El 15 de mayo de 2011 se agitó en España una movilización popular que, más allá de la infinita estampa de plazas llenas de ciudadanos expresando su indignación, ha alumbrado una nueva cultura política en nuestro país. Desde entonces, lentamente pero sin pausa, una férrea voluntad de cambio ha ido tomando fuerza en el seno de la sociedad española.

Fabio Gándara y Pablo Gallego, dos de los jóvenes implicados en la gestación de aquellas protestas, han sido testigos activos de ese cambio. En este libro explican cómo aquella movilización se ha convertido en un espíritu crítico que ha calado en la población y se ha traducido en multitud de iniciativas para gestionar los asuntos de la comunidad de manera más justa, eficaz, sensata y a la altura de las personas.

Los ejemplos y las sugestivas teorías que los autores detallan en estas páginas son la prueba de que la forma de hacer política del futuro ya está aquí y ha venido para quedarse. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de todos recursos inéditos para dar salida al activismo ciudadano, como demostró recientemente Pablo, quien en menos de una semana reunió más de un millón de firmas pidiendo la dimisión de los cargos del Partido Popular acusados de corrupción.

Detrás de esta pasión por avanzar hacia un mundo más justo y humano no hay siglas de partidos, sino ciudadanos como tú. Con esa confianza, de igual a igual, Fabio y Pablo se atreven a reclamar tu atención y a invitarte a actuar. Porque —concluyen— el cambio que ha de venir, y que este libro anticipa, comienza en ti.

Pablo Gallego & Fabio Gándara

El cambio comienza en ti

Cuando la indignación se transforma en contrapoder

Colección Imago Mundi

ePUB v1.0

Natg 09.08.13

Título original: El cambio comienza en ti

Pablo Gallego & Fabio Gándara, 2013.

Editor original: Natg (v1.0)

Agradecimientos: Grupo EarthQuake

ePub base v2.1

PRÓLOGO

DOS AÑOS DE ACIERTOS Y ERRORES POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y DEMOCRÁTICA

Cuando nos propusieron escribir un libro que ofreciera un panorama de las alternativas que tenemos los ciudadanos para cambiar la lamentable situación política, económica y social que atraviesa nuestro país y los pasos a seguir para aplicarlas, sentimos una enorme responsabilidad. De inmediato nos planteamos una pregunta: ¿éramos las personas idóneas para responder a todas estas inquietudes?

Con total seguridad, existen activistas, académicos y políticos con más credenciales para exponer un concienzudo análisis del estado del país, de los distintos paradigmas ideológicos que pueden orientarnos para afrontar esta situación, y de las medidas que se deben acometer para salir del hoyo en el que nos encontramos. Por eso, no ha sido nunca nuestra intención llevar a cabo un análisis cargado de rigor académico, ya que estimamos que hay expertos mucho mejor preparados que nosotros para realizar esta labor, sino hablar desde nuestra experiencia, mostrar cómo vemos lo que vemos, y cómo creemos que deberíamos verlo.

En estas páginas pretendemos trazar un cuadro alejado de los estudios sociológicos y políticos del ámbito universitario o de los pormenorizados planes anticrisis recetados por economistas de uno y otro bando. Lo nuestro es mucho más humilde, pero también más descarnado, más a flor de piel, más a pie de calle y a la altura de nuestros conciudadanos.

Queremos, simplemente, aportar nuestra visión acerca de la realidad que tenemos delante, como jóvenes a los que les ha tocado vivir en una España cuyas viejas estructuras se están derrumbando al tiempo que una crisis feroz pone en riesgo nuestras vidas y nuestro futuro. Aquí hay dos jóvenes de 25 y 28 años que, a la vista del momento histórico que están afrontando, se plantean este reto: ¿sabremos aprovechar esta difícil circunstancia para convertirla en una oportunidad? ¿Seremos capaces de plantear los cambios que necesita nuestro mundo para hacer realidad una sociedad más justa, equilibrada y democrática?

Tras dos años de intensa implicación en los movimientos sociales que están luchando contra el sistema corrupto y perjudicial que dirige el país, hemos vivido muchas situaciones, y muy diferentes. Desde nuestra condición de jóvenes concienciados no vinculados a ninguna corriente política de forma previa, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes plataformas en la red, de asistir a multitud de asambleas y de organizar diferentes acciones, tomando contacto con grupos en los que convivían los más diversos puntos de vista ideológicos.

Hemos disfrutado de grandes momentos: experimentamos la emoción del éxito de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, organizadas por un puñado de personas; participamos en la gestión de la manifestación internacional del 15 de octubre de 2011, en coordinación con decenas de ciudades de todo el mundo; asistimos a la puesta en marcha de un movimiento online sin precedentes en nuestro país, cuando Pablo lanzó en febrero de 2013 una campaña en Change.org para conseguir firmas pidiendo la dimisión de los responsables del PP presuntamente implicados en casos de corrupción y en menos de una semana reunió más de un millón.

Pero también hemos pasado situaciones muy duras. Hay una que especialmente recordamos con dolor: la escisión de la plataforma ¡Democracia Real Ya!, convocante de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, a la que acudimos con un lema, un manifiesto y unos objetivos que posteriormente fueron replicados en multitud de ocasiones por gran parte de la ciudadanía. A pesar de los logros alcanzados, no fuimos capaces de conciliar las distintas corrientes que había en el seno de la plataforma. El clima de tensión y crispación que soportamos tras varios meses de duro trabajo nos llevó a algunos a actuar erróneamente, al tratar de hacer evolucionar a ¡Democracia Real Ya! hacia una plataforma para el cambio social que fuera organizada, cohesionada y democrática. Al final conseguimos lo contrario: una división que pudo haberse evitado.

Este periplo agridulce nos ha proporcionado una experiencia y un aprendizaje que consideramos importante plasmar para que otros sepan qué está pasando en nuestro país, qué están haciendo para cambiar las cosas muchas personas y colectivos que se encuentran a tu alrededor, y qué puedes hacer tú para unirte a esta lucha por una sociedad distinta y mejor a la actual, de una forma constructiva, dialogante y positiva.

Si te lanzas a la aventura del cambio, aprenderás, cometerás errores y muchas veces te atrapará el desánimo. Pero la satisfacción de haberte puesto en marcha para hacer realidad un mundo mejor para ti y para tus hijos te hará sentir que ha valido la pena. Nosotros somos el mejor ejemplo de lo mucho que cualquiera puede aportar en la lucha por conseguir una sociedad más justa. También somos la prueba de que la mejor forma de hacerlo es aprendiendo a escuchar, dialogando y pactando con los demás.

A través de esta obra queremos compartir nuestras experiencias e ideas contigo, mostrarte algunos de los procesos de cambio que ya están empezando y animarte a que tú también des un paso y tomes la iniciativa.

Queremos dedicar este libro a todas las personas que siguen peleando codo con codo con nosotros; a aquellos que, aun no peleando, comprenden esta lucha y nos animan a seguir, aunque sepan los sacrificios y la inversión de tiempo que supone; a todos los que compartieron el espíritu del 15-M y se ilusionaron durante este tiempo con la posibilidad de que una red de ciudadanos pudiese constituirse como contrapoder frente a los abusos de los poderes políticos y económicos; y, en definitiva, a cualquier persona que se siente indignada ante la injusticia y tiene ansias de cambio.

No lo olvides: no habrá cambios en pro de la democracia real y la justicia económica hasta que los ciudadanos, organizados y legitimados democráticamente, decidamos impulsarlos. Sea donde sea, seguiremos trabajando para ello y te animamos a que tú también lo hagas. Porque ahora es el momento. Porque todos debemos ponernos en marcha. Porque, al fin y al cabo, el cambio comienza en ti. De ti depende.

Madrid, 20 de marzo de 2013

CAPÍTULO 1

RAZONES PARA EL CAMBIO

La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.

BERTOLT BRECHT

LA CRISIS: SU GRAN COARTADA… ¡Y LA NUESTRA!

A fuerza de oírla y pronunciarla a diario, la palabra crisis se ha convertido en el término que mejor define el espíritu de nuestro tiempo. Si hay algo que todos hemos acabado dando por cierto e indubitado —los de un bando y los del otro, los de arriba y los de abajo— es que vivimos días de crisis. Sin embargo, resulta revelador que la acepción de esta palabra que ha acabado echando raíces en la conciencia colectiva de la población sea la más negativa.

Es comprensible que ahora mismo sólo nos quedemos con este reverso oscuro, dada la angustia y desesperanza que atenazan a gran parte de la población a causa de las dificultades que estamos viviendo. Pero si echamos un vistazo a la definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua acerca de este concepto, encontraremos hasta siete interpretaciones distintas. Llamativamente, sólo dos de ellas, las que los académicos proponen en último lugar, invitan a la pesadumbre: «escasez, carestía», y «situación complicada y dificultosa». El resto de posibles lecturas de esta manida palabra hablan de escenarios inciertos, pero que de algún modo contienen la esperanza: «momento decisivo en un negocio grave y de consecuencias importantes»; «situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese»; «mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales».

Con esa mochila conceptual a cuestas, a priori nadie debería sentir aprensión al mirar de frente a una palabra que, curiosamente y abundando en esta reflexión, en otras culturas alejadas de la nuestra también propone miradas poliédricas. En japonés, la palabra crisis se representa con dos grafos: uno significa «peligro»; el otro, «oportunidad».

Entonces, ¿por qué la crisis se ha convertido sólo en la metáfora del sentimiento de depresión, malestar y abatimiento que inunda a nuestra sociedad? Asumiendo que vivimos un momento crítico en nuestra civilización por los cambios que aquél lleva implícitos en múltiples parámetros —desde el tecnológico al ciudadano, desde el geopolítico y mundial al de la conciencia de la gente—, ¿por qué hemos acabado admitiendo que la crisis sólo significa desempleo, bajadas de sueldos, precarización de las condiciones laborales, recortes sociales en educación, cultura y sanidad y desmantelamiento del Estado de bienestar? ¿Por qué consentimos que este trascendental momento histórico que vivimos tenga que ser necesaria y únicamente sombrío y descorazonador, y no el anuncio de algo nuevo y mejor?

He aquí la gran estafa de nuestro tiempo, el timo del siglo, el monumental engaño: los agentes del poder económico han subyugado al poder político, y a través de él a toda la sociedad, para poner el acento en un único rostro de la crisis, el negativo, y de esta forma mantener amedrentada a una ciudadanía que, presa del pánico a perder lo poco que tiene, ha acabado dando por válida la diabólica ecuación que nos quieren imponer. Esa que afirma, solemne y categórica, que el mismo poder económico que condujo al planeta al colapso ahora se ofrece como nuestro único salvador; eso sí, pagando por ello el alto coste que nos quieren exigir. La crisis —en su acepción más macabra y tramposa— que ellos provocaron no sólo se ha convertido en nuestra única y terrible realidad, sino que también se ha erigido en su gran coartada. Es el negocio perfecto.

Basta con ojear cualquier periódico, ver cualquier informativo o salir a la calle y pegar el oído al runrún de la calle para calibrar hasta qué punto la sociedad ha mordido este anzuelo, hasta dónde nos hemos tragado ese diagnóstico que afirma taciturno y rendido, pero sin margen para la duda, que por el hecho de estar «atravesando una crisis» hemos de acudir con la cabeza agachada a la cola del paro sin protestar; o que debemos asumir que nuestra hora de trabajo valga hoy menos que hace diez años; o que hemos de renunciar a disponer de sanidad y educación gratuitas y de calidad; o que nuestras pensiones de mañana serán mucho peores de lo que fueron las de ayer.

La sociedad, postrada y asustada, parece haber hecho suyo un argumentario ajeno que llega sustentado en ideas y mensajes como: «la culpa es nuestra por haber vivido por encima de nuestras posibilidades»; o «la única manera de salir de esta situación es mejorando nuestra competitividad»; o «no hay dinero para pagar el Estado de bienestar». Macabros lemas que silencian la verdad que esconden: que si en el pasado reciente hubo muchos ciudadanos que se subieron a un determinado tren de vida fue porque la banca auspició la firma de una ingente cantidad de créditos, a través de los cuales lograron incrementar sus cuentas de resultados y que hoy les permiten mantener atenazadas y angustiadas a millones de familias.

Callan que esa diosa de la competitividad a la que adoran no es otra cosa que una egoísta fórmula que propone el máximo beneficio empresarial a costa del mínimo coste social y laboral. Obvian que hace quince o veinte años disponíamos de un Producto Interior Bruto mucho menor del que hoy tenemos, y sin embargo contábamos con unos sistemas educativos, sanitarios y de pensiones dignos y de calidad que, además, habían alcanzado la categoría de incuestionables derechos adquiridos. ¿Cómo es posible que entonces nadie pusiera en duda el Estado de bienestar y hoy éste se esté cayendo a pedazos delante de nuestros ojos porque, según nos dicen, no hay dinero para pagarlo? ¿Y dónde ha ido el dinero? ¿Por qué hay sectores exclusivos y elitistas, como los del lujo y los productos de alta gama, que siguen creciendo y en ellos los euros continúan fluyendo tanto o más que antes? ¿Por qué cada vez hay más ricos en nuestro país y éstos acumulan más y más dinero?

A esto ha quedado reducida la crisis, a esta permanente sensación de habitar entre escombros, miedo e ignominia. O mejor dicho: a esto han logrado que quede reducida en la mentalidad de buena parte de la población. Sin embargo, la crisis no es esto. No es sólo esto. Nos han dicho que es sinónimo, únicamente, de pesadumbre y peligro, pero nos han escondido que también encierra una promesa de oportunidad y cambio. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, pues nos va la vida en ello como sociedad, darle la vuelta a esa situación y sacar a la luz todo el potencial que late bajo ese paisaje de derribo. Es nuestra misión dotar de vida a las opciones de cambio que hay al otro lado de ese pensamiento único que nos quieren imponer. No, el de los recortes, la troika, Merkel, el bipartidismo, la oligarquía política, la obsesión por el crecimiento y el desmantelamiento del Estado de bienestar no es el único camino que hay. Existen otros, y este es el momento de ponerlos sobre la mesa con el fin de ir a por ellos.

La palanca que ha de provocar ese movimiento descansa en un único punto de apoyo: en ti, ciudadano. Probablemente no eres consciente del poder que tienes, aunque está ahí. Dispones de una capacidad para cambiar el mundo que desconoces, pero que está en tus manos. Estas páginas pretenden, a través de la reflexión y la puesta en evidencia de múltiples situaciones contrastadas, demostrar que es así. La toma de conciencia del ciudadano sobre la capacidad que tiene para provocar cambios es la única llave que puede revertir la situación en la que nos encontramos. Es el empoderamiento de la gente lo que nos va a permitir reescribir la historia. Porque, sí, se puede.

Cuando se publica este libro se cumplen dos años de aquel 15 de mayo de 2011, cuando el tejido social español se agitó a la vista de las masas ciudadanas que decidieron salir a la calle a gritar «¡basta!». Ese día se abrió la veda. Gracias a que unos cuantos salieron a clamarlo, desde ese momento todos supimos que el diagnóstico embustero que querían colarnos como única lectura posible de nuestra situación quedaba en entredicho; que la narrativa oficial de la crisis escondía una gran estafa; que el rey iba desnudo, y si esto ya antes lo pensábamos algunos, ahora ya nos atrevíamos a decirlo.

Desde entonces, la semilla de la indignación y la protesta no ha parado de crecer y propagarse. Avanza con el aplomo de la ley de la gravedad, con la parsimonia de la maduración de un fruto en su árbol. Y traspasó fronteras, y contagió nuevos países y comunidades. El tiempo y la lógica de la historia van a su favor. Sin embargo, la hora de la indignación pide ya a gritos que le dé el relevo el instante de las propuestas. Hemos visto el engaño al que nos querían someter, lo hemos denunciado y lo hemos manifestado alto y claro nuestro rechazo. Ahora es el momento para ofrecer alternativas. Porque las hay.

Es hora de dejar la protesta en un segundo plano para dar comienzo a lo difícil: construir. Como activistas presentes en el inicio de la movilización del 15-M, pudimos comprobar que aglutinar a las personas en contra de una injusticia es mucho más fácil que unirlas para edificar una solución. Y ese es el reto que ahora tenemos por delante: darle la vuelta a la trampa en la que nos han querido sumir para reivindicar nuestra dignidad y convertir la crisis en la oportunidad de un nuevo renacimiento ciudadano.

Navegamos en un sistema quebrado, la indignación va en aumento y es fácil que la desesperación nos nuble la vista, pero debemos tener presente en todo momento que ésa que quieren vendernos no es nuestra crisis, sino la de ellos. Nosotros disponemos de otra lectura de este momento crítico que vivimos, tenemos un diagnóstico diferente de cómo y por qué hemos llegado hasta aquí y contamos con ideas, iniciativas y modelos distintos al que nos quieren ofrecer como único posible. Es el momento de plantear nuevas alternativas que tengan por principio y fin al ciudadano, que persigan luchar por sus derechos e intereses y que pretendan hacerlo de forma novedosa: desde abajo, con nuestras armas, empoderando a la gente.

Conviene, no obstante, echar antes un vistazo detenido al panorama que tenemos delante y hacer inventario de nuestras razones para el cambio. Explicar por qué los sistemas sociales, económicos y políticos en los que vivimos hacen posible que nos sobren los motivos para ponernos en marcha.

UNA SOCIEDAD SIN ALMA PARA CIUDADANOS SIN CONCIENCIA

Si sometiéramos nuestra situación a la prueba del microscopio e hiciéramos descender el análisis hasta las unidades mínimas de nuestro problema, descubriríamos que la raíz del dolor que soportamos se sustenta en los erróneos valores que hemos dado por buenos para construir el mundo en el que vivimos. Por dejadez, confusión, estupidez o afán equivocado, nos hemos permitido el pernicioso lujo de construir la sociedad del «tanto tienes, tanto vales». Los motores que la activan son, de modo casi exclusivo, el dinero, el poder, la fama y lo espurio. A la perpetuación de este régimen colaboran tanto los medios de comunicación como el sistema educativo, así como los partidos políticos o la mayoría de estamentos públicos y privados. Vamos todos subidos al mismo barco, aunque unos viajen en camarotes de primera y otros lo hagamos en las bodegas.

Con asombro observamos cómo el modelo de escuela propugnado por las élites dirigentes sigue educando hoy a los más pequeños en los patrones del más brutal y severo darwinismo social, introduciendo en ellos, desde que tienen conciencia, la idea de que la lucha entre individuos y grupos humanos es la única forma de progreso personal y social que existe, en vez de fomentar la solidaridad y la cooperación como pautas de comportamiento y relación. Aunque las teorías educativas más avanzadas alertan de este grave error, se continúa insistiendo en fomentar un modelo que pretende someter a las personas a una progresiva presión por parte del grupo, confiando que de esta forma se produce una selección de los más eficientes, pero ignorando que este modelo no proporciona evolución social alguna, ni mucho menos una mejora de las condiciones de vida para la colectividad.

Esta escuela ha renunciado al que debería ser uno de sus objetivos nucleares, que no es otro que crear ciudadanos críticos dispuestos a hacer un uso responsable del principal de sus derechos: la libertad. Esto implica inocular desde pequeños el instinto de la duda, la sospecha que cuestiona lo establecido. Pero el actual sistema educativo no parece estar interesado en moldear personas que el día de mañana planteen el desmantelamiento de un modelo que hace aguas por los cuatro costados. Sin duda, es más fácil gestionar una sociedad de individuos obedientes y sin criterio personal que una de seres con opinión propia, dispuestos a alertar y protestar cuando se den situaciones de pérdida de derechos como los que actualmente vivimos. Difícilmente una escuela como la que tenemos puede ver con buenos ojos agitaciones como la del 15-M.

De forma pareja, los medios y la publicidad fortalecen un modelo basado en el consumismo rápido y feroz y en un interés desmedido por lo material. Hay urgencia por ser el más rico, el más guapo, el más poderoso. Hay que disponer del mejor coche, coleccionar la mejor experiencia, alcanzar el mayor premio. Todas las señales se orientan hacia la consagración de una sociedad de ganadores, obviando su reverso: que esa es también, a la vez, una sociedad de perdedores.

Imposible verlo: el egoísmo es la droga que mueve el mundo, y ese acicate es suficientemente poderoso como para no ver el rastro de desigualdad, infelicidad y desgracia que va dejando a su paso.

Vivimos en comunidad, pero el patrón que rige nuestras relaciones no es el del máximo beneficio para todos los habitantes de la misma, o al menos para la mayoría. Manda la fórmula del win-lose, del yo gano si tú pierdes, en lugar del modelo del win-win, en el que la preocupación es que ganemos todos y nadie salga perjudicado. El ciudadano, que debería ser el centro de la sociedad y cuyo bienestar debería perseguirse a toda costa, es utilizado como artillería para causar el perjuicio de otros ciudadanos, lo que genera sentimientos de malestar, culpabilidad y de insignificancia.

Tal y como explica Erich Fromm[1], la psicología social define el sentimiento de insignificancia como la frustración que siente un individuo cuando focaliza todas sus expectativas de éxito en la superación de un objetivo y, después de cumplir con todo lo que la sociedad le había exigido, no consigue el resultado esperado y se hunde en una sensación de «no ser». Muchos jóvenes de hoy saben de qué va este sentimiento. Se nos dijo que trabajáramos duro y nos esforzáramos para prepararnos mejor que cualquier otra generación anterior, porque de este modo tendríamos un futuro asegurado y haríamos progresar al país. Pero, después de cumplir obedientemente aquella recomendación, lo que encontramos es una tasa de paro juvenil del 50 por ciento y una invitación a buscarnos la vida lejos de aquí.

Resulta descorazonador, desesperante, incluso humillante. Pero el verdadero peligro nos aguarda al otro lado de la frontera que marcan estos sentimientos. La frustración y la desesperación que suponen que uno de cada cuatro individuos en condiciones y con ganas de trabajar no pueda hacerlo —cuando escribimos estas líneas, el índice de paro ha superado ya el 26 por ciento de la población activa—, son el caldo de cultivo perfecto para que anide el totalitarismo. La historia del fascismo y el nazismo del primer tercio del siglo XX son buena prueba de ello. Sólo cuando por las calles alemanas de 1932 vagaban seis millones de desempleados (43,8 por ciento de paro), un «iluminado» pudo encontrar eco a sus mensajes llenos de odio y de chivos expiatorios para la trágica situación que vivía el país: los judíos, comunistas, socialistas, socialdemócratas, extranjeros, discapacitados o simplemente aquellos que no pertenecían al partido-salvador-de-la-patria eran los culpables perfectos de su crisis.

Sin apenas darnos cuenta, de manera muy sutil, en la sociedad española también están empezando a instalarse actitudes protofascistas, y no digamos en otros países cercanos con una situación económica más desesperada que la nuestra, como Grecia, donde partidos que se declaran abiertamente neonazis han llegado a alcanzar representación parlamentaria. Existe la tendencia a identificar este ideario con la xenofobia o la homofobia. Sin embargo, no sólo eso es fascismo. También lo es todo planteamiento que tienda a cosificar a las personas y a despreciar la dignidad de los seres humanos.

Si miramos por estas otras lentes, no tardaremos en ver actitudes fascistas escondidas detrás de apariencias demócratas. ¿Acaso no es desprecio a la dignidad de los ciudadanos mantener en vilo a miles de familias sin confirmarles si podrán seguir cobrando la paga de 400 euros con el que cuentan para sobrevivir cuando se les acaba el subsidio del paro, como ha hecho el Gobierno varias veces en los últimos meses? ¿Acaso no es humillante para los desempleados insinuar que están en esa situación porque quieren, porque no se activan para buscar trabajo, como afirman con tamaña desfachatez algunos políticos y creadores de opinión de este país?

Preocupado, un profesor del colectivo Soy Pública nos alertaba recientemente sobre los brotes de protofascismo que estaba empezando a detectar en las aulas. Cuando plantea debates entre los alumnos acerca de la situación del país, este docente ha observado que cada vez encuentra más reflexiones basadas en puntos de vista totalitarios y tendentes al desprecio hacia las personas. A preguntas como «¿Por qué España está en crisis?», muchos de sus alumnos dan respuestas del tipo: «Porque los inmigrantes se traen a toda su familia y no trabajan». Es la peligrosa falacia de asociación, que afirma que las cualidades de un objeto específico se corresponden con las de un grupo general. Otra de las falacias más extendidas es el abuso del ataque personal cuando uno se queda sin argumentos (falacia ad hominem), lo que anula cualquier tipo de debate constructivo y, en consecuencia, cualquier atisbo de espíritu crítico.

En la refriega política diaria se dan continuamente claros ejemplos de ese deslizamiento hacia el desprecio absoluto por los ciudadanos y los principios democráticos más básicos. Los encontramos, por ejemplo, cuando políticos del Partido Popular utilizan el argumentum ad populum (referirse a la supuesta opinión que de algo tiene la gente «en general») para minusvalorar las protestas callejeras contra los recortes sociales con frases o tuits como: «2.000 manifestantes en la calle, diez millones de personas votaron al PP». Obvian así que el apoyo electoral que este partido recibió no les otorga categóricamente la razón, y que esos votantes no les apoyaron en las urnas para que aplicaran estas políticas al llegar al Gobierno, pues no era eso lo que decía su programa electoral, un documento que debería ser sagrado en democracia.

Algo parecido sucede con la forma con la que muchos editoriales de prensa pretenden despachar a las movilizaciones populares, como la del Movimiento 15-M, etiquetándolas de violentas al amparo de la foto de un encapuchado.

El gran peligro de esta cultura de la simplificación, la calumnia y el desprestigio en la que chapoteamos, o en la que nos quieren obligar a chapotear, es que acabe calando en la población y que en medio de la confusión y desencanto general acabe triunfando un nuevo fascismo. Que parte de esa trampa está teniendo éxito lo prueban las reflexiones que todos hemos oído en los últimos tiempos en boca de ciudadanos abocados al nihilismo y el descreimiento total. Nos referimos a todo aquello de: «Si fuéramos políticos, robaríamos igual», o «la política es para ser corrupto y hacer carrera»; o «nos merecemos que nos bajen (o congelen) el salario porque la cosa está muy mal»; o «hay que echar a los funcionarios, porque hay muchos y no hacen nada»; o «hay que eliminar a los sindicatos, porque en este país lo que hace falta es trabajar»; o «el copago es necesario porque la sanidad pública no es rentable».

Basta de cinismo. El clima es complejo, el ambiente está intoxicado, cunde el despiste, pero quienes no aceptamos este memorándum de mentiras tenemos la ardua labor de rebelarnos. Hemos de poner en pie a una sociedad que, si bien está despertando de un gran letargo, a fecha de hoy se encuentra aún confundida y perpleja. Hemos de pasar a la ofensiva, pero esta tiene su propio procedimiento. Frente a las falacias, gritemos bien alto las verdades. Ante la claudicación, reivindiquemos nuestros ideales. Contra la sociedad del egoísmo y la competitividad que han impuesto hasta ahora, construyamos un mundo regido por la cooperación y la solidaridad. Aunque sólo sea porque este otro modelo funcionaría mejor. O por justicia. O por decencia. O por sentido común.

UN SISTEMA ECONÓMICO QUE FABRICA DESIGUALDAD

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —entidad nada sospechosa de antisistema— publicado a finales de 2011, la diferencia entre lo que ganaban de media un rico y un pobre en España no ha parado de crecer en las últimas tres décadas y bate récords año a año[2]. La crisis económica ha supuesto un catalizador para este perverso sistema y ha aumentado vertiginosamente esa brecha. Así, en 2011, mientras el 10 por ciento de los que menos dinero ganaban vieron sus sueldos reducidos por debajo del salario mínimo interprofesional, el 10 por ciento de los españoles mejor pagados incrementaron sus nóminas en un 36 por ciento.

Que un sistema que se nos vende como el más eficaz para mover la economía mundial, o incluso como el único posible, lleve acarreada esta diabólica ecuación que hace cada vez más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es motivo suficiente para su cuestionamiento y posterior desmantelamiento. Si hay algo antisistema es, precisamente, la lógica de este sistema. Se nos dice que el crecimiento del PIB y la mejora de la competitividad son los pilares sobre los que se sustenta la generación de riqueza, pero debajo de este axioma se esconde la verdadera realidad: esa riqueza va a parar a unas pocas manos, mientras la mayoría de la población asiste a una progresiva merma de su calidad de vida.

Vivimos a bordo de una economía capitalista de carácter corporativista sustentada en un sistema de palancas que proyectan el beneficio en un único sentido: el de unos pocos frente a la mayoría. Mientras las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los autónomos compiten entre sí, las grandes multinacionales, ayudadas por las instituciones públicas a las que se han encargado de coaccionar por una perversa red de lobbies y cruces de intereses creados, colaboran entre ellas y ejercen un poder que podemos designar como «partitocracia corporativista». Se ha consolidado una oligarquía, un poder en la sombra que tiene asegurado su propia satisfacción y beneficio a costa del resto. Son los que, comúnmente, llamamos el 1%.

En España, el 37 por ciento de las empresas del IBEX 35 está en manos de una veintena de familias[3]. A su vez, el 71 por ciento de estas grandes compañías comparten entre ellas a consejeros y altos cargos. Muchas de estas familias vienen beneficiándose de este status de dominancia desde los años de la dictadura y posteriormente han sabido pasar a ocupar los principales puestos en los puentes de mando, tanto de las empresas estratégicas cómo de los dos grandes partidos: PP y PSOE. La tan adorada Transición política española dejó muchos terrenos sin tocar. El principal, el poder económico, que permaneció en las mismas manos mientras cambiaban las leyes y la sociedad evolucionaba.

Y en treinta años de democracia nadie se ha atrevido a alterar esa situación. Al contrario, el sistema fiscal que ha regido durante todas estas décadas en nuestro país ha preservado estos privilegios de manera tan descarada como consentida. Podemos poner un ejemplo que es extrapolable a casi todas las compañías del IBEX 35: el impuesto de sociedades contempla un tipo nominal del 30 por ciento para grandes empresas, pero gracias a las exenciones y deducciones elaboradas por PP y PSOE, este tributo pasa en la práctica a ser del 10 por ciento de media[4]. Así, el BBVA tributó en 2011 un 7,56 por ciento de sus beneficios por el impuesto de sociedades (unos 285 millones de euros)[5]. Un mileurista cualquiera pagó ese mismo año de IRPF un 24 por ciento de su sueldo.

En realidad, el BBVA debería haber aportado a las arcas públicas un total de 1.131 millones de euros a través del impuesto de sociedades. Ahora se entiende por qué no hay dinero para servicios sociales. No es que ingresemos poco, tal y como nos quieren hacer creer. Es que no se recauda de acuerdo a la riqueza que se posee y se genera. Sí se hace con los asalariados, pero no con los accionistas de estas empresas. Por otro lado, vistos estos privilegios, no es de extrañar que esté tan bien engrasada la puerta giratoria que comunica a los dos principales partidos del país con los consejos de dirección de las empresas del IBEX 35. Entretanto, el 99 por ciento de la población permanece ajeno a ese festín de tráfico de intereses.

Se hace comprensible también que en el transcurso de la crisis el poder público haya acudido con gran agilidad a socorrer a las instituciones financieras al tiempo que daba la espalda a los dramas humanos que está sufriendo buena parte de la población. Propietaria de nuestros depósitos, prestamista de los partidos y retiro dorado de muchos políticos, la banca se ha permitido el lujo de chantajear al Estado para que éste la rescatara con miles de millones de euros de dinero público, de dinero de todos. Mientras tanto, a los ciudadanos se nos exige trabajar más por menos sueldo, o directamente no cobrar, y se nos anuncian recortes en derechos sociales porque no hay suficiente dinero para pagarlos. Obvio: había que destinarlo a rescatar a la banca. Y encima la culpa es nuestra.

Este perverso sistema económico y de flujo de capitales ha hecho posible que después de causar un colapso debido al empacho de créditos con el que se hinchó a la economía en los años anteriores al estallido de la crisis, ahora sea la gente la que tenga que pagar los platos rotos de ese despropósito. Y en este momento, como en la época de la esclavitud, nos azotan con el látigo de la productividad. «¡Debéis ser más productivos!», se nos grita como si quisieran librarnos del infierno.

Los trabajadores de los países desarrollados llevan décadas multiplicando su productividad, pero ello sólo ha servido para multiplicar los beneficios de unos pocos hasta límites insospechados. La riqueza mundial ha aumentado de forma obscena en los últimos años, por lo que sí hay dinero, pero éste ha ido a parar a unos cuantos bolsillos privilegiados que ni tan siquiera han tenido que tributar por él, porque un sistema fiscal injusto e ineficaz se lo ha permitido. Hemos consentido que los que atesoran esa riqueza eviten pagar impuestos en su justa medida y que no repartan los beneficios con los que realmente los han hecho posibles mediante una adecuada política de salarios. ¿Hubo una burbuja de créditos bancarios? Sin duda, pero estuvo dirigida y fomentada desde arriba para paliar el ridículo aumento de los sueldos de los trabajadores en los últimos tiempos. Aquellos créditos no fueron obras de caridad, sino el anzuelo que ha permitido a un sistema inmoral poder perpetuarse a pesar de haber desposeído de todo a las clases medias y bajas, y a la banca —que además ha hecho el negocio de la historia— tener secuestrados al poder político y a la ciudadanía mediante préstamos imposibles de pagar. Y ese sistema, después de cinco años de crisis y múltiples cambios estructurales —esos que con tanta devoción se demandan desde las altas esferas de la política y la banca—, sigue sin modificarse.

Acabar con esta realidad económica suicida, injusta e inmoral es una de nuestras motivaciones principales para haber comenzado a luchar por el cambio.

UN SISTEMA POLÍTICO QUE GENERA DESPRECIO HACIA LO PÚBLICO

Entre los muchos e ingeniosos lemas que se lanzaron en las movilizaciones del 15 de mayo de 2011, y en las que siguieron su estela por todo el país en las jornadas posteriores, hubo un grito de guerra que alcanzó un gran predicamento. Nos referimos a aquel «no nos representan» que los ciudadanos gritamos en la calle contra el poder político establecido para dejarles claro hasta qué punto sentíamos un profundo y radical desapego hacia todo el estamento gubernamental representado por ellos, sus partidos y sus instituciones. Más allá del acierto de esta frase como resumen de un estado de ánimo y un diagnóstico de nuestra realidad, el lema en cuestión ponía, y sigue poniendo, el dedo en una de las llagas que más duelen ahora mismo en nuestra sociedad, la enorme brecha abierta entre la ciudadanía y los representantes del poder constituye una de las mayores heridas, si no la más grande, entre las muchas que desangran actualmente a nuestro sistema de convivencia.

No, señoras y señores de los partidos, las instituciones y los cargos oficiales: no nos sentimos representados por ustedes. No nos identificamos con los políticos actuales y los enjuagues que se ventilan en esos salones que deberían ser tan sagrados para nuestra democracia, como los del Congreso de los Diputados; ni vemos como nuestros esos estamentos tan aparentemente cruciales para nuestro país, como la monarquía; ni profesamos apego a los símbolos que deberían aglutinarnos, como la bandera nacional. Es tal el hartazgo y la indignación que nos inunda al contemplar el devenir que estas figuras públicas desconectadas del ciudadano de a pie han tenido en nuestras vidas que no somos capaces de encontrar otro sentimiento hacia lo que ellas significan que el más puro y sincero desprecio.

Empezando por el actual régimen de partidos. Llevamos décadas dando por cierto que disfrutamos de una perfecta democracia representativa, cuando en realidad se trata de una pseudodemocracia partitocrática. Elección tras elección, la ciudadanía ha venido consintiendo que los dos partidos mayoritarios hicieran un uso espurio del encargo democrático que le habían hecho los votantes en las urnas, el cual, gracias a un sistema electoral manipulado y poco proporcional que no representa adecuadamente las preferencias políticas de los españoles, no se correspondía con la realidad demoscópica de la que han pretendido presumir durante todo este tiempo. En los comicios del 22 de junio de 1986, el PSOE consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento gracias al 44,1 por ciento de los votos. En realidad, aquellas papeletas suponían el 30,5 por ciento de la población mayor de edad, de acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior. ¿Acaso es esto una mayoría absoluta? ¿Es esto una carta blanca para dictar los designios de toda la ciudadanía sin contar más con ella?

Una situación parecida se dio en las últimas elecciones generales, las del 20 de noviembre de 2011: el Partido Popular obtuvo el 44,6 por ciento de los votos emitidos, lo que en realidad supone un apoyo del 30,4 por ciento de la población mayor de edad[6]. Ahora y entonces, los partidos ganadores se han permitido el lujo de gobernar de forma autoritaria como si hubiesen sido aclamados por la inmensa mayoría de españoles. Contando con el aliento de mucho menos del 50 por ciento de la población, se atrevieron y se atreven a dictar leyes injustas y a mangonear el capital de todos sin contar en ningún momento con los intereses de la auténtica mayoría. La gente ha callado durante todos estos años ante este sinsentido democrático, hasta que se ha hartado y ha gritado: «¡No, no nos representan!».

La sensación de perversión del sistema político se acrecienta cuando reparamos en las opciones de acceso a la gobernanza de las que dispone la ciudadanía, que son totalmente nulas para las minorías y están limitadas a los dos principales partidos, lo que desemboca en la falsa dicotomía en la que vivimos. ¿Cómo van a sentirse representados los ciudadanos por un sistema que por definición y estructura les impide dejarse oír a no ser que formen parte del estamento cerrado y opaco de los dos grandes grupos, PP y PSOE? ¿O acaso creen que es posible que a estas alturas nos creamos que la democracia consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna cada cuatro años?

Desde la calle la sensación que predomina es la de estar ante un sistema que ha quedado perfectamente apalancado y a disposición exclusiva de una serie de individuos y grupos, animados por intereses personales y corporativos que no son los de la población. Los profesionales del poder ostentan la gobernanza y se la intercambian entre sí, viviendo así permanentemente a costa de una población a la que se supone que pretendían servir. Que se den continuamente los casos de corrupción que tanto indignan a la gente no es sino la consecuencia directa de un sistema que lleva implícito el abuso en su diseño y que mira hacia otro lado ante situaciones como la influencia interesada que ejercen los lobbies y los grupos de poder.

Pero el sistema sabe hacer juegos de manos, y a través de la falacia de la falsa dicotomía logra que la población permanezca ensimismada en el engaño de una elección entre dos opciones que realmente suponen lo mismo para el verdadero poder económico que hay detrás. Y así nos va: mientras las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros en 2010[7] —dinero suficiente para cubrir los presupuestos anuales de Sanidad y Educación—, a la gente se la entretiene con debates del tipo: «¿Es sostenible la sanidad pública o necesitamos privatizar hospitales?». Mientras nos hacen debatir sobre los riesgos para la banca y para la concesión de nuevas hipotecas que supone la dación en pago, 700.000 viviendas continúan completamente abandonadas y expuestas al deterioro, o peor aún, reservadas para la especulación[8]. Una es la realidad de los políticos, y otra la de los ciudadanos. ¿Y quieren que nos sintamos representados por ellos?

No, no nos sentimos identificados con este sistema de partidos y es hora de que reclamemos abiertamente la derogación del mismo. Ya hemos visto su engaño y no queremos entrar más a ese juego. Antes podíamos jugar a simular que no nos damos cuenta. Pero hoy la ciudadanía, cada vez más y de forma progresiva, se ha percatado de que esta democracia tiene dueños, y de que la casta privilegiada vive completamente al margen del albur de un resultado electoral u otro. Y es que en esta pseudodemocracia actual, la fuerza del poder económico resulta ser capaz de presionar para que las leyes preserven su estatus gobierne quien gobierne. Ejercen su influencia desde los medios de comunicación, cuyos accionariados copan, y de este modo controlan la información que llega a la calle. Parecida estrategia aplican en los propios partidos, trufados de arriba abajo por sus cruces de intereses y financiados de forma opaca por sus fondos. Entonces, ¿qué cuento es ese de la alternancia en los poderes públicos? ¿Qué alternancia es esta que no genera alternativas verdaderas en la vida de los ciudadanos?

