En noviembre de 2015 se cumplieron cuarenta años de la muerte de Franco, una fecha señalada para hacer balance de una dictadura de cuarenta años: cuarenta años con Franco; cuarenta años sin él.

Con el fin de recordar y enseñar con rigor ese largo y decisivo período de la historia de España en el siglo XX, se aborda este proyecto que incluye los principales aspectos de la política, sociedad, economía y cultura, con especial énfasis en los actores, en las biografías de los personajes más relevantes de la dictadura, en las diferentes etapas históricas y en temas transversales que, desde la literatura al cine, pasando por las políticas de género, puedan interesar a los lectores en la actualidad.

El objetivo es presentar un balance de la dictadura de Franco para un público amplio, para quienes vivieron aquellos años, pero sobre todo pensando en quienes nacieron después de la muerte del dictador y, de forma muy especial, en los estudiantes de Bachillerato.

Se trata, en suma, de conectar historia y memoria, historia, cine y literatura, de ofrecer de forma didáctica las partes más visibles y ocultas de aquella dictadura de cuarenta años. Y para ello se cuenta con algunos de los mejores especialistas en ese largo período, con larga experiencia en la investigación, educación y divulgación.

AA. VV.

40 años con Franco

ePub r1.3

Titivillus 21.01.2021

Título original: 40 años con Franco

AA. VV., 2015

Julián Casanova (coord.)

Carlos Gil Andrés

Mary Nash

José Carlos Mainer

Ignacio Martínez de Pisón

Enrique Moradiellos

Borja de Riquer

Agustín Sánchez Vidal

Paul Preston

Ángel Viñas

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Cuarenta años con Franco

Cuarenta años con Franco

Julián Casanova

CUANDO ACABÓ LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, más de la mitad de los 28 estados europeos estaban dominados por dictaduras con poderes absolutos, que no dependían de mandatos constitucionales ni de elecciones democráticas. Excepto en el caso de la Unión Soviética de Stalin, todas esas dictaduras procedían del firmamento político de la ultraderecha y tenían como uno de sus principales objetivos la destrucción del comunismo.

El general Francisco Franco y su dictadura no eran, por lo tanto, una excepción en aquella Europa de sistemas políticos autoritarios, totalitarios o fascistas. Pero al margen de las categorías que se utilicen para definirlos, la mayoría de esos despotismos modernos eran hijos de la primera guerra mundial, la auténtica línea divisoria de la historia europea del siglo XX, la ruptura traumática con las políticas del orden autocrático imperial hasta entonces dominantes.

Como España no participó en esa contienda, el ascenso al poder de Franco se pareció poco, de entrada, al de esos nobles, políticos y militares que, tras convertirse en héroes nacionales por su lucha contra el enemigo exterior, encabezaron el movimiento contrarrevolucionario, antiliberal y antisocialista en sus países desde los años veinte. Jósef Piłsudski en Polonia y Miklós Horthy en Hungría son los mejores ejemplos. La del almirante Horthy, fue, en realidad, la primera dictadura contrarrevolucionaria en aparecer porque el antiguo jefe de la armada imperial tomó el poder tras el derrocamiento del ensayo revolucionario de Béla Kun en agosto de 1919 y unos meses después, en enero de 1920, fue nombrado regente vitalicio, dado que la restauración de la dinastía de los Habsburgo estaba prohibida por los tratados internacionales. Gobernó hasta finales de 1944, cuando los alemanes y soviéticos se disputaban el control del territorio húngaro.

Esas dictaduras que surgieron en Europa en los años veinte recuperaron algunas de las estructuras tradicionales de la autoridad presentes en su historia antes de 1914, pero tuvieron que hacer frente también a la búsqueda de nuevas formas de organizar la sociedad, la industria y la política. En eso consistió el fascismo en Italia, el primero en germinar como producto de la primera guerra mundial, y a esa solución se engancharon en los años treinta algunos partidos y fuerzas de la derecha española. Una solución al problema de cómo controlar el cambio social y frenar la revolución en el momento de la aparición de la política de masas.

El fascismo apareció más tarde en España que en la mayoría de los países europeos, sobre todo si la referencia es Italia y Alemania, y se mantuvo muy débil como movimiento político hasta la primavera de 1936. Durante los primeros años de la Segunda República, apenas pudo abrirse camino en un escenario ocupado por la extrema derecha monárquica y por la derechización del catolicismo político. El triunfo de Adolf Hitler en Alemania, sin embargo, atrajo el interés de muchos ultraderechistas que, sin saber todavía mucho de fascismo, vieron en el ejemplo de los nazis un buen modelo para acabar con la República. El que iba a ser el principal partido fascista, Falange Española, fue fundado en octubre de 1933, cuando el fascismo era ya un movimiento de masas consolidado en varios países europeos.

Poco tuvo que ver Franco, por lo tanto, si lo que seguimos considerando es la conquista del poder, con la forma en que lo consiguieron los dos líderes fascistas más importantes, Benito Mussolini y Hitler, a través de la movilización de las masas con partidos que ellos mismos habían creado. Mussolini subió al poder con una combinación de violencia paramilitar y maniobras políticas, sin necesidad de tomarlo militarmente —pese al mito forjado después de la marcha sobre Roma por el fascismo victorioso— o ganar unas elecciones. Y el nombramiento de Hitler como canciller del Reich el 30 de enero de 1933, porque Paul von Hindenburg, presidente de la República, así lo decidió, fue el resultado del pacto entre el movimiento de masas nazi y los grupos políticos conservadores, con los militares y los intereses de los terratenientes a la cabeza, que querían la destrucción del sistema republicano de Weimar y de la democracia.

Unos años después, Franco comenzó el asalto al poder con una sublevación militar y lo consolidó tras la victoria en una guerra civil. La guerra civil se produjo porque el golpe de estado no consiguió de entrada su objetivo fundamental, conquistar el poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras Repúblicas europeas, derribadas sin necesidad de guerra civil por golpes militares contrarrevolucionarios, movimientos autoritarios o fascistas, en España hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente a ese intento de conquista violenta del poder.

Sin esa combinación de golpe de estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se hubiera producido una guerra civil. Si el golpe militar hubiera triunfado desde el principio, le hubiera seguido una dictadura, pero no una guerra civil. Eso es lo que sucedió en Grecia, el otro país europeo, junto con España, donde había una crónica tendencia de los militares a intervenir en el proceso político. El 4 de agosto de 1936, tan sólo unos días después de la sublevación en España, el general Ioanis Metaxás declaró la suspensión de los artículos de la constitución e implantó una dictadura, con el apoyo del rey Jorge II, que duró hasta su muerte en enero de 1941. Tres meses después, Grecia fue invadido y ocupada por Alemania, Italia y Bulgaria.

Mientras Franco consolidaba su dictadura tras el triunfo en la guerra civil, lo que los españoles llamamos posguerra, la segunda guerra mundial ponía patas arriba el mapa de Europa que había salido de la de 1914-1918. Entre 1939 y 1941, siete dictaduras derechistas de Europa del este cayeron bajo el dominio directo de Alemania o Italia: Polonia, Albania, Yugoslavia, Grecia, Lituania, Letonia y Estonia. En el mismo período, siete democracias fueron desmanteladas: Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia.

Casi todo el continente europeo quedó bajo el orden nazi, gobernado por dirigentes nombrados por Hitler o dictadores «títeres», que solían ser líderes de los movimientos fascistas que no habían podido tomar el poder antes de 1939, pero que aprovechaban el nuevo escenario creado por la invasión militar alemana. Los principales ejemplos fueron la administración de Vichy en Francia bajo el mariscal Philippe Pétain; el régimen de Joosson Quisling en Noruega; el dirigido por el movimiento Ustase de Ante Pavelic en Grecia; y el que gobernó Hungría, aunque sólo en los meses finales de 1944, con Ferenç Szálasi, líder de la Cruz Flechada.

El destino de todos esos regímenes quedó vinculado al de la Alemania nazi. Y entre los últimos meses de 1944 y los primeros de 1945, todos esos países fueron invadidos por los ejércitos de la Unión Soviética o de los aliados occidentales. Las dictaduras derechistas, que habían sido dominantes desde los años veinte, desaparecieron de Europa, salvo en Portugal y España. Francisco Franco y Antonio Oliveira de Salazar fueron, por lo tanto, los únicos dictadores que, como no intervinieron oficialmente en la segunda guerra mundial, pudieron seguir en el poder tras ella. Esa es una gran diferencia entre las dictaduras de Europa del este, destruidas por la guerra, y las de la Península ibérica; y entre Franco y Salazar y todos esos dictadores, fascistas o no, que fueron ejecutados o acabaron en el exilio tras 1945.

Franco se libró, obviamente, de ese final, aunque la intervención italiana y alemana había sido decisiva para su triunfo en la guerra y conquista del poder y aunque el fervor del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi se había manifestado, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación en 1941 de la División Azul, por la que pasaron cerca de 47 000 hombres que lucharon contra el comunismo en el frente ruso.

Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió treinta años más. Vista desde esta perspectiva comparada, el rasgo distintivo de la historia de España en el siglo XX fue la larga duración de la dictadura de Franco después de la segunda guerra mundial. No fue un paréntesis, sino el elemento central que dominó el escenario de forma absoluta durante esas tres décadas.

Al tratar de identificar las causas de esa larga duración, siempre sale, en primer lugar, por orden de aparición en la historia, la represión y la cultura excluyente, ultranacionalista, que dominaron la sociedad española desde la victoria en la guerra a la muerte de Franco. El mantenimiento de ese escenario de violencia, miedo y vigilancia durante tanto tiempo resulta incomprensible si no se tiene en cuenta el papel fundamental del Ejército, del ejército de Franco, construido en medio de una guerra civil y de una posguerra victoriosa, que garantizó en todo momento la continuidad de la dictadura, porque unido en torno a su Caudillo y al recuerdo del 18 de julio, no presentó fisuras. Y con el paso del tiempo, cuando alguien le expresaba a Franco su preocupación por el futuro, por la sucesión, por la amenaza liberal o roja, la respuesta del dictador siempre era la misma: ahí estaba el Ejército, para defender, «en último término», su victoria. Frente al desorden y la subversión, recordó Carrero Blanco en un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, siempre quedarían «en último extremo las fuerzas armadas».

Franco y su ejército debieron también adaptarse a los cambios en la situación internacional. Soñaron con un nuevo imperio español y, en realidad, dado su escaso potencial, tuvieron que liquidar lo poco que quedaba de él, los territorios africanos, desde el Protectorado de Marruecos a Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial, que fueron abandonados uno tras otro desde mediados de los años cincuenta, hasta que sólo quedó el Sahara español, un territorio por el que España entró en conflicto abierto con Marruecos justo cuando Franco agonizaba. Aunque la pérdida del Protectorado en 1956 fue un duro revés para muchos oficiales españoles, que habían hecho allí su carrera militar, mantenerse al margen de las aventuras imperiales fue, al final, una gran ventaja para el franquismo, que no experimentó las graves fricciones en el seno del ejército que a otras dictaduras, como a la portuguesa, le causó el conflicto colonial.

La situación internacional, en verdad, fue muy propicia para el franquismo, desde sus orígenes hasta el final. En 1939, derrotada la República, el clima internacional tan favorable a los fascismos contribuyó a consolidar la violenta contrarrevolución iniciada ya con la ayuda inestimable de esos mismos fascismos desde el golpe de julio de 1936. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas vencedoras en la segunda guerra mundial les importó muy poco que allá por el sur de Europa, en un país de segunda fila que nada contaba en la política exterior de aquellos años, se perpetuara un dictador sembrando el terror e incumpliendo las normas más elementales del llamado «derecho internacional». En palabras de un alto diplomático británico, la España de Franco «sólo es un peligro y una desgracia para ella misma». Por eso, a lo máximo que llegaron las democracias tras la segunda guerra mundial fue a presionar al gobierno de Franco porque, como bien precisó hace años Laurence Whitehead, en su estudio de los aspectos internacionales de la democratización, «una cosa era declarar a Franco un paria y otra muy distinta perder soldados en un intento de derrotarlo o de fomentar una guerra civil».

Como señaló el mismo Whitehead, después de la segunda guerra mundial los gobiernos de Europa occidental «se acostumbraron a coexistir con una variedad de regímenes no democráticos» y ya no intervinieron. Conforme avanzaba la guerra fría, «siempre y cuando esos gobiernos se convirtiesen en aliados fiables en la contienda mundial contra la Unión Soviética, no se ejercería sobre ellos una presión irresistible para que se “democratizasen”». Franco y su régimen fueron, así, gradualmente rehabilitados, algo que se confirmó plenamente con los Acuerdos con Estados Unidos firmados el 26 de septiembre de 1953, la firma del Concordato con el Vaticano el 27 de agosto de aquel mismo año y el ingreso de España en la ONU en diciembre de 1955.

Sin intervención exterior, con un ejército unido y con un apoyo unánime, salvo en los últimos años, de la Iglesia católica, en su labor educativa y de control social, la dictadura de Franco estaba destinada a durar, aunque las dictaduras no se sostienen sólo en las fuerzas armadas, en la represión o en la legitimación que de ellas hacen los poderes eclesiásticos. Para sobrevivir y durar, necesitan bases sociales y la dictadura de Franco, salida de una guerra civil, no fue en ese aspecto una excepción.

Los apoyos del franquismo fueron amplios, más allá de toda la gente de orden que se sumó a la sublevación y estuvo siempre agradecida a Franco por la victoria. Salvo los más reprimidos, perseguidos y silenciados, a los que la dictadura excluyó y nunca tuvo en cuenta, el resto de esa España que había estado en el bando de los vencidos se adaptó, gradualmente y con el paso de los años, con apatía, miedo y apoyo pasivo, a un régimen que defendía el orden, la autoridad, la concepción tradicional de la familia, los sentimientos españolistas, las hostilidad beligerante contra el comunismo y un inflexible conservadurismo católico.

Los cambios producidos por las políticas desarrollistas, a partir del Plan de Estabilización de 1959, aconsejado por el Fondo Monetario Internacional, y de la llegada de los tecnócratas del Opus Dei al gobierno, ampliaron y transformaron sus bases sociales. El crecimiento económico fue presentado como la consecuencia directa de la paz de Franco, en una campaña orquestada por Manuel Fraga desde el Ministerio de Información y Turismo y plasmada en la celebración en 1964 de los XXV Años de Paz, que llegó hasta el pueblo más pequeño de España.

Dos años después, tras aprobarla las Cortes, se pidió a los ciudadanos que aprobaran en referéndum la Ley Orgánica del Estado y de nuevo el ministro Fraga inundó de propaganda las calles españolas con la consigna «Votar sí es votar por nuestro Caudillo. Votar no es seguir las consignas de Moscú». Con todas las irregularidades propias del aparato político de la dictadura, votó, según cifras oficiales, casi el 89 % del censo electoral, con un 95.9 de votos afirmativos y 1.79 de negativos, y el referéndum fue utilizado como la prueba más palmaria del apoyo popular a Franco y a su régimen. El desarrollismo y la machacona insistencia en que todo eso era producto de la paz de Franco, dieron una nueva legitimidad a la dictadura y posibilitaron el apoyo, o la no resistencia, de millones de españoles.

Esos «buenos» años del desarrollismo, opuestos a la posguerra, la autarquía y el hambre, alimentaron la idea, sostenida todavía en la actualidad por la derecha política, de que Franco fue un modernizador que habría dado a España una prosperidad sin precedentes. Resulta difícil creer y demostrar, sin embargo, que un general que, junto con sus compañeros de armas, provocó una guerra civil, con efectos desastrosos, y se mantuvo en el poder absoluto y de forma violenta durante casi cuatro décadas, fuera un modernizador o un salvador de la patria frente al comunismo y la revolución.

Buscar explicaciones racionales a fenómenos tan irracionales, y complejos, como el Gran Terror, el Holocausto o las diferentes manifestaciones de la violencia desatada por esos dictadores, siempre ha resultado una tarea difícil, casi imposible, para los historiadores. Pero sabemos perfectamente, por las numerosas pruebas existentes, evaluadas y contrastadas, que toda esa modernización y desarrollo de las dictaduras, cuyos dirigentes llevaron el culto a la personalidad a extremos sin precedentes, fueron obtenidas a un horroroso precio de sufrimiento humano y de costes sociales y culturales. En España, como en otros países con regímenes dictatoriales, la ciencia y la cultura fueron destruidas o puestas al servicio de los intereses y objetivos del poder. Y para muchos españoles, la dictadura significó cuatro décadas de miedo, subordinación, ignorancia y olvido de su propio pasado y del mundo exterior.

Más de una generación de españoles creció y vivió bajo el dominio de Franco, sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Ese gobierno autoritario tan prolongado tuvo efectos profundos en las estructuras políticas, en la sociedad civil, en los valores individuales y en los comportamientos de los diferentes grupos sociales. En 1945, Europa occidental dejó atrás treinta años de guerras, revoluciones, fascismos y violencia. Pero España se perdió durante otras tres décadas ese tren de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales y del Estado de bienestar.

El principal responsable de que eso fuera así, Francisco Franco, ayudado por sus compañeros de armas y apoyado casi hasta el final por amplios sectores de la población española, se empeñó en llevar un camino diferente al de las democracias occidentales. Y durante años y años, muchos españoles defendieron y aceptaron estar organizados, y obligar a quienes no lo quisieran estar, conforme a estrictas reglas autoritarias.

Han pasado cuatro décadas desde la muerte de Franco y esa dictadura forma parte de la historia, un tema de estudio consolidado en los proyectos de investigación universitarios, en congresos y publicaciones científicas y en los programas que se imparten en la mayoría de los centros escolares. Pero es también objeto de controversia política y de debate público. Con memorias divididas, esos trágicos sucesos del pasado han proyectado su larga sombra sobre el presente y, frente a ella, necesitamos miradas libres y rigurosas. Y eso es lo que se propone este libro, escrito por reconocidos especialistas de la política, la sociedad y la cultura de esos años, y dedicado a quienes quieran enfrentarse sin miedo a los fantasmas del pasado. Cuarenta años después.

Zaragoza, noviembre de 2014

Franco: mitos, mentiras y manipulaciones

Franco: mitos, mentiras y manipulaciones

Paul Preston

FRANCO ES POSIBLEMENTE EL DICTADOR europeo menos conocido del siglo XX. En sus crónicas de más de setenta años de amistad y contacto casi diario con él, su devoto primo y ayudante de campo Francisco Franco Salgado-Araujo, «Pacón», presentaba a Franco impartiendo órdenes o explicando cómo el mundo estaba amenazado por la masonería y el comunismo, pero nunca participando en un diálogo fructífero o dispuesto a una autocrítica creativa. Otro íntimo amigo de toda la vida, el almirante Pedro Nieto Antúnez, mostraba un retrato similar. Era un habitual compañero de Franco en sus frecuentes y largas expediciones de pesca a bordo de su yate el Azor. Cuando le preguntaron cuáles eran sus temas de conversación durante esos largos días juntos, el almirante dijo: «Yo no he dialogado nunca con el General. Le he oído, sí, algunos larguísimos monólogos. Pero no hablaba conmigo, sino con él mismo».

Los logros de este desconocido dictador son indiscutibles. Con astucia ganó una cadena de ascensos en la milicia. Con la ayuda de Hitler y Mussolini y con el beneplácito de los conservadores británicos y franceses, ganó una guerra civil. Basado en esa victoria y la represión que la acompañó, y con la ayuda de Estado Unidos, se mantuvo en el poder desde el 1 de octubre de 1936 en el territorio que controlaba, y en toda España a partir del 1 de abril de 1939 hasta su muerte en 1975. La manera de conducir su esfuerzo bélico en la guerra civil revelaba una calculadora crueldad. Su objetivo político fue la conquista lenta del territorio a fin de llevar a cabo «la redención moral» y la «conquista espiritual» de las áreas ocupadas por sus tropas. El sentido de superioridad paternalista y la arrogancia de considerarse el redentor de su pueblo caracterizó la represión a la izquierda durante y después de la guerra. La espiral de violencia —con un millón de prisioneros aproximadamente en campos de trabajo y cárceles y cientos de miles de ejecuciones— sirvió como una inversión de terror de cuyos beneficios viviría durante décadas. Franco presidió a distancia todo el procedimiento. Como Hitler, tenía un montón de colaboradores deseosos de encargarse de la detallada tarea de la represión, y, así, podía distanciarse del proceso. Sin embargo, puesto que él era la autoridad suprema dentro del sistema de justicia militar, no hay duda en cuanto a la responsabilidad última. Además, en sus discursos Franco no ocultaba su convicción sobre la necesidad de sacrificios de sangre. Su método era dejar hacer, mientras sus subordinados se veían envueltos en la red del llamado «pacto de sangre».

Al margen de su indudable talento tanto militar como político, hay, sin embargo, una cantidad enorme de información fidedigna que muestra incontestablemente un Franco poco culto y poco sofisticado, más bien mediocre. Amplios ejemplos de su astucia en la política interior y la diplomacia se equilibraban con otros ejemplos de candidez en temas económicos. Franco era un hombre con escasa formación económica y pocos conocimientos científicos. Aun así, no es suficiente para explicar las contradicciones entre el profundo y mundano cinismo con que manipuló a sus aliados y adversarios políticos por una parte, y sus ingenuas opiniones en temas de finanzas. Tenía una fe conmovedoramente ingenua en «virguerías» mágicas que resolverían varios problemas concretos. Durante la guerra civil, un alquimista llamado Sarvapoldi Hammaralt se presentó en Salamanca ofreciéndose a Franco para fabricar todo el oro que necesitara para ganar la guerra; siguiendo el consejo de su hermano Nicolás, Franco puso los laboratorios químicos de la Universidad de Salamanca a disposición de Hammaralt. A pesar de lo que debió ser su desengaño con Hammaralt, el carácter desesperado de las dificultades económicas de España parece haber fomentado todavía más la credulidad de Franco. A finales de 1939, geólogos deseosos de complacerle le convencieron de que España poseía enormes yacimientos de oro. En consecuencia, autorizó e incluso acudió en persona a dirigir operaciones de extracción de oro en Extremadura. El 31 de diciembre de 1939, en su discurso radiofónico de Nochevieja, precisamente cuando el país se sumía en un período de atroces privaciones, no pudo resistirse a anunciar: «Tengo la satisfacción de anunciaros que España posee en sus yacimientos oro en cantidades enormes… lo que nos presenta un porvenir lleno de agradables presagios». El oro nunca se encontró.

A principios de 1940, poco después del anuncio de los ficticios descubrimientos de oro, Franco declaró que España pronto sería autosuficiente en energía, y un país rico exportador de petróleo. La razón de esta afirmación era un falso petróleo sintético supuestamente inventado por un austríaco, Albert Elder von Filek, que se había ganado la confianza de Franco, y le había persuadido de que mezclando agua con extractos de plantas y otros ingredientes secretos, el producto obtenido por destilación sería un combustible superior a la gasolina. Von Filek se había presentado como un partidario convencido de la causa nacional que había sido encarcelado por los republicanos en Madrid durante la guerra civil. Afirmaba tener espectaculares ofertas de las grandes compañías petroleras del mundo para comprar su invento. Franco explicaba a José Félix de Lequerica con deleite que la admiración que el «excautivo» Von Filek profesaba al Caudillo era tal, que le cedía gratuitamente su invento. A Franco se le aseguró que los camiones que transportaban el pescado a Madrid desde los puertos marítimos del norte habían utilizado este combustible. El chófer del Caudillo formaba parte del engaño y le convenció de que su propio coche había funcionado con el combustible. Evidentemente, faltaba ayuda sustanciosa para convertir el proyecto en realidad. Se concedió a Von Filek el uso de las aguas del río Jarama y la tierra de sus riberas y el financiamiento necesario para erigir una fábrica. Se construyeron grandes tanques subterráneos para contener el petróleo que ahorraría a España ciento cincuenta millones de pesetas anuales en divisas. Al final, el fraude salió a la luz y Von Filek y el chófer fueron encarcelados.

Franco solía abrir los actos públicos diciendo: «Solo dos palabras, porque soy muy poco amigo de ellas». Esto no era verdad en privado ni, como atestiguan las miles de páginas de sus discursos, cuando ejercía de hombre público. La presencia de una audiencia numerosa y entusiasmada le llevaba ocasionalmente a salirse de los textos escritos de sus discursos y a cometer lapsus. Puede deducirse que se lamentaba de ellos por el hecho de que se omitían de las subsiguientes impresiones. El ejemplo más sorprendente fue el discurso que pronunció en Madrid el 17 de julio de 1941, cuando su entusiasmo por la invasión alemana de Rusia le llevó al borde de una declaración pública de guerra al lado del Eje. A pesar de que sus discursos estaban salpicados de la retórica falangista de justicia social, en una ocasión dejó escapar una decidida afirmación sobre la naturaleza clasista de su mandato: «Nuestra Cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos».

En general, las ideas que tenía Franco en el campo de la teoría económica eran estrafalarias. Creía que la economía era una de sus especialidades, y en los primeros veinte años de su dictadura intervino en persona en política económica. Estaba singularmente orgulloso de la teoría según la cual las reservas de oro eran irrelevantes mientras su ausencia se mantuviera en secreto. Tal convicción se consolidó durante la guerra civil. En esa época, cuando la peseta estaba dramáticamente sobrevalorada, hizo oídos sordos a sus consejeros económicos, que querían devaluarla a la mitad. Retrospectivamente, alabó su propia clarividencia al asegurarse que la peseta permaneciera sobrevalorada, puesto «que era la primera vez que una nación en guerra había logrado sostener, sin oro ni divisas, el precio de su moneda». Creía que podría aumentar las ganancias extranjeras de España por la estrategia de inflar el valor de la divisa, inconsciente de su impacto en la competitividad de las exportaciones.

Hacia finales de la guerra civil empezó a expresar su confianza en la autosuficiencia de España. Se jactaba de que sus políticas durante la contienda cambiarían profundamente teorías económicas básicas que hasta entonces el mundo había visto como dogmas. Después de la guerra, consiguió que José María Zumalacárregui, profesor de Economía en la Universidad de Madrid, le visitara semanalmente para debatir sobre el tema. Al cabo de unas pocas semanas, el profesor dejó de acudir, incapaz de soportar el entusiasmo y la simpleza con las cuales Franco insistiera en explicarle los problemas más complejos de la teoría económica. En 1955, a pesar de que Alemania e Italia empezaban a mostrar claros signos de su futuro crecimiento, el Caudillo le dijo a su primo que «al terminar la guerra, no era deseo de las naciones vencedoras que los vencidos se levantasen pronto de su postración. Por ello se les obligó a que adoptasen el régimen democrático, pues estaban convencidos de que así no les vendría la prosperidad ni mucho menos».

Tras el hambre sufrida en los años cuarenta, a mediados de la década de los cincuenta España se encontraba todavía al borde del colapso económico y con necesidad de la ayuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Franco se vio obligado a poner la economía en manos de los tecnócratas, quienes, a su vez, la abrieron al ancho mundo, condición impuesta por la ayuda internacional. El consiguiente crecimiento económico acarreó un desarrollo social que supondría el sostén del amplio consenso popular a favor de la democracia en los años setenta. El sueño de Franco de cerrar España frente al mundo estuvo siempre destinado al fracaso. Lejos de ser el cerebro que ingeniaba esos procesos, Franco los aceptó a regañadientes con objeto de permanecer en el poder.

No era solamente en el campo de la economía en el que sus ideas, y las razones con las que las justificaba, lindaban con lo absurdo. Es muy conocida, por ejemplo, su obsesión con la masonería. Con argumentos que no se basaban en la racionalidad, culpaba a la masonería del declive de España y de sus consiguientes desgracias. También la hacía responsable de que Napoleón invadiese España, de la pérdida del imperio español, de las guerras civiles de los siglos XIX y XX, de los esfuerzos internacionales para impedir su victoria en la guerra de 1936-1939 y del ostracismo internacional en el que se vio envuelto después de 1945. Su obsesión por la masonería era inusualmente virulenta, y desempeñó en su vida un papel similar al del antisemitismo en la de Hitler. Su obsesión era tal que le llevó a sospechar que tanto el movimiento de independencia marroquí de los años cincuenta como el segundo concilio Vaticano eran de inspiración masónica.

La razón más probable de su odio fue el hecho de que su padre fue un librepensador con simpatías masónicas, y que su poco convencional hermano Ramón era masón. Así, la masonería se convirtió en el blanco de su ira por las extravagancias de su padre y su hermano y la vergüenza que le causaban. Estaba convencido de que el gran asesor de don Juan de Borbón, Pedro Sainz Rodríguez, católico practicante, era masón. Cuando le preguntó Alfonso de Borbón Dampierre cómo estaba tan seguro de esto, le contestaba en plan de cotilla pueblerina: «Recibí las confidencias de una mujer muy creyente, cuyo esposo era francmasón de alto grado, ya que había llegado al grado 33. Este matrimonio desaparejado vivía no obstante en armonía y el marido confiaba muchas cosas a su esposa. Por ella supe que Sainz Rodríguez pertenecía también a la masonería». De forma semejante, en 1960, explicaba al comandante de aviación Emilio García-Conde que el príncipe Juan Carlos no podía casarse con una princesa griega por ser su padre masón. Se justifica con una anécdota según la cual el rey Pablo le dijo a Alfonso XIII en 1931 que, si quería recuperar su trono, debía hacerse masón. Resulta que Franco se confundía: en este momento, Pablo no era rey, y quien visitaba a Alfonso XIII era su hermano el rey Jorge.

Las memorias de muchas personas allegadas a Franco, como por ejemplo su cuñado Ramón Serrano Suñer, su primo Francisco Franco Salgado-Araujo, su ministro Pedro Sainz Rodríguez, sus médicos, Vicente Gil y Vicente Pozuelo, muestran, algunas veces quizá de forma inadvertida, un personaje francamente mediocre o incluso algo peor. Sin embargo, nada de dicha materia justifica que se centre en la mediocridad para enjuiciarle. Más bien al contrario, a veces estas fuentes son un fiel reflejo del enorme esfuerzo por parte de Franco para ser impenetrable en cuanto a lo que realmente le interesaba en cada momento. Su capellán, el padre José María Bulart, captaba muy bien esta dimensión de Franco cuando afirmaba: «Quizá era frío como han dicho algunos, pero nunca lo aparentó. En realidad, nunca aparentó nada». Este afán de Franco de esquivar la definición revelaba un deseo de controlar su propia imagen. Para hacer esto, Franco gozaba en el poder de una eficaz maquinaria de propaganda y antes de llegar a ser una figura nacional manejaba con maestría su propia propaganda. Escribía de forma prolífica: existen un libro entre novela y guión de cine, un diario de la guerra colonial, bastantes artículos de prensa, unas declaraciones que ocupan muchos tomos. Eran cientos los discursos y una gran parte del texto de cada uno de esos discursos le fue escrito por funcionarios, directores generales y hasta por los ministros. Se puede deducir que la parte más técnica y estadística de los discursos de Franco era la parte suministrada por los funcionarios, pero en cambio, siempre se puede encontrar una parte donde se oye su auténtica voz. Era la parte que escribía él, y en esos fragmentos de sus discursos hay una especie de diálogo consigo mismo. Por lo tanto, los discursos son una buena fuente para la comprensión de Franco y, curiosamente, una fuente que enlaza de forma muy fructífera con la propaganda a la que ya se ha hecho referencia.

Tanto en sus discursos, como en las múltiples entrevistas aparecidas en la prensa española y extranjera, y en las conversaciones relatadas en las memorias de parientes y colaboradores que convivían con él, hay algo que es a la vez una verdadera pista y un gran obstáculo para la comprensión de Franco. Se trata de lo que se podría llamar la mentira cotidiana de Franco: la constantemente cambiada y mejorada idea que él tenía de sí mismo. Es decir, en conversaciones, en entrevistas con periodistas o en charlas privadas con sus hagiógrafos, en escritos y apuntes y en discursos, él mismo no dejaba de pulir su propia biografía. Apenas hay algún incidente en la vida de Franco que el mismo Franco no estuviese reconstruyendo, recontando, perfeccionando de alguna manera, para que en la versión de cualquier momento luciese él de la mejor forma. Como fuente empírica, este retrato constantemente cambiable constituye un gran obstáculo para llegar a comprenderle. Sin embargo, lo mismo que la propaganda y sus propios discursos, lo que este aspecto indica de sus propias inseguridades, proporciona, a la vez, una pista muy importante para la comprensión del Caudillo.

Está claro que existen muchas contradicciones entre los mitos que el mismo Franco y sus propagandistas crearon a lo largo de su vida y la realidad que subyacía al mito. El hecho de que los mitos fueran propagados gracias al control ejercido sobre los medios de comunicación y que el sistema educativo constituía una especie de lavado de cerebro nacional, explica por qué persisten los mitos en ciertos sectores de la población y de la clase política y no solamente en España. La mejoría constante de su propia biografía era síntoma de su ambición. En cuanto pudo empezar a influir en la percepción que la gente tenía de él, Franco adoptó la imagen desmesurada de sí mismo que construía su propia propaganda. Su afición a compararse con los grandes héroes guerreros y los constructores del imperio en la historia de España, sobre todo el Cid, Carlos V o Felipe II, se convirtió en un hábito solo en parte derivado de leer su propia prensa aduladora o escuchar los discursos de sus partidarios más entusiastas. Se puede deducir que Franco disfrutaba con las disparatadas exageraciones de sus panegiristas al leer los discursos de su íntimo amigo y primer jefe de propaganda, el general José Millán-Astray. Sin el beneplácito del mismo Franco, cuesta trabajo pensar que Millán-Astray hubiera dicho del Caudillo que «Franco es enviado de Dios como Conductor para liberación y engrandecimiento de España», que «es el primer estratega de este siglo» o repetir hasta la saciedad que «jamás se equivoca».

A lo largo de toda su vida, Franco se dedicó a reescribir periódicamente su propia historia. A veces la reescribía él mismo, pero lo más frecuente, es que lo hiciera a través de «confidencias» dadas directa o indirectamente a sus hagiógrafos. Muchas veces, la única posible base para lo escrito era el testimonio del único testigo, el mismo Franco. En el caso del quizá el panegirista más exagerado de todos, Luis de Galinsoga, las confidencias fueron transmitidas a través del primo y secretario de Franco, «Pacón» (Francisco Franco Salgado-Araujo). Pacón recordaba años después: «Como si fuese una zarzuela, Luis puso la música y yo la letra, que fue la verdadera vida del Caudillo, que conozco tan bien por haber estado siempre a su lado». Dado el control férreo que se ejercía sobre los medios de comunicación y el mundo editorial, es evidente que tanta adulación del Caudillo no habría sido posible sin el visto bueno del interesado. Todo esto hace más notable el hecho de que, cuando le recordaron sus allegados, como el mismo Francisco Franco Salgado-Araujo o su cuñado Ramón Serrano Suñer, el retrato íntimo era menos heroico y más goyesco (¿sombrío, tenebroso?), más siniestro, más mezquino, más mediocre.

Buenos ejemplos de la reestructuración de su vida hecha por el propio Franco se encuentran en su novela o guión cinematográfico Raza. Anecdotario para el guión de una película y Diario de una Bandera, el diario de guerra publicado por Franco en 1922. En ambas obras, en sus otros textos firmados y sus miles de páginas de discursos, en los fragmentos de sus memorias inacabadas y en incontables entrevistas de prensa, Franco adornó constantemente el papel que había desempeñado y las cosas que había dicho en incidentes concretos, se las arregló siempre para quedar de la mejor manera posible, suministrando la materia prima necesaria para garantizar que cualquier biografía fuera una hagiografía. La persistencia de tantas leyendas favorables da fe de la eficacia del control férreo ejercido por su régimen sobre los medios de comunicación.

El proceso comenzó tan pronto como sus aventuras como joven oficial en África empezaron a llamar la atención de la prensa. El comandante Franco descubrió enseguida un talento para la manipulación que puso en práctica con los periodistas. Logró convertirse en figura nacional por su papel como jefe de las operaciones de la Legión tras la derrota de Annual en julio de 1921. La prensa gallega pronto elogió «la sangre fría, la audacia y el desdén por la vida» de «nuestro querido Paco Franco», después de un incidente en el que Franco liberó un blocao sitiado con la única ayuda de doce voluntarios. Al periodista le encantó saber que, a la mañana siguiente, Franco y sus doce voluntarios habían regresado llevando «como trofeos las cabezas ensangrentadas de doce harqueños», un detalle del cual solamente pudiera haberse enterado gracias al propio protagonista. Franco comenzaba de esa forma una dedicación a labrar su imagen pública, algo muy revelador del alcance de su ambición. La prensa nacional empezó a interesarse por él. En las entrevistas, los discursos que pronunciaba en banquetes celebrados en su honor y en los textos que publicaba, comenzó a proyectar de forma consciente la imagen del héroe abnegado. En ese empeño, Franco mostraba una extraordinaria capacidad para congraciarse con los periodistas.

No hay duda de que Franco cultivaba activamente su imagen pública. Las informaciones sobre sus hazañas en la prensa nacional contribuyeron a convertirlo en héroe nacional, «el as de la Legión». En el verano de 1923 ascendió a teniente coronel para hacerse cargo del mando de la Legión. En el verano de 1923, La Voz de Asturias dedicaba toda una primera plana a su ascenso y sus triunfos. Franco concedía una larga entrevista en la que se proponía dar de sí mismo la imagen del ideal público de joven héroe vistoso, galante y, sobre todo, humilde. Expresaba una sorpresa muy teatral ante la atención que se le prestaba. «Ahí —interrumpe prontamente, adivinando sin duda el elogio que brotaba en nuestros labios—, ahí hice lo mismo que todos los legionarios hicieron; luchamos con entusiasmo, con deseos de vencer, y vencimos». «Sí, es verdad que mis muchachos me quieren mucho». «¿Planes?… Los acontecimientos serán los que manden; repito que yo soy un simple soldado que obedece… Al llamamiento que la Patria nos haga, nosotros solo tenemos una rápida y concisa contestación: ¡Presente!». Esta abnegación está en plena contradicción con un comentario hecho por Pedro Sainz Rodríguez que había trabado amistad con Franco cuando los dos se encontraron en Oviedo en 1917 y que, años después sería ministro suyo: «Toda su vida se la pasó preocupado por su carrerita. A don Alfonso XIII le estaba constantemente hablando de sus acciones, de sus méritos, de su expediente en África y le cansaba con sus recomendaciones».

El ascenso de Franco a general de brigada, el 3 de febrero de 1926, a la edad de treinta y tres años y dos meses, fue la base del mito de que era el general más joven de Europa desde Napoleón. De hecho, había generales más jóvenes que él tanto en el ejército español como en los de otras naciones durante la primera guerra mundial. Ya general, dejó de ser el centro de tanta atención periodística. No obstante, su nombramiento como director de la Academia General Militar de Zaragoza, en 1928, le transformó en una figura pública de bastante relieve. A finales de mayo de 1928, la revista Estampa, antecesora de ¡Hola!, entrevistó a Carmen Polo y su marido. Al preguntarle a este si estaba satisfecho de ser lo que era, Franco replicó en tono sentencioso: «Estoy satisfecho de servir a mi Patria al máximo». Cuando le preguntaban cuál era su mayor ambición, él revelaba que era «que España vuelva a ser todo lo grande que fue antaño». Al inquirir si era un hombre político, Franco replicaba con firmeza: «Soy militar», y declaraba que su deseo más ferviente era «pasar en todo momento desapercibido. Yo agradezco mucho ciertas manifestaciones, pero puede imaginarse lo molesto que resulta al cabo sentirse frecuentemente contemplado y comentado». Esta supuesta modestia difícilmente encaja con deleite en la pompa.

El estudio de los escritos, discursos y conversaciones de Franco indica que, para hacer frente a sus propias vulnerabilidades psicológicas, construía una serie de personajes falsos que le servirán de máscara y de cáscara. Se los creía de forma tan aferrada que terminaba, al final, convirtiéndose en esos personajes; y el primer personaje que creó y que él se creyó era el del «Héroe del Rif». Franco se propuso convertirse en el tipo de héroe galante de las películas de la Legión Francesa al estilo de Beau Geste, y lo logró de maravilla. Desde el momento en que llegó a Marruecos a finales de 1911 empezó ya una carrera espectacular, y eso no era por azar sino fruto de una dedicación a su carrera de forma exclusiva. Mientras sus compañeros sobrevivían a las durezas del norte de África, de una guerra colonial increíblemente cruel y brutal, con diversiones nocturnas basadas en alcohol, mujeres y juegos de cartas, él en cambio se afanó, con una exclusividad que hasta cierto punto indica una especie de vacío interno, ya que no tiene otra vida, en distinguirse como militar.

Parece una de las grandes contradicciones de la carrera del cauteloso Franco que, en ese período africano, era un hombre aparentemente irresponsable, que se exponía a las balas del enemigo. Lo que tienen en común el Franco bravo y galante de esa época con el Franco cauteloso de después es la ambición. En ese momento se proponía llegar lo antes posible al generalato y de hecho cumplió esa ambición, y si para hacerlo necesitaba exponerse a las balas del enemigo, lo hacía sin contemplaciones. Llegó a ser general de brigada con treinta y tres años cumplidos, y a partir de este momento, el 31 de enero del año 1926, cambió radicalmente su vida. El soldado bravo, irresponsable quizá, dejó de existir. Además, el año 1926 cobra significado no solo por ser el año en que llegó a ser general, sino por ser también el año en que nació su hija. Por tanto, es un momento en que él asumió otro tipo de aspiraciones menos arriesgadas y, a la vez, pasó a otro modelo de personalidad. Dejó el modelo o el personaje del «Héroe del Rif» y se propuso otra finalidad, otra aspiración: la de ser no uno más de los generales significados, sino el general más importante de España. Es un momento en el que empezaban a perfilarse grandes ambiciones. Cabía la posibilidad de llegar a ser capitán general de una región militar aunque su gran deseo en esta época previa a la guerra civil era el de llegar a ser alto comisario en Marruecos.

Con la proclamación de la República, el uso de la prensa por parte de Franco se hizo mucho más defensivo. De 1931 a 1936, Franco dedicaba menos tiempo a la construcción de una imagen porque estuvo demasiado ocupado o sobreviviendo al ambiente hostil de 1931, o entre 1932 y 1935, con cargos exigentes como comandante militar de los Baleares o jefe del Estado Mayor, o en 1936 conspirando contra el gobierno republicano. Sin embargo, es interesante notar cómo se preocupó de hacerlo a posteriori. Esto es algo que se puede ilustrar examinando su papel en la repetición de las elecciones parciales que se celebraron en Cuenca a principios de mayo de 1936. Se había producido una falsificación de votos en Cuenca en las elecciones de febrero, y en la segunda convocatoria de las elecciones, Franco hizo un gran esfuerzo para que su nombre se incluyese en la lista de candidatos. José María Gil-Robles pensaba que los deseos de Franco de entrar en política evidenciaban sus dudas sobre el éxito de una sublevación militar. Todavía sin haberse decidido por la conspiración, deseaba una posición a salvo en la vida civil desde la que aguardar los acontecimientos. El general Fanjul confió una opinión similar a Basilio Álvarez, que había sido diputado radical por Orense entre 1931 y 1933: «Quizá Franco quería protegerse de cualquier inconveniencia gubernamental o disciplinaria, por medio de la inmunidad parlamentaria». Ciertamente, en las cinco versiones posteriores del episodio de Cuenca lanzadas, o por Franco directamente o a través de su amigo y biógrafo Joaquín Arrarás, dejan claro que todo el incidente fue una constante fuente de incomodidad para una persona tan celosa de su imagen. Su deseo de convertirse en diputado parlamentario fue motivado «por el peligro de la Patria». A principios de los años sesenta, en su borrador de autobiografía, Franco dio otra versión. En ella, pretendía eliminar cualquier alusión a que hubiera estado buscando una vía de escape. Escribiendo en tercera persona, afirmó en cambio que «el general Franco buscaba un medio de abandonar legalmente el Archipiélago y que le permitiese tomar más directamente contacto con las guarniciones para estar presente en aquellos lugares donde el Movimiento amenazaba con fracasar».

Pero esta remodelación de la historia sería cosa de después de la guerra civil. Durante la misma, su sentido instintivo del valor de la presentación de los hechos volvió a serle útil. No hay duda de que el ascenso de Franco al poder en la zona nacional se basó en sus indiscutibles cualidades y triunfos militares y en su astuto e implacable empeño en ser Generalísimo y posteriormente Caudillo. Para este último fin, su manipulación de la prensa mundial iba a tener una importancia fundamental. Por su gran reputación de ser uno de los oficiales mejor preparados y más competentes del ejército español, su decisión de unirse al Alzamiento en Marruecos sirvió para levantar la moral de los rebeldes en todas partes. Asimismo, su contagiosa «fe ciega» en la victoria y su capacidad de inventiva ante las dificultades ayudó a los rebeldes a superar los reveses de los primeros días. Franco mostró sin tapujos su ambición cuando, a la muerte del general Sanjurjo, dio por sentado que él pasaba a ser el jefe de la rebelión e informó de ello a alemanes e italianos.

La primera gran aportación de Franco a la causa nacional fue su solución al problema de transportar al ejército de África a la Península, después de que el amotinamiento de la flota dejara el Estrecho en manos de la República. Franco —con ayuda de Alfredo Kindelán— recurrió a la revolucionaria idea de que el ejército cruzara el estrecho por aire rompiendo el bloqueo en el mar. Ante las enérgicas dudas de sus ayudantes, decidió enviar un convoy de tropas por mar desde Ceuta. Fue una de las pocas ocasiones en las que Franco, el planificador precavido y meticuloso, asumió un riesgo lleno de audacia. A los pocos días de llegar a Marruecos, Franco había creado una oficina de prensa y otra de relaciones diplomáticas. Los medios de comunicación y la prensa española «nacional» recibían comunicados en los que se le calificaba de mando supremo de las fuerzas nacionales. El 25 de julio, Franco informó a los italianos que cinco de las ocho regiones militares, junto con las Baleares, Canarias y el Marruecos español estaban «en su poder» (in suo possesso). Fue un factor esencial a la hora de obtener el apoyo de las potencias del Eje.

Franco también era consciente de la influencia que la prensa podía tener en la moral de sus enemigos republicanos. Así quedó claro en muchas entrevistas. Una de la primeras fue concedida en Ceuta a Curio Mortari del diario fascista Il Popolo d’Italia, probablemente el 21 de julio. Comenzó, como muchas otras, con las palabras «Estoy muy satisfecho» pasando a dar una versión pomposa de sus motivos y de su confianza en sí mismo: «mis fuerzas combaten contra el bolchevismo, por la causa de la civilización, el orden y para traer de nuevo a España su paz y dignidad… Tenemos el éxito asegurado, no tenemos el horizonte perdido, nuestro plan no tiene el carácter habitual de un pronunciamiento impetuoso y superficial, es mucho más sistemático y calculado pues el tiempo actúa a nuestro favor». En otra entrevista que, según Moisés Domínguez, fue concedida a un periodista francés y salió a mediados de agosto, declaró en términos muy característicos: «Haga saber a sus lectores, antes que nada, que no tengo ninguna ambición personal. Esta Revolución no tiene como objetivo transformar a un viejo militar en un dictador. No es ese, en absoluto, mi objetivo. No soy hombre de estado. No entiendo de política. La Revolución es un movimiento nacional que trata de recoger las últimas energías españolas para salvar al país de la vergüenza y de la anarquía».

Más conocida es la entrevista concedida al periodista norteamericano Jay Allen en Tetuán, el 27 de julio, en la que se le presentaba como «jefe de los facciosos españoles». Cuando Allen le preguntó: «Ya que el golpe de Estado ha fracasado, ¿cuánto tiempo va a continuar la masacre?», Franco contestó tranquilamente: «No puede haber concesiones ni tregua. Yo continuaré preparando el avance sobre Madrid, avanzaré y tomaré la capital —gritó—. Salvaré España del marxismo al precio que sea». «Le pregunté si no se había llegado a un punto muerto. Me miró francamente sorprendido y dijo: “No, ha habido obstáculos. La deserción de la flota fue un golpe, pero continuaré el avance. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país, y todo esto (el general movió la mano señalando hacia España) pronto parecerá una pesadilla”». «Mi pregunta: ¿Eso significa que tendrá usted que fusilar a media España? El general Franco sacudió la cabeza y, sonriendo, dijo: “Repito, cueste lo que cueste”».

Sin embargo, parece que poco después Franco cambió de idea al darse cuenta de que asociarse directamente con la crueldad y brutalidad de sus columnas podría ser contraproducente a nivel internacional. Así que tras la publicación de la entrevista en el diario londinense News Chronicle, un oficial de Franco le dijo al cónsul americano en Tánger que, en caso de detenerle, se fusilaría a Jay Allen. Se rumoreaba que los rebeldes habían puesto precio a su cabeza. A finales de octubre de 1936, otro corresponsal del News Chronicle, Dennis Weaver, cometió el error de pasar de la zona republicana a la nacional. Cuando le informaron a Franco en su cuartel general de Salamanca, este pensando que se trataba de Allen, dio órdenes para que se le trajese de inmediato. Al verlo, dijo: «No, no es este. El que busco es más alto».

Para Franco, la lucha por el poder en el futuro era tan importante como la posible victoria. Tanto Franco como Mola consideraban evidente que, para librar eficazmente la guerra, eran necesarios un solo mando militar global y algún tipo de aparato diplomático y político centralizado. Franco ya había creado un equipo dedicado a ese fin. Además, pronto iba a inclinar la balanza por completo al desviar sus columnas africanas hacia Toledo para liberar el Alcázar sitiado, pese a las repercusiones militares de permitir que Madrid organizara su defensa. Para él era más importante afianzar su posición política mediante una victoria emocional y un gran golpe propagandístico que una rápida derrota de la República. Si Franco hubiera avanzado sobre Madrid inmediatamente, no le habría dado tiempo a consolidar su posición política de manera irrevocable. A petición suya, el 21 de septiembre se celebró, cerca de Salamanca, una reunión de la Junta de Defensa Nacional junto con otros generales nacionales, para resolver la cuestión del mando único. Escogieron a Franco convencidos, en aquel momento, de que con ello se limitaban a garantizar la unidad de mando necesaria para la victoria y la ponían provisionalmente en sus manos. El general dio un paso más con el golpe propagandístico de la liberación del Alcázar el 27 de septiembre. Dos días después recrearon la operación para la prensa y los noticiarios de todo el mundo, cuya presencia se había prohibido el día de la acción real. Cuando le designaron «jefe del estado», el título completo, jefe de gobierno del estado Español, y la puntualización «mientras dure la guerra», desaparecieron de los comunicados de prensa.

La realidad la creó el poder de la prensa, más que el acuerdo entre los generales. Se utilizaron los medios de comunicación para elevar la figura del Caudillo. Su primer jefe de Prensa y Propaganda fue el general José Millán-Astray, quien dirigía la oficina de prensa como si fuera un cuartel militar: obligaba a los periodistas a alinearse cuando tocaba el silbato y les sometía a arengas disparatadas como las que le habían hecho famoso en la Legión. Se hizo uso de la prensa y los carteles para forjar una aparente similitud entre Franco y el Cid. Colaboradores como Dionisio Ridruejo, Ernesto Giménez Caballero y Fermín Yzurdiaga ayudaron a crear una iconografía que equiparaba la guerra contra la izquierda y los nacionalismos regionales con la reconquista de la España de los moros. Con sus guiones, se lanzaba la imagen de Franco, el invicto Caudillo, enviado de Dios para luchar contra las fuerzas del mal. También se aprovechó para propósitos nefandos, como la falsificación de lo que había ocurrido en realidad en Badajoz o Guernica.

Evidentemente, sería absurdo sugerir que Franco fuera una creación de su propia propaganda sin nada de sustancia. Al asegurarse la ayuda del Eje, y gozar del beneplácito del gobierno conservador de Londres, tenía el triunfo garantizado, pero su empeño también fue esencial para la victoria de los «nacionales». Tenía capacidad, la misma capacidad que tiene un buen entrenador deportivo por mantener en ebullición la moral de sus seguidores. La confianza en sí mismo de Franco la facilitaban aún más su falta de imaginación y su convencimiento de que era un Cid contemporáneo que había salvado a su nación. A Franco le encantaba la coreografía pseudomedieval que caracterizaba muchas ceremonias públicas en las que participaba, de las cuales la más espectacular era el desfile de la victoria del 19 de mayo de 1939. La representación generalizada de Franco como rey-guerrero (rey-caudillo) le gustaba especialmente y, al mismo tiempo, era crucial dentro de lo que pasaba por ideología en su dictadura. En cuadros y carteles, en las ceremonias de su régimen, se creó la impresión de que Franco era omnipotente y capaz de verlo todo, mediante la proyección de una imagen de santo cruzado al que Dios había confiado una misión.

Quizá el símbolo más emblemático de la proyección de Franco en ese sentido era el mural El enviado de Dios de Reque Meruvia pintado en los años cincuenta para la Sala de la Guerra Civil del Archivo Histórico Militar de Madrid. Sin embargo, las reiteradas declaraciones en el mismo sentido por parte de importantes figuras de la iglesia Católica tenían que haberle influido. El 1 de octubre de 1938, el arzobispo de Burgos le dijo: «En el momento en que la locura parecía empeñada en perder a España, surgís por designio providencial para hacer la salvación de las almas». El 26 de agosto de 1943 el abad de Samos le llamó el «Defensor de la Fe». El 8 de agosto de 1946, el abad mitrado de Santo Domingo de Silos declaró que «Franco es el hombre providencial que, no solamente ha salvado a España, sino que constituye el asidero de la garantía moral de Europa». Las alabanzas de este tipo no provenían exclusivamente de la iglesia. En un discurso al octavo congreso nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, pronunciado el 18 de abril de 1944 en el monasterio de Guadalupe, Pilar Primo de Rivera le describió a Franco como «nuestro Señor en la tierra».

Hasta el calendario se cambiaba en aras del encumbramiento de Franco. El año 1939, antes llamado «tercer año triunfal» en el calendario de Franco, se elevó a «Año de la Victoria», evidentemente, de «su» victoria. Las fiestas nacionales en España, aparte de las religiosas, eran festivales de la victoria de Franco: el primero de abril, «Día de la Victoria»; el 17 de abril, «Día de la Unificación» (para celebrar la incorporación forzada de todos los partidos políticos en el «Movimiento»); el primero de octubre, «Día del Caudillo». En las correspondientes celebraciones, Franco vestido siempre de algún uniforme fastuoso sería siempre el protagonista central o, en los raros casos de su ausencia, el símbolo central. A través, primero, del Noticiario Español y, luego a partir del NO-DO, estas imágenes se trasmitían a todos los rincones del país.

En la práctica personal, Franco también arreglaba insatisfacciones de su pasado, como el no haber podido entrar en la carrera naval. El 1 de octubre de 1943, el Día del Caudillo, Franco se presentaba a un cóctel para el cuerpo diplomático vistiendo el uniforme de almirante de la Flota. En octubre de 1947, recibió a un grupo de senadores y diputados del Congreso de Estados Unidos vestido de almirante. En octubre de 1948, se celebró el «Día de la Raza» con una conmemoración de la fundación de la Armada de Castilla. Franco pasó revista de veintiocho buques de guerra en el estuario del río Odiel en Huelva. Después, en el monasterio de La Rábida, con sus asociaciones con Cristóbal Colón, se le concedió a un visiblemente complacido Franco los distintivos de Gran Almirante de Castilla: anillo, espada, estandarte y los ejemplares de las Siete partidas. Un año después, el 22 de octubre de 1949, Franco hizo una visita a Portugal y la coreografía de su llegada fue organizada para mostrar su estatus de almirante. Viajó por carretera a Vigo, donde subió al crucero Miguel de Cervantes que se dirigió a Lisboa a la cabeza de una flotilla de once buques de guerra.

El poder otorgado a la Jefatura del estado le permitió indulgencias de ese tipo. Franco salió de la guerra civil con mayores poderes —al menos en teoría— que Felipe II. Y así como antes se había presentado como un cruzado medieval que iba a reconquistar España, en un paso previo a la construcción de un gran imperio mundial, ahora empezó a considerarse como un gran constructor de imperios como Carlos I o Felipe II. La única forma de lograr esta ambición era subirse al carro de Hitler. Fue una suerte para Franco que el Führer no estuviera preparado para concederle el imperio francés en el norte de África, reconstituir el ejército español y emprender la restauración económica del país. Frente al final de la guerra en Europa, Franco desenvainaba una vez más su increíble capacidad para reescribir su propia historia. El término de las hostilidades fue recibido por los medios de comunicación del régimen con los más enardecidas exageraciones de la obra del «Caudillo de la Paz» y las supuestas sabiduría y firmeza con las que había obrado para regalar la paz a España cuando el resto del mundo padecía los horrores de la guerra. Según Arriba del 8 de marzo de 1945, el fin de la guerra era la «Victoria de Franco». El ABC no andaba lejos cuando el mismo día su portada llevaba una foto del Caudillo, y cuyo pie decía: «Parece elegido por la benevolencia de Dios. Cuando todo eran turbiedades, él vio claro y sostuvo y defendió la neutralidad de España».

De hecho, Franco había evitado las consecuencias de su coqueteo con Hitler en base a una debilidad económica y militar que disminuía su atracción como aliado. Sin embargo, él mismo no tuvo ningún reparo en mentir descaradamente sobre su propia actuación durante la guerra mundial. En junio de 1945, por ejemplo, en una entrevista con el enviado de la oficina londinense de United Press, dijo: «Es cierto que cuando pareció que Alemania ganaba la guerra, algunos afiliados de la Falange trataron de identificar a España con Alemania e Italia, pero inmediatamente cesé a todas las personas de esa tendencia». Durante el resto de su vida, mantendría la ficción de su esfuerzo para mantener la neutralidad española, contando al médico Ramón Soriano: «Yo nunca pensé entrar en la contienda mundial». A su amigo Max Borrell, le contó que en el encuentro de Hendaya, disfrutaba poniéndole nervioso a Hitler. Y esto a pesar de las fotos y noticiarios que muestran que él, con sus ojos brillando de lágrimas, estaba nervioso en la presencia del gran hombre, por no hablar de las documentadas ofertas que Franco le hizo a Hitler para la beligerancia española a su lado. Es evidente que Franco había olvidado sus esperanzas de que Hitler ganase la guerra. Durante el verano e incluso en el otoño de 1944, cuando estaba próxima la derrota del Eje, Franco puso su fe en la posibilidad de que las temibles armas de las que alardeaba Hitler pudieran dar la vuelta a la situación. Al duque de Alba le dijo que armas como el rayo cósmico serían decisivas para invertir el signo de la guerra y que, al desembarcar en Normandía, los Aliados habían caído en la trampa alemana: «Conozco los efectivos del Eje —sigo muy de cerca las operaciones— y me faltan alrededor de ochenta divisiones que creo veremos aparecer por algún sitio en cualquier momento». De hecho, según las recolecciones de su primo, a lo largo de lo que le quedaba de vida, siempre hablaba en términos elogiosos de Hitler y de Mussolini.

En realidad, la derrota de Hitler en 1945 significó el final de lo que, hasta ese momento, había sido una cadena casi ininterrumpida de triunfos para Franco. Pero él siempre fue el pragmático supremo. No tenía ninguna visión ideológica de largo alcance que le limitara en sus decisiones, como les había ocurrido a Hitler y Mussolini. No consideró necesario morir en las ruinas del búnker. El enorme egocentrismo que abrigaba su corazón le permitió encogerse de hombros ante la desaparición de sus hasta entonces benefactores Hitler y Mussolini, como asunto de poca importancia en lo que hacía a su propia misión providencial. Franco decidió aguantar la hostilidad de los Aliados y lo hizo con un grado de astucia e intuición que hace imposible dudar de sus extraordinarios instintos políticos. Para ocultar el egoísmo que subyacía en esta decisión, no solía perder ninguna oportunidad de recordar a los españoles lo que le costaba trabajar a su servicio, aunque sus sacrificios no eran tantos como él con frecuencia, y con su típico deje llorón, solía insinuar.

Por ejemplo, en marzo de 1946, Franco presidió la apertura de nuevas salas de exposición en el Museo del Ejército. Todo el acto fue una glorificación de la causa de los nacionales durante la guerra civil, pero sobre todo de su propio papel: «Jamás se nos habló de otra cosa que de sacrificios e incomodidades, de austeridad y largas vigilias, de servicios y de centinelas. Pero en este servicio, a vosotros os corresponde alguna vez el descanso, y a mí, no; yo soy el centinela que nunca es relevado, el que recibe los telegramas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila mientras los demás duermen». En previsión de que alguien pudiera pensar que le gustaba el poder, hizo hincapié en resaltar el coste personal de su desinteresada dedicación. Le dijo al auditorio de veteranos militares que, a diferencia de él, ellos podían olvidar sus cuidados y preocupaciones. «Yo, como Jefe del Estado veo limitadas mis intimidades y mis recreos: toda mi vida es trabajo y meditación». La imagen del incansable Caudillo vigilante, «el jefe del Estado, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo», se emite constantemente a través del NO-DO.

La glorificación de sí mismo con un toque autocompasivo era algo típico de este hombre que pronto demostraría que no era ajeno a los placeres del golf, de la caza, la pesca, la quiniela, el cine y la televisión. Es imposible pensar en Hitler haciendo la quiniela, pero en Franco no. A pesar de una reputación de estricta austeridad personal y de puritanismo, Franco nunca tomó medidas contra la corrupción. Su propia imagen de hombre ascético era, a la larga, falsa. En sus hábitos personales puede que lo fuese: bebía raramente —solo de vez en cuando una copa de vino— y nunca fumaba. Sin embargo, a expensas del estado se permitía los gustos más extravagantes, incluyendo la propiedad del yate Azor, construido para la pesca en alta mar. Sus partidas de caza y sus expediciones pesqueras, con séquito de buques de la Armada, eran muy caras. Él y su esposa adquirieron considerables propiedades, entre ellas el pazo de Meirás, en Galicia, una de las varias recompensas por sus esfuerzos en la guerra civil, y tenía otra propiedad cerca de Móstoles, en las afueras de Madrid, conocida como Valdefuentes. Además, después de la guerra civil doña Carmen compró un edificio de apartamentos en Madrid, y, en 1962, el magnífico palacio de Cornide, en La Coruña. La familia adquirió también otras quince propiedades.

Su actitud frente a la corrupción se puede deducir del hecho de que algunos de los hombres de confianza de Franco amasaron fortunas espectaculares gracias a sobornos burocráticos y a contratos con el estado. También prosperaron falangistas responsables de las reparaciones de los daños de guerra. Numerosos oficiales se vieron involucrados en el mercado negro que se extendió en la década de los cuarenta. Procedimientos ilegales —desde el trigo argentino que se envió en 1949 para mitigar el hambre que padecía España y que fue vendido al extranjero antes de que llegara, hasta la monstruosa estafa del caso Matesa, en 1969— fueron benévolamente pasados por alto. Hacer la vista gorda a la corrupción permitió a Franco mantener el control sobre sus colaboradores. A la vuelta de Rusia con los voluntarios de la División Azul, el idealista falangista Dionisio Ridruejo le contó a Franco que, entre sus camaradas, se criticaba mucho la corrupción en España. El Caudillo contestó tranquilamente que, en otros tiempos, los vencedores eran recompensados con títulos nobiliarios y tierras. Ahora, encontraba necesario ignorar la venalidad para impedir que se extendiera el descontento entre sus partidarios. Franco nunca mostró el menor interés en atajar los sobornos, sino que se valía de su conocimiento de ellos para aumentar su poder sobre los implicados.

De hecho, su actitud ante el gobierno de España se asemejaba a lo que habría sido en Marruecos de haber llegado a alto comisario. En otras palabras, se consideraba un mando supremo colonial que gobernaba por medios militares. Esta es una de las razones por las que, aunque en líneas generales mantuvo el control de la política al menos hasta principios de los años sesenta, se interesaba poco por lo que cada ministro hiciese en su área. Otra razón era que la gran libertad permitida a los ministros y las tentaciones del poder les inducían a comprometerse y les hacían más ansiosos de no perder el gozo de las prebendas del poder, aparte de ser más dependientes de él. Con total cinismo, Franco nombraba ministros y otros altos cargos sin importarle su competencia práctica en el área señalada. Le interesaba más el peso del ministro en el equilibrio de fuerzas dentro de la coalición franquista. Nunca sintió gratitud o una lealtad particular hacia aquellos que le servían. A menudo sus ministros se enteraban de que habían sido cesados por una carta entregada por un motociclista o al leer la prensa.

Franco empezó a jugar al golf en 1936 y lo recomendó a sus generales en 1940. A finales de ese año tuvo la audacia de explicarle al duque de Alba, que también era duque de Berwick en Escocia, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, cómo hacer un campo de golf. Franco se alegró al descubrir, en 1950, que lo que se había convertido en una pasión, le daba algo en común con el presidente Eisenhower. Cuando no estaba de cacería o jugando un partido de golf, pasaba largo tiempo jugando al mus, al tresillo y al dominó con su círculo de militares amigos íntimos, el general Camilo Alonso Vega, el almirante Pedro Nieto Antúnez y el general Pablo Martín Alonso. Se divertía viendo películas en su cine privado y partidos de fútbol televisados. También le gustaban las corridas de toros, de las que había llegado a saber mucho después de convertirse en aficionado durante su época como director de la Academia Militar en Zaragoza. A medida que envejecía veía cada vez más la televisión, y disponía de innumerables aparatos por todo El Pardo. Las largas horas que pasó en 1974 viendo la Copa del Mundo de fútbol fueron un factor contribuyente al ataque de tromboflebitis que sufrió poco después. Incluso hacía quinielas cada semana, firmando el boleto con el nombre de Francisco Cofran, y ganó dos veces.

Al margen del Caudillo como duro trabajador, estaba también el homo ludens tenaz en la búsqueda de diversión. Después de la guerra civil Franco dio rienda suelta a su afición por la caza, y a finales de los años cuarenta descubrió las delicias de la pesca. Pescaba salmones en los hondos ríos del norte de España o salía al Atlántico, especialmente en compañía de su amigo Max Borrell. Su principal objetivo parecía ser cobrar tantas piezas como fuese posible, lo que sugiere que cazar, al igual que servir como soldado en el pasado, era el modo que tenía el aparentemente tímido Franco de sublimar su agresividad. Una prueba de lo esencial que se convirtió para él, son las cada vez mayores cantidades de tiempo dedicadas a la caza en las décadas de los cincuenta y los sesenta. En una ocasión, señalando el teléfono, la agenda sobrecargada y las carpetas amontonadas en su escritorio, le comentó a José María Pemán: «Mire, Pemán. Si no fuera por la caza o por la pesca, que le devuelven a uno a la naturaleza, yo no podría resistir todo esto…». Las cacerías se hicieron famosas en cuanto a la distribución de favores y contratos gubernamentales. Importantes sumas de dinero cambiaron de manos, mientras los aspirantes a los favores de Franco promocionaban cacerías a fin de conseguir acceso a la fuente de patronazgo.

Como se ha visto, Franco superaba ciertas dificultades en su vida a partir de crear personajes o máscaras con los que él se identificaba, detrás de los cuales se escondía, cual mago de Oz, para actuar libre de sus inseguridades naturales o incluso libre de la realidad. Si de joven su personaje-máscara fue el gran «Héroe del Rif», durante la guerra de España adoptó otro personaje, el del «Salvador de España», una imagen que tenía mucho que ver con el Cid. Nada más cruzar el Estrecho con sus esfuerzos africanos, Franco montó un aparato propio de propaganda y empezaba a crear muy deliberadamente la identificación de su propia personalidad con los grandes héroes guerreros de la historia medieval, un proyecto propagandístico para el que servía muy bien el hecho de que la iglesia empezaba a hablar de cruzada. Haciendo caso omiso de la realidad de que traía mercenarios marroquíes a la Península, su aparato de prensa se aprovechaba de toda la retórica de la reconquista para montar este nuevo personaje, una especie de «el Cid» del siglo XX.

Al vencer en la guerra civil, había cumplido con el papel que se había propuesto como «salvador de España», presentándose como un héroe semejante a los héroes reales medievales —una comparación manifiesta en las repeticiones constantes por su parte y la de sus propagandistas de la frase «los reyes-caudillos»—. De hecho, solamente había cumplido una parte de su declarada ambición para la resurrección de la grandeza de España. Como caudillo tipo el Cid, había repetido la gesta de la reconquista, es decir, había limpiado (su) España de lo que él denominó «los tres siglos malditos», pero en 1939 quedaba por hacer la segunda parte. Para volver a la España de Felipe II, la segunda parte de la tarea exigía crear un imperio. En el verano de 1940, en una visita al Archivo General de Indias en Sevilla, invitado a firmar en el libro de oro, escribió: «Ante las reliquias de un imperio, con la promesa de otro». Desafortunadamente para Franco, si las divisiones internas de la República con el favorable contexto internacional le habían permitido dar una aparente realidad a los sueños implícitos en su imagen de ser el Cid del siglo XX, la situación española de la inmediata posguerra no era ni económica ni militarmente propicia para que él pasara a ser un Felipe II del siglo XX. Franco no iba a poder crear un nuevo imperio con el ejército que había ganado la guerra civil.

Franco sabía que la única forma de crear el imperio que él soñaba era con la ayuda de Hitler. Sin embargo, fue tanta la intoxicación de la victoria de 1939 que Franco, en tanto en cuanto siempre había creído en sus máscaras-personajes, a pesar de la evidencia concreta de lo contrario, ya se creía Felipe II. Existen unos despachos de representantes americanos, alemanes, británicos y portugueses a lo largo del año 1939 en que los diplomáticos destinados en Madrid mostraron su extrañeza frente al hecho de que una persona que siempre les había parecido cautelosa, cuidadosa y lenta, casi había enloquecido. Franco perdió su cautela de siempre durante un período, desde finales de la guerra civil en abril de 1939 hasta finales de 1940. Es comprensible que Franco estuviera embriagado con su victoria en la guerra civil. Para él, era una victoria que abría paso a la posibilidad de crear un gran imperio. Tuvo suerte de que su intoxicación no le llevara a la guerra, fundamentalmente porque tal era la debilidad económica y militar de España que su participación interesaba más bien poco a Hitler. Sin embargo, aunque después de 1945, Franco se vanagloriase de su astucia en mantener la neutralidad española en la guerra mundial, de lo que sí no cabe duda es que Franco sí quería entrar en guerra, y al lado de Hitler.

La idea de que con «hábil prudencia» Franco engañó inteligentemente a Hitler ha sido muy barajada por sus muchos admiradores. De entre todos ellos, quizá el admirador más empedernido de Franco era el mismo Franco, y durante los últimos treinta años de su vida consideraba que el regalo más precioso de los muchos que él había dado a España fue la neutralidad en la guerra. España fue neutral en la guerra mundial a pesar de Franco, no a causa de Franco. Él deseaba entrar y, afortunadamente para él, no fue posible. Franco no pudo entrar en guerra a causa de la postración económica de España en 1940 y por el hecho de que su participación le habría costado más a Hitler que lo que este pudo gastar. Fue una suerte irónica que la debilidad militar y económica de España en ese momento hicieran que Franco no fuera el aliado que le hubiera convenido a Hitler.

Con la derrota del Eje, cambió brutalmente la vida de Franco. Durante la llamada «larga noche negra del franquismo», o sea, los largos meses después de la caída del Eje cuando parecía que pudiera volver la República con ganas de venganza, su círculo inmediato de colaboradores temió que llegara el fin de su poder. En cambio, Franco decidió que no. Él mismo comentó al general Kindelán: «Mientras yo viva, nunca seré una reina madre». En la opinión del duque de Alba: «No quiere sino sostenerse a perpetuidad; es infatuado y soberbio. Todo lo sabe y confía en el juego internacional temerariamente». De hecho, tuvo dos políticas que mostraban en igual medida terquedad, astucia y sangre fría. La primera, como notaba el duque, la internacional y la otra, la interior. Franco llegó rápidamente a la conclusión de que lo mejor que podía hacer frente a las grandes potencias era reescribir la historia de su papel en la segunda guerra mundial y frente a los españoles reescribir la realidad de lo que pasaba en el exterior. Después de casi diez años de estar sometido a la adulación diaria, era incapaz de ver las contradicciones entre sus necesidades políticas personales y las de España. Desechó las críticas extranjeras contra su persona y dijo que eran obra de una conspiración masónica contra España.

Durante la guerra fría hizo de la prensa una utilización vergonzosa, como instrumento para su supervivencia y para sus caprichos políticos. Se insistió a diario en la noción de que Franco —el hombre que con tanta diligencia había cortejado a Hitler— había salvado personalmente a España de la segunda guerra mundial. Y el ostracismo internacional provocado por su adhesión al Eje se presentó como un perverso asedio internacional a España motivado por la envidia de los demás países debido a lo que él había hecho por España. Aunque se luchaba una guerrilla contra su régimen, y a pesar del hambre que asolaba a grandes masas de la población, y a pesar de la reaparición en España de enfermedades que no se habían visto durante siglos, pudo congratularse de «este orden, esta paz y esta alegría, que hace que en esta Europa atormentada seamos unos de los poquísimos pueblos que aún puede sonreír». Era incapaz de concebir que el descontento de otras personas no solo pudiera tener una explicación objetiva, sino que lo consideraba obra de agitadores comunistas extranjeros y siniestros francmasones. Este alejamiento de la realidad le daba a Franco una confianza total en sí mismo, sin ningún viso de autocrítica.

Hasta la reunión con Hitler, Franco había experimentado toda una serie de triunfos: de joven, cuando era el héroe del Rif, ascenso tras ascenso; durante la guerra civil, también fue de triunfo en triunfo: logró sacar el ejército de África del bloqueo republicano de Marruecos; llegó bastante rápidamente a Madrid, le nombraron generalísimo a finales de septiembre de 1936 y unos días después caudillo y jefe del estado; creó su partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de la cual llegó a ser jefe nacional. Había pasado de una época en la que había fingido ser el Cid, para intentar ahora fingir ser Felipe II. Su incapacidad para entrar en la guerra mundial como aliado de Hitler y la posterior derrota del Führer significaron la ruptura de esta cadena de triunfos. Sin embargo, no se inmutó (cómo mínimo en público) y mostró una vez más su fuerza de voluntad adoptando, al final de la guerra mundial, otro tipo de personaje-máscara, que era el del comandante de Numancia.

Quizá una persona normal, con sentimientos normales, capaz de sentir el miedo, con capacidad de imaginación, al terminar la guerra mundial hubiera hecho lo que aconsejaban muchos franquistas a Franco, largarse a Suiza a un retiro decoroso para dar paso a la monarquía. Franco decidió aguantar la hostilidad de los Aliados y fue entonces cuando sacó a relucir su notable astucia llevando a cabo una idea que impide que nadie dudase de su inteligencia política. Fue durante la «noche negra» en la que, dentro de círculos franquistas, sus amigos y asesores le aconsejaban que, derrotadas Italia y Alemania, no había otra posibilidad que abrir camino a la monarquía, y como mínimo pasar a la reserva a la Falange. Era un consejo lógico, pero Franco tuvo la astucia de ver que si hacía esto, sería el primer paso de su propia retirada. Él era consciente de que los monárquicos contaban con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos, de forma que no les hacía falta Franco, a quien ya consideraban un traidor a Alfonso XIII. Entonces Franco hizo todo lo contrario: mantuvo la Falange, porque sabía que los falangistas no tenían otro lugar adonde ir, o sea, que supo instintivamente que tenía en la Falange una especie de guardia kamikaze que estaría con él hasta el final. Precisamente cuando hubo presiones para una mínima democratización del régimen, Franco empezó a ser —con su retórica, al menos— más falangista que nunca.

Sus sueños de reinstaurar el imperio de Felipe II ya se habían ido al traste. Entonces abrigó la idea de que él era el comandante de Numancia, rodeado de sus fieles numantinos falangistas. Se inventó la ficción del cerco internacional. De cerco internacional había relativamente poco, porque el contexto le favorecía enormemente. Durante la guerra fría, a las grandes potencias occidentales les convenía mucho más para sus intereses económicos y militares que España estuviera bajo el control de un dictador autoritario que no que existiese una República con participación de socialistas y comunistas y otros rojos peligrosos. Con lo cual, el famoso ostracismo o aislamiento internacional no fue más que superficial. Sin embargo, Franco utilizaba la idea del «cerco internacional» a través de un montaje de propaganda realmente inteligente para crear e intensificar la idea de que él era el guardián indispensable de España.

El éxito en esa tarea culminó con la firma del concordato con el Vaticano y el pacto con Estados Unidos de 1953. En la cúspide del poder, ya sin preocupaciones de asedios reales o inventados, Franco comenzó a buscar otra máscara o personaje menos guerrero y pasó, con la ayuda de su maquinaria de propaganda, a ser el padre de su pueblo, duro pero justo, el padre que él mismo echó siempre de menos. Sin embargo, a mitad de los años cincuenta, Franco no solo no había logrado hacer realidad sus sueños imperiales, sino que, al contrario de lo que decía la propaganda del régimen, gobernaba un proceso de empobrecimiento nacional gracias a la política económica de la autarquía. A lo largo de los años cuarenta y en los primeros de los cincuenta, Franco aplicaba un modelo de la economía, la autarquía, que no solamente no funcionaba en el sentido de no cumplir con lo que él había prometido en todos sus discursos, que España iba a ser un país riquísimo dentro de poco, sino que había llevado a España a la bancarrota. En vez de Eldorado, en que prometía «ni un hogar sin luz, ni un español sin pan», cientos de miles de españoles habían tenido que emigrar en busca del pan diario.

Finalmente, cuando en 1957 no se podía ocultar que España estaba al borde de la bancarrota, Franco había llegado a una edad en la que la mayoría de la gente piensa en la jubilación, tenía ya sesenta y cinco años. La envergadura y complejidad de los problemas económicos con los que se enfrentaba España le llevaría a ver la necesidad de cerebros más expertos que el suyo. Muy a regañadientes, aceptó lo que le expuso su ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, respecto a las opiniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de que había que abandonar la autarquía y abrir la economía española al contexto internacional. Al principio, Franco se negó a ello, porque él no podía aceptar que los extranjeros tuviesen influencia en la economía española: porque él consideraba que lo que le proponía Navarro Rubio era simplemente un truco para acabar con su poder personal y porque estaba convencido de que los banqueros extranjeros eran todos masones. Solamente cuando Navarro Rubio, en unas escenas muy tensas, le amenazó con la vuelta de gasógenos a las calles de España, Franco, de muy mala gana, se encogió de hombros y le dijo: «Pues bien, haga usted lo que quiera».

A partir de ese momento, Franco entregó el gobierno cotidiano y concreto del país, muy a su pesar, a los tecnócratas, quienes serían realmente los que llevarían los asuntos más complejos de gobernación cotidiana, como mínimo los económicos y sociales, así como temas de política interna. Ese fue el momento en el que, en la práctica, Franco se retiró del puesto de jefe de gobierno ejecutivo, para asumir un nuevo papel, mucho más ceremonial, más simbólico, como jefe de estado. A partir del final de los años cincuenta pudo abandonar gran parte de las preocupaciones del gobierno y dejó la administración del día a día en manos del almirante Luis Carrero Blanco y su equipo de tecnócratas como si este fuera su Richelieu o su Olivares. Él se quedó con las obligaciones rutinarias que cumplía al estilo de un monarca: recibir a numerosas personas civiles y religiosas en audiencia, inaugurar obras públicas, presidir las reuniones de los Consejos de Ministros y asistir a servicios religiosos.

Mientras otros se encargaban de las complejas tareas diarias de gobierno, Franco dedicó mucho más tiempo a sus placeres y a trabajar en el gran proyecto político que le quedaba: la preparación del posfranquismo, una monarquía franquista construida en su propia imagen. En esa tarea desplegaría sus habilidades políticas para crear un reinado civil, conforme con los poderes que se había otorgado a sí mismo en la Ley de Sucesión de 1947, con el derecho, cual monarca medieval, de poder elegir a su propio sucesor.

Franco tenía delirios de realeza; su orgullo exigía que solo le sucediese alguien de sangre real, y rechazaba la posibilidad de que lo hiciera un presidente que no lo fuese. En efecto, durante su mandato evitó el título de presidente, limitándose al de jefe del estado y ejerciendo las funciones de rey, papel que asumió con la naturalidad con que asumió el de héroe militar a principios de su carrera. Lo que no se puede calcular es la sinceridad de sus convicciones monárquicas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Franco le había dicho al general Castro Girona que el deber del soldado era mostrar su incondicional obediencia a todo lo que el rey deseara. Esa lealtad se esfumó en 1931, cuando Franco decidió pragmáticamente servir a la República. Y poco había de esa lealtad durante la época de la guerra civil, aunque estaba bastante contento de dar la impresión a los otros generales que estaba luchando por la restauración monárquica. Su cuñado escribió que «Franco no pensó nunca, ni en un solo instante, que una institución personalmente encarnada por un monarca viniera a hacer sombra a la autoridad de su jefatura en la que se concentraban —aunque entonces con título formal precario— todos los poderes del Estado». Supuestamente, Alfonso XIII dijo de él poco antes de morir: «Descubrí a Franco cuando no era nadie. Me ha traicionado y decepcionado a cada paso».

Después de la guerra civil, a medida que crecía su amor propio, Franco evitó con firmeza, una y otra vez, las oportunidades de hacer regresar al rey. Esto no debe sorprender, dada la adulación de que era objeto. En mayo de 1939, el reciente embajador americano Alexander W. Weddell y su esposa, Virginia, estaban en la plaza principal de San Sebastián, cuando apareció el coche que llevaba a Franco y a doña Carmen. «Sin sonido o señal alguna, los miles de españoles que estaban en la plaza se arrodillaron hasta que el coche se alejó». En los años cuarenta, Franco contrarió a los monárquicos con un decreto por el que se tocaría la «Marcha Real» cuando su mujer llegara a cualquier acto oficial, como se hacía con la reina antes de 1931. Y sorprendió a algunos miembros de la jerarquía eclesiástica con su firme insistencia de gozar de la prerrogativa real de caminar bajo palio durante las grandes ceremonias eclesiásticas, privilegio raramente usado incluso por Alfonso XIII. En 1948 Franco chocó con el cardenal de Sevilla, Pedro Segura, cuando este se negó a recibir a doña Carmen con protocolo real.

Su Casa Civil solía ser llevada por un aristócrata, como el marqués de Huétor de Santillán o el conde de Casa Loja. El jefe de la Casa Civil siempre administraba el Patrimonio Nacional, que consistía en todos los palacios, parques y tesoros pertenecientes a la familia real. Durante treinta y cinco años la familia Franco tuvo uso exclusivo de ellos. Franco otorgaba títulos nobiliarios como si fuera un rey, y, al no tener hijos varones, creó en 1954 una dinastía por el método de cambiar el nombre de su primer nieto por el de Francisco Franco. La arrogancia de su negativa a restaurar la monarquía se reveló en una conversación que mantuvo en los años sesenta con Fraga y Pemán, cuando dijo: «Yo la Corona no se la he quitado a nadie; la Corona la he encontrado en el arroyo, y todavía la estoy limpiando, y se la devolveré cuando proceda, de acuerdo con las Cortes y con el pueblo español, a quien sea la persona que mejor la pueda llevar». Cuando en 1972 una de sus nietas se casó con un Borbón, hubo rumores muy extendidos sobre las ambiciones reales de la señora y la posibilidad de que el Caudillo pudiera alterar sus planes para la sucesión monárquica.

A principios de septiembre de 1942, un Hitler algo envidioso señaló las inclinaciones regias del Caudillo: «Cuando Franco aparece en público, está siempre rodeado de su Guardia Mora. Ha asimilado todo el manierismo de la realeza y cuando vuelva el rey, será el ideal mozo de estribos». Franco se cuidaba muy bien de no permitir que el rey volviese, pero allá donde fuera, hasta finales de los años cincuenta, su coche estaba rodeado de su guardia personal de caballería mora, resplandeciente en sus uniformes azules y sus capotes blancos. Esto reflejaba tanto pretensiones reales como precaución. Le encantaba recibir condecoraciones extranjeras, y en las ceremonias públicas insistía en rodearse de toda la pompa y todo el esplendor posibles. Se podían percibir las pretensiones reales de Franco en su insistencia en las precisiones de la etiqueta, aunque también es signo de un mecanismo mediante el cual ocultar preocupaciones o resentimientos. Para visitarle a cualquier hora, el chaqué matutino era de rigor. El duque de Alba, por ejemplo, fue una vez a ver al Caudillo en traje de calle en lugar de chaqué o uniforme diplomático, y la única respuesta que obtuvo fue que se marchara y volviera correctamente vestido para una audiencia con Su Excelencia, el jefe del estado.

Premiaba generosamente a aquellos que le halagaban tratándole en los términos elevados que le gustaban. Según su primo Pacón, desde sus primeros tiempos, podía ser afable pero era siempre reservado, y nunca permitía que nadie intimara con él. Sin embargo, jamás tuvo «una palabra de gratitud, nunca un gesto de simpatía» para con aquellos que le sirvieron silenciosamente durante toda la vida. José Sanchiz, habitual compañero de caza durante más de una década, administrador de su propiedad en Valdefuentes y tío por matrimonio de su nieto, le dijo: «¿No le parece que hemos llegado al punto en que nos podríamos tutear?», a lo que Franco contestó glacialmente: «El trato que me corresponde es Excelencia». Incluso un genuino amigo durante cuarenta años, Max Borrell, nunca fue dispensado de la obligación de dirigirse a Franco llamándole «Excelencia». Lo mismo sucedía con su jefe de Estado Mayor político durante treinta y cinco años, Luis Carrero Blanco.

En 1964 se conmemoraba el veinticinco aniversario del final de la guerra, de forma que consagraba de nuevo a Franco como el redentor de España. Las celebraciones de los «Veinticinco años de paz» comenzaron oficialmente con un solemne tedeum en la basílica del Valle de los Caídos. Dicha ceremonia, junto con la entrevista concedida por Franco al diario ABC, dejaron bien claro que para el Caudillo se celebraban «veinticinco años de victoria» más que de paz. Las fiestas del aniversario confirmaron la creencia de Franco en su inmensa popularidad. Entre las actividades organizadas por Manuel Fraga Iribarne, su ministro de Información, había exposiciones itinerantes alabando los logros del Caudillo, premios literarios para las obras que mejor reflejaran el espíritu de la era franquista, así como incontables artículos de prensa y programas de televisión. De este modo se reescribió la historia de su dictadura para subrayar sus triunfos. El artefacto que resumía tanto las celebraciones como la propaganda de los últimos veinticinco años —cómo no, la autopercepción del propio dictador— era la película Franco, ese hombre, escrita por José María Sánchez Silva y dirigida por el director de la película Raza, José Luis Sáenz de Heredia. La película le presentaba —«Franco, ese hombre que forjó veinticinco años de paz con su espíritu de acero sobre el yunque de su vida»— como el héroe que había salvado su país primero de las hordas del comunismo y luego de las hordas del nazismo para después convertirse en el benévolo padre de su pueblo. Entre las mentiras más descaradas se incluían la —pequeña— que contaba que «la expresión de Hitler se transfigura» al recibir a Franco en Hendaya y la —grande— que afirma que «el resultado de esta entrevista entre David y Goliat» era que «la habilidad de un hombre contuvo al que no consiguieron todos los ejércitos de Europa, incluido el francés».

Como parte del lavado de cerebro nacional a que se dedicaba el aparato propagandístico del régimen, el montaje de 1964 fue lo más espectacular. El trasfondo de terror ya no era tan evidente como en los primeros años de posguerra. Incluso, dentro de las celebraciones, hubo una limitada amnistía para algunos de los varios miles de presos políticos de España. El hecho es que la España de aquel año no era la misma que la que había conocido Franco en 1939 antes de retirarse al palacio de El Pardo. El contexto económico había cambiado. En 1962, unas huelgas económicas en Asturias, el País Vasco, Cataluña y Madrid habían terminado en una victoria para los trabajadores. De hecho, la aparente capitulación de los industriales obedecía a una creciente prosperidad y a la determinación de no alterar la producción. España estaba al comienzo de un gran proceso de industrialización, y la prosperidad se vería aumentada por las inversiones extranjeras, la invasión de turistas y el dinero remitido por los miles de obreros españoles emigrados. Todo esto llevaría consigo una demanda y una necesidad de un sistema educativo mucho más sofisticado. Los consiguientes cambios sociológicos abrirían las puertas a demandas de liberalización del régimen de Franco. Aunque había elementos liberales entre los tecnócratas que podían ver los beneficios de una apertura, no era el caso con el mismo Franco y otros elementos más duros. Un intransigente centralismo del Caudillo y su brutal aplicación en el País Vasco tendrían su fruto en el terrorismo de ETA y el apoyo popular de que esta gozaría hasta finales de los años setenta. Su principal estrategia en la posguerra era mantener la división de España entre vencedores y vencidos. Su triunfalismo vengativo se alentaba con suma vehemencia en las academias militares, donde a los cadetes se les enseñaba a considerar la democracia como consustancial con el desorden y el separatismo regional. Cada vez más a lo largo de los últimos años de los sesenta y primeros de los setenta, Franco y algunos de sus defensores militares se sintieron aislados del gran consenso político a favor de la democratización. Por tanto, un elemento central de la planificación para el futuro era la determinación de Franco de garantizar la supervivencia del régimen dictatorial.

Una vez conseguido el acuerdo con Eisenhower, terminó la angustia que le había provocado el oprobio internacional. Su futuro estaba asegurado. Solo fue activo como jefe del gobierno hasta 1957, año en que trasladó numerosas decisiones clave en el campo de la economía a los ministros tecnócratas. En los dieciocho años de vida y de poder que le quedaban, dedicó el tiempo, además de a sus aficiones, a garantizar la perdurabilidad de su régimen tras su muerte. Al margen de sus actividades placenteras en cotos de caza, en alta mar, en los ríos del norte o en el cine de El Pardo, la sucesión, la elección de un sucesor de la Casa Real y los mecanismos constitucionales que controlaran cada uno de sus actos, se convirtieron en sus mayores preocupaciones. En todo caso, los dieciocho años dedicados a este ejercicio resultarían inútiles. Los mecanismos constitucionales se desmantelarían en menos de un año, tras su fallecimiento. Su sucesor decidió no cumplir las tareas que Franco le encomendó.

La inesperada facilidad con que el príncipe Juan Carlos y los españoles, en masa, pudieron optar por la democracia, y la sencillez con la que sortearían los proyectos del Caudillo para el futuro de España, constituye el comentario más explícito sobre su lugar en la historia. Esto no quiere decir que Franco no lograra nada, pero subraya hasta qué punto sus triunfos fueron sectarios y personales. Para él y para sus partidarios no existía ninguna contradicción entre el bienestar de España y el bienestar de Franco. En toda su vida, incluso antes de llegar al poder, Franco nunca manifestó el menor escrúpulo al identificar su persona con España ni ante el hecho de que cuando hablaba de España, su definición resultaba estrecha y partidista. Durante décadas ridiculizó a don Juan de Borbón por su patriótico deseo de ser rey de todos los españoles y, hasta el día de su muerte, intentó, movido por su talante vengativo, mantener la división creada por la guerra civil entre vencedores y vencidos. No en vano Franco había escrito en 1944, en carta dirigida al heredero legítimo, don Juan de Borbón, que su derecho a reinar en España era infinitamente superior al derecho del príncipe: «Entre los títulos que dan origen a una autoridad soberana sabéis que se encuentran: la ocupación y la conquista; no digamos el que engendra salvar una sociedad. La superioridad justifica, por otra parte, moral y jurídicamente, la soberanía; que en este caso también viene determinada por la autoridad que se disfrutaba en la sociedad antigua. Propios merecimientos contrastados en una vida de intensos servicios; prestigio y categoría en todos los órdenes de la sociedad; reconocimiento público de esta autoridad, se dan en este caso. Ha existido, por tanto, una previa superioridad pública. Y en la cruzada, la proclamación como Jefe Supremo del Estado por las tropas y fuerzas políticas integradoras del movimiento y el beneplácito de toda la nación me otorga otro título indubitable. Y no digamos el haber alcanzado, con el favor divino repetidamente prodigado, la victoria y salvado a la sociedad del caos, que engendra y consolida por muchos conceptos, un derecho soberano».

Lo que opinaba Franco de la futura monarquía se puede deducir del documento preparado por el almirante Carrero Blanco y su sabio consejero Laureano López Rodó donde se desplegaba la idea de una monarquía autoritaria para garantizar la continuidad del franquismo. Para que la idea le resultara más aceptable a Franco, en marzo de 1959, Carrero Blanco entregó el primer borrador del plan para completar el proceso constitucional con una nota aduladora redactada en un lenguaje casi medieval: «Si el rey recoge los poderes que tiene S. E. es para sentirse alarmados, porque lo cambiará todo. Hay que ratificar al mismo tiempo el carácter vitalicio de la magistratura de S. E., que es Caudillo que es más que rey, porque funda monarquía».

A Franco lo proclamaban no solo el defensor de España, sino también el defensor de la fe universal, papeles ambos que correspondían a reyes. Para la jerarquía católica, la causa de Franco era la causa de Dios, por lo que le trataba como al enviado del Todopoderoso o, al menos, como a un santo. No era de extrañar que Franco acabase creyendo que tenía una relación especial con la Divina Providencia. Pronto había empezado a manifestar pretensiones propias de la realeza. En la España gloriosa, el ritual religioso había desempeñado tradicionalmente el papel crucial de elevar la categoría del rey. Creyendo que él representaba una continuidad con respecto a una mitificada Edad de Oro, Franco daba por sentado que la iglesia legitimaría su autoridad. Sus propagandistas lo auparon como al gran cruzado, tenía capellán personal (José María Bulart), además de atribuirse la prerrogativa real de entrar y salir de las iglesias bajo palio. Empezaba a creer cada vez más en su misión divina —después de la guerra, diría que regía España por derecho de conquista—, como los reyes de la Edad Media.

La España de Franco, según su propia definición, la España que ganó la guerra civil, la España de la posguerra que se mantuvo gracias al aparato represivo, dejó de existir en 1975. Una masiva revolución social y económica tuvo lugar a finales de los años cincuenta, período en que Franco fue un jefe más simbólico que activo, cada vez más alejado de la realidad. Tanto era así que, el 15 de diciembre de 1967, pidió ayuda a Luis Carrero Blanco, Manuel Fraga y otros ministros diciendo: «Llevo tantos años aquí, entre estos muros, que ya no conozco a nadie. Ayúdenme ustedes a hacer las ternas para los nuevos cargos». Hubo mucho comentario en los círculos del régimen cuando, en el verano de 1968, uno de sus ministros le pidió que le dedicara una foto del Consejo de Ministros. Franco dijo que sí, se puso las gafas, cogió su pluma y, mirándole extrañado, le preguntó cómo se llamaba. Y es que cuando no estaba de caza o de pesca, se dedicaba a ver la televisión.

Su régimen fue la institucionalización de su victoria en la guerra civil. Esto se hacía patente en la determinación con que el Caudillo se afanó en aniquilar sistemáticamente a sus enemigos de la izquierda. La habilidad y la dedicación con que bloqueó el regreso a la democracia fueron, a su vez, las causas que le permitieron conservar tanto tiempo el poder. Fue capaz de asegurar que la política dentro de su régimen no tuviera nada que ver con la voluntad nacional, sino con las mezquinas luchas por el poder y la ganancia entre una privilegiada élite. Sus armas fueron la instintiva astucia, la caradura y la imperturbable sangre fría con que dirigía las rivalidades entre las varias fuerzas del régimen y con las cuales derrotaba cuantos desafíos pudiera presentarle cualquiera —desde Serrano Suñer hasta don Juan— que fuese superior a él en cuanto a inteligencia e integridad moral. Los logros de Franco no fueron los de un gran benefactor nacional, sino los de un hábil manipulador del poder que velaba ante todo por sus propios intereses. Sentenció Salvador de Madariaga: «El más alto interés de Franco es Franco. El más alto interés de De Gaulle es Francia». El hecho de que durante treinta y nueve años, tras hacerse con la Jefatura provisional del estado en guerra, fuese capaz de bloquear el regreso del heredero legítimo al trono y de conservar el poder demuestra la extraordinaria habilidad política puesta al servicio de sus propios intereses.

El control total de los medios de comunicación y del sistema de enseñanza, apoyado por toda la fuerza propagandística de la Iglesia Católica, logró presentar este egoísmo de Franco como un patriotismo abnegado guiado por la mano de Dios. El mismo dictador llegó a creer que era el patriarca benévolo adorado por los españoles. De hecho, esta imagen respondía a una necesidad de sus admiradores y partidarios. Después de todo, Franco no gobernó únicamente por medio de la represión: tuvo considerable apoyo popular. Existían los que por razones de riqueza, creencias religiosas o convicción ideológica abrazaban los llamados «valores del 18 de julio». También disfrutaba Franco de la aceptación pasiva de quienes habían sido empujados hacia la apatía política por la represión y todo el aparato propagandístico del régimen. A partir del final de los años cincuenta, Franco tuvo el apoyo de quienes simplemente estaban agradecidos por la creciente mejora del nivel de vida.

