«¿De quién es el mundo?» «¿Puede la civilización sobrevivir al capitalismo?» «¿Qué es el bien común?» En Porque lo decimos nosotros, Chomsky explora estas y otras cuestiones relacionadas con temas que van desde el cambio climático hasta la expansión del Estado Islámico, pasando por la política nuclear, la guerra cibernética, el terrorismo, la NSA y la seguridad nacional. También aporta reflexiones más profundas sobre cuestiones de filosofía social, la función de lo comunal en una sociedad democrática y la influencia derechista en la política estadounidense.

Noam Chomsky

Porque lo decimos nosotros

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Titivillus 23.05.18

Título original: Because We Say So

Noam Chomsky, 2015

Traducción: Albino Santos Mosquera

Editor digital: Titivillus

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Prefacio

NOAM CHOMSKY Y EL INTELECTUAL PÚBLICO EN TIEMPOS TURBULENTOS

por Henry A. Giroux

Noam Chomsky, académico de renombre mundial, debe su gran fama no sólo a sus trabajos pioneros en lingüística, sino también a la labor que sigue desempeñando como intelectual público y desde la que aborda numerosos problemas sociales de particular significación, entre ellos los aspectos opresores de la política interior y exterior, políticas entre las que a menudo establece conexiones, un hecho del que esta relevante compilación de artículos políticos recientes suyos, reunidos bajo el título Porque lo decimos nosotros, es bien ilustrativa.

El papel de Chomsky en los planos intelectual, educativo y político es más relevante que nunca por lo necesarias que son hoy en día las muestras de valor cívico y rigor teórico, así como la elevación de la opresión y el sufrimiento a la categoría de temas de interés público de primer orden. Además, Chomsky es en sí mismo para las personas jóvenes (y no tan jóvenes) un modelo que nos ayuda a comprender la importancia de utilizar las ideas y el conocimiento para intervenir en la vida cívica, política y cultural, y que la democracia es algo por lo que hay que luchar si pretendemos que perviva.

Aun siendo siempre concretas, las intervenciones políticas propuestas e impulsadas por Chomsky han incidido siempre en el tema genérico de las relaciones de poder a las que él tanto se ha enfrentado. Por ejemplo, sus ideas iniciales sobre la responsabilidad de los intelectuales son inseparables de las críticas que desde un principio vertió contra la guerra de Vietnam y contra la complicidad de los intelectuales como mediadores y legitimadores de aquel horrendo acto de intervención militar[1]. Y es que, aunque parezca difícil comparar su obra de 1988, Los guardianes de la libertad[*], de la que es coautor Edward S. Herman, con su gran éxito de ventas de 2002, 11/9/2001[**], lo que todos sus textos comparten es un lúcido análisis teórico, político y hasta forense del funcionamiento de la actual estructura mundial del poder, de las nuevas y viejas modalidades de autoridad opresora, y de cómo las políticas económicas y sociales neoliberales han producido unas formas más salvajes de dominación global y de soberanía de las grandes corporaciones empresariales. Ese espíritu analítico insobornable impregna hasta la última página de Porque lo decimos nosotros.

Cada artículo recopilado en el presente libro confirma que Chomsky no suscribe una concepción unidimensional del poder como la que a menudo tienen muchas personas de izquierda. Él entiende muy bien que el poder tiene múltiples facetas, que opera a través de varios registros materiales y simbólicos diferentes, y destaca muy sagazmente que el poder cumple, además, una función pedagógica y, por ello mismo, viene ineludiblemente acompañado de una interpretación histórica particular de la industria de las relaciones públicas y la publicidad, y de los aparatos culturales existentes y emergentes. Se deduce, pues, que los modos de persuasión y el moldeado de las identidades y los deseos son fundamentales en todo aquello relacionado con el poder, la agencia (entendida como la capacidad para actuar) y la imaginación radical.

Chomsky pone incesantemente de manifiesto la distancia que media entre la realidad y el ideal prometido de la democracia radical, especialmente en Estados Unidos, aunque nos proporciona igualmente detallados análisis de la deformación de la democracia en otros países, que tratan de ocultar sus particulares formas de opresión bajo falsas pretensiones de democratización. Chomsky ha intentado imaginar de nuevo cuál es esa promesa de verdadera democracia y, al mismo tiempo, ha explorado nuevas vías de teorización de la agencia humana y de la imaginación social alejadas de la querencia neoliberal a la individualización y la privatización, y del correspondiente supuesto de que el único valor que importa es el valor de cambio. A diferencia de otros muchos intelectuales, atrapados en el discurso de sus respectivos silos académicos y de un profesionalismo esclerótico, él escribe y habla desde la perspectiva de lo que podríamos llamar unas totalidades contingentes. Al hacerlo, conecta una amplia variedad de temas dentro de una interpretación más general de las diversas fuerzas económicas, sociales y políticas concretas que conforman las vidas de las personas en coyunturas históricas particulares. Es uno de los pocos teóricos estadounidense, que propugna modos de solidaridad y de lucha colectiva, no como ideas a posteriori, sino como mecanismos clave para aglutinar lo cívico, lo social y lo ético, y formar así los cimientos de unos sólidos movimientos de resistencia global. Subyacen a su papel de intelectual público ciertas interpelaciones implícitas en forma de pregunta: ¿cómo debería ser una democracia real?, ¿cómo se subvierten sus ideales y sus prácticas?, y ¿qué fuerzas se necesitan para llevarla a la práctica? Éstas son las preguntas nucleares de su pensamiento, de sus charlas y de los comentarios recogidos en este libro.

Para Chomsky, las crisis se solapan y se fusionan unas con otras, y a menudo nos pasa inadvertido el cómo lo hacen. De hecho, suele aunar en su obra temas como el terrorismo, el poder de las grandes empresas, el excepcionalismo estadounidense y otras cuestiones de máximo interés con el propósito de facilitar a sus lectores mapas que les permitan ver la vida política, cultural y social con unos ojos y una imaginación distintos, apreciando así nuevas conexiones de las que extraer formas novedosas de teorizar una potencial resistencia.

También ha escrito sobre posibles alternativas políticas y económicas, y ha ofrecido de paso un vocabulario nuevo para referirse a un sentido colectivo de agencia y resistencia, una nueva concepción de los bienes comunales, y un replanteamiento de las relaciones entre las instituciones políticas y las modernas instituciones de la cultura, las finanzas y el capital. Y, aun así, Chomsky se abstiene de facilitar recetas y fórmulas: habla más bien de modelos emergentes de resistencia imaginativa, siempre enmarcados dentro de los límites de coyunturas históricas específicas. Su trabajo es de especial importancia para comprender lo necesarios que son los intelectuales públicos en tiempos de tiranía, crueldad, salvajismo financiero y autoritarismo creciente. Su obra debería ser lectura obligatoria para académicos, estudiantes y el público en general. Que él sea uno de los intelectuales más citados del mundo nos da ya una idea de lo general, diverso y extenso que es su público, formado por gentes de muy diferentes escenarios, espacios públicos y lugares.

Chomsky es un crítico implacable de los intentos conservadores y liberales de marcar una línea de separación impermeable entre las actividades intelectuales y la política, y expresa con total franqueza su convencimiento de que la educación (tanto la formal como la informal) debería ocuparse de la práctica de la libertad y no sólo de la búsqueda de la verdad. Ha defendido con firmeza que educadores, artistas, periodistas y otros intelectuales tienen la responsabilidad de proveer a los estudiantes y a la población en general de los conocimientos y las habilidades que necesitan para ser capaces de aprender a pensar con rigor, a reflexionar por sí mismos y a desarrollar la capacidad de gobernarse, más que la de ser gobernados. Pero, para Chomsky, no basta con aprender a pensar con espíritu crítico. Los intelectuales comprometidos deben desarrollar también una imaginación ética y una conciencia de responsabilidad social, ambos elementos necesarios para que el poder rinda cuentas de verdad y para aumentar las posibilidades de que todas las personas tengan una vida digna, imbuida de libertad, respeto, atención y justicia.

En materia de educación superior, Chomsky lleva defendiendo desde la década de 1960 que, en una sociedad sana, las universidades deben encargarse de formular las necesarias reivindicaciones de justicia económica y social, y que toda educación que se precie debe ser, no ya crítica, sino subversiva incluso. Chomsky nunca ha dado un paso atrás en su convicción de que la educación debería perturbar la tranquilidad y dedicarse a la producción de un saber crítico con el statu quo, sobre todo en una época de violencia legitimada. También se ha expresado con claridad —como igualmente hicieron Pierre Bourdieu y Edward Said, dos figuras ya desaparecidas y homólogas políticas suyas— en el sentido de que los intelectuales tienen que hacer que sus voces sean accesibles a un público amplio y oídas en todos aquellos ámbitos de la vida pública en los que se libra una batalla por el conocimiento, los valores, el poder, la identidad, la agencia y la imaginación social.

Puede que el capitalismo haya hallado un lugar de honor entre muchos de sus intelectuales contrarios a lo público, pero entre quienes desde luego no ha hecho tanta fortuna es entre gente como Chomsky. Conservadores y liberales, unidos a un ejército de defensores del neoliberalismo, se han negado prácticamente en redondo a incluir a este intelectual en los muchos debates y publicaciones sobre temas sociales que llegan a las diversas listas y catálogos de los medios de comunicación dominantes. En muchos sentidos, el papel de Chomsky como intelectual y activista es un prototipo de lo que podríamos llamar una tradición radical estadounidense. Pero, pese a ello, Chomsky parece un exiliado en su propio país por esa constante disconformidad suya, por la fuerte impresión que causan sus ejercicios de traslación y extrapolación, y por sus muestras de descarnada valentía. La prueba de ello la tienen en sus manos. Los comentarios expuestos en este libro son una recopilación de columnas de prensa escritas entre 2011 y 2014, distribuidas entre la prensa internacional a través del New York Times Syndicate: son muchos periódicos del extranjero los que las han publicado. Pero muy pocas de ellas llegan nunca a aparecer en las páginas de opinión de los diarios estadounidenses, y los censores militares estadounidenses incluso prohibieron la distribución de una compilación anterior de comentarios suyos (Intervenciones[2]).

Desde su condición de académico comprometido, Chomsky critica públicamente los regímenes de dominación organizados para la producción de violencia y de muerte social y civil. La fuerza de su presencia —su agenda de charlas y conferencias sin tregua, su torrente de escritos— nos abre la posibilidad de asomarnos a recuerdos peligrosos, a modos alternativos de imaginar la sociedad y el futuro, y a la crítica pública entendida como una necesidad y como uno de los elementos importantes de la resistencia individual y colectiva. Y, aun así, el papel de Chomsky como intelectual público, a la vista de la gran concurrencia de oyentes que atrae a sus conferencias y del elevado número de lectores que siguen lo que escribe, da fe de que no hay elucubración ni acción política que valga si no está acompañada de un sentido de conexión significativa con otras personas. La política se vuelve realmente emancipadora cuando se toma en serio ese aspecto, como bien ha destacado Stuart Hall: «Las personas tienen que invertir algo de sí mismas, algo que reconozcan como suyo o que apele a su condición; sin ese momento de reconocimiento, […] la política no desaparecerá, pero lo que sí dejará de existir sin tal instante de identificación es un movimiento político propiamente dicho[3]». Chomsky enlaza claramente con esa necesidad que tiene el público de la presencia de unos intelectuales dispuestos a visibilizar el poder, a ofrecer una manera alternativa de entender el mundo y a señalar las esperanzas de un futuro que no remede nuestro insidioso presente.

Chomsky ha recordado a la sociedad, con incansable constancia, que el poder adopta múltiples formas y que la producción de ignorancia no consiste tanto en una degradación del sistema educativo que se traduzca en un descenso de las puntuaciones en las pruebas de evaluación del alumnado ni en una consecuencia de un estado natural de las cosas, como en una dinámica que, muchas veces, se activa al servicio del poder. Según Chomsky, la ignorancia es un producto pedagógico que se usa para reprimir el pensamiento y que favorece cierta forma de antipolítica que socava determinados elementos de juicio y reflexión fundamentales para la política. Al mismo tiempo, es un factor crucial, no sólo para generar conformidad, sino también para aplastar la disconformidad. Para Chomsky, la ignorancia es un arma política que beneficia a los poderosos, no una situación general anclada en alguna inescrutable hondonada de la naturaleza humana.

En uno de los muchos ejemplos mencionados a lo largo del libro, él apunta a los esfuerzos de la élite financiera y de su maquinaria de marketing por atomizar a las personas y hacerlas cómplices de la destrucción de los bienes y los recursos comunales. Valiéndose de su extenso conocimiento de la historia, Chomsky cita las palabras del economista político Thorstein Veblen, en las que recordaba cómo se «fabrican necesidades», no ya para crear ignorancia, sino también para elevar el consumo a la categoría de fuerza de primer orden a la hora de dar forma a las necesidades de las personas. Para Chomsky, la memoria histórica y la agencia individual y social están siendo sometidas a un ataque que tiene una relevancia tan pedagógica como política.

Uno de los temas en los que más insistentemente incide Chomsky es el de cómo el poder del Estado funciona en varios sentidos como una modalidad particular de terrorismo que inflige violencia, sufrimiento y penuria, a menudo en relación directa con la lucha de clases y con el imperialismo estadounidense a escala mundial, y cómo la gente es muchas veces cómplice de semejantes actos de barbarie.

Al mismo tiempo, Chomsky también es un ferviente defensor de los pobres, de aquellos sectores de la población considerados prescindibles, de los excluidos y de quienes son marginados por razón de su clase, su raza, su género o de otras ideologías y relaciones estructurales supuestamente peligrosas para los tiranos de dentro y de fuera del país. Pero, en la obra de Chomsky, no destaca ningún grupo como singularmente más oprimido que el resto. Él tiene una gran capacidad para hacer visible la opresión en sus múltiples formas y para someterla a cuestionamiento con independencia de dónde se materialice. Y aunque Chomsky tiene muchos críticos, desde los verdaderamente notables, como Sheldon Wolin o Martha Nussbaum, hasta una legión de otros interlocutores mucho menos entendidos, rara vez rehúye un debate razonado y sí consigue a menudo elevar esos intercambios de opiniones a un grado nuevo de comprensión y conocimiento de los temas, no sin poner en evidencia a veces a sus oponentes. Entre los más ilustres y «famosos» contrincantes en tales debates se han contado figuras como Michel Foucault, William Buckley Jr., John Silber, Christopher Hitchens, Alan Dershowitz o Slavoj Žižek. Pero, a pesar de haber sido objeto de algún que otro ataque verbal de tono particularmente desabrido y de muy dudoso gusto, él siempre se ha negado a responder a esos críticos más maleducados emulando sus tácticas[4]. Algunos de los detractores de Chomsky lo han acusado de ser demasiado estridente, o poco teórico, o (más recientemente) de no haber comprendido la verdadera naturaleza de la ideología. Son críticas que se me antojan vacías e infundadas, y hasta diría que irrelevantes, teniendo en cuenta el alentador efecto que la obra del Chomsky ha tenido en generaciones más jóvenes, incluidos muchos de los miembros del movimiento Occupy y de otras redes de resistencia del ámbito internacional.

Es importante aclarar que no estoy insinuando aquí que Chomsky sea una especie de figura icónica en la que se vendría a encarnar una versión intelectual de la cultura de las celebridades. Todo lo contrario: él siempre ha deplorado ese papel y es un ser humano tremendamente humilde y modesto. Lo que sí digo es que los modelos de liderazgo político y responsabilidad cívica que la sociedad estadounidense plantea actualmente como aquellos que los jóvenes (y no tan jóvenes) deben aprender están tomados principalmente de una clase de financieros y personas ricas que constituyen una élite delictiva, cuando no descaradamente antidemocrática. Chomsky ofrece un criterio crucial —aunque con frecuencia no reconocido como tal— sobre cómo afrontar el mundo para que consideraciones como el compromiso y la valentía estén ligadas a factores como la justicia y la lucha, y no a la mera acumulación de capital sin cuidado alguno por los costes sociales.

Su decisiva influencia en toda una serie de campos no sólo ha abierto nuevos modos de indagación, sino que también ha otorgado un mayor peso al impulso político que acompaña a esas aportaciones suyas. No pretendo aquí idolatrar ni demonizar a Chomsky (las dos formas contrapuestas de reacción que suele suscitar su obra), sino expresar de qué manera Chomsky, en su condición de intelectual público, da sentido a la disposición y a las aptitudes que hay que tener para semejante labor crítica: conciencia histórica, valentía cívica, espíritu de sacrificio, carácter incisivo, juicio reflexivo, rigor, compasión, voluntad de intervenir políticamente y de dar un testimonio moral de los acontecimientos, y capacidad de escuchar a los demás.

Como intelectual público, Chomsky anima a todas las personas a emplear sus talentos y sus recursos para promover valores públicos, defender el bien común y ligar la educación al cambio social. Rechaza rotundamente que los educadores sean meros servidores del Estado y que los alumnos no sean otra cosa que futuros consumidores que se están formando como tales. Chomsky lleva muchos años tratando en sus escritos y charlas el rol de los educadores y de los académicos como intelectuales públicos, un rol que él juzga inextricablemente unido a la defensa de la universidad como bien común y espacio público democrático. Chomsky lo dejó bien claro en una conferencia que pronunció ante la Modern Language Association en 2000, donde insistió en el hecho de que…

frente a las presiones externas, las universidades afrontan una lucha constante por mantener su integridad y el papel social fundamental que deben desempeñar en una sociedad sana. Los problemas se acentúan con la expansión del poder privado en todos los terrenos, animado por los proyectos de ingeniería social estatal-corporativa de las últimas décadas. […] Defender la integridad y los compromisos correctos [de las universidades] es ya de por sí una tarea honorable y difícil, pero deberíamos mirar más allá de esa meta incluso. Pensemos que, en las sociedades más privilegiadas en particular, hay muchas opciones disponibles, entre las que se incluye la posibilidad de cambios institucionales fundamentales (donde y cuando sean oportunos), así como, sin duda, una labor académica que contribuya a (y se inspire en) las eternas luchas populares por la libertad y la justicia[5].

La educación superior es objeto de ataques no porque esté fallando, sino porque constituye un espacio público potencialmente democrático. Por eso, los conservadores y los neoliberales tienden a ver en ella una institución peligrosa que les recuerda todo aquel legado de rebeldía de la década de 1960, cuando las universidades eran el centro de las luchas por la libertad de expresión, las pedagogías antirracistas y feministas, y el movimiento pacifista. La educación superior se ha convertido en el blanco de ciertas ideologías derechistas y de la élite de la gran empresa porque es capaz de enseñar al alumnado a pensar críticamente, y porque representa una promesa de nuevas formas de solidaridad para los estudiantes ajenas al valor de cambio (el criterio favorito del instrumentalismo neoliberal) y a la reducción de la educación a una mera formación profesional.

En este libro se incluye un brillante artículo de Chomsky en el que traza una muy amplia perspectiva de la educación superior y en el que no sólo expone las razones por las que hoy se ataca con tanta fiereza a la educación pública, sino que también proporciona una lectura crítica de aquellas fuerzas históricas —como la Comisión Trilateral y el memorando Powell de 1971— que dejaron bien claro que el fin de la educación era «adoctrinar a la juventud». Chomsky alude además a las diversas medidas utilizadas por la élite financiera y la derecha en esa ofensiva, medidas que han ido desde la reducción de fondos destinados a la universidad hasta la imposición de un modelo empresarial en ese ámbito, pasando por la reducción de poder del profesorado, la destrucción de los sindicatos, la supresión de plazas fijas para una inmensa mayoría del personal docente e investigador, y el control de los estudiantes a base de cargarlos con deudas abrumadoras. Para Chomsky, no hay crisis que pueda entenderse si no es situada en su genealogía histórica particular. Ésa es una lección que olvidamos a menudo en una época en la que la velocidad tiene precedencia sobre cualquier muestra de atención a la memoria pública y cualquier ejercicio de reflexión mínimamente penetrante.

Chomsky trata de extender el legado democrático de la educación superior haciendo hincapié en la necesidad de que las universidades y su profesorado ejerzan presión a favor de la justicia económica y social. También defiende en concreto que, además de por su compromiso con la verdad desinteresada y con la razón, la educación superior sea valorada asimismo por el crucial papel que le toca desempeñar oponiéndose a la prolongación sin sentido del llamado «Estado de la guerra» (warfare State), a la guerra contra los pobres, al sofocamiento de la discrepancia por parte del «Estado de vigilancia» (surveillance State), al incremento de la violencia contra los estudiantes y al auge de un Estado autoritario que no duda en recurrir a los asesinatos selectivos, a la guerra con drones y a la destrucción del medio ambiente. Parte de ese papel consiste en crear una ciudadanía informada y reflexiva implicada en la lucha por la justicia y la igualdad sociales. El de significarse por la verdad es simplemente uno de los roles que la universidad puede asumir, pero, por sí solo, no basta. Las instituciones de educación superior también deben prestar atención a las necesidades de las personas jóvenes salvaguardando los intereses de éstas, al tiempo que las educan para ejercer sus capacidades de desempeño de sus responsabilidades sociales, políticas, económicas y éticas con otras personas, con poblaciones más amplias y con el orden social mundial general. Como Chomsky se encarga de recordarnos, interesarse por otras personas es una idea considerada peligrosa en el Estados Unidos actual, lo que no deja de ser un síntoma de la incesante deriva que está llevando al país de ser una democracia con sus más y sus menos a convertirse en un Estado progresivamente más autoritario[6].

Chomsky no se contenta con poner el foco de atención en quienes impulsan y perpetran semejantes crímenes globales ni en las nuevas formas de autoritarismo que estos están afianzando en todo el planeta: también se centra en las «no personas» que han pasado a ser consideradas prescindibles, aquellas que han sido tachadas del discurso de la que, para él, es una democracia torturada, y lo hace concibiéndolas como una fuerza de resistencia colectiva capaz de emplear nuevos modos de agencia y de lucha. Da igual si habla de la guerra, de la educación, de la militarización o de los medios de comunicación: en la obra de Chomsky hay siempre un sentido de compromiso, de valentía cívica, así como un llamamiento a la resistencia que impresiona y conmueve. Sus intervenciones son siempre políticas y, aun así, se las ingenia para evitar cubrirlas con el cómodo manto del dogmatismo o con esa especie de histrionismo circense que podemos ver en otros intelectuales presuntamente izquierdistas. Como ya hizo C. Wright Mills, también él ha fomentado la reactivación de la imaginación sociológica, de la conexión entre la totalidad y lo históricamente específico, de una pasión más amplia por mantener y materializar la promesa de la democracia, y de una interpretación compleja de los relatos históricos de aquellos y aquellas que son objeto habitual de marginación y exclusión. Hay asimismo en su trabajo una negativa a escudar a los poderosos frente a la crítica moral y política. Chomsky se ha convertido en faro orientador para una generación emergente de intelectuales que están dispuestos no sólo a defender las instituciones, los ámbitos públicos y las culturas formativas que hacen posible la democracia, sino también a abordar las fuerzas antidemocráticas que se afanan por desmantelar las condiciones que dan sentido a cualquier democracia que aspira a serlo de verdad.

Vivimos en una época en la que las catástrofes crecientes a las que se enfrentan los estadounidenses y los habitantes del resto del mundo tienen cada vez más parangón (aunque a la inversa) en la acumulación de poder de los ricos y de la élite financiera. Al miedo de éstos a la democracia se añaden actualmente los intensos esfuerzos de la élite financiera, política y empresarial por normalizar su propio poder y silenciar aquellas fuerzas que pretenden hacerles rendir cuentas. Son muchos los que piensan que vivimos en un momento de total y absoluta desesperanza. Pero la resistencia no sólo es posible, sino que seguramente resulta más necesaria ahora que antes en el pasado de Estados Unidos, a la vista del actual desmantelamiento de los derechos civiles y de las instituciones democráticas, y de la guerra en curso contra las mujeres, los sindicatos y las personas pobres, fenómenos que han venido acompañados del ascenso de un régimen neoliberal que ve en la democracia un exceso (cuando no un peligro) y un obstáculo para la implementación de sus propios objetivos ideológicos y políticos.

Todas las páginas de este libro rezuman un mensaje que Noam Chomsky lleva más de cincuenta años transmitiéndonos: la resistencia exige una combinación de esperanza, visión clara de lo que se quiere hacer, valentía y voluntad de exigir responsabilidades al poder, sin perder de vista los deseos, las aspiraciones y los sueños de aquellos que padecen un sufrimiento impuesto estructuralmente y, por consiguiente, evitable. También él nos ha recordado una y otra vez por medio de numerosos ejemplos históricos que hay sobrados casos y momentos álgidos grabados en la memoria pública que nos enseñan que esas luchas siempre son colectivas y jamás pueden reducirse a un mero ejercicio de resistencia individual. Los movimientos traen el cambio, y la solidaridad es clave para ello. Tal como ha señalado Archon Fung, el Chomsky intelectual y público ha evidenciado la importancia de visibilizar el poder y de que la autoridad se responsabilice ante la sociedad y esté sometida a una crítica rigurosa. En su obra también ha dado a entender que, además de criticando con rigor, los intelectuales públicos pueden ayudar igualmente «imprimiendo un carácter democrático a las políticas públicas», colaborando con «las iniciativas de los movimientos y organizaciones populares dirigidas a la promoción de la justicia y la democracia», y «uniéndose a los ciudadanos —y, en ocasiones, al Gobierno— en la construcción de un mundo que sea más justo y democrático», negándose al mismo tiempo a sucumbir a la tentación de las prácticas reformistas[7].

Puede que estemos ante uno de los pocos intelectuales públicos que quedan de una generación bastante anterior, alguien que nos aporta una visión muy poco frecuente de lo que significa ampliar el alcance del significado de la indagación política e intelectual: un intelectual que se replantea de forma crítica la naturaleza educativa de la política dentro de las condiciones (cambiadas y totalizadoras) de una ofensiva neoliberal global contra todos los vestigios de democracia. Y es que Chomsky no sólo opera con ideas que cuestionan los límites intelectuales y de las disciplinas académicas, sino que también deja claro lo crucial que resulta hacer que las ideas rindan cuentas de aquellas prácticas que ellas mismas legitiman y producen, al tiempo que se niega a que las ideas críticas se limiten a ser mera crítica sin más. Eso implica que las ideas no sólo cuestionen los discursos normalizadores y las representaciones del sentido común (y las desigualdades de poder que tales discursos legitiman), sino que también nos abran las puertas de las posibilidades inherentes a un discurso que va más allá de lo dado, y que apunta a nuevas formas de pensar y actuar a propósito de la libertad, el valor cívico, la responsabilidad social y la justicia, desde el punto de vista de ideales democráticos radicales.

Puede que Porque lo decimos nosotros sea una de las recopilaciones de trabajos de Chomsky donde más perspicaz se ha mostrado hasta el momento. Sus artículos ponen de relieve que no sólo son la democracia y la dignidad humana las que están en peligro, pues lo está también nuestra supervivencia misma. Y dejan claro igualmente que la importancia de los tiempos que corren exige conocimiento y acción, crítica y esperanza. Éste es un libro que debería (y debe) leerse en unos momentos tan serios y graves como estos que vivimos. Para Chomsky, la historia es algo abierto y ha llegado el momento de reclamar el cumplimiento de la promesa de una democracia en la que la justicia, la libertad, la igualdad y el bien común todavía importen.

PRECIPICIO ABAJO

5 de diciembre de 2011

Una de las tareas que tiene ante sí la conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se está celebrando estos días en Durban (Sudáfrica) es la de ampliar decisiones políticas anteriores que tenían un alcance limitado y sólo se implementaron en parte.

Tales decisiones se remontan a la Convención de Naciones Unidas de 1992 y al Protocolo de Kioto de 1997, que Estados Unidos se negó a adoptar. El primer período de compromisos de dicho protocolo vence en 2012. Pues bien, un titular de The New York Times captaba a la perfección cierto estado de ánimo bastante generalizado antes del inicio de la conferencia: «Temas urgentes, pero expectativas bajas».

Al tiempo que los delegados se reúnen en Durban, se ha publicado un informe con una actualizada síntesis de diversos sondeos de opinión elaborada por el Council on Foreign Relations y el Program on International Policy Attitudes (PIPA), en el que se pone de manifiesto que «la ciudadanía de diversos países de todo el mundo y de Estados Unidos opina que sus gobiernos deberían prestar una atención prioritaria al calentamiento global y apoyar decididamente acciones multilaterales encaminadas a buscarle remedio».

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses son de ese parecer, pero el PIPA aclara también que el porcentaje de quienes así opinan «ha descendido en los últimos años, con lo que la preocupación en Estados Unidos por este tema es significativamente más baja que la media mundial: un 70% frente a un 84%».

«Los estadounidenses no perciben que exista un consenso científico acerca de la necesidad de actuar con urgencia sobre el cambio climático […]. Una gran mayoría piensa que, en un momento u otro, el cambio climático le afectará personalmente, pero sólo una minoría cree que ese cambio le está afectando ya, a diferencia de lo que se piensa en la mayoría de los demás países. Los estadounidenses, además, tienden a infravalorar el nivel de preocupación de sus conciudadanos por ese tema».

Estas actitudes no son ninguna casualidad. En 2009, las patronales del sector energético, respaldadas por grupos de presión empresariales, lanzaron grandes campañas dirigidas a arrojar dudas sobre la gravedad de la amenaza del calentamiento global de origen humano y sobre el consenso casi unánime actualmente existente entre los científicos en torno a ese diagnóstico.

Y si el consenso no pasa de «casi unánime», es porque no incluye a los muchos expertos que consideran que las advertencias a propósito del cambio climático no van todo lo lejos que deberían ir, ni tampoco incluye al grupo marginal de los que niegan la existencia de amenaza alguna en ese sentido.

Muchos consideran «equilibrada» la manera convencional de cubrir informativamente el tema con declaraciones a favor y en contra a partes iguales, pero eso no hace más que colocar en pie de igualdad a la inmensa mayoría de los científicos, que se sitúan en uno de los bandos, con los negacionistas, situados en el otro. Además, a los científicos que lanzan advertencias más severas aún prácticamente se los ignora en los medios.

Una de las consecuencias de ese tratamiento informativo es que apenas un tercio de la población estadounidense cree actualmente que exista un consenso científico en torno a la amenaza de calentamiento global, una proporción muy inferior a la media mundial y radicalmente incongruente con los datos disponibles.

No es ningún secreto que el Gobierno de Estados Unidos siempre va a la zaga en el terreno climático. Según el propio PIPA, «las ciudadanías del resto de los países del mundo muestran en años recientes un elevado grado de desaprobación respecto al modo en que Estados Unidos está gestionando el problema del cambio climático. En general, Estados Unidos está ampliamente considerado como el país que tiene el efecto más negativo sobre el medio ambiente mundial, seguido de China. Alemania recibe las mejores valoraciones».

Para adquirir cierta perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo, resulta útil a veces adoptar la postura de unos hipotéticos observadores extraterrestres inteligentes que estuvieran mirando la rara manera de comportarnos que tenemos aquí, en la Tierra. Desde luego, no saldrían de su asombro al ver que el país más rico y más poderoso de toda la historia es el que lidera actualmente a los lemmings que tan despreocupadamente desfilamos camino del precipicio.

El mes pasado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), formada en 1974 por iniciativa del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, publicó su último informe sobre el rápido incremento de las emisiones carbónicas procedentes del consumo de combustibles fósiles.

La AIE calcula que, si el mundo continúa con su tendencia actual, el «presupuesto de carbono» se habrá agotado para no más tarde de 2017. Ese presupuesto es la cantidad de emisiones de gases carbónicos máxima admisible para mantener el calentamiento global dentro del límite de seguridad de los dos grados centígrados por encima de la temperatura mundial de la era preindustrial.

El economista jefe de la AIE, Fatih Birol, declaró a ese respecto que «la puerta se está cerrando […]. [S]i no variamos el rumbo ahora en nuestra manera de consumir energía, terminaremos por encima de lo que los científicos nos dicen que es el mínimo (de seguridad). Y, entonces, la puerta se habrá cerrado para siempre».

También el mes pasado, el Departamento de Energía estadounidense hizo públicas las cifras de emisiones correspondientes a 2010. Éstas han dado «el mayor salto registrado hasta la fecha», según informaciones de Associated Press, lo que significa que los «niveles de gases de efecto invernadero están por encima de los imaginados para el peor de los casos previstos» por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en 2007.

John Reilly, codirector del programa del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre cambio climático, declaró a Associated Press que los científicos han considerado generalmente demasiado conservadoras las predicciones del IPCC (contrariamente a lo que se afirma desde el marginal sector de los negacionistas, que tanta atención mediática recibe). Reilly reveló que el más pesimista de los escenarios futuros previsto por el IPCC vendría a coincidir más o menos con el escenario medianamente pesimista de los varios contemplados en las proyecciones elaboradas por los científicos del MIT.

Mientras se publicaban tan poco halagüeñas noticias, el Financial Times dedicaba toda una página a las optimistas expectativas de que Estados Unidos alcance la independencia energética durante un siglo entero gracias a las nuevas tecnologías de extracción de combustibles fósiles en suelo norteamericano.

Aunque las proyecciones son aún inciertas, según el propio Financial Times, Estados Unidos podría «adelantar rápidamente a Arabia Saudí y a Rusia, y convertirse en el mayor productor mundial de hidrocarburos líquidos, sumando tanto el petróleo en crudo como los líquidos del gas natural, más ligeros».

De materializarse tan «feliz» perspectiva, Estados Unidos podría aspirar a retener su hegemonía global durante mucho tiempo. Sin embargo, más allá de alguna que otra referencia suelta al impacto ecológico local, el Financial Times no decía nada acerca de la clase de mundo que cabría esperar que emergiera de tan emocionantes posibilidades de futuro. La energía está para quemarla, y al medio ambiente global, que lo zurzan, ¿no?

Prácticamente, todos los gobiernos del planeta están tomando medidas de freno (como mínimo) para tratar de minimizar la catástrofe en ciernes. Y Estados Unidos se ha situado a la cabeza, sí, pero de la tendencia contraria. La Cámara de Representantes federal, dominada por los republicanos, está desmantelando actualmente una serie de medidas medioambientales introducidas en tiempos de Richard Nixon, quien, en muchos sentidos, fue el último presidente «socialdemócrata» de este país.

Tan reaccionaria conducta es uno de los muchos indicios de la crisis padecida por la democracia estadounidense a lo largo de la pasada generación. La distancia de separación entre opinión pública y políticas públicas ha crecido hasta devenir en un abismo en lo referente a temas centrales del debate político actual, como el déficit y el empleo. Sin embargo, gracias a la ofensiva propagandística, esa distancia es ahora menor de lo que debería ser en relación con el tema más grave de la agenda internacional de hoy día y, posiblemente, de toda la historia.

Bien podríamos perdonar a nuestros hipotéticos observadores extraterrestres si llegaran a la conclusión de que debemos de estar infectados por alguna forma de locura letal.

RECONOCER A LAS «NO PERSONAS»

5 de enero de 2012

El 15 de junio, tres meses después de que se iniciaran los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre Libia, la Unión Africana presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la postura de ese continente a propósito del ataque (el cual es, en realidad, una campaña de bombardeos emprendida por sus tradicionales agresores imperiales, Francia y Gran Bretaña, acompañados de Estados Unidos —que coordinó inicialmente la ofensiva— y, en grado más marginal, por algunos países más).

Deberíamos recordar que hubo dos intervenciones. La primera, amparada en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada el 17 de marzo de 2011, llamaba a crear una zona de exclusión de vuelos, a procurar un alto el fuego y a aplicar medidas para proteger a la población civil. Pronto esa intervención quedó marginada por el empuje del triunvirato imperial, decidido a unirse al ejército rebelde sirviéndole de fuerza aérea.

Cuando comenzaron los bombardeos, la Unión Africana hizo un llamamiento a emplear la vía de la diplomacia y las negociaciones para intentar prevenir una previsible catástrofe humanitaria en Libia. En menos de un mes, más países se sumaron a esa iniciativa de la Unión Africana, empezando por el llamado grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) y continuando por otros, como la principal potencia de la OTAN en la zona, Turquía.

En realidad, el triunvirato estaba bastante aislado en su apoyo a los ataques, emprendidos para eliminar al voluble tirano a quien habían respaldado cuando les salía a cuenta hacerlo. Lo que esperaban conseguir así era la instauración de un régimen que se aviniera mejor a las exigencias occidentales de control de los ricos recursos de Libia y quién sabe si también a permitir que el país cediera una base en suelo africano para el mando militar de Estados Unidos para África (el Africom), que, hasta aquel momento, estaba instalado en la lejana Stuttgart.

Ahora es imposible saber si las iniciativas relativamente pacíficas reclamadas en la resolución 1973 de Naciones Unidas, y apoyadas por la mayor parte del mundo, habrían logrado evitar la terrible pérdida en vidas humanas y la destrucción generalizada que siguieron en Libia.

Aquel 15 de junio, la Unión Africana informó al Consejo de Seguridad que «ignorar a la Unión Africana durante tres meses y proseguir con los bombardeos sobre el sagrado suelo africano ha representado un ejercicio de prepotencia y arrogancia, además de una provocación». La Unión Africana presentó ese día también un plan para el establecimiento de negociaciones y para vigilar la observancia de un alto el fuego en Libia por medio de fuerzas de la propia Unión Africana, acompañado de otras medidas de reconciliación, pero todo fue en vano.

En su apelación al Consejo de Seguridad, la Unión Africana expuso asimismo los antecedentes que motivaban su inquietud por la situación: «La soberanía ha sido una herramienta de emancipación de los pueblos de África, que están comenzando a trazar vías y rutas de transformación para la mayoría de los países del continente tras siglos de depredación en forma de comercio de esclavos, colonialismo y neocolonialismo. Los ataques desconsiderados contra la soberanía de los países africanos vienen a ser, pues, nuevas heridas infligidas al destino de los pueblos de África».

El llamamiento africano puede leerse en la revista india Frontline, pero pasó prácticamente inadvertido en Occidente. No es ninguna sorpresa: los africanos son «no personas», por emplear la expresión de George Orwell aplicada a aquellos y aquellas considerados no aptos para entrar en la historia.

El 12 de marzo, la Liga Árabe se ganó el estatus de «persona» al apoyar la resolución 1973 de Naciones Unidas. Pero no tardó en perder tal categoría cuando se negó a hacer extensivo ese apoyo a los posteriores bombardeos occidentales en Libia.

Y el 10 de abril, la Liga Árabe regresó definitivamente a su anterior condición de «no persona» al instar a Naciones Unidas a imponer también una zona de exclusión de vuelos sobre Gaza y a levantar el asedio israelí sobre la Franja (un llamamiento que fue prácticamente ignorado).

También eso tiene bastante lógica. Los palestinos son el prototipo de «no personas», como vemos regularmente. Consideremos, si no, el pasado número de noviembre-diciembre de la revista Foreign Affairs, cuyos dos primeros artículos tenían como tema el conflicto palestino-israelí.

Uno de ellos, escrito por dos altos funcionarios israelíes (Yosef Kuperwasser y Shalom Lipner), culpaba de la continuidad del conflicto a los palestinos por negarse a reconocer a Israel como Estado judío. Sus autores se ceñían así a lo que es la norma en diplomacia internacional: importa solamente el reconocimiento oficial del Estado en cuestión, con independencia de cuál sea el sector privilegiado de ese Estado que tenga todas las de ganar con tal reconocimiento.

El segundo, del académico estadounidense Ronald R. Krebs, atribuye el problema a la ocupación israelí. Pero el artículo lleva el subtítulo de «How the Occupation Is Destroying the Nation» [Cómo la ocupación está destruyendo la nación]. ¿Qué nación? Israel, por supuesto, perjudicada por tener el cuello de todas esas «no personas» bajo su bota.

Otro ilustrativo ejemplo: en octubre, los titulares de prensa anunciaron a bombo y platillo la liberación de Gilad Shalit, el soldado israelí que había sido apresado en su día por Hamás. El artículo sobre el tema que publicó en aquellas fechas The New York Times Magazine se centró en el sufrimiento de su familia. Shalit fue puesto en libertad intercambiado por cientos de «no personas», de las que poco se nos decía más allá de un somero debate en torno a si su excarcelación podía perjudicar a Israel.

Tampoco nos contaban nada de los centenares de detenidos que pasan largos períodos de reclusión en prisiones israelíes sin que se presente acusación formal alguna contra ellos.

Entre esos presos no mencionados están los hermanos Osama y Mustafá Abu Muamar, civiles secuestrados por fuerzas israelíes que asaltaron la ciudad de Gaza el 24 de junio de 2006, el día antes de que Shalit fuera hecho prisionero. A estos dos hermanos los «desaparecieron» posteriormente dentro del sistema penitenciario de Israel.

Con independencia de lo que pensemos sobre capturar a un soldado de un ejército atacante, no cabe duda de que secuestrar a civiles es un crimen mucho más grave… salvo, claro está, que se trate de meras «no personas».

Y, de hecho, esos crímenes no tienen comparación con muchos otros, como los ataques en aumento de los que son objeto los ciudadanos beduinos de Israel, que viven en el Néguev, al sur del país.

Se los está expulsando de nuevo en virtud de un nuevo programa dirigido a destruir decenas de pueblos beduinos a los que ya se les había desplazado con anterioridad. Por motivos benignos, claro está. El Gobierno israelí explicó que, en esa zona, iban a fundarse diez asentamientos judíos «para atraer nueva población hacia el Néguev»: es decir, para sustituir a «no personas» por personas legítimas. ¿Quién puede oponerse a algo así?

De especímenes de la extraña especie de las «no personas» podemos encontrar ejemplos en todas partes, Estados Unidos incluido: en prisiones que representan un escándalo internacional, en los comedores sociales, en los barrios bajos degradados.

Pero los ejemplos pueden llamarnos a engaño. La población mundial en su conjunto camina actualmente sobre el filo de un agujero negro.

Tenemos a diario recordatorios de ello, incluso en forma de incidentes muy pequeños: por ejemplo, el mes pasado, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquearon una reorganización prácticamente gratuita de los recursos para investigar mejor las causas de los extremos meteorológicos de 2011 y para perfeccionar los pronósticos.

Los republicanos temieron entonces que eso pudiera dejar un resquicio para la entrada de mayor «propaganda» sobre la cuestión del calentamiento global, un «no problema» según el catecismo recitado por los candidatos a presidenciables por una formación que, años atrás, era un verdadero partido político.

Pobre y triste especie la nuestra.

ANIVERSARIOS DE LA «NO HISTORIA»

4 de febrero de 2012

George Orwell acuñó el útil término «no persona» para referirse a criaturas a quienes se negaba la condición de persona porque no acataban la doctrina del Estado. Podríamos añadir el concepto de «no historia» para referirnos a la suerte corrida por las «no personas», suprimidas de la historia por similares motivos.

