriótico.

Las divisiones internas de UCD habían ido demasiado lejos para que la marcha de Suárez pudiera paliarlas. El resentimiento contra el presidente había llegado a ser uno de los pocos nexos que unían a muchos grupos en el partido. Su sustitución por Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente del Gobierno, difícilmente podía ser entendida como una nueva aurora. Calvo Sotelo debió su elección al hecho de que, aun sin tener el apoyo activo de ninguna facción particular, era el candidato mejor tolerado por la generalidad. Los principales barones se habían eliminado entre ellos. Francisco Fernández Ordóñez y los socialdemócratas consideraban que al conservador Landelino Lavilla le unían demasiados lazos con la Iglesia y la banca para resultar un candidato aceptable. Por otra parte, el propio Fernández Ordóñez parecía un político demasiado comprometido con el divorcio y la reforma fiscal para ser admitido por los cristianodemócratas como líder del partido. Se creyó también que el pasado de Rodolfo Martín Villa como falangista y duro ministro del Interior le haría inaceptable para la opinión pública. En cambio, el taciturno Calvo Sotelo tenía por un lado buenos contactos con la banca y por otro su afiliación a la ACNP le granjeaba las simpatías de la Iglesia. Por añadidura, como él mismo había dirigido la selección de candidatos para las elecciones de 1977, se le conocía bien dentro de UCD y no parecía contar con enemigos serios. Así pues, Calvo Sotelo era el mejor candidato de compromiso. Sin embargo, los «críticos», que enarbolaban todavía la bandera de la democracia dentro del partido, se indignaron por la manera en que fue elegido Calvo Sotelo. En efecto, no le eligió todo el grupo parlamentario, sino una camarilla de los principales líderes de UCD[2]. Por esa causa, inició su mandato en desventaja. Ahora bien, cualesquiera que fuesen las circunstancias de su ascenso, Calvo Sotelo no habría encontrado un partido unido. La marcha de Suárez no suavizó los conflictos dentro de UCD.

El nuevo presidente iba a encontrar su posición parlamentaria seriamente socavada por la advertencia de las asechanzas incesantes de los «críticos». Además, antes incluso de asumir de manera oficial sus funciones presidenciales, Calvo Sotelo encontró una situación militar excepcionalmente adversa. La disposición del ejército a intervenir en la política estaba en uno de sus momentos álgidos. Ante la consternación de muchos oficiales superiores, Juan Carlos y la reina Sofía hicieron una visita oficial al País Vasco entre el 3 y el 5 de febrero de 1981. Algunos nacionalistas acogieron satisfechos la idea de un diálogo directo entre la Corona y las instituciones vascas, que les recordaba la situación histórica anterior a la pérdida de los privilegios vascos. Este punto se reflejó implícitamente en la ostensible marginación del representante gubernamental en el País Vasco, Marcelino Oreja, durante las ceremonias. El recibimiento reservado a los reyes fue caluroso en varias comarcas, pero la primera visita real a aquella región quedó muy deslucida por las inconexas manifestaciones antiespañolas en el aeropuerto de Vitoria y por un incidente en la Casa de Juntas de Guernica.

Antes de que pudiera iniciar su discurso, el rey se vio interrumpido por los diputados de Herri Batasuna, que le ofrecieron una versión improvisada del himno nacional vasco, el Eusko Gudariak. Cuando los bedeles intentaron expulsarlos, se produjo un ruidoso forcejeo. Una vez restablecido el orden, Juan Carlos declaró: «Frente a quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia y no respetan nuestras instituciones, yo proclamo mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco». El rey superó con gran dignidad y aplomo la insultante interrupción, ganándose una interminable ovación del PNV y de los demás miembros del Parlamento vasco. Pese a la descortesía gratuita de Herri Batasuna, el viaje real, que venía a continuación de la visita de la reina Sofía al escenario de la tragedia de Ortuella, no pudo haber tenido un impacto más positivo en la opinión pública vasca. Sin embargo, los militares quedaron horrorizados[3]. Para empeorar las cosas, se dio una publicidad desbordante a dos secuestros perpetrados por ETA. El primero, el del industrial valenciano Luis Suñer, el mayor contribuyente de España, difícilmente podía prestarse como otra cosa que un delito de extorsión. No sería liberado hasta el 14 de abril de 1981, después de que una suma cuantiosa cambiara de manos[4].

El segundo secuestro, el de José María Ryan, ingeniero jefe en la central nuclear de Lemóniz, tuvo lugar el 29 de enero. Había habido un tiempo en que ETA veía con buenos ojos la energía nuclear como medio para la autosuficiencia del País Vasco, pero descubrió luego el potencial de los sentimientos populares antinucleares y, con el mismo confusionismo ideológico que había permitido la coexistencia de un pacifismo retórico con la violencia cotidiana, interpretó los avances en la construcción de la central nuclear de Lemóniz como un nuevo ejemplo de explotación española. Así pues, dio un plazo de siete días a Iberduero, la empresa constructora de Lemóniz, para destruir unas instalaciones en las que había invertido ciento treinta mil millones de pesetas, si no quería que Ryan muriera. Una oleada de indignación sacudió España y el País Vasco. Los trabajadores de Lemóniz, respaldados por UGT, Comisiones Obreras y el sindicato próximo al PNV, ELA-STV, constituyeron un comité de liberación de Ryan. Se recibieron llamadas apremiantes por la vida de Ryan de organizaciones antinucleares europeas; de Amnistía Internacional, que había defendido con frecuencia a los presos etarras; de la Iglesia; y, lo más conmovedor, de la familia Ryan. El 5 de febrero, una nutrida manifestación recorrió Bilbao pidiendo su liberación. Todo fue inútil. En una nota truculenta y absurda, ETA-M declaró que esa demostración multitudinaria del sentir popular expresaba «desprecio por la voluntad mayoritaria del pueblo», y anunció que Ryan había sido sometido a juicio y declarado culpable de llevar a la práctica los proyectos de Iberduero. En breve se cumpliría la sentencia de muerte. A diferencia de ETA, el Estado democrático había abolido la pena capital, aunque los asesinos de Ryan le acusaban de ser una dictadura fascista[5].

El 6 de febrero de 1981, la noticia del sádico asesinato de aquel padre de familia apolítico provocó una indignación general. En todo el País Vasco hubo huelga general. Trescientas mil personas asistieron a las manifestaciones de protesta en San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Solo Herri Batasuna se mantuvo al margen, y algunos de sus militantes apedrearon a los manifestantes. El cinismo de Herri Batasuna superó incluso su anterior plusmarca, nada desdeñable. Desestimó las huelgas y las manifestaciones catalogándolas como una consecuencia de las «maniobras patronales» y la «intoxicación de la prensa». Por lo que se refería a Herri Batasuna, el principal significado del asesinato de Ryan era que, por su medio, la prensa podría aguijonear al pueblo contra ETA-M y Herri Batasuna. Su ejecución a sangre fría de un tiro en la nuca se describía en el comunicado como «fatal desenlace», como si ETA-M no hubiera tenido nada que ver en él. Es más, para Herri Batasuna, Ryan había sido asesinado por Iberduero[6].

Tal como seguramente esperaba ETA-M, el asesinato de Ryan desató la furia de los militares ultraderechistas. Su principal expresión fue un artículo incendiario, escrito por el general retirado Fernando De Santiago y Díaz de Mendívil. Con el título «Situación límite», afirmó que el incidente de Guernica, donde se insultaba al comandante supremo de las Fuerzas Armadas (el rey), caracterizaba el estado de descomposición que padecía España. Sobre el asesinato de Ryan, escribió amenazador: «No podemos continuar impasibles ante tanto caos». Y, respecto a la larga lista de secuestros y asesinatos cometidos por ETA, que era «la prueba más evidente de que aquí no hay autoridad, y es preciso establecer la autoridad». El general De Santiago veía el reciente crecimiento de la abstención electoral como prueba de que la población había rechazado el «contubernio político» y esperaba que el ejército salvara a España[7].

Desde mediados de 1980, El Alcázar había publicado tres llamamientos más o menos claros a un golpe militar bajo el seudónimo Almendros. Varios analistas perspicaces conjeturaron que la firma Colectivo Almendros era un mensaje cifrado comunicando que se preparaba algo para la segunda mitad de febrero, tiempo en que normalmente florecen los almendros. La idea de una firma colectiva había sido concebida en las oficinas de El Alcázar el 19 de noviembre, a fin de suscitar la expectación necesaria para el próximo golpe. Entre los miembros del colectivo figuraban Antonio Izquierdo, director del periódico; Joaquín Aguirre Bellver, uno de sus principales articulistas; y otros dos periodistas, Ángel Palomino e Ismael Medina. Varios oficiales ultras muy conocidos estaban relacionados también con la fundación de Almendros, entre ellos el general De Santiago, el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la DAC, y el capitán Camilo Menéndez Vives, el oficial de Marina que había atacado a Gutiérrez Mellado en 1977. El colectivo se sentía seguro al publicar los tres artículos sediciosos porque quinientos oficiales habían acordado declararse sus autores en el caso de que se incoase procedimiento judicial contra el periódico. El grupo tenía también amplias ramificaciones entre muy diversos civiles ultras, incluidos José Antonio Girón de Velasco y Juan García Carrés. Todos ellos esperaban un golpe más declaradamente franquista que la «opción blanda» de Armada o los planes «turcos» de los coroneles[8]. Sus esperanzas se encarnaban en el general Jaime Milans del Bosch.

Las quejas militares sobre la falta de autoridad mostrada por el Gobierno cobraron cuerpo en el II Congreso de UCD, que por fin se celebró el 6 de febrero de 1981 en Palma de Mallorca. Suárez, fuera del Gobierno, no tenía ya los recursos del patrocinio ni, quizá, la voluntad para mantener unida su desmadejada coalición. Así pues, las tensiones centrífugas resurgieron con aire revanchista en el congreso, y la división crucial se dio entre los «críticos» cristianodemócratas y la alianza de los llamados «oficialistas». Esta reunía a los hombres del aparato ucedista, capitaneados por Fernando Abril Martorell, Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Arias Salgado y Rafael Calvo Ortega, más los seguidores de Rodolfo Martín Villa y los socialdemócratas de Fernández Ordóñez. Era un grupo heterogéneo, unido por la sospecha de que Landelino Lavilla y los «críticos» pretendían convertir la UCD en un partido confesional y reaccionario como la CEDA de los años treinta. Los delegados o compromisarios se dividieron en mil cuatrocientos oficialistas y seiscientos críticos. Sin embargo, el aparato del partido procuró que el comité ejecutivo no implicara una representación proporcional, sino más bien mayoritaria. Calvo Ortega fue elegido secretario general de UCD, y Rodríguez Sahagún, presidente. Los «críticos» de Lavilla obtuvieron solo siete puestos de los treinta y nueve del ejecutivo[9]. Sin embargo, la unidad aparente impuesta por los oficinistas y facilitada en parte por el deseo general de eludir las disputas en el momento crítico de la salida de Suárez había de tener una vida efímera. El congreso hizo muy poco para afirmar la credibilidad de Leopoldo Calvo Sotelo, porque su modo de ser y de actuar no consiguió en ningún momento causar la impresión tan necesaria de que su liderazgo contaría con una base sólida de apoyo en el Parlamento.

Para empeorar las cosas, la corriente de opinión contra ETA, desatada por el asesinato de Ryan, tomó la dirección contraria el 13 de febrero con la muerte del etarra Joseba Iñaki Arregui Izaguirre, que había sido capturado el 4 de febrero después de un espectacular tiroteo en Madrid. Su muerte significaba en el mejor de los casos una estupidez por parte de sus carceleros y, en el peor, una provocación deliberada justo cuando la opinión pública se volvía contra ETA. Arregui había sido golpeado, y evidentemente murió a causa de las torturas policiales. Las autoridades alegaron que Arregui sufría una grave neumonía bronquial, contraída al atravesar a pie los Pirineos en invierno. Hubo manifestaciones antiespañolas en el País Vasco, más reducidas pero mucho más vehementes que las organizadas contra ETA la semana anterior. Once policías, uno de los cuales por lo menos confesó ser ultra, fueron puestos a disposición de un juez instructor. Hubo entre las fuerzas de orden público una oleada de dimisiones, incluidas la del director general de la Policía, José Manuel Blanco, y la del comisario general de Información, Manuel Ballesteros García. Ambos creían que los interrogatorios practicados por sus hombres habían sido positivos, porque revelaron que el comando del que formaba parte Arregui estaba en Madrid preparando un atentado contra un militar de alta graduación y el secuestro de un importante banquero. La muerte de Arregui convenía demasiado a los planes urdidos por los ultras para no suscitar la sospecha de que se trataba de un intento deliberado de mantener la tensión en el País Vasco y hacer que el Gobierno pareciera haber perdido el control de los acontecimientos[10].

Por consiguiente, cuando Calvo Sotelo apareció por fin ante las Cortes el 21 de febrero de 1981, lo hizo en una atmósfera cargada de rumores sobre un inminente golpe militar. La muerte de Arregui destruyó la esperanza de una transferencia de poderes tranquila al nuevo presidente del Consejo de Ministros. José Pedro Pérez-Llorca había negociado con algunos grupos parlamentarios menores su apoyo en la votación de investidura. Arrancó promesas de voto a los catalanes de Convergència i Unió, a los pequeños grupos regionalistas aragoneses y navarros, e incluso a una parte de Coalición Democrática, incluidos Alfonso Osorio y José María de Areilza. Cuando estuvo a punto de concertar un arreglo similar con el PNV, se difundió la noticia de la muerte de Arregui. En tales circunstancias, los vascos se sintieron incapaces de votar por el Gobierno[11]. Por consiguiente, Calvo Sotelo debió afrontar una sesión difícil. En su discurso afirmó que la transición de la dictadura a la democracia había finalizado, y propuso lisa y llanamente un programa gubernamental de austeridad. Si bien obtuvo una mayoría simple de ciento sesenta y nueve votos contra ciento cincuenta y ocho y diecisiete abstenciones, las circunstancias no le permitieron alcanzar la mayoría absoluta de ciento setenta y seis votos necesaria para confirmarle como presidente. Santiago Carrillo comentó que el gobierno de Calvo Sotelo había nacido muerto[12].

Evidentemente, la imposibilidad de ganar el voto de investidura denotaba una debilidad aciaga, como se vio ya con claridad en las negociaciones de trastienda que escoltaron a sus esfuerzos para formar nuevo gobierno. La ruptura entre los «críticos» cristianodemócratas y las demás facciones de UCD constituía un impedimento cardinal. Poco antes, Francisco Fernández Ordóñez había dejado bien sentado que la cooperación socialdemócrata con el nuevo Gobierno dependería del compromiso de este para la implantación del divorcio, lo que enfureció a los cristianodemócratas. Por añadidura, mientras UCD empezaba a desmoralizarse, Alianza Popular dio señales de una importante revitalización. Las encuestas indicaban que Alianza Popular podría doblar sus votos a expensas de UCD. Para aprovechar la riada de tránsfugas alarmados por la crisis en la dirección de UCD, Manuel Fraga estimó necesario un desplazamiento hacia el centro. En el IV Congreso de Alianza Popular, celebrado en Madrid entre el 13 y el 15 de febrero, arrinconó a los franquistas más recalcitrantes y dio relieve a figuras algo más liberales, como el abogado madrileño Félix Pastor Ridruejo y la escritora Carmen Llorca[13].

Tras el fracaso del 21 de febrero, el presidente en ciernes se vio obligado a esperar dos días para una segunda votación de investidura, en la que necesitaba solo la mayoría simple. A las 18.20, cuando la votación acababa de comenzar, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero llegó a las Cortes en autobuses privados, adquiridos expresamente por la esposa de Tejero. Acto seguido irrumpieron en el hemiciclo y tomaron como rehenes a todos los diputados. El general Gutiérrez Mellado mostró un gran valor personal al enfrentarse a los asaltantes y ordenarles que abandonaran la cámara, por lo que se le zarandeó violentamente; idéntico fue el comportamiento de Adolfo Suárez, que acudió en su auxilio. Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún fueron encerrados como «superrehenes» en habitaciones separadas. Tejero telefoneó al cuartel general de Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Región Militar de Valencia, con un mensaje escueto y revelador: «Aquí Pavía. Todo en orden. Objetivo alcanzado. Sin novedad». La clave «Pavía» aludía al general del siglo XIX que puso fin a la Primera República amenazando con su artillería las Cortes.

Luego Tejero volvió a la cámara y anunció que muy pronto se presentaría una personalidad militar de alta graduación para hacerse cargo de las cosas.

Pocos minutos después de la llegada de Tejero a las Cortes, Milans del Bosch declaró el estado de alarma en la Comunidad Valenciana. Cada quince minutos, la emisora de radio local transmitía una proclama o bando de Milans que empezaba así: «A la luz de los acontecimientos en la capital y del consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la Región Militar bajo mi mando hasta que reciba instrucciones de Su Majestad el Rey». El uso no autorizado de su nombre ofendió particularmente a Juan Carlos. El bando disponía la militarización de todos los servicios públicos, imponía el toque de queda a las nueve y prohibía toda actividad política. Los carros de combate tomaron posiciones ante los edificios públicos importantes. En las oficinas de los sindicatos y partidos políticos hubo un trajín frenético para destruir archivos de afiliación y documentos que pudieran ser utilizados en una purga de la ultraderecha. En el País Vasco se produjo una riada de coches hacia la frontera para refugiarse en Francia. En Asturias, sin embargo, el PSOE y la UGT locales publicaron una condena del golpe y el sindicato minero SOMA-UGT declaró una huelga general[14].

En diferentes lugares de España se dieron movimientos misteriosos de tropas, y en Madrid, con las calles desiertas, los estudios de radio y televisión de Prado del Rey fueron ocupados por una unidad de la División Acorazada Brunete a las 19.48. Los ocupantes ordenaron que la emisora transmitiera tan solo marchas militares. A las 21.20 recibieron orden de retirarse y obedecieron. Según se supo más tarde, la orden partió del general Alfonso Armada y Comyn que, como segundo jefe del Estado Mayor, estaba aparentemente haciendo gestiones para que Tejero liberara a los diputados de las Cortes. En realidad, Armada representó un papel peligroso y ambiguo en los acontecimientos conocidos como el «tejerazo». Explotando con astucia el fanatismo ciego de Tejero, el aristocrático Armada buscaba el momento oportuno para implantar su fórmula, al estilo De Gaulle, de un Gobierno de salvación nacional. A modo de «sacrificio patriótico», y con el fin de poner término a la peligrosa situación en las Cortes, se ofrecería para formar un Gobierno sin aparentar haber participado en la iniciación del golpe. Presuntamente, el plebeyo Tejero serviría de chivo expiatorio.

En definitiva, el golpe fracasó porque la actuación decisiva del rey y de sus colaboradores más cercanos puso en evidencia las ambigüedades y los preparativos inadecuados de los conspiradores. Las principales conspiraciones, larvadas a lo largo de 1980, convergieron de una forma temeraria y precipitada. Milans y los coroneles de la DAC proyectaban un golpe al estilo turco o chileno seguido por una purga draconiana de la izquierda, una «guerra sucia» contra ETA y el retorno al centralismo rígido. La esperanza de contar para ello con el apoyo del rey condujo al contacto con Armada, que se presentó de forma fraudulenta como un agente real. Soñando con la templada Operación De Gaulle, y viéndose él mismo en el papel de gran hombre, Armada esperaba utilizar la amenaza de los coroneles como un chantaje a la clase política para obligarla a apoyar su Gobierno de gestión. Pero la dimisión prematura de Suárez desbarató ambos planes. Así pues, tomó la decisión fatal de adelantar la fecha del golpe para permitir que el volátil e incontrolable Tejero fuera su ariete.

En el comportamiento de Armada se adivina una extraña mezcla de arrogancia y paternalismo que le indujo a creerse intérprete de deseos inexpresados de Juan Garlos y a presentarse como portavoz del rey ante sus hermanos de armas. Había establecido ya contacto con políticos del PSOE, del PCE y de Coalición Democrática a fin de formar un sólido Gobierno de coalición y salvación nacional bajo su presidencia. Durante muchos años Armada había sido uno de los tutores de Juan Carlos y secretario general de la Casa Real, hasta que se le destituyó en 1977, al parecer por su intromisión en la política. Después de desempeñar diversos cargos se le había hecho volver a Madrid el 12 de febrero de 1981, contra la opinión de Adolfo Suárez, para ocupar el puesto de segundo jefe del Estado Mayor General. Su ostentación de intimidad con el rey le permitió hacer creer a Milans y a otros mandos militares situados en puestos clave que tenía la autorización real para dar un golpe y formar un Gobierno bajo su propia presidencia. Su amistad con Milans se remontaba a los días de Rusia, cuando estuvieron juntos en la División Azul. Era también un amigo cercano del general Torres Rojas.

En el almuerzo con Milans el 10 de enero, Armada había sugerido que el rey estaba preocupado por el deterioro de la situación política y que tenía mucho interés en licenciar a Suárez. Milans creyó de manera errónea que Armada era verdaderamente un enviado del rey. Desde ese instante, el general se mantuvo informado a través del coronel Diego Ibáñez Inglés, un ayudante de Milans, sobre la marcha de la conspiración. El 18 de enero, Milans, Torres Rojas, Tejero y el civil ultra García Carrés se reunieron en Madrid. Los tres protagonistas principales del golpe, Tejero, Milans y Armada, tenían ambiciones diferentes, lo que había de representar una desventaja importante para ellos. No obstante, es evidente que durante toda la operación Milans y Tejero tuvieron el convencimiento de estar actuando con la aprobación del rey. Esa convicción no podía proceder sino de Armada, que esperaba, según parece, que el fait accompli «Tejero-Milans del Bosch» obligara a Juan Carlos a ceder a su plan para un Gobierno de salvación nacional con todos los partidos. La prueba de que Armada estaba jugando un doble papel podría haberse deducido del hecho de que tenía siempre sumo cuidado en no reunirse nunca con más de un conspirador cada vez. La ausencia de testigos le permitiría alegar, si algo no salía bien, que no había tenido nada que ver con la conspiración y solo había presentado su «solución» como un gesto desinteresado.

Hoy todavía se cierne la duda sobre lo que Armada contaba a los políticos que quería ver en su coalición. Se sabe que tenía amistad con Alfonso Osorio, y además había establecido contacto con el PSOE por conducto de Múgica. Al parecer, todo se limitó a sondeos genéricos, para no alertarles sobre lo que proyectaba. Al mismo tiempo, utilizaba sus contactos con los políticos para convencerse a sí mismo, y a sus compañeros de conspiración, de su idoneidad como presidente de un Gobierno de salvación nacional. Esta es la conclusión más probable que cabe inferir de un almuerzo celebrado en su domicilio el 16 de febrero. Asistieron el capitán general de Cataluña, Antonio Pascual Galmés; el jefe del Estado Mayor General de Ejército, general José Gabeiras Montero; el jefe de la Casa Real y marqués de Mondéjar, Nicolás Cotoner y Cotoner y el diputado comunista catalán Jordi Solé Tura. El motivo del almuerzo era la discusión de los preparativos para la próxima visita real a Barcelona. El rey debía presidir el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebraría por vez primera fuera de Madrid. Era un tema que interesaba, evidentemente, a todos los comensales, y casi con seguridad fue la raison d’être del almuerzo. Pero a los ojos de los confabulados con Armada, la reunión podía significar tan solo que estaba recabando apoyo del rey, de los escalones más altos del ejército y de los políticos. Cualesquiera que fuesen las opiniones de los conspiradores respecto a su proyectado gobierno —para Tejero era intolerablemente liberal—, tales reuniones les permitieron llegar al 23 de febrero con la confianza de que Armada había envuelto el golpe en una aureola de legitimidad[15].

La tarea de desmantelar el golpe corrió a cargo de un triunvirato compuesto por el propio rey, el secretario general de la Casa Real, general Sabino Fernández Campos, y el nuevo director general de Seguridad, Francisco Laína García. Les respaldaron el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general José Cabeiras Montero, y el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci. En el Ministerio del Interior se estableció un Gobierno provisional integrado por los subsecretarios de cada ministerio bajo la dirección de Laína. Desde el Hotel Palace, frente a las Cortes, el inspector general de la Policía, general José Sáenz de Santamaría, y el director general de la Guardia Civil, general José Aramburu Topete, dirigieron las operaciones locales. En determinado momento, Aramburu entró en las Cortes e intentó negociar a solas con Tejero para hacerle desistir. La respuesta de Tejero fue amenazar al general Aramburu con matarle y suicidarse después. Sáenz de Santamaría rodeó las Cortes con unidades de la policía para impedir que algún grupo subversivo se uniera a los de dentro. Es significativo hacer constar que la policía, pese a las dudas razonables sobre su lealtad en los cuatro años precedentes, aportó una contribución importante para bloquear el golpe. Aunque a fin de cuentas no fuera necesario, el general Sáenz de Santamaría preparó también, como un recurso de última instancia, un asalto de los GEO (Grupos de Operaciones Especiales).

Secundados por el general Gabeiras Montero, el rey y sus ayudantes entablaron una batalla telefónica para asegurarse la lealtad de los capitanes generales de las demás regiones militares. Se temía que Milans contara ya con apoyos decisivos, al haber convencido a otros generales de que la solución Armada contaba con el respaldo real. Hubo muchas vacilaciones; los capitanes generales se mantuvieron durante toda la noche en contacto casi continuo con Milans y con el palacio de la Zarzuela. Si el rey se hubiese mostrado dispuesto a abandonar la Constitución, es casi seguro que los generales habrían lanzado alegremente sus tropas a la calle. Si se miran las cosas desde esa perspectiva, solo el rey se interpuso entre la democracia española y los que querían su destrucción. La tarea de su comité de urgencia se hizo algo más sencilla gracias a las declaraciones inmediatas de lealtad y apoyo de Antonio Pascual Galmés, capitán general de la IV Región (Cataluña), y de Jesús González del Yerro, capitán general de las islas Canarias. El hecho de que González del Yerro, conocido como un reaccionario de la línea dura, mantuviese su juramento de lealtad al rey y a la Constitución es un tributo al papel que desempeñó Juan Carlos en la noche del 23 de febrero y durante todo el periodo de transición.

El capitán general de Zaragoza, Antonio Elícegui Prieto, se pronunció también, después de ciertos titubeos, por la Corona. En cambio, un conocido ultra, Pedro Merry Gordon, capitán general de la II Región Militar (Sevilla), estuvo a punto de sacar los tanques a las calles de la capital andaluza. Pasó casi toda la noche al teléfono, hablando con la Zarzuela y con el cuartel general de Milans del Bosch. No se confirmó su lealtad hasta primeras horas de la mañana. La actitud de otro militar, Ángel Campano López, capitán general de Valladolid, fue ambigua. En ambos casos, la intervención resuelta de los gobernadores militar y civil de ambas ciudades, general Manuel María Mejías y Román Ledesma en Valladolid, y general Manuel Esquivias Franco y José María Sanz Pastor en Sevilla, impuso cautela a los dos capitanes generales.

La mayor fortaleza del golpe, y al mismo tiempo su debilidad fatal, fue la ambigüedad del general Armada. Ese hecho se manifestó en el papel representado por la División Acorazada Brunete, que debería haber sido uno de los elementos cruciales del golpe. La intervención de la DAC, de haberse producido, habría tenido un carácter decisivo para el control de Madrid. Cuando se dio el golpe, el general al mando de Brunete, José Juste Fernández, iba camino de Zaragoza para inspeccionar algunas unidades que estaban de maniobras allí. El comandante anterior, e importante miembro de la conspiración, general Torres Rojas, se hallaba presente en el cuartel general de la DAC, presto a tomar el mando en ausencia de Juste; era gobernador militar de La Coruña desde su destitución de la DAC en enero de 1980, y había obtenido el permiso para trasladarse a Madrid del capitán general de La Coruña, general Manuel Fernández Posse. El jefe de Estado Mayor de la DAC, teniente coronel San Martín, antiguo director del servicio secreto de Carrero Blanco y otro de los principales conspiradores en el golpe, acompañaba a Juste. Por el camino telefoneó a la DAC, y luego participó a Juste que debían regresar a Brunete.