Sin embargo, el crecimiento económico —tan asiduamente loado por sus propagandistas como su mejor obra— tuvo tan poco que ver con Franco como la neutralidad de España en la segunda guerra mundial. Su actuación en la esfera económica, incluso si se juzga solo por sus propios criterios y objetivos, fue lamentable. A pesar de creer que él mismo era un economista de primer orden, la política económica autárquica de Franco fue desastrosa y totalmente inapropiada para las necesidades del país. Empeoró las consecuencias de la guerra civil, produciendo una penuria incalculable que a su vez estimuló el «estraperlo» (mercado negro y la corrupción). Franco y el franquismo fueron un enorme desastre para España. Como lo demuestra el caso de Italia tras la segunda guerra mundial, el desarrollo económico es posible sin dictadura, presiones, torturas, exilio en masa y ejecuciones. Supone una tragedia histórica de gran envergadura que, de 1939 a 1975, España no pudiera disfrutar de los beneficios que da la democracia en cuanto a la dignidad personal de cada individuo y al prestigio colectivo internacional.

El desarrollo se nutría de la acumulación de capital interior producido por la destrucción del movimiento obrero en la guerra, por la consiguiente represiva legislación laboral de los años cuarenta, por las divisas aportadas por los trabajadores españoles obligados por la pobreza a emigrar y por el turismo. Franco contribuyó al crecimiento económico solo en la medida en que su represivo régimen creó estabilidad y una fuerza de trabajo dócil que hicieron a España atractiva para los inversores extranjeros. El crecimiento fue explotado por el régimen como fuente de legitimación política, pero los consiguientes cambios económicos y sociales subrayaron lo anacrónico de la dictadura. Cuando empezó a fallar la prosperidad tras la primera crisis energética de 1974, y no seguía siendo posible comprar con constantes subidas del nivel de vida la apatía de una nueva clase obrera sin derechos políticos, la irrelevancia del régimen y la necesidad de un cambio político profundo garantizaban que el país rechazara los planes de Franco para el posfranquismo.

La notablemente escasa presencia que guarda el Caudillo en la memoria popular demuestra la creciente irrelevancia de un Franco cada vez más enfermo en los últimos años de su dictadura. Más aún, es una consecuencia del modo en que España se desarrolló a partir de 1975. Para la mayoría de los españoles jóvenes, Franco ya es un personaje distante, el abuelo que en los años cincuenta se rodeó de los fastos de la realeza. Gracias a los engaños y ocultamientos del propio Franco, lo que queda de él en la memoria popular no va mucho más allá de una vaga aceptación de los mitos de la neutralidad en la segunda guerra mundial y el crecimiento económico. Desde que alcanzó la mayoría de edad, Franco cultivó una impenetrabilidad que hizo indescifrables sus intenciones. Sus discursos eran laberínticos y tortuosos, sentenciosos y pomposos, como si no le interesara que lo entendieran.

Los éxitos de Franco eran notables exclusivamente en términos de su habilidad para permanecer en el poder. En cambio, el coste humano en ejecuciones, cárceles, campos de concentración, torturas, la ruptura de vidas y familias por el exilio de 1939 o la emigración de los años cincuenta y sesenta, dan constancia del exorbitante precio que pagó España por los «triunfos» de Franco. La característica central del período inmediatamente después de su muerte era que los españoles rechazaron tanto la violencia política como la dictadura, escarmentados por los horrores de la guerra civil y la represión de posguerra. Durante la transición a la democracia, los españoles demostraron colectivamente una madurez política que contradecía la convicción de Franco de que eran anárquicos e indisciplinados, incapaces de vivir en democracia.

El régimen de Franco se constituyó con el propósito de evitar que la democracia se reinstalara en España tras la derrota de la República en 1939. Para ello tuvo que librar una contienda brutal con la ayuda de Hitler y Mussolini y, luego, impuso un régimen de terror de estado. Por ello la psique colectiva se imbuyó de una firme resolución de no experimentar nunca más semejante conflicto civil ni ser sometido a una dictadura. En este sentido, Franco, sin quererlo, creó las condiciones para la democracia que siguió a su régimen. Quizá lo más importante que hizo al respecto fue elegir a su sucesor monárquico. Esto ha dado pie a uno de los mitos más extendidos, y más falsos, respecto al legado de Franco, es decir, la idea de que había previsto y aprobado el papel que desempeñaría don Juan Carlos en la transición a la democracia.

Evidentemente, la monarquía ha sido un elemento crucial de la democracia; y la monarquía vino a España porque, según las llamadas leyes fundamentales del régimen de Franco, las que colectivamente sumaron la constitución de la dictadura, Franco se había autoatribuido el derecho de elegir a su propio sucesor y había decidido que la persona seleccionada sería «sucesor a título de rey». Lo hizo así por vanidad personal y, en 1969, cuando eligió a Juan Carlos, le nombró con la seguridad de su fidelidad a las llamadas «Leyes Fundamentales del Movimiento» y no se le ocurrió que el joven príncipe pudiera albergar planes de restablecer la democracia. De todas formas, el dictador sí debía de tener alguna duda.

En un principio, Franco había confiado en que el almirante Carrero Blanco vigilaría el proceso. Sin embargo, cuando Carrero Blanco fue asesinado el 20 de diciembre de 1973, Franco no incluyó a don Juan Carlos entre los que contribuyeron a decidir al sucesor. El grupo de franquistas de extrema derecha que le rodeaba había conseguido convencer a Franco de que fiarse tanto de Carrero Blanco había sido ya error suficiente. Doña Carmen Polo y la camarilla de El Pardo se habían quedado horrorizados al saber que Carrero había ya prometido a Juan Carlos que, en lugar de permanecer como guardián del régimen, iba a dimitir. Al parecer, el arrepentido Carrero le había dicho a la hija de Franco, Carmen, que sentía amargamente haber hecho semejante promesa. En palabras de su ministro José Utrera Molina: «Lo que Franco consideró atado y bien atado, de hecho quedó roto». En su mensaje de fin de año, el 30 de diciembre de 1973, Franco introdujo una corrección en el texto mecanografiado de su alocución, a la que añadió de su puño y letra las palabras «no hay mal que por bien no venga», que parecían ser un reconocimiento de que consideraba haberse equivocado al fiarse de Carrero Blanco. En el brillante análisis de Luis María Anson: «La muerte de Carrero era un mal. Pero Carrero, al que difícilmente Franco podía eliminar por razones históricas, significaba la garantía de futuro para el Príncipe. Su asesinato ha permitido a Franco nombrar a Arias Navarro. Y Arias Navarro —no hay mal que por bien no venga— es la garantía de su familia para el futuro».

La designación de Arias fue la última de las decisiones importantes de Franco, y no fue enteramente suya. Menos aún había sido decisión de don Juan Carlos. Habida cuenta de su posición como sucesor oficial y de la inminencia del inevitable fallecimiento de Franco, el excluirle de la decisión fue un acto de humillación por parte de El Pardo además de un indicio de su falta de confianza en el príncipe. En 1974, cuando Franco sufrió su primera enfermedad grave, con renuencia traspasó sus funciones a Juan Carlos y los reasumió enseguida. Cuando su ministro de gobernación, José García Hernández, le dijo que dejara «el timón en otras manos», le replicó: «Usted sabe que eso no es posible»; otro indicio de su poca fe en Juan Carlos. Como presidente del Consejo de Ministros, Arias hacía caso omiso don de Juan Carlos, quien no tenía otra posibilidad que la de quejarse: «No toco pelota. Mi actitud es sonreír, colocarme por encima de la pequeña política, no forzar y estar en guardia». Durante la agonía final de Franco, las relaciones entre el príncipe y Arias se deterioraron aún más.

Irónicamente, si Arias no se fiaba de Juan Carlos por sus veleidades democráticas, Franco tampoco se fiaba de Arias, pensando que era demasiado aperturista. En su último discurso, el 1 de octubre de 1975, en la plaza de Oriente, declaraba, respecto a las críticas internacionales que habían surgido con motivo de las recientes ejecuciones de militantes de ETA y del FRAP: «Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social». No eran exactamente las palabras de un jefe de estado bondadoso que espera que su sucesor convirtiese a España en una democracia. Además, dan un buen indicio de la posible reacción de Franco de haber sabido que el nuevo rey desempeñaría un papel crucial en el complejo proceso de desmantelamiento de la dictadura y en la creación de una legalidad democrática. La intención de Franco había sido instaurar una monarquía totalmente franquista para perpetuar su régimen.

Para imponer su régimen y el concepto de la nación como una familia armoniosa, Franco estaba dispuesto a matar, encarcelar y exiliar a la mitad de España. Si es que las tenía, sus ideas políticas resultaban sumamente estrechas, a menudo negativas y derivadas de su formación militar. Como la mayoría de los oficiales del ejército de su generación, lo que más odiaba era el separatismo, el comunismo y la masonería. Sin importar el coste en vidas humanas, estaba decidido a limpiar España de los tres, además del socialismo y el liberalismo. Esto significó la aniquilación de los legados de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la revolución industrial, a fin de regresar a las glorias de la España medieval. Sus objetivos más preciados eran mucho más abstractos, más espirituales que ideológicos. Quería, mediante el derramamiento masivo de sangre, «redimir» al pueblo español, quitarle la carga de siglos de fracasos sufridos desde Felipe II, cuando la grandeza de España empezó a derrumbarse. La consecuencia de sus esfuerzos fue que, aparte del caso de unos cuantos nostálgicos del franquismo, el sentir colectivo acerca de Franco sería una combinación de ignorancia, indiferencia y la determinación de no volver a sufrir una dictadura.

BIBLIOGRAFÍA

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La dictadura que salió de la guerra

La dictadura que salió de la guerra[1]

Julián Casanova

UNA POSGUERRA INTERMINABLE, una victoria omnipresente, una dictadura de casi cuarenta años. La sublevación militar de julio de 1936 y la guerra civil que provocó se convirtieron en acontecimientos fundamentales de la dictadura de Franco, de su cultura excluyente, ultranacionalista y represiva.

Quienes habían provocado la guerra, la habían ganado y gestionaron desde el nuevo estado la victoria, asentaron la idea, imposible de contestar, de que los republicanos eran los responsables de todos los desastres y crímenes que habían ocurrido en España desde 1931. Proyectar la culpa exclusivamente sobre los republicanos vencidos liberaba a los vencedores de la más mínima sospecha. El supuesto sufrimiento colectivo dejaba paso al castigo de solo una parte. Francisco Franco lo recordaba a menudo con el lenguaje religioso que le sirvió en bandeja la iglesia Católica: «No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia».

VICTORIA

«Cautivo y desarmado el ejército rojo», la guerra terminó el 1 de abril de 1939 con el triunfo total de las tropas «nacionales» de Franco. El mismo día de la «liberación» de la capital, Leopoldo Eijo y Garay, obispo de la diócesis de Madrid, publicó su pastoral «La hora presente»: «A la sombra de la bendita gualda y roja, que nos legaron nuestros padres, y al amparo de nuestros heroicos soldados y milicias voluntarias, gozad ya de la paz, que, con tantos anhelos, con tantas vivas ansias, os hemos deseado y hemos pedido a Dios por vosotros».

La guerra había sido necesaria e inevitable porque «por los caminos ordinarios» España ya no podía salvarse y «la hora presente» era, ni más ni menos, en todo el mundo, pero «singularmente» en España, «la hora de la liquidación de cuentas de la humanidad con la filosofía política de la Revolución Francesa».

Eran momentos de fiesta, tedeums, resurrección de España y de honra a los mártires de la cruzada. Pocas horas después de anunciar que el ejército rojo estaba cautivo y desarmado, el Generalísimo recibió un telegrama de Pío XII, el antes cardenal Eugenio Pacelli, que había sido elegido papa el 2 de marzo de ese mismo año, tras la muerte de Pío XI el 10 de febrero. Tampoco faltó a la cita de felicitación el cardenal Isidro Gomá, quien desde Pamplona recordaba a Franco el 3 de abril «con qué interés me uní desde el comienzo a sus afanes; cómo colaboré con mis pobres fuerzas y dentro de mis atribuciones de Prelado de la Iglesia a la gran empresa».

La gran empresa era la regeneración total de una nación nueva forjada en la lucha contra el mal, el sistema parlamentario, la República laica y el ateísmo revolucionario, todos los demonios enterrados por la victoria de las armas de Franco con la protección divina. Se trataba del logro de la confesionalidad católica del estado, del «despotismo de militares y clérigos», como lo llamaba Barcala, uno de los personajes de La velada en Benicarló de Manuel Azaña. Las ciudades y campos se llenaron de desfiles, manifestaciones de la victoria, regreso simbólico de las Vírgenes a sus lugares sagrados, actos de desagravios y procesiones.

Franco y sus compañeros de armas habían salido al rescate de la patria, lo cual legitimaba el golpe de estado y la sangrienta guerra civil. En realidad, ese objetivo de redimir a España era el común denominador de las fuerzas políticas y sociales que se sumaron a esa «gran empresa», identificadas más por lo que querían destruir —la República, el liberalismo, el comunismo— que por un acuerdo sobre la definición del nuevo régimen. La victoria había que disfrutarla, manifestada en un entramado simbólico, bien estudiado por Zira Box, de ritos, fiestas, monumentos y recuerdo, y culto a los mártires.

Las imágenes que podemos ver en fotos y documentales no engañan. La gente se echó a la calle para celebrar la victoria con el saludo romano fascista, institucionalizado como saludo oficial en la España de Franco tras la unificación de las fuerzas políticas en abril de 1937, y cantando el falangista «Cara al sol», el himno oficial, junto con el carlista «Oriamendi», del Movimiento. La mezcla de símbolos fascistas y religiosos condujo durante un tiempo a la «fascistización» de lo sagrado y a la sacralización de la política fascista, hasta que, derrotadas las potencias del Eje en la segunda guerra mundial, la iglesia y su discurso nacionalcatólico acabaron imponiéndose.

El 1 de abril de 1939 era sábado de Pasión, el día anterior al Domingo de Ramos, y la Semana Santa fue una extraordinaria ocasión para restaurar en algunas ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, la liturgia de fechas tan señaladas, «el triunfo de la Ciudad de Dios y la resurrección de España». Era el inicio de una nueva liturgia barroca, político-religiosa, llena de gestos, creencias y fervor, con el Cristo crucificado saliendo de las iglesias hacia las procesiones y la multitud recibiéndole con el saludo fascista.

Ninguna faceta de la vida política y social quedó al margen de esa construcción simbólica de la dictadura. El calendario de fiestas, instaurado oficialmente por una orden de Ramón Serrano Suñer de 9 de marzo de 1940, aunque algunas de ellas habían comenzado a celebrarse desde el comienzo de la guerra civil en el territorio ocupado por los militares rebeldes, resumía la voluntad y universo conmemorativos de los vencedores. Se restauraron, en primer lugar, las fiestas religiosas suprimidas por la República, desde la Epifanía a la Navidad. Junto a las religiosas, se subrayaban las de carácter tradicional de la verdadera España —el Dos de Mayo y el 12 de octubre—. Pero las que definían ese nuevo universo simbólico de la dictadura eran las creadas para celebrar los nuevos valores e ideas puestos en marcha con el golpe de estado y la guerra: el 1 de abril, «Día de la Victoria»; el 18 de julio, «Día del Alzamiento»; el 1 de octubre, «Día del Caudillo»; y el 20 de noviembre, para recordar el fusilamiento del líder falangista José Antonio Primo de Rivera.

Para conmemorar siempre su victoria en la guerra, para que nadie olvidara sus orígenes, la dictadura de Franco llenó de lugares de memoria el suelo español, con un culto obsesivo al recuerdo de los caídos, que era el culto a la nación, a la patria, a la verdadera España frente a la anti-España, una manera de unir con lazos de sangre a las familias y amigos de los mártires frente a la memoria oculta de los vencidos, cuyos restos quedaron abandonados en cunetas, cementerios y fosas comunes.

«Mártires de la Cruzada» fueron desde el principio, y así aparece en las fuentes documentales y en las crónicas de los periódicos, los combatientes del ejército franquista muertos en la batalla, los sacerdotes que caían en el frente «alabando a Dios y vitoreando a España», los católicos y los derechistas y, especialmente, los casi siete mil miembros del clero asesinados, todos aquellos, en fin, cuyo «martirio» significaba «odio religioso y persecución a la Iglesia».

Los estragos ocasionados por la persecución anticlerical, la constatación de los sacrilegios y asesinatos del clero cometidos por los «rojos», multiplicaron el impacto emocional que causaba el recuerdo constante de los mártires. El ritual y la mitología montada en torno a ellos proporcionaron a la iglesia todavía más poder y presencia entre los vencedores de la guerra, anularon cualquier atisbo de sensibilidad hacia los vencidos y estimularon la violenta venganza que no cesó durante años.

El recuerdo comenzó ya antes de finalizar la guerra, cuando un decreto de la Jefatura del estado de 16 de noviembre de 1938 proclamaba «día de luto nacional» el 20 de noviembre, en memoria de José Antonio Primo de Rivera, y establecía, «previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas», que «en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de los Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista».

Ese fue el origen de la colocación en las iglesias de placas e inscripciones conmemorativas de los «caídos por Dios y por la Patria», pegadas o esculpidas en viejas piedras de singulares monumentos artísticos. Y aunque no aparecía en el decreto, la mayoría de esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, que generó a veces tensiones entre militares, eclesiásticos y falangistas.

Calles, plazas, colegios y hospitales de cientos de pueblos y ciudades llevaron desde entonces los nombres de militares golpistas, dirigentes fascistas y políticos católicos. Quintanilla de Abajo, en la provincia de Valladolid, se convirtió en Quintanilla de Onésimo, en honor a uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), muerto en un combate en la sierra de Guadarrama el 24 de julio de 1936, apenas comenzados los disparos y sin tiempo para consolidar su marginal liderazgo fascista. En Madrid, como pasó en todas las ciudades que cayeron en manos de las tropas franquistas al final de la guerra, el Ayuntamiento propuso en el mismo mes de la victoria limpiar la ciudad «de todos los símbolos y nombres» relacionados con la República, «un régimen político corrompido y nefasto para la Patria». Tan nefasto y odioso que un pueblo de Toledo, llamado Azaña, que nada tenía que ver con el principal líder republicano, cambió el nombre a Numancia de la Sagra.

Los espacios que habían sido profanados por los «rojos» se convirtieron en símbolos del resurgimiento moral y católico. La tierra de muchos cementerios y extrarradios, donde habían sido asesinados los clérigos, se vallaron, como en la localidad oscense de Barbastro, «por ser tierra santificada y regada con la sangre de los mártires». Esos pedazos de tierra servirían para recodar a las generaciones venideras la cruel persecución y la «honda lección de que quien se aparta de la religión católica, cae al fin en la traición a Dios y a la Patria».

Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo en catedrales e iglesias actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de los mártires. Bajo aquellos «días luminosos» de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos pueblos y ciudades, desde los cementerios y lugares de martirio a las capillas e iglesias elegidas para el descanso eterno de sus restos. En Málaga, los restos de los mártires fueron trasladados en un cortejo fúnebre que recorrió sus calles con 99 féretros. En todas las ciudades, el Día de los Caídos se celebró, en la posguerra y en los posteriores años del desarrollo, con misas, ofrendas de flores y desfiles. Eran signos de la victoria, presentes todavía a comienzos de los años setenta, una compensación simbólica para los muertos de un bando que nunca se extendió a los del otro.

Según consta en algunos martirologios, muchos fieles asistían a esos actos de exhumación con el fin de «hacerse con algún trozo de aquellos despojos» religiosos, de una reliquia para conservarla devotamente. La fama de aquellos mártires demostraba la justicia de la causa por la que habían luchado, recordaba la división entre vencedores y vencidos, que la iglesia había ganado la guerra y la paz y que su sangre no había sido derramada en vano.

Militares, falangistas, carlistas y la iglesia aportaron sus símbolos a la nueva España, aunque el discurso nacionalcatólico acabara, a partir de 1945, dominando. En lo que todos estuvieron de acuerdo, sin embargo, fue en el culto rendido al general Franco. Desde octubre de 1936, obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la «ciudad terrenal». Acabada la guerra, el «insigne, victorioso y amado Caudillo» fue rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Aparecían por todas partes estatuas, bustos, poesías, estampas, hagiografías. La imagen de Franco como militar salvador y redentor era cuidadosamente tratada e idealizada en los «Noticiarios y Documentales» (NO-DO). Su retrato presidió durante los casi cuarenta años de dictadura las aulas, oficinas, establecimientos públicos y se repetía en sellos, monedas y billetes. Y como ninguna legitimidad podía ser superior a la que procedía de la potestad divina, Franco fue «Caudillo de España por la gracia de Dios». Con motivo de su visita a Sabadell en 1942, el presidente del Gremio de Fabricantes de esa ciudad, Manuel Gorina, recordaba que «después de Dios es al Generalísimo Franco y a su valeroso Ejército a quienes debemos la terminación de nuestro cautiverio y la conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio industrial».

Los vencedores estaban ganando una paz duradera, construyendo un nuevo estado y una nueva España en los que las aguas volvían a su cauce, al anterior a 1931, y al mismo tiempo la historia comenzaba de cero. Aparentemente todo eran «sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar», como había descrito Manual Azaña lo que estaba emergiendo en la España franquista, en su anotación del 6 de octubre de 1937. Pero más allá de las apariencias, de la retórica y de las ceremonias, para que las aguas volvieran a su cauce y se comenzara desde cero, había que eliminar de forma violenta, sin concesiones al perdón o a la reconciliación, a la anti-España, a quienes vivieron en ella y a sus símbolos e ideas.

POLÍTICAS DE CASTIGO Y EXPOLIO

El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a doscientos mil soldados a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de ese año y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de doscientos setenta mil reclusos, una cifra que descendió de forma continuada en los años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. El coste demográfico de la guerra y de le la inmediata posguerra se aproximó a seiscientas mil personas, a las que hay que añadir doscientas mil más que, tras la gran «retirada» del primer trimestre de 1939 —cuando pasaron la frontera francesa cerca de medio millón de hombres, mujeres y niños—, ya no volvieron a España.

Al menos cincuenta mil personas fueron ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, la mayoría de ellas en las últimas provincias conquistadas por el ejército de Franco. Entre esos miles de fusilados, había personajes ilustres, detenidos en Francia, a partir de una lista proporcionada por José Félix Lequerica, y entregada a las autoridades franquistas por la Gestapo, como Lluís Companys, presidente de la Generalitat, o los ministros de la República durante la guerra, el socialista Julián Zugazagoitia y el anarquista Juan Peiró. Ricardo Zabalza, principal dirigente de la socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, fue torturado, juzgado el 2 de febrero y fusilado al amanecer del 24 del mismo mes en 1940. Como le escribió a sus padres estando ya «en capilla»: «Cuando leáis estas líneas ya no seré más que un recuerdo. Hombres que se dicen cristianos lo han querido así… Vosotros en vuestra sencillez religiosa no os explicaríais cómo un hombre que ningún crimen cometió [el propio fiscal lo reconoció así en su informe] y sobre el que no existe tampoco acusación de hecho vergonzoso alguno, pueda sufrir la muerte que le espera».

La sentencia a muerte de Lluís Companys, cuyo juicio duró menos de una hora, fue firmada por el capitán general de la IV Región Militar, Luis Orgaz. Lo ejecutó un pelotón de la Guardia Civil a las 6.30 de la mañana del 15 de octubre de 1940. En los primeros meses de la posguerra, todas las sentencias de muerte requerían la aprobación de Franco, pero desde enero de 1940, para hacer frente al alto número de presos en espera, el proceso se aceleró sin necesidad de ese trámite. Y se decidió, según recuerda Paul Preston, que en los casos de altos dirigentes políticos de la República no habría posibilidad de petición de clemencia. Junto a ellos, los más buscados fueron los comisarios políticos del ejército republicano y los periodistas.

La dictadura de Franco, salida de la guerra civil y consolidada en los años de la segunda guerra mundial, situó a España en la misma senda de muerte y crimen seguida por la mayoría de los países de Europa. Se necesitaban personas que planificaran esa violencia e intelectuales, políticos y clérigos que la justificaran. En realidad, la larga posguerra española anticipó algunas de las purgas y castigos que iban a vivirse en otros sitios después de 1945. La destrucción del contrario en la guerra dio paso a la centralización y el control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por las leyes del nuevo estado. Esa cultura política de la violencia, de la división entre vencedores y vencidos, «patriotas y traidores», «nacionales y rojos», se impuso en la sociedad española al menos durante dos décadas después de finalizar la guerra civil.

Fue una justicia de excepción, organizada para reprimir con efectos retroactivos las actividades que eran legales en el momento de producirse, la resistencia a la rebelión militar y la adhesión durante la guerra a la España republicana. Porque la principal característica de esa violencia es que estaba dirigida desde arriba, basada en la jurisdicción militar, que prácticamente suplantó a la castrense. Aunque la explosión de venganza en las últimas ciudades conquistadas fue acompañada todavía de «paseos» y fusilamientos sin juicios previos, pronto imperó el monopolio de la violencia del nuevo estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939 y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que los acusados eran rojos y, por lo tanto, culpables. Los sublevados castigaban por «rebelión» a quienes habían permanecido leales a su gobierno constitucional: «la justicia al revés» a la que se refirió Ramón Serrano Suñer.

La paz de Franco, que mantuvo el estado de guerra hasta abril de 1948, transformó la sociedad, destruyó familias enteras, rompiendo las básicas redes de solidaridad social, e impregnó la vida diaria de miedo, de prácticas coercitivas y de castigo. La amenaza de ser perseguido, humillado, la necesidad de disponer de avales y buenos informes para sobrevivir, podían alcanzar a cualquiera que no acreditara una adhesión inquebrantable al Movimiento o un pasado limpio de pecado republicano.

El primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo empezó el 9 de febrero de 1939 con la Ley de Responsabilidades Políticas, que continuaba la represión económica puesta en marcha en enero de 1937 por las comisiones provinciales de incautación en las zonas controladas por los militares rebeldes durante la guerra. La ley declaraba «la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas», que desde el 1 de octubre de 1934 «contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y a partir del 18 de julio de 1936 «se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave».

A partir de ese momento se abrieron decenas de miles de causas para «liquidar las culpas» de quienes contribuyeron «a forjar la subversión roja». Según Manuel Álvaro Dueñas, hasta septiembre de 1941, los dieciocho tribunales regionales encargados de dictar sentencia tramitaron 229 549 expedientes, de los cuales solo habían sido resueltos 36 018, estaban en trámite 88 618 y seguían pendientes de incoación 104 913. Un 9,5 % de los españoles sufrieron la fuerza de esa justicia. Dada la imposibilidad de dar salida a esos montones de expedientes, la ley fue modificada parcialmente en 1942 y quedó derogada el 13 de abril de 1945.

De acuerdo con aquella ley, el juez instructor debería pedir informes sobre el presunto responsable «al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio». La ley demarcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba a controlar durante los largos años de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos.

Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: «restrictivas de la actividad», con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de carreras y profesiones, que abrió un amplio y selectivo proceso de depuración; «limitativas de la libertad de residencia», que conllevaba el extrañamiento, la «relegación a nuestras posesiones africanas», el confinamiento o el destierro; y «económicas», con pérdida total o parcial de algunos bienes determinados y pago de multas.

La mayoría de expedientes, como confirman las investigaciones recientes, se incoaron a obreros y campesinos con recursos económicos escasos, pero también a clases medias republicanas con rentas más elevadas. A los políticos más destacados de la República, desde Manuel Azaña a Indalecio Prieto, pasando por Diego Martínez Barrio, se les impusieron multas de cien millones de pesetas. Al historiador y archivero zaragozano José Ignacio Mantecón, nombrado por Juan Negrín gobernador general de Aragón en agosto de 1937, le incautaron casi dos mil libros considerados subversivos, y el auditor de guerra, Ramiro Fernández de la Mora, le impuso una multa de diez millones de pesetas, más alta que la de Niceto Alcalá-Zamora e igual a la de la dirigente socialista Margarita Nelken o a la del embajador republicano en Londres, Pablo de Azcárate.

Y aunque el prototipo de encausado era un varón, de mediana edad, afiliado a organizaciones de izquierda, muchas mujeres, entre el 4 % y el 8 % del total de afectados, fueron víctimas de la ley y, como señala Ángela Cenarro, «sobre ellas recayó en muchas ocasiones la sentencia impuesta a sus padres o maridos», lo cual les obligó a «salir adelante en condiciones de extrema adversidad».

En cualquier caso, afectara a ricos, pobres, mujeres u hombres, la puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos y los rojos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Caer bajo el peso de esa ley significaba, en palabras de Marc Carrillo, «la muerte civil». Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban sumidos en la más absoluta miseria. En muchos casos, las sentencias se impusieron a personas que ya habían sido ejecutadas.

El primer presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas fue Enrique Suñer, catedrático de Medicina Pediátrica en la Universidad de Madrid y que, como vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Técnica del Estado, comenzó ya en la guerra una obsesiva persecución contra maestros, profesores e intelectuales, a quienes como hijos de la Institución Libre de Enseñanza consideraba, en su libro Los intelectuales y la tragedia española (1937), «los máximos responsables de tantos dolores y tantas desdichas», autores de una «infernal labor antipatriótica que pretendía desarraigar del alma española la fe de Cristo y el amor a nuestras glorias nacionales».

A su sustituto, Wenceslao González Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Salamanca, responsable de la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria durante la dictadura de Primo de Rivera, y primer gobernador civil de Barcelona tras la entrada de las tropas de Franco, tampoco le gustaba la Institución Libre de Enseñanza, «la vulpeja burladora». Y aunque González Oliveros mostró abierta simpatía por la causa nazi, creía que el fascismo español no necesitaba importar tradiciones ajenas, porque la guerra y la paz la había ganado una nueva «Falange Imperial Hispánica». Con hombres como él, «el porvenir de la Patria» estaba asegurado. Además de presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, fue nombrado vicepresidente del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y, posteriormente, hasta 1962, sumó a su currículum la presidencia del Consejo Nacional de Educación.

La mayoría de quienes no habían ganado un sitio en esa «Falange Imperial Hispánica» fueron a parar con sus huesos a cárceles, campos de concentración, destacamentos penitenciarios y colonias de trabajos forzosos, la espina dorsal del sistema represivo implantada por la dictadura. El momento con mayor número de presos, según el Anuario estadístico de España, que solo contemplaba «la población penitenciaria», fue a finales de 1939 y comienzos de 1940, con 270 719 reclusos —de los cuales 23 232 eran mujeres— a los que había que sumar las 92 000 personas internadas en diferentes tipos de campos de concentración.

La magnitud de esa cifra, alrededor de 363 000 personas privadas de libertad, se entiende al ponerla en relación con el hecho de que las cárceles durante la República tenían capacidad para apenas veinte mil presos y en esos años, salvo en los meses después de la insurrección de octubre de 1934, la media de reclusos se aproximó a 10 000. En 1943 todavía había 125 000 encarcelados —11 688 mujeres— y cerca de 16 000 personas purgaban sus penas en los 121 destacamentos penales que, desperdigados por toda España, empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción, en carreteras y pantanos. La necesidad de mano de obra, la amenaza de colapso administrativo y la evolución de la segunda guerra mundial, hasta la derrota de los fascismos, hizo descender de forma acusada, a través de una política de excarcelaciones e indultos, eso que el Anuario llamaba «población penitenciaria». Aun así, los excarcelados recibían una tarjeta de libertad vigilada y cuando pasaban por las Comisiones de Exámenes de Penas, creadas el 25 de enero de 1940, necesitaban informes favorables de las autoridades políticas, militares y eclesiásticas.

Los campos de concentración franquistas, bien estudiados por Javier Rodrigo, no fueron de exterminio, sino que se utilizaron para clasificar, reeducar, vigilar y «doblegar» a los prisioneros de guerra. El modelo partía de la guerra, «purgatorios de la República», y cuando fue creado, no existía todavía en ningún sitio de Europa ese sistema de eliminación directa y masiva que pusieron en marcha los nazis a partir del verano de 1941 con la Operación Barbarroja de invasión de la Unión Soviética. Una cosa era un estado policial, como el nazi de antes de la segunda guerra mundial o el construido por la dictadura de Franco, y otra el genocidio. Tampoco los campos soviéticos, por los que pasaron entre 1934 y 1947 cerca de siete millones de personas, fueron designados ni utilizados, a pesar de que así muchos lo propagan, como centros de exterminio.

Esa cultura de la crueldad y de la indiferencia hacia el considerado enemigo se convirtió en una seña de identidad de las dictaduras de toda Europa en los años treinta y cuarenta. La magnitud del problema del confinamiento de millones de hombres y mujeres convertidos en víctimas por las policías estatales se resolvió durante el Tercer Reich, en la Unión Soviética y en los primeros años de la España de Franco, con campos de concentración y de trabajo que resultaban además indispensables para sus economías en un momento en que, por diferentes razones, el mercado de trabajo no proporcionaba la mano de obra necesaria para sostenerlas. Esos campos fueron hijos de la guerra ideológica y no solo un producto de las circunstancias o de la lógica del terror. Los 275 000 republicanos españoles internados en campos franceses, en marzo de 1939, fueron disminuyendo gradualmente hasta quedar en solo unos cuantos miles un año después, en el momento de la invasión de Francia por las tropas nazis.

A partir de esa fecha, unos cuarenta mil republicanos españoles fueron trasladados forzosamente a Alemania a trabajar en las industrias de guerra y muchos de ellos acabaron en campos de concentración, sobre todo en Mauthausen, donde murieron cinco mil de los siete mil que fueron internados. En la Francia de Vichy, Alemania y Argelia, los republicanos españoles fueron tratados durante la segunda guerra mundial como «rojos» que no tenían derecho a la vida. Era la prolongación de lo que tenía lugar en España, de los asesinatos, persecuciones y humillaciones para los vencidos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. «Aquí la libertad solo la concede la muerte», les dijo el comandante Caboche cuando recibió a los españoles supervivientes de la División de Durruti en el campo argelino de Djelfa (donde estuvo el escritor Max Aub desde noviembre de 1941 hasta octubre de 1942).

Pero mantener en la cárcel durante mucho tiempo a tantos prisioneros, torturarlos, dejarles morir de hambre y de epidemias, no fue, como la dura represión de posguerra en general, algo inevitable. Era el castigo necesario para los rojos vencidos. Católicos, falangistas y militares admiraban en aquellos años, aunque lo tuvieran que ocultar después, la limpieza moral y política llevada a cabo por Hitler en Alemania. Vicente Gay y Forner, catedrático de Economía en la Universidad de Valladolid, delegado de Prensa y Propaganda de Franco tras la sublevación de julio de 1936, expresaba su ferviente admiración por la Alemania nazi y consideraba Dachau «un verdadero establecimiento educativo», una «aldea higienizada», ideal para los prisioneros.

El sistema de redención de penas por el trabajo, que su principal inspirador, el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, atribuía a una nueva concepción «cristianísima» del sistema penitenciario auspiciado por el Caudillo, resultó también un excelente medio de proporcionar mano de obra barata a muchas empresas y al propio estado. En Asturias se levantaron nuevas cárceles alrededor de las minas de carbón para poder explotar a los presos. En las minas de mercurio de Almadén y en las de carbón de León y del País Vasco se utilizaron numerosos presos y cientos de ellos trabajaron en la construcción del canal del Bajo Guadalquivir (el «Canal de los Presos»). Algunos embalses y pantanos, que Franco inauguró a partir de los años cincuenta, como los del Pirineo oscense y el de Yesa en Zaragoza, fueron construidos con mano de obra forzosa, que también participó en la reconstrucción de pueblos y ciudades dirigida por la Junta de Regiones Devastadas. Así se levantó también el simbólico pueblo nuevo de Belchite, inaugurado en 1954.

En las dos décadas de construcción del Valle de los Caídos —aquel lugar grandioso levantado para desafiar «el tiempo y el olvido» y homenaje al sacrificio de los «héroes y mártires de la Cruzada», inaugurado el 1 de abril de 1959—, trabajaron en total unos veinte mil hombres, muchos de ellos, sobre todo hasta 1950, «rojos» cautivos de guerra y prisioneros políticos, explotados por las empresas que obtuvieron las diferentes contratas de construcción, Banús y Agromán y Huarte. La cárcel y la fábrica, bendecidas por la misma religión, se confundieron en esos primeros años del franquismo y formaron parte del mismo sistema represivo. A los presos políticos les daban trabajo y a los trabajadores «libres» les disciplinaban con la propaganda patriótica y la religión.

Toda esa maquinaria de terror organizada desde arriba requería, sin embargo, una amplia participación «popular» de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no solo se encontraban los beneficiarios naturales de la victoria, la iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre. La purga era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la comunidad, la gente de orden, las autoridades, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de los «indeseables», «animales» y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aprobaban muchos más, que veían políticamente necesario el castigo de sus vecinos, a quienes acusaban o no defendían si otros los acusaban.

Eran tiempos de odios personales, de denuncias y de silencio. En Valencia, donde, tras la caída en manos de los franquistas, la Columna de Orden y Política de Ocupación bajo el mando del coronel Antonio Aymar inició un sangriento castigo, las autoridades establecieron desde el primer día centros de recepción de denuncias, a cuyas puertas se formaron largas colas de ciudadanos que buscaban venganza o querían evitar que la represión se descargase sobre ellos mismos, aleccionados por los avisos que se lanzaban desde el gobierno militar: «Toda persona que conozca la comisión de un delito llevado a cabo durante la época de dominación roja, se halla obligada a denunciar el hecho… a fin de llevar a cabo en la debida forma el espíritu de justicia que anima a nuestro Caudillo».

Colaborar mediante la delación significaba implicarse también en la incoación de la amplia gama de procesos sumariales desplegada por los vencedores. Por eso se insistía tanto en la participación activa y se perseguía y se sancionaba la pasividad. El terror exigía también romper los lazos de amistad y de solidaridad social, impedir cualquier germen de resistencia. Porque denunciar «delitos», señalar a los «delincuentes», era cosa de los «buenos patriotas», de quienes estaban forjando la «nueva España». La denuncia se convirtió así en el primer eslabón de la justicia de Franco, una forma estimulada de poder saltar la barrera construida entre los rojos y los vencedores.

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado vacantes en la Administración del estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Una ley de 10 de febrero de 1939 institucionalizó la depuración de los funcionarios públicos, un proceso que los militares rebeldes habían iniciado sin necesidad de leyes en el verano de 1936. Detrás de esa ley, y en general de todo el proceso de depuración, había un doble objetivo: privar de su trabajo y medios de vida a los «desafectos al régimen», un castigo ejemplar que condenaba a los inculpados a la marginación; y, en segundo lugar, asegurar el puesto de trabajo a todos los que habían servido a la causa nacional durante la guerra civil y mostraban su fidelidad al Movimiento. Ahí radicaba una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la «adhesión inquebrantable» de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Un año después de acabada la guerra, la dictadura montó y puso en marcha un sistema de denuncia legal, un instrumento estatal para estimular la delación. La «Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación» fue creada por el decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940 con el fin de «investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados».

En la práctica, la «Causa General», que recopiló montañas de documentos, consiguió varias metas. Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del «terror rojo» durante la guerra civil. Compensó a las familias de las víctimas de esa violencia, confirmando la división social entre vencedores y vencidos. Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos. Las investigaciones realizadas sobre ese tema descubren los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde el principio. En palabras de Conxita Mir, era una sociedad «vigilada, silenciada, convertida casi en espía de sí misma, en la que… la colaboración fue imprescindible para garantizar con eficacia el reemplazo de la política de masas por la sumisión al poder».

Todos esos informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, de la gente «corriente», los avales y salvoconductos necesarios para vivir, dan testimonio del grado de implicación de la población en ese sistema de terror. Y eso significa, en suma, que el franquismo no solo vivió de violencia y terror, ni se sostuvo únicamente con la represión.

Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción. Pasados los años más sangrientos, lo que se manifestó en realidad fue un sistema policial y de autovigilancia donde nada invitaba a la desobediencia y menos aún a la oposición y a la resistencia. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las formas de convivencia impuestas por los vencedores. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural, fueron obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes. Acosados y denunciados, los militantes de las organizaciones políticas y sindicales del bando republicano llevaron la peor parte. A los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.

Hubo quienes resistieron con armas a la dictadura, los llamados maquis o guerrilleros. Su origen estaba en los «huidos», en aquellos que para escapar a la represión de los militares rebeldes se refugiaron en diferentes momentos de la guerra civil en las montañas de Andalucía, Asturias, León o Galicia, sabiendo que no podían volver si querían salvar la vida. La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que no aceptaron doblar la rodilla ante los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista ensayados en Francia contra los nazis. Aunque muchos socialistas y anarquistas lucharon en las guerrillas, solo el PCE apoyó claramente esa vía armada. En esa década de los cuarenta, unos siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes del suelo español y unos sesenta mil enlaces o colaboradores fueron a parar a las cárceles por prestar su apoyo. Si consideramos válidas las fuentes de la Guardia Civil, 2173 guerrilleros y 300 miembros de las fuerzas armadas murieron en los enfrentamientos.

Hasta el final de la segunda guerra mundial, soñaron en la posibilidad de derribar a la dictadura. Además, bastantes de los antiguos luchadores del bando republicano, vencidos y exiliados, se enrolaron en la resistencia francesa contra el nazismo, pensando que aquella era todavía su guerra, la que acabaría con todos los tiranos, y Franco era el mayor de ellos, permitiéndoles volver a sus casas, a sus trabajos y a sus tierras. La operación más importante en aquellos años de guerra mundial fue la invasión del valle de Arán, en la que entre tres mil quinientos y cuatro mil hombres ocuparon varias poblaciones del Pirineo desde el 14 al 28 de octubre de 1944, hasta que Vicente López Tovar, el jefe militar de las operaciones, tuvo que ordenar la retirada, dejando un balance de unos sesenta muertos y ochocientos prisioneros.

Murieron Hitler y Mussolini, las potencias del Eje fueron derrotadas y Franco siguió. Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, «dulcificó» sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo relajarse, ofrecer un rostro más amable. Pero la dictadura nunca renunció a la guerra civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez para preservar la unidad de esa amplia coalición de vencedores y para seguir humillando a los vencidos. La represión fue una útil inversión que Franco supo administrar hasta el final, «una política social de “limpieza” y “depuración” de enemigos y desafectos —en palabras de Enrique Moradiellos—, enormemente fructífera para la dictadura franquista, sin la cual no resulta cabalmente comprensible su consolidación y pervivencia durante tantos años y en tan diferentes contextos internacionales».

Unos meses después del final de la guerra civil, el ataque del ejército alemán a Polonia, en septiembre de 1939, daba inicio a otra guerra en Europa, la segunda del siglo XX, que se convertiría en confrontación mundial tras el bombardeo japonés a la base naval norteamericana de Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941. Fue una guerra global, seis años de destrucción y muerte, que Franco y su dictadura pudieron evitar, aunque hubo miles de españoles que participaron también en los combates, contra el fascismo o contra el comunismo, un segundo acto de la tragedia que justamente acababan de dejar atrás en su país. Y fueron en esos años de posguerra española y de guerra mundial, cuando Franco construyó su paz, salvó a su Patria y presidió la construcción de su nueva España.

LA NUEVA ESPAÑA

En esa nueva España mandaron a partir del 1 de abril de 1939 Franco y su ejército, y juntos se mantuvieron, sin apenas fisuras, durante casi cuarenta años. En el primer gobierno nombrado por Franco después de la guerra, el 9 de agosto de 1939, los militares ocuparon cinco de los catorce ministerios, entre ellos, y como iba a ser habitual durante toda la dictadura, los entonces creados Ministerio del Ejército, de la Marina y del Aire. Durante los primeros años de la posguerra, hasta la derrota de las potencias del Eje en 1945, los militares tuvieron una importante presencia en cargos ministeriales y en la Administración del estado.

Aunque se mantuvo el estado de guerra hasta abril de 1948, el ejército ya no fue el principal encargado del orden público, como había ocurrido tradicionalmente en la España contemporánea, porque se crearon nuevas fuerzas armadas con poderosos mecanismos de represión. En primer lugar, se reorganizó, en marzo de 1940, la Guardia Civil, con la expulsión de cinco mil guardias por su apoyo a la República o su tibia adhesión al Movimiento y la incorporación de cientos de guardias que habían destacado en la guerra como alféreces provisionales. Dirigida entre 1943 y 1955 por el general Camilo Alonso Vega, veterano de la guerra en África y amigo íntimo de Franco, la Guardia Civil se convirtió en un cuerpo rígidamente disciplinado y militarizado que se encargó en esos difíciles años cuarenta de la lucha contra la guerrilla.

El Cuerpo de Seguridad y Asalto, creado por la República y que había sido dirigido en sus primeros años por el general Agustín Muñoz Grandes, fue disuelto y la ley de 8 de marzo de 1941 creó la Policía Gubernativa, compuesta por el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada y de Tráfico. A las primeras promociones de esa Policía Armada acudieron excombatientes seleccionados «entre los mejores de la guerra de liberación», muy leales al Caudillo, falangistas y requetés. El Cuerpo General de Policía, del que dependía la Brigada Político-Social, y la Policía Armada fueron, junto con la Guardia Civil, los encargados de reprimir y vigilar la disidencia y mantener el nuevo orden que, según esa ley, «en los estados totalitarios» se lograba «merced a una acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad».

Ese estado policial, y que se definía entonces, sin complejos, como totalitario, tuvo a su favor, en los primeros años, el viento fascista que soplaba entonces en Europa, procedente de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, cuya intervención y ayuda habían sido decisivas para el triunfo de las tropas de Franco frente a la República. Y aunque la política exterior franquista se alineó sin reservas con las potencias fascistas, España no participó oficialmente en la segunda guerra mundial porque su desastrosa situación económica y militar se lo impedía y porque su intervención tenía costes demasiados altos para Alemania e Italia. Así quedó demostrado en las respectivas entrevistas que Franco mantuvo con Hitler en Hendaya, el 23 de octubre de 1940, y con Mussolini, en Bordighera, en febrero del año siguiente. Los principales líderes fascistas europeos siempre consideraron a Franco como el dictador de un país débil que apenas contaba en las relaciones internacionales.

El fervor de Franco y del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación de la División Azul. Cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja y las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, propuso a su cuñado, el general Francisco Franco, formar una unidad de voluntarios para luchar junto a los alemanes «contra el enemigo común»: los bolcheviques, los masones y los judíos. Se la llamó División Azul, un nombre propuesto por el falangista José Luis Arrese, pero en realidad fue la 250.ª División de la Wehrmacht, formada por españoles que juraron lealtad al Führer. Hasta la disolución de sus últimos restos en marzo de 1944, pasaron por ella cerca de cuarenta y siete mil combatientes en el frente ruso norte y en el asedio a Leningrado. Cobraban los haberes de un soldado alemán, además de un subsidio que recibían sus familias, y se les prometió trabajo a su regreso, aunque cinco mil de ellos murieron en combate en aquel frente oriental.

Un tercio de los dieciocho mil que salieron en el primer reemplazo, en julio de 1941, eran estudiantes universitarios, del SEU, falangistas que querían «pagar dos deudas de sangre», vengarse de los comunistas que lucharon en la guerra civil española y devolver a los alemanes su generosa y decisiva contribución a la victoria de Franco. Hubo desde el principio muchos militares en busca de aventura, gloria y ascensos. Soldados que acudían para expiar el pecado de haber combatido en el lado equivocado durante la guerra entre españoles. Y se incorporaron después nuevos voluntarios, obreros, jornaleros y campesinos sin recursos, motivados por una buena paga, en tiempos de hambre, represión y miseria, y por ese subsidio que añadían sus familias.

Por la División Azul pasó gente ilustre muy bien situada ya entonces en el armazón político de los vencedores, como los falangistas Dionisio Ridruejo y Agustín Aznar o el catedrático de Derecho, Fernando Castiella, posteriormente ministro de Asuntos Exteriores entre 1957 y 1969, además de la flor y nata del fascismo, del militarismo y de la ultraderecha de aquel período, encabezados por su jefe, el general falangista Agustín Muñoz Grandes.

La calamitosa situación económica de España había condicionado la decisión de Franco en sus negociaciones con Hitler y marcó la vida de millones de ciudadanos durante más de una década. Los datos sobre los costes económicos y sociales de esa larga posguerra son concluyentes. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de preguerra durante toda la década de los cuarenta. Los precios aumentaron, a ritmo de brotes inflacionistas, desde un 13 % de media en los primeros años hasta el 23 % en el bienio 1950-1951. La renta per cápita apenas progresó hasta 1950 y el máximo productivo de preguerra en el sector industrial no se recuperó hasta 1952.

En esa España de penuria, hambre, miedo, cartillas de racionamiento, estraperlo y altas tasas de mortandad por enfermedades, la militarización, el orden y la disciplina se adueñaron del mundo laboral. La ley de 29 de septiembre de 1939 le dio a Falange Española el patrimonio de los «antiguos sindicatos marxistas y anarquistas». Los militantes del movimiento obrero, colectivistas, revolucionarios y rojos perdieron sus trabajos y tuvieron que implorar de rodillas su readmisión. La prohibición del derecho de asociación y de huelga llevaron a las catacumbas a lo poco o nada que quedaba de esas organizaciones sindicales. Ya no tenían dirigentes —habían muerto o estaban en la cárcel—, ni locales para reunirse, ni espacio para la protesta.

El viento totalitario sopló también en esos años en la política interior de la dictadura, que vivió su período máximo de «fascistización», iniciado ya en la guerra civil con la intervención alemana e italiana. Fue también el momento de mayor poder y gloria para Ramón Serrano Suñer, ministro de Gobernación desde enero de 1938, un cargo que no abandonó hasta mayo de 1941, jefe de la Junta Política de la entonces influyente Falange y ministro de Asuntos Exteriores desde el 16 de octubre de 1940 hasta el 3 de septiembre de 1942, cuando fue destituido tras el enfrentamiento en el santuario de la Virgen de Begoña, en Vizcaya, entre carlistas y un grupo de falangistas.

La derrota y persecución del movimiento obrero allanó el camino para la creación de la Organización Sindical Española (OSE), «instrumento de encuadramiento y de control de los trabajadores, de disuasión ante posibles actitudes de protesta y de reivindicación, y de represión si la función disuasoria fracasaba». El aparato sindical franquista, como han demostrado Carme Molinero y Pere Ysàs, fue una pieza esencial de la dictadura que, al intentar el sometimiento de la clase obrera y la eliminación de la lucha de clases, «coincidía con el carácter y la función de los aparatos sindicales de otros fascismos europeos». La OSE la componían 28 corporaciones laborales o sindicatos verticales, que agrupaban a trabajadores y empresarios por ramos de producción, controlados por la burocracia falangista. El Sindicato Vertical era, además, el encargado de movilizar a las masas para mostrar la apasionada adhesión a Franco y a las autoridades en actos y actividades oficiales.

Serrano Suñer trazó en esos primeros años de «fascistización» de la dictadura un plan de adoctrinamiento, propaganda y movilización social, que Franco apoyó mientras duraron los éxitos militares de las potencias del Eje. La voluntad de control de la opinión pública se manifestó en la puesta en marcha de una extensa cadena de Prensa del Movimiento, de una red de emisoras de radio y de los «Noticiarios y Documentales» (NO-DO) de obligada proyección en todos los cines. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, que estuvo vigente hasta la ley de 1966, convirtió a los medios de comunicación, como se decía en su preámbulo, en órganos decisivos «en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva».

El partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, denominado también Movimiento Nacional, pasó de 240 000 afiliados en 1937 a casi un millón en 1942. Sus dirigentes, junto con los militares, ocupaban los altos cargos de la Administración central, y falangistas eran también muchos de los gobernadores civiles, alcaldes y concejales. Las principales secciones de la organización, que antes de la guerra civil, como el partido en general, apenas tenían afiliados, se convirtieron en instituciones estatales. El SEU fue el instrumento de control de los universitarios, obligados desde 1943 a inscribirse en él. El Frente de Juventudes se encargó de la educación política y paramilitar de miles de jóvenes. Y la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange, formó a las mujeres españolas en la sumisión y subordinación a los hombres. Millones de ellas prestaron un Servicio Social de un mínimo de seis meses, que proporcionaba mano de obra gratuita en diferentes instituciones sociales.

Cuando la suerte de la segunda guerra mundial empezó a cambiar claramente a favor de las potencias aliadas, la propaganda de la dictadura comenzó a presentar a Franco como un estadista neutral e imparcial que había sabido librar a España de aquel desastre. Había que desprenderse de las apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española. El régimen que había salido de la guerra civil nada tenía que ver con el fascismo, declaró Franco en una entrevista a United Press el 7 de noviembre de 1944, porque el fascismo no incluía al catolicismo como principio básico. Lo que había en España era una «democracia orgánica» y católica.

El catolicismo, que había cohesionado a las diferentes fuerzas del bando sublevado durante la guerra civil, cumplió en la victoria una función similar. Isidro Gomá, cardenal de Toledo y primado de España, uno de los artífices de la conversión de la guerra civil en cruzada, amigo de Franco y acérrimo defensor de su autoridad, murió el 22 de agosto de 1940. Su sustituto, Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca e ideólogo de la cruzada, mantuvo a la iglesia Católica española en «amistosa concordia», como él la llamaba, con el nuevo estado. Estaba convencido, y así lo manifestó en diversas ocasiones, que la guerra civil española había sido un plebiscito armado, que la represión de posguerra era una «operación quirúrgica en el cuerpo social de España» y que, vencidas las potencias fascistas, no había nada que revisar porque la iglesia española disfrutaba de los frutos y de la plenitud de poderes que la sacralización de la guerra y su identificación con la dictadura franquista le habían otorgado.

Ya durante la guerra civil, pero sobre todo a partir de la victoria, la jerarquía eclesiástica se planteó muy en serio el objetivo de recatolizar España a través de la educación. Contaron para ello con intelectuales católicos «fascistizados», a quienes Franco entregó el Ministerio de Educación. En su primer gobierno, nombrado el 30 de enero de 1938, el cargo se lo dio a Sainz Rodríguez, un catedrático de universidad de la extrema derecha alfonsina. Acabada la guerra, cuando Franco formó su segundo gobierno, el 9 de agosto de 1939, José Ibáñez Martín fue el elegido. Se mantuvo al frente del Ministerio hasta 1951, doce años en los que tuvo tiempo de culminar la depuración del Magisterio, de catolizar la escuela y de favorecer con generosas subvenciones a las escuelas de la iglesia.

Ibáñez Martín mantuvo como principales responsables de su Ministerio a Tiburcio Romualdo de Toledo y José Pemartín, dos ultracatólicos de la etapa de Sainz Rodríguez, e incorporó también a algunos «camisas viejas» de Falange, un ejemplo más de esa mixtura de fascismo y catolicismo que dominó la sociedad española de posguerra. Entre todos ellos echaron de sus puestos y sancionaron a miles de maestros y convirtieron las escuelas españolas en un botín de guerra repartido entre las familias católicas, falangistas y excombatientes. La inhabilitación y las sanciones afectaron también de lleno a los profesores de universidad, cuyos puestos se los distribuyeron, bajo el atento manejo de Ibáñez Martín, los propagandistas católicos y el Opus Dei.

La iglesia era el alma del nuevo estado, resucitada después de la muerte a la que le había sometido el anticlericalismo. La iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la Administración y los centros de poder. Los ritos y las manifestaciones litúrgicas, las procesiones y las misas de campaña llenaron las calles de pueblos y ciudades, conviviendo con el saludo romano, llamado «nacional» en vez de fascista, el canto del «Cara al sol» y el culto al jefe, cuyo rostro se recordaba en las monedas con la leyenda «Caudillo de España por la gracia de Dios».

Los obispos atacaban el «desenfreno deshonesto» y recomendaban a las mujeres una «explosión de lo español» en el vestir. Las mujeres fueron relegadas a las «labores de su sexo», privadas de cualquier autonomía jurídica, económica y cultural, y condenadas a la obediencia y al sacrificio. Así se recatolizaba España, con rosarios, misiones populares, campañas de moralidad contra la blasfemia, cursillos de cristiandad y ejercicios espirituales. Y la iglesia estaba feliz con esa «apoteosis católica», con esa «inflación religiosa», con «actos aparatosos de catolicismo belicoso», como los llamó desde su exilio particular en Roma el cardenal Francesc Vidal i Barraquer.

Esa simbiosis entre la patria y la religión, el nacionalcatolicismo, se cimentó tras la sublevación militar de julio de 1936 como aglutinante de los heterogéneos grupos del bando rebelde y salió de la guerra, en palabras de Alfonso Botti, «como ideología unificadora y hegemónica» de esa coalición reaccionaria que se concentró en torno a la autoridad del general Franco. El nacionalcatolicismo, como antídoto perfecto frente a la República laica, el separatismo y las ideologías revolucionarias, tuvo un significado específico para burgueses y terratenientes, para los militares y para un amplio sector de pequeños propietarios rurales y clases medias urbanas. Resultó una ideología eficaz para la movilización de todos esos grupos que se propusieron desterrar los conflictos sociales y darles una solución quirúrgica.

El ejército, la Falange y la iglesia representaban, en suma, a esos vencedores y de ellos salieron el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los fieles siervos de la Administración. Esas tres burocracias rivalizaron entre ellas por incrementar las parcelas de poder, rivalidades que investigaciones recientes han detallado en muchas ciudades y pueblos de España. El reparto fue difícil, y la disputa entre los que siempre habían ejercido el poder y los advenedizos afiliados a Falange crearon tensiones aireadas por los órganos de expresión católicos y falangistas y registradas en muchísimos documentos. Parece claro que en la España de Franco el poder no residía en el partido, sino en el tradicional aparato del estado, empezando por sus fuerzas armadas, en la iglesia Católica, en los propietarios, muchos de ellos convertidos al falangismo, y, por supuesto, en Francisco Franco, generalísimo, caudillo y santo.

Tras la caída de los fascismos en Europa, la defensa del catolicismo como un componente básico de la historia de España sirvió a la dictadura de pantalla en ese período crucial para su supervivencia. El nacionalcatolicismo acabó imponiéndose en un país convertido en reino sin rey en 1947, aunque tenía caudillo, y en el que el partido único dejó de tener aliados en Europa a partir de 1945.

Cayeron los fascismos y Franco siguió, aunque su dictadura tuvo que vivir unos años de ostracismo internacional. El 19 de junio de 1945, la conferencia fundacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en San Francisco, aprobó una propuesta mexicana que vetaba expresamente el ingreso de España en el nuevo organismo. A ese veto siguieron diferentes condenas, el cierre de la frontera francesa o la retirada de embajadores, pero nunca llegaría lo que esperaban muchos republicanos en el exilio y en la propia España: que las potencias democráticas expulsaran a Franco por ser un sangriento dictador, elevado al poder con la ayuda de las armas de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

En realidad, la España de Franco no tenía, ni podía tener, un papel central en la política internacional en esos años y, según Enrique Moradiellos, «las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor e inevitable». Además, por muy democráticas que fueran esas naciones, la dictadura de Franco siempre contó en el mundo con la simpatía y apoyo de amplios sectores católicos y conservadores. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia, estaba convencido de que las grandes potencias occidentales capitalistas no tomarían ninguna medida enérgica, militar o económica, contra una España católica y anticomunista. Se lo dijo a Franco en uno de los informes que le enviaba a menudo en aquellas difíciles fechas: «la única fórmula para nosotros no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar».

Y aguantaron, administrando las rentas de esa inversión duradera que fue la represión, con leyes que mantuvieron los órganos jurisdiccionales especiales durante toda la dictadura, con un ejército que, unido en torno a Franco, no presentaba fisuras, con la máscara que la iglesia le proporcionó el Caudillo como refugio de su tiranía y crueldad, y con el apoyo de amplios sectores sociales, desde los terratenientes e industriales a los propietarios rurales más pobres. Después llegarían los grandes desafíos generados por los cambios socioeconómicos y la racionalización del estado y de la Administración, pero el aparato del poder político de la dictadura se mantuvo intacto, garantizados el orden y la unidad. Como había previsto Carrero Blanco.

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Años de gloria, años de sombra, tiempos de crisis

Años de gloria, años de sombra, tiempos de crisis

Ángel Viñas

LA DICTADURA EMPRENDIÓ el camino de su consolidación al comienzo de los años cincuenta. No sin dificultades. Por sorprendente que pueda parecer, en la perspectiva de hoy las más allanables fueron desde el primer momento las relacionadas con su aceptación internacional. Los costes en que se incurrió se disimularon cuidadosamente. Algo más complicadas fueron las dificultades relacionadas con la «normalización» económica pero, al final, se echaron al cubo de la basura los tan queridos planteamientos autárquicos que defendieron con uñas y dientes Franco mismo y su fiel escudero Carrero Blanco y se abrió, aunque nunca lo suficiente, el anquilosado y superintervenido sistema económico en proa a una crisis de balanza de pagos. Ante el ser y el no ser, no fue imposible, aunque sí difícil, inclinar a Franco hacia lo primero. El éxito suscitó ilusiones y generó posibilidades de proseguir la ansiosa búsqueda de abrazos exteriores. Se hizo. Sin embargo, de hecho resultó insoluble taponar durablemente las contradicciones que surgieron entre la liberalización económica y el encorsetamiento político-institucional. Los objetivos esenciales, ya aparentes desde 1945, se mantuvieron de manera rígida: promover la respetabilidad del «régimen del 18 de julio» y, con ella, la de la augusta persona que conducía una España rescatada, para siempre, de los demonios al acecho del comunismo, del liberalismo, del socialismo y de la masonería en un marco de «democracia orgánica». Tras su fallecimiento, se evidenció su fracaso absoluto. La dictadura, que algunos ya empezaron a rebautizar «científicamente» en los años sesenta como mero «régimen autoritario», siempre fue «no homologable».

HACIA LA ACEPTACIÓN EXTERIOR Y LA BÚSQUEDA DE LA GLORIA

A pesar de interpretaciones interesadas en sentido contrario, Franco comprendió pronto que la derrota de las potencias fascistas en la segunda guerra mundial no implicaba peligros existenciales para su régimen. Como mucho una travesía del desierto más o menos larga. Entre los vencedores nunca hubo demasiado apetito para tomar medidas contra la dictadura (lo que la oposición en el exilio tardó en comprender en toda su significación). Franco, por el contrario, conocía a la perfección lo que significaba tener en su mano la posibilidad de jugar una carta absolutamente fundamental. Ya la había utilizado durante la guerra civil. Lo repitió, con mayor éxito, en la segunda guerra mundial. La carta era la posición geoestratégica de España. En la primera ocasión, para conseguir que se aceptara su neutralidad en el caso de una crisis europea en conexión con las amenazas alemanas sobre Checoslovaquia. Durante el segundo conflicto porque constantemente había recibido seguridades a nivel creciente acerca de la intención de los aliados occidentales de no proceder contra España con tal de que se mantuviese no beligerante.

La incipiente guerra fría (la división entre los Aliados había sido una de las constantes de la propaganda goebbelsiana, de fuerte efecto en España) reforzó las anteriores experiencias. Había, por consiguiente, que aguantar la marejada. El entonces subsecretario de la Presidencia y posterior consejero áulico, almirante Luis Carrero Blanco; algunas cabezas pensantes (hoy olvidadas) de un Ministerio de Asuntos Exteriores de obediencia nacionalcatólica; los consejos del Vaticano y más tarde la actuación en Estados Unidos del denominado Spanish lobby obraron en la misma dirección. Tras la tempestad vendría la calma. La dictadura tendría, simplemente, que desprenderse de una cierta parafernalia fascista, remozar su imagen y, sobre todo, no ceder en lo sustancial. Franco había aprendido, por lo demás, que mostrar debilidad podía resultarle fatal.

La supresión del saludo a la romana, un remedo de bill of rights en el formato del inefable Fuero de los Españoles (julio de 1945) y las leyes del referéndum nacional (octubre de 1945) y de sucesión a la Jefatura del estado (julio de 1947), amén de otras medidas cosméticas, cubrieron la papeleta. Casi pasó desapercibido el levantamiento del estado de guerra (que se arrastraba desde 1936). En realidad no varió un ápice la extraordinaria capacidad represiva, bien engrasada y experimentada. Se intensificó, aunque era difícil superar antecedentes, la mitologización de la figura sobrehumana del Caudillo que había mantenido la neutralidad española contra viento y marea y que seguía empeñado en la tarea de reconstruir económica, social y espiritualmente a España. La exaltación hipernacionalista («si ellos tienen UNO, nosotros tenemos dos») ante el «ataque» de Naciones Unidas y su presunto «cerco internacional» (duración máxima: cuatro años) hizo el resto.

Solo la economía creaba preocupación. El intervencionismo abarcaba todo, en un sistema que seguía siendo casi de guerra. Los precios, la producción, el consumo, el comercio interior y exterior estaban encorsetados. Los medios eran variadísimos: autorizaciones para instalación, ampliación o traslado de industrias; registros; censos; cuotas; racionamiento de bienes de consumo y de producción; guías de transporte; salvoconductos; cupos obligatorios; inspecciones de todo tipo; fijación de salarios por el estado; mercado negro amplísimo. Faltaba, al tiempo, un desarrollo sistemático de la legislación mercantil. Incluso los análisis internos de una burocracia corrompida y, en general, mediocre advertían de la gravedad de la situación. La necesidad de divisas era angustiosa. Las medidas ortopédicas adoptadas (fueron muchas y crecientemente complicadas) revelaron una y otra vez su insuficiencia. Las tensiones inflacionistas eran difíciles de controlar.

Naturalmente, el apoyo exterior era inexistente. La exclusión del Plan Marshall se hizo realidad. Participar en él es algo que Franco no se había atrevido a solicitar por si se encontraba con un rechazo, pero el comprobarlo resultó doloroso. Así pues, Franco, se aferró a la máxima de que «la intendencia ya se movería». Si se habían superado los constreñimientos de la guerra mundial, también se triunfaría de las limitaciones económicas. Lo primero, lo fundamental, era conseguir una cierta seguridad para el régimen. Esta solo podía proceder del exterior.

Los rayitos de luz no tardaron en percibirse. Vinieron de fuera. Los norteamericanos, antaño englobados en la «científica» categoría de «democracias decadentes», mostraron interés por alquilar partes del patrimonio inmobiliario español. Los primeros signos, minúsculos, ya se habían manifestado en fecha tan temprana como 1945. Al descender en Europa el telón de acero (expresión acuñada por Churchill en su correspondencia con Truman en 1945) y caer Checoslovaquia, la que parecía imparable progresión del rodillo soviético (China, Corea) realzó el papel de la Península como plataforma para una eventual retirada de los ejércitos occidentales y de lanzamiento de la reacción que procedería de allende el Atlántico.

El acercamiento hacia Estados Unidos se hizo rápidamente y desde un principio prometió dividendos sustanciales. Los primeros fueron una modestísima ayuda económica (62,5 millones de dólares) en la que el Spanish lobby demostró sus potencialidades. El envío de varias misiones exploratorias en los ámbitos estratégico y económico indujo a Franco a dejarse querer. No tenía mucho que perder, y en 1952 el levantamiento (presentado con carácter temporal, por si las moscas) del sistema de racionamiento de los principales productos alimenticios redujo tensiones internas. Cuando algunas desbordaron los estrechos límites tolerados, la represión no se hizo esperar.

En paralelo fue negociándose un concordato que reflejaba todos los deseos que la iglesia Católica, sociedad perfecta por definición legal, podía pedir a un estado. Un tratadista de la época lo consideró como «el más conforme a la doctrina de la Iglesia que haya podido ajustarse a través de todas las épocas de la historia». Ilustres y sesudos varones, seglares y clérigos, se pronunciaron en el mismo sentido. Fue, en efecto, un triunfo espectacular del Vaticano. Se reflejó en cesiones muy sustanciales en el plano económico y en facilidades siempre ambicionadas por la jerarquía española en materias tales como la educación y la conducción moral de la sociedad. En comparación con ello, la confirmación solemne de los compromisos existentes desde 1941 en materia de presentación de nombres por parte de Franco (una de las prerrogativas tradicionales de los monarcas españoles) para la designación de arzobispos y obispos y, en particular, la introducción de las preces que desde entonces se elevaron en todas las misas en España por el jefe del estado robustecieron la imagen de un Caudillo que también lo era «por la gracia de Dios».

El espaldarazo que Franco se prometía de Estados Unidos obedecía a necesidades mucho más concretas y pragmáticas: representaba el abrazo político de la superpotencia occidental. Eliminaba, naturalmente, la neutralidad española (ya quebrantada en 1940 con la adhesión al pacto de Acero nazi-fascista, pero siempre distorsionada). Así, que, en buena técnica negociadora, se dilató un poco para ver si era posible arañar alguna ayuda económica adicional a la que en Washington se había previsto. La que finalmente se consiguió no fue como para echar las campanas al vuelo (una gran parte se dedicaría a inversiones relacionadas con la implantación militar en España y la modernización de sus fuerzas armadas), pero siempre fue premonitoria: con un poco de suerte, llegaría más. Las minutas españolas que reflejan el proceso negociador siguen considerándose todavía (sesenta años más tarde) como un secreto de estado. Ello no obstante, por parte española se revelaron en 1979 las concesiones políticas, jurídicas, institucionales, operativas y estratégicas que apuntalaron una densa red de instalaciones y facilidades militares en las que los españoles se reservaron el derecho a exhibir la bandera y poco más. Todavía en 1976 el Ministerio de Asuntos Exteriores hubo de reconocer públicamente que desconocía la extensión exacta de la implantación militar norteamericana en España.

Los denominados pactos de Madrid se firmaron en el regocijo mutuo el 26 de septiembre de 1953 (un mes después del concordato). Constaban de un convenio defensivo con una nota secreta, un acuerdo técnico secreto y cuatro documentos técnicos anejos, también secretos; un convenio sobre ayuda para la mutua defensa y un convenio sobre ayuda económica. En el desarrollo del primer convenio, con diferencia el más importante, se negoció (es un decir) más de una veintena de acuerdos de procedimiento (también secretos) en los años siguientes.

La pieza clave de todo este aparato secreto, siempre silenciado durante la dictadura, fue la denominada, sobriamente, «nota adicional al artículo III del convenio defensivo». Servía para especificar las condiciones a que quedase sujeto el empleo de la implantación militar norteamericana. Su importancia deja minúscula la de los pactos de Hendaya, tan mitificados en la literatura como prueba de la sagacidad y prudencia del inmarcesible Caudillo.

El gato al agua se lo llevaron los norteamericanos a pesar de las resistencias de Franco y sus negociadores. En román paladino, se les otorgó un cheque en blanco. En el caso, por ejemplo, «de evidente agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente», los norteamericanos podrían «hacer uso de las zonas e instalaciones… en la forma que fuera necesario para la defensa de Occidente». La única «limitación» es que los norteamericanos lo comunicarían con la máxima urgencia al gobierno español. Es decir, a las 11.55. Ni que decir tiene que en alguna ocasión lo hicieron a las 11.59. Afortunadamente, sin que hubiese mediado tal «evidente agresión».

Los pactos, desde luego, tampoco representaban el menor compromiso de respaldar al régimen ante escenarios de seguridad españoles que no estuvieran ligados de forma directa a la confrontación Este-Oeste. A los norteamericanos podían no gustarles Franco y su dictadura, pero siempre apreciaron enormemente la importancia geoestratégica de España.

De todas formas, los pactos constituyeron el acontecimiento singular que de forma más decidida tuvo, de hecho, una importancia auténticamente estructural sobre España. Terminaron incidiendo de manera decisiva en la evolución económica, política y social española aparte de insertar al país en los esquemas estratégicos norteamericanos de la guerra fría. Sin ellos es imposible comprender la ulterior marcha de la dictadura. Gravitaron sobre la Transición. La España de nuestros días sería sin ellos impensable. Generaron gloria. También sombras. La primera se exhibió sin pudor. Las segundas se ocultaron cuidadosamente. Hoy es habitual centrarse en los efectos colaterales ya que, por fortuna, la implantación militar no llegó a utilizarse. La guerra fría nunca degeneró en caliente. La dictadura aportó su granito de arena y los norteamericanos la recompensaron por su apoyo.

LA MARCHA HACIA LA APERTURA ECONÓMICA

La seguridad político-militar que, hasta cierto punto, garantizaban los pactos de cara al interior no puede sobreenfatizarse. También facilitó proseguir el camino emprendido con resultados nada desdeñables. Sin ellos es difícil que España hubiese podido ingresar en las Naciones Unidas. Lo hizo en diciembre de 1955 tras unas largas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en las cuales cada parte quiso introducir a una serie de estados «de su bando». Franco contempló los toros desde la barrera, porque por sí solo no podía hacer mucho más salvo esperar.

La cualidad de miembro de Naciones Unidas abrió la puerta para el ingreso en una serie de organismos especializados que hasta entonces habían estado vedados. Los más importantes fueron los organismos de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Ya en 1956 la burocracia diplomática y económica del régimen había empezado a juguetear con la idea. Su puesta en práctica correspondió, sin embargo, a los ministros «tecnócratas» del gobierno de 1957, uno de los puntos de inflexión en la evolución política de la dictadura. Fernando María Castiella en Exteriores, Alberto Ullastres en Comercio y Mariano Navarro Rubio en Hacienda (los dos últimos ligados al Opus Dei) avanzaron sus peones rápidamente y lograron la conformidad de Franco, perdido en el laberinto sin salida de su autarquía.

De no haber entrado en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, España no hubiera podido contar con su apoyo político y técnico para llevar a buen puerto la única operación de auténtica envergadura estratégica que realizó la dictadura. Hubo, eso sí, que extraer a Franco su consentimiento con fórceps. Un testimonio escrito que de él se conservaba (el discurso nunca publicado que pronunció en una de las primeras reuniones de la Comisión Delegada del gobierno para Asuntos Económicos a principios de 1957, desaparecido después milagrosamente de los archivos de la Presidencia del gobierno) y una alucinante «Introducción al estudio de un plan coordinado de aumento de la producción nacional» redactada por aquel genio de la estrategia patria que fue Carrero Blanco en el mismo año muestran que ambos próceres no habían, en modo alguno, agotado sus reservas de despropósitos.

Esto quiere probablemente indicar que de no haber ocurrido un fenómeno coadyuvante la dictadura quizá hubiera dado largas a la operación. Por fortuna, el saldo de la balanza de pagos se desplomó. El régimen no solo se encontró falto de divisas (algo ya de por sí tradicional), sino que quedó enfrentado con un endeudamiento en moneda extranjera a corto, medio y largo plazo como jamás había experimentado desde los años que siguieron a la guerra civil. El fantasma del gasógeno planeó de nuevo sobre el transporte, público y privado, como en los peores tiempos; el fantasma del racionamiento volvió a levantar cabeza; naturalmente, los luceros joseantonianos no iluminaban el futuro. Franco tiró la toalla y aceptó las recomendaciones de los organismos económicos internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional y la Organización Europea para la Cooperación Económica (creada para administrar los fondos del Plan Marshall y que se había batido por la liberalización de los intercambios comerciales intraeuropeos).

Un francés (para más inri), Gabriel Ferras, director para Europa del FMI, encontró el tono y las palabras necesarios para hacer aceptable la operación. Nada de críticas a la actuación pasada. Antes al contrario: comprensión, mucha comprensión por las dificultades superadas. Potenciada su argumentación por los sectores menos intervencionistas de la Administración, y sin duda suavizada por la vaselina que sobre Franco vertió abundantemente el ministro de Hacienda y héroe de la cruzada, en julio de 1959 el Caudillo se arriesgó a autorizar la estrategia combinada de estabilización interna (lucha contra la inflación) y liberalización externa (reducción del asfixiante dogal que atenazaba el comercio y las transacciones exteriores). Incidentalmente, el gobierno norteamericano, que tanto apoyó en teoría, no desembolsó un solo dólar adicional. Fueron la OECE y la banca privada internacional, amén del FMI, quienes saltaron al quite. La primera pronto se transformó (OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y España se metió en ella de cabeza como miembro de pleno derecho. Desde entonces la política económica dejó de ser un arcano en el que solo se orientaban bien los funcionarios de probada lealtad. Poco a poco fueron acostumbrándose a sacar los trapos sucios (aunque no todos) al sol.

«IMPERIO», ADIÓS

Los inicios de la fase de crecimiento de la economía española quizá sirvieran para endulzar la amargura que a un sector de la élite política franquista debió producirle la necesidad de dar la independencia al protectorado de Marruecos. El cuadro de generales y jefes del ejército «de la Victoria» se había formado en tierras africanas. A la cabeza, el propio Franco. Desde 1939 este había planeado su ampliación (conquista de Gibraltar incluida). En 1940 había estado en un tris de echar su cuarto a espadas con Hitler. En 1943 se había visto obligado a reconocer que con los anglo-norteamericanos asentados en el norte de África poco podía hacerse ya. El martilleo sobre las «reivindicaciones de España», que hicieron famosos a Castiella y a José María de Areilza, se esfumó como por encanto. El protectorado volvió a una de sus funciones principales, sobre todo después de 1945: ilustrar la «misión civilizatoria» de España y, de paso, permitir «forrarse» a los jefes y oficiales en él destinados.

La evolución fue muy distinta de la registrada en los territorios franceses (Marruecos y Túnez) en los que De Gaulle empezó a tirar lastre ya en 1943. Como la IV República después corrigió el tiro, el nacionalismo árabe resurgió con fuerza. Se creyó que, mostrando una cierta simpatía hacia él, contra los franceses, el territorio español podría más o menos permanecer inmune. Vana esperanza. En cuanto los franceses, embarrados en Indochina, soltaron amarras (aunque no en Argelia), el contagio fue inevitable. No cabe decir que la política franquista fuese inteligente, aunque también esto se ha disfrazado todo lo posible. París reconoció la independencia de Marruecos en marzo de 1956 y poco después Franco se vio obligado, malgré lui, a pegarse a las faldas francesas. ¿Quién lo hubiera dicho?

Al año siguiente las nuevas autoridades marroquíes ya presionaron en Ifni. Hubo ataques. Abundaron numerosos episodios propios de un tebeo que ha resaltado, entre otros, Gabriel Cardona. Las carencias del ejército de Franco, tan temible en el interior como «fuerza de ocupación», se pusieron descarnadamente de manifiesto. Gracias a la ayuda francesa, que naturalmente Franco no se apresuró en solicitar, pudo contenerse un conflicto de baja intensidad que había durado algo más de un año. Las ganancias marroquíes fueron mínimas, pero la dictadura comprobó en el caso de Ifni que con los norteamericanos no podía contarse demasiado. Sus intereses en Marruecos eran demasiado importantes. Eso sí, la censura funcionó a la perfección. Los españoles no se enteraron demasiado de lo que ocurría. El territorio perdido no se recuperó y en 1958 se cedió Cabo Juby a Marruecos. Por lo demás, el Sáhara occidental se convirtió nada menos que en una provincia española, como si fuera Guadalajara. El «imperio» había periclitado (también llegó el turno a los demás occidentales) y lo que quedaba no resistiría demasiado. El régimen, sin embargo, no tardaría en adentrarse por otros ámbitos más interesantes para su supervivencia. El primero fue el económico.

EL SALTO A LA ESCENA GLOBAL… VÍA EL COMERCIO

Los ingresos por turismo y las remesas de los emigrantes a los países vecinos aliviaron inmediatamente las tensiones internas (cuantos menos «malandrines» dentro y, a ser posible jóvenes, mejor), que de lo contrario se hubieran enconado aún más, favorecieron la reestructuración de las actividades productivas y permitieron generar un importante colchón de divisas que amortiguó los constreñimientos seculares impuestos por la deficitaria balanza comercial. A partir de 1965 la inversión extranjera directa pulsó ya con gran fuerza. Fueron unos años dorados en los que la economía creció y durante los cuales se generó, temporalmente al menos, un auténtico «círculo virtuoso».

Todo ello sirvió de apoyo a élites modernizadoras que hicieron suyos los consejos de los organismos económicos internacionales respecto a los cuellos de botella que obstaculizaban el crecimiento. Estas opiniones fueron internalizadas, en mayor o en menor medida, porque fortalecían los análisis autóctonos. Su combinación alentó una política económica lejana de los desvaríos falangistas de los años cuarenta y cincuenta y que se instrumentalizó mejor. La actuación de los denominados «tecnócratas», apoyados por el almirante Carrero Blanco, y la mística de los «planes de desarrollo», copiados de Francia, auguraron un futuro algo más despejado.

También implicó este una de las grandes inversiones (tras la masiva represión de la guerra y la posguerra) que hizo Franco desde el punto de vista de la perdurabilidad del régimen. Tolerar el desarrollo de una clase funcionarial, no siempre politizada, que bregó por mantener abiertas, en la mayor medida posible, las puertas a un tipo de modernización congruente con los requisitos mínimos de la economía que se aproximaba ya a una de mercado.

Sin desbordamientos. Desde el primer momento Franco y sus ministros «tecnócratas» trazaron una línea roja entre la liberalización económica y comercial, que empujaba al alza la renta per cápita y no ponía en peligro inmediato los soportes del poder, y la liberalización política, que siguió un ritmo de tortuga vigilado rígidamente y que no dio grandes resultados. Era, por supuesto, el único test de sostenibilidad que interesaba. No extrañará que algunos teorizantes adelantasen la tesis del «régimen autoritario» en tanto que otros lo caracterizaron como «dictadura desarrollista» (Entwicklungsdiktatur). Todo hacía pensar que el franquismo dejaba de seguir arrastrando el sambenito de dictadura si no fascista al menos «fascistizada». ¡Aleluya!

En el proceso de apertura económica constituyó un hito la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1963, que culminó el proceso de entrada en las instituciones económicas globales. Permitió la participación en las negociaciones multilaterales de la ronda Kennedy entre 1964 a 1967. Fue un proceso de aprendizaje con resultados beneficiosos para la futura imbricación de la economía española en la sucesiva liberalización de los intercambios. A la vez consolidó una modesta dinámica para reducir las elevadas cotas de protección de las actividades productivas internas. Ni que decir tiene que tanto las industrias nacientes como las clásicas pusieron el grito en el cielo. La mentalidad de la reserva de mercado a la producción interior pervivía casi impertérrita en grandes sectores.

Sin la apuesta por aquella apertura económica, debilitada a medida que transcurrían los años sesenta, el tan cacareado «milagro» económico no hubiera sido posible. Paradoja entre las paradojas: gracias a él los propagandistas del franquismo han tenido, y tienen, la posibilidad de argumentar que el régimen sentó las bases para la posterior oleada de aceptación externa e interna que tuvo lugar al compás de la Transición. Es decir, una apertura económica arrancada a fuerza de aplicar fórceps a Franco ha llevado al mito de que fue ese mismo Franco el genio que, con la previsión singular propia de un inmarcesible estadista, puso en marcha los motores del crecimiento económico, última base del desarrollo político exterior. Una tesis que puede calificarse suavemente de grotesca.

LÍMITES ESTRICTOS: EUROPA, EUROPA

Tan significativa o más que la conexión con la dimensión multilateral exterior fue la intención de acercarse al mundo más próximo pero ¡oh!, cuán distante que era el europeo. Hace ya muchos años que Antonio Moreno Juste exploró el contexto en el que se redactó la famosa carta por la que el gobierno solicitó el acercamiento formal a las Comunidades Europeas. Se perseguía una asociación, aunque en el proceso intraburocrático pronto se dejó de lado cualquier tipo de declaración proeuropeísta. Por ejemplo, la de que España compartía los ideales de los signatarios del tratado de Roma y, en particular, los «tendentes a lograr [una] cada vez más estrecha colaboración de los pueblos europeos».

El 9 de febrero de 1962 Castiella planteó formalmente a la Presidencia francesa del Consejo de Ministros comunitario el deseo de solicitar una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración. Fue un momento dulce para quienes estaban a la búsqueda de posibilidades que permitieran rematar la ansiada absolución exterior del régimen.

Por supuesto, en términos más pedestres, lo que dominó detrás de ello fueron las necesidades comerciales españolas, algo objetivo y objetivable. La Comunidad Económica Europea y sus incipientes actuaciones, sobre todo en el terreno agrícola, las agravaban. El régimen, además, contaba con apoyos. Como ha estudiado Carlos Sanz, las relaciones con la República Federal de Alemania eran excelentes. No en vano en ambos países se extraían señales de identidad comunes en la defensa de la civilización cristiana frente a la amenaza comunista. En Francia, la IV República bajo De Gaulle había tomado una orientación con la que Franco podía convivir y los contactos bilaterales, dentro de su modestia, se habían intensificado.

En Madrid, sin embargo, no se calibraba del todo la dinámica interna de la construcción europea, se subestimaba el peso de los países pequeños (Benelux) y no se otorgaba demasiada atención a los reflejos antifranquistas. Quizá se pensara que el informe Birkelbach, presentado un mes antes a la Asamblea Parlamentaria (precursora del Parlamento Europeo), no contaría demasiado. Al fin y al cabo, en el mecanismo decisional intracomunitario aquella institución no pesaba mucho. Sin embargo, manejado hábilmente por los sectores opuestos a la dictadura, terminó convirtiéndose en un obstáculo infranqueable. Sentó la doctrina de que solo los países democráticos europeos podían tener acceso al proceso de integración económica y, eventualmente, política en Europa.

Además, en junio de 1962 tuvo lugar el no menos famoso «contubernio» de Múnich, en plena oleada de huelgas en Asturias. En él se reunieron por primera vez cualificados representantes de la atomizada oposición interior y exterior, excluidos los comunistas. El manifiesto elaborado estaba en línea con Birkelbach. La carta de Castiella no surtió, pues, el menor efecto.

No fue fácil volver a la carga, pero las necesidades económicas lo hicieron imperativo. Castiella renovó la petición en enero de 1964. La contestación fue en esta ocasión muy medida. Los comunitarios estaban dispuestos, como el resto de los países europeos occidentales, a mantener niveles «adecuados» de convivencia con el régimen en los planos bilateral y multilateral, sobre todo en los ámbitos comercial y de inversiones. No lo estaban en absoluto en admitirlo en los «clubes» más privados, de integración económica y de cooperación política intergubernamental.

La Comunidad Europea definió con claridad el terreno que quedaba —y permaneció— off limits. Fue muy amplio. Hasta 1967 no se dotó del mandato que permitió abrir una negociación de carácter estrictamente comercial y que resultó ser un camino en el que menudearon las espinas dolorosas. El acuerdo se firmó en junio de 1970. Dadas las insuperables limitaciones de índole política, preveía el futuro establecimiento de una zona de libre cambio o unión aduanera (esta indefinición en un aspecto clave fue fundamental) parcial y debilitada, a lo largo de un proceso articulado en dos fases pero sin paso automático de la primera a la segunda. La idea subyacente era que entre una y otra pudieran cumplirse lo que pudorosamente se denominaban las «previsiones sucesorias», es decir, la muerte de Franco y el cambio de régimen.

En principio no fue un acuerdo para echar las campanas al vuelo, aunque permitió intensificar las relaciones estrictamente comerciales con la Europa comunitaria y creó esperanzas ciertas. Para algunos casi colmaba el vaso. Para otros lo dejó medio vacío. Evidenciaba, no obstante, dos realidades: la conveniencia comunitaria de poner pie en un país de importancia geopolítica no desdeñable y el deseo de aprovechar por la vía comercial la capacidad de absorción de un mercado en expansión.

Solo antifranquistas irreductibles, que los hay, podrían negar los progresos, y el reconocimiento, logrados por la dictadura a lo largo de los años sesenta en el entramado de las relaciones económicas internacionales. La valoración historiográfica de sus efectos políticos y sociales internos dista mucho de haber logrado un nivel aceptable de consenso. En ello, por lo demás, hay que conjugar dos vectores: la percepción interior, es decir, de los súbditos españoles (nunca ciudadanos), y la exterior, realizada desde el extranjero. El primero topa con dificultades: los sondeos de opinión pública hay que tomarlos con algunas toneladas de sal; las recogidas por los órganos de seguridad (servicios de información del ejército, de la policía y de la Guardia Civil) se focalizaron, lógicamente, sobre los «elementos indeseables» y, en un afán por escalar cotas de influencia, sobreestimaron su importancia. De la prensa no hay que decir demasiado: sometida a una censura férrea y prácticamente incólume desde la guerra civil dio paso a un sistema más flexible pero sometido a exigencias de autocontrol rigurosas. Y, si no, palo.

Queda el segundo vector, el extranjero, vehiculado por los medios de comunicación foráneos, las representaciones diplomáticas y los servicios de información. De todos estos mecanismos únicamente el primero ha sido objeto de atención académica. Es el menos fiable. Más significativo es el segundo, pero una explotación profunda del mismo no se ha realizado hasta la fecha, salvo en pequeña medida y en particular con Alemania, Estados Unidos y Francia. Por último, se han desclasificado informes de la CIA, pero nada —que sepamos— de sus homólogos europeos, sobre todo los servicios británicos (MI6), franceses y alemanes, de añeja implantación en la Península.

Con toda la prudencia que el caso requiere puede indicarse que los éxitos económicos internos y externos contribuyeron a reforzar los soportes sociales de la dictadura entre los sectores menos politizados, que veían cómo su nivel de vida mejoraba en comparación con la dura experiencia de los años cuarenta y cincuenta. Lo que hubiese pasado en el supuesto de que la apertura y el crecimiento económicos no hubieran tenido lugar es especulativo. De lo que no cabe duda es que la continuación de la introversión hubiese hecho de España un caso aparte cuando los países europeos occidentales, por las vías de las Comunidades o de la zona de librecambio de inspiración británica, buscaban un acercamiento entre sí en busca al menos de una mejor performance económica.

Los impactos positivos a medio plazo de la apertura de 1959-1960 permitieron mover algunas piezas del puzle. En primer lugar, alentaron la continuación de una pesada propaganda volcada hacia el interior. Esta acción va indeleblemente unida a la memoria de uno de los supuestos modernizadores de la época, el ministro de (Des)Información y Turismo (hoy elevado a los altares de la santidad política por la derecha española), Manuel Fraga Iribarne. Estaba destinada a combinar la campaña de los presuntos «25 años de paz» con las delicias derivadas de la elevación del nivel de vida y la aparición de los gérmenes de una modestísima sociedad de consumo para los sectores que accedían a los escalones inferiores de la clase media.

Tal combinación fue más que suficiente para ampliar las redes de stakeholders, externos e internos, interesados en la continuada pulsación del motor económico. Alemanes, franceses, británicos y norteamericanos fueron llegando a una conclusión común: se estaban echando los cimientos de un potencial espacio de centro político, alejado de los extremismos de derecha e izquierda del pasado. Cómo fortalecerlo, con sus correspondientes vertientes hacia la derecha y hacia la izquierda, fue uno de los interrogantes esenciales que en el plano político exterior planteó, nolens volens, la España de Franco.

Nada de lo que antecede es incompatible con la erupción de un descontento interno creciente en, al menos, tres ámbitos: entre la clase trabajadora, los nacionalismos periféricos y los estudiantes. Todos ellos han generado, justificadamente, ríos de tinta. Ahora bien, lo cierto es que la dictadura pudo vivir con tales tensiones sin verse demasiado asaltada por temores existenciales.

La continuada mejora en el sentimiento de seguridad no tardó en proyectarse al deseo de conseguir éxitos paralelos en otras dimensiones. Mejoraron las relaciones con Francia, que ha documentado con gran lujo de evidencia primaria Pablo Martín Paneda en una tesis de la Sorbona todavía no publicada. Las trabadas con Alemania, que siempre habían sido buenas, lo hicieron de forma espectacular. Las han estudiado Gerlinde F. Niehus y Carlos Sanz. No se avanzó mucho con respecto al Reino Unido a causa del espinoso tema de Gibraltar. En todos los casos las impotencias propias se encubrieron. Siempre resultó preciso magnificar los presuntos logros de política exterior con el fin de generar dividendos a favor de la dictadura.

LA RELACIÓN MÁS IMPORTANTE

En la atmósfera de la guerra fría, calentada repentinamente por las crisis de Berlín y de Cuba, el ámbito obvio fue la relación más mimada por la élite política y militar española: la establecida con Estados Unidos. No extrañarán, pues, los pasos de baile, o las miniescaramuzas, que preludiaron las negociaciones de 1963 cuando los pactos de Madrid podrían revisarse o reconducirse al cumplirse los diez años de su vigencia.

La élite franquista tenía ideas muy precisas. Lo que se esperaba lo expuso en 1962 en cuatro puntos Carrero Blanco en una reunión reservada de la Comisión Delegada del Gobierno para el Desarrollo de los Convenios. El primero fue, evidentemente, que los norteamericanos habían obtenido en 1953 todo lo que querían. Los españoles, no. El segundo, no menos contundente y exacto, fue que el panorama internacional había cambiado radicalmente. La paz se basaba en la disuasión mutua de potencias armadas hasta los dientes con arsenales nucleares inmensos. España resultaba vulnerable, como los demás, si bien carecía de un vínculo de seguridad efectivo con Estados Unidos.

El tercer punto revelaba un análisis deficiente, pero hay que ser un tanto comprensivo. La dictadura no había echado de menos hasta entonces la necesidad de amplios estudios prospectivos sobre el desarrollo de las áreas que interesaban a España. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, ciertamente, no se acometieron seriamente hasta muchos años después. No es probable que los del Alto Estado Mayor fuesen mucho mejores. Para Carrero Blanco, los gobiernos de los países que emergían en África en virtud del proceso descolonizador se verían rebasados por una transformación comunista (sic). El ilustre marino se encontraba, desde luego, en excelente compañía. No de otra forma habían argumentado norteamericanos, británicos y belgas de cara al futuro del Congo en los albores de su independencia. Argelia despertaba temores similares.

De todo ello Carrero Blanco extrajo la conclusión de que España se encontraba en vanguardia ante las efervescencias africanas. Necesitaba, pues, mayor ayuda económica estadounidense, el desplazamiento lejos de Madrid de la base de Torrejón y las necesarias patentes para fabricar armamento. Al menos, el segundo deseo era algo que había traído a mal traer a Franco desde hacía varios años. La Comisión Delegada acordó, el 6 de junio, que si no se lograba lo que se quería, lo mejor sería denunciar los convenios. Una predecisión heroica. Naturalmente, nada de ello se filtró hacia fuera.

La incomodidad de la élite político-diplomática subió de nivel durante la crisis de los misiles cuando Estados Unidos puso unilateralmente las bases en España en alerta máxima sin dar al gobierno opción alguna. No era la primera vez que algo así ocurría. En tal ocasión incluso a los más lerdos o a los más fanáticos pronorteamericanos (ya los había entonces al igual que sigue habiéndolos) les sirvió de aviso para enjuiciar cómo en Washington se interpretaba la «nota adicional». La activación dotó de un elemento de urgencia a la preparación del terreno en el que, idealmente, podrían alcanzarse los objetivos definidos por las más altas autoridades del estado franquista.

Los pocos diplomáticos curtidos en tales lides se aprestaron al combate pero los militares, ¡oh, los militares!, tiraron por otro lado. El 17 de diciembre de 1962, seis meses después de los acuerdos a que había llegado la Comisión Delegada, el entonces vicepresidente del gobierno y jefe del Alto Estado Mayor, capitán general Agustín Muñoz Grandes, regaló a los norteamericanos la única gran baza estratégica que los españoles tenían en su mano. Naturalmente, no se le ocurrió avisar al Palacio de Santa Cruz ni a su titular, antiguo subordinado suyo en la División Azul. Pero lo que regaló bien hubiese merecido un pequeño detalle de cortesía. Se trató nada menos que de la autorización para que en Rota pudieran estacionar submarinos armados con misiles Polaris. Era algo por lo que los norteamericanos llevaban suspirando desde hacía tiempo y no era nada baladí. Rota se convirtió en un dispositivo esencial en la estrategia de disuasión nuclear estadounidense. Hasta ahora no se ha demostrado inequívocamente si Muñoz Grandes obró a la ligera (¡cómo vamos a negar algo a nuestros amigos!) o si, lo que es más probable, lo hizo con el conocimiento y autorización específicos del omnisciente jefe del estado.

Tampoco extrañará que, a pesar de las toneladas de propaganda barata para consumo interno y que cualquier lector puede seguir en Internet en las páginas del ABC de la época, y de las excelentes relaciones personales que el embajador en Washington, Joaquín Garrigues, pudo anudar con la Casa Blanca, el resultado final de la negociación quedase a años luz de lo deseado en Madrid. Los convenios se recondujeron pura y simplemente por cinco años más. En contra de una acrisolada tradición diplomática española la negociación se llevó a cabo en Washington, es decir, en el terreno del oponente. La decisión dejó abiertas profundas heridas en el Palacio de Santa Cruz.

La consecuencia más importante fue la agudización del sentimiento de frustración en un sector de la élite político-diplomática. A pesar de las «inmensas» aportaciones que el simpar «Centinela de Occidente» había realizado a la seguridad occidental, según decía la sumisa prensa española, lo que en 1963 se demostró fue su incapacidad de conseguir compromisos para modernizar o readaptar el vínculo bilateral.

Con la vista puesta en 1968 Castiella tocó a zafarrancho de combate. Esta vez se preparó mucho mejor. En mayo de aquel año consiguió el aval de la Junta de Defensa Nacional. Esto hace pensar que los militares no fueron totalmente por libre en esta ocasión. Habían aparecido argumentos adicionales poderosos de los que, en general, la opinión pública jamás oyó nada. Los norteamericanos se habían desentendido de la red de alerta y control establecida en la Península (una indicación de por dónde iba su estima hacia los arrojados defensores de la civilización cristiana y occidental); los suministros eran de escaso valor para una eventual contingencia exterior; los privilegios institucionales de que disfrutaban eran excesivos y la «nota adicional» seguía proyectando su ominosa sombra.