La «no historia» de las «no personas» se nos hace evidente cuando toca celebrar aniversarios. Los hay muy importantes, que suelen ser muy conmemorados (y con la solemnidad debida cuando corresponde): Pearl Harbor, por ejemplo. Pero los hay que no, y es mucho lo que podemos aprender sobre nosotros mismos rescatándolos de la «no historia».

En este momento, estamos olvidándonos de conmemorar un acontecimiento de gran significación humana: el 50.º aniversario de la decisión del entonces presidente Kennedy de lanzar una intervención militar directa en Vietnam del Sur, una invasión que al poco tiempo se convertiría en el más extremo crimen de agresión cometido desde la Segunda Guerra Mundial.

Kennedy ordenó a la Fuerza Aérea estadounidense el bombardeo de objetivos en territorio survietnamita (en febrero de 1962, eran ya cientos las misiones aéreas realizadas en ese país); autorizó el uso de armas químicas para destruir los cultivos a fin de rendir por hambre a la población rebelada; y puso en marcha los programas que, en último término, empujarían a millones de campesinos hacia los suburbios marginales de las ciudades o hacia campos de concentración disimulados bajo otro nombre: «aldeas estratégicas». Allí, los habitantes rurales estarían «protegidos» de las guerrillas autóctonas (a las que los campesinos apoyaban por iniciativa propia, como bien sabía el Gobierno estadounidense).

Los esfuerzos oficiales por justificar los ataques fueron escasos y, en su mayoría, puramente fantasiosos.

Un ejemplo típico fue el apasionado discurso pronunciado por el presidente ante la American Newspaper Publishers Association, el 27 de abril de 1961, en el que lanzó la siguiente advertencia: «Nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se vale principalmente de medios encubiertos para expandir su esfera de influencia». En Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 1961, Kennedy declaró que, si esa conspiración lograba lo que se proponía en Laos y Vietnam, «las puertas quedarían abiertas de par en par».

De los efectos a corto plazo, dio fe el respetadísimo especialista en Indochina e historiador militar Bernard Fall (quien, aun no siendo precisamente una «paloma» en política internacional, se preocupaba por la población de los países que sufren).

Según las estimaciones que efectuó a comienzos de 1965, unos 66 000 survietnamitas habían muerto entre 1957 y 1961 (y otros 89 000 entre 1961 y abril de 1965) víctimas fundamentalmente del régimen satélite de Washington en Saigón o del «peso aplastante de los blindados, del napalm, de los cazabombarderos y de los gases tóxicos de Estados Unidos».

Las decisiones se mantuvieron en la sombra, que es donde todavía permanecen también las impactantes consecuencias que perduran en aquel país. Sirva de ilustración un ejemplo: Scorched Earth [Tierra quemada], libro de Fred Wilcox y primer estudio serio del horrendo y continuado impacto del uso de armas químicas contra la población vietnamita, se ha publicado hace apenas unos meses y probablemente correrá parecida suerte que la de otros trabajos de «no historia». La esencia de la historia es lo que ocurrió. La esencia de la «no historia» es la desaparición de lo ocurrido.

En 1967, la oposición a los crímenes cometidos en Vietnam del Sur había alcanzado una magnitud sustancial. Cientos de miles de soldados estadounidenses se movían por aquel país arrasándolo todo a su paso y muchas zonas densamente pobladas estaban sometidas a intensos bombardeos. La invasión se había extendido además al resto de Indochina.

Las consecuencias habían llegado a tales cotas de horror que Bernard Fall previó en aquel entonces que «Vietnam, como entidad cultural e histórica, […] está amenazada de extinción, […] [pues] sus zonas rurales están muriéndose literalmente destrozadas por los golpes que les está asestando la mayor maquinaria militar jamás desplegada en tan reducido territorio».

Cuando la guerra terminó ocho devastadores años más tarde, la opinión dominante estaba dividida entre quienes consideraban que se había librado por una «causa noble» y se podía haber ganado poniéndole más empeño, y un bando radicalmente opuesto, el de los críticos, para quienes había sido «un error» que se había demostrado demasiado caro.

Pero a aquellas alturas de 1967 todavía estaba por producirse el bombardeo de la remota sociedad campesina del norte de Laos, ejecutado a tal escala que las víctimas tuvieron que alojarse en cuevas durante años para sobrevivir. Y, al poco tiempo, llegaría también el bombardeo de la Camboya rural, que superó el nivel de la suma de todos los bombardeos de los Aliados en el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1970, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Henry Kissinger, ordenó «una campaña de bombardeos masivos en Camboya. Todo lo que vuele contra todo lo que se mueva»: un llamamiento al genocidio como pocos se encuentran en los registros y archivos oficiales.

Las de Laos y Camboya fueron «guerras secretas» de las que casi no se informó, y cuyos hechos y datos son todavía muy poco conocidos para el gran público o, siquiera, para las élites cultas e informadas, quienes, sin embargo, sí pueden recitar de memoria todos los crímenes (reales o presuntos) de los enemigos oficiales.

Otro capítulo más de los rebosantes anales de la «no historia».

En tres años, es posible que conmemoremos (o no) otro acontecimiento de gran relevancia contemporánea: el 900.º aniversario de la Carta Magna.

Ese documento es la base de lo que la historiadora Margaret E. McGuinness, en referencia a los juicios de Núremberg, calificó de «estilo jurídico particularmente estadounidense: castigo sólo para aquellos de quienes se haya podido demostrar su culpabilidad en un juicio justo revestido de todo un conjunto de protecciones procesales».

La Gran Carta proclama que a «ningún hombre libre» puede privársele de sus derechos «salvo por sentencia legal de sus pares y por la ley del reino». Esos principios fueron ampliados posteriormente para que abarcaran a los «hombres» en general. Cruzaron el Atlántico y se incorporaron a la Constitución de Estados Unidos y a su Carta de Derechos, en la que se declara que ninguna «persona» puede ser privada de sus libertades sin el debido proceso legal y un juicio sin dilaciones.

Es obvio que los fundadores de Estados Unidos no concibieron en realidad el término persona como una referencia a todas las personas. Los nativos americanos no eran personas. Tampoco las que estaban esclavizadas. Las mujeres apenas contaban como personas. De todos modos, ciñámonos a la esencial noción de la presunción de inocencia, que ha quedado relegada al olvido de la «no historia».

Y es que un paso más en el socavamiento de los principios de la Carta Magna fue el que se dio cuando el presidente Obama firmó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que incorpora al derecho federal la práctica de las Administraciones Bush y Obama de la detención indefinida (y sin juicio) de sospechosos bajo custodia militar.

Ese trato se ha convertido así en obligatorio para el caso de ciudadanos extranjeros acusados de ayudar a fuerzas enemigas durante la «guerra contra el terror», y en opcional si los acusados son ciudadanos estadounidenses.

Del alcance de todo esto es ilustrativo el ejemplo del primer caso de un preso de Guantánamo que llegó a juicio durante el mandato del presidente Obama: me refiero a Omar Khadr, un antiguo niño soldado a quien se acusaba del atroz crimen de intentar defender a su pueblo en Afganistán cuando éste fue atacado por fuerzas estadounidenses. Apresado a la edad de quince años, Khadr estuvo recluido ocho años en Bagram y Guantánamo y, finalmente, fue llevado ante un tribunal militar en octubre de 2010, en el que se le dio a elegir entre declararse no culpable (y quedarse en Guantánamo para siempre) o admitir su culpabilidad (y cumplir «solamente» ocho años más de condena). Khadr optó por lo segundo.

Hay otros muchos ejemplos esclarecedores de cuándo y a quién aplicamos el concepto de terrorista. Nelson Mandela, sin ir más lejos: su nombre no fue eliminado de la lista de terroristas registrados por el Gobierno estadounidense hasta 2008. O Sadam Huseín, en el sentido inverso. En 1982, Irak fue retirado de la lista de Estados que apoyaban el terrorismo a fin de que la Administración Reagan pudiera facilitar ayuda a Huseín después de que éste hubiera invadido Irán.

Hablamos, pues, de una acusación que responde a criterios caprichosos, que no tiene revisión ni recurso posible, y que tiende a reflejar los intereses de la política de cada momento: en el caso de Mandela, se trataba de justificar el apoyo del presidente Reagan a los crímenes del Estado del apartheid con el pretexto de defender dicho régimen de una de las «más destacadas organizaciones terroristas» del mundo, como era el Congreso Nacional Africano de Mandela.

Todo bien relegadito a la «no historia».

¿QUÉ INTENCIONES TIENE IRÁN?

1 de marzo de 2012

El número de enero-febrero de Foreign Affairs incluía un artículo de Matthew Kroenig titulado «Time to Attack Iran: Why a Strike Is the Least Bad Option» [Hora de atacar a Irán: por qué un ataque es la opción menos mala] junto con análisis varios sobre otras formas de contener la amenaza iraní.

Los medios de comunicación se hacen continuamente eco de las advertencias sobre un probable ataque israelí contra Irán mientras que Estados Unidos se mantiene en la duda, aunque sin cerrar la opción de la agresión, lo que significaría una nueva violación de la Carta de Naciones Unidas, base y fundamento del derecho internacional.

Con la escalada de las tensiones, el ambiente nos trae extrañas e inquietantes reminiscencias de lo que fueron los momentos previos a las guerras en Afganistán e Irak. La febril retórica de la campaña de las primarias en Estados Unidos no hace más que añadir intensidad al ya de por sí estridente son de los tambores de guerra.

Es habitual atribuir a la «comunidad internacional» (fórmula en clave para referirse a los aliados de Estados Unidos) un estado de preocupación por «la amenaza inminente» que representa presuntamente Irán. Pero las gentes del resto del mundo suelen percibir la cuestión de un modo bastante distinto.

El Movimiento de los No Alineados, integrado por ciento veinte países miembros, ha apoyado sin reservas el derecho de Irán a enriquecer uranio, una opinión que también compartían la mayoría de los estadounidenses (según sondeos de WorldPublicOpinion.org) antes de la enorme ofensiva propagandística de los dos últimos años.

China y Rusia se oponen a la política de Estados Unidos con respecto a Irán, como también se opone la India, que anunció que no respetaría las sanciones estadounidenses e incrementaría su comercio con el país persa. Turquía ha seguido una línea similar.

Los europeos consideran que Israel es la mayor amenaza para la paz mundial. En el mundo árabe, Irán despierta desagrado, pero sólo una minoría de la población de esos países cree que representa una amenaza. Son más bien Israel y Estados Unidos los que allí son vistos como amenazas preeminentes. Y la mayoría de esas personas encuestadas opina que la región sería más segura si Irán dispusiera de armamento nuclear: en Egipto, en vísperas de la Primavera Árabe, así lo creía el 90% de quienes respondieron a las preguntas de los sondeos de la Brookings Institution y Zogby International.

Los comentaristas occidentales han dado mucha importancia a cómo los dictadores árabes supuestamente apoyan la postura de Estados Unidos ante Irán, pero han pasado por alto que la inmensa mayoría de los ciudadanos de esos países se opone a tal posicionamiento: claro que éste es un estado de opinión popular demasiado revelador como para merecer comentario alguno de tales comentaristas.

También hay observadores en Estados Unidos que llevan tiempo expresando cierta inquietud en relación con el arsenal nuclear israelí. El general Lee Butler, antiguo jefe del Mando Estratégico estadounidense, se refirió a las armas nucleares de Israel calificándolas de «peligrosas en grado extremo». En una revista del Ejército de Tierra estadounidense, el teniente coronel Warner Farr escribió que una «finalidad del armamento nuclear israelí que no suele hacerse explícita, pero que resulta obvia, es su utilidad ante Estados Unidos», presumiblemente para asegurarse un apoyo continuado de Washington a las políticas israelíes.

Una de las preocupaciones principales ahora mismo es que Israel se proponga provocar algún tipo de reacción desde Irán que incite a Estados Unidos a atacar.

Uno de los más destacados analistas estratégicos israelíes, Zeev Maoz, escribió en su libro Defending the Holy Land [Defendiendo Tierra Santa] —un exhaustivo análisis de la política exterior y de seguridad de Israel— que «el balance neto de la política nuclear israelí es a todas luces negativo» por dañino para la seguridad del Estado. Él insta más bien a que Israel se esfuerce por conseguir un acuerdo regional de prohibición de armas de destrucción masiva (ADM): una zona libre de ADM, como la reclamada por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1974.

Mientras tanto, las sanciones de Occidente contra Irán están surtiendo su efecto habitual en forma de escasez de suministro de alimentos básicos, pero no para los clérigos dirigentes, sino para la población en general. No es de extrañar, pues, que las sanciones sean condenadas por la valerosa oposición iraní.

Las sanciones contra Irán podrían tener el mismo efecto que las decretadas en su momento contra Irak, y que fueron condenadas por «genocidas» por los respetados diplomáticos de Naciones Unidas encargados de administrarlas hasta que, finalmente, dimitieron de tales puestos en señal de protesta.

Las sanciones contra Irak devastaron a la población y fortalecieron a Sadam Huseín, probablemente hasta el punto de salvarlo de correr la suerte de toda una canallesca lista de tiranos apoyados por el dúo Estados Unidos-Reino Unido: tiranos que parecían estar cada vez más afianzados en el poder de sus países hasta que la revuelta popular de turno que finalmente provocaba su derrocamiento desmentía esa falsa impresión.

Sobre lo que no hay mucho comentario digno de crédito es sobre en qué consiste concretamente la amenaza iraní. Contamos, eso sí, con una respuesta «autoritativa» a esa pregunta: concretamente, la de las autoridades militares y los servicios de inteligencia estadounidenses. Y, de hecho, de sus exposiciones de argumentos ante el Congreso se deduce muy claramente que Irán no representa ninguna amenaza militar.

Irán dispone de una capacidad muy limitada para desplegar ese tipo de fuerza, y la doctrina estratégica por la que se guía es defensiva, dirigida a disuadir una invasión el tiempo necesario para que la diplomacia surta efecto. Si Irán está desarrollando armas nucleares (algo que todavía está por determinar), sólo sería como parte de su estrategia disuasoria.

La visión que de este tema tienen los analistas israelíes y estadounidenses más serios quedó bien expresada por Bruce Riedel, un veterano con treinta años de experiencia en la CIA, quien declaró en enero: «Si yo fuera un planificador de la seguridad nacional iraní, querría armas nucleares» como factor disuasorio.

Una acusación adicional que Occidente lanza contra Irán es que está intentando expandir su influencia en países vecinos atacados y ocupados por estadounidenses y británicos, y que está dando apoyo a la resistencia contra la agresión israelí (respaldada por Estados Unidos) en el Líbano y contra la ocupación ilegal israelí de territorios palestinos. Como ocurre con su política de disuasión de un potencial uso de la violencia por parte de los países occidentales, también las acciones de Irán en ese terreno son catalogadas de amenazas intolerables al «orden global».

Pero la opinión mundial coincide con Maoz. Existe un apoyo apabullantemente mayoritario a la creación de una zona libre de ADM en Oriente Próximo y Medio, una zona que incluiría a Irán, a Israel y, a ser posible, a las otras dos potencias nucleares que se han negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, la India y Pakistán, que, como Israel, desarrollaron sus respectivos programas con ayuda estadounidense.

De hecho, el sentir favorable a esa política en la conferencia de examen del Tratado de No Proliferación Nuclear de mayo de 2010 fue tan abrumador que Washington se vio forzado a mostrarse formalmente de acuerdo con ella, aunque con condiciones: la zona no podrá entrar en vigor hasta que no se haya firmado un acuerdo de paz completo entre Israel y sus vecinos árabes; los programas de armamento nuclear israelí deberán estar eximidos de inspecciones internacionales, y ningún país (entiéndase Estados Unidos) será obligado a proporcionar información sobre «las instalaciones y las actividades nucleares israelíes, ni siquiera información relacionada con las transferencias nucleares previas a Israel».

Así y todo, la conferencia de 2010 convocó una sesión para mayo de 2012 para avanzar hacia la instauración de una zona libre de ADM en Oriente Próximo y Medio.

El problema es que, con tanto revuelo levantado a propósito de Irán, se está prestando poca atención a esa otra opción, que sería el modo más constructivo de abordar la cuestión de las amenazas nucleares en la región: tanto la que, según la «comunidad internacional», representa la posibilidad de que Irán adquiera capacidad nuclear, como la que, según la mayoría del mundo, representa el único Estado de la región que sí dispone de armamento nuclear (y que acumula un largo historial de agresiones) y la superpotencia que lo patrocina.

Sin embargo, nadie menciona que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen una responsabilidad especial a la hora de dedicar esfuerzos a la materialización de tal objetivo. No olvidemos que, aunque sólo fuera para revestir de cierta pátina de legalidad su invasión de Irak, ninguna de esas dos potencias tuvo reparos en invocar la resolución 687 de 1991 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, según alegaban, Irak estaba vulnerando al desarrollar ADM.

Podemos ignorar la validez de esa alegación, pero no el hecho de que la resolución en cuestión comprometía explícitamente a sus signatarios a instaurar una zona libre de ADM en Oriente Próximo y Medio.

LA OFENSIVA CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

3 de abril de 2012

La educación pública está siendo atacada en todo el mundo y, como reacción a ello, son varias las manifestaciones estudiantiles que han tenido lugar en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otros países.

California es también un campo de batalla de esa guerra. El diario Los Angeles Times informa de un capítulo más en la campaña dirigida a destruir el que había sido el más grande sistema de educación superior pública de todo el mundo: «Los directivos de la Universidad Estatal de California han anunciado planes para congelar la próxima primavera el número de alumnos matriculados en la mayoría de sus campus y para colocar a todos los solicitantes de ingreso en lista de espera el próximo otoño mientras se decide el resultado de una propuesta de iniciativa legislativa fiscal que se someterá a referéndum coincidiendo con la convocatoria electoral del próximo noviembre».

En todo el país se está produciendo una reducción de los fondos destinados a las universidades estatales. «En la mayoría de los estados —según informa The New York Times— son actualmente las matrículas universitarias, más que las partidas públicas, las que cubren la mayor parte de ese presupuesto», por lo que «tal vez hayamos dicho ya adiós a los tiempos en que era asequible costearse una carrera de cuatro años en un centro público de educación superior financiado con elevadas subvenciones estatales».

Los community colleges (centros universitarios de ámbito local y con carreras más cortas) también se están viendo abocados a un panorama similar, y los niveles de financiación insuficientes se hacen extensivos igualmente a los ámbitos de la educación primaria y secundaria.

«Hemos pasado de creer que la educación superior es un beneficio para nosotros como país a pensar que son las personas que reciben esa educación quienes se benefician de verdad y que, por lo tanto, deben ser ellas quienes paguen la factura», concluye de toda esta situación Ronald G. Ehrenberg, un miembro del consejo de administración del sistema de las universidades estatales de Nueva York y director del Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Cornell.

Pero, en mi opinión, encontraremos una descripción más precisa de la situación en Failure by Design, un estudio reciente del Economic Policy Institute (EPI), un laboratorio de ideas estadounidense que lleva mucho tiempo siendo una importante fuente de información y de análisis fiables sobre el estado de la economía.

El citado estudio del EPI examina las consecuencias de la transformación de la economía que ha desplazado el peso desde la producción interior hacia la financiarización y la deslocalización iniciadas una generación atrás. Una transformación deliberada, pues siempre ha habido alternativas.

Una de las justificaciones primordiales de ese plan deliberado ha de buscarse en lo que el nobel Joseph Stiglitz llamó la «religión» de que «los mercados producen resultados eficientes», un credo cuya veracidad ha recibido recientemente un nuevo golpe demoledor con el pinchazo de una burbuja inmobiliaria que tanto se pretendió ignorar por razones doctrinarias y que fue el desencadenante de la actual crisis financiera.

También se han defendido en reiteradas ocasiones los presuntos beneficios de la expansión radical de las instituciones financieras desde la década de 1970. Como resumen alegórico de ese proceso, me parecen especialmente convincentes y acertadas estas palabras de Martin Wolf, redactor de economía del Financial Times: «Un sector financiero descontrolado está devorando la moderna economía de mercado desde dentro, como las larvas de la avispa de las arañas se comen al huésped en el que han sido depositadas».

El estudio del EPI señala que ese «fracaso deliberado» al que alude su título toma como base la clase social. Y, en ese sentido, los «planificadores» de tal fracaso han logrado un éxito rotundo, como bien lo revela la asombrosa concentración de riqueza en el 1% de población más acomodada (o, mejor dicho, en el 0,1%), mientras que la inmensa mayoría se ha visto relegada prácticamente al estancamiento o al declive de su nivel de riqueza.

En definitiva, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, «los amos de la humanidad» hacen valer su «máxima vil» del «todo para nosotros y nada para otras personas», como bien explicó Adam Smith tiempo ha.

La educación pública de masas es uno de los grandes logros de la sociedad estadounidense. Ha tenido múltiples dimensiones. Una de sus finalidades era preparar a quienes habían sido granjeros independientes para convertirse en asalariados dispuestos a tolerar lo que, hasta entonces, habían considerado una esclavitud en todo salvo en el nombre.

El elemento coercitivo no pasó inadvertido. Ralph Waldo Emerson comentó en su momento que los líderes políticos propugnaban la educación popular porque temían que «este país se esté llenando de miles y de millones de votantes y haya que educarlos para que no se nos lancen al cuello». Se trataba de «educarlos» en el sentido «correcto», claro está: limitando sus perspectivas y su comprensión de las cosas, desalentando el pensamiento libre e independiente, e instruyéndolos para que obedecieran.

La «máxima vil» y su puesta en práctica han suscitado muchas veces resistencias, focos de oposición que, a su vez, evocan en la élite los mismos temores ya comentados. Cuarenta años atrás, por ejemplo, preocupaba mucho la posibilidad de que la población se estuviera liberando del corsé de la apatía y la obediencia.

Desde el extremo del internacionalismo liberal, la Comisión Trilateral (ONG especializada en el estudio de políticas públicas y de Estado de la que salieron gran parte de los miembros de la Administración Carter) emitió severas advertencias en 1975 respecto a que tal vez hubiera ya demasiada democracia, debido en parte a los fallos de las instituciones responsables de «adoctrinar a la juventud». Por su parte, desde las filas de la derecha, un importante memorando de 1971 elaborado por Lewis Powell y dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (principal lobby empresarial del país) se lamentaba de que los radicales se estuvieran haciendo con todo (universidades, medios de comunicación, administraciones públicas, etcétera) y llamaba a la comunidad empresarial a hacer uso de su poder económico para desandar el terreno avanzado en esa ofensiva contra nuestro preciado estilo de vida, un estilo que él conocía muy bien, ya que, como cabildero de la industria del tabaco que era, estaba muy familiarizado con el funcionamiento del Estado niñera de los ricos, eso que él llamaba «el libre mercado».

Desde entonces, son muchas las medidas que se han tomado a fin de restablecer la disciplina. Una es la cruzada de la privatización, consistente en depositar el control en manos de quienes son «de fiar».

Otra es la de los sensibles incrementos de los precios de las matrículas (que han subido casi un 600% desde 1980). Ahora, en el sistema de educación superior resultante de ambas medidas, impera una «estratificación económica mucho mayor que la de ningún otro país», según Jane Wellman, antigua directora del proyecto Delta Cost, dedicado a supervisar la evolución de estos problemas. Los aumentos del coste de las matrículas dejan a los estudiantes atrapados en situaciones de endeudamiento a largo plazo que se traducen en una mayor subordinación al poder privado.

Se ha justificado esta situación con argumentos económicos, pero acostumbran a ser explicaciones muy poco convincentes. Son muchos los países, tanto ricos como pobres (incluido uno tan próximo como México), en los que las matrículas continúan siendo gratuitas o meramente testimoniales. Así eran las cosas también en Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando era un país mucho más pobre que hoy y un ingente número de estudiantes ingresó en sus universidades gracias a la GI Bill (la «Ley del Soldado[*]»), que fue un factor crucial para el subsiguiente crecimiento económico sin precedentes, amén de para la cualitativa mejora de la vida de muchas personas.

Otro mecanismo es la empresarialización de las universidades. Esto ha conllevado un espectacular incremento de los niveles de instancias administrativas que se han cubierto con personal profesional, en vez de docente, y la imposición de una cultura de la «eficiencia» que, más que una noción económica, es todo un concepto ideológico.

Un ejemplo ilustrativo de ello es la decisión de muchas universidades públicas de eliminar titulaciones en enfermería, ingeniería e informática porque son demasiado costosas de mantener… y porque, curiosamente, forman profesionales en ámbitos en los que hay mucha demanda de mano de obra, según informaba recientemente The New York Times. Es una decisión que perjudica a la sociedad, pero que cumple a la perfección con los principios de la ideología empresarial de la ganancia a corto plazo sin atender a las consecuencias humanas, algo muy acorde con la «máxima vil».

Donde se dejan sentir algunos de sus más insidiosos efectos es en la docencia y la tutorización del alumnado. Si una imagen captaba el ideal educativo de la Ilustración, era la de la educación entendida como un hilo tendido que los estudiantes seguían cada uno a su modo, desarrollando su propia creatividad e independencia de pensamiento por el camino.

La imagen alternativa, que hemos de rechazar, es la de la vasija que hay que llenar de contenido, un recipiente que, por experiencia, sabemos que siempre está lleno de agujeros y escapes. Este enfoque es el que aplican quienes sólo enseñan para superar pruebas y test, y emplean otros mecanismos parecidos que destruyen el interés de los estudiantes, a quienes tratan de encajar en un molde para que sean fáciles de controlar. Pero ésa es una imagen con la que, por desgracia, estamos ya demasiado familiarizados hoy en día.

CARTAGENA: MÁS ALLÁ DEL ESCÁNDALO DEL SERVICIO SECRETO

1 de mayo de 2012

Aunque marginada de la atención mediática por el escándalo del servicio secreto, la Cumbre de las Américas celebrada el mes pasado en Cartagena (Colombia) fue un acontecimiento de significación considerable. Tres son las mayores razones de ello: Cuba, la guerra contra la droga y el aislamiento de Estados Unidos.

Un titular del Jamaica Observer la describió así: «La cumbre muestra hasta qué punto ha decaído la influencia yanqui». En el cuerpo de la noticia, podía leerse que «los grandes temas de debate han sido el lucrativo y destructivo comercio de drogas, y qué esperar de una reunión de los países de la región de la que está excluido uno de ellos: Cuba».

Los encuentros terminaron sin acuerdo debido a la oposición de Estados Unidos en cada uno de esos puntos del orden del día: una política de despenalización de las drogas y la exclusión cubana. La insistencia estadounidense en su postura obstruccionista podría traducirse en el ocaso de la Organización de Estados Americanos, desplazada en importancia por la recién formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la que Estados Unidos y Canadá no forman parte.

Cuba había accedido a no acudir a la cumbre porque, si no, Washington la habría boicoteado. Pero las reuniones han puesto de manifiesto que la intransigencia estadounidense no va a tolerarse mucho tiempo más. Estados Unidos y Canadá se quedaron solos en su veto a la participación cubana, que justificaron alegando las violaciones de los principios democráticos y de los derechos humanos que se cometen en el país caribeño.

Los latinoamericanos pueden evaluar esas acusaciones recurriendo a una amplísima experiencia previa. Están familiarizados con el historial de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Cuba, en especial, ha sufrido los ataques terroristas y el estrangulamiento económico que Estados Unidos le ha infligido por su independencia, es decir, su «desafío efectivo» a las políticas estadounidenses desde los tiempos de la doctrina Monroe.

Los latinoamericanos no necesitan leer lo que se escribe en las universidades y los laboratorios de ideas norteamericanos para darse cuenta de que Washington apoya la democracia si, y sólo si, ésta se conforma a sus propios objetivos estratégicos y económicos, e incluso en ese caso, el Gobierno de Estados Unidos tiende a favorecer «formas limitadas de cambio democrático dirigidas desde arriba que no supongan un riesgo para aquellas estructuras tradicionales de poder con las que Estados Unidos lleva mucho tiempo aliado, […] [en] sociedades que tienen muy poco de democráticas», tal como Thomas Carothers, un «neorreaganista», bien ha señalado.

En la Cumbre de Cartagena, la guerra contra la droga se convirtió en un tema clave por iniciativa del recién elegido presidente guatemalteco, el general Pérez Molina, alguien a quien nadie confundiría nunca con un izquierdoso blandengue. Tanto el anfitrión de la cumbre (el presidente colombiano Juan Manuel Santos) como otros mandatarios se hicieron enseguida eco de su interés y lo secundaron.

La preocupación que despierta esa cuestión no es ninguna novedad. Tres años atrás, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia publicó un informe de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (de Brasil), Ernesto Zedillo (de México) y César Gaviria (de Colombia) sobre la guerra contra la droga en el que recomendaban despenalizar la marihuana y tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública.

Son muchos los estudios —incluido uno muy citado de la Rand Corporation, publicado en 1994— que han mostrado que la prevención y el tratamiento son considerablemente más eficientes y rentables que las medidas coercitivas en las que se concentra el grueso de los fondos dedicados a luchar contra la droga. Eso sin olvidar que esas otras medidas no punitivas son, claro está, mucho más humanas.

La experiencia acumulada respalda esas conclusiones. La sustancia más letal (y con diferencia) es el tabaco, que también mata a personas que no lo consumen (fumadores pasivos) en niveles nada desdeñables. Su consumo ha descendido sensiblemente entre los sectores socioculturalmente más elevados de la población, pero no tanto por su penalización como por los cambios introducidos en el estilo de vida.

Un país, Portugal, despenalizó todas las drogas en 2001: siguen siendo ilegales, en sentido estricto, pero no corresponden al ámbito de los delitos penales, sino al de las infracciones administrativas. Un estudio del Instituto Cato dirigido por Glenn Greenwald analizó los resultados de tal medida y la calificó de «triunfo rotundo. Es un éxito que encierra lecciones más que evidentes que deberían guiar los debates de la política antidroga en todo el mundo».

Esos resultados contrastan radicalmente con los de los procedimientos coercitivos aplicados por Estados Unidos en su guerra de cuarenta años contra las drogas, que no han repercutido prácticamente lo más mínimo en el nivel de consumo o de precios de los estupefacientes en el mercado estadounidense, pero que sí han sembrado el caos en el conjunto del continente. El problema radica principalmente en el propio Estados Unidos: tanto en el lado de la demanda (de drogas) como en el de la oferta (de armas). Los latinoamericanos son las víctimas inmediatas, aquejados como están por ello de unos niveles atroces de violencia y corrupción, y de la propagación de casos de adicción a lo largo y ancho de las rutas de tránsito.

Cuando se aplican unas políticas durante muchos años con infatigable empeño, aun sabiendo que éstas fracasan en cuanto a los objetivos declarados que se proponen conseguir, e ignorando por sistema otras opciones alternativas que son probablemente mucho más eficaces, es normal que nos preguntemos cuáles pueden ser los motivos de tal insistencia. Un procedimiento racional para averiguarlos es examinar las consecuencias previsibles de semejante dinámica. Y lo cierto es que hablamos de unas consecuencias muy poco ocultas a la vista de cualquiera.

En Colombia, la guerra contra la droga ha sido una tenue pantalla con la que dar cobertura a la contrainsurgencia. Las fumigaciones —que vienen a ser una forma de guerra química— han destruido cultivos y riqueza en biodiversidad, y contribuyen a empujar a millones de campesinos pobres hacia los suburbios marginales urbanos, lo que, a su vez, abre vastos territorios a la implantación de la minería, las agroempresas, las grandes haciendas y otras ventajas para los poderosos.

Otros beneficiarios de la guerra contra la droga son los bancos que se dedican a blanquear cantidades colosales de dinero. En México, los grandes cárteles de la droga están introducidos en el 80% de los sectores productivos de la economía, según investigadores académicos del tema. Una evolución similar se ha observado en otros países.

En Estados Unidos, las víctimas principales hasta el momento han sido los afroamericanos varones, pero también cada vez más las mujeres y los hispanos: en definitiva, personas de aquellos sectores que los cambios económicos instituidos en la década de 1970 convirtieron en superfluos, en plena deriva de la economía hacia la financiarización y la deslocalización de la producción.

Por culpa, en gran parte, del carácter terriblemente selectivo de la guerra contra las drogas, esta envía a prisión sobre todo a personas de color, lo que no deja de ser el factor fundamental a la hora de explicar el radical aumento de la población reclusa desde la década de 1980 hasta niveles que constituyen un verdadero escándalo internacional. En algunos Estados clientes de Estados Unidos en América Latina, ese proceso se asemeja mucho a una «limpieza étnica» que les permite librarse de «indeseables».

El aislamiento de Estados Unidos en Cartagena es un suma y sigue de otros acontecimientos que han constituido verdaderos puntos de inflexión durante esta última década, en la que América Latina ha comenzado por fin a escapar del control de las grandes potencias e, incluso, a afrontar por sí misma sus propios (y horribles) problemas internos.

América Latina acumula desde hace tiempo toda una tradición de jurisprudencia progresista y de rebelión contra la autoridad impuesta. El New Deal bebió de las fuentes de esa tradición. Los latinoamericanos bien podrían volver a inspirar progresos en materia de derechos humanos en Estados Unidos.

ATROCIDADES DE OTROS

1 de junio de 2012

En su incisivo estudio titulado Ideal Illusions: How the U. S. Government Co-Opted Human Rights [Ilusiones ideales: cómo el Gobierno estadounidense cooptó los derechos humanos], el experto en relaciones internacionales James Peck señala lo siguiente: «En la historia de los derechos humanos, las peores atrocidades siempre son obra de otros y nunca culpa nuestra» (y da igual quiénes seamos «nosotros»).

Casi cualquier momento de la historia nos proporciona innumerables ejemplos de ello. Ciñámonos, pues, a las últimas semanas.

El 10 de mayo se inauguraron los Juegos Olímpicos de verano en la cuna griega de los juegos de la Antigüedad. Unos días antes, de forma casi inadvertida, el Gobierno de Vietnam dirigió una carta al Comité Olímpico Internacional expresando la «honda preocupación que ha causado en el Gobierno y en el pueblo vietnamitas la decisión del Comité Olímpico Internacional de aceptar a la empresa Dow Chemical como socio patrocinador mundial del movimiento olímpico».

Dow suministró los productos químicos que Washington empleó a partir de 1961 para destruir cultivos y bosques en Vietnam del Sur, dejando el país empapado de «agente naranja».

Esos venenos contienen dioxinas, que son uno de los carcinógenos más letales conocidos y que afectaron a millones de vietnamitas y a numerosos soldados estadounidenses. Aún hoy, en Vietnam, muchos abortos y deformidades congénitas continúan siendo muy probablemente consecuencia de aquellos crímenes, si bien, ante la negativa de Washington a investigarlos, disponemos únicamente de los estudios del tema llevados a cabo por científicos vietnamitas y analistas independientes.

El Gobierno de la India, la Asociación Olímpica India y los supervivientes de la espantosa fuga de gas de 1984 en Bhopal (una de las peores catástrofes industriales de la historia, que mató a miles de personas y provocó lesiones y secuelas en más de medio millón) también se han sumado al llamamiento de Vietnam contra Dow.

Union Carbide, la empresa responsable de aquella catástrofe, fue absorbida por Dow, que no se toma aquel asunto a broma. En febrero, WikiLeaks desveló que Dow contrató a la agencia estadounidense de investigadores privados Stratfor para que se encargara de vigilar a los activistas que piden compensaciones para las víctimas de la tragedia y el enjuiciamiento de sus responsables.

Otro crimen de primera magnitud con efectos muy graves y persistentes fue el asalto de los marines a la ciudad iraquí de Faluya en noviembre de 2004.

Sólo se permitió la huida de mujeres y niños (si podían huir, claro está). Tras varias semanas de bombardeos, el ataque final se inició con un crimen de guerra cuidadosamente planeado: la irrupción en el Hospital General de Faluya, donde se ordenó a los pacientes y al personal que se estiraran en el suelo para maniatarlos. Los desataron poco después, tras asegurar las instalaciones.

La justificación oficial fue que el hospital estaba informando de la llegada de víctimas civiles y, por consiguiente, fue considerado un arma de propaganda.

Según la prensa, los marines redujeron gran parte de la ciudad a «escombros humeantes» mientras buscaban afanosamente insurgentes en sus «madrigueras». Los invasores prohibieron la entrada a la ayuda de la Media Luna Roja. En ausencia de una investigación oficial, se desconoce la escala de los crímenes allí cometidos durante aquellos días.

Si los sucesos de Faluya nos recuerdan a los hechos acaecidos en el enclave bosnio de Srebrenica, que han vuelto a ser noticia por la celebración del juicio por genocidio al comandante militar serbobosnio Ratko Mladić, es por un motivo de peso. Una comparación honesta podría ser muy instructiva para todos, pero no teman: uno de los casos es una atrocidad, el otro no…, por definición.

Ahora bien, como ya sucediera en Vietnam, son varios los investigadores independientes que están hablando de la existencia de ciertas consecuencias a largo plazo del asalto sobre Faluya.

Varios investigadores médicos han detectado incrementos espectaculares de la mortalidad infantil, así como de la incidencia del cáncer y la leucemia, superiores incluso a los observados en su día en Hiroshima y Nagasaki. Los niveles de uranio en muestras de cabello y tierra sobrepasan con mucho los de otros casos comparables.

Uno de los pocos investigadores de los países invasores que ha estudiado el tema es el doctor Kypros Nicolaides, director del centro de investigación de medicina fetal del Hospital del King’s College de Londres. «Estoy convencido de que los estadounidenses usaron armas que causaron esas deformidades», afirma.

Otros efectos duraderos de otra «no atrocidad» inmensamente mayor fueron los comunicados el mes pasado por James Anaya, profesor estadounidense de derecho y relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Anaya osó adentrarse en terreno prohibido investigando las impactantes condiciones que se observan entre los vestigios de población nativa americana que aún viven en Estados Unidos: «Pobreza, mala salud, niveles bajos de educación formal [e] incidencia de males sociales diversos en niveles muy superiores a los de otros sectores de la población estadounidense», señaló. Ningún congresista quiso reunirse con él. La cobertura informativa de su informe fue mínima.

La presencia de los disidentes en las noticias ha sido elevada tras el espectacular rescate del activista ciego, defensor de los derechos civiles en China, Chen Guangcheng.

«La conmoción internacional —escribió Samuel Moyn en The New York Times el mes pasado— despertó recuerdos de anteriores disidentes, como Andrei D. Sajarov y Aleksandr I. Solzhenitsyn, héroes en otra época del bloque del Este, que fueron los primeros en convertir los derechos humanos internacionales en una reivindicación aglutinadora de la movilización de activistas de todo el planeta y en un tema destacado en las agendas de los gobiernos occidentales».

Moyn es autor de La última utopía: los derechos humanos en la historia[*], publicado en 2010. En The New York Times Book Review, Belinda Cooper puso en entredicho que, como afirma Moyn, la prominencia contemporánea de esos ideales tenga su origen en los «frustrados pasos dados por [el presidente Jimmy] Carter para insertar los derechos humanos en la política exterior y en los Acuerdos de Helsinki con la Unión Soviética en 1975», que ponían el foco en los abusos cometidos en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Considera poco convincente la tesis de Moyn porque «es muy fácil construir una historia alternativa a esa que él nos explica».

Y tiene mucha razón de que lo es. La opción obvia en ese sentido es la que nos proporciona James Peck, por mucho que la opinión mayoritaria convencional apenas haya llegado nunca a considerarla, pues los hechos relevantes son prístinamente claros y conocidos, al menos para los estudiosos del tema.

Por ejemplo, en Cambridge History of the Cold War [Historia de la guerra fría], John Coatsworth nos recuerda que, entre 1960 y «la caída del bloque soviético en 1990, el número de presos políticos, víctimas de torturas y ejecuciones de disidentes políticos no violentos en América Latina superó ampliamente el de los registrados en la Unión Soviética y sus satélites europeos orientales». Pero como eran «no atrocidades», esos otros crímenes, fácilmente atribuibles en origen a la intervención estadounidense, no inspiraron una cruzada por los derechos humanos.

Inspirado también por el rescate de Chen, el columnista de The New York Times Bill Keller ha escrito que «los disidentes son héroes», pero pueden ser también «una molestia para los diplomáticos estadounidenses encargados de negociar importantes transacciones con países que no comparten nuestros valores». Keller critica a Washington por no estar a veces a la altura de nuestros valores actuando con prontitud cuando otros cometen crímenes.

Pero lo cierto es que tampoco faltan disidentes heroicos dentro del ámbito de influencia dominante y de poder de Estados Unidos. Lo que sucede es que son para nosotros igual de invisibles que las víctimas latinoamericanas antes mencionadas. Basta con echar un vistazo casi al azar al mundo que nos rodea para encontrar casos como el de Abdulhadi al-Khawaja, cofundador del Bahrain Center for Human Rights y preso de conciencia según Amnistía Internacional, que se enfrenta actualmente a una posible muerte en prisión por culpa de una larga huelga de hambre.

O el caso del padre Mun Jeong-hyeon, anciano cura coreano que fue herido de gravedad cuando celebraba misa como parte de las protestas contra la construcción de una base naval estadounidense en la isla de Jeju, declarada esos días Isla de Paz, y actualmente ocupada por fuerzas de seguridad por vez primera desde las masacres cometidas en 1948 por el Gobierno surcoreano impuesto por Estados Unidos.

O el caso del académico turco İsmail Beşikçi, que aguarda juicio de nuevo por defender los derechos de los kurdos. Ha pasado ya buena parte de su vida en la cárcel por la misma acusación: también en la década de 1990, cuando la Administración Clinton abastecía a Turquía de enormes cantidades de ayuda militar, justo en una época en la que los militares turcos perpetraron algunas de las peores atrocidades de todo este período.

Pero, según los principios que se aplican convencionalmente a estos casos, todos ellos son tan «inexistentes» como otros muchos, tantos que conforman una lista demasiado larga de enumerar.

LA GRAN CARTA: SU SUERTE, LA NUESTRA

3 de julio de 2012

El siguiente es un texto adaptado de un discurso pronunciado por Noam Chomsky el 19 de junio de 2012 en la Universidad de Saint Andrews, en Fife (Escocia), dentro de los actos de celebración del 600.º aniversario de dicho centro.

Los acontecimientos recientes dibujan una trayectoria poco halagüeña y suficientemente amenazadora como para que tal vez valga la pena echar una mirada hacia el futuro, unas generaciones más adelante, al momento en que se celebre el aniversario de uno de los grandes hitos en la consagración de los derechos civiles y humanos: la publicación de la Carta Magna, la Carta de las Libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan I en 1215.

Lo que hagamos (o no hagamos) ahora determinará qué clase de mundo albergará ese aniversario. Y la perspectiva no es precisamente prometedora que digamos: entre otras cosas, porque se están encargando de hacer trizas la Gran Carta a la vista de todos nosotros.