Decimos no al actual régimen de partidos y pedimos su derogación porque, a la vista está, ni el PP ni el PSOE, que son los dos únicos con posibilidades de acceso al poder, están en condiciones de provocar cambios reales en este país, aunque esta palabra, «cambio», sea su eslogan elección tras elección. El pueblo ha perdido su soberanía y los Gobiernos ya no gobiernan para los ciudadanos a los que supuestamente representan, sino que sus decisiones se encaminan, como si viviéramos en un Estado neocolonial, a mantener intactas las estructuras que permiten a las élites económicas conservar sus privilegios. En esta fiebre de «reformas estructurales» en la que vivimos, ¿alguien ha oído hablar de alguna medida que estuviera orientada a alterar ese orden de cosas? ¿Hemos conocido un solo ajuste que estuviera dirigido contra el sacrosanto poder económico? Ociosa pregunta: todo han sido ajustes para la población, desde los recortes sociales a la contrarreforma del mercado laboral, pero ni un solo dictamen ha estado dirigido contra los de arriba.

Vivimos una crisis económica, pero también lo es de representatividad ciudadana y de identificación de la gente con sus instituciones públicas. Desde los partidos a la bandera, desde los organismos a la propia concepción del Estado, cunde el desapego del pueblo con sus símbolos y representantes. En las manifestaciones populares surgidas en los últimos meses y años en países como Grecia, Islandia, Egipto, Portugal o Italia, hemos podido comprobar que la gente salía a la calle a exigir sus derechos y muchos de ellos portaban la bandera nacional. Reclamaban de este modo ser el pueblo que simbolizan esos colores, demostraban que se sentían identificaos con esa bandera frente al poder de la política, dejaban claro que la nación eran ellos, y no los cargos que les gobernaban llevándoles al precipicio. Sin embargo, esto en España no ocurre. Aquí, ni la mayoría nos sentimos identificados con los símbolos nacionales ni los encontramos legitimados.

Después de las cuatro guerras civiles vividas en España durante los últimos dos siglos, la configuración del Estado que puso en pie Carlos III en el siglo XVIII, así como los símbolos de los que se le dotó, están en crisis. Y no es casual. Para muchos ciudadanos, la bicolor sigue representando la represión que su cultura sufrió durante el franquismo. Para otros, es directamente una metáfora de la dictadura. En cambio, en Francia, las cuatro fuerzas políticas más votadas se abrazan a su bandera con orgullo. Ellos no tienen nuestro problema, para ellos la tricolor representa al pueblo francés que luchó contra el poder que los oprimió. La nuestra simboliza, a ojos de muchos ciudadanos, el poder que nos subyugó. ¿Por qué no imaginar una bandera contra el régimen actual? Contra la troika, contra las empresas supranacionales que malgastan nuestros recursos y nos precarizan. Una bandera que nos una a todos y que defienda nuevas ideas.

Lo de la bandera puede sonar anecdótico, pero es un síntoma elocuente y significativo de la falta de legitimidad que muchas voces delatan en las estructuras del Estado. El crecimiento del independentismo en algunas comunidades, como la catalana, abunda en este sentimiento de desapego. En el caso de las autonomías, la problemática se acentúa al descubrir la gente que este sistema instaurado al llegar la democracia no ha sido utilizado para mejorar los servicios públicos, sino para que los políticos multiplicaran sus opciones de llevar a cabo corruptelas y para crear castas que han permanecido en el poder durante décadas, como ocurre con el PSOE en Andalucía o con el PP en Valencia. Los partidos nacionalistas no se han cortado a la hora de aceptar estas reglas de juego y han pactado con uno u otro partido mayoritario cuando les ha convenido para conservar su cuota de poder.

Gracias a este modelo de Estado, el PP y el PSOE conservan sus respectivos feudos y graneros de votos autonómicos, mientras algunos partidos nacionalistas se unen encantados al juego. Los nacionalismos históricos han pasado de ser una expresión de defensa de la cultura y la tradición contra la tiranía y el despotismo de las oligarquías centralistas a servir como coartada para partidos como CiU, detrás del cual se encuentra una oligarquía catalana que busca un pacto fiscal para pagar todavía menos impuestos y conseguir la privatización de la sanidad. Aun así, también es cierto que en Cataluña ha surgido un movimiento ciudadano y asambleario nacionalista que ha sido el que ha dado fuerza a las grandes movilizaciones recientes: la última, la registrada el pasado 11 de septiembre, el día de la Diada. Consideramos que estos movimientos que defienden una determinada identidad nacional y cultural y el derecho a decidir deben ser también partícipes en un proceso de cambio para construir un nuevo modelo de convivencia, ya que se puede construir un Estado con diferentes identidades basándonos en la cooperación y en el diálogo. Los modelos federales o confederales, como el suizo, representarían mejor nuestra pluralidad que el modelo actual basado en el caciquismo y la competencia interregional.

Por último, no podemos olvidar que se nos ha vendido una imagen beatífica y sacrosanta de la Transición que no se corresponde con la percepción que las nuevas generaciones tenemos de esa crucial etapa de nuestra historia. Comprobamos con asombro cómo el Partido Popular se ha nutrido de los herederos de quienes ocupaban los estamentos del poder durante el franquismo y en cierto modo han recogido y salvaguardado aquel legado, poniendo trabas continuamente a todos los intentos por hacer pasar aquel período por el tamiz de la justicia. Por su parte, el PSOE, que renunció a ser republicano en 1974, accedió también a pasar página y consintió que no se supiera qué ocurrió en nuestro país durante cuarenta años. Así como otros países con un pasado oscuro, como Argentina, desenterraron y juzgaron los casos más macabros de sus dictaduras, España tiene el dudoso honor de ser el segundo país del mundo con más fosas comunes en su territorio, solo superado por Camboya. ¿Cómo sentirnos confortables en un Estado que se asienta sobre tamaño desprecio contra la dignidad humana? Sólo se puede mirar al futuro con las heridas cerradas, y ése no es nuestro caso.

Mientras tanto, el rey Juan Carlos nos lanza mensajes de unidad y de patriotismo para que nos sintamos parte de un país que no reconoce a todos los ciudadanos como iguales, y para que apoyemos una Constitución que, siendo tan difícil de cambiar como se nos dijo que era, se pudo modificar en dos días, en agosto de 2011, para situar la obligación de pagar nuestras deudas con el exterior por encima de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo sentirnos identificados con esta monarquía y esta Constitución?

Hasta hace poco no estaba bien visto poner en duda la corona ni confesar sentimientos republicanos, bajo el argumento de que pensar así era «ser antiespañol». Hemos olvidado los «¡viva España!» que gritaba en sus tiempos Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Aquel grito, despojado del espíritu democrático que le transfirió la República, acabó convertido en símbolo de la opresión ejercida contra los que se negaban a claudicar ante la dictadura.

España, no hay duda, es un país indefinido, a pesar de lo que algunos insisten en defender, pero nosotros conservamos la esperanza. Porque a veces los países fracasan, pero sus pueblos no.

¿QUIERES CONOCER EL FUTURO QUE TE ESPERA? SIGUE LA LÍNEA DE PUNTOS

La dimensión de la crisis que atravesamos es tan grande y afecta a tantas áreas —desde la economía a la política, desde el modelo social a la percepción de lo público que tienen los ciudadanos— que no exageramos si afirmamos que nos encontramos en uno de esos pliegues de la historia que marcan un antes y un después en la organización del mundo. Estamos en crisis, sí, pero sobre todo nos hallamos en un momento crítico que ofrece la posibilidad de replantearlo todo. Se están repartiendo las cartas de la partida que nuestra sociedad va a jugar en el próximo siglo, y en una situación tan decisiva los ciudadanos no podemos permanecer al margen, como meros agentes pasivos. Es hora de que pidamos la palabra y actuemos.

En los próximos meses y años pueden darse dos situaciones. Podemos rendirnos al diagnóstico tramposo que nos quieren imponer desde arriba y dejar que decidan por nosotros, o podemos alzar la voz y exigir que este cambio de era sirva para que el mundo empiece a guiarse por un patrón diferente al que venía siguiendo hasta ahora.

Si los ciudadanos no actuamos, podemos aventurar fácilmente cómo va a ser el tiempo que nos espera. Se trata, simplemente, de proyectar hacia el futuro las señales que ya emergen en nuestro horizonte, como si siguiéramos la línea de puntos de un gráfico. Si continuamos sentados esperando a que escampe el temporal, creyendo que después de la tormenta todo volverá a ser como antes y confiando en las medidas que está tomando la oligarquía política que hoy ostenta el poder (PP y PSOE), sólo interesada en conservar sus privilegios y beneficiar al ámbito financiero y empresarial, no conseguiremos más que ahondar en la miseria económica y moral que ya estamos sufriendo la mayoría, ese 99 por ciento silencioso al cual se ha condenado a pagar los platos rotos de la fiesta.

Por este camino nos transformaremos pronto en un país con aún más grandes desigualdades. Los derechos fundamentales serán reducidos a meros principios nominales y veremos gravemente mermada nuestra libertad democrática. Por la senda que nos han marcado nos esperan años de endeudamiento masivo, paro estructural y trabajo precario, sin contar con la seria amenaza que supone profundizar en un sistema ecológicamente insostenible que, poco a poco, agotará los recursos naturales de los que disponemos.

Es el escenario del «sálvese quien pueda», la tierra de cultivo ideal para una terrible distopía en la que el hombre será aún más un lobo para el hombre, y donde la supuesta libertad individual propugnada por el neoliberalismo sólo servirá para que unos pocos con poder y medios económicos suficientes a su alcance abusen hasta lo indecible de una masa de individuos desarraigados e impotentes.

O lo que es peor: el creciente resentimiento latente en la sociedad puede hacer que un gran número de ciudadanos consuele sus sentimientos de insignificancia uniéndose a movimientos populistas y protofascistas basados en la ignorancia, el odio y el autoritarismo.

Los resultados de las políticas que la oligarquía que nos gobierna está imponiendo sin contar con los intereses del 99 por ciento ya se pueden comprobar en Grecia, donde gracias a las medidas dictadas por la Unión Europa y el FMI, en su quinto año de recesión su economía se hunde un 6,4 por ciento, el poder adquisitivo se ha desplomado un 30 por ciento (desde 2008) y 3,4 millones de griegos viven por debajo del umbral de la pobreza[9]. Los suicidios y el crimen aumentan, y los jóvenes que no encuentran trabajo, así como los mayores que han perdido el suyo, empiezan a conformar una creciente bolsa de pobres. Los servicios públicos se deterioran hasta el extremo de que los hospitales ya no pueden hacer frente a muchos tratamientos médicos esenciales. Y la creciente frustración y falta de referentes y perspectivas empieza a canalizarse a través de movimientos racistas y fascistas como Amanecer Dorado.

Sólo hay un beneficiado de las medidas que se están tomando bajo el pretexto de ser la medicina que nos sacará de la crisis: de nuevo el poder económico. Lo dice con contundencia el profesor de economía Michael Hudson: «No hay ninguna necesidad de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo. Una crisis de la deuda permite a la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad»[10].

Por este camino, más pronto que tarde la precariedad, el desempleo y el endeudamiento nos esclavizarán. Pero debemos ser conscientes de que existen alternativas, de que es posible provocar un cambio en nuestro modelo político, social y económico que traiga una sociedad más justa, democrática y equilibrada.

No es cierto que estemos condenados al dictamen de Bruselas, Berlín y los países del norte. Por de pronto, los del sur tenemos la opción de unirnos y decir no. España puede hacerlo remando al lado de los países que tenemos más cercanos: Portugal y Grecia.

En definitiva, nos encontramos en un cruce de caminos y de nosotros depende elegir por dónde queremos ir. Esto es lo que nos espera:

Por el camino A: las personas aceptarán paulatinamente los recortes y la degradación de las condiciones laborales y España se transformará, poco a poco, en un país con grandes desigualdades, escasa libertad democrática, paro estructural, trabajo precario y la seria amenaza del peak oil energético (el momento en el que la producción de petróleo entrará en un declive terminal).

Por el camino B: la sociedad se movilizará y, mediante un proceso de empoderamiento ciudadano, forzará un cambio en nuestro modelo político, social y económico hacia una sociedad más justa, democrática y equilibrada.

Ahora eres tú quien debe decidir. Si eliges el camino A, este libro no te aportará nada. Si optas por el camino B, te invitamos a que sigas leyendo y a que compruebes cómo tú puedes cambiar el mundo. Porque el cambio comienza en ti.

CAPÍTULO 2

EL CAMBIO DEPENDE DE TI

El deber de un ciudadano es no creer en ninguna profecía del futuro, sino actuar para realizar el mejor futuro posible.

RICHARD STALLMAN,
fundador del movimiento
por el software libre

NOS DIJERON: «CONSUMID, OBEDECED Y NO PENSÉIS»

Desde el 15 de mayo de 2011, los verdaderos protagonistas de la actualidad española ya no son los partidos, los sindicatos, las grandes empresas o los órganos del Estado. Los ciudadanos están tomando el testigo para pasar a ser los actores de su realidad. Éste ha sido, sin duda, el mayor logro alcanzado por el movimiento del 15-M. Lejos de resignarse, la sociedad civil hoy tiene claro algo que antes no sabía, o que si sabía no lo valoraba: que es capaz de plantar cara por sí sola a los retos que tiene delante, aportando alternativas al pensamiento dominante y a las políticas impuestas por los agentes del poder que dictan las reglas de nuestro mundo.

El proceso para provocar este cambio ha sido lento, pero finalmente está dando resultados. Y será gracias a personas como tú, lector, que las transformaciones que anuncia esta ruptura llegarán a concretarse. Es el momento de las personas. Es hora de que la sociedad en su conjunto, de forma participativa y democrática, tome las riendas de su destino.

¿Qué ha hecho posible este despertar en un país como España, caracterizado desde la llegada de la democracia parlamentaria por la apatía política del grueso de su población? Multitud de diagnósticos han señalado que el 15-M ha encendido la mecha de la agitación en la conciencia de la gente, pero no es posible entender por qué se ha producido este brote ciudadano, ni calibrar sus verdaderas consecuencias, sin mirar al contexto social y político en el que se ha dado. Es necesario saber de dónde venimos para comprender dónde estamos y explicar hacia dónde nos dirigimos.

Permítannos que nos remontemos algunos años atrás para conocer de dónde parte nuestro problema, y también para vislumbrar en qué lugar se encuentra la llave de su solución. A finales de la década de 1980 tuvo lugar un cambio de paradigma en el mundo, tanto a nivel geopolítico como en la percepción que los ciudadanos tienen de lo que les concierne. Las consecuencias de aquel latigazo histórico llegan hasta nuestros días. La caída del muro de Berlín de 1989 y el hundimiento del bloque soviético anunciaron el comienzo de un período incierto, en el que las grandes teorías económicas y políticas puestas en discusión hasta entonces dejaron de ser creíbles. La desaparición de múltiples referentes utópicos acabó cediendo todo el espacio a una única interpretación del ser humano, exclusivamente individualista y despreciativa hacia todo lo que tuviera que ver con lo colectivo y lo público.

De la noche a la mañana, los modelos globales de organización social que hasta ese momento habían brillado como faros en el horizonte se habían quedado caducos, sin credibilidad, dejando al ciudadano con una cierta sensación de perplejidad, sin agarraderos ideológicos o morales a los que aferrarse. Lo viejo había perdido súbitamente su sentido, y lo nuevo aún no había aflorado. Algunos teóricos afines al modelo capitalista, el único que en aquel momento parecía lucir músculo, incluso llegaron a hablar del «fin de la historia». Se nos anunciaba el triunfo apacible de un sistema basado en la libertad personal y la ley del mercado.

En este contexto político e histórico, la relativa prosperidad material que el sistema capitalista proporcionaba, unida a la falta de referentes que reivindicaran los valores de la comunidad frente al endiosamiento del individualismo, condujo a muchos ciudadanos a ver lo público con reticencias y a alejarse cada vez más de la participación en el devenir del colectivo y en la mejora de las instituciones comunes. Había que centrarse en uno mismo, había que alcanzar todas las posesiones materiales que se pudieran imaginar, había que obtener el placer a corto plazo. Más allá de los lazos familiares, la única interacción con los demás que se vislumbraba en el horizonte tenía que ver con un único cometido: competir para ser el mejor.

En el caso de España, este progresivo vaciamiento de contenido de lo colectivo coincidió con un momento histórico muy especial. El final de la dictadura y la proclamación de la Constitución de 1978 sembró la convicción entre la población de que nos encontrábamos en un momento culminante de la democracia. Despojada la izquierda socialdemócrata de todo carácter revolucionario, cundió en la sociedad una cierta sensación de estación de destino, de disponer de un sistema último y definitivo. Abundando en la sospecha de «final de la historia» que se extendió por muchos países occidentales, entre la ciudadanía española caló la impresión de estar instalados en una democracia madura, con una sociedad equilibrada y con un sistema político consolidado y sin vuelta atrás. Al parecer, disponíamos de un patrón económico que, más allá de fugaces vaivenes, permitía mantener a los ciudadanos felices y satisfechos, preocupados sólo por acceder a préstamos para comprarse una nueva casa o un coche más grande, y con la única misión de elegir cada cuatro años a los gestores encargados de ocuparse de los engorrosos asuntos públicos.

Pero la historia no se acabó. Ni aquí, ni en el resto del mundo; ni entonces, ni nunca. Simplemente, en aquellos años atravesábamos una fase de transición que nos conducía hacia otros escenarios. Durante este tiempo, el repliegue de los postulados socialdemócratas y de izquierdas se correspondió con el avance, casi omnipresente, de un sistema neoliberal despiadado, heredero de las doctrinas del liberalismo clásico y producto de los teóricos de la Escuela de Chicago. Este credo se imponía en todo el mundo aprovechándose de la falta de un marco de referencia alternativo. Para muchos, ya no había sociedad, sino sólo individuos.

Difícil sustraerse a ese viento de la historia. El individualismo sobre el que se asentaba el nuevo sistema económico reinante destruyó el sentimiento de pertenencia a una comunidad más amplia y, por ello, la capacidad de reacción colectiva, dejando el campo abonado para que unos pocos pudiesen ejercer la depredación económica libres de ataduras, con la complicidad de unos políticos cada vez más interrelacionados con esta oligarquía económica.

La minoría más poderosa se regocijaba de esta entrega de la sociedad a brazos del más descarnado individualismo y disfrazaba este proceso de búsqueda de la libertad personal y de «sana competitividad». Mientras la sociedad se fragmentaba y desaparecían los actores políticos y las formas de representación social tradicionales, unos pocos se aprovechaban de sus condiciones privilegiadas de pertenencia a las élites para obtener los mayores beneficios posibles. Margaret Thatcher, una de las principales instigadoras de este modelo ultraliberal, definía de manera muy reveladora la nueva situación al afirmar que lo único real eran los individuos y su entorno más inmediato: «Hombres, mujeres y familias».

Pero el neoliberalismo no buscaba individuos libres e iguales, sino peones desvalidos e insignificantes frente al poderoso, sin una red social de solidaridad en la que imbricarse o un Estado que los protegiese.

A pesar de todo, durante este tiempo ha pervivido una conciencia resistente opuesta al imperio incuestionable del modelo neoliberal. Son muchos los ciudadanos que desconfiaban, entonces y ahora, del espejismo de estabilidad, bienestar y consenso que supuestamente prometían sus dogmas más clásicos: menos Estado, traducido en pérdida de espacio en la política; denostación de lo público, y competitividad, egoísmo y mercado como únicos reguladores sociales. No todos permanecieron ciegos ante la evidencia de que este patrón escondía un mundo terriblemente injusto en el que el ser humano seguía viviendo oprimido y lejos del ideal de libertad que siempre ha guiado las luchas sociales.

Las manifestaciones de esta resistencia han sido diversas y variadas. Algunos se aferraron a las grandes doctrinas del pasado para hacer frente a la injusticia desde organizaciones obreras cada vez más incapaces de movilizar al grueso de una sociedad que había cambiado demasiado. Otros buscaban desde la incertidumbre nuevas vías que permitieran canalizar su ilusión de alcanzar un mundo mejor. Unos y otros, a pesar de la apatía generalizada, seguían clamando por la necesidad de seguir buscando una utopía que llevara a nuestras sociedades a un escenario diferente.

Esta conciencia indignada y luchadora ha aflorado en nuestro país en contadas ocasiones durante los últimos años: en las manifestaciones contra la guerra de Irak, en protestas obreras y huelgas que reclamaban más derechos y justicia, en el movimiento antiglobalización… Los resultados han sido casi siempre inciertos. El problema era siempre el mismo: el desconcierto de la mayoría, producto de una sociedad desarraigada y desestructurada, era incapaz de hacer frente al individualismo y de resistirse a los caramelos de un sistema injusto pero tremendamente adictivo, al que los ciudadanos se veían irremediablemente abocados.

Parecía que el sueño de los poderosos se podía cumplir al fin: amasar riquezas sin límite a costa de una población anestesiada que, lejos de ser consciente de que unida era capaz de cambiar la realidad, se limitaba a sufrir en su día a día para poder gozar de las pocas migajas que la sociedad del consumo les ofrecía.

Desde entonces, la globalización económica ha avanzado sin descanso, destruyendo la cohesión de las sociedades, enfrentando abiertamente a trabajadores de todos las partes del mundo, e igualando a la baja las condiciones vitales de unos seres humanos carentes de referencias para combatir el vendaval que unos pocos azuzaban en su contra. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre y la falta de perspectivas que nos atenazaban, el despertar de la ciudadanía que aún soñaba con un mundo más justo no tardaría en comenzar a producirse.

PERO ALGUNOS CIUDADANOS SE CONECTARON A OTROS CIUDADANOS Y GRITARON ¡BASTA!

Poco a poco, ciudadanos de todo el mundo se han cruzado con otros ciudadanos y han comenzado a alterar el discurso imperante. La difusión de un diagnóstico de nuestra realidad alternativo al impuesto desde los ámbitos de poder ha ido formando así una creciente masa de personas críticas y conectadas. El ciudadano acababa de encontrar el instrumento perfecto para reivindicarse a sí mismo: un sistema de comunicación instantáneo y a la vez un espacio ubicuo que permitía enlazarle con otros ciudadanos que sentían lo mismo que él. Frente al tradicional modelo de circulación vertical de información, de repente la horizontalidad de internet se hacía inabarcable. Sus límites los ponían los propios usuarios.

Esta nueva realidad está permitiendo que individuos huérfanos de vínculos sociales fuertes empiecen a organizarse de forma distinta a como lo habían hecho hasta ahora los movimientos sociales. No hay imposiciones, no hay pirámides, no hay rangos, sólo hay participación abierta e interactiva, articulada en red. Las nuevas tecnologías permiten una brutal revolución en el ámbito social y comunicacional, facilitando la transmisión instantánea de información, la generación de nuevas ideas y el surgimiento de nuevas estructuras sociales basadas en la organización en red.

El poder viral de las redes sociales e internet está siendo especialmente impactante en aquellos países con sociedades civiles particularmente debilitadas y con unos medios de comunicación manipulados o en manos de las autoridades o de grandes corporaciones. El éxito de las revoluciones en el mundo árabe ha sido el ejemplo más palmario de este fenómeno: internet y las redes sociales se convirtieron en el catalizador y difusor del descontento que había entre la población, al aportar el espacio y las herramientas necesarias para movilizar a una sociedad que hasta ese momento carecía de referentes de resistencia suficientemente sólidos[11].

Disponíamos ya de nuevos paradigmas organizativos y relacionales y de nuevas herramientas comunicacionales. Ahora sólo hacía falta que el curso de la historia mostrara un punto de inflexión que permitiese que la conciencia de los ciudadanos volviese a aflorar en toda su plenitud, y no sólo por parte de una minoría inconformista. La crisis económica y financiera desatada a partir de septiembre de 2008, la más grave desde la Gran Depresión de 1929, es la piedra de toque que permitió que todavía más personas se replantearan los problemas que latían en nuestras democracias. Las decisiones tomadas por el poder político desde entonces, orientadas todas en contra de los intereses de los ciudadanos a los que se supone que representaban y defendían, acabaron de abrirle los ojos a la ciudadanía.

La gran mentira que habían estado intentando colarnos durante décadas quedaba a la luz. Mientras el sistema generó un cierto bienestar material, la ciudadanía pudo creerse el cuento de la libertad individual con la que se disfrazaba la espiral de consumismo en la que vivíamos. Pero cuando este frágil bienestar se desmoronó, muchas personas empezaron a preguntarse si realmente nuestras democracias occidentales basadas en la economía de mercado eran el sistema más justo y eficiente al que podíamos aspirar, tanto a nivel personal como colectivo.

A partir de este momento, las voces indignadas que clamaban por un cambio verdadero y profundo de organización social, política y económica se multiplicaron por todo el planeta y dejaron de ser lamentos aislados. De pronto, personas de todos los rincones del globo volvían a tejer redes a su alrededor y éstas iban aumentando su densidad en el seno de las sociedades. El individualismo despiadado, ese que aumenta nuestra insignificancia y desvalimiento ante los más fuertes, empezaba a desvanecerse. Los ciudadanos tomaban la acción y la palabra.

Un ejemplo paradigmático de este fenómeno es lo ocurrido en Islandia al poco de estallar la crisis. Este país de 319.000 habitantes, cuya ciudadanía siempre había estado relativamente bien cohesionada, fue uno de los primeros escenarios de Occidente en los que pudimos comprobar cómo van a ser, y están siendo ya, las movilizaciones populares en el siglo XXI. Después de que el crash financiero mundial hundiera la economía nacional y dejara al país sumido en el pozo sin fondo de unas deudas imposibles de pagar, los ciudadanos salieron a la calle y gritaron «¡no!». Así de simple: no. No estaban dispuestos a pagar el pato de una gigantesca estafa financiera que los tomaba a ellos de rehenes. Muy pronto, desde el mismo mes de octubre de 2008, se empezaron a dar pasos relevantes: se rechazó el pago de la deuda externa, se exigieron responsabilidades a sus banqueros y políticos y se inició un proceso constituyente cuyos pilares partían de la base misma de la sociedad islandesa[12].

El caso de Islandia tiene también sus claroscuros y, aunque permitió al mundo entero asistir a una rebelión ciudadana organizada de una innovadora manera que nunca antes habíamos visto, tampoco esta revolución cívica ha sido tan ideal como nos la pintan. Según el activista islandés Baldur Bjarnason, no es absolutamente cierto que se hayan hecho oídos sordos a los consejos del FMI con el fin de cuestionar abiertamente la doctrina neoliberal, ni que se haya rechazado el pago de la totalidad de la deuda externa, puesto que únicamente se ha dejado de pagar una parte[13]. Pero a pesar de estas necesarias matizaciones, es innegable que gracias a la presión ciudadana se empezaron a tomar medidas que, lejos de ayudar en exclusiva a las grandes empresas y entidades financieras causantes de la crisis, se centraban en recuperar los valores cívicos de la comunidad, en salvaguardar los derechos ciudadanos y en hacer pagar la crisis a sus verdaderos culpables. ¿Tan difíciles son de aplicar estos tres sencillos principios en nuestro país para que el caso islandés no nos sonara tan exótico?

Islandia fue la prueba evidente de que, si los ciudadanos se unen y utilizan las herramientas que tienen al alcance de su mano, entonces sí, se puede. Se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar el mundo. Allí, las protestas ciudadanas lograron en primer lugar la dimisión del Gobierno responsable de la mala gestión de la crisis. Después de las nuevas elecciones, el anterior presidente del Gobierno y varios altos cargos públicos y de entidades bancadas fueron arrestados y condenados. También se realizaron varios referendos preguntando a los ciudadanos sobre la conveniencia de pagar la deuda bancada externa. Y, finalmente, se emprendió un proceso participativo protagonizado por un Consejo Popular formado por veinticinco personas de a pie sin filiación política. Ese Consejo presentó una serie de propuestas para la reforma de la Constitución que fueron ratificadas por la ciudadanía en octubre de 2012[14], dando así comienzo a una reforma constitucional que, ahora sí y de manera indubitada, proviene de los ciudadanos y preserva sus intereses.

LOS AFLUENTES QUE CONDUJERON AL 15-M

Islandia es un caso especial. El número reducido de ciudadanos que forma su sociedad y lo altamente integrada que ésta se encuentra permiten llevar a cabo operaciones que en otros escenarios son imposibles de soñar. O quizá no tanto. De hecho, en el resto de democracias avanzadas, el caldo de cultivo de la crisis económica no tardaría en dar sus frutos. En España, el ansia de cambio que se había instalado en nuestra sociedad, y que permanecía camuflado bajo asfixiantes capas de indiferencia y pasotismo por parte de un sector importante de la población, empezó a salir a la luz gracias a las posibilidades para expresar ideales y conectar voluntades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

Poco a poco empezaron a romperse los corsés del activismo clásico y en cuestión de meses pudimos observar cómo ciudadanos que hasta entonces no habían estado implicados directamente en buscar soluciones para su comunidad de pronto se conectaban de manera activa con la realidad que les rodeaba y comenzaban a preguntarse qué podían hacer para cambiar aquel triste panorama. Conscientes de los problemas que acuciaban a nuestra sociedad, y de la necesidad de actuar colectivamente para atajarlos, la indignación ciudadana empezaba a crecer.

El 21 de octubre de 2010 tuvo lugar un hecho extraordinariamente simbólico para el proceso de reempoderamiento ciudadano que se está produciendo. Stéphane Hessel, un anciano entonces de 93 años protagonista de algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX, publicaba en Francia un humilde manifiesto de apenas 30 páginas que estaba llamado a despertar la conciencia de mucha gente hasta entonces adormecida: ¡Indignaos! En sus años de juventud, Hessel había participado en la Resistencia francesa que plantó cara al fascismo y asimismo se había implicado en la elaboración de la trascendental Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Estos dos momentos fueron fundamentales en la historia reciente de la humanidad, y ambos habían sido producto de un esfuerzo colectivo. Hessel tenía experiencia, sabía de qué hablaba. Ahora, desde el final de su vida, interpelaba a los jóvenes para que reaccionasen frente a los atropellos del mundo de hoy, dominado por unos poderes económicos cuyo imperio estaba siendo consentido por nuestra apatía.

A pesar de su corta extensión, este tremendo alegato contra la indiferencia de los ciudadanos no tardó en circular de boca en boca, primero en Francia, pero inmediatamente después en otros países, como España (fue editado por Destino en febrero de 2011). En ¡Indignaos!, Hessel incide en ideas no excesivamente novedosas, muchas de las cuales llevaban años siendo repetidas en ámbitos progresistas y académicos. Pero este entrañable anciano logró algo fundamental: llegar a la gran masa de gente adormecida que aún no era consciente de lo que sucedía a su alrededor.

Y es que Hessel es claro, directo y certero en su diagnóstico de nuestro tiempo: su tesis básica afirma que, al igual que en los tiempos del régimen nazi que él combatió, hoy seguimos viviendo bajo una dictadura, sólo que los que ahora ejercen su dominio totalitario son los poderes financieros globales. El poder que decide sobre nuestro porvenir se halla al margen del control democrático, como en cualquier régimen autoritario. El problema es que ahora este dictador es mucho más complejo. En el pasado el enemigo y los métodos de lucha estaban claros. Hoy el enemigo y los objetivos que perseguimos son difusos. Pero, aun así, Hessel nos pide que no nos dejemos vencer por la desesperanza y la impotencia, que nos indignemos ante la injusticia.

La obra de Hessel coincidió en el tiempo con un punto de inflexión histórico en nuestro país. En tiempos anteriores, diversos intentos de combate para hacer frente de forma colectiva a los problemas que nos acuciaban habían quedado finalmente reducidos a grupos de activismo rompedores pero de escaso alcance (como las protestas de V de Vivienda)[15] o asociados a circunstancias muy puntuales (como las manifestaciones contra la guerra de Irak)[16]. Sin embargo, esta vez se estaba produciendo un cambio en lo más profundo de la sociedad civil española.

La movilización del 15-M no surgió de la noche a la mañana. Detrás de este movimiento, y anticipándolo en el tiempo, hubo una serie de acciones ciudadanas que allanaron el terreno para que varios meses más tarde tuviera lugar la expresión popular más importante ocurrida en nuestro país desde la llegada de la democracia parlamentaria. Conocer esa trastienda y repasar esos antecedentes permiten calibrar hasta qué punto las formas de activismo ciudadano han cambiado en la actualidad y demostrar en qué medida no exageramos cuando afirmamos que, si la gente se une y se empeña, se puede.

En el ADN de este movimiento están, sin duda, internet, las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación. Tan es así, que una de las protestas ciudadanas que más ayudaron a engrasar los resortes de la agitación que desembocaría en el 15-M fue la que se puso en marcha a principios de ese año 2011 contra la Ley Sinde. Para manifestar la oposición popular contra una legislación que comprometía la libertad de la red a través de un control invasivo de los contenidos de las páginas web, hasta el punto de permitir su cierre sin que fuera precisa una autorización judicial, se puso en marcha una movilización que por primera vez en la historia nacía y crecía en el entorno de internet. Esta protesta sin precedentes cristalizaría en el movimiento No les votes[17], que pedía a los ciudadanos que dejasen de dar su apoyo electoral a aquellos partidos políticos que apoyaban y promovían esta ley contraria a la libertad en la red.

De pronto, muchos ciudadanos repararon en el enorme poder de internet para poner en marcha movilizaciones, difundir idearios y conectar a ciudadanos que pensaban igual. Esto fue solo el principio, pero a partir de ese momento empezaron a aflorar iniciativas de todo tipo de manera inusitada. El 11 de febrero nacía Estado del Malestar, a partir de un grupo de ciudadanos que empezaron a reunirse para protestar y denunciar el hartazgo ciudadano en un momento de especial incertidumbre[18]. Pronto se crearían diversos grupos locales que animaron a la gente a salir a la calle un día a la semana para pedir el fin del bipartidismo y una democracia más participativa. El 18 de febrero comenzaban las primeras protestas, que tenían lugar en rincones emblemáticos de cada ciudad.

Al mismo tiempo se estaba gestando en Facebook otro gran proyecto colectivo: una plataforma de coordinación que serviría de punto de enlace y comunicación entre representantes de distintos colectivos con el fin de coordinar una gran manifestación ciudadana[19]. Este grupo sería el germen de la plataforma ¡Democracia Real Ya! (DRY), convocante de una de las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia de España, la del 15 de mayo de 2011, y detonante del Movimiento 15-M. Era la primera vez que la gente de a pie, unida de manera espontánea y sin contar con intermediarios, salía a las calles para recuperar el espacio político común.

El 15-M se convirtió, así, no en una organización al uso, sino en una demostración del poder que tienen los ciudadanos, que quedó patente a ojos de toda la sociedad. Salieron a la luz también nuevas herramientas e inéditas formas de movilización social, caracterizadas por la apertura, la participación y el funcionamiento en red. Este nuevo paradigma no tardaría en traspasar los límites de internet para instaurarse en múltiples ámbitos de la realidad, que de pronto se vio enriquecida con toda una constelación de propuestas de cooperación ciudadana a través de las cuales se fomenta un constante debate público. En cuestión de meses vimos florecer a lo largo y ancho del país todo tipo de proyectos e ideas en continua mutación que promovían la participación del 99 por ciento de la población, esa víctima silenciosa de los desmaños de una minoría privilegiada que se creía con las manos libres para hacer y deshacer a su antojo.

ESTO LO MUEVEN PERSONAS COMO TÚ

Probablemente tú, lector, ya tienes una cierta idea de los retos que estamos afrontando, pero aún no eres consciente del poder que atesoras en tus manos. En el epígrafe anterior hemos descrito cómo en España se está produciendo un lento pero inevitable cambio en la conciencia de la ciudadanía que está llevando a cada vez más personas a darse cuenta de la necesidad de organizarse de forma colectiva para ponerse en marcha e intentar cambiar el mundo que les rodea. Quizá has participado en mayor o menor medida en alguno de estos procesos y puede que te acercaras a las acampadas que poblaron España en los días siguientes al 15 de mayo de 2011 buscando respuestas a los retos que afrontamos, pero puede que aún no te hayas lanzado a actuar de forma decidida y a implicarte como actor de ese cambio. Pues bien, nuestro mensaje es nítido y claro: no lo dudes, ahora es el momento. Tú puedes hacerlo, y créenos si te decimos que es mucho más fácil de lo que parece. Porque las personas que en aquella ocasión nos involucramos en este movimiento, y en las múltiples acciones de activismo ciudadano que ha habido en nuestro país desde entonces, lo hicimos posible y sólo somos ciudadanos como tú, exactamente iguales que tú.

En realidad, ésta no es una característica especial de este acontecimiento histórico. Si miramos atrás, veremos que los grandes cambios en la historia de la humanidad han provenido siempre de acciones modestas de personas corrientes que un día decidieron enfrentarse al estatus establecido y actuar de otra forma. Aquel gesto menor, multiplicado y apoyado por la colectividad, acabó provocando un cambio trascendental en la sociedad.

El caso de Rosa Parks es un ejemplo de libro[20]. A mediados del siglo pasado, los negros sufrían en Estados Unidos la humillación, entre otras muchas, de no poder compartir con los blancos los mismos lugares públicos. Así, en los autobuses los espacios estaban separados según el color de los viajeros. Pero gente como Rosa Parks tenía claro que las cosas podían cambiar. El 1 de diciembre de 1955, esta estadounidense de raza negra subió a un autobús público para volver a su casa y se negó a sentarse en la zona reservada para los negros. Aquella noche Rosa acabó en el calabozo. Pero el caso trascendió y acabó dando voz a los movimientos que clamaban por el fin de la segregación, que ya llevaban tiempo haciéndose notar.

Najla Hariri, una mujer de Arabía Saudí, es otra Rosa Parks contemporánea. Najla decidió tomar los mandos de su coche y llevó personalmente a sus hijos al colegio en la ciudad de Jedda. Este hecho tan trivial supuso toda una revolución en uno de los países más machistas del mundo, pues violó la norma no escrita que impide a las mujeres conducir[21]. Gracias a esta valiente acción, Najla provocó una ola de solidaridad con las mujeres saudíes a la que incluso se sumó Hillary Clinton, y que está ayudando a visibilizar la gravedad de este problema. Las mujeres en Arabia Saudí siguen sin ser libres, pero gracias a Najla se ha dado un paso de gigante para cambiar su situación.

La acción colectiva, sin duda, es necesaria para modificar la realidad que nos rodea. Pero esa acción no podrá ser llevada a cabo, como acabamos de ver, sin unos ciudadanos críticos y concienciados que tomen la iniciativa de forma valiente por sí mismos. De la necesidad de fomentar esa conciencia crítica hablaremos un poco más adelante. Ahora es el momento de mostrarte lo que hicimos hace dos años en nuestro país un simple grupo de ciudadanos de a pie y, en consecuencia, de que seas consciente de tu propio potencial.

Los autores de este libro somos gente normal y corriente: dos jóvenes en la veintena con estudios universitarios y poco más. A lo largo de nuestra vida no nos hemos caracterizado por ser especialmente brillantes, ni particularmente valientes, ni llamativamente comprometidos. Pero llegado un momento, en el que hemos visto que nuestro entorno se hacía insostenible, decidimos actuar.

Nuestra perspectiva es la de los jóvenes españoles que se han visto desahuciados de su propio futuro. Formamos parte de esa generación que iba a ser la más preparada de la historia, y que finalmente ha visto cómo sus sueños se desvanecían en el paro, la precariedad y la pérdida de derechos. Por eso, cuando empezamos a comprobar cómo nos iban robando nuestro porvenir, sin que las instancias del poder nos consultasen, decidimos pasar a la acción.

Fabio ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, y aunque siempre ha estado interesado en la gestión de lo público y los sistemas políticos de nuestras sociedades, nunca había militado en ninguna organización o movimiento social. Pero el 21 de octubre de 2010, casualmente el mismo día en el que Hessel publicaba en Francia ¡Indignaos!, decidía poner su granito de arena para cambiar las cosas abriendo una página informativa en Facebook junto a otro amigo, titulada «Yo soy un joven español que quiere luchar por su futuro», a la que pronto uniría un blog que pretendía servir para impulsar un incipiente movimiento juvenil: Juventud en Acción[22].

No había nada detrás de este proyecto más allá de la ilusión de dos amigos para sacar de la apatía a los jóvenes de este país. Poco a poco, la página empezó a ganar seguidores y a lanzar iniciativas que, ciertamente, no tuvieron excesivo éxito: por ejemplo, convocamos un flashmob en la Puerta del Sol de Madrid al que solo acudieron 10 ciudadanos. Entre ellos, una persona mayor, Rosa, que cargada de ilusión y a pesar del desencanto, nos animó a seguir intentándolo. «La gente aún está dormida, pero no os rindáis», nos dijo.