Castiella y su denodado negociador en estas lides, Nuño Aguirre de Cárcer, también se sirvieron del incidente de Palomares (1968) que había puesto de relieve algunos de los riesgos a que se exponía España por su carencia de control sobre el desplazamiento de material nuclear en su territorio o por su espacio aéreo. En cambio, Fraga Iribarne, diplomático profesional pero sin la menor experiencia de puestos en el extranjero, se bañó en las entonces frías aguas del Mediterráneo con el embajador norteamericano John C. Lodge para demostrar, valientemente, que no existía el menor peligro.

Menos mal que, nobleza obliga, la negociación de la tercera ronda se condujo por vez primera con cierto amor propio y autoestima. En septiembre de 1968 Castiella recordó en Washington que España era el único país que no exigía consultas previas para la utilización de las bases en tiempos de crisis. Dada esta constatación de la profunda dejadez aceptada, quedamos eximidos de cualesquiera comentarios. Ahora bien, una cosa es que Castiella se mostrara digno. Otra, que consiguiera algo. Los norteamericanos siguieron en sus trece. Sabían que en las alturas del régimen contaban con aliados. No solo en el estamento superior castrense sino con el propio Franco quien, en el último momento, siempre se achantaba. Algo que ignoraba el común de los mortales, deslumbrado por la aureola con que Fraga Iribarne seguía rodeando la conducción política, estratégica y militar del Caudillo.

En aquella ocasión no se llegó a un acuerdo en la fecha de expiración de los convenios que hubo que prolongar automáticamente, tal y como en ellos se preveía, mientras se buscaba un acomodo o se preparaba la denuncia. Las razones profundas del desencuentro se maquillaron. Ocurrió, sin embargo, lo que los norteamericanos habían previsto y para lo cual habían trabajado. Los militares se encresparon. Castiella salió del gobierno poco más tarde. Resultaba demasiado nacionalista para las necesidades de la dictadura y sus relaciones con Carrero Blanco estaban lastradas. Sobre ellas habían incidido de forma negativa la muy distinta postura respecto a la descolonización de Guinea (tradicionalmente colonia de la Marina y de algunos avispados comerciantes, que pronto conseguiría la independencia) y la posición que Castiella había querido adoptar en la dinámica de bloques. La concentración en «el asunto exterior» (Gibraltar), como se decía de modo jocoso, tampoco le ayudó mucho pues los éxitos diplomáticos en Naciones Unidas no se tradujeron sobre el terreno y los británicos, coriáceos, se enrocaron. Literalmente hablando. El ulterior aislamiento que Franco sometió al Peñón contribuyó, por lo demás, al fortalecimiento de los lazos con Londres que rápidamente aprovechó el vacío. En Gibraltar surgió un sentimiento «micronacionalista».

Correspondió, pues, al sucesor, Gregorio López Bravo, perfilar unos ajustes mínimos que permitieron llegar a un nuevo convenio con Estados Unidos en agosto de 1970. Hubo modernización del lenguaje y muchas palmaditas a las espaldas. Desapareció la cláusula secreta de activación de las bases que se incorporó, como si hubiera sido inspirada por el Espíritu Santo, al texto público. Ahora bien, ni siquiera habían transcurridos dos años cuando en las covachuelas ministeriales madrileñas empezó a considerarse que el nuevo convenio ya resultaba obsoleto.

El régimen seguía ansiando desesperadamente un «tratado de defensa mutua», que los norteamericanos no podían aceptar. En aquellos años del tardofranquismo el reajuste de los términos de la relación con Estados Unidos siguió coleando, aunque con una curiosa inversión de papeles. En esta ocasión fueron los militares, encabezados por el general Gutiérrez Mellado, quienes más duramente se opusieron a que a los españoles se les siguiera tratando como a «cipayos». La misma caracterización corría por los pasillos del Palacio de Santa Cruz, como me confesó Carlos Fernández Espeso, uno de los mejores conocedores del tema.

MÁS LÍMITES: LA CUESTIÓN OTAN

La relación con Estados Unidos despertó más ensoñaciones por uno y otro lado. Para Washington, la de acercar el esquema bilateral con España al multilateral que estaba anclado en la Alianza Atlántica. Para los españoles, la misma ambición afloró en 1956. Martín Artajo, primero, y Castiella después, plantearon el tema fuera de toda publicidad. El Congreso y el Senado norteamericanos apoyaron la incorporación. En 1958 en el Departamento de Estado se divisaron los mayores obstáculos en Francia y en Inglaterra pero, en realidad, otros miembros de la OTAN también estaban en contra. Nunca se reconoció de forma oficial por parte española el oculto deseo. Todavía escocía amargamente el humillante rechazo con que había topado, años atrás, la idea de participar en el Plan Marshall.

En 1959 el embajador británico en Madrid, sir Ivo Mallet, daría a Castiella un par de informaciones que no variarían en lo sustancial (fuera de la posición de Londres) hasta el fin de la dictadura. El Reino Unido no se oponía entonces, en principio, a una eventual adhesión española al Tratado del Atlántico Norte. Ahora bien, en la OTAN había varios estados miembros que sí lo harían, y de forma vehemente, por lo cual era más razonable no suscitar el tema en aquellos momentos.

Esta oposición la lideraron Noruega, Dinamarca y el Benelux y la mantuvieron contra viento y marea. El caso de Noruega, estudiado con detenimiento por el profesor Helge Pharo, es notable. Con un gobierno laborista hasta 1965, el recuerdo de la guerra civil española no se borró fácilmente. Tampoco los gobiernos conservadores cambiaron de postura mientras vivió Franco. Para colmo, a los cinco países anteriores se sumó el Reino Unido tras el empeoramiento de las relaciones bilaterales a causa de Gibraltar. Cuando los norteamericanos volvieron a plantear la cuestión, el ministro de Negocios Extranjeros británico reveló su pensamiento de forma más clara a su colega norteamericano Dean Rusk en octubre de 1965. A pesar de que en la OTAN había países cuya forma de gobierno no era admirable (Portugal, Turquía), él no divisaba posibilidad alguna de aceptar la entrada de España en tanto en cuanto perviviera el régimen con sus peculiares características. Esta afirmación tan rotunda provocó alarma entre los burócratas del Foreign Office quienes se apresuraron a señalar que sería mejor evitar que tales comentarios llegaran a oídos españoles. Era mejor continuar afirmando que el tema no estaba maduro y que tampoco era de actualidad. La OTAN tenía ya bastantes problemas como para incrementarlos con otro que no suscitaba la menor unanimidad.

La embajada británica en Madrid investigó la cuestión de en qué medida, dejando de lado cualesquiera factores políticos o ideológicos, los españoles podrían estar en condiciones de realizar una aportación, en términos estrictamente militares, a la política disuasiva de la Alianza. En definitiva, cuál era realmente la importancia militar y estratégica de España.

El análisis entonces realizado hubiese equivalido a un jarro de agua fría para los altos mandos del ejército franquista. También es interesante como representativo de un sentir que no fuese el norteamericano. Según el agregado militar británico en Madrid, el ejército adolecía de numerosas limitaciones tales como déficit de equipamientos modernos, falta de entrenamiento y numerosas carencias de apoyo técnico y logístico. A ello se añadía una estructura de mandos profundamente desequilibrada y poco funcional. Tales características eran congruentes con la misión fundamental del ejército de Tierra, abocado a intimidar al «enemigo interno», como había sido costumbre inveterada a lo largo de casi todo el siglo, y a servir de ultima ratio de la dictadura. La aportación a la OTAN sería bastante limitada. Otra cosa era si los soldados españoles, duros, disciplinados y valientes, se viesen obligados a combatir en su propio territorio en caso de un conflicto europeo. En este aspecto, ayudados por la topografía, la proximidad a sus bases y el apoyo exterior, podrían resultar una fuerza nada desdeñable. Eran valoraciones muy similares a las que alemanes y británicos habían hecho en los años ya lejanos de la segunda guerra mundial.

La eventual contribución militar española se situaba en otras dimensiones: en la puesta a disposición de bases y facilidades de almacenamiento y, sobre todo, en la utilización del territorio y del espacio aéreo con fines de entrenamiento (de hecho, los alemanes ya habían intentado negociar tales aspectos pero hubieron de desistir ante la oposición de otros países miembros de la OTAN).

No terminaban ahí las eventuales ventajas de una adhesión española. Desde el punto de vista marítimo, por ejemplo, destacaba la posibilidad de reforzar la capacidad para impedir a fuerzas adversarias la entrada en aguas del Mediterráneo occidental y del Atlántico oriental. Una ventaja nada despreciable. Por otra parte, aunque también la armada carecía de material moderno, podría oponerse a las fuerzas navales de eventuales adversarios en el continente africano.

La valoración era similar para el ejército del Aire. De los quinientos aviones aproximadamente con que contaba solo algo menos de una tercera parte podían considerarse utilizables por la OTAN. Sus pilotos eran buenos, aunque su nivel de entrenamiento no estaba al nivel de la RAF o de las fuerzas aéreas francesas o soviéticas. La cooperación aérea hispano-francesa, en la que aquí no profundizaremos, había permitido que muchos se familiarizasen con conceptos modernos. En tal sentido sí constituían una aportación significativa a las capacidades defensivas de la Alianza. Ahora bien, al igual que en el caso del ejército de Tierra, la contribución más interesante radicaba en la situación geográfica española que permitía instalar bases de aprovisionamiento y facilidades de reparación en áreas relativamente alejadas del frente central.

En conclusión, desde el punto de vista militar, la cooperación aérea y naval de España era interesante. Su situación geoestratégica lo era mucho más. El problema no era militar sino estrictamente político. En este ámbito, la supervivencia de la dictadura representó un obstáculo fundamental a la eventual expansión de la OTAN. La cuestión no volvería a surgir hasta bien entrada la Transición. La política exterior franquista encontró en las Comunidades Europeas, en el Consejo de Europa y en la OTAN límites estrictos. Inabordables. Invencibles.

LAS POLÍTICAS DE SUSTITUCIÓN

Fuera de la relación con Estados Unidos, y confrontada con las anteriores limitaciones, la dictadura abordó otra dimensión en la que brilló con luz propia la esencia de su política exterior. Esta dimensión fue el juego dialéctico entre deseos y realidades. Afectó al segundo gran polo de la guerra fría. Se trata del acercamiento a la Unión Soviética del que algunos se prometieron dividendos sustanciales en términos de imagen.

El movimiento inicial lo propició Castiella al filo de la operación de liberalización y estabilización económicas aunque rodeándolo de todas las precauciones posibles. Ante los norteamericanos jugó con la idea de que sería posible «recuperar» las cuantiosas reservas que la República había enviado a Moscú en 1936. El orgulloso ministro de Hacienda y «héroe de la Cruzada», Mariano Navarro Rubio, se meció incluso en el dulce sueño de añadirlas contablemente a las que ya entonces empezaban a acumularse. Se ocultó en todo lo posible, incluso a la más leal burocracia, lo quimérico de los planes que habían proyectado, cogiditos de la mano, el propio Franco y el antecesor de Castiella, el eminente representante del nacionalcatolicismo, Martín Artajo.

Como la «planeación» era absolutamente grotesca no extrañará que de las confiadas proclamas públicas se pasara, al cabo de algunos años, al más absoluto de los silencios. El deseado acercamiento a la Unión Soviética se vio flanqueado, no obstante, por la profundización de lazos de naturaleza comercial y cambiaria con los regímenes comunistas. Los primeros convenios, entre el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) y los respectivos bancos centrales, se hicieron ya en 1958 con países como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía. En enero de 1967 se establecieron relaciones consulares con este último país. Siguieron los restantes e incluso se concluyeron acuerdos comerciales a largo plazo.

En relación con la Unión Soviética, a partir de 1960 se anudaron, muy tímidamente, contactos de índole comercial y cultural. A principios de 1967 se firmó el primer convenio bilateral, relacionado con cuestiones de transporte marítimo. El golden boy que fue Gregorio López Bravo empujó lo que terminó siendo, en la época de Willy Brandt, una modesta Ostpolitik a la española. Tenía la ilusión de que el reconocimiento de la dictadura por su histórico enemigo bien valía una o dos misas. No lo logró.

De esta «ofensiva» en política exterior no cabe extraer grandes enseñanzas estratégicas. No fue demasiado gravosa en el plano político y en cuanto el coste amenazó con aumentar, Franco se plantó. Se aparcaron los casos «duros». La normalización con México chocó con la resistencia azteca. La que hubiera podido hacerse con Israel tropezó con la sacrosanta amistad hispano-árabe y la inquina del dictador ante la repulsa que el joven estado judío le había mostrado al final de los años cuarenta.

Por el contrario, Franco no dudó en trocar las relaciones con Taiwán por las más prometedoras que suscitaba la República Popular China. Por primera y única vez, un pequeño golpe de audacia. En marzo de 1973 se establecieron lazos diplomáticos plenos con Pekín pero el tardofranquismo ya no pudo extraer de ellos grandes rendimientos políticos o económicos.

La mirada hacia el Este fue una de las manifestaciones de lo que cabría caracterizar como políticas ersatz o, en la afortunada expresión acuñada por Fernando Morán, políticas de sustitución. Habían hecho sus pruebas en los años duros, los que siguieron al trastocamiento de las alineaciones en la guerra mundial. Fue entonces cuando las relaciones con los países árabes, que ha estudiado María Dolores Algora Weber, y con los latinoamericanos, exhaustivamente analizadas por muchos otros estudiosos, fue fundamental para romper el aislamiento internacional y dar a Franco un cierto margen de maniobra exterior. Ahora bien, después del giro copernicano de 1959 la dictadura no quiso, ni pudo, desarrollar una política exterior desacomplejada pero sí encontró en las conexiones con ambos grupos de países un terreno favorable para

Hinchar el pecho. «Ya somos alguien» es el eslogan que mejor describe tal actitud.

Enlazar con las glorias de antaño. «Ya vuelve el español donde solía», afirmó de cara a América Latina uno de los «charlistas» profesionales del régimen.

Generar sentimientos de victoria de puertas adentro. «No han podido con nosotros».

Tales políticas se manejaron no tanto por su valor intrínseco —que lo tenían—, sino para superar el trauma que implicaba la carencia de interlocución íntima con los países europeos occidentales y, si se me apura, incluso con los norteamericanos. Morán describió en términos muy duros la utilización meramente retórica de la hipertrofia del «iberoamericanismo». Joaquín Ortega, tres veces embajador y en la Transición subsecretario de Asuntos Exteriores, satirizó en una novelita amarga la recepción de tal hipertrofia en la embajada de un país centroamericano durante el paso de la etapa Castiella a la de López Bravo.

Como ha detallado Matilde Eiroa a partir del análisis de las «cumbres» de Franco, la política exterior fue esencialmente declaratoria. No podía ser de otra manera. Salvo con la negativa a participar en el embargo norteamericano a Cuba no implicó el menor coste. Tampoco hizo necesarias grandes inversiones, que es difícil saber de dónde hubieran podido salir. Hubo, sí, una modesta acción a través del Instituto de Cultura Hispánica. Abandonados los ensueños imperiales de la época más «fascistizada», con becas y otras ayudas —nunca demasiado abundantes— se consiguió financiar la presencia de estudiantes latinoamericanos y árabes en universidades españolas. Celestino del Arenal ha reseñado los programas puestos en marcha que fueron en gran medida simbólicos, y en modo alguno comparables a los que sustentaban la acción exterior de la mayor parte de países europeos occidentales.

Desde luego nunca resultó posible pensar realmente que España pudiera ser mediador de ningún tipo de conflicto significativo ya que su posición en Europa era marginal. Tampoco pesaba España un milésimo de gramo a la hora de incidir en la política comercial o agraria comunitaria. No podía incentivar ningún interés, salvo quizá el de Francia, hacia el Mediterráneo. Aun así, la idea de «puente» entre Europa y América Latina afloró, casi por necesidad vital, en las cartas que manejó Castiella. En el caso de los países árabes la impotencia se encubrió mediante el envío como embajadores de arabistas prestigiosos quienes, por lo menos, contribuyeron a una cierta prestancia cultural española. La política de buenas palabras siguió siendo la política exterior por excelencia.

Era algo inevitable. España, receptora de ayuda norteamericana y de los organismos internacionales, no disponía ni de recursos ni de mecanismos para asegurar ningún otro tipo de actuación. El retraso acumulado se demuestra en el hecho de que hasta 1976 no pudo innovarse lo más mínimo, y entonces se hizo con los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Es decir, un instrumento concesional que se manejó para financiar proyectos que debían realizar empresas españolas y que utilizaban bienes y servicios españoles.

En una época en que la política de cooperación al desarrollo occidental también estaba dominada por consideraciones ligadas a la necesidad de contener el peligro comunista, que un régimen que se presentaba como anticomunista por excelencia hiciese tan poco en aquel ámbito no deja de tener su morbo.

¿Y qué decir de la nueva política comercial? No mucho desde el punto de vista de la proyección exterior. Hubo una época, a comienzos de los años sesenta, en la que en pleno realismo mágico (no latinoamericano sino pura y estrictamente madrileño) se especuló con desarrollar una posible relación especial con América Latina. Un embajador político chisgarabís, Alfredo Sánchez Bella, posteriormente ministro de (Des)Información y Turismo, se hizo su abanderado. Teóricamente hubiera podido ser la contrapartida a la dura realidad con la que diariamente se tropezaba en Europa. Afortunadamente, se trató de mera flor de un día.

Los datos apuntaban en otra dirección. En efecto, durante una gran parte de los años sesenta América Latina representó en torno a un escuálido 10 % de las compras españolas en el exterior, porcentaje que se redujo más tarde. El año anterior al fallecimiento de Franco era de un mero 7,5 %. En el lado exportador, se mantuvo dentro de un arco en torno al 8-10 %, con periódicos repuntes. Únicamente las ventas de libros tenían alguna significación.

Era posible, desde luego, utilizar con fines políticos las compras y ventas por vía intergubernamental. Se dirigieron hacia la construcción naval con cierto éxito y, a muy larga distancia, hacia la maquinaria. La dictadura las explotó retóricamente todo lo que pudo, pero los resultados no fueron excesivamente halagüeños. Se partía de una base industrial débil, con escasa capacidad de innovación y en nada comparable a la de otros competidores. El sector privado tampoco contribuyó demasiado. Es verdad que poco a poco fueron aumentando en términos absolutos los flujos de comercio, pero obedecían a una lógica estrictamente empresarial y de manejo no siempre fácil por parte de las autoridades.

A medida, además, que el acercamiento comercial a Europa fue materializándose, pronto quedó claro que el desarrollo económico español no lo dinamizaría mecánicamente la conexión con América Latina. Se impulsaron, eso sí, operaciones de prestigio, alguna de las cuales (Matesa) terminó como el rosario de la aurora. Tampoco cabe desconocer que la inversión española en el exterior era limitadísima y que la procedente del mundo árabe o latinoamericano era prácticamente inexistente.

La retórica, en definitiva, siempre superó a la realidad y la sustituyó con frecuencia. Lo que quedó de tales políticas fue un buen plantel de profesionales. Es decir, de funcionarios que conocían bien las problemáticas locales y que más adelante, en cuanto se produjo la Transición, pudieron hacer otras cosas que solo hinchar el pecho.

POLÍTICA EXTERIOR EN TIEMPOS DE CRISIS

A pesar de todas las limitaciones señaladas, a principios de los años setenta, en lo que hoy suele denominarse el tardofranquismo, Franco y sus muchachos podían sentirse razonablemente satisfechos. La política exterior, cortada a la medida de sus necesidades más perentorias, era hasta cierto punto un éxito desde el punto de vista de la absolución (relativa) de su pecado original, el haber sido aupado a la pila bautismal por las potencias fascistas y el haberles devuelto demasiados favores durante la neutralidad/no beligerancia/neutralidad de la segunda guerra mundial. Se materializó sobre todo en la esfera comercial. Mucho menos en otras.

También es verdad que, por lo que sabemos, a Franco no le preocupaba en absoluto el fundamental desequilibrio que había introducido en las opciones estratégicas españolas. En los temas de seguridad global, España era una mera comparsa estadounidense. En los de seguridad próxima estaba abandonada a sus propios medios. En el ámbito económico oscilaba entre la llamada de un mercado de dimensión continental y supercompetitivo como el norteamericano y el más cercano, europeo, poco receptivo en el plano institucional, a no ser por la válvula de escape del tardío acuerdo comercial con la Comunidad Económica y arreglos ad hoc con lo que quedaba de la Asociación Europea de Libre Comercio.

La famosa dependencia española de los años monárquicos con respecto a las potencias «plutocráticas», denominación que solían utilizar Hitler, Goebbels, Mussolini y Laval, es decir, Francia y el Reino Unido, que tanto habían denunciado Ramón Serrano Suñer y los falangistas deslumbrados por los luceros joseantonianos, se había convertido en una dependencia estructural mucho más acentuada con respecto a Estados Unidos. El velo turbador de la guerra fría, de la defensa de la civilización cristiana (algo que jamás había inspirado la praxis de la dictadura) y un anticomunismo militante de pecho hinchado la disfrazaron convenientemente.

Solo los puristas, y los diplomáticos en la intimidad, reconocían que el caso español era único también en otro aspecto: el jefe del estado nunca salió al extranjero (tras sus brevísimas escapadas a Hendaya, Bordighera y Portugal para entrevistarse con Hitler, Mussolini y Oliveira Salazar, respectivamente). El de su segundo sucesor como presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, a la cumbre de Helsinki, fue una mera nota multilateral a pie de página. Ningún colega o jefe de gobierno de ningún país europeo importante (salvo de Portugal y de la República Federal de Alemania) visitó nunca España. Sí lo hicieron, en cambio, los presidentes Eisenhower (1959), Nixon (1970) y Ford (1975), aunque en meras visitas de cortesía hiperabultadas por las modernas técnicas de propaganda y desinformación que había ido introduciendo Fraga Iribarne…

El sentimiento del «ya lo hemos conseguido» coincidió con el único período de la historia del franquismo en el que los españoles no estuvieron sometidos de forma plena a los principios definidores de la ley marcial, es decir, entre los años 1963 y 1968. No fue, pues, muy duradero. En diciembre de 1970 el proceso de Burgos revivió viejos recuerdos en el exterior, independientemente de que Franco conmutara las tres penas capitales impuestas a militantes de ETA por un tribunal militar profundamente contestado. Con todo, el ejercicio del derecho de gracia no se presentó como respuesta a las urgentes peticiones que emanaron tanto del interior como del exterior.

La «seguridad» decayó poco después a raíz de dos cambios sustanciales en el contexto exterior próximo. En noviembre de 1973 se hundió la dictadura de los coroneles en Grecia. La de Portugal se deshizo como un azucarillo en abril de 1974. Como ha estudiado Josep Sánchez Cervelló, el efecto de esta última fue inmenso, por mucho que se hiciera como si la tempestad quedase lejos. A ningún observador atento, español o extranjero, le pasó por alto que, aunque las circunstancias de los tres casos eran diferentes, con Marcelo Caetano se extinguía la dictadura más antigua de Europa occidental y que el hundimiento de los coroneles recortó la historia de la más joven. ¿Qué pasaría con la intermedia?

A tenor de documentos británicos ya publicados el embajador sir John Russel escribió a Londres que el Movimiento debía de estar consternado ante la velocidad con que había caído un régimen tan momificado como el portugués, característica que compartía con el español. Era una descripción apropiada. El descontento crecía. El cerrojo establecido por Franco a través del nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno en 1973 había saltado por los aires (literalmente) tras su asesinato en noviembre. Arias Navarro intentó una modestísima apertura, frustrada en cualquier caso por el entorno más inmediato de Franco. Para colmo, una parte nada desdeñable de la jerarquía católica fue distanciándose de la dictadura a paso rápido, abandonadas las glorias del nacionalcatolicismo.

En julio de 1974 Franco ingresó en el hospital, aquejado de flebitis. No es de extrañar que las cancillerías extranjeras advirtiesen una atmósfera de fin de règne. Las memorias de Hans-Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, son sumamente reveladoras al respecto. A finales de año el nuevo embajador británico en Madrid, Charles D. Wiggin, informó que, a todos los efectos prácticos, era ya posible extender el certificado de defunción del régimen. Al menos, tal y como se le conocía. El peligro radicaba en que Franco continuase en vida durante un largo período. Implícitamente se consideraba que, a su amparo, no era posible excluir de antemano actuaciones desesperadas de los círculos más reaccionarios, atemorizados ante lo que pudiera ocurrir tras el fallecimiento del hombre providencial.

Excepto los norteamericanos, que presumían de conocer mejor que nadie a la élite española que todavía pesaba o que, según ellos, iba a pesar, los europeos se apresuraron a establecer contactos con la oposición, en la razonable previsión de que esta sí contaría. Lo hicieron en lugar destacado los alemanes, como ha estudiado Antonio Muñoz. Les siguieron los franceses y los suecos. En diciembre de 1974 Wiggin sugirió que sería necesario dar pruebas de imaginación y pasar a una etapa más dinámica en el establecimiento de vinculaciones con los opositores al régimen.

A los países europeos más importantes les unían ciertos intereses comunes. Por ejemplo, que la situación española no se desestabilizase, que el Partido Comunista Español no alcanzara la supremacía en la izquierda en un entorno sumamente fluido, que los militares no cortasen la evolución posible. Los británicos deseaban apoyar a un centro todavía desorganizado. Los alemanes, tras un período de dudas, apostaron sólidamente a favor del PSOE, todavía en las catacumbas de la ilegalidad. Todos ellos, incluidos los franceses y suecos, tomaron una orientación opuesta a la estadounidense.

Washington, en efecto, tenía como objetivo prioritario forzar por todos los medios posibles la renovación de los convenios sobre las bases, cuya fecha estaba a punto de caer en 1975. Las instrucciones al embajador en Madrid dificultaban el establecimiento de contactos con la oposición de izquierdas y, cuando se demostró que era perjudicial no hacerlo, se le prohibió que llegara hasta los comunistas. Contaban, como siempre, con un as en la manga: el propio Franco. De aquí que en esta fase el último ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, diera la vuelta completa en relación con la actitud adoptada por Castiella tan solo unos años antes. A lo que aspiraba era a cerrar el trato. Con los militares o sin ellos.

Lo que no siempre se transparenta en los documentos diplomáticos publicados, aunque sí aflora en los no publicados, es el desprecio con que se contemplaba a la dictadura desde muchos de los círculos relevantes que en el exterior seguían la evolución española. Séanme permitidas dos experiencias personales. Uno de los altos funcionarios de la Comisión Europea, el entonces jefe de Gabinete del Presidente Gaston Thorn y preclaro representante de la democracia cristiana belga, Jean Durieux, siempre se negó a visitar España en tanto viviese Franco. Un ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson, había jurado odio eterno al franquismo. Nunca olvidó su larga estancia en un campo español tras la derrota de Francia en junio de 1940. Tampoco las continuas «sacas» de prisioneros republicanos camino de su ejecución. Son ejemplos demostrativos de una sensibilidad común en los dos sectores políticos e ideológicos que más habían obrado por aquella construcción europea a la que la dictadura pretendía asociarse sin pagar, en lo posible, un billete de entrada que fuese demasiado caro.

Es imprescindible, en cualquier caso, destacar algunos sentimientos que en esa dirección surgen a veces en los documentos publicados y en la prosa fría de las minutas diplomáticas más elementales. Muerto Franco, el primer ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía, el no siempre fiable José María de Areilza, conde de Motrico, hizo un recorrido por las capitales europeas en febrero de 1976 para recabar apoyos a la incipiente transición. Varios de sus interlocutores no tuvieron reparos en cantarle las cuatro verdades del barquero. Su colega británico, y posterior primer ministro, James Callaghan, le dijo con toda claridad que él no había visitado nunca España y que esperaba que las reformas que el segundo gobierno Arias emprendiera no fuesen cosméticas (que, en realidad, era lo que en Madrid se pretendía). Quedó en el aire flotando lo que pasaría si lo hubieran sido y si Arias no hubiera sido relevado.

Este ambiente constituyó uno de los ingredientes fundamentales que dio todo su sabor al caldo en el que, por fin, naufragaría definitivamente el afán de absolución que había guiado la política exterior española en su período menos sombrío, el del segundo franquismo. No fue, naturalmente, el único ingrediente.

La crisis económica española, impulsada por el encarecimiento de los precios de la energía y agravada por el tenaz rechazo a reconocerla, el agrietamiento prolongado de algunos de los soportes fundamentales de la dictadura (llamó la atención la inesperada y preocupante escisión que representó la aparición en el seno de las fuerzas armadas de la Unión Militar Democrática), la proliferación de huelgas, y el activismo obrero y estudiantil fueron condiciones necesarias para pensar que el futuro no se pintaba rosa. Se añadieron otras, suficientes.

Estas tuvieron que ver con la reacción tardofranquista a la contestación política y social y, sobre todo, a las diversas manifestaciones del terrorismo autóctono, etarra y no etarra. En 1974 un joven anarquista, Salvador Puig Antich, fue ejecutado tras un juicio amañado que ha estudiado Gómez Bravo. La opinión pública empezó a movilizarse en el extranjero tras leer las informaciones de medios impecables (Le Monde, The New York Times, The Los Angeles Times, The Times londinense, Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Neue Zürcher Zeitung, etc.). El gobierno, en plena desconexión con la realidad, aprobó un decreto ley antiterrorista que equivalía a mantener el estado de excepción durante dos años. Las manifestaciones se multiplicaron. En septiembre de 1975 dos terroristas vascos fueron condenados a muerte. Pocos días más tarde se abrió el consejo de guerra contra cinco militantes antifranquistas, entre ellos dos mujeres embarazadas. Muchas de las causas adolecían de serios defectos procesales. El tribunal militar contaba con un miembro que ni siquiera era abogado.

Once penas capitales en menos de tres semanas fueron demasiadas. La represión, calificada de «locura» en más de algún titular extranjero, hizo que España alcanzase, como en 1936, el dudoso honor de ocupar las primeras páginas de la prensa escrita en todo el mundo. Las peticiones de clemencia se multiplicaron, incluida la del propio papa Pablo VI. El 27 de septiembre cinco de los condenados fueron ejecutados. La cólera y el desprecio contra el régimen se desataron. Varios países retiraron sus embajadores en Madrid. La embajada española en Lisboa fue asaltada. El régimen cerró filas. El presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, declaró de forma rotunda, ejemplo claro de lo que el régimen representaba en sus más prístinas esencias, que no se admitiría la menor interferencia extranjera bajo cualquier forma que fuese.

Resultó inevitable que, tanto en el interior como en el exterior, se subrayara repetidamente que la dictadura entraba en fase terminal de la misma forma en que había comenzado: en medio de la sangre. Solo las autoridades norteamericanas se mantuvieron tibias. Estaban a punto de conseguir lo que querían.

Este fue el contexto en el que amenazó con explotar una de las crisis exteriores que más se había temido desde la descolonización del protectorado. La activó Marruecos. Se había visto precedida durante algún tiempo de signos premonitores que los diplomáticos españoles analizaron con minuciosidad. No sirvió para mucho. El 16 de octubre de 1975 Hassan II lanzó la bomba de la «Marcha Verde». A lo largo de un mes dramático, en plena agonía del dictador, las autoridades madrileñas se dejaron convencer, o terminaron sucumbiendo, ha escrito Francisco Villar, a la presión de un lobby promarroquí y a la de las circunstancias. ¿Podría recurrirse al empleo de la fuerza? Nadie consideró seriamente tal posibilidad. En consecuencia, el denominado Sáhara español se entregó a Marruecos, con la participación de Mauritania y la exclusión de Argelia. Al margen, por supuesto, de Naciones Unidas en donde los representantes españoles se sintieron totalmente desamparados.

La audaz jugada del monarca alauí dejó entrever de qué lado se encontraban los auténticos intereses de Estados Unidos y Francia. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 dejando tras de sí un país convulso y con una política exterior en crisis de identidad. Sus éxitos, innegables en los años cincuenta y sesenta, no sirvieron, a la postre, de mucho. Lo que no se había hecho se hizo en la Transición y tras el restablecimiento de la democracia. Atrás quedó el campo en el que todavía proliferan los mitos y la labor esforzada de los «desmitógrafos»: los historiadores ansiosos de analizar y contextualizar adecuadamente la evidencia primaria relevante de época. Hoy lo tienen difícil.

El actual gobierno del PP ha cerrado a cal y canto los archivos diplomáticos hasta 1982 bajo la excusa de trasladarlos al Archivo Histórico Nacional (hasta 1931, hoy reabiertos) y al General de la Administración (República, guerra civil, franquismo, albores de la Transición). La desclasificación de documentación militar (hasta 1968) se ha paralizado bajo pretextos todavía más grotescos: las fuerzas armadas tienen otras cosas que hacer o hay países que pueden incomodarse. Como en los años duros, los historiadores tendremos que recurrir a los archivos extranjeros (que por lo menos para el período hasta el fallecimiento de Franco ya se van abriendo cada vez más ampliamente) para reconstruir, bien que mal, el pasado español. Un caso único en la Europa occidental en el año de gracia de 2014.

CONCLUSIONES

Todo régimen (democrático, autoritario, dictatorial) y todo país tienen una política exterior. Defiende, en el mejor de los casos, intereses permanentes del estado (independencia, integridad, seguridad, capacidad de actuación, proyección fuera de sus fronteras) en relación de competencia (amistosa o no) con otros estados. En una democracia tales intereses se identifican y defienden con arreglo a un sistema competencial claramente estructurado. En situaciones no democráticas el Führer, el Duce, el Caudillo o el autócrata de turno confunde esos intereses permanentes con los suyos propios (o, a veces, con los de su peculiar sistema). Ni unos ni otros se discuten y los segundos se ocultan tras los primeros. Ocasionalmente esta superposición aparece en los documentos de archivo. Así, el duque de Alba, después de estar casi siete años como representante-embajador de Franco en Londres, terminó dándose cuenta en 1945 de que servía más a los intereses del dictador que a los de España.

La política exterior es también una palanca para proyectar hacia el interior una cierta imagen de las bondades del sistema político. En el caso de Franco se utilizó consciente y abrumadoramente para crearle una aureola: la del hombre que había ganado la guerra civil contra un enemigo superior y apoyado nada menos que por el coco soviético; la del hombre que había dicho gallardamente que no se rendía ante el «amo de Europa» en los momentos cruciales en que las armas alemanas parecía que iban a conquistarla; la del hombre que, con hábil prudencia, guio la nave del estado por los escollos de la guerra mundial y salvó a España de los horrores de la contienda; la del hombre que hizo frente al «cerco internacional» sin doblegarse un solo momento; la del hombre que, «centinela de Occidente», se adelantó a todos los estadistas occidentales de su tiempo en combatir, con las armas, el peligro que emanaba de las «hordas marxistas»; la del hombre que se ganó, a pulso y contra la incomprensión circundante, el respeto de sus amigos y de sus enemigos; el hombre que devolvió a España el sentimiento de ser una gran nación, etc.

Todo esto es mitología. Lo único cierto es que Franco aprovechó las cambiantes coyunturas con la idea de no poner en peligro su sistema de dominio; que se adaptó camaleónicamente a las circunstancias exteriores; que se aprovechó hasta la última gota de la guerra fría, siendo más papista que el papa y más anticomunista que los anticomunistas virginianos, y que proyectó hacia una población engañada o sometida unos triunfos ciertos pero sin dejar aparecer ninguna de sus sombras. La conspiración masónica, socialista, liberal y comunista internacional a la que debía hacer frente España no fue mera propaganda. Él, Carrero Blanco y algunos otros miembros de la élite del poder, sobre todo en las fuerzas armadas y en el partido único, así lo creían. O hacían que lo creían.

Se sobrepuso, evidentemente, al desprecio internacional. La combinación de posición estratégica y de mercado interno en expansión generó un atractivo indudable. Consiguió apoyos, pero entre los importantes siempre se encontró con reticencias. Los norteamericanos camparon como Pedro por su casa. La organización y la política para encuadrar la relación exterior más importante de la dictadura fue siempre un caos. La postura de partida se la recordó Arias Navarro a sus ministros cuando estos en alguna ocasión expresaron su malestar ante la dureza negociadora norteamericana con las palabras del inmarcesible Caudillo: «En último término, si no consiguen ustedes lo que quieren, firmen lo que les pongan delante. El acuerdo lo necesitamos».

Ningún historiador franquista ha comparado este comportamiento de Franco con el de De Gaulle en los años más sombríos de la segunda guerra mundial frente a la incomprensión norteamericana, las vacilaciones británicas y las pugnas internas en sus propias filas. El resultado sería desastroso para esa imagen de Franco que todavía perdura entre una población a la que no le gusta leer.

BIBLIOGRAFÍA

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B) Monografías

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La crisis de la dictadura

La crisis de la dictadura

Borja de Riquer

LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS del régimen franquista explican con precisión por qué aquella dictadura no tuvo continuidad tras la muerte del general Francisco Franco. En efecto, la erosión y crisis política que sufrió aquel régimen autoritario fue tan profunda que las opciones que pretendían perpetuarlo se vieron progresivamente desbordadas y deslegitimadas. Si bien el régimen de Franco no fue derribado por la oposición, la creciente movilización social influyó de forma harto decisiva en la crisis final del franquismo al deteriorar la imagen del gobierno y del régimen, tanto en el interior como a nivel internacional, y aumentar sus disidencias internas, al tiempo que ayudaba a incrementar la politización de una parte de la sociedad española. De este modo, a la altura de los años 1973-1974, buena parte de los políticos franquistas eran conscientes del agotamiento del régimen e incluso un sector de ellos empezó a propiciar corrientes aperturistas que les permitiesen continuar siendo los protagonistas en el posfranquismo. Esta percepción de fractura interna del régimen, provocada por la existencia de unos movimientos opositores cada vez más amplios y por la convicción de que el sistema era irrepetible, será un elemento clave en los últimos años de la dictadura y en el posterior proceso de transición hacia la democracia.

CARRERO BLANCO: CUANDO GOBERNAR ES SOLO RESISTIR

El año 1969 significó un momento clave en la historia del franquismo ya que fue entonces cuando, de hecho, el régimen dictatorial inició su etapa final, también denominada «tardofranquista». En efecto, en julio de ese año las Cortes Españolas habían votado a favor de la propuesta de Franco de proclamar al príncipe Juan Carlos de Borbón su «sucesor a título de Rey». Ello significaba una clara ruptura de la legitimidad dinástica ya que la futura monarquía española no sería restaurada sino «instaurada» a partir de la legalidad franquista. Este acontecimiento había sido precedido de la acentuación de la política represiva del gobierno contra las crecientes manifestaciones de protesta obrera y estudiantil que había culminado en la declaración del estado de excepción durante tres meses en toda España (enero-abril de 1969). Y en octubre de 1969, tras un verano notablemente agitado por el estallido del escándalo de corrupción Matesa, Franco había procedido a un radical cambio de gobierno. A propuesta del almirante Luis Carrero Blanco, que ocupaba la vicepresidencia, se formó un gobierno denominado «monocolor» que fue considerado una clara victoria de los inmovilistas y de los tecnócratas, puesto que estos últimos lograban desempeñar nada menos que diez carteras ministeriales. Carrero ya aparecía como el más probable sucesor de Franco y como la garantía más clara del deseo de continuidad del régimen.

El programa del nuevo gabinete era manifiestamente continuista en materia económica, mientras en el terreno político liquidaba de modo radical los experimentos reformistas intentados por los ministros Manuel Fraga Iribarne —Ley de Prensa— y José Solís Ruiz —reforma de la Organización Sindical—, que se convertían en las principales víctimas políticas del caso Matesa. Ahora bien, esta victoria de los sectores más inmovilistas y la formación del nuevo gobierno, provocaría una fractura en el régimen. Incluso la propia prensa oficial no ocultaba la existencia de dos tendencias rivales en el mundo político del franquismo: los denominados «continuistas» y los «aperturistas».

Los primeros, calificados por la oposición democrática de «ultras», y más tarde de «búnker», encarnaban la defensa estricta de la legalidad franquista sin necesidad de cambios o reformas. Carrero Blanco, que era uno de sus más destacados dirigentes, consideraba vigente el espíritu del 18 de julio y había defendido en diferentes informes dirigidos a Franco la necesidad de mantener intocable la ideología fundacional del régimen. Con ello desautorizaba a aquellos que empezaban a defender la necesidad de olvidar la guerra civil. Los segundos, que constituían un grupo heterogéneo y desigual, agrupaban a los defensores de realizar algunas reformas que ampliasen la base política del régimen antes del fallecimiento de Franco. Atribuir a este segundo grupo pretensiones democráticas es muy exagerado, puesto que las declaraciones políticas de sus más destacados portavoces (Fraga, Cabanillas, etc.) siempre fueron notablemente ambiguas mientras Franco permaneció en vida.

Las discrepancias más profundas entre inmovilistas y reformistas se centraban en el diferente diagnóstico sobre los cambios experimentados por la sociedad española y la naturaleza de la contestación política y social. Para los inmovilistas, la crisis de la identidad nacional y de la política del régimen era provocada básicamente por la difusión de ideas subversivas, por lo que era preciso reafirmarse en los principios fundacionales del régimen. Carrero y los sectores más inmovilistas creían que las reformas acabarían desnaturalizando el régimen y llevándolo a su perdición. En cambio, para los reformistas, el desfase entre el sistema político y la realidad social y cultural española hacía imprescindible la adaptación del régimen a los nuevos tiempos para evitar una crisis mucho más general.

Estas diferencias aparecieron explicitadas en los debates que se produjeron en el Consejo Nacional del Movimiento. Allá se patentizaron las notables divergencias políticas y el nerviosismo que empezaba a embargar a algunos de los consejeros. Esta Alta Cámara del régimen fue entonces una plataforma privilegiada del pensamiento político de la clase dirigente franquista, dado que la situación de confidencialidad de sus debates permitía a los consejeros emitir sus opiniones con una relativa sinceridad. Así, entre 1971 y 1973, se evidenciaron la existencia de posturas políticas contrapuestas entre los nostálgicos, obstinados en la defensa íntegra de los principios del Movimiento, que incluso criticaban a algunos ministros por haberse desviado de ellos, mientras otro sector de consejeros apostaba por impulsar reformas que adaptasen el régimen a la nueva sociedad, poniendo un especial énfasis en la necesidad de crear unas asociaciones que promoviesen un cierto pluralismo dentro del Movimiento. Había incluso unos pocos consejeros que advertían que el régimen era excepcional e irrepetible y que no sobreviviría a su fundador, dado que la norma institucional en toda Europa occidental era la democracia liberal. Sin embargo, la gran mayoría mostraba su preocupación por el resurgir de los movimientos nacionalistas catalán y vasco y por el apoyo dado a los «elementos separatistas» por ciertos sectores del clero, a la vez que rechazaban con vehemencia toda propuesta de descentralización administrativa y de potenciación de las instituciones municipales y provinciales para frenar los movimientos «separatistas». El propio Carrero Blanco tenía una visión casi paranoica de la vida política española y responsabilizaba de toda la conflictividad social y política a las minorías subversivas de siempre. En sus discursos, notas confidenciales e informes a Franco aparece una preocupación casi enfermiza ante la infiltración de la masonería y del comunismo, no solo en el movimiento obrero y entre los universitarios e intelectuales, sino también en la propia iglesia Católica y en los medios de comunicación. Bajo su punto de vista, todo el desorden existente era debido a «conspiraciones» masónicas, comunistas y separatistas, a las que en los últimos años se había sumado una parte del clero, también contaminado de separatismo.

Entre finales de 1969 y marzo de 1973 ni el gobierno, ni el Consejo Nacional, ni las Cortes lograron aprobar ninguna decisión de carácter institucional de auténtica relevancia, ni reforma significativa en el terreno laboral o social. En los debates políticos internos, junto a las crecientes discrepancias entre inmovilistas y reformistas, se evidenciaba una total incomprensión de lo que estaba pasando en la sociedad española. En aquellos momentos de coincidencia de graves problemas de orden político y social, las discusiones políticas se centraron en dos cuestiones: el enfrentamiento con una parte de la jerarquía eclesiástica y la intensificación de la actividad terrorista de la organización vasca ETA. Y a ellos se sumaría el malestar provocado por el crecimiento de la conflictividad laboral, la rebelión universitaria, que se extendió al conjunto del sector educativo, la aparición del movimiento vecinal y la ampliación de la protesta cultural. De este modo, entre 1969 y 1973, se fueron expandiendo entre buena parte de los políticos franquistas las dudas sobre si el gobierno de Carrero Blanco lograría asegurar el orden público, estabilizar la situación política y calmar tensiones internas del propio régimen.

El enfrentamiento del gobierno franquista con la iglesia Católica en los últimos años del régimen fue uno de los sucesos más relevantes, dado que afectaba a uno de los pilares básicos de la dictadura. En aplicación de la nueva línea aprobada en el concilio Vaticano II y para proceder a la renovación de la dirección de la iglesia española, en mayo de 1971, la Santa Sede situó al frente de la diócesis de Madrid al cardenal Vicente Enrique y Tarancón, y poco después, en marzo de 1972, lograba que la XVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal lo eligiera como su presidente, frente a otros candidatos más gratos al régimen, como eran el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, o el arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero Cuadrado, ambos procuradores en Cortes. Bajo la dirección del cardenal Enrique y Tarancón, la nueva orientación política de la iglesia española se patentizó en una proclamación de total fidelidad al espíritu conciliar, hecho que significaba acabar con la política seguida desde 1939.

El cambio político de la iglesia española se manifestó explícitamente en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes celebrada en septiembre de 1971, donde se aprobó por amplia mayoría (215 votos frente a 26) una declaración favorable a la «independencia y sana colaboración entre la Iglesia y el Estado» que significaba, de hecho, desautorizar el concordato de 1953 y reclamar para la iglesia española una actuación totalmente desvinculada del régimen franquista. Un segundo documento de gran significado histórico y simbólico, porque se refería al comportamiento de la iglesia durante la guerra civil, si bien recibió 137 votos favorables frente a 78, no fue finalmente aprobado al no alcanzar los dos tercios requeridos. El texto pedía perdón «porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de la reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Que la Cruzada, o la Guerra de Liberación, fuesen calificadas de «guerra entre hermanos» por la máxima institución de la iglesia española provocó la ira de los sectores más ultras y del propio gobierno franquista.

El cambio político de la iglesia había cogido desprevenido al gobierno Carrero, que lo consideró como un acto de ingratitud por parte de una institución que había sido generosamente ayudada por el régimen durante treinta años. El propio Franco, reconoció a sus allegados que la iglesia le había dado «una puñalada por la espalda». Pero la opción eclesiástica era firme y decidida. Cuando a principios de enero de 1973, Carrero Blanco solicitó al cardenal Enrique y Tarancón que la iglesia española continuase siendo «nuestro principal apoyo», la réplica llegó de manos de la Conferencia Episcopal, que en una declaración titulada «Iglesia y comunidad política», aprobada por 59 obispos frente a 20, defendió como valores propios el respeto a los derechos humanos, la separación de la iglesia y del estado y la legitimidad del pluralismo democrático. En buena parte, las quejas del gobierno estaban también provocadas por el aprovechamiento de muchos locales de la iglesia —parroquias, conventos, seminarios, colegios, centros católicos, etc.— por la oposición democrática para realizar reuniones, encierros de protesta o en solidaridad con huelgas de hambre de trabajadores o sus familias. Por ello empezaron también a proliferar las detenciones y enjuiciamientos de eclesiásticos, normalmente acusados de colaborar con organizaciones ilegales o incluso de pronunciar homilías en las que se atacaba al gobierno.

El aumento de la conflictividad obrera era una realidad innegable que no solo estaba vinculada a problemas estrictamente laborales —negociación de convenios—, sino que también presentaba un carácter solidario al estar a menudo motivada por el incremento de la represión policial y por la intransigente política gubernamental, manifestada, por ejemplo, en el año 1970 por la militarización del metro de Madrid durante la huelga de los trabajadores de este transporte público. De este modo, el 44 % de los conflictos laborales producidos entre 1969 y 1971 estuvieron motivados por la solidaridad y posteriormente esta tendencia se incrementó aún más. Ya en 1970, los conflictos laborales se habían triplicado respecto al año anterior, 1549 frente a 491, participando el doble de trabajadores y provocando también el doble de horas de trabajo perdidas.

Tampoco la represión directa sobre los dirigentes y militantes de Comisiones Obreras logró frenar la escalada de la conflictividad laboral. En tan solo dos años, 1971 y 1972, la Organización Sindical falangista cesó a 17 643 enlaces sindicales bajo la acusación de «actuación subversiva». En junio de 1972, fue detenida la práctica totalidad de la dirección de Comisiones Obreras en un convento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Un año después comparecería ante el Tribunal de Orden Público (TOP), en el llamado «proceso 1001», que se convirtió en un auténtico juicio político contra las libertades sindicales y en el cual se condenó a largas penas de prisión a los diez encausados.

Las protestas también se incrementaron en otros sectores de la sociedad española. En la universidad, el gobierno intentó combinar una política reformista y de aceptación de la negociación de las reformas educativas —proyectos del ministro Villar Palasí—, con el mantenimiento estricto del orden público y la represión indiscriminada de todo alboroto. La situación en las universidades era cada vez más conflictiva e ingobernable. Las autoridades ministeriales estaban convencidas de la existencia de una minoría de activistas que tenía la capacidad de bloquear la institución gracias a la pasividad y despreocupación de la gran mayoría, situación que obligaba a la constante presencia policial en los centros universitarios. El proceso de radicalización política e ideológica del movimiento estudiantil era relativamente semejante al de otros países europeos y logró convertir buena parte de las facultades y escuelas universitarias en lugares donde los universitarios podían celebrar asambleas, colgar carteles, distribuir publicaciones clandestinas y organizar actos de solidaridad. A esta circunstancia ayudaba notablemente la constitución de un potente movimiento de profesores no numerarios (PNN), que si bien presentaba sus propias reivindicaciones salariales, laborales y académicas, fue coincidiendo políticamente con el movimiento estudiantil. Empezaba a constituirse una amplia movilización a favor de una universidad nueva que se quería democrática, científica y autónoma. En la enseñanza media y primaria, si bien la Ley General de Educación recibió una mejor acogida por parte del profesorado y de los padres y madres de los alumnos, su exclusión en la discusión de la propia ley y la existencia de numerosos problemas laborales y salariales acabaron configurando un movimiento unitario de protesta.

Otro de los graves problemas que debía afrontar el gobierno era el activismo terrorista de ETA, que tras los primeros asesinatos, en 1968, había aumentado progresivamente el número de atentados, situación que provocó un despliegue represivo extraordinario en el País Vasco. Así, en 1969 fueron detenidas 1953 personas, de las cuales 890 denunciaron haber sido maltratadas, 510 torturadas, 93 procesadas por el TOP y otras 53 puestas a disposición de la autoridad militar para ser sometidas a consejos de guerra. Como una medida especial de escarmiento político, el gobierno decidió que 16 militantes de ETA, dos de ellos sacerdotes y cinco mujeres, fuesen juzgados conjuntamente en un consejo de guerra que tendría lugar en diciembre de 1970 en la capitanía general de Burgos. Fue un grave error, ya que el proceso se convirtió en un suceso político de repercusión internacional al derivar rápidamente en un cuestionamiento de la legitimidad del régimen franquista para enjuiciar a unos patriotas vascos que protestaban por la opresión contra su cultura e identidad. El intento gubernamental de presentarlo como una muestra de autoridad y fortaleza terminó provocando una gran oleada de protestas dentro y fuera de España.

El juicio de Burgos se convirtió en un auténtico hito para el nacionalismo vasco y sirvió para otorgar una enorme difusión internacional a su causa. El propio gobierno, al pretender hacer un gran proceso político, había convertido el activismo terrorista etarra, hasta entonces una cuestión relativamente secundaria, en el centro de un grave conflicto identitario entre buena parte de la población vasca y el régimen franquista. La sentencia del consejo de guerra, seis condenas a muerte y largas penas de prisión para los restantes procesados, no hizo más que aumentar las protestas. Las numerosas peticiones de clemencia internacionales, a las que se sumaron las provenientes del interior de España, influyeron en la decisión de Franco de conmutar todas las penas de muerte.

El proceso de Burgos y sus consecuencias reforzaron el activismo de ETA, cuyos postulados encontraron eco en la población vasca al tiempo que obligaron a las fuerzas de la oposición democrática a denunciar la política represiva gubernamental y a tolerar, casi como un mal menor, la violencia practicada por ETA. Por otra parte, durante los cuatro primeros meses del nuevo estado de excepción decretado por el gobierno, entre el 15 de diciembre de 1970 y el 6 de abril de 1971, las fuerzas de orden público habían procedido a la detención de 1189 personas, en un total de treinta provincias, aunque la mayoría se habían realizado en Madrid, Barcelona, Vizcaya y Sevilla. El 25 % de los detenidos eran acusados de ser comunistas y otro 25 % de pertenecer a Comisiones Obreras. El nerviosismo y la irritación del gobierno manifestados durante el proceso de Burgos acabaron traduciéndose en una notable acentuación del control sobre la información en los medios privados, mientras TVE y las emisoras y publicaciones públicas tendían a silenciar la existencia de conflictos sociales. El ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, presionó fuertemente para evitar que se publicasen opiniones críticas del gobierno y, en especial, informaciones sobre las tensiones entre los diferentes sectores franquistas. Se regresó a la política de las amenazas a los directores, de multas, de secuestro de ediciones y de cierres temporales de publicaciones. Fueron sometidas a una particular persecución revistas como Cambio 16 —aparecida en 1971— y Triunfo, así como la agencia de noticias Europa Press, y también publicaciones humorísticas como Por favor, Hermano Lobo, e incluso la veterana La Codorniz. Ahora bien, el caso más escandaloso fue el del cierre (1971), desahucio y posterior voladura con dinamita de su edificio (1972) del diario Madrid, por su constante crítica a la inmovilista política gubernamental y por su defensa de un reformismo democrático. No dejaba de ser una paradoja que dos antiguos amigos y compañeros del Opus Dei, como eran el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, y el presidente del Consejo de Administración de este diario, Rafael Calvo Serer, acabasen tan duramente enfrentados.

La remodelación del gobierno, realizada en junio de 1973, permitió al almirante Luis Carrero Blanco alcanzar su máximo cénit político: la Presidencia de gobierno. Por primera vez en la historia del régimen franquista se separaba la Jefatura del estado de la Presidencia del gobierno. La terna presentada por el Consejo del Reino a Franco había estado convenientemente preparada para que el almirante resultase elegido frente al veterano falangista Raimundo Fernández Cuesta y al discrepante Manuel Fraga Iribarne. El nuevo gobierno confeccionado por Carrero presentaba algunas significativas novedades. Torcuato Fernández Mirada, que retenía la Secretaría General del Movimiento, pasaba a ser al mismo tiempo vicepresidente del gabinete. El tecnócrata opusdeísta Laureano López Rodó dejaba sus relevantes funciones económicas para asumir Asuntos Exteriores. Un político intransigente y próximo al círculo familiar de Franco, Carlos Arias Navarro, que había sido director general de Seguridad y alcalde de Madrid, pasaba a ocupar la comprometida cartera de Gobernación. Los responsables de los Ministerios más conflictivos, José Luis Villar Palasí, de Educación y Alfredo Sánchez Bella de Información, eran cesados y reemplazados por dos grises personajes, Julio Rodríguez, represivo rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y el falangista Fernando de Liñán Zofio. Era un gobierno de clara continuidad que se reafirmaba en el más claro inmovilismo, en la resistencia a todo posible cambio y que se negaba a analizar la realidad social española. El propio Carrero afirmó entonces que su programa se resumía con una única palabra: «continuar». Su objetivo fundamental era asegurar la unidad de los franquistas auténticos, prescindiendo de los declarados aperturistas o simplemente tibios.

Entre junio y diciembre de 1973, el gobierno Carrero Blanco, de hecho, no tomó ninguna decisión de relevancia. Parecía no ser consciente de las enormes dificultades a las que se enfrentaba. La clase política franquista estaba desconcertada, la conflictividad social crecía, se patentizaba el distanciamiento con la iglesia Católica… y a esto había que añadir la aparición, a finales de 1973, de los primeros efectos de la grave crisis económica internacional: el precio del petróleo se multiplicó por cuatro en tan solo cuatro meses. Sin embargo, un suceso inesperado puso fin al gobierno Carrero cuando no habían transcurrido ni seis meses desde su formación. A las 10 de la mañana del día 20 de diciembre de 1973, el coche en que viajaba el presidente del gobierno voló por los aires a consecuencia de la explosión de una potente bomba en la calle Claudio Coello de Madrid. Carrero murió en el acto. El atentado había sido realizado por un comando de ETA desplazado a la capital, y que durante meses había planificado con todo detalle su ejecución. Aunque corrieron todo tipo de rumores sobre la autoría del atentado, pronto fue evidente que la llamada Operación Ogro era obra exclusiva de ETA, que había sabido aprovechar la poca eficacia de los servicios de información policiales y las escasas medidas de seguridad que acompañaban a Carrero Blanco. El asesinato del presidente del gobierno provocó una enorme confusión en el mundo político franquista ante la evidencia de que con él desaparecía una pieza clave de la continuidad política de la dictadura.

EL GOBIERNO ARIAS, UNA NAVE SIN RUMBO

El sucesor de Carrero no fue el esperado, el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, un falangista pragmático cercano al príncipe Juan Carlos. De forma sorprendente, Franco nombró al inmovilista Carlos Arias Navarro, un hombre que había demostrado su escasa competencia como ministro de la Gobernación al no haber detectado la compleja preparación del atentado contra Carrero. La sorpresa se incrementó cuando, a principios de enero de 1974, Arias Navarro formó un gobierno en el que estaban presentes todas las familias franquistas, a excepción de los tecnócratas del Opus Dei, que desaparecían del gabinete tras casi dieciséis años de presencia ininterrumpida, hecho que reflejaba hasta que punto su influencia había dependido de la protección de Carrero Blanco. Arias, de forma arriesgada, rompía con el equilibrio impuesto por Carrero un año antes y se vinculaba estrechamente a los falangistas más inmovilistas.

El programa político de Arias, presentado a las Cortes el 12 de febrero de 1974, sorprendió porque pese a la ambigüedad de su retórica parecía orientarse hacia una moderada apertura. Por ello la prensa habló pronto de «el espíritu del 12 de febrero» como símbolo de un prudente deseo de cambio. Arias, con notable inconcreción, habló de proseguir la «continuidad perfectiva» del régimen, procurando el «ensanchamiento de los cauces de participación» y buscando «nuevas fórmulas para dar proyección política al pluralismo real de nuestra sociedad». La nueva orientación política fue aplaudida por los aperturistas y radicalmente rechazada por la oposición democrática, que la consideró continuista e imprecisa. La primera iniciativa gubernamental fue la propuesta de una inmediata ley sobre el derecho de asociación política. Por su parte, Pío Cabanillas, un estrecho colaborador de Manuel Fraga Iribarne, desde el Ministerio de Información y Turismo, parecía iniciar un proceso de apertura informativa, con la práctica desaparición de la presión política sobre diarios y revistas y una notable tolerancia a lo que bien pronto se denominó «el destape», es decir, la exhibición de desnudos femeninos tanto en publicaciones como en el cine. Esta mayor permisibilidad posibilitó que la oposición más moderada y los grupos disidentes pudieran aparecer con más frecuencia en los medios de comunicación.

Sin embargo, las expectativas abiertas por el «espíritu del 12 de febrero» quedaron bien pronto defraudadas, evidenciándose que el aperturismo sería muy limitado en vida de Franco. Diversos incidentes políticos acontecidos durante el agitado inicio del año 1974 debilitaron políticamente al gobierno Arias, que mostró poca habilidad para encarar problemas de una cierta complejidad, como se hizo patente en su actitud en el asunto Añoveros. El día 24 de febrero de 1974, el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, se lamentó en una homilía de las discriminaciones sufridas por la lengua y cultura vascas y reclamó un sistema político que fuese respetuoso con la «identidad específica del pueblo vasco». La reacción del gobierno Arias fue desproporcionada y airada al considerar aquellas afirmaciones como un «grave atentado a la unidad nacional» y ordenar el arresto domiciliario del obispo de Bilbao como paso previo para su expulsión del territorio español. Tanto el propio Añoveros, como el cardenal Vicente Enrique y Tarancón y la Conferencia Episcopal, negaron al gobierno el derecho a expulsar a un obispo y le recordaron que, según el concordato vigente, quienes dictasen tal orden —los miembros del Consejo de Ministros, por ejemplo— podrían ser excomulgados por la iglesia. El gobierno Arias se encontró ante una situación indeseada que se agravó aún más a causa de la intervención decidida del papa Pablo VI en apoyo de Añoveros y de Vicente Enrique y Tarancón. Ante la posibilidad de una ruptura pública con el Vaticano y con la iglesia española, tuvo que ser el propio Franco quien obligase al imprudente Arias a retirar la orden de expulsión de Añoveros. El incidente fue interpretado como una clara derrota política del gobierno que se había visto obligado a ceder ante la férrea actitud de Vicente Enrique y Tarancón y de la Santa Sede.

La política represiva del gobierno Arias tampoco fue nada hábil. Pretendiendo aparentar gran autoridad y para dar satisfacción a los grupos más ultras, que exigían represalias por la muerte de Carrero, no solo ordenó detenciones masivas de militantes de grupos de izquierdas, sino también decidió la ejecución del joven militante anarquista catalán, Salvador Puig Antich y de un polaco, que luego resultó ser alemán, llamado Heinz Chez, que eran acusados de haber dado muerte a un policía y a un guardia civil, respectivamente. El consejo de guerra contra Puig Antich, que fue descaradamente amañado con ocultación de pruebas y el rechazo de varios testigos, aún no ha sido revisado. Estas ejecuciones políticas, llevadas a cabo el 2 de marzo de 1974, eran las primeras en once años y, además, se habían realizado empleando el macabro procedimiento del garrote vil. Numerosas manifestaciones de protesta y peticiones de clemencia, incluso del papa Pablo VI, no tuvieron efecto alguno. La contumaz actitud de Arias echaba por tierra las esperanzas creadas por su discurso del 12 de febrero e incrementó la sensación de que el gobierno era una nave sin rumbo claro, cosa que aumentó las divisiones, desconfianzas y enfrentamientos en el interior de la familia franquista.

Nuevos contratiempos incrementaron el nerviosismo del gobierno Arias, y en general de todo el universo franquista. El primero provino de la caída del régimen dictatorial de la vecina Portugal el 24 de abril de 1974. La «revolución de los claveles» había sido protagonizada por jóvenes militares hastiados de la larga y sangrienta guerra colonial en Angola, Mozambique y Cabo Verde. Pese a tratarse de situaciones muy diferentes, a nadie se le ocultó entonces que el proceso de descomposición de la vecina dictadura había sido el resultado de la larga decadencia de un régimen muy condicionado por la personalidad irreemplazable de Oliveira Salazar y por la crisis política iniciada tras su fallecimiento, en 1970. Las dictaduras personalizadas parecían no sobrevivir a sus fundadores. A esta inquietante impresión se sumó poco después otro mal presagio: el 24 de julio de 1974 caía el otro régimen dictatorial existente en el sur de Europa, la dictadura de los coroneles griegos. Lógicamente, estos sucesos acentuaron las tensiones entre los ultras y los reformistas, convencidos ambos de que su opción era la única que podía salvar el régimen.

En esta situación, el 9 de julio de 1974 se había producido un hecho de extraordinaria importancia política: Franco había sido ingresado con urgencia en una clínica de Madrid afectado de una tromboflebitis que requería una inmediata intervención quirúrgica. Las complicaciones postoperatorias agravaron la situación del enfermo hasta el punto de recibir la extremaunción a consecuencia del temor de un inmediato fallecimiento. El 19 de julio Francisco Franco delegó provisionalmente sus poderes de jefe del estado en el príncipe Juan Carlos de Borbón. Durante dos meses, la vida política del régimen se centró casi exclusivamente en las especulaciones sobre la posibilidad de que Franco renunciase de forma definitiva a esta Jefatura o falleciese. La incertidumbre, la sensación de provisionalidad y la certeza de que el Caudillo tenía los días contados se había apoderado de todos los ambientes políticos. Y junto a la enfermedad de Franco, aparecían las intrigas de algún sector ultra contra el príncipe Juan Carlos y en favor de las posibilidades políticas de su primo hermano, Alfonso de Borbón Dampierre, hijo del infante don Jaime. Porque dos años antes, en 1972, Alfonso de Borbón había contraído matrimonio con Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor de Franco. Este maridaje había provocado la formación de un grupo de presión, que incluía a miembros de la propia familia Franco, dispuestos a presionar para que se alterasen las disposiciones sucesorias aprobadas en detrimento de Juan Carlos y a favor de Alfonso.

La recuperación de los poderes por parte de Franco, el 2 de septiembre, casi coincidió con un impresionante atentado terrorista de ETA, ocurrido el día 13, en el centro de Madrid, en la cafetería Rolando de la calle del Correo, frecuentada por policías. La bomba causó doce muertos —cinco mujeres y siete hombres— y más de ochenta heridos, todos ellos civiles. La reacción de Arias fue reafirmar su involución política y destituir al ministro reformista que concitaba mayor hostilidad entre los ultras: el de Información y Turismo, Pío Cabanillas (29 de octubre). Este cese provocó la dimisión, en solidaridad, del vicepresidente y ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, que fue seguida de la de una docena larga de dimisiones de directores generales y otros cargos ocupados por dirigentes identificados con sectores reformistas (Francisco Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja, Juan Antonio Ortega, Juan José Rosón, etc.). El cese y las dimisiones evidenciaron de forma pública y notoria la ruptura política entre los reformistas y los inmovilistas gubernamentales. Mientras los primeros daban por definitivamente muerto el espíritu del 12 de febrero, los segundos acusaban a los aperturistas de desestabilizar el propio régimen.

ENTRE LA CRISIS ECONÓMICA Y LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

La crisis económica internacional surgida a finales de 1973, y provocada inicialmente por la gran subida del precio del petróleo, vino a complicar notablemente la situación, que se vio empeorada por el tenaz rechazo del gobierno Arias a reconocer la gravedad del momento y a tomar medidas económicas de relevancia. Diversos informes del Banco de España y de la propia OCDE habían señalado las notables debilidades de la economía española, que se hallaba demasiado cerrada al exterior, era excesivamente dependiente de la intervención del estado, tenía un sector público reducido en sus medios y débil en su capacidad de estimular el desarrollo económico, y además estaba hipotecada por un excesivo déficit comercial. A estos factores negativos, la OCDE añadía la ausencia en España de una cultura empresarial moderna y la falta de un ambiente económico que estimulase las iniciativas modernizadoras.

Estas debilidades se confirmaron rápidamente al iniciarse la crisis del petróleo. Entre octubre de 1973 y enero de 1974 el precio internacional del barril de petróleo aumentó de 3 a 11,6 dólares. Ante ello, el gobierno Arias, al contrario de la mayoría de los países de la OCDE, no propuso ni una reducción del consumo de petróleo, ni una política que estimulase el ahorro energético. Al contrario, lejos de disminuir, las importaciones de petróleo aumentaron a lo largo de 1974 y, pese a la política de subvenciones, en un año el precio de la gasolina subió un 70 %, el del butano el 60 % y el de la electricidad el 15 %.

La crisis bien pronto afectó a otros ámbitos de la economía española y el déficit comercial creció a causa del incremento del precio de las importaciones y de las mayores dificultades para exportar como consecuencia de la recesión generalizada en el mundo occidental. A ello se sumó la caída de los ingresos de divisas procedentes del turismo, que disminuyeron notablemente entre 1974 y 1976, así como la reducción drástica de las inversiones extranjeras. De este modo, la balanza de pagos española pasó de un superávit de 500 millones de dólares, en 1973, a un déficit de 3268 millones de dólares en 1974 y las reservas de divisas casi desaparecieron. Además, resultaba que en España el petróleo cubría el 72 % de las necesidades energéticas, cuando la media de los países de la OCDE era de un 55 %. Y más del 96 % del petróleo consumido en España era de importación. Se produjo, por otra parte, un nuevo fenómeno económico denominado «stagflaction», es decir, inflación con recesión, que duraría más de una década. La situación había evolucionado en una dirección absolutamente opuesta a la deseada por el gobierno: la economía española se estaba hundiendo en tiempos de gran incertidumbre política. La tasa de inflación pasó del 11,2 % en 1973, al 17 % en 1975, y alcanzaría el 25 % en 1977. El crecimiento económico se frenó bruscamente, pasando del 5,7 % en 1974, a tan solo un 1,1 % en 1975, mientras la tasa de paro, que afectó especialmente a la industria y a la construcción, se doblaba entre estas mismas fechas. La situación del mercado de trabajo se agravó a causa del retorno de unos ciento cincuenta mil españoles que trabajaban en Europa. La crisis económica tuvo un efecto demoledor sobre la estructura industrial española, sobre todo en los sectores de la siderurgia, construcción naval, textil y metalurgia, que ante el descenso de la demanda exterior e interior fueron incapaces de adoptar medidas de ajuste y de reducción de la producción, considerando, como afirmaba el gobierno, que la crisis sería solo coyuntural.

Junto a la preocupante panorámica económica, el gobierno Arias debía afrontar el notable incremento de la conflictividad social. Entre 1971 y 1975 el número de conflictos se quintuplicó, de manera que en 1974 se llegó a 2290 huelgas oficialmente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y en 1975, a nada menos que 3156. En los dos últimos años de la dictadura, el número de huelguistas alcanzó los 685 000 en 1974 y 647 000, al año siguiente, y las horas perdidas alcanzaron nada menos que catorce millones.

Al incremento de las movilizaciones de los trabajadores se unieron nuevas y osadas formas de lucha: se ocupaban centros de trabajo, se producían concentraciones y encierros en iglesias, universidades y en locales de la propia OSE, se convocaban «jornadas de lucha» y se realizaban marchas de protesta. Además, proliferaban las declaraciones públicas, los manifiestos y las cartas de apoyo a las reivindicaciones obreras y en solidaridad con trabajadores despedidos o en huelga de hambre, a favor de los cuales se organizaban conciertos y fiestas populares alternativas. Todo era utilizado para convocar a la ciudadanía y divulgar mensajes de solidaridad con los represaliados y en favor de las libertades.

La constatación política de la importancia de estas movilizaciones obreras llegó en junio de 1975, cuando se celebraron las elecciones sindicales, que se convirtieron en una auténtica prueba de fuerza entre el aparato de la OSE y Comisiones Obreras. La participación fue muy alta, cercana al 90 % , y la victoria de las candidaturas «democráticas unitarias», impulsadas por militantes de Comisiones, USO e independientes, fue clara en la gran mayoría de las grandes empresas y en las zonas industriales más combativas, pero también en localidades sin excesiva tradición. El propio Rodolfo Martín Villa, entonces gobernador civil de Barcelona, afirmó que aquellas elecciones suponían «un éxito de participación y un fracaso político» puesto que habían ganado las candidaturas propiciadas por los comunistas.

Hay que considerar la alta conflictividad laboral de esos años en relación al extraordinario marco político en que tenía lugar, es decir, un sistema dictatorial que situaba cualquier huelga en la ilegalidad y que podía castigar a los huelguistas con la pérdida del empleo e incluso con la detención policial y el encarcelamiento. En estas circunstancias, el hecho de que el número de huelgas en los años finales del franquismo fuese similar al de algunas democracias vecinas, como Francia o Gran Bretaña, donde la huelga era un derecho reconocido, otorga a la conflictividad laboral española un valor añadido que sobrepasa al estrictamente numérico. Además, en España, la continua transgresión de la legalidad y del orden público, la denominada «subversión», era atajada en exclusiva con políticas represivas, que incrementaban aún más la desestabilización política del ya débil gobierno de Arias Navarro.

El movimiento estudiantil también conoció un importante rebrote en aquellos años. Una cierta permisibilidad por parte de algunos de los rectores, sobre todo en la etapa de Villar Palasí, había permitido una mayor influencia de la oposición democrática en la vida académica, que empezó a contar con una incipiente presencia de representantes elegidos por profesores y estudiantes en juntas de centro y claustros universitarios. La involución política que significó el Ministerio de Julio Rodríguez implicó el enfrentamiento con algunas universidades: destitución de rectores, nombramiento de rectores-comisarios, disolución gubernativa de juntas de gobierno y de claustros, etc. Hubo grandes protestas de estudiantes y profesores contra la imposición por el Ministerio de nuevos planes de estudio —Plan Suárez— que vulneraban totalmente la prometida autonomía universitaria. El curso 1974-1975 fue en extremo conflictivo y confirmó una vez más que el gobierno había perdido la batalla de la universidad. La institución vivía en una constante anormalidad, que implicaba la frecuente entrada policial en los recintos y el cierre de centros y universidades enteras, como el indefinido de la de Valladolid (febrero de 1975).

Ese mismo mes se inició una huelga general de los profesores no numerarios de toda España en defensa de la estabilidad laboral, de mejoras salariales y de participación en la gestión de la universidad, que logró paralizar complemente la vida académica al prolongarse hasta el final del curso académico. Era un claro reflejo de que el nuevo movimiento universitario adquiría también un carácter más general y que sus reivindicaciones incluían la participación en la gestión de la universidad, la constitución de claustros y juntas representativos y la defensa de una auténtica autonomía universitaria. El llamado «manifiesto de Bellaterra», elaborado por una comisión de catedráticos, profesores PNN y estudiantes y titulado «Per una universitat nova en una societat democràtica», fue aprobado por el claustro de la Universidad Autònoma de Barcelona el 15 de marzo de 1975. También otros sectores de la enseñanza, como el profesorado de secundaria y los maestros, se movilizaron para mejorar sus condiciones de trabajo y los salarios, mientras que en la sanidad, tanto los jóvenes médicos —los MIR—, como el personal de enfermería y el auxiliar protagonizaron en mayo de 1975 una huelga general de toda la sanidad pública española que duró dos semanas.

Asimismo, el movimiento vecinal adquirió un gran impulso que se evidenció en el gran crecimiento de las asociaciones de vecinos: en 1970 se constituyó en Barcelona la primera Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, que agrupaba a ciento veinte entidades, de las cuales cuarenta eran asociaciones de barrios populares, y reunía unos setenta mil socios. Entre 1964 y 1978 se crearon en la provincia de Madrid unas doscientas cincuenta asociaciones y en 1976 había en España más de cinco mil asociaciones de este tipo. El movimiento reivindicativo en los barrios fue intensísimo durante la década de 1970: fueron constantes las movilizaciones y luchas contra planes parciales urbanísticos (Barcelona), contra la contaminación (Bilbao), contra la carestía de la vida (boicot a los mercados en Madrid, en febrero de 1975), contra la precariedad de los servicios públicos, la mala calidad de la construcción que se apreciaba en los polígonos de la Obra Sindical del Hogar, y en solicitud de ambulatorios, escuelas, mercados y transportes públicos. Debe recordarse que en 1975 muchas localidades de la periferia de Madrid o Barcelona, como Móstoles, Getafe, Badalona, Sabadell o Santa Coloma de Gramanet, tenían más del 40 % de sus calles sin asfaltar e incluso sin alcantarillas. La extensión e intensificación del movimiento vecinal sirvió para divulgar los valores democráticos y para estimular la reivindicación del autogobierno municipal. El sociólogo Manuel Castells ha calificado el español como «el movimiento urbano más extendido y significativo de Europa desde 1945», dado que además de sus valores democráticos y de denuncia de las políticas públicas se enfrentaba a una dictadura.

Esta generalizada contestación política y social comportó un considerable incremento de la represión policial y judicial. En los últimos cuatro años de la dictadura, el aumento de las causas incoadas por el Tribunal de Orden Público (TOP) fue espectacular: 1695 en 1972; 2065 en 1973; 2382 en 1974; y 4317 en 1975: total, 10 459 causas. Por su parte, los tribunales militares, entre 1974 y 1975, procesaron en consejos de guerra a un total de 305 civiles acusados de delitos contra la seguridad del estado, resistencia a la autoridad o injurias al ejército. La multiplicación de procesos y condenas por haber participado en huelgas, o haber ejercido las libertades de expresión, asociación o manifestación, acabaron convirtiéndose ante la opinión pública española e internacional en una clara muestra de la ausencia de libertades y de derechos políticos en España. La campaña de la organización Justicia y Paz, presidida por Joaquín Ruiz-Giménez, en favor de la amnistía, generó amplias simpatías y logró, en el año 1974, el apoyo de ciento sesenta mil firmas.

Por otra parte, la oleada represiva que se desencadenó en el País Vasco con la excusa del activismo violento de ETA continuaba siendo notable. En tres años, entre 1973 y 1975, unos seis mil quinientos ciudadanos vascos fueron detenidos por la guardia civil o la policía, y muchos de ellos denunciaron haber sido maltratados y torturados en cuartelillos y comisarías. Por su lado, ETA utilizaba esta represión para justificar el incremento de su escalada de violencia: entre 1968 y el fallecimiento de Franco, esta organización vasca dio muerte a 44 personas, 24 miembros de las fuerzas de orden público y 20 civiles. Pero el activismo violento no era obra exclusiva de ETA, también lo practicaban otros grupos de extrema izquierda, como el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), que en 1973 asesinó a un policía y en 1975 a tres más, y como los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), que causaron siete víctimas en 1975. Aunque ambas organizaciones se definían marxistas-leninistas, la primera era una derivación de la escisión prochina que había tenido el PCE en 1964, mientras que los GRAPO procedían de un extraño grupúsculo surgido en el seno de la extrema izquierda gallega, el Partido Comunista de España Reconstituido.

También esos primeros años de los setenta presenciaron una auténtica explosión cultural, con la proliferación de nuevas publicaciones, editoriales e iniciativas que venían a denunciar la situación de ausencia de libertades y a desenmascarar el reaccionarismo que predominaba en buena parte de las instituciones culturales oficiales. Gran parte de las nuevas iniciativas e industrias culturales surgidas entonces actuaban a partir de unas pautas de cultura democrática por lo que muy a menudo entraron en conflicto con las autoridades franquistas. En este terreno debe señalarse por su relevancia el movimiento musical crítico representado por numerosos cantantes que mostraban su claro compromiso con la lucha democrática al denunciar con sus canciones —propias o adaptaciones de poemas conocidos— la falta de libertad y las injusticias existentes en España. Entre ellos destacarían los integrantes de «la nova cançó» catalana —Raimon, Serrat, Bonet, Llach, etc.—, así como los cantautores en lengua castellana —Ibáñez, Labordeta, Serna, etc.—. La represión gubernamental se manifestó estos años en las frecuentes prohibiciones de recitales, conciertos y conferencias, así como en el secuestro de libros, publicaciones y en las numerosas multas gubernativas a personas y entidades. Esta actitud intolerante no hizo más que reforzar la imagen represiva y reaccionaria de las autoridades franquistas.

De este modo, el proceso de deslegitimación cultural del régimen, ya iniciado a mediados de la década de los sesenta, adquirirá durante los setenta un ritmo e intensidad mayor. Cuando muera Franco, la cultura crítica, de carácter inequívocamente democrática, había logrado no solo una clara hegemonía en el mundo de la alta cultura, sino también una considerable penetración en el conjunto de la sociedad española. El largo proceso de reconstrucción de una cultura democrática, al margen y frente a la dictadura franquista, había alcanzado sus primeros objetivos.

INCREMENTO Y PROTAGONISMO DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

Durante los últimos seis años del régimen franquista las fuerzas de la oposición democrática incrementaron su influencia política y participaron de forma activa en los diferentes movimientos sociales reivindicativos. Hubo, sin embargo, un reducido avance hacia una unidad de acción y hacia la elaboración de un programa político común. Solo a partir de 1974, con el agravamiento de la salud de Franco, los sectores partidarios de la democracia empezaron a coordinarse realmente.

Los cambios económicos y sociales experimentados desde la década de los sesenta influyeron de manera gradual en la opinión y en el sistema de valores de buena parte de los españoles. Las encuestas realizadas por el propio Instituto de Opinión Pública, pese a sus limitaciones, reflejan una clara politización de la sociedad y una progresiva aceptación de los valores democráticos como los más lógicos y deseables. Ahora bien, este fenómeno no solo era el fruto de la modernización social, sino que también influyó notablemente la existencia de una conflictividad y de unos movimientos sociales reivindicativos cada vez más conocidos por la opinión ciudadana.

La propia confusión política imperante en medios franquistas estos años estaba posibilitando una mayor presencia pública de la oposición más moderada, buena parte de ella procedente del propio régimen del que se había distanciado en diferentes momentos. Así, de forma paulatina, la opinión pública española pudo saber de la existencia y las propuestas de los grupos de discrepantes y opositores, como los monárquicos liberales, históricamente vinculados a Juan de Borbón, conde de Barcelona, y liderados por José María de Areilza, que se había distanciado del régimen a mediados de 1960, y el nuevo liberalismo de sectores empresariales jóvenes y europeístas, representados por Joaquín Garrigues Walker. Por otra parte, en 1973 se había constituido el Equipo de la Democracia Cristiana del Estado Español, integrado por diferentes núcleos de esta ideología, desde los más conservadores, organizados en torno del veterano José María Gil Robles, a los más progresistas, liderados por el exministro Joaquín Ruiz-Giménez.

En la izquierda, el movimiento socialista pasaba por un complejo proceso de diversificación y pugna interna, que era también territorial e incluso de liderazgo: ya a principios de los años setenta era evidente la rivalidad existente entre Enrique Tierno Galván y Felipe González. El primero, que había constituido en 1967 el Partido Socialista del Interior, que en noviembre de 1974 se convertirá en Partido Socialista Popular, tenía una reducida influencia, que se ceñía casi a universitarios de Madrid. Por su parte, en el PSOE se impuso la renovación propiciada por los militantes del interior frente a la vieja guardia del exilio comandada por Rodolfo Llopis. La división finalizó en octubre de 1974, cuando en el XXVI congreso del PSOE, celebrado en Suresnes (Francia), un nuevo grupo de jóvenes dirigentes se hizo con la dirección del partido: Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Pablo Castellano, Luis Gómez Llorente, etc. El primero de ellos pasó a desempañar la Secretaría General del PSOE, como tres años antes, en 1971, lo había hecho un sindicalista de Bilbao, Nicolás Redondo, en la de la UGT. Los nuevos dirigentes socialistas impusieron una nueva línea que pretendía acabar con la estéril política fabricada en el exilio y que había convertido el PSOE y la UGT en el interior en unos grupos casi marginales. Frente a los planteamientos moderados de la etapa Llopis, el nuevo equipo dirigente del PSOE apostaba por un discurso ideológico más radical, que se identificaba con el marxismo y proclamaba su deseo de conquista del poder por las clases trabajadoras y de la transformación profunda de la sociedad capitalista española. El PSOE era entonces un grupo relativamente reducido, que en 1974 contaba con unos dos mil quinientos afiliados en el interior, principalmente en el País Vasco, Madrid, Sevilla y Asturias, y poco más de mil en el exterior, mientras la UGT apenas llegaba a los tres mil militantes.

Ya entonces era evidente que el principal grupo antifranquista era el comunista. Durante los primeros años setenta el protagonismo de los comunistas en las luchas sociales había significado un notable reforzamiento numérico y político de sus organizaciones, el PCE, el PSUC en Cataluña, el PC de Euskadi e incluso el PC gallego. Hacia el año 1975, se calculaba que los comunistas tenían en conjunto unos veinticinco mil militantes, y de ellos ocho mil eran del PSUC. Los comunistas ofrecían la apariencia de tener unas organizaciones eficaces, con militantes disciplinados y fuertemente implantados en las luchas y los movimientos sociales, en donde tan solo los grupos de la nueva izquierda podían disputarles el protagonismo. Su capacidad de dirigir las movilizaciones populares e indudables éxitos, como el de Comisiones Obreras en las elecciones sindicales de 1975, hizo que no se les pudiera marginar de las instancias unitarias de la oposición democrática, donde desempeñaron un importante papel. Su prioridad estratégica era el desarrollo de la política de «pacto por la libertad», como elemento clave para tener la suficiente fuerza para imponer una ruptura democrática, que se produciría como resultado del colapso del régimen, erosionado y dividido entre ultras y aperturistas, y gracias a una gran presión popular en las calles.

Estos años también fueron de intensa recomposición y reactivación de los movimientos nacionalistas y regionalistas, factor que otorgó un notable vigor y extensión a la oposición democrática y que forzó a un replanteamiento profundo de la cuestión nacional y territorial en el antifranquismo. La apropiación del discurso nacionalista español por el régimen franquista, y sus exaltados planteamientos uniformistas, habían deslegitimado de manera destacada el españolismo tradicional de las izquierdas españolas, como se patentizó en sus dudas y vacilaciones a la hora de ofrecer una alternativa política al centralista régimen franquista. Por ello la mayoría de las fuerzas democráticas se vieron forzadas a elaborar propuestas políticas que iban desde un moderado regionalismo autonómico hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación de las nacionalidades, pasando por propuestas de carácter federal. El centralismo estricto quedaba identificado casi en exclusiva con el sistema franquista.

El máximo grado de unidad entre la reivindicación de una causa nacional y las libertades democráticas se logró en Cataluña, gracias a la constitución de la Assemblea de Catalunya el 7 de noviembre de 1971. Se trataba de un organismo unitario en el que estaban presentes casi todos los grupos clandestinos de la oposición, desde los democratacristianos hasta los marxistas-leninistas, y también numerosas organizaciones sindicales, juveniles y estudiantiles, así como entidades legales, como asociaciones de vecinos, colegios profesionales, instituciones culturales, comunidades cristianas de base y también individuos no adscritos. Su programa unitario —libertad, amnistía, estatuto de Autonomía y coordinación con la oposición democrática española— fue ampliamente difundido en las numerosas campañas de movilización y en los actos de presentación públicas de este organismo.

La panorámica de la oposición democrática catalana se caracterizaba por una notable pluralidad de opciones, aunque algunas de ellas no iban mucho más allá de unas siglas históricas. Junto al claro predominio de los comunistas del PSUC, tanto en la Assemblea de Catalunya como en las luchas sociales, la otra novedad política más destacable fue el hecho de que el núcleo formado en torno a Jordi Pujol decidiera, el 15 de noviembre de 1974, pasar directamente al activismo político y constituyera un nuevo partido, Convergència Democràtica de Catalunya, que pretendía representar al nacionalismo moderado. En enero de 1975 y en una conferencia pública, Pujol hizo una invitación a las clases medias catalanas a implicarse en un proyecto político nacionalista amplio que podría integrar desde democratacristianos y liberales hasta socialdemócratas. En el espacio del socialismo catalán, en 1974 se constituyeron dos organizaciones rivales: Convergència Socialista, grupo integrado por el Moviment Socialista de Catalunya y antiguos militantes del Front Obrer de Catalunya —«felipes»—, bajo la dirección de Joan Reventós; y el Reagrupament Socialista i Democràtic, liderado por gente que venía del exilio, como Josep Pallach y el republicano Heribert Barrera.

Por su parte, el mundo político en el País Vasco seguía profundamente condicionado tanto por la alta conflictividad laboral como por el ritmo que ETA marcaba con su activismo violento. Tras el juicio de Burgos se había producido una apreciable identificación entre ETA y la causa del pueblo vasco y la organización etarra gozaba de una notable aceptación entre ambientes cristianos —clero, seminaristas— comunidades de base, sectores del nacionalismo, incluida parte de la militancia del PNV, y también de la izquierda socialista y comunista. El atentado contra Carrero Blanco, aunque en realidad fue más un acto de venganza que una calculada operación política contra la continuidad del régimen, había incrementado el prestigio político de ETA, sobre todo en el País Vasco. Sin embargo, la primera gran crisis política provocada por el activismo violento de ETA se produjo como consecuencia de la bomba en la cafetería de la calle del Correo de Madrid, el 13 de septiembre de 1973, donde todas las víctimas fueron civiles. Este atentado provocó un gran desconcierto en los ambientes antifranquistas y en importantes sectores populares vascos y también en el interior de la propia ETA. Las discusiones entre etarras concluyeron en octubre de aquel mismo año con el enfrentamiento total entre sus dos principales estructuras organizativas, los «milis» y los «polimilis». Los primeros constituían una organización cerrada, obsesionada por la utilización de una violencia ejemplarizante para acabar con la «ocupación española» de Euskadi y defendían la realización de atentados generalizados en toda España, utilizando todo tipo de procedimientos. Los segundos creían en la necesidad de simultanear la acción política con una violencia controlada y limitada a atentados contra policías y militares, atracos y secuestros, siempre realizados en Euskadi. A lo largo de los años 1974 y 1975, esta organización había asesinado en España a un total de 34 personas, de ellas 18 eran policías y guardias civiles, pero también había 16 civiles. Sin embargo 25 etarras habían resultado muertos en enfrentamientos con las fuerzas de orden público. A la muerte del dictador, en noviembre de 1975, había unos quinientos militantes de ETA en las cárceles franquistas.

El proceso hacia la unidad de actuación política de la oposición democrática fue lento y complejo ya que existían notables discrepancias estratégicas y tácticas. En la mayoría de los grupos de izquierda predominaban unos planteamientos de carácter rupturista que partían de la tesis de que el régimen franquista no era reformable y que nunca evolucionaría hasta convertirse en una democracia. Era preciso, por tanto, provocar su descomposición y, mediante diferentes formas de presión y movilización popular, acentuar sus divisiones internas y forzar su caída final. Esta estrategia de la ruptura era relativamente semejante a la diseñada por el movimiento republicano en 1930 contra el gobierno Berenguer: era preciso asediar al régimen y convocar una gran huelga general política que provocase su caída. Una vez logrado este objetivo, debían constituirse unos organismos provisionales de gobierno que condujesen la Transición hacia el nuevo régimen democrático. De hecho, también el modelo europeo de 1945 parecía estar presente en los planteamientos de los grupos de izquierda: constitución de un gobierno provisional de amplia coalición que dictase las primeras medidas (amnistía de presos, retorno de exiliados, libertades políticas, etc.) y convocase unas elecciones constituyentes que decidieran la forma definitiva del nuevo régimen democrático español. Solo algunos grupos de extrema izquierda consideraban que «la democracia burguesa» debía ser una fase previa para alcanzar su principal objetivo, un régimen socialista.

Frente a estas minorías revolucionarias, había un general consenso en que el objetivo político principal era inequívocamente un sistema democrático que garantizase el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades políticas y reconociese los derechos de las nacionalidades y regiones. El gran problema era cómo hacerlo y con quién. Pese a las continuas afirmaciones de la mayoría de los grupos democráticos de que el proceso de ruptura debía ser pacífico, a nadie se le ocultaba que el principal obstáculo provenía precisamente de la dura resistencia que opondrían los franquistas más inmovilistas, las fuerzas de orden público y, sobre todo, las fuerzas armadas. Y con respecto a quiénes podrían ser los aliados de los demócratas, también existían notables dudas sobre la sinceridad de los franquistas disidentes, es decir, de aquellos sectores que parecían tener aún un pie en el régimen y otro fuera de él.

A partir del verano de 1974, ante la enfermedad de Franco, las fuerzas de la oposición aceleraron el proceso de coincidencia con la creación de dos organismos que pretendían ser unitarios y representar una alternativa al régimen franquista. En julio de 1974 se constituyó la Junta Democrática, integrada por el Partido Comunista, los socialistas de Tierno Galván, los carlistas democráticos que lideraba Carlos Hugo de Borbón Parma, el Partido del Trabajo y algunas personalidades de la derecha monárquica, como Rafael Calvo Serer. A pesar del impacto político creado por su constitución, la Junta Democrática no logró ampliar sus miembros, en buena medida por el recelo del PSOE ante el protagonismo de los comunistas y por las reticencias de los sectores más moderados ante la hostilidad que esta instancia manifestaba a la figura del príncipe Juan Carlos. Once meses más tarde, en junio de 1975, a iniciativa de los socialistas del PSOE, se formaba la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que también estaban presentes buena parte de la formaciones democratacristianas vascas, catalanas y españolas, así como pequeños grupos socialdemócratas —Dionisio Ridruejo— y de extrema izquierda —Movimiento Comunista y Organización Revolucionaria de Trabajadores—. Las diferencias programáticas entre ambas instancias no eran excesivas por lo que, un año después, en marzo de 1976, ya muerto Franco, se fusionaron dando lugar al organismo denominado Coordinación Democrática, más conocido como la «Platajunta».

Como antes señalamos, la represiva política franquista también había actuado como un agente de radicalización de los nacionalismos vasco, catalán e incluso gallego. Por ello durante la década de los setenta las reivindicaciones políticas de carácter autonómico fueron incorporadas en los programas de la mayoría de las formaciones políticas antifranquistas. Incluso los tradicionales partidos de la izquierda española, como el PSOE y el PCE, incluyeron en sus programas democráticos el derecho de autodeterminación de catalanes, vascos y gallegos. Este reconocimiento de la personalidad política de Cataluña, el País Vasco y Galicia y de su derecho a la autodeterminación fue recogido por los propios programas elaborados por la Junta Democrática y por la Plataforma de Convergencia Democrática.

UNA POLÍTICA EXTERIOR CONTRADICTORIA

En los primeros años de la década de 1970 surgieron diversas dificultades en las relaciones internacionales de España a causa, básicamente, del desacuerdo de buena parte de los países democráticos con la política practicada por los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro. La etapa más dinámica, e incluso innovadora, en las relaciones exteriores fue aquella en que el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvo dirigido por Gregorio López Bravo (octubre de 1969-junio de 1973). En ella se firmaron el tratado comercial preferencial entre España y la Comunidad Económica Europea (julio de 1970) y el acuerdo de amistad y cooperación entre España y Estados Unidos (agosto de 1970). Ambos pactos consolidaban las relaciones políticas y comerciales con los principales países del mundo occidental. Sin embargo, y a pesar de estos avances, el carácter dictatorial y antidemocrático del régimen franquista continuaba impidiendo la plena integración de España en la CEE.

En enero de 1974 Arias Navarro nombró ministro de Asuntos Exteriores a un diplomático de carrera, Enrique Cortina Mauri, que tuvo que afrontar el notable deterioro de las relaciones internacionales de España en los dos últimos años de la dictadura. El primer conflicto se produjo tras la revolución democrática portuguesa de abril de 1974 a consecuencia de la manifiesta hostilidad de los primeros gobiernos del país vecino hacia el régimen español. Un incidente con motivo de las ejecuciones de septiembre de 1975 agudizó las tensiones y las relaciones diplomáticas estuvieron a punto de romperse: en Lisboa, una multitudinaria manifestación de protesta acabó con el asalto de la sede de la embajada española sin que la policía portuguesa lo impidiera. Las visitas a España de Richard Nixon, en septiembre de 1970, y de Gerald Ford, en mayo de 1975, si bien sirvieron para mantener buenas relaciones con Estados Unidos respecto a la renegociación del tratado bilateral y de los acuerdos comerciales, no reforzaron el apoyo norteamericano a los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro.

Pero el principal problema internacional del gobierno Arias, que coincidió en el año 1975 con la agonía de Franco, fue la cuestión del Sáhara. Carrero Blanco, ya en los años sesenta, había paralizado el proceso de descolonización de este territorio tanto a causa de su ideología colonialista como por el hecho de que se habían descubierto en él importantes riquezas minerales (fosfatos) y pesqueras. A partir de 1970, se produjeron algunos incidentes violentos protagonizados por nacionalistas saharauis en los que las tropas españolas dieron muerte a varios manifestantes. Poco después surgió un movimiento partidario de la independencia, el Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario), que desde el primer momento contó con el apoyo de Argelia. Por su parte, el reino de Marruecos planteó ante las Naciones Unidas la necesidad de acabar con aquella situación colonial y exigió la retirada de España de dicho territorio. Ante la doble presión marroquí y saharaui, el gobierno español solicitó a las Naciones Unidas que garantizase un referéndum para decidir el futuro del territorio. El gobierno marroquí, alegando derechos históricos de soberanía sobre el Sáhara, había denunciado la cuestión ante el Tribunal Internacional de La Haya, pero sufrió una grave derrota cuando este organismo falló, a principios octubre de 1975, en favor del derecho de autodeterminación del territorio saharaui. La reacción del rey Hassan II fue tan rápida como sorprendente: el 16 de octubre anunció la organización de una marcha popular para proceder a la ocupación pacífica del Sáhara español. La iniciativa marroquí cogió por sorpresa y en una situación difícil al gobierno Arias, notablemente debilitado, tanto por el rechazo internacional sufrido a causa de las ejecuciones de septiembre como por la grave enfermedad de Franco. Por otra parte, Hassan II se beneficiaba de la previsible inhibición de Estados Unidos ante un eventual contencioso bélico hispano-marroquí, ya que ambos eran aliados suyos.