Llegado a su cuartel general, el general Juste se enteró, si es que no lo sabía ya, de cuáles eran las intenciones de Milans del Bosch. Inmediatamente telefoneó al palacio de la Zarzuela, esperando encontrar allí a Armada al mando de las operaciones y bajo la tutela del rey. Al decírsele que Armada no estaba allí ni se le esperaba, al parecer contestó: «Eso lo cambia todo». Luego llamó por teléfono a Capitanía General. Bajo la atenta supervisión del general Quintana Lacaci, Juste impuso su mando al grueso de la división, y Torres Rojas se vio forzado a emprender el regreso a La Coruña. Así resultó posible atajar la movilización de casi todas las unidades preparadas para ocupar Madrid, con la excepción de algunos policías militares al mando del comandante Ricardo Pardo Zancada, que se habían reunido ya con Tejero. La llamada telefónica de Juste suscitó serias dudas acerca de su propia posición. Más tarde, Tejero declararía que Juste estaba enterado del golpe y de la presencia de Torres Rojas con anterioridad a su partida hacia Zaragoza, pero que no quería verse directamente implicado. Por otra parte, la actitud de Juste durante la noche del 23 de febrero contribuyó a salvar la situación. Y lo más importante, su comunicación telefónica con la Zarzuela alertó al rey y a su Estado Mayor de que Armada estaba más o menos implicado y, por tanto, no era de fiar.

La tarea de Laína, Gabeiras y Quintana Lacaci se vio dificultada por el hecho de que los tres tardaron bastante en desentrañar el complejo juego en que estaba empeñado Armada. Sus alusiones a una posible participación del rey eran la carta más valiosa en manos de los golpistas. Pero finalmente se vio claro que Armada era, de hecho, la «personalidad militar de alta graduación» a quien esperaba Tejero. Las sospechas despertadas por la llamada del general Juste a la Zarzuela quedaron confirmadas cuando Tejero rechazó todo mediador que no fuese Armada o el propio rey. Armada entró en las Cortes a las 12.30 del día 24 y habló con Tejero durante tres cuartos de hora más o menos. Le propuso ofrecer a los diputados detenidos la idea de un Gobierno de salvación nacional bajo su propia presidencia. Luego, dentro de esa «solución constitucional», las Cortes presentarían la propuesta al rey. Si la idea hubiera tenido éxito, habría exculpado a Armada y, por añadidura, le habría dado la jefatura del Gobierno. Desgraciadamente para él, Tejero rechazó de plano la idea de un Gobierno con participación de socialistas y, quizá, incluso de un comunista como muestra. Él quería una Junta al estilo Pinochet para aplastar a la izquierda y revocar las autonomías regionales, no un compromiso blando y aceptable para la mayoría del Parlamento. En cualquier caso, la duplicidad de Armada era ya objeto de sospechas tanto en la Zarzuela como en el Ministerio del Interior.

Se necesitaron dieciocho horas en total para conseguir la rendición de Tejero. Sin embargo, el golpe empezó a fracasar desde el momento en que Juan Carlos apareció en televisión, a las 1.15 del 24 de febrero. Esta aparición había sufrido una demora por la presencia de tropas en Prado del Rey y las dificultades para trasladar un equipo de cámaras al palacio de la Zarzuela, lo que no se había podido hacer hasta después de las 21.30. Aquella emisión de efectos decisivos anunció que la Corona no toleraría ninguna acción encaminada a interrumpir por la fuerza un proceso democrático que había sido determinado por una Constitución ratificada por refrendo popular. Milans recibió una llamada telefónica del rey, que le hizo saber con suma claridad que se oponía al golpe, que no abdicaría ni abandonaría España y que si triunfaban los rebeldes, tendrían que fusilarle. Un télex despachado una hora después confirmó el mensaje telefónico y advirtió a Milans que él y sus compañeros de conspiración estaban exponiéndose a desatar una guerra civil. Al comprender la inutilidad de seguir pretendiendo que gozaba del apoyo real y saber que los demás capitanes generales no le respaldaban, Milans retiró las tropas de la calle a las 4.00. Exhausto y abandonado, Tejero negoció por fin su rendición con el omnipresente general Armada. El propio Armada sería arrestado al día siguiente.

Los diputados abandonaron la Cámara el mediodía del 24 de febrero. Varias horas más tarde, después de una prolongada y efusiva ovación para el rey, dieron su aprobación a la investidura de Calvo Sotelo por ciento ochenta y seis votos contra ciento cincuenta y ocho. Felipe González se ofreció a participar en un Gobierno de coalición. La medida en que el rey había sabido hacerse intérprete de los deseos de su pueblo quedó ilustrada gráficamente el 27 de febrero, cuando tres millones de personas se manifestaron a favor de la democracia en Madrid y otras ciudades. Sin embargo, esa unanimidad no fue posible en el País Vasco por la disconformidad de Herri Batasuna. De hecho, el fracaso del golpe no resolvió los problemas pendientes del régimen democrático. Juan Carlos hizo resaltar ese punto cuando recibió a Adolfo Suárez, Felipe González, Agustín Rodríguez Sahagún, Santiago Carrillo y Manuel Fraga la tarde del 24 de febrero. El mero hecho de que el rey se hubiese visto obligado a exponer su prestigio y seguridad personal denotaba que la clase política de España en general, y la dirección de UCD en particular, habían cometido un grave error de cálculo respecto al talante del ejército durante el periodo de transición. Es cierto que los conspiradores calcularon mal sus fuerzas. Sin embargo, tanto sus esperanzas iniciales como su decepción final dependían de la actitud que adoptase Juan Carlos.

El 23-F, como se dio en llamar al golpe, significó una cruda refutación de la táctica conciliatoria de UCD respecto a las Fuerzas Armadas. Por una u otra causa, España había perdido su camino después de 1979. Las grandes conquistas del periodo 1976-1979, el pacto democrático y el consenso que contribuyeran a crear un Estado democrático con un alto grado de autonomía regional, se habían visto eclipsadas por la incapacidad de Suárez y sus diversos gobiernos. Hasta cierto punto, Suárez había gobernado con arreglo al principio pragmático de dejar que las cosas siguieran su curso a menos que la protesta popular o el terrorismo le obligaran a proceder de otro modo. Hubo logros sustanciales, pero crecieron también las políticas del chantaje y del terror. Se demostró que el equipo que, con la oposición pisándole los talones, había sido idóneo para encauzar el cambio democrático a través de las instituciones franquistas no tenía la misma idoneidad para tratar los problemas de la inflación y el desempleo, del terrorismo y de la subversión militar. Ahora bien, la derrota de Tejero proporcionaba al país una segunda oportunidad. Si se pudiera convertir de una u otra forma la transición legal y formal en un cambio sustancial y auténtico, el «desencanto» se disiparía pronto.

El espíritu nacional de cooperación posterior al 23-F se reflejó en el nuevo gobierno del taciturno Leopoldo Calvo Sotelo. Para asegurar de inmediato la continuidad administrativa, así como eliminar cualquier sugerencia de lo que los golpistas denominaron ansiosos un «vacío de poder», el presidente hizo unos cuantos cambios. Su equipo significó también, como el gobierno de Suárez de los «barones», al que se parecía mucho, un intento para distribuir equitativamente el poder dentro de UCD. Martín Villa continuó supervisando el proceso autonómico desde el Ministerio de Administración Territorial, y había dos «martinvillistas» más: su amigo íntimo y colaborador Juan José Rosón Pérez, que permaneció en el Ministerio del Interior, y Jesús Sancho Rof, que asumió la cartera de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Los cristianodemócratas estuvieron también bien representados por Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona en Educación; Iñigo Cavero Lataillade en Cultura; José Luis Álvarez Álvarez, exalcalde ucedista de Madrid, en Transportes, y Luis Ortiz González en Obras Públicas. Es curioso, dado el instinto sobremanera conservador de Calvo Sotelo, que hubiera asimismo una nutrida presencia socialdemócrata. El poderoso Ministerio de Economía y Comercio permaneció en manos de Juan Antonio García Díez, que además de sus grandes dotes, contaba con la estrecha amistad que le unía al nuevo presidente. El Ministerio de Hacienda se situó también en la órbita socialdemócrata de la economía al recaer su dirección en Jaime Añoveros García.

El «barón» restante, Francisco Fernández Ordóñez, continuó como ministro de Justicia. Al continuar la batalla por la legalización del divorcio, su nombramiento sería el escollo en el que el Gobierno iba a estrellarse y fraccionarse. Ordóñez constituyó la única excepción flagrante en un gobierno cuyo presidente había sabido distribuir satisfactoriamente las parcelas de poder que las diversas facciones de UCD consideraban como propias. Los «exazules», capitaneados por Martín Villa, dominaban los ministerios que correspondían más o menos a las áreas controladas antaño por el Movimiento: Trabajo, Seguridad Social y Administración Local. Los socialdemócratas, que representaban la tendencia ucedista que podía presentarse de forma más convincente como reformista, buscaron y consiguieron un alto grado de control en el área que necesitaba con mayor urgencia una reforma, la economía. Los cristianodemócratas dirigían los ministerios de interés católico tradicional, Educación y Cultura. Sin embargo, se les escapó el Ministerio de Justicia, que tradicionalmente había estado administrado por una figura próxima a la Iglesia, por lo menos en tiempos de Franco. Más tarde, su oposición a los proyectos reformistas de Fernández Ordóñez aceleraría el colapso de UCD. No obstante, toda la atención se centró a corto plazo en el Ministerio de Defensa. Se encomendó la tarea de erradicar el golpismo y reparar las relaciones civiles y militares a Alberto Oliart Saussol. Oliart no era un barón, sino un abogado poco conocido en el país, que había protagonizado una brillante carrera en diversos departamentos gubernamentales durante el periodo franquista y que contaba con poderosas conexiones bancarias. Su fama era de liberal, y se apresuró a manifestar que su objetivo era adaptar la legislación militar a la Constitución[16]. Se trataba de una tarea espinosa y delicada. En los dieciocho meses siguientes, la docilidad ostensible de Oliart respecto al ejército hizo suponer más de una vez que ocurría todo lo contrario y que los militares estaban adaptando la Constitución a sus propios deseos.

Verdaderamente, a medida que avanzaba el año 1981 se llegó a la convicción creciente de que el «golpe blando» de Armada había tenido éxito hasta cierto punto, y que la política se había situado bajo el control remoto de las autoridades militares, que constituían una especie de Gobierno en la sombra. Esa impresión se basaba en primera instancia en una declaración del rey a los líderes de los grupos parlamentarios cuando los recibió el 24 de febrero. En tal ocasión les dijo que «una reacción abierta y dura de los partidos políticos contra quienes habían cometido actos subversivos en las últimas horas sería sumamente desaconsejable, y que sería más contraproducente todavía extender esa reacción al conjunto de las Fuerzas Armadas». Les exhortó después a reconsiderar sus posiciones con objeto de promover el máximo nivel posible de unidad y concordia en España, y señaló que él no podría hacer de nuevo lo que acababa de hacer[17].

No obstante, el fénix de la democracia española iba a surgir de nuevo de las cenizas del 23-F. Las manifestaciones del 27 de febrero marcaron el final del desencanto. Con su acción, Tejero había causado inadvertidamente el efecto contrario al que pretendía: la población en conjunto volvió a apreciar todo el valor de las instituciones democráticas. Calvo Sotelo se apresuró a romper con los aspectos más negativos del mandato de Suárez. Incluso expresó el deseo —desaconsejado de inmediato por los servicios de seguridad— de abandonar la Moncloa y trasladarse al despacho presidencial en pleno centro de Madrid, para estar menos aislado. Anunció que pensaba aparecer con más frecuencia en el hemiciclo parlamentario y ante la prensa, y se apresuró a demostrar que quería hacer lo que decía. Inició una serie de consultas regulares con los líderes de los demás partidos y con los generales de mayor rango. En general hubo una nueva atmósfera de seriedad en el palacio de la Moncloa. Al cabo de tres meses, los sondeos de la opinión pública empezaron a reflejar la satisfacción con relación al nuevo enfoque de Calvo Sotelo[18].

El cambio de ambiente se evidenció también en las ofertas hechas por Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo para apoyar al Gobierno en las Cortes. Incluso ETA-PM contribuyó. El 21 de febrero, la organización había secuestrado a tres cónsules extranjeros, a modo de extraña protesta por la muerte de Arregui. Pues bien, liberó a los tres y anunció un alto el fuego por tiempo indefinido. Como ocurrió tras una iniciativa vasca de paz propuesta el 22 de febrero por Mario Onaindía, de Euskadiko Eskerra, se perfiló el comienzo de una desaparición gradual, aunque accidentada, de ETA-PM. La prensa del búnker lo interpretó como una prueba de que el «tejerazo» había sido una iniciativa positiva y patriótica[19]. El temor a la carnicería que probablemente habría desatado Tejero y las reflexiones sobre lo absurdo de la intentona militar para resolver los múltiples problemas económicos de España contribuyeron en igual medida a dar a la democracia española una segunda oportunidad. Desprovista de los elementos de euforia que rodearon el cambio de régimen en 1977, la democracia aparecía ahora como un asunto profundamente serio, una cuestión de vida o muerte para la nación entera. De no haber sido por las divisiones existentes dentro de su partido, es posible que Calvo Sotelo hubiera podido aprovechar mejor el nuevo espíritu de cooperación nacional.

El programa de Calvo Sotelo, anunciado ya antes de los acontecimientos del 23 de febrero, era en extremo moderado: ingreso en la OTAN, compromiso con la economía de mercado, reducción del nivel de gasto público, estímulo de la inversión privada y contención salarial. El 7 de marzo, el nuevo presidente dio su primera conferencia de prensa y restó importancia, de forma poco convincente, al golpe como un incidente aislado en una línea general de lealtad militar a la democracia. La misma delicada atención para con la sensibilidad del ejército se reflejó en la sesión de las Cortes celebrada a puerta cerrada el 17 de marzo para deliberar sobre el golpe. El Gobierno y la oposición convinieron en que era preciso intensificar la campaña antiterrorista. También hubo consenso acerca de que el avance relativamente rápido hacia las autonomías regionales, que había encolerizado tanto a los militares, debería tomar un ritmo más pausado. La afirmación de que las regiones no deberían plantear peticiones exageradas condujo a la elaboración de la famosa Ley de Administración del Proceso Autonómico (LOAPA). La LOAPA, consensuada por la UCD y el PSOE y presentada a las Cortes el 29 de septiembre de 1981, era un intento de mutilar las concesiones a las regiones. No podía sorprender, pues, que algunos periodistas comentaran que los militares golpistas, lejos de sufrir castigo por su intentona frustrada, podían contemplar satisfechos la culminación de algunos de sus objetivos. Pero los recursos al Tribunal Constitucional de los gobiernos autonómicos vasco y catalán conseguirían a su vez en 1982 mutilar o, por lo menos, congelar la LOAPA. No obstante, en aquellos días esta se convirtió en el símbolo más evidente de que, en 1981, España vivía como una democracia vigilada.

La impresión quedó confirmada cuando muchos de los comparsas en el golpe del 23-F quedaron en libertad entre marzo y abril. La publicación de un artículo escrito por Tejero en defensa del golpe reveló a la opinión pública toda la dimensión de los privilegios acordados con los conspiradores en prisión. Los golpistas esperaban el juicio en unas condiciones de comodidad muy considerables y recibieron prácticamente sin límite las visitas de sus simpatizantes[20]. La aparente tutela militar del Gobierno pareció confirmarse en abril, cuando varios oficiales liberales de la UMD vieron rechazada otra vez su solicitud de reincorporación a filas. A la luz de los afanes constantes de UCD por aplacar en cualquier ocasión a las Fuerzas Armadas, la prisa indecente con que el Gobierno condujo el tema del ingreso en la OTAN se interpretó como una tentativa más de ganarse el favor de los militares. Casi con seguridad, el Gobierno opinaba que la integración de las Fuerzas Armadas españolas en el sistema de defensa occidental las distraería de su malsana inclinación a inmiscuirse en la política nacional. Cuando el PSOE se opuso al ingreso, se le acusó de intentar romper la baraja. Paradójicamente, su actuación fue bien vista por los militares. Incluso los oficiales que celebraban el acceso al armamento moderno implícito en la incorporación a la OTAN aprobaron la posición socialista porque, en la incapacidad de UCD para negociar más concesiones a cambio de la integración, vieron una especie de humillación nacional. En los círculos militares predominaba la convicción de que se debería haber sacado mejor partido del ingreso y que España estaba ofreciendo a la OTAN más de lo que recibía a cambio[21].

Sin embargo, el ambiente predominante en 1981 fue, en general, de temor. Los artículos publicados regularmente por El Alcázar defendiendo a Tejero eran la mejor prueba del escaso arrepentimiento existente en los círculos ultras[22]. Las incesantes actividades terroristas de ETA-M y el GRAPO alimentaban el miedo a lo que podría hacer el ejército. Los «milis» no emularon el alto el fuego ofrecido por ETA-PM. El 1 de marzo, al fallar el dispositivo con el que pretendían volar dos vehículos policiales en la carretera de Sestao a Portugalete, junto a Bilbao, dispararon sus ametralladoras, hiriendo a un transeúnte inocente. El 5 de marzo un veterano inspector de policía, José Luis Raymundo Moya, fue asesinado en Bilbao. Fiel al nuevo estilo presidencial, Calvo Sotelo asistió a su funeral. El líder del PSOE vasco, Txiki Benegas, acusó a ETA-M de alinearse de manera objetiva con los golpistas. Ciertamente, el terrorismo continuo de ETA-M —un coronel del ejército asesinado el 19 de marzo en Bilbao y otro el 21 en Pamplona— fue la demostración palmaria de lo fundado de la acusación[23]. ETA-M se negaba a reconocer la existencia de la democracia y del apoyo popular que la alentaba. Para justificarse, necesitaba el establecimiento de una cruel dictadura militar y estaba dispuesta a seguir asesinando para aplicar su lógica lunática. El aserto de Benegas quedaría demostrado trágicamente en 1984, cuando ETA-M asesinó al general Guillermo Quintana Lacaci, el capitán general de Madrid que tanto contribuyó a frustrar el «tejerazo».

La determinación tomada por Calvo Sotelo de combatir con energía las amenazas a la democracia se manifestó muy rápido con la presentación en las Cortes de una ley para la defensa de la Constitución, que hacía posible intervenir contra la prensa, tanto por parte del búnker como de ETA-M. Le siguió el anuncio, el 23 de marzo, de nuevas medidas para combatir a ETA. El ejército intervino para vigilar la línea fronteriza con Francia, y se estableció un Mando Único Antiterrorista, dependiente del Ministerio del Interior, para coordinar las actuaciones de la policía, la Guardia Civil y el ejército. A su frente se colocó a Manuel Ballesteros, el duro exjefe de policía de Bilbao. Los puestos fronterizos fueron sometidos a una vigilancia más estrecha, y se equipó mejor a las fuerzas de orden público en el País Vasco y Navarra. Había cierto temor de que pudiera reavivarse el apoyo popular a ETA-M; sin embargo, el peso de la hostilidad popular contra los terroristas significaba un margen de confianza a Calvo Sotelo y a su ministro del Interior, Juan José Rosón, que posibilitó la adopción de medidas enérgicas[24].

Tres meses después de asumir el poder, Calvo Sotelo podía observar con satisfacción que la opinión pública aprobaba su estilo de gobierno y que el espíritu de cooperación después del «tejerazo» seguía aún vivo entre los partidos políticos. Sin embargo, en el horizonte se cernían nubes tenebrosas, que empezaron a acumularse seriamente hacia principios de mayo. Después de rechazarse sus ofertas para un Gobierno de coalición, el PSOE empezó a mostrarse cada vez más resentido ante las prisas y el secreto con que se llevaban las gestiones gubernamentales para el ingreso en la OTAN. Hubo amenazas de romper el consenso y volver a la hostilidad abierta que caracterizó los últimos días de Suárez[25]. De cualquier forma, la política de cooperación o concertación prevaleció por el momento. No obstante, Calvo Sotelo se vería muy pronto atrapado, como Suárez antes que él, por los fuegos cruzados del terrorismo y la subversión, mientras su partido dedicaba todas sus energías a las rencillas internas.

Las dificultades comenzaron el 4 de mayo cuando el GRAPO, sospechosamente resucitado, irrumpió en escena. Primero una banda asesinó en Madrid al general liberal de Artillería Andrés González de Suso. Casi a la vez, otros pistoleros del GRAPO mataron a dos guardias civiles en Barcelona. A lo largo de su historia, el barniz izquierdista del GRAPO había sido desmentido por el hecho de que sus acciones favorecían machaconamente los objetivos de la extrema derecha. La extraña coincidencia de intereses entre el terrorismo y el golpismo se pondría de relieve, para consternación general, setenta y dos horas más tarde. Un comando de ETA-M atacó con bombas el coche del general Joaquín María de Valenzuela, nuevo jefe de la Casa del Rey, resultando muertos al instante su conductor, un ayudante y un sargento, mientras él quedaba al borde de la muerte. Los ultraderechistas salieron de inmediato a la calle para clamar por una intervención militar. Fue mucho más importante, sin embargo, un notable acto solidario de masas a favor de la democracia que recordó a las manifestaciones del 27 de febrero. El 8 de mayo, a las doce del mediodía, se guardaron dos minutos de silencio en las calles, los hogares y las fábricas de España. Al día siguiente, la policía consiguió capturar al grupo que había asesinado al general González de Suso[26].

Sin embargo, esas facetas positivas quedaron más que neutralizadas por dos incidentes excepcionalmente siniestros que mantuvieron a la población en una expectación angustiosa. El 9 de mayo, tres jóvenes inocentes fueron muertos por la Guardia Civil en Almería, en circunstancias sobremanera extrañas. Detenidos bajo la sospecha de ser miembros de ETA, los tres murieron, según la versión oficial, cuando se les conducía para interrogarles, al resultar destruido su coche de forma misteriosa. La tensión se acrecentó el fin de semana del 23 al 24 de mayo cuando un grupo de hombres armados, de quienes se rumoreó que eran guardias civiles, asaltaron el Banco Central en Barcelona y retuvieron como rehenes a todo el público presente, exigiendo la liberación de los siguientes oficiales superiores: el coronel Tejero, el coronel San Martín, el general Torres Rojas y el coronel Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans. Finalmente, fuerzas especiales de los GEO entraron en el banco y liberaron a todos los rehenes[27]. Por otra parte, las frecuentes concentraciones de ultras mantenían la tensión que vivía el país. El hecho de que se juzgara solo a treinta oficiales de los casi trescientos implicados en el golpe del 23-F contribuyó a la impresión general de que el régimen democrático carecía endémicamente de fortaleza y determinación para defenderse a sí mismo. Se hizo también todo lo posible para minar la confianza popular en el rey y en la clase política mediante la difusión por los mentideros ultras de las insinuaciones de Tejero y otros golpistas sobre una posible complicidad en sus acciones y en las del general Armada.

Los sobresaltos remitieron un poco gracias a la habilidad con la que el alcalde socialista de Barcelona, Narcís Serra, organizó el Día de las Fuerzas Armadas el domingo 31 de mayo. Ese acontecimiento reemplazaba al principal desfile militar de Franco, el del Día de la Victoria, por lo que fue verdaderamente notable que los militares aceptaran Barcelona como escenario de un desfile que había tenido lugar siempre en Madrid. Los medios de comunicación interpretaron el simbolismo del cambio de escenario como una prueba de que el ejército se integraba en el sistema democrático. Cualesquiera que fuesen las negociaciones que la hicieron posible, la celebración del desfile en Cataluña, con las banderas nacional y regional ondeando juntas, representó una significativa concesión militar al proceso autonómico. Narcís Serra agradó a los oficiales superiores presentes por su cortesía, sentido común y eficiencia. Serra era uno de los miembros más capaces del PSOE, y con el amplio crédito adquirido al transformar el acontecimiento en un símbolo de reconciliación y de unidad nacional, se afirmó como un hombre con cierta ascendencia en la órbita de las Fuerzas Armadas[28]. Dieciocho meses después se le nombraría ministro de Defensa.

La imagen de eficacia proyectada por Narcís Serra ofreció un vivo contraste con la que presentó el gobierno de Calvo Sotelo. El 21 de junio, una serie de arrestos reveló que algunos coroneles derechistas habían intentado organizar otro golpe[29]. Curiosamente, la evidencia de la continuidad del golpismo dañó mucho menos la imagen del Gobierno que un escándalo formidable referente a la salud pública. Desde primeros de mayo habían muerto ya cuarenta y ocho personas, incluidos varios niños, de una misteriosa enfermedad diagnosticada como «neumonía atípica». Otros ocho mil afectados abarrotaban los hospitales, mostrando unos síntomas terriblemente dolorosos. Hacia mediados de junio se llegó a la conclusión de que la causa de esa epidemia era el aceite de colza adulterado con lubricante industrial y diversos productos químicos para que oliera a aceite de oliva. Ese aceite se vendía de manera ilegal en puestos callejeros. La principal asociación de olivareros, la Unión del Olivar Español, había prevenido insistentemente al Ministerio de Agricultura sobre la comercialización ilegal del aceite para cocinar. La práctica inexistencia de leyes de protección del consumidor en España, y la despreocupación aparente del Ministerio de Sanidad, levantaron una oleada de hostilidad pública contra el Gobierno[30].

La pésima imagen pública de Jesús Sancho Rof no fue el único problema padecido por el gobierno de Calvo Sotelo en la primavera y el verano de 1981. Los rumores sobre conspiraciones militares eran, aparentemente, interminables; pero Calvo Sotelo descubrió, como Suárez antes que él, que las rencillas internas de su partido constituían obstáculos más difíciles de superar. Había dos grandes focos de conflicto: por una parte, la hostilidad entre los cristianodemócratas, opuestos al divorcio, y Francisco Fernández Ordóñez; por otra, la pugna por la jefatura del partido, que Suárez había dejado vacante. Los cristianodemócratas se aproximaban cada vez más a Alfonso Osorio y a Coalición Democrática; Miguel Herrero y Oscar Alzaga hablaban de la necesidad de formar la «gran derecha», en coalición con Alianza Popular. Una orientación semejante ahuyentaría probablemente a Francisco Fernández Ordóñez de UCD. En efecto, cuando el sector liberal del partido participó con el PSOE en una votación sobre el divorcio el 22 de junio, los «críticos» cristianodemócratas acusaron a Fernández Ordóñez de pretender abandonar el partido para unirse a los socialistas. Al mismo tiempo, la impresión de que Suárez intentaba dirigir el partido con mando a distancia mediante Rodríguez Sahagún y Calvo Ortega era causa de descontento. Ahora se intentaba persuadir a Rodolfo Martín Villa de que asumiera la jefatura[31]. En cierto modo, lo que sucedía era la clarificación, largo tiempo pendiente, de las ambigüedades ideológicas de UCD. Sin embargo, con la contienda electoral a dos años vista, el proceso se desarrolló en un ambiente de pánico.

La impresión causada por la crisis interna permanente de UCD era la de que el partido del gobierno se entretenía en tocar el arpa mientras Roma ardía. Esa sensación se agudizó después de los arrestos del 21 de junio. El Servicio de Información Militar y un nuevo departamento policial denominado Brigada Antigolpe habían descubierto una ambiciosa conspiración ultra. Sus ramificaciones fueron conociéndose en las semanas que siguieron al arresto de dos coroneles, Ricardo Garchitorena Zalba y Antonio Sicre Canut, y del antiguo compinche de Tejero, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas. La conspiración pretendía crear una estrategia de tensión mediante una escalada de ataques con bombas llevada a cabo por grupos de militantes ultraderechistas bien pertrechados. Su culminación debía llevarse a cabo en el Camp Nou de Barcelona el 23 de junio, fecha en que se había programado una gran concentración catalanista. Simultáneamente, se secuestraría al rey y se le obligaría a abdicar. Luego se constituiría una junta militar. También se había confeccionado una lista negra de demócratas que debían ser liquidados[32]. Aunque se circunscribió a círculos ultras marginales y tuvo un impacto limitado dentro del propio ejército, el golpe proyectado causó, no obstante, una impresión considerable en todo el país.