La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista inglés William Blackstone, cuya obra constituyó una fuente para el derecho constitucional estadounidense. Se tituló La Gran Carta y la Carta de los Bosques, agrupando ambos documentos según era práctica habitual entonces. Ambas cartas son muy significativas en nuestros días.

La primera, la Carta de las Libertades, es reconocida por muchos como la piedra angular de los derechos fundamentales de los pueblos anglófonos (o, como Winston Churchill dijo recreándose algo más en las palabras, «la Carta de todo hombre con un mínimo de amor propio en cualquier época y territorio»).

En 1679, la Carta se enriqueció con la inclusión de la ley del habeas corpus, titulada formalmente «Ley para garantizar mejor la libertad del súbdito, y para impedir su encarcelamiento allende los mares» (la versión contemporánea y más cruda de esta última práctica que se trataba entonces de impedir es lo que hoy llaman «entregas» extraordinarias: la reclusión de prisioneros en países distintos de los de su detención con el propósito de someterlos más libremente a tortura).

La mencionada ley quedó incorporada a la Constitución de Estados Unidos (junto con buena parte del derecho inglés), en la que se proclama que «el privilegio del habeas corpus no se suspenderá» salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, el Tribunal Supremo estadounidense sostuvo que los derechos garantizados por aquella ley fueron «[c]onsiderados por los padres fundadores como la más elevada salvaguardia de la libertad».

En concreto, la Constitución estipula que no se privará a ninguna persona «de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal [ni sin] ser juzgada sin dilación y en público» por sus pares.

El Departamento de Justicia ha explicado recientemente que estas garantías se satisfacen hoy en día por medio de deliberaciones internas en el seno mismo del poder ejecutivo, según informaron Jo Becker y Scott Shane el 29 de mayo en The New York Times. Barack Obama, el experto en derecho constitucional que hoy dirige la Casa Blanca, se mostró de acuerdo con esa idea. El rey Juan también habría asentido satisfecho.

Otro principio al que se ha dado una interpretación muy original en fechas recientes es el que subyace a la «presunción de inocencia». En los cálculos con los que se elabora la «lista negra» presidencial de terroristas que hay que eliminar, «todos los varones en edad militar en una zona de ataque» son contados en la práctica como combatientes, «a menos que se presente información de inteligencia explícita que demuestre póstumamente que eran inocentes», escriben Becker y Shane a modo de resumen de la práctica habitual actual. Así pues, diríase que la determinación de la inocencia con posterioridad a la ejecución o el asesinato basta hoy en día para preservar el sagrado principio.

Ésta es una muy escueta muestra del desmantelamiento del que está siendo objeto «la Carta de todo hombre con un mínimo de amor propio».

La Carta de los Bosques que la acompañaba históricamente resulta quizá más pertinente todavía en la actualidad. En ella se requería la protección de los bienes y recursos comunales frente a poderes externos. Esos ejidos, bosques y demás terrenos comunes eran fuente de sustento para la población en general, que obtenía de ellos su combustible, su alimento y hasta sus materiales constructivos. Los bosques no eran meros territorios baldíos: eran cuidados y mantenidos en común, y su riqueza, disponible para todos, se preservaba para las generaciones futuras.

En el siglo XVII, la Carta de los Bosques ya había sucumbido en buena medida ante el avance de la economía mercantil y la práctica y la moral capitalistas. Habiendo perdido su anterior protección para su cuidado y su uso cooperativos, los bienes y recursos comunales quedaron restringidos a todo aquello que no fuera privatizable, y ésa es una categoría de cosas que no deja de mermar a ojos vistas.

El mes pasado, el Banco Mundial dictaminó que la multinacional minera Pacific Rim podía proceder en su demanda contra El Salvador por el intento del Gobierno de este último país de preservar tierras y comunidades locales frente a la altamente destructiva minería del oro. La protección medioambiental privaba a la compañía de unas buenas ganancias futuras, un crimen según las normas del régimen de derechos del inversor, ocultado bajo la tergiversadora etiqueta del «libre comercio».

Éste no es más que un ejemplo de las batallas que están ahora mismo librándose sobre esta cuestión en gran parte del mundo, algunas de ellas con una extrema violencia, como en el este del Congo, un área riquísima en recursos en la que millones de personas han sido asesinadas en años recientes en aras de garantizar un abundante suministro de minerales para la fabricación de teléfonos móviles y para otros usos, y, claro está, para procurar ganancias igualmente abultadas a los inversores.

El desmantelamiento de las disposiciones recogidas en la Carta de los Bosques conllevó una revisión radical de la concepción misma de lo comunal, condensada a la perfección en la influyente tesis expuesta por Garrett Hardin en 1968, cuando escribió que «nuestra libertad de uso de un bien común nos acarrea la ruina a todos». Es su famosa idea de «la tragedia de los bienes comunes»: lo que no es propiedad privada de alguien termina destruido por la avaricia individual de los miembros de la colectividad.

No han faltado voces que hayan cuestionado esa doctrina. Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2009 por su trabajo revelador de la superioridad de un régimen de uso de los bienes comunes administrado por los propios usuarios.

Pero la doctrina de Hardin está plenamente vigente si aceptamos su premisa central no explícita: que los seres humanos se guían ciegamente por aquello que los obreros estadounidenses, en el albor de la revolución industrial, llamaron «el nuevo espíritu de los tiempos: ganar riqueza sin preocuparse de nada más que de uno mismo», una doctrina que ellos condenaron duramente por considerarla degradante y destructiva, y un ataque a la naturaleza misma de las personas libres.

Enormes son los esfuerzos que se han dedicado desde entonces a inculcar ese «nuevo espíritu de los tiempos». Grandes sectores de actividad económica se ocupan actualmente de aquello que el economista político Thorstein Veblen llamó «fabricar necesidades», es decir, orientar a las personas hacia «las cosas superficiales» de la vida, como «consumir para estar a la última», por emplear las palabras del profesor de marketing de la Universidad de Columbia, Paul Nystrom.

De ese modo, es posible atomizar a la población para que los individuos busquen únicamente su beneficio personal y se aparten de cosas más peligrosas en las que ocupar su tiempo, como pensar por sí mismos, actuar de forma colectiva o cuestionar la autoridad.

No es necesario que me extienda sobre los peligros extremos que plantea uno de los frentes centrales de la actual ofensiva de destrucción de los bienes comunales: me refiero a nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que nos expone a la perspectiva de una catástrofe global. Hay mucho que discutir sobre detalles concretos, pero poca duda cabe de que los problemas son muy reales y de que, cuanto más tardemos en abordarlos, más terrible será el legado que dejemos a las generaciones venideras. La conferencia de Río + 20 ha sido la iniciativa más reciente en ese sentido. Sus aspiraciones eran ya exiguas de inicio; sus resultados han sido irrisorios.

En primera línea del frente mundial contra la crisis, se han situado las comunidades indígenas. La postura más firme ha sido tomada precisamente por el único país en el que aquellas gobiernan: Bolivia, el Estado más pobre de Sudamérica y, durante siglos, una víctima de la destrucción occidental de sus ricos recursos.

Tras la ignominiosa debacle de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático global celebrada en 2009, Bolivia organizó una Cumbre de los Pueblos a la que acudieron 35 000 participantes de ciento cuarenta países. De dicha cumbre surgió un llamamiento a una reducción muy drástica de las emisiones y una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de muchas comunidades indígenas de todo el mundo.

Se trata de una reivindicación que muchos sofisticados occidentales tienden a ridiculizar, pero lo cierto es que, a menos que seamos capaces de adquirir un mínimo de esa sensibilidad demostrada por las comunidades indígenas, es muy probable que sean ellas las que terminen riéndose de nosotros, aunque será ya desde la más cruda desesperanza.

A LA SOMBRA DE HIROSHIMA

1 de agosto de 2012

El 6 de agosto, aniversario de Hiroshima, debería ser un día de afligida reflexión, no sólo en torno a los terribles sucesos de aquella jornada de 1945, sino también sobre lo que nos revelaron: que los seres humanos, en su denodado empeño por expandir sus capacidades destructivas, habían hallado por fin el modo de asomarse al límite máximo de éstas.

Los homenajes que se celebrarán el 6 de agosto de este año tienen una significación especial. Se producen poco antes del quincuagésimo aniversario del que fue «el momento más peligroso de toda la historia humana», por emplear las palabras del historiador y asesor de John F. Kennedy, Arthur M. Schlesinger Jr., referidas a la crisis de los misiles en Cuba.

Graham Allison ha escrito en el más reciente número de Foreign Affairs que Kennedy «ordenó acciones que sabía que incrementarían el riesgo, no ya de una guerra convencional, sino también de un conflicto nuclear», con una probabilidad, quizá, de un 50% (según él mismo juzgó en su momento), una estimación que Allison considera realista.

Kennedy declaró una alerta nuclear de alto nivel que autorizaba a que «aviones de la OTAN con pilotos turcos [o de otros países] […] despegaran en dirección a Moscú y lanzaran una bomba sobre dicha ciudad».

Nadie se sorprendió más de descubrir la presencia de misiles en Cuba que los hombres bajo cuyo control estaban otros misiles similares que Estados Unidos había desplegado en secreto en Okinawa apenas seis meses antes, apuntando seguramente hacia China en un momento de elevación de las tensiones regionales.

Kennedy llevó al presidente soviético Nikita Jruschov «al borde mismo de una guerra nuclear, y este último miró hacia el precipicio y no tuvo valor de seguir», o eso dice el general David Burchinal, que entonces era un oficial de alto rango en el personal de planificadores del Pentágono. Pero difícilmente podemos contar con que esa cordura vaya a imperar siempre.

Jruschov aceptó una fórmula ideada por Kennedy que puso fin a la crisis cuando ésta había llegado al borde mismo de la guerra. El elemento más audaz de dicha fórmula, según Allison, era «un aliciente secreto en forma de promesa de retirada de misiles estadounidenses de suelo turco en un máximo de seis meses a partir de la resolución final de la crisis». En el fondo, se trataba de unos misiles obsoletos que estaban siendo ya sustituidos por los mucho más letales (e invulnerables) submarinos Polaris.

En resumen, incluso en una coyuntura de alto riesgo de inicio de una guerra inimaginablemente destructiva, las autoridades estadounidenses sintieron la necesidad de fortalecer un presunto derecho unilateral de Estados Unidos a desplegar misiles nucleares en cualquier parte, ya fuera apuntando a China o dispuestos junto a las fronteras mismas de Rusia (que, hasta aquel incidente, no había ubicado aún misil alguno fuera de la Unión Soviética). Justificaciones de aquello ha habido unas cuantas, pero no creo que ninguna de ellas resista un análisis serio.

Un principio anexo al anterior es el de que Cuba no tenía derecho a disponer de misiles para defenderse de una invasión estadounidense que, según todos los indicios, podía ser inminente. Los planes de los programas terroristas patrocinados por Kennedy dentro de la llamada Operación Mangosta preveían instar a «la revuelta declarada y el derrocamiento del régimen comunista» en octubre de 1962, precisamente el mes en el que estalló la crisis de los misiles. En dichos planes se admitía también que «el éxito final [de aquella operación] requeriría de una decisiva intervención militar estadounidense».

Las operaciones terroristas contra Cuba suelen ser minimizadas por los comentaristas y los analistas estadounidenses, que las consideran meros «tejemanejes menores» de la CIA. Pero, como es de imaginar, las víctimas no lo ven del mismo modo. Podemos, por lo menos, oír sus voces leyendo el libro de Keith Bolender, Objetivo, voltear a Cuba: una historia del terrorismo contra Fidel Castro[*].

Muchos han destacado que los incidentes de octubre de 1962 fueron el más brillante momento de la presidencia de Kennedy. Allison los eleva a la categoría de «toda una guía de cómo desactivar conflictos, gestionar relaciones entre grandes potencias y tomar decisiones sensatas de política exterior en general». En particular, viene a decirnos, sus lecciones serían aplicables a los conflictos actuales con Irán y China.

Estuvimos peligrosísimamente cerca del desastre en 1962, pero tampoco han faltado los momentos de grave amenaza desde entonces. En los días finales de la guerra árabe-israelí de 1973, Henry Kissinger declaró una alerta nuclear de alto nivel. La India y Pakistán también han estado cerca de la guerra atómica. Y son innumerables los casos en que una intervención humana abortó algún ataque nuclear sólo instantes antes de que éste se iniciara por culpa de falsas alarmas activadas por los sistemas automatizados. Hay mucho en lo que pensar el 6 de agosto.

Allison se suma a los numerosos observadores que opinan que los programas nucleares de Irán representan la más grave de las crisis actuales, «un desafío más complejo aún para los decisores políticos estadounidenses de lo que lo fue la crisis de los misiles en Cuba» por culpa de la amenaza de un bombardeo israelí.

En estos momentos, hay ya activada una guerra sin cuartel contra Irán que incluye asesinatos de científicos e imposición de presiones económicas que han alcanzado el nivel de «conflicto bélico no declarado», a juicio del especialista en Irán Gary Sick.

También hay voces que alardean de la sofisticada «ciberguerra» con la que se está atacando a Irán. Curiosamente, el Pentágono considera que la ciberguerra es «un acto bélico» que legitima a quien es blanco del mismo «para responder con el uso de la fuerza militar tradicional», según informa The Wall Street Journal. Claro está que hay una excepción (ya habitual) a esa regla, pues ésta no rige cuando el agresor es Estados Unidos o alguno de sus aliados.

Recientemente, el general israelí Giora Eiland, uno de los más destacados planificadores militares de Israel, considerado además «uno de los más ingeniosos y prolíficos pensadores que han dado las fuerzas armadas» de ese país, hacía también su particular bosquejo del peligro iraní.

De las amenazas que él esboza, la más creíble es la que se plantea por la posibilidad futura de que «cualquier confrontación en nuestras fronteras se produzca bajo un paraguas nuclear iraní». Israel podría tener limitado entonces su recurso a la fuerza. Eiland coincide con el Pentágono y con los servicios de inteligencia estadounidenses, para quienes la disuasión es también la principal amenaza que plantea Irán.

La actual escalada del mencionado «conflicto bélico no declarado» con Irán acrecienta el peligro de una guerra accidental a gran escala. Algunos de los riesgos que corremos en ese sentido quedaron evidenciados el mes pasado, cuando uno de los buques estadounidenses que forman parte del enorme despliegue naval en el golfo Pérsico disparó sobre un pequeño barco pesquero y mató a un tripulante indio e hirió a otros tres, como mínimo. No haría falta gran cosa para desencadenar una gran guerra.

Una forma sensata de evitar tan aterradoras consecuencias es actuar con la mirada dirigida «hacia la meta de establecer en Oriente Medio una zona libre de armas de destrucción masiva y de todos los misiles vectores de esas armas, y hacia el objetivo de una prohibición total de las armas químicas», por emplear las palabras exactas de la resolución 687 del Consejo de Seguridad de abril de 1991 que Estados Unidos y Gran Bretaña invocaron doce años más tarde en su empeño por revestir de una fina pátina de legalidad su invasión de Irak.

Tal meta ha sido un objetivo árabe-iraní desde 1974 que ha recibido regularmente el refrendo de los gobiernos de esos países y que, a estas alturas, cuenta ya con un apoyo casi unánime en todo el mundo (al menos, en el plano formal). Es posible que en diciembre se celebre una conferencia internacional para valorar vías de implementación de un tratado de ese tipo.

Pero difícilmente se producirán avances sin un apoyo público masivo en Occidente. De desaprovechar tal oportunidad, volvería a alargarse la tenebrosa sombra que oscurece el mundo desde aquel fatídico 6 de agosto.

CUANDO LA FARSA RAYA EN TRAGEDIA

30 de agosto de 2012

No es fácil ponernos en la piel de otros para ver el mundo de manera diferente a como nos lo presentan día tras día. Pero siempre es útil intentarlo. Tomemos unos cuantos ejemplos de ello.

Los tambores de guerra resuenan con estruendo creciente por Irán. Imagínense ahora la situación a la inversa.

Irán está librando una guerra asesina y destructiva de bajo nivel contra Israel con participación de las grandes potencias. Sus dirigentes anuncian que las negociaciones no sirven para nada. Israel se niega a firmar el Tratado de No Proliferación y a permitir inspecciones, como ha hecho Irán. Israel continúa desafiando el llamamiento inmensamente mayoritario en el ámbito internacional a instaurar una zona libre de armas nucleares en la región. Durante todo ese tiempo, Irán cuenta con el apoyo de su superpotencia patrocinadora.

Así que los líderes iraníes anuncian entonces su intención de bombardear Israel y destacados analistas militares del propio Irán informan de que el ataque podría producirse antes de las elecciones estadounidenses.

Irán puede hacer uso de su potente fuerza aérea y de nuevos submarinos suministrados por Alemania y armados con misiles nucleares, emplazados frente a la costa de Israel. Sea cual sea el calendario que escoja, Irán puede contar con que la superpotencia que lo apoya se una a él en ese ataque o, incluso, que lo encabece. El secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, declara que, si bien no estamos a favor de una acción ofensiva de ese tipo, Irán es un país soberano y sabe mejor que nadie cómo actuar para defender sus intereses.

Todo ello nos resulta inimaginable, por supuesto, pero lo cierto es que está sucediendo en realidad, sólo que con el reparto de personajes formulado a la inversa. Bueno, sí, es verdad: las analogías nunca son exactas del todo. Y ésta en concreto es injusta… ¡con Irán!

Y es que como su patrocinador, Israel recurre al uso de la violencia según le convenga. Persiste en asentarse ilegalmente en los Territorios Ocupados (algunos de ellos anexionados incluso), desafiando descaradamente el derecho internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha llevado a cabo de forma reiterada brutales ataques contra el Líbano y el recluido pueblo de Gaza, matando en ellos a decenas de miles de personas sin ningún pretexto creíble para tal modo de proceder.

Treinta años atrás, Israel destruyó un reactor nuclear iraquí, un acto que ha vuelto a recibir recientes elogios, pese a las contundentes pruebas —algunas incluso de los servicios de inteligencia estadounidenses— de que aquel bombardeo no puso fin al programa de armamento nuclear de Sadam Huseín, sino que más bien lo inició. Bombardear Irán podría tener idéntico efecto.

También Irán ha cometido agresiones, pero, en todos estos últimos cientos de años, sólo lo hizo durante el régimen del sah y con la bendición estadounidense: concretamente, cuando conquistó unas islas árabes en el golfo Pérsico.

Asimismo, Irán emprendió programas de desarrollo nuclear en tiempos del sah, contando con fuerte apoyo del Washington oficial para ello. El Gobierno iraní es brutal y represor, pero también lo son varios aliados de Washington en la región. El más importante de estos últimos, Arabia Saudí, es el régimen fundamentalista islámico más extremo de todos y gasta inmensas sumas en difundir sus doctrinas wahabistas radicales por todo el mundo. Las dictaduras del Golfo, que también son aliadas favorecidas por Estados Unidos, han reprimido con dureza todo intento popular de sumarse a la Primavera Árabe.

El Movimiento de los No Alineados —en el que están representados gobiernos de países que suman la mayoría de la población mundial— está reunido estos días en Teherán. La organización ha manifestado su apoyo enérgico al derecho de Irán a enriquecer uranio, y algunos miembros (la India, por ejemplo) sólo se han adherido al duro programa de sanciones impuesto por Estados Unidos de forma parcial y poco decidida.

Los delegados del Movimiento de los No Alineados son sin duda conscientes de la amenaza de la que tanto se habla en Occidente y que tan lúcidamente ha descrito el general Lee Butler, antiguo jefe del Mando Estratégico de Estados Unidos: sería «peligroso en grado extremo que, en el caldero de animosidades que llamamos Oriente Medio», una nación se equipase de armamento nuclear, pues eso «insta[ría] a otras a hacer lo mismo».

Butler no se refiere a Irán, sino a Israel, que es el Estado que, en los países árabes y en Europa, se considera la mayor amenaza para la paz. En el mundo árabe, Estados Unidos está clasificado como la segunda amenaza más importante, mientras que Irán, aunque no sea de especial agrado para ninguno, es una fuente de temor mucho menor. De hecho, en muchos sondeos de opinión, son mayoría quienes creen que la región sería más segura si Irán dispusiera de armas nucleares con las que contrapesar las amenazas que allí se perciben.

Si Irán está avanzando realmente hacia el desarrollo de una capacidad de armamento nuclear propio —algo de lo que la inteligencia estadounidense todavía no ha podido dar fe—, bien podría deberse a que está siendo «instado a hacerlo» por las amenazas estadounidenses e israelíes que se profieren con frecuencia regular en explícita vulneración de la Carta de Naciones Unidas.

¿Por qué, entonces, es Irán la mayor amenaza para la paz mundial, según la percepción dominante en el discurso occidental? La razón principal ha sido admitida por los propios militares y servicios de inteligencia estadounidenses y sus homólogos israelíes: Irán podría llegar a disuadir el recurso a la fuerza tanto de Estados Unidos como de Israel.

Además, Irán debe ser castigado por su «desafío efectivo», que fue la misma acusación que Washington lanzó contra Cuba hace medio siglo y que continúa siendo la fuerza impulsora de la ofensiva constante de Estados Unidos contra el país caribeño pese a la generalizada condena internacional.

También nos vendría bien un cambio de perspectiva a la hora de mirar otras noticias que aparecen en las primeras planas de la prensa estos días. Supongamos que Julian Assange hubiera filtrado documentos rusos que revelaran una información importante que Moscú quisiera ocultar al público, y que el resto de las circunstancias fueran idénticas a las del caso real.

Suecia no dudaría en poner todo de su parte para conseguir el que ha declarado que es su único propósito y aceptaría interrogar a Assange en Londres. Aseguraría asimismo que, si Assange regresara a Suecia (como él mismo ha accedido a hacer), no sería extraditado a Rusia, donde las probabilidades de que tuviera un juicio justo serían más bien escasas.

Suecia sería muy bien considerada por haber obrado en todo momento conforme a sus principios. Por su parte, a Assange se le reconocería el haber prestado un servicio público, si bien, claro está, eso no obviaría la necesidad de que las otras acusaciones vertidas contra él fueran tomadas tan en serio como deben tomarse en todos los casos de esa índole.

La noticia más destacada en estos momentos es la de las elecciones en Estados Unidos. Una perspectiva muy apropiada de lo que aquí ocurre en períodos como éste nos la proporcionó en su día el histórico juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Louis Brandeis, quien sostuvo en una ocasión que, «en este país, podemos tener democracia o podemos tener la mayor parte de la riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas cosas a la vez».

Si nos guiáramos por esa reflexión, la cobertura informativa de las elecciones se centraría en los efectos de la riqueza sobre las políticas que impulsan nuestros dirigentes electos, una influencia ampliamente analizada en un estudio reciente de Martin Gilens titulado Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America [Riqueza e influencia: desigualdad económica y poder político en Estados Unidos]. Este autor ha descubierto que la inmensa mayoría de los estadounidenses no tiene «poder alguno para influir en las políticas del Gobierno» cuando sus preferencias difieren de las de los más ricos, que son quienes básicamente se salen siempre con la suya en aquellas cuestiones que les importan.

No es de extrañar, pues, que, en una reciente clasificación de los treinta y un Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por su nivel de justicia social, Estados Unidos se situara en el puesto 27, a pesar de gozar de ventajas extraordinarias sobre otros países.

También ocurre que ese hipotético tratamiento racional de los temas tiende a disiparse en época de campaña electoral, a veces de un modo rayano en la comedia.

Por poner sólo un ejemplo, Paul Krugman escribe que la admiradísima «gran mente pensante» del Partido Republicano, Paul Ryan, reconoce que sus ideas sobre el sistema financiero se inspiran en las de un personaje de una novela fantástica: La rebelión de Atlas[*], que reivindica el uso de monedas de oro frente al papel moneda.

Sólo nos queda inspirarnos a nuestra vez en un escritor verdaderamente distinguido, Jonathan Swift. En Los viajes de Gulliver, los sabios de Lagado llevan consigo todas sus pertenencias en talegos a sus espaldas para poder usarlas para sus trueques, prescindiendo así del molesto oro. A fin de cuentas, la economía y la democracia podrían entonces florecer de verdad y, lo mejor de todo, la desigualdad disminuiría muy acusadamente: todo un homenaje al espíritu del juez Brandeis.

TEMAS QUE OBAMA Y ROMNEY EVITAN TOCAR

4 de octubre de 2012

Ahora que el gran espectáculo cuatrienal de las elecciones presidenciales llega a su momento culminante, estará bien que nos preguntemos cómo están abordándose en las campañas políticas los temas más cruciales que tenemos por delante. Y la respuesta sencilla es que mal o de ningún modo. En ese caso, se nos plantean ciertas preguntas de importancia, como la de por qué eso es así y qué podemos hacer para que no lo sea.

Hay, en concreto, dos temas de apabullante importancia porque el destino de la especie está en juego en cada uno de ellos: me refiero a la catástrofe medioambiental y a la guerra nuclear.

Del primero tenemos menciones frecuentes en las primeras páginas de diarios y revistas. El 19 de septiembre, por ejemplo, Justin Gillis informaba en The New York Times que el derretimiento de las banquisas árticas se había completado ya a esas alturas para este año, lo que había «pulverizado el récord anterior de fecha más temprana de finalización de tal proceso anual, disparando así nuevas señales de aviso sobre el rápido ritmo del cambio en la región».

El deshielo es mucho más rápido del previsto por los sofisticados modelos informáticos y el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el calentamiento global. Nuevos datos indican que el hielo estival podría haber desaparecido como fenómeno en esa zona no más tarde de 2020, lo que acarrearía graves consecuencias. Las estimaciones de las que disponíamos previamente calculaban que la desaparición de esos hielos de verano se produciría en el año 2050 como fecha límite.

«Pero los gobiernos no han respondido al cambio dándose prisa por limitar las emisiones de gases de efecto invernadero —escribe Gillis—, sino todo lo contrario: su principal respuesta ha consistido en planificar la explotación de los minerales que el deshielo ha hecho más accesibles en el Ártico, incluidas las perforaciones en busca de petróleo», o lo que es lo mismo, acelerar la catástrofe.

Esa reacción demuestra hasta qué extraordinario punto estamos dispuestos a sacrificar las vidas de nuestros hijos y nietos en aras de las ganancias a corto plazo. O, tal vez, hasta qué extremos (igualmente asombrosos) estamos dispuestos a cerrar los ojos para no ver el peligro que se nos viene encima.

Pero eso no es todo, ni mucho menos. Según un nuevo estudio del Monitor de Vulnerabilidad Climática, «el cambio climático causado por el calentamiento global está ralentizando la producción económica mundial en un 1,6% anual y sus costes se duplicarán en las dos próximas décadas». Los medios informativos se hicieron ampliamente eco del informe en muchos países, pero a los estadounidenses se les ahorró pasar por el trance de ver, escuchar o leer tan perturbadoras noticias.

Los programas electorales oficiales de los demócratas y de los republicanos han sido evaluados en el número del 14 de septiembre de la revista Science. Y la conclusión que se extrae de ello es que, en un raro ejemplo de concordia entre ambos partidos, tanto los unos como los otros llaman a que empeoremos el problema.

En 2008, los programas de ambas formaciones habían dedicado al menos algo de atención a cómo debía abordarse el cambio climático desde el Gobierno del país. En la actualidad, sin embargo, el tema casi ha desaparecido del programa republicano, donde sí se reclama, por cierto, que el Congreso «actúe con presteza» para impedir que la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno federal, fundada por el expresidente republicano Richard Nixon en tiempos de mayor cordura, regule las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también se nos exhorta a abrir la reserva ártica de Alaska a las perforaciones de extracción de hidrocarburos para «aprovechar todos los recursos que Dios ha dado a América». Así que, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer al Señor?

El documento programático también dice que «debemos restablecer la integridad científica en nuestras instituciones de investigación públicas y suprimir todos los incentivos políticos de los estudios financiados con fondos públicos», lenguaje en clave con el que se refieren a la labor de los climatólogos.

El candidato republicano, Mitt Romney, tratando de despojarse del estigma de lo que opinaba unos años atrás sobre el cambio climático, ha declarado ahora que no hay un consenso científico al respecto, por lo que deberíamos fomentar un mayor debate y estudio sobre la cuestión, pero no ninguna acción o medida, a menos que sea para agravar los problemas.

Los demócratas aluden en su programa a la existencia de un problema y recomiendan que nos esforcemos «por alcanzar un acuerdo que fije límites a las emisiones en consonancia con otras potencias emergentes». Pero eso es todo.

El presidente Barack Obama ha recalcado que debemos ganar cien años de independencia energética mediante la explotación del fracking y de otras nuevas tecnologías, pero sin preguntarse cómo sería el mundo tras un siglo de prácticas de este tipo.

Así que existen diferencias entre ambos partidos, pero sólo en cuanto al brío que deberíamos darnos los lemmings en nuestro desfilar precipicio abajo.

El segundo gran tema antes mencionado, el de la guerra nuclear, también aparece en las portadas todos los días, pero enfocado desde una óptica que dejaría asombrado a cualquier marciano que observara las raras maneras de comportarse de los terrícolas.

La amenaza actual vuelve a estar localizada en Oriente Medio, más concretamente en Irán… según el parecer de Occidente, se entiende. En el propio Oriente Próximo y Medio, Estados Unidos e Israel están considerados amenazas mucho mayores.

A diferencia de Irán, Israel se niega a autorizar inspecciones de su arsenal o a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Dispone de cientos de armas nucleares y de vectores avanzados para proyectarlas sobre potenciales blancos. Acumula, además, un dilatado historial de violencia, agresiones y actuaciones al margen de la legalidad, gracias al infatigable apoyo estadounidense. Sin embargo, si Irán está intentando desarrollar su propio armamento nuclear o no es algo que ni los servicios de inteligencia estadounidenses saben a ciencia cierta.

En su más reciente informe, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) reconoce que no puede demostrar «la ausencia de actividades y material nuclear no declarados en Irán», lo que no deja de ser una especie de circunloquio para condenar a Teherán por exigencia estadounidense, aunque, al mismo tiempo, con esas palabras la propia OIEA viene a admitir que no puede añadir nada a los dictámenes de la inteligencia norteamericana.

¿Conclusión? Que hay que negar a Irán el derecho a enriquecer uranio, por mucho que ése sea un derecho garantizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear y respaldado por la mayor parte del mundo, incluidos los países no alineados que se han reunido recientemente en la propia capital iraní.

La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares sí ha tenido cabida en la campaña electoral (que Israel ya las posea, no). Dos son las posturas contrapuestas a ese respecto: ¿debe Estados Unidos declarar que atacará si Irán alcanza la capacidad de fabricar armamento nuclear, una capacidad que docenas de países ya poseen?, o ¿debe Washington dejar que esa «línea roja» se mantenga en términos más indefinidos?

Esta última es la postura de la Casa Blanca; la primera es la que reclaman los «halcones» israelíes… y la actualmente aceptada por el Congreso estadounidense. De hecho, el Senado acaba de votar a favor de la postura israelí por noventa votos a uno.

Lo que se echa a faltar en el debate es una tercera vía, la más obvia para mitigar o finiquitar cualquier amenaza que Irán pudiera representar: instaurar en aquella región una zona libre de armas nucleares. Y la ocasión la pintan calva: hay prevista una conferencia internacional para dentro de pocos meses con esa finalidad en mente, una finalidad que cuenta con el apoyo de casi todo el mundo, incluida una mayoría de los israelíes.

El Gobierno de Israel, sin embargo, ha anunciado que no participará hasta que exista un acuerdo de paz general en la región, el cual será inalcanzable mientras que Israel persista en sus actividades ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados. Washington se adhiere a esa misma postura e insiste en que Israel sea excluido de cualquier acuerdo regional de ese tipo.

Podríamos estar avanzando hacia una guerra devastadora, puede que incluso nuclear. Existen maneras directas y simples de anular ese riesgo, pero éstas se seguirán orillando a menos que un activismo público a gran escala exija que aprovechemos la oportunidad que esas vías nos brindan. Y eso, a su vez, es harto improbable si estas cuestiones se mantienen al margen de la agenda política, no ya en el circo electoral, sino también en el ámbito del debate mediático y nacional general.

Las elecciones son hoy gestionadas por la industria de la publicidad y las relaciones públicas. La función primordial de estos profesionales y de sus empresas es la publicidad comercial, diseñada para distorsionar mercados a base de crear consumidores desinformados que tomen decisiones irracionales: una idea diametralmente opuesta a lo que se supone que debe ser un funcionamiento correcto de los mercados, pero sin duda familiar para cualquiera que haya visto la televisión alguna vez.

Es perfectamente natural que, cuando se les contrata para gestionar la competición electoral, los profesionales de ese sector apliquen los mismos procedimientos que ya conocen poniéndolos al servicio de los intereses de quienes les pagan, que desde luego no quieren presentarse ante una ciudadanía bien informada que elija basándose en decisiones racionales.

De todos modos, las víctimas de ese sistema no tienen por qué obedecer en ninguno de los casos. Puede que la pasividad parezca la solución más fácil, pero desde luego no es la más honrosa.

GAZA, LA MAYOR PRISIÓN AL AIRE LIBRE DEL MUNDO

7 de noviembre de 2012

Basta siquiera con una sola noche en la cárcel para hacerse una idea de lo que significa estar bajo el control absoluto de una fuerza externa.

Y apenas si se tarda un día en Gaza en apreciar cómo debe de ser tratar de sobrevivir en la mayor prisión al aire libre del mundo, donde aproximadamente un millón y medio de personas hacinadas en una franja de trescientos kilómetros cuadrados viven sometidas a un terror aleatorio y a un castigo arbitrario que no tienen otro objetivo que el de humillarlas y degradarlas.

Lo que se pretende con semejante crueldad es aplastar las esperanzas palestinas de un futuro digno y la anulación del abrumador apoyo internacional a un acuerdo diplomático que garantice el respeto de los derechos humanos básicos. Los dirigentes políticos israelíes han dado evidente fe de esa pretensión en estos últimos días al advertir de que «enloquecerán» si Naciones Unidas otorga el más mínimo reconocimiento a los derechos palestinos.

Esta amenaza de «enloquecimiento» (nishtagea) —entiéndase lanzar una respuesta de particular dureza— está muy arraigada y se remonta a tiempos de los gobiernos laboristas de la década de 1950, momento en que también hallamos el origen del llamado «complejo de Sansón»: «Si se traspasa esa línea, derribaremos los muros del templo con todos dentro, nosotros incluidos».

Treinta años atrás, varios líderes políticos israelíes, algunos destacados «halcones» entre ellos, remitieron al primer ministro Menahem Begin un impactante informe sobre la frecuencia y la impunidad con las que los colonos de Cisjordania cometían «actos terroristas» contra los árabes del lugar.

Asqueado por aquellos hechos, Yoram Peri, destacado analista de la política militar, escribió que la labor del ejército israelí ya no parecía consistir en defender el Estado, sino en «demoler los derechos de personas inocentes por el mero hecho de ser araboushim [apelativo racial despectivo] que viven en territorios que Dios nos prometió».

Los gazatíes han sido objeto de un castigo particularmente cruel. Hace treinta años, en su libro de memorias The Third Way [La tercera vía], Raja Shehadeh, un abogado, describió la inútil tarea de intentar proteger los derechos humanos fundamentales dentro de un sistema legal diseñado para que dicho objetivo resulte imposible, y su experiencia personal como samid (un «inquebrantable») que vio cómo las brutales fuerzas de ocupación convertían su casa en una prisión sin que él pudiera hacer otra cosa más que «aguantar».

Desde entonces, la situación ha empeorado sensiblemente. Los Acuerdos de Oslo, festejados con gran pompa en 1993, estipularon que Gaza y Cisjordania constituyeran una única entidad territorial. Pero, por entonces, Estados Unidos e Israel ya tenían en marcha un plan para separar Gaza de Cisjordania con el fin de bloquear un acuerdo diplomático y castigar a los araboushim de ambos territorios.

El castigo contra los gazatíes se hizo más duro aún en enero de 2006 en respuesta al «crimen» de primera magnitud que acababan de cometer: habían votado en el «sentido equivocado» en las primeras elecciones libres celebradas en el mundo árabe al apoyar mayoritariamente a Hamás.

En una muestra más de sus «ansias de democracia», Estados Unidos e Israel (apoyados por una pusilánime Unión Europea) impusieron de inmediato un sitio brutal acompañado de ataques militares. Las autoridades estadounidenses recurrieron enseguida a su procedimiento operativo estándar cuando una población desobediente elige al Gobierno equivocado: preparó un golpe militar para restablecer el orden.

Pero los gazatíes cometieron un crimen más grave si cabe un año más tarde al bloquear esa intentona golpista, lo que se tradujo en una fuerte escalada del asedio y los ataques. La culminación de éstos llegó en el invierno de 2008-2009 con la Operación Plomo Fundido, uno de los ejercicios más cobardes y sanguinarios de nuestra memoria reciente: una población civil indefensa y atrapada fue sometida a la implacable ofensiva lanzada por uno de los sistemas militares más avanzados del mundo, dependiente del armamento estadounidense y protegido por la diplomacia de Washington.

Obviamente, se adujeron pretextos para tal modo de proceder, pues nunca faltan. El habitual, siempre a mano cuando se necesita, fue el de la «seguridad»: en este caso en concreto, se dijo que los ataques eran para neutralizar el lanzamiento de misiles de fabricación casera desde Gaza.

En 2008 se declaró una tregua entre Israel y Hamás. Hamás no disparó un solo cohete hasta que Israel rompió la tregua aprovechando las elecciones estadounidenses del 4 de noviembre para invadir Gaza sin ningún motivo y mató a media docena de miembros de Hamás.

Las más altas autoridades de la inteligencia israelí advirtieron al Gobierno del país de la posibilidad de renovar la tregua si se aligeraba el criminal bloqueo al que estaban sometiendo a la Franja y si ponían fin a los ataques militares. Pero el Gobierno de Ehud Olmert —quien presuntamente era una «paloma» en materia de política exterior— descartó esas opciones y trató de aprovechar su enorme ventaja en potencial de violencia poniendo en marcha la Operación Plomo Fundido.

El internacionalmente respetado defensor de los derechos humanos en Gaza Raji Sourani analizó el patrón seguido por los ataques de Plomo Fundido. Los bombardeos se concentraron en el norte, sobre población civil indefensa de las áreas más densamente habitadas, sin ningún fundamento militar posible. El objetivo, insinúa Sourani, tal vez fuera intimidar a la población y empujarla hacia el sur, hacia las inmediaciones de la frontera con Egipto. Pero los samidin —quienes resistieron a base de aguantar los ataques— no se movieron de donde estaban.

Otro posible objetivo quizá fuera echar a esa población al otro lado de la frontera. Desde los primerísimos tiempos de la colonización sionista, se dijo que los árabes no tenían ninguna razón de peso para estar en Palestina: podían estar igual de bien en cualquier otro lugar, por lo que debían irse de allí (o ser «transferidos» de buenas maneras, según sugerían las «palomas» del movimiento).

Ésa, desde luego, no es una posibilidad que preocupe poco en Egipto y tal vez sea una de las razones por las que ese país no abre la frontera para el libre paso de la población civil o, ni tan siquiera, de suministros que se necesitan con urgencia.

Sourani y otras fuentes bien informadas han señalado que la disciplina demostrada por los samidin es un primer frente tras el que se oculta un polvorín que podría estallar por los aires en cualquier momento, de forma inesperada, como lo hizo la Primera Intifada de Gaza en 1987 tras años de represión.

La impresión (inevitablemente superficial) que uno se lleva tras pasar varios días en Gaza es de asombro, no sólo ante la capacidad de los gazatíes para seguir con su vida, sino también ante el dinamismo y la vitalidad de la gente joven, sobre todo en la universidad, donde asistí a un congreso internacional.

Pero también pueden detectarse síntomas de que la presión puede haber alcanzado extremos insoportables. Ya hay noticias de una frustración de fondo entre los jóvenes que no cesa de crecer y que obedece a un reconocimiento por su parte de que, bajo la ocupación americano-israelí, el futuro no les depara nada.

Gaza presenta el aspecto de un país del Tercer Mundo, con bolsas aisladas de riqueza rodeadas de la pobreza más atroz. Pero no es un lugar sin desarrollo. Diríamos, más bien, que ha sido des-desarrollado (tomando prestado el término de Sara Roy, principal especialista académica en Gaza) y de forma muy sistemática.

La Franja de Gaza podría haberse convertido en una próspera región mediterránea, con una agricultura rica y una industria pesquera próspera, amén de unas playas maravillosas y de, según se descubrió hace una década, altas probabilidades de disponer de extensas reservas de gas natural en sus aguas territoriales (fuera por casualidad o no, lo cierto es que fue justo entonces cuando Israel intensificó su bloqueo naval). Tan favorables perspectivas de futuro se vieron abortadas en 1948, cuando la Franja tuvo que absorber un aluvión de refugiados palestinos que huían presas del pánico o habían sido expulsados a la fuerza de territorios que se integraron en Israel (en algunos casos, apenas meses después del alto el fuego formal). Las conquistas israelíes de 1967 y su consolidación durante los meses posteriores asestaron nuevos golpes y terribles crímenes que han continuado hasta nuestros días.

Los síntomas son fácilmente visibles, incluso durante una visita breve. Sentado en un hotel junto a la costa, uno puede oír el fuego de ametralladora de las cañoneras israelíes dedicadas a expulsar a los pescadores de las propias aguas territoriales de Gaza para devolverlos a la línea litoral, obligándolos así a pescar en aguas muy contaminadas por culpa de la negativa americano-israelí a permitir la reconstrucción de los sistemas de alcantarillado y electricidad destruidos por el poder militar de los propios Estados Unidos e Israel.

En los Acuerdos de Oslo, se contemplaban planes para construir dos plantas desalinizadoras, muy necesarias en una región árida como ésta. Y sí, se construyeron unas instalaciones avanzadas, pero en Israel. La segunda está ubicada en Jan Yunis, al sur de Gaza. El ingeniero jefe de Jan Yunis explicó que esa planta fue construida de tal modo que no pueda usar agua del mar y tenga que aprovechar aguas subterráneas, un proceso más barato que contribuye a degradar aún más el exiguo acuífero de la zona, lo que con toda certeza acarreará problemas graves en el futuro.

El suministro de agua todavía es muy limitado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), que se ocupa de los refugiados, pero no de los demás gazatíes, publicó recientemente un informe en el que alertaba de que el daño infligido al acuífero podría volverse «irreversible» dentro de poco y de que, de no mediar una rápida actuación para remediarlo, Gaza podría dejar de ser un «lugar habitable» no más tarde de 2020.