A finales de octubre, la «Marcha Verde», integrada por centenares de miles de civiles marroquíes, se acercaba a la frontera del Sáhara sin que el gobierno hubiese adoptado otras medidas que las estrictamente defensivas de carácter militar. Ante la difícil situación, y habiendo el príncipe Juan Carlos asumido las competencias de jefe del estado, el gobierno Arias, tras consultar a los mandos militares, decidió iniciar negociaciones con Marruecos ante la imposibilidad de asumir los costes de una guerra colonial. El 14 de noviembre se firmó el llamado pacto Tripartito de Madrid por el que España se retiraba del Sáhara y cedía la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, que se comprometían a respetar la voluntad de la población saharaui y a comunicar sus intenciones a las Naciones Unidas. Fue esta una hábil operación marroquí, que contaba con la complicidad de Estados Unidos y de Francia y que, de paso, excluía a Argelia del acuerdo y relegaba a la ONU a un papel secundario. Las Cortes Españolas ratificaron el pacto Tripartito el día 19 de noviembre, la víspera de la muerte del dictador. Era, sin duda, un acuerdo de emergencia que mostraba la suma debilidad de un régimen ya muy erosionado y de un gobierno incapaz de tener una política de descolonización coherente. Mediante la llamada Operación Golondrina se procedió a la rápida y total evacuación de los militares y civiles españoles del Sáhara. Aquella retirada fue todo un símbolo del final de la dictadura de Franco, que concluía con la vergonzosa entrega a Marruecos del último territorio colonial español mientras fallecía el militar que más había anhelado la construcción de un gran imperio español en el norte de África.

EL 20 N: EL DICTADOR MUERE EN PLENA CRISIS

A principios del año 1975, nuevas crisis internas y dimisiones políticas mostraron las grandes limitaciones del gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que continuaba siendo un ejecutivo poco equilibrado entre tendencias y carente de un proyecto global de cómo avanzar en el terreno de las reformas políticas. Las promesas aperturistas coincidieron con una nueva ofensiva lanzada contra la prensa más independiente por el nuevo ministro de Información, León Herrera Esteban. Una oleada de sanciones y multas afectaron a las publicaciones más críticas con el gobierno, como la revista Cambio 16, que fue suspendida durante tres meses, Triunfo, Andalán, Sábado Gráfico, El Europeo, Destino, y también contra rotativos como Diario de Barcelona y Nuevo Diario. Estas persecuciones no podían evitar la gran popularidad de algunas de estas revistas que, como era el caso de Cambio 16, tenía una tirada semanal de 115 000 ejemplares.

Nuevos e imprevistos acontecimientos vinieron a complicar una situación política ya de por sí notablemente confusa. En febrero de 1975, los servicios de información militar descubrieron la existencia de una organización clandestina integrada por jóvenes militares, la Unión Militar Democrática (UMD). En unos pocos meses llegaron a ser detenidos más de veinte oficiales, entre ellos los que aparecían ser sus dirigentes, los comandantes Julio Busquets y Luis Otero. La UMD era una organización, creada en Barcelona el año anterior, que había adquirido un cierto impulso tras la revolución portuguesa de abril de 1974, aunque sus integrantes apenas llegaron a un centenar. Pese a que sus actividades se habían limitado a celebrar reuniones clandestinas y publicar un manifiesto que sostenía que las fuerzas armadas debían facilitar la evolución hacia un régimen democrático, su existencia era todo un síntoma de cómo los cambios también estaban afectando a los militares. Si bien la gran mayoría de los altos mandos, de los jefes y de los oficiales eran de probada fidelidad a Franco y al régimen, era evidente que entre la oficialidad más joven aparecían algunos partidarios de una mayor profesionalidad de las fuerzas armadas y de avanzar hacia reformas políticas de carácter democrático. El cese del más destacado representante del sector profesional, el teniente general Díez-Alegría, de la Jefatura del Alto Estado Mayor (20 de junio de 1974), había sido interpretado por la UMD como un claro intento de los generales más ultras de controlar los cargos de mayor relevancia en unos momentos de tanta incertidumbre política.

La prioridad represiva del gobierno Arias, y su deseo de contentar a los sectores más ultras, se concretó también en la proclamación de un nuevo estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, el 25 de abril de 1975, y después, el 22 de agosto, en la aprobación de un nuevo decreto ley «de prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal» que significaba, de hecho, el retorno a la primacía de la jurisdicción militar sobre la civil en la inmensa mayoría de delitos políticos. Esta nueva medida represiva se aplicó inmediatamente a algunos miembros de ETA y del FRAP que estaban detenidos bajo la acusación de haber realizado atentados terroristas. Así, a principios de septiembre de 1975, sendos consejos de guerra sumarísimos, a pesar de los serios defectos procesales existentes, dictaron once sentencias de muerte, tres de ellas contra militantes de ETA y ocho contra miembros del FRAP, entre ellos dos mujeres encintas. El Consejo de Ministros solo conmutó la pena a seis condenados mientras ratificó la sentencia de muerte contra dos etarras (Txiki Paredes y Ángel Otaegui) y tres miembros del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz), que fueron fusilados el día 27 de septiembre de 1975. Estas ejecuciones provocaron nuevos actos de protesta en las principales ciudades españolas y una generalizada condena internacional que se concretó incluso con la retirada de España de los embajadores de la mayoría de los países europeos. En sus últimos momentos, el régimen de Franco se hallaba ante una situación de rechazo y aislamiento internacional semejante a la de los años posteriores a la segunda guerra mundial.

El gobierno Arias adoptó la típica actitud de quien se siente agraviado e incomprendido: la convocatoria de una gran manifestación de adhesión a Franco y de apoyo al régimen, el 1 de octubre en la Plaza de Oriente de Madrid. Allí, un muy debilitado Franco, que apenas podía sostenerse en pie, atribuyó la grave situación política de España a «una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista». El último discurso público del Caudillo, en el marco habitual de recepción de adhesiones multitudinarias, no podía haber sido más patético y significativo. Estaba, como su régimen, completamente anclado en el pasado. Aquello parecía un viaje por el túnel del tiempo y un retorno a las manifestaciones de 1946.

Las ejecuciones del 27 de septiembre y el discurso del 1 de octubre fueron las últimas actuaciones de Francisco Franco como jefe del estado. Pocos días más tarde, el 15 de octubre, sufría un infarto que fue seguido de un segundo, una semana después. Aunque los partes médicos oficiales informaban de que Franco había superado «una insuficiencia coronaria aguda», era evidente que a sus ochenta y dos años, tenía la salud notablemente deteriorada. Las posteriores complicaciones (parálisis intestinal y hemorragias gástricas) aconsejaron, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, el traspaso de sus poderes al príncipe Juan Carlos el día 30 de octubre. Cuatro días después Franco fue operado de urgencia en un improvisado quirófano en el mismo Palacio del Pardo e inmediatamente después ingresado en la clínica de la Paz, donde fue sometido a una nueva intervención. Durante quince días fue mantenido con vida utilizando todo tipo de procedimientos mientras entraba en una larga agonía, al parecer alargada artificialmente por presión de su propia familia. A fin, en la madrugada del 20 de noviembre de 1975 Francisco Franco falleció en una habitación de la clínica de la Paz, rodeado de sus familiares más cercanos y acompañado del brazo incorrupto de santa Teresa y del manto de la Virgen del Pilar.

El día 22 de noviembre tuvo lugar en las Cortes el acto de jura y proclamación del nuevo rey, Juan Carlos I. Un día después, Franco era enterrado entre una mezcla de sensaciones: profundo dolor en unos, gran alivio en otros y honda preocupación en casi todos. Miles de españoles, con lágrimas en los ojos y muestras de incondicionalidad, desfilaron ante la capilla ardiente de Franco emplazada en el Palacio de Oriente y luego presenciaron su entierro, más militar que civil. Los más fieles seguidores le acompañaron hasta su tumba en la iglesia del Valle de los Caídos. Fue muy significativo que los dos únicos jefes de estado que asistieron al entierro de Franco fueran el dictador chileno Augusto Pinochet y el rey Hussein de Jordania. La gran mayoría de los países democráticos, incluso Estados Unidos, se limitaron a encomendar a sus respectivos embajadores en Madrid esta misión protocolaria.

El último franquismo había sido capaz de convocar a más de trescientas mil personas en el entierro del fundador del régimen. Sin embargo, esa multitud no llegaría a constituir un movimiento de masas ni una fuerza política relevante durante la transición política que se inició poco después. Comenzaba una nueva etapa histórica, llena de incógnitas, de incertidumbres y de esperanzas.

LA IMPOSIBLE CONTINUIDAD DEL FRANQUISMO

En 1975 se hizo patente que la politización de la sociedad española era precaria y que la pasividad política aún predominaba en muchas ciudades españolas, sobre todo en las más pequeñas. Lo que podría denominarse «el franquismo sociológico» tenía un fuerte arraigo en la España rural y provinciana, y también entre las clases medias y en buena parte de las populares. Ahora bien, la conflictividad social no era tan minoritaria y puntual como diez años antes y los movimientos reivindicativos habían aumentado notablemente, ampliado su base social y adquirido un manifiesto carácter antifranquista. Si el crecimiento económico y la modernización social de los década de 1960 habían empezado a erosionar los cimientos ideológicos que sustentaban el franquismo, el aumento de la conflictividad social, muy apreciable entre 1970 y 1975, acabó de desgastar a un régimen cada vez más inmovilista y rompió la unidad de los franquistas.

Por otra parte, el antifranquismo en su conjunto ya no era un movimiento minoritario y puntual como en la década anterior. Si bien es cierto que la oposición no había logrado acabar con la dictadura, sí había conseguido debilitarla hasta el punto de hacer imposible su continuidad tras la muerte de Franco. De forma progresiva, el régimen franquista había dejado de ser hegemónico, o claramente dominante, en algunos espacios sociales. En 1975 ya no podía contar, como bastiones de apoyo político, ni con la iglesia Católica, ni con los universitarios (profesores y estudiantes), ni con buena parte de los intelectuales, artistas y profesionales. La fuerza y la presencia de la oposición antifranquista habían fomentado y extendido la cultura democrática entre amplios sectores sociales y habían creado una importante corriente de opinión a favor de las libertades. La actuación del movimiento obrero había logrado poner en evidencia las insuficiencias y debilidades del sistema de relaciones sindicales y laborales de la dictadura y desenmascarar al sindicalismo oficial. Así, en 1975, la OSE no solo era incapaz de encuadrar y disciplinar a los trabajadores, sino que se había visto desbordada por el obrerismo más combativo, que había conseguido infiltrarse en su interior y había roto el orden laboral franquista. Las restantes organizaciones políticas del Movimiento Nacional estaban casi fosilizadas, en manos de viejos dirigentes falangistas y tenía una reducida capacidad de movilización social, cada vez más limitada a los nostálgicos de los viejos tiempos. La fuerza del movimiento universitario había puesto al descubierto la nula actitud aperturista de las autoridades académicas. El movimiento vecinal sirvió para denunciar la complicidad de muchos ayuntamientos en grandes operaciones especulativas y hacer públicas las enormes carencias de los barrios en que residían las clases populares. En las grandes ciudades, algunos alcaldes y concejales apenas podían personarse en esos barrios sin ser increpados por los airados vecinos. La misma prensa, y pese a la fiscalización a que estaba sometida, pudo dar a conocer algunos casos de corrupción en los que estaban implicados políticos del régimen y denunciar turbias maniobras urbanísticas. Además, el activismo vecinal, el estudiantil e incluso el obrero eran apoyados por importantes colectivos de profesionales (abogados, arquitectos, aparejadores, etc.) y por destacados intelectuales y artistas.

A esto debe añadirse el hecho de que el régimen franquista no había socializado nacionalmente a los españoles de forma efectiva ya que su versión oficial de la identidad española había generado tantos rechazos que había contribuido, por reacción, a que se reprodujeran las identidades nacionales alternativas allá donde, como en el País Vasco, Cataluña o incluso Galicia, habían tenido arraigo social. Se producirá así la paradójica situación de que si bien la dictadura de Franco había extendido la educación, logrado el conocimiento efectivo de la lengua castellana, socializado a los jóvenes con el servicio militar y utilizado abusivamente los medios de comunicación —televisión, cine, radio, prensa— con su propaganda ideológica, había fracasado en su propósito de renacionalizar a los españoles y de identificarlos con su autoritario proyecto nacional.

Todo ello contribuyó a extender un sentimiento de incertidumbre e inseguridad entre las clases altas y entre los propios dirigentes empresariales que, notablemente preocupados ante el doble reto de la crisis económica y de la política, no veían surgir en el gobierno propuestas capaces de enderezar la situación. De este modo, cuando falleció el dictador buena parte de la sociedad española se mostraba más partidaria de un régimen de libertades políticas que del simple continuismo de la dictadura. Los resultados de las encuestas de opinión realizadas entonces solo son explicables si consideramos que el arraigo de la cultura democrática entre la mayoría de los españoles había sido el resultado de haber conocido y comprendido cómo los movimientos sociales de oposición tenían como principal razón de su existencia la lucha por las libertades de todos los españoles. Una encuesta, realizada inmediatamente después de la muerte de Franco, indicaba que el 72 % de los españoles deseaba que el rey diera libertades de expresión y de asociación y el 70 % quería que se introdujese el sistema de sufragio universal libre y secreto. Meses antes, en la primavera del 1975, otro estudio de opinión reflejaba que el 56 % de los encuestados creía que la existencia de los partidos políticos sería beneficiosa para España.

Buena parte de los propios políticos franquistas eran conscientes en aquellos años de la imposibilidad de un franquismo sin Franco, ante el aislamiento y las dificultades internacionales en que se encontraría el régimen. Continuaban controlando el poder, tenían a las fuerzas armadas como garantía del mantenimiento del orden público y confiaban en la complicidad pasividad de buena parte de la población. Ahora bien, ¿era esto suficiente para asegurar la continuidad de un régimen dictatorial? No lo parece. El mismo Rodolfo Martín Villa ha explicado que entonces la clase política franquista ya percibía el escaso prestigio que tenía en una sociedad que había cambiado considerablemente. Esta sensación de inseguridad política fue la responsable en gran medida de la pérdida de la unidad de los franquistas, de la proliferación de tensiones y enfrentamientos internos y de la dispersión final. No había un proyecto de futuro que los uniera a todos. Así, la crisis interna de una dictadura, que daba claros signos de agotamiento y desprestigio, fue una condición previa y fundamental para el proceso de transición a la democracia. El gobierno autoritario podía seguir reprimiendo las libertades, pero su capacidad de supervivencia era cada vez más reducida.

Quizá pudiéramos concluir esta reflexión sosteniendo la tesis de que si bien el general Franco murió en la cama, su agonía fue también la del franquismo, la de un régimen que ya era considerado anacrónico por una mayoría pasiva, pero esperanzada, de españoles. Sin el Caudillo, los proyectos políticos teorizados para mantener la dictadura estaban realmente agotados. De hecho, había fracasado la lenta y compleja institucionalización del régimen, iniciada ya en la década de 1950, que debía dejarlo todo «atado y bien atado» para garantizar la continuidad dictatorial una vez desaparecido su fundador. En los años finales del franquismo, la sociedad española era más receptiva a los mensajes de renovación procedentes de la oposición democrática que a la vieja retórica continuista del franquismo. De esta manera, el dilema que se presentaba a la sociedad española a partir del 20 de noviembre de 1975 ya no era el de la continuidad del régimen o el cambio democrático. En aquellos momentos, la disyuntiva ya estaba situada en decidir cómo debía llevarse a cabo el proceso de cambio político hacia la democracia: si por medio de una reforma pactada o de una ruptura política. La opción de la pura continuidad dictatorial empezaba a estar claramente descartada.

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Los actores

Los actores

Carlos Gil Andrés

1. CARLOS ARIAS NAVARRO

«ESPAÑOLES, FRANCO HA MUERTO». La figura histórica de Carlos Arias Navarro ha quedado unida a una imagen. Su aparición en la televisión, en la mañana del 20 de noviembre de 1975, para anunciar, compungido y casi entre sollozos, el fallecimiento del dictador: «el hombre de excepción que ante Dios y ante la Historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental». Para el presidente del gobierno era un día de dolor y de tristeza, pero no de abatimiento ni de desesperanza: «el que durante tantos años fue nuestro Caudillo, ya no está entre nosotros; pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento». La lealtad de Arias Navarro al legado de Franco no flaqueó después de su muerte. Esa fidelidad fue su principal valor político durante la dictadura y un claro obstáculo para la transición hacia la democracia.

Carlos Arias Navarro nació en Madrid, el 11 de diciembre de 1908. El expediente académico del instituto San Isidro, donde cursó bachillerato, y las buenas notas obtenidas en la Universidad Central revelan sus dotes para el estudio. Esa capacidad le permitió concluir muy pronto la licenciatura y el doctorado en Derecho y obtener con brillantez, con apenas veintiún años, el primer puesto en las oposiciones al cuerpo técnico del Ministerio de Justicia. Trabajó primero en la Dirección General de Registros y Notariado, donde tenía como superior a Manuel Azaña. Y a partir de 1933, después de ganar las oposiciones a fiscal, se trasladó a la Audiencia Provincial de Málaga. Allí le sorprendió, en julio de 1936, el golpe de estado que dio origen a la guerra civil. Málaga permaneció en manos republicanas durante medio año, hasta los primeros días de febrero de 1937. Durante ese tiempo Arias Navarro, un hombre de carácter conservador y sólidas creencias religiosas, sin militancia política conocida, pasó por varios escondites pero no pudo evitar su detención y posterior encarcelamiento. Seguramente vivió de cerca las noticias sobre las «sacas» y los asesinatos extrajudiciales. Después de la toma de la ciudad por las tropas de los sublevados comenzó una durísima represión que en las siguientes semanas acabó con la vida de miles de personas.

Liberado de la cárcel, Arias Navarro se incorporó al ejército como capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar. En los últimos años de su vida fue acusado de haber formado parte de los tribunales sumarísimos que dictaron cientos de condenas a muerte. Se recordaba su apodo, «Carnicerito de Málaga», debido, al parecer, a su carácter duro e inflexible a la hora de aplicar la pena capital. Lo cierto es que en lo que restó de guerra participó, en diferentes destinos, en muchos tribunales en los que ayudó a extender la dureza de la represión franquista sin dar muestras de compasión hacia los vencidos.

Terminado el conflicto bélico, Arias Navarro se incorporó a la fiscalía de la Audiencia y comenzó a estudiar las oposiciones a Notarías. En 1942 obtuvo la plaza de una notaría de segunda clase en un pueblo almeriense y dos años más tarde, gracias a su relación con Romualdo Hernández, inspector fiscal del Ministerio de Justicia, empezó su carrera política como gobernador civil de León. En 1952 pasó a ocupar el Gobierno Civil de Tenerife y dos años después el de Pamplona. El salto hacia el centro del poder político se produjo en febrero de 1957, cuando el general Camilo Alonso Vega, nombrado ministro de Gobernación, llamó a Madrid a Arias Navarro para dirigir la Dirección General de Seguridad. Durante ocho años Carlos Arias Navarro fue responsable de las fuerzas policiales y estuvo al frente del aparato represivo del régimen cuando se aprobaron y desarrollaron textos como la Ley de Orden Público (1959) y decretos como el de Bandidaje y Terrorismo (1960) o cuando se produjo la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau (1963).

En 1965 Arias Navarro fue nombrado alcalde de Madrid. A partir de entonces su nombre comenzó a ser más conocido en la política nacional. Alcanzó cierta fama de alcalde enérgico y trabajador, de buen gestor, de ser un hombre profundamente religioso y un franquista puro, sin tacha. En junio de 1973 fue el propio Franco el que propuso su nombre como ministro de Gobernación del nuevo gobierno presidido por Carrero Blanco. Apenas seis meses más tarde, el 20 de diciembre de ese año, Arias Navarro fue el encargado de informar a Presidencia del gobierno de la desaparición del coche del almirante, de iniciar la investigación sobre el atentado que había acabado con su vida y de preparar el funeral. Y unos días más tarde recibió, al parecer con sorpresa, la noticia de que iba a ser su sucesor.

El 3 de enero de 1974 Carlos Arias Navarro se convirtió oficialmente en el presidente del gobierno. El 12 de febrero pronunció un solemne discurso en la Cortes en el que anunció varias medidas aperturistas como un proyecto de ley de Régimen Local que permitiría la elección de alcaldes y presidentes de diputaciones, una ley sobre incompatibilidades de los procuradores en Cortes, la revisión de la Ley Sindical y un nuevo estatuto del derecho de asociación. En realidad, el llamado «espíritu del 12 de febrero» no era el anuncio de un programa de gobierno reformista. El discurso, que había sido elaborado por Gabriel Cisneros, subdirector general de estudios de Presidencia del gobierno, se quedó en una nota aislada sin continuidad. No era el inicio de un tiempo nuevo. La extrema derecha impidió cualquier intento de cambio desde arriba y Arias Navarro quedó muy pronto desligado de los jóvenes reformistas.

El gobierno de Arias Navarro olvidó muy pronto las promesas de apertura y se centró en una obsesión, el mantenimiento del orden público. Las detenciones de dirigentes sindicales y militantes izquierdistas se multiplicaron. El 1 de marzo de 1974 el gobierno decidió no conmutar la pena de muerte del militante anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado al día siguiente mediante garrote vil. La imagen pública del gobierno, muy deteriorada, tuvo que afrontar, además, el desgaste ocasionado por el conflicto suscitado con la iglesia Católica a raíz de una homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, en la que había defendido la identidad social y política del «pueblo vasco». La tensión llegó a afectar a las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

A pesar del recrudecimiento de la represión, la crisis política del franquismo se revelaba como un hecho irreversible. En los meses finales de 1974 la conflictividad social creció dejando en evidencia la agonía de un régimen que corría paralela al declive físico de Franco, incapaz ya de ejercer el poder que acumulaba. A lo largo de la primera mitad de 1975 continuaron las movilizaciones sociales y políticas mientras el gobierno, carente de un programa político que no fuera la resistencia a ultranza, reforzaba aún más las medidas represivas. El Consejo de Ministros del 26 de septiembre confirmó cinco condenas a muerte, dos miembros de ETA y tres militantes del FRAP, en medio de protestas multitudinarias. El 30 de septiembre Arias Navarro denunció en televisión la existencia de una «campaña exterior» orquestada por los enemigos de la patria. Su discurso recordaba los peores años de la posguerra: los españoles no deseaban estar solos «pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento». Y anunció una jornada de «exaltación patriótica para arropar a Franco». La manifestación celebrada en la Plaza de Oriente el 1 de octubre fue el último baño de masas del dictador. Su voz apenas era inteligible, la señal de un débil estado de salud que se agravó en las semanas posteriores, hasta el momento de su muerte, el 20 de noviembre.

La ratificación de Arias Navarro como presidente del Consejo de Ministros, en el primer gobierno de la monarquía de Juan Carlos I, truncó las esperanzas de la oposición democrática. Era un franquista recalcitrante, no muy alejado de las posturas inmovilistas del búnker, que seguía controlando el aparato represivo del régimen. No tenía ni voluntad ni capacidad de llevar adelante un programa de gobierno que pusiera en peligro la persistencia en el poder de las élites políticas procedentes de la dictadura. Seis meses más tarde, en la conflictiva primavera de 1976, era evidente que el tímido reformismo continuista que representaba Arias Navarro había entrado en vía muerta. Consciente de ello, y de lo que se jugaba la propia institución monárquica, el 1 de julio el rey le exigió la dimisión. Su tiempo político había acabado. Su vida fue mucho más larga. Falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1989.

2. LUIS CARRERO BLANCO

Eran las 9.36 de la mañana del 20 de diciembre de 1973. Un estruendo impresionante sacudió a todos los vecinos del barrio de Salamanca de Madrid. A la altura del número 104 de la calle Claudio Coello una lluvia de cascotes y una gran polvareda apenas dejaban ver el inmenso cráter abierto en la calzada. Una bomba, con casi cien kilos de explosivos, había estallado al paso de un Dodge Dart de color negro. El automóvil había saltado por los aires y, después de superar una altura de más de treinta metros, había caído en el patio interior de la residencia de los jesuitas de la iglesia de San Francisco de Borja. En el interior del vehículo viajaba, además del chófer y de un inspector de policía, el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha de Franco. La brutal explosión acabó con sus vidas. El atentado fue cometido por un comando de ETA. Era el segundo asesinato perpetrado por una organización terrorista que, gracias a ese espectacular golpe de efecto, consiguió una notable proyección internacional. El régimen franquista quedó conmocionado. Había perdido al delfín del Caudillo, la «eminencia gris» de una dictadura que comenzaba a tambalearse.

Luis Carrero Blanco nació en Santoña, el 4 de marzo de 1904, donde su padre estaba destinado como teniente de infantería. En 1918 ingresó en la Escuela Naval Militar de San Fernando. Cuatro años más tarde era un joven alférez de navío del acorazado Alfonso XIII, desplazado a la costa marroquí como auxilio de las tropas que trataban de restablecer el dominio español sobre el territorio de la Comandancia de Melilla, que se había derrumbado el año anterior en los días del Desastre de Annual. En 1924 Carrero Blanco era el segundo comandante de un pequeño guardacostas que participó en varias acciones militares, como el desembarco de Alcazarseguer, donde conoció a Franco, o las operaciones del desembarco de Alhucemas. En 1926 ascendió a teniente de navío y tres años después era el comandante del submarino B-5.

A bordo del submarino Carrero Blanco se enteró de la proclamación de la República. Años más tarde declaró el profundo disgusto que le causó, en alta mar, ver el barco que conducía a Francia al rey Alfonso XIII camino del exilio. Por sus convicciones monárquicas y por su profundo catolicismo. «Pero jamás tuve —afirmaba— la menor afición a la política de partidos antes del Movimiento». En el quinquenio republicano el capitán de corbeta Carrero Blanco completó su formación en varias instituciones marinas extranjeras y llegó a Madrid como profesor de la Escuela de Guerra Naval. Al parecer, no tuvo nada que ver con la conspiración militar que preparó el golpe de estado del 18 de julio de 1936. Pero no tenía dudas sobre cuál tenía que ser su actitud. La guerra, como escribió después, era un conflicto en el que estaba en juego la civilización cristiana, amenazada por el comunismo, la masonería, la democracia y el judaísmo. El estallido del conflicto afectó de lleno a su familia. Un hermano fue asesinado en Almería, su padre murió de un ataque al corazón en el momento de su detención y otro hermano terminó falleciendo, años más tarde, de un accidente de aviación. El futuro delfín de Franco tuvo más suerte. En los primeros días no acudió a su destino, alegando que estaba enfermo, se ocultó en una casa y pudo refugiarse primero en la embajada de México y luego en la de Francia, desde donde logró llegar a la frontera.

En julio de 1937 Luis Carrero Blanco estaba en San Sebastián, como enlace naval del ejército del Norte. En el otoño de ese año fue destinado a la base naval de Mallorca, donde colaboró en el bloqueo de la costa mediterránea. En octubre de 1938, gracias a su capacidad de estudio y su formación táctica, fue habilitado como capitán de fragata para poder ejercer como jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros, embarcado en el crucero Canarias. Así terminó la guerra y así concluyó también su carrera militar debido a su nombramiento como subsecretario de Presidencia, al lado de Franco. De todas formas, Carrero Blanco continuó ascendiendo en el escalafón. En 1945 adquirió la graduación de capitán de navío, en 1957 la de contraalmirante, cinco años más tarde la de vicealmirante y, por fin, en 1966, la de almirante de la Armada.

En noviembre de 1940, después de la entrevista de Hitler y Franco en Hendaya, el ministro de Marina le pidió a Carrero Blanco un informe con un plan de acción naval que contemplara la posibilidad de que España entrara en la guerra europea. Al lado de Alemania, claro está. Carrero no negaba la cercanía al Eje, pero subrayaba las graves dificultades que habría de pasar España y aconsejaba dilatar el momento de la intervención militar. Resumía, en suma, la opinión de muchos militares contrarios a la beligerancia falangista que espoleaba Serrano Suñer. Franco descubrió en Carrero a un militar cualificado para ser jefe de Estado Mayor. En la práctica, su secretario político, su consejero de confianza. La oportunidad llegó con motivo de la crisis política de mayo de 1941.

Carrero tuvo, desde el primero momento, un ámbito de acción muy amplio que abarcaba, en la práctica, cualquier cuestión de estado. Con una notable capacidad de trabajo, lo mismo preparaba el borrador de un discurso que redactaba un proyecto de ley, intervenía en las obras faraónicas del Valle de los Caídos, recibía informes locales o se interesaba por el alcance de la Ley de Responsabilidades Políticas. Trabajo administrativo y también análisis político. En los informes de 1941 criticaba ante el Caudillo, con dureza, el papel desempeñado por el partido en la política interior del país, la prepotencia e ineficacia de las jerarquías falangistas. Al año siguiente Carrero fue también uno de los impulsores del giro diplomático hacia la neutralidad, empujada por la sucesión de reveses bélicos del Eje. En el verano de 1944, después del desembarco de Normandía, Carrero daba por segura la victoria de los Aliados. Y aconsejaba por escrito a Franco mantener una posición de «independencia a ultranza». En las páginas de ese informe, «España ante la situación actual del mundo», se anunciaba la línea maestra de la política exterior española: apoyar a quienes decidan «combatir el comunismo», el peligro más grave para la supervivencia de la civilización cristiana occidental.

Mano abierta en el exterior, hacia los aliados occidentales, y mano dura en el interior. Para Carrero, la supervivencia de la dictadura exigía «reprimir con mano dura toda actividad política que atente a la fortaleza del régimen». Sobre todo una «durísima represión anticomunista, aislando a los comunistas peligrosos del resto de los españoles y haciendo que Policía y Tribunales funcionen con máxima actividad, diligencia y celo». Eran los años más difíciles para Franco, los que transcurrieron entre 1943 y 1948. «La única fórmula para nosotros —subrayó al terminar la segunda guerra mundial— no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar». En el contexto inicial de la guerra fría el subsecretario de Presidencia intuía, con razón, que las potencias anglosajonas acabarían apoyando a España si el régimen era capaz de manejar con habilidad tres armas: «nuestro catolicismo, nuestro anticomunismo y nuestra posición geográfica».

Una nación católica, enemiga de la URSS y con una situación estratégica interesante para Estados Unidos. Carrero mantuvo contactos muy tempranos con militares norteamericanos. En 1950 sostenía que la «situación de aislamiento» estaba a punto de terminar. Al año siguiente propugnó un cambio de gobierno y él mismo pasó a formar parte del nuevo Consejo como ministro de la Presidencia. Dirigió las negociaciones con Washington, largas y complicadas, que vieron la luz en los acuerdos firmados en 1953. La dictadura franquista estaba salvada. Y la influencia política de Carrero, cada vez más sólida, visible de nuevo en la profunda renovación ministerial de 1957, el cambio de rumbo necesario para propiciar la liberalización económica, la apertura hacia el exterior y la institucionalización del régimen.

Con la Ley Orgánica del Estado aprobada en 1967 el régimen franquista, según Carrero, su principal factor, cerraba «toda especulación sobre el futuro». El estado Español era una monarquía confesional enmarcada en el ideario del Movimiento Nacional, con unas Cortes corporativas. El sucesor sería el príncipe Juan Carlos, pero el verdadero continuador de la obra de Franco sería el propio almirante Carrero Blanco, nombrado vicepresidente del gobierno ese mismo año. El poder en la sombra, reconocido por todo el mundo, se hacía visible. Lo hizo aún más en junio de 1973, cuando se convirtió en presidente del gobierno, un cargo que por primera vez se separaba de la Jefatura del estado. Y que, en la práctica, llevaba desempeñando desde hacía varios años, desde que la decadencia física de Franco se hizo evidente. En el poder, Carrero mantuvo siempre la mano firme contra lo que él consideraba las tres causas de la «subversión» creciente del tardofranquismo: la infiltración del marxismo en la universidad, la inmoralidad de los medios de comunicación y la traición de la iglesia Católica, ingrata después de todo lo que la dictadura había hecho por ella durante más de tres décadas.

En 1973 el régimen franquista tenía que hacer frente a una oleada de conflictos sociales, protestas laborales y movilizaciones estudiantiles mientras crecía la oposición política tanto en el exterior como en el interior. Para Carrero Blanco todo se reducía a una cuestión de orden público. Y la única respuesta posible era la represión. El presidente del gobierno decía en las Cortes que el país sufría «una situación de guerra» que había que afrontar con «moral de guerra». Con la violencia policial y, si era necesario, con el recurso a las fuerzas armadas. Estaba determinado a mantener una política de resistencia a ultranza, irreductible a cualquier cambio. Su asesinato a manos de ETA, en el atentado perpetrado el 20 de diciembre de ese año, profundizó la crisis interna del franquismo. Pero no fue el final de la dictadura ni abrió la puerta hacia la democracia. La desaparición del almirante aceleró un proceso que era anterior y que tenía raíces extensas y profundas. El franquismo se desmoronaba. Y al final, acabó durando lo que la propia vida del dictador. Después de la muerte de Franco el Ayuntamiento de Santoña encargó la construcción de un monumento en memoria de Luis Carrero Blanco, hijo predilecto de la villa. Juan de Ávalos, el escultor del Valle de los Caídos, construyó un gran monolito, en pie desde 1976. Pero la historia de España estaba cambiando de manera rápida e irreversible. Nadie se atrevió a inaugurarlo oficialmente.

3. SANTIAGO CARRILLO

«Pertenezco a una generación combustible, como decía un amigo ruso, a la que le ha tocado vivir un período tormentoso de la vida de España y el mundo. Un período que ha dejado en el camino, muertos en las trincheras, bajo los bombardeos o las represiones, a millones de sus componentes». Santiago Carrillo comenzaba así la primera página de sus memorias, publicadas en 1993. Se consideraba a sí mismo como un superviviente de su época, contento con su suerte pero acompañado siempre de un sentimiento de amargura y dolor: «¡Cuántos valores humanos destruidos, cuántos amigos desaparecidos, cuánto heroísmo, cuánta generosidad!». Un superviviente que todavía vivió casi dos décadas hasta su muerte, ocurrida en septiembre de 2012. Falleció de manera plácida, en su domicilio de Madrid, a la hora de la siesta, bien cumplidos los noventa y siete años. Nada que ver con lo que había sido su vida y su trayectoria política, la agitada biografía de uno de los protagonistas del convulso, complejo, conflictivo y violento siglo XX español.

Santiago Carrillo nació en Gijón el 18 de enero de 1915, dentro de una familia de clase obrera. Como él mismo decía, había visto la luz en un medio de «izquierda obrera activa» y se había nutrido, desde niño, de una cultura «socialista radical». Su padre, Wenceslao, había participado desde muy joven en la organización del sindicalismo socialista asturiano. En 1924 consiguió un puesto como empleado en la sede central de la UGT y trasladó a la familia a Madrid. En la capital, con apenas catorce años, Santiago Carrillo dejó los estudios y empezó a trabajar en la imprenta de El Socialista al tiempo que se afiliaba a la UGT y a las Juventudes Socialistas y se atrevía a escribir sus primeros artículos. En 1930 pasó a formar parte de la redacción del periódico oficial del PSOE. En octubre de 1934, como secretario de la Federación de Juventudes Socialistas, afín al radicalismo del sector de Largo Caballero, Carrillo tomó parte activa en la preparación de la huelga revolucionaria, fue detenido y pasó casi año y medio en prisión.

La victoria electoral del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936 permitió la salida de la cárcel de Carrillo. Enseguida viajó a Moscú, donde quedó impresionado por el poder del Kremlin y el funcionamiento del régimen soviético, lo que le decidió aún más a conseguir la unificación de las juventudes socialistas y comunistas como paso previo a una posterior entrada en la Internacional Comunista, un golpe muy duro para el PSOE. El golpe de estado del 18 de julio sorprendió a Carrillo en París. Después de pasar varias vicisitudes consiguió llegar a Madrid. En septiembre fue nombrado secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, con una gran capacidad de movilización y una vinculación estrecha con el PCE. Un joven de veintiún años con un poder político cada vez más visible.

El 6 de noviembre el gobierno de Largo Caballero abandonó Madrid y se marchó a Valencia. Las tropas franquistas tomaban posiciones en la Ciudad Universitaria y en la Casa de Campo y la caída de la capital parecía cuestión de días. Carrillo formaba parte de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja como consejero de Orden Público. Ese mismo día ingresó oficialmente en el PCE. Desde su nuevo cargo, tomó parte en la cadena de decisiones que, en medio de un caos considerable, y del miedo extendido por la ciudad sitiada, convirtieron el traslado de prisioneros de las cárceles madrileñas en varias «sacas» sucesivas que terminaron con el asesinato de más de dos mil detenidos en las fosas abiertas en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La implicación directa de Carrillo en las matanzas nunca ha quedado aclarada. Pero es difícil de creer que quedara al margen y mucho más que no tuviera ninguna responsabilidad en lo ocurrido.

Durante el resto de la guerra Carrillo, desde su control de las JSU, tuvo un papel importante a la hora de reclutar hombres para engrosar las filas de las fuerzas de seguridad republicanas y del propio Ejército Popular, con breves presencias en los frentes de combate en calidad de agregado militar. En febrero de 1939, después de la caída de Cataluña, pasó la frontera francesa y no regresó a la zona Centro republicana. En París se enteró del fallecimiento de su madre y de la participación de su padre, Wenceslao Carrillo, en el golpe ideado por el coronel Casado con la intención de lograr una paz honrosa con Franco y poner fin a la estrategia comunista de resistencia a ultranza. Carrillo renegó de su padre en una carta pública, seguramente para no perder el favor de la ortodoxia estalinista dictada desde Moscú.

En la primavera de 1942 el fallecimiento de José Díaz elevó a Dolores Ibárruri, «la Pasionaria», con el apoyo soviético, a la dirección de los comunistas españoles. Carrillo se incorporó al Politburó del PCE y se convirtió en uno de sus líderes más importantes, encargado de organizar el partido en los países latinoamericanos y en el interior de España, donde el terror franquista apenas dejaba margen de acción y las redes clandestinas se desarticulaban una tras otra, con una larga cadena de detenciones, torturas y condenas a muerte. El fracaso de la invasión de guerrilleros en el valle de Arán, en octubre de 1944, terminó con el sueño de provocar una insurrección popular. En los años siguientes pequeños grupos a las órdenes de Carrillo, que actuaba con mano de hierro desde Francia, siguiendo una lógica estalinista, se infiltraron en España con el propósito de extender la lucha armada, con la esperanza de que, después de la desaparición de Hitler y Mussolini, el derrocamiento de Franco fuera inminente. Pero no fue así. Más bien ocurrió lo contrario. El contexto internacional de la guerra fría permitió la supervivencia del régimen franquista, un sólido baluarte anticomunista. A partir de 1948, después de una reunión en Moscú entre Stalin y la cúpula comunista española, Carrillo incluido, el PCE cambió de estrategia y comenzó a desmovilizar las agrupaciones guerrilleras y a adoptar una política de infiltración en los sindicatos verticales falangistas.

En 1952 se evacuaron las últimas unidades de guerrilleros comunistas que resistían en las sierras del interior peninsular. Al año siguiente falleció Stalin y empezó un proceso de renovación que culminó en 1956 con la celebración del XX congreso del PCUS. Para entonces la URSS ya había votado a favor del ingreso de España en la ONU, un reconocimiento de la fortaleza del régimen franquista. Los nuevos aires de la desestalinización llegaron también a la dirección del PCE con líderes más jóvenes, procedentes del interior de España y del exilio francés, que fueron quitando protagonismo a la vieja guardia. Carrillo abanderó la renovación con una apuesta clara por una política de «reconciliación nacional», por la búsqueda de acuerdos con el resto de la oposición antifranquista y el objetivo común de un cambio pacífico y democrático.

El ascenso político de Carrillo culminó en 1960, con ocasión del VI congreso del PCE, cuando fue proclamado secretario general, cargo que ocupó hasta 1982. En la década de 1960 Carrillo demostró, como había hecho siempre, una gran capacidad de trabajo y una fe inquebrantable en el derrumbe inminente del franquismo. Apostó por una estrategia de lucha basada en el desencadenamiento de una «huelga general política» que no tuvo éxito y que llevó a muchos militantes a la cárcel. Uno de ellos, Julián Grimau, fue fusilado en 1963. Carrillo no permitió el debate interno dentro del partido y expulsó a críticos como Jorge Semprún y Fernando Claudín.

La vinculación de Santiago Carrillo con el régimen soviético se mantuvo sin fisuras hasta 1968, cuando los tanques rusos acabaron de manera violenta con la llamada «Primavera de Praga». La denuncia de la invasión soviética de Checoslovaquia llevó a Carrillo hacia lo que se denominó «eurocomunismo», una línea de actuación autónoma cercana a la seguida por el italiano Enrico Berlinger. En España, esa renovación ideológica abrió al PCE hacia la clase media, hacia el mundo de los intelectuales, los estudiantes y las asociaciones vecinales. En los primeros años de la década de 1970, en la agonía del franquismo, el PCE era un partido más moderno, moderado y flexible, presente en todas las huelgas, manifestaciones y mítines, con una fuerza creciente en el mundo sindical a través de Comisiones Obreras.

Después de la muerte de Franco, los comunistas españoles tenían el prestigio adquirido en la lucha antifranquista y una notable capacidad de movilización popular. Con esa fuerza Carrillo se atrevió, en febrero de 1976, a entrar en España con documentación falsa y una peluca que luego se hizo famosa. A finales de ese año fue detenido después de aparecer en una rueda de prensa. Pero solo por unos días. Carrillo sabía, y el presidente Adolfo Suárez también, que la transición hacia la democracia no sería tal sin la legalización del PCE. La contención con la que los comunistas reaccionaron frente al asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha acercó la fecha esperada, que llegó el 9 de abril de 1977. A cambio de la legalidad Carrillo renunció al marxismo-leninismo y decidió personalmente aparecer en público para reconocer la monarquía y la bandera rojigualda, una imagen que contrarió a muchos militantes de tradición republicana.

En las elecciones generales de junio de 1977 el PCE obtuvo un 9,2 % de los votos, muy por detrás del PSOE (29 %), que consiguió la primacía de la izquierda y mostró su capacidad para convertirse en un partido de masas. Carrillo llegó al Congreso de los Diputados, pero la decepción era innegable. Después vino la firma de los pactos de la Moncloa, y un año más tarde la aprobación de la Constitución. La democracia se consolidaba al tiempo que la estrella de Carrillo se apagaba. Todavía brilló una vez más, la noche del 23 de febrero de 1981, cuando los guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero tomaron a la fuerza el Congreso. En medio de los disparos Carrillo permaneció sentado en su escaño, un gesto valeroso que pasó a formar parte de la historia de la transición a la democracia.

En los años siguientes el PCE se fracturó en varias tendencias enfrentadas con dureza. En las elecciones de 1982 la victoria arrolladora del PSOE dejó a los comunistas con un exiguo 3,6 % de los votos. El fracaso electoral precipitó la dimisión de Carrillo, expulsado del Comité Central en 1985. Intentó después, sin éxito, otras iniciativas políticas. En las dos últimas décadas de su vida se dedicó a escribir libros y artículos y a participar en los medios de comunicación. El papel que desempeñó en la transición a la democracia, destacado por todos, cubrió las luces y las sombras de un pasado mucho más incómodo, espinoso y controvertido. Toda una vida contra Franco.

4. MANUEL FRAGA IRIBARNE

Lugo. Verano de 1939. El general Franco visita la ciudad. Entre el público que aplaude y vitorea está Manuel, un chico de dieciséis años impresionado por la visión del Caudillo victorioso. Medio siglo más tarde, Manuel Fraga Iribarne describía la escena en sus memorias: «En el ambiente de fervor popular del final de la guerra, tras muchas manifestaciones tras la toma de esta o aquella ciudad, la visita del Generalísimo fue un verdadero acontecimiento. Me impresionó el aspecto, la voz y la forma de hablar, y la reacción entusiasta de las gentes que llenaban la gran plaza que hay frente al ayuntamiento». Unos años después, en noviembre de 2005, pasados treinta años de la muerte de Franco, Manuel Fraga Iribarne declaraba en una entrevista que el juicio histórico sobre la figura del dictador sería positivo «tanto sobre 1939 como al final en 1975». En su opinión, su régimen no había sido fascista ni totalitario sino solo autoritario. Franco se había rodeado de militares, igual que Primo de Rivera. Ante la retirada de las últimas estatuas del dictador Manuel Fraga afirmaba que no tenía «ningún sentido intentar borrar a Franco. Sería como hacer desaparecer a Isabel la Católica por la culpa de reconquistar Granada». Al fin y al cabo, concluía el antiguo ministro de Información y Turismo, había que recordar «que del franquismo nació la democracia». Esa idea explicaba y justificaba, a su juicio, su trayectoria política. Sesenta años de vida pública, el último representante de la generación política procedente del franquismo, la dictadura que nunca llegó a condenar.

Manuel Fraga había nacido el 23 de noviembre de 1922, en Villalba, provincia de Lugo, unos meses antes del comienzo de la dictadura de Primo de Rivera. Sus padres estaban en Lugo de manera temporal. Todavía residían en Cuba. Eran una pareja más de emigrantes gallegos en busca de fortuna. En 1928 la familia, con algunos ahorros, decidió regresar a casa. Su padre invirtió en varios terrenos y propiedades, fue alcalde del pueblo al final de la dictadura, militante de la CEDA durante la República y de nuevo alcalde a partir de julio de 1936, cuando los militares sublevados se impusieron en Galicia. Tres años más tarde, terminada la guerra civil, Manuel Fraga comenzaba en Santiago de Compostela la carrera de Derecho que continuó en Madrid, en el empobrecido ambiente universitario de la posguerra, al tiempo que iniciaba sus estudios de Ciencias Políticas. En 1944 consiguió el doctorado y al año siguiente obtuvo el primer puesto en las oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales. Su fama de estudiante brillante y de trabajador infatigable se acrecentó en los años siguientes cuando alcanzó el número uno en las oposiciones de ingreso en la Escuela Diplomática y sacó la cátedra de Derecho Político, primero en la Universidad de Valencia y luego en Madrid.

Al comenzar la década de 1950 Manuel Fraga era un joven falangista alejado de la línea dura, poco interesado en llevar a la práctica las ideas del Movimiento Nacional pero dispuesto, como otros jóvenes funcionarios de su generación, a aprovechar las oportunidades que permitían escalar puestos dentro de la Administración estatal. Su actividad política comenzó en 1951 como secretario general del Instituto de Cultura Hispánica. Dos años más tarde, en la estela del impulso aperturista de Joaquín Ruiz-Giménez, Fraga fue designado secretario general del Consejo Nacional de Educación. La crisis política de 1956 no cortó su progresión. Franco le nombró procurador en Cortes y consejero nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Gracias a sus buenas relaciones con el jefe del Movimiento, José Solís Ruiz, consiguió la dirección de la Delegación Nacional de Asociaciones. En 1961, cuando alcanzó la dirección del Instituto de Estudios Políticos, Fraga era además el secretario de la comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes y formaba parte del Consejo Nacional de Educación, el Consejo de Economía Nacional y el Consejo Nacional. Una carrera prometedora que le acercaba al centro del poder político del régimen.

En julio de 1962 Franco aprobó la remodelación del gabinete ministerial que Carrero Blanco le había propuesto. Una de las novedades fue el nombramiento de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo. A sus cuarenta años, Fraga representaba a una generación que no había combatido en la guerra civil y que traía un cierto aire de modernidad sin poner en duda la adhesión a los principios del Movimiento. Fraga defendió la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau, fusilado el 20 de abril de 1963, y se esforzó en ocultar la naturaleza represiva del régimen con operaciones como la de los «Veinticinco años de paz», celebrada a lo largo del año 1964. Se convirtió en un personaje popular gracias a las campañas de promoción turística, la utilización de los medios de propaganda, como la televisión, la difusión de gestos como su famosa foto del baño con el embajador de Estados Unidos en la playa almeriense de Palomares, donde un avión norteamericano había perdido su carga nuclear. La iniciativa más relevante de su labor ministerial fue la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta, aprobada en marzo de 1966, que terminaba con la censura previa y las consignas obligadas aunque mantenía la posibilidad de imponer sanciones y medidas ejemplares.

Manuel Fraga era considerado uno de los representantes más cualificados del reformismo, del grupo de políticos partidarios de una cierta apertura del régimen que lo adecuara al nuevo escenario creado por los cambios económicos y sociales de los años sesenta. La pugna entre los diferentes grupos de poder desembocó en la crisis política de 1969, detonada por el llamado «caso Matesa», un escándalo de corrupción aireado por la prensa controlada por Fraga. El choque con los «tecnócratas» del Opus Dei le costó el puesto al político gallego, apartado de la remodelación ministerial de ese año. Fraga volvió a su cátedra universitaria, a escribir libros y artículos, y en 1973 marchó a Londres como embajador de España en el Reino Unido. Desde la capital británica asistió a la agonía final del franquismo mientras se distanciaba de la línea más dura de la dictadura y ampliaba sus contactos políticos.

Después de la muerte de Franco, Manuel Fraga fue vicepresidente segundo y ministro de Gobernación en el gobierno de Arias Navarro. Suya era la firma de un proyecto reformista de carácter continuista que partía de las estructuras del régimen y que no se planteaba ni el concurso de la oposición ni la necesidad de una consulta popular sin restricciones. Fraga, al que se le atribuía la frase «la calle es mía», tenía en sus manos el aparato represivo de la dictadura y pretendía controlar la intensa movilización social que desde abajo pedía un cambio verdaderamente democrático. En los primeros meses de 1976, durante su ministerio, se produjeron acciones brutales como la masacre del 3 de marzo en Vitoria, que dejó cinco trabajadores muertos y varias docenas de heridos. Las protestas contra la represión, las demandas de amnistía y los conflictos sociales desembocaron en una situación insostenible para el gobierno y también para el monarca.

En julio de 1976 Juan Carlos I nombró un nuevo gobierno encabezado, para sorpresa de muchos, por Adolfo Suárez, un joven político con una imagen mucho más abierta y moderna que el temperamental Fraga, que quedó fuera del ejecutivo. El político gallego fundó un partido, Alianza Popular, que agrupó a las figuras más representativas del régimen franquista pero que apenas consiguió el 8 % de los votos en las elecciones generales de 1977. En el Congreso formó parte de la ponencia encargada de redactar el texto de la Constitución de 1978, que su partido aprobó con una abierta división entre sus filas.

En los años siguientes Fraga intentó sin éxito convertir a su partido en una alternativa democrática conservadora. Pero la arrolladora victoria socialista de 1982 se revalidó sin problemas durante más de una década. Quedaba claro que ni Fraga, ni la vieja generación que le acompañaba, muy vinculada a la dictadura, eran capaces de lograr el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. La crisis abierta en 1986 se resolvió tres años más tarde con la refundación de AP como Partido Popular y con un nuevo líder, José María Aznar. Ese no fue el final político de Manuel Fraga. Su victoria en las elecciones autonómicas de 1989 le llevó a la Presidencia de la Junta de Galicia, un puesto que mantuvo hasta el año 2005. Perdió entonces el poder absoluto que había disfrutado, en parte debido a las protestas sociales provocadas por la marea negra del Prestige. Pero a pesar de su deterioro físico todavía se mantuvo en la política activa, como senador, hasta noviembre de 2011, unos meses antes de su muerte, ocurrida en Madrid el 15 de enero de 2012.

5. LAUREANO LÓPEZ RODÓ

En abril de 1977 Laureano López Rodó firmaba el prólogo de La larga marcha hacia la Monarquía, un libro que presentaba la dictadura de Franco como el largo período de transición que había permitido pasar de la guerra civil a la monarquía parlamentaria democrática. Un proceso realizado con éxito, de manera pacífica, que no había sido el resultado de una revolución, una guerra o un golpe de estado, «sino la culminación de un régimen basado en la autoridad personal de una figura histórica singular», Francisco Franco. Fue el propio jefe del estado quien, con mucha antelación, promulgó las leyes sucesorias, y quien, años antes de su muerte, designó a Juan Carlos I como la persona llamada a reiniciar la monarquía. Afortunadamente para todos los españoles, subrayaba el autor del texto, el cambio se produjo «sin traumas ni convulsiones» y el mecanismo sucesorio funcionó «como un aparato de relojería». En esa «larga marcha» había un antes y un después marcado por una fecha: 1956, el año de la entrada de López Rodó en la política. El año en el que se abrió una segunda etapa en el régimen, «laboriosa y decisiva, de la que fui testigo y a veces partícipe». Testigo de la dictadura y también parte de ella.

Laureano López Rodó nació en Barcelona el 18 de noviembre de 1920, en una casa que representaba bien el ambiente de la alta burguesía catalana. La familia de su padre era propietaria de una importante industria botonera y la de su madre poseía unos conocidos almacenes. López Rodó se educó en un entorno religioso y conservador, el de una familia que acogió con satisfacción el pronunciamiento del general Primo de Rivera y vivió con alarma y temor la instauración de la Segunda República, percibida como una amenaza para el orden social tradicional. Con apenas quince años López Rodó, como otros jóvenes católicos y monárquicos, se inclinó hacia el discurso fascista radical que proponía Falange Española. Durante la guerra civil se ocultó en su domicilio para evitar la movilización y en enero de 1939, después de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, trabajó como secretario de redacción en la Oficina de Información de Prensa de la Jefatura Provincial.

Pero ese no fue el inicio de su carrera política. En la posguerra López Rodó, alejado del falangismo, se convirtió en un miembro activo del Opus Dei mientras terminaba la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona. En 1943 obtuvo el doctorado en la Universidad Central de Madrid y dos años más tarde ganó la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1952 fue nombrado consejero del CSIC y su nombre comenzó a sonar en los círculos académicos y políticos que planteaban la necesidad de una reforma de la Administración del estado. Primero fue el ministro de Justicia, el carlista Antonio Iturmendi, quien le pidió varios dictámenes técnicos. Luego el ministro de Educación, Jesús Rubio García-Mina, quien en septiembre de 1956 llevó el nombre de López Rodó, y sus planes de reforma administrativa, al Consejo de Ministros presidido por Franco en el pazo de Meirás. Y, por último, el ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, que en diciembre de ese año le nombró secretario general técnico de Presidencia.

Laureano López Rodó llegó así, a los aledaños del poder del régimen, sin haber pertenecido a los círculos y familias políticas que lo sostenían. Y lo hizo en un momento muy especial. Era un profesional experto en derecho administrativo, católico y monárquico, convencido de que el franquismo debía reformar la estructura del estado para asegurar su estabilidad, permitir el crecimiento económico y abrirse hacia el exterior. Era el hombre que precisaba Carrero Blanco. Y a su lado permaneció, sin abandonar la primera línea del poder, hasta el asesinato del almirante, en 1973.

En 1956 los falangistas plantearon su última batalla para recuperar el poder político y tomar el control del gobierno. Y la perdieron. Los proyectos del secretario general del Movimiento, José Luis Arrese, quedaron en papel mojado. En febrero de 1957, en medio de una grave crisis económica y de una creciente oleada de conflictos sociales, Franco cesó al gobierno en pleno. Carrero Blanco, con la ayuda de López Rodó, tuvo vía libre para formar un nuevo Gabinete ministerial que incluyó a dos «técnicos», Alberto Ullastres en la cartera de Comercio y Mariano Navarro Rubio al frente de Hacienda. Ambos, al igual que López Rodó, eran miembros numerarios del Opus Dei, la institución religiosa, fundada por Escrivá de Balaguer, que en la posguerra comenzó a formar a buena parte de la élite universitaria, política y económica de España.

Eran los «tecnócratas». Políticos nuevos, bien formados desde el punto de vista profesional, convencidos de que era posible la reforma administrativa del estado y la modernización económica del país. En sus Memorias, Laureano López Rodó declaraba que el objetivo principal de su actividad política había sido el desarrollo económico de España y la construcción de «un Estado de Derecho monárquico». Se presentaba como un político que había contribuido a la mejora de las condiciones de vida de la población mientras allanaba el camino para la transición hacia la monarquía democrática. En realidad, la labor de López Rodó, como la del resto de los llamados «tecnócratas», no respondió a un proyecto de cambio político programado desde las alturas del régimen. Constituyó más bien una salida pragmática para asegurar la supervivencia de la dictadura. Un intento de combinar el crecimiento económico y la modernización capitalista con la continuidad del franquismo y el mantenimiento de poder autoritario y vitalicio de Franco.

Laureano López Rodó fue el autor del decreto ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, publicado el 25 de febrero de 1957, que reorganizó la estructura del gobierno. Además de su puesto como secretario técnico de Presidencia, López Rodó consiguió la dirección de la Oficina de Coordinación y Planificación Económica, encargada de proporcionar ayuda técnica a las comisiones interministeriales. Un lugar privilegiado para enderezar la nave de la dictadura, que caminaba hacia la quiebra financiera. En los meses siguientes comenzó el desmantelamiento del modelo autárquico y la apertura del proceso de liberalización económica. La reducción del gasto público, la devaluación de la moneda, el control de los precios y los salarios, el aumento de la recaudación tributaria y la supresión de restricciones para las importaciones y las inversiones extranjeras fueron algunas de las primeras medidas.

El cambio de rumbo definitivo llegó en julio de 1959 con la aprobación del Plan de Estabilización y Liberalización Económica que significaba, en la práctica, la plena integración de la economía española en el sistema capitalista internacional. El papel desempeñado por Laureano López Rodó cobró mayor relieve, a partir de 1962, cuando pasó a dirigir la Comisaría del Plan de Desarrollo, un organismo concebido para controlar las reformas y coordinar la política económica estatal. López Rodó se mantuvo al frente de la Comisaría durante toda su existencia, hasta 1973. Rodeado de ingenieros y economistas, como Fabián Estapé y José María López de Letona, impulsó el programa de inversiones públicas contenido en los Planes de Desarrollo (1964-1967 y 1968-1971). Además, a partir de 1965 formó parte del gobierno como ministro sin cartera. Sus años en la primera línea de la política coincidieron con el período de bonanza económica que se extendió a lo largo de toda la década de los años sesenta y continuó hasta 1974. El desarrollo económico se benefició del extraordinario ciclo expansivo de los países occidentales, la existencia de una mano de obra muy barata, las condiciones ventajosas de los capitales extranjeros y las divisas proporcionadas por el turismo y las remesas enviadas por los emigrantes, que compensaban el déficit comercial.

En junio de 1973 Carrero Blanco alcanzó la Presidencia del gobierno. López Rodó formó parte de su Gabinete como ministro de Asuntos Exteriores. Pero solo por unos meses. En diciembre de ese año el asesinato del almirante, su principal mentor, supuso su relegación a un lugar secundario. La etapa de los tecnócratas había terminado. El gobierno de Arias Navarro nombró a López Rodó embajador en Viena, donde continuó hasta el final del franquismo. En los primeros años de la Transición mantuvo su actividad política dentro de las filas de Alianza Popular. Era uno de los «siete magníficos», el grupo de exministros del régimen que apostaron por el reformismo conservador que lideraba Manuel Fraga. En 1977 consiguió un acta de diputado por Barcelona, pero dos años más tarde se alejó del partido y quedó progresivamente postergado en el ámbito de la derecha española. Volvió a su cátedra universitaria y a ejercer la abogacía. Y se dedicó también a escribir artículos y libros casi hasta el momento de su muerte, ocurrida en Madrid el 11 de marzo del año 2000.

En 1989, cuando López Rodó estaba preparando la publicación de sus memorias, su amigo Gonzalo Fernández de la Mora le reprochaba que en ellas «parece que estás empeñado en presentarte como un demócrata de toda la vida, entusiasta del modelo partitocrático, lo que no es verdadero, ni gallardo, ni tiene eficacia alguna». López Rodó le contestó que siempre había defendido el pluralismo político «sin dejarme influir por el hecho de que hoy nos encontremos en una lamentable partitocracia». Una expresión que denotaba los problemas del catedrático catalán, del tecnócrata del franquismo, para adaptarse a la democracia.

6. AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES

El 13 de marzo de 1942 fue, sin duda, un día inolvidable para el general Agustín Muñoz Grandes. Adolf Hitler en persona prendía en su pecho la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Una prestigiosa condecoración que, según el comunicado del cuartel general alemán, reconocía el valor de los combatientes españoles en el frente Este y el carácter «especialmente intrépido y resuelto» del militar que estaba a su mando: «El alma de resistencia de la División es su comandante, el general Muñoz Grandes». Toda la prensa española se hizo eco de la noticia con grandes titulares. En las fotos, Muñoz Grandes no podía disimular su satisfacción. Vestía el uniforme alemán, con los entorchados de general de la Wehrmacht. Bajo el cuello sobresalía la Cruz de Hierro. En el pecho la Reichsadler, el águila imperial nazi, apoyada sobre la esvástica. Unos años más tarde, después de la derrota alemana, esa fotografía era un recuerdo incómodo y molesto. Pero eso no impidió que en 1953 el presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, le otorgara la Cruz de la Legión al Mérito como agradecimiento por su actuación en la firma de los acuerdos de cooperación militar entre los gobiernos de Madrid y Washington. Seguramente ningún otro militar en el mundo podía presumir de haber obtenido esa doble condecoración, la de Hitler y la de Eisenhower. Paradojas de la historia del siglo XX.

Agustín Muñoz Grandes nació en el barrio madrileño de Carabanchel, el 27 de enero de 1896, el quinto hijo de un pequeño comerciante de ultramarinos. En septiembre de 1909 ingresó como cadete en la Academia de Infantería de Toledo. Y en el verano de 1913, con apenas diecisiete años, era un joven segundo teniente destinado al protectorado español del norte de África. Allí forjó una rápida y exitosa carrera profesional. En 1915 era teniente, capitán en 1919, comandante en 1924 y teniente coronel en 1926 por méritos de guerra. Recibió las condecoraciones y medallas más prestigiosas y fue herido en varias ocasiones, la última en 1925, en las operaciones posteriores al desembarco de Alhucemas que concluyeron con la derrota de Abd el Krim. En sus memorias, Pilar Primo de Rivera recordaba la impresión que le había causado, en los años de la dictadura militar de su padre, la visita del «entonces teniente coronel Agustín Muñoz Grandes, un día que fue a almorzar a casa lleno de vendajes de las heridas recibidas al frente de sus Regulares. Era la personificación del héroe».

Muñoz Grandes fue un oficial «africanista». Un buen ejemplo de la política de ascensos por méritos de guerra promovida por Alfonso XIII y de la cadena de premios y ascensos seguida por el dictador Primo de Rivera. Durante dos décadas, la aventura colonial de Marruecos creó una casta de oficiales militaristas y autoritarios, con una identidad propia. La mayoría eran defensores de un nacionalismo de extrema derecha, con poco respeto hacia la sociedad civil y la política parlamentaria. En julio de 1936 tuvieron pocas dudas a la hora de sumarse a la sublevación militar y formar la columna vertebral de la rebelión contra la República.

El caso de Muñoz Grandes era, en parte, diferente. En septiembre de 1933 había sido nombrado jefe de la Guardia de Asalto, puesto en el que sirvió hasta mayo de 1935. Le acompañaba su fama de militar sobrio y eficiente, de origen popular y sin antecedentes políticos. Pero en la primavera de 1936 estaba donde creía que tenía que estar, junto a sus compañeros de armas, comprometido con la conspiración militar. El 18 de julio Muñoz Grandes no se encontraba en su destino, Tetuán, sino en Madrid. Allí fue detenido y encarcelado, condenado a nueve años de prisión por su participación en la rebelión. Gracias a la intercesión del general Miaja, Muñoz Grandes fue trasladado al hospital militar del Palace. En marzo de 1937 se fugó y consiguió llegar a la zona sublevada, donde rápidamente se puso a las órdenes de Franco, que le dio el mando de la 2.ª Brigada de Navarra. Participó en la campaña del Norte, la batalla de Teruel, el frente de Aragón y, al mando del Cuerpo de Ejército de Urgell, en las operaciones que concluyeron con la caída de Cataluña.

Al terminar la guerra el general de brigada Agustín Muñoz Grandes pasó a formar parte del nuevo gobierno de Franco como ministro secretario general del Movimiento. Era considerado un general germanófilo, cercano al ideario «joseantoniano», pero distanciado de la vieja guardia falangista. En marzo de 1940 Muñoz Grandes dimitió, seguramente presionado por Serrano Suñer, y fue nombrado gobernador militar del Campo de Gibraltar. Allí conoció los planes, españoles y alemanes, para «reconquistar» el Peñón. Y allí le llegó, en junio de 1941, el nombramiento como jefe de la División Española de Voluntarios: la División Azul. No había muchos más candidatos falangistas. José Antonio Girón apenas tenía conocimientos de táctica y estrategia. Y el impetuoso e imprevisible general Yagüe había perdido la confianza de Franco. Al parecer, fue Serrano Suñer el que propuso el nombre de Muñoz Grandes. Tenía carisma, fama de rígido y aguerrido, y una notable experiencia de combate.

A mediados del mes de octubre los divisionarios españoles desplazados al frente ruso, convertidos en la 250.ª División de la Wehrmacht, entraron en combate en las orillas del río Volchov. Luego llegó el duro y crudo invierno de 1941 a 1942. Las victorias prometidas no llegaban, la División Azul acumulaba más de un 30 % de bajas y Muñoz Grandes, sin perder su ardor guerrero, escribía a su mujer: «nuestra raza está demostrando cualidades insospechadas, yo hoy siento como nunca el orgullo de haber nacido español».

En junio de 1942 Franco ordenó la repatriación de Muñoz Grandes y nombró como sustituto al general Esteban-Infantes. Al parecer, el Caudillo estaba disgustado por las críticas que Muñoz Grandes había manifestado sobre la política interior española, por los rumores que mencionaban al general divisionario como una alternativa que la diplomacia alemana barajaba para ocupar el poder y relegar a Franco a un puesto honorífico. Pero Hitler retrasó el relevo durante varios meses. Estaba muy satisfecho con un general decidido a sostener una lucha sin cuartel y que no ocultaba sus deseos de que España entrara en la contienda al lado de Alemania. En agosto de ese año tuvieron lugar los famosos sucesos de Begoña, el enfrentamiento entre carlistas y falangistas que provocó, a la postre, la caída en desgracia de Serrano Suñer. En el otoño, el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez-Jordana, envió a Berlín un nuevo embajador que tenía como primer cometido la repatriación de Muñoz Grandes, consentida al fin por Hitler. El objetivo final, como se vio más tarde, era un giro diplomático que permitiera al régimen franquista retirar la División Azul, volver a la neutralidad oficial e iniciar un proceso de acercamiento a los Aliados.

El 17 de diciembre de 1942 Muñoz Grandes llegó en tren hasta la frontera española y al día siguiente fue recibido como un héroe en la estación del Norte de Madrid por una multitud entusiasta, poblada de jefes militares y jerarcas falangistas. Franco le recompensó primero con el ascenso a teniente general y luego, dos meses más tarde, con el nombramiento como jefe del Cuarto Militar del Generalísimo. Desde esa posición Muñoz Grandes, que se había quedado sin mando efectivo sobre tropas, intentó influir en el ánimo del Generalísimo para impulsar la intervención bélica. Su voz dejó de tener eco en los primeros meses de 1943, cuando se consumó el desastre alemán en Stalingrado y las derrotas en Kursk, en el norte de África y en Italia.

El general Muñoz Grandes no ocultó, durante el resto de su vida, su simpatía hacia el III Reich y su orgullo de haber combatido al frente de la Blaue Division. Pero a la altura de 1950 ya no era un problema. Lo importante era su demostrado anticomunismo. Y, además, en la cúpula militar ya no había tendencias políticas. Ni falangistas, ni carlistas ni monárquicos. Solo franquistas. El ejército, que antes de la guerra civil era la «columna vertebral» de la patria, como había dicho Calvo Sotelo, lo fue también de la dictadura franquista. Se convirtió en la institución más poderosa de la «Nueva España», la garantía permanente del poder dictatorial del Caudillo. Y el general Agustín Muñoz Grandes representó, durante mucho tiempo, el papel de «segundo soldado» del régimen. Lo hizo en 1950 como capitán general de Madrid, entre 1951 y 1957 como ministro del Ejército y desde 1962 hasta 1967 como vicepresidente del gobierno. Su fallecimiento se produjo tres años más tarde, el 11 de julio de 1970. El día de su entierro desfilaron delante de su ataúd los excombatientes de la División Azul. Con el brazo en alto. Cantaban «Yo tenía un camarada».

7. ENRIQUE PLA Y DENIEL

En el año 1900, al terminar el siglo XIX, Enrique Pla y Deniel era un joven eclesiástico de veinticuatro años que regresaba a Barcelona, su localidad de nacimiento, para ser ordenado sacerdote. Volvía de Roma, donde había estudiado teología, filosofía y derecho canónico en la Universidad Gregoriana, donde había respirado el nuevo aire doctrinal inspirado por el papa León XIII y su encíclica Rerum novarum. Pla y Deniel ejerció su ministerio pastoral en la Ciudad Condal durante casi dos décadas. Allí pudo conocer de primera mano los problemas del mundo industrial y la emergencia del movimiento obrero, una clara amenaza para la hegemonía social que hasta entonces había disfrutado la iglesia Católica. El sacerdote catalán fue profesor en el Seminario, colaboró de manera activa en la prensa de orientación confesional y en varios grupos católicos, como Acción Social Popular, y participó en movilizaciones políticas clericales en el entorno tradicionalista que abanderaba el carlismo.

La formación intelectual de Pla y Deniel y su activismo social influyeron, sin duda, en su nombramiento como obispo de Ávila en 1918. En sus cartas pastorales combatió con dureza y determinación los males derivados del «laicismo político» y del liberalismo, la herencia funesta de la Revolución Francesa. Por eso, en septiembre de 1923 saludó como una buena noticia la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y, a partir de la primavera de 1931, siguió con preocupación la instauración de la Segunda República y lo que denominó más tarde como «persecución legislativa». En 1935 Pla y Deniel pasó a ocupar la sede episcopal de Salamanca, un escenario privilegiado, un año más tarde, para asistir al rápido triunfo de la rebelión militar en Castilla.

El motivo principal del golpe de estado del 18 de julio de 1936 no era la defensa de la religión católica. Los militares rebeldes querían acabar con las raíces de la democracia republicana y eliminar la amenaza de las organizaciones obreras. Pero, a las pocas semanas, la motivación religiosa había encontrado un lugar preferente en muchas proclamas y discursos, incluso antes de que se difundieran las noticias sobre la violencia anticlerical. Servía de amalgama de las fuerzas políticas y sociales contrarrevolucionarias, que carecían de un programa político claro. En el mes de agosto, un sentimiento de cruzada religiosa empezó a presidir los desfiles, concentraciones, misas de campaña y ceremonias fúnebres en honor de los «mártires». Al comenzar septiembre, en todos los pueblos de la retaguardia sublevada se celebró la reposición de los crucifijos en las escuelas. Y antes de terminar el mes el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, publicó una carta pastoral, «Las dos ciudades», que dejaba patente el apoyo doctrinal de la iglesia Católica a la causa de los sublevados. La guerra surgida en España era «necesaria», era un combate entre la «ciudad Celeste» de los «hijos de Dios» y la «ciudad terrena» de los comunistas y los anarquistas, los «sin Dios». Entre el ideal del heroísmo y el martirio de los buenos católicos y la «degradación humana» de los «hijos de Caín». Una «cruzada por la religión, por la patria y por la civilización».

El apoyo de la jerarquía eclesiástica a Franco, convertido en Caudillo y santo providencial enviado por Dios, en un «cruzado católico», adquirió resonancia internacional en la «Carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo entero», fechada el 1 de julio de 1937, que pasó también por las manos del obispo Pla y Deniel. La iglesia española, una «víctima inocente, pacífica e indefensa», justificaba sin reservas el «Movimiento Nacional», un «levantamiento cívico-militar» destinado a salvar al país de una revolución comunista inminente.

En 1939 llegó la victoria de Franco. A España, decía Pla y Deniel, después de la «crucifixión» sufrida en los años anteriores, le había llegado «su Resurrexit, su Resurrección. La habían abatido y surgió el grito de Arriba España». El obispo de Salamanca publicó ese año otra pastoral muy difundida, «El triunfo de la ciudad de Dios y la Resurrección de España», en la que llegó a justificar la violencia de la guerra y la represión masiva como una «operación quirúrgica en el cuerpo social de España» realizada, por la «legítima autoridad», sin ninguna relación con la «ilícita venganza privada». Pla y Deniel constituye, seguramente, el mejor ejemplo de la actitud general mostrada por la iglesia Católica después del conflicto bélico, alejada de cualquier gesto público de perdón o de reconciliación, empeñada en mantener viva la división entre los vencedores y los vencidos. La unión entre Dios y la patria, argumentaba el obispo, debía proseguir más allá del fin de las hostilidades: «La impone la necesidad de hacer duradero y definitivo el triunfo obtenido a costa de tanta sangre, cuando sería un ilusionismo creer que dentro de España todos los vencidos han quedado también instantáneamente convencidos».

La victoria consolidó, durante muchos años, la comunión inquebrantable de la espada y la cruz. El triunfo de la «Ciudad de Dios». La iglesia ocupó un lugar destacado en la «Nueva España» construida por el dictador. Recuperó muchos de sus privilegios tradicionales, la financiación del estado, el control moral de la población y el monopolio de la educación. Como decía Pla y Deniel al terminar la guerra civil, «la verdadera y definitiva resurrección de España depende principalmente de la educación de la niñez y juventud con espíritu cristiano y patriótico en todos los grados de enseñanza, desde las escuelas primarias a la Universidad».

Unos años más tarde, cuando las potencias fascistas fueron derrotadas y cambiaron los vientos del escenario internacional, la iglesia proporcionó al régimen franquista un aval muy valioso, la cobertura católica que necesitaba para distanciarse de su pasado fascista y asegurar su supervivencia. En las cartas pastorales publicadas entre 1945 y 1947, los años de mayor incertidumbre y aislamiento para la dictadura, Pla y Deniel defendió la legitimidad del régimen de Franco desligando la guerra mundial de los acontecimientos vividos en España: «La pasada guerra civil y Cruzada vino a ser un plebiscito armado que puso fin a la persecución religiosa. No se quiera por nadie una innecesaria revisión, que pudiera llevarnos a una nueva guerra civil». España debía quedar a salvo de cualquier injerencia extranjera, tenía «el derecho innegable de resolver sus problemas internos y organizar su régimen».

Y el régimen le premió por ello. En 1941 Enrique Pla y Deniel fue nombrado arzobispo de Toledo. Dos años más tarde Franco incluyó su nombre, junto al de otros siete obispos, en la lista de procuradores en Cortes designados directamente por el jefe del estado. Formó parte del Consejo del Reino, del Consejo de Estado y del Consejo de Regencia, encargado de ocupar el poder en el caso de que quedara vacante la Jefatura del estado. Como primado de España, con el capelo cardenalicio desde 1946, permaneció al frente de la sede toledana casi tres décadas. Durante ese largo período de tiempo la figura de Pla y Deniel representó como ninguna otra la España del nacionalcatolicismo, el triunfo político de la doctrina social de la iglesia, la estrecha identificación de la jerarquía eclesiástica con Franco, a quien bendijo y sacralizó como el Caudillo salvador de la patria, como un héroe mesiánico enviado por Dios.

En noviembre de 1975, después de la muerte del dictador, Enrique Pla y Deniel no figuraba en el Consejo de Regencia. Había fallecido unos años antes, el 5 de julio de 1968. La noticia fue portada del diario ABC. La crónica firmada desde Toledo describía la paz y la serenidad que reinaban en el palacio arzobispal durante la noche. Un silencio «apenas perturbado por las oraciones que todos elevamos ante los restos mortales del primado de España». El primado del régimen.

8. PILAR PRIMO DE RIVERA

Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia murió en Madrid, el 17 de marzo de 1991, a consecuencia de un paro cardíaco. Fue el final de la «hermana viuda», de la «novia eterna». Había nacido en Madrid, en 1906, la cuarta de seis hermanos de una familia ilustre de tradición militar. La temprana muerte de su madre, ocurrida en 1908, dejó la crianza de los niños en manos de sus tías, empeñadas en mantener la educación católica y conservadora que se suponía a las familias acomodadas de la época. Pero la biografía de Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia estuvo condicionada por los hombres. Por dos hombres. Su padre, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, dictador de España entre 1923 y 1930, y sobre todo su hermano José Antonio, fundador y referente mítico de Falange Española.

En los años veinte Pilar era una joven que no había pasado de los estudios primarios, criada en un ambiente burgués influido por los principios patrióticos y los valores castrenses inculcados por su padre. En los años de la dictadura los hijos del general Primo de Rivera se mantuvieron al margen de la vida política. Todo cambió a partir de 1930. En su opinión, reflejada en sus memorias, Recuerdos de una vida, la caída de su padre se debió a «los viejos políticos, la envidia, la incomprensión y los altos poderes». El dictador murió ese mismo año, en su destierro voluntario de París. La herencia política de Primo de Rivera fue el origen de la Unión Monárquica Nacional, partido que sirvió como bautismo político para su hijo José Antonio, que pronto pensó en un proyecto autónomo cercano a las ideas fascistas de la Italia de Mussolini, a quien tanto admiraba.

Pilar Primo de Rivera siguió muy pronto el camino marcado por su hermano mayor en el nuevo escenario político de la Segunda República. En octubre de 1933 Pilar participó con fervor en el acto fundacional de Falange Española, en el mitin del Teatro de la Comedia de Madrid. Como los estatutos de Falange impedían la afiliación de mujeres optó por ingresar en el Sindicato Español Universitario (SEU), donde fue admitida a pesar de que no era universitaria. La misión de las mujeres quedaba relegada a tareas de propaganda y asistencia a los presos y a sus familiares. Su sitio estaba en la Sección Femenina de Falange, fundada en 1934. Pilar Primo de Rivera fue designada su jefa nacional. Lo fue durante más de cuarenta años, hasta 1977. Nadie en España ha desempeñado un alto cargo político durante tanto tiempo como ella.

En los primeros tiempos la actividad de la Sección Femenina se limitaba a un reducido círculo de acción madrileño. En julio de 1936 la organización había obtenido eco en algunas provincias y contaba con dos mil quinientas afiliadas. Cuando estalló la rebelión militar, Pilar estaba en Madrid, refugiada en un piso de la plaza de España, a escasa distancia del cuartel de la Montaña, el centro de la sublevación militar en la capital, tomado a sangre y fuego por los milicianos que pronto se hicieron dueños de las calles de la ciudad. Gracias a sus contactos, Pilar logró pasar por varios escondites, se refugió en la embajada alemana y, desde allí, con documentación falsa, viajó en tren hasta el puerto de Alicante para embarcar en el Admiral Graf Spee y realizar la travesía hasta Sevilla, en la seguridad de la «zona nacional».

El cuartel general de Franco estaba instalado en Salamanca. Allí llegó pronto Pilar Primo de Rivera con la intención de ponerse al servicio de la causa rebelde. La ejecución de su hermano José Antonio en la cárcel de Alicante la convirtió en el referente vivo del fundador de Falange, en la guardiana de la memoria y la obra del «Ausente». En abril de 1937 Franco publicó el Decreto de Unificación, pero Pilar consiguió que la Sección Femenina conservara su propia identidad. Durante la guerra civil su actividad fue intensa. Visitó los frentes de combate, mantuvo contacto con Hitler y Mussolini y compitió con Mercedes Sanz Bachiller, la creadora del Auxilio de Invierno, para imponer su discurso de subordinación femenina, el regreso de las mujeres al ámbito familiar, a su papel doméstico como esposas y madres, como «ángel del hogar».

Al terminar el año 1936 la Sección Femenina contaba con cincuenta mil afiliadas. Antes de finalizar la contienda eran 580 000 las mujeres movilizadas. Como decía Dionisio Ridruejo, un amigo cercano de Pilar Primo de Rivera, la Sección Femenina era para los camisas viejas de Falange una «vestal colectiva de antiguo culto», una especie de matriarcado. La guerra se libraba también en la retaguardia, en la capacidad de cada bando para obtener recursos humanos y materiales. Ese fue uno de los factores que, a la postre, determinaron la victoria de Franco. Y, después del triunfo de las armas, llegó la construcción del nuevo régimen político, el franquismo. La movilización femenina cambió de objetivo. Como dijo el falangista Raimundo Fernández Cuesta en 1938, «la mujer llevará al hogar las normas de la “Nueva España” que nace».

Pilar Primo de Rivera, que permaneció soltera toda su vida, con una imagen personal sobria y austera, se dedicó en cuerpo y alma a la obra de la Sección Femenina. Intentó crear y mantener un espacio para el falangismo femenino que girara en torno al mundo doméstico y familiar, sin salir del ámbito privado. La mujer tenía que ser una servidora obediente y silenciosa, respetuosa y subordinada. Como dijo en 1939, apenas terminada la guerra, a partir de ese momento «las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras». Sin embargo, para la mayoría de los hogares españoles, la imagen dominante de la interminable posguerra fue la del silencio y el hambre. El duro trabajo de sobrevivir. La labor asistencial y educativa de la Sección Femenina fue muy importante, sobre todo en el ámbito rural, en labores relacionadas con la higiene, la alimentación y la puericultura, pero la institución dirigida con mano firme por Pilar Primo de Rivera no cuestionó nunca el fracaso del régimen autárquico de Franco. Al terminar la segunda guerra mundial la Sección Femenina organizó el Servicio Social de la Mujer, una prestación de seis meses de trabajo por la que tenían que pasar las mujeres solteras entre dieciocho y treinta y cinco años. Además, la Sección Femenina organizó cursos de alfabetización y una amplia serie de iniciativas relacionadas con el deporte, el teatro, la enfermería, la cocina y el folclore popular.

Pilar acató el poder indiscutible del Caudillo, fue procuradora en Cortes, consejera nacional del Movimiento y, desde 1960, condesa del Castillo de La Mota. Para entonces, poco o nada quedaba de la retórica falangista revolucionaria de primera hora. Los años más gloriosos llegaban a su fin. Los tiempos cambiaban y la Sección Femenina debía adaptarse a ellos si no quería convertirse en una organización irrelevante. Pilar impulsó una cierta ampliación de los derechos sociales y laborales de la mujer, aunque negó siempre cualquier relación con planteamientos de corte feminista. En todos sus discursos seguía apareciendo el eco de los ideales joseantonianos, pero su retórica cada vez tenía menos peso político. En los años sesenta su figura quedó relegada a un lugar secundario dentro del franquismo.

La Sección Femenina sobrevivió hasta 1977, dos años después de la muerte del dictador. No tenía sentido fuera del régimen que había ayudado a construir y a mantener durante tanto tiempo. En los años finales de su vida Pilar Primo de Rivera permaneció alejada de la política pero conservó siempre, en todas sus declaraciones, los ideales falangistas. Eran otros los que habían traicionado el legado de su hermano, la obra del régimen franquista, no ella. En 1975 pedía que no se desbaratara «lo que con tanta sangre y tantos sacrificios se ha conseguido», la España «unida y justa» creada por Franco. En 1983, el año de la publicación de sus memorias, lamentaba el «abismo» en el que se había hundido el país y la ocasión perdida del 23-F: «La verdad es que cuando los españoles vimos por la “tele” todo el proceso de ese levantamiento muchos nos llenamos de esperanza. Yo recordaba el golpe de Estado de mi padre, que, sin ninguna violencia, dio a España siete años de paz y prosperidad. El 23-F fracasó y siguieron las condenas a sus protagonistas, pero ¿no habrá fracasado también España?». Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, una mujer de otra época, de otro tiempo que no era el de la España democrática.

9. DIONISIO RIDRUEJO

En mayo de 1975 una alumna de periodismo le preguntó a Dionisio Ridruejo si tenía mala conciencia de su pasado político. Ridruejo le contestó que ni mala ni buena, que lo que tenía era una conciencia clara «de haber participado en una usurpación de la soberanía nacional a favor de una oligarquía». Y que, como sentía esa conciencia, se veía en la obligación de trabajar «para que las cosas se pusieran de otra manera». No llegó a verlo. La muerte que le rondaba le alcanzó unas semanas más tarde. Franco le sobrevivió casi cuatro meses. Había luchado a favor del dictador y contra él. Con el fervor del falangista juvenil y con la constancia del demócrata maduro. Un disidente dentro del régimen. Esa doble condición marcó su vida y también la memoria que ha quedado de su figura, a medio camino entre la literatura y la política, entre el mito del personaje y la realidad, mucho más gris, de la oscura seducción del fascismo, de la larga historia del franquismo.

Dionisio Ridruejo Jiménez nació en El Burgo de Osma, el 12 de octubre de 1912. Su padre, un comerciante adinerado, casado con una joven sobrina, murió muy pronto, cuando Dionisio era un niño de apenas tres años. Cursó el bachillerato, sin mucha aplicación, en varios internados religiosos de Segovia, Valladolid y Madrid en los que mostró una temprana vocación poética. Después estudió derecho en el centro universitario que los agustinos regentaban en El Escorial, el mismo que había retratado Manuel Azaña en El jardín de los frailes.

Durante los primeros años de la República el joven Ridruejo, contenido todavía en las formas de una educación católica y conservadora, muy crítico con la política anticlerical gubernamental, derivó hacia el fascismo a partir de las lecturas, las tertulias de los cafés y las veladas literarias. Los partidos tradicionales de derechas le parecían caducos y reaccionarios. Al terminar 1933 era militante de Falange Española y en diciembre de 1935 formaba parte de la «corte» intelectual de José Antonio Primo de Rivera que compuso el «Cara al sol» en los bajos de un bar. El 18 de julio de 1936 Ridruejo acababa de ser nombrado jefe local de Falange en Segovia y no dudó en sumarse a la rebelión militar. En sus escritos posteriores negó haber participado en la violencia represiva que ensangrentó la retaguardia controlada por los sublevados, pero tampoco desmintió un cierto grado de responsabilidad: «conviví, toleré, di mi aprobación indirecta al terror con mi silencio público y mi perseverancia militante».

En cualquier caso, la actividad fundamental de Ridruejo durante la guerra estuvo alejada de las armas. Pronto destacó como un orador brillante en muchos mítines, celebraciones y homenajes. Su promoción política fue rápida. Pasó primero por la Jefatura provincial de Falange de Valladolid y luego, gracias a sus buenas relaciones con José Antonio Girón de Velasco, Pilar Primo de Rivera y Ramón Serrano Suñer se convirtió en un publicista cercano a los círculos del poder, en Salamanca y en Burgos. En febrero de 1938 Dionisio Ridruejo fue nombrado jefe de Propaganda del Estado franquista y empleó toda su energía, al frente de un hervidero de periodistas y escritores afines, para organizar todos los instrumentos de comunicación pública y convertir el discurso totalitario nacionalista en un medio de movilización social muy eficaz.

El triunfo militar en la guerra civil de las armas de Franco, el fortalecimiento del poder personal de Serrano Suñer y el inicio de la segunda guerra mundial, con las arrolladoras victorias de los ejércitos de Hitler, hicieron creer a los falangistas más radicales que la suerte de la «Nueva España» tenía que estar, inequívocamente, al lado de las potencias del Eje. Eso reclamaban los discursos más encendidos de Ridruejo, confiado en que la revolución fascista desbordaría las posiciones de la derecha tradicional y marcaría el camino para la construcción de un régimen nacionalsocialista, de un imperio. Pero las cosas no sucedieron de esa manera. En la crisis política de la primavera de 1941 la estrella de Serrano Suñer comenzó a debilitarse. Ridruejo fue cesado de su puesto de director general de Propaganda. Se dedicó a otros proyectos culturales, como la fundación de la revista Escorial, y la insatisfacción política le llevó a alistarse en la División Azul, el cuerpo expedicionario enviado a la URSS para combatir al comunismo dentro de las filas de la Wehrmacht.

La experiencia de Ridruejo en el frente ruso quedó reflejada en un diario, Los cuadernos de Rusia, y en muchas cartas, artículos de prensa y poemas que reflejan la exaltación de la mística guerrera, pero también la vida del combatiente a ras de suelo. El líder falangista llegó como soldado a las trincheras heladas cercanas a Leningrado y participó en algunos combates en la primera línea de fuego. Pero lo cierto es que también disfrutó de algunos privilegios y que muy pronto el empeoramiento de su estado de salud obligó a su evacuación a un hospital militar de retaguardia. En abril de 1942, todavía enfermo, Ridruejo volvió a España con una Cruz de Hierro en el bolsillo, confiado en el triunfo de la esvástica hitleriana y en las posibilidades del fascismo revolucionario. Pero pronto cundió en él el desánimo e incluso la desafección. En el mes de julio de ese año escribió a Franco una larga carta en la que, con notable valentía, denunciaba la situación interna de España, a su juicio completamente alejada de los ideales falangistas. Un mes más tarde, después de los llamados «sucesos de Begoña», Franco apartó del poder definitivamente a Serrano Suñer, cortó las alas de la Falange más radical y asentó su poder personal absoluto. Ridruejo abandonó todos sus cargos en el partido, «todo esto es un asco», le confesó a Serrano en una carta de desengaño, y acabó detenido por orden gubernativa y desterrado en Ronda durante siete meses. En la primavera de 1943 consiguió permiso para residir en Barcelona. Comenzó a frecuentar la vida social y cultural de la Ciudad Condal, volvió a publicar artículos y colaboraciones literarias y en junio de 1944 se casó con una joven perteneciente a la alta burguesía catalana.

El día de la boda de Ridruejo los Aliados ya habían asentado las cabezas de puente ganadas en Normandía. La suerte de la guerra en Europa estaba echada. Y con ella el destino de los regímenes fascistas. Después de la segunda guerra mundial España quedó aislada internacionalmente, fuera de la ONU y sin embajadores extranjeros. Pero en el naciente escenario de la guerra fría el franquismo supo sobrevivir como «centinela de Occidente», como un baluarte tradicional contra el comunismo. Y en esa operación de supervivencia no había espacio para las proclamas revolucionarias del falangismo radical que todavía sostenía el escritor soriano. Su reincorporación a la vida pública, siempre en un segundo plano, se produjo a finales de 1948, cuando consiguió un puesto de corresponsal en Roma que mantuvo durante dos largos años. La estancia en Italia, y el contacto posterior con el grupo aperturista encabezado desde el Ministerio de Educación por Joaquín Ruiz Giménez, entre 1951 y 1956, iniciaron el viraje ideológico de Dionisio desde la crítica más o menos cercana al régimen hasta la disidencia y la clara oposición al franquismo. Los sucesos universitarios de febrero de 1956 fueron un punto sin retorno. Las movilizaciones estudiantiles fueron reprimidas con dureza, con una cadena de expedientes, destituciones y detenciones que llegó hasta el mismo Ridruejo, acusado de apoyar las protestas democráticas de los estudiantes y confinado durante más de un mes en la cárcel de Carabanchel.

Al salir de la prisión Dionisio Ridruejo creó una plataforma política, Acción Democrática, que pretendía reunir a los opositores moderados del interior del país. En los años siguientes cimentó sus convicciones liberales y democráticas, visibles claramente en multitud de cartas públicas y manifiestos presentados en el libro Escrito en España, publicado en Buenos Aires en 1962, el mismo año de la celebración de lo que el régimen denominó el «contubernio de Múnich». Ridruejo salió de España de manera clandestina para participar en el Congreso del Movimiento Europeo junto con un centenar largo de españoles, de diferentes tendencias ideológicas, que hicieron visible una apuesta común por la reconciliación nacional y la apertura de un proceso político que condujera hacia una democracia de corte europeo. Siguieron después dos años de exilio en París con una actividad intensa visible en artículos de prensa, conferencias y reuniones políticas en diferentes países.

En la primavera de 1964 Ridruejo regresó a España. Sufrió varios procesamientos, apuros económicos y una salud quebradiza, aquejado de una enfermedad coronaria. Su incesante actividad política tenía como objetivo la creación de una plataforma unitaria que englobara a todas las fuerzas de la oposición democrática. Como declaraba en 1966, el franquismo estaba fuera de su tiempo. La dictadura no tenía ya sentido «porque el sistema de terror y discriminación no puede aplicarse ya a una población “sin antecedentes políticos”, porque el crecimiento económico estimula el deseo hacia formas políticas más libres y porque la presión mundial a favor del modelo democrático es creciente». Franco tenía los días contados, pero Dionisio Ridruejo también. En 1974 impulsó la creación de la Unión Social Demócrata Española (USDE), que al año siguiente se integró en la Plataforma de Convergencia Democrática. Su prestigio personal fue siempre más importante que el número de sus seguidores. En el período de la transición a la democracia la figura de Ridruejo tal vez hubiera desempeñado un papel relevante. No lo sabemos. No llegó a verlo. En la primavera de 1975 las dolencias cardíacas se agravaron. Su corazón se paró el 29 de junio. Con él se apagó, seguramente, el mejor ejemplo de las posibilidades y los límites del distanciamiento crítico dentro del franquismo. Un ejemplo de autocrítica valiente, de escritor comprometido. El año de su muerte fue también el de la publicación del segundo volumen de su guía literaria Castilla la Vieja, el paisaje sentimental en el que había nacido. El principio y el final de su vida.

10. RAMÓN SERRANO SUÑER

La esquela funeraria del abogado Ramón Serrano Suñer, fallecido en Madrid el 1 de septiembre de 2003, anotaba que el «Excelentísimo Señor» había sido ministro de Interior, de Gobernación y de Asuntos Exteriores, académico electo de Ciencias Morales y Políticas, escritor, premio Mariano de Cavia de periodismo, fundador de la Agencia EFE y de la ONCE, y poseedor de varias condecoraciones nacionales y extranjeras. Muchos puestos públicos y distinciones en una existencia centenaria, que había comenzado el 12 de septiembre de 1901. Sin embargo, Serrano Suñer ha pasado a la historia por un período muy corto de su vida, los cinco años transcurridos entre 1937 y 1942. Los años del «cuñadísimo», del fascismo beligerante en el poder, del arquitecto del régimen franquista.

Ramón Serrano Suñer nació en Cartagena, donde su padre realizaba un proyecto de ingeniería. Su infancia transcurrió en Castellón, donde vivió hasta 1917, cuando se marchó a Madrid a estudiar derecho. Allí conoció y trabó amistad con José Antonio Primo de Rivera. En 1924 viajó a Roma con objeto de realizar un curso técnico y quedó deslumbrado por el naciente régimen fascista de Mussolini. A su vuelta, aprobó con brillantez las oposiciones de Abogado del Estado y se trasladó a Zaragoza, su primer destino administrativo, donde conoció a la familia del general Franco, director de la Academia General Militar. En 1931 Serrano Suñer se casó con «Cita» Polo, hermana menor de la mujer de Franco, y fue candidato a diputado por la Unión de Derechas de Zaragoza, un partido católico y monárquico. Entonces no consiguió el escaño pero sí lo hizo en las elecciones de 1933 y 1936, integrado ya en la CEDA, aunque siempre bien relacionado con el falangismo.

En las Cortes Serrano Suñer destacó como un activo diputado antirrepublicano, cercano a las posturas más radicales y autoritarias de las Juventudes de Acción Popular (JAP), cada vez más «fascistizadas». Después de la derrota electoral de febrero de 1936 Serrano estrechó su relación con los falangistas y apoyó, como muchos compañeros de partido, la salida violenta de un golpe militar que acabara con el gobierno del Frente Popular. Lo hizo desde su posición privilegiada como concuñado de Franco, facilitando contactos y encuentros con militares y apoyos civiles.

En julio de 1936 el fracaso del golpe de estado obligó a Serrano a buscar refugio en varias casas de Madrid, lo que no evitó su detención y traslado a la cárcel Modelo, donde fue testigo de las primeras «sacas» de presos derechistas. Tuvo la suerte que les faltó a sus hermanos José y Fernando, asesinados en el terror caliente de ese verano. Gracias a la ayuda de Gregorio Marañón fue internado en la clínica España, desde donde, disfrazado de mujer, logró salir y buscar refugio en la embajada de Holanda. En enero de 1937 consiguió llegar al puerto de Alicante y embarcar en un buque argentino. Un mes más tarde Serrano llegó a Salamanca, donde su concuñado Franco, libre el camino de otros competidores, acumulaba todo el poder de la zona sublevada como generalísimo de todos los ejércitos y jefe de un estado que en la práctica apenas existía.

Ramón Serrano Suñer se encargó de crearlo. Nada más llegar a Salamanca quedó integrado en el cuartel general de Franco. Y muy pronto desplazó como consejero político del «Caudillo» a Nicolás Franco, primo del dictador, que hasta entonces había ocupado ese puesto. Serrano era un familiar cercano, de entera confianza, entregado con fervor a la causa de los sublevados, y con una inestimable formación jurídica y administrativa, buen conocedor de la estructura del régimen fascista italiano. Reunía la capacidad y la ambición necesarias para aprovechar una oportunidad única. Y no la desaprovechó.

Serrano contribuyó de manera decisiva al diseño del Decreto de Unificación, publicado el 19 de abril de 1937. Franco quería eliminar la autonomía que disfrutaban las dos organizaciones de masas paramilitares, el carlismo, dividido y limitado geográficamente, y el falangismo, sin cabeza visible desde el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. El trabajo de Serrano proporcionó la doctrina política, una recreación del ideario falangista, y el partido único que el Caudillo necesitaba para que su dictadura militar de campaña se convirtiera en un proyecto político totalitario con voluntad de permanencia. Lo que se creó no era un nuevo partido como tal sino un «Movimiento», Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que seguía el programa de Falange pero quedaba claramente subordinado al gobierno de Franco, el jefe de la nueva organización, dotado de un poder absoluto e incontestable.