Por su parte, Pablo, estudiante a la búsqueda de unas prácticas, alarmado por la precariedad y el abuso que estaba sufriendo su generación, también quiso ayudar a despertar a los jóvenes de España desde un blog, Manifiesto Juventud[23], en el que colgó un post titulado «Mayo del 68 en España» para hacer un llamamiento a la movilización pacífica principalmente dirigido a jóvenes, con el fin de reclamar los derechos que nos estaban siendo arrebatados.

Cada uno por nuestro lado empezamos a clamar en el desierto, hasta que después de encontrar poco a poco a otras personas igualmente inquietas, en febrero abrimos el grupo de discusión en Facebook que posteriormente se convertiría en ¡Democracia Real Ya! Esta decisión fue igual de inocente y nada premeditada que las anteriores. Hablando con otro bloguero, Pedro, llegamos a la conclusión de que todo el descontento y las ganas de cambio que estaban aflorando a través de las redes sociales tenían que ser canalizados y coordinados de alguna manera. Era el momento de actuar. ¿Y qué mejor que abrir un grupo de debate?

En poco tiempo pudimos comprobar el gran potencial de esa decisión. Personas de todo tipo (activistas participantes en otras plataformas, blogs, organizaciones, o simplemente individuos decididos a colaborar y buscar un cambio) se empezaron a unir al grupo, creando un ambiente de ilusión y arduo trabajo que acabaría motivando a otros muchos y desembocaría en unas manifestaciones que el 15 de mayo sacaron a la calle a cientos de miles de personas en toda España.

Muchos no se creyeron que un grupo de ciudadanos de a pie, sin adscripciones políticas ni financiación de ningún tipo, y sin contar con maquiavélicos tejemanejes, pudiese organizar algo así. Pero ésta es la realidad: no hubo trampa ni cartón, ni ocultas manos negras moviendo los hilos por detrás. Sólo las ganas de cambiar las cosas de un puñado de personas y la ilusión que esta acción despertó en un grupo de ciudadanos aún mayor.

El inicio espontáneo de una acampada en la Puerta del Sol, que pronto se replicaría por toda España dando lugar al que sería conocido como Movimiento 15-M, fue tan imprevisto y carente de estrategia como todas las acciones que llevamos a cabo en esos días. Nadie había planificado llenar España de asentamientos populares. Simplemente, un grupo de valientes, una vez terminada la manifestación del 15 de mayo, decidió quedarse en la propia plaza para reclamar un cambio real en nuestro país y exigir políticas que de verdad fueran por y para los ciudadanos[24]. Así de sencillo, así de ingenuo y así de práctico. En un primer momento sólo se trataba de un puñado de locos idealistas, pero cuando las fuerzas del orden coartaron su derecho a la libre reunión y desalojaron la plaza, la respuesta del resto de la ciudadanía no se hizo esperar: de pronto, eran decenas de miles los que llenaban las plazas de todo el país en solidaridad con la protesta que habían iniciado unos pocos y para pedir igualmente cambios que supusieran más democracia y más justicia social y económica.

En definitiva, unos pocos pueden lograr mucho. El cambio al que aspiramos pasa inevitablemente por que cada persona tome conciencia del poder que atesora y de su capacidad para influir en la realidad que le rodea y de este modo generar transformaciones profundas en la sociedad. Unicamente si ese 99 por ciento de la población que permanecía en silencio se da cuenta de que unidos sí podemos será posible lograrlo.

DESPERTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

A pesar de sus altibajos, el espíritu nacido en el 15-M ha supuesto un innegable acicate para que la sociedad española despertara, al demostrar que cada ciudadano, si decide actuar y se une a otros como él, puede participar activamente en el devenir de su comunidad y provocar cambios reales en su entorno. Ya no son otros los que deben controlar nuestro destino y aplicarnos, como a niños desobedientes, las recetas que nos van a curar. El 15-M invitó a todos y cada uno de los españoles a salir a la calle a protestar, a debatir, a proponer, a iniciar proyectos que puedan suponer un cambio positivo en nuestra comunidad. El propio lenguaje de este movimiento da buena cuenta de este cambio radical del enfoque social, que deja de estar centrado en los grandes ideales y paradigmas para ceder todo el protagonismo a los ciudadanos y al poder que estos atesoran. El 15-M ha venido a decirle a la sociedad española que el cambio comienza en ti, que el cambio comienza en mí, que el cambio, en definitiva, depende de todos.

Este movimiento ha servido así para extender el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Y es que aunque su incidencia a nivel de cambios institucionales ha sido mínima, es indudable que ha conseguido llamar la atención sobre nuestros verdaderos problemas y sobre cómo podemos confrontarlos[25]. Hemos provocado una agitación en la mentalidad colectiva de la población que ha empezado a modificar la percepción simbólica de la realidad y a alterar el curso de los acontecimientos.

Sin embargo, y aunque el terremoto provocado en la conciencia de los ciudadanos ha sido importante, hemos de reconocer que hoy todavía seguimos siendo demasiado pocos los que hemos dado el paso de cuestionarnos de manera activa la realidad que nos rodea. Una gran parte de la población permanece aún dormida. Algunos, ingenuamente, todavía creen que sólo han de sentarse a esperar que se acabe la crisis por sí sola y que sus cotas de bienestar volverán a mejorar. Otros siguen pensando que pese a todo vivimos en una democracia que funciona perfectamente y que el actual Gobierno no hace otra cosa que velar de forma honesta y transparente por el bienestar de sus representados. Los hay que continúan afirmando que han vivido por encima de sus posibilidades y que la única perspectiva asumible es la de ajustarse el cinturón, apretar los dientes y seguir perdiendo derechos y calidad de vida. Y muchísimos, a pesar de vivir amargados por la flagrante injusticia del mundo que nos ha tocado soportar, optan por resignarse ante un trágico destino del que aparentemente no se puede escapar.

Sólo desde un mayor fomento del pensamiento crítico y a través de un conocimiento cabal de lo que sucede a nuestro alrededor podemos lograr que la mayoría de la población se una a este esfuerzo colectivo, librándola del riesgo de seguir refugiada en el individualismo desentendido y egoísta, y evitando que acabe echándose en brazos de movimientos de corte autoritario y antipolítico basados en despertar los peores instintos del ser humano.

Uno de los mayores éxitos alcanzados por los poderes establecidos en los últimos años ha consistido en la construcción simbólica de un determinado discurso a través del control de los medios de comunicación, el sistema educativo, los expertos de prestigio y la agenda pública. Esto les ha permitido modelar la visión del mundo desde una lectura «políticamente correcta» e introducir percepciones parciales e interesadas en nuestras mentes como si se tratasen de verdades inmutables. Nos referimos a esa nebulosa de aparentes convicciones colectivas que suelen esconderse bajo recursos lingüísticos como «sentido común» o «lo que hay que hacer» (dos expresiones muy utilizadas por el presidente del Gobierno, Mariano ) que no esconden más que visiones sesgadas e interesadas de la realidad que benefician al orden establecido, pero que imposibilitan su cuestionamiento.

La doctrina neoliberal ha propagado un conjunto de afirmaciones que poco a poco han acabado calando en un sector importante de la población como dogmas incuestionables. Hablamos de preceptos como: «la gestión pública es ineficiente», «las personas somos competitivas y no cooperativas por naturaleza», «alcanzar el éxito económico debe ser el fin de mi vida» o «no hay dinero para garantizar el bienestar a toda la sociedad». Como apuntaba acertadamente Erich Fromm, esta influencia llega a tal punto que a veces las personas, cuando actúan para satisfacer las necesidades de su propio y auténtico yo, en realidad sólo lo hacen para satisfacer las necesidades de ese otro yo que deberían ser según el discurso social que predomina en ese momento[26].

Modificar esta constelación de conceptos interesados que las élites promocionan es difícil. Los valores e ideas de los sectores sociales dominantes están fuertemente arraigados en nuestra conciencia, y a ello colaboran desde las propias instituciones educativas hasta los medios de comunicación, pasando por todo nuestro entorno social, que fomentan esa rígida visión del mundo que queremos combatir.

Así, en nuestro modelo actual de escuela, en vez de enseñar a los niños a cuestionar las verdades preconcebidas y entrenarles en un uso responsable e informado de su libertad, ayudándoles así a buscar y desarrollar las verdaderas potencialidades que cada individuo atesora, los planes educativos se limitan a inculcarles conocimientos estándar que sólo sirven para sustentar el sistema, uniformar sus mentes y convertirlos en componentes acríticos del engranaje social.

Sería necesario, por tanto, fomentar procesos de desaprendizaje de estas supuestas verdades inmutables para construir un discurso alternativo elaborado desde el punto de vista de la mayoría social. La primera batalla que hay que ganar para consolidar un cambio en nuestra realidad es la de las ideas.

Y ese cambio en el discurso predominante sólo puede lograrse, en nuestras actuales circunstancias, cuando se hacen comprensibles las causas de esta crisis política y económica que estamos viviendo y se identifica a sus responsables. Creemos que es necesario formular un diagnóstico alternativo sobre los problemas que nos acucian y ofrecer nuevas propuestas para superarlos, siempre desde un punto de vista didáctico y huyendo de sectarismos, convencionalismos y axiomas incontestables. En nuestra opinión, cualquier aproximación desde un punto de vista de superioridad moral, en cuanto defensores de una ideología que presuma de ser una verdad absoluta que ha de ser revelada a los demás, no servirá para concienciar al grueso de la sociedad y sólo será útil para enardecer a los ya convencidos.

Gran parte de la ciudadanía de hoy rechaza el dogmatismo a la hora de explicar las claves del mundo en el que vive. Queremos cuestionar las nuevas propuestas, valorarlas de forma abierta, hacer preguntas, quedarnos con unas respuestas y descartar otras. Sólo mediante la exposición y debate de nuevas ideas, sin imposición, de forma conciliadora y dejando a las personas elaborar su propio mapa mental de la realidad, podrá plantarse de verdad la semilla de un auténtico pensamiento crítico.

Las nuevas tecnologías son un instrumento muy adecuado para esta tarea, puesto que democratizan el acceso a la libre circulación de la información y permiten mostrar narrativas alternativas a las que imponen las élites, acostumbradas a detentar el monopolio de la interpretación de los hechos. Es a través de este sistema como se está produciendo el proceso de toma de conciencia colectivo al que estamos asistiendo, y que apenas acaba de echar a andar. Extender su uso nos permitirá llegar a sectores de la población que aún permanecen ajenos a estos replanteamientos.

El periodismo, por la tarea que cumple como notario de la realidad, también tiene un papel fundamental en el proceso de creación de la conciencia crítica ciudadana. Hasta el momento, los medios de comunicación han ayudado en gran medida a consolidar el discurso dominante. Los propios procesos del sistema capitalista oligárquico y competitivo han pervertido el papel de la labor periodística, haciendo que, lejos de cumplir con su tradicional papel de «cuarto poder», se convirtiera más bien en una rentable herramienta al servicio de los poderes económicos y políticos. Cómo afirma Rafael Correa, Presidente de Ecuador, «Desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta».

La información proporcionada por los engranajes de este negocio dista mucho de ser una descripción fiel de la realidad que ayude a generar una opinión pública crítica e informada. Más bien, constituye un instrumento esencial para la dominación de la oligarquía dominante, ya que condiciona los temas que entran en el debate público y ayuda a difundir medias verdades y falacias que acaban asentándose en la conciencia de la sociedad, llevando a los ciudadanos a focalizar su interés en falsos dilemas, problemas triviales y hechos intrascendentes.

La popularización de las nuevas tecnologías, no obstante, ha empezado a cambiar esta realidad. Lo que muchos pintaban como la crisis que mataría definitivamente la profesión del periodista, para algunos es el inicio de una revolución en el sector que puede acabar dando forma a un nuevo periodismo al servicio de los ciudadanos que ejercerá el papel de agente creador de una opinión pública crítica que siempre debería haber cumplido.

Es así como están actuando los nuevos medios de comunicación que, gracias a la flexibilidad de internet, han surgido en los últimos tiempos en nuestro país. Son medios caracterizados por estar libres del control de los anunciantes, los políticos y los accionistas. Esta nueva forma de entender la labor periodística está aún definiendo su propio modelo de funcionamiento para garantizar su sostenibilidad económica, pero de momento ya está cumpliendo una importante labor de fomento del pensamiento crítico libre de las ataduras del discurso dominante.

¿Y ESTO CÓMO SE LO EXPLICAMOS A LA GENTE?

Para facilitar la aproximación a nuevas ideas y propuestas sin caer en dogmatismos y verdades reveladas no sólo es importante contar con herramientas abiertas y dinámicas como las que proporciona internet, las redes sociales o el nuevo periodismo. También hay que tener en cuenta la forma en que se explican estas ideas. Esto nos lleva a una de las aportaciones más relevantes de la plataforma DRY y el Movimiento 15-M: la renovación del lenguaje y de los símbolos para lograr implicar emocionalmente a la mayor parte de la ciudadanía.

A pesar de que muchos de los activistas más tradicionales pensaban que un estallido social «era cuestión de tiempo», hizo falta algo más para motivar al grueso de la sociedad. ¿Cómo se consiguió? Creemos que la clave fue apostar por unir a todos y exponer unas ideas claras y directas a través de un lenguaje renovado e inclusivo, sin símbolos ni retóricas excluyentes.

¿Por qué este cambio en el lenguaje para llegar a la ciudadanía? Las organizaciones encuadradas en la política y el activismo de izquierdas han desarrollado desde hace décadas un discurso propio, dotado de una simbología con la que se sienten fuertemente identificadas todas las personas que están dentro de estas organizaciones y movimientos. Estos símbolos y este lenguaje común ejercen de lazo de unión en estos colectivos y son un elemento de autoidentificación que consolida el sentimiento de grupo. Pero muchos de estos militantes no son conscientes de que buena parte de esa representación provoca el rechazo de un porcentaje muy amplio de la sociedad, que quiere escuchar mensajes más cercanos y actuales, y explicados mediante un lenguaje que les resulte más familiar, una voz que les haga sentirse parte activa, y no un elemento extraño y alienado que permanece al margen de la «verdad revelada».

Un ejemplo claro de este cambio de paradigma es el concepto «lucha de clases», que el Movimiento del 15-M transformó en el mensaje: «somos los de abajo y vamos contra los de arriba». Este cambio en la forma de exponer las ideas no significa descafeinar unas propuestas de cambio que son realmente ambiciosas en cuanto a su voluntad de transformación social en pro de la justicia económica y de la democracia. Sólo es una forma de evitar caer en etiquetas encasilladas y de permitir que todos los ciudadanos con ideas divergentes y críticas razonadas puedan sentirse incluidos y aceptados en el debate público que se pretende generar. Rehuir los sectarismos de aquellos que se creen en posesión de la verdad más pura puede conseguir que la gente normal y corriente sienta que también puede ayudar a cambiar las cosas al margen de su nivel de militancia, activismo o fidelidad a una determinada ideología.

Se trata de evitar las etiquetas preestablecidas que tienden a poner el acento en la pertenencia a una determinada tribu y resaltar los aspectos que unen a todas las personas que buscan justicia, solidaridad, igualdad, democracia y el bien común. Lo importante son las ideas, no los símbolos.

Pero cuidado: no es suficiente con exponer unos determinados principios y despojarlos de fanatismos y aires de superioridad moral. Si no somos capaces de motivar a los demás para aceptar los cambios que conllevaría la aplicación de una determinada propuesta, difícilmente los convenceremos para que la apoyen. Con frecuencia solemos pensar que nuestro entorno tiene una tendencia natural a resistirse al cambio, pero las personas sólo se resisten a aquellos cambios que no comprenden o que no identifican con una posibilidad fiable de mejora de sus presentes circunstancias.

Por eso creemos que es esencial llevar a cabo una profunda labor didáctica cuando defendemos una determinada idea de cambio, haciendo hincapié en las repercusiones positivas que el mismo tendría y subrayando las consecuencias negativas que entraña continuar en la situación actual, lo que relativiza el riesgo que supone asumir ese proceso y la pérdida de las supuestas bondades de la situación actual. Sólo así podremos romper ese automatismo mental que lleva a muchos a pensar aquello de «mejor malo conocido que bueno por conocer». Sólo así seremos capaces de reunir cada vez a más personas decididas a sumarse al esfuerzo que supone modificar nuestra realidad.

Si somos capaces de acercarnos a los demás para fomentar ideas y propuestas alternativas de forma clara, positiva y sin caer en dogmatismos, podremos poner nuestro granito de arena para ayudar a conformar poco a poco una sociedad de ciudadanos críticos, concienciados y con la capacidad de trabajar unidos para mejorar nuestro sistema político y económico.

En definitiva, para que las personas se empoderen, es necesario ayudarlas a tomar conciencia del poder que tienen en sus manos y fomentar en ellas un pensamiento crítico a través del debate y la discusión abierta, positiva y no dogmática de nuevas ideas. Pero estos sólo son los presupuestos básicos con los que debemos contar. A partir de aquí se presentan varios retos fundamentales, que intentaremos abordar en los capítulos que siguen.

En primer lugar, la incertidumbre de esta extraña época de transición que atravesamos aún no ha desaparecido. Aunque ya nos estamos convirtiendo en una sociedad hiperconectada y organizada en red (gracias a las nuevas tecnologías), aunque nuestra indignación ha empezado a despertar (gracias a una crisis que nos ha abierto los ojos ante lo que sigilosamente estaban maquinando aquellos que nunca han dejado de dominar el mundo) y aunque poco a poco empieza a aumentar la masa crítica de ciudadanos motivados y concienciados (gracias a los nuevos movimientos sociales, al nuevo periodismo, y a la difusión de ideas e información a través de la red) la mayoría seguimos sin tener un referente claro. Sabemos lo que no queremos, y somos conscientes de que las medidas de los actuales Gobiernos, sometidos a la influencia de los lobbies de los más poderosos, son la antítesis de la justicia, el bien común y la racionalidad. Pero aún nos cuesta imaginar un mundo diferente con posibilidades de llegar a funcionar. En el capítulo 3 intentaremos mostrar qué posibilidades se nos ofrecen para construir otra realidad.

En segundo lugar, aunque tengamos muy claro dónde queremos llegar, seguimos sin saber cuál es el mejor vehículo para desplazarnos hasta allí. Por ahora, la creciente red de ciudadanos indignados está usando, más allá del voto, dos vías fundamentales para canalizar su descontento y sus ganas de cambio: las manifestaciones y las asambleas. Estas dos herramientas son sin duda necesarias, y se han revelado fundamentales en el creciente despertar ciudadano. Pero es preciso ir más allá. Hemos de conocer qué nuevos proyectos e iniciativas están llevando a cabo diversos colectivos y personas de acuerdo a las demandas de una sociedad cambiante: en el capítulo 4 veremos qué se está haciendo ya al respecto y en el capítulo 5 analizaremos las herramientas de las que disponemos para alcanzar un auténtico cambio social y político, construido entre todos desde abajo. Finalmente, en el capítulo 6 imaginaremos cómo conjugar esas nuevas ideas y herramientas en un proceso de cambio concreto para nuestro país.

En los próximos capítulos verás en definitiva una gran cantidad de nuevas teorías, iniciativas, proyectos y herramientas. No te dejes abrumar y recuerda: en cualquier proceso de cambio social lo más importante, al fin y al cabo, eres tú.

CAPÍTULO 3

PENSAR EL CAMBIO

La Revolución Industrial prometió que las máquinas irían reemplazando a los hombres y, por consiguiente, no tendríamos que trabajar para vivir. Tres siglos después, las máquinas han sustituido a los hombres en prácticamente todos los trabajos manuales, pero, sin embargo, no sólo los hombres siguen trabajando como entonces, ¡sino que las mujeres también han tenido que ponerse a trabajar! ¿No te parece curioso que se mantenga el mismo número de horas que en 1926? ¿Puedes creer que las increíbles máquinas y la bendita Ciencia no hayan liberado —¡ni siquiera un poquito!— en cien años de esa esclavitud, que es el trabajo, al hombre?

ANTONIO FORNÉS, filósofo

LUCES EN LA OSCURIDAD

En las páginas anteriores hemos analizado los síntomas que revelan que España es un enfermo grave y hemos visto hasta qué punto los ciudadanos tenemos el potencial suficiente para coordinarnos y lograr que se apliquen medidas que cambien esta situación. Pero la mayoría de quienes nos sentimos concienciados y motivados para tomar la iniciativa nos enfrentamos a un mismo problema, previo y básico: ignoramos hacia dónde hay que ir.

Sin duda, es mucho más fácil desatar la indignación que adentrarnos en la fase de las soluciones, las propuestas y el planteamiento serio y real del cambio. Estamos cansados de leer y escuchar partes médicos sobre el estado del convaleciente: recortes de hasta 44.000 millones en servicios públicos mientras múltiples instituciones inútiles permanecen intactas; aumento de impuestos como el IVA y el IRPF mientras el Gobierno concede amnistías fiscales a los defraudadores; desahucios de miles de familias mientras se inyecta dinero público para sanear los balances de unos bancos que llevan años estafando a la población; aumento del nivel de pobreza mientras las rentas más altas obtienen mayores beneficios que nunca… Todo esto acompañado por las continuas noticias de casos de corrupción que infectan hasta la médula a la clase política y empresarial de este país. Vivimos controlados por una casta privilegiada ajena a la realidad de los ciudadanos.

Conocemos todos esos datos y nos indignamos a diario con ellos, pero a continuación nos resulta difícil plantear medidas concretas y reales que sirvan para hacer frente a tanta ignominia. Los que nos movilizamos de manera muy activa cuando estalló el movimiento del 15-M lo pudimos comprobar personalmente: para agitar a los ciudadanos en una protesta común hubo entendimiento, pero en cuanto se empezó a hablar de aportar soluciones concretas comenzaron las divergencias.

Durante la época más álgida del 15-M, algunos tratamos de promover un consenso de mínimos que contara con el visto bueno de todas las tendencias críticas de nuestra sociedad. Perseguíamos identificar las medidas básicas y urgentes que debíamos proponer y exigir de inmediato. Pero el mero intento de concertación de estos principios suscitó multitud de controversias, sobre todo entre dos corrientes principales: los que considerábamos que debíamos ir paso a paso para afrontar los cambios que necesita nuestro actual modelo económico, político y social, y los que calificaban esta progresividad en la implantación de soluciones como el simple reformismo de un sistema gripado y caduco.

¿Empezar a cambiar las cosas contando con el paradigma de sociedad al que queremos acercarnos significa renunciar a lograr transformaciones más profundas? En absoluto. Creemos que es esencial tener claro por qué queremos luchar y que construyamos el nuevo modelo sin perder de vista el tipo de sociedad más justa y avanzada hacia la cual queremos acercarnos. Necesitamos una utopía que nos guíe.

Utopía, sí, nos atrevemos con esta palabra. Pero igual que apelamos a ella, también advertimos que no nos referimos a la forma en que esta idea ha sido concebida en el pasado. La utopía no puede ser un credo defendido con fanatismo. Debe ser un faro que nos oriente el camino, que funcione como revulsivo y esperanza para asegurar el progreso de nuestra sociedad, y que se configure de forma flexible, abierta siempre a un debate que permita incorporar mejoras, críticas y nuevas aportaciones que enriquezcan las ideas por las que luchamos. Y, sobre todo, la utopía que busquemos debe ser compatible con la asunción de una hoja de ruta hacia la misma que sea viable desde ya. No nos sirve de nada defender un modelo ideal de sociedad hacia el queremos ir, pero acerca del cual no tenemos idea de cómo llegar. Se impone ser ambiciosos, pero también prácticos y tener sentido de la realidad.

Lo que hoy necesita la ciudadanía es, precisamente, un modelo viable por el que luchar, un paradigma que permita canalizar la indignación de forma constructiva. Para llegar hasta ahí es preciso hacer previamente dos averiguaciones que nos ayuden situarnos en el mapa. En primer lugar, debemos tener presente qué nuevas propuestas se están formulando ahora mismo en todo el mundo, a través de alternativas sólidas y realistas, que puedan seducir a un sector cada vez más mayoritario de la sociedad hasta el punto de querer embarcarse en un proceso de cambio. En segundo lugar, hemos de descubrir si es posible encontrar puntos de convergencia entre ellas que sirvan para conformar un modelo básico que inspire esa voluntad de cambio.

Como veremos en el próximo capítulo, la sociedad no se está quedando quieta ni callada: desde su misma base se han empezado a poner en marcha novedosas iniciativas basadas en el fomento de la participación democrática y en valores como la justicia, la solidaridad y la cooperación. Pero estas acciones, aunque útiles y necesarias para paliar un momento tan duro como el que estamos viviendo y para contribuir a concienciar a la ciudadanía de que sí se puede, no son suficientes para avanzar con paso firme hacia un verdadero cambio de sistema político y económico. Es preciso tener claro a priori el modelo hacia el que queremos caminar, aunque el mismo pueda ser matizado, enriquecido y corregido por el camino.

Estamos seguros de que mucha gente comparte esta conclusión. Sin embargo, cuando se intenta concretar qué queremos para el futuro, entonces cunde el desasosiego y las posiciones tienden a oscilar entre dos extremos: limitarnos a exigir meros parches que permitan mantener vivo el actual modelo, y con él la mayoría de sus problemas e ineficiencias, o bien recurrir a doctrinas políticas más tradicionales que en realidad ya no se adaptan tan bien al complejo mundo de hoy.

La mayor parte de las alternativas al sistema capitalista provienen de las tres posturas críticas más tradicionales: anarquismo, comunismo y socialismo. No obstante, reconociendo el valor de sus luchas y aportaciones, ninguna de estas visiones es capaz de transmitir soluciones aplicables en el mundo actual que puedan ser aceptadas por una sociedad cuyo sentir mayoritario ya no se identifica tanto con sus respectivos imaginarios. Estamos convencidos de que ha pasado su tiempo, aunque creemos que no por ello debemos olvidar sus importantes aportaciones en la lucha por el cambio político, social y económico.

Así, desde el anarquismo siguen hoy llegando ideas realmente interesantes que abogan por la autogestión descentralizada de la sociedad al margen de cualquier poder estatal establecido. Pero si bien algunas de sus propuestas pueden ser factibles y eficaces en pequeñas comunidades o a escala local, creemos que son difícilmente aplicables de forma sistematizada a nivel macro y no permiten plantear una auténtica reforma de nuestro sistema político y económico.

En el caso de las teorías comunistas y socialistas de inspiración marxista, aunque es innegable la validez de multitud de sus propuestas ante la crisis, hoy es preciso ir más allá de un modelo que tiende a dar un poder omnímodo al Estado en detrimento de los individuos y que está basado en un rígido análisis determinista y economicista de la realidad que fue formulado hace 150 años en base a dos dogmas: la importancia de las relaciones de producción y la lucha de clases. En nuestra opinión, estas ideologías podrían evolucionar y superarse a sí mismas apoyándose en las nuevas tecnologías, las cuales permitirían una planificación y gestión económica basada en la propia participación directa de los ciudadanos y la distribución del poder político gracias a la conformación de una sociedad en red que evitará los peligros del exceso de burocracia.

Pero la búsqueda de un nuevo paradigma no se detiene aquí. Ahora mismo hay muchos ciudadanos con ideas, ilusiones y esperanza que están intentando esbozar nuevos modelos de organización que nos acercan a un mundo mejor y que puedan atraer a la mayoría de la sociedad. En relación a la configuración de nuestro sistema democrático, abundan las apuestas que claman por una democracia real, bien a través de teorías más tradicionales, bien a través de un uso de las nuevas tecnologías que permita imprimir un nuevo impulso a la participación ciudadana en política.

IDEAS PARA MEJORAR LA DEMOCRACIA

Sin duda, el cambio de paradigma que urge a nuestra sociedad no puede ser interpretado únicamente desde la óptica de una regeneración de nuestras actuales estructuras democráticas. Cualquier transformación que nos lleve a un nuevo modelo realmente más justo, igualitario y sostenible ha de estar basado también en un cambio global de patrón económico. Pero también es cierto que sin refundar nuestra democracia hasta alcanzar un sistema que garantice el control y la participación popular difícilmente podremos imprimir un cambio real y global en los demás ámbitos. En momentos en los que la política está tan denostada, los ciudadanos reclamamos la dignidad de la política para vencer esta situación.

Antes de la convocatoria del 15 de mayo de 2011, las demandas que ponían el acento en la necesidad de lograr una democracia más avanzada eran llamativamente minoritarias y reducidas a algunos círculos académicos de la izquierda. Pero aquella manifestación, promovida por una plataforma con el significativo nombre de ¡Democracia Real Ya!, ayudó a poner el foco en muchos de los déficits de nuestra democracia representativa. Desde entonces, el lema «no nos representan» ha resonado sin cesar por todo el país y los ciudadanos se han habituado a oír y a hablar de los problemas e injusticias de nuestra actual ley electoral, de la conveniencia de contar con listas abiertas y desbloqueadas y de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la participación política.

Desde diversas corrientes fieles a la tradicional democracia liberal se sugieren cambios que afectarían a la actual configuración de nuestro sistema representativo. Estas propuestas llevan tiempo dejándose oír gracias a la labor de difusión del 15-M, de ciertos partidos minoritarios y de otros actores políticos que se han dedicado a reclamar reformas inmediatas en nuestro sistema democrático. Estas medidas no supondrían un auténtico cambio de modelo, pero sin duda son un paso positivo y necesario para comenzar la regeneración democrática de nuestro país y podrían ayudar a facilitar ulteriores transformaciones más profundas.

En primer lugar, este país debe afrontar sin más dilación una reforma a fondo del sistema electoral que permita aumentar la representatividad de los ciudadanos, ofrezca resultados más acordes a sus preferencias políticas y garantice la verdadera igualdad de voto. Eso pasa por cambiar en profundidad el Congreso y el Senado y avanzar hacia un modelo federal. Reclamamos nuestro derecho a valorar la viabilidad de estas propuestas:

La instauración de una circunscripción única en todo el territorio para evitar que los votos de unos territorios valgan más que los de otros, ya que todas las decisiones políticas afectan a todos los ciudadanos por igual, sean de dónde sean. Uno de los principales defectos de nuestro sistema electoral actual es que hay circunscripciones muy pequeñas que tienen un representación en el Congreso exagerada en comparación con provincias con mayor población.

Una reforma del sistema bicameral para que el Senado pase a ser una cámara territorial de un sistema federal cooperativo. Los senadores serían elegidos a través de las entidades territoriales federadas, asegurándose así que la pluralidad, la cultura y las necesidades específicas de las diferentes regiones y nacionalidades estén representadas y sean defendidas a través de este foro, y articulando la participación de estas entidades en las cuestiones federales. Así, el Senado tendría un destacado protagonismo en relación a los proyectos de Ley con incidencia territorial.

El cambio del sistema de reparto de escaños. El sistema que actualmente se aplica, la ley D’Hondt, favorece que los partidos mayoritarios obtengan más representantes.

El aumento del número de diputados en el Congreso, hasta llegar a 400, para que haya una representación más fiel de todas las opciones votadas. Una medida hoy todavía más necesaria debido al cambio demográfico experimentado al pasar de 36 millones de habitantes en 1977 a 47 millones en 2012[27].

Asimismo, proponemos la implantación de listas abiertas y desbloqueadas para favorecer el acercamiento entre electores y elegibles. Se trata de que cada ciudadano pueda confeccionar su propia lista electoral con candidatos de las diversas cabeceras que se presenten y que tenga derecho a variar el orden en el que están situados los aspirantes dentro de cada candidatura. Queremos ser los ciudadanos los que diseñemos el paisaje político, no que sea la clase política, que vive a espaldas de la calle, la que dibuje nuestras vidas.

Por otro lado, es urgente promulgar una nueva legislación de partidos que acabe con la opacidad y la corrupción que actualmente afecta a estas organizaciones. Esta legislación debería marcarse como principales objetivos la exigencia de una auténtica democracia interna y la más absoluta transparencia en cuanto a su funcionamiento, estableciendo controles externos que acaben con la autorregulación actual. Igualmente, tanto sus cuadros internos como los candidatos a las elecciones deberían ser elegidos de forma democrática y todas las actividades y movimientos financieros del partido deberían ser absolutamente transparentes y estar sometidos a una fiscalización independiente.

Transparencia significa transparencia, no los juegos de manos ni los funambulismos que quieren proponernos los poderes políticos. Si cada empresa y cada familia ha de dar cuenta de cada euro que pasa por sus manos, ¿por qué seguimos permitiendo que en los partidos continúe habiendo cajas B, financiaciones ocultas y zonas de sombra?

En Alemania podemos encontrar ejemplos prácticos que podrían servirnos de referencia para fomentar la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entre otras exigencias, los partidos de este país europeo están obligados a celebrar congresos cada dos años, los delegados que acuden a estos cónclaves deben ser elegidos por votación secreta entre los militantes, los candidatos a cargos electos han de ser votados en elecciones primarias y las organizaciones en su conjunto deben someterse a auditorías externas[28]. Con la aplicación de sólo algunos de estos cambios, el nivel de calidad de la democracia española aumentaría ostensiblemente.

Por supuesto, nuevas medidas de transparencia y control ciudadano deberían ser aplicadas también al resto de instituciones, organismos y actores políticos. El Gobierno ya está avanzando mínimamente en estas cuestiones, a través de normas relativas a la transparencia y a la financiación de los partidos. No obstante, estas actuaciones ni se acercan a una normativa ambiciosa que realmente esté a la altura de los estándares propios del siglo XXI defendidos por el movimiento Open Government, una iniciativa de la que hablaremos en el próximo capítulo.

La democracia participativa y directa ya está aquí

En este sentido, desde las décadas de 1960 y 1970 han ido surgiendo diversas corrientes teóricas que buscan nuevos mecanismos de participación ciudadana para «hacer más democrática la democracia».

Así, la democracia participativa contemporánea no se ha desarrollado como una alternativa totalmente opuesta al modelo representativo, sino que pretende complementarlo para aumentar la participación de los ciudadanos y lograr que estos ejerzan de contrapeso frente al poder de los gobernantes, permitiendo que tengan voz en la vida pública multitud de sectores de la sociedad habitualmente excluidos. Apostar por la democracia participativa supone defender la introducción de elementos de participación popular, como referendos, iniciativas populares y sistemas de revocación de mandato.

En la década de 1990 aparecieron nuevas propuestas que pretendían contrarrestar los problemas de los sistemas representativos mediante mecanismos que mejoraban la competencia cívica de los ciudadanos y permitían tomar en cuenta los distintos intereses que habitan en el seno de la sociedad.

Se trata de la democracia deliberativa, impulsada, entre otros, por el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, quien defiende que las decisiones políticas de mayor trascendencia deben pasar por procesos de debate ante la opinión pública[29]. La posibilidad de confrontar opiniones en el espacio público con consecuencias prácticas en las instituciones democráticas permite que éstas no se conviertan en agentes autónomos, sino que permanezcan sensibles a la sociedad. Se trataría de pasar de una democracia con unos representantes desconectados de la realidad a otra basada en la búsqueda de consensos populares a través de distintos foros de debate ciudadanos, confiando así en la inteligencia colectiva.

La introducción de mecanismos de democracia participativa y deliberativa no requeriría una transformación radical de las actuales instituciones. Nadie está pidiendo reinventar la democracia, ni hacer volar por los aires los estamentos sobre los que se sustenta. Se trata, simplemente, de reformarlos para que cumplan de verdad con la función de articulación de los intereses ciudadanos que ahora dicen ejercer.

Además de introducir los instrumentos de participación más tradicionales (referendos vinculantes, iniciativas legislativas populares realmente efectivas y abiertas a todo tipo de asuntos, fórmulas revocatorias de aquellos cargos electos que incumplan sus responsabilidades y su programa), sería preciso incluir nuevas vías de auscultación de la opinión pública e incorporar mecanismos que permitan el desarrollo de un pensamiento crítico en la ciudadanía, mediante espacios de debate abiertos a todos. Las conclusiones que se obtuvieran en estos foros deberían tener una incidencia real en el proceso público de toma de decisiones (paneles deliberativos, grupos de discusión, foros ciudadanos, etc.).

Con estas medidas se configuraría una auténtica alternativa al modelo democrático actual que, si bien no estaría completamente a salvo de manipulaciones y demagogias, sí permitiría una representación mucho más adecuada de las tendencias realmente existentes en la sociedad.

Hemos de diferenciar la democracia participativa y deliberativa (que complementan la democracia representativa) de la democracia directa. Esta clava sus raíces en la democracia de la Grecia clásica y supone la participación inmediata de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin intermediario alguno, a través de instrumentos como las asambleas. Desde Rousseau, se ha sostenido tradicionalmente que la democracia directa sólo es aplicable de forma efectiva en pequeñas comunidades.

El 15-M ha abierto el debate sobre la validez y la eficacia de los grupos asamblearios. La participación en asambleas ha sido una de las claves de este movimiento, y ha supuesto un gran éxito a la hora de facilitar el debate público y la contraposición de ideas entre ciudadanos. No obstante, la validez del asamblearismo a la hora de tomar decisiones políticas de trascendencia deja mucho que desear. En la práctica, los movimientos asamblearios adolecen de defectos claramente visibles, como poca eficacia, ausencia de debate real si hay un elevado número de participantes, presencia de personas experimentadas en el debate asambleario junto a otras que no lo son, peso de lo emocional en la toma de decisiones, facilidad de manipulación demagógica, diferencia de disponibilidad para participar en los procesos y poco espacio para las ideas divergentes[30].

Esto no significa que la democracia directa deba ser descartada como ideal al que debamos acercarnos. Al contrario: la eclosión de las nuevas tecnologías ha traído consigo la aparición de un enorme abanico de posibilidades para la participación ciudadana que en el futuro no sólo podrían ser un complemento al modelo representativo, sino que acabarán suponiendo su directa sustitución a través de fórmulas de democracia directa.

En este sentido, en los últimos tiempos han surgido nuevas corrientes que defienden la utilización de herramientas digitales para llevar a cabo la acción democrática colectiva.

Las nuevas tecnologías acercan la democracia

Las posibilidades democráticas de la red, como estructura que facilita la participación inmediata y sin límites de cualquier individuo, suponen una auténtica revolución a la hora de mejorar nuestro actual sistema político, pero hemos de diferenciar entre e-democracia y e-gobierno. La primera hace referencia a la aplicación de las nuevas tecnologías para facilitar la toma de decisiones a los ciudadanos. Por su parte, el e-gobierno supone la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de lo público como elemento necesario para su propio funcionamiento.

Las nuevas tecnologías pueden mejorar el actual sistema existente de muchas maneras. Facilitarían un mejor control de los gobernantes, una mayor transparencia y un acceso a la información más directo y eficaz, lo que permitiría fomentar la «democracia vigilada» de la que habla el experto en comunicación política Antonio Gutiérrez-Rubí[31]. Por otro lado, se podría impulsar la participación política a través de distintas vías: voto electrónico en elecciones, referendos y procesos revocatorios, posibilidad de iniciar recogidas de firmas para iniciativas legislativas populares a través de procedimientos telemáticos, etc.

Los procesos deliberativos también pueden mejorarse gracias a las nuevas tecnologías, que permiten abrir vías de comunicación digitales entre gobernantes y gobernados, y fomentar la participación ciudadana a través de la red en los debates de las comisiones parlamentarias y de las cámaras de representantes. También es posible incrementar la participación popular con el apoyo de internet a través de paneles, foros ciudadanos y grupos de discusión.

Muchas de estas propuestas para mejorar el actual sistema democrático ya se están llevando a cabo a través de distintas iniciativas, como mostraremos en el siguiente capítulo. Pero gracias a las nuevas tecnologías es posible ir más allá. Podemos configurar un nuevo concepto de democracia que supere el actual sistema representativo. En este sentido, se abre todo un abanico de posibilidades para la concreción práctica de la democracia directa. Esta ambición había sido descartada a lo largo de la historia contemporánea por su aparente imposibilidad técnica, pero esta limitación ha quedado felizmente superada.