Los intentos de Calvo Sotelo para combatir la ansiedad provocada por esos sucesos se vieron inoportunamente interrumpidos por las turbulencias internas de su partido. El 24 de julio de 1981, un grupo de treinta y nueve diputados ucedistas, bajo la dirección de Óscar Alzaga y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, anunció la creación de una llamada «plataforma moderada». Su propósito era revelar la falsa unidad y la naturaleza híbrida de UCD, impuestas por Adolfo Suárez. Querían eliminar toda veleidad socialdemócrata de UCD y transformarlo en un partido conservador sin lugar a dudas. Por tal razón, deseaban hacer retroceder las manecillas del reloj hasta la época anterior al aterrizaje de Suárez en el Centro Democrático, es decir, el año 1977, y esperaban incorporar a Alfonso Osorio y José María de Areilza. Manuel Fraga vislumbró el potencial de esa división y empezó a mencionar la necesidad de que UCD y Alianza Popular formaran una confederación en busca de lo que él denominaba la «mayoría natural». También la tendencia liberal integrada en UCD, muda desde el fallecimiento de Joaquín Garrigues Walker, estaba revitalizándose bajo la dirección de su hermano Antonio, aunque con un talante bastante más conservador.

Los diversos proyectos de los «críticos» cristianodemócratas reunidos en la «plataforma moderada» provocaron sin remedio la hostilidad de Adolfo Suárez. Unido a Abril Martorell, Rodríguez Sahagún, Arias Salgado y Calvo Ortega, el expresidente disponía todavía de un poder considerable dentro del partido. Durante el verano, Suárez concedió varias entrevistas en las que se traslució la posibilidad de que dejara UCD, una amenaza nada desdeñable en términos electorales. Así pues, la división en potencia de UCD iba adquiriendo cada vez más probabilidades de resultar funesta. El principio del fin llegó a finales de agosto. Los signos evidentes de un giro a la derecha convencieron a Francisco Fernández Ordóñez y los socialdemócratas de que sus días en el partido estaban contados. Anticipándose a los acontecimientos, dimitió como ministro de Justicia el 31 de agosto. Le sustituyó Pío Cabanillas. Dos meses después, el eternamente inquieto Fernández Ordóñez dejaba UCD con diecisiete senadores y diputados socialdemócratas, y fundaba un nuevo partido llamado Acción Democrática[33].

La defección dejó la fuerza parlamentaria de UCD reducida a solo treinta escaños más que la del PSOE. Las elecciones para el Parlamento regional de Galicia, el 20 de octubre, probaron de forma brutal hasta qué punto la crisis interna de UCD estaba surtiendo efectos externos. El triunfo de Alianza Popular fue aplastante, y UCD perdió casi las tres cuartas partes de los votos que consiguiera en las elecciones generales de 1979. El pretexto usual de que en las elecciones regionales se suele votar a los partidos regionales no tenía aplicación, porque Alianza Popular con veintiséis escaños, UCD con veinticuatro y el PSOE con diecisiete ocuparon los primeros puestos. Los socialistas quedaron segundos en casi todas las ciudades grandes, excepto Pontevedra, pero se vieron relegados al tercer puesto por los votos rurales. El resultado representó una gran humillación para el Gobierno[34]. Las deserciones crecieron en número, y no tardarían mucho en convertirse en la norma en UCD.

La unidad tambaleante de UCD contrastaba con vivacidad con el derroche inexorable de fuerza de que alardeaba el PSOE. La desintegración del PCE, un partido en rebelión contra la jefatura rígidamente autoritaria de Carrillo, había contribuido a que el PSOE se perfilara como la única opción posible de la izquierda. Todas las circunstancias convergieron en situar al PSOE como la alternativa inevitable de gobierno entre todos los partidos. Felipe González se colocaba a la cabeza en todos los sondeos de opinión como el líder más popular de la nación. Su imagen combinaba de manera clara la novedad y el sentido común. Había una gran diferencia entre él y el rostro imperturbablemente lúgubre de Calvo Sotelo. La sensación de unidad y eficacia perceptible en los socialistas se acrecentó no poco al revelarse en junio de 1981 su plan de acción para consolidar la democracia. Los objetivos de «lucha efectiva pero democrática contra el terrorismo», investigación exhaustiva del 23-F y un programa económico moderado que evitaba las nacionalizaciones indicaban en el PSOE una capacidad para afrontar los problemas nacionales mayor que la de una UCD obsesionada por su hemorragia interna. En otoño, Alfonso Guerra y Felipe González criticaron con dureza el desgobierno de UCD[35].

La capacidad del PSOE para proyectar una imagen de confianza se incrementó por el desarrollo de su XXIX Congreso, celebrado la tercera semana de octubre de 1981. El mayor peligro de disensión interna provenía del hecho de que, con los trastornos del PCE, muchos izquierdistas independientes se habían arrimado al PSOE, y se unieron para formar la Izquierda Socialista. Sin embargo, ni ellos ni el «sector crítico» más veterano —dirigido por Luis Gómez Llorente y Pablo Castellano y derrotado en 1979— pudieron sacar ningún resultado en el congreso. Y ello fue así porque el sistema de listas mayoritarias empleado en la elección de delegados provinciales los barrió literalmente por anticipado. En el congreso propiamente dicho, los escasos supervivientes del ala izquierda quedaron anulados por el procedimiento de votación de las delegaciones en bloque, con arreglo a la opinión mayoritaria o al criterio del delegado jefe. Así pues, el informe de la ejecutiva saliente resultó aprobado por el 96,6 por ciento de los delegados; con él se ratificó la decisión anterior al congreso de no admitir representación proporcional ni votos individuales para los delegados. Felipe González fue reelegido por unanimidad secretario general. Después de su triunfo pudo afirmar, con más energía que nunca, que su moderado programa podría llevar la transformación democrática de España hasta un punto que la UCD, por sus orígenes franquistas, jamás llegaría a conseguir[36].

Después de poner a UCD contra las cuerdas, los socialistas explotaron su ventaja durante todo el otoño de 1981. El Gobierno recibió un severo castigo por la ineptitud con que trató el escandaloso asunto del aceite de colza, cuya cifra de muertes era ya superior a ciento treinta. Bajo la dirección de su portavoz para la Sanidad, Ciriaco de Vicente, el PSOE actuó como una oposición responsable y firme, exigiendo la dimisión de los ministros cuya negligencia había puesto en peligro millares de vidas. Los socialistas dieron la clara impresión de ser los únicos que representaban verdaderamente los intereses del ciudadano español. Y la campaña anti-OTAN del PSOE causó el mismo efecto: no solo consiguió capitalizar el incipiente movimiento pacifista, también supo aprovechar el hecho de que los españoles, al no haber sufrido la ocupación nazi, tenían menos propensión a alarmarse ante los peligros de la posible invasión de una superpotencia totalitaria.

El colapso interno de la UCD, las apasionadas protestas por el aceite de colza y el debate sobre la OTAN impulsaron a cientos de miles de votantes, que antes habían optado por el centro izquierda de UCD, hacia la órbita del PSOE. Al mismo tiempo, el derrumbe del Partido Comunista aportó una ganancia electoral muy considerable al PSOE, ya que una parte importante de su electorado optó por dar su voto a la única opción útil de la izquierda. Por añadidura, la obsesión del PCE por su propio colapso eliminó una fuente de críticas que potencialmente podían dañar la trayectoria cada vez más moderada del PSOE. Hacía ya largo tiempo que el PCE se desesperaba con la imposición de la caduca dirección que Santiago Carrillo trajera de París en 1977. Su plomizo estilo burocrático había acarreado una lucha de aniquilamiento mutuo, con la consecuencia de la pérdida incesante de militantes desde los últimos años de los setenta. En parte, el conflicto derivaba de la participación comunista en el pacto de la Moncloa en octubre de 1977, que implicaba el riesgo para el partido de verse acusado de contribuir a que los trabajadores pagasen los costes de la crisis económica. La polémica sobre si convenía adoptar una política más moderada o más revolucionaria afloró a la superficie en el IX Congreso de abril de 1978, cuando Carrillo consiguió imponer el abandono del leninismo pese a una oposición sustancial[37].

A raíz de entonces, el liderazgo de Carrillo fue combatido desde dos frentes. Por un lado, la oposición prosoviética, particularmente nutrida en Cataluña, era partidaria de una línea dura, más revolucionaria. A este grupo se le conocía como «afgano», una alusión a su defensa de la invasión soviética en Afganistán. Por otro lado, el grupo eurocomunista extremo, los denominados «renovadores», pedía que el partido se abriese a las corrientes diversas de la sociedad. Reincidiendo en los hábitos estalinistas de su juventud, Carrillo reaccionó con violencia contra los «renovadores» y expulsó a muchos de los elementos más capacitados del PCE, incluidos varios de sus más cercanos colaboradores. En noviembre de 1981, la aplicación de «sanciones administrativas» a figuras muy conocidas, como el experto del PCE en relaciones internacionales Manuel Azcárate y los concejales comunistas del Ayuntamiento de Madrid, reveló el estalinismo residual de Carrillo al gran público. Hubo crisis constantes en los partidos catalán, vasco y asturiano. En el otoño de 1981, buena parte del Partido Comunista del País Vasco (EPK) se desligó al mando de Roberto Lertxundi para unirse a Mario Onaindía en Euskadiko Eskerra[38]. Este episodio, junto al inacabable goteo de deserciones de los intelectuales del partido, condujo a la convicción generalizada de que el PCE era un moribundo que probablemente sería aniquilado en las próximas elecciones.

Una impresión no muy dispar sobre UCD se fue generalizando del mismo modo. El 2 de noviembre de 1981, el comité ejecutivo del partido celebró una reunión para discutir el desastre electoral en Galicia. En la reunión se anunció la salida de Ordóñez, y Calvo Sotelo habló abiertamente sobre el impacto de la crisis interna. «No se puede gobernar con seriedad —comentó mordaz— mientras estamos saliendo en las páginas de sucesos». Al sucederse de modo tan inmediato al deslumbrante alarde de unidad del PSOE, los conflictos que se discutían en la reunión de UCD ofrecieron un espectáculo deplorable. Adolfo Suárez hizo el siguiente comentario: «Es tal el deterioro que nos hemos infligido, que si no fuéramos nosotros de UCD, no nos votaríamos a nosotros mismos». Ahora se calificaba de destructiva la separación entre los cargos de presidente del consejo y presidente del partido que se impuso en el II Congreso de UCD en Palma de Mallorca y que permitía a Suárez seguir controlando el partido a través de su presidente, Agustín Rodríguez Sahagún, y su secretario general, Rafael Calvo Ortega. Lo que, de paso, dejaba irremediablemente débil la posición de Calvo Sotelo. En un momento en que necesitaba tener un partido unido detrás suyo, este se resquebrajaba por la pugna por el poder entre los «críticos» cristianodemócratas y la alianza de los socialdemócratas y los seguidores de Suárez. Ahora, con Fernández Ordóñez fuera del partido, Suárez perdía fuerza[39] y Calvo Sotelo creyó tener al fin una oportunidad para imprimir su propia autoridad en el partido. Pero no había contado con la capacidad destructiva de los cristianodemócratas conservadores capitaneados por Miguel Herrero y Óscar Alzaga.

La reunión del 2 de noviembre engendró en el partido la convicción de que Calvo Sotelo debía asumir la presidencia de UCD. Particularmente, el siempre eficiente Martín Villa había llegado a la conclusión de que la hostilidad entre Calvo Sotelo y Rodríguez Sahagún estaba dañando al partido. Así pues, cargó su peso, nada despreciable, en apoyo de Calvo Sotelo. En una reunión adicional del comité ejecutivo el 13 de noviembre, se provocó la penosa dimisión de Rodríguez Sahagún. Suárez no estaba presente porque había acudido a un hospital madrileño en el que había ingresado un hijo suyo, víctima de un accidente. Después de rumores insistentes en el sentido de que abandonaría al mismo tiempo la UCD, Rodríguez Sahagún anunció su dimisión al comité ejecutivo. Una semana después, el consejo político de UCD se reunió para elegir un nuevo presidente. Resultó elegido Calvo Sotelo, que en su discurso de aceptación se describió a sí mismo, tal vez con excesivo optimismo, como «el clavillo del abanico, que mantiene unidas las varillas de UCD». Fue una bonita metáfora, pero sin la menor relación con la realidad de un partido en plena agonía[40].

En contra de las recomendaciones de Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio García Díez y Pío Cabanillas, Calvo Sotelo procedió inmediatamente a la formación de un nuevo Gobierno. Los tres opinaban que debía convocar unas elecciones anticipadas antes de que las debilidades galopantes de UCD quedaran todavía más expuestas ante las Cortes. Por diversas razones, Calvo Sotelo prefirió no prestar atención a sus advertencias. Por encima de todo esperaba un resurgimiento del partido y creía también que su Gobierno debía continuar en el poder para supervisar el juicio a los conspiradores del 23-F. El nuevo Gobierno, presentado el 1 de diciembre, contribuyó poco a hacer pensar que había tomado la decisión adecuada. Era la historia de siempre, un equipo de compromiso con escasos talentos nuevos. Los cristianodemócratas Óscar Alzaga y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, cada vez más cercanos a Alianza Popular, rechazaron las carteras y, por tanto, acentuaron no poco la debilidad del Gobierno. Rodolfo Martín Villa asumió la vicepresidencia primera, renunciando a sus responsabilidades en el proceso autonómico. La idea de Calvo Sotelo era que Martín Villa emprendiera la reorganización de UCD y preparara el partido para las próximas elecciones, pero se quedó a medio camino, sin poder dedicarse por entero al partido ni al Gobierno. Comentó en sus memorias que aceptar la vicepresidencia había sido un «grave error»[41].

Rosón permaneció en el Ministerio del Interior. Como vicepresidente segundo y con responsabilidad total para la economía, Juan Antonio García Díez colocó en su equipo a los socialdemócratas —recompensados por no emular al grupo disidente de Fernández Ordóñez— Luis Gámir en Transportes y Santiago Rodríguez Miranda en Trabajo y Seguridad Social. El leal «suarista» Rafael Arias Salgado fue nombrado ministro de Administración Territorial. La liberal Soledad Becerril Bustamante, que ocupó el Ministerio de Cultura, fue la primera mujer que desempeñó un cargo ministerial en España desde Federica Montseny durante la guerra civil. Al menos en teoría, estaban representadas todas las familias principales de UCD. Sin embargo, ese reparto equitativo de las carteras pareció ser la única faceta positiva del Gobierno. Pocas cosas hacían esperar una respuesta creativa y dinámica a problemas tan apremiantes como el desempleo, el escándalo del aceite de colza o los ecos ininterrumpidos del descontento militar. A decir verdad, la faceta más decepcionante del Gobierno fue la presencia continuada de Alberto Oliart en el Ministerio de Defensa. Varios incidentes suscitaron otras tantas acusaciones de que Oliart se estaba comportando como un perrillo faldero de los militares. El 25 de julio, el capitán general de La Coruña, Manuel Fernández Posse, atacó en un discurso el liberalismo de la política y la sociedad españolas, en unos términos que dejaban entrever añoranza auténtica por Franco. Luego, el 20 de agosto, el general Luis Caruana y Gómez de Barreda, gobernador militar de Valencia en la noche del 23-F que actuó en aquella ocasión de forma algo ambigua, recibió el nombramiento de capitán general de Zaragoza. Causó aún mayor asombro la concesión de la medalla de «sufrimientos por la Patria» al general Milans del Bosch. También provocó indignación el arresto tan solo de un mes impuesto a su hijo, el capitán Milans del Bosch, por haber hecho alusiones ofensivas e insultantes a su comandante en jefe, el rey, a quien trató de «cerdo». Pocas semanas después, una sentencia idéntica dictada contra el comandante Álvaro Graíno, cuyo delito había sido publicar un artículo periodístico previniendo contra el golpismo en las Fuerzas Armadas, permitió establecer las oportunas comparaciones. El 29 de noviembre, un incidente recordó la intervención de Tejero para disolver una manifestación autorizada en Málaga el año 1977. El capitán ultra, Lorenzo Fernández Navarro, ordenó a sus hombres que cargaran contra una manifestación anti-OTAN legal y pacífica en La Coruña. Para todo el mundo era evidente que en todos los casos mencionados Oliart no había demostrado la necesaria autoridad[42].

Por añadidura, en las semanas que siguieron a su confirmación en el cargo se dieron nuevos casos inquietantes de indisciplina militar. Las más perturbadoras fueron la reaparición de una organización ultra denominada Unión Militar Española y la publicación de un manifiesto anticonstitucional suscrito por cien oficiales del ejército que, en su mayor parte, pertenecían a la DAC. Todo ello formaba parte de un plan ultra para suscitar el apoyo a los conspiradores del 23-F antes de su proceso, pero también estaba ligado al golpe de los coroneles, en sempiterna ebullición. Los autores del «manifiesto de los cien» esperaban que lo firmase el 90 por ciento del cuerpo de oficiales. Únicamente la determinación resuelta de la Junta de Jefes de Estado Mayor, presidida por el general Ignacio Alfaro Arregui, impidió que la revuelta se extendiera por los cuarteles. Los firmantes quedaron sometidos a arresto domiciliario, y se comunicó a las unidades la prohibición absoluta de toda manifestación política por parte de la oficialidad. El Alcázar fue el primer periódico que pudo publicar el texto íntegro. Ese hecho dio pie a la sospecha de que el manifiesto había sido redactado por el mismo grupo ultra que formó aquel Colectivo Almendros que contribuyó a desbrozar el camino hacia el 23-F. Al parecer, dos días antes de su publicación, José Antonio Girón de Velasco almorzó con algunos de los firmantes más destacados, incluido el coronel Jesús Crespo Cuspinera, de la DAC. Más tarde, Crespo, uno de los principales redactores, sería detenido como pieza clave en el resurgimiento del golpe de los coroneles, proyectado para desbaratar las elecciones de octubre de 1982. Las declaraciones de Oliart sobre el manifiesto, en el sentido de que no había ningún motivo de preocupación, hicieron comentar a Manuel Fraga que el Ministerio de Defensa existía solo en el papel[43].

La tranquilidad del ministro contrastó con el resuelto despliegue de autoridad protagonizado por el rey. Juan Carlos convocó una reunión de la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor) e hizo un llamamiento a la disciplina en las Fuerzas Armadas. Al margen de la reunión, se tomó la decisión de reemplazar en su totalidad a la JUJEM. La explicación oficial para la justificación del reemplazo fue que muchos de sus miembros estaban a punto de cumplir la edad del retiro y que la renovación total era el único medio de garantizar un equipo coherente que trabajara en la supervisión del ingreso en la OTAN. Una opinión distinta era que la autoridad de la JUJEM se había resentido después del 23-F y se necesitaba un nuevo equipo para restablecer la disciplina particularmente a la vista de la proximidad del juicio de los conspiradores. Como el general Gabeiras, jefe del Estado Mayor General del Ejército, debía comparecer como testigo ante el tribunal, se temió que la autoridad de la JUJEM sufriera menoscabo de un modo u otro. A mediados de enero se anunció que el nuevo jefe de la JUJEM sería el general Álvaro Lacalle Leloup, un pertinaz constitucionalista[44].

El ambiente de incertidumbre generado por los rumores renovados sobre el golpismo contribuyó a subrayar el hecho de que, transcurridas algunas semanas desde su formación, el gobierno de Calvo Sotelo daba la sensación de carecer de iniciativa y dirección. Se repetía la psicosis de la «solución Armada»: circularon numerosos rumores sobre la posible formación de un Gobierno de concentración bajo la presidencia del general González del Yerro. El PSOE hizo frecuentes declaraciones sobre su buena disposición para formar parte de una coalición que solventara la crisis. Sin embargo, Calvo Sotelo prefirió seguir solo, no obstante la evidente debilidad de UCD. Alfonso Guerra comentó: «Esto es como Venecia, cada día nos hundimos un centímetro». Acusó a Calvo Sotelo de tener la arrogancia de no molestarse en mirar por la ventana. No era sorprendente, porque el presidente tenía bastante con ordenar su propia casa, o al menos intentarlo. En la primera semana de febrero, tres diputados ucedistas abandonaron el barco que se hundía: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; un socialdemócrata, Francisco Soler Valero, y el locuaz historiador franquista Ricardo de la Cierva se pasaron a Coalición Democrática.

Si se considera que Herrero había organizado la principal operación desestabilizadora dentro de UCD al formar la Plataforma moderada que forzó la marcha de Fernández Ordóñez y quebrantó el poder de Adolfo Suárez, su deserción resultó tan pasmosa como oportunista. Por sus presiones continuas e infructuosas para que UCD concertara una alianza electoral con Coalición Democrática/Alianza Popular, Herrero había sido relevado como portavoz parlamentario de UCD y pareció temer que su carrera en el partido hubiese acabado. Su paso al equipo de Fraga era sin duda la opción más atractiva, habida cuenta de los daños que había causado y que dejaba atrás. Por su parte, la presencia del derechista De la Cierva en UCD había desconcertado durante largo tiempo a los observadores, y en un momento en que las dificultades internas estaban haciendo preguntarse en serio a muchos diputados si podrían conseguir un escaño en las próximas elecciones, De la Cierva no fue una excepción. Inevitablemente, se comentó que esas deserciones tempranas representaban tan solo las primeras gotas antes del chaparrón. La posición de Calvo Sotelo se debilitaba día tras día[45].

La situación difícil de UCD y la subsiguiente crisis de autoridad se acrecentaron con la reaparición de la actividad de ETA en el nuevo año. ETA-M lanzó una campaña formidable de extorsión, en la que miles de empresarios y profesionales vascos recibieron amenazas de muerte si no pagaban el «impuesto revolucionario». Muchos de los amenazados eran de condición modesta, otros muchos, miembros del PNV y algunos incluso habían luchado con las fuerzas republicanas vascas durante la guerra civil. Las amenazas cobraron cuerpo con el secuestro del magnate industrial José Lipperheide, el 5 de enero. La inmediata oleada de indignación recordó las manifestaciones habidas después del asesinato de José María Ryan. El gobierno autónomo vasco y el PNV, por mediación de su dirigente Xabier Arzalluz, declararon la guerra a ETA. Hubo manifestaciones espontáneas en todo el País Vasco, y en las áreas rurales los aldeanos desafiaron por primera vez las amenazas de Herri Batasuna. Era una señal esperanzadora, pero el gobierno de Calvo Sotelo fue incapaz de capitalizarla. Por lo demás, Lipperheide fue liberado después de que su familia y sus amigos reunieran la suma del rescate, cien millones de pesetas.

Al mismo tiempo que ETA-M reanudaba sus actividades, estallaba una crisis dentro de la organización. Desde la tregua que siguió al 23-F, muchos elementos de ETA-M se habían sentido atraídos por las gestiones de Mario Onaindía y Juan María Bandrés, de Euskadiko Eskerra, para garantizar su reintegración a la sociedad civil. El plan Onaindía/Bandrés supuso una importantísima contribución a la pacificación del País Vasco. Sin embargo, del mismo modo que las iniciativas políticas de Pertur habían originado seis años antes la escisión de los Comandos Bereziak, ahora un sector militante de ETA-PM rechazaba la iniciativa de paz y se aproximó, a ETA-M. Como ejemplificación de sus métodos, secuestraron a principios de enero de 1982 al padre del cantante Julio Iglesias. Se le rescató gracias a la intervención de los GEO; simultáneamente, el Mando Único Antiterrorista dirigido por Manuel Ballesteros se apuntó un triunfo sonado al descubrir un arsenal completo de ETA-PM[46]. No obstante, la amenaza de ETA-M subsistía, y la opinión pública empezó a preguntarse si los socialistas no merecerían una oportunidad allí donde UCD había fracasado.

Curiosamente, pese a los rumores constantes y a los hechos constados referentes a la subversión militar y al terrorismo de ETA, o quizá por causa de ellos, el talante popular empezó a sufrir un cambio. La confianza en el rey y en las instituciones democráticas del país se vio paradójicamente estimulada por los propios golpistas en el curso del juicio del 23-F. La vista comenzó el 19 de febrero y acaparó la vida política española hasta bien entrada la primavera[47]. La presidió una atmósfera febril, en la que se permitió a la prensa ultra expresar sin recato su apoyo a los procesados. Las pintadas en las paredes parecían hechas por profesionales con la consigna «Libertad Militares Patriotas Detenidos». Ante el tribunal, los procesados demostraron tener los modales de unos matones. Su arrogancia, su deslealtad —incluso entre ellos mismos—, su estrechez de miras y su bancarrota moral iban a tener una trascendencia enorme e inesperada en las relaciones entre civiles y militares. Hubo consternación pública ante la conducta egocéntrica de los acusados. Los golpistas no hablaban más que de patriotismo y de su papel de guardianes de los valores nacionales, pero eran incapaces de advertir hasta qué punto sus acciones habían cubierto de oprobio y ridículo a España ante la opinión pública internacional. Los esfuerzos de El Alcázar para presentar el proceso como un juicio contra el propio ejército disgustaron a muchos oficiales, que criticaron a los defensores. José Sáenz de Santamaría, posteriormente capitán general de Valladolid, sintetizó esa inquietud, diciendo: «El ejército empieza a ser temido por su propio pueblo, deja de ser respetado por sus enemigos y ha comenzado su autodestrucción»[48].

El juicio proporcionó el estímulo necesario para que se discutiesen en las salas de banderas los aciertos y los errores del golpismo. Tiempo atrás, se habían dado por supuestos los valores franquistas de la vieja guardia. Ahora se podía contemplar el pasmoso espectáculo de unos oficiales que se habían considerado siempre como la personificación del honor y la disciplina, comportándose de una forma jactanciosa e indigna. Sus actitudes groseras en la sala de Justicia y la evidencia de su indisciplina ante las órdenes dictadas por sus superiores minaron las convicciones de los oficiales más reflexivos. El hecho de que juzgase a los acusados un consejo de guerra en vez de un tribunal civil había sido al principio una concesión a la susceptibilidad militar. Ahora bien, ante un tribunal civil los golpistas hubieran podido alegar que la sociedad civil juzgaba a todo el estamento militar. De ese modo, las Fuerzas Armadas debían depurar por sí mismas sus responsabilidades. Después del juicio, la defensa de la Constitución no se puso exactamente de moda, pero la oficialidad de las Fuerzas Armadas frunció menos el ceño al considerarla. Las manifestaciones antidemocráticas que antes eran dignas de una aprobación tácita, cuando no franca admiración, tuvieron más probabilidades de merecer severas amonestaciones por parte de las autoridades militares.

Los oficiales constitucionalistas empezaron incluso a aparecer en televisión y a escribir artículos en la prensa. Los proconstitucionalistas salían así de sus cascarones mientras los golpistas se retiraban a las sombras a continuar fraguando —parece ocioso decirlo— la resurrección de su «golpe de los coroneles», siempre por ejecutar. El grueso del cuerpo de oficiales venía a constituir lo que se conoció como el «sector prudente», preocupado ante todo por la salvaguardia de sus carreras. En los cuarteles, El Alcázar comenzó a ser sustituido gradualmente por periódicos conservadores como ABC y Ya. Ese incipiente cambio de actitud era también una respuesta a la continuación, algo más diluida, de la política de ascensos que iniciara tiempo atrás el general Gutiérrez Mellado. Auxiliada por el paso del tiempo, la estrategia consistente en acelerar el paso a la reserva de los generales franquistas, poniendo las unidades clave al mando de constitucionalistas y utilizando criterios distintos de la mera antigüedad para los nombramientos y ascensos, terminó dando fruto. La aplicación de tal política no tuvo que agradecer gran cosa a los titubeos del ministro de Defensa, sino más bien a la autoridad férrea impuesta a la Junta de Jefes de Estado Mayor por su nuevo presidente, Álvaro Lacalle Leloup.

