¿Quién ostenta realmente el poder? ¿Quién tiene secuestrada nuestra democracia? Es el Establishment, un grupo de gente unida por un objetivo común: mantener el sistema actual. Entre ellos están los políticos que legislan nuestras vidas; los barones de los medios de comunicación que marcan el debate; los empresarios y banqueros que dirigen la economía y las fuerzas policiales que hacen cumplir unas leyes amañadas a favor de los poderosos. Ellos son el principal impedimento a la verdadera democracia y ha llegado la hora de que esto cambie.

Owen Jones, autor de Chavs y definido por Russell Brand como el «Orwell de nuestra generación», ha realizado un viaje al corazón de la élite y ha escrito un libro arrogante y mordaz que constituye todo un desafío al sistema. Ésta es una lectura llena de humor e ingenio, pero lo que muestra es brutalmente serio: el Establishment está amasando una cantidad ingente de poder sin precedentes en los tiempos modernos. Nuestra única salida es dar un paso más allá de la resignación e iniciar una revolución democrática.

Owen Jones

El Establishment

La casta al desnudo

ePub r1.3

mandius 17.01.16

Título original: The Establishment

Owen Jones, 2014

Traducción: Javier Calvo

Editor digital: mandius

ePub base r1.2

A Peter y Pamela, mis abuelos,

a quienes tanto les debo,

por darme inspiración y fuerza.

Y a George, con todo mi amor.

INTRODUCCIÓN

El Establishment británico se ve desnudo y, sin previo aviso, lo empujan a la palestra. El público ahoga una exclamación: tienen delante a alguien a quien conocen, pero ahora, bajo la mirada implacable de los focos, lo ven finalmente expuesto como lo que es. Y, sin embargo, tan pronto como aparece, vuelven a cubrir su figura, que se llevan de vuelta al sitio que le corresponde: fuera del escenario.

Eso es lo que ha parecido que sucedía durante cada una de las crisis importantes que han hecho tambalearse los cimientos del poder de Gran Bretaña durante los últimos años. En 2008, mientras la codicia de una City libre de regulaciones contribuía a desatar una tormenta económica, un chiste que corría por ahí resumía la atmósfera dominante: «¿Cómo llamas a doce banqueros en el fondo del océano? Un buen principio». Durante los años siguientes, un escándalo tras otro han asediado a los poderosos. Aunque la gente nunca había amado a los parlamentarios, ahora todo el mundo los odia porque, en vez de utilizar el dinero de los contribuyentes para sufragar los diversos gastos parlamentarios, han estado gastándolo en: televisores de pantalla panorámica, segundas residencias, isletas para patos, fosos de castillos y películas pornográficas. La policía británica, entretanto, se ha visto envuelta en una serie de problemas, desde las muertes de personas inocentes hasta las estafas a ministros del gobierno conservador, todo lo cual ha dejado al descubierto una verdadera cultura de la conspiración y el encubrimiento. Finalmente, con las revelaciones de las sistemáticas escuchas telefónicas ilegales que realizó el periódico de Murdoch News of the World, el poder de los medios de comunicación ha pasado a ser tema de debate. También han empezado a salir a la luz las turbias conexiones que hay entre la élite policial, los barones mediáticos y la policía, especialmente a partir de la revelación de que los periódicos dirigidos por Murdoch agasajaban a funcionarios con cenas de gala, puestos de trabajo sospechosos, reuniones secretas y sobornos.

En medio de este diluvio de escándalos, la cuestión de quiénes gobiernan en realidad y qué se proponen se ha puesto más sobre la mesa que nunca antes. A los ciudadanos británicos se les enseña que viven en una democracia próspera; se les dice que la voluntad del pueblo decide cómo funciona todo. «En este país tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos —dijo el primer ministro británico David Cameron, con un entusiasmo considerable, en la Cámara de los Comunes en 2012—: la democracia más antigua del mundo; la libertad de expresión; una prensa libre; un debate público franco y saludable.»[1] Ciertamente, disfrutamos de unos derechos que nos ha costado mucho ganar y de unas libertades que, a lo largo de la historia de este país, se han obtenido —a menudo con grandes sacrificios— a expensas de los poderosos. Sin embargo, nuestra democracia es algo precario, que choca constantemente con los intereses creados de quienes tienen el poder; o, en otras palabras, de quienes forman el Establishment. Y, sin embargo, a pesar de que éste es un término familiar que se maneja con frecuencia, la verdad es que no sabemos quién o qué es el Establishment ni qué aspecto tiene. Es algo que ya les va bien a sus miembros.

Si miran ustedes una hoja de papel en blanco con manchas de tinta, podrán detectar los contornos de una imagen. Es posible, sin embargo, que otra persona que mire el mismo papel vea algo muy distinto. Lo que vemos dice más de nosotros mismos que de la mancha de tinta. Este ejercicio, es bien sabido, se conoce como el «test de Rorschach», y es el mismo principio que se aplica cuando miramos al Establishment.

Establishment es un término que suele usarse de forma imprecisa para denominar a «la gente que tiene poder y que no me cae bien». Este libro sugerirá, en efecto, que hay grupos de personas, en su mayoría no electas y exentas de responsabilidades legales, que verdaderamente manejan el cotarro, no solamente por medio de la riqueza y del poder que comparten, sino gracias a las ideas y a las mentalidades que gobiernan su forma de comportarse. Sin embargo, no hay que ir muy lejos para encontrar opiniones tan contundentes como divergentes acerca de qué es el Establishment: qué representa, quiénes lo constituyen y quiénes están excluidos de él.

A pesar de ser el segundo periódico más leído de Gran Bretaña y de desempeñar un papel poderoso a la hora de dar forma al debate político, el periódico de derechas Daily Mail despotrica de forma regular contra lo que ellos perciben como el Establishment. Para la excolumnista del Daily Mail Melanie Phillips —una periodista que durante su carrera experimentó una sorprendente pero nada infrecuente metamorfosis, de izquierdista a feroz conservadora—, quienes mandan ahora son los jóvenes hippies de los años sesenta. «Pero lo extraño es que esos revolucionarios jamás crecieron —proclamaba en una de sus columnas—. A medida que esa generación de hijos del baby boom de la natalidad de la posguerra envejecía, siguieron aferrándose al infantilismo de su juventud. Hoy en día, sin embargo, se han convertido en el Establishment del país. En todas las profesiones —las universidades, la policía, el funcionariado y la judicatura—, la gente que manda viene de esa generación». Entretanto, Peter Hitchens, antiguo revolucionario trotskista convertido en polemista conservador del Mail on Sunday, cree que el Establishment es un centro de desintoxicación para libertinos. «La adicción a las drogas no es una simple actividad marginal —ha escrito—. Es el vicio secreto de todo el Establishment británico». Imaginarse a los miembros de las altas esferas inclinados sobre la mesa de la cocina, cortando cocaína con tarjetas de crédito, es una imagen poderosa, igual de impactante que imposible de demostrar. Pero como resulta que el Establishment es un concepto tan esquivo, esta clase de teorías de la conspiración son inevitables.

Incluso muchas personas que empezaron sus carreras como agitadores políticos, pero terminaron en cargos de poder real, han acabado enfrentados con el Establishment. John Prescott fue camarero de la marina mercante y miembro de la izquierda radical. En 1966 ayudó a organizar una huelga de marineros que el por entonces primer ministro laborista, Harold Wilson, denunció como obra de «un grupito cerrado de hombres con motivaciones políticas». Treinta años después, Prescott completaba su viaje de la izquierda al centro político cuando, siendo una figura clave en el proyecto del nuevo laborismo de Tony Blair, se convirtió en viceprimer ministro del país. Después de abandonar su escaño en el Parlamento en 2010, se convirtió en miembro de la Cámara de los Lores, la institución que él antes quería abolir. «Gran Bretaña sigue gobernada por la élite —escribió en su columna del Daily Mirror en 2013—. Quienes han nacido ricos y pueden usar su dinero para entrar en las tramas de los privilegiados van a seguir dominando el Establishment». Lo que viene a decir Prescott es que a cualquiera que provenga de un entorno humilde —como él— se le impide automáticamente ser miembro del Establishment; que solamente quienes han nacido con todo a su favor pueden aspirar a esa etiqueta. Es una percepción que permite a algunos miembros del Establishment convencerse a sí mismos de que no forman parte de él.

Pese a ser divergentes, todas estas definiciones del Establishment comparten un mismo rasgo: son peyorativas. Teniendo esto en cuenta, lo normal sería que casi nadie estuviera dispuesto a admitir que es miembro de un club tan vilipendiado. Sin embargo, hay figuras poderosas que no tienen reparos a la hora de admitirlo. Cuando el patricio lord Butler me dio un firme apretón de manos al recibirme en su segunda vivienda del centro de Londres, me costó evitar la sensación de que era un hombre nacido para gobernar. Cuando era estudiante en Oxford, se rumoreaba —presumiblemente no del todo en broma— que cualquiera que lo placara jugando al rugby se arriesgaba a ver cómo sus perspectivas de hacer carrera se iban por la línea de banda. Después de ser ministro con toda una serie de primeros ministros, desde Edward Heath y Harold Wilson hasta Margaret Thatcher, Butler se convirtió en el más alto funcionario del Estado antes de retirarse con Tony Blair en el gobierno. Desprende esa confianza en sí mismo ligeramente hastiada e intimidante que tan común resulta entre los poderosos. Mientras su doncella trabajaba en la cocina, le pregunté si se consideraba parte del Establishment. Él me contestó sin pestañear: «Sí». Sin embargo, mientras me ampliaba su respuesta, su definición de lo que significaba estar en el Establishment se empezó a desdibujar. «Bueno, en el sentido de que nací en una familia privilegiada, y eso me ayudó a conocer a mucha gente. Tuve la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. De manera que sí, creo que formo parte de un grupo que incluye a mucha gente que tiene o ha tenido poder».

Las visiones dominantes del Establishment se pueden resumir de la siguiente manera. Los derechistas suelen verlo como un nido nacional de liberalismo social desenfrenado y corrupto; para la izquierda, se acerca más a una red de exalumnos de escuelas privadas y de Oxbridge que dominan las instituciones clave de la vida política británica. El Establishment sigue siendo un manchón de tinta.

Esto es lo que yo entiendo que significa el Establishment.

El Establishment actual se compone —igual que lo ha hecho siempre— de una serie de poderosos grupos que necesitan proteger su posición en una democracia en la que tiene derecho a votar casi toda la población adulta. El Establishment representa el intento por parte de esos grupos de «gestionar» la democracia, de asegurarse de que ésta no amenace sus intereses. En este sentido, se puede considerar un cortafuegos para aislarse del grueso de la población. Tal como dice en tono de aprobación el muy bien conectado columnista y bloguero de derechas Paul Staines: «Llevamos ya casi medio siglo de sufragio universal, y lo que sucede es que el capital encuentra formas de protegerse de, ya saben, los votantes».

En el siglo XIX, a medida que cobraban fuerza las peticiones de sufragio universal, apareció también en los círculos privilegiados el miedo a que otorgar el voto a los pobres supusiera una amenaza a su posición; a que los escalafones más bajos de la sociedad usaran la voz que acababan de recibir para quitarles el poder y la riqueza a quienes estaban en lo más alto, y redistribuirlos por todo el electorado. «He oído hablar mucho de las clases trabajadoras en esta cámara y confieso que eso me ha llenado de un sentimiento de aprensión», dijo en 1866 en el Parlamento lord Salisbury, portavoz de los conservadores, a modo de respuesta a los planes de ampliar el sufragio. También sostuvo que otorgar el voto a la gente de clase obrera le daría a ésta la tentación de aprobar «leyes relativas a la tasación y a la propiedad que les fueran favorables a ellos y, por ende, peligrosas para todas las demás clases». Y se extendió sobre esta idea: «De forma proporcional a la pequeñez de las propiedades, el peligro de hacer un mal uso del derecho a voto será mayor». En otras palabras, cuanto más pobre sea el ciudadano, más peligroso será que pueda votar.[2] Pero las élites gobernantes estaban paralizadas por un miedo todavía mayor —el miedo a que seguir denegando el sufragio provocara una revolución social—, de forma que en 1918 todos los hombres, y algunas mujeres, ya gozaban del derecho a votar.

Pero las preocupaciones de aquellos oponentes decimonónicos del sufragio universal no carecían por completo de fundamento. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se impusieron varias restricciones a los intereses de los poderosos de Gran Bretaña, como, por ejemplo, subidas de impuestos y la regulación de los negocios privados. A fin de cuentas, se trataba de la voluntad de las masas recientemente provistas de derecho a voto. Hoy en día, sin embargo, muchas de esas restricciones se han eliminado, o bien están en proceso de ser desmanteladas, y ahora el Establishment se caracteriza por una serie de instituciones e ideas que legitiman y protegen la concentración de la riqueza y del poder en muy pocas manos.

Los intereses de quienes dominan la sociedad británica son dispares; ciertamente, a veces colisionan entre ellos. El Establishment incluye a los políticos que crean las leyes; a los barones de los medios de comunicación que establecen los términos del debate; a las empresas y a los financieros que dirigen la economía; y a las fuerzas policiales que hacen cumplir unas leyes amañadas a favor de los poderosos. El Establishment es el lugar donde todos esos intereses y esos mundos confluyen, ya sea de forma consciente o inconsciente. Lo unifica una mentalidad común, que mantiene que quienes están en lo más alto se merecen su poder y sus fortunas cada vez mayores, y que se puede resumir con el eslogan publicitario del gigante de los cosméticos L’Oréal; «Porque yo lo valgo». Se trata de la misma mentalidad que lleva a los políticos a gastarse un dinero que no es suyo, a los empresarios a no pagar impuestos y a los banqueros de la City a exigir unas bonificaciones cada vez mayores mientras abocan al mundo entero al desastre económico. Todas estas cosas las facilitan —y hasta las promueven— unas leyes orientadas a castigar con dureza la más minúscula infracción que cometan quienes están en lo más bajo de la jerarquía, por ejemplo, el cobro fraudulento de subsidios. «Una ley para nosotros y otra para todos los demás», podría ser otra forma de resumir el pensamiento del Establishment.

Tales mentalidades se lo deben todo a la ideología común del Establishment moderno, un conjunto de ideas que ayuda a racionalizar y a justificar su posición y su conducta. A menudo denominada neoliberalismo, esta ideología se basa en la creencia en los llamados mercados libres: en transferir recursos públicos a unos negocios orientados a los beneficios hasta el máximo posible; en la oposición —o incluso la hostilidad— al papel formal del Estado en la economía; en el apoyo a reducir la carga fiscal de los intereses privados; y en reprimir cualquier forma de organización colectiva que pueda desafiar el estado de las cosas. Esta ideología suele racionalizarse y presentarse como «libertad» —especialmente «libertad económica»— y se envuelve en el lenguaje del individualismo. Se trata de unas creencias que el Establishment trata como si fueran sentido común, como un factor más de la vida, igual que el clima.

No estar de acuerdo con estas ideas equivale a estar fuera del Establishment de hoy en día; conduce a que te consideren un simple excéntrico, en el mejor de los casos, o incluso un elemento marginal extremista. Los miembros del Establishment creen a pies juntillas en esta ideología; sin embargo, se trata de un conjunto de ideas y de políticas muy convenientes para ellos, pues les garantizan unas riquezas personales y un poder cada día mayores.

Además de una mentalidad común, el Establishment lo consolidan una serie de vínculos financieros y una cultura de «puerta giratoria»: en otras palabras, una serie de individuos poderosos que fluyen por entre los mundos político, corporativo y mediático, o bien consiguen habitar todas estas esferas de forma simultánea. Los términos del debate político vienen dictados en gran, medida por los medios de comunicación que unos pocos propietarios excepcionalmente ricos controlan, mientras que a los think tanks y a los partidos políticos los financian individuos ricos e intereses corporativos. Muchos políticos están en nómina de empresas privadas; junto con los funcionarios, terminan trabajando para las empresas que operan en sus áreas políticas, lo que les permite beneficiarse de sus cargos públicos; como es natural, esto les otorga una inclinación creada en una ideología que promueve los intereses corporativos. El mundo empresarial se beneficia de sus contactos con los políticos y los funcionarios, y de su conocimiento de las estructuras de gobierno y su experiencia, lo cual permite a las empresas privadas infiltrarse hasta el corazón mismo del poder.

Y, sin embargo, en el centro del pensamiento del Establishment hay un fallo lógico. Puede que deteste al Estado, pero la verdad es que depende por completo de él para prosperar. Bancos rescatados, infraestructura financiada por el Estado, protección estatal de la propiedad privada, investigación y desarrollo, una fuerza de trabajo educada gracias a una gran inversión pública, la subida de unos salarios que ya no dan para vivir, los numerosos subsidios… Todos ellos son ejemplos de lo que se puede describir como el «socialismo para los ricos» que caracteriza al Establishment de hoy en día.

Este Establishment no es sometido al escrutinio que debería. A fin de cuentas, es tarea de los medios de comunicación arrojar luz sobre la conducta de los poderosos. El problema es que los medios de comunicación británicos forman parte integral del Establishment británico; sus propietarios comparten los mismos presupuestos y cantinelas subyacentes. Lo que hacen periodistas y políticos por igual es criticar y atacar de forma obsesiva a quienes están en lo más bajo de la sociedad. A los desempleados y otros solicitantes de ayudas; a los inmigrantes; a los trabajadores del sector público… todos estos grupos se han visto expuestos a las críticas o incluso al escarnio. Esta táctica de poner el punto de mira en quienes carecen de poder resulta muy conveniente para que la rabia no se dirija a quienes ostentan ese poder en la sociedad británica.

Para entender lo que es hoy en día el Establishment y cómo ha cambiado, nos tenemos que remontar a 1955: a una Gran Bretaña que se estaba sacudiendo de encima la austeridad de la posguerra a favor de una nueva era de consumismo, rock and roll y teddy boys. El país, sin embargo, tenía un lado más siniestro, que inquietaba a un ambicioso periodista conservador de treinta y pocos años llamado Henry Fairlie. Tras unos prodigiosos inicios profesionales, Fairlie empezó a mezclarse con gente poderosa e influyente. A los veintitantos ya estaba escribiendo editoriales para el Times. A los treinta años, se pasó al mundo del periodismo freelance y empezó a firmar una columna para la revista The Spectator. Fairlie había adoptado una postura cínica hacia los estamentos más elevados de la sociedad británica. Así, un día de otoño de 1955, escribió un artículo explicando por qué. Lo que le había llamado la atención era el escándalo que protagonizaron dos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guy Burgess y Donald Maclean, que habían desertado a la Unión Soviética. Fairlie sugirió que una serie de amigos de aquellos dos hombres habían intentado proteger a sus familias de la atención de los medios de comunicación. Y afirmó que aquello revelaba que «lo que yo llamo el Establishment de este país es más poderoso hoy en día de lo que ha sido nunca». Este artículo convirtió Establishment en una expresión de uso común, y de paso le labró un nombre a Fairlie.

Para él, el Establishment no sólo incluía «los centros del poder oficial, aunque ciertamente forman parte de éste», sino «toda la matriz de relaciones oficiales y sociales dentro de la cual se ejerce el poder». Este «ejercicio del poder», afirmaba, sólo se puede entender como algo que «se lleva a cabo socialmente». En otras palabras, el Establishment comprendía a una serie de personas bien conectadas que se conocían todas entre sí, alternaban en los mismos círculos y se defendían los unos a los otros. No se basaba en acuerdos oficiales, legales ni formales, sino más bien en «sutiles relaciones sociales».

El Establishment de Fairlie consistía en una trama de gente diversa. No eran solamente personalidades como el primer ministro o el arzobispo de Canterbury, sino también «meros mortales» que se habían incorporado, como el presidente del Arts Council, el director general de la BBC y el editor del Times Literary Supplement, «por no mencionar a gente divina como lady Violet Bonham Cárter», hija del ex primer ministro liberal Herbert Asquith, confidente de Winston Churchill y abuela de la actriz británica Helena Bonham Cárter. El Ministerio de Asuntos Exteriores era, según Fairlie, «casi el centro del esquema de relaciones sociales que controla de forma tan potente el ejercicio del poder en este país», dado que estaba atiborrado de individuos que «conocen a la gente a la que hay que conocer». En otras palabras, el Establishment era una cuestión de «a quién conoces».[3]

La definición de Fairlie implantó el uso común del término Establishment, en medio de una fuerte controversia y de la reacción furiosa de varios de sus miembros, a quienes había citado. Fairlie insinuaba que Violet Bonham Cárter era una de las personas que habían ayudado a gestionar la reacción de los medios de comunicación ante el caso de Burgess y Maclean. Bonham Cárter montó en cólera y afirmó que «las cosas que he hecho solamente son relevantes con respecto a la persecución de sus familias que han emprendido ciertos miembros de la prensa». El rector del All Souls College de Oxford —el gobernador del centro de investigación más elitista de la universidad entera— también negó la descripción que hacía Fairlie de las prácticas de reclutamiento del Ministerio de Exteriores y dijo que estaba «llena de insinuaciones viles y de supuestos y sugerencias que son falsos en casi todos los casos». David Astor, editor del Observer —y miembro de la poderosa familia Astor—, se puso como una fiera y condenó a Fairlie y a su «estampa de un “Establishment” de gente influyente que ostenta el poder en este país y se defienden o se ayudan en secreto los unos a los otros». Esto, dijo, «equivale a decir que los escalafones superiores de nuestra vida pública son un contubernio», lo cual era «una porquería difamatoria».[4]

Con su visión del Establishment como una red de personas poderosas que comparten su vida social y se protegen y se ayudan cuando surge la necesidad, el artículo de Fairlie venía a contribuir de forma significativa a una tradición de pensamiento que afirmaba que Gran Bretaña no estaba únicamente «gobernada por su pueblo», tal como la teoría que respaldaba la democracia sugería que debía estar. Su visión se hacía eco de una perspectiva que llevaban teniendo pensadores influyentes de izquierdas desde hacía mucho tiempo, entre ellos Karl Marx y Friedrich Engels. En el Manifiesto comunista, estos dos autores habían descrito a los gobiernos capitalistas como un «comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía», o una especie de frente tecnocrático para los directivos de las grandes empresas.

Pero en la definición de Fairlie faltaban importantes facetas del poder en Gran Bretaña. En primer lugar, no había referencia alguna a los intereses económicos compartidos, esos profundos vínculos que unen a las grandes empresas y a las élites financieras y políticas. En segundo lugar, su artículo no transmitía ninguna idea de una mentalidad común que cohesionara al Establishment. Y, sin embargo, existía una, aunque muy distinta de la mentalidad que lo domina hoy en día, por mucho que tanto entonces como ahora Downing Street estuvieran ocupados por un exalumno conservador de Eton, Anthony Edén. Porque entonces era la época del capitalismo del bienestar, y hasta quienes tenían el poder compartían la ética del estatalismo y del paternalismo; y, por encima de todo, la idea de que para conseguir una sociedad estable y sana hacía falta un gobierno activo.

Las diferencias entre la época de Fairlie y la nuestra vienen a demostrar que el Establishment dominante en Gran Bretaña dista mucho de ser estático: la flor y nata de la sociedad británica siempre se ha mantenido en estado de flujo. Es la supervivencia lo que la mueve a cambiar continuamente. La historia está repleta de demandas hechas desde abajo a las élites gobernantes para que cedan parte de su poder, obligando a los poderosos enemigos de la sociedad británica a negociar. A fin de cuentas, la negativa recalcitrante a las demandas de cambio acarrea el riesgo no solamente de hacer caer pilares individuales del Establishment, sino también de arrastrar consigo a todo el sistema de poder.

La monarquía es un ejemplo notable de pilar tradicional del poder que —ante una serie de amenazas ocasionalmente formidables— se ha tenido que adaptar para sobrevivir. Esto se hizo evidente en el acuerdo de compartición de poder que firmaron la Corona y el Parlamento en las postrimerías de la revolución y la invasión extranjera del siglo XVII, y que sigue vigente hoy en día. Muchos de los poderes arbitrarios de la monarquía, como la capacidad para declarar la guerra, fueron a parar a manos del primer ministro. Incluso hoy en día, el papel de la monarquía no es del todo simbólico.

«La Corona es una institución un poco vaga, pero viene a ser el corazón del sistema, el lugar del que proviene todo el poder», dice Andrew Child, director de campaña de Republic, un grupo que defiende que se pueda elegir al jefe de Estado. El primer ministro nombra y destituye a los ministros del gobierno sin necesidad de consultar a las cámaras legislativas ni al electorado, porque está usando los poderes de la reina: los ministros son de la Corona, no del pueblo. En la práctica, asimismo, los miembros de la familia real cuentan con una poderosa plataforma desde la que intervenir en las decisiones democráticas. El príncipe Carlos, sucesor designado al trono, se ha reunido con ministros por lo menos tres docenas de veces desde las elecciones generales de 2010, y se sabe que tiene las ideas muy claras en cuestiones como el medio ambiente, la prohibición de la caza, las medicinas «alternativas» y el patrimonio histórico. En junio de 2014 salió a la luz que el príncipe había presionado al gobierno de Tony Blair para que ampliara el número de escuelas secundarias selectivas. A finales de 2014, el periódico Guardian reveló que el príncipe Carlos tenía intención de transformar el rol del monarca en cuanto llegara al trono, y que llevaría a cabo una serie de «voluntariosas intervenciones».[5] Esta revelación provocó la reacción furiosa de Republic, que declaró que un «en una sociedad democrática sería intolerable un rey activista», sugiriendo que aquello sería el fin de la monarquía. Por encima de todo, la soberanía pertenece a la monarquía de Gran Bretaña, y no a su pueblo. Es ella quien ayuda a institucionalizar los rasgos inherentemente antidemocráticos del Establishment. Al fin y al cabo, Gran Bretaña no es un país constitucionalmente gobernado por su pueblo.

En contraste con otros países de Europa, la aristocracia de Gran Bretaña se las ha apañado para evitar verse diluida por la adaptación y la asimilación. Después de la revolución industrial absorbió en sus filas a algunos prósperos hombres de negocios —para gran disgusto de los tradicionalistas—, como el financiero de la City de Londres lord Addington y el tratante de sedas lord Cheylesmore. La aristocracia continuó ostentando un poder político considerable durante el siglo XIX y proporcionó al país muchos primeros ministros, como el primer duque de Wellington, el segundo conde de Grey y el segundo vizconde de Melbourne. Corría ya el año 1963 cuando el aristócrata conservador lord Home se convirtió en primer ministro británico. Pero después de las Actas del Parlamento que aprobaron los miembros en 1911 y en 1949, este poder se vio restringido cuando la Cámara de los Comunes electa consagró en forma de ley su dominio sobre la Cámara de los Lores aristócrata. El legado de varios siglos de poder aristocrático no ha desaparecido, no obstante: más de un tercio de las tierras británica y galesa y más del 50 por ciento de la tierra rural siguen estando en manos de treinta y seis mil aristócratas.[6]

Aunque hoy en día sea menos influyente que nunca, la Iglesia anglicana retiene los paramentos de su antiguo poder. Ciertamente, la palabra Establishment es testimonio de la importancia que llegó a tener; el término deriva probablemente del hecho de que la Iglesia de Inglaterra es la established church («iglesia establecida») del país, o sea, la religión estatal, que tiene en su jefe al monarca. La más alta dignidad eclesiástica de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, es designado por el primer ministro en nombre del monarca. Y aunque Gran Bretaña sea uno de los países menos religiosos de la Tierra, en el que solamente una de cada diez personas va a la iglesia semanalmente, y en el que una cuarta parte de los ciudadanos no tiene creencia religiosa alguna, la Iglesia anglicana conserva unos poderes considerables. Dirige una de cada cuatro escuelas primarias y secundarias, mientras que sus obispos se sientan en la Cámara de los Lores, cosa que convierte a Inglaterra en el único país —junto con Irán— que tiene a clérigos no electos ocupando un escaño en las cámaras legislativas. En el siglo XIX, la Iglesia poseía más de 880.000 hectáreas de tierra y era el mayor terrateniente de Gran Bretaña.[7] Aunque desde entonces ha caído en las clasificaciones, sigue siendo propietaria de cuarenta y cuatro fincas que suman más de 40.000 hectáreas de tierra rural, y eso sin incluir los terrenos que tienen en las ciudades.[8] Sin embargo, a pesar de que las encuestas muestran que los feligreses habituales son abrumadoramente simpatizantes del Partido Conservador,[9] como la era actual de la economía de mercado libre no arrancó hasta finales de la década de los setenta, muchos clérigos de mayor edad han sido verdaderos azotes del Establishment. En 1985, lord Runde, arzobispo de Canterbury mientras Margaret Thatcher fue primera ministra, encargó un informe sobre la pobreza en las ciudades que una veterana y anónima figura de los conservadores denunció como «pura teología marxista». Asimismo, Rowan Williams, arzobispo durante los últimos años del nuevo laborismo y los primeros del gobierno de coalición, escribió una crítica incendiaria de las políticas del gobierno. El hecho de que estas intervenciones públicas sean objeto de tantos comentarios demuestra que la Iglesia conserva parte de su influencia, aunque su poder se haya visto mermado.

También el ejército perdió importancia después de la caída del Imperio británico. A medida que las colonias obtenían su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, el poder global de Gran Bretaña se redujo enormemente y la política exterior británica se subordinó a Estados Unidos. Era inevitable que el ejército perdiera su papel central. En los últimos años, las medidas de austeridad han provocado recortes todavía más drásticos de las capacidades militares, incluida la reducción de más de treinta mil soldados, entre el personal tanto del ejército como de la Armada. El jefe del Estado Mayor, el general sir Nicholas Houghton, ha avisado del peligro de una «fuerza vacía», con equipamiento de vanguardia pero sin personal para administrarlo, y afirma que «si nadie hace nada al respecto, nuestro rumbo actual lleva a una estructura de fuerzas estratégicamente incoherente: un equipamiento exquisito pero unos recursos insuficientes para manejarlo o entrenarse con él». Y continúa señalando que a menudo las prioridades del gasto buscan «apoyar a la base industrial de la defensa de Reino Unido», que incluye a poderosos grupos de interés dependientes de la generosidad estatal, como, por ejemplo, BAE Systems, que ejercen presión para obtener recursos. Así pues, las necesidades de las compañías armamentísticas rebasan incluso los objetivos militares británicos. Esas quejas, sin embargo, subrayan lo impotentes que se han vuelto los dirigentes militares; dejando de lado sus intereses privados, se ven obligados a emitir en público unas críticas a menudo infructuosas.

El Establishment es un camaleón, que evoluciona y se adapta según dictan las necesidades. Y, sin embargo, una cosa que distingue al Establishment actual de sus encarnaciones anteriores es su triunfalismo. Antaño los poderosos afrontaban amenazas importantes que los mantenían a raya. Sin embargo, da la impresión de que los oponentes de nuestro Establishment actual han dejado de existir de forma organizada o significativa. Los políticos se ajustan en su gran mayoría a un guión parecido; a los antaño poderosos sindicatos, hoy se los trata como si carecieran de sitio legítimo en la vida política o incluso pública. Y los economistas y académicos que rechazan la ideología del Establishment han sido en gran medida expulsados de la comunidad intelectual. El fin de la guerra fría fue manipulado por políticos, intelectuales y medios de comunicación para anunciar la muerte de cualquier alternativa al statu quo: «el final de la historia», en palabras del politólogo estadounidense Francis Fukuyama. Todo esto le dejó las cosas muy fáciles al Establishment. Así como antaño la posición de los poderosos se veía socavada por el advenimiento de la democracia, ahora está teniendo lugar un proceso opuesto. El Establishment está amasando riqueza y reuniendo más poder de forma agresiva, de un modo que carece de precedente en los tiempos modernos. A fin de cuentas, no hay nada que lo detenga.

Hay una objeción previsible a este retrato. Cuando pensamos en el Establishment de la década de los cincuenta, generalmente nos imaginamos a hombres de clase media-alta con trajes, pañuelos planchados en las pecheras, paraguas en una mano y maletín en la otra. El Establishment de hoy en día es menos sexista, homófobo y racista, pese a tolerar una retórica a menudo incendiaria contra la inmigración, que, de forma conveniente, contribuye a desviar la atención de los poderosos. Los sacrificios que realizaron quienes lucharon contra la intolerancia consiguieron vencer de forma parcial unos prejuicios que antaño estaban sancionados oficialmente. Una gran parte del Establishment de hoy en día es liberal en temas sociales. Hay figuras cruciales del mundo empresarial que están incluso dispuestas a financiar campañas contra la homofobia, por ejemplo. Esto representa un salto espectacular respecto a los inicios de la década de los cincuenta, cuando sin ir más lejos el pionero británico de las matemáticas y de la informática, Alan Turing, fue castrado químicamente por ser gay.

Pese a todo, el Establishment sigue sin ser representativo de la sociedad británica, pese a que algunas de sus partes se han vuelto —en los niveles más bajos— más diversas. En 1945 solamente había veinticuatro parlamentarias; actualmente hay ciento cuarenta y tres.[10] Aunque esto pueda parecer un aumento espectacular, quiere decir que casi cuatro de cada cinco parlamentarios continúan siendo hombres. Es una proporción más baja que la de Sudán, por ejemplo, un país que no es conocido precisamente por su igualdad de oportunidades. En 2010, el número de parlamentarios negros y de otras minorías étnicas se duplicó, pero solamente hasta llegar a los veintisiete.[11] (A fin de reflejar la demografía actual de Gran Bretaña, la cifra debería rebasar los noventa). Entretanto, solamente el 20,8 por ciento de los directivos de grandes empresas son mujeres; entre los directores ejecutivos, la proporción no pasa del 6,9 por ciento.[12] Tan sólo uno de cada dieciséis miembros del consejo directivo de grandes empresas son de raza negra o de otra minoría étnica, y muchos de éstos proceden de nombramientos internacionales.[13] Los escalafones superiores del funcionariado los siguen dominando los hombres, aunque ahora hay poco más de un tercio de mujeres.[14] Hay más mujeres en lo alto de las corporaciones periodísticas que antes, aunque, por supuesto, siguen siendo menos que los hombres, y el número de periodistas negros y de otras minorías étnicas es ridículamente pequeño. Pero este libro no trata de si el Establishment es lo bastante representativo o no lo es. Podría ser una muestra representativa de la diversidad de la sociedad británica y, aun así, seguiría siendo una amenaza para la democracia. Este libro trata de cómo se ejerce el poder que mueven los intereses propios, y no de la falta de diversidad de quienes lo ejercen. Podría haber menos hombres o caras blancas entre quienes ostentan un poder destructivo o libre de responsabilidades, pero, de todos modos, ese poder seguiría siendo destructivo y libre de responsabilidades.

Este libro tampoco trata de «villanos» individuales. El Establishment es un sistema y un conjunto de mentalidades que no se pueden reducir a tal político o a cual magnate de los medios. El mero hecho de flagelar a una serie de individuos por codiciosos no ayuda a entender gran cosa. Esto no equivale a absolver a nadie de su responsabilidad personal ni de sus actos, ni a afirmar que los individuos no son más que engranajes de una máquina o robots que siguen a ciegas un guión escrito de antemano. Pero sí quiero combatir la idea de que a Gran Bretaña la gobierna «mala» gente, y que, si se la sustituyera por «buena» gente, se solucionarían los problemas que afronta la democracia. En persona, muchas figuras del Establishment están llenas de generosidad y de empatía hacia los demás, incluidos aquellos que tienen unas circunstancias mucho menos privilegiadas que las de ellos. La decencia personal puede coexistir fácilmente con el más perjudicial de los sistemas. Por otro lado, hay otras figuras que son egoístas y que se muestran decididas a obtener dinero y poder sin importarles el coste que paguen los demás; tal como descubrió el periodista Jon Ronson, se calcula que un 4 por ciento de los presidentes de compañías son psicópatas, una proporción aproximadamente cuatro veces más alta que la del resto de la población.[15] Lo que hay que entender es la conducta que un sistema determinado promueve, así como comprender hacia dónde tiende.

Este libro explorará la cuestión de qué es el Establishment de hoy en día y de qué manera funciona: cómo sus ideas se han vuelto tan victoriosas e indiscutidas; qué aspecto tiene; cómo justifica su conducta y por qué supone una amenaza a nuestra democracia. Enseñaré que el Establishment no está al servicio del pueblo británico, a pesar de que afirme que sí. A quien se sirve en realidad es a sí mismo. Este libro intentará exponer las consecuencias de esa ideología del «porque yo lo valgo» que permea el Establishment: el hecho de que una distribución cada vez más desigual de la riqueza le produzca a los poderosos la sensación de que tienen derecho a llevarse porciones cada vez más grandes de ella.

Todo esto me ha obligado a explorar las instituciones cruciales del Establishment y a encontrarme con algunos de sus líderes. He tomado capuchinos con políticos en los cafés del Parlamento. He bromeado con ideólogos financiados por corporaciones en las callecitas de Westminster. He almorzado con banqueros en restaurantes caros. He conocido a periodistas veteranos en redacciones frenéticas. Y he visto el skyline de Londres en compañía de ejecutivos de empresas desde los rascacielos donde estaban sus sedes corporativas. Gran parte de esta historia está contada con las palabras del propio Establishment. Trazan un retrato fascinante y revelador de cómo se está gobernando Gran Bretaña en el siglo XXI.

No es fácil evitar que mis credenciales se vean escrutadas con atención cuando estoy escribiendo un libro que desafía de forma tan firme al Establishment. Crecí en una familia ferozmente contraria al Establishment de Stockport y caí en ese tradicional campo de entrenamiento de la élite británica: la Universidad de Oxford. Algunas de las personas con las que estudié ya están emergiendo como pilares del Establishment. Ahora soy columnista en la prensa escrita y aparezco con frecuencia en programas de televisión. Me reúno de forma habitual con individuos poderosos, y con algunos hasta me tuteo. Hay quien dirá que yo también soy un miembro del Establishment. Pero lo que define si uno forma parte del Establishment no es de dónde viene ni qué educación ha tenido, ni siquiera el hecho de si dispone de una plataforma pública o de algún grado de influencia. Es una cuestión de poder y de mentalidad.

No hay duda de que mi plataforma es lo que me da acceso a algunas de las personas a las que entrevisto en este libro. Ciertamente, hay quien me lo ha echado en cara. David Aaronovitch es un antiguo estudiante radical y comunista. En 1975 formó parte de un equipo del programa «University Challenge» de la BBC que subvirtió el formato del programa contestando a todas las preguntas con el nombre de un líder marxista. «Lenin», «Trotski», «Che Guevara», etc. «Por aquella época, yo era bastante moralista, todo lo veía en blanco y negro», me explicó. Aaronovitch terminó de columnista en el periódico de Murdoch, The Times, y es un feroz crítico de la izquierda. Está claro que me ve como a un eco de él cuando era joven, destinado —o condenado— a seguir sus pasos.

«¿Por qué estamos aquí? Aquí me tienes, ayudándote. ¿Por qué?», me pregunta, los dos sentados en un café de Hampstead. Y me sugiere que, si él no hubiera conocido ya mi trabajo y si los dos no formáramos parte del mismo «universo mediático», es posible que no hubiera dedicado un viernes por la mañana a reunirse conmigo. «Bienvenido a la élite —me dice a modo de conclusión—. Aquí estamos, teniendo nuestra discusión de élite».

Sin embargo, la naturaleza del Establishment es demasiado importante para dejar que unos simples periodistas se limiten a cavilar sobre él en cafés de Hampstead. El Establishment ya lleva demasiado tiempo sin que lo cuestionen y sin que se le pidan responsabilidades. Y, en gran medida, se debe a no haber conseguido definir quién es ni qué hace. Es un debate que lleva mucho tiempo aplazado. Es necesaria una discusión no solamente acerca de quién nos gobierna, sino también sobre la amenaza que supone para la misma democracia.

1 LOS ESCUDEROS

A primera vista (y a segunda), Paul Staines, de cuarenta y siete años, no parece lo que se diría un personaje amable. Con un mechón blanco en plena raya de su tupido pelo negro, su aspecto recuerda a algo así como la versión masculina y dedicada a la política de Cruella de Vil. Mientras se bebe una copa de vino en un gastropub pijo de Islington, el rey de la blogosfera de derechas me dice en tono despreocupado, casi de pasada: «La democracia no me entusiasma».

En la década de los ochenta, Staines era un joven fanático que se inspiraba en la cruzada de Margaret Thatcher «Creo que la amaba», me dice dejándose llevar por una emoción humana, algo nada frecuente en él. «La amaba», se reafirma. Hace tiempo que lo mueve un odio feroz a la izquierda. «Creo que vuestro credo es maligno», me dice sin ninguna ironía. Lo dice en serio.

Después de leer en 1980, con trece años, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, un libro que sus admiradores consideran una defensa ardiente de la democracia liberal contra las ideologías totalitarias, Staines decidió que era libertario, es decir, alguien que cree que el gobierno y el Estado son amenazas inherentes a la libertad individual. Ya de adolescente, Staines dice que estaba «muy cerca de un montón de gente poderosa». Se convirtió en el «chico del maletín» o el asistente personal de David Hart, asesor de Margaret Thatcher, cuyo activismo estaba sufragado en parte por Rupert Murdoch. Staines se jacta de que Hart «financió el aplastamiento del Sindicato Nacional de Mineros durante la huelga de mineros de 1984-1985, una victoria decisiva del thatcherismo». Tanto Hart como Staines defendieron públicamente la venta de armas de Estados Unidos a la Contra, los brutales paramilitares de derechas que durante la década de los ochenta cometieron toda clase de atrocidades con total naturalidad durante su lucha contra el gobierno de izquierdas de los sandinistas en Nicaragua.

Staines se pasó años trabajando de corredor de bolsa e inversor en la City de Londres, hasta que en 2004 —después de demandar al promotor financiero de su fondo de inversiones— se vio obligado a declararse en bancarrota. Necesitaba una nueva aventura. Como los blogs todavía estaban en pañales, se adueñó del que demostraría ser un nuevo y lucrativo nicho de mercado: montaría una página web para denunciar a los políticos de una forma que hiciera parecer dócil incluso a la prensa sensacionalista. En homenaje a un hombre que en el pasado había intentado derrocar el régimen político, en un sentido completamente literal, Staines adoptó el seudónimo de Guido Fawkes. «Mi rabia contra los políticos es genuinamente sincera —me explica—. Odio a esos putos ladrones de mierda».

Para Guido Fawkes casi todo estaba permitido. En 2009 publicó una serie de correos electrónicos cruzados entre uno de los ayudantes de mayor confianza del por entonces primer ministro Gordon Brown, Damian McBride, y el exportavoz del nuevo laborismo, Derek Draper, en los cuales la pareja conspiraba para difundir rumores que desacreditaran a una serie de oponentes políticos. No está claro cómo Staines pudo hacerse con aquellos correos electrónicos. En las postrimerías del escándalo, destruyó el disco duro de su ordenador. Ahora me dice en broma que su fuente fue «el servicio secreto irlandés; nos reímos de él, pero es el mejor del mundo». Las repercusiones de su revelación fueron sensacionales. McBride cayó en desgracia y tuvo que dimitir; por su parte, el ya asediado Brown se hundió en la crisis política.

Staines se protege de unas acusaciones de difamación potencialmente dañinas que podrían obligarle a ubicar el servidor de Guido Fawkes en el extranjero, en lo que él describe como «un soleado paraíso fiscal corporativo». No es de extrañar que los políticos le tengan pavor. Y a él le encanta esta reputación. «Creo que no refleja realmente quién soy, pero me gusta bastante».

Sin embargo, sería una equivocación pensar que Staines está liderando una cruzada contra la élite dirigente de Gran Bretaña: nada más lejos de la verdad. De hecho, es un acérrimo escudero de los tipos más adinerados de la sociedad. O en palabras del propio Staines: «Yo defiendo a los plutócratas del mundo. Mi punto de vista es: “¿Acaso los plutócratas no han sufrido ya bastante?”». Y este apoyo absoluto a los intereses de los más ricos ocupa el lugar central del desprecio que le tiene a la democracia. «Desacreditar a los políticos deslegitima lo que éstos pueden hacer —dice—. Fundamentalmente, se adecua a mi plan de juego ideológico».

Para este portavoz de los «plutócratas», la democracia es una amenaza potencialmente mortal. «No me da los resultados que yo quiero, y además los pobres votan para robar a los ricos, lo cual no me parece una manera justa de hacer las cosas […]. Y es que la democracia, cuando el derecho a voto es universal, siempre lleva a que los que no tienen nada roben a los que sí tienen».

Para explicar su objeción a la democracia, Staines hace una comparación que inquietaría a mucha gente. «Mira el apartheid. Era obvio que los blancos que lo controlaban iban a organizar las cosas en su propio beneficio. Está claro, y lo hicieron, porque les habían quitado el poder político a los negros. A mí me parece obvio que en un sistema donde todo el mundo puede votar y hay una distribución desigual de los recursos, los que no tienen ninguno van a votar para quitárselos a quienes los tienen». La cosa no es tan simple, admite, pero solamente porque «el capital encuentra formas de protegerse de los votantes. El sistema norteamericano lo hace muy claramente, porque allí el dinero domina la política, y eso quiere decir que, aunque salga elegido algún demócrata ligeramente izquierdista, el sistema atempera siempre su deseo de redistribuir».

Aunque sus opiniones pueden llevarlo a uno a pensar que Staines es un simple chiflado irrelevante, esto sería una gran equivocación. Se trata de un hombre bien conectado con ministros de áreas claves del gobierno y con derechistas de primera fila. Guido Fawkes figura siempre como el blog político número uno de Gran Bretaña, mientras que Staines tiene una columna en el periódico más leído del país, el Sun on Sunday. Su cruzada contra el régimen político —no destinada a pedirles que rindan cuentas, sino a socavar la fe en el sistema democrático en sí— forma parte de un movimiento ideológico mucho más amplio. En las últimas tres décadas, se ha quitado riqueza y poder a la mayor parte de la población y se ha redistribuido de forma sistemática entre quienes están en lo más alto. Esto no habría sido posible sin los firmes esfuerzos de sus escuderos.

Para entender los principios rectores del Establishment actual, tenemos que remontarnos a 1947 y a la soñolienta aldea suiza de Mont Pèlerin. Por aquella época, debía de resultar sorprendente la belleza del paisaje circundante: las vastas aguas del lago Lemán y la altísima cordillera de los Dents du Midi. En este idílico escenario, tal vez resultara fácil olvidarse de la muerte y de la destrucción que habían reinado en las inmediaciones de la neutral Suiza hacía apenas un par de años.

Mont Pèlerin fue el inesperado lugar de nacimiento de una contrarrevolución que un día barrería el planeta entero. Durante los primeros días de abril de 1947, casi cuarenta intelectuales de todo el mundo occidental —entre ellos académicos, economistas y periodistas— llegaron al Hôtel du Parc del pueblo. Al cabo de una semana de debate riguroso y a menudo acalorado, el grupo de los allí reunidos acordó dictar sentencia sobre el nuevo orden global que acababa de surgir de la Segunda Guerra Mundial. «Los valores centrales de la civilización corren peligro —decía en tono condenatorio la Declaración de Intenciones del grupo—. Las condiciones esenciales de dignidad y libertad humanas ya han desaparecido de vastas zonas de la superficie de la Tierra». Para estos pensadores, las raíces de la crisis estaban claras; las habían «propiciado la pérdida de fe en la propiedad privada y el mercado competitivo». Una vez sentadas las bases para una lucha generacional en defensa de un capitalismo de libre mercado cada vez más asediado, nació la sociedad Mont Pèlerin.

Fue idea del economista británico nacido en Austria, Friedrich Hayek. Mientras el Imperio nazi se desmoronaba a manos del Ejército Rojo y de las fuerzas occidentales, Hayek publicó una denuncia profundamente pesimista del mundo que él creía que llevaba emergiendo desde hacía, por lo menos, una generación. El abandono de la economía del laissez-faire —es decir; de la fe en que la prosperidad y la libertad dependían de que el Estado se retirara de la vida económica— amenazaba, según él, los cimientos mismos de la libertad: «Hemos ido abandonando progresivamente esa libertad en materia económica sin la cual, en el pasado, jamás han existido las libertades política y personal».[1]

Publicado a finales de la Segunda Guerra Mundial, el influyente libro de Hayek, Camino de servidumbre, fue un éxito espectacular. Se vendieron cientos de miles de ejemplares tanto en Gran Bretaña como en otros países occidentales. En abril de 1945, se publicó una versión condensada en el Reader’s Digest.[2] La popularidad del libro no sirvió de consuelo a Hayek. A pesar del enorme interés que estaba suscitando su obra, le escribió a un correligionario: «No soy optimista sobre el futuro, ni mucho menos. Las perspectivas para Europa me parecen oscuras a más no poder».[3]

Hayek y sus seguidores eran reaccionarios en el sentido más genuino de la palabra. Querían viajar en el tiempo de regreso a una supuesta era dorada que se había visto barrida por el trauma de la depresión económica de los años treinta y de la guerra global de los cuarenta. No se cortaban un pelo a la hora de definirse a sí mismos como «liberales a la antigua usanza». Tal como dijo Hayek en la sesión inaugural de la sociedad Mont Pèlerin, una de las principales tareas que tenían por delante era purgar «la teoría liberal tradicional de ciertos añadidos accidentales que se le han ido pegando a lo largo del tiempo».[4] Sepultada en aquella jerga académica más bien árida, se encuentra toda una revelación acerca de cómo se veían a sí mismos los miembros de esta sociedad: seres ideológicamente puros embarcados en la misión de descontaminar su propio sistema de creencias corrupto.

Hayek creía que, hasta hacía poco, Occidente había estado «gobernado por eso que se denomina vagamente ideas del siglo XIX, o bien el principio del laissez-faire»,[5] el modelo al que él y sus seguidores conminaban a regresar. Éste, sin embargo, no era el liberalismo que a mediados del siglo XX se había llegado a asociar con la reforma social y la intervención estatal. Para el íntimo colaborador de Hayek, el economista estadounidense pro mercado libre Milton Friedman, la forma de liberalismo que ellos defendían era una corriente nacida a finales del siglo XVIII y en el XIX, y que «subrayaba la libertad como la meta última, y al individuo como la entidad suprema de la sociedad». Lo que su idea de liberalismo representaba, por encima de todo, era «el laissez-faire en el propio país» y «el libre comercio con el exterior». O, por decirlo de otra manera, la disminución de la intervención estatal en los asuntos económicos.[6]

Sin embargo, en aquel nuevo mundo de posguerra —unos años que se han descrito adecuadamente como «el nadir de la ideología capitalista»—,[7] Hayek, Friedman y otros liberales nostálgicos eran auténticos parias ideológicos. Se les consideraba, simple y llanamente, como unos «chiflados».[8] La economía del laissez-faire, considerada la culpable de la Gran Depresión de los años treinta y del conflicto global que la siguió, y desautorizada todavía más por el éxito de la planificación estatal de los tiempos de guerra, parecía estar en la bancarrota ideológica.

Por toda Europa occidental, millones de obreros radicalizados por la experiencia de la guerra total exigían que la paz trajera consigo una serie de reformas sociales profundas a expensas de las grandes empresas y de los ricos. Los partidos socialistas y socialdemócratas ascendían fulgurantemente al poder, ya fuera dentro de coaliciones, o bien —como sucedía en Gran Bretaña, Suecia y Noruega— formando gobierno ellos solos.[9] Amenazada por las poderosas fuerzas de la izquierda, a la derecha apenas le quedó otro remedio que abandonar su tradicional defensa de la economía del laissez-faire; y lo hizo, hasta que casi tres décadas después, en los años setenta, un pequeño grupo de ideólogos aprovechó una oportunidad imposible de pasar por alto. En el corazón de ese proyecto, que remodelaría todo el Establishment británico, se encontraba un joven llamado Madsen Pirie.

Hoy en día, Pirie es un tipo risueño y excéntrico, con una pajarita de rayas que le da un toque gracioso. De entrada me lleva a almorzar, en parte para ver de qué pie calzo. Cuando lo entrevisto, sin embargo, lo hago en las despreocupadamente informales oficinas del Instituto Adam Smith, que está en una callecita situada a pocos minutos de la Cámara de los Comunes. Tiene unos modales vivarachos y hasta me regala unos libros de ciencia ficción que ha escrito; en lo alto de una escalera de caracol, un grupo de jóvenes y brillantes libertarios teclea furiosamente. Pero Pirie no es ningún hijo de la élite. Lo crió su abuela, que se ganaba la vida cosiendo redes de pescar en la sala de estar de su casa, cerca del pueblo costero de Cleethorpes, en Lincolnshire. Al parecer, aquella anciana, que ya había criado a varios hijos, le dejaba hacer lo que él quisiera. «Así se adquiere una mayor independencia —me explica—. Si tuvieras que encontrar la razón de mi preferencia por la vida mental independiente, seguramente la encontrarías en aquella experiencia formativa tan tranquila». No recuerda una época de su vida en que no suscribiera sus opiniones libertarias. A los veintipocos años mecanografió un sumario de dos páginas de todas las cosas en las que creía, antes de descubrir que «John Stuart Mill lo había hecho mucho mejor hacía más de un siglo».

A principios de la década de los setenta, Pirie estudiaba cursos de posgrado de Filosofía en la Universidad de Saint Andrews, un centro con mucha solera de la política estudiantil de derechas. Fue en aquella época cuando invitó a Karl Popper, uno de los fundadores de la sociedad Mont Pèlerin, a que fuera a dar una charla a sus compañeros de facultad. De ahí, Pirie pasó a asistir a las reuniones de la sociedad, y así es como conoció a Friedrich Hayek y a Milton Friedman. «Hayek veía al socialismo triunfando por todo el mundo, no solamente en los países comunistas, sino también en las democracias capitalistas», rememora Pirie. Tres décadas después de la Segunda Guerra Mundial, recuerda, Hayek y Friedman parecían más aislados que nunca, unidos tanto por convicción como por necesidad. «Hasta entonces casi se podía decir que habían estado luchando en solitario, cada uno desde su universidad o su país respectivo. Ahora, sin embargo, formaban parte de una organización que les daba la sensación de no estar solos, de ser parte de un movimiento». Entre los líderes de Mont Pèlerin había poco optimismo. «Con la excepción de Friedman, todos los demás eran pesimistas. La mayoría pensaba que estábamos en pleno declive de la historia. Creían que, como mucho, se podía aspirar a una economía mixta, en plan modelo escandinavo».

Mientras Pirie finalizaba su doctorado en Filosofía, en Gran Bretaña seguía gobernando el consenso socialdemócrata que había establecido el gobierno laborista de Clement Attlee en 1945. Este acuerdo era el puntal político del Establishment que por entonces gobernaba en la Gran Bretaña de la posguerra, donde a todos los políticos de los partidos importantes se les exigía que suscribieran una serie de preceptos básicos si no querían verse fuera de los límites de lo políticamente aceptable. Los sindicatos eran fuerzas poderosas a las que había que tener en cuenta. Durante la celebración de su centenario en 1968, el Congreso Sindical británico se jactaba de que ya no era «una pequeña asociación de debate»; ahora se había convertido en el órgano de representación del sindicalismo, que participaba «en la confección de las políticas del gobierno» y «en la administración de los principales servicios sociales», y que hablaba «de igual a igual con los portavoces de las grandes empresas del país».[10] El tipo máximo del impuesto sobre la renta para los salarios del trabajo estaba en el 75 por ciento. Las industrias y los servicios clave eran de propiedad pública. Fue una época que sigue poblando las pesadillas de los ideólogos del libre mercado contemporáneos. «¡Quiere usted llevarnos de vuelta a los años setenta!» es una réplica estándar que da la derecha a cualquier idea izquierdista, por tibia que sea; y, sin embargo, el consenso de aquella época produjo un aumento vertiginoso del nivel de vida, así como el mayor y más estable crecimiento económico que este país ha conocido nunca.

En 1955, Tony Crosland —el padrino intelectual de la tradicional ala derecha del laborismo— escribió un libro que celebraba el «cambio a la izquierda en el equilibrio de la opinión electoral», un cambio que, recalcaba, era permanente. Aquel triunfalismo socialdemócrata presagiaba el júbilo que manifestarían mucho después los ideólogos del mercado libre, a finales de la guerra fría. En la Gran Bretaña de la posguerra, explicaba Crosland, los conservadores estaban luchando por las elecciones «en gran medida proponiendo políticas que hace veinte años se asociaban con la izquierda y eran repudiadas por la derecha». El panorama había cambiado de un modo tan profundo que, según la dramática conclusión de Crosland, «resulta manifiestamente impreciso llamar a la Gran Bretaña contemporánea una sociedad capitalista». [11] La tesis de Crosland se puede resumir así: «Hemos ganado».

El triunfalismo de la izquierda iba acompañado de la desesperación de la derecha. «En la letra pequeña de la política, y sobre todo en sus acciones de gobierno, el Partido Conservador se limitaba a ir avanzando por escalas en la larga marcha hacia la izquierda», se quejaría más tarde Margaret Thatcher. Y citaba en tono de aprobación a su mentor, Keith Joseph —el defensor del libre mercado—, que decía que la política británica se había vuelto una «deriva hacia el socialismo». En otras palabras, Joseph creía que Gran Bretaña se estaba moviendo de forma implacable, y tal vez irreversible, en dirección al socialismo. Describiendo el curso de la política de posguerra, Thatcher escribió que los conservadores «no movían ni un dedo» mientras «cada gobierno laborista desplazaba el país un poco más a la izquierda. Los conservadores se aflojaban el corsé socialista, pero nunca se lo quitaban».[12]

Pareció que surgía cierta esperanza para los seguidores de Hayek cuando, en plena carrera para las elecciones generales de 1970, el líder conservador Edward Heath intentó remodelar la línea política de su partido. Después de un debate celebrado en el hotel Selsdon Park de Croydon, Heath propuso una oleada de políticas promercado libre, incluidos recortes de impuestos y el rechazo del Estado. El laborista Harold Wilson caricaturizó aquel manifiesto conservador llamándolo el Hombre de Selsdon, en referencia al «Hombre de Piltdown» prehistórico, es decir, representándolo como algo retrógrado, primitivo y, encima, falso. Sin embargo, a la vista de la dura realidad económica y del crecimiento del desempleo, el gobierno de Heath tuvo que abandonar de golpe el Manifiesto de Selsdon poco después de llegar al poder. «Después de un inicio reformista, el gobierno de Ted Heath […] propuso, y a punto estuvo de implantarla, la forma más radical de socialismo que jamás había contemplado un gobierno británico electo», escribió Thatcher, criticando a Heath por ofrecer «control estatal de precios y dividendos, y supervisión conjunta de la política económica a cargo de un organismo tripartito que representaba al Congreso Sindical, la Confederación de la Industria Británica y al gobierno, a cambio de la aceptación sindical de su política de ingresos. Lo que nos salvó de esa abominación fue el conservadurismo y el recelo del Congreso Sindical, que al parecer no pudo creerse que su “enemigo de clase” estuviera dispuesto a rendirse sin presentar batalla».

Mientras languidecía bajo este régimen recalcitrantemente socialdemócrata, Madsen Pirie se sentía «un revolucionario, un radical y un rebelde». En Gran Bretaña, por lo menos, se había convertido en un representante crucial de la obra de Friedman y Hayek, y estaba decidido a hacer todo lo posible para atacar «la deriva al socialismo». «En un ensayo que escribí cuando estaba en Saint Andrews a principios de los años setenta, acuñé el concepto de deriva inversa para referirme al hecho de que nosotros teníamos que hacer algo parecido». Pirie estaba decidido a aprender de sus enemigos, convencido de que si éstos podían establecer un consenso, también lo lograrían él y sus correligionarios. Y eso mismo era lo que tenía planeado hacer. «En cuanto se nos presente la oportunidad de introducir cualquier reforma de mercado, tendremos que incorporar el apoyo de los grupos de interés para que nunca sea posible darle la vuelta a esa reforma».

Al terminar el doctorado, Pirie se fue a Estados Unidos, «sin dinero, sin trabajo ni perspectiva alguna», decidido a obtener un puesto en la universidad. Y resulta que terminó trabajando para el conservador Comité de Estudios Republicanos del Capitolio, liderado en aquella época por Edwin Feulner. Éste llegaría a encabezar la Fundación Heritage, un think tank de derechas diseñado para hacer avanzar los principios conservadores. La derecha estadounidense bullía de ideas y mostraba una determinación colectiva de darle la vuelta a lo que los conservadores consideraban el implacable declive de su país después de la guerra de Vietnam y su prolongado estancamiento económico.

En Reino Unido ya existían think tanks parecidos, aunque a menor escala. A mediados de los años cincuenta se había fundado el Institute for Economic Affairs (IEA), que presentaba ideas promercado libre en medio de un clima político hostil. «A la gente del IEA se los consideraba unos locos —me dice su actual director general, Mark Littlewood—. Se les atribuía cierta honradez intelectual, pero estaban a años luz del pensamiento dominante». Littlewood me cuenta la reacción que hubo cuando el IEA sugirió la abolición de los tipos de cambio. La propuesta se consideró «una locura absoluta. La idea de que el Estado llegara a abolir algún día los controles del cambio de su moneda era un delirio completamente descabellado. Y, por supuesto, ésa fue esencialmente la primera acción del gobierno de Thatcher». Asimismo, otro panfleto del IEA de la década de los sesenta sugería privatizar la industria de las telecomunicaciones. La reacción, dice Littlewood, fue parecida: a la gente del IEA la calificaron de «lunáticos» y «dementes totales».

Lo que estaba intentando el IEA, en palabras de Littlewood, era vencer «en el plano intelectual», en vez de «agitar letreros, repartir folletos y escribir eslóganes en pósteres». Haciendo alusión a la agencia publicitaria favorita de Margaret Thatcher, aquello no fue «un intento estilo Saatchi and Saatchi de cambiar la opinión pública». Fue un «trabajo académico e intelectual bastante profundo». En aquel sentido, el IEA ya estaba trabajando en la «deriva inversa» de Pirie. «Thatcher llegó a ser primero líder del Partido Conservador y después primera ministra gracias a que el IEA le había allanado el terreno intelectualmente para posibilitar el cambio, y le había dado las ideas que necesitaba para su primer mandato».

Pirie está de acuerdo en que el IEA tuvo un papel importante a la hora de cuestionar el sistema político de la posguerra. «El IEA desempeñó una labor excelente de divulgar las ideas mercantilistas, sobre todo en las universidades». Pero no bastaba con aquello. «Nosotros queríamos algo que impactara directamente sobre las políticas. Queríamos formular una serie de políticas que alcanzaran objetivos en materia de mercado libre». A Pirie se le iluminan los ojos y se le llena la voz de pasión. Nada en el mundo lo emociona más que esto: la posibilidad de convertir ideas abstractas en políticas prácticas que transformen la sociedad. Para Pirie, no bastaba con convencer a los políticos de que «las ideas promercado libre eran sólidas»: había que enseñarles cómo se podían implantar en el mundo real. «Había que producir ideas sencillas, que no solamente funcionaran en la práctica, sino que también los ayudaran a salir reelegidos —me explica—. Porque no tenía sentido que implantaran todas aquellas ideas, por sólidas que fueran, si en la siguiente elección los iban a borrar del mapa y todas sus medidas iban a acabar revocadas».

Aquélla era la misión de Pirie: derrocar el antiguo sistema y sentar las bases de uno nuevo.

La estancia de Pirie en Estados Unidos coincidió con las celebraciones en 1976 del bicentenario de la Declaración de Independencia. Para los seguidores de la economía del mercado libre, también se celebraban los dos siglos de una fecha señera: la publicación del libro La riqueza de las naciones, del pensador escocés Adam Smith, que había planteado por primera vez algunas de las ideas que sostenían al capitalismo. Junto con un colega, Eamonn Butler, Pirie decidió fundar un think tank nuevo. Así fue como nació el Instituto Adam Smith, en 1977 y en Londres.

Pirie estaba decidido a enterrar el Establishment de la posguerra, pero no se esperaba la facilidad con que él y sus compañeros de fatigas iban a conseguir sus objetivos. «Confiábamos en que un par de políticas se implantaran y tuvieran éxito, y que ese éxito llevara a emprender más acciones; sería un proceso acumulativo —dice—. En aquella época no nos imaginábamos para nada el éxito total que iban a tener nuestras ideas». El Instituto Adam Smith de Pirie iba a prosperar de una manera que él no podía prever ni en sueños.

A mediados de los años setenta, el consenso de la posguerra ya empezaba a tambalearse. El marco global de las finanzas internacionales, es decir, el sistema de Bretton Woods, lo desmantelaron en agosto de 1971, y de forma unilateral, unos Estados Unidos apabullados por el coste de la guerra de Vietnam. Dos años más tarde, los países productores de petróleo anunciaron un embargo que causó una «crisis del precio del petróleo». La inflación se disparó por todo el mundo occidental mientras las economías se estancaban. Los márgenes de beneficio se empezaron a desplomar. Para los escuderos de Mont Pèlerin, había llegado el momento. «Solamente una crisis, ya sea real o percibida, produce un cambio real —dice Milton Friedman—. Cuando llega la crisis, las acciones que se emprenden dependen de las ideas que haya disponibles, […] lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable».

Lo crucial aquí es que esta lucha ideológica reflejaba algo que estaba teniendo lugar durante aquella época en la sociedad británica. A medida que la inflación se ponía por las nubes y los sindicatos intentaban obtener subidas salariales que reflejaran el aumento del coste de la vida, una oleada de huelgas sacudió el país. Aquello culminó en el llamado Invierno del Descontento de 1978-1979, una batería de acciones industriales que detuvo muchos servicios esenciales en varias partes del país. Pero, aunque ganó algunas batallas, el movimiento sindical entero estaba al borde de una derrota catastrófica. Gran Bretaña se estaba volviendo más y más receptiva a las ideas de los escuderos de Mont Pèlerin.

Dentro de la oleada de nuevos think tanks que se crearon en la Gran Bretaña azotada por la crisis, surgió el Centre for Policy Studies (CPS), fundado en 1974 por Margaret Thatcher y Keith Joseph —hijo de un rico magnate de la construcción y veterano ministro conservador—, dedicado a promover sus insurgentes puntos de vista derechistas. «Fue creado, en gran medida, con la intención de ser revolucionario», dice el actual director del CPS, Tim Knox. «Si escuchas cualquier discurso de Keith Joseph de aquella época, verás que era un crítico feroz del consenso de mediados de los años setenta, y las dificultades económicas de aquella época significaban que podía echar raíces una alternativa a aquel consenso. Cuando las cosas van mal, la gente está dispuesta a escuchar alternativas. Cuando todo va bien, ¿para qué marear la perdiz?» La idea de Milton Friedman de que hacía falta una gran crisis para transformar la sociedad la compartían todos los escuderos del mercado libre de por aquel entonces.

Nada más fundarse en 1977, el Instituto Adam Smith de Pirie inició una campaña incansable de agitación. Sus miembros no paraban de presentar peticiones a los políticos, tanto en sus despachos del Parlamento como en almuerzos y conferencias. Escribían artículos en periódicos importantes, con la esperanza de que sus ideas captaran la atención de quienes tenían el poder, y también para establecer relaciones estrechas con periodistas influyentes. «John O’Sullivan, primero desde el Telegraph y luego en el Times, podía normalmente colar alguna referencia a nuestra última publicación, o bien convencer a alguno de sus colegas para que la cubriera», cuenta la historia oficial del Instituto Adam Smith.[13] El instituto estaba transformando a toda una serie de periodistas en sus propios escuderos, encargados de divulgar su trabajo entre el gran público. Se estaban publicando artículos de primera plana basados en las investigaciones del instituto en periódicos como el Daily Mail. Por encima de todo, era un organismo ambicioso. «Nuestra meta era casi intentar crear otro consenso, o no exactamente un consenso, pero sí crear la impresión de que la historia avanzaba implacablemente en esa dirección», dice Pirie.

Pronto aquello se convirtió en una ofensiva coordinada. El Instituto Adam Smith se unió al IEA, al CPS y a otras organizaciones promercado libre para fundar la Saint James Society, que tomaba su nombre del hotel Saint James Court de Westminster, donde se habían reunido por primera vez. Empezaron a encontrarse para escuchar a los principales miembros del gabinete conservador, como Keith Joseph y Geoffrey Howe, que pronto se convertiría en el primer ministro de Economía de Thatcher. Sin embargo, pese a toda su energía y fanfarria, los escuderos no lo tenían nada fácil. «Por entonces había muy poca gente que creyera que las ideas promercado libre podían darle la vuelta a la situación en Gran Bretaña —escribiría Pirie más tarde—. Solíamos comentar que se nos podía meter a todos en un taxi, y que si éste se estrellaba, desaparecería todo el movimiento del mercado libre.»[14]

Sin embargo, aunque originariamente fueran muy pocos, el logro de los escuderos fue trascendental. Ayudaron a convertir aquello que se consideraba absurdo y extravagante en el nuevo sentido común de la política, algo que en sus momentos más desesperados hasta a ellos les había parecido una tarea imposible. Suministraron aperturas políticas para una serie de estrategias que más adelante serían conocidas como las piedras angulares del thatcherismo: la privatización, la desregulación y los recortes salvajes de impuestos para los ricos. «Uno de los campos en los que trabajé, y en el que llegué a tener bastante influencia en la política conservadora con Nigel Lawson, fue la política de viviendas, y particularmente la venta de viviendas de protección oficial», dice Mark Boleat, que en los años setenta era miembro del think tank conservador Bow Group. Por entonces, cuenta, la cuestión de poner en venta las viviendas de protección oficial «era un campo de batalla entre la izquierda y la derecha. Ahora no lo es en absoluto. Ahora todo el mundo acepta que es una política perfectamente sensata».

No fueron solamente los think tanks los que contribuyeron a popularizar todas aquellas políticas e ideas, también contribuyeron los publicistas. En la década de los setenta, Timothy —ahora lord Timothy— Bell fue un verdadero eje de la cruzada thatcherista; desde entonces, ha seguido siendo un entusiasta irredento de las políticas de la ex primera ministra: fue a él a quien, en 2013, se le confió la tarea de anunciar al mundo la muerte de Thatcher. En la actualidad preside Bell Pottinger, una agencia de relaciones públicas que trabaja para clientes que van desde la dictadura de Bielorrusia y la esposa del presidente sirio Bashar al-Asad hasta la Fundación Pinochet, una organización que fundó el difunto tirano de Chile para promover su legado. Bell fue la fuerza motriz de las devastadoramente efectivas campañas mediáticas de Thatcher que contribuyeron a impulsarla a sus sucesivas victorias. Él diseñó los famosos pósteres de Labour isn’t working («El laborismo no funciona») para la triunfante campaña electoral de 1979, que incluían la foto de una cola enorme de gente en el paro delante de una oficina de empleo. Durante la huelga de mineros de 1984-1985 —cuyo aplastamiento supuso una victoria devastadora en la guerra de Thatcher contra la democracia social—, lord Bell ayudó a orquestar la violenta arremetida del Consejo Nacional del Carbón contra los sindicatos. En la actualidad, es un general retirado que disfruta de la gloria de sus muchas campañas victoriosas.

Al principio me cuesta bastante encontrar sus oficinas en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, una zona atiborrada de banqueros millonarios, oligarcas rusos y otros grandes triunfadores de la Gran Bretaña moderna. Por fin, después de andar un buen rato perdido, alguien me indica el edificio contiguo al despliegue de policías con metralletas que hay delante de la embajada de Arabia Saudí, una dictadura que casualmente ha sido uno de los lucrativos clientes de lord Bell. Un pequeño ascensor me lleva directamente a su oficina, que goza de unas vistas prodigiosas de algunas de las viviendas más prohibitivas de la capital. Lord Bell se pasa toda nuestra conversación sentado detrás de un escritorio en mitad de la sala, fumando un cigarrillo Benson & Hedges tras otro y rezumando un desinterés perplejo.

Una parte de su éxito consistió en traducir los dogmas thatcheristas al lenguaje cotidiano y contribuir a armar con ellos un nuevo sentido común. Esta capacidad para transmitir un mensaje atractivo para las masas es algo que a los oponentes de Thatcher casi siempre les ha costado horrores. «Una de las cosas que los publicistas aprenden a hacer es a transmitir mensajes complicados con frases muy cortas y un lenguaje simplista —explica Bell—. Los críticos dicen: “Es que los estropeas, porque los simplificas demasiado”. Pero la gente que está a favor dice: “No, no es cierto, lo que estás haciendo es permitir que los entienda otra gente, la común y corriente”». El objetivo de Bell de llevar el thatcherismo al gran público vino acompañado de una meta todavía más ambiciosa: transformar la forma de pensar de la gente. «La publicidad consiste en tener una idea que capte la imaginación del público y le haga cambiar de actitud o de conducta. Y la política debería ser lo mismo», declara.

Bajo la influencia de figuras como lord Bell, el thatcherismo surgió a finales de los años setenta con un discurso claro y en muchos sentidos atractivo. Mientras el cártel político de la posguerra se venía abajo y el tejido social del país se tensaba, el thatcherismo presentó un plan para darle la vuelta a lo que retrataban como un declive social y económico que no parecía tener fin. Se nutría de la misma clase de predicciones apocalípticas que había hecho Hayek después de la Segunda Guerra Mundial: lo que Bell ofrecía venía a ser, más o menos, Hayek para las masas.

«La vida era horrible —declara lord Bell en un tono del todo natural, como si yo tuviera simplemente que aceptarlo sin más—, y entonces llegó ella con una nueva idea, que era que no teníamos que estar así, que podíamos realmente regresar a donde estábamos y volver a ser grandes, pero en un contexto contemporáneo. Y la idea captó la imaginación de una gran parte de la población. De manera que la gente la apoyó, a pesar de que no les caía especialmente bien, no les parecía que fuera una figura muy popular o carismática, a diferencia de cómo se presentó Tony Blair». El retrato que hace de ella contradice de forma reveladora la creencia que tienen los mayores admiradores de Thatcher, según la cual fue su poco convencional carisma lo que cautivó al país. Para Bell, nunca fue una mujer popular, amada ni muy carismática, simplemente era la persona adecuada.

Cuando Thatcher llegó al poder en mayo de 1979, ya se había hecho la mayor parte del trabajo más duro de sentar las bases de sus políticas. El Instituto Adam Smith había mostrado que la privatización no era solamente deseable, sino también posible, y había detallado la forma en que un gobierno podía implantarla. «Si miras la revolución thatcherista, fue toda impulsada por los think tanks», dice Robert Halfon, uno de los muchos parlamentarios conservadores actuales que se inspiraron en el asalto thatcherista y que recibió su educación política de los escuderos. «Me acuerdo de que, en los años setenta y ochenta, asistía a todos los think tanks que podía, fuesen los que fueran: el IEA, la Freedom Association, todos».

La «deriva inversa» de Madsen Pirie no terminó al convertirse Margaret Thatcher en primera ministra. Resultó que aquello solamente era el comienzo. Hoy en día, los escuderos se han convertido en defensores indispensables del poder y de la riqueza. Y mientras Gran Bretaña se precipitaba a la catástrofe económica a finales de la década de 2000, se dedicaron a esperar entre bastidores.

Un vistazo a la oficina de Matthew Elliott nos revela a un hombre provisto de un travieso sentido del humor. En su mesa tiene una estatuilla de Lenin con un gorro de lana en la calva y se dedica a jugar con ella afectuosamente. Las paredes están atiborradas de pruebas de su gloria pasada, incluidas portadas enmarcadas de periódicos que exhiben sus impresionantes golpes mediáticos. Hay, por ejemplo, un póster donde está impreso el «NOtoAV» («NOalVA»), el eslogan de la sensacionalmente exitosa campaña contra el nuevo sistema electoral del «voto alternativo» que propuso la coalición conservadora-liberal-demócrata que había subido al poder en 2010, y que se sometió a referéndum un año más tarde. Elliott resume una de las implacables tácticas de campaña del «NOtoAV»: «¿Quiere usted que se gaste un cuarto de millón de libras en un nuevo sistema electoral o quiere que se gaste en incubadoras para los bebés y en chalecos antibalas para los soldados?». La campaña surtió efecto y el público rechazó el voto alternativo por un margen decisivo en el referéndum. He aquí a un hombre evidentemente satisfecho del impacto que ha tenido en la política británica de la última década, el cual ha sido sustancial, por decirlo suavemente. Le encanta hablar con sus oponentes políticos e insiste en inmortalizar nuestro encuentro con una fotografía, que terminará en su pared.

Elliott estudió en una escuela selectiva de Leeds. Después de graduarse por la London School of Economics, trabajó como jefe de prensa de la antieuropeísta European Foundation, antes de convertirse en secretario político de un diputado conservador del Parlamento Europeo. Ambos cargos lo ayudaron a construir y a consolidar alianzas con otros derechistas afines. En 2004, cuando rondaba los veinticinco años de edad, Elliott creó la TaxPayers’ Alliance, que se describía a sí misma como «una campaña de base y no partidista para bajar los impuestos y mejorar el gasto público». Estaba inspirada en el movimiento Business for Sterling de finales de los noventa y principios de la década de 2000, consistente en una campaña de gran magnitud en contra de la moneda única europea. La estrategia ideada por Elliott, insiste, «consistía en no ser un think tank». En cambio, «consistía en una campaña muy acertada que involucrara a mucha gente de centro-derecha, pero sin ser de forma explícita una campaña de centro-derecha». Se trataba de un cambio abrupto de estrategia respecto a los escuderos originales, que eran de forma explícita think tanks ideológicos. La TaxPayers’ Alliance, en cambio, sería una organización de campaña, que se presentó astutamente a sí misma como un movimiento de masas no partidista.

Para Elliott, el truco era ser desvergonzadamente populista. «Existía un espacio para un grupo de campaña que, sí, presentara ideas para bajar los impuestos y lo que uno quisiera, pero no de la forma en que tan bien lo hace el IEA, en plan think tank académico, sino haciendo verdadera campaña de una forma mucho más de base y usando mejor los medios de comunicación». Elliott también buscó inspiración en los florecientes sectores de la derecha de Estados Unidos: organizaciones aledañas que exigían recortes enormes tanto de impuestos como del gasto, como, por ejemplo, Americans for Prosperity, National Taxpayers Union, Citizens Against Government Waste y FreedomWorks. Se trataba de organizaciones que se presentaban como grupos de campaña «de base» y no partidistas formados por ciudadanos preocupados, en vez de lo que eran en realidad: escuderos de los políticos de derechas.

En esto consiste la genialidad de la iniciativa de Elliott. La TaxPayers’ Alliance es una organización de derechas que la financian empresarios conservadores y la forman ideólogos promercado libre. Y, sin embargo, se presenta a sí misma como si fuera simplemente la voz del contribuyente. Al fin y al cabo, el mismo término Alliance («Alianza») ya implica alguna clase de coalición amplia. Ya desde sus primeros días, los medios informativos se dedicaron a invocar los pronunciamientos de la Alliance más o menos como si ésta fuera la representante imparcial del esforzado contribuyente. Y lo que es más, la Alliance tuvo desde el principio una relación profesional estrecha con los periodistas: un jefe de prensa disponible veinticuatro horas al día y una serie de portavoces de lo más telegénico preparados para los canales de noticias continuas en cuestión de minutos. En lugar de publicar largos ensayos políticos que los estresados periodistas con entregas inminentes pasarían por alto, la Alliance emitía breves notas de prensa que iban directas al grano. Y esta sofisticada estrategia dio sus frutos. «Después de años enteros en que los políticos de todos los partidos no nos hicieron ni caso —declara con orgullo su página web—, la TPA se dedica hoy en día a obligar a los políticos a escuchar al contribuyente de la calle».

Y, sin embargo, hasta el desplome financiero de 2008, los conservadores no gastaban ni una libra menos que los laboristas, para gran disgusto de Elliott y de sus aliados. «Los conservadores estaban básicamente convencidos de que la única forma de ser reelegidos era no solamente gastar lo mismo que los laboristas, sino incluso decir que ellos podían gastar más», explica Elliott, en un tono que revela su desprecio hacia la antigua posición de los conservadores. Asimismo, fue la postura del partido lo que les otorgó lo que Elliott denomina espacio político para vender «un mensaje de reducción de impuestos y mercado libre». Al fin y al cabo, ahora había una masa de derechistas decepcionados por lo que ellos consideraban una traición a los principios conservadores y en busca de liderazgo. La TaxPayers’ Alliance ha estado librando una guerra de guerrillas desde 2004, en la que han destacado casos extremos de despilfarro público que ellos intentan hacer creer que son representativos de cómo se usan los impuestos. «Para convencer a la gente de que se pueden realmente recortar los impuestos, tienes que involucrarlos en el debate del gasto público», dice Elliott. Funcionarios con pensiones de jubilación enormes; solicitantes de pensiones por invalidez que alegan enfermedades dudosas; licenciaturas universitarias supuestamente inútiles: éstas son las cosas que persigue la Alliance.

La estrategia de la TaxPayers’ Alliance estaba clara: demonizar el gasto público y alegar que el dinero que tanto les costaba ganar a los contribuyentes se dilapidaba de forma gratuita en timos y primas. Cuando le sugerí a Elliott que sacar en la prensa ejemplos espectaculares de supuestos «despilfarros del sector público» contribuía a defender los recortes del gasto y no a intentar simplemente plantear unos servicios públicos más eficientes, su respuesta fue muy clara: «Es completamente deliberado. Si miras los argumentos a favor del recorte fiscal, son muy difíciles de explicar. En cambio, señalar que se está malgastando el dinero y que, por tanto, se pueden rebajar los impuestos funciona». Y por encima de todo lo demás, obligaba a los oponentes de la TaxPayers’ Alliance a discutir en sus mismos términos. Elliott me pone un ejemplo de cómo la Alliance sacó a la luz los elevados sueldos de las autoridades locales. «La lista de ricos del ayuntamiento: ¿la apoyas, sí o no? Hasta Gordon Brown llegó a un punto en que dijo que había que rebajarles los salarios a los peces gordos del sector público».

Fue una estrategia tremendamente eficaz. En los días siguientes al desplome de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, David Cameron, por entonces líder de la oposición, declaró que «tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y trabajar de forma conjunta con el gobierno a corto plazo para garantizar la estabilidad financiera». Este abandono de las políticas de partido en aras del interés nacional no duró. Al cabo de pocas semanas, los conservadores abandonaron su estrategia de respaldar los presupuestos laboristas. Entonces, en cuanto lo hicieron, empezaron a reescribir la historia. Tim Horton, de la Fabian Society —un think tank afiliado al laborismo—, se cuenta entre quienes afirmaron que lo que habían hecho los conservadores bebía directamente de las fuentes de la TaxPayers’ Alliance; del hecho de que la Alliance era «fundamental para la estrategia política de los conservadores».[15]

Los conservadores presentaron un nuevo discurso, el mismo que la TaxPayers’ Alliance llevaba años diseñando. Se estaba poniendo en práctica la máxima de Milton Friedman: «Solamente una crisis, ya sea real o percibida, produce un cambio real». Gran Bretaña afrontaba la catástrofe económica, no porque se hubiera desbocado un sector financiero mercenario y fuera de control, en busca de beneficios cada vez mayores, sino porque el gobierno británico había estado gastando demasiado dinero en servicios públicos. La culpa no era de la codicia de los banqueros, decía el discurso de los conservadores, sino del inflado sector público de Gran Bretaña. Adoptando el discurso ya plenamente formado de la Alliance, el Partido Conservador y sus aliados lo hicieron todavía más dominante. Tal como se jacta Elliott, «hemos hecho que el Partido Conservador pase de la posición de decir que querían gastar tanto dinero como los laboristas a hablar de recortes».

Mientras el gobierno laborista de Gordon Brown se tambaleaba de crisis en crisis, tanto el Partido Conservador como una buena parte de los grandes medios de comunicación se dedicaron a vender descaradamente el discurso del gasto excesivo. Cuando los conservadores no consiguieron ganar las elecciones generales de 2010 y formaron una coalición con los liberal-demócratas, la TaxPayers’ Alliance siguió siendo un instrumento clave para ablandar la opinión pública con vistas a un ataque político más amplio por parte de la coalición al sector público, recortando salvajemente sus recursos y entregando a manos privadas grandes partes de éste.

Los sindicatos —el enemigo tradicional de la élite empresarial y de grandes sectores de la derecha británica— han sido uno de los principales objetivos de la TaxPayers’ Alliance. Montaron, por ejemplo, una campaña contra el llamado horario de servicios, que permitía que los representantes de los sindicatos se excusaran del trabajo para atender a sus deberes sindicales. De acuerdo con una valoración que hizo en 2007 el Departamento de Empresa y Reforma Regulatoria, en realidad aquel horario de servicios suponía un ahorro enorme. Al resolver los problemas dentro del mismo lugar de trabajo, los empresarios llevaban ahorrados entre veintidós y cuarenta y tres millones de libras en costosos litigios ante el Tribunal de Empleo, y la sociedad en general hasta unos quinientos millones de libras gracias a reducir las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades relacionadas con la actividad laboral.[16] Hasta una parte de la derecha reconocía estos beneficios. Tal como escribió el parlamentario conservador Robert Halfon en 2012, citando el caso de Arriva, una compañía de autobuses de su distrito electoral que tenía en nómina a un delegado sindical en horario de servicios: «Mi experiencia como parlamentario de mi distrito también me ha llevado a creer que, en la mayoría de los casos, el horario de servicios y el voluntariado sindical son genuinos». Arriva «ha descubierto que le sale a cuenta, en términos de ayuda a la plantilla y de resolver conflictos que de otra manera acabarían en los tribunales».[17]

Sin embargo, allí donde algunos veían un entendimiento productivo entre patronos y fuerza de trabajo, la TaxPayers’ Alliance vio una oportunidad. En la primavera de 2011 usó el caso de Jane Pilgrim, una veterana enfermera de la sanidad pública que se tomaba horas libres del trabajo para asistir a sus tareas como representante sindical, y decidió apodar a aquellos delegados sindicales peregrinos (significado del apellido «Pilgrim»). Paul Staines, el creador del blog Guido Fawkes, es un estrecho aliado de Elliott; los dos juntos contribuyeron a fundar la empresa de análisis de datos Wess Digital.[18] Staines recuerda que tuvimos «tremendos debates internos sobre la palabra peregrinos. […] Yo decía: “No hay que personalizar tanto”». Al principio, tenían miedo de las connotaciones positivas del término —«los peregrinos son buena gente»—, pero el mote se quedó, y ellos se dieron cuenta de que su significado se podía subvertir. «Podíamos acusar a la gente de algo, de ser un peregrino». Y lo hicieron.

Los ataques a los «peregrinos» se convirtieron en una campaña coordinada: se escribieron bastantes artículos de prensa, entre ellos uno del parlamentario conservador Jesse Norman. Staines hizo numerosas entradas en su blog. La cuestión se debatió en la Cámara de los Comunes. Hasta se montaron tenderetes en las calles de los barrios con folletos y peticiones para intentar ganarse el apoyo del público. Un asalto todavía más amplio a los derechos de los sindicatos lo emprendió una nueva iniciativa llamada Reforma Sindical, otro grupo de escuderos que se hacía pasar por una campaña popular. La encabezaba un parlamentario conservador llamado Aidan Burley, al que acabarían echando del gobierno por organizar una despedida de soltero con disfraces y saludos nazis. Uno de sus miembros era Harry Colé, la mano derecha de Paul Staines.

Ahora que los sindicatos estaban en el punto de mira, por fin los políticos afines podían actuar. A finales de 2011, David Cameron escribió a Burley y se mostró de acuerdo en que el horario de servicios no se podía justificar ni «moral ni económicamente»; que era un «escándalo» y que había que acabar con «el subsidio público de los sindicatos». A principios de 2013, el Departamento de Comunidades y Administraciones Locales emitió unas «orientaciones» nuevas para que los ayuntamientos se cargaran el horario de servicios. Se propuso una legislación nueva en contra de los sindicatos. Los sindicatos y sus partidarios fueron obligados a ponerse a la defensiva. Liderados por la TaxPayers’ Alliance, los escuderos estaban llevando el debate político en la dirección que ellos querían.

La extraordinaria influencia de la TaxPayers’ Alliance es ampliamente reconocida. En 2008, el Guardian consideró que era «probablemente el grupo de presión más influyente del país». Por su parte, Elliott es «probablemente el activista político más eficaz que Gran Bretaña ha producido en toda una generación», de acuerdo con Tim Montgomerie, jefe de opinión del Times y antiguo director de la influyente página web ConservativeHome.[19] En noviembre de 2007, el exlíder conservador William Hague otorgó a Elliott el galardón de la Conservative Way Forward «One of Us» («Uno de los nuestros»), un guiño a la famosa definición que hizo Margaret Thatcher de aquellos a quienes ella consideraba aliados políticos. «Nos hemos convertido en una verdadera fuerza en este país —declara con orgullo Elliott—. Tenemos muchas reuniones constructivas con gente que está en el gobierno».

Crear un consenso no siempre es tarea fácil, claro. La TaxPayers’ Alliance es un grupo de ideólogos soñadores que se pueden permitir el lujo de urdir políticas sin tener que afrontar las dificultades de implantarlas en el mundo real. Luego les toca a los políticos afines a sus ideas luchar contra la presión de la sociedad civil y del electorado. Puede que los escuderos hayan contribuido a cambiar los términos del debate y a ablandar la opinión pública, pero es imposible que puedan obtener todo lo que se proponen. Los escuderos resultan útiles, dice Robert Halfon, en la medida en que «establecen el marco de referencia, pero también presentan desventajas, porque, aunque salgan artículos magníficos en el Telegraph o donde sea diciendo que el gobierno debería recortar tal y cual, el mero hecho de escribirlos es muy fácil». Sin embargo, aludiendo a las reacciones airadas por el cierre del servicio nacional de asesoría a la juventud Connexions después de que la coalición alcanzara el poder en 2010, reconoce que los recortes de servicios generan oposición. «No se puede discutir si es bueno o malo —dice Halfon sobre el cierre de Connexions—, y sí, creo que hay que tener en cuenta la economía, el problema es que la gente de los think tanks nunca se plantea el impacto que tienen estas cosas en el frente, por mucho que creen el marco intelectual».

La TaxPayers’ Alliance está, por supuesto, profundamente arraigada en una trama de escuderos de la derecha. La lista confidencial de invitados a una «mesa redonda» que organizó después de las elecciones generales de 2010 parece un «Quién es quién» de la derecha radical británica: políticos conservadores como el parlamentario Douglas Carswell y el eurodiputado Daniel Hannan; presidentes de think tanks como Eamonn Butler, el que fue socio de Madsen Pirie en el Instituto Adam Smith, y Mark Littiewood, del IEA; el economista escéptico sobre el cambio climático David Henderson; Richard Ritchie, director de relaciones con el gobierno británico de British Petroleum; blogueros como Paul Staines y un largo etcétera.[20] En dichas reuniones se intercambian ideas, se discuten estrategias y se debaten prioridades.

Esta clase de organizaciones no son «escuderos» de algunos de los elementos más ricos de la sociedad solamente por las estrategias que promueven. Son empleados contratados. Abarcan «la misma masa de apoyo que respalda otros think tanks, el Partido Conservador, UKIP y todo lo que te puedas imaginar», admite Elliott. Sus fuentes de financiación, sin embargo, son turbias. La organización de activistas WhoFundsYou? («¿Quién te financia?») le otorga a la TaxPayers’ Alliance y al Instituto Adam Smith un muy deficiente en transparencia, la nota más baja de la clase. Otros think tanks derechistas como el IEA, el Centre for Policy Studies y Policy Exchange reciben un insuficiente. Cuando se les pregunta de dónde proviene su financiación, suelen dar respuestas remolonas que no inspiran confianza precisamente: «Te puedo decir que tenemos donantes que dejarían de darnos dinero si alguien pusiera sus nombres en el dominio público», dice Mark Littlewood. Asimismo, Neil O’Brien, exdirector de Policy Exchange, me cuenta con su suave acento del nordeste que «muy a menudo la gente no quiere que se registren sus donativos porque no desean que otras personas se pongan a perseguirlos para pedirles dinero», y no, añade, «por ninguna razón siniestra».

No obstante, contamos con algunas pistas de quién está financiando a los escuderos. Entré 2005 y 2009, la TaxPayers’ Alliance recibió ochenta mil libras de una oscura organización llamada el Midlands Industrial Council, que también había donado un millón y medio de libras al Partido Conservador, además de contribuir a un fondo que ayudó a garantizar la elección de candidatos conservadores en escaños marginales en las elecciones generales de 2005.[21] Entre los miembros importantes del Council se encuentran empresarios de derechas como sir Anthony Bamford (propietario de la empresa de maquinaria de construcción JCB), el mandamás de la construcción Malcolm McAlpine y el magnate de las apuestas Stuart Wheeler.[22] En otras palabras, una serie de individuos poderosos que quieren encoger el Estado y reducir la cantidad de impuestos que pagan, y que usan sus considerables fortunas para socavar la confianza en el gasto público. Gracias a los escuderos, pueden hacerlo sin dejarse ver para nada o sin tener que dar la cara por estas campañas.

Asimismo, la lista de consejeros que hay detrás de Policy Exchange es un «Quién es quién» de millonarios de la City y de donantes del Partido Conservador. Uno de ellos es Simón Brocklebank-Fowler, fundador del lobby financiero Cubitt Consulting, que ha donado decenas de millares de libras al Partido Conservador. Otros consejeros son el presidente de la firma bancaria Edmond de Rothschild Ltd., Richard H. Briance, un donante del Partido Conservador; y Theodore Agnew, ejecutivo de seguros a quien el secretario de Educación conservador, Michael Gove, nombró miembro no ejecutivo del consejo del Departamento de Enseñanza, que ha donado 134.000 libras. El gestor de fondos de cobertura George E. Robinson, por su parte, les ha dado al menos un cuarto de millón de libras a los conservadores, una cifra que supera Simón Wolfson, presidente de la firma textil Next y antiguo consejero del ministro de Hacienda George Osborne, que ha donado 383.350 libras. El tesorero de Policy Exchange, Andrew Sells, se ha pasado dos décadas tratando con capitales privados de inversión, dirige toda una serie de compañías privadas que van desde la banca de inversión hasta la construcción, fue el cotesorero de la campaña «NOtoAV» y ha puesto 137.500 libras en cuentas bancarias del Partido Conservador. Es difícil no sacar la conclusión de que Policy Exchange no es más que un cónclave de magnates y banqueros conservadores con intereses creados en la llamada economía del mercado libre.

La relación entre los escuderos de la derecha y las grandes empresas no es nueva, ni mucho menos. Ya en los años ochenta, los escuderos dependían de las donaciones de ricos empresarios. Durante los primeros años de Thatcher en el gobierno, el Instituto Adam Smith diseñó una iniciativa llamada Proyecto Omega, destinada a crear propuestas detalladas para un segundo mandato. Mientras lo hacían, Madsen Pirie y sus socios pasaban el cepillo entre los donantes, y así conseguían financiación de gente como el financiero sir James Goldsmith, el empresario sir Clive Sinclair y Malcolm McAlpine.

Puede existir la tentación de considerar que los escuderos no son más que herramientas de la élite adinerada, meros traductores de sus intereses económicos en forma de ideas políticas que luego se le venden al público. Sin embargo, Mark Littlewood dice que esto sería una conclusión precipitada: «Creo que ésa es una idea equivocada y una trampa en la que la gente quiere que caigan grupos como el nuestro, según la cual en cuanto lees nuestra lista de donantes piensas inmediatamente: “Ah, bueno, todas las cosas que están proponiendo no son más que los intereses de esos donantes”». Sin embargo, declara, en realidad es lo contrario: «De hecho, nosotros decimos la nuestra, y luego los donantes nos dan dinero porque les gusta lo que decimos. Ésa es la verdad».

Littlewood tiene razón. No es cierto que él, Matthew Elliott, Madsen Pirie o sus compañeros de viaje ideológico sean simples charlatanes cínicos que se limitan a bombardearnos con propaganda por orden de los empresarios más poderosos. Son creyentes verdaderos, hasta fanáticos. Hablan con una convicción genuina e inquebrantable. Simplemente se da la casualidad de que sus intereses coinciden con los de los magnates y los poderosos que quieren bajar los impuestos, reducir regulaciones y debilitar a los sindicatos. Y como esos empresarios sienten gratitud hacia los escuderos por su trabajo de popularización de tales ideas, consideran que hacerles donaciones es una sabia inversión.

Pese a todo, a veces la asociación entre los think tanks y las corporaciones privadas puede parecer bastante más cínica de lo que Littlewood quiere hacernos creer. Tomen por ejemplo Reform, un think tank de derechas que se especializa en defender agresivamente la privatización de los servicios públicos. «De todo nuestro dinero, el 70 por ciento viene de empresas y el 30 por ciento de individuos», dice Nick Seddon, antiguo subdirector del think tank. Entre los donantes de Reform se cuentan gigantes de la sanidad privada como el General Healthcare Group, BMI Healthcare y Bupa Healthcare, que se beneficiarían mucho de la privatización de los servicios públicos. El mismo Seddon fue director de comunicación de Circle Partnerships, que se describe a sí misma como la «compañía sanitaria más grande de Europa» y que es uno de los grandes beneficiarios de la privatización del NHS, el sistema británico de sanidad pública. En 2012, la empresa se hizo con el Hinchingbrooke Health Care Trust. Fue la primera vez que un hospital del NHS se puso en manos del sector privado. Es un proceso por el que Reform lleva mucho tiempo abogando. Seddon ha escrito artículos pidiendo el despido de ciento cincuenta mil trabajadores del NHS, recortes en términos reales del presupuesto del NHS y cobros por visita médica. También ha pedido que la sanidad «la financie en su mayor parte el gobierno […] pero la gestionen desde fuera del gobierno las compañías de seguros y otras organizaciones, respondiendo únicamente ante los pacientes».[23] El presidente de Reform, sir Richard Sykes, es un antiguo ejecutivo de numerosas compañías farmacéuticas, incluida GlaxoSmithKline. En 2011 lo hicieron presidente del Imperial College Healthcare NHS Trust. De nuevo nos encontramos con intereses corporativos apoyando de forma pragmática a los escuderos para que defiendan cosas de las que ellos se van a beneficiar directamente.

A principios de 2013, Reform publicó una investigación que respaldaba la privatización de las prisiones británicas, una política de la que hasta los gobiernos conservadores se habían estado apartando discretamente. El informe fue muy citado en los medios de comunicación británicos; la BBC lo elogió diciendo que era «inspirador». Lo que no mencionaba, sin embargo, eran los sustanciales fondos que Reform recibía de empresas de seguridad privadas como G4S, Serco y Sodexo, las cuales ya estaban gestionando catorce prisiones y que, de producirse más privatizaciones, serían las beneficiarías claras. Solamente en 2012, Reform recibió 24.500 libras de G4S y 7.500 de Serco.[24]

Ahora bien, Reform no intenta encubrir de forma activa estos detalles incómodos. La información se puede encontrar en su página web. «La única pregunta que la gente formula es si resulta secretista que no admitiéramos en el informe que alguien nos financia —dice Nick Seddon—. Yo no estoy seguro de que ése sea el lugar de la transparencia. Ésta consiste en que cualquiera pueda averiguar quién nos financia. Y eso lo publicamos muy claramente en nuestra página web, y en ella está la transparencia de enseñar todas esas cosas». A pesar de todo, Reform sabe muy bien que poca gente va a dedicar su tiempo a escarbar y a averiguar el posible conflicto de intereses inherente en un think tank financiado por los proveedores de servicios presidiarios privados que elogia las virtudes de las prisiones en manos privadas.

Seddon piensa lo mismo de las numerosas compañías sanitarias privadas que financian Reform. «No estoy seguro de que eso signifique que si publicamos un informe sobre sanidad, tengamos que decir: “En el pasado año, o en los últimos dos, las empresas de sanidad privada que nos han dado dinero son a, b y c”. Eso ya sería un poco un caso de “quien se pica, ajos come”». Seddon está en lo cierto cuando sugiere que admitir esas cosas con tanta franqueza provocaría sospechas generalizadas sobre el papel de think tanks como Reform. Él mismo lo admite: «No hay duda. Trabajamos con empresas privadas y supongo que a éstas les interesa plantear sus ideas sobre la prestación de los servicios públicos». Esto parece nada menos que un acto franco de admisión. Y, sin embargo, por notable que parezca, Seddon no ve ningún conflicto de intereses. Los periodistas de los grandes medios, en cambio, sí que deberían asumir la responsabilidad de estas aclaraciones. De acuerdo con Seddon, un periodista de la BBC le preguntó en privado si existía un conflicto de intereses, pero luego no se molestó en incluirlo en su información.

En la actualidad, los escuderos no solamente están estrechamente relacionados con las grandes empresas, sino también con la élite política. Un ejemplo es Policy Exchange, cuyos informes incluyen llamadas a la privatización al por mayor de los servicios públicos: «Para revolucionar la prestación de los servicios públicos, los políticos deben plantar cara a los sindicalistas, y eso incluye prohibir el derecho a la huelga de los trabajadores de urgencias».[25]

De hecho, Policy Exchange la fundaron políticos. La crearon en 2002 una serie de parlamentarios de facto y otros electos del Partido Conservador, entre los cuales destacaba su primer presidente, Michael Gove, que llegaría a convertirse en uno de los aliados más cercanos de Cameron y que, en 2010, fue nombrado secretario de Estado de Educación. Otros miembros fundadores fueron Francis Maude, que entraría en el gobierno conservador de Cameron con el cargo de pagador general. Y Nicholas Boles, el primer director de la organización, que llegaría a ministro del gobierno Cameron. El presidente actual de Policy Exchange es Danny Finkelstein, director asociado y antiguo jefe de editoriales del Times, y asesor sin paga de George Osborne.

En 2012 se contempló el nombre del por entonces director de Policy Exchange, Neil O’Brien, como posible sucesor de Steve Hilton, el exdirector de estrategia de Cameron. Fue un rumor «sin fundamento alguno», según él mismo me contó. Después de que el rumor se publicara en el blog de Guido Fawkes, «luego todo el mundo se hizo eco de él, y ha habido otras fuentes que lo están repitiendo incesantemente hasta que ya casi se da por sentado». Quizá, pero los actos acaban pesando más que las palabras. En 2013, O’Brien se marchó del think tank para ocupar el cargo de asesor político del ministro de Hacienda George Osborne. Entre otras cosas, tenía instrucciones de ayudar a redactar el programa electoral de los conservadores para 2015.

La lista completa de nombramientos políticos de antiguos miembros de Policy Exchange es impresionante. En enero de 2013, el excolega de O’Brien, Matthew Oakley, jefe de Economía y Política Social de Policy Exchange, fue nombrado para ocupar una plaza en el supuestamente independiente Social Security Advisory Committee, que aconseja al gobierno en materia de seguridad social; unos meses más tarde, lo designaron para que llevara a cabo un análisis «independiente» de las suspensiones de subsidios.[26] Otra figura de Policy Exchange, Alex Morton, se unió a la sección política del número 10 de Downing Street en calidad de asesor especial en materia de planificación de vivienda, después de presentar un informe que defendía la privatización de viviendas de protección oficial de alto coste.[27] La cosa también podía funcionar a la inversa: por ejemplo, el exjefe de políticas de David Cameron, James O’Shaughnessy, se unió en 2012 a Policy Exchange para trabajar en un proyecto de creación dé federaciones escolares.[28]

Al llegar al gobierno, estos exmiembros de Policy Exchange se encontraban compartiendo filas con antiguos integrantes de la TaxPayers’ Alliance. En una entrevista concedida en 2008 a la cadena radiofónica LBC, Susie Squire, la antigua directora de campañas del grupo, había rechazado furiosamente la sugerencia de que la TaxPayers’ Alliance fuera una organización secretamente conservadora, alegando que era una afirmación «absolutamente indignante». Dos años más tarde, terminó siendo asesora especial de Iain Duncan Smith, el ministro de Trabajo y Pensiones de los conservadores, antes de convertirse en 2012 en jefa de prensa del Partido Conservador.

Algunos nombramientos provocaron reacciones negativas. Los activistas antitabaco, por ejemplo, criticaron el nombramiento en 2012 del director del IEA, Mark Littlewood, para el llamado «Desafío a la Burocracia» del gobierno, un programa presentado para eliminar restricciones legales a las empresas. Littlewood era un furibundo oponente de las medidas antitabaco, y el IEA había recibido en el pasado fondos de compañías tabacaleras, mientras el gobierno estaba planteándose propuestas para introducir paquetes de cigarrillos genéricos con tal de disuadir a los fumadores. El nombramiento desencadenó sospechas comprensibles de conflicto de intereses.[29]

Otros nombramientos daban una idea clara de la dirección política del gobierno. En 2005, cuatro años después de ayudar a Seddon a fundar el think tank proprivatizaciones Reform, Nick Herbert pasó a ocupar un escaño conservador en el Parlamento. De este modo, se integró en el gabinete en la sombra de David Cameron. Allí coincidió con Andrew Haldenby, antiguo jefe de la sección política del Departamento de Investigación del Partido Conservador, que más tarde cogería la dirección contraria y se uniría a la plantilla del Centre for Policy Studies, el think tank fundado por Thatcher y Keith Joseph. También había sido subdirectora de Reform Liz Truss, elegida parlamentaria por los conservadores en 2010 y coautora de Britannia Unchained, un libro que acusaba a los británicos de estar «entre los mayores perezosos del mundo» y exigía un nuevo asalto a los derechos de los trabajadores. En 2013, Seddon, entusiasta de la privatización del NHS, dejaría Reform para convertirse en el nuevo asesor en materia de sanidad de David Cameron.

La promiscuidad entre los escuderos y la élite política va mucho más allá de los simples fundadores y dirigentes de estos think tanks y organizaciones de activistas. Se trata de lo que Neil O’Brien llama un ecosistema, donde la «gente va al gobierno desde aquí y viene aquí desde el gobierno. […] Los think tanks son buenos porque son una especie de lugar de encuentro entre personas procedente de toda clase de mundos, una mezcla de profesionales del periodismo, de los negocios, de la política y del funcionariado».

Ser un escudero de la derecha en la Gran Bretaña contemporánea implica ostentar un poder considerable: el respaldo de los intereses corporativos, una relación incestuosa con el régimen político y unas fuertes conexiones con los medios de comunicación. Con la llegada de las cadenas de noticias de veinticuatro horas y su insaciable apetito por tener más y más comentaristas, a menudo los escuderos disponen de una plataforma nacional tanto en la televisión como en la radio.

Lo que falta es algo que sirva realmente de contrapeso a estos escuderos. Está, por ejemplo, el Institute for Public Policy Research (IPPR), un think tank de centro-izquierda que se supone que ha de funcionar como alternativa a los escuderos de la derecha. Sin embargo, se trata de una organización más bien tecnocrática que, de ninguna forma, intenta cuestionar el sistema que estableció el thatcherismo. En 2013 su director, Nick Pearce, antiguo asesor del archiblairista David Blunkett, atacó el hecho de que el laborismo estableciera la meta de reducir la pobreza infantil, alegando que gastar dinero en aquel problema había sido equivalente a «quedarnos sin margen de maniobra antes de 2008, ya no digamos ahora». Aunque el IPPR recibe algo de dinero de los sindicatos, sus grandes proveedores de fondos son: Google, esa multinacional famosa por evadir impuestos; Capita, una empresa privada que gana dinero absorbiendo recursos públicos; y compañías energéticas como EDF Energy y E.ON UK. En otras palabras, el IPPR no se puede definir precisamente como un think tank independiente del Establishment, y mucho menos puede decirse que lo cuestione. Otro think tank que se define a sí mismo como «de centro-izquierda» es Demos, cuyo director actual es David Goodhart, un exalumno de Eton que se hizo famoso al fundar en 1995 la revista de política Prospect y cuya pasión dominante parece ser la de oponerse de forma casi obsesiva a lo que él percibe como una inmigración masiva. «La dirección en la que quiero llevar en gran medida a Demos —dice Goodhart— es lo que yo llamo la dirección del pegamento social», con lo cual se refiere a la cohesión social, «particularmente en relación con las cosas que le resultan difíciles al laborismo, como el bienestar, la inmigración y el multiculturalismo». La excepción solitaria a estas organizaciones es la New Economics Foundation, un think tank progresista al que la mayoría de los grandes medios de comunicación siguen haciendo el vacío.