Nuestra sociedad debe tener en cuenta la posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías para traducir, de forma inmediata, directa y sin intermediarios, las preferencias ciudadanas a la hora de tomar decisiones en asuntos que les atañen. Esto ya se puede llevar a cabo a través de algo tan simple como una votación electrónica en tiempo real verificada con el DNI electrónico, que sustituya a la votación efectuada por los diputados, o a través de procesos deliberativos obligatorios y vinculantes en la elaboración de políticas públicas.

Por ejemplo, la aplicación de las nuevas tecnologías a la participación política se ha traducido en propuestas interesantes como Democracia 4.0[32], desarrollada por varios juristas y activistas vinculados a DRY, que defiende la utilización del voto electrónico para permitir a los ciudadanos, si así lo desean, intervenir en las votaciones celebradas en el Congreso. Por cada cien mil ciudadanos que votaran online, un escaño se correspondería con la opción expresada por la ciudadanía.

En definitiva, no se trata de que el sistema político utilice votaciones digitales ciudadanas puntuales, sino de caminar hacia una democracia abierta, deliberativa y permanente que permita que el ciudadano pueda participar directamente siempre que así lo desee. Que gracias a las nuevas tecnologías, todos los ciudadanos puedan elaborar colectivamente propuestas de leyes, debatirlas críticamente y mejorarlas. El objetivo es que seamos los ciudadanos los que realmente hagamos la política y no nos limitemos a ejercer de agentes pasivos que asisten impotentes a las deliberaciones que siguen otros.

Y esto la tecnología lo pone hoy al alcance de nuestras manos.

Es el momento de utilizar estas nuevas herramientas y espacios para fomentar para aportar, debatir, consensuar y decidir las políticas que nos gobiernen a través de procesos de inteligencia colectiva. Porque la potencia de la red no sólo ayuda a mejorar nuestro modo de funcionamiento democrático. Según algunos teóricos, la propia lógica interna de internet está ayudando a configurar un nuevo modelo social completamente distinto al preexistente.

UNA SOCIEDAD EN RED

Coincidimos con el reputado sociólogo Manuel Castells cuando afirma que las nuevas tecnologías están dando forma a una sociedad inspirada en los principios de la estructura en red[33]. Internet se revela como algo más que una simple herramienta, es un sistema de comunicación, interacción y organización de los individuos que está alumbrando un nuevo paradigma social postindustrial. La red ya no es el medio para transmitir mensajes, es más que eso: la red es el mensaje.

Normalmente, tanto a nivel social, como político y económico, hablamos de dos modelos de organización tradicionales: el centralizado y el descentralizado. El primero promueve la concentración de poder en un sólo punto, partiendo del principio de que sólo así se puede atender al conjunto de las necesidades y aplicar soluciones válidas para todos. En la práctica, este patrón tiene una gran desventaja: no dispone de capacidad para escuchar a multitud de demandas, que lamentablemente quedan desoídas en la agenda pública, y por otra parte tiene una gran vulnerabilidad: la destrucción del punto central supone la destrucción de toda la estructura. Además, tiende al autoritarismo y facilita la toma de decisiones que sólo satisfacen al núcleo de poder.

El modelo descentralizado, el más habitual en nuestra sociedad, reparte el poder en varios puntos organizados de forma jerárquica. Si bien es más flexible que un modelo centralizado, esta estructura también ofrece problemas, ya que hay filtros en los intercambios de información debido a las estructuras jerárquicas, intereses contrapuestos de cada uno de los nodos que pueden generar conflictos y nodos cuya destrucción supone la desaparición de la totalidad de la estructura.

Frente a esos dos grandes paradigmas existe un tercero, el modelo distribuido, propio de la sociedad-red, que permite la interacción de los diferentes puntos en una red sin depender de un nodo central. Es una estructura que lleva al máximo la concepción en red, siendo totalmente abierta, horizontal, interconectada, descentralizada y flexible. En ella se produce una retroalimentación constante entre todos los componentes. Además, si se elimina cualquier punto de unión de esa red, esto no afecta al funcionamiento del conjunto, que puede seguir operando normalmente entre sus distintos componentes.

Explicación gráfica de los distintos modelos:

Gracias al modelo distribuido que está consolidando internet, se está produciendo uno de los procesos revolucionarios clave del siglo XXI: está cambiando la configuración y el funcionamiento de nuestra sociedad.

En palabras del tecnólogo David de Ugarte, «internet supone un cambio radical de reglas, tan radical como el telégrafo. Si entonces se trataba del paso de una sociedad centralizada a una descentralizada, ahora estamos pasando a vivir en un mundo donde las redes distribuidas empiezan a exigir que su lógica sea incorporada al Estado, a los mercados y a la creación de valores y discursos sociales»[34].

Así, por ejemplo, la producción de información, que antes era propiedad exclusiva de los periodistas que trabajaban en un medio, ahora también la gestionan todo tipo de periodistas-ciudadanos que, sin pertenecer a ninguna empresa de información, están logrando ser igual de influyentes. La información ya no tiene que pasar por una estructura jerárquica determinada: se puede distribuir libremente entre todos los participantes en una determinada red, fluyendo en los más diversos canales.

De este modo, una organización en red permite configurar un espacio ideal para el desarrollo de un contrapoder en el que cualquier individuo puede plantar cara a los poderes tradicionales gracias a su interacción con los demás.

Por otro lado, a nivel económico, los modelos distribuidos permiten mejorar el uso eficiente de los recursos naturales, las finanzas, el talento de las personas, el conocimiento libre y la tecnología. Además, promueven entre las instituciones y las empresas la respuesta a las demandas de los ciudadanos y se facilita la innovación desde lo local. Se supera así el modelo de organización propio del capitalismo o del comunismo, dos sistemas que tienden a un poder centralizado.

Los valores del nuevo modelo organizativo que aporta internet (apertura, flexibilidad, interconexión) se reflejan también en la llamada «ética hacker»[35], cuya declaración de principios, surgida a partir de las comunidades de software libre, se resume en promover la apertura y el acceso libre a la información y adoptar un modelo de trabajo que no se base en la competición y la persecución exclusiva de los rendimientos económicos, sino en colaborar y compartir aprendizajes y conocimientos para alcanzar un mayor beneficio en toda la comunidad.

Esta apuesta por la apertura y la libertad de información constituye una de las corrientes ideológicas más potentes del siglo XXI, que ya no se limita a ámbitos estrictamente tecnológicos, sino que se está extendiendo a todas las esferas: la cultura (Free Culture), las publicaciones científicas (Open Access), la innovación (Open Innovation), los datos públicos (Open Data), o la propia forma de gobernar (Open Government). En muchos de estos ámbitos ya se están llevando a cabo iniciativas exitosas, como veremos en el siguiente capítulo.

¿OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE?

Los economistas neokeynesianos (defensores de impulsar la economía a través de la acción pública estatal) y marxistas han propuesto en los últimos tiempos diversas ideas para hacer frente a la situación de colapso e injusticia que bloquea nuestra economía desde el estallido de la crisis. Entre otras: la promoción de medidas públicas de estímulo a la economía y el empleo; el establecimiento de una tasa a las transacciones financieras internacionales para penalizar la especulación (la famosa tasa Tobin, que ya está empezando a ponerse en marcha en Europa); la subida de impuestos a grandes empresas y fortunas; la lucha contra el fraude fiscal (más de 88.000 millones de euros evadidos al año en nuestro país, casi el presupuesto de Sanidad y Educación, que es de cerca de 100.000 millones de euros al año); la lucha contra los paraísos fiscales; o la racionalización de una hipertrofiada administración.

Todas estas medidas deberían ser implementadas cuanto antes para evitar que nos sigamos hundiendo en ese hoyo profundo que han abierto las furibundas políticas neoliberales. Pero más allá de estas conocidas propuestas, hacen falta cambios más profundos que afecten a la relación capital-trabajo. La actual crisis es producto de la enorme concentración de rentas y la desigual distribución de la riqueza que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos treinta años, resultado de la llamada «revolución neoliberal» iniciada por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Se ha producido un conflicto entre el capital y el trabajo, que se ha saldado con la victoria del primero[36].

¿Qué significa esto? Que los beneficios de los propietarios de las grandes empresas se han incrementado exponencialmente durante las últimas tres décadas, mientras los salarios de los trabajadores se mantenían constantes o incluso disminuían. Tradicionalmente, la distribución de la riqueza en nuestras sociedades ha circulado por dos vías fundamentales: el reparto de los ingresos entre los individuos en función de sus aportaciones de capital y de trabajo al proceso productivo y la extracción de parte de esa riqueza a través de los impuestos para redistribuirla, evitando así diferencias sangrantes de condiciones de vida entre los individuos. Desgraciadamente, a pesar de estas medidas correctoras, las desigualdades no han parado de aumentar.

Reformar el sistema fiscal y acabar con el fraude y los paraísos fiscales son, sin duda, una necesidad imperiosa para mejorar esa redistribución y reducir las cotas de desigualdad. Pero ello no es suficiente, ya que estos métodos se enfrentan cada vez a más dificultades, como las restricciones de ingresos que ha ocasionado la crisis o las técnicas de ingeniería fiscal que usan con frecuencia las grandes empresas y fortunas para evitar pagar impuestos, mientras el grueso de la carga fiscal recae sobre los asalariados y las clases medias. Además, los programas sociales de distribución manifiestan su clara ineficiencia y parcialidad.

En este contexto surge la idea de la predistribución, un concepto que ha estado presente a lo largo de la historia y que ahora cobra un nuevo interés: se trata de incidir en el funcionamiento de la economía para que el mercado produzca resultados más equitativos antes de la intervención del Estado. Así, se proponen medidas para controlar los precios, establecer salarios máximos y mínimos, obligar por ley al reparto del trabajo a través de soluciones como la reducción de la jornada laboral, y el establecimiento de una renta básica ciudadana. Queremos detenernos en dos de estas propuestas:

Reducción de la jornada laboral

Los que sí creían firmemente en los beneficios que esta medida podía entrañar no se rindieron hasta que lograron recabar un gran apoyo popular. En 1868, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ley Ingersoll, que establecía la jornada laboral en ocho horas. Un siglo y medio más tarde, después de que la tecnología haya cambiado radicalmente los sistemas productivos y los entornos del trabajo, parece obvio que va siendo hora de plantear una nueva reducción de la jornada laboral. Si bien los estudios revelan que la productividad se ha multiplicado enormemente en el último siglo, esa mejoría no ha supuesto que la sociedad haya ganado en calidad de vida, igualdad y libertad[37].

En la práctica, los beneficios de ese aumento de la productividad han ido a parar exclusivamente a ese uno por ciento de privilegiados (accionistas, banqueros, especuladores, directivos…) que ha visto cómo sus beneficios se multiplicaban de forma estratosférica mientras los empleos de los asalariados se hacían cada más precarios y peor retribuidos y el paro estructural aumentaba, al no ser necesario ya el mismo volumen de mano de obra. Como afirmaba en una entrevista el filósofo Antonio Fornés, con cuya reflexión empezábamos este capítulo, «actualmente trabajamos más horas que un esclavo romano, pero creemos que vivimos en una sociedad súper libre»[38]. En realidad, la ficticia libertad de la que disfrutamos, que se limita a la capacidad de elegir a la hora de consumir, sólo proviene de la concesión de créditos que permiten alimentar un sistema que, siendo cada vez más productivo, nos ha llevado a una crisis como la actual.

En estas condiciones, resulta pertinente preguntar por qué no se reparte entre toda la sociedad los beneficios que generan los avances de la tecnología. ¿Por qué en lugar de enviar a los trabajadores al paro y mantener la misma cantidad de horas entre los que conservan su empleo no se opta por mantener la cantidad de trabajadores y se reduce la jornada laboral?

Estamos convencidos de que esta medida, que no tiene por qué llevar asociada una merma salarial equivalente, permitiría repartir la fuerza de trabajo y acabar con el paro estructural. Además, serviría para distribuir la riqueza generada en los últimos años y facilitar la recuperación económica, al hacer fluir el capital en toda la sociedad.

Renta básica ciudadana

Lejos de ser una propuesta ingenua o idealista, esta medida entraña una lógica interna aplastante, aparte de un profundo sentido de justicia social. Los beneficios que unos pocos obtienen del actual sistema económico y lo altamente automatizados que están hoy los sistemas productivos tienen como consecuencia directa un creciente paro estructural. La propuesta persigue asegurar a la población su supervivencia a través de un ingreso mínimo garantizado para todas las personas, con independencia de si trabajan o no, y de cuales sean sus circunstancias socioeconómicas.

Las críticas a esta propuesta suelen ser de trazo grueso: se tiende a pensar que esto incentivaría la pereza o que no se podría financiar. Sin embargo, los defensores de esta solución aseguran que tendría múltiples beneficios, como desvincular los ingresos del trabajo, incentivar el crecimiento económico a través del consumo, posibilitar la realización personal e incrementar la libertad personal y del mercado de trabajo (que sólo así adquiriría su condición de libre)[39]. Conviene destacar que este concepto se formuló ya en 1795. Lo hizo el liberal norteamericano Thomas Paine en su obra Justicia agraria, bajo el nombre de «renta mínima garantizada».

En definitiva, supondría pasar de la sociedad de la competición y el sufrimiento a la de la responsabilidad individual y el desarrollo personal. Recordemos que la identificación entre el derecho a recibir ingresos y el trabajo responde estrictamente a un prejuicio cultural típico de la ética protestante, aunque asumido en todo el mundo desarrollado, que sacraliza el trabajo en sí mismo sin tener en cuenta otros valores.

En cuanto a su financiación, ésta podría provenir de fuentes como tasas a actividades especulativas o mediante la aportación de las empresas con beneficios a un fondo común. ¿No hay dinero? No lo creemos. El dinero generado en los últimos años por los continuos aumentos de productividad de la economía mundial está ahí, no se ha evaporado, existe esa riqueza. Sólo hay que buscar los métodos adecuados para que los que la acumulan hagan partícipes de la misma a la sociedad en la que la han creado.

En último extremo, se trataría de cambiar la relación capital-trabajo para dirigirnos hacia una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea un hecho. Y esto es posible a través de propuestas realistas y concretas que supondrían un enorme progreso social y cultural que, sin duda, repercutiría en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Se acabó el festín de la banca

Desde la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y tras los distintos rescates bancarios a los que hemos asistido, muchos economistas han reclamado la vuelta al sistema anterior a 1999, año de la abolición de la Ley Glass-Steagall, la ley por la cual el presidente norteamericano Roosevelt separó la banca de inversión de la financiera. Igualmente, han arreciado las críticas que cuestionan la desregularización que empezó a aplicarse en 1970, cuando se liberalizaron los movimientos capitales sin ningún tipo de control.

Para calibrar la magnitud de estos cambios que se proponen debemos tener presente que, según el modelo actual, el dinero que depositamos en los bancos no nos pertenece. En la práctica, es propiedad de las entidades bancarias y está al servicio de las necesidades de financiación que éstas tengan. Cuando hacemos un ingreso en nuestra cuenta recibimos la promesa de que nuestro dinero estará disponible si lo necesitamos, por lo que el banco adquiere una deuda a corto plazo con nosotros, pero en la práctica lo utiliza para financiar sus proyectos a medio y largo plazo. Curioso negocio: los bancos se enriquecen con nuestros depósitos y a la vez nos cobran comisiones por tenerlos en sus entidades, por las tarjetas, por las operaciones y por la gestión de la cuenta.

Además, con las entidades financieras se produce el fenómeno de la pirámide invertida, según el cual una fracción mínima de dinero de disponibilidad inmediata sostiene una ingente masa monetaria en circulación, pero no disponible al momento. Se trata de un sistema muy inestable que convierte a los bancos en la principal fuente creadora de dinero: lo generan a través de los créditos y lo destruyen cuando el cliente paga sus deudas. F. Hayek, M. Friedman, J. Tobin y A. Fisher son economistas de diferentes tendencias que han criticado duramente que los bancos tengan esta función central.

Todos los días, en el mercado interbancario, los bancos que tienen excedentes de liquidez prestan dinero a los que sufren un déficit monetario. Pero la desconfianza ha provocado que actualmente los bancos españoles tomen el dinero prestado del Banco Central Europeo y lo destinen a crear reservas de liquidez para tapar sus agujeros, en vez de ponerlos en circulación en la economía real a través de créditos.

Al encontrarse el sistema gripado por culpa del déficit descomunal que han generado tanto la especulación bancaria como las deudas privadas de los bancos, que se dedicaron a conceder créditos impagables, las instituciones financieras están utilizando nuestros depósitos como rehenes ante los Estados y les exigen rescates para liberarlos. Para mayor escándalo, los bancos españoles no sólo han renunciado a conceder créditos a las familias, sino que están tomando dinero del Banco Central Europeo (BCE) al 1 por ciento para luego prestárselo al Estado a intereses cinco o seis veces superiores[40]. Es decir: están haciendo negocio a costa de la crisis.

¿Cómo podemos acabar con todo esto? Devolviendo el poder a la economía real y sustrayéndoselo a la economía financiera.

Una de las medidas básicas propuestas por estos autores críticos pasa por aplicar una ley similar a la Ley Glass-Steagall para separar la banca comercial de la banca de inversión. La banca de inversión no podría volver a poner en riesgo nuestras economías y su tendencia a la especulación podría ser regulada de forma más efectiva para que no se aplicara sobre bienes fundamentales y sensibles como las materias primas básicas. Además, se debería plantear la supresión del sistema de reservas fraccionarias para que los bancos no manejen el dinero de nuestros depósitos, el incremento del coeficiente de caja para reducir al mínimo el fenómeno de pirámide, o la nacionalización de los bancos que han sido rescatados con dinero público[41]

¿Qué problema entraña la aplicación de todas estas reformas? Que necesitan un amplio consenso ciudadano que otorgue la autoridad necesaria al poder político para doblegar a los bancos y sustraerles la facultad de especular con nuestras vidas a su antojo. Una vez más, el cambio está en nuestra mano.

NUEVAS TEORÍAS ECONÓMICAS PARA UN NUEVO MUNDO

Más allá de ciertas medidas de aplicación inmediata, pero poco sistematizadas a la hora de suponer un cambio de paradigma global, en los últimos años se ha ido gestando una serie de teorías económicas más elaboradas e ilusionantes que, en conjunto, configuran un abanico de alternativas socioeconómicas que permitirían construir un nuevo sistema que superaría la clásica dicotomía entre comunismo y capitalismo. Entre ellas, destacan la teoría del decrecimiento, defendida en nuestro país por pensadores como Carlos Taibo; la economía del bien común, propuesta por el economista austríaco Christian Felber; la tercera revolución industrial, explicada por el sociólogo y economista norteamericano Jeremy Rifkin; o la desglobalización, que cuenta con el político francés Arnaud Montebourg como principal promotor. Exponemos algunos detalles de estas nuevas propuestas económicas a continuación.

Teoría del decrecimiento

Sugerida por el economista francés Serge Latouche[42], esta teoría analiza los problemas del actual sistema económico y político poniendo el foco en los valores que deberían guiarnos para consolidar una sociedad realmente sostenible que no sólo preserve de forma adecuada el medio ambiente, sino que también asegure un mínimo de justicia social para la población. Este modelo pone en cuestión uno de los pilares básicos del actual sistema económico: la necesidad de un crecimiento económico continuo para garantizar la viabilidad de un país o de una empresa.

¿De verdad es imprescindible crecer infinitamente para que una entidad sobreviva y cumpla con el cometido con el que nació? El sentido común nos dice que el Gobierno de un Estado debería asegurar el bienestar de sus ciudadanos y que toda empresa debe proporcionar el producto o el servicio que ofrece al mercado, garantizando que empresario y trabajadores puedan ganarse la vida con el beneficio obtenido. Si eso es así, ni el PIB de un país ni el volumen financiero de una empresa deberían estar obligados a aumentar eternamente. Bastaría con que tuviesen las dimensiones adecuadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos que persiguen.

La realidad que encontramos en nuestro actual sistema económico es bien distinta. Propulsados por una lógica alocada, abocados a una carrera sin fin, países y empresas se ven empujados a crecer indefinidamente para evitar ser devorados por otras compañías y que el sistema no se hunda. Las teorías económicas más clásicas aseguran que nuestra economía necesita crecer a un ritmo de más del 2 por ciento anual para crear empleo y que sean sostenibles pilares básicos de nuestra sociedad de bienestar como el sistema sanitario, el educativo y el de pensiones. Pero para mantener este ritmo de crecimiento es necesario incrementar de forma artificial y constante las necesidades de los ciudadanos a través de la publicidad, la obsolescencia programada de los bienes de consumo (es decir, que los productos estén diseñados para estropearse) y los créditos baratos. Nuestro modelo actual nos ha transformado en adictos al crecimiento.

Pero este sistema adolece de una debilidad estructural fácil de comprender, y cuyas consecuencias son definitivas: ¿cómo mantener el ritmo de crecimiento si habitamos un entorno, nuestro planeta, que es finito y tiene unos límites espaciales y de recursos claramente reconocibles? Es imposible crecer infinitamente, pues el equilibrio ecológico acabará por romperse. Por otro lado, si el ciclo expansivo de consumo y producción se detiene bruscamente, la burbuja financiera de turno explota y llega la crisis, la pobreza y la desigualdad. Cualquiera de las dos salidas conduce al desastre.

La solución que propone la teoría del decrecimiento para evitar esta trampa mortal pasa por consolidar sociedades autónomas, auto-suficientes y respetuosas con el medio ambiente que sean capaces de garantizar a todos los ciudadanos un bienestar suficiente y adecuado a través de la maximización de los recursos locales disponibles.

¿Cómo? En primer lugar, este modelo sugiere la necesidad de articularse a partir de la producción a escala local, mediante recursos como la agricultura ecológica, la artesanía, el comercio de bienes producidos por trabajadores-propietarios, las energías renovables y los servicios sociales. En el ámbito del mercado laboral, propone repartir el trabajo para minimizar el desempleo e instaurar una renta básica de ciudadanía y una renta máxima autorizada, lo que permitiría hacer un reparto más justo de los salarios.

Se trataría de caminar hacia una economía ecológica local como medio para conquistar la autosuficiencia alimentaria, económica y financiera, vigilando que se produzcan estrictamente los bienes y servicios que cubran las necesidades de los ciudadanos del ámbito local, y favoreciendo el ahorro.

Este nuevo patrón económico tendría también un reflejo político a semejante escala. Se trata de que la nueva distribución territorial se base en regiones compuestas por espacios rurales y urbanos que queden estructurados como una «ciudad de ciudades» o una «red policéntrica». Cuanto más pequeña es una unidad política, más controlable resulta por parte de sus ciudadanos. El reto consiste en establecer mecanismos de coordinación entre estas comunidades sin caer de nuevo en la centralización.

Por otro lado, se impone la necesidad de elevar al máximo el uso eficiente de los recursos, reduciendo la tendencia a caer en modas pasajeras y evitando el consumo irracional. Hay que reaprovechar los residuos y envases y reparar los bienes evitando aberraciones como la obsolescencia programada. La norma de la reducción se aplicaría a aspectos como la producción, el consumo, la jornada laboral o el turismo de masas. Asimismo, sería urgente disminuir el transporte y el consumo de energía vinculados al actual sistema globalizado. La aplicación de estos puntos no supondría una merma de calidad de vida, sino la posibilidad de hacer más y mejor con menos.

A pesar de su aspiración de ser un modelo global para cualquier país, avanzado o en desarrollo, la formulación de esta teoría peca de indefinición y se sustenta en planteamientos en ocasiones demasiado utópicos. No obstante, ya ha empezado a ofrecer sus primeras demostraciones prácticas. Así, en nuestro país han aparecido las primeras ecoaldeas: pequeñas poblaciones autoorganizadas que pretenden ser económica y socialmente autónomas, y que funcionan de forma respetuosa con el entorno sin dejar de lado el contacto con otros núcleos.

En nuestra opinión, la teoría del decrecimiento hace un acertado diagnóstico de los problemas de nuestro actual modelo económico y sintetiza varias de las ideas fuerza que han defendido de forma más dispersa los movimientos ecologistas y altermundialistas en los últimos años, estableciendo nuevos valores y principios filosóficos (vuelta a lo local, defensa de las actividades ecológicas, energías renovables, reutilización y reducción…) hacia los cuales debería tender nuestra sociedad para garantizar un mayor bienestar y evitar la destrucción de nuestro planeta.

Pero echamos en falta una mayor definición a la hora de plantear cómo alcanzar este cambio desde la sociedad consumista actual y más estudios en profundidad de sus consecuencias. Además, en el momento de plantear medidas concretas, éstas son a veces contradictorias entre sí, y en ocasiones rozan lo inasumible para cualquier ciudadano del mundo desarrollado, al pretender una excesiva ruralización de las sociedades. No creemos que sea necesario llegar a tales extremos para hallar una salida sostenible a la actual situación.

Es posible que la teoría del decrecimiento pueda dar una idea cabal de los valores que deben guiar un nuevo sistema político y económico con visión de futuro, pero creemos que por sí sola aún está lejos de constituirse en una verdadera alternativa global.

Desglobalización

Esta teoría fue propuesta por el sociólogo filipino Walden Bello en 2002 y bebe directamente de los principios del proteccionismo, las industrias verdes y la innovación. Lejos de ser apoyada en exclusiva por grupos minoritarios, cuenta ya con valiosos aliados, como Arnaud Montebourg, político francés del Partido Socialista y actual ministro de Reindustrialización. Montebourg acudió a las primarias del Partido Socialista francés con el programa de la desglobalización, explicado en su libro-panfleto Votad la desglobalización[43], y logró atraer el 17 por ciento de los votos.

El punto de partida del análisis de Montebourg es contundente: proclama que la globalización es una gran estafa, urdida por nuestros dirigentes durante los últimos 20 años, para obligar a competir a la baja a los obreros y asalariados de todo el mundo y despreciar los derechos laborales y sociales conquistados en cada país. La falta de control sobre los flujos financieros y las actividades económicas hace posible que hoy las grandes empresas sean libres para buscar el lugar con peores estándares laborales que les permitan reducir sus costes, lo que deteriora las condiciones de los asalariados de todo el planeta. Los productores, pequeños empresarios y contratistas de los distintos países son también empujados a una competencia atroz que les deja escaso margen para obtener una contraprestación digna por su trabajo y el riesgo que asumen.

Los defensores de la globalización nos decían que la riqueza generada por este proceso acabaría repercutiendo positivamente en todo el planeta, aumentando así la prosperidad de forma global. Presuponían que las multinacionales, al ver crecer sus márgenes de beneficios, iban a redistribuir esa riqueza reinvirtiendo más, y acabarían instalando más fábricas y contratando a más trabajadores con mejores sueldos. La realidad ha sido bien distinta: cuando las multinacionales se han visto liberadas del control de los Estados, su único objetivo ha sido aumentar los réditos económicos de sus directivos y accionistas, sin repercutir ningún beneficio en el grueso de la sociedad.

La consecuencia es el vertiginoso aumento de la desigualdad entre la minoría privilegiada que disfruta de los beneficios y el 99 por ciento restante de la población, cuyas condiciones de vida y trabajo no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Los defensores del neoliberalismo salvaje advierten que si se intentan imponer límites y controles a las empresas, éstas se irán a otro lado. Pero la realidad es que las empresas se marchan igualmente, mientras la política a escala nacional se visualiza cada vez más como un poder inútil e inoperativo.

Montebourg es especialmente crítico con la socialdemocracia tradicional. La acusa de no aportar soluciones y de hacernos creer que la globalización es una especie de catástrofe natural, cuando en realidad es el producto de decisiones políticas. Ante esta situación ya no vale el simple socialismo redistributivo o una izquierda que sólo aplica paños calientes. Por eso, Montebourg propone renunciar a gestionar un sistema moribundo para pasar a transformarlo, protegiendo los mercados nacionales de modo que se recupere el poder de decisión de los pueblos.

La desglobalización no pretende proteger egoístamente la economía local sin un fin concreto. Se trata de reindustrializar nuestros países a partir de las nuevas tecnologías, las energías renovables y la innovación, y para eso es preciso establecer barreras proteccionistas.

No se trata, por tanto, de instaurar un proteccionismo basado en el miedo, sino de aplicar otro que sea de tipo solidario y cooperativo, que fomente la recuperación de una agricultura y una industria fuertes, con buenos salarios para sus trabajadores, derechos sociales y perspectivas de desarrollo a nivel local que al final acabarán trasladándose a los ciudadanos de todas las naciones. Se trata de utilizar las fronteras para que cada pueblo pueda vivir de su trabajo, tanto en el norte como en el sur.

De hecho, frente a los que critican que esta corriente sólo pretende salvar interesadamente los derechos europeos, hay que recordar que el programa fue diseñado por un sociólogo filipino que encontró en estos principios una oportunidad para los países más pobres, aunque también fueran aplicables de forma beneficiosa en los países del primer mundo.

Para aplicar el programa desglobalizador en Europa, Montebourg propone una serie de medidas concretas, como establecer condiciones sanitarias, medioambientales y sociales para la importación de los productos que provengan de fuera de nuestro mercado común. Esto permitiría abrir el mercado a aquellos que respeten dichas normas y cerrarlos a los que no las cumplan. Asimismo, sugiere que se cree una tasa referida a la huella de carbono de genera cada producto, incluyendo la contaminación que provoca su transporte.

El objetivo es invertir el sentido de la competición: en vez de luchar por tener los trabajadores peor pagados y las menores restricciones ecológicas, las empresas tendrán que competir por garantizar los mayores derechos y respeto ecológico para poder exportar a Europa de forma rentable.

Estas medidas irían acompañadas de reformas legales que hiciesen responsables a las empresas matrices de los daños sociales y medioambientales producidos en los lugares donde han deslocalizado su actividad. Igualmente, sería necesario hacer reformas en políticas de consumo para mejorar la información que reciben los ciudadanos sobre las condiciones sociales y ecológicas en las que han sido producidos los bienes que se les ofrecen.

Aunque se proponen medidas muy concretas de fácil e inmediata aplicación, la desglobalización no renuncia a plantear horizontes más utópicos defendibles a largo plazo. Montebourg sugiere que el sistema debería evolucionar hacia una economía mixta planificada de forma democrática, en el que existan empresas públicas, empresas privadas y cooperativas, pero que impida la existencia de compañías multinacionales que escapan a todo control democrático.

La teoría de la desglobalización no está exenta de objeciones. En primer lugar los encontramos en la política. Los lobbies financieros y los Gobiernos europeos más alineados con el neoliberalismo mostrarán una fuerte oposición a cualquier medida que recorte el poder a la oligarquía económica. Estos obstáculos políticos sólo podrían ser salvados si en toda Europa hay un amplio apoyo popular a las tesis desglobalizadoras de Montebourg. Para lograrlo es preciso llevar estas ideas a la calle, dónde aún existe un miedo atávico a todo lo que suene a proteccionismo. De hecho, en España esta idea podría retrotraer a mucha gente a la etapa autárquica del franquismo.

Por otra parte, la desglobalización otorga un papel secundario a cuestiones como la reforma de nuestras instituciones políticas, nuestro sistema representativo y la participación ciudadana. Aunque Montebourg habla de planificar las economías nacionales «de forma democrática», la desglobalización no ahonda en los mecanismos que deberían mejorar de forma radical el funcionamiento de nuestras democracias. Tampoco aspira a cambiar el sistema económico, ya que si bien contempla medidas revolucionarias en cuanto al proteccionismo, la planificación estatal, el régimen de la propiedad o la reindustrialización ecológica, no aspira a un cambio radical en las bases que sustentan el actual modelo capitalista.

Esta falta de ambición puede hacer que la propuesta sea vista como un mero parche al sistema que no impedirá que los más poderosos busquen otras vías para incrementar su riqueza a costa de los ciudadanos. Pero no debemos olvidar que estas transformaciones más ambiciosas no son tampoco el objetivo de la desglobalización. Este modelo persigue más bien un plan estratégico para salir de la crisis de forma urgente, no un nuevo paradigma social global a largo plazo. De hecho, creemos ineludible complementar la desglobalización con otros paradigmas que busquen una transformación más profunda de nuestros valores, nuestros sistemas democráticos y nuestras sociedades.

Tercera revolución industrial

Jeremy Rifkin es un visionario consultor político que plantea una tercera revolución científico-técnica (RCT), o revolución de la inteligencia. Según su teoría, a lo largo de la historia han acontecido numerosas transformaciones económicas y actualmente se está produciendo una nueva a partir de la convergencia entre el crecimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y los nuevos sistemas renovables de energía[44].

Las redes sociales configuran inéditas formas de comunicación cuya característica principal es que no son unidireccionales, sino bidireccionales, pudiendo convertirse así en un sistema de organización y gestión. En el siglo XXI, la eclosión de las tecnologías de comunicación y las energías renovables, utilizadas de forma democrática y distribuida, puede dar lugar a una tercera revolución industrial que transforme nuestras sociedades y nos permita alcanzar una economía más equilibrada y sostenible. La teoría de Rifkin propone que pasemos del petróleo y el carbón a las energías renovables como principales fuentes para mover la economía y la conversión de los edificios en plantas de energía. La idea es mucho más ambiciosa que la simple colocación de paneles solares en el tejado de las casas. Se trata de plantear la reconversión de las viviendas en auténticos generadores de energía limpia para todos.

La tecnología ya permite forrar los exteriores de las casas de células fotovoltaicas formadas por semiconductores orgánicos derivados del petróleo y otros materiales como el silicio que son capaces de absorber la energía solar. Con el potencial que tiene el sector de la construcción en España, se podría llevar a cabo un proceso de reciclaje masivo que permita impulsar las empresas que operan en este sector. De forma complementaria al proceso de obtención de energía solar, Rifkin propone conseguirla también por medio del gas metano, usando como materia prima la basura. En poco tiempo habría barriadas enteras completamente autosuficientes cuyos edificios serían productores de energía limpia.

La energía limpia almacenada en los edificios podría ser redirigida y vendida por todo el mundo a través de un software instalado en nuestras casas, parecido al que ahora usamos para compartir y almacenar información en internet. La red de distribución de energía eléctrica inteligente utilizaría la informática para optimizar la producción y el reparto de electricidad con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda. Se revolucionarían los flujos de energía en la red eléctrica: los usuarios no sólo consumirían electricidad, también la producirían, vertiendo su excedente a la misma red.

La teoría de Rifkin suscita diversas críticas, basadas principalmente en la excesiva simplificación que hace de la evolución tecnológica y su falta de atención a factores claves de nuestro actual sistema político y económico, basado en el capitalismo y en la democracia representativa. No obstante, las ideas que aporta el modelo de la tercera revolución industrial suponen un gran avance hacia una gestión más democrática de la energía. Estamos convencidos de que este nuevo patrón de economía social, basado en las nuevas tecnologías y la energía verde, puede ayudar a transformar de forma ostensible nuestras sociedades y nuestro planeta.

Economía del bien común

Muchas constituciones recuerdan que la actividad económica debe servir a los intereses generales y al bien común, o bien público. La nuestra, sin ir más lejos, dice en su preámbulo: «La nación española […] promoverá el bien común de quienes la integran». Y el artículo 128.1 afirma: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».

Llama la atención que unos principios que quedan tan claramente expuestos en nuestra norma básica de convivencia tengan luego tan poca trascendencia en nuestra vida real. A la vista de la dramática e injusta situación que soportan miles de ciudadanos y familias en nuestro país, y de los profundos desequilibrios que genera nuestro actual sistema económico, constatamos que poco tiene que ver lo que propone la Constitución con lo que muestra la realidad. ¿Quién se equivoca? ¿Son errados los valores que promulgan la defensa del bien común, o es la forma como está organizada la economía la que hace oídos sordos a esos principios de manera arbitraria y descarada? Sobre todo: ¿es posible concebir un modelo económico que concilie de una vez el dinero con la ética, y el sistema económico con la defensa del bien común?

Esto es, precisamente, lo que propone el economista austríaco Christian Felber: que el dinero y los mercados sirvan a las personas y no al revés, como ocurre ahora[45]. Mientras los neoliberales claman por un mercado libre e impune a cualquier precio, y los socialdemócratas, socialistas y comunistas se muestran incapaces de regular en Europa el mercado de forma que no produzca desigualdades, el modelo de la economía del bien común, diseñado y promocionado por Felber, propone un cambio radical de enfoque: se trata de que el sistema no persiga la maximización del beneficio económico a toda costa, sino las mayores repercusiones positivas en la sociedad.

Felber denuncia que el mundo económico vive de espaldas a los valores que guían la actividad humana. En las relaciones con nuestros semejantes apreciamos la solidaridad, la amistad, la cooperación, el diálogo y la democracia. En cambio, en la esfera económica rige la ley del más fuerte y se fomenta la competitividad depredadora que no duda en destruir países, comunidades, ecosistemas e individuos para aumentar su beneficio económico. Para vencer esta paradoja, este pensador propone una economía de mercado cooperativa que se base en valores radicalmente distintos a los que sustentan el capitalismo actual. ¿Cómo? Sustituyendo la competencia y el afán de lucro, que son los dos principios que sustentan el actual sistema de mercado, por la cooperación y la contribución al bien común.

Actualmente, el objetivo de las empresas es el crecimiento a través del beneficio financiero. A nivel nacional, las economías de los países se miden mediante el Producto Interior Bruto (PIB). Pero el balance de una multinacional no revela si está creando o destruyendo empleo, ni la calidad de estos puestos de trabajo, ni si sus beneficios se reparten de manera justa, ni si la entidad cuida o explota el medio ambiente, ni tan si quiera si produce armas o explota mano de obra infantil. Por su parte, el PIB de una nación no dice nada sobre si sus ciudadanos gozan de servicios públicos de calidad, disfrutan de buena salud o son felices. El fin de la economía es la satisfacción de las necesidades humanas, pero la expresión monetaria no cuenta nada a ese respecto.

La economía del bien común, a diferencia de las teorías de libre mercado que rigen en la actualidad, persigue que las empresas se optimicen según su aportación a la sociedad, y no sólo en base a los beneficios financieros que aportan a unos pocos accionistas. Propone que aquellas empresas que no cumplan una función positiva para la sociedad, medida en base a una serie de indicadores, sean penalizadas, mientras que las que sí tienen una repercusión beneficiosa en el entorno y en la ciudadanía gocen de privilegios como exenciones fiscales o una mayor facilidad para contratar con la Administración Pública.

Para tasar la incidencia positiva o negativa que las empresas tienen en la sociedad, Felber sugiere que las compañías elaboren un «balance del bien común», complementario al balance tradicional, que mida si una empresa promueve la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia. Se trata de contabilizar el grado de satisfacción de las necesidades humanas que atienden las empresas. Al fin y al cabo, ese debería ser el objetivo de toda actividad económica.

En relación a los Estados, el modelo de la economía del bien común propone establecer la variable del Producto del Bien Común, a través del cual se mediría hasta qué punto un Estado se ocupa de cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Puede sonar utópico, pero el Gobierno de Bután ya ha sustituido el Producto Interior Bruto por la Felicidad Interior Bruta para medir su grado de eficiencia[46]. Lo hace pidiendo todos los años a sus ciudadanos que contesten una encuesta de 70 preguntas. Es un simple ejemplo a nivel local de lo que podría hacerse a escala mundial.

La economía del bien común también contempla una serie de medidas, unas ya formuladas y otras de nuevo cuño, que configurarían un sistema político, social y económico radicalmente nuevo: bancos del bien común, reforma del derecho de herencia, renta básica universal, reducción de la jornada laboral, obligación de que las grandes empresas se constituyan en cooperativas, una nueva categoría de «bienes democráticos» gestionados por la sociedad que vendrían a sustituir a los actuales bienes públicos pertenecientes al Estado, nuevas formas de participación democrática, etc. Se trata, en definitiva, de una concepción de la organización de lo público radicalmente distinta a la actual, tan revolucionaria como simple: consiste en que la economía dependa de los valores, y no del dinero.

¿Y AHORA QUÉ?

Estas teorías y movimientos de cambio que cuestionan los cimientos de nuestro actual sistema comparten una serie de valores que permiten anticipar cómo va a ser la nueva sociedad que se está configurando: nos aguarda la era de la apertura, la participación, la equidad, la cooperación, la flexibilidad, el respeto al medio ambiente y el principio del think globally, act locally (piensa globalmente, actúa localmente).

Es esta comunión de ideas la que nos permite afirmar que el encaje de estos marcos teóricos es perfectamente asumible. Todas estas propuestas coinciden en reclamar medidas orientadas a redistribuir la riqueza que actualmente se acumula en manos de unos pocos, sustituir los actuales modelos unidireccionales y centralizados por redes distribuidas en las que prime la apertura y la cooperación, y apostar por las energías verdes y la relocalización de las actividades económicas.