No obstante, la posición de Calvo Sotelo siguió deteriorándose, incluso después del juicio. ETA-M continuaba su ronda inacabable de secuestros y atentados con bombas para apoyar su campaña de extorsión contra los empresarios. A mediados de abril, asestó un serio golpe a la popularidad del Gobierno al destruir una central telefónica en Madrid, causando múltiples inconvenientes en la capital y las poblaciones vecinas. El Mando Único Antiterrorista se apuntó algunos éxitos, pero no los suficientes para convencer a la opinión pública de que la guerra contra ETA terminaría pronto. El avance más positivo contra ETA llegó como resultado de la cooperación entre el ministro de Interior, Juan José Rosón, y la jefatura de Euskadiko Eskerra para hacer que los miembros arrepentidos de ETA-PM depusieran las armas. La iniciativa fue lo bastante importante para enfurecer al grupo minoritario de ETA-PM partidario de continuar con las actividades terroristas. Se amenazó con represalias a los exetarras que aceptasen el «soborno» gubernamental, según se le llamó. Sin embargo, los éxitos del plan Onaindía/Bandrés para la pacificación no pudieron atemperar la tormenta que se cernía sobre UCD.

Los recordatorios cotidianos del 23-F a través de las crónicas del juicio en los medios de comunicación y la violencia aparentemente interminable de ETA-M habían hecho un flaco favor a la imagen del Gobierno. Los sondeos de opinión mostraron de forma inequívoca que el PSOE ganaría las próximas elecciones generales. La prueba más abrumadora llegó con las elecciones para el Parlamento andaluz, el 23 de mayo. Todos los partidos consideraron aquella enconada campaña como el ensayo general de los comicios nacionales. Andalucía representaba la sexta parte del electorado español. Además de cargar con el peso de sus errores sobre la autonomía andaluza en 1980, UCD emprendió la campaña escoltada por el rumor de que Adolfo Suárez estaba a punto de abandonar el partido. Por el momento, se negó a participar personalmente en la campaña electoral. El PSOE, encabezado por el carismático Rafael Escuredo y con un mensaje dinámico de cambio, recibió el 52 por ciento de los votos y sesenta y seis escaños. Alianza Popular quedó segunda con diecisiete escaños y UCD pasó al tercer puesto con solo quince. En una población de la provincia de Granada, UCD obtuvo menos votos que el número de representantes ucedistas en el Consejo Municipal[49].

A la vista de los resultados andaluces, los niveles de dirección de UCD se convirtieron en un hervidero de recriminaciones. Inevitablemente, el descontento se centró en Calvo Sotelo. Se habló de su sustitución por Landelino Lavilla, y se rumoreó que Martín Villa estaba intentando convencer a Suárez de que regresara. Los elementos cristianodemócratas más conservadores, como Óscar Alzaga, Marcelino Oreja y José Luis Álvarez, estudiaron con seriedad la conveniencia de emular el ejemplo de Miguel Herrero y adherirse a Coalición Democrática. No pudo pasarles inadvertido el hecho de que los bancos empezaban ya a inyectar dinero a Alianza Popular y trataban a UCD con creciente frialdad. Fraga parecía un aliado cada vez más atractivo, considerando sus triunfos en las elecciones gallegas y andaluzas. Aparecieron informes que aseguraban que la afiliación a Alianza Popular estaba creciendo a razón de mil miembros por semana. Calvo Sotelo comprendió que debería afrontar unas elecciones generales a corto o medio plazo. Una vez digeridos los resultados andaluces, inició los preparativos. Sin embargo, su posición no se afianzó con la publicación, el 3 de junio, de las sentencias dictadas en el juicio contra los conspiradores del 23-F. Se castigó a Tejero y Milans con la máxima pena posible, treinta años, pero Armada fue sentenciado a tan solo seis años, y veintidós de los treinta y dos acusados recibieron penas de menos de tres años, lo que les permitía reincorporarse a filas una vez cumplido el castigo. Tras el recurso del Gobierno al Tribunal Supremo, las penas se incrementarían considerablemente, sobre todo en el caso de Armada; entretanto, las sentencias dejaron atónita a la clase política. Pareció, por lo menos de momento, que nada había cambiado[50].

Leopoldo Calvo Sotelo, cuya dificultad para sonreír, como él mismo confesaba, favorecía muy poco su imagen, parecía una figura tan solitaria como Suárez en 1981. Era un administrador eficiente, no un político carismático y menos todavía un gran estadista. Durante el verano de 1982 su cotización política se hundió mientras las de Fraga y Felipe González ascendían vertiginosamente. Los sondeos de opinión demostraron sin la menor duda que el PSOE estaría en condiciones de formar gobierno en las próximas elecciones generales. Felipe González se contuvo de intentar derrocar al Gobierno o de forzar unas elecciones prematuras, señalando que el objetivo primordial del PSOE era asegurar la supervivencia del régimen democrático. Esperó la llegada del momento decisivo, cultivando mientras tanto una imagen de moderación y fortaleza, ganando credibilidad democrática y confiando en su victoria final. Felipe González y Adolfo Suárez mantuvieron contacto para discutir la posibilidad de una coalición de centro izquierda. Reconociendo su nada esperanzadora situación, Calvo Sotelo dimitió como presidente de UCD. En realidad, no había ambicionado nunca esa presidencia ni supo qué hacer con ella. En una reunión del consejo político del partido, el 6 de julio, Landelino Lavilla asumió la presidencia y la tarea de hacer ganar al partido las próximas elecciones. Tres miembros del Gobierno, Martín Villa, Arias Salgado y Lamo de Espinosa, presentaron la dimisión de sus cargos para ayudar a Lavilla a reconstruir el partido. El 30 de julio, Calvo Sotelo anunció que no sería el candidato presidencial de UCD en las próximas elecciones[51].

En contraste con la UCD, cuyo ambiente era perceptiblemente fúnebre, el PSOE disfrutaba de una salud inmejorable. Felipe González manifestó que tenía un programa de gobierno y había seleccionado ya a las personas que habían de componer ese gobierno. La prensa liberal le respaldaba. El partido Acción Democrática, presidido por Francisco Fernández Ordóñez, había negociado ya una coalición electoral con el PSOE. La fuerza en ascenso de los socialistas permitió a Felipe González actuar ya como el futuro presidente del Consejo de Ministros mientras esperaba con sosiego su hora. Tenía buenas razones para mostrarse confiado, porque la desintegración de UCD había encontrado un imitador en el PCE. Los conflictos intestinos de los comunistas habían alcanzado tal extremo que Carrillo hubo de recurrir a un gesto peligroso para conservar el poder: dimitió, por poco tiempo, el 7 de junio. El recurso presagiaba su pérdida definitiva del control sobre los mecanismos del partido. Los trastornos de UCD llegaron a su punto más dramático hacia finales de junio, cuando empezó a disgregarse en sus partes integrantes.

Como una película que comienza por la escena final, UCD volvió a sus orígenes heterogéneos. Los cristianodemócratas más conservadores se habían conformado con la existencia bajo Suárez por la única razón de que les deslumbraba la perspectiva de poder. Entonces, encabezados por Óscar Alzaga, siguieron la ruta marcada por Miguel Herrero: constituyeron el Partido Demócrata Popular y anunciaron su coalición electoral con Fraga. Los liberales, desorientados desde la muerte de su líder, Joaquín Garrigues, se reagruparon bajo la dirección de su hermano Antonio y fundaron el Partido Demócrata Liberal. Hacía ya bastante tiempo que los socialdemócratas se habían marchado. Por fin Suárez, encolerizado al ver que se le ofrecía tan solo el tercer puesto en la lista electoral del partido por Madrid, decidió marcharse y formar un nuevo partido que denominó Centro Democrático y Social[52]. Las perspectivas electorales que significaba todo ello para el PSOE se multiplicaron cuando Suárez rehusó categóricamente cooperar con UCD y declaró que después de las elecciones su partido apoyaría a un gobierno socialista. La marcha de su primer líder tuvo para UCD el significado de la expedición de un certificado de defunción. Calvo Sotelo y Landelino Lavilla lo entendieron así. El 27 de agosto, el presidente convocó las elecciones generales, anunciando que se celebrarían dentro del periodo legal mínimo, es decir, dos meses. Fue un último acto de desafío para evitar que Suárez y los demás desertores consolidaran sus nuevos partidos y arrebataran aún más votos a UCD[53].

Entonces empezó un movimiento frenético por parte de todos los grupos para formar coaliciones antes de la fecha límite, el 14 de septiembre. En aquel mar de oportunismo, Landelino Lavilla demostró ser por breve tiempo el líder resuelto y con autoridad que tanto había echado de menos UCD. Rehusó ligar la suerte de UCD a la de la gran alianza derechista que se había formado alrededor de Fraga con el patrocinio de la federación de empresarios, la CEOE, argumentando que, si lo hiciera, eliminaría el espacio del centro en la política española. Sus gestiones para formar coalición con el Centro Democrático y Social fracasaron porque Suárez se había comprometido a una cooperación futura con el PSOE. El mayor éxito de Lavilla fue conseguir que Antonio Garrigues con sus liberales, así como Juan Antonio García Díez y los restantes socialdemócratas de UCD, se presentaran a las elecciones integrando la coalición de centro. Todos los esfuerzos serían inútiles, y Lavilla probablemente lo sabía. La ley electoral, a cuya redacción contribuyera él mismo, castigó de manera implacable a un centro dividido. Curiosamente, muchas de las gestiones efectuadas en busca de coaliciones se basaban en la convicción benévola de que grupos como el CDS de Suárez podían ganar unos treinta escaños. Los sondeos de opinión señalaron, con más acierto, una victoria socialista arrolladora y un marcado ascenso de Alianza Popular[54].

La CEOE intentó frenar la popularidad cada vez mayor de los socialistas formulando la acusación de que el PSOE se proponía imponer un modelo económico soviético en España. De hecho, el programa del PSOE no podía haber sido más moderado. Las ambiciones a largo plazo de crear una sociedad justa e igualitaria se subordinaron a tareas prácticas inmediatas como la reconversión de la industria española, el fomento del empleo, la reforma de la engorrosa administración española y la elaboración de una política exterior más positiva e independiente. Casi toda la atención pública se centró en la promesa de crear ochocientos mil puestos de trabajo. La clave debía residir en la inversión pública, respaldada por un acuerdo con la empresa privada. Entre las medidas inmediatas, se planteaban la reducción de la jornada laboral y el descenso de la edad de jubilación. La lucha por la justicia social se plasmaría en el incremento del gasto en el sistema de la Seguridad Social y en los servicios de sanidad, educación y vivienda. Respecto a la política exterior, se elaboró un programa idealista que preveía el carácter no nuclear de España, la adopción de un papel más decisivo en América Latina, la búsqueda de una posición independiente entre los dos grandes bloques de alianzas, la congelación de la integración en la OTAN más la convocatoria de un referéndum para decidir definitivamente la adhesión o no de España, la conclusión de las negociaciones para el ingreso en la CEE y la continuación de las reivindicaciones para la soberanía sobre Gibraltar[55].

Una vez consumada la autodesintegración del centro, el único competidor apreciable para el PSOE era Alianza Popular. El programa de Fraga era sin duda conservador, y sus eslóganes, la eficiencia y las soluciones. Ley y orden, libertad de educación, reducción del gasto, mantenimiento de la economía libre de mercado y defensa de la familia y de la unidad nacional fueron las claves para combinar el monetarismo moderno con los tradicionales valores nacionales de España. La creación de empleo tuvo menos prioridad en el programa que la consecución de lo que se llamaba «flexibilidad y movilidad laboral», y que en realidad significaba el fin de las restricciones sobre los despidos y expedientes de crisis. La campaña de Alianza Popular se proyectó hacia las clases medias y fue bastante menos impetuosa de lo que hubiera cabido esperar del fogoso Fraga.

Un alto grado de espíritu cívico presidió la campaña electoral. Ello no fue ajeno al hecho de que el 3 de octubre se difundiera la noticia de un nuevo golpe en proyecto, previsto para el 27 de octubre, víspera de las elecciones, y que era en realidad una nueva versión, más elaborada, del sempiterno «golpe de los coroneles». El Servicio de Información Militar y la Brigada Antigolpe habían descubierto que tres coroneles ultraderechistas, estrechamente relacionados con Fuerza Nueva, estaban implicados en una conspiración cuyas ramificaciones llegaban hasta Milans del Bosch. Los arrestos se llevaron a cabo en la madrugada del 2 de octubre y fueron seguidos por el interrogatorio y encarcelamiento del coronel Luis Muñoz Gutiérrez, cuya esposa era candidata de Fuerza Nueva para el Senado; del coronel Jesús Crespo Cuspinera de la DAC, uno de los conspiradores que habían apoyado el «manifiesto de los cien» publicado en diciembre de 1981; y de su hermano, el coronel José Crespo Cuspinera. En el domicilio de Muñoz Gutiérrez se encontraron los planes, cuidadosamente detallados, para el golpe. Comandos en helicópteros debían tomar los palacios de la Zarzuela y la Moncloa, el cuartel general de la JUJEM, varios ministerios y edificios públicos estratégicos. Asimismo, se adueñarían de estaciones ferroviarias, aeropuertos, emisoras de radio y televisión y redacciones de periódicos. Se «neutralizaría» a la élite política en sus domicilios. Al final, se derrocaría al rey por haber traicionado su juramento de lealtad al Movimiento[56].

Los conspiradores habían aprendido con claridad la lección del 23-F. El Alcázar intentó presentar el golpe como una invención gubernamental, y lo denominó «golpe de risa». La clase política y una gran parte de la opinión pública quedaron estupefactas. Extrañamente, Fraga manifestó durante el debate sobre el golpe en las Cortes que comprendía a los conspiradores. Alfonso Guerra comentó cáustico que «Fraga se ha convertido en psiquiatra de los golpistas, lo cual es peligroso porque algunos psiquiatras acaban por contraer la enfermedad de sus pacientes»[57]. Sin embargo, había algunos motivos para un optimismo cauteloso. El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) intervino en esta ocasión con diligencia y eficacia, en contraste espectacular con su actuación en febrero de 1981. Además, la indignación suscitada por los planes para la eliminación física de los jefes del Estado Mayor contribuyó al aislamiento de los golpistas. Como contrapartida se arrestó solo a los tres protagonistas principales, aunque se habían descubierto documentos que implicaban por lo menos a doscientos más. Se destinó a otros nuevos oficiales, presuntamente implicados, fuera de Madrid; entre ellos al comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y al coronel Antonio Sicre Canut, que al parecer seguían tan comprometidos como siempre con la tarea de suprimir el régimen democrático[58].

Sin embargo, la era de UCD, caracterizada por la sumisión a los militares, estaba a punto de dar paso a una relación más equilibrada entre los socialistas y las Fuerzas Armadas. Las elecciones del 28 de octubre de 1982 se desarrollaron bajo la amenaza de la intervención militar, pero la población superó ese temor y dio al PSOE un voto masivo. Verdaderamente, los resultados electorales significaron un gigantesco rechazo popular a los golpistas y a su singular alegato de que lo que ellos querían era lo mejor para el pueblo español. Los socialistas obtuvieron 10 127 092 votos, el 47,26 por ciento del total, que les procuraron doscientos dos escaños. Fue la mayoría arrolladora que jamás había tenido ningún partido, tanto en el periodo posterior a 1977 como incluso en la Segunda República. Alianza Popular quedó segunda con 5 548 335 votos, el 25,89 por ciento, y ciento siete diputados, materializándose así las predicciones de Fraga sobre un sistema bipartidista. La UCD quedó detrás incluso del partido regional catalán, Convergència i Unió, con 1 323 339 votos, el 6,17 por ciento, y once diputados. Calvo Sotelo no alcanzó su escaño. Santiago Carrillo sí lo obtuvo, pero el PCE descendió desde el 11 por ciento hasta el 3,6 por ciento y perdió las tres cuartas partes de sus diputados[59]. La aniquilación de UCD constituyó la mayor derrota electoral en Europa experimentada por un partido en el Gobierno desde la Segunda Guerra Mundial. Hizo recordar la desaparición del Partido Radical en España, en el año 1936: aquel había sido también un partido muy corto de ideas e ideales. A Adolfo Suárez, después de prestar su contribución histórica al desmantelamiento del franquismo y al allanamiento del camino para establecer la democracia en España, le tocó en suerte seguir representando el papel igualmente histórico de contribuir a desmantelar la UCD y preparar el camino para otro cambio sustancial bajo el PSOE.

Los votantes del PSOE se distribuyeron con regularidad por todo el país, confirmando el alegato socialista de que el PSOE era un partido más auténticamente nacional de lo que jamás lo fuera UCD. Eso, por sí solo, garantizaría a Felipe González cierto grado de benevolencia militar. El peso decisivo del voto popular a favor del eslogan «Vota PSOE por el cambio» tuvo un impacto considerable en los círculos militares. La magnitud del compromiso popular con el régimen democrático desmintió de forma concluyente el alegato de que el ejército podía interpretar la voluntad nacional mucho mejor que cualquier político electo. La moderación del PSOE garantizaba asimismo una buena voluntad muy considerable. La tarea que esperaba a Felipe González era inmensa. Los problemas entrelazados del terrorismo de ETA y de la subversión militar requerían habilidad y autoridad. Considerando sus buenas relaciones con el PNV y Euskadiko Eskerra, el PSOE tenía tal vez más probabilidades de éxito contra ETA de las que jamás tuvo UCD. Bajo la figura inmensamente discreta y llena de autoridad del nuevo ministro de Defensa, Narcís Serra, el PSOE inició un programa de modernización, reorganización, profesionalización y despolitización militar capaz de erradicar definitivamente la mentalidad golpista y tercermundista de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. La reconversión de la industria española, con sus sectores obsoletos, su alta dependencia energética, sus desequilibrios regionales y su subordinación tecnológica, requería visión y sacrificio. Lo mismo cabe decir de la reforma agraria. Nadie esperaba triunfos a corto plazo. Sin embargo, el hecho de que el PSOE se mostrase dispuesto a afrontar unas tareas que UCD había soslayado le aseguró una notable tolerancia pública para las medidas inmediatas, como la devaluación de la peseta, el aumento de los impuestos y la subida de precios del combustible. Los socialistas habían sido elegidos por un electorado serio que había padecido las agonías del terrorismo y de la conspiración militar. Por tanto, se esperaba del PSOE un gobierno igualmente serio.

España había recorrido un largo camino desde 1969. El pueblo español caminó sobre la cuerda floja del terrorismo y la subversión. Y aunque le hubiesen humillado Tejero y ETA, tenía también mucho de que enorgullecerse. Uno de los protagonistas principales del periodo fue una prensa valerosa y democrática, algunas de cuyas más relevantes figuras, como Juan Tomás de Salas, director de Cambio 16, enfrentaron amenazas de muerte, y otros, como José María Portell, fueron asesinados. A los políticos del antiguo régimen, como Adolfo Suárez, y de la oposición, como Felipe González, les tocó desbaratar la idea de que los españoles estaban incapacitados para la democracia, según la convicción falsa de Franco. Así que, en el curso de la transición, ellos y otros como Areilza, Martín Villa, Carrillo, Fraga y muchos más trabajaron más allá de los propios errores y de los intereses de sus partidos, con un gran espíritu de cooperación y sacrificio para establecer la democracia. Los españoles podían enorgullecerse de la personalidad de Juan Carlos, un rey democrático que arriesgó su vida al servicio de la Constitución.

El camino desde 1969 no fue fácil, y hubo momentos dolorosos a lo largo de la marcha. El periodo de Carrero Blanco presidió a regañadientes la disolución de las camarillas franquistas; la oposición moderada fue fortaleciéndose y el régimen desató, como respuesta, el terror ultraderechista. Bajo Arias Navarro quedó patéticamente expuesta la imposibilidad del continuismo franquista. Luego, en contra de las expectativas de casi todos, Adolfo Suárez hizo lo imposible al dirigir la transición legal desde la «legalidad» franquista a la democracia. A renglón seguido, y con un gran espíritu de sacrificio y cooperación, todos los partidos democráticos trabajaron juntos para crear el marco de la Constitución y las estructuras de las autonomías regionales. Los temibles obstáculos de la nostalgia de los militares reaccionarios y los planes sangrientos de los adolescentes ultranacionalistas se interpusieron en el camino de la consolidación de la democracia. Ahora bien, en las elecciones del 28 de octubre de 1982, prevaleció la voluntad popular. La transición concluyó. El cambio real pudo comenzar.

APÉNDICE I

Las once regiones militares de España y sus respectivos jefes, el 23 de febrero de 1981

I Región Militar, cuartel general en Madrid: teniente general Guillermo Quintana Lacaci.

II Región Militar, cuartel general en Sevilla: teniente general Pedro Merry Gordon.

III Región Militar, cuartel general en Valencia: teniente general Jaime Milans del Bosch.

IV Región Militar, cuartel general en Barcelona: teniente general Antonio Pascual Galmés.

V Región Militar, cuartel general en Zaragoza: teniente general Antonio Elícegui Prieto.

VI Región Militar, cuartel general en Burgos: teniente general Luis Polanco Mejorada.

VII Región Militar, cuartel general en Valladolid: teniente general Ángel Campano López.

VIII Región Militar, cuartel general en La Coruña: teniente general Manuel Fernández Posse.

IX Región Militar, cuartel general en Granada: teniente general Antonio Delgado Álvarez.

Región Militar de las Islas Canarias: teniente general Jesús González del Yerro.

Región Militar de las Islas Baleares: teniente general Manuel de la Torre Pascual.

APÉNDICE II

Evolución de las facciones principales de ETA

Dramatis personae

FERNANDO ABRIL MARTORELL: amigo cercano y colaborador de Adolfo Suárez, perteneciente a la «mafia de Segovia». Titular de varias carteras ministeriales hasta su cese en 1980.

FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA: cristianodemócrata liberal, que militó en UCD y fue presidente de las Cortes entre 1977 y 1979; se le consideraba la «conciencia» de UCD.

MIGUEL ÁNGEL APALÁTEGUI, APALA: activista y dirigente de los violentos Comandos Bereziak de ETA-PM que incorporó a ETA-M.

JOSÉ MARÍA DE AREILZA, CONDE DE MOTRICO: exfranquista ambicioso y cosmopolita, líder destacado de la oposición monárquica y liberal; figura clave en las maniobras para crear un partido de centro derecha hasta que Suárez le eclipsó.

CARLOS ARIAS NAVARRO: franquista recalcitrante que fue sucesivamente director general de Seguridad, alcalde de Madrid, ministro de Gobernación y presidente del último gobierno de Franco. Protagonizó un intento tibio para implantar reformas políticas de alcance epidérmico y limitado.

ALFONSO ARMADA Y COMYN: general ambicioso, monárquico conservador, adepto inicialmente a Juan Carlos, que intentó aprovechar el golpe de 1981 en su propio beneficio.

EMILIO ATTARD ALONSO: cristianodemócrata valenciano, conciliador y ambicioso; miembro de UCD, presidió la comisión constitucional de las Cortes.

JOSÉ MARÍA, TXIKI, BENEGAS: dirigente de la sección vasca del PSOE y uno de los promotores de la pacificación del País Vasco.

PÍO CABANILLAS GALLAS: gallego astuto, seguidor de Fraga, ministro de Información bajo Arias Navarro; dimitió en 1974 y participó en la fundación de UCD.

RAFAEL CALVO SERER: intelectual vinculado al Opus Dei, director del periódico liberal Madrid. Se unió a la oposición clandestina y fue miembro de la Junta Democrática.

LEOPOLDO CALVO SOTELO: lúgubre líder de UCD que sucedió a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno en febrero de 1981.

ÁNGEL CAMPANO LÓPEZ: destacado general «ultra»; desempeñó un papel ambiguo en la noche del 23 de febrero de 1981.

LUIS CARRERO BLANCO: fiel presidente del gobierno de Franco, representante de la línea dura del régimen y próximo al Opus Dei; asesinado por ETA en 1973.

SANTIAGO CARRILLO SOLARES: veterano líder del PCE; ayudó a Suárez a impulsar una reforma democrática más profunda.

VICENTE ENRIQUE Y TARANCÓN: representante del sector liberal de la Iglesia católica.

TORCUATO FERNÁNDEZ-MIRANDA: vicepresidente bajo Carrero Blanco, catedrático de derecho constitucional, falangista, antiguo tutor de Juan Carlos; fue el principal consejero de Suárez en la puesta en práctica del proyecto de reforma.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ: «barón» socialdemócrata de UCD, influyente e inquieto, que pasó al PSOE en 1982.

MANUEL FRAGA IRIBARNE: franquista enérgico e irascible; resurgió en 1975 como liberal, luego dio un giro a la derecha y fundó Alianza Popular.

JOSÉ GABEIRAS MONTERO: general constitucionalista; como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor se opuso a la intentona de Tejero en 1981.

CARLOS GARAIKOETXEA: lehendakari vasco.

JUAN GARCÍA CARRÉS: destacado ultra.

JOAQUÍN GARRIGUES WALKER: «barón» liberal de UCD.

DR. VICENTE GIL: médico de cabecera de Franco, de temperamento irascible y absolutamente leal al Caudillo.

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES: veterano líder cristianodemócrata.

JOSÉ ANTONIO GIRÓN DE VELASCO: ultra intransigente muy vinculado a Franco.

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ: líder del PSOE y presidente del Gobierno de 1982 a 1996.

JESÚS GONZÁLEZ DEL YERRO: general conservador que, como capitán general de las Islas Canarias, se mantuvo leal en la noche del pronunciamiento militar de 1981.

ALFONSO GUERRA: cerebro organizativo del PSOE y amigo cercano de Felipe González, célebre por su habilidad organizativa y su ingenio mordaz.

MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO: general liberal que, como ministro de Defensa, asumió la difícil tarea de tratar con el ejército durante la transición.

MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN: brillante abogado cristianodemócrata que inició su carrera política al lado de José María Gil Robles. Se unió a la UCD y luego ayudó a desmembrarla.

FERNANDO HERRERO TEJEDOR: miembro del Opus Dei y figura destacada del Movimiento. Patrocinó la carrera incipiente de Adolfo Suárez.

CARLOS INIESTA CANO: destacado general ultra, próximo a Girón.

LANDELINO LAVILLA ALSINA: antiguo «tácito», luego «barón» cristianodemócrata dentro de UCD. Presidente de las Cortes de 1979 a 1982.

GREGORIO LÓPEZ-BRAVO: destacado tecnócrata del Opus Dei que sobrevivió al escándalo MATESA y desapareció tras la muerte de Carrero para resurgir en Alianza Popular en el año 1977.

LAUREANO LÓPEZ RODÓ: político monárquico y el tecnócrata más destacado del Opus Dei. Desapareció tras la muerte de Carrero y resurgió en Alianza Popular en el año 1976.

RODOLFO MARTÍN VILLA: funcionario activo y sagaz del Movimiento; fue ministro de Interior con Suárez y «barón» de los «azules» dentro de UCD.

CRISTÓBAL MARTÍNEZ-BORDIÚ, marqués de Villaverde: cirujano ultraderechista, yerno de Franco.

PEDRO MERRY GORDON: general conservador. Desde su puesto de capitán general de Sevilla mostró ciertas vacilaciones la noche del golpe militar de 1981.

JAIME MILANS DEL BOSCH: general ultra, miembro de una distinguida dinastía de militares, capitán general de Valencia y uno de los líderes del golpe militar de 1981.

EDUARDO MORENO BERGARECHE, PERTUR: ideólogo de ETA-PM; abogó por el retorno a la política convencional y fue asesinado en 1976, presuntamente por Apala.

ALBERTO OLIART SAUSSOL: ministro ucedista de Defensa en el Gobierno presidido por Calvo Sotelo.

MARIO ONAINDÍA NACHIONDO: militante de ETA, juzgado en Burgos; fue sucesivamente líder de EIA y de Euskadiko Eskerra; fue una figura destacada del movimiento por la pacificación del País Vasco.

ALFONSO OSORIO GARCÍA: antiguo «tácito», monárquico católico, vicepresidente en el primer gobierno de Suárez; más tarde se desligó de UCD para formar Coalición Democrática.

BLAS PIÑAR LÓPEZ: destacado ultra, editor de Fuerza Nueva.

JOSÉ MARÍA PORTELL: periodista vasco experto en ETA que, en ocasiones, desempeñó el papel de mediador entre la organización y el Gobierno; asesinado por ETA-M en 1978.

GUILLERMO QUINTANA LACACI: general constitucionalista leal que, como capitán general de Madrid, se opuso al golpe militar de 1981; asesinado por ETA-M en 1984.

FEDERICO QUINTERO MORENTE: coronel especializado en técnicas de lucha antiguerrilla, autor de un informe importante sobre el golpe militar turco de 1980.