Durante la segunda mitad de 1937 Serrano Suñer era, en palabras de su amigo Dionisio Ridruejo, «el centro del poder futuro, de los controles del aparato que se montaba y en el que todos aspiraban a predominar». Y su único «título formal para conducir la gestión política era el de su parentesco con el jefe». Su posición en el poder se asentó a partir de enero de 1938, cuando impulsó la promulgación de la Ley de Administración del Estado, que otorgaba a Franco todo el poder legislativo, además del ejecutivo. En el mes de abril, cuando se formalizó el primer gobierno, Serrano se quedó con el cargo de ministro del Interior, con un control directo de los medios de comunicación, y dos meses más tarde se reservó también un asiento privilegiado en la Junta Técnica del partido único. El estado y el partido, los dos pilares del régimen totalitario que se edificaba.

En agosto de 1939, terminada la guerra civil, Serrano Suñer participó directamente en la creación de un nuevo gobierno, del que formó parte como ministro de Gobernación al frente de las fuerzas policiales y de seguridad. Y al mando también del partido único como presidente de la Junta Política de FET y de las JONS. Se convirtió así en la persona más poderosa del régimen después del dictador, una evidencia que quedó todavía más patente en octubre de 1940, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Para entonces hacía ya un año que había empezado la segunda guerra mundial. Los ejércitos alemanes se paseaban triunfantes por toda Europa. Serrano, como lugarteniente de Franco, era el encargado de dirigir las negociaciones abiertas con Hitler y Mussolini para acordar la entrada de España en el conflicto bélico al lado de las potencias del Eje. Una intervención militar, a favor de los vientos dominantes, que buscaba como recompensa la «reconquista» de Gibraltar y el sueño de un imperio en el norte de África.

En junio de 1940, a la vista de la arrolladora victoria nazi en Francia, España abandonó su neutralidad inicial por una «no beligerancia» que muchos veían, Serrano entre ellos, como un paso previo a una pronta declaración de guerra contra los Aliados. Los desencuentros entre los representantes españoles y los alemanes, jalonados de peticiones y contrapartidas inaceptables para unos o para otros, se prolongaron durante varios meses, hasta la famosa entrevista de Franco con Hitler en Hendaya, el 23 de octubre de 1940. Franco y Serrano Suñer salieron de la reunión desencantados porque no lograron las concesiones territoriales y materiales que esperaban. Hitler se marchó visiblemente irritado por un aliado con escaso peso militar, indeciso y temeroso, que ofrecía mucho menos de lo que pedía. En enero de 1941 Berlín pidió con insistencia la entrada de España en la guerra pero Franco adoptó entonces una actitud dilatoria, la misma que mantuvo un mes más tarde ante Mussolini, en la reunión que mantuvieron en Bordighera.

En el mes de mayo de 1941 la presión de los falangistas más exaltados, deseosos de acentuar el carácter fascista del régimen y de intervenir en la contienda bélica, se resolvió en el sentido contrario al que esperaban. Franco cerró la crisis con una serie de nombramientos que cortaron la autonomía política de la Falange y, de paso, pusieron límites al poder casi omnímodo que disfrutaba Serrano Suñer, con una nómina creciente de enemigos entre las distintas familias políticas del régimen. A finales del mes de junio, el ataque alemán a la URSS le proporcionó al concuñado del Caudillo una última oportunidad para recuperar el protagonismo que veía amenazado. Al grito de «¡Rusia es culpable! ¡Culpable de nuestra guerra civil!», Serrano promovió y organizó el envío al frente oriental de un cuerpo expedicionario de voluntarios dispuestos a luchar contra el comunismo soviético: «¡El exterminio de Rusia es exigencia de la Historia y del porvenir de Europa!». La famosa División Azul sirvió como válvula de escape para los falangistas más belicosos. Por sus filas sirvieron más de cuarenta mil hombres, pero no todos fueron voluntarios. A lo largo de 1942 comenzaron a escasear. La guerra en Europa empezaba a cambiar de signo y el régimen franquista pronto se sintió incómodo con el espíritu fascista que representaba Serrano Suñer. La ocasión esperada llegó en el verano de ese año, después de un sonado enfrentamiento entre carlistas y falangistas en el santuario de Begoña, en Bilbao, Serrano fue cesado de todos sus cargos de manera fulminante. Había perdido la confianza de Franco al mismo tiempo que se ganaba la enemistad de la iglesia, el ejército y los sectores monárquicos y carlistas.

En el otoño de 1943 Franco ordenó la retirada de la División Azul y el regreso oficial a la neutralidad. Y también un progresivo distanciamiento de los aspectos más externos y visibles del modelo fascista. La Falange se convirtió en una organización completamente subordinada al poder personal del dictador, sumisa y obediente. Y Serrano Suñer en una especie de chivo expiatorio, el responsable de haber intentado meter a España en la contienda bélica, un peligro conjurado gracias a la «hábil prudencia» de Franco. La segunda guerra mundial terminó en 1945 y el franquismo sobrevivió durante tres largas décadas. Serrano quedó apartado definitivamente de la vida política, se dio de alta en el Colegio de Abogados de Madrid y abrió un bufete profesional. Y se dedicó también a escribir. En 1947 publicó Entre Hendaya y Gibraltar, un libro en el que, con la intención declarada de contar «la verdad objetiva», defendió su imagen y se presentó a sí mismo casi como el hombre que había salvado al país de terminar en la garra nazi. Treinta años después publicó otro volumen de memorias, Entre el silencio y la propaganda. En sus obras no reconoció su actitud germanófila, partidario decidido de la entrada de España en la guerra al lado de Hitler, y tampoco su responsabilidad en el entramado represivo del régimen, en las peticiones de búsqueda y captura de exiliados republicanos que podían terminar, como así ocurrió, delante de un pelotón de fusilamiento.

En el verano de 1971, en un discurso pronunciado en Burgos, Ramón Serrano Suñer volvió a recordar la «enfermedad» de la democracia parlamentaria, sufrida en la España de los años treinta, y el «remedio en el que tantos entregaron sus vidas». El futuro del país no estaba, a su juicio, en el regreso al «juego político de los partidos». Eso, desde su experiencia personal, le parecía una locura: «el carácter de nuestro pueblo y, hay que decirlo también, la estructura de la sociedad española no han permitido vivir las instituciones democráticas más que de una forma explosiva». Afortunadamente, estaba equivocado.

Vencidas, represaliadas y resistentes: las mujeres bajo el orden patriarcal franquista

Vencidas, represaliadas y resistentes: las mujeres bajo el orden patriarcal franquista

Mary Nash

LA DICTADURA DE FRANCO se caracterizó por su continua y sistemática represión de las mujeres y la erradicación de los derechos igualitarios y de ciudadanía introducidos por el régimen democrático de la Segunda República. Implementó décadas de represión, derogación de derechos y falta de libertad. En el contexto de la nueva España, la redefinición del rol de las mujeres fue una pieza clave en la maquinaria represiva y en la imposición de una sociedad patriarcal y nacionalcatólica. El régimen franquista se fundó en un rígido sistema de género que marcó la subalternidad de las mujeres mediante un nuevo orden jurídico que sostenía una jerarquía de privilegio masculino. Los derechos políticos y las conquistas sociales alcanzados durante la Segunda República fueron denigrados y rechazados sistemáticamente. Al denostar al régimen democrático, las fuerzas franquistas impusieron un implacable orden patriarcal que regulaba la subordinación de las mujeres. Frente al modelo igualitario republicano de derechos y de ciudadanía, el nuevo estado replicó con leyes, normativas, modelos educativos y creencias nacionalcatólicas y nacionalsindicalistas que asentaban la discriminación y la subordinación de las españolas, su falta de libertad y su obligatorio acatamiento a un arcaico modelo de mujer recatada, sumisa y dependiente.

El régimen procedió a la estigmatización de las antifascistas tipificadas como rojas que simbolizaban la decadencia moral y la pérdida de valores católicos. En su lugar, la retórica de la dictadura recuperó arcaicos arquetipos femeninos como Reina del hogar y Perfecta casada en sus esfuerzos para normalizar una nueva mujer franquista conforme al mandato de una feminidad de obligada y abnegada dedicación al hogar y la familia al servicio de la purificación y nacionalización de España. Las nuevas normas legislativas y discursivas expulsaron a las mujeres de actividad en el ámbito público e instituyeron por ley un dominio masculino que regulaba la dependencia obligada de las mujeres y la supremacía masculina del varón cabeza de familia, único productor y sostén económico del hogar. Convertidas en seres subalternos, sin derechos, relegadas a la domesticidad forzada, las españolas debían quedar cautivas bajo la permanente tutela masculina.

REINA DEL HOGAR: EL IDEARIO FRANQUISTA DE MUJER

Franco acusó a la Segunda República de ser la esencia de la anti-España y de corromper a las mujeres al contaminar su feminidad. Los franquistas afirmaban que la Segunda República había sido un nido de decadencia moral. Subrayaron los factores de género en este relato difamatorio, en el cual atribuían la «degeneración moral» del régimen democrático a cambios en los valores tradicionales, a la falta de religiosidad y la descristianización de la sociedad, y, en especial, a la nueva condición igualitaria de las mujeres y el consiguiente deterioro de la familia. Según los ideólogos franquistas, el feminismo y las políticas de igualdad y de ciudadanía introducidas durante la Segunda República caracterizaban la creciente corrupción de la mujer y la negación de su deber natural de madre. Consideraron que la mujer tradicional fue contagiada cuando las españolas obtuvieron derechos políticos. El descenso de la natalidad, el matrimonio civil, las normas más relajadas de conducta sexual y el sufragio femenino eran, todos ellos, supuestos indicios de la decadencia moral del régimen republicano. La legislación franquista, el sistema educativo e instituciones como la Sección Femenina y la iglesia Católica pretendieron cambiar esta situación con el objetivo de lograr la purificación moral y la recatolización de la sociedad a través de las mujeres. De manera paradójica, las españolas también fueron identificadas como decisivas agentes de la redención y regeneración moral del conjunto de la sociedad y de la salvación de la españolidad. La ambivalencia del propio discurso franquista respecto al cometido de las españolas introdujo fisuras en el prototipo de mujer franquista. Por otra parte, la diversidad de posicionamiento y de la realidad de las mujeres agudizó estas contradicciones y sus posturas de complicidad o resistencia al régimen.

El prototipo masculino franquista evocaba al varón, cabeza de familia, emulando a Franco como jefe y cabeza del estado y figura incuestionable de autoridad patriarcal. Como contrapartida se consagró el modelo de mujer madre prolífica, sumisa y piadosa. Bajo la influencia del nacionalcatolicismo, el franquismo desplegó un arcaico discurso de domesticidad que apelaba al sacerdocio de la mujer en el santuario del hogar en nombre de su sagrado deber como madre y esposa. Frente a la roja subversiva y rebelde, el nuevo arquetipo femenino se basaba en la domesticidad, el sometimiento y el pudor. Convertida en madre y guardián de la familia, tenía que cumplir con su destino biológico y religioso de maternidad tipificada por Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina, como una función biológica, cristiana, española e ineludible para las españolas. Con la censura, el régimen monopolizó la retórica incesante sobre la nueva feminidad para infundir de manera inapelable una conciencia femenina al servicio exclusivo de los varones y de la patria. La representación hegemónica de la mujer bajo el franquismo dio carta de naturaleza a las diferencias de género al establecer la feminidad en términos de un estatus desigual, de subalternidad y discriminación. Sancionaba la jerarquía de género y de superioridad masculina de la nueva España a través de un sistema de valores patriarcales. Permitía una sola lectura cristiana y biológica de la feminidad desde la maternidad obligatoria y procuraba imponer una jerarquía patriarcal en las relaciones de dominio de género que ordenaba la sociedad franquista.

Eran numerosas las obras y actividades que vehicularon esta lógica de desigualdad. Para sustentarla el nacionalcatolicismo desarrolló discursos de género basados en una diferencia sexual de naturaleza universal inevitable y religiosa que justificaba el poder masculino y la subalternidad femenina. Es indicativo el gran éxito de la undécima edición del libro L’etern femení en 1964. Publicado inicialmente en 1934 por la escritora catalana Llucieta Canyà, formaba parte del repertorio de libros de consulta de las jóvenes de la época. Esta obra, publicada antes del franquismo, expresaba un modelo de domesticidad incuestionable. Tenía un cierto aire modernizador, pero mostraba la función servil y de objeto de adorno de la mujer al servicio del marido. En consonancia con la coherencia discursiva del franquismo nacionalcatólico, Canyà vehiculaba desde fuera de la órbita oficial franquista la socialización femenina en un sentido amplio, al apelar a la sumisión, al consentimiento y al carácter de mandato biológico y religioso del cometido de las españolas. De este modo, proclamaba que aparte de aparecer bonita y arreglada a la vuelta de casa de su marido, el deber de la eterna femenina era convertir el hogar en un oasis de reposo material y espiritual para el marido. Anulada su individualidad en este poderoso discurso de la domesticidad retomado con mayor potencia por el franquismo, el arquetipo de Reina del hogar y el compendio de sus funciones evocaban un poder vacío basado en el acatamiento, el decoro y la humildad. Además, esta representación hegemónica de arquetipo femenino no se podía rebatir bajo la represión y la censura franquistas.

Las mujeres carecían de derechos políticos y civiles. Sufrían restricciones respecto al acceso a la propiedad, al desempeño de profesiones y al trabajo asalariado. Su presencia en los espacios públicos se limitaba a la vez que persistía una subyugación legal inquebrantable de la mujer casada con respecto a su marido. La sexualidad, el trabajo y la educación de las mujeres se regulaban de acuerdo con la idealización de la maternidad, considerada como un deber obligatorio para la patria al servicio de la españolidad. Esta figura maternal, asexuada, casta y devota confrontaba la figura demonizada de la roja vencida, rememorada machaconamente como desviada sexual y transgresora de la naturaleza femenina. Siguiendo a un tradicional mecanismo de descalificación, la estigmatización sexual de las vencidas fue un elemento crucial en este discurso difamatorio.

La ordenación de la nueva sociedad se fundamentó en el nacionalcatolicismo, mientras la remodelación de la feminidad franquista se inspiraba en la Contrarreforma. El franquismo recuperó esta tradición evocando a Teresa de Jesús como santa de la raza. Se inspiró, además, en un influyente canon de la feminidad creado en 1583 en la obra La perfecta casada de fray Luis de León, que se convirtió en obra de referencia para las devotas españolas. La retórica franquista se fundamentaba, a la vez, en la literatura católica canónica más reciente como la encíclica Casti connubii (1930) que marcaba las pautas del matrimonio y las virtudes de castidad, recato, domesticidad y sumisión de las esposas. El restablecimiento de la auténtica identidad nacional española pasaba precisamente por la recuperación de la verdadera mujer franquista incorrupta como santa Teresa.

La legalidad discriminatoria tuvo un fuerte apoyo en discursos normativos políticos y religiosos que reforzaban los arquetipos de feminidad y de masculinidad. Estos actuaban como mecanismo de violencia simbólica y de coacción social que robustecían la discriminación al legitimar prácticas como la privación de derechos, la exclusión social y el obligado confinamiento en el mundo doméstico. El ideario franquista de género fue esencialista al sostenerse en una supuesta diferencia sexual de naturaleza universal inapelable. Quedó reforzado con una fundamentación religiosa nacionalcatólica que justificaba el poder masculino y la sujeción femenina. De este modo naturalizaba las identidades femeninas y masculinas y los comportamientos y valores de género. Estableció de manera indiscutible la desigualdad de género, una estricta división sexual del trabajo y cometidos sociales claramente diferenciados entre hombres y mujeres. Frente a la reafirmación de la masculinidad guerrera y, más tarde, del arquetipo de hombre productor y cabeza de familia, las mujeres se educaron para la maternidad obligatoria. Destinadas a un rol social basado en la sumisión, el decoro y la humildad, encarnaban lo natural, definido desde la maternidad y la reproducción. En efecto, su misión era la recristianización de España y la purificación moral de la sociedad.

ENTIDADES FEMENINAS PROFRANQUISTAS: LAS CONTRADICCIONES ENTRE DISCURSOS Y PRÁCTICAS

Promulgada de manera sistemática por el nacionalcatolicismo, el modelo de género de inapelable jerarquía masculina fue reforzado por las falangistas de la Sección Femenina de FET y de las JONS. Creada en 1934 para adoctrinar a las jóvenes españolas en los valores de género del franquismo, esta institución sobrevivió el propio régimen. Controlaba a la población femenina con la obligatoria asistencia al Servicio Social y a sus cursos de formación nacional en las virtudes y responsabilidades femeninas. En la posguerra, inspiradas por José Antonio y el nacionalsindicalismo, las falangistas destacaron en su labor de promoción de la mujer ideal franquista con la involucración de las jóvenes en cursos, actividades folclóricas como la danza, el aprendizaje en confeccionar canastillas y otros méritos para asumir las tareas de buena madre sacrificada y esposa perfecta y devota. La Sección Femenina (SF) tenía como cometido alentar la consolidación de la familia en su misión con las mujeres. Tanto la enseñanza como la propaganda política orientaban a la mujer hacia la aceptación de la maternidad como función social primordial. La SF se hizo cargo de esta tarea del adoctrinamiento en la moral franquista, en particular en las zonas rurales, y contaba con un gran foro de propaganda gracias al establecimiento del Servicio Social obligatorio para todas las españolas, que solía consistir en un período de seis meses de formación sobre labores domésticas, maternidad y adoctrinamiento político. El acento en la familia también tenía como objetivo específico aleccionar a las madres para que educasen a sus hijos según los cánones ideológicos de la Falange.

Solteras ellas, las dirigentes de la Sección Femenina intentaron camuflar la gran contradicción entre su soltería y cierta independencia de modo de vida y el modelo de maternalismo dependiente y cautiverio doméstico que procuraban infundir al resto de las españolas. En efecto, la historiografía reciente ha remarcado un claro diferencial entre el discurso falangista de la SF y su conducta personal. Ellas contravinieron las normas franquistas sobre la feminidad domestica ya que se trataba de mujeres solteras de las clases medias dedicadas a su profesión y con un gran compromiso hacia su responsabilidad individual. No estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios, beneficios profesionales, espacios de autonomía personal y de poder sobre las demás españolas. En cambio, las demás españolas tenían el deber de cumplir con el destino biológico y nacionalcatólico de Reina del hogar. De hecho, la SF transmitió el mensaje franquista sin cuestionar el orden de género que procuraba establecer, pero su propia práctica y sus discursos introdujeron ciertas fisuras en los relatos franquistas sobre el eterno femenino. La SF se adhirió a los principios nacionalsindicalistas aunque, con la pérdida de poder de la Falange, tuvo que acatar cada vez más el ideario nacionalcatólico franquista. Encarnó contradicciones graves en el ejercicio de un poder sobre las españolas que les infundían el mensaje de acometer una vida maternal y familiar. Al mismo tiempo su dominio político en la estructura del régimen le permitió tener voz y cierta autoridad en la redefinición de los límites entre lo público y lo privado. Pero al mismo tiempo, siempre tuvo que acatar la inapelable autoridad masculina en las dinámicas de poder político y de jerarquía de género entre la SF y el propio régimen. En todo caso la SF no fue inmóvil ni homogénea en sus planteamientos durante la larga dictadura franquista y se adaptó a las circunstancias cambiantes. A pesar del despliegue de medios, no logró convencer a las jóvenes generaciones de españolas de la validez de sus planteamientos que incluso merecieron su repudio durante el tardofranquismo.

En otro escenario, el Auxilio Social, una delegación de Falange, bajo el mando de Mercedes Sanz Bachiller transmitió la impronta falangista y nacionalcatólica en su labor de beneficencia y atención a la población e infancia hambrienta, enferma y desamparada de la posguerra. De manera paralela, como ha indicado Ángela Cenarro, esta institución fue un engranaje decisivo de la maquinaria de coerción y represión del régimen que imponía el obligado sometimiento a la moral «regeneradora» franquista con rezos, bautizos forzados y castigos sistemáticos impuestos por sacerdotes (Cenarro, 2006).

Cabe destacar también la significativa órbita de influencia de Acción Católica. La historiografía ha puesto de relieve su impacto en la formación y socialización de las jóvenes españolas durante el franquismo. Su influencia fue creciente de manera que logró desplazar a la SF como esfera de influencia superior entre las mujeres (Moreno Seco, 2003). Al ofrecer un espacio de vida activa en obras asistenciales o educativas, la evolución del asociacionismo femenino católico fue dinámica e, incluso, renovadora. En este sentido, se ha destacado el papel desempeñado por mujeres católicas y sus asociaciones en la renovación y replanteamiento tanto de las doctrinas nacionalcatólicos como de cuestionamiento del apoyo de la jerarquía eclesiástica al régimen dictatorial durante el tardofranquismo.

Pese al esfuerzo de construir una realidad homogénea de mujer ideal, eran múltiples las fisuras que controvertían el discurso y las prácticas del régimen dictatorial. El franquismo pretendía regular todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el vestuario, la estética o la conducta. La mojigatería y el fuerte control social sobre las mujeres en aras a la preservación de su pureza y el honor de los varones, instauró un ambiente gris y asfixiante que recrea Carmen Martin Gaite en su magnífico libro Usos amorosos de la postguerra española (1987). Sin embargo, aparecieron otros escenarios y conculcaciones que hicieron caer el mundo cerrado del franquismo. El cine de Hollywood y la nueva estética trasgresora de las jóvenes generaciones españolas fueron frentes de cuestionamiento de los arquetipos femeninos y masculinos. Además, Inma Blasco Herranz ha señalado que pese al esfuerzo del régimen de uniformizar a las españolas, esta homogeneización fracasó en la práctica (Blasco Herranz, 2000). La procedencia social y política, el itinerario de vida y la pertenencia a diferentes comunidades sociales y culturales marcaron identidades diversas entre la población femenina. Incluso el cine del primer franquismo orientado hacia la exaltación del nuevo régimen y de la recuperación de los valores de la paz que vehiculó el nuevo arquetipo femenino franquista, dejó entrever ambivalencias entre modelos heroicos, militantes y activos frente a la tradicional esposa recatada y sumisa.

La emergencia del turismo en las costas españolas (Costa del Sol, Costa Brava o Mallorca) fue otro frente de fisuras en el arquetipo femenino doméstico de Reina del hogar. A partir de los 1960 la presencia de turistas inglesas, alemanas y nórdicas y la estética corporal que introdujeron con el bikini y la libertad de movimientos atrajeron la atención de diferentes medios de comunicación. Su atuendo, autoestima y supuesta libertad sexual se convirtieron en un mito que junto al cine de Hollywood evocaron un mundo diferente de arquetipo femenino alejado de la figura sumisa y mojigata de la ideal franquista. Los personajes del cine de Hollywood como Rita Hayworth en la película Gilda (1946) ofrecieron al público, a pesar de la censura, otros registros de género y aires de libertad y atrevimiento a las mujeres. Objeto de comentarios y debates, rompió los moldes del imaginario puritano del franquismo. Su corporalidad, sexualidad y transgresión no solo sujetaron la mirada de los españoles, sino también proporcionaron otras marcas de referencia que transformaron el universo sofocante del franquismo y abrieron nuevos horizontes a las jóvenes españolas.

REPRESIONES SEXUADAS Y REPRESALIAS A LAS ROJAS

La violencia fue una clara marca del franquismo que se caracterizó por la represión sistemática sobre la población vencida. En este contexto de la violencia como puntal del nuevo estado, las mujeres padecieron la represión, el escarmiento, el encarcelamiento y la ejecución a causa de su actuación en la guerra civil, su compromiso democrático y su resistencia al régimen dictatorial. La estrategia discursiva de las fuerzas franquistas establecía un conjunto de asociaciones a la figura de las mujeres antifascistas. Al homogeneizar a todas las antifranquistas, tachaba a las rojas de mujeres caídas, degeneradas, libertinas, prostitutas, revolucionarias, anarquistas, marxistas y herejes. Estigmatizadas como personas desviadas y radicales, se apelaba a su perversidad, transgresión sexual, masculinización, carencia de moral y nula feminidad. Efectivamente, su descalificación se convirtió en el foco de la feroz denuncia franquista ya que las rojas representaban, a nivel simbólico, a la Segunda República, la anti-España y la supuesta decadencia moral. Convencidos de su perversidad innata y criminalidad natural gracias a las explicaciones eugenésicas del psiquiatra militar Vallejo-Nágera, fueron objeto de una persecución continua.

La historiografía reciente ha remarcado un claro diferencial de género en la lógica represiva del franquismo ya que la represión contra las mujeres encarnaba un fuerte componente moral. Mónica Moreno Seco ha mostrado su carácter sexuado ya que la represión sobre las vencidas se caracterizaba por un perfil político y de género (Moreno Seco, 2013). Esta historiadora ha señalado la confusión existente entre lo moral y lo político en el franquismo que alcanza su máxima expresión con referencia a las mujeres. En esta línea, David Ginard y Pura Sánchez han apuntado que la represión femenina se entiende como castigo doble implementado contra una postura política republicana y como punición por la transgresión a las normas de género del ideal de domesticidad y sumisión femenina (Ginard, 2013; Sánchez, 2009). Estigmatizadas como rojas, las antifascistas fueron categorizadas como libertinas, prostitutas e «individuas de dudosa moral» (Sánchez, 2009). En definitiva, las represalias contra las mujeres se efectuaban por su supuesta subversión de los patrones de género y de las virtudes morales como también por su compromiso antifascista. La vigilancia moral fue constante en la España de la posguerra donde las vencidas fueron rehenes del régimen.

Las mujeres antifascistas fueron castigadas por su militancia o identidad política. Pero es importante subrayar otro rasgo distintivo de la represión femenina: su carácter subsidiario. En efecto, muchas españolas identificadas como «desafectas» al régimen fueron represaliadas por asociación, es decir, como esposas, hijas o madres de sus familiares varones rojos. Largos años de prisión y también penas de muerte recayeron sobre ellas. Además, los castigos tenían una clara marca de género ya que las vencidas fueron vapuleadas con formas de violencia física, simbólica y moral. Entre el compendio de castigos figuraban torturas, pero también un amplio repertorio de represalias sexuadas: la violación, los abusos sexuales, el maltrato, la humillación pública, el rapado del cabello, la ingesta de aceite de ricino y la exposición desnuda o semidesnuda de sus cuerpos en la plaza pública (Ginard, 2013, Hernández Holgado, 2013). Efectuado para suscitar la vergüenza femenina, este tipo de escarmiento colectivo de violencia específica hacia el cuerpo femenino público fue clave en la reivindicación purificadora del franquismo y en la política de deshumanizar a las mujeres antifascistas (Aguado, 2013, Ginard, 2013; Hernández Holgado, 2013; Moreno, 2013). Procedimiento habitual en las situaciones de guerra y dictadura, el franquismo no tuvo ningún reparo en atacar lo que supuestamente defendían: la feminidad y el cuerpo femenino. El sistemático ensañamiento público no precisaba ni siquiera una condena, ya que deshumanizar a las rojas bajo la mirada pública a su cuerpo pretendía destrozar los valores republicanos y democráticos igualitarios y, desde los supuestos tradicionales de género, desmoralizar y deshonrar al enemigo varón. Como ha destacado David Ginard, el padecimiento de modalidades de represión sexuada tenía un componente altamente simbólico con el sentido de purificación y apropiación simbólica del cuerpo de la mujer antifascista como medida clave para desacreditar la Segunda República y sus hombres (Ginard, 2013).

En la inmediata posguerra, muchas mujeres fueron condenadas a muerte y ajusticiadas. Ellas representaban aproximadamente un 3 % del total de ejecuciones mientras más de cincuenta mil reclusas fueron encarceladas por delitos políticos. La amplia historiografía sobre las presas y el universo carcelario destaca que la represión femenina tuvo muchas modalidades cruentas tanto a nivel carcelario como simbólico. Las prisiones, a cargo de religiosas afectas al régimen, formaban parte de la maquinaria represiva franquista. Las presas de la posguerra fueron distribuidas en cárceles por toda España, caracterizadas por sus penosas condiciones y trato punitivo. La masificación de las reclusas llevó a la conversión de conventos o edificios públicos en cárceles sin el menor equipamiento. Testimonios de presas como Tomasa Cuevas han dejado constancia de las condiciones extremas de hacinamiento, falta de higiene, hambre y de los castigos físicos y psíquicos, y la coacción religiosa infligidos por las monjas carcelarias. Muchas presas procedían de la clase obrera, con poca instrucción y recursos. Además, resulta significativo el universo carcelario femenino porque englobaba la presencia de madres con hijos a su cargo. El grado de violencia perpetrada fue aún más acentuado sobre las reclusas madres ya que se procedía a su ejecución una vez nacida o criada la criatura, que luego fue encomendada a familias franquistas.

Del mismo modo que el régimen franquista pretendía la purificación moral de la sociedad a través de las mujeres, las cárceles franquistas se convirtieron en espacios dedicados a esta tarea mediante la coacción, los castigos, el hambre y la humillación de las encarceladas. Al negarles la condición de presas políticas, las vencidas fueron identificadas como prostitutas y desviadas morales que debían purificar y redimir para la patria. El proselitismo religioso y la redención moral fueron elementos clave en la misión franquista de recristianización y purificación. David Ginard ha mostrado que el universo carcelario femenino padecía una mayor coacción religiosa y control corporal, y la usanza de una política de control sostenida en la vergüenza, el chantaje, el aislamiento, la deshumanización y el despojo de su identidad. Las monjas carcelarias y las franquistas que regían las presiones pretendían doblegar a las presas y obligarlas a cumplir con los códigos nacionalcatólicos de acatamiento a la religión y a los valores morales franquistas. Este historiador transmite este mundo perverso en su biografía Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas (2005). Matilde Landa fue presa en diversas cárceles en el territorio español y fue objeto de un trato vejatorio, deshumanizador, acompañado de chantaje y de coacción religiosa insoportables que desembocaron en su muerte.

El universo carcelario tenía otro rasgo específico de género que hizo más duro las largas estancias —algunas de dieciocho a veinte años— de las reclusas en las cárceles de Franco. Ellas formaban parte de la comunidad de los vencidos de la guerra, pero, por ser mujeres, las presas sufrieron mayor aislamiento y carencia o menor apoyo y asistencia de sus partidos. En efecto, los varones encarcelados tuvieron el apoyo de las redes de solidaridad de gente de su entorno político, pero muy especialmente a través del apoyo a lo largo de los años de las conocidas como Mujer de preso. De hechos, las mujeres esposas, hijas y familiares de los hombres encarcelados realizaron un activismo político ingente de apoyo y soporte de larga duración a sus familiares en la cárcel. Aunque hayan sido identificadas como mujer de preso, es decir, de manera subsidiaria en función de su relación con los varones encarcelados, requieren un mayor reconocimiento propio de activismo político que dejaba claramente la órbita residual de un apoyo natural familiar a adquirir una connotación política y de voluntad de compromiso políticos desde lo privado. Una vez más, las mujeres adoptaron una acción pública desde lo privado que fue mucho más allá de una mera acción individual al adquirir un protagonismo propio. Igual debemos pensar en otro apelativo ya que no solo eran mujeres de, sino mujeres agentes de transformación social y de compromiso político a través de las redes de solidaridad que tejieron resistencias que aún no han estado suficientemente reconocidas en la historiografía. En cambio, las mujeres presas carecían de redes de solidaridad semejantes. No se produjo una contra red de apoyo de Hombre de presa. El preso político varón tenía un mayor estatus y reconocimiento político mientras se consideraba la militancia política femenina como subsidiaria. Por tanto, no se vislumbró la necesidad de crear redes propias de apoyo a las mujeres de una envergadura semejante a los hombres presos. Por esto las reclusas tuvieron menos recursos extracarcelarios, dificultando aún más su vida en la cárcel. De hecho, las primeras acciones colectivas a favor de las encarceladas se produjeron en el marco del feminismo del tardofranquismo y la Transición (Nash, 2009).

Las narrativas sobre la cárcel dan cuenta del maltrato y de los constantes abusos en la cotidianidad de la represión carcelaria. Sin embargo, también son testimonio de la capacidad de resistencia de las presas y del fracaso de la política franquista de denigración y anulación de las presas republicanas. Estas irredentas operaron una resistencia durante sus largos años de cárcel y mantuvieron una identidad propia a pesar de las penalidades (Aguado, 2013; Ginard, 2005). Fueron firmes en su compromiso y valor frente a la institución deshumanizadora con la que el franquismo pretendía anular a las rojas.

Las represalias del primer franquismo afectaron a trabajadoras, maestras, enfermeras, amas de casa, funcionarias y mujeres de muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, la depuración de maestras de la Segunda República fue sistemática, con más de un 16 % de depuradas con el agravante del carácter ejemplarizante de la represión moral en el magisterio (Ramos, 2013). La moral se convirtió en asunto jurídico y baremo para el castigo de supuestas delincuentes. De este modo, muchas desafectas al régimen fueron perseguidas por un Código Penal sexista instituido en principios nacionalcatólicos.

CUERPO REPRODUCTOR, PRONATALISMO Y LA PROMOCIÓN DE ESPAÑA COMO GRAN POTENCIA

La ideología franquista relegó a las mujeres a una especie diferente, identificándolas exclusivamente como madres cuya descendencia pondría fin a la baja natalidad, evitando, de este modo, la decadencia de la nueva España. El cuerpo reproductor femenino era clave para frenar la degeneración nacional a través de un incremento de la natalidad. La meta de ascender al rango de gran potencia dependía de la superioridad numérica de una población en crecimiento. Por esto, Severino Aznar proponía la defensa de España de la «lepra del neomalthusianismo» como uno de los objetivos principales del nuevo estado en la Revista Internacional de Sociología, en 1947. Según este demógrafo, admirador del fascismo italiano, la promoción de la familia y de un pronatalismo vigoroso eran los pilares en que reposaban la economía nacional y la solvencia política. Además, el cuerpo reproductor de las españolas tenía que sostener el desarrollo del proyecto de imperialismo cultural de Franco. Así lo propuso otro demógrafo, Javier Ruiz Almansa:

Y cada año podrán cincuenta mil familias españolas abandonar España, no para dejar su vida y sangre en el extranjero a cambio de un salario, sino para colaborar con las poblaciones nativas de Hispanoamérica en la construcción de una cultura hispánica universal; y para enseñar a las poblaciones nativas del norte de África a pensar en español y guiarlas hasta que puedan utilizar por sí mismas ese instrumento… al que damos el nombre de cultura y civilización de Occidente. (Revista Internacional de Sociología, enero-marzo, 1944).

De este modo, el pronatalismo franquista pretendía defender los intereses nacionales y la civilización occidental mediante la maternidad prolífica. Sin embargo, aunque estas políticas públicas pronatalistas afectaban directamente al cuerpo de las españolas, ellas no tenían voz en su elaboración. En efecto, las mujeres quedaron politizadas a través de un destino común determinado por su capacidad reproductora. Con una maternidad impuesta, en la posguerra, fueron secuestradas por el interés del estado en promover el Cuerpo reproductor femenino como salvador de la patria y de la españolidad.

En esta línea, el aparato jurídico identificó el ámbito privado de la reproducción como asunto de estado. El Código Penal, reformado en 1944, introdujo la penalización del adulterio, del aborto, y la venta y publicidad de anticonceptivos. La obligatoria maternidad fue un destino inapelable de las jóvenes españolas que tenían prohibido por ley el control de natalidad y la planificación familiar. La justicia franquista se ocupó de castigar con dureza cualquier libertad sexual y de control del cuerpo por parte de las mujeres. La penalización del aborto y del uso o publicidad de contraceptivos fue el primer paso de la campaña estatal pronatalista. La Ley del Aborto de enero de 1941 establecía claramente el vínculo entre el aborto y el crecimiento de la población y el antiabortismo se convirtió en un ingrediente determinante de la política social del nuevo estado. Por todo ello, al quedar tipificado el aborto como crimen contra el estado por ser un ataque contra la raza, ya no se consideraba un crimen contra la vida humana como en legislaciones anteriores. El aborto era contrario a los intereses sociales del estado, cuyo deber era proteger y conservar la raza y, así, a todos los miembros potenciales de la población. Por las mismas razones, la Ley del Aborto tachaba asimismo de delito la publicidad o venta de contraceptivos. Tanto el aborto como el uso de contraceptivos eran, pues, crímenes contra la integridad de la raza. De hecho, los analistas de la época señalaron la similitud entre el Código Penal italiano y la ley española del aborto. La ley franquista del aborto constituía un ataque pormenorizado contra todos aquellos que practicaban abortos o proporcionaban los medios para practicarlos. Los abortistas recibían condenas muy severas de penas de prisión, multas o incluso suspensión del ejercicio de su profesión, como era el caso de los farmacéuticos que vendían productos abortivos.

La nueva legislación contra los derechos reproductivos creaba una interpretación distinta según la diferenciación de género en el tratamiento del aborto: de este modo las mujeres involucradas recibían sentencias más leves, aunque también ellas podían acabar en prisión. La aceptación de un doble rasero para medir el comportamiento sexual quedaba implícita en la ley en cuanto estipulaba sentencias más leves para el aborto si se había practicado con objeto de evitar la «deshonra» de la mujer. Esta circunstancia atenuante no era innovadora, pues ya figuraba en códigos penales anteriores. El que el aborto resultase más admisible en el caso de una mujer soltera es significativo en el contexto de un código rígido que consideraba la legitimación del destino natural de la mujer exclusivamente dentro de la institución de la familia y del matrimonio. No se admitía ninguna conducta sexual que se desviase de la norma y, de hecho, muchos de los propagandistas de la «revolución nacional» se consideraban a sí mismos regeneradores morales «inmaculadamente religiosos» encargados de purificar la moral pública.

La Iglesia Católica apoyaba abiertamente al régimen franquista en materia de procreación y maternidad, mientras los franquistas hacían suyas las opiniones religiosas para fortalecer unos valores culturales que rechazaban categóricamente el uso de contraceptivos por motivos morales para asentar la función social de la mujer como madre. Los médicos se oponían al control de natalidad no solo por razones médicas, sino también religiosas. Consideraban todas las restricciones a la fertilidad peligrosas para la salud de la mujer. Además, su retórica religiosa les llevaba a amenazar que las mujeres que practicaban el control de natalidad llevaban en sus almas el crespón negro del pecado mortal. Por ello, no solo se advertía a las mujeres del grave peligro que corría su salud física, sino que también se las amenazaba con la condenación eterna si decidían libremente controlar su potencial reproductor.

LA DEFENSA DE LA FAMILIA

La defensa de la familia fue otra prerrogativa del franquismo. Se convirtió en la unidad primaria de la sociedad, una célula básica del cuerpo del estado y de la comunidad. La familia fue asignada en una categoría superior a la de una simple institución social cuando el Fuero de los Españoles (1945) declaró que se trataba de una institución natural con prerrogativas y derechos específicos que iban más allá del derecho humano. Además, al considerar que todo el orden social descansaba en la familia complementaba su posición como primera unidad de la organización social. El régimen promulgó leyes protectoras para revocar la legislación republicana del matrimonio civil y del divorcio con el objetivo de revitalizar la familia cristiana, esencial para el crecimiento demográfico. Así, la ley de 12 de marzo de 1938 suprimía el matrimonio civil mientras el decreto de 2 de marzo de 1938 y la orden de 9 de noviembre de 1938 ordenaban la suspensión de la tramitación de los pleitos de divorcio y separación. Y, en un paso más, en septiembre de 1939 se derogó la ley republicana del divorcio de 1932, dejando en el desamparo a las familias e hijos de las parejas que se habían casado de nuevo bajo la legislación republicana. El nuevo ordenamiento jurídico de la familia afectaba particularmente a las mujeres, ya que no solo implicaba la defensa de un matrimonio católico indisoluble, sino también el establecimiento de una unidad familiar de jerarquía masculina donde la mujer, por ley, ocupase una posición de desigualdad. La ideología familiar estaba, pues, acompañada de notables restricciones legislativas para las casadas, sujetas a la tutela marital.

En aras a la promoción de las familias numerosas, baluarte de la nueva España, la ley contemplaba la concesión de subsidios familiares y premios de natalidad, así como ayudas concretas para las familias numerosas. Los miembros de las familias numerosas recibían muchas ventajas: desde subvenciones para el transporte y la enseñanza hasta exenciones fiscales, facilidades crediticias, acceso a viviendas, o asistencia sanitaria. La concesión anual de premios a la familia más numerosa de España, que normalmente estaba compuesta por más de catorce hijos, pasó a formar parte del ritual propagandístico que rodeaba a la figura de Franco, aun cuando el pronatalismo dejó de ser una política oficial prioritaria.

Mayor importancia tuvo la introducción del subsidio familiar (1938) y del plus de cargas familiares (1945) que afectaron a una sección mucho más amplia de la población. Se trataba de ayudas enfocadas directamente a los padres a través de un suplemento de los ingresos. Estas medidas estaban dirigidas de modo particular a fortalecer la autoridad masculina dentro de la familia y a compensar a los trabajadores por la paternidad. Además penalizaba el empleo remunerado de la madre ya que, en ese caso, la pareja no recibía ayuda monetaria. Se trata de medidas que favorecían a los varones y consolidaban al jefe de familia, el patriarca que debía identificarse con la figura autoritaria del jefe del estado, Franco. Otras medidas sociales tenían por objeto proteger a las embarazadas, a las madres y a los niños de corta edad en un intento de reducir la mortalidad infantil y de las parturientas. Sin embargo, llama la atención que en los primeros años del régimen franquista, en contraste con el discurso hegemónico de exaltación de la maternidad, las medidas sociales específicamente destinadas a mejorar el bienestar de las madres y la infancia se desarrollaban menos que las dirigidas al varón, cabeza de familia. Los incentivos familiares obedecían a una necesidad económica de salarios encubiertos en una época de acusada caída de los sueldos reales; también desempeñaban una función claramente ideológica al fomentar el salario familiar y la figura del cabeza de familia masculino, fortaleciendo así el control social y la jerarquía masculina dentro de la familia y del propio régimen.

El pronatalismo fue, sin lugar a dudas, una dimensión importante en la construcción de la nueva España de Franco. Pese a la amplia difusión de la ideología pronatalista y la legislación coercitiva para estimular el crecimiento demográfico, no se alcanzaron los objetivos perseguidos. A diferencia de otros períodos inmediatos de posguerra, en la España de la década de 1940 no se produjo ningún «baby boom». Llama la atención que las estadísticas demográficas muestran la persistencia de los ritmos de crecimiento anteriores; la tasa de natalidad descendió de forma continua durante la primera década del régimen franquista. Los patrones demográficos solo se modificaron cuando se experimentó una tendencia a la alza de la fertilidad entre 1955 y 1965. Sin embargo, por entonces el contexto socio-político había variado considerablemente y el régimen había renunciado a la política pronatalista practicada en los años de la posguerra. La legislación represiva no disuadió a las mujeres del ejercicio de un control de natalidad. La tasa de natalidad aumentó cuando se produjo un cambio decisivo en la economía española y en la situación socio-política global. Por entonces el aumento de la natalidad coincidió con la recuperación económica y con la mejora general de las condiciones de vida de las familias españolas.

HOMBRE PRODUCTOR Y EL RECHAZO DEL PERFIL LABORAL DE LAS MUJERES

El franquismo mantenía que el destino natural de todas las mujeres era el matrimonio y el cuidado del hogar. Dada la idea generalizada de que precisamente las aspiraciones de la mujer al progreso social y a la independencia económica la habían alejado de su mandato natural de la reproducción, muchos propagandistas eran partidarios de restringir el acceso de la mujer al empleo fuera del hogar. En plena guerra civil, en marzo de 1938 se aprobó el Fuero del Trabajo, que regulaba los derechos y deberes profesionales de los españoles. A partir de entonces el régimen abolió los derechos republicanos igualitarios que habían suprimido cualquier discriminación laboral de las trabajadoras. Trató de expulsarlas del mercado laboral con disposiciones oficiales y la coacción nacionalcatólica constante que se dedicaba a estigmatizar a las mujeres que tenían un empleo remunerado con el argumento de que se alejaban de la corrección femenina y desatendían las obligaciones domésticas. El trabajo se convirtió en un don divino exclusivo para el hombre como queda reflejado en el Fuero del Trabajo:

El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria (Fuero del Trabajo, I. 3).

La masculinidad fue definida desde la figura del Productor que sustituía en el discurso franquista el lenguaje de clase de obrero y trabajador. Sin embargo, seguía como sostén único de la economía familiar. Según esta lógica, debía percibir un salario familiar suficiente para cubrir las necesidades de la unidad familiar sin necesidad del trabajo remunerado de las mujeres. En contraste, el Fuero del Trabajo estipulaba que el estado liberaría a las mujeres casadas del taller y de la fábrica. Así, mientras el trabajo se convertía en eje definitorio de la masculinidad franquista, justamente, la feminidad fue definida desde la negación en este perfil identitario. Esta norma se aplicaba estrictamente en las empresas estatales y paraestatales y, con menor rigidez, en otros sectores, con el objeto de excluir a las mujeres casadas del mercado laboral. La Ley de Reglamentaciones de octubre de 1942 implantó la obligatoriedad de abandono del trabajo por parte de la mujer cuando contraía matrimonio.

El ideario de la domesticidad obligatoria encontró apoyo entre un poderoso grupo de médicos franquistas que presentaron supuestas evidencias científicas y médicas con el fin de disuadir a las mujeres del trabajo remunerado. Sus argumentos catastrofistas pronosticaban un largo decálogo de desgracias relacionadas con la presencia femenina en el mercado laboral:

Ya que es irremediable el trabajo en el varón, conviene conservar en su compañera el aislamiento de todo desgaste posible que pueda perturbar la perpetuación de propiedades raciales puras. Vive además la hembra tan encadenada a su función maternal, que no es posible aislar el perjuicio sobrevenido a la madre, del daño seguro a la descendencia, y el hogar, escuela primera y esencial para los hijos, pierde a la maestra cuando esta trabaja fuera de casa. Es, por otra parte, la independencia obtenida por el salario, motivo de soltería o de sucesión ilegitima y puede resentir a la larga la ya comprometida natalidad mundial (Juan José Gómez-Sigler, «Higiene industrial del trabajo de la mujer», Medicina Española. Revista Nacional de medicina, cirugía y especialidades, octubre 1952).

Entre otras alegaciones figuraban que el trabajo asalariado amenazaba inexorablemente el sistema nervioso de las obreras, que acababan neuróticas. Como resultado, perjudicaba la gestación y el embarazo y producía numerosas molestias y enfermedades irremediables tal y como informaba el dr. Carlos Alberto Castaño en una conferencia en la Real Academia Nacional de Medicina, en febrero de 1952, cuando identificó la nociva influencia del trabajo femenino:

Como factor condicionador de la producción de ginecopatías y enfermedades… neurosis de ansiedad, trastornos digestivos y circulatorios, cutáneos, etc. Y por lo que se refiere a lo ginecopático, congestiones pélvicas, mastalgias, leucorreas, pruritos, dispareunias, etc.

Este panorama perturbador enfatizó, una vez más, el peligro de la ocupación femenina para el nuevo orden franquista y, de paso, justificaba la represión laboral y la retirada forzosa de las mujeres al hogar. Numerosas reglamentaciones de trabajo establecieron que la mujer que hubiera contratado su trabajo y entrado al servicio de una empresa como soltera, al contraer matrimonio, bien quedaba automáticamente en situación de excedencia forzosa, bien pasaba a esta situación en virtud de una decisión de la empresa; en la mayoría de los casos se la indemnizaba con una modalidad de indemnización de despido conocida como «dote». Cobrar esta compensación económica por el abandono del trabajo remunerado al casarse era un mecanismo eficaz para aventajar el trabajo del varón. Hasta la década de 1970, el pago de la «dote» permitía a los empresarios exigir la renuncia al empleo por parte de las trabajadoras casadas.

La coacción social fue otro mecanismo eficaz para obligar a las trabajadoras casadas a abandonar el trabajo. El franquismo reforzaba la noción de Productor, cabeza de familia y único sostén económico como piedra angular de la masculinidad. Por este motivo, se obligaba a las jóvenes casadas a abandonar el trabajo, incluso contra sus propios deseos. Se prohibía el empleo de mujeres casadas en las empresas públicas. La escritora feminista y psicóloga Victoria Sau convirtió este contratiempo en un cambio de vida profesional cuando, en 1954, trabajando en el Instituto Nacional de Previsión, se vio obligada a abandonar su empleo al casarse. A partir de aquel momento se dedicó a escribir y a los estudios:

Yo, en este caso, quedé contenta porque odiaba ser oficinista… prefería el horizonte de no tener dinero, de no poder ganarme la vida, porque escribir no era (un trabajo) fijo (Entrevista, Barcelona, 11 febrero 2005. Texto traducido del catalán).

Cualquier profesión llevada a cabo por una mujer fue infravalorada y predominaban muchos estereotipos y prácticas sexistas hacia las mujeres en el mundo laboral. Todavía en 1975, un boletín de una asociación de vecinos denunciaba que una empresa justificaba que no tenía trabajadoras en plantilla porque consideraba que las mujeres no rendían en el trabajo cuando tenían la menstruación.

Hacia finales de la década de 1960 algunas trabajadoras se rebelaron contra esta práctica y escogieron la opción de continuar en su trabajo tras contraer matrimonio. Una trabajadora de la fábrica Valentine en Montcada i Reixac explica que había hecho cálculos que la llevaban claramente a optar por la continuidad laboral frente al engaño de la compensación económica de la dote laboral:

Yo entré en la Valentine en el año 1961 porque se casaba una chica; entonces se casaban y marchaban. Pero en el año 68-69 la Valentine era bastante moderna y ya podías escoger: si querías marchabas y si querías te quedabas, pero perdías la dote, el dinero que te daban como compensación por marchar. Si lo contabas, en cuatro meses lo recuperabas y te quedaba la vida profesional por delante. Yo en el 69 escogí quedarme (Citado en Nash, 2010: 140. Texto traducido del catalán).

Pero el abandono de las trabajadoras casadas continuó hasta bien entrada la década de 1970, incluso en la era posfranquista. El legado del franquismo pesó en un imaginario colectivo entre todas las clases sociales que validaba la práctica del abandono de la vida laboral por parte de las casadas. Si debían trabajar por necesidad, solo podían llevar a término tareas propias de su sexo, relacionadas con la esfera doméstica u ocupar puestos de trabajo de baja remuneración, preferentemente en el trabajo a domicilio. Si bien el régimen exaltaba las mujeres como amas de casa, no las eximía en absoluto del trabajo retribuido ni de jornadas laborales extenuantes. La opción de trabajo a domicilio ocultaba las largas horas laborales que debían hacer por ganarse un sueldo de hambre.

LA REALIDAD OCULTA: LAS TRABAJADORAS DURANTE EL FRANQUISMO

Las mujeres de las capas populares tenían que obtener el sustento para sus familias. Como siempre, su obligación era proveer alimentos y las necesidades básicas. Muchas de ellas se encontraban solas, con familiares en las cárceles o muertos en la guerra. El régimen no hizo ninguna previsión para ellas y les vedaba el trabajo ya que solo las solteras o cabezas de familia tenían derecho a desempeñar un empleo y, además, al casarse debían abandonarlo. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, durante el franquismo numerosas mujeres trabajaban en comercios, tiendas, mercados y fábricas para sostener a su familia. Eran tenderas de pequeño comercio, llevaban adelante los negocios familiares y constituían un elemento clave del tejido comercial. Se dedicaban a la venta ambulante y trabajaban en mercados y en el servicio doméstico (Díaz Sánchez, 2001; Nash, 2010). Pese a la supuesta liberación de las mujeres del trabajo remunerado, muchas fábricas requerían la mano de obra femenina barata. Proporcionaban trabajo asalariado a las chicas de las clases populares que se integraban al trabajo en edades muy jóvenes, a menudo de manera escondida, cuando tenían menos de catorce años, la edad reglamentaria para trabajar. A modo de ejemplo, el testimonio de una obrera de Badalona evoca la dureza de su vida como niña trabajadora:

Acabé la escuela a los doce años. Entonces buscamos una fábrica, Can Gil […] de hacer latas para leche condensada, para las conservas. Era una fábrica muy peligrosa. Recuerdo haber empezado a trabajar a las siete de la mañana y ya continuábamos todo el día hasta las siete del anochecer […] Recuerdo que era tan pequeña que me ponían en una máquina muy alta y el encargado me había de coger y subirme a un taburete que me hicieron especialmente para poder llegar a la máquina. Eran unas prensas donde bajaba un molde, que si te atrapaba la mano te la cortaba. Hacía falta ir poniendo la mano para colocar un trozo de chapa para que se hiciera la pieza que después tapaba el bote. Bien, allí lo normal era cortarse los dedos. Recuerdo que a una niña como yo se le enrolló el cabello, que era largo, porque había unas máquinas que eran como rodajas, y entonces se le enganchó los cabellos y le arrancó toda la piel de la cabeza; no se le quedó la cabeza allí por poco, porque pudieron parar las máquinas… (Citado en Nash, 2010: 139. Texto traducido del catalán).

Los bajos salarios, las largas horas laborales y el control represivo marcaban la vida de las niñas y mujeres trabajadoras de la posguerra franquista.

El Plan de Estabilización (1959) significó el final de la política autárquica y originó una nueva etapa de cierta liberalización económica. El desarrollismo inauguró un cambio de trato respecto a la admisión del trabajo asalariado femenino debido a la demanda creciente de mano de obra barata. La población laboral femenina pasó del 8,3 % en la inmediata posguerra (1940) a un 19,1 % en 1970, según los datos de los censos de población. La Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer de julio de 1961 reconoció a la mujer los mismos derechos que al varón para actividades políticas, profesionales y laborales. Le permitió ser electora y elegida para cargos públicos e ingresar en la Administración, a excepción del ejército y, en teoría, le reconocía igualdad salarial. En todo caso, introdujo un cierto grado de reconocimiento de la figura de la trabajadora y amplió determinadas opciones profesionales. A pesar de ello, no significó en absoluto transformar el arquetipo franquista de mujer doméstica madre/esposa bajo la estricta tutela masculina. En su discurso en defensa de la ley de 1961 en el pleno de las Cortes Españolas, la máxima dirigente de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, dejó claro que la mujer no podía aspirar a la igualdad: «En modo alguno queremos hacer del hombre y la mujer dos seres iguales; ni por naturaleza ni por fines a cumplir en la vida podrán nunca igualarse».

Esta política laboral intentaba lograr el despegue económico y la presentación de la España de Franco ante la política internacional como sociedad en la que la situación de las mujeres se aproximaba al resto de países europeos. Pero las nuevas normativas tuvieron escasa incidencia, ya que muchos convenios colectivos posteriores mantuvieron la expulsión obligatoria de las trabajadoras al contraer matrimonio a cambio de la indemnización de la dote. En la práctica, los empresarios utilizaban la mano de obra femenina como una reserva disponible. De esta manera, la continuidad o la exclusión de las trabajadoras casadas de su puesto de trabajo se decidía en función de las necesidades de producción. Las trabajadoras continuaban bajo la estricta tutela masculina, requerían el permiso del marido para obtener un contrato de trabajo y subsistía una clara discriminación salarial. En 1963 el salario/hora medio de las mujeres en la industria llegaba a un 80 % de los salarios masculinos, pero en 1971 había empeorado hasta el 75 %. Incluso algunas falangistas de la Sección Femenina denunciaron este inadmisible grado de discriminación laboral (Nash, 2010:139-148). En este sentido Carmen Salinas, asesora jurídica de la delegación nacional de la Sección Femenina, exponía sus quejas en 1963 en la Revista de Trabajo:

Nos encontramos con que la mayoría de las reglamentaciones laborales que se van dictando establecen una discriminación básica entre el trabajo de hombres y de mujeres, pero no en el sentido de marcar para la mujer unos trabajos más adecuados a su naturaleza y constitución, sino discriminando un salario inferior en una misma jornada de trabajo y en una misma actividad, estableciendo la excedencia forzosa por razón de matrimonio en muchas reglamentaciones, etc.

Denunciaba que la ancestral costumbre de mando masculino había traído el establecimiento de convenios colectivos que inscribían la desigualdad salarial. En efecto, las reglamentaciones de trabajo agrícola, arroz, botones, artículo de vestir y adorno de cabeza, tienda de juguetes de celuloide, cerámica, confección, farmacias, hostelería, muñecas de cartón, textil algodón y textil fibra algodón establecían en aquel momento una discriminación salarial femenina del orden del 80 % del sueldo masculino (Nash, 2010: 144-145). Aunque en un marco de discurso del propio régimen, algunas voces singulares críticas de falangistas como Carmen Salinas abrían el debate sobre la igualdad laboral, silenciado por la dictadura franquista.

LÓGICA EMPRESARIAL Y EL MITO FRANQUISTA DE MUJER DOMÉSTICA

La expansión de la industria textil fue uno de los pilares de la economía. Con el desarrollismo creció el consumo de ropa barata y cayó la costumbre de la confección casera. La producción textil todavía se basaba en una mano de obra intensiva femenina. El 1968 las mujeres ocupaban el 75 % de la mano de obra de la industria textil, con un gran peso en Cataluña. Predominaban las condiciones laborales precarias, un entorno insalubre y los salarios bajos. Las operarias textiles trabajaban en unas condiciones laborales muy duras. En muchos casos el calor, la humedad, el polvo o los productos tóxicos hacían estragos en su salud. Pero el trabajo no acababa tras las horas en la fábrica, puesto que las mujeres podían desarrollar una doble o triple jornada laboral. En algunos casos compaginaban tres turnos de trabajo, en la fábrica, en casa con las tareas domésticas y un tercer turno en el domicilio, puesto que se llevaban trabajo de la fábrica a casa.

A pesar de la retórica franquista sobre el abandono femenino del trabajo remunerado al casarse, resultó ser un mito en muchas ocasiones. A modo de ejemplo, en Cataluña la lógica empresarial no se acomodaba en absoluto a la liberación de las mujeres de la fábrica, tal como proponía el régimen. Numerosas trabajadoras no se retiraron nunca y dedicaron toda su vida al trabajo fabril, en especial en las industrias textiles. El caso de la fábrica textil de Sucesora de J. Coma y Cros en Salt, Gerona, ilustra bien la falsedad de este mito franquista (Nash, 2010:145-155). Como empresa textil, no estaba afectada por la excedencia obligada de las trabajadoras al contraer matrimonio, ya que la reglamentación del sector textil les eximía de ello. Siempre tenía una clara mayoría de trabajadoras, incluso durante las primeras décadas de la posguerra. No favoreció en absoluto la retirada de las trabajadoras casadas, sino que confirmó su derecho al trabajo, a la vez que dio facilidades a las madres trabajadoras. A pesar de la adhesión política de sus propietarios al régimen, su lógica empresarial discrepaba del todo con la política franquista de domesticidad obligada para las obreras.

Este posicionamiento contrario queda evidenciado en la plantilla del personal para el año 1950, que muestra una notable feminización de la fábrica, alcanzando las mujeres el 81,3 % del total de 589 personas empleadas en aquel entonces. Lejos de abandonar su empleo, las obreras casadas y madres trabajaban en la fábrica. En 1958 la empresa daba empleo a un total de 623 personas, de las cuales ocho trabajaban en los despachos y en el laboratorio, y las otras en la producción en la fábrica. Las 453 obreras empleadas entonces continuaban siendo mayoría al formar el 73,6 % de la totalidad de la mano de obra. La organización de trabajo en la fábrica se basaba en una estricta jerarquía laboral de género y en la segregación del trabajo, lo que repercutía de forma negativa en los sueldos de las operarias. Los trabajos de mayor responsabilidad eran desempeñados exclusivamente por hombres. A pesar de la clara mayoría de mujeres en la fábrica, no había ni una sola en un puesto de mando.

La distribución ocupacional es muy importante porque las distintas categorías profesionales implicaban una sustancial diferencia salarial, siempre en beneficio de los trabajadores. Las operarias cobraban sueldos más bajos por trabajar en categorías distintas (Nash, 2010:145-155). Uno de los objetivos fundamentales del nacionalsindicalismo fue garantizar un sueldo familiar a los hombres como cabeza de familia. Para ello, los trabajadores percibían salarios más altos, incluso cuando se trataba de oficios de una calificación inferior. En 1958, el mayordomo en la sección de tejidos de la fábrica Coma y Cros cobraba el sueldo más alto (157,95 pesetas) seguido de los contramaestres (121,75 pesetas). Entre todas las operarias de la fábrica, las tejedoras de las máquinas automáticas, como Antonia Gispert Casany, que ganaba 85,89 pesetas, percibían los sueldos más altos. Se trataba de la excepción como única categoría laboral femenina que quedaba muy por encima del sueldo de un peón sin cualificación (69,30 pesetas) y ganaba 14 céntimos más que un albañil (85,75 pesetas). Las otras operarias de especialidades diferentes percibían sueldos semanales más bajos, todos inferiores al sueldo semanal de un peón. De hecho, las operarias desempeñaban trabajos altamente especializados que requerían mucho tiempo de aprendizaje y tenían una alta capacidad de rendimiento y de disciplina laboral. Cumplían también con las exigencias de cronometraje de la producción de piezas impuestas por la empresa y, sin embargo, cobraban sueldos significativamente bajos. La lógica empresarial de Coma y Cros, como de otras fábricas textiles, se basaba en un notable abaratamiento de costes mediante los bajos salarios de las trabajadoras. El coste del trabajo intensivo quedaba compensado por la aguda discriminación salarial de las mujeres, lo que permitía la continuidad de los beneficios empresariales, a la vez que garantizaba la jerarquía laboral del modelo masculino del régimen franquista.

Otro aspecto fundamental de Coma y Cros fue el trato favorable a las trabajadoras embarazadas o madres. El reglamento de la empresa establecía que las embarazadas tenían derecho a renunciar al trabajo cuando entraban en la sexta semana anterior al parto y que se reintegraban a la fábrica después de transcurrir las seis semanas siguientes al parto. Aunque la empresa no indemnizaba este período de reposo, estaba obligada a reservar la plaza a la trabajadora durante aquel tiempo y, de manera excepcional, hasta un plazo máximo de veinte semanas. También preveía el tiempo dedicado a la lactancia en horario laboral, asegurando a las madres trabajadoras el derecho a una hora de descanso al día durante la jornada de trabajo, divisible en dos períodos de media hora cada uno. Al promover numerosas facilidades a las madres, la voluntad empresarial de Coma y Cros de apostar por la retención de las trabajadoras madres quedó evidente. El servicio de guardería infantil se ofrecía en beneficio de la infancia del personal de la fábrica y en 1954, la guardería, ya en pleno funcionamiento, tenía capacidad para atender la cifra de unos cincuenta y dos niños y niñas.

El reglamento de la fábrica de Coma y Cros trataba las condiciones especiales para las colaboradoras del sexo femenino para facilitar el empleo femenino. Reconoció la situación de dependencia femenina sujeta a la tutela del marido para desempeñar un trabajo retribuido, pero facilitó la contratación de las mujeres casadas sin excesivas exigencias de aplicación de la ley sobre el consentimiento marital. Promovía una lógica empresarial nada congruente con la política franquista que buscaba la domesticidad en casa de las trabajadoras madres. Lejos de impulsar el abandono de la vida laboral, ni tan solo en las primeras décadas de la posguerra promovió la vuelta al hogar de las trabajadoras. Su trayectoria empresarial mostró una preocupación por el desarrollo de servicios maternales, infantiles y sociales que aseguraron la continuidad laboral de las trabajadoras y les facilitó compaginar el trabajo en la fábrica y las ocupaciones domésticas. Se trata de un ejemplo significativo de la voluntad empresarial de mantener la mano de obra femenina en una permanente trayectoria laboral que permitiera aprovechar los conocimientos adquiridos de las obreras, dentro de una lógica clara de abaratamiento de costes aunque, hay que reconocerlo, adversa a las dinámicas franquistas de obligada reclusión en el hogar de las trabajadoras casadas y madres.

De hecho, muchas mujeres eran productoras; sin embargo, uno de los legados del franquismo fue la continuidad del mito de la domesticidad femenina con la ocultación de su presencia en el mercado laboral. El aferramiento a estereotipos reiterados de forma sistemática y el impacto del discurso de la domesticidad dificultó el desenmascaramiento del mito de la Reina del hogar y el reconocimiento debido al papel laboral ejercido por las mujeres durante los años del franquismo. Además, los arquetipos de género establecidos en aquel momento crearon un legado de creencias que justificaban la discriminación laboral femenina a la vez que el impacto del discurso sobre la masculinidad marcó las creencias sobre los privilegios del trabajador como productor y cabeza de familia. El telón de fondo de jerarquía patriarcal incuestionable en el mundo político, familiar y laboral fue un legado difícil de desmontar durante el tardofranquismo cuando una nueva generación de mujeres forjó una agenda de compromiso social y política que reivindicaba valores democráticos con la paralela integración de los derechos políticos, laborales y sociales de las mujeres en la agenda antifranquista.

OBRERISMO, ACCIÓN COLECTIVA Y RESISTENCIAS DE LAS TRABAJADORAS

Abducidas por el sistemático discurso de domesticidad forzada y el arquetipo franquista de madre y esposa abnegada al servicio de la familia y de la patria, la represión y la censura dejaban a las españolas pocos resquicios para rebatir al modelo normativo de feminidad. Sin embargo, como ha mostrado la investigación reciente, las mujeres actuaron como agentes del cambio social y de resistencia al régimen, a pesar de las restricciones y represalias de la larga dictadura. Muchas combatieron a través de resistencias más visibles de signo político y social, mientras otras actuaron mediante la resistencia de la rebeldía cotidiana y de las estrategias de supervivencia. A lo largo de décadas de sistemática represión dirigida contra ellas, muchas mujeres continuaron su lucha política en el exilio forzoso; otras, dentro de España, participaron activamente en el movimiento democrático y clandestino de oposición a Franco, en tanto que otras desde el silencio o el exilio interior padecieron los rigores de la dictadura. A pesar de los métodos férreos que la dictadura franquista tenía a su disposición, su discurso y sus políticas legislativas no lograron imponerse entre las españolas. El compromiso político de oposición a Franco marcó la trayectoria de muchas mujeres, y para finales de los años sesenta generaron una agenda reivindicativa de valores democráticos que, con el resurgimiento del feminismo, incorporó a la respuesta democrática de libertad, la voluntad de liberación, empoderamiento y recuperación de los derechos de las mujeres.

Existían muchos frentes de lucha y de resistencia, entre ellos el obrerismo, el mundo del trabajo y las comunidades obreras fueron escenarios de múltiples y continuos focos de combate y de resistencias. Durante el franquismo, la Central Nacional Sindicalista —el sindicato vertical del régimen— era el único sindicato legal. Pertenecer a un sindicato clandestino era motivo de represalias y detenciones y cualquier conflicto laboral era ilegal y reprimido duramente por las autoridades. Hasta hace poco la historiografía había prestado escasa atención al rol de las mujeres en los conflictos obreros y tampoco se había producido un reconocimiento significativo de sus luchas durante la clandestinidad de la dictadura (Díaz Sánchez, 2013; Varo Moral, 2007). Sin embargo, queda claro que, aunque invisible, en gran medida el panorama de las cuatro décadas del franquismo se dibuja también a partir del significativo protagonismo de las trabajadoras y su activismo en defensa de sus intereses como trabajadoras y de la comunidad obrera.

A pesar de la dura represión, las trabajadoras promovieron huelgas y conflictos en defensa de sus derechos laborales y condiciones de vida. A finales de enero de 1946 tuvo lugar en Cataluña una primera oleada de huelgas cuando se produjeron numerosas protestas laborales en empresas del sector textil (Varo Moral, 2007). Las trabajadoras de la empresa de Hilados y Tejidos Bertrán y Serra de Manresa protagonizaron una huelga con la demanda del pago del jornal del día festivo del 24 de enero. La organización del conflicto y de la negociación posterior fue a cargo de una comisión de trabajadoras que consiguió que las autoridades cediesen a sus demandas de un plus salarial por carestía obrera. Además, coincidió con la primera oleada de huelgas desde finales de la guerra civil, en Cataluña, Madrid y el País Vasco. Estas protestas de signo laboral coincidieron con otras en clave de género cuando las mujeres de la clase trabajadora se movilizaron contra las crisis de subsistencias y la falta de alimentos. En este caso, llama la atención que su agenda reivindicativa dio una gran importancia a las demandas de un economato, el abaratamiento de los costes de subsistencia y las garantías de abastecimiento. En el verano de 1946, las mujeres compaginaron los conflictos industriales con otras acciones colectivas, como la huelga de aceiteros contra el racionamiento, la falta de abastecimiento de aceite y el suministro sustitutivo de margarina. En protesta, las mujeres de los barrios obreros de Barcelona colgaron aceiteras y sartenes en ventanas y balcones (Varo Moral, 2007:147). El estancamiento salarial de la posguerra hizo aún más dramática la escasez y la carestía de los alimentos y productos de primera necesidad. Por esto las mujeres se movilizaron en contra de la carestía de la vida en circuitos específicamente femeninos, como los mercados y las plazas en una combinación laboral y de género que, de nuevo, superaba las fronteras entre lo público y lo privado, uniendo demandas de incrementos salariales con la mejora de los suministros de necesidades básicas.

El boicot a los tranvías, en la primavera de 1951, por el incremento del precio del billete desencadenó una gran huelga contra la carestía de la vida en el área de Barcelona, apoyada por unos trescientos mil trabajadores. Las mujeres destacaron tanto en el enfrentamiento que, al redactar un informe sobre la huelga, el delegado provincial de Sindicatos de Barcelona subrayó la actitud recalcitrante de las mujeres en ese conflicto:

Y lo que es peor, con un gran porcentaje de trabajadoras femeninas —casi todas en la industria textil—, las que, por razones de su sexo y especial manera de reaccionar, es dificilísimo el convencer con razones ni discutirlas con argumentaciones, cuando algún conflicto social se plantea (Varo Moral, 2007:139).

Resulta significativa la capacidad del activismo femenino para generar respuestas colectivas sin el apoyo de otras organizaciones y en plena represión del régimen. La pertenencia a una comunidad laboral y social compartida con otras mujeres, a partir de la doble responsabilidad doméstica y laboral, permitió la creación de redes de solidaridad y de apoyo al desarrollo de estas movilizaciones. A principios de la década de 1970, Núria Casals sindicalista del sector del Metal de Comisiones Obreras, observaba precisamente este mundo solidario de apoyo entre las trabajadoras:

Yo quedé impresionada, había un tipo de complicidad especial, había bastante solidaridad entre la gente. No se trataba de política, era una solidaridad de hacer… Vi que había muchas maneras de vivir, por parte de la gente: las que estaban casadas, las que estaban separadas. Empezamos, con el tiempo, a hacer un encuentro de mujeres dentro de la empresa con la excusa de que nos pagaban diferente (Nash, 2010:158).

En la década de 1960, se incrementó la presencia femenina en los conflictos que también fueron más numerosos en este período de despegue económico. Según Pilar Díaz Sánchez, la gran mayoría de estas activistas en Madrid tomaron conciencia de su situación laboral a través de las organizaciones religiosas, sobre todo las JOC, la HOAC o Vanguardia Obrera (Díaz Sánchez, 2013). En los años sesenta la crisis del textil y la diversificación industrial transformó el mercado de trabajo femenino. En la empresa lanera de Fontanal, en Terrassa, en 1962 las trabajadoras encabezaron el conflicto y la negociación posterior para conseguir mejoras laborales. Tomaron la iniciativa frente a la inhibición de sus compañeros de trabajo. En Tarragona las operarias de la fábrica Valmeline impulsaron una huelga en 1965 en protesta contra la decisión de la empresa de partir la jornada continuada. Ante el despido de una trabajadora, la respuesta solidaria de sus compañeras de trabajo consiguió su readmisión (Duch i Plana, Ferré Baldrich, 2009:171). A lo largo del período, las trabajadoras siguieron reivindicando mejoras en las condiciones laborales. Hasta el final del franquismo las confrontaciones con la patronal fueron acalladas por la fuerza y la represión. La valentía de las activistas debe situarse en el contexto de un régimen que defendía a ultranza el arquetipo de sumisa mujer franquista. Cualquier acto de rebelión era una trasgresión del código de comportamiento de una mujer decente. Las activistas tenían que romper con estos prejuicios, tanto frente a sus propios compañeros como respecto a la sociedad. Además, muchas de las propias compañeras de trabajo no eran díscolas como ellas y, por tanto, no simpatizaban con sus luchas. Así, aparte de la dura represión de las autoridades del régimen, las activistas en lucha tenían que soportar también el rechazo social.

Durante el tardofranquismo el progresivo resurgimiento del feminismo impulsó la integración de los derechos políticos, laborales y sociales de las mujeres en la lucha antifranquista (Nash, 2007). Entonces empezaron a confluir las dinámicas de conflictividad laboral impulsadas por las trabajadoras con el movimiento obrero organizado. Es cierto que desde mediados de los sesenta el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) bajo la órbita del Partido Comunista de España se había interesado por los problemas laborales de las trabajadoras de fábrica reclamando el derecho a un trato igualitario y la eliminación de la discriminación. Aun así, se tardaría todavía años en abordar estos temas en los ámbitos sindicales y en desafiar la hegemonía masculina de la dirección. El predominio masculino en los sindicatos era notorio y no había demasiadas militantes sindicales. A finales del franquismo, a partir de los años 1974-1975 se intensificaron las luchas obreras y las movilizaciones de mujeres. Protagonizaron conflictos, entre otros, en la fábrica José Ormaechea en Éibar (Guipúzcoa), en la fábrica de caramelos Fiesta de Madrid y en las fábricas Puente, ROK, Cortefiel e Induyco (Díaz Sánchez, 2013). Algunas veces, las obreras conseguían el apoyo de los trabajadores y de los sindicatos en sus movilizaciones. El conflicto de la fábrica Valmeline, en Tarragona, en el verano de 1974, es una muestra de ello. El fracaso de la negociación del convenio colectivo llevó a las obreras a un conflicto con la empresa que, a pesar de las promesas de un acuerdo, sancionó con tres días de sueldo y trabajo a toda la plantilla. Ante la respuesta de un paro en el trabajo, la empresa despidió a 162 trabajadoras. Las huelguistas ocuparon la nave industrial y fueron desalojadas por la policía. Mostraron una gran capacidad organizativa, tanto en la estrategia de encontrar apoyo en las otras fábricas de la zona como en la proyección internacional de su lucha, ya que una comisión de la huelga viajó a la sede de la empresa en Alemania. El 24 de agosto de 1974 convocaron una movilización con gran afluencia de manifestantes que recorrió la Rambla Nova de Tarragona y recibieron el apoyo de otros trabajadores y de sindicatos. Entonces, las batas rojas del uniforme de estas trabajadoras textiles se convirtieron en símbolo de su lucha a favor de la dignificación de los puestos de trabajo en las protestas populares en Tarragona (Duch i Plana, Ferré Baldrich, 2009). En otras instancias, la presión de las trabajadoras consiguió de manera puntual incluir la demanda de igualdad salarial en las plataformas reivindicativas de localidades donde el trabajo femenino era importante. Pero, como en épocas anteriores, mencionar los derechos laborales de las mujeres en los programas no significaba que se convirtiesen en práctica sindical o de los trabajadores en la negociación de los convenios colectivos (Nash, 2010).

RESISTENCIAS Y RETOS DE LAS MUJERES EN EL TARDOFRANQUISMO

Durante largo tiempo la represión franquista significó que las mujeres apenas disponían de medios para construir un modelo femenino alternativo desde la igualdad y la libertad de decisión propia o el reconocimiento de sus derechos individuales. De hecho, el movimiento de mujeres emergió en el tardofranquismo como respuesta colectiva en contra de los arquetipos domésticos franquistas y la confiscación de sus derechos políticos, civiles, sociales, laborales e individuales. Las españolas respondieron entonces tanto a su desposesión jurídica de derechos como al arquetipo de feminidad previsto por el franquismo. Crearon nuevos modelos de género como réplica a la sumisa y subordinada mujer franquista. A la vez que promovían la democratización de la sociedad desde la lucha antifranquista, impulsaban otro significado para la feminidad que cuestionaba el ideario de género franquista como también la desigualdad reinante en la sociedad.

El despertar feminista desde finales de los sesenta surgió como respuesta a la dictadura por la carencia de libertades políticas y contra la discriminación misógina del régimen franquista. A pesar de la clandestinidad política, la dinámica asociativa favoreció el desarrollo del movimiento de mujeres. La participación femenina en los movimientos vecinales en la oposición antifranquista o en las asociaciones de amas de casa para mejoras sociales en los barrios populares fueron escenarios de lucha que facilitaba un aprendizaje social que permitió avanzar en un proceso de concienciación feminista. De igual modo en otros ámbitos sociales, estudiantes y universitarias empezaron a introducir las primeras iniciativas de signo feminista.

Las movilizaciones urbanas adquirieron una notable relevancia a comienzos de los años setenta con un especial protagonismo de las mujeres. Queda clara la impronta de género en la perspectiva de las vecinas activas en los movimientos de protesta en los barrios que identificaban demandas que emanaban de su entorno próximo de barrio. Si bien inicialmente sus reclamaciones se centraban en la mejora de sus barrios y luego adquirieron un perfil de oposición política al franquismo, también fueron integrando demandas propias de modo que su lucha por la democracia compuso una nueva agenda reivindicativa de sus derechos como ciudadanas y mujeres. Anónimas mujeres de barrios populares de las grandes ciudades participaron en protestas sociales. Se movilizaban desde su identidad como madres de familia y vecinas en defensa de sus derechos y del bienestar de su comunidad. Alentaron a las redes comunitarias de solidaridad y defensa del derecho a una ciudad habitable. Ocupaban las calles y se manifestaban para conseguir sus demandas de servicios públicos básicos, calles pavimentadas e iluminadas, semáforos, alcantarillado y viviendas en condiciones de habitabilidad. Su acción colectiva tenía como objetivo obtener plazas, mercados, clínicas, escuelas, transporte público y la eliminación de la especulación urbanística. Frente a la dureza de las condiciones de vida en los barrios populares, su resistencia afirmó la dignidad de su comunidad y la protesta contra la carestía de la vida. Además, su compromiso contra el franquismo les llevó a establecer prácticas de solidaridad como la de recogida de dinero para los trabajadores encarcelados de empresas de su barrio. Las mujeres del asociacionismo vecinal crearon redes de apoyo a huelguistas, e incluso se enfrentaron en ocasiones a la policía tal como explica una activista de Valencia:

A Antonio, mi marido, lo detuvieron en la Frontera, y entonces sí que hubo una manifestación de mujeres muy grande…, hubo muchas mujeres que se engancharon con la policía y todo. Yo estaba apartada porque tenía mi hija cuatro días… a mí me dijeron: «Encarna, tú te apartas, tú te apartas». Y entonces ellas se engancharon a los policías a separar para que dejaran a mi marido. También puede ser porque la mayoría de mujeres, sus maridos estaban trabajando con el Antonio en la empresa de Mocholi, porque por un problema de la fábrica lo detuvieron. Sí, sí y lo defendieron (Verdugo Martí, 2009:141).

Desde principios de los sesenta, el MDM había tenido como finalidad la defensa de las vecinas y trabajadoras y se había extendido en los barrios obreros de muchas ciudades. Vicenta Verdugo Martí ha apuntado la diferenciación generacional entre las militantes de los años sesenta, que se identificaban más con los intereses del partido y priorizaban la lucha social y de clases, frente a la visión más feminista de la siguiente generación de militantes de los setenta. Más críticas con el partido, ellas promovieron que el MDM defendiese las reivindicaciones de género y una agenda específicamente feminista (Verdugo Martí, 2009). Para entonces, las mujeres de las clases populares ya se habían organizado en un mosaico plural de acción colectiva sin afiliación política o como militantes y activistas de plural procedencia desde el marxismo radical —Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Movimiento Comunista (MC), Partido del Trabajo (PT)— a sectores ligados al cristianismo progresista en los barrios obreros. Muchas amas de casa se convirtieron en activistas que ocuparon el escenario público en la lucha social antifranquista. Al mismo tiempo el emergente movimiento feminista actuaba con el asociacionismo vecinal creando puentes interclasistas de prácticas a favor de las mujeres y de sus derechos.

La resistencia de las mujeres en el movimiento vecindario era una forma notable de oposición al franquismo y de movilización femenina. En 1976, Nou Barris en Barcelona, un barrio obrero e inmigrante, inició una lucha popular para la instalación de semáforos en el distrito como consecuencia de la muerte de un joven en un cruce de calles. Durante más de un mes, las mujeres cortaron el tráfico y mantuvieron el barrio bloqueado cada día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las vecinas desafiaron a las autoridades y generaron un importante conflicto de circulación en Barcelona en esta protesta reivindicativa. A pesar de su alto protagonismo diario, las mujeres apenas participaron en las reuniones de organización del conflicto que se celebraban por la noche, ni tampoco los hombres del movimiento de vecinos las reconocían como interlocutoras públicas con las autoridades. El testimonio de Lourdes Ponce, activista en el movimiento vecinal y reconocida militante del MC, explica la continua imposición de la autoridad masculina en las protestas vecinales a pesar del papel decisivo desempeñado por las mujeres para llevarlas a cabo:

Las mujeres estaban todo el día, se organizaban, y llegaba las 8 de la noche y todas las noches se hacía una asamblea, para valorar que había pasado en el día, y se decidía que se hacía al día siguiente. Llegaba las 8 de la noche y te veías a las mujeres chin, chin, chin, para casa a hacer la cena y a todos los hombres que subían a la Parroquia a la asamblea. Entonces les decías de buena manera «Oye, quédate tú en casa y que venga tu mujer», «pero si al fin y al cabo son las mujeres las que van a cortar el tráfico». Y ellos: «No, pero no os preocupéis; yo llego a casa y le digo lo que hay que hacer y mañana hace lo que le diga» (Entrevista, Barcelona 6 de junio de 2005).

Pese a la insistencia de Ponce, la mayoría de las activistas que mantuvieron el bloqueo durante todo el día en la calle tenía que volver a casa para preparar la cena. Aún no se cuestionaba la división de roles de género en este tipo de activismo social y antifranquista. Además, el legado del franquismo sobre la jerarquía masculina dificultaba la atención a las demandas específicas de las mujeres como indica Anna Mercadé, activista del PT y líder feminista:

La asociación de vecinos tenía un problema de vivienda, un problema…, vamos, las mujeres a trabajar. Pero, entonces, cuando hubo un problema de mujeres, nadie se apuntaba. Las mujeres fueron utilizadas… «todo para la democracia, la democracia». Muy bien, nosotras también queremos la democracia, pero no hay que olvidar que nos tenemos que estar conectadas con nuestro (propio) interior. ¿Qué ha sucedido con la mujer a lo largo de la vida? ¿Qué derechos queremos? Por supuesto, todo esto era muy difícil, era imposible, porque… la lucha por la democracia se imponía por todos lados y siempre estaba en primer lugar (Nash, 2009: 51. Texto traducido del catalán).

En el caso del conflicto de Nou Barris, la resistencia social de las mujeres alcanzó notables mejoras en los barrios y sus protestas para conseguir el bienestar colectivo se convirtieron rápidamente en resistencia antifranquista. Las mujeres de las asociaciones de vecinos fueron sujetos activos del proceso de cambio democrático y de desarrollo de una cultura política igualitaria. Su forma de hacer una ciudadanía participativa logró, en ocasiones, romper la autoridad franquista. Aunque sigue con un enorme déficit en reconocimiento a su liderazgo, las activistas desarrollaron formas participativas y consensuadas de actuar en los barrios y en la política municipal que contribuyeron al establecimiento de los valores democráticos. Su papel activo, a menudo anónimo, consolidó este gran movimiento social de resistencia antifranquista, de bienestar vecinal y de solidaridad entre las mujeres. Promover la vida asociativa y el movimiento ciudadano-vecinal en los distritos no involucró la defensa de los derechos específicos de las mujeres hasta más tarde, cuando a raíz de los congresos feministas en Madrid (1976) y Barcelona (1976) empezaron a incorporar sus demandas. Llama la atención que ya en mayo de 1976 participaron 19 vocalías de mujeres en las Jornadas Catalanas de la Mujer. Organizadas ya de manera específica en entidades de mujeres en el seno de las asociaciones de vecinos, las mujeres de los barrios empezaron a patrocinar campañas a favor de sus intereses específicos junto a los de la comunidad. Así, el activismo femenino en el movimiento social vecinal representó un escenario decisivo de lucha que facilitó una concienciación feminista.

Desde una primera etapa de resistencia identitaria respecto al poder patriarcal del régimen dictatorial, las feministas articularon un nuevo discurso que cuestionaba la naturalización de la identidad femenina y la maternidad como eje constitutivo de la feminidad franquista. Frente al asfixiante discurso nacionalcatólico de maternidad obligada, resituaron la maternidad como factor clave en la opresión femenina. Retaron la relación inapelable de las mujeres con la familia en una nueva definición de la feminidad que invocaba el derecho al propio cuerpo y la libre expresión de la sexualidad femenina, sin vínculo con la maternidad. El proceso de concienciación que finalmente llevó a la convicción de que lo personal es político fue rápido, ya que los diferentes aprendizajes de las mujeres como activistas en la oposición política, en los movimientos de vecinos y en los grupos de autoconciencia conllevaron una visión plural que cuestionó, en última instancia, el orden de género del franquismo. Como eje que vehiculaba el feminismo posfranquista, abrió horizontes críticos hacia la reformulación de una cultura política democrática en clave igualitaria y de defensa de los derechos reproductivos. Los cuarenta años de la dictadura franquista no lograron sojuzgar a las mujeres ni privarlas de la esperanza de libertad y derechos. Las nuevas generaciones del tardofranquismo retomaron el compromiso democrático y de las libertades con nuevos planteamientos que incorporaron el legado de lucha de las vencidas de la guerra y su propia visión feminista de futuro.

BIBLIOGRAFÍA

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Letras e ideas bajo (y contra) el franquismo

Letras e ideas bajo (y contra) el franquismo

José-Carlos Mainer

BAJO EL SIGNO DE LA VICTORIA

TAMBIÉN EN LA LITERATURA, la cruzada de Franco quiso iniciar un mundo nuevo, lo que suponía borrar aquel pasado erróneo que incluía la Ilustración del XVIII y el liberalismo del siglo XIX, pero también (y sobre todo) las locas aventuras radicales del primer tercio del XX. Al conjuro de aquel repudio, las consignas exigían restaurar un pasado imaginario de unidad y grandeza, cifrado en la piedad medieval y en el genio del imperio, que nunca se entendió tanto como una ambición territorial cuanto como una actitud de unanimidad y obediencia ante el poder carismático. En un libro delirante, Los secretos de la Falange (cuyo colofón lo da como impreso en Barcelona a final de septiembre de 1939), Ernesto Giménez Caballero —el verdadero inventor del fascismo español— afirmaba que aquellos que la Edad Media cristiana llamó «herejes» habían sido después los «bachilleres» del Renacimiento y los «pedantes» del siglo ilustrado: «¡HETERODOXOS, SOFISTAS, HEREJES, BACHILLERES, PEDANTES, INTELECTUALES! Ahí, en esa familia de palabras emparentadas por la trabazón secular de nuestra civilización tenéis la corriente equivocada que señalaba Franco». Y lo que debía buscar la nueva España no era remedar la cultura liberal y democrática de otros países, sino conseguir otra cosa:

Una Sindicación Universal de un Arte y Poesía con la mano abierta, que tenga su raíz en España y en lo que ha acaecido dentro de España por el mundo. Abrir fecundos horizontes a la genialidad de nuestros muchachos es lo que habremos de hacer. Pues en la misma tierra nacieron y en el mismo aire bebieron que Velázquez y Goya, Cervantes y Fray Luis. Y no sabemos por qué no han de producir un Arte Imperial: una vez que España pase de nuevo por el máximo de su destino.

En esa bernardina hay algo más que un sueño, que se presentaba para muchos con inevitable cariz de pesadilla… Aquella buena nueva estética nació de la temprana fusión del fascismo y del catolicismo y recibió su legitimidad de la cruzada de 1936: un catolicismo «fascistizado» y un fascismo muy beato se coaligaron estrechamente bajo el conjuro del gran baño lustral de sangre. En consecuencia, la época de gloria coincidió con la guerra civil y los primeros años de la posguerra, aunque —como se verá después— el conjunto inspirador formaba una amalgama inestable, que pronto no fue tomada muy en serio por los verdaderos poderes fácticos del régimen y que vio marchitarse sus oropeles en los años posteriores a 1945.

En las vísperas de 1950, comenzó a surgir en algunos ambientes una literatura de posguerra, menos triunfalista y más acongojada, que ya no pretendía ser la literatura de la Victoria. Y no es casual que, en el decenio de los cincuenta, apareciera el marbete «generación del 36» para denotar la asunción del dolor de la guerra y la obligación de avanzar hacia el futuro. En las letras del exilio, donde lo acuñó el bibliógrafo Homero Serís, designó (con poca precisión cronológica) a los intelectuales damnificados por el resultado de la guerra civil, ya fuera en el destierro, en las cárceles de Franco o en el silencio. En las páginas de Revista (1952-1955), una interesante publicación barcelonesa financiada por un excombatiente millonario (Albert Puig Palau) e inspirada por un falangista disidente (Dionisio Ridruejo), la propuesta generacional fue un término voluntarista que definía a las gentes que habían hecho la guerra pero afrontaban con generosidad y ánimo de conciliación las tareas de la paz, lo que no dejaba de ser un primer y cauteloso mentís a la Victoria.

Diez años más tarde, hacia 1965, el franquismo había dejado de ser un elemento activo y, sobre todo, legitimador en la vida cultural y no retuvo sino su componente represivo, ya completamente burocratizado. Y cuando todo pareció haber terminado, en el interminable otoño de 1975, sorprendió comprobar que lo que daba muestras de fatiga era precisamente lo que había nacido como expresión de una cultura joven, renovadora y antifranquista curtida en las batallas de los postreros cincuenta y los primeros sesenta: pronto se le llamó el desencanto.

FUSIÓN Y PUGNA DE VICTORIAS

Mucho antes que eso, en la Pamplona de 1937, la Covadonga de la nueva Reconquista, había tenido lugar la más notable de las epifanías del nuevo orden intelectual. La promovieron un canónigo, Fermín Yzurdiaga, culto y fanático, lector de Revista de Occidente y de Cruz y Raya, y un joven alevín de periodista, Ángel María Pascual, que estaba empachado de literatura heroica española e italiana y, sobre todo, de las glosas de Eugenio d’Ors, otro visionario personaje que había reflexionado como pocos sobre la relación de Arte y Estado. Ambos elaboraron un producto singular, aunque de corta vida: las cuatro entregas de «la revista negra de Falange», Jerarquía (1937-1938). Su nombre venía de una publicación del fascismo italiano, pero su espíritu respondía exactamente a la fusión de catolicismo pugnaz y fascismo imperial a la española, como rezaba su lema: «Guía nacional-sindicalista del Imperio, la Sabiduría y los Oficios». En sus páginas se encontraron personajes de muy diversas procedencias, todos universitarios: el psiquiatra Juan José López Ibor (que firmaba como «Juan Pablo Ortega»), el jurista Luis Legaz Lacambra, el historiador de la medicina Pedro Laín Entralgo, el filólogo Gonzalo Torrente Ballester, el casi inevitable Ernesto Giménez Caballero, que era periodista, catedrático de Enseñanza Media y fundador de La Gaceta Literaria de 1927…

Pero también publicaron a José María Pemán, con una notable hoja de servicios a la dictadura de Primo de Rivera y después al grupo monárquico de Acción Española. Suyos habían sido los memorables éxitos del teatro católico —El divino impaciente, sobre el misionero Francisco Javier— y antiliberal —Cuando las Cortes de Cádiz—, ambas obras estrenadas durante el período republicano, y el recuerdo de aquellos hitos sirvió para que se alzara con el primado indiscutible de la literatura de la «zona nacional». Jerarquía dio a conocer un anticipo, y luego editó el texto completo, de su obra máxima del período bélico, el Poema de la Bestia y el Ángel (1938), que estaba destinado a erigir la memoria de la contienda como mito fundacional de la nueva era. Su Canto Tercero, «Hacia los tiempos nuevos», concluía con una suerte de cantata a varias voces, titulada «Alegría», en la que, además de esta figura alegórica, intervenían Cristóbal Colón, las sirenas del Atlántico, los coros de ángeles y el apóstol Santiago, todos persuadidos del gozoso futuro de España, pese a la guerra: «Se te asoma la vida por muelles y por torres / buscando continentes y luceros, / hecha, España, conquista y oración». Y, por eso, invocaba a sus moradores: «¡Áureos pilotos de la España nueva! / ¡Levad los remos! / ¡¡A la vista, Dios!!».

En Jerarquía nadie tenía mucho sentido de la medida: ni Pemán al convertir en mitología la «Cruzada», ni Giménez Caballero cuando reclamaba penitencia y castigo para el Madrid rojo y asediado, ni Pedro Laín Entralgo al desentrañar los «valores morales» del nacionalsindicalismo (o al comparar a Quevedo con Heidegger), ni Gonzalo Torrente Ballester cuando pedía un teatro místico y guerrero. Los autores no siempre procedían del mismo nicho ideológico, pero todos fueron contaminados por el entusiasmo totalitario. Una nueva revista, Escorial (1940-1952), fue el canto del cisne de aquel fervor creativo y acertó a mezclar los delirios políticos (y religiosos) con una notable exigencia de calidad y, dentro de lo que cabía, con una actitud generosa hacia autores ideológicamente poco afines que escribieron allí. De hecho, Escorial fue un termómetro bastante fiel de la nueva poesía y la confirmación de un modelo de ensayismo universitario de alta calidad, quizá el más perdurable de los legados de esta época. Pero, al cabo, Pemán regresó al monarquismo conservador en torno a 1945, Torrente —que, como Antonio Tovar, decía haber sido de izquierda— rompió con el régimen a mediados de los años cincuenta, al igual que lo hizo Laín Entralgo con mucha más cautela… De los citados, solo Giménez Caballero fue leal hasta el final, y más allá: el 27 de agosto de 1978 recordó en una «tercera» de ABC, una «Tarde en Cuelgamuros», y formuló la solemne petición de ser inhumado a su muerte en aquel «hipogeo carpetano» del llamado Valle de los Caídos, cerca de las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera, «como humilde evangelista o doctrinario que fui suyo», para «acompañarles hasta el nuevo Apocalipsis que se cernía sobre España, sobre la destrucción y castigo de España».

Pero todavía faltaba mucho para el Apocalipsis de la Transición… Entre 1936 y 1939, en Salamanca primero, en Pamplona después y, al final, en los salones del hotel Condestable, de Burgos, los que fueron amigos de José Antonio tramaron un porvenir de esplendores intelectuales para la patria… y también de reconocimiento y condigna retribución para todos ellos: uno y otra los consiguieron con largueza y solo la depuración del falangismo (más o menos montaraz) que siguió a los sucesos de febrero de 1956 precipitó la despedida de los últimos que quedaban. Aunque alguno, como Dionisio Ridruejo, había roto amarras con lucidez ejemplar mucho antes. Pero solo en 1956 entendió que ya no quedaba nada, ni debía quedar, de aquella fe visionaria de 1936.

Porque en 1939, la victoria proclamada en el último parte de guerra tenía muchos otros acreedores y muy pronto comenzó la pugna de Victorias. Los católicos sabían lo que querían recuperar y percibieron que no siempre sus objetivos coincidían con los de sus compañeros de viaje falangistas. Para ellos, el regreso a las ideas del Marcelino Menéndez Pelayo de la Historia de los heterodoxos era fundamental: la Historia de España, que Jorge Vigón seleccionó en la obra más sectaria del maestro, ya se había publicado en 1934 pero conoció un inusitado éxito editorial en los días de la guerra, a la vez que aparecían estudios como los del bibliotecario Miguel Artigas (La España de Menéndez Pelayo, 1938) y del jesuita Arturo Cayuela (Menéndez Pelayo, orientador de la cultura española, 1939). La publicación de una «Edición Nacional» de las Obras completas de don Marcelino se acordó por decreto de la Jefatura del Estado en 1938 y la comenzó el Instituto de España al año siguiente; en 1940 pasó a manos del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que remató en 1959 los sesenta y cinco volúmenes previstos (aunque los dos postreros aparecieron ¡en 1974!), que jamás agotaron su primera edición.

Pero, tanto como aquel magisterio, a los católicos les importaba el dogma de siempre y a esto atendió, desde 1944, la aparición de la Biblioteca de Autores Cristianos, de Editorial Católica, puesta bajo la dirección de la Universidad Pontificia de Salamanca: el primer volumen fue la Biblia, en la notable traducción castellana de Eloíno Nácar y el dominico Alberto Colunga; el segundo fue una Suma poética, preparada por José María Pemán y Miguel Herrero García; los números 12 y 13, se consagraron a las Obras completas de Juan Donoso Cortés; el 29 se dedicó a la primera entrega de la edición bilingüe de la Summa teológica y el 37, al tomo inicial de las Obras completas de Jaime Balmes. El pensamiento político tradicionalista escoltaba adecuadamente, pues, al dogma y la teología.