Ahora tenemos que ver cómo podemos convertir estas teorías en una realidad, y aquí es dónde tu papel es fundamental. Es la hora de tomar lo mejor de cada una de estas propuestas para trazar una hoja de ruta progresiva pero ambiciosa que permita llevar a cabo cambios profundos en nuestra sociedad encaminados a un modelo radicalmente diferente. Quizás ahora mismo eres escéptico y crees que la aplicación de este marasmo de ideas a la realidad actual es poco menos que una tarea imposible. No queremos que te desanimes. Antes de abordar el cómo podemos plasmar estas ideas en un proceso de cambio real, en el próximo capítulo veremos cómo estos nuevos vientos de cambio ya están cristalizando en iniciativas en el seno de nuestra sociedad que, si bien aún son insuficientes, ya están demostrando que sí, que podemos empezar a recorrer este camino.

CAPÍTULO 4

INICIAR EL CAMBIO

Casi todo lo que realices será insignificante, pero es muy importante que lo hagas.

MAHATMA GANDHI

La sociedad española ha empezado a experimentar el cambio. Esta no es una afirmación ciega ni ilusa, sino basada en las señales que en los últimos tiempos se acumulan en la agenda de la vida pública. La actualidad ha pasado de estar guiada por las cúpulas y los intereses de los partidos políticos a verse protagonizada por la acción de los ciudadanos. Vemos cómo las manifestaciones se suceden, cómo diversas iniciativas populares legislativas se ponen en marcha, cómo el tejido de la sociedad se agita. Entre amplios sectores de la población, cada vez más mayoritarios, se ha extendido un pensamiento crítico que cuestiona el modelo político y económico que nos ha llevado a darnos de bruces con las lamentables e injustas consecuencias que todos conocemos. Frente a ese panorama, las ideas empiezan a emerger, las alternativas se multiplican, las propuestas se suceden. La voluntad de empoderamiento se está extendiendo entre los ciudadanos y esta fuerza tiene músculo, ganas y vigor.

No deliramos, somos conscientes de lo mucho que nos queda por andar. Pero nos acompaña una poderosa intuición: el convencimiento de que el mundo que habitamos puede y debe organizarse de otra forma más justa, sensata y eficaz, más a la medida de las personas y menos a la de las instituciones y las corporaciones. Esta percepción no es compartida aún por la mayoría de la población.

O si lo es, ese sentimiento todavía no se ha traducido en una demostración popular que lo avale. Y sin lograr este paso previo, sin contar con la gente, ni esta voluntad de cambio puede cristalizar en nada real ni tiene demasiado sentido. Un cambio verdadero y profundo debe partir de los ciudadanos y encontrar en los ciudadanos su camino y su fin. Sólo entonces podrán ser vencidas las resistencias que impone la oligarquía dominante.

Pero ese instante llegará. De hecho, está llegando. Son muchos los cambios, pequeños y grandes, que ya se han puesto en marcha. Cambios que, en contra de lo que ocurría hasta ahora, no son protagonizados por los partidos ni por las grandes organizaciones, sino por ciudadanos de a pie, como nosotros, como tú. Cambios que surgen desde la base misma de la sociedad. Hablamos de iniciativas de personas valientes y comprometidas que, sin perder de vista sus limitaciones, han decidido aportar su granito de arena al proceso de transformación que se está produciendo en nuestro mundo.

Muchos de estos pequeños movimientos pueden parecer irrelevantes. Sin embargo, es precisamente esa escala menor la que les confiere su mayor potencial. No es de arriba abajo como se producen las grandes transformaciones en la historia, sino al revés, de abajo arriba, comenzando por la base, por lo pequeño. En nuestro caso, comenzando por el ciudadano. Aunque algunos de estos mínimos pasos puedan parecer anecdóticos, estamos convencidos de que también ayudarán a generar una tensión creciente que, finalmente, forzará a los actores sociales a moverse y pactar un nuevo orden que represente los verdaderos valores e intereses de la ciudadanía.

La mayoría de estas iniciativas siguen la nueva lógica de organización y funcionamiento en red que impera en internet. Los instrumentos tradicionales de movilización social y participación política ya no valen para hacer frente a la complejidad de nuestro mundo. Por eso, la actuación ciudadana está mutando para guiarse por nuevos modelos.

En cierto modo, el 15-M supuso el primer traspaso de los principios de la sociedad en red a la sociedad real, al ejercer de catalizador y semillero de multitud de iniciativas. Este movimiento irrumpió para reclamar cambios generales a nivel político y económico, pero ha acabado consolidando un espíritu de transformación que está sirviendo de abono para el surgimiento y desarrollo de multitud de proyectos independientes que comparten los principios de este movimiento. La mayoría de estas propuestas ha tenido menos eco mediático que las famosas acampadas y las grandes manifestaciones. Pero están ahí, creciendo discretamente en todos los barrios, pueblos y ciudades de España, defendidas y peleadas por ciudadanos de a pie y sirviendo de ayuda y apoyo para otros muchos. Como se repitió tantas veces durante aquellos días, «vamos lento, porque vamos lejos».

Muchas de estas iniciativas llevaban funcionando bastante tiempo antes de que aquel grupo de ciudadanos alzara la voz y se lanzara a ocupar las plazas de todo el país, pero la agitación que encendió el 15-M supuso un claro revulsivo para todos los que, antes y ahora, han decidido trabajar para construir un mundo más equitativo, justo, sostenible y orientado a la cooperación y el bien común.

Estas semillas de cambio que se están extendiendo por la sociedad son múltiples y variadas. Hay iniciativas pioneras circunscritas al ámbito tecnológico, asociadas a las nuevas plataformas de comunicación, que están sirviendo muy eficazmente para dar visibilidad a los valores que animan a este movimiento. Otras apuestas, igualmente innovadoras, son de carácter económico, como las cooperativas o las instituciones de banca ética, y demuestran que existen modelos alternativos al imperante. Las hay de perfil social, como todas las que se están orientando a paliar los devastadores efectos de la crisis a través de diversas acciones, como la creación de comedores sociales populares, el asesoramiento y la lucha contra los desahucios o las propuestas contra el trabajo precario. Y en el ámbito cultural también encontramos multitud de propuestas relativas a la difusión libre del saber y el nuevo periodismo. Incluso a nivel institucional se han empezado a tomar medidas que anticipan la nueva concepción de la política que está demandando nuestra sociedad.

En las próximas páginas trazamos un recorrido por algunos de estos nuevos proyectos que ya están eclosionando. Porque el cambio no sólo es seguro que se produzca: es que ya ha empezado.

OTRO MODELO ECONÓMICO: EL DINERO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS, Y NO AL REVÉS

A pesar de la supremacía del sistema capitalista neoliberal, una nueva cultura económica, más sensible socialmente y diseñada a la medida de los ciudadanos, se está consolidando ante nuestros ojos y se propone como alternativa al modelo imperante. Y lo está haciendo no de forma doctrinaria ni teórica, sino a través de multitud de iniciativas ciudadanas que tienen nombres, apellidos y rostros de personas.

Unas demuestran que, en contra de lo que nos habían contado hasta ahora, las empresas pueden convertirse en organizaciones democráticas basadas en la cooperación, el reparto justo de los beneficios y la persecución del bien común. Otras sirven para crear redes solidarias de carácter popular en barrios y pueblos y apoyar a gente que necesita ayuda en un momento en el que el Estado de bienestar empieza a brillar por su ausencia. Pero todas comparten la definición que Jordi Via, director del proyecto cooperativo ciudadano Arç Cooperativa, da de las entidades de economía social: cuentan con una gestión democrática y participativa, persiguen satisfacer las necesidades de las personas y contribuyen a mejorar la sociedad[47].

Los ejemplos de proyectos inspirados en esta innovadora concepción de la economía y la empresa son múltiples y diversos. Algunos llevan ya tiempo desarrollándose gracias al apoyo de ONG y otros colectivos. Otros apenas acaban de surgir en los últimos años, fruto del convencimiento arraigado en buena parte de la población de que la actividad económica es compatible con la justicia social, la cooperación, la participación democrática y un desarrollo sostenible que no comprometa el frágil equilibrio medioambiental.

Así, mientras ya nos resultan familiares conceptos y realidades como el comercio justo, la agricultura orgánica y biológica o las cooperativas empresariales, poco a poco nos hemos ido habituando a hablar también de banca ética, monedas sociales, bancos de tiempo, cooperativas de consumo, crowdfunding o empresas del bien común. Éstos son los caminos por los que una nueva percepción de la economía, que sin duda se va a desplegar en los próximos años en la sociedad, ha empezado a echar raíces en nuestro mundo. Son las semillas del cambio.

Comercio justo

Entre las primeras manifestaciones de auténtica y verdadera economía social con acento en la cooperación, la ética, la solidaridad y el bien común que aparecieron en nuestro país, las iniciativas de comercio justo destacaron pronto con un perfil propio. Muchas de ellas vienen operando desde hace décadas como complemento a la labor desempeñada por las ONG en los países en vías de desarrollo. El comercio justo se inspira en un modelo muy claro y poderoso: comprar artículos provenientes de cooperativas o comunidades de productores de áreas con alto índice de pobreza para su posterior comercialización en mercados desarrollados, garantizando un trato justo a los productores y trabajadores y exigiendo en contrapartida la reinversión de los beneficios en mejoras comunitarias, así como un mayor control sobre las condiciones de trabajo, el respeto al medio ambiente y la vigilancia de otros aspectos sociales.

Las iniciativas de comercio justo no surgen del impulso de productores o comerciantes, sino gracias al empuje de consumidores concienciados y organizados que quieren adquirir artículos elaborados de forma sostenible y justa, y que están dispuestos a pagar la diferencia económica que ello implica. Las empresas y entidades que lo promueven se suelen integrar en redes, coordinándose para gestionar el aprovisionamiento, las campañas publicitarias, el acceso a los sellos de calidad o la reducción de los costes de verificación y garantía.

En España el comercio justo tiene cada vez mayor presencia, no sólo a través de la compra y distribución de estos productos con la intermediación de ONG como Intermón o empresas creadas exclusivamente a tal efecto, sino también mediante el uso de materias primas provenientes del comercio justo por parte de multinacionales para la fabricación de sus productos o la venta de éstos en grandes cadenas de distribución alimentaria. Por ejemplo, el turrón Suchard, marca propiedad de Kraft Foods, se fabricará a partir de este año con cacao proveniente de comercio justo, en respuesta a una movilización ciudadana que así lo ha demandado[48].

Estas entidades no han puesto patas arriba el comercio mundial, pero introducen en él un mensaje que agita conciencias, moviliza cada vez más capitales y evidencia que es posible fabricar, distribuir y comercializar todo tipo de productos, y obtener rendimientos económicos de ellos, respetando los valores sociales y medioambientales. Que una forma de comercio apellidada «justa» sea una excepción, y no la norma, constituye hoy un sinsentido contra la que cada vez se rebelan más consumidores y ciudadanos. En la mano de ellos, en nuestra mano, y sobre todo en nuestro poder de compra, está la llave para revertir esta situación.

Cooperativas

A partir del 15-M, los modelos cooperativos han experimentado un crecimiento exponencial en nuestro país. No sólo surgen como una opción más de organización empresarial, sino como la respuesta solidaria de una comunidad frente a un conjunto de necesidades sociales y económicas de la población que no son atendidas por las instituciones públicas. Además, las cooperativas se ofrecen como una alternativa a las formas de consumo y organización que actualmente imperan en nuestra sociedad.

El movimiento cooperativista ha facilitado la aparición de nuevos proyectos basados en la autoorganización económica, pero con objetivos más variados y ambiciosos. Así, las cooperativas de consumo buscan satisfacer las necesidades de sus socios, organizando la compra conjunta de determinados productos —esencialmente de producción local y ecológica— y permitiendo a los ciudadanos autoabastecerse en mejores condiciones de calidad y precio. De paso, fomentan el consumo responsable y el comercio justo.

Cuando este movimiento cooperativo que busca impulsar una economía social y solidaria se organiza de forma global, aportando un modelo económico alternativo completo, hablamos de cooperativas integrales. En Cataluña, la Cooperativa Integral Catalana (CIC) aglutina desde 2010 un conjunto de iniciativas de consumo, trabajo, financiación, gestión de centrales de compras colectivas y ecotiendas, así como una estructura legal para dar apoyo a las ecoxarxes (redes de intercambio a través de monedas locales). En el año 2011 ya contaba con 850 socios y unos 2.000 amigos y participantes[49]. Es el ejemplo más cercano que podemos encontrar de una comunidad organizada a partir de principios económicos solidarios, sociales y sostenibles.

Las cooperativas integrales alcanzaron una gran relevancia en la crisis económica y social que sufrió Argentina a finales de la década de 1990. En aquella difícil coyuntura empezaron a surgir redes ciudadanas que ayudaron a la población a hacer frente a los rigores de la crisis. La CIC ha aprendido de su experiencia y este modelo se ha empezado igualmente a replicar en otras zonas, como la Comunidad de Madrid, donde se ha creado la Cooperativa Integral Madrileña.

Pero el cooperativismo empresarial más tradicional ya lleva muchos años cosechando éxitos, a pesar de competir en igualdad de condiciones con empresas sujetas a una organización capitalista, y de hacerlo en medio de la jungla de la economía liberal. Probablemente, el mejor ejemplo lo encontramos en la cooperativa Mondragón, propietaria de la cadena de alimentación Eroski. Sus 100.000 empleos la convierten en la mayor cooperativa de trabajadores del mundo. Este conglomerado está formado por 250 empresas y organizaciones que en su mayoría son propiedad de los propios trabajadores. Cuentan con un fondo de solidaridad, un banco propio, un seguro social, diversas escuelas profesionales y hasta una universidad.

Las decisiones en Mondragón las toma la asamblea de trabajadores-socios y todos los cooperativistas pueden ser elegidos para un cargo en la comisión permanente y en el consejo general. Se evita así que el poder lo detente una élite dedicada a acumular beneficios económicos en pocas manos. En lugar de eso, incentivan una cultura empresarial democrática que garantiza la asunción de responsabilidades por parte del colectivo, así como un adecuado reparto salarial.

El comportamiento de esta cooperativa durante la crisis da buena prueba de sus principios y su forma de funcionar. La caída de las ventas obligó a una de las empresas del grupo a despedir a varios trabajadores a lo largo de 2008 y 2009. Sin embargo, quienes perdieron sus puestos fueron contratados por otras entidades de la cooperativa. En 2010, cuando el panorama mejoró, los empleados desplazados pudieron regresar a sus destinos anteriores. En los últimos años, y a pesar de la crisis, la cooperativa Mondragón ha alcanzado unos beneficios históricos y ha sido una de las responsables de que Guipúzcoa, donde se ubica su sede, sea una de las provincias de España con menos paro[50].

Mondragón se perfila así como un modelo de gestión empresarial orientado a crear y distribuir riqueza entre quienes la generan, sin facilitar acumulaciones de capital en manos de accionistas que viven alejados del día a día de la compañía. Su ejemplo puede servir de inspiración para el nacimiento de nuevas fórmulas empresariales basadas en los principios de la economía del bien común y que se gestionen de forma democrática, aproximando la propiedad a los propios trabajadores. Se trata de una cultura empresarial democrática cuyo interés no se orienta hacia la acumulación de riqueza financiera, sino que se preocupa principalmente por la buena marcha del negocio, el bienestar de sus empleados y la generación de un retorno positivo para la sociedad.

Mondragón no es el único proyecto cooperativo empresarial de éxito. Muchas otras entidades parecidas, encuadradas en el marco de la economía social, están eclosionando ahora mismo en nuestro país. Las aseguradoras Atlantis y Arç Cooperativa basan su actividad en el mutualismo, la confianza, la solidaridad, la transparencia y la honestidad. La cooperativa de ecomensajería zaragozana La Veloz, o cientos de cooperativas agrarias como Hortec, creada en 1992 entre varios agricultores que practicaban agricultura ecológica, son otros ejemplos que prueban cómo pueden organizarse las entidades empresariales atendiendo a principios más democráticos y con preocupación por un reparto más justo de la riqueza.

Por desgracia, actualmente la política fiscal de la Unión Europea no favorece la formación de cooperativas[51]. Por absurdo que parezca, es así. No se fomenta la creación de entidades empresariales que estén en manos de los trabajadores y que generen beneficios sociales, aparte de económicos. Pero las personas que están trabajando desde la base de nuestra sociedad para lograr un cambio verdadero de modelo de organización tienen claro que este tipo de formatos son el ejemplo a seguir. Negamos el pensamiento único que nos quieren imponer. Nos resistimos a admitir que el afán de lucro de los empresarios y el desprecio a los derechos de los trabajadores sean las únicas reglas que deban guiar a las corporaciones. Reivindicamos que es posible entender la economía y el mundo de la empresa desde valores como la justicia, la equidad y la cooperación.

Monedas locales, redes de trueque y bancos de tiempo

La crisis económica está llevando a los ciudadanos a aguzar el ingenio y buscar soluciones imaginativas que les permitan acceder a los productos y servicios que necesitan en su día a día, driblando así las limitaciones presupuestarias. En países como Grecia, Portugal o España está teniendo lugar un auténtico florecimiento de todo tipo de figuras y recursos, como las redes de intercambio de bienes y servicios entre la población, que dan respuesta a esas urgencias ciudadanas. En muchas ocasiones, estas iniciativas se basan en sistemas tradicionales como el trueque, que ha sido utilizado en múltiples sociedades a lo largo de la historia, especialmente en aquellos momentos en los que una crisis desbarataba los canales oficiales de intercambio económico. Pero también se está innovando a través de otros modelos, como los bancos de tiempo o de la creación de monedas locales, que permiten una comercialización de mayor complejidad sin desatender el interés por las personas.

Hablamos de una economía de escala local, que si bien no resuelve los errores y las carencias que tiene la macroeconomía, sí atiende a las necesidades de los ciudadanos y está más cerca de su realidad cotidiana que las grandes cifras que manejan los Estados y organismos internacionales.

Los bancos de tiempo están formados por grupos de personas que crean redes de intercambio de favores mutuos, a través de los cuales pueden acceder a servicios de uso cotidiano, como fontanería, clases de idiomas, limpieza, transporte o jardinería sin gastar un solo euro. No hace falta, pues lo que se intercambia no es dinero, sino el tiempo que requiere la realización de cada tarea. El espíritu del 15-M ha ayudado a propagar estas iniciativas por todo el país.

Más éxito están alcanzando aún otras soluciones, como las monedas locales. Grecia fue pionera en la implantación de este recurso de forma generalizada y en España también ha empezado a extenderse con fuerza. En Cataluña ya funciona la amplia red de ecoxarxes de la Cooperativa Integral de Cataluña que fomenta en diversos pueblos y ciudades el uso de monedas alternativas como el ecosol. Igualmente, en Andalucía se están replicando múltiples proyectos que utilizan monedas similares. Unas son ya veteranas, como el zoquito, nacido en el año 2007. Otras, más recientes, han nacido al calor del 15-M[52].

El modelo más extendido de esta fórmula funciona a través del crédito mutuo, sin llevar a cabo su conversión a euros. De este modo, a los productos y servicios que ofrecen las personas se les da una unidad de valor que luego puede ser intercambiada por otros. Así, por ejemplo, alguien que da clases de alguna asignatura por un valor de 10 puede adquirir en un comercio productos alimenticios por esa magnitud.

El uso de estas monedas no excluye la posibilidad de utilizar las redes de trueque o intercambio de servicios o productos, a la manera tradicional, pero estas transacciones con la moneda local permiten decidir para qué y cuándo se desea utilizar el crédito obtenido.

Evidentemente, este sistema, ya presente en más de 500 ciudades en todo el mundo, no puede dar respuesta a las profundas carencias e injusticias de nuestra economía, pero sirve para poner las bases de un nuevo modelo basado en la solidaridad y la cooperación y está ayudando a relocalizar la riqueza, al tiempo que fomenta un consumo sostenible y responsable en nuestro entorno más próximo.

Banca social y ética

Aunque la mayoría de la población no asocia de manera intuitiva las palabras «banca» y «ética», desde la misma base de la sociedad han surgido diversas iniciativas encaminadas a consolidar un sistema bancario que se distingue por su enfoque humano, su atención a las necesidades de financiación de los ciudadanos y por ser sensible a los problemas de la gente, y no al afán de lucro de ninguna junta de accionistas. Esta otra forma de concebir la gestión de los créditos y los depósitos supone una reveladora alternativa al modelo financiero tradicional, culpable en gran medida de la terrible situación de crisis que estamos viviendo, y ejemplifica hasta qué punto los asuntos de la economía pueden organizarse de una manera diferente a como lo conocíamos hasta ahora, si se quiere. Sí, aunque muchos lo ponían en duda, otra banca es posible.

Así, desde la Cooperativa Integral Catalana, y con el apoyo del movimiento del 15-M, se han impulsado iniciativas como la Cooperativa de Autofinanciación Social en Red (CASX, por sus siglas en catalán)[53], un proyecto que nació durante la acampada de mayo de 2011 en Barcelona para gestionar las donaciones que se estaban recibiendo. CASX aspira a configurarse como una banca sin intereses, autogestionada por sus socios a través de asambleas. Permite la obtención de financiación alternativa a la de la banca tradicional y, ante las deudas que ahora sufren muchas familias, facilita que los deudores se agrupen para responder en bloque a la entidad financiera acreedora.

En Europa funcionan desde hace años diversos bancos que presumen de estar inspirados en valores éticos, como Triodos Bank[54].

En nuestro país, el proyecto Fiare[55] es un ejemplo de banca ética, ciudadana y cooperativa que aspira a convertirse en un verdadero modelo alternativo bancario. Su principal objetivo es canalizar el ahorro de personas y organizaciones y ponerlo a disposición de proyectos de la economía social y solidaria. Se basa en principios y valores de la economía del bien común: créditos al servicio de la justicia, trabajo en red, participación, transparencia y carácter no lucrativo.

De momento, Fiare sólo ofrece cuentas de ahorro y préstamos para proyectos que tengan un carácter transformador de la sociedad y respeten el medio ambiente. Pero gracias a su integración en la entidad italiana Banca Etica Popolare, en 2013 empezará a ofrecer todo tipo de servicios bancarios. Fiare se implantará como cooperativa de crédito en nuestro país con tres oficinas físicas en Bilbao, Barcelona y Madrid, y operará en todo el territorio a través de la figura del banquero ambulante y de la banca por internet, ofreciendo cuentas corrientes, domiciliaciones y tarjetas de crédito sin perder de vista su apuesta por la ética y el cambio social. ¿Quién dijo que todos los bancos debían ser como aquellos que criticamos y ante los cuales nos manifestamos?

Crowdfunding

En el contexto del progresivo empoderamiento ciudadano al que estamos asistiendo en los últimos años, ha aparecido con fuerza una nueva herramienta para conseguir financiación, el crowdfunding, o financiación en masa, que ha tenido un rápido desarrollo gracias a internet. La red permite difundir proyectos y recabar de manera casi instantánea aportaciones directas para su financiación.

Impulsado por la web estadounidense Kickstarter, el crowdfunding ha empezado a consolidarse en nuestro país de la mano de webs como Goteo[56], Lánzanos[57] o Verkami[58]. El concepto es simple: a través de estas plataformas se consigue poner en contacto a ciudadanos que tienen una buena idea para una empresa o un proyecto social o cultural con aquellos que están dispuestos a financiarlo. Estas webs son la plataforma perfecta para publicitar los proyectos y recibir aportaciones de quienes se ven motivados a colaborar. Cada participante recibe una recompensa, que es decidida por el creador de la iniciativa de acuerdo a la cuantía de su aportación. Entre otras, el colaborador puede tener la posibilidad de conocer el proyecto de cerca, aparecer en los créditos, recibir copias gratis de la obra, acceder con prioridad al servicio u obtener descuentos.

Si bien es cierto que muchos de los proyectos financiados a través de estas plataformas aún no tienen fecha de inicio o carecen de la suficiente concreción y realismo, igualmente hay numerosas iniciativas que poco a poco se van convirtiendo en exitosas realidades. El volumen que mueve este sector es cada vez mayor. Según The Crowdfunding Industry Report, entidad encargada de hacer un seguimiento a nivel mundial de este tipo de iniciativas, en 2011 se obtuvieron fondos por valor de 1.500 millones de dólares en todo el planeta, lo que supone un crecimiento del 63 por ciento en los tres últimos años. En el primer trimestre de 2012 existían 452 plataformas de crowdfunding y hasta ese momento se habían llevado a cabo más de un millón de proyectos con éxito[59].

Aunque por sí solo no supone un cambio de modelo económico, el creciente éxito del crowdfunding demuestra que hay otras maneras de articular la actividad financiera a través de unas vías más democráticas que las habituales, y basadas en valores distintos a los de filosofía neoliberal.

Campos de energía y empresas con balance del bien común

La economía del bien común, tal y como explicamos en el anterior capítulo, se configura como un sistema económico alternativo completo que abre una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo.

Lejos de ser una utopía, estas ideas ya están plasmándose en la realidad a través de proyectos empresariales que aplican sus principios a su actividad diaria. En 2012, más de 700 empresas en Austria, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Argentina, Honduras, Estados Unidos, Gran Bretaña y España tomaron la decisión de aplicar los postulados de este modelo, utilizando el balance del bien común para analizar en qué medida sus actividades cubrían las necesidades de las personas y tenían repercusiones positivas en la sociedad y el medio ambiente[60].

La traslación de este modelo al mundo empresarial se ve impulsada a través de los Campos de Energía, que son grupos regionales de apoyo que profundizan y desarrollan el concepto de la economía del bien común y extienden su aplicabilidad en el máximo número de ámbitos públicos y privados.

Por ahora, el seguimiento de los postulados de esta teoría económica es completamente voluntario, aunque los defensores de la economía del bien común sostienen que todas las empresas deberían elaborar y aplicar este balance que tanto contrasta con el que habitualmente siguen las compañías y multinacionales. La extensión de esta práctica de forma masiva aún está lejana, pero contar con entidades pioneras que ya están aplicando este modelo ayudará, sin duda, a que se visualice como una auténtica alternativa sistémica.

Tasas contra la especulación

Las decisiones políticas tomadas en los últimos tiempos para mejorar el sistema económico están dejando mucho que desear, tanto a nivel español como europeo. Aunque destacados dirigentes, como el expresidente francés Sarkozy, se atrevieron a afirmar al principio de la crisis que era necesario «reformar el capitalismo», lo cierto es que el capitalismo nos está reformando a nosotros a través de la imposición, por parte de mercados e instituciones, de todo tipo de políticas de austeridad que están suponiendo en la práctica el desmantelamiento de los servicios públicos.

La cumbre sobre presupuestos de la Unión Europea celebrada en febrero de 2013 reafirmaba su apuesta por la destructiva austeridad, a pesar de una tímida medida dirigida a luchar contra el desempleo juvenil dotada con 6.000 millones de euros, una gota de agua al lado del océano de dinero que en los últimos años se ha destinado a rescatar a los bancos. Sin embargo, se empiezan a atisbar señales esperanzadoras, como la aprobación inminente de la tasa Tobin a nivel europeo, una de las reivindicaciones más recurrentes de los economistas alternativos y del movimiento antiglobalización. En febrero de 2013, la Comisión Europea presentó una propuesta para implantar en once Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, esta tasa a las transacciones financieras, que obligará a los bancos a asumir parte de su responsabilidad en la crisis y que permitirá recaudar hasta 35.000 millones de euros al año[61]. La iniciativa, que se aprobará mediante el sistema de cooperación reforzada de la Unión Europea, permitirá gravar con un 0,1 por ciento las transacciones de acciones y bonos, y con el 0,01 por ciento las operaciones con derivados. Para evitar posibles deslocalizaciones, estos porcentajes se abonarán si los instrumentos financieros objeto de la transacción han sido emitidos en uno de los once países participantes, incluso si los que negocian no se encuentran en su territorio.

Esta medida servirá para obtener nuevos fondos públicos y, sobre todo, lanzará un claro mensaje de disciplina a la especulación financiera. No obstante, su impacto se verá mermado al no haber sido aprobada de forma concertada a nivel global con otros países, o al menos en el conjunto de la Unión Europea, donde el rechazo de países como el Reino Unido o Suecia impidió que prosperase.

OTRO MODELO SOCIAL: NACE EL NUEVO ACTIVISMO CIUDADANO

Las redes que ha ayudado a tejer el 15-M están provocando un auténtico empoderamiento ciudadano a través de infinidad de iniciativas. Unas buscan cambios profundos en la forma como se organiza la sociedad. Otras, quizás sin tanta ambición, son de carácter asistencial. Un ejemplo de estas últimas son los comedores sociales y servicios de reparto de comida que han empezado a gestionar diversos grupos afines al 15-M. Recolectan excedentes alimenticios de comercios y restaurantes y después los reparten entre los vecinos más necesitados, poniendo en valor un principio de sentido común: ¿cómo es posible que el mismo sistema económico que arroja a los contenedores de basura ingentes cantidades de comida a la vez dé cobijo a bolsas de hambre y malnutrición? Desde el más profundo sentido del civismo y la dignidad humana, los ciudadanos han dicho basta ante esa injusta y dolorosa contradicción.

De forma pareja, la progresiva degradación de nuestros servicios públicos está provocando una eclosión de proyectos que trabajan en defensa de la sanidad y la educación públicas. Un ejemplo lo constituyen los muchos médicos que han empezado a organizarse para seguir prestando atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, después de que el Gobierno expulsara a éstos del sistema público de salud. Pero hay más señales que nos permiten pensar que los ciudadanos han abandonado la apatía para empezar a tomar la iniciativa. Inspirada en esos mismos principios trabaja la Oficina Precaria[62], una herramienta impulsada por un miembro del colectivo Juventud sin Futuro para ayudar a los parados y trabajadores precarios y ofrecerles asesoría legal, recursos para la autoformación y asesoramiento para lanzarse al cooperativismo. Son acciones de ciudadanos que benefician a ciudadanos. Sin intermediarios, sin cortapisas, sin trabas, de tú a tú.

Propuestas similares se multiplican en los ámbitos más insospechados: se crean colectivos para fomentar la agricultura ecológica, se constituyen ecoaldeas autosuficientes, se forman brigadas vecinales que velan para el respeto de los derechos humanos… La ciudadanía hierve, la conciencia colectiva reverdece. Pero, sin duda, el movimiento cívico con mayor impacto entre los muchos que han brotado en los últimos años desde el seno de la sociedad ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)[63]. Esta organización, nacida para ofrecer ayuda a aquellas personas en situación precaria que son expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca, ha acabado convirtiéndose en uno de los principales actores de la vida pública. Y no ha sido por casualidad, sino como resultado del trabajo de individuos con ganas de alzarse y cambiar el mundo, empezando por lo que tienen más cerca y encuentran más injusto.

Aunque el efecto catalizador de las movilizaciones sociales que tuvo el 15-M concentró mucha atención sobre este colectivo, la PAH ya existía desde noviembre de 2010. Durante este tiempo ha logrado frenar cientos de desahucios, ha ayudado a multitud de familias a conservar sus casas, ha organizado manifestaciones, ha realizado una importante labor de asesoramiento legal y ha participado en múltiples foros poniendo sobre la mesa el drama humano de los desahucios y la profunda injusticia sobre la que se sustenta el actual sistema hipotecario. Su principal portavoz, Ada Colau, ha conseguido sacar los colores a políticos, banqueros y tertulianos en multitud de debates y foros y ha acercado hasta esta causa las miradas y la simpatía del grueso mayoritario de la población, como indican las encuestas: todas coinciden en señalar que alrededor del 90 por ciento de la ciudadanía apoya sus peticiones[64].

Uno de los logros más destacados de la PAH es la descomunal recogida de firmas llevada a cabo para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita la dación en pago, conceda una moratoria en los desahucios y fomente el alquiler social. Tras varios meses de concienzudo trabajo lograron reunir 1.402.854 firmas a favor de esta reforma legislativa, que fue presentada en el Congreso el 13 de febrero de 2013 y admitida a trámite[65]. La admisión de la ILP no sólo significa que será debatida. También es la demostración real y manifiesta de una afirmación que se ha convertido en el lema más coreado en los últimos meses en nuestro país, «¡sí, se puede!».

Además el 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia Europeo dio la razón a la PAH al sentenciar que la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios) es abusiva y no protege a los consumidores y, en consecuencia, viola la normativa comunitaria[66].

El nuevo activismo ciudadano está yendo un paso más allá del modelo tradicional de movilización social. En este cambio de paradigma han tenido mucho que decir las nuevas tecnologías, cuyo desarrollo ha hecho posible la consolidación de múltiples plataformas online que han aprovechado de manera práctica e inteligente el poder viral de la red para transmitir mensajes, activar a la gente y poner en marcha todo tipo de iniciativas de cambio social.

Los logros alcanzados por webs como Avaaz[67], Oigame[68] y otros portales similares se han visto superados por el éxito de Change.org[69], la plataforma online de movilizaciones ciudadanas que más rápido ha crecido en todo el mundo y que mayor número de triunfos ciudadanos ha ayudado a cosechar.

Esta empresa social, con presencia en 196 países y 20 millones de suscriptores, permite a cualquier persona poner en marcha una petición pública para reclamar los cambios que estime oportunos en empresas, organismos e instituciones. No responde a ninguna directriz ideológica, sino que se ofrece como herramienta para dar voz a todo tipo de iniciativas surgidas desde el seno de la sociedad. Su principal fin consiste en nada más, y nada menos, que empoderar a los ciudadanos y dotarles de un instrumento útil y eficaz para provocar cambios en el mundo que les rodea.

Su funcionamiento es tan simple como efectivo: cuando una persona inicia una petición, cualquier individuo puede ofrecerle su apoyo suscribiendo dicha solicitud a través de la web. Con cada firma se envía al destinatario de la campaña un correo electrónico automático que incluye el texto de la petición. Este sistema no aspira a ser un canal de recogida de firmas con validez jurídica, pero es capaz de generar un envío masivo de correos electrónicos en muy poco tiempo para ejercer presión ante una demanda de carácter social. A la vez, sirve como termómetro para detectar las tendencias que laten en la opinión pública y tiene un gran potencial para concienciar a la gente. Su condición de red social le convierte en un canal de comunicación directa entre el iniciador de una petición y la comunidad de ciudadanos que la apoya. Es activismo en su más pura esencia: permite poner en contacto a personas que quieren cambiar el mundo y desean ponerse en marcha para lograrlo sin más demora.

Estas plataformas no pretenden sustituir a otras iniciativas de movilización social. De hecho, varios estudios demuestran que sus usuarios, lejos de limitarse a firmar en una web, suelen implicarse en otros muchos frentes de activismo ciudadano y normalmente llevan a cabo otras iniciativas[70]. Las posibilidades para generar cambios en el entorno que ofrecen las plataformas de ciberactivismo no anulan el resto de vías existentes para lograr la agitación social, pero es indudable que este nuevo canal para alzar la voz y reclamar soluciones ha logrado éxitos reales y ha conseguido agitar a la sociedad.

Esta herramienta ha sido decisiva para obtener múltiples victorias en los últimos meses y provocar cambios a menor o mayor escala[71]. Así, la presión ejercida desde esta web sobre diversas entidades bancarias consiguió que éstas se avinieran a conceder la dación en pago y el alquiler social para varios ciudadanos. Igualmente, una iniciativa puesta en marcha desde la red consiguió que la cadena de televisión Tele 5 retirara de su programación el espacio La noria, donde se pagaba a familiares de delincuentes con condenas firmes a cambio de sus testimonios. Los logros se han sucedido en muy poco tiempo: empresas como Suchard e Interflora se han visto obligadas a utilizar productos de comercio justo tras la movilización activada a través de esta plataforma. Fue la presión popular, canalizada mediante una petición de apoyos online, la que logró que se le concedieran los indultos a Miguel Montes Neiro, el preso más antiguo de España sin delitos de sangre, y a Emilia Soria, una madre en paro que había sido condenada a prisión por utilizar una tarjeta de crédito ajena para comprar pañales y comida. Es la fuerza de los ciudadanos la que logró hacer realidad los cambios. Uno de los coautores de este libro, Pablo, consiguió a través de Change.org que las personas que abrieron el periódico el día en que El País publicaba los papeles de Bárcenas canalizaran toda su indignación en una petición con un reto desafiante: conseguir un millón de firmas reclamando la dimisión de los cargos del PP presuntamente implicados en el escándalo de corrupción[72]. Reto que se cumplió con creces al conseguir más de 1.140.000 adhesiones en apenas unos días, un hito sin precedentes recogido como tal por The New York Times[73]. Posteriormente, Pablo apareció con un sobre gigante en la sede de Génova para hacer acto de entrega de estas firmas, visibilizando así la demanda de todas estas personas y animándolas a salir a la calle en la manifestación convocada el 23 de febrero para reclamar democracia, transparencia y regeneración de la política.

OTRO MODELO DE GESTIÓN CULTURAL: CREAR PARA COMPARTIR, NO PARA COMPETIR

La nueva configuración de la sociedad que se está abriendo paso —distribuida en red abierta, flexible, horizontal y libre en cuanto a la distribución de la información— se está traduciendo en la puesta en marcha de multitud de iniciativas que anticipan el mundo que nos espera, por más que algunos se nieguen a reconocerlo. Somos optimistas porque lo vemos venir, porque ya está aquí. El ámbito cultural es uno de los que más fértiles se están revelando para el desarrollo de esta nueva forma de organizar los asuntos de la comunidad. Partiendo de la idea del software libre, surgida en la década de 1980, el movimiento por la cultura libre promueve la apertura y la libertad en la distribución y modificación de los trabajos creativos. Esta filosofía se opone a las medidas restrictivas de la actual legislación sobre derechos de autor, que obstaculizan el intercambio de ideas, entorpecen la creatividad y frenan el progreso.

Frente a esta concepción anticuada de la titularidad y la distribución de las ideas y el pensamiento, un nuevo paradigma cultural está calando en la conciencia de los ciudadanos y empieza a trasladarse a ejemplos reales de nuestra vida cotidiana. Muchos de ellos encuentran su dinámica, e incluso su razón de ser, en la forma de organización que siguen algunos grupos vinculados al ámbito tecnológico, como las comunidades de software libre.

Que esta mutación de modelo se consolide en un ámbito cercano a las nuevas tecnologías no es casualidad. En realidad, internet se está convirtiendo en un auténtico agente moldeador de la sociedad. No sólo por los contenidos que aloja y transmite, sino también por su condición de medio. Su propia estructura en red ha hecho que aquellos que empezaban a interactuar en este espacio virtual adoptasen nuevas formas organizativas y de funcionamiento. Este cambio ha supuesto una auténtica revolución en nuestra forma de actuar y pensar, comparable al que se produjo tras la revolución industrial. Desde que hemos descubierto que podemos funcionar de igual a igual de forma coordinada y cooperativa, los ciudadanos somos otros.

Desde finales de la década de 1980 han ido surgiendo por todo el mundo comunidades formadas por miles de programadores informáticos que cooperan y trabajan para encontrar nuevas soluciones tecnológicas y ponerlas a disposición de la sociedad. Se organizan mediante las mismas estructuras que caracterizan a la sociedad en red: son horizontales, flexibles, cooperantes, abiertas y fomentan la distribución libre del conocimiento.

Estos valores se plasman en manifestaciones como la llamada ética hacker, que ya hemos mencionado, e inspiran iniciativas como el Movimiento por el Software Libre, que promueve una absoluta libertad por parte de los usuarios a la hora de ejecutar, copiar e incluso modificar y distribuir posteriormente los programas informáticos.

El software libre ocupa un espacio cada vez más amplio en el ámbito tecnológico y en la sociedad. Sistemas operativos como Linux, o paquetes de ofimática como OpenOffice son cada vez más utilizados por los usuarios en todo el planeta. Hasta las administraciones públicas se empiezan a apuntar a las ventajas de esta novedosa forma de usar y compartir la tecnología digital. Así, el Gobierno autonómico de Extremadura, en un gesto pionero, decidió en 2006 que todos los ordenadores de aquella Administración utilizasen el sistema operativo libre gnuLinex, basado en Linux, y el formato abierto ODF, versión estándar y abierta del PDF[74]. Parece anecdótico, pero son este tipo de medidas las que acaban fomentando la innovación tecnológica y ayudan a incrementar la interoperatividad entre los sistemas y las aplicaciones, generando así beneficios directos en la sociedad, que es para lo que debe servir la tecnología, no para engordar hasta lo obsceno las cuentas de resultados de las empresas tecnológicas.