NICOLÁS REDONDO: dirigente ugetista de Bilbao; ayudó a reorganizar el PSOE a finales de los años sesenta.

DIONISIO RIDRUEJO: exfalangista liberal y socialmente progresista; contribuyó a dar respetabilidad a la oposición al franquismo.

JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ: exministro de Franco, sincero católico social, interlocutor fundamental entre la oposición y los moderados del régimen.

JOSÉ MARÍA RYAN: ingeniero eléctrico vasco, asesinado por ETA-M en febrero de 1981.

RICARDO SÁENZ DE YNESTRILLAS: golpista inveterado, asociado con Tejero; asesinado por ETA-M en 1986.

JOSÉ IGNACIO SAN MARTÍN LÓPEZ: coronel que trabajó en el servicio secreto de Carrero Blanco; más tarde, en 1980, estuvo comprometido en actividades golpistas.

FERNANDO DE SANTIAGO Y DÍAZ DE MENDÍVIL: el más influyente de los generales ultras; ministro reaccionario de Defensa que dimitió del gobierno de Suárez por no estar conforme con el proyecto reformista.

JOAQUÍN SATRÚSTEGUI: monárquico liberal opuesto al franquismo.

FEDERICO SILVA MUÑOZ: cristianodemócrata de tinte conservador y franquista; más tarde, en Alianza Popular.

JOSÉ SOLÍS RUIZ: falangista que protagonizó varios proyectos de reformas superficiales en los últimos años del franquismo.

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ: ambicioso apparatchik del Movimiento que se hizo demócrata y cumplió la tarea histórica de presidir la transición.

JOSEP TARRADELLAS: presidente histórico de la Generalitat.

ANTONIO TEJERO MOLINA: coronel de la Guardia Civil, ultra fanático, conspirador inveterado, motor de las intentonas golpistas de 1978 y 1981.

LUIS TORRES ROJAS: general ultra que intentó implicar a la DAC en intentos de golpes militares en 1979 y 1981.

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Ysart, Federico, Quién hizo el cambio, Argos Vergara, Barcelona, 1984.

Índice alfabético

ABC

abertzales, véase KAS; País Vasco

Abril Martorell, Fernando

como ministro de Economía

y el segundo Congreso de la UCD

y la Plataforma Moderada

y los «fontaneros»

Abrisqueta Corta, Jesús

Acción Católica

Acción Democrática

Acción Política

aceite de colza, escándalo del

ACNP, véase Asociación Católica Nacional de Propagandistas

Aguilar, Miguel Ángel

Aguilar Carmona, general

Aguirre Bellver, Joaquín

Ajuriaguerra, Juan de

Álava

Alcalá de Henares

Alcázar, El

Colectivo Almendros

y el plan para el golpe de octubre de 1982

Alcoy (Alicante)

Alemania, República Federal de

Alfaro Arregui Ignacio, general

Alfonso XIII, rey

Alianza Apostólica Anticomunista

Alianza Popular (AP)

IV Congreso de

ascenso de

desafío con el PSOE

elecciones de 1977

formación de

incorporación a Coalición Democrática

y el pacto de la Moncloa

y la Constitución

y las elecciones de 1982 en Andalucía

y las elecciones generales de 1982

Alianza Socialista de Andalucía (ASA)

Alicante

Allende y García Baxter, Tomás

Almería

Alonso Vega, Camilo, general

Alsasua (Navarra)

Alternativa KAS, véase KAS

Álvarez Álvarez, José Luis

Álvarez de Miranda, Fernando

Álvarez-Arenas, Félix, general

Alzaga, Óscar

Amnistía Internacional

Amorebieta (Vizcaya)

Andalucía

Anson, Luis María

Antiterrorismo ETA

Añoveros Ataun, monseñor Antonio, obispo de Bilbao

Añoveros García, Jaime

AP, véase Alianza Popular

Apala, véase Apalátegui

Apalátegui, Miguel Ángel (Apala)

«aperturismo», «aperturistas»

Aragón

Araluce Villar, Juan María de

Aramburu Topete, José, general

Aravaca, pacto de

Aravaca (Madrid)

Areilza, José María de, conde de Motrico

como ministro de Asuntos Exteriores

dimisión como embajador en París

en las elecciones de 1977

encuentro con Scheel

excluido del Centro Democrático

y Carrillo

y el pacto de Aravaca

y el Partido Popular

y el rey Juan Carlos

y Suárez

Argaña, véase Bañarán Ordeñana

Argaya Goicoechea, obispo de San Sebastián

Argentina

Arias Navarro, Carlos

como ministro de la Gobernación

como presidente del gobierno

dimisión en noviembre de 1975

discurso del 12 de febrero de 1974

ley de asociaciones

plan para las asociaciones políticas

relación con Juan Carlos

visita a la tumba de Franco

y el búnker

y los «tácitos»

Arias Salgado, Rafael

Armada y Comyn, Alfonso, general

sentenciado

y el «tejerazo»

y la operación De Gaulle

Armero, José Mario

Arregui Izaguirre, Joseba Iñaki

Arrese Arizmendiarreta, Jaime

Arriba

Arzalluz, Xabier

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)

Assemblea de Catalunya

Astilleros Bazán, en El Ferrol

Asturias

huelga de mineros de

huelgas de 1973

reacción al «tejerazo»

Atarés Peña, Juan, general

Attard, Emilio

Avalos Gomáriz, Jesús, coronel

Ávila

Ávila, comandante

Aza, Alberto

Azcárate, Manuel

Baleares, islas

Ballesteros, Jaime

Ballesteros García, Manuel

Bandrés Molet, Juan María

Baqueira Beret (Lérida)

Barajas, aeropuerto de

Barcelona

asalto al Banco Central

estado de excepción de 1969

huelgas de 1970

huelgas de 1971

manifestaciones en

peticiones de amnistía

Barón, Enrique

Barrera de Irimo, Antonio

Barrionuevo, Eduardo

Barroso Sánchez-Guerra, Antonio

Basauri (Vizcaya)

Batallón Vasco-Español

Bayón Mariné, Ignacio

Becerril Bustamante, Soledad

Beihl, Eugen

Benegas, José María (Txiki)

Beñarán Ordeñana, José Miguel (Argala)

Berazadi Uribe, Ángel

Bereciartúa, padre

Berlinguer, Enrico

Bilbao

Blanco, Jaime

Blanco, José Manuel

Blanco y Negro

Borbón-Parma, don Javier de

Borbón y Dampierre, don Alfonso de

Boyer, Miguel

Brigada Antigolpe

Brigada Paracaidista (BRIPAC)

Brunete (Madrid)

Bueno Monreal, cardenal José María, arzobispo de Sevilla

Buitrago, Ginés de, véase Carrero Blanco

búnker

hostilidad hacia el Opus Dei

y el ejército

y ETA

y Franco

y la legalización del PCE

y la muerte de Franco

y la operación De Gaulle

y la operación Galaxia

y la sucesión de Carrero Blanco

y los comandos terroristas de ultraderecha en el País Vasco

Burgos

Burgos, juicios de, véase ETA

Busquets Bragulat, Julio, comandante

Bustelo, Carlos

Bustelo, Francisco

Cabanillas Gallas, Pío

como ministro de Justicia

enfrentamiento con el presidente

y el escándalo del aceite de colza

y el Partido Popular

cafetería Rolando (Madrid)

Calvo Ortega, Rafael

Calvo Serer, Rafael

Calvo Sotelo, Leopoldo

dimisión como presidente de la UCD

elección del nuevo gobierno

en las Cortes

gobierno después del 23-F

pérdida de su escaño parlamentario

renuncia a trasladar su oficina de la Moncloa

sustitución de Suárez

votación de investidura

y el II Congreso de UCD

y el problema vasco

y la convocatoria de las elecciones

y la OTAN

y las escisiones en la UCD

Camacho, Marcelino

Cambio 16

Camp Nou

Campano López, Ángel, general

Campo, Julián

Canarias, islas

Cano Portal, Luis, general

Cantarero del Castillo, Manuel

Cantero Cuadrado, arzobispo

carlistas

requetés

y el Frente por la Paz vasco

Carrero Blanco, Luis, almirante

asesinato de

bajo el seudónimo de Ginés de Buitrago

como presidente del Consejo de Ministros

como vicepresidente del gobierno

encargo de la supervisión de la sucesión de Franco

y el gobierno monocolor

y la represión

Carriles, Eduardo

Carrillo, Santiago

detención de

y el pacto de la Moncloa

y el Tejerazo

y la creación de la Coordinación Democrática

y la desintegración del PCE

y la Junta Democrática

y los esfuerzos para conseguir la legalización del PCE

y Suárez

Carro Martínez, Antonio

Cartagena

Caruana Gómez, Luis, general

Casinello Pérez, Andrés

Castañón de Mena, Juan, general

Castellano, Pablo

Castells, Miguel

Castro Villacañas, Antonio

Cataluña

Assemblea de Catalunya

autonomía

Día de las Fuerzas Armadas en

elecciones al Parlamento catalán

huelgas de 1973

huelgas de 1975

y el pacto para la Libertad

Caudillo, véase Franco, Francisco

Cavero Lataillade, Iñigo

Ceausescu, Nicolae

Cebreros (Ávila)

Centro Democrático

Centro Democrático y Social (CDS)

Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)

CEOE, véase Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Cerecedo, Francisco

Ceuta

Chamorro, Manuel, general

Chéz, Heinz

Cierva, Ricardo de la

Cirarda Lachiondo, monseñor José María

Cisneros, Gabriel

Ciurana, Antonio

Claudín, Fernando

Clavero Arévalo, Manuel

Coalición Democrática

Colectivo Almendros, véase Alcázar, El

Colegios de Abogados

Coloma Gallegos, Francisco, general

Comandos Bereziak, véase ETA Político-Militar

Comandos de Lucha Antimarxista

Comisiones Obreras (CCOO)

Congreso de julio de 1970

contrario a la táctica de ETA

en Cataluña

proceso

y la Junta Democrática

Companys, Lluís

Comunidad Económica Europea (CEE)

condena del régimen de Franco

Opus Dei y la entrada en la

protesta por las ejecuciones de 1974

solicitud de España para entrar en 1962

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Confederación Nacional de Excombatientes

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

Consejo de Estado

Consejo del Reino

Consejo Nacional del Movimiento

véase también Movimiento; Falange

Consejo Superior de Justicia Militar

Consejo Superior del Ejército

Constitución

referéndum de la

continuismo, continuistas

convenios colectivos

Convergencia i Unió (CiU)

Coordinación Democrática (Platajunta)

y la Plataforma de Organizaciones Democráticas

véase también POD

Coruña, La

Cotoner y Cotoner, Nicolás, marqués de Mondéjar

Crespo Cuspinera, Jesús, coronel

cristianodemócratas

críticas contra Suárez

en la UCD

escisiones internas

formación del Partido Popular Demócrata Cristiano

hundimiento de la izquierda

oposición al régimen de Franco

y el grupo Tácito

y la Plataforma de Convergencia Democrática

y la reforma del divorcio

y los liberales

Cruz Cuenca, Miguel

Cuadernos para el Diálogo

De Santiago y Díaz de Mendívil, Fernando, general

forzado a dimitir

reunión en Játiva

y el golpismo

Delgado, Aurelio

Delgado Martínez, Joaquín

desencanto

desgobierno

Diario 16

Diario de Navarra

Díaz, Elias

Díaz Merchán, monseñor Gabino

Díez Alegría, Manuel, general

Dirección General de Seguridad

División Acorazada (DAC)

como una fortaleza ultra

en el «tejerazo»

y la operación Galaxia

Doval Mateos, Juan de Dios

Durango (Vizcaya)

Echevarría, Juan de

Egin

Eibar

Eje, potencias del

Ejército español

golpismo del

infiltración por el búnker

ley de amnistía militar

«manifiesto de los cien»

operación De Gaulle

operación Galaxia

Unión Militar Democrática

Unión Militar Española

y el 23F

y el franquismo

y el País Vasco

y el plan de golpe de 1982

y Gutiérrez Mellado

y Juan Carlos

y la legalización del PCE

y la OTAN

y la visita del rey al País Vasco

y las autonomías

y Suárez

ELA-STV

Elícegui Prieto, Antonio, general

Elósegui, Joseba

Enrique y Tarancón, monseñor Vicente

como arzobispo de Madrid-Alcalá

oposición al régimen de Franco

y la Conferencia Episcopal de 1974

Equipo de la Democracia Cristiana

Escuela Superior del ejército

Escuín, monseñor Benavent, arzobispo de Granada

Escuredo, Rafael

Espinosa San Martín, Juan José

Esquivias Franco, Manuel, general

Estados Unidos de América

embajada de

y el apoyo al rey Juan Carlos

Estoril (Portugal)

ETA (Euskadi Ta Askatasuna)

apoyo popular

ataques a los sindicatos

conflictos internos

detenciones de 1974

escisión entre las ramas político y militar

levanta la moral de la oposición a Franco

pérdida de apoyo popular

proceso de Burgos

reaparición de la actividad en 1982

reinicio del terrorismo

teoría terrorista

y el asesinato de Carrero

y el atentado a la cafetería Rolando

y el secuestro de Ryan

véase también ETA Militar; ETA Político-Militar; País Vasco

ETA Militar

entrevista con Martín Villa

formación de

resurgimiento de

táctica terrorista

y el asesinato de miembros de la UCD vasca

y el referéndum de autonomía

y el secuestro de Ryan

y «Galaxia»

y Herri Batasuna

y las elecciones de 1977

y Navarra

véase también ETA; ETA Político-Militar

ETA Político-Militar

Comandos Bereziak

dedicación a la política convencional

entrevistas con Suárez

escisiones internas

formación de

resurgimiento de

y el referéndum de autonomía

y el «tejerazo»

y las elecciones de 1977

véase también ETA; ETA Militar

Europa Press, agencia

Euskadi, véase País Vasco

Euskadiko Eskerra

formación de

unión con el Partido Comunista de Euskadi-EPK

y el Frente por la Paz

y el referéndum de autonomía

y ETA

Euskal Iraultzako Alderdia (EIA)

como parte de Euskadiko Eskerra

véase también ETA Político-Militar

Extremadura

Ezquerro, Julián, comandante

Falange

durante el régimen de Franco

oposición a la entrada de España a la CEE

oposición al Opus Dei

y la sucesión de Franco

y los diversos sectores de oposición

véase también Movimiento

Falcón, Lidia

Fallaci, Oriana

Fanjul Sedeño, Juan Manuel

Federación Anarquista Ibérica (FAI)

Federación de Partidos Demócratas y Liberales

Federación de Partidos Socialistas

Federación Popular Democrática

Federación Social Independiente

FEDISA

Fernández Campos, Sabino, general

Fernández de Córdoba, Joaquín, general

Fernández de la Mora, Gonzalo

Fernández Gutiérrez, Juan Antonio

Fernández Navarro, Lorenzo, capitán

Fernández Ordóñez, Francisco

cesado por Suárez

como ministro de Justicia

dimisión

en el Centro Democrático

y el PSOE

Fernández Posse, Manuel, general

Fernández Sordo, Alejandro

Fernández Vallespín, Carlos, general

Fernández-Miranda, Torcuato

como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino

y la sucesión de Arias

y Suárez

Ferrol, El

Fiesta de Mundo Obrero, del PCE

«fondo de reptiles» de la UCD

Fontán Pérez, Antonio

fontaneros, véase Suárez, Adolfo

Forest, Eva

Fraga Iribarne, Manuel

ataque contra Martín Villa

como ministro de la Gobernación

declara la guerra a ETA

en las elecciones de 1977

hostilidad hacia el Madrid

hostilidad hacia la izquierda

y Alianza Popular

y el escándalo MATESA

y el pacto de Aravaca

y el «tejerazo»

y la operación De Gaulle

y la UCD

y las elecciones de 1982

y Suárez

véase también Alianza Popular

Francia

Franco, Francisco

anticomunismo de

enfermedad en 1974

enfermedad final y muerte

estado senil

mensaje de fin de año de 1971

resentimiento con la Iglesia

y el accidente de caza de 1961

y el búnker

y el dossier de pornografía

y el veredicto del proceso de Burgos

y las sentencias de muerte

Franco, Nicolás

Franco, régimen de:

colapso político

comandos terroristas

crisis económicas

crisis universitaria de 1956

diferencias con la Iglesia

familias

final del

huelgas en 1970

ley sindical de 1971

proceso 1.001

referéndum constitucional

remodelación del gobierno en octubre de 1969

vuelta a la brutalidad en los últimos años

y la liberalización económica

y la represión de los vascos

y los cleptócratas

FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota)

detenciones de 1974

sentencias de muerte de 1975

Fuente, Licinio de la

Fuentes Quintana, Enrique

Fuero de los Españoles

Fuerza Nueva

Guerrilleros de Cristo Rey

Fuerza Nueva

Gabeiras Montero, José, general

y el «tejerazo»

Galicia

y la autonomía

Gamir, Luis

Garaikoetxea, Carlos

Garchitorena Zalba, Ricardo, coronel

García Añoveros, Jaime

García Carrés, Juan

y el «tejerazo»

García Díez, Juan Antonio

García Hernández, José

García López, Antonio

García Moncó, Faustino

García Ramal, Enrique

García Rebull, Tomás, general

García Sanz, Ramón

García Trevijano, Antonio

Garicano Goñi, Tomás

Garmendia Artola, José

Garrigues Walker, Antonio

Garrigues Walker, Joaquín

en el Centro Democrático

muerte de

Garrigues y Díaz-Cañabate, Antonio

garrote vil

Generalitat de Cataluña

GEO (Grupo de Operaciones Especiales)

Gibraltar

Gil, Vicente, doctor

Gil Robles, José María

Girón de Velasco, José Antonio

Giscard d’Estaing, Valéry

GODSA

golpismo, véase ejército español

Gómez Hortigüela, Luis, teniente general

Gómez Llorente, Luis

González, Felipe

abandono del marxismo

en las elecciones de 1977

perseguido por la policía

victoria en las elecciones de 1982

y el XXVII Congreso

y el XXIX Congreso

y el PCE

y el «tejerazo»

y la operación De Gaulle

y los sondeos de opinión

y Suárez

González de Suso, Andrés, general

González del Yerro, Jesús

González Martín, arzobispo de Barcelona

González-Vallés Sánchez, Lorenzo, general

Graíno, Álvaro, mayor

Granada

Granados Gata, Francisco

GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre)

Grimau, Julián

Guadalajara

Guardia Civil

Agrupación de Destinos

brutalidad en el País Vasco

Unidades Antiterroristas Rurales

y el búnker

y el terrorismo

y ETA

Guernica

Guerra, Alfonso

ataques a Calvo Sotelo

ataques a Suárez

y el XXVII Congreso

y el «tejerazo»

y Fraga

y la Constitución

Guerra Campos, José

Guerra Civil española

Guerrilleros de Cristo Rey, véase Fuerza Nueva

Guipúzcoa

Gutiérrez Mellado, Manuel, general

reforzamiento de

y el búnker

y el «tejerazo»

y la política de promociones

HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea)

Hassan II, rey de Marruecos

Heraldo Español

Hermandad de Alféreces Provisionales

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Herrera Hernández, José María, comandante

Herrero Tejedor, Fernando

Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel

Herri Batasuna (HB)

crisis interna

formación de

peticiones de

y el referéndum de autonomía

y el rey

y el secuestro de Ryan

y Navarra

HOAC, véase Hermandad Obrera de Acción Católica

Hoja del Lunes

Huarte, Félix

Humberto Baena, José

Hunosa

Ibáñez Freire, Antonio, general

Ibáñez Inglés, Diego, coronel

Ibárruri, Dolores, La Pasionaria

Iberduero

Iglesia

apoyo a los huelguistas de 1970

Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes

XIII Asamblea de la Conferencia Episcopal

comisión justicia y Paz

Conferencia Episcopal de 1974

refrendo a la UCD

y Calvo Sotelo

y el País Vasco

y el régimen franquista

y Gil Robles

y los juicios de Burgos

Iglesias, Pablo

ikastolas

ikurriña

Imaz Martínez, Joaquín, comandante

imparcial, El

«incontrolados» armados, grupos de

Iniesta Cano, Carlos, general

carta a El Alcázar

inmovilismo

Instituto Nacional de Industria (INI)

Interviú

Italia

Izquierda Demócrata Cristiana

Izquierda Democrática

Izquierdo Feriguela, Antonio

Játiva (Valencia)

Jiménez Blanco, Antonio

Juan XXIII, papa

Juan Carlos I, rey

defensa de la Constitución

primer gobierno

proclamado sucesor de Franco

recibe el poder provisional

visita al País Vasco

y Areilza

y Arias Navarro

y el bloqueo ultra de la transición

y el «tejerazo»

y la muerte de Franco

y las Fuerzas Armadas

y los obstáculos al inicio del reinado

y Suárez

Juan de Borbón, don, conde de Barcelona

Jubany Arnau, Narcís, arzobispo de Barcelona

Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM)

Junta Democrática

Juntas Patrióticas

Just, don Cassiá, abad

Juste Fernández, José, general

Juventud Obrera Católica (JOC)

KAS, véase Koordinadora Abertzale Sozialista

Kissinger, Henry, secretario de Estado

Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS)

Alternativa KAS

formación

Labadíe Otermín, Francisco

Lacalle Leloup, Álvaro, general

LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia)

Laín Entralgo, Pedro

Laina García, Francisco

Lamo de Espinosa, Jaime

Lasa Michelena, Juan Lorenzo Santiago, Txikierdí

Laso Corral, Agustín, coronel

Lavilla Alsina, Landelino

como ministro de Justicia

como presidente de la UCD

y Suárez

Ledesma, Román

lehendakari

Leizaola, Jesús María de

Lemoniz, central nuclear de

Lérida

Lertxundi, Roberto

Letamendia, Francisco

Levante

Ley de Administración del Proceso Autonómico, véase LOAPA

liberales

asamblea celebrada en Estoril

atacados por Girón

en la oposición catalana

en la UCD

y el PDL

y los cristianodemócratas

Liga Comunista

Liniers Pidal, Tomás de, general

Liñán, Fernando de

Lipperhiede, José

Lisboa

Llopis, Rodolfo

Llorca, Carmen

Lluch, Ernest

LOAPA (Ley de Administración del Proceso Autonómico)

Lojendio, Miguel María de

López de Letona, José María

López Rodó, Laureano

López-Bravo, Gregorio

Lugo

Madrid

cafetería California, bomba en la

cafetería Galaxia

huelga de la universidad

huelgas de 1970

huelgas en

manifestaciones a favor de la democracia

manifestaciones pro amnistía en

violencia en

Madrid

Málaga

Mallorca

Mando Único Antiterrorista

Manzanas, Melitón

Maravall, José Antonio

Marchais, Georges

Marruecos

Martín Patino, José María

Martín Villa, Rodolfo

apoyo a Calvo Sotelo

como ministro del Interior

como ministro para la Administración Territorial

dimisión

entrevista con ETA Militar

y el País Vasco

y Suárez

Martínez Esteruelas, Cruz

Martínez-Bordiú, Cristóbal, marqués de Villaverde

Martínez-Bordiú, María del Carmen

Mas Oliver, Pedro, coronel

Mata, Enrique de la

MATESA, escándalo

Mateu Cánovas, José Francisco

Medina, Ismael

Mejías, Manuel María, general

Melià, Josep

Mendizábal, Eustakio, Txikia

Menéndez Vives, Camilo

Merry Gordón, Pedro, general

México

Milans del Bosch, Jaime, general

concesión de una medalla

conspiración con Tejero

entrevista en ABC

relevado al frente de la DAC

sentenciado

y Armada Comyn

y el Colectivo Almendros

y el juicio de Atarés

y el plan para el golpe de octubre de 1982

y el «tejerazo»

Milans del Bosch, Juan, capitán

Moncloa, palacio presidencial de la

Mondragón

Montseny, Federica

Montserrat

abad de

Monzón, Telesforo

Morcillo González, Casimiro

Moreno Bergareche, Eduardo, Pertur

Morodo, Raúl

Motrico, conde, véase Areilza

Movimiento

creación del

durante el régimen de Franco

reacción a las huelgas de 1970

y la sucesión de Carrero

y la UCD

y Suárez

Movimiento Comunista

Movimiento Patriótico Militar

Múgica, Enrique

Muñoz Grandes, Agustín, general

Muñoz Gutiérrez, Luis, coronel

Navarra

Navarro Rubio, Mariano

Newsweek

Nicolás García, Mariano

Niedergang, Marcel

Nieto Antúnez, almirante

Nuevo Diario

Oliart Saussol, Alberto

Ollero, Carlos

Onaindía Nachiondo, Mario

Oneto, José

oposiciones

Opus Dei

atacado por el búnker

durante el régimen de Franco

FACES (Fomento de Actividades Culturales, Económicas y Sociales)

tecnócratas del

y el escándalo MATESA

y los Planes de Desarrollo

Ordovas, Manuel, coronel

Oreja Aguirre, Marcelino

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Calvo Sotelo pide el ingreso en la

manifestaciones contra

punto de vista del PSOE sobre

Oriol y Urquijo, Antonio María de

Ortega y Díaz-Ambrona, Juan Antonio

Ortín Gil, Constantino, general

Ortínez, Manuel

Ortiz González, Luis

Ortuella (Vizcaya)

Osorio García, Alfonso

y Armada Comyn

y Cataluña

y los planes para la coalición de gobierno

y Suárez

Otaegi Etxebarría, Ángel

OTAN, véase Organización del Tratado del Atlántico Norte

Otsagabía, ponencia

Oviedo

Pablo VI, papa

pacto de la Moncloa

País, El

País Vasco

abertzales

conflictos laborales en

Consejo General Vasco

demostración anti ETA de 1980

elecciones al Parlamento vasco

estado de excepción de 1975

estados de excepción de 1968 y de 1969

Frente por la Paz

gobierno vasco en el exilio

huelgas

incidente de Rentería

manifestaciones antiespañolas

manifestaciones contra ETA en 1982

marcha de la Libertad

Mesa de Alsasua

negociaciones autonómicas

persecución franquista del

reacción a la amnistía

referéndum para el Estatuto de autonomía

visita del rey

y el clero

y la amnistía de 1977

y la Constitución

y la legalidad franquista

y Suárez

véase también ETA; ETA Militar; ETA Político-Militar

Palomino, Ángel

Pamplona

Pardo, El

Pardo Zancada, Ricardo, comandante

Paredes Manot, Juan, Txiki

París

Partido Comunista de España (PCE)

creencia en una huelga general

crítica a la invasión soviética de Checoslovaquia

desintegración del

en las elecciones de 1977

entrevista con Díez Alegría

hostilidad hacia la táctica de ETA

legalización del

llamamiento para una acción democrática nacional

negociaciones con la Plataforma de Convergencia Democrática

presión para su legalización

y el movimiento laboral

y el pacto de la Moncloa

y el pacto por la Libertad

y el País Vasco

y el proyecto de reforma de Suárez

y la Junta Democrática

y las elecciones de 1979

y las elecciones de 1982

y los asesinatos en la calle de Atocha

y los militares

Partido Comunista de Euskadi-EPK

Partido Demócrata (PD)

Partido Demócrata Liberal (PDL)

Partido Demócrata Popular (PDP)

Partido Español Nacional-Socialista

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

declaración de guerra a ETA

en el gobierno vasco en el exilio

y el Frente por la Paz

y la autonomía vasca

y la Constitución

y la Junta Democrática

y la Plataforma de Convergencia Democrática

y la visita del rey al País Vasco

Partido Popular (PP)

Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC)

Partido Radical

Partido Social Demócrata (PSD)

Partido Social-Demócrata Español (PSDE)

Partido Socialista de Andalucía (PSA)

Partido Socialista del Interior (PSI), se convierte en PSP

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

ataque a la UCD

XII Congreso en el exilio

XIII Congreso en el exilio

XXVII Congreso

XXVIII Congreso

XXIX Congreso

divisiones internas

elecciones vascas

en las elecciones de 1977

moderación del

resurgimiento del

y el Frente por la Paz

y el gobierno de gestión

y el pacto de la Moncloa

y la autonomía vasca

y la Constitución

y la Junta Democrática

y la LOAPA

y la OTAN

y la Plataforma de Convergencia Democrática

y las elecciones de 1979

y las elecciones de 1982 en Andalucía

y las elecciones en Galicia

y las elecciones generales de 1982

y los militares

y los planes para la supresión del franquismo

Partido Socialista Obrero Español Histórico

Partido Socialista Popular (PSP)

integración en el PSOE

Partit Socialista de Catalunya (PSC)

véase también Partido Socialista del Interior (PSI)

y la Junta Democrática

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

Pascual Galmés, Antonio, general

Pastor Ridruejo, Félix

Patiño Toledo, Pedro

Pérez-Llorca, José Pedro

Pérez Rodríguez, José Antonio, teniente coronel

Pérez Viñeta, Alfonso, general

Pérez Zamora, Aurelio, coronel

Pertur, véase Moreno Bergareche, Eduardo

Pery Junquera, Pascual, almirante

Pinochet, Augusto, general

Piñar López, Blas;

ataque a Arias Navarro

ataque al aperturismo

contra el proyecto de reforma de Suárez

petición de un alzamiento militar

y la muerte de Franco

Pita da Veiga, Gabriel, almirante

Plataforma de Convergencia Democrática

fusión con la Junta Democrática

Plataforma de Organizaciones Democráticas (POD)

asamblea extraordinaria de

formación de

Platajunta, véase Coordinación Democrática

poderes fácticos

Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE)

Polo, Carmen

Pontevedra

Portell, José María

Portugal

Portugalete

Prada Candías, general

Precicontrol, empresa

Prieto López, Manuel, general

Primo de Rivera, José Antonio

Primo de Rivera, Miguel

Primo de Rivera, Miguel, general

proceso 1.001, véase Comisiones Obreras

procuradores

Pueblo

Puig Antich, Salvador

Pujol, Jordi

Punto y Hora

Quintana Lacaci, Guillermo, general

asesinado

y el «tejerazo»

Quintero Morente, Federico, coronel

Radiotelevisión Española (RTVE)

Ramírez, Pedro J.