Entretanto, los departamentos universitarios de economía se han quedado vacíos de oponentes del statu quo. Además de los dramáticos cambios políticos en Gran Bretaña, a los defensores de la economía de libre mercado sin restricciones también los ayudaron otros fenómenos. Cuando el bloque soviético se vino abajo a finales de los años ochenta, aquello se presentó como una victoria espectacular del capitalismo de mercado libre. Había llegado el «final de la historia», según el politólogo estadounidense Francis Fukuyama. «Es hora de decir que hemos ganado y adiós», fue la valoración de la neoconservadora estadounidense Midge Decter. Cualquier atisbo de keynesianismo, pese a no tener nada que ver con el comunismo de estilo soviético, se consideraba totalmente inaceptable. Hasta las formas más moderadas de intervención estatal en la economía se asociaban con un pasado desacreditado.

«En la universidad, yo formo parte de una minoría de aproximadamente el 5 por ciento», dice el economista disidente Ha-Joon Chang. Su optimismo resulta sorprendente a la vista de su aislamiento, aunque es cierto que le gustan las batallas estilo David contra Goliat: su tono, y esto resulta intrigante, se parece bastante al estilo con que Madsen Pirie describía su propia lucha contra el consenso de los años setenta. Muchos de los profesores universitarios disidentes en el campo de la economía, dice Chang, se ven ahora obligados a trabajar en otros departamentos: «Debido al dominio ideológico de la escuela del mercado libre, esta gente se ve forzada a trabajar en escuelas de negocios, centros públicos o en relaciones internacionales». Aquellos economistas que quieran que se les considere «respetables» o «establecidos» no tienen más opción que adoptar las ideas neoliberales.

Este proceso de marginalización es un rasgo esencial del nuevo consenso. Implica que los partidarios de un orden que favorece a los ricos y a los poderosos pueden acceder a un fondo ilimitado de material intelectual, además de obtener la respetabilidad académica. A sus oponentes, por el otro lado, se los somete a una situación de carestía intelectual. «Se trata de uno de los legados del neoliberalismo: vallar el acceso a los medios de producción de conocimiento y quedárselos para ellos —dice el periodista de economía del Guardian Aditya Chakrabortty—. El mensaje es: “Aquí no puedes entrar a menos que aceptes una serie de principios”». Todo esto, por supuesto, contribuye a reforzar la sensación de que no existe alternativa alguna. Hacia mediados de los noventa, el dogma del mercado libre se convirtió en «la nueva normalidad», y lo sigue siendo.

Ya hace mucho tiempo que Madsen Pirie y sus compañeros de fatigas dejaron de ser marginales. No es simplemente que sus ideas se hayan convertido en la opinión intelectual establecida: es que ya son lo establecido.

Lo que los escuderos que respaldan las corporaciones han conseguido es lo siguiente. Han ayudado a cambiar el marco del debate en Gran Bretaña, cogiendo una serie de ideas que antaño eran ridículas, absurdas y chifladas, y convirtiéndolas en el nuevo sentido común. Para usar la terminología de los pensadores políticos de derechas, han cambiado la ventana Overton.

La ventana Overton es un concepto que le gusta mucho a la derecha estadounidense, acuñado en homenaje a Joseph P. Overton, el difunto vicepresidente del think tank de derechas Mackinac Center for Public Policy. Describe lo que se considera políticamente posible o razonable en un momento dado sin salirse del marco político establecido. Sin embargo, la naturaleza misma de los escuderos consiste en que ellos pueden plantear ideas o políticas que un político no se atrevería a mencionar. Cada vez que lo hacen, mueven la ventana. Aunque un político solamente ponga en práctica la mitad del concepto del escudero, eso ya cambiará lo que se percibe como moderado. La privatización del NHS es un ejemplo: ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a llevarla a cabo, y, sin embargo, el gobierno de coalición ha podido convertirlo en una realidad. «Ellos son capaces de afirmar algo y luego el político puede decir: “Bueno, no lo haremos porque es demasiado radical, pero sí que podemos llevar a cabo una pequeña parte”», explica el parlamentario conservador Robert Halfon, amigo íntimo del fundador de la TaxPayers’ Alliance, Matthew Elliott.

No han sido únicamente los escuderos quienes han obtenido esta victoria en el terreno de las ideas, pero sí que han desempeñado un papel crucial: sentar las bases intelectuales para toda una serie de ideas radicales de derechas y luego popularizarlas ante el gran público. La prensa suele tratar sus sugerencias políticas partidistas y sesgados —que si se implantaran, a menudo beneficiarían directamente a sus donantes— como si fueran objetivas e imparciales. Los escuderos son una reserva de material intelectual para los defensores de la misma Gran Bretaña que ellos han contribuido a crear. Conectan los mundos de la empresa, la política y los medios de comunicación. No son únicamente una parte crucial de la élite dirigente de Gran Bretaña, sino que han contribuido a construir su forma actual. Han demostrado ser una sabia inversión para sus ricos y corporativos patrocinadores, cuyo poder y cuyas fortunas han crecido espectacularmente en la Gran Bretaña neoliberal. La conversación política nacional no abandona en ningún momento unos términos favorables a quienes tienen la riqueza y el poder. Y, en gran medida, el mérito de todo esto lo tienen los escuderos.

2 EL CÁRTEL DE WESTMINSTER

Parecía que yo hubiera dicho una atrocidad. Acababa de terminar de entrevistar al líder de un importante lobby de la industria bancaria; con el dictáfono ya apagado, la conversación se desplazó a la cuestión de los salarios de los políticos. Corría el mes de abril de 2013 y había un debate público sobre la subida del sueldo de los parlamentarios, una propuesta que estaba provocando un verdadero clamor en un momento en que los políticos estaban imponiendo recortes salariales en términos reales a millones de trabajadores. Yo les expliqué a aquel cabildero y a su jefe de prensa que los parlamentarios ordinarios ya estaban recibiendo un salario que los situaba cómodamente entre el 5 por ciento de la gente que más dinero ganaba en el país; de manera que, en realidad, lo que tenía más sentido era bajarles los sueldos a los miembros del Parlamento. A fin de cuentas, se suponía que eran representantes de las comunidades de sus respectivos distritos. Lo único que se conseguiría con una paga excesiva sería contribuir a que se pensase que los parlamentarios no se preocupan por lo que les sucede a sus votantes.

Se hizo un silencio repentino e incómodo.

Sorprendido, el elegante jefe de prensa del cabildero —que había estado grabando la entrevista para asegurarse de su exactitud— se me quedó mirando para ver si yo estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que lo había dicho en serio, el jefe de prensa se tomó un momento para contestar, eligiendo las palabras con cuidado, como hace la gente que está intentando razonar con un lunático. Esa medida, me dijo, disuadiría de entrar en la política a la gente con más talento, sobre todo aquella procedente del sector privado, porque, según me contó, «cuando estuvieran jugando al golf, los parlamentarios oirían a sus amigos jactarse de que tenían sueldos de más de noventa o cien mil libras».

Su punto de vista lo respaldaban enérgicamente los mismos parlamentarios, aunque casi siempre off the record. Manifestar aquella opinión en público suscitaría la inevitable cólera de sus, por lo general, menos acaudalados votantes. De acuerdo con una encuesta anónima que la empresa YouGov les hizo a los parlamentarios en 2013, el aforado conservador medio opinaba que debería ganar unas treinta mil libras más de lo que estaba cobrando en la actualidad, mientras que los ocupantes de los escaños laboristas pensaban que les tenían que subir el sueldo al menos diez mil libras más. Cuando, en diciembre de 2013, la Independent Parliamentary Standards Authority —creada cuatro años antes para garantizar que la cuestión de los sueldos y de los gastos parlamentarios estuviera en manos de un organismo independiente— dijo que había que concederles a los parlamentarios una subida salarial del 11 por ciento, el exministro laborista Jack Straw dijo que «nunca es buen momento para subir el sueldo a los parlamentarios», pero que no hacerlo disuadiría de forma injusta a «la gente de orígenes modestos» de entrar en la política.

El razonamiento de Straw era perverso. Históricamente, los parlamentarios no recibían ninguna paga, lo cual contribuía a garantizar que los cargos políticos quedaran reservados a la gente adinerada. La izquierda y el movimiento laborista lucharon para que cobraran un sueldo: en 1911, los miembros del Parlamento recibieron por primera vez un estipendio anual de cuatrocientas libras. Hoy en día, los ocupantes de un escaño ordinario cobran más de sesenta y siete mil libras anuales, una cifra muy por encima de lo que podría soñar con ganar alguien «de orígenes modestos». En cualquier caso, de acuerdo con una investigación publicada en el número de diciembre de 2013 del Economic Journal, pagar demasiado a los parlamentarios conlleva el riesgo de perjudicar su ética profesional. El mismo mes, contradiciendo directamente la declaración de Straw, la Independent Parliamentary Standards Authority admitió que «no había pruebas» de que el salario actual de los parlamentarios tuviera un «impacto directo en los candidatos que se presentaran a formar parte del Parlamento».

Pese a todo, para explicar la actual controversia sobre su sueldo, hay que remontarse a un escándalo que estalló en 2009, cuando se descubrió que los parlamentarios habían estado haciendo un uso indebido del dinero que el Parlamento les concedía para gastos. Habían gastado dinero público en segundas viviendas que no necesitaban; en mantener jardines, en reformar casas (y construir isletas para patos); en no pagar impuestos; en exagerar los gastos en comida; en pagar artículos de lujo que costaban decenas de miles de libras, y un largo etcétera. Con un puñado de excepciones, a estos parlamentarios simplemente se les pidió que devolvieran el dinero que habían gastado de forma indebida. En algunos casos, ni siquiera se les pidió que devolvieran nada de nada. En otras profesiones, se habría considerado que esto era un fraude, pero no fue así para la mayoría de los aforados.

Las razones que alegaron algunos parlamentarios para justificar estos gastos dan buena idea de cómo ven ellos su papel en la sociedad. Se quejaron de que sus sueldos anuales eran inadecuados, mucho más bajos, por ejemplo, que la remuneración de los banqueros de la City. Era una argumentación que apoyó parte de la prensa. «Las cantidades que cobra la gente mejor preparada según el mercado son más competitivas que nunca —escribió el jefe de Política del Daily Telegraph, James Kirkup—. Estamos en una época en que los grandes bufetes de abogados pagan a los mejores licenciados más de cincuenta mil libras y en que los sueldos de los directores ejecutivos de sociedades anónimas experimentan crecimientos de dos cifras todos los años […]. Así pues, cuando reclutamos a nuestros parlamentarios, tenemos que estar preparados para competir por la gente más preparada.»[1] Decir que a los parlamentarios hay que pagarles cantidades de dinero que la mayoría de los votantes sólo pueden ver en sueños, para atraer a Westminster a la gente más «preparada», es un argumento que parece salido directamente de un consejo de administración de la City de Londres. Y ésa es precisamente la cuestión.

Los parlamentarios llevan más de tres décadas respaldando los recortes del impuesto de la renta para los más ricos y las políticas que permiten que prospere el sector financiero. Y han sido testigos de las consecuencias. Los balances bancarios de los ricos han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de Gran Bretaña; en 2014, la riqueza combinada de los mil británicos más ricos sumaba casi quinientos veinte mil millones. En consecuencia, esos ricos han incurrido en el consumo ostentoso: mansiones, casas de veraneo, yates y demás. Los políticos están claramente impresionados por el impacto que sus políticas han tenido en la capacidad de algunos para lucrarse como bellacos, y no pueden evitar ver el contraste con sus propios salarios. La mentalidad del «porque yo lo valgo», que los políticos han promovido con sus medidas, se ha adueñado ahora de la Cámara de los Comunes.

Los gastos parlamentarios, por consiguiente, no eran más que un medio de corregir la injusticia que ellos percibían. Antes de que estallara el escándalo de los gastos, en el Parlamento reinaba la sensación de que usar dinero público para sus gastos era la forma de compensar el hecho de que sacar en público el tema de las subidas salariales era un suicidio político. «La estrategia informal era que las grandes subidas salariales eran políticamente imposibles, de manera que había que compensarlo con los gastos», me cuenta un parlamentario laborista (que pide que no conste su nombre). Tal como ha dicho el muy bien conectado director de Política de la BBC, Nick Robinson, «los propios jefes de grupo y altos funcionarios de la Cámara animaban [a los parlamentarios] a pedir todo el dinero que pudieran para “redondear” un salario que estaba controlado por unos gobiernos temerosos de la desaprobación del público».[2]

Los parlamentarios se han convertido en políticos corporativos, envidiosos de la élite hiperrica que ellos han ayudado a crear, y frustrados por estar perdiéndose el botín de sus propias políticas. No es ninguna exageración decir que muchos parlamentarios ya no ven su trabajo como una vocación, un deber o un servicio, sino que lo ven como una opción profesional más para la clase media alta que, sin embargo, no se está remunerando tan bien como otras profesiones de este tipo.

El escándalo de los gastos también ha sacado a la luz una asombrosa hipocresía en el seno de la élite política. Primero, los escuderos predicaron que el Estado se tenía que reducir, y luego los políticos se han hecho eco de este sermón y lo han amplificado. Han demonizado especialmente a quienes retrataban como dependientes del Estado, y los parlamentarios han desempeñado un papel crucial a la hora de dirigir la ira del público hacia los más pobres de la sociedad, lo cual ha resultado muy eficaz para que no se escrutara a quienes estaban en lo más alto. Resulta irónico, pues, que los mismos individuos que han estado pidiendo con mayor vehemencia la reducción del Estado hayan sido a menudo los más desesperados por exprimirlo, a pesar de que, en muchos casos, ya tenían una fortuna personal propia. En materia de gastos, los parlamentarios han estado desviándose claramente de la línea oficial, más concretamente de la suya.

Miren, por ejemplo, a Nadhim Zahawi, parlamentario conservador millonario y miembro de la Sección Política del número 10 de Downing Street. «Proporcionamos ayuda a quienes la necesitan, pero se han acabado los días de las alegaciones escandalosas que le proporcionaban a la gente unos ingresos muy por encima de los de las familias trabajadoras», dijo en Twitter en abril de 2013, en apoyo del asalto gubernamental a los subsidios. Siete meses después, salió a la luz que Zahawi admitió haber reclamado indebidamente miles de libras de gastos en materia de electricidad para poner calefacción a un establo de su segunda vivienda. George Osborne, el ministro de Hacienda, había descrito una lacrimógena estampa del «trabajador por turnos rotativos, que abandona su hogar en plena madrugada y levanta la vista para ver la persiana bajada de su vecino de al lado, que sigue durmiendo gracias a su vida subsidiada». A pesar de disfrutar de una supuesta participación de cuatro millones de libras en el negocio de papel pintado de su familia, en 2009 salió a la luz que Osborne estaba alquilando o «canjeando» la segunda vivienda financiada con fondos públicos que se les permitía a los parlamentarios; se reveló que así se ahorraba cincuenta y cinco mil libras a expensas del erario público. Hasta el primer ministro David Cameron, que es millonario, usó dinero público para quitar las glicinias de la vivienda que tenía en su circunscripción.

Iain Duncan Smith, el ministro encargado de imponer los recortes a los subsidios de los ciudadanos, declaró una vez que él podría vivir con las cincuenta y tres libras semanales de las que dependían algunos solicitantes de una pensión. Toda una jactancia para un hombre que —pese a ser millonario y cobrar un sueldo muchísimo más alto del que la mayoría de la gente ganará nunca— era capaz de pasarle al Estado las facturas por los artículos más frívolos: 110 libras por unos auriculares marca Bose con bluetooth, por ejemplo, o 39 libras de dinero público por un solo desayuno. James Pumell fue el encargado laborista de temas de seguridad social hasta que dimitió en junio de 2009. Estando en el cargo, se dedicó a atacar a los solicitantes de subsidios que vivían «vidas miserables cuyo universo consistía en ir del dormitorio a la sala de estar». Purnell, sin embargo, fue acusado de haber pagado a un contable para que le evitara pagar el impuesto sobre ganancias de capital por un piso que tenía en Londres. Por su parte, el laborista Liam Byrne, el antiguo homólogo de Duncan Smith, declaró una vez que «el laborista es el partido de los que trabajan duro, no el de los gorrones. El mismo nombre ya da una pista […]. El partido de los que trabajan, no de los que se escaquean». Tal como reveló el Telegraph, Byrne alquiló un apartamento en el County Hall con vistas al Támesis que costaba dos mil cuatrocientas libras al mes, cortesía del contribuyente, y una vez facturó cuatrocientas libras de dinero público en comida, en un solo mes; ambos casos de forma completamente legítima.

La hipocresía en la cuestión de la dependencia del Estado ha llegado todavía más lejos. Un 25 por ciento de los parlamentarios conservadores son propietarios de viviendas, igual que un 15 por ciento de los parlamentarios liberal-demócratas y un 12,5 por ciento de los laboristas.[3] Estas cifras demuestran con creces que los parlamentarios se identifican con los propietarios de viviendas como ellos, en lugar de respaldar las políticas que beneficien a los inquilinos que luchan contra las subidas astronómicas de los alquileres y contra los contratos precarios de arrendamiento. Pero hay más. Debido a que ninguno de los gobiernos sucesivos ha conseguido construir vivienda o controlar los alquileres, ahora se gastan unos veinticuatro mil millones anuales en ayudas a la vivienda que cobran los propietarios, entre ellos algunos de estos parlamentarios que fustigan los subsidios. El parlamentario conservador Richard Benyon es el miembro más rico del Parlamento británico, con una fortuna de unos ciento diez millones. A pesar de que ha condenado el gasto en seguridad social porque «crece de forma inexorable y más de lo permisible», y que ha aplaudido al gobierno por «reformar la cultura laborista de los subsidios del “recibir sin dar”», Benyon cobra ciento veinte mil libras al año en concepto de ayudas a la vivienda. Otro vigoroso partidario de los recortes al Estado de bienestar es el parlamentario conservador Richard Drax, que en 2013 recibió la sustancial suma de trece mil ochocientas treinta libras en ayudas a la vivienda.[4]

El aspecto más preocupante del escándalo de los gastos parlamentarios, sin embargo, ha sido que los políticos, como casta, creen que toda esa hipocresía y esa codicia son aceptables. Después de transformar las teorías y los mantras de los escuderos en políticas prácticas, ellos mismos se han convertido en verdaderos creyentes. El fervor ideológico que mostraba gente como Madsen Pirie, ahora lo comparten los políticos de todos los partidos. Se ha forjado una nueva mentalidad común. Pero ésta no es exclusivamente el resultado de la convicción y de la fe. A los parlamentarios se les ha ofrecido una participación personal y muy provechosa en el nuevo orden de las cosas.

Corría el otoño de 2002 y en el hotel Botleigh Grange de Southampton había una gran expectación. Más de quinientos devotos conservadores se habían apretado para meterse en la suite de conferencias y escuchar un discurso de su ídolo, la ex primera ministra Margaret Thatcher, acompañada de uno de sus antiguos lugartenientes, Norman Tebbit. Dieciocho meses antes, el Partido Laborista de Tony Blair había obtenido una aplastante e histórica victoria; la situación de los conservadores era desesperada y su moral de partido estaba por los suelos. Los comentaristas estaban debatiendo muy en serio si aquella fuerza política que antaño había parecido invencible sería capaz de volver a ganar algún día una elección. Thatcher, sin embargo, se mostró sorprendentemente triunfalista. «Nuestro gran logro ha sido Tony Blair —le dijo a su rebaño de adoradores—. Hemos obligado a nuestros oponentes a cambiar». Ahora los laboristas ocupaban el poder, de acuerdo, pero, por lo que respectaba a Margaret Thatcher, estaban manteniendo encendida y bien saludable la llama de sus creencias políticas.

Thatcher tenía buenas razones para sentirse justificada. Un cuarto de siglo después de que la Dama de Hierro llorara cuando su propio partido la echó del 10 de Downing Street, seguimos viviendo en la Gran Bretaña que el thatcherismo construyó. Los límites del debate político estaban definidos por los gobiernos británicos y sus escuderos, y lo siguen estando.

El hecho de que Thatcher polarizara la opinión de los británicos como ningún otro político es una muestra del poder de transformación que tuvieron sus políticas. Conor Burns, en la actualidad parlamentario conservador de Bournemouth, estaba entre sus animadores de Southampton en 2002. Mientras almorzamos en un restaurante normal y corriente del Soho —Burns recalca que él no forma parte del sofisticado grupito de moda que rodea al líder conservador, de manera que «nada de sitios pijos, por favor»—, me cuenta que, durante los últimos años de la baronesa, él llegó a ser su íntimo compañero de viaje y su confidente. Deja el tenedor en la mesa y recuerda con emoción la primera reunión de verdad que tuvo con una política a la que sus admiradores se referían a menudo, simplemente, como la Dama. Corría 1997, el año de la aplastante victoria de Blair. Conor llevaba en coche al marido de Thatcher, Denis, a una jornada de golf en Dorset en apoyo de un candidato conservador. Para gran alegría de Conor, lo invitaron a conocerla.

«Fue aterrador —me dice—. Recuerdo que subí las escaleras con las rodillas temblando». Y allí estaba ella, sentada en la sala de estar «con un vaso enorme de whisky en ristre», consultando los movimientos del mercado en el Wall Street Journal, descalza y con los zapatos en el suelo, a su lado. «Lo primero que me llamó la atención de ella fue su gentileza, lo maternal que era —dice en tono cariñoso—. Inmediatamente se levantó de un salto, se puso a prepararnos unas copas y hasta intentó hacernos una tortilla».

El amor de Burns hacia Margaret procede de las batallas y de las victorias de los tumultuosos años ochenta en Gran Bretaña. En la escuela donde él estudiaba, los alumnos decoraban sus taquillas con pósteres de pin-ups. Un amigo suyo tenía una foto de Kylie Minogue, pero él eligió un póster de Thatcher, por entonces primera ministra, «una leona embarcada en una revolución», me dice. «Cuando yo era un chaval, en los años ochenta, las diferencias en política eran gigantescas —me explica—. Todavía duraba la guerra fría, el laborismo seguía empeñado en derogar las reformas sindicales y la privatización aún no era un consenso establecido. La política importaba en una medida en que ya ha dejado de hacerlo. Porque, hoy en día, si introduces un cambio en el gobierno, lo más seguro es que estés discutiendo un cambio de un 3 por ciento en las prioridades de ingresos y gastos entre los dos gobiernos. Pero en aquella época era absolutamente gigantesco».

Burns subraya que, a diferencia de lo que pasa actualmente, antaño la política británica era una cuestión de grandes diferencias, de ideas que chocaban entre sí y de acalorados debates entre políticas que contrastaban radicalmente. Hoy en día, los choques políticos son más bien cuestión de detalles y no de desacuerdos filosóficos profundos. Los políticos de los grandes partidos casi nunca se alejan en temas fundamentales del nuevo statu quo político que instauró el thatcherismo. No es de extrañar, como dice Burns, que muriera tan satisfecha. «Sabía que había ganado», dice Burns. «Me dijeron que no se podía hacer la reforma fiscal, y la hicimos. Me dijeron que no se podía privatizar, y lo logramos. Me dijeron que no se podían reformar los sindicatos, y lo conseguimos», afirmaba Thatcher.

En la Gran Bretaña de la posguerra, los partidarios del mercado libre se habían encontrado a sí mismos y a su ideología completamente solos. Ahora, en el nuevo reparto político de la Dama de Hierro, sus oponentes sufrían el mismo destino. El recorte salvaje de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas; la privatización de los recursos públicos; las leyes antisindicales más restrictivas del mundo occidental; una vez desatadas las veneradas fuerzas del mercado, todas estas políticas se convirtieron en los pilares apenas cuestionados del nuevo consenso, en el mobiliario político inamovible. Thatcher había aplastado a los sindicatos, incluidos los antaño invencibles mineros; había vendido a empresas privadas servicios públicos como el suministro energético del país y las viviendas de protección oficial; y había reducido la franja superior de impuestos, primero al 60 por ciento y después al 40 por ciento. Ahora eran aquellos que se salían del guión del mercado libre a quienes se les percibía como tíos raros, absurdamente ingenuos (si eran jóvenes), o bien, si eran viejos, como dinosaurios políticos. Éste era el pensamiento colectivo del nuevo régimen. Puede que Thatcher celebrara su papel en la creación del «nuevo laborismo», pero también conservaba un desprecio burlón por aquello en lo que el laborismo se había convertido. «Un partido cuyo único argumento para presentarse a las elecciones es no creer en las cosas en las que dice que cree no tiene derecho a gobernar Gran Bretaña», le dijo a Burns.

Pero ni siquiera para los conservadores, guardianes naturales de este nuevo orden, la transición a un nuevo Establishment careció por completo de problemas. Muchos líderes conservadores no habían tenido ningún reparo en apoyar los principios de intervención estatal del régimen de la posguerra, en tratar a los líderes sindicales como iguales y en mantener unos tipos impositivos marginales altos. En la década de los cincuenta, los conservadores competían con el Partido Laborista por ver quién construía más viviendas de protección oficial, un verdadero anatema para los principios thatcheristas posteriores, los de la propiedad inmobiliaria y los de dejar en manos del mercado las políticas de vivienda. Muchos de aquellos líderes de la posguerra eran patricios conservadores, entre ellos exalumnos de Eton como Harold Macmillan. Cuando, en 1975, Thatcher se convirtió en líder de los conservadores, se sintió aislada dentro de su propio gabinete en la sombra. Incluso durante los primeros días de su mandato se vio a sí misma batallando contra la oposición interna del llamado «sector blando», que tenía miedo de las consecuencias de derribar el orden de la posguerra. En 1985, el ex primer ministro Macmillan comparó en público las políticas de privatización de Thatcher con venderse «la plata georgiana» y «todos esos bonitos muebles que antes había en el salón». En las primeras décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, había imperado entre los conservadores la paternalista tradición de la «nación unida», que había instaurado el primer ministro conservador del siglo XIX Benjamín Disraeli, y con la que Macmillan comulgaba. Era esta corriente la que —para gran desdén de los escuderos— había aceptado el consenso de la posguerra, y también la que había mostrado reservas o miedo hacia el nuevo orden neoliberal. Bajo el thatcherismo, sus miembros fueron quedando marginados hasta que desaparecieron.

Hay una serie de razones por las que los conservadores se han convertido en representantes políticos naturales del Establishment moderno. En términos ideológicos, los conservadores no dudan del capitalismo como sistema. Lo crucial, sin embargo, es que los está sufragando la gente que tiene todo que ganar del orden actual. Su lista de donantes está dominada por la City, un sector al que bajo el thatcherismo se dio libertad para prosperar y que en 2008 contribuyó a precipitar a Gran Bretaña a la catástrofe económica. En la actualidad, su mayor donante es el mandamás de los fondos de cobertura y cotesorero de los conservadores Michael Farmer, que ha donado más de dos millones al partido. Otras fuentes de financiación cruciales son millonarios de la propiedad como David Rowland, el rey de los fondos de cobertura Stanley Fink; May Makhzoumi, esposa del empresario Fouad Makhzoumi; y el capitalista de riesgo Adrian Beecroft, que es también uno de los principales inversores en la empresa de usura legal Wonga.

El estratega australiano Lynton Crosby ha desempeñado un papel crucial en la política conservadora británica, algo que le ha obligado a hacer juegos malabares con su trabajo en grupos de presión en favor de intereses privados. Después de que contribuyera a planear la exitosa campaña a la alcaldía del conservador Boris Johnson en 2012, el recién reelegido alcalde se llevó a Crosby a un viaje de negocios de cinco días a los Emiratos Árabes Unidos, donde permitió que el propagandista australiano promoviera también su propio lobby, pese a que el alcalde no había invitado a demasiadas empresas mucho más grandes que la suya.[5] Los negocios de Crosby se vieron sometidos a escrutinio cuando, en noviembre de 2012, el líder conservador le dio un trabajo nuevo. Su empresa Crosby Textor asesoró al H5 Prívate Healthcare Alliance, un grupo de compañías sanitarias en busca de beneficios, acerca de cómo aprovecharse de los supuestos «defectos» del NHS.[6] Crosby también tenía como clientes a varias empresas tabaqueras y de bebidas alcohólicas, algo que llegó a la opinión pública después de que se uniera oficialmente al equipo de los conservadores. El gobierno Cameron archivó los planes para imponer un precio mínimo al alcohol y trató de descartar las propuestas de introducir paquetes de cigarrillos genéricos para disuadir a los fumadores.[7]

Otros donantes hicieron una sabia inversión en un partido cuyas políticas les garantizaban beneficios sólidos. Después de las elecciones generales de 2010, y a pesar de la promesa electoral de que acabarían con las «reorganizaciones desde arriba», el gobierno liderado por los conservadores desató una privatización a escala masiva del NHS. Los beneficios los cosecharon las empresas sanitarias privadas como Care UK. Mientras estaba en la oposición, Andrew Lansley, por entonces ministro de Sanidad del gabinete en la sombra de los conservadores y principal diseñador del plan de privatización, aceptó una donación de 21.000 libras de John Nash, por entonces presidente de la compañía sanitaria privada Care UK. Nash, que ya le ha entregado más de doscientas mil libras al Partido Conservador, también fue el fundador de la firma de la City Sovereign Capital, que se define a sí misma como «la firma privada de inversión de capital en servicios sanitarios más activa de Reino Unido».[8] También invierten en los conservadores muchos otros magnates y empresas de la sanidad privada, como el multimillonario de los geriátricos Dolar Popat y el proveedor de servicios informáticos del NHS, IC Technology.

Después de subir al poder, el gobierno de Cameron ejerció una gran presión contra los intentos de la Unión Europea de instituir un impuesto sobre las transacciones financieras, para gran regocijo de la City. Tal como decía en diciembre de 2011 el Financial Times: «Hasta los donantes admiten que el deseo que tienen los parlamentarios conservadores de rebajar el tipo del 50 por ciento del impuesto a los ingresos más altos se debe a lo próximos que son al partido estos ricos donantes de la City». Uno de estos donantes le dijo al mismo periódico en diciembre de 2011 que «seguramente rebajar el tipo del 50 por ciento a las rentas más altas no dé muchos votos, pero es una cuestión importante para quienes dan cantidades significativas de dinero al partido, y seguramente por eso también es una cuestión importante para el partido».[9]

Así pues, no resultó una gran sorpresa que, tres meses después, el gobierno liderado por los conservadores bajara él tipo del 50 por ciento para las rentas más altas hasta el 45 por ciento. De acuerdo con una encuesta de la empresa ICM, la mayoría del electorado —hasta el 65 por ciento de los votantes conservadores— se oponía a esta maniobra. Los derechos laborales —ya inferiores a los de otros países de Europa occidental— se veían todavía más erosionados en beneficio de los patronos; a esto se sumó la introducción en 2013 de tasas judiciales para los trabajadores que llevaran a sus jefes a los tribunales industriales alegando un despido improcedente, una medida que facilitaba la tarea de echar a los empleados. Al cabo de unos meses, ya se había producido un descenso del 55 por ciento de dichas alegaciones, para gran regocijo de los patronos.[10] La presión al Parlamento que hacían los conservadores en nombre de sus ricos donantes podía ser todavía más explícita. En otoño de 2012, el partido mandó cartas a sus adinerados donantes en las que les pedía dinero para tumbar una propuesta muy concreta de los liberal-demócratas y de los laboristas. Tal propuesta era crear un impuesto sobre mansiones para las propiedades valoradas en más de dos millones de libras. Las cartas iban encabezadas por el eslogan: «No impongáis un impuesto a nuestras casas».[11] Juraban que un gobierno con mayoría conservadora impediría la creación de este impuesto y pedían a los donantes apoyo financiero «para echar al recaudador de impuestos de vuestro hogar». Algunos donantes recibieron a cambio beneficios muy personales. Muchos de quienes dieron dinero incluso terminaron obteniendo escaños en la Cámara de los Lores: en agosto de 2013, por ejemplo, donantes de los conservadores como el magnate de la JCB Anthony Bamford, o bien Howard Leigh, propietario de la Cavendish Corporate Finance, estuvieron entre las treinta personas que recibieron el título de lores.

El lugar que ocupan los liberal-demócratas en el Establishment está un poco menos claro. El partido, una criatura política más amorfa, se fundó en 1988 a partir del viejo Partido Liberal y del Partido Socialdemócrata, un grupo de políticos laboristas de derechas que se escindieron de su partido a principios de los años ochenta. A diferencia de los conservadores y de los laboristas, los liberal-demócratas carecían de fuertes raíces políticas, y se les notaba. Al representar a menudo un voto de protesta más que un movimiento político coherente, funcionaban como alternativa tanto a laboristas como a conservadores; durante las campañas electorales, sus activistas se hicieron famosos por presentar políticas contradictorias en cada puerta, según lo pidiera el contexto. Pero, como se percibía que tenían pocas posibilidades de llegar al poder, no era necesario hacer caso a los liberal-demócratas. Tenían poca relevancia en el conjunto del Establishment británico.

Durante una temporada se beneficiaron de que el nuevo laborismo adoptara la agenda thatcherista. Ofrecieron una serie de políticas progresistas como, por ejemplo, la subida de impuestos a las rentas más altas y la enseñanza universitaria gratuita, mientras que su oposición a la invasión de Iraq en 2003 —que no tardó en evaporarse una vez empezada la guerra— los distinguía de las cúpulas de los dos partidos principales. En 2004, sin embargo, el ala pro mercado libre del partido se reafirmó con la publicación del Libro naranja —el naranja era uno de los colores del partido—, que incluía artículos donde una serie de veteranos políticos liberal-demócratas presentaban ideas descaradamente neoliberales. Una de ellas era la de sustituir el NHS por un sistema nacional de seguros, algo que, por entonces, iba todavía más lejos que la estrategia de los propios conservadores. Después de que, en enero de 2006, el líder de tendencia más socialdemócrata Charles Kennedy dimitiera, fueron estos liberal-demócratas del Libro naranja quienes ocuparon la posición de dominio. Cuando, después de las elecciones generales de 2010, los liberal-demócratas formaron coalición con el Partido Conservador, abandonaron por completo las políticas que los habían distanciado del statu quo. Muchas de sus luminarias estaban igual de comprometidas que los conservadores de primera fila en continuar la cruzada ideológica iniciada por los gobiernos de Thatcher. Sus posiciones progresistas en temas sociales como, por ejemplo, los derechos de los homosexuales ya no los distinguían tampoco de los conservadores, puesto que la cúpula de David Cameron defendía, incluso, el matrimonio en igualdad de condiciones para las parejas del mismo sexo.

La relación del laborismo con el Establishment resulta más conflictiva. Muchas de sus principales figuras han estado más que satisfechas de ocupar un lugar en el Establishment. Tony Blair estaba obsesionado con los individuos ricos y poderosos, como el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, el multimillonario Bernie Ecclestone y el presidente derechista de Estados Unidos, George W. Bush. Peter Mandelson, mano derecha de Blair, era famoso por buscar la compañía de los poderosos. La Nochevieja de 2005 la pasó en un yate propiedad del cofundador de Microsoft, Paul Alien, mientras que, en agosto de 2008, pasó las vacaciones en el yate del oligarca ruso Oleg Deripaska, junto con otros invitados como el por entonces ministro de Hacienda del gabinete en la sombra, George Osborne.

El Partido Laborista, sin embargo, se fundó originalmente con la meta de desafiar a los ricos y a los poderosos, no de complacerlos. A finales del siglo XIX y principios del XX, los sindicatos se vieron frustrados por toda una serie de leyes que vulneraban su capacidad de operar —incluidas las sanciones económicas por ir a la huelga— y por la sensación dominante de que tanto los liberales como los conservadores solamente cuidaban los intereses de las grandes empresas y de los terratenientes. Pero la lucha de los sindicatos por obtener representación propia resultó larga y turbulenta. Cuando, en 1892, el primer parlamentario socialista de Gran Bretaña, Keith Hardie, se presentó en el Parlamento con el atuendo tradicional de la clase obrera de la época, un agente de policía —que no estaba acostumbrado a aquella imagen— le preguntó si había venido a trabajar en el tejado. Al cabo de unos años, un guardavía ferroviario de Doncaster llamado Thomas R. Steels presentó a su sección local un borrador de la resolución que pedía que el Congreso Sindical reuniera a representantes de todas las organizaciones de clase obrera para intentar obtener una «mayor representación del laborismo en la Cámara de los Comunes». En su momento fue una maniobra muy controvertida. Muchos sindicalistas seguían creyendo que el movimiento laborista tenía más posibilidades de salir adelante si seguía adjunto al Partido Liberal. La resolución de Steels se aprobó por un margen muy escaso. Sin embargo, el resultado a largo plazo fue la formación del Comité de Representación Laborista, que en 1905 pasó a sentar las bases del Partido Laborista.

Hoy en día, el partido es harina de otro costal. Después de que Tony Blair asumiera el liderazgo laborista en 1994, y por miedo a que lo cuestionaran los activistas internos, el nuevo laborismo restringió la democracia interna del partido. En sus conferencias anuales, activistas del partido y sindicalistas aprobaban mociones para exigir políticas como la renacionalización de los ferrocarriles y un programa de construcción de viviendas de protección oficial, pero jamás se les prestaba ninguna atención. La conferencia en sí se fue transformando gradualmente en un mitin político al estilo estadounidense, en lugar de un foro para el debate.

Tony Blair estaba decidido a acabar con la dependencia que tenía el partido de la financiación de los sindicatos; en su lugar, buscó el respaldo financiero de individuos ricos. Fue una misión que en 2007, poco más de una década después, culminaría en el escándalo conocido como las «compras de honores», es decir, la concesión de títulos a cambio de préstamos indirectos. También sería la primera vez en toda la historia británica que la policía interrogaba a un primer ministro en pleno ejercicio.

El hecho de que Tony Blair rebautizara el laborismo como nuevo laborismo fue, por encima de todo, un intento consciente de otorgar al partido una imagen «proempresas». En la campaña de las elecciones generales de 1997, prometió que no subiría los impuestos a los ricos y que los pilares esenciales del thatcherismo —como las privatizaciones y las leyes antisindicales— seguirían en su sitio. Tras llegar al gobierno, el nuevo laborismo se dedicó a recortar incansablemente el impuesto de sociedades, reduciendo así la carga fiscal sobre las grandes empresas. La principal diferencia con la ideología thatcherista fue el aumento del gasto público, pero éste vino acompañado de una participación del sector privado en los servicios públicos que iba más allá de lo que la Dama de Hierro se había propuesto jamás. Asimismo, el aumento del gasto público no acabaría siendo un rasgo permanente del paisaje político. Para cuando el laborismo perdió las elecciones de 2010, los conservadores y gran parte de los medios de comunicación ya estaban culpando al gasto del desastre económico de Gran Bretaña. Después de la derrota del laborismo en las elecciones, el gobierno de coalición empezó enseguida a deshacer sus compromisos de inversión, e introdujo unos recortes a una escala que no se había visto desde hacía casi un siglo. Entretanto, el salario mínimo que introdujeron los laboristas, otra diferencia con el thatcherismo, se quedó en un sueldo de miseria, y su implantación tuvo que sobrevivir a los recelos de un líder laborista sometido a las empresas.

«Creo que probablemente haya constancia pública de que Tony Blair tenía dudas sobre el salario mínimo —me cuenta el propagandista del nuevo laborismo Derek Draper, mientras almorzamos en el Groucho, un club privado del Soho para ricachones sofisticados—. Creo que le parecía posible que tuviera algo de verdad lo que, por aquel entonces, alegaban de forma consensuada las empresas: que no nos lo podíamos permitir y que iba a costar puestos de trabajo. No estoy seguro del todo, pero si el salario mínimo no fuera algo que Tony Blair había heredado de sus predecesores, no creo que él lo hubiera defendido». Hasta un salario mínimo fijado a la baja perturbaba al líder de un partido creado precisamente para proteger a los trabajadores. Que el Partido Laborista abandonara su misión original resultó crucial para que el Establishment se convirtiera en lo que es hoy en día.

Peter Hain ya está muy lejos de su pasado radical de activismo y protestas. Veterano de los gabinetes tanto de Tony Blair como de Gordon Brown, ahora es una presencia reflexiva en los escaños traseros de la Cámara de los Comunes. Hablamos en su despacho del Parlamento, que está decorado con recuerdos de viejas pasiones, como, por ejemplo, fotografías y pósteres de la lucha contra el apartheid, una causa que él defendió durante mucho tiempo. Si, hoy en día, Hain llama la atención de alguien por la calle, seguramente sea por su asombroso bronceado de rayos UVA, que no parece precisamente que haya cultivado en su distrito electoral de Neath, Gales del Sur. Después de reinventarse a sí mismo como político de carrera de tendencia moderada, Hain no esconde para nada que el nuevo laborismo ha dejado de presentar amenaza alguna al Establishment; de hecho, dice, se ha unido con ganas a la élite dirigente. «En ese sentido, el proyecto de Blair y del nuevo laborismo fue una maniobra muy astuta para nadar con la corriente del capitalismo, y en cierto sentido también con una serie de aspectos del neoliberalismo —me explica—. Nunca abordamos esa clase de problemas porque, en realidad, no estábamos desafiando los intereses de clase ni los económicos de la clase dominante».

Me reúno con uno de los asesores más cercanos de Tony Blair para tomar un café en la apagada cafetería del centro de conferencias Westminster Central Hall, a un tiro de piedra del Parlamento. Philip Collins, que ahora es columnista del periódico de Murdoch The Times, se pasó muchos años escribiéndole los discursos a Blair. Cuando entró en el mundo de la política en calidad de investigador, se encontró a sí mismo relacionándose con otros personajes que movían los hilos del nuevo laborismo, como James Purnell y David Miliband, que después serían ministros del gabinete de Blair. Igual que ellos, Hain llamó la atención del ex primer ministro. Lo que atrajo a Blair, me cuenta Collins, fue que hubiera crecido en un hogar conservador de clase obrera de la ciudad de Prestwich, en el área metropolitana de Mánchester. Justamente la clase de votante a la que Blair creía que tenía que dirigirse.

En opinión de Collins, Blair llegó al poder sin saber muy bien cuál era su posición política: solamente con el paso del tiempo acabó teniendo una idea clara de cuáles eran sus convicciones. «Y la obtuvo —dice Collins— tras alejarse del Partido Laborista, en vez de acercarse a él, pero está claro que al final llegó a ofrecer una serie de propuestas». En cambio, declara Collins, el ministro de Hacienda de Blair, Gordon Brown, era distinto.

El acomodamiento del laborismo al Establishment, de 1994 en adelante, lo diseñaron tanto Tony Blair como Gordon Brown. Sin embargo, siempre se ha tenido la impresión de que, mientras que Blair era feliz por aceptar los principios del mercado libre, Brown no lo estaba. En las conferencias laboristas de los primeros años del regreso del partido al poder, los discursos exaltados de Brown cosechaban elogios de los mismos líderes sindicales que formaban el sector crítico con Blair. A medida que el nuevo laborismo se desgastaba, los aliados de Brown —como el actual encargado de Hacienda del gabinete en la sombra, Ed Balls— afirmaban en privado que el cambio de liderazgo dentro del Partido Laborista comportaría un alejamiento de políticas tales como abrir los servicios públicos a las fuerzas del mercado. Cuando, en 2007, Brown alcanzó por fin su sueño y se convirtió en primer ministro, muchos de sus detractores se hicieron eco del eslogan «El blairismo pierde el control y el viejo laborismo vuelve a la carga», anunciado por el Times unos meses después de que Brown asumiera el cargo. En noviembre de 2008, una encuesta de ComRes a los líderes empresariales mostraba que el 68 por ciento de éstos creía que «el viejo laborismo había vuelto», después de que la crisis golpeara con fuerza aquel mismo año y se subiera el impuesto sobre las rentas más altas, tal como se había prometido. Era una idea extraña. A lo largo de la era del nuevo laborismo, había sido Brown quien había recortado brutalmente el impuesto de sociedades y quien había abierto los servicios públicos al sector privado. Asimismo, había sido el principal responsable del fatal matrimonio entre el gobierno y la City. Al llegar al número 10 de Downing Street, Brown no hizo apenas ningún cambio relevante respecto a las políticas del gobierno de Blair —continuó impulsando el proceso de privatizaciones, por ejemplo—. Se limitó a plantear interrogantes acerca de qué era lo que él mismo defendía.

«Brown, en cierto modo, tenía un poco el problema contrario [a Blair] —me dice Philip Collins—. Después de 2002, más o menos, ya no hizo nada en política. Nada de nada. A partir de 2002, el armario estaba vacío, y por eso siempre vi claro que la cosa iba a ser un desastre». Con la cosa, Collins se refiere a los tres años cada vez más catastróficos que Brown pasó como primer ministro. En palabras de Collins, «el modelo socialdemócrata bastante convencional de cambiar el mundo [que había tenido Brown antaño] se hundió. Se obsesionó tanto con la idea de llegar al cargo supremo de primer ministro que ya todo se convirtió en un puro politiqueo».

Aunque no hay duda de que a Brown lo movió la ambición personal, también está claro que no planteó ninguna ruptura respecto al consenso político. «Creo que [el actual líder laborista] Ed Miliband pudo comprobar, mientras trabajaba para Gordon, que, a pesar de todas las cosas buenas que hizo, no estaba preparado para cuestionar el consenso posterior a 1979», explica lord Stewart Wood, en la actualidad el asesor más cercano de Miliband. O, mejor dicho, el consenso thatcherista de la economía de mercado libre. Para Wood, el hecho de que Brown no consiguiera romper con este consenso se debió «a veces a razones filosóficas, y a veces a razones tácticas». Sin embargo, concluye Wood, ni Blair ni Brown recibieron muchos incentivos —ni presiones— para cambiar de dirección: «El nuevo laborismo seguía ganando, pero sin abordar algunas de las cuestiones sobre el funcionamiento de nuestro país que una política progresista debería abordar». En otras palabras, el nuevo laborismo ya daba las elecciones por ganadas y no encontraba razón alguna para abordar la clase de injusticias que antaño el partido había creído que tenía la misión de erradicar. El pacto thatcherista no tenía visos de marcharse.

Aunque de entrada había suscitado esperanzas entre quienes querían una ruptura decisiva con la era Blair, el gobierno de Brown se limitó a ir dando tumbos de un desastre al siguiente, con un único y breve período de revitalización durante el colapso financiero global de 2008. «Creo que estábamos demasiado cerca de los bancos y demasiado cerca de los medios de comunicación», admite Sadiq Khan, portavoz de Justicia del Partido Laborista y director de la exitosa campaña para convertir a Ed Miliband en líder.

De manera que el nuevo laborismo apoyó el consenso político en la misma medida que los conservadores. Tanto los gobiernos de Blair como de Brown fueron cruciales para transformar el thatcherismo en un acuerdo permanente. Al fin y al cabo, si hasta el partido que tan estridentemente se había opuesto a las políticas conservadoras en la década de los ochenta aceptaba ahora tantas de ellas, resulta fácil entender por qué Thatcher había manifestado sentirse totalmente reivindicada en el hotel Botleigh Grange de Southampton. Tanto Blair como Brown se dedicaron a marginar con eficacia cualquier voz que pudiera cuestionar este consenso.

No es de extrañar, pues, que las políticas que promueven los intereses de los ricos y de los poderosos hayan llegado a considerarse puramente el «sentido común». Después de tanto tiempo de marginar las voces disidentes, hasta al cuestionamiento más modesto de las ideas del régimen se responde con algo cercano a la histeria. Así es como el Establishment patrulla las fronteras de la opinión política aceptable. Si las figuras del sistema debatieran argumentos que se distanciaran por sus propios méritos del consenso político de Gran Bretaña, esos puntos de vista podrían quedar legitimados como perspectivas respetables, por polémicas que fueran. Así pues, es mejor desacreditar cualquier divergencia —aunque sea pequeña— respecto al pensamiento del Establishment acusándola de ser totalmente inaceptable, cerrar cualquier discusión posible y reforzar así los límites de lo aceptable en el debate político.

El lenguaje es una herramienta crucial para marginar la disensión política. Antaño reforma era un término que se asociaba con la izquierda. La fundación del National Health Service, por ejemplo, la sanidad pública británica, se podía considerar una tremenda reforma. Ahora, en cambio, reforma suele usarse como nombre en clave para referirse a la clase de políticas que promueve el Establishment, tales como la privatización, el desatar las fuerzas del mercado en los servicios públicos y replegar todavía más las fronteras del Estado. De esta manera, a los opositores de las reformas se les puede representar como si fueran ellos los verdaderos reaccionarios: personas pusilánimes que obstaculizan con su actitud cualquier cambio. Cuando estaba en la oposición, el líder conservador David Cameron solía criticar a Gordon Brown por ser un «obstáculo a las reformas», basándose en que su adversario supuestamente se oponía al plan blairista de aumentar la participación de las compañías privadas en los servicios públicos. Progreso es otro de esos términos que han sido incautados, igual que modernización. «Ir hacia delante y no hacia atrás» era uno de los lugares comunes favoritos del nuevo laborismo, a menudo usado para representar el contraste entre ellos y una supuesta izquierda que miraba al pasado. Cuando Blair introdujo la expresión fuerzas conservadoras en el léxico político de finales de los años ochenta, la usaba, por lo general, contra los sindicatos y los trabajadores del sector público que se oponían a las políticas que guiaba el mercado. La expresión intereses creados también suele usarse de forma habitual para describir a los sindicatos y a los trabajadores, nunca a los titanes corporativos. Decisiones difíciles también es un elemento habitual en el vocabulario del Establishment, y suele aludir a políticas que reducen el nivel de vida de los demás, o bien que resultan duras para todo el mundo salvo para los políticos, y que implican que los adversarios son débiles o cobardes. El uso incansable de estos términos les da a las ideas del régimen neoliberal un aire progresista, como si mirara al futuro. Es tremendamente irónico, teniendo en cuenta lo reaccionarias que eran las ideas de los escuderos originales, que defendían abiertamente un retorno a la economía liberal clásica y una era libre de (lo que ellos consideraban) la corrupción de la intervención estatal.

Hasta la más pequeña desviación de lo que se considera políticamente permisible recibe una respuesta airada. Esta vigilancia policial de las fronteras del debate político quedó ilustrada por la actitud predominante hacia Ed Miliband después de que asumiera el liderazgo del Partido Laborista en 2010. Su hermano mayor y también candidato al liderazgo, David Miliband, a quien se consideraba el candidato seguro del Establishment, había afirmado durante la campaña que el laborismo debería aprender del político conservador de los años cincuenta R. A. (Rab) Butler, una figura crucial a la hora de conseguir que las conservadores aceptaran el consenso de la posguerra. En la misma línea, David Miliband sugirió que el laborismo debía evitar la «fácil tentación» de oponerse sin más a las políticas del gobierno liderado por los conservadores, incluida la reducción del Estado, que se consigue recortando los servicios públicos. Lo que proponía, en pocas palabras, era que el laborismo abandonara cualquier cosa que se pareciera a una agenda política propia. Eso habría dejado los dogmas del régimen todavía más atrincherados en la vida política.

Cuando Ed Miliband fue elegido líder, sin embargo, se le consideró una ruptura inaceptable con el pensamiento del Establishment. Tanto los medios de comunicación como sus adversarios políticos lo apodaron Ed el Rojo (su padre, Ralph Miliband, había sido un eminente académico marxista). Su tenue programa socialdemócrata marcaba supuestamente un regreso a las políticas derrotadas de los años previos al nuevo laborismo. Se repetía incesantemente que estaba en los bolsillos de los «barones de los sindicatos», pese a que los líderes de los sindicatos son cargos electos, a diferencia, por ejemplo, de los barones que controlan los medios de comunicación británicos. En realidad, su victoria fue producto de los votos de los sindicalistas de a pie, no de sus líderes, y el margen total de su victoria fue de 28.299 votos. El retrato que hicieron los medios de comunicación no recogía casi nada de todo esto: era como si su triunfo resultara, en cierta manera, ilegítimo, porque se basaba en los votos de los sindicalistas.

La reacción a los tres compromisos que asumió Ed Miliband en septiembre de 2013, contrarios a la corriente política imperante, ilustró lo intolerable que le parecía al Establishment cualquier desviación del consenso político. Respondiendo a una crisis de la vivienda que había dejado a cinco millones de personas en listas de espera y a la construcción de vivienda en un punto históricamente bajo, Miliband prometió actuar contra las constructoras que acaparaban el suelo y esperaban a que aumentara de valor. A continuación, revocando el compromiso del nuevo laborismo y de los conservadores de bajar cada vez más el impuesto de sociedades, prometió una subida de tasas a las grandes empresas, destinada a financiar exenciones tributarias para las pequeñas empresas, que eran las que más difícil lo tenían. Y, por fin, en respuesta a la especulación de las seis grandes compañías energéticas, que no paraban de subir los precios mientras el nivel de vida caía en picado, se comprometió a que el laborismo congelaría de forma temporal la factura energética.

Al sistema no le hacía falta reaccionar por medio de una ofensiva coordinada, pero está claro que mostró una mentalidad común. Se usó un lenguaje deliberadamente incendiario, destinado a presentar al líder laborista como un peligroso extremista. El discurso de Miliband «me ha puesto los pelos de punta», declaró John Cridland, director de la federación de grandes empresas CBI. De acuerdo con el alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, el compromiso de Miliband de acabar con la adquisición de suelo como inversión a largo plazo equivalía a introducir «expropiaciones al estilo de Mugabe», mientras que Graeme Leach, jefe de Economía del Institute of Directors, lo consideró «un ataque estalinista al derecho a la propiedad privada». Miliband, dijo en un tono furibundo David Cameron, quería vivir en «un universo marxista». De acuerdo con el ministro de Hacienda George Osborne, que seguía resueltamente su guión, Miliband había expresado «esencialmente el mismo argumento que presentó Karl Marx en El capital».

Y, sin embargo, con sus reacciones, los políticos y las grandes empresas demostraban lo desconectados que estaban de la opinión pública británica. Lo que había propuesto Miliband era, de hecho, menos radical que lo que la mayoría de la gente quería: una encuesta de YouGov de noviembre de 2013 reveló que, mientras que tres cuartas partes del electorado respaldaban la propuesta de Miliband de darle al gobierno poderes para fijar los precios del gas y de la electricidad, casi siete de cada diez británicos querían una renacionalización de la energía, algo que ni siquiera el cauteloso Miliband estaba dispuesto a ofrecer. Hasta los votantes conservadores defendían absorciones por parte del Estado. Dos terceras partes del electorado británico querían que los ferrocarriles y el servicio de Correos volvieran a manos públicas; una pluralidad de votantes estaba a favor de que los poderes gubernamentales establecieran los alquileres del sector privado, y más de un tercio de la población llegaba a respaldar el control estatal de los precios de los alimentos.[12] Una encuesta anterior de YouGov revelaba que casi seis de cada diez británicos defendían subir los tipos al 75 por ciento para quienes ganaran un millón de libras o más, una medida que apoyaban hasta cuatro de cada diez votantes conservadores.[13] Puede que en las ciudadelas de los poderosos de Gran Bretaña el dogma neoliberal fuera tratado como una verdad revelada. Pero en las calles y en las comunidades del país, los preceptos clave del Establishment se consideraban una opinión extravagante y marginal.

Entre los defensores más reflexivos del consenso del régimen, estos hallazgos estuvieron a punto de provocar el pánico. En un editorial titulado: «Es triste, pero hay un apoyo masivo a las nacionalizaciones y al control de los precios», Allister Heath, exdirector del diario londinense dedicado a los negocios City A.M., respondía a los resultados de la encuesta: «De forma lenta, pero segura, la gente está dando la espalda a la economía de libre mercado y está regresando a una versión atávica del socialismo que, si se implantara, acabaría en drama —avisaba—. En ciertas cuestiones económicas, la opinión pública es mucho más de izquierdas de lo que los conservadores perciben o de lo que los laboristas creen». Añadió que los resultados eran «aterradores». «Los defensores de la economía de mercado tienen un problema muy grave —era su conclusión—. A menos que atiendan a las preocupaciones del público, serán aniquilados.»[14] Hasta los miembros de la élite empresarial cada vez reconocían más esta realidad. «Estoy convencido de que el gobierno de Reino Unido está intentando hacer lo correcto y el hecho de que estén reduciendo los impuestos va en la dirección apropiada —declaraba Stefano Pesima, director ejecutivo del gigante farmacéutico Alliance Boots—. Por desgracia, la opinión pública, el entorno, no es tan favorable a las empresas como el gobierno.»[15]

He aquí, pues, la realidad de la política británica moderna. Las opiniones de millones de británicos simplemente carecen de representación. Hasta el más pequeño alejamiento por parte de la cúpula laborista del pensamiento colectivo del Establishment desencadena una respuesta frenética. Existe un estrecho consenso fanáticamente protegido y vigilado. En parte, la globalización del mercado libre ayuda a reforzar la sensación de que las ideas del régimen son incuestionables. El argumento es el siguiente: apartarse de los preceptos políticos vigentes provocaría la cólera de las grandes empresas y del capital, que se marcharían del país y dejarían la economía paralizada.

En los años setenta, Vince Cable trabajó durante una época como asesor especial del ministro laborista John Smith; hoy en día, es el ministro liberal-demócrata de Negocios, Innovación y Oficios en un gobierno liderado por los conservadores. Su departamento es una monstruosidad de cemento situada en Victoria Street, a pocos centenares de metros del Parlamento. Cerca de la entrada, una serie de pósteres exhiben con orgullo la bandera británica y proclaman: «Los negocios son magníficos» —con el nombre «Gran Bretaña» en letras pequeñitas debajo— y «La innovación es magnífica». Cuando llego, la atmósfera está crispada; un asesor me explica que ha habido cierta confusión con la agenda, pero que, aun así, me han podido hacer un hueco en el frenético horario del ministro. Cuando por fin aparece Cable, tiene ese ligero aire de distracción y de agobio que caracteriza muchas de sus apariciones en público.

«Yo creo que, en realidad, el gran problema que está restringiendo los poderes de un gobierno electo es el panorama internacional», dice Cable, apoyado en una silla de la sala de reuniones de su departamento, rodeado de funcionarios y de asesores que toman nota frenéticamente de todo lo que va diciendo, mientras que, al otro lado de las paredes de cristal, se ve a funcionarios correr por los pasillos con montones de documentos en los brazos. «En la mayoría de los casos, te toca tratar con empresas internacionales: hoy en día, la mayor parte de nuestras grandes empresas está en el extranjero. Las hay buenas y las hay malas, pero, a fin de cuentas, todas pueden marcharse, y eso es una restricción enorme a tu libertad de movimientos como país».

Es una idea de la que también se hace eco Peter Hain. «No tiene sentido negarse a aceptar la globalización. Es un fenómeno muy poderoso. Si a las empresas no les gusta el ambiente, se pueden trasladar. Y lo hacen [mudarse], y se llevan con ellas los puestos de trabajo». Pero ni siquiera Hain está resignado a todo esto. Se lamenta de la forma en que el nuevo laborismo se postra ante las grandes empresas. «Se puede alcanzar un equilibrio mucho mejor del que hemos podido lograr hasta ahora; con un poco más de determinación política y, tal vez, poniendo los valores a la cabeza de nuestra misión, en vez de a la cola, se podría haber hecho las cosas mucho mejor».

Así pues, los ministros del gobierno invocan la globalización del mercado libre para justificar su resistencia a la voluntad del electorado. Puede que exista una demanda popular de subir los impuestos a los ricos, pero hay que resistirse a esa petición porque éstos, «los que generan riqueza», se escaparían al extranjero. Lo mismo vale para mejorar los derechos de los trabajadores o para subir el salario mínimo, dos cosas que, según este mismo argumento, crean una atmósfera «poco favorable a los negocios» y con las que lo único que se conseguiría sería que las empresas se fueran al extranjero. «El laborismo ha propuesto subir el impuesto de sociedades a nuestras empresas más grandes y exitosas», dijo David Cameron en la Conferencia del Partido Conservador de 2013. «Se trata de la política más dañina, absurda y retorcida que se le puede ocurrir a nadie», declaró, sugiriendo que el laborismo les estaba diciendo a los jefes: «Os queremos subir los impuestos. No os queremos aquí, coged vuestros puestos de trabajo y lleváoslos a otra parte». Por mucho que la gente esté abrumadoramente a favor de una política, si ésa les toca las narices a las élites empresariales, entonces no se puede ni plantear.

El hecho de que el funcionariado considere ahora puro sentido común las mismas ideas de los escuderos que antaño cuestionaba radicalmente contribuye, también, a reforzar el statu quo. En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, los funcionarios fueron un instrumento de apoyo del consenso creado por el gobierno laborista de Clement Attlee y se acostumbraron a principios tales como la intervención estatal en la economía. Cuando Margaret Thatcher intentó crear un nuevo consenso político, tuvo que batallar contra las tendencias «conservadoras» del funcionariado.[16] Esta frustración por parte del funcionariado ante la resistencia generalizada al cambio la comparten los agentes políticos de todos los bandos. «Puedes llegar a sentir que te has pasado toda tu vida intentando alcanzar el sitio donde se halla el poder, sólo para encontrarte al llegar con que no está ahí», dice Philip Collins, rememorando lo dolorosamente lento que resulta el proceso de implantación de las políticas.

Sin embargo, debido al éxito abrumador con que Thatcher eliminó toda oposición, el funcionariado de hoy en día comparte la mentalidad dominante del régimen. Cuando, después del triunfo aplastante de los laboristas en 1997, la parlamentaria Angela Eagle llegó a secretaria de Estado del gobierno de Blair, sugirió que se impusieran controles a los alquileres, como solución al hecho de que cada vez se estaba gastando más dinero del contribuyente en ayudas a la vivienda, lo cual no paraba de llenar las arcas de los propietarios. Eagle describió la respuesta de los funcionarios, una especie de «línea oficialista» nebulosa. Para su perplejidad absoluta, recuerda que le contestaron «en tono altivo» que su propuesta iba «en contra de la ley de Derechos Humanos». Eagle no entendió cómo aquella propuesta podía infringirla: «No sabía yo que la ley de Derechos Humanos tenía como meta defender al señor Rachman [un tristemente famoso propietario de viviendas del gueto] y a sus amiguetes». El funcionariado propuso recortes a las ayudas durante los primeros años del mandato laborista, que se acabaron implantando más de una década después. Cuando la trasladaron a Hacienda, Eagle vio que los funcionarios estaban «casados con el capitalismo de libre mercado» y que abrazaban con firmeza los dogmas neoliberales como si fueran puro sentido común. Peter Hain también piensa que, «desde la época de Thatcher, Hacienda tiene un modelo económico muy neoliberal». Descubrió, por ejemplo, que los funcionarios se dedicaban a frustrar todo intento de desarrollar una estrategia intervencionista en la política energética porque eso comportaría abandonar el dogma de la «política de manos libres». Un veterano funcionario de Hacienda se muestra dispuesto a admitir esta situación ante mí (de forma anónima, claro). «Hay una visión muy fuerte dentro de la propia Hacienda, que a menudo no coincide con la visión del ministro —me sugiere—. Hacienda tiene su propia perspectiva ideológica, que es que no hay que gastar ni un penique. Hay una cultura muy fuerte del no gastar».

Sin embargo, a los políticos no les hace falta que venga el funcionariado a someterlos a las ideas del Establishment. Es la misma naturaleza de la élite política británica la que ha causado que los políticos de los grandes partidos sean unos defensores tan acérrimos del statu quo. La política se ha convertido en un chiringuito de la clase privilegiada. Cada vez es más difícil que las clases que menos se benefician del orden social y económico de Gran Bretaña sean capaces de penetrar en la burbuja de Westminster. A partir de un análisis de los parlamentarios elegidos en los comicios de 2010, el Sutton Trust —una organización educativa benéfica— concluyó que «el Parlamento en su conjunto sigue perteneciendo en gran medida a la élite social». De sus ocupantes actuales, un 35 por ciento estudiaron en centros privados —aunque, en el conjunto de la nación, solamente el 7 por ciento de los alumnos estudia en escuelas privadas—, mientras que sólo el 43 por ciento asistió a escuelas públicas no selectivas, menos de la mitad del porcentaje imperante entre el resto de la población. Veinte parlamentarios, incluido el primer ministro, asistieron al prestigioso (y caro) Eton College.[17]

Cada vez hay más parlamentarios que ya han trabajado en el mundo político antes de que los elijan, lo cual da una prueba clara de que la política se está profesionalizando aún más. En 1979, por ejemplo, solamente había veintiún parlamentarios con experiencia previa en política. Para 1997, la cifra había subido a sesenta; y en 2010 ya eran noventa parlamentarios. Los cuatro aspirantes al liderazgo del Partido Laborista ya procedían del ámbito de la política antes de que los eligieran para el Parlamento, mientras que el 34 por ciento de los parlamentarios laboristas elegidos aquel mismo año ya tenían experiencia política previa. La vida profesional de los parlamentarios que han tenido otras carreras antes de entrar en la política contribuye cada vez más a garantizar que, cuando entren en el Parlamento, se identifiquen con los intereses de las grandes empresas privadas. De los parlamentarios elegidos en 2010, uno de cada ocho había trabajado antes como consultor privado, una cantidad veinticinco veces mayor que cuando el nuevo laborismo arrasó en las elecciones de 1997. En general, una cuarta parte de los parlamentarios venía del mundo de la empresa; entre los del Partido Conservador, la relación era del 41 por ciento. La proporción de parlamentarios que provenían del sector público se había reducido: la cifra de parlamentarios con antecedentes profesionales en el sector educativo, por ejemplo, experimentó una caída del 17 por ciento en 1997 hasta el 5 por ciento en 2010. Mientras que, en 1979, un 15,8 por ciento de los parlamentarios venía de ser mano de obra, en 2010 la cifra ya se había desplomado hasta el 4 por ciento. Por once parlamentarios que han trabajado en relaciones públicas, por ejemplo, solamente hay dos procedentes del trabajo no cualificado.[18]

Los partidos ya no son movimientos políticos efervescentes, llenos de activistas de base capaces de pedir responsabilidades a los políticos. A principios de los años cincuenta, había tres millones de personas afiliadas al Partido Conservador y más de un millón que eran miembros del Partido Laborista. Hoy en día, este último tiene menos de doscientos mil afiliados, mientras que la cifra en el primero de ellos ha caído hasta los ciento treinta mil, con una edad media de sesenta y ocho años.[19] En lugar de movimientos democráticos efervescentes con raíces en las comunidades, estos partidos son meras carcasas abandonadas.

El laborista Sadiq Khan, responsable de Justicia del gabinete en la sombra, es una excepción dentro de la élite actual de Westminster: hijo de un conductor de autobús y de una costurera, se crio en unas viviendas de protección Oficial del sur de Londres. Mientras estamos sentados en la ruidosa cafetería de la Casa Portcullis del Parlamento, Khan rezuma un estilo de conversación amigable, inaudito en la mayoría de los políticos de los grandes partidos. «Cuando me aceptaron como candidato, vi bastante claro que había otros aspirantes que tenían contactos con asesores especiales, ministros y personas del gobierno que yo no tenía, y que, a diferencia de mí, a esos otros candidatos los habían enchufado», rememora. Para la mayoría de la gente, el coste del mero hecho de presentarse ya puede ser prohibitivo. «Conseguir que te elijan como candidato es casi un trabajo a jornada completa —dice Khan—. Hace falta escribir textos informativos, mandar correos electrónicos a tus electores y a los miembros del Partido Laborista. Yo pude hacerlo porque tenía un trabajo bien pagado, ya que tenía mi propia empresa. Pero imagínate que hubiera trabajado en una fábrica o que condujera autobuses, y tuviera un horario con turnos. ¿Cómo lo podría haber hecho».

Es una cuestión que conocen muy bien los parlamentarios de todo el espectro. «Ser candidato me costó miles de libras de mi propio bolsillo durante una década —dice el parlamentario conservador Robert Halfon—. En un momento dado, contraje unas deudas enormes, que gracias a Dios ya he pagado». Pero también hay otras razones. Los sindicatos y las administraciones locales solían ser vías de entrada para los aspirantes a candidatos que eran de clase obrera, puesto que les ofrecían formación política y una base de apoyo; ahora, sin embargo, los sindicatos se han visto drásticamente debilitados. Tanto en el Parlamento como en los think tanks, y en otros puntos importantes de entrada al mundo político, se han vuelto cada vez más frecuentes las becas no remuneradas, una opción que sólo puede aceptar la gente adinerada.

No es simplemente que los políticos apenas representen a quienes sirven. Es que a menudo los ultrapoderosos gobiernos tratan a sus parlamentarios como si fueran poco más que carne de cañón con capacidad de votar. Salvo algunos de los escaños, los miembros de las selectas comisiones que someten a examen las políticas gubernamentales son nombrados por la cúpula del partido. El calendario de la legislatura lo decide el gobierno. A diferencia de Estados Unidos, donde la cámara tiene unos poderes tremendos, como, por ejemplo, la capacidad de aprobar su propia legislación, las propuestas de ley que redactan los miembros ordinarios del Parlamento se pueden descartar si otros parlamentarios, simplemente, las desaconsejan o las «obstruyen». Las comisiones de propuestas de ley, que existen para debatir enmiendas a la legislación, se encuentran invariablemente dominadas por partidarios del gobierno.

«En calidad de parlamentaria, y en términos de poseer un poder real, me da la impresión de que tengo muy muy poco —declara la apacible parlamentaria del Partido Verde Caroline Lucas—. Tengo la sensación de haberme pasado toda mi carrera intentando averiguar dónde está el poder; adonde sea que yo esté, siempre tengo la sensación de que el poder se encuentra en otra parte y de que me paso la vida persiguiéndolo». Además de amañar el Parlamento en beneficio del ejecutivo, los gobiernos se niegan deliberadamente a informar a los parlamentarios de la legislación que están preparando. Los jefes de grupo parlamentario, cuyo trabajo consiste en garantizar que los políticos sigan a rajatabla la línea del partido, los mantienen tan desinformados como pueden. Mientras caminan charlando a votar alguna legislación, los parlamentarios se preguntan los unos a los otros qué es lo que van a votar. «A menudo nadie lo sabe —me explica Lucas—. Lo cual quiere decir que, cuando llegas allí, los jefes de grupo parlamentario te pueden empujar a tal o cual grupo de presión, y lo hacen literalmente, no es ninguna metáfora». Se trata de una conducta que no es nueva, pero que contribuye a garantizar que el pensamiento dominante del sistema no se vea cuestionado en ningún momento desde Westminster.

Sin embargo, sería demasiado benévolo hacia los parlamentarios sugerir que lo que explica su lealtad respecto a las ideas del Establishment es una simple cuestión de ignorancia. Tienen un interés personal y directo en los mantras dominantes del individualismo y del enriquecimiento de uno mismo. Aunque su deber es hacia los electores a los que representan, los escaños que ocupan los parlamentarios en la cámara legislativa los hacen muy atractivos para las empresas privadas que se benefician de las políticas inspiradas por el dogma del Establishment, como las rebajas fiscales a las empresas y a los ricos, la venta de servicios públicos a compañías privadas y la eliminación de regulaciones. «Yo creo que hay dos tipos de parlamentarios —me sugiere off the record un aforado laborista—. Los que consideran que estar en el Parlamento es un servicio público y son conscientes de qué cosas tienen que defender, y los que lo ven como una simple cinta transportadora para llegar a un trabajo en el sector privado, después de un par de legislaturas y una temporadita en el gobierno. Últimamente, parece que hay muchos más de los segundos». No es de extrañar, pues, que tantos parlamentarios apoyen un orden del que se están beneficiando personalmente. Las fronteras entre la élite política y la empresarial ya son tan permeables que cada vez resulta más difícil considerarlos mundos distintos.

De acuerdo con la investigación citada en un estudio realizado en 2012, a mediados del mandato del nuevo laborismo cuarenta y seis de las cincuenta empresas más importantes que cotizaban en bolsa en el Reino Unido tenían a un parlamentario como director o como accionista. Se trataba de la cifra más alta de los cuarenta y ocho países investigados; el segundo país desarrollado que figuraba en la lista era Italia, donde dichas empresas únicamente suponían un 16 por ciento del total. Por asombroso que parezca, la conexión corporativo-legislativa en Gran Bretaña era seis veces más fuerte que la media de Europa Occidental, y diez veces mayor que en los países escandinavos.[20] Las empresas y las élites políticas de Gran Bretaña no son entidades separadas: están profundamente entretejidas. Con tantos políticos ganando sobresueldos en el mundo de los negocios, no es de extrañar que este entorno pueda contar con una amplia representación política de sus intereses en Westminster.

Pocas personas representan mejor la figura del político especulador que David Miliband. No conocido precisamente por su falta de autoestima —numerosos políticos y periodistas me han hablado de su costumbre de «mirarte por encima del hombro» cuando habla contigo, escrutando la sala en busca de alguien más poderoso o útil—, Miliband, en 2010, había dado por sentado que ya tenía el liderazgo laborista en el bolsillo. Cuando se vio inesperadamente derrotado por su hermano, rechazó cualquier cargo de primera fila: se convirtió en una de las mayores rabietas de la política británica. Sin embargo, estaba claro que quedarse en «simple» parlamentario de distrito, representando los intereses de un deprimido distrito electoral del nordeste, con el que no había tenido nada que ver hasta que lo dejaron caer allí como candidato en 2001, no era exactamente una de sus prioridades. Es muy habitual que los parlamentarios sondeen a sus electores por lo menos una vez por semana, aunque no haya elecciones a la vista, para conocer sus preocupaciones y construir una base de datos detallada de sus simpatizantes. Sin embargo, cuando en marzo de 2013 David Miliband abandonó su escaño en el Parlamento, salió a la luz que apenas se había puesto en contacto con los electores para conocer sus puntos de vista y sus preocupaciones durante el período en el que, supuestamente, había sido su delegado en el Parlamento.[21]

En cambio, David Miliband había dedicado toda su energía a construir un impresionante portafolio de intereses empresariales. Todos los miembros del Parlamento están obligados a hacer constar sus ingresos no parlamentarios en el Registro de Intereses de los Miembros de la Cámara, y la entrada correspondiente a David Miliband resultaba fascinante. En calidad de vicepresidente y director no ejecutivo del club de fútbol Sunderland Association, ganaba 75.000 libras por entre doce y quince días de trabajo al año. También cobraba sumas enormes de dinero por dar discursos ante bufetes de abogados y especialistas fiscales. La firma Cameron McKenna LLP le pagó 14.000 libras por una charla de una tarde, mientras que Global Are, una red de fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión y administración de activos, le pagó la misma cantidad por un solo discurso. Oxford Analytica, que se jactaba de asesorar a «ejecutivos de empresa y del gobierno», le pagó 18.000 libras por dos días de trabajo. VantagePoint, un autodenominado «inversor líder en los campos de la innovación y de la eficiencia energéticas», le pagó casi cien mil libras por cuatro días de trabajo. Y no eran solamente los intereses corporativos los que le llenaban las arcas. La dictadura de los Emiratos Árabes Unidos le pagó 64.475 libras, más el viaje y el alojamiento, por asistir a un evento. Además de su salario como aforado, pues, David Miliband ganó aproximadamente un millón de libras entre su candidatura fallida al liderazgo en 2010 y su marcha de la Cámara de los Comunes unos dos años y medio más tarde.

Para él, ser miembro del Parlamento y exministro no era más que un trampolín. Su carrera política le proporcionaba una cartera de contactos y un prestigio que lo hacía atractivo para los miembros de la élite económica. En el caso de otros políticos, esta relación con los intereses privados era todavía más evidente. Miren a Patricia Hewitt, una exagitadora izquierdista —hasta el punto de que el MI5 llegó a sospechar que tal vez fuera una simpatizante comunista— que respaldó la campaña del socialista Tony Benn para convertirse en el número dos laborista en 1981. En la conferencia laborista de aquel año, flageló al anterior gobierno de su propio partido por sus fracasos y exigió que fueran las bases del partido, y no solamente «un puñado de ministros y de funcionarios», quienes decidieran las políticas.[22] Sin embargo, cuando quedó claro hacia dónde soplaban los vientos de la política, Hewitt mandó una carta idéntica a los dos candidatos que se presentaban a la dirección del partido en 1983, en la que les prometió, a ambos, su apoyo y les pidió trabajo. El difunto laborista de izquierdas Tony Benn dijo en una ocasión que había dos tipos de políticos: un letrero que señala en la misma dirección sin importar qué tiempo haga y una veleta que lo hace allá donde sople el viento. Hewitt era un ejemplo pasmoso del segundo tipo. Terminaría siendo una blairista recalcitrante que ocuparía varios ministerios en el gobierno de Blair. Pero fue su último cargo ministerial, el de ministra de Sanidad, el que le resultó especialmente provechoso.

En calidad de guardiana de un servicio de sanidad público, Patricia Hewitt se convirtió en alguien muy buscado por las empresas de sanidad privada; seis meses después de dejar el cargo de ministra de Sanidad, en 2007, para lo que adujo razones personales, por fin pudo empezar a rentabilizarlo. A principios de 2008, la multinacional sanitaria y cosmética y cadena de farmacias Alliance Boots —una empresa que obtiene el 40 por ciento de sus ingresos gracias a sus contratos con la sanidad pública— nombró a Hewitt «asesora especial», y le pagaba más de trescientas libras por hora. La sociedad inversora Cinven, que había comprado veinticinco hospitales privados al gigante de la sanidad privada Bupa, la contrató como asesora especial por cincuenta y cinco mil libras, unas quinientas libras por cada hora de trabajo. En 2010, tres años después de que Hewitt abandonara su escaño, Bupa la contrató como directora. Y la cosa no terminó ahí. British Telecom la contrató como directora no ejecutiva por setenta y cinco mil libras al año; después de que abandonara el escaño, la hizo directora sénior independiente, doblándole el sueldo. Gracias a su carrera ministerial, su cuenta bancaria recibió una serie de generosos suplementos procedentes de toda clase de intereses corporativos.

La cosa llegó a unos extremos sórdidos. En marzo de 2010, unos periodistas del Sunday Timesy de Channel 4 tendieron una trampa a Patricia Hewitt y a otros dos antiguos colegas suyos del ministerio, Geoff Hoon y Stephen Byers. Los filmaron en secreto mientras aceptaban, aparentemente, hacer presión parlamentaria a cambio de dinero. Byers se describió a sí mismo como una «especie de taxi libre»: sugirió que su tarifa diaria habitual iba de las tres mil a las cinco mil libras. En calidad de exministro, Hoon dijo que los políticos podían «abrir puertas» y se jactó de tener «ganas de traducir mi conocimiento y mis contactos en la escena internacional a algo que, para decirlo toscamente, dé dinero». No era ninguna coincidencia que los tres fueran blairistas recalcitrantes, es decir, defensores incansables de las ideas del Establishment. Cada uno de ellos respaldaba políticas que beneficiaban a individuos ricos y a intereses corporativos, como, por ejemplo, la bajada de los impuestos y las privatizaciones, y cosechaba los beneficios personales de esas políticas.

Aunque los suspendieron del grupo parlamentario laborista como castigo hasta que renunciaran a su escaño en las elecciones de 2010, el episodio vino a ilustrar que los poderosos todavía podían prosperar a pesar de haber caído en desgracia. En 2005, cuando aún era ministro de Defensa, Geoff Hoon le había concedido al gigante de la industria de la defensa AgustaWestland un contrato de 1.700 millones de libras para desarrollar una nueva generación de helicópteros, algo que ya había causado una controversia considerable en su momento, debido a que no se había invitado a nadie más a presentarse a concurso. Estaba claro que Hoon había quedado bien con AgustaWestland, una empresa que tiene como clientes a dictaduras que violan los derechos humanos, como Arabia Saudí. Así pues, en 2011, le nombraron su director ejecutivo para asuntos internacionales. En YouTube hay un vídeo de Hoon leyendo robóticamente el texto de una chuleta en nombre de la empresa y jactándose de que podía suministrar «soluciones en el campo de los helicópteros» para cubrir todas las necesidades. «Es demasiado conveniente —dice Ian Pritchard, coordinador de investigación de la Campaña contra el Comercio de Armas, en referencia a la relación entre los políticos y la industria armamentística—. Ellos saben que en la industria hay montones de puestos de trabajo, así que ¿por qué iban a molestarla, ya sea de forma consciente o inconsciente».

Esta puerta giratoria entre la política y el mundo corporativo se mueve mucho, por decirlo suavemente. Alan Milburn era otro estrecho aliado de Tony Blair y uno de los primeros defensores del proyecto del nuevo laborismo. Al igual que Patricia Hewitt, había ocupado el cargo de ministro de Sanidad y había defendido apasionadamente una participación todavía mayor del sector privado en el NHS. Después de dimitir por razones familiares en 2003, pasó a cobrar en calidad de consultor treinta mil libras anuales por asesorar a la Bridgepoint Capital, una sociedad de inversiones especializada en sanidad privada. De hecho, terminó de presidente de su consejo asesor europeo. Una de las adquisiciones de Bridgepoint fue Care UK, una empresa que seguiría prosperando a partir de los planes de privatización del NHS del gobierno liderado por los conservadores de 2010. Otras empresas conectadas con la saludad privada también estaban más que dispuestas a comprar la experiencia de Milbum: por ejemplo, LloydsPharmacy, que le pagaba hasta treinta mil libras anuales, y la empresa de terapias renales Diaverum. Hasta PepsiCo quería usar a Milburn y le daba hasta veinticinco mil libras anuales para que les ayudara a reforzar la imagen saludable de la multinacional de los refrescos.

La privatización del NHS resultó ser un negocio deprimentemente lucrativo para muchos legisladores británicos, incluidos muchos miembros del mismo partido que lo había fundado. De acuerdo con una investigación del Daily Mirror, hasta cuarenta pares del reino tenían intereses «financieros» en aquella maniobra política, entre ellos la exministra de Sanidad con los conservadores y directora de Bupa, Virginia Bottomley. El aristócrata laborista y exministro de Sanidad lord Warner escribió un artículo en la prensa en el que declaraba su apoyo a las propuestas del gobierno encabezado por los conservadores, pero no revelaba en ningún momento que él trabajaba para una serie de empresas privadas que tenían todo que ganar de esas propuestas, como, por ejemplo, la empresa tecnológica Xansa y la firma de antimicrobianos Byotrol, que vendían sus servicios al NHS. En marzo de 2014, lord Warner publicó un informe conjunto con ese gran escudero, el think tank de derechas Reform, donde pedían que el NHS les cobrara a sus miembros diez libras mensuales.[23]

Otro agitador izquierdista convertido en leal blairista, David Blunkett, fue un autoritario ministro del Interior con el gobierno Blair antes de tener que dimitir de su cargo en 2005 por no haber declarado que dirigía una empresa. Desde su escaño ordinario, sin embargo, sus contactos empresariales podían florecer. Mientras estuvo en el poder, Blunkett se dedicó a defender el traspaso gradual a manos privadas del Estado de bienestar, de manera que tal vez no fue ninguna sorpresa que terminara trabajando para una empresa tan cargada de escándalos como A4e, una firma de reinserción en el mundo laboral dependiente de la financiación estatal, cuya directora tuvo que dimitir después de pagarse a sí misma millones de libras de dividendos sufragados por el contribuyente. Asimismo, el imperio mediático de Murdoch había sido un aliado acérrimo de la era Blair antes de volverse contra la Administración en plena desintegración de Gordon Brown. Esto no afectó, sin embargo, a las decisiones profesionales de Blunkett. Aun después de que se revelara que News of the World había pinchado teléfonos a mansalva, David Blunkett renovó su contrato con la empresa matriz, News International, como asesor en materia de «responsabilidad social», un cargo que lleva consigo una remuneración anual de casi cincuenta mil libras.

Todo esto no incomoda a Blunkett, ni mucho menos. Cuando me reúno con él en su despacho del Parlamento, me cuesta no dejarme cautivar instantáneamente por su encanto. Blunkett está sentado en un sofá, acariciando de vez en cuando al perro lazarillo que tiene sentado a sus pies —el hecho de no dejar que su discapacidad interfiera con su carrera política le ha granjeado un respeto generalizando—, y hablamos sobre nuestras raíces comunes en Sheffield. Sus modales son desenfadados, pero está a la defensiva. Cuando yo cuestiono sus extensos contactos con el mundo de la empresa, él saca a relucir, a modo de justificación, sus orígenes humildes, que lo llevaron a experimentar la «pobreza de solemnidad». «No llevo un estilo de vida ostentoso, pero sí que vivo muy cómodamente —me dice—. Cuando era adolescente, durante un par de días en mi casa solamente tuvimos pan y manteca, porque mi padre acababa de morir en un accidente laboral; mi madre tardó dos años en cobrar la indemnización. Una situación así te afecta, en el sentido de que dejas de creer que la pobreza sea algo maravilloso o aleccionador. No lo es, y nunca quieres volver a ella. De manera que existen contradicciones y tensiones, y uno siempre corre peligro de engañarse a sí mismo, de creer que estás haciendo cosas buenas, cuando, en realidad, lo que estás haciendo es velar por los intereses del número uno». Se trata de un argumento que, probablemente, no resultaría muy popular. A fin de cuentas, solamente el salario de los parlamentarios ordinarios ya triplica los ingresos medios de la ciudadanía británica.

Peter Mandelson pasó de ser miembro de la Liga Comunista Juvenil a convertirse una de las fuerzas motrices cruciales que impulsaron el proyecto del nuevo laborismo, además de ser el autor de la famosa declaración de que «no me molesta para nada que la gente se haga de oro, siempre y cuando pague sus impuestos», algo que, de hecho, muchos individuos ricos y muchas empresas no hacen nunca. Pero «hacerse de oro» es ciertamente una ambición que lord Mandelson ha hecho realidad, gracias, en parte, a asumir la presidencia de la asesoría financiera Lazard International y a cobrar grandes sumas de firmas como Coca-Cola y Lloyds Bank por hacerles de consultor. Sus aventuras empresariales incluyen la creación de Global Counsel, una consultaría internacional bastante reservada: en 2011, mandó una carta en la que invitaba a la gente a hacer negocios con él, prometiendo «renovar y reproyectar marcas (como ya hice con la creación del nuevo laborismo)» y «redirigir grandes organizaciones en pos de nuevas metas (como ya hice en los sucesivos departamentos del gobierno)».[24] Entre sus clientes están el gigante petrolero BP, la compañía de apuestas Betfair y la Asia Pulp and Paper, una firma de embalaje a la que han atacado Greenpeace y otros activistas por haberse dedicado a destruir los bosques tropicales de Indonesia, hasta que las enormes presiones los obligaron a cambiar de métodos.[25]

Antes de la Revolución egipcia de principios de 2011, Mandelson se dirigió al gobierno de Hosni Mubarak para ofrecerle sus servicios.[26] También creó al parecer estrechos vínculos con la dictadura de Kazajistán, que la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional condenó por su uso generalizado de la tortura. En 2010, Mandelson asistió a dos eventos que organizó el fondo soberano de inversión del régimen, uno de ellos en el mismo Kazajistán. Pero es el padrino del nuevo laborismo en persona, Tony Blair, quien más se ha beneficiado de congraciarse con el dictador kazajo, el presidente Nursultán Nazarbáyev. El mismo Blair que usó las terribles violaciones de los derechos humanos de las dictaduras para justificar la intervención militar británica ha pasado a cobrar hasta trece millones de dólares anuales desde 2011 por asesorar al régimen. El líder de la oposición Amirjan Kosanov ha afirmado que la situación en materia de derechos humanos incluso se ha deteriorado tras entrar Blair en nómina.[27]

A la hora de conseguir estos lucrativos contratos, Blair se ha aprovechado de la fama y de los contactos internacionales que obtuvo gracias a ser primer ministro. Además de estar a sueldo de Kazajistán, la empresa Tony Blair Associates recibió supuestamente un millón de libras de la actual dictadura kuwaití para que redactara un informe sobre el reino. Entre las empresas que le han pagado por sus servicios se cuenta la petrolera surcoreana UI Energy Corporation, una compañía con intereses comerciales importantes Iraq después de que Blair participara en su invasión. El banco de inversiones de Wall Street J.P. Morgan le ha remunerado con dos millones y medio de libras a cambio de sus servicios. La mujer de Blair, Cherie, también se ha aprovechado del mandato de su marido y ha cofundado una sociedad de capital privado para invertir en —sí, una vez más— sanidad privada; planean montar un centenar de Centros sanitarios privados en toda Gran Bretaña.

Nada de todo esto es ilegal, por supuesto. El hecho de que un ex primer ministro se beneficie de sus vínculos empresariales con dictadores que violan los derechos humanos puede parecer de muy mal gusto, pero la verdad es que la ley no lo prohíbe. Sin embargo, entender lo permeable que es la frontera entre los mundos políticos y corporativos resulta crucial para comprender el control absoluto que tiene la élite corporativa sobre la democracia británica.

Tamasin Cave, directora de la empresa de investigación de los lobbies Spinwatch, define así la estrategia de la élite: «Así pues, voy a invertir en ti como legislador, te voy a echar una mano y voy a apoyar tus políticas. Te voy a dar una plataforma para que te promociones. Puede que hasta te dé un trabajo cuando te retires. Y, ciertamente, voy a mostrarme interesado y atento. Te voy a dar información útil. Te voy a dar todas estas cosas». A cambio no hay obligaciones formales, por supuesto. Pero la maniobra sí que somete al político a las tramas del poder corporativo. «Por lo que yo puedo ver desde aquí, hay una relación muy afable entre las grandes empresas y las cúpulas de los gobiernos sucesivos —dice la parlamentaria del Partido Verde Caroline Lucas—. Es eso que se dice de la puerta giratoria, que permite que las empresas tengan tanta influencia en la creación de políticas». Por lo que respecta a Lucas, sus compañeros de cámara han «cedido voluntariamente montones de poder a las corporaciones y luego han facilitado que éstas lo retengan».

Las grandes luminarias del nuevo laborismo han terminado enriqueciéndose a base de trabajar para una serie de intereses corporativos que chocan con los valores tradicionales del partido. Cuando estaban en el poder, los nuevos laboristas abrazaron las políticas del Establishment y elogiaron las ventajas de los mercados libres, de los negocios y de la empresa. Cuando abandonaron el poder —a pesar de todos los escándalos—, siguieron obteniendo contratos de esas mismas élites económicas cuyos intereses habían defendido. Los ministros de Sanidad se convirtieron en mercenarios de la sanidad privada; los ministros de Defensa acabaron en los bolsillos de los gigantes del armamento. Lo que antaño fue la ideología de los escuderos se ha convertido en mucho más: en un plan para enriquecerse. Es difícil discutir la conclusión a la que llegó Thatcher de que, fundamentalmente, el nuevo laborismo creía en muy poco, salvo, de vez en cuando, en el dinero.

A pesar de que la coalición no ha pasado tanto tiempo en el poder como el nuevo laborismo, algunos de sus líderes ya están embarcados en la misma fiebre del oro corporativa. Jonathan Luff, el exasesor de estrategias digitales de David Cameron, se fue de Downing Street a Wonga, una empresa de usura legal que explota la desesperación financiera de tantas personas en la Gran Bretaña de la austeridad. Por su parte, lord Hill, el líder conservador de la Cámara de los Lores, es el fundador del grupo de presión Quiller Consultants, que representa a una serie de empresas privadas dependientes del dinero del contribuyente, como, por ejemplo, la empresa de recolocación de pensionistas plagada de escándalos A4e, o dictaduras extranjeras como los Emiratos Árabes Unidos. Como miembro del gabinete presidencial, lord Hill ha apoyado propuestas —aprobadas por el Departamento de Educación, a pesar de una oposición feroz— como, por ejemplo, vender patios de escuelas estatales a la empresa de supermercados Tesco, que es otro cliente de su firma.[28]

En octubre de 2014, lord Hill fue nombrado comisario británico en la UE, especializado en servicios financieros. Tal como señaló el organismo de control Observatorio de Corporaciones Europeo (CEO), la City of London Corporation se mostró particularmente complacida por el nombramiento de Lord Hill, y se pavoneó de su «experiencia en este terreno y su conocimiento del sector financiero de Londres». «Y por casualidad», tal como señalaba maliciosamente la CEO, la Corporation —y el banco HSBC, ya puestos— había contratado a Quiller Consultants para hacer presión parlamentaria. «El Parlamento Europeo debería bloquear el nombramiento de Hill», declaró la CEO. Nadie hizo caso de esta recomendación.[29]

No son solamente la ideología y el interés propio lo que hace que los políticos sean unos defensores tan naturales de los ricos. Gran parte de su tiempo se lo pasan en compañía de intereses privados y de sus elegantes y muy profesionales equipos de presión. Los políticos forman parte del mismo medio, y siempre están oyendo a las empresas presentarles sus argumentos de forma tan atractiva como persuasiva; les llegan mucho menos las críticas a las prácticas de la empresa británica. Esto sólo puede reforzar la fe que tienen los políticos en la necesidad de luchar en defensa de esos intereses. En los quince primeros meses de gobierno de la coalición, se celebraron 1.537 reuniones entre representantes corporativos y ministros del gobierno, una cifra en la que no se incluyen centenares de otras mesas de negociaciones con empresas de primera fila. Los representantes sindicales, en cambio, sólo tuvieron 130 reuniones con ministros. Y esto únicamente son los ejemplos de los que hay constancia oficial: también se celebran reuniones en secreto, off the record, lejos de cualquier supervisión.[30] En la Conferencia del Partido Conservador de 2012, la empresa de usura legal Wonga y otros ejecutivos de empresas pagaron 1.250 libras por cabeza para reunirse con ministros, y así poder desarrollar con ellos ideas y políticas propicias a la empresa. Cuando conozco en una cafetería del Parlamento al inconformista parlamentario conservador Douglas Carswell, hace un gesto con la mano en dirección a los parlamentarios y a los ministros que están sentados a las mesas con las espaldas encorvadas, hablando en voz baja con toda una serie de hombres y mujeres elegantes y sonrientes. «Mira a tu alrededor —me dice—. Mira cuánta gente hay aquí presionando al Parlamento».

«Están las grandes agencias de presión, pero solamente conforman una cuarta parte de toda la industria de la presión parlamentaria —me explica Tamasin Cave—. La mayoría de la industria trabaja dentro de las mismas empresas. Por ejemplo, los supermercados Tesco cuentan con un departamento de presión al Parlamento muy activo, de unas seis personas, además de tener un equipo enorme de comunicación corporativa que coopera con ellas y que se encarga de una buena parte de los mensajes». Se calcula que la industria de los lobbies mueve unos mil novecientos millones de libras.[31] Las empresas no estarían invirtiendo en ello unas sumas tan enormes si no creyeran que iban a ganar mucho a cambio. «Hoy en día, quedan muy pocas empresas que no tengan un equipo importante de presión parlamentaria, porque les sale a cuenta —me explica Cave—. Si no les reportara una compensación económica, no lo harían». Las tácticas que usan son diversas. Por ejemplo, conseguir una buena imagen y un buen posicionamiento; estar «en la mesa» cuando el gobierno discute ideas políticas relevantes; involucrarse en las primeras fases del proceso legislativo para conseguir la suficiente influencia; recibir un trato de favor en los contratos gubernamentales, etc.

Los lobbies saltaron a la palestra de la agenda política cuando, en marzo de 2012, el Sunday Times acusó al tesorero conservador Peter Cruddas de haber ofrecido acceso a políticos de primera fila a cambio de dinero. Más tarde se supo que el periódico había difamado a Cruddas (mientras escribo esto, el medio ha apelado la sentencia) y le había tenido que pagar una indemnización considerable por daños y perjuicios, pero, aun así, el caso llevó a que se emprendieran acciones. Cuando la coalición introdujo, en 2013, la Ley de Presión Transparente, Campañas no Partidistas y Administración, se suponía que ésta tenía que encargarse de las prácticas turbias de presión al Parlamento. Sin embargo, lo que hizo la legislación fue dejar claras tanto la eficacia de los lobbies privados como la inclinación natural de los políticos a defender los interesa privados. De hecho, la Ley de Presión pasa por alto el 95 por ciento de dichas prácticas. Los activistas la han apodado la Ley Mordaza, ya que se dirige sobre todo a los críticos de las políticas del gobierno: ahora, cualquier organización que gaste más de cinco mil libras en Inglaterra y dos mil libras en Escocia y Gales en supuestas «campañas no partidistas» se verá obligada a registrarse en la Comisión Electoral. Organizaciones benéficas, sindicatos y organizaciones de campaña deberán enredarse en una costosa y larguísima pesadilla burocrática que los obligará a dar cuenta de todos sus gastos. Mientras que previamente a esta ley estas organizaciones gubernamentales podían gastarse hasta 989.000 libras al año antes de unas elecciones generales, ahora la cantidad se ve reducida a 390.000 libras, una cifra que lo incluye todo: desde los sueldos de los empleados a las reuniones públicas. Pero es que la definición de esas «campañas no partidistas» es tan vaga que abarca básicamente cualquier cosa, desde pedir más recursos para el tratamiento del cáncer hasta intentar paliar la crisis de las viviendas asequibles.

Los administradores de las organizaciones benéficas, debido al miedo que les da todo lo que tenga implicaciones legales —a fin de cuentas, están cargados de obligaciones legales estrictas que deben cumplir—,[32] se declaran dispuestos a aceptar que se detengan las campañas que monitorizan el poder. El Congreso Sindical ha sugerido que la nueva ley podría incluso convertir en delito la organización de su congreso anual de 2014, o bien la celebración de una manifestación en año electoral. Por miedo a que los blogs políticos se puedan ver afectados, hasta la derechista página web de Guido Fawkes se ha manifestado en contra. La British Medical Association ha afirmado que «si se aprueba la ley, su impacto puede causar un trastorno tremendo, sobre todo por las dudas que plantea acerca de su efecto en la libertad de expresión».[33]

«No ha habido consulta alguna con nadie, ni con las organizaciones benéficas ni con el sector de las campañas —dice lord Harries, que es quien lideró la oposición a la Ley Mordaza en la Cámara de los Lores—. Las organizaciones benéficas y los grupos de campaña son un elemento crucial de nuestra democracia, debido a la indiferencia que los partidos políticos producen en la gente: mantienen vivos los problemas sociales, organizan encuentros entre los candidatos y los electores, y les plantean preguntas a los políticos sobre los problemas reales. Así pues, cualquier legislación que afecte a este rasgo esencial de nuestra democracia es un cambio fundamental del sistema». La ley básicamente deja tranquilos a los lobbies de intereses privados. Quienes corren riesgo de verse silenciados son los críticos del sistema.

El mismo principio se aplica en el implacable ataque a los sindicatos, una campaña que, nuevamente, marca un siniestro contraste con la libertad de acción que se les concede a los intereses corporativos. El laborismo está en manos de los «pagadores sindicalistas», no deja de repetirse, a pesar de que la cúpula del partido ha mantenido intacta la legislación antisindical más restrictiva del mundo occidental, se ha comprometido a hacer recortes en términos reales a los salarios de los trabajadores del sector público y ha prometido mantener los planes de austeridad de los conservadores durante, por lo menos, el año posterior a una hipotética victoria electoral. Len McCluskey, líder del sindicato más grande, Unite, se ha convertido en el principal hombre del saco. McCluskey no podría tener un aspecto o un discurso más alejado del Establishment. Con su acento de Liverpool, del que se siente orgulloso, casi nunca bien afeitado e impresionantemente corpulento, sus exaltados discursos en los mítines suelen recibirse con fervor por parte de sus apasionados seguidores. Su conducta en privado es tranquila y más bien reflexiva.

«Está claro que hay un ataque orquestado, creo que eso lo podemos ver todos», dice McCluskey, en un tono exasperado pero suave. Refiriéndose a las constantes denuncias de David Cameron, afirma que desde los ataques a la huelga de mineros de 1984-1985 y a Arthur Scargill, el líder del Sindicato Nacional de Mineros, no ha habido un primer ministro que denunciara de forma más furibunda a un líder sindical. «Por la información que nos llega, está muy claro que han decidido que Unite es el demonio, el enemigo interior, el hombre del saco, que los conservadores pueden usar para golpear a Miliband en toda la cabeza». Y como la cúpula laborista huye despavorida ante estos ataques, la campaña conservadora está teniendo éxito. Está claro que los conservadores y sus aliados mediáticos usan los vínculos del laborismo con los sindicatos para sugerir que la cúpula laborista está sojuzgada a toda una serie de fuerzas radicales desagradables y turbias. Sin embargo, las principales figuras laboristas, como Ed Miliband, también están dispuestas a legitimar el brutal ataque a Unite. Nuevamente hay una mentalidad común. Debido a que la cúpula laborista no cuestiona para nada el mantra del Establishment, los sindicatos han asumido un papel político renovado. «Casi por defecto, tanto a Unite como a mí personalmente nos adjudican una especie de tarea de líderes, que ofrecemos una voz alternativa simplemente porque en la política ésta no existe», explica McCluskey.

Durante años, la jerarquía central del laborismo ha contribuido a meter con calzador a los candidatos que ellos preferían en ciertos distritos electorales en los que éstos, a veces, jamás habían puesto un pie, con tal de manipular las elecciones a su favor. Cuando eso ha sucedido, ningún sector poderoso ha puesto el grito en el cielo. Sin embargo, cuando se trata de los sindicatos, la élite política ha cerrado filas. Cuando Eric Joyce, parlamentario laborista por Falkirk, fue expulsado del partido en febrero de 2012 por liarse a puñetazos y a cabezazos con otros tres parlamentarios, Unite recibió acusaciones de amañar el proceso de selección para reemplazarlo. Cuando se acusó a Unite ante la policía escocesa, sin embargo, no se encontró ninguna prueba de actividad delictiva y se descartó emprender averiguación alguna al respecto. Otra investigación que llevó a cabo la Radio 4 de la BBC tampoco encontró ninguna prueba de malas prácticas por parte del sindicato. Sin embargo, los hechos reales tenían muy poco que ver con la cruzada antisindical. Las acciones de Unite eran «un escándalo», afirmó David Cameron. El sindicato se había «pasado de la raya», declaró el por entonces encargado de Defensa del gabinete en la sombra, Jim Murphy. Tanto el Daily Mail como el Sunday Times denunciaron «fraude electoral» y la presencia de «los matones de Unite», y exigieron que Miliband emprendiera acciones. Sometido a ataques incesantes, el líder laborista prometió emprender una revisión de los vínculos sindicales del partido, lo cual provocó la mayor crisis sistémica de la historia del laborismo. «Lo que sucedió no fue nada menos que una oleada de histeria orquestada por la derecha, y, por desgracia, el líder laborista y algunos sectores de su partido se dedicaron a avivar las llamas», dice McCluskey.

A ésta la siguió otra oleada de ataques de la élite política. En otoño de 2013, Unite estaba en plenas conversaciones con los propietarios de la refinería escocesa de Grangemouth, una fábrica que daba trabajo a miles de obreros. El futuro de la refinería se veía amenazado por su extremadamente rentable propietario, el presidente y jefe ejecutivo de INEOS, Jim Ratcliffe, cuya empresa había trasladado sus operaciones al extranjero por razones fiscales. La empresa exigió que los trabajadores aceptaran un recorte masivo de sus salarios y de las condiciones de trabajo. Grangemouth afrontaba presiones del mercado, está claro, pero como solamente un 17 por ciento de las ganancias se destinaba a la mano de obra, no había duda de que el problema no eran los salarios ni las pensiones. En medio de las negociaciones, Ratcliffe suspendió al delegado sindical Stephen Deans, que también era el presidente del Partido Laborista de Falkirk, debido a unas acciones relacionadas con la batalla por el cargo. Las negociaciones se precipitaron en el caos y Unite amenazó con ir a la huelga. INEOS exigió una capitulación total del sindicato en los términos que ella dictara o, si no, cerraría la refinería. Estuvo a punto de desencadenarse una catástrofe que habría tenido un impacto devastador no solamente en las vidas de sus trabajadores y de su comunidad, sino también sobre la economía escocesa. McClusky afirma que «no tuvo nada de humillante representar los puntos de vista de la gente trabajadora», y, sin embargo, la capitulación de Unite fue justamente eso, que era lo que se buscaba. «No hay duda de que fue un ejercicio de poder desnudo por parte del capital que nos dejó indefensos, y que demostró lo desigual que es el terreno de juego donde se dirimen las relaciones industriales», admite.

Lo que había pasado era que un tipo exiliado por cuestiones fiscales, Jim Ratcliffe, desde la comodidad de su yate de 130 millones de libras, se había permitido dictar despreocupadamente el destino de miles de trabajadores, de sus comunidades y de un país entero. Sin embargo, no fue así como se presentó lo sucedido. Unite sufrió otro ataque brutal. David Cameron comparó a Unite con la mafia y los definió como unos «matones», porque sus activistas habían protestado delante de las casas de los ejecutivos de la empresa que habían planeado mandar al paro a miles de trabajadores. Se realizó una investigación oficial de las tácticas de Unite, encabezada por Bruce Carr, un abogado de la Corona a quien Unite acusaba de ser «un letrado con un expediente antisindicalista que se remontaba a muchos años atrás», todo con la meta de reforzar unas leyes antisindicales ya de por sí represivas.

Todo esto resume el orden político. Los miembros de los grandes partidos han tenido que adaptarse a unas políticas que antaño pertenecían a los sueños de los escuderos. Primero se promovió una mentalidad de codicia generalizada entre la élite empresarial, y ahora este espíritu también ha infectado a la clase política. Los políticos se han convertido en representantes descarados de los intereses privados, tanto dentro como fuera de Westminster. Y, sin embargo, quienes se ven sometidos a una vigilancia y a unos ataques implacables son los críticos del statu quo.

El orden político actual apenas afronta desafíos importantes. No obstante, la confianza en los políticos ha alcanzado un nivel lamentablemente bajo: de acuerdo con la empresa de encuestas Ipsos MORI, más del 50 por ciento de los británicos cree que los parlamentarios anteponen sus propios intereses; el 72 por ciento no confía en que digan la verdad; y el 65 por ciento cree que por lo menos la mitad de los parlamentarios usa su poder para obtener ganancias personales.[34] «Todo el mundo sabe que la gente odia a los políticos», me cuenta Gloria De Piero, expresentadora de televisión reconvertida en miembro del gabinete en la sombra laborista, en una ruidosa cafetería de la Cámara de los Comunes, mientras el espectro al completo de la élite política, desde ministros hasta secretarios privados, atacan sus almuerzos. De Piero tiene unas formas distintas a las de la mayoría de los políticos. Habla con un fuerte acento de Yorkshire y se muestra locuaz y campechana. Desde su elección, ha viajado por todo el país para hablar con los votantes y averiguar por qué los políticos caen tan mal. «En todos los grupos salen las mismas cuestiones. Creen que estamos en política por interés propio, en general, aunque hay margen para el perdón: si tienen un buen representante local, te dicen: “Ése no está mal”». Pero, en general, las palabras que los votantes asocian con los políticos son poco alentadoras. «Mentirosos y arrogantes, los unos y los otros, guiados por el interés propio. Está muy mal la cosa». Este desprecio generalizado hacia los políticos electos constituye sin duda una condena al estado de la democracia británica; sin embargo, este cinismo tan extendido se manifiesta principalmente en forma de resignación pasiva, niveles cada vez más bajos de participación electoral —del 77,6 por ciento de 1992 se ha pasado al 65,1 por ciento de 2010— y una caída del número de afiliados de los partidos políticos.