Como veremos en las próximas páginas, lejos de limitarse a espacios estrictamente relacionados con el desarrollo tecnológico, estos modelos organizativos en red, así como la radical apuesta por «lo libre» que hacen, se ha extendido a multitud de campos de nuestra realidad social, inspirando todo tipo de proyectos, organizaciones y movimientos ciudadanos. Se trata de una cultura que busca el avance de la sociedad y la civilización compartiendo y no compitiendo, facilitando y no entorpeciendo, acercando personas y no enfrentándolas. Es otra forma de percibir y gestionar el mismo mundo que tenemos delante: el modelo que, estamos convencidos, se va a convertir en el patrón de comportamiento de los ciudadanos en el tiempo que nos espera.

Creative Commons y Open Access

A la hora de producir y distribuir contenidos, la cultura libre propone varios tipos de licencias que permiten al autor decidir bajo qué condiciones desea compartirlos. Por ejemplo, puede permitir su uso posterior para fines comerciales, o no, y es él quien autoriza la creación de obras derivadas. Estas licencias se diseñaron en 2002 como instrumentos jurídicos para compartir la creatividad y el conocimiento. Fueron promocionadas por la organización sin ánimo de lucro Creative Commons, nacida en California, y llegaron a España en 2003, cuando la Universidad de Barcelona buscó un instrumento para publicar material docente de forma abierta, optando finalmente por el sistema de licencias de Creative Commons (CC), tras adaptarlas al sistema de protección de la propiedad intelectual de nuestro país[75]. Sin duda, aquella decisión fue pionera y no tardaría en revelarse como un rotundo éxito: según señala la propia página de Creative Commons, España ocupaba en 2010 el primer puesto del ranking mundial en creación y publicación de obras con licencia CC[76].

Hay que matizar, no obstante, que los más acérrimos defensores de la cultura libre sostienen que ni siquiera las licencias Creative Commons más abiertas dan cumplimento a los objetivos que, según Richard Stallman, fundador del Movimiento por el Software Libre, debería marcarse algo que aspira a ser libre, abierto, accesible, versionable y difundible[77].

En todo caso, cada vez hay más libros, películas y canciones cuyos autores y productores permiten su libre distribución, reproducción y modificación. Este texto que ahora mismo estás leyendo, si bien está sujeto a copyright durante los dos años posteriores a su publicación para permitir a nuestros editores amortizar la inversión realizada en su producción, difusión y venta, pasado ese plazo pasará a tener una licencia de libre distribución para usos no comerciales.

Ahora, el reto consiste en buscar nuevos modelos que permitan una gestión económicamente sostenible de la producción cultural realizada y distribuida de forma libre. En las comunidades de software libre ya se están desarrollando nuevas ideas orientadas en ese sentido que ofrecerán fórmulas viables en los próximos años.

El ámbito científico y educativo ha visto nacer también diversas propuestas que buscan acercar el conocimiento a la sociedad, promoviendo el acceso inmediato, libre, abierto y gratuito a la información, así como la distribución de materiales científicos sin restricciones. En este sentido, el movimiento Open Access persigue que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos para sus propias investigaciones o con cualquier otro propósito legítimo. Se trata de que el mayor conocimiento posible llegue al número más grande de ciudadanos.

Lamentablemente, ahora mismo las revistas científicas de prestigio prohíben compartir su contenido de forma abierta, pese a que los resultados de una investigación no son publicados de forma libre la comunidad pierde esa aportación de conocimiento y la eficiencia del método científico se resiente. Por eso, este movimiento quiere cambiar la forma como se gestiona el saber científico y el acceso a él, para garantizar que los descubrimientos de la ciencia no se vean lastrados por una legislación de la propiedad intelectual restrictiva que frene el avance de la civilización. Sólo el flujo libre de las ideas puede fomentar la creatividad y facilitar el alumbramiento de nuevas ideas.

Wikipedia

Una de las iniciativas más relevantes nacidas en el ámbito de la cultura libre es la Wikipedia[78]. Esta enciclopedia libre, puesta en marcha en 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger según los principios de la tecnología web wiki, se ha convertido en el compendio de información más grande de la red y en la principal fuente de respuestas a la que recurren los internautas.

Los sistemas wiki se utilizan habitualmente en proyectos colaborativos abiertos para la elaboración de contenidos y se caracterizan por ofrecer el acceso a la edición a múltiples usuarios a partir de un simple navegador web y por mantener un control de versiones y cambios que permite ver y recuperar cualquier estado anterior de una página, utilizando un sistema propio de marcación y de hipervínculos en el texto. Se trata de uno de los mayores éxitos alcanzados por la cultura colaborativa. Actualmente Wikipedia cuenta con más de 20 millones de artículos en 282 lenguas que han sido redactados por voluntarios de todo el mundo.

Pero los sistemas wiki están dando lugar a otros muchos proyectos interesantes. A través de comunidades basadas en el modelo de la Wikipedia, miles de personas están contribuyendo a la generación y el mantenimiento de contenidos abiertos a todos, y cuya distribución es libre. En nuestro país, el proyecto 15m.cc pretende ser una enciclopedia que recopile todo el conocimiento y las iniciativas nacidas en torno al Movimiento 15-M[79].

Más allá de los beneficios reales que este tipo de proyectos tienen en la vida de las personas, suponen una demostración palpable de los grandes logros que esta nueva forma de actuar (coordinada, cooperativa, abierta y flexible) puede conseguir. Frente a la tradicional supremacía de la competitividad como norma de relación entre las personas, ahora colaborar empieza a ser la pauta que rige nuestro comportamiento, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Nuevo periodismo

El movimiento de la cultura libre tiene también su traslación al ámbito periodístico. A pesar de los agoreros que dieron por muerta esta profesión a causa del auge de las nuevas tecnologías, este cambio de panorama ha facilitado el surgimiento de un periodismo libre y abierto, que empieza a concretarse en nuestro país en infinidad de proyectos.

Como responsable de construir un relato veraz e independiente de la realidad y de difundirlo en la sociedad, el periodismo está llamado a cumplir un papel esencial en la defensa del bien común en cualquier democracia. Debe ser el cuarto poder que fiscalice y controle la gestión del Gobierno y las instituciones y que actúe como notario de la actualidad. No obstante, arrastrado por el sistema capitalista ultraliberal en el que opera, se ha convertido en los últimos tiempos en una mercancía más que vender al mejor postor. Su dependencia de la publicidad y su apropiación por parte de grandes conglomerados empresariales ha conducido a la extinción del periodismo comprometido, independiente y crítico capaz de hacer fluir información veraz hacia la sociedad.

Por eso, los valores de la cultura libre son más necesarios que nunca en este sector. Hay que lograr que se oriente hacia el bien común a través de un proceso de elaboración colectiva de la información y mediante su libre difusión, para que colabore a la consolidación de una sociedad más crítica, informada y concienciada.

Según explica la periodista e investigadora Susana López-Urrutia[80], las condiciones que nos permitirían hablar de un periodismo «libre y de código abierto» pasan por la apertura (labor realizada de forma cooperativa y colectiva), la accesibilidad (abrir los datos, testimonios, imágenes o grabaciones completas que conforman el bruto de una historia, presentándolos en un formato estandarizado y procesable) y el uso de licencias libres.

En este sentido, ya hay muchos proyectos en España que empiezan a cumplir con estos ideales. El semanario digital Vía52[81] expone públicamente y en formatos accesibles los datos utilizados por sus periodistas para elaborar diferentes reportajes. La web Fixmedia[82] invita a los usuarios a que corrijan las informaciones elaboradas por los periodistas en los distintos medios. La cooperativa MásPúblico impulsa un nuevo diario, llamado La Marea[83], que es propiedad de sus trabajadores y lectores: los socios-usuarios cuentan con derecho de voto en la asamblea general y se organizan en nodos locales desde los que gestionan la difusión y promoción del diario.

Son por ahora iniciativas modestas, pero ponen sobre la mesa que frente a la crisis que asola al periodismo tradicional, otra forma de concebir este oficio se está abriendo camino en el seno de la sociedad.

OTRO MODELO POLÍTICO: LLEGA EL GOBIERNO DE LOS CIUDADANOS

Poco a poco, los valores del empoderamiento ciudadano, la apertura, la participación democrática y la cooperación colectiva han ido contagiándose en las más variadas esferas de la vida pública. El más refractario a esos cambios es el ámbito político institucional, acostumbrado a ir detrás de las transformaciones que se dan en la sociedad. A pesar de esto, los movimientos que se están produciendo en la ciudadanía empiezan a reflejarse en el Gobierno y la Administración. En los últimos meses han aparecido nuevos partidos y se han consolidado algunas formas de entender la transparencia, la gestión de lo público y la participación ciudadana que hasta ahora eran inéditas. Algo empieza a cambiar también en la gobernanza de los países y las comunidades.

Ley de Partidos y de Transparencia

En 2011 se aprobó una ley orgánica que modificaba a la anterior legislación sobre financiación de partidos, vigente desde 2007[84]. En ella, se prohíbe que los partidos acepten donaciones anónimas o de empresas que sean titulares de contratos con la Administración, o que reciban subvenciones. Asimismo, se limita a 100.000 euros anuales la donación que puede efectuar una misma empresa o persona física y se obliga a informar al Tribunal de Cuentas de cada aportación superior a 50.000 euros.

Aunque supone un gran paso para evitar los lamentables y frecuentes casos de financiación irregular de los partidos y permitirá un mejor control de sus cuentas, la nueva ley es claramente insuficiente para hacer frente al verdadero reto que tiene ante sí nuestro sistema político: acabar con la perniciosa e interesada influencia que el poder económico ejerce sobre la clase política, una presión que acaba convirtiendo nuestro régimen, en la práctica, en una partitocracia al servicio de la oligarquía económica.

No es posible avanzar hacia una democracia más real y cercana a los ciudadanos sin practicar reformas en el sistema de partidos que sean mucho más profundas, radicales y definitivas de las planteadas hasta ahora. A nuestros políticos les gusta mucho hablar de la necesidad urgente de hacer reformas en nuestro país —la mayoría de las cuales sólo se han traducido en meros recortes sociales—, pero somos muchos los que nos preguntamos por qué no se aplican ellos mismos esta mágica palabra y afrontan una verdadera reforma del sistema de partidos. Los ciudadanos les estamos observando y aguardamos sus movimientos.

La Ley de transparencia y buen Gobierno, cuya tramitación está en curso en el momento en que escribimos estas líneas[85], aspira a despejar las dudas que se ciernen sobre la gestión pública y poner coto a la corrupción. Su principal objetivo es lograr que los ciudadanos puedan conocer todos los datos concernientes a la actividad diaria de las administraciones, que actualmente permanecen opacos e inaccesibles. Así, se hará obligatoria la publicación de los salarios de los agentes públicos, los contratos que firmen con entes privados, las subvenciones que estos reciben, el número de trabajadores de cada organismo público y los gastos detallados de la Administración.

No obstante, las críticas al borrador de este proyecto de ley son abundantes, y no sólo por la sensación que transmite de ser un recurso oportunista para hacer frente a un momento en el que la ciudadanía cuestiona cada vez más a nuestra clase dirigente. Tal y como pone de manifiesto la plataforma Tu derecho a saber[86], la ley de transparencia propuesta por el Gobierno no cumple los estándares internacionales, carece de mecanismos de revisión adecuados, no reconoce el derecho fundamental al acceso a la información, excluye gran cantidad de información fundamental para la toma de decisiones y, según insinúan quienes están discutiendo su texto definitivo, no será aplicable a instituciones como la Corona, los poderes legislativo y judicial, los sindicatos y los partidos políticos.

No pueden esperar el aplauso de la ciudadanía ante esta reforma legislativa si finalmente se queda a medias y consiente que en la escena pública continúe habiendo estamentos, instituciones y cargos que permanezcan en la sombra y al margen de toda posibilidad de control y fiscalización. Hace tres años la población se habría tragado fácilmente este engaño, pero el nivel de sensibilización que ha calado en la sociedad hacia los desmanes de los políticos convierte en inadmisible una ley que sólo suponga un parche a la situación de la que partíamos. La gente ha dicho basta y quiere fiscalizar los movimientos de los que ostentan el poder. Porque éste les pertenece; porque nos pertenece.

Open Government y Open Data

El movimiento Open Government (Gobierno abierto) defiende que los asuntos del Gobierno y la Administración deben ser transparentes y abiertos a los ciudadanos a través de espacios permanentes de participación, colaboración y fiscalización ciudadana. En la práctica, estos principios se concretan en dos procesos. El primero de ellos es el de Open Data y consiste en la publicación abierta, accesible y completa de todo tipo de información y datos del sector público en formatos estandarizados que permitan su reutilización posterior, así como una mayor transparencia de la actividad gubernamental y administrativa. Por otro lado, las plataformas de participación ciudadana están tratando de habilitar vías para permitir la participación ciudadana en las decisiones del Gobierno y su colaboración en la formulación de las políticas públicas.

Aunque de forma tímida, en España ya se han empezado a dar pasos para fomentar los principios del Gobierno abierto en varias administraciones. Un ejemplo lo constituye la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público. Esta legislación regula el uso de los datos y la información elaborada o custodiada por las administraciones públicas y su puesta a disposición de los ciudadanos. En este sentido, es relevante el programa Aporta, nacido a partir de esa ley, que permite el acceso a estos datos a través de un portal web[87].

El espíritu de estas iniciativas consiste en acercar a los ciudadanos la gestión de lo público, y si bien esta voluntad se ha traducido, al menos de momento, en más buenas intenciones que en soluciones concretas, igualmente contamos con ejemplos reales que prueban cómo la Administración y la política pueden situarse a la altura de los ciudadanos, y no en la torre de marfil donde vivían hasta ahora.

El Ayuntamiento de Jun (Granada)[88], es uno de los ejemplos de Gobierno abierto más significativos que se han desarrollados hasta la fecha en España. Este municipio de 3.400 habitantes se convirtió en 2011 en la primera Administración del mundo que utilizaba la red social Twitter en la gestión y comunicación de su actividad diaria. Todos los empleados municipales están obligados a mantener una cuenta en Twitter para interactuar con la población, lo que fomenta la participación ciudadana en los asuntos de la localidad y facilita la resolución de problemas de manera más rápida, cercana y eficaz, y sin burocracia. Asimismo, este ayuntamiento se convirtió en 2004 en la primera entidad local del mundo que organizaba unas elecciones electrónicas no presenciales, a través del voto electrónico desde el móvil e internet.

A nivel autonómico, son ya varias las iniciativas de Gobierno abierto que están en marcha en Cataluña, Navarra o Castilla y León. Pero, sin duda, la comunidad más avanzada en este terreno es Euskadi, gracias a su propuesta pionera Irekia[89] («abierto», en euskera). Se trata de un portal, gestionado por el Gobierno vasco, que pretende acercar a esta institución a la ciudadanía para hacerse eco de las ideas, los comentarios y las críticas que estos estimen oportunas trasladarles.

El funcionamiento de Irekia se basa en los tres principios básicos del Open Government. En primer lugar, transparencia. Ésta se logra a través de la puesta a disposición de la ciudadanía de todo tipo de información sobre la actividad del Gobierno vasco, y a tiempo real. El objetivo de la participación ciudadana se consigue mediante la publicación de todas las decisiones que tenga previsto tomar la Administración, para que la gente pueda debatirlas, valorarlas, criticarlas y completarlas. Además, la plataforma Irekia también permite que cualquier persona añada sus propias iniciativas para que a su vez sean debatidas y analizadas por todos, y para que el Gobierno las tenga en cuenta. Por último, la colaboración se logra a través del fomento de la implicación de toda la sociedad vasca, de forma que aporten herramientas innovadoras y métodos de trabajo colaborativos que permitan una gestión conjunta de los asuntos públicos.

A pesar de estas tímidas iniciativas, las instituciones españolas están lejos aún de ofrecer iniciativas de verdadero Gobierno abierto donde se fomente la transparencia, la participación y el control ciudadano de manera real. A nivel nacional es donde el panorama es más desalentador, ya que las escasas propuestas existentes, como Aporta, sólo permiten un acceso limitado a ciertos datos que no permiten ni la crítica ni la fiscalización de la labor del Gobierno. En la práctica, ciertos ejercicios de pretendida transparencia, como la declaración de la renta de los diputados, se han tramitado de forma torticera y poco seria. El fomento de la participación ciudadana no se aprecia por ninguna parte, e incluso iniciativas más elaboradas, como Irekia, han recibido multitud de críticas por su escasa incidencia real en la vida de los ciudadanos.

Ante estas resistencias de los poderes públicos a abrirse a la sociedad, el clamor entre la población es cada día mayor para exigir una aplicación real de los principios del Open Government. Los ciudadanos tienen hoy claro, quizá como no lo tenían hace pocos años, que desean disponer de recursos que les permitan no sólo conocer hasta el más mínimo detalle la labor de los políticos, sino también participar de forma activa en la gestión del Gobierno. Las leyes todavía no han cambiado, pero la conciencia y la determinación de la población sí.

Política vigilada y participación ciudadana

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una extraordinaria eclosión de proyectos impulsados por ciudadanos de a pie que buscan ejercer el control y la monitorización de la actividad de nuestros políticos y funcionarios públicos. Estas iniciativas, nacidas desde el seno de la sociedad civil, permiten que la población pueda vigilar de manera activa la labor de Gobierno y las Administraciones. Muchas de estas iniciativas pueden parecer más simbólicas que efectivas, pero suponen un cambio absoluto en la forma como la ciudadanía se relacionaba hasta ahora con quienes ostentan el poder. Son la demostración palpable de que algo ha cambiado definitivamente en la manera en que los ciudadanos percibimos lo público. Antes éste también era un asunto de todos, pero ahora parece ser que sí nos interesa.

Así, la web Qué hacen los diputados[90] puesta en marcha en 2011 por un grupo de individuos interesados en la vida política, pretende servirse de las herramientas digitales para hacer un seguimiento permanente de la tarea de los políticos. El proyecto persigue acercar a los ciudadanos a las decisiones políticas que les afectan, ayudar a mejorar la transparencia y conseguir la implicación de la población en el control de nuestros gobernantes. A través de una cuenta de Twitter, un grupo de Facebook, un blog y otros canales sociales, esta entidad ofrece información variada, como la agenda del Congreso y el Senado; enlaces a los documentos de trabajo del Parlamento, como los proyectos de ley o las preguntas de la sesión de control; informes de las sesiones parlamentarias elaboradas por los medios de comunicación; datos sobre la trayectoria profesional y política de los diputados, y explicaciones sobre cómo funciona el Congreso y en qué consiste el trabajo de los diputados.

Por su parte, la fundación ciudadana Civio[91], dedicada a promover la transparencia informativa y el periodismo de datos, ha lanzado una interesante herramienta, el Indultómetro, que recoge todos los indultos del Gobiernos desde 1996 hasta la actualidad. Este colectivo es también el impulsor de la web Dondevanmisimpuestos.es, que permite a cualquier individuo visualizar de forma sencilla la distribución y el destino de los recursos fiscales del país.

El movimiento Graba tu Pleno[92] pone en práctica un particular activismo ciudadano orientado a controlar la tarea de la Administración. Sus miembros graban plenos municipales y los cuelgan en internet, con lo que contribuyen a la transparencia y el control por parte de la ciudadanía de las decisiones de los agentes públicos. Y si no lo consiguen, utilizan recursos legales para reclamar este derecho. También es muy interesante la labor que desarrolla la web Tu derecho a saber[93]. A imitación de la exitosa iniciativa anglosajona Mysociety.org, pone a disposición de los ciudadanos una herramienta para hacer preguntas a los organismos públicos. Ellos se encargan de hacérsela llegar al responsable de cada área y de avisar al usuario cuando responda. Todo el proceso es transparente y público.

En cuanto al fomento de la participación ciudadana, también son varias las iniciativas que ahora mismo están surgiendo y desarrollándose en nuestro país. Como VirtualPol[94], una red social democrática en la que todo se decide en base al principio básico de «un ciudadano, un voto». En esta red están presentes distintos movimientos sociales, asambleas y plataformas que hacen uso de herramientas democráticas ofrecidas por la web. Entre ellas, algunas tan prácticas como los procesos electorales, las votaciones avanzadas, los foros de discusión, las salas de chat, los sistemas de supervisión del censo, la utilización del DNI electrónico o los sistemas para la elección democrática de los supervisores.

También es relevante la web Propongo[95], que permite la votación, el debate y la visualización de propuestas ciudadanas, de manera que se puedan identificar los intereses sociales predominantes en cada momento. Por su parte, la plataforma de activismo ciudadano Change.org tiene también su particular aplicación para fomentar la participación política, ejerciendo de altavoz para articular peticiones de la gente dirigidas a políticos e instituciones.

Evidentemente, sin una respuesta efectiva por parte de nuestros gobernantes, esas propuestas que ya están en marcha no pasan de ser un mero ejercicio voluntarista que apenas sólo alcanza a demostrar que es posible ejercer una participación directa de la ciudadanía en la vida pública a través de las nuevas tecnologías. Lo admitimos, pero igualmente subrayamos que estas iniciativas marcan el camino a seguir y serán una realidad en el futuro, cuando los cambios alcancen la esfera institucional. Los ciudadanos estamos llamando a las puertas del poder y no vamos a parar hasta lograr apropiarnos de él. De lo que es nuestro.

Nuevas formaciones políticas

Sin los cambios profundos que deben darse en el sistema electoral es difícil, por no decir imposible, que un partido que hoy es minoritario pueda romper su techo de cristal y acceder al poder. No obstante, es significativo el crisol de nuevas opciones políticas que ha surgido en los últimos tiempos, alumbradas como alternativas reales a las formaciones conocidas y con la clara determinación de hacer volar por los aires la tradicional dicotomía entre izquierda y derecha. Frente a esa visión encorsetada y alejada de la realidad de los ciudadanos, estos nuevos partidos aportan ideas y propuestas y aspiran a implicar a todos, y a su vez ser capaces de articular modelos de sociedad en los que prime la participación democrática, la cooperación, la justicia, la equidad, la sostenibilidad y la economía al servicio de los ciudadanos.

Este es un fenómeno que se está dando en toda Europa, y que sin duda anticipa lo diferente que será el panorama de los partidos políticos en el futuro inmediato. En España contamos con nuevas formaciones, como Equo[96], que hace bandera de la defensa de la sostenibilidad, la democracia participativa, la justicia social, la equidad, el bien común y los derechos humanos, y pretende dar una respuesta a las demandas ciudadanas a través de un partido abierto, transparente, participativo y con estructuras de trabajo en red. En Suecia, el Partido Pirata[97], nacido en 2006, defiende la neutralidad de la red y un acceso universal y sin restricciones a internet. Con presencia también en España, este grupo reclama la defensa de los derechos civiles, el derecho a la democracia directa, la participación ciudadana, la transparencia, la reforma del copyright y el sistema de patentes, el acceso libre a la cultura y la libertad de información, así como educación y sanidad gratuitas y universales.

Hay partidos críticos que se centran en deficiencias muy concretas de nuestro sistema político y actúan sobre ellas sin tener un programa de carácter más general. Así, Escaños en Blanco[98] reivindica el voto en blanco computable, reclamando como único punto de su programa que los escaños para su formación permanezcan vacíos. Demos el Cambio[99] aspira a llevar a cabo una reforma electoral y adoptar medidas de regeneración política que permitan luchar contra la corrupción, para a continuación convocar nuevas elecciones, abandonar el Gobierno y disolverse.

Otras formaciones están más interesadas en el proceso de participación democrática a través de las nuevas tecnologías que en el propio contenido sustantivo de las propuestas. Así, el Wikipartido[100] se apoya en instrumentos como la inteligencia colectiva, la democracia participativa y deliberativa, los medios electrónicos y la noocracia para desarrollar un modelo político alternativo denominado wikicracia, y que consiste en brindar la posibilidad a todos los ciudadanos de elaborar propuestas de ley, debatirlas críticamente y mejorarlas colectivamente a través de una plataforma de discusión de tipo wiki.

Por su parte, el Partido de Internet[101] aspira a que en el Congreso se reflejen las decisiones que tomen los ciudadanos haciendo uso del DNI electrónico en la red. Según su propuesta, el voto parlamentario podrá delegarse en un partido para que éste sea el que tome iniciativas, pero el ciudadano podrá reclamarlo cuando esté disconforme, o si tiene un especial interés en una propuesta, pudiendo ejercerlo directamente.

El Partido X[102] también pretende instaurar una verdadera democracia que permita a los ciudadanos velar por sus intereses. Esta formación, promovida por un grupo de individuos que no han dado a conocer su identidad, persigue cuatro objetivos fundamentales: implantación de referendos obligatorios y vinculantes; wikigobierno, o elaboración de la legislación de forma participativa y transparente; derecho a voto ciudadano directo y permanente a través de la fórmula «democracia 4.0» propuesta desde ¡Democracia Real Ya!, y similar al método sugerido por el Partido de Internet aunque aplicado a todo el Parlamento y no sólo a determinados escaños, y transparencia en la gestión pública.

Son muchas las opciones políticas novedosas e ilusionantes que han aparecido en los últimos meses para plantear alternativas sistémicas que nos permitan avanzar como sociedad. E incluso en formaciones de más solera, como Izquierda Unida, comienzan a aparecer corrientes internas que apuestan de verdad por la transparencia, la participación y la apertura a la ciudadanía. El problema, como hemos señalado, es que el actual sistema electoral, que fomenta el bipartidismo, hace casi imposible que alguna de estas formaciones se convierta en una verdadera alternativa.

Por eso, para lograr que las voces de los ciudadanos se oigan en el Parlamento, creemos que una opción deseable pasa por iniciar un proceso de unión y concertación de todos los movimientos y formaciones sociales que permita plantear una propuesta electoral común. A pesar de las enormes diferencias que en un principio existen entre estos grupos, las coincidencias son más de las que parecen. Es urgente buscar esos puntos básicos en los que coinciden todas estas opciones y promocionar la participación ciudadana para avanzar hacia un proceso constituyente que dé lugar a un nuevo sistema político y económico para España. De ello hablaremos en el último capítulo.

CAPÍTULO 5

ORGANIZAR EL CAMBIO

Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia.

ERNESTO CHE GUEVARA

El ser humano alcanza su máxima expresión cuando coopera con sus semejantes en plena libertad. Es del trabajo conjunto, del esfuerzo codo con codo de las personas, de donde sale la energía que provoca los cambios y hace avanzar la historia. Así ha ocurrido en el pasado, y así va a ocurrir, o está ocurriendo ya, en este particular momento en el que nos encontramos. La voluntad de los individuos, descontentos con la forma en que está organizado el mundo e indignados con las injusticias que consiente nuestro actual sistema político, económico y de convivencia, ha empezado a generar movimientos en el seno de la sociedad que ya no tienen marcha atrás.

Si bien los procesos de cambio suelen seguir patrones parecidos a lo largo de la historia, no es menos cierto que en cada escenario son diferentes las herramientas que se utilizan. Nuestro mundo es hoy muy distinto a como era hace cincuenta, treinta o incluso quince años. Disponemos de sistemas de comunicación que eran insospechados hace unas décadas, pero igualmente nuestra sociedad ha aumentado en complejidad. Hay nuevos instrumentos a nuestro alcance, pero las resistencias al cambio son también más difíciles de abordar.

Que el reto resulte difícil no significa que sea imposible. Al contrario: hemos visto que el cambio está al alcance de nuestras manos, los ciudadanos ya lo llevamos dentro. De la forma como gestionemos ese potencial que atesoramos dependerá el éxito o el fracaso de este movimiento. Un aspecto está claro: desatada la indignación, que es la etapa que ya hemos vivido, se hace imprescindible articular, sin más demora, una propuesta global en positivo que sea capaz de sumar fuerzas ciudadanas más allá de la protesta. Sólo entonces, después de haber consolidado una masa crítica de personas conscientes de lo que quieren y lo que rechazan, podremos conseguir que la mayoría de la población venza las resistencias del sistema y supere las ideas preconcebidas del pensamiento dominante.

Como hemos dicho, para lograrlo debemos identificar en primer lugar las causas y los responsables de esta crisis política y económica que vivimos. Sólo así será posible comenzar a concienciar a las personas sobre la capacidad de cambio que atesoran y seguir fomentando el pensamiento crítico. En este sentido, la agitación de las conciencias que supuso el Movimiento 15-M marcó un antes y un después en este proceso de cambio de nuestra mentalidad colectiva.

Pero la historia no se acaba aquí: es necesario seguir fomentando el debate ciudadano. Desde el respeto, siendo en todo momento inclusivos y evitando enfrentamientos basados en prejuicios ideológicos, es necesario que discutamos de forma abierta y didáctica las nuevas propuestas que pueden permitirnos superar la situación actual. Debemos consensuar los principios básicos que unen a las distintas corrientes de pensamiento que han alzado la voz de forma crítica para articular así un modelo que pueda ser percibido como una alternativa sólida por parte de la mayoría de la población.

Y sobre todo, debemos ser conscientes de que ahora es el momento de actuar. Por muy concienciados que estemos, si seguimos en casa leyendo la prensa, viendo la tele o charlando con la gente de nuestro alrededor sin movilizarnos, las cosas no van a cambiar. Es hora de que este caldo de cultivo de agitación social que se ha generado en España se traduzca en una alta participación popular para que las propuestas que los ciudadanos hemos puesto sobre la mesa se escuchen, se atiendan y se traduzcan en realidades. Sólo una elevada implicación de la sociedad en la demanda de estos cambios hará posible que demos el salto hacia un nuevo modelo político y económico más justo y a la medida de las personas.

No tenemos otro camino: nuestra herramienta somos nosotros, la gente. Es el poder de las personas el único que tiene capacidad para cambiar la historia. Debemos consolidar un contrapoder ciudadano que permita que la agenda de la vida pública mude de enfoque y de intereses, abandonando los de los partidos y las corporaciones y dando prioridad a las preocupaciones de las personas corrientes.

Es nuestra responsabilidad, y nuestra obligación como ciudadanos, utilizar todas las vías posibles para consensuar y poner en marcha una nueva hoja de ruta con objetivos claros que atienda a los intereses de todos. Su fin será dar visibilidad y extender de manera firme y coordinada el diagnóstico que los ciudadanos hacemos de nuestros problemas, y empezar a concretar e impulsar las medidas que demandamos para solventarlos. Para llevarla a cabo, debemos articular una base social amplia que comparta los mismos principios y defienda las transformaciones que necesitamos.

No es suficiente que los sindicatos se movilicen. No es suficiente que colectivos ligados al 15-M convoquen decenas de manifestaciones en todo el país. No es suficiente que grupos de ciudadanos críticos empiecen a construir espacios de empoderamiento y desarrollo económico alternativos. No es suficiente que una miríada de partidos políticos minoritarios defienda un modelo alternativo al actual. Todo esto es necesario, por supuesto, pero todo ese esfuerzo debe llevarse a cabo de forma coordinada siguiendo una estrategia clara, no a borbotones ni a golpe de momentáneas efervescencias ciudadanas.

Necesitamos organizaciones sólidas pero flexibles, adaptadas a los nuevos tiempos que vivimos, y que tengan muy presentes los principios que reclama la ciudadanía como ejes rectores de la vida pública, para así implicar a la mayoría de la gente. Necesitamos líderes valientes capaces de inspirar e impulsar el cambio. Necesitamos personas que trabajen de forma coordinada y efectiva haciendo uso del abanico de herramientas que hay a nuestra disposición para provocar un verdadero cambio social.

INSTRUMENTOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

Herramientas online para generar movimientos sociales

Las nuevas tecnologías proporcionan canales de gran utilidad para poner en contacto a las personas y provocar cambios en la sociedad. Así, a pesar de su corta existencia, las redes sociales han sido decisivas en el surgimiento de nuevos movimientos populares en todo el mundo, desde el 15-M español hasta todas las revoluciones que se han puesto en marcha en los últimos años en los países árabes. Internet se revela como un medio que no sólo permite la transmisión instantánea de información, sino como un espacio compartido para la organización y la movilización de la sociedad a partir de nuevas estructuras en red, permitiendo el desarrollo de acciones, debates y procesos de toma de decisiones de forma distribuida.

La red hace posible tanto una movilización espontánea y líquida de la colectividad para poner en marcha una acción concreta e instantánea, como la mejora de la gestión interna y la coordinación de organizaciones sólidas con vocación de permanencia en el tiempo. Hasta ahora era imposible crear redes de trabajo que unieran a miles de individuos para que se autoorganizaran. Hoy es tan fácil como disponer de un terminal y una conexión a internet.

No todas las plataformas, herramientas online y redes sociales funcionan igual ni tienen la misma eficacia a la hora de movilizar a las personas. Las que están más orientadas a la interacción social, como Facebook, son un instrumento idóneo para facilitar una coordinación interna más estable y sostenida en el tiempo. Los grupos de Facebook permiten a sus miembros mantener una interacción constante y permanente, compartiendo ideas, propuestas, votaciones y documentos, y facilitando el trabajo entre personas situadas en distintos puntos geográficos. Ésta fue una de las claves que permitió articular una organización efectiva de cara a las manifestaciones del 15 de mayo de 2011.

Por su parte, otras redes sociales de microblogging, como Twitter, están más orientadas a la difusión instantánea y viral de información y convocatorias. Son un eficaz instrumento para transmitir noticias, ideas y propuestas alternativas, pero también permiten una excelente autoorganización del colectivo en torno a citas o acciones directas que requieren una respuesta rápida.

Un ejemplo reciente de la utilidad de internet y las redes sociales en cuanto instrumentos organizativos para provocar el cambio social lo encontramos en el MoVimento 5 Stelle, liderado por Beppe Grillo y acreedor de un gran éxito en las elecciones celebradas en Italia en febrero de 2013[103]. Este colectivo comenzó a trabajar hace más de cinco años y apostó firmemente desde el principio por el uso de internet como herramienta política. Más que utilizar la red como un simple medio de difusión de propaganda e información, este movimiento la aprovechó como plataforma para la organización ciudadana y la creación de la agenda de los medios.

El uso eficaz de plataformas online como Meetup.com (red social de grupos locales) permitió a más de 70.000 ciudadanos pasar a formar parte de 600 colectivos afines al MoVimento 5 Stelle. Estos grupos locales cuentan con sus propias herramientas online orientadas a la deliberación y la acción política (web, blogs, correo electrónico, espacios en redes sociales). Por encima se encuentra un equipo que gestiona una web nacional para coordinar el movimiento, ofrecer su visión política después de agregar lo acordado en los movimientos locales, y crear espacios donde desarrollar debates a nivel estatal.

De este modo, el partido se constituye sobre una multitud de grupos que gozan de independencia y que se comunican a través de herramientas online directamente entre sí y con un núcleo central que ordena y comparte la actividad, dándole mayor visibilidad e impacto al movimiento y garantizando la cohesión del discurso, así como la identidad estatal de un colectivo especialmente heterogéneo.

De este modo, internet se perfila como una herramienta y un espacio perfecto para la creación de una comunidad en la que puede brotar la organización de un movimiento social y político a todos los niveles. Igualmente, es especialmente idóneo para elaborar un discurso propio a través de la deliberación abierta y para organizar todo tipo de acciones online y offline que pueden desembocar en la presentación de una opción electoral renovadora. ¿Qué mejor instrumento para el cambio que un invento que pone en comunicación a las personas?

Acciones online: la agitación a golpe de tuit

La ubicuidad, instantaneidad y fácil conectividad de la red la convierten también en un espacio e instrumento idóneo para poner en marcha acciones puntuales a favor de cambios concretos. El activismo tradicional se ve así rejuvenecido con esta nueva forma de agitar el tejido de la sociedad. Los llamamientos a la rebelión hoy tienen forma de hashtags, las etiquetas temáticas de Twitter, y se manejan a golpe de clic.

Precisamente, Twitter es una de las plataformas que se han revelado como una de las más eficaces a la hora de promover acciones. El uso de hashtags de denuncia sirve tanto como expresión de descontento social como de herramienta de difusión en tiempo real de cualquier convocatoria o iniciativa, logrando de paso una gran visibilidad e impacto mediático.

Una acción coordinada entre varios ciberactivistas puede lograr que un hashtag se convierta en trending topic (tema candente en las conversaciones de Twitter en un determinado momento y en un área concreta, o en todo el planeta), con lo que ganará visibilidad entre decenas de miles de personas y ayudará a extender como la pólvora una información.

Los ciberactivistas de nuestro país suelen generar trending topics que alcanzan notoriedad a escala nacional, pero en algunas ocasiones han conseguido también ser noticia en la red social a nivel internacional, logrando así que millones de usuarios de todo el mundo se enteren de una reivindicación concreta. En España, este hito se alcanzó en diversas ocasiones, como en las manifestaciones del 15-M (#AcampadaSol, #25S), las movilizaciones de la «primavera valenciana» de 2012 (#PrimaveraValenciana), o con motivo del caso Bárcenas (#lospapelesdeBarcenas).

Situadas más allá de las tradicionales recogidas de firmas en papel, las peticiones online constituyen una herramienta de gran utilidad y eficacia para generar presión en temas de interés público y permiten favorecer la consecución de pequeños cambios que son visibles en el día a día de las personas. Su efecto es similar al de las manifestaciones: logran dar visibilidad a las tendencias sociales y las posturas de la opinión pública que hasta entonces permanecían ocultas, sirven de termómetro social y son un perfecto instrumento de concienciación, gracias al poder de difusión viral que atesoran. Pero también gozan de un componente específico de presión directa, ya que permiten el envío masivo de correos electrónicos a los destinatarios de una petición.

Parecido a este tipo de acciones ciudadanas es el bombing, consistente en que cientos o miles de individuos, de manera simultánea y coordinada, intervengan masivamente las cuentas que determinadas empresas o instituciones tienen en las redes sociales, con el fin de expresar una protesta o reclamar un cambio. Pueden ser muy efectivas para darle notoriedad a un problema y forzar la búsqueda de una solución gracias a la creciente preocupación por la reputación online de las empresas y entidades públicas.

Los Google bombing son una variante de esta acción. Utilizan el algoritmo con el que Google posiciona las páginas para colocar una determinada web de protesta en los primeros lugares al realizar una búsqueda. En España, el colectivo Hacktivistas ha utilizado esta herramienta para darle visibilidad a páginas que criticaban las campañas gubernamentales contra la piratería. De este modo, cuando se accedía al buscador para ir a la campaña «Si eres legal, eres legal», promovida por el Ministerio de Cultura contra la copia y la descarga de películas y música, el primer resultado que aparecía era la web de este colectivo, que se ha opuesto sistemáticamente a lo que consideran manipulaciones del Gobierno para demonizar la libre distribución de la cultura.

Cuando estas acciones se complementan con otras formas de protesta online más agresivas el efecto de denuncia llega a ser muy destacado. En esta categoría, los mejores ejemplos los proporciona la red informal de individuos no identificados que se anuncian bajo el indicativo de Anonymous, cuyas acciones en defensa de la libertad de expresión y otros derechos han alcanzado notoriedad en los últimos años.

Los ciberataques (ataques distribuidos de denegación de servicio, o DDoS) constituyen las acciones de mayor impacto entre las promovidas por Anonymous. Para ponerlos en marcha, personas que no necesariamente se conocen se ponen de acuerdo para tumbar las webs de una empresa o institución determinada saturando sus servidores. Hay que dejar constancia de que los ataques DDoS son ahora mismo ilegales en España, aunque sus defensores los consideran una forma de protesta legítima en el espacio digital, equivalente a una manifestación que corta el tráfico o una concentración que impide el normal funcionamiento de una empresa durante unas horas, porque no tiene ningún efecto en los sistemas de seguridad de una web.

Manifestaciones y concentraciones: la calle habla y… actúa

Las manifestaciones y concentraciones callejeras son algunas de las herramientas tradicionalmente más utilizadas para expresar el descontento de la población. Sin duda, su función es decisiva para provocar cambios: permiten mostrar de forma pública una reivindicación concreta, aumentan la sensación de presión social sobre el Gobierno y demás actores políticos y sociales dominantes, y logran llegar a muchas personas a través de su impacto en los medios de comunicación y su difusión en redes sociales.