Raymundo Moya, José Luis

Rayo Vallecano, estadio de fútbol del

REACE, compañía de aceite

Real Madrid, club de fútbol

Real Zaragoza, club de fútbol

Recarte, Alberto

Redondo, Nicolás

Reforma Social Española

RENFE

Rentería (Guipúzcoa)

República española, Segunda

requetés, véase carlistas

Reventós Carner, Joan

Ridruejo, Dionisio

en la oposición

Rodrigo Cifuentes, Fernando, general

Rodríguez Martínez, Julio

Rodríguez Miranda, Santiago

Rodríguez Román, Emilio, general

Rodríguez Sahagún, Agustín

como ministro de Defensa

dimisión

y el «tejerazo»

Rojas Marcos, Alejandro

Roma

Romero, Emilio

Rosón Pérez, Juan José

como ministro del Interior

y ETA

Rubial, Ramón

Rubio, comandante

Ruiz-Giménez, Joaquín

aproximación hacia la oposición

diferencias con Álvarez de Miranda

entrevista con Scheel

excluido del centro político

y Carrillo

y las detenciones de noviembre de 1974

Ruiz-Jarabo, Francisco

Rupérez, Javier

ruptura democrática

ruptura pactada

Ryan, José María

Sáenz de Santamaría, José, general

y el «tejerazo»

Sáenz de Ynestrillas, Ricardo, capitán

detenido

y la operación Galaxia

Sáez Larumbe, Luis, general

Sáhara español

Salazar-Simpson, Luis Alberto

San Adrián de Besós (Barcelona)

San Martín López, José Ignacio, teniente coronel

y la intervención militar

San Sebastián

Sánchez Bella, Alfredo

Sánchez Bravo, José Luis

Sánchez Ventura, José María

Sánchez-Ramos Izquierdo, Juan Manuel, general

Sánchez-Terán, Salvador

Sancho Rof, Jesús

Santander

Sanz Pastor, José María

Sartorius, Nicolás

Sastre, Alfonso

Satrústegui, Joaquín

Scheel, Walter

Seara Vázquez, Modesto

SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo)

Segovia

Senadores para la Democracia

Serra, Narcís

Serrano Súñer, Ramón

Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno (SIPG)

Sestao (Vizcaya)

Sevilla

Sicre Canut, Antonio, coronel

«siete magníficos»

Silva Muñoz, Federico

Sindicato Español Universitario (SEU)

sindicatos verticales

declive de

ley sindical de 1971

proyecto de reforma de 1976

Sistema

Soares, Mário

Sofía, reina de España

Solana, Javier

Solé Tura, Jordi

Soler Valero, Francisco

Solís Ruiz, José

SOMA-UGT, sindicato de mineros asturianos

Soto de la Marina (Santander)

Spínola, Antonio Ribeiro

Suárez, Adolfo

aislamiento de

atacado por González

caída de la popularidad

como ministro secretario general del Movimiento

como presidente del gobierno

dimisión

dimite de la ejecutiva de la UCD

en las elecciones de 1977

en las elecciones de 1979

forma el CDS

formación de gobierno

logros de

problema de salud

remodelación del gobierno de septiembre de 1979

votación sobre el proyecto de reforma política

y Cataluña

y el asesinato de miembros de la UCD

y el pacto de la Moncloa

y el «tejerazo»

y ETA

y la autonomía regional

y la estrategia para la reforma

y la legalización del PCE

y la Plataforma Moderada

y la presencia ultra en el ejército

y los cristianodemócratas

y los «fontaneros»

y UCD

Suñer, Luis

Suquía Goicoechea, monseñor Ángel, obispo de Málaga

Suresnes (cerca de París)

Tabera y Araoz, monseñor, arzobispo de Pamplona

«tácitos»

orígenes

y Arias Navarro

y el Estatuto de Asociaciones de 1974

y el primer gobierno de Suárez

y Girón

Tarradellas, Josep

«tejerazo»

juicio de los conspiradores

Tejero Molina, Antonio, teniente coronel

conspiración con Milans del Bosch

incidente de Málaga en 1977

sentenciado

y el intento de golpe

y ETA

y la operación Galaxia

Tenerife

Thomas de Carranza, Enrique

Tierno Galván, Enrique

Timón de Lara, José

Tomás de Salas, Juan

Torfinasa

Torres Rojas, Luis, general

Toulouse

Tovar, Antonio

Triunfo

Txikia, véase Mendizábal, Eustakio

Txikierdi, véase Lasa Michelena

Ubieta López, José Ángel

Ullastres, Alberto

ultras, véase búnker

Unceta Barrenechea, Augusto

Unión de Centro Democrático (UCD)

II Congreso

colapso de

divisiones internas

elecciones regionales

en las elecciones de 1977

formación de la

naturaleza de la

proyecto de la reforma del divorcio

y ETA

y la autonomía regional

y la Constitución

y la LOAPA

y la OTAN

y las elecciones de 1979

y las elecciones de 1982

y los militares

Unión del Olivar Español

Unión del Pueblo Español (UDPE)

Unión Democrática Española

Unión General de Trabajadores (UGT)

contrario a la táctica de ETA

Unión Militar Democrática (UMD), véase ejército español

Unión Patriótica Militar

Unión Social Demócrata Española (USDE)

Unión Soviética

y las divisiones en el PCE

Uranga, José Javier

Utrera Molina, José

Valencia

Valenzuela, Joaquín María de, general

Valladolid

Valle de los Caídos

Vanguardia, La

Vaticano

Concordato con

hostilidad al régimen franquista

Vega Rodríguez, José, general

Vicente, Ciríaco de

Vigo

Vila Reyes, Juan

Villaescusa Quilis, Emilio

Villar Palasí, José Luis

Viola Sauret, Joaquín

asesinato de

Vitoria

Vizcaya

Wojtyla, Karol (papa Juan Pablo II)

Ya, diario

Ybarra y Berge, Javier de

Zabala, Lorenzo

Zamora

Zaragoza

Zarauz (Guipúzcoa)

Zarzuela, palacio de la

Notas

[1] Paul Preston, coord., España en crisis: evolución y decadencia del régimen franquista, Madrid-México D. F., 1978, pp. 217-263. <<

[2] Paul Preston, El zorro rojo. Una biografía de Santiago Carrillo, 2.ª ed., Barcelona, 2015. <<

[3] Paul Preston, Juan Carlos. El rey de un pueblo, 2.ª ed., Barcelona, 2012. <<

[4] Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, 2011. <<

[5] Gregorio Morán, El precio de la transición, Barcelona, 1991, pp. 75-108. <<

[6] Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, 1981, p. 360. <<

[7] Manuel Vázquez Montalbán, Los demonios familiares de Franco, Barcelona, 1978, p. 105. <<

[8] José María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 73-76. <<

[9] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones con Franco, Barcelona, 1976, p. 214. <<

[10] Cambio 16, núm. 278, 10 de abril de 1977. <<

[11] Arriba, 2 de octubre de 1975. <<

[12] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones, pp. 277 y 332. <<

[13] Según la mano derecha del cardenal, el padre José María Martín Patino, en su intervención en el seminario sobre la transición celebrado en Toledo en mayo de 1984. Véase Charles T. Powell, El piloto del cambio, Barcelona, 1991, p. 126. <<

[14] Véase Paul Preston, Las tres Españas del 36, Barcelona, 1998, pp. 285-289. <<

[15] Javier Tusell, La oposición democrática al franquismo, Barcelona, 1977, pp. 189-207. <<

[16] Santos Juliá, «Homilía para el fin de una guerra», en Santos Juliá, Javier Pradera y Joaquín Prieto, coords., Memoria de la transición, Madrid, 1996, pp. 114-115. <<

[17] Paul Preston, Franco. «Caudillo» de España, Barcelona, 1994, p. 904. <<

[18] Rafael Calvo Serer, La solución presidencialista, Barcelona, 1979, p. 39. <<

[19] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, 1980, p. 263; Laureano López Rodó, Memorias. Años decisivos, Barcelona, 1991, p. 436. <<

[20] Fraga Iribarne, Memoria breve, p. 261. <<

[21] Ibid., p. 272. <<

[22] Henry Kissinger, The White House Years, Londres, 1979, pp. 84-85. <<

[23] Hay quienes argumentan que el asesinato contaba con la connivencia de las autoridades franquistas. Véase Carlos Estévez y Francisco Mármol, Carrero. Las razones ocultas de un asesinato, Madrid, 1998. <<

[24] Vicente Gil, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, 1981, pp. 190-202, 209 y 212. <<

[25] Luis Herrero, El ocaso del régimen. Del asesinato de Carrero a la muerte de Franco, Madrid, 1995, p. 113; José Luis de Vilallonga, El rey. Conversaciones con don Juan Carlos I de España, Barcelona, 1993, pp. 213-216. <<

[26] Juliá, «La estrategia de la tensión», en Juliá, Pradera y Prieto, Memoria de la transición, pp. 185-188. <<

[1] Sobre los orígenes y la naturaleza de la guerra civil, véanse Raymond Carr, The Spanish Tragedy. The Civil War in Perspective, Londres, 1977; Paul Preston, The Corning of the Spanish Civil War, Londres, 1978, y como editor, Revolution and War in Spain 1931-1939, Londres, 1984. <<

[2] Sobre la composición de los apoyos a Franco, véanse Amando de Miguel, Sociología del franquismo, Barcelona, 1975; Eduardo Sevilla Guzmán y Salvador Giner, «Absolutismo despótico y dominación de clase: el caso de España», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núms. 43-45, enero-junio de 1975; C. Viver Pi-Sunyer, El personal político de Franco 1936-1945, Barcelona, 1978, y Miguel Jerez Mir, Élites políticas y centros de extracción en España 1938-1957, Madrid, 1982. <<

[3] Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, Spain: Dictatorship to Democracy, Londres, 1979, p. 19. <<

[4] Hartmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, 1983, pp. 41-48; Malcolm Muggeridge, ed., Ciano’s Diplomatic Papers, Londres, 1948, pp. 293-294; Charles Foltz, Jr., The Masquerade in Spain, Boston, 1948, pp. 96-98. <<

[5] La estrecha competencia entre las «familias» franquistas ha recibido la denominación de «pluralismo limitado». Juan J. Linz, «An Authoritarian Regime: Spain», en E. Allardt y H. Littunen, eds., Cleavages, Ideologies and Party Systems, Helsinki, 1964; De Miguel, Sociología, passim; Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange española, 1933-1983, Barcelona, 1984, caps. 3 y 4. <<

[6] Ellwood, Prietas las filas, pp. 146-147; Ramón Serrano Súñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona, 1977, pp. 364-371. <<

[7] Esta alteración en el equilibrio interno de fuerzas es el tema de Paul Preston, ed., Spain in crisis. Evolution and Decline of the Franco Regime, Hassocks, 1976. <<

[8] En Agustín Roa Ventura, Agonía y muerte del franquismo (una memoria), Barcelona, 1978, se analizan las contradicciones más sorprendentes. <<

[9] Sima Lieberman, The Contemporary Spanish Economy. A Historical Perspective, Londres, 1982, pp. 73-96; José Manuel Naredo, La evolución de la agricultura en España, 23.a ed., Barcelona, 1974, pp. 146-171. <<

[10] Ángel Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos, Barcelona, 1981, pp. 26-51 y 134-148. <<

[11] Pablo Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Barcelona, 1981, pp. 77 ss.; Sergio Vilar, La oposición a la dictadura. Protagonistas de la España democrática, 23.a ed., Barcelona, 1976, pp. 405-407; Tusell, La oposición democrática al franquismo, Barcelona, 1977, pp. 282297. <<

[12] Analizó este proceso ya en 1964 Fernando Claudín, Las divergencias en el Partido, 1964, caps. 3, 5 y 6. También se pueden encontrar análisis menos proféticos en la obra de F. Javier Paniagua, La ordenación del capitalismo avanzado en España: 1957-1963, Barcelona, 1911, passim; Carlos Moya, El poder económico en España, Madrid, 1975, pp. 119-142, y Lieberman, Spanish Economy, pp. 199-246. <<

[13] Lieberman, Spanish Economy, pp. 250-256. Respecto a las huelgas de 1962 y sus repercusiones, Ignacio Fernández de Castro y José Martínez, eds., España hoy, París, 1963, y Parti Communiste Français, 2 meses de huelgas, París, 1962. <<

[14] Ellwood, Prietas las filas, pp. 183-187; Carr y Fusi, Spain, pp. 174-176. <<

[15] Ramón Soriano, La mano izquierda de Franco, Barcelona, 1981, passim; López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, 1977, pp. 195-197. <<

[16] López Rodó, La larga marcha, pp. 286-289. <<

[17] Amandino Rodríguez Armada y José Antonio Nováis, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Madrid, 1976, pp. 109-158; Stuart Christie, The Christie File, Seattle, 1980, p. 51; ¿Crimen o castigo? Documentos inéditos sobre Julián Grimau, Madrid, 1963, passim. <<

[18] Octavio Alberola y Ariane Gransac, El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974, París, 1975, pp. 107-112. <<

[19] Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 10, diciembre de 1966-enero de 1967, pp. 28-63. <<

[20] Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, Harmondsworth, 1976, pp. 186-214; Lorenzo Torres, The Spanish Left. Illusion and Reality, en The Socialist Register 1966, pp. 68 ss. <<

[21] Respecto a la crónica de esta crisis del Partido Comunista, véase Paul Preston, «The PCE’s Long Road to Democracy 1954-1977», en Richard Kindersley, ed., In Search of Eurocommunism, Londres, 1981; Fernando Claudín, Las divergencias, passim, y Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez, Barcelona, 1971, passim. <<

[22] Vilar, La oposición, pp. 397-451 y 507-511. Elías Díaz, Pensamiento español 1939-1973, Madrid, 1974, passim, contiene un excelente juicio crítico sobre el pensamiento de la oposición liberal y moderada. <<

[23] Morán, Los españoles que dejaron de serlo. Euskadi, 1937-1981, Barcelona, 1982, pp. 17-27. <<

[24] Lizcano, La generación del 56, passim; Salvador Giner, «Power, Freedom and Social Change in the Spanish University, 1939-1975», en Paul Preston, ed., Spain in Crisis. Evolution and Decline of the Franco Regime, Hassocks, 1976. <<

[25] De Blaye, Franco, pp. 246-248; Rafael Calvo Serer, La dictadura de los franquistas. El «affaire» del «Madrid» y el futuro político, París, 1973, pp. 64-65 y 80-81. <<

[26] Jesús Infante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, París, 1970, pp. 173-177; López Rodó, La larga marcha, pp. 263-265. <<

[27] José María Maravall, Dictatorship and Political Dissent Workers and Students in Franco’s Spain, Londres, 1978, pp. 33-38. <<

[28] José Chao, La Iglesia en el franquismo, Madrid, 1976, pp. 152-188. Estoy en deuda con la doctora Frances Lannon por sus comentarios sobre la radicalización de la Iglesia. <<

[29] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, 1976, párrafos del diario correspondientes a 16 de enero, 8, 22 de marzo y 3 de mayo de 1969, pp. 538-539, 544-545 y 548. <<

[1] Le Monde, 9, 10, 11, 14 y 15 de marzo de 1969; Chao, Iglesia, pp. 154-204; Norman Cooper, «The Church: from Crusade to Christianity», en Preston, ed., Spain in Crisis, pp. 66-69. <<

[2] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, 1980, pp. 16-19; A. Sáez Alba, La otra cosa nostra. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de El Correo de Andalucía, París, 1974, pp. LXXXLL-CII; Manuel Cantarero del Castillo, Falange y socialismo, Barcelona, 1973, es un ejemplo extremo de esa tendencia dentro de la Falange. Cf. Luis Ramírez, «Morir en el búnker», en Horizonte español 1972, 3 vols., París, 1972, vol. I, pp. 3-4; Calvo Serer, La dictadura, p. 46. <<

[3] Franco Salgado, entrada de diario fechada el 22 de marzo de 1969, Conversaciones, pp. 544-545; De Blaye, Franco, pp. 255-256. <<

[4] Lieberman, Spanish Economy, pp. 199-263; Manuel Jesús González, La economía política del franquismo 1940-1970. Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, 1979, pp. 300-346. <<

[5] López Rodó, La larga marcha, pp. 316-378 y 650-652. <<

[6] Arriba, 29 de noviembre de 1966, citado por Sheelagh Ellwood, Franco’s single Party. Falange Española de las JONS 1933-1983, tesis doctoral inédita, Universidad de Londres, 1983, p. 233. <<

[7] Le Monde, 3 de septiembre; Mundo Obrero, 2 de septiembre de 1969. <<

[8] Carr y Fusi, Spain, pp. 179-188. <<

[9] Le Monde, 8, 9, 11, 12 y 29 de julio, 7, 8, 19, 20, 22 y 26 de agosto; International Herald Tribune, 10 y 17 de julio de 1969. <<

[10] Le Monde, 31 de agosto-1 de septiembre de 1969; López Rodó, La larga marcha, pp. 391-395 y 653-659; Calvo Serer, Franco frente al rey, París, 1972, pp. 188-195; Franco Salgado, entrada de diario fechada el 11 de octubre de 1969, Conversaciones, p. 594; De Blaye, Franco, pp. 259-264. <<

[11] Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo, 2 vols., Barcelona, 1975-1978, vol. II, pp. 99-100. <<

[12] Le Monde, 27 de diciembre de 1969 y 27 de abril de 1970; Mundo Obrero, 23 de enero y 25 de mayo; ABC, 25 y 26 de abril de 1970; Franco Salgado, entrada de diario fechada el 25 de abril de 1970, Conversaciones, pp. 556-557. <<

[13] Mundo Obrero, 8, 23 de enero y 6 de febrero de 1970. <<

[14] Fernando Claudín, «Las relaciones soviético-franquistas. (Crónica de una normalización inconclusa)», en Horizonte español 1972, vol. II, pp. 250-262; Mundo Obrero, 1 de marzo de 1970. <<

[15] Mundo Obrero, 9 de septiembre; ABC, 22 de julio de 1970; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 203-212. <<

[16] Ya, 29 de julio de 1970. <<

[17] Le Monde, 16 y 31 de diciembre de 1969; Horizonte español 1972, vol. I, p. 191; Cooper, «The Church», pp. 70-71. <<

[18] Le Monde, 1, 5, 9 y 12 de septiembre; Mundo Obrero, 9 y 30 de septiembre de 1970. <<

[19] Le Monde, 3, 5 y 6 de noviembre; Mundo Obrero, 14 de noviembre de 1970. <<

[20] Le Monde, 20 y 21 de septiembre de 1970; Joseba Elósegui, Quiero morir por algo, Barcelona, 1977; Herbert R. Southworth, Guernica! Guernica! A Study of Journalism, Diplomacy, Propaganda and History, Berkeley, 1977, pp. 308-309. <<

[21] Mundo Obrero, 30 de octubre y 22 de diciembre de 1970. <<

[22] Calvo Serer, La dictadura, p. 173; Luis Ramírez, «Morir en el búnker»; Paul Preston, «General Franco’s Rearguard», en New Society, 29 de noviembre de 1973. <<

[23] Ya, 1 de abril de 1970; Ginés de Buitrago, «¡Un poco de formalidad!», en ABC, 2 de abril; Mundo Obrero, 29 de abril de 1970. <<

[24] International Herald Tribune, 27 de mayo de 1970. <<

[25] Horizonte español 1972, vol. I, pp. 192, 195 y 225. <<

[26] Madrid, 30 de mayo de 1968 y 25 de noviembre de 1971; Calvo Serer, La dictadura, pp. XVII-XXVII, 2-10 y 179-209. <<

[27] Kepa Salaberri, El proceso de Euskadi en Burgos. El sumarísimo 31/69, París, 1971, pp. 102-110; ABC, 22 y 26 de noviembre de 1970. <<

[28] Salaberri, Proceso, p. 107; De la Cierva, Franquismo, vol. II, pp. 329-336. <<

[29] Le Monde, 2 de diciembre de 1970; Horizonte español 1972, vol. I, p. 235. <<

[30] Gurutz Jáuregui Bereciartu, Ideología y estrategia política de ETA, Madrid, 1981, pp. 469-470. Sobre el impacto del secuestro en Alemania, véase IG-Metall Pressespiegel für spanische Kollegen, Servicio de Prensa, núm. 342, 18 de enero de 1971. <<

[31] Ángel Amigó, Pertur. ETA 71-76, San Sebastián, 1978, p. 26. <<

[32] Le Monde, 5 y 8 de diciembre de 1970; Salaberri, Proceso, pp. 165-167. <<

[33] Le Monde, 11 de diciembre; Nouvel Observateur, 14 de diciembre de 1970. La mejor reseña sobre el proceso es la obra de Salaberri, Proceso, pp. 153-238. Véase también Lurra, Burgos, juicio a un pueblo, San Sebastián, 1978. Para otro punto de vista del régimen, Ángel Ruiz Ayúcar, Crónica agitada de ocho años tranquilos 1963-1970, Madrid, 1974, pp. 219-368, y Federico de Arteaga, ETA y el proceso de Burgos, Madrid, 1971, pp. 305334. <<

[34] Mundo Obrero, 22 de diciembre; Le Monde, 15 y 23 de diciembre de 1970. <<

[35] Le Monde, 15, 16 y 17 de diciembre de 1970. <<

[36] Le Monde, 23 y 29 de diciembre de 1970; Gil, Cuarenta años junto a Franco, Barcelona, 1981, pp. 98-103; Salaberri, Proceso, pp. 263-272; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 266-271. <<

[37] Le Monde, 23 y 29 de diciembre de 1970; Salaberri, Proceso, pp. 275281. <<

[38] Le Monde, 29, 30 y 31 de diciembre de 1970; Ángel Bayod, ed., Franco visto por sus ministros, Barcelona, 1981, p. 239. <<

[39] Le Monde, 4 de febrero de 1971. <<

[40] Mundo Obrero, 22 de enero; Le Monde Diplomatique, enero de 1971; Calvo Serer, Franco, pp. 189-199; De Blaye, Franco, pp. 324-325. <<

[41] Mundo Obrero, 6 y 19 de febrero de 1971; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 279 y 288. <<

[42] Le Monde, 31 de enero; Mundo Obrero, 3 de abril; Madrid, 24 de noviembre de 1971; Luis Ramírez, «Morir en el búnker», p. 3. <<

[43] Le Monde, 11 de noviembre de 1971; Horizonte español 1972, vol. I, p. 289; Calvo Serer, Franco, pp. 205-218. <<

[44] Cuadernos de Ruedo Ibérico, núms. 33-35, octubre de 1971-marzo de 1972, pp. 3-19; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 326-335; Mundo Obrero, 15 de octubre; ABC, 2 de octubre de 1971; Calvo Serer, La dictadura, pp. 190-193. <<

[45] Cooper, «The Church», pp. 72-74. <<

[46] Le Monde, 12 y 22 de octubre y 2, 17 y 24 de noviembre; Mundo Obrero, 15 de julio, 17 de septiembre, 2 y 27 de octubre, 12 de noviembre, y 10 de diciembre de 1971. <<

[47] Mundo Obrero, 10 de diciembre de 1971; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 315-316. <<

[48] Le Monde, 1 y 2 de febrero de 1970; Informaciones, 6 de noviembre de 1971, 17 de abril de 1972 y 26 y 30 de abril de 1973; ABC, 7 de noviembre de 1971; Mundo, 15 de abril de 1972 y 9 de junio de 1973; Horizonte español 1972, vol. I, pp. 311-314. <<

[49] De Blaye, Franco, pp. 332-333. <<

[50] Amigó, Pertur, pp. 44-48; José María Garmendia, Historia de ETA, 2 vols., San Sebastián, 1980, vol. II, pp. 164-173; Ortzi (seudónimo de Francisco Letamendía), Historia de Euskadi. El nacionalismo vasco y ETA, París, 1975, pp. 397-401. <<

[51] Garmendia, ETA, vol. II, pp. 173-178. <<

[52] Observer, 19 de marzo; Mundo Obrero, 14 y 30 de marzo y 15 de abril de 1972. <<

[53] Mundo Obrero, 5 de febrero y 10 y 22 de junio de 1972; Horizonte español 1972, vol. I, p 370. <<

[54] ABC, 1 de enero; Ya, 6 de enero de 1972; Horizonte español 1972, vol. I, p. 336. <<

[55] Mundo Obrero, 3 de marzo y 8 de julio de 1972; 26 de abril de 1973. <<

[56] Le Monde, 15 de agosto; Le Socialiste, 21 de septiembre de 1972; PSOE, Congresos del PSOE en el exilio, 2 vols., Madrid, 1981, vol. II, pp. 179-204. <<

[57] Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, Barcelona, 1976, pp. 427 434; Rafael Calvo Serer, La solución presidencialista, Barcelona, 1979, pp. 48-53; Miguel Herrero, El principio monárquico, Madrid, 1972; Jorge de Esteban et al., Desarrollo político y constitución española, Barcelona, 1973. <<

[58] Carr y Fusi, Spain, pp. 194-195; Mundo Obrero, 28 de abril y 23 de mayo de 1973. <<

[59] Le Monde, 4, 5, 6 y 7 de agosto; Informaciones, 11 de junio de 1973; Calvo Serer, La solución, pp. 127-136; De Miguel, Sociología del franquismo, p. 81. <<

[60] Mundo Obrero, 1 y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 1973. <<

[61] Observer, 23 de diciembre; Le Monde, 22-24 de diciembre de 1973; Mundo Obrero, 15 de enero de 1974; conversaciones del autor con Nicolás Sartorius en Londres, octubre de 1983. <<

[62] Las reseñas más completas del asesinato son: Julen Agirre (seudónimo de Eva Forest), Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, París/Hendaya, 1974; Rafael Borrás Bertriu et al., El día que mataron a Carrero Blanco, Barcelona, 1974; Joaquín Bardavío, La crisis. Historia de quince días, Madrid, 1974; Ismael Fuente, Javier García y Joaquín Prieto, Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo, Madrid, 1983. <<

[63] Comunicado ETA núm. 1, 20 de diciembre de 1973, reimpreso en Agirre, Ogro, p. 139. <<