Israel permite la entrada de cemento para los proyectos de la UNRWA, pero no para las obras de los gazatíes, metidos como andan en gigantescas campañas de reconstrucción. La limitada maquinaria pesada allí presente se mantiene inactiva en su mayor parte, pues Israel no autoriza la entrada de material ni recambios para su reparación.

Todo esto forma parte del programa general que Dov Weisglass, un asesor del primer ministro Olmert, describió cuando los palestinos no siguieron las órdenes previstas en las elecciones de 2006: «De lo que se trata —dijo él— es de someter a los palestinos a dieta, pero sin matarlos de hambre».

En fecha reciente, y tras varios años de esfuerzos, la organización israelí de defensa de los derechos humanos Gisha logró por fin obtener una orden judicial que obliga al Gobierno a hacer públicos los documentos archivados donde se especifican los planes para hacer efectiva esa «dieta». Jonathan Cook, un periodista afincado en Israel, los resume así: «Las autoridades sanitarias facilitaron sus propios cálculos sobre el número mínimo de calorías que necesitarían el millón y medio de habitantes de Gaza para no caer en la desnutrición. Esas cifras se tradujeron luego en un número tasado de camiones cargados de alimentos a los que Israel supuestamente autorizaría la entrada cada día […] y, al final, un promedio de sólo sesenta y siete camiones (mucho menos de la mitad del mínimo requerido) entraron diariamente en Gaza. Compárese con los más de cuatrocientos que entraban allí a diario antes del inicio del bloqueo».

El resultado de la imposición de esa dieta, según Juan Cole, experto en Oriente Próximo y Medio, es que «en torno a un 10% de los niños palestinos de Gaza de menos de cinco años de edad tienen un crecimiento atrofiado por culpa de la desnutrición. […] Además, la anemia se ha generalizado y afecta a más de dos terceras partes de los niños pequeños, al 58,6% de los que están en edad escolar y a más de un tercio de las madres embarazadas».

Raji Sourani, el ya mencionado defensor de los derechos humanos, señala que «no hay que perder de vista que la ocupación y el cierre absoluto de las fronteras es un ataque continuo contra la dignidad humana de la población de Gaza en particular y contra la de todos los palestinos en general. Es una sistemática degradación, humillación, aislamiento y fragmentación del pueblo palestino».

Esta conclusión ha sido confirmada también por otras muchas fuentes. En The Lancet, una de las principales revistas de medicina del mundo, Rajaie Batniji, médico visitante en Stanford, describe Gaza como «una especie de laboratorio donde observar la ausencia de dignidad», una situación que acarrea repercusiones «devastadoras» para el bienestar físico, mental y social.

«La vigilancia constante desde el cielo, el castigo colectivo por el bloqueo y el aislamiento, la intrusión en los hogares y las comunicaciones, y las restricciones a quienes tratan de viajar, casarse o trabajar, dificultan mucho llevar una vida digna en Gaza», escribe Batniji. Y es que los araboushim tienen que aprender a llevar siempre la cabeza gacha.

Hubo alguna esperanza de que el nuevo Gobierno egipcio de Mohamed Morsi, menos sometido a Israel que la dictadura de Hosni Mubarak, apoyada por Occidente, pudiera abrir el paso de Rafah, que es el único acceso de Gaza al mundo exterior que no está bajo control directo de Israel. Y sí, ha habido una ligera apertura, pero no mucha.

La periodista Laila el-Haddad escribe que la reapertura permitida por el ejecutivo de Morsi «no ha significado más que un regreso del statu quo de años atrás: sólo los palestinos portadores de un carné de identidad de Gaza aprobado por Israel pueden transitar por el paso de Rafah». Eso excluye a muchísimos palestinos, incluida la familia de la propia El-Haddad, donde sólo uno de los miembros del matrimonio posee uno de esos carnés.

Además, según ella misma añade, «el paso no lleva a Cisjordania ni permite el transporte de bienes, que está restringido a los pasos fronterizos controlados por Israel y sujeto a prohibiciones como las que pesan sobre los materiales de construcción y la exportación».

Las limitaciones del paso de Rafah no alteran, pues, el hecho de que «Gaza continúa estando cercada por un férreo asedio marítimo y aéreo, y sigue estando amputada del capital cultural, económico y académico del resto de los [Territorios Ocupados por Israel] en flagrante violación de las obligaciones americano-israelíes recogidas en los Acuerdos de Oslo».

Los efectos son dolorosamente evidentes. El director del hospital de Jan Yunis, que es también jefe de cirugía, habla con rabia y pasión de cómo faltan medicinas incluso, lo que deja a los médicos incapacitados para hacer su trabajo y a los pacientes desesperados de dolor.

Una joven explica cómo fue la enfermedad de su padre ya fallecido. Él se habría sentido muy orgulloso de ver cómo su hija se convertía en la primera mujer del campamento de refugiados en obtener un grado universitario avanzado, dice ella, pero «falleció tras seis meses de lucha contra el cáncer, a la edad de sesenta años.

»La ocupación israelí le negó un permiso para acudir a hospitales de Israel a recibir tratamiento. Yo tuve que suspender mis estudios, mi trabajo y mi vida para ir a sentarme junto a su cama. Todos estábamos allí sentados, también mi hermano, el médico, y mi hermana, la farmacéutica, todos impotentes y sin esperanza, contemplando su sufrimiento. Murió durante el inhumano bloqueo de Gaza, en el verano de 2006, sin apenas acceso a la sanidad.

»En mi opinión, la impotencia y la desesperanza son los sentimientos más mortíferos que pueden embargar a un ser humano. Matan el espíritu y parten el corazón. Se puede luchar contra la ocupación, pero no se puede combatir la sensación de impotencia. Es un sentir que nunca llega a desvanecerse».

Nadie que visite Gaza puede evitar una sensación de repugnancia ante la obscenidad de la ocupación, una repugnancia agravada por la culpa, porque está en nuestras manos poner fin al sufrimiento y permitir que los samidin disfruten de la vida de paz y dignidad que merecen.

GAZA, ATACADA

1 de diciembre de 2012

Un anciano de Gaza sostenía el otro día una pancarta en la que se leía: «Os lleváis mi agua, quemáis mis olivos, destruís mi casa, me quitáis el trabajo, me robáis la tierra, encarceláis a mi padre, matáis a mi madre, bombardeáis mi país, nos matáis a todos de hambre, nos humilláis a todos… pero la culpa es mía: os lancé un cohete como respuesta».

El mensaje de aquel señor mayor nos da el contexto perfecto para entender el más reciente episodio del salvaje castigo al que está sometida Gaza. Los crímenes se remontan a 1948, cuando cientos de miles de palestinos huyeron aterrorizados de sus hogares o fueron expulsados hacia Gaza por las fuerzas conquistadoras israelíes, que siguieron luego transportando a palestinos en camiones y más camiones hacia el otro lado de la frontera durante años tras el alto el fuego oficial.

El castigo adoptó nuevas formas cuando Israel conquistó Gaza en 1967. Por estudios académicos israelíes recientes (en especial, el libro de Avi Raz The Bride and the Dowry: Israel, Jordan, and the Palestinians in the Aftermath of the June 1967 War [La novia y la dote: Israel, Jordania y los palestinos tras la guerra de junio de 1967]), hemos sabido que el objetivo del Gobierno era empujar a los refugiados hacia la península del Sinaí (y no sólo a los refugiados: a toda la población, de haber sido posible tal cosa).

Las expulsiones efectuadas desde Gaza fueron llevadas a cabo bajo las órdenes directas del general Yeshayahu Gavish, jefe del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las expulsiones realizadas desde Cisjordania fueron mucho más extremas e Israel recurrió a toda clase de artimañas para impedir el regreso de los expulsados, incumpliendo así directamente las órdenes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los motivos de tal proceder quedaron evidenciados en los debates internos que tuvieron lugar inmediatamente después de la guerra. Golda Meir, quien posteriormente accedería al cargo de primera ministra, informó a sus colegas de partido (el laborista) que Israel se quedaría con la Franja de Gaza «librándose de los árabes» que en ella vivían. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, y otros miembros del gabinete estuvieron de acuerdo con la idea.

El entonces primer ministro, Levi Eshkol, explicó que a los expulsados no se les podía permitir el regreso porque «no podemos incrementar la población árabe en Israel», en referencia directa a los territorios recién ocupados por entonces, que el ejecutivo israelí ya consideraba parte de su país.

De hecho, en consonancia con esa opinión, todos los mapas de Israel cambiaron de la noche a la mañana y se suprimió de ellos la Línea Verde (la frontera internacionalmente reconocida), si bien su publicación se retrasó unos días para permitir que Abba Eban, embajador israelí ante Naciones Unidas, obtuviera un «impasse favorable» en la Asamblea General ocultando las intenciones de Israel.

Es más que posible que los objetivos que se perseguían con aquella expulsión sigan estando vigentes en la actualidad y que sean uno de los factores que contribuyen a que Egipto sea reacio a abrir la frontera al libre tránsito de personas y bienes, impedido en todos los demás puntos fronterizos por el sitio israelí apoyado por Estados Unidos.

El actual recrudecimiento de la violencia del lado americano-israelí se remonta a enero de 2006, cuando los palestinos votaron en el «sentido equivocado» en las primeras elecciones libres celebradas en el mundo árabe.

Israel y Estados Unidos reaccionaron de inmediato castigando con dureza a tamaños bellacos y disponiendo un golpe militar para derrocar al Gobierno electo (el procedimiento rutinario). El castigo se intensificó radicalmente en 2007 después de que la intentona golpista fuese derrotada y el Gobierno electo de Hamás instaurara el control pleno sobre Gaza.

Ignorando las ofertas inmediatas de tregua extendidas por Hamás tras las elecciones de 2006, Israel lanzó ese mismo año ataques que mataron a seiscientos sesenta palestinos, la mayoría de ellos civiles (y una tercera parte menores de edad). Según los informes de Naciones Unidas, 2879 palestinos perecieron bajo el fuego israelí entre abril de 2006 y julio de 2012, víctimas a las que hay que sumar las varias decenas de israelíes fallecidos por culpa del fuego disparado desde Gaza.

Hamás respetó una efímera tregua declarada en 2008 hasta que Israel la rompió en noviembre. Tras hacer caso omiso de nuevas ofertas de tregua, Israel emprendió la mortífera Operación Plomo Fundido en diciembre.

Y así ha continuado la situación, con Estados Unidos e Israel instalados en la negativa a aceptar los llamamientos de Hamás a sellar una tregua a largo plazo y a lograr un acuerdo político sobre una solución de dos Estados, en consonancia con el consenso internacional que Estados Unidos lleva bloqueando desde 1976, cuando vetó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tal efecto, presentada por los principales Estados árabes.

Esta semana, Washington ha puesto todo su empeño en bloquear (prácticamente en solitario, como siempre) una malograda iniciativa que pretendía mejorar el estatus palestino en Naciones Unidas. Las razones para tal veto son muy reveladoras: de recibir un mayor reconocimiento en Naciones Unidas, Palestina podría acudir al Tribunal Penal Internacional y denunciar allí crímenes cometidos por Israel con el respaldo de Estados Unidos.

Un elemento de la impenitente tortura a la que Gaza está sometida es la «zona tapón» que Israel ha creado dentro de la propia Franja y desde la que los palestinos tienen vedada la entrada a casi la mitad del ya de por sí limitado terreno gazatí cultivable.

Desde enero de 2012 hasta el comienzo de la más reciente cacería asesina de Israel el 14 de noviembre bajo el nombre de Operación Pilar Defensivo, un israelí ha muerto por fuego procedente de Gaza, mientras que setenta y ocho palestinos han perecido bajo el fuego israelí.

Los detalles completos de esa historia son más complejos, como es natural, y también más desagradables.

El primer acto de la Operación Pilar Defensivo consistió en asesinar a Ahmed Yabari. Aluf Benn, director del periódico Ha’aretz, ha escrito de él que era un «subcontratista» y «guardia fronterizo» de Israel en Gaza, donde impuso una relativa calma durante más de cinco años.

El pretexto para su asesinato fue que, durante ese quinquenio, Yabari se había dedicado a crear una fuerza militar de Hamás provista con misiles de Irán. Sin embargo, un motivo más creíble para ese crimen es el que ha aducido el activista pacifista israelí Gershon Baskin, quien llevaba años en negociaciones directas con Yabari, entre las que se incluían planes para liberar por fin a Gilad Shalit, el conocido soldado israelí hecho prisionero por Hamás.

Baskin asegura que, horas antes del asesinato de Yabari, éste «recibió el borrador de un acuerdo para una tregua permanente con Israel que incluía mecanismos para preservar el alto el fuego en el caso de un enfrentamiento entre Israel y facciones asentadas en la Franja de Gaza».

En aquel momento, había una tregua en vigor declarada por Hamás el 12 de noviembre. Israel aprovechó al parecer esa tregua, según informa Reuters, para dirigir la atención hacia la frontera siria con la esperanza de que los líderes de Hamás bajaran la guardia y fuera más fácil asesinarlos.

Durante todos estos años, se ha mantenido a Gaza en un nivel de mera supervivencia, recluida por tierra, mar y aire. En vísperas del último ataque, Naciones Unidas informó que se habían agotado allí las existencias de un 40% de los fármacos esenciales y de más de la mitad de los materiales médicos imprescindibles.

En noviembre, una de las primeras fotos de toda una serie de horribles instantáneas llegadas desde Gaza nos mostraba a un médico sosteniendo el cadáver calcinado de un niño asesinado por los ataques. Se trataba de una imagen con una significación personal para mí. El médico en cuestión es el director y jefe de cirugía del hospital Jan Yunis que yo había visitado unas semanas antes.

Cuando escribí sobre aquel viaje, relaté el apasionado llamamiento de aquel profesional para que pudieran llegar allí lo antes posible medicinas y material quirúrgico. Ése es uno de los crímenes directamente atribuibles al asedio americano-israelí y a la complicidad egipcia.

Los índices de bajas del episodio de noviembre estuvieron por encima de la media: murieron más de ciento sesenta palestinos, muchos niños incluidos, y seis israelíes.

Entre los fallecidos hubo tres periodistas. La justificación oficial israelí fue que «los objetivos eran personas con relevancia para la actividad terrorista». En su crónica de la «ejecución» para The New York Times, el reportero David Carr escribió entonces que «la lógica se reduce ahora a esto: matar a un miembro del personal de los medios informativos puede justificarse con algo tan amorfo como su “relevancia para la actividad terrorista”».

La intensa destrucción se concentró exclusivamente en Gaza. Israel hizo uso de material militar estadounidense avanzado y se escudó en el apoyo diplomático de Estados Unidos, que se valió de sus habituales iniciativas de intervención en el Consejo de Seguridad para bloquear un llamamiento de éste a un alto el fuego.

Con cada nueva hazaña de este tipo, se va erosionando más y más la imagen de Israel en el mundo. Las fotos y los vídeos del horror y la devastación, y el carácter del conflicto, dejan muy vacío de credibilidad al autoproclamado «ejército más moral del mundo», cuando menos ante aquellas personas que se niegan a cerrar los ojos ante los hechos.

Los pretextos alegados para el ataque fueron también los de siempre. Es cierto que, aun dejando a un lado las previsibles declaraciones de los autores materiales o intelectuales en Israel y Washington, siempre cabe preguntarse qué deberían hacer los israelíes cuando se ven atacados por una andanada de misiles. Es una pregunta muy legítima que tiene respuestas directas y simples.

Una de esas respuestas sería la observancia del derecho internacional, que permite el uso de la fuerza sin autorización previa del Consejo de Seguridad en un caso hipotético muy concreto: en caso de defensa propia —tras informar al Consejo de Seguridad de un ataque armado— hasta que el Consejo actúe, todo ello en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Israel conoce bien esa disposición de la Carta, pues ya la invocó cuando estalló la guerra de junio de 1967. Lo que sucede es que, como era de prever, aquel llamamiento de Israel a Naciones Unidas no prosperó después de que se descubriera enseguida que había sido el propio Gobierno israelí el que había lanzado el primer ataque. Israel no empleó ese canal este pasado noviembre, porque sabía que la naturaleza de su ataque quedaría puesta de manifiesto en el consiguiente debate en el Consejo de Seguridad.

Otra respuesta bien escueta habría consistido en aceptar una tregua, una opción que parecía muy factible antes del inicio de la operación del 14 de noviembre.

También hay respuestas de más largo alcance. Casualmente, una de ellas se analiza en el número actual de la revista The National Interest. Los expertos en Asia Raffaello Pantucci y Alexandros Petersen explican cómo ha reaccionado China a los disturbios en la provincia occidental de Sinkiang, «donde grupos descontrolados de uigures recorrieron la ciudad matando a golpes y a palos a los infortunados chinos de etnia han a los que iban encontrando por su camino».

El presidente chino Hu Jintao se desplazó inmediatamente a aquella provincia para hacerse cargo de la situación; varios altos dirigentes de la jerarquía de las fuerzas de seguridad fueron destituidos, y se acometió una variada lista de obras de infraestructuras y servicios para atajar de raíz las causas de fondo de aquella agitación social.

También en Gaza es posible una reacción civilizada. Estados Unidos e Israel podrían poner fin al despiadado e infatigable ataque, abrir las fronteras y poner los medios para facilitar la reconstrucción (y, quién sabe, incluso pagar indemnizaciones por décadas de violencia y represión).

El acuerdo de alto el fuego estipulaba que se tomarían medidas para hacer efectivo el fin del sitio y los bombardeos sobre residentes de las áreas fronterizas «a partir de las primeras veinticuatro horas desde el cese de las hostilidades».

No se aprecia señal alguna de que se esté yendo en esa dirección. Tampoco hay indicios de una mayor disposición americano-israelí a rescindir la actual separación entre Gaza y Cisjordania, que vulnera los Acuerdos de Oslo, ni a terminar con los asentamientos ilegales y los programas de construcción de viviendas e infraestructuras en territorio cisjordano, dirigidos a socavar la viabilidad de un acuerdo político, ni a abandonar en ningún otro sentido la postura de rechazo de soluciones pactadas que se ha mantenido en las últimas décadas.

Algún día, que no puede tardar, el mundo responderá al llamamiento que Raji Sourani, distinguido abogado defensor gazatí de los derechos humanos, lanzó cuando las bombas arreciaban de nuevo sobre la población civil indefensa en Gaza: «Pedimos justicia y asunción de responsabilidades. Soñamos con una vida de normalidad, libertad y dignidad».

LA AMENAZA MÁS GRAVE A LA PAZ MUNDIAL

3 de enero de 2013

En su cobertura informativa del último debate de la campaña presidencial estadounidense, The Wall Street Journal señaló que, en materia de política exterior, «el único país mencionado más veces [que Israel] fue Irán, que es considerado por la mayoría de los Estados de Oriente Próximo y Medio la amenaza más grave para la seguridad de la región».

Los dos candidatos coincidieron en que un Irán nuclearizado es el peligro más serio para la región, si no para el mundo. Así lo sostuvo explícitamente Mitt Romney, haciéndose eco de una opinión ya convencional.

En cuanto a Israel, ambos candidatos compitieron por declararse los más fervientes devotos de dicho país, pero ni así se dieron por satisfechas las autoridades israelíes. Esperaban «un lenguaje más agresivo del señor Romney», según los periodistas. No les pareció suficiente que Romney exigiera que no se le permitiera a Irán «alcanzar el punto de la capacidad nuclear».

También los árabes se mostraron poco satisfechos con las palabras de los candidatos, porque los temores de sus países a propósito de Irán se «comentaron desde la óptica de la seguridad israelí, que no desde la del conjunto de la región», mientras que los puntos de inquietud para los países árabes fueron prácticamente ignorados. Nada nuevo; en ese terreno, tampoco: sólo el tratamiento convencional del tema.

La información de The Wall Street Journal, como tantas y tantas otras dedicadas a Irán, deja sin respuesta una serie de preguntas cruciales, como, por ejemplo, exactamente quién ve a Irán como la amenaza más grave para la seguridad y qué piensan los árabes (y la mayor parte del mundo) que se puede hacer para neutralizar esa amenaza, sea cual sea ésta.

La primera pregunta es fácil de responder. La «amenaza iraní» es una obsesión preponderantemente occidental que también comparten los dictadores árabes, pero no la población de sus países.

Como han evidenciado numerosos sondeos de opinión, aunque Irán no gusta por lo general a los ciudadanos de los países árabes, éstos no lo tienen por un peligro muy grave. Su percepción, más bien, es que Israel y Estados Unidos son las verdaderas amenazas, y muchos (mayorías considerables en algunos casos) opinan que las armas nucleares iraníes serían un buen contrapeso a tales amenazas.

En las altas esferas estadounidenses, hay quienes coinciden con la percepción de la población del mundo árabe, entre ellos el general Lee Butler, antiguo jefe del Mando Estratégico. En 1998, declaró: «Es peligroso en grado extremo que, en el caldero de animosidades que llamamos Oriente Medio», una nación, Israel, esté equipada de armamento nuclear, pues eso «insta a otras a hacer lo mismo».

Más peligrosa todavía es la estrategia de disuasión nuclear de la que el propio Butler fue artífice destacado durante muchos años. Una estrategia así, escribió él en 2002, es «garantía de una catástrofe sin paliativos», por lo que instaba a Estados Unidos y a otras potencias nucleares a hacer efectivo el compromiso que habían suscrito a través del Tratado de No Proliferación para realizar todos los esfuerzos «de buena fe» posibles dirigidos a eliminar la plaga de las armas nucleares.

Los Estados tienen el deber legal de poner en marcha iniciativas serias en ese sentido, según dictaminó el Tribunal Internacional de Justicia en 1996: «Existe la obligación de emprender y concluir de buena fe negociaciones conducentes al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo control internacional estricto y efectivo». En 2002, la Administración de George W. Bush declaró que Estados Unidos no está comprometido por tal obligación.

Una gran mayoría de la comunidad internacional parece compartir las opiniones árabes sobre la amenaza iraní. El Movimiento de los No Alineados ha apoyado con firmeza el derecho de Irán a enriquecer uranio; la ocasión más reciente en que lo ha hecho ha sido durante su cumbre celebrada en Teherán el pasado mes de agosto.

La India, el Estado miembro más poblado del Movimiento de los No Alineados, ha hallado el modo de eludir las onerosas sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra Irán. Se están poniendo en práctica unos planes que pretenden enlazar el puerto iraní de Chabahar, reformado con ayuda india, con Asia Central a través de Afganistán. También se ha informado de que están creciendo las relaciones comerciales. De no ser por las fuertes presiones estadounidenses, todas esas relaciones naturales probablemente mejorarían en grado sustancial.

China, que tiene estatus de país observador en el Movimiento de los No Alineados, está haciendo más o menos lo mismo. En concreto, está expandiendo sus propios proyectos de infraestructuras y desarrollo hacia el oeste para incluir así iniciativas con las que pretende revivir la antigua ruta de la seda entre China y Europa. Una línea de ferrocarril de alta velocidad conecta ya China con Kazajistán y otros países. Esa línea llegará presumiblemente hasta Turkmenistán, país dotado de ricos recursos energéticos, y probablemente enlazará con Irán y se extenderá hasta Turquía y Europa.

China también ha logrado controlar el gran puerto de Gwadar en Pakistán y ha hecho posible obtener petróleo de Oriente Próximo sin necesidad de que este transite por los estrechos de Ormuz y Malaca, aquejados de continuos atascos de tráfico marítimo y muy controlados por Estados Unidos. La prensa pakistaní informa de que «las importaciones de crudo desde Irán, los Estados árabes del Golfo y África podrían ser transportadas por tierra hasta el noroeste de China desde el puerto».

En su Cumbre de Teherán en agosto, el Movimiento de los No Alineados reiteró la ya tradicional propuesta de reducir o eliminar la amenaza del armamento nuclear en Oriente Próximo y Medio instaurando allí una zona libre de armas de destrucción masiva. Cualquier medida en esa dirección será, sin duda, la forma más directa y menos gravosa de desactivar las amenazas. Ese modo de proceder cuenta, además, con el apoyo de casi todo el mundo.

Una excelente oportunidad para llevar adelante medidas de ese tipo parecía que iba abrirse el mes pasado, fecha para la que estaba anunciada una conferencia internacional sobre el tema en Helsinki.

Y sí, se celebró una conferencia, pero no la que estaba prevista en un principio. Al final, sólo participaron organizaciones no gubernamentales en una conferencia alternativa, organizada por la Rauhanliitto (la Unión Finlandesa por la Paz). La otra, la conferencia internacional inicialmente prevista, fue cancelada por Washington el mismo noviembre, justo después de que Irán accediera a asistir.

El motivo oficial aducido por la Administración Obama fue «la agitación política en la región y la desafiante postura de Irán en materia de no proliferación», según informó Associated Press, un pretexto al que se añadió también una falta de consenso «a propósito de cómo enfocar la conferencia». Estas razones vendrían a ser la alusión de rigor al hecho de que la única potencia nuclear de la región, Israel, se negó a asistir calificando tal convocatoria de «coacción».

Da la impresión de que la Administración Obama se mantiene en su postura previa de que las «condiciones no son las propicias si no participan todos los miembros de la región». Estados Unidos no permitirá que se tomen medidas que sometan las instalaciones nucleares de Israel a inspección internacional. Tampoco publicará información sobre «la naturaleza y el alcance de las instalaciones y las actividades nucleares israelíes».

La agencia oficial de noticias de Kuwait informó inmediatamente de que «el grupo de los Estados árabes y los Estados miembros del Movimiento de los No Alineados acordaron seguir presionando para la celebración de una conferencia sobre la instauración en Oriente Próximo y Medio de una zona libre de armamento nuclear y de todas las demás armas de destrucción masiva».

El mes pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que instaba a Israel a suscribir el Tratado de No Proliferación por 174 votos a seis. En el bando del «no» se encontraba el grupo habitual: Israel, Estados Unidos, Canadá, las Islas Marshall, Micronesia y Palaos.

Unos días después, Estados Unidos realizó un ensayo con armas nucleares, impidiendo una vez más la entrada de inspectores internacionales en la zona de la prueba en Nevada. Irán protestó, pero no fue el único: también lo hicieron el alcalde de Hiroshima y algunas organizaciones pacifistas japonesas.

La instauración de una zona libre de armamento nuclear precisa, claro está, de la cooperación de las potencias nucleares: en el caso de Oriente Próximo y Medio, eso implicaría también a Estados Unidos e Israel, pero ambas se niegan actualmente. Lo mismo puede decirse de proyectos análogos en otras latitudes. En África y en el Pacífico hay previstas zonas parecidas que no han entrado aún en vigor porque Estados Unidos insiste en mantener y actualizar bases con armas nucleares en islas que están bajo su control.

Al mismo tiempo que tenía lugar el encuentro de las ONG en Helsinki, se celebraba en Nueva York una cena organizada por el Institute for Near East Policy, un brazo del lobby proisraelí en Washington.

Según una entusiasta crónica de aquella «gala» publicada en la prensa israelí, Dennis Ross, Elliott Abrams y otros «exasesores de alto nivel de Obama y Bush» garantizaron al público asistente que «el presidente atacará [Irán] el año que viene si la diplomacia no da sus frutos», un regalo navideño de lo más atrayente.

Los estadounidenses apenas son conscientes de qué ha vuelto a hacer que la diplomacia fracase, y es lógico que así sea: en Estados Unidos no se publica prácticamente nada sobre la suerte que ha corrido la vía más obvia y directa para encarar «la amenaza más grave», una vía que no es otra que el establecimiento de una zona libre de armamento nuclear en Oriente Próximo y Medio.

¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL MUNDO?

5 de febrero de 2013

Extracto de Las sublevaciones democráticas globales[*], libro de entrevistas de Noam Chomsky con David Barsamian.

DAVID BARSAMIAN: El nuevo imperialismo estadounidense parece diferir sustancialmente de su versión anterior porque el poder económico de Estados Unidos está en declive y, por consiguiente, también decaen su influencia así como su poder político.

NOAM CHOMSKY: Yo creo que no podemos tomarnos al pie de la letra todas esas referencias al declive estadounidense.

La Segunda Guerra Mundial fue el momento en que Estados Unidos verdaderamente se convirtió en potencia global. Ya era la mayor economía del mundo (y con diferencia) desde mucho antes de aquella contienda, pero podría decirse que era más bien una potencia regional. Controlaba el «hemisferio occidental» y había realizado también incursiones en el Pacífico. Pero los británicos eran la auténtica potencia mundial.

La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Estados Unidos pasó a ser la potencia mundial dominante. Estados Unidos poseía la mitad de la riqueza del mundo. Las otras sociedades industriales habían quedado debilitadas o destruidas. Estados Unidos se encontraba en una posición increíblemente favorable en el terreno de la seguridad. Controlaba su hemisferio, pero también el Atlántico y el Pacífico, y se valía para ello de una inmensa fuerza militar.

Obviamente, eso se moderó un poco con el tiempo. Europa y Japón se recuperaron, y también se produjo el proceso de la descolonización. En 1970, Estados Unidos había caído (si se puede decir así) hasta representar un 25% aproximadamente de la riqueza mundial, que es más o menos lo que ya representaba en la década de 1920, por ejemplo. Seguía siendo la potencia mundial preponderante, pero no como lo era en 1950. Desde 1970, esas posiciones se han mantenido bastante estables, aun cuando, como es lógico, ha habido cambios.

En la última década, y por vez primera en quinientos años, desde los tiempos de la conquista española y portuguesa, América Latina ha comenzado a abordar con éxito algunos de sus problemas. Ha empezado a integrarse. Eran países separados los unos de los otros. Cada uno de ellos estaba orientado por su cuenta hacia Occidente: hacia Europa en los primeros tiempos y hacia Estados Unidos después.

Esa integración es importante. Significa que ya no es tan fácil intimidar a cada país uno por uno. Las naciones latinoamericanas pueden ahora unirse para defenderse de fuerzas externas.

La otra novedad, que es más significativa y mucho más complicada, es que los países de América Latina están empezando a abordar individualmente sus grandísimos problemas internos. Por sus recursos, América Latina (y América del Sur, en particular) debería ser un continente rico.

América Latina tiene una riqueza enorme, pero ésta está muy concentrada en una élite reducida, mayormente europeizada y blanca, que coexiste junto a una pobreza y una miseria masivas. Ahora se está intentando comenzar a lidiar con ese problema, una iniciativa importante que, además de constituir una forma más de integración, está haciendo que América Latina se aparte un tanto del tradicional control estadounidense.

Se habla mucho de un supuesto desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial: la India y China van a convertirse ahora en las nuevas grandes potencias, las más ricas. Pero también esto deberíamos tomárnoslo con muchas reservas.

Por ejemplo, muchos observadores alegan para apoyar ese argumento la elevadísima deuda estadounidense y el hecho de que China sea la compradora de gran parte de ésta. Pero, si lo pensamos bien, unos años atrás Japón era propietario de la mayoría de la deuda estadounidense. China simplemente lo ha sobrepasado en fecha más reciente.

Por otra parte, todo el marco de análisis del declive estadounidense es bastante engañoso. Nos han enseñado a hablar de un mundo de Estados concebidos como entes unificados y coherentes.

En el campo de la teoría de las relaciones internacionales, existe la llamada escuela «realista» que postula que el mundo es un conjunto anárquico de Estados que tratan de satisfacer su «interés nacional» particular. Pero esa idea tiene mucho de mitología. Siempre hay unos pocos intereses comunes a toda una población, como el de la supervivencia, por ejemplo. Sin embargo, por lo general, los habitantes de una nación tienen intereses muy diferentes. Los intereses del consejero delegado de General Electric y del conserje que limpia el suelo de sus oficinas no son los mismos.

Un elemento consustancial al sistema doctrinal imperante en Estados Unidos es la ficción de que todos formamos una familia feliz en la que no existen diferencias de clase, y que todos trabajamos juntos y en armonía. Pero eso es radicalmente falso.

En el siglo XVIII, Adam Smith escribió que las personas que eran dueñas de la sociedad decidían sus políticas: en concreto, los «mercaderes y los manufactureros». En la actualidad, el poder está en manos de las instituciones financieras y las multinacionales.

Estas instituciones están interesadas en el desarrollo de China. Eso significa que si alguien es, por poner un ejemplo, el consejero delegado de Walmart, de Dell o de Hewlett-Packard, estará más que encantado de contar con mano de obra barata en China trabajando en condiciones atroces, y de producir allí sin apenas restricciones medioambientales. Mientras China tenga eso que hoy llaman crecimiento económico, todo irá bien.

Pero lo cierto es que el crecimiento económico chino tiene bastante de mito. China es sobre todo una inmensa planta de montaje. China es un gran exportador, pero mientras que el déficit comercial de Estados Unidos con China ha aumentado, el de China con Japón, Taiwán y Corea ha decrecido. El motivo de que eso sea así es que se está desarrollando en la zona un sistema regional de producción.

Los países más avanzados de la región —Japón, Singapur, Corea del Sur y Taiwán— envían tecnología avanzada, piezas y componentes a China, que aporta su mano de obra barata para el montaje de los productos que envía luego fuera del país.

Y las grandes corporaciones empresariales estadounidenses hacen lo mismo: envían piezas y componentes a China, donde se montan (y desde donde se exportan) los productos finales. Las llaman exportaciones chinas, pero, en muchos casos, vienen a ser más bien exportaciones regionales y, en otros, son en realidad un ejercicio de exportación desde Estados Unidos hacia sí mismo.

En cuanto nos desprendemos del corsé de concebir los Estados nacionales como entes unificados sin divisiones internas, podemos ver que se está produciendo un desplazamiento del poder global, sí, pero desde la población trabajadora mundial hacia los dueños del mundo: el capital transnacional, las instituciones financieras globales.

¿PUEDE LA CIVILIZACIÓN SOBREVIVIR AL CAPITALISMO?

4 de marzo de 2013

Una cosa es el «capitalismo» y otra, bien distinta, el «capitalismo de verdad existente».

El término capitalismo se utiliza normalmente en referencia al sistema económico estadounidense, donde existe una sustancial intervención estatal que va desde las subvenciones a la innovación creativa hasta la póliza de seguros que ofrece el Estado a los bancos que son «demasiado grandes para quebrar».

El sistema está muy monopolizado, lo que limita más aún la verdadera participación que en él tiene el mercado, y la está asfixiando cada vez más: en los últimos veinte años, la cuota de los beneficios de las doscientas mayores empresas se ha incrementado acusadamente, según ha escrito un estudioso del tema como Robert W. McChesney en su nuevo libro, Desconexión digital: cómo el capitalismo está poniendo Internet en contra de la democracia[*].

Capitalismo es un término que hoy se aplica comúnmente incluso en referencia a sistemas en los que no hay capitalistas: por ejemplo, para hablar del conglomerado de cooperativas de Mondragón, en el País Vasco español, o de las empresas propiedad de sus propios trabajadores que tanto se están extendiendo actualmente por el norte de Ohio, muchas veces con apoyo conservador: ambos casos son abordados en un importante trabajo del experto Gar Alperovitz.

Hay quienes llegan a usar incluso la palabra capitalismo en alusión a la democracia industrial propugnada por John Dewey, el más destacado filósofo social estadounidense, a finales del siglo XIX y principios del XX.

Dewey llamaba a los trabajadores a ser «dueños de su propio destino industrial» y abogaba por que todas las instituciones (incluidos los medios de producción, intercambio, publicidad, transporte y comunicación) fueran sometidas a control público. De no proceder de ese modo, según Dewey, la política nunca dejaría de ser «la sombra proyectada por los grandes empresarios sobre la sociedad».

La democracia truncada que Dewey criticaba ha sido poco menos que arrastrada por los suelos en años recientes. Ahora, el control sobre el Estado está fuertemente concentrado en la cúspide de la pirámide de distribución de la renta, mientras que la gran mayoría de la población situada «por debajo» ha quedado prácticamente desempoderada. El actual sistema político-económico viene a ser una forma de plutocracia, algo muy distinto de la democracia, si por esta entendemos un orden institucional que permite que las decisiones políticas estén significativamente influidas por la voluntad popular.

Ha habido muy serios debates a lo largo de los años en torno a la cuestión de si el capitalismo es compatible con la democracia. Si tenemos que ceñirnos a la democracia capitalista realmente existente, esa pregunta se responde sola: el uno y la otra son radicalmente incompatibles.

Me resulta improbable que la civilización pueda sobrevivir al capitalismo real y a la severamente mermada democracia que lo acompaña. Pero ¿podría una democracia funcional cambiar esa dinámica?

Ciñámonos al problema inmediato más crítico al que se enfrenta la civilización: la catástrofe medioambiental. He ahí un terreno en el que las actitudes populares y la política de los gobiernos difieren marcadamente, como es habitual en las democracias capitalistas de verdad existentes. La naturaleza de esa brecha diferencial se examina en varios artículos del número más reciente de la revista Daedalus, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

La investigadora Kelly Sims Gallagher escribe, por ejemplo, que «ciento nueve países han aprobado políticas sobre energías renovables y ciento dieciocho han fijado objetivos en esa materia. Sin embargo, Estados Unidos no ha adoptado ningún conjunto coherente y estable de políticas nacionales dedicadas al fomento del uso de energías renovables».

Y no es la opinión pública la que impele a la política estadounidense fuera del espectro internacional de políticas en ese terreno. Todo lo contrario. La opinión de la ciudadanía de este país está mucho más cerca de la opinión normal en el resto del mundo de lo que las políticas gubernamentales estadounidenses dan a entender, y es mucho más favorable a la aplicación de medidas necesarias para hacer frente al desastre ambiental previsto para un futuro no muy lejano (las vidas de nuestros nietos se verán ya probablemente afectadas por él) por el abrumador consenso científico sobre ese tema.

Como bien escriben Jon A. Krosnick y Bo MacInnis en ese mismo número de Daedalus, «las medidas del Gobierno federal dirigidas a reducir la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero generadas en la producción de electricidad siempre han contado con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. En 2006, un 86% de los encuestados dijo estar a favor de que se obligara (o se incentivara con desgravaciones) a las compañías generadoras de electricidad a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten. […] Ese mismo año, un 87% dijo estar a favor de la implantación de incentivos fiscales que animaran a esas empresas a producir más electricidad con agua, viento o luz solar. […] Esas mayorías se mantuvieron estables entre 2006 y 2010, y sólo han disminuido un poco desde entonces».

Que la opinión de la población esté influida por los conocimientos científicos existentes no deja de resultar muy problemático para quienes dominan la economía y la política del Estado.

Un ejemplo reciente de esa preocupación suya es la Ley de Mejora de los Conocimientos en Materia Medioambiental propuesta a los legislativos de varios estados del país por el Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense (ALEC, por sus siglas en inglés), un grupo de presión financiado por grandes empresas que diseña legislación al servicio de las necesidades del sector corporativo y de las grandes fortunas.

Esa ley del ALEC ordena la «enseñanza equilibrada» de lo referente a la ciencia climática en todos los niveles educativos de primaria y secundaria obligatorias. La «enseñanza equilibrada» es una manera taimada de referirse a la inclusión en los programas formativos de los postulados de los negacionistas del cambio climático en pie de igualdad con los de la climatología mayoritaria, a efectos de «equilibrarlos». Es un movimiento análogo al de la «enseñanza equilibrada» por la que abogan los creacionistas para permitir que se enseñe «ciencia de la creación» en las escuelas públicas. Lo peor del caso es que son ya varios los estados en los que se han introducido medidas legislativas basadas en los modelos del ALEC.

Ni que decir tiene que todo esto viene revestido de la retórica de la necesidad de inculcar el pensamiento crítico en los estudiantes: una idea muy positiva, sin duda, pero cuesta bien poco imaginar ejemplos mejores para introducir esa clase de ejercicio que en un tema en el que está en peligro nuestra propia supervivencia y que sabemos que ha sido seleccionado para tan «noble» fin didáctico por su importancia para los balances de cuentas de las grandes empresas.

En las noticias que publican sobre la cuestión, los medios de comunicación tienden a presentar lo relacionado con el cambio climático como una controversia entre dos bandos enfrentados.

Uno de ellos es el formado por la inmensa mayoría de los científicos, las principales academias de la ciencia del mundo, las revistas científicas profesionales y el IPCC.

Todos ellos coinciden en apreciar que se está produciendo un calentamiento global, que éste tiene un componente humano sustancial, que la situación es grave y puede que incluso desesperada, y que muy pronto (tal vez en cuestión de décadas) el mundo podría alcanzar un punto de inflexión a partir del cual el proceso se agrave sin remedio y de forma irreversible, con muy severos efectos sociales y económicos. Es difícil encontrar un consenso tan generalizado en torno a temas científicos complejos como éste.

El otro bando es el de los escépticos, entre quienes se cuentan algunos respetados científicos que advierten que todavía es mucho lo que se desconoce sobre esta cuestión, y eso significa que la situación podría no ser tan mala como dicen, pero también que podría ser peor.

Y es que de ese debate inventado se omite sistemáticamente a un grupo bastante más numeroso de escépticos: el de científicos del clima muy bien considerados que opinan que los informes que el IPCC publica de manera regular son demasiado conservadores. Y hablamos de científicos a quienes la evolución de la realidad ha ido dando reiterada y desgraciadamente la razón.

Semejante campaña propagandística parece haber tenido cierta repercusión en la opinión pública estadounidense, que es más escéptica en este terreno que la media mundial. Pero es un efecto no suficientemente significativo como para que los grandes amos se den ya por satisfechos. Ése es presumiblemente el motivo por el que diversos sectores del mundo empresarial están centrando su ofensiva en el sistema educativo en general con la intención de contrarrestar la «peligrosa» tendencia de la población a prestar atención a las conclusiones de la investigación científica.

Y para ello no importa dar la vuelta al sentido mismo de las palabras. En el encuentro de invierno del Comité Nacional Republicano celebrado hace unas semanas, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, advirtió a los líderes del partido que «debemos dejar de ser el partido idiota. […] Debemos dejar de insultar la inteligencia de los votantes».

Dentro del sistema de la democracia capitalista de verdad existente es de extrema importancia que nos convirtamos en una nación idiota que, por el bien de las ganancias a corto plazo de los amos de la economía y del sistema político, no se deje engañar por la ciencia ni la racionalidad. ¡Y al cuerno con las consecuencias!

Estos mandamientos están profundamente incrustados en las doctrinas fundamentalistas de mercado que se predican en la democracia capitalista realmente existente, aunque sólo se obedecen de un modo muy selectivo que ayuda a sustentar a un Estado poderoso al servicio de la riqueza y el poder.

Las doctrinas oficiales están aquejadas de una serie de conocidas «ineficiencias de mercado», como la de no incorporar en las transacciones mercantiles los efectos que éstas tienen sobre terceros. Las consecuencias de esas «externalidades» pueden ser considerables. La crisis financiera actual es buen ejemplo de ello. Su origen se remonta en parte al caso omiso que del «riesgo sistémico» (la posibilidad de derrumbamiento del sistema en su conjunto) hicieron los grandes bancos y agencias de inversión cuando realizaban transacciones arriesgadas.