La más significativa novedad en este campo ideológico fue, sin embargo, un librito de modesto aspecto, publicado a finales de 1939, en la Valencia recién liberada: se titulaba Camino y lo firmaba un sacerdote secular, José María Escrivá de Balaguer, dedicado desde 1927 a la organización de un discreta asociación religiosa que se dirigía predominantemente a los ambientes universitarios juveniles. Las 999 máximas de aquel libro hablaban de una religiosidad poco teológica y muy directa pero también lo hacían de indisimuladas ambiciones de poder social y de la necesidad de un astuto autodominio espiritual: una combinación que resultó irresistible para excombatientes vencedores y ganosos de rentabilizar pronto sus méritos profesionales. En 1946 el Opus Dei tenía un notable peso en la universidad española, dominaba el ya citado CSIC y creó la Editorial Rialp que empezó su andadura con la quinta edición de Camino (y con una importante colección de poesía, Adonáis); su máxima expresión fue, sin embargo, la Biblioteca del Pensamiento Actual, cuya dirección asumió el catedrático y miembro de la Obra, Rafael Calvo Serer. Allí publicó este último, en 1949, España, sin problema, unos meses después de la aparición del libro de Pedro Laín Entralgo, España como problema, que marcó el reencuentro del falangismo con la tradición crítica noventayochista. Calvo modificó el título originario y los términos del prólogo de su obra para suscitar una polémica que duraría mucho: se confrontaban un catolicismo político que se instituía en heredero de los neocatólicos del siglo XIX, aunque debidamente purgado por el moderno libro de autoayuda de Escrivá, frente a las vacilaciones ideológicas y las cuitas patrióticas de unos falangistas cavilosos, a los que —con notable error— se llamó luego falangistas liberales.

Fue el primer (y largo) pleito sobre la propiedad de la victoria de 1939 aunque, en aquel momento, no era difícil hallar dónde estaba el acuerdo común sobre el asunto. Este estuvo muy presente en los numerosos libros sobre la persecución de «héroes» y «mártires» en la retaguardia republicana y en las truculentas historias de torturas en terribles checas (por desgracia, no siempre falsas); aquella llama sagrada de horror y de odio proporcionó notoriedad a libros como Checas de Madrid (1939), del falangista Tomás Borrás; Madridgrado (1940), del conservador Francisco Camba; Una isla en el mar rojo (1940), del moderado y escéptico Wenceslao Fernández Flórez, y Cristo en los infiernos (1941), del ultramontano Ricardo León, en los que era frecuente que la saña y la inquina acabaran por hacer irrelevantes los elevados motivos espirituales que, en principio, inspiraban sus páginas. Esa actitud más egoísta que otra cosa y que resultó muy patente en la penúltima obra citada, fue la que impidió la circulación de los testimonios que Pío Baroja dedicó a una guerra que le obsesionó, cuyas culpas veía muy repartidas y cuyo final columbraba con anticipado desencanto: la primera edición de su novela Laura o la soledad sin remedio se publicó en Argentina en 1939 y tanto dos de los tomos de sus memorias, La guerra civil en la frontera y Rojos y blancos, como los esbozos que completaban la trilogía «Las Saturnales» (Miserias de la guerra y Los caprichos de la suerte, destinadas a acompañar a El cantor vagabundo, que apareció en 1950) solo han podido ver la luz en los últimos años.

Ninguno de estos escritores eludió la imagen de unas clases populares crueles y vengativas, degeneradas física y moralmente, entregadas a la delación, la denuncia y el crimen, una opinión que contribuyó a consolidar los prejuicios más reaccionarios de la clase media tradicional y, a la vez, afianzó el poder que ejercieron tanto la iglesia católica (la gran beneficiaria de aquella propaganda) como el ejército (convertido en salvador de la patria y columna vertebral del régimen). El rencor dominó de tal manera que incluso ahogó el entusiasmo de los más idealistas. Y también algunos notables testimonios novelescos de la victoria tuvieron problemas con la censura. No fue el caso de Madrid, de Corte a checa (1938), del desenvuelto diplomático Agustín de Foxá, que era, a la par, una elegía de la vida aristocrática en los amenes de la monarquía y una zambullida en la conocida literatura de la persecución roja. Pero sí lo fue en el caso ejemplar de La fiel infantería (1942), del voluntario falangista navarro Rafael García Serrano, que obtuvo con esa historia de combatientes el Premio Nacional de Literatura, pero cuya edición se retiró cuando la censura eclesiástica reparó en que se contaba que los soldados de la cruzada acudían a los burdeles de Pamplona en sus horas de asueto; parecido problema censorio tuvo Javier Mariño (Historia de una conversión) (1943), donde Gonzalo Torrente Ballester reflejó las cogitaciones y las dudas de un joven alevín de fascista, bastante botarate, que vive en París los primeros meses de la guerra civil y acaba por incorporarse al ejército de Franco. Aunque la ortodoxia política era impecable, a los censores no les parecieron muy edificantes los amores del protagonista con una muchacha burguesa francesa que evoluciona desde el comunismo a la fe religiosa.

Cuando el propio Francisco Franco tomó la insólita decisión de dar su propia versión literaria de la guerra, optó por el rencor, antes incluso que por el heroísmo, y exageró hasta la caricatura la persecución de los valores religiosos y patrióticos por parte de sus enemigos. La novela dialogada Raza (Anecdotario para el guión de una película), que firmó con el presuntuoso pseudónimo de «Jaime de Andrade», fue un ajuste personal de cuentas con una frívola sociedad liberal que dejó perder las colonias en 1898 (donde el cabeza de familia de los Churruca murió como un héroe al frente del barco que mandaba), se desentendió de la guerra del Rif, se entregó al olvido de sus tradiciones, trajo la República y, al final, la contienda de 1936. Franco magnificó una visión de sus orígenes familiares en una obra de exiguo valor literario y prosa relamida, que siempre concibió como un filme que diera al mundo la genuina moraleja de su cruzada; ya en 1940, el recién creado Consejo de la Hispanidad dispuso la realización de la película. En 1941 estaba lista para su estreno y pocos meses después, el libro para su edición. No obstante, también conoció años después una peculiar forma de autocensura: el reestreno de 1951 cortó las numerosas escenas en que se hacía el saludo fascista.

EL PESO DEL PASADO

No debe extrañarnos ese celo inquisitorial. La «nueva España» fue, a menudo, la consecuencia de una amputación y rectificación del pasado: extirpar fue más usual que construir y volver atrás, mucho más frecuente que ir adelante. Muchos libros denunciaron los errores del pasado intelectual y se anticiparon al brutal proceso de depuración que sufrieron todos los escalafones de la enseñanza, ya muy afectados por los exilios y las muertes violentas: el delirante texto de Los intelectuales y la tragedia española (1938), del catedrático de Medicina Enrique Suñer, y las conferencias reunidas en el volumen Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza (1940), que tuvieron como marco la Universidad de Zaragoza de 1938, señalaron como principales responsables ideológicos de la guerra al laicismo universitario y a los herederos espirituales de Francisco Giner de los Ríos. Como sucedió en los comienzos de la Alemania nazi, la «limpieza» del personal de las universidades fue acompañada de las destrucciones en las bibliotecas, la retirada de libros prohibidos en las librerías y las quemas públicas de volúmenes en catalán, euskera o gallego. Grupos de Acción Católica y párrocos aguerridos, convertidos a menudo en colaboradores de la actividad policial, propiciaron autos de fe domésticos, como bastantes años después secundaron campañas contra los libros que se tildaban de «disolventes» e «inmorales» y contra los filmes que la «calificación moral» de la iglesia vio como «gravemente peligrosos». Incluso las librerías de lance fueron objeto de inspección por la autoridad, aunque muchas de ellas, en los veinte años posteriores, dieron nueva vida a los libros requisados en bibliotecas de particulares y en casinos de tradición republicana, Casas del Pueblo y Ateneos Libertarios.

Pero aquel pasado que quiso tacharse surgía más a menudo de lo conveniente. Se ha citado más arriba la paradoja de que la más importante colección de poesía, Adonáis, fuera impresa por cuenta de la editorial del Opus Dei; en rigor, la serie había sido fundada por un poeta rojo represaliado, José Luis Cano, y por sus amigos, y fue amparada por un íntimo de Juan Ramón Jiménez (y alto funcionario del Ministerio de Gobernación), Juan Guerrero Ruiz, que era el contacto siempre imprescindible. Sus promotores, al invocar el título del poema de Shelley, quisieron prolongar una bonita colección de libros anterior a la guerra, «Héroe», que había editado, con su buen gusto proverbial, Manuel Altolaguirre. También la revista Escorial, que ya se ha mencionado, imitó las formas tipográficas y la disposición de la republicana Cruz y Raya, de José Bergamín, y se imprimió en los mismos talleres madrileños de Silverio Aguirre. En manos de gentes como Santiago Nadal, Ignacio Agustí y Manuel Brunet, Destino —que, con el subtítulo «Política de Unidad», había sido la revista de los falangistas catalanes que se refugiaron en Burgos y Salamanca— empezó a parecerse, cada vez más, a la revista catalana de preguerra Mirador, y con el tiempo, su moderado catalanismo y su talante liberal llegaron a ser objeto de persecución enconada en los años finales del franquismo (como lo fue el viejo diario Madrid, antes ultramontano y en aquel momento en manos de un grupo de opusdeístas de línea democratacristiana). Incluso La Estafeta Literaria, en 1944, fue un renuevo abigarrado y poco selectivo de cuanto había significado —entre 1927 y 1932— La Gaceta Literaria, de Ernesto Giménez Caballero, donde había iniciado su carrera el promotor de la nueva publicación, Juan Aparicio. El regreso a las formas poéticas clasicistas, que tuvo su emblema en la revista Garcilaso (1943-1946), de José García Nieto y sus amigos de «Juventud Creadora», venía también de atrás. Muchos habían aprendido la disciplina del soneto y el gusto por las formas expresivas del poeta toledano en el reducido cenáculo que alentó el poeta republicano Germán Bleiberg, poco antes de 1936, que fue el año de su centenario.

Hubo magisterios de singular persistencia en esa trayectoria de continuidades: aunque compilada en 1922, la Segunda antolojía poética, de Juan Ramón Jiménez, siguió siendo imán de todos los que querían escribir versos, como lo fueron los ensayos de José Ortega y Gasset para quienes buscaban el camino del pensamiento. Desde su destierro en Puerto Rico, Juan Ramón siguió al tanto de los pasos de sus nuevos seguidores (y felicitó a la novelista Carmen Laforet, cuando esta publicó Nada en 1945) y hasta permitió que la revista oficial Poesía Española reprodujera en 1954 una nueva versión de su importante poema Espacio, a petición de Gerardo Diego; la orteguiana Revista de Occidente no sobrevivió a 1936, pero perseveraron sus ediciones de libros donde aparecieron las nuevas publicaciones del pensador, como El hombre y la gente y los Papeles sobre Velázquez y Goya, y en sus prensas Camilo José Cela publicó Viaje a la Alcarria y Antonio Tovar, su Vida de Sócrates. Ortega regresó al país con discreción en 1945 y en 1948 presentó su Instituto de Humanidades, que anduvo lejos de cumplir sus expectativas pero aseguró su ascendiente intelectual, a despecho de los ataques que recibió de las autoridades que prohibieron las necrológicas encomiásticas a su muerte, de los clérigos polemistas de los años cuarenta o de los emergentes ensayistas autoritarios del Opus Dei a fines de los cincuenta.

También hubo revuelo de sotanas indignadas en el caso de otros grandes escritores de antes de la guerra. Muchos de ellos no habían ocultado su apoyo a Franco y los vencedores, como remedio de una situación que no les placía; alguno incluso exageró su pleitesía, aunque bastantes no ocultaron al cabo su silencioso desvío. Y pronto dieron muestras de representar otra actitud en la que se reconocían bastantes derrotados o defraudados. Gregorio Marañón osó titular Ensayos liberales a los que recogió en 1947. Ya establecidos en España, los sobrevivientes Pío Baroja y Azorín fueron también una referencia del pasado cercano y del temple liberal perdido. Ese fue, en gran medida, el significado que para muchos lectores tuvieron las memorias barojianas Desde la última vuelta del camino, que comenzaron a aparecer en 1944: un reencuentro con figuras de un tiempo de libertades públicas y relaciones menos recelosas. Azorín también publicó libros del mismo tono rememorativo (Valencia y Madrid, ambos en 1941; Españoles en París, 1939, y París, 1945) y, sobre todo, perseveró en el cultivo de su prosa evocativa y en sus temas intemporales, que ahora podían resultar incómodos para los talantes victoriosos más pugnaces.

El libro de Pedro Laín Entralgo, La generación del 98 (1945), soliviantó a muchos que habían dado por cerrado ese capítulo de la vida intelectual del país, pero no pudieron evitar que el primado de aquella promoción se restableciera muy pronto. Lo hizo a favor de las ediciones tempranas de Obras completas de sus escritores, siempre más fáciles de autorización administrativa por su elevado precio: en 1948, Biblioteca Nueva empezó a publicar las de Pío Baroja y Editorial Aguilar, las de Azorín; en 1950, Afrodisio Aguado hizo lo propio con las de Unamuno, al cuidado de Manuel García Blanco. Pese a todo, los editores de Baroja suprimieron (sin advertirlo a los lectores) algún párrafo anticlerical del autor y el acongojado García Blanco se excusó como pudo de haber suprimido casi todo el texto de Cómo se hace una novela, que era una diatriba contra Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera… Tampoco faltaron ediciones más baratas por cuenta de la benemérita Colección Austral, desde que esta comenzó a publicarse por parte de la filial argentina de Espasa-Calpe, en 1938; al inicio, hubo fuertes obstáculos para su venta en España pero, al cabo, triunfaron aquellos volúmenes de modernas sobrecubiertas que tuvieron como primero de sus títulos La rebelión de las masas, de Ortega, y como cuarto de ellos, Del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno.

Los enemigos no dieron la batalla por perdida y en 1953, una incendiaria carta-pastoral del obispo de Las Palmas, Antonio Pildain, con motivo de la inauguración de la casa-museo del escritor en Salamanca, contribuyó a llevar al Índice de libros prohibidos dos de los suyos: precisamente, Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo, que Austral hubo de retirar de su catálogo español.

LA CULTURA DE LA SOBREVIVENCIA

Puede sustentarse que aquel interregno de sospechas, alarmas y continuidades tácitas en el campo de la alta cultura fue compensado por la definitiva expansión de los dominios de la cultura popular de consumo. No la inventó el franquismo, por supuesto, ni siquiera la instrumentalizó tanto como se piensa; simplemente, vio con tranquilidad y alivio el discurrir propio de aquellos fenómenos, que suministraban un bálsamo de consuelo a una población muy castigada, y prefirió ignorar incluso que la mayoría de los géneros de consumo —la llamada «canción española», el cine folclórico, la revista musical, los concursos radiofónicos, los tebeos infantiles o las novelas populares— se habían afianzado en los recientes y odiados años republicanos.

Es posible, sin embargo, que el explosivo erotismo canalla de «Tatuaje» (de Quintero y Quiroga, con letra de Rafael de León), con su rubio y turbador marinero extranjero, y el de «Ojos verdes» (de los mismos autores, cantada antes de la guerra por Miguel de Molina y Estrellita Castro y después de la contienda, por Concha Piquer), con su enamorada «apoyá en el quicio de la mancebía», tuvieran algo de potencialmente subversivo, como lo tuvo la manifiesta homosexualidad de aquel cantaor Miguel de Molina, expulsado del país, tras la reglamentaria paliza por las fuerzas del orden, y que concluyó su carrera de éxitos en Argentina. Cabe también que los lectores de las tiras cómicas de Carpanta en Pulgarcito asociaran con las penurias de posguerra su crónica gazuza y sus delirios por hacerse con un pollo asado, lo mismo que los admiradores de Zipi y Zape pudieron saludar en aquellos niños traviesos la lenta corrosión de la familia patriarcal. Era sabido que la vida del dibujante Manuel Vázquez —inventor de las hermanas Gilda— no fue demasiado edificante, pero tampoco sería muy exacto ver a sus atrabiliarios personajes como una denuncia de las represiones sexuales de la posguerra nacionalcatólica. Y sería todavía más aventurado proponer un análisis de la familia Ulises, dibujada por Benejam desde 1944, en el TBO, que diera como resultado un cuadro de las insatisfacciones y las represiones de una familia de clase media, e incluso, si se quiere exagerar un poco, una sociología popular de la supervivencia de los sentimientos catalanistas tras la victoria.

Es cierto que esos productos de consumo fueron refugio propicio de muchos antiguos rojos, pero también lo es que la poda de elementos y medios sospechosos fue enorme y aconsejaba la discreción a los supervivientes. En el Madrid de 1939, solamente perduraron tres periódicos diarios de los muchos que se editaban en 1936: ABC, que fue devuelto a sus propietarios de siempre; Informaciones, que siempre había sido de extrema derecha, y Ya, de catolicismo probado. Incluso a El Debate, órgano de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, le fue negada la reinscripción en el registro, y otros diarios fueron incautados en beneficio de la nueva prensa: así, las instalaciones de El Sol pasaron a ser las de Arriba, órgano central de Falange, y las de El Liberal y Heraldo de Madrid, la sede del periódico Madrid, concedido a Juan Pujol por los relevantes servicios prestados en los años de guerra. En Barcelona sobrevivió La Vanguardia, que añadió a su nombre el gentilicio de Española, y El Correo Catalán, donde el gentilicio no estorbaba al tratarse de un periódico carlista, pero la vieja Solidaridad Obrera, el diario de los anarquistas, pasó a ser Solidaridad Nacional, en manos de la Falange barcelonesa.

En general, una prensa domesticada y contralada (por la expedición del «carné de periodista») fue una correa de transmisión de las consignas y los silencios del franquismo: celebró sus conmemoraciones (el 18 de julio, el 1 de abril y el 1 de octubre, de forma particularmente entusiasta), y contribuyó a la mitología del caudillaje, secundó los aspectos más raheces del misoneísmo patriotero (frente al «contubernio judaico-masónico-marxista») y, solo alguna que otra vez, disintió en aspectos secundarios aunque significativos (por ejemplo, fueron variables las posiciones frente a la segunda guerra mundial, después de las derrotas del Eje en 1943, y muy pronto la crítica de decisiones municipales reemplazó a la que podía dirigirse a instancias más altas). Solo en la segunda mitad de los años sesenta, la presión de las empresas periodísticas y el descontento de algunos profesionales favoreció los cambios y la Ley de Prensa de 1966 dejó pasar, no sin altibajos, unas páginas cada vez más críticas… y también más crípticas, a menudo.

Lo que en 1939 desapareció de modo drástico fueron las revistas de información general, tan asociadas a la República, como Ahora y Estampa, así como otras muchas de tono más frívolo y picante. Sin embargo, en San Sebastián, que fue la capital recreativa de la España nacional, surgieron relevos significativos: así nacieron Fotos, «Semanario gráfico nacionalsindicalista», en febrero de 1937; la revista Y, de la Sección Femenina de Falange, del mismo año; el semanario deportivo Marca, surgido en diciembre de 1938, y antes la revista de humor La Ametralladora. Semanario de los soldados, que vio la luz en Salamanca, en enero de 1937, pero se trasladó a la ciudad cantábrica con su nuevo director, el comediógrafo Miguel Mihura (que firmaba por cautela como «Lilo»).

Este le dio un tono de comicidad más nueva, que enlazaba con la de algunos periódicos de preguerra; cuando cesó su publicación, en mayo de 1939, su equipo de redacción y su tono pasaron íntegros a la constitución de La Codorniz (1941), que exageraba un poco al presentarse como «la revista más audaz para el lector más inteligente», pero que fue un semanario humorístico de éxito notable, nunca antifranquista, aunque contribuyó poderosamente a erosionar el grueso caparazón de solemnidad del régimen. Pero el gran hallazgo donostiarra fue la revista Vértice, que apareció en abril de 1937, con importante colaboración literaria, mucha información gráfica de la guerra (y de los fastos del Caudillo) y una disposición que mezclaba hábilmente lo trivial, lo esteticista y las consignas políticas. El magazine, que fue un derroche tipográfico, sobrevivió hasta 1946; su modelo era inviable y fue reemplazado con ventaja por publicaciones más baratas y menos pretenciosas. Y así surgió lo que se llamaría mucho después «prensa del corazón»: la veterana revista Lecturas resucitó en 1941, Semana había aparecido ya en 1940, ¡Hola! lo hizo en 1944 y Diez minutos, en 1951. En 1952, el «Semanario de sucesos» El Caso —fundado por Eugenio Suárez, procedente del diario Madrid— aportó otra dimensión a la mezcla de banalidad y oscuras pulsiones de un público en perpetua minoría de edad: el estremecimiento del crimen minuciosamente descrito y el morboso placer de la venganza que se ejecutaría en un garrote vil, en el triste patio de una cárcel.

Triunfo, que vino al mundo en 1946, se dedicó de preferencia al cine, cada vez más colonizado por las grandes distribuidoras de películas norteamericanas, pero aquella publicación, siempre bajo la dirección de José Ángel Ezcurra, se convirtió en los años sesenta en una revista de información general muy atractiva. Tenía entonces como competidoras principales a la desvaída Actualidad Española, vinculada al Opus Dei, y a la más ambiciosa La Gaceta Ilustrada, del grupo Godó, a la que desbordó por la izquierda para transformarse en la referencia cultural de las nuevas clases medias progresistas en torno a 1970; allí se leían los incisivos artículos de política internacional de Eduardo Haro Tecglen, los sarcasmos de Manuel Vázquez Montalbán sobre todo lo divino y lo humano, las ácidas pesquisas en el ridículo nacional que antologaba Luis Carandell, los comentarios de cine de Fernando Lara y Diego Galán, las reflexiones económicas del grupo «Arturo López Muñoz» y las crónicas del católico progresista Enrique Miret Magdalena. Su director de siempre, Ezcurra, cuenta que nunca logró explicar satisfactoriamente a François Mitterrand (que visitó España en 1978) cómo la revista predilecta de los izquierdistas ostentaba un título tan delator de sus remotos orígenes…

Los tebeos infantiles conocieron un auge insospechado. Ya durante la contienda, Flechas y Pelayos (cuyo rótulo evocaba el nombre de los grupos adolescentes de falangistas y carlistas) circuló ampliamente en la España franquista. En 1940 resucitó el barcelonés TBO y, como se ha señalado, Pulgarcito, que había empezado en 1921, regresó en 1944, previo cambio de nombre de la empresa propietaria, que ahora se llamó Editorial Bruguera y en pocos años reinó en un mercado que iba a más. La Editorial Valenciana aportó otros dos éxitos considerables: primero fueron los tebeos del detective Roberto Alcázar (y su inseparable y joven camarada Pedrín), de Eduardo Vañó, que empezaron a circular en 1940, aunque solo fueron autorizados un año después a despecho del aire deliberadamente joseantoniano de su héroe; algo más tarde, en 1943, aparecieron las historietas de El guerrero del antifaz, de Manuel Gago, vagamente ambientadas en la llamada «Reconquista» y cuyos tonos patrióticos compitieron, desde 1956, con las aventuras medievales, pero sin referencias nacionales, de El capitán Trueno, escritas por Víctor Mora (militante comunista clandestino) y dibujadas por Ambrós (Miguel Ambrosio Zaragoza).

La galería de héroes juveniles para una posguerra se completó con la figura de El Coyote (1943-1951, 120 títulos), una hábil imitación de la popular serie norteamericana de El Zorro, que fue creada por José Mallorquí y ambientada, como su modelo, en la California de mediados del siglo XIX, donde se enfrentaban los crueles gobernadores yanquis y los viejos hidalgos españoles, defensores del legado hispánico y de los indios humillados. El público femenino tuvo también sus heroínas: Antoñita, la fantástica fue una invención radiofónica de la locutora Borita Casas, que pasó pronto sus travesuras y sueños de adolescente a las páginas de los tebeos y, en 1948, a los libros. Poco anterior fue el éxito de las novelas de la asturiana Corín Tellado que, con diecinueve años, publicó su primer relato, Atrevida apuesta (1946), en Editorial Bruguera como seguiría haciendo por mucho tiempo. Quince años después era la escritora en lengua española más difundida, después de Cervantes, y su mezcla de rampante cursilería y erotismo solapado llamaba la atención del joven escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, que había corregido algunos de sus originales en las ediciones americanas. Su popularidad fue mucho más larga que la de otra escritora de mayor interés, Marisa Villardefrancos, que se inició con historias breves para la revista Mis Chicas (donde convivieron con las de nuestra conocida Antoñita, la fantástica) y en los años cincuenta se convirtió en otra activa proveedora de los insaciables catálogos de Bruguera.

Una y otra escritoras encarnaron las necesidades de efusión sentimental que el país parecía necesitar emolientes de una dura existencia. A ellos se aplicó también Guillermo Sautier Casaseca, que —en colaboración de Luisa Alberca (que era funcionaria civil del Ministerio de Aire)— fue quien acreditó el serial radiofónico como cita obligada en la vida familiar, no solo femenina: el primero que alcanzó altos niveles de popularidad, siempre en las ondas de la SER (Sociedad Española de Radiodifusión), fue Lo que nunca muere (1953), enrevesada historia que trataba de la rivalidad de dos hermanos, uno de los cuales —el personaje negativo de la trama— había sido llevado a la URSS durante la guerra civil y educado en los principios comunistas; algo más tarde, Ama Rosa (1959) suscitó otra torrentera de lágrimas domésticas por cuenta de unas peripecias menos politizadas e incluso tocadas de cierto populismo social. Ambos títulos conocieron, además de su presencia radiofónica, versiones en fascículos, publicaciones como novelas y adaptaciones teatrales y cinematográficas. Y todavía entre 1971 y 1974, Sautier y Alberca reverdecieron sus éxitos con la última radionovela de amplia convocatoria, Simplemente María, ahora confiada a la producción de la CAR (Cadena Azul de Radiodifusión, propiedad del estado) y sus emisoras asociadas.

LA CONSTITUCIÓN MORAL DE UNA LARGA POSGUERRA

Aquella sintomatología popular hablaba de la conciencia colectiva de una posguerra, que no fue tan diferente de la que vivieron otros países europeos después de 1945. También en el plano de la literatura más exigente, los entusiasmos y los resentimientos asociados a la victoria fueron reemplazados pronto por la congoja existencial y la paulatina necesidad de restaurar la convivencia. La primera literatura de posguerra se reconoció en un abanico de obras muy diversas pero plantadas en un mismo surco de la vida moral colectiva. En buena medida, la fundaron dos libros de poesía publicados en 1944 por dos escritores que ya tenían una ejecutoria importante: Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre. En el primero se expresaba con caudalosa ferocidad la congoja de vivir, la amenaza de un mundo hostil, la sombra de la culpabilidad y de la impotencia; en el segundo halló cauce el recuerdo de un tiempo de felicidad remoto, vinculado a los dones de la naturaleza. Buena parte de la nueva poesía dimanó de aquellas dos lecciones tan distintas. Dámaso Alonso se convirtió, además, en el mejor intérprete y estudioso universitario de las letras españolas e hizo del análisis formal de los textos —lo que pronto se conoció como estilística— un procedimiento que, más allá de los reproches de frigidez, sabía muy bien dar cuenta del calor vital de la inspiración: sus libros Ensayos sobre poesía española (1944) y Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (1950) promovieron una saludable reorientación de los estudios literarios. Por su parte, la casa madrileña de Aleixandre, en la calle de Velintonia, fue —por espacio de tres decenios— el lugar de encuentro de los poetas más jóvenes y la estafeta propicia adonde llegaban los primeros libros de muchos y de donde salían las afectuosas cartas de Aleixandre a sus corresponsales.

Y muy pronto, el año de 1949 saludó el éxito de otros cuatro poetas —muy vinculados en 1939 a la victoria— que parecían haber encontrado el don de la esperanza en tiempo de penuria: Leopoldo Panero la mostró en la emotividad —a veces candorosa, pero siempre eficaz— de Escrito a cada instante; Luis Rosales en la capacidad evocadora que transfiguró La casa encendida; Luis Felipe Vivanco, en la sensibilidad para el paisaje que revela Continuación de la vida. Un año antes, en 1948, el disidente Dionisio Ridruejo dio en sus Elegías las claves de un fracaso político juvenil que, sin embargo, abría su vida a emociones y vivencias más adultas.

Hubo también otros hitos reveladores de la constitución del nuevo período. Lo fue, sin duda, la comparecencia de Camilo José Cela cuya primera novela, La familia de Pascual Duarte (1942), emparentaba con naturalidad tanto con la fuerza expresiva de Baroja —sin su sinceridad— como con la turbia violencia de Valle-Inclán —aunque sin su piedad—. En 1948, el Viaje a la Alcarria creó todo un género de larga fortuna: el descubrimiento emocionado y personal de la España rural, hecho a pie por sus caminos y en conversación directa con sus pobladores. Y en 1951, cuando el escritor ya gozaba de una notable popularidad, la prohibición censoria de su novela La colmena no impidió del todo que pudiera circular aquella corrosiva imagen del Madrid miserable, desmoralizado y tramposo, surgido de la inmediata posguerra. Cela había sido uno de los vencedores de la contienda y sus éxitos se explican por la entusiasta colaboración de la prensa domesticada y por sus propias habilidades para el exhibicionismo, pero debe reconocerse que hizo mucho por la dignificación de la profesión literaria.

Pero también trabajaron por este objetivo otros escritores, pertenecientes a las huestes de los vencidos en la guerra (o de quienes decidieron no compartir la victoria), que también trajeron una imagen nada complaciente del país y de sus propios pasos. Así nació el teatro caviloso e insomne de Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, 1949; En la ardiente oscuridad, 1950), y así lo reflejaron también aquellos títulos que bautizaron importantes libros de poesía como Los muertos (1947), del malogrado José Luis Hidalgo, que se refería a los de la guerra, o Sumido 25 (1949), de Miguel Labordeta, que aludía a la edad del escritor al escribir aquel primer rebelde testimonio de su existencia. Otros hablaron en términos no menos expresivos del dolor compartido y solidario (Poemas de dolor antiguo, 1945, de Ildefonso Manuel Gil, y Quinta del 42, 1953, de José Hierro), de la pérdida de referencias vitales (Huésped de un tiempo sombrío, 1948, de Leopoldo de Luis), de la obstinada renuncia al consuelo fácil (Ángel fieramente humano, 1950, y Redoble de conciencia, 1952, de Blas de Otero), o de la urgencia de contarse mutuamente las experiencias (Tranquilamente hablando, 1947, y Las cartas boca arriba, 1951, de Gabriel Celaya).

De todos estos hablaron los colaboradores de la revista Ínsula que, desde 1946, encarnó muy bien las resonancias literarias de su nombre, entre el ensueño quijotesco y la pasión amorosa de Juan de la Cruz. La fundó un profesor represaliado, Enrique Canito (que fue secretario de Pedro Salinas en los cursos veraniegos de Santander, en 1933), auxiliado por el poeta José Luis Cano; fue un magazine literario de actualidad y, a la vez, un boletín de novedades filológicas que acogió a muchos hispanistas extranjeros, nada simpatizantes del franquismo, y estuvo excepcionalmente abierto a la colaboración de los exiliados transatlánticos. Tuvo no pocos problemas con la censura pero su tertulia madrileña, su librería —lugar infalible para encontrar novedades prohibidas— y sus números mensuales de tipografía elegante y refinada sobrevivieron a todas las tormentas y adversidades.

El triunfo del descontento quedó patente en un episodio significativo que, de algún modo, fue la primera victoria de la compunción sobre el optimismo. Francisco Ribes, compilador de una Antología consultada de la joven poesía española (1952), encuestó a un nutrido grupo de escritores y críticos para formar el elenco de los diez poetas del futuro. Pero los nueve primeros (que fueron —por orden alfabético— Carlos Bousoño, Gabriel Celaya, Victoriano Crémer, Vicente Gaos, José Hierro, Rafael Morales, Eugenio G. de Nora, Blas de Otero y José María Valverde) habían recibido muchos más votos que el décimo, el poeta «oficial» y fundador de Garcilaso, José García Nieto, y el antólogo decidió eliminarlo… Conviene recordar que entre los antologados había un antiguo anarquista (Crémer), un republicano (Gaos), un expreso político (Hierro), un criptocomunista y un simpatizante del partido (Celaya y Nora)… Sin embargo, a pesar de estos signos de autonomía de la vida literaria, el ambiente cultural seguía siendo enrarecido y, a menudo, la trivialidad y la autocomplacencia eran rasgos dominantes.

La autarquía no fue solo un ideario económico del nuevo régimen, sino que pareció trasladarse también al ámbito de la actividad intelectual. La desconfianza del franquismo hacia lo extranjero fue la de toda una sociedad —o, por ser más precisos, de un buen sector de la clase media pensante— hacia la Europa desmoralizada y enloquecida que pintaban con tintas sombrías los medios de comunicación. Aquella vida intelectual nacida velis nolis a la sombra del régimen propiciaba el adanismo cultural, el trascendentalismo ingenuo y la suspicacia patriótica. ¿Para qué queríamos leer escritores existencialistas si nosotros teníamos a Unamuno? ¿Qué podía aportarnos la lectura de Ernest Hemingway si el propio escritor americano venía a rendir su pleitesía ante el lecho mismo donde agonizaba Pío Baroja? ¿Quién nos venía a hablar de fenomenología cuando había pontificado entre nosotros José Ortega y Gasset? ¿Qué nos podía decir aquel cine europeo al que Rafael Gil denostaba en 1952 como «demasiado intelectual», si el despistado jurado de la Mostra de Venecia concedió el León de Bronce de 1953 a la película La guerra de Dios, producto «comprometido» y «social» de quien hacía tales declaraciones a un periodista del semanario El Español?

En rigor, se sabía muy poco de Europa. El horizonte de lecturas a mediados de los años cincuenta estaba decididamente anticuado. Parecían el colmo del atrevimiento las narraciones entre sentimentales y pesimistas de Lajos Zilahi, eco menor de la gran narrativa centroeuropea de entreguerras, y las novelas refinadas y algo cínicas de William Somerset Maugham. Las sensaciones más fuertes quedaban para los tremendismos baratos de escritores católicos franceses de segunda fila como Maxence Van der Meersch y Gilbert Cesbron, que reemplazaban a Jean Paul Sartre, leído de tapadillo o en traducciones argentinas. De Italia, por ejemplo, se admiraba el oportunismo marrullero de Curzio Malaparte (de quien se podía leer Kaputt, pero no La piel) y el trascendentalismo de cartón piedra de Giovanni Papini (su mejor libro, Gog, se había traducido ya en 1933; su megalómano y póstumo Juicio universal, traducido en 1958, fue un notable éxito). Solo en 1956, la aparición de la exigente Biblioteca Breve, de Seix Barral, comenzó a cambiar las expectativas de los lectores de novedades extranjeras… Para el mercado librero de productos encuadernados en cartoné o para el naciente de libros baratos fueron años de vacas gordas y también de confusión… Permitieron que fuera un éxito de librería, con ribetes de escándalo, una novela como Lola, espejo oscuro (1950), del otrora activo censor Darío Fernández Flórez, tan falsa en su descripción de la prostitución de lujo como Valle sombrío (1952), del antiguo falangista Manuel Pombo Angulo, lo fue al evocar la miseria de la vida minera. Y lo mismo cabe decir de las muchas obras que ilustraron las nuevas actitudes del catolicismo oficial, ligeramente modernizado al final del pontificado de Pío XII: así se aprecia en la obra teatral La muralla (1953), de Joaquín Calvo Sotelo, que plantea un «caso de conciencia» con pretensiones de denuncia social, y en la novela La vida sale al encuentro (1953), del jesuita (y antiguo combatiente franquista) José Luis Martín Vigil, que fue lectura obligada de los adolescentes por espacio de bastantes años. Pero, entre escándalos farisaicos y los adobos de las buenas conciencias, algo inquietante se esbozaba en el panorama: nadie ignoraba ya que se trenzaban negocios sucios a la sombra de los inquilinos de El Pardo y de las oligarquías locales, y nadie dejaba de ver que se alzaba un horizonte de chabolas justo «donde la ciudad cambia su nombre» (como diría un título afortunado de Francisco Candel que, no por casualidad, se publicó en 1957).

Había temas, en fin, para otra literatura. Y fue significativo que un representante cabal de ese sector literario popular, católico y poco crítico, el novelista José María Gironella, abordara en Los cipreses creen en Dios (1953) (y luego en la más polémica Un millón de muertos, 1961) el muy autárquico propósito de proporcionar una «visión española» de la contienda civil de 1936 que nos emancipara de los prejuicios extranjeros…, cuyos frutos, por cierto, vedaba celosamente la censura a los lectores españoles. El ciclo narrativo iniciado con aquel relato de éxito fue, a la postre, una visión bastante tribal de la guerra que, en el fondo, legitimaba a los vencedores. Pero también cumple reconocer a su autor que fue el primer y decisivo paso en la conciencia de que lo sucedido en 1936 fue una guerra civil y no una cruzada, ni una guerra de liberación, y que recuperó —aunque fuese en esbozos muy convencionales— el perfil de otra sociedad donde convivían socialistas, anarquistas y simples republicanos, junto a carlistas y falangistas.

Aquel adanismo contaminaba también a muchos jóvenes ajenos a las prebendas del régimen franquista. La interesante revista zaragozana Ansí (1952-1955) tuvo entre sus méritos el apoyo a la pintura abstracta (cuyos primeros pasos españoles se dieron en la ciudad del Ebro a fines de los cuarenta, casi a la vez que en Santander), la recepción de la poética de T. S. Eliot y la temprana traducción de algún poema de Ezra Pound. Pero también dejó escrito, en palabras de su director, el joven José María Aguirre, que «toda la poesía de anteguerra, hasta el 36, es simplemente pirueta y formalismo. Palabras bonitas y metáforas e imágenes, y nada más». Y que las letras europeas del momento eran «literatura sucia, inmoral, amargada y falsa». La mezcla de ignorancia y buena voluntad abundó también en las revistas juveniles estrictamente coetáneas de Ansí como fueron la barcelonesa Laye (1950-1954, donde libraron sus primeras batallas literarias Josep Maria Castellet, Joan Ferraté y Gabriel Ferrater, Manuel Sacristán, etc.) y Alcalá. Revista Universitaria Española (1952-1956), o incluso la más madura Revista Española, de 1953-1954, que conjuntó, gracias a la generosidad intelectual del catedrático represaliado Antonio Rodríguez Moñino, lo mejor de la nueva literatura en agraz.

UNA LITERATURA JOVEN

De ese clima de descontento y búsqueda surgió, por ejemplo, un significativo texto (inédito por mucho tiempo) en el que pusieron mano el sociólogo Esteban Pinilla de las Heras, su principal redactor, junto con el filósofo Manuel Sacristán, el crítico Josep Maria Castellet y el diplomático Vicente Girbau. El título elegido ya era paladino, «Manifiesto de las generaciones ajenas a la guerra civil» (hacia 1956-1957), pero más todavía lo fue este revelador encabezamiento:

Ha sido la experiencia propia —no los libros ni propagandas ajenas— lo que ha ido, dolorosamente, abriéndonos los ojos. Han sido las preguntas a nuestros padres, cobardemente contestadas o dejadas caer en silencio, las que nos han espoleado en una amarga búsqueda de respuestas verdaderas. No hemos tenido maestros. Somos una generación autodidacta, y las pocas cosas que sabemos las aprendimos personalmente en contacto directo con la realidad.

Sinceridad y autenticidad eran los valores —¡tan juveniles!— que demandaba el nuevo horizonte intelectual al que quería servir los muchachos de Laye, que era la revista para la que fue concebido. Los mismos sentimientos llevaron a los redactores de la revista católica barcelonesa El Ciervo (fundada en 1951) a tener su primer encontronazo con la censura: solamente porque Ignacio Montobbio en el artículo «El congreso debe de ser eucarístico», lamentaba tímidamente el exceso de prohombres políticos que acudieron a las celebraciones del famoso acontecimiento barcelonés. Aquella revista de católicos catalanes —los hermanos Lorenzo, Joaquín y Juan Gomis, secundados por Enrique Sordo, Roser Bofill, Alfonso Carlos Comín, Jordi Maluquer…— fue con el tiempo mucho más atrevida y se anticipó a la gran reforma del catolicismo español que, al calor del concilio Vaticano II y de Juan XXIII, acabaría por convertirse en la más dolorosa pesadilla de Franco y del franquismo.

Católicos progresistas o laicos, todos los jóvenes acabaron por solemnizar su rechazo de la victoria, tal como la formulaba la doctrina del régimen. Lo hicieron, muy a menudo, hijos de vencedores (activos o pasivos) en muchos libros que se escribieron a finales de los cincuenta y, especialmente, a principios de los sesenta. Sus páginas recobraron plenamente la idea de «guerra civil» que se rastreaba con tanta dificultad en años anteriores. Pensemos, por ejemplo, en la presencia tácita de la guerra (y sus consecuencias) en la tersa, impasible e intencionada escritura de El Jarama (1956), la novela de Rafael Sánchez Ferlosio (que era hijo de Rafael Sánchez Mazas, «el Bautista de Falange»), y en las hermosas novelas de Ana María Matute, Los hijos muertos (1958), todavía bastante convencional en el reparto de culpabilidades, y Primera memoria (1960), mucho más explícita, donde la escritora recobró su experiencia infantil de la contienda. O en los relatos breves que se trenzaron en Las afueras, de Luis Goytisolo, o los cuentos de Cabeza rapada, de Jesús Fernández Santos, todos de 1958, y El corazón y otros frutos amargos (1959), de Ignacio Aldecoa. En poesía se pudo hacer todavía más explícito el repudio, como sucedió en el excepcional libro de Carlos Sahagún, Profecías del agua, que ganó el Adonáis (también el repetido año de 1958) a la misma edad en que Claudio Rodríguez había conseguido el suyo de 1953, con Don de la ebriedad: a los diecinueve años.

«Aula de química» es quizá el poema más significativo del conjunto. Sahagún evoca a un hombre admirable «bueno y alto», con «su corazón volcado en la pizarra» (no hace falta pensar en un maestro concreto: es simplemente el desiderátum de la feliz relación natural de la docencia) que habla a sus alumnos de la fórmula química del agua. «Y todo era sencillo», se nos dice, como lo son las certezas del mundo físico. En su patética voluntad afirmativa, nos estremece todavía el lema que, a guisa de estribillo, se repite por dos veces: «Os juro que la vida se hallaba con nosotros». El poema no solamente se escribe desde un inequívoco «nosotros» juvenil; se dirige también a un «vosotros» que nos implica como unos lectores o como unos cómplices muy especiales. Y concluye con una inequívoca afirmación de esperanza y de nueva hermandad:

Profesor, hasta el tiempo del agua químicamente pura

te espero.

De nuevo, allí verás, veremos juntos

un porvenir abierto de muchachas

con los pechos de agua, y de luz, y de gozo…

¿Estamos otra vez en el territorio del paraíso perdido que apuntaba en muchos versos de Claudio Rodríguez y provenía de los de Aleixandre en 1944? El agua es, sin duda, una alegoría polisémica, de las que hay tantas en la literatura de este tiempo, llena de sobreentendidos, de vocablos marcados por su carga alusiva. Desde el revelador título y del primer poema en cursivas («En el principio, el agua / abrió todas las puertas…»), ese líquido lustral está presente en todos y cada uno de los poemas del libro. Nos remite a la inocencia del paraíso («los hombres se abrazaban, uno a uno, / como corderos, las mujeres / dormían sin temor, los niños todos / se proclamaban hijos de la alegría») y es también la imagen de la vida colectiva, interrumpida y continuada por la guerra («le llamaron posguerra a este trozo de río») y es lo que nos convoca desde el fondo de la tierra («qué extraña profecía se oye, qué ancho, / qué hermoso porvenir espera…»). Por eso, el último poema se titula «La sed» y su final habla inequívocamente de un fetiche de la liturgia franquista (los «muertos más caídos») y evoca, bajo la forma aparente de un suicidio, lo que más parece ser una peregrinación salvadora hacia el agua más grande de las aguas:

Familiar de los muertos más caídos,

espectador heroico de las cenizas, puro

castillo en ruinas, ay, el hombre, un día,

como un barbecho abierto prolongó su tristeza,

y anduvo, anduvo, anduvo, con el sol y el sudor en la frente

y se ató al cuello la esperanza, como una rueda de molino,

y encaminó sus pasos, de madrugada, al mar.

Algunos años después, la operación de exorcismo practicada por Jaime Gil de Biedma fue menos metafórica, porque el aparente cinismo de la confesión privada del poeta buscaba provocar en el lector el horizonte de una vivencia compleja («Intento formular mi experiencia de la guerra», en Moralidades, 1966):

Para empezar, la guerra

fue conocer los páramos con viento,

los sembrados de gleba pegajosa

y las tardes de azul, celestes y algo pálidas,

con los montes de nieve sonrosada a lo lejos.

Mi amor por los inviernos mesetarios

es una consecuencia

de que hubiera en España casi un millón de muertos.

Esa dramática paradoja ha convertido el dolor colectivo en experiencia de vitalidad personal. Y mediante ella, el poeta conocerá la inocencia culpable que junta lucidez e impotencia históricas. En la propia poesía de Jaime Gil de Biedma, unos versos tan conocidos y admirados como los de «Barcelona ja no és bona o mi paseo solitario en primavera», segunda composición del citado libro Moralidades, expresaron con claridad meridiana la racionalización de esa mala conciencia. El hijo de una clase social feliz que enumera con sabia fruición los símbolos de su potestad («la capota del coche salpicada de sol», «las sombrillas del restaurante al aire libre», «las rosas de la pérgola») contempla ahora, en los primeros años sesenta, el abigarrado panorama de las barracas que pueblan Montjuic, el mismo paraje que evocaba la foto de 1929 en que aparecían sus padres, cuando él estaba a punto de nacer. Allí están ahora, veinte años después de 1939, «sus fosos quemados por los fusilamientos», pero también allí, «donde las higueras agarran sus raíces», arraigan ahora «estos chavas nacidos en el sur» para quienes el poeta desea con fervor «que la ciudad les pertenezca un día. / Como les pertenece esta montaña, / este despedazado anfiteatro / de las nostalgias de una burguesía».

Algún tiempo antes, Carlos Barral no tuvo necesidad de indicar siquiera que su tiempo de guerra también fue feliz. «Baño de doméstica (1936)» —en 19 figuras de mi historia civil (1961)— ensaya un ejercicio tan atrevido como el de Jaime Gil de Biedma en su calculada inocencia. El niño que fue recuerda la imagen de una criada de la casa familiar bañándose desnuda al sol en un barreño en el lejano verano de 1936. Y lo que se esboza como un triunfal nacimiento de Venus (o como un carnal cuadro impresionista) se transforma en friso escultórico revolucionario:

Su espléndido desnudo,

al que las ramas rendían homenaje,

admitiré que sea

nada más que un recuerdo esteticista.

Pero me gustaría ser más joven

para poder imaginar

(pensando en la inminencia de otra cosa)

que era el vigor del pueblo soberano.

Ya no se podía vivir de espaldas a nada. Se hablaba mucho de diálogo, lo que denotaba demasiado la imposibilidad de dialogar en serio, como hablar de «verdad», «autenticidad» y «realidad» demostraba la ausencia de tales cosas en el horizonte español del momento. El «realismo» literario o cinematográfico nació como un conjuro de lo que estaba escondido, siendo verdadero: había que buscarlo y ya hemos recordado que el viaje a pie —con toda su tradición iniciática— se convirtió en un género literario predilecto. Se viajaba al corazón de España para buscar la España real pero también para buscarse a uno mismo. Y de ahí también que el cine —que, a primera vista, parecía realidad en estado puro— fuera un caballo de batalla de los jóvenes. Como aquellos que acudieron en mayo de 1955 a las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales que se celebraron en Salamanca y cuya convocatoria firmaron, entre otros, Basilio Martín Patino, Juan Antonio Bardem, Eduardo Ducay, Marcelo Arroita-Jáuregui y José María Pérez Lozano.

Casi dos años después de las Conversaciones salmantinas, buscaban también «la verdad del teatro» quienes componían el consejo y la dirección de la revista Primer Acto (José López Rubio, Alfonso Sastre, José Luis Alonso y Adolfo Marsillach formaban el primero, era subdirector José Monleón y director, José Ángel Ezcurra). Un artículo del subdirector, «Razón y sinrazón de una actitud», en el primer número de la publicación testimonia muy bien la inquietud del cambio que esperaban:

Mi generación no encontró en la mayor parte del teatro español contemporáneo un camino por donde ordenar su intimidad. Una luz que diese sentido al misterio de su vida. De ahí la rebelión frente al teatro comercial. De ahí el equívoco conservadurismo de parte de este. De ahí la entusiástica valoración de ciertas obras y autores. De ahí el florecimiento de los teatros de cámara. De ahí el pecado iconoclasta en que inevitablemente incurrimos. De ahí el comienzo de una nueva reconquista del teatro español.

LA LITERATURA, EN PIE DE COMBATE

En 1959, veinte años después del final de la guerra civil y de la muerte de Antonio Machado, el recuerdo de este último acontecimiento había reunido en Collioure (el lugar donde murió y está enterrado) a un numeroso grupo de escritores españoles, algunos notorios exiliados y dos invitados franceses de excepción, los poetas Louis Aragon y Pierre Emmanuel. El encuentro ocurrió en el frío mes de febrero, pero en mayo, con la luna llena (como se hizo constar en las invitaciones), se convocaron en Formentor unas conversaciones poéticas, en memoria del poeta, que reunieron a los vates más jóvenes y otros que ya eran veteranos de las «Conversaciones de Poesía» que, desde 1952, había auspiciado —en Segovia, Salamanca y Santiago— el entonces ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez. Como entonces, asistió a la cita un indiscutible senado poético —formado por Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Carles Riba—, al que sumaron algunos significados autores que frisaban en los cuarenta años, como Dionisio Ridruejo, José Luis Cano, Rafael Santos Torroella, Carlos Bousoño, Gabriel Celaya, Blas de Otero…, importantes líricos en catalán y gallego, el pleno de los jóvenes poetas barceloneses y algunos extranjeros de nota como Robert Graves, residente fijo en Mallorca, y el francés Yves Bonnefoy.

La organización había corrido de cuenta de Carlos Barral, a título de poeta y editor, y Camilo José Cela, también vecino de la isla, quien —en 1956— había fundado la revista Papeles de Son Armadans y, abandonada su imagen previa de provocador (oficioso) de la vida literaria del altofranquismo, había iniciado una conspicua línea de respetabilidad literaria. Ambos, Barral y Cela, colaboraron también en un primer Coloquio Internacional de Novela, en la misma sede y el mismo mes, algo que le permitió al activo editor barcelonés estrechar relaciones con sus homólogos europeos —Rowohlt, Einaudi, Gallimard, especialmente— y convertir el coloquio en unas reuniones anuales que promovieron desde 1961 la concesión de un premio Internacional de Literatura, con ambiciones de premio Nobel progresista, que se otorgó en su primera convocatoria a Samuel Beckett y Jorge Luis Borges (ex aequo), y un premio de Novela Formentor, que ganó Tormenta de verano, de Juan García Hortelano. Todo esto duró muy poco; acabaron con ello los resquemores del Ministerio de Información y Turismo ante la muy crítica intervención de Carlos Barral en el Congreso Europeo de Editores, celebrado en Barcelona, y la publicación en Italia de una compilación, por los periodistas Sergio Liberovici y Massimo Straniero, de unos Canti de la Resistenza spagnola, que generaron un sonoro escándalo internacional (en el que Cela, por cierto, decidió abanderarse de un patriotismo español presuntamente ofendido…).

Y es que, en los comienzos de los años sesenta, la desafección por el régimen registró un aumento exponencial: la noticia de las huelgas de Asturias, en la primavera de 1962, suscitó la simpatía general del país y la represión del movimiento laboral por parte del régimen, ocultada celosamente por la prensa, movió una indignación manifiesta. La consecuencia fue una carta de intelectuales, fechada el 6 de mayo de 1962, que invitaba a sus destinatarios a ejercer el derecho de petición ante el «Jefe del Gobierno» (sic) para defender la «normalidad» de una huelga y protestar de las maneras «silenciadoras y represivas» que se estaban usando. Encabezaban el escrito figuras del máximo reconocimiento, que habían sido liberales silenciosos, al lado de otros más activos en los últimos años e incluso no faltaron connotados exfranquistas: allí estaban Ramón Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala, Camilo José Cela, Pedro Laín Entralgo, Juan Antonio de Zunzunegui, Vicente Aleixandre, José Bergamín, Fernando Chueca Goitia, Julián Marías, José Luis L. Aranguren, Manuel Giménez Fernández, Gabriel Celaya, Luis Felipe Vivanco, Antonio Buero Vallejo y Gonzalo Torrente, entre otros. El 23 de ese mismo mes, se difundió otra carta de solidaridad, con una cincuentena larga de firmas más, y el día 25, otra de intelectuales catalanes. La emocionante misiva de los exiliados tuvo fecha del 16 de mayo y se firmó en México, ratificando un proceso de progresivo acercamiento entre la «España del interior» y la del «exterior».

El baile de escritos incomodó seriamente al gobierno franquista y activó la ira siempre fácil de Manuel Fraga Iribarne, hiperactivo Ministro de Información y Turismo, que creyó poder manejar la situación, pero el 13 de octubre de 1963, los ya habituales «abajo firmantes» puntualizaron en el ABC de Sevilla la pintoresca y mendaz respuesta del ministro ante los denuncias concretas de la represión ejercida. Y ese mismo mes vio la luz la revista Cuadernos para el Diálogo, promovida por el exministro Ruiz-Giménez con el concurso de otras gentes de la latente Democracia Cristiana española, a la que se sumaron jóvenes universitarios de tendencias más progresistas. Algo había cambiado y no pocos empezaron a ver peligrar la perduración del «espíritu del 18 de julio», precisamente cuando Fraga preparaba las bodas de plata de la victoria bajo el mentiroso eslogan conciliador de «XXV años de paz»… En enero de 1964, el vetusto Joaquín Pérez Madrigal, que fue radical-socialista durante la República y luego un activo vocero del franquismo, reactivó su vieja revista ¿Qué pasa?, que había publicado en 1941 y que ahora subtituló «Semanario independiente aunque se asombre la gente», donde se vapuleaba a los viejos enemigos pero también se criticaba la lenidad del gobierno y su abandono de las viejas trincheras. Aquella pretendida divisoria de campos —que situaba al gobierno en un imaginario centro de las tensiones— no engañó a casi nadie, ni tampoco arregló nada el que Fraga revitalizara en 1962 la vieja revista falangista El Español, donde perdió su prestigio y su tranquilidad el novelista barcelonés Ignacio Agustí que aceptó dirigir la efímera nueva época.

El franquismo hubo de soportar en lo sucesivo más y mejor organizadas huelgas y el paralelo eclipse de sus domesticados «sindicatos verticales». Pero pronto perdió también el escaso control que conservaba sobre la universidad y hubo de prescindir de su Sindicato Español Universitario. La fuerte movilización de las aulas se reflejó en otra carta de intelectuales (del 10 de marzo de 1965) que reclamaba la libertad de cátedra y de asociación en la universidad, que firmaron de nuevo centenares de disidentes, y que en el mes de septiembre hubo de reiterarse con motivo de la expulsión de sus cátedras de los profesores Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Santiago Montero Díaz, a los que se sumó pronto la renuncia voluntaria de José María Valverde y el más discreto paso de Antonio Tovar a las aulas universitarias alemanas.

Muy pronto, se abrió otro frente de divergencia política cuyas manifestaciones venían de muy lejos: se trataba de la desafección que procedía de las regiones con idioma propio, con identidades políticas activas desde comienzos del XIX y con reconocimiento político de su peculiaridad en el período republicano. También a comienzos de los sesenta se reactivó su descontento y la relativa tolerancia de la censura respecto a las lenguas vernáculas permitió una espectacular primavera editorial y la consiguiente aparición de libros que muy pronto fueron un emblema en el que se reconocieron muchos. En Cataluña y en 1954, Salvador Espriu había publicado ya un poema «Assaig de càntic en el temple», que —aunque recogido en una serie de densas alegorías de su libro El caminant i el mur— fue enseguida interpretado como una apasionada apelación al despertar de «aquesta meva pobra, / bruta, trista, dissortada pàtria», por parte de quien había soñado abandonarla «nord enllà, / on diuen que la gent és neta / i noble, culta, rica, lliure». Sin abandonar el tono simbólico pero haciéndolo deliberadamente más accesible, el libro La pell de brau (1963) ahondó la comparación del destino de los pueblos oprimidos con la historia de los judíos: la Sepharad de sus nuevos poemas representaba a España, en cuya arena reseca el toro embiste a su propia piel extendida, convertido en víctima y verdugo a la vez, en odio y amor, en lamento y risotada («alhora víctima, botxí, / odi, amor, lament i rialla, / sota la closa eternitat del cel»). En cierto modo, el libro de 1963 recobraba la función admonitoria de los poemas de Joan Maragall en 1898, dedicados a una España moribunda y obstinada en su destino de soledad. Espriu le pide ahora que rompa con su pasado histórico, en términos inequívocos: «A vegades és necessari i forçós / que un home mori per un poble, / però mai no ha de morir tot un poble / per un home sol: / recorda sempre això, Sepharad». En la ley y en el pacto («en la llei i en el pacte»), ha de edificar «el lent temple / del teu treball», y allá es donde la atribulada Sepharad podrá comprobar que «diversos són els homes i diverses les parles, / i han convingut molts noms a un sol amor», como nos recuerda a todos «l’alta y senzilla veritat de la presa veu del vent».

El libro de Espriu, dedicado al gran poeta Carles Riba, se dirigía a un público culto e interesado, cuyo mecenazgo sustentaba desde hacía tiempo una notable vida editorial y, sobre todo, un clima de nacionalismo cultural muy activo. En 1961, sectores de la gran burguesía regional, muchos herederos de la tradición catalanista conservadora y algunos otros que fueron colaboradores de primera hora con el franquismo, habían fundado el Òmnium Cultural, cuya definitiva aprobación y expansión regional, tras la prohibición de 1963, solo se produjo en 1967. Cataluña fue un caso aparte en la reconstrucción cultural del mapa de particularismos porque la implicación de las capas altas de la sociedad fue mucho mayor que en otras nacionalidades. En Galicia se había desmantelado la incipiente estructura cultural y editorial de 1936, que solamente perseveró activamente en las colonias de emigrantes americanos. Pero la sobreviviente Academia Galega creó en 1963 el «Día das Letras Galegas» para celebrar todos los años el 19 de mayo (día de 1863 en que se publicaron los Cantares galegos, de Rosalía de Castro) la memoria de un escritor en lengua vernácula: fue obvio (y poco arriesgado) que la primera jornada se dedicara a aquella autora, pero la segunda, en 1964, se consagró a Alfonso R. Castelao, muerto en el exilio y la referencia más clara y luminosa del nacionalismo popular y reivindicativo del siglo XX. Fundada en 1950-1951, la Editorial Galaxia, de Vigo, había encarnado desde entonces aquella tendencia progresista y en sus prensas vio la luz un libro decisivo de 1962, Longa noite de pedra (traducido al castellano en 1967), obra de Celso Emilio Ferreiro, cuyo título acuñó una de las metáforas más poderosas del franquismo. Lector de Blas de Otero y de Celaya, Ferreiro acertó a representar la huella de una guerra civil destructora («Soldado») y, a la vez, el horror del mundo injusto de la guerra fría («Credo»), pero sobre todo acertó a nombrar los motivos de la esperanza («Tripulantes insomnes, / na libertá creemos. / Viva, viva, decimos / aos que están no destero / e soñan cun abrente / de bandeiras ao vento», en «Espranza») y logró proporcionar un nuevo sentido al uso del lenguaje literario vernáculo («Lingua proletaria do meu pobo / eu fáloa porque sí, porque me gosta, / porque me peta e quero e dame a gaña; / porque me sai de dentro, alà do fondo / dunha tristura aceda…», en «Deitado frente ao mar»).

También en el País Vasco la memoria viva del auge y la derrota del nacionalismo acabó por ligarse a una actitud más rebelde e incluso insurreccional, que soñaba combatir la «traición» de una burguesía entregada a sus negocios y, a la vez, restaurar un pasado rural idílico, arcaizante y colectivista. Los pasos de ese retorno estuvieron presentes en un hermoso libro de poemas de Gabriel Aresti, un autodidacto euskadunberri (que no tuvo el euskera como lengua materna), titulado Harri eta herri («Piedra y pueblo», 1964). Lo más llamativo del poemario es lo que tiene de memorándum autobiográfico que se mezcla inextricablemente con la denuncia y la ensoñación de un futuro distinto. Aresti ha aprendido la verdad en el muelle bilbaíno de Zorroza viendo trabajar a los estibadores, y recuerda que «euskera Bilboko portuan ikasi dut, urdaiazpiko frijitua jaten nuenean, kafesne koinakatua edaten nuenean» («he aprendido a hablar en el puerto de Bilbao, cuando comía jamón frito, cuando bebía café con leche mezclado con coñac», en «A quien me quiera escuchar…»), y por eso, «nire buruaz mintzatzen naiz, naizelako / munduaren neurria» («hablo sobre mí mismo porque soy la medida del mundo», en «La medida del mundo»). Pero también reconoce lo que su vocación debe a Blas de Otero y Gabriel Celaya, al poeta euskaldún Mikel Lasa, al escultor Jorge Oteiza, al pintor Agustín Ibarrola, al filólogo Patxi Altuna o al anciano antropólogo José Miguel de Barandiarán. Esa obstinada identificación con un pueblo ideal, guiado por sus jefes espirituales, le lleva —en el que quizá ha sido el más famoso de sus poemas— a proclamar que «Nire aitaren etxea / defendituko dut. / Otsoen kontra, / sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, / justiziaren kontra» («Defenderé / la casa de mi padre. / Contra los lobos, / contra la sequía, / contra la usura, / contra la justicia»), pero Gabriel Aresti no fue responsable de que algunos tomaran tan al pie de la letra este poema dramático y masoquista, escrito en un tiempo cruel.

Nada tornaría a ser igual, tras estos años de brega… En 1964, el recuerdo de Antonio Machado —ahora en el veinticinco aniversario de su óbito— fue de nuevo piedra de escándalo, como en 1959. El ministro Fraga puso su nombre a un parador de turismo en Soria pero, no mucho después, fuerzas de la Guardia Civil corrieron por las lomas de la ciudad de Baeza a los intelectuales que habían querido instalar una hermosa cabeza del poeta, fundida por el escultor Pablo Serrano, en un mirador de la ciudad sobre la sierra de Mágina. El acto tuvo su acostumbrado cortejo de detenciones y fuertes multas administrativas, y la escultura acabó en el domicilio cordobés de uno de los participantes, el psiquiatra y escritor Carlos Castilla del Pino.

Ese mismo año se celebraba el centenario de Unamuno y tampoco se pudieron evitar las actitudes críticas de quienes repasaron su legado, ya fuera para poner de relieve la importancia de su precoz militancia socialista como para recordar actitudes menos edificantes y más contradictorias del escritor en ocasión del estallido de la guerra civil. Y muy pronto, los sucesivos centenarios de las grandes figuras de la promoción finisecular de escritores revelaron preferencias estéticas y significados políticos que buscaban proyectarse en tonos muy críticos sobre el tiempo presente: el centenario de Ramón del Valle-Inclán, en 1966, entronizó los esperpentos del autor por encima de sus refinamientos decadentistas y no faltó quien viera en aquellas obras un anticipo del teatro épico de Bertolt Brecht; la celebración de Pío Baroja, en 1972, no ocultó las insuficiencias de su radicalismo pequeñoburgués pero fue ocasión de alabar su actitud inquisitiva y siempre incómoda; en la figura de Azorín, dos años después, se criticó fuertemente su conformismo contemplativo, mientras que el recuerdo de Ramiro de Maeztu en 1975 fue pretexto de una execración de su tránsito del regeneracionismo de combate al autoritarismo ultramontano que le había llevado a morir fusilado por los republicanos en 1936.

EL FRANQUISMO, TACHADO

Como ya se ha anticipado páginas atrás, la segunda mitad del decenio de los sesenta supuso la inapelable derrota cultural del franquismo, que, sin embargo, sobrevivió políticamente, ligado hasta su final a la larguísima decadencia fisiológica de su titular pero también al santo temor a una involución (que siempre fue posible) y a la debilidad y las divisiones de la oposición. Aquellas amargas contradicciones y las decepciones consiguientes trajeron una precoz sensación colectiva de fracaso y una necesidad de autoflagelación: la reflejaron muy bien los autoanálisis poéticos del último Gil de Biedma (a los que ya se ha aludido), al igual que los de José Ángel Valente, en La memoria y los signos (1966), y los de Ángel González, en Tratado de urbanismo (1967). Y el mismo alcance tuvieron novelas como Últimas tardes con Teresa (1966), de Juan Marsé, con sus sarcasmos sobre la frivolidad del progresismo, y Señas de identidad (1966), de Juan Goytisolo, que fue una zambullida desoladora en un fracaso personal y en la inutilidad del activismo colectivo.

Abundaron otras recapitulaciones no menos pesimistas y de mayor repercusión en los lectores de clase media: Miguel Delibes realizó la disección de la burguesía egoísta e ignara que ganó la guerra en la novela Cinco horas con Mario (1966), poco antes de que Antonio Buero Vallejo evocara las miserias de la victoria en el drama simbólico El tragaluz (1967). El profesor destituido José Luis L. Aranguren abrió el camino del autoanálisis político y cultural en Memorias y esperanzas españolas (1969), que conoció un gran éxito, poco antes de que Julio Caro Baroja recontara con lucidez y melancolía las andanzas de una dinastía de intelectuales liberales en Los Baroja. Memorias familiares (1972), que tanto contribuyó a rescatar el respeto y la nostalgia por los lejanos días de la España anterior a 1936. En gran medida, los balances de urgencia se estaban anticipando a un final que todavía parecía lejano, pero el público lector los reclamaba imperiosamente; en 1973, el editor Rafael Borrás Betriu empezó a dirigir para Editorial Planeta la colección «Espejo de España» que, hasta 1996, fue una suerte de confesionario colectivo donde se mezclaron los desahogos y las malevolencias como lo hicieron los ejercicios de lucidez y los de confusión: no otra cosa podía reflejar un fiel espejo en aquel momento de transición…

Tras la Ley de Prensa de 1966, no todo se podía ocultar, ni prohibir, ni marginar…, pero el purgatorio de la «censura previa» y la amenaza constante no fueron fáciles para nadie. Y la ominosa sensación de prohibición y castigo se dejó sentir fuertemente: libros muy significativos se vendían en la clandestinidad (desde las Obras completas de Manuel Azaña hasta el ya citado relato Señas de identidad y La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, del periodista Jesús Ynfante, que fue el gran éxito de ventas de Ruedo Ibérico) y había que peregrinar a los cines de Perpiñán y Bayona para ver los grandes filmes internacionales del momento (desde Senderos de gloria, de Stanley Kubrick a El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, o La gran comilona, de Marco Ferreri). Aquel tiempo inclemente y humillante fue pródigo en generar descarríos: por un lado, condujo a Alfonso Sastre y a José Bergamín al torreón del profetismo iluminado y vengador; en el flanco opuesto, la revista Índice, donde se había hablado del valor de la libertad y hasta del marxismo, perdió su fuerza ante las nuevas publicaciones más críticas y su director, el falangista Juan Fernández Figueroa, acabó por suceder al demagogo Emilio Romero al frente de Pueblo, el diario de los sindicatos verticales. Pero lo que más abundó fueron los silencios. En los años setenta, la ofensiva de la nueva crítica contra el realismo y a favor de la experimentación contribuyó a eclipses parciales de autores de notable ejecutoria: Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Antonio Ferres, Ana María Matute y Jesús López Pacheco dejaron de publicar y solo volvieron a hacerlo cuando las circunstancias políticas (y personales) se clarificaron.

En 1970 apareció —de la mano del crítico Josep Maria Castellet y del editor Barral— una resonante antología de poetas novísimos que parecía inclinar la balanza del lado de la modernización y la iconoclastia frente al bando de la contumacia que todavía asociaba el antifranquismo y el realismo crítico. No en vano, uno de los antologados —el poeta, periodista y novelista Manuel Vázquez Montalbán— inventó, precisamente en ese año de 1970, el marbete de subnormalidad (en su Manifiesto subnormal), que parecía definir la insatisfactoria vida cultural española, alejada de la del resto del mundo, inmersa en su fracaso, inerme ante nuevos retos expresivos. En aquellas circunstancias, la recepción de la nueva narrativa latinoamericana —tan vinculada paradójicamente al pujante mercado editorial español— alentó una suerte de ejercicio colectivo de admiración y masoquismo: autores y editores se preguntaron cuándo escribiríamos novelas en clave de realismo mágico, como habían hecho Juan Rulfo, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez; cuándo sabríamos sumar el humor y la metafísica, que parecía el secreto de Julio Cortázar, o la intención política y el autoanálisis psicosocial, al igual que lo ofrecían Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y Carlos Fuentes.

El resultado de aquel fervor por lo latinoamericano (un gentilicio que desplazó a hispanoamericano, tan colonialista, o iberoamericano, tan pretencioso) favoreció más el terreno de la crítica literaria, que renovó mucho su utillaje, que a la propia novela, donde cundieron bastante las imitaciones no siempre felices. Tampoco significó mucho como renovación literaria el reconocimiento y el regreso a las prensas de las letras españolas del exilio republicano de 1939, que fue otro emblema reivindicativo de estos años. Ambas cosas eran una deuda histórica y una obligación moral de primera magnitud, pero traían un legado que llegaba tarde como posible modelo de evolución literaria. Como ya se ha indicado, la primera revista que acogió el retorno de las letras exiliadas fue Ínsula, desde 1946; luego vinieron —en 1951— Índice, que el falangista Juan Fernández Figueroa adquirió al galerista republicano Tomás Seral y Casas, y, sobre todo, Papeles de Son Armadans (1956), la revista mallorquina de Camilo José Cela. Hacia 1965-1970, la entusiasta recepción de aquellos escritores sirvió para que muchos supieran que León Felipe, Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco Ayala, Segundo Serrano Poncela, Rosa Chacel, Corpus Barga o María Zambrano, entre otros, habían escrito libros trascendentales en los decenios de los cuarenta y cincuenta (e incluso lo hicieron en los años posteriores), que complementaban muchas ausencias y vacíos de las letras del «interior». No se había dado entre nosotros una carrera narrativa tan variada y sostenida como la de Sender, creador de novelas existenciales y simbólicas o de amenos relatos históricos. Ni nadie había escrito un demorado ciclo sobre la guerra civil de la magnitud del titulado «El laberinto mágico», de Max Aub; no había tampoco una sola carrera de inventor de relatos y de ensayista como la que mantenía Francisco Ayala, quizá el primero de los exiliados de 1939 que halló respeto y lugar en el mundo literario español de finales de los sesenta… Supo entender las claves de aquel mundo con su capacidad de comprensión y su flexibilidad de siempre, mucho mejor de lo que pudo hacerlo Max Aub que, al regreso de su primer viaje a España en 1969, escribió un testimonio feroz, La gallina ciega. Diario español (1971), mezcla de penetración crítica y de despecho personal pero, en cualquier caso, una obra literaria de primera fila.

Al doblar el cabo de los sesenta, las letras españolas parecieron complacerse en textos metafóricos sobre la confusión, la oscuridad y lo laberíntico, lo que no dejaba de ser un reflejo de la perplejidad y la fatiga acumuladas. Ágata ojo de gato (1974), la novela de José Manuel Caballero Bonald, pudo parecer a sus lectores otro homenaje a la narrativa latinoamericana, pero aquella dilatada historia de rivalidades familiares, poblada de personajes de aire mitológico y ambientada en la maraña de agua y vegetales del coto de Doñana, vino a ser una cumplida metáfora de la confusión reinante. Al igual que, en ese mismo año, la novela alegórica del sociólogo Miguel Espinosa, Escuela de mandarines (1974), resultaba ser una parábola del laberinto del franquismo… convertido en un fantasmal imperio chino. Un año antes, en 1973, Juan Marsé había publicado en México su venganza personal contra Franco, titulada muy adrede con un verso del «Cara al sol», Si te dicen que caí. Aquel relato tan intenso se sustentaba en un complejo coro de voces que —como ya sería norma en las siguientes novelas del autor— desgranaban mentiras y verdades, secretos y fantasías, que recomponían el dolor y la miseria de una época, marcada por la guerra tanto como por la ocultación.

Pero quien había tomado más a pecho la convicción de que la literatura era una invención, que debía ser lo más complicada y gratuita que fuera posible, fue el ingeniero de caminos Juan Benet, que había sido militante socialista clandestino, amigo de todos los escritores de su edad y redactor de la Revista Española en los cincuenta. Sus ficciones fueron enrevesadas, extenuantes y hasta paródicas, pero nunca gratuitas, como tampoco lo fueron ni la facundia un tanto esnob con que su futuro editor, Carlos Barral, compuso la primera entrega de sus memorias, Años de penitencia (1975), ni el tono desgarrado y el sarcasmo con que Jaime Gil de Biedma se había celebrado a sí mismo en los Poemas póstumos, que publicó por vez primera en 1968. Ni lo fue tampoco el discurso sobre las formas de narrar y la naturaleza del lenguaje que, a vueltas de digresiones y ocurrencias sin fin, hilvanó Rafael Sánchez Ferlosio en el inclasificable y cautivador ensayo que llamó Las semanas del jardín (1974), usando el título que Cervantes inventó para unos relatos que nunca hizo. Y es que también el exhibicionismo de la inteligencia y la complejidad de la intención eran respuestas a un tiempo desapacible, romo e infecundo, como lo fue el largo final del franquismo…

En lo que concierne a la imaginación de Juan Benet, la idea de construir un espacio novelesco que acogiera historias confusas de familias malavenidas, venganzas aplazadas y destinos adversos se le ocurrió cuando construía para el estado el embalse del Porma, en el norte montañoso de la provincia de León. Así nació Región, que fue una invención al estilo del condado de Yoknapatawpha, de William Faulkner, pero también una suerte de abreviatura de España, donde procedería, como se haría en una maqueta, a la eterna escenificación de la guerra civil, uno de los temas que fascinaban al autor. Y, de ese modo, libros como Volverás a Región (1967), Una meditación (1970) y La otra casa de Mazón (1973) fueron también un retrato indirecto de aquel país expectante y paralítico, pero también tenso como un resorte para poder iniciar el cambio tantos años incubado.

BIBLIOGRAFÍA

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El cine español durante el franquismo

El cine español durante el franquismo

Agustín Sánchez Vidal

EN 1954, EN UN OPÚSCULO PUBLICADO en Salamanca por el Cineclub del SEU con el título de Historia en cien palabras del cine español y otros escritos sobre cine, se aseguraba: «Hasta 1939 no hay cine español, ni material, ni espiritual, ni técnicamente». Su autor era José María García Escudero, un militar católico y liberal, oficial del cuerpo jurídico del ejército que al cabo del tiempo, ya con el rango de general, llegaría a instruir el proceso contra el golpe de estado del 23-F. En ese momento había desempeñado fugazmente en 1951 la Dirección General de Cinematografía y Teatro, cargo en el que apenas duró medio año. Sin embargo, en 1962 regresaría a la misma y durante el sexenio que en esta ocasión estuvo al frente impulsó lo que suele denominarse «Nuevo Cine Español».

Al año siguiente, 1955, volvía a emitirse un diagnóstico no menos rotundo, en el mismo lugar, durante unas jornadas convocadas por el citado cineclub, y conocidas como «Conversaciones de Salamanca». En su transcurso, un realizador cuya ideología se situaba teóricamente en los antípodas, el comunista Juan Antonio Bardem, afirmó que el cine español era «políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente, raquítico». Para añadir: «El cine español cuenta para nosotros desde 1939».

Los dos dictámenes son bien conocidos, pero quizá no se haya prestado la atención debida a las reflexiones hechas a posteriori por otro participante en aquellos encuentros, Luis García Berlanga, quien terminó opinando exactamente lo contrario. A diferencia del primero, creía que el cine español no solo no empezaba en 1939, sino que sus componentes medulares procedían de la etapa anterior. Y, frente a Bardem, pensaba que nunca había estado tan cerca de configurarse industrialmente como en aquellos años cincuenta de supuesto raquitismo, gracias a dichos elementos de continuidad, mantenidos incluso por encima de la guerra civil.

Berlanga iría desgranando estas ideas en los más diversos foros. Lo hizo con especial pertinencia en el Festival de Pésaro de 1977, y aún las mantenía en sus Memorias caóticas de 2005. Para el director de El verdugo, tras la victoria, el franquismo habría intentado poner en marcha un cine de cruzada. Pero tal iniciativa no prosperó porque los espectadores seguían aferrados a las fórmulas que tan sólida implantación habían conocido durante la República. En consecuencia, preferían ver Currito de la Cruz, Nobleza baturra o La verbena de la Paloma. Esos serían los cimientos de los que habría arrancado la producción en 1939, que muchos consideraron la específica del régimen. En realidad, no hubo tal, ya que este no consiguió consolidar un imaginario fílmico propio que trabajara con la suficiente hondura, superando las carcasas de la retórica oficialista. Más bien se trataba de las inercias y residuos de la etapa anterior: «En modo alguno era el cine del franquismo, sino que procedía de los años de la República y como expresión de unas clases sociales no explícitamente vinculadas a los vencedores de la guerra civil».

No haberlo sabido ver fue —según Berlanga— el gran error de su generación y la de Bardem, la primera salida del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en 1950 y que podría caracterizarse muy toscamente como «neorrealista». Al identificar ese legado con el régimen, desdeñaron el potencial que encerraba. Por supuesto, no se trataba de suscribirlo sin más, sino de considerarlo un germen posible, tomar buena nota de él, observar cómo había conectado con la gente y respondido en su momento a los desafíos planteados. Y, a continuación, actualizar sus fórmulas a la medida de las nuevas realidades sociales, la evolución del cine y las expectativas del público, de un modo similar a lo que en su día había hecho Valle-Inclán con el sainete, reconduciéndolo hasta el esperpento.

Muchos de los diagnósticos vertidos en las «Conversaciones de Salamanca» de 1955 ignoraban ese contexto, según el realizador de Bienvenido mister Marshall: «A mediados de los años cincuenta cometimos el gran error histórico, y en él me incluyo, de desmantelar, con nuestras propuestas, la infraestructura industrial que sostenía hasta ese momento el cine español… Ese corte traumático que se produjo tras este encuentro —en el que se decidió que todo el cine que saliera de la Escuela fuera testimonial, lo que implicaba rodar en las calles en una imitación del neorrealismo italiano y abandonar toda la producción de estudios y decorados— fue nuestra perdición. Ahí nos derrumbamos. El público se alejó en aquel momento de nuestro cine y todavía no lo hemos recuperado… Nos quedamos sin estudios, sin decoradores, que eran los mejores de Europa, sin ingenieros de sonido. Todo se fue al traste».

Semejante falta de perspectiva y perspicacia por parte de los nuevos realizadores habría dejado en manos de la derecha toda una herencia populista duramente conseguida por la anterior generación que entre 1934 y 1936 había logrado sentar las bases de una industria fílmica, gracias al trabajo de Florián Rey y Benito Perojo en Cifesa o de Luis Buñuel en Filmófono. Ese cine logró en su día colas más largas que el procedente de Hollywood y hasta tiempos recientes seguía gustando «cuando se proyectaba en los cuarteles, en las zonas rurales y en los suburbios de las grandes ciudades», apostillaba Berlanga. Es decir, lo que solía llamarse «cine de barrio» antes de que esta categoría sociológica fuese interceptada por TVE para denominar uno de sus programas.

La razón de esa y otras paradojas podría buscarse en la prolongación de los equipos técnicos u otras infraestructuras, la inercia de los géneros o el repertorio gestual de los actores al encarnar arquetipos bien asentados en el patio de butacas. Y, del mismo modo que al principio de la contienda los dos bandos continuaron viendo el gran éxito de la temporada, Morena Clara —y considerándolo algo propio—, crearon unos códigos que se mantuvieron operativos al final de la misma. Era imposible cambiarlos de la noche a la mañana, porque había costado mucho establecerlos. Su capacidad de convocatoria se debía a todo lo fagocitado por el cine español para hacerse con su público natural, secuestrado hasta la década de 1910 por fórmulas tan eficaces como el sainete, el teatro por horas o la zarzuela. Para poder competir con ellos, a modo de homeopatía escénica, las pantallas hubieron de inyectarse en vena grandes dosis de tales ingredientes, que a partir de entonces quedaron incorporados a su ADN de forma inseparable.

1939: RUPTURAS Y CONTINUIDADES

Que se produjeran estas y otras continuidades no implica que no hubiese rupturas. Al igual que en otros órdenes, la victoria franquista de 1939 supuso la represión y el exilio de profesionales muy valiosos relacionados con el cine, como Luis Buñuel, Carlos Velo, Luis Alcoriza, Francisco Elías, Julio Alejandro, Eduardo Ugarte, Rosita Díaz Gimeno, Francisco Reiguera, José María Beltrán, Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, etc. Buena parte de ellos terminaron integrándose en la cinematografía mexicana que, junto a la argentina, era la de mayor entidad industrial de habla hispana.

Quienes permanecieron en España cayeron bajo el control de un conglomerado de muy variadas formulaciones burocráticas y dependencias ministeriales, hasta el punto de que entre 1939 y 1951 en el cine español intervendrían, además del Sindicato Nacional del Espectáculo, hasta cuatro carteras: Gobernación, Comercio e Industria, Secretaría General del Movimiento y Educación Nacional. La articulación de tales instancias desembocó a mediados de la década de 1940 en una Junta Superior de Orientación Cinematográfica cuyos modos de actuación —que no criterios: estos no se harían públicos hasta 1962— fueron completados en años sucesivos. Y le permitieron disponer de una panoplia de normas con capacidad para interferir a lo largo del todo el proceso de escritura, rodaje y comercialización de una película.

Los episodios en los que se vio involucrada la censura fueron tan dramáticos como pintorescos. Toda una serie de nombres quedaron desterrados de las pantallas por razones ideológicas. No se podía nombrar a políticos liberales del siglo XIX como Emilio Castelar, citar la palabra «revolucionario», escuchar músicas como «La Marsellesa», ni incluir en los créditos a los actores que habían apoyado la causa republicana durante la guerra civil, fueran españoles o extranjeros. Tampoco se toleraban términos poco aceptables para el régimen, como el insulto de «gran fascista» en la película Nacida ayer de George Cukor, que fue sustituido por «vil traficante». O, en La túnica sagrada de Henry Koster, la frase «el discípulo sentado a la izquierda de Jesús», reemplazada por «el discípulo sentado a su mesa».

Más grave aún, por sus consecuencias de todo orden, fue la normativa de abril de 1941 por la que se prohibía la proyección de filmes no hablados en castellano. Aquellos rodados en otras lenguas debían ser doblados en territorio nacional y quedar sometidos, por tanto, a los controles habituales. Una medida que benefició a dos de las ramas de la industria, la distribución y la exhibición, pero distorsionó de forma irreversible el funcionamiento de la tercera, y la que aquí más nos incumbe, la producción. Ante la tesitura de elegir entre una película nacional de modesto presupuesto u otra americana —hablada en español y pagando la misma entrada—, los espectadores preferían la segunda, hecha con muchísimos más recursos. Como hizo notar José Luis García Sánchez, era como si en una concesionaria de automóviles se pudiera comprar por el mismo precio un Seat 600 y un Mercedes Benz: todo el mundo habría elegido este último.

A ese entreguismo del propio mercado se añadiría en septiembre de 1942 la creación de un semanario, el NO-DO, noticiario documental de exhibición obligatoria que imposibilitaba, de facto, la existencia de otros cortos alternativos, cegando de ese modo a los nuevos cineastas su cauce habitual para el acceso al largometraje.

Peor aún que la competencia desleal que suponía regalar el idioma al cine estadounidense fueron los mecanismos compensatorios ideados para paliar los detrimentos económicos así ocasionados. Consistieron, básicamente, en conceder licencias de doblaje de películas extranjeras a quienes financiaran filmes españoles. Y estos empezaron a hacerse para acceder a dichas licencias, mucho más seguras y rentables que la producción propia. Esta se convirtió a menudo en un mero pretexto para explotar la foránea, y no tardó en crearse un floreciente mercado negro mediante la venta de permisos de importación. De modo que una película nacional ni siquiera tenía que estrenarse para generar beneficios, con tal de estar bien anclada en ese otro negocio paralelo. A ello había que añadir la concesión, o no, de créditos sindicales, controlados por los miembros del Movimiento. Y estos se otorgaban a la presentación del guión y del presupuesto, pudiendo llegar hasta un 40 % del mismo. Lo cual produjo otras dos importantes distorsiones: fiar la credibilidad de los libretos a adaptaciones literarias e inflar los presupuestos, de modo que pudiera tenerse amortizada una película incluso antes de iniciar su rodaje.

Para acabar de arreglarlo, todo este entramado burocrático no era de aplicación automática, sino discrecional, para influir en el contenido de las películas. A ese efecto, se premiaría a las que más gustasen, declarándolas «de interés nacional». En el otro extremo, las de tercera categoría no recibirían ninguna subvención y ni siquiera sería obligatorio proyectarlas dentro de las cuotas de pantalla reservadas en las salas para las producciones españolas (una semana por cada cinco dedicadas a las extranjeras).

Según los datos oficiales, entre 1939 y 1950 se produjeron 442 largometrajes, con una media que, por lo tanto, se sitúa ligeramente por debajo de los 40 anuales. El año 1939 arranca con una precaria docena, que se incrementa al siguiente hasta los 24 títulos y se eleva a 31 en 1941. La cifra más alta de la década se alcanza en 1942, con 52. En 1944 se inicia un preocupante descenso, que no se remonta hasta 1950, con 45 largometrajes. Las casas productoras, en torno a las 150, operan en un régimen de acusado minifundismo y de beneficio inmediato, con una cuota de mercado en torno al 25 %. En un principio la firma hegemónica fue Cifesa, seguida de Suevia Films de Cesáreo González y la barcelonesa Emisora Films, a cargo de Ignacio F. Iquino.

Aunque se ha caracterizado esta etapa como «la de la autarquía», conviene aplicar este término con precaución al referirse a la exhibición cinematográfica, distinguiendo con claridad entre las dos mitades de la década. Porque hay un antes y un después de la victoria aliada en la segunda guerra mundial. Cuando esta concluye, Barcelona figura a la cabeza del parque de salas en España, con 16 teatros y 111 cines; le sigue Madrid, con 20 teatros y 83 cines. Si entre 1936 y 1945 la vida había subido aproximadamente en un 300 %, la butaca en una sala de primera categoría se había mantenido por debajo de ese margen, pasando de 2,50 a 6 pesetas. La mejor prueba de la inmensa popularidad del espectáculo es que en 1945 la recaudación cinematográfica en el conjunto del país logra superar los doscientos millones de pesetas. Con ese motivo, se establece el balance del período 1940-1945. Así, se constata que en ese intervalo se han estrenado 1191 películas, de las que 476 eran americanas, 223 españolas, 165 alemanas, 109 inglesas, 97 italianas, 61 francesas, 30 mexicanas, 28 argentinas y 2 hispano-portuguesas.

Después de la segunda guerra mundial, se debilitan los vínculos con Alemania, produciéndose una clamorosa vuelta al redil del cine americano una vez que los Aliados deciden tolerar a Franco por su visceral anticomunismo. La sintonía con la caza de brujas maccarthysta elimina muchos de los obstáculos que habrían podido interponerse entre las películas estadounidenses y las pantallas españolas. Una proclama antinazi como Casablanca (1942) se estrena en 1946, eliminando, eso sí, toda alusión a nuestra guerra civil al referirse al pasado del personaje de Rick encarnado por Humphrey Bogart. La polémica Gilda (1946) se exhibe de inmediato, en 1947. Sin embargo, Lo que el viento se llevó (1939) no recibe autorización para ser explotada comercialmente hasta 1951; Ciudadano Kane (1941) hasta 1966; y El gran dictador (1940) hasta casi cuarenta años después de su producción.

Como ya queda dicho, las películas españolas se vieron muy afectadas por la competencia de este cine extranjero. Y el desembarco de todo tipo de oportunistas que planteaban sus proyectos de cara a las subvenciones estatales y a espaldas del público terminó desplazando a veteranos como Florián Rey o Benito Perojo, los dos puntales más importantes del cine comercial durante la etapa republicana. Aunque comulgaran ideológicamente con el franquismo, no lograron integrarse en su aparato productivo con igual eficacia. De modo que Perojo, a pesar del éxito de Goyescas en 1942, emigró a Argentina, donde se mantuvo activo entre 1943 y 1948. Y cuando regresó a España sus esfuerzos se dirigieron preferentemente a la producción.

Tampoco Florián Rey estuvo a la altura de su trayectoria anterior, por más que lo intentara con La Dolores, sustituyendo a Imperio Argentina por Conchita Piquer. Su rodaje en 1939 proporciona una buena idea de la precariedad del cine español en la más inmediata posguerra, incluso tratándose de lo que podía considerarse una superproducción de Cifesa. Apenas disponían de película virgen, por lo que hubo que usar tres o cuatro negativos de diferente origen y con distinta emulsión, comprados en Portugal o donde se pudo. Además, la electricidad escaseaba y el voltaje era insuficiente: durante el día no superaba los 70 voltios, en lugar de los 110 requeridos, lo que les obligaba a trabajar de noche, cuando la gente usaba menos la luz. De modo que, habitualmente, empezaban a las dos o tres de la madrugada y terminaban con el amanecer, a las ocho o nueve de la mañana.

En 1942, con ¡Polizón a bordo!, Florián Rey se inspiró vagamente en la peripecia biográfica de Cesáreo González para conseguir un buen rendimiento en taquilla, que permitió a este despegar como productor. Ese mismo año rehizo su anterior versión de La aldea maldita con otra más esteticista y mucho menos crítica. Y aún demostró un excelente pulso en Orosia (1943), pero a costa de quedar varado en un arcádico mundo rural muy ajeno a las nuevas realidades.

Otros directores que ya habían desarrollado una considerable actividad durante la etapa muda o los años treinta tampoco aportan ahora excesivas novedades a su trayectoria anterior, como José Buchs, Eusebio Fernández Ardavín o Fernando Delgado. En una posición intermedia estarían José López Rubio, Luis Marquina y, sobre todo, Edgar Neville. Finalmente, irrumpe una nueva promoción de realizadores que comienza su andadura profesional o consolida el grueso de ella durante los años cuarenta, caso de José Luis Sáenz de Heredia, Antonio Román, Rafael Gil, Juan de Orduña, Eduardo García Maroto, Ignacio F. Iquino, Luis Lucia, Antonio del Amo, Ladislao Vajda o José Antonio Nieves Conde.

Formados a menudo durante la República (Marquina y Sáenz de Heredia habían trabajado con Buñuel en Filmófono), hubieron de moverse dentro de los muy restrictivos límites ideológicos e industriales de la inmediata posguerra, de modo que no es raro que la tónica media de su carrera esté vencida del lado de los compromisos comerciales. Pero, en cualquier caso, es a ellos a quienes se debe la configuración de un corpus realmente representativo. Y muchos de los técnicos procedían de la etapa anterior y crearon escuela, como el operador austríaco Heinrich Gaertner, que españolizaría su nombre como Enrique Guerner tras escapar de la Alemania nazi debido a su origen judío y establecerse aquí en 1934. Se le considera el fundador de un estilo que trabaja con iluminación de alto contraste y sombras de raigambre expresionista, al que podrían adscribirse sus ayudantes José Fernández Aguayo, Alfredo Fraile y Cecilio Paniagua.

En cuanto a los realizadores, quizá el más cosmopolita sea Edgar Neville. Tras su estancia italiana, filma en 1944 una novela de Emilio Carrere, La torre de los siete jorobados, dando lugar a una película de tan evidentes peculiaridades que no tiene parangón en la cinematografía nacional de la época. Al año siguiente aborda con brillantez y sutileza la comedia con La vida en un hilo, en cuya doble andadura se ha podido ver un paralelismo con las dos Españas. Y también una personalísima variante del género negro con Domingo de Carnaval, muy influida por el pintor Solana, fallecido ese mismo año y de quien Neville era albacea. Esas pautas para un policíaco asentado en el ambiente castizo madrileño se reafirman en 1946 con El crimen de la calle Bordadores. Y al año siguiente cambia de registro para trasladar a la pantalla Nada (1947), a partir de la novela con la que una jovencísima Carmen Laforet había ganado el premio Nadal. Mención aparte merece El último caballo (1950), considerada a menudo un antecedente del neorrealismo que campará en la siguiente década.

Otro cineasta peculiar fue Carlos Serrano de Osma. En 1946 adapta Abel Sánchez de Unamuno, con influencias reconocidas de Orson Welles, a las que algún crítico sumó las de Hitchcock. No menos interesante es su traslación hasta el psicoanálisis de una de las obras más sugestivas y desconocidas de Emilia Pardo Bazán, La sirena negra (1947). A continuación rueda Embrujo, un intento de renovar el cine folclórico de la mano de Lola Flores y Manolo Caracol, con algunas secuencias de tintes surrealistas, por más que su montaje fuese desvirtuado por los productores. Su proyecto más ambicioso y delirante, el Parsifal wagneriano que codirigió con Daniel Mangrané, pertenece ya al año 1951.

Un tercer francotirador, Lorenzo Llobet Gracia, realiza en 1947 Vida en sombras, una insólita y muy valiosa reflexión sobre el propio cine. Pero más representativos y sintomáticos que las siempre precarias autorías individuales resultan los temas, las formas y las tendencias fílmicas. En un principio, se impone la inmediatez de la recién terminada guerra civil, y no faltan películas que tratan de ajustar cuentas con los derrotados o exaltar a los vencedores. Edgar Neville abre el fuego en 1939 con Frente de Madrid, rodada en los estudios romanos de Cinecittà, donde también trabajaron Benito Perojo y Luis Marquina. Al igual que la censurada y muy interesante Rojo y negro (dirigida en 1942 por Carlos Arévalo), Frente de Madrid concluía con un amago de confraternización, en este caso entre el novio falangista de la protagonista y un miliciano comunista, que se ayudaban a bien morir. Sin novedad en el Alcázar, dirigida por el italiano Augusto Genina en 1940, se centraba en el episodio toledano elevado a categoría mítica por la propaganda bélica, convirtiendo al general Moscardó en un segundo Guzmán «el Bueno» dispuesto a sacrificar a su hijo antes que rendir la plaza. También incurría plenamente dentro de ese cine «de cruzada» El santuario no se rinde (Arturo Ruiz Castillo, 1949). A mitad de camino entre las hazañas bélicas y su variante colonial hay que situar las africanistas Harka (Carlos Arévalo, 1941) y ¡A mí la legión! (Juan de Orduña, 1942). La aviación era exaltada en Escuadrilla (Antonio Román, 1941) y Alas de paz (Juan Parellada, 1942), mientras El crucero Baleares (Enrique del Campo, 1941) era proscrita por el Ministerio de Marina alegando su escasa calidad.

Pero ninguna tan significativa como Raza, que en 1941 aborda José Luis Sáenz de Heredia basándose en un argumento de Jaime de Andrade, pseudónimo del mismísimo Caudillo, que era un empedernido cinéfilo: además de los nodos, en su sala de proyección privada de El Pardo solía ver un par de largometrajes cada semana, algunos de ellos sin censurar o totalmente prohibidos. Tales circunstancias convierten a Raza en un objeto privilegiado de análisis, pues a su través Francisco Franco recompone la propia genealogía familiar —y, con ella, la del Alzamiento— replicando a una breve narración que su hermano Ramón había publicado en 1933 en la colección «La novela proletaria», con el significativo título Abel mató a Caín. Se conservan, además, dos versiones de la película, ya que fue convenientemente maquillada en 1949. La original se titulaba Raza y duraba 105 minutos. La segunda, Espíritu de una raza, quedaría reducida a 99 minutos. En un intento de acercamiento a los Aliados, el propio Franco suprimió varios pasajes para borrar los elementos pronazis de la primera versión. Por ejemplo, todas las alusiones a Falange y los saludos con el brazo en alto. También se eliminaron los ataques a Estados Unidos, a la democracia y al liberalismo, subrayando en su lugar el anticomunismo.

Muchos otros factores cambiaron, efectivamente, a partir de 1945, abandonando las producciones que ahondaban en las heridas recientes y sustituyéndolas por otro tipo de exaltaciones patrióticas más distanciadas en el tiempo, a las que no escapa la crisis de 1898, como Los últimos de Filipinas de Antonio Román o Bambú de Sáenz de Heredia, ambas de 1945. Remontándose más atrás, se celebran las gestas de los españoles en la época canónica de los Reyes Católicos o el imperio, como en La nao capitana (Florián Rey, 1946). O una serie de ejemplares figuras femeninas que a menudo encarnan las esencias de una patria acechada por conjuras internas o una amenaza exterior. Es el caso de Inés de Castro (Leitão de Barros y M. A. García Viñolas, 1944), Eugenia de Montijo (J. L. López Rubio, 1944), Reina Santa (Rafael Gil, 1946) o Doña María la Brava (Luis Marquina, 1948). A menudo se basan en dramas tardorrománticos o modernistas de escritores como Manuel Tamayo y Baus, Francisco Villaespesa o Eduardo Marquina y se inspiran iconográficamente en la pintura de historia más académica.