[64] Le Monde, 3 de diciembre de 1974. <<

[65] Le Monde, 25, 30 y 31 de diciembre de 1973. <<

[66] The Sunday Times, 23 de diciembre; Pueblo, 22 de diciembre; The Guardian, 27 de diciembre de 1973. El texto, tal como ha sido publicado y quizá expurgado, indica un exceso de celo más que un plan deliberado para dar un golpe de Estado. Véase Bardavío, La crisis, pp. 111-116; Borrás et al., El día, pp. 34-36; Carlos Iniesta Cano, Memorias y recuerdos, Barcelona, 1984, pp. 218-222; José Ignacio San Martín, Servicio especial, Barcelona, 1983, pp. 90-114. Véase también El Socialista, 2.a quincena de enero de 1974, y Marcel Niedergang, «Le franquisme et ses ultras», en Le Monde, 5-8 de enero de 1974. <<

[67] The Guardian, 28 de diciembre; The Times, 29 de diciembre; Le Monde, 30-31 de diciembre de 1973; ABC, 4 de enero de 1974; Bardavío, La crisis, pp. 139-161; Gil; Cuarenta años, pp. 139-161; Joaquín Bardavío, «Las intrigas franquistas de palacio», en Diario 16, 9 de octubre de 1983; Antonio Izquierdo, Yo, testigo de cargo, Barcelona, 1981, p. 37. <<

[68] Borrás et al., El día, pp. 252-256; Mundo, 5 de enero de 1974. <<

[69] Le Monde, 26 de diciembre; Informaciones, 21 de diciembre de 1973; Anatoly Krasikov, From Dictatorship to Democracy. Spanish Reportage, Oxford, 1984, pp. 62-69; Ismael Fuente et al., Golpe mortal, pp. 50-51. <<

[70] The Daily Telegraph, 31 de diciembre; The Guardian, 31 de diciembre de 1973, 4 de enero; The Financial Times, 4 de enero; Le Monde, 4 de enero de 1974. <<

[1] Wilebaldo Solano, «Le développement des conflicts sociaux», Le Monde Diplomatique, febrero de 1974; Mundo Obrero, 28 de noviembre y 31 de diciembre; Frente Libertario, diciembre de 1973. <<

[2] Charles F. Gallagher, Spain. Development and the Energy Crisis, Nueva York, 1973, p. 3. <<

[3] Ramón Tamames, «Expansión économique et démocratie», en Le Monde Diplomatique, febrero de 1974; The Financial Times, 13 de febrero de 1974; Cambio 16, 18 de marzo; Treball, 12 de marzo de 1974. <<

[4] Gil, Cuarenta años, pp. 145-146. <<

[5] Bardavío, «Las intrigas», y La crisis, p. 224. <<

[6] Javier Figuero, UCD. La «empresa» que creó Adolfo Suárez, Barcelona, 1981, p. 17; San Martín, Servicio especial, p. 101. <<

[7] Sáez Alba, ACNP, pp. 293-323; Fernando Jáuregui y Manuel Soriano, La otra historia de UCD, Madrid, 1980, pp. 41-42. <<

[8] ABC, 3 de marzo de 1974; Declaración programática del nuevo Gobierno, Madrid, 1974; Osorio, Trayectoria, pp. 26-27; Sáez Alba, ACNP, pp. CX-CXII. <<

[9] The Guardian, 13 de febrero; The Times, 13 de febrero; Le Monde, 14 de febrero; Mundo Obrero, 27 de febrero de 1974. Al parecer, el discurso de Arias fue escrito por Gabriel Cisneros y Luis Jáudenes. Para el texto completo, véase Discurso del presidente del Gobierno a las Cortes españolas, 12/12/1974, Madrid, 1974. <<

[10] Bardavío, La crisis, pp. 131 y 161-164. <<

[11] ABC, 18 de enero de 1974; El Alcázar, 17 de noviembre de 1973. <<

[12] Francesc Amover, II carcere vaticano. Chiesa e fascismo in Spagna, Milán, 1975, pp. 87-99; Fernando Gutiérrez, Curas represaliados en el franquismo, Madrid, 1977, pp. 152-181. <<

[13] De Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Barcelona, 1977, p. 71. <<

[14] Le Monde, 26 de febrero y 5 y 9 de marzo; El Alcázar, 7 y 8 de marzo; Observer, 10 de marzo; The Guardian, 11 de marzo de 1974; Ortzi, Euskadi, pp. 404-407; «II bastone e la garrota», en Panorama, Roma, 14 de marzo de 1974. <<

[15] La Voz Comunista, núm. 6, mayo de 1974; Mundo Obrero, 31 de diciembre de 1973, 25 de abril de 1974; Frente Libertario, abril y mayo de 1974. <<

[16] Agenor, núm. 42, abril de 1974. <<

[17] Arriba, 28 de abril y 12 de mayo; Ya, 30 de abril; Cambio 16, 13 de mayo; ABC, 30 de abril; Le Monde, 23 de mayo de 1974. <<

[18] Le Monde, 15 de mayo; The Financial Times, 29 de mayo; The Guardian, 31 de mayo de 1974. <<

[19] The Guardian, 12 y 15 de junio; Le Monde, 13, 15, 16 y 17 de junio; Mundo Obrero, 4 de junio de 1974; observaciones de Santiago Carrillo en un seminario privado organizado en Toledo en mayo de 1984 por la Fundación Ortega y Gasset (en lo sucesivo FOG/Toledo). <<

[20] ABC, 29 de mayo y 16 de junio; Ya, 16 de junio; El Alcázar, 16 de junio de 1974. <<

[21] Le Monde, 23, 24 y 25 de junio; Mundo Obrero, 3 de julio de 1974; Fernando Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al consenso, Barcelona, 1985, p. 81. <<

[22] Le Monde, 11 de junio, 21, 22 y 25 de julio y 4 de septiembre; Observer, 14 de julio; Gil, Cuarenta años, pp. 167-202; Luis Ramírez, Franco. La obsesión de ser, la obsesión de poder, París, 1976, p. 315. <<

[23] ABC, 3 de septiembre de 1974. <<

[24] Mundo Obrero, 24 de diciembre de 1971; Santiago Carrillo, Hacia el post-franquismo, París, 1974, pp. 57-62. <<

[25] Le Monde, 4 y 5 de agosto; Mundo Obrero, 31 de julio de 1974; Calvo Serer, Mis enfrentamientos con el Poder, Barcelona, 1978, pp. 119-121; Santiago Carrillo, FOG/Toledo. <<

[26] Calvo Serer, Mis enfrentamientos, pp. 248-265; observación del autor, presente en España por aquellas fechas. <<

[27] Le Monde, 19 de octubre; The Guardian, 18 de octubre de 1974; observaciones de Felipe González en FOG/Toledo. <<

[28] Le Monde, 7, 12, 13 y 14 de septiembre; The Guardian, 6 de septiembre; La Vanguardia, 8 de septiembre de 1974; véase también la entrevista con Joaquín Ruiz-Giménez en Tele-Exprés, 10 de septiembre de 1974. <<

[29] The Times, 14 de septiembre; Le Monde, 15, 16, 29 y 30 de septiembre; Arriba, 24 de septiembre de 1974; Ortzi, Euskadi, p. 412. Véase Lidia Falcón, Viernes y 13 en la calle del Correo, Barcelona, 1981, passim. Cf. Eva Forest, From a Spanish Jail, Harmondsworth, 1975, pp. 9-11. <<

[30] Le Monde, 21 de septiembre y 4, 8, 18, 30 y 31 de octubre; The Guardian, 27 de septiembre y 30 de octubre de 1974; José Oneto, Arias entre dos crisis, 1973-1975, Madrid, 1975, pp. 149-160; Ramón Garriga, Nicolás Franco, el hermano brujo, Barcelona, 1980, pp. 311-320. <<

[31] Ya, 30 y 31 de octubre; ABC, 30 de octubre; Cambio 16, 11-17 y 18-24 de noviembre; Le Monde, 7 de noviembre de 1974. <<

[32] Le Monde, 20, 29 y 30 de noviembre; The Guardian, 28 de noviembre; The Times, 28 de noviembre; The Financial Times, 28 de noviembre de 1974; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», p. 83. <<

[33] Le Monde, 3, 4, 5, 6 y 18 de diciembre; Ya, 6 de diciembre; The Guardian, 3 de diciembre de 1974. <<

[34] Cambio 16, 10 de junio de 1974; Ramón Tamames, Un proyecto de democracia para el futuro de España, Madrid, 1974, pp. 7-10; Joaquín Garrigues Walker, ¿Qué es el liberalismo?, Barcelona, 1976, passim; Ramón Pi, Joaquín Garrigues Walker, Madrid, 1977, p. 40. <<

[35] Le Monde, 14 de diciembre de 1974; The Guardian, 17 de enero; Ya, 6 de febrero; Triunfo, 8 de febrero y 15 de marzo; Cambio 16, 17-23 de febrero de 1975; Ortzi, Euskadi, pp. 412-417. <<

[36] The Guardian, 6 de enero y 10 de marzo; Daily Telegraph, 7 de enero; The Financial Times, 20 de febrero de 1975; Cambio 16, 15-21 de marzo de 1976; Unión Militar Democrática, Los militares y la lucha por la democracia, Madrid, 1976; Jesús Infante, El ejército de Franco y de Juan Carlos, París, 1976, pp. 11-12. <<

[37] The Guardian, 15 de febrero y 4 de marzo de 1974; observaciones de Adolfo Suárez en FOG/Toledo. Véase también la entrevista con Licinio de la Fuente en Bayod, Ministros, pp. 240-242. <<

[38] Le Monde, 5 de marzo; Ya, 5 de marzo; The Guardian, 5 y 6 de marzo de 1974. <<

[39] Cambio 16, 23-29 de junio de 1975; Figuero, UCD, p. 19; Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, 1979, pp. 285-296. <<

[40] Adolfo Suárez, FOG/Toledo; Osorio, Trayectoria, p. 183; Figuero, UCD, pp. 19-22; Morán, Suárez, pp. 74-75, 103 108, 121-127 y 169-185. <<

[41] ABC, 20 de mayo de 1975; Morán, Suárez, pp. 297-300. <<

[42] Osorio, Trayectoria, pp. 40-45; Carr y Fusi, Spain, pp. 204 205; Santiago Pérez Díaz, Francisco Fernández Ordóñez, Madrid, 1976, p. 25. <<

[43] Cooper, «The Church», p. 80. <<

[44] The Times, 15 de mayo de 1975; noticias del País Vasco, Euskadi. El último estado de excepción, París, 1975, pp. 25-30 y 45-77. <<

[45] Javier Sánchez-Erauskin, Txiki-Otaegi. El viento y las raíces, San Sebastián, 1978, pp. 260-261 y 283-293; PNV, Euskadi, pp. 143-151. <<

[46] The Guardian, 25 de agosto; Boletín Oficial del Estado, 27 de agosto de 1973. Véase también la entrevista con el subsecretario de Justicia, Informaciones, 27 de agosto de 1975. <<

[47] The Guardian, 21 de agosto de 1975. <<

[48] Mundo Obrero, 4.a semana de junio y 3.a semana de julio de 1975; las cifras sobre las cotizaciones bursátiles proceden de Cambio 16, y corresponden al otoño de 1975. <<

[49] Ya, 30 de septiembre; Sábado Gráfico, 24-30 de septiembre; The Guardian, 26, 30 de septiembre y 31 de octubre; Observer, 5 de octubre; The Sunday Times, 5 de octubre de 1975. <<

[50] Cambio 16, 23-29 de junio de 1975; Mundo Obrero, 4.a semana de septiembre de 1975; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», p. 88. <<

[51] Cambio 16, 6 y 12 de octubre de 1975. <<

[52] The Guardian, 2 y 31 de octubre y 7 y 12 de noviembre; The Sunday Times, 26 de octubre 9 de noviembre; ABC, 1 de noviembre; The Times, 21 de noviembre de 1975. <<

[53] Joaquín Bardavío, El dilema. Un pequeño caudillo o un gran Rey, Madrid, 1987, p. 25. <<

[54] The Guardian, 21, 26 y 28 de noviembre; The Daily Telegraph, 21 de noviembre; The Times, 28 de noviembre de 1975. <<

[55] Cambio 16, 17 de noviembre de 1975. <<

[56] Calvo Serer, «Juan Carlos après son père», Le Monde, 29 de enero de 1974; José Luis Aranguren, La cruz de la monarquía española actual, Madrid, 1974, passim. Véase también Le Monde, 2 de febrero de 1974. <<

[57] Mundo Obrero, 25 de noviembre; Servir al Pueblo, núm. 45, noviembre; Correo del Pueblo, 18 de noviembre y 6 de diciembre; Frente Libertario, núm. 57, diciembre de 1975. <<

[58] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, 1983; Carlos Fernández, Los militares en la transición política, Barcelona, 1982, pp. 5154. <<

[59] The Times, 21 de noviembre; The Guardian, 1 de diciembre; The Daily Telegraph, 8 de diciembre de 1975. <<

[60] Rafael Díaz Salazar, Iglesia, dictadura y democracia. Catolicismo y sociedad en España (1953-1979), Madrid, 1981, p. 315; The Financial Times, 28 de noviembre de 1975. <<

[61] Bardavío, El dilema, pp. 20-24 y 42-46; Morán, Suárez, p. 16. <<

[62] De Areilza, entrada de diario fechada el 30 de diciembre de 1975; Diario, p. 38. <<

[63] Morán, Suárez, pp. 15-20; Samuel Eaton, The Forces of Freedom in Spain 1974-1979. A Personal Account, Stanford, 1981, pp. 32-33; Guardian, 12 de diciembre de 1975; Bardavío, El dilema, pp. 75-81. <<

[64] De Areilza, entrada de diario fechada el 11 de febrero de 1976, Diario, p. 84; Observer, 1 de febrero de 1976; Osorio, Trayectoria, pp. 55-65; Bardavío, El dilema, p. 105. <<

[65] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, 1984, p. 16. <<

[66] Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga: enero 1976, Madrid, 1976, pp. 91-150; Cambio 16, 19 y 25 de enero; Guardian, 5, 7, 8, 9, 14, 15 y 20 de enero; The Sunday Times, 11 y 18 de enero, Mundo Obrero, 20 y 27 de enero de 1976; Martín Villa, Al servicio, p. 17. Para una crítica izquierdista de la huelga, véanse Cuadernos de Ruedo Ibérico, núms. 51-53, mayo-octubre de 1976, pp. 127-178. <<

[67] De Areilza, entrada de diario fechada el 17 de enero de 1976, Diario, p. 54. <<

[68] Mundo Obrero, 4 y 11 de febrero; Cambio 16, 9-15 de febrero y 1-7 de marzo de 1976. <<

[69] Mario Onaindía, La lucha de clases en Euskadi (1939-1980), San Sebastián, 1980, pp. 121-126; José María Portell, Euskadi. Amnistía arrancada, Barcelona, 1977, pp. 37-42 y 61-98. <<

[70] Gasteiz, Vitoria, de la huelga a la matanza, París, 1976, pp. 117-132 y 185-202; Martín Villa, Al servicio, pp. 26-28. <<

[71] Cambio 16, 29 de marzo, 4 de abril, 19-25 de abril, 9-15 de agosto, 23-29 de agosto de 1976 y 12 de febrero de 1978; Amigó, Pertur, pp. 94-109, 124-128 y 253-274; Garmendia, ETA, vol. II, pp. 178-186. <<

[72] Natxo Arregi, Memorias del KAS: 1975/78, San Sebastián, 1981, pp. 49-53. <<

[73] Mundo Obrero, 27 de enero y 11 de febrero de 1976; Fernando Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, Barcelona, 1983, pp. 231-234; De Areilza, entrada de diario fechada el 12 de enero de 1976, Diario, p. 51. <<

[74] Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 91-100; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 46 y 50. <<

[75] Mundo Obrero, 9 de abril de 1976; Osorio, Trayectoria, pp. 91-94; De Areilza, entrada de diario fechada el 29 de marzo de 1976, Diario, p. 122. <<

[76] De Areilza, entradas de diario fechadas los días 27, 29 de marzo y 9, 10, 15, 23 de abril de 1976, Diario, pp. 119, 120, 122, 136-138, 146 y 153; Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Barcelona, 1983, p. 49; Felipe González, FOG/Toledo. <<

[77] Cambio 16, 15-21 de marzo de 1976; Morán, Suárez, pp. 31-32; Osorio, Trayectoria, pp. 86-91; Gasteiz, Vitoria, pp. 117-132; Martín Villa, Al servicio, pp. 28-29. <<

[78] Figuero, UCD, pp. 23-26; De Areilza, entrada de diario fechada el 30 de abril de 1976, Diario, p. 165; Izquierdo, Yo, testigo, p. 41. <<

[79] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[80] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[81] Actas de la reunión de Coordinación Democrática celebrada el 9 de abril de 1976, Oposición Española, Documentos secretos, Madrid, 1976, pp. 108-112. <<

[82] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[83] Newsweek, 26 de abril de 1976; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 8, 24 de marzo, 2, 8, 15, 28, 29, 30 de abril y 3, 12 de mayo, Diario, pp. 105, 118, 124, 133, 134, 146-148, 161-168 y 178; entradas de diario fechadas los días 14 y 15 de julio de 1976, Cuadernos de la transición, Barcelona, 1983, pp. 23-26; Samuel Eaton, Forces of freedom, pp. 38-40; The Guardian, 3 de julio de 1976. <<

[1] FedericoYsart, ¿Quién hizo el cambio?, Barcelona, 1984, p. 57. <<

[2] El País, 4 de julio de 1976; Osorio, Trayectoria, pp. 126-129; Morán, Suárez, pp. 55-61; Bardavío, El dilema, pp. 105-155; Izquierdo, Yo, testigo, p. 41. <<

[3] El País, 2 de julio de 1976. <<

[4] Cambio 16, 12-25 de julio; Mundo Obrero, 14 de julio de 1976; Carlos Iniesta Cano, Memorias y recuerdos, Barcelona, 1984, pp. 240-241; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[5] Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 107-109. <<

[6] El País, 6-21 de julio; Cambio 16, 12-18 de julio de 1976; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 4 y 5 de julio de 1976, Cuadernos, pp. 1516; Osorio, Trayectoria, pp. 129-138; Bardavío, El dilema, pp. 173-174. <<

[7] De Areilza, entradas de diario fechadas los días 24 de agosto, 22 de septiembre, 22 de octubre y 28 de noviembre de 1976, Cuadernos, pp. 39-40, 47-48, 56-58 y 71-74. <<

[8] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[9] Cambio 16, 9-15 y 23-29 de agosto; Mundo Obrero, 26 de julio, 2 de agosto y 1 de septiembre de 1976; Bardavío, Sábado Santo rojo, Madrid, 1980, pp. 42-44 y 52; Morán, Suárez, p. 337. <<

[10] José María Maravall, The Transition to Democracy in Spain, Londres, 1982, p. 13; J. A. Sagardoy y David León Blanco, El poder sindical en España, Barcelona, 1982, p. 161. <<

[11] Morán, Suárez, pp. 235-244; Osorio, Trayectoria, pp. 141-142, 155 y 171-174; Figuero, UGD, pp. 48-51. <<

[12] Cambio 16, 26 de julio-1, 16-22 de agosto de 1976; observaciones de Felipe González en FOG/Toledo y al autor; Ysart, Quién, pp. 83-84. <<

[13] Bardavío, Sábado, pp. 51-58; Morán, Suárez, pp. 331-332; Osorio, Trayectoria, pp. 162-164; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[14] Observaciones de Santiago Carrillo en FOG/Toledo y al autor. <<

[15] Cambio 16, 13-20 de septiembre; Mundo Obrero, 8 de septiembre de 1976. <<

[16] Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado para España, Barcelona, 1983, pp. 40-41 y 47; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 28 de enero, 11 de febrero y 23 de abril de 1976, Diario, pp. 76-77, 81 y 152. <<

[17] El Alcázar, 27 de octubre de 1976; Fernández, Militares, p. 63. <<

[18] Figuero, UCD, p. 40; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[19] El Alcázar, 23 y 27 de septiembre; Cambio 16, 4-10 y 11-17 de octubre de 1976; Osorio, Trayectoria, pp. 183-189; Fernández, Militares, pp. 109113; Colectivo Democracia, Los ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, 1981, p. 63; Iniesta Cano, Memorias, pp. 242-250; Bardavío, El dilema, pp. 184192. <<

[20] El País, 24 de diciembre; El Alcázar, 28 de diciembre de 1976; Cambio 16, 3-9 de enero de 1977; Martín Villa, Al servicio, p. 60. <<

[21] Mundo Obrero, 15 de septiembre de 1976. <<

[22] Osorio, Trayectoria, p. 206. <<

[23] De Areilza, entradas de diario fechadas los días 22 de septiembre, 28 de noviembre y 6 de diciembre de 1976, Cuadernos, pp. 47-48, 71 y 78. <<

[24] Morán, Suárez, p. 334; Claudín, Carrillo, pp. 238-240; Eduardo Chamorro, Felipe González. Un hombre a la espera, Barcelona, 1980, pp. 133-136. <<

[25] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[26] El País, 18 y 19 de noviembre; Cambio 16, 22-28 de noviembre de 1976; Emilio Attard, La Constitución por dentro, Barcelona, 1983, p. 76; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[27] Osorio, Trayectoria, pp. 230-246; De Areilza, entrada de diario fechada el 25 de noviembre de 1976, Cuadernos, p. 67; Carr y Fusi, Spain, p. 222; Morán, Suárez, pp. 312-316. <<

[28] Mundo Obrero, 1-7 de noviembre de 1976. <<

[29] Mundo Obrero, 1-7, 15-21 y 22 de noviembre; Cambio 16, 22-28 de noviembre y 5 de diciembre de 1976; Osorio, Trayectoria, pp. 208-209; Manuel P. Izquierdo, De la huelga general a las elecciones generales, Madrid, 1977, pp. 20-30; Martín Villa, Al servicio, pp. 54-57. <<

[30] El País, 28 de noviembre; Mundo Obrero, 6-12 de diciembre de 1976. <<

[31] Cambio 16, 19 de diciembre de 1976; Eduardo Chamorro, Felipe González, pp. 136-143; PSOE, XXVII Congreso, Madrid, 1977, passim; Fernando Barciela, La otra historia del PSOE, Madrid, 1981, p. 19. <<

[32] El País, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1976; Cambio 16, 26 de diciembre, 27 de diciembre de 1976 y 2 de enero de 1977; Osorio, Trayectoria, pp. 252-253; Felipe González, FOG/Toledo. <<

[33] Osorio, Trayectoria, pp. 212-213. <<

[34] Manuel Durán, Martín Villa, San Sebastián, 1979, passim. <<

[35] Cambio 16, 19-25 de julio, 2-8, 23-29 de agosto y 11-24 de octubre de 1976; José María Portell, Amnistía, pp. 170-174. <<

[36] Martín Villa, Al servicio, pp. 57-60. <<

[37] Mundo Obrero, 20-26 de diciembre de 1976; Bardavío, Sábado, pp. 88111; Osorio, Trayectoria, pp. 254-258; Claudín, Carrillo, pp. 2-9 y 239-241. <<

[38] El País, 12 de diciembre de 1976; Cambio 16, 31 de enero-6 de febrero de 1977; Pío Moa Rodríguez, De un tiempo y de un país, Madrid, 1982, pp. 217-233; Alejandro Muñoz Alonso, El terrorismo en España, Barcelona, 1982, pp. 76-85; Durán, Martín Villa, p. 79. <<

[39] Mundo Obrero, 31 de enero-6 de febrero de 1977; Bardavío, Sábado, pp. 142-147. <<

[40] Morán, Suárez, pp. 43-44 y 324-328; Osorio, Trayectoria, pp. 97-108; 190-197 y 291-299. <<

[41] Cambio 16, 27 de septiembre-3 de octubre y 18-24 de octubre de 1976; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 13, 23 de septiembre y 22 de octubre de 1976, Cuadernos, pp. 43-44, 50 y 56; Osorio, Trayectoria, pp. 200-205; Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones, Barcelona, 1977, pp. 92-108. <<

[42] Cambio 16, 6-12 de septiembre de 1976; El País, 24 y 29 de junio y 13 y 15 de julio de 1977; Díaz Salazar, Iglesia, pp. 353-361; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 27 de septiembre de 1976 y 21 de marzo de 1977, Cuadernos, pp. 51 y 111; observaciones de Gil Robles en una entrevista con el autor; Osorio, Trayectoria, pp. 103-108 y 191-193; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», p. 126; Figuero, UCD, pp. 79-82. <<

[43] Attard, Vida y muerte, pp. 34-50; Osorio, Trayectoria, pp. 190-197; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 112-120. <<

[44] Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 43-48. <<

[45] El País, 25 de marzo; Cambio 16, 4-10 de abril de 1977; De Areilza, entradas de diario fechadas los días 6 de febrero y 19, 20, 21, 22 y 24 de marzo de 1977, Cuadernos, pp. 92-94 y 108-123; Osorio, Trayectoria, pp. 300-302; Attard, Vida y muerte, pp. 39-40; Ramírez, Elecciones, pp. 29-31. <<

[46] Attard, Vida y muerte, pp. 50-53; Figuero, UCD, pp. 57-61 Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 61-64. <<

[47] Cambio 16, 16-22 de mayo; El País, 6, 7 y 8 de mayo de 1977; Diario 16, 28 de enero de 1978; Figuero, UCD, pp. 232-234; Attard, Vida y muerte, p. 57; Ramírez, Elecciones, pp. 116-121, 139-149 y 158-159; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 127-129. <<

[48] Attard, Vida y muerte, pp. 52-57. <<

[49] De Areilza, entrada de diario fechada el 21 de marzo de 1977, Cuadernos, pp. 113-114. <<

[50] Figuero, UCD, pp. 173-186 y 215-232. <<

[51] El País, 1 de febrero; Cambio 16, 7-13 de febrero de 1977; Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 75-76. <<

[52] Adolfo Suárez, FOG/Toledo; Morán, Suárez, pp. 320-321; Oneto, Los últimos días de un presidente. De la dimisión al golpe de Estado, Barcelona, 1981, p. 86. <<

[53] Mundo Obrero, 7-13, 21-27 de marzo y 4-17 de abril; Cambio 16, 18-24 de abril de 1977; Claudín, Carrillo, pp. 245-248; Morán, Suárez, p. 338; Bardavío, Sábado, pp. 158-168. <<

[54] Izquierdo, Yo, testigo, pp. 29 y 63-64. <<

[55] El País, 15 y 16 de abril; Cambio 16, 2-8 de mayo de 1977; Osorio, Trayectoria, pp. 288-291; Martín Villa, Al servicio, p. 69. <<

[56] Cambio 16, 25 de abril-1 de mayo de 1977; Adolfo Suárez, FOG/Toledo; Bardavío, Sábado, pp. 196-200. <<

[57] Colectivo Democracia, Los ejércitos; Pilar Urbano, Con la venia. Yo indagué el 23-F, Barcelona, 1982, p. 16. <<

[58] Cambio 16, 14-27 de marzo, 23-29 de mayo y 30 de mayo-5 de junio de 1977; Portell, Amnistía, pp. 9-18 y 168-239; Onaindía, Lucha, pp. 131-134. <<

[59] Natxo Arregi, Memorias de KAS: 1975/78, San Sebastián, 1981, pp. 285-298; ETA ante las elecciones. Informe de la reunión de las fuerzas abertzales, 30 de abril de 1977; Comunicado de ETA, 28 de mayo de 1977; Carta a la militancia (interna), s.f., todo ello reimpreso en Documentos, 18 vols., San Sebastián, 1979-1981, vol. 18, pp. 467-477, 509-511 y 524-529; Luciano Rincón, ETA (1974-1984), Barcelona, 1985, pp. 50 y 61-62. <<

[60] Cambio 16, 6-12 de junio de 1977. El autor pudo asistir a numerosos mítines políticos a lo largo de la campaña. <<

[61] Ramírez, Elecciones, pp. 52, 127-132, 228-244 y 304-306. <<

[62] Cambio 16, 13-19 de junio de 1977; observación personal del autor. <<

[63] Cambio 16, 20-26 de junio y 27 de junio-3 de julio; El País, 15, 22 y 29 de mayo de 1977; Ramírez, Elecciones, pp. 208-211, 248-249 y 284-290; Mónica Threlfall, «Women and Political Participaron», en Christopher Abel y Nissa Torrents, eds., Spain. Conditional Democracy, Londres, 1984. <<