La vida política británica sigue estando bajo un sofocante yugo ideológico. El recorte de impuestos a los ricos; la venta de recursos públicos; la reducción del Estado; los recortes de la seguridad social; el debilitamiento de los sindicatos: todo esto se hace pasar constantemente por la normalidad, por el «centro» del que sólo se desvían los extremistas y los que nunca saldrán elegidos. Todos aquellos que se cree que se han desviado lo más mínimo del «mensaje», que se han apartado ligeramente del pensamiento del Establishment, son estigmatizados y difamados, y se afirma que están fuera de los límites del debate político legítimo. Las élites políticas y adineradas no son entidades separadas: hay un profundo solapamiento entre ellas.

No son únicamente los políticos los que hacen cumplir las ideas del Establishment, claro. En teoría, en cualquier democracia que funcione como es debido, los medios de comunicación existen para criticar y para cuestionar el estado de las cosas. Sin embargo, el Establishment tiene en los medios de comunicación británicos a su lobby más eficaz.

3 MEDIOCRACIA

Richard Peppiatt puede decir que conoce a la perfección el reverso oscuro de los medios de comunicación británicos. Nos reunimos en el ruidoso bar del Soho Theatre. Mientras nos bebemos un par de pintas de cerveza rubia, Richard —que aún no ha cumplido los treinta— rememora sus sueños de infancia. Siempre había querido ser periodista, pero, como provenía de una familia de clase obrera, se imaginaba que un sitio como el Guardian sería un nido de elitistas de Oxbridge que no aceptaría a alguien como él. Después de un golpe de suerte, terminó en 2008 en el Daily Star. Puede que no fuera el periódico que él habría elegido, pero, aun así, Peppiatt había conseguido sortear las barreras que impedían la entrada de los no privilegiados en el mundo de los medios de comunicación. Estaba dentro.

«Pensé, bueno, a la mierda, ya me da igual, de lo que se trata es de ir escalando posiciones —recuerda—. Y eso es lo que hice durante los dos años y medio siguientes: me puse a trabajar en el Daily Star y básicamente dejé de lado todos mis principios, pensando: “Bueno, ahora tu trabajo es esto, y en tu tiempo libre puedes creer lo que quieras, pero mientras estás trabajando no hay resistencia posible. Esto es lo que quieren que escribas, y si no lo haces, te cae una bronca”».

Trabajar en el Daily Star podía ser divertido. Tenía sus gratificaciones, como las invitaciones constantes a fiestas del mundo del espectáculo llenas de famosos. Poco a poco, sin embargo, Peppiatt empezó a darse cuenta de que formaba parte de una campaña mediática para dirigir la ira de los lectores contra una serie de chivos expiatorios. Llegaba a la redacción y le pedían que escribiera un artículo que dijera que «los musulmanes habían hecho esto, aquello y lo otro. Mirabas los hechos y decías: “Pero, en realidad, no lo han hecho, ¿verdad?”». Los inmigrantes que pedían asilo eran uno de los blancos favoritos del periódico: en un caso, el Daily Star lo mandó a acosar a una familia que, tras huir de la guerra civil de Somalia, se había alojado en una casa de Chelsea de cinco dormitorios. Peppiatt acampó delante de la vivienda junto con otros periodistas: «Me acuerdo de que, al día siguiente, llegué a la redacción y les dije que no había salido nadie de la casa, y entonces un jefe de redacción me llamó a su despacho, abrió un ejemplar del Sun y me dijo: “Mira, tienen una cita del padre de los refugiados en la que dice: ‘Me da igual, pienso pillar lo que pueda’”. Y yo le dije: “Pero si ni siquiera ha salido de la casa, no puede haber dicho eso, me he pasado el día entero ahí”. Y él me contestó: “Ésa no es la cuestión. Tienes que ser más listo”».

A Peppiatt le fue quedando cada vez más claro que aquella clase de cobertura seguía siempre un mismo patrón. «Siempre hay que culpar a alguien de los males de nuestra sociedad —me dice—, y, para mí, eso impide cuestionarse realmente cuáles son las razones verdaderas de muchos males de la sociedad. Puedes decir simplemente: “Todo es culpa de los puñeteros inmigrantes, o de los puñeteros musulmanes”. Lo que no te dejan es cuestionarte si realmente es así. Cuando, en realidad, los lectores deberían tener objeciones más fundamentales que plantearle al sistema en que vivimos». El trabajo se le volvió insoportable. Ahogaba su desesperación en alcohol. «Tenía una sensación muy fuerte de haber vendido mi alma. Odiaba lo que estaba haciendo».

Al final, Peppiatt se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Con la ayuda de tres cuartos de botella de Jack Daniel’s, escribió una contundente carta abierta al propietario del Daily Star, Richard Desmond. Se quedó un rato con el dedo suspendido encima de la tecla de «enviar», consciente de que, cuando la pulsara, su vida cambiaría y se quedaría sin trabajo. Cuando su carta se publicó en marzo de 2011, Peppiatt consiguió mucha atención, pero también sufrió las consecuencias. Recibió amenazas de muerte, incluida una avalancha de llamadas telefónicas y mensajes de texto —en un momento dado, uno cada diez minutos— procedentes de números distintos. Uno de ellos decía: «Eres un hombre marcado hasta que mueras, te pillaremos, estoy delante de tu casa ahora mismo». Su novia, aterrada, abandonó el hogar de la pareja, y él tuvo dos meses un bate de béisbol en el recibidor de su casa. En una de las llamadas, oyó a un hombre que se masturbaba. El autor de aquella llamada era un famoso lunático, al que diferentes organizaciones mediáticas contrataban para cometer acciones contrarias a cualquier ética. Parecía que estaban intentando intimidar a Peppiatt para que se callara.

Michelle Stanistreet sabe muy bien lo que es combatir a un ente mediático decidido a encontrar cabezas de turco. En la actualidad es secretaria general del Sindicato Nacional de Periodistas. Me cuenta su experiencia en el Daily Express: «En 2001 tuvimos problemas con la cobertura de los peticionarios de asilo —me dice—. Yo me quejé de mi periódico ante la Comisión de Quejas de la Prensa. Pero como por aquella época nuestro redactor jefe ocupaba un puesto en la comisión, solamente recibimos una nota ridícula de Christopher Meyer [presidente por entonces de la Comisión de Quejas] donde nos decía que él no veía ningún problema y que tampoco creía que se estuviera presionando a los periodistas para que escribieran aquellas cosas». En otro caso, unos colegas suyos denunciaron a su periódico ante la Comisión de Quejas por sus ataques a los gitanos. Tampoco consiguieron nada. Llegó un punto, sin embargo, en que los periodistas del Daily Express abandonaron la redacción —una situación casi sin precedentes en el periódico—, asqueados por una página «satírica» titulada el «Fatua exprés» que se burlaba de los musulmanes. Después de un enfrentamiento con la dirección, los jefes de redacción retiraron la página.

Las experiencias de Peppiatt y Stanistreet ilustran la falta endémica de honradez y la invención de mitos que reina en los medios de comunicación. En lugar de ofrecer una visión honrada de la sociedad británica, a los medios de comunicación les encanta hurgar en busca de ejemplos extremos que se puedan usar para apelar a los prejuicios y a las inseguridades más extendidos entre la gente. Al hacerlo, están trabajando en tándem con el consenso político. Por ejemplo, los periódicos se dedican a difundir de forma rutinaria el mismo mantra sobre la seguridad social que repiten como loros todos los partidos políticos: que el contribuyente está subsidiando a gente inútil y perezosa hasta la médula. En agosto de 2010, tres meses después de que la coalición liderada por los conservadores se hiciera con el poder, The Sun lanzaba una campaña que les formulaba a los lectores la siguiente petición: «Ayúdenos a detener a quienes están gorreando mil quinientos millones de libras en subsidios». A continuación aparecía citada gente con subsidios —generalmente con muchos hijos— que se jactaba de que los mantenía el Estado. El Daily Mail publicó un artículo sobre una pareja que exigía una casa más grande para sus hijos y la serpiente pitón que tenían de mascota. «Acabemos con la cultura del “recibir sin dar”», decía un artículo del Sunday Times, acompañado por una foto de la emblemática familia Gallagher, los ficticios «gorrones» de la comedia televisiva «Shameless», como si de alguna forma aquella familia representara lo que pasaba en la vida real. Hasta incluía una cita de un funcionario de Whitehall que describía la clase de régimen que los solicitantes de subsidios podían esperar hoy en día: «Si queremos que bailen claqué, pues bailarán claqué».

Esta cobertura mediática no le transmite al electorado la realidad de la situación, ni de lejos. Una encuesta de YouGov publicada en enero de 2013 reveló que el ciudadano medio consideraba que un 27 por ciento de los subsidios de la seguridad social se solicitaban de forma fraudulenta (nada que ver con la cifra real, que era el 0,7 por ciento); que el 41 por ciento de las ayudas sociales estaban destinadas a la gente desempleada (solamente se invierte el 3 por ciento en el subsidio de desempleo); que los subsidios eran más generosos de lo que son en verdad; y que la gente los pedía durante más tiempo que en la realidad.[1] Otra encuesta sacó a la luz que el 29 por ciento de la población creía que se destinaba más dinero del contribuyente al subsidio de desempleo que a las pensiones. Pero, de hecho, el gobierno se gasta quince veces más en pensiones que en subsidios. Y, sin embargo, si la gente estuviera mejor informada sobre las cifras verdaderas, sería mucho menos probable que apoyara los recortes a la seguridad social, lo cual demuestra cuánto capital político se puede ganar a base de promover la ignorancia y de distorsionar nuestra realidad.

Otras encuestas han subrayado en qué medida la cobertura mediática ha producido percepciones públicas completamente alejadas de la realidad. Recientemente, una encuesta de Ipsos MORI ha descubierto que los británicos pensaban que se producían veinticinco veces más embarazos adolescentes de los que las estadísticas revelan que hay; que el 24 por ciento de la población de Reino Unido es musulmana, a pesar de que solamente lo es el 5 por ciento de Inglaterra y Gales; y que el 31 por ciento de la población son inmigrantes, cuando la cifra real está entre el 13 y el 15 por ciento.[2]

Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial dentro del Establishment británico. Al apuntar sus armas hacia quienes están más abajo —a menudo a partir de una cobertura fundamentada en distorsiones, mitos y mentiras descaradas—, lo que están haciendo es desviar la atención para que nadie supervise a la élite de ricos y poderosos que hay en lo más alto de la sociedad. Todo esto no debería sorprender a nadie, dado que sus propietarios también forman parte de esa élite y están comprometidos ideológicamente con el statu quo. Hoy en día, debido a cómo y a quiénes los gestionan, gran parte de los medios de comunicación sirven como defensores tremendamente parciales de los intereses de los ricos y de los poderosos.

Fue la campaña electoral más reñida en Gran Bretaña durante toda una generación. En abril de 1992, después de trece años en el páramo electoral —años de desempleo masivo, ataques a los sindicatos y privatizaciones de recursos públicos—, el laborismo y su líder Neil Kinnock estaban a punto de arrebatarle el poder al Partido Conservador, liderado por el sucesor de Thatcher, John Major. El 2 de abril —una semana antes de que los votantes tuvieran que acudir a las escuelas y a los consistorios de los pueblos para depositar sus papeletas—, una encuesta pronosticó que el Partido Laborista obtendría la victoria por seis puntos. El júbilo incipiente entre las bases del partido solamente fue comparable con el horror que le produjo la perspectiva de una victoria laborista a la élite de los medios de comunicación británicos. Después de haber desempeñado un papel crucial en la consolidación del thatcherismo y en la demolición de sus oponentes, ahora Fleet Street no quería correr el riesgo de perder algunos de los grandes logros de los años ochenta. El laborismo —y su líder— se vieron sometidos a una de las campañas mediáticas más vitriólicas de la historia política de la Gran Bretaña de posguerra.

Casi un cuarto de siglo después de que los medios lo descuartizaran, Kinnock me lleva a tomar un café al bar de la Cámara de los Lores. Puede que se pasara toda la vida defendiendo la abolición de ese lugar, pero ahora ocupa un escaño allí. Lo que le queda de su famoso pelo rojo ya está canoso, pero todavía conserva su áspero acento galés. A Kinnock lo atacaban antaño llamándolo la Cotorra Galesa, y no cuesta ver por qué: casi nunca usa una frase si puede utilizar un párrafo. Sin embargo, aunque a veces se muestre demasiado prolijo, es un hombre elocuente y a menudo apasionado, aunque sus respuestas están impregnadas de amargura, y no sólo contra la derecha, sino también contra los miembros de su propio partido y movimiento.

En opinión de Kinnock, aquella campaña no estuvo dirigida principalmente contra su persona, sino más bien contra un «Partido Laborista cada vez más exitoso y atractivo». Decididos a impedir que ganara el laborismo, «los directores de la prensa sensacionalista, con la excepción del Daily Mirror, se reunieron el jueves antes de los comicios —explica Kinnock—. Decidieron coordinar sus ataques contra el Partido Laborista». Dos días más tarde, el Sun, el Daily Express y el Daily Mail regurgitaron un discurso que había pronunciado hacía un tiempo el ministro del Interior conservador, Kenneth Baker, en el que hablaba de unos supuestos planes laboristas para implantar una política de «puertas abiertas» en materia de inmigración. Kinnock recuerda que el Daily Express incluso regaló miles de ejemplares gratis en distritos electorales marginales que podían resultar de importancia crucial. «Él ataque fue en parte contra mi persona —me cuenta—, pero en general fue simplemente contra el laborismo. Contra un Partido Laborista que pensaban que podía ganar, lo cual era un peligro». El día mismo de las elecciones se publicó la tristemente célebre exhortación de la portada del Sun: «Si Kinnock gana hoy, por favor, que el último en irse de Gran Bretaña apague la luz». Como no podía ser de otra manera, los conservadores les arrebataron las elecciones de las manos a los laboristas, cosa que provocó que el exultante periódico se jactara al día siguiente: «Las ha ganado el Sun».

No fue todo obra de los medios de comunicación. Los líderes laboristas no inspiraron precisamente al electorado, y tampoco fue de ninguna ayuda un mitin triunfalista hasta el ridículo que se había celebrado en Sheffield en la víspera de las elecciones. Kinnock se había subido al estrado gritando alegremente: «¡No os preocupéis!». Pero este episodio en sí basta para recalcar lo que sigue siendo una verdad esencial sobre los medios de comunicación británicos: en Gran Bretaña no existe la libertad de prensa. Existe una prensa libre de la intervención directa del gobierno, que es algo completamente distinto. Lo que sucede, en realidad, es que la mayoría de los grandes medios de comunicación los controla un número muy reducido de propietarios movidos por intereses políticos, cuyo control de los medios es una de las formas más devastadoramente eficaces de poder e influencia políticos de la Gran Bretaña moderna. Los términos del debate político aceptable son implacablemente vigilados, sobre todo por parte de la prensa sensacionalista; a quienes infringen esos términos les espera la crucifixión de tinta. En otras palabras, los medios de comunicación son un pilar del Establishment, por mucho que esto les resulte una realidad incómoda a muchos periodistas.

«Está claro que los medios no son libres», me dice la actual miembro del gabinete en la sombra laborista, Angela Eagle, mientras estamos sentados en la cafetería de la Casa Portcullis del Parlamento, abarrotada de ministros, parlamentarios, periodistas y ambiciosos investigadores. «Son unos medios de comunicación dirigidos ideológicamente por sus propietarios, que son gente con unas ideas muy concretas con las que tú o yo no estaríamos de acuerdo montones de veces. Me gustaría que eso se señalara y se entendiera un poco más».

En 1992, los ataques sistemáticos a Kinnock y al laborismo no nacieron únicamente del pánico a que se pudiera dar marcha atrás a las políticas de los años ochenta, que, a fin de cuentas, habían contribuido a dar forma al Establishment moderno. En la década de los setenta, el importante escudero Madsen Pirie había promovido una «contra-deriva» destinada a desmontar el consenso de la posguerra. ¿Quién podía estar seguro de que una victoria laborista en 1992 no haría lo mismo con el Establishment posterior a los ochenta? Kinnock, desde que había asumido el liderazgo del partido, llevaba sugiriendo que si los laboristas llegaban al gobierno, podrían restringir el poder de los medios de comunicación. En 1986 había propuesto importar una legislación estadounidense que ponía límites a la propiedad extranjera de los medios de comunicación, lo cual habría impedido automáticamente a Rupert Murdoch, ciudadano estadounidense, conservar la propiedad de sus periódicos británicos. «Y, aunque era posible que aquellos propietarios intentaran adoptar la nacionalidad británica, a fin de cumplir con los requisitos de la ley», me cuenta Kinnock con una sonrisita burlona, si los laboristas estuvieran en el gobierno «sus solicitudes se cubrirían de polvo en la bandeja de trámites pendientes del ministro del Interior». Fue llegado aquel punto, me dice, cuando Murdoch «decidió que las cosas tenían que pasar del simple antagonismo a la guerra abierta».

Tom Watson es un hombre fornido y con gafas que habla con un marcado acento del oeste de las Midlands. Para él, las luchas de los años ochenta siguen en el horizonte. Cuando nos reunimos en su despacho del Parlamento, todavía es asesor electoral de los laboristas, pero dimitirá en julio de 2013, tras escribir una carta en la que acomete contra «los encargados de marketing, los propagandistas y los asesores especiales» del partido. Siempre se lo ha retratado como un político de la máquina, un matón ciegamente leal a su mentor, Gordon Brown, aunque se resiste con uñas y dientes a tal imagen. Cuando con quince años se unió al Partido Laborista, en 1983, me cuenta, el partido prácticamente «se había suicidado él solo». Por entonces, la batalla, tal como él la percibía, se libraba contra los «reformistas de izquierdas que tenían el control del partido», y el laborismo «se volvió superpragmático a fin de ganar elecciones y dar resultados a la gente a la que representamos». Sin embargo, su descubrimiento del papel de los medios de comunicación británicos le hizo revisar estas ideas. «Esto era una tergiversación de lo que estaba pasando —me dice—. Lo que estaba sucediendo era que en 1981 se había celebrado una reunión secreta entre Margaret Thatcher y Rupert Murdoch en la residencia de vacaciones de la primera ministra, Chequers, en la que él cerró el trato para comprar el Times y el Sunday Times». Murdoch le contó a Thatcher sus planes, que incluían cargarse a los sindicatos y echar al 25 por ciento de la plantilla. Después de esta reunión, el gobierno Thatcher no remitió la oferta de adquisición pública de Murdoch a la Comisión de Monopolios y Fusiones, que podría haber impedido lo que se convertiría en el mayor grupo de periódicos de Gran Bretaña. «Se trataba de cortejar a un medio de comunicación muy poderoso que podía encumbrar o hundir carreras políticas».

La prensa de Murdoch se pasó toda la década de los ochenta y principios de los noventa defendiendo lealmente el proyecto thatcherista y haciendo frente y demonizando a todos sus oponentes, desde los ayuntamientos laboristas hasta el sindicalismo. Era un matrimonio natural. Murdoch era un estridente partidario del populismo de derechas y la reducción del Estado. Sin embargo, después de que en abril de 1992 el magnate estadounidense ayudara a catapultar a John Major al número 10 de Downing Street, a la carreta conservadora no tardaron en salírsele las ruedas. Pocos meses después de la paliza que recibió Kinnock, Gran Bretaña era catastróficamente expulsada del mecanismo de cambio monetario europeo en el llamado Miércoles Negro, el 16 de septiembre de 1992; se perdieron miles de millones de libras, la credibilidad económica de los conservadores quedó hecha añicos y la Administración cada vez más caótica de Major fue dando tumbos desde la crisis en la Unión Europea a los escándalos relacionados con las vidas privadas de los ministros. Y lo que es más importante, parecía que estaba habiendo cambios en las filas de los laboristas. Cuando John Smith, aquel líder socialdemócrata a la antigua usanza, murió de forma repentina en mayo de 1994, lo sustituyó el carismático derechista Tony Blair, que prometió liquidar el compromiso histórico del partido con la propiedad pública, entre otros principios laboristas de toda la vida. El nuevo laborismo, como se hizo llamar, ya no suponía ninguna amenaza al sistema político establecido por el thatcherismo. En julio de 1995, mientras los conservadores se convertían en el hazmerreír nacional, Blair fue en avión a reunirse con Rupert Murdoch en la isla australiana de Hayman y —dos meses antes de las elecciones de 1997 que llevarían fulgurantemente al poder al nuevo laborismo— el periódico The Sun empezó a respaldarlo espectacularmente.

«La forma en que me habían tratado traumatizó a Tony Blair y a Gordon Brown, e hizo que [el nuevo propagandista de los laboristas] Alastair Campbell perdiera la cabeza, furioso —es la explicación que da Kinnock—. De manera que se propusieron neutralizar, en la medida de lo posible, el antagonismo de la prensa». La élite del nuevo laborismo consideraba que ganarse al Sun era crucial para sus posibilidades de victoria.

David Wooding no es el típico periodista del Sun. Procede de una familia obrera de Liverpool, una ciudad que repudió a su periódico después de que éste difundiera las mentiras de la policía sobre las circunstancias en que habían muerto 96 seguidores del Liverpool en la tragedia de Hillsborough, en abril de 1989; muchos quiosqueros todavía hoy boicotean el Sun, y su actual circulación en la ciudad es apenas una cuarta parte de los cincuenta y cinco mil ejemplares que vendía a diario antes del desastre. Wooding es un hombre prematuramente canoso, con un ojo de cristal —legado de un accidente de coche en su juventud— y con unos modales bruscos pero amigables. En los ochenta, trabajó con Alastair Campbell, un incisivo gacetillero del Daily Mirror que apoyaba a los laboristas y a quien Blair acabaría reclutando. La noche de las elecciones de 1997, Wooding, reportero del Sun, estaba cubriendo el distrito electoral de Blair, Sedgefield, cuando Campbell lo convocó a su despacho. «Yo le pregunté cuál había sido el factor decisivo de la campaña electoral —rememora Wooding—. Y él me dijo, sin dudarlo, que el factor decisivo que había llevado a la victoria de los laboristas era que hubiera acudido el Sun a ayudarlos».

«Puedo entender que Blair quisiera rebajar las hostilidades —dice Tom Watson—. Me acuerdo de que el movimiento estaba en guerra contra el Sun, o bien el Sun estaba en guerra contra el movimiento, de manera que entiendo que Blair quisiera entablar una relación personal con aquella poderosa e importante figura del mundo de la comunicación». Watson se muestra relajado, reclinado en el respaldo de su asiento y con las manos detrás de la cabeza, pero la verdad es que le sobran razones para tener un recuerdo amargo de la alianza entre el nuevo laborismo y Murdoch. En 2006 dimitió del gobierno de Tony Blair e invitó al primer ministro a marcharse él también. Blair montó en cólera y tachó a Watson de «desleal, descortés y equivocado», pero al final la huida de Watson contribuyó a acelerar la dimisión de Blair como líder laborista, en junio del año siguiente. Pese a todo, Watson está convencido de que los amigos que tenía Blair en News International se comprometieron a destruir su carrera como un acto de venganza. En 2009, el Sun afirmó falsamente que el exministro de Defensa formaba parte de una conspiración destinada a calumniar a los conservadores, la cual consistía en inventarse historias vergonzosas sobre sus vidas privadas. El periódico acabó por tener que pagarle daños y perjuicios por injurias.

La experiencia de Watson constataba que la relación de Blair con el imperio Murdoch iba mucho más allá de la neutralidad: se había vuelto íntima. Tanto, de hecho, que el propio Blair acabaría formando parte del clan Murdoch. Tras renunciar al cargo de primer ministro, le pidieron ser el padrino de uno de los hijos pequeños de Murdoch y estuvo presente, ataviado con túnica blanca, mientras al niño lo bautizaban en una ceremonia a orillas del río Jordán. «Hay algo fundamentalmente incorrecto en el hecho de que cualquier político tenga amistad en secreto con un hombre de esa posición», dice Watson.

El imperio Murdoch había respaldado al nuevo laborismo de Blair porque estaba convencido de que cualquier amenaza que el partido hubiera podido suponer en el pasado ya había sido erradicada —en parte gracias a la tarea que el mismo Murdoch había desempeñado—, y en cualquier caso los conservadores no tenían posibilidad alguna de ganar. Pero Murdoch también creía que podía obtener una serie de concesiones políticas muy valiosas del nuevo laborismo, y ciertamente las consiguió. Después de que esta corriente subiera al poder, News International contrató a la firma de consultoría política Lawson Lucas Mendelsohn (LLM) para que diluyera la Ley de Relaciones Laborales, una ley muy modesta sobre los derechos de los trabajadores. «Hicieron una exitosa presión para crear una legislación que prohibiera a la gente organizarse de forma colectiva en [la planta de impresión que tenía News International en] Wapping —cuenta Tom Watson—. Habían conseguido expulsar a los sindicatos, y Murdoch no les iba a permitir que volvieran». A cambio, la legislación permitía las asociaciones de empleados, que venían a ser organizaciones controladas por la empresa que reemplazaban a los sindicatos. Pero el poder político que ejercía el imperio Murdoch era complejo. El ansia de los políticos por ganarse el favor de aquella poderosa y peligrosa bestia comportaba que a ésta ya ni siquiera le hacía falta ejercer una presión directa. Los políticos del nuevo laborismo intentaban evitar las políticas que pudieran suponer cualquier enfrentamiento con aquel coloso mediático. «La forma más sutil de presión que ejercen esos medios tiene que ver con los temas que no se pueden tratar o con cómo se establecen las prioridades», dice Watson.

En las vísperas de la invasión de Iraq en 2003, la maquinaria propagandística del nuevo laborismo trabajaba a ritmo frenético, abasteciendo a los medios de comunicación de historias espeluznantes sobre las armas de destrucción masiva de Sadam Husein. El ejemplo más tristemente famoso fue la publicación del llamado dosier de febrero, un informe que supuestamente se basaba en trabajos de inteligencia de alto nivel, pero que resultó, en gran parte, estar plagiado de varias fuentes, entre ellas un ensayo de un estudiante universitario. Aunque había periódicos como el Daily Mirror o el Independent que se oponían a la invasión, la mayoría de los medios de comunicación se negaron a comprobar la veracidad de las afirmaciones del gobierno; hasta un periódico progresista como el Observer respaldó la guerra. El imperio Murdoch no escatimó nada en su casi histérica campaña de apoyo a los planes de invasión. Los 175 periódicos que tenía Murdoch por todo el mundo respaldaban la guerra. Los medios de comunicación se convirtieron en un pilar de la campaña propagandística en la marcha hacia el conflicto.

Un importante historiador recuerda que, en 2003, participó en un evento privado dentro del Festival de los Escritores de Sídney y que allí plánteo «lo que yo pensé que era el desastre que se avecinaba en Iraq si acababa habiendo una guerra, así como esa paradoja que es que obtengas una victoria militar aplastante y con la misma rapidez pierdas la paz». Una figura muy destacada de la prensa de Murdoch se puso de pie al instante, delante de todos los invitados congregados, y la emprendió con él. «Fue un episodio que dio miedo y al mismo tiempo resultó ridículo», recuerda, y que a él le mostró a las claras el fanatismo con que el imperio de Murdoch estaba entregado a la guerra de Iraq. El historiador en cuestión tenía la teoría de que, como Murdoch no había conseguido entrar en China, veía Oriente Medio como una nueva frontera en potencia para sus periódicos y sus canales de televisión, algo que solamente sería posible si el poder estadounidense reconstruía la región. «Si los periódicos de Murdoch hubieran estado en contra de la guerra de Iraq, estoy seguro de que no habría habido guerra», dice Chris Bryant, exministro de Exteriores del gobierno laborista, que votó a favor de la invasión.

Cuando, en junio de 2007, Gordon Brown sustituyó a Blair como primer ministro, se mostró ansioso por anunciar una investigación sobre la guerra de Iraq, para demostrar que él sí que representaba un cambio respecto a la Administración anterior. Sin embargo, tuvo que afrontar una serie de fuertes presiones: funcionarios que le susurraban al oído que estaba mal hacer aquello mientras todavía hubiera tropas británicas sobre el terreno en Iraq, así como parlamentarios blairistas que amenazaban con denunciar su traición. Y, nuevamente, los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial.

Damian McBride era uno de los principales secuaces de Brown. Tras sus inicios en el funcionariado, llegó a convertirse en jefe de Comunicación de Hacienda en 2003, mientras Brown ocupaba todavía la cartera. Dos años más tarde pasó a ser uno de los asesores cruciales de Brown, pero en 2009, tras filtrarse una serie de correos electrónicos que le había enviado al expropagandista del laborismo Derek Draper, salió a la luz que los dos estaban involucrados en una conjura para difamar a una serie de importantes políticos conservadores, esencialmente a base de difundir rumores sobre sus vidas personales y sexuales.

Yo me esperaba que McBride fuera un matón rufianesco, la clase de propagandista que salía en la comedia política «The Thick of It», siempre con una salva de palabrotas preparada para lanzarle a cualquiera que se saliera de la línea oficial. Sin embargo, al reunirme con él en un pub del sur de Londres, me encuentro con un hombre comedido, tímido y de cara rubicunda que habla con franqueza de su antiguo jefe. De acuerdo con McBride, es casi seguro que el primer ministro Brown habría decretado la investigación «si no hubiera estado preocupado por cómo reaccionarían los medios de comunicación, que seguramente saldrían en defensa tanto de Blair como de sí mismos por Iraq. Pero es que además lo habrían atacado a él en persona por anunciar una investigación mientras las tropas seguían sobre el terreno».

La decisión de no emprender ninguna investigación sobre la guerra de Iraq tuvo consecuencias políticas potencialmente devastadoras. En otoño de 2007, Brown parecía estar a punto de convocar elecciones generales cuando, de golpe, se echó atrás catastróficamente cuando los miembros del gabinete en la sombra conservador le hicieron tropezar en una sesión sobre el impuesto de sucesiones. Su gobierno jamás se recuperó de aquella debacle. El hecho de no decretar la investigación sobre la guerra fue un factor añadido. «Iraq se volvió un poco un argumento para que los votantes descontentos dijeran: “Con éste no ha cambiado nada”», explica McBride. Había votantes que por el tema de Iraq habían abandonado el laborismo para apoyar a los liberal-demócratas y que consideraban que la guerra era una de las razones para no confiar ya en el partido. «Podría haber marcado la diferencia en el juicio de 2007».

Con el nuevo laborismo en el poder, los barones de los medios de comunicación ganaron tanta importancia que Blair y Brown los visitaban como si estuvieran rindiéndoles homenaje en una corte real. McBride recuerda que, junto con los financieros, los periodistas eran la «única gente» a la que el ministro de Hacienda o el primer ministro iban a visitar. El hecho de que, a las primeras de cambio, a Gordon Brown lo «metieran en un coche rumbo al Daily Mail para reunirse allí con [su director] Paul Dacre» era un «reflejo tremendo» del poder de los medios. Entretanto, los directores del resto de las industrias tenían que concertar citas con Brown y sus conversaciones eran escrupulosamente registradas por funcionarios. Se trataba de unas discusiones estructuradas muy formalmente, donde, tras repasar todos los puntos, se notificaba a los asistentes: «Muchas gracias por presentarnos su posición, la estudiaremos atentamente». No era así con los barones de los medios. Brown iba con ellos a cenas donde, en palabras de McBride, «sabías que se iban a decidir muchas cosas», y en las que se trataban las cuestiones «entre dos personas y sin nadie escuchando ni ningún funcionario haciendo el acta». Eran unas cenas y unas reuniones protegidas de cualquier forma de responsabilidad política. Nadie sabía qué clase de tratos se cerraban en ellas.

Se trata de una forma de hacer las cosas que otorga a los barones de los medios de comunicación una enorme influencia política. «Nunca vi ninguna situación en que Gordon dijera “Esto es negro” y luego se fuera a ver a Rupert Murdoch y volviera diciendo “Esto es blanco”», aclara McBride. Y, sin embargo, según él, los deseos de aquellos magnates mediáticos no electos contribuían a diseñar las políticas de los gobiernos electos, y además muy a menudo. «Hubo muchas situaciones en que antes de ir me decía: “No sé qué hacer con esto”, y luego volvía y me decía: “No, no vamos a hacerlo para nada” o bien “vamos a hacerlo seguro”. Algunas de esas [cuestiones políticas] eran muy específicas de su industria, pero otras eran bastante generales. De repente, se interesaba enormemente por una medida en concreto porque alguien le había transmitido su punto de vista y le había dicho que la consideraba prioritaria». Las prioridades de la élite de los medios se convirtieron en las del propio gobierno.

Las opiniones políticas de los propietarios de los medios marcaban la pauta a sus periódicos, transformados en eficaces maquinarias de presión política. A menudo, los directores de los distintos medios de comunicación afirman que ellos se limitan a reflejar las opiniones de sus lectores. Cuando, por ejemplo, en 2007 un comité parlamentario le preguntó a Peter Hill, director del Daily Express, cuál pensaba él que era el papel de un director de periódico, Hill respondió: «Creo que tenemos que hablar por nuestros lectores y por el pueblo británico tal como nosotros lo entendemos».[3] Según McBride, sin embargo, tanto los propietarios de los medios como sus directores admitían en privado ante los políticos que «les importaba un pimiento» lo que pensaran sus lectores: «Lo que importa aquí es lo que pienso yo». Tampoco David Wooding, del Sun on Sunday, se corta un pelo al hablar del tema: «¿Me preguntas si el Sun apoya a alguien porque es lo que piensan los lectores, o sea, si seguimos la pauta de ellos, o bien intentamos influirlos nosotros a ellos? Está clarísimo que el Sun expresa su propia opinión. Tiene una línea y ésa es la que seguimos».

Frente al 36 por ciento de votantes que optaron por los conservadores en las elecciones generales de 2010, el 71 por ciento de los periódicos, según las cifras de circulación, respaldó al partido de David Cameron. A lo largo de 2013, las encuestas no pararon de darle al laborismo una ventaja importante en los sondeos de opinión, mientras que los conservadores, por lo general, languidecían entre el 28 y el 33 por ciento. Y, sin embargo, la mayoría de los periódicos importantes siguieron apoyando al gobierno liderado por los conservadores, lo cual venía a desmentir cualquier idea de que fueran unos simples portavoces de la opinión pública británica. Mientras las encuestas no paraban de demostrar que la gran mayoría de los ciudadanos británicos quería medidas como la renacionalización de los ferrocarriles, la energía y los servicios; el control de los alquileres; la introducción de un salario mínimo y la subida de los impuestos a los ricos, no había ni un solo periódico importante que respaldara tales peticiones. Al contrario. Los medios de comunicación están casi por completo entregados a las políticas y a las ideas del Establishment, que intentan popularizar entre el gran público.

Unos evasores fiscales como los hermanos Barclay —las figuras más ricas del panorama mediático británico— gozan de un poder formidable gracias al Daily Telegraph. Cuando visito la sede de este periódico conservador y tradicionalista en el barrio londinense de Victoria, casi espero cruzar un portal temporal que me lleve a los años cincuenta. Su sala de oficinas sin paredes interiores, sin embargo, es la cumbre de la modernidad; hileras de jóvenes revelación vestidos a la última y tecleando frenéticamente en ordenadores de gama alta, mientras otros se dedican a beber sus caffè latte congregados alrededor de pantallas planas gigantes que retransmiten la programación informativa. La llegada de alguien como yo —que se sabe que tiene unos valores algo distintos a los de su periódico— genera bastante interés y alguna que otra expresión de perplejidad. El subdirector (hasta una brutal purga llevada a cabo en el seno del periódico a mediados de 2014), Benedict Brogan —que lleva gafas sin montura y tiene unas cejas negras que contrastan poderosamente con su pelo blanco— me lleva a una oficina apartada. Antes de empezar la entrevista, me pide ansiosamente garantías de que no estoy intentando tenderle ninguna trampa. «Los periódicos no son servicios públicos —opina—. Son amalgamas privadas, operaciones comerciales, hechas con la esperanza de ganar algo de dinero y de vender sus productos. Creo que sería una completa locura decir, por ejemplo, que el propietario del tren de juguete no tiene poder sobre el tren de juguete. Iría en contra de la que ha sido la verdad sobre los periódicos desde tiempos inmemoriales ¿Qué sentido tiene ser propietario de un periódico si no puedes interesarte por sus estrategias».

La comparación que hace Brogan con los trenes de juguete resulta reveladora: los periódicos son los juguetes, los muñecos de sus propietarios. E interesarse es un eufemismo ñoño para describir cómo los propietarios estampan su huella ideológica sobre sus periódicos y transforman sus propias agendas políticas en fuerzas públicas que haya que tener en cuenta. «Sería sorprendente que un periódico reflejara un espectro de puntos de vista que no coincidieran de alguna forma con los de sus propietarios», dice Brogan. El problema de lo que está admitiendo es que cualquiera que sea lo bastante rico como para comprar un periódico tiene un interés creado en mantener un orden que proteja la riqueza y el poder. Si de verdad es inevitable que las opiniones de los periódicos reflejen hasta cierto punto las de sus propietarios, entonces eso garantiza que los medios de comunicación británicos operen como meros portavoces de los intereses de los ricos.

El veterano periodista Christopher Hird fue corredor de bolsa antes de trabajar para medios de comunicación como The Economist y el Sunday Times. «La posición general del periódico da forma a lo que se escribe en sus páginas —me explica—. La prensa la dirige gente que cree en la propiedad privada de la riqueza y de los recursos, y también en la supremacía de los mercados no regulados como expresión de las libertades públicas». Se trata de unos valores que los periodistas tienen que respetar. «Con la única excepción del Guardian —dice Hird—, todos los periódicos británicos están en manos de gente que básicamente piensa que si trabajas para ellos eso te dicta el marco en el que tienes que escribir. También se da el caso de que algunos de ellos tienen unas ideas sociales de derechas y muy reaccionarias, y eso también da forma al marco en el que trabajas».

Rupert Murdoch habla de su poder de forma muy abierta. En el caso del Sun y del antiguo News of the World, él se veía a sí mismo como un «propietario tradicional» que ejercía un «control editorial» tanto sobre uno como sobre el otro, de acuerdo con las pruebas que presentó en 2007 ante un comité de comunicación de la Cámara de los Lores. «El señor Murdoch no oculta para nada el hecho de que él tiene el control tanto económico como editorial —dicen las actas del comité—. Ejerce un control editorial sobre los temas de importancia, como a qué partido hay que respaldar en unas elecciones generales o cuál ha de ser la línea política sobre Europa». Afirmó que no tenía el mismo poder sobre el Times o el Sunday Times, pero que, aun así, llamaba a los directores para preguntarles: «¿Qué estáis haciendo?». No parece muy probable que, teniendo a Murdoch al otro lado de la línea, a sus directores les diera por llevarle la contraria de ninguna forma. En la Comisión de Investigación Leveson sobre los medios de comunicación británicos de 2012, Murdoch declaró abiertamente: «Si quieren ustedes juzgar mis ideas, miren el Sun». Durante la misma investigación, la exdirectora del News of the World, Rebekah Brooks, explicó que, aunque ella hubiera preferido más noticias de famosos, «en general, y sobre los grandes temas, teníamos puntos de vista parecidos». Murdoch la contrató, básicamente, porque sabía que Brooks garantizaría que el News of the World proyectara las ideas personales de su dueño.

Lo que garantiza que los periódicos se ajusten a la línea del Establishment no es solamente quiénes son sus propietarios. Los medios de comunicación se han ido convirtiendo cada vez más en un coto cerrado para la gente de orígenes privilegiados. A la gente con menos recursos económicos se la va descartando por una serie de razones. En primer lugar, está la proliferación de prácticas no retribuidas, que obliga a quienes aspiran a ser periodistas a pasarse épocas largas trabajando gratis, a menudo sin demasiada perspectiva de tener algún día un trabajo remunerado. Por lo general, los únicos que pueden permitirse semejante explotación son quienes pueden vivir del «Banco de Papá y Mamá», sobre todo en Londres, que es una de las ciudades más caras del mundo. Otra barrera es que cada vez se exige más haber cursado una serie de caros estudios de posgrado, que ya son un requisito previo para poder colarse de alguna forma en la industria periodística. «Hace veinte años te daban mucha formación en el mismo puesto de trabajo —dice la subdirectora del New Statesman, Helen Lewis—, pero, hoy en día, esos mismos puestos los han externalizado y se los han dado a estudiantes de Periodismo, que primero tienen que pagar por recibir formación y luego encima van y aceptan un trabajo de mierda por quince mil libras, de las que misteriosamente ellos han invertido nueve mil». Antaño la prensa local constituía una vía de entrada para los aspirantes a periodistas de la clase obrera y ofrecía un aprendizaje pagado a quienes eran ambiciosos pero carecían de recursos económicos sólidos. Esa prensa, sin embargo, ya lleva tiempo experimentando un tremendo declive: su circulación cayó un 3 por ciento respecto a 2013.[4]

Y, aun así, el periodismo se ha convertido en una carrera todavía más popular, lo cual ha generado una mayor competencia para un número cada vez menor de puestos de trabajo remunerados. «Tanto los recién licenciados como los estudiantes se mueren de ganas de venir a los medios de comunicación y hacerse periodistas —dice Benedict Brogan—. Eso ha cambiado espectacularmente en los últimos treinta años; se ha convertido en una carrera cada vez más popular». No es de extrañar que, de acuerdo con el Sutton Trust, más de la mitad de los cien periodistas más influyentes de Gran Bretaña hayan estudiado en universidades privadas —a pesar de que en la educación privada solamente hay un 7 por ciento de los estudiantes británicos—, mientras que solamente el 10 por ciento proviene de la enseñanza secundaria no selectiva, a diferencia de nueve de cada diez británicos.[5] Hay muy pocos periodistas con cargos altos que no sean blancos, así como escasas mujeres. «Hay un problema clásico: cuando empiezas en el periodismo, la mitad de tus compañeros son mujeres, y luego la tasa de abandonos se vuelve increíblemente alta», dice Helen Lewis. En gran parte, ella lo achaca a los horarios antisociales que tiene el periodismo. Sus colegas varones están más dispuestos que las mujeres a ver poco a sus hijos. «De manera que, a medida que vas subiendo, cada vez hay menos mujeres».

Vincent Moss, el redactor jefe de Política del Sunday Mirror, es una excepción entre los periodistas de esta sección que rondan el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. «Yo estudié en lo que Alastair Campbell llamaría una “vulgar escuela no selectiva de Sussex” —me explica—, y no creo que te encuentres a muchos redactores jefe de Política que vengan de la enseñanza no selectiva». Moss se formó como periodista trabajando en la prensa regional de Bristol antes de dar el salto a los periódicos nacionales. «Así que he recorrido un camino muy largo —dice—. Y sin tener ningún contacto en especial para entrar en el juego, a diferencia de muchísima gente que sí que puede usar sus contactos».

Debido a que los medios de comunicación se nutren de forma desproporcionada del estamento más privilegiado de la sociedad británica, hay toda una serie de consecuencias inevitables relacionadas con cómo los periodistas perciben las noticias, o qué temas deciden que son prioritarios. «Uno de los problemas de los periodistas que hacen presión política es que están obsesionados con cuestiones que los afectan a ellos y a sus colegas», dice Moss, recalcando que a menudo se trata de «cuestiones centradas en Londres». El riesgo que entraña esto es que las prioridades de los periodistas acaben «no teniendo nada que ver con las cuestiones que afectan a mucha gente normal y corriente y a muchos de sus lectores». Esos individuos privilegiados y de vida confortable que dominan los medios de comunicación acostumbran a dedicarse a atacar unos servicios públicos que ellos apenas conocen, dado que siempre han usado la sanidad y la educación privadas. La situación preocupa bastante a Moss, que señala que «hasta los comentaristas políticos que mandan a sus hijos a la escuela pública se dedican a especular con los códigos postales», es decir, a trasladarse a zonas más caras donde hay mejores escuelas. Además, «no son conscientes de lo mal que están los servicios de trenes y de autobuses fuera de Londres». En resumen, la mayoría de los periodistas forma parte de una «élite muy metropolitana», que disfruta de un cómodo «estilo de vida» del centro de Londres, en el cual, «por decirlo de alguna manera, a menudo las preocupaciones son cosas como no conseguir mesa en tal o cual restaurante, en vez de la situación de la asistencia sanitaria en un hospital de las Midlands o del norte del país, o del estado de las escuelas en Gales o en Cornualles».

A diferencia de Moss, Christopher Hird viene de la enseñanza privada, pero identifica exactamente el mismo problema. Se acuerda de que un parlamentario de Nottingham afirmaba que sólo el 2 por ciento de sus electores había estudiado en centros privados, de manera que en su circunscripción la educación privada ni siquiera se podía considerar un tema de interés. En cambio, en Londres, «hasta el último ejecutivo que trabaja para un canal de televisión o un periódico no tiene más experiencia que ésa, ¿no? —dice Hird—. Hay excepciones, sí, pero, en general, el conocimiento que tienen esos tipos de los problemas de la educación pública les llega completamente filtrado por las cosas que leen, las que escriben ellos mismos y los programas que encargan. De manera que la experiencia de la mayor parte de la población del país jamás irrumpe en sus vidas».

A menudo, los periodistas están todavía más divorciados de las opiniones de la gente normal que la misma élite política. «Hay muchos periodistas que vienen a trabajar a este palacio [la sede del Parlamento] y al final del día se vuelven a sus elegantes casas y se ponen a pontificar contra todo, mientras que los parlamentarios al menos se van a sus circunscripciones —admite David Wooding, del Sun on Sunday—. Y tienen que ir a pasar el fin de semana entre sus electores, lo cual está bien». Sin embargo, continúa, «nosotros solamente lo hacemos una vez cada cinco años, o cada cuatro, cuando nos toca ir de campaña electoral». Con tantos periodistas de orígenes privilegiados, que no usan los servicios públicos y que en vez de codearse con los votantes ordinarios lo hacen con los ricos y los poderosos, ¿acaso es de extrañar que haya franjas enteras de medios de comunicación que defiendan un statu quo con el que se identifican tan estrechamente?

No es solamente que muchos periodistas filtren las noticias a través de unos prejuicios que provienen de sus orígenes privilegiados. Es que también acatan los prejuicios de sus directores, algunos de los cuales parece que se estén engañando a sí mismos para convencerse de que representan al británico de a pie. Tras hacerse público uno de los últimos presupuestos de Gordon Brown como ministro de Hacienda laborista, los periodistas estaban intentando entender cómo habían cambiado los márgenes de ingresos de los contribuyentes. Después de dar la rueda de prensa, Damian McBride vio que un periodista del News of the World —que por entonces dirigía Rebekah Brooks— estaba usando una calculadora al fondo de la sala. «Yo le dije: “¿Estás calculando cómo te va a afectar?”, y él me contestó: “Da igual cómo me afecte a mí. Lo que importa es cómo lo haga a Rebekah”». McBride recuerda que el periodista en cuestión le dijo que «tenía que poder llamarla y decirle: “Te he calculado que el año que viene pagarás X más de impuesto sobre la renta”, puesto que ella se consideraba a sí misma —Dios sabe cómo— ¡la representante de las clases aspirantes a emprendedoras! Quería estar armada con aquella información para poder decirle después a Gordon [Brown] cuando hablara con él: “Menudo palo me has pegado”».

Cada año, en sus presupuestos, el gobierno del nuevo laborismo hacía un gran esfuerzo para evitar penalizar a quienes se compraban coches nuevos, a pesar de las presiones que recibía tanto del Departamento de Transporte como de los activistas medioambientales para imponer un superimpuesto a los nuevos y enormes vehículos de elevado consumo de gasolina. «Sabíamos que si lo hacíamos —admite McBride—, íbamos a afectar directamente a montones de periodistas con altos cargos y directores de periódicos, que iban todos en Range Rover de gama alta. Les íbamos a subir seiscientas libras más al año. Y eso solamente ya sería garantía de que te sacaran al día siguiente como tema de portada». Cada vez que los portavoces del gobierno intentaban explicar que la propiedad de automóviles no era universal, la respuesta de los periodistas siempre era algo así como: «¿De qué estáis hablando? ¿Estáis diciendo que la gente con ingresos bajos no tiene coche? ¿En qué planeta vivís?». McBride sabe muy bien de dónde viene toda esa obstinada ingenuidad. «En parte se debe», admite, a que los periodistas «no tienen ni idea de cómo es en realidad la vida de la gente con ingresos bajos, por mucho que ésta sea una gran parte de sus lectores». Los medios crean agitación en contra de cualquier política que pueda tener algún impacto sobre la gente con privilegios, por minúsculo que sea, puesto que son los mismos que dirigen los periódicos británicos.

Paul Dacre, director del Daily Mail, es el paradigma del periodista poderoso y privilegiado que se ha convencido a sí mismo de que él es la voz del hombre de a pie, del británico común y corriente. Es cierto que a Dacre no le gusta demasiado mezclarse con la élite política: «Es muy tímido, en el sentido de que jamás será un tipo gregario que da el espectáculo —dice un experiodista del Daily Mail que prefiere no dar su nombre—. Si estuviera en una fiesta, se quedaría en un rincón. No es para nada el tipo de persona que almuerza con David Cameron y después cuenta todas las anécdotas. No le interesa realmente formar parte del “club”, que es algo que creo que se nota en su periódico, que es el diario para la gente que se enorgullece de no ir a la moda».

Sin embargo, continúa el periodista, la percepción que tiene Dacre de sí mismo es completamente absurda. «Y llega al verdadero ridículo cuando cae en la creencia de que los izquierdistas lo controlan todo, que el Mail no es más que un pequeño y valiente periódico con solamente tres millones de lectores y que el Establishment está confabulado contra ellos». Dacre, en otras palabras, simplemente forma parte de la misma élite de ricos que sus homólogos de todos los demás medios de comunicación. Tal como señala su antiguo empleado: «No veo cómo se va a encontrar con nadie que viva en casas de protección oficial si solamente se mueve entre Belgravia y las islas Vírgenes Británicas».

Los directores de los medios de comunicación someten a sus periodistas a unos regímenes autoritarios y hasta tiránicos. Cuando Rupert Murdoch fue convocado a la Cámara de los Comunes en 2011, no paraba de dar golpes con esos dedos llenos de anillos en la mesa que tenía delante, para recalcar lo que decía. Su hijo James se dio cuenta de la mala impresión que daba esto e intervino para decirle que parara. No cabe duda, sin embargo, de que el gesto traerá recuerdos escalofriantes a quienes han trabajado con Murdoch. Aquellos que lo han visto en sus oficinas de la News International cuentan que siempre está dando puñetazos en la mesa para darse énfasis y rodeado de empleados de aspecto aterrado.

En el Daily Mail existía la práctica habitual de enfrentar a unos periodistas con otros, mientras que los directores les reescribían los artículos de forma rutinaria. El mismo experiodista del Daily Mail me habla de «un problema» frecuente, que era que un artículo «se vendía de una forma en la rueda de prensa de la mañana», pero luego se cambiaba en función de las instrucciones del director, «por mucho que los hechos no se correspondieran con el cambio». Los periodistas lo aceptaban «por el terror que le tenían a Dacre, y acababa siendo más fácil reescribir el artículo para que justificara el nuevo titular». En otras palabras, si Dacre decidía poner un titular sensacionalista, daba igual que éste reflejara la historia de forma imprecisa: había que alterar los hechos para apoyarlo. El puño de hierro con que Dacre dirige su periódico se refleja en que, a diferencia de otros medios, que, por lo menos, hacen algún esfuerzo para mantener cierta diversidad de opiniones, los columnistas del Daily Mail son absolutamente fieles a la línea editorial, y apenas se desvían de ella.

Los directores de los medios de comunicación tienen un poder tan brutal gracias al aplastamiento de los sindicatos, que antaño eran capaces de plantar cara a las decisiones de la dirección. Durante la huelga de mineros de 1984-1985, el Sun libró una campaña implacable al lado del gobierno y en contra del Sindicato Nacional de Mineros. En una de sus portadas salía el líder del sindicato, Arthur Scargill, con la mano levantada de tal forma que se podía tergiversar maliciosamente para que pareciera un saludo nazi. El titular fue: «El Führer de las minas». Los impresores sindicados, sin embargo, se negaron a publicar aquella injuria. En su lugar imprimieron la portada sin la imagen y con el siguiente mensaje: «Los miembros de todos los equipos de producción del Sun se han negado a reproducir la foto de Arthur Scargill y el titular principal de portada».[6]

Un poder así resultaba intolerable para el imperio Murdoch. De manera que los sindicatos de la impresión fueron aplastados tras el despido en 1986 de los participantes en una huelga de impresores que estaban en contra del traslado de la News International a una nueva planta de impresión situada en Wapping, en el este de Londres. Aquello resultó un punto de inflexión desastroso para todo el movimiento sindical, cuando todavía era reciente la calamitosa derrota de la huelga de mineros. También resultó crucial porque trajo un cambio espectacular a las redacciones de los periódicos, donde el equilibrio de poder se desplazó marcadamente en beneficio de los jefes. «Me parece obvio que en los lugares de trabajo donde no tenemos ninguna organización sindical, y sobre todo en aquellos donde la empresa es increíblemente hostil a los sindicatos en general y en concreto al Sindicato Nacional de Periodistas, el factor miedo a que se sepa que eres de un sindicato o que has acudido a él es increíble —dice Michelle Stanistreet, secretaria general del SNP y experiodista del Daily Express—. También significa que hay montones de trabajadores que no tienen ni apoyo independiente ni voz en sus puestos de trabajo, y no nos sorprende para nada que los lugares donde se han dado los peores abusos sean sitios en los que el SNP carece de una presencia significativa».

No es solamente el aplastamiento de los sindicatos lo que ha asegurado la obediencia interna. La fuerza de trabajo se ha ido volviendo cada vez más temporal, lo cual facilita que la empresa pueda contratar y despedir a periodistas cuando le venga en gana. Todo aquel que no se porte bien se arriesga a que lo despidan de malos modos en un abrir y cerrar de ojos. «Así pues, armarse de valor para romper el silencio y cuestionar algo que te han dicho que hagas, o bien hablar en contra de un artículo mal planteado, o de la opinión de un editorial, es simplemente un suicidio profesional —dice Stanistreet—. Lo único que consigues es exponerte a perder tu trabajo, y ahora mismo resulta increíblemente difícil encontrar otro en el mundo del periodismo. Para hacer algo así hay que ser muy valiente».

Si uno junta todos estos factores, no es de extrañar que la gran mayoría de los medios británicos siga la línea ideológica del Establishment.

A finales de diciembre de 2013, según Reuters, el Partido Comunista, que gobierna China, decretó que los periodistas de ese país tenían que aprobar un examen ideológico, que incluía recordar órdenes del tipo: «Está absolutamente prohibido publicar informaciones que incluyan cualquier comentario contrario a la línea del partido». A los medios de comunicación británicos no les hacen falta exámenes de esa clase. La línea política del Establishment se asegura la obediencia de formas mucho más sutiles y creativas.

Chris Bryant, miembro del gabinete en la sombra, sabe lo aterrador que puede ser que se te pongan en contra los barones de los medios de comunicación. Bryant, un hombre sarcástico que dice las cosas sin ambages, tiene unos antecedentes extraños para ser parlamentario laborista. En su época estudiantil fue directivo de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford; luego se hizo sacerdote y, finalmente, decidió que esto era incompatible con ser homosexual. Cuando en 1997 salió elegido como representante laborista del distrito fuertemente obrero de Rhondda, en el sur de Gales, se lo consideraba un político decididamente leal a la cúpula del partido. Sin embargo, el hecho de tener unas posturas políticas nada controvertidas no lo salvó de que los barones mediáticos le pusieran la vida patas arriba.

El imperio Murdoch «funcionaba por medio del miedo y de los favores», me cuenta Chris Bryant en su despacho de la Cámara de los Comunes; habla en pasado, porque alberga la creencia más bien optimista de que el control absoluto que Murdoch ejercía sobre la élite política ya se ha acabado. «Te hacían un favor político apoyándote desde sus periódicos en unas elecciones generales, o simplemente invitándote a una cena de gala para ver el tenis, mientras, al mismo tiempo, te planteaban la amenaza de que si tú nos jodes a nosotros, nosotros te jodemos a ti o a otros miembros de tu gobierno».

En 2003, Rebekah Brooks, por entonces directora del Sun, había sido convocada para responder una serie de preguntas ante la Comisión Selecta para Cultura y Medios de la Cámara de los Comunes, de la que Bryant formaba parte. Él le preguntó directamente si había pagado alguna vez a agentes de policía, y ella contestó que el periódico sí. Era una práctica ilegal y, sin embargo, en aquella época casi nunca se denunciaba. «Dios sabe que intenté darle cobertura —dice Bryant—. Pero creo que el problema era que había muchos periódicos que lo hacían, y ningún diario quería atacar a otro. Era una especie de código ético entre ladrones». Como parte de la Comisión Selecta, Bryant también criticó a otros periódicos por la misma práctica. «Los critiqué a todos en el curso de cinco semanas y, a finales de año, todos se cobraron su venganza atacando con saña mi sexualidad».

Fue una experiencia humillante. «Creo que esperaron el momento oportuno —dice Bryant—. Aguardaron hasta que me pudieron pillar, y lo más estúpido es que yo les dejé hacerlo». La prensa publicó con todo lujo de detalles lúbricos que Bryant usaba una página web de citas para gais y que allí buscaba encuentros sexuales con otros hombres. Y lo más vergonzoso de todo es que sacaron en portada una fotografía del político posando en calzoncillos. También desenterraron otras historias procaces, sin importar si eran verdad o no. «Parece ser que en la noche de las elecciones generales de 1997 yo obligué a siete hombres a hacerme felaciones a la vez mientras cantaba Things Can Only Get Better —dice con una sonrisa irónica—. Es bastante impresionante». Bryant quedó destrozado. «Me pasé tres meses sin dormir. Después de que aparecieran en mi puerta, estuve literalmente veinticuatro horas temblando. Me sentí violado. Me salió un acosador, tenía gente en mi puerta, habían publicado mi dirección en el periódico». La respuesta a las críticas de Bryant fue implacable. Un experiodista del Daily Mail le pasó un mensaje a través de un amigo: «Confiamos en que para Navidad ya estés muerto».

Tom Watson también tuvo experiencias escalofriantes. «Me amenazaron, ya lo creo», debido a su feroz oposición al imperio Murdoch, rememora, en referencia a una serie de «mensajes directos que me mandaron altos ejecutivos de la News International a través de intermediarios. Tienes que recordar que por entonces yo ya sabía que me habían puesto vigilancia secreta en forma de detectives privados y expertos en tecnología audiovisual». Pero por horrendo que esto pueda parecer, a menudo los periódicos de Murdoch no eran los peores. El Daily Mail y el Mail on Sunday tenían más recursos que la mayoría de los diarios para escarbar y encontrar detalles que pudieran destruir las reputaciones de la gente, a menudo retorciendo cualquier tenue indicio hasta obtener algo sórdido, basándose ya no en la realidad de las cosas, sino en su mera apariencia. «Siempre pueden encontrar algo sobre cualquiera —dice Bryant—. Descubren que tu primo trafica con armas en Lituania; si se esfuerzan lo bastante pueden descubrir algo de cualquiera, y, si no, siempre se pueden inventar alguna historia, lo más fuerte que les sea posible».

En 1992, los medios de comunicación británicos desataron todo su poder político combinado contra el Partido Laborista de Kinnock; casi dos décadas más tarde, estuvieron dispuestos a usar la misma táctica y a poner todo el peso de la mayoría de los medios para respaldar a los conservadores en la campaña de las generales de 2010. El discurso estaba claro: los conservadores eran los elegidos de los medios y eran quienes iban a formar el siguiente gobierno. Durante la campaña electoral, sin embargo, el discurso pareció venirse abajo a raíz de que los tres líderes de los partidos principales participaran en una serie de debates televisados. Aquello resultó ser una grave equivocación estratégica por parte de David Cameron. El líder de los liberal-demócratas, Nick Clegg, consiguió presentarse a sí mismo como insurgente anti-Establishment, y su partido subió como la espuma en las encuestas. El resultado fue la «Cleggmanía». El Sunday Times reveló incluso que la cuota del 72 por ciento de aprobación del público que había obtenido Clegg lo convertía en el líder más popular de un partido desde Winston Churchill. En vísperas de las generales, y con los liberal-demócratas en pleno ascenso, parecía que los conservadores podían verse despojados de la mayoría que ellos y sus promotores mediáticos ansiaban.

Sin embargo, los medios habían decidido que los conservadores de Cameron iban a ganar, así que había que eliminar cualquier obstáculo a ese resultado. Se desató entonces una avalancha de ataques mediáticos contra el líder liberal-demócrata. En la víspera del segundo debate televisado entre los tres líderes de los grandes partidos, en abril de 2010, cuatro periódicos publicaron violentos ataques contra Clegg. «Nick Clegg suelta una diatriba nazi contra Gran Bretaña», dijo el Daily Mail, tergiversando un artículo de opinión que Clegg había escrito ocho años antes y que, en realidad, había sido una polémica contra la persistencia de los prejuicios contra Alemania. El Daily Telegraph y el Daily Mail, entretanto, fueron a por Clegg por una serie de donaciones a su cuenta bancaria destinadas a pagar a un empleado que tenía en plantilla, algo que ya se había publicado en el Registro Parlamentario de Intereses de los Miembros. Mientras lo estaba entrevistando en directo, el presentador de la Sky News Adam Boulton le echó en cara a Clegg la portada del Daily Telegraph, que decía: «Nick Clegg, las donaciones y los pagos de los liberal-demócratas a su cuenta privada». Un titular del Mail on Sunday decía: «Su mujer es española, su madre es holandesa, su padre es medio ruso y su propagandista es alemán. ¿Hay algo británico en el líder liberal-demócrata Nick Clegg?». El Sun, por su parte, había iniciado su campaña electoral con ataques incesantes a los laboristas; ahora apuntó sus cañones hacia Nick Clegg, acusándolo de «titubear» sobre el papel de Reino Unido en Afganistán. «Clegg a la defensiva», publicó el periódico, afirmando que al «gruñón líder de los liberal-demócratas Nick Clegg» se lo veía «agobiado». El Times, en referencia al color oficial de los liberal-demócratas, avisó del «peligro amarillo» que podía echar por tierra las aspiraciones de Cameron al mandato.

Al imperio Murdoch tampoco le hicieron ninguna gracia los intentos de alterar el equilibrio de fuerzas. Cuando el Independent, periódico que apoyaba a los liberal-demócratas, divulgó una campaña publicitaria que decía: «Estas elecciones no las decidirá Rupert Murdoch sino tú», los ánimos se incendiaron en las filas de Murdoch. James Murdoch (el hijo de Rupert) y Rebekah Brooks, por entonces directora ejecutiva de la News International, entraron en las oficinas del Independent hechos una furia y saltándose los controles de seguridad, y se pusieron a gritarle al director Simón Kelner delante de todos los trabajadores del periódico: «¿A qué cojones estás jugando?». Lo más interesante del caso, sin embargo, es que pasaron por el Independent de camino a otra parte. La pareja estaba yendo a reunirse con lord Rothermere, propietario del Daily Mail, que compartía edificio con el Independent. Seguramente nunca sabremos de qué se habló en aquel encuentro.[7]

Esos ataques concertados ayudaron a arrebatarles a los liberal-demócratas su pasmosa ventaja previa a las elecciones. Al final, terminaron perdiendo escaños en las generales, aunque la ofensiva de los medios no consiguió darles la mayoría parlamentaria a los conservadores. El episodio volvió a desacreditar la afirmación de que en Gran Bretaña reina una «prensa libre» e independiente. Los medios de comunicación los integran actores políticos que, resulta evidente, poseen un poder excepcional y que proyectan las opiniones de sus oligarcas propietarios sobre la vida política británica, lo cual contribuye a forjar la dirección política del país.

La voluntad de los medios de dictar quién ostenta el poder sigue siendo igual de fuerte que siempre hoy en día. Cuando a Ed Miliband lo eligieron líder de los laboristas, estaba claro que los medios consideraban inaceptable que un hombre al que ellos habían apodado Ed el Rojo pudiera convertirse algún día en primer ministro de Gran Bretaña, a pesar de que las políticas que proponía apenas cuestionaban el Establishment. El ataque más extremo, sin embargo, llegó en septiembre de 2013, cuando el Daily Mail arremetió contra el difunto padre del líder laborista, un académico marxista que había servido en la Real Armada Británica durante la Segunda Guerra Mundial: lo acusaron de ser «el hombre que odiaba Gran Bretaña». Cuando por fin aceptaron darle a Ed Miliband el derecho a la réplica, repitieron su ataque bajo el titular: «Un legado maligno y por qué nos negamos a pedir disculpas». Afirmaron que si Miliband triunfaba, «habrá clavado una hoz y un martillo en el corazón de este país que tantos amamos de verdad».

Fue un ataque tan extremo que las encuestas revelaron que hasta los lectores del Daily Mail rechazaban aquella arremetida. «Estaban agitando una bandera roja en el aire y afirmando que éramos todos [la cúpula laborista] una panda de izquierdistas radicales —dice Stewart Wood, la mano derecha de Miliband—. No querían más que desacreditar al laborismo para el futuro inmediato. […] Pero la gente rechazó aquello, y la defensa que hizo Ed Miliband de su padre fue una historia muy humana». La ofensiva fue tan chapucera que gran parte del resto del Establishment también consideró que había ido demasiado lejos, o por lo menos tuvo que asumir que el tiro había salido por la culata. Aquella línea de ataque, sin embargo, generaría una serie de ecos más sutiles en el panorama mediático. De acuerdo con Tim Montgomerie, redactor jefe de Opinión del Times, Ed Miliband era un líder «profundamente antipatriótico». Las pruebas que aducía Montgomerie de tal falta de patriotismo era que «después de cuatro años en este Parlamento no ha reconocido para nada que el laborismo llevó a Gran Bretaña al borde de la bancarrota».[8] Esto es absolutamente mentira. Gran Bretaña nunca ha estado al borde de la bancarrota y, además, lo que causó el déficit no fue el gasto —que, por cierto, recibió el apoyo de los conservadores—, sino un colapso financiero global que dejó al mundo occidental en números rojos. En cualquier caso, lo que Montgomerie estaba sugiriendo era que no aceptar el discurso del Establishment sobre la crisis económica equivalía a ser desleal al país.

Los medios de comunicación no se limitan a atacar a los políticos que ellos consideran que se han desviado del guión del Establishment. También los oponentes más radicales del statu quo son marginados y atacados. A finales de septiembre de 2013, más de cincuenta mil personas participaron en una de las mayores manifestaciones de la historia de Mánchester: se concentraron en defensa del NHS ante la sede de la Conferencia del Partido Conservador, que se estaba celebrando en la ciudad. Los medios la silenciaron casi por completo. El corresponsal político de la BBC James Landale se limitó a mencionar de pasada a un puñado de manifestantes que gritaban «escoria conservadora». A menudo, las protestas solamente recibían cobertura si se producía alguna clase de desorden, que entonces se convertía en el centro de la información en detrimento de la aplastante mayoría pacífica. En marzo de 2011, unas cuatrocientas mil personas desfilaron contra los planes de austeridad del gobierno en la llamada Marcha por la Alternativa, organizada por el Congreso Sindical. Sin embargo, gran parte de los medios se aferraron a pequeños incidentes contra la propiedad privada y exageraron drásticamente su importancia. «Las protestas contra los recortes en Londres terminan con violencia y con doscientas detenciones», declaraba el Metro, y para nada se hablaba de que la mayor parte de los detenidos lo habían sido por participar en una sentada pacífica contra la evasión fiscal, justo en los grandes almacenes Fortnum & Masón. «Marcha del Congreso Sindical: los militantes responsables de la violencia» y «Cómo un día familiar desembocó en el caos» fueron las informaciones de la jornada que dio el Daily Telegraph.

Cuando un grupo de manifestantes acampó pacíficamente delante de la catedral de San Pablo de Londres como parte del movimiento global Occupy, los medios se dedicaron a ridiculizarlos y se negaron a tratar en serio los problemas que estaban poniendo sobre la mesa. «Cuando pensamos en ocupaciones, pensamos en los nazis alemanes, en Francia por ejemplo», le dijo Adam Boulton de Sky News a un manifestante de Occupy. Boulton intentó justificar aquellas desconcertantes hipérboles diciéndoles a los manifestantes que «estáis imponiendo vuestra voluntad sobre todos los demás de la misma forma».

Todo esto desmiente la imagen que dan de sí mismos los medios. A ellos les gusta presentarse como antagonistas del Establishment y como pilares de la democracia, que es lo que deberían ser. «Creo apasionadamente, por ingenuo que parezca, en la idea de que los periodistas pueden funcionar un poco como un sistema de limpieza que mantenga la democracia por el buen camino», dice el excorresponsal del Guardian en Westminster David Hencke, mientras que David Wooding cree que «todos los periódicos se han ido volviendo cada vez más anti-Establishment». Sin embargo, cuesta no extraer la conclusión contraria: que los medios y las élites políticas se encuentran más conchabados que nunca.

Lo que suele haber son relaciones personales, o bien gente que intenta seguir las carreras de sus padres. Esto puede darse dentro de los mismos medios, o bien cruzando la supuesta frontera entre ambas esferas. En sí no tiene nada de siniestro. No es raro que surjan relaciones a raíz de pasar mucho tiempo en los mismos círculos, y tampoco es infrecuente que los hijos sientan el deseo de seguir las huellas de sus padres. Por ejemplo, la columnista del Daily Mail Sarah Vine está casada con el ministro conservador Michael Gove; la redactora jefe de Política de Newsnight Allegra Stratton está casada con James Forsyth, redactor jefe de Política de la revista de derechas The Spectator, por su parte, el redactor jefe de Política del Sun, Tom Newton Dunn, es hijo del parlamentario conservador que se pasó a los liberal-demócratas. La relación entre periodistas y políticos también puede trascender lo meramente profesional. Benedict Brogan, del Daily Telegraph, conoce varios ejemplos de periodistas que socializan con los políticos, que se van de vacaciones con ellos y que hasta son padrinos de sus hijos, y viceversa (aunque se niega a traicionar la confianza de nadie dando detalles).

Pero lo que ayuda a cimentar una élite coherente, por encima de todo lo demás, es la puerta giratoria entre los medios de comunicación y la política. El alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, vive a caballo entre ambos mundos. Fue director del Spectator y en la actualidad escribe una columna semanal para el Daily Telegraph (en una ocasión, definió el salario de un cuarto de millón de libras que le paga el periódico como «pienso para pollos»). Si alguna vez llega a primer ministro habrá sido una inversión acertada para los hermanos Barclay. Uno de los columnistas estrella del Times, Matthew Parris, fue parlamentario conservador y estuvo directamente a las órdenes de Margaret Thatcher; otro, Philip Collins, le escribía los discursos a Tony Blair. Tim Montgomerie fue jefe de gabinete del exlíder conservador Iain Duncan Smith, hasta que dejó el cargo para ayudar a formar el think tank de derechas Centre for Social Justice, a continuación dirigir la página web ConservativeHome y, al final, terminar como redactor jefe de Opinión del Times. De acuerdo con el Observer, la mayoría de los miembros del Parlamento opinaban que Montgomerie era «uno de los conservadores más influyentes que hay hoy en día fuera del Consejo de Ministros». Alastair Campbell, que pasó de gacetillero del Daily Mirror a propagandista a menudo implacable de Tony Blair, es quizá el ejemplo más famoso de periodista británico que se ha integrado en la élite política. «Yo opino que si eres periodista, y en concreto periodista político, eso quiere decir que tienes un tipo de ADN que te imposibilita trabajar para cualquier partido —dice el subdirector del Telegraph Benedict Bregan, en tono de censura—, porque el sentido mismo de ser periodista político es que has conseguido ponerte casi por encima de la política, y eso te permite mostrarte en todo momento comprensivo y a la vez hostil con todos los partidos. De manera que la idea de que de pronto puedas darle a un interruptor y hacerte de un partido sugiere que nunca fuiste lo bastante imparcial». Ya en la política, Campbell pudo usar su experiencia en los medios de comunicación para manipular a sus excompañeros de profesión y negar cualquier exclusiva a quienes no eran afines. «Alastair tenía sus favoritos —rememora David Wooding— y se dedicaba a darles las mejores historias al puñado de personas que le seguían el juego».

Sin embargo, hay mucha más gente que ha dado el mismo salto. En agosto de 2013, Cameron contrató como nuevo secretario de Prensa del número 10 de Downing Street al subdirector de Política del Sun, Graeme Wilson. Entretanto, a Tom Baldwin, del Times, le nombraron jefe de Estrategias de Comunicación de Ed Miliband después de que éste saliera elegido como líder del partido; y el redactor jefe de Política del Daily Mirror, Bob Roberts, se convirtió en director de Comunicación de los laboristas, cuyo subdirector fue, a partir de septiembre de 2013, el ex redactor jefe de Política del Sunday Telegraph, Patrick Hennessy. Pero un fenómeno quizá más inquietante es el periodista que termina de escudero de políticos en ejercicio. En 2008, Kamal Ahmed, ex redactor jefe de Política del Observer, tuvo que negar furiosamente las acusaciones que le dirigió el periodista del Guardian Nick Davies, de que había sido un simple títere de Alastair Campbell durante los preparativos de la guerra de Iraq. Davies afirmaba que Ahmed había ido «empapando lentamente a sus lectores en desinformación», a medida que el periódico contribuía a reforzar la defensa de la guerra.

David Aaronovitch, del Times, conoce a varios periodistas que escribieron en secreto para figuras del nuevo laborismo cuando éstas estaban en el poder. Él mismo recibió una oferta de Gordon Brown cuando era ministro de Hacienda. «Me convocó, y allí estábamos, sentados en la sede de Hacienda —rememora—, y me dijo: “Lo que estamos buscando son ideas grandes que puedan reflejar lo que somos”. Yo le dije: “¿Quiere decir cosas como ‘dureza contra el crimen y contra las causas del crimen’?”. Y él me dijo: “Esa frase es mía, se me ocurrió a mí”». Aaronovitch no se quedó demasiado impresionado: «Estoy en la sala del Tesoro, el laborismo ha tardado dieciocho años en llegar al poder, tienes Dios sabe cuántas tareas pendientes que le debes al pueblo británico… ¿y estás intentando impresionarme porque se te ocurrió un eslogan?». Pero, a pesar de sí mismo, Aaronovitch no pudo evitar que la propuesta de Brown le resultara halagadora. Está claro que a muchos periodistas les resulta seductor que los políticos poderosos los elogien y los cortejen.

Hay otros periodistas que han perdido por completo cualquier noción de la distancia que los separa de la élite política. Daniel Danny Finkelstein dirigía el Departamento de Investigación de los conservadores en el gobierno de John Major y acudía a algunas reuniones del Consejo de Ministros. Cuando, después de la victoria aplastante del nuevo laborismo en 1997, William Hague asumió la dirección del Partido Conservador, a Finkelstein lo nombraron asesor político suyo, y hasta se presentó a candidato al Parlamento en las generales de 2001. Cuando, en 2008, pasó a escribir los editoriales del Times, su nombramiento fue un síntoma claro del desplazamiento general de los medios hacia el bando conservador. La influencia de Finkelstein dentro del periódico era arrolladora: primero lo nombraron director ejecutivo y luego, en 2013, director asociado. Pero su participación en la esfera política no se terminó porque ahora formara parte del cuarto poder, ni mucho menos. En junio de 2011 lo nombraron presidente del influyente think tank de derechas Policy Exchange, una organización formada por altos cargos del Partido Conservador. Y, sin embargo, fue otra cosa lo que llevó a Finkelstein al corazón mismo del gobierno conservador.

Poco más de un año después de que se formara la coalición, el periodista político Paul Waugh informó de que a Finkelstein lo habían oído en el tren de regreso de la conferencia anual del Partido Laborista, en Liverpool, hablando «bastante fuerte» por su teléfono móvil. Al parecer había llamado a su madre para contarle que iba a escribir el discurso del ministro de Hacienda George Osborne para la conferencia.[9] Entre los periodistas de alto nivel, la relación personal entre Finkelstein y Osborne ya era más o menos un secreto a voces. De acuerdo con el periodista de derechas Peter Oborne, el ministro Osborne ha comentado alguna vez en tono jocoso que habla más con Finkelstein que con su propia mujer, a pesar de que —ante la Comisión de Investigación Leveson— definió al periodista del Times como «un muy buen amigo y nada más».[10] Tal como me dijo uno de los colegas que tiene Finkelstein en las altas esferas, «cuando Danny Finkelstein me habla de “George”, siempre se refiere a George Osborne. No me consta que conozca a ningún otro George. No se da cuenta, pero no hay conversación en que no me mencione a “George”». En los consejos editoriales, que son lo que marca la línea del periódico, Finkelstein «no se mostraba tan crítico como podría o como se habría mostrado en otras circunstancias» con las políticas del gobierno. En agosto de 2013, pasó a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores con el título de barón de Finkelstein. Unos meses más tarde, el Times declaraba a Osborne «británico del año».

En una democracia, una de las metas principales de un medio de comunicación es someter a escrutinio a los gobiernos, por mucho que su línea editorial sea afín a quienes tienen el mandato. Se supone que hay una línea clara que distingue a los medios de comunicación de quienes llevan el timón del Estado. Y, sin embargo, un pilar del supuesto periódico de referencia de Gran Bretaña —o, por lo menos, de quien escribía los editoriales de ese diario— estaba al mismo tiempo redactando los discursos del ministro de Hacienda y asesorándole. Se suponía que tenía que comentar y criticar unos discursos que seguramente él mismo había contribuido a escribir.

En 2011, el imperio Murdoch experimentó un sobresalto inédito. Los periodistas del News of the World habían estado pinchando teléfonos para conseguir artículos y también haciendo pagos ilegales a agentes de la policía. Fue una historia que al principio no cobró mucho impulso, en parte porque parecía que todos los objetivos de las escuchas eran famosos, pero también porque —tal como salió a la luz— pinchar teléfonos era una práctica que no se restringía al News of the World, ni mucho menos. Por eso el resto de los periódicos no se moría precisamente de ganas por informar de los detalles.

Brian Cathcart es un experiodista tremendamente impopular entre la prensa británica por culpa de su defensa de la reforma de los medios. El periodista Nick Cohen ha llegado a apodarlo el «Mussolini de los barrios residenciales». Con sus gafas y su tono de voz suave, no tiene mucha pinta de cruzado contra los barones de la prensa, y, sin embargo, se le teme por ello. «Había un gran riesgo: nada más admitir News International que el responsable no podía ser un solo periodista trabajando por su cuenta, se temía que inmediatamente empezaran a sobornar a todos los que denunciaran el caso», me dice en un ruidoso pub de Londres Cathcart, en la actualidad profesor de Periodismo en la Universidad de Kingston. «Una de las primeras víctimas fue [la actriz británica] Sienna Miller, así que efectivamente empezaron a tapar el problema con dinero». Cathcart y sus compañeros de campaña tenían miedo de que ningún tribunal quisiera investigar las denuncias, así que empezaron a pedir que el gobierno emprendiera una investigación del escándalo. Entretanto, la élite política seguía rindiendo pleitesía en la corte de Murdoch. A mediados de junio de 2011, David Cameron, el laborista Ed Miliband y Ed Balls estaban bebiendo champán en la fiesta veraniega de News International. Al mes siguiente, sin embargo, las cosas cambiaron.

En julio de 2011, el Guardian soltó la bomba de que entre las víctimas de las escuchas telefónicas se encontraba la adolescente Milly Dowler, poco después de su desaparición en Surrey, en marzo de 2002. Más tarde se descubrió que la habían asesinado. Pronto saldrían a la luz más víctimas, como, por ejemplo, algunos parientes de soldados británicos muertos, o varios supervivientes de los atentados de Londres del 7 de julio de 2005. Cuando se publicó la historia de Milly Dowler, ni siquiera Cathcart era consciente del enorme impacto que iba a tener sobre la opinión pública. Junto con sus colaboradores, fundó la organización Hacked Off, respaldada por varios famosos, como Hugh Grant, que también habían sido víctimas del News of the World. Su objetivo era luchar para que se emprendiera una reforma amplia de los medios de comunicación. El imperio Murdoch llevaba mucho tiempo siendo el cazador; ahora se había convertido en la presa.

Los intentos de someterlo a escrutinio se toparon con la feroz resistencia de sus aliados en la élite británica, que se las ingeniaron para decir que no entendían a qué venía tanto escándalo. «Yo no quiero saber qué le pasó a la familia Dowler, y lo siento mucho por ellos, pero, sinceramente, no consigo que el caso me indigne», dice lord Bell, exasesor de Thatcher, presidente del gigante de las relaciones públicas Bell Pottinger y estrecho aliado del imperio Murdoch. Hace mucho tiempo que asesora a Rupert Murdoch en cuestiones de relaciones públicas, y también aconsejó a Rebekah Brooks durante el escándalo de las escuchas telefónicas. «Y tampoco me interesa lo que piense el matrimonio McCann, solamente sé que ellos me pagaron medio millón de libras para que los sacara en portada a diario durante un año, y lo hemos hecho». Como es previsible, a los periodistas de News International les interesa atribuir el escándalo a las acciones de unas cuantas manzanas podridas. «Creo que lo que demuestra el escándalo de los pinchazos es que hay un puñado de gente sin escrúpulos que mataría a su propia abuela para conseguir una historia», dice David Wooding, ex redactor jefe de Política del News of the World, que afirma que, en realidad, los estándares de los medios de comunicación han mejorado desde que él trabaja en ellos.

Sin embargo, el clamor por las alegaciones llevó a Murdoch a cerrar en julio de 2011 el News of the World, un periódico con ciento sesenta y siete años de vida. Ese mismo mes se detuvo a una serie de altos cargos de News International, entre ellos Rebekah Brooks y Andy Coulson, así como a varios de sus periodistas; a continuación, se anunció que habría una investigación gubernamental presidida por Brian Leveson, miembro del Tribunal de Apelación. El espectáculo revelaría hasta qué punto el imperio Murdoch tenía sus tentáculos arraigados en el poder político. «Tony Blair tiene que asumir la responsabilidad de haber permitido que Rupert Murdoch ganara tanto poder en Gran Bretaña y al final ha acabado reinando una cultura corporativa que permite a sus periodistas creer que está bien pinchar el teléfono de una adolescente secuestrada», dice el exministro laborista Tin Watson. La cosa iba mucho más allá de Blair, por supuesto. Antes de que el imperio Murdoch se volviera contra el gobierno laborista azotado por las crisis, Rebekah Brooks y la esposa de Rupert Murdoch, Wendi Deng, asistieron a una «fiesta de pijamas» a la que las había invitado la mujer de Gordon Brown.

Con David Cameron en el número 10 de Downing Street, el poder del imperio Murdoch se extendió a nuevos territorios. Andy Coulson, que había dimitido como director del News of the World después de las primeras acusaciones de escuchas telefónicas en 2007, fue nombrado director de Comunicación de Cameron, por insistencia personal de George Osborne. Los directores del Guardian habían prevenido en privado al círculo de allegados de Cameron sobre el pasado de Coulson: para los conservadores, sin embargo, el exdirector del News of the World era un botín demasiado suculento, un medio crucial a fin de ganarse al imperio Murdoch para su causa. Al final, la presión sobre Coulson por las acusaciones de escuchas telefónicas lo obligó a dimitir el 21 de enero de 2011. En junio de 2014 se lo declaró finalmente culpable de conspirar para pinchar teléfonos. Antes de las generales de 2010, David Cameron había presentado apasionadamente «Gran Bretaña rota», una campaña que se centraba en las acciones delictivas de los estamentos más bajos de la sociedad. Y, sin embargo, él había puesto a un criminal en su círculo más cercano para ganarse al principal imperio mediático del país.

Durante los quince primeros meses que estuvo en el poder, según revelaciones de la Comisión de Investigación Leveson, Cameron tuvo veintiocho reuniones oficiales con ejecutivos de News International, más del doble que con ninguna otra empresa de comunicación. Rebekah Brooks era vecina y amiga íntima de Cameron, integrante del llamado «grupo de Chipping Norton». El primer ministro y James Murdoch llegaron a celebrar juntos la comida de Navidad de 2010 en casa de los Brooks. Mientras comían pavo y repollos, Murdoch y el primer ministro discutieron la extremadamente polémica adquisición de BSkyB por parte de News International.

Cameron también montó una yegua llamada Raisa —que le había prestado a Brooks la Policía Metropolitana tras retirarla del servicio— durante una excursión con el marido de Rebekah, Charlie Brooks, que había coincidido en Eton con el primer ministro. Pero los asombrosos mensajes de texto entre Rebekah Brooks y Cameron indicaban lo entretejidas que se encontraban sus vidas. Poco después de que el imperio Murdoch cambiara de bando para apoyar a los conservadores, Brooks mandó a Cameron el siguiente mensaje de texto: «Hablemos de esto pronto en una comida campestre». Y añadió: «Mañana te voy a apoyar no solamente como amiga orgullosa, sino porque profesionalmente está claro que estamos los dos juntos en esto», un eco desafortunado pero revelador del eslogan de los conservadores en defensa de la austeridad.

En su declaración ante la Comisión Leveson, Brooks contó que, tras verse obligada a dimitir, Blair le había mandado sus condolencias. También lo había hecho Cameron, con un mensaje que ella recordaba más o menos así: «Siento no haberte podido ser tan leal como querría, pero es que Ed Miliband me estaba acosando», refiriéndose a los implacables ataques que el líder laborista estaba dirigiendo al gobierno Cameron por sus lazos con News International.

Quienes confiaban en que la Comisión Leveson repartiera culpabilidades se iban a sentir decepcionados. «Lo más interesante de Leveson fue que su intención era centrarse en generalidades, no quería señalar con el dedo ni culpar a nadie —dice Brian Cathcart, de Hacked Off—. De forma que básicamente les dejó irse de rositas a todos. Y lo hizo con vistas a materializar su idea, un proyecto que él pensaba que nadie podría rechazar. Y a fin de hacer ese proyecto accesible, dejó irse a todo el mundo libremente». Pero si su meta era ésa, enseguida empezaría a deformarse.

Leveson propuso que reemplazaran la Comisión de Quejas de la Prensa por un organismo nuevo, libre del control de los barones de los medios de comunicación, con poder para imponer sanciones y para asegurarse de que las disculpas y las correcciones figuraran en lugares debidamente prominentes. Aunque no iba a ser obligatorio, se presentaba como «regulación estatutaria de la prensa» y constituía un asalto frontal a las libertades de la prensa británica. Tras anunciarse la propuesta, los propietarios de los medios de comunicación se movilizaron contra ella. El exsubdirector y director ejecutivo del News ofthe World, Neil Wallis, se refiere al caso del expolítico liberal-demócrata Mark Oaten, cuya carrera política se vio destruida después de que la prensa sensacionalista desvelara sus devaneos con trabajadores sexuales masculinos. «Lo que quiero decir es que esas cosas están pasando en los recovecos del palacio de Westminster —dice—. Y han acobardado a la prensa para que no informe de ellas. La prensa sensacionalista y la de mercado medio solamente están intentando aguantar hasta que se termine todo esto».

Sin embargo, los oligarcas y exdirectores de los medios no eran la única gente preocupada por las recomendaciones de Leveson. «Leveson va a acabar con gran parte del periodismo de investigación», afirma Michael Harris, de Index on Censorship, una organización de activismo internacional en defensa de la libertad de expresión. Harris afirma que conoce ejemplos de historias importantes sobre individuos influyentes que se han manipulado tras la propuesta de Leveson. Tales afirmaciones se ven radicalmente combatidas por otros como Christopher Hird, del Bureau of Investigative Journalism, que afirma que «no hay evidencia alguna basada en lo que hacemos, en nuestra experiencia, de que Leveson haya tenido impacto alguno».

De hecho, las recomendaciones de Leveson han conseguido errar el tiro por completo. Su informe no cuestiona la concentración de medios de comunicación en las manos de un pequeño número de oligarcas, ni tampoco el problema de la propiedad extranjera, ni la transformación del periodismo en un coto reservado a la gente más privilegiada. De hecho, en todos los aspectos fundamentales, la Comisión Leveson ha acabado por ser pólvora mojada. Los medios de comunicación seguirán siendo el juguete de un puñado de magnates movidos por intereses políticos, mientras que sus plantillas estarán compuestas, cada vez más, de gente rica que no representa al pueblo.

Hay un poderoso argumento en contra de quienes afirman que gran parte de los medios de comunicación están al servicio de los intereses de los ricos. De acuerdo, los medios que están en manos de magnates tienen un poder muy grande, pero ahí está la heroica BBC para combatir contra él día tras día. Sus informaciones se ven en todo el mundo; sus boletines de noticias y el programa de actualidad de la noche son los números uno; su imperio incluye también cinco emisoras nacionales de radio importantísimas, un entramado de estaciones locales de radio y la más popular página web de información de Gran Bretaña. Y de acuerdo con amplias franjas de la derecha británica, la BBC tiene un claro sesgo izquierdista. Un examen atento de los nombres más influyentes de la BBC, sin embargo, revela justo lo contrario, que ésta viene a ser más o menos un vehículo de las opiniones del Establishment.

Para saber por qué esto es así, basta con echar un breve vistazo a algunas de las figuras clave de la corporación. Chris Patten, el presidente del BBC Trust, fue presidente del Partido Conservador y ministro con el mismo partido. Andrew Neil, célebre entrevistador y presentador de los programas políticos insignia «Daily Politics», «Sunday Politics» y «This Week» —que, a diferencia de muchos de sus colegas, no tuvo una educación privada— es propietario de la revista conservadora The Spectator y exdirector del Sunday Times. Robbie Gibb, el director de esos mismos programas, fue jefe de gabinete del político conservador Francis Maude, así como vicepresidente del sindicato estudiantil Federation of Conservative Students, antes de que lo cerrara Norman Tebbit por ser demasiado de derechas. El director de Política de la BBC, Nick Robinson, es expresidente nacional de los Young Conservatives. Otro ejemplo de las esferas comunicantes del Establishment: a finales de 2012, George Osborne reclutó para su gabinete a la productora ejecutiva de programación política de Robinson, Thea Rogers. Y Osborne no es el único político conservador que acude a la BBC en busca de personal. David Cameron, por ejemplo, contrató al exdirector de Informativos de la BBC, Craig Oliver, como director de Comunicación después de la dimisión de Andy Coulson. El alcalde del Partido Conservador Boris Johnson tenía de jefe de Comunicación a Guto Harri, antiguo corresponsal político de la BBC. Cuando a Harri lo fichó el imperio Murdoch como director de Comunicación de la News UK, la compañía sucesora de News International, lo sustituyó el director de Información Parlamentaria de la BBC, Will Walden.

Las trayectorias profesionales de los altos cargos periodísticos de la BBC tampoco sugieren que la corporación rebose precisamente de un sesgo izquierdista. La directora de Economía de la BBC, Stephanie Flanders, abandonó el cargo en septiembre de 2013 para aceptar un puesto con un sueldo anual de 400.000 libras en la banca de inversión J.P. Morgan. Cuando el director de Negocios de la BBC Robert Preston cambió de puesto para sustituirla, su cargo se lo quedó Kamal Ahmed, el director de Negocios del derechista Sunday Telegraph, al que Nick Davies había criticado duramente por su cobertura de la guerra de Iraq. Los artículos de Ahmed demostraban que estaba firmemente del lado de los intereses corporativos. En junio de 2013, condenó «la cobertura implacable y mayoritariamente negativa del mundo de los negocios» y planteó la pregunta de si acaso «las clases políticas quieren realmente que las corporaciones de primera fila, globales e innovadoras operen en Reino Unido». Gran Bretaña estaba «cayendo en un malsano ambiente antiempresa», escribió, y la quiebra financiera había dejado a «Occidente incapaz de apreciar que la búsqueda de beneficios y de mercados competitivos […] acaba creando los bienes que la gente necesita y el progreso por el que la gente lucha».[11]

Tal como me cuenta un ex alto cargo periodístico de la BBC —de forma estrictamente extraoficial—, la corporación está «diseñada para transmitir la ideología dominante». En su opinión, esta hoja de ruta no oficial se refleja en otros nombramientos: por ejemplo, James Harding, exdirector del Times de Murdoch y ahora director de BBC News; Peter Horrocks, director del servicio mundial de la BBC; y James Purnell, director de Estrategia y servicios digitales de la BBC y ministro blairista por antonomasia. Junto con Flanders, Ahmed y Pesto, me dice el periodista anónimo, «lo que todos tienen en común es una visión centrista liberal del mundo». La BBC, me cuenta, es una «fábrica que produce a destajo ese punto de vista»: un compromiso firme con la economía neoliberal, combinado con puntos de vista progresistas acerca de cuestiones como la sexualidad y el género. De acuerdo con el periodista, la BBC está dispuesta a formar un «miniclub con cualquiera que tenga el poder» y sus directivos se jactan de tener amistad con figuras cruciales del gobierno. La cobertura de la BBC se centra en la agenda política del gobierno de turno, como puede verse cada vez que se anuncia una nueva política gubernamental y, a continuación, se informa de las reacciones sobre ella.

La BBC es un vehículo perfecto para el Establishment, puesto que permite al statu quo mercantilista ser retratado como una posición neutral y apolítica. Solamente las desviaciones de ese statu quo se perciben como puntos de vista sesgados, que necesitan ser contrarrestados para preservar la objetividad. «El 99 por ciento de la cobertura de los negocios de la BBC tiene el subtexto de que “los negocios son buenos” —dice el experiodista de la BBC, hablando off the record—. Puedes decir: “El capitalismo es bueno, el capitalismo es dinámico, el mercado libre rinde frutos y mejora las vidas de la gente del sur del planeta”. Pero si dices: “El capitalismo es malo, el capitalismo no rinde frutos y está arruinando las vidas de la gente del sur del planeta”, eso se considera ideológico. Si se buscara un equilibrio, habría que poder defender ambas ideas de igual manera, pero la BBC no lo hace, porque sus ideas son las de la élite».

Las críticas incansables que le dirige la derecha a la BBC por su «sesgo izquierdista» son una astuta medida preventiva: les permiten controlar su producción. El Daily Mail le lanza invectivas especialmente duras, y hasta ha llegado a acusar a la serie de televisión «Sherlock» de ofrecer «más pruebas» del «sesgo izquierdista de la BBC». En febrero de 2014, el ministro conservador Chris Grayling sugirió que la BBC estaba dominada por un «grupo metropolitano de gente de tendencias izquierdistas que tiene allí una representación desproporcionada». Esta clase de comentario infunde en la corporación un miedo constante a ofrecer pruebas de sesgo izquierdista. En las ocasiones en que la BBC sirve de plataforma de un periodismo más crítico, sugiere el experiodista de la BBC, los directores de la corporación sienten que «tienen que expiarlo» mediante una programación que haga justamente lo contrario. Recelosos de los temas complejos como la inmigración, los ejecutivos de la BBC son profundamente reticentes a mirarlos a través del prisma de inseguridades económicas, tales como la caída de los salarios y la falta de empleos. La estructura directiva de la BBC contribuye a garantizar que nadie se aparte de la línea oficial. Para subir escalafones, los periodistas tienen que adjuntarse a alguien que esté más arriba en la cadena de mando y que pueda protegerlos cuando las cosas van mal, y ascenderlos cuando van bien.

Y lo que es más, la BBC ha mostrado una tendencia a pasar de puntillas por ciertas informaciones de gran importancia, informaciones que tienen un marcado interés público. Cuando el gobierno liderado por los conservadores subió al poder en 2010, inició una privatización sistemática de la sanidad pública que no se le había propuesto para nada al pueblo británico durante la campaña electoral; de hecho, el programa electoral de los conservadores había enfatizado explícitamente su compromiso con el NHS. Sin embargo, si mirabas los noticiarios de la BBC, resultaba casi imposible enterarte del programa de privatización, porque apenas lo mencionaban. Mientras la legislación estaba pasando con calzador por el Parlamento en 2012, recibió muy poca cobertura. Cuando por fin fue aprobada por la legislatura, los noticiarios de la BBC declararon: «Se aprueba una ley que da poder a los médicos»,[12] toda una deformación gubernamental de la ley, fuertemente discutida por las organizaciones de trabajadores de la sanidad pública, incluida la British Medical Association, que representaba a los médicos. Asimismo, en vez de hablar de recortes en sanidad, solía hablarse de «ahorros». Mientras el gobierno se dedicaba a transformar una institución nacional querida por el público sin buscar antes el consentimiento de éste, la BBC se comportaba como si fuera su oficina de prensa.

La BBC proyecta la opinión del Establishment tanto en temas nacionales como extranjeros. En enero de 2009, se negó a emitir una llamada de la organización humanitaria Disasters Emergency Committee (DEC) pidiendo fondos para ayudar a los afectados por la invasión israelí de Gaza. Aquella negativa apuntaba al «riesgo de reducir la confianza del público en la imparcialidad de la BBC», afirmó su entonces director general, Mark Thompson.[13] Provocó una furia generalizada y puso en relieve un fuerte sesgo proisraelí en la cobertura de la BBC. Cuando unos periodistas de la corporación le preguntaron a Thompson si podían firmar de forma privada una declaración de apoyo a la petición de la DEC, él les contestó que para hacerlo tendrían que marcharse de la BBC.

Algunas investigaciones independientes ratifican hasta qué punto la BBC se hace eco de las opiniones del statu quo. Un estudio impulsado por académicos de la Universidad de Cardiff, publicado en 2013, examinó la cobertura que llevaba a cabo la BBC de una amplia gama de temas. Sus hallazgos mostraron un sesgo favorable y predecible hacia los gobiernos que estaban en el poder. Sin embargo, mientras que en 2007 las apariciones de Gordon Brown duplicaban las de David Cameron, las de David Cameron en los noticiarios de 2012 prácticamente cuadruplicaban las de Ed Miliband. La proporción de apariciones de ministros conservadores y laboristas entre 2007 y 2012 era similar. El estudio también descubrió que el debate sobre la Unión Europea estaba enmarcado y dominado por las opiniones hostiles a ella, mientras que apenas aparecían voces en su apoyo. Los representantes del mundo de la empresa aparecían en la BBC de 2012 bastante más que en las noticias de una cadena comercial como ITV. En 2012, las apariciones de representantes del mundo empresarial superaban a las del entorno sindical en el programa «News at Six» de la BBC en proporción de más de diecinueve a una, un aumento espectacular respecto a la relación de cinco a una registrada en 2007. Fueron las voces de la City —tales como corredores de bolsa y gestores de fondos de cobertura— las que dominaron la cobertura de la crisis financiera de 2008 y del posterior rescate de los bancos.[14] La BBC, en resumen, es un medio incondicionalmente favorable al mundo empresarial, sesgado hacia las voces de la derecha y que actúa como plataforma constante de las ideas del Establishment.

Se podría argumentar que el sesgo de los grandes medios de comunicación cada vez importa menos porque las ventas de periódicos no paran de caer, las redes sociales están aumentando su popularidad y la gente lee las noticias de fuentes de internet cada vez más eclécticas. Sin embargo, la decadencia de la prensa británica amenaza con provocar que se supervise aún menos a quienes tienen la riqueza y el poder. Otro estudio de los expertos en medios de comunicación de la Universidad de Cardiff revelaba que los periodistas han sufrido un aumento espectacular de su carga de trabajo. Entre 1988 y 2006, se triplicó la cantidad de texto que tenían que producir. Y más texto que escribir significaba menos tiempo para trabajar en cada artículo, lo cual obligaba a los periodistas a basarse cada vez más en las llamadas noticias prefabricadas, como el material de los gabinetes de comunicación y los teletipos. Hasta el 60 por ciento de los artículos de prensa y más del 30 por ciento de las noticias televisadas venían «completa o mayoritariamente» de una de esas fuentes. Solamente uno de cada cinco artículos de prensa derivaba de información no suministrada por fuentes prefabricadas, y nada más que el 12 por ciento estaba completamente libre de esos materiales no originales.[15] El informe se publicó en 2008, y está claro que desde entonces la situación se ha deteriorado más. Se trata del llamado periodismo de corta y pega, que quiere decir que cada vez hay menos noticias en las que los periodistas estén usando sus facultades críticas. En su lugar, gran parte del texto de las noticias británicas lo está escribiendo en realidad el mundo de las relaciones públicas. Esto pone todavía más en jaque la independencia de los medios de comunicación, dado que gran parte de sus textos los escribe gente contratada por intereses privados adinerados.

El periodismo de investigación también se ha resentido. De acuerdo con Christopher Hird, existen tres razones principales. En primer lugar, la feroz competencia por captar lectores y espectadores a raíz de la proliferación de canales de televisión y de la eclosión de internet. En segundo lugar, a medida que disminuye el número de gente que lee periódicos y descienden los ingresos, hay menos recursos disponibles para invertir en periodismo de investigación. En tercer lugar, después del asalto neoliberal al consenso de la posguerra, quedan muchos menos ejecutivos que conserven un sentido de la «misión social» de los medios. Y todo esto es una excelente noticia para el Establishment. «En mi opinión, la meta del periodismo de investigación es ayudar a explicar a la gente cómo funcionan el mundo y las instituciones influyentes que hay en él —dice Hird—, y esa meta me parece uno de los factores que contribuyen a crear los movimientos sociales que generarán cambio y que harán que el mundo sea un lugar mejor, y más humanitario y tolerante en el que vivir».

El periodismo de investigación ayuda a sacar a la luz las injusticias y tiene potencial para movilizar a la gente. Debido a que los ricos y poderosos invierten una cantidad importante de recursos en evitar cualquier supervisión de sus actos, los periodistas necesitan dedicar una cantidad considerable de tiempo y de energía a encontrar formas de sortear tales barreras. Eso les permitirá cuestionar los presupuestos que sustentan al Establishment, que de otra forma se acabarán aceptando sin más. A medida que decae el periodismo de investigación, las injusticias de la Gran Bretaña moderna lo tienen mejor para permanecer ocultas, lo cual limita el potencial de la gente para movilizarse y hacerles frente.

Servir al pueblo británico ya no es la meta de unos medios de comunicación que nacieron para informarlo, educarlo, y hacerle entender la realidad del mundo en que vive y que lo rodea. La realidad es que la mayoría de los medios de comunicación son simples máquinas políticas que presionan a favor de los objetivos personales de sus propietarios. A menudo, las élites políticas y mediáticas están profundamente entremezcladas, dado que comparten la mayoría de las premisas acerca de cómo hay que dirigir y organizar a la sociedad. Los periodistas suelen encontrarse completamente subordinados a los caprichos de sus directores, y cada vez más proceden de unos orígenes que son radicalmente distintos de los de sus lectores.

La Gran Bretaña medieval tenía a la Iglesia para propagar opiniones a favor del statu quo; en su lugar, el Establishment británico contemporáneo tiene a los medios de comunicación de masas. Se trata de una atmósfera asfixiante para todos aquellos que tienen opiniones divergentes. Pero, por represivos que puedan parecer, los medios de comunicación no son ni mucho menos el pilar más autoritario de la Gran Bretaña moderna.

4 LAS FUERZAS DEL ORDEN

Steve Williams no olvidará nunca la primera vez que salió a patrullar las calles como agente de policía. Era una templada tarde de verano en Rhyl, en el norte de Gales, a principios de los años ochenta, y por fin acababa de concluir su interminable formación. Ahora empezaba la realidad. Estaba de pie junto al escaparate de una tienda, lleno de orgullo y admirando su uniforme nuevo, cuando un taxi paró a su lado. «El taxista me dijo: “Ha habido una colisión bastante fuerte al final de la calle, colega” —recuerda Williams—. Y, por supuesto, cuando vas de uniforme la gente no sabe si llevas de servicio un día, diez años o el tiempo que sea».

El taxista llevó a Williams hasta una escena horrenda. Un adicto a la heroína había robado un coche y se había llevado por delante a tres chicas de diecisiete años. Tal como descubrió más tarde Williams, las chicas estaban de visita, vivían en Blackpool, y era la primera vez que sus padres las dejaban salir del pueblo. «Era un caos, todo el mundo estaba gritando», recuerda. Intentó hacerle el boca a boca a una de las chicas, pero enseguida se dio cuenta de que estaba muerta. Las otras dos adolescentes habían salido despedidas hasta el interior de una tienda cercana y habían resultado gravemente heridas.

Cuando llegaron las ambulancias y las unidades de policía, uno de sus superiores le dijo a Williams que «volviera a la comisaría y se tomara una taza de té». Pero, mientras estaba yendo de vuelta a la comisaría, con el uniforme manchado de sangre, un hombre salió de una casa y le gritó: «¡Deprisa, mi mujer está de parto y no encuentro ninguna ambulancia!». Tal como señala Williams, no era de extrañar: todos los servicios de emergencia locales estaban ocupados con el accidente del final de la calle. En la academia de policía, Williams había visto un vídeo de un parto. Lo que recordaba era su único recurso para ayudar a la mujer a dar a la luz. «Ella me preguntó: “¿Cuántos bebés ha ayudado a traer al mundo, agente?”. Y yo, ingenuo, le dije: “El suyo es el primero”. Menuda cara de horror que puso». Pero ahí no acabó todo. Cuando por fin regresó a la comisaría, le informaron de que debía tomar declaración a una de las chicas supervivientes y decirle que su amiga había muerto. «Yo tenía veintitrés años y ya había visto a una chica muerta, a las otras dos horriblemente heridas y luego un parto, y eso que era mi primer día de patrulla independiente».

Williams defiende con vehemencia el historial de la policía. Por eso me cuenta esta anécdota: como prueba fehaciente de las presiones a las que se pueden ver sometidos los agentes en las calles. Treinta años después de su primer y atroz día de patrulla, su pasión le sale rentable. En 2014, Steve Williams fue nombrado presidente de la Federación de Policías, el organismo oficial que representa a los agentes de policía de Inglaterra y de Gales. A él le parece importante contarme la impresionante historia de su primer día. La crónica refleja los desafíos a los que hacen frente los agentes. A fin de cuentas, el trabajo de Williams consiste en representar a todos esos agentes de policía que detienen a los malhechores y protegen a los buenos, a veces poniéndose a sí mismos en peligro. Todos los años resultan heridos más de tres mil agentes de policía, de los cuales unos ochocientos lo son de gravedad.[1]

Sin embargo, la policía británica desempeña muchos papeles. Uno de ellos consiste en proteger a los ciudadanos, así como disuadir y perseguir a los criminales que infligen tristeza, terror y humillación a los demás. Son sus Otras obligaciones las que resultan cuestionables. Para asentar el régimen dominante en la actualidad fue indispensable la participación de toda una serie de fuerzas policiales que ayudaran a derrotar a la oposición sindical en los conflictos industriales de los años ochenta. En 1989, las actitudes necesarias para cumplir con esas obligaciones desencadenarían la catástrofe en las gradas del estadio de fútbol de Hillsborough. Cada vez más, el Estado tendería a refrenar y a marginalizar las protestas, y para ello le fue dando más poder a la policía. El enfoque autoritario también se haría extensivo a las fuerzas de la ley, por oposición a la supuesta «permisividad» de la Gran Bretaña de la posguerra. La combinación de liberalismo económico explícito —la economía «abierta» y «libre»— y autoritarismo que reina en el nuevo Establishment es algo que tiene en su centro mismo a la policía. En una sociedad donde el racismo continúa siendo endémico, las diferentes comunidades experimentarían de forma muy distinta tal autoritarismo.