La catástrofe medioambiental es una externalidad mucho más grave aún: el efecto que se ignora aquí es el destino futuro de la especie. Y, en este caso, no hay ningún lugar al que acudir, gorra en mano, en busca de un rescate.

Seguro que los historiadores de tiempos venideros (si es que alguno queda) mirarán asombrados en retrospectiva este curioso espectáculo de comienzos del siglo XXI. Por primera vez en la historia de la humanidad, los seres humanos nos enfrentamos a la posibilidad de un desastre general terrible por culpa de nuestras acciones, acciones que están destrozando día a día nuestras perspectivas de una supervivencia aceptable.

Esos historiadores, digo, se asombrarán de que el país más rico y poderoso de la historia, que goza además de unas ventajas incomparables, sea el que se ha puesto a la cabeza del empeño en agravar el muy probable desastre. Por su parte, a la cabeza de los esfuerzos por preservar las condiciones que permitan que nuestros descendientes inmediatos puedan tener una vida digna están aquellas otras sociedades calificadas de «primitivas»: las Primeras Naciones, las comunidades tribales, indígenas, aborígenes, etcétera.

Los países con grandes e influyentes poblaciones indígenas se sitúan destacadamente a la cabeza de la porfía por la conservación del planeta. Los países que han llevado a sus poblaciones indígenas hasta la extinción o la marginación extrema son los que más embalados corren hacia la destrucción.

De ahí que Ecuador, apoyado en su numerosa población indígena, esté tratando de recibir ayuda de los países ricos para no tener que extraer sus sustanciales reservas de petróleo del subsuelo, que es donde deberían seguir estando.

Y de ahí que, mientras tanto, Estados Unidos y Canadá estén buscando el modo de consumir más combustibles fósiles, incluidos los de las peligrosísimas arenas bituminosas canadienses, y de hacerlo del modo más rápido y completo posible, al tiempo que loan a los cuatro vientos las bondades de un presunto siglo adicional de independencia energética (que de bien poco serviría, a ese paso), perdiendo de vista la perspectiva de cómo quedaría el mundo tras tan extravagante ejercicio de compromiso con la autodestrucción.

Estamos ante un fenómeno generalizable, pues por todo el mundo hay sociedades indígenas que luchan por proteger lo que, en algunos casos, han llamado «los derechos de la naturaleza», frente a las fuerzas de los «civilizados» y los «sofisticados» que se mofan con desprecio de semejantes «disparates».

Eso es justamente lo contrario de lo que cabría esperar si se impusiera una verdadera racionalidad, y no esa otra variante sesgada de la razón que emerge tras pasar por el filtro de la democracia capitalista de verdad existente.

EN PALESTINA, DIGNIDAD Y VIOLENCIA

1 de abril de 2013

Este artículo es una versión adaptada de la conferencia «Edward W. Said Lecture: Violence and Dignity, Reflections on the Middle East», pronunciada por Noam Chomsky en Londres el 18 de marzo de 2013.

El novelista sueco Henning Mankell narra así una experiencia que vivió en Mozambique durante los horrores de la guerra civil en ese país veinticinco años atrás, un día en que vio a un joven harapiento que caminaba hacia él.

Noté algo que jamás olvidaré en la vida —dice Mankell—. Me fijé en sus pies. No llevaba zapatos: ¡se había pintado unos sobre la piel de los pies! Había utilizado los colores de la tierra y de las raíces para sustituir su calzado. Había hallado así un modo de conservar su dignidad.

Escenas así evocan recuerdos conmovedores en quienes hayan sido testigos de la crueldad y la degradación, de las que siempre podemos encontrar ejemplos en cualquier parte. Un caso impactante, aunque sólo sea uno de muchos, es Gaza, que yo pude visitar por vez primera el pasado mes de octubre.

Allí la violencia topa con la firme resistencia de los samidin, residentes locales decididos a «aguantar» (un evocador concepto que tomo prestado de Raja Shehadeh y su The Third Way, libro de memorias sobre la vida de los palestinos bajo la ocupación, publicado hace treinta años).

Justo tras mi regreso a casa, saltó la noticia del ataque israelí contra Gaza, en noviembre, apoyado por Estados Unidos y tolerado con la cortesía habitual por Europa.

Israel no es el único adversario de Gaza. La frontera sur de la Franja continúa estando bajo el control prácticamente absoluto de la temida policía secreta egipcia, la Mujabarat[*], que ciertas informaciones creíbles vinculan estrechamente con la CIA y el Mosad israelí.

Este mes pasado, un joven periodista gazatí me envió un reportaje sobre el último ataque del Gobierno de Egipto contra el pueblo de Gaza.

La red de túneles que conectan Egipto con Gaza es un verdadero salvavidas para los habitantes de la Franja, recluidos como están por un durísimo asedio bajo el que tienen que soportar ataques constantes. Pues, bien, ahora el Gobierno egipcio ha ideado un nuevo modo de tapar los túneles: inundándolos con aguas residuales.

Entretanto, la organización israelí de defensa de los derechos humanos B’Tselem ha informado de que el ejército de Israel está empleando un nuevo dispositivo para neutralizar las manifestaciones semanales no violentas de denuncia del muro de separación (muro de anexión, diría yo más bien) ilegal construido por los israelíes.

Los samidin han sabido contrarrestar ingeniosamente los ataques con gases lacrimógenos, así que el ejército ha elevado el nivel de sus acciones: ahora rocía a los manifestantes y los domicilios de la zona con chorros de un líquido tan tóxico como las aguas fecales sin tratar.

No cabe duda, pues, de que, como reza el dicho, todos los genios tienen ocurrencias parecidas: en este caso, en concreto, a egipcios y a israelíes se les ha ocurrido combinar la represión y la humillación criminales.

El origen de la tragedia de Gaza se remonta a 1948, cuando cientos de miles de palestinos huyeron aterrados o fueron expulsados a la fuerza de Gaza por las fuerzas israelíes que conquistaron el territorio.

El entonces primer ministro David Ben Gurión comentó que «los árabes de la tierra de Israel sólo sirven ya para una cosa: para salir de ella».

Es de reseñar que, actualmente, el apoyo más firme con el que cuenta Israel en la escena internacional sea el que recibe de Estados Unidos, Canadá y Australia, países de la llamada «anglosfera» (sociedades de colonos que se formaron a partir del extermino o la expulsión de las poblaciones indígenas en beneficio de una «raza superior», y por lo tanto, países donde ese modo de proceder se considera natural y hasta encomiable).

Durante décadas, Gaza ha sido un escaparate de toda clase de violencia. En el historial de atrocidades, se incluyen algunas tan detalladamente planificadas como la Operación Plomo Fundido de 2008-2009: «infanticidio» la llamaron los médicos noruegos Mads Gilbert y Erik Fosse, que trabajaron entonces en el hospital Al-Shifa de Gaza junto a otros colegas palestinos y noruegos.

La violencia allí vivida abarca toda clase de crueldades que los seres humanos y sus facultades mentales superiores se hayan aplicado jamás a idear, incluido el dolor del exilio.

Este último es un dolor particularmente agudo en Gaza, donde los más viejos del lugar pueden aún mirar a lo lejos, hacia el otro lado de la frontera, y ver las casas de las que los expulsaron en su día… o, mejor dicho, podrían verlas si les dejaran acercarse a la frontera sin que los mataran en el intento.

Uno de los castigos aplicados ha consistido en el cierre de un mayor espacio de terreno del lado gazatí de la frontera con el propósito de convertirlo en una zona tapón en la que han quedado incluidas la mitad de las tierras cultivables de Gaza, según Sara Roy, investigadora de Harvard y destacada experta en la historia y la situación de la Franja.

Pero, además de escaparate del ingenio humano para la violencia, Gaza constituye también un inspirador ejemplo de la reivindicación de dignidad.

Ghada Ageel, una joven que huyó de Gaza a Canadá, escribe a propósito de su abuela, refugiada de ochenta y siete años de edad que sigue atrapada en la ciudad-prisión de Gaza, que, antes de ser expulsada de un pueblo que acababan de destruir, ella «poseía una casa, tierras y labradíos, y gozaba de honor, dignidad y esperanza».

Por asombroso que parezca, ni esa anciana ni los palestinos en general han abandonado la esperanza.

«Cuando vi a mi abuela en noviembre de 2012, la hallé inusitadamente contenta —escribe Ageel—. Desconcertada, le pedí que me explicara por qué estaba tan animada. Me miró a los ojos y, para mi sorpresa, me dijo que ya no le preocupaban» su pueblo natal ni la vida digna que había perdido (irreparablemente, en su caso).

El pueblo, le dijo a Ageel su abuela, «está en nuestro corazón y sé también que no viajamos solos en nuestro viaje. No te desanimes. Vamos a llegar a nuestro destino».

Quienes entienden de forma instintiva la importancia de esa búsqueda de la dignidad son los «carceleros» de esta historia, que saben muy bien que, aparte de la violencia, nada mejor hay para minar la dignidad que la humillación. Toda prisión es testimonio de ello.

Precisamente, la praxis habitual en las cárceles israelíes ha quedado una vez más en entredicho. En febrero, Arafat Jaradat, un empleado de gasolinera de treinta años de edad, falleció cuando se hallaba bajo custodia israelí. Las circunstancias de esa muerte podrían volver a encender la mecha de una nueva revuelta.

Jaradat fue arrestado en su domicilio a medianoche (una hora muy oportuna para intimidar a su familia), acusado de haber arrojado piedras y un cóctel molotov unos meses antes, durante el ataque de Israel contra Gaza en noviembre.

Jaradat, que se encontraba en buen estado de salud en el momento de su detención, fue visto con vida por última vez más tarde, en el juzgado con su abogado, quien declaró que lo vio «encogido sobre sí mismo, asustado, confuso y consumido».

El tribunal decretó doce días más de detención para él. Poco después, Jaradat fue hallado muerto en su celda.

La periodista Amira Hass escribe al respecto que «los palestinos no necesitan una investigación israelí. Para ellos, la muerte de Jaradat es algo que va mucho más allá de la tragedia que él y su familia han sufrido. Su experiencia les dice que la muerte de Jaradat […] es una prueba más de que el sistema israelí aplica sistemáticamente la tortura. Su experiencia les dice que el objetivo de la tortura no sólo es lograr la condena judicial de alguien, sino, sobre todo, disuadir y subyugar a todo un pueblo».

Los medios empleados para tal subyugación son la humillación, la degradación y el terror, rasgos familiares de la represión en ese y en otros países.

La necesidad de humillar a quienes alzan la frente es un elemento inseparable de la mentalidad imperial.

En el caso palestino-israelí, hace mucho tiempo que existe un consenso internacional casi unánime en torno a un acuerdo diplomático que Estados Unidos lleva treinta y cinco años bloqueando (con la aceptación tácita de Europa).

El desprecio hacia unas víctimas carentes de valía es un elemento de no poca importancia a la hora de entender la barrera que impide alcanzar un acuerdo que permita un mínimo de justicia y de respeto por la dignidad y los derechos humanos. No es inimaginable que esa barrera pueda derribarse a base de un esfuerzo constante y dedicado, como ha ocurrido anteriormente en otras partes del mundo.

Pero, a menos que los poderosos sean capaces de aprender a respetar la dignidad de las víctimas, seguirán existiendo tales barreras infranqueables y el mundo estará condenado a ser un escenario de violencia, crueldad y sufrimiento.

BOSTON Y MÁS ALLÁ

1 de mayo de 2013

Abril suele ser un mes alegre en Nueva Inglaterra, con la aparición de los primeros signos de la primavera y la retirada, por fin, del crudo invierno. Este año no ha sido así.

Pocas personas hay en Boston a quienes no hayan tocado en mayor o menor medida los atentados con bomba de la maratón del 15 de abril y la tensa semana que los siguió. Varios amigos míos se hallaban en la línea de meta cuando estallaron los artefactos. Otros viven cerca de donde Dzhokhar Tsarnaev, el segundo sospechoso, fue detenido. El joven agente de policía Sean Collier fue asesinado justo en el exterior del edificio donde se encuentra mi despacho.

Es raro que occidentales privilegiados como nosotros veamos tan gráficamente lo que otras muchas personas experimentan a diario en otras partes del mundo: en un pueblo remoto de Yemen, por ejemplo, la misma semana del atentado contra la maratón.

El 23 de abril, Farea al-Muslimi, un activista y periodista yemení que había cursado estudios de Secundaria en un instituto estadounidense, prestó testimonio ante un comité del Senado de Estados Unidos, donde declaró que, apenas instantes después de la detonación de las bombas en la línea de meta de la maratón bostoniana, un dron atacó y mató a su objetivo en el pueblo natal de Al-Muslimi en Yemen.

El ataque sembró el pánico entre los lugareños y los convirtió automáticamente en enemigos de Estados Unidos, algo que años de propaganda yihadista no habían logrado aún.

Los vecinos de Al-Muslimi siempre habían admirado a Estados Unidos, declaró él ante el comité, pero «ahora, América les recuerda el miedo que sintieron cuando los drones sobrevolaron sus cabezas. El ataque de un dron obró en un instante el cambio de opinión que los radicales no habían podido conseguir anteriormente en mi pueblo».

Otro triunfo que sumar al programa global de asesinatos selectivos del presidente Obama, una campaña que engendra odio hacia Estados Unidos y nuevas amenazas para sus ciudadanos con mayor rapidez que aquélla con la que liquida a personas sospechosas de representar un posible peligro para nosotros en algún momento.

El blanco del asesinato selectivo en aquel pueblo yemení —asesinato que se llevó a cabo siguiendo un protocolo dirigido también a infundir el máximo terror posible en la población local— era alguien muy conocido que podría haber sido apresado con facilidad, según Al-Muslimi. De hecho, ésa es otra característica habitual de las operaciones antiterroristas globales.

No existe una vía directa para prevenir asesinatos como los de Boston. Sí existen algunas vías indirectas bastante sencillas para prevenir probables asesinatos futuros: la principal de ellas consiste en no incitarlos. Sirva también de ejemplo otro caso de sospechoso asesinado, cuyo cadáver se despachó rápidamente y sin autopsia, cuando podría haber sido fácilmente apresado y llevado a juicio: me refiero a Osama Bin Laden.

También ese asesinato tuvo consecuencias negativas paralelas. Para localizar a Bin Laden, la CIA lanzó una campaña fraudulenta de vacunaciones en un barrio pobre y, luego, la trasladó (sin haberla completado) a otra zona más acomodada, donde se creía que se encontraba el sospechoso.

La operación de la CIA vulneró principios fundamentales tan antiguos como el juramento hipocrático. También puso en peligro a los trabajadores sanitarios relacionados con un programa de vacunación contra la polio en Pakistán, varios de los cuales fueron luego secuestrados y asesinados, lo que obligó a Naciones Unidas a retirar a su equipo antipolio del terreno.

La artimaña de la CIA terminará provocando, pues, la muerte de un número indeterminado aún de pakistaníes a quienes se ha privado así de protección contra la polio, pues temen que haya asesinos extranjeros valiéndose todavía de los programas de vacunación para fines espurios.

El científico de la salud de la Universidad de Columbia Leslie Roberts estimaba que unos cien mil casos de polio adicionales podrían declararse a raíz de ese incidente. Él mismo aseguró en la revista Scientific American que «la gente dirá que esta enfermedad, que este o aquel niño lisiado, son consecuencia de la obsesión de Estados Unidos por cazar a Osama Bin Laden».

Y puede que entonces a esa misma gente le dé por reaccionar, como las personas que se sienten agraviadas hacen en ocasiones, obrando de algún modo que ultraje y consterne a quienes les causaron ese sufrimiento.

Lo cierto es que la cosa anduvo muy cerca de haber tenido consecuencias más graves todavía. Los SEAL de la Armada estadounidense tenían órdenes de entrar en combate si hacía falta para salir de allí. Pakistán cuenta con un ejército bien entrenado y comprometido con la defensa del Estado. Y si los invasores se hubieran visto envueltos en una confrontación, Washington no los habría abandonado a su suerte. En ese caso, no es descartable que la maquinaria de matar estadounidense se hubiera puesto plenamente al servicio de la misión de extraer a aquellos hombres de allí, lo que posiblemente habría derivado en una guerra nuclear.

Podemos citar una larga e instructiva lista de ejemplos históricos de cómo las autoridades de los Estados están muchas veces dispuestas a arriesgar (gravemente incluso) la suerte de las poblaciones de sus países en beneficio de los objetivos de las políticas de esos dirigentes, y el Estado más poderoso del mundo no es ninguna excepción en ese sentido. Es un hecho que ignoramos, aun a riesgo del peligro que así corremos.

Pero ya no hay necesidad de ignorarlo. Y un remedio contra tal ignorancia, por ejemplo, es el libro recién publicado por Jeremy Scahill, periodista de investigación, con el título Guerras sucias: el mundo es un campo de batalla[*].

Con escalofriante detalle, Scahill describe los efectos que sobre el terreno dejan las operaciones militares estadounidenses, los ataques terroristas desde el aire (con drones) y las hazañas del ejército secreto del poder ejecutivo, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés), que creció muy rápidamente durante la presidencia de George W. Bush y que luego se convirtió en el arma predilecta del presidente Obama.

Deberíamos tener en cuenta una perspicaz apreciación del escritor y activista Fred Branfman, quien se dedicó casi en solitario a poner al descubierto los verdaderos horrores de las «guerras secretas» de Estados Unidos en Laos en la década de 1960 y sus prolongaciones desde entonces.

A propósito de las actuales máquinas de matar y los drones del JSOC y de la CIA, Branfman nos recuerda el testimonio que prestó ante el Senado en 1969 Monteagle Stearns, jefe adjunto de la misión estadounidense en Laos entre 1969 y 1972.

A la pregunta de por qué Estados Unidos intensificó tan aceleradamente sus bombardeos en aquel país, después de que el presidente Johnson hubiera ordenado un alto el fuego en la campaña aérea sobre Vietnam del Norte en noviembre de 1968, Stearns declaró: «Bueno, teníamos todos esos aviones parados y no podíamos dejarlos ahí quietos, sin nada que hacer», así que, ¿por qué no utilizarlos para obligar al campesinado pobre de pueblos remotos del norte de Laos a buscar su supervivencia refugiándose en cuevas y, luego, penetrar en esas cuevas con nuestra avanzada tecnología?

El JSOC y los drones son una máquina de terror autoalimentada que crecerá y se expandirá, creando a su vez nuevos blancos potenciales en sus barridos por amplias zonas del mundo. Y el ejecutivo no quiere que se queden «parados» sin más.

No nos vendrá mal contemplar otra estampa de la historia, en este caso, de los albores del siglo XX.

En su libro titulado Policing America’s Empire: The United States, the Philippines and the Rise of the Surveillance State [Patrullando el imperio americano: Estados Unidos, Filipinas y el auge del Estado vigilante], el historiador Alfred McCoy examina a fondo la pacificación llevada a cabo por Estados Unidos en Filipinas tras una invasión que mató a cientos de miles de personas con un desmedido recurso a la violencia y la tortura.

Los conquistadores instauraron un sofisticado sistema de vigilancia y control, usando la tecnología más avanzada de la época para procurarse la obediencia de la población autóctona, lo que tuvo para Filipinas unas consecuencias que se proyectan todavía hasta el momento presente.

Y, como bien demuestra McCoy, no hubo que esperar mucho a que las técnicas que tan buenos resultados habían dado allí se probaran también en el propio Estados Unidos, donde —empleadas con menor crudeza, pero no menos desagradables por ello— se pusieron al servicio del control de la población.

Lo mismo podemos esperar nosotros. Los peligros del poder monopolizado no sometido a examen ni a regulación —sobre todo, en el caso del poder ejecutivo de los Estados— no son ninguna novedad para nadie. La reacción correcta no puede ser de consentimiento pasivo.

CULPABLES EN GUATEMALA

3 de junio de 2013

En plena celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, el 12 de mayo, The Boston Globe publicó la foto de una joven con su bebé dormido en brazos.

La mujer, de ascendencia india maya, había cruzado la frontera estadounidense siete veces durante su embarazo y en seis de esas intentonas había sido detenida y enviada de vuelta al otro lado de la frontera. Había hecho frente a muchos kilómetros de travesía a pie, soportando días de calor abrasador y noches gélidas, sin agua ni lugar donde cobijarse de los pistoleros que deambulaban por la zona. La última vez que atravesó la frontera, embarazada ya de siete meses, fue rescatada por activistas solidarios con los inmigrantes que la ayudaron a llegar a Boston.

La mayoría de quienes cruzan la frontera vienen de la América Central. Muchos dicen que preferirían haberse quedado en su país de no haber sido porque la posibilidad de una supervivencia digna allí había desaparecido. Mayas como esta joven madre continúan huyendo de las ruinas de la agresión genocida que sufrió la población indígena del Altiplano guatemalteco treinta años atrás.

El principal culpable, el general Efraín Ríos Montt, el exdictador que gobernó Guatemala durante dos de los años más sangrientos de la guerra civil que se libró en su país durante décadas, fue condenado el 10 de mayo en un tribunal guatemalteco por genocidio y crímenes contra la humanidad.

Luego, a los diez días, la causa fue invalidada en circunstancias sospechosas. No está claro si el juicio continuará a partir de aquí.

Sólo en el año 1982, las fuerzas de Ríos Montt mataron a decenas de miles de guatemaltecos y guatemaltecas, mayas principalmente.

Al término de aquel sangriento año, el presidente Reagan aseguró a la nación estadounidense que semejante matarife era «un hombre de gran integridad y compromiso personal» que sólo quería «mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y promover la justicia social», y con quien las organizaciones de defensa de los derechos humanos estaban cometiendo una «gran injusticia». De ahí el compromiso expresado por el presidente estadounidense: «Mi Administración hará todo lo posible por apoyar sus iniciativas de progreso».

En Washington disponían de sobradas pruebas de cuáles eran las verdaderas «iniciativas de progreso» de Ríos Montt, y no sólo por el testimonio de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, sino también por los propios servicios de inteligencia estadounidenses.

Pero la verdad no era bienvenida: interfería en los objetivos fijados por el equipo de seguridad nacional de Reagan en 1981. Según informó el periodista Robert Parry tras analizar un documento que descubrió en la Biblioteca Reagan, el objetivo de aquel equipo era suministrar ayuda militar al régimen derechista de Guatemala con el propósito de exterminar no sólo a las «guerrillas marxistas», sino también a sus «mecanismos de apoyo civil», lo que, traducido a efectos prácticos, significa «genocidio».

Y ésa fue una labor ejecutada con esmero y dedicación. Reagan envió material «no letal» a los asesinos, entre el que se incluían helicópteros Bell que fueron equipados de inmediato con armamento y enviados a misiones de muerte y destrucción.

Pero el método más eficaz para lograr ese fin genérico consistió en reclutar los servicios de una red de Estados clientes para que se encargaran de tal labor. En ellos se incluían países como Taiwán y Corea del Sur (que todavía se hallaban bajo el gobierno de dictaduras respaldadas por Estados Unidos), así como la Sudáfrica del apartheid y las dictaduras argentina y chilena.

En la vanguardia de esa campaña estaba Israel, que se convirtió en la principal proveedora de armas de Guatemala. Suministró, además, instructores para los asesinos y participó en operaciones de contrainsurgencia.

Merece la pena recordar el trasfondo histórico de toda aquella situación. En 1954, un golpe militar orquestado por la CIA puso fin a diez años de interludio democrático en Guatemala (los «Años de Primavera», como los llaman allí) y restituyó en el poder a una élite salvaje.

En la década de 1990, organizaciones internacionales que investigaban las atrocidades de la guerra civil en Guatemala concluyeron que, desde 1954, unas doscientas mil personas habían muerto en ella, un 80% de las cuales eran indígenas. Los asesinos fueron principalmente miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y de otros grupos paramilitares estrechamente relacionados con éstas.

Las atrocidades se ejecutaron con apoyo y participación activa de Estados Unidos. Entre los pretextos de rigor propios de la guerra fría esgrimidos para tal aval, estaba el de que Guatemala era una «cabeza de puente» rusa en América Latina.

Pero las verdaderas razones, sobradamente probadas, fueron también las ya convencionales: preocupación por proteger los intereses de ciertos inversores estadounidenses y miedo a que un experimento democrático que dotara de un mayor poder a la duramente reprimida mayoría campesina del país fuera un «virus contagioso», por emplear la considerada expresión con la que Henry Kissinger se refirió al Chile socialista democrático de Salvador Allende.

Las criminales agresiones de Reagan en América Central no se limitaron a Guatemala, ni mucho menos. En la mayor parte de la región, los portadores del terror fueron fuerzas de seguridad gubernamentales que habían sido armadas y entrenadas por Washington.

Un país fue distinto: Nicaragua. Tenía un ejército con el que defender a su población. Así que Reagan tuvo que organizar fuerzas guerrilleras de derechas para sostener el combate.

En 1986, el Tribunal Internacional de Justicia zanjó el caso «Nicaragua vs. Estados Unidos» condenando a los estadounidenses por «uso ilegal de la fuerza» en Nicaragua y ordenando el pago de indemnizaciones. Estados Unidos respondió a la sentencia del tribunal con una escalada en aquella guerra subsidiaria.

El Comando Sur (Southcom) estadounidense ordenó a sus guerrillas afines atacar objetivos civiles prácticamente indefensos, evitando «enzarzarse» con el ejército nicaragüense, según el testimonio prestado ante el Congreso por John Gavin, general del Southcom, en 1987.

Las organizaciones proderechos (las mismas que tan injustas estaban siendo con el genocida Ríos Montt) no habían dejado de condenar la guerra en Nicaragua, pero protestaron con mayor vehemencia si cabe contra las tácticas de «objetivos blandos» empleadas por el Southcom.

El comentarista político estadounidense Michael Kinsley recriminó entonces a las organizaciones proderechos el haber abandonado la corrección de las formas. Para él, toda «política sensata» debía «pasar la prueba del análisis coste-beneficio» a fin de evaluar «la cantidad de sangre y sufrimiento que habrá que invertir en ella, por un lado, y la probabilidad de que surja la democracia de todo ello, por el otro».

Ni que decir tiene que somos los estadounidenses quienes tenemos el derecho a llevar a cabo tal análisis, gracias (es de suponer) a nuestra nobleza inherente y a nuestro historial impoluto ya desde los tiempos en que Norteamérica fue librada del azote de su población nativa.

La naturaleza de la «democracia» que se esperaba que surgiera no tenía ningún misterio. La describió muy bien el principal experto en «promoción democrática», Thomas Carothers, que colaboró en proyectos de esa índole en el Departamento de Estado durante la presidencia de Reagan.

Carothers concluía, muy a su pesar, que la influencia estadounidense fue inversamente proporcional al avance de la democracia en América Latina, porque Washington sólo estaba dispuesto a tolerar «formas limitadas de cambio democrático dirigido desde arriba que no supusieran un riesgo para las estructuras tradicionales de poder con las que Estados Unidos lleva mucho tiempo aliado [en] sociedades que nada tienen de democráticas».

No ha habido cambios desde entonces.

En 1999, el presidente Clinton pidió disculpas por los crímenes estadounidenses en Guatemala, pero no se tomó ninguna medida más.

Sin embargo, hay países que pasan a un nivel superior que el de las vanas disculpas no acompañadas de acción alguna. Guatemala sigue siendo un país aquejado por múltiples problemas, pero, aun así, ha emprendido la acción sin precedentes de llevar a juicio a un ex jefe de Estado por sus crímenes, algo que bien podríamos recordar aquí, en pleno décimo aniversario de la invasión estadounidense de Irak.

Posiblemente tampoco tenga precedente alguno el artículo de Elisabeth Malkin en The New York Times, titulado «Trial on Guatemalan Civil War Carnage Leaves Out U. S. Role» [El juicio sobre las matanzas de la guerra civil guatemalteca deja de lado el papel estadounidense]. Y es que incluso la simple admisión de los crímenes propios es sumamente infrecuente.

Y de muy raras a inexistentes son las acciones que podrían mitigar realmente algunas de las horrendas consecuencias de aquellos crímenes: por ejemplo, el pago de indemnizaciones de Estados Unidos a Nicaragua ordenado por el Tribunal Internacional de Justicia. Que tales acciones brillen por su ausencia es todo un indicador del abismo que nos separa del lugar en el que una sociedad civilizada debería ubicarse.

¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE LA TIERRA?

4 de julio de 2013

Este artículo es una adaptación del discurso pronunciado por Noam Chomsky el 14 de junio de 2013 en la ceremonia de graduación de la Universidad Americana de Beirut.

Entre las desgarradoras tragedias que se producen apenas a unos kilómetros de aquí, y otras catástrofes aún peores puede que no mucho más distantes, podría parecer inapropiado o, incluso, cruel desviar la atención hacia otras perspectivas y posibilidades que, aunque abstractas e inciertas, bien podrían ofrecernos una vía hacia un mundo mejor, y no necesariamente en un futuro lejano.

He visitado el Líbano en varias ocasiones y he sido testigo de momentos de gran esperanza y de desesperanza, teñidos todos ellos de esa asombrosa determinación del pueblo libanés por sobreponerse a todo y seguir adelante.

La primera vez que estuve aquí de visita —si así se puede llamar a lo que hice— fue hace exactamente sesenta años (más o menos por estas mismas fechas). Mi esposa y yo hacíamos excursionismo por el norte de Galilea en Israel y, una noche, desde un jeep que circulaba por una carretera próxima, alguien nos advirtió de que teníamos que dar media vuelta: nos habíamos equivocado de país. Habíamos cruzado la frontera sin saberlo, porque entonces no estaba señalizada (ahora me imagino que debe de estar plagada de defensas armadas por ambos lados).

Aquél fue un incidente menor, pero suficiente para que grabara en mí a fuego una importante lección: la legitimidad de las fronteras —que es como decir la de los Estados— es, a lo sumo, condicional y temporal.

Casi todas las fronteras han sido impuestas por la violencia, que también es lo que las mantiene, y son muy arbitrarias. La frontera libanesa-israelí se fijó un siglo atrás en virtud del Acuerdo Sykes-Picot que dividió el antiguo Imperio otomano conforme a los intereses del poder imperial británico y francés, sin atención alguna a los de la población que vivía en estas tierras, ni siquiera a las características del terreno en sí. La línea fronteriza no tiene ningún sentido, lo que explica que resulte tan fácil atravesarla inadvertidamente.

Cuando echamos un vistazo general a los terribles conflictos que asolan el mundo, se hace patente que casi todos ellos son efectos residuales de los crímenes imperiales de antaño y de las fronteras que las grandes potencias dibujaron para servir a sus propios intereses.

Los pastunes, por poner un caso, jamás han reconocido legitimidad alguna a la Línea Durand, trazada por Gran Bretaña para separar Pakistán de Afganistán. Tampoco la ha aceptado ningún Gobierno afgano hasta la fecha. Los intereses de las potencias imperiales de hogaño recomiendan tachar de «terroristas» a los pastunes que se mueven de un lado a otro de esa línea fronteriza para poder someter a sus pueblos y hogares a los ataques asesinos de los drones y de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses.

Asimismo, pocas fronteras hay en el mundo que estén tan vigiladas por tecnologías sofisticadas (y que sean objeto de tanta retórica apasionada) como la que separa México de Estados Unidos, dos países que mantienen relaciones diplomáticas amistosas.

La frontera se fijó en el siglo XIX tras varias agresiones estadounidenses. Pero se mantuvo relativamente abierta hasta 1994, año en que el presidente Bill Clinton ordenó el inicio de la Operación Guardián (o Gatekeeper), que la militarizó.

Hasta entonces, las personas la cruzaban de manera regular para visitar a parientes y amigos. Muy probablemente, la Operación Guardián vino motivada por otro acontecimiento de aquel mismo año: la imposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés), una denominación inexacta desde el momento en que incluye las palabras libre comercio.

No cabe duda de que la Administración Clinton comprendió que los agricultores mexicanos, por muy eficientes que lograran ser, jamás podrían competir con las agroempresas estadounidenses (generosamente subvencionadas) y que las compañías mexicanas tampoco podrían competir con las multinacionales de Estados Unidos, que, en virtud de las normas del propio TLCAN, deben recibir privilegios especiales como, por ejemplo, ser tratadas como empresas autóctonas en México. Era casi inevitable que medidas como ésas se tradujeran en un alud de inmigrantes desde territorio mexicano.

Algunas fronteras se están difuminando al tiempo que lo han ido haciendo los crueles odios y conflictos que han simbolizado e inspirado. El caso más espectacular en ese sentido es el europeo. Durante siglos, Europa fue la región más salvajemente violenta del mundo, desgarrada por guerras tan atroces como destructivas. Europa desarrolló la tecnología y la cultura de la guerra que la situó en disposición de conquistar el mundo. Tras un estallido final de salvajismo indescriptible, la destrucción mutua cesó al término de la Segunda Guerra Mundial.

Algunos estudiosos explican tal fin de las hostilidades con la tesis de la llamada «paz democrática», según la cual, una democracia siempre duda antes de entrar en guerra contra otra democracia. Pero es muy posible que los europeos también entendieran que habían desarrollado tales capacidades de destrucción que la próxima vez que jugaran a su juego favorito bien podría ser la última.

La integración más estrecha que se ha producido desde entonces no ha estado exenta de problemas serios, pero representa una mejora enorme con respecto a la situación previa.

Una desaparición de fronteras así no tendría nada de inaudito en Oriente Próximo, donde, hasta fecha reciente, no había ninguna que pudiera considerarse propiamente como tal. Es más: las fronteras allí existentes se están erosionando, sí, pero por factores negativos que conducen a consecuencias más negativas aún.

La caída aparentemente inexorable de Siria hacia el abismo del suicidio está partiendo el país en pedazos. Patrick Cockburn, veterano corresponsal en Oriente Próximo que actualmente escribe sus crónicas en The Independent, prevé que la conflagración y su repercusión en la región podrían desembocar en el fin del régimen instaurado con el Acuerdo Sykes-Picot.

La guerra civil siria ha vuelto a encender el conflicto entre suníes y chiíes que hubo que lamentar como una de las más terribles consecuencias de la invasión británico-estadounidense de Irak diez años atrás.

Las regiones kurdas de Irak y, ahora también, de Siria están tratando de avanzar hacia una mayor autonomía con respecto a sus respectivos Estados y una más estrecha interrelación entre ellas. Muchos analistas pronostican en estos momentos que es muy posible que se instituya un Estado kurdo antes que uno palestino.

Si Palestina llega alguna vez a conseguir la independencia en términos más o menos similares a los de las resoluciones apoyadas casi unánimemente por la comunidad internacional, sus fronteras con Israel irán probablemente difuminándose a partir del normal intercambio comercial y cultural, como ya ha sucedido en momentos pasados, durante períodos de calma relativa.

Esa dinámica podría representar un paso adelante hacia una más estrecha integración regional y, tal vez incluso, la lenta desaparición de la frontera artificial que divide Galilea, repartida entre Israel y el Líbano, para que tanto excursionistas como cualesquiera otras personas puedan transitar libremente por donde mi esposa y yo pasamos sesenta años atrás.

A mi entender, sólo de una evolución semejante de los acontecimientos podemos extraer una esperanza realista de resolución del drama de los refugiados palestinos, convertidos hoy en uno de los cada vez más numerosos contingentes de poblaciones desplazadas en esa región desde la invasión de Irak y el descenso de Siria a los infiernos.

Tanto la difuminación de las fronteras como esos otros desafíos que socavan la legitimidad de los Estados ponen de relieve ciertos interrogantes muy serios a propósito de quiénes son los verdaderos dueños de la Tierra. ¿Quiénes son los propietarios de la atmósfera global que se contamina con los gases de efecto calorífico cuya concentración acaba de rebasar un umbral especialmente peligroso, según supimos en mayo?

O, parafraseando las reivindicaciones de los pueblos indígenas de buena parte del mundo, ¿quiénes defenderán la Tierra? ¿Quiénes harán valer los derechos de la naturaleza? ¿Quiénes adoptarán el papel de guardianes de los bienes y recursos comunales, que son nuestra propiedad colectiva?

Que la Tierra necesita ahora y desesperadamente que la defiendan de una catástrofe medioambiental inminente es algo que resulta seguramente obvio a cualquier persona racional e informada. La diferencia observada en las reacciones a esta crisis no deja de ser un rasgo muy reseñable de la historia reciente.

A la vanguardia de la defensa de la naturaleza se sitúan muchos de los sectores calificados a menudo de «primitivos» en el mundo actual: miembros de grupos indígenas y tribales, como las Primeras Naciones canadienses o los aborígenes australianos, vestigios de pueblos que han sobrevivido a la ofensiva del imperialismo. A la vanguardia de la agresión contra la naturaleza, por su parte, encontramos a quienes se autodenominan los más avanzados y civilizados: las naciones más ricas y poderosas.

La lucha por la defensa de los bienes comunales globales adopta muchas formas. Vista a escala de microcosmos, se está produciendo ahora mismo en lugares como la plaza Taksim de Turquía, donde unos valientes (hombres y mujeres) están protegiendo uno de los últimos residuos de los bienes comunales de Estambul frente a las piquetas de la comercialización, la gentrificación y el Gobierno autocrático, que están destruyendo tan antiguo tesoro.

Los defensores de la plaza Taksim forman parte también de la vanguardia de un frente de lucha mundial por la preservación de los bienes comunales globales de los estragos de esas mismas piquetas, una lucha en la que todos debemos participar, con dedicación y decisión, si es que queremos que quede alguna esperanza de una supervivencia humana digna en un mundo sin fronteras. Sea para defenderla o sea para destruirla, es nuestra propiedad común.

¿VIAJA EDWARD J. SNOWDEN EN ESTE AVIÓN?

31 de julio de 2013

El 9 de julio, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión especial para debatir la sorprendente conducta de varios Estados europeos que se habían negado a autorizar la entrada en su espacio aéreo del avión presidencial de Evo Morales, máximo mandatario boliviano.

Morales regresaba a su país de una cumbre celebrada en Moscú el 3 de julio. En una entrevista concedida en aquella ciudad, había declarado estar abierto a la posibilidad de ofrecer asilo político a Edward J. Snowden, antiguo empleado de una agencia de espías estadounidense al que Washington acusaba precisamente de espionaje y que se encontraba bloqueado en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita.

La OEA expresó su solidaridad con Morales y condenó unas «actuaciones que violan las normas y los principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado» y lanzó un «firme llamamiento» a los gobiernos europeos implicados —Francia, Italia, Portugal y España— a dar explicaciones de su comportamiento y a disculparse por él.

En una reunión de urgencia, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) denunció «la flagrante violación de los tratados internacionales» cometida por las potencias europeas.

También intervinieron los jefes de Estado latinoamericanos para dar su opinión sobre la polémica. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, expresó «la indignación y la condena [de su Gobierno] a la situación impuesta al presidente Evo Morales por algunos países europeos» y advirtió que tan «seria desconsideración hacia la ley […] dificulta el diálogo y las posibles negociaciones entre los dos continentes».

Los comentaristas políticos se mostraron menos reservados al respecto. El politólogo argentino Atilio Borón puso a Europa a la altura de «la puta de Babilonia» que se arrastra cobarde ante el poder.

Dos Estados, sin embargo, se negaron a suscribir la resolución de la OEA manifestando casi idénticas reticencias: Estados Unidos y Canadá. Su creciente aislamiento en el contexto continental, ahora que América Latina se libera del yugo imperial de quinientos años, tiene una significación histórica.

El avión de Morales recibió permiso para aterrizar en Austria tras alegar problemas técnicos. Bolivia acusa a las autoridades austríacas de haber practicado entonces un registro del aparato para comprobar si Snowden viajaba a bordo. Austria responde a tales acusaciones que «no hubo ninguna inspección formal». Lo que ocurrió, fuera lo que fuera, se produjo a raíz de las advertencias de Washington. Más allá de eso, los detalles no están claros.

Washington ha avisado sin medias tintas que cualquier país que se niegue a extraditar a Snowden se enfrentará a duras represalias. Estados Unidos no dejará de «buscarlo hasta en el último rincón de la Tierra», según la radical advertencia del senador Lindsey Graham.

A cambio, los portavoces del Gobierno estadounidense han tratado de asegurar a todo el mundo que Snowden recibirá la protección plena del sistema legal norteamericano, el mismo sistema de leyes que mantiene en prisión al soldado del ejército estadounidense Bradley Manning[*] (quien transfirió a WikiLeaks un enorme archivo de documentos militares y diplomáticos estadounidenses) desde hace tres años, la mayoría en aislamiento penitenciario y bajo condiciones humillantes. Y es que hace ya tiempo que el «arcaico» derecho a un juicio sin dilación ante un jurado de iguales pasó a mejor vida. De hecho, fue un juez militar quien, el pasado 30 de julio, halló culpable a Manning de cargos que podrían sumar una condena total de 136 años.

Como Snowden, Manning cometió también el «crimen» de revelar a los estadounidenses —y al resto del mundo— lo que está haciendo su Gobierno. Provocó, por tanto, una grave brecha de «seguridad» en el sentido operativo del término, un sentido que bien conocerá cualquiera que haya curioseado un poco en los documentos desclasificados del Gobierno. Y es que lo normal en tales papeles es que lo que se entiende por «seguridad» sea la protección y ocultación de las actividades de las autoridades gubernamentales frente a los ojos curiosos del público ante el que estas son responsables… en teoría.

Los gobiernos siempre esgrimen la seguridad como excusa; en el caso de Snowden, la que se alega es la seguridad frente a ataques terroristas. Y ese pretexto procede de una Administración que está llevando a cabo una campaña terrorista internacional a gran escala con drones y fuerzas de operaciones especiales, una ofensiva en la que, con cada ataque, se van generando nuevos terroristas potenciales.

La indignación gubernativa se ha desbordado ante la noticia de que alguien buscado por Washington puede recibir asilo en Bolivia cuando dicho país tiene un tratado de extradición en vigor con Estados Unidos. Curiosamente, se echa a faltar en ese revuelo alguna referencia al hecho de que la extradición funciona en ambos sentidos (siempre en teoría, claro está).

Y es que en septiembre, por ejemplo, Estados Unidos rechazó la solicitud presentada por Bolivia para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. En cualquier caso, sería un error comparar la petición de extradición de La Paz con la de Washington, por muy comparables que creamos que son los méritos de ambos casos.

La razón de ello la dio ya en su momento san Agustín en su cuento sobre el pirata a quien Alejandro Magno preguntó: «¿Cómo osas importunar a la mar?». El pirata respondió: «¿Cómo osáis vos importunar al mundo entero? A mí, porque obro faenando con una barca pequeña y humilde, me llaman ladrón; a vos, porque obráis capitaneando una gran armada, os llaman emperador».