Su eficacia depende de los objetivos por los que son convocadas, que conviene que sean claros y estén vinculados a medidas concretas del Gobierno o la institución ante la que se eleva la demanda. Es conveniente convocarlas de forma unitaria, procurando siempre concertar a diversos movimientos que comparten ese descontento popular para formar un frente cívico unitario. En nuestra opinión, también es preciso que las protestas logren unir a la mayoría de la población y dejen al margen cualquier símbolo excluyente. Este es un objetivo que se está consiguiendo con éxito en los últimos tiempos en nuestro país a través de las distintas mareas ciudadanas que se han movilizado en defensa de los servicios públicos.

Una señal ineludible de los profundos movimientos que se están produciendo en nuestro país y de las ansias de cambio que se han instalado en nuestra sociedad es el importante incremento en el número de manifestaciones que se ha producido desde 2011. Por si alguien lo dudaba, dejan claro que son numerosos los ciudadanos con ganas de expresar su indignación y reclamar alternativas. Ya no somos grupos minoritarios —«perroflautas», decían en 2011 con displicencia algunos voceros de lo políticamente correcto— los que ocupamos las plazas. Por nuestras calles hemos visto pasar auténticas riadas de ciudadanos que han dicho basta y que reclaman otra forma de organizar los asuntos de la comunidad.

Pero debemos ser realistas: si nos limitamos a mantenernos en un permanente estado de agitación, convocando múltiples manifestaciones con objetivos difusos, no lograremos provocar los cambios reales y visibles a los que aspiramos. Las manifestaciones y concentraciones son una herramienta importantísima para mostrar el apoyo que tiene una demanda y aumentar la presión sobre las instituciones, pero no deberían ser el único eje sobre el que gire la movilización social para hacer realidad el cambio.

En contradicción con los objetivos que se persiguen, un exceso de manifestaciones escasamente planeadas y no insertadas en un plan estratégico mayor puede hacer que se pierda el impacto sobre aquellas personas no concienciadas que podrían implicarse potencialmente. Un continuo y difuso clima de protesta puede convertirse en una rutina carente de significado, y acabar desgastando anímicamente a quienes se ven participando en continuas concentraciones sin conseguir sus objetivos.

Acciones directas: la legitimidad de la desobediencia civil

Las acciones directas constituyen los instrumentos más impactantes que pueden utilizar los activistas de forma individual o colectiva para dar respuesta a un determinado problema y exigir un cambio. Las hay de todo tipo: algunas inocuas y encuadradas en la legalidad, y otras que constituyen verdaderos actos de desobediencia civil.

La injusticia a la que hoy se ve sometido un sector cada día más amplio de la población ha cambiado la percepción de los ciudadanos en relación a los actos de rebeldía civil. Desobedecer una ley para reclamar un objetivo socialmente justo ha dejado de estar mal visto entre la ciudadanía para convertirse en una vía de expresión de protesta que cada día goza de mayor prestigio popular. Parar un desahucio, cortar una calle, ocupar la oficina de un banco para denunciar un desmán o reclamar públicamente el cumplimiento de un derecho fundamental son acciones cada vez más practicadas en nuestro país, y que cuentan con simpatías entre ciudadanos de todo orden y procedencia. Incluso colectivos organizados y perfectamente integrados en nuestra sociedad como los bomberos están respondiendo con la desobediencia civil cuando se les obliga a resolver ejecuciones hipotecarias[104]. Su negativa a llevarlas a cabo no sólo sirve para detener desahucios de personas y familias con nombre y apellidos; también logra enviar un claro mensaje a la población de que se puede hacer frente a las injusticias, aunque esto pase por oponerse a una orden judicial.

La desobediencia civil es la negativa a acatar una norma de forma consciente, pública, pacífica y no violenta, con el fin de perseguir que la autoridad rectifique. Estos gestos de rebeldía no se han inventado ahora. Al contrario, los ejemplos de esta vía de actuación son múltiples a lo largo de la historia, desde la resistencia no violenta de Gandhi o Nelson Mandela a la modesta pero trascendental acción de Rosa Parks contra el racismo de la sociedad estadounidense. En España, el Movimiento de Objeción de Conciencia —con más de 20.000 seguidores activos en la década de los ochenta del siglo pasado— es el ejemplo más claro de este modus operandi y de sus posibilidades de éxito.

Para emprender este tipo de acciones, el ciudadano debe tener en cuenta las posibles consecuencias legales que su acción puede tener. Son muchos los riesgos que se corren, pero a veces merece la pena asumirlos. No en vano, cada día son más los grupos que se organizan para desobedecer colectivamente la legalidad y afrontar de manera conjunta las penalizaciones. Son actos de valentía que resultan claramente ejemplares a ojos de ese sector cada día más amplio de la sociedad que está demandando cambios reales en nuestro mundo.

Huelgas de ayer y de hoy

Esta tradicional herramienta de lucha, con una larga historia de triunfos a sus espaldas, manifiesta hoy claras señales de agotamiento e ineficacia para provocar cambios reales. En las actuales circunstancias creemos que sería conveniente reinventar las huelgas para hacerlas más inclusivas y efectivas, evitando el ataque a trabajadores y comerciantes que no pueden o quieren seguir una convocatoria ni detener su actividad. Son muchas las fórmulas que pueden convertir a las huelgas en un instrumento de cambio eficaz y adaptado a los tiempos actuales, como las huelgas de consumo o los paros planificados en sectores estratégicos.

Las huelgas de consumo convocan a la gente a dejar de utilizar un servicio o producto (bancos, consumo eléctrico…) o a primar el consumo de unos (bienes de producción local, artículos ecológicos…) frente a otros, conectando así con las iniciativas de consumo responsable que fomentan un cambio de mentalidad a la hora de hacer la compra. Este tipo de acciones permiten la participación de todos los ciudadanos, y cada vez cobran más fuerza gracias al impulso de movimientos como el 15-M. Las huelgas de consumo pueden tener incluso un mayor potencial para extenderse en el tiempo.

Respecto a los paros laborales que suelen promover las huelgas, creemos que el respeto a las personas que deciden trabajar, o que se ven obligadas a ello, no significa renunciar a llevar a cabo otras acciones más contundentes que afecten al normal funcionamiento del país. No nos engañemos: el fin de una huelga es siempre paralizar una determinada actividad para dar visibilidad a la protesta. No podemos caer en la trampa de los medios al servicio acrítico del poder establecido que presentan el paro como algo injustificable y que destroza la imagen nacional.

Es nuestro deber como ciudadanos indignados decir basta y denunciar las políticas erráticas de nuestros gobernantes. Pero estos esfuerzos han de encauzarse hacia acciones que dificulten realmente la marcha normal del país y pongan en dificultades al Gobierno, no a estigmatizar a los esquiroles. Los cortes de carreteras y la paralización de sectores estratégicos del país a través de prácticas de resistencia pacífica no violentas, incluso durante varios días, podrían ser instrumentos útiles para lograr una huelga realmente efectiva. Las huelgas no son un mero grito colectivo sino un medio para lograr un objetivo concreto y es lógico que se enfoquen hacia la obtención de compromisos claros y contundentes. Mientras estos acuerdos no se produzcan, podrían mantenerse en el tiempo todas las medidas que hemos comentado, de forma continua o intermitente, o combinadas con otro tipo de acciones: manifestaciones ciudadanas unitarias, cortes de tráfico, actos de desobediencia civil…

La información y el debate en tiempos de Wikileaks

Como ya se ha dicho en páginas anteriores, el pensamiento único que suele imponer los sectores dominantes debe ser combatido con información contrastada, veraz, basada en nuevos valores y centrada en el interés ciudadano y no en criterios mercantiles, que proporcione nuevos marcos desde los que comprender la realidad y dar sentido a la crítica. Esta tarea es esencial para crear el caldo de cultivo en la opinión pública que dé lugar a un movimiento de cambio social realmente efectivo.

Para lograrlo es importante utilizar herramientas como las manifestaciones y las acciones online u offline que dan visibilidad a los problemas. Pero es necesario hacer uso de otras vías para fomentar el crecimiento de un discurso crítico en la población. La difusión de información alternativa es fundamental. Cine, música, literatura, diseño, periodismo, trabajos académicos, entrevistas, investigaciones… Todos estos canales son útiles para agitar la conciencia ciudadana.

En este sentido, las nuevas tecnologías son un valiosísimo aliado, pues facilitan la síntesis de los mensajes y multiplican su replicabilidad, impacto y difusión.

Hemos tenido ocasión de comprobar este potencial viendo el uso que se le ha dado a las redes sociales en las revoluciones emergidas en los últimos años, y también a través de casos como Wikileaks. Esta plataforma internacional pone a disposición del público información y documentos públicos con revelaciones particularmente sensibles provenientes de filtraciones anónimas. Su irrupción en la escena geopolítica mundial puso en jaque a decenas de Gobiernos y fomentó un intenso debate ciudadano sobre la política, la transparencia, y el papel que cumple el periodismo de hoy a la hora de controlar a las autoridades.

El debate ciudadano es otra herramienta fundamental para el cambio. El 15-M ha hecho posible que miles de personas salieran a las calles y plazas a dialogar y debatir sobre sus problemas y sus soluciones. Si bien no se ha mostrado efectivo para coordinar y organizar los movimientos sociales, el asamblearismo se ha revelado como una herramienta fundamental para fomentar el debate y ayudar a la ciudadanía a abrir los ojos ante la realidad que le rodea.

Creemos que es preciso seguir impulsando estos procesos y animamos a ciudadanos y expertos a participar en los debates, las mesas redondas y distintos foros que continuamente se ponen en marcha. Es de la reflexión y la aportación de todos de donde surgen la credibilidad y la legitimidad de cualquier movimiento de cambio.

Las instituciones como herramienta

Todo proceso de cambio real de nuestra sociedad debería tener presente la necesidad de penetrar en las instituciones para hacerlo realidad. La movilización es útil para hacerle ver a la ciudadanía que existen alternativas al modelo dominante y crear las condiciones que faciliten el cambio, pero éste difícilmente podrá cristalizar en nada real sin utilizar los cauces institucionales. Un ejemplo lo encontramos en las demandas judiciales promovidas recientemente contra los responsables de la debacle política y económica que padece nuestro país. Que nos quede claro: no por utilizar los canales legales es menos reivindicativa una protesta.

Así, la plataforma 15mpaRato[105] presentó una querella contra los directivos de Bankia que impulsaron en 2011 la salida a bolsa de la entidad, entre los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Se interpuso en nombre de una decena de pequeños accionistas de la entidad y acusaba a Rato y al resto de miembros del anterior consejo de administración de los delitos de falsedad de contabilidad, estafa en documento mercantil, falsificación de cuentas e intervención fraudulenta y desleal. A falta de conocer su resolución, al menos de momento ya ha servido para que los ciudadanos veamos desfilar ante el juzgado a destacadas figuras públicas a las que responsabilizamos de muchos de nuestros males.

Asimismo, la asociación ¡Democracia Real Ya! se ha presentado una querella contra 63 diputados que perciben dietas de desplazamiento y manutención a pesar de disponer de una o varias viviendas en Madrid, bajo la acusación de malversación de fondos públicos y apropiación indebida[106].

Pero no sólo la judicial es una vía a explorar para favorecer la regeneración social, política y económica. Todo movimiento de cambio que se precie debería perseguir la conquista de las instituciones de la democracia representativa a través de las urnas. Esta base social que ya se ha movilizado para reclamar el cambio debería cristalizar en una opción electoral que sea capaz de trasladar esa voluntad consensuada hasta las instituciones.

Por desgracia, el actual modelo de funcionamiento de la mayoría de los partidos políticos imposibilita que puedan servir a los intereses de una mayoría social a favor del cambio. Cada opción electoral cree ofrecer el mejor proyecto y se aferra a unas determinadas siglas para promocionar el sentimiento de identificación y pertenencia al grupo y medirse de forma competitiva ante los demás. Esto supone que, lejos de promover un proceso de cambio unitario y acorde a lo que demanda la mayoría de la sociedad, el debate político se reduce en muchas ocasiones a una guerra de siglas en la que se defienden proyectos alternativos que en realidad no son tan diferentes.

Por ello, creemos que sería deseable vincular cualquier proceso de cambio social a un proyecto de convergencia de las fuerzas políticas que verdaderamente compartan esa voluntad de transformación de nuestra sociedad y estén dispuestas a crear un frente unitario para impulsarlo a nivel institucional.

Los partidos políticos interesados en participar en un proceso de cambio apoyado por una base social amplia deberían, así, cambiar su forma de actuar, pasando del tradicional modelo competitivo a otro cooperativo que permita buscar los puntos en común y explorar nuevas formas de funcionamiento junto a otras organizaciones políticas y sociales.

Asimismo, para adaptarse a los nuevos valores de estos tiempos, los partidos políticos deberían cambiar su forma de organización interna de forma radical, apostando por la participación abierta, la transparencia, la deliberación y los procesos de primarias. En definitiva: deben convertirse en organizaciones del siglo XXI.

Financiación colectiva: dinero para promover cambios

La utilización de plataformas y sistemas de crowdfunding, el método de financiación colectiva del que hablábamos en el capítulo 4, constituye una herramienta esencial para el cambio social en nuestro tiempo. No sólo es útil para financiar todo tipo de proyectos culturales y empresariales. También es igualmente válido para costear iniciativas de naturaleza política. Frente al miedo atávico que normalmente manifiestan los movimientos sociales a utilizar recursos económicos, los valores que inspiran al crowdfunding pueden servir para vencer esas reticencias y conseguir dinero con el que potenciar el impacto de sus acciones.

Las posibilidades de esta herramienta son enormes. Desde financiar material audiovisual, atrezo para manifestaciones y cartelería, hasta realizar acciones con impacto en millones de personas gracias a un uso inteligente de espacios publicitarios adquiridos de forma colectiva.

Un ejemplo inspirador: el MoVimento 5 Stelle italiano recolectó a través de esta fórmula dinero suficiente para colocar un anuncio a página completa en el diario International Herald Tribune, que dio a conocer a nivel mundial una campaña contra la corrupción en su país[107]. Bien usado, el crowdfunding ofrece grandes posibilidades para articular acciones desde la base ciudadana.

ORGANIZACIONES PARA EL CAMBIO: LAS FORMACIONES DEL SIGLO XXI

Las organizaciones son decisivas para generar un amplio movimiento social a favor del cambio. Frente a los que creen que hay que optar por estructuras estrictamente asamblearias, nosotros opinamos que este modelo debe ser complementado con otras vías que sean capaces de gestionar una movilización a gran escala. Es preciso combinar los nuevos modelos de articulación social, basados en las redes distribuidas, la participación y la apertura, con organizaciones capaces de coordinar, impulsar y activar un proceso de cambio a largo plazo.

Estamos convencidos de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para consolidar una organización eficaz, pero a la vez abierta, participativa y distribuida. Las nuevas formaciones que necesitamos en la sociedad civil (plataformas, coordinadoras, asociaciones) y en la política (nuevos partidos, coaliciones, agrupaciones de electores, lobbies ciudadanos) sólo podrán tener éxito si se adaptan a la realidad del siglo XXI y vencen las resistencias de las tradicionales instituciones, normalmente burocráticas, rígidas y totalmente jerarquizadas.

Actualmente la mayoría de las formaciones, especialmente las políticas, tienden a basarse en la repetición de consignas y el seguidismo acrítico a los jefes. Una organización del siglo XXI debería aspirar a ser completamente abierta y adaptada a una interacción constante con las personas. Las redes de activistas han de pasar de ser elementos accesorios situados en los márgenes de la escena política a ser la pieza fundamental de las organizaciones, fomentando así la creatividad y la autonomía de sus participantes.

Se acabó el tiempo de la fidelidad ciega a los jerarcas y la repetición irreflexiva de los lemas. Los miembros de estos nuevos colectivos deben asumir responsabilidades como activistas y no limitarse a ser un mero número en la militancia. Si lo que buscamos es crear ciudadanos críticos y concienciados, es necesario que éstos desarrollen su capacidad de autogobierno y participen en los asuntos públicos de manera activa. Sólo así será posible determinar entre todos el rumbo que debe seguir nuestra sociedad. Como propone el experto en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí, es preciso pasar «de militante a activista»[108].

Las nuevas organizaciones han de constituirse como espacios de respeto donde puedan convivir y desarrollarse una auténtica pluralidad de ideas y corrientes. Esto no merma la fortaleza del grupo, sino que enriquece el debate, el cual debe evitar en todo momento los ataques personales, los prejuicios ideológicos y la defensa irracional y dogmática de los propios símbolos y siglas.

Los cambios que deben afrontar las nuevas organizaciones no sólo atañen a su estructura. Su funcionamiento también necesita distanciarse del que siguen actualmente la mayoría de las formaciones. La deliberación y el debate democrático son los principios sobre los que se han de constituirse. Las decisiones, los programas y las hojas de ruta deberían ser el producto de un proceso deliberativo constante y abierto a todos que ayude a detectar las ideas más fundamentadas y permita elaborar nuevas propuestas fruto de la inteligencia colectiva. Se trata de buscar la excelencia a partir del debate colectivo. En este sentido, el uso de plataformas wiki puede ser especialmente eficaz.

Este proceso deliberativo debe evitar desembocar en una dictadura de aquellos miembros con más tiempo para el activismo y mejor preparados para la militancia. Las organizaciones del siglo XXI han de ser especialmente pedagógicas y deben fomentar la participación ciudadana para que cualquiera, con independencia de sus circunstancias, tenga opciones para colaborar y aportar sus ideas. Hay fórmulas de participación multiplataforma a distancia que pueden ser particularmente útiles para lograr este objetivo.

Es preciso que estas organizaciones se adapten permanentemente a los cambios y estén dispuestas a mutar, o bien aparecer y desaparecer de forma dinámica según su tarea haya sido cumplida. Asimismo, para aumentar su eficacia, es preciso que adopten un modelo de multiorganización (la convivencia de diferentes tipos organizativos al mismo tiempo), para atender a las necesidades específicas de cada momento. Las nuevas formaciones sociales y políticas, para resultar útiles y prácticas, deben articularse en función del objetivo específico que persiguen.

A continuación, siguiendo algunas de las tesis del profesor de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) Sydney Tarrow, exponemos distintas tipologías de organizaciones de carácter político y social que pueden ser útiles para promover el cambio social[109]:

Organización pedagógica. Es la más necesaria para que una estrategia de cambio social a largo plazo tenga éxito. El objeto de su labor consiste en la explicación ante la ciudadanía de realidades y propuestas que habitualmente tienen poca visibilidad y escasos apoyos. Debe procesar una ingente cantidad de información para hacer digeribles los datos al ciudadano medio y prepararle para el cambio, ayudándole a discernir claramente los riesgos y oportunidades que tiene delante. Son muchas las fórmulas que existen para llevar el mensaje a ese sector de la población que aún no forma parte de la masa crítica favorable al cambio: artículos periodísticos, libros, blogs informativos, bases de datos, aplicaciones, acciones directas de gran relevancia y webs dirigidas a aumentar la transparencia sobre las actividades del sector público y privado… En algunos casos, enseñar a los ciudadanos cuál es el proceso de elaboración de una ley puede ser mucho más potente y eficaz que convocarlos a salir a la calle a expresar su frustración.

Organización vanguardista. A través de la coordinación de personas especialmente comprometidas y con alta disponibilidad para la implicación, este tipo de formaciones promueven la puesta en marcha de acciones de alto impacto relacionadas con noticias relevantes, escándalos o acontecimientos trascendentes, con el objetivo de visualizar una respuesta de la sociedad civil ante dicha controversia. Son especialmente útiles para desarrollar tácticas a corto plazo y acciones directas: desde crear una petición en plataformas online a parar un desahucio u ocupar temporalmente un edificio.

Organización objetivo. Se trata de formaciones orientadas exclusivamente hacia la consecución de una meta concreta. Por este motivo, deben vigilar que ese logro hacia el que se articulan no se mezcle ni se confunda con otras reivindicaciones. En caso contrario perderán poder, capacidad de influencia y legitimidad ante la sociedad.

Organización coordinadora. Su misión es poner en sintonía a otras organizaciones para llevar a cabo acciones, movilizaciones o proyectos a gran escala. Carece de una agenda propia y tiene unas estructuras sencillas. Se limita a concertar la actividad del resto de formaciones para la consecución puntual de un objetivo.

Organización para la contienda electoral. A través de la formación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales, este tipo de organización utiliza los cauces legales de participación electoral para llevar a la arena política una determinada opción, programa o propuesta.

La adopción de un tipo organizativo concreto puede variar a lo largo del tiempo en función de la fase en la que se encuentre el proceso de cambio que se desea alcanzar. Por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha ido mutando a lo largo de sus cuatro años de vida para conseguir diversos objetivos. Primero desarrolló una importante labor como organización pedagógica y logró concienciar a la ciudadanía acerca del derecho la vivienda y la legitimidad para parar desahucios. A continuación ejerció principalmente como organización vanguardista y reunió a grupos de activistas dispuestos a realizar acciones directas de desobediencia para parar desahucios. Finalmente se configuró sobre todo como una organización objetivo para recoger firmas y lanzar una Iniciativa Legislativa Popular que cambie la ley hipotecaria.

El éxito de la PAH demuestra que el cambio es posible cuando se ponen en marcha organizaciones alternativas verdaderamente sólidas que se sustenten sobre grupos dinámicos de participantes y se van amoldando a las diferentes situaciones que se presentan, bien con el tránsito por distintos tipos de organizaciones, bien a través de la convivencia de diferentes tipos de organización en un mismo tiempo.

En ocasiones es necesario trabajar con formaciones que no estén adaptadas a estos nuevos principios: ONG tradicionales, sindicatos o partidos políticos jerárquicos e institucionalizados, empresas y entidades convencionales… Aunque no hayan optado por transformarse en organizaciones del siglo XXI, puede haber valores y objetivos compartidos que obliguen a operar de su mano o a aprovechar su capacidad institucional para situar una demanda concreta en la agenda política. Hay que estar siempre abiertos al diálogo; lo importante no es quién lo hace, sino lo que se consigue.

NO ES PAÍS PARA AUTORITARIOS

En el Movimiento 15-M, la opinión mayoritaria rechazaba la figura del líder y defendía que la red y las asambleas permitían la participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Esta creencia niega la realidad y parte de una concepción equivocada sobre el liderazgo. En realidad, en el 15-M sí había líderes: personas que debido a su reputación en la comunidad, a la confianza que suscitaban o a su especial habilidad en determinadas cuestiones acababan influyendo en la agenda del movimiento. Pero este liderazgo no tiene que ser negativo, sino todo lo contrario.

El liderazgo debe ser asumido como algo positivo, natural y eficaz para impulsar el cambio. En España, debido a las nefastas tendencias autoritarias de los gobernantes en nuestra historia reciente, se tiende a confundir liderazgo con la imagen del jefe despótico que se sitúa jerárquicamente por encima del resto. Pero este retrato no tiene nada que ver con los verdaderos valores del liderazgo.

Un jefe que intimida, presiona y humilla a sus empleados no es un líder. Un líder es una persona que sabe cooperar con los demás y trabajar con ellos codo con codo, innovando e inspirando e impulsando el trabajo conjunto. No tiene por qué ser el más inteligente ni el más trabajador del grupo. Simplemente, es el que sabe canalizar de forma más adecuada el potencial del colectivo, sacando lo mejor de sus integrantes, escuchando, comprendiendo y respetando a sus semejantes. Es necesario identificar a los líderes del siglo XXI que puedan transformar la manera de hacer política y se alejen de toda concepción autoritaria de su papel. Deberían ser coherentes con sus actos y trasmitir confianza, serenidad y seguridad. Ser proactivos e innovadores, capaces de tomar la iniciativa. Inspirar a los demás y consolidar el sentimiento de pertenencia al grupo al evidenciar que padece los mismos problemas que el resto. Conectar con los demás y hablarles de «tú a tú».

Los líderes del siglo XXI saben ver las aptitudes de los demás y les animan a adquirir responsabilidades. Respetan las decisiones democráticas del grupo y no se apropian del papel de líder, sino que esa asignación se la otorga el colectivo con su confianza y, en su caso, a través del voto. Este liderazgo puede ser compartido por varias personas que realicen de forma conjunta labores innovadores e inspiradoras.

Ada Colau, portavoz de la PAH, es un claro ejemplo de este nuevo liderazgo: comparte todas estas capacidades y es capaz de articular un discurso potente, directo y sin dogmatismos dirigido a la raíz del problema. Si gracias a personas como Ada conseguimos que en nuestro país cambie la cultura sobre el liderazgo, habremos dado un paso de gigante para acelerar los cambios que necesitamos. Es hora de que las personas más comprometidas den la cara y tomen la iniciativa de unir a la gente y favorecer la conformación de una masa crítica ciudadana capaz de impulsar la transformación que necesita nuestra sociedad.

LA ORGANIZACIÓN TRAE LA REVOLUCIÓN

Esto fue lo que sucedió en 15 de mayo de 2011, cuando un grupo de no más de un centenar de personas nos pusimos a trabajar en las redes sociales para convocar una manifestación ciudadana que acabaría asombrando a medio mundo. El primer objetivo era mostrarle a la gente por qué en España no disfrutamos de una democracia real y llevar a cabo pequeñas acciones directas online y offline para visibilizar el creciente movimiento social que estaba surgiendo. Hasta ese momento se habían producido diversas manifestaciones que trataban de capitalizar el descontento social y aportar alternativas, pero el Movimiento 15-M fue la única iniciativa unitaria capaz de conformar con éxito un volumen de personas suficiente para iniciar una verdadera agitación social.

El éxito del 15-M y el cambio de percepción que este movimiento provocó en la ciudadanía acerca de la situación económica y política de nuestro país dan buena cuenta del logro alcanzado. Hace dos años, cuando algunos denunciábamos que en España no existía una verdadera democracia, la mayoría nos miraba extrañada. Hoy son pocos los que se atreven a afirmar que nuestro modelo representativo partitocrático, con un rosario de casos de corrupción que no parece tener fin, cumple los mínimos requisitos necesarios para hablar de un gobierno efectivo del pueblo.

Conformada esa masa crítica social de ciudadanos indignados y dispuestos a rebelarse contra las injusticias de nuestro modelo económico y político, es el momento de hacer converger ese grito popular con otras protestas para dar forma a un movimiento que exprese todo el descontento que anida en nuestra sociedad. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo gracias a la coordinación de las mareas ciudadanas que se han movilizado en nuestro país en los últimos meses contra los recortes de servicios públicos, así como con motivo de la huelga general, apoyada por diversos actores políticos y sociales, de noviembre de 2012.

Ahora es el momento de consolidar este movimiento social a través de plataformas ciudadanas fuertes y coordinadas que estén enfocadas hacia la consecución de objetivos concretos. A nivel político, el entendimiento entre las fuerzas políticas minoritarias debe conducir a un escenario que permita la defensa de esos objetivos en la arena electoral. Es hora de convertir la indignación en una fuerza constructiva que empiece a organizar el cambio.

De este trabajo conjunto debe salir una propuesta política, social y económica susceptible de ser apoyada democráticamente por el grueso de la población. Seguramente existen muchas diferencias entre las distintas sensibilidades que reclaman un cambio, pero es preciso sintetizar aquellos principios básicos que nos ponen de acuerdo a todos para avanzar hacia una sociedad más justa, equilibrada y democrática.

Asimismo, deberá concertarse una hoja de ruta que marque el camino a seguir. Necesariamente, este proceso debe pasar por llevar a cabo una auténtica revolución democrática que haga realidad un sistema participativo en el que cada ciudadano pueda expresar libremente sus preferencias acerca del cambio que se pretende implantar.

Son las organizaciones sociales y políticas las que deben acordar esa hoja de ruta, y será la ciudadanía la que decida finalmente el sistema de convivencia del que desea dotarse. Nosotros no tenemos los conocimientos ni la autoridad ni la capacidad necesarios para proponer ninguna solución unívoca o indiscutible. Sin embargo, en el siguiente capítulo expondremos una propuesta básica de proceso de cambio que, sin ánimo de exhaustividad, servirá para provocar un debate constructivo sobre el mundo al que aspiramos y el camino que nos puede conducir hasta él.

CAPÍTULO 6

LA HORA DEL CAMBIO

Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución… Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción.

EMMA GOLDMAN

En este capítulo final abordamos una posible hoja de ruta para hacer realidad el cambio. Partimos del análisis que hemos trazado en páginas anteriores acerca de nuestra situación actual, teniendo muy en cuenta las capacidades que atesoramos, tanto como individuos como de forma colectiva, para emprender iniciativas que tengan efectos reales en la mejora de la vida de las personas, y sin perder de vista las propuestas que en ese sentido ya se están desarrollando. Igualmente, creemos que es necesario poner en valor el papel que deben cumplir las organizaciones políticas y sociales para facilitar el cambio, así como las aportaciones que pueden hacer tanto el nuevo liderazgo que demandan nuestros tiempos como las diversas herramientas que se nos ofrecen para avanzar en este camino.

Arrancamos de una premisa de la cual estamos absolutamente convencidos: ahora mismo nos encontramos en un momento histórico e irrepetible para dar un golpe de timón. Y esto es así debido a dos circunstancias fundamentales: el cambio de era ha coincidido con la irrupción de un crisol de sistemas de comunicación en red que permiten la conexión y la interacción directa entre las personas como nunca antes había sido posible, lo que permite articular movilizaciones de formas muy novedosas y efectivas y facilita el surgimiento de nuevas organizaciones para el cambio social; por otro lado, la debacle del sistema político y económico que nos guiaba, tan suicida como destructivo, ha acabado poniendo en riesgo nuestra calidad de vida, el medio ambiente y la cohesión social para beneficiar sólo a unos pocos privilegiados, ese 1 por ciento al cual se enfrenta el 99 por ciento de la población.

A continuación enumeramos una serie de pasos que a nuestro juicio serían útiles para que empiece a cristalizar la transformación social que demandamos. Sabemos que la solución que aportamos no es perfecta ni unívoca, pero estamos convencidos de que es válida para marcar una senda.

CAMINANDO HACIA UNA DEMOCRACIA REAL

Tras las múltiples acciones colectivas que siguieron al 15-M, ha acabado tejiéndose a lo largo y ancho del país una red de personas y colectivos que dan cuerpo a un completo movimiento social que, si bien es enormemente amplio y plural, adolece de ser difuso, poco estructurado y carente de una estrategia global clara. Sin embargo, la manifestación del 23 de febrero de 2013, convocada en todo el país para protestar contra los recortes sociales y la idolatría de la austeridad que promueve el Gobierno, supuso el inicio de una nueva fase dentro de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 15 de mayo de 2011[110]. Fue la primera vez que un amplio espectro de partidos (Izquierda Unida, Equo, Chunta Aragonesista, PACMA, GUIA, PIRATA, PUM+J y PDSA, entre otros), sindicatos (CGT, CCOO, UGT), asociaciones (¡Democracia Real Ya!, Asociación Libre de Abogados, Asociación AMEFE, y varias más), asambleas del 15-M y diversas mareas ciudadanas sectoriales (amarilla en defensa de la educación, blanca para proteger la sanidad pública, roja por la cultura, verde contra los desahucios, negra para los funcionarios) salían a la calle unidos para protestar. Es histórico que tantos colectivos —unos veteranos y otros recién nacidos, unos reclamando peticiones concretas y otros proponiendo una transformación más global de todos órdenes de la vida pública— unieran su voz por primera vez de forma visible en nuestro país.

Pero las manifestaciones, aunque sirven para catalizar el descontento de la población, presionar a las autoridades y concienciar a los ciudadanos que están menos atentos a los problemas que nos acucian, deben encuadrarse en un plan más amplio si quieren aspirar a marcar la agenda política. La única vía que hay para establecer una estrategia de cambio a largo plazo consiste en consolidar una organización que sea capaz de diseñar una hoja de ruta, consensuada entre todas las formaciones de la esfera social y política favorables al cambio, y llevarla a la práctica. Hablamos de promover la creación de una auténtica Junta Democrática que trabaje a conciencia por el cambio político y económico.

El primer paso de cualquier proceso de cambio es identificar de manera clara y unívoca los objetivos y las propuestas que son comunes a todos los colectivos que han dado un paso al frente. Para lograrlo es esencial garantizar el respeto a la pluralidad de ideas de todos los miembros y que los procesos decisorios estén basados en la participación, la deliberación y la concertación. Se trata de trabajar codo con codo de forma abierta entre todos los que estén dispuestos a participar, sin imponer ningún marco ideológico previo. Los ciudadanos deben percibir que hay otras vías diferentes a las conocidas para actuar en política. Formas que no están basadas ni en la crítica destructiva ni en ninguna agenda ideológica exclusiva y excluyente, sino en la construcción de una auténtica democracia desde la base y con el apoyo de todos.

Esta apuesta por la democracia real tendría dos vertientes: la interna, a través de la creación de una plataforma abierta, transparente, distribuida y participativa, tanto en su organización como en su sistema de toma de decisiones; y otra externa, que pondría en marcha un proceso constituyente abierto a la ciudadanía que tendría como objetivo fijar nuevo modelo de organización social. Veamos, a continuación, cómo podrían desarrollarse ambas trayectorias.

Una Junta Democrática con participación ciudadana

La plataforma que necesitamos para coordinar el proceso de cambio democrático podría organizarse simultáneamente a través de una plataforma web y mediante reuniones en grupos locales. Lo que esta Junta Democrática buscaría en la ciudadanía no serían militantes (la misma palabra, proveniente del latín militare, hay que desestimarla porque induce a obediencia, a acatar órdenes), sino participantes que sean capaces de aportar su granito de arena al proceso.

La implicación ciudadana es clave para decidir las acciones que debe seguir esta plataforma y marcar su rumbo. Su actividad se expresaría, al menos en una primera fase, a través de cuatro posibles perfiles de participantes: organizadores, activos, comunicadores y gestores de propuestas.

Los organizadores se encargarían de gestionar las herramientas online y offline que permitirían el adecuado funcionamiento de la plataforma: web, redes sociales, grupos y foros de discusión, cuentas de correos, sistemas electrónicos de votación, gestión de lugares de las reuniones, política de comunicación…

Los activos, tanto a nivel local como nacional, realizarían labores que requieren un mayor nivel de disponibilidad, compromiso, y riesgo. Hablamos de acciones directas, protestas exprés, entregas de firmas y, en general, de todo el soporte que requiere la organización.

Los comunicadores trabajarían en la gestión de medios, internet y redes sociales para difundir información relevante, mensajes virales, convocatorias… Tendrían que desarrollar una amplia labor pedagógica para hacer visible y entendible ante la ciudadanía el cambio que se está promoviendo. Es necesario que se conviertan en rostros identificables, capaces de articular el movimiento e inspirar a los demás, ejerciendo una cierta labor de liderazgo. Su lenguaje debe ser ilusionante, inclusivo y claro. Hay que contraatacar el apoliticismo imperante con nuevos códigos, modernos y no agresivos, que animen a participar en el proyecto y a defender los valores comunes a los participantes en la plataforma. Es preciso que los datos de la gran estafa que sufrimos lleguen a los ciudadanos de manera nítida y entendible, transformando la ingente información de que disponemos en conocimiento asimilable por el grueso de la población.

Los gestores de propuestas se ocuparían de dar salida a las soluciones que cualquier experto, ciudadano, plataforma, colectivo, asociación o partido político participante quisiera aportar al programa común a través de deliberaciones locales y de un sistema wiki online que permitiría la participación y la deliberación de todos para elaborar, desarrollar, votar y ordenar de manera consensuada las mejores propuestas que hace la ciudadanía.

Esta plataforma tendría como principal misión seguir ampliando la base social de un movimiento favorable al cambio a través de la concertación de un programa de medidas básicas y de la organización de acciones y actividades continuas que permitirían mantener alto el nivel la protesta y aumentar la concienciación ciudadana. De aquí habrá de nacer una verdadera alternativa electoral unitaria.

Propuestas unitarias para empezar a andar

El cambio significa medidas, propuestas, ideas y soluciones que estén situadas a la altura de las personas, sean sensibles a sus necesidades y sean construidas y consensuadas por todas ellas a través de procedimientos abiertos. Pero igualmente es necesario que las organizaciones y colectivos sociales que den el impulso inicial a este movimiento doten a éste de un memorando previo de valores que, contando también con el escrutinio de la ciudadanía, supongan una suerte de programa básico a largo plazo. Se trata de tener claro de dónde partimos, qué nos duele y qué buscamos. Se debe así combinar la apuesta por la participación ciudadana con la perfecta identificación de las ideas y los valores que inspiran nuestra indignación y nuestras ansias de mudar a otro sistema de relaciones más humano y justo.

Apoyar este programa no significa renunciar a la ideología de cada una de las organizaciones y formaciones implicadas en este movimiento, sino concertar unos puntos comunes que sirvan para aglutinar esta voluntad de cambio, contando siempre con los ciudadanos como protagonistas del proceso. Estos valores deben guiar el funcionamiento y los objetivos de la plataforma, pero podrían ser replanteados a posteriori si existiese consenso en la comunidad.

A partir de las ideas analizadas en el capítulo 3, presentamos una relación de principios básicos que estamos convencidos de que contarán con el visto bueno del amplio espectro de colectivos e individuos que han dado muestras de querer arrimar el hombro en este proceso de cambio:

Principios políticos:

Se debe dar voz a la ciudadanía para que sea ésta quien escoja los mimbres sobre los que construir un nuevo sistema político y económico, a través de un proceso constituyente abierto y participativo.

Hay que defender la democracia como un sistema en el que los ciudadanos tienen la capacidad de gobernarse por sí mismos en sociedad, pudiendo delegar esta labor en representantes sólo si así lo estiman conveniente. La deliberación abierta entre los individuos y colectivos es siempre la condición previa necesaria de toda decisión política de calado.

Cuando el mandato se gestione a través de representantes, los ciudadanos han de poder realizar una fiscalización y un control efectivo y permanente de las labores del Gobierno y de los partidos. Deben ser implantados mecanismos de revocación de las decisiones tomadas por estos, así como del propio mandato representativo.

Deben incorporarse nuevos procedimientos de participación directa ciudadana, dar mayor peso a las iniciativas legislativas populares y a los referendos vinculantes, y permitir una participación continua de la ciudadanía en el funcionamiento parlamentario a través de mecanismos como el voto electrónico y los paneles deliberativos.

Criterios económicos:

Se defenderá una economía de mercado cooperativa, concibiéndola como un instrumento al servicio del bien común, no del enriquecimiento infinito de unos pocos.

Es preciso buscar nuevos indicadores económicos que no se limiten al crecimiento, sino que también tengan en cuenta los impactos sociales y ecológicos que cada actividad acarrea. Se penalizará a aquellas empresas cuya actividad, aunque genere réditos, perjudique al colectivo y al entorno. En cambio, se ayudará a aquellas entidades cuya actividad tenga un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Los productos provenientes de países y empresas que no respeten unos mínimos indicadores sociales y ecológicos serán fuertemente tasados con aranceles. La cooperación ha de ganar fuerza frente a la competitividad como principio rector de las relaciones económicas, promoviendo que las empresas alcancen su tamaño óptimo de acuerdo a la actividad que desarrollan e incentivando la colaboración entre ellas para beneficiar al conjunto de la sociedad.

Es necesario impulsar la economía verde a través del apoyo a sectores y actividades respetuosas con el entorno (energías renovables, nuevas tecnologías, movilidad sostenible, agricultura y pesca ecológica). Se fomentará la relocalización económica para facilitar la autosuficiencia alimentaria, económica y financiera a nivel local.

Los servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad, y sectores estratégicos, como el energético o el bancario, deberán preservar su titularidad pública.

Se fomentarán modelos empresariales basados en el cooperativismo y se establecerán restricciones a las figuras empresariales multinacionales.

Se pondrá en marcha una reforma fiscal de carácter progresivo, social y verde que acabe con instrumentos como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y similares que permiten a las grandes fortunas eludir impuestos. Se debe penalizar a aquellas empresas con impactos negativos a nivel social y medioambiental.

Se establecerán mecanismos predistributivos (reparto de empleo, establecimiento de salarios mínimos y máximos óptimos por sectores…) que permitan un adecuado reparto de la riqueza generada en el seno de la sociedad.