El modo en que la policía ejerce su autoridad refleja ese desequilibrio de poder en la sociedad británica que el propio Establishment encarna. La policía obliga a cumplir una ley implacable con los supuestos pequeños delitos de la gente pobre —como, por ejemplo, poseer una pequeña cantidad de cannabis o el cobro fraudulento de prestaciones—, pero pasa por alto, perdona o incluso facilita las conductas mucho más graves de quienes están en lo alto, como, por ejemplo, la evasión fiscal o el hecho de precipitar la catástrofe económica por pura codicia. Su propósito es neutralizar a los oponentes más radicales del sistema. Y en el cumplimiento de estos papeles, la policía demuestra una capacidad inquietante para recurrir al encubrimiento y a las conspiraciones para protegerse a sí mismos de todo escrutinio. A diferencia de otros países, como Francia, se supone que Gran Bretaña tiene una fuerza policial independiente de la autoridad central. Las fuerzas del orden se guían por el principio de que es «el consentimiento de los ciudadanos» lo que las legitima. O eso dice la teoría. Sin embargo, bajo el nuevo régimen, la policía cada vez está más cerca del Estado.

El excomisario de la Policía Metropolitana Peter Kirkham es un defensor acérrimo del cuerpo. Nos reunimos un día lluvioso en una cafetería de Paddington, en el oeste de Londres. Es un hombre de mediana edad, más bien seco y vestido al estilo conservador, que en su tiempo libre dedica mucho esfuerzo a refutar las críticas que se le hacen a la policía en las redes sociales. Pero hasta a Kirkham le desespera lo cerca que llegó a estar el cuerpo del gobierno en la era del nuevo laborismo, cuando los oficiales de la policía llegaron a hacer presión parlamentaria en apoyo de los ataques draconianos a las libertades civiles. «Es espantoso, completamente espantoso —me dice—. La policía ha olvidado su lugar. Si acudes a la historia, la policía es parte del pueblo, no del gobierno. No es una autoridad estatal». Puede que técnicamente no sean una «autoridad estatal», pero su uso como fuerza partisana por parte de los poderosos tiene una larga historia. Hace casi un siglo, los poderes fácticos libraron una difícil batalla para ganarse la lealtad de la policía. Y esa lealtad resultaría crucial cuando el Establishment moderno necesitara obtener una serie de victorias decisivas.

En agosto de 1918 sucedió lo impensable: la Policía Metropolitana fue a la huelga. «¡El espíritu de Petrogrado!», exclamó la revolucionaria socialista y sufragista Sylvia Pankhurst. «Después de esto, puede pasar cualquier cosa. El poder que sofoca los levantamientos políticos e industriales y preserva la trama establecida de la sociedad británica no es el ejército, sino la policía». Las figuras del gobierno refugiadas en el número 10 de Downing Street vieron aterrorizadas cómo doce mil agentes de policía —enfurecidos por los sueldos miserables y la conducta abusiva de los mandos— se manifestaban por Whitehall. Tenían «una actitud muy amenazadora […], nos hicieron sentir a quienes estábamos en el edificio que, verdaderamente, teníamos delante una revolución», recordaba una importante figura del gobierno de coalición de Lloyd George. Y la cosa fue a peor. Una parte de los soldados a los que habían mandado a proteger los edificios oficiales confraternizaron con los huelguistas. De acuerdo con la información de un periódico, «los huelguistas les sostuvieron los rifles a los soldados mientras éstos descabalgaban, y se oyeron vítores apasionados».

La élite gobernante británica tenía razones bien fundadas para sentirse inquieta. Hacía menos de un año de la Revolución rusa y la agitación industrial seguía propagándose; la Primera Guerra Mundial todavía arrasaba el continente y crecían los miedos a los levantamientos de las clases bajas. Perder el control de la policía, por tanto, sería un verdadero desastre. «A menos que se sofoque este motín de los guardianes del orden, puede desaparecer todo el tejido de la ley. El primer ministro está dispuesto a apoyar cualquier paso que usted quiera dar, por grave que sea, para restablecer la autoridad del orden social», le dijo Lloyd George al líder de los conservadores Bonar Law.

Sin embargo, tras la huelga, pareció que la situación seguía empeorando. El nuevo sindicato policial, el Sindicato Nacional de Policía y Agentes de Prisiones (siglas en inglés, NUPPO), estaba afiliado tanto al Partido Laborista de los inicios como al Congreso Sindical. Y en vez de ser un «mediador imparcial», el sindicato creía que se había usado a la policía como una «herramienta de los patronos para derrotar las justas y legítimas reclamaciones de los trabajadores». Y ahora declaraba que aquella época se había terminado. «Nuestras filas se nutren de trabajadores —anunciaron con orgullo los líderes del NUPPO a sus miembros—, y seguiremos siendo trabajadores, y nos uniremos a los demás para conseguir la emancipación de la clase obrera».

El gobierno no estaba dispuesto a aceptar la idea de una fuerza policial «emancipada». El sindicato fue prohibido en 1919 después de una última huelga fallida, y a los oficiales más rebeldes se los despidió y se les quitaron las pensiones. En el lugar del sindicato prohibido se estableció la Federación de Policía, un medio controlado para que la tropa expresara sus quejas, aunque sin derecho a huelga ni a afiliarse a un sindicato de verdad, claro. «Estábamos condenados al fracaso», dice Steve Williams, que preside la Federación de Policía casi cien años más tarde. De este modo, la fuerza policial y el movimiento laborista quedaron separados de forma irrevocable.

Sin embargo, la élite gobernante había aprendido una lección vital. Antes de la primera huelga, los sueldos de la policía se habían deteriorado hasta el punto de que muchos agentes cobraban menos que si fuesen trabajadores no cualificados. Hasta se informaba de casos de malnutrición. Aquello era un error de bulto. De manera que a los agentes de policía se les subió espectacularmente el sueldo y se les concedieron un estatus y un prestigio con los que no habían soñado nunca. Mientras los soldados regresaban a casa desde las sangrientas trincheras de la Primera Guerra Mundial y las huelgas arreciaban hasta que todo culminó en la huelga general de 1926, la lealtad de la fuerza policial quedó garantizada.[2] Y ésta ya se mantendría, aunque, de vez en cuando, hubiera que reforzarla.

No cuesta imaginar a Brian Paddick de agente de policía. Alto y fornido, con voz imperiosa y aire de autoridad, Paddick era subcomisario general de la Policía Metropolitana cuando abandonó el servicio en 2007, más de treinta años después de ingresar como agente de policía en el deprimido barrio londinense de Holloway. En los inicios de su carrera, en 1976, las condiciones ya no eran tan malas ni mucho menos como a principios del siglo XX, pero los sueldos llevaban años cayendo. «La policía sufría una falta acuciante de personal —rememora Paddick—. Y éramos pocos porque era difícil convencer a la gente para que se uniera al cuerpo o no lo abandonara». En 1977, el gobierno laborista de entonces nombró al juez Edmund Davies para que presidiera una comisión de investigación sobre los sueldos de la policía: se recomendó una subida del 45 por ciento. «Los laboristas aceptaron unos aumentos salariales considerables —recuerda Paddick—, pero decidieron escalonarlos, lo cual no tuvo el impacto que Davies había sugerido».

En cuanto brotaron los conflictos industriales tras la subida al poder de Margaret Thatcher en 1979, sin embargo, una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue aprobar la subida de sueldos del 45 por ciento, a pesar de que al resto de los trabajadores del sector público se les estaban aplicando recortes en las nóminas. En la tormenta política que vino a continuación, la lealtad de la policía ya estaba asegurada. La fuerza policial desempeñó un papel decisivo a la hora de deshacerse de los oponentes del nuevo régimen neoliberal. «Creo que ahí empezaron los problemas de la policía, al politizarnos de forma tan abierta en términos partidistas —reflexiona el excomisario Peter Kirkham—. Thatcher sabía que iba a usar a la policía para librar sus batallas, de forma que quiso invertir en ella». Y está claro que la subida salarial alcanzó su meta. «El plan de Maggie funcionó —concluye Kirkham—. Los policías la consideraban su heroína. La amaban… Habrían hecho cualquier cosa por ella».

En la huelga de mineros de 1984-1985, usaron a la policía como ariete político: en los pueblos mineros se ganó el apelativo de «los hooligans de Maggie». «Desde la distancia que da el tiempo, supongo que se puede entender cínicamente el hecho de que Thatcher aceptara las recomendaciones de Edmund Davies como su forma de comprar a la policía, de comprar su lealtad —dice Paddick—. Y en la disputa con los mineros llegó el momento de devolver el favor». En la tristemente célebre batalla de Orgreave, en junio de 1984, uno de los momentos más amargos del año entero de luchas, agentes de policía a caballo atacaron a porrazos y apalearon a los piquetes de mineros que rodeaban una fábrica de coque. Los intentos posteriores de procesar judicialmente a los piquetes fracasaron, y la policía de Yorkshire del Sur terminaría pagando más de medio millón de libras en concepto de indemnizaciones y costas procesales.

Casi tres décadas más tarde, la policía de Yorkshire del Sur compareció ante la Comisión Independiente de Quejas de la Policía (siglas en inglés, IPCC) para defenderse de las acusaciones de perjurio, obstrucción a la justicia y agresiones en Orgreave. Como ya resultaba habitual, la policía estaba acusada de inventar pruebas y montar una tapadera. El procurador de la Corona Michael Mansfield, uno de los abogados más importantes de Gran Bretaña, defendió en los tribunales a algunos de los mineros. En su bufete de Londres, en Farringdon Street, al norte de la City, Mansfield me cuenta hoy que todas las declaraciones policiales se redactaron en términos idénticos para asegurarse de que los sucesos de Orgreave constaran como manifestación violenta. «Tuvieron que asegurarse de que tenían la fraseología que encajara con la definición de manifestación violenta. Había cientos de declaraciones escritas en el mismo estilo. Estaba claro que las había dictado todas la misma unidad». El juicio terminó viniéndose abajo al cabo de dieciséis semanas, cuando se demostró que la firma de una declaración policial había sido falsificada. Durante la huelga de los mineros, la policía no actuó como guardiana imparcial de la ley y el orden. Al contrario, dice Mansfield, se enmarañó profundamente en una lucha para derrotar a los mineros a cualquier precio: «Fue una evidente batalla política. Las acusaciones de manifestaciones violentas fueron claramente una decisión política, porque hasta entonces no se habían usado mucho y estaba claro que llamarían la atención de los titulares. Y el Partido Laborista se mostró de acuerdo con los conservadores en todo: en que los culpables habían sido los mineros».

La derrota de los mineros a mediados de los ochenta fue el episodio que marcó el aplastamiento del movimiento sindical moderno: la amenaza organizada más formidable a la que el Establishment se había enfrentado. El Estado veía al líder de los mineros, Arthur Scargill, como «el enemigo interior —dice Mansfield—, y pensaban que, a menos que lo molieran a palos, en un sentido casi literal, se constituiría en Estado alternativo, en amenaza a las nuevas medidas de desregulación y, por decirlo así, al refuerzo generalizado del capitalismo». La cruzada mercantilista de Thatcher había aplastado a su oposición. Ahora, por fin libre de constricciones, podía seguir trabajando. Fue un momento clave de la consolidación del nuevo régimen: su capacidad de neutralizar la oposición organizada y masiva a sus ideas. Y la policía había desempeñado un papel crucial.

El cuerpo había sido entrenado para salir a la búsqueda del «enemigo interior» del sistema. Esta mentalidad dio forma a una cultura de la brutalidad, del traspaso de culpa y del encubrimiento, que fueron los medios que usó la policía para librar sus batallas de mediados de los ochenta. Esa misma conducta, sin embargo, conduciría a la catástrofe, nuevamente a manos de la policía de Yorkshire del Sur. El 15 de abril de 1989 —cinco años después de Orgreave— 94 aficionados del Liverpool murieron aplastados en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, mientras su equipo hacía el saque inicial de la semifinal de la Copa inglesa contra el Nottingham Forest; otros dos morirían después a causa de sus heridas. Para las familias de aquellos 96 hombres y mujeres que fueron a ver un partido de fútbol y volvieron en ataúdes, el dolor debió de ser indescriptible. Pero es que, además, tuvieron que lidiar con otro trauma: una conspiración que organizó la policía de Yorkshire del Sur contra sus parientes muertos y contra los supervivientes.

«Yo no tenía dinero, no era una persona materialista, pero siempre me consideré muy rica», me cuenta Margaret Aspinall cuando estamos sentados en una piscina municipal de Liverpool. Mientras hablamos, nos llegan los ecos de las voces de los niños desde el polideportivo que hay al lado. «Y era muy rica porque tenía cinco hijos maravillosos». Su primogénito se llamaba James y era un aficionado del Liverpool de toda la vida. «Estaba loco por Chris de Burgh —rememora ella—. Le encantaba la música de este cantante y siempre estaba poniendo sus canciones. Había una en concreto que se llamaba Sailing Away [Zarpa y vete”, en español], y yo siempre le decía a James: “A ver si zarpas y te vas ya con esa canción, que tienes a tu madre harta de escucharla”». Poco después de conseguir un trabajo en una empresa de envíos internacionales, James, que por entonces tenía dieciocho años, volvió un día a casa y, emocionado, llamó a gritos a su madre para que le abriera la puerta. Le había comprado una guitarra a su padre. «Mi padre y tú me habéis tratado bien durante estos dieciocho años, y ahora le quiero regalar algo especial —le dijo James—. Pero no te preocupes, también tengo un regalo para ti y te lo daré cuando cumplas años en septiembre». James no llegó con vida para darle aquel regalo.

Margaret recuerda casi todos los detalles del 15 de abril de 1989. Se acuerda de que su cuñada se puso a gritarle que había habido un percance en Hillsborough, pero ella no sabía que aquél era el campo de fútbol al que había ido su hijo. Recuerda que se le cayeron los bocadillos que había preparado para sus hijos, fue corriendo a la sala de estar y vio a los aficionados del Liverpool inconscientes tumbados en la banda del campo. Recuerda las primeras informaciones que decían que había habido siete muertos, y que le gritó a la tele cuando le pareció ver a su hijo, antes de que su cuñada apagara a toda prisa el aparato.

El marido de Margaret, Jimmy, también estaba en Hillsborough, pero había ido con un grupo distinto al de James y no le había pasado nada. Jimmy le prometió a su mujer que encontraría a su hijo y se dedicó a llamarla a casa cada hora para tranquilizarla. Las llamadas telefónicas se interrumpieron de madrugada. Cuando ya estaba amaneciendo, Margaret sacó a pasear el perro de su hijo. Fue entonces cuando vio acercarse caminando lentamente a su hermana, al mismo tiempo que su marido doblaba la esquina con el coche. Comprendió la terrible realidad. Margaret echó a correr. «¡Marg, para, por favor!», le gritó Jimmy. «No, Jim, no me detengas, por favor —le respondió—. No me alcances, por favor; si no me alcanzas, mi hijo seguirá vivo. Me vas a decir que ha muerto, ¿verdad?» Quería que la atropellara un coche, o cualquier cosa con tal de no oírlo. Jimmy se desplomó en medio de la calle, mientras su otro hijo sollozaba de forma incontrolable. «No es cierto, ¿no? —le preguntó ella en tono de súplica—. Mi niño no está muerto, ¿verdad?» Pero la respuesta de su marido extinguió toda esperanza; «Marg, ¿qué te puedo decir?». Margaret se puso a chillar y a aporrear las puertas de sus vecinos, gritándoles que se levantaran de la cama y diciéndoles entre sollozos que su hijo había muerto.

Éste fue el horror de una sola familia: una noche «de infierno y de tormento», en palabras de Margaret Thatcher. El hijo mayor de Margaret y Jimmy había salido de casa el día antes, emocionado ante la perspectiva de ver a su equipo jugar una semifinal de la Copa inglesa, y ahora estaba en una bolsa para cadáveres. Igual que otros parientes de las víctimas, Margaret y su familia viajaron para ver el cadáver del joven: por puro instinto, ella le llevó su abrigo. Cuando llegaron al centro médico, la familia se encontró con docenas de personas llorando. Demasiado consumida por el dolor para comprender lo que estaba pasando, Margaret se preguntó por qué estaba toda aquella gente llorando a James, si ni siquiera lo conocían. Condujeron a la familia a una sala donde había una mampara de cristal cubierta de cortinas azules. «¿Está usted lista, señora Aspinall?», le preguntaron. Cuando se abrieron las cortinas, vio delante de ella el cuerpo sin vida de James. «Denme a mi hijo, quiero darle un abrazo a mi hijo», suplicó. La respuesta que recibió, según sus palabras, fue «dura como la piedra». Le dijeron: «Ya no le pertenece a usted, señora Aspinall. Ahora pertenece al forense».

Veintitrés años después del desastre, el Comité Independiente de Hillsborough ratificó lo que tanto los supervivientes como los parientes de las víctimas habían sabido desde el principio: que los aficionados no tuvieron ninguna responsabilidad en el desastre: la culpa fue, en gran medida, de la policía. La estrategia policial para aquel día había «priorizado el control del público por encima de su seguridad», y se había centrado en la supuesta amenaza de los aficionados borrachos, problemáticos o sin entradas. La imagen de horda peligrosa que tenían los aficionados al fútbol —y sobre todo los del Liverpool— motivó la respuesta policial a la calamidad que estaba teniendo lugar. Por entonces, la actitud que prevalecía era que «los aficionados al fútbol, como subgrupo de la población con bajos ingresos, eran básicamente escoria», dice Alison McGovem, parlamentaria laborista por Wirral South y activista en el caso de Hillsborough.

Aquel día, se hizo más que evidente que los tornos de entrada a la grada de Leppings Lañe «no podían admitir a tantos aficionados a tiempo antes del saque inicial», concluyó la Comisión Independiente de Hillsborough. «Y, sin embargo, no se hizo caso del peligro creciente». El comisario David Duckenfield, que era el oficial a cargo del partido, mandó que se abriera una compuerta de salida que llevaba por un túnel hasta dos recintos vallados denominados «corrales» —un término más propio de las instalaciones para animales— que ya estaban abarrotados. Dentro de la cabina de control de la policía, las imágenes del circuito cerrado de televisión revelaban «problemas graves de aglomeración», pero no se hizo nada al respecto. Los agentes de policía interpretaron las indicaciones de «agitación» en Leppings Lane como «señal de desorden potencial, de manera que tardaron bastante en darse cuenta de que había espectadores aplastados, heridos y muertos». Según el informe, hasta cuarenta y una de las noventa y seis personas fallecidas podrían haber salvado la vida.

Los aficionados del Liverpool no tuvieron nada que ver con la causa del desastre. Sin embargo, la policía de Yorkshire del Sur no tenía intención alguna de asumir la responsabilidad, de forma que inició una campaña para desviar la culpa, mientras los cadáveres asfixiados y aplastados yacían todavía en una morgue improvisada. Los agentes se dedicaron a preguntar a los afligidos parientes de las víctimas por los «hábitos sociales y de bebida de sus seres queridos», con la intención de fomentar la versión de que la culpa había sido de unos aficionados borrachos. Se hicieron pruebas de alcoholemia a los cadáveres de los aficionados sin permiso de sus familias, a pesar de que —tal como concluiría el informe— «no había pruebas» que sugirieran que «el alcohol hubiera contribuido para nada a desencadenar el desastre».

En el caso de quienes no tenían alcohol en la sangre se usaron estrategias distintas de difamación. Se intentó «cuestionar las reputaciones de los difuntos» comprobando sus antecedentes penales. Además de echar la culpa a los «borrachos», también se usó a los delincuentes como cabezas de turco. El comisario Duckenfield «contó la mentira» de que el aplastamiento mortal lo habían provocado unos aficionados del Liverpool que se habían colado en el estadio. Fue una mentira que se propagó por todo el mundo.

«La relación entre Orgreave y Hillsborough es interesante porque se trata de la misma fuerza policial ejerciendo la misma clase de poder cada vez que alguien la investiga». Y en ambos casos también, la policía de las Midlands Occidentales fue la fuerza externa nombrada para blanquear la investigación, explica el procurador de la Corona Michael Mansfield. Maria Eagle, parlamentaria laborista por Merseyside que lleva tiempo haciendo campaña para que se haga justicia en el caso Hillsborough, habla de una «unidad de difamación» que «básicamente recibía órdenes de los altos mandos —de la misma jefatura de policía—, para defender su versión de los hechos y calumniar a todo el mundo menos a ellos». De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Hillsborough, unas 116 de las 164 declaraciones policiales fueron «modificadas para eliminar o bien alterar comentarios desfavorables» para la policía de Yorkshire del Sur. Sin embargo, un informe posterior de la IPCC sugiere que esa cifra podría ser más elevada y que es posible que se modificaran también las declaraciones de los mismos aficionados. Tanto Orgreave como Hillsborough revelaban elementos de una campaña organizada y destinada a purgar las declaraciones de cualquier cosa que se pudiera usar para criticar la conducta de la policía.

Aun así, lo que marcó el momento más bajo y depravado de la conspiración policial de Hillsborough fueron las mentiras que les vendieron a los medios de comunicación los altos mandos de la policía, la Federación de Policía de Yorkshire del Sur y el parlamentario conservador Irvine Patnick, unas falsedades que luego publicó vergonzosamente y sin voluntad crítica alguna el periódico The Sun bajo un enorme titular «La Verdad». Se acusó a los aficionados del Liverpool de atacar a los agentes de policía que estaban intentando salvar a las víctimas que agonizaban, de mearse sobre ellos y de robarles la cartera a los muertos.[3] «No pudimos demandar al periódico por todo lo que nos había perjudicado porque no daba ningún nombre», dice Margaret Aspinall. Las calumnias contra los aficionados traumatizados eran aceptables siempre y cuando no se nombrara a nadie.

Durante los años ochenta, y a modo de respuesta a las agitaciones sindicales que acompañaron al ascenso del nuevo régimen, la policía fue entrenada para tratar a la clase obrera como el «enemigo interior». «Estaban tratando con las víctimas de la tragedia que ellos mismos habían contribuido a provocar, y los trataban como si fueran el “enemigo interior” —dice Mana Eagle—. Liverpulianos despreciables de clase obrera, bajo su perspectiva, tan “enemigos interiores” del sistema como los mineros». Y, en lugar de aceptar que la investigaran, la reacción de la policía de Yorkshire del Sur ante el delito fue cerrar filas, encubrir la verdad, retorcerla y falsear las pruebas, así como esparcir calumnias contra las víctimas en periódicos como el Sun.

La huelga de mineros había consolidado una mentalidad nueva en el seno de la fuerza policial, la cual llevaría directamente a la tragedia de Hillsborough. «La policía de Yorkshire del Sur estaba acostumbrada a hacerle a la gente de clase obrera lo que le viniera en gana y con total impunidad —cuenta Eagle—. Todo empezó con los mineros, con cargarle el muerto a los huelguistas y no afrontar más consecuencias que pagar compensaciones por daños y perjuicios a aquellos a quienes habían incriminado falsamente. Así es como fueron desarrollando un sentimiento corporativo de impunidad que se llevaron con ellos a Hillsborough». Después de que les permitieran irse de rositas en Orgreave, la policía de Yorkshire del Sur se sintió lo bastante envalentonada como para volver a comportarse de forma parecida y causar con sus actos la muerte de noventa y seis aficionados al fútbol.

«La fuerza policial era una ley en sí misma —dice Margaret Aspinall—. Margaret Thatcher le debía mucho a la policía de Yorkshire del Sur, por lo que ésta les había hecho a los mineros. No olvides que ella intentó hacer pasar hambre a las familias de los mineros. Enfrentó a hermanos contra hermanos, a padres contra hijos y a esposas contra maridos. Ésa fue su forma de conseguir lo que quería, y la fuerza policial le hizo bastante bien aquel trabajo, le hizo un trabajito de puta madre. Así que estaba en deuda con ellos». El thatcherismo había comprado la lealtad de la policía; ellos habían librado sus batallas y eso los había vuelto cada vez más autoritarios.

La verdad sobre Hillsborough sólo salió a la luz porque las familias libraron una batalla incesante e implacable por la verdad y por la justicia. Se enfrentaban a una operación de encubrimiento en la que habían estado involucrados los medios de comunicación, la policía y la élite política, y que se había alargado durante casi un cuarto de siglo. «No eran solamente las familias quienes sabían la verdad —cuenta Margaret Aspinall—. Eran los veinticuatro mil aficionados y testigos de aquel día. Eso fue lo que el gobierno y el sistema olvidaron».

Cuando por fin salieron a la luz los escandalosos detalles de la conspiración de Hillsborough, en septiembre de 2012, cosa que obligó a la élite política a disculparse, se extendió la sensación de que aquello era un simple e inquietante atisbo de una era ya pasada, de un período oscuro que había terminado hacía tiempo. Desde entonces, la policía había cambiado y su cultura autoritaria y secretista de antaño se había reformado. O eso decía la versión oficial. «Estamos hablando de una época muy distinta, una época en que a los aficionados al fútbol se los trataba como ciudadanos de segunda y en que todo se veía a través del prisma del hooliganismo», declaró a la BBC, un día después de que se publicara el informe, el laborista Andy Burnham, que desempeñó un papel crucial para conseguir una investigación de los hechos de Hillsborough.[4] «Seguramente, hoy en día no pasaría», escribió el veterano periodista del Guardian Michael White. Sin embargo, hay quien no lo ve tan claro. «Sí que creo que las cosas han cambiado bastante, aunque quizá no tanto como nos gustaría —me sugiere María Eagle—. Quienes tienen el poder y la autoridad siempre sentirán la tentación de abusar de ellos, y hay que saber resistirse a ella. Aun así, hay que decir que la policía ha mejorado mucho».

Y, sin embargo, la cultura autoritaria que el nuevo Establishment promovió entre la policía ha perdurado. Tras la debacle de los sindicatos, los opositores al sistema quedarían mucho más fragmentados y dispersos. Pero seguirían exponiéndose a las porras y a las detenciones masivas, y a cosas peores.

El nuevo régimen prometió dar libertad al individuo, pero se ha vuelto cada vez más autoritario, le ha ido dando más poderes a la policía y está amenazando el derecho a la protesta. En 1986 se aprobó una Ley del Orden Público que criminalizaba todas aquellas palabras o conductas que pudieran causar «hostigamiento, alarma o nerviosismo». Se terminó usando contra colectivos que iban desde los activistas por los derechos de los homosexuales hasta los predicadores callejeros cristianos;[5] también imponía nuevas restricciones a las manifestaciones. Ocho años más tarde, se introdujo otra Ley de Orden Público dirigida específicamente a hacer caer todo el peso de la ley sobre las fiestas rave, pero también sobre ciertas formas de protesta y de acción directa. Otras leyes de apariencia intachable han sido manipuladas para aplastar la disidencia. Un ejemplo es la Ley de Protección contra el Acoso de 1977, que en 2007 llegó a usarse para impedir que un grupo de ciudadanos de clase media de Oxfordshire se manifestaran para impedir que una empresa, la RWE npower, destruyera un lago. No se estaba protegiendo a personas de ningún acoso, sino a intereses corporativos de una manifestación. En 2005, la Ley Policial y de Delitos Graves impuso restricciones a quienes se manifestaran a menos de un kilómetro de Parliament Square. Se estaba atacando incluso el derecho histórico a protestar con libertad delante de la «madre de todos los Parlamentos».

En la era del nuevo laborismo se usó la amenaza del terrorismo para justificar que se aprobaran una serie de leyes que permitían la imposición de «órdenes de control» sobre individuos sospechosos de actividades terroristas, pero a quienes no se había declarado culpables. Dichas leyes concedían la potestad para interceptar legalmente llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos. Sin embargo, la mayor controversia se centraría en la decisión del nuevo laborismo de ampliar la detención sin cargos hasta noventa días: el período más largo de todo el mundo occidental. En 2005, el por entonces primer ministro Tony Blair le preguntó a la jefatura de la Policía Metropolitana cuánto tiempo necesitaban para interrogar a los sospechosos de terrorismo. Poco se imaginaban en la Metropolitana que Blair aceptaría su primera sugerencia. A continuación, una serie de oficiales de la policía se reunieron con parlamentarios para hacer presión política a favor de la propuesta. «Hubo reuniones de parlamentarios con toda clase de gente que venía y nos decía que si no hacíamos aquello se iba a acabar el mundo tal como lo conocíamos», rememora de forma extraoficial un miembro del gabinete laborista en la sombra que por entonces era un simple aforado; incluidas reuniones a puerta cerrada. Blair le concedió a la policía «todo el poder que ésta quisiera», cuenta el ex alto mando de la Metropolitana Brian Paddick, «porque el laborismo no quería cargar con las culpas si se producía un ataque terrorista a gran escala o una ola de crímenes. Se limitaron a dar el visto bueno a la lista de la compra de los mandos policiales, para que así la responsabilidad recayera en la policía y no en el gobierno».

Aunque una suerte de rebelión parlamentaria dejó en nada la medida de los noventa días de detención, no sucedió lo mismo con otras leyes antiterroristas. Un caso bastante revelador es el del octogenario delegado laborista Walter Wolfgang —quien había huido de la Alemania nazi en 1937—, que fue expulsado de la Conferencia del Partido Laborista de 2005 por acosar con sus preguntas al ministro de Exteriores Jack Straw; a Wolfgang se le impidió que volviera a entrar esgrimiendo la Ley Antiterrorista. No es de extrañar que Paddick diga de la era del nuevo laborismo: «La cosa estuvo a punto de írseles de las manos: la policía podía hacer lo que le viniera en gana y no tenía responsabilidad alguna».

Todo el que protestara contra los valores del nuevo régimen británico iba a ser víctima de este autoritarismo. En la primavera de 2009, meses después de que el sistema financiero fuera rescatado con dinero público, la cumbre del G-20 —representada por los ministros de Economía de Veinte de las economías más fuertes— llegó a Londres. A aquellos poderosos hombres —casi no había mujeres— se les recibió con demandas de justicia social, económica y medioambiental. A la vista de las manifestaciones organizadas por Stop the War, Free Tibet, People and Planet y la Acampada por el Clima, la policía de Londres inició una operación de seguridad que llevaba el nombre en clave de Glencoe (un nombre de resonancias desafortunadas pero reveladoras: Glencoe es famoso por haber sido escenario, en febrero de 1692, de una infame masacre de líderes de clanes escoceses que no habían jurado lealtad a la Corona). «Estamos listos y con ganas», declaró públicamente y por adelantado el comandante Simón O’Brien: presumiblemente se refería a lidiar con las manifestaciones políticas. Pero su declaración tenía todos los visos de estar preparando el terreno para un enfrentamiento, no para facilitar una protesta democrática. «Facilitar las protestas es una idea contracultural para la policía. No les sienta bien —explica Paddick—. Su tendencia natural es a contenerlas y a controlarlas».

Sophie Petzal, por entonces una estudiante de dieciocho años criada en el este rural de Sussex, estaba entre los manifestantes del 1 de abril de 2009. Era su primera manifestación; no ha vuelto a ninguna desde entonces. «De adolescente yo tenía opiniones contundentes —recuerda—. Estaba en una fase anarquista inconsciente». Las postrimerías de la debacle financiera y el desprecio hacia los «forajidos» de la City le insuflaron un «sentimiento enorme de falta de justicia», pese a que, en realidad, no sabía qué buscaba políticamente. Asistió a la manifestación con unas amigas, casi de forma festiva, llevando chalecos graciosos y letreros engalanados con citas cómicas del tipo: «Todo esto se tiene que acabar», homenaje a la telecomedia «Father Ted». Durante las primeras horas, recuerda, había una atmósfera de fiesta callejera, que, sin embargo, cambió cuando los manifestantes se empezaron a concentrar en las inmediaciones del Banco de Inglaterra. «Por culpa de la aglomeración acabamos juntándonos con unos idiotas», cuenta Sophie. Empezaron a volar trozos de carteles en dirección a la policía. Hacia las tres de la madrugada pareció que la calma regresaba y la manifestación empezó a dispersarse.

Sin embargo, cuando Sophie y sus amigas intentaron volver a sus casas, se encontraron con que había policías cerrando las rutas que salían de la zona de la manifestación. Estaban atrapadas. «El ambiente daba mucho miedo —cuenta—, y la mayoría de los que estábamos allí ya no queríamos tener nada que ver con aquello, solamente queríamos irnos a casa». La policía llama a esta clase de dispositivo «contención», pero se conoce más comúnmente como «caldera». Los manifestantes que quedaban, entre ellos Sophie y sus amigas, se vieron atrapados durante unas seis horas de tensión creciente. Un fotoperiodista australiano con el que habían hablado se vio metido en una melé, intentando hacer fotos y conseguir entrevistas. La policía le confiscó la cámara y la rompió, y él acabó sangrando por las heridas.

Cerca de allí, los manifestantes de la Acampada por el Clima habían convertido Bishopsgate en un festival de protesta, con bailes, tambores y música. De pronto, a partir de las 19.10, la policía cargó contra ellos, blandiendo sus porras contra unos manifestantes que gritaban: «Esto no es una manifestación violenta». Los tuvieron acorralados durante varias horas. Aunque desde la policía intentarían justificar la caldera como un recurso para evitar que los manifestantes violentos «se adueñaran» de la Acampada por el Clima, más tarde el Tribunal Superior dictaminaría que habían hecho un «uso injustificado de la fuerza». Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó tal dictamen.

Pasadas las siete de la tarde, y mientras los manifestantes eran dispersados, los mandos policiales emitieron la orden de que se podía hacer un «uso razonable» de la fuerza si estallaban escaramuzas ocasionales. Algunos peatones que no tenían nada que ver con la protesta se vieron atrapados en las escenas de tensión. Uno de ellos era un vendedor callejero del Evening Standard de cuarenta y siete años, Ian Tomlinson, que estaba intentando volver a casa después del trabajo. Moriría al cabo de pocos minutos.

De acuerdo con el primer informe policial, alguien informó a un agente de que un hombre se había desplomado, tras lo cual llegó el personal médico de la policía para practicarle la reanimación cardiopulmonar, mientras «les llovían encima una serie de proyectiles, presumiblemente botellas».[6] Los medios de comunicación trabajarían estrechamente con la policía para desviar las culpas a los manifestantes: la aceptación ingenua por parte de los periodistas de la versión policial de los hechos seguramente se unió con la antipatía que ambos colectivos sentían hacia los manifestantes. Una información del Evening Standard del día siguiente —basada en informes policiales— llevaba el titular: «Policías reciben ladrillazos mientras intentan ayudar a un hombre agonizante». De acuerdo con el artículo, a los policías que ayudaban a Tomlinson «los bombardearon con ladrillos, botellas y tablones». Era un intento policial de demonizar a los manifestantes y de atribuirles la culpa de sus propios actos: una táctica que ya contaba con inquietantes antecedentes.

«El 4 de abril, Julie [la mujer de Ian Tomlinson] recibió una llamada del mediador familiar de la comisaría de la City de Londres», me cuenta el abogado de la familia Tomlinson, Jules Carey, en un ruidoso pub del centro de Londres que hay cerca de su bufete. «El mediador en cuestión le dijo: “Hemos concluido nuestras investigaciones. Un grupo de manifestantes con pasamontañas negros ha cargado; y, cuando la policía ha respondido, ellos se han replegado. Ian se ha quedado atrapado entre los manifestantes de los pasamontañas negros y al parecer ha muerto de un ataque al corazón. Han sido los manifestantes quienes han matado a Ian”». De acuerdo con las anotaciones del policía, Julie rompió a llorar cuando la informaron de lo sucedido.

Sin embargo, las nuevas tecnologías cada vez dificultan más la posibilidad de propagar con impunidad esta clase de desinformación. Chris La Jaunie, un gestor neoyorquino de fondos de inversión que estaba de viaje de negocios en Londres, captó, con la cámara de su teléfono móvil, los últimos momentos de vida de Ian Tomlinson. De camino al aeropuerto de Heathrow, pocos días después de que Tomlinson falleciera, La Jaunie se dio cuenta de que el hombre de su vídeo coincidía con el perfil del difunto y le entregó el material al periódico The Guardian.[7]

La versión de la policía se vino abajo. El vídeo muestra a Ian Tomlinson, con las manos en los bolsillos, alejándose de los agentes de policía y de sus perros. Sin provocación alguna, un agente de policía —con pasamontañas y el número de la placa tapado— le pega con su porra en las piernas y luego lo empuja al suelo. Tomlinson se golpea la cabeza contra la acera. Se lo ve sentado en el suelo, quejándose a los agentes de policía, ninguno de los cuales acude en su ayuda. Es uno de los vilipendiados manifestantes, un hombre llamado Alan Edwards, quien ayuda a Tomlinson a ponerse de pie. Edwards recordaría más tarde lo que Tomlinson le dijo a la policía: «Solamente quiero irme a casa».

A continuación, Tomlinson se alejó, con cara aturdida. Sesenta metros más allá, se desplomó. Las últimas palabras que consta que dijo son: «Me han jodido, esos cabrones me han jodido». Una estudiante de Medicina llamada Lucy Apps intentó asistirlo, pero la policía la sacó a la fuerza de allí. Mientras los agentes rodeaban a Tomlinson, un trabajador social llamado Daniel McPhee llamó al servicio de emergencias. Un operador de ambulancias pidió hablar con la policía, pero los agentes se negaron. La versión inicial de la policía no podría haber sido menos exacta.[8]

«El 8 de abril, ocho días después de su muerte, yo estaba sentado en la comisaría de la City de Londres —dice Jules Carey—. Tuve que escuchar cómo el investigador de la policía de la City afirmaba que la mordedura de perro que Tomlinson tenía en la pierna había sido causada, seguramente, por los cristales que tiraban los manifestantes, o que la marca del porrazo de su pierna tal vez se la hubieran causado las mismas porras de los manifestantes. Me dijo que los manifestantes habían robado uniformes de policía y que no descartaba que el atacante de Tomlinson hubiera sido un manifestante».

El forense de la comisaría de la City, Paul Matthews, encargó la primera autopsia del cadáver de Tomlinson al doctor Freddy Patel. Su conclusión fue que Tomlinson había muerto de arteriopatía coronaria. Pero Patel tenía un largo historial de incompetencia profesional. Ya en 2004, la Policía Metropolitana había llegado a escribir al Ministerio del Interior para transmitir serias dudas acerca de su trabajo. El Consejo Médico General llevaba ya cuatro años investigándolo, antes de las protestas del G-20. Meses después de la muerte de Tomlinson, Patel fue suspendido del registro de patólogos del gobierno —más adelante su nombre se eliminó y se le prohibió ejercer la medicina— después de que salieran a la luz otros casos que mostraban su incompetencia. Se encargó una segunda autopsia, que concluyó que, en realidad, Tomlinson había muerto de «hemorragia abdominal debida a […] traumatismo con un objeto contundente en el abdomen asociado con cirrosis alcohólica del hígado».[9] Una última autopsia coincidió con esta segunda.

Tanto la IPCC como la policía interfirieron desde el principio con la investigación de la muerte de Tomlinson. La policía no anunció públicamente la defunción hasta pasadas cuatro horas —en una declaración que afirmaba que los agentes que le estaban practicando los primeros auxilios a la víctima habían recibido proyectiles que lanzaban los manifestantes—, y no se informó a su familia hasta pasadas nueve horas.[10] A la prensa se le dijo que la muerte de Tomlinson no había sorprendido a sus parientes dado su estado de salud, y se solicitó a los periodistas que no especularan para no causar dolor a la familia. La IPCC tardó una semana entera en sacar a la policía de la investigación.[11]

Cuando por fin se llevó a cabo la investigación judicial, el jurado emitió, en mayo de 2011, el veredicto de «homicidio ilegal». Más adelante saldría a la luz que el policía responsable, el agente Simón Harwood, había sido sometido a dos investigaciones previas por mala conducta, una de ellas a raíz de una pelea tras un accidente de tráfico. Había dimitido de la Metropolitana por razones de salud, para evitar que lo sometieran a una vista disciplinaria; luego se había alistado en la policía de Surrey para pedir el traslado de vuelta a la Metropolitana. Cuatro años después de la muerte de Tomlinson, la Policía Metropolitana ofreció un acuerdo extrajudicial y una disculpa pública a su familia «por la angustia física y mental causadas» y aceptó «plena responsabilidad» por las acciones de Harwood.[12] A éste lo acusaron de homicidio, pero lo declararon inocente. Fue el 19 de julio de 2012. Desde 1990 han muerto casi mil quinientas personas como resultado de enfrentamientos con la policía, pero ni un solo agente ha terminado en la cárcel por ello.

Resulta tentador pensar que historias como la de Simón Harwood son casos aislados, una «manzana podrida», algo que no se puede extender a la fuerza policial como institución. Aun así, son ejemplos llamativos de cómo el nuevo Establishment ha fusionado el liberalismo económico con el autoritarismo. El tratamiento represivo de las protestas del G-20 provocó una investigación presidida por Denis O’Connor, el real inspector general de la policía. Sus hallazgos ofrecieron pruebas fehacientes de cómo la policía trataba a los manifestantes. Su informe advertía de un «endurecimiento de la naturaleza de la policía británica», así como del hecho de que las tácticas usadas con las protestas del G-20 podían resultar «injustas, agresivas e incoherentes», y sugería que se usara siempre el mínimo de fuerza, hasta para resolver las situaciones más tensas. Pero lo más crucial, concluía, era que el servicio policial tenía que estar «basado en el consentimiento de la gente». Ante la prueba de que se estaba «perdiendo de vista» este «modelo británico», el informe subrayaba que había que «recuperarlo». Con claridad meridiana, el documento reconocía de forma oficial que la mentalidad de la policía había cambiado.[13]

Pero cuando una nueva ola de protestas sacudió las calles de Gran Bretaña, no se vieron por ninguna parte las tácticas no agresivas recomendadas por O’Connor. Poco después de que la coalición asumiera el poder en mayo de 2010, se triplicó el precio de las matrículas universitarias, una violación flagrante de la promesa electoral que habían hecho los liberal-demócratas respecto a que las abolirían por completo. Aquello desencadenó, en noviembre de 2010, una ola de protestas estudiantiles. Hasta entonces se había acusado condescendientemente a los jóvenes de ser una generación apática y obsesionada con los programas de telerrealidad; ahora que por fin se manifestaban, la policía los recibía con calderas y porrazos. A los participantes en una manifestación celebrada en diciembre en Londres —entre ellos chicos y chicas apenas adolescentes— se los contuvo en una caldera durante cinco horas a temperaturas bajo cero. «Un millar de personas, casi todas muy jóvenes, furiosas y cansadas, quedaron atrapadas en un espacio inevitablemente pequeño, como si estuvieran en un concierto de rock multitudinario», me cuenta Dan Hancox, uno de los activistas que estaban allí. La aglomeración se volvió tan grande que un anestesista de la Aberdeen Royal Infirmary dijo que era «la escena más inquietante que he visto en la vida; Hillsborough debió de parecerse a esto».[14] No es de extrañar que Maina Kai, la ponente especial de las Naciones Unidas para los derechos a la libre reunión pacífica y a la asociación, haya descrito el uso de calderas policiales como «perjudicial para el ejercicio del derecho a la libre reunión pacífica debido a su naturaleza indiscriminada y desproporcionada».[15]

El estilo policial agresivo, las calderas, las detenciones masivas, la demonización de los manifestantes basada en engaños, y las acciones que causan lesiones o hasta muertes son las consecuencias del autoritarismo del sistema. Muchos activistas me hablan de gente que comparte sus preocupaciones políticas, pero que no se atreve a asistir a manifestaciones por miedo a quedar atrapada en una caldera durante horas, a que la detengan o a algo peor. Por mucho que la policía de Sussex, entre otras fuerzas, declare oficialmente que «una de las funciones principales del servicio policial es facilitar las protestas pacíficas», la reacción policial ante las protestas recientes pone ese compromiso en tela de juicio. Es esa conducta lo que convierte a la fuerza policial en defensora del statu quo.

Las estrategias que usa la policía frente a otras formas de disidencia pueden plantear amenazas todavía más graves a la libertad personal. Alison era una veinteañera cuando conoció a Mark Cassidy en 1994, en Hackney, al norte de Londres. Era socia del Colín Roach Centre, un centro cívico fundado en memoria de un joven negro de veintiún años que murió abatido a tiros por la policía de Hackney en 1993. «[Mark] era un tipo sencillo y nada pretencioso, y se presentó como miembro de la clase obrera —me cuenta Alison mientras comemos en un restaurante turco—. Era de agradecer, porque hay muchísima gente de izquierdas que es de clase media». Su relación empezó en la primavera de 1995. Mark decía ser carpintero y vivía en un cuarto de alquiler con un saco de dormir, aunque tenían planes para irse a vivir juntos pronto. «Yo estaba completamente enamorada», admite.

Mark se embarcó en un viaje político. Su centro cívico apoyaba a Anti-Fascist Action, un grupo destinado a limpiar las calles de grupos racistas y fascistas, pero Mark se involucró mucho con otro grupúsculo de izquierdas, Red Action. Su activismo podía atraer la atención de gente peligrosa. Cierta noche, a las tres de la mañana, a Alison la despertó una llamada telefónica de un hombre que pedía hablar con Mark. «Irlandés católico de mierda, te voy a matar», afirmó Mark que le había gritado el tipo antes de colgar. Él la tranquilizó: si fueran en serio, no llamarían primero por teléfono. Cubrió la ventana principal con un tablón. «No te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño», le dijo en tono tranquilizador.

Al principio de su relación, Alison le preguntaba en broma: «¿Vas a ir a delatar a tus amigos a Hendon?», que era donde tenía su sede el principal centro de formación de la Policía Metropolitana; él se reía. Luego, cierto día, cuando ya llevaban un año de relación, Mark se fue a hacer la compra y se dejó la chaqueta en casa. Alison hurgó en los bolsillos y encontró una tarjeta de crédito del NatWest a nombre de M. Jenner. «¿Quién coño es M. Jenner?», le preguntó a gritos cuando él volvió. «Oh, cielos, pero qué idiota he sido», exclamó él, llevándose las manos a la cabeza. Le contó que le había comprado la tarjeta a cambio de dinero en metálico a un «tipo del pub» que necesitaba comprar gasolina, y le rogó que no se lo contara a nadie para que no lo tomaran por ladrón. «Era una historia creíble viniendo de alguien con su perfil», se dijo Alison a sí misma. Al fin y al cabo, era un hombre que venía de un mundo distinto.

En los últimos días de su relación, Mark se volvió más reservado y le contó a Alison que venía de una familia problemática. Un día de primavera de 2000, ella volvió a casa y se encontró una nota en la mesa que decía que su relación se había terminado. Mark le mandó una postal desde Berlín con el mensaje: «No quiero unas “vacaciones de sol”». Era una referencia a una canción de los Sex Pistols. La postal terminaba diciendo: «No me esperes, por favor». Alison se quedó hecha polvo. Unas semanas después de que él desapareciera, recibió una llamada telefónica de los antiguos camaradas izquierdistas de Mark. Aceptó quedar en un pub con uno de sus líderes, que la sometió a un interrogatorio. «Necesitamos repasarlo todo para comprobar que no fuera un espía», le dijo el tipo.

Alison forma parte del colectivo de mujeres que han tenido, sin saberlo, una relación con un agente de policía infiltrado. Entre las experiencias de todas esas mujeres hay parecidos asombrosos. Todos los agentes infiltrados tenían furgonetas, por ejemplo, que les permitían llevar a los activistas a sus casas después de las reuniones, con lo cual llegaban a conocer sus direcciones. Todos se inventaban historias de familias problemáticas como excusas para que sus parejas nunca llegaran a conocerlas. Todos dejaban notas con textos asombrosamente parecidos al marcharse. Según el exmando de la Metropolitana Brian Paddick, aquella estrategia se justificaba en nombre de «cualquier cosa que nos pueda dar ventaja sobre los manifestantes, en términos de valorar qué es probable que vayan a hacer y de poder contenerlos. Era una táctica habitual».

Alison tiene muy claro que esto es «sexismo institucional». Se trata de hombres que forman pareja con mujeres por medio de engaños y tienen relaciones sexuales con ellas. Viven en sus casas y tienen acceso a todas sus posesiones: comparten sus vidas, pero guardan un secreto crucial. «A mí me parece que esto significa que la policía está perdiendo el control por completo en relación con este tema», dice la parlamentaria del Partido Verde Caroline Lucas, que ha hecho campaña para que se haga justicia a las mujeres afectadas. «Si te acuerdas de cuánto se escandalizó la gente con las escuchas ilegales, ¿cómo se tendría que indignar cuando ya no es solamente que alguien te pinche el teléfono, sino que entra en tu vida, se te mete en la cama y comparte todo lo que tú eres, en un caso durante seis años y llegando a tener un hijo contigo».

Una activista que tuvo un bebé con el agente de policía infiltrado Bob Lambert no tiene reparos en describir lo que le sucedió. Afirma haber sido «violada por el Estado». «Yo no acepté acostarme con Bob Lambert. No sabía quién era Bob Lambert. Tuve a un espía viviendo conmigo, acostándose conmigo y formando una familia conmigo, y yo no hice nada para merecer eso.»[16] No es de extrañar, pues, que Vera Baird, procuradora de la Corona y exsubfiscal de la Corona con los laboristas, haya afirmado que la conducta de estos agentes infiltrados entra dentro de los parámetros de lo que es una violación.[17]

Estas supervivientes se agruparon para obtener compensaciones por los daños emocionales, psicológicos y financieros que sufrieron, y también para sacar a la luz hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para controlar la disidencia política. En enero de 2013, sin embargo, un juez dictaminó que algunos de sus casos tenían que tratarse a puerta cerrada, algo que Caroline Lucas llama «echar sal a una herida ya de por sí terrible». Después de que el Estado las violara de formas inimaginablemente íntimas, a aquellas mujeres ni siquiera se les permitía asistir a sus casos judiciales.

Se han cometido otras bajezas. Docenas de espías de la policía han robado las identidades de al menos cuarenta y dos criaturas muertas. Y luego han salido a la luz algunos de los motivos. Cuando en 1993 unos matones racistas asesinaron al adolescente negro Stephen Lawrence, la Policía Metropolitana cometió grandes errores en la investigación; el caso hizo que, en 1999, el Informe Macpherson tachara a la policía de «institucionalmente racista». Pero ahora sabemos que no se limitaron a incumplir su deber de hacer justicia. En junio de 2013, el exagente de policía infiltrado Peter Francis admitió que le habían ordenado espiar a la familia Lawrence para encontrar «trapos sucios» y así poder difamarlos. También ayudó a conseguir la detención de Duwayne Brooks, el amigo de Stephen Lawrence que estaba con él la noche en que lo asesinaron, a partir de unos cargos que luego el juez desestimó.[18] Tuvieron que pasar casi veinte años para que se declarara culpables a dos de los cinco pandilleros que habían matado a Stephen Lawrence. La policía, supuestamente responsable de llevar ante la justicia a los asesinos del chico, en realidad había invertido sus recursos en desacreditar a la familia de la víctima.

El nuevo régimen autoritario otorgaba a la policía amplios poderes para aplastar la disidencia radical. Esto llevaría a una serie de operaciones que parecían más propias de un Estado policial al estilo de la Alemania Oriental. Sin embargo, los activistas no serían las únicas víctimas de este renovado autoritarismo.

Corría el año 1983, y los conservadores de Margaret Thatcher se habían impuesto por una victoria aplastante a una oposición crónicamente dividida. Brian Paddick era por entonces sargento en Brixton, una comunidad racialmente mixta del sur de Londres. «En aquella época se introdujo la actuación policial dirigida —rememora Paddick—. La policía empezó a recibir planes de acción y listas de cuotas. Era un régimen de actuación que hasta entonces no existía». En todos los servicios públicos surgió el imperativo de demostrar que se estaba «retornando la inversión», y aunque el cuerpo acababa de recibir una enorme subida salarial, no se vio libre de estas nuevas directrices para el sector público. Sin embargo, tal como dice Paddick, hubo «consecuencias perversas». A las unidades solamente se les concedían horas extra si realizaban detenciones. «De forma que salían y detenían a montones de jóvenes por tener cannabis. Era fácil y así se conseguían muchas horas extra», recuerda. Y una inmensa mayoría de esos jóvenes eran negros.

El giro hacia las políticas autoritarias no fue instantáneo. En 1981, el gobierno aceptó las recomendaciones de una Comisión Especial de Asuntos Interiores, formada por miembros de ambos partidos, que sugería abolir la llamada «Ley de Sospechosos», que permitía a los agentes de policía parar por la calle o incluso arrestar a un ciudadano por la simple sospecha de que había cometido un delito. Las víctimas de esta ley eran en su inmensa mayoría negras, y este acoso había contribuido a que en 1981 estallaran disturbios en varias ciudades inglesas.

Aun así, estaba claro que el gobierno coqueteaba con el autoritarismo. La ley y el orden constituyeron elementos cruciales del programa electoral del Partido Conservador en 1979. El laborismo, declaraba dicho programa, había socavado «la legalidad». Bajo el mandato de los conservadores, las Leyes de Justicia Criminal impusieron sentencias más duras. El sucesor de Thatcher, John Major, introdujo una Ley de Justicia Criminal y Orden Público en 1994 que concedía nuevos poderes a la policía, como parar por la calle y registrar a civiles «sin sospecha fundamentada», en palabras de Paddick. Se había introducido una modalidad nueva de «Ley de Sospechosos». Bajo, el nuevo régimen, los políticos se definirían a la contra de la llamada «sociedad permisiva» de la Gran Bretaña de la posguerra. Norman Tebbit, el hombre que fue mano derecha de Thatcher, resumió esta «permisividad» en una charla pronunciada en 1985 en la que retrataba a una sociedad donde «los criminales merecen la misma compasión que sus víctimas». Thatcher, entretanto, denunciaba una «cultura de la excusa».

Casi dos décadas más tarde, Tony Blair se haría eco de aquellos mantras. «Una sociedad con estilos de vida distintos [había] engendrado a un grupo de jóvenes que han crecido sin la disciplina de sus padres —afirmó Blair—. La gente ya se ha hartado de esta parte del consenso de los años sesenta». Blair también pedía «reglas, orden y una conducta apropiada». Entre 1993 y 2012, la población penitenciaria de Gran Bretaña prácticamente se dobló y llegó a rebasar los 86.000 reclusos,[19] la más alta de Europa occidental, en términos proporcionales. El problema racial invadía las celdas abarrotadas: la gente de raza negra tenía cinco veces más probabilidades de acabar en la cárcel que los blancos.[20] Aquel nuevo autoritarismo era selectivo, por no decir algo peor: sus objetivos eran quienes estaban en lo más bajo de la jerarquía social, no en lo alto.

Al igual que yo, Yohanes Scarlett, de veintiún años, nunca ha sido detenido, ni mucho menos acusado de un crimen. Pero, a diferencia de él, a mí jamás me ha parado de forma arbitraria un policía por la calle para registrarme. Esa experiencia que me resulta profundamente ajena, para Yohanes casi forma parte de su vida cotidiana. Él tenía doce años cuando, mientras volvía con un amigo de un campo de fútbol cercano a su casa, en Shepherd’s Bush, al oeste de Londres, experimentó su primer registro en la calle. Desde entonces, calcula que lo habrán parado unas cincuenta veces, lo cual hace un promedio de una vez cada dos meses desde los doce años.

Hijo de inmigrantes jamaicanos, Yohanes está acabando una licenciatura universitaria. Su vocación es el periodismo. Su talento le ha permitido que el Evening Standard lo fuera a buscar al club juvenil donde despuntaba escribiendo para darle un puesto de becario. Se expresa con suavidad y elocuencia, y tiene un encanto sutil que hace que caiga bien al instante. También va vestido como muchos jóvenes de las ciudades británicas: sudadera con capucha, vaqueros, zapatillas deportivas y gorra. Es un estilo que ha calado hondo entre la policía: «Vas vestido con el uniforme que llevan los delincuentes», le dijo una vez un agente que lo paró para registrarlo en plena calle.

Las experiencias de Yohanes varían. Hay agentes que son educados. «Diles a tus colegas que no todos los policías son malos», le dicen éstos. También ha vivido incidentes negativos que no tienen nada que ver con registros callejeros. Unos días antes de que yo lo entrevistara, iba caminando a su casa mientras se fumaba un cigarrillo; un coche patrulla se le acercó y se puso a seguirlo lentamente. «Es una experiencia parecida a la intimidación, a la amenaza», dice. Pero es durante los registros callejeros cuando Yohanes se siente despojado de su presunción de inocencia y se siente tratado como un ciudadano que ya no tiene derechos. «Pueden venir a ti a toda velocidad, salir del coche y gritar: “¡Contra la pared!”, y ponerse a gritarte. Y yo no sé qué está pasando, porque sólo estaba intentando volver a casa», cuenta. Hay policías que «básicamente te tratan a empujones. Te lanzan contra la pared, te dan la vuelta de un tirón. Cuando te están registrando, te zarandean de forma muy agresiva, sobre todo si ofreces alguna resistencia: entonces es cuando se les va la mano. Como muestres una pizca de resistencia, entonces ya piensan que te tienen que inmovilizar en el suelo, básicamente… En cuanto empiezas a responderles, como, por ejemplo, a decirles que conoces tus derechos, ya se ponen a pedir refuerzos».

Es difícil explicar a alguien que nunca ha experimentado un registro callejero rutinario lo desagradable que puede ser. «Me entra el miedo, directamente, un miedo tremendo —dice Yohanes—. No sé qué he hecho, pero es igualmente humillante. En medio de la calle, con todo el mundo delante. No tienes ningún poder. No hay nada más molesto en el mundo que sentir que te agarran, te inmovilizan y no te puedes mover». Lo más degradante, sin embargo, es el espectáculo público. Yohanes siente que los transeúntes —la gente que pasa caminando al lado mientras la policía parece estar investigando a un joven negro— lo están juzgando. «También ves a gente que mira desde sus ventanas en plan: “Mira a esos sinvergüenzas”».

Para Yohanes, el espectro racial siempre está ahí, presente e inevitable. Se acuerda de una vez en que lo pararon para registrarlo, cuando él tenía unos quince años y estaba jugando al fútbol con unos amigos. «Nos registraron a todos menos a dos chicos blancos y a uno mestizo que estaban con nosotros —cuenta Yohanes—. Dijeron que era porque no tenían a bastantes agentes para registrarlos, pero estaba claro que nos separaba una cuestión racial. Todos los chicos negros estaban a un lado siendo registrados, mientras que los dos blancos y el mestizo estaban al otro lado con los balones, esperándonos».

Nada de todo esto se basa en sospechas paranoicas de Yohanes. En 2010, un informe de la Comisión por la Igualdad y los Derechos Humanos (EHRC, del inglés Equality and Human Rights Commission), con el apoyo del gobierno, descubrió que la población negra tenía seis veces más números de ser registrada por la calle que la blanca. En el caso de los asiáticos, la proporción era del doble.[21] La situación empeoró todavía más a raíz de la implantación de la sección 60 de la Ley de Orden Público de 1994, una prerrogativa policial que permite parar por la calle y registrar a alguien sin sospecha de delito. De acuerdo con las cifras de la EHRC, en el bienio 2010-2011 una persona negra tenía once veces más probabilidades de que lo parara por la calle la Policía Metropolitana que una blanca. En las Midlands Occidentales, esta disparidad ascendía hasta la vertiginosa cifra de veintiocho veces más.[22]

Se ha avanzado en la reducción del uso de registros en la calle, pero este hecho en sí únicamente demuestra lo ineficaz que es esta práctica a la hora de alcanzar su objetivo manifiesto: reducir el crimen. Para junio de 2013, de acuerdo con la EHRC, cinco fuerzas policiales habían reducido en un 50 por ciento los registros en la calle, al mismo tiempo que las tasas de criminalidad seguían decreciendo.[23] Teniendo en cuenta que solamente un 9 por ciento de los registros en la calle terminaban en detención, hasta la ministra del Interior conservadora, Theresa May, admitió que la cifra la movía a «preguntarse si el registro en la calle se está practicando siempre de forma adecuada». Un informe emitido en julio de 2013 por la Inspección de la Policía descubrió que, en el 27 por ciento de los casos, el agente o bien no había hecho constar ninguna razón para el registro callejero en cuestión, o bien había dado una justificación inválida. El informe concluía que más de dos terceras partes de las fuerzas policiales de Inglaterra y de Gales ni sabían emplear la prerrogativa de forma eficaz ni entendían el efecto que la práctica tenía en las comunidades.

El problema se exacerbó por culpa de las cuotas de detenciones impuestas durante el mandato del nuevo laborismo. Tal como explica Francés Crook, directora de la Howard League for Penal Reform, el gobierno «empujó a la policía a detener a todos los chavales que pudieran, porque así se cumplía con las cuotas, mientras que, como es obvio, otros delitos como la violencia doméstica o la pornografía infantil resultaban mucho más complicados de resolver. Pero, claro, si te pones a detener a montones de chavales de doce años porque molestan, podrás practicar muchas detenciones». En otras palabras, los agentes de policía, cuando los presionaban para cumplir con las cuotas impuestas desde arriba, iban a por el premio más fácil, concretamente los chavales que estaban en la calle.

Para Symeon Brown, líder de la comunidad juvenil de Tottenham, una zona del norte de Londres de población mayoritariamente negra, el uso desproporcionado de los registros en la calle —sobre todo entre los jóvenes negros— ha tenido con los años un profundo impacto psicológico sobre la comunidad. «Eres consciente de que te están excluyendo —explica—. Eres consciente de que te consideran prácticamente un enemigo del Estado. Eres peligroso, se considera que es más probable que vayas a cometer un crimen, que no tengas trabajo y que sea culpa tuya».

El nuevo autoritarismo se extendía a los delitos relacionados con las drogas, y nuevamente esto tenía unas implicaciones raciales enormes. En 1986, la policía llevó a cabo 32.500 registros en la calle en busca de drogas, pero para 2008 la cifra se había disparado hasta los 405.000.[24] Un estudio de la organización benéfica Release, dedicada a los problemas de drogas, reveló en 2013 que la policía británica únicamente detiene por la calle a siete de cada mil blancos para ver si llevan drogas consigo; la proporción asciende a catorce en el caso de las personas de raza mixta, dieciocho por cada mil asiáticos, y cuarenta y cinco de cada mil personas negras. Las personas negras tienen seis veces más números que las blancas de que los consideren sospechosos de llevar drogas y los paren por la calle. La probabilidad de consumir drogas no justifica tal desproporción: tal como señaló la organización benéfica, la gente negra tiene la mitad de posibilidades de los blancos de acabar consumiendo drogas.

Sin embargo, es lo que pasa después de los registros lo que confirma la diferencia de trato entre blancos y negros. Si a una persona negra se le encuentra encima cannabis, tiene cinco veces más probabilidades de que lo inculpen que a una blanca. Mientras que en el caso de los blancos a quienes se descubre en posesión de cocaína se presentan cargos contra un 44 por ciento, cuando se trata de negros la proporción asciende al 78 por ciento. Criminalizar a la gente por la posesión de pequeñas cantidades de droga tiene un impacto perjudicial para su futuro, sin ir más lejos para sus perspectivas laborales: eso ya es una injusticia en sí misma. Sin embargo, lo que indica la existencia de un racismo endémico en el seno del sistema judicial británico es el hecho de que los negros tienen muchas más probabilidades de acabar sufriendo este destino.

Poco después de los disturbios que trajeron caos, destrucción y miedo a las calles de muchas ciudades inglesas en 2011, un estudio llevado a cabo por la London School of Economics y el periódico The Guardian reveló que muchos participantes en los altercados estaban resentidos con la policía. Aparecieron testimonios de registros humillantes y de violencia verbal rutinaria, así como una sensación generalizada de que los trataban de forma distinta por el color de la piel. Un año después de los disturbios, entrevisté al veterano trabajador por los derechos raciales Stafford Scott en un café de Tottenham. Scott me hizo mucho hincapié en que el rencor se transfería de una generación a la siguiente, dado que a la sensación de injusticia que experimentaban los jóvenes por cómo los trataba la policía se le sumaba el resentimiento heredado de sus padres y de sus abuelos. De joven, a Scott lo detuvieron y lo multaron bajo la llamada «Ley de Sospechosos», parte de la famosa Ley de Vagos y Maleantes que databa de hacía casi dos siglos y que se mantuvo en vigor hasta 1981. La ley en cuestión daba poder a la policía para detener a alguien por la simple razón de que tal vez fuera a cometer un delito. El resultado fue la criminalización de muchos hombres negros. Al mismo tiempo, durante las décadas de los setenta y de los ochenta se expulsó a grandes cantidades de adolescentes negros de sus escuelas. Tal como me explicó Ken Hinds, presidente del Grupo Haringey de Control de los Registros en la Calle: «En la comunidad negra ya hay tres generaciones que se han visto afectadas de la misma forma por los registros callejeros, lo cual quiere decir que lo que yo viví hace treinta y cinco años hoy lo está viviendo mi nieto».[25]

Entre los jóvenes negros a los que he entrevistado aflora un sentimiento compartido: que la policía «es la banda callejera más grande que hay». Lo inquietante es que esta clase de expresiones las usa la misma policía. A principios de 2012, el inspector jefe de la policía de Enfield, Ian Kibblewhite, advertía a los pandilleros: «Puede que en vuestra banda seáis cien, pero en la nuestra somos treinta y dos mil. Nos llamamos la Policía Metropolitana». Reflexionando sobre algunos de sus antiguos colegas, Brian Paddick dice: «Hay gente de esa generación que acabaron de criminales, y otros en la policía. Podían haber caído tan fácilmente de un lado como del otro». Y se pregunta por las razones: «¿Era por una cuestión de seguridad? ¿Acaso se sentían más vulnerables? ¿Quizá era gente que veía violencia a su alrededor y quería seguridad, quería alistarse en una banda legítima que les ofreciera protección? Las bandas criminales de hoy en día les infunden una sensación de seguridad a los jóvenes; pues tal vez esos agentes pensaban que la policía les podía ofrecer esa misma seguridad a ellos».

Cuando hablo con el excomisario de la Policía Metropolitana Peter Kirkham, la descripción que me hace del papel de la policía está salpicada exactamente de las mismas imágenes. «Tienes unas viviendas de protección oficial donde una panda de matones ha decidido que van a ser los amos del gallinero —dice—. Lo que necesitas es transmitirles un mensaje bien alto y claro: “No lo vais a ser, coño”. De manera que los zarandeas con fuerza y les transmites el mensaje de que la banda más fuerte que hay por aquí eres tú, y que no piensas sembrar el terror entre la población local».

Está claro que esto es una perspectiva aceptada —y al parecer promovida— en amplios sectores de la fuerza policial británica. Al considerarse a sí mismos una «banda», en vez de protectores imparciales de la ley, la policía se sitúa automáticamente en situación de enfrentamiento con las «bandas» rivales. El término banda tiene toda clase de connotaciones preocupantes: defender el territorio, disfrutar del poder, buscar el prestigio y el respeto que dan estatus, intentar aplastar a los enemigos y buscar su sometimiento. Acaba siendo fácil recurrir a una justificación reconfortante de los propios actos: vale, esto incita a una mentalidad agresiva, pero es que solamente van a sufrirla los maleantes. El problema es que a ciertos grupos de personas —por ejemplo, a los jóvenes negros— se los puede considerar de forma preventiva maleantes, miembros de una banda rival, y tratarlos en consonancia.

Es una postura agresiva que resume muy bien el lema actual de la Policía Metropolitana. Bajo el anterior comisionado de la policía, Ian Blair, el eslogan se cambió por otro más de consenso: «Trabajamos juntos para hacer Londres más segura». Pero con Bernard Hogan-Howe, que asumió el cargo de comisionado en septiembre de 2011, se convirtió en: «La policía total», que parece un eslogan sacado de RoboCop. Ya en 1999, el Informe Macpherson había declarado que en la policía reinaba el «racismo institucional»; mucha gente opina que esto sigue siendo así. «La policía no ha cambiado nada en materia de racismo», afirmó en 2012 el doctor Richard Stone, una de las cuatro figuras que habían trabajado en el informe. «Después de los esfuerzos de todo el mundo, todo sigue igual.»[26] Al año siguiente, la Asociación de la Policía Negra Metropolitana se hacía eco de este argumento, afirmando que «seguimos creyendo que la fuerza policial es institucionalmente racista». Cuando los británicos de raza negra sufren injusticias a manos de la policía, por lo general nadie se entera de sus experiencias. Pero gracias en parte a los avances de la tecnología, ahora se pueden sacar a la luz lo que antes habrían sido casos privados y ocultos de racismo. En verano de 2011, el joven de veintiún años Mauro Demetrio realizó una grabación —que se filtró al Guardian— en la que el agente de policía Alex MacFarlane le decía: «Tu problema es que vas a ser un negro de mierda toda tu vida». Dos miembros del jurado se mostraron en desacuerdo con que MacFarlane era culpable de infligir hostigamiento intencionado con agravante racial, a pesar de que una investigación disciplinaria interna de la Metropolitana lo había declarado culpable de conducta extremadamente perniciosa. Inmediatamente después, hubo una oleada de investigaciones y de cargos judiciales contra agentes de la Policía Metropolitana por presunto racismo.

Más de una década después de las conclusiones incriminatorias de Macpherson, sin embargo, saltaba a la vista que no se estaba tratando de forma eficaz con el racismo manifiesto, y mucho menos con el sutil. Es un problema que hasta el desdichado IPCC subrayó en un informe de 2013. «Muy a menudo se desestiman las quejas sin investigaciones ni conclusiones adecuadas; no se escucha como es debido a quienes se quejan y tampoco se aprenden las lecciones» fue la feroz conclusión de la comisionada del IPCC Jennifer Izekor. «En relación con las quejas por racismo, si el elemento racial no se trata de forma adecuada, se pueden exacerbar las experiencias negativas. También puede comportar que no se pidan responsabilidades a los agentes, o bien que éstos no aprendan de sus actos.»[27] Aquí había una injusticia doble: que a una persona la trataran diferente por su raza y que luego no la tomaran en serio si tenía el valor y la firmeza para quejarse por ello.

«No estoy diciendo que no haya racismo: probablemente exista un poco —admite Peter Kirkham—. Y no creo que sea un racismo muy manifiesto, porque si lo fuera habría consecuencias. […] Seguramente siguen remando muchos estereotipos porque la formación no se enfoca tan bien como se debería». Para Kirkham, sin embargo, la culpa no la tiene la policía, sino el conjunto de la sociedad. «Si te vas a un país musulmán, todo estará montado en beneficio de la religión musulmana —sugiere—. Pues el nuestro está montado de forma conveniente para la religión cristiana; es un país cristiano, con la Iglesia anglicana […]. Claro que miramos el mundo a través de nuestra perspectiva, que es europea occidental, blanca, anglosajona, filtrada por la historia inglesa, y todo eso. Este país está montado de forma conveniente para esa gente, y, por tanto, toda su estructura es institucionalmente racista hacia alguien que no venga en mayor o menor medida de ese trasfondo». Se trata de una justificación preocupante: la idea de que un país está inevitablemente estructurado para satisfacer las necesidades de su grupo étnico mayoritario. Y además desvía la atención del peligro real del racismo institucional de la policía: el hecho de que tiene unos poderes únicos y avasalladores para despojar a la gente de su libertad.

Esta combinación de mentalidad autoritaria y racismo tiene unas consecuencias letales. De acuerdo con la organización benéfica Inquest —que lucha para dar voz a los casos de fallecimientos bajo custodia policial—, «ya ha muerto un número desproporcionado de personas negras y de otras comunidades étnicas minoritarias como resultado del uso excesivo de la fuerza, de las inmovilizaciones o de las negligencias médicas graves. Creemos que esto es indicativo del racismo institucional del sistema de la justicia penal». Sus cifras son escandalosas: desde 1990 han muerto más de cuatrocientas personas negras o de alguna minoría étnica en las cárceles, bajo custodia policial o en reformatorios.[28]

Un caso célebre que llevó a las primeras planas la cuestión de las muertes bajo custodia policial fue el de Sean Rigg, un músico británico negro de cuarenta años que sufría esquizofrenia paranoide. «Sean era una maravillosa persona, con muchas dotes artísticas, bailarín y músico, que siempre escribía sobre su vida y sobre sus viajes», rememora Marcia Rigg, su hermana, mientras estamos sentados bajo el sol de Brixton. «De adolescente era de lo más bullicioso y feliz». Sean no tenía problemas mentales en la adolescencia: las cosas cambiaron en 1988, cuando él tenía veinte años y la policía lo detuvo como resultado de un mal viaje de LSD. En una comisaría le inyectaron algo que Marcia Rigg cree que seguramente fuera un antipsicótico y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Cayó en lo que Marcia denomina «una dinámica de entrar y salir de los hospitales, y ya no se recuperó jamás». A ella le sorprendió cuántos jóvenes negros había en el sistema psiquiátrico, y tuvo que presenciar cómo su hermano desarrollaba dependencia a la medicación; si no la tomaba, sufría episodios psicóticos. Aun así, Sean se las apañó para seguir con su vida y continuar viajando. Terminó viviendo en un albergue de Brixton que servía como centro de rehabilitación para gente con enfermedades mentales; allí le dejaban «ir y venir cuando quisiera; tenía habitación propia en la sección de baja seguridad del albergue».

La mañana del 21 de agosto de 2008, Marcia se despertó y tomó la decisión de viajar a Birmingham para visitar la tumba de su padre. Estaba en casa de una amiga de la familia, sentada y charlando, cuando le sonó el teléfono a altas horas de la noche. Era su hermana, Samantha, con quien la policía se había puesto en contacto porque querían verla urgentemente en persona: era un asunto que no se podía tratar por teléfono. Samantha y Marcia adivinaron de inmediato que su hermano había muerto. En cuanto llegaron los mediadores de la policía, Samantha llamó a Marcia para confirmarle sus miedos. Sean se había desplomado y había muerto cuando estaba bajo custodia policial, o ésa fue la versión que les contaron. La policía prometió ir dándoles más información con cuentagotas a medida que la obtuvieran. Pero el hermano de Marcia y Samantha, Wayne, se mostró receloso y furioso ya desde el principio, y se negó a responder cuando la policía le pidió información sobre el problema médico de Sean. Los agentes informaron a la familia de que el IPCC iba a emprender una investigación, les dieron un folleto que explicaba el papel de este supuesto organismo de control de la policía y los informó del nombre del investigador del IPCC responsable del caso: Christopher Partridge. Samantha preguntó a los agentes cuándo podrían identificar el cadáver. «Me dijeron que estaba dentro de una bolsa para cadáveres cerrada herméticamente y me invitaron a identificar a Sean por su pasaporte —me dice Marcia—. No lo entendíamos». Los agentes también le dieron a Samantha un puñado de folletos, uno de ellos de la organización benéfica Inquest. Desesperada, Samantha se puso en contacto con ellos. Inquest la informó de que se iba a practicar una autopsia estatal la misma mañana del 22 de agosto.

Marcia regresó a Londres aquel mismo día y se reunió con el resto de la familia en el albergue, para interrogar al personal médico. En nombre del IPCC, el encargado de la investigación, Christopher Partridge, informó a la familia de las lesiones reflejadas en el resultado de la autopsia: «Un pequeño arañazo en la mejilla, lesiones atribuibles a las esposas, raspaduras en las rodillas y codos, y nada más. Y no tuvimos razón alguna para no creerle».

Sin embargo, cuando por fin se permitió a la familia ver el cadáver de Sean, por la mañana del sábado 23 de agosto de 2008, lo que vieron los cogió desprevenidos. En un lado de la cara, Sean tenía heridas que le llegaban hasta la sien. Rompieron a llorar, juntaron las manos por encima del cadáver y rezaron un padrenuestro. Pero luego los hermanos se dieron la vuelta. «¡Han asesinado a mi hermano!», gritó Wayne.

Las autoridades habían argumentado que querían proteger la dignidad de Sean Riggs tras su muerte. Pero en sus últimos momentos no había habido dignidad alguna. «Nos tuvimos que volver detectives», dice Marcia, en referencia a los firmes esfuerzos de la familia para reconstruir lo sucedido. Dos semanas más tarde, visitaron las oficinas del IPCC y allí pudieron ver las imágenes que habían grabado las cámaras de vigilancia durante sus últimos momentos. «Vi esas imágenes con mi hermano Wayne, sufriendo horrores. Y cuando nos las entregaron, casi tres años más tarde, nos dedicamos a visionarlas una y otra vez, sin parar, viendo cómo Sean moría a los pies de aquellos hombres, y lo que ellos le hacían, y lo transcribimos».

El 21 de agosto, la salud mental de Sean Rigg se había deteriorado rápidamente; desde su albergue se estuvo llamando una y otra vez a la policía, que no hizo caso. Sean abandonó el albergue y salió a la calle. Varias personas llamaron al número de emergencias y la policía respondió. Persiguieron a Rigg por la calle, lo esposaron y lo tuvieron inmovilizado en el suelo, con la cara contra la acera, durante casi ocho minutos. Lo detuvieron por atacar a un agente de policía, desorden público y robo de un pasaporte invalidado, que luego resultó que era el suyo.

Mientras lo llevaban a la comisaría de Brixton en el suelo de un furgón policial con jaula trasera, a Rigg lo dejaron en posición de «V», con las piernas dobladas, mientras su estado físico y mental se deterioraba a marchas forzadas. Lo dejaron once minutos con las esposas puestas detrás de la espalda, con las muñecas cruzadas, en el aparcamiento de la comisaría, cada vez en peor estado de salud. Pero los agentes de policía no le hicieron ni caso: uno de ellos aparecería más tarde en las imágenes de la cámara de vigilancia afirmando que Rigg estaba «haciendo teatro». Cuando al ya gravemente lastimado Rigg lo llevaron a la zona enrejada de la comisaría que hace de antesala al complejo de celdas, lo volvieron a dejar otros diez minutos en el suelo del patio, todavía esposado, hasta que llegó un médico. Para entonces, el chico llevaba cerca de veinte minutos en comisaría. Un agente le dijo al médico que Rigg estaba «fingiendo estar inconsciente». Unos diez minutos más tarde, el médico se encontró con que al detenido se le había parado el corazón y ya no respiraba. A su llegada al King’s College Hospital de Southwark, a Riggs lo declararon muerto.

Sin embargo, cuando el IPCC investigó la muerte de Riggs, su informe de febrero de 2010 no encontró prueba alguna de negligencia ni de malas prácticas por parte de la policía; al contrario, el documento aseguraba que se había actuado «de forma razonable y proporcionada». Para las voces críticas con el IPCC, se trataba de un veredicto risible, pero en absoluto inesperado. En 2008, más de un centenar de abogados dimitieron de su comité asesor, expresando su «consternación y desilusión cada vez mayores» por la «falta absoluta de rigor en la toma de decisiones del IPCC en todos los niveles».

En febrero de 2013, un informe de la Comisión de Asuntos Interiores de la Cámara de los Comunes criticó despiadadamente al IPCC por encontrarse «lamentablemente mal equipado e incapacitado para lograr sus objetivos originales. No tiene ni el poder ni los recursos que necesita cuando penden dudas sobre la integridad de la policía».[29] Y no se trataba principalmente de una cuestión de falta de poderes o de competencias: era un problema de quién formaba parte del IPCC, una composición que cuestionaba su independencia real como organismo. «Lo cierto es que deciden no ejercer los poderes de que disponen porque es un organismo poblado de expolicías —dice el procurador de la Corona Michael Mansfield—. Los expolicías sienten una preferencia inconsciente por proteger a la fuerza, y, por consiguiente, no actúan con la diligencia debida». El nuevo Establishment había aumentado los poderes de la policía, y, aun así, el equilibrio de poderes seguía siendo precario y estando en jaque.

En contraste con el informe del IPCC, un jurado de instrucción del Tribunal Forense de Southwark emitió un veredicto detallado que concluía que la actuación de la policía había contribuido «de forma decisiva» a la muerte de Rigg; que los agentes habían hecho un uso inadecuado e innecesario de la fuerza, y que no habían respetado los derechos básicos del detenido. Pese a que Rigg había forcejeado con los policías, el jurado no consideró que se hubiera mostrado violento. Las pruebas que aportaron los agentes de la policía a la investigación de su muerte resultaron ser falsificaciones y mentiras, una circunstancia que se encargó de recalcar la familia de Rigg. Tendrían que pasar cinco años de su muerte para que detuvieran a tres agentes de policía —dos de ellos involucrados en la detención y un tercero de la Federación de la Policía— por perjurio y obstrucción a la justicia, y otro año más para que la Fiscalía de la Corona se planteara emprender acciones legales contra dos de estos policías. Cuatro agentes implicados en la detención y un sargento están siendo investigados nuevamente por el IPCC, dentro del proceso de revisión de la detención, la inmovilización y la reclusión de Rigg.

Cuando, en mayo de 2013, se publicó un informe independiente sobre la investigación del IPCC, éste vino a condenar la actuación de un organismo de control que supuestamente existía para exigir responsabilidades a la policía. El IPCC había aceptado una serie de versiones de los agentes de policía que eran «inverosímiles e improbables»; no había examinado unas imágenes de cámaras de vigilancia que contradecían las afirmaciones de uno de los agentes; y encima la interferencia de la Federación de Policía había constituido una «conducta inapropiada». Los agentes involucrados habían podido consultarse entre ellos.[30] La investigación del IPCC era una broma, una farsa, una parodia de un exhaustivo intento de sacar a la luz la verdad.

«Sean no era un animal —dice Marcia—. Era un ser humano, y lo tendrían que haber tratado como tal, sin importar que fuera negro, indio, chino o lo que fuera».

La policía había salido envalentonada por el nuevo poder que le había concedido la élite política. Pero aquellos poderes no se aplicaban de forma igualitaria. Había comunidades con menos derechos que otras, y las consecuencias de esto podían ser trágicas. Eran quienes estaban en los escalafones más bajos de la sociedad los que sufrían a manos del autoritarismo de la policía. Por su parte, quienes gozaban de poder e influencia apenas tenían nada que temer.

Poco después de que se publicara el Informe Macpherson de 1999 sobre la muerte de Stephen Lawrence, dice Brian Paddick, «a la policía le entró la paranoia de proteger su reputación». No se limitaban a «evitarles la vergüenza a los mandos cuando las cosas salían mal —explica—, [sino que] se encubrían las cosas para preservar la reputación de la policía y así garantizar la cooperación del público». Una de sus respuestas fue desarrollar una gran maquinaria de relaciones públicas y acercarse a los directores de los periódicos. Esto condujo a lo que Paddick define como una serie de «pasos inapropiados»: por ejemplo, «congraciarse con directores de periódicos y agasajarlos con banquetes, para intentar que la prensa no publicara noticias negativas sobre la policía». De este modo, se fueron acercando a los medios de comunicación.

No es de extrañar, pues, que la Policía Metropolitana obstruyera una investigación de las escuchas ilegales que se inició en 2005. De entrada se aferró a una definición muy técnica del concepto de escucha ilegal, según la cual solamente iba contra la ley escuchar mensajes que no hubieran oído antes las víctimas, lo cual llevó a la afirmación completamente engañosa de que no había más que «un puñado» de víctimas. La Metropolitana estaba haciendo caso omiso de pruebas más que evidentes.

Ya a principios de 2006 se había hecho una redada en casa de Glenn Mulcaire, el detective privado responsable de gran parte de las escuchas ilegales; el registro de la vivienda había revelado los detalles de miles de posibles víctimas de escuchas. Entre los documentos encontrados, había uno titulado «Transcripción para Neville», en referencia al periodista del News of the World Neville Thurlbeck. Sin embargo, la Metropolitana no lo interrogó a él ni a ningún otro periodista ni ejecutivo del News of the World. De acuerdo con una investigación del New York Times, los agentes de la Metropolitana no presentaron ninguna prueba ante la Fiscalía de la Corona, y tampoco «plantearon ciertas pruebas ante la fiscalía, por ejemplo, las notas que sugerían que había más periodistas involucrados».[31] Como la mayor parte de la prensa británica guardaba silencio sobre aquel escándalo incipiente, recayó en un periódico extranjero la tarea de emprender la investigación. Cuando a Mulcaire y al excorresponsal sobre asuntos reales del News of the World Clive Goodman los encarcelaron por interceptar ilegalmente los mensajes telefónicos de la familia real en 2007, la Metropolitana intentó vender la versión de que habían actuado solos y que no había nada más que investigar.

«Creo que la policía siempre alegará falta de recursos», sugiere Paddick. Sin embargo, eso no bastaba para explicar su conducta. Se tomó la decisión de informar a las altas esferas políticas de que había habido víctimas de escuchas ilegales —a fin de cuentas, la situación tenía implicaciones graves en materia de seguridad—, pero esa finalmente nunca se llevó a término. Al mismo tiempo, la policía informó a unos periodistas del Mail on Sunday de que la News International les estaba pinchando los teléfonos. «De manera que no dijeron nada a quienes tendrían que habérselo comunicado por las consecuencias en materia de seguridad, pero sí que les contaron a una serie de periodistas que estaban siendo espiados por otros periodistas —dice Paddick—. Eso dice mucho del vínculo entre la policía y los medios de comunicación, o de la importancia que ésta le daba a esa relación». Había recursos de sobra disponibles en la junta de crímenes especiales de la policía, pero, por inexplicable que parezca, nunca se les transfirió el caso.

También hay otros factores. De los cuarenta y cinco encargados de prensa que trabajaban en la junta de relaciones públicas de la Metropolitana, diez venían de trabajar antes en News International. Los altos cargos de la Metropolitana siempre estaban siendo agasajados por figuras del imperio Murdoch. Entre 2006 y 2011, el comisionado de la Metropolitana Paul Stephenson cenó nada menos que dieciocho veces con luminarias de la News Corporation. En 2005, la Metropolitana había encargado a Andy Hayman, agente responsable de las Operaciones Especiales de la fuerza, que dirigiera la investigación de las escuchas ilegales llevadas a cabo por periodistas contra miembros de la casa real. Y, sin embargo, en abril de 2006, Hayman seguía cenando y bebiendo champán habitualmente con varias figuras del News of the World, mientras sus propios agentes se dedicaban a reunir pruebas para la investigación. Cuando poco más de un año después, Hayman se marchó de la policía, le dieron una columna en el Times, un órgano de Murdoch. Era el excomisionado de la Metropolitana, John Stevens, quien había establecido aquella estrecha relación entre la policía y el imperio Murdoch. En abril de 2012, el exsubdirector y director ejecutivo del News of the World, Neil Wallis, se jactaría ante la Comisión Leveson de haber ayudado a Stevens a conseguir su trabajo en la Metropolitana, y de que el excomisionado invitaba a los agentes de la policía a compartir información con la prensa siempre que pudieran. Tras retirarse en 2005, también le dieron una columna en un periódico de Murdoch, el News of the World.

Neil Wallis es un hombre bajito, con barba y un áspero acento de Lincolnshire. Su detención por supuestas escuchas ilegales fue un episodio traumático; él la describe como «una persecución política absolutamente fuera de madre a cargo del Estado». Se acuerda perfectamente del momento en que la policía le tiró abajo la puerta, poco antes de las 6.00 de la madrugada del 14 de julio de 2011. «Me hicieron una redada como si mi casa fuera un antro de yonquis, como si yo fuera un traficante de armas o un miembro del crimen organizado —dice—. Me pusieron la casa patas arriba. Fue horroroso, joder». Se pasó veinte meses en libertad bajo fianza, una situación que él define como «un infierno para mis hijos. Me costó mi trabajo; me costó un mínimo de dos años de un sueldo de seis cifras; me costó mi matrimonio. Es una situación que te hace enloquecer». Aunque en febrero de 2013 se anunció que no se presentarían cargos, ocho meses más tarde a Wallis volvían a interrogarlo tras advertirle de que todo lo que declarara podría usarse en su contra. Y esta epopeya, me cuenta, venía de las ganas que tenía el laborismo de vengarse del imperio Murdoch por haberse vuelto contra ellos, y los miembros del Parlamento en general por la exposición mediática de sus gastos.

Wallis no se sonroja al hablar de sus vínculos con la policía. «Con la mayoría de mis contactos, es una cuestión de simbiosis: las dos partes nos beneficiamos, y a mí no me importa que me inviten a cenar en el Wolseley —dice riendo—. Ellos conseguían lo que querían, que era cobertura, respaldo y orientación». John Yates, el ayudante del comisionado, declaró ante la Comisión Leveson que era un «buen amigo» de Wallis y que iban juntos a ver el fútbol. Wallis llegó a montar su propia empresa de relaciones públicas, Chamy Media, que recibía generosas sumas de dinero de la News International a cambio de historias de crímenes basadas en investigaciones de la Metropolitana. «Me pasé años siendo el jefe de prensa no oficial de varios comisionados y mandos de la Metropolitana, porque confiaban en mí —dice—. Me pagaban por los mismos consejos que antes se daban gratis, y aunque francamente no mucho». Dick Fedorcio, el jefe de comunicaciones de la Metropolitana, que mantenía una relación estrecha con la News International, y hasta permitió que el redactor jefe de la sección de Crimen del News ofthe world usara una vez un ordenador de la Metropolitana para escribir un artículo, finalmente tuvo que dimitir a raíz de haber contratado a la empresa de Wallis para que asesorara a la policía en materia de relaciones públicas y haberle pagado 24.000 libras entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. Fedorcio no era el único. En la tormenta que estalló después de las revelaciones sobre Milly Dowler, tanto Stephenson como Yates perdieron sus cargos. Pero aunque rodaron estas importantes cabezas, pocos agentes más de policía fueron suspendidos, y mucho menos arrestados.

Dentro de esta relación de compadreo entre la Metropolitana y las élites de Murdoch, también se efectuaban pagos ilegales a oficiales de la policía, una práctica que había salido a la luz ya en 2003 a raíz de los interrogatorios a Chris Bryant, y que los medios de comunicación se habían dedicado concienzudamente a omitir. En julio de 2011, el Guardian recibió una serie de documentos que sugerían que el News of the World les había dado unas cien mil libras a, por lo menos, cinco oficiales de policía. La auxiliar del comisionado Sue Akers —en quien había recaído la tarea de presidir la investigación de la Metropolitana del escándalo Murdoch— declaró ante la Comisión Leveson que, al parecer, «en el Sun había existido una cultura de pagos ilegales», hasta el punto de que un periodista había tenido ciento cincuenta mil libras a su disposición para pagar información. Los periodistas, recalcó, parecían entender plenamente que «lo que estaban haciendo era ilegal».

La policía llegó a intimar todavía más con las élites tanto políticas como mediáticas. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen sugerir que su lugar dentro del nuevo Establishment no es tan seguro como había parecido de entrada. Las fuerzas del orden contribuyeron a aplastar toda oposición a los valores del nuevo Establishment, sí. Pero cuando esos valores se aplicaron a sus propias filas, provocaron una amarga venganza.

Fue una imagen que arrancó sonrisas irónicas de los activistas políticos más veteranos. En mayo de 2012, miles de policías fuera de servicio se manifestaron por Londres para protestar por los recortes, las privatizaciones y las reestructuraciones. En las redes sociales abundaban ideas como que habría que hacerles la caldera.

Y, de hecho, los agentes que se manifestaban bullían de furia. Pocos días después de la protesta, la ministra del Interior conservadora Theresa May fue abucheada en su comparecencia ante la conferencia anual de la Federación de Policía, celebrada en Bournemouth. «Creo que hay gente que nos considera ludditas, individuos opuestos al cambio, y eso no es cierto», dice el presidente de la Federación de Policía, Steve Williams, que acentúa la necesidad de llevarse bien con los políticos. «Por culpa de los abucheos y de las preguntas fuera de tono a la ministra del Interior, hemos perdido a un montón de amigos tanto en la política como entre el público. Y fue una minoría dentro del público, pero, tal como lo reflejaron los medios de comunicación, será lo único que la gente recuerde de la conferencia». En marzo de 2013, casi un año más tarde, en una encuesta organizada por la Federación de Policía, el 81 por ciento de los agentes votaron a favor de presionar al gobierno para conseguir derechos laborales tales como el de huelga; la moción, sin embargo, quedó en nada por culpa de la regla que decía que se necesitaba el consentimiento de la mayoría de los agentes y no solamente de quienes participaban con su voto.

Parecía que se había llegado a un punto de inflexión. A mediados de los años ochenta, la policía había ayudado a derrotar a los mineros en huelga que plantaban cara al nuevo Establishment y a su devoción por las ideas neoliberales, como, por ejemplo, dejar que el mercado lo arrasara todo y que el Estado se retirara de la vida económica. Aquella ideología tendría un impacto devastador en las minas de carbón y en las comunidades que dependían de ellas. Para preservar la lealtad de sus agentes mientras éstos derrotaban a sus enemigos, a la fuerza policial se la dispensó de todas estas políticas. Se convirtió en un tópico entre los comentaristas y los ministros del gobierno referirse a la policía como «el último servicio público sin reformar». Sin embargo, ahora que el régimen estaba afianzado en su posición —y convencido de que sus oponentes estaban derrotados—, la razón que había existido para dar un trato de favor a la policía ya no era relevante. En noviembre de 2013 —cuando el gobierno de coalición ya había sancionado la pérdida de más de diez mil puestos de trabajo en la policía—, la Metropolitana anunció un plan para privatizar servicios por valor de quinientos millones de libras. Recortes y privatizaciones: aquél había sido el destino de los demás trabajadores, y ahora (con retraso) le llegaba su turno a la policía. Y no les gustó nada. Pero por mucho que hubieran desempeñado un papel crucial a la hora de instalar el régimen, era inevitable que a ellos también les llegara su hora.

Otra de las reformas emblemáticas del gobierno actual ha sido la introducción de comisionados electos para la policía y el crimen en Inglaterra y Gales, lo cual, supuestamente, confiere a las fuerzas policiales de la nación un mayor grado de responsabilidad hacia el público. Pero cuando se celebraron elecciones en noviembre de 2012, la participación fue ridícula: por debajo del 15 por ciento, la más baja de cualquier elección nacional en tiempos de paz. Quedó claro que aquélla no era la forma de aumentar el grado de responsabilidad pública de todos los sectores de la comunidad policial. Supondría, en cambio, un aumento de la politización de la policía, una preocupación que caló ampliamente y que sin duda contribuyó a la baja participación.

La ira de la policía hacia el gobierno iba en aumento. Finalmente, en otoño de 2012, los métodos empleados por los agentes contra los manifestantes y los miembros de los grupos étnicos minoritarios se usaron contra un hombre que estaba en lo alto de la jerarquía social.

Andrew Mitchell rezuma poder y autoridad. Mientras conversamos en su majestuoso despacho de la Cámara de los Comunes, me clava una mirada desconcertantemente fija y suelta comentarios distraídos al investigador que tiene sentado al lado, con un tono que sugiere que para él dar órdenes es tan natural como respirar. Nacido en el próspero barrio de Hampstead, en el norte de Londres, hijo de un exministro conservador y caballero del reino, asistió al exclusivo internado privado de Rugby, donde lo apodaron «trilladora», un indicio bastante elocuente de cómo debió de ser su conducta adolescente. Tras licenciarse por la Universidad de Cambridge, donde no es de extrañar que lo nombraran presidente de la Asociación de Estudiantes, trabajó para el banco de inversiones globales Lazard, y finalmente ingresó en el Parlamento en calidad de aforado conservador. A pesar de haber sido director de campaña de David Davis, el candidato perdedor de las elecciones primarias de los conservadores que acabó ganando claramente David Cameron, Mitchell acabó formando parte del gabinete en un puesto de sicario crucial para Cameron: el de jefe de grupo parlamentario. Fue en pleno desempeño de este cargo cuando Mitchell chocó con la policía y su federación, algo que tuvo unas consecuencias políticas espectaculares.

Mitchell afirma que él siempre ha sido «un gran valedor de la policía»: en un momento dado, hasta llegó a ser responsable de temas policiales del gabinete en la sombra y a trabajar estrechamente con uno de los predecesores de Steve Williams, Jan Berry. «La policía ha convertido mi circunscripción en la segunda más segura de Gran Bretaña —se jacta Mitchell—. A menudo salía con la policía de madrugada y a ver cómo manejaban las situaciones, así que conozco muy bien el cuerpo y los tengo en muy alta estima en su conjunto».

En calidad de jefe de grupo parlamentario, Mitchell era uno de los tres ministros que trabajaban en Downing Street. Recuerda que una vez la policía «no me quiso dejar entrar para celebrar una reunión urgente con el gabinete y el primer ministro». El malentendido, sin embargo, se solucionó enseguida. «Me quejé al jefe de seguridad y todo se aclaró, y a partir de entonces pude entrar y salir por la puerta de atrás sin ningún problema». De vez en cuando, no obstante, sí que se encontraba con algún problema. Había agentes de policía que no le querían abrir la verja. «Pero yo les decía: “Ábranme la verja, por favor, trabajo aquí”, y ellos me dejaban pasar».

Pero, la noche del 19 de septiembre de 2012, el agente de policía que vigilaba la verja se negó a dejarlo pasar. «Yo no estaba dispuesto a tener que ir con mi bicicleta por la acera para peatones, cruzar la cancela, dar la vuelta y salir por la otra punta de la verja». Fue entonces cuando Mitchell le dijo al agente: «Trabajo aquí, soy el jefe de grupo parlamentario, déjeme salir». El agente Toby Rowland, sin embargo, permaneció inflexible y le respondió tres veces que no. Ambas partes empezaron a perder los nervios y Mitchell soltó una palabrota. «Le dije: “Yo pensaba que estabais aquí para ayudarnos, joder”, una afirmación nada cuestionable. Luego, mientras me iba, estoy casi seguro de que le dije: “Ya volveremos a este asunto mañana”».

Pero no es así como el episodio consta en el registro oficial de la policía. De acuerdo con el agente, Mitchell le gritó: «A ver si aprendes el puto lugar que te corresponde. Tú no diriges este puto gobierno. […] Eres la puta plebe». Mitchell negó categóricamente haber usado estas palabras, lo cual llevó al agente Rowland a ponerle una demanda por calumnias (demanda que vencería en los tribunales), con el poderoso apoyo financiero de la Federación de Policía. Al día siguiente, al parecer, una fuente independiente corroboró qué había pasado: John Randall, subjefe de grupo parlamentario, recibió un correo electrónico de alguien que afirmaba ser un ciudadano de a pie que se encontraba en Downing Street en el momento de los hechos. También había oído las palabras injuriosas, junto con varios peatones más, todos «visiblemente escandalizados».

Cuando el registro policial se filtró al Sun, estalló un clamor nacional. Lo que pasó a conocerse como el «Plebe-gate» tocó una fibra sensible, pues ya existía un resentimiento generalizado hacia un gobierno dominado por millonarios educados en la escuela privada. Ahora, al parecer, surgía una evidencia incriminatoria que apoyaba la idea generalizada de que los miembros del gobierno eran una panda de pijos arrogantes que despreciaban a las clases bajas. Las camisetas, gemelos y parches con la palabra «plebe» se convirtieron en expresiones de desafío contra unos políticos conservadores que rezumaban desprecio hacia la gente corriente. A Mitchell no se le escapa el significado de estas palabras: «Son una especie de caricatura de un rico juerguista de los años veinte, del típico patán de clase alta».

El Sun, enfurecido por las propuestas de reforma de los medios introducidas después de la Comisión Leveson para las escuchas ilegales, vio cómo se le presentaba una oportunidad inmejorable para intimidar al gobierno. «El Sun hizo campaña contra mí», dice Mitchell. El periódico solamente mencionaba muy de pasada su rechazo de la versión del registro policial. Poco después del incidente, el redactor jefe de Política del Sun, Tom Newton Dunn, asistió a la conferencia del Partido Conservador con el lema «Plebe» en la ropa. «Fueron a cazarme como si fuera un animal salvaje —cuenta Mitchell—. Al final de los campos que tenemos detrás de casa hay un bosque, y yo me imaginaba a mí mismo en plena noche allí como un animal acorralado, hostigado por toda aquella gente».

El torbellino de los medios de comunicación fue una experiencia profundamente traumática hasta para alguien como la «Trilladora». «Le pregunté a Alastair Campbell [antiguo director de Comunicación de Tony Blair] y me dijo que ocho días de ataque frontal de los medios es lo máximo que puede soportar un individuo o un gobierno —dice—. David Kelly se cortó las venas después de seis. Nosotros aguantamos veintiocho días». Mitchell perdió veinte kilos y cuenta que en aquellos días se convirtió en «un cadáver andante» y que ni él ni su mujer pudieron comer ni dormir. La gente le insultaba a gritos por la calle. Sus hijos también lo pasaron mal.

Mitchell dimitió después de veintiocho días, alegando toda la «publicidad dañina» que estaba haciendo imposible su trabajo. Sin embargo, los argumentos en su contra pronto empezaron a venirse abajo.

El 19 de octubre de 2012, la Federación de Policía de las Midlands Occidentales mandó a tres agentes de policía a reunirse con él para hablar del escándalo. «Era otra trampa», alega Mitchell. Después de la reunión, los policías afirmaron que el político se había negado a revelarles lo que había dicho realmente aquella noche fatídica. No se dieron cuenta de que un encargado de prensa del Partido Conservador había grabado todo el encuentro, y la grabación demostró que estaban mintiendo.

Luego, tres meses después de los hechos, aparecieron imágenes del incidente grabadas por una cámara de vigilancia. En ellas se ve un breve intercambio de palabras, pero pocos indicios de que se produjera un, diálogo completo, ni mucho menos de que se cruzaran insultos acalorados. Y lo más importante, puesto que contradecía las alegaciones de la policía: no había ningún grupo de turistas ni gente cerca. Luego vino la prueba más incriminatoria de todas. La persona que había mandado un correo electrónico al subjefe de grupo para dar su versión de la conversación no era un ciudadano de a pie, ni mucho menos. Era un agente de protección de embajadas de Scotland Yard llamado Keith Wallis. Más tarde, éste admitiría que no había estado presente: su correo electrónico había sido una mentira descarada.

Lo que parece que sucedió es que un incidente con un agente de policía temeroso de recibir una reprimenda después de que el jefe de grupo parlamentario del gobierno lo amenazara con quejarse, se convirtió en una amenaza innecesaria de detención. En aquel momento, Mitchell les pidió disculpas a los agentes implicados y ellos las aceptaron. Pero había buenas razones para que aquella breve conversación se inflara hasta convertirse en lo que sería bautizado como «Plebe-gate».

Entre las filas de la policía no paraba de crecer el descontento por la supuesta falta de respuesta de la Federación de Policía a las políticas gubernamentales. «De pronto, la federación tenía un incentivo enorme para usar aquella situación contra el gobierno —sugiere Mitchell—. Así es como nos llaman los ministros del gabinete, plebeyos, así es como se comportan». Tal como dijo el exministro laborista Chris Mullin en pleno apogeo del escándalo, después de que Mitchell se disculpara ante los agentes: «En un abrir y cerrar de ojos, la prensa se ha puesto en contacto con los agentes de policía y los ha convencido para que compartan el contenido de sus cuadernos, que aparecen debidamente impresos en la portada del Sun y después del Daily Telegraph. […] Los de la federación son una panda de matones. Tienen un largo historial de intimidar a ministros, a periodistas y a cualquiera que los estorbe».[32] Fue la federación quien lideró la campaña para forzar a dimitir de su cargo a Mitchell, y su sección de las Midlands Occidentales la que intentó pringar todavía más al exjefe de grupo parlamentario.

¿Hubo una conspiración? «Yo pienso que no», dice Steve Williams, que asumió el mando de la Federación de Policía después del «Plebe-gate». De acuerdo con el IPCC —cuya independencia de la policía se ha visto cuestionada con frecuencia—, no hubo nunca una «conspiración organizada», sino una confabulación de distintos agentes —lo cual, dice Mitchell, «viene a ser lo mismo»— que «no sólo trató injustamente al señor Mitchell», sino que también «manchó la reputación del servicio policial». La investigación de la Policía Metropolitana mostró que había existido contacto entre Wallis, que fue quien aportó la «prueba» clave, y otros dos agentes de policía. Mitchell se mofa de la idea misma de que el agente que envió un correo electrónico a su ayudante en el Parlamento actuara por cuenta propia. «No puede haber una conspiración de una sola persona, es imposible. A ver si abrimos los ojos a la realidad». Se abrió una investigación, pero Mitchell la describe como una «maniobra de la retaguardia para defender a su jefe, el comisionado de la Policía Metropolitana, que apareció en la radio nacional para expresar maliciosamente una confianza del ciento por ciento en sus hombres». Pese a todo, se detuvo a varios agentes —también por filtraciones no autorizadas a los medios de comunicación— y, en febrero de 2014, Keith Wallis y otro agente de policía, James Glanville, fueron expulsados del cuerpo. A Wallis le cayó una condena de doce meses de cárcel por mala conducta, en el desempeño de un cargo público.

«Si hubiera pasado en Etiopía, verías a la prensa británica atacando este país por su falta de derechos humanos —dice Mitchell—. Lo que hay aquí son unos policías armados que protegen la ciudadela del poder político de Gran Bretaña y que incriminan falsamente (a la vieja usanza) a un alto cargo del gobierno: el jefe de grupo parlamentario del gobierno. Y luego no se les pueden pedir responsabilidades. En este país le damos un poder gigantesco a la policía. Tienen el poder de despojarte de tu libertad».

Mitchell cree que su caso ha trascendido porque es un hombre poderoso que se ha visto sometido a una experiencia que normalmente sólo sufren quienes carecen de poder. «Si esto le puede suceder a un ministro del gobierno —dice—, también te puede pasar a ti, a tus hijos o a tus nietos. Olvídate de mí, yo he podido plantar cara y sacar esto a la luz. Piensa en los jóvenes pobres de Handsworth o de Brixton. ¿Qué posibilidades tienen ellos si les pasa algo parecido?» Cuando saltó el escándalo, su mujer, médica de familia, tenía hasta miedo de ir al trabajo, pero, cuando lo hizo, señala Mitchell, las reacciones fueron significativas. «Las enfermeras afrocaribeñas se acercaron a ella, la abrazaron (ella había estado preocupada de que le hicieran el vacío) y le dijeron: “Ahora ya sabes lo que nos pasa a nosotros y a nuestros hijos”». La experiencia traumática de Mitchell lo llevó a apoyar Black Mental Health, una organización benéfica que ayuda a los presos que sufren problemas de ansiedad. Se trata de gente convencida de su inocencia, me cuenta, y que, por tanto, se niega a aceptar su culpabilidad; a menudo esta pugna tiene profundos efectos en su salud mental.