Tendencia que culmina con el ciclo de películas «de cartón piedra» que dirige Juan de Orduña para Cifesa: Locura de amor (1948), La leona de Castilla y Alba de América (ambas de 1951). En la primera, Aurora Bautista interpretaba con innegable brío a Juana la Loca, consiguiendo un enorme éxito, revalidado en 1950 gracias a Agustina de Aragón. Sin embargo, ni el abordaje del drama de los comuneros en La leona de Castilla ni de la epopeya de Colón en Alba de América funcionaron en taquilla. Y el fracaso de la última precipitó la ruina de la productora y dio al traste con esta fórmula grandilocuente y retórica con la que se pretendía rivalizar con las superproducciones americanas.

Dentro de esta corriente tradicionalista, otra vía alternativa buscará el empaque artístico a través de la adaptación de novelones decimonónicos de orientación conservadora. El citado García Escudero lo bautizó como «cine de levita», debido al vestuario y ambientación de época. Pero sería injusto no subrayar el trabajo de algunos realizadores o de directores artísticos como Sigfrido Burmann, Enrique Alarcón o Gil Parrondo. En cuanto a su soporte argumental, se lleva la palma el escritor Pedro Antonio de Alarcón, cuya narración El escándalo será dirigida por Sáenz de Heredia en 1943, mientras El clavo y La pródiga son realizadas por Rafael Gil en 1944 y 1946, respectivamente. Este último también dirige La fe de Armando Palacio Valdés en 1947, el mismo año en que acomete una versión del Quijote protagonizada por Rafael Rivelles, y Antonio Román traslada a la pantalla Fuenteovejuna. El padre Coloma es adaptado por Antonio Calvache —que rueda en 1940 su Boy— y en 1950 por Orduña, que dirige Pequeñeces. Otras adaptaciones literarias de Sáenz de Heredia son Mariona Rebull (1947) sobre la novela de Ignacio Agustí, Las aguas bajan negras (1948) a partir de la narración de Palacio Valdés, o Don Juan (1950). Galdós, un escritor del que se recela por su liberalismo, es rescatado en 1940 por Perojo, que filma con innegable dignidad Marianela, encarnada por Mary Carrillo. Otra notable excepción la constituye en 1946 el rodaje por Arturo Ruiz Castillo de Las inquietudes de Shanti Andía, de Pío Baroja.

Una parte muy considerable de la producción consiste en comedias, que intentan hacer olvidar a los espectadores la dura realidad cotidiana. El más representativo de los realizadores que prolongan el populismo republicano es Luis Lucia, con títulos como Currito de la Cruz (1948) y La duquesa de Benamejí (1949). El lugar que ha dejado libre Imperio Argentina es ocupado por nuevas candidatas, como Lola Flores, Carmen Sevilla o Juanita Reina. Más fugaz es la carrera cinematográfica de Estrellita Castro, que había trabajado con Perojo en Alemania protagonizando Mariquilla Terremoto (1938). O de Conchita Piquer, tras rodar La Dolores con Florián Rey. Esta última cinta debe situarse aparte, por su relevancia, junto a otros títulos como Malvaloca (1942) de Luis Marquina —que consagró a Amparo Rivelles, emparejada aquí con el galán Alfredo Mayo—, la citada Goyescas de Perojo o Lola Montes (1944) de Antonio Román, donde destaca la elegante interpretación de Conchita Montenegro.

Tampoco escasean las comedias de pretensiones más cosmopolitas. Por ejemplo, Los cuatro Robinsones (Eduardo G. Maroto, 1939), las incursiones de Rafael Gil con El hombre que se quiso matar y la más matizada Huella de luz, ambas de 1942 y basadas en relatos de Wenceslao Fernández Flórez, el autor más adaptado del momento. A ellas cabe añadir las «altas comedias» de Juan de Orduña Deliciosamente tontos (1943) y Ella, él y sus millones (1944); las de Sáenz de Heredia ¡A mí no me mire usted! (1942) y El destino se disculpa (1944); o la de Jerónimo y Miguel Mihura Mi adorado Juan (1949). El último de estos dos hermanos será, asimismo, el guionista de la notable parodia policial Intriga (Antonio Román, 1942), basada en un relato del inevitable Fernández Flórez. Dentro de una tónica ultracomercial hay que situar al prolífico Ignacio Ferres Iquino, que trabaja en Barcelona, sin perdonar casi ningún género, ya sea la comedia (El difunto es un vivo, 1941), el cine histórico de exaltación patriótica (El tambor del Bruch, 1947), el policíaco (Brigada criminal, 1950) o la adaptación de la obra de Antonio Buero Vallejo Historia de una escalera (1950). Y en el campo de los dibujos animados hay que hacer justicia a Arturo Moreno, que en 1945 realiza el primer largometraje europeo de dibujos animados, Garbancito de la Mancha.

Mediada la década, la iglesia parece ceder en sus recelos respecto al cine y pasa a utilizarlo para sus fines propagandísticos. En una de estas películas, La mies es mucha (Sáenz de Heredia, 1948) debutaría Fernando Fernán Gómez en el papel de un misionero español en las Indias. El guión lo había escrito un valenciano que se especializaría en este tipo de producciones, Vicente Escrivá, quien reincidió con Balarrasa (José Antonio Nieves Conde, 1950), también protagonizada por Fernán Gómez. En este caso interpretaba a un legionario pendenciero y mujeriego que termina abrazando el sacerdocio tras la crisis provocada por la muerte de su mejor amigo.

En el umbral del cambio que se avecinaba, esta película ha podido ser leída como un síntoma del relevo del ejército por la iglesia, mejor preparada intelectualmente —según las tesis subyacentes en el filme— para hacerse cargo de los problemas del país. En ello abunda la secuencia final, donde un antiguo compañero de armas que representa a la Legión se arrodilla ante un Fernán Gómez recién ordenado sacerdote. Una buena muestra del cine que va a imperar en la siguiente década, cuando caiga bajo dominio clerical.

En esa nueva etapa desempeñará un importante papel la fundación en febrero de 1947 del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC). Su modelo confeso era el Centro Sperimentale della Cinematografia creado en la Italia fascista por Mussolini. Pero no tardaría en revelarse como uno de los resquicios por los que se colarán las nuevas inquietudes, a partir de la primera promoción surgida en 1950, la de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga.

Los diplomados en el IIEC supondrán a partir de ahora una importante vía alternativa de acceso a la profesión, que hasta entonces se conseguía a pie de plató, desempeñando trabajos auxiliares que permitían ir ganando posiciones en el escalafón y, con mucha suerte, ponerse algún día detrás de las cámaras. De modo que menudeó el recelo entre los chusqueros y los que estos consideraban unos advenedizos que, tras permanecer en las aulas solo durante tres años, irrumpían con muchos pajaritos en la cabeza.

A ello hay que añadir el descrédito respecto al sistema de estudios derivado del neorrealismo italiano, que propugnaba los rodajes en escenarios naturales y el abandono de decorados y artificios para volver la mirada hacia un entorno más inmediato. Esa era la tendencia más pujante en aquellos momentos y sus fórmulas —a diferencia de las estadounidenses— parecían estar al alcance de una cinematografía y cultura más afín como la española. En cualquier caso, marcarán en buena medida el desarrollo de la siguiente década.

1951: INFLEXIONES REALISTAS

Por supuesto, lo que prima es el oficialismo. Películas como La señora de Fátima (Rafael Gil, 1951) suponen auténticas operaciones de estado. En el caso citado, afianza las relaciones con la dictadura portuguesa de Salazar y con la iglesia, apostando por el anticomunismo que rige la guerra fría, al tratarse de una Virgen que había profetizado la conversión de Rusia a la fe verdadera. Tampoco es casual que Embajadores en el infierno (José María Forqué, 1952) trate sobre la División Azul que combatió a los soviéticos. Sin embargo, ya en ¡Bienvenido, mister Marshall! (1953) se pone en solfa el cambio de fachada del régimen y las concesiones a los americanos que, junto al concordato con el Vaticano, le permiten ser tolerado en la comunidad internacional.

La legislación fílmica se va a unificar y sistematizar debido a la creación del Ministerio de Información y Turismo. El titular de dicha cartera es el ultracatólico Gabriel Arias Salgado, cuyo programa obsesivo era «salvar cada año el máximo de almas españolas, poniéndolas al abrigo del pecado». Su persecución de cualquier síntoma de inmoralidad en el cine dará lugar a alguno de los más esperpénticos episodios de la censura en España.

La primera víctima de esa intransigencia será su propio director general de Cinematografía y Teatro, José María García Escudero, quien, tras ejercer el cargo desde septiembre de 1951 hasta febrero de 1952, cesa en él por su empeño en conceder la categoría de película de «interés nacional» a Surcos de José Antonio Nieves Conde. Algo intolerable para las fuerzas vivas de la cinematografía más rancia, porque supone negárselo a Alba de América, dirigida por Juan de Orduña y producida por Cifesa.

En marzo de 1952 se procede a una regulación más estricta y precisa del control estatal, al decretarse una Junta de Clasificación y Censura de Películas que debía velar por una adecuada jerarquización. En la cima de la pirámide quedarán las declaradas de «interés nacional», a las que se asigna una subvención del 50 %. Le siguen las de categoría primera A y B (con un 40 % y 35 %) y las de segunda A y B (con un 30 % y un 25 %). Finalmente, las de tercera categoría no reciben nada.

Los miembros más activos de la censura serán los nombrados por la iglesia, quienes —más papistas que el papa— prohibirán en ocasiones películas aprobadas, elogiadas e incluso premiadas por la Oficina Católica Internacional del Cine. Tales iniciativas dependían de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, inspiradora de una clasificación que durante mucho tiempo se publicó en la prensa y exhibió en las iglesias u otros lugares públicos para orientar a los espectadores, de acuerdo con el siguiente criterio: 1) Autorizada para todos, incluso niños; 2) Jóvenes de 14 a 21 años; 3) Autorizada para mayores de 21 años; 3-R) Para mayores, con reparos; 4) Gravemente peligrosa.

En otras ocasiones es el Vaticano quien resulta ser más beligerante que la censura española, como sucederá con Viridiana (1961) de Luis Buñuel, que no tuvo problemas hasta recibir los ataques de L’Osservatore Romano, el órgano de la Santa Sede. Y momento a partir del cual no solo fue prohibida, sino dada por inexistente, debiendo distribuirse comercialmente bajo pabellón mexicano.

Con todo, la gran perla de la censura fue el trato dispensado a la película Diferente (Luis María Delgado, 1961). No por lo que se cortó, sino por lo que pasó inadvertido. Y es que en ella el bailarín argentino Alfredo Alaria —que había trabajado en Buenos Aires con el exiliado Miguel de Molina— entonaba un encendido canto a la homosexualidad con citas explícitas de las obras de Federico García Lorca y Oscar Wilde, cuyos libros ocupaban lugares de honor en su biblioteca. Algo que difícilmente se hubiese permitido en otros países en aquel momento y que aquí llevó al censor religioso a felicitar al director por aquellas imágenes, las más artísticas que, al parecer, habían catado sus ojos.

Por otro lado, hay síntomas evidentes de que la situación empieza a cambiar respecto a la década anterior. Para los diplomados en la escuela de cine supone todo un lujo poder estar, por una vez, al día. Eso es lo que sucede en 1951 y 1953 con las Semanas de Cine Italiano celebradas en Madrid, que contaron con la presencia, entre otros, de Cesare Zavattini, Alberto Lattuada y Vittorio de Sica.

En 1955 tienen lugar las «Conversaciones de Salamanca», en las que se pretende reflexionar sobre la desconexión del cine español respecto a la realidad circundante. La gama de participantes no puede ser más amplia y posibilista, pues allí están desde cineastas plenamente insertos en el régimen hasta comunistas y otros jóvenes realizadores que, con el tiempo, configurarían el Nuevo Cine Español. Cuyo programa se basaría en aquellos encuentros, según confesó García Escudero.

Ya se aludió más arriba a las razonables dudas que, con la perspectiva del tiempo, cabe albergar respecto a algunos de los conceptos y diagnósticos allí vertidos. Pero en su momento no podía dejar de constatarse la presencia de una nueva generación que parecía dispuesta a plantear alternativas ideológicas y estéticas. Por algo pudieron afirmar Bardem y Berlanga que fueron ellos quienes inventaron la censura propiamente dicha. No porque antes no existiera, sino por la carencia de un bloque disidente que la justificara.

Tales propuestas de renovación han de abrirse paso por entre una maraña de títulos de muy otra índole. A lo largo de los años cincuenta la producción española aumenta de los 41 largometrajes de 1951 a los 73 de 1960, pasando las salas en el mismo período de 4200 a 7395. A mitad de la década, esos locales dan trabajo a cincuenta mil empleados y su parque de butacas ronda las 2 300 000. Es la época culminante del consumo en sala, ya que el cine se beneficia en España de las iniciativas desarrolladas en Estados Unidos para competir con la televisión, inexistente en nuestro país, donde TVE no empieza a emitir hasta octubre de 1956, limitada por tres horas diarias de programación y un incipiente parque de seiscientos receptores. Frente a ese insignificante embrión, los grandes formatos de pantalla, como el Cinemascope, la VistaVisión o el Todd-AO, el sonido estereofónico, la generalización del color y las superproducciones hacen más atractiva la muy arraigada costumbre de ir al cine semanalmente.

En cuanto a las firmas productoras, el cambio más notable es la rápida decadencia de Cifesa y su paulatina sustitución en los favores oficiales y del público por Suevia Films de Cesáreo González, más versátil y atenta a las novedades que atraen al público. La película de mayor permanencia en las carteleras madrileñas es El último cuplé (Juan de Orduña, 1957), que dura casi un año, seguida de La violetera (1958), ambas con Sarita Montiel, y ¿Dónde vas Alfonso XII? (1959); estas dos últimas dirigidas por Luis César Amadori. Las tres conjugan a un tiempo la sentimentalidad popular y el «revival» inducido por la trilogía de Sissi. Les siguen dos de Ladislao Vajda: Marcelino, pan y vino (1954) y Tarde de toros, con 145 días.

Si esos datos permiten deducir las preferencias del público, las declaradas de interés nacional dejan poco lugar a dudas sobre el tipo de cine que ampara el régimen. Es el caso de Agustina de Aragón, Alba de América y Teresa de Jesús, de Juan de Orduña; las películas de temática religiosa dirigidas por Rafael Gil sobre guiones de Vicente Escrivá: La Señora de Fátima (1951), Sor Intrépida (1952), La guerra de Dios (1953); o las de Luis Lucia: Jeromín (1953) y Molokai (1959).

Distinto de ese cine más directamente ideológico es el de entretenimiento. El apartado musical resulta bastante previsible, con la excepción de la más ambiciosa Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952). En términos generales, recae en ese núcleo irreductible de la copla que Antonio del Amo explota a través del filón de Joselito (El pequeño ruiseñor, 1956). Luis Lucia lo hace con Antonio Molina (Esa voz es una mina, 1956) o, más tarde, Marisol (Un rayo de luz, 1960). Y un lugar especial ocupan las tres folclóricas impulsadas por Suevia Films: Lola Flores, Paquita Rico y Carmen Sevilla (que en 1959 rodaría con Vittorio de Sica Pan, amor y Andalucía). Pero, como ya queda dicho, el mayor éxito lo obtuvo Cesáreo González de la mano de Sarita Montiel con El último cuplé y La violetera.

Más interesantes son las comedias en las que va quedando constancia de los cambios del país, en ocasiones con una estructura episódica, ya que en ellas se propone un acercamiento al entorno en un registro más amable que el neorrealista. Es el caso de la muy popular y lograda Historias de la radio (Sáenz de Heredia, 1955) o de Historias de Madrid (Ramón Comas, 1956). A las que cabría añadir La chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1958).

El húngaro Ladislao Vajda se adaptó al cine español sin perder por ello la amplitud de miras que le permitía su extensa y cosmopolita ejecutoria anterior. De ahí, quizá, el éxito internacional de sus trabajos con el actor infantil Pablito Calvo, en especial Marcelino, pan y vino, responsable de la proliferación de «películas con niño». Pero su filmografía abarca otros registros, como la documental Tarde de toros (1955), su evocación de lo mágico en Mi tío Jacinto (1956), Un ángel pasó por Brooklyn (1957) o el sorprendente policial El cebo (1958).

José María Forqué se dio a conocer con la citada Embajadores en el infierno (1956), donde, basándose en una novela de Torcuato Luca de Tena, se centraba en un grupo de soldados españoles de la División Azul prisioneros en un campo de concentración soviético. Y también con Amanecer en Puerta Oscura (1957), que le valió el Oso de Plata en el Festival de Berlín y estaba basada en un guión del dramaturgo Alfonso Sastre donde se exploraba el bandolerismo andaluz del siglo XIX, mezclándolo con las huelgas contra la británica Compañía Internacional de Minas. La colaboración con Sastre continuó en 1958 con La noche y el alba —protagonizada, al igual que la anterior, por Paco Rabal—, donde se abordaba el muy delicado tema de la reconciliación nacional, auspiciado en aquel entonces por el Partido Comunista. Injustamente ignorada, su fracaso contribuyó a que Forqué fuera refugiándose en un tipo de cine más posibilista acogido a las convenciones de los géneros.

Inclasificable resulta la personalidad de José Val del Omar. Sus múltiples invenciones técnicas y experimentaciones formales no están reñidas con el asentamiento en la imaginería tradicional religiosa, los místicos y una concepción telúrica que se concretan en su «Tríptico elemental de España»: Aguaespejo granadino (1952-1955), Fuego en Castilla (1958-1960) y Acariño Galaico, iniciada en 1961 y concluida póstumamente.

Otro capítulo aparte, y no poco complejo, está integrado por el cine asimilable a las tendencias neorrealistas o convergente con ellas. Imposible entrar aquí en los entresijos de un debate que —al igual que tantos otros: la españolada, por ejemplo— desborda ampliamente no ya la década de los cincuenta, sino el terreno específico del cine. Se trata de «ese famoso realismo español», por utilizar la expresión de Luis Buñuel a propósito de Viridiana. Pues algo similar sucede con el supuesto cine neorrealista de esta época. Ya a finales de la década anterior apuntaban indicios de una mayor atención a lo circundante en películas como La calle sin sol (Rafael Gil, 1948), Un hombre va por el camino (Manuel Mur Oti, 1949) o la citada El último caballo (Edgar Neville, 1950). Ahora, se sumarán a esa tendencia muchas otras. Por ejemplo, Día tras día (Antonio del Amo, 1951), centrada en los golfos del Rastro madrileño, aunque el verdadero protagonista sea el párroco que trata de redimirlos. O, a pesar de su moralina, el modo en que se presenta la Barcelona portuaria en Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira Beleta, 1953), con rodajes in situ, en lugar de utilizar decorados. E incluso la más existencial Segundo López, aventurero urbano (1953), ópera prima de Ana Mariscal. Pero, en cualquier caso, el neorrealismo sobrevuela el ambiente de tal modo que hasta Luis Lucia, en Cerca de la ciudad (1952), se permite parodiarlo y callejear montando la cámara en una camioneta.

Por otro lado, esta aproximación más fidedigna a lo que está sucediendo en el país no es exclusiva de un solo registro o género. Y de ahí que algunos realizadores citados en el apartado anterior no sean ajenos al melodrama o la crónica negra, o a ambas. Por ejemplo, Rovira Beleta, quien en 1956 se aproxima más todavía al policial con El expreso de Andalucía. O José Antonio Nieves Conde con Los peces rojos (1955) y Carlos Serrano de Osma con La sombra iluminada (1958). Y otro tanto harán en Barcelona Julio Salvador con Apartado de correos 1001 (1950), Ignacio F. Iquino con su productora Emisora Films (Brigada criminal, 1958) y Juan Bosch, con su trilogía Sendas marcadas (1957), A sangre fría (1959) y Regresa un desconocido (1961).

Es inevitable referirse al caso de Surcos (1951) y su realizador, José Antonio Nieves Conde, como uno de los más sintomáticos de esta tendencia. Para empezar, se rodó íntegramente con sonido directo, algo nada habitual en aquella época. En segundo lugar, reflejaba uno de los problemas más importantes del país, el de la población que emigraba hacia las ciudades o núcleos industrializados. Y lo hacía sin ocultar sus más graves secuelas, desde el estraperlo hasta la prostitución, aunque al final se optase por el regreso al terruño y la idealización de los pueblos como una suerte de reserva moral. Con todo, sirvió para desvelar las fisuras en el seno del régimen, delimitando con claridad meridiana hasta dónde estaba dispuesto a tolerar estas aproximaciones.

Nieves Conde era falangista, de la tendencia hedillista. Es decir, un disidente interno, de los que creía que el franquismo había laminado la supuesta vocación social del partido fundado por J. A. Primo de Rivera. Esto no se apreciaba en la película que había filmado el año anterior, Balarrasa, pero quedaría claro en 1957 con El inquilino, que abordaba con gran valentía los problemas de los españoles para acceder a un piso. Originalmente terminaba con Fernando Fernán Gómez y toda su familia en la calle, lo que provocaba la reacción de solidaridad de los obreros que habían derribado su casa, quienes recogían materiales de construcción para hacerles una nueva en un descampado. Semejante final indignó al Ministerio de la Vivienda, obligándoles a rodar otro, en el que hallaban cobijo en una urbanización llamada La Esperanza.

En el guión de Surcos, Nieves Conde contó con la colaboración de Eugenio Montes, Natividad Zaro y Gonzalo Torrente Ballester, especialmente con este último. Y siempre negó la inspiración neorrealista, insistiendo en que más bien se sentía asistido por el cine callejero del alemán Pabst o el arrabalero de los franceses Duvivier y Renoir. Pero, sobre todo, por la tradición realista española. No le faltaba razón al apelar a antecedentes literarios como La busca de Pío Baroja o fílmicos como La aldea maldita (1930) de Florián Rey, a cuyo rodaje en tierras segovianas había asistido cuando solo era un niño.

En cualquier caso, el apoyo de García Escudero a esta tentativa, desestimando la oficialista de Alba de América, no solo provocó su salida de la Dirección General de Cinematografía, sino que colocó en el centro de los debates tanto la película como las tendencias neorrealistas con que fue identificada. Lo que se reforzaría al año siguiente con el debut de dos alumnos regresados de las aulas de la escuela de cine, Bardem y Berlanga, para codirigir, en 1951, Esa pareja feliz.

Este largometraje empieza, y no por casualidad, con una parodia del cine histórico al estilo de Juan de Orduña, donde Lola Gaos interpreta a una reina de Castilla que termina descalabrada al caer por un ventanal gótico. Inmediatamente la dejamos de lado y, en vez de seguir su suerte, la cámara se ocupa de uno de los eléctricos que trabaja en el rodaje (Fernando Fernán Gómez) y su novia (Elvira Quintillá, que luego hará el papel de la maestra en ¡Bienvenido, mister Marshall!). De ese modo se nos muestra el Madrid de la gente del común, el de las corralas y los pisos realquilados, en uno de los cuales esta pareja dispone de habitación con derecho a cocina. Tras ganar un concurso que los colma de obsequios y convierte durante 24 horas en la «pareja feliz», cansados del artificio, aceptan su realidad y terminan depositando los regalos en unos bancos de la calle donde duermen los vagabundos, mientras al fondo asoma un rascacielos en construcción.

Su tono directo fue apreciado por unos productores que la vieron en un pase privado, creyeron en las posibilidades de aquellos debutantes y les pidieron una comedia, que terminaría convirtiéndose en ¡Bienvenido, mister Marshall! El guión, escrito por ambos y revisado por Miguel Mihura, debería haber contado con la codirección de Bardem y Berlanga, pero terminó siendo realizado por este último en solitario. Su punto de partida era La kermesse heroica (Jacques Feyder, 1935), donde una población de los Países Bajos que está a punto de ser tomada por los temibles tercios españoles prefiere recibirlos con los brazos abiertos y agasajarlos, en lugar de oponer resistencia. Pues, de un modo similar, los habitantes del pueblo castellano Villar del Río deciden dar la bienvenida a los americanos disfrazándose de andaluces. Lo cual permitía darle la vuelta a uno de los géneros hegemónicos por excelencia, el de folclóricas, manejándolo desde dentro. Y, de ese modo, parodiaba los clichés del propio cine y algunos de sus lenguajes más asentados, como el expresionismo alemán en el sueño del cura, el western en el del alcalde o —en el del hidalgo— el cine histórico por el estilo de Alba de América.

Lo hacía con un humor que era a la vez crítico y popular, prolongando el sesgo de ironía y distanciamiento respecto a la retórica oficialista de La Codorniz, revista que Miguel Mihura había fundado y dirigido entre 1941 y 1944. Aun siendo puntual, la colaboración de este último resultó decisiva, como en la famosa arenga de Pepe Isbert desde el balcón. Y suponía recuperar una de las corrientes culturales que había conseguido sobrevivir en la España de posguerra, «la otra generación del 27», los discípulos de Ramón Gómez de la Serna. Escritores como Jardiel Poncela, López Rubio o Antonio de Lara («Tono»), que habían estado en Hollywood redactando los diálogos de las versiones en español de las películas americanas y asimilando el ritmo de sus comedias.

Gracias a todos esos factores, con ¡Bienvenido, mister Marshall! surge un cine menos envarado y doctrinario, capaz de conectar con la taquilla de tal forma que los españoles se reconocieran en él. Y no solo en aquel momento, sino muchos años después, por su aire de retrato de familia. Hasta el punto de que su titulo se ha convertido en una expresión hecha, utilizada para caracterizar de un plumazo tantas situaciones similares como ha deparado la historia posterior. Con ello demostraba Berlanga su habilidad para poner ante sus paisanos una caricatura de sus comportamientos. Ese barullo coral, de una desbordante vitalidad, compuesto a partes iguales de ridículo, indulgencia, complicidad e incluso un cierto y soterrado orgullo por ser así y sospechar —y temer— que no tenemos remedio.

Dicho esto, sus películas posteriores demostrarían que sus fórmulas no son nada simples, ni fáciles de definir. Por ejemplo, su componente neorrealista puede valer como referencia o punto de partida, pero en absoluto como balance final. Muy significativo resultaría al respecto el fracaso de sus proyectos con Cesare Zavattini, el teórico del movimiento y guionista de cintas dirigidas por Vittorio de Sica tan significativas como Ladrón de bicicletas, Milagro en Milán o Umberto D. La repercusión conseguida por ¡Bienvenido, mister Marshall! en el Festival de Cannes, donde se alzó con el premio Internacional del Jurado, y las gestiones de uno de los ayudantes de dirección de la película, Ricardo Muñoz Suay, allanaron el camino para el proyecto Cinco historias de España, en las que él mismo colaboró junto con Zavattini y Berlanga. Para ello, durante el verano de 1954 viajaron a una serie de lugares que podrían inspirarles, entre ellos Las Hurdes. Pero no pareció haber entendimiento. Zavattini tendía a ver aquellas tierras y gentes como una traslación de las italianas, mientras que Berlanga elaboraba los temas de tal modo que los derivaba hacia el sainete o el esperpento. En definitiva, operaban sobre tradiciones bien distintas.

De hecho, al realizador le costó lo suyo encontrar un tono propio a la altura de un arranque tan brillante, y en ello será decisivo, como veremos, su encuentro posterior con el guionista Rafael Azcona. En lo que resta de la década de los cincuenta, Berlanga prosiguió su andadura con Novio a la vista (1954), sobre un guión escrito junto con Edgar Neville, y Calabuch (1956). Más interesante resultó Los jueves, milagro (1957), a pesar de las alteraciones sufridas a manos del censor que la asesoraba religiosamente, el famoso padre Garau. Estas fueron tantas que el realizador le propuso que figurara en los créditos como coguionista.

En cuanto a Bardem, en 1953 realiza Cómicos, sobre el mundo de los actores de teatro, un tema que conocía bien, por ser él mismo hijo de dos de ellos, Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro. En 1954 lleva a cabo uno de sus raros abordajes de la comedia, Felices Pascuas, con guión escrito junto con Alfonso Paso. En los dos años siguientes rueda sus mejores obras. La primera, Muerte de un ciclista (1955), aúna el drama social de reflexión moral con una planificación que remite al Antonioni de Cronaca di un amore, con la que comparte protagonista, Lucía Bosé. La segunda, Calle Mayor (1956), es una afortunada adaptación de La señorita de Trevélez de Arniches, con especial sensibilidad hacia el papel social desempeñado en aquel entonces por la mujer, en contraste con una galería de ociosos gamberros provincianos que recuerda al Fellini de I vitelloni. La primera le valió el premio de la crítica en el Festival de Cannes y la segunda el equivalente en el de Venecia, lo que proyectó su nombre como el más prometedor director de su generación.

Sin embargo, sus siguientes películas no estuvieron a la altura de esas expectativas. Fue el caso de La venganza (1957), donde se mantenían las mismas tesis que el Partido Comunista sobre la reconciliación nacional. O la adaptación de las Sonatas (1959) de Valle Inclán, coproducida con México y de confesada inspiración en el Senso de Visconti. En 1960 cambió de tercio, adaptando La cornada de Alfonso Sastre con el título de A las cinco de la tarde. Lejos de las típicas películas taurinas, en ella se desentendía de corridas y faenas para centrarse en la explotación de los toreros por los empresarios.

No era la única película que incidía por entonces en esa misma temática. En 1959 también lo hacían otras dos, alguno de cuyos protagonistas quería debutar en los ruedos: Los chicos, de Marco Ferreri y Los golfos, primer largometraje de Carlos Saura. Ambos pertenecen ya a otros contextos generacionales.

En el caso del primero, porque a partir de 1962 su carrera se desarrolla sobre todo en su país natal, Italia. Sin embargo, en estos fecundos años españoles dirige una muy interesante trilogía que, además de la ya citada Los chicos, incluye El pisito (1958) y El cochecito (1960). Su gran aliado en estas dos últimas será el entonces casi desconocido Rafael Azcona, quien aportó el corrosivo humor negro de La Codorniz, donde colaboraba. En El pisito adaptó una novela suya protagonizada por una joven pareja desesperada por no poder encontrar vivienda para casarse. Como último recurso, deciden que él despose a la vieja patrona de la pensión en que se aloja, calculando que morirá pronto y les dejará la casa en herencia. Otro tanto hizo en El cochecito con un relato suyo. Esta vez el personaje principal era un anciano interpretado por Pepe Isbert, deseoso de comprarse un vehículo de inválido para poder salir con sus amigos motorizados. La censura alteró el final original, en el que el protagonista envenenaba a la familia, furioso por su mezquindad al no darle el dinero que necesitaba. En la versión censurada, el anciano se arrepentía y telefoneaba a la Guardia Civil antes de que fuera demasiado tarde.

En el caso del segundo realizador mencionado, Carlos Saura, su largometraje Los golfos desborda ya la década de los cincuenta porque mantiene un tratamiento formal cercano en muchos aspectos al de la Nouvelle Vague francesa. Su montaje, por corte directo, acomete contra el núcleo de las secuencias, en lugar de introducirlas o rematarlas al modo convencional. Y su director encontrará una voz propia en la siguiente década, la de los sesenta.

1962: LOS NUEVOS CINES

La política más aperturista de 1962 se traduce de manera especialmente visible a través del Ministerio de Información y Turismo, al convertirse la segunda de sus competencias en la principal fuente de divisas y perseguir a través de la primera una imagen renovada del país. Esta operación culminará en 1964 con la campaña de los 25 años de paz y una hagiografía fílmica del Caudillo, Franco, ese hombre, rodada por el mismo director de Raza, José Luis Sáenz de Heredia.

Manuel Fraga Iribarne, a quien ha sido encomendada dicha cartera, pide a José María García Escudero que regrese a la Dirección General de Cinematografía y Teatro que ya había ocupado fugazmente en 1951. Ahora permanecerá en el cargo hasta 1967, para llevar a cabo una gestión que imprime un giro considerable a la producción nacional.

El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas pasa a denominarse Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), mejorando sus instalaciones y convirtiéndose en un islote de libertad dentro de la España franquista. Algo parecido sucede con las películas que apoya García Escudero, que procuran al régimen un lavado de cara en el escaparate de los festivales internacionales.

En febrero de 1963 aparecen las nuevas Normas de Censura Cinematográfica, donde se concretan, por fin, unos criterios hasta entonces dependientes del humor y arbitrio de una serie de funcionarios y clérigos. Su primera prueba de fuego será al año siguiente El verdugo de Berlanga, de la que saldrá tan mal parada la película como la credibilidad del comité oficial.

En agosto de 1964 se refuerza esta legislación con las Normas para el Desarrollo de la Cinematografía, una especie de Plan de Desarrollo aplicado al cine. Mediante ellas se eliminan las categorías vigentes desde hacía una década y se sustituyen por un porcentaje que asigna a cada película el 15 % de los ingresos brutos en taquilla, cuyo control se establece poco después. Ese automatismo de las subvenciones contribuye a paliar la dependencia ideológica y otros clientelismos. Y para fomentar un cine más ambicioso se establece un apartado de películas, las de «interés especial», con ayudas de hasta un 50 %.

Otras medidas complementarias refuerzan este considerable giro, que da la espalda al viejo sistema de productoras que sesteaban a la sombra del régimen, para estimular la comparecencia de nuevos realizadores formados en la Escuela. Y también un nuevo público, más exigente y cercano al de los cineclubs, cuya Federación creada en 1957 había presidido García Escudero. En definitiva, un modelo inspirado en el que André Malraux había aplicado en Francia en su condición de Ministro de Cultura de De Gaulle, facilitando que un heterogéneo grupo de realizadores configurase un movimiento más o menos coherente, denominado Nouvelle Vague.

En España, supone la promoción desde el poder de un frente renovador y una política «de autor» que debía complementar al cine de género o meramente industrial, desplazándolo para que proyectase la imagen de un país más moderno y abierto. Lo que conlleva un desentendimiento oficial no solo respecto a las inercias más comerciales, sino también frente a los «autores» más inquietos de la década anterior —Bardem, Berlanga, Fernando Fernán Gómez—, cuyas obras no podían ser presentadas como logros de los gestores políticos recién incorporados.

Con independencia de unos y otros, los cambios sociológicos aportados por el desarrollismo se revelarían como un árbitro implacable. Para empezar, la televisión. Esta llegó a España en 1956, pero ni las emisiones ni los receptores se difundieron apenas en la segunda mitad de esa década. Tal retraso, los elevados precios de los televisores y las halagüeñas perspectivas del cine español en los años cincuenta hicieron pensar al sector de la exhibición que el nuevo artefacto no incidiría excesivamente en el consumo de películas en sala. Se equivocaban. A lo largo de los años sesenta se promovieron en todos los pueblos los teleclubs por parte del ministro Fraga Iribarne, para potenciar el efecto propagandístico de TVE. Y el nuevo terminal audiovisual demostró ser un enemigo temible. Entre 1963 y 1965, el grueso de una generación dejó de ir el cine. Sencillamente, no llegó a adquirir ese hábito y después resultaría, en la práctica, irrecuperable. A partir de 1966 empieza el declive de los 430 millones de espectadores y ocho mil salas con los que contaba el país. Y también se pierde aquella sociedad tan estable, cerrada y bien jerarquizada de los años cincuenta que le había servido de base.

Ahora, su resquebrajamiento —que también implica desentumecimiento, diversificación y enriquecimiento de perspectivas— va a provocar una fragmentación de las audiencias, traducida en 1967 en la creación de las salas de Arte y Ensayo, con aforos inferiores a las quinientas butacas y restringidas a ciudades de más de cincuenta mil habitantes. En ellas se autorizan las versiones íntegras y originales, subtituladas en español. Se otorga así carta de naturaleza a unos espectadores más jóvenes, urbanos y modernos, que demandaban un nuevo cine y estaban en condiciones de imponerlo.

Hasta los años cincuenta, el público era, sobre poco más o menos, unitario, con todos los matices que se quiera, según las sesiones o la categoría de los locales: familiar, matinal para niños, adultos, géneros más «femeninos» o «masculinos», etc. Pero es que ahora las salas empiezan a especializarse para atender a esos espectadores segmentados e incompatibles: quienes asisten a una película de Saura —o de Bergman con subtítulos— en las salas de Arte y Ensayo, difícilmente se codearán con los que van a ver una de Ozores.

Porque sigue haciéndose ese tipo de comedia, anclada en las inercias y atavismos del sainete más rancio. Y consigue éxitos tan resonantes como La ciudad no es para mí (Pedro Lazaga, 1966), uno de los grandes taquillazos de la década, donde Paco Martínez Soria encarna uno de tantos papeles a la medida, que suelen servirle para exorcizar las perplejidades provocadas por el desarrollismo, como sucede de nuevo en El turismo es un gran invento (1968).

Otros realizadores trabajan dentro de terrenos más posibilistas, como José María Forqué, quien ya había acotado sus perspectivas con Maribel y la extraña familia (1960) y Usted puede ser un asesino (1961). Todo ello reforzado por el ingreso en la órbita del productor Pedro Masó, guionista de su siguiente película, Atraco a las tres (1962), una de las más notables comedias de la década, en la que se parodian Rififi y sus variaciones. No faltaron luego los musicales, al servicio de Rocío Dúrcal en Tengo 17 años (1964) o del grupo de rock más internacional, Los Bravos, en Dame un poco de amooor (1968), que el propio realizador calificaría como un accidente en su carrera.

Es esta una veta que no podía faltar en la década pop por excelencia, donde las audiencias juveniles empiezan a contar, y mucho, abastecidas como están por productos específicos, gracias al transistor y los tocadiscos portátiles. En Pero ¡en qué país vivimos! (1967) José Luis Sáenz de Heredia enfrentó a Manolo Escobar, como representante de la música más castiza, y a Conchita Velasco, que desde una anterior película del mismo realizador, Historias de la televisión (1964), se había convertido en la «chica yeyé» por antonomasia. Y además de las dedicadas a Raphael y Peret, no faltan películas protagonizadas por Marisol, Ana Belén, el Dúo Dinámico, Pili y Mili, Juan y Junior, Massiel o Joan Manuel Serrat. Otras tentativas para renovar este tipo de cine son Los chicos con las chicas (1967) que dirige Javier Aguirre a mayor gloria de Los Bravos y, ya en 1969, Un, dos, tres, al escondite inglés de Iván Zulueta y Topical Spanish del conocido fotógrafo Ramón Masats.

Un lugar aparte ocupan los musicales de Rovira Beleta, con títulos como Los Tarantos (1963) y El amor brujo (1967), por la atención prestada al baile flamenco de mayor entidad, con Carmen Amaya y Antonio Gades. También dentro los géneros —con convicción, solvencia y una inusual proyección internacional— se mueve Antonio Isasi Isasmendi, en Estambul 65 (1965) y Las Vegas 500 millones (1967), que marcan uno de los caminos por los que podría haber evolucionado la modernización del cine comercial en España.

Una apuesta bien diferente son los spaghetti-westerns que se ruedan en Almería, Hoyo del Manzanares o Esplugues de Llobregat. O las cintas de terror de Jesús Franco. En cuanto a Narciso Ibáñez Serrador, gracias a sus Historias para no dormir televisivas logra rodar en 1969 su película La residencia. El género eclosionará en los años setenta, al sumarse a él Jacinto Molina (con el pseudónimo de Paul Naschy), León Klimovsky y Amando de Ossorio, quienes sentarán las bases para desarrollos posteriores, que prosiguen hasta la fecha.

El más peculiar de los fenómenos de un cine comercial hecho para la exportación fue el llevado a cabo por el americano Samuel Bronston, atraído por los bajos salarios del país. Ya había habido antecedentes como Orgullo y pasión (Stanley Kramer, 1957) De repente, el último verano (Joseph L. Mankiewicz, 1959) o Salomón y la reina de Saba (King Vidor, 1959). Pero con Bronston se llega al apogeo con el rodaje por Nicholas Ray de Rey de reyes (1961) y 55 días en Pekín (1962); por Anthony Mann de El Cid (1961) y La caída del imperio romano (1963); o El fabuloso mundo del circo (1964) a cargo de Henry Hathaway.

Para ello, constituye una compañía con capital totalmente americano que solo trabaja en España y llega a contar con créditos oficiales, la colaboración desinteresada del ejército para las multitudes de extras y la cesión de parques naturales que son alterados cuando así lo requiere el rodaje. A cambio de este trato de privilegio, en 55 días en Pekín se incluye la bandera y el embajador español, se celebra una figura como la del Cid y se llega a planear un proyecto sobre Isabel «la Católica». Este último nunca se filmó, pero sí dos documentales de propaganda, Sinfonía española (1963) de Jaime Prades y El valle de la paz (1961) de Andrew Marton, realizador que solía ocuparse de las segundas unidades de rodaje, en ocasiones con resultados tan brillantes como la carrera de cuadrigas de Ben-Hur (William Wyler, 1959). Lo que, ciertamente, no fue el caso de esta pieza propagandística que exaltaba el Valle de los Caídos.

En 1964 la compañía de Bronston entró en bancarrota, aunque todavía en años posteriores se rodarían aquí otras superproducciones extranjeras, como las dos dirigidas por David Lean, Lawrence de Arabia (1963) y Doctor Zhivago (1965). En otro orden de cosas, Orson Welles, que ya había rodado en 1955 Mr. Arkadin, regresa a España una década después para realizar Campanadas a medianoche (1965), una producción mucho más modesta, pero no menos interesante, de Emiliano Piedra. Y en todo ese transcurso varios directores de primera línea elogiarán la calidad de los técnicos españoles, algunos de los cuales, como Gil Parrondo, lograrían andando el tiempo hasta dos Oscars a la mejor dirección artística.

La desiderata en cuanto a una hipotética puesta al día del cine español, hecha de forma equilibrada, podría haber incorporado todos esos activos. Es decir, el amplio abanico de ciclos y géneros que iba del industrial y asentado hasta los recién introducidos al hilo de la propia evolución de la sociedad española. O la producción más minoritaria alentada por los apoyos estatales de García Escudero.

Incluso podría haberse tenido en cuenta el itinerario autóctono recorrido en pos de la renovación. Ahí estaban los logros de la generación de Bardem y Berlanga. Además, se había iniciado una embrionaria escuela documentalista, con Cuenca (1958) de Carlos Saura; A través de San Sebastián (1960) y A través del fútbol (1963) de Elías Querejeta y A. Eceiza; El noveno (1961) y Torerillos (1962) de Basilio Martín Patino y otras obras primerizas de Jacinto Esteva, Jaime Camino, Mario Camus y Jorge Grau. Estos cortos deberían haber sido el camino lógico de integración en el largometraje de todos estos jóvenes salidos del IIEC. Pero el monopolio del NO-DO impidió su exhibición fuera de los circuitos restringidos de los cineclubs.

Más absurda aún fue la marginación de cineastas que cumplían sobradamente las condiciones para ser considerados «autores» de pleno derecho, como Fernando Fernán Gómez. Actor omnipresente, había iniciado su andadura de director a principios de los años cincuenta, pero será a finales de dicha década cuando acometa su ciclo más interesante con La vida por delante (1958) y La vida alrededor (1959), donde refleja los cambios de España hacia el desarrollo. Le siguen dos adaptaciones teatrales, una de Mihura, Solo para hombres, (1960) y otra de Muñoz Seca, La venganza de don Mendo (1961), para entrar de lleno en dos obras que podrían haber encajado perfectamente en la renovación propugnada por García Escudero, El mundo sigue (1963) y El extraño viaje (1966). La primera adaptaba la novela homónima de Juan Antonio de Zunzunegui, reflejando de un modo descarnado la dura vida del barrio madrileño de Maravillas. Tuvo tantos problemas con la censura que fue apartada de los circuitos comerciales. En cuanto a El extraño viaje, su punto de partida era el conocido crimen de Mazarrón. Pero lo verdaderamente interesante era el modo en que se desarrollaba la historia, cine negro en un pequeño núcleo rural, con un pie en el policial y otro en el género de terror, que terminaba por poner patas arriba aquella sociedad petrificada. Tampoco esta película logró estrenarse hasta cinco años después, lo que desanimó definitivamente a su realizador, quien se centró en su trabajo como intérprete.

Ni Bardem ni Berlanga encuentran las facilidades que habrían sido esperables. Aunque eso no impide que sea ahora cuando el segundo filme sus mejores obras, con la inestimable colaboración del guionista Rafael Azcona. Esta comienza en Plácido (1961), inspirada en las campañas de caridad propugnadas por el franquismo para la Nochebuena bajo el lema «Siente un pobre a su mesa». Mientras las fuerzas vivas exhiben sus buenos sentimientos a costa del menesteroso que les ha tocado en suerte, el personaje que le da título, interpretado por el humorista Cassen, ha de recorrer la ciudad con su motocarro, rematado por una estrella navideña. Pero su verdadero objetivo es pagar la primera letra del vehículo antes del cierre del notario, para no perder su herramienta de trabajo.

La película fue candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y supuso el hito de mayor envergadura hacia la consecución del inconfundible estilo de Berlanga. Uno de sus principales instrumentos es el plano secuencia de impresionante fluidez y precisión, del que se vale el realizador para diseccionar la sociedad que le ha tocado en suerte. Gracias a él, la cámara se mueve como con un escalpelo a través de las distintas clases sociales, donde no deja títere con cabeza, mientras los personajes proliferan a grito pelado. Ese rebullir de infusorios agitándose sin pausa podría producir en primera instancia la sensación de sociabilidad, la característica furia vital de por estos pagos. Pero una serie de apartes, la banda sonora, o el humor negro, trabajando en ácidos contrapuntos, se encargan de reducirlo a una telaraña que atrapa inexorablemente al individuo.

Semejante visión, nada halagüeña, alcanza su cima en El verdugo (1964), donde se arremete contra la pena de muerte y su conversión en un oficio. Para ello se muestra cómo un pacífico empleado de pompas fúnebres es arrastrado hasta un matrimonio de penalti y el puesto de funcionario de su suegro, para heredar el piso de este, que perdería al cesar en su puesto de verdugo si no fuese sustituido en ese desempeño por el yerno. La película contiene tantos momentos antológicos que ha encabezado a menudo las listas del mejor cine español. Pero si hubiese que destacar uno, sería el final, la secuencia matriz de todas las demás, donde se muestra el avance de dos grupos: el que lleva al reo, convenientemente desfallecido, y el que ha de emplearse a fondo para arrastrar al verdugo debutante, todavía más descompuesto. El decorado, blanco, enorme, intimidante, sin asideros, no deja resquicio ni escapatoria. Es la ratonera que imprime el último giro de tornillo donde ha quedado atrapado un nuevo incauto.

Su pase en el Festival de Venecia provocó una auténtica conmoción, al recordar la reciente ejecución del comunista Julián Grimau, el último procesado de la guerra civil. El embajador de España en Roma, Alfredo Sánchez Bella, presentó una furibunda protesta ante el gobierno italiano y la cinta sufrió otros catorce cortes, que hubieron de sumarse a las restricciones de la censura previa. Quedó con ello tan irreconocible que —como lamentaba Berlanga— al final era imposible saber si el personaje interpretado por Pepe Isbert, que iba de aquí para allá con su maletín de cuero, era un verdugo o un fontanero. En lo sucesivo, el realizador se topó con tantas dificultades para trabajar que no lo consiguió hasta La boutique (1967), rodada en Argentina, y ¡Vivan los novios! (1969), que no estaban a la altura de las dos anteriores.

También Bardem, ante las prohibiciones de la censura, ha de rodar en Argentina Los inocentes (1962), y solo la nueva situación de apertura de los sesenta le permite filmar en España una de sus mejores películas, Nunca pasa nada (1963), que reflejaba de nuevo la inanidad de la vida provinciana —como Calle Mayor— y que algunos malevolentes subtitularon «Calle menor». Al igual que había hecho en el caso de El verdugo, el embajador de España en Italia, Sánchez Bella, presentó un escrito de protesta que estigmatizó al realizador, dificultando sus trabajos posteriores, mucho más irregulares, con coproducciones como Los pianos mecánicos (1965) o El último día de la guerra (1968).

Lo que suele llamarse Nuevo Cine Español no es una etiqueta que se aplique a estas obras, sino a la operación promocional de García Escudero, que permite debutar a 48 realizadores, los cuales ruedan 86 películas en poco más de cuatro años. Cierto que se trata de una época de bonanza, en que se pasa de los 88 largometrajes de 1962 a los 125 de 1967, con un récord de 164 en 1966.

Sus efectos se dejan sentir ya en 1963, año en el que Francisco Regueiro rueda El buen amor, donde una pareja de novios universitarios ha de contrastar sus sentimientos con el trasfondo del Toledo clerical al que se escapan. Mario Camus filma una película sobre los cómicos ambulantes, Los farsantes, y otra sobre el boxeo, Young Sánchez, a partir de la narración de Ignacio Aldecoa, a quien adaptará al año siguiente en Con el viento solano. Manuel Summers debuta con dos historias de amor en el inicio y el final de la vida, Del rosa al amarillo, a la que sigue en 1964 La niña de luto, sobre una pareja que no puede casarse porque la familia de la novia ha de guardar duelo por sus muertos, y que abunda, como tantas otras, en la cerrada sociedad española de provincias. Antes de integrarse en el cine comercial, Summers rueda un personal documental, Juguetes rotos (1966), con personajes un día populares y ahora olvidados, entre los que se cuentan toreros como Nicanor Villalta, boxeadores como Paulino Uzcudun y futbolistas como Guillermo Gorostiza.

Miguel Picazo ofrece una de las mejores películas de toda la década con La tía Tula (1964), una adaptación de la novela de Unamuno que le fue sugerida por Marco Ferreri. En ella, Aurora Bautista se mete en la piel del personaje para ofrecer una interpretación muy distinta a aquellas que la habían hecho popular en los melodramas históricos de Cifesa. Y ofrece un estremecedor retrato de uno de los aspectos más sombríos del franquismo, su feroz represión sexual. Todo ello servido por una planificación austera, precisa, sin concesiones.

En 1965, Basilio Martín Patino, diez años antes organizador de las «Conversaciones de Salamanca», concede a esta ciudad el protagonismo en Nueve cartas a Berta. Y la convierte en testigo privilegiado de la comezón existencial de un joven que va narrando en un tono marcadamente literario —una de las cartas se titula «Tiempo de silencio»— las frustraciones generacionales de quienes buscan su lugar en la sociedad surgida de la posguerra.

Este tipo de películas continúa en 1966 con De cuerpo presente, realizada por A. Eceiza a partir de la novela de Gonzalo Suárez. Y con La busca, adaptación a cargo de Angelino Fons de la novela homónima de Pío Baroja, que tiene muy en cuenta los espléndidos grabados de su hermano Ricardo, en la mejor tradición de la «España negra» (Goya, Regoyos, Solana). Pedro Olea debuta en 1968 con Días de viejo color, y en 1969 Elías Querejeta ofrece a José Luis Egea, Víctor Erice y Claudio Guerín la realización de los tres episodios que configuran Los desafíos. Lugar aparte ocupa la peculiar trayectoria de José Luis Borau, que empieza ahora trabajando dentro de géneros bien definidos y nada habituales dentro de este cine de corte autoral, como Brandy (1963), una película del Oeste, seguida del policial bastante más cuajado Crimen de doble filo (1964).

La configuración en Madrid de todo este movimiento oficialista propició en la capital catalana la etiqueta alternativa de «Escuela de Barcelona», acuñada por Ricardo Muñoz Suay para referirse a un grupo de cineastas independientes que articula sus propuestas entre 1965 y 1967. Frente al que denominan «cine mesetario», sus pretensiones serán más vanguardistas y Joaquín Jordá las resumirá en un conocido lema: «Ya que no podemos hacer Víctor Hugo, haremos Mallarmé».

Muchas de sus referencias proceden del entorno publicitario barcelonés, el mundo editorial, el diseño y la moda, el pop, Godard o el underground de la Escuela de Nueva York. A menudo son autodidactas en cuestiones cinematográficas, se autofinancian y prefieren los dominios subjetivos y la exploración formal. Debido a la escasez de circuitos de exhibición no comerciales, apenas pasaron de una apreciación muy minoritaria. Entre sus títulos cabría destacar Noche de verano (1963) y Acteón (1965) de Jorge Grau, Fata Morgana (1965) de Vicente Aranda, Dante no es únicamente severo (1967) de Jacinto Esteva y Joaquín Jordá, Cada vez que… (1967) de Carlos Durán y Circles (1967) del luego famoso arquitecto Ricardo Bofill. Las frustrantes experiencias de dos películas de 1968, Tuset Street de Jorge Grau y Después del diluvio de Jacinto Esteva, vinieron a jalonar el final de tan dispares tendencias.

Un lugar aparte ocupan aquellos realizadores que, aun trabajando en la capital catalana, siguen también otros derroteros, como Jaime Camino en Los felices sesenta (1964) o Gonzalo Suárez, quien se maneja tanto en la literatura como en la pantalla: Ditirambo (1967) y El extraño caso del doctor Fausto (1968). No menos singular es Pere Portabella, al valerse de guiones del poeta visual Joan Brossa en No contéis con los dedos (1967) y Nocturno 29 (1968), sin que ello le impidiese participar en la producción de películas tan «mesetarias» como Viridiana de Buñuel, El cochecito de Ferreri o Los golfos de Carlos Saura, con cuyo registro realista no desentonarían algunas barcelonesas como El último sábado (P. Balañá, 1966) o La piel quemada (J. Maria Forn, 1967), donde colisionan dos de los temas que más estaban contribuyendo a cambiar el país, la inmigración y el turismo.

También Saura es un director cuya trayectoria cuestiona las divisiones tan tajantes entre las dos etiquetas aludidas. Procedente de la fotografía, antes de debutar en el largometraje con Los golfos había trabajado en el documentalismo con aproximaciones como Cuenca (1958). Cuando García Escudero se hace cargo de la Dirección General de Cinematografía, ya contaba con su propio recorrido, pero no había tardado en llegar a un callejón sin salida con Llanto por un bandido (1963), sobre el bandolero José María Hinojosa, «el Tempranillo», interpretado por Paco Rabal. Un empeño de pura subsistencia profesional frustrado por el tangible desajuste entre los medios disponibles y los fines perseguidos. La censura eliminó toda la parte del inicio en la que Luis Buñuel —haciendo de verdugo, con Buero Vallejo como alguacil— ejecutaba a siete bandidos, interpretados por otros tantos intelectuales antifranquistas.

Esa amarga experiencia llevó a Saura a una rotunda decisión: no rodar nunca más una película que no pudiera controlar. Así surge La caza (1965), filmada en el mismo secarral toledano donde se había librado la batalla de Seseña durante la guerra civil. Porque es en este conflicto, que sigue corroyendo a los personajes, donde se anclan los sobreentendidos. Y, operando como la escena primordial de toda catarsis, propician una segunda lectura a modo de parábola política, sin desatender en ningún momento su textura realista, servida con una planificación impecable.

Marca el arranque de su colaboración con el productor Elías Querejeta, para el que filmará una docena de títulos con una muy reconocible marca de fábrica, tanto en temática, técnica y estilo como en la elevación de los techos de permisividad de la censura, jugando la baza del reconocimiento en el exterior. Para ello, trabaja con una cuidada factura y un equipo estable, entre cuyos componentes se cuentan el guionista Rafael Azcona, los operadores Luis Cuadrado y Teo Escamilla, el montador Pablo del Amo y el músico Luis de Pablo.

La caza (1965) supone el primer espaldarazo internacional al recibir el Oso de Plata en el Festival de Berlín, donde Saura conoce a Geraldine Chaplin, quien a partir 1967 será protagonista habitual de sus películas y su compañera durante muchos años. Su presencia se deja ya sentir en Peppermint frappé (1967), donde se da el paso de una violencia exterior a otra interna, más elaborada.

Esa necesidad de interiorizar sus exploraciones de la realidad española, abandonando el costumbrismo, para indagar las nuevas ceremonias que se empezaban a fraguar bajo la vieja piel, se desarrolla por extenso en sus siguientes filmes. Es el caso de Stress es tres tres (1968), tan sintomática de los cambios del país que en su presentación hubieron de explicar lo que significaba la palabra estrés, felizmente desconocida por estos páramos. Su siguiente entrega, La madriguera (1969), cierra esta especie de trilogía de la pareja, en la que se intentan revelar los contenidos latentes de esos nuevos comportamientos a través de una puesta en escena que procede a la recomposición de algunos de los mecanismos íntimos de la personalidad, como la memoria, los deseos insatisfechos, las pulsiones más ocultas…

Las cuestiones que se plantean en ese tránsito remiten a un problema más genérico: el paso de España del subdesarrollo al semidesarrollo. Las tribulaciones de un país acumulativo en el que ya no rige con eficacia el mero realismo descriptivo. La rápida evolución de la base social de que se venían nutriendo las facciones más críticas durante los años cincuenta dejó a estas desfasadas. El sistema defensivo del régimen se hizo más sutil y su «apertura» o «liberalización» pudo absorber las arremetidas más toscas de la resistencia cultural.

Hacía falta un nuevo lenguaje para captar una sociedad más heterogénea. Ya no bastaba la pulsión documental, excesivamente fascinada por los restos pintorescos, casi etnográficos, de culturas agrarias anteriores, en franca extinción. Se necesitaba algo más estructural, capaz de penetrar en el interior de los personajes. Así se intuía en Peppermint frappé, al convertir a su protagonista en un aficionado a la fotografía que también hace radiografías en el ejercicio de su profesión médica. O al visitar en otra de las secuencias el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, donde la protagonista encarnada por Geraldine Chaplin se contrapone a la Brigitte Bardot de Antonio Saura. Escena en todo similar a la de La boutique de Berlanga —del mismo año y con el mismo guionista, Rafael Azcona— donde, en un museo de Buenos Aires, Sonia Bruno posa ante otro de los retratos imaginarios de Brigitte Bardot del mismo pintor.

Al igual que al inicio de los sesenta, y por una extraña simetría, el final de la década trae de nuevo a España a Luis Buñuel, para rodar Tristana (1970). Una vez estrenada, los problemas no los tendrá ahora con el régimen, sino con la facción más radical de los nuevos cineastas, que la consideran una «Viridiana de derechas». Con lo cual queda de nuevo en suspenso la siempre vaga hipótesis del magisterio sobre el cine español del realizador aragonés, quien en lo sucesivo se centrará en sus producciones francesas.

Y todo ello con el trasfondo del nuevo gobierno que toma las riendas en octubre de 1969, año en el que se decreta el estado de excepción. Fraga Iribarne es sustituido en Información y Turismo por el ultraconservador Alfredo Sánchez Bella, aquel embajador que había denunciado El verdugo de Berlanga y Nunca pasa nada de Bardem cuando se estrenaron en Venecia. A esas alturas, García Escudero ya había cesado al frente de la Dirección General de Cinematografía, siendo sustituido en noviembre de 1967 por Carlos Robles Piquer, quien procedió a encauzar la etapa de su predecesor con medidas mucho más cautas y restrictivas. Porque el objetivo de ofrecer una imagen renovada del país en los festivales internacionales de cine solo se había conseguido a medias, sin que las cuantiosas inversiones guardaran proporción con los resultados previstos por el régimen.

Desde una perspectiva muy distinta, la gestión de García Escudero sería cuestionada por quienes la consideraban un perfeccionamiento de los mecanismos de control estatal del cine (a través de las subvenciones), de los realizadores (mediante la EOC) y de los espectadores (gracias a las salas de Arte y Ensayo). Así se estimó en las Primeras Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine, celebradas en Sitges en octubre de 1967. Dieron lugar a un manifiesto en el que se abogaba por la creación de un cine auténticamente independiente, no sujeto a ningún tipo de control político, sindical, burocrático ni censor.

Al margen de estas y otras consideraciones, la apuesta «autoral» de García Escudero produjo a menudo un divorcio con los públicos mayoritarios. De modo que cuando fue sustituido solo rodarían con regularidad los cineastas más dotados o capaces de subsistir por sí mismos. Las infraestructuras industriales fueron desmantelándose paulatinamente, no porque no se hicieran películas, sino porque no generaban productoras estables y sólidas, ya que se creaban de cara a un proyecto concreto y luego desaparecían.

1970: POSTRIMERÍAS Y TRANSICIONES

Con Alfredo Sánchez Bella al frente de la cartera de Información y Turismo la situación se deteriora de forma ostensible entre 1969 y 1973. Se desguazan las iniciativas anteriores, se suprime la Dirección General de Cinematografía y se clausura la EOC. Uno de sus directores llegó a decir que, echando cuentas, la formación de un realizador salía casi tan cara como la de un piloto militar. Y aquello se había convertido en un «nido de rojos» que, al calor de la crisis universitaria, condujo a su liquidación en el cambio de la década para pasar muchas de sus disciplinas a integrarse, posteriormente, en la Facultad de Ciencias de la Información.

Además, el Ministerio se retrasa hasta en un año en el pago de subvenciones y reduce la protección automática de las películas del 15 al 10 % de la recaudación en taquilla. Todo lo cual se une al agotamiento del Fondo de Protección al cine y a la descapitalización del Banco de Crédito Industrial que debía ayudar a su financiación, debido al fraude de Matesa, que le afectó de lleno.

Sánchez Bella es destituido en 1973 durante la remodelación que se produce en el gobierno tras el atentado que cuesta la vida a Carrero Blanco. Le sigue un breve interregno, que restablece en buena medida el estado de cosas anterior en cuestiones fílmicas. Hasta que en enero de 1974, con Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, un afín a Fraga Iribarne, Pío Cabanillas, ocupa Información y Turismo. Solo dura nueve meses en el cargo, de modo que ya lo ha abandonado cuando en febrero de 1975 se publican unas nuevas Normas de Calificación Cinematográfica muy desbordadas por las circunstancias. Ello se debe en buena medida a los cambios producidos en el público asistente, que desciende de modo significativo, hasta el punto de que si en 1969 podían contabilizarse 117 millones de espectadores, en 1975 esa cifra habrá bajado hasta la mitad. Y ya no es el de antes. A partir de núcleos minoritarios —cineclubs y salas de Arte y Ensayo— ha aflorado un nuevo público, más urbano, inquieto y liberal, convertido en el soporte decisivo de los circuitos de exhibición al desertar de estos quienes prefieren apoltronarse ante el televisor.

En el año 1970 ni siquiera se llega a producir un centenar de películas, cifra que no se remonta hasta 1972. Y buena parte de ese segmento más descaradamente comercial está copado por el llamado «destape», uno de los subgéneros que plagará la cartelera en las postrimerías del franquismo y durante la Transición. Algunas de estas cintas, como las protagonizadas por Alfredo Landa, se sitúan entre las más taquilleras de toda la historia del cine español, como No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970). En un registro similar se mueven Vente a Alemania, Pepe (Pedro Lazaga, 1971) o El reprimido (Mariano Ozores, 1974). Otras, como Lo verde empieza en los Pirineos (Vicente Escrivá, 1973) dejan constancia de los viajes de fin de semana a Perpiñán para atracarse de películas prohibidas. Muchas de ellas se pasan con subtítulos en español y la revista Time en un artículo titulado «The Blue Pilgrims» («Los peregrinos verdes») se maravilla de que en aquella población francesa de cien mil habitantes hayan visto El último tango en París ciento diez mil espectadores.

El abordaje de una sexualidad cada vez más urgente no siempre se hace en tono de comedia, sino también con registros dramáticos y no poco moralizantes y reaccionarios, como sucede con Aborto criminal (1973) de Ignacio F. Iquino o Experiencia prematrimonial (1973), dirigida por Pedro Masó y protagonizada por una jovencísima Ornella Muti, sobre guión del padre Martín Descalzo. Y, dado que uno de los escasos avances de las nuevas normas de censura de principios del año 1975 es la autorización del desnudo en determinadas y justificadas situaciones, no tarda en producirse el primero integral, el de María José Cantudo en La trastienda (Jorge Grau, 1975).

Esta cierta sensación de permisividad va a conducir a uno de esos tanteos sociológicos en los que el cine —debido a su público masivo, que le otorga un cierto componente plebiscitario— se adelanta a la propia política. Es la fórmula denominada tercera vía que su promotor, el guionista y productor José Luis Dibildos, se apresura a definir como «cine en desarrollo». Uno de sus realizadores, Antonio Drove (que en 1974 firmaría Tocata y fuga de Lolita), resumió su receta como «tema importante, pero tratado en tono de comedia para hacerlo asequible comercialmente y sin problemas de censura».

Muchas de sus características las había perfilado ya Roberto Bodegas con su precursora Españolas en París (1970), en cuya banda sonora podía escucharse a Paco Ibáñez cantando poemas de José Agustín Goytisolo. Y él mismo proseguiría esta exploración de los cambios que estaba experimentando la sociedad del momento en Vida conyugal sana (1973) y Los nuevos españoles (1974). Título este último que refleja el público al que se dirige Dibildos, quien intervenía en los guiones de casi todas sus producciones, asistido por José Luis Garci.

La tercera vía no duda en mantener sus amarres costumbristas para abordar de modo edulcorado temas antaño problemáticos y tabúes, a través de personajes muy reconocibles y hasta suscribibles. Y aunque empieza siendo la marca de fábrica de un determinado productor, no tarda en constituirse en toda una actitud del cine español y en el eje a partir del cual proceder a la rearticulación de un nuevo público de cara a los tiempos de cambio que se avecinan. Con un talante posibilista, rehuyendo cualquier rupturismo o estridencia, busca un camino intermedio entre el compromiso y la comercialidad de baja estofa, limando aristas, siempre pegada a formas directas y cotidianas. Raramente llega hasta el final en los problemas o propuestas que plantea, pero es que no es ese su propósito, sino los guiños de complicidad dirigidos a un espectador al que le gusta sentirse más culto y avanzado que el de las zafias comedias imperantes. Por el contrario, prefiere identificarse con protagonistas como los encarnados por José Sacristán o María Luisa San José, con toda su vulnerabilidad y frustraciones, pero pespuntados con toques modernos y hasta vagamente intelectuales, si se tercia.

Por todo ello, no faltan quienes consideran esta tendencia un híbrido que desemboca en una vía muerta. Pero lo cierto es que hay toda una corriente que a su modo sintoniza con ella, como Jaime de Armiñán (El amor del capitán Brando, 1974). Por no hablar de su guionista, José Luis Garci, pronto convertido en realizador de Asignatura pendiente (1977), un buen compendio de sus características. Y que en 1983, gracias a Volver a empezar, se alzará con el primer Oscar concedido a una película española, en lo que supuso en buena medida un reconocimiento internacional al proceso democratizador. Pues bien, no deja de resultar sintomático que este espaldarazo a la Transición se haga a través de un formato sociológico cuyo enunciado de tercera vía anticipa en más de un concepto el pactismo sobre el que se asentaría la Constitución de 1978.

En el solapamiento generacional con el que comienza la década, apenas si mantienen ya actividad significativa los realizadores que se abrieron camino en los cuarenta o los cincuenta, como José Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil o Juan de Orduña. Por ello llama la atención una película como Morir… dormir… tal vez soñar de Manuel Mur Oti, el canto del cisne de su autor, en fecha tan tardía como 1975.

Apenas rueda tampoco la siguiente promoción. Berlanga ha de realizar en Francia una de sus películas más desoladoras, Tamaño natural (1973). Y no recuperará al público autóctono hasta 1977, cuando inicia la saga de los Leguineche con La escopeta nacional (1977). Bardem no filma ahora películas especialmente significativas, sino una al servicio de Sarita Montiel, Varietés (1970), o la adaptación de Julio Verne La isla misteriosa (1972). Pero tras la muerte de Franco le tomaría el pulso al país dándole la vuelta al landismo en El puente (1976), mientras en Siete días de enero (1978) recompone el clima de crispación que rodeó la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

A estas alturas hace ya tiempo que el llamado Nuevo Cine Español ha dado paso a la expresión individual de sus componentes o las tendencias que tratan de capear una situación cada vez más volátil. Es el caso de las adaptaciones literarias. Galdós, por ejemplo. En ello pudo pesar la vuelta de Buñuel a España en 1970 para rodar Tristana, que se basaba en una de sus novelas. Aunque ya estaba el antecedente de Fortunata y Jacinta por Angelino Fons el año anterior. Lo cierto es que en 1974 esa racha prosigue con otro de sus relatos, Tormento, por Pedro Olea; la mucho menos lograda de La Regenta de Clarín, por Gonzalo Suárez; y Pepita Jiménez de Juan Valera, por Rafael Moreno Alba. Ahora bien, dado que las tres últimas películas se centran en la relación de sacerdotes con mujeres, cabe la duda de si no se estaba aprovechando la brecha abierta entre la iglesia y el franquismo, que se tradujo en la participación de curas en varias manifestaciones y el ascenso a la Presidencia de la Conferencia Episcopal en 1971 del cardenal Enrique y Tarancón.

Del mismo modo, ese ciclo de adaptaciones literarias se diferencia del integrado por las de El libro del buen amor (Tomás Aznar, 1974), El buscón (Luciano Berriatúa, 1974) o La lozana andaluza (Vicente Escrivá, 1976), ya que estas dependen más del Decamerón o Los cuentos de Canterbury de Pasolini, habituales en los menús de turismo cinematográfico ofrecido en Perpiñán.

Eso puede proporcionar buena idea de hasta qué punto mandan las tendencias coyunturales. Algo que si bien es tónica dominante en el cine —y no solo el español— se acentúa en períodos de cambio como este. De modo que en ese maremágnum no reciben la atención que habrían merecido las propuestas renovadoras que llevan a cabo en 1970 Gonzalo Suárez con Aoom o Pere Portabella con Vàmpir-Cuadecuc. En 1971 hay que destacar una película tan insólita como Mi querida señorita, dirigida por Jaime de Armiñán sobre guión suyo y de José Luis Borau. Y es que en ella López Vázquez pasa de ser una mujer que vive en provincias a convertirse en un hombre que al trasladarse a Madrid encuentra una nueva identidad.

Otro proyecto, de enorme interés para bucear en el franquismo, es el llevado a cabo en esta etapa por Basilio Martín Patino. La primera entrega, Canciones para después de una guerra, ya se había realizado en 1971, el mismo año en que Manuel Vázquez Montalbán recopiló en libro los artículos que había venido publicando en la revista Triunfo bajo el título Crónica sentimental de España, con la que tantos paralelismos guarda. Sin embargo, la película de Patino no podrá estrenarse hasta 1976, mutilada por 27 cortes. No menos irónica es, por su virtuosismo de montaje, la revisión del propio Franco que lleva a cabo en Caudillo (1974-1977). En cuanto a su documental Queridísimos verdugos (1973-1976) supone un espeluznante testimonio sobre la pena de muerte y el garrote vil, por la forma tan desinhibida con que sus ejecutores se manifiestan ante la cámara.

Francisco Regueiro realizaría en 1974 uno de los alegatos más ácidos sobre el desarrollismo franquista con Duerme, duerme, mi amor. Y Mario Camus una excelente adaptación del relato de Ignacio Aldecoa con Los pájaros de Baden-Baden. Y no menos interesante fue al año siguiente la del Pascual Duarte de Cela por Ricardo Franco. Jaime Camino aborda la guerra civil de los vencidos en Las largas vacaciones del 36. Y Pedro Olea revisa con especial sensibilidad los duros tiempos de la inmediata posguerra en Pim, pam, pum… ¡fuego!, a partir de un guión de Rafael Azcona.

A estos estratos generacionales habría que añadir el conformado por los pertenecientes a la década de los setenta, ya que es entonces cuando les corresponde incorporarse a su oficio tras el paso por la Escuela de Cine, ahora fenecida. Son los nuevos cineastas, como Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, Pilar Miró, Pedro Olea, Jaime Chávarri, Antonio Drove, Iván Zulueta, Francisco Betriu o Ricardo Franco.

Algunos de ellos se estrenarán o alcanzarán sus primeros logros tras la muerte de Franco. Pero otros lo hacen antes, como hemos visto, o como sucede con Gutiérrez Aragón, quien debuta en 1973 con Habla, mudita. O Víctor Erice con El espíritu de la colmena, en ese mismo año y con idéntico productor, Elías Querejeta. Película que goza desde el principio de gran predicamento por el modo tan sutil en que encajan sus diversos planos, incluida la reflexión sobre el propio cine y el mito de Frankenstein.

Con todo, las dos obras de mayor incidencia en el público proceden de directores de la promoción anterior, Carlos Saura y el hasta entonces desconocido José Luis Borau.

En cuanto al primero, ya había ido trazando un itinerario muy preciso a la hora de lidiar con los fantasmas de la tribu en El jardín de las delicias (1970) y Ana y los lobos (1972). Pero será La prima Angélica (1973) la que suponga una verdadera prueba de fuego para la política aperturista del ministro Pío Cabanillas, sobre todo tras conseguir el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Era la primera película española donde la guerra civil se presentaba sin ambages desde el punto de vista de los vencidos, junto a sus secuelas de todo orden. Y las escenas en las que el falangista Anselmo aparecía con el brazo enyesado en la posición del saludo fascista provocaron una feroz campaña en la prensa franquista e innumerables incidentes, bombas incluidas. Esto hizo que el público abarrotara las salas, en lo que tenía mucho de afirmación política, continuada en 1975 por Cría cuervos. A pesar de su intimismo, se iniciaba, premonitoriamente, con la muerte del padre militar que la niña protagonista creía haber envenenado.

Por lo que a Borau se refiere, había rodado en 1973 Hay que matar a B., mucho más personal que sus dos entregas anteriores, vencidas del lado de los géneros del Oeste y policíaco. Pero fue Furtivos la que le dio a conocer. Basada en un guión escrito en colaboración con Manuel Gutiérrez Aragón, el propio Borau, además de producirla y dirigirla, interpretaba uno de los principales personajes, un gobernador civil.

Recibió un impulso decisivo al ser premiada en el Festival de San Sebastián, lo que le permitió evitar algunos de los cortes que previsiblemente habría sufrido a manos de la censura. Su éxito de público fue tan grande que recaudó más de trescientos millones de pesetas, y proyectó nacional e internacionalmente a Borau. Además, logró reunir en las mismas salas a los asiduos a las de Arte y Ensayo y a los seguidores del cine comercial.

La realización y el montaje eran de gran sobriedad, al servicio de un argumento aparentemente realista e incluso tremendista, ya que su núcleo dramático se basaba en un incesto. Pero al espectador que la veía, bien entrenado para leer entre líneas, no se le escapaba su carga de profundidad. Y esta se asentaba en un cañamazo de cuento de madrastras, una especie de fábula para retratar la esquizofrenia entre la España real y la España oficial, con un pie en la legalidad y otro en la clandestinidad, dándole la vuelta a la imagen del «bosque en paz» con la que el Caudillo gustaba de referirse a España.

Culminaba así un complejo proceso mediante el cual los cineastas españoles habían terminado por comunicarse con el patio de butacas de forma oblicua. Quizá sea en este tramo final donde se acusan de forma más clara toda una serie de mecanismos de metaforización puestos en pie por el bloque resistente para expresar el trasfondo de lo que estaba sucediendo. Se valen para ello de recursos de procedencia más que variopinta. Carlos Saura no duda en acudir a las alegorías barrocas, como El gran teatro del mundo de Calderón o El Criticón de Gracián, citándolos expresamente. El espíritu de la colmena, por su parte, toma su título y principal texto de referencia de un simbolista como Maurice Maeterlinck, insertándolo en el Frankenstein de James Whale. Y Gutiérrez Aragón trabaja con un pie en vivencias muy concretas y otro sobre un plano arquetípico, propio de los cuentos o fábulas primordiales.

En cualquier caso, con su coincidencia en la cartelera en 1975, Furtivos y Cría cuervos marcan la divisoria que va a suponer para el cine español la muerte de Franco. Otras películas, que en ese momento andan enmarañadas en la moviola, en pleno proceso de montaje, alcanzarán toda su capacidad de impacto y diagnóstico un año después, como El desencanto (1976) de Jaime Chávarri. Un peculiar documental donde la familia de uno de los más destacados poetas del régimen, Leopoldo Panero, se abre las entrañas en público para mostrar desde dentro la descomposición de los vencedores. Dará nombre a todo un clima de desaliento colectivo, convirtiéndose en una consigna de época. Las primeras resacas de una Transición que solo acababa de empezar.

BIBLIOGRAFÍA

El texto anterior deriva del bloque correspondiente al franquismo de la asignatura Cine español que durante años impartí en la Universidad de Zaragoza. Este capítulo viene a ser una síntesis muy esquemática del mismo, que en su formato original iba acompañado de una extensa documentación de todo tipo, especialmente audiovisual. Muchas de las cuestiones que en él se abordan las he razonado y desarrollado en una serie de publicaciones que no citaré aquí. Prefiero reseñar las ajenas, por contener a menudo puntos de vista que complementan, contrastan o enriquecen los míos. Por ejemplo:

Borau, José Luis (dr.), Diccionario del cine español, Alianza, Madrid, 1998.

Gubern, R., J. E. Monterde, J. Pérez Perucha, E. Riambau y C. Torreiro, Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 1995.

Pérez Perucha, Julio, Antología crítica del cine español, 1906-1995, Cátedra/Filmoteca Española, Madrid, 1997.

También, dado el carácter específico de este libro:

Berthier, Nancy, Le Franquisme et son image. Cinéma et propagande, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1998.

Oms, Marcel, y Pierre Roura (coords.), Le cinéma de l’Espagne franquiste (1939-1975), amplio número monográfico de Les Cahiers de la Cinémathèque, n.os 38-39, Perpiñán, 1984.

Tranche, Rafael R., y Vicente Sánchez Biosca, NODO: el tiempo y la memoria, Cátedra/Filmoteca Española, Madrid, 2000.

Para la revisión más reciente de algunas de sus etapas, véase:

Benet, Vicente J., El cine español. Una historia cultural, Paidós, Barcelona, 2012.

Castro de Paz, José Luis, y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años cincuenta, Cátedra, Madrid, 2011.

Fernández Colorado, Luis, y Pilar Couto (coords.), La herida de las sombras. El cine de los años 40, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España/AEHC, Madrid, 2001.

Heredero, C. F., y J. E. Monterde, Los «nuevos cines» en España. Ilusiones y desencantos de los años sesenta, Festival Internacional de Cine de Gijón/IVAC-La Filmoteca, Valencia, 2003.

Franco y el franquismo en tinta sobre papel: narrativas sobre el régimen y su caudillo

Franco y el franquismo en tinta sobre papel: narrativas sobre el régimen y su caudillo[2]

Enrique Moradiellos

1. ¿QUÉ ES EL FRANQUISMO?

«FRANQUISMO» ES UN VOCABLO reciente en la historia contemporánea española cuyo significado es relativamente fácil de establecer en su nivel básico. A saber: tal término denota un tipo peculiar de régimen político o sistema de dominación institucional que rigió los destinos de la sociedad, la economía y la cultura españolas durante un lapso de tiempo muy considerable, casi cuarenta años del siglo XX, comenzando su andadura en 1936 y terminándola en 1975. No tan fácil es la caracterización de qué tipo de sistema representa el franquismo dentro de la tipología de regímenes políticos registrados en la historia europea contemporánea. Y ello porque esa labor de cotejo para determinar el lugar del franquismo en el seno de esas tipologías requiere atender a patrones de identidad, similitud y diferencia de orden variado en función de los criterios aplicados y de los marcos referenciales utilizados: la clásica trilogía aristotélica de monarquía, aristocracia y democracia (y sus degeneraciones: tiranía, oligarquía y demagogia); la tríada de monarquía, república y regencia; las categorías de despotismo, absolutismo y liberalismo; las variantes de dictadura (pretoriana, militar, cívico-militar), autocracia (tradicional, electiva, carismática) y democracia (representativa, parlamentaria, presidencialista); los binomios de cesarismo/bonapartismo y autoritarismo/totalitarismo, etc.

En todo caso, sea uno u otro tipo de sistema (o combinación de varios), de lo que no cabe duda alguna es de que el sustantivo «franquismo» tiene una primera significación indubitable: alude a un régimen político porque evoca todas aquellas connotaciones que, desde Aristóteles en adelante, configuran el espacio público de la política humana como actividad social organizada para ejercer el poder (la fuerza o capacidad de influencia de unos individuos sobre otros para que actúen según la voluntad de los primeros) y, sobre todo, para configurar la autoridad legal (ese poder legítimo y efectivo de unos gobernantes que descansa en la obediencia voluntaria, entusiasta o resignada, de los gobernados porque «mandar no es empujar», en la frase famosa de Ortega y Gasset). Así pues, el franquismo es una forma determinada de organización del poder estatal para atender a las funciones políticas que definen una comunidad humana organizada y civilizada (una comunidad donde el poder ya no es solo fuerza coactiva bruta, sino que ha devenido en autoridad de derecho que impone deberes y exige obediencia): las funciones legislativas en cuanto que atañen a la elaboración de las normas y reglas de vida en común; las funciones ejecutivas en cuanto que implican decisiones y acciones ejercidas por las magistraturas públicas; y las funciones jurídicas en tanto que afectan a la administración de la justicia que mantiene la eutaxia (el orden equilibrado en medio de los inevitables conflictos) en el estado.

El vocablo «franquismo» implica una segunda característica de orden histórico y político, también muy destacable, que lo singulariza notoriamente. No en vano, surge para dar cuenta de un sistema vinculado a una figura histórica precisa, a un personaje individual: el general Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre de 1975). Esto es: el régimen se define por la persona titular que ejerció el máximo poder político y la suprema autoridad pública de manera casi absoluta durante su larga vigencia temporal. Desde luego, ello no significa que el franquismo fuera solo obra de Franco puesto que el sistema no lo edificó y preservó un solo hombre, por ilimitada que fuera la base teórica de sus poderes. Significa, sencillamente, que Franco era la clave de bóveda y el centro neurálgico de conformación de la autoridad pública y del ejercicio del poder político, sin instancias superiores de consulta o revisión de sus decisiones.

Esta personificación del régimen político en un individuo singular es un elemento clave para la conceptualización del franquismo por razones evidentes. Tanto, que uno de los grandes historiadores del franquismo, el profesor Javier Tusell, expresaba así este factor en una de las primeras obras dedicadas a examinar historiográficamente el asunto (La dictadura de Franco, Alianza, Madrid, 1988, p. 111):

Cualquier intento de llegar a una descripción del franquismo y de sus características fundamentales fracasaría plenamente si pretendiera eludir el papel desempeñado por la propia personalidad de Franco en la dictadura que gobernó España desde 1939 hasta 1975.

Casi todos los historiadores y analistas sociales (juristas, politólogos, sociólogos, economistas) que se han ocupado del franquismo comparten este juicio sobre la indisoluble unión entre el hombre y el régimen, que es la que autoriza a llamar franquismo al régimen político así conocido. A título ilustrativo, cabría recordar cómo empezaba su explicación uno de los primeros textos dedicados a examinar la historia de la etapa franquista publicado poco después de la muerte de Franco y firmada por dos prestigiosos historiadores, el hispanista británico Raymond Carr y su alumno español, el profesor Juan Pablo Fusi (España, de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1979, p. 11):

Franco ha sido durante cerca de cuarenta años Caudillo de España, encarnando así el gobierno unipersonal de más larga duración de la historia moderna de Europa.

Y en la misma línea explicativa se sitúa la última de las grandes obras dedicadas al estudio global del franquismo, obra del historiador Borja de Riquer i Permanyer (La dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2010, p. XV):

Si esta obra se titula La dictadura de Franco es porque se ha querido destacar el carácter notablemente personalista del régimen político instaurado en España por los vencedores de la guerra. Fue una etapa histórica en la que el dictador fue siempre la pieza clave y fundamental de toda la vida política. Sin él, ese régimen dictatorial hubiera sido impensable. Francisco Franco no tuvo, de hecho, ni un sustituto político inmediato ni un relevo a medio plazo. Era un personaje irreemplazable, decisivo y fundamental de aquel sistema político. En pocas épocas de la historia —ninguna en la época contemporánea— el destino de los españoles había dependido de un régimen tan personal y arbitrario como fue la dictadura del general Franco.

La mencionada declaración de principios de Carr y Fusi tiene la virtud de subrayar, además, una tercera característica decisiva para la conceptualización del régimen franquista que conviene subrayar y remarcar: su extraordinariamente larga duración temporal en el plano histórico. Dicho en otras palabras: el modelo de dominación socio-política que denominamos franquismo tuvo una duración cronológica y una longevidad totalmente excepcional en la historia contemporánea española (y también en la historia europea del siglo XX). Los casi cuarenta años de existencia de ese régimen (1936-1975), incluidos sus cambios evolutivos y su desarrollo interno, constituyen un hecho insólito y sobresaliente en términos comparativos.

No en vano, respecto al devenir histórico de la España de los siglos XIX y XX, la etapa franquista constituye la de mayor vigencia cronológica después del lapso temporal correspondiente al régimen liberal-oligárquico de la Restauración borbónica (1874-1923). Y la comparación no es totalmente exacta porque la monarquía restaurada, durante sus casi cincuenta años de existencia, registró el reinado de dos reyes (Alfonso XII y Alfonso XIII) y una larga regencia (la de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena), en tanto que el franquismo solo contempló un único titular de la Jefatura del estado durante sus cuarenta años de duración: el propio general Franco, que asumió el cargo con solo cuarenta y tres años de edad en 1936 y lo dejó por muerte natural a punto de cumplir los ochenta y tres años. Sin contar, además, que esa extraordinaria permanencia tuvo lugar en un contexto internacional de cambio histórico acelerado y de enormes y cruciales transformaciones de todo orden. A saber: crisis mundial de los años treinta que desemboca en España en una guerra civil; segunda guerra mundial durante los seis años que median entre 1939 y 1945; etapa de reconstrucción de posguerra y guerra fría durante la segunda mitad de los años cuarenta y el decenio de los cincuenta; fase de expansión económica y distensión internacional a lo largo de la década de los sesenta; período de recesión y crisis económica durante la primera mitad de los años setenta.

La dilatada existencia temporal del régimen franquista, junto con su evidente evolución correlativa, hacen imprescindible prestar una atención especial a las dimensiones cronológicas como base para su estudio y comprensión histórica rigurosa. Por una simple razón que Javier Tusell, en la obra ya mencionada, subrayaba con acierto: «En gran medida, la peculiaridad del franquismo reside en esa duración que tuvo» (p. 263). Algo muy parecido apuntaba el hispanista norteamericano Stanley G. Payne, autor de un temprano estudio sobre el franquismo publicado en 1987 y considerado una de las mejores introducciones históricas a la etapa (El régimen de Franco, Alianza, Madrid, 1987, p. 651):

La definición y clasificación del régimen se hizo, obviamente, cada vez más compleja a medida que este se prolongaba en el tiempo. Ello es debido en parte al fenómeno mismo de su persistencia, pues coexistió con las eras fascista y socialdemócrata posfascista, pero aún en mayor medida a las sucesivas metamorfosis experimentadas por la política y los objetivos prioritarios del régimen. Nietzsche dijo en una ocasión que «lo que tenga historia no puede ser definido» y, desde luego, el sistema de Franco tuvo una historia más larga y sufrió más cambios históricos que la mayoría de las dictaduras no marxistas.

2. EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA DEL FRANQUISMO

Las características del franquismo apuntadas (régimen político ligado a la figura de Franco de excepcional duración temporal) constituyen tres premisas claves para abordar lo que convencionalmente se denominada el «debate sobre la naturaleza del franquismo». Esto es: la discusión académica sobre la definición conceptual apropiada para comprender el tipo de régimen político y modelo de dominación social implantado en España desde 1936 y vigente hasta 1975. Se trata de una polémica intensa, quizá incluso insoluble, que ha involucrado a numerosos protagonistas históricos, analistas políticos, juristas, economistas, sociólogos e historiadores. En esencia, dicho debate pretende definir con rigor los rasgos propios del sistema político franquista para enmarcarlo comparativamente en las diferentes tipologías de regímenes políticos existentes en Europa y en el mundo durante el siglo XX.

Esta definición en perspectiva comparativa, lejos de ser una práctica baladí o artificiosa, constituye un ejercicio intelectual básico para comprender las causas históricas del origen, estructura y evolución del régimen español y para así perfilar sus vinculaciones, similitudes y diferencias con otros sistemas análogos o coetáneos de la época contemporánea. No en vano, cabe recordar que el primer acto de conocimiento humano es dar nombre propio y distinto a las cosas para identificar y discriminar unas de otras en el proceso comunicativo intersubjetivo. Por consiguiente, el primer requisito del conocimiento científico-social es, a su vez, la lógica de la definición conceptual rigurosa y unívoca de los fenómenos para evitar equívocos, contrasentidos o simples absurdos: ejercitando, en resolución, el arte de la distinción frente al vicio de la confusión. Y en el caso de la comprensión de fenómenos como el franquismo, la mirada comparativa es inexcusable por una razón bien apuntada por Max Weber allá por 1914 para responder a las objeciones de un historiador reacio a la aplicación de métodos comparativos en la investigación:

Estamos absolutamente de acuerdo en que la historia debe establecer lo que es específico, por ejemplo, de la ciudad medieval; pero esto solo será posible si primero descubrimos lo que falta en otras ciudades (antiguas, chinas, islámicas).

La discusión sobre la definición del franquismo como caso particular de régimen político comenzó ya durante la propia guerra civil española. Y desde el primer momento se apreció la existencia de dos grandes núcleos de interpretación alternativa que, en gran medida, siguen subsistiendo en la actualidad como extremos de un espectro más amplio. Generalizando notablemente, podría decirse que ambos núcleos estaban básicamente de acuerdo en concebir la insurrección militar de julio de 1936, junto con sus apoyos civiles en la sociedad, como un movimiento reaccionario, contrarreformista y contrarrevolucionario, cuyo propósito fundamental era defender los intereses de las clases e instituciones tradicionalmente dominantes frente a la realidad de las reformas socio-políticas del gobierno republicano y frente a la amenaza revolucionaria de una clase obrera organizada, movilizada y muy reivindicativa. Salvada esa coincidencia básica sobre las funciones sociales del bando insurgente, la diferencia crucial entre las dos interpretaciones estribaba en la consideración de la naturaleza política de esa reacción antirreformista y contrarrevolucionaria liderada por el ejército sublevado y encabezada por el general Franco. En esencia, el interrogante dilemático se planteaba más o menos así:

¿Se trataba de un caso extremo de dictadura militar de tipo conservador tradicional, como la que existía entonces en otras zonas de Europa a raíz del término de la Gran Guerra de 1914-1918 y durante la llamada «época de entreguerras» (caso de la Polonia del mariscal Piłsudski o de la Hungría del almirante Horthy) y como ya había conocido España previamente en aquella misma época (con la dictadura de Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930, por ejemplo)?

¿O más bien representaba la versión española de los nuevos regímenes fascistas y totalitarios europeos surgidos a partir de la movilización de sectores de la sociedad civil en esa época de entreguerras frente a la reforma democrática, la revolución social y la reacción tradicional, tal y como había tomado cuerpo y vida primero en la Italia de Benito Mussolini a partir de 1922 y después, con mayor radicalidad, en la Alemania de Adolf Hitler en 1933?

La primera interpretación utilizaba el nuevo concepto de «Dictadura» surgido en la época contemporánea sobre la base de su previo sentido originario latino: un régimen de fuerza y excepción creado provisionalmente para superar una crisis o emergencia grave del estado; la llamada «dictadura comisaria» porque tenía como propósito la comisión de un servicio y terminaba tras completar su misión. El nuevo concepto de «dictadura», como recordaba el jurista alemán filonazi Carl Schmitt en 1921, ya no era una institución de excepción comisaria e interina sino un régimen con voluntad de permanencia y «soberana» (siendo la soberanía, desde Jean Bodin, «el poder absoluto y perpetuo que los latinos llamaban majestad»). Y su primer formato más acabado era la dominación de un grupo (como el Comité de Salud Pública en la Francia revolucionaria de 1793) o de un individuo (como Napoleón tras su golpe de estado de 1799) que asume la plenitudo potestatis («los plenos poderes estatales») y los ejerce sin limitación porque dictator est qui dictat («es dictador el que dicta»: siendo «dictar» en latín sinónimo de «ordenar» o «mandar»).

La consideración del franquismo como «dictadura» en ese moderno sentido (que reemplazaba a los vocablos clásicos e ilustrados de «tiranía», «despotismo», «autocracia» y «absolutismo») tenía destacados seguidores en las filas republicanas y franquistas y, posteriormente, contaría con sustanciales apoyos entre historiadores y científicos sociales. El propio presidente de la República y representante de la burguesía reformista, Manuel Azaña, no dudó en anotar en su diario en octubre de 1937 las escasas veleidades modernizantes que, a su juicio, podían abrigar las derechas españolas en sus ensayos políticos:

Hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional. Por muchas consignas que se traduzcan y muchos motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado, el país no da otra cosa.

No deja de ser sorprendente que esa misma opinión fuera abrigada por destacados dirigentes franquistas con posterioridad. Por ejemplo, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario militar de Franco, anotaría en su revelador diario el 28 de octubre de 1955 cuál era, en su opinión, la esencia del modelo político del franquismo:

Se habla demasiado del Movimiento, de sindicatos, etc., pero la realidad es que todo el tinglado que está armado solo se sostiene por Franco y el Ejército… Movimiento, sindicatos, Falange y demás tinglados políticos, no han arraigado en el país después de diecinueve años del Alzamiento.

Desde luego, la conceptualización del franquismo como «dictadura militar» tiene sólidos fundamentos y así lo asume gran parte de la historiografía. A título de ejemplo, Giuliana Di Febo y Santos Juliá, autores de un reciente estudio sobre el tema, subrayan que la «peculiaridad fundamental del Franquismo» radica en el hecho de que fue configurado a partir de una sublevación militar y durante una brutal guerra civil que «marcó durante mucho tiempo las instituciones, las orientaciones políticas y la propia concepción y gestión del poder» (El franquismo. Una introducción, Crítica, Barcelona, 2012, p. 7).

En efecto, la sublevación antirrepublicana de una amplia facción del ejército español en julio de 1936 instauró allí donde triunfó un régimen de fuerza militar para hacer frente a una emergencia socio-política (la propia guerra) y para reemplazar a las instituciones democráticas vigentes (devenidas en enemigo). De este modo, el ejército sublevado (una parte sustancial de dicha institución), como corporación burocrática encargada del monopolio de las armas y del uso legítimo de la violencia, pretendió asumir la dirección del estado en lo que entendía que era una coyuntura crítica (supuesto gobierno civil vacilante o traidor ante los intereses nacionales) según la tradición militarista y pretoriana activa en España desde 1808-1814. Esa arraigada tradición, que hacía del ejército la «espina dorsal» de la patria encargada de su integridad y seguridad, reputaba legítima la intervención militar en caso de incapacidad de las autoridades civiles para mantener el orden social o preservar las instituciones estatales unitarias. Y así había procedido a actuar en septiembre de 1923 bajo la dirección del general Miguel Primo de Rivera, el modelo político conocido por todos los sublevados de julio de 1936.

La consecuente militarización del estado y de la sociedad implícita en esta tradición militarista fue patente en las primeras decisiones de los sublevados una vez que el golpe se transformó en guerra civil. El 24 de julio de 1936, en Burgos, se constituyó una Junta de Defensa Nacional que «asume todos los Poderes del Estado» (según rezaba su decreto constituyente) e implanta «el estado de guerra» y la prohibición «de todas las actuaciones políticas y sindicales». Era un organismo militar colegiado en el que participaban todos los jefes sublevados con respeto a su rango y antigüedad en la corporación (por eso la presidía el general Miguel Cabanellas). Uno de sus integrantes con mayor influencia, el general Emilio Mola, definiría con precisión sus funciones en una declaración claramente legataria de la tradición pretoriana:

En esa formidable empresa (de reconstrucción nacional) hemos de poner nosotros, los militares, sus cimientos; hemos de iniciarla; nos corresponde por derecho propio, porque es ese el anhelo nacional, porque tenemos concepto exacto de nuestro poder y porque únicamente nosotros podemos consolidar la unión del pueblo con el Ejército.

Esa configuración de un poder militar corporativo y exclusivo en la España insurgente fue paralela a un intenso proceso de involución socio-política que revelaba el sentido autoritario, antirreformista y contrarrevolucionario del movimiento de fuerza en curso. Y ese dominio incontestado de las autoridades militares fue completado por la total subordinación de los partidos y organizaciones derechistas afines, que acabaron por acatar sin discusión la hegemonía de los generales tanto en el plano estratégico de la conducción de la guerra como en el plano político de la reconstrucción de un estado alternativo.

Ahora bien, el régimen franquista no fue nunca una simple dictadura militar colegiada y pretoriana, aun cuando tuviera sus orígenes en ella y aun cuando el ejército fuera siempre y hasta el final el pilar clave de dicho sistema institucional. Por el contrario, la prolongación de la guerra civil y el crispado marco internacional que sirvió de contexto determinante a su curso fueron los principales motivos del rápido tránsito desde la fase de dominio de una junta colegiada al estadio de una plena dictadura militar de poder personal individualizado. De hecho, tras la conversión del golpe en una guerra larga fue haciéndose imperativa la necesidad de concentrar el mando estratégico en una única persona para hacer más eficaz el esfuerzo bélico y asegurar los apoyos exteriores conseguidos (la ayuda militar, financiera y diplomática de la Alemania nazi y la Italia fascista). Reconociendo esa situación, la Junta de Burgos nombró a finales de septiembre de 1936 al general Franco como «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y «Jefe del Gobierno del Estado Español» y le traspasó formalmente «todos los Poderes del Nuevo Estado» (según reza el decreto de 29 de septiembre de 1936).