San Agustín califica la réplica del pirata de «elegante y excelsa». Pero la del filósofo antiguo, obispo en el África romana, no es más que una voz del Sur global, fácil de desestimar. Los sofisticados modernos saben mejor que nadie que el emperador tiene derechos a los que gente de a pie como los bolivianos jamás puede aspirar.

Goni sólo es uno de los muchos a quienes el emperador opta por no extraditar. Otro caso es el de Luis Posada Carriles, descrito por Peter Kornbluh, analista del terrorismo en América Latina, como «uno de los terroristas más peligrosos de la historia reciente».

Posada está buscado por la justicia en Venezuela y Cuba por su implicación en el atentado con bomba contra un avión comercial de la aerolínea Cubana de Aviación en 1976 que mató a setenta y tres personas. La CIA y el FBI lo identificaron como sospechoso. Pero ni La Habana ni Caracas gozan tampoco de las prerrogativas del emperador, que organizó y respaldó el reinado del terror al que los cubanos han estado sometidos desde la liberación.

El ya fallecido Orlando Bosch, socio colaborador de Posada en labores de terrorismo, también se benefició en su día de la benevolencia del emperador. El Departamento de Justicia y el FBI solicitaron que se le deportara por considerarlo una amenaza para la seguridad estadounidense, y lo acusaron de decenas de atentados terroristas. Sin embargo, en 1990, el presidente George H. W. Bush anuló la orden de deportación y Bosch vivió el resto de su vida tranquilamente en Miami, a salvo de las reclamaciones de extradición de Cuba y Costa Rica, dos simples «piratas».

Otro pirata insignificante en este mar es Italia, que pretende actualmente la extradición de veintitrés agentes de la CIA a quienes se imputa el secuestro en Milán de Hasán Mustafá Osama Nasr, un clérigo egipcio al que aquéllos entregaron luego a Egipto para ser torturado allí (y a quien las autoridades terminaron hallando inocente). Buena suerte, Italia: la necesitarás.

Hay otros casos, pero el crimen de los secuestros y las entregas transnacionales ilegales de prisioneros nos lleva de vuelta a la cuestión de la independencia latinoamericana. El Open Society Institute publicó hace poco un estudio titulado Globalizing Torture: CIA Secrete Detention and Extraordinary Rendition [Globalización de la tortura: detenciones y entregas extraordinarias secretas de la CIA]. En él se estudiaba la implicación internacional en ese crimen, que es muy extensa e incluye a varios países europeos.

Uno de los expertos que colaboró, Greg Grandin, señaló que una región brillaba por su ausencia de aquella lista de la vergüenza: América Latina, en la que él es experto. Ése es un dato destacable por partida doble. Para empezar, América Latina había sido durante mucho tiempo un «patio trasero» de confianza para Estados Unidos. Si alguno de sus moradores trataba de levantar la cabeza, terminaba decapitado por el terrorismo de Estado o por un golpe militar. Y mientras estuvieron bajo férreo control estadounidense durante la segunda mitad del siglo pasado, varias naciones latinoamericanas destacaron por ser grandes mecas mundiales de la tortura.

Eso ya no es así: la dinámica ha cambiado y está haciendo que Estados Unidos y Canadá se vean cada vez más excluidos del resto del hemisferio.

EL «INTERMEDIARIO HONRADO» ES UN SIRVENGÜENZA

30 de agosto de 2013

Las negociaciones palestino-israelíes actualmente en curso en Jerusalén coinciden con el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Oslo. Un breve examen del carácter de aquellos pactos y la suerte que han corrido a lo largo de los años bien puede ayudarnos a explicar el escepticismo reinante en torno a este nuevo intento.

En septiembre de 1993, el presidente Clinton auspició un simbólico apretón de manos entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasir Arafat, sobre el césped del jardín exterior de la Casa Blanca, momento culminante de una «jornada impresionante», como la llamó la prensa de entonces.

El motivo de tal gesto fue el anuncio de la Declaración de Principios para una solución política del conflicto palestino-israelí, producto de una serie de encuentros secretos en Oslo patrocinados por el Gobierno noruego.

Israelíes y palestinos habían iniciado negociaciones públicas en Madrid en 1991, promovidas por Washington en la estela del triunfo en la primera guerra de Irak. Éstas alcanzaron un punto muerto cuando la delegación palestina, encabezada por el respetado nacionalista Haidar Abdul Shafi, insistió en la condición de que Israel pusiera fin a la expansión de sus asentamientos ilegales en los territorios ocupados.

Inmediatamente antes de la apertura de negociaciones, se había producido una serie de declaraciones de posiciones formales de cada una de las partes (concretamente de la OLP, Israel y Estados Unidos) a propósito de los temas fundamentales. Concretamente, en noviembre de 1988, la OLP reclamaba la creación de dos Estados separados por la frontera reconocida internacionalmente, una propuesta que Estados Unidos había vetado en el Consejo de Seguridad en 1976 y que seguía vetando, aun contra el apoyo a la misma en el que coincidía la inmensa mayoría de los países del mundo.

En mayo de 1989, Israel respondió declarando que no podía existir un «Estado palestino adicional» entre su territorio y el de Jordania (convertida así en un Estado palestino por imposición israelí), y que cualquier negociación añadida sería «de conformidad con las directrices básicas del Gobierno [israelí]». La Administración de Bush padre refrendó ese plan sin reservas y luego puso en marcha las negociaciones de Madrid erigiéndose en el «intermediario honrado».

La Declaración de Principios acordada en 1993 era muy explícita en lo referente a la satisfacción de las exigencias de Israel, pero nada se decía en ella de los derechos nacionales palestinos. Se ajustaba a la concepción expresada por Dennis Ross, principal asesor de Clinton para Oriente Próximo y Medio, y negociador en Camp David en el año 2000, además de asesor principal del presidente Obama años después. Pues, bien, según Ross, Israel tiene necesidades, pero los palestinos sólo tienen carencias y, como tales, obviamente menos significativas.

El artículo 1 de la Declaración de Principios estipula que el resultado final del proceso tiene que ser «un acuerdo permanente basado en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad», que nada mencionan sobre los derechos palestinos, aparte de una vaga alusión a una «resolución justa del problema de los refugiados».

Si el «proceso de paz» se desarrollaba tal como se explicitaba en la Declaración de Principios, los palestinos ya podían ir despidiéndose de sus esperanzas de ver reconocidos unos mínimos derechos nacionales en la tierra de Israel.

Otros artículos de la Declaración de Principios estipulan cosas como que la autoridad palestina se ejerce en «el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza, salvo en aquellos temas que se abordarán en las negociaciones sobre un estatus permanente: Jerusalén, los asentamientos, las instalaciones militares y los israelíes», o, lo que es lo mismo, salvo en todos aquellos temas mínimamente significativos.

Además, «Israel continuará siendo responsable de la seguridad exterior, así como de la seguridad interior y el orden público de los asentamientos y de los israelíes. Las fuerzas militares y la población civil israelíes podrán seguir usando libremente las calles y las carreteras de la Franja de Gaza y el área de Jericó», que eran dos zonas de las que Israel se comprometía además a retirarse… en algún momento futuro.

En definitiva, no iba a haber cambios trascendentales. La Declaración de Principios tampoco incluía mención alguna de los programas de asentamiento de colonos que eran la gran manzana de la discordia entre las partes en conflicto: antes incluso del proceso de Oslo, los asentamientos habían socavado ya toda posibilidad realista de materialización de una verdadera autodeterminación palestina.

Nadie que no hubiera sucumbido antes a cierto ejercicio de «ignorancia deliberada» podría haber creído de verdad que el proceso de Oslo era un camino hacia la paz. Aun así, esa idea se convirtió prácticamente en dogma para los comentaristas políticos occidentales.

Cuando se iniciaron las negociaciones de Madrid, Danny Rubinstein, uno de los analistas mejor informados de Israel, pronosticó que Israel y Estados Unidos accederían a reconocer cierta «autonomía» palestina, pero que sería la «autonomía típica que se observa en los campos de prisioneros de guerra, donde éstos son autónomos para prepararse sus propias comidas o para organizar ciertos actos culturales sin interferencia de sus vigilantes». Y los hechos terminaron por confirmar las predicciones de Rubinstein.

Los programas de asentamiento de colonos prosiguieron tras los Acuerdos de Oslo al mismo elevado nivel que ya habían alcanzado cuando Isaac Rabin accedió al cargo de primer ministro en 1992, y su alcance geográfico se fue extendiendo muy al este de los límites del área metropolitana de Jerusalén, ilegalmente anexionada ya desde un principio.

Según las explicaciones que Rabin dio para ello, Israel debía tomar «la mayor parte del territorio de la tierra de Israel [la antigua Palestina], cuya capital es Jerusalén».

Entretanto, Estados Unidos e Israel maniobraron para separar Gaza de Cisjordania cerrando los accesos entre una y otra, lo que constituía una vulneración explícita de los términos de los acuerdos y garantizaba que cualquier potencial entidad palestina autónoma quedase aislada del mundo exterior.

A aquellos acuerdos los siguieron otros adicionales entre Israel y la OLP que especificaban más claramente los términos de la autonomía del campo de prisioneros. Tras el asesinato de Rabin, le llegó el turno de ser primer ministro a Shimon Peres. Cuando éste abandonó el cargo en 1995, aseguró a la prensa que no habría ningún Estado palestino.

La profesora noruega Hilde Henriksen Waage concluyó que el «proceso de Oslo podría utilizarse como caso de estudio perfecto de los defectos» que el modelo de la «mediación de terceros representa para un Estado pequeño envuelto en un conflicto muy asimétrico. De hecho, la pregunta que cabe hacerse es si un modelo así puede ser apropiado para algún momento o situación».

He ahí una cuestión sobre la que merece la pena reflexionar, sobre todo porque la opinión occidental informada se guía mayoritariamente por la ridícula suposición de que Israel y Palestina pueden mantener negociaciones relevantes y serias bajo los auspicios de Estados Unidos cuando éste, lejos de ser un «intermediario honrado», es en realidad un socio de Israel.

Nada más iniciarse las negociaciones actuales, Israel evidenció cuál iba a ser su actitud ampliando a los habitantes y los negocios de los asentamientos de colonos repartidos por Cisjordania la «Lista Nacional de Prioridades» para la recepción de subvenciones especiales, e impulsando el plan de construcción de una línea ferroviaria dirigida a lograr una mayor integración de dichos asentamientos con Israel.

Obama hizo lo propio nombrando como negociador principal a Martin Indyk, un estrecho colaborador de Dennis Ross, quien, además de destacar por su historial como cabildero de Israel, ha explicado en alguna ocasión que los árabes son incapaces de comprender el «idealismo» y la «generosidad de espíritu» de los que están imbuidas todas las iniciativas de Washington.

Las negociaciones sirven de tapadera para que Israel prosiga con la toma de todos aquellos territorios que desea controlar directamente y también ahorran a Estados Unidos alguna que otra situación embarazosa en Naciones Unidas, ya que Palestina puede así acceder a aplazar iniciativas dirigidas a mejorar su estatus en Naciones Unidas, iniciativas que Estados Unidos estaría obligado a bloquear con el apoyo de Israel y, quién sabe, igual hasta de Palaos.

De todos modos, no es probable que las negociaciones mejoren las perspectivas de un futuro acuerdo de paz verdaderamente significativo.

LA DOCTRINA OBAMA

4 de octubre de 2013

La reciente trifulca Obama-Putin a propósito del excepcionalismo estadounidense reavivó un debate previo en torno a cuál es realmente la «doctrina Obama». ¿Está el presidente virando hacia el aislacionismo? ¿O levantará orgulloso más bien la bandera del excepcionalismo?

El debate se circunscribe dentro de unos términos más limitados de lo que cabría pensar. Existen considerables puntos en común entre ambas posiciones, como dejó bien claro en su momento Hans Morgenthau, fundador de la escuela «realista», que es la actualmente dominante en el estudio de las relaciones internacionales, aun cuando no reconozca cabida en él para sentimentalismo alguno.

A lo largo de su obra, Morgenthau caracterizó a Estados Unidos como única y singular entre todas las potencias pasadas y presentes porque actúa guiada por cierto «fin trascendente» que «debe defender y promover» en todo el mundo: «El afianzamiento de la igualdad en libertad».

Tanto el «excepcionalismo» como el «aislacionismo» confrontados en este debate conceptual aceptan los postulados básicos del realismo y sus diversas variantes, pero difieren en lo tocante a su aplicación.

En uno de los extremos del debate, podemos situar estas palabras del presidente Obama en su discurso a la nación del 10 de septiembre: «Lo que hace que América sea diferente —declaró—, lo que nos hace excepcionales» es que estamos dedicados a la misión de actuar, «con humildad, pero con decisión», cuando detectamos conductas ilícitas en cualquier lugar.

«Estados Unidos lleva casi siete décadas siendo el ancla de la seguridad global», un papel que «ha consistido en algo más que forjar acuerdos internacionales: ha supuesto también garantizar su cumplimiento».

Desde el aislacionismo, la doctrina enfrentada, se sostiene que ya no podemos permitirnos la noble misión de acudir raudos a apagar los fuegos que otros van encendiendo por ahí. Sus proponentes se toman muy en serio, pues, la advertencia de la que ya se hiciera eco veinte años atrás el columnista de The New York Times Thomas Friedman, cuando escribió que «ceder al idealismo un control casi exclusivo de nuestra política exterior» podría hacer que perdiéramos de vista nuestros propios intereses de tan dedicados que estamos a las necesidades de los demás.

Es entre esas dos posturas extremas por donde se mueve el debate sobre política exterior.

Fuera ya de los límites de ese terreno de juego, hay quienes rechazan los supuestos de partida comunes de esta discusión y les contraponen la realidad histórica, como, por ejemplo, que Estados Unidos «lleva casi siete décadas» situado a la cabeza mundial de la agresión y la subversión: derrocando gobiernos electos e imponiendo dictaduras sanguinarias, apoyando crímenes horrendos, socavando acuerdos internacionales y dejando tras de sí rastros de sangre, destrucción y sufrimiento.

Morgenthau también tenía una respuesta para las dudas planteadas por tan descarriadas almas críticas. Como serio estudioso del tema, reconocía que Estados Unidos había incumplido sistemáticamente su «fin trascendente».

Pero los críticos, según él, cometían un «error» análogo al «del ateísmo, que niega validez a la religión con argumentos parecidos». Para Morgenthau, en definitiva, el fin trascendente de Estados Unidos vendría a ser «la realidad», y los acontecimientos de los que da fe el registro histórico de los hechos sólo representarían «un abuso de esa realidad».

En resumidas cuentas, puede decirse que el «excepcionalismo estadounidense» y el «aislacionismo» se entienden generalmente como variantes tácticas de una religión laica que tiene un arraigo y una influencia absolutamente extraordinarios que van más allá de la ortodoxia religiosa normal por el hecho mismo de que apenas si los percibimos. Como no hay alternativa concebible, se trata de un credo que se adopta por impulso reflejo.

Hay quienes expresan la doctrina de forma más cruda. Una de las embajadoras del presidente Reagan ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, ideó un nuevo método para desviar las críticas por crímenes de Estado. Quienes no se avengan a desestimarlas como meras «meteduras de pata» o ejercicios de «inocente ingenuidad» pueden ser acusados de «equidistancia moral», es decir, de atreverse a afirmar que Estados Unidos no es distinto de la Alemania nazi o de quienquiera que sea el demonio del momento. Dicho mecanismo ha sido ampliamente utilizado desde entonces para proteger al poder frente a la mirada escrutadora de sus críticos.

Incluso los estudios académicos serios sobre el tema se amoldan a semejantes términos. Así lo hace el profesor Jeffrey A. Engel en un número reciente de la revista Diplomatic History, en el que reflexiona sobre la importancia de la historia para quienes deciden la política exterior.

Engel cita el caso de Vietnam, donde, «dependiendo de la orientación política de cada uno», la lección que se extrae es, «o bien la de evitar las arenas movedizas de una escalada de la intervención [el aislacionismo], o bien la necesidad de dar a los mandos militares manga ancha para actuar sin presiones políticas» mientras procedemos con nuestra misión de llevar adonde sea la estabilidad, la igualdad y la libertad, aun a costa de destruir tres países y dejar millones de cadáveres a nuestro paso.

El número de víctimas mortales en Vietnam no ha dejado de crecer hasta nuestros días por culpa de la guerra química que el presidente Kennedy puso en marcha allí, donde llegó incluso a subir el grado del apoyo estadounidense a una dictadura asesina hasta convertirlo en un ataque en toda regla, el peor caso de agresión registrado durante las «siete décadas» de las que hablaba Obama.

Hay, sin embargo, una «orientación política» más que nos empuja en ocasiones en una dirección diferente: me refiero, por ejemplo, a la que subyace a la indignación que se apodera de los estadounidenses cuando Rusia invade Afganistán o cuando Sadam Huseín invade Kuwait. Vemos así las fechorías de otros a través de una lente que jamás usamos para vernos a nosotros mismos porque la religión laica antes mencionada nos lo impide.

Uno de nuestros mecanismos de autoprotección es el consistente en lamentar las consecuencias de nuestra inacción. El columnista de The New York Times David Brooks, cavilando sobre la deriva que está tomando la situación en Siria hacia un horror «como el de Ruanda», llega a la conclusión de que el problema de fondo es la violencia entre suníes y chiíes que está desgarrando la región.

Y añade que esa violencia es un testimonio del fracaso «de la reciente estrategia estadounidense de retirada tratando de dejar la mínima huella posible», y de la pérdida de lo que el exdiplomático Gary Grappo llama la «influencia moderadora de las fuerzas estadounidenses».

Quienes anden aún engañados por la idea del «abuso de la realidad» (y no se avienen a reconocer que el «abuso» es la realidad misma) tal vez se acuerden de que la violencia suní-chií de la que hoy somos testigos vino provocada por el peor crimen de agresión registrado hasta la fecha en el nuevo milenio: la invasión estadounidense de Irak. Y quienes arrastren la pesada carga de una memoria más profusa bien recordarán que los juicios de Núremberg sentenciaron a criminales nazis a morir en la horca porque, según el fallo del tribunal, la agresión es «el crimen internacional supremo que se diferencia de otros crímenes de guerra por el simple hecho de que contiene en sí el mal acumulado de todo el conjunto».

Ese mismo lamento es el tema de un famoso estudio de Samantha Power, la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. En Problema infernal: Estados Unidos en la era del genocidio[*], Power ha escrito acerca de los crímenes de otros y de nuestra inadecuada respuesta a éstos.

Sin embargo, dedica solamente una frase a uno de los pocos casos acaecidos durante las siete décadas de marras que bien podría calificarse de genocidio: la invasión indonesia de Timor Oriental en 1975. Por desgracia, según Power, Estados Unidos no hizo otra cosa que «mirar para otro lado».

Daniel Patrick Moynihan, uno de los antecesores de Power en el cargo de embajador ante Naciones Unidas, que ocupaba cuando se produjo aquella invasión, no tenía esa visión de los hechos. En su libro A Dangerous Place, describió orgulloso cómo había logrado «desactivar todas las medidas tomadas» por Naciones Unidas para poner fin a aquella agresión hasta volverlas «totalmente inefectivas», porque «Estados Unidos deseaba que las cosas salieran como salieron».

Y, de hecho, lejos de mirar para otro lado, Washington dio luz verde a los invasores indonesios y les proveyó inmediatamente de material militar letal. Estados Unidos impidió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuara, y continuó prestando un firme apoyo a los agresores y a sus acciones genocidas, incluidas las atrocidades de 1999, hasta que el presidente Clinton puso fin a aquella situación, como él o cualquiera de sus antecesores bien podría haber hecho en cualquier momento de los veinticinco años previos.

Pero eso no sería más que un mero «abuso» de la realidad, claro.

Sería muy fácil seguir poniendo ejemplos, pero de poco serviría. Brooks tiene razón en recalcar que deberíamos ir más allá de los terribles sucesos de los que somos testigos en un momento dado y reflexionar sobre los procesos profundos que subyacen a aquéllos y las lecciones que cabe extraer de ellos.

Entre esas lecciones, bien convendría que nos aplicáramos la de que no hay tarea más urgente que la de liberarnos de las doctrinas religiosas que relegan al olvido los hechos reales de la historia y que, con ello, refuerzan nuestras bases para cometer nuevos «abusos de la realidad».

DESAMERICANIZAR EL MUNDO

4 de noviembre de 2013

Durante el episodio más reciente de la farsa washingtoniana que tiene al mundo sumido en el pasmo y el desconcierto, un comentarista político chino escribió que, si Estados Unidos es incapaz de comportarse como un miembro responsable del sistema internacional, quizá debería ser el mundo el que se «desamericanizase» y se desligase de este Estado «canalla» que, pese a ser la potencia militar imperante, no deja de perder credibilidad en otros terrenos.

El origen inmediato de la debacle en Washington fue el marcado giro a la derecha de su clase política. En el pasado, Estados Unidos ha sido a veces caracterizado sardónicamente (que no erróneamente) como un Estado de partido único: el partido del capital y los negocios, formado por dos facciones a las que conocemos por el nombre de demócratas y republicanos.

Pero eso ha dejado de ser así. Estados Unidos es todavía un Estado unipartidista, sí. Pero este partido del capital cuenta ya únicamente con una sola facción: la de los republicanos moderados, hoy denominados neodemócratas (según se autodenomina la coalición formada en el Congreso estadounidense).

Continúa existiendo una organización del Partido Republicano, pero éste abandonó hace tiempo toda pretensión de funcionar como un grupo parlamentario normal. El comentarista político conservador Norman Ornstein, del American Enterprise Institute, caracteriza a los republicanos actuales como «una insurgencia radical, extrema en lo ideológico, desdeñosa con los hechos y el compromiso, displicente con la legitimidad de su oposición política»: un grave peligro para la sociedad, en definitiva.

El partido sirve hombro con hombro a los intereses de los más ricos y del sector corporativo. Como ése no es un programa político que, tal cual, pueda reportarle votos, se ha visto obligado a movilizar a sectores que pueden considerarse extremistas conforme a los criterios del resto del mundo. La locura es la nueva normalidad entre los miembros del Tea Party y de otros grupos parecidos situados más allá de lo que hasta ahora era la corriente mayoritaria central.

La clase dirigente republicana y sus patrocinadores esperaban utilizarlos como ariete del asalto neoliberal contra la población, dirigido a privatizar, desregular y limitar la administración y el sector públicos, aunque manteniendo al mismo tiempo aquellas de sus partes que sirven a la riqueza y al poder, como el ejército.

La dirección republicana ha cosechado algunos éxitos en ese terreno, pero ahora está descubriendo consternada que ya no puede controlar a sus bases. De resultas de ello, sus efectos como actor político en la sociedad estadounidense se están volviendo cada vez más graves. Un ejemplo: la virulenta reacción contra la Ley de la Atención Sanitaria Asequible y el cierre casi completo de la Administración federal.

La mencionada observación del comentarista chino no puede considerarse una novedad. Ya en 1999, el analista político Samuel P. Huntington advertía de que, para buena parte del mundo, Estados Unidos se estaba «convirtiendo en la superpotencia canalla» a la que muchos veían como «la mayor amenaza externa para sus sociedades».

A los pocos meses de iniciada la presidencia de Bush hijo, Robert Jervis, presidente de la American Political Science Association, advirtió a su vez de que, «a ojos de gran parte del mundo, lo cierto es que el principal Estado canalla del momento es Estados Unidos». Tanto Huntington como Jervis avisaban de lo poco sensata que era semejante evolución de los acontecimientos. Las consecuencias podían ser muy perjudiciales para el propio Estados Unidos.

En el número más reciente de Foreign Affairs, principal revista del establishment en relaciones internacionales, David Kaye repasa uno de los aspectos en los que Washington ha ido apartándose del resto del mundo: concretamente, la costumbre de renegar de los tratados multilaterales «como quien practica un deporte».

En concreto, explica que algunos tratados son rechazados ya de entrada y de forma explícita, como cuando el Senado estadounidense «votó en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2012, y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN, o CTBT, por sus siglas en inglés), en 1999».

Otros son desechados por pura inacción. Entre éstos se incluyen los que abarcan «temas tales como los derechos laborales, económicos y culturales, [la protección de] las especies en peligro de extinción, la contaminación, el conflicto armado, las misiones de mantenimiento de la paz, el armamento nuclear, la ley del mar y la discriminación contra las mujeres».

El rechazo de las obligaciones internacionales «ha arraigado hasta tal punto —escribe Kaye— que los gobiernos extranjeros ya no esperan que Washington ratifique los tratados ni que participe plenamente en las instituciones que aquéllos crean. Pero el mundo no espera y esas leyes se hacen igualmente, aunque con muy limitada (o nula) implicación estadounidense».

Aunque nada tiene de nuevo, esta práctica se ha ido afianzando más si cabe en años recientes, unida a una aceptación callada dentro del propio país de la doctrina según la cual Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo a actuar como un Estado canalla.

Por poner un ejemplo típico de ello, recordemos que, hace apenas unas semanas, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses raptaron a un sospechoso —Abu Anas al-Libi— de las calles de la capital libia, Trípoli, y lo trasladaron a un navío militar para interrogarlo sin la presencia de un abogado y sin que se garantizaran sus derechos como detenido. El secretario de Estado norteamericano John Kerry informó a la prensa que aquellas acciones eran legales porque se ajustaban a la ley estadounidense y nadie puso ninguna objeción en particular a semejante argumento.

Pero los principios sólo tienen verdadera validez si son universales. Pensemos que las reacciones serían ciertamente diferentes si fuerzas especiales cubanas secuestraran al notorio terrorista Luis Posada Carriles en Miami y se lo llevaran a Cuba para interrogarlo y juzgarlo con arreglo a la ley cubana.

Esas acciones las consideramos propias de los Estados canallas. O, para ser más precisos, del único Estado canalla que tiene el poder suficiente para actuar con impunidad, lo que, en estos últimos años, ha significado agredir a discreción a otros países, aterrorizar amplias regiones del mundo con ataques de drones, y otras muchas conductas por el estilo.

Y también ha significado desafiar al mundo por otras vías: por ejemplo, persistiendo en su embargo contra Cuba, a pesar de la oposición a tal medida que el resto de las naciones manifiestan desde hace tiempo (el resto de las naciones… salvo Israel, que votó al lado de su protector cuando Naciones Unidas volvió a aprobar en octubre una condena de ese embargo por 188 votos a dos).

Pero qué más da lo que piense el mundo: las acciones estadounidenses son legítimas porque lo decimos nosotros. El principio en cuestión fue enunciado ya en 1962 por el eminente estadista Dean Acheson, cuando se dio el lujo de aleccionar a la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional diciendo a sus miembros que, cuando Estados Unidos responde a un desafío a su «poder, posición y prestigio», no hay cuestión legal que valga.

Ahora bien, Cuba sí cometió un crimen de ese estilo al rechazar una invasión estadounidense y tener luego la osadía de sobrevivir a un ataque dirigido a desatar «todos los espantos de la Tierra» sobre aquel país, por emplear las palabras pronunciadas en su momento por el asesor de Kennedy e historiador Arthur Schlesinger.

Cuando Estados Unidos se independizó, lo hizo tratando de unirse en pie de igualdad a la comunidad internacional de aquel momento. De ahí que la Declaración de Independencia comience expresando una supeditación al «justo respeto al juicio de la humanidad».

Un elemento crucial de aquel proceso independentista fue la evolución desde una confederación desordenada hacia una «nación capacitada para suscribir tratados» con otras, según el historiador de la diplomacia Eliga H. Gould, siguiendo las convenciones del orden europeo de entonces. Alcanzando ese estatus, la nueva nación también adquirió el derecho a actuar como deseara en el plano interno.

Pudo así librarse de la población indígena y expandir la esclavitud, una institución tan «detestable» que ya no resultaba tolerable en Gran Bretaña, según sentenció el distinguido jurista William Murray, conde de Mansfield, en 1772. De hecho, la evolución misma del derecho inglés fue uno de los factores que empujó a la sociedad propietaria de esclavos del otro lado del Atlántico a desligarse de toda vinculación con la jurisdicción de aquél.

Convertirse en una nación capacitada para suscribir tratados confirió a Estados Unidos múltiples ventajas: reconocimiento exterior y libertad para actuar en el interior sin interferencia externa. El poder hegemónico le brinda ahora la oportunidad de ser un Estado canalla que desafía impunemente el derecho y las normas internacionales, aunque ello le esté llevando a topar con resistencias crecientes allende sus fronteras y esté contribuyendo también a su propio declive por las heridas que, de ese modo, se inflige a sí mismo.

EL «EJE DEL MAL», RECONSIDERADO

3 de diciembre de 2013

El 24 de noviembre se anunció un acuerdo provisional sobre la política nuclear iraní que permitirá la apertura de un período de seis meses de negociaciones sustantivas.

Michael Gordon, periodista de The New York Times, escribió al respecto que «era la primera vez en casi una década, según declararon las autoridades estadounidenses, que se había alcanzado un acuerdo internacional para detener buena parte del programa nuclear de Irán y para dar marcha atrás en algunos de sus elementos».

Estados Unidos impuso de inmediato una fuerte penalización a una compañía suiza que había infringido el régimen de sanciones decretado por Washington. «El momento del anuncio de la multa parecía haber sido expresamente elegido por la Administración Obama para recordar que Irán continúa sometido a un régimen de aislamiento económico», explicó al respecto Rick Gladstone en el Times.

El «acuerdo histórico» —como se ha llamado— contempla significativas concesiones del lado iraní, pero ninguna comparable del lado de Estados Unidos, que únicamente se ha comprometido a limitar temporalmente su castigo a Irán.

Y no cuesta mucho imaginar cuáles podrían ser unas concesiones estadounidenses perfectamente viables. Baste mencionar una: Estados Unidos es el único país que infringe directamente los términos del Tratado de No Proliferación Nuclear y, más flagrantemente aún, de la Carta de Naciones Unidas al mantener su amenaza del uso de la fuerza contra Irán. Estados Unidos podría también poner más empeño en que su cliente, Israel, se abstenga de esa misma vulneración grave (una más) del derecho internacional.

En el discurso dominante, se considera natural que sea Irán el único país que realice concesiones. A fin de cuentas, Estados Unidos es el gran caballero salvador que no duda en ponerse al frente de la comunidad internacional para sacar adelante la misión de contener a Irán, considerada la más grave amenaza actual para la paz mundial, y obligarlo a desistir de su agresión, su terror y sus otros crímenes.

Existe una perspectiva diferente, de la que poco se oye hablar, pero que bien valdría la pena mencionar. Parte de la negación de la premisa estadounidense según la cual el acuerdo actual rompe diez años de poca disposición de Irán a abordar el problema de esa presunta amenaza nuclear.

Diez años atrás, Irán se ofreció a zanjar sus diferencias con Estados Unidos en la cuestión de los programas nucleares, entre otras. La Administración Bush declinó airada aquella oferta y reprendió incluso al diplomático suizo que se la había hecho llegar.

La Unión Europea e Irán buscaron entonces un marco de acuerdo para que Teherán suspendiera el enriquecimiento de uranio mientras que la propia Unión Europea se ofrecía como garante de que Estados Unidos no atacaría. Pero, según informó Selig Harrison en Financial Times, «la Unión Europea, frenada por Estados Unidos, […] se negó a abordar cuestiones de seguridad» y la iniciativa no cuajó.

En 2010, Irán aceptó una propuesta de Turquía y Brasil para almacenar en instalaciones turcas el uranio enriquecido iraní. A cambio, Occidente suministraría isótopos a Irán para los reactores de investigación médica de ese país. El presidente Obama criticó ferozmente entonces a Brasil y Turquía por haberse desmarcado y se apresuró a imponer sanciones más duras. Irritado, el Gobierno brasileño hizo pública la carta de Obama en la que éste había sugerido previamente aquel posible acuerdo con Irán, supuestamente pensando que Teherán lo rechazaría. El incidente no tardó en desaparecer del ojo público.

En ese mismo año 2010, los países firmantes del Tratado de No Proliferación convocaron una conferencia internacional para que los Estados árabes presentaran en ella una iniciativa que ellos mismos propugnaban desde hacía tiempo para que la región fuera declarada zona libre de armas de destrucción masiva. La conferencia se celebraría en diciembre de 2012 en Helsinki. Israel se negó a asistir. Irán sí accedió a participar y sin condiciones.

Estados Unidos anunció poco después que la conferencia quedaba cancelada y reiteró para justificar su decisión las objeciones ya expuestas por Israel. Los Estados árabes, el Parlamento Europeo y Rusia llamaron a que volviera a convocarse de inmediato la conferencia, mientras que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por 174 votos frente a seis instar a Israel a suscribir el Tratado de No Proliferación y a abrir sus instalaciones a la inspección internacional. Los que votaron «no» fueron Estados Unidos, Israel, Canadá, islas Marshall, Micronesia y Palaos, un resultado que bien da a entender por dónde deberían ir los tiros de una posible concesión de las autoridades estadounidenses en estos momentos.

Y es que semejante aislamiento de Estados Unidos en el escenario internacional viene siendo costumbre en una amplia lista de temas.

Compárese con el consenso reinante en el seno del Movimiento de los No Alineados (cuyos países suman una amplia mayoría de la población mundial), que, en su encuentro del año pasado en Teherán, volvió a apoyar con firmeza el derecho de Irán, como nación firmante del Tratado de No Proliferación, a enriquecer uranio. Estados Unidos rechaza ese argumento, pues afirma que la condición previa para tal derecho es presentar un historial sin tacha ratificado por los inspectores, aun cuando nada de eso figure como prerrequisito en el texto del tratado.

Una gran mayoría de la población árabe apoya el derecho iraní a seguir adelante con su programa nuclear. Los árabes sienten hostilidad hacia Irán, pero una inmensa mayoría de ellos considera que Estados Unidos e Israel son las amenazas principales a las que se enfrentan, algo de lo que ha vuelto a hacerse eco Shibley Telhami en un reciente y exhaustivo estudio sobre la opinión árabe.

«Las autoridades occidentales parecen desconcertadas» por la negativa iraní a renunciar al derecho a enriquecer uranio, señala Frank Rose en The New York Times, tratando de encontrar una justificación psicológica a la situación. Pero hay otras explicaciones que nos vienen a la cabeza a poco que pensemos saliéndonos de las convenciones establecidas.

Sólo se puede entender que Estados Unidos lidera la comunidad internacional si se define tal comunidad como aquella que forman Estados Unidos y quienquiera que siga sus directrices —previa intimidación en muchos casos—, tal como algunos comentaristas admiten en ocasiones.

Quienes critican el nuevo acuerdo, según informan David E. Sanger y Jodi Rudoren en The New York Times, advierten que hay «astutos intermediarios chinos que anhelan nuevas fuentes de energía y europeos que buscan un modo de regresar a los viejos tiempos, cuando Irán era una importante fuente de comercio, que verán en él la ocasión para saltarse las barreras». En definitiva, que sólo por miedo aceptan actualmente las órdenes estadounidenses. Y, de hecho, China, la India y otros muchos actores internacionales han tratado de encontrar sus propias formas de eludir las sanciones estadounidenses contra Irán.

La perspectiva alternativa pone en entredicho el resto de la versión estadounidense convencional. No pasa por alto el hecho de que Estados Unidos lleva sesenta años ininterrumpidos torturando a los iraníes. Ese castigo se inició ya en 1953, con el golpe de Estado orquestado por la CIA que derrocó al Gobierno parlamentario de Irán e instauró en su lugar al sah, un tirano que engrosó sistemáticamente uno de los peores historiales de violaciones de derechos humanos jamás registrado en el mundo sin dejar de ser aliado de Estados Unidos en ningún momento.

Cuando el sah fue derrocado en 1979, Estados Unidos acudió de inmediato en apoyo a Sadam Huseín en su criminal invasión de Irán hasta el punto de intervenir directamente en aquella contienda cambiando el pabellón de varios buques de Kuwait (aliado iraquí) para que pudieran romper el bloqueo impuesto por Irán. En 1988, un navío militar estadounidense incluso derribó un avión de pasajeros iraní en el espacio aéreo comercial de ese país matando a doscientas noventa personas. Los mandos del buque fueron recibidos luego con honores presidenciales a su regreso a Estados Unidos.

Después de que Irán se viera forzado a capitular, Estados Unidos renovó su apoyo a su entonces amigo Sadam y llegó incluso a invitar a varios ingenieros nucleares iraquíes a viajar a suelo estadounidense para recibir formación avanzada en producción armamentística. La Administración Clinton impuso un tiempo después sanciones contra Irán, sanciones que se han ido endureciendo sensiblemente en años recientes.

Dos son, en realidad, los Estados canallas que actúan en la región, pues son ellos los que recurren a la agresión y a los actos de terror, y los que violan el derecho internacional a discreción: Estados Unidos e Israel, nación patrocinadora y nación cliente. Irán también ha llevado a cabo un acto de agresión: conquistar tres islas árabes. Pero fue en tiempos del sah y apoyado por Estados Unidos. En todo caso, cualquier acto de terror atribuido creíblemente a Irán palidece en comparación con los de esos otros Estados canallas.

Es comprensible que los gobiernos de estos dos países se opongan con todas sus fuerzas a la implantación de un mecanismo disuasorio en la región y encabecen una campaña para desembarazarse ellos mismos de toda limitación de esa índole.

Ahora bien, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el más pequeño de esos dos Estados canallas para eliminar el tan temido factor disuasorio bajo el pretexto de combatir una «amenaza a su existencia»? Algunos temen que muy lejos. Micah Zenko, del Council on Foreign Relations, advierte en Foreign Policy que Israel podría recurrir incluso a la guerra nuclear. El analista en política exterior Zbigniew Brzezinski insta a Washington a dejar muy claro a Israel que la fuerza aérea estadounidense intervendrá para detener todo intento de bombardeo.

¿Cuál de esas dos perspectivas contradictorias está más cerca de la realidad? La respuesta a esa pregunta va más allá de un simple ejercicio útil: de ella dependen consecuencias globales muy relevantes.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?

6 de enero de 2014

Este artículo es una versión adaptada de una conferencia Dewey impartida por Noam Chomsky en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el 6 de diciembre de 2013.

Los humanos somos seres sociales, por lo que la clase de persona en quien alguien termina por convertirse depende en un grado crucial de las circunstancias sociales, culturales e institucionales de su vida.

Nos vemos impulsados, pues, a preguntarnos por los factores organizativos de una sociedad que contribuyen a los derechos y el bienestar de las personas, y a la realización de sus justas aspiraciones. Nos vemos impulsados a preguntarnos, en definitiva, por el bien común.

Para adquirir cierta perspectiva sobre este tema, me gustaría invocar algunos conceptos prácticamente obvios. Guardan relación con una interesante categoría de principios éticos: la de aquellos que no sólo son universales en el sentido de que son profesados prácticamente sin excepción en el plano de la teoría, sino que pueden considerarse doblemente universales porque, al mismo tiempo, son casi unánimemente incumplidos en la práctica.

Son principios que van desde algunos de tipo muy general —como el tópico de que debemos aplicarnos las mismas normas que exigimos de los demás, si no más estrictas aún— hasta otras doctrinas más específicas, como la dedicación a promover la democracia y los derechos humanos de la que hacemos proclamación casi universal (hasta los peores monstruos la hacen), aun cuando el historial real en ese terreno sea ciertamente penoso a lo largo y ancho del espectro de ideologías.

Un buen punto de partida para comprobarlo es el clásico Sobre la libertad, de John Stuart Mill. En un epígrafe del libro, podemos leer que «el gran principio, el principio culminante, al que se dirigen todos los argumentos contenidos en estas páginas, es la importancia absoluta y esencial del desenvolvimiento humano en su riquísima diversidad».

Son palabras citadas de un texto de Wilhelm von Humboldt, uno de los fundadores del liberalismo clásico. Se deduce, pues, que las instituciones que constriñen tal desarrollo son ilegítimas, a menos que puedan justificarse a sí mismas de algún modo.

El interés por el bien común también debería impulsarnos a hallar maneras de cultivar el desenvolvimiento humano en su riquísima diversidad.

Adam Smith, otro pensador de la Ilustración con una parecida manera de ver las cosas, opinaba que no debería ser demasiado difícil instituir políticas humanas. En su Teoría de los sentimientos morales, señaló que, «por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla».

Smith reconoce el poder de lo que él llama la «máxima vil de los amos de la humanidad» —«todo para nosotros y nada para otras personas»—, pero también que las «pasiones originales de la naturaleza humana», más benignas, podrían llegar a contrarrestar dicha patología.

El liberalismo clásico se encalló en los escollos del capitalismo, pero sus compromisos y aspiraciones humanistas no murieron con él. Rudolf Rocker, pensador y activista anarquista del siglo XX, reiteró ideas muy similares.

Rocker se refirió a lo que llamó «una tendencia confirmada en el desarrollo histórico de la humanidad» que hace que aspiremos al «desenvolvimiento libre y sin trabas de todas las fuerzas individuales y sociales de la vida».

Rocker esbozaba así una tradición anarquista que había culminado en el anarcosindicalismo, una variante del «socialismo libertario» en el sentido europeo del término.

Esta forma de socialismo, sostenía él, no dibuja «un sistema social fijo y encerrado en sí mismo» con una respuesta definida a los múltiples y muy variados problemas y cuestiones de la vida humana, sino, más bien, una tendencia en el desarrollo humano que aspira a la materialización de ciertos ideales ilustrados.

Así entendido, el anarquismo forma parte de una familia más amplia del pensamiento y la acción socialistas libertarios que emparenta las experiencias que cuajaron en la España revolucionaria de 1936 con otras iniciativas más recientes, como las empresas propiedad de los propios trabajadores que se están difundiendo actualmente por el Rust Belt (el cinturón industrial deprimido) de Estados Unidos, por el norte de México, por Egipto y por otros muchos países, sobre todo en el País Vasco, en España, y con numerosos movimientos cooperativos de todo el mundo y con buena parte de las iniciativas feministas y de promoción de los derechos civiles y humanos.

Esta extendida tendencia en el desarrollo humano trata de detectar estructuras de jerarquía, autoridad y dominación que constriñen el desenvolvimiento de las personas, e intenta luego someterlas a un muy razonable cuestionamiento: «¡Justifíquense!».

Si esas estructuras no superan la prueba, deben desmantelarse y, según los anarquistas, «rehacerse desde abajo», como bien señala el comentarista político Nathan Schneider.

En parte, esto no deja de sonar a obvio: ¿por qué iba nadie a defender estructuras e instituciones ilegítimas? Pero si una virtud al menos tienen las obviedades es la de ser ciertas y eso las distingue de gran parte de las aseveraciones en el discurso político en general. Y yo creo que, además, nos proporcionan peldaños muy útiles de cara a recorrer el camino de la búsqueda (y el hallazgo) del bien común.