Pero en noviembre de 20l4, Mitchell perdió espectacularmente el juicio por calumnias al que le había llevado el agente Rowland. El juez declaró que la versión de los hechos de Rowland era la correcta, obligando a Mitchell a pagar unas costas judiciales enormes y terminando con su larga carrera política. Pero tal como diría después del juicio un colega de Rowland, el agente Ian Richardson —también presente en la verja de Downing Street, y que testificó contra Mitchell— se trataba de «un incidente trivial y absurdo» cuyo resultado había sido «completamente innecesario». Además de admitir que «lo sentía mucho» por Mitchell, declaró: «Se podría decir que es un episodio de poca monta que se ha filtrado a la prensa y no hay que darle más importancia. Pero sí que se le ha dado importancia, y hemos acabado todos en el Tribunal Superior la semana pasada y ésta. Es una vergüenza enorme y que le ha costado cara a mucha gente». Resulta particularmente interesante su valoración del papel jugado por la Federación de Policía, que él dijo que necesitaba «una reforma a fondo»: «Creo que necesitan representar a sus afiliados con mayor claridad. Esto no era una percha de la que colgar sus frustraciones».[33]

La acusación contra Andrew Mitchell atrajo tanta atención pública porque él era un conservador blanco y de clase media-alta, un tipo poderoso e influyente. Se pudieron conseguir imágenes de cámaras de vigilancia; los medios pudieron investigar unas acusaciones que habían obtenido un eco enorme entre la gente. Tal como hemos visto, muchas víctimas de injusticias a manos de agentes de policía no tienen ni mucho menos tanta atención pública. A menudo, nadie repara en ellas o se las toma en serio. Muchas veces tienen que resignarse a la situación en la que se han visto metidas. No es de extrañar que aquellas enfermeras abrazaran a la mujer de Mitchell.

El extraño caso de Andrew Mitchell muestra que la policía ocupa un lugar precario dentro del régimen neoliberal. Desempeñó un papel clave a la hora de consolidarlo, derrotar a sus oponentes y ejercer de instrumentos de su mentalidad autoritaria. Pero ahora que el sistema ya no se enfrenta a ningún movimiento organizado que pueda suponerle amenaza alguna, alienar a la policía ya no plantea el mismo riesgo que antaño.

Y, sin embargo, el episodio también resultó muy ilustrativo de una mentalidad que había calado hondo entre la policía: al fin y al cabo, Mitchell había sufrido un destino que normalmente —y muy a menudo— persigue a quienes están en lo más bajo de la jerarquía social. El autoritarismo de la policía es un buen reflejo de la distribución del poder. Imponen una versión de la ley que se ceba sobre las faltas de los pobres, pero que, en términos generales, defiende a los poderosos. El autoritarismo de la policía desmiente las afirmaciones del régimen sobre que ha reducido el Estado. De hecho, al Estado le va muy bien bajo el Establishment; siempre y cuando, claro, trabaje por los intereses del sistema.

5 GORRONES DEL ESTADO

Mark Littlewood lleva su amor al tabaco grabado en la cara y en los dientes; su hábito de fumar veinte cigarrillos al día también se hace evidente en su voz áspera. Se trata de un hombre refinado y encantador que habla deprisa y con énfasis cuando se tratan sus pasiones políticas, y que experimenta una emoción clara cuando está debatiendo ideas con oponentes irreconciliables. El director general del Institute of Economic Affairs (IEA) tiene una filosofía muy clara: el ansia de ser libre del Estado, reducir sus fronteras y dar rienda suelta a la libertad humana que el Estado reprime. Estamos sentados charlando en una sala de reuniones de la impresionante casa georgiana de fachada plana que sirve de sede al IEA: aunque la Cámara de los Comunes se encuentra a menos de cuatrocientos metros de aquí, estamos en una calle plácida de casitas adosadas que ha tenido bastantes residentes famosos, como, por ejemplo, el ex primer ministro laborista Harold Wilson.

Littlewood me explica que es su antiestatalismo lo que justifica su motivación para oponerse a la prohibición de fumar en lugares públicos, un ejemplo de la inaceptable intromisión del Estado en el derecho a decidir de los individuos. Littlewood es exjefe de Medios de los liberal-demócratas y —me recalca— no es conservador. Apoya la legalización de «todas las drogas», «probablemente aboliría la monarquía», se muestra «muy escéptico con el Estado nación» y es «extremadamente liberal en materia de inmigración, hasta el punto de que seguramente abriría las fronteras». En pocas palabras, es un libertario. Pero en el centro de sus principios está el deseo de imponer recortes drásticos al Estado. «Hace un par de años publicamos una investigación bastante voluminosa titulada: “Hachas más afiladas, impuestos más bajos” —rememora Littlewood—, donde se defendía que los recortes que estaba haciendo el gobierno eran irrisorios y que teníamos que reducir mucho más el gasto público, hasta la mitad». Incluso él admite que se trataba de una visión «insólita».

Littlewood tiene un compromiso personal inquebrantable con el radicalismo del libre mercado. A fin de cuentas, es un zapador, dedicado a expandir los límites de lo que se considera políticamente posible. Su radicalismo lo comparte Simón Walker, director del Institute of Directors (IoD), organismo que representa a directores de empresas británicos. Walker no tiene unos orígenes especialmente derechistas, pero —igual que tantos otros— dio un giro a la derecha en los años ochenta. A los dieciocho años huyó del régimen del apartheid de Sudáfirica para irse a Oxford, donde presidió el club laborista de la universidad. En la campaña para las elecciones generales neozelandesas de 1984, llevó la comunicación del Partido Laborista de ese país, que se había embarcado en un programa de privatizaciones y de recortes e impuestos. A su regreso a Gran Bretaña en 1989, trabajó para una serie de firmas de presión parlamentaria y terminó en la Sección Política del gobierno conservador de John Major, antes de volver a pasarse al sector privado. Fue, sucesivamente, director de Asuntos Corporativos de la British Airways, secretario de Comunicación de la Corona y director de Comunicación Corporativa y Marketing de la agencia Reuters. Se pasó cuatro años presidiendo la BVCA —que representa capitales de inversión y de riesgo en Reino Unido— antes de fichar por el IoD en octubre de 2011. Su carrera no puede estar más arraigada al Establishment.

Walker tiene esa pasión típica del converso. «Creo que la reducción de los gobiernos y la ampliación de la libertad de maniobra de las empresas son la dirección adecuada —me explica en la lujosa sede que tiene el IoD en la avenida Pall Mail de Londres—, y no cuestiono que tenga que quedar un residuo de gobierno que se encargue de mantener la ley y el orden y garantizar el cumplimiento de los contratos, pero para mí el gobierno no debería ser más que eso». Su noción recuerda al «Estado vigilante nocturno», expresión acuñada por el socialista alemán del siglo XIX Ferdinand Lassalle para describir la visión mercantilista de sus contemporáneos: un Estado con las funciones reducidas al mínimo.

Aunque pueda presentar matices más moderados o más radicales, la ideología dominante del Establishment británico es uniforme. El Estado es malo y supone un obstáculo a la capacidad empresarial. El crecimiento y el progreso provienen de los mercados libres. Los empresarios son los verdaderos generadores de riqueza. Se trata de un sentimiento del que se hacen eco los miembros de la élite política de todos los signos. Cuando Nick Clegg llegó a líder de los liberal-demócratas en 2007, meses antes del colapso financiero, juró «definir una alternativa liberal a las desacreditadas políticas de los gobiernos grandes». Cada vez que tenía oportunidad, atacaba «la educación nacionalizada, la sanidad nacionalizada y los subsidios nacionalizados: todo ello dirigido por monopolios centralizados e inflexibles». El líder de los conservadores, David Cameron, entretanto, defendía los mercados libres por ser «la mejor fuerza imaginable para producir riqueza y felicidad humanas», argumentando que «los mercados abiertos y la empresa libre sí que pueden promover la moralidad», y pidiendo unas reformas que «acabaran con el monopolio estatal de los servicios públicos». Cuando David Miliband se presentó como candidato a las primarias laboristas de 2010, reprendió a su partido por «dar la imagen de estar incrementando el poder del Estado cuando, de hecho, nuestra misión es dar poder a los individuos, a las comunidades y a las empresas».

Esta perspectiva está tan ampliamente aceptada por el sistema que a quienes la cuestionan mínimamente se los considera excéntricos en materia política. Y, sin embargo, toda la ideología del capitalismo de mercado libre se basa en una estafa: el capitalismo británico depende por completo del Estado. Es más, a menudo la ideología mercantilista del Establishment es poco más que una simple fachada para colocar recursos públicos en manos privadas a expensas de la sociedad.

Este estatalismo empieza por la protección nacional del derecho a la propiedad, garantizado por una policía y un sistema legal considerablemente caros. El Estado no solamente protege los locales de las empresas para que no entren intrusos, por ejemplo, o impide el robo de la producción. Las leyes de patentes también impiden que los competidores de una empresa les copien los productos, y en 2013 hasta se modificó la legislación para garantizar que solamente cueste seiscientas libras registrar una innovación en toda la Unión Europea.[1] Asimismo, el Estado usa la Ley de Registro de Marcas y Derechos de Autoría para proteger los derechos de propiedad intelectual de las empresas.

La ley de Responsabilidad Limitada protege a los accionistas de tener que rendir cuentas personalmente de las deudas de una empresa. En otras palabras, sólo han de rendir cuentas del dinero que han invertido en acciones, lo cual sanciona que sean los acreedores de la empresa quienes carguen con las pérdidas. El padrino de la ideología capitalista, Adam Smith, se oponía a la idea de la responsabilidad limitada, puesto que, sin ella, los accionistas estarían completamente expuestos a las decisiones que tomara la empresa en la que habían invertido, y eso los motivaría a participar de forma activa en su gestión, en vez de limitarse a esperar que llegaran los dividendos: «Hasta el último socio se responsabilizará de las deudas contraídas por la empresa con toda su fortuna». Hoy en día, también hay extremistas libertarios mercantilistas que se oponen a la responsabilidad limitada, puesto que la consideran una intervención inaceptable del Estado en la vida económica, y creen que son los accionistas —y no el país— quienes han de asumir los riesgos. «Son cosas que no existían en la primera época del capitalismo —explica Ha-Joon Chang, economista risueñamente disidente de la Universidad de Cambridge que ha escrito varios superventas en los que ataca el consenso económico—, y que básicamente limitan el riesgo de pérdidas para los inversores y les permiten ganar más dinero del que podrían obtener sin esas leyes». En el siglo XVIII, cuando un empresario se endeudaba, tenía que venderse sus bienes terrenales para abonar la deuda; y si no podía, lo esperaba la cárcel de morosos. La ley de quiebras de hoy en día, sin embargo, les da a los empresarios tiempo para reestructurar sus negocios y sus deudas, y les permite volver a empezar desde cero sin la amenaza de ir a la cárcel.

Las empresas también se benefician del Estado en materia de costes de investigación y desarrollo. Aunque la empresa privada también contribuye a ellos en la actualidad el gobierno está invirtiendo entre nueve y diez mil millones de libras anuales de su dinero en I+D. La élite empresarial se dedica de forma rutinaria a pasarle el cepillo al Estado, clamando para que se inviertan todavía más recursos públicos en este tema. En 2012, la Confederación de la Industria Británica (CBI) —la voz de las empresas— aplaudió el aumento del gasto en «infraestructura científica» y lo celebró por ser «un gasto extra más que bienvenido en infraestructura de investigación y desarrollo», asegurando que contribuiría «a que Reino Unido siga siendo un lugar atractivo para las empresas que quieran invertir en investigación, en desarrollo y en innovación».

Tal como ha desvelado la catedrática de Economía Mariana Mazzucato, las empresas privadas se han beneficiado directamente de toda esa generosidad estatal. Por ejemplo, la investigación emprendida por el Medical Research Council a partir de los años setenta desarrolló los anticuerpos monoclonales. Tal como se jacta el Council, ese hallazgo «revolucionó la investigación biomédica y dio arranque a una industria biotecnológica internacional que mueve muchos miles de millones de libras», además de generar fármacos para tratar enfermedades que van del cáncer al asma.[2] Aunque internet tuvo su origen en la investigación gubernamental de Estados Unidos, la World Wide Web la creó el ingeniero británico Tim Berners-Lee en el centro europeo de investigación con fondos públicos CERN. El motor de búsqueda Google habría sido imposible sin el algoritmo que le da forma, el cual le suministró generosamente la National Science Foundation norteamericana. El iPhone de Apple reúne una amplia gama de innovaciones sufragadas por el Estado, desde las pantallas sensibles al contacto hasta microelectrónica y sistemas de posicionamiento global GPS. Los ejemplos de contribución estatal a las empresas son incontables.[3]

Las empresas tampoco pueden funcionar sin la infraestructura que promueve el Estado, como, por ejemplo, las carreteras, los aeropuertos y los ferrocarriles. Miren, sin ir más lejos, a la CBI, firme defensora de los programas de recortes al gobierno, siempre y cuando se siga aumentando el gasto en los sectores que ella quiere. En público, la organización asegura que «apoya plenamente el programa de reducción del déficit gubernamental» con el objeto de «mantener la confianza de los mercados internacionales», y también porque dicha reducción del déficit asegura unas «tasas de interés excepcionalmente bajas tanto para el gobierno como para las empresas» en relación con los préstamos. Tras las enmiendas a los presupuestos generales de 2012, la CBI celebró los recortes brutos en las prestaciones sociales a los trabajadores y a los desempleados, que han afectado con especial dureza al segmento más pobre de la población, y pidió que se bajara el impuesto de sociedades al 18 por ciento (en 2010 todavía era del 28 por ciento, y un gobierno devotamente casado con las empresas ya lo estaba bajando al 20 por ciento). Sin embargo, la CBI no para de exigir que el país invierta en proyectos que ella cree que benefician a los negocios, como, por ejemplo, en mejorar y actualizar la red de carreteras. «La infraestructura es importante para las empresas —tal como explica el director general de la CBI, John Cridland—, y mantener al día nuestras redes de comunicaciones es una de las prioridades cruciales que se marca la CBI para poner otra vez la economía en marcha». Cridland ha llegado a pedir unas «Olimpiadas para la industria, con planes de gran magnitud que puedan cambiar realmente las cosas».[4]

Es más: la CBI no tiene reparos en defender los recortes a las prestaciones de algunos de los sectores más pobres de la sociedad para que, a cambio, se financien políticas que beneficien a las empresas. Después de la declaración de otoño de 2012 de George Osborne, la CBI sugirió que el ahorro que supondrían los recortes de los diversos departamentos del gobierno y de las prestaciones al trabajador podrían recaudar unos mil quinientos millones de libras «para extender y mejorar la red de las grandes carreteras de Reino Unido y reducir la congestión de las vías locales». En junio del año siguiente, el gobierno prometió 28.000 millones de libras para extender y reparar la red de carreteras, en la que anunció como «la mayor inversión en carreteras desde los años setenta». Sin embargo, la CBI quiere que un peso mayor de la financiación de ese gasto recaiga en el automovilista individual, y pide que sean los peajes de las autopistas británicas quienes suministren los fondos. Esto concuerda con su voluntad de que se deje de gravar directamente a las empresas para hacerlo de manera indirecta al individuo.

La CBI también quiere que el Estado suelte el dinero para construir aeropuertos nuevos. En un informe publicado en marzo de 2013, la confederación avisaba de que «Reino Unido está perdiendo la carrera con nuestros principales competidores europeos a la hora de obtener nuevas conexiones con Brasil, Rusia y China, lo cual afecta negativamente al potencial de exportación a largo plazo, perjudica la competitividad y disuade a quienes vienen a invertir». Además de una «inversión urgente» en las «deficientes conexiones por carretera y por ferrocarril» con los aeropuertos, la CBI proponía que el gobierno emprendiera medidas para crear nodos de transporte aéreo internacional. A medio plazo, eso implicaría pistas nuevas en aeropuertos del sur del país como Heathrow o Gatwick. Puede que la CBI no sea la única a quien le parece sensato invertir en carreteras y en aeropuertos. La cuestión, sin embargo, es que las demandas de la CBI ilustran lo mucho que las grandes empresas dependen del Estado, por más que defiendan la austeridad para todo lo que no sean los proyectos que les gustan a ellas.

La red ferroviaria privatizada y sufragada por el contribuyente es un ejemplo notorio de cuánto puede llegar a depender el sector privado del Estado. En 2013, un informe sobre el sistema ferroviario encargado por el sindicato TUC y realizado por el Centre for Research on Socio-Cultural Change descubrió que la inversión estatal en los ferrocarriles era nada menos que seis veces más elevada, en términos reales, que antes de que éstos se privatizaran a mediados de los noventa. El informe concluía que las empresas que operaban los trenes se habían beneficiado de «un aumento espectacular de la inversión estatal a partir de 2001, un período en que el Estado ha pasado por el aro y ha tenido que ponerse a pagar infraestructuras nuevas para compensar el hecho de que no las han creado las operadoras privatizadas». Como las empresas privadas que gestionaban la red ferroviaria no habían invertido, fue el Estado quien tuvo que pagar.

Aun así, la privatización no ha traído la inversión privada en trenes y en vías que prometía, y las máquinas y los vagones se han ido reemplazando con menor frecuencia, lo cual ha provocado que no haya suficientes plazas para la cantidad cada vez mayor de pasajeros del ferrocarril, es decir, que los trenes están cada vez más abarrotados. Tal como decía el informe, la privatización ha supuesto que «unas empresas privadas reacias al riesgo y a la inversión se posicionen como meros extractores de recursos, gracias a los elevados subsidios públicos». Una vez más, el riesgo ha recaído en el contribuyente, mientras que los beneficios se privatizan; o bien, como decía el informe, «si sale cara, ganan ellos; y si sale cruz, perdemos nosotros». Solamente entre 2007 y 2011, las cinco mayores compañías ferroviarias de Reino Unido han recibido casi tres mil millones de libras en subsidios estatales. Esta dependencia del Estado les ha resultado ciertamente lucrativa. Durante el mismo período de cuatro años, esas cinco empresas han disfrutado de unas ganancias operativas de quinientos millones de libras, que en su práctica totalidad se han traducido en dividendos para los accionistas.

A modo de respuesta a las críticas, las empresas ferroviarias señalan rutinariamente el aumento del número de pasajeros como prueba de que la ciudadanía está satisfecha con los ferrocarriles. Pero este incremento se debe a otros factores, como los cambios de la economía y de la naturaleza del trabajo, el hecho de que vayan más jóvenes a la universidad, etc. La innovación tecnológica y las mejoras han sido financiadas o cubiertas por el contribuyente, no por el sector privado. Y, sin embargo, a pesar de todos los subsidios que se ha tragado el sistema, éste sigue estafando al pasajero. Los billetes de los trenes británicos son los más caros de toda Europa y los precios suben muy por encima de la inflación, a pesar de que los salarios caen en términos netos. Comparen esta situación con Francia, donde el sistema ferroviario es casi en su totalidad de propiedad pública. El país galo tiene unas tarifas mucho más bajas, a pesar de que el gobierno invierte una cantidad bastante parecida de dinero público; pero, claro, allí la financiación no se ve malversada por empresas privadas.[5]

El caso de una empresa que recayó en manos públicas en 2009 ejemplifica bien el fracaso del sistema ferroviario privado sufragado por el Estado. Según señaló en 2013 la Office of Rail Regulation, la línea pública East Coast era la empresa ferroviaria más eficiente del país en términos de dinero del contribuyente, dado que recibía mucho menos dinero público que ninguna de las quince franquicias ferroviarias en manos privadas de Reino Unido: Solamente un 1 por ciento de los ingresos de la East Coast eran subsidios del gobierno, mientras que en las empresas privadas el porcentaje llegaba en algunos casos al 36 por ciento.[6] Después de su nacionalización, la East Coast dio saltos espectaculares en sus resultados, incluyendo un descenso radical de las quejas de los pasajeros.[7] Pero como el fundamentalismo mercantilista no opera de forma práctica según «lo que funciona», en enero de 2015 la empresa fue entregada a un consorcio formado por Virgin —empresa dirigida por el evasor de impuestos Richard Branson— y Stagecoach, cuyo presidente, Brian Souter, era más conocido por sus campañas contra los derechos de los gays. La propiedad pública había resultado ser un humillante éxito y había que terminar con ella. El laborista Tom Wilson me cuenta que un exministro de Transporte le dijo: «Esas operadoras ferroviarias son lo más parecido que tenemos a picaros y a vagabundos en el mercado, y los acuerdos regulatorios son completamente inadecuados».

El Estado no solamente está ahí para ayudar a las empresas ferroviarias privadas. Otras compañías antes públicas también se benefician de la generosidad del gobierno. En septiembre de 2013, el Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes amonestó al gobierno por darle lo que en la práctica era un subsidio de 1.200 millones de libras a British Telecom para que tendiera banda ancha rural. De acuerdo con el comité, mientras recibía unos fondos públicos enormes, la empresa estaba «emprendiendo más acciones para explotar su posición cercana al monopolio y para limitar el acceso al mercado tanto al por mayor como al detalle, en detrimento del consumidor».

Otros subsidios estatales benefician a empresas cuyas acciones ponen en peligro el bienestar mismo del planeta. Cuando en 2005 David Cameron se convirtió en el líder juvenil y supuestamente desintoxicador del Partido Conservador, se embarcó en una cruzada medioambiental, animando al electorado a «votar a los azules para ser verdes», organizando una sesión de fotos en el Polo Norte con perros husky para hacer hincapié en el problema del cambio climático, y modificando el logo de su partido por un árbol. Cuando los conservadores aterrizaron cinco años más tarde en el número 10 de Downing Street, se produjo un giro espectacular en su actitud, y el nuevo ministro de Economía George Osborne declaró que «no vamos a salvar el planeta a cambio de la bancarrota para nuestro país». El gobierno de la coalición ha emprendido un duro ataque a las energías renovables. Además, en julio de 2012, Osborne recortó un brutal 10 por ciento los subsidios a la energía eólica costera y cedió a las presiones tipo «mientras no me toque a mí» de los parlamentarios conservadores que no querían turbinas eólicas en sus comunidades locales.

Las industrias de los combustibles fósiles, en cambio, disfrutan de unos generosos subsidios estatales. Para empezar, se benefician del tremendo recorte del IVA al consumo de gasolina, gas y carbón, del 20 al 5 por ciento, que les puede suponer un ahorro de miles de millones de libras. Encima, las empresas de combustibles fósiles gozan de exenciones tributarias, incluidos ingresos no gravados en la producción de petróleo y gas, que les permiten ahorrarse hasta doscientos ochenta millones de libras anuales.[8] En el presupuesto de 2012, Osborne aumentó las exenciones para las pequeñas plataformas de petróleo y de gas del mar del Norte, y concedió un nuevo beneficio fiscal de tres mil millones para perforar alrededor de las islas Shetland.[9]

Los combustibles fósiles también resultan costosamente perjudiciales para el medio ambiente, razón por la cual el Fondo Monetario Internacional sugiere que, si ese costo no se refleja en el precio del combustible fósil, esto también representa un subsidio.[10] Y todas estas prestaciones del gobierno son gigantescas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solamente al gas natural ya van a parar subsidios por valor de más de tres mil millones de libras.[11]

La industria nuclear británica es otra beneficiaría de los subsidios estatales. Aunque el gobierno rechaza la etiqueta de «subsidio», en abril de 2014 la comisión parlamentaria de control medioambiental calculó que la industria nuclear se beneficia de una prestación anual de 2.300 millones de libras. Los operadores de centrales nucleares están protegidos con una cláusula de responsabilidad limitada. Si se produjera un desastre nuclear, sólo tendrían que aportar 140 millones de libras para pagar las consecuencias; el gobierno ha propuesto la idea de subir esta cantidad hasta los mil millones, pero la medida todavía no se ha llevado a cabo. El resto tendría que pagarlo el erario público, lo cual reduce drásticamente los costos en seguros de los operadores nucleares. Y es más: el Estado asume la mayoría de la carga financiera de lo que cuesta el futuro desmantelamiento y la recogida de los residuos nucleares, que ha subido de forma exponencial de los cincuenta y seis mil millones calculados en 2005 a los más de cien mil actuales. No es de extrañar, pues, que los liberal-demócratas se hayan opuesto a un aumento de la producción de energía nuclear tanto desde la oposición como desde el gobierno. El ministro de Energía y Cambio Climático, el liberal-demócrata Edward Davey, declaró en una ocasión que la energía nuclear, además de presentar «riesgos para la seguridad y el medio ambiente», «solamente es posible con gigantescos subsidios del contribuyente, o bien con un mercado amañado», a pesar de lo cual en 2012 declaró que «sólo se construirán nuevas plantas nucleares si no ha de ser con subsidios públicos. […] Esto no es negociable».

Sin embargo, el estado actual de la industria nuclear vuelve a ilustrar la realidad que subyace al capitalismo moderno: siempre se espera que sea el contribuyente quien pague la cuenta. Violando la promesa de Davey, en 2013 el gobierno de coalición llegó a un acuerdo con un grupo de empresas propiedad de los Estados francés y chino para construir en Somerset, Inglaterra, la central nuclear Hinkley Point C. El acuerdo consistía en un contrato subsidiado de treinta y cinco años a un valor garantizado del doble del precio actual de la energía. De acuerdo con los analistas de Corporate Finance Partners, los subsidios podrían ascender a 720 millones anuales tras computar la inflación.[12] El caso demostró que el gobierno británico no estaba en contra de la propiedad estatal, siempre y cuando estuviera a cargo de ella otro Estado que no fuera Gran Bretaña.

Tal vez nada refleje tan bien el capitalismo subsidiado por el Estado como la industria armamentística. En nombre de la Campaña Contra el Comercio de Armas (siglas en inglés, CAAT), el Instituto de Investigación Internacional por la Paz de Estocolmo publicó un informe en 2011 que revelaba que el Reino Unido se gastaba 698,9 millones anuales de libras en subsidios a la exportación de armas (aunque el organismo consideraba esta cifra muy conservadora). La cifra incluía 15,8 millones anuales de libras para la UK Trade & Investment’s Defence and Security’s Organization, que es quien supervisa el comercio de armas. Con unos 55.000 británicos trabajando directamente en la exportación armamentística, se trata del equivalente a unas 12.707 libras de dinero público por cada puesto de trabajo.[13]

Aunque la cifra de trabajadores de la industria del armamento ha caído en picado del medio millón de principios de los ochenta a poco más de doscientos mil hoy en día, la industria continúa disfrutando de estos subsidios tremendamente generosos.[14] «Es la mayor industria manufacturera que hay, y en ella trabaja un montón de gente cualificada —me cuenta Ann Feltham, de la CAAT, en la destartalada sede que tiene el grupo en Finsbury Park—, pero es porque es la única que está subsidiada y tiene apoyo público, mientras que muchas de las demás las han dejado cerrar. De manera que es un pez que se muerde la cola». El Establishment ha seguido una estrategia de no involucrarse en el mercado con otras industrias, lo cual permite que desaparezcan, a pesar de las consecuencias devastadoras y duraderas para las comunidades que dependían de ellas. En cambio, cuando se trata de armas que matan a la gente, todo cambia. Ni siquiera se puede decir que muchas de esas armas se vayan a usar para defender la seguridad nacional. Un gran número de ellas terminan en manos de los clientes extranjeros del Establishment inglés, entre los cuales se cuentan algunos de los peores violadores de los derechos humanos del planeta: en 2011 se aprobaron exportaciones por valor de 1.850 millones de libras bajo licencias militares estándares solamente al régimen saudí.[15]

Sin embargo, el mundo de las grandes empresas no sólo se beneficia de estos subsidios directos a ciertos sectores concretos; también lo hace de las gigantescas inversiones estatales en otros ámbitos. Por ejemplo, gran parte del segmento más rico de la sociedad opta por evitar la educación pública. Pues bien: por el hecho de llevar a sus hijos a la escuela privada, se benefician de unas exenciones fiscales anuales por valor de 88 millones de libras que vienen de concederles el estatus de organización benéfica a las escuelas privadas. Así es como el Estado subvenciona los privilegios de la clase alta y la segregación social. Si tenemos en cuenta el trasfondo socioeconómico de los alumnos de la enseñanza privada, resulta que los centros privados no son académicamente mejores que los públicos.[16] Pero tal como ha señalado el historiador David Kynaston, lo que casi nunca se ha destacado es el éxito que tienen estas escuelas «como formidables maquinarias de criba y sofisticadas redes sociales que evitan que los alumnos agradables pero poco espabilados, o incluso los agradables pero indolentes, desciendan en la jerarquía social».[17]

Pero da igual adónde lleven a sus hijos, las élites empresariales siguen dependiendo de un sistema educativo sufragado por el Estado para formar a sus trabajadores. A fin de cuentas, los patronos necesitan que sus trabajadores puedan no solamente leer, escribir y hacer cuentas, sino también solucionar problemas y tener otras habilidades. Educar a Gran Bretaña es caro, y cada año se invierten unos cincuenta y tres mil millones de libras únicamente en las escuelas. Aparte de que se hayan recortado unos veintiocho mil millones netos de inversión estatal en la enseñanza superior, que se hayan triplicado las matrículas universitarias ha impuesto a los estudiantes una carga cada vez más grande; se les deja con unas deudas medias de más de cincuenta y tres mil libras por alumno y se les trata como a simples consumidores, a pesar de que las empresas no podrían funcionar sin trabajadores con formación universitaria.

Las empresas nunca paran de presionar al Estado para que modifique la educación en beneficio de las necesidades de los empresarios. En un informe detallado sobre el sistema escolar, la CBI afirmaba que «la mejora de la enseñanza» era «el elemento más importante de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Reino Unido», afirmando que «si esto se hace bien, entrañaría un beneficio económico potencialmente enorme». Sin embargo, una de las soluciones que proponen es que se entreguen franjas enteras del sistema educativo a las empresas con ánimo de lucro, una política que tiene el apoyo de la élite conservadora, pese a que esto haría inevitablemente que el dinero público acabara en los bolsillos de los accionistas, en vez de gastarse en la educación de los niños.

Las empresas también dependen de que el Estado dedique unos recursos considerables a los contratos de aprendizaje. De acuerdo con una encuesta que realizó en 2011 la CBI entre las empresas británicas, casi dos tercios de los empresarios creían que los contratos de aprendizaje tenían que ser una prioridad de las inversiones del gobierno, y, en efecto, todos los años la Administración central gasta en ellos la bonita cifra de 1.400 millones de libras. Además de ser crucial para el futuro de millones de personas, la educación y los aprendizajes reportan un gran beneficio para la sociedad. Se ve favorecida de la formación de los médicos, técnicos, profesores, trabajadores de la industria automotriz, mecánicos, científicos, abogados y demás. Pero la educación y los aprendizajes también son servicios de provisión estatal, sin los cuales el mundo de la empresa no podría vivir. Su capacidad para competir o incluso funcionar se vería perjudicada sin una fuerza de trabajo formada a expensas del Estado.

Puede que las empresas dependan del esfuerzo de sus trabajadores, pero lo cierto es que cada vez les están pagando menos. De hecho, el salario medio no caía durante tanto tiempo seguido desde la época victoriana. De acuerdo con la Resolution Foundation —un think tank de centro izquierda dedicado a investigar el nivel de vida—, en 2009 unos 3,4 millones de trabajadores británicos cobraron menos que el «salario mínimo», estipulado en 7,20 libras a la hora (y eso si uno vive fuera de Londres). Sin embargo, en 2012, la cifra se había disparado hasta los 4,8 millones, incluida una cuarta parte de todas las mujeres trabajadoras, una subida sustancial respecto al 18 por ciento del total de mujeres de sólo tres años atrás. Para asegurarse de que estos trabajadores mal pagados tengan una buena calidad de vida, hay que concederles créditos fiscales que «ajusten» su salario, unos créditos subsidiados, por supuesto, por el contribuyente. En el bienio 2009-2010, por ejemplo, el gobierno se gastó 27.300 millones de libras en esos créditos fiscales, la mayoría de los cuales fueron a parar a familias con trabajo. Entre 2003-2004 y 2010-2011, se gastó en ellos la exorbitante cifra de 176.640 millones. Cierto, los créditos fiscales son un salvavidas para millones de trabajadores que, si no los tuvieran, se verían sumidos en situaciones de verdadera miseria. Pero eso no quita que los créditos fiscales sean, en la práctica, un subsidio para que los jefes puedan pagar sueldos bajos. Los empresarios contratan a trabajadores pero no les pagan un sueldo suficiente para vivir de forma adecuada y dejan que sea el Estado quien se haga cargo de sus empleados mal pagados.

El mismo principio se aplica a los 24.000 millones que se invierten en ayudas a la vivienda. En 2002, 100.000 inquilinos privados de Londres se vieron obligados a pedir ayudas a la vivienda. A finales de la época del nuevo laborismo, la subida de los alquileres había hecho aumentar la cifra hasta el cuarto de millón. Por un lado, era síntoma de que ninguno de los gobiernos sucesivos había ofrecido viviendas de protección oficial a precios asequibles. Y como se empujaba a los inquilinos al sector privado del alquiler, que era mucho más caro, las ayudas a la vivienda funcionaban como un subsidio para que los caseros privados pudieran cobrar alquileres más altos. De acuerdo con un estudio de la Building and Social Housing Foundation de 2012, más de nueve de cada diez nuevas solicitudes de ayudas a la vivienda durante los dos primeros años del gobierno de la coalición no fueron a parar a gente desempleada, sino a familias trabajadoras.[18] Muchos de estos solicitantes son trabajadores con sueldos tan bajos que simplemente no pueden permitirse pagar los alquileres astronómicos que cobran los caseros privados. Y no son sólo los caseros individuales quienes acaban siendo subsidiados por las ayudas a la vivienda, sino también las empresas inmobiliarias, que en algunos casos reciben más de un millón de libras del contribuyente al año, como, por ejemplo, Grainger Residential Management y Caridon Property Services.[19]

Y luego está la madre de todos los subsidios: el rescate del gobierno británico a los bancos en 2008. Unas empresas privadas que son las únicas responsables de haberse hundido a sí mismas, además de a una gran parte del mundo, en la ruina económica. Y, ahora, ellas mismas están convencidas de que es el contribuyente quien ha de pagar la cuenta. Y en ninguna parte ha sido esto más acusado que en Gran Bretaña, donde el gobierno ha invertido más de un billón de libras en rescatar a los bancos. El país se ha quedado con un sistema financiero conectado a un respirador artificial abastecido por el Estado: un sistema en el que la empresa privada depende por completo de la Administración.

Así pues, el «mercado libre» que tanto le gusta al Establishment se basa en una fantasía. Se puede afirmar que en Gran Bretaña florece el socialismo, pero es un socialismo solamente para los ricos y las empresas. El Estado está ahí para apoyarlos y para rescatarlos si es necesario. De la mayoría del resto de la población, en cambio, se espera que se salven como puedan: su única experiencia es el capitalismo de fauces ensangrentadas.

No son únicamente los izquierdistas declarados quienes critican ese «socialismo para los ricos» que permea el régimen británico; también hay libertarios derechistas que lo reconocen. Douglas Carswell es un parlamentario conservador inconformista que se define a sí mismo como «libertario». Sentados los dos bajo los arcos de la bóveda de cristal de la Casa Portcullis del Parlamento, me cuenta que él se inspira en los niveladores radicales de la Inglaterra del siglo XVII. «Miro a mi alrededor y pienso en las disputas del siglo XVII: seguimos combatiendo a una élite afectada y arrogante que acumula poder y se dedica a chuparnos la sangre a los demás como una sanguijuela —me dice, hablando con ráfagas enfáticas y entrecortadas—. Y, aunque me duele decirlo, porque soy un thatcherista ferviente, sospecho que muchos de los problemas surgieron en los años ochenta. Gran parte de lo que sucedió entonces fue muy positivo, en el sentido de que hizo progresar el mercado libre, pero muchas de las cosas que creamos entonces, creyendo que iban a constituir un mercado libre, han acabado convirtiéndose prácticamente en lo contrario». En opinión de Carswell, Gran Bretaña se ha convertido en una «oligarquía», víctima de una forma rampante de «amiguismo corporativo», que representa perfectamente el hecho de que las grandes empresas pueden «malversar partes del presupuesto de defensa a través de un sistema completamente inadecuado de obtención de recursos defensivos». Para un utópico de derechas como Carswell, esto no es capitalismo, sino más bien «corporativismo»: «Son las grandes empresas juntándose con el gran gobierno para cortarse a sí mismos un trozo enorme del pastel de la economía».

Cuesta no estar de acuerdo con el análisis de Carswell, aunque su solución al problema pasaría por una reducción drástica del Estado que dejaría a la población británica completamente expuesta a las fuerzas desatadas del mercado. Sin embargo, la gente como Carswell sí que pone sobre la mesa una serie de realidades del Establishment moderno. El riesgo y la deuda se han nacionalizado y recaen en la población, mientras que los elementos de beneficio están privatizados. Pese a que la ideología del sistema abomina con pasión del estatalismo, las élites empresariales dependen por completo de la generosidad del Estado. Éste es el tronco del capitalismo moderno y es el que lo sostiene: protegiendo a las grandes empresas, formando a sus trabajadores y subsidiando sus salarios, rescatando su corazón financiero y suplementando directamente los beneficios bancarios.

Y, sin embargo, términos como gorrones se usan hoy en día de forma casi exclusiva contra la gente pobre, y jamás contra unos intereses privados que —tal como veremos— se niegan incluso a pagar impuestos. Gorrones, al fin y al cabo, es un insulto que se emplea contra quienes dependen del Estado de bienestar británico. Resulta irónico comprobar que las mismas empresas privadas contratadas para insertar en el mercado laboral a esos desempleados incapaces y enemigos del trabajo merecen mucho más que nadie ese apelativo de gorrones.

Brian McArdle era un exguardia de seguridad de cincuenta y siete años de Lanarkshire que se había quedado medio ciego y paralizado de un costado por un derrame cerebral. Le costaba horrores hablar, ya no digamos alimentarse o vestirse; un ejemplo clásico y trágico de por qué es tan importante que en nuestro país exista un Estado de bienestar, pueden pensar ustedes. Sin embargo, al señor McArdle le mandaron presentarse a una «evaluación de aptitud para el trabajo» a cargo de Atos, una empresa francesa contratada para reducir el gasto en prestaciones a base de reducir el número de personas que solicitaban ayudas por incapacidad. Días antes de su cita, McArdle sufrió otro derrame cerebral, pero, aun así, se presentó. Lo declararon apto para el trabajo. El día 26 de septiembre de 2012, le informaron de que iba a dejar de cobrar prestaciones. Al día siguiente, le dio un ataque al corazón, se desplomó en la calle y murió.

Su hijo de trece años, Kieran, afirmó que «Atos le ha provocado a mi padre una ansiedad y un sufrimiento innecesarios que han desencadenado su final, en vez de ayudarle». Cuando el Daily Record le entregó una carta de su parte a Iain Duncan Smith, el ministro de Trabajo y Pensiones, la respuesta de éste mostró escasa compasión. «Sé que nada de lo que te pueda decir ayudará a aliviar el dolor por la muerte de tu padre, pero me gustaría explicarte por qué las reformas del gobierno al sistema de prestaciones por enfermedad son tan importantes y lo mucho que estamos trabajando para que el proceso sea lo más justo posible», le escribió Duncan Smith (o, más probablemente, uno de sus asesores), antes de sugerirle que, si la familia deseaba «discutir el resultado de la solicitud de tu padre, podéis pedir cita en la oficina de empleo de vuestro barrio». «Quiero una disculpa por la forma en que se ha tratado a mi padre y por los miles de personas incapacitadas a quienes se está acosando de esta forma repugnante», dijo el afligido hijo.[20] En noviembre de 2012, yo aparecí en el programa «Question Time» de la BBC 1 junto con Duncan Smith y le saqué el tema de los errores de Atos, y le pedí que se acordara por lo menos del nombre de Brian McArdle. El ministro montó en cólera y se puso a menear el dedo en mi dirección mientras me ladraba: «Te conocemos muy bien».

El sistema Atos es la consecuencia inevitable del dogmatismo del régimen neoliberal. Cada vez más privatizado, el Estado ya no es más que un simple caudal de fondos para las empresas privadas. Y servir a las necesidades de los seres humanos no es el propósito principal de esas empresas: es ganar dinero. Atos obtuvo en 2005 el contrato del gobierno, por entonces laborista, para realizar evaluaciones de aptitud para el trabajo. En noviembre de 2010, la coalición le renovó el contrato, ahora con muchas más atribuciones, dado que el gobierno estaba lanzando un programa amplísimo de lo que denominaba «reformas del bienestar». El nuevo contrato de cinco años era por valor de quinientos millones de libras, es decir, cien millones de libras de dinero público por año. En 2012, la Oficina de Control Nacional desautorizó el contrato que tenía el gobierno con Atos porque la empresa no daba el rendimiento que se estaba pagando. Atos «había incumplido de forma rutinaria todos los criterios del servicio especificados en el contrato», declaraba el informe. Sus resultados en materia de cumplimiento de objetivos eran «malos», y el gobierno no había buscado «ninguna rectificación financiera ante aquella mala prestación»; asimismo, la «gestión del contrato carecía del rigor necesario».[21] Y, sin embargo, todavía pasaría otro año y medio antes de que Atos fuera obligada a abandonar el contrato ante el alud de quejas. Esta privatización de una serie de funciones centrales del Estado —en este caso, valorar la ayuda que han de recibir algunas de las personas más vulnerables de la sociedad— y su adjudicación a empresas privadas que obtienen dinero público a cambio de servicios precarios es un rasgo sobresaliente del sistema actual.

La de McArdle no es ni mucho menos la única tragedia en la que ha estado involucrada Atos. Otros ejemplos son el caso de Elenore Taitón, de treinta y nueve años y madre de tres hijos, a quien Atos le quitó las prestaciones en 2013, a pesar de que su tumor cerebral no remitía.[22] Mientras iniciaba los trámites de apelación enfermó, ingresó en un centro para pacientes terminales y murió. Entretanto, la cuenta de Twitter de Karen Sherlock sigue activa: su breve biografía dice: «Preparándome para la diálisis. Cada día es una dura prueba. XX». Aunque le estaban fallando los riñones, Atos la consideró apta para ciertos trabajos y la puso en el grupo de actividades laborales con prestaciones limitadas en el tiempo. Karen Sherlock falleció en junio de 2012. Como dice su amiga, la activista por los derechos de los discapacitados Sue Marsh, Karen Sherlock «murió atemorizada porque el sistema le había fallado, porque unos hombres crueles no quisieron escucharla y otros hombres poderosos no quisieron mover un dedo».[23]

De acuerdo con una información solicitada en abril de 2012 por la organización Freedom of Information, unas mil cien personas enfermas y discapacitadas murieron durante los ocho primeros meses de 2011 tras ser remitidos al «grupo de actividades laborales», lo cual quiere decir que los habían declarado capaces de desempeñar ciertos trabajos. La cifra equivale a treinta y dos muertes semanales.[24]

Louise Whittle es una de las personas que ha tenido experiencia de primera mano con Atos: por teléfono, me explica despacio y con cautela su difícil situación. Después de sufrir ansiedad grave, en verano de 2011 le concedieron una prestación de empleo y ayuda, hasta que le llegó una carta que la informaba de que tenía que pasar por una evaluación de aptitud para el trabajo. Atos, sin embargo, la llamó para informarla de que su cita se posponía porque «no había suficientes médicos». Cuando por fin la atendieron, recuerda una «experiencia muy surrealista […]. Me acuerdo de que era una habitación claustrofóbica, sin luz natural y con el aire muy viciado. Me presentaron a un trabajador, que me dijo que era enfermero general y no tenía formación en salud mental. Era un enfermero normal y corriente». El hombre apenas la miró en ningún momento; se limitó a observar fijamente su ordenador y a leer una serie de preguntas indiscretas que tenía en su pantalla. «Me resultó completamente deshumanizador», dice Louise.

Fue un juicio por ordenador. Igual que a todos los solicitantes, se le otorgó una puntuación que supuestamente reflejaba lo enferma o discapacitada que estaba: ella obtuvo 0 de 18 puntos. En cuanto le comunicaron el resultado, inició una apelación. Esta vez, la experiencia fue completamente distinta. Se llevó con ella a su compañero sentimental, Tony, que era asistente social. La evaluó un médico que no era de Atos, que le hizo preguntas más detalladas y se mostró interesado en obtener una perspectiva más amplia. El médico anuló la valoración de Atos y le concedió a Louise los 18 puntos, que le devolvían el derecho a prestación. Uno puede preguntarse dónde estaba el problema entonces: puede que a la gente le estuvieran quitando de forma injusta y sistemática sus prestaciones, pero luego esas decisiones injustas eran revocadas. Si a los solicitantes que habían sufrido la humillación del sistema Atos todavía les quedaban fuerzas para pasar por todo el proceso de apelación, a continuación les tocaba soportar una experiencia que se alargaba meses —durante los cuales los solicitantes no recibían ayudas—, y eso conllevaba un estrés enorme a la población más vulnerable del país.

Un empleado arrepentido me ofrece su testimonio incriminatorio del desastre absoluto de Atos. El doctor Greg Wood estuvo muchos años trabajando para la Marina y evaluando la aptitud de los marineros para el servicio, antes de irse a Atos en septiembre de 2010. «Yo tenía una opinión bastante clara de los derechos médicos —me explica—. Mi opinión era que a veces los médicos tenían cierta predisposición excesiva a firmar para conceder prestaciones. No es que los pacientes estuvieran fingiendo, pero tampoco estaban lo bastante graves como para no quedar en el bar». Sin embargo, cuando el doctor Wood empezó a hacer evaluaciones de aptitud para el trabajo en Atos, sus supuestos se vinieron abajo. Hubo bastantes cosas que le llamaron la atención. Los solicitantes tenían que estar «por encima de un nivel razonable de duda» para decidir si les correspondía obtener ayudas. Pero es que se capacitaba a los asesores dándoles información errónea. Cuando se trataba de evaluar la destreza manual, por ejemplo, se indicaba a los aspirantes a asesores que si el solicitante era capaz de pulsar un botón no había que adjudicarle ningún punto en su solicitud. Pero Wood dice que el criterio debería ser poder usar un bolígrafo y un ordenador, o bien algo «significativamente más complicado que pulsar un botón».

Sin embargo, los solicitantes todavía tenían más elementos en su contra. A menudo, los documentos enviados no estaban disponibles para la evaluación. Se suponía que todos los expedientes incluían una carta del médico de familia del solicitante en la que se explicaba su situación médica, pero en la práctica casi nunca era así. Por lo general, los solicitantes tenían que traer la carta ellos mismos; el problema era que «a mucha gente le resulta muy difícil saber qué información va a ayudar a que se evalúe su solicitud». Y resulta todavía más incriminatorio, explica el doctor Wood, que luego vinieran otros médicos de Atos y cambiaran informes, supuestamente para «ajustarlos a las expectativas del Departamento de Trabajo y Pensiones». En vez de crear un proceso de evaluación más riguroso, para determinar quién era realmente apto para trabajar, Atos había sido contratada para quitarle las prestaciones a tanta gente como pudiera. En palabras de Wood, Atos estaba intentando «hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja. Y ya fuera de forma deliberada o por negligencia, el resultado final era que le estaban quitando las prestaciones a gente que tenía derecho a ellas». Y para el solicitante, sobre todo para el que sufría ansiedad, todo el proceso resultaba «degradante y estresante».

No es de extrañar que tantas evaluaciones de Atos se vieran revocadas en la fase de apelación. Durante un período de tres meses de 2012, triunfó un 42 por ciento de las apelaciones contra resultados de aptitud para el trabajo.[25] En los casos de quienes acudían acompañados de asistentes sociales, la tasa de éxito era todavía más elevada. A menudo, la rectificación llegaba después de varios meses de estrés y de pasarlo mal, por supuesto. Y añadía un coste todavía mayor al contribuyente: la cifra que se gastaba en apelaciones se triplicó con creces, desde los 21 millones de libras del bienio 2009-2010 hasta los 66 millones de 2012-2013. Una inspección del propio gobierno concluyó que los informes de evaluación de Atos eran «de una calidad inaceptable». «Atos mata» se convirtió en un eslogan habitual en las pancartas de las manifestaciones y en las pintadas en las paredes. En octubre de 2013, el incendiario parlamentario laborista Dennis Skinner acusó a Atos de ser «un monstruo cruel y sin corazón».[26] En marzo de 2014, con los ánimos ya muy encendidos, Atos anunció que abandonaba el contrato, pero solamente después de haberse embolsado una cantidad bestial de dinero público. Para colmo, en octubre de 2014 se anunció que el contrato se lo quedaría la empresa estadounidense Maximus, con un historial plagado de pleitos por acusaciones que iban desde el fraude hasta la discriminación por discapacidades y la falsa contabilidad.[27] Uno de los altos cargos de Maximus es el profesor Michael O’Donnell, ex director médico de Atos, lo cual ha llevado al Partido Laborista a sugerir que Maximus no representa más que una continuidad estricta con el fracaso de Atos.[28]

De manera que ésta es la ironía: quienes aparecen demonizados de forma habitual como gorrones en la prensa británica son los solicitantes de prestaciones. Hasta tal punto que, según afirmó en 2012 una coalición de organizaciones benéficas de ayuda a los discapacitados, se estaba produciendo una subida espectacular de casos de gente discapacitada a la que insultaban por la calle porque eran sospechosos de ser parásitos del sistema. Y, sin embargo, una empresa a la que se podía acusar legítimamente de estar chupando la sangre del contribuyente británico —suministrando un servicio terrible e inhumano a cambio de cientos de millones de libras de dinero público— se dedicaba a despojar de sus prestaciones a quienes realmente las merecían.

La misma historia se repite en el caso de los diversos planes gubernamentales de reinserción en el mundo laboral: más ejemplos de cómo el sistema financia a empresas privadas cuyo propósito principal no es ayudar a la gente, sino obtener beneficios. Desde su puesta en marcha en junio de 2011, más de 1,1 millones de personas han sido derivadas al emblemático programa gubernamental de cinco mil millones de libras Work Programme, que gestiona una serie de empresas privadas financiadas por el contribuyente. Pues es un fracaso total. De acuerdo con las cifras del mismo Departamento de Trabajo y Pensiones, la gente desempleada a la que no se la remitía al Work Programme tenía más probabilidades de encontrar trabajo. Apuntarse al programa era peor que no hacer nada. De acuerdo con cifras de junio de 2012, solamente uno de cada veinte solicitantes de prestación por enfermedad que se derivaban al programa acababa trabajando: el objetivo previo era uno de cada seis.[29]

Uno de los principales contratistas era la empresa A4e, antes presidida por Emma Harrison, una autodenominada emprendedora que se jactaba de haber empezado su vida de empresaria a los nueve años, montando un quiosco de golosinas secreto en su escuela. «Se trata de encontrar nuestro propio camino, ésa es la esencia del emprendedor: encontrar nuestro propio camino», dijo en un discurso motivacional durante la convención anual de 2010 del Institute of Directors. Sin embargo, el paso de Harrison por A4e no dio demasiadas muestras de ese «camino propio» que, según ella, definía el espíritu emprendedor. De hecho, la empresa la había montado su padre, que más tarde se mudaría a Alemania y la dejaría en el cargo a ella, que pasó a dirigir una empresa dependiente de las arcas públicas.

Después de la victoria del nuevo laborismo en las elecciones de 1997, la empresa de Harrison empezó a presentarse incansablemente a cualquier concurso gubernamental externalizado que asomara la cabeza. En 2004 ya estaba gestionando tareas del sector público por valor de doscientos millones de libras. «A4e estaba obteniendo contratos en unas circunstancias que desconcertaban a sus competidores —me cuenta por teléfono la excontratista de A4e Ann Godden—, y es que nadie entendía por qué sus ofertas eran mejores que las demás». Con el nuevo laborismo en el poder, A4e se convirtió en el mayor proveedor del llamado New Deal, un plan del gobierno para combatir el paro juvenil. Luego, cuando el nuevo gobierno de coalición cerró el New Deal en octubre de 2010, recibió 63 millones de libras de dinero del contribuyente en calidad de «finiquito». Y, sin embargo, David Cameron cuando fue nombrado primer ministro, en mayo de 2010, había definido a Harrison como una «inspiración», supuestamente nombrada para ayudar a reinsertar en el mundo laboral a 120.000 familias consideradas «problemáticas». En 2012, el presidente de A4e, Andrew Dutton, admitió que todas las ganancias de la empresa en Gran Bretaña —que sumaban casi ciento ochenta millones de libras anuales— provenían de las arcas públicas. Un año antes, Harrison se había pagado a sí misma un dividendo en acciones de 8,6 millones de libras, además de su sueldo de 365.000 libras y de cobrar a la empresa por alquilarle propiedades como su casa señorial de veinte dormitorios —Thornbridge Hall, que ella ha descrito como «una comuna pija»—, casi todas las cuales se habían adquirido con fondos públicos. No es de extrañar que hubiera empleados que interpretaran las siglas A4e como «All for Emma» («Todo para Emma»).

El dinero que se estaba llevando A4e no obtenía a cambio más que un servicio atroz —si es que servicio es el término apropiado para describir su actividad—. Nuevamente, el dogma de las privatizaciones del régimen llevaba a que ciertas empresas se vieran generosamente financiadas por el Estado, al mismo tiempo que dispensaban un trato atroz a los seres humanos. Cat Verwaerde, de Leicester, tenía veintiséis años y llevaba dieciocho meses en paro cuando la derivaron a la empresa. «Había estado presentándome a todas las ofertas de trabajo y llevándome una decepción tras otra —me cuenta—. Recibí muchas cartas de rechazo, que es más de lo que consigue mucha gente. Muchos no recibían ni un triste “no”, de forma que la oficina de empleo me dijo que no me iba tan mal. En todo caso, me pasé mucho tiempo presentando solicitudes y más solicitudes, y la oficina de empleo me decía: “Está bien, sabemos que estás haciendo todo lo que puedes, o sea, que bien”». Y fue entonces cuando la remitieron a A4e. Para empezar, solamente tuvo que rellenar un formulario, explicar qué clase de trabajo buscaba, detallar sus títulos y su experiencia.

Cuando Verwaerde tuvo su primera cita con A4e, «la asesora me miró de arriba abajo y me puso la cara más horrible que he visto en mi vida —me dice—. Me di cuenta de que había decidido que yo era una basura porque no tenía trabajo desde el momento mismo en que yo había entrado en la sala». Le dijo que tenía que ajustar más su búsqueda y concentrarse en encontrar un tipo concreto de trabajo. Unas instrucciones que contradecían directamente el consejo de la oficina de empleo, donde le aconsejaban buscar cualquier trabajo. Cuando explicó que tres meses atrás se había presentado voluntaria a la Reserva del Ejército, quedó claro que la asesora no tenía ni idea de qué era aquello, y encima perdió los nervios cuando Verwaerde le explicó que no podía describir el trabajo desempeñado allí porque había firmado la Ley de Secretos Oficiales. Al final, la acusó de mentir sobre el número de ofertas de trabajo a las que se había presentado y la envió a un supuesto «curso de capacitación para entrevistas», que en la práctica significaba que la dejaron sin supervisión alguna junto con otra media docena de personas en una sala provista de unos cuantos ordenadores y le dijeron que buscara trabajos. Los demás alumnos del «curso» le dijeron a Cat que habían tenido que borrar los títulos universitarios de sus currículums porque les daban un exceso de cualificación y les restaban posibilidades de encontrar trabajo. A4e les había reescrito los currículums y se los había dejado llenos de errores gramaticales y ortográficos básicos.

En su siguiente reunión, la asesora felicitó a Verwaerde por sus esfuerzos. Le consiguió una entrevista con una empresa de azafatas que al parecer vendía entradas para eventos corporativos, y que resultó que estaba en el mismo edificio que A4e, y hasta en la misma planta. «Además, parecía que todos se conocían entre sí». Pero sus sospechas aumentaron cuando no pudo encontrar en internet ninguna prueba de que la empresa existiera, salvo en un listado en la página web del registro de empresas. La cosa empeoró cuando la mandaron a una entrevista. Un joven con sudadera y vaqueros le hizo una farsa de entrevista, sin apenas mirarla y contestando llamadas de amigos todo el tiempo. Al final de la entrevista, a Verwaerde le ofrecieron un trabajo por debajo del salario mínimo legal, lo cual la dejó pasmada. Más tarde, A4e la llamó y la reprendió por no aceptar el trabajo, lo cual no era cierto: simplemente, había pedido información por escrito sobre el sueldo y el horario. A continuación, la obligaron a asistir a una reunión con tres asesores de A4e, «que me rodearon y se turnaron para intimidarme y hacerme aceptar aquel trabajo de azafata». Le dijeron que trabajara una semana y que no dijera nada en la oficina de empleo, lo cual supondría una situación clara de cobro fraudulento de prestación. Después de hostigarla durante cuarenta minutos, ella los informó de que iba a presentar una queja formal. «Se me rieron en la cara —recuerda—, y me dijeron: “Quéjate todo lo que quieras. No te va a escuchar nadie”». Verwaerde es una víctima más del dogma del régimen que prioriza el beneficio privado por encima de las necesidades humanas.

No es sólo gente sin trabajo quien se ha visto expuesta a la naturaleza caótica de A4e. Dan Jamieson (que no usa su nombre real) estuvo trabajando de contratista para la sede de la empresa en Glasgow durante tres meses, hasta enero de 2013, tras unos años de experiencia en otros programas de reinserción en el mundo laboral. «A4e hace un montón de promesas a sus empleados, como, por ejemplo, que, cuando llegues al tajo y conozcas a los clientes, les vas a cambiar la vida —me cuenta—. Pero es entonces cuando aparecen los problemas». Me dice que aquello es «como una granja», donde se seleccionan las mejores piezas, es decir, los casos más fáciles, los que A4e piensa que pueden conseguirlo, mientras que al resto se los deja «en el huerto». «Me vi tratando con la gente más difícil de colocar —me explica—. Gente con problemas de alcohol, de drogas, problemas mentales, personas con unas vidas caóticas, verdaderamente necesitadas de ayuda, pero el punto de partida no debería ser derivarlos al Work Programme para intentar asignarles con calzador unos puestos de trabajo que no existen».

El mantra del régimen es que las empresas privadas pueden suministrar un servicio mejor y más eficaz que el sector público. Pero como las empresas solamente buscan los márgenes de beneficio, la calidad del servicio que suministran acaba cayendo en picado. Una de las promesas del Work Programme fue que la gente en paro tendría un contacto humano con los asesores y que recibirían ayuda individual y ajustada a la medida de sus necesidades. Sin embargo, entre los asesores era habitual tener que tratar con trescientos casos, en lugar de los ochenta o cien que les habían prometido. Como a las empresas con ánimo de lucro no les interesa invertir en dar la formación necesaria, los empleados como Jamieson no tenían el adiestramiento para tratar con gente empantanada en unos problemas tan profundamente arraigados. Tal como él mismo explica, «por toda la voluntad que yo le pueda poner, el trabajo social no es lo mío». Y no sólo no les daban a los asesores la formación que necesitaban, sino que las empresas que buscaban márgenes de beneficio, como A4e, los sobrecargaban de expedientes para reducir el gasto en personal. «Estamos llenando los bolsillos de todos estos contratistas privados —dice Jamieson—, y la verdad es que no están consiguiendo nada». A esto lleva el dogma de «sector privado bueno, sector público malo» del Establishment.

Los resultados de A4e a la hora de conseguirle trabajo a la gente eran tan pobres que el gobierno acabó reduciendo drásticamente el número de expedientes que les transferían, aunque para entonces la empresa ya se había embolsado una montaña de dinero público: sólo en el primer año del Work Programme, A4e se llevó 45,9 millones de libras. En ese mismo año, les encontraron trabajo temporal de corta duración a 94.000 personas; al cabo de seis meses, sin embargo, tras marcharse aquellos solicitantes de A4e, únicamente un 4 por ciento conservaba el trabajo. Esto significa que el gobierno se estaba gastando 13.498 libras en cada puesto laboral.[30] También había alegaciones continuas de fraude, que llevaron a que en septiembre de 2013 se inculpara a nueve empleados de A4e por sesenta delitos. Supuestamente, habían falsificado documentos en apoyo de falsas alegaciones de haber conseguido trabajo a personas desempleadas, algo que el gobierno recompensaba con dinero. De acuerdo con las denuncias, o bien los individuos en cuestión nunca habían sido derivados a A4e, o bien no habían encontrado ningún trabajo. En enero de 2015, cuatro de estos empleados se declararon culpables de todos los cargos.

Y, sin embargo, daba igual cuánto dinero se derrochara en dividendos por acciones, daba igual cómo de malos fueran los resultados y cómo de graves fueran las alegaciones contra la empresa: A4e siguió siendo cliente del gobierno. «Se trata de empresas privadas que existen para ganar dinero, ésa es su única razón de ser, el valor para los accionistas —dice la excontratista de A4e Jane Walker—. Pero estamos hablando de un dinero que viene del Estado, ¿y qué hacen ellas a cambio de él? Da igual lo mal que lo hagan todo y que jamás alcancen sus objetivos, siguen consiguiendo el siguiente contrato».

El apoyo del Estado a las empresas privadas no sólo viene en forma de dinero. La Administración llega incluso a suministrarles mano de obra gratuita. Esta supuesta «fuerza de trabajo» —obligada a trabajar a cambio de una escasa ayuda del Estado que puede llegar a las 56,80 libras semanales, sin que el empresario tenga que pagar nada— hizo su aparición durante el mandato del nuevo laborismo y se ha generalizado bajo el mandato de la coalición. Se trata de una práctica que saltó a la atención del público gracias a una licenciada en Geología sin trabajo, Cait Reilly. Había estado haciendo de voluntaria en un museo mientras buscaba trabajo y, entonces, su oficina de empleo la envió a unas jornadas de reclutamiento comercial. A muchos solicitantes de empleo les dijeron que, si no asistían a las jornadas, les quitarían las ayudas, mientras que a otros, como a ella, les dijeron que era una simple oportunidad sin compromiso alguno. La «formación» que se ofrecía en las jornadas no era tal: comportaba semanas enteras de «capacitación en el trabajo» en las cadenas comerciales Poundland y Poundstretcher. Solamente se invitaba a presentar las solicitudes a quienes quisieran dedicarse de manera profesional a la venta al público y, además, Reilly no tenía ninguna intención de trabajar gratis. Sin embargo, cuando informó de su decisión en la oficina de empleo, le dijeron que era obligatorio aceptar. Como se negara, le quitarían de inmediato todas las ayudas.[31]

El gobierno justifica estos programas de reinserción en el mundo laboral como un medio para proporcionar oportunidades de formación a una población desempleada que no consigue encontrar ocupación, por mucho que sus propios datos revelen la ineficacia de estos programas. En 2008, un informe del Departamento de Trabajo y Pensiones, tras examinar programas parecidos de Estados Unidos, Australia y Canadá, llegó a la conclusión de que había «pocas pruebas de que los programas de reinserción en el mundo laboral aumenten la probabilidad de encontrar trabajo. Estos programas pueden incluso reducir las posibilidades de encontrar empleo, puesto que limitan el tiempo disponible para buscar trabajo y no suministran las competencias y la experiencia que justifican un salario».[32] Otra evaluación que hizo el Departamento de Trabajo del llamado plan de Actividad Laboral Obligatoria (siglas en inglés, MWA) del gobierno de coalición —que ha empujado a miles de personas desempleadas a hacer treinta horas semanales de trabajo no remunerado— revelaba que sus usuarios tenían las mismas probabilidades de acabar solicitando prestaciones a largo plazo que quienes no estaban en el programa, y que éste no mejoraba de ninguna manera sus posibilidades de encontrar un empleo. Que te incluyeran en el MWA, concluía, «no tiene impacto alguno en la posibilidad de encontrar trabajo en relación con las personas no derivadas».[33] Los exámenes de otros programas mostraban unos resultados igualmente incriminatorios: es el caso del Programa de Acción por la Comunidad, que obliga a los parados de larga duración a trabajar durante seis meses a cambio de sus ayudas, un programa que el think tank Centre for Economic and Social Inclusión le dijo al Guardian que supondría «una equivocación muy cara» si se desplegaba de forma generalizada. Entretanto, el alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, había montado su propio plan de inserción laboral no remunerado de trece semanas para jóvenes. A finales de 2014, un informe del gobierno reveló que quienes participaron en el plan tenían la mitad de posibilidades de encontrar un trabajo remunerado que quienes no se habían apuntado o lo habían dejado a la mitad.[34] En sus propios términos, los programas de reinserción en el mundo laboral son un fracaso.

Organizaciones sociales como Boycott Workfare han liderado enormes campañas populares que denuncian públicamente a muchas empresas para que abandonen sus programas de reinserción en el mundo laboral. El uso de estos planes, sin embargo, se ha vuelto endémico. De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadística, una quinta parte de los supuestos nuevos puestos de trabajo que se crearon en 2012 correspondían, en realidad, a programas de reinserción en el mundo laboral, en su mayoría no remunerados.[35] Y lo que es más, mucha gente involucrada en ellos seguía pidiendo prestaciones, a pesar de que ya no constaba en las cifras oficiales del paro. Pero hay cada vez más indicios de que estos programas no remunerados están reemplazando a los empleados remunerados de verdad. En abril de 2013, al bloguero Tom Pride le mandaron un póster que había tenido en su oficina el director de la tienda de muebles de la cadena Homebase de Haringey, en el norte de Londres. En el póster aparecían diez trabajadores del programa «experiencia laboral» junto con el mensaje: «Cómo el programa de experiencia laboral puede beneficiar a tu tienda. ¿Pueden 750 horas sin costes salariales beneficiar a tu tienda?».[36]

El uso de recursos estatales para engrosar los beneficios privados ya era un fenómeno extendido con el nuevo laborismo en el poder, que lo bautizó con el eufemismo «reforma del sector público». Sin embargo, con los sucesores del nuevo laborismo, esas políticas han contribuido a sentar las bases de un asalto mucho más ambicioso a los servicios públicos. En febrero de 2011, David Cameron anunció que se había terminado lo que él denominaba el monopolio estatal de los servicios públicos. Ahora todo estaba en venta. Desde el sistema judicial hasta la defensa, la gestión de todos los servicios se iba a abrir a empresas especuladoras como G4S, Serco y Sodexo. Les esperan montañas de dinero aportado por el contribuyente. Casi la mitad de los beneficios que obtiene G4S en Gran Bretaña proviene de contratos del gobierno. En 2012, cuatro mil millones de libras de dinero del contribuyente acabaron en las arcas de los mayores contratistas privados: Serco, G4S, Atos y Capita. Esto provocó una severa censura de la Oficina Nacional de Control, que Margaret Hodge, presidenta de la Comisión de Cuentas Públicas, resumió así: toda esta subcontratación ha creado «cuasi monopolios» en el sector público, la «inhibición de los mecanismos de control», el sometimiento del contribuyente a unos contratos larguísimos y «toda una serie de contratos que no cumplen con las normas de la competencia».

La ideología del régimen está tan arraigada que sobrevive incluso a episodios incesantes que normalmente deberían socavar sus supuestos básicos. A finales de 2013, la Oficina de Fraudes Graves sometió a investigación a Serco y a G4S después de que éstas, supuestamente, cobraran decenas de millones de libras de más al contribuyente. A estas empresas se les habían encargado pulseras electrónicas para el seguimiento de delincuentes en libertad: cuantas más personas fueran con la pulsera, más dinero público recibirían. Sin embargo, ellos se dedicaron a incluir en sus registros a delincuentes muertos, o a otros que se habían marchado del país; así, hasta acabar cobrándole al Estado cincuenta millones de más. El episodio demostraba que aquellas empresas se guiaban por los beneficios y no por ofrecer un servicio decente.

El sector privado ofrece una mayor eficiencia y una mejor relación calidad-precio, o eso dicen. Cuando Londres consiguió los juegos Olímpicos de 2012, ciertamente se presentaron unas oportunidades considerables de obtener beneficios. En un acuerdo valorado en cien millones de libras, G4S fue nombrada «proveedora de servicios de seguridad» oficial de los juegos y recibió el encargo de proveer diez mil efectivos de seguridad que garantizaran su buen funcionamiento. Mucho antes de que se desatara la fiebre olímpica, quedó claro que al contribuyente le iba a tocar apoquinar una fortuna a G4S. Para finales de 2011, sus gastos de gestión ya se habían disparado de 7,3 millones a la desorbitada cifra de sesenta millones de libras, la gran mayoría de los cuales eran para la Oficina de Gestión de Programa de la empresa.[37]

En la víspera de los Juegos Olímpicos, G4S anunció que no iba a poder proveer la cifra de personal de seguridad que había prometido. Como era previsible, el Estado tuvo que intervenir y movilizar a 3.500 soldados. Hasta los más fervientes defensores de la ideología del Establishment se tuvieron que poner a la defensiva. «Entré en el Ministerio de Defensa con el prejuicio de que teníamos que fijarnos en cómo hacía las cosas el sector privado para saber de qué manera tenía que actuar el gobierno —dice el ministro de Defensa Philip Hammond—, pero lo sucedido con G4S y el rescate del ejército resulta muy ilustrativo». Hammond ofrece una concisa definición de la diferencia entre las prestaciones públicas y las privadas: mientras que «el modelo G4S primero te pasa la factura de los costes» a cambio de unos resultados «increíblemente austeros», las Fuerzas Armadas «lo enfocan justamente desde el extremo contrario. ¿Qué trabajo hay que hacer? Vale, pues lo hacemos».[38]

Estos desastres no han impedido la proliferación de empresas privadas que se enriquecen gracias a las arcas públicas. Según la Oficina Nacional de Control, un exorbitante 50 por ciento de los 187.000 millones de libras que se gasta el sector público en bienes y servicios va a parar hoy en día a subcontrataciones, lo cual pone en relieve cuánto ha avanzado la privatización del Estado.[39]

Para los mercantilistas libertarios, el gobierno apenas debería desempeñar más tareas que la defensa interior y exterior. Pero el dogma neoliberal ha trascendido incluso esta noción del «Estado vigilante nocturno». Hasta la policía inglesa está en venta. En 2012, la policía de Lincolnshire firmó un contrato de doscientos millones de libras con G4S, que ponía a la mitad de su personal civil bajo el control de la empresa. A finales de 2013, las policías de Avon y Somerset pusieron en el mercado los recintos de detención de sus comisarías y sus servicios de transporte de reclusos; cinco empresas, G4S entre ellas, compitieron por hacerse con ellos. Hasta que la debacle de los Juegos Olímpicos la obligó a retirarse, las policías de las Midlands Occidentales y de Surrey le habían solicitado a G4S una oferta valorada en 1.500 millones de libras. Eso habría provocado que viéramos a empresas de seguridad privada patrullando las calles e investigando delitos. Aun así, hay buenas razones para creer que el director de G4S, David Taylor-Smith, tenía razón al sugerir, en junio de 2012, que en un plazo de cinco años ya habría amplios sectores de la policía bajo el control de empresas privadas. Desde sus inicios, la razón de ser del cuerpo de policía británico era devenir una «policía por consentimiento del pueblo». Ahora, Gran Bretaña hace frente a la perspectiva de que las fuerzas policiales lo sean por consentimiento ya no de sus comunidades, sino de sus accionistas.

El lógico resultado final del mantra del Establishment conduce a una carrera para llegar a los mínimos de calidad de servicio y de derechos laborales. A fin de cuentas, todas esas empresas que están desmantelando a trozos el sector público sólo se mueven por un objetivo: los beneficios. Y hay pocos métodos más eficaces para aumentar sus caudales de beneficios que recortarles el sueldo a los trabajadores y socavar sus condiciones laborales. Igual que otros contratistas en activo, Terry Williams no puede dar su nombre verdadero cuando habla de su trabajo, porque se arriesga a perderlo. Cuando dejó el ejército, Williams se hizo guardia de prisiones en una prisión del sur de Gales propiedad de lo que por entonces era Securicor, y terminó poniendo pulseras electrónicas a delincuentes para Serco. «No creo que haya nadie contento con Serco», dice; él, sin ir más lejos, ha testificado en un tribunal laboral a raíz de un caso de intimidación por parte de la dirección de la empresa. Cuando su contrato se acercaba a la fecha de renovación, Serco empezó a recortar la plantilla para sacar ventaja a sus competidores. «Lo importante ya no es la calidad del equipamiento, ni tampoco el servicio que ofreces, ni los criterios de calidad para obtener el contrato —explica Williams—. Y entretanto a todo el mundo le bajan brutalmente el sueldo». En su zona echaron a seis trabajadores y dejaron a catorce haciendo el trabajo de veinte; «conducíamos por los valles del sur de Gales como verdaderos locos, todo para asegurarse de que la cifra de la oferta fuera lo más barata posible, y así ganarles la carrera a G4S y a Capita». A una de sus colegas, de quien Williams dice que «se le daban muy bien los jóvenes, y siempre hablaba con ellos, que es lo que les hace falta», la amonestaron y le dijeron que «entrara, saliera y no perdiera tiempo con cada uno». Esto resume muy bien la actitud de las empresas privadas y la forma en que reducen sus recursos al mínimo nivel posible para trabajar con delincuentes.

David Moffatt, que trabaja de conserje en una residencia para personal militar que está gestionada por Sodexo Defence, cuenta prácticamente la misma historia. «Lo que he visto en los últimos tres años es que no han parado de recortar el servicio que ofrecían», dice. A los trabajadores les han reducido la jornada una y otra vez, y los camareros que sirven la comida y limpian las instalaciones cada vez trabajan menos horas. «Reina un clima constante de miedo —me explica—, todo el mundo teme por su trabajo porque no paran de reducir horarios». Cuando el Ministerio de Defensa gestionaba la residencia, hace dos décadas, el salario era casi el doble y había vacaciones pagadas, pero ahora David no cobra ni la baja por enfermedad. «Si un empleado de limpieza que trabajaba dieciocho horas pierde el trabajo, a continuación se anuncia la vacante por dieciséis horas, y así sucesivamente, y eso tiene un efecto en todo el mundo que trabaja aquí, porque nos toca a los demás asumir el trabajo extra que eso genera, y el servicio se resiente —explica David Moffatt—. Como empleados, queremos hacer un trabajo digno para el ejército, porque ellos trabajan bien, y resulta desmoralizante ver cómo nos recortan lo que damos».

La venta a precio de saldo de los recursos públicos no busca mejorar los servicios, ni tampoco obtener una mayor eficiencia ni una mejor relación calidad-precio. Se ha convertido en un simple dogma del Establishment, y se considera un fin en sí mismo, provisto de una lógica propia. Cuando son las empresas privadas las que gestionan los servicios, y no los gobiernos electos, se pierde compromiso democrático y las condiciones de trabajo de los empleados se vienen invariablemente abajo. Tal como concluyó un estudio realizado en toda Europa, «la liberalización y la privatización de los servicios públicos tienen unos efectos mayoritariamente negativos en el empleo y en las condiciones de trabajo».[40] Los contratistas obsesionados con los beneficios lo han recortado todo hasta el mismo hueso. Sin embargo, la venta de recursos públicos es un negocio provechoso, cuando menos, donde se ofrecen miles de millones de libras de dinero público para quien los quiera. Se trata de una forma de estatalismo, donde el Estado llena las cuentas bancadas de los accionistas privados. Y así queda expuesta la naturaleza del capitalismo moderno: un chanchullo financiado públicamente, donde los verdaderos «gorrones» no están en el escalafón más bajo de la sociedad, sino en lo más alto. Y los grandes saldos de recursos públicos han llegado incluso a una institución que antaño el conservador ministro de Economía Nigel Lawson definió como «lo más parecido que tenemos los ingleses a una religión»: el NHS, el sistema de sanidad pública.

«El gobierno se empeña en negar que esté privatizando el NHS —escribió el exministro de Sanidad, el laborista Frank Dobson—. Pero la revelación de que tiene intención de subcontratar la externalización de servicios quiere decir exactamente eso: que una serie de empresas privadas van a pasarles el trabajo a hospitales privados». Dobson no escribió estas palabras cuando había un gobierno conservador en el poder. Era 2006, cuando el poder estaba en manos del nuevo laborismo de Tony Blair. La estrategia de desviar dinero público de la atención al paciente y transferirlo a cuentas privadas no empezó con los conservadores de Cameron.

Era de esperar que el dogma del actual régimen de transferir recursos públicos a intereses privados encontrara su némesis en el NHS. De acuerdo con una encuesta de 2013, los británicos estaban más orgullosos del NHS que de ninguna otra institución, incluidos el ejército y la monarquía.[41] El sistema de sanidad privada de Estados Unidos ofrece un poderoso ejemplo de lo que pasa cuando se saca la sanidad del sector público. Hay millones de norteamericanos que no tienen seguro médico, a pesar de las reformas del presidente Obama. Estados Unidos se gasta el doble de dinero que Gran Bretaña en atención sanitaria en relación con el producto interior bruto. Y, a pesar de eso, un trabajo de investigación del mismo año 2013 del Journal of Public Health reveló que el sistema estadounidense era uno de los menos eficientes del mundo occidental. En Gran Bretaña, una encuesta que YouGov realizó en octubre de 2013 mostraba que el 84 por ciento de la gente quería que el NHS siguiera en el sector público, y solamente un 7 por ciento apoyaba que lo controlara el sector privado. Hasta el 77 por ciento del electorado de los conservadores apoyaba la propiedad pública.[42] De acuerdo con una encuesta de YouGov realizada a principios de 2015, casi la mitad de británicos consideraban «generalmente cierto» decir que «el NHS tal como se conoce hoy en día no podrá sobrevivir a cinco años más de David Cameron».[43] Sin embargo, a pesar de los fracasos de la sanidad privada y la opinión pública, nadie va a proteger al NHS del mantra del régimen.

Es cierto que el NHS nunca ha sido de gestión totalmente pública. Cuando se creó, en 1947, se nacionalizaron gran parte de los servicios de la sanidad británica, desde los hospitales —para gran asombro del por entonces primer ministro Clement Attlee, cuando le contaron los planes no daba crédito— hasta los servicios a la comunidad. Pero cuando el laborista Aneurin Bevan intentó que el Parlamento aprobara la legislación que tenía que crear el NHS, los médicos del país se rebelaron. En vez de transformarlos en funcionarios del Estado, Bevan aceptó tratarlos en la práctica como pequeños empresarios que tenían un contrato con la sanidad pública. «Les llené las bocas de oro —confesaría más tarde Bevan—. De forma que las semillas del mercado ya quedaron sembradas el mismo día en que se fundó el NHS». El doctor Kailash Chand, médico y vicepresidente de la British Medical Association, me dice: «Y por tal razón hemos sufrido todos los males de los últimos años».

Ni siquiera Margaret Thatcher se había atrevido a privatizar el NHS, pero las cosas empezaron a cambiar en 1991, cuando estaba en el poder su sucesor, John Major, y se desvelaron por primera vez las fundaciones hospitalarias. Éstas ya no se encontraban integradas en el sistema sanitario local, sino que eran entidades independientes que competían entre ellas por llevarse a los pacientes. Se forjó un mercado interno donde el servicio se repartía entre compradores y proveedores. El gobierno concedió exenciones fiscales a las aseguradoras sanitarias privadas. El presupuesto de capital del NHS —que existía para construir y mantener hospitales— se quedó sin liquidez, lo cual dejó a los hospitales en un estado ruinoso. El NHS empezó a fragmentarse cada vez más.

La primera gran oleada de privatizaciones de la sanidad con los conservadores llegó a partir de 1989 con el programa Care in the Community, que tenía el manifiesto objetivo de sacar a los discapacitados físicos y mentales de los hospitales para que los cuidaran en sus casas. A partir de ahí, la legislación siguió buscando romper el denostado «monopolio estatal» y abrir el servicio a los proveedores privados. Una de las pocas voces que llamaron la atención sobre el problema fue la de Allyson Pollock, profesora e investigadora sobre la sanidad pública que lleva mucho tiempo haciendo campaña contra la privatización del NHS; en tono irónico, me comenta que hay figuras punteras del laborismo que antes se oponían ferozmente a ella y que ahora defienden su investigación. Charlamos en un café situado junto al Centro de Atención Primaria y de Salud Pública de Whitechapel, en el este de Londres, donde ella trabaja. Care in the Community, me cuenta, «fue una primera privatización que pasó prácticamente desapercibida porque afectaba a la gente más vulnerable, la que no tenía voz, como los ancianos, los pacientes psicogeriátricos y la gente con dificultades de aprendizaje —añade—. Se reactivó la atención sanitaria en el seno de la comunidad, pero lo que no se dijo es que también se produjo una tremenda expansión del sector privado con ánimo de lucro».

Las residencias sanitarias eran un gran negocio. La Southern Cross Healthcare emergió como el mayor proveedor de residencias al abrir 750 por toda Gran Bretaña entre 1996 y 2011. Pronto se convertiría en el juguete de las firmas de capital de inversión y liquidación de activos, que se dedicaron a comprar y a vender la empresa para ganar dinero. Los buitres del capital de inversión Blackstone la compraron en 2004, para volver a venderla tres años más tarde a cambio de unos enormes beneficios. Los costes no paraban de recortarse, de manera que el servicio se resentía mientras sus trabajadores intentaban ganarse la vida con salarios por debajo del umbral de pobreza. La empresa siguió una estrategia agresiva de comprar residencias geriátricas y luego vendérselas a los propietarios de los inmuebles, una estrategia empresarial que acabó cargándose a la propia empresa, que pronto no pudo pagar sus alquileres y acabó por hundirse en 2011, con lo que dejó en el limbo a unos treinta y un mil pacientes indefensos.[44] A mediados de 2014, una investigación reveló que los problemas financieros de Southern Cross y el «enfoque inadecuado de la atención médica» por parte de la empresa suponía un riesgo para la «gente vulnerable» y había causado la muerte de seis residentes ancianos.[45] Hasta la atención geriátrica podía tratarse como una oportunidad para que los liquidadores de activos ganaran un dinero rápido.

En los primeros días de la Administración del nuevo laborismo, Tony Blair mandó a Frank Dobson —que había sido su primer ministro de Sanidad y ahora era visto como un obstáculo para el plan de privatizaciones— a librar una batalla condenada al fracaso por la alcaldía de Londres y lo sustituyó por Alan Milburn. Este político era un defensor ferviente de aumentar la participación de las empresas privadas en el NHS, incluido el hecho de derivar a pacientes al tratamiento privado por cuenta del usuario. «Los centros de diagnóstico y tratamiento privados cobran de promedio un 11 por ciento más por operación que los hospitales del NHS —escribió Dobson—. La subcontratación puede estar justificada si cuesta menos. Pero una externalización que cueste más no tiene ningún sentido». Aquellas políticas de mercantilización no comportaban menos burocracia, sino más, y los costes de administración del NHS se duplicaron.[46]

Una de las formas más desastrosas de privatización fue la Prívate Finance Initiative (PFI), una estafa de contabilidad diseñada por el gobierno conservador de John Major. La iniciativa estipulaba que los contratistas privados cobraran una tarifa anual por construir y gestionar hospitales o escuelas, que luego serían arrendados otra vez al Estado. La ventaja obvia era que aquellos gastos no se incluían en los registros públicos de la deuda del gobierno. Se formaron consorcios de bancos, constructoras y promotoras inmobiliarias para constituir una modalidad de empresas limitadas en el tiempo denominadas vehículos especiales. «En realidad, gracias a esto se vio el crecimiento sin precedentes de la gestión de instalaciones —explica la profesora Allyson Pollock—, así como toda una nueva industria alrededor de abogados, contables y consultorías de gestión, porque el proceso requería un aparato técnico que permitiera la fractura del Estado». Desde el mismo principio, la PFI resultó mucho más cara, porque las empresas privadas han de pagar tipos más altos por los créditos que el Estado, que se suele considerar poco propenso a ir a la quiebra. Como ya viene siendo costumbre en la Gran Bretaña moderna, le tocó al contribuyente correr con el riesgo. En 2011, la Comisión Especial de Hacienda llegó a la conclusión de que era «ilusorio» que la PFI protegiera del riesgo al contribuyente, y en 2012 el gobierno anunció un rescate de 1.500 millones de libras para los hospitales de la PFI, mientras los beneficios se los embolsaban los corsarios.

No cabe insistir demasiado en la estafa monumental que ha resultado ser la PFI durante las dos últimas décadas. Los proyectos que se le encargaron tenían un valor total de 54.700 millones de libras; sin embargo, para cuando el contribuyente termine de pagar a los consorcios, dentro de unas décadas, se calcula que habrá tenido que costear la apenas imaginable cifra de 310.000 millones. El Estado se ha atrapado a sí mismo en contratos de treinta años, y mucho de ese tiempo se lo va a pasar pagando puros beneficios a las empresas. Los hospitales tienen que cumplir con unos contratos de mantenimiento y de servicios que de tan absurdos resultan casi cómicos. Los honorarios son ridículos: en un caso, a un hospital se le cobró 333 libras por colocarle una bombilla nueva. El desvío de dinero de la atención al paciente a los bolsillos privados ha llevado a los hospitales a contemplar el abismo de la quiebra. En 2012, la fundación hospitalaria South London Healthcare fue sometida a intervención judicial, mientras que otros hospitales estaban al borde mismo de la quiebra. Según el doctor Kailash Chand, «se ha hipotecado la sanidad para las próximas generaciones».

Las competencias sanitarias de Escocia y de Gales se transfirieron a sus administraciones respectivas, pero el NHS inglés es cada vez más víctima de los especuladores. Aun así, no fue hasta que llegó la coalición al poder cuando el NHS inglés quedó expuesto al desmantelamiento total. En su programa electoral de 2010, los conservadores prometieron «no más reorganizaciones verticales del NHS», para a continuación desatar la mayor reorganización vertical desde su fundación en 1947. El texto de su Ley de Sanidad y Servicios Sociales es unas tres veces más largo que la ley original que estableció el NHS. Las antiguas autoridades sanitarias estratégicas y fundaciones de atención primaria a la salud que componían el servicio sanitário quedaron eliminadas, y 60.000 millones de libras para inversión del NHS se entregaron a los nuevos grupos de subcontratación clínica (siglas en inglés, CCG). Supuestamente, los iban a dirigir médicos, pero era una idea absurda: pocos elegían esta carrera para acabar gestionando burocracia y administración. Una encuesta realizada en marzo de 2013 reveló que los profesionales no se sentían más implicados en la subcontratación de servicios que antes de que se crearan los CCG.[47] Al contrario: estos grupos recurrían a empresas privadas.

Sin embargo, el factor decisivo fue la sección 75 de la ley, que —en nombre de la competencia— obligaba a todos los servicios del NHS a salir a oferta pública, a menos que los CCG estuvieran seguros de que el servicio lo podía suministrar «un solo proveedor». En términos prácticos, esto era una condición casi imposible: tal como dijo el expresidente del Royal College of Practitioners en el British Medical Journal, ¿cómo iban los CCG a «estar seguros de que hay un solo proveedor posible si no es saliendo a concurso por un montón de dinero»?

Antes incluso de que se aprobara la propuesta de ley, el sector privado ya estaba devorando el NHS a pedazos. El primer hospital que se privatizó fue el de Hinchingbrooke en 2011, tras un acuerdo de mil millones de libras con Circle Partnership. El hospital estaba cargado de deudas por culpa de una forma previa de privatización, la PFI. Esta privatización fue aplaudida por medios de comunicación como el Daily Mail y por los políticos conservadores.[48] Sin embargo, en vísperas de otro informe de la Comisión para la Atención Médica de Calidad de enero de 2015 que condenaba al hospital por su tratamiento «inadecuado» y lo sometía a medidas especiales, Circle declaró que abandonaba el contrato. Una combinación de recortes gubernamentales y presión creciente sobre los servicios de emergencia y atención a accidentes no dejaba a Circle otra salida que abandonar el hospital, según declaraciones de la propia empresa. Había sido una privatización modélica: su fracaso dejaba en evidencia el desastre del dogmatismo mercantilismo. Otro hospital, el George Eliot de Warwickshire, también afrontaba la privatización, con varias empresas como Circle, Care UK y Serco esperando entre bastidores, lo cual llevó al laborismo a advertir de que se había «puesto en venta» el NHS. Pero la cúpula laborista no lo tenía fácil para plantear su oposición: a fin de cuentas, su historial en el gobierno demostraba que ellos también habían asumido como propio el dogma del Establishment que promovía las privatizaciones.

En Surrey, los servicios sanitarios de la comunidad se vendieron en 2012 a Virgin Care: un acuerdo por valor de quinientos millones de libras. Esta clase de contratos son increíblemente complejos: éste, en concreto, alcanzaba las 1.320 páginas,[49] lo cual lo convertía en un documento prácticamente imposible de examinar. Pero la privatización de Surrey se vería eclipsada un año más tarde cuando los CCG de Cambridge y Peterborough anunciaron sus planes de transferir los servicios del NHS a varias empresas de sanidad privada, en un acuerdo que llegaba a los 1.100 millones de libras: «la venta más temeraria hasta el momento», de acuerdo con el responsable de Sanidad del gabinete en la sombra, Andy Burnham.[50] En Cornualles, la empresa Serco se hizo con la gestión de los servicios nocturnos. La Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes la acabó denunciando por ofrecer servicios «de mala calidad» y por falsificar en 252 ocasiones sus cifras de resultados. Otro contrato para tratar a los pacientes del NHS con tumores cerebrales acabó en manos del coloso de la sanidad privada Hospital Corporation of America International, donante del Partido Conservador. En las Midlands Orientales salió a la venta un paquete de servicios de patología por valor de 770 millones de libras, mientras que en Bristol también se llegó a un acuerdo para la administración privada de servicios de salud mental para adultos por valor de 210 millones. En palabras de la profesora Pollock, el NHS inglés «ya no es más que un logo, una simple fuente de financiación».

La privatización se ha convertido en un alud. En los seis meses posteriores a la aprobación de la legislación del gobierno, solamente cuatro de los veinticuatro contratos clínicos que se han firmado han recaído en proveedores del NHS.[51] Para los buitres que vuelan en círculos en el cielo, ha habido carne fresca en abundancia. Ahora el gobierno permite a los hospitales del NHS obtener hasta un 50 por ciento de sus ingresos de los pacientes privados. En julio de 2013, una investigación del British Medical Journal revelaba que uno de cada seis hospitales del NHS estaba ampliando sus operaciones en el sector privado.

De acuerdo con un informe de 2012 elaborado por la consultoría de finanzas corporativas Catalyst, hasta 20.000 millones de los 95.600 millones de libras del presupuesto del NHS están a disposición del mejor postor. «Sé abre una oportunidad de 20.000 millones de libras para el sector privado —dice el orgulloso titular de su informe—. A pesar de las muchas dificultades, el sector privado está suministrando cada vez más servicios sanitarios, ya sean pagados por el contribuyente o directamente por los consumidores en los puntos de uso», se afirma con arrogancia, estimando a continuación que para el año 2020 la proporción de servicios de asistencia tanto primaria como secundaria que suministrarán las empresas privadas se habrá disparado hasta el 40 por ciento.[52] Y, sin embargo, en líneas generales, este proceso de privatización se ha hecho a escondidas de la ciudadanía. En la actualidad, hay más de un centenar de servicios del NHS gestionados por Virgin Care. Aun así, el logo que da la bienvenida a los pacientes no es el del Virgin Care: da igual qué parte de los servicios sanitarios haya sido rapiñada, seguirá llevando las tres reconfortantes iniciales del NHS. Y, por supuesto, no hay venta que no vaya acompañada de recortes a los recursos del NHS. En los primeros tres años del gobierno de coalición, se han eliminado ocho mil camas de hospital[53] y el Real Colegio de Enfermería calcula que hay veinte mil puestos de enfermería menos de los que necesita el NHS,[54] y a cambio se espera que el NHS obtenga en 2015 veinte mil millones de libras gracias a estos «ahorros por eficiencia».[55]

Nada de todo esto es accidental: todo está meticulosamente planeado. En 2005, el ministro de Sanidad Jeremy Hunt coescribió un panfleto titulado: «Democracia directa: agenda para un nuevo modelo de partido», que pedía que se desnacionalizara el NHS y se reemplazara por un modelo nacional de compañía aseguradora. Por extraordinario que parezca, teniendo en cuenta que era el ministro, Hunt pidió en privado que se eliminara el tributo al NHS en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012.[56] Pero el ministro del gobierno a cargo del NHS no era el único que no tenía un historial de compromiso con la sanidad pública. En 2012, a David Bennett lo nombraron director general permanente de Monitor, el organismo regulador del NHS; antes había trabajado como director adjunto de la consultoría de gestión McKinsey, con una experiencia considerable en todo el mundo en materia de privatización y externalización. De hecho, fueron ellos quienes redactaron en parte el proyecto de ley gubernamental de privatización del NHS. En octubre de 2013, Simon Stevens fue nombrado director general del NHS. Antes había trabajado como asesor promercado del primer ministro Tony Blair, y venía de pasarse una década siendo una de las figuras principales de la firma de sanidad privada UnitedHealth. El NHS ha quedado en manos de ideólogos del mercado libre.

El gran descuartizamiento del NHS es una amenaza para la salud y hasta para las vidas de los pacientes. De acuerdo con el profesor Terence Stephenson, de la Academy of Medical Royal Colleges, la «competencia innecesaria puede desestabilizar unas economías sanitarias locales complejas e interconectadas, sobre todo los hospitales, además de tener efectos adversos en el servicio a los pacientes».[57] Colocar la búsqueda de ganancias en el centro de la atención sanitaria ha tenido consecuencias profundas. «El mercado quiere, literalmente, mover dinero, obtener beneficios; ésa es su filosofía, así de simple —dice el doctor Kailash Chand—. Si no genera beneficios, no quiere saber nada. Se producirá una selección a la carta de la cirugía programada, por ejemplo. Se terminará con un sistema sanitario en dos niveles, donde la cirugía programada y similares se harán en el sector privado». Quienes pagan por su tratamiento en el NHS ya pueden saltarse las colas —y los hospitales en situación de penuria económica están desesperados por aceptarlos—, mientras que todos los demás están obligados a apuntarse a unas listas de espera cada vez más largas. De hecho, en 2012, ya hubo más de cincuenta y dos mil personas a quienes se les negaron operaciones rutinarias.[58]

En parte, el programa de privatizaciones se presenta como una posibilidad de que los pacientes «elijan». Pero el programa no tiene nada que ver con «elegir». No son los pacientes quienes están vendiendo los servicios del NHS: quienes están desmontándoles pedazo a pedazo su servicio sanitario para dárselo a empresas privadas son unos individuos a quienes ellos nunca han votado y cuyos nombres casi seguro que no conocen. A los pacientes les toca aceptarlo, sí o sí: los pacientes del NHS de Cornualles que quieren servicios nocturnos, por ejemplo, pueden «elegir» entre Serco y Serco.

La privatización es cara. La actual «reorganización» cuesta tres mil millones, pero la expansión de los principios del mercado en el seno del NHS comportaba buscar rutas por entre las leyes de la competencia, y eso no ha salido barato. «Estamos empantanados en una montaña de leyes de la competencia —declaró sir David Nicholson ante el Parlamento, cuando dejó su cargo de director del NHS—. Tenemos a toda clase de abogados especializados en el tema diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo cual nos genera unas dificultades enormes». Pero la privatización también es cara por otras razones. «Nunca tuvimos un servicio de salud —dice el doctor Kailash Chand—. Lo que teníamos era un servicio de enfermedades». En vez de centrarse en la prevención y en promover estilos de vida saludables para prevenir que aparezcan condiciones sanitarias costosas, el NHS está diseñado para tratar con los síntomas de mala salud. Es un modelo provechoso para las grandes compañías farmacéuticas, claro, porque la cura de las enfermedades requiere tratamientos y fármacos caros. Promover la vida sana supondría una merma considerable en este caudal de ganancias. Y, sin embargo, a medida que la población británica siga envejeciendo, cada vez se va a necesitar más dinero para tratar las enfermedades y la mala salud: buenas noticias para las empresas privadas que se benefician del desmantelamiento y de la venta del NHS.

Pero ésta es una historia emblemática del Establishment británico. Detesta al Estado y asegura estar liberando al individuo de sus garras. Cuando se percibe que los más pobres dependen de las prestaciones gubernamentales, se los demoniza de forma rutinaria por ser «gorrones» y «parásitos». Y, sin embargo, la verdad es que el Estado recorre este capitalismo de cabo a rabo. No solamente ofrece a los intereses privados protección, infraestructuras y mano de obra: también se ha ido convirtiendo en un caudal de ganancias. De esta manera, el Estado se privatiza y se metamorfosea en un simple repartidor de dinero del contribuyente, perdiendo responsabilidad para con la ciudadanía. Sus servicios ya no buscan por encima de todo lo demás el bien público: no se requiere el interés de la gente, sino que se persigue ganar dinero. Puede que el apoyo a la gran cruzada de las privatizaciones sea algo incuestionable para los políticos, periodistas y think tanks del Establishment, pero nunca se ha ganado el corazón ni la cabeza del pueblo británico.

Las grandes corporaciones están encantadas de hacerse con la enorme riqueza y con los recursos del país, pero no les gusta dar nada a cambio. La idea oficial del Establishment de que el Estado es algo ilegítimo, un obstáculo para el espíritu emprendedor de los «generadores de riqueza», justifica no suministrarle los recursos que necesita para su funcionamiento. Incluso en un momento en que la austeridad está haciendo estragos en los servicios y en el sustento de las familias, hay grandes sectores de la adinerada élite británica que en la práctica han dejado de pagar impuestos. Es algo que deja claro a quién sirve el Estado británico.

6 MAGNATES Y DEFRAUDADORES FISCALES

Si el actual capitalismo británico quisiera un embajador que atendiera a la ciudadanía, Steve Varley sería un estupendo candidato. El relativamente joven director general de Ernst & Young —una de las «cuatro grandes» firmas británicas de contabilidad, que se jactan de unos beneficios anuales de 24.000 millones de libras— no tiene nada que ver con el estereotipo envarado y de clase alta que puebla los consejos de administración británicos. Todavía tiene un deje norteño en la voz: nació en Harrogate, Yorkshire —«Harrogate es bastante pijo, ¿no?», me dice en broma— y creció en una casa adosada de Bury, a doscientos metros de Gigg Lane, el campo de fútbol del Bury F. C. Sonriente, campechano, aprueba con facilidad el test del «tío con el que te tomarías una pinta». «Cuando voy a mi pueblo, me dicen: “Éste invita a la primera ronda” —me cuenta riendo—. Me voy a jugar al fútbol con ellos y al cabo de veinte minutos todos volvemos a ser amigos del alma».

Es fácil dejarte cautivar por un tipo de la calle como Varley, tan lleno de buenas intenciones, y llegar a la conclusión de que, a fin de cuentas, el Establishment no es tan malo. Cuando era un chaval, su pasión era el fútbol, y terminó la universidad sin saber qué quería hacer en la vida. «Me pasé un año viajando, hice esa especie de recorrido estándar de la guía Lonely Planet —dice, antes de volver a Gran Bretaña cargado de deudas—. Por entonces, o te dedicabas a la banca, o a los servicios profesionales. Y a mí no me apetecía trabajar en banca». Después de entrar en una consultoría, en 2005 se hizo con sus servicios el gigante de la contabilidad Ernst & Young, donde está claro que causó muy buena impresión: al cabo de seis años, se estaba eligiendo a un nuevo director general su nombre surgió como uno de los candidatos. «Y entonces empezó un proceso de lo más misterioso —me explica con una sonrisa—. No es exactamente como elegir al papa, pero se le parece». Que lo eligieran fue una sorpresa y un honor: Varley era más joven que muchos de sus colegas, no era auditor de formación y sólo llevaba unos años en la empresa. Experimentó una perplejidad —un «pellizcarte a ver si es verdad», en sus propias palabras— habitual entre los relativamente poco frecuentes casos de personas que han progresado en la vida desde fuera de los confines de la élite privilegiada hasta acceder a las filas del Establishment británico. «Es algo así como: ¿cómo puedo tener tanta suerte como para estar haciendo todo esto? —piensa Steve Varley—. He acompañado al primer ministro en delegaciones comerciales. He estado en el despacho presidencial de Brasil. Todo rarísimo».

Varley se esfuerza mucho por dar una imagen de capitalismo ético y concienciado. Mientras entra sin prisa en una oficina del piso superior del alto edificio que sirve de sede en Londres de Ernst & Young, con sus vistas panorámicas de la capital, se queja de estar con resaca tras haber ido la noche anterior a una fiesta de Stonewall, la organización por los derechos de lesbianas, gais y bisexuales. En 2012, Ernst & Young fue nombrada empresa progay número uno por Stonewall, y un año más tarde fue la principal patrocinadora en Londres del Día del Orgullo, la mayor celebración que hay en el país por la igualdad del colectivo LGBT. Varley es miembro del Social Business Trust, una fundación que respalda a empresarios con inquietudes sociales; un proyecto del que está particularmente orgulloso de apoyar es BikeWorks, que ayuda a expresidiarios a convertirse en mecánicos de bicicletas. Otra organización con la que trabaja es una que ayuda a las mujeres a regresar a sus puestos de trabajo después de tener hijos y a encontrar trabajos profesionales a tiempo parcial. «Son unas mujeres que inspiran mucho, y yo aprendo mucho de ellas».

Parece difícil no quedarse impresionado: he aquí la prueba fehaciente de que en Gran Bretaña está prosperando el capitalismo de rostro humano. Y, sin embargo, las empresas como Ernst & Young representan algunas de las peores mentalidades y prácticas del Establishment británico: el ansia incansable de concentrar la riqueza en pocas manos, la erosión de las barreras entre los intereses privados y el Estado, y un rechazo ideológico de este último, que se usa para justificar la negativa a contribuir a mantener sus servicios y sus funciones básicas.

Ernst & Young se ha visto implicada en uno de los grandes escándalos del capitalismo moderno: la evasión legal sistemática de impuestos por parte de empresas e individuos ricos en un momento en que la inversión pública afronta unos recortes salvajes. De acuerdo con una investigación que realizó para el Congreso Sindical el contable colegiado y activista Richard Murphy, la élite británica se libra todos los años de pagar unos 25.000 millones de libras en impuestos. En 2014, la Oficina Nacional de Auditorías reveló que el año anterior una de cada cinco grandes empresas no había pagado ni un penique en concepto de impuesto de sociedades, y que más de la mitad pagaban menos de diez millones de libras.[1] Muchas grandes empresas rechazan al Estado —a pesar de que dependen de él— y odian tener que financiarlo. Creen que su contribución ya es demasiado generosa, y que el Estado tendría que darles las gracias por el mero hecho de dar trabajo a la gente.

Sin embargo, la evasión legal de impuestos es un síntoma de la distribución profundamente desigual de la riqueza y del poder que reina en Gran Bretaña. La misma legalidad que se cierne implacablemente sobre los pequeños delitos de los pobres permite, y hasta facilita, la conducta mucho más destructiva de los ricos. Comparen los millones que se han perdido por culpa de la evasión legal de impuestos con los 1.200 millones que se han perdido por culpa del cobro fraudulento de prestaciones, un problema que continúa siendo la carnaza favorita de los titulares furiosos de la prensa sensacionalista. En octubre de 2013, Vienna Michelle Israel, de treinta y dos años, fue condenada a un año de cárcel por reclamar de forma fraudulenta 23.600 libras en concepto de exenciones fiscales, ayudas a la renta y subsidio familiar, por el hecho de no declarar que sus hijos ya no vivían con ella.[2] Se trata de una conducta que pocos perdonarían, pero es una nimiedad en comparación con las cifras que pierde Hacienda por culpa de los gigantes corporativos que no tributan.

La poco convincente respuesta a este argumento viene a decir lo siguiente: «Ah, pero es que la diferencia entre la evasión legal de impuestos y el cobro fraudulento de prestaciones es que una es legal, y el otro no». Pero esa respuesta subraya, sin darse cuenta, que la ley está amañada en beneficio de los ricos, por mucho que su conducta sea más destructiva socialmente. Los ricos pueden contratar a un ejército de contables y abogados para evitar pagar la cifra en impuestos que les manda la legislación parlamentaria. Las empresas de contabilidad ayudan a redactar las leyes fiscales y luego asesoran a sus clientes para que puedan eludirlas. Al despojar sistemáticamente a Hacienda de los fondos que necesita para suministrar servicios e implantar políticas, al socavar la legitimidad de la ley y al fundirse en parte con la maquinaria misma del Estado, la élite adinerada que no paga impuestos supone una amenaza real a la democracia. Y en el centro de esta conspiración están las llamadas cuatro grandes firmas de contabilidad: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte y KPMG.

Durante mucho tiempo, el trabajo de las cuatro grandes permaneció en la sombra. Las prácticas de estas empresas no saltaron a la atención del público hasta enero de 2013, cuando se las llevó a rastras ante la Comisión de Cuentas Públicas (siglas en inglés, PAC) del Parlamento, presidida por la implacable parlamentaria laborista Margaret Hodge. «Evitar legalmente el pago de impuestos se ha convertido en una nueva forma de obtener beneficios —les dijo la diputada, sin andarse por las ramas—. Y a mí me parece que el principal propósito del trabajo de ustedes es minimizar los impuestos que pagan los individuos ricos o las empresas». Ellos, que no estaban acostumbrados a unos interrogatorios públicos tan duros, se pusieron a la defensiva. Hodge expuso el ejemplo de PwC, que decía ofrecer una «estructura empresarial tremendamente compleja» en «jurisdicciones de fiscalidad baja como Luxemburgo y Jersey». Esa complejidad sólo tenía un propósito, les dijo ella: «En palabras de ustedes, minimizar los impuestos; en las mías no pagar impuestos». Cuando Hodge les preguntó si esas «estructuras complejas» en países con impuestos bajos estaban montadas «con el propósito de minimizar el pago de impuestos», un amedrentado Kevin Nicholson —director de Fiscalidad de PwC— admitió: «Es uno de los factores que se tienen en cuenta, sí».[3]

Las cuatro grandes odiaron aquel juicio al que les sometió la parlamentaria. «El debate se acaloró bastante», dice David Barnes, el canoso y elegantemente trajeado director de Políticas Públicas de Deloitte, en su bloque de oficinas de cemento situado cerca de Fleet Street. «Margaret Hodge y la PAC se pusieron bastante fanfarrones». Y no es de extrañar. Durante muchos años, la evasión legal de impuestos a escala industrial por parte de la élite adinerada de Gran Bretaña fue un problema que solamente preocupaba a los analistas y especialistas en fiscalidad. Con el nuevo laborismo en el gobierno —por lo menos hasta 2008— pareció que el país experimentaba un crecimiento económico imparable. El por entonces ministro de Hacienda Gordon Brown hizo la asombrosa afirmación de que auge y caída eran términos que habían sido desterrados a los libros de historia; los impuestos fluían a espuertas hacia las arcas de Hacienda; y la inversión en servicios públicos no paraba de crecer. «Había más dinero», me cuenta Margaret Hodge, que anteriormente había sido ministra laborista, antes de renacer como cruzada en contra de la evasión legal de impuestos; sin embargo, también cree que el laborismo «tenía miedo» de alienar a las grandes empresas. Cuando, a principios de otoño de 2008, Lehman Brothers se vino abajo, las viejas sensibilidades se hundieron también: las recaudaciones de impuestos entraron en caída libre, y en mayo de 2010 la coalición de conservadores y liberal-demócratas llegó al poder con un programa de profundos recortes. Con los servicios públicos reducidos y el nivel de vida cayendo durante el período más largo desde la década de los setenta del siglo XIX, había llegado la hora de llamar la atención hacia el rechazo de las empresas británicas a pagar los impuestos que les correspondían.