En otras palabras: la dictadura militar colegiada se convertía así en una dictadura militar de poder personal cuyo único y exclusivo titular era Franco, el más prestigioso de los mandos militares insurgentes y el que mayores éxitos había cosechado en el campo de batalla (imparable avance de sus tropas africanas sobre Madrid) y en el frente diplomático (gestiones directas para lograr el apoyo de Hitler y Mussolini). A partir de entonces, comenzaría propiamente a configurarse el régimen político denominado «franquismo», en honor a la importancia crucial de su titular en la conformación y evolución de dicho régimen.

Hay que tener en cuenta un factor clave al respecto: Franco no se contentó con mantenerse como primus inter pares con relación a sus compañeros de armas que le habían elegido para el cargo. Por el contrario, desde el principio demostró su voluntad de desbordar su condición de dictador comisarial designado por sus iguales para tratar de convertirse en dictador soberano que hacía uso de esa plenitud de poderes transferida por tiempo ilimitado y sin restricción. El 1 de octubre de 1936, al tiempo que creaba una Junta Técnica del estado para gestionar las tareas civiles administrativas, se autotitulaba «Jefe del Estado» además de mantener la Jefatura del gobierno transferida por la Junta. Se iniciaba así el proceso de conversión de Franco en el representante absoluto y la personificación soberana de la autoridad militar que había regido desde el principio los destinos de la España insurgente.

Sin embargo, Franco tampoco limitó su actividad política a remarcar su condición de representante individual del poder detentado por el ejército como corporación burocrática estatal. De inmediato demostró su intención de superar esa categoría de dictador militar, aunque fuera soberano, para asumir otras fuentes de legitimación de su poder que redundaran en su propio beneficio y que apuntalaran aún más su incipiente régimen de autoridad personal absoluta. El mismo 1 de octubre de 1936, Franco anunció su propósito de organizar España «dentro de un amplio concepto totalitario de unidad y continuidad». En efecto, desde entonces demostraría su voluntad de emular a sus valedores italo-germanos mediante la promoción de un proceso de «fascistización» política que habría de convertirle en «Caudillo» (su título oficial de máxima autoridad, equivalente a Duce o Führer) de una España ajena a siglos de decadencia que volvía a recuperar su fortaleza para emprender una nueva «marcha hacia el Imperio». Igualmente, sus desvelos para restituir a la iglesia Católica todos sus derechos y privilegios perdidos durante la República le valieron la gratitud del Episcopado, que contribuyó a ese proceso de encumbramiento político individual proporcionándole una sanción religiosa de enorme valor propagandístico. La conversión del esfuerzo bélico en una «Cruzada por Dios y por España» configurada desde el comienzo de la guerra fue así completada con la conversión de Franco en Homo missus a Deo, un emisario de la Divina Providencia para dirigir la defensa de la patria católica amenazada por el ateísmo comunista.

Dentro de esa vía de consciente «fascistización» de su régimen, Franco fue capaz de acometer una de las tareas más cruciales a la hora de definir el franquismo: la unificación forzosa en un partido único de todas las fuerzas políticas que apoyaban la guerra contra el reformismo de la República y el espectro de revolución social desatado en la retaguardia republicana. Esas fuerzas eran la nueva derecha radical fascista representada por la Falange Española, la vieja derecha reaccionaria encarnada por el tradicionalismo carlista y la hasta entonces mayoritaria derecha conservadora articulada sobre todo por el catolicismo político y, en menor medida, por el monarquismo autoritario. El 19 de abril de 1937 el Caudillo procedió a disolver todos esos partidos para integrarlos, «bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional»: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Creaba así un «partido del Estado» (donde predominaría el componente falangista viejo) que, tras el ejército y la iglesia, pasaría a constituir el tercer pilar sustentante del entramado político-institucional franquista. Como apuntaría en 1938 el escritor Ernesto Giménez Caballero, la necesidad de ganar la guerra no solo vetaba cualquier oposición a Franco, sino que sellaba con un pacto de sangre (la derramada en el frente y en la represión de retaguardia) la lealtad de todos hacia el Caudillo de la victoria: «el partido franquista será el de los combatientes de esta guerra».

Así pues, en abril de 1937, la paulatina conversión de Franco en jefe del estado, jefe del gobierno, generalísimo de los ejércitos, cruzado de la fe de Cristo y jefe nacional del partido único había convertido al franquismo en algo más que una simple dictadura militar de poder personal soberano. El sistema político-institucional franquista ya no era una mera junta militar con una cabeza destacada y, desde luego, superaba con mucho al previo modelo de directorio militar del general Primo de Rivera. Esta transformación notoria generó la necesidad de identificar el nuevo sistema con nuevas categorías analíticas.

La práctica totalidad de los analistas que se han ocupado del asunto (historiadores como los ya mencionados y otros como Antonio Elorza o Julio Aróstegui; juristas como Juan Ferrando Badía o Manuel Ramírez; sociólogos como Amando de Miguel o Salvador Giner) han señalado la pertinencia de entender esa conversión bajo nuevos conceptos como pudieran ser los de «cesarismo de base militar», «régimen dictatorial bonapartista», «régimen caudillista autoritario», entre otros. En general, esas categorías descriptivas sugieren que el nuevo Caudillo español cumplía en el seno de su régimen el mismo papel de dictador carismático y arbitral que Napoleón Bonaparte o su sobrino, Luis Napoleón Bonaparte, habían desempeñado en el primer y segundo imperio francés, respectivamente. Según esta tesis del modelo bonapartista, Franco se había convertido al igual que aquellos en el elemento central del sistema político y derivaba su omnímoda autoridad de su condición de punto de máximo equilibro y de árbitro inapelable entre todos los componentes y facciones sostenedoras del mismo. La naturaleza última de su poder indiscutido como supremo juez arbitral respondía a ese carácter de mínimo común denominador de todos los intereses y fuerzas que apoyaban como propio el régimen político que presidía en medio de una guerra y le prestaban su concurso, con mayor o menor entusiasmo, para lograr la victoria y preservarla.

A esas características bonapartistas, la tipología del modelo caudillista (o cesarista: un militar devenido en caudillo) añadía la condición de Franco como líder carismático cuyos plenos poderes se fundaban en sus supuestas dotes excepcionales como militar y como gobernante victorioso frente al enemigo, que suscita la adhesión de aquellos a quienes manda por su prestigio y la exaltación de su persona como autoridad irrepetible. El caudillaje carismático, como principio de fundamentación de la autoridad definido por Max Weber en 1922, recogería su fuente de legitimación política, no en la razón utilitaria o en la tradición venerada, sino en el carisma (don personal) excepcional de un dirigente ejemplar por sus capacidades demostradas en una coyuntura histórica grave y específica.

Parece evidente e incontestable tanto el carácter bonapartista como el caudillista del sistema político franquista, aunque solo sea si atendemos a la propaganda realizada por el mismo con el consentimiento del propio Franco. A finales del año 1936 ya estaban en circulación los siguientes lemas obligatorios en la retaguardia insurgente: «Una Patria, un Estado, un Caudillo»; «Los Césares eran generales invictos». Pocos años más tarde, el escritor y dirigente falangista Dionisio Ridruejo afirmaría sin rodeos: «el Caudillo no está limitado más que por su propia voluntad». En efecto, hasta el final de su vida, Franco fue sobre todo «El Caudillo», la institución capital de su régimen político, no solo en el orden de la representación jurídica-institucional sino también en el ejercicio del poder ejecutivo y legislativo cotidiano. No en vano, a lo largo de casi cuarenta años, Franco siempre fue beneficiario de las tres características básicas del modelo político caudillista: exaltación personal e identificación con el supuesto destino de su pueblo; plenitud de poderes concentrada en sus manos; y ausencia de control institucional de su ejercicio de la autoridad puesto que era responsable «ante Dios y ante la Historia». Un Caudillo, además, no solo militar (generalísimo) y político (jefe nacional supremo) sino también providencial y ungido para el ejercicio de su magistratura vitalicia por la gracia de Dios, lo que añadía un elemento de sanción sacro-religiosa a la teoría del caudillaje determinante.

Por eso mismo, la propia literatura jurídica del régimen no dejaría de subrayar siempre que Franco fundaba su autoridad en una legitimidad carismática (no tradicional, por sucesión; ni racional, por elección). Así lo explicaría Torcuato Fernández-Miranda en un manual de doctrina política oficial con singular razonamiento deudor de Max Weber (El hombre y la sociedad, Delegación Nacional de Juventudes, Madrid, 1960, pp. 188-190, subrayados originales):

La Jefatura del Estado español, nacido del Alzamiento Nacional, se constituye en la persona del Generalísimo Franco, en virtud de la institución del caudillaje. El Generalísimo es Jefe del Estado en tanto que Caudillo de la Cruzada… El caudillaje es un título excepcional de autoridad, individualizado, y en este sentido irrepetible, que descansa en un derecho fundación consagrado por una proclamación y una adhesión también excepcionales… El proceso de permanente guerra civil, latente o expresa, de la vida española desde Fernando VII, se hunde en la anarquía de la Segunda República, que hizo inevitable la guerra civil. De ella surge, a través del Movimiento Nacional, suscitado por la adhesión de la España nacional, la figura del conductor o Caudillo de la Cruzada, en la persona de Francisco Franco.

Sin embargo, el consenso sobre esa característica caudillista (cesarista o bonapartista) del franquismo se trueca en desavenencia a la hora de calificar con mayor precisión el tipo de régimen correspondiente, tomando como parámetros extremos la ya mencionada alternativa básica: ¿Se trata de un régimen caudillista de naturaleza totalitaria, al modo de la dictadura fascista italiana presidida por el Duce, Mussolini, o incluso del Tercer Reich nacionalsocialista y su doctrina del Führer Prinzip aplicada a Hitler? ¿O más bien es un sistema caudillista meramente autoritario, similar al «Estado Novo» portugués de Oliveira Salazar o a la dictadura polaca presidida por un héroe de la independencia como el mariscal Piłsudski, sin vinculación esencial con el totalitarismo fascista europeo coetáneo?

El concepto de «régimen totalitario» fue elaborado durante la época de entreguerras y con posterioridad por varios autores (Franz Neumann, Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski, entre otros) tomando básicamente como modelo la estructura política de la Italia fascista, de la Alemania nazi y de la Unión Soviética stalinista. Como categoría política, la noción de «totalitarismo» se basaba inicialmente en la teoría y realidad de la concepción del estado articulada por Mussolini desde 1922 («Todo dentro del estado, nada fuera del estado y nada contra el estado»), probablemente su mayor y más radical innovación doctrinal según el análisis certero de Emilio Gentile (Fascismo. Historia e interpretación, Alianza, Madrid, 2004). Y utilizaba como criterio definitorio fundamental el grado de diferencia de esos sistemas políticos respecto al parámetro establecido por la democracia liberal representativa (basada, en esencia, en la división de poderes del estado, el respeto a las libertades civiles individuales, la universalidad del derecho objetivado y la competencia abierta entre grupos por el acceso al poder político mediante elecciones libres). Al respecto, no deja de ser significativo que en 1957 el propio Franco confesara en la intimidad a su primo y ayudante personal que él encontraba grandes similitudes entre su régimen y los totalitarismos europeos, tanto de derechas como de izquierdas:

El comunismo, el hitlerismo, el fascismo y el falangismo son sistemas políticos distintos, pero todos ellos tienen algo en común, como es el mantenimiento de la autoridad del Estado, base del orden de un país, la disciplina social y económica, etc.

En esencia, al margen de sus apoyos y metas sociales específicos en cada caso (y esta es una salvedad crucial para muchos analistas), la tipología del régimen totalitario se caracterizaba por manifestar los siguientes rasgos definitorios en mayor o menor medida (históricamente más desarrollados en plenitud en el caso alemán que en otros): 1.º) La presencia de un centro de poder hegemónico, personificado e individualizado en un líder carismático, un Duce, que ejerce su autoridad absoluta de modo monopolístico y sin restricción superior ni autonomía apreciable para mandos subalternos o intermedios; 2.º) La existencia de un partido único de masas que forma parte integral del aparato del estado (incluso llega a ser su sombra controladora) y responde a una ideología bien definida como doctrina salvífica (al modo de «una religión política») de obligado estudio por la población; 3.º) La pretensión de control absoluto por parte del estado y el partido de todas las actividades públicas políticas y socio-culturales, con la reducción al mínimo de la esfera de la vida social y cultural privada; 4.º) El mantenimiento de un alto grado de movilización política de la población a través de canales y vías de encuadramiento oficial del propio estado de partido único: sindicatos, organismos juveniles, grupos de mujeres, asociaciones culturales específicas, etc.; 5.º) El sistemático control policíaco y la represión intensa de toda oposición latente o patente y de cualquier grado de libertad de prensa, reunión, circulación y comunicación; y 6.º) La voluntad de control y centralización de la vida económica mediante políticas ultranacionalistas y autárquicas como vehículo para el reforzamiento militar del estado de cara a la prueba potencial de superar una «guerra total» contra el enemigo.

Sin mengua de su utilidad hermenéutica, el concepto de «totalitarismo» descrito ha sido sometido a justa crítica historiográfica por su «carácter polimorfo, maleable, elástico y, en definitiva, ambiguo» (palabras de Enzo Traverso, El totalitarismo. Historia de un debate, Eudeba, Buenos Aires, 2013, p. 162). No en vano, ese formato definitorio parece insuficiente porque responde a una tipología de rasgos políticos demasiado formalista y pasa por alto diferencias muy reales de implantación social o proyección ideológica entre los sistemas clasificados como «totalitarios» (nazismo y comunismo, básicamente). Sobre este aspecto, son relevantes las recientes palabras de Richard Overy en su estudio comparado de ambos sistemas (Dictadores. La Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, Tusquets, Madrid, 2010, pp. 719-720). A tenor del mismo, es patente que stalinismo y nazismo tenían grandes similitudes en sus formas políticas, modos de control popular y cultural, estrategias de gestión económica y aspiraciones sociales utópicas y salvíficas. Pero también evidenciaban grandes diferencias en ideología y objetivos socio-culturales. El poder soviético bajo Stalin fue una dictadura totalitaria destinada a construir la utopía de un paraíso socialista internacional «en el que todas las personas serían iguales y felices» fuera cual fuese su coste humano (gigantesco, por otra parte). El poder nazi conformó un totalitarismo empeñado utópicamente «en crear un imperio de la raza superior» que implicaba la guerra de exterminio contra sus enemigos y una depuración biológica de la humanidad en gran escala (incluyendo el inédito genocidio de casi seis millones de judíos). Y esa misma diferencia clave de fundamento social, programa político y cosmovisión ideológica «explica la guerra por la hegemonía que habría entre ambas dictaduras» (Overy dixit).

En todo caso, por lo que respecta al franquismo, ya durante la guerra civil y en la posguerra, muchos analistas políticos, especialmente significados por su compromiso antifascista, señalaron la existencia de todos o algunos de esos factores definitorios del totalitarismo en algunas etapas de su historia (particularmente la inicial). Por consiguiente, defendían que el franquismo debía ser considerado como una variante española del fascismo europeo originado en el período de entreguerras. Y para ello subrayaban que una plena definición del fascismo debía considerar la función social violentamente contrarrevolucionaria y represiva ejercitada en cada caso nacional por las distintas coaliciones de fuerzas derechistas que creaban su propia solución fascista para hacer frente a su respectiva crisis y salvar así los intereses de las clases dominantes. Esta consideración del fascismo como proyecto socio-político de defensa del orden burgués violentamente represivo, antiobrero y antiliberal, con independencia de su formato político estricto, recibiría plena aceptación por parte de casi todas las izquierdas españolas y europeas. En gran medida, dicha interpretación centrada en la virtualidad social del fascismo (relegando su modalidad política precisa) reflejaba el análisis realizado por los círculos marxistas europeos sobre el nacimiento de las dictaduras italiana y alemana. En 1935, la Internacional Comunista había definido al fascismo como «la dictadura abierta y terrorista de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero».

Sobre esa base, una vez iniciada la guerra civil en España, para la izquierda, la rúbrica «fascismo» pasaría a definir (con tintes demonológicos denunciatorios) al bando enemigo liderado por Franco en su conjunto, en tanto que el epíteto «antifascista» se convertiría, de modo especular, en el rasgo identitario común del heterogéneo espectro político que permaneció leal a la República. No deja de ser significativo que en el bando franquista (por iguales motivos demonológicos) se calificara imprecisamente a sus heterogéneos enemigos como «rojos» y «comunistas» sin mayores diferenciaciones ni sutilezas. El consecuente uso lato del concepto de fascismo, subrayando casi en exclusiva su dimensión social y anulando su formato político, se aprecia con claridad, por ejemplo, en el primer manifiesto sobre la guerra civil emitido por el Partido Comunista de España en agosto de 1936. En el mismo, la categoría de «fascismo» definía simplemente al movimiento, reaccionario y antidemocrático, desatado contra la República reformista por una coalición de «curas, aristócratas, generales cobardes y señoritos fascistas».

A medida que transcurría la guerra civil y que la España nacionalista incorporaba elementos políticos formales presentes en Alemania e Italia (partido único, saludo fascista, retórica corporativa e imperial, represión inclemente y masiva, etc.), esa identificación entre franquismo y fascismo no solo se acentuó sino que cobró mayor verosimilitud. En efecto, a juzgar por los propios actos de Franco, la España nacionalista había emprendido durante la guerra un proceso político de conversión fascista consciente. Desde abril de 1937, tras el decreto de unificación, el nuevo partido único había asumido en su práctica totalidad el programa previo falangista, afirmando su irrenunciable «voluntad de Imperio» y la necesidad de construir un «Estado nacionalsindicalista» que fuera «instrumento totalitario al servicio de la integridad patria». Franco contribuyó desde entonces y hasta casi 1945 a dar credibilidad a esa evolución con una nueva retórica fascista que afirmaba su condición de «Jefe solo responsable ante Dios y ante la Historia» y subrayaba la naturaleza «misional y totalitaria» del nuevo estado en construcción «como en otros países de régimen totalitario». Esa inspiración fascista estaba detrás de la actitud del régimen durante la contienda mundial y explicaba el apoyo logístico más o menos soterrado a la causa bélica germano-italiana y la furibunda fobia antidemocrática de la controlada prensa española. A finales de 1942, a título expresivo, el Caudillo español seguía compartiendo el juicio íntimo y secreto expuesto por el que sería su principal asesor político y virtual alter ego, el futuro almirante Carrero Blanco:

Es evidente que España tiene una decidida voluntad de intervención al lado del Eje por cuanto este combate a nuestros enemigos naturales que son ese complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que el Poder Judaico trata de aniquilar la Civilización Cristiana cuya defensa constituye nuestra misión histórica en lo universal.

Atendiendo a esas actuaciones, la consideración del franquismo como la versión española de un estado fascista no dejó de afianzarse, tanto en círculos académicos como en la opinión pública en general. El propio Salvador de Madariaga, un eximio representante del liberalismo democrático que desde el principio de la guerra se había declarado incompatible con ambos bandos, apostaba a finales de 1944 por subrayar la identidad de franquismo y fascismo:

En vano intenta usted [Franco] presentar a España al extranjero como una democracia. No hay democracia que valga. No hay argucia que tape las camisas de color, como Hitler, las chaquetas claras, como Hitler, los pantalones oscuros, como Hitler, el saludo romano, como Hitler, el título de Caudillo, mala traducción de Führer, como Hitler, el partido único comiéndose al país en plena francachela de corrupción, como Hitler, la prensa domesticada, como Hitler, las palizas a los disidentes, como Hitler, la Gestapo, como Hitler, los campos de concentración, como Hitler, los fusilamientos, como Hitler.

Quizá el máximo apogeo de esa identificación tuvo lugar en la posguerra mundial, una vez derrotadas las potencias fascistas, con ocasión de la condena formal del régimen español dictada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1946. No en vano, dicha condena reiteraba el veto ya formulado en junio de 1945 a la entrada de la España franquista en el nuevo organismo con palabras terminantes:

En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini.

Sin embargo, comprobada la supervivencia del régimen pese a la condena internacional y oficializada su reintegración en el mundo occidental en el marco de la guerra fría (España ingresó en la propia ONU en 1955), a partir de los años sesenta la definición del franquismo como una variante específica española del fascismo («fascismo frailuno», «fascismo cuartelero», «fascismo clerical-militar») dejó de ser compartida por la totalidad de los politólogos, sociólogos e historiadores interesados en el tema. En el contexto de los grandes cambios socio-económicos y culturales experimentados por España en esa década desarrollista, y a la vista de las transformaciones en el interior del propio régimen y en su actuación internacional, una gran parte de los analistas comenzaron a apreciar la invalidez de dicha identificación o, cuando menos, su problemática coherencia con el modelo totalitario fascista (más patente habida cuenta de que todos habían sucumbido a la derrota militar de 1945 sin remisión) y sus semejanzas con otros modelos políticos de pleno vigor en la posguerra (desde el Portugal salazarista a las dictaduras militares caudillistas de los países latinoamericanos o de los recientes países árabes o asiáticos descolonizados). Y fue precisamente en el año 1964 cuando surgió en el mundo académico una definición alternativa de la naturaleza del régimen de Franco. Su autor era un sociólogo español afincado en Estados Unidos, Juan José Linz, que formuló con ese objetivo el concepto de «régimen autoritario» tomando como contrafigura el previo concepto de «totalitarismo».

A tenor del análisis de Linz, el franquismo era un ejemplo paradigmático de régimen autoritario porque cumpliría los rasgos básicos de esa categoría del análisis político, claramente distintos a los propios de un sistema totalitario: 1.º) El régimen gozaría de un grado notable de «pluralismo político limitado» dentro de sus propias filas internas el juego político entre las llamadas «familias franquistas»: falangistas, carlistas, católicos, monárquicos… 2.º) El régimen carecería de «una ideología elaborada y directora» de rasgos salvíficos y obligado conocimiento y estudio por la población, si bien mantendría «una mentalidad peculiar» (un conservadurismo católico arcaizante. 3.º) El régimen descartaría la necesidad de la «movilización política intensa o extensa» encuadrada por los organismos del estado en favor de la promoción de la «apatía», la desmovilización y el conformismo pasivo de la población. 4.º) El partido único oficial tendría funciones subordinadas y vería frenada su pretensión de dominio omnímodo del estado por la resistencia efectiva de otras instituciones iguales o superiores en poder e influencia (como el ejército y la iglesia). Y 5.º) El dictador autoritario, al contrario que el totalitario, «ejerce su poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles» y por ello no ilimitados.

Esa tentativa de definición de un concepto expresamente aplicado al régimen de Franco tuvo desde el principio muchos adeptos, tanto en el campo de la sociología (Amando de Miguel) y la politología (Guy Hermet) como entre los historiadores (Stanley G. Payne y Javier Tusell, en particular). Pero también provocó un gran debate académico con innegables tintes políticos. Algunos críticos consideraron que esa revisión conceptual podía entenderse como una forma de absolución del régimen franquista al focalizarse sobre los caracteres más benévolos en su fase desarrollista (olvidando su primera etapa filototalitaria de guerra civil y mundial). De igual modo, se apuntaron ciertas imprecisiones que debilitaban el alcance del concepto: la cuestionable contraposición entre una «ideología» fascista (precisa y definida) y una «mentalidad» autoritaria (amplia y difuminada); el carácter relativo del «pluralismo político limitado», que solo afectaba a las clases dominantes y ocultaría las concordancias políticas fundamentales en el seno de ese grupo; la posible confusión entre «desmovilización» (como apatía inducida desde el poder) y falta de muestras de rechazo u oposición entre las masas, olvidando la existencia de una disconformidad de fondo ahogada por el temor a la represión; etc. Sin embargo, la crítica fundamental se centraba en la carencia de referencias a las clases y grupos sociales que apoyaban al régimen o se beneficiaban de él (o, viceversa, a las clases y grupos sociales que sufrían los efectos del régimen y estaban excluidas de sus beneficios). En otras palabras, se censuraba el carácter estrictamente político-formalista de la definición y su falta de atención a las dimensiones sociales y clasistas de los regímenes políticos.

Una de las primeras y más depuradas propuestas de superación de las tesis de Linz fue obra de los sociólogos Salvador Giner y Eduardo Sevilla-Guzmán. En 1975, tratando de aunar los aspectos sociales (contenido) con los aspectos políticos formales (continente), ambos autores formularon el concepto de «despotismo moderno» como sistema político distinto al totalitarismo y a los regímenes autocráticos tradicionales. A su juicio, la dictadura franquista cumplía todos los rasgos característicos del modelo:

Un caso típico de despotismo moderno ha sido el estado franquista español, al igual que el régimen salazarista portugués, que duró hasta 1974, y un buen número de dictaduras suramericanas o africanas contemporáneas. En todos los casos de despotismo moderno nos encontramos con: a) un modo de dominación de clase en el cual el poder está ejercido para la clase dominante y, en su nombre, por un déspota o una reducida élite; b) una serie de colectividades de servicio —policía, funcionarios, miembros de un partido único, clérigos— que obedecen siempre al jefe o jefes; c) un pluralismo político restringido de clase dentro de estas colectividades de servicio; d) una fórmula política de gobierno que incluye una fachada ideológica y la tolerancia de un cierto grado de pluralismo ideológico entre las facciones que componen la coalición de fuerzas dominantes; y e) una mayoría popular a la que se exige obediencia pasiva y que es explotada económicamente por las clases dominantes.

Si bien el concepto de «despotismo moderno» ampliaba en un sentido social los rasgos implícitos en la idea de «régimen autoritario», otras críticas a dicha noción fueron mucho más radicales en su rechazo a su formalismo político de origen. En esencia, renovando la tradición interpretativa marxiana, esas críticas insistían en que la definición del franquismo no podía omitir su funcionalidad social de constituir una solución histórica a una grave crisis capitalista mediante una reacción de fuerza contrarrevolucionaria y contrarreformista para atajar la amenaza de la movilización obrera autónoma. En este sentido, según la argumentación del sociólogo italiano Gino Germani, tanto «los objetivos básicos como el significado histórico del régimen de Franco son típicamente fascistas». Siguiendo esas líneas de razonamiento, el hispanista británico Paul Preston llamó reiteradamente la atención sobre los riesgos de identificar al fascismo español con la escuálida Falange de preguerra, puesto que así se «evita la necesidad de examinar los rasgos fascistas de otros grupos derechistas y del propio régimen de Franco» y se corre el riesgo de «olvidar no solo los adornos fascistas y las alianzas del franquismo con el Eje, sino también las actividades de su maquinaria represiva entre 1937 y 1945» (La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Península, Barcelona, 1997, p. 33). Quizá, uno de los más acreditados representantes de esa línea interpretativa (recientemente activada por Ferrán Gallego en ciertos aspectos) fue el historiador Julián Casanova en uno de sus primeros trabajos sobre la represión franquista (El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón, 1936-1939, Siglo XXI, Madrid, 1992, pp. 3-25). Su razonamiento merece reproducirse por extenso:

La coalición contrarrevolucionaria que defendió y asumió en España a partir de julio de 1936 la vía armada para echar abajo la República, cumplió la misma misión histórica, persiguió los mismos fines y, sobre todo, logró los mismos «beneficios» que los regímenes fascistas de Italia y Alemania… Así entendido, el fascismo resulta para el historiador algo más que un estilo de política, con una ideología distintiva, que supo movilizar a las clases medias y apelar a los sentimientos de comunidad —con el consiguiente rechazo del concepto de «clase» como principio organizativo de la sociedad— en una coyuntura de crisis. Nos hallamos, más bien, ante un proceso contrarrevolucionario, expresión violenta y extrema de un movimiento de reacción, que surgió en casi todos los países europeos en el período de entreguerras para hacer frente al avance de la izquierda y a las conquistas parlamentarias obreras, al temor a la revolución y a la crisis del Estado liberal… Una diferencia sustancial, sin embargo (entre el caso español y los casos italiano y alemán), residía en la naturaleza del brazo ejecutor de esa reacción. En una sociedad donde el Ejército había demostrado en múltiples ocasiones capacidad para proteger por la fuerza los intereses de esas clases, no se necesitaba inventar otro procedimiento… Un ingrediente primordial, por lo tanto, de la misión histórica del régimen de Franco, surgido de la victoria en la guerra e inextricablemente unido a los recuerdos y consecuencias de ella, fue erradicar los conflictos sociales que ponían en peligro la propia existencia de la burguesía industrial y de las clases poseedoras de la tierra. El proyecto reformista de la República, y todo lo que esa forma de gobierno significaba, fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos… En los tres casos (Italia, Alemania y España), la función social del fascismo fue estabilizar y fortalecer las relaciones de propiedad capitalistas y asegurar el dominio social y económico de la clase capitalista.

Sin embargo, en opinión de un amplio espectro de historiadores de distinta significación ideológica, la «función social» o «misión histórica» desempeñada por el franquismo no justifica su consideración como fascista. Entre otras cosas, porque ese papel («función») de instrumento de estabilización de «las relaciones de propiedad capitalistas» y fortalecimiento del «dominio social y económico de la clase capitalista» puede realizarse y se ha realizado históricamente bajo muy distintas formas políticas (dictaduras militares tradicionales o «desarrollistas», regímenes democráticos conservadores o socialdemócratas, sistemas oligárquicos liberales o autoritarios, fascismos, etc.). En otras palabras: la reproducción y continuidad de un modelo de dominación social burguesa y de acumulación económica capitalista siempre se ejercita y desarrolla bajo medios y fórmulas políticas (sistemas de relación de poder entre clases y grupos, gobernantes y gobernados) distintas y diversas, las cuales, además, debido a la autonomía relativa de la esfera del poder político, afectan e inciden en la evolución específica de ese modelo de dominación social y de su base económica. A este respecto, cabe reseñar que incluso los medios marxistas más ortodoxos de los años treinta apreciaron las diferencias políticas cualitativas del fascismo con otros regímenes burgueses más o menos dictatoriales y represivos.

En atención a ese conjunto de razones, la definición del fascismo sobre la base exclusiva de sus funciones sociales (o históricas) y prescindiendo del formato político específico parece ser un ejemplo de reductio ad extremum ineficaz por omnicomprensivo y por carencia de potencia para discriminar casos diferentes de regímenes políticos históricamente cristalizados y socialmente análogos en su función. Ese «uso inflacionario» (en palabras de Karl Dietrich Bracher, Controversias de historia contemporánea sobre fascismo, totalitarismo y democracia, Alfa, Barcelona, 1983, p. 33), que anula la virtualidad científico-social del concepto, es también la causa de la devaluación de la voz «fascista» como mera etiqueta de denuncia política denigratoria. Así, desde hace mucho tiempo, en lenguaje corriente, sería fascista toda oposición al sistema democrático o a las reivindicaciones sindicales obreras, toda aceptación del uso de la violencia como instrumento político o de la represión de la disidencia como método expeditivo de gobierno, incluso toda acción cultural considerada tediosa por sus ejecutores (en julio de 2008 el cantante Iggy Pop logró amplia cobertura periodística con su resonante declaración: «El rock debe ser divertido; sin eso, se vuelve fascista»). Un «uso inflacionario» que simplemente sirve para relativizar el significado de una dictadura realmente fascista y totalitaria (como la nazi, por ejemplo) equiparándola a cualquier otro régimen de base capitalista (u otro imaginable) de mayor o menor propensión al uso de la fuerza contra sus disidentes y enemigos.

En vista de esas dificultades conceptuales de la interpretación lata del fascismo, la tendencia actual entre la historiografía consiste en matizar el carácter fascista (stricto sensu) del régimen franquista sin descuidar por eso su significado social y clasista. El componente fascista de la coalición reaccionaria forjada durante la guerra civil bajo el liderazgo de Franco fue evidente, pero no mayoritario ni decisorio. En palabras de Ricardo Chueca y José Ramón Montero: «Al fin y al cabo, la sociedad española de los años treinta dio de sí, en fascista, lo que pudo y necesitó» («El fascismo en España: elementos para una interpretación», Historia Contemporánea, n.º 8 [1992], p. 246). En gran medida porque, como ya había apreciado Azaña, la estructura social básica de España era demasiado arcaica para producir las formas de organización y práctica políticas «modernas» asociadas a los fascismos italiano y alemán, surgidos en sociedades mucho más desarrolladas. Lo que no fue óbice para que la coalición reaccionaria aprovechara del fascismo sus rasgos más apropiados para la coyuntura bélica española: su funcionalidad civil violentamente coactiva y represiva, su atractiva retórica organicista antidemocrática y corporativa, y su ilusorio remedo de participación integradora de las masas en la política de la nación regenerada.

En esta renovadora línea interpretativa se sitúan, por ejemplo, los historiadores Santos Juliá («Un fascismo bajo palio, en uniforme militar»), Manuel Pérez Ledesma («Una dictadura por la gracia de Dios»), o Antonio Elorza, cuya síntesis definitoria merece citarse por su concisión («Mitos y símbolos de una dictadura», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.º 24 [1996], p. 49):

El régimen de Franco habría sido una dictadura personal, un cesarismo, de base militar, con una orientación contrarrevolucionaria y arcaizante, y un contenido estrictamente fascista en cuanto «estado de excepción permanente», en la política de represión de oponentes y disidentes, y hasta 1966, en la política de información y eliminación de la libertad de pensamiento… Cabe encuadrar al franquismo entre las dictaduras militares (como cesarismo, no como pretorianismo), a diferencia de las dictaduras civiles de Hitler o Mussolini.

Una de las últimas y más recientes aportaciones al tema de la relación entre fascismo y franquismo hace hincapié en el carácter proteico del régimen militar construido durante la guerra civil y de sus potenciales virtualidades evolutivas en un sentido plenamente fascista y totalitario. Como había percibido desde el principio del conflicto español el propio Mussolini, el estado franquista, pese a su naturaleza originaria reaccionaria y autocrática, en virtud de la movilización impuesta por la guerra y por las circunstancias internacionales, «puede servir mañana de base para el Estado totalitario»: cabía esperar, por tanto, que Franco liderase el proceso de «fascistización» de España.

Bajo esta perspectiva analítica atenta a la dinámica histórico-evolutiva, el franquismo habría sido un régimen militar reaccionario que sufrió un proceso de «fascistización» notable pero inconcluso y finalmente truncado y rebajado por el resultado de la segunda guerra mundial y la derrota de Italia y Alemania en la misma. Esa naturaleza de régimen «fascistizado» se apreciaría en su peculiar «capacidad para combinar ciertos elementos de la rigidez propia de los fascismos con la versatilidad y capacidad de maniobra de los no fascistas» (palabras de Ismael Saz, Fascismo y franquismo, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2004, p. 86). No en vano, una de las características de los regímenes «fascistizados» habría sido su reversibilidad hacia el estado inicial de régimen dictatorial autoritario (y así lo prueba Joan Maria Thomàs en su estudio sobre la Falange originaria devenida en franquista). En gran medida, ese proceso de «fascistización» emprendido, truncado y revertido, es la razón de las dificultades de conceptualización del régimen franquista y es la clave de la subrayada capacidad evolutiva y adaptativa del mismo. El citado historiador Ismael Saz (Fascismo y franquismo, pp. 88-89) ha expuesto con rigor esta interpretación del franquismo como régimen «fascistizado», potencialmente equidistante entre el modelo totalitario fascista y la mera dictadura autoritaria y capaz de evolucionar o involucionar en uno u otro sentido:

La dictadura franquista se basaba en la misma alianza antidemocrática y contrarrevolucionaria que la italiana o la alemana, era tan represiva —y en cierto sentido incluso más— que aquellas; se estructuraba sobre la base de un partido único y en el principio del caudillaje; tenía la misma concepción centralizada y uniformizadora del Estado; copió buena parte de las instituciones esenciales del régimen fascista italiano; adoptó algo parecido a una ideología oficial; instauró unas estructuras pretendidamente supraclasistas o corporativas y se refugió en la autarquía económica; anunció, como las dictaduras fascistas, su propósito de durar. Sin embargo, en todos y cada uno de los casos mencionados podemos localizar diferencias no menos esenciales: la correlación de fuerzas en el seno de la alianza contrarrevolucionaria no fue nunca favorable al sector fascista; su política represiva y aniquiladora de la oposición obrera y democrática solo fue parcialmente acompañada de un esfuerzo de removilización o articulación de un consenso activo; hubo algo de política de plaza pero bastante más de cárcel, iglesia y cuartel; el partido único fue realmente un partido unificado desde arriba y desde fuera; el caudillo no era la expresión, plasmación o concreción, de alguna forma de supuesta voluntad popular, sino en todo caso de la voluntad divina —por la gracia de Dios— y militar; la ideología oficial podía ser o no una ideología pero desde luego no era una ideología fascista; el Estado franquista era menos intervencionista y más respetuoso con la sociedad civil que el fascista, pero estaba también mejor estructurado, carecía, es decir, de las connotaciones anárquicas y darwinistas, propias, en mayor o menor grado, de los regímenes fascistas; nadie se creyó nunca al sindicalismo del Sindicato Vertical, y la autarquía más que obedecer a la lógica interna de los regímenes fascistas, incluso, eventualmente, en contra de los intereses de sectores fundamentales del gran capital, conectaba perfectamente con las tendencias autárquicas, defensivas, de un capitalismo que más que expansión hacia fuera buscaba protección frente al exterior.

En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, cabe decir que en la actualidad es cada vez menos frecuente definir al franquismo como un régimen fascista y totalitario, predominando mucho más la consideración de que fue una dictadura militar y caudillista primero «fascistizada» y luego meramente autoritaria. A título de ejemplo, un experto de primer orden en la historia del fascismo europeo como Emilio Gentile (Fascismo, p. 59) escribía recientemente que, en el franquismo, «el movimiento falangista fue reducido a soporte de un régimen autoritario militar, que lo confinó a una posición subordinada y marginal». Y apenas hace un par de años, Enzo Traverso (El totalitarismo, p. 27) descartaba la aplicabilidad de la categoría de fascismo totalitario a dicho régimen por motivos similares:

La represión franquista, durante la guerra civil española, fue particularmente feroz y extendida, pero la ideología del régimen, fundado sobre el catolicismo y el mito de la España eterna, era demasiado tradicionalista y su base social, en la que tenía un rol fundamental el clero y la gran propiedad latifundista, demasiado conservadora para construir un proyecto totalitario. El franquismo aparece, entonces, frente al fascismo italiano y sobre todo al nazismo, como la variante autoritaria y violenta (en particular en sus orígenes) de una dictadura militar clásica, sin ideología oficial (por fuera del catolicismo y del nacionalismo), sin pretensiones revolucionarias ni aspiraciones milenaristas.

Es sumamente improbable que el vivo debate sobre la naturaleza del régimen de Franco haya terminado con estas aportaciones reseñadas, que no son todas las existentes aunque sí algunas de las más relevantes. En cualquier caso, no cabe duda de que la polémica ha sido muy fructífera y ha contribuido a replantear críticamente el carácter del peculiar sistema político encabezado por el general Franco y las razones de sus fundamentos sociales y duración histórica.

3. FRANCO EN EL FRANQUISMO: BIOGRAFÍAS PARA UN CAUDILLO DESPUÉS DE UNA GUERRA

Antes del estallido de la guerra civil española, no cabe encontrar ninguna biografía digna de tal nombre sobre la persona del entonces general Franco. Había disponibles, desde luego, diversas semblanzas periodísticas y crónicas de sociedad sobre el personaje que tendían a subrayar una serie de hitos básicos de su vida pública: el nacimiento en El Ferrol en el seno de una familia ligada a la administración de la armada; la formación como militar en la Academia de Infantería de Toledo; su meritoria carrera como oficial en las campañas de Marruecos al mando de unidades de choque y al amparo del favor real; el papel como primer director de la Academia General Militar durante la dictadura de Primo de Rivera; su acatamiento disciplinado del régimen republicano en 1931 pese a sus inclinaciones monárquicas; el protagonismo en el aplastamiento de la revolución de octubre de 1934 que le reportó gran fama en círculos militares y derechistas; y el apartamiento de la política activa durante el quinquenio republicano pese a su condición de hombre de ideas conservadoras y creencias católicas muy arraigadas. Tales eran los trazos gruesos de la imagen pública proyectada por Franco cuando se produjo el inicio de la guerra civil.

Si a mediados de 1936 Franco solo era un distinguido general, apenas tres años después se había convertido en el Caudillo de España tras la victoria incondicional de 1939. Para entonces, su persona era y seguiría siendo objeto preferente de una literatura biográfica abundante y variada en formato, con profusión de obras apologéticas (en su mayor parte generadas dentro de España con patrocinio oficial), pero también denigratorias (estas exclusivamente publicadas en el exterior hasta su muerte). Y poco a poco, ya consolidado el nuevo régimen democrático en tiempos del posfranquismo, también comenzó a publicarse una literatura biográfica de solvente perfil historiográfico, a pesar de su pluralidad de perspectivas y diversidad de apoyaturas documentales.

En el apartado de biografías apologéticas sobre el Caudillo destaca especialmente por su influencia la primera de todas, redactada en 1937 por el periodista Joaquín Arrarás, que trabajó desde el principio en tareas de propaganda para los sublevados: Franco (San Sebastián, Librería Internacional, 1937). Inmediatamente se convirtió en la versión oficial de la vida del Jefe del Estado durante la guerra civil y obtuvo el consiguiente éxito: en octubre de 1939 ya se habían registrado 8 ediciones de la obra en España y había sido traducida al inglés, francés, alemán e italiano. El libro serviría como fuente de inspiración y datos para las crónicas periodísticas y otras biografías posteriores, en gran medida gracias a su estilo grandilocuente bien perceptible en sus párrafos finales:

No le mueve ambición menguada, de ningún género, al general Franco, cuando se lanza a la empresa (de salvar España). Ni afanes de mando, que no apetece, ni de vanidades humanas, que desprecia, ni de ventajas materiales, que no le interesan. En plena juventud ha alcanzado aquellas cimas que raramente coronan hombres prestigiosos como remate de una carrera militar gloriosa… Franco, Caudillo de la fe y del honor en esta etapa solemne de la Historia, que acepta la más gloriosa y la más abrumadora de las responsabilidades… Franco, cruzado de Occidente, elegido Príncipe de los Ejércitos en esta hora tremenda, para que España cumpla los designios de la raza latina.

Algo similar ocurrió con la biografía publicada en 1939, ya tras la derrota de la República, por el general José Millán-Astray, el mutilado fundador de la Legión y antiguo jefe militar de Franco en Marruecos, que pasó a ocuparse también de labores de propaganda durante la contienda: Franco, el Caudillo (Quero y Simón Salamanca, 1939). Al igual que la biografía de Arrarás, la obra de Millán-Astray retrataba con tintes heroicos el periplo humano y militar de Franco hasta el comienzo de la guerra, pero tenía la virtud de proseguir su curso para llegar al momento de la victoria final en la contienda. En todo caso, manifestaba el mismo espíritu providencialista y hagiográfico y denotaba idéntica fobia contra el enemigo marxista-liberal-democrático y masónico.

Tras el final de la segunda guerra mundial en 1945 con el triunfo de las potencias aliadas sobre el Eje italo-germano, esas biografías resultaban inadecuadas para los nuevos tiempos en el plano nacional e internacional. El periodista Luis de Galinsoga, entonces director de La Vanguardia, y el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, primo del Caudillo y jefe de su casa militar, fueron los encargados de redactar una nueva biografía oficial: Centinela de Occidente. Semblanza biográfica de Francisco Franco (AHR, Barcelona, 1956). En ella, sus autores se cuidaron de reflejar del modo más favorable la ambigua conducta de Franco hacia los Aliados durante la reciente guerra mundial. De hecho, como denotaba su propio título y su fecha, la obra tenía muy en cuenta los aires dominantes impuestos por la coyuntura de la guerra fría y la dependencia militar española de Estados Unidos tras los acuerdos sobre la instalación de bases militares norteamericanas en España de septiembre de 1953.

Casi un decenio más tarde, en el simbólico año de 1964, apareció una nueva biografía del Caudillo (esta vez en forma de documental cinematográfico) como parte de la campaña oficial diseñada para conmemorar «los 25 años de la paz de Franco». Sus autores eran el escritor José María Sánchez-Silva y el cineasta José Luis Sáenz de Heredia, que habían elaborado un texto sencillo destinado a ser el guión de una película cinematográfica profusamente difundida en aquel año y con posterioridad: Franco, ese hombre. El texto acabó siendo editado en formato de libro con gran aparato fotográfico algunos años después: Franco, ese hombre (Lidisa, Madrid, 1975). En consonancia con la coyuntura económica expansiva de entonces, que generaba en la sociedad española un incipiente bienestar material y marcada apatía política, el retrato de Franco subrayaba sobre todo su calidad de «hombre que le dio (a España) la paz, el trabajo y la prosperidad». Un Caudillo de la victoria mudado en Caudillo de la paz, menos heroico y más humanizado, que viste de civil, tiene vida familiar normal y recibe el apoyo de un pueblo «solidarizado más que nunca con el hombre que ganó la guerra contra el comunismo, que realizó el milagro de conservar nuestra neutralidad y que está edificando a pulso una España mejor y más justa». En este sentido, tanto la película como el libro formaban parte de una novedosa estrategia del régimen que apelaba no tanto a la vieja legitimidad ganada por la victoria militar como a una nueva legitimidad derivada de sus logros socio-económicos.

La última gran biografía laudatoria elaborada en vida de Franco fue obra del historiador Ricardo de la Cierva y retrataba su trayectoria hasta el inicio de los años setenta. Se publicó en forma de fascículos coleccionables por la Editora Nacional durante el año 1972. Y al año siguiente se publicó ya en formato de libro clásico con el mismo título: Francisco Franco: un siglo de España (Editora Nacional, Madrid, 1973). Desde luego, por su apoyatura documental y testimonial (De la Cierva entrevistó en varias ocasiones a Franco para la obra), por sus complementos fotográficos y por su extensión, la obra superaba a las previas biografías oficiales. Y todo ello sin que la apariencia de objetividad menguaran en modo alguno su retrato favorable del preclaro Caudillo.

Con esa obra De la Cierva, el aperturismo político intentado por el régimen coetáneamente había alcanzado el máximo de sus posibilidades en el campo de la biografía de Franco. Buena prueba es que, tras la muerte del Caudillo, las posteriores biografías franquistas (en su doble sentido) no acertaran a superar el listón marcado entonces. En todo caso, de todas ellas cabe destacar sobre todo por su valor documental la elaborada por el medievalista Luis Suárez Fernández: Francisco Franco y su tiempo (Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1984, 8 vols.). No en vano, el autor, un antiguo alto cargo de la política educativa del régimen en su momento aperturista, utilizaba en el texto documentos inéditos procedentes del archivo particular de Franco, custodiado por la Fundación Nacional Francisco Franco y cerrado al público (y a la generalidad de los historiadores) hasta el año 2006, hito a partir del cual una parte de sus materiales microfilmados fue depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Pese a esta fundamentación documental de un valor inestimable, el relato de Suárez Fernández incluso superaba al de De la Cierva en ausencia de sentido crítico.

Un capítulo esencial de esta literatura biográfica laudatoria lo componen las obras de autores extranjeros bien vistos por el propio régimen. Algunos fueron publicados durante la guerra civil como parte de las campañas de propaganda en el exterior: caso de la obra del italiano Paolo Antoldi o del francés Georges Rotvand. Pero la mayor parte de ellos publicaron sus libros en español durante la década de los años sesenta, justo cuando los rasgos «totalitarios» dejaban paso a caracteres «autoritarios» más aceptables para la opinión pública occidental. Entre ellos, merecen especial mención los redactados por el francés Claude Martin (Franco, soldado y estadista, Fermín Uriarte, Madrid, 1965) y por los británicos George Hills (Franco: el hombre y su nación, San Martín, Madrid, 1968) y Brian Crozier (Franco: historia y biografía, Magisterio Español, Madrid, 1969). Como es evidente, su función propagandística resultaba muy rentable para un régimen en vías de integración económica y socio-cultural (ya que no política) en la Europa comunitaria.

En abierta polémica con toda esa literatura biográfica favorable al general Franco, la dividida y derrotada oposición tardó mucho tiempo en generar una imagen y retrato sustantivo de su principal enemigo político. Desde luego, existían fórmulas y lugares comunes sobre la vida y carácter de Franco en la multivariada literatura de las fuerzas antifranquistas del exilio. Y en ella y bajo todos los formatos (texto, caricatura, fotografía, chistes) predominaban los tintes demonológicos y la denuncia humana y política: taimado traidor; títere de Hitler y Mussolini; marioneta de capitalistas y latifundistas; dictador ambicioso, cruel y sanguinario; católico fanático e inquisitorial, etc. Al respecto y a modo de ejemplo, basta recordar las certeras diatribas de Salvador de Madariaga contra «el cínico-hipócrita que usurpa el poder» en España como «sanguijuela de Occidente» (ingeniosa réplica a Galinsoga y Franco Salgado-Araujo), como las recogidas en su muy difundido libro General, márchese usted (Ediciones Ibéricas, Nueva York, 1959):

Franco es un reaccionario beato y cuartelero incapaz de concebir y sentir la libertad. Es un hombre ambicioso y egoísta que no supo marcharse cuando, al suicidarse Hitler, él pasó a ser una hipoteca política terrible para su patria… Franco es un Sancho Panza cuya ambición es comer bien y dormir bien. Pero hay que resistir la tentación porque ceder sería injusto para Sancho.

Sin embargo, parece evidente que no fue hasta los años sesenta cuando vio la luz una verdadera biografía del general Franco emanada de la oposición democrática: la obra de Luis Ramírez, Francisco Franco: historia de un mesianismo (Ruedo Ibérico, París, 1964). Bajo ese pseudónimo se ocultaba la pluma del escritor y periodista vasco Luciano Rincón Vega, que fue procesado y condenado por el Tribunal de Orden Público en 1971 a seis años de cárcel por aquella osadía política e intelectual de haber ultrajado al jefe del estado «con evidente falta de respeto, vertiendo conceptos y atribuyéndole actitudes en nada concordantes con la realidad, con manifiesto menosprecio hacia su persona». La responsabilidad de su publicación recayó sobre una institución cultural del exilio: la editorial Ruedo Ibérico de París, fundada en 1961 por cinco refugiados españoles dirigidos por el libertario José Martínez. El libro de Ramírez-Rincón constituyó un enorme éxito de circulación en los ámbitos antifranquistas exiliados e interiores, gozando de varias reediciones (tres hasta el año 1973) y traducciones a idiomas extranjeros y configurando así la imagen característica de Franco entre sus adversarios de dentro y fuera de España. Su visión del personaje se aprecia suficientemente en el modificado subtítulo de la obra en las ediciones posteriores a la muerte de su biografiado: Francisco Franco. La obsesión de ser, la obsesión de poder (Ruedo Ibérico, París, 1976). En ambas, el retrato ofrecido era militantemente cáustico y mordaz:

¿Quién es este hombre?… Es un mesías sin personalidad, galleando todavía, tímido aún, mediocre como carácter a quien el tiempo no le da aplomo en el trato ni seguridad en sus actos en público, balbuceante al empezar a hablar, con intérprete siempre por no dominar ningún idioma.

Tras la muerte de Franco en 1975, la apertura del proceso de transición democrática y el final de la censura posibilitó la publicación de biografías del Caudillo críticas u hostiles en la propia España. De todas esas semblanzas biográficas, cabe mencionar el opúsculo redactado por el sociólogo Amando de Miguel publicado en 1976 bajo el irónico título de Franco, Franco, Franco (Ediciones 99, Madrid, 1976). Incluso podría afirmarse que a este mismo género todavía pertenecen, con las debidas matizaciones, las conocidas ficciones literarias de los escritores Francisco Umbral (La leyenda del César Visionario, Seix Barral, Barcelona, 1991), Manuel Vázquez Montalbán (Autobiografía del general Franco, Mondadori, Barcelona, 1992), José Luis de Vilallonga (El sable del Caudillo, Plaza y Janés, Barcelona, 1997) o Juan Luis Cebrián (Francomoribundia, Alfaguara, Madrid, 2003).

El final del franquismo y la instauración del nuevo régimen democrático también generaron la posibilidad de que se publicara una avalancha de obras y relatos de protagonistas políticos de la época de la dictadura. Ese caudal de libros testimoniales proporcionaron en su conjunto nuevas visiones e informaciones sobre el carácter personal y la conducta privada del difunto Caudillo. A este respecto, la publicación de Mis conversaciones privadas con Franco (Planeta, Barcelona, 1976), obra de su ayudante y primo carnal, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, constituyó un hito crucial para desvelar la anodina intimidad familiar e intelectual del dictador. Otro tanto cabría decir de la publicación en 1977 de dos obras testimoniales cruciales: la de Ramón Serrano Suñer (Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, Planeta, Barcelona, 1977), inexcusable para entender los años de guerra civil y guerra mundial cuando el Generalísimo se apoyaba en el «Cuñadísimo»; y el primer volumen de recuerdos del exministro Laureano López Rodó, decisivo para el plano de la evolución política del régimen y su cabeza titular (La larga marcha hacia la monarquía, Noguer, Barcelona, 1977).

Sobre la base de ese nuevo material testimonial y de la progresiva apertura a los investigadores de los archivos estatales pertinentes, se hizo factible el comienzo de una reconsideración historiográfica más solvente y documentada de la figura del general Franco. Una reconsideración que, fiel al dictum canónico, tratara de hacer historia bona fides, sine ira et studio; esto es: con buena fe interpretativa de partida, sin encono partidista y con meditada reflexión sobre el material informativo disponible. Una reconsideración, por tanto, que asumiera y practicara la necesidad imperiosa de hacer borrón y cuenta nueva (asumiéndolas en su valía informativa pero rebasándolas en su proyección interpretativa) tanto de la copiosa hagiografía cortesana oficialmente patrocinada por el régimen, como de la menos abundante pero igualmente apasionada demonología construida por la oposición antifranquista en la amargura de la derrota y ante la impotencia de su debilidad para derribar al tirano. Una reconsideración, en fin, que afrontara el complejo desafío de historiar un pasado reciente y socialmente traumático (una guerra civil y una dictadura de los vencedores) con la templanza y amplitud de miras exigible a todo oficiante de una disciplina que se quiere científica y cuyo único compromiso es el de tratar de comprender intelectualmente un fenómeno humano sin pretensión de dictar a la par sentencias definitivas como profeta retrospectivo, moralista intachable o justiciero inapelable.

Al margen de contribuciones dispersas en artículos periodísticos o revistas de investigación, cabría afirmar que el primer fruto sintético de esta labor paciente de reconsideración historiográfica vio la luz en 1985, justo a los diez años de la muerte de Franco, cuando Juan Pablo Fusi Aizpurúa publicó su breve y afamado ensayo biográfico sobre el personaje: Franco. Autoritarismo y poder personal (El País, Madrid, 1985). Por su ecuanimidad en el tratamiento y por su apoyatura en la nueva documentación disponible sobre la vida y obra del general, el ensayo de Fusi suponía una ruptura tajante con las biografías previas al uso. Así lo dejaba ver la «advertencia» preliminar del autor, muy consciente de que la tarea planteada era difícil y probablemente ingrata:

La hagiografía franquista no ha querido nunca plantearse el que fue el gran problema del régimen de Franco: que careció siempre de verdadera legitimidad moral ante la conciencia liberal y democrática del mundo contemporáneo, por su origen (alzamiento militar, guerra civil) y por su naturaleza autoritaria y represiva. Y la literatura de denuncia del franquismo —que puede ser, contra lo que parece, una forma de comodidad intelectual— elude, a su vez, plantearse problemas no menos inquietantes, como la voluntaria y duradera acomodación de muy amplios sectores de la sociedad española al franquismo, la estabilidad casi inatacable de este durante varias décadas, la debilidad de la oposición, la formidable transformación de España y de su Estado desde 1939 a 1975.

Esa labor de reconsideración historiográfica se profundizó en 1992 (centenario del nacimiento del general) con la aparición de dos obras diferentes en entidad y perspectiva. Por un lado, la breve síntesis biográfica redactada por el hispanista norteamericano Stanley G. Payne (Franco, el perfil de la historia, Espasa Calpe, Madrid, 1992). Por otro, el exhaustivo estudio de Javier Tusell sobre la figura de Franco durante los años 1936-1939 (Franco en la guerra civil, Tusquets, Barcelona, 1992).

El trabajo de Payne hilvanaba muy bien la historia socio-política de la dictadura con una presentación sumaria de la vida pública y privada del dictador equilibrada y voluntariamente equidistante de tirios y troyanos. Así, a pesar de reconocer que «mantuvo una dictadura personal» sumamente represiva sobre todo en su primera época (hasta 1957-1959), tampoco dejaba de subrayar su condición de «modernizador definitivo del país» durante su segunda época (desde 1957-1959). En el caso del estudio de Javier Tusell, su retrato del Caudillo se nutría, además de las fuentes impresas ya conocidas, de un material archivístico revelador: entre otro, los diarios y papeles de cuatro colaboradores estrechos de Franco (el general y exministro Francisco Gómez Jordana; el profesor y exministro Pedro Sainz Rodríguez; el político carlista conde de Rodezno; y el escritor y propagandista José María Pemán) y los fondos documentales de los archivos italianos, portugueses, británicos y del propio Ministerio de Asuntos Exteriores franquista. Y con esa apoyatura Tusell demostraba convincentemente que «solo la guerra civil» y su brutalidad sanguinaria habían generado las circunstancias para que un militar competente, pero que «no fue ni un Napoleón ni un Rommel», alcanzase cotas de poder personal omnímodo ni siquiera soñadas por el interesado en sus primeros compases durante la contienda.

Sin embargo, a pesar del avance que representaban las aportaciones variadas de Fusi, Payne y Tusell para conocer la personalidad de Franco, transcurridos los cien años de su nacimiento y a punto de cumplirse dos décadas de su muerte, seguía faltando una biografía general que tuviera en cuenta la enorme cantidad de material archivístico y testimonial aparecido en los últimos años sobre su persona y actuación histórica. Una biografía que alcanzara a rivalizar en entidad con biografías de dictadores europeos del siglo XX semejantes a Franco en su impacto histórico sobre la vida de su país y de sus contemporáneos: Allan Bullock con su magistral biografía sobre el Führer alemán (Hitler. A Study in Tyranny, Odhams Press, Londres, 1952); Renzo de Felice con su magna obra sobre el Duce italiano (Mussolini, Einaudi, Turín, 1965-1981, 5 vols.); y Marc Ferro con su denso retrato del mariscal que comenzó como «El León de Verdún» y se convirtió en jefe de estado de una Francia colaboracionista (Pétain, Fayard, París, 1987).

La mencionada carencia quedó sobradamente cubierta en el otoño de 1993 con la publicación en Inglaterra de la muy esperada biografía elaborada por el hispanista Paul Preston, director del Centre for Contemporary Spanish Studies de la Universidad de Londres, tras un trabajo de casi un decenio de preparación: Franco. A Biography (Harper-Collins, Londres, 1993). Aclamada de inmediato como una obra de referencia canónica, el libro fue rápidamente traducido al español al año siguiente bajo un título rotundo: Franco, Caudillo de España (Grijalbo, Barcelona, 1994). Y, al igual que había sucedido con el original inglés, la versión española cosechó un éxito de crítica resonante (el historiador Santos Juliá la calificó de «la más completa y la mejor escrita biografía de Franco») y obtuvo un éxito de ventas igualmente clamoroso (entre abril y junio hubo cuatro ediciones sucesivas de la obra). El mismo impacto intelectual sugiere su traducción a otros idiomas de uso y curso mundiales (ruso, italiano y checo), además de sus múltiples reediciones posteriores, incluyendo una edición revisada y muy aumentada en el año 2002.

Ciertamente, la publicación de la biografía de Franco escrita por Paul Preston fue un auténtico acontecimiento editorial y cultural en España y así lo reflejó la prensa y los medios de comunicación con amplitud. No en vano, la obra era monumental por sus dimensiones y exhaustividad de tratamiento. Baste mencionar que la edición inglesa, necesariamente más pequeña que la española, contaba con 787 páginas de texto central ameno y elegante, 132 páginas de densas notas explicativas y 33 páginas con las fuentes documentales, bibliográficas y hemerográficas utilizadas. Además, el trabajo tenía el gran atractivo de responder a las convenciones metodológicas y formales que regían el género biográfico en la mejor tradición historiográfica británica. De hecho, como el propio Preston se apresuraba a declarar en la introducción, su libro no era un estudio general del régimen franquista ni tampoco una historia de la España contemporánea desde el Desastre colonial del 98 hasta el año 1975. Pretendía ser y conseguía ser «un estudio pormenorizado del hombre» cuyo objetivo básico era «lograr un retrato más ajustado y convincente de lo que hasta ahora existía», siguiendo su periplo vital, tanto privado como público, durante sus casi ochenta y cuatro años de existencia entre 1892 y 1975. A tono con ese propósito y esa tradición, el autor asumía de manera abierta y honesta la necesidad de comprender históricamente y juzgar valorativamente la actuación de su biografiado con distancia (que no indiferencia) y con el único límite de la disponibilidad de fuentes documentales de apoyo para su interpretación, orillando así la denuncia sistemática de su persona tanto como la alabanza legitimadora de su trayectoria.

Efectivamente, a lo largo de 28 capítulos enjundiosos, la pluma de Preston iba narrando con agilidad las sucesivas fases de la vida de Franco desde su tímida y modesta infancia en El Ferrol hasta su prolongada y dolorosa agonía final. El relato se despliega esencialmente en torno a unas etapas básicas apuntadas por el autor con notable acierto: «Entre 1912 y 1926, Franco fue un soldado valiente y de capacidad extraordinaria; de 1927 a 1936 fue un militar profesional calculador y ambicioso; entre 1936 y 1939 fue un competente jefe en la guerra; y con posterioridad fue un dictador brutal y eficaz que resistió otros treinta y seis años en el poder» (p. 14 de la primera edición española). El tratamiento de cada fase y etapa resulta distinto según la importancia y trascendencia de la actuación pública de Franco. Así por ejemplo, el período de la Segunda República, el de la guerra civil y el de la segunda guerra mundial ocupan casi dos tercios de la obra (unas 460 páginas), en tanto que el relato de su vida hasta 1931 se narra en 68 páginas y su actuación a partir de 1945 se recoge en otras 250 páginas.

En definitiva, con la publicación del Franco de Preston, el esfuerzo historiográfico iniciado con Fusi y profundizado con Payne y Tusell lograba superar gran parte de los enigmas que rodeaban todavía la figura del Caudillo español, abriendo ya sin remisión las puertas al estudio histórico-biográfico del personaje sin traba o impedimento alguno. De hecho, con posterioridad, fueron apareciendo nuevos trabajos de mayor o menor entidad que siguieron roturando el fértil campo disponible, cada vez más fecundado con nuevas aportaciones testimoniales y archivísticas.

De entre todas las contribuciones posteriores a 1995, cabría mencionar dos en particular por su estimable interés y marcado contraste. Por un lado, el iconoclasta estudio del politólogo Alberto Reig Tapia titulado Franco «Caudillo»: mito y realidad (Tecnos, Madrid, 1995), que desmenuzaba con evidente ironía muchas de las supuestas virtudes políticas y diplomáticas del Generalísimo. Por otro, el estudio más canónico del hispanista francés Bartolomé Bennassar, Franco (Perrin, París, 1995), obra inmediatamente traducida al español y publicada en Madrid por la editorial Edaf en 1996. A ellos deben unirse una pléyade de biógrafos de nueva planta, algunos especialmente destacados por su perspectiva o por su éxito mediático: la hispanista francesa Andreé Bachoud, autora de un retrato aparecido en Francia en 1997 y traducido de inmediato al español como Franco o el triunfo de un hombre corriente (Juventud, Madrid, 1998); el historiador español Fernando García de Cortázar, responsable de un ameno reportaje intitulado Fotobiografía de Franco. Una vida en imágenes (Planeta, Barcelona, 2000); y el contemporaneísta José Luis Rodríguez Jiménez, firmante de un retrato peculiar sobre el personaje: Franco. Retrato de un conspirador (Oberón, Madrid, 2005). En este mismo plano cabría citar igualmente un experimento editorial de probado éxito comercial (que incluyó su traducción al francés): la publicación de un libro sobre «la cara y la cruz» de Franco firmado por dos autores contrastados, el escritor y exmilitar Ángel Palomino (con un texto titulado «Por España, frente al comunismo») y el historiador Paul Preston (con «Los mitos del gran manipulador»): Francisco Franco (Ediciones B, Barcelona, 2003).

Si acaso, cabe decir que las últimas contribuciones novedosas al estudio de la figura de Franco parecen focalizarse en aspectos particulares del personaje o en etapas concretas de su trayectoria. A título de ejemplo, han proliferado los estudios de su faceta militar con la habitual controversia sobre su ponderación exacta. Por ejemplo, para el coronel Carlos Blanco Escolá fue un mal estratega y peor político: La incompetencia militar de Franco (Alianza, Madrid, 2000). Sin embargo, para el general Rafael Casas de la Vega fue «un buen soldado» cuya obra política merece admiración («Que Dios le premie»): Franco, militar (Fénix, Madrid, 1995). Y en el intermedio, un trabajo de Juan Blázquez Miguel que pretende «no regatear alabanzas» ni tampoco «ahorrar críticas»: Auténtico Franco. Trayectoria militar, 1907-1939 (Almena, Madrid, 2009). Y si de la faceta militar pasamos a la política, también las más recientes aportaciones resultan de sumo interés. A título expresivo, Francisco Sevillano Calero estudia «el culto a la personalidad» carismática que sirvió como base de legitimación del poder del dictador: Franco. Caudillo por la gracia de Dios (Alianza, Madrid, 2010); en tanto que Laura Zenobi analiza el proceso de construcción de ese mismo poder carismático: La construcción del mito de Franco (Cátedra, Madrid, 2011).

En definitiva, el acervo informativo proporcionado por todo ese caudal de investigaciones biográficas elaborado en los cuarenta años transcurridos desde su muerte ha permitido que hoy en día sea posible desvelar gran parte de los enigmas que rodeaban la trayectoria pública y privada del general Franco, antes y después de su conversión en Caudillo. Al compás de ese mismo esfuerzo, muchos mitos elaborados por la hagiografía franquista han quedado pulverizados, particularmente quizá los tres más caros al propio Franco: su pretendido carácter de cruzado providencial que salvó a España del comunismo y del ateísmo en la guerra civil; su aireada habilidad como estadista preclaro que supo frenar con astucia las exigencias de Hitler y preservar la neutralidad de España durante la segunda guerra mundial; y su responsabilidad consciente en la puesta en marcha del proceso de modernización económica y social de la década de los sesenta. De igual modo, han quedado arrinconadas muchas de las ideas abrigadas por la oposición antifranquista, que le retrataba como un tiranuelo bajito, regordete, cruel y poco inteligente, al servicio de los intereses del capitalismo español, carente de apoyo popular, aupado al poder solo gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y que sobrevivió cuarenta años debido a una combinación de represión salvaje interior y buena suerte en el exterior.

Según la historiografía más reciente, la verdad sobre el personaje parece hallarse en un punto medio que nada tiene de geométrico: ni tanto como decían sus apologetas, ni tan poco como afirmaban sus detractores. Ese parece ser el balance final de la más reciente y ponderada literatura biográfica sobre un Caudillo a los cuarenta años de su muerte.

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Cuarenta años sin Franco

Cuarenta años sin Franco

Ignacio Martínez de Pisón

EL DÍA DE MI NACIMIENTO, el ABC traía en portada, debajo del titular «El belén del Santo Padre», una foto navideña del papa Juan XXIII arrodillado ante las figuras de un nacimiento. El pie de foto indicaba que Su Santidad había «levantado su augusta voz para recordar al mundo la absoluta necesidad de defender los principios de la verdad contra el error que todo lo invade». La misma foto y un texto muy similar abrían la edición de La Vanguardia Española, y supongo que también la de otros periódicos. Estamos hablando de los últimos días de 1960. España era entonces un país que acababa de superar los treinta millones de habitantes y, a juzgar por la unánime irrelevancia de las portadas de los periódicos, en esa España nunca pasaba nada.

¿En qué momento empezaron a pasar cosas? Digamos que para mi generación eso ocurrió en 1975, el año de la muerte del dictador. Para entonces la población había rebasado los treinta y cinco millones, gracias sobre todo al «baby boom» del que yo mismo formaba parte. En aquella España de familias numerosas y premios a la natalidad fueron muchos los hogares que estrenaron su primer televisor en color justo después de ese 20 de noviembre de 1975. Entre esos hogares estaba el mío porque mi madre, irredimible monárquica, creía que la ocasión justificaba el desembolso, por lo demás nada despreciable. Así pues, un día vimos en blanco y negro a un contrito Arias Navarro anunciando entre pucheros la muerte de Franco, y dos días después vimos en color la solemne proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España. Éramos conscientes de que aquellas fechas condensaban una extraordinaria trascendencia histórica, y con ese salto del blanco y negro al color tratábamos de ponernos a la altura de los acontecimientos. No era para menos: el larguísimo «día de hoy» consagrado en el último parte de guerra del general Franco («en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo…») daba por fin paso a ese «día de mañana» tantas veces susurrado, tantas veces pospuesto. La gris España de ese caudillo con voz aflautada y barriguita de quinielista acababa de ser sustituida por una España polícroma, luminosa, en la que no faltaría ninguno de los colores de los nuevos tiempos.

Sí, claro que habían pasado algunas cosas en aquella España anterior a mi decimoquinto cumpleaños, incluido el asesinato de Carrero Blanco. Pero las cosas que habían pasado no habían alterado el curso de nuestras vidas. Los dos acontecimientos de la historia colectiva que de verdad influyeron en nuestras historias individuales fueron la muerte de Franco en noviembre de 1975 y el frustrado golpe de estado de febrero de 1981. Entre esas dos fechas quedaría enmarcada la Transición: la primera señala el inicio de nuestro trayecto hacia la democracia; la segunda, la superación de una amenaza que a punto estuvo de devolvernos a los viejos tiempos de los militarotes y el inveterado ordeno y mando.

Si tuviera que decir cuál de esas dos fechas me marcó más, elegiría sin duda la segunda. En febrero de 1981, yo era un joven de veinte años que estudiaba cuarto curso de Filología Hispánica en Zaragoza. A diferencia de quienes nos llevaban cinco o diez años, mi generación no había vivido la agitación política de las postrimerías del franquismo. Ajenos a los debates sobre la lucha de clases y el socialismo científico, no habíamos tenido que optar entre el trotskismo y el maoísmo y desconocíamos la experiencia de la clandestinidad. La epopeya de nuestros primos mayores, con sus carreras delante de los grises, sus encontronazos reales o imaginarios con la Brigada Social y sus «aprobados generales políticos», nos resultaba indiferente. En nuestro izquierdismo no habían influido los ensayos de Marcuse y sí las historietas de Mafalda: un izquierdismo de línea clara. Éramos la primera generación de universitarios de la democracia, también la más despolitizada. Cuando los columnistas, al hilo de la película de Jaime Chávarri de 1976, empezaron a hablar de la «generación del desencanto», no pudimos sino sentirnos halagados. Si nuestros primos mayores tenían derecho a estar desencantados porque la nueva España de la democracia estaba lejos de parecerse a la que se habían esforzado por construir, con más motivo nosotros, que ni siquiera habíamos tenido la ocasión de intervenir. A nosotros nadie nos había consultado.

Escépticos antes de tiempo, encantados de ser tenidos por desencantados, los jóvenes de entonces descreíamos de un régimen que en muchos aspectos se nos aparecía como una prolongación de la dictadura: ¿cómo podía ser que eso fuera una verdadera democracia si hasta el jefe del estado había sido designado por el mismísimo Franco? Que el partido en el poder, por muy democrático que se proclamara en sus siglas, fuera una escisión de la selecta casta de exmandatarios franquistas tampoco ayudaba. Nos habría gustado haber nacido en una democracia antigua y consolidada, y lo que teníamos era un gobierno de demócratas de última hora que acometían las necesarias reformas con escasa determinación y como buscando ganar tiempo. La legalización del PCE, que tendría que haber sido inmediata, tardó año y medio en llegar. Para aprobar la Constitución, que la Segunda República había redactado en unos pocos meses, transcurrieron tres años desde la muerte del dictador. Y, por ejemplo, una ley como la del divorcio, sucesora de la aprobada en 1932 cuando no había pasado ni un año de la proclamación de la República, seguía durmiendo el sueño de los justos cinco largos años después de que Juan Carlos de Borbón accediera a la Jefatura del estado… A ese paso, ¿cuándo terminaría de llegar la democracia? O, mejor dicho, ¿terminaría de llegar algún día? Porque tanta lentitud alimentaba las sospechas de que las reformas nunca serían completas y esa tibia democracia española, tutelada por la iglesia y los militares, acabaría siendo algo imperfecto y a medio hacer.

Las cosas cambiaron de golpe la tarde del 23 de febrero de 1981. Quienes vivimos aquello nos acordamos muy bien de dónde nos encontrábamos y qué estábamos haciendo en el momento en que empezaron a circular noticias sobre lo que estaba ocurriendo en el interior del Congreso. Yo esa tarde estaba leyendo en la biblioteca del Departamento de Literatura. Entre profesores y estudiantes no creo que pasáramos de la docena. Recuerdo que, en un momento dado, los susurros de unos y otros fueron subiendo de volumen. «Un golpe de estado», dijo alguien. Salí al pasillo a preguntar. Se había formado un corrillo en torno a uno de los catedráticos. Este, esforzándose por aparentar serenidad, dijo: «Todos a casa. No va a pasar nada, pero iros todos a casa». Quedé con mi novia. Fuimos a un bar, que cerró enseguida. Cuando salimos, era ya de noche. Había muy poca gente por la calle, y casi todas las tiendas habían cerrado antes de hora. Dimos un paseo por Independencia. Al pasar por delante del edificio de Capitanía vimos entrar a unos militares uniformados. Nos habría gustado saber cómo funcionan los golpes de estado para decidir si eso era normal o no. Acompañé a mi novia al portal y me fui a casa. Me pasé varias horas oyendo la radio junto a mi madre y mis hermanos. Mi madre, nacida en 1934, nunca nos había hablado de la guerra civil. Aquella noche contó algunos de los escasos recuerdos que conservaba de esa época. La posibilidad de que se reprodujeran los hechos de julio de 1936 no parecía en ese momento descabellada, y mi hermano mayor y yo, los únicos en edad militar, anunciamos nuestra intención de salir de España si las cosas se torcían definitivamente. No estábamos preparados para una situación así. De repente, el mundo entero daba un bandazo y podía ser que dos jóvenes como nosotros, con nuestros destinos más o menos encarrilados, tuviéramos que dejar atrás nuestras vidas y seguir los pasos de todos esos españoles que cuarenta y tantos años antes se habían visto obligados a marchar…

No hace falta que explique cómo acabó aquello. Los días siguientes fueron días de asambleas y manifestaciones. Nada había cambiado pero todo había cambiado. En comparación con la siniestra España cuartelera a la que habíamos estado a punto de regresar, la democracia que entonces teníamos, por muy imperfecta que fuera, se nos presentaba como un bien frágil y valioso que había que proteger. El 23-F extendió el apego a la democracia en toda la sociedad pero particularmente en mi generación, que a fin de cuentas resultó no estar tan desencantada. La victoria electoral de Felipe González un año y medio después no sería, en definitiva, sino la victoria de mi generación: solo el socialismo democrático había acertado a recoger las enseñanzas de ese vaporoso izquierdismo aprendido en los libros de Mafalda.

Fue por entonces cuando Alfonso Guerra dijo aquello tan castizo de que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. Era un buen resumen del programa electoral ideal. España tenía que cambiar de la cabeza a los pies, y la misión más urgente consistía en consolidar las instituciones democráticas desactivando para siempre la eterna amenaza de los militares golpistas. Solo un par de años antes se habría considerado una temeridad que para llevar a cabo esa operación de limpieza se eligiera a un hombre como Narcís Serra, que ni siquiera había hecho la mili. Si la cosa salió bien fue, entre otros motivos, porque el frustrado golpe de estado del teniente coronel Tejero había actuado como la vacuna más eficaz: inoculados los gérmenes golpistas en su organismo, la sociedad española reaccionó desarrollando en muy poco tiempo los más poderosos anticuerpos.

No olvidemos otro de los principales factores de desestabilización de la época, precisamente aquel del que los propagandistas del golpismo se habían aprovechado para alimentar en el seno del ejército la nostalgia del régimen anterior: los atentados de ETA. Si alguien pensaba que con la llegada del PSOE al poder la organización terrorista reconocería la legitimidad democrática del nuevo régimen, la realidad se apresuró a desmentirle. Apenas tres días después de la victoria de Felipe González, los etarras formularon una inequívoca declaración de intenciones asesinando en Vitoria a un policía nacional mediante la explosión de un coche bomba. El enemigo de ETA no eran ni el franquismo ni los herederos del franquismo. El enemigo de ETA era España, tuviera esta un régimen dictatorial o plenamente democrático, y durante el período en que Felipe González se mantuvo en la Presidencia del gobierno lo seguiría certificando con pavorosa regularidad: casi cuatrocientas víctimas mortales repartidas de manera uniforme a lo largo de esos trece años y pico.

La operación de limpieza que Narcís Serra hizo en el ejército no supo o no quiso hacerla José Barrionuevo en los cuerpos de seguridad, que siguieron encarando la lucha antiterrorista con los tenebrosos métodos del viejo régimen. Los años en que Barrionuevo se ocupó de la cartera de Interior fueron los años del terrorismo de estado: el GAL, organización criminal amparada por la cúpula del Ministerio, causó una veintena larga de víctimas mortales, bastantes de las cuales no tenían conexión alguna con ETA. Todo esto ocurría mientras España dejaba de ser reconocible para la madre que la parió. El ingreso en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 inauguró un ciclo de modernización y crecimiento económico que no se frenó hasta 1992, el año en que España tuvo algo así como su puesta de largo, con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. La secular propensión al aislamiento había quedado atrás: formábamos parte de Europa, vivíamos en una democracia homologable a las de los países vecinos y hasta teníamos la sensación de que nuestra cultura y nuestras costumbres se habían puesto de moda. Como si viviéramos envueltos en una agradable embriaguez colectiva, teníamos la autoestima por las nubes, y a nadie se le pasaría por la cabeza la idea de aguar la fiesta. Quizá por eso, las primeras noticias sobre la implicación del estado en la guerra sucia contra ETA tuvieron menos resonancia de la que merecían. Hasta comienzos de los años noventa no hubo un verdadero debate social al respecto, y en la campaña electoral de las generales de 1993 fue utilizada como munición por el impetuoso candidato de la derecha, José María Aznar. En aquellas elecciones, aunque apenas por un millón de votos de diferencia, un Felipe González ya fatigado y como sin ganas venció por cuarta vez consecutiva. Inquietantemente, su victoria sugiere que en el fondo la sociedad española estuvo siempre dispuesta a perdonar el chapucero ojo por ojo con que su ministro del Interior había querido combatir el terrorismo etarra.

Entretanto, la prosperidad económica, unida a la prolongada intimidad de gentes de un mismo partido con los principales órganos de decisión, había dado lugar a tupidas complicidades que acabarían degenerando en graves casos de corrupción: el lamentable sainete de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil que acabaría entregándose a la policía en el aeropuerto de Bangkok, ilustra a la perfección la atmósfera moral de aquellos años. Si las elecciones de 1993 fueron las del GAL, las de 1996 serían las de la corrupción, y eso ya el electorado no se lo quiso consentir a Felipe González.

El nuevo presidente, José María Aznar, tenía entonces cuarenta y tres años. La España de la democracia es un país de presidentes jóvenes: Adolfo Suárez tenía cuarenta y cuatro años cuando ganó sus primeras elecciones generales, Felipe González cuarenta cuando ganó las suyas, José Luis Rodríguez Zapatero cuarenta y tres. Solo Mariano Rajoy, con cincuenta y seis años, rompe la media, y hemos de admitir que en muchos países los cincuentones siguen siendo tenidos por jóvenes cuando se trata de ocupar la más alta responsabilidad de un estado. En un partido como el PP, fundado por un Manuel Fraga que lo había sido todo o casi todo a la sombra del dictador, la juventud de Aznar se percibía como una garantía de renovación e higiene democrática: por fin la derecha española se presentaba limpia de las costras del pasado. Esa fue la impresión que acertó a transmitir durante su primera legislatura, la de la mayoría relativa, y seguramente esa impresión, unida a un nuevo ciclo de bonanza económica, le impulsó hacia un segundo mandato, ya con mayoría absoluta. El José María Aznar moderado y dialogante que pregonaba su amor a la poesía y se reclamaba heredero del espíritu de Manuel Azaña se convirtió como por arte de magia en un fanfarrón que, en sus encuentros con otros estadistas, se fotografiaba con un puro en la boca y los zapatos apoyados en el borde de la mesa. Ningún presidente democrático español ha producido tanta vergüenza ajena como el Aznar de entonces. La brusca caída de su popularidad tiene mucho que ver con esas fotos, burdos trofeos logrados al precio de apoyar entusiásticamente una invasión militar que la opinión pública española rechazaba de forma casi unánime: eran los años de la segunda guerra de Irak y el famoso «NO A LA GUERRA».

Es de justicia reconocer que las medidas políticas y policiales de los gobiernos del PP estaban consiguiendo desarbolar a ETA. El saldo de víctimas mortales de esos años resulta elocuente: cinco en 2002, tres en 2003. Pero las estadísticas sobre terrorismo saltarían por los aires solo tres días antes de las elecciones en las que José María Aznar tenía previsto pasar el testigo a su sucesor, Mariano Rajoy. El 11 de marzo de 2004, casi doscientas personas que viajaban en trenes de la red madrileña de cercanías murieron en el más sangriento atentado de nuestra historia, perpetrado por yihadistas. Al igual que nos ocurre con el 23-F, siempre recordaremos dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando nos llegaron las primeras noticias del 11-M. Yo esa mañana había madrugado para viajar precisamente a Madrid en un vuelo del puente aéreo. Mi mujer, que tiene la costumbre de ponerse la radio mientras se ducha, me anunció que algo muy grave había pasado en los alrededores de la estación de Atocha. Al principio se habló de un accidente ferroviario, luego se dijo que se habían oído varias explosiones… Cancelé mi compromiso en Madrid y permanecí toda la mañana pegado a la radio y el televisor. Si Mariano Rajoy perdió las elecciones del domingo siguiente no fue por el brutal atentado, sino por las reiteradas mentiras con las que el gobierno de Aznar trató de ocultar la autoría. Y la pregunta es: ¿de verdad creían que hacer pasar por un atentado etarra lo que enseguida se supo que era un atentado islamista podía favorecer sus expectativas electorales? La ventaja de la verdad sobre la mentira es que las piezas del puzle siempre encajan. Para justificar las mentiras de esos días, el PP y algunos medios de comunicación afines fabricarían durante los años siguientes un montón de nuevas mentiras, lo que alejó aún más la posibilidad de tener de una vez por todas una «derecha civilizada». Se hablaba de improbables conspiraciones y supuestos contactos entre terroristas vascos e islamistas, se vertían viles infundios sobre la investigación policial, se hacían solemnes invocaciones a no se sabía qué oscura autoría intelectual… Importaba demostrar que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero estaba ocupando la Presidencia del gobierno de forma ilegítima. Pero las piezas de ese puzle no encajaban ni a martillazos, y las sentencias de los años 2007 y 2008 así lo establecieron. Entre ambas sentencias, las elecciones de marzo de 2008 (en las que el PSOE mejoró sus resultados de 2004) revalidaron una legitimidad que la sociedad española nunca había negado a Zapatero.

Paradójicamente, una de las consecuencias inesperadas de la matanza de Atocha fue el comienzo del fin de ETA. Como si la violencia ajena les hubiera proporcionado una imagen inequívoca e injustificable de su propia violencia, los etarras iniciaron entonces un camino que no tendría vuelta atrás: entre ese año y el 5 de septiembre de 2010, fecha en la que hicieron público el cese de las «acciones armadas ofensivas», el total de víctimas mortales no pasó de la docena. Fueron las últimas, y al dolor y la rabia que había acompañado a las casi novecientas muertes anteriores se unía en su caso el sinsentido de lo anacrónico, lo extemporáneo.

Para entonces estábamos ya metidos hasta el cuello en la grave crisis económica que todavía nos atenaza, y la sociedad española no quiso reconocerle ningún mérito por ello a Rodríguez Zapatero, que a esas alturas recordaba poco al Rodríguez Zapatero que nos había sacado de la guerra de Irak y ampliado los derechos de los ciudadanos con leyes como la del matrimonio homosexual. Los ritmos de la historia parecían haberse acelerado, y el hasta ayer líder carismático era percibido hoy como un hombre aturdido y desbordado, incapaz de salir airoso de ninguno de los muchos frentes que se le abrían cada día. Había perdido el don. La puntilla acabaría dándosela la crisis, pero quien más empeño puso en socavar su poder y su imagen fue la iglesia, que siempre se ha considerado autorizada a prohibir todo aquello que no le gusta: el matrimonio homosexual, el derecho de las mujeres a abortar. De la catolicona España de mi infancia quedan muy pocos resabios en esta España del siglo XXI y, aunque es cierto que la iglesia demostró ser capaz de movilizar a algunos cientos de miles de personas, creo que se arroga una influencia muy superior a la que le corresponde. Según sus propias estadísticas, el noventa y dos% de la población está bautizado. Otros estudios rebajan a setenta y tres el porcentaje de católicos españoles. Yo prefiero fijarme en otro dato, el de los contribuyentes que en la declaración de la renta, en lugar de destinar el obligado 0,7 % de sus impuestos a los llamados «otros fines de interés social», lo destinan a la iglesia. Ese porcentaje se mantiene desde hace años en el treinta y tantos por ciento, lo que da una idea bastante ajustada del desfase: una institución que actúa como si representara a la práctica totalidad de los españoles solo tiene el respaldo efectivo de una tercera parte.

Mediante las beatificaciones masivas de religiosos asesinados en la guerra civil, la iglesia trató también de poner freno a la voluntad de Zapatero de cerrar para siempre algunas de las heridas de nuestro pasado colectivo. Su Ley de la Memoria Histórica pretendía dar cobertura a una aspiración que la inestabilidad y las tensiones de la Transición habían obligado a aplazar: si los caídos del bando nacional habían recibido en su momento digna sepultura, ¿por qué no dar un trato similar a los caídos del bando republicano ahora que, sesenta y tantos años después, no quedaban ya protagonistas del conflicto a los que exigir responsabilidades directas? Por desgracia, aquello acabó en un «tus muertos contra mis muertos» que, lejos de resolver el problema, tendía a perpetuarlo. ¿Nos ocurrirá lo mismo con los muertos de ETA y del GAL y seguiremos también echándonoslos a la cara dentro de veinte o treinta años?

La actualización del debate sobre la guerra civil fue aprovechada por algunos para rescatar la insostenible tesis de que la contienda se había iniciado con la insurrección de octubre de 1934, y no con la sublevación de julio de 1936: así la intervención de los militares quedaba justificada como respuesta a una violencia que ellos no habrían desatado. En la reelaboración interesada del pasado tampoco perdieron el tiempo los nacionalismos vasco y catalán. Para el primero, atrapado en mitificaciones de estirpe sabiniana, la guerra civil habría sido un nuevo ejemplo de bravura en la milenaria lucha del pueblo vasco por su libertad. Y para el nacionalismo catalán (que, por cierto, no se distinguió demasiado en el combate contra la dictadura), el franquismo habría sido un capítulo más en la ininterrumpida historia de una opresión que habría comenzado nada menos que en 1714… La España democrática no ha sabido dotarse de algo que toda sociedad necesita para construir su futuro: una versión compartida, un relato común sobre su pasado.

Pero, pese a la recurrencia de algunos atavismos inquietantes, no existe esa España eterna e incorregible que algunos discursos apocalípticos se empeñan en pregonar. Quienes conocimos el franquismo y la Transición disponemos de suficiente perspectiva para testimoniar los cambios que se han producido. España es un país defectuoso, pero sus defectos no son los de siempre: lo demuestra el hecho ya mencionado de que la sociedad se haya vuelto mayoritariamente laica. También se suponía que el español medio era homófobo, una actitud que, comparada con la de un pasado todavía muy próximo, es ahora poco menos que residual. Del mismo modo (y aunque la equiparación de la mujer es todavía incompleta), nadie osaría sostener que España sigue siendo un reducto de comportamientos machistas. En cuanto a racismo y xenofobia, los ocasionales conflictos de convivencia no bastan para poner en entredicho la relativa placidez con que se ha integrado en nuestra sociedad ese doce y pico por ciento de población inmigrante llegada en las dos últimas décadas. En algunas cosas, por suerte, España ha mejorado. Que esas mejoras tienen que ver con nuestra incorporación a Europa y con la época dorada de la socialdemocracia parece indiscutible: queríamos ser como la Suecia de Olof Palme y, veinte años después de su muerte, íbamos camino de conseguirlo. Lo malo es que con la crisis económica todo empezó a irse al garete, y la misma socialdemocracia que se había aplicado a construir nuestro estado del bienestar se demostró enseguida incapaz de defenderlo. El fracaso de la socialdemocracia es también (¡ay!) el fracaso de mi generación, y las promociones más jóvenes tienen razones para desconfiar de la vieja clase política, que ha dado tantas muestras de laxitud con respecto a la corrupción. Los resultados de las últimas elecciones europeas certifican un radical cambio de ciclo. Los nuevos votantes quieren nuevos partidos y nuevos políticos.

La España del desencanto ha acabado desembocando en la España de la «desafección». Me gusta poco el vocablo, que el Diccionario de la Real Academia define como «mala voluntad» y que la mayoría de las veces se emplea con el significado de desapego o distanciamiento, algo así como una falta de estima o una aversión moderada. Me gusta poco el vocablo, pero su uso ha acabado generalizándose. Empezaron utilizándolo los nacionalistas catalanes, que encontraron en la crisis la circunstancia ideal para añadir nuevos motivos de resentimiento a su ya tradicional repertorio de agravios y para dejarse llevar por una ensoñación rupturista de consecuencias impredecibles. Después se habló de la desafección de los ciudadanos hacia la clase política, más preocupada por su perpetuación como élite que por el bienestar de los españoles. Más tarde, la desafección alcanzó a la institución de la monarquía, a la que la sociedad ya no consiente extravíos por andurriales alejados de la ejemplaridad. Y finalmente la desafección parece estar apuntando también hacia la propia Unión Europea, que siempre había sido garantía de paz, democracia, prosperidad y derechos civiles y que ahora muchos perciben como un remoto centro de poder en el que unos burócratas sin rostro deciden con frialdad los nuevos sacrificios que nos serán exigidos si no cuadran las cifras del déficit o la deuda externa… Es difícil prever cómo saldrá España del embrollo en el que está metida, pero se respira una inconfundible atmósfera de fin de etapa. La reciente abdicación de Juan Carlos I no ha hecho sino certificarla.

Escribo estas últimas líneas el jueves 19 de junio de 2014. Esta misma mañana he seguido por la televisión la ceremonia de proclamación del nuevo rey, Felipe VI. Al igual que aquella lejana tarde de noviembre de hace treinta y nueve años, se diría que en la España de hoy vuelven a pasar cosas. Se impone alcanzar un nuevo pacto de convivencia que sea válido para las próximas décadas. Si entonces se consiguió partiendo de posiciones antagónicas, no tendría que haber problemas para conseguirse ahora que las posiciones están más acotadas y casi nadie discute las reglas de juego de la democracia. Falta saber si existe ahora la voluntad de diálogo y entendimiento que existió entonces.

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El 19 de mayo de 1939 ciento veinte mil soldados desfilaron ante su Caudillo como «Ejército triunfador y pueblo hecho milicia», en una apoteósica ceremonia político-militar. En su discurso, Franco dejó bien clara su determinación de borrar del mapa a las fuerzas políticas derrotadas en la guerra y de permanecer siempre alerta contra «el espíritu judío que permitió la alianza del gran capital con el marxismo».

Al día siguiente del desfile militar, se celebró en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid una ceremonia política y religiosa en la que estuvieron presentes las principales autoridades militares y eclesiásticas. Franco, exaltado como caudillo-rey, victorioso y salvador, reafirmó la «guerra santa y justa» contra «el enemigo de la verdad en este siglo». El cardenal Gomá pidió la protección divina para el Caudillo, «así como al pueblo cuyo régimen te ha sido confiado».

El 23 de octubre de 1940 tuvo lugar el histórico encuentro en Hendaya entre Franco y Hitler. La entrevista se celebró en el Erika, el tren especial del Führer, y estuvieron presentes Von Ribbentrop y Serrano Suñer, junto con los dos intérpretes. Hitler no aceptó las exigencias de Franco y España no entró en la guerra, porque no podía, dada su desastrosa situación económica y militar, y porque su intervención tenía costes demasiado altos para que Hitler pudiera aceptarla.

El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. El momento con mayor número de presos, según el Anuario Estadístico de España, fue a finales de 1939 y comienzos de 1940, 270 719 —de los cuales 23 232 eran mujeres— a los que había que sumar las 92 000 personas internadas en diferentes tipos de campos de concentración.

La calamitosa situación económica de España tras la guerra marcó la vida de millones de ciudadanos durante más de una década. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de preguerra durante toda la década de los cuarenta. La renta per cápita apenas progresó hasta 1950. Eran tiempos de penuria, hambre, miedo, cartillas de racionamiento, estraperlo y altas tasas de mortandad por enfermedades.

El fervor de Franco y del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi y contra el comunismo se manifestó, pese a la no beligerancia oficial española, en la creación de la División Azul, para luchar junto a los alemanes «contra el enemigo común»: los bolcheviques, los masones y los judíos. Hasta la disolución de sus últimos restos en marzo de 1944, pasaron por ella cerca de cuarenta y siete mil combatientes en el frente ruso norte y en el asedio a Leningrado.

Auxilio Social, la institución creada por Javier Martínez Bedoya y Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, desarrolló, con una mezcla de impronta falangista y nacionalcatólica, una notable labor de beneficencia y atención a la población e infancia hambrienta, enferma y desamparada de la posguerra. Y fue, al mismo tiempo, un pilar fundamental para la obligada subordinación de las mujeres a la moral franquista con rezos, bautizos forzados y castigos sistemáticos.

Con la «Guerra Fría», la confrontación no armada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el anticomunismo de Franco le hizo ganar enteros entre los militares norteamericanos, un reconocimiento plasmado en el Pacto de Madrid, firmado el 26 de septiembre de 1953, punto de partida de la notable ayuda económica y militar que Estados Unidos iba a proporcionar a España en los años siguientes.

La apertura de la economía española al exterior durante los años sesenta actuó como fuente de crecimiento. Mientras los españoles se iban a trabajar a otros países, los ciudadanos de esos mismos países venían como turistas a España. El número de turistas extranjeros se multiplicó por ocho entre 1959 y 1973, pasando de poco más de cuatro millones a casi treinta y cinco. Y los ingresos de divisas aumentaron desde 296,5 millones de dólares en 1960 a más de 3400 millones en 1975.

La dictadura de Franco puso en marcha un amplio sistema de intervención en la economía. El Instituto Nacional de Industria, INI, se constituyó desde septiembre de 1941 como un grupo de empresas de propiedad pública, similar al desarrollado por el fascismo italiano con el Istituto per la Reconstruzione Industriale (IRI). La fábrica SEAT, creada en 1950, fue uno de sus emblemas.

Durante los años de crecimiento y desarrollo, la economía española se benefició notablemente de las remesas enviadas por los emigrantes. La emigración al extranjero, que llevó entre 1960 y 1975 a tres millones de españoles a residir en esos países por motivos de trabajo, proporcionó una importante fuente de ingresos, con el que se financió más del 50 por ciento del déficit comercial.

La España de los últimos quince años de la dictadura vivió entre la tradición y la modernidad. Había una España miserable y primitiva, de hambruna y pobreza, que desaparecía, aunque no del todo, captada en las imágenes de fotógrafos y cineastas y en las narraciones literarias. Y otra moderna, que nacía, la del crecimiento económico y desarrollo, aunque no podía dominar todavía y matar a la vieja.

Tras salir a la luz el escándalo de Matesa, Carrero Blanco pidió a Franco una remodelación total del Gobierno y el 29 de octubre de 1969 formó lo que ha pasado a la historia como el «Gobierno monocolor». Carrero continuaba de vicepresidente y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria de López Rodó-Carrero Blanco. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados.

Los últimos años de la dictadura fueron de crisis, conflictos y agitación. Los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales. La violencia policial llegó también a las Universidades. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero Blanco a la cabeza, fue siempre mano dura y represión.

El 21 de julio de 1969 Franco presentó a Juan Carlos como su sucesor ante el Consejo del Reino y un día después a las Cortes, que aceptaron la propuesta del dictador por 491 votos afirmativos, 19 negativos y 9 abstenciones. El 23 de julio el Príncipe juró «lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales».

En la madrugada del 20 de noviembre de 1975, se anunció oficialmente la muerte de Franco. En el salón de columnas del Palacio de Oriente se instaló la capilla ardiente, por donde pasaron cientos de miles de personas, entre ellas el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey Juan Carlos I desde la mañana del 22 de noviembre.

Notas

[1] La realización de este trabajo se ha beneficiado del apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad al proyecto de investigación HAR2012-32020, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. <<

[2] La realización de este trabajo se ha beneficiado del apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad al proyecto de investigación HAR2013-41041-P dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. <<