Para Rocker, «el problema que se le plantea a nuestra época es el de liberar al hombre de la maldición de la explotación económica y la esclavitud política y social».

Cabe recordar que lo que se entiende en Estados Unidos por «libertarismo» difiere radicalmente de la tradición libertaria propiamente dicha, pues los «libertarios» estadounidenses aceptan la subordinación de los trabajadores a los amos de la economía, y el sometimiento de todo el mundo a la disciplina restrictiva y las características destructivas de los mercados, y de hecho abogan por ambas cosas.

De sobra conocido es que el anarquismo se opone al Estado y defiende «la administración planificada de las cosas en interés de la comunidad», por emplear las palabras de Rocker. Y que propugna también, además de eso, la formación de federaciones extensas de comunidades y lugares de trabajo autogobernados.

Hoy en día, los anarquistas dedicados a tales objetivos suelen dar su apoyo al poder estatal cuando éste se pone al servicio de la protección de las personas, la sociedad y la tierra frente al saqueo del capital privado concentrado. No es ninguna contradicción. Las personas viven, sufren y resisten en la sociedad real. Y es en ella donde deben emplearse los medios existentes para defender y beneficiar a esas personas, sin perjuicio de que uno de los objetivos a largo plazo sea construir otras alternativas preferibles a la situación actual.

En el movimiento de los trabajadores rurales brasileños, por ejemplo, se habla de «ensanchar el suelo de la jaula», entendiéndose por tal «jaula» las instituciones coercitivas existentes, susceptibles de ensanchamiento mediante la lucha popular y efectivamente ensanchadas a lo largo de muchos años ya.

Podemos realizar una variación sobre esa imagen y suponer que la jaula de las instituciones del Estado conforma una protección frente a las bestias salvajes que rondan a su alrededor: las instituciones capitalistas depredadoras y apoyadas por el Estado, llevadas por definición del ánimo de lucro, poder y dominio privados hasta el punto de que el interés de la comunidad y de las personas no es más que una nota al margen, un valor al que se rinde un culto retórico, pero que se desprecia en la práctica por una cuestión de principios e, incluso, de leyes.

Gran parte del trabajo más respetado en el campo de la ciencia política académica es el que se ha dedicado a comparar las actitudes de la ciudadanía y la política de sus gobiernos. En Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America [Riqueza e influencia: la desigualdad económica y el poder político en América], el profesor de Princeton Martin Gilens revela que, en la práctica política, la mayoría de la población estadounidense está privada de derechos e influencia.

Un 70% de esa población, la que ocupa los pisos inferiores de la pirámide de la riqueza y la renta, carece de influencia sobre la política de su Gobierno, sentencia Gilens. A medida que subimos peldaños en esa escala, vemos que la mencionada influencia se incrementa paulatinamente. En la cumbre, se sitúan quienes básicamente determinan las políticas por medios nada secretos. El sistema resultante poco tiene de democracia: es más bien una plutocracia.

O quizá, para expresarlo en términos un poco más amables, es lo que el experto en derecho Conor Gearty llama «neodemocracia», una compañera inseparable del neoliberalismo, pues viene a ser un sistema en el que la libertad es privilegio de unos pocos y la seguridad en su sentido más pleno sólo está disponible para la élite, aunque enmarcadas la una y la otra dentro de un ordenamiento más general de derechos formales.

Sin embargo, como bien escribió Rocker, un sistema verdaderamente democrático se caracterizaría por «una alianza de grupos de hombres y mujeres libremente formados, basados en el trabajo cooperativo y en una administración planificada de las cosas en interés de la comunidad».

Nadie ha pensado nunca que el filósofo estadounidense John Dewey fuera un anarquista. Pero fijémonos un poco mejor en sus ideas. Él reconocía que «el poder actual reside en el control de los medios de producción, intercambio, publicidad, transporte y comunicación. Quienquiera que sea dueño de ellos rige la vida del país», por mucho que se mantengan las formas democráticas. Mientras que esas instituciones no estén en manos del pueblo, la política continuará siendo la misma «sombra proyectada por los grandes empresarios sobre la sociedad» que hoy nos tapa la luz del sol democrático.

Estas ideas no tardaron en inspirar un ideal de sociedad basado en el control de las instituciones productivas por parte de los propios trabajadores, según lo formularon diversos pensadores decimonónicos, entre los que destacó Karl Marx, pero también (aunque no sea una faceta tan conocida de su pensamiento) John Stuart Mill.

Mill escribió: «No obstante, si la humanidad continúa mejorando, la forma de asociación que cabe esperar que termine imponiéndose es […] la asociación de los trabajadores mismos en términos de igualdad, siendo colectivamente propietarios del capital con el que realizan sus operaciones y trabajando bajo la dirección de gerentes que ellos mismos podrán elegir y destituir».

Los llamados padres fundadores de Estados Unidos eran perfectamente conscientes de los riesgos de la democracia. En los debates de la Convención Constitucional, el principal proponente del proyecto de Constitución del nuevo país, James Madison, ya advirtió de tales peligros.

Tomando lógicamente el sistema inglés como modelo, Madison señaló que, «en Inglaterra, en el momento actual, si se abrieran las elecciones a todas las clases de personas, la propiedad de los terratenientes no estaría segura. Enseguida se aprobaría una ley agraria» que minaría el derecho de propiedad.

Para Madison, el problema básico para «confeccionar un sistema que según deseamos perdure a lo largo de los tiempos» consistía en garantizar que sus gobernantes reales fuesen de la minoría acaudalada, a fin de «proteger los derechos de la propiedad frente al peligro de una igualdad y universalidad del sufragio, lo que investiría a quienes no tienen participación alguna en la propiedad de un poder pleno sobre ésta».

Los expertos coinciden en general con la valoración del profesor Gordon S. Wood, de la Universidad de Brown, cuando escribe que «la Constitución fue un documento intrínsecamente aristocrático dirigido a acotar las tendencias democráticas de aquel período».

Mucho antes de Madison, Aristóteles (en su Política) atribuyó ese mismo problema a la democracia.

Tras revisar una serie de sistemas políticos distintos, el filósofo griego concluyó que la democracia era la mejor forma de gobierno (o tal vez la menos mala). Pero tenía un defecto: la gran masa pobre de la población podía usar su poder de voto para usurpar la propiedad de los ricos y eso sería injusto.

Madison y Aristóteles coincidieron en el diagnóstico, pero dedujeron de él soluciones opuestas: Aristóteles aconsejó reducir la desigualdad mediante lo que hoy consideraríamos que son medidas propias del Estado del bienestar. Madison entendió que la respuesta radicaba en disminuir la democracia.

En sus últimos años de vida, Thomas Jefferson, el hombre que redactó la Declaración de Independencia estadounidense, supo captar muy bien la naturaleza esencial de aquel conflicto, que dista mucho de haberse resuelto. Jefferson tenía serias dudas a propósito de la calidad y el destino previsible del experimento democrático. Para empezar, distinguía entre «aristócratas y demócratas».

Los aristócratas son «aquellos que temen al pueblo y desconfían de él, y que desean desposeerlo de todos los poderes y depositar éstos en manos de las clases altas».

Los demócratas, por el contrario, «se identifican con el pueblo, confían en él, lo valoran y lo tienen por el más honesto y seguro (aunque no siempre el más prudente) depositario del interés público».

Actualmente, los sucesores de los «aristócratas» de Jefferson podrían tener alguna que otra discusión interna a propósito de quién debería ejercer el papel de guía: los intelectuales tecnocráticos orientados a la gestión pública o los banqueros y los altos ejecutivos de las grandes empresas.

Pero es esa tutela política la que la verdadera tradición libertaria ha tratado siempre de desmantelar y reconstruir desde abajo, al tiempo que cambiaba el sistema industrial para, tal como escribió Dewey, «transformar un orden social feudal en uno democrático» basado en el control de los trabajadores, respetuoso con la dignidad del productor entendido como persona y no como una herramienta en manos de otros.

Como el «viejo topo» del que hablara Karl Marx («ese viejo amigo, nuestro viejo topo, que tan bien sabe hozar bajo tierra hasta que emerge por fin»), la tradición libertaria siempre ha ido excavando cercana a la superficie, siempre lista para asomar, a veces de forma sorprendente e inesperada, tratando de hacer realidad la que, a mi entender, es una aproximación muy razonable al bien común.

PRERROGATIVAS DEL PODER

4 de febrero de 2014

Cuando el año 2013 tocaba ya a su fin, la BBC informó de los resultados de un sondeo de opinión de WIN/Gallup International en el que se formuló la siguiente pregunta: «¿Qué país cree usted que es la mayor amenaza actual para la paz en el mundo?».

Estados Unidos salió campeón por un margen de ventaja sustancial, pues obtuvo el triple de votos que el segundo, Pakistán.

Sin embargo, el debate en los círculos académicos y mediáticos estadounidenses está centrado en la posibilidad (o no) de contener a Irán y en la necesidad (o no) de contar con un ingente sistema de vigilancia como el de la Agencia de Seguridad Nacional para proteger la seguridad de Estados Unidos.

A la vista del mencionado sondeo, una pregunta más pertinente que hacerse en estos momentos sería: ¿es posible contener a Estados Unidos y proteger a otros países de la amenaza estadounidense?

Hay zonas del mundo en las que Estados Unidos se destaca aún más como principal amenaza percibida para la paz mundial. Es el caso de los países de Oriente Próximo y Medio, donde una mayoría aplastante de la población ve en Estados Unidos y en su estrecho aliado, Israel, las principales amenazas a las que verdaderamente se enfrentan, por encima incluso del «coco» favorito de estadounidenses e israelíes: Irán.

Pocos latinoamericanos están dispuestos a cuestionar lo que escribió el héroe del nacionalismo cubano, José Martí, en 1894: «Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de Estados Unidos».

Esa sentencia de Martí se ha visto confirmada en años recientes. Nueva fe de ello ha dado ahora el análisis de la pobreza emitido el mes pasado por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.

Este informe de Naciones Unidas muestra que las reformas de gran alcance han disminuido sensiblemente la pobreza en Brasil, Uruguay, Venezuela y otros países en los que la influencia estadounidense es hoy reducida, pero que los niveles de pobreza siguen siendo abismales en otras naciones, entre las que destacan aquellas que llevan sometidas mucho tiempo a la dominación estadounidense, como Guatemala y Honduras. Incluso en un país relativamente rico como México, protegido por el paraguas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la pobreza es severa y un millón de nuevos pobres han engrosado sus filas en 2013.

A veces, pueden oírse o leerse en el propio Estados Unidos admisiones más o menos indirectas de los motivos de la preocupación de los demás países, como cuando el exdirector de la CIA, Michael Hayden, a propósito de la campaña de ataques criminales con drones, reconoció que, «ahora mismo, no hay un solo Gobierno en todo el planeta que esté de acuerdo con nuestra justificación legal de tales operaciones, salvo el de Afganistán y puede que también el de Israel».

Cualquier país normal sentiría preocupación por la imagen que proyecta en el resto del mundo. Desde luego, eso sería lo que cabría esperar de un país comprometido con el «justo respeto al juicio de la humanidad», por citar a los padres fundadores. Pero Estados Unidos dista mucho de ser un país normal. Lleva un siglo siendo la economía más poderosa del mundo y no ha sufrido ningún desafío real a su hegemonía global desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber experimentado cierto declive (en parte, autoinfligido).

Estados Unidos, consciente de la importancia del «poder blando», lleva a cabo campañas de «diplomacia pública» (entiéndase propaganda) con el fin de crear una imagen favorable de sí mismo, acompañadas en ocasiones de buenas políticas que son bien recibidas. Pero cuando el mundo persiste en su creencia de que Estados Unidos es, con diferencia, la mayor amenaza para la paz, la prensa estadounidense apenas si se hace eco de ese estado de opinión.

Semejante capacidad para ignorar la realidad no deseada es una de las prerrogativas del poder incontestado. Está muy estrechamente relacionada, además, con el derecho a revisar radicalmente la historia.

Un ejemplo actual de ello es el de los múltiples lamentos por la escalada del conflicto entre suníes y chiíes que está desgarrando Oriente Próximo y Medio, especialmente en Irak y Siria. Entre los comentaristas políticos estadounidenses predomina la opinión de que tan encarnizadas luchas son la terrible consecuencia de la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, y que deben ser tomadas como una lección sobre los peligros del «aislacionismo» en política exterior.

Es la interpretación contraria, sin embargo, la que se aproxima más a ser correcta. Las raíces del conflicto con el islam son muchas y variadas, pero nadie puede negar sin faltar a la verdad que la división fue sensiblemente exacerbada por la invasión de Irak liderada por estadounidenses y británicos. Y tampoco está de más recordar que, en los juicios de Núremberg, se elevó la agresión de unas naciones a otras a la categoría de «crimen internacional supremo» que se diferencia de los demás en que engloba en sí todos los males que de ella se siguen, entre los que incluiríamos la catastrófica situación actual.

Un ejemplo llamativo de esta vertiginosa inversión del sentido de la historia es la reacción estadounidense a las atrocidades que se registran actualmente en Faluya. El tema que predomina en las noticias dedicadas a la situación que se vive allí es el de los sacrificios (en vano) de los soldados estadounidenses que lucharon y murieron por liberar aquella ciudad iraquí. Pero basta con repasar las informaciones de los ataques estadounidenses contra Faluya en 2004 para que nos demos cuenta enseguida de que constituyeron verdaderos crímenes de guerra: uno de los más depravados y vergonzosos de toda aquella campaña de agresión.

El fallecimiento de Nelson Mandela nos brinda una nueva ocasión para reflexionar sobre el considerable impacto de lo que algunos han denominado «ingeniería histórica»: reformular los hechos de la historia para satisfacer las necesidades del poder.

Cuando Mandela obtuvo por fin la libertad, declaró: «Durante todos mis años en prisión, Cuba fue una inspiración y Fidel Castro, una torre de fortaleza. […] [Las victorias cubanas] destruyeron el mito de la invencibilidad del opresor blanco [e] inspiraron a las masas en lucha de Sudáfrica […] con un punto de inflexión en el camino hacia la liberación de nuestro continente —y de mi pueblo— del azote del apartheid. […] ¿Qué otro país puede presumir de un historial de mayor altruismo que el que Cuba ha demostrado en sus relaciones con África?».

En la actualidad, los nombres de muchos cubanos que murieron defendiendo Angola de la agresión sudafricana (respaldada por Estados Unidos, por cierto) y contra las conminaciones estadounidenses a que abandonaran aquel país están inscritos en el Muro de los Nombres del Parque de la Libertad de Pretoria. Tampoco han sido olvidados los miles de cooperantes cubanos que sostuvieron Angola en pie (en su mayoría por cuenta del propio Gobierno de Cuba).

La versión de los hechos aprobada en Estados Unidos es muy distinta. Ya en su momento, nada más conocerse el acuerdo suscrito por Sudáfrica para la retirada de sus tropas de Namibia (país ilegalmente ocupado por las fuerzas del régimen de Pretoria) en 1988, hito que allanó el camino para poner fin al apartheid, The Wall Street Journal lo calificó de «logro magnífico» de la diplomacia estadounidense: «Uno de los más significativos éxitos en política exterior de la Administración Reagan».

Las razones de por qué es radicalmente diferente la percepción que Mandela y los sudafricanos tienen de aquella situación se exponen muy claramente en un magistral estudio de Piero Gleijeses titulado Visions of Freedom: Havana, Washington, Pretoria, and the Struggle for Southern Africa, 1976-1991 [Visiones de la libertad: La Habana, Washington, Pretoria, y la lucha por el sur de África, 1976-1991].

Gleijeses demuestra convincentemente que fue el «poderío militar cubano», acompañado de una «resistencia negra feroz» en el interior de Sudáfrica y de la valentía de los guerrilleros namibios, lo que puso fin a la agresión sudafricana, el terrorismo en Angola y la ocupación de Namibia. Las fuerzas de liberación namibias se impusieron sin problemas en las primeras elecciones libres que pudieron celebrarse en aquel país a partir de entonces. También en las elecciones angoleñas se impusieron las fuerzas del Gobierno apoyado por Cuba. Mientras tanto Estados Unidos ha seguido sustentando allí a los sanguinarios terroristas de la oposición, aun después de que Sudáfrica fuera obligada a retirarse.

Reagan y los suyos se quedaron prácticamente solos apoyando hasta el último momento el régimen del apartheid y los expolios criminales a los que éste sometía a los países vecinos. Por mucho que tan vergonzosos episodios sean borrados de la historia estadounidense en el interior del país, difícilmente las palabras de Mandela dejarán de tener sentido en el resto del mundo.

En estos y en otros muchos (demasiados) casos, el poder supremo actúa como un escudo capaz de bloquear la realidad… hasta cierto punto.

SEGURIDAD Y POLÍTICA DE ESTADO

3 de marzo de 2014

Este artículo, primera parte de un texto dividido en dos, es una adaptación de una conferencia pronunciada por Noam Chomsky el 28 de febrero en Santa Bárbara (California) bajo el patrocinio de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear.

Un principio al que se da la máxima importancia en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales es que la prioridad suprema de todo Estado es procurarse seguridad. Según la versión convencional de esa tesis, formulada por George F. Kennan, pionero de la estrategia de la guerra fría, el Gobierno se ha creado «para asegurar el orden y la justicia internos, y para servir a la defensa común».

Se trata de una proposición que parece convincente, casi evidente incluso, hasta que examinamos la cuestión más de cerca y nos preguntamos: seguridad, ¿para quién? ¿Para la población en general? ¿Para el poder del Estado en sí mismo? ¿Para los sectores dominantes de la sociedad nacional?

Dependiendo de a qué nos refiramos, el grado de credibilidad de la mencionada proposición puede oscilar entre nulo y muy alto.

Si la aludida es la seguridad del poder del Estado, hablamos de una credibilidad en su extremo más elevado, bien ilustrada por los esfuerzos que los Estados dedican a protegerse de la mirada escrutadora de sus propios ciudadanos y ciudadanas.

En una entrevista en una televisión alemana, Edward J. Snowden declaró que lo que «colmó [su] paciencia [fue] ver al director de la Inteligencia Nacional, James Clapper, mentir directamente bajo juramento al Congreso» cuando negó la existencia de un programa de espionaje interior a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional.

Snowden añadió que «la ciudadanía tenía derecho a estar informada de esos programas. La ciudadanía tenía derecho a saber aquello que el Gobierno está haciendo en su nombre y aquello que el Gobierno está haciendo contra la propia ciudadanía».

Lo mismo podrían haber dicho con toda justicia Daniel Ellsberg, Chelsea Manning y otras valerosas figuras que actuaron guiadas por ese mismo principio democrático.

La postura del Gobierno es bien distinta: el pueblo no tiene derecho a saber porque eso socavaría la seguridad, y muy gravemente, según afirman las autoridades.

Varios son los motivos de peso para que una respuesta así nos plantee serias dudas. El primero es que es un argumento justificador muy previsible y, por lo tanto, apenas informativo para nosotros: cuando la manera de actuar de un Gobierno se pone al descubierto, éste se escuda automáticamente tras razones de seguridad para justificar el secretismo.

Un segundo motivo para no dar demasiado crédito a la mencionada respuesta lo encontramos en la naturaleza misma de las pruebas presentadas para justificarla. El profesor de relaciones internacionales John Mearsheimer ha escrito a ese respecto que «la Administración Obama aseguró en su momento que el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional había desempeñado un papel clave en la frustración de cincuenta y cuatro tramas terroristas contra Estados Unidos, con lo que dio a entender que había infringido la Cuarta Enmienda por un buen motivo.

»Pero eso era mentira. El general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional, terminó admitiendo ante el Congreso que sólo podía atribuirse un éxito, que no fue otro que atrapar a un inmigrante somalí y a tres adláteres de este residentes en San Diego que habían enviado ocho mil quinientos dólares a un grupo terrorista de Somalia».

Parecida conclusión alcanzó la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, que, instituida por el Gobierno para investigar los programas de la Agencia, tuvo amplio acceso a materiales confidenciales y a autoridades del ámbito de la seguridad nacional.

Así que es evidente que existe un sentido en el que la seguridad se ve amenazada por el conocimiento público de los hechos, y eso se da cuando hablamos de la seguridad del poder de un Estado que no quiere que se dé publicidad a sus actos.

La idea básica fue muy bien expresada por el politólogo de Harvard Samuel P. Huntington: «Los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que se deje sentir sin ser vista. El poder se mantiene fuerte cuando permanece oculto, pero comienza a evaporarse nada más exponerse a la luz del sol».

Eso es algo que entienden muy bien los arquitectos del poder en Estados Unidos y en otros muchos países. Quienes hayan explorado la ingente masa de documentos desclasificados que se guardan, por ejemplo, en la serie «Relaciones Exteriores de Estados Unidos» del registro histórico del Departamento de Estado difícilmente habrán pasado por alto la frecuencia con la que es la seguridad del poder estatal frente al propio pueblo la que constituye el interés o la preocupación principal, y no la seguridad nacional en ningún sentido coherente.

A menudo, el empeño en mantener el secretismo viene motivado por la necesidad de garantizar la seguridad de ciertos sectores de gran poder económico y social. Un ejemplo reiterado de ello es el de los mal llamados «acuerdos de libre comercio» (y digo «mal llamados» porque vulneran flagrantemente los principios del comercio libre y no tratan tanto del comercio en sí como de los derechos de los inversores).

Esos instrumentos se negocian habitualmente en secreto —véase el caso del actual Acuerdo Transpacífico—, aunque, claro está, no ocultos a los ojos de todo el mundo: no son secretos para los cientos de cabilderos y abogados del sector de las grandes empresas que se dedican a redactar la letra pequeña de las disposiciones de los tratados, una letra pequeña de cuya enorme repercusión nos dan una idea las pocas partes que han llegado a conocimiento público a través de WikiLeaks.

Según la razonable conclusión del economista Joseph E. Stiglitz, desde el momento en que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos «representa intereses de las grandes empresas» y no los de la ciudadanía en general, «la probabilidad de que lo que surja de las próximas conversaciones sirva a los intereses de los estadounidenses de a pie es baja, y las perspectivas para los ciudadanos corrientes de otros países son aún menos halagüeñas».

La seguridad del sector de las grandes corporaciones empresariales es una preocupación continua en las políticas del Gobierno y difícilmente debería sorprendernos que lo sea, dado el papel que los representantes de esas grandes empresas desempeñan en la formulación de dichas políticas desde un principio.

Contrasta esto con las más que sobradas pruebas de que la seguridad de la propia población del país (que es como debería entenderse el significado de la expresión seguridad nacional) no es una prioridad importante de la política de Estado.

Por ejemplo, el programa de asesinatos selectivos a escala global con drones impulsado por el presidente Obama, que es, con mucho, la campaña terrorista más grande del mundo, es también una maniobra que potencia respuestas terroristas adversas contra los propios estadounidenses. El general Stanley A. McChrystal, comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán hasta que fue relevado del servicio, hizo referencia a un «efecto multiplicador insurgente»: por cada persona inocente que matan esas fuerzas, se crean diez enemigos nuevos.

El concepto mismo de persona inocente nos revela lo mucho que hemos progresado en los últimos ochocientos años, desde los tiempos en que la Carta Magna instauró por vez primera el principio de la presunción de inocencia que, en tiempos, se consideraba la piedra angular del derecho estadounidense.

En la actualidad, la palabra culpable significa «alguien elegido por Obama como objetivo de un asesinato selectivo», e inocente quiere decir «alguien a quien no se ha asignado todavía tal estatus».

La Brookings Institution acaba de publicar The Thistle and the Drone, un muy elogiado estudio antropológico de las sociedades tribales elaborado por Akbar Ahmed y subtitulado How America’s War on Terror Became a Global War on Tribal Islam [Cómo la guerra de Estados Unidos contra el terror devino en una guerra global contra el islam tribal].

La guerra global es un mecanismo de presión para que los gobiernos centrales represivos organicen ataques contra los enemigos tribales de Washington. La guerra, nos advierte Ahmed, podría llevar a algunas tribus «a la extinción», con grandes costes para las sociedades en sí, como ya pueden verse actualmente en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Y, en último término, para los propios estadounidenses.

Las culturas tribales, como bien señala Ahmed, están fundamentadas sobre el honor y la venganza. «Todo acto de violencia en estas sociedades tribales provoca un contraataque: cuanto más duros sean los ataques contra los hombres de la tribu, más feroces y sangrientos serán los contraataques».

Los ataques terroristas selectivos también podrían ser un instrumento de destrucción contra la población de los países que ahora los emplean. En la revista británica International Affairs, David Hastings Dunn explica que los drones, con su creciente sofisticación tecnológica, suponen un arma perfecta para las organizaciones terroristas. Los drones son baratos y fáciles de adquirir, y «poseen muchas cualidades que, combinadas, los convierten potencialmente en el medio ideal para los atentados terroristas del siglo XXI».

El senador Adlai Stevenson III, refiriéndose a sus muchos años de servicio en la Comisión del Senado estadounidense sobre Servicios de Inteligencia, ha escrito que «la cibervigilancia y la recopilación de metadatos forman parte de una reacción al 11-S prolongada en el tiempo que pocos terroristas ha destapado y que, sin embargo, ha suscitado críticas y condenas casi universales. De Estados Unidos se tiene hoy la extendida percepción de que está en guerra contra el islam, tanto contra los chiíes como contra los suníes, sobre el terreno, con drones y por vía subsidiaria en Palestina, y desde el golfo Pérsico hasta el Asia Central. Alemania y Brasil están molestos con nuestras injerencias. Y, total, ¿para qué? ¿Qué hemos conseguido con ellas?».

La respuesta es que hemos conseguido una amenaza terrorista y un aislamiento internacional crecientes.

Las campañas de asesinatos con drones son uno de los mecanismos con los que la política de Estado pone en peligro la seguridad a sabiendas. Lo mismo sucede con las criminales operaciones de las fuerzas especiales. Y con la invasión de Irak, que incrementó espectacularmente el terror en Occidente en lo que ha venido a ser una confirmación de las predicciones que ya hicieran los servicios de inteligencia británico y estadounidense en su momento.

Tampoco esos actos de agresión fueron un asunto de especial interés para los planificadores de las políticas, guiados como están por conceptos de seguridad totalmente diferentes. Ni siquiera la destrucción general e instantánea por armamento nuclear ha ocupado un lugar prioritario en las preocupaciones de las autoridades del Estado, pero éste es un tema que dejo para la columna siguiente.

PERSPECTIVAS DE SUPERVIVENCIA

31 de marzo de 2014

Ésta es la segunda parte del texto adaptado de una conferencia pronunciada por Noam Chomsky el 28 de febrero en Santa Bárbara (California) bajo el patrocinio de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear.

En el artículo anterior examiné en qué sentido la seguridad es una prioridad para los decisores gubernamentales de la política de Estado: me referí entonces a la seguridad entendida como la del poder estatal y la del sector social a cuyos intereses atiende ese Estado, que no es otro que el del gran poder privado concentrado. Todo ello explica por qué esa política oficial ha de ser velada y protegida así del ojo escrutador de la ciudadanía.

Entendidas en esos términos, las acciones del Gobierno son muy «racionales», pero hablamos de la misma racionalidad que cabría atribuir a un suicidio colectivo. Ni siquiera la posibilidad de una destrucción instantánea generalizada por armamento nuclear ha sido nunca la máxima prioridad en las preocupaciones de las autoridades del Estado.

Baste citar un ejemplo de la pasada guerra fría: en noviembre de 1983, la OTAN, liderada por Estados Unidos, llevó a cabo un ejercicio militar dirigido a sondear las defensas aéreas rusas en el que simuló ataques por aire y mar e, incluso, una alerta nuclear.

Fueron acciones emprendidas en un momento de muy alta tensión. Se estaban desplegando entonces misiles estratégicos Pershing II en suelo europeo. El presidente Reagan, recién pronunciado su discurso sobre el «imperio del mal», había anunciado la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica (o «Guerra de las Galaxias»), que los rusos consideraban una primera arma de ataque a todos los efectos en aplicación de la interpretación convencional de las defensas antimisiles que se estilaba tanto en un bando como en el otro.

Como es lógico, aquellas medidas causaron gran alarma en Rusia, país que, a diferencia de Estados Unidos, era bastante vulnerable y había sido invadido repetidas veces a lo largo de su historia.

Según información de archivos recientemente abiertos al público, el peligro en aquellos momentos fue incluso más acusado de lo que los historiadores creían hasta ahora. El mencionado ejercicio de la OTAN «casi acabó siendo el preludio de un ataque nuclear preventivo» ruso, según una versión de los hechos descrita el año pasado por Dmitry Adamsky en Journal of Strategic Studies.

Y ése no fue el único caso que no terminó en catástrofe por bien poco. En septiembre de 1983, los sistemas de alerta temprana rusos avisaron de un ataque con misiles procedente de Estados Unidos e hicieron saltar el máximo nivel de alarma. El protocolo militar soviético dictaba que se respondiera con un contraataque nuclear en represalia a semejante movimiento del enemigo.

El oficial soviético al cargo en aquel momento, Stanislav Petrov, intuyó que se trataba de una falsa alarma y decidió no informar de las alertas a sus superiores. Gracias a aquella negligencia en el cumplimiento de sus funciones, hoy estamos vivos para contarlo.

Es evidente que la seguridad de la población no era más prioritaria para los decisores y planificadores políticos de Reagan de lo que lo había sido para sus predecesores. Esa desatención a los intereses generales continúa en la actualidad, aun si dejamos a un lado los numerosos accidentes casi catastróficos que repasa Eric Schlosser en un nuevo y escalofriante libro que ha titulado Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety [Mando y control: armas nucleares, el accidente de Damascus y la ilusión de la seguridad].

Poco puede objetarse a la conclusión del último comandante del Mando Estratégico del Aire, el general Lee Butler, cuando afirma que la humanidad ha sobrevivido hasta el momento a la era nuclear «gracias a una mezcla de habilidad, suerte e intervención divina, y sospecho que más de esta última que de las otras dos».

Y es que la aceptación continuada y fácil de las amenazas a la supervivencia por parte del Gobierno alcanza extremos casi indescriptibles.

En 1995, mucho después de la caída de la Unión Soviética, el Mando Estratégico estadounidense (Stratcom), que es el encargado del control de las armas nucleares, publicó un estudio titulado Essentials of Post-Cold War Deterrence [Fundamentos de la disuasión en la posguerra fría].

Una de las conclusiones básicas era que Estados Unidos debe mantener el derecho a lanzar un primer ataque nuclear, incluso contra Estados no nuclearizados. Además, siempre debe haber armamento nuclear bien a mano, pues viene muy bien que «la sombra de éste se proyecte sobre cualquier crisis o conflicto».

Eso significa que las armas nucleares están continuamente en uso, al menos en el mismo sentido en que usamos una pistola si apuntamos con ella a un dependiente, pero no le disparamos mientras atracamos su tienda (un argumento este que Daniel Ellsberg, quien filtrara los llamados «papeles del Pentágono», no ha dejado de recordarnos).

El Stratcom ha llegado al extremo de aconsejar que «los planificadores no sean demasiado racionales a la hora de determinar […] lo que tiene más valor para un adversario», es decir, los potenciales blancos de un ataque. «Nos perjudicaría proyectar una imagen demasiado racional y serena de nosotros mismos. […] La posibilidad de que Estados Unidos se vuelva irracional y vengativo si sus intereses vitales son atacados debería formar parte de la personalidad nacional que proyectamos a todos los adversarios».

Resulta «beneficioso [para nuestra postura estratégica] que algunos elementos puedan parecer potencialmente “descontrolados”», y que, con ello, representen una amenaza constante de ataque nuclear.

No hay mucho en ese documento que concierna a la obligación —estipulada en el Tratado de No Proliferación— de intentar «de buena fe» lo que sea necesario para eliminar de nuestro planeta el azote del armamento nuclear. Lo que sí intuimos en él, sin embargo, es una adaptación de aquel famoso pareado de Hilaire Belloc de 1898 a propósito de la ametralladora Maxim, pero referido aquí a otro tipo de arma:

Whatever happens we have got,

The atom bomb and they have not.

[Pase lo que pase tenemos

la bomba atómica y ellos no].

De cara al futuro, los planes no suenan nada prometedores. En diciembre, la Oficina Presupuestaria del Congreso informó de que el arsenal nuclear estadounidense representará un coste de 355 000 millones de dólares durante la próxima década. En enero, el James Martin Center for Non-proliferation Studies calculó que Estados Unidos se gastaría un billón de dólares en su arsenal nuclear durante los próximos treinta años.

Y, claro está, Estados Unidos no es el único corredor en la carrera armamentística. Como dijo Butler, es casi un milagro que nos hayamos librado de la destrucción hasta el momento. Cuanto más tiempo sigamos tentando a la suerte, menos probable será que la intervención divina perpetúe el milagro.

En el caso de las armas nucleares, al menos sabemos en principio cómo superar la amenaza del apocalipsis: eliminándolas.

Pero otro aterrador peligro proyecta su funesta sombra sobre cualquier previsión de futuro: me refiero al desastre medioambiental. No está claro ni siquiera si tenemos alternativa, aunque cuanto más diferimos en la búsqueda de una solución, más grave se cierne la amenaza sobre nosotros, y no precisamente desde un futuro lejano. Y la manera de afrontar esta cuestión pone muy de manifiesto cuál es el verdadero compromiso de los gobiernos con la seguridad de sus poblaciones.

En la actualidad, Estados Unidos se jacta de haber ganado «cien años de independencia energética» al haberse convertido en «la Arabia Saudí del próximo siglo», un siglo que, muy probablemente, será la centuria final de la civilización humana de persistir en las políticas actualmente vigentes.

Podríamos incluso tomar un discurso pronunciado por Obama dos años atrás en la localidad petrolífera de Cushing (en Oklahoma) como una especie de elocuente toque de difuntos por el final de la especie.

Entonces, el presidente proclamó con orgullo y entre encendidos aplausos: «Ahora, durante mi mandato, Estados Unidos está produciendo más petróleo que nunca en los últimos ocho años. Es importante que lo sepamos. Durante los tres pasados años, he dado instrucciones a mi Administración para que se abran millones de hectáreas a las prospecciones de gas y petróleo en veintitrés estados diferentes. Estamos abriendo también a dichas exploraciones más del 75% de nuestros recursos petrolíferos potenciales en nuestras aguas territoriales. Hemos cuadruplicado el número de pozos en operación hasta alcanzar un récord histórico. Hemos añadido suficientes oleoductos y gasoductos nuevos como para dar más de una vuelta entera a la Tierra».

Aquellos aplausos revelan también algo acerca de la naturaleza del compromiso del Gobierno con la seguridad, pues las ganancias de las empresas del sector estarán garantizadas mientras «la producción de más petróleo y gas aquí, en nuestro país», continúe siendo «un elemento crucial» de la estrategia energética, tal como el presidente prometió ese día.

Las grandes compañías de la industria de la energía están llevando a cabo importantes campañas de propaganda dirigidas a convencer a la población de que el cambio climático es una exageración o de que, en cualquier caso, no es el resultado de la actividad humana. Tales iniciativas pretenden doblegar la «excesiva» racionalidad de una ciudadanía a la que continúan inquietando los ominosos escenarios de futuro que la inmensa mayoría de los científicos considera más que probables.

Hablando en plata, en el cálculo moral del capitalismo actual, un mayor dividendo adicional a pocos días vista pesa más que la suerte que corra la vida entera de nuestros nietos.

¿Qué posibilidades de supervivencia quedan, entonces? No muy optimistas. Pero los logros de quienes han luchado a lo largo de los siglos por aumentar la libertad y la justicia nos han dejado un legado que podemos aprovechar y acrecentar, o, mejor dicho, que debemos aprovechar y acrecentar (y pronto) si queremos seguir albergando esperanzas de una supervivencia digna y aceptable. Y nada podrá indicarnos con mayor elocuencia qué clase de criaturas somos en realidad.

LÍNEAS ROJAS EN UCRANIA Y MÁS ALLÁ

30 de abril de 2014

La crisis actual en Ucrania es grave y peligrosa, tanto que algunos comentaristas la comparan incluso con la de los misiles de Cuba de 1962.

El columnista Thanassis Cambanis resume sucintamente en The Boston Globe cuál es el problema central de la cuestión. «La anexión de Crimea decretada por Putin es una grieta en el orden en el que Estados Unidos y sus aliados se habían instalado desde el fin de la guerra fría: un orden en el que las grandes potencias sólo intervienen militarmente cuando tienen un consenso internacional de su parte o, de no tenerlo, cuando no cruzan las líneas rojas de una potencia rival».

El crimen internacional más extremo de la era reciente, la invasión de Irak por parte de la coalición formada por estadounidenses y británicos, no constituyó, pues, ningún quebrantamiento de ese orden mundial, porque, aun a pesar de no contar con un apoyo internacional relevante, los agresores no cruzaron las líneas rojas de Rusia ni de China.

Sin embargo, tanto la conquista de Crimea por Putin como las ambiciones del presidente ruso en Ucrania sí cruzan las líneas rojas de los estadounidenses. De ahí que «Obama se haya centrado en aislar a la Rusia de Putin cortando sus lazos económicos y políticos con el exterior, limitando sus ambiciones expansionistas en su propia vecindad y convirtiéndola a todos los efectos en un Estado paria», según informa Peter Baker en The New York Times.

Dicho de otro modo, las líneas rojas de Estados Unidos están firmemente plantadas en las mismísimas fronteras rusas. Por consiguiente, las ambiciones rusas «en su propia vecindad» vulneran el orden mundial y son generadoras de crisis.

Y ése es un argumento generalizable a otros ámbitos geográficos. Hay países a los que a veces se les permite tener sus propias líneas rojas… siempre que no estén situadas más allá de sus fronteras mismas (donde coinciden con las líneas rojas de los estadounidenses, que hacen comenzar su ámbito de influencia justo al otro lado). Pero no se le permitió tal cosa a Irak, por ejemplo. Ni a Irán, país que Estados Unidos amaga constantemente con atacar («no se descarta ninguna opción»).

Tales amenazas vulneran, no ya la Carta de Naciones Unidas, sino también la resolución de la Asamblea General de condena a Rusia que Estados Unidos acaba de firmar. La resolución comienza recalcando la prohibición de «recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza» en las relaciones internacionales que se incluye en la propia Carta de Naciones Unidas.

La crisis de los misiles en Cuba también puso descarnadamente al descubierto las líneas rojas de las grandes potencias. El mundo estuvo peligrosísimamente cerca de la guerra nuclear cuando el presidente Kennedy rechazó el ofrecimiento del premier soviético Jruschov a poner fin a la crisis con una retirada pública simultánea de misiles soviéticos de Cuba y de misiles estadounidenses de Turquía (de hecho, las autoridades de Washington ya tenían previsto sustituir sus misiles por submarinos Polaris, mucho más letales, como parte del ingente sistema que amenazaba permanentemente a Rusia con la destrucción total).

También en aquella ocasión, las líneas rojas de Estados Unidos se situaron en las fronteras mismas de Rusia y ambos bandos aceptaron que así fuera.

La invasión estadounidense de Indochina, al igual que la posterior invasión de Irak, no traspasó ninguna línea roja, como tampoco la han traspasado otros muchos expolios norteamericanos en el resto del mundo. Repito el argumento clave: a veces, a algunos adversarios se les permite tener líneas rojas, pero siempre situadas en sus propias fronteras nacionales, donde Estados Unidos sitúa también sus líneas rojas estratégicas. Si un adversario tiene «ambiciones expansionistas en su propia vecindad» y, con ello, cruza líneas rojas estadounidenses, el mundo se enfrenta automáticamente a una crisis.

En el número más reciente de International Security, revista editada por Harvard y el MIT, Yuen Foong Khong, profesor de la Universidad de Oxford, explica que existe una «larga tradición en el pensamiento estratégico estadounidense en la que coinciden desde siempre los dos grandes partidos: los sucesivos presidentes y sus correspondientes Administraciones han puesto siempre el énfasis en que, para Estados Unidos, es de vital interés impedir la aparición de un hegemón hostil que domine alguna de las grandes regiones del mundo».

Al mismo tiempo, existe un acuerdo político general en torno a la necesidad de que Estados Unidos «mantenga su predominio», porque «es la hegemonía estadounidense la que ha mantenido la paz y la estabilidad regionales», lo que, traducido, viene a significar que ha logrado el sometimiento de todos los actores de la zona a las exigencias estadounidenses.

La realidad es que el mundo no piensa de ese modo y tiene a Estados Unidos por un «Estado paria» y por «la mayor amenaza para la paz mundial», sin que ningún otro país se le acerque ni por asomo en los sondeos de opinión. Pero, claro, ¿qué sabrá el mundo?

El artículo de Khong trata de la crisis en Asia, cuya causa localiza en el ascenso de China, que está maniobrando hacia la consecución de la «primacía económica» en aquel continente y que, como Rusia, posee «ambiciones expansionistas en su propia vecindad» geográfica, lo que cruza las líneas rojas allí marcadas por los estadounidenses.

El reciente viaje de Obama a Asia tuvo por objeto afirmar la ya mencionada «larga tradición […] en la que coinciden […] los dos grandes partidos», por decirlo en la jerga diplomática.

La condena casi unánime de Occidente a Putin incluye cosas como que se critique el «discurso exaltado» en el que se quejó amargamente de que Estados Unidos y sus aliados «nos hayan engañado una y otra vez, hayan tomado decisiones a nuestras espaldas, nos hayan aplicado una política de hechos consumados. Con la expansión de la OTAN en el Este, con el despliegue de infraestructuras militares junto a nuestras fronteras. Siempre nos han dicho lo mismo: “Da igual, esto no os incumbe”».

Las quejas de Putin se ajustan a la realidad de los hechos. Cuando el presidente Gorbachov aceptó la unificación de Alemania dentro de la OTAN —una concesión asombrosa a la luz de la historia—, fue a cambio de una promesa: Washington accedió a que la OTAN no se moviera «ni un centímetro más hacia el Este» de la frontera oriental de la antigua República Democrática Alemana.

Pero aquélla fue una promesa que se rompió casi al instante. Cuando Gorbachov protestó por ello, se le dijo que carecía de fundamento con el que alegar nada, pues lo prometido en su momento se trataba sólo de un compromiso verbal y, como tal, sin validez vinculante.

El presidente Clinton procedió poco después a ampliar la OTAN mucho más hacia el Este, hasta llegar a las fronteras mismas de Rusia. Hoy hay quienes llaman incluso a extender el territorio de la Alianza hasta Ucrania, en el corazón mismo de la «vecindad» histórica de Rusia. Pero esto «no incumbe» a los rusos, claro, porque el deber de «mantener la paz y la estabilidad» obliga a que las líneas rojas estadounidenses estén fijadas justo al otro lado de las fronteras de Rusia.