Una de las pocas figuras que se había tomado en serio la evasión legal de impuestos antes de que se convirtiera en un tema político a la orden del día es el contable colegiado Richard Murphy. Aunque en sus años de estudiante universitario se consideraba a sí mismo un poco a la izquierda de la socialdemocracia, a Murphy siempre lo fascinó el mundo de la empresa. Cuando a mediados de los ochenta entró a trabajar en una predecesora de la empresa de contabilidad KPMG, le dijeron que, si no llamaba mucho la atención, podía llegar a socio de la empresa en una década, más o menos: ambicioso y resuelto, su reacción fue dimitir en aquel mismo momento. Se dedicó entonces a montar empresas en Reino Unido y en otros países; a los veintiséis años, estuvo entre la gente que trajo a Gran Bretaña el emblemático juego Trivial Pursuit. «Por entonces, nadie pensaba que los paraísos fiscales tuvieran nada de malo —rememora, sentados los dos en la terraza de un café del este de Londres en un espléndido día de agosto—. Nadie sabía mucho de ellos, no había estudios académicos al respecto. Pero vi la actividad de los paraísos fiscales y decidí que me ofendía moralmente». Junto con dos socios más, Murphy montó su propia empresa de contabilidad. Era una firma distinta: no se dedicaba a llevar fuera del país los impuestos de la gente, a crear fundaciones ni a emprender ninguna otra forma de evasión legal. «En términos comerciales, fue un modelo muy exitoso», me dice con orgullo.

Cuando Murphy decidió cerrar aquella etapa, venderse la empresa y mudarse a Norfolk para vivir con más tranquilidad, pasó a concentrar sus esfuerzos en pensar y escribir: «Quería usar lo que había aprendido para intentar hacer del mundo un sitio mejor». Cofundó la Tax Justice NetWork para luchar contra la evasión legal y contra los paraísos fiscales; resultó un trabajo muy concienzudo que sacó a la luz cómo la ley permitía que la élite se aprovechara del sistema. Fue el principio de una formidable alianza entre expertos y activistas.

En un café tranquilo de atmósfera bohemia de un callejón cercano a la estación de metro londinense de Angel, me reúno con dos activistas pioneros, Murray Worthy y Kate Blagojevic. Apenas veinteañeros, los dos podrían pasar por estudiantes universitarios. A los veinte minutos de conocerlos, sin embargo, ya me asombran su dureza y su determinación. Los dos habían estado previamente asociados con grupos de protección del medio ambiente como la Acampada por el Clima; en 2010, cuando las políticas de austeridad se cernieron sobre Gran Bretaña, decidieron, junto con un pequeño grupo de amigos, que había llegado el momento de pasar a la acción. Durante el proceso de enmiendas a los presupuestos de 2010, el ministro de Economía George Osborne anunció más de seis mil millones en recortes. La revista Prívate Eye acababa de desvelar en un artículo que el gigante de la telefonía móvil Vodafone había dejado de pagar seis mil millones de libras de impuestos al Departamento de Ingresos y Aranceles, la misma cantidad que se había recortado de los presupuestos generales. «Fue entonces cuando la gente se juntó, ató cabos y más de sesenta personas hicieron una sentada un miércoles por la mañana en Vodafone —dice Kate—. Y la cosa se extendió; al día siguiente pasó en Leeds, y, de pronto, había gente por toda Gran Bretaña que quería repetirlo también el sábado». Y así es como nació un nuevo movimiento: UK Uncut, un grupo de acción directa a escala nacional decidido a poner la evasión legal de impuestos sobre la mesa de la política a base de ocupar pacíficamente las sedes de las empresas culpables.

Matthew Kirk es el patricio director de Asuntos Exteriores de Vodafone: en términos prácticos, viene a ser un poco el ministro de Asuntos Exteriores de la empresa, y está embebido de la tradición del Establishment. Sentado en las oficinas que tiene Vodafone en Paddington, y flanqueado por dignatarios de la empresa, me señala con orgullo una fotografía de su padre, el difunto ministro conservador europeísta sir Peter Michael Kirk, de pie junto a Margaret Thatcher. «Es extraordinaria porque es la única fotografía que conozco que dice: “Los conservadores apuestan por Europa”», dice riendo, jactándose de que su padre convenció a la Dama de Hierro para hacer campaña por el «sí» en el referéndum de 1975 de la permanencia británica en la Comunidad Económica Europea. El propio Matthew Kirk es diplomático de carrera y empezó su trayectoria en las Naciones Unidas; cuando estaba allí, se involucró en las negociaciones internacionales que siguieron a la caída de la Unión Soviética, entre ellas acuerdos de control armamentístico. Vodafone invitó a Kirk a unirse a la empresa mientras él era embajador británico en Finlandia. «Quien me invitó fue Aran Sarin, que por entonces era el director ejecutivo, y me vino a explicar que en la compañía reinaba la impresión de que cada vez les costaba más abrirse paso por el entorno en que se movían». Resultaba complejo tratar con tantos reguladores de todo el mundo; además, añade Kirk, Vodafone tenía la sensación de que las decisiones de los legisladores en materia de telecomunicaciones se estaban «volviendo más políticas».

Cuando se trata de refutar las acusaciones de evasión legal de impuestos, Kirk es un maestro de la diplomacia. «Tuvimos una disputa bastante larga —me dice en un tono completamente natural—. El Departamento de Ingresos y Aranceles y nosotros llegamos a un momento en que pensamos: vamos a sentarnos a arreglar esto, porque ya está durando bastante». Fue entonces, afirma Kirk, cuando Vodafone llegó a un acuerdo con el ministerio para resolver cualquier responsabilidad legal que pudiera haber surgido, y la empresa acabó pagando 1.250 millones de libras. «Poco después salió un artículo en Private Eye que decía que la cifra no tendría que haber sido 1.250 millones, sino 6.000». Me explica que el mismo servicio de aranceles descartó la cantidad y la calificó de «leyenda urbana», y que Vodafone no era más que la víctima de una coincidencia desafortunada de cifras. «Resulta que los seis mil millones coincidieron con el recorte gubernamental de seis mil millones del presupuesto de universidades, y con el resultante aumento de las matrículas —me cuenta—. Eso llevó a la creación de UK Uncut, que dijo: “Si Vodafone hubiera pagado sus impuestos, no habría habido que imponer matrículas universitarias”. Una frase que tiene un poder de seducción maravilloso». En realidad, explica, el juez retirado sir Andrew Park descubrió que era posible que, de haber ido Vodafone a los tribunales, hubiera ganado el litigio y no habría tenido que pagar nada.

Sin embargo, Kirk usó unas frases con gran poder de seducción. La realidad es muy distinta. En 2001, valiéndose de una sucursal extranjera con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal, Vodafone compró una empresa de ingeniería alemana llamada Mannesmann por 180.000 millones de euros. Para su adquisición se armó todo un plan financiero específico, destinado a no pagar impuestos en Gran Bretaña por el acuerdo de compra. Tal como reveló Private Eye, Vodafone rechazó «todas las peticiones de información sobre el acuerdo que le planteó el Departamento de Aranceles y [defendió] en los tribunales que las leyes británicas que anulaban los beneficios fiscales de la compra quedaban canceladas a su vez por la legislación europea, que según Vodafone garantizaba la libertad para establecerse en cualquier lugar de la Unión Europea (incluidos sus paraísos fiscales más turbios) sin tener que pagar impuestos». Como el caso se eternizaba, el director del Departamento de Aranceles, Dave Hartnett, trasladó el caso a un departamento más flexible. Al final se emitió una factura por ochocientos millones más cuatrocientos cincuenta millones que pagar en un lustro: una decisión que se tomó sin consultar para nada a los fiscales del Departamento de aranceles ni a especialistas en legislación fiscal.

El hombre que filtró esta historia a Prívate Eye fue Richard Brooks, un inspector fiscal del Departamento de Ingresos y Aranceles especializado en impuesto de sociedades y fiscalidad internacional, y que en 2005 dimitió después de quince años de servicio. Brooks recuerda que, en la batalla contra Vodafone, el Departamento de Aranceles iba ganando y la empresa había empezado a rendirse: habían decidido que «mejor arreglaban aquel lío porque tenían las de perder». Sin embargo, cuando se estaba decidiendo la cifra del acuerdo extrajudicial, el Departamento de Aranceles no consultó a ningún experto legal sobre sus posibilidades de éxito. «Ni siquiera se asesoró con sus propios abogados —cuenta Brooks—. Tenía un servicio jurídico especializado en aquel ámbito que llevaba desde el principio librando aquella batalla legal. Si estás a punto de enzarzarte en una disputa legal enorme, lo primero que necesitas averiguar es: ¿qué probabilidad tengo de llevarme los seis mil millones?» La cifra de seis mil millones se basaba en la deuda contraída desde 2001 más los intereses. Sin embargo, señala Brooks, la cifra era una estimación a la baja, porque no incluía la enorme participación que tenía Vodafone en la empresa norteamericana de telecomunicaciones Verizon, que, igual que Mannesmann, había estado manteniendo exentos de impuestos 2.500 millones de dólares de beneficios en Luxemburgo. Más tarde la empresa se vendió las acciones de Verizon, que le reportarían 84.000 millones de libras caídos del cielo, algo que volvió a causar un clamor cuando se reveló que aquellos miles de millones tampoco iban a tributar en Gran Bretaña.

«Hasta entonces el Departamento de Ingresos y Aranceles había ganado todos los litigios emprendidos contra Vodafone —dice Richard Murphy—, de forma que aquel acuerdo extrajudicial de julio de 2010 fue una maniobra tremendamente sorprendente». Una semana después del acuerdo, durante una misión comercial en la India, George Osborne ofreció todo el apoyo a Vodafone en otra batalla con el gobierno indio por la evasión de dos mil setecientos millones de dólares. La empresa había llegado a apartar más de dos mil millones de libras para un posible acuerdo fiscal durante la batalla legal con el Departamento de Aranceles británico. «En términos contables, habían ganado mucho dinero con aquel trato —dice Murphy—. Tal como yo lo veo, el suficiente como para pagarse una buena juerga de ejecutivos por todo lo alto».

La controversia de Vodafone resultó ser un detonante para el movimiento de lucha contra la evasión legal de impuestos, y, a partir de verano de 2010, UK Uncut organizó una serie de ocupaciones pacíficas de empresas defraudadoras. Nada más empezar a hacerlo, los defensores de la evasión fiscal pasaron a la acción. Sus argumentos eran igual de creativos que su contabilidad. «Lo que complica la cuestión —dice Matthew Kirk en tono comedido— es que el debate se ha concentrado mucho en el impuesto de sociedades, que no es más que una pequeña parte de la contribución total que hacemos a la Hacienda británica o de todos los países en que operamos. Todos los años aportamos unos setecientos millones de libras a la Hacienda británica, una suma nada desdeñable».

El de Kirk es un argumento de venta bastante habitual entre las cuatro grandes empresas de contabilidad. En la futurista sede que tiene PwC en Charing Cross, con vistas al South Bank y al Támesis, Richard Sexton, vicepresidente de la empresa, formula con elocuencia con eficiencia empresarial este mismo argumento. «Lo que le pedimos cada vez más a la gente es que se fije en algo que en el mundo fiscal se llama tributación total, y que quiere decir mirar a la aportación total que hace una organización —me explica—. Y esto lo hacemos por nosotros mismos. En primer lugar, como socios, pagamos impuestos. También damos trabajo a gente que paga impuestos. Creamos otros flujos de ingresos para las autoridades fiscales, ya sea por medio del IVA ó de otras cosas. Hay que juntar todo eso».

Sin embargo, lo que están llevando a cabo aquí tanto Kirk como Sexton es un sofisticado intento de mover los palos de la portería. Las empresas hacen toda clase de filigranas y usan medios tremendamente elaborados para evitar pagar el impuesto de sociedades; pero cuando se les echa esto en cara, ellos afirman que pagar este impuesto en concreto no importa, porque ellos ya pagan muchos otros. Esta doctrina de la «contribución fiscal total» la desarrolló en 2005 John Whiting,[4] antiguo socio de PwC, que acabó recibiendo la Orden del Imperio Británico por los servicios rendidos a la profesión fiscal. En la actualidad, es director no ejecutivo del Departamento de Ingresos y Aranceles.

La contribución fiscal total es, en palabras de Richard Murphy, «una contabilidad de pega». Lo que hace la «contribución fiscal total» es sumar todos los pagos que hace una empresa al gobierno, ya sea en forma de licencias televisivas, licencias de vehículos, impuesto de carburantes, tasas de aeropuertos o compañías de seguros. Sin embargo, en la práctica todas estas contribuciones son pagos por servicios, no tributación general: cada vez que usas una carretera, estás pagando una licencia de vehículo; cada vez que usas un aeropuerto estás pagando la tasa de aeropuertos, etc. Además de estos pagos por servicios, las empresas añaden las retenciones salariales y las contribuciones a la Seguridad Social de sus empleados, que tampoco son los impuestos que paga la empresa en cuestión, sino los que abonan sus empleados por el dinero que han ganado. Después de esto, ya solamente quedan las contribuciones a la Seguridad Social de los empresarios, pero tampoco está nada claro que esto se pueda denominar impuesto directo a las empresas. Para empezar, el empresario solamente está contribuyendo al coste de asegurar a los trabajadores a los que contrata. «Si no tuviéramos contribuciones de las empresas y sólo un aumento de la contribución del empleado a la Seguridad Social, los salarios brutos subirían —señala Murphy—. Tu empleador piensa: quiero pagar 15.000 libras en dar trabajo a esta persona: vale, pues de esas 15.000 van a salir 1.400 para la Seguridad Social, de forma que tan sólo vas a cobrar 13.600 libras. El único impuesto que la mayoría de las empresas pagan de forma directa (es decir, las empresas sin ambigüedades) es el impuesto de sociedades, que es un impuesto al capital».

Sin embargo, está claro que la élite empresarial simplemente no considera que el impuesto de sociedades sea una demanda legítima. «En el último ejercicio le dijimos al ministro que si no conseguíamos crecer para el otoño, o que si no había perspectivas de hacerlo, iban a tener que llevar a cabo una reducción muy radical del impuesto de sociedades», me explicó John Longworth, director general de la Asociación de Cántaras de Comercio Británicas, cuando nos reunimos en verano de 2013 en las oficinas que tiene su organismo en Westminster. En otras palabras, era un grupo de cabilderos del mundo de la empresa intentando aprovecharse de la crisis económica para obtener beneficios fiscales. Pero hay otros que van todavía más allá.

«No nos gusta el impuesto de sociedades —dice Simón Walker, director general del Institute of Directors—. Creemos que es un impuesto injusto porque a menudo implica una doble imposición». Y, en efecto, Walker defiende que se elimine del todo. «Creo que es un impuesto ineficaz e improductivo». Ciertamente, se trata de una respuesta más imaginativa que el simple hecho de admitir que «a las grandes empresas no les gusta pagar impuestos y quieren quedarse con todos los beneficios que puedan». En un intento de ganarse simpatías, Walker y los suyos han recurrido a respuestas todavía más imaginativas. Y, sin embargo, su perspectiva es síntoma de lo rampantes que se han vuelto las actitudes neoliberales en los consejos de administración: ya se niegan a aceptar incluso la idea de que hay que gravar los beneficios.

Es una mentalidad que llega también al Departamento de Ingresos y Aranceles. Las actitudes «cambiaron de verdad a partir de los años noventa —dice Richard Brooks—. [La mentalidad pasó] del típico escepticismo que te esperas de un organismo regulador y de investigación a una actitud de confianza implícita. [Ingresos y Aranceles] basaba su trato con las grandes empresas en la confianza, en crear una sociedad, una relación empresarial, donde, en vez de inspectores, había “mánagers de relaciones con el cliente”». Brooks resume así esta nueva actitud: «En esencia, se trataba de creerte lo que te dijeran».

Esta perspectiva es del todo coherente con la ideología de mercado libre del Establishment que se ha impuesto. «Todo estaba perfectamente en sintonía con el ascenso de la regulación indulgente —dice Brooks—. Y llevaron esa indulgencia a extremos ridículos». Los opositores a esta nueva estrategia dentro del mismo Departamento de Ingresos fueron marginados, igual que el resto de los oponentes del Establishment. «Si cuestionabas todo aquello —rememora—, te tachaban de dinosaurio, de enemigo de la modernización. Había una manera de comunicarse destinada a demostrar que formabas parte del nuevo credo (jerga empresarial y esas cosas), y como no encajaras en ese molde, te relegaban al ostracismo. La verdad es que fue muy siniestro».

Por encima de todo, el mundo empresarial británico está en deuda con las cuatro grandes por minimizar su pago de impuestos. Todas las empresas se declaran inocentes, por supuesto. «Ni aprobamos la evasión legal de impuestos ni la justificamos —asegura Steve Varley, de Ernst & Young—. Lo fundamental es que el Parlamento tiene que legislar lo que él quiera. De forma que el gobierno de turno necesita decidir su estrategia concreta, entre todas las decisiones económicas del momento, y legislar. Y lo único que podemos hacer la gente como nosotros es cumplir con la legislación y asesorar a nuestros clientes».

Se trata de una frase convincente. Pese a todo, lo que Varley está diciendo es lo siguiente: si nos ofende la evasión legal de impuestos, entonces es cosa del gobierno cambiar la ley para castigar la práctica. La gente como Ernst & Young se limita a cumplir con la letra de la ley. Lo único que hacen es ofrecerles consejo imparcial a sus clientes, asegurarse de que cumplan con sus obligaciones legales y paguen únicamente la cantidad de impuestos que se les requiere por ley.

Lo que Varley se olvida convenientemente de mencionar es que las empresas como Ernst & Young también contribuyen a elaborar las leyes, y luego se dedican a decir a sus clientes cómo pueden saltárselas. «Hemos visto lo que parecían casos de cazadores furtivos que se convierten en guardias forestales, y luego otra vez en cazadores furtivos —declaró en abril de 2013 la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes—, o sea, una serie de individuos que primero asesoran al gobierno, a continuación se vuelven a sus empresas y aconsejan a sus clientes sobre cómo pueden usar esas leyes para reducir la cantidad de impuestos que pagan». Se trata de un hallazgo asombroso. Los parlamentarios veteranos de la comisión concluyeron que aquellas firmas contables no se limitaban a ofrecer su experiencia a los gobiernos: los asesoraban en materia de leyes fiscales y luego les decían a sus clientes cómo podían saltarse aquella legislación que ellos mismos habían contribuido a redactar. Un negocio muy lucrativo para las cuatro grandes, que solamente en Gran Bretaña mueve 2.000 millones de libras. Tal como señaló la Comisión de Cuentas Públicas, el Departamento de Ingresos y Aranceles no puede ni siquiera plantearse competir con las empresas de contabilidad, lo cual quiere decir que se ven obligados a depender de su asesoramiento. Las empresas, por ejemplo, pueden jactarse de tener cuatro veces más empleados que Ingresos y Aranceles en el terreno de los «precios de transferencia», un eufemismo que se usa en contabilidad para referirse a la transferencia de beneficios tributables a sitios con impuestos más bajos.

Además de suministrar personal para los comités de asesoramiento fiscal, las cuatro grandes de la contabilidad también destinan miembros de sus equipos a Hacienda. El funcionariado defiende con orgullo esta clase de transferencias temporales de personal, afirmando que «permiten que personas procedentes de organizaciones distintas aprendan las unas de las otras y compartan prácticas beneficiosas», además de ofrecer «a las organizaciones externas al cuerpo funcionarial una información útil acerca de cómo trabaja el gobierno central».[5] La transferencia de personal, sin embargo, es completamente deudora de la estrategia del Establishment de difuminar las fronteras entre los sectores público y privado, y de promover que cada vez haya más influencia del mundo de los negocios en la maquinaria estatal. La justificación subyacente es, como siempre, que el sector público es ineficaz y torpe, y que necesita aprender de la mentalidad mercantilista de los intereses privados. En los años ochenta, Margaret Thatcher ya había promovido esta práctica: con ella de primera ministra, hubo hasta un millar de transferencias de personal de la empresa al funcionariado, y viceversa. Entretanto, su gobierno llevó al cuerpo funcionarial a ejecutivos de empresa como el magnate del pequeño comercio Derek Rayner.[6] Hoy en día, esta estrategia se ha generalizado más que nunca: el actual Plan de Reforma del Funcionariado intenta «aumentar el dinamismo y la flexibilidad facilitando al personal de todos los niveles los movimientos entre el funcionariado y el sector privado».[7] Sin embargo, en lugar de limitarse a proporcionar asesoramiento técnico y objetivo, las grandes empresas de contabilidad usan esa «información útil acerca de cómo trabaja el gobierno central» para encontrar la forma de que sus clientes puedan abrirse paso por entre la legislación fiscal. Y esto representa un manifiesto conflicto de intereses.

Tal como señalaba el informe de la Comisión de Cuentas Públicas, el hecho de que hubiera tan pocos parlamentarios con experiencia real en materia fiscal suponía que el Departamento de Ingresos y Aranceles acabara teniendo que depender de los expertos externos en fiscalidad. Lo que argumentan en su propia defensa las cuatro grandes es que ellas no diseñan la legislación en sí, sino que únicamente suministran «asesoría técnica» a los funcionarios de Hacienda. Pero Ernst & Young admitió ante la comisión parlamentaria que «ellos también se benefician de la información sobre las ideas del gobierno que les proporciona esta tarea». Esta manera de trabajar lleva a los contables de las grandes empresas al corazón mismo del poder, donde obtienen toneladas de información sobre la naturaleza de las leyes fiscales británicas; eso les da también una ventaja gigantesca a la hora de decirles a sus clientes cómo pueden eludir esa legislación. Cuando la comisión parlamentaria los interrogó, los representantes de KPMG también «admitieron que tal vez existiera la percepción de que la gran empresa, por medio de sus relaciones con las grandes firmas de la contabilidad, tenía un acceso privilegiado al diseño y a la implantación de las políticas fiscales que la pequeña empresa no tenía». Más claro, el agua.

Después de que la coalición subiera al poder en 2010, KPMG transfirió personal a Hacienda con la misión de elaborar normas relativas al «control de sucursales extranjeras» y a los «incentivos fiscales a la innovación». Tras ofrecer asesoría a Hacienda, KPMG imprimió una serie de folletos sobre estas normas, donde se jactaban de su papel de asesora del gobierno.[8] Por poner un ejemplo que destacaba el informe de la PAC, el folleto «Incentivos a la innovación: qué puedes ganar con ellos»,[9] publicado en 2012, «sugiere que esta legislación representa una oportunidad para que las empresas reduzcan su tributación en Reino Unido y afirma que KPMG puede ayudar a sus clientes a preparar la ubicación legítima de sus gastos». El informe de la PAC explica que «las grandes empresas de contabilidad ocupan una posición de poder en el mundo fiscal», y que tienen «un conocimiento excepcional de cómo el Departamento de Aranceles aplica la ley fiscal, que luego pueden usar para asesorar a sus clientes sobre qué acuerdos puede cuestionar Aranceles. A través de su trabajo de asesoría del gobierno sobre los cambios de la legislación, tienen un conocimiento detallado de la ley fiscal británica, así como la información necesaria para encontrar rápidamente los vacíos legales de la nueva legislación». Resumiendo, el informe de la PAC señala que la comisión estaba «muy preocupada por la forma en que las cuatro empresas parecían usar su conocimiento privilegiado de la legislación para venderles a los clientes servicios de asesoría enfocados a usar esa legislación para pagar menos impuestos».[10]

Las cuatro grandes no ocultan para nada sus íntimas conexiones con la élite política. «Somos agnósticos en materia de afiliación política —dice Richard Sexton, de PwC—. Nuestro papel con los partidos políticos es intentar asegurarnos de que estén lo mejor informados que puedan cuando se planteen cuestiones de desarrollo de políticas». Si nos tomamos esta declaración al pie de la letra, es fácil concluir que las cuatro grandes son meras asesoras neutrales, que ofrecen su experiencia técnica por una pura cuestión de altruismo y filantropía, en vez de ser unas corporaciones con ánimo de lucro cuyos márgenes de beneficio se basan en abrirse paso por entre las leyes que aprueban los políticos. En noviembre de 2014 salió a la luz que PwC había suministrado servicios de asesoría por valor de más de seiscientas mil libras a miembros de la cúpula laborista en el Parlamento como el responsable de Economía del gabinete en la sombra Ed Balls, el portavoz en temas de empresa Chuka Umunna y el secretario de Educación del gabinete en la sombra Tristram Hunt.[11] Si el laborismo regresa al poder, está claro que toda esa asesoría dejará a PwC en muy buen lugar.

«Gradas a nuestra red de contactos —añade Sexton—, tenemos la capacidad de, por así decirlo, poner al gobierno y a los políticos en contacto con distintos sectores del electorado». Y cita un ejemplo: «Hemos celebrado sesiones de empresa con los líderes de casi todos los partidos principales. Lo hemos hecho con un amplio espectro de ministros, para hablar sobre leyes concretas que están en vigor». No se trata de diseñarle las políticas al gobierno, insiste, sino de «hacerles la prueba de estrés a sus propuestas». Esto indica cómo de amplia es el área de influencia de las cuatro grandes. En la práctica, hacen de enlace entre las grandes empresas que son sus clientes y la cúpula política, lo que les permite que se reúnan entre ellos y discutan las medidas políticas.

Hay otras estructuras que confieren a las grandes empresas influencia política directa sobre el gobierno. Tras asumir el poder en 2010, David Cameron estableció un Grupo de Asesoría a la Empresa, que, de acuerdo con la página web oficial, «es un grupo de líderes del mundo de la empresa procedentes de sectores de importancia estratégica para Reino Unido», que, de forma trimestral, dan «asesoramiento regular de alto nivel al primer ministro sobre cuestiones clave de economía y empresa que afectan al país». Entre sus dieciséis miembros se encuentran los directores generales de varias empresas famosas por la evasión legal de impuestos, como Eric Schmidt, director general ejecutivo de Google, y Vittorio Colao, el presidente de Vodafone. Otro de ellos es sir James Dyson, que trasladó sus fábricas de Gran Bretaña a Asia oriental en 2002, cosa que provocó la pérdida de ochocientos puestos de trabajo británicos. Por supuesto, no hay representantes de los sindicatos ni de las organizaciones de consumidores: el grupo en cuestión no es más que una simple oportunidad para que los magnates ejerzan una influencia política directa sobre el primer ministro y su principales aliados.

Hacienda también tiene su grupo de trabajo sobre fiscalidad y —hasta que los conservadores llegaron al número 10 de Downing Street— incluso incluía a un representante sindical; también Richard Murphy fue miembro del grupo. El nuevo comité, sin embargo, excluye a todas esas figuras: ahora se compone únicamente de miembros de las cuatro grandes, abogados corporativos y representantes de grandes empresas. «La élite financiera global se ha adueñado de la vertiente del mundo fiscal que evalúa el cumplimiento de la tributación —dice Richard Murphy—. Pero es que ahora también se ha apropiado, en la práctica, del proceso de redactado de la legislación». Las consultas para modificar la ley fiscal se dirigen exclusivamente a los ricos y a los poderosos; en gran medida porque se requieren unos recursos considerables para participar en el proceso, como el dinero y los conocimientos para investigar y redactar informes detallados de los resultados. Sin embargo, la relación entre el gobierno, el funcionariado y las cuatro grandes empresas de contabilidad va todavía más allá.

Los activistas antievasión fiscal suelen caracterizar al mandamás del Departamento de Aranceles, Dave Hartnett, como un sicario de las empresas defraudadoras, para quienes él negociaba numerosos «tratos de amigos». En 2001, Hartnett escribió un influyente documento para el Departamento de Aranceles, titulado «Recensión de los lazos con la gran empresa», que popularmente pasó a conocerse como el Informe Hartnett. «El informe decía que la mayoría de las grandes empresas no practican la evasión legal de impuestos; era una afirmación falsa y ellos lo sabían —dice Richard Brooks—. Yo elevé una protesta interna. Les enseñé las pruebas, sacadas de la base de datos misma de Aranceles, que demostraban que era falsa. Más de la mitad de las empresas evaluadas tenían planes de fraude legal que estábamos investigando, y estos datos concordaban con otras indagaciones». Brooks vio cómo los altos cargos de Aranceles tachaban sus preocupaciones de «ingenuas».

En 2012, para poner de relieve la «indulgencia» de Hartnett hacia las grandes empresas, los activistas antievasión fiscal entraron en tromba en una conferencia de etiqueta sobre fiscalidad celebrada en la Universidad de Oxford, a 854 libras la entrada, para entregarle una serie de premios irónicos por sus servicios a clientes como Vodafone y Goldman Sachs. Los echaron de la conferencia varios socios de Hartnett, como el procurador de la Corona Robert Venables, a quien se filmó gritando «Sois escoria allanadora de la propiedad», y «Esto es una conspiración ilegal para violar la propiedad privada. Largaos inmediatamente antes de que os soltemos a los perros».[12]

Sin embargo, la carrera de Hartnett posterior al Departamento de Aranceles daría la razón a ese «allanamiento». Su siguiente trabajo fue en la empresa Deloitte, una de las cuatro grandes, asesorando a gobiernos extranjeros sobre sus sistemas fiscales. Puede que Hartnett sea un ejemplo destacado de la puerta giratoria entre el funcionariado y la gran empresa, pero no es ningún caso excepcional. De acuerdo con un estudio del Financial Times, en la última década unos dieciocho exministros y antiguos funcionarios han terminado en alguna de las grandes cuatro empresas contables, entre ellos dos exministros del Interior del nuevo laborismo, un ex director general del Departamento de Aranceles, un exdirector de la Unidad de Política del número 10 de Downing Street, un miembro de la Autoridad de Servicios Financieros y un exasesor del viceprimer ministro. Aquí, tal como decía el Financial Times, había una «muestra de la relación simbiótica entre el gobierno y las empresas en el centro mismo de las filas de la reciente evasión legal de impuestos».[13]

La relación de simbiosis entre las empresas de contabilidad y las autoridades fiscales va más allá de las transferencias temporales de personal y la puerta giratoria. El Departamento de Aranceles trabaja a diario con las cuatro grandes. De acuerdo con una información obtenida por Freedom of Information, Hartnett recibió al socio británico de Deloitte David Cruickshank cuarenta y ocho veces entre 2007 y 2011. «Cruickshank y Hartnett hacían negocios todo el tiempo, eran una pareja famosa —dice Richard Brooks—. Las grandes empresas sabían que si querías un trato favorable de Aranceles, tenías que acudir a Cruickshank: él se sentaba con Hartnett y pactaba un acuerdo».

Desde UK Uncut estaban empecinados en sacar a la luz esta relación. Sus protestas habían conseguido que resultara imposible fingir que no existía la evasión legal de impuestos, pero estaban decididos a ir todavía más lejos. Así pues, en 2011, llegaron a una decisión durante una sesión estratégica celebrada «en un prado situado en una parte preciosa del mundo»: arrastrar al propio Departamento de Aranceles al Tribunal Superior de Justicia. Por una cuestión de instinto, querían apuntar sus armas al trato con Vodafone, pero para ello era necesario que hubiera tenido lugar una vista judicial en el plazo de tres meses después de que el acuerdo llegó al dominio público. «Fue una lástima tremenda, porque era un caso donde estaban en juego miles de millones de libras», dice Murray Worthy, de UK Uncut. Y no era la única complicación que se les presentó. También se vieron obligados a crear UK Uncut Legal Action como entidad separada, porque —tal como explica Kate, de UK Uncut—, «si los jueces piensan que sois una panda de activistas alborotadores que hacen sentadas en tiendas, no les vais a caer precisamente bien».

Salió entonces a la luz otro trato de favor, en el que estaba implicado el banco de inversiones Goldman Sachs. En la década de los noventa, el banco había usado una estrategia bastante conocida de evasión de impuestos, montando una fundación en las islas Vírgenes Británicas que garantizaba que las cuentas y los detalles de las nóminas de la empresa permanecieran en secreto. En 2005, después de varios años de pugnas legales, un tribunal aceptó la acusación del Departamento de Ingresos y Aranceles de que aquella clase de fundaciones eran una forma de fraude fiscal, pero Goldman Sachs siguió negándose a pagar lo que para entonces ya era una factura de 30,81 millones de libras. Cinco años después, por la acumulación de intereses, Goldman Sachs ya debía a las autoridades fiscales, por lo menos, cuarenta millones de libras.

Por mucho que Goldman Sachs se obstinara, tenían las de perder. En primavera de 2010, un tribunal desestimó las alegaciones que hacía la empresa de que en realidad ellos trabajaban para las islas Vírgenes Británicas. Malcolm Gammie, procurador de la Corona del Departamento de Aranceles, anunció en julio que estaba «casi absolutamente convencido» de que el gobierno obtendría todo el dinero que Goldman Sachs les debía. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2010, el comité del Departamento de Aranceles encargado de tratar con bancos agresivos recibió una noticia asombrosa. Hartnett se había reunido con el director fiscal de Goldman Sachs y se había producido un «acuerdo en el que Dave Hartnett le había “ofrecido un apretón de manos” a Goldman Sachs». Se habían recortado unos diez millones de libras de la deuda del banco, y —de acuerdo con los informes de la Comisión de Cuentas Públicas— el recorte podría haber sido hasta de veinte millones. La noticia causó cierto horror entre los altos funcionarios del Departamento de Aranceles, y los informes privados definieron el acuerdo como «un desastre».[14]

Convencidos de que aquel caso desvelaría la forma en que las autoridades fiscales trataban con las corporaciones defraudadoras, UK Uncut acudió al bufete londinense Leigh Day & Co. y obtuvo luz verde. El informante del Departamento de Aranceles que había filtrado las cartas difundió el escándalo a través del periódico The Guardian, sacándolo plenamente al dominio público y dejando muy poco tiempo a UK Uncut para montar la acusación. Dos días después de que se publicara la información, fundaron UK Uncut Legal Action, lo cual los obligó a inscribirse en el Registro de Empresas y en el Departamento de Ingresos y Aranceles. Para diciembre de 2011 ya habían presentado el caso ante los tribunales.

Era muy poco probable que los activistas pudieran haber ganado aquella batalla de David contra Goliat, sobre todo por culpa del monopolio legal que tenía el Departamento de Aranceles sobre la recaudación de impuestos: el juez dictaminó obedientemente a favor de las autoridades. A pesar de todo, el juicio resultó bastante incriminatorio. En su sentencia, el honorable Andrew Nicol afirmaba que «no se trata de un episodio precisamente glorioso en la historia del Departamento de Aranceles», porque los cargos del departamento no habían «obtenido consejo legal de sus abogado» y habían «actuado sin la aprobación necesaria». Pero fueron los correos electrónicos que se hicieron públicos durante el juicio los que mostraron a las claras la relación tóxica que tenían las autoridades con las grandes empresas. Un correo electrónico enviado por Dave Hartnett explicaba por qué el Departamento de Aranceles se había saltado el consejo legal, así como sus propias directrices y el consejo de inspección interna. En dicho correo, Anthony Inglese, abogado y jefe de Servicios Jurídicos del departamento, informaba a Hartnett que, con la ley en la mano, Aranceles le podía exigir a Goldman Sachs los intereses que debía.

Tal como reflejaba la sentencia, después de que Hartnett impusiera el acuerdo, el consejo de gestión corporativa de alto riesgo del Departamento de Aranceles intentó desautorizarlo. De acuerdo con Hartnett, Goldman Sachs supuestamente «perdió los nervios» cuando oyó la decisión del comité y se puso a amenazar con abandonar el nuevo código de conducta del gobierno en materia de impuestos. A pesar de que éste era un conjunto de directrices de adhesión voluntaria y cumplimiento no exigido, que no pedía ni un penique de impuestos extra a las empresas, Hartnett usó estas amenazas para torpedear el intento de recuperar lo que debía Goldman Sachs. «Los riesgos son una humillación considerable para el ME [ministro de Economía George Osborne], el HMRC [Departamento de Ingresos y Aranceles], el SGE [Servicio a la Gran Empresa del Departamento de Ingresos y Aranceles] y para ti y para mí, sobre todo si GS [Goldman Sachs] abandona el código», escribió Hartnett. También argumentó que, si se echaban atrás en el acuerdo, eso «perjudicaría considerablemente la relación» entre Aranceles y Goldman Sachs. En palabras del honorable Nicol, Hartnett había «tenido en cuenta la posible humillación del ministro de Economía si Goldman Sachs abandonaba el código. El Departamento de Aranceles acepta que se trató de una consideración irrelevante y que no tendría que haber influido en el proceso de toma de decisiones».[15]

El episodio mostró lo cobardes que eran las autoridades fiscales cuando se las tenían que ver con una corporación gigante y agresiva. «Lo que se ve ahí es a Goldman Sachs usando su poder para intimidar, por decirlo suavemente, presionando y gritándole al gobierno y al Departamento de Aranceles, y a Aranceles revolcándose a sus pies y diciendo: “Vale, vale, deja de gritarme, por favor” —dice Kate Blagojevic, de UK Uncut—. Y la dinámica de poder que tiene lugar no es nada cordial; se basa en que las empresas y los bancos tienen todo el poder y se dedican a hacer amenazas, amenazas de, verdad». En este caso, no era tanto que se estuvieran camelando a Hartnett. Es que simplemente Goldman Sachs lo estaba avasallando.

No es de extrañar, pues, que, en diciembre de 2011, la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento condenara la gestión que hacía Aranceles de las disputas con las grandes empresas, acusando a las autoridades fiscales de no dar respuestas claras, «mantener en la confidencialidad los detalles de acuerdos específicos con grandes empresas» y «exponerse a las sospechas de que sus relaciones con las grandes corporaciones son demasiado cordiales».[16]

Muchos de los más altos cargos fiscales sienten una afinidad ideológica instintiva con los defraudadores. En septiembre de 2013, David Heaton, que poco después pasaría a ser asesor del Departamento de Aranceles frente a la evasión agresiva de impuestos, fue filmado en secreto por la BBC en una conferencia titulada «101 ideas para la planificación personal». En su charla, David Heaton dio una serie de sugerencias para que el dinero de los asistentes no acabara «en los guantes mugrientos de Hacienda». Una idea que presentó era elegir el momento de cobrar bonificaciones para aumentar la devolución por maternidad, rebajando la tributación del 41,8 por ciento al 8,4 por ciento. Heaton se vio inevitablemente obligado a dimitir cuando sus comentarios llegaron al gran público, pero su conducta resultó muy reveladora de cómo se comportaban los altos cargos que supuestamente se encargaban de maximizar los ingresos fiscales.

Esta relación entre empresas que sirven a los intereses de la élite adinerada y las autoridades fiscales es un importante ejemplo del poder político que tiene la gran empresa. Demuestra cómo la implicación cada vez mayor de los intereses privados en el centro mismo de la maquinaria estatal contribuye a alterar el equilibrio de poder y de riqueza todavía más en beneficio de quienes están en lo más alto. En la práctica, las grandes empresas y los individuos ricos tienen cabilderos en el corazón del Estado británico que ayudan a elaborar las leyes en su nombre y después los asesoran para que puedan explotar los vacíos legales que ellos mismos han creado. Los altos funcionarios del gobierno y de la autoridad fiscal terminan muchas veces en nómina de las cuatro grandes empresas de contabilidad, que se nutren de su experiencia en el poder para ayudar a las empresas a manipular la ley. Los gigantes corporativos intimidan y arengan a los funcionarios hasta que consiguen pagar menos impuestos. La ironía es que el Departamento de Aranceles termina siendo cómplice de quitarse ingresos a sí mismo: en 2013, por ejemplo, el ministro de Economía anunció un recorte inminente del 5 por ciento en el presupuesto del propio departamento. Se trata de cifras completamente falsas. Un estudio del bufete de abogados Pinset Masons descubrió que el Departamento de Aranceles «recuperó el año pasado 97 libras adicionales por cada libra que invirtió en personal nuevo para su servicio de cobro a las grandes empresas».[17] Pero los argumentos que usan en su defensa las cuatro grandes —dicen que ellos son simples observadores neutrales de la ley— son una gran mentira.

A pesar de todo, Steve Varley, de Ernst & Young, insiste en que, en realidad, la evasión legal de impuestos es una necesidad: la ley prácticamente obliga a las empresas a incurrir en ese hábito. Los directores de empresas tienen la «responsabilidad legal fiduciaria» de desarrollar una estrategia que aumente la «posición financiera» de sus empresas, me dice Varley. Y sigue: «Y luego, hoy en día, todo se vuelve confuso, ¿no? Porque está toda la cuestión de qué es moral, qué es justo y qué es igualitario en la sociedad. Creo que es muy difícil encontrar la respuesta. ¿Cómo se sabe realmente qué es un impuesto moral y justo? Como director de una empresa, tú tienes la responsabilidad fiduciaria de asegurarte de que haces lo mejor para la empresa, y en la ley de empresas no dice en ningún momento que haya que hacer lo mejor para la sociedad».

Esta descripción de la legislación no se corresponde con la realidad. La Ley de Empresas de 2006 no dice nada de maximizar los beneficios. Lo que hace es pedirle a los directores que «promuevan el éxito de la totalidad de sus miembros», incluyendo tener en cuenta «los intereses de los trabajadores de la empresa» y, lo que es más importante, «el impacto de las operaciones de la empresa en la comunidad y el medio ambiente». Está claro que conspirar para quitarle a Hacienda los fondos necesarios para mantener los servicios públicos sí que tiene un impacto en la comunidad (y en los empleados de la propia empresa, ya que estamos puestos). Esconderse detrás de la ley simplemente no justifica el fraude fiscal.

La forma en que estos contables sacan partido de los recovecos de la legislación delata una astucia extraordinaria. Ellos crean toda clase de formas engañosas de fingir que existen gastos que están sometidos a beneficios fiscales, a pesar de que no deberían estarlo. Convierten ingresos en ganancias de capital, que están sometidas a menor imposición. Convierten lo que, en realidad, es un préstamo en una participación, entre otras tácticas.

«Hay gente que trabaja con las lagunas legales, lo que podríamos llamar forzar las leyes al máximo —me admite Richard Sexton, de PwC—. Nosotros no hacemos eso». La afirmación de Sexton se viene abajo en cuanto uno la examina. Prem Sikka, profesor de Contabilidad en la Universidad de Essex, ha sacado a la luz diversos ardides que han usado las cuatro grandes para aprovecharse de las «lagunas legales». PwC, por ejemplo, urdió un plan para permitir que un rico hombre de negocios evitara pagar impuestos a las ganancias de capital por unos beneficios de 10,7 millones de libras. El plan se remitió a un tribunal fiscal, que se encontró con que dicho plan se las apañaba para generar una pérdida de 11 millones de libras, usando «una serie de transacciones circulares que se cancelaban a sí mismas y que resultaban en la creación de activos y bajas». El juez desestimó el plan; concluyó que «no existían ni activos ni bajas. No había ninguna pérdida real». Sin embargo, doscientos emprendedores ya habían suscrito el plan; si se hubiera permitido que éste continuara, habría hecho perder hasta mil millones de libras a Hacienda.

Luego está KPMG, que creó un ardid bastante inteligente para que una empresa de salones recreativos evitara pagar el IVA por sus operaciones. Aunque KPMG reconoció que el Departamento de Aranceles consideraría el plan «un fraude fiscal inaceptable», aun así le dieron luz verde, hasta que el Tribunal de Justicia Europeo les bajó la persiana. También hubo una trama de Deloitte en la que estuvieron involucrados trescientos banqueros, a quienes permitía escaquearse de pagar el impuesto sobre la renta y las contribuciones a la Seguridad Social de 91 millones de libras en bonificaciones, hasta que el juez se lo canceló debido a que «la trama entera, y todos sus aspectos, estaba creada y coordinada puramente para defraudar al fisco».[18]

Ahora que una serie de organizaciones como UK Uncut estaban obligando a poner sobre la mesa el tema de la evasión de impuestos, resultó imposible fingir que no era una pandemia entre la élite adinerada de Gran Bretaña. Desafiando la opinión popular —hasta la de los votantes de derechas—, en marzo de 2012, el ministro de Economía George Osborne rebajó el tipo máximo impositivo de las rentas altas del 50 al 45 por ciento. La medida provocó una reacción furiosa en un momento en que el ciudadano británico medio estaba sufriendo la reducción más continuada de su nivel de vida desde la década de los setenta del siglo XIX. En un intento de desviar la ira, Osborne aseguró estar «escandalizado de ver que algunas de las personas más ricas del país han organizado su fiscalidad […] para no tener que pagar prácticamente ni un penique del impuesto sobre la renta». De acuerdo con un estudio confidencial que había llegado a su mesa, las rentas más altas del país estaban usando planes agresivos de evasión legal para reducir su impuesto sobre la renta al 10 por ciento, 35 puntos por debajo del tipo máximo.[19]

Los conservadores se dieron cuenta de que no tenían más remedio que intentar sacar partido de la furia creciente ante el hecho de que la élite adinerada de Gran Bretaña no estaba pagando impuestos. Cuando salió a la luz que el humorista Jimmy Carr estaba entre el millar de ricos que formaban parte de una trama para evadir impuestos en Jersey, el primer ministro conservador David Cameron lo criticó ferozmente por su «bajeza moral». No recibió ninguna condena parecida sir Philip Green, el propietario del Grupo Arcadia, una empresa que opera populares cadenas de tiendas como Topshop y Dorothy Perkins. A fin de cuentas, Carr solamente era humorista, mientras que Green era un pilar del Establishment, por lo que se les aplicaron normas distintas. Green era, sin lugar a dudas, ciudadano británico; sin embargo, su empresa estaba registrada a nombre de su mujer, que no trabajaba en absoluto para Arcadia y vivía en el paraíso fiscal de Mónaco. Así funcionaba su trama de evasión legal de impuestos, o «eficiencia fiscal». En 2005, Green se pagó a sí mismo un dividendo de 1.200 millones de libras, el más grande de toda la historia empresarial de Gran Bretaña. El dinero terminó en la cuenta bancaria de su mujer en Mónaco a través de una compleja red de cuentas extranjeras y paraísos fiscales en Jersey. Gracias a esta astuta estratagema, Green se ahorró unos 285 millones de libras a expensas del contribuyente británico. Tal como señaló UK Uncut, era una cantidad suficiente como para pagarles el sueldo a 20.000 enfermeras.

Como era de esperar, la conducta de Green provocó la reacción de los activistas antievasión fiscal. En invierno de 2010, UK Uncut organizó una serie de ocupaciones pacíficas de la tienda insignia de Topshop en Oxford Street, Londres. No es que Green se inmutara: por entonces estaba tomando el sol en una mansión de 16.000 libras por noche en Barbados. En vez de condenarlo por sus prácticas de fraude fiscal, lo que había hecho el gobierno era contratarlo en calidad de asesor para el recorte del gasto público.

Los activistas antievasión de impuestos arrastraron a otros titanes corporativos a la atención del público. La popular cadena norteamericana de cafeterías Starbucks, una empresa valorada en 40.000 millones de dólares, fue uno de sus principales objetivos. Entre 1999 y 2012, este coloso empresarial no pagó más que 8,6 millones de libras en impuestos en Gran Bretaña por unas ventas estimadas en 3.100 millones. Lo que argumentaba Starbucks en su defensa era que, a pesar de tener 735 establecimientos en Gran Bretaña, declaraba pérdidas año tras año, con lo cual no cumplía los requisitos para pagar el impuesto de sociedades: de hecho, entre 2009 y 2013 no pagó ni un penique de impuesto de sociedades. En privado, Starbucks se dedicaba a decirles a sus inversores y a sus analistas que Gran Bretaña era un mercado de lo más provechoso, y hasta les sugirió que era un ejemplo a imitar en Estados Unidos.

En realidad, la compañía estaba desviando sus ganancias a Holanda y a Suiza usando licencias en territorios de baja fiscalidad y precios de transferencia. Sus treinta establecimientos en Suiza estaban declarando un margen de beneficio del 20 por ciento. La empresa le cobraba a su filial británica una tasa de derechos de autor del 6 por ciento del total de las ventas por usar «propiedad intelectual» como la marca Starbucks. La compañía también tenía un acuerdo fiscal secreto de lo más provechoso con el gobierno holandés y solamente pagaba una tasa impositiva del 12 por ciento en Suiza. Se trata de un plan de lo más ingenioso: una empresa que se cobra un impuesto a sí misma y desvía las ganancias a países con regímenes fiscales más favorables.[20]

También está el caso de Amazon.co.uk. Se trata de una empresa británica: basta con ver el nombre. Tiene el almacén central en Rugeley, en las Midlands Orientales. Allí, sus trabajadores tienen que trabajar largas jornadas sin apenas descansos, cuentan con un tiempo restringido para usar el lavabo y, a menudo, carecen de un horario fijo. A pesar de estar afincada en Reino Unido y de tener un volumen de ventas de 4.200 millones de libras en 2012, en ese año la empresa solamente pagó 2,4 millones de libras en concepto de impuesto de sociedades. La empresa simplemente había desviado sus ventas a través de Luxemburgo para no pagar demasiados impuestos.

Google usa una estrategia parecida. De acuerdo con su presidente, Eric Schmidt, la empresa «siempre ha aspirado a hacer lo correcto». Se trata de una expresión curiosa: a fin de cuentas, «aspirar» tiene el sentido de apuntar a una meta ambiciosa y lejana. Pero, en realidad, Google estaba muy lejos de hacer «lo correcto». Entre 2006 y 2011, la empresa obtuvo unos ingresos de casi doce mil millones de libras, y, sin embargo, se las apañó para entregar únicamente diez millones a las autoridades fiscales.[21] La compañía se limitó a declarar que su oficina británica no era más que una operación de marketing que existía para apoyar a su sede en Irlanda.[22] Como tal, se limitaba a desviar sus ventas en Gran Bretaña a través de Irlanda. Nuevamente, era una estafa ingeniosa, y sí, legal. La empresa «era bastante malvada», afirmó Margaret Hodge, refutando el lema corporativo de la empresa: «No seas malvado» («Don’t be evil»).

Otra categoría de defraudadores fiscales eran las empresas que se aprovecharon de la venta de servicios públicos, cuyos beneficios quedaban de esa forma subsidiados por los ingresos estatales. En 2012 se entregaron unos dos mil millones de dinero público a Atos y G4S, pero ninguna de ellas pagó el impuesto de sociedades, mientras que Serco y Capita abonaron cantidades irrisorias. Las empresas que se beneficiaban de la privatización del NHS, como Partnerships in Care, también practicaban el fraude. Cabe destacar que, aunque estas empresas estaban encantadas de acoger ingresos fiscales, su contribución al fisco resultaba irrisoria.

Por supuesto, la evasión legal de impuestos no se puede achacar al simple fracaso de las autoridades británicas. Los intentos de no pagar se están sofisticando cada vez más, alimentados por la mentalidad de que los impuestos son casi una carga ilegítima. Los paraísos fiscales que hay por todo el mundo permiten a los individuos más ricos y a las empresas acumular su dinero lejos de la mirada indiscreta del recaudador de impuestos: En la primavera de 2013, se filtraron dos millones de expedientes secretos, procedentes en su mayoría del paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas; se reveló que en ellas había escondidos hasta veintiún billones de libras pertenecientes a los individuos más ricos del mundo, entre ellos algunos británicos.[23]

En palabras de Richard Murphy, la interacción entre, por ejemplo, el sistema legal británico y el de las islas Caimán creaba un resultado que ninguno de los dos había buscado. «Las empresas enfrentan a los sistemas legales, el uno contra el otro —dice—. Cuando dicen que es una práctica legal, en realidad se andan con mucho cuidado de no definir dónde está la legalidad o cómo interactúan esos sistemas legales». Puede que Jersey sea un paraíso fiscal, pero la Sección 134 A de su código fiscal supone una dura medida antifraude para los residentes locales, que los obliga a pagar hasta el último penique que deben en impuestos. El ingenio de los paraísos fiscales como Jersey consiste en permitir a las élites adineradas de los países extranjeros usarlos como lugar para registrar sus transacciones, lo cual le confiere la capacidad para subvertir la ley fiscal de sus países de origen. Y lo que es más importante, lo pueden hacer en completo secreto. Los imperios multinacionales se limitan a mover sus beneficios por las filiales que tienen en los distintos paraísos fiscales. Sus costes terminan en los países con las tasas impositivas más altas, y se usan allí como deducciones de los impuestos. Sus beneficios, en cambio, terminan en paraísos fiscales como Jersey.

Por tal razón, los activistas se han concentrado en exigir un programa de transparencia fiscal internacional denominado «información país a país». Este programa obligaría a todas las empresas a declarar todos los países donde tienen operaciones y a dar el nombre de las compañías que tienen en cada uno de ellos, así como a informar sobre sus rendimientos financieros respectivos, desde las ventas hasta los beneficios brutos. «La lucha por la transparencia —dice Richard Murphy— es una lucha contra la élite global y contra el secretismo con que ocultan sus actividades».

Uno de los contraargumentos que ofrecen los defraudadores es que emprender medidas drásticas contra ellos únicamente provocará que los ricos se marchen del país que las emprenda. «Si te estás planeando adonde te vas a ir de vacaciones —sugiere Steve Varley—, y puedes ir a cenar a un sitio sin impuestos, o bien a uno donde siempre pagas el 40 por ciento de impuestos, pues eso va a influir en tu decisión». Es un argumento que respalda David Barnes, de Deloitte. «Lo que no conviene hacer es emprender medidas drásticas, porque entonces las empresas dirán: pues muy bien, cojo mi pelota y me voy a jugar con ella a otra parte». Y, sin embargo, la investigación académica plantea serias objeciones a esta versión de la huida fiscal. De acuerdo con el informe de un think tank estadounidense, el Center on Budget and Policy Priorities, no existen pruebas que sugieran que los ricos huyan de las subidas de impuestos. «Los impuestos bajos pueden impedir que un Estado mantenga los servicios públicos de alta calidad que la posible inmigración valora», concluye el informe, en alusión a servicios tales como «instalaciones culturales, oportunidades de ocio y buenos servicios públicos».[24] Rusia tiene un tipo impositivo para las rentas superiores del 13 por ciento, y, sin embargo, no se puede decir que haya una estampida de multimillonarios británicos con destino a Moscú o a Serbia, por ejemplo, donde el tipo máximo impositivo es del 15 por ciento. Los ricos tienen en cuenta otros factores: dónde tienen a sus amigos y a su familia, o su vida social y cultural; dónde se sienten en casa; la cuestión de si se sienten seguros y a salvo en un lugar, etcétera.

Las grandes empresas llevan tiempo usando la amenaza de cerrar el grifo y llevarse los puestos de trabajo a otra parte para chantajear a los gobiernos electos. Pero es pura fanfarronada. De acuerdo con una investigación que realizó Richard Murphy, después de que se amenazara con cambiar la legislación fiscal en 2008 sí que hubo un puñado de multinacionales que se trasladaron a otros países, pero la verdad es que antes de marcharse tampoco estaban pagando muchos impuestos, con lo cual Hacienda apenas perdió dinero. No parece muy probable que las empresas quisieran abandonar Gran Bretaña, uno de los mercados más grandes y lucrativos del mundo, si efectivamente se emprendieran restricciones a la evasión fiscal. A fin de cuentas, el país presenta muchas ventajas: una educación de primera clase, infraestructuras y un sistema legal de lo más eficaz, así como un idioma nacional que resulta ser el lenguaje internacional de los negocios.

La evasión legal de impuestos también machaca a los negocios pequeños y locales. Los propietarios de una humilde cafetería independiente no pueden contratar a un ejército de contables para que saquen partido de las lagunas de la ley, ni tampoco importar los costes de sus filiales extranjeras para deducirlas de los impuestos, ni llevar sus beneficios a paraísos fiscales. Simplemente, les toca pagar los impuestos que les corresponden. Y, al pagarlos, se quedan en una situación de desventaja competitiva respecto a las multinacionales que sí se aprovechan de la ley.

Otro contraargumento dice lo siguiente: un momento, puede que haya individuos ricos y corporaciones que hacen las mil y una para no pagar impuestos, pero quienes están en lo alto de la sociedad siguen llevando el grueso de la carga de la recaudación nacional de Gran Bretaña. Una cifra que se da a menudo es que el 1 por ciento de las rentas más altas paga un tercio de todo el impuesto de la renta del país. Tal afirmación pasa por alto, de forma conveniente, que sólo una cuarta parte de los ingresos del gobierno viene del impuesto sobre la renta, mientras que gran parte del resto procede de la Seguridad Social y de los impuestos indirectos que paga el conjunto de la población.

Sin embargo, hay más objeciones a esta línea de argumentación. En primer lugar, la enorme riqueza que se está gravando no es sólo el resultado del espíritu emprendedor de los ejecutivos de las corporaciones. En gran medida lo crea el trabajo de la mano de obra, gran parte de la cual cobra unos sueldos que les dificultan tener cualquier clase de comodidades en la vida. También está el trabajo de otras personas, como los maestros que contribuyen a forjar a las nuevas generaciones y quienes desarrollan las nuevas tecnologías de las que dependen las compañías. En segundo lugar, si los directores de empresa están frustrados por la proporción de los ingresos fiscales del país que ellos aportan, lo que tendrían que hacer es pagarse a sí mismos menos beneficios de la empresa y, en cambio, usar ese dinero para subirles el sueldo a los trabajadores. Obviamente, unos trabajadores con salarios más altos contribuirían más al fisco.

Pero el argumento más vergonzoso que se esgrime en defensa de la evasión de impuestos también permite entender muy bien la mentalidad de las grandes empresas. «Yo creo que es un poco peligroso fijarse demasiado en un aspecto concreto de la actividad total de alguien, porque, de la misma forma, sir Philip Green crea una riqueza enorme en Reino Unido gracias a una gestión muy eficiente de una serie de cadenas de tiendas que operan aquí —sugiere Richard Sexton, de PwC—. No sé, puede que tú compres en ellas. Quizá hasta yo también lo haga. Me cuesta acordarme de qué marcas controla y qué marcas no. Pero eso crea trabajo y genera riqueza».

Este argumento —que los dueños de empresas son, en cierta manera, filántropos de nobles pensamientos por la generosidad con que crean riqueza y trabajos— parece sugerir que la gran empresa es una especie de operación benéfica. Ellos ya aportan mucho a la sociedad, así pues, ¿por qué enfadarse por unos impuestos de nada? Y, sin embargo, las grandes empresas dependen de la generosidad del Estado para todo, desde la infraestructura y el rescate de los bancos hasta los créditos fiscales para los trabajadores de rentas bajas y un sistema educativo que forme a la mano de obra.

Steve Varley se jacta con orgullo de sus proyectos favoritos en Ernst & Young, como, por ejemplo, ayudar a encontrar trabajo a «mujeres de extracción humilde». Pero en pleno desmantelamiento del Estado de bienestar, los albergues para mujeres están rechazando actualmente a diario a 230 mujeres que huyen de los malos tratos domésticos; y esto se debe, en una buena parte, a la evasión de impuestos que facilita la empresa de Varley. Puede que le tranquilicen la conciencia, pero tales actos de generosidad a tan pequeña escala (que sin duda son de buena fe) se quedan en nada ante las consecuencias del fraude fiscal. Se suponía que la era del Estado de bienestar tenía que acabar con un entramado irregular de programas lamentablemente insuficientes y paternalistas para ayudar a los pobres, que dependían casi por completo de la generosidad de los ricos. «La limosna es algo frío, gris y sin amor —dijo Francis Beckett, biógrafo del primer ministro laborista de la posguerra, Clement Attlee—. Si un rico quiere ayudar a los pobres, lo que tiene que hacer es pagar sus impuestos de buen grado, no repartir dinero de forma caprichosa».

La evasión sistemática de impuestos por parte de los ricos demuestra cuánto poder ejercen las grandes empresas y los multimillonarios sobre los gobiernos democráticamente elegidos, ya sea por medio de su presencia en las altas esferas gubernamentales, ya sea mediante la intimidación pura y dura. Revela también que se espera que el ciudadano medio cumpla con una serie de normas distintas de aquellas que se les aplican a quienes tienen más, dado que éstos ayudan a diseñar y redactar sus propias reglas. También muestra cómo los gobiernos se ven socavados por unas empresas que los despojan de los fondos necesarios para seguir suministrando servicios.

Sin embargo, también ilustra una mentalidad muy arraigada en el Establishment: que no es razonable tener que pagar impuestos a un Estado que ellos creen que es un simple obstáculo molesto de su espíritu emprendedor, en lugar de admitir lo mucho que dependen de la generosidad estatal. Están tan acostumbrados a que los gobiernos sucesivos les entreguen riqueza y poder a manos llenas que hasta el más pequeño cuestionamiento de su posición los lleva al borde de la histeria.

La evasión de impuestos no es más que un síntoma de una tendencia mucho más amplia y espectacular a ayudar a las grandes empresas, que ha ido de la mano del ascenso del Establishment británico. La transferencia de recursos públicos al sector privado; la reducción del impuesto de sociedades; el acceso de cabilderos de las empresas al centro mismo del poder; la globalización sin trabas; y la derrota del tradicional enemigo sindical: todo ello ha impulsado una profunda sensación de arrogancia y triunfalismo, así como una distribución cada vez más desigual de la riqueza.

Cuando en septiembre de 2013 el líder laborista Ed Miliband anunció un tibio compromiso de imponer —si lo elegían— una congelación temporal de la factura energética, no se trató, ni mucho menos, de una medida marxista-leninista. A fin de cuentas, las encuestas mostraban que la mayoría de los británicos apoyaban la renacionalización abierta de la energía, pero la derecha reaccionó de forma bastante histérica.

«Yendo al grano de la cuestión: ¿la propuesta laborista tocó una fibra sensible? Pues sí», admite Angela Knight, directora ejecutiva de Energy UK. Antes fue parlamentaria por los conservadores y ex secretaria económica de Hacienda. Cuando la victoria aplastante de los laboristas en 1997 la sacó del Parlamento, le ofrecieron varios trabajos de directora no ejecutiva, y luego se convirtió en portavoz de los bancos en calidad de directora ejecutiva de la Asociación de Banca, antes de terminar como directora ejecutiva de Energy UK. Da la impresión de que Knight se hubiera propuesto, deliberadamente, convertirse en portavoz de los mayores villanos de opereta del capitalismo británico. Eso sí, también estaba más que bien situada para ver el efecto que tuvo la propuesta laborista en las empresas energéticas: provocó una «reacción muy fuerte en todas partes, que todavía genera reverberaciones».

La reacción de las seis grandes compañías energéticas se sustanció en una diatriba de intimidaciones y fanfarronadas. Keith Anderson, alto cargo corporativo de ScottishPower, amenazó con abandonar 15.000 millones de inversiones que habrían creado hasta 4.500 puestos de trabajo. Energy UK, el organismo que hace de portavoz de esas empresas, avisó de que la medida «congelaría los trabajos de seiscientas mil personas» y que «haría realidad la perspectiva de la escasez energética». La más grande de las seis empresas, Céntrica, fue la más contundente de todas: si se controlaban los precios «en pleno escenario de ascenso de costes, simplemente no resultaría viable seguir operando para Céntrica ni para ningún otro proveedor del sector energético», declaró.[25] Un corredor de bolsa de la City y analista del sector energético, Peter Atherton, tradujo al idioma de la calle la amenaza de las seis grandes: habría apagones parciales y totales.[26]

Si esas amenazas las hubieran hecho los sindicatos, se habría producido un maremoto de ira por parte de la prensa de derechas. Ahora, en cambio, no hubo titulares de la prensa sensacionalista del tipo: «Los barones de la energía piden un rescate al país» ni «El enemigo interior». Lo que hicieron los medios de comunicación fue limitarse a dar resonancia a las declaraciones de las seis grandes para demostrar que lo que, en realidad, era una propuesta esencialmente modesta, resultaba imposible de llevar a cabo. El electorado británico, sin embargo, no pensaba lo mismo: casi seis de cada diez encuestados opinaban que las compañías energéticas se estaban marcando un farol, de acuerdo con una encuesta de YouGov.[27] Pero es que, además, casi la mitad de los Estados de la Unión Europea ya tenían medidas aprobadas contra las fuertes subidas de los precios de la energía, y allí no había habido esa serie de apagones. La empresa EDF, que en la práctica gestiona el Estado francés, ya tenía que respetar restricciones de precios en su país de origen.

No obstante, el episodio es tan ilustrativo de la mentalidad de la élite empresarial como la evasión fiscal. Con el nuevo Establishment, los mismos servicios básicos que antes se suponía que eran un bien público se han malvendido al sector privado: ahora ya no existen para satisfacer las necesidades de la gente, sino para obtener beneficios. En la Gran Bretaña actual, se estima que hay cinco millones de hogares viviendo en la «pobreza energética», una cifra mayor que la de ninguna otra nación de Europa occidental. Asimismo, la organización Fuel Poverty Advisory Group está advirtiendo de que en 2016 la cifra llegará a los nueve millones. Las familias tienen que elegir entre calentar sus casas o dar de comer a sus hijos: de acuerdo con una encuesta de principios de 2013, casi una cuarta parte de los hogares se ha visto empujada a esta miserable situación. Cada invierno, los hogares sin calefacción contribuyen a incluir a más de veinte mil ancianos en las siniestras cifras de lo que se llama el «exceso de muertes invernales». De acuerdo con la organización benéfica y de campaña Age UK, las personas que viven en casas sin calefacción tienen tres veces más números de morir por causas previsibles que quienes sí tienen calefacción; además, cabe añadir que el NHS se ha de gastar 1.360 millones de libras al año en tratar a las víctimas de las viviendas sin calefacción.[28]

Pero esta crónica de pobreza, desolación y —sí— muerte tiene su contrapartida en un próspero cártel de la energía. En 2012, las seis grandes compañías energéticas cosecharon la asombrosa cifra de 3.700 millones de beneficios, que suponía una subida del 73 por ciento respecto a tres años antes. Más de la mitad de ese dinero terminó en forma de dividendos para los accionistas, mientras que la inversión en energías limpias a gran escala cayó espectacularmente desde los 7.200 millones hasta los 3.000 millones de libras.[29] Para las compañías energéticas continúa la bonanza económica, a pesar de que hay millones de personas que apenas pueden pagar unas facturas que no paran de subir. Al igual que otras muchas grandes empresas, las energéticas también defraudan de forma descarada al fisco: nPower, por ejemplo, no pagó impuesto de sociedades entre 2009 y 2011, a pesar de haberse llevado 766 millones de libras de beneficios. Tampoco hay indicios significativos de la existencia de un mercado competitivo. El parlamentario conservador de ideología libertaria Douglas Carswell habla de «contribuyentes a la fuerza que tienen que pagar un sistema de imposición a una serie de empresas corporativistas que se han convertido en apéndices del Estado, que amañan el mercado como les conviene y que usan al Estado para acabar con la competencia».

En su guerra contra Miliband, el cártel de la energía cuenta con amigos poderosos. Tal como dijo el ministro de Energía conservador Michael Fallón en otoño de 2013, Energy UK es «uno de los grupos de presión más fuertes y coherentes que existen».[30] Las empresas energéticas tienen agentes de presión en el corazón mismo del poder. En mayo de 2013, Tara Singh —encargada de relaciones públicas de Centrica— se convirtió en asesora personal de David Cameron en materia de energía y cambio climático. Sir Roger Carr, el presidente de Céntrica, forma parte del Grupo de Asesoramiento Empresarial de Cameron; antes que él, Sam Laidlaw, el director ejecutivo de Céntrica, había participado durante dos años en el mismo grupo. La directora de Estrategias de Gestión de Redes Energéticas del Ministerio de Energía y Cambio Climático es Fiona Navesey, transferida temporalmente de Céntrica hasta 2014; el antiguo asesor político del ministerio para el Grupo de Evidencia Científica venía de EDF.[31] Durante los diez primeros meses del gobierno Cameron, se produjeron 195 reuniones entre ministros y cabilderos de las seis grandes energéticas; con grupos medioambientales apenas hubo diecisiete.

La infiltración corporativa de las energéticas en el corazón del gobierno les otorga una plataforma muy poderosa para librar una guerra abierta contra Ed Miliband. El periódico The Observer obtuvo de una serie de fuentes la información que era precisamente eso lo que iban a hacer, usando a «los empleados que ya tenían en situación de transferencia temporal en el corazón del gobierno y a sus montones de expertos en asuntos públicos, a fin de reforzar la impresión cuidadosamente cultivada de que eran indispensables». También se citaban las palabras de un asesor de relaciones públicas de las seis grandes, que dejaban claro que la estrategia era exactamente ésa: «Sería una gran equivocación lanzar una gran campaña contra esto [las propuestas de Miliband]. Les daría todavía más imagen de villanos de opereta de la que ya tienen. Lo que harán será trabajar en silencio, con la ayuda de la prensa de Murdoch y similares, y asegurarse de que el laborismo no sale elegido».[32] En otras palabras, los grandes intereses corporativos, profundamente arraigados en el gobierno y respaldados por los medios de comunicación de masas, se estaban preparando junto con otros sectores del Establishment para ir a por a un político elegido democráticamente.

He aquí el legado de la cruzada thatcherista de privatizaciones en masa de los años ochenta. Vender recursos públicos se presentaba como una vía para crear un nuevo «capitalismo popular»; el resultado no fue así ni mucho menos. Cuatro de las seis grandes son propiedad de empresas extranjeras. La única proveedora de energía de propiedad estatal es EDF, que pertenece al gobierno francés. La realidad es que el «capitalismo popular» británico lleva tiempo en franca decadencia. En 1962, más del 50 por ciento de las acciones del mercado de valores de Londres pertenecían a inversores individuales, pero, hoy en día, esa cifra apenas pasa del 10 por ciento. En 2013, el 53,2 por ciento de las acciones de empresas británicas pertenecían a inversores extranjeros.

La retórica del thatcherismo, por supuesto, era la del orgullo nacional y el patrioterismo. Cuando el nuevo logotipo de la privatizada British Airways se deshizo de los colores de la bandera británica, una horrorizada Thatcher llegó a usar un pañuelo para cubrir el nuevo diseño. Y, sin embargo, el legado que el Establishment thatcherista contribuyó a construir es que la élite corporativa británica ya apenas se pueda llamar «británica». En 1973, solamente un 7 por ciento de las principales empresas británicas eran de propiedad extranjera, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística. En 1998, la proporción se había disparado al 31 por ciento. Para 2012, ya era del 41 por ciento. Aproximadamente, cuatro de cada diez patentes británicas son de propiedad extranjera, mientras que en Estados Unidos lo son menos del 12 por ciento.

La velocidad con que las empresas británicas se están vendiendo al extranjero es espectacular. Solamente en 2011, los compradores extranjeros se hicieron con empresas por valor de 33.000 millones de libras. La mayoría de los aeropuertos británicos son propiedad de una constructora española llamada Ferrovial; la antaño emblemática empresa química ICI ahora pertenece a AzkoNobel, en manos holandesas; el popular gigante de las farmacias Boots se vendió en 2007 a la empresa de capital de inversión americana Kohlberg Kravis Roberts y al empresario italiano Stefano Pessina; por su parte, la empresa norteamericana Kraft Food absorbió en 2009 a la chocolatera Cadbury. Hasta las dictaduras extranjeras tienen un buen trozo del pastel: Qatar es uno de los principales inversores de Sainsbury’s, además de ser dueño de los grandes almacenes Harrods, del edificio Shard de Londres, del 20 por ciento del aeropuerto de Heathrow, de una parte de Canary Wharf y de un buen pedazo de la Bolsa de Londres.

Gran Bretaña —y Londres en particular— se ha ido convirtiendo en un patio de juegos para oligarcas extranjeros. Todos los años, las fortunas de las mil figuras más ricas de Gran Bretaña son examinadas por la «Lista de ricos» del Sunday Times. El individuo nacido en Gran Bretaña que estaba más arriba en la lista era el duque de Westminster, en el octavo lugar; en el número uno estaba el oligarca ruso Alisher Usmanov, seguido del ucraniano Leonard Blavatnik. En parte, a estos multimillonarios, que se cuentan entre las personas más ricas que ha habido nunca en el planeta, les atrae Gran Bretaña por su condición de «paraíso fiscal residencial», en palabras del economista estadounidense Tyler Cowen. Y no son únicamente las empresas y los recursos británicos lo que están comprando los multimillonarios extranjeros. Sólo en la primera mitad de 2011, el 60 por ciento de las viviendas recién construidas en el centro de Londres las compraron inversores extranjeros. Los 5.200 millones que se dejaron los inversores extranjeros en 2011 en viviendas en Londres superaban de largo la inversión total del gobierno en el Programa de Vivienda Asequible para toda Inglaterra.[33] El actual sistema económico de Gran Bretaña no se puede describir de ninguna manera como «capitalismo popular», que se define por estar dominado por pequeños empresarios, accionistas y propietarios.

No se puede decir que los fracasos del dogma del libre mercado desalienten lo más mínimo al gobierno de David Cameron, que sigue ansioso por terminar lo que empezó el alto thatcherismo. Ni siquiera la Dama de Hierro se atrevió a venderse el Servicio de Correos, y dejó claro que no estaba «preparada para privatizar la cabeza de la reina». Sin embargo, la privatización de Correos a finales de 2013 concordaba con la ideología del Establishment británico: vender todos los recursos públicos para a continuación nacionalizar el riesgo y privatizar los beneficios. Aunque el fondo de pensiones —es decir, la deuda del Servicio de Correos— permaneció en manos públicas, el negocio que generaba beneficios sí que se vendió. Y, sin embargo, la empresa se tasó brutalmente a la baja, lo cual llevó a que se privatizara por cientos de millones de libras por debajo de su valor real, despojando al contribuyente de un montón de ingresos.

Nadie se molestó demasiado en aparentar un capitalismo popular. Para comprar acciones, los inversores necesitaban tener disponible un mínimo de 750 libras. «Resulta decepcionante que se hayan reservado para fondos y especuladores internacionales tantas acciones, que se han quitado a los solicitantes individuales de Reino Unido», se quejaba Malcolm Hurlston, presidente del ESOP Centre, que defiende planes de venta de acciones a los trabajadores.[34] Dos tercios de la empresa fueron adquiridos por instituciones de la City; entre los grandes ganadores de la venta se contaron los fondos soberanos de inversión, como, por ejemplo, dictaduras extranjeras como Kuwait. Uno de esos inversores era Lansdowne Partners, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, que ya el primer día que se emitieron en bolsa las acciones del Servicio de Correos ganó 18 millones: entre los altos cargos de Landowsne está Peter Davies, padrino de boda del ministro de Economía.[35] Se trataba de una venta ruinosa de una institución que tenía 497 años de antigüedad, y que acabó en manos de especuladores de la City y dictaduras extranjeras, y que iba a pasar a ser gestionada en pos del beneficio y no para satisfacer las necesidades de los clientes, dejando al contribuyente estafado y al mismo tiempo a cargo de costear la deuda. He aquí otra manifestación del «socialismo para ricos» que sigue marcando al actual Establishment.

La liquidación de recursos públicos es sólo una de las razones de que tanta riqueza haya terminado concentrada en manos de la élite. Se trata de una redistribución que ha resultado espectacular, por no decir algo peor, desde la aparición del Establishment actual. Cuando Margaret Thatcher subió al poder en 1979, solamente el 6 por ciento de los ingresos del país iba a parar al 1 por ciento de los más ricos. Hoy en día, es ya el 14 por ciento. Según mostraba en 2013 un informe del High Pay Centre, el director ejecutivo medio del índice FTSE 100 cobraba alrededor del año 2000 cuarenta veces más que un trabajador normal; para 2011, la cifra ya había subido hasta 185 veces más, a pesar de que los precios de las acciones habían bajado. Un informe publicado por el High Pay Center llegó a la conclusión de que, aunque en una sola empresa, el Barclays Bank, había más de cuatrocientas personas que cobraban más de un millón anual; en todo Japón no llegaban a trescientos los ejecutivos que cobraban esa cifra. La subida espectacular de los sueldos entre la élite resultaba, en algunos casos particulares, increíble. El director de British Petroleum cobraba la apabullante cifra del 3.006 por ciento más en 2011 que su homólogo de 1979; el sueldo del director de Barclays, por su parte, había subido un 4.899 por ciento.

Puede que el país esté atrapado en una crisis económica, pero las empresas británicas tienen aparcada una fortuna gigantesca valorada en cientos de miles de millones de libras, y parecen estar en plena huelga de inversiones. «Me encantaría ver ese dinero invertido y creo que lo acabará estando», dice el optimista Simon Walker, director general del Institute of Directors. Pero por tal razón resultó tan inútil que el gobierno rebajara el impuesto de sociedades hasta convertirlo en uno de los más bajos del mundo occidental. Las empresas ya están forradas de dinero; el único efecto de seguir recortando los impuestos es llenarles todavía más unas arcas que ellos se niegan a invertir en la economía del país.

En cambio, antes incluso de la crisis financiera, los salarios de los trabajadores ya estaban congelados o incluso cayendo. A partir de 2003, las rentas netas disponibles de las familias bajaron en todas las regiones de Inglaterra salvo en Londres. A partir de 2004, los sueldos de la mitad más pobre de la sociedad empezaron a estancarse, y los del tercio inferior, a caer.[36] Y, sin embargo, al mismo tiempo, las grandes empresas estaban declarando unos beneficios récord. En los tres años posteriores a que el gobierno de coalición subiera al poder, en 2010, los trabajadores británicos experimentaron la peor caída salarial de los veintisiete países europeos: una media del 5,5 por ciento.[37] Se trata de una tendencia destructiva. Mientras que los ricos cada vez se dedican más a guardarse el dinero extra en una cuenta bancaria o en un paraíso fiscal, los que menos tienen suelen gastarse hasta la última libra sobrante que les cae en los bolsillos.[38] El hundimiento del nivel de vida de los trabajadores, por consiguiente, comporta destruir la demanda en una economía impulsada por el consumo.

Y, sin embargo, al mismo tiempo que caen los salarios de los trabajadores, la riqueza sigue yendo a parar a la élite. De acuerdo con la «Lista de ricos» del Sunday Times de 2014, la fortuna de los mil británicos más ricos se había doblado en solamente cinco años, a pesar de que, para el británico medio, su nivel de vida se había desplomado. En 2010, mientras el gobierno empezaba a imponer recortes, la citada lista informaba de una fuerte subida del 30 por ciento de las fortunas de los mil ciudadanos más ricos. Al año siguiente, subió casi una quinta parte más; y en 2013 se añadieron otros 35.000 millones de libras a los 450.000 millones que tenían entre todos. Ahora la riqueza de los mil británicos más ricos ya era ocho veces mayor, en términos relativos, que cuando la «Lista de ricos» había empezado a publicarse, en 1989.

Cuando, en 2009, Gordon Brown introdujo una nueva banda impositiva marginal para quienes ganaban más de 150.000 libras al año —es decir, los que estaban dentro del 1 por ciento más próspero del país—, en los últimos días de su Administración laborista, la medida gozó de una aprobación popular generalizada. Las encuestas mostraron que la secundaban hasta siete de cada diez británicos. Las grandes empresas, en cambio, se mostraron furiosas y lanzaron una furibunda campaña para torpedear la medida, que se redobló cuando subió al poder el gobierno de coalición, más afín a ellos. A finales de febrero de 2012, 537 figuras del mundo de la empresa firmaron una carta en el Daily Telegraph donde se pedía que desapareciera el nuevo umbral impositivo «a la vista de la situación de la economía británica». El efecto del impuesto, sostenían, sería «reducir los ingresos del gobierno, y además daña la economía, los servicios públicos y las obras de caridad». Y terminaba con una súplica: «En calidad de empresarios, queremos ver cómo prosperan nuestras industrias, nuestra economía y nuestro sector terciario. Revocar el tipo del 50 por ciento demostraría que el ministro de Economía quiere celebrar la iniciativa empresarial británica, estimular la industria y contribuir a la agenda de crecimiento del gobierno».

Aquí había una afirmación efectivamente falsa y destinada a hacer creer al pueblo británico que, en realidad, el hecho de que los ricos pagaran todavía menos impuestos nos beneficiaría a todos. Pero Eileen Burbidge, una inversionista de riesgo que habló conmigo poco después de que se aprobaran los presupuestos que bajaron el tipo impositivo del 50 al 45 por ciento, me explicó que a los jóvenes emprendedores que trabajaban con ella no les interesaba el tipo impositivo superior. «Ellos no están en ese tramo superior de ingresos, no les afecta —me explicó—. Lo que les interesa es si hay gente dispuesta a apoyar la clase de proyectos que ellos quieren sacar adelante». Y añadió que «a la mayoría de ellos ya les gustaría tener el problema» de llegar al nivel en que se les aplicaba ese tipo impositivo, pues significaría disfrutar de una riqueza que ellos ni siquiera se podían plantear.[39]

Tal perspectiva la ratifica Martha Lane Fox, una de las empresarias británicas más populares y que fundó Lastminute.com en plena cúspide del llamado boom de las puntocoms. A ella le ha ido muy bien y ahora vive en lo que llama en broma «su nuevo palacio del Establishment», situado en el extremadamente adinerado distrito londinense de Marylebone. Poco después de que la entrevistara, la nombraron par en la Cámara de los Lores. Una doncella nos sirve café y galletas mientras charlamos en una sala exquisitamente decorada; preciosa a sus cuarenta y un años, Lañe Fox tiene, sin embargo, la encantadora costumbre de reírse de sí misma. Por culpa de un terrible accidente de tráfico que tuvo en unas vacaciones en Marruecos en 2004, cojea por la casa con la ayuda de un bastón. «No conozco a muchos emprendedores que se concentren en enriquecerse —me dice—. Es algo muy alejado de la realidad de estar en un sótano con un documento o un plan, o intentando obtener un préstamo bancario o recaudar fondos». Al fin y al cabo, los intereses de los valientes emprendedores y los de los multimillonarios no eran los mismos.

Una de las principales justificaciones del gobierno para recortar el tipo impositivo superior fue que resultaba contraproducente, ya que aportaba menos de lo que se había proyectado, debido a que los ricos encontraban formas retorcidas de no soltar el dinero. Y, sin embargo, de no haber sido Gran Bretaña un país donde el debate político tenía lugar de acuerdo con los deseos y los intereses de los más ricos, seguramente esta evasión persistente de impuestos habría provocado la demanda de unas medidas severas. En cualquier caso, los argumentos del gobierno eran profundamente engañosos, pues los afectados por la subida pusieron en práctica una estratagema de uso puntual denominada «anticipación», y que estaba destinada a evitar que los afectara la nueva tasa. En la práctica, consistió en que presentaron sus ingresos el año antes de que se implantara la nueva tasa: de acuerdo con las cifras del Departamento de Aranceles, de esta forma se presentaron hasta 18.000 millones de libras de ingresos. Esto no permitió extraer conclusiones sobre el dinero que se recaudaría en el primer año del impuesto, porque el método empleado para evitar la nueva tasa impositiva ya no se podría volver a usar.

Cuando Gordon Brown introdujo la citada nueva tasa, los medios de comunicación —dirigidos por la clase de personas a quienes ésta sí podía afectar— la retrataron como una especie de ataque a la clase media. «Un ataque salvaje y absurdo al inglés medio», decía un titular del Daily TelegrapK una idea bastante curiosa, dado que el salario medio en Gran Bretaña era de 21.000 libras, o sea, más de siete veces por debajo del umbral del impuesto del 50 por ciento. El Daily Mail lo calificó en términos condenatorios como un regreso a «la política de la envidia», mientras que el Sun lo condenó por ser «un asalto a quienes generan la riqueza».

Esta clase de argumento también se basa en el supuesto de que quienes alcanzan la élite de la riqueza han llegado ahí por una simple cuestión de talento y determinación. Así pues, ¿por qué se los iba a penalizar por tener talento y por trabajar duro? Algunos emprendedores hablan con honestidad de cuánto le deben a otra gente y a la suerte. «Creo que el culto al fundador o al emprendedor es un poco peligroso —dice con franqueza Martha Lañe Fox—. Un negocio increíblemente exitoso no lo crea una sola persona. O, por lo menos, yo creo que si se basa en una sola persona no es un negocio exitoso de verdad». Insiste en que su empresa fue el trabajo de un equipo: «Éramos un equipo de verdad, y la gente implicada tenía mucho talento. Hicimos maniobras inteligentes, y también otras horribles». Y señala los privilegios de los que ella gozó y en los que se basó. «Tuve suerte de tener la educación que me dieron —dice—. Tuve suerte de que me dieran la clase de confianza innata en mí misma que me hacía falta para poner en práctica mi idea. Tuve suerte de poder tener un piso que me permitía alquilar una habitación y así no necesitar ingresos. Y todas ésas son cosas que no provienen para nada del talento, sino de la suerte, de forma que espero no olvidar nunca que los privilegios con que uno nace son fundamentales en muchos sentidos».

No obstante, hay otros factores que han resultado cruciales para que la riqueza se concentre en manos de unos pocos: la ausencia de una presión compensatoria importante o sostenida por parte de quienes están abajo. Esto es un legado de las derrotas que ha sufrido el movimiento sindical. Hace cuarenta años, alguien que estuviera en la posición de Francés O’Grady —la actual secretaria general del Congreso Sindical y la primera mujer que alcanzó ese cargo— podía afirmar, de manera razonable, que también formaba parte del Establishment. En 1968, el Congreso Sindical publicó un folleto bastante voluminoso para celebrar su centenario. En él se vanagloriaba de que «una pequeña asamblea dedicada al debate se haya convertido en el organismo de representación del sindicalismo británico, que participa en la confección de las políticas del gobierno y en la administración de los principales servicios sociales, y se reúne de igual a igual con los portavoces de las grandes empresas del país».

Hoy en día, los sindicatos ya no pueden vanagloriarse de su poder. El número de sus afiliados se ha reducido más o menos a la mitad desde su punto álgido en 1979. En 2013, sus filas crecieron en 59.000 afiliados, pero era el primer repunte en una década entera. En el sector privado, la historia es todavía más deprimente. Sólo un 14 por ciento de los trabajadores están sindicados, y muchos de ellos son antiguos empleados de sectores públicos que se han privatizado o externalizado. En vísperas del thatcherismo, el salario y las condiciones de más de ocho de cada diez trabajadores se regulaban por medio de un convenio colectivo. «Creo que en aquella época no quisimos reconocer que estábamos perdiendo poder —dice Francés O’Grady—, en parte porque la economía estaba creciendo, y el hecho de que nosotros le estuviéramos consiguiendo una porción cada vez más pequeña a la gente a la que representábamos se disfrazaba con el argumento de que el pastel estaba creciendo, para que no doliera tanto».

Los sindicatos se han visto mermados por varias razones. La introducción de leyes antisindicales que, tal como se jactó una vez Tony Blair, son «las más restrictivas con los sindicatos que hay en el mundo occidental», los han dejado a menudo incapacitados para no ceder terreno en nombre de la fuerza de trabajo. Otra razón clave es el final de la plena ocupación: en unos tiempos de inseguridad laboral, la posición de los sindicatos se ve debilitada porque hay muchos trabajadores dispuestos a tragar con los ataques a los salarios y a las condiciones laborales, con tal de no perder sus empleos. Las derrotas sufridas a mediados de los años ochenta por los principales sindicatos, como el de los mineros —antaño considerados invencibles— crearon la sensación de que la lucha industrial era un ejercicio inútil. Sin embargo, la transformación de la élite empresarial de Gran Bretaña también puso trabas a la capacidad de los sindicatos para representar a sus trabajadores.

Con el aumento de la participación extranjera en las acciones y el ritmo al que éstas cambian hoy en día de manos, «la naturaleza del capital se ha alterado profundamente —sostiene O’Grady—. Desde una perspectiva sindical, se ha balcanizado mucho, hay unas cadenas de suministros cada vez más largas y Recursos Humanos es uno de los departamentos que se está externalizando más deprisa. Así que es muy difícil sentarse a la mesa a negociar con la gente que, en realidad, tiene las riendas del poder. Supongo que han colocado a toda una serie de escudos humanos para proteger la concentración creciente del capital contra cualquier ofensiva de los trabajadores que intenten reclamar una parte más justa». Por culpa de que la élite adinerada se ha vuelto más compleja que nunca, a los sindicatos cada vez les cuesta más usar su poder colectivo para obtener una participación mayor de sus trabajadores en la riqueza.

La falta de presión que debería haber llegado de abajo ha permitido una transferencia cada vez mayor de poder a las manos de la élite empresarial, tanto en el lugar de trabajo como en el conjunto de la sociedad. Ahora ya se puede despojar a la mano de obra de sus derechos con toda tranquilidad. Un informe del sindicato Unite reveló que ahora se podían hacer contratos sin horas hasta a 5,5 millones de trabajadores británicos,[40] lo cual comportaba que no tuvieran horario fijo de trabajo y carecieran de derechos básicos, como las pensiones y la baja remunerada. Se trata de un regreso a principios del siglo XX, cuando, por ejemplo, los estibadores tenían que ir a los muelles cada día a primera hora de la mañana con la esperanza de que los eligieran para trabajar. Tratar a los trabajadores como bienes de consumo que se pueden usar y descartar a capricho los despoja de cualquier seguridad. A otros se los registra como autónomos —un millón de personas han engrosado las filas de este colectivo entre 2000 y 2014—, pero ni se les da trabajo seguro ni sueldos adecuados. De acuerdo con la Resolution Foundation, después de 2006, los ingresos de los autónomos británicos cayeron en una quinta parte, y casi nueve de cada diez trabajadores que se hicieron autónomos después del desplome financiero trabajan menos de treinta horas semanales.[41] Carecen de unos derechos que sí se les conceden a los demás, como, por ejemplo, bajas por enfermedad, vacaciones pagadas y pensiones.

De los países avanzados de la OCDE, solamente Estados Unidos tiene un peor expediente de protección al empleo que Gran Bretaña. Sin embargo, cuando el gobierno de coalición de David Cameron subió al poder en 2010, la élite empresarial volvió a saborear la oportunidad de obtener una cuota de poder aún mayor. Dentro de su nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores, los conservadores contrataron a Adrián Beecroft para que les redactara un informe. La elección de Beecroft no era, desde luego, desinteresada. Barón del capital de inversión, entre cuyos negocios se contaba la empresa de usura legal Wonga, había donado más de medio millón de libras al Partido Conservador. El Informe Beecroft proponía que a los trabajadores despedidos durante los primeros dos años se les quitara el derecho a alegar despido improcedente. También sugería que a los empresarios se les permitiera finiquitar y despedir a un trabajador sin especificar la razón. Además de alargar el período de cualificación para el despido improcedente, el gobierno también imponía que el trabajador que quisiera llevar a sus antiguos jefes a los tribunales de trabajo tuviera que pagar por ello. Nuevamente, se vendió que las reformas buscaban el bien del país, asegurando que contribuirían a crear empleo, por mucho que John Philpott —asesor económico en jefe del Chartered Institute of Personnel and Development— afirmara que las reformas simplemente «harán que el empleo sea menos estable a lo largo del ciclo económico».[42]

Sin embargo, para Simón Walker, director general del Institute of Directors, las reformas de Beecroft «eran sensatas, y lo seguiré afirmando, por muy impopular que sea mi opinión». Él defiende reducir toda las leyes de protección a los trabajadores, porque no cree que sea posible «regular la existencia de malos jefes». Opina que el mercado decidirá por sí mismo. «Creo que si se corre la voz de que una empresa trata fatal a los trabajadores, se creará una mala reputación y la gente no querrá trabajar para ella», afirma. Parece ser que Walker sufre la falsa ilusión de que hay millones de trabajadores caprichosos intentando decidir donde pueden trabajar, o que tienen la posibilidad de evaluar la benevolencia relativa de sus patronos, y luego elegir el sitio donde quieren estar en función de ese examen. Se trata de una visión completamente fantasiosa, que dice mucho más sobre lo desconectados de la realidad que están los que más tienen que acerca de la verdadera situación de la enorme mayoría de los trabajadores británicos.

Otra política que el gobierno Cameron introdujo en octubre de 2012 fue que los trabajadores renunciaran a sus derechos en el lugar de trabajo a cambio de participaciones. Hasta hubo algunas figuras del mundo empresarial que dijeron que eso era ir demasiado lejos. «Era una absoluta chaladura», dice John Longworth, director general de las Cámaras de Comercio Británicas, que echaba la culpa a los «analistas políticos» del equipo del ministro de Economía. La medida se acabó convirtiendo en un práctico plan de fraude fiscal: cuando se vendían aquellas acciones a cambio de un beneficio, las empresas quedaban exoneradas de pagar impuesto a las ganancias de capital.[43]

Sin embargo, el hecho de que se hayan podido implantar incluso propuestas «chaladas» como ésta da una idea de cómo funciona el Establishment actual. Se da por sentado que la dirección que se debe seguir es que se transfieran todavía más poder y riqueza a las manos de la élite empresarial, da igual que ésta lo pida o no. Gran Bretaña está siendo remodelada constantemente según los intereses de los grandes negocios. A quienes más tienen se les trata como si estuvieran por encima de la ley y pudieran no pagar unos impuestos que los políticos electos deberían exigirles. Siempre que es necesario, los ricos y los poderosos usan su poder colectivo para salirse con la suya, ya sea para obtener más concesiones, ya sea para eliminar obstáculos a su posición.

Esta concentración cada vez mayor de riqueza y poder ha sido posible por una serie de razones. La ideología del Establishment es tan hegemónica y carece hasta tal punto de desafíos que casi se la considera sentido común: una posición por defecto de la que únicamente se podría desviar un excéntrico o un dinosaurio político. Tiene una lógica propia, según la cual bajarles los impuestos a los ricos, privatizar y quitarles derechos a los trabajadores son fines en sí mismos. Los think tanks y las corporaciones mediáticas no paran de generar justificaciones ideológicas de esos fines y de presentar los intereses de la élite empresarial como los mismos que tiene el conjunto del país. Las grandes empresas no sólo ayudan a financiar a los partidos políticos y a los think tanks, sino que, en parte, también se han fusionado con varios sectores de la propia maquinaria estatal. La ausencia de presión compensatoria por parte de movimientos organizados —como los drásticamente debilitados sindicatos— comporta que apenas exista control de la constante transferencia de riqueza y de poder hacia las élites.

A menos que surjan desafíos a la ideología del Establishment y al dominio político de las grandes empresas y de sus escuderos ideológicos, el proceso continuará y, seguramente, se acelerará. La tendencia recibió un nuevo impulso cuando la élite financiera abocó al país al desastre económico. Pero el Establishment británico habló con mucha claridad. Quienes iban a pagar la factura de la crisis eran los trabajadores, no sus causantes. No hay mejor ejemplo de cómo funciona el poder en este país.

7 LOS AMOS DEL UNIVERSO

Es en la City, el sector financiero británico, donde uno encuentra la expresión más pura de las mentalidades del Establishment. Se trata de un sector permeado, en primer lugar, por una apasionada resistencia al Estado, visible en su reticencia a pagar impuestos y en su hostilidad aguda a cualquier forma de regulación gubernamental, y, en segundo lugar, por la dependencia del Estado, representada por el rescate financiero sin precedentes —con dinero público— que se le hizo al sector en 2008, cuando éste estaba postrado de rodillas. Aquí, la concentración de riqueza en manos de una élite cada vez más pequeña es un proceso que no sólo se defiende, sino que se presenta como ideal. En la City florecen el individualismo rampante del sálvese quien pueda, la amistad estrecha con el poder político y una indiferencia perfectamente natural hacia las vidas de quienes salen perdiendo por culpa del statu quo. Y tal vez lo más impresionante: reina la sensación de que hay unas reglas para quienes están en lo alto y otras para todos los demás.

El rescate estatal de los bancos después del hundimiento financiero de 2008 vino con pocas condiciones impuestas por el gobierno y prácticamente ninguna exigencia de responsabilidades. En el plan de austeridad posterior, en cambio, el Estado ha ido retirando gradualmente su apoyo a quienes menos tienen en la sociedad. Las ayudas que todavía existen se conceden con toda clase de condiciones restrictivas. Miren a Brian, uno de los muchos cientos de miles de personas que se quedaron sin trabajo después de la crisis. Como a otros muchos desempleados que recibían prestaciones, a él se le pidió que tuviera un «diario ocupacional», donde explicara cómo buscaba trabajo. Después de dos semanas recibiendo las míseras 71,70 libras semanales de la ayuda de la oficina del paro, le devolvieron el diario junto con una carta que lo informaba de que se le iban a suspender las prestaciones —lo que se llama sanción prestacional—, pero que, aun así, tenía que seguir cumpliendo con los requisitos de su búsqueda de trabajo. No le dieron ninguna razón. Cuando llamó al número que figuraba en la documentación, tampoco le ofrecieron explicación alguna, salvo que iban a mandar su caso a un «agente de decisiones» y que ya conocería el resultado «en su debido momento».

Al final sí que le dieron una explicación. Como correspondía a la gente que se había quedado sin trabajo, se suponía que Brian tenía que usar al menos cinco veces por semana la página web del gobierno Universal Jobmatch, que en teoría existía para poner en contacto a los parados con la gente que ofrecía trabajo. Él había cumplido con aquel requisito y había apuntado los pasos seguidos en el «diario ocupacional» que le habían dado. El problema era que no había dejado también una nota en el diario Online, a pesar de que nunca le habían dicho que lo hiciera. Su asesor se mostró de acuerdo en que una suspensión de prestaciones por cuatro semanas parecía una sentencia dura y le mandó una carta de apelación. Brian no tuvo noticia alguna durante dos meses. Cuando telefoneó para preguntar qué estaba pasando, le informaron simplemente de que la decisión había sido ratificada. «Con sinceridad, no tener trabajo fue seguramente una de las épocas más desmoralizadoras de mi vida —dice—. Llevo trabajando desde que empecé repartiendo periódicos a los catorce años, he llegado a ser encargado de una discoteca y a veces hasta he alternado dos trabajos. Hasta los veintiocho jamás estuve sin trabajo. Pero eso no parecía importarles a la gente de la oficina de ocupación; de hecho, hasta parecía que les daba asco verme. Me dio la impresión de que todo el proceso estaba diseñado para hacerte sentir humillado».

Brian no es el único ni mucho menos. Glyn, extécnico en instalaciones de gas de Mánchester, fue sancionado tres semanas antes de Navidad de 2013 y le quitaron la ayuda. Resulta que un día no había fichado porque estaba rellenando una solicitud de empleo en Seetec, una de las empresas de reinserción en el mundo laboral contratadas por el gobierno. Está también el caso de Sandra, una discapacitada de Glasgow que vive con su hija. A Sandra le mandaron un formulario para que declarara si vivía con alguien. Ella pensó que se referían a una pareja, dijo que no y la convocaron para una «entrevista disciplinaria». Como no tenía a su hija escolarizada a jornada completa, le quitaron la ayuda de cincuenta libras semanales que le correspondían por incapacidad grave. A Danny, londinense del sur que cobraba la prestación después de un colapso nervioso grave, se la paralizaron durante dos semanas, sin ningún aviso, por saltarse una entrevista de la que su asesor no le había informado para nada. «Fue un momento verdaderamente aterrador —rememora—, y el estrés al que te someten con la amenaza de volver a hacértelo es enormemente perjudicial».

El Estado estaba sancionando a tantos desempleados que se hizo imposible que esta práctica no llegara a ser del dominio público. Uno de los sancionados fue un veterano del ejército, por entonces tenía sesenta años. Su nombre era Stephen Taylor, y su culpa fue presentarse como voluntario para vender amapolas para la Real Legión Británica y así ayudar a recaudar fondos para otros soldados. Se había presentado sin éxito a innumerables ofertas de trabajo, entre ellas la del supermercado donde estaba vendiendo las amapolas. Lo sancionaron con cuatro semanas.[1]

Mary trabaja con madres solteras en una oficina de empleo y representa a sus compañeros en el sindicato Public and Commercial Services. «Entre los directores de oficinas de empleo hay una cultura de la intimidación completamente generalizada —me cuenta en tono confidencial—. Hacen competiciones entre ellos para ver quién consigue que su equipo imponga más sanciones». Cuando una oficina conseguía superar a las demás había «alegría y satisfacción»; y la presión no venía sólo de los directores, sino también de los jefes de equipo, que extendían la idea de que, si no ponías sanciones, estabas «fallando a tu equipo». Cómo habían cambiado las cosas: cuando ella había empezado a trabajar para el Ministerio de Trabajo y Pensiones, a principios de siglo, se suponía que las sanciones eran un último recurso y se consideraban una señal de fracaso. Ahora, en cambio, cada vez se dependía más de ellas. «No se aplica ningún nivel de comprensión humana —me dice—. Hay una cultura de castigar a la gente por el mero hecho de estar en paro».

Las cifras cuentan una historia tétrica. Según las estadísticas del propio gobierno, entre junio de 2012 y junio de 2013 se sancionó a 860.000 personas, lo cual supuso una fuerte subida de 360.000 respecto al último año del gobierno laborista. Pero es que, además, las sanciones afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos. La organización benéfica Homeless Link declara que casi una tercera parte de la gente sin hogar que cobra la ayuda de la oficina del paro ha sido sancionada. En la Gran Bretaña de la austeridad, casi un millón de personas ha recibido ayuda de los bancos de alimentos: en el sexto país más rico del planeta, muchos de los ciudadanos más pobres ya no tienen dinero ni para comer. De acuerdo con la fundación Trussell Trust, el mayor proveedor de bancos de alimentos del país, más de la mitad de sus beneficiarios dependen de sus repartos de comida por culpa de los recortes o de las sanciones en sus prestaciones.

En vez de hacer tambalearse los cimientos del régimen neoliberal, la crisis financiera acabó promoviendo sus valores. «El deseo de castigar a todos los banqueros ya ha ido lo bastante lejos», declaró el Financial Times, la voz mediática de las finanzas, apenas seis meses después del inicio de la crisis.[2] Pero si alguna vez había existido tal «deseo» por parte del gobierno, éste nunca lo tradujo en acciones. En cambio, a quienes se eligió para castigarlos con especial dureza fue a los más débiles de la sociedad, entre ellos a unos trabajadores expulsados de sus empleos por culpa de una crisis causada por aquellos mismos financieros supuestamente hostigados. Cada vez se trataba más a las personas en paro como si fueran criminales. Cualquier supuesta transgresión, por nimia que fuera, desencadenaba una rápida amonestación.

Quienes compartían la responsabilidad por abocar a Gran Bretaña a la catástrofe económica no afrontaron ni sanciones ni castigos. No fueron arrojados a la pobreza ni a las penurias ni se los obligó a depender de los bancos de alimentos para poder comer. En muchos casos siguieron medrando, incluso más que nunca. Mientras que a los desempleados cada vez se les pone más condiciones para recibir la prestación del Estado, los banqueros rescatados han seguido recibiendo ayudas públicas, aunque eso sí, mucho más generosas y libres de restricciones. Seis años después del hundimiento, se anunciaba en el servicio de noticias financieras Bloomberg la personalización de matrículas para celebrar el regreso de la City a la época de las vacas gordas. «BU11 MKT» («mercado al alza») se vendía por la molona cifra de 25.000 libras, mientras que «BU11 ESH» («valores al alza») podía adquirirse por solamente 15.000.

La crisis mostraría a las claras de qué lado estaba la ley. El procurador de la Corona Keir Starmer era director de la Fiscalía Pública de Gran Bretaña cuando propuso, en septiembre de 2013, que las sentencias por cobro fraudulento de prestaciones se alargaran hasta los diez años. Las cifras que movía el cobro fraudulento de prestaciones suponían una proporción irrisoriamente pequeña del gasto en seguridad social del país. En cambio, contribuir a abocar al mundo al caos económico por medio de unas acciones nacidas de la codicia y del interés propio descarado se podía considerar una conducta intachable por lo que respectaba a la ley. O bien piensen en el escándalo de la manipulación de la tasa Libor, desvelado en 2012, cuando unos banqueros inflaron y desinflaron maliciosamente las tasas de interés en su provecho. Llegó a debatirse incluso si era ilegal o no bajo la legislación inglesa. A mediados de 2014, todavía no se habían presentado cargos, algo que uno de los principales cabilderos de la banca británica me dijo, confidencialmente, que era un misterio. «Si unos cuantos pobres hubieran intentado manipular los pagos de sus prestaciones de esa manera, habrían acabado todos en la cárcel», dice el economista de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang.

Sin embargo, los desempleados no tienen cabilderos en el centro del poder; ningún partido político depende de ellos para su financiación; y tampoco tienen ningún ejército de think tanks y escuderos que venga corriendo en su defensa. La élite financiera, por otro lado, ha obtenido un control absoluto sobre el resto del Establishment, ayudada por la misma ideología que ha llevado a la ruina económica. La ruina para los demás, eso sí.

Cuando me reúno con Siddarth en un café del Soho, le da miedo hablar: tanto que se ha planteado hacerme firmar un contrato que me comprometa a mantener su identidad real en el anonimato. Lo mismo, por cierto, sucede con casi todos los empleados de la City con los que hablo. Es posible que tal deseo se pueda atribuir al instinto de supervivencia profesional, pero también da la impresión de que estos empleados creen que por salir a la luz están haciendo algo malo: rompiendo el código de silencio de la industria financiera británica.

Siddarth tiene un acento confuso, con matices indios, ingleses y americanos, que denota que ha crecido en muchos sitios distintos. Su ambición de trabajar en el sector financiero nació como acto de rebelión adolescente contra las expectativas de su padre, un diplomático indio, que quería que él también se incorporara al servicio diplomático. Cuando en 2004 lo eligieron para el programa de becas del banco Barclays junto con otros aplicados licenciados universitarios, en el sector financiero todavía no se había disipado el fantasma de la burbuja de las puntocoms de cuatro años antes, que resultaría ser un tenue presagio del cataclismo que estaba por venir. Después de unos años de partirse la espalda en Barclays, a Siddarth lo reclutó un cazatalentos de uno de los mayores bancos de inversión del mundo (cuyo nombre, una vez más, no quiere que se publique, para evitar que lo identifiquen). «Me pasé unos años allí. Puedes verme las canas —me señala—, porque me quemé un poco al ponerse tan mal el mercado en 2008, y es que, en fin, el mundo cambió».

Aquel otoño, la crisis financiera dejó de repente de ser una guerra falsa: ya no eran truenos lejanos lo que se oían, sino que había estallado la crisis de las hipotecas subprime. El banco Lehman Brothers quedó tambaleándose en el precipicio. «El viernes [12 de septiembre] el regulador empezó a cogerle el teléfono a los distintos bancos y a decirles básicamente: “Lehman Brothers no va a llegar al lunes, ¿lo queréis comprar?”», recuerda Siddarth, que trabajaba en la división de fusiones y adquisiciones de uno de los principales bancos rivales. El fin de semana antes de la implosión de Lehman Brothers, él estaba —igual que otros competidores— «haciendo números» en el banco para ver si era viable la adquisición.

Pero no lo era: ni la adquisición ni el rescate del gobierno. El 15 de septiembre de 2008, los ejecutivos salieron en tromba por las puertas de la sede de Lehman Brothers en Canary Wharf, en Londres, cargando con unas cajas en las que llevaban sus pertenencias. Un banco norteamericano que llevaba 158 años existiendo y que había sobrevivido a la Guerra de Secesión estadounidense y a dos guerras mundiales, solicitaba la suspensión de pagos.