Se luchará de forma efectiva contra el fraude fiscal y la evasión de capitales a paraísos fiscales.

Propuestas sociales:

La igualdad y la justicia social deben ser los principios rectores de nuestro sistema de convivencia. La riqueza generada en el seno de una determinada sociedad gracias a la interacción de todos sus componentes debe ser adecuadamente distribuida entre éstos para evitar unos niveles de desigualdad y pobreza inaceptables de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano.

Se defenderá el bienestar social como fin básico de la acción estatal, manteniéndose un Estado social vigoroso, capaz de proveer a los ciudadanos del apoyo y los servicios que necesitamos.

Se garantizará una serie de derechos sociales básicos para las personas. Entre otros: el derecho a la vivienda, a la atención sanitaria y a una educación pública.

Se fomentará el acceso a la vivienda a través de la oferta de vivienda pública para alquiler social a precios asequibles.

Se rechazará tajantemente cualquier medida que fomente el odio contra las personas por su raza, religión, orientación sexual o ideas.

Se fomentará el pensamiento crítico entre los ciudadanos a través de una educación pública de calidad e independiente.

La cultura libre debe quedar protegida a través del fomento de la libre difusión de conocimientos, información, obras e ideas.

Valores medioambientales:

Se debe garantizar un desarrollo sostenible que permita que el progreso de los estándares de calidad de vida no ponga en riesgo el medio ambiente, el resto de seres vivos y los recursos energéticos y naturales del planeta, y que tienda hacia el mantenimiento de una huella de carbono neutral.

La actividad económica debe atender a las necesidades de los seres humanos del presente sin comprometer las de los futuros habitantes del planeta.

Se defenderá el reconocimiento de derechos básicos de los animales.

La autosuficiencia energética debe alcanzarse a través del fomento de las energías limpias que ayuden a superar el inminente colapso energético por la escasez de combustibles fósiles.

Es preciso apostar firmemente por el reciclaje, la reutilización y por el uso eficiente de los recursos disponibles.

Un lobby ciudadano frente al lobby empresarial y financiero

Esta Junta Democrática, encargada de gestionar la voluntad de cambio que anida en la sociedad, debe dar voz a todos los colectivos implicados en este proceso y encontrar una vía de expresión adecuada del malestar que comparten los ciudadanos. En este sentido, entidades como la Coordinadora 25-S y la Coordinadora de Mareas han realizado una excelente labor, dando cobertura a gran cantidad de manifestaciones unitarias que aglutinan a muchos actores sociales. Aunque, como hemos visto en páginas anteriores, estas herramientas de protesta deben encuadrarse en una estrategia más amplia y coordinada que sirva para lanzar reclamaciones concretas de forma efectiva.

Esta plataforma debería funcionar como un auténtico lobby ciudadano capaz de hacer de contrapeso a los fuertes lobbies empresariales y financieros que actualmente guían las políticas españolas y europeas.

Las propuestas alternativas deben visualizarse en el momento de la protesta, utilizando las manifestaciones, acciones directas, recogidas de firmas, protestas online y huelgas no sólo para presionar de forma abstracta al Gobierno, sino para indicarle cuál es la solución que aportan las organizaciones ciudadanas, y para hacerle ver a la población no movilizada que, efectivamente, existen otras salidas a nuestros problemas.

Impulsar fórmulas económicas alternativas a pequeña escala

La población española sufre ahora mismo terribles penalidades, entre las cuales el paro y el empleo precario destacan por su condición de llave para aliviar otras muchas situaciones indeseables.

Estos problemas podrían paliarse en gran medida de manera rápida y urgente, sin necesidad de aplicar ningún cambio legislativo, sino sólo llevando a cabo ciertas modificaciones en el modo como están organizados los sistemas de trabajo y los métodos de búsqueda de riqueza. Para empezar a cosechar resultados positivos sería suficiente con que se fomentaran las iniciativas basadas en el cooperativismo, la economía local y la economía del bien común y se reforzara el tejido social, económico y laboral que hay en nuestro país. Hablamos de un cambio de paradigma laboral, empresarial y económico que podría ponerse en marcha ya, partiendo de la base de la sociedad y tomando a los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios responsables como protagonistas.

En el campo laboral, son múltiples y variadas las propuestas emanadas desde los distintos modelos económicos alternativos al neoliberalismo que analizamos en páginas anteriores. En este sentido, hemos de destacar que los jóvenes con amplia formación que están parados o en situación precaria, así como las personas mayores de 45-50 años que no encuentran trabajo, ven con frecuencia el autoempleo como una salida a su situación. Sin embargo, ser autónomo es una opción arriesgada que no todos pueden seguir, y que supone enfrentarse en soledad a un sistema hostil. Por eso es preciso centrar los esfuerzos de las organizaciones y los actores sociales en permitir el desarrollo de una economía alternativa que permita generar empleo e incrementar el intercambio de bienes y servicios, así como la producción de riqueza a nivel local.

En esta difícil coyuntura se hace imprescindible que desde la plataforma se pongan al alcance de los ciudadanos todas las herramientas online y offline necesarias para que éstos puedan poner en marcha proyectos cooperativos, apoyándolos económicamente y sumándose a ellos. Estas iniciativas pueden ser estrictamente empresariales, inspiradas en los principios del bien común y capaces de generar muchas posibilidades de autoempleo, o bien pueden encuadrarse en otras tipologías cooperativistas: de vivienda, de consumo, cooperativas integrales… Se trata de utilizar una coordinadora potente a nivel estatal para promover la aparición de este tipo de iniciativas en todo el país.

Este impulso a los proyectos cooperativos debería apoyarse también en la relocalización de las actividades económicas. En esa estrategia tienen mucho que decir las iniciativas orientadas al fomento de la autosuficiencia en comunidades locales mediante propuestas como los bancos de tiempo, las monedas alternativas, la agricultura ecológica, la repoblación de pueblos abandonados o los proyectos de consumo local.

Se trata de seguir impulsando la distribución del poder económico, que debe ir paralela a la distribución del poder político. Si uno de los dos está concentrado, no permitirá que el otro se distribuya plenamente. Por eso nuestra propuesta es que recorramos este camino simultáneamente, actuando a la vez a nivel económico y político.

El movimiento social se transforma en una fuerza electoral

La acción de la Junta Democrática, llamada a coordinar los distintos movimientos sociales y a fomentar las iniciativas alternativas al modelo imperante, debe verse completada en una segunda fase con la creación de una opción política que traslade la acción y el sentir de la calle al terreno electoral y lleve a las urnas una propuesta articulada sobre un programa consensuado entre todos. Debe defender un programa basado en los principios programáticos básicos de la Junta, en cuya elaboración tenga una participación activa la ciudadanía mediante procesos deliberativos, y promover la apertura de un proceso constituyente que, a través de la participación ciudadana, identifique los mimbres sobre los que debe asentarse ese nuevo sistema político y económico más justo, democrático y participativo al que aspiramos.

Actualmente, el 74 por ciento de los ciudadanos considera que el Congreso de los Diputados no representa a la mayoría de los españoles[111]. Los continuos casos de corrupción política a los que hemos asistido en los últimos tiempos ensucian nuestra democracia y empujan a muchos a pensar que todos los políticos son iguales, sean del color que sean.

Pero no podemos olvidar que, al margen de las formaciones mayoritarias, particularmente escleróticas e institucionalizadas, a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 se presentaron 68 formaciones políticas distintas sin escándalos de corrupción a sus espaldas, muchas de las cuales apostaban en sus programas por la transparencia, la participación y multitud de propuestas ambiciosas y renovadoras.

Estos partidos, profundamente alternativos a los mayoritarios de la cámara (PP y PSOE) y a sus de facto coaligados habituales (CIU y PNV), tienen difícil llegar a los ciudadanos debido a la carencia de medios económicos y a un deficitario marketing político, sin contar con la nula cobertura que les ofrecen los medios, tanto públicos como privados, que directa o indirectamente están vinculados, sobre todo, con PP, PSOE, CIU y PNV.

Para trasladar a millones de ciudadanos el mensaje de que hay otro tipo de política que sí puede representarles, debemos dar el gran paso de deslegitimar la opción continuista y sin proyecto de país que ahora mismo representan los partidos mayoritarios y consolidar una alternativa unitaria que defienda en las urnas las propuestas consensuadas por los ciudadanos y reclamadas en la calle.

No se trata de crear un nuevo partido al uso que acabe convirtiéndose en un contendiente más en la eterna guerra de siglas, sino de conformar un brazo electoral a partir del movimiento social que suponga la concertación de las distintas fuerzas favorables al cambio. Se trata de romper la inoperancia de las tradicionales propuestas políticas y situar en frente un programa elaborado contando con la participación ciudadana y asumido por todos. Proponemos pasar de la defensa de las siglas, los símbolos y las etiquetas a la defensa de las ideas que nos unen a los que luchamos por el cambio.

La implicación de la ciudadanía en la elaboración de estas propuestas debe ser máxima, así como en su representatividad. El funcionamiento interno de esta fuerza electoral ha de ser completamente transparente, permitir que cualquier ciudadano que lo desee pueda ser candidato y facilitar los procesos abiertos de primarias.

Aunque en el programa electoral aparezcan todas las medidas propuestas por la ciudadanía, la reclamación básica y principal de esta formación sería la apertura de un proceso constituyente que cambie las reglas del juego.

CAMBIEMOS LA CONSTITUCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS

Ante una situación de crisis política, económica y ecológica tan profunda como la que vivimos, se hace imprescindible llevar a cabo una revisión completa de las reglas de juego que rigen nuestra sociedad a través de la reforma de la Constitución. No es tiempo de medidas accesorias ni de parches. Hemos de recuperar la legitimidad que nuestra democracia ha perdido y consolidar las bases de un nuevo sistema político y económico que encuentre en las personas su eje y su razón de ser. Planteamos, sin ambages ni medias tintas, un nuevo pacto social que emerja desde la ciudadanía y dé pie a una diferente organización de las instituciones y los equilibrios de poder. Y una transformación tan ambiciosa sólo puede estar basada en una nueva Constitución.

La función de la carta magna es fijar los límites de los poderes del Estado y definir las relaciones entre ellos, y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo las bases del Gobierno y la organización de las instituciones. Por eso es necesario que su reelaboración se haga de abajo hacia arriba, contando con la colaboración de los ciudadanos, para que sean éstos, y no los miembros de la partitocracia que soportamos, quienes establezcan las nuevas reglas de juego.

Esta propuesta es vista con recelo por algunos políticos y creadores de opinión, que no dudan en tachar de golpistas a los que reclamamos una redefinición colectiva de nuestra norma fundamental. Curiosamente, los que se aferran a esa visión inamovible de la Constitución son los mismos que justificaban su reforma exprés y unilateral en el verano de 2011 para blindar el pago de la deuda.

La realidad es que la actual Constitución no sólo se está revelando inviable para canalizar las nuevas demandas de una democracia más avanzada, sino que está empezando a ver comprometida su propia legitimidad, ya que sólo los españoles que ahora tienen más de 51 años pudieron votarla. Por otro lado, sus artículos fueron redactados por una élite que atendía principalmente a intereses partidistas, dada la inconveniencia o imposibilidad práctica de dar voz en aquel momento a todos los españoles para su elaboración.

No podemos obviar el elevado nivel de desafección que actualmente suscita nuestra norma fundamental. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en noviembre de 2012 el 67,5 por ciento de los españoles estaba «poco» o «nada» satisfecho con la forma como funciona la democracia en España y más de la mitad, un 51,5 por ciento, tenía la misma opinión negativa de la Constitución. Sólo el 37,4 por ciento de los ciudadanos dice sentirse «muy» o «bastante» satisfecho con la carta magna de 1978[112].

Un proceso constituyente tiene como fin la elaboración de una nueva Constitución adaptada a las nuevas necesidades de una sociedad. Se diferencia de una reforma constitucional en que ésta sólo plantea un cambio parcial o superficial de determinados artículos, manteniendo el marco constitucional previo. Pero las carencias de nuestro sistema político y económico y el grado de profunda crisis que hay instalada en nuestra sociedad e instituciones desaconsejan cualquier tentación de andar con remiendos. Es hora de rescribir nuestra norma fundamental de convivencia, no de cambiar sólo algunas de sus palabras.

Y no hay que hacerlo de cualquier manera, sino contando con la gente, a diferencia de como se hizo en el pasado. Sólo así se obtendrá una verdadera legitimidad democrática. Ésta es la gran novedad del proceso constituyente que estamos proponiendo, y su gran hallazgo en términos democráticos: que la ciudadanía disponga de las mayores opciones posibles al alcance de su mano para participar libremente en su redacción.

Lejos de imponer las ideas que inspiran al movimiento social que promueve este proceso, la Junta Democrática ha de promover un foro de debate y lobby ciudadano, y aportar sus propios candidatos para formar parte de la Asamblea Constituyente, pero, sobre todo, su misión en este momento debe ser la de facilitar este proceso constituyente, no pilotarlo, para que sea la ciudadanía la que pueda hacer oír de forma colectiva su propia voz.

Hablamos de un proceso con una hoja de ruta perfectamente definida. Para detallarla tomamos como referencia el modelo sugerido por la plataforma Apoyo ciudadano 25-S, vinculada a la convocatoria de concentración ciudadana del 25 de septiembre de 2012 que se manifestó a las puertas del Congreso de los Diputados[113].

Según esta propuesta, una primera fase preconstituyente debería estar dirigida a despertar de su letargo a la ciudadanía, haciéndole ver la necesidad de implementar cambios profundos en nuestro sistema de organización política y mostrando la naturaleza del proceso que se pretende iniciar.

Una segunda fase «de activación» debería estar dedicada a buscar la legitimidad del proceso que se desea iniciar, dado los nulos cauces legales existentes actualmente para plantear esta trascendental iniciativa. La plataforma electoral que defiende este gran cambio debe contar con un programa que reúna los requisitos, mecanismos y características del proceso constituyente que plantea, identificando tanto los plazos a seguir como las posibles morfologías que podría tener la Asamblea Constituyente y los mecanismos de elección de sus integrantes, así como las formas de participación ciudadana que podría haber durante la elaboración del texto y su ratificación posterior.

En una siguiente fase más avanzada, o «de desarrollo», tendrá lugar el debate en el que los ciudadanos y los actores políticos habrán de reflexionar y deliberar sobre las principales cuestiones orgánicas esta nueva estructura político-jurídica y acerca de las diferentes metodologías que hay para alcanzarla.

En ese momento sería necesario consensuar cuestiones en torno a tres puntos: la creación y morfología de una Asamblea Constituyente que desarrolle el texto constitucional; los mecanismos de elección y acceso a dicha Asamblea; y la forma de interacción entre ésta y la ciudadanía durante el proceso de desarrollo de propuestas, así como el modo de aprobación del texto.

La Asamblea Constituyente es un organismo colegiado compuesto por un conjunto de personas que tienen el encargo de redactar la nueva Constitución. Está dotada de plenos poderes y a ella deben someterse todas las instituciones públicas. La cuestión clave es determinar quiénes deberían formar parte de ella.

Existen diferentes opciones:

Candidatos personales e independientes que cuenten con un cierto número de avales.

Listas de candidatos propuestas por los partidos políticos (cerradas o abiertas).

Ciudadanos escogidos al azar mediante selección aleatoria (sobre el censo total de ciudadanos o sobre un censo de ciudadanos voluntarios, siendo éstos mayores de edad y sin impedimentos legales).

Combinaciones entre las variantes anteriores.

En cuanto a las interacciones que debe haber entre la Asamblea y la ciudadanía durante el proceso de redacción de la norma, el modelo más adecuado sería el conocido como «interactivo bidireccional», que permitiría que la Asamblea articulase el texto con ayuda de asesores, pero recibiendo propuestas de los ciudadanos y pudiendo realizar encuestas regulares para comprobar su grado de aceptación.

Para posibilitar esta interacción habría que habilitar canales de comunicación adecuados. En un primer momento se abriría un plazo de admisión y valoración de propuestas. La participación se llevaría a cabo contando con métodos offline (elevando las sugerencias a través de los registros de los ayuntamientos) y online (transmitiendo las peticiones vía internet). La Asamblea sondearía a la ciudadanía para conocer su grado de apoyo popular e ir definiendo así las características del nuevo texto.

En una segunda fase, la Asamblea Constituyente analizaría las propuestas y redactaría los artículos, pudiendo hacer uso de los asesores técnicos que precisara. Los constituyentes podrían seguir lanzando encuestas o convocar referendos consultivos para resolver los disensos que pudieran surgir durante el proceso de redacción. Todas las reuniones y discusiones deberían ser abiertas y transparentes, pudiendo seguirse en directo por televisión o streaming y quedando publicadas sus actas.

Esta fase culminaría con una propuesta final de nueva Constitución. Se daría un plazo mínimo para que la ciudadanía pudiese discutir y analizar el texto, a cuya finalización se iniciaría el proceso de ratificación. Si se opta por una opción rígida, se votaría la aceptación o el rechazo del texto en su conjunto. En las opciones más flexibles, la aprobación se llevaría a cabo por bloques o por artículos.

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Hemos querido centrar este libro en la concreta situación que atravesamos en nuestro país. Pero no podemos obviar que, insertos en la Unión Europea y en un mundo globalizado, cualquier intento de cambiar profundamente nuestra organización política y económica tendrá que ir acompañado de transformaciones importantes a nivel internacional.

Y es que muchas de las propuestas que hemos apuntado difícilmente podrían ser implementadas sin una acción en parecido sentido a escala de la Unión Europea. Por eso es necesario trasladar este proceso de cambio a todo el continente. Esto implica caminar hacia una Unión radicalmente distinta a la que conocemos, que deje de estar obsesionada por la defensa impúdica de la economía desregulada y de libre mercado, que sólo beneficia a los grandes bancos y las multinacionales, para centrarse en garantizar el bienestar de los ciudadanos y en promover el desarrollo en otras regiones del mundo. En definitiva, necesitamos una auténtica Unión Europea de los Ciudadanos, con una visión económica, política y social conjunta orientada al bien común.

Para alcanzar este logro debemos ser capaces de pasar de la globalización económica, responsable de gran parte de nuestros problemas actuales, a una globalización de los ciudadanos y las ideas.

En este proceso serán claves instrumentos como internet y las nuevas tecnologías: si éstas se han demostrado esenciales para la coordinación y el fomento del cambio a nivel español, lo serán aún más para facilitar el trabajo conjunto entre las sociedades civiles de varios países.

Los primeros aliados que debemos buscar son los ciudadanos de las naciones que están siendo aplastadas con mayor ahínco por el peso de la austeridad y el capitalismo depredador y desregulado: Grecia, Italia y Portugal. Sus sistemas políticos y económicos se encuentran en decadencia al igual que los nuestros y todos cuentan con movimientos parecidos al 15-M español: Que se lixe a troika, en Portugal; el Frente Social Unitario, en Grecia (que luego se uniría a SYRIZA para concurrir juntos en unas elecciones), y el MoVimento 5 Stelle, en Italia, que ha sido capaz de concurrir a las elecciones, con gran éxito, presentando un programa elaborado de forma colaborativa y con candidatos ciudadanos elegidos de forma abierta.

Encontrar puntos de concertación entre las sociedades de estos países será decisivo. Y esta coordinación deberá apuntar tanto a la movilización en las calles, a través la organización de protestas y acciones conjuntas, como al plano electoral, mediante la presentación de plataformas unitarias similares que sean capaces de concurrir en las distintas elecciones nacionales. Se impone también la necesidad de crear unas siglas comunes que den visibilidad a una opción política que defienda en las elecciones europeas la democratización de la Unión Europea y la instauración de nuevas políticas económicas y sociales.

Sin duda, la oposición al pago de la deuda ilegítima que está aplastando a las sociedades más vulnerables de la Unión Europea será uno de los ejes fundamentales de la acción política de esta formación transnacional. En España y otros países de la Unión Europea se ha producido la mayor socialización de pérdidas de toda la historia, al convertir la deuda privada en pública a través del rescate bancario. Según un informe del inspector de Hacienda Turiel Martínez, si el Estado no obtiene beneficio porque presta a un tipo inferior o sin interés, como sucede con préstamos al sector privado o a empresas públicas, «la deuda es ilegítima», porque carga los intereses como gastos financieros que forman parte del déficit público, desvía recursos hacia otros aspectos más necesarios (Sanidad y Educación) y justifica las políticas de recortes por el déficit excesivo[114].

Esta trampa está sirviendo para sojuzgar a las sociedades europeas, imponiendo políticas suicidas de austeridad bajo la excusa del «no hay dinero». Por eso es preciso que, como paso previo, las sociedades europeas se unan para decir no a esta deuda ilegítima que está hundiendo en la miseria a multitud de sociedades, mientras asegura la riqueza de unos pocos.

Debemos reclamar auditorias públicas ciudadanas en todos los países ahogados por la deuda y la austeridad. Debemos negarnos a pagar aquellas deudas que sean efectivamente declaradas ilegítimas o ilegales.

A pesar del miedo al impago que se agita desde el poder, lo cierto es que ya hay países que han dado ese paso. En 2002, Argentina anunció la mayor suspensión de pagos de la historia y muchos pronosticaron una ola de represalias financieras y comerciales sobre el país. En realidad, Argentina logró una posición de fuerza ante sus acreedores y pudo renegociar la deuda[115]. A partir de entonces, Argentina demostró que es posible no pagar la deuda externa y mejorar la economía y el nivel de vida de sus ciudadanos.

A través de una unión suficientemente potente de ciudadanos europeos a favor de este cambio contaríamos con el instrumento necesario para hacerlo realidad. Tenemos las herramientas, conocemos el camino, sabemos lo que queremos. Por primera vez en nuestra historia reciente, alterar el curso de la historia está al alcance de nuestra mano. Al alcance de tu mano. Depende de ti.

EPÍLOGO:

CARTA DE TU YO DEL FUTURO

España, 15 de mayo de 2020

En mayo de 2011, cuando unos cuantos miles de personas salieron a la calle en todos los rincones de España, pocos imaginamos que de aquello pudiese surgir una marea ciudadana que acabaría modificando hasta tal punto el rostro de nuestro país.

Al principio todo fue despacio, como a cámara lenta. Sin embargo, la chispa ya había prendido en la conciencia de algunos españoles. De forma casi imperceptible, esa chispa se fue extendiendo y replicando como un virus invencible. Las manifestaciones se sucedían mes a mes, los debates en asambleas y redes sociales nunca cesaban, la indignación lanzaba cada vez a más ciudadanos a la calle… Poco a poco, la frustración se convirtió en ganas de lucha, la resignación en esperanza y el desencanto en ansias por participar. Y, más pronto que tarde, las victorias ciudadanas comenzaron a llegar.

Primero, gracias a una constante presión en las calles y el Congreso, se empezaron a adoptar aquellas medidas más ampliamente demandadas por la sociedad: la paralización de los desahucios, la aceptación de la dación en pago con carácter retroactivo, la devolución de sus ahorros a aquellas personas estafadas por las entidades bancarias… El Gobierno, cada vez más alarmado por el creciente despertar social, quería así contener las ansias de cambio de un pueblo cada vez más despierto. Pero ya era tarde. Ya no era posible maquillar algunas cosas para que todo siguiese igual. La ola era imparable.

Cuando la ciudadanía se negó a guardar silencio ante los intentos de acabar con nuestro incipiente Estado de bienestar, muchos supimos que ya no había vuelta atrás. No eran sólo los sindicatos o los funcionarios los que reaccionaban: eran los jóvenes, los mayores, los parados, los asalariados, los autónomos… todos unidos para reclamar que se asegurase el control público de nuestros servicios básicos. El Gobierno, sin poder escudarse en una supuesta mayoría electoral que llevaba tiempo desacreditada, reculaba en todos los frentes y ponía freno a sus suicidas medidas de austeridad. Los jueces y fiscales, envalentonados por el apoyo popular y las querellas y denuncias que los movimientos sociales en red presentaban, pusieron en marcha procesos para depurar todas las responsabilidades derivadas de la corrupción que había estado institucionalizada en los años anteriores.

Pero para los españoles seguía sin ser suficiente. Queríamos evitar que los desmanes urdidos desde parte de nuestra clase política y empresarial durante las últimas tres décadas quedasen impunes. Queríamos asegurar que nuestra voz estuviese presente en las decisiones políticas que afectaran a nuestras vidas. El sistema nacido en 1978 ya no alcanzaba para contener nuestra nueva alma democrática. Por eso, incapaz de aguantar la presión, finalmente el Gobierno dimitió. Toda la realidad que conocíamos envejeció de repente, y del mismo modo que le ocurrió al emperador ataviado con su inexistente traje, el entramado político, social y económico que había llevado a nuestro país al desastre quedó desnudo ante los ojos de todos y se derrumbó.

Muchos nostálgicos clamaban contra el posible advenimiento de un nuevo totalitarismo que ocupase el lugar del régimen pseudodemocrático existente, haciendo bueno a éste. Pero la mayor parte de la ciudadanía ya no tenía miedo a que se oyera su propia voz: en las elecciones celebradas poco después de la dimisión del Gobierno, fue una nueva plataforma abierta, participativa y transparente, integrada por muchas fuerzas y organizaciones sociales y, sobre todo, por ciudadanos de a pie, la que alcanzó la mayoría de los apoyos electorales. Y tal y como habían prometido en su programa elaborado de forma colectiva, en el Congreso se puso en marcha el proceso constituyente que llevaban años solicitando.

La ciudadanía española fue llamada a participar en la redacción de una nueva Constitución. A través de sistemas de democracia participativa y deliberativa se debatió, redactó y aprobó un nuevo texto fundamental, reflejo de las esperanzas de todo un pueblo. Su contenido fue auténticamente revolucionario. No sólo garantizaba de forma inapelable una amplia batería de derechos políticos, sociales y económicos que hacían compatibles los intereses individuales con los colectivos, sino que su articulado contemplaba instrumentos plenamente efectivos para garantizar eficazmente estos derechos. Por fin, el deseo no cumplido de la Constitución de 1978, que prometía un «Estado social y democrático de derecho», se hacía realidad.

Otra relevante disposición del antiguo texto de 1978 también cobró nueva vida: «La riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está supeditada al interés general». El sistema económico perfilado en la nueva Constitución evitaba el descontrol asesino y suicida del libre mercado que había estado a punto de destruir el mundo en los últimos decenios. De repente, la propia carta magna establecía los rasgos básicos de una economía de mercado cooperativista y orientada a la obtención de beneficios de utilidad social. Gracias a un ingenioso sistema que salvaguardaba la titularidad de los servicios públicos básicos e incentivaba la iniciativa privada orientada a repercutir positivamente en la sociedad, nuestro país quedó poco a poco libre de aquellas empresas que, aun teniendo beneficios financieros, destruían el medio ambiente, perjudicaban nuestra salud, especulaban con materias primas o explotaban a sus trabajadores.

El problema del desempleo crónico también fue atajado en su mayor parte con estas reformas, que permitieron un reparto adecuado de los puestos de trabajo existentes y el establecimiento de un sistema garantista que favorecía la continua formación y movilidad del trabajador, que tenía asegurada una renta ciudadana mínima en los inusuales momentos en los que no pudiese contar con un puesto de trabajo, así como un control efectivo de los salarios máximos y mínimos para garantizar la equidad y la armonía social.

Este ambicioso nuevo sistema culminaba con uno de los entramados democráticos más avanzados de Europa, al establecerse un sistema político abierto, transparente y basado en la deliberación que permitía a los ciudadanos fiscalizar y controlar a sus representantes o bien, directamente, participar en el debate y la aprobación de aquellos asuntos que despertaban su interés. Por fin todos los españoles eran dueños de su destino, gracias a la inestimable ayuda de unos representantes humildes que se encontraban por primera vez al exclusivo servicio del pueblo.

Decenas de países se asociaban con el ambicioso fin de salvaguardar los derechos de millones de europeos y promover los avances democráticos en el resto del mundo. En este proceso tuvieron un importante papel los países del sur, que se habían rebelado en conjunto contra la deuda ilegítima que estuvo a punto dé llevar a la bancarrota a todo el continente. El nivel de cooperación entre estas primeras víctimas de la crisis fue tan profundo que ha supuesto, incluso, que en estos momentos los pueblos portugués y español estén valorando a través de referendo su posible integración en una comunidad política conjunta.

Todo parece evidente ahora. El sistema que sufríamos era tan imperfecto y corrupto que pocos entienden cómo es posible que no actuáramos antes para corregir sus deficiencias, cómo pudimos dejar pasar tantos años de sufrimiento mirando impotentes.

En 2013, la mayor parte de la sociedad española aún seguía paralizada por el miedo y la impotencia. Al principio, yo salía a la calle a mostrar mi indignación y las ganas de cambiar la realidad que te rodeaba, pero no tenía claro hacia dónde ir. Finalmente, me di cuenta de que era el momento de reaccionar, de pensar qué quería para mí y para los míos, y de luchar por ello con pasión y convicción, pero también con racionalidad y los pies en el suelo. Reflexioné, me organicé, y comencé a trabajar al lado de muchos desde el mutuo respeto a nuestras distintas ideas.

A pesar de todas las horas invertidas, de las derrotas que sufrimos, de las divisiones momentáneas, de los errores cometidos, de la desesperanza y del miedo, no me cabe duda de que mereció la pena luchar por lo que hoy somos. Pudimos asumir que era demasiado difícil, que éramos demasiados pocos. Pudimos simplemente habernos rendido. Pero actuamos y cambiamos las cosas. Cuando dijimos que «vamos lento porque vamos lejos» no mentíamos. Ahora y gracias a ti, estamos aquí.

Firmado:

Tu yo del futuro

—¿Ves? Lo conseguiste.

PABLO GALLEGO, (Cádiz, 1988) es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por ICADE y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz. Trabaja como analista de mercados. Vivió el nacimiento de ¡Democracia Real Ya!, el colectivo que incitó a tomar la calle el 15 de mayo de 2011. Actualmente colabora con diferentes grupos políticos y sociales para conseguir cambios en la esfera social, económica y política.

FABIO GANDARA, (Santiago de Compostela, 1984) se trasladó a Madrid con dieciocho años para estudiar las carreras de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Cursó un máster de especialización en Política Territorial y Urbanística y ha trabajado dos años en el bufete Cuatrecasas. Fue uno de los impulsores de la plataforma ¡Democracia Real Ya!, germen del movimiento 15-M. Compagina su trabajo como organizador de campañas en la plataforma de peticiones online Change.org con otras labores de activismo.

http://epubgratis.me/node/31702

Notas

[1] Erich Fromm, El miedo a la libertad, Paidós, Barcelona, 1998. <<

[2] OECD, «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising», disponible en http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2011/12/5/1323089307521ocde.pdf <<

[3] http://www.publico.es/dinero/290603/el-37-del-ibex-esta-enmanos-de-20-familias-y-empresarios <<

[4] http://elpais.com/diario/2011/07/22/economia/1311285607_850215.html <<

[5] Información adicional del Informe Anual 2011 del BBVA disponible en http://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/micros/FinancialReport2011/es/CUADROS.xls <<

[6] http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/apoyo-electoral-real-rajoy-20130211 <<

[7] Informe de Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en 2011. <<

[8] http://www.europapress.es/economia/noticia-fomento-mientras-haya-stock-700000-viviendas-no-hace-falta-construir-20121122164908.html (Datos proporcionados por el secretario del Ministerio de Fomento). <<

[9] Instituto heleno de estadística (Elstat), marzo de 2013. <<

[10] J. Fontana, «Más allá de la crisis», Attac Madrid, 2012. <<

[11] http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articledetails.aspx?aid=89 <<

[12] http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110412/opinion/islandia-revolucion-20110412.html <<

[13] http://studiotendra.com/2012/12/29/what-is-actually-going-on-in-iceland <<

[14] http://www.huffingtonpost.es/2012/10/21/islandia-vota-si-en-un-re_n_1997584.html <<

[15] http://www.20minutos.es/noticia/118612/0/sentada/precio/vivienda <<

[16] http://www.elmundo.es/elmundo/2003/02/15/internacional/1045327901.html <<

[17] http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/nolesvotes-com-una-iniciativa-para-castigar-a-los-partidos-que-apoyan-la-ley-sinde_bow14YlNxDqbHdFZmOwFU3 <<

[18] http://wiki.15m.cc/wiki/Estado_del_Malestar <<

[19] http://laprospe.blogspot.com.es/2011/05/todo-nacio-en-un-piso-de-la-prospe-el.html <<

[20] Rosa Parks y James Haskins, Rosa Parks: my history, Puffin Books, Londres, 1999. <<

[21] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/8529941/Woman-arrested-in-Saudi-Arabia-after-defying-driving-ban.html <<

[22] https://www.facebook.com/yosoyunjovenespanolquequierelucharporsufuturo. <<

[23] http://www.manifiestojuventud.com. <<

[24] http://periodismohumano.com/temas-destacados/los-primeros-40-de-sol.html <<

[25] http://www.publico.es/espana/432512/la-pedagogia-del-15-m <<

[26] Erich Fromm, El miedo a la libertad, Paidós, Barcelona, 2004. <<

[27] Según datos del Instituto Nacional de Estadística. <<

[28] http://elpais.com/elpais/2013/01/21/opinion/1358771424_511576.html <<

[29] J. Habermas, Tres modelos de democracia, Episteme, Valencia, 1992. <<

[30] http://xabelvegas.wordpress.com/2011/05/30/sobre-el-modo-de-organizacin-asambleario/ <<

[31] A. Gutiérrez-Rubí, La política vigilada. La comunicación política en la era de Wikileaks, Editorial UOC, Barcelona, 2011. <<

[32] http://demo4punto0.net <<

[33] Manuel Castells, La sociedad red: una visión global, Alianza Editorial, Madrid, 2006. <<

[34] David de Ugarte, El poder de las redes, El Cobre, Barcelona, 2007. <<

[35] Pekka Himanen, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Destino, Barcelona, 2002. <<

[36] V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, Hay alternativas, Ediciones Sequitur, Madrid, 2011. <<

[37] J. Rifkin, El fin del trabajo, Paidós, Barcelona, 1995. <<

[38] http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120119/54244580431/antonio-fornes-trabajamos-mas-horas-que-un-esclavo-romano.html. <<

[39] Varios autores, «Renta Básica Ciudadana SP», Sin Permiso, 2013, disponible en http://ppccs.org/RBUSP.pdf <<

[40]http://www.publico.es/dinero/413450/el-bce-presta-medio-billon-a-tres-anos-a-la-banca-para-que-se-sanee <<

[41] V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, Hay alternativas, Ediciones Sequitur, Madrid, 2011. <<

[42] Serge Latouche, La apuesta por el decrecimiento, Icaria, Barcelona, 2008. <<

[43] Arnaud Montebourg, Votad la desglobalización, Paidós, Barcelona, 2011. <<

[44] Jeremy Rifkin, La Tercera Revolución Industrial, Paidós, Barcelona, 2011. <<

[45] Christian Felber, La economía del bien común, Deusto, Barcelona, 2012. <<

[46] http://elpais.com/diario/2009/11/29/eps/1259479614_850215.html <<

[47] http://elpais.com/diario/2011/09/18/catalunya/1316308049_850215.html <<

[48] http://www.change.org/es/peticiones/turr%C3%B3n-suchard-es-utilizad-chocolate-de-comercio-justo-elcacaodesuchard <<

[49] https://www.diagonalperiodico.net/especiales/la-critica-la-construccion-la-cooperativa-integral.html <<

[50] http://www.radiocable.com/bbc-mondragon-exito735.html <<

[51] J. J. Hinojosa Torralvo, Fiscalidad y financiación de las cooperativas: ¿a qué juega la Unión Europea?, CIRIEC-España, 2010. <<

[52] http://www.tribunavalladolid.com/blogs/aldea-gala/posts/el-dinero-oficial-tiene-competencia-las-monedas-sociales <<

[53] http://www.casx.cat <<

[54] http://www.triodos.es <<

[55] http://www.proyectofiare.com <<

[56] http://goteo.org <<

[57] http://www.lanzanos.com <<

[58] http://www.verkami.com <<

[59] The Crowdfunding Industry Report, informe 2012: http://www.crowdsourcing.org/document/crowdfunding-industry-report-abridged-version-market-tren ds-composition-and-crowdfunding-platforms/14277 <<

[60] http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/economia-bien-comun-hace-negocios-etica-1979781 <<

[61] http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/fiscalidad/tasa-tobin_es.htm <<

[62] http://www.oficinaprecaria.net <<

[63] http://afectadosporlahipoteca.com <<

[64] http://politica.elpais.com/politica/2013/02/16/actualidad/1361053281_008924.html <<

[65]http://www.lavanguardia.com/politica/20130212/54366654459/aprobada-unanimidad-admision-tramite-ilp-sobre-dacion-pago.html <<

[66] http://www.lavanguardia.com/economia/20130314/54368376494/justicia-europea-ley-espanola-hipotecas.html <<

[67] http://www.avaaz.org/es <<

[68] http://oiga.me <<

[69] http://www.change.org <<

[70] Ogilvy Public Relations and The Center of Social Impact of Georgetown University, «Dynamics of cause engagement», 2011. <<

[71] http://www.change.org/es/victorias <<

[72] http://www.change.org/PPdimision <<

[73] http://www.nytimes.com/2013/02/03/world/europe/spanish-leader-pledges-transparency-amid-corruption-inquiry.html <<

[74] http://www.debian.org/News/2006/20060803 <<

[75] http://www.bib.ub.edu/es/servicios/odc/creative-commons/ <<

[76] http://es.creativecommons.org/index.php/2010/04/11/espana-es-el-pais-con-mas-obras-bajo-licencia-creative-commons <<

[77] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html <<

[78] http://es.wikipedia.org <<

[79] http://www.15m.cc <<

[80] http://www.eldiario.es/colaboratorio/periodismo_libre-codigo_abierto-procomun-periodismo_abierto-periodismo_datos_6_100849937.html <<

[81] http://www.via52.com <<

[82] http://www.fixmedia.org <<

[83] http://www.lamarea.com <<

[84] http://www.europapress.es/nacional/noticia-aprobada-reforma-financiacion-partidos-nuevas-obligaciones-transparencia-recorte-asignaciones-20121010165015.html <<

[85] http://politica.elpais.com/politica/2013/03/11/actualidad/1363041038_225807.html <<

[86] http://www.tuderechoasaber.es <<

[87] http://datos.gob.es <<

[88] http://www.ayuntamientojun.org <<

[89] http://www.irekia.euskadi.net/es <<

[90] http://quehacenlosdiputados.net <<

[91] http://www.civio.es <<

[92] http://www.grabatupleno.es <<

[93] http://www.tuderechoasaber.es <<

[94] http://www.virtualpol.com <<

[95] http://propongo.tomalaplaza.net <<

[96] http://partidoequo.es <<

[97] http://www.partidopirata.es <<

[98] http://www.votoenblancocomputable.org <<

[99] http://demoselcambio.xtreemhost.com/ <<

[100] http://wikipartido.es <<

[101] http://partidodeinternet.es <<

[102] http://partidodelfuturo.net <<

[103] http://sesiondecontrol.com/actualidad/internacional/europa/de-donde-vienen-los-grillos <<

[104] http://www.huffingtonpost.es/2013/02/18/los-bomberos-de-a-coruna-_n_2711531.html <<

[105] http://l5mparato.wordpress.com <<

[106] http://es.scribd.com/doc/118937938/Democracia-Real-YA-Presenta-Querella-Criminal-Contra-63-Diputados-Con-Cargo-Electo-Vigente-1 <<

[107] http://www.beppegrillo.it/immargini/beppe_ht.pdf <<

[108] http://www.gutierrez-rubi.es/2011/12/27/otro-modelo-de-partido-es-posible <<

[109] S. Tarrow, El poder en movimiento, Alianza, Madrid, 2004. <<

[110] http://mareaciudadana.blogspot.com.es <<

[111] Según un sondeo de Metroscopia del 13 y 14 de febrero de 2013. <<

[112] http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=13204 <<

[113] http://apoyociudadano25s.wordpress.com/constituyente/ <<

[114] http://www.frentecivicosomosmayoria.es/wp-content/uploads/2012/12/Agustin-Turiel-informe-sobre-la-deuda-ilegitima.pdf <<

[115] http://www.economiasur.com/analisis/GudynasViscaArgentinaRenegocia.html <<