La anexión rusa de Crimea fue un acto ilegal que vulnera el derecho internacional y varios tratados. No es fácil encontrar nada comparable en años recientes: a fin de cuentas, la invasión de Irak no es equiparable, porque fue un crimen inmensamente mayor.

Pero sí podemos imaginarnos un ejemplo comparable si lo pensamos bien: el control estadounidense sobre la bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba. Guantánamo fue arrebatada a Cuba a punta de pistola en 1903 y ya no se le devolvió ni aun después de las múltiples peticiones formuladas a ese respecto por el Gobierno cubano desde que el país alcanzó la independencia real en 1959.

Aunque, para ser sinceros, la justificación de Rusia para actuar como lo ha hecho es bastante más sólida que la estadounidense. Aun descontando el fuerte apoyo interno en Crimea a la anexión rusa, esa península ha sido históricamente de Rusia; posee el único puerto de Rusia en un mar de aguas templadas, que es, además, donde está atracada la flota rusa; y su importancia estratégica para Moscú es enorme. Estados Unidos, sin embargo, no tiene ningún argumento histórico para reivindicar Guantánamo como propio que no sea su mero monopolio de la fuerza.

Cabe suponer que uno de los motivos por los que Estados Unidos se niega a devolver Guantánamo a Cuba es que en dicha bahía está situado un puerto de gran importancia y que el control estadounidense de la zona dificulta seriamente el desarrollo cubano. Y ése ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos de los últimos cincuenta años, para el que no ha dudado en recurrir a tácticas de terror a gran escala o de guerra económica.

Estados Unidos dice estar conmocionado por las violaciones de los derechos humanos en Cuba, pero pasa por alto que las peores violaciones de ese tipo se producen en Guantánamo, o que las acusaciones legítimas contra Cuba no son ni de lejos comparables con otras prácticas habituales de los gobiernos clientes de Washington en América Latina, o que, desde su independencia, Cuba ha estado sometida a un durísimo ataque estadounidense sin tregua.

Pero nada de eso traspasa las líneas rojas de nadie ni, por consiguiente, causa crisis alguna. Entra en la misma categoría que las invasiones estadounidenses de Indochina e Irak, el derrocamiento continuado de regímenes parlamentarios para instituir dictaduras sanguinarias en su lugar, y otros episodios de nuestro execrable historial como garantes del «mantenimiento de la paz y la estabilidad».

EDWARD J. SNOWDEN, EL «CRIMINAL MÁS BUSCADO» DEL MUNDO

30 de mayo de 2014

Durante los últimos meses, hemos recibido una serie de instructivas lecciones sobre la naturaleza del poder del Estado y de las fuerzas que impulsan las políticas de ese Estado. Pero también hemos aprendido mucho sobre un asunto estrechamente relacionado con el anterior: el sutil y para nada unívoco concepto de transparencia.

La fuente de tanto aprendizaje, por supuesto, la hallamos en el arsenal de documentos sobre el sistema de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional dados a conocer al público en general por Edward J. Snowden, valiente luchador por la causa de la libertad, y resumidos y analizados con muy experto criterio por su colaborador, Glenn Greenwald, en su nuevo libro, titulado Snowden: sin un lugar donde esconderse[*].

Los documentos revelan el diseño y la puesta en marcha de un formidable proyecto dirigido a destapar para la mirada escrutadora del Estado información vital sobre cualquier persona que esté dentro del radio de alcance del coloso, lo que, en principio, significaría cualquier individuo conectado a la sociedad electrónica moderna.

Nada tan ambicioso había sido concebido nunca por los muchos profetas que han descrito sombrías distopías literarias de mundos totalitarios futuros salidos de su imaginación.

No hay que pasar por alto que el mencionado proyecto está siendo ejecutado por uno de los países más libres del mundo, en flagrante vulneración de la Carta de Derechos incluida en la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de «pesquisas y aprehensiones arbitrarias», y garantiza la privacidad de sus «personas, domicilios, papeles y efectos».

Por mucho que los abogados del Estado traten de encontrar uno, lo cierto es que no hay modo alguno de conciliar esos principios con el asalto a la ciudadanía que revelan los documentos de Snowden.

También conviene recordar que la defensa del derecho fundamental a la privacidad contribuyó a encender la mecha que hizo estallar la revolución de la independencia estadounidense. En el siglo XVIII, el tirano era el Gobierno británico, que pretendía poseer el derecho de entrometerse libremente en los hogares y las vidas personales de los colonos norteamericanos. En la actualidad, sin embargo, es el propio Gobierno de esos ciudadanos norteamericanos el que se arroga tal autoridad.

Gran Bretaña no ha abandonado aún aquellos malos hábitos que impulsaron a los colonos a la rebelión, aunque hoy los practique a una escala más restringida, pues también el centro de gravedad del poder internacional ha mudado con los siglos. Ahora sabemos que el Gobierno británico ha solicitado a la Agencia de Seguridad Nacional que «analice y conserve los números de teléfono móvil y de fax, y las direcciones IP y de correo electrónico de cualquier ciudadano británico dragado por su operativo de captura de datos», según informa The Guardian citando documentos proporcionados por Snowden.

Los ciudadanos británicos (como otros «clientes» internacionales de estos servicios) estarán también encantados sin duda de saber que la Agencia de Seguridad Nacional recibe (o intercepta) enrutadores, servidores y otros dispositivos de redes informáticas exportados desde Estados Unidos para implantar en ellos mecanismos de vigilancia, tal como Greenwald explica en su libro.

A medida que el coloso vaya implantando así sus proyectos, será posible, en principio, que todo tecleo termine siendo enviado a las ingentes (y ampliables) bases de datos que el presidente Obama tiene a su servicio en Utah.

Pero no es ésa la única vía por la que el abogado constitucionalista que se sienta ahora mismo en el sillón de la Casa Blanca parece decidido a demoler los cimientos de las libertades civiles. El principio de la presunción de inocencia, que se remonta a la Carta Magna (firmada ochocientos años atrás), también parece haber sido relegado al olvido hace tiempo.

Hace poco, The New York Times informó de la «angustia» que estaba viviendo un juez federal que tenía que decidir si debía permitir la alimentación forzosa de un prisionero sirio que se hallaba en huelga de hambre para protestar por su reclusión.

Nadie expresó tal «angustia» por el hecho de que este hombre lleve retenido sin juicio doce años en la prisión militar de la bahía de Guantánamo, convertido en una de las muchas víctimas del líder del mundo libre, que se atribuye el derecho a recluir a prisioneros sin cargos y a someterlos a tortura.

Estas revelaciones llevan a que nos preguntemos por la política de Estado en un sentido más general y por los factores que la motivan. La versión convencional más rápidamente aceptada es que el objetivo primordial de tal política es la seguridad y la defensa contra los enemigos.

Pero esa doctrina suscita de inmediato un par de interrogantes: ¿seguridad para quién y defensa frente a qué enemigos? Y las respuestas quedan espectacularmente puestas de relieve por las revelaciones de Snowden.

La política de Estado está ahí, más bien, para garantizar la seguridad de la autoridad estatal y de las formas concentradas de poder interior, y defenderlas de un aterrador enemigo: la población del propio país, que puede convertirse en un gran peligro si no está bien controlada.

Hace tiempo que se sabe que la información sobre el enemigo contribuye de manera crucial a controlarlo. En ese terreno, el presidente Obama tiene una serie de distinguidos predecesores, aun cuando sus aportaciones propias hayan alcanzado ya niveles sin precedentes, como bien hemos podido averiguar gracias a la labor de Snowden y Greenwald, entre otras personas.

Para defender el poder del Estado y el poder económico privado frente al enemigo interior, ambos poderes deben permanecer ocultos al público, al tiempo que el mencionado enemigo debe estar plenamente expuesto a la visión de la autoridad estatal.

Es un principio que Samuel P. Huntington, todo un intelectual de la política de Estado, explicó con gran lucidez cuando nos recordó que «el poder se mantiene fuerte cuando permanece oculto, pero comienza a evaporarse nada más exponerse a la luz del sol».

Huntington añadía un ejemplo que ilustraba crucialmente su argumento. Según sus propias palabras, «puede que haya que publicitar [una intervención u otra acción militar] de tal modo que se cree la impresión errónea de que es la Unión Soviética contra quien se está combatiendo. Eso es lo que Estados Unidos viene haciendo desde que se instauró la doctrina Truman», en los albores de la guerra fría.

La apreciación de Huntington sobre el poder y la política estatales no sólo era correcta, sino también premonitoria. Él escribió aquellas líneas en 1981, cuando la Administración Reagan emprendía su particular guerra contra el terror, que pronto devino en una brutal y asesina guerra terrorista, desarrollada principalmente en América Central, pero con prolongaciones mucho más allá, en el sur de África, en Asia y en Oriente Próximo y Medio.

Desde ese momento, tanto para promover la violencia y la subversión en el extranjero, como para fomentar la represión y la violación de derechos fundamentales en el propio país, el poder del Estado ha tratado una y otra vez de crear la impresión errónea de que se está combatiendo a terroristas, aun cuando también ha acudido en ocasiones a otras opciones: señores de la droga, mulás enloquecidos ansiosos de obtener armas nucleares, y mil y un otros ogros presuntamente obsesionados por atacarnos y destruirnos.

En todo momento, ha subsistido un mismo principio básico: no se debe exponer el poder a la luz del sol. Edward Snowden se ha convertido en el criminal más buscado del mundo por no haber observado tan esencial máxima.

En resumidas cuentas, pues, la que debe estar sometida a una transparencia completa es la ciudadanía, pero dicha transparencia no es igualmente exigible a ninguno de los poderes que necesitan defenderse de tan temible enemigo interior.

EL MUNDO Y LA MENTALIDAD DE MAZO DESTRUCTOR

3 de julio de 2014

En primera página de The New York Times del 26 de junio podía verse una fotografía de unas mujeres de luto por un iraquí asesinado.

Él es una de las innumerables víctimas de la campaña del ISIS (el Estado Islámico en Irak y Siria) ante la que el ejército iraquí, armado y entrenado desde hace años por Estados Unidos, se desvaneció como si nada, abandonando buena parte de Irak al empuje de unos pocos miles de milicianos, aunque no se puede decir que eso sea ninguna novedad en la historia de los imperios.

Justo por encima de la imagen se podía leer el famoso lema del rotativo neoyorquino: «Toda la información digna de publicarse».

Pero si eso es así, en esa portada se estaba produciendo una omisión crucial, pues en ella deberían figurar también unas palabras muy significativas de la sentencia de los juicios de Núremberg contra destacados dirigentes nazis. Me refiero a unas palabras que convendría repetir hasta que penetren a fondo en la conciencia general: la agresión es «el crimen internacional supremo que se diferencia de otros crímenes de guerra por el simple hecho de que contiene en sí el mal acumulado de todo el conjunto».

Y, acompañando a esas palabras, debería incluirse la siguiente advertencia del fiscal en jefe estadounidense en aquel proceso, Robert Jackson: «Los antecedentes por los que juzgamos a estos acusados serán los antecedentes por los que la historia nos juzgará a nosotros el día de mañana. El cáliz del que hoy hacemos beber a los acusados puede ser un regalo envenenado del que algún día tengamos que beber».

La invasión británico-estadounidense de Irak fue una agresión de libro. Sus defensores invocan nobles intenciones, pero eso es algo absolutamente irrelevante para el caso, aun si fuera cierto.

Para los tribunales de la Segunda Guerra Mundial nada importó que los imperialistas japoneses se propusieran llevar el «paraíso terrenal» a los chinos que estaban masacrando, ni que Hitler enviara tropas a Polonia en 1939 en defensa propia contra el «salvaje terror» de los polacos. Así pues, el mismo criterio debe aplicársenos si nos toca sorber de ese cáliz envenenado.

Pocas ilusiones se hacen a ese respecto quienes sufren las consecuencias de aquella otra invasión más reciente. Abdel Bari Atwan, director de un sitio web panárabe, señala que «el principal factor responsable del caos actual [en Irak] es la ocupación estadounidense/occidental y el respaldo que le han brindado los gobiernos árabes. Afirmar cualquier otra cosa es llamarse a engaño sin otra pretensión que desviar nuestra atención de esa verdad».

En una entrevista reciente para el programa de televisión Moyers & Company, Raed Jarrar, especialista en Irak, ha subrayado algo que, en Occidente, deberíamos haber aprendido hace tiempo. Como muchos iraquíes, él es medio chií y medio suní, y en el Irak anterior a la invasión apenas conocía las identidades religiosas de sus parientes porque «la afiliación sectaria realmente no formaba parte de la conciencia nacional».

Jarrar nos recuerda que «este conflicto entre sectas que está destruyendo el país […] se inició claramente a raíz de la invasión y la ocupación estadounidenses».

Los agresores destruyeron «la identidad nacional iraquí y la reemplazaron por unas identidades sectarias y étnicas», un proceso que comenzó desde el momento mismo en que Estados Unidos impuso un Consejo de Gobierno basado en las identidades de secta, toda una novedad en Irak.

A estas alturas, chiíes y suníes son enemigos acérrimos gracias a la mentalidad de mazo destructor conforme a la que actuaron Donald Rumsfeld y Dick Cheney (antiguos secretario de Defensa y vicepresidente estadounidenses, respectivamente, durante la presidencia de George W. Bush) y otros como ellos que no entienden nada más allá de la violencia y el terror, y que han contribuido a crear los conflictos que despedazan la región en estos momentos.

Otros titulares de prensa informan del resurgimiento de los talibanes en Afganistán. El periodista Anand Gopal explica las razones de ese fenómeno en su excepcional libro No Good Men among the Living: America, the Taliban, and the War through Afghan Eyes [No hay buenos hombres entre los vivos: América, los talibanes y la guerra a través de los ojos afganos].

En 2001-2002, cuando el mazo destructor estadounidense golpeó Afganistán, los forasteros de Al Qaeda se esfumaron enseguida de allí y el movimiento talibán se derrumbó. Así que muchos de sus antiguos miembros optaron (al más tradicional estilo de siempre) por amoldarse a los nuevos conquistadores.

Pero Washington estaba desesperado por encontrar a terroristas a los que aplastar. Los hombres fuertes que impuso como gobernantes del país no tardaron en percatarse de que podían sacar partido de la ignorancia ciega del Gobierno de Estados Unidos y aprovechar las fuerzas estadounidenses para atacar a sus enemigos, incluidos aquellos que estaban más que dispuestos a colaborar con los invasores norteamericanos.

Pronto el país estuvo gobernado por despiadados señores de la guerra, al tiempo que numerosos extalibanes que habían tratado de incorporarse al nuevo orden pasaron a reactivar la insurgencia.

El mazo destructor fue recogido posteriormente por el presidente Obama, quien hizo que Estados Unidos «liderara desde la retaguardia» la campaña que machacó Libia.

En marzo de 2011, en pleno levantamiento de la Primavera Árabe contra el mandatario libio Muamar Gadafi, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1973 que llamaba a «un cese del fuego» y a poner «fin completamente a la violencia y a todos los ataques y abusos contra civiles».

El triunvirato imperial —Francia, Inglaterra y Estados Unidos— no tardó ni un segundo en vulnerar la resolución convirtiéndose en fuerza aérea de los rebeldes e incrementando sensiblemente con ello los niveles de violencia.

Su campaña culminó con el asalto contra el refugio de Gadafi en Sirte, que «arrasaron por completo», dejando así un panorama que recordaba «a las más lúgubres escenas de Grozni hacia el final de la sangrienta guerra de Rusia en Chechenia», según los testimonios de testigos presenciales recogidos en la prensa británica. Pero poco importó tan elevado coste en sangre derramada: el triunvirato logró su objetivo de implantar allí un cambio de régimen desdiciéndose así en la práctica de sus moralizantes gestos previos en sentido contrario.

La Unión Africana se opuso categóricamente al asalto del triunvirato. Según informó Alex de Waal, especialista en África, en la revista británica International Affairs, la Unión Africana fijó una «hoja de ruta» para lograr un alto el fuego, la llegada de ayuda humanitaria, la protección de los migrantes africanos atrapados en el país (que estaban siendo objeto de matanzas y expulsiones indiscriminadas) y de otros extranjeros, y la introducción de reformas políticas que eliminaran «las causas de la crisis actual», así como de otras medidas adicionales dirigidas a instaurar «un Gobierno provisional inclusivo y de consenso hasta la celebración de elecciones democráticas».

El marco establecido por la Unión Africana fue aceptado en principio por Gadafi, pero desestimado por el triunvirato, que «no estaba interesado en ninguna negociación real», según señala De Waal.

El resultado es que Libia está actualmente rota por la acción de las milicias en guerra, mientras que el terror yihadista se ha desatado sobre buena parte de África, alimentado por una riada de armas cuyos efectos han llegado también a Siria.

Existen sobradas pruebas de las consecuencias de recurrir al mazo destructor. Pongamos el caso de la República Democrática del Congo, antiguo Congo Belga, un país enorme y rico en recursos, pero también una de las peores historias de terror contemporáneas. Y eso que tuvo una buena oportunidad para emprender un proceso de desarrollo positivo tras alcanzar la independencia en 1960, bajo el liderazgo del entonces primer ministro Patrice Lumumba.

Pero Occidente no estaba dispuesto a permitirlo. El jefe de la CIA Allen Dulles decidió que la eliminación de Lumumba tenía que ser el «objetivo prioritario y urgente» de una acción encubierta, entre otras cosas, porque las inversiones estadounidenses podían estar en peligro por culpa de aquellos «nacionalistas radicales», según los calificaban los documentos internos de las autoridades de Washington.

Así, bajo la supervisión de agentes belgas, Lumumba fue asesinado, cumpliendo de ese modo el deseo del presidente Eisenhower de que el mandatario congoleño «se hundiera en un río infestado de cocodrilos». Las riendas del Congo fueron entregadas entonces al favorito de los estadounidenses, el asesino y corrupto dictador Mobutu Sese Seko, y de ahí arranca todo el proceso de ruina general de las esperanzas de África.

Pero las consecuencias del terrorismo de Estado de Washington son más perceptibles si cabe en regiones muy próximas al propio país, aunque sólo sea por la cercanía geográfica misma. En la actualidad, por ejemplo, preocupa mucho el elevado flujo de niños que huyen a Estados Unidos desde América Central.

The Washington Post informa que los países desde los que se ha registrado un aumento repentino de ese tránsito son «principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras», pero no Nicaragua. ¿Por qué? ¿No será porque, cuando el mazo destructor de Washington martilleaba la región en la década de 1980, Nicaragua fue el único país que tuvo un ejército que defendió a su población de los terroristas dirigidos por Estados Unidos, mientras que, en los otros tres países mencionados, los terroristas que actuaban contra la población local eran los propios ejércitos nacionales, equipados y entrenados por Washington?

Obama ha propuesto una respuesta humanitaria a tan trágica afluencia de personas: mecanismos de deportación más eficientes. Pero ¿tan difícil es imaginar alternativas?

De todos modos, sería injusto no mencionar los ejercicios del llamado «poder blando» y el papel del sector privado. Buen ejemplo de ello es la decisión de Chevron de abandonar sus tan cacareados programas de energías renovables porque los combustibles fósiles son ahora mucho más lucrativos.

Exxon Mobil ha anunciado a su vez «que su concentración exclusiva en combustibles fósiles es una estrategia sensata, con independencia del cambio climático —según informa Bloomberg Businessweek— porque el mundo necesita muchísima más energía y la probabilidad de [que los programas de energías alternativas produzcan] reducciones significativas de las emisiones carbónicas es “muy remota”».

Lo que viene a decírsenos con esto es que sería un error recordar a diario a los lectores de prensa los ya mencionados términos de la sentencia de los juicios de Núremberg. Y es que, en el fondo, la agresión ha dejado de ser el «crimen internacional supremo»: está claro que ya no puede compararse con la destrucción de las vidas de las generaciones futuras que tiene como único propósito procurarse unas primas de productividad mayores al término de cada ejercicio financiero presente.

PESADILLA EN GAZA

1 de agosto de 2014

Pese a los horrores desatados por la más reciente ofensiva israelí en Gaza, Israel tiene un objetivo bien simple: «calma» a cambio de calma, o lo que es lo mismo, un regreso a la normalidad.

En el caso de Cisjordania, la normalidad es que Israel prosiga con su construcción ilegal de asentamientos y de obras de infraestructura a fin de integrar en su seno nacional todo aquello que pueda ser de valor para los israelíes, lo que significa relegar a los palestinos a los cantones que tengan un futuro menos viable y someterlos por medio de la represión y la violencia.

En el caso de Gaza, la normalidad es llevar una existencia deprimente bajo un cruel y destructivo asedio cuya intensidad Israel regula al punto de permitir la mera supervivencia de la población, pero nada más.

El último desmán israelí fue provocado por el brutal asesinato de tres muchachos israelíes de una comunidad de colonos en la Cisjordania ocupada. Un mes antes, habían sido dos chicos palestinos los muertos a tiros en la ciudad cisjordana de Ramala. Aquello suscitó escasa atención, lo que no deja de ser comprensible, ya que se trataba de un episodio rutinario allí.

«La desconsideración institucionalizada por la vida palestina de la que hace gala Occidente es uno de los factores que explican no sólo por qué los palestinos recurren a la violencia —informa el analista en Oriente Próximo y Medio Mouin Rabbani—, sino también el porqué del más reciente ataque de Israel contra la Franja de Gaza».

En una entrevista, Raji Sourani, abogado defensor de los derechos humanos que ha permanecido en Gaza durante los años de brutalidad y terror israelíes, declaró: «El argumento que oí más habitualmente cuando se empezó a hablar de un alto el fuego era: “Mejor morirnos que volver a la situación que teníamos antes de esta guerra. No queremos aquello de nuevo. Estamos privados de dignidad y de orgullo; no somos más que blancos desprotegidos y nuestra vida vale bien poco. O bien mejora de verdad nuestra situación, o es mejor que nos muramos y ya está”. Hablo de intelectuales, académicos, personas de a pie: todos decían eso».

En enero de 2006, los palestinos cometieron un crimen imperdonable: votaron por la candidatura equivocada en unas elecciones libres y escrupulosamente supervisadas por observadores internacionales, pues otorgaron el control del Parlamento a Hamás.

Los medios de comunicación recitan constantemente la cantinela de que Hamás es una organización consagrada a la destrucción de Israel. Lo cierto es que los líderes de Hamás han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que su partido aceptaría una solución de dos Estados de conformidad con el consenso internacional que Estados Unidos e Israel llevan bloqueando desde hace cuarenta años.

Israel, sin embargo, sí está consagrado a la destrucción de Palestina, pese a alguna que otra declaración ocasional poco significativa, y actúa con arreglo a ese compromiso.

El crimen de los palestinos en aquel enero de 2006 fue castigado de inmediato. Estados Unidos e Israel, con Europa vergonzosamente a su estela, impusieron duras sanciones a la errante población palestina, e Israel subió la intensidad de la violencia de sus acciones.

Estados Unidos e Israel pusieron rápidamente en marcha planes para orquestar un golpe militar que derrocara al Gobierno palestino electo. Cuando Hamás tuvo la osadía de desbaratar tales planes, los ataques y el sitio israelíes se endurecieron considerablemente.

No creo que haga falta que repasemos una vez más el funesto historial de acontecimientos desde entonces. El asedio implacable y los salvajes ataques son aderezados de vez en cuando con episodios de lo que el propio Israel llama alegremente «cortar el césped», una «guerra de defensa» en la que las fuerzas israelíes se dedican a pegar tiros a los peces de su «estanque» particular.

Cuando el césped está ya bien recortado y la población, desesperada, trata de rehacerse como sea de la devastación y de los asesinatos, llega la hora de cerrar un acuerdo de alto el fuego. El más reciente cese de hostilidades se fijó después del ataque israelí de octubre de 2012, denominado Operación Pilar Defensivo.

Israel mantuvo el sitio, pero Hamás respetó el alto el fuego, algo reconocido por los propios israelíes. La situación cambió en abril de este año, cuando Al Fatah y Hamás alcanzaron un acuerdo de unidad del que nacía un nuevo Gobierno de tecnócratas no afiliados a ninguno de los dos partidos.

Naturalmente, aquello enfureció a Israel, sobre todo después de que hasta la Administración Obama se sumara al resto de Occidente expresando su aprobación por el entendimiento entre facciones palestinas. El acuerdo de unidad no sólo resta fuerza a la justificación israelí de que no puede negociar con una Palestina dividida, sino que también amenaza la viabilidad del objetivo a largo plazo de separar Gaza de Cisjordania y de proseguir con las políticas de destrucción en ambas zonas geográficas.

Algo había que hacer y la oportunidad se presentó el 12 de junio, cuando los tres jóvenes israelíes fueron asesinados en Cisjordania. El Gobierno Netanyahu sabía desde el primer momento que los muchachos habían fallecido, pero fingió ignorarlo, lo que le sirvió de excusa para lanzar una incursión de rastreo y castigo en Cisjordania centrada en Hamás.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó conocer ciertos indicios que apuntaban a que Hamás era responsable. Eso también era mentira.

Una de las más entendidas autoridades israelíes en Hamás, Shlomi Eldar, informó casi al momento de que los asesinos provenían muy probablemente de un clan disidente de Hebrón que llevaba tiempo siendo una molesta piedra en el zapato de Hamás. Eldar añadió: «Estoy convencido de que no recibieron luz verde alguna de la dirección de Hamás para hacer lo que han hecho; simplemente pensaron que era su oportunidad para actuar».

De todos modos, los dieciocho días de estragos de aquella operación de castigo lanzada a raíz del secuestro inicial de los muchachos lograron el objetivo de socavar las bases del temido acuerdo de unidad y sirvieron asimismo para incrementar sensiblemente el grado de represión israelí. Israel llevó a cabo también decenas de ataques en Gaza que, el 7 de julio, mataron a cinco miembros de Hamás.

Dicha organización palestina reaccionó finalmente disparando sus primeros cohetes en diecinueve meses, lo que Israel aprovechó como pretexto para lanzar la Operación Filo Protector el 8 de julio.

A 31 de julio, el número de palestinos asesinados en esa ofensiva (civiles en su mayoría) ascendía a unos mil cuatrocientos, centenares de mujeres y niños entre ellos. Y tres víctimas civiles israelíes. Amplias áreas de Gaza habían quedado reducidas a escombros. Cuatro hospitales habían sido blanco de ataques (cuatro crímenes de guerra que sumar a la lista).

Las autoridades israelíes alaban la humanidad del que llaman «el ejército más moral del mundo», que tiene por costumbre informar a los residentes de las zonas que son objetivo de sus ataques de que va a bombardear sus hogares. Esa práctica es «sadismo mojigatamente disfrazado de clemencia —por citar las palabras de la periodista israelí Amira Hass—: un mensaje grabado que ordena a cientos de miles de personas que abandonen sus hogares, cuando están siendo ya atacados, y busquen otro lugar donde cobijarse, igual de peligroso, diez kilómetros más allá».

En realidad, no hay ningún lugar en la megaprisión de Gaza que esté a salvo del sadismo israelí, que puede alcanzar incluso cotas muy superiores a las de los terribles crímenes cometidos durante la Operación Plomo Fundido de 2008-2009.

Las atroces revelaciones sobre aquellos actos obtuvieron la reacción habitual del presidente más moral del mundo, Barack Obama: mucha solidaridad con los israelíes, dura condena a Hamás y llamamientos a la moderación en ambos bandos.

Israel espera que, cuando se ordene el cese de los ataques actuales, tenga las manos libres para seguir con sus criminales políticas en los Territorios Ocupados sin intromisiones foráneas, y con el apoyo estadounidense con el que ha contado ya en el pasado.

Los gazatíes serán libres también, pero para regresar a la normalidad de su megaprisión regentada por los israelíes, mientras que en Cisjordania, los palestinos podrán contemplar en paz cómo Israel desmantela lo que queda de sus posesiones.

Ése será el resultado probable de todo esto si Estados Unidos mantiene su decisivo y prácticamente unilateral apoyo a los crímenes israelíes, y su rechazo al ya tradicional consenso internacional favorable a un acuerdo diplomático. Ahora bien, el futuro sería muy distinto si Estados Unidos retirara ese apoyo.

En ese caso, sería posible avanzar hacia la «solución duradera» que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió para Gaza (unas palabras que concitaron histéricas expresiones de condena en Israel porque podían interpretarse como un llamamiento a poner fin al asedio y los ataques regulares de los israelíes). Y —para colmo de horrores— la frase podría interpretarse incluso como un llamamiento a la aplicación del derecho internacional en el resto de los Territorios Ocupados.

Cuarenta años atrás, Israel tomó la fatídica decisión de preferir la expansión a la seguridad al rechazar un tratado de paz integral ofrecido por Egipto a cambio de la evacuación del entonces ocupado Sinaí egipcio, donde Israel estaba poniendo en marcha un extenso programa de asentamientos y de obras de construcción. Israel no se ha apartado de esa política desde entonces.

Si Estados Unidos decidiera sumarse al resto del mundo, el impacto de su gesto sería considerable. Israel ha abandonado cualquiera de sus preciados planes siempre que Washington se lo ha exigido. He ahí la muestra de las relaciones de poder entre ambos países.

Además, Israel tiene ahora muy pocas alternativas a las que recurrir después de haber adoptado políticas que han hecho que deje de ser el país admiradísimo que era y se haya convertido en uno ampliamente temido y despreciado: unas políticas que sigue aplicando con determinación ciega en el momento presente en una especie de viaje hacia el deterioro moral y hacia su posible destrucción final.

¿Podría Estados Unidos cambiar de política? No es imposible. La opinión pública ha variado considerablemente en los últimos años, sobre todo entre los sectores de población más jóvenes, y eso es algo que no puede ignorarse por completo.

Hace ya años que existe una base política y jurídica bastante fundamentada para las peticiones populares de que Washington observe sus propias leyes e interrumpa la ayuda militar a Israel. La ley estadounidense exige que «no se proporcione asistencia en materia de seguridad a ningún país cuyo Gobierno se involucre en un patrón sistemático de violaciones flagrantes de derechos humanos internacionalmente reconocidos».

Israel es indudablemente culpable de este patrón sistemático, y así ha sido durante muchos años.

Patrick Leahy, senador por Vermont y autor de esa disposición legal, ha sacado a colación su aplicabilidad potencial a la conducta de Israel en ciertos casos concretos, y con un esfuerzo educativo, organizativo y activista bien coordinado, en lo sucesivo podrían seguir impulsándose iniciativas de ese tipo.

Eso podría tener un impacto muy significativo en sí mismo y servir, al mismo tiempo, de trampolín para otras acciones adicionales dirigidas a instar a Washington a convertirse en parte de «la comunidad internacional» y a observar el derecho y las normas internacionales.

De hecho, nada sería más significativo para las trágicas víctimas palestinas de tantos años de violencia y represión.

Colofón

EL BÚHO DE MINERVA

3 de septiembre de 2014

No es agradable imaginar las ideas que deben estar pasando por la mente del búho de Minerva a medida que cae la noche sobre la civilización humana y el perspicaz mochuelo hace repaso de toda ésa era, que puede estar hoy aproximándose a su ignominioso final.

Hablamos de un período inaugurado casi diez mil años atrás en el Creciente Fértil, esa área geográfica que, desde las tierras del Tigris y el Éufrates, siguiendo por Fenicia, en la costa oriental del Mediterráneo, y el valle del Nilo, se extiende hasta Grecia y más allá. Lo que sucede actualmente en esa región es un criadero de duras lecciones que aprender sobre las honduras a las que nuestra especie es capaz de descender.

El país del Tigris y el Éufrates ha sido escenario de incalificables horrores en años recientes. La agresión liderada por George W. Bush y Tony Blair en 2003, que muchos iraquíes compararon con las invasiones mongolas del siglo XIII, fue un nuevo golpe letal. Destruyó buena parte de lo que había logrado sobrevivir a las sanciones de Naciones Unidas contra Irak (impulsadas por Bill Clinton), calificadas de «genocidas» por unos diplomáticos tan distinguidos como Denis Halliday y Hans von Sponeck, quienes se encargaron de administrar su implementación antes de dimitir en señal de protesta (los devastadores informes de Halliday y Von Sponeck recibieron el tratamiento político e informativo habitual que se dispensa a los hechos y los datos no deseados).

Una de las consecuencias terribles de la invasión británico-estadounidense ha quedado retratada en una «guía visual de la crisis en Irak y Siria» publicada por The New York Times: me refiero al radical cambio experimentado en Bagdad, que ha pasado de ser una ciudad de barrios de población mixta en 2003 a un conjunto de enclaves sectarios atrapados actualmente en una espiral de acérrimo odio mutuo. Los conflictos inflamados por la invasión rebasan los límites del territorio iraquí y amenazan ahora con desgarrar toda la región.

Buena parte de la zona del Tigris-Éufrates está hoy en manos del ISIS y su autoproclamado Estado Islámico, una lúgubre caricatura de esa variante extremista de islam radical que tiene su sede central en Arabia Saudí. Patrick Cockburn, corresponsal en Oriente Próximo para el diario The Independent y uno de los analistas mejor informados sobre el ISIS, lo describe como «una organización espantosa, fascista en muchos sentidos y muy sectaria, que mata a cualquiera que no crea en su particular rama rigurosa del islam».

Cockburn también destaca la contradicción con la que Occidente reaccionó al surgimiento del ISIS, entremezclando medidas para contener su avance en Irak y acciones dirigidas a debilitar al principal oponente de ese grupo en Siria, el brutal régimen de Bachar el Asad. Además, una de las grandes barreras a la extensión de la plaga del ISIS hacia el Líbano es Hezbolá, enemigo jurado de Estados Unidos y de su aliado, Israel. Y para complicar la situación más aún si cabe, Estados Unidos e Irán comparten ahora una justificada preocupación por el auge del Estado Islámico de la que son también partícipes otros actores en esa región tan azotada por los conflictos.

Egipto se ha sumido en una de sus épocas más oscuras bajo el puño de hierro de una dictadura militar que continúa recibiendo apoyo estadounidense. Pero el destino de Egipto no estaba escrito en las estrellas. Durante siglos, han ido surgiendo vías de evolución alternativas perfectamente factibles que, en no pocos casos, terminaron siendo bloqueadas por la pesada mano de uno u otro de los diversos imperios allí instalados.

Asimismo, tras los nuevos horrores de las últimas semanas, poco comentario cabe añadir ya a lo que emana de Jerusalén, la que en tiempos remotos fuera considerada uno de los grandes focos de la moralidad en el mundo.

Y si hace ochenta años Martin Heidegger ensalzó a la Alemania nazi por considerarla la mejor esperanza de cara a rescatar la civilización gloriosa de los griegos de las manos de los bárbaros de Oriente y Occidente, hoy son banqueros germanos los que están aplastando a Grecia bajo el peso de un régimen económico diseñado para conservar la riqueza y el poder de los primeros.

El fin probable de la era de la civilización parece prefigurarse en un nuevo borrador de informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), panel que, en su rol de supervisor de lo que está sucediendo en el mundo en el plano físico, tiende por lo general a emitir estimaciones más bien conservadoras.

Pues bien, en ese informe se concluye que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero constituye un riesgo de «graves, generalizados e irreversibles impactos sobre las personas y los ecosistemas» durante las décadas venideras. El mundo se está aproximando al umbral de temperatura a partir del cual la pérdida de la inmensa banquisa que cubre Groenlandia será ya imparable. Sumada al derretimiento del hielo antártico, podría hacer que los niveles del mar se elevasen hasta inundar grandes ciudades y llanuras costeras.

La era de la civilización coincide muy de cerca con la época geológica del Holoceno, iniciada hace más de once mil años. La época anterior, el Pleistoceno, duró 2,5 millones de años. Los científicos sugieren actualmente que, doscientos cincuenta años atrás, dio inicio una nueva época, el Antropoceno, un período en el que la actividad humana ha tenido una repercusión extraordinaria en el mundo físico. Cuesta no darse cuenta de la aceleración del ritmo de la sucesión de épocas geológicas.

Uno de los indicadores del impacto humano es la extinción de especies, que se estima actualmente equivalente a la de 65 millones de años atrás, cuando un asteroide chocó contra la Tierra. Se supone que eso fue lo que causó el fin de la era de los dinosaurios, lo que despejó el camino a la proliferación de los pequeños mamíferos y, en último término, de los humanos modernos. Hoy en día, somos los seres humanos los que estamos actuando como aquel asteroide, condenando así a gran parte de la vida a la extinción.

El informe del IPCC confirma que la «inmensa mayoría» de las reservas de combustible conocidas deben permanecer en el subsuelo sin ser extraídas de allí si queremos conjurar riesgos intolerables para las generaciones futuras. Pero, de momento, las grandes empresas energéticas no esconden su intención de explotar tales reservas ni de explorar y descubrir otras nuevas.

Un día antes de que publicara su resumen de las conclusiones del IPCC, The New York Times informó de que un enorme volumen del cereal almacenado en el Medio Oeste estadounidense se está pudriendo en los silos porque el transporte ferroviario prioriza el traslado del petróleo que se extrae ahora de Dakota del Norte (fruto del auge del fracking) para ser embarcado posteriormente hacia Asia y Europa.

Una de las consecuencias más temidas del calentamiento global antropogénico es el derretimiento del permafrost en las regiones en que éste es endémico. Un estudio publicado en la revista Science advierte de que «bastarían incluso unas temperaturas ligeramente más cálidas [menores que las previstas para los próximos años] para iniciar la fusión del permafrost, lo que, a su vez, podría desencadenar la liberación a la atmósfera de enormes cantidades de gases de efecto invernadero actualmente atrapados bajo el hielo», con potenciales «consecuencias fatales» para el clima global.

Arundhati Roy ha sugerido que la «metáfora más apropiada de la locura de nuestros tiempos» tal vez sea el glaciar de Siachen, donde los soldados indios y pakistaníes llevan años matándose en el campo de batalla situado a mayor altura de todo el mundo. El glaciar se está derritiendo actualmente y está dejando a la vista «miles de vainas de proyectiles de artillería, bidones de combustible vacíos, piolets, botas viejas, tiendas y toda clase de desperdicios generados por miles de seres humanos enfrentados» en un conflicto bélico sin sentido. Y, al mismo tiempo, la fusión de los glaciares aboca a la India y a Pakistán a un desastre de dimensiones indescriptibles.

Triste especie. Pobre búho.

NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 1928), lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955 con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Z. Harris, de quien fue discípulo. Entró entonces a formar parte como docente del Massachusetts Institute of Technology, del que es profesor desde 1961.

Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional, o generativa, cuya principal novedad radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones: por un lado, la «estructura profunda», conjunto de reglas de gran generalidad a partir de las cuales se «genera», mediante una serie de reglas de transformación, la «estructura superficial» de la frase. Este método permite dar razón de la identidad estructural profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el pasivo de una oración. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento tácito de las estructuras fundamentales de la gramática, que Chomsky consideró en gran medida innato; basándose en la dificultad de explicar la competencia adquirida por los hablantes nativos de una lengua a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres, consideró que la única forma de entender el aprendizaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad.

Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en el político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la guerra de Vietnam y sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos.

Notas

[1] Véase, por ejemplo, Noam Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals», en New York Review of Books, 13 de febrero de 1967. Véase también una versión actualizada de ese artículo en Noam Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals, Redux: Using Privilege to Challenge the State», en Boston Review, 1 de septiembre de 2011. [El artículo original de New York Review of Books fue traducido al castellano en 1968 y publicado en Cuaderno de Casa de las Américas; también puede consultarse en La responsabilidad de los intelectuales, Buenos Aires, Galerna, 1969. N. del t.] <<

[*] Barcelona, Planeta, 2013 (se señalan con asteriscos aquellas notas que no aparecen en el original en inglés y que afectan, por tanto, sólo a esta edición [N. del t.]). <<

[**] Barcelona, RBA, 2011. <<

[2] «Chomsky book banned at Guantánamo», en Seattle Times, 13 de octubre de 2009, <http://o.staging.seattletimes.com/nation-world/chomsky-book-banned-at-guantnamo> [Intervenciones cuenta con traducción en castellano, en Madrid, Siglo XXI, 2007]. <<

[3] Stuart Hall y Les Back, «In Conversation: At Home and Not at Home», en Cultural Studies, vol. 23, n.º 4, julio de 2009, págs. 680-681. <<

[4] En el transcurso de su carrera, son varias las falsas sombras que se han tratado de proyectar sobre la figura de Chomsky, como la idea absurda —publicada en The New York Times, Higher Education Supplement— de que era un apologista del régimen de Pol Pot, o la muy dañina acusación de antisemitismo vertida contra él en otra ocasión por ser un defensor a ultranza de la libertad de expresión, incluida la del historiador francés Robert Faurisson, un presunto negacionista del Holocausto. Es como si la larga trayectoria de crítica del totalitarismo en todas sus formas que Chomsky se ha labrado quedase de pronto en el olvido en momentos así. <<

[5] Noam Chomsky, «Paths Taken, Tasks Ahead», en Profession, 2000, pág. 38. <<

[6] Véase, por ejemplo, Noam Chomsky, «America Hates Its Poor», en Occupy: Reflections on Class War, Rebellion and Solidarity, Westfield, Nueva Jersey, Zuccotti Park Press, 2013, 2.ª ed. [trad. cast.: Ocupar Wall Street: indignados en el epicentro del capitalismo mundial, Barcelona, Tendencias, 2012]. <<

[7] Archon Fung, «The Constructive Responsibility of Intellectuals», en Boston Review, 9 de septiembre de 2011. <<

[*] La Servicemen’s Readjustment Act, conocida como GI Bill, fue una ley aprobada en junio de 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, cuyo objetivo era facilitar la inserción de los soldados. Contemplaba la financiación de estudios técnicos o universitarios, la concesión de una pensión que ayudase a su subsistencia durante un año y facilitaba el acceso a créditos, ya fuera para adquirir una vivienda o iniciar un negocio. <<

[*] Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2015. <<

[*] Buenos Aires, Capital Intelectual y Le Monde Diplomatique, 2011. <<

[*] Ayn Rand, La rebelión de Atlas, Buenos Aires, Grito Sagrado, 2004. <<

[*] Barcelona, Pasado y Presente, 2013. <<

[*] Barcelona, El Viejo Topo, 2015. <<

[*] Mujabarat es el nombre genérico que tienen las agencias árabes de inteligencia. <<

[*] Barcelona, Paidós, 2013. <<

[*] El 22 de agosto de 2013, Manning manifestó públicamente su identidad como mujer transexual, y pidió que en adelante se le llamase Chelsea (nombre que adoptó legalmente en abril de 2014). Este escrito de Chomsky es anterior a esa fecha. <<

[*] Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2005. <<

[*] Barcelona, Ediciones B, 2014. <<