Siddarth estaba presenciando el nacimiento de una nueva era de incertidumbre. «Si el mundo estaba cambiando, tal vez yo estuviera en el mejor lugar para vivirlo —dice, con los ojos iluminados—. Fue un asombroso subidón de adrenalina». Se pasó un mes durmiendo dos o tres horas por noche; a veces se quedaba a pasar la noche en la oficina. «La adrenalina le daba a uno energía para aguantar. Y era asombroso, pero también aterrador, porque no sabías adonde estaba yendo la cosa y tú estabas justo en medio». Con la distancia que da el tiempo, ahora los indicios previos le parecen casi obvios. «Hasta principios o mediados de 2007, todos los bancos tenían estrategias de crecimiento muy muy agresivas —dice—. Había un gran impulso de crecimiento, sobre todo en el frente de las fusiones y adquisiciones; había que conseguir contratos simplemente porque era la mejor manera de expandir el negocio […]. Había un gran impulso de decir: “Vale, muy bien, si lo que queremos es crecer más deprisa que por las vías normales, pues vamos directamente a comprar a alguien”. Sin embargo, cuando empezó a propagarse la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas, la atmósfera cambió. Debía de ser mayo o junio de 2007. La gente empezó realmente a dar un paso atrás y a decir: “Bueno, vale, aunque esto no va a estallar”. Pero llegó septiembre de 2008 y Lehman Brothers se hundió».

La perspectiva que da el tiempo a menudo ofrece una falsa sensación de que lo que ha acabado pasando era obvio e inevitable; cuesta creer que, por entonces, no hubiera más gente capaz de ver la tormenta que se acercaba. «Recuerdo que leí el magnífico libro de [el economista norteamericano] John Kenneth Galbraith sobre el crac de 1929 y pensé: “¡Anda! ¿Cómo es que no vieron venir todo aquello?” —dice Angela Eagle, ministra de Hacienda laborista cuando tuvo lugar el hundimiento financiero—. Y, por supuesto, todos nos vimos atrapados, todo el mundo, en la misma situación». Pero la fase previa de la crisis financiera se remonta a mucho antes de 2008.

Las décadas recientes han visto cómo la City alcanzaba una posición de dominio sin precedentes; su papel, sin embargo, ya venía siendo objeto de duras críticas mucho antes de los años ochenta. «El dominio del sector financiero viene de muy antiguo —dice el economista Ha-Joon Chang—. A finales del siglo XIX, mucha gente afirmaba que la industria británica ya no podía seguir el ritmo de la alemana ni de la norteamericana porque la City se había vuelto demasiado fuerte: ya no le interesaban las inversiones a largo plazo, y a las empresas británicas cada vez les resultaba más difícil movilizar capital para construir las industrias pesadas y químicas a gran escala que estaban apareciendo en aquella época». En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba siendo superada como potencia industrial por Alemania, mientras que, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la industria británica padeció una falta significativa de inversiones en comparación con sus competidores globales. Hoy en día, Londres lleva mucho tiempo siendo el centro de la industria global de las aseguradoras, y el sector financiero se ha beneficiado de la zona horaria británica: el horario de apertura de la Bolsa de Londres está encajado entre los de los mercados de valores norteamericano y asiático. Y, sin embargo, en el nuevo orden de la posguerra que construyó el gobierno laborista de Clement Attlee, el poder de la City estaba controlado y regulado. «Que la City esté en medio de un Estado socialista es una anomalía tan grande como que el papa estuviera en Moscú», declaró una vez Attlee,[3] cuyo gobierno nacionalizó en 1946 el Banco de Inglaterra. En la bonanza previa a 1970, los servicios financieros del país crecieron a un ritmo más lento que el resto de la economía, debido en parte al control estatal.

«Durante un tiempo, existió una regulación amplia y sistemática de las finanzas —explica Costas Lapavitsas, elegante y disidente profesor de Economía residente en Londres—. La época de la “larga bonanza”, o sea, los cincuenta, los sesenta y gran parte de los setenta, coincidió con la represión de las finanzas». Debido a las restricciones, la City no fue una pieza clave del consenso de la posguerra. A principios de los setenta, sin embargo, este marco operativo empezó a desintegrarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados capitalistas avanzados operaban bajo el llamado sistema de Bretton Woods, que gobernaba las reglas del comercio y de las finanzas por medio de un sistema global de tasas de cambio fijas. Los Estados mantenían constantes sus tasas de cambio ligando sus monedas al dólar estadounidense. Sin embargo, la economía norteamericana empezó a entrar en crisis a medida que las Administraciones sucesivas se negaban a pagar la guerra del Vietnam y los programas sociales internos. Así es como, de repente, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, acabó con la convertibilidad del dólar en oro. Había muerto Bretton Woods. «El sistema de Bretton Woods proporcionaba la estabilidad de las tasas de cambio y la de los tipos de interés —dice el profesor Lapavitsas—. Eso resultaba muy muy importante para la regulación. Se trataba de un marco operativo de regulación global que no existe hoy en día». Nacía un nuevo mundo de anarquía financiera.

Aquel mismo año se produjo otro cambio sísmico en Gran Bretaña. El por entonces ministro de Economía, Anthony Barber, impuso una nueva política monetaria, llamada Control de la Competencia y del Crédito, que en esencia permitía a los bancos prestar tanto dinero como quisieran. Para hablar del tema, me reúno con Ann Pettifor, economista que fue asesora del laborista Ken Livingstone cuando éste dirigió el Greater London Council en la década de los ochenta; Pettifor fue cofundadora del movimiento de cancelación de la deuda del Tercer Mundo Jubilee 2000 y, hoy en día, dirige la organización Policy Research in Macroeconomics (PRIME). Nos reunimos en el muy chic Hospital Club de Covent Garden, un club privado popular entre intelectuales y artistas. «Fue entonces cuando arrancó la desregulación de la creación de crédito y se permitió a los bancos dar préstamos», explica Pettifor en relación con la política monetaria de Barber, con un acento que delata sus orígenes sudafricanos. «Antes de 1971, si querías un préstamo, te ibas a tu gestor del banco y te pasabas horas hasta que él aceptaba concedértelo, y siempre se valoraba con mucha cautela tu riesgo». Por toda la economía británica se dispararon los créditos, lo cual contribuyó a generar una inflación galopante porque el exceso de dinero apenas comportaba producción de bienes y servicios.

En cuanto el thatcherismo consolidó el nuevo Establishment, el sector financiero se vio más apoyado que nunca. En cierto sentido, el nuevo régimen representaba la victoria del capital financiero sobre el capital de bienes. Por mucho que cueste de creer hoy en día, tradicionalmente en las filas conservadoras reinaba cierto escepticismo hacia la City: a principios del siglo XX, una serie de políticos conservadores llegó a hacer campaña a favor de la regulación estatal del caudal de capital procedente de la City. Sin embargo, un año antes de su llegada a Downing Street en 1979, Thatcher pronunció un discurso en el que elogiaba la contribución económica del sector financiero y aseguraba que esta contribución «no es un logro de los políticos [porque] los servicios que ofrece la City no atraen ni subsidios ni subvenciones ocultas». Teniendo en cuenta que el sector financiero terminaría beneficiándose de un rescate estatal inmensamente mayor que ningún «subsidio» recibido por otras industrias, hoy en día esta afirmación parece bastante perversa. Sin embargo, sirve para explicar por qué, durante el thatcherismo, la City se vio impulsada al mismo centro del nuevo Establishment: porque se consideraba que ensalzaba la clase de individualismo antiestatal y libertario que se convertiría en el credo oficial de facto de Gran Bretaña. Cuando se trataba de la City, afirmaba Thatcher, lo único que todos los gobiernos anteriores habían hecho era levantar «barreras […] para obstaculizar sus progresos». Aquellas barreras se iban a venir abajo.[4]

En vísperas de la victoria electoral de Thatcher en 1979, la anticipación hizo que las acciones de la Bolsa de Londres experimentaran subidas históricas. «¡La Bolsa vota por Maggie!», proclamó el Evening Standard.[5] Y ella no la decepcionó. Thatcher abolió rápidamente los controles de capital y también los impuestos a los movimientos de capital, lo cual quería decir que se podía meter y sacar libremente capitales del país sin restricción alguna. Esto supuso al mismo tiempo un fortalecimiento espectacular de los mercados financieros y una reducción del poder de los gobiernos electos sobre la economía, porque cualquier maniobra política que resultara impopular entre los mercados podía desencadenar una huida desenfrenada y económicamente destructiva de capitales.

Las políticas deflacionarias de principios de la era Thatcher —que hicieron que las cifras del paro se dispararan hasta los cuatro millones— no sentaron bien entre ciertos sectores de la élite tradicional de los negocios. Terence Beckett, el director general de la Confederación de la Industria Británica —organismo principal de representación de dicho sector— estaba entre las voces procedentes del mundo fabril que expresaron su descontento: en 1980 hizo un polémico llamamiento a «pelearse a puñetazo limpio» con Thatcher por cuestiones como la fortaleza de la libra, que estaba destruyendo la industria. Pero la City estaba más que satisfecha con su estrategia. Tal como dijo el ministro conservador Ian Gilmour, «la presión fiscal salvaje» estaba diseñada para «garantizarle a la City que los thatcheristas todavía mostraban dureza».[6] «Muchas gracias por su apoyo firme a las políticas del gobierno», le escribió Ian Gow, secretario privado en el Parlamento de Thatcher, a Nicholas Goodison, presidente de la Bolsa de Londres, en octubre de 1980.[7] La City floreció en los años ochenta, a pesar de que la industria se viera diezmada por los altos tipos de interés y por la fortaleza de la libra. La privatización de empresas de servicios como British Gas también benefició a la City, dado que los bancos ayudaron a supervisar las ventas masivas de servicios. El sector financiero se fue acercando más y más al centro mismo del régimen.

En 1986, el auge de la City se vio acelerado por todo un paquete de medidas conocido como el «Big Bang». Thatcher estaba en pleno apogeo de su triunfo, tras ganar dos elecciones y meter en vereda al movimiento sindical gracias a la derrota de los mineros. Una de las medidas del Big Bang fue abolir la distinción entre agentes de bolsa y los denominados «agentes de corredores de bolsa», que únicamente podían poner precios a la compra y a la venta de acciones. Se produjeron cambios tecnológicos espectaculares, como el paso a las transacciones electrónicas. Se permitió la propiedad extranjera de las empresas de la Bolsa de Londres. Los bancos de inversión se fusionaron con los grandes bancos minoristas, y una serie de bancos extranjeros como Goldman Sachs empezaron a eclipsar a algunos de sus rivales británicos.

Al igual que Siddarth, Darren, que entró a trabajar en la City un año antes del Big Bang, insiste en hablar conmigo de forma anónima para no perjudicar su carrera. El tedio que le producía trabajar en una tienda de televisores de su ciudad natal, Southampton, hizo que acabara desesperado por escapar de allí. Por suerte, tenía amigos y parientes que podían ayudarlo. La mujer de uno de sus colegas trabajaba en el distrito financiero, y su padre lo recomendó a unos empleados de la City durante una cena. Darren empezó su carrera allí como mensajero en el edificio de la Bolsa de Londres. «Era una estructura jerárquica —recuerda—. La gente portaba distintas insignias. Si llevabas una plateada, quería decir que eras un cargo alto, un miembro de la Bolsa. La insignia azul significaba que estabas autorizado a hacer transacciones. La amarilla quería decir que estabas en período de formación: podías ir de un lado a otro y preguntar precios, pero no comprar ni vender, y te pasabas un montón de tiempo yendo a buscar bocadillos y cogiendo el teléfono». Por entonces predominaban allí dos tipos de persona: los exalumnos de escuelas privadas y los empleados procedentes del East End tipo «verduleros», muy pocos de ellos licenciados universitarios. «El Big Bang lo cambió todo de arriba abajo», dice Darren, que se hizo corredor de derivativos o productos financieros complejos. La red de «amigos pijos» de las escuelas privadas se rompió: a fin de cuentas, el nuevo Establishment ya no iba a estar unido por una cuestión de antecedentes personales, sino por una mentalidad común. La bolsa física desapareció para dejar paso a las transacciones electrónicas. El Big Bang permitió a la City abastecer una demanda mucho mayor que antes, y el dinero empezó a llegar a espuertas al corazón de las finanzas de Londres.

«El sector financiero británico se convirtió casi en un paraíso fiscal», dice Ha-Joon Chang. Al mismo tiempo que se dejaba que la industria se pudriera, se adoptó la postura oficial de que Hacienda dependía de los ingresos del sector financiero, lo cual a su vez garantizó que el poder de presión del sector aumentara cada vez más. Estos ingresos son un argumento habitual con que el Establishment justifica el hecho de proteger y atrincherar la posición hegemónica de la City.

Después de que a Thatcher la echaran del poder sus propios colegas conservadores en 1990, otro acontecimiento trascendental pondría de relieve lo poderosos que se estaban volviendo los mercados financieros. Aquel año, el gobierno conservador puso a Gran Bretaña en el Mecanismo de Tipos de Cambio europeo (MTC), vinculando así el valor de la libra al marco alemán. De entrada, la City defendió esta maniobra, porque creía mayoritariamente que el MTC haría bajar la inflación y beneficiaría a la balanza de pagos británica.[8] Pero ser miembro del MTC resultaría cada vez menos sostenible, en parte porque los tipos de cambio y los niveles de inflación divergían de un país europeo a otro. Gran Bretaña tenía un «déficit doble»: la contabilidad del gobierno estaba en números rojos y su balanza de pagos también. El 16 de septiembre de 1992, una serie de especuladores como George Soros, además de bancos y fondos de pensiones, empezaron a vender libras esterlinas, apostando a que Gran Bretaña sería incapaz de permanecer dentro de los límites económicos requeridos por el MTC. En un intento de apuntalar el valor de la libra y evitar que echaran a Gran Bretaña del MTC, el Banco de Inglaterra llegó a gastarse dos mil millones de libras de sus reservas de moneda cada hora: la crisis terminó tragándose quince mil millones. En el espacio de un solo día, los tipos de interés subieron primero del 10 al 12 por ciento, y después al 15 por ciento, en un intento fútil de estimular a los especuladores para que invirtieran en la libra.

Todo fue en vano. El gobierno conservador era un partidario recalcitrante del mercado y del sector financiero, pero ni siquiera estas credenciales lo salvaron. En palabras del por entonces secretario del Interior: «No teníamos poder. Los mercados y los acontecimientos habían asumido el control. A medida que el día avanzaba, fue quedando claro que no éramos más que restos de un naufragio zarandeados por las corrientes de lo que estaba pasando». Su horror se vio contrarrestado por la sensación eufórica de poder que cundió entre ciertos financieros; un corredor de la City, Mark Clark, declaró que se habían sentido «llenos de asombro al darnos cuenta de que los mercados podían enfrentarse a un banco central y ganarle la batalla. No me lo podía creer».[9] Gran Bretaña fue humillantemente expulsada del MTC. Los especuladores se habían enfrentado a un gobierno electo y habían salido victoriosos, y solamente George Soros había ganado mil millones de libras a expensas del país. Fue una experiencia ejemplar de cuál era el nuevo equilibrio de poder entre el gobierno y las finanzas.

No eran únicamente los conservadores quienes le hacían la corte a la City: toda la élite política acudiría a rendir pleitesía a los gerifaltes financieros de Gran Bretaña. Es verdad, eso sí, que en los viejos tiempos los laboristas solían mostrar cierta ambivalencia hacia los financieros. Cuando Neil Kinnock llegó a parlamentario laborista, en los años setenta, Harold Lever, aliado del por entonces primer ministro laborista Harold Wilson, le dijo: «Es fácil subir a lo más alto del Partido Laborista, jovencito, si sabes algo de la City o de vacas. Porque hay dos áreas de las que la gente del Partido Laborista no tiene ni puta idea: la City y la agricultura».

Después de que el partido resultara vapuleado por el gigante thatcherista, sin embargo, el laborismo cambió espectacularmente de dirección. A principios de los noventa, el por entonces líder laborista John Smith y la prominente figura del laborismo Mo Mowlam empezaron la llamada Ofensiva del Cóctel de Gambas, consistente en cortejar a primeros espadas de la City a base de almuerzos y de reuniones privadas. Lo que provocó tal cambio entre muchas de las luminarias del laborismo fue la sensación de fatalidad: el hecho ya consumado de que ahora la City reinaba de forma suprema imponía un cambio de posición. «El Big Bang generó la estructura, y cuando se crea algo así, resulta muy difícil desear que no hubiera pasado —dice Angela Eagle—. Había que adaptarse a ello». Cuando yo le pregunto si se arrepiente de esto, su respuesta resulta muy instructiva. «Visto con perspectiva, sí, pero es bastante difícil argumentar que lo tendríamos que haber visto venir desde el principio, en plan agoreros fatalistas». Sean cuales sean las justificaciones, bajo el nuevo Establishment, la City —pese a que ya llevaba mucho tiempo siendo poderosa— alcanzó una posición inexpugnable.

Cuando el laborismo llegó al poder en 1997, permitió que la industria siguiera marchitándose mientras la City prosperaba como nunca. La ideología del Establishment justifica el dominio del sector financiero y garantiza que nada lo desafíe. «La City tiene un poder inmenso en el sentido de que dispone de unas garras ideológicas que estrangulan realmente al resto del sistema británico, y sobre todo al estamento político —dice Ann Pettifor—. Y ese poder no solamente es financiero y político, sino también psicológico y sociológico».

Esta perspectiva la respaldan con firmeza otros economistas. Lord Robert Skidelsky tiene un pasado político pintoresco: llegó a ser portavoz conservador de Hacienda en la Cámara de los Lores, pero abandonó el partido en 2001. Además de ser biógrafo del economista John Maynard Keynes, también es un importante crítico de la economía de la austeridad. Me reúno con él en un despacho cercano a la Cámara de los Lores: Skidelsky es un septuagenario canoso, pero de aspecto juvenil, con una sonrisita jovial. Mientras responde a mis preguntas se dedica informalmente a comentarles sus ideas a sus dos subordinados, para ver qué les parecen. «Es más bien una cuestión de actitudes compartidas, de que hay ciertas cosas que no se pueden decir y que están fuera de lo aceptable —dice, refiriéndose al poder de la City—. La ideología es muy importante, y no sé dónde encaja la economía en todo esto, pero lo que está claro es que hay una ideología que Brown aceptó: no había que regular demasiado a la City. Y como se regulaba a ella misma, reinaba la “teoría del mercado eficiente”, y, por consiguiente, no se necesitaba nada más que un objetivo de inflación». Esta ideología, por supuesto, tiene su origen en los escuderos neoliberales que habían sido marginados hasta finales de los setenta. Las creencias de los intelectuales y de los economistas que se reunieron en Mont Pèlerin en 1947 se habían convertido en la religión tanto de los agentes de la City como de los banqueros y de los políticos. El mercado florecía más cuando el Estado no metía las narices, decía el sonsonete, y, así pues, había que dejar que la City obtuviera sus ganancias en paz.

Desde la oposición, los conservadores exigían todavía menos regulaciones a la City. En 2007 publicaron un informe en este sentido, titulado «Liberar a Gran Bretaña para que compita». Sin embargo, siendo ministro de Economía del nuevo laborismo, el servilismo de Gordon Brown ante la City no tuvo nada que envidiar al de ningún conservador. «Durante los diez años en que he tenido el privilegio de dirigirme a ustedes en calidad de ministro, he podido comprobar año tras año cómo la City de Londres ascendía gracias a sus esfuerzos, a su ingenio y creatividad, hasta convertirse en una nueva líder mundial», fue la serenata que le cantó Brown al sector financiero en la Mansión House un año antes de la catástrofe económica. Tras ser nombrado Gordon Brown primer ministro en 2007, dice su exlugarteniente Damian McBride, las figuras de las «altas finanzas» y los barones de los medios de comunicación fueron la única gente con la que Brown iba a reunirse fuera de Downing Street, en lugar de limitarse a recibirlos. «A Gordon lo invitaban a cenas en las que se sentaba junto a figuras tipo Bob Diamond [expresidente del Barclays Bank]», dice McBride, y esos encuentros tenían lugar en secreto, sin funcionarios que escribieran un acta. «Y, claro, si eres una de esas figuras como Bob Diamond, sales de esa reunión pensando: “Brown sabe lo importante que soy”, y quién sabe qué influencia te da eso».

La justificación interna del laborismo era, en parte, que los ingresos por impuestos procedentes del sector financiero se podían invertir en programas sociales. «Mientras la economía iba bien, la City se convirtió en una fuente cada vez mayor de ingresos —dice lord Skidelsky—. Y eso le permitió [a Brown] financiar servicios públicos […]. De manera que se trataba de una relación corrupta. Puede decirse que ése fue el pacto fáustico de Brown, igual que Blair había firmado el suyo con Murdoch. Y ésa fue, en pocas palabras, la base del nuevo laborismo».

He ahí el problema de las justificaciones ideológicas: que a veces pueden basarse en espejismos demasiado convenientes. Una investigación realizada en 2011 por la Universidad de Mánchester hacía hincapié en el hecho de que la City era un sector «procíclico», es decir, que magnificaba las fluctuaciones económicas, por ejemplo prestando menos dinero durante las recesiones y, por tanto, acentuando las crisis. Lo más importante es que el informe ponía de relieve que, como en el sector financiero se practicaba de forma generalizada la evasión legal de impuestos, éste había suministrado «unos ingresos notablemente escasos en los años de la bonanza», antes de que el contribuyente tuviera que salir al paso y rescatarlo por una cantidad gigantesca. Entre 2002 y 2008, los ingresos procedentes de los impuestos del sector financiero ascendieron a 193.000 millones, una cifra que no representaba más que un 6,8 por ciento de la recaudación total de impuestos. En cambio, la industria, debido a que empleaba a más trabajadores que pagaban impuestos, proporcionaba el doble de ingresos fiscales que los servicios financieros.[10] Y, sin embargo, la élite política llevaba desde la era Thatcher arrodillada a los pies de las finanzas, que así podían representarse sin problema a sí mismas como algo absolutamente indispensable, a diferencia de la industria. Ésta aportaba más impuestos y daba trabajo a más gente, pero la élite política obsesionada con el sector financiero se limitaba a dejar que se pudriera.

Con la élite política congregada a los pies de la City, no era de extrañar que banqueros y corredores de bolsa —dos especies a las que, precisamente, no les es extraña la arrogancia— llegaran a creerse indestructibles. En la fase previa al hundimiento, la City tenía toda la atmósfera de una juerga reaccionaria de amigotes, llena de lascivia y testosterona. Como dice Darren, que se encontraba trabajando en el Royal Bank of Scotland en los días previos a la crisis, la City «es una especie de lugar irreal. Hasta en momentos de crisis se lleva mucho el humor negro, pero también es porque la gente está muy protegida. No son personas que vivan verdaderamente en el mundo real, por culpa de todo el dinero que tienen. Las reglas normales no se aplican. El recinto de la Bolsa es un lugar increíblemente racista, homófobo y sexista, y la gente no se ajusta necesariamente a las relaciónales normales que hay en los lugares de trabajo». Aunque era heterosexual y estaba casado, a Darren lo apodaban de forma habitual «el marica de la oficina» y «maricón», porque no incurría en actitudes machistas y evitaba las salidas a los clubes de bailes eróticos. «En la Bolsa había muy pocas mujeres, y cuando pasaban por delante de las mesas todo el mundo las miraba con lascivia».

Ningún sector defendía más la ideología promovida por los escuderos neoliberales —que el enriquecimiento individual era la clave del crecimiento económico— que el financiero. «La codicia es el impulso primario —dice Darren—. Allí lo que reina es la cultura de las bonificaciones. Trabajas con dinero todos los días, y ésa es la medida de tu éxito: primero cuánto dinero has ganado hoy, luego esta semana y, por fin, este año, y todo el tiempo te lo pasas pensando en dinero y hablando de dinero. Su mentalidad es que este pastel lo han hecho ellos y, por tanto, les corresponde el pedazo más grande».

Como hombre gay no declarado y «banquero de inversión a mi pesar» procedente de una familia de clase obrera de Romford, Essex, Jim tuvo una experiencia parecida y se encontró a sí mismo en un sector inundado de formas primitivas de prejuicios. «Era como estar en un patio de escuela dentro del edificio de la Bolsa. Se veían manifestaciones atroces de sexismo, homofobia y racismo». Por encima de todo, se encontró a sí mismo trabajando en una burbuja de codicia. «Siempre me impresionó lo egoísta que era la gente», dice, recordando la «euforia» que se adueñó de la City cuando en 1987 el ministro de Economía de Thatcher, Nigel Lawson, bajó el tipo impositivo superior del impuesto de la renta del 60 por ciento al 40 por ciento. «Reinaba una codicia abierta, una sensación de distanciamiento del resto del planeta. Todo el mundo estaba siempre intentando encontrar formas de no pagar impuestos, como por ejemplo cobrar más deprisa las bonificaciones».

La estructura misma de los bancos contribuye a institucionalizar tal codicia. «Una de las razones de que los costes se hayan puesto por las nubes en los últimos años es que la gente no para de ascender a sus subordinados y subirles el sueldo, porque eso refuerza su propia posición —dice James, vicepresidente de uno de los principales bancos británicos—. Por ejemplo, si yo quiero que me asciendan a un nivel de paga superior, lo que tengo que hacer es promover a la gente que tengo debajo y presionar para que les paguen más. A todo el mundo le interesa ascender a cuanta más gente se pueda».

Durante la primera década del siglo XXI, el sistema bancario de Estados Unidos se vio inundado de dinero barato gracias a que bancos chinos compraron deuda estadounidense. Bañados en todo este dinero, los bancos norteamericanos vendieron montañas de las llamadas «hipotecas subprime» a toda una serie de clientes pobres que jamás iban a ser capaces de pagar la deuda contraída. Había hipotecas que venían con vacaciones de reembolso de capital, es decir, que el cliente no tenía que empezar a pagar su crédito hasta tres años más tarde, lo cual infundió en mucha gente la esperanza de que los precios de la vivienda subirían rápidamente y eso les permitiría vender la casa y ganar dinero.

De pronto, los bancos tenían sus carteras llenas de hipotecas subprime, que obviamente ninguna institución iba a correr a quitarles de las manos. Lo que hicieron las agencias de calificación fue inventar una fórmula para tasar las hipotecas en función de su supuesta probabilidad de ser reembolsadas. Las que tenían muy pocas posibilidades reales de ser reembolsadas se calificaron con un 99 por ciento de posibilidades de reembolso, con tal de que se estructuraran de cierta forma y se usara a entidades legales. Toda una serie de carteras de hipotecas que, en realidad, eran basura se calificaban de triple A. Esto interesaba a las agencias de calificación del crédito: cada vez que ofrecían una calificación positiva, cobraban muy por encima de las tarifas de calificación normales. Los principales bancos de inversión invirtieron en formar a su personal para manipular las fórmulas y asegurarse unos resultados falsos. Parecía una situación en la que todos ganaban. Las agencias de calificación del crédito cobraban unas sumas generosas y los presidentes de los bancos estaban felices porque sus beneficios estaban por las nubes. Y entre la estampida por hacerse con estos paquetes se encontraban los bancos británicos. El nuevo Establishment había transformado a los bancos en casinos gigantes, que se dedicaban a hacer unas apuestas inmensas con dinero ajeno para obtener unas ganancias indescriptibles. Pero cuando los norteamericanos de ingresos bajos empezaron a incumplir sus pagos de forma masiva, las piezas del dominó comenzaron a caer una tras otra.

El economista inglés David Blanchflower fue de las pocas figuras de alto nivel que vieron que se aproximaba una crisis económica. Pero como su conducta se salía de la forma de hacer las cosas del Establishment, lo marginaron y no le hicieron ningún caso. En junio de 2006 le dieron un puesto en la Comisión de Política Monetaria que gobernaba el Banco de Inglaterra, el organismo que llevaba estableciendo los tipos de interés desde 1997. Allí destacaba poderosamente: a diferencia de la mayoría de los miembros de la comisión, no provenía de Oxbridge. «En cada reunión a la que iba, oía lo mismo: “Cuando yo estaba en Oxford, cuando yo estaba en Cambridge” —rememora—. Y yo solía contestar diciendo: “Cuando yo estaba en Bognor”. ¡Tendría que interesaros lo mismo mi paso por Bognor que si hubiera ido a Cambridge u Oxford! De forma que me sentí un intruso desde el momento mismo de llegar». Blanchflower vio claro que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, no lo quería allí. «Sentí su falta de respeto desde el primer momento», dice, por mucho que su currículum como profesor de primera fila de la Ivy League norteamericana fuera bastante más impresionante que el de King. «Reinaba una sensación de: “¿Cómo te atreves a entrar en nuestro club?”. Y siguió siendo así durante mucho tiempo». Desde el principio, Blanchflower chocó con King sobre cómo había que llevar la economía: por ejemplo, se burlaban de él porque su campo de investigación incluía la economía de la felicidad. «Se declaró una guerra desde el primer momento».

En 1981, King había estado entre los 364 economistas que habían firmado una carta pública al Times condenando al por entonces ministro de Economía Geoffrey Howe por su salvaje política económica deflacionaria al servicio de la City. Sin embargo, como tantos de sus contemporáneos, King acabó adoptando las ideas económicas de los escuderos y pasó a creer en el capitalismo neoliberal ya que había que dejar que el mercado hiciera su magia. King era un «ejemplo clásico de economista teórico a quien apenas le importaba lo que pasaba realmente en el mundo —dice Blanchflower—. De forma que había un sesgo ideológico bastante grande. En realidad, la comisión se componía, sobre todo, de quienes Mervyn quería». Con un ideólogo como King firmemente asentado allí, quienes estuvieran en desacuerdo con la línea del Banco de Inglaterra podían ser discretamente marginados.

El Banco Central no mandó a expertos a visitar a las principales instituciones financieras basándose en el argumento de que «el mercado funcionará, hay que dejarlo en paz y no meterse en sus asuntos», dice Blanchflower. King creía que la economía estadounidense era irrelevante porque Gran Bretaña y Estados Unidos se habían «desparejado». Otra de sus equivocaciones fatídicas fue creer que se avecinaba de forma inminente una explosión salarial porque los sindicatos estaban a punto de movilizarse y exigir unas subidas salariales enormes. «No había ningún dato que respaldara esa idea», dice Blanchflower. La incompetencia de King se debió, en parte, según Blanchflower, a que le encantaba ser miembro del Establishment. «Lo que siempre pienso es que Mervyn nunca era más feliz que cuando podía sentarse en el palco real de Wimbledon. Para él, el poder y el prestigio lo eran todo».

Por entonces, Blanchflower residía en Estados Unidos y viajaba a Londres para las reuniones mensuales del Banco de Inglaterra. «Fue una situación absolutamente horrorosa —recuerda—. A partir de octubre de 2007, yo venía de Estados Unidos y les decía: “Veo que todo lo que está pasando allí viene hacia aquí, está más claro que el agua”. Y lo único que me respondían era: “Estás loco. No sabes de qué estás hablando. De lo que hay que tener miedo es de la inflación”». King le hizo el vacío a Blanchflower, y el personal del Banco de Inglaterra le retiró la palabra. Recuerda que lo trataron «literalmente como si yo fuera un loco de atar. Me trataron como a un paria hasta el mismo mes de septiembre de 2008, momento en el cual, tal como revela una extensa sección de las actas del 4 de septiembre de 2008 [once días antes del hundimiento de Lehman Brothers], estuvieron discutiendo por qué el Banco de Inglaterra tenía que subir los tipos de interés». Blanchflower estaba convencido de que Gran Bretaña ya había caído en la recesión, idea que pronto se vería ratificada. La amenaza no venía de la inflación, tal como creía King: si fuera verdad que los precios estaban subiendo demasiado, al menos eso ofrecería una justificación económica para subir los tipos de interés y así contener el uso del crédito. El verdadero peligro era una grave desaceleración económica, de forma que lo que había que hacer era bajar con urgencia los tipos de interés para ayudar a que la gente consumiera.

«A partir de marzo de 2008 entramos en los tres trimestres más devastadores que se habían visto en la historia de la economía británica desde la década de los treinta, y ninguno de ellos se dio cuenta —dice Blanchflower—. Ni uno solo de aquellos individuos había visto que llevábamos tres trimestres seguidos que, básicamente, habían hecho caer la economía británica en un 3 por ciento. Se les pasó por alto el mayor acontecimiento macroeconómico en cien años, y todavía tienen que responsabilizarse de eso, porque no lo han hecho nunca». En su opinión, fue un caso de «incompetencia absoluta y vil». Pero también le quedó claro que lo habían sometido al ostracismo porque él no se había alineado con la mentalidad del Banco de Inglaterra.

Al hundirse Lehman Brothers, pareció que la onda expansiva haría desplomarse todo el sistema financiero global. En Gran Bretaña, las cifras del gobierno mostraron que, si no se actuaba de forma inmediata, los cajeros iban a dejar de dar dinero de un día para otro. Es una amarga ironía que la mayor oleada global de nacionalizaciones haya tenido lugar en la era de los mercados libres neoliberales. En palabras de Blanchflower: «El sector privado había fracasado y ahora lo tenía que rescatar el sector público, y no había alternativa». Era un socialismo para los ricos a una escala monumental. No fue el dogmatismo mercantilista el que acudió en rescate de los bancos: fue el Estado.

Anthony Browne, director general de la British Bankers’ Association (BBA), es uno de los agentes de presión de la banca más veteranos de Gran Bretaña. «No nací pensando que de mayor iba a ser cabildero de los bancos», me dice riendo cuando nos reunimos en las oficinas sorprendentemente pequeñas que tiene la BBA en el corazón del distrito financiero de Londres. Por sus antecedentes, Browne es más bien un escudero: en el pasado fue director de Policy Exchange, el think tank fundado por figuras de primera fila del Partido Conservador y financiado por intereses privados de derechas. Su carrera posterior refleja a la perfección la «puerta giratoria». Ha trabajado como director de Relaciones con el Gobierno del banco de inversiones Morgan Stanley, como jefe de asesores de Boris Johnson, el alcalde conservador de Londres, y como periodista para la BBC y los periódicos The Observer y The Times. Browne no se muerde la lengua al describir lo que representó el rescate. «Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, perdéis vosotros, lo cual no tiene nada que ver con el capitalismo —dice—. Hay un riesgo moral, que es acabar asegurado, básicamente, por el contribuyente. Cuando se obtienen beneficios, éstos van a parar a los accionistas o a los empleados, pero cuando se pierde dinero o se quiebra, los accionistas y los empleados pagan hasta hundirse, pero el contribuyente también paga, y ahí hay un problema muy grave».

De acuerdo con la Oficina Nacional de Control, la magnitud del rescate estatal a los bancos llegó a la asombrosa cifra de 1.162 billones de libras.[11] A estos bancos, sin embargo, no se les exigió ninguna responsabilidad hacia el pueblo que los había rescatado: los contribuyentes no tenían a ningún representante sentado en sus consejos de administración. Los gobiernos mantuvieron a raya al contribuyente y dejaron que los bancos continuaran actuando como les venía en gana. Tal vez, la definición más asombrosa de este rescate sea la que viene de James, el vicepresidente de uno de los mayores bancos británicos, que —nuevamente, para preservar su carrera— habla conmigo de forma estrictamente extraoficial: «Se trata de un fraude corporativo a escala industrial y permitido por el gobierno».

Vale la pena hacer hincapié en la idea de James. La población pobre de Gran Bretaña ha sido abandonada a su suerte. Si el millón aproximado de familias que dependen todos los meses de usureros legales como Wonga no pueden pagar sus deudas, ahí no hay rescate del gobierno que valga. Lo que sucederá con toda probabilidad es que les llegarán alguaciles a su misma puerta para embargarles los bienes. Los pobres deben obedecer las reglas del capitalismo despiadado. Pero los bancos que han sumido al mundo en la calamidad económica, no. Para ellos hay una red de seguridad: el Estado de bienestar viene a rescatarlos.

La generosidad del Estado hacia los bancos no se terminó en el rescate. Con retraso, el Banco de Inglaterra redujo los tipos de interés al 0,5 por ciento en marzo de 2009 en un intento desesperado de revivir la economía. Pero un efecto secundario de esta medida fue permitir que los bancos obtuvieran mayores beneficios a base de conceder créditos con tipos más elevados. También se hizo llegar dinero a espuertas al sector financiero por medio de otra estrategia: la expansión cuantitativa.

La expansión cuantitativa (EC) no consiste, a diferencia de lo que se afirma a veces, en imprimir dinero, porque no requiere su producción física. Consiste en que el Banco de Inglaterra crea dinero electrónico y lo usa para adquirir bonos del Estado. A continuación, las instituciones financieras pueden vender esos bonos y añadir dinero a sus contabilidades. Para 2013, el Banco de Inglaterra ya había usado esta estrategia para inyectar la pasmosa cifra de 375.000 millones de libras en el sistema financiero. La EC supuso un fenomenal subsidio para los ricos, sobre todo para los que disponían de recursos financieros. Mientras que el Banco Central calculaba que la décima parte más pobre de la población estaba perdiendo 779 libras por cabeza por culpa de la expansión cuantitativa, el 10 por ciento más rico disfrutó de un fuerte incremento medio de 322.000 libras en el valor de sus activos.[12] Un estudio que emprendió el macroeconomista británico Chris Martin reveló que la EC «produce una ganancia limitada aunque temporal para el sector financiero, pero […] no ha servido de ayuda a la comunidad empresarial en general ni a los individuos y las familias que luchan contra la inflación y el desempleo».[13] De acuerdo con Green New Deal —un grupo de activistas por el medio ambiente y en contra de las políticas de austeridad— esa expansión cuantitativa «beneficia a los bancos y a quienes disponen de activos». Lo que debería hacer el gobierno —afirmaron en enero de 2015— es apoyar un «programa de expansión cuantitativa de infraestructuras medioambientales» que promoviera el crecimiento económico y protegiera al medio ambiente.[14]

En la década de los setenta, cuando los sindicatos fueron injustamente usados como chivos expiatorios de los problemas económicos de Gran Bretaña, se les impusieron unas medidas excepcionalmente punitivas. Una montaña de propuestas de ley se tradujo en unas leyes antisindicales mucho más restrictivas que en prácticamente ninguna otra democracia occidental. A finales de la primera década del presente siglo, no se produjo ninguna medida disciplinaria parecida contra los bancos que habían precipitado a Gran Bretaña al mayor desastre económico desde la Gran Depresión. No se creó la Comisión Independiente sobre la Banca hasta junio de 2010, que presentaría su informe en septiembre del año siguiente, tres años después del colapso financiero. Cuando el gobierno de coalición se comprometió a introducir legislación basada en sus conclusiones, se dio a los bancos hasta 2019 para implantar la medida propuesta en el informe de establecer una separación de recursos entre bancos minoristas y de inversión, para que estos últimos ya no pudieran usar el dinero de los clientes normales y corrientes para apostarlo en productos de riesgo: más de una década después del hundimiento de Lehman Brothers. Y hasta el parlamentario conservador Andrew Tyrie afirmó que las enmiendas del gobierno habían reducido los poderes de la comisión de control financiero para implantar esa separación. Mientras estaba en la oposición, Vince Cable, del Partido Liberal Demócrata, había pedido una separación total de las bancas minorista y de inversiones, pero el gobierno de coalición hizo caso omiso a su demanda. Muchas de las propuestas del informe se diluyeron o se abandonaron, incluidas las limitaciones al riesgo que asumían los grandes bancos.

Los préstamos a empresas son un indicador bastante válido del papel que los bancos desempeñan a la hora de contribuir a resucitar una economía que ellos mismos se han cargado. Y, sin embargo, en vez de hacer préstamos a las empresas, los bancos han usado su nuevo dinero para reconstruir sus balances. En otoño de 2013, los préstamos bancarios experimentaron su descenso más importante en dos años y medio, con una fuerte caída de 4.700 millones de libras.[15] Entre 2011 y 2013, los préstamos se han reducido en más de la cuarta parte de los ciento veinte distritos postales británicos. Los bancos seguían estrangulando la recuperación económica.[16]

El gobierno de coalición justificó que la austeridad era necesaria basándose en que Gran Bretaña estaba endeudada, y que los recortes del gasto eran un medio fundamental para reducir esa deuda. La versión del gobierno era que el responsable de ésta era el exceso de gasto público. «George Osborne me dijo, en persona, que todo esto era una cuestión de propaganda y de política», asegura David Blanchflower, poniendo de relieve el cinismo de la respuesta del gobierno a la crisis. Pero aunque en 2010 la deuda pública —o sea, la del gobierno— del 81 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) estuvo por encima de la media de la posguerra, seguía muy por debajo de la media del 105 por ciento de las siete naciones más industrializadas. La deuda privada, sin embargo —que incluye tanto a empresas como a individuos— es mucho mayor. En 2008, llegó a la desorbitada cifra del 487 por ciento del PIB, y una proporción enorme de esa deuda pertenece a las instituciones financieras. Aunque en 1987, justo después del Big Bang, la deuda de éstas se mantenía en un 47 por ciento, para 2000 ya había subido hasta el 122 por ciento, todavía muy lejos de la cifra actual, que es del 219 por ciento, mucho más alta que ninguna de las otras economías industrializadas del G-7. Una deuda privada de esa magnitud ahoga las perspectivas de crecimiento para Gran Bretaña.[17] A pesar de las afirmaciones del gobierno de coalición de que sus medidas de austeridad están pagando la deuda, en cuatro años han aumentado más la deuda nacional que el laborismo en sus trece años de gobierno.[18]

El gobierno de coalición ha permitido que los bancos se sigan comportando igual que antes del hundimiento y, además, sin que nadie los moleste. Los bancos «apuestan por todo, desde el movimiento de los tipos de interés al precio de los bienes de consumo, el petróleo, el trigo, las divisas y muchas otras cosas a través de varios instrumentos financieros complejos que se conocen como “derivado”», escribe Prem Sikka, profesor de Contabilidad en la Universidad de Essex. Fueron estos derivados lo que el inversor multimillonario Warren Buffett describió proféticamente como «armas financieras de destrucción masiva», cinco años antes de que, en efecto, detonaran en el corazón del sistema financiero global.[19]

A medida que se reducen los salarios en Gran Bretaña, el número de bancos de alimentos se ha disparado, así como la tasa de suicidios del país, que es el indicador máximo de la desesperación. Sin embargo, en el seno de la City sigue sin haber apenas muestras de culpa ni de vergüenza. Siddarth resume la mentalidad reinante en ese lugar: «Creo que la City es la víctima propiciatoria porque a todo el mundo le gusta tener un chivo expiatorio —dice—. Pero todo el mundo estaba encantado de tener una tarjeta de crédito con interés cero, y todo el mundo está feliz de consumir y gastarse un dinero que, en realidad, no tiene». La realidad es que los trabajadores que bastante antes del colapso ya llevaban tiempo experimentando un descenso neto de su nivel de vida se veían obligados a suplementar sus exiguos ingresos con créditos baratos.

En la City, el mero hecho de mencionar el impacto de la austeridad en las vidas de la gente te expone al escarnio. «Si me pusiera a hablar de los recortes, me convertiría en el hazmerreír —dice el excorredor de bolsa de la City, Darren—. Si intentaras sacarle el tema a alguien, te echarían de allí, te harían callar a gritos o, simplemente, no te harían ningún caso. Viven en una burbuja total: su interés por todos esos temas es mínimo, si es que existe». Darren culpa de la situación a la mentalidad de «sálvese quien pueda y supervivencia del más fuerte» que reina entre los agentes de bolsa de la City. «Con razón o no, ellos consideraban que tenían éxito porque se lo merecían. Tenían una visión darwiniana de las cosas». No puede tener una opinión más feroz de sus antiguos colegas. «La mayoría de la gente que trabaja allí es despreciable, venal y codiciosa. Cuanto más tiempo viven en la City, se vuelven más estrechos de miras y están más desconectados del resto del mundo. Desaparece cualquier compasión o comprensión del mundo que pudieran tener. Puede que la City no lo haga de forma intencionada, pero el resultado es el mismo».

La City fue capaz de mantener su poder de forma tan eficaz, incluso en medio del cataclismo económico, gracias a su sofisticada maquinaria de relaciones públicas y presión parlamentaria. Las empresas de relaciones públicas resultan clave a la hora de diseñar y gestionar la imagen de las grandes instituciones financieras, ya sea manteniendo y mejorando su prestigio ante los inversores, ya sea de cara al público y el gobierno de turno. Durante las tres últimas décadas, el número de empresas de relaciones públicas de la City ha crecido de un modo exponencial: en 2009, inmediatamente después de la crisis financiera, había nada menos que ochenta y seis empresas de relaciones públicas representando al mundo financiero. En palabras del exdirector de Información Financiera del Daily Mail, Ian Lyall, durante el desplome, las agencias de relaciones públicas «hacían de barrera ante los periodistas, los inversores y hasta los reguladores que estaban intentando descubrir qué bancos estaban en situación de siniestro total y cuáles iban a sobrevivir».[20] Hoy en día, la empresa número uno de relaciones públicas del mundo financiero es Brunswick, que tiene en cartera a veinticuatro de las primeras cien empresas británicas del sector, entre ellas Barclays, HBOS y Standard Life, seguida de RLM Finsbury, que tiene a veintiuna.[21] Si eres un periodista de la sección de Negocios, vértelas con estas poderosas agencias de relaciones públicas comporta en la práctica que te nieguen el acceso a la información relativa a una gran parte de la élite corporativa.

Tal como me explica un importante periodista financiero —de forma estrictamente confidencial—, estas agencias de relaciones públicas ofrecen a las empresas «protección colectiva». Entre las dos, Brunswick y RLM Finsbury representan alrededor de la mitad de las empresas del índice FTSE 100 y la mitad del FTSE 250, lo cual, me explica, «cierra cualquier vía posible para enterarse de lo que pasa». Con una agencia de relaciones públicas como único conducto para enterarse de las cosas, las empresas saben que no corren peligro de que los rivales les saquen los trapos sucios. Cuando aparece en la prensa una noticia poco propicia, la agencia de relaciones públicas en cuestión puede llamar al director para soltarle la bronca. Y lo que es más embarazoso, ese director puede encontrarse con que se lo echan en cara en fiestas o reuniones sociales. «Las agencias de relaciones públicas están llenas de gente muy bien pagada, con mucho encanto y muy agresiva —dice ese periodista financiero—. Y cuando esa maquinaria se te pone en contra, no es una experiencia muy agradable».

Estas agencias de relaciones públicas son órganos vitales del cuerpo político del régimen actual. Cuando el fundador de Brunswick, Alan Parker, se casó en 2007, entre los invitados de su boda estaban el por entonces primer ministro Gordon Brown —cuya esposa, Sara, era socia de Brunswick— y también David Cameron.[22] Brown es padrino del hijo de Parker, mientras que en marzo del año siguiente Parker y Cameron se fueron de vacaciones juntos a Sudáfrica. A principios de 2008, a unos meses escasos del cataclismo financiero, Brown nombró jefe de gabinete al director general de Brunswick, Stephen Cárter. La hermana de Parker, Lucy, además de ser socia de Brunswick, se hizo cargo del grupo especial del gobierno para el Talento y la Empresa, después de que David Cameron llegara a primer ministro. Brunswick también ha ido en busca de personal al imperio Murdoch: uno de sus socios principales es David Yelland, exdirector del periódico The Sun.[23] Parker es conocido por eludir la atención de los medios de comunicación y mantener sus operaciones envueltas en un halo de misterio: tal como explica la revista sobre publicidad BrandRepublic, Brunswick es «al mismo tiempo una de las grandes fuerzas del sector y un enigma».[24]

El fundador de RLM Finsbury, Roland Rudd, es otro gerifalte del Establishment, y en 2013 la prensa financiera lo nombró por tercer año consecutivo el ejecutivo publicitario más influyente del país, conocido por sus contactos con el mundo empresarial, los banqueros y la élite política.[25] Cuando, en 1998, la empresa televisiva Carlton Communications contrató los servicios de RLM Finsbury, la empresa de relaciones públicas trabajaba directamente a las órdenes del por entonces director de Asuntos Corporativos de Carlton Communications, el futuro primer ministro David Cameron.[26] Defensor ferviente de la Unión Europea, Rudd tiene desde hace mucho tiempo una relación estrecha con luminarias del nuevo laborismo como Peter Mandelson, padrino de uno de sus hijos, y Ed Balls; también le hizo de asesor no oficial a Tony Blair en sus años de primer ministro. No es de extrañar, pues, que, en 2006, el hijo de Blair, Euan, acabara trabajando de becario para RLM Finsbury.[27]

Además de tener una relación estrecha con el imperio Murdoch y de representar a BSkyB, Rudd tiene otros amigos íntimos en los medios de comunicación, sobre todo el director de Economía de la BBC, Robert Preston, excolega suyo en el Financial Times a principios de los años noventa.[28] Su hermana es Amber Rudd, antes ejecutiva del banco de inversiones J.P. Morgan, que en 2010 saldría elegida parlamentaria conservadora, y que había llegado a ser secretaria privada en el Parlamento del ministro de Economía, George Osbome. En las mismas elecciones, otro socio de la RLM Finsbury, Robín Walker, obtuvo un escaño por los conservadores. La puerta giratoria también funciona en sentido contrario: David Henderson trabajó cuatro años como asesor económico en Downing Street, ayudando a preparar tanto a Gordon Brown como a David Cameron para los turnos de preguntas parlamentarias al primer ministro, antes de irse a RLM Finsbury en 2012.[29]

Los gigantes financieros a quienes representan estas empresas de relaciones públicas quedan conectados instantáneamente a una enorme red política y mediática. Pero las relaciones públicas no son más que una parte de la estrategia de conexiones múltiples. De acuerdo con el Gabinete de Periodismo de Investigación (siglas en inglés, BIJ), la City se gasta unos noventa y tres millones de libras anuales en hacer presión parlamentaria. Estos esfuerzos han contribuido a reportarle unas concesiones espectaculares del gobierno, como, por ejemplo, los recortes al impuesto de sociedades y a la tributación de las sucursales bancarias en el extranjero, así como el desmantelamiento de un plan de pensiones nacional y sin ánimo de lucro que tenía como meta ayudar a millones de trabajadores con salarios bajos.[30]

El tipo al que el BIJ ha nombrado como el cabildero más poderoso del mundo de la banca británica es Mark Boleat. Boleat es un antiguo escudero neoliberal. En los años setenta, se dedicaba a escribir panfletos para un think tank conservador, el Bow Group, y a trabajar con dignatarios del Partido Conservador como, por ejemplo, el futuro ministro de Economía Nigel Lawson, el hombre de confianza de Thatcher, Keith Joseph, y el conservador del ala derecha que llegaría a ser Secretario de Estado de Seguridad Social Peter Lilley, de quien sigue siendo buen amigo. En la actualidad, Boleat es director general de la Comisión de Políticas y Recursos de la City of London Corporation… y de facto, su líder. «Sobre la presión parlamentaria se hacen comentarios ridículos —dice en una majestuosa sala de juntas de la Cámara de Comercio, antes de añadir con una risita—, salvo el que dijo que soy el cabildero más poderoso de Londres. ¡Ése sí que me gusta!» Boleat es, como todo buen cabildero, afable y encantador. Su currículum es impresionante: dirigió durante siete años la Asociación de Constructoras y a lo largo de otros seis la Asociación de Aseguradoras. «Siempre he sido de la opinión de que los trabajos hay que desempeñarlos durante períodos limitados de tiempo», me explica. Al acercarse a la cincuentena estaba buscando la siguiente fase de su carrera, imaginando que sería una mezcla de dirección de empresas y trabajo de consultoría; cuando le pidieron que representara a la City of London Corporation, no tenía ni idea de qué era este organismo, pero su elección resultó ser el trampolín que le permitió hacer carrera en la presión parlamentaria.

La City of London Corporation sigue siendo un obstinado reducto de resistencia a la democracia. Se trata de una institución que se remonta al siglo XII. Debido a que la City de Londres ya fue desde tiempos antiguos un centro neurálgico de la economía y del comercio, se le concedía cierta autonomía, y por tal razón toda una serie de prácticas y privilegios muy arraigados han sobrevivido al avance de la modernidad. A partir del siglo XVI, la Corporation se convirtió en un centro del comercio y de las finanzas. No está sometida al mandato del Parlamento y hasta tiene a su propio representante, que se sienta frente al presidente de la Cámara de los Comunes. En veintiuno de los veinticinco distritos que tiene la City, el voto corresponde a las empresas, la mayoría del sector financiero.[31] El número de votos que tiene cada empresa depende de lo grande que sea. Boleat insiste en que no solamente tienen derecho a voto las grandes empresas; el sufragio se extiende también a las pequeñas. «Antes que nada tenemos que convencer a las empresas para que se registren. Luego hemos de convencerlas para que nombren a sus votantes, y preferimos que designen a aquellos que sean representativos de su plantilla». En realidad, no son los trabajadores los que nombran a los votantes, sino las empresas. Le pregunto si eso es democracia. «¿Si es democracia? No existen ni santo remedio alguno ni ningún sistema perfecto. Yo estoy muy cómodo con ese sistema porque no se me ocurre ninguno mejor. Para mí, eso es lo importante. ¿Cuál sería un mejor sistema? Ahora mismo estamos intentando mejorar el actual; no estoy del todo contento con cómo las empresas nombran a sus votantes». Él cree que el sistema de un voto por persona no resultaría nada práctico. He aquí una manifestación simbólica de la colisión entre la democracia y las finanzas.

El trabajo de Boleat ha sido defender la posición de dominio del sector financiero después del desplome. «Lo que suele pasar en materia de regulación —me explica— es que marcas una regulación laxa y las cosas salen mal. Y entonces llevas el péndulo hasta el otro extremo y pones una regulación muy dura, a veces demasiado dura». No le interesa para nada la idea de diversificar la economía británica y de reorientarla más hacia la industria y menos hacia las finanzas. «Depende de si crees en una economía dirigida, que yo creo que ya hace años que pasó de moda, hasta en los países con este tipo de economías. Tampoco es que en Gran Bretaña podamos decidir qué es lo que va a hacer el mercado». Es un argumento curioso, teniendo en cuenta que quien salvó al sector financiero británico no fue el mercado, sino el Estado.

Dentro de esta operación de defensa de los intereses de las grandes empresas financieras, Boleat se dedica a organizar suntuosas cenas para políticos. «Eso no es presión política —afirma—. Es trabajo de representación. El entretenimiento y la comida fastuosa no es lo importante. Al final siempre me quejo de que sirven comida que se deja en la mesa y botellas que no llegan a abrirse, porque, en realidad, estamos ahí para estimular el debate, y si tenemos con nosotros a quienes sea, a Chuka Umunna [el responsable de Empresa de la oposición laborista], a Ed Balls [responsable de Economía de la oposición laborista] o a ministros por el estilo, reinan las normas de Chatham House para que podamos debatir abiertamente». Las normas de Chatham House quieren decir que todo es confidencial y que no se puede citar directamente a nadie. Es cierto que esas normas garantizan que las conversaciones sean más francas, pero también eliminan la transparencia, cosa que significa que las declaraciones, promesas y acuerdos que se llevan a cabo en nombre del pueblo británico se le están ocultando a ese pueblo. «Lo más habitual es que el ministro hable, sí —dice Boleat—, pero lo que suele decir son cosas tipo: “¿Qué os preocupa ahora mismo en la City? ¿Qué problemas tenéis?”».

Boleat se ha sentado en cenas junto con el ministro de la Oficina del Gabinete, que es el funcionario de más alto nivel de Gran Bretaña, y no le gusta que la prensa tache tal comportamiento como inapropiado. «No, es que él me dice: “Mark, ¿de qué se está hablando en la City? Nos está llegando tal cosa, ¿tú qué piensas?”. Todo esto forma parte del proceso de diseño de las políticas, el cual se basa en que la gente hable, ahí no existe la influencia inapropiada». Una vez más, se trata de conversaciones que tienen lugar de forma confidencial, sin supervisión de nadie.

Sin embargo, lo que es indudable es que la gente como Boleat consigue lo que quiere en muchos asuntos. Miren, por ejemplo, el impuesto de transacciones financieras, que la Comisión Europea ha propuesto que se tendría que introducir en enero de 2016. Se trata de un impuesto que sería una minúscula exacción a las transacciones y que ayudaría a impedir que se formaran burbujas especulativas. El dinero recaudado se separaría para invertirlo en causas como el desarrollo o el cambio climático. Las encuestas han mostrado que existe un apoyo generalizado a tal impuesto, pero, sin embargo, se ha convertido en uno de los temas candentes en la City. «Me resulta asombroso que la gente en Gran Bretaña esté apoyando una propuesta que cobrará a los británicos unos impuestos que luego se van a ir en su totalidad a los gobiernos europeos —dice Boleat—. Es algo que no me cabe en la cabeza». No sólo es que Gran Bretaña haya abandonado este plan, sino que encima ha puesto una demanda, basada en el argumento de que este mecanismo europeo afectará a los intereses británicos tanto si el gobierno de Reino Unido forma parte de él como si no. Y no es solamente el gobierno de coalición el que se ha opuesto con vehemencia al impuesto: también lo ha hecho el responsable de Economía del gabinete en la sombra, Ed Balls, defensor manifiesto de la City. La élite política ha cerrado filas en defensa de las grandes finanzas.

Una de las fuerzas motrices que llevaron al colapso fueron las recompensas que recibían los banqueros por asumir unos riesgos de escándalo en forma de sueldos y bonificaciones por las nubes. Mientras se imponían recortes salariales netos a los empleados de supermercado y a las enfermeras, por ejemplo, los bancos siguieron prosperando tras el desplome. En 2012 hubo 2.714 ejecutivos de la banca en Reino Unido que cobraron más de un millón de libras, doce veces más que en ningún otro país de la Unión Europea. De media, estos ejecutivos se llevaban unas bonificaciones que casi cuadruplicaban su sueldo base, y eso que los cargos superiores disfrutaron de una subida salarial del 35 por ciento respecto al año anterior. Pero, cuando en 2012, la Unión Europea desveló la propuesta de limitar las bonificaciones a uno o dos años de salario o bien con la conformidad de los accionistas, estalló la furia en la City. Por suerte, sus amigos del gobierno corrieron a rescatar sus bonificaciones: a expensas del contribuyente británico, Hacienda acudió al Tribunal Europeo para denunciar la propuesta. El gobierno británico entero demostró, y no por primera vez, que era un gigantesco órgano de presión política a la hora de defender los intereses de la City de Londres.

Hubo otras formas de influencia que ayudaron a la City a gestionar las consecuencias del desplome de 2008. Hay un total de 134 parlamentarios y lores conservadores que trabajan ahora mismo o lo han hecho en el sector financiero.[32] Un ejemplo es Matt Ridley, un popular periodista científico y autodenominado «optimista racional», que heredó de su padre la presidencia del banco Northern Rock. Su «optimismo racional» no pareció servirle de mucho cuando, bajo su presidencia, el banco se hundió y tuvo que ser rescatado por el contribuyente. A principios de 2013, heredó el vizcondado de su padre y se convirtió en lord conservador.

Más o menos la mitad de las donaciones que recibe el Partido Conservador provienen de la City. Uno de esos financieros que donan dinero a los conservadores es Richard Sharp,[33] que en los años previos a las elecciones generales de 2010 les donó 402.420 libras. Fue codirector del grupo de Mercados de Capital de Deuda y Operaciones de Permuta Financiera del banco multinacional J.P. Morgan Chase; a continuación estuvo, de 1985 a 2007, trabajando para Goldman Sachs, y terminó de director ejecutivo y presidente de European Prívate Equity. Sharp dirige la organización escudera de derechas Centre for Policy Studies,[34] un ejemplo más de la miríada de vínculos que existen entre el sector financiero y los escuderos. En 2013, George Osborne nombró a Sharp miembro de la Comisión de Política Financiera del Banco de Inglaterra. Era un gerifalte de este mundo que se unía a un organismo que supuestamente existía para tomar medidas que evitaran otro desastre financiero, nombrado por un ministro de Economía que pertenecía a un partido al que había hecho generosos donativos. Aquí tienen la puerta giratoria del Establishment en acción.

Otro caso es el de Tim Luke, nombrado en julio 2011 asesor jefe de David Cameron para temas de «empresa, comercio e innovación». Luke ha contribuido a liderar la resistencia a los intentos que ha hecho el secretario de Estado de Empresa Vince Cable de imponer algunas modestas regulaciones a las compañías. Pues bien, resulta que Luke estuvo dieciséis años trabajando en Lehman Brothers hasta su hundimiento y luego se pasó a Barclays Capital.[35] Ivan Rogers ocupó altos cargos tanto en Citigroup como en Barclays Capital, antes de convertirse, en agosto de 2011, en asesor de Cameron para Europa y Asuntos Globales, y luego, en noviembre de 2013, en representante permanente de Reino Unido en la Unión Europea. Lord Brittan, exministro del Interior conservador que también fue vicepresidente del UBS AG Investment Bank, asesora al gobierno en temas de comercio.

Después del hundimiento, y con los tentáculos del mundo de las finanzas tan hundidos en el mundo político, jamás existió ninguna perspectiva de cambio real que cuestionara la posición de la City. Las grandes instituciones financieras tenían garantizado que, con tantos de sus efectivos ejerciendo una influencia política directa, la élite de Westminster seguiría representando sus intereses, por furiosa que estuviera la opinión pública con los banqueros. Se trata de un claro ejemplo de cómo una élite minúscula subvierte la democracia, sin importar que los intereses de esos poderosos entren en conflicto con los del país entero.

Es esencial que exista un sistema financiero para sustentar y abastecer a las empresas. Pero el de Gran Bretaña se ha alejado cada vez más de esta función central para convertirse en un casino dominado por la especulación y los complejos productos derivados. «El sector de servicios financieros y la City existen para servir un propósito económico —dice Frank, un gestor de fondos (que también insiste en aparecer de forma anónima)—. Pero yo creo que ahora su único propósito es servirse a sí mismos». El capitalismo moderno se ha «financializado» del todo, por usar el término del profesor Costas Lapavitsas. Asimismo, las empresas modernas se permiten de forma independiente la especulación financiera con sus ganancias retenidas, es decir, el dinero que no se distribuye entre los accionistas. Las familias también son cada vez más dependientes, puesto que el crecimiento de la propiedad de la vivienda y la dependencia de los créditos para paliar el descenso del nivel de vida las ha hecho endeudarse. El Establishment moderno se ha financializado hasta un nivel sin precedentes.

Por encima de todo, el sector financiero es una amenaza a la democracia británica. Los gobiernos le han entregado sus poderes económicos, ya sea por medio del abandono de los controles del intercambio, ya sea promoviendo la desregulación. Gracias a la presión parlamentaria, las donaciones políticas y la concentración de tantas antiguas figuras de la City en el corazón del poder, el sector financiero tiene una influencia inmensa. Refleja a la perfección la idea de que «hay unas normas para la élite y otras para todos los demás». Quienes se oponen al dominio de este sector se exponen a quedar en ridículo y a verse marginados. Ciertamente, la City de Londres representa el Establishment en su forma más pura y sin destilar.

8 LA ILUSIÓN DE LA SOBERANÍA

Las ambiciones de los escuderos nunca se ciñeron a las fronteras de Gran Bretaña. Las tesis de aquellos ideólogos coincidían con los intereses del poder corporativo por encima de las fronteras nacionales, y su proyecto siempre tuvo un alcance global. Además de Gran Bretaña, su otra patria intelectual era Estados Unidos. La subordinación británica a Norteamérica, por supuesto, se remonta a hace décadas. Pero de la misma forma que hay una serie de mentalidades comunes que cohesionan al nuevo Establishment británico, una nueva ideología común tanto de éste como de la élite estadounidense ha transformado lo que Winston Churchill denominó «la relación especial» entre ambos países. Se trata de una ideología a la que ha llegado a encantarle promover los misiles crucero, las bombas y los tanques. Y el coste humano es enorme.

En el período de entreguerras, las relaciones entre Gran Bretaña —cuyo imperio seguía abarcando gran parte del planeta— y Estados Unidos eran bastante gélidas. La alianza moderna entre ambos países no se forjaría hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se mandó a Gran Bretaña a montones de soldados norteamericanos que se quedaron en territorio británico hasta mucho después de la caída de Hitler. Todavía hoy, casi siete décadas después del fin de la guerra, sigue habiendo miles de soldados estadounidenses establecidos en una red de instalaciones militares que se extiende por todo el país. Durante toda la época de posguerra, los lazos entre los ejércitos y los servicios de inteligencia respectivos de Estados Unidos y Reino Unido siguieron siendo igual de fuertes. Fue el gobierno laborista británico de posguerra de Clement Attlee quien llevó decididamente al país a la esfera de influencia estadounidense al unirse a la OTAN en 1949, y fueron Winston Churchill y su gobierno conservador quienes convirtieron a Reino Unido en potencia nuclear en 1952. El arsenal de misiles nucleares Trident del país sigue dependiendo del conocimiento técnico de personal estadounidense. Cuando el gobierno de coalición empezó a recortar el presupuesto de defensa tras subir al poder en 2010, el exsecretario de Defensa estadounidense Robert Gates avisó de que la medida comportaría que Gran Bretaña «ya no tendrá el mismo espectro completo de poderes, ni la capacidad de ser el aliado de igual a igual que fue en el pasado».

Sin embargo, el apoyo servil al poder estadounidense es un fenómeno relativamente reciente. En 1956, Gran Bretaña se unió a las fuerzas francesas e israelíes en una operación armada contra el general egipcio Nasser después de que éste nacionalizara el canal de Suez. La presión estadounidense obligó a los tres países a retirarse, una humillación que marcó el inicio del declive oficial de Gran Bretaña como gran potencia. En los años sesenta, gran parte de la izquierda británica se mostró amargamente resentida con el primer ministro laborista Harold Wilson por su apoyo diplomático a la guerra norteamericana en Vietnam. Después de que Estados Unidos bombardeara varias ciudades vietnamitas, Wilson le dijo al presidente Lyndon B. Johnson que «nuestras reservas sobre esta operación no harán que dejemos de apoyar vuestra política en Vietnam». Sin embargo, no mandó tropas británicas al conflicto, a pesar de la enorme presión estadounidense para que lo hiciera, lo cual causó una frustración enorme en Washington.[1] Cuando, en febrero de 1965, Wilson le manifestó en privado a Johnson su preocupación por la escalada bélica, el presidente norteamericano le contestó en tono cortante, refiriéndose a las acciones británicas contra la insurgencia en Malasia: «Yo no te diré cómo tienes que manejar lo de Malasia y tú tampoco nos digas cómo tenemos que llevar Vietnam […]. Si quieres ayudarnos con Vietnam, mándanos soldados y gente para acabar con esa guerrilla. Y anúnciale a la prensa que nos vas a ayudar».[2]

La elección de Ronald Reagan en 1980 —solamente un año después de la victoria electoral de Margaret Thatcher en Gran Bretaña— resultó ser un punto de inflexión decisivo. Si el thatcherismo había desempeñado un papel crucial a la hora de forjar el nuevo Establishment británico, las dos Administraciones Reagan desencadenaron un proceso parecido en Estados Unidos. En gran parte, el reaganismo fue una fusión de dos ideologías distintas: el neoconservadurismo y el neoliberalismo. El primero había surgido originalmente en el seno del Partido Demócrata a partir de finales de los años sesenta, y reflejaba la alarma que sentían figuras políticas e intelectuales punteras como Richard Perle, Paul Wolfowitz y Jeane Kirkpatrick por lo que ellos percibían como el declive del poder estadounidense. Con Reagan en el poder, estas figuras suministrarían el impulso para una nueva actitud combativa contra la Unión Soviética y una reafirmación del poder y de la capacidad militar estadounidenses.

Entretanto, los partidarios norteamericanos del libre mercado se habían organizado en forma de una serie de poderosos think tanks de mucha más envergadura que los británicos. También ellos querían derrocar el consenso político de su país; en su caso, cuestionar un marco creado en los años treinta por la economía intervencionista del New Deal de Franklin Roosevelt, y en los años sesenta por los programas Great Society de Johnson. Igual que los conservadores británicos habían aceptado los puntos básicos del capitalismo del bienestar de Attlee, gran parte del Partido Republicano se había resignado también al consenso político norteamericano de la época: el presidente Richard Nixon llegó a declarar en 1971 que «ahora todos somos keynesianos».[3] La Heritage Foundation —un equivalente del Adam Smith Institute, pero con muchos más recursos— se fundó en 1973 para promover la economía de mercado libre. Disfrutó del apoyo enorme de toda una serie de intereses corporativos y privados. Después de una subvención inicial de 250.000 dólares procedente del magnate de la cerveza Joseph Coors, en 1977 la fundación contó con un presupuesto anual de 2 millones de dólares, y en 1989 llegó a los 17,5 millones. La organización saltó a la palestra cuando en vísperas del primer triunfo electoral de Reagan publicó un programa detallado con el título Mándate for Leadership, que más o menos todo el mundo consideró los cimientos intelectuales de la nueva Administración.[4] Otras organizaciones de escuderos de la época fueron el Hoover Institute y el American Enterprise Institute, que contribuyeron a crear la base intelectual del proyecto Reagan.

No es de extrañar, por consiguiente, que Thatcher y Reagan tuvieran una relación tan estrecha. Aun así, hubo tensiones y conflictos. Al principio, el presidente norteamericano se mostró muy reticente a apoyar el intento británico de arrebatarle en 1982 las Malvinas a Argentina, que estaba gobernado por una junta anticomunista y criminal respaldada por Estados Unidos. Cuando el año siguiente Reagan ordenó invadir la isla caribeña de Granada, sufrió a su vez la censura de Thatcher. «Esta acción será percibida como la intervención de una nación occidental en los asuntos internos de un pequeño país independiente, por poco atractivo que sea su régimen», fue el mensaje que le mandó al presidente norteamericano, y añadió que se sentía «muy inquieta» por los comunicados de Reagan sobre el tema.[5] A pesar de estos altibajos, los años ochenta presenciaron el desarrollo de un nuevo vínculo ideológico entre el Establishment británico y la élite norteamericana.

Se trataba de una relación nueva que el conjunto de la élite política aún no aceptaba del todo. Con Michael Foot primero y Neil Kinnock después como líderes, el Partido Laborista de los años ochenta estaba comprometido con una estrategia de defensa que incluía el desarme nuclear. Era algo que Washington consideraba inaceptable. Cuando le pregunté a Kinnock si la reacción de Estados Unidos a la estrategia de desarme incluyó intervenciones en los asuntos internos británicos, él se mostró tajante: «Sí, sin ninguna duda. Por lo que he podido saber, lo organizó todo la gente de Thatcher aquí, o bien la oficina central de los conservadores. Pero fue algo claramente organizado».

Kinnock recuerda la hostilidad con que lo trataron desde la Administración de Washington. «La primera vez que llegué allí, no estoy diciendo que nos lleváramos como uña y carne —dice Kinnock con una sonrisa irónica—, pero el secretario personal de Reagan y el secretario de Prensa dijeron que habíamos tenido una conversación muy interesante, un intercambio filosófico atractivo y sin ningún antagonismo. Esto cambió radicalmente en mi segunda visita. Hubo una ocasión en que tuve que pedirle al embajador norteamericano que viniera a mi despacho para amonestarlo porque había hecho una declaración donde infería que yo no solamente actuaba de forma unilateral, sino que carecíamos de patriotismo, y, por supuesto, eso ya era harina de otro costal. Así que le hice venir y conseguí una disculpa oficial».

El ascenso de Tony Blair en Gran Bretaña y de Bill Clinton en Estados Unidos consolidaría el vínculo intelectual del Establishment británico con la élite norteamericana. Los «nuevos demócratas» de Clinton —que se hicieron con las elecciones de 1992— fueron, en gran medida, la inspiración para el gobierno del nuevo laborismo de Blair que salió elegido en 1997. Ambos habían hecho suyos los preceptos básicos de sus oponentes: en 1996, repudiando las políticas del New Deal, Clinton declaró que «la época del gobierno grande se ha terminado». Tanto Blair como Clinton defendían lo que ellos denominaban la «tercera vía», que afirmaba ser un compromiso entre el neoliberalismo y los acuerdos del bienestar de la posguerra de sus respectivos países. El ascenso del nuevo laborismo comportaría también el abandono de cualquier visión crítica de las políticas exteriores norteamericanas, lo cual fomentaría que sus Establishments acabaran yendo a la par. Cuando en 1997 el mandarín Christopher Meyer fue enviado a Washington en calidad de embajador británico, el jefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, le dijo: «Queremos que te metas en la sopa de la Casa Blanca y que no salgas de ella».[6] La relación se vio todavía más consolidada gracias a las campañas militares conjuntas, aplaudidas por grandes sectores del Establishment británico, como, por ejemplo, la que se llevó a cabo contra Iraq en 1998.

Sin embargo, a finales de los noventa, estaba en pleno ascenso en Estados Unidos una nueva ola de neoconservadurismo. En 1997, una serie de neoconservadores de primera fila fundaron el Project for the New American Century (PNAC), que no tardó en publicar una declaración de intenciones que preguntaba: «¿Está Estados Unidos decidido a dar forma a un nuevo siglo favorable a los principios e intereses norteamericanos?». «Necesitamos promover en el extranjero la causa de la libertad política y económica», declaraba, y definía «el papel extraordinario de Estados Unidos, que es preservar y extender un orden internacional beneficioso para nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestros principios». Era una declaración tremendamente reveladora: el PNAC pedía abiertamente un orden global construido a imagen y semejanza de los escuderos neoliberales y respaldado por el poder norteamericano. En 1998, los miembros más destacados del PNAC —como Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Robert Zoellick— emitieron un comunicado pidiendo que Clinton derrocara del poder a Sadam Husein. Todos ellos acabarían siendo figuras cruciales de la Administración republicana de George W. Bush en 2001.

El hecho de que ahora hubiera un republicano en la Casa Blanca no afectó a la alianza británico-estadounidense. El nuevo Establishment estaba más entregado ideológicamente que nunca a la idea de someterse al poder norteamericano, daba igual qué presidente hubiera en la Casa Blanca. Era una relación consolidada por medio de conflictos desastrosos. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Gran Bretaña se unió a la coalición liderada por Estados Unidos que invadiría Afganistán para derrocar al régimen talibán. Todos los principales partidos políticos y prácticamente todos los medios de comunicación británicos respaldaron la intervención. Al principio, la guerra pareció un éxito apabullante, y la Operación Libertad Duradera acabó con los teócratas de Kabul en cuestión de semanas. Pero aquello solamente fue el inicio de una larga y sangrienta sucesión de insurgencias y contrainsurgencias. A fecha de junio de 2014, habían muerto 3.374 soldados de la coalición liderada por Estados Unidos, entre ellos 453 británicos, y había miles más mutilados y heridos; también habían perdido la vida docenas de miles de insurgentes y miembros de las Fuerzas Armadas afganas, así como incontables miles de civiles. El nuevo gobierno afgano, dirigido por el presidente Hamid Karzai, era corrupto, carecía de legitimidad democrática y tenía un siniestro historial en materia de derechos humanos. A pesar de que las encuestas apoyaban de forma masiva la retirada de las tropas británicas de un conflicto absurdo e imposible de ganar, la determinación del Establishment británico de mantener los vínculos con la política extranjera de Estados Unidos se aseguró de que las tropas no se movieran.

Joe Glenton tenía veintidós años cuando se alistó al ejército británico. Procedente de una familia de clase obrera de York, y con pocas perspectivas de encontrar trabajo, se alistó principalmente por razones económicas. «Hay quienes se tragan la idea de ser un “héroe”, de que el ejército tiene una “misión noble” —dice—, pero la mayoría lo hace por razones económicas, y casi todos los soldados vienen de comunidades pobres del nordeste, de Escocia, de los barrios pobres de Londres y demás. Pero es que te venden el ejército de forma muy elegante y sofisticada. Si coges un folleto y entras en una oficina de reclutamiento, casi no se menciona la idea de matar. Sólo te cuentan que tendrás “más respeto, más amigos y más dinero”, y también que vas a defender a tu país, pero en plan abstracto y muy íntegro». A él lo mandaron a Afganistán en 2006 durante lo que denomina la «gran reinvasión inicial del sur de Afganistán», y fue uno de los primeros soldados en subirse al avión.

Durante los siete meses que pasó allí, Glenton sintió que le iban quitando gradualmente las ilusiones que se había hecho. «A lo largo de mi período de servicio, saltó a la vista que las justificaciones que nos habían dado, tipo ayudar a las niñas afganas a ir a la escuela y reconstruir la infraestructura, no eran ciertas —dijo—. Habíamos creado una insurgencia: era un castigo a nuestros pecados». Sin embargo, Glenton también atribuye la sangrienta intervención británica en la provincia afgana de Helmand a la necesidad de desquitarse por la humillación que había recibido el ejército británico a manos de los insurgentes de la ciudad iraquí de Basora, y que culminó en una retirada en 2007 que hasta los generales británicos y estadounidenses calificarían más tarde de derrota. «La razón principal de que estuviéramos allí no era ni la seguridad aquí en Gran Bretaña ni allí en Afganistán —dice Glenton—. Era la percepción de que habíamos fallado delante de los norteamericanos». En opinión de Glenton, la razón misma de intervenir en Helmand era que el gobierno británico le demostrara su valía al estadounidense después de su humillante fracaso en Iraq.

Sin embargo, no fue hasta que Glenton regresó a Gran Bretaña que su visión del conflicto de Afganistán «cristalizó». Durante su período de servicio no había tenido tiempo para pensar; le habían surgido preguntas, pero ninguna oportunidad para formularlas. «Decidí que no quería volver —me dice—. No iba a darme de baja, que es como dar el preaviso cuando dejas un trabajo, con la diferencia de que en el ejército se tarda un año en poder irse. Pero entonces tenía que pedir un cambio de destinación, y le dije a la cadena de mando que no pensaba volver. Ni siquiera sabía qué hacer para convertirme en objetor de conciencia, y ellos me negaron ese derecho». Se pasó dos años en paradero desconocido, y en 2010 le dictaron una sentencia de nueve meses de cárcel.

El fanatismo del Establishment por subordinar la política exterior británica a Estados Unidos continuaría en medio de una oposición formidable. Cuando, en 2003, Gran Bretaña se comprometió a unirse a la invasión de Iraq que lideraron los norteamericanos, contó con el apoyo de las cúpulas de los dos partidos políticos principales, así como de gran parte de los medios de comunicación. Pero también provocó la mayor manifestación que el país había visto nunca, el 15 de febrero de 2003, cuando salieron a la calle casi dos millones de personas. Figuras jurídicas de gran envergadura como el asesor legal del Ministerio de Exteriores, Michael Wood, no pararon de advertir de que, sin una segunda resolución de las Naciones Unidas, la guerra sería ilegal; sin embargo, a diferencia de su ayudante, Elizabeth Wilmshurst, él no dimitió.

Los preparativos de la participación británica en el conflicto de Iraq estuvieron marcados por una campaña de engaños y de propaganda en la que participó gran parte del Establishment, sobre todo las élites políticas y mediáticas. El pretexto de que la dictadura de Iraq, antes respaldada por Occidente, tenía armas de destrucción masiva resultó ser falso, y la guerra causó la muerte de cientos de miles de civiles, provocó que Iraq se viera invadido por milicias sectarias y terroristas, y que perdieran la vida 179 soldados británicos. A pesar de que, en su momento, se dijo que la guerra era una solución de último recurso, debido a que Iraq se negaba a cumplir con las leyes internacionales, más tarde saldría a la luz que, nueve meses antes de la invasión, Blair le había dicho al presidente Bush que «independientemente de lo que decidas hacer, estoy contigo». En vísperas de la guerra, el gobierno británico y sus defensores mediáticos afirmaron que el intento de conseguir una segunda resolución de las Naciones Unidas que legitimara el conflicto se había abandonado por culpa de la intransigencia de Francia y de Rusia; sin embargo, más tarde saldría a la luz que —meses antes de la invasión de Iraq— Bush y Blair se habían comprometido a llegar hasta el final, más allá de que el régimen violara o no la legislación.[7]

La catastrófica intervención fue resultado de la devoción del Establishment británico por el poder norteamericano. Durante los preliminares de la guerra, Blair había revelado lo profunda que era esta devoción al declarar que Gran Bretaña tenía que pagar «un precio en sangre» para afianzar la llamada relación especial con Estados Unidos. En otras palabras, había que sacrificar vidas británicas para proteger la alianza con Washington. «[Estados Unidos] necesita saber: “¿Estáis preparados para comprometeros?, ¿preparados para estar ahí cuando empiecen los tiroteos?”», dijo Blair.

Lo normal sería que una guerra tan catastrófica llevara a pedir responsabilidades a quienes habían tomado las decisiones y —como mínimo— a obligarlos a asumir su culpa. Sin embargo, aunque la guerra de Iraq sí que provocó dimisiones, fueron invariablemente las voces críticas con la guerra quienes se vieron apartadas de sus cargos. El Establishment cerró filas y defendió a los suyos, hostigando a muchos de quienes se habían opuesto a aquel desastre de guerra. El exministro de Exteriores, Robín Cook, dimitió de su cargo en vísperas del conflicto; al marcharse, pronunció uno de los mejores discursos en la Cámara de los Comunes de toda la era moderna; lo acompañó el ministro del Interior, John Denham. Con retraso, en los primeros días de la invasión dimitió también la secretaria de Desarrollo Internacional, Clare Short.

Y lo peor todavía estaba por venir. El 18 de julio de 2003 se encontró muerto en un prado a David Kelly, exinspector de armamento de las Naciones Unidas, al que habían identificado como fuente de una información del periodista de la BBC Andrew Gilligan. Un mes y medio antes, hablando para el programa «Today» de Radio 4, Gilligan había afirmado que el gobierno Blair —y en concreto su propagandista Alastair Campbell— había manipulado un informe crucial acerca del potencial armamentístico de Iraq «para hacerlo más sexy». Tanto Kelly como Gilligan sufrieron una presión tremenda por parte de altas figuras políticas, así como una serie de informaciones hostiles de los medios, y a Kelly en particular se lo sometió a un durísimo interrogatorio en la Cámara de los Comunes solamente unos días antes de su muerte. Cuando se encontró su cadáver, un periodista le preguntó a Blair si tenía las manos manchadas de sangre. El gobierno anunció una investigación presidida por lord Hutton, expresidente del Tribunal Supremo de Irlanda del Norte. El director general de la BBC, Greg Dyke, afirmaría más tarde que Philip Gould, uno de los aliados más estrechos de Blair, se había jactado ante él de que «hemos nombrado al juez adecuado».

En la actualidad, Andrew Gilligan es un crítico ardiente de figuras izquierdistas, como el político laborista Ken Livingstone; escribe para el periódico de derechas Daily Telegraph y trabaja para el alcalde conservador de Londres, Boris Johnson. En 2003, sin embargo, tuvo que ver cómo se desataba contra él toda la furia del Establishment británico. Es un hombre con gafas y medio calvo, con unos modales cálidos y carismáticos, que sorprendentemente no muestra amargura alguna. «Sí que cambió de forma fundamental mi visión del Estado británico», admite, y cree que todo el episodio de Iraq «socavó de forma permanente la credibilidad y la autoridad de dicho Estado». Rememora con tono apenado las palabras del periódico The Observer después de la desastrosa intervención militar británica en el canal de Suez en 1956: «No éramos conscientes de que nuestro gobierno fuera capaz de semejante locura y semejante corrupción».

«Lo que me pareció atroz fue cómo en una democracia ya madura como Gran Bretaña se ponía en juego todo el aparato estatal —dice—. El funcionariado estaba corrupto, el sistema judicial fue manipulado, y Alastair Campbell usó el Parlamento como instrumento para atacarnos a David Kelly y a mí». Junto con el escándalo de los gastos parlamentarios, él cree que toda la epopeya de Iraq «cambió de forma permanente las actitudes hacia el gobierno británico». Grandes sectores de los medios de comunicación también cerraron filas con el gobierno para atacarlo a él brutalmente. Le hurgaron en los cubos de la basura. «El Sun y el Times no escatimaron recursos para ponernos a mí y a la BBC al nivel del betún», dice, recordando su cara en la portada del Sun bajo el titular «Rata traidora». «Fue la peor experiencia de mi vida con mucha mucha diferencia, y duró ocho meses», dice. Sin embargo, a pesar de la hostilidad del Establishment, recuerda un amplio apoyo del público: los taxistas se negaban a cobrarle y los restaurantes le invitaban a comer.

Cuando la Comisión Hutton publicó sus conclusiones en 2004, lord Hutton exculpó a la Administración Blair y atacó con saña a la BBC. Gilligan tuvo que dimitir, junto con Greg Dyke y el presidente de la BBC, Gavyn Davies. «A lord Hutton, un miembro del poder judicial, lo eligieron para hacer exactamente lo que hizo —me cuenta—. Es decir, un informe sesgado y parcial hasta extremos casi cómicos. Si el informe lo hubiera escrito Alastair Campbell en persona, se habría criticado a sí mismo un 10 por ciento más para darle más credibilidad. La verdad es que le debo mucho a Hutton: él se encargó de restarle a su informe cualquier credibilidad que pudiera llegar a tener con el paso del tiempo». Gilligan se siente personalmente vindicado: «Tengo que admitir que al final todo salió bien». Aunque ni Blair ni Campbell recibirían ningún castigo formal, les cayó una «condena a perpetuidad en el tribunal de la opinión pública», mientras que Gilligan seguiría prosperando como un periodista galardonado.

Aquel encubrimiento tan descarado no iba a satisfacer a la ciudadanía británica. El pretexto para ir a la guerra —el hecho de que el régimen iraquí tuviera armas de destrucción masiva— quedó desacreditado, mientras que Iraq se encontraba sumido en un cenagal de violencia. Con semejante telón de fondo, al gobierno británico le resultaría imposible negarse a las exigencias de abrir una investigación. Ésta se inició, por fin, en junio de 2009, unos seis años después de la invasión. La presidió el exfuncionario sir John Chilcot. Cinco años más tarde, todavía no ha producido su informe; y lo que es más, el gobierno de la coalición se ha negado a entregar documentos cruciales, entre ellos varias actas de reuniones del Consejo de Ministros celebradas en vísperas de la invasión. Pero el intento inicial por parte de Gordon Brown de que la investigación se llevara a cabo en secreto se vio rechazado, y las pruebas que se hicieron públicas fueron claramente incriminatorias y mostraron el deseo que tenía el gobierno de ir a la guerra desde el primer momento.

Las pruebas que presentaron varios altos funcionarios ante la Comisión Chilcot sugerían que ni siquiera al gabinete ministerial —ya no digamos al Parlamento o al pueblo británico— se le contó la verdad acerca de la estafa que llevaría a la guerra. Lord Turnbull, el más alto funcionario del gobierno británico, declaró ante la comisión que en su primera reunión de gabinete, celebrada el 23 de septiembre de 2002, «se aseguró a los ministros que no se había tomado decisión alguna y que el objetivo principal era dar un ultimátum». La reunión concluyó con el gabinete «comprometiéndose» a hablar sobre opciones militares. Un mes más tarde, otro encuentro del gabinete acabó con la promesa de que «a su debido tiempo» se discutirían las «opciones militares» con los ministros. Después de aquello, contó Turnbull, «no pasó nada». El 19 de diciembre de 2002 se informó al gabinete de que se había iniciado la movilización de las tropas británicas; fue el día después de que el ministro de Defensa Geoff Hoon hiciera este mismo anuncio ante el Parlamento. «Así pues —le dijo Turnbull a sir John Chilcot—, ya puede ver usted que la medida en que se les pone [al gabinete] al corriente de la situación está muy lejos de hasta dónde habían llegado los planes y los preparativos en aquel momento». En enero de 2003 se dijo a los ministros que no se había tomado ninguna decisión acerca de la intervención militar, y que había planes de discutir el asunto la semana siguiente. «De forma que aquí se repite un patrón de conducta —dijo Turnbull—, que es decirle al gabinete que ya se hablará del tema la semana siguiente». Cuando Tony Blair vino a decir: «Ellos ya saben lo que hay —concluyó Turnbull—, sus palabras no se basaban en lo que había sucedido realmente». Reflexionando sobre lo sucedido, lord Turnbull llega a la conclusión de que la posición de Blair meses antes de la invasión era «la de alguien que ya ha decidido muy claramente que hace falta una intervención militar, […] que espera que la haya, espera que Estados Unidos lidere esa intervención y espera formar parte de ella».[8]

Sin embargo, el hecho de que no se informara para nada a la mayoría del gabinete, a la maquinaria estatal ni a los medios de comunicación —gran parte de los cuales estuvieron difundiendo agresivamente propaganda a favor de la invasión— no cambió para nada las cosas. El sonsonete dominante del Establishment a favor de la sumisión total a Estados Unidos bastó para mantener la unidad, incluso frente a una oposición popular masiva, llevando a una guerra que —tal como declaró el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan— fue ilegal.[9]

Cuando Blair habló de pagar un «precio en sangre» para preservar la llamada relación especial con Estados Unidos, está claro que no hablaba de la suya propia ni de la de sus hijos. Quienes tenían que derramar su sangre en una proporción desmesurada eran chicos jóvenes de clase obrera que se alistaban al ejército procedentes de comunidades donde no había trabajos seguros.

La invasión de Iraq pondría de relieve cuánto poder tenían ahora los antaño marginados escuderos neoliberales. Respaldados por la mayor fuerza militar del planeta, se pusieron manos a la obra para transformar Iraq en su parque temático del mercado libre. «La Administración Bush ha esbozado unos planes de gran envergadura para reconstruir la economía de Iraq a imagen de Estados Unidos», comentaba el Washington Post en los días posteriores a la invasión de 2003, en referencia a los planes de privatizaciones masivas. El borrador de este proyecto había estado circulando entre consultores financieros durante el mes previo al inicio de la guerra, e incluía un «programa de base amplia para introducir privatizaciones masivas».[10] En los primeros meses de la ocupación, Paul Bremer, el presidente de la Autoridad Provisional de la Coalición, bajo el mandato de las fuerzas de ocupación norteamericanas, emitió la Orden 39, que cancelaba las leyes que limitaban la propiedad extranjera de las empresas iraquíes y rechazaba los requisitos para reinvertir los beneficios obtenidos en el país. Durante los primeros meses, se privatizaron docenas de empresas, y el tipo máximo impositivo se recortó brutalmente del 45 al 15 por ciento. Esto subrayaba el nuevo vínculo ideológico entre el Establishment británico y la élite norteamericana: su operación conjunta llevaría a la transformación del país que habían conquistado de acuerdo con las directrices que deseaban los escuderos.

El compromiso del Establishment con el poder estadounidense comportaba unas amenazas cada vez mayores a la libertad individual. El procurador de la Corona Geoffrey Robertson es uno de los más importantes abogados especializados en derechos humanos de Gran Bretaña; su acento sigue delatando que se crió en Australia. Me reúno con él en su oficina de Doughty Street, una calle del centro de Londres flanqueada de árboles y de casas georgianas. «Creo que los actuales servicios de inteligencia dependen por completo de Estados Unidos —dice Robertson, que ha aceptado varios casos contra el MI5 y el MI6—. Tenemos recursos, sí, como, por ejemplo, [el centro de escucha de la RAF] Little Sai Wan y el [servicio de inteligencia] GCHQ, pero todo depende de Estados Unidos». Ciertamente, de acuerdo con las filtraciones del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana Edward Snowden, el GCHQ —siglas de General Communications Headquarters, o Cuartel General de Comunicaciones— era un puntal de la relación entre Reino Unido y Estados Unidos. Sus revelaciones sugerían que la NSA había estado pagando unos cien millones de libras al GCHQ a lo largo de tres años como parte de un programa encubierto conjunto de vigilancia masiva. De acuerdo con el asesoramiento legal que solicitaron varios parlamentarios en enero de 2014, gran parte de este espionaje era ilegal.

La mayor amenaza a la libertad individual surgiría de la «guerra contra el terrorismo» que declaró Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 con el apoyo entusiasta del Establishment británico. Esta campaña no solamente implicaría unas restricciones drásticas de las libertades civiles en Gran Bretaña: también permitiría privar de su libertad a ciudadanos británicos por orden de Estados Unidos.

Miren el caso de Talha Ahsan. De adolescente, a este musulmán del sur de Londres le encantaban las bandas rock y grunge como Nirvana y Manic Street Preachers, hasta que le pareció que se habían vuelto demasiado comerciales y populares. Muchos de los libros que leía venían de sugerencias que encontraba en los libretos de los álbumes que escuchaba. Consumía libros de autores británicos como Zadie Smith y Seamus Heaney. Los libros siguen en las estanterías de su dormitorio, tal como los dejó, meticulosamente ordenados por género y por orden alfabético. De adolescente, para gran orgullo de sus padres, Talha obtuvo una plaza con beca en el Dulwich College, un centro privado donde —a pesar de una serie de problemas esporádicos con el alcohol que motivaron la preocupación de sus profesores— dio muestras de una gran predisposición y ambición académicas: a los dieciséis años aprendió por su cuenta árabe con la única ayuda de un libro de texto. Después, entró a estudiar esta misma matería en la SOAS University de Londres, y todo el esfuerzo obtuvo su premio cuando se licenció con honores. También es un poeta galardonado y, en general, salta a la vista que es un joven con un talento extraordinario.

El hermano menor de Talha, Hamja, es un joven tímido al que a veces le incomoda estar en sociedad; incluso ha escrito un libro de política para introvertidos. Es obvio que está muy orgulloso de Talha y de la carrera de éste. Estamos sentados en una habitación llena de libros de su casa de Tooting, al sudoeste de Londres; mientras hablamos, su madre, discapacitada, insiste en prepararnos exquisiteces indias a modo de aperitivo. Hamja cuenta la historia de su familia: abandonaron el subcontinente indio para venirse a Gran Bretaña a mediados de los años sesenta, un par de décadas antes de que nacieran Talha y Hamja, y su padre acabó dirigiendo un negocio de transporte de carga. Hamja sigue viviendo con sus padres, que lo adoran. Ahora, sin embargo, Talha está a cinco mil kilómetros de distancia, encerrado en un complejo presidiario norteamericano en Connecticut.

Hamja recuerda nítidamente el día de febrero de 2006 en que su casa sufrió una redada. Él todavía estaba en el primer año de Bellas Artes, y aquel mismo día Talha tenía una entrevista para trabajar de bibliotecario. Hamja estaba en la cama cuando los policías derribaron la puerta y registraron el dormitorio. Le confiscaron el teléfono móvil y la agenda, junto con la mayor parte de su colección de CD y DVD, una tarjeta de memoria de una Playstation 2 y los trabajos de la universidad. Los agentes también le preguntaron si tenía algún ejemplar del Corán. Hicieron fotografías de hasta el último rincón de la habitación y se quedaron esperando mientras Hamja se vestía.

No fue más que el inicio de una larga pesadilla. La mañana del 19 de julio de 2006, mientras Londres disfrutaba de una ola de calor, la policía, cumpliendo una orden de extradición procedente de Estados Unidos, capturó al hermano de Hamja. Cuando éste bajó las escaleras, su madre estaba llorando. «Acaban de venir y se han llevado a tu hermano», le dijo. Talha estaba acusado de cuatro crímenes graves cometidos entre 1997 —el año en que cumplió dieciocho años— y 2004: conspiración para dar apoyo material a terroristas; apoyo material a terroristas; conspiración para matar, secuestrar, mutilar o herir a personas o dañar propiedades en un país extranjero, e inducción al delito. Sin embargo, en Gran Bretaña no le acusaron de ninguno de esos delitos, y se pasó seis años sin cargos en el sistema penitenciario británico. Las acusaciones se centraron en gran medida en una página web desactivada cuatro años antes de que la policía entrara en tromba en su casa. La página web en cuestión, Azzam Publications, había —supuestamente— promovido y facilitado actividad terrorista en Bosnia, Chechenia y Afganistán. «Era un poco como una página web de información alternativa —dice Hamja—. El tema en el que se centraba realmente era la guerra de independencia de Chechenia». Talha tenía únicamente una relación marginal con la página web, que estaba administrada por otro hombre de Tooting, Babar Ahmad, a quien la policía había detenido en 2003. Al detenerlo le habían dado patadas y puñetazos y lo habían estrangulado, hasta dejarlo orinando sangre. (Cinco años más tarde, la Policía Metropolitana aceptó pagar a Babar sesenta mil libras en concepto de daños y perjuicios, y admitió que éste había sido víctima de un «ataque grave, gratuito y prolongado».)[11]

La emblemática abogada especialista en derechos humanos Gareth Peirce, famosa por su lucha contra los errores de la justicia, aceptó llevar el caso de Talha. (Es célebre porque fue interpretada por Emma Thompson en la película En el nombre del padre, que adaptaban al cine su defensa de los Cuatro de Guildford, un grupo de irlandeses injustamente encarcelados por unos atentados del IRA contra pubs en 1975). «Su situación tiene algo peculiar, que lo deja a uno absolutamente pasmado», me dice Peirce, en tono suave y compasivo, nada que ver con la abogada agresiva que uno se podría imaginar. «Y es lo siguiente: ¿cómo es que lo han detenido e interrogado aquí por un delito grave, pero no se presentan cargos aquí? Dicen que Talha cooperó con la gestión de una página web que en todo momento operó desde aquí, y, sin embargo, a él ni siquiera lo detuvieron cuando arrestaron a Babar Ahmad para extraditarlo». La base legal de la extradición era que la página web resultó estar, en parte, alojada en un servidor de Estados Unidos.

A Peirce no le cabe ninguna duda de que la detención de Talha es resultado directo del poder que ejerce Estados Unidos sobre el Establishment británico. «Todo encaja con un patrón que se repite en más de un caso: la policía británica parece actuar como simples agentes al servicio de unos fiscales norteamericanos cuya misión es extender su jurisdicción o su alcance a cualquier parte del mundo». Tal como señala Peirce, no sólo Talha Ahsan no había sabido que ninguna de sus acciones constituyeran delito, sino que posteriormente «fue informado por la Fiscalía de la Corona de que, en opinión de ellos, no había pruebas que permitieran acusarlo en Gran Bretaña. Éste es el asombroso punto de partida en que se basó su acusación».

Después de la detención de su hermano, Hamja intentó comer o dormir como era debido, pero, en vistas de la larga batalla legal que le esperaba, emprendió una enérgica y decidida campaña para lograr la liberación. Talha Ahsan se pasó los seis años siguientes preso en varias cárceles británicas, sin cargos ni juicio, mientras continuaba la batalla por la extradición. Una vez, mientras Hamja estaba visitando a su hermano en la prisión de Belmarsh, un agente se le acercó, lo llevó a rastras a una sala y le gritó: «¿Hablas inglés?». Hamja recuerda que le dijo: «“Como lleves algo encima, os prohibiremos las visitas a toda la familia”. Básicamente, me estaba acusando de llevar drogas encima». Fue toda una experiencia para un vegano abstemio: pero se trataba de una acusación basada en prejuicios y no en pruebas.

Al mismo tiempo que el caso de Talha Ahsan, saltó a la atención del público otro caso de extradición: el de Gary McKinnon, un londinense nacido en Glasgow que había hackeado una serie de ordenadores norteamericanos alegando que estaba buscando información sobre ovnis. Tanto a McKinnon como a Ahsan se les diagnosticaría el síndrome de Asperger, un desorden en el espectro del autismo. En 2012, el ministro del Interior bloqueó el proceso de extradición de McKinnon después de diez años de batallar en los tribunales. Pero el caso de Talha recibió mucha menos atención. Resulta difícil no llegar a la conclusión de que le habría resultado más fácil conseguir una vista judicial de haber sido blanco y no musulmán. La familia de Talha, con el apoyo de gente como el representante parlamentario de su circunscripción, Sadiq Khan (que a partir de 2010 sería el responsable de Justicia del gabinete laborista en la sombra), se pasó seis años luchando para que lo juzgara un tribunal británico. Pero sus apelaciones tanto en Gran Bretaña como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron rechazadas, de manera que, el 5 de octubre de 2012, llevaron a Ahsan a una base aérea de la RAF en Suffolk, desde donde lo trasladaron a Connecticut, Estados Unidos: entre los demás sospechosos deportados se encontraba Abu Hamza, un clérigo egipcio-británico vilipendiado por todos y acusado de apoyar al terrorismo. Pocos días más tarde, Theresa May, la ministra del Interior, compareció en la Conferencia del Partido Conservador para declarar: «¿No fue magnífico el viernes decir adiós, por fin, a Abu Hamza y a esos otros cuatro sospechosos de terrorismo?».

A Talha Ahsan lo encerraron en una famosa prisión de «supermáxima» seguridad, la Northern Correctional Institution, que alberga a los criminales más violentos, entre ellos los destinados al corredor de la muerte; allí a los presos se les somete a períodos prolongados de encierro en solitario. «Está en unas circunstancias que no parecen sorprender a nadie en Estados Unidos, pero que, en realidad, son escalofriantes —dice Gareth Peirce—. La gente va esposada y con esos monos, y desde nuestra perspectiva, que es la de la poca humanidad que tenemos en nuestro país, así no se trata ni a los animales. Es un verdadero escándalo». Pero Talha no es como otros muchos prisioneros y ha encontrado formas de soportar su terrible situación. «Se trata de una persona excepcional, que está demostrando una capacidad de resistencia que uno seguramente pensaría, equivocándose, que resultaría imposible para gente mucho menos vulnerable que él —explica Peirce—. Tiene una gran fuerza interior y la capacidad de habitar en un mundo de creatividad, de creación y de espiritualidad, y ése es el entorno en el que vive; da igual que esté en la cárcel o fuera de ella. Lo irónico es que alguien que presenta unas vulnerabilidades tan enormes y obvias esté, en cierto sentido, resistiéndose a que el sistema penitenciario norteamericano lo venza y lo destruya».

Al principio, Talha se declaró no culpable, pero había poca esperanza para quienes lo hacían. Si después de alegar inocencia los declaraban culpables, les esperaba una sentencia de varias décadas, y, tal vez, jamás regresaran a sus casas. Los presos afrontaron una siniestra disyuntiva: o confesarse culpables o morir entre los barrotes de una prisión de supermáxima seguridad. No es de extrañar, pues, que, en 2012, el 97 por ciento de los casos federales en Estados Unidos se declararan culpables, para negociar con la fiscalía y conseguir una reducción de sentencia. Talha Ahsan se declaró culpable a finales de 2013, con lo cual pasó a afrontar una sentencia máxima de quince años, incluido el tiempo que ya había cumplido.

Ahsan y Ahmad estaban entre los individuos a quienes se podía mandar a Estados Unidos bajo los términos de la Ley de Extradición de 2003, que permitía al gobierno norteamericano extraditar a ciudadanos británicos sin pruebas prima facie. Tal como explicó en 2012 la Comisión Especial de Asuntos Interiores de la Casa de los Comunes, resultaba «más fácil extraditar a un ciudadano británico a Estados Unidos que viceversa». David Blunkett, el mismo ministro del Interior que hizo pasar con calzador la Ley de Extradición por el Parlamento, declararía años más tarde ante la BBC: «En términos teóricos, creo que sigue existiendo un debate, y estoy dispuesto a admitirlo, acerca de si cedimos demasiado». Se trataba de otro resultado de la devoción sin precedentes del Establishment hacia los intereses norteamericanos: el entregarles alegremente las libertades más básicas de sus propios ciudadanos.

Sin embargo, el dogma del Establishment de que hay que apoyar de forma incondicional la política exterior norteamericana afronta en la actualidad un desafío sin precedentes. El poder estadounidense está sufriendo un pronunciado declive respecto a otros. Su cuota de la producción económica global ha caído de una cuarta parte en 1991 a menos de la quinta hoy en día. China es un competidor en rápida expansión, junto a otras economías boyantes como la India y Brasil. El hundimiento financiero de 2008 ha contribuido a acelerar un traslado global del poder económico hacia Oriente. Antaño, Estados Unidos tenía una posición casi hegemónica respecto a América Latina, una posición inicialmente consagrada por la Doctrina Monroe de 1823, y ya en la época moderna por el llamado Consenso de Washington. Sin embargo, en la primera década de este siglo ascendió al poder en América Latina una oleada de gobiernos izquierdistas que establecerían un rumbo independiente. La desastrosa guerra de Iraq socavó el prestigio militar norteamericano, así como un posible apoyo interior a más intervenciones militares, y de forma paradójica disparó por todo Oriente Medio la influencia de Irán, archienemigo de Estados Unidos.

En pleno declive de la potencia norteamericana, puede que también se esté debilitando el dogma del Establishment que sustenta la idea de la «relación especial» con Estados Unidos, tal como ilustra una serie de preparativos abortados de intervenciones militares. A partir de 2011, una sucesión de gobernantes despóticos de Oriente Medio se vieron desafiados por una oleada de revoluciones, que enseguida se bautizaría como la Primavera árabe. Uno de esos levantamientos estalló en Siria, pero pronto empezó a degenerar en un baño de sangre sectario, en el que Irán ayudaba a sostener el régimen de Bashar al-Asad, y las autocracias saudí y catarí financiaban a grupos rebeldes cada vez más dominados por fundamentalistas islámicos. Los Estados occidentales apoyaron el derrocamiento de Al-Asad. En verano de 2013, centenares de civiles sirios fueron gaseados, casi con toda seguridad por fuerzas del régimen. Parecía inevitable una acción militar occidental, y el gobierno británico convocó al Parlamento para obtener el respaldo legislativo a tal acción. Sin embargo, la cúpula laborista rompió filas de forma inesperada con el gobierno de coalición que lideraban los conservadores. Los laboristas se habían saltado el guión de los dogmas del Establishment. La propuesta de intervención presentada por la coalición salió derrotada, lo cual supuso un rechazo casi sin precedentes de una posición gubernamental en materia de guerra y paz.

La votación provocó la furia de amplios sectores del Establishment. El periódico The Sun publicó en portada el titular: «AVISO DE DEFUNCIÓN», y el texto de más abajo decía: «La relación especial. Murió en su domicilio el 29 de agosto de 2013, a los 67 años, tras una enfermedad repentina. Amada hija de Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt». Y, sin embargo, una vez más las encuestas revelarían lo lejos que estaba la opinión pública de los dogmas del Establishment. Hartos de que sus gobernantes les arrastraran a guerras desastrosas como las de Afganistán, Iraq y Libia, la gran mayoría de los votantes rechazaban cualquier intervención militar británica en Siria. No sólo había un 72 por ciento del electorado en desacuerdo con la afirmación de que se hubiera «traicionado la relación especial», sino que el 67 por ciento consideraba que aquella relación especial ya «no era relevante en la era contemporánea y que no nos tenía que preocupar herir los sentimientos de los norteamericanos».

Pese a todo, el apoyo a la potencia americana sigue siendo un artículo de fe en el seno del Establishment británico. No se puede decir lo mismo de las relaciones con otro bloque de naciones. Ciertamente, la Unión Europea representa uno de los pocos grandes cismas que ha experimentado el actual Establishment.

En el seno de la élite política no es habitual oír hablar de amenazas a la soberanía británica procedentes del otro lado del Atlántico. Sin embargo, sí que hay una supuesta amenaza, procedente del otro lado del canal de la Mancha, que prácticamente se ha convertido en obsesión malsana de un ala del Establishment. El hecho de que Gran Bretaña sea miembro de la Unión Europea promueve tal división, debido a la existencia de un supuesto choque de mentalidades. A fin de cuentas, aunque los escuderos neoliberales se pasaron gran parte de la posguerra siendo parias ideológicos en Gran Bretaña, ahora sus ideas son las que dominan el Establishment británico. Pero, aunque esta ideología también ha hecho incursiones en las instituciones y en los tratados de la Unión Europea, hay otros aspectos de la organización que reflejan la persistencia en Europa de un pequeño reducto de capitalismo de bienestar. Y estos aspectos entran en conflicto directo con los mantras del Establishment británico, lo cual produce un cisma.