[64] Dos trabajos interesantes que exponen este punto de vista son: Juan Luis Cebrián, La España que bosteza, Madrid, 1981, pp. 22-25, y Salvador Giner y Eduardo Sevilla Guzmán, «From Despotism to Parliamentarism: Class Domination and Political Order in the Spanish State», en R. Scase, ed., The State in Western Europe, Londres, 1980, pp. 224-225. <<

[1] Maravall, Transition to Democracy, pp. 20-21; Juan L. Linz et al., IV Informe Foessa, vol. I. Informe sociológico sobre el cambio político en España: 1975-1981, Madrid, 1981, pp. 161-163. Para una reseña anecdótica pero informativa sobre las elecciones de 1977, véase Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones, Barcelona, 1977. <<

[2] Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 138-144; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 48-49 y 75-92; Figuero, UCD, pp. 82-84. <<

[3] Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 86-87; Osorio, Trayectoria, pp. 331-336. <<

[4] Natxo Arregi, Memorias del KAS: 1975/78, San Sebastián, 1981, pp. 285-298. <<

[5] Cambio 16, 4-10 de julio de 1977; Rincón, ETA, pp. 14, 46, 57 y 66. <<

[6] Cambio 16, 29 y 30 de octubre de 1977; Rincón, ETA, p. 17. <<

[7] Cambio 16, 18-24 de julio, 8-21 de agosto y 5-11 de septiembre de 1977; Miguel Castells Arteche, El mejor defensor, el pueblo, San Sebastián, 1978, pp. 78-88 y 141-153. <<

[8] El País, 11 de septiembre de 1977; Cambio 16, 22-28 de agosto de 1977. <<

[9] Cambio 16, 24-30 de octubre de 1977. <<

[10] El País, 29 de noviembre de 1977. <<

[11] Durán, Martín Villa, San Sebastián, 1979, pp. 113-125; Cambio 16, 19-25 de septiembre, 20 de septiembre-2 de octubre y 3-9 de octubre de 1977; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 157-159 y 165. <<

[12] Martín Villa, Al servicio, pp. 150-158. <<

[13] Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[14] Unión Militar Democrática, Los militares y la lucha por la democracia, sin lugar ni fecha, pero Madrid, 1976, p. 47; José Luis Morales y Juan Celada, La alternativa militar. El golpismo después de Franco, Madrid, 1981, pp. 67-85; Urbano, Con la venia, pp. 23-25; Fernández, Los militares, pp. 190-191. <<

[15] El País, 20 de septiembre; Cambio 16, 3-9 de octubre de 1977; Fernández, Los militares, pp. 181-183. <<

[16] Juan Pla, La trama civil del golpe, Barcelona, 1982, p. 85; Urbano, Con la venia, p. 16; Muñoz Alonso, El terrorismo, pp. 245-246; Colectivo Democracia, Los ejércitos, p. 96. <<

[17] Cambio 16, 24-30 de octubre y 14-20 de noviembre de 1977; entrevista del autor con el general Prieto en Madrid, febrero de 1983; Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, 1983, pp. 209-213; Fernández, Los militares, pp. 209-213. <<

[18] Osorio, Trayectoria, 319-327; Martín Villa, Al servicio, p. 176. <<

[19] Cambio 16, 11-17 de julio y 10-16 de octubre; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[20] Cambio 16, 17-23 de octubre; El País, 4-11 de octubre de 1977. <<

[21] Castells, El mejor defensor, pp. 197-199; Txiki Benegas, Euskadi. Sin la paz nada es posible, Barcelona, 1984, pp. 80-82. <<

[22] Cambio 16, 12-18 de diciembre de 1977, 26 de diciembre de 1977-1 de enero de 1978 y 9-15 de enero de 1978; Manuel Clavero Arévalo, España, desde el centralismo a las autonomías, Barcelona, 1983, pp. 45-50. <<

[23] Para un bosquejo claro y real del complejo problema autonómico, véase Clavero Arévalo, España, desde el centralismo, passim, y Mike Newton, «The Peoples and Regions of Spain», en David S. Bell, ed., Democratic Politics in Spain, Londres, 1973. Cf. Cebrián, España, p. 56. <<

[24] Mundo Obrero, 16 de junio, 16 de agosto, 5-14 de septiembre y 2-19 de diciembre de 1977; Cambio 16, 16-30 de octubre, 31 de octubre-6 de noviembre y 7-13 de noviembre de 1977; Claudín, Carrillo, pp. 275-279. <<

[25] Banco de Bilbao, Informe Económico 1981, Bilbao, 1982, pp. 154-161. <<

[26] Izquierdo, Yo, testigo, pp. 118-121. <<

[27] Mundo Obrero, 20-26 de octubre de 1977. <<

[28] La ponencia estaba compuesta por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca por UCD, Miquel Roca por Convergència i Unió, Jordi Solé Tura por el PCE y Fraga por Alianza Popular. <<

[29] Cambio 16, 21-27 de noviembre de 1977; Attard, La Constitución, pp. 77-90, 119-123 y 223; Antonio Hernández Gil, El cambio político español y la Constitución, Barcelona, 1982, pp. 283 ss. <<

[30] Attard, La Constitución, pp. 92-107; Martín Villa, Al servicio, p. 86; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», pp. 179-195; para conocer la reacción ultraderechista ante las cláusulas militares, véase El Alcázar, 6 de julio de 1978. <<

[31] El País, 13 de enero de 1978; Cambio 16, 23 de julio de 1978; Durán, Martín Villa, pp. 127-129. <<

[32] Cambio 16, 5 de febrero y 26 de noviembre de 1978. <<

[33] Cambio 16, 5, 12 y 19 de marzo de 1978; Attard, Vida y muerte, p. 67; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 88 y 115, <<

[34] Jáuregui y Soriano, UCD, p. 125. <<

[35] Cambio 16, 29 de abril, 28 de mayo y 4 de junio de 1978. <<

[36] Cambio 16, 28 de mayo y 30 de julio de 1978; Gutiérrez Mellado, Un soldado, pp. 77-82 y 98-99; Morales y Celada, La alternativa, pp. 39-41; Fernández, Los militares, pp. 218-220 y 227-228; entrevista del autor con el general Prieto. <<

[37] Cambio 16, 3, 10 y 17 de septiembre de 1978. <<

[38] Durán, Martín Villa, pp. 139-148 y 167-194. <<

[39] Cambio 16, 28 de mayo y 30 de julio de 1978; Martín Villa, Al servicio, pp. 147-148; Durán, Martín Villa, pp. 167-194; Benegas, Euskadi, pp. 102-103. <<

[40] Cambio 16, 28 de mayo y 9 de julio; El País, 29 de junio de 1978; Rincón, ETA, pp. 163-166; Benegas, Euskadi, pp. 105-108. <<

[41] Conversación del autor con Rodolfo Martín Villa en Madrid, octubre de 1984. <<

[42] Cambio 16, 28 de mayo, 4 de junio y 9 de julio de 1978. <<

[43] El País, 30 de junio y 29 de julio; Cambio 16, 30 de julio de 1978. <<

[44] Izquierdo, Yo, testigo, pp. 99-102. <<

[45] Cambio 16, 29 de octubre de 1978. <<

[46] El País, 1 de noviembre de 1978; Cambio 16, 12 de noviembre de 1978; Rincón, ETA, pp. 21-22; Benegas, Euskadi, pp. 88-89. <<

[47] Cambio 16, 19 de noviembre de 1978; Muñoz Alonso, El terrorismo, pp. 133-140. <<

[48] El País, 17-19 de noviembre; Cambio 16, 3 de diciembre de 1978; Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 78-85; Morales y Celada, La alternativa, pp. 43-47; Martín Villa, Al servicio, pp. 148-150; Urbano, Con la venia, p. 19. <<

[49] Izquierdo, Yo, testigo, p. 49; Martín Villa, Al servicio, pp. 134-135 y 150. <<

[50] José Oneto, La noche de Tejero, Barcelona, 1981, pp. 27-34; Izquierdo, Claves para un día de febrero, Barcelona, 1982, pp. 28-29. <<

[51] El Alcázar, 23 de noviembre; Cambio 16, 10 de diciembre de 1978; Morales y Celada, La alternativa, pp. 47-48; Izquierdo, Yo, testigo, pp. 68-69. <<

[52] El País, 8 y 9 de diciembre; Cambio 16, 17 de diciembre de 1978; Ministerio de Interior, Dirección General de Política Interior, Referéndum constitucional. Información sobre resultados provisionales de la votación, Madrid, 1978. <<

[53] Benegas, Euskadi, pp. 89-91. <<

[54] El Alcázar, 4 y 11 de enero; El País, 3, 4 y 5 de enero; Cambio 16, 14 de enero de 1979. <<

[55] Cambio 16, 31 de diciembre de 1978. <<

[56] Rincón, ETA, pp. 58 y 70-71; Castells, El mejor defensor, pp. 154-156. <<

[57] El País, 4 de marzo de 1979; Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1979, Madrid, 1979, pp. 185-186. <<

[58] Cambio 16, 14 de enero, 11 de febrero y 4 de marzo de 1979. <<

[59] Jorge de Esteban y Luis López Guerra, eds., Las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979, Madrid, 1979, passim; Cambio 16, 11 de marzo de 1979. <<

[60] Cambio 16, 18 de marzo de 1979; Josep Melià, Así cayó Adolfo Suárez, Barcelona, 1981, p. 29. Para una reseña anecdótica y divertida de la campaña electoral, véase Ramírez, Las elecciones 1979, pp. 179-263. <<

[61] Carlos Elordi, «El PCE por dentro», en La Calle, núm. 95, pp. 15-21, enero de 1980. <<

[62] José Félix Tezanos, Sociología del socialismo español, Madrid, 1983, pp. 72-78 y 89-134. <<

[63] Cambio 16, 19 de marzo-23 de abril de 1978; Barciela, La otra historia del PSOE, pp. 51-55. <<

[64] Cambio 16, 21 y 28 de mayo de 1978; Modesto Seara Vázquez, El socialismo en España, México D. F., 1980, pp. 14-18. <<

[65] Seara Vázquez, El socialismo, pp. 10-14 y 20-30; Ramírez, Las elecciones de 1979, pp. 83-87; Cambio 16, 20 de mayo de 1979. <<

[66] Para un excelente análisis de los temas planteados en el XXVIII Congreso, véase Elías Díaz, «El lado oscuro de la dialéctica. Consideraciones sobre el XXVIII Congreso del PSOE», en Sistema, núm. 32, septiembre de 1979. <<

[67] El País, 19, 20 y 22 de mayo; Cambio 16, 3 de junio de 1979; Diego Armario, El triángulo. El PSOE durante la transición, Valencia, 1981, p. 44. <<

[68] El País, 30 de junio y 10 de julio; Cambio 16, 24 de junio y 30 de septiembre de 1979. <<

[69] El País, 28, 29, 30 de septiembre y 2, 7 de octubre; Diario 16, 1 de octubre; Mundo Obrero, 2 de octubre; Cambio 16, 7 de octubre de 1979. <<

[70] Cambio 16, 15 de abril de 1979. <<

[71] El País, 30 y 31 de marzo de 1979. <<

[72] El País, 4, 5 y 6 de abril; Cambio 16, 15 de abril de 1979; Adolfo Suárez, FOG/Toledo. <<

[73] Cambio 16, 22 de abril, 27 de mayo y 10 de junio de 1979. <<

[74] Martín Villa, Al servicio, p. 50. <<

[1] Cambio 16, 14 y 28 de mayo y 5 y 12 de octubre de 1978; Ramírez, Las elecciones de 1979, pp. 81 y 103-116; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 101-104. <<

[2] Cambio 16, 18 de marzo de 1979. <<

[3] El País, 27 y 29 de mayo; El Alcázar, 20 y 27 de mayo; Cambio 16, 10 de junio de 1979. <<

[4] Urbano, Con la venia, p. 26. <<

[5] El País, 12 de mayo de 1979; Armada, Al servicio, p. 215; Morales y Celada, La alternativa, pp. 51-53. <<

[6] El País, 6 y 10 de junio; Cambio 16, 10 de junio de 1979; Morales y Celada, La alternativa, pp. 43-49. <<

[7] Cambio 16, 24 de junio, 1, 15, 22, 29 de julio y 5 de agosto de 1979; Attard, Vida y muerte, pp. 70-72; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 129-130. <<

[8] Cambio 16, 5 de agosto, 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre y 4 de noviembre de 1979. <<

[9] Cambio 16, 13 y 20 de mayo de 1979; Miguel Castells Arteche, Radiografía de un modelo represivo, San Sebastián, 1982, pp. 33-38 y 129-130. <<

[10] Cambio 16, 21 de octubre de 1979. <<

[11] El Alcázar, 21 de septiembre; Cambio 16, 7 de octubre de 1979. <<

[12] Morales y Celada, La alternativa, pp. 74-77; Armada, Al servicio, pp. 216-217; Urbano, Con la venia, p. 21. <<

[13] El Alcázar, 20 de octubre de 1979; El País, 27 de enero; Diario 16, 25 de enero; Cambio 16, 10 de febrero; Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 85-91; Morales y Celada, La alternativa, pp. 57-61; Urbano, Con la venia, pp. 21-23. <<

[14] Cambio 16, 25 de noviembre de 1979; El Alcázar, 7 de mayo, 29 de junio, 3 y 9 de julio; El País, 13 de septiembre de 1980; Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 91-93. <<

[15] El Alcázar, 11, 15, 18, 23 y 26 de abril de 1980; entrevista del autor con el general Prieto; Urbano, Con la venia, p. 29; Juan Pla, La trama civil, Barcelona, 1982, p. 164. <<

[16] Martín Villa, Al servicio, p. 90. <<

[17] Cambio 16, 16 de diciembre de 1979. <<

[18] Cambio 16, 13 de enero de 1980. <<

[19] Cambio 16, 27 de enero de 1980. <<

[20] Cambio 16, 3 de febrero y 16 de marzo; El País, 2 y 3 de marzo de 1980; Martín Villa, Al servicio, p. 90. <<

[21] El País, 13 y 18 de noviembre; Cambio 16, 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre de 1979 y 20 de enero de 1980; conversación del autor con Javier Rupérez en Madrid, octubre de 1984; Javier Rupérez, «Un secuestro», en Ideas y debate, núm. 2, 1985. <<

[22] Castells, Radiografía, pp. 130-135. <<

[23] El País, 18 de febrero; Cambio 16, 17 y 24 de febrero y 23 de marzo de 1980. <<

[24] El País, 22 de marzo; Cambio 16, 30 de marzo de 1980. <<

[25] Cambio 16, 2 de marzo, 6 y 13 de abril, 18 y 25 de mayo y 21 de septiembre de 1980; Melià, Así cayó, p. 39; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 31-33. <<

[26] Melià, Así cayó, p. 22; Oneto, Los últimos días de un presidente, Barcelona, 1981, pp. 35-82. <<

[27] Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 35-36. <<

[28] Martín Villa, Al servicio, p. 91. <<

[29] El País, 3 y 4 de mayo; Cambio 16, 18 de mayo y 3 de agosto de 1980. <<

[30] El País, 21, 22, 23, 29 y 30 de mayo; Cambio 16, 16 de marzo y 1 y 8 de junio de 1980; Martín Villa, Al servicio, p. 94. <<

[31] Cambio 16, 29 de junio de 1980; Melià, Así cayó, pp. 36-37; Oneto, Los últimos días, p. 50. <<

[32] El País, 8 y 9 de julio; Diario 16, 8 de julio; Cambio 16, 20 y 27 de julio de 1980; Melià, Así cayó, pp. 45-58; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 150-153. <<

[33] Jáuregui y Soriano, UCD, p. 35. <<

[34] Cambio 16, 3 de agosto de 1980. <<

[35] El País, 30 y 31 de julio; Cambio 16, 27 de julio y 3 y 10 de agosto de 1980; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 37 y 156. <<

[36] Cambio 16, 13 de julio y 17 de agosto de 1980; Melià, Así cayó; Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 15-20 y 34-35. <<

[37] Cambio 16, 10 y 17 de agosto de 1980. <<

[38] Cambio 16, 17 y 31 de agosto de 1980; Urbano, Con la venia, pp. 31-32. <<

[39] El País, 22 de junio; Cambio 16, 13 y 20 de julio, 24 de agosto y 7 de septiembre de 1980; Rincón, ETA, p. 63. <<

[40] Cambio 16, 17 de agosto de 1980. <<

[41] El País, 10 de septiembre; Cambio 16, 21 de septiembre de 1980; Melià, Así cayó, pp. 51-59. <<

[42] Cambio 16, 5 y 12 de octubre de 1980; Oneto, Los últimos días, pp. 67-68. <<

[43] El País, 18 y 19 de septiembre; Cambio 16, 28 de septiembre y 12 de octubre de 1980. <<

[44] Cambio 16, 12 y 19 de octubre; El País, 2 y 13 de octubre de 1980; Muñoz Alonso, El terrorismo, p. 227. <<

[45] El Alcázar, 16 y 21 de septiembre y 2 de diciembre de 1980; conversación del autor con Felipe González en Oxford, marzo de 1981; Cambio 16, 9 de marzo de 1981; Armada, Al servicio, pp. 216, 223-227; Santiago Segura y Julio Merino, Jaque al rey. Los «enigmas» y las «incongruencias» del 23-F, Barcelona, 1983, pp. 53-54 y 77-78; Morales y Celada, La alternativa, pp. 122-125; Santiago Segura y Julio Merino, Vísperas del 23-F, Barcelona, 1984, pp. 297-301; Urbano, Con la venia, pp. 33-35. <<

[46] Cambio 16, 5, 12, 19 y 26 de octubre de 1980. <<

[47] El País, 24, 25 y 26 de octubre; Cambio 16, 3 de noviembre de 1980. <<

[48] Cambio 16, 26 de octubre y 3 de noviembre de 1980. <<

[49] Cambio 16, 10 de noviembre; El País, 11 de noviembre de 1980. <<

[50] Cambio 16, 11 y 24 de noviembre de 1980; Benegas, Euskadi, pp. 110-111; Muñoz Alonso, El terrorismo, pp. 229-231. <<

[51] Morales y Celada, La alternativa, pp. 89-91 y 122-125; Cambio 16, 17 de noviembre de 1980; Urbano, Con la venia, pp. 24-25. <<

[52] Urbano, Con la venia, pp. 29-31 y 49; Álvarez de Miranda, Del «contubernio», p. 145; Attard, Vida y muerte, pp. 182-184. <<

[53] Jáuregui y Soriano, UCD, pp. 195-199; Attard, Vida y muerte, pp. 180-181. <<

[54] Melià, Así cayó, pp. 59-63; Oneto, Los últimos días, pp. 69-70; Diario 16, 12 de enero; Cambio 16, 26 de enero de 1981. <<

[55] Attard, Vida y muerte, p. 189. <<

[56] Cambio 16, 2 de febrero de 1981; Melià, Así cayó, pp. 13-19 y 68-74. <<

[57] El País, 30 de enero; El Alcázar, 30 de enero; Diario 16, 30 de enero, 1981; Oneto, Los últimos días, pp. 113, 119 y 152; Melià, Así cayó, pp. 74-75; Morales y Celada, La alternativa, pp. 125-126; Urbano, Con la venia, pp. 52-57. <<

[1] El Alcázar, 24 de enero; ABC, 31 de enero de 1981; Oneto, Los últimos días, pp. 74-75; Figuero, UCD, p. 4. <<

[2] Cambio 16, 9 de febrero de 1981; Melià, Así cayó, pp. 96-99 y 118-119; Oneto, Los últimos días, pp. 124-126, 152-153 y 159-163. <<

[3] Cambio 16, 16 de febrero de 1981; Benegas, Euskadi, pp. 132-134; Urbano, Con la venia, pp. 73-75. <<

[4] El País, 17 de abril; Cambio 16, 27 de abril de 1981. <<

[5] Cambio 16, 16 de febrero de 1981; Rincón, ETA, pp. 172-176. <<

[6] Cambio 16, 23 de febrero de 1981; Rincón, ETA, pp. 123-124. <<

[7] El Alcázar, 8 de febrero de 1981. <<

[8] El Alcázar, 17 de diciembre de 1980, 22 de enero y 1 de febrero de 1981; Morales y Celada, La alternativa, pp. 127-130; Cambio 16, 22 de junio de 1981; Pla, La trama civil, pp. 59-69. <<

[9] El País, 7 y 8 de febrero; Diario 16, 9 de febrero; Cambio 16, 16 de febrero de 1981; Attard, Vida y muerte, pp. 193-207; Martín Villa, Al servicio, pp. 94-96. <<

[10] El País, 3, 10, 13 y 14 de febrero; Cambio 16, 23 de febrero de 1981; Izquierdo, Claves, pp. 99-103, 121-128, 135 y 143; Morales y Celada, La alternativa, p. 132; Castells, Radiografía, pp. 31, 95 y 159. <<

[11] Cambio 16, 23 de febrero de 1981; Pla, La trama civil, pp. 46-50; Urbano, Con la venia, pp. 76-77. <<

[12] El País, 22 de febrero de 1981. <<

[13] El País, 15 y 17 de febrero; Cambio 16, 23 de febrero de 1981; conversación del autor con Félix Pastor en Madrid, febrero de 1981. <<

[14] Esta reseña sobre el «tejerazo» procede de El País, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero; Cambio 16, 2 y 9 de marzo de 1981; Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 14 ss.; Oneto, La noche de Tejero, passim; Urbano, Con la venia, passim; Armada, Al servicio, pp. 240-295; Segura y Merino, Jaque al rey, pp. 75-188 y 220-232; Morales y Celada, La alternativa, pp. 135-146; Ricardo Cid Cañaveral et al., Todos al suelo. La conspiración y el golpe, Madrid, 1981, passim. La declaración del PSOE asturiano fue redactada por el alcalde de Oviedo, Antonio Masip, y un diputado socialista, Álvaro Cuesta. Conversación del autor con ambos en Oviedo, noviembre de 1985. Véase también La Voz de Asturias, 24 de febrero de 1981. <<

[15] Sobre el comportamiento extremadamente confuso de Armada y sus contactos con políticos y conspiradores, véase Armada, Al servicio, pp. 231-236; Segura y Merino, Jaque al rey, pp. 56-58 y 145-146; Martín Prieto, Técnica de un golpe de Estado. El juicio del 23-F, Barcelona, 1982, pp. 88-94; Oneto, La verdad sobre el caso Tejero, Barcelona, 1982, pp. 90, 116 y 205-235. <<

[16] Colectivo Democracia, Los ejércitos, pp. 360-376. <<

[17] Cid Cañaveral et al., Todos al suelo, pp. 205-207; Morales y Celada, La alternativa, pp. 146-148. <<

[18] Cambio 16, 23 de febrero, 9 y 16 de marzo y 8 de junio de 1981. <<

[19] Cambio 16, 9 y 16 de marzo; El Alcázar, 1 de marzo de 1981. <<

[20] ABC, 12 de abril; Cambio 16, 20 de abril de 1981; Morales y Celada, La alternativa, pp. 166-168. <<

[21] Para los detalles sobre las actitudes militares respecto a la OTAN, véanse Paul Preston y Denis Smyth, Spain, the EEC and NATO, Londres, 1984, pp. 15-21 y 53-54. <<

[22] El Alcázar, 26, 27 y 28 de febrero de 1981. <<

[23] Cambio 16, 23 de marzo; El País, 6, 7, 20, 21 y 22 de marzo de 1981. <<

[24] Cambio 16, 30 de marzo de 1981; Colectivo Democracia, Los ejércitos, p. 306. <<

[25] Cambio 16, 11 de mayo de 1981. <<

[26] El País, 5, 6, 8 y 9 de mayo; Cambio 16, 1 y 8 de junio de 1981. <<

[27] El País, 22, 24 y 26 de mayo; Cambio 16, 1 y 8 de junio; El Alcázar, 27 de mayo de 1981. <<

[28] El País, 31 de mayo y 2 de junio; Cambio 16, 8 de junio de 1981. <<

[29] Cambio 16, 29 de junio y 6 de julio de 1981. <<

[30] Cambio 16, 25 de mayo, 29 de junio y 6 de julio de 1981. <<

[31] Cambio 16, 22 de junio y 6 de julio; El País, 22 y 23 de junio de 1981; Attard, Vida y muerte, pp. 214-232. <<

[32] Cambio 16, 29 de junio, 6 y 20 de julio y 17 de agosto; El Alcázar, 21 de mayo de 1981. <<

[33] Cambio 16, 3, 10 y 17 de agosto, 7 y 14 de septiembre y 23 de noviembre; El País, 2 de septiembre y 4 de noviembre de 1981; Martín Villa, Al servicio, p. 96; Attard, Vida y muerte, pp. 232-252. <<

[34] El País, 21 y 22 de octubre; Cambio 16, 26 de octubre y 2 de noviembre de 1981; Attard, Vida y muerte, pp. 263-265. <<

[35] PSOE, El PSOE ante la situación política, Madrid, 1981; Cambio 16, 21 y 28 de septiembre de 1981. <<

[36] Cambio 16, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre; El País, 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 1981. <<

[37] El País, 20, 21, 22 y 23 de abril de 1981; Mundo Obrero, 20, 23 y 27 de abril de 1981. <<

[38] Claudín, Carrillo, pp. 319 ss.; Manuel Azcárate, Crisis del eurocomunismo, Barcelona, 1982, passim; Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, Barcelona, 1982, passim; Cambio 16, 28 de septiembre, 26 de octubre y 23 de noviembre de 1981. <<

[39] Cambio 16, 9 y 16 de noviembre; El País, 3 de noviembre de 1981; Attard, Vida y muerte, pp. 269-274. <<

[40] Cambio 16, 23 y 30 de noviembre; El País, 14, 15 y 23 de noviembre de 1981; Attard, Vida y muerte, pp. 274-275. <<

[41] Cambio 16, 1 de diciembre; El País, 7 y 8 de diciembre de 1981; Martín Villa, Al servicio, pp. 100, 117. <<

[42] Cambio 16, 3 y 31 de agosto y 7 de diciembre de 1981. <<

[43] Cambio 16, 14 y 21 de diciembre de 1982. <<

[44] El País, 14 y 15 de enero; The Times, 15 de enero de 1982. <<

[45] Cambio 16, 21 de diciembre de 1981 y 8 de febrero de 1982. <<

[46] Cambio 16, 18 y 25 de enero y 1 de febrero de 1982. <<

[47] El juicio seguido a fondo en cada ejemplar de Cambio 16 y El País a lo largo de febrero, marzo, abril y mayo de 1982. Las mejores reseñas se encuentran en Martín Prieto, Técnica, y Oneto, La verdad. Véase también Francisco Mora, Ni héroes ni bribones. Los personajes del 23-F, Barcelona, 1982. Segura y Merino ofrecen una versión progolpista en Jaque al rey. <<

[48] Cambio 16, 29 de marzo de 1982; Pla, La trama civil, p. 28. <<

[49] Cambio 16, 17, 24 y 31 de mayo de 1982; Martín Villa, Al servicio, p. 100. <<

[50] El País, 4 y 5 de junio; Cambio 16, 31 de mayo y 7 y 14 de junio de 1982; Segura y Merino, Jaque al rey, pp. 214-240. <<

[51] El País, 31 de julio; Cambio 16, 26 de julio y 2 de agosto de 1982. <<

[52] El País, 1 de agosto; Cambio 16, 2 y 9 de agosto de 1982. <<

[53] El País, 26, 27 y 28 de agosto; Cambio 16, 23 y 30 de agosto de 1982. <<

[54] El País, 14 y 15 de septiembre; Cambio 16, 6, 13 y 20 de septiembre de 1982. <<

[55] PSOE, Por el cambio. Programa electoral, Madrid, 1982; Cambio 16, 27 de septiembre de 1982. <<

[56] El País, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre; Cambio 16, 11 y 18 de octubre de 1982. <<

[57] El País, 14 de octubre; El Alcázar, 6 y 7 de octubre de 1982. <<

[58] Cambio 16, 22 de octubre de 1982. <<

[59] El País, 29 y 30 de octubre; Cambio 16, 1 de noviembre de 1982. La mejor reseña de la campaña y sus resultados se encuentran en la obra de Muñoz Alonso et al., Las elecciones del cambio, Barcelona, 1984. <<