Cuando, en 1973, Gran Bretaña entró por primera vez en la Comunidad Económica Europea (CEE), que es como se llamaba entonces, la mayoría de la élite política apoyó la maniobra con entusiasmo. El Imperio británico se había hundido prácticamente del todo y el país se estaba reorientando hacia un mercado europeo. Cuando el gobierno conservador de Edward Heath llevó al país a la CEE, una serie de derechistas, como Margaret Thatcher, despotricaron contra esa decisión. Tras derrotar a Heath en los comicios de 1974, el laborista Harold Wilson sometió la cuestión a referéndum y permitió que hubiera ministros como Tony Benn que se opusieran a la incorporación de Gran Bretaña a la CEE. Pero la mayoría de la jerarquía laborista estaba a favor, y la ciudadanía también, a pesar de que, por entonces, una gran parte del movimiento laborista y de la izquierda en general se oponía a la entrada en la CEE, por miedo a que ésta impusiera políticas a favor del mercado e impidiera el intervencionismo en la industria y estrategias políticas como la nacionalización. En 1983, el programa electoral del Partido Laborista llegó a pedir que Gran Bretaña se retirara de la Comunidad Europea.

Sin embargo, a medida que la CEE evolucionaba hasta convertirse en la Unión Europea y se ablandaban las críticas de la izquierda, creció entre varios sectores de la derecha británica el llamado euroescepticismo. Para finales de los ochenta, después de varios años de dominio del thatcherismo, ya parecía que las únicas posibilidades de legislación socialmente progresista sólo podían provenir de la Unión Europea. Thatcher, sin embargo, ya veía el proyecto europeo como una amenaza al asentamiento político que ella había construido. «No hemos reducido con éxito las fronteras del Estado en Gran Bretaña —declaró en 1988 en Brujas— para que luego nos las vuelvan a imponer en Europa por medio de un súper-Estado europeo que ejerza un nuevo dominio desde Bruselas». Mientras que un ala del Establishment británico seguía considerando a la Unión Europea un pilar esencial del comercio británico, otra ala la veía cada vez más como una amenaza a la nueva ideología reinante en Gran Bretaña. Para una parte de la izquierda y del movimiento laborista, en cambio, la Unión Europea parecía ofrecer cierta protección contra el nuevo régimen.

A finales de los ochenta, la Comisión Europea propuso una «Carta Comunitaria» que incluía protecciones a los sindicatos y a la negociación colectiva, igualdad entre los sexos y criterios de seguridad laboral. Thatcher la atacó furiosamente por ser una «carta socialista» y los gobiernos conservadores británicos obtuvieron el derecho de los países a prescindir de su sucesora, la Carta Social. A fin de cuentas, estas propuestas constituían desafíos directos a los dogmas del Establishment. Gran Bretaña no la firmó hasta 1997, con la subida al poder del nuevo laborismo. La Directiva de Horarios Laborales de la Unión Europea concedía a los trabajadores un número mínimo de días de vacaciones al año e imponía un límite de cuarenta y ocho horas de trabajo semanal: el nuevo laborismo excluyó a Gran Bretaña del requisito de las horas. Éstas y otras medidas —como una directiva europea de 2011 que concedía más derechos a los trabajadores temporales y la ley Europea de Derechos Humanos, que traducía en forma de legislación la Convención Europea de Derechos Humanos— también generaron gran animadversión entre un sector del Establishment. Los parlamentarios conservadores y los periódicos de derechas como el Daily Telegraph y el Daily Mail hablaron en tono apasionado de amenazas a la soberanía. El interés nacional es uno de los términos favoritos de David Cameron y de otros altos cargos políticos. Quedó bastante claro, sin embargo, que ese interés nacional era un eufemismo para referirse a los intereses del Establishment británico.

Todo esto se puso muy de relieve a finales de 2011, cuando David Cameron vetó un tratado de la Unión Europea que contenía medidas relativas a la crisis de la Eurozona. Recibió entonces elogios de su partido y de gran parte de los grandes medios de comunicación por haber demostrado que tenía «espíritu de bulldog». Este «espíritu de bulldog», sin embargo, había sido invocado para defender los intereses de la City, los cuales entraban en conflicto con los del conjunto de la nación. Las propuestas de la Unión Europea incluían reformar las conductas dañinas de los fondos de cobertura, como, por ejemplo, las ventas en corto, además de introducir un impuesto de transacciones financieras que no solamente aumentaba los ingresos, sino que también promovía la estabilidad económica. Asimismo, el ministro de Economía George Osborne inició una demanda contra la Unión Europea para impedir una medida que imponía límites a las bonificaciones de los banqueros. El patriotismo se usaba para reunir apoyo detrás de los intereses de los ricos y de los poderosos. Estas batallas se libraron porque el gobierno temía que varios aspectos de la Unión Europea representaran una amenaza a los mantras y prácticas del Establishment.

Las batallas que el gobierno decide no librar con Europa resultan igual de reveladoras. Hay componentes de la Unión Europea que son afines al Establishment británico, es decir, que están institucionalmente conectados para favorecer los intereses privados. Esto no causa preocupación alguna a la élite política de Gran Bretaña. Los tratados de la Unión Europea consagran el movimiento libre de capitales y declaran que «hay que prohibir toda restricción al movimiento del capital entre Estados miembros y también entre Estados miembros y terceros países». La ayuda estatal suele prohibirse porque implica conceder una ventaja sobre la competencia. La privatización también está codificada en la ley europea. La Directiva 91/440 de la Unión Europea sirve para institucionalizar la privatización de los ferrocarriles, por ejemplo. Hay otra directiva que impone la liberalización de los servicios postales. Pero ahí no hay amenazas de veto ni declaraciones alarmadas de que alguien está amenazando la soberanía ni el interés nacional. A fin de cuentas, todas estas son ideas que los escuderos neoliberales han defendido desde siempre. Se trata de restricciones a la libertad de los gobiernos británicos que contribuyen a reforzar los mantras del Establishment.

Es oportuno en este punto hacer referencia a un tratado poco vistoso y de aspecto bastante técnico. A finales de 2013, la propuesta del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, de sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership) entre la Unión Europea y Estados Unidos casi no recibió ninguna atención de los medios de comunicación, y ciertamente ni una sola condena política. Incluía una «solución de disputas entre Estados e inversores», un mecanismo que podía permitir a las multinacionales demandar a los gobiernos electos para hacer lo que les viniera en gana gracias a un proceso administrado por abogados de empresa y que evitaba la jurisdicción de los sistemas judiciales de los países respectivos. De acuerdo con el Democracy Centre, este mecanismo «funciona en la práctica como un sistema de justicia privatizado para las corporaciones globales». Allí donde se ha puesto en práctica, las corporaciones han emprendido «docenas de acciones legales contra los gobiernos sobre cuestiones que van desde la minería hasta el agua y la energía nuclear».[12]

«Se trata ciertamente de una amenaza muy grave —dice el periodista y activista George Monbiot, una de las pocas voces que intentan dar la alarma desde los medios de comunicación—. Acaba con una cantidad enorme de alternativas y cierra el paso a ciertas políticas que querría ver mucha gente de este país. Por ejemplo, si el tratado progresa en su forma propuesta, en la práctica resultaría imposible evitar la privatización y la comercialización del NHS».

Resulta elocuente que la élite política guarde silencio. Sólo 38 de los 650 aforados firmaron una moción de trámite urgente —en la práctica, una petición parlamentaria— en la que condenaban el tratado después de que éste se pusiera sobre la mesa en noviembre de 2013. Pero esto no es ninguna sorpresa. El TTIP daba poderes a los intereses corporativos privados, en lugar de intentar limitarlos. La élite política tan sólo se ponía nerviosa cuando percibía amenazas a los intereses de la City y de las grandes empresas.

En especial, resultó sorprendente la posición del partido de extrema derecha United Kingdom Independence Party (UKIP), que se había fundado en 1993 para, en teoría, hacer una cruzada en defensa de la soberanía británica y contra las intrusiones de Bruselas. Teniendo esto en cuenta, la posición del UKIP sobre el TTIP resultó un poco inesperada. «A ver si me explico con claridad para evitar malentendidos —escribió en su blog Roger Helmer, diputado por el UKIP en el Parlamento Europeo—. Yo preferiría que Reino Unido tuviera su propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y si fuéramos un país libre e independiente, sospecho que ya haría diez años que tendríamos ese tratado, o veinte. […] Teniendo en cuenta que hoy tenemos delegada nuestra política comercial en Bruselas, creo que no nos queda más alternativa que apoyar el acuerdo, aunque habríamos preferido tener uno propio.»[13] Nada de efusivas defensas de la soberanía británica. Nada de quejas de que Bruselas ataca la gran democracia británica. A la hora de la verdad, el interés real del UKIP consistía en defender los intereses privados, no la independencia nacional; y le parecían de maravilla las políticas europeas que perseguían esas metas.

Algunos comentaristas de derechas incluso han llegado a sugerir de forma maliciosa que la Unión Europea era una póliza de seguros para impedir que el gobierno británico se apartara del consenso político. Según esa opinión, la Unión Europea protegía los mantras y las prácticas del Establishment. No se podía negar que el experimento de Ed Miliband con la socialdemocracia tenía «potencial electoral», escribió el autor conservador Fraser Nelson. En un artículo del Daily Telegraph titulado «Puede que sea la Unión Europea quien tenga que salvar a este país de los planes económicos de Ed Miliband», Nelson sugería que Miliband representaba «justamente la misma clase de populismo de izquierdas que había hecho que saliera elegido Bill de Blasio alcalde de Nueva York y que Franqois Hollande llegara a la presidencia de Francia». El Tribunal de Justicia Europeo, señalaba Nelson, había permitido que una serie de pacientes del NHS encallados en las listas de espera recibieran tratamiento privado en Europa a costa del gobierno, mientras que las leyes europeas contra las ayudas estatales impedían que los gobiernos salvaran a la industria del automóvil o renacionalizaran los ferrocarriles. «Por supuesto, si Gran Bretaña abandona la Unión Europea —concluyó—, que sea lo que Dios quiera, porque Ed Miliband tendrá el poder que necesita para acabar con todos los experimentos conservadores (y también con todos los contratos) que quiera. De forma que más les vale a los conservadores tener cuidado con lo que desean. Puede que la Unión Europea sea lo único que recuerde a Ed Miliband que las empresas británicas no son sus juguetes.»[14]

Tal como señala Nelson, lejos de representar un hervidero de socialismo, la Unión Europea es un lobby excepcionalmente lucrativo para las grandes empresas. «Tal como hemos visto en las negociaciones por el sector financiero, éste tiene muchos más recursos —admite Owen Tudor, que es quien dirige la sección de Relaciones Exteriores del Congreso Sindical—. No quiero engañarme acerca de cuánta influencia tienen en toda clase de mecanismos, como reclutar a gente de la misma comisión, trasladar a gente de las federaciones de la industria a la comisión… y cosas por el estilo».

El Observatorio de Corporaciones Europeo, un grupo de investigación y campaña, ha analizado exhaustivamente esta constante puerta giratoria entre la burocracia de la Unión Europea y el mundo de la empresa. Hay figuras de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que han terminado pasándose a la consultoría Avisa Partners, cabilderos corporativos que se especializan en ayudar a empresas a «encontrar un itinerario fructífero por entre las complejas redes de Bruselas en estos tiempos difíciles». Isabel Ortiz trabajó en la Unidad de Industria Alimentaria de la comisión antes de pasarse al grupo de presión FoodDrinkEurope. Parvez Khan, agregado financiero de la Representación Permanente de Gran Bretaña en Bruselas, se unió al lobby G+ Europe, que representa a bancos como el Royal Bank of Scotland. Y la lista sigue, dejando al descubierto un turbio universo de intereses corporativos que reclutan a burócratas de la Unión Europea para dar impulso a sus proyectos.[15]

Los intereses corporativos pueden incluso contribuir a redactar las leyes europeas. En febrero de 2013 salió a la luz que Amazon, ese gigante de la venta por internet especializado en la evasión fiscal legal, había estado redactando enmiendas a las leyes europeas de protección de datos que luego varios eurodiputados afines pusieron sobre la mesa. Detrás de esta iniciativa estaba el lobby Brunswick Group, que le cobró 150.000 euros por su trabajo a Amazon. Estaba claro que la empresa consideraba que esta inversión valía la pena y que terminarían por amortizarla.[16] Cuando, en noviembre de 2013, se descubrió que el eurodiputado belga y excomisario europeo Louis Michel había presentado 158 enmiendas a la Regulación de Protección de Datos de parte de distintos lobbies de empresas, Michel echó la culpa a un «empleado demasiado riguroso». Por sorprendente que parezca, se fue de rositas. Como el registro de grupos de presión en la Unión Europea es voluntario, hay una falta de claridad considerable en relación con lo que las empresas están haciendo y las conversaciones que están teniendo con los distintos políticos y burócratas europeos.

La falta de transparencia y de responsabilidad democrática únicamente beneficia a los intereses corporativos. Puede que el eurodiputado conservador y archieuroescéptico Daniel Hannan sea un ferviente partidario de los sonsonetes del Establishment inspirados en la crítica thatcherista de la Unión Europea, pero vale la pena escuchar lo que tiene que decir sobre el déficit democrático de la institución. «Si la Unión Europea fuera un país que solicitara entrar en ella misma, la rechazarían por no ser lo bastante democrática —dice—. La Comisión Europea es su ejecutivo, pero también es el único organismo que puede hacer propuestas de ley. Siendo muy pedante se podrían cuestionar algunos matices de esta afirmación, pero es verdad en un 90 por ciento». Es cierto que hay poderes que se han trasladado al Parlamento Europeo electo, entre ellos los necesarios para adoptar o introducir enmiendas a propuestas de la Comisión Europea, pero ésta, que los pueblos de Europa no han elegido, sigue ocupando su centro.[17] Y un golpe más a la legitimidad democrática de estas instituciones es que solamente un 43,1 por ciento de los europeos que podían votar en las elecciones parlamentarias europeas de 2014 lo hicieron. Desde las primeras elecciones, que se celebraron en 1979, la participación no ha dejado de descender con cada nueva cita electoral.

Asimismo, aunque David Cameron rechazara el Tratado Europeo de 2011 porque amenazaba a la City de Londres, eso no quiere decir que no haya otras razones más sensatas para oponerse a él. Como dijo por entonces el periodista de la BBC Paul Masón, «al consagrar la necesidad de unos presupuestos equilibrados y unos déficits estructurales cercanos a cero, tanto en las leyes nacionales como en las internacionales, la Eurozona ha proscrito las políticas fiscales expansionistas». Ahora hay que enviar los presupuestos de la Eurozona a la comisión para que los apruebe. En la práctica esto ha abolido las economías keynesianas e intervencionistas, y ha prohibido los estímulos fiscales durante las épocas de desastre económico. Entretanto, el Banco Central Europeo es un motor de austeridad en todo el continente, pero rinde tan pocas cuentas a nadie que ni siquiera publica sus minutas. La economía de la Eurozona se ha hundido en la crisis por culpa del colapso financiero, al que se ha añadido el comportamiento temerario de unos bancos, casi siempre alemanes, a la hora de hacer préstamos a países como Grecia. Las políticas impuestas a España, Portugal y, sobre todo, Grecia han dejado a cantidades enormes de jóvenes sin trabajo, en algunos casos a más del 50 por ciento; los servicios públicos se han desplomado y la pobreza se ha disparado.

No es de extrañar que la Unión Europea provoque semejante conflicto en el seno del régimen. Algunas figuras de primera fila, como Fraser Nelson, creen que, en realidad, Europa contribuye a asegurar las políticas y las ideas del Establishment, neutralizando toda amenaza posible contra ellas. Otras, en cambio, se oponen a la Unión Europea, pero no porque quieran defender la «soberanía» británica, sino porque creen que la Unión Europea plantea una amenaza a los mantras del Establishment.

Sin embargo, se trata de un debate que debería hacernos cuestionar qué es la soberanía. Ésta es una supremacía en términos de poder o de autoridad. En la Gran Bretaña actual, no reside en su pueblo, pero no es la Unión Europea ni ninguna otra institución la que ha privado al pueblo de su soberanía. Quien de verdad reina de forma absoluta es el Establishment. Es éste el que ha restringido y recortado la democracia británica, el que se ha asegurado de que Gran Bretaña sea un país condicionado porque debe favorecer una élite minúscula y que se ha encumbrado a sí misma. Y, hasta que eso cambie, la democracia en Gran Bretaña seguirá estando en peligro.

CONCLUSIÓN: UNA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Puede que el statu quo actual se considere producto del sentido común, pero está claro que las generaciones venideras mirarán atrás y verán con una mezcla de asombro y desprecio cómo se encuentra organizada hoy en día la sociedad británica: los mil individuos más ricos acumulan fortunas por valor de 520.000 millones de libras,[1] mientras que cientos de miles de personas se ven obligadas a hacer cola para comer en los bancos de alimentos; una próspera élite financiera que contribuyó a abocar a Gran Bretaña a un vórtice de hundimiento económico y que recibió un rescate de más de un billón de libras de dinero público, pero que, aun así, sigue comportándose igual que antes; un dogma reinante que trata al Estado como si fuera un obstáculo que erradicar y evitar, por mucho que el gobierno sirva como puntal de los intereses privados; una élite empresarial que depende básicamente de la generosidad estatal y que se niega a aportar impuestos al Estado; unos medios de comunicación que no sirven para informar, educar y desafiar a quienes tienen el poder, sino que actúan de plataforma para las ambiciones, los descarados prejuicios y los intereses propios de un pequeño número de actuales magnates. Pero lo más sorprendente para nuestros descendientes será que todo esto se haya hecho pasar por normal, por algo completamente racional y defendible, y que las instituciones gobernadas por la élite hayan intentado y, en gran medida conseguido, desviar la ira de la gente hacia quienes menos tienen de la sociedad.

Este statu quo —tan irracional como injusto— lo garantiza el Establishment. Y, sin embargo, no tiene nada de inevitable: no es que gobierne Gran Bretaña porque encarne la forma más efectiva, eficiente y racional de organizar la sociedad. De hecho, el Establishment representa el vehículo institucional e intelectual que usa una élite adinerada para defender sus intereses en una democracia. A fin de cuentas, antaño esto resultaba mucho más fácil. Antes de 1918 todavía existían requisitos de propiedad que impedían votar a mucha gente de clase obrera. Antes de que el Parlamento se viera obligado a ampliar en 1832,1867 y 1884 el sufragio bajo la presión procedente de las calles, solamente podía votar la gente muy privilegiada. Y como a quienes carecían de propiedades se les negaba el derecho a voto, el sistema político era el juguete de la élite, y sólo existía para servir sus intereses. Había ciertos factores restrictivos, claro, como el miedo a los disturbios o a la revolución, pero, por lo demás, la clase política británica apenas tenía razones para tener en cuenta las necesidades y los deseos del conjunto de la población. La democracia complica las cosas: si casi cualquier adulto puede votar o presentarse a las elecciones, entonces los políticos ya no se pueden comportar abiertamente como esbirros de la élite adinerada. El sufragio universal abrió la puerta a toda clase de concesiones, como subirles los impuestos a los ricos y crear un Estado de bienestar que ofreciera seguridad para todos.

Ya hace tiempo que se necesita una revolución democrática, destinada a reclamar por medios pacíficos los derechos democráticos y el poder que se ha anexionado el Establishment. Una revolución así sólo triunfará si aprende del éxito del Establishment. Para su triunfo, resultó crucial ser más que agresivo en la batalla de las ideas. El régimen actual nunca se ha ganado los corazones ni las mentes del pueblo británico: tal como muestran de forma continua las encuestas, la mayoría de la población está a favor de subirles los impuestos a los ricos y en contra de gestionar los servicios públicos para obtener beneficios, por ejemplo, y la confianza en las instituciones clave ha alcanzado un punto extremadamente bajo. Sin embargo, promover la noción de que «no existe alternativa» —tal como dice el eslogan no oficial del Establishment— ha resultado ser una victoria ideológica tremenda, que ha obtenido una aceptación y una resignación generalizadas y ha drenado la voluntad de resistir.

En parte, por tal razón los escuderos han desempeñado un papel tan crucial. No es que no hayan existido siempre hombres y (de vez en cuando) mujeres de ideas firmes, convencidos —en general— de que sus recetas neoliberales sirven al bien de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sus creencias coinciden con las inclinaciones de los intereses corporativos y de la gente rica, lo cual garantiza un matrimonio de conveniencia más que eficaz. Con el tiempo, se ha ido creando una coalición mucho más amplia, que incluye a unos medios de comunicación inherentemente favorables y a grandes sectores de la élite política.

Una vez reunida, esta coalición, cambió los términos del debate político aceptable, de esa ventana Overton que define los límites de lo políticamente posible. Todo lo que queda dentro de la ventana se considera mayoritario, sensato, centrista y razonable. Las ideas que están fuera de ella se descartan por ser extremistas, peligrosas, imposibles y merecedoras de una respuesta del tipo: ¿en qué planeta vives? Sin embargo, tal como mostraron los escuderos, esa ventana no es estática. Las mismas ideas que antaño se consideraban inaceptables ahora pueden volverse de sentido común, mientras que las que antaño la élite política daba por sentadas pueden acabar siendo rechazadas por ser «demenciales». Los escuderos se dedicaron a propagar de forma incansable unas ideas que no eran lo bastante radicales como para ser descartadas al instante por extremistas, pero sí lo suficiente como para generar presión y, al mismo tiempo, crear oportunidades políticas para un número cada vez mayor de políticos afines del espectro oficial. Y esta estrategia cobra vida de verdad en períodos de crisis, que es cuando se abren mayores perspectivas y surge un apetito más pronunciado de cambios radicales. Tanto las crisis económicas de los años setenta —de las que emergió el Establishment actual— como de la primera década del presente siglo se usaron con eficacia para desplazar la ventana Overton. La estrategia, sin embargo, siempre dependió de la repetición constante de una serie de mensajes coherentes, es decir, de que diversas figuras e instituciones machacaran con lo mismo una y otra vez.

La filosofía de los escuderos —ya sea desde los think tanks, los departamentos universitarios o las páginas de opinión de los periódicos— tuvo otro papel importante: desarrollar una ideología coherente que consolidara el Establishment. El actual es mucho más ideológico que el de las élites gobernantes que lo precedieron. Esta ideología se racionaliza de diversas maneras: mercados libres y emancipados del peso muerto del Estado; una cultura del individualismo; eficiencia, etc. En términos prácticos, esta ideología constituye la justificación racional de unas mentalidades que legitiman la concentración de la riqueza y el poder en unas pocas manos; y, más en particular, la mentalidad del «porque yo lo valgo» de L’Oréal. La codicia, aunque casi nunca se presenta como tal, es aplaudida como un medio para liberar el potencial del individuo y promover la prosperidad por el bien de todos. En términos prácticos, son los miembros del Establishment quienes se llevan la mayor parte del botín, ya sean políticos que usan sus carreras para terminar en los consejos de administración de las empresas, intereses privados que se hacen con la gestión de los recursos públicos, o bien son subvencionados directamente por el contribuyente; empresas que se las apañan para librarse de pagar unos impuestos enormes; o bien banqueros británicos que se embolsan más bonificaciones que los financieros de todos los demás países europeos juntos.

El Establishment viene marcado por el triunfalismo. Las victorias que obtuvo sobre sus oponentes —sobre todo en los años ochenta y noventa— fueron decisivas. El final de la guerra fría se presentó, con mucha astucia, como la muerte de cualquier alternativa al capitalismo de mercado libre, lo cual potenció todavía más la seguridad en sí mismo del Establishment. La globalización asentó con firmeza la idea de que la voluntad del mercado tenía que reinar de forma absoluta. El hecho de que el nuevo laborismo se uniera al Establishment reforzó el aura de invencibilidad de éste. Hoy en día, unos medios de comunicación sumisos aprueban una agenda política que promueve los intereses de los ricos como si la dictara el simple sentido común y nadie en su sano juicio pudiera plantearle objeción alguna. Por otro lado, las políticas que desafían la posición del Establishment se tachan siempre de recetas para ir directos a la ruina: las empresas se marcharán, el capital huirá, los ingresos fiscales se desplomarán, etc. A los oponentes del Establishment, o bien no se les hace ningún caso, o bien se los rechaza por ser peligrosos o extremistas ilusos, y —si es necesario— se los humilla. La seguridad en sí mismo del Establishment la ilustra el hecho de que incluso ya está dispuesto a volverse contra la policía, la misma que desempeñó un papel crucial en la derrota de los oponentes del Establishment, pero a la que no se la considera indispensable porque ya no se percibe que pueda amenazar la hegemonía del régimen.

Al Establishment también lo protege la estrategia de dirigir la ira popular hacia quienes ocupan el escalafón más bajo de la sociedad. Tanto los medios de comunicación como los políticos incitan a los trabajadores de rentas bajas a envidiar las condiciones supuestamente opulentas de los desempleados que piden prestaciones al Estado, en lugar de dirigir su resentimiento a los empresarios por pagarles unos sueldos insuficientes. Se mueve a los trabajadores del sector privado que carecen de pensiones a envidiar a los del sector público, que todavía tienen las suyas intactas. A quienes no pueden obtener viviendas de protección oficial —porque los gobiernos se han negado a construirlas— ni obtener trabajos seguros —porque los políticos de todos los signos han permitido que éstos desaparezcan de la economía— se los incita a que envidien a los inmigrantes por quitarles lo que les corresponde a ellos.

Este desvío de la ira no es resultado de una conspiración organizada de magnates de los medios de comunicación, grandes empresas y políticos que fuman puros en reuniones privadas y están confabulados para encontrar la forma de restregar las caras de los pobres por el fango e incitarlos para que conviertan a sus vecinos en chivos expiatorios. No, este desvío es consecuencia natural de las ideas que comparte todo el Establishment: que quienes están en lo alto de la sociedad merecen estarlo; que quienes tienen talento, habilidad y determinación están destinados a escalar posiciones en la sociedad, mientras que, si no consigues mejorar tus circunstancias, es culpa tuya. Los propietarios de los medios de comunicación se niegan a criticar a una élite a la que ellos mismos pertenecen; los políticos no quieren atacar a unos intereses privados con los que están asociados y de los cuales —en muchos casos— dependen para su financiación. Desafiar mínimamente las prácticas de la élite corporativa conlleva el riesgo de que te llamen extremista y «enemigo de los negocios», tal como descubrió el líder laborista Ed Miliband en 2013 a raíz de proponer una congelación temporal de la factura del gas y la electricidad. Al mismo tiempo, no existe un movimiento popular fuerte que intente dirigir hacia arriba la ira que le provocan a la gente sus penurias. No es de extrañar, pues, que la conducta de los desposeídos se vea implacablemente vigilada, en lugar de estarlo la de los poderosos, una circunstancia que acaba protegiendo al Establishment.

Al principio, a los pocos y dispersos opositores al régimen les pareció que la crisis financiera de 2008 podía traer consigo una fractura del dominio del Establishment. El experimento del capitalismo del libre mercado había vuelto a abocar al mundo a un desastre terrible, igual que en la década de los treinta. «¿Ha fracasado el capitalismo?», reflexionaba el periódico londinense The Times. De acuerdo con el semanario Newsweek, el presidente electo Barack Obama tenía la misión de «liderar la contrarrevolución conceptual contra una idea que lleva dominando el planeta desde finales de la guerra fría, pero que por fin está terminando dé perder gas: el absolutismo del libre mercado». La revista Time, entretanto, llamó a los gobiernos occidentales que estaban planeando una respuesta a la crisis «la coalición de la crisis del capitalismo». Los críticos del Establishment tenían indicios de sobra para creer que por fin había llegado su momento. «Lo que es seguro es que la potestad del modelo del capitalismo de mercado libre, que lleva más de dos décadas dominando el mundo, se está agotando a marchas forzadas», escribió el columnista del Guardian Seumas Milne.

Sin embargo, en vez de ser el toque de difuntos de la ideología de los escuderos neoliberales, pareció que la crisis le insuflaba a dicha ideología una vida nueva. Los oponentes del Establishment carecían de una alternativa coherente y lista para ser puesta en práctica. Los escuderos, en cambio, llenos como estaban de recursos, no perdieron la calma ante la crisis financiera. Al contrario: aprovecharon la oportunidad que les traía la crisis, igual que habían hecho en los años setenta. Contribuyeron a urdir el discurso de que la crisis la había desencadenado el exceso de gasto, justificando así una nueva ofensiva para reducir el tamaño del Estado.

En esta nueva era, la fuerza política contraria al Establishment que más ha triunfado pertenece a la derecha populista. Se trata del United Kingdom Independence Party (UKIP), liderado por el excorredor de productos básicos en bolsa Nigel Farage, político especilista en fingir un encanto campechano y que suele salir con una pinta de cerveza en la mano en prácticamente todas las fotografías que le hacen. Aunque originalmente se centraba en sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, el UKIP se ha terminado convirtiendo en aglutinador de un descontento mucho más amplio. El discurso de Farage consiste en repetir machaconamente el mensaje de que él defiende al pueblo de la élite. «El Establishment, el statu quo, las grandes empresas, los grandes eurócratas y nuestros tres supuestamente grandes partidos están cagados de miedo por lo que está consiguiendo el UKIP», ha declarado. Cuando, en marzo de 2014, Farage participó en un debate televisado con Nick Clegg, el viceprimer ministro liberal-demócrata, acusó a su desventurado oponente de querer unirse a la moneda europea siguiendo órdenes de «toda tu panda, todas las grandes corporaciones».

Por encima de todo, el UKIP ha contribuido a poner la cuestión de la inmigración en el primer plano de la agenda política del país, dirigiendo la culpa de los problemas sociales endémicos de Gran Bretaña lejos de la élite responsable y hacia ese eterno chivo expiatorio que es el extranjero. «Hay veintiséis millones de personas buscando trabajo en Europa —declaraba un póster del UKIP que se imprimió por todo el país—. ¿Y de quiénes son los trabajos que quieren?» El mensaje iba acompañado de la ilustración de una mano que señalaba directamente a los transeúntes. La estrategia del partido obtuvo unos dividendos políticos importantes. En las elecciones europeas de 2014, el UKIP se convirtió en la lista más votada de Gran Bretaña: era la primera vez en 108 años que ganaba unas elecciones nacionales un partido que no fueran ni el de los laboristas ni el de los conservadores.

La estrategia del UKIP era genial. A pesar de su mensaje populista, representaban las ideas del Establishment en su forma más pura. Al mismo tiempo que contribuían a dirigir la ira de la gente hacia los inmigrantes —en lugar de, por ejemplo, hacia la City, los empresarios que pagaban sueldos de miseria o los evasores fiscales—, el UKIP apoyaba unas políticas que únicamente podían beneficiar a los ricos. Hasta 2014, el partido apoyaba un impuesto sobre la renta plano, que no sólo habría supuesto un recorte brutal de los impuestos que pagaban los ricos, sino que habría dejado a los teleoperadores en el mismo tipo impositivo que a los multimillonarios. Aunque acabó dándole un giro de ciento ochenta grados a la propuesta, el UKIP todavía defiende bajar los impuestos a los tipos superiores. También quiere abolir las contribuciones de los empresarios a la Seguridad Social, una medida que les reportaría a los jefes la sobrecogedora cifra de 50.000 millones de libras. Propone, además, que se eliminen dos millones de puestos de trabajo del sector público, lo cual diezmaría comunidades enteras. Y va más lejos incluso que el Partido Conservador en su apoyo al desmantelamiento y a la privatización del NHS. «La existencia misma del NHS estrangula la competencia», declaró el número dos del UKIP, Paul Nuttall, que sostiene que «mientras el NHS siga siendo la “vaca sagrada” de la política británica, el pueblo continuará recibiendo unos servicios sanitarios de segunda». En noviembre de 2014 se desvelaron unas imágenes en que Farage pedía que el NHS fuera reemplazado por un sistema de seguros médicos privados. Aunque al principio se lo obligó a retractarse, a principios de 2015 declaró ante la BBC que el reemplazo del NHS por un seguro sanitario privado se tendría que llevar a cabo en menos de una década.[2] El UKIP también llama a tirar a la hoguera los derechos de los trabajadores, con medidas como eliminar la legislación que regula los finiquitos, las vacaciones y las horas extra.[3]Y, sin embargo, la gran mayoría de quienes apoyan al UKIP seguramente no tiene ni idea de qué defiende este partido, más que la oposición a la Unión Europea y a la inmigración. Está claro que sus votantes —al menos la mayoría— no son conservadores ultrathatcheristas exiliados; de hecho, según las encuestas, son mucho menos partidarios de la austeridad y de los recortes al Estado de bienestar que los votantes conservadores. Lo asombroso es que, en un buen número de temas, los votantes del UKIP son mucho más radicales que la ciudadanía británica en general. Una encuesta de YouGov reveló que el 78 por ciento de los votantes del UKIP apoyaba la propiedad estatal de las compañías energéticas (frente al 68 por ciento de todos los votantes); que el 73 por ciento quería que se renacionalizaran los ferrocarriles (frente al 66 por ciento) y que el 50 por ciento defendía los alquileres controlados (la cifra general era del 45 por ciento). Un asombroso 40 por ciento de sus electores creía incluso en el control de precios para los productos alimenticios, frente al 35 por ciento de todos los británicos.[4]

¿Qué nos dice esto? Pues, por un lado, que el Establishment tiene tan poco apoyo del público que hasta los votantes de un partido ferozmente derechista se encuentran, en temas económicos, espectacularmente a su izquierda. También se puede entender como una severa condena al Partido Laborista y a los oponentes radicales del Establishment. Como éstos no han conseguido conectar con el descontento y la desilusión crecientes, han permitido que ese vacío lo llenara el populismo de derechas.

En la actualidad, a otros muchos británicos la política les resulta irrelevante, completamente abstracta y ajena a sus vidas. A muchos les parece fútil votar. En ciudades y pueblos de todo el país, la gente me ha dado unas razones asombrosamente parecidas para no votar: «Nada cambia nunca», «los políticos solamente trabajan para sí mismos», «los políticos están para llenarse los bolsillos», «todos los políticos son iguales», «siempre rompen sus promesas», y otras por el estilo. Hoy en día los trabajadores no cualificados acuden a las urnas un 20 por ciento de media menos que los profesionales de clase media. En una encuesta de YouGov realizada en 2012, se preguntó a los votantes: «En relación con las presiones exteriores como la globalización, las nuevas tecnologías, la Unión Europea, las grandes compañías multinacionales y los mercados financieros, ¿cuál de estas opiniones se acerca más a la de usted?». Casi la mitad eligieron la respuesta: «Hoy en día, estas presiones son tan grandes que el gobierno y el Parlamento británicos han perdido casi todo su poder para tomar las grandes decisiones sobre el futuro de Gran Bretaña». Solamente el 39 por ciento se mostró en desacuerdo. La misma encuesta reveló que el 58 por ciento estaba conforme con: «Hoy en día, da bastante igual para mi vida cotidiana quién gane las elecciones generales: hay muy pocas diferencias entre los principales partidos políticos».[5] Al ceder los poderes democráticos a intereses privados y construir una élite política que únicamente discrepa en los detalles y no en las cuestiones importantes, el Establishment le ha infligido un daño incalculable a la democracia.

Caroline Lucas, parlamentaria por Brighton de los Verdes y exlíder del partido, recuerda la inquietante conversación que mantuvo con una funcionaría municipal con motivo de los recortes a la exención de la tasa municipal a los trabajadores de rentas bajas y desempleados. «Al parecer, siempre que se introducen esta clase de cambios, la gente responsable de hacer las llamadas pertinentes suele tener cierta formación para tratar con gente que se pone muy furiosa, comprensible y legítimamente furiosa».

Sin embargo, esta vez, cuando se introdujeron los recortes a las exenciones, la funcionaría municipal se encontró con una reacción distinta. «Me contó que lo que más la impresionó era que la gente no se ponía furiosa, se limitaba a quedarse abatida. Era como si hubieran perdido la voluntad de luchar […]. A mí me sorprendió no ver de forma más habitual marchas por las calles y grandes manifestaciones. Tal vez se deba, en parte, a esa impresión espantosa de que la gente está empezando a rendirse». El Establishment ha dejado a mucha gente resignada, sin esperanza y convencida de que la resistencia no es posible. Por supuesto, esto ayuda a perpetuar su dominio.

Nada de todo esto quiere decir que los oponentes al Establishment hayan estado completamente desaparecidos en los últimos años. Conectando con una larguísima tradición de desobediencia civil pacífica, UK Uncut ha obligado a la élite política y mediática a, por lo menos, tratar (aunque no combatir) el problema de la evasión fiscal por parte de los intereses corporativos y de los ricos. El movimiento Occupy, al plantar sus tiendas delante de la catedral de San Pablo, llamó la atención hacia el hecho de que Gran Bretaña y el mundo están siendo gobernados en beneficio del «1 por ciento» y no del «99 por ciento» restante. Cientos de miles de sindicalistas han protestado, han ido a la huelga y han demostrado su desafío a las políticas de austeridad, mientras que grupos como Disabled People Against Cuts (Discapacitados contra los Recortes) han respondido a los ataques contra la parte más desprotegida de la sociedad. También está la People’s Assembly (no oculto nada: se trata de una iniciativa en la que yo he estado implicado desde el principio), un amplio movimiento en contra de las políticas de austeridad que ha organizado asambleas enormes por toda Gran Bretaña. Asimismo, el Partido Verde ha estado presentando alternativas tanto a la austeridad como a la destrucción del medio ambiente, mientras que varios parlamentarios y activistas laboristas se han organizado contra el gobierno liderado por los conservadores, y en algunos casos contra sus propios líderes. Sean cuales sean las opiniones de uno sobre el tema de la independencia escocesa, lo que está claro es que la campaña del «sí» a la independencia ha conectado con una profunda alienación respecto al Establishment: se prometió que Escocia estaría libre de su dominio y de sus mantras si conseguía abandonar Reino Unido.

Los defensores de una revolución democrática pueden inspirarse en todos estos ejemplos. Pero también deberían coger ánimos fijándose en los escuderos neoliberales. En las décadas de la posguerra, a aquellos escuderos también se los consideraba elementos marginales, derrotados e irrelevantes, defensores de una serie de ideas fracasadas que el avance de la historia había pisoteado sin misericordia. En sus filas, el pesimismo campaba a sus anchas y sus efectivos eran escasos. Todo esto hizo que su posterior triunfo les resultara sorprendente incluso a ellos mismos, ya no digamos al resto del mundo. Lo que los sostuvo, sin embargo, fue la fe en sus ideas. Por supuesto, resulta crucial tener una meta inspiradora a largo plazo. Los ideólogos del Ubre mercado que subieron al poder en Gran Bretaña en 1979 sabían que la transformación que planeaban no sería inmediata ni mucho menos: sería un esfuerzo largo y difícil para transformar las posiciones, derrotar a la oposición y hacer que arraigara un nuevo sistema que nadie pudiera desafiar.

Los defensores de una revolución democrática necesitan mostrar el mismo compromiso con una visión a largo plazo. Gran Bretaña tiene que ser un país gobernado por y para quienes lo mantienen con vida, y no gestionado como un simple plan para que los ricos se enriquezcan cada vez más. Para que eso suceda, haría falta una sociedad organizada a partir de las necesidades sociales y no hacia los beneficios privados a corto plazo. También sería necesario extender la democracia a todas las esferas de la vida: no sólo a la política, donde únicamente se celebran elecciones nacionales de vez en cuando, sino también a la economía y al lugar de trabajo.

Sin embargo, para tener éxito es crucial construir una argumentación intelectual atractiva que pueda conectar con las experiencias y las aspiraciones de la gente, tal como hicieron en su momento álgido los escuderos neoliberales. Y no se trata de llevar a cabo intelectualizaciones abstractas y sibaritas. Sin una alternativa coherente, seguirá reinando la resignación generalizada. Sólo pueden tener lugar grandes cambios si un sector lo bastante amplio de la sociedad se muestra lo suficientemente inspirado por todas estas promesas y lo bastante seguro de que se van a llevar a cabo.

Es cierto que la oposición al Establishment ha sufrido carestía de intelectuales. A fin de cuentas, los ricos reparten dinero a espuertas entre los think tanks que promueven sus intereses económicos, y el ascenso de la nueva derecha ha purgado de disidentes el profesorado de las facultades de Economía, asegurándose de que escalar posiciones académicas dependa de seguir la línea oficial. Y, sin embargo, sigue habiendo una gama muy diversa de economistas y demás expertos que se niegan a sumarse al statu quo, a algunos de los cuales he entrevistado a lo largo de este libro. En 2014, el economista francés Thomas Piketty causó un gran revuelo intelectual al publicarse su libro El capital en el siglo XXI, que mostraba cómo la desigualdad se perpetúa y en el que pedía subidas del impuesto sobre la renta y un impuesto global a la riqueza.

El problema es que todas esas voces disidentes se encuentran demasiado dispersas y fragmentadas, y además suelen trabajar en proyectos individuales que, por lo general, no reciben la atención de los medios de comunicación. Irónicamente, los defensores del Establishment británico predican una doctrina de individualismo rampante, pero a menudo muestran una disciplina impresionante a la hora de coordinarse y trabajar de forma conjunta en pos de objetivos comunes. En cambio, quienes nos oponemos a ellos predicamos la solidaridad, y, sin embargo, a menudo operamos de forma individual y como inconformistas solitarios.

Si los defensores de una revolución democrática queremos tener éxito, es necesario que todos los fragmentos se reúnan y que nosotros también tengamos unos escuderos igual de eficaces, como, por ejemplo, think tanks expertos que sean capaces de moverse por un entorno hostil. Los sindicatos son las principales organizaciones afines que tienen fondos suficientes como para crear esos think tanks; de hecho, han empezado a hacerlo: en 2012 se fundó el think tank Class (yo estoy en su consejo asesor). También está la New Economics Foundation (NEF). A menos que se construya una alternativa coherente y creíble, y que conecte con mucha gente, el statu quo seguirá inamovible. Esto es lo que averiguaron hace ya muchas décadas los escuderos neoliberales.

Uno de los falsos argumentos que se esgrimen contra los opositores al Establishment es que no ofrecemos más alternativa que la simple inmovilidad, la sustitución de las fuerzas liberadoras del libre mercado por una monstruosidad burocrática y atrofiante. Es una falsa disyuntiva: la alternativa al capitalismo de dar rienda suelta al mercado no tiene por qué ser el estatalismo vertical. En cierto sentido, la alternativa a los eslóganes del Establishment pasaría, en parte, por reducir el Estado. Y es que, en realidad, el supuesto «libre mercado» es una estafa, una farsa en gran medida orientada a la concesión de subsidios generosos y cesiones a la élite adinerada. El mismo Estado de bienestar, cuya finalidad era ofrecer seguridad social para todos, se ha visto pervertido: ahora funciona como fuente de ingresos de facto para unos patronos que pagan unos sueldos miserables y unos caseros particulares que extorsionan a sus inquilinos con los alquileres. Hacer que el salario mínimo dé para vivir reduciría esta dependencia del Estado, igual que controlar los alquileres del sector privado y quitar a los ayuntamientos los límites al préstamo que les impiden construir una nueva ola de viviendas de protección social de calidad, lo cual también crearía puestos de trabajo, estimularía la economía y llevaría a las arcas públicas un flujo estable de alquileres. Esto le devolvería al Estado de bienestar su propósito original. Se trata de unas demandas populares que obligarían a los partidarios del Establishment a ponerse a la defensiva.

Las leyes antisindicales más represivas del mundo occidental se han asegurado de que el equilibrio de poder favorezca decididamente a los jefes. Por eso es tan importante modernizar las leyes sindicales, para permitir que el mayor movimiento democrático del país represente de forma eficaz a los trabajadores, y eso incluye concederles a los sindicatos el derecho a reclutar militantes en el lugar de trabajo. La debilidad de los sindicatos es una de las razones principales de que el nivel de vida de los trabajadores ya estuviera cayendo mucho antes del hundimiento financiero —a pesar de que las empresas estaban obteniendo unos beneficios récord—, una situación que obligó a más y más gente a pedir créditos fiscales o a depender de los créditos a bajo interés, y que dejó la economía sin demanda. Derrotar el mantra antisindical del Establishment nos beneficiaría a todos.

Implantar la democracia en el lugar de trabajo también debería desplazar el equilibrio de poder en detrimento de los jefes. En Alemania, los trabajadores eligen a unos representantes que promueven sus intereses en los consejos de administración, algo que se conoce como codeterminación. Si la medida vale para los trabajadores alemanes, seguramente también valdría para los británicos, y les daría una voz en sus supermercados, servicios telefónicos de atención al cliente, oficinas y demás lugares de trabajo, en vez de ser tratados como simples esclavos a los que explotar. Tendría que complementarse con otras medidas que impidieran que los trabajadores quedaran reducidos a simple carnaza para contratar y despedir de la que los jefes pueden deshacerse a voluntad, como, por ejemplo, eliminar los contratos sin horas. También es clave instaurar una política oficial de creación de pleno empleo, que tiene la ventaja de garantizar mejor que ninguna otra el poder de negociación de los trabajadores. De este modo, en el lugar de trabajo, los empresarios dejarían de ser unos déspotas desde un punto de vista económico.

La privatización se ha convertido en una forma de bienestar corporativo, en virtud de la cual el dinero del contribuyente va a subsidiar compañías como las empresas ferroviarias. Todas las franquicias ferroviarias deberían poder devolver con facilidad y sin coste a manos públicas, cuando llegara el momento de renovar sus respectivos contratos de gestión. Pero eso no implica cambiar a los accionistas por burócratas. Al contrario, un servicio tan trascendental como los trenes se podría entregar a la propiedad democrática tanto de los trabajadores que lo hacen funcionar como de los pasajeros que lo usan. Esto implicaría fusionar los principios que sustentan las cooperativas —como la icónica John Lewis Partnership— con la forma tradicional de propiedad pública. Lo mismo se aplica a las seis grandes compañías energéticas, que obtienen unos beneficios gigantescos a base de subir las facturas en una época de penuria económica generalizada. El gobierno laborista de posguerra nacionalizó los recursos privados intercambiando las acciones por bonos del Estado, que es exactamente como se podría arrebatar a esas empresas de las manos de unos especuladores a quienes lo que les interesa es enriquecerse, no el bienestar de todos.

La propiedad pública y democrática de los principales servicios socavaría el mantra del Establishment de que el mercado lo hace todo mejor. En primer lugar, todas las encuestas muestran que la propiedad pública es aplastantemente popular, y que hasta los votantes más conservadores apoyan las nacionalizaciones. Sin embargo, evitaría las trampas de las nacionalizaciones de antaño, gestionadas por burócratas que tal vez no estuvieran en la mejor posición para entender las necesidades de las consumidores. En los años ochenta, Margaret Thatcher fue capaz de privatizar los servicios con tanta facilidad y con tan pocas protestas populares por culpa del hecho de que la población no sentía para nada que compartiera su propiedad. Para mucha gente, servicios que en el pasado habían sido públicos como British Telecom ahora resultaban completamente remotos y dirigidos por burócratas, y a veces ofrecían un servicio deficiente.

Una propiedad pública que involucrara a los usuarios del servicio y a los trabajadores contribuiría a democratizar la economía y supondría una alternativa genuina tanto al mercado como al estatalismo rígido. Toda la estrategia orientada a avanzar sin pausa hacia una sociedad gobernada en pos del beneficio para una pequeña élite recibiría un golpe considerable. Una revolución democrática de estas características absorbería las lecciones de los escuderos de los años setenta, que se dieron cuenta de que un sistema nuevo solamente podría perdurar si institucionalizaba el apoyo de los grupos de interés. Hacer sentir a los usuarios de los servicios que éstos les pertenecen y que ellos son sus propietarios democráticos conseguiría exactamente eso. Esa propiedad democrática tampoco ahogaría la innovación. Ya hemos visto que el Estado —desde la misma creación de internet hasta la tecnología que hay detrás del iPhone— está en el origen de muchas cosas que hacen las empresas, ya sea desarrollando tecnología para productos nuevos, proporcionando infraestructuras, educando a la mano de obra, financiando e impulsando la investigación y el desarrollo, etc. He aquí la prueba de que la actividad empresarial no es patrimonio único de los millonarios, sino que la esfera pública también la puede promover.

Restaurar la democracia también implica luchar contra el poder de los financieros. Gran Bretaña no depende tanto de la City, o de las finanzas en general, como afirman sus defensores: la industria proporciona una mayor recaudación de impuestos y más puestos de trabajo, y además no ha sido rescatada con miles de millones de libras. El Estado británico, en cambio, sí que se apoya en una gran contribución de un sector financiero mal regulado y susceptible de verse arrastrado por las crisis internacionales. El poder de las finanzas limita lo que pueden hacer los gobiernos elegidos de un modo democrático. Esto impone la necesidad urgente de destetar a Gran Bretaña de su dependencia del sector financiero creando una nueva generación de industrias modernas. Los gobiernos británicos tienen que aprender de países como Alemania y abandonar su estrategia permisiva de dejar «que el mercado decida y que el Estado no elija bando». Hasta individuos como el exministro conservador Michael Heseltine han estado pidiendo al gobierno que ayude y promocione activamente a las industrias emergentes. Con una política industrial basada en un Estado activo e intervencionista, Gran Bretaña podría establecer una nueva ola de «industrias verdes» y crear puestos de trabajo que ayudaran a afrontar la amenaza potencial a la vida que supone el cambio climático y acabar con la adicción a las finanzas.

Nada encarna el «socialismo para ricos» británico tan bien como el sector financiero. Después del desplome de los bancos, le tocó al contribuyente pagar la factura rescatando a todas aquellas empresas privadas, lo cual significó que el público cargó con la deuda mientras que los beneficios seguían en manos privadas. Pero aquí hay una oportunidad. En vez de vender los bancos rescatados por el contribuyente, el gobierno podría convertir esas instituciones en bancos de inversión regional de propiedad pública, lo cual contribuiría a reconstruir las economías locales de toda Gran Bretaña. Tendrían mandatos específicos, como, por ejemplo, apoyar a las pequeñas empresas que ahora no pueden conseguir préstamos, así como ayudar a remodelar la economía y promover las nuevas estrategias industriales.

Esto tampoco implica replicar del todo un modelo estatalista vertical. Fue el contribuyente británico quien rescató a la banca. El antiguo lema revolucionario norteamericano decía «no a los impuestos sin representación», y el mismo principio se debería aplicar a las finanzas. Nosotros, los contribuyentes, deberíamos contar con una representación democrática en los consejos de administración de los bancos que hemos rescatado, para poder garantizar que esos mismos bancos atiendan a las necesidades de los consumidores y las comunidades.

También podemos reducir de otras formas el poder que tienen las finanzas sobre nuestra democracia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva tiempo siendo un baluarte del neoliberalismo internacional y obligando a las economías a abrirse a las fuerzas de la globalización, privatizar las industrias, eliminar regulaciones y abolir obstáculos a los flujos de capital. Por tal razón el hecho de que, en diciembre de 2012, el FMI abandonara su oposición global a los controles al capital —es decir, restricciones a los movimientos de entrada y salida de capital, como, por ejemplo, impuestos, a través de las fronteras— por mucho que considerara que esos controles tenían que ser «orientados, transparentes y en general temporales» supuso un cambio tan radical. Entre las economías emergentes que han impuesto estos controles durante los últimos años se cuentan potencias como Brasil, Corea del Sur y la India, mientras que China nunca ha dejado de usarlos. Cuando el colapso financiero abocó a Islandia a la ruina económica, los controles al capital fueron fundamentales para su recuperación. Brasil, por ejemplo, impuso un impuesto a las transacciones financieras de hasta el 6 por ciento, y su gobierno lo ha considerado un éxito porque evitó que su tipo de cambio se disparara demasiado deprisa. Malasia sobrevivió a la crisis financiera asiática de 1997 mejor que otras economías rivales porque, precisamente, tenía controles al capital.

Los controles al capital supervisan el flujo de dinero que entra y sale de una economía, y la protege de las burbujas de activos y de los intereses a corto plazo de los inversores, que pueden entrar en conflicto con los intereses de la sociedad en su conjunto. El capital puede experimentar subidas bruscas que eleven los precios de la propiedad y los tipos de cambio, y luego retirarse de golpe, precipitando un violento desplome. En 2008, por ejemplo, se sacó de Gran Bretaña un total de 490.000 millones de libras. Debido a la envergadura de su sector financiero, ahora el país afronta una persistente amenaza de contagio: con un sistema financiero tan globalizado, una situación de crisis puede saltar como un relámpago de país en país. Igual que gente como George Soros sacó provecho del Miércoles Negro de 1992, los especuladores siempre pueden intentar lucrarse gracias a las pesadillas económicas.[6] Pero el efecto contrario también es dañino: el llamado dinero caliente, u oleadas repentinas de capital que entran en el país con la esperanza de ganar pasta rápidamente, pueden dañar asimismo la infraestructura social y económica. Y si un gobierno electo implanta políticas que resultan desagradables para los intereses privados, se puede producir una fuga desastrosa de capitales fuera del país. «El gobierno pierde todas las palancas que necesita para gestionar la economía —dice la economista Ann Petifor—. Y, desde mi punto de vista, la palanca más importante es el tipo de interés. No solamente el tipo base que el Banco Central fija y puede subir, sino el tipo de interés que tiene que pagar el pequeño empresario para montar un nuevo negocio; también es lo que importa cuando una gran empresa quiere asumir un riesgo y hace una prospección o algo así».

La New Economics Foundation propone todo un espectro de controles al capital que pueden ayudar a un gobierno electo a recuperar la capacidad de implantar políticas económicas, atraer unas inversiones a largo plazo más estables y reducir la capacidad del sistema financiero para estrangular a Gran Bretaña. Deberíamos imponer restricciones a la propiedad extranjera de la vivienda, desinflando así unas burbujas inmobiliarias que tienen efectos potencialmente desastrosos para la economía y que impiden a los británicos acceder al mercado inmobiliario.[7]

Por encima de todo, esto les quitaría la soberanía económica a los intereses corporativos para devolvérsela a los gobiernos electos, lo cual representaría un golpe considerable al Establishment. Toda revolución democrática debería tener la redistribución de la riqueza como objetivo central. Las cuentas bancarias de los ricos siguen llenándose a espuertas mientras la recesión provoca la caída del nivel de vida. Esto no sólo es manifiestamente injusto, sino que también genera toneladas de dinero que no se invierten y a las que se podría dar un uso productivo. Se está acumulando dinero cuando lo que debería hacerse es invertirlo y darle un uso social. Y mientras que el 10 por ciento más pobre destina el 43 por ciento de sus ingresos a pagar impuestos, el 10 por ciento más rico solamente dedica el 35 por ciento, algo que resulta completamente ilógico.[8]

Los países europeos más prósperos, como Dinamarca, Suecia, Holanda o Bélgica, tienen unos tipos considerablemente más altos para las rentas impositivas superiores. Hasta Japón tiene una tasa del 50 por ciento para ellas. Las encuestas muestran que hay una gran mayoría de la población a favor de subirles los impuestos a los ricos, con la inclusión de un tipo del 75 por ciento para todas las ganancias superiores al millón de libras.[9] Para empezar, un tipo del 50 por ciento para todas las ganancias por encima de cien mil libras —en otras palabras, para el 2 por ciento con rentas superiores de la población— se podría usar para formar y dar empleo a los cientos de miles de jóvenes que de otra manera se pudren sin trabajo, o bien con empleos precarios, una situación lamentable que tiene el riesgo de dañar sus perspectivas de futuro. Esos impuestos se podrían usar para instaurar programas respaldados por unos contratos de aprendizaje cualificado: por ejemplo, un plan nacional para aislar térmicamente los hogares y las empresas, que sacara a millones de personas de la pobreza energética, reduciendo sus facturas y contribuyendo a salvar el medio ambiente. Pero esto apenas debería ser el principio: dada la concentración sin precedentes de riqueza en manos de una élite, hay mucho margen para imponer una tasación más progresiva. Quitarles carga fiscal a los trabajadores para imponérsela a quienes más tienen mostraría que los intereses privados dependen por completo de la generosidad estatal, y que, por consiguiente, deben pagar en consonancia con esto. Lo más importante, sin embargo, es que cambiaría el equilibrio de poder de la sociedad en beneficio de los trabajadores.

Lo mismo se puede decir de un ataque en toda regla a la evasión legal de impuestos. No sólo supondrían unos ingresos que se necesitan desesperadamente, sino que también conllevaría una reafirmación de la sociedad contra el poder de los intereses de los ricos. Las ideas del Establishment promueven la creencia de que las empresas multinacionales y los hombres de negocios adinerados no solamente no le deben nada al Estado, sino que éste es un obstáculo a la innovación y a los beneficios. El contable colegiado Richard Murphy ha redactado una Carta de Principios Generales contra la Evasión Legal de Impuestos que suprimiría los vacíos legales que explotan los ricos y las multinacionales. Pero es que hay que echar del poder a las firmas de contabilidad que han colonizado el Estado; que Hacienda deje de apoyarlas para que ellas se dediquen a redactar unas leyes fiscales y luego permitan a sus Clientes saltárselas. Lo que hay que conseguir es que todas las figuras involucradas en la redacción de leyes fiscales sean estrictamente independientes de los grupos de interés privado que se benefician de la situación, y que además se les ordene garantizar que, por ricos y poderosos que sean un individuo o una empresa, paguen hasta el último penique que el Parlamento les ha mandado abonar. Expulsar a los intereses corporativos del centro mismo del poder tendría que ser un objetivo central para cualquier revolución democrática.

El actual gobierno de coalición se ha aprovechado de la más que justificada preocupación pública por el poder político de los intereses de los ricos para introducir la llamada Ley de Presión Parlamentaria —o Ley Mordaza, como se la conoce popularmente— y así aplastar toda disidencia. Mientras que esa ley castiga con saña a los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, a las grandes corporaciones —cuya presión se produce habitualmente dentro del mismo Parlamento— se las deja en paz. Y, sin embargo, ésa es justamente la clase de presión parlamentaria que se necesita supervisar por ley. Los gigantes energéticos, por ejemplo, quieren ganar dinero, no servir los intereses de los consumidores. Por consiguiente, sus representantes no deben tener voz en escenarios del poder como son los ministerios.

Tal como hemos visto, la mayoría de la «prensa libre» sirve de portavoz a individuos excepcionalmente ricos que tienen agendas políticas más o menos evidentes. Las organizaciones que componen nuestros medios de comunicación ejercen de guardianes implacables del debate político, ya sea despojando de toda plataforma a la gente, las ideas o los movimientos que desafían a los ricos y a los poderosos, ya sea atacándolos brutalmente y marginándolos. Cualquier reforma de los medios de comunicación se tiene que emprender con mucho cuidado para no poner en peligro la libertad de prensa ni infringir la independencia de los periodistas respecto del Estado. Para empezar, hay que poner un límite a cuántos medios de comunicación nacionales puede poseer un solo individuo, restringiendo así el poder y la influencia que pueden ostentar los oligarcas sobre la democracia. También hay que derribar las barreras que impiden que los aspirantes no privilegiados puedan acceder al periodismo, por ejemplo, eliminando las becas no remuneradas. A fin de cuentas, se trata de becas que comportan que únicamente los hijos y las hijas de familias prósperas puedan permitirse acceder a los medios de comunicación, para que allí los exploten; lo mismo se aplica a otras profesiones como la política o la abogacía. Obligar a todas las organizaciones mediáticas a incluir una «cláusula de conciencia» en sus contratos permitiría a los periodistas rechazar todos los encargos que fueran contrarios a la ética o ilegales. La presencia de unos sindicatos más fuertes también alteraría el equilibrio de poder en detrimento de los directores y barones mediáticos, y en beneficio del periodista.

Internet y las redes sociales ofrecen cierta esperanza de romper el monopolio de la prensa mayoritaria. El periodismo ciudadano cuenta ahora con una plataforma sin precedentes que ayuda a examinar y a cuestionar los mitos, distorsiones y mentiras descaradas que le venden a la gente los medios propiedad de ricos magnates. Los activistas cada vez usan más las redes sociales para prescindir de los medios hostiles del Establishment: ya sea para organizar protestas, para difundir una información que de otra manera no saldría en ninguna parte, ya sea para ofrecer una plataforma a unas voces que de otra forma no se oirían; o bien para desafiar las versiones de los hechos que venden los grandes medios. A medida que la prensa impresa sigue desapareciendo e internet cada vez más se convierte en la fuente principal de noticias para el público, surge la oportunidad de contar con unos medios de comunicación de propiedad colectiva y gestionados de forma barata que ofrezcan una perspectiva alternativa. Son unas iniciativas que tienen que explorar con urgencia quienes estén decididos a romper el monopolio que imponen sobre los medios una serie de individuos ricos y comprometidos con el régimen.

Una revolución democrática también expulsaría a los millonarios de la política. Hay que imponer límites a la cantidad de dinero que los ricos y las empresas pueden donar a los partidos políticos. Todas las reuniones que tengan los ministros con figuras de fuera del mundo político deben ser transparentes y estar a disposición del público, y no se puede permitir que se celebren esa clase de encuentros a cambio de dinero. El hecho de que haya que formular una propuesta tan obvia dice mucho del estado actual de la democracia británica.

Hay que prohibir a los parlamentarios que tengan segundos trabajos para ganar más dinero; es más, hay que prohibirles a los exministros que han tenido responsabilidad en materia de sanidad o de defensa que acepten cargos en empresas privadas que operen en esos ámbitos. Se debe cerrar con firmeza la puerta giratoria. Pero también hay que transformar el mundo de la política para que se convierta en un reflejo real de la Gran Bretaña de hoy en día. La política margina y excluye cada vez más a la gente de clase obrera que cuenta con experiencia en la clase de problemas que el gobierno y la sociedad necesitan afrontar, como, por ejemplo, toda la población que lucha por sobrevivir con unos sueldos en caída libre, por hacerse cargo de sus facturas sin pagar, por afrontar los costes de las guarderías, etc. Es por eso, entre otras razones, por lo que urge tanto reforzar las vías tradicionales de progreso político de la clase obrera; los sindicatos y las administraciones locales. Las subidas salariales de los parlamentarios tienen que vincularse directamente al ritmo en que se les aumentan los sueldos a los funcionarios del sector público; tal cosa obligaría a los políticos a hacer frente a algunas de las consecuencias materiales de sus políticas. Hay que implantar el tan prometido derecho a voto para retirar a un parlamentario del cargo si un número suficiente de electores firma una petición al respecto. Está claro que los think tanks tienen su lugar en el mundo de la política, pero —a la vista de lo importantes que se han vuelto en el diseño del debate político— hay que obligarlos a publicar una lista completa de sus donantes para examinar cualquier posible conflicto de intereses.

También hay que transferir competencias de gobierno, continuando la dinámica creada por el establecimiento del Parlamento escocés y la Asamblea de Gales. En el pasado, las iniciativas para formar asambleas regionales en Inglaterra han cosechado más pena que gloria: en 2004, un referéndum celebrado en el nordeste del país culminó con el rechazo decisivo de una supuesta «asamblea» regional, aunque lo que se proponía era un organismo inoperante que causó muy poco entusiasmo. Pero, por lo menos, el poder debe ser delegado de Westminster a las administraciones locales, y eso incluye ámbitos como la vivienda, la educación y la sanidad.

Tal como está constituida en la actualidad, la Unión Europea institucionaliza diversos elementos del Establishment, e impediría cuestionar los lemas y las políticas del régimen neoliberal, aunque el pueblo británico votara en su contra. Debe considerarse una aspiración legítima crear una agrupación democrática de naciones europeas, gobernada para beneficio de los trabajadores, ya sea de Portugal, de Polonia, de Gran Bretaña… Eso implicaría renegociar diversos aspectos del diseño de la Unión Europea, pero no de la forma que defiende la derecha británica, que es eliminando cualquier elemento que choque con los mantras del Establishment, sino remodelándola para asegurarse de que la Unión Europea no esté conchabada con los intereses corporativos.

Mientras haya amenazas a la seguridad de la ciudadanía, existirá la necesidad de un organismo oficial que la proteja. Pero eso no quiere decir apoyar a la policía tal como está constituida en la actualidad. Los datos de discriminación y corrupción en el cuerpo policial hablan por sí mismos: el racismo endémico, las muertes como resultado de enfrentamientos con la policía, la incriminación falsa de un ministro conservador, los registros indiscriminados en la vía pública a jóvenes de raza negra, el establecimiento fraudulento de relaciones sexuales con mujeres disidentes (por parte de agentes infiltrados), los ataques a sindicalistas, la tragedia de Hillsborough… Son injusticias que hay que resolver. Pero eso implica un cambio institucional profundo y un organismo verdaderamente independiente al que la policía rinda cuentas de verdad, a diferencia de la actual Comisión Independiente de Quejas de la Policía, que es un órgano completamente dócil. Puede parecer absurdo pedir una comisión de la Corona —a fin de cuentas, ¿qué puede haber más del Establishment que una comisión de la Corona?—, pero es que ésa es la vía que existe en Gran Bretaña para emprender una investigación pública exhaustiva. Debería liderarla una figura verdaderamente independiente y tendría que llamar a testificar a las víctimas de las injusticias policiales. Su meta sería publicar recomendaciones para establecer un cuerpo policial que tratara por igual a todos los sectores de la población.

Hay quienes —tanto desde posiciones afines como contrarias al Establishment— alegarán que, teniendo en cuenta cómo se ha globalizado el capitalismo, resultaría imposible introducir cambios profundos únicamente en Gran Bretaña. Es una crítica fundada. Las ambiciones de los escuderos neoliberales en la década de los setenta no se detenían en las fronteras británicas, de forma que quienes ahora deseen una alternativa al Establishment británico actual deben tener una perspectiva igualmente internacionalista. Por todo el mundo occidental, el nivel de vida está bajando de forma acusada, los recursos públicos se están malvendiendo a intereses privados, una minúscula minoría se está enriqueciendo a costa de la sociedad y se está despojando a la clase trabajadora de todo lo que tanto le ha costado ganar, como la seguridad social, los derechos laborales y demás. En este sentido, se puede crear una causa común. Hay barreras obvias, como el idioma, la cultura y la identidad nacionales, ninguno de los cuales da señales de perder su relevancia en la época del capitalismo globalizado; en ciertos sentidos, incluso están ganando más importancia. Pero el ascenso de internet y, en particular, el de las redes sociales presentan oportunidades nuevas para que los movimientos que están surgiendo se vinculen entre sí. De momento, no se han podido unir de forma coherente. Tienen que hacerlo, además de empezar a organizarse en torno a demandas parecidas, porque —igual que pasa en Gran Bretaña— les va a resultar imposible cambiar únicamente su país.

Todas estas propuestas representan un intento humilde de reafirmar la democracia: de remodelar una sociedad para que esté gobernada según los intereses de la mayoría, en vez de a favor de una élite rica que no rinde cuentas a nadie. Estas propuestas desplazarían la ventana Overton lejos de la voluntad del Establishment. Y, al hacerlo, abrirían posibilidades todavía más radicales. No tiene sentido afirmar que introducir esta clase de cambios resultaría fácil. El mantra de «no existe alternativa» está muy arraigado. A quienes desean una sociedad distinta no se les va a hacer ningún caso, se los va a marginar y, si hace falta, se los va a atacar de manera furibunda. Es lo que ha pasado siempre con todas las campañas que han conseguido introducir cambios profundos.

Sin embargo, el Establishment también haría bien en tomar nota de la historia. Cada época vive el espejismo de creerse permanente. Los mismos opositores que, en un momento dado, parecían risiblemente irrelevantes y fragmentados pueden experimentar cambios repentinos de fortuna. Ese sentido común que tan en boga está hoy en día puede convertirse mañana en un sinsentido desacreditado, y con una rapidez sorprendente.

«El poder no hace ninguna concesión a menos que se le exija —declaró un antiguo esclavo afroamericano del siglo XIX convertido en abolicionista y reformista social, y cuyo nombre era Frederick Douglass—. Nunca ha hecho ninguna y nunca la hará», añadió. Con estas palabras resumía de forma concisa una verdad eterna del progreso social. El cambio no se obtiene por medio la buena voluntad y la generosidad de quienes están en lo alto, sino a través de la lucha y del sacrificio de quienes están debajo. La historia no es un simple culebrón magnífico, las aventuras de los grandes hombres o de las grandes mujeres (aunque estas últimas a menudo se ven sutilmente borradas de los libros de historia). Quienes comparten los mismos intereses, por mucho que éstos puedan parecer distintos en ciertos aspectos superficiales, usan su poder colectivo para obtener justicia social. Esta tradición debería infundir esperanza a quienes desean el cambio e inspirar miedo en quienes tienen mucho que perder.

AGRADECIMIENTOS

«Escribir un libro es un esfuerzo horrible y agotador, igual que pasar por una enfermedad larga y dolorosa», o al menos eso escribía George Orwell en 1946. Ahora estoy convencido de que jamás se han escrito palabras más sabias sobre el hecho de llevar los propios pensamientos al dominio público. Sin embargo, en un intento de contradecir su afirmación posterior de que «todos los escritores son vanidosos, egoístas y perezosos», quiero aclarar que este esfuerzo no lo he hecho yo solo, ni mucho menos: todos los libros son trabajos colectivos, y éste no es para nada una excepción.

En primer lugar, un agradecimiento muy especial a mi editor, Tom Penn. Tom editó mi primer libro, Chavs, y se aseguró de que fuera un éxito, pero el trabajo de edición que ha hecho con el volumen que tienen en sus manos ha sido realmente estajanovista. Ha forjado el texto hasta darle forma, me ha desafiado y me ha espoleado, y a menudo me ha dado la impresión de que sabía lo que yo estaba intentando decir mejor que yo mismo.

Luego está mi brillante agente, Andrew Gordon. A Andrew se lo debo todo: apostó por mí de forma inexplicable, me sacó del anonimato y me dio la oportunidad de ser escritor. Fue un gran riesgo. Hizo falta una gran fe por su parte, y no puedo explicar con palabras lo agradecido que le estoy.

Mi magnífico corrector, Richard Masón, tuvo que soportar un larguísimo proceso de edición, que él se tomó con una paciencia y una resistencia notables. Vapuleó todos mis errores, me obligó a aclarar las frases imprecisas y, en general, mejoró radicalmente el texto.

Un recuerdo especial para mis pobres y sufridos amigos, que han tenido que aguantarme mientras escribía el libro. George es quien se ha llevado lo peor de mis altibajos y ha tenido que soportar una larga serie de borradores y reescrituras. Así pues, gracias. Grant Archer, Leah Kreitzman, Ellie Mae O’Hagan y Jemima Thomas leyeron también varias versiones y me proporcionaron excelentes consejos y críticas: muchas gracias a todos, y también por vuestra amistad. Algunas amistades que he usado para poner a prueba ideas y que me han hecho sugerencias cruciales son Alex Beecroft, James Bevan, Dave Roberts, Stefan Smith y Chris Ward.

Mis padres —Rob y Ruth— se leyeron varias versiones del manuscrito, me hicieron sugerencias concretas y me dieron buenos consejos. Gracias por animarme siempre a cuestionar y a desafiar a quienes tienen autoridad y poder, y por legarme vuestra tradición de lucha y disidencia. Mis hermanos, Ben y Mark, también me han dado consejos brillantes, y mi hermana gemela, Eleanor, me ha cuestionado y me ha provocado.

También he dependido de la ayuda, consejo y experiencia de muchas otras personas a quienes quiero darles las gracias. Entre ellos están David Blanchflower, Symeon Brown, Mark Ferguson, Mehdi Hasan, Eric Hobsbawn, Costas Lapavitsas, Helen Lewis, Seumas Milne, Gareth Peirce, Richard Peppiatt, Ann Pettifor, Allyson Pollock, Geoffrey Robertson, lord Robert Skidelsky y Stefan Stern.

Quiero dirigir un agradecimiento especial al Guardian y a toda la gente brillante que hay en él por darme una plataforma para articular mis creencias, y también al Independent por haberme dado trabajo antes y haberme apoyado tanto.

Mis creencias han tomado forma en gran medida gracias a la inspiración que me han dado todos los activistas que he conocido, personas que dedican gran parte de sus vidas (en muchos casos, más años de los que yo he vivido) a luchar por la justicia y contra el Establishment. Hablo de sindicalistas, defensores de la justicia fiscal, activistas contra el impuesto por dormitorios, activistas por los derechos de la gente discapacitada, activistas que hacen campaña tanto por los jóvenes como por los ancianos, gente que lucha contra el sexismo, el racismo y la homofobia, y un largo etcétera. Un agradecimiento especial a People’s Assembly, UK Uncut, Disabled People Against the Cuts, National Pensioners Convention y a sindicatos como Unite, GMB, PCS y RMT. Pero, por encima de todo, gracias a todos los que combatís la injusticia, da igual si es a gran o pequeña escala: me inspiráis todos los días.

Owen P. Jones

Londres, junio de 2014

OWEN JONES (Sheffield, Inglaterra, 1984). Es un escritor y activista de izquierdas. Estudió Historia en Oxford. Colabora en medios como The Guardian, The Independent, New Statesman y también en televisión. El blog político Left Foot Forward lo nombró en 2013 el comentarista británico más influyente, The Daily Telegraph lo situó como el séptimo autor más influyente de la izquierda en Reino Unido y ha sido galardonado con el Premio Young Writer of the Year en la categoría de Political Book. Su primer libro, el best seller internacional Chavs: La demonización de la clase obrera, fue finalista del Guardian First Book Award y elegido como uno de los diez mejores libros de no ficción del año por The New York Times. El Establishment (2014; Seix Barral, 2015), convertido también en un best seller, ha sido elegido entre los mejores libros del año por The Guardian y ha sido finalista del Political Book Awards.

Notas

[1] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121129/debtext/121129-0003.htm <<

[2] https://archive.org/stream/marquisofsalisbu00elliuoft/marquisofsalisbu00elliuoft_djvu.txt <<

[3] http://archive.spectator.co.uk/article/23rd-september-1955/5/political-commentary <<

[4] Henry Fairlie y Jeremy McCarter, Bite the Hand That Feeds You: Essays and Provocations (New Haven y Londres, 2010), pp. 70-72. <<

[5] http://www.theguardian.com/uk-news/2014/nov/19/becoming-king-not-silenceprince-charles-allies <<

[6] http://www.countrylife.co.uk/article/506200/Who-really-owns-Britain-.html <<

[7] Edward Royle, Modern Britain: A Social History 1750-2011, 3.ª ed. (Londres, 2012), p. 12. <<

[8] http://www.churchofengland.org/about-us/structure/churchcommissioners/assets/property-investments/rural.aspx <<

[9] http://www.theosthinktank.co.uk/files/files/Reports/Voting%20and%20Values%20in%20Britain%2011%20FINAL%20 (2).pdf <<

[10] http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN01250.pdf <<

[11] http://www.runnymedetrust.org/blog/49/l5/Record-number-of-BME-MPS.html <<

[12] http://www.boardsforum.co.uk/boardwatch.html <<

[13] http://raceforopportunity.bitc.org.uk/about-race-opportunity/campaign-aims <<

[14] http://www.civilservice.gov.uk/about/resources/monitoring-diversity <<

[15] Jon Ronson, The Psychopath Test: A Journey through the Madness Industry (Londres, 2012). <<

[1] F. A. Hayek, The Road to Serfdom (Londres, 1944), p. 10. Traducido en España como Camino de servidumbre. <<

[2] Richard Cockett, Thinking the Unthinkable: Think-Tanks and the Economic Counter-Revolution, 1931-1983 (Londres, 1995), p. 100. <<

[3] R. M. Hartwell, A History of the Mont Pelerin Society (Indianápolis, 1995), p. 24. <<

[4] George J. Stigler, Memoirs of an Unregulated Economist (Nueva York, 1988), pp. 144-145. <<

[5] Hayek, Road to Serfdom, p. 9. <<

[6] Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago, 1962), p. 5. Traducido al español como Capitalismo y libertad. <<

[7] Donald Sassoon, One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century (Londres, 1996), p. 140. Traducido al español como Cien años de socialismo. <<

[8] The Economist, 23 de noviembre de 2006. <<

[9] Sassoon, One Hundred Years of Socialism, p. 118. <<

[10] TUC, The History of the TUC, 1868-1968: A Pictorial Survey of a Social Revolution (Londres 1968), p. 5. <<

[11] C. A. R. Crosland, The Future of Socialism (Londres, 1956), pp. 61-62. <<

[12] Margaret Thatcher, Margaret Thatcher: The Downing Street Years (Londres, 1995), p. 7. <<

[13] Madsen Pirie, Think Tank: The Story of the Adam Smith lnstitute (Londres, 2012), p. 50. <<

[14] Ibídem, p. 19. <<

[15] «Who is Behind the TaxPayers’ Alliance?», The Guardian, 9 de octubre de 2009. <<

[16] TUC, «The Facts about Facility Time for Union Reps», octubre de 2011, p. 5. <<

[17] Robert Halfon, «Trade Unions are Capitalist, Community-Minded», The Spectator, 20 de octubre de 2012. <<

[18] http://www.research-live.com/news/news-headlines/guido-fawkes-editor-in-bigdata-analysis-venture/4009384.article <<

[19] http://www.taxpayersalliance.com/people/matthew_elliott <<

[20] http://www.powerbase.info/index.php/Taxpayers’_Alliance_Roundtable <<

[21] «Secret Tory Fund Helped Win Margináis», The Guardian, 10 de mayo de 2005. <<

[22] «Who is Behind the TaxPayers’ Alliance?», The Guardian, 9 de octubre de 2009. <<

[23] «Controversy over New Tory Health Advisor Nick Seddon who Called for NHS Cuts and Charges for GP Visits», Evening Standard, 9 de mayo de 2013. <<

[24] Mel Kelly, «What the BBC Conceals on Private Prisons Research», Open Democracy, 21 de febrero de 2013. <<

[25] http://www.policyexchange.org.uk/media-centre/press-releases/category/item/militant-trade-unionism-blocking-public-service-revolution <<

[26] https://www.gov.uk/government/news/independent-reviewer-of-benefitsanctions-announced <<

[27] http://www.insidehousing.co.uk/think-tank-housing-expert-joins-cameronspolicy-unit/6529898.article <<

[28] http://www.conservativehome.com/thinktankcentral/2012/01/cameronsformer-head-of-policy-james-oshaughnessy-joins-policy_exchange-towork-develop-school-feder.html <<

[29] http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/the-pm-his-prosmoking-aide-and-a-dirty-war-over-cigarette-packaging-7563261.html <<

[1] James Kirkup, «MPs’ Pay Rises: Five Reasons MPs Should be Paid More», Daily Telegraph, 11 de julio de 2013. <<

[2] http://www.bbc.co.uk/blogs/nickrobinson/2011/01/why_ did_mps_make_false.html <<

[3] http://www.insidehousing.co.uk/quarter-of-tory-mps-are-landlords-says-research/6524104.article <<

[4] http://www.gmb.org.uk/newsroom/landlords-hit-housing-benefit-jackpot <<

[5] http://www.theguardian.com/politics/2013/jun/08/lynton-crosby-tory-strategylobbying-firm <<

[6] http://www.theguardian.com/politics/2013/jul/21/tory-strategist-lyntoncrosby-lobbying <<

[7] http://www.theguardian.com/politics/2013/jun/08/lynton-crosby-tory-strategylobbying-firm <<

[8] http://www.sovereigncapital.co.uk/businesses-we-back/healthcare-services <<

[9] Kiran Stacey, «The Explosion of Hedge Fund Donations to the Tories», Financial Times Westminster Blog, 8 de diciembre de 2011. <<

[10] «Employment Tribunal Claims Fell by More than Half after Introduction of Fees», The Guardian, 23 de diciembre de 2013. <<

[11] http://www.theguardian.com/politics/2012/dec/07/tory-funds-mansion-tax <<

[12] http://classonline.org.uk/docs/Class-YouGov_poll_results_28_October_2013.pdf <<

[13] http://classonline.org.uk/docs/YouGov-Class_Polling_Results_120522_Economic_Policies.pdf <<

[14] Allister Heath, «There is Sadly Mass Support for Nationalization and Price Controls», City A.M., 5 de noviembre de 2013. <<

[15] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/9270369/Stefano-Pessina-I-want-to-merge-Boots-not-float-it.html <<

[16] Peter Oborne, The Triumph of the Political Class (Londres, 2007), p. 135. <<

[17] «The Educational Backgrounds of Members of Parliament in 2010», Sutton Trust (2010), p. 2. <<

[18] Véase R. Cracknell y F. McGuiness, «Social Background of Members of Parliament - Commons Library Standard Note», Biblioteca de la Cámara de los Comunes (diciembre de 2010), y http://www.theguardian.com/politics/2010/may/10/mp-intake-private-sector.<<

[19] «Membership of UK Political Parties - Commons Library Standard Note», Biblioteca de la Cámara de los Comunes (2012). <<

[20] Stuart Wilks-Heeg, Andrew Blick y Stephen Crone, How Democratic is the UK?, Democratic Audit (julio de 2012), p. 290. <<

[21] http://labourlist.org/2013/05/we-need-to-talk-about-south-shields <<

[22] Richard Heffernan y Mike Marqusee, Defeat from the Jaws of Victory: Inside Kinnock’s Labour Party (Londres, 1992), p. 13. <<

[23] http://www.unitetheunion.org/news/lord-warners-conflict-of-interest-over-10-a-month-nhs-fee-report-says-unite <<

[24] http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372597/The-letter-Peter-Mandelsonusing-tout-business-despots-dodgy-billionaires.html <<

[25] http://www.greenpeace.org.uk/blog/forests/timeline-how-you-persuadedasia-pulp-and-paper-stop-cutting-down-indonesias-rainforests-20130205 <<

[26] http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8963427/Lord-Mandelson-courted-Mubaraks-dying-regime.html <<

[27] http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/08/tony-blair-kazakhstanhuman-rights-role <<

[28] http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9796803/Lord-Hill-faces-conflictof-interest-claim-over-shares.html <<

[29] http://corporateeurope.org/revolving-doors/2014/09/hill-finance-commissionershould-be-rejected <<

[30] Vínculos entre gobierno y empresas: información completa, The Guardian. <http://www.thegurdian.com/news/datablog/2011/oct/16/links-government-data-business-data>. <<

[31] Philip Parvin, «Friend or Foe? Lobbying in British Democracy: A Discussion Paper», Hansard Society (2007), p. 10. <<

[32] http://knowhownonprofit.org/leadership/governance/getting-started-in-governance/the-responsibilities-of-charity-trustees <<

[33] https://bma.org.uk/news-views-analysis/the-bma-blog/2013/august/new-lobbying-rules-could-threaten-free-speech <<

[34] http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/June2013_Trust_Topline.pdf <<

[1] http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/w6h1wni29p/YG-Archive-results-TUC-121212-welfare-benefits.pdf <<

[2] http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3188/Perceptions-are-not-reality-the-top-10-we-get-wrong.aspx <<

[3] http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200607/jtselect/jtrights/81/7012202.htm <<

[4] http://www.themediabriefing.com/article/abc-regional-decline <<

[5] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347915/Elitist_Britain_-_Final.pdf <<

[6] Roy Greenslade, Press Gang: How Newspapers Make Profitsfrom Propaganda (Pan, 2004), p. 455. <<

[7] http://www.theguardian.com/politics/2010/apr/22/cleggmania-nick-deggnewspaper-attacks <<

[8] Tim Montgomerie, «Miliband is a Far Worse Leader than Kinnock», The Times, 2 de enero de 2014 <<

[9] http://www.politicshome.com/uk/article/36697/who_authored_that_osborne_speech%3F.html <<

[10] Peter Oborne, «A Man of his Times», The Spectator, 28 de septiembre de 2013. <<

[11] Kamal Ahmed, «We Are in an Anti-Business-Funk. It Should Stop», Sunday Telegraph, 23 de junio de 2013. <<

[12] https://www.opendemocracy.net/ourbeeb/oliver-huitson/holu-bbc-betrayed-nhs-exclusive-report-on-two-years-of-censorship-and-distorti <<

[13] http://www.bbc.co.Uk/blogs/legacy/theeditors/2009/01/bbc_and_the_gaza_appeal.html <<

[14] https://theconversation.com/hard-evidence-how-biased-is-the-bbc-17028 <<

[15] J. Lewis, A. Williams, B. Franklin, J. Thomas y N. Mosdell, The Quality and Independence of British Journalism: Tracking the Changes over 20 Years (Cardiff; 2008). <<

[1] http://www.hse.gov.uk/services/police/statistics.htm <<

[2] Owen Jones, «The “Spirit of Petrograd”? The 1918 and 1919 Police Strikes», publicado en What Next, n.° 31 (2007). <<

[3] Hillsborough: Informe de la Comsión Independiente de Hillsborough (septiembre de 2012). <<

[4] http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/liverpool/9540436/Jack-Straw-expresses-regret-over-failure-of-Hillsborough-review.html <<

[5] http://www.huffingtonpost.co.uk/peter-g-tatchell/public-order-act-repeal-section-5_b_1209096.html <<

[6] «G20 Protests: Man Who Died during Demonstrations Named as Ian Tomlinson», Daily Telegraph, 2 de abril de 2009. <<

[7] http://www.theguardian.com/uk/news/2013/aug/05/iantomlinson-familyquest-justice <<

[8] http://www.ipcc.gov.uk/sites/default/files/Documents/investigation_commissioner_reports/inv_rep_independent_investigation_into_the_death_of_ian_tomlinson_1.pdf <<

[9] http://www.tomlinsoninquest.org.uk/NR/rdonlyres/37E43E60-01ED-4F3F-9588-FD19ACB2B033/0/150411pm.pdf <<

[10] http://www.inquest.org.uk/pdf/INQUEST_ian_tomlinson_briefing_jun_2009.pdf <<

[11] «G20 Assault: How Metropolitan Pólice Tried to Manage a Death», The Guardian, 9 de abril de 2009. <<

[12] http://content.met.police.uk/News/Public-Statement-and-Deputy-Assistant-Commissioner-de-Brunners-apology-to-the-Tomlinson-family/1400019013635/1257246745756 <<

[13] http://www.theguardian.com/politics/2009/nov/25/police-g20-inquiryreport <<

[14] «Kettle Tactics Risk Hillsborough-Style Tragedy - Doctor», The Guardian, 19 de diciembre de 2010. <<

[15] http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12945&LangID=E <<

[16] «Trauma of Spy’s Girlfriend: “Like being raped by the State”», The Guardian, 24 de junio de 2013. <<

[17] http://www.theguardian.com/commentisfiree/2013/jun/28/sexual-behaviourundercover-police <<

[18] «Pólice “smear” Campaign Targeted Stephen Lawrencés Friends and Family», The Guardian, 24 de junio de 2013. <<

[19] Ministerio de Justicia, «Story of the Prison Population: 1993-2012 England and Wales» (enero de 2013), p. 1. <<

[20] Equality and Human Rights Commission (EHRC), «How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good Relations in 2010»,
<https://www.gov.uk/government/publications/how-fair-is-britain-equality-human-rights-and-good-relations-in-2010-the-first-triennial-review> (2010), p. 162. <<

[21] EHRC, «Stop and Think: A Critical Review of Stop and Search Powers in England and Wales» (marzo de 2010). <<

[22] EHRC, «Race Disproportionality in Stops and Searches under Section 60 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994»,
<http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/research/bp_5_final.pdf> (verano de 2012). <<

[23] EHRC, «Stop and Think Againjjowards Race Equality in Pólice PACE Stop and Search» (junio de 2013). <<

[24] http://www.lifeline.org.uk/articles/drug-war-milestone-uk-drug-searches-and-drug-offences-both-reach-record-levels <<

[25] Owen Jones, «London Riots - One Year On: Owen Jones Commences a Series of Special Reports», The Independent, 23 de julio de 2012. <<

[26] «Key Macpherson Report Figure Says Met is Still Racist», The Independent, 4 de enero de 20l2. <<

[27] http://www.ipcc.gov.uk/news/Pages/pr_170713_mps_ race_complaints.aspx?auto=True&l1link=pages%2Fnews.aspx&l1title=News%20and%20press&l2link=news%2FPages%2Fdefault.aspx&l2title=Press%20Releases <<

[28] http://www.inquest.org.uk/statistics/bame-deaths-in-prison; http://www.inquest.org.uk/statistics/bame-deaths-in-police-custody <<

[29] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmhaff/494/49411.htm <<

[30] «Pólice Watchdog Criticised fgr Errors in Investigation into Death in Custody», The Guardian, 17 de mayo de 2013. <<

[31] The New York Times, 1 de septiembre de 2010. <<

[32] Chris Mullin, «Don’t Let Police Bullies Oust Andrew Mitchell», The Times, 16 de octubre de 2012. <<

[33] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11259821/Plebgate-Pc-feels-sorry-for-Andrew-Mitchell.html <<

[1] http://www.independent.co.uk/news/buSiness/news/new-patent-law-willhelp-uk-business-8498245.html <<

[2] http://www.mrc.ac.uk/Achievementsimpact/Storiesofimpact/Therapeuticantibodies/index.htm <<

[3] Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State (Londres, 2011). <<

[4] http://www.cbi.org.uk/media-centre/press-releases/2012/10/gear-changecan-accelerate-the-uk-towards-a-21st-century-road-network <<

[5] Andrew Bowman et al., The Great Train Robbery: Rail Privatization and Afier, informe del CRESC (Mánchester, 2013). <<

[6] http://www.ft.com/cms/s/0/fe46ffea-a7f8-11e2-8e5d-00144feabdc0.html <<

[7] http://www.blog.rippedoffbritons.com/2014/08/graphs-at-glance-east-coastmainline.html?utm_content=buffer0e60b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com8íutm_cam paign=buffer#.VLzyOYd3at8 <<

[8] http://blog.abundancegeneration.com/2013/05/how-much-subsidy-dofossil-fuels-get-in-the-uk-and-why-is-it-more-than-renewables-2 <<

[9] De acuerdo con la Asociación Energética Internacional (IEA), esas exenciones fiscales son un tipo de subsidio. <<

[10] http://blog.abundancegeneration.com/2013/05/how-much-subsidy-do-fossilfuels-get-in-the-uk-and-why-is-it-more-than-renewables-2 <<

[11] OECD, Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels, OECD report (París, 2011), p. 318. <<

[12] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10394243/Hinkley-Point-good-for-Britain-says-Ed-Davey.html <<

[13] http://www.caat.org.uk/resources/publications/economics/subsidies-sipri-2011.pdf <<

[14] http://www.caat.org.uk/resources/publications/economics/subsidies-factsheet-0504.php <<

[15] http://www.channel4.com/news/government-criticised-over-repressive-regimearms-exports <<

[16] http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48482894.pdf <<

[17] David Kynaston, «Private Schools are Blocking Social Mobility», Daily Telegraph, 29 de octubre de 2013. <<

[18] http://www.bshf.org/published-information/publication.cfm?thePubID=5E017604-15C5-F4C0-99F1DFE5F12DBC2A <<

[19] http://www.gmb.org.uk/newsroom/landlords-hit-housing-benefit-jackpot <<

[20] «Tory Hatchet Man Iain Duncan Smith’s WeaselWorded Letter to Boy who Said Atos Test Killed Dad», Daily Record, 24 de noviembre de 2012. <<

[21] Department for Work and Pensions, «Contract Management of Medical Services» (octubre de 2012), pp. 6-13. <<

[22] http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/mum-of-three-elenoretold-find-job-2074333 <<

[23] http://diaryofabenefitscrounger.blogspot.co.uk/2012/06/rip-karen-sherlock.html <<

[24] http://blogs.mirror.co.uk/investigations/2012/04/32-die-a-week-after-failingin.html <<

[25] http://www.express.co.uk/news/uk/379841/Rise-in-Atos-rulings-overturnedby-appeals <<

[26] http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24548738 <<

[27] http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/fears-disabled-brits-firm-takes-4611263 <<

[28] http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/senior-atos-executive-findsnew-role-at-the-american-company-taking-over-disability-benefit-9831973.html <<

[29] http://www.telegraph.co.uk/news/politics/spending-review/10146659/5bn-Work-Programme-worse-than-doing-nothing.html <<

[30] http://www.channel4.com/news/46m-payout-for-a4e-despite-missing-workprogramme-targets <<

[31] http://vww.theguardian.com/news/blog/2013/oct/30/cait-reilly-poundlandreaders <<

[32] Richard Crisp y Del Roy Fletcher, «A Comparative Review of Workfare Programmes in the United States, Canada and Australia» (Departamento de Trabajo y Pensiones, 2008), p. 1. <<

[33] «Early Impacts of Mandatory Work Activity» (Departamento de Trabajo y Pensiones, junio de 2012), p. 40. <<

[34] http://www.24dash.com/news/local_government/2014-12-10-Boris-Johnson-sunpaid-workfare-scheme-halved-chances-of-young-people-finding-work <<

[35] http://www.theguardian.com/uk/2013/jan/15/statistics-doubt-coalition-500000-jobs <<

[36] http://tompride.wordpress.eom/2013/04/05/oops-home-base-let-cat-out-of-the-bag-about-using-workfare-to-reduce-wage-bills <<

[37] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/supportservices/10070425/Timeline-how-G4Ss-bungled-01ympics-security-contractunfolded.html <<

[38] Oliver Wright, «Philip Hammond: “Games humanised the face of armed forces”», The Independent, 14 de agosto de 2012. <<

[39] National Audit Office, «The Role of Major Contractors in the Delivery of Public Services» (noviembre de 2013), p. 6. <<

[40] Christoph Hermann y Jórg Flecker, «Privatization of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE) - Final Report» (Viena, 2009), p. 98. <<

[41] http://www.britishfuture.org/wp-content/uploads/2013/01/State-of-the-Nation-2013.pdf <<

[42] http://classonline.org.uk/docs/Class-YouGov_poll_re sults_28_October_2013.pdf <<

[43] https://yougov.co.uk/news/2015/01/07/poster-wars <<

[44] http://www.dailyecho.co.uk/news/9072355.Care_home_ firm_to_axe_3_000_jobs/? ref=rl <<

[45] http://www.theguardian.com/society/2014/jun/09/financial-strategy-southerncross-care-homes-blamed-deaths-old-people?utm_content=buffer24ef4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer <<

[46] Frank Dobson, «Exorbitant and Wasteful», The Guardian, 1 de julio de 2006. <<

[47] http://www.pulsetoday.co.uk/commissioning/commissioning-topics/ccgs/revealed-majority-of-gps-no-more-involved-with-commissioning-under-ccgs/20002440.article#.U4BZPNzX_wI <<

[48] https://www.opendemocracy.net/ournhs/alex-nunns/hinchingbrooke-howdisastrous-privatisation-duped-political-class#.VLzfQr1nKws.twitter <<

[49] Según la profesora Allyson Pollock. <<

[50] http://www.politicshome.com/uk/article/82703/rssfeeds.html <<

[51] https://www.opendemocracy.net/ournhs/paul-evans/race-to-privatiseenglands-nhs <<

[52] http://www.catalystcf.co.uk/uploads/Catalyst_Healthcare_2012.pdf <<

[53] http://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/bed-availabilityand-occupancy/bed-data-overnight <<

[54] http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/13/nhs-beingdestroyed-labour <<

[55] https://www.gov.uk/government/policies/making-the-nhs-more-efficient-and-less-bureaucratic <<

[56] Rachel Sylvester, «Olympic Bandwagon Jumping is a Poor Sport», The Times, 24 de julio de 2012. <<

[57] http://www.theguardian.com/society/2013/mar/02/doctors-bemoan-nhsprivatisation-by-stealth <<

[58] Daily Mirror, 20 de septiembre de 2013. <<

[1] http://www.ft.com/cms/s/0/46aa42bc-b5d4-11e3-b40e-00144feabdc0.html#axzz3KrfpMlxJ <<

[2] http://www.northantstelegraph.co.uk/news/top-stories/corby-woman-jailedfor-benefit-fraud-1-5558894 <<

[3] http://www.taxjournal.com/tj/articles/big-four-tax-bos-ses-unmoved-publicaccounts-committee-grilling-31012013 <<

[4] http://www.accountingweb.co.uk/topic/tax/look-businesss-total-tax-contribution-says-pwc <<

[5] http://www.civilservice.gov.uk/reetuitment/secondments <<

[6] Derek J. Savoie, Thatcher, Reagan and Mulroney: In Search of a New Bureaucracy (Pittsburgh, 2009), p. 252. <<

[7] http://my.civilservice.gov.uk/reform/civil-service-reform-one-year-on/chapter-4 <<

[8] http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Tax/CFC-Reform-Brochure.PDF <<

[9] http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Tax/273166_Patent_box_acc.pdf <<

[10] Comisión de Cuentas Públicas, Informe número 44, «Tax Avoidance: The Role of Large Accountancy Firms» (Londres, 2013). <<

[11] http://www.theguardian.com/politics/2014/nov/12/pricewaterhousecoopers-taxstructures-politics-influence <<

[12] https://www.youtube.com/watch?v=3w4tcIsaInE <<

[13] «Critics Attack Job Moves between Big Four and Government», The Financial Times, 28 de mayo de 2013. <<

[14] «Goldman Sachs Let Off Paying £10m Interest on Failed Tax Avoidance Scheme», The Guardian, 11 de octubre de 2011. <<

[15] http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Judgments/uk-uncut-v-hmrc-l6052013.pdf <<

[16] Departamento de Ingresos y Aranceles 2010-2011, «Accounts: Tax Disputes». Informe de la Comisión de Cuentas Públicas. <<

[17] http://www.taxresearch.org.Uk/Blog/2015/01/16/hmrc-recovers-up-to-97-forevery-l-it-spends-on-tax-investigations <<

[18] Prem Sikka, «The Predatory Practices of Major Accountancy Firms», The Guardian, 8 de diciembre de 2012. <<

[19] http://www.telegraph.co.uk/news/politics/georgeosborne/9194558/George-Osborne-Im-going-after-the-wealthy-tax-dodgers.html <<

[20] http://uk.reuters.com/article/2012/10/15/us-britain-starbucks-taxidUKBRE89E0EX20121015 <<

[21] http://www.ft.com/cms/s/0/5aab696e-c447-11e2-9ac0-00144feab7de.html?siteedition=uk#axzz3MGsDJUFc <<

[22] http://www.telegraph.co.uk/technology/google/10343014/Googles-UKdivision-paid-12m-in-corporation-tax-in-2012.html <<

[23] http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-offshoretax-haven <<

[24] http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=3556 <<

[25] http://www.theguardian.com/politics/2013/sep/24/energy-firms-declarewar-ed-miliband-fuel-freeze <<

[26] http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10332877/Blackoutscould-happen-next-year-following-Ed-Milibands-price-freeze-vow.html <<

[27] http://yougov.co.uk/news/2013/09/27/voters-energy-companies-bluffingover-blackouts <<

[28] http://www.ageuk.org.uk/latest-news/archive/cold-homes-cost-nhs-1-point-36-billion <<

[29] http://www.independent.co.uk/environment/green-living/investment-in-greenenergy-falls-to-fouryear-low-8640849.html <<

[30] http://www.theguardian.com/business/2013/oct/06/energy-lobby-heat-onlabour <<

[31] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240404/foi_ 13_1175.pdf <<

[32] David Carrington, «Energy Lobby Insiders Will Lead Cold War against Labour», The Observer, 6 de octubre de 2013. <<

[33] Andrew Heywood, «London for Sale? An Assessment of the Prívate Housing Market in London and the Impact of Growing Overseas Investment», The Smith Institute (julio de 2012), p. 3. <<

[34] http://www.esopcentre.com/dont-scale-back-brits-and-rm-employees-says-centre-chairman <<

[35] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/royal-mail/10373868/Hedge-fundinvesting-in-Royal-Mail-employs-George-Osbornes-friend.html <<

[36] http://www.resolutionfoundation.org/blog/2013/apr/24/taking-local-look-household-disposable-income <<

[37] http://www.cipd.co.Uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2013/08/12/fall-in-british-wages-among-worst-in-europe.aspx <<

[38] Ver por ejemplo: <http://www.demos.org/publication/retails-hidden-potential-how-raising-wages-would-benefit-workers-industry-and-overall-ec>;
<http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/12/tax_cuts>;
<http://www.dailyfinance.com/2013/04/05/poor-vs-rich-spending-habits-/>;
<http://www.bloomberg.com/news/2010-09-13/rich-americans-save-money-from-tax-cuts-instead-of-spending-moody-s-says.html>. <<

[39] http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-champagne-flows-inthe-city-7580792.html <<

[40] http://www.unitetheunion.org/news/research-uncovers-growing-zero-hour-subclass-of-insecure-employment <<

[41] http://www.bbc.co.uk/news/business-26265858 <<

[42] http://www.cipd.co.uk/pressoffice/press-releases/questionable-merit-watering.aspx <<

[43] http://www.ft.com/cms/s/o/cb93f-00-1c8b-lle3-a8a3-00144feab7de.html#axzz3NJaNXWur <<

[1] Aquí hay una lista de casos de sanciones prestacionales que han ido llegando a la prensa: <http://stupidsanctions.tumblr.com>. <<

[2] Andrew Hill, «The Urge to Punish all Bankers has Gone Far Enough», The Financial Times, 25 de marzo de 2009. <<

[3] David Kynaston, City of London: The History (Londres, 2011), p. 422. <<

[4] E. H. H. Green, «The Conservatives and the City», en R. Michie y R Williamson, The British Government and the City of London in the Twentieth Century (Cambridge, 2011), pp. 171-172. <<

[5] Kynaston, City of London, p. 542. <<

[6] Jonathan Kirshner, Appeasing Bankers: Financial Caution on the Road to War (Princeton, Nueva Jersey, 2007), p. 165. <<

[7] Kynaston, City of London, p. 544. <<

[8] Earl Aaron Reitan, The Thatcher Revolution: Margaret Thatcher, ]ohn Major, Tony Blair and the transformation of Modem Britain (Londres, 2002), p. 86. <<

[9] Ibídem, pp. 587-589. <<

[10] Ewald Engelen et al., After the Great Complaceme: Financial Crisis and the Politics of Reform (Oxford, 2011), p. 147. <<

[11] http://www.nao.org.uk/highlights/taxpayer-support-for-uk-banks-faqs <<

[12] http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2012/08/qe-the-ultimate-subsidy-for-the-rich <<

[13] http://www.bath.ac.uk/news/2012/10/09/quantitative-easing <<

[14] http://www.theguardian.com/money/2015/jan/17/cheap-petrol-could-push-inflationbelow-zero-election?CMP=share_btn_tw <<

[15] http://www.theguardian.com/business/2014/jan/08/loans-business-cheaperavailable-bank-england <<

[16] http://www.theguardian.com/business/2013/jul/23/bank-lending-smallbusiness-falls-postcode <<

[17] James Meadway, Why we Need a New Macroeconomic Strategy (Londres, 2013), pp. 10-12. <<

[18] http://blogs.spectator.co.Uk/coffeehouse/2013/l1/the-tories-have-piled-on-more-debt-than-labour <<

[19] Prem Sikka, «Five Tips for George Osborne on Banking Reform», The Guardian, 26 de noviembre de 2013. <<

[20] Ian Lyall, The Street-Smart Trader: An Insiders Guide to the City (Kindle, 2011), p. 69. <<

[21] http://www.prweek.com/article/1161511/brunswick-tightens-grip-ftse-100-clients <<

[22] Lyall, The Street-Smart Trader, p. 70. <<

[23] http://www.brunswickgroup.com/people/directory/lucy-parker/ <<

[24] http://www.brandrepublic.com/Features/login/804439/ <<

[25] http://www.cityam.com/article/revealed-city-s-most-influential-financial-prs <<

[26] http://www.prweek.com/article/95589/carlton-appoints-finsbury-its-first-financial-pr <<

[27] Antony Barnett y Jamie Doward, «The PR Tycoon, a Prívate Dinner and PM’s Meeting with Euro Lobby Group», The Observer, 17 de septiembre de 2006. <<

[28] Lucy Kellaway, «The Networker», Financial Times, 12 de agosto de 2011. <<

[29] http://rlmfinsbury.com/people/david-henderson <<

[30] http://www.thebureauinvestigates.com/2012/07/09/revealed-the-93m-city-lobbymachine <<

[31] http://www.theguardian.com/commentisfree/201l/oct/31/corporationlondon-city-medieval <<

[32] «Conservative Party Links to Fat Cat Bankers Revealed by Daily Mirror Investigation», Daily Mirror, 10 de enero de 2011. <<

[33] http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/people/biographies/sharp.aspx <<

[34] http://www.cps.org.uk/about/board/richard-sharp <<

[35] http://www.csap.cam.ac.uk/network/tim-luke <<

[1] Sylvia Ellis, Britain, America and the Vietnam War (Westport, Connecticut, 2004), p. 161. <<

[2] Eugenie M. Blang, Allies at Odds: America, Europe, and Vietnam, 1961-1968 (Lanham, MD, 2011), pp. 165-166. <<

[3] Daniel Bell, The Radical Right (Nueva York, 1964), p. 466. <<

[4] Tim Hames y Richard Feasey, «Anglo-American Think Tanks under Reagan and Thatcher», en A. Adonis y T. Hames, A Conservative Revolution?: The Thatcher-Reagan Decade in Perspective (Mánchester, 1993), p. 221. <<

[5] http://www.margaretthatcher.org/commentary/displaydocument.asp?docid=109427 <<

[6] Christopher Meyer, DC Confidential (Londres, 2005), p. 1. <<

[7] «Blair and Bush Planned Iraq War without Second UN Vote, Letter Shows», The Guardian, 29 de agosto de 2011. <<

[8] http://www.iraqinquiry.org.uk/media/51794/20110125-turnbull-final.pdf <<

[9] «Annan Says Iraq War Was “Illegal”», The New York Times, 16 de septiembre de 2004. <<

[10] «Bush Officials Devise a Broad Plan for Free-Market Economy in Iraq», The Washington Post, 1 de mayo de 2003. <<

[11] http://www.theguardian.com/politics/2009/mar/19/police-brutatlity-racism <<

[12] http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/1019754 <<

[13] http://rogerhelmermep.wordpress.com/2013/03/18/breakfast-at-t-tip-not-tiffanys <<

[14] Fraser Nelson, «It May Take the EU to Save this Country from Ed Miliband’s Economic Agenda», Daily Telegraph, 16 de enero de 2014. <<

[15] http://corporateeurope.org/revolving-doors/2011/12/eu-officials-going-through-brussels-revolving-door-lobby-industry-exposed <<

[16] http://corporateeurope.Org/lobbycracy/2013/11/amazon-lobbying-weaken-data-privacy-rights-refusing-lobby-transparency <<

[17] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007c895f4c/Powers-and-procedures.html <<

[1] http://www.thesundaytimes.co.uk/sty/public/richlist <<

[2] http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farage-nhs-might-have-to-bereplaced-by-private-health-insurance-9988904.html <<

[3] http://www.hopenothate.org.uk/ukip/ukip-business-spokesman-wants-to-abolish-workers-rights-3698 <<

[4] http://classonline.org.uk/docs/Class-YouGov_poll_results_28_October_2013.pdf <<

[5] http://cdn.yougov.com/cumulus_uploads/document/ww4o7wko1q/WebVersion_Democracy%20in%20Britain%20A5.pdf <<

[6] James Meadway, Why We Need a New Macroeconomic Strategy (Londres, 2013). <<

[7] Ibídem, p. 26. <<

[8] http://www.equalitytrust.org.uk/sites/default/files/attachments/resources/Unfair%20and%20Unclear.pdf <<

[9] http://classonline.org.uk/docs/YouGov-Class_Polling_Results_120522_Economic_Policies.pdf <<