Noam Chomsky recorre en este libro —una de sus obras de análisis históricopolítico más ambiciosas y permanentes— la historia entera del mundo desde el final de la segunda guerra mundial hasta la actualidad, que él considera como una época de crímenes e infamias enmascarados por la tergiversación sistemática de los hechos por parte de Estados Unidos, cuya política mundial ha estado presidida en todo este tiempo por el miedo a la democracia. Fue el miedo a que triunfaran regímenes de izquierda lo que durante la «guerra fría» llevó al gobierno norteamericano a agitar el espantajo de una agresión comunista para legitimar una política de terrorismo de estado que le permitió eliminar cualquier gobierno que se opusiera a los intereses de su complejo militar industrial.

Y sigue siendo el mismo miedo, nos dice Chomsky, el que ha llevado a los Estados Unidos a la «guerra del Golfo», al genocidio de América Central, a su «lucha contra los cárteles de la droga» o a inaugurar la presidencia de George W. Bush con nuevas demostraciones de fuerza para aviso de navegantes.

Noam Chomsky

Miedo a la democracia

ePub r1.0

Titivillus 19.05.18

Título original: Deterring Democracy

Noam Chomsky, 1991

Traducción: Mireia Carol Gres

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

… El gobierno del mundo debería ser confiado a naciones satisfechas, que no desearan para sí mismas más de lo que tienen. Si el gobierno del mundo estuviera en manos de naciones hambrientas, siempre habría peligro. Pero ninguno de nosotros tendría razón alguna para pretender nada más. La paz sería mantenida por gente que viviría a su manera y que no sería ambiciosa. Nuestro poder nos situaría por encima de los demás. Seríamos como hombres ricos que viven en paz en sus moradas.

WINSTON CHURCHILL

FUENTES

Los capítulos siguientes se basan parcialmente en artículos publicados en Zeta (Z) Magazine, capítulo 2: mayo de 1989; capítulo 3: noviembre de 1989; capítulo 4: marzo, noviembre de 1990; capítulo 5: octubre 1990; capítulo 6: noviembre de 1990, enero de 1991; capítulo 7: enero de 1989. Algunas partes del capítulo 8 están inspiradas en mis trabajos «Mental Constructions and Social Reality» (Construcciones mentales y realidad social), Congreso sobre Conocimiento y Lenguaje, Groningen, mayo de 1989; «Containing the Threat of Democracy» (Conteniendo la amenaza de la democracia), Congreso de Glasgow sobre Autodeterminación y Poder, Glasgow, enero de 1990; «The Culture of Terrorism: the Third World and the Global Order» (La cultura del terrorismo: el Tercer Mundo y el orden global), Congreso sobre Democracia Parlamentaria y Terrorismo Estatal después de 1945, Hamburgo, 19 de mayo de 1990. Todos aparecerán próximamente en las actas de los congresos.

Nota editorial

En esta edición castellana no se han reproducido los capítulos 3 («The Global System»), 8 («The Agenda of the Doves: 1988»), 9 («The Mortal Sin of Self-Defense») y 10 («The Decline of the Democratic Ideal») de la edición original, Deterring Democracy.

ABREVIATURAS

Para algunas fuentes citadas en las notas se han utilizado las siguientes abreviaturas:

AFP | Agencia France Presse
AI | Amnistía Internacional
AP | Associated Press
BG | Boston Globe
CSM | Christian Science Monitor
FEER | Far Eastern Economic Review
JP | Jerusalem Post
LAT | Los Angeles Times
NPR | National Public Radio
NYRB | New York Review of Books
NYT | New York Times
PBS | Public Broadcasting Service
PPS | Public Papers of Presidents
TNR | The New Republic
UPI | United Press International
WP | Washington Post
WSJ | Wall Street Journal

INTRODUCCIÓN

La historia no está primorosamente empaquetada en períodos distintos, pero, imponiéndole tal estructura, en ocasiones podemos lograr claridad sin violentar demasiado los hechos. Uno de dichos períodos se inició con la segunda guerra mundial, una nueva fase en los asuntos mundiales en la cual «los Estados Unidos fueron el poder hegemónico en un sistema de orden mundial» (cita de Samuel Huntington, catedrático de ciencia política de Harvard y consejero de política exterior). Esta fase estaba llegando visiblemente a su fin en los años setenta, cuando el mundo capitalista avanzaba hacia una estructura tripolar con un poder económico centrado en los Estados Unidos, el Japón y la Comunidad Europea basada en Alemania. Por lo que respecta a la Unión Soviética, el rearme militar —iniciado después de que la debilidad soviética quedara sorprendentemente de manifiesto durante la crisis cubana de los misiles—, comenzaba a estabilizarse. La capacidad de influencia y coacción de Moscú, siempre muy inferior a la del poder hegemónico, continuaba declinando desde su apogeo a finales de los años cincuenta. Además, las presiones internas crecían a medida que la economía se estancaba, incapaz de entrar en una nueva fase de modernización «postindustrial» y a medida que sectores más amplios de la población demostraban no estar dispuestos a someterse a las presiones totalitarias. Claramente, Europa y el Japón constituían una mayor amenaza potencial para el dominio de los Estados Unidos que la marchita Unión Soviética.

Estos hechos estaban razonablemente claros a finales de los años setenta, pero se precisaba un enfoque distinto como base lógica de las políticas que entonces se estaban poniendo en marcha con el fin de mantener el dominio global de los Estados Unidos y para proporcionar una necesaria ayuda económica a la industria de la alta tecnología: la imagen de una temible Unión Soviética avanzando con creciente fuerza y planteando un imponente desafío a la civilización occidental. Estas fantasías carecían de credibilidad en aquella época y se hicieron absolutamente insostenibles a lo largo de la década siguiente. Entretanto, las observaciones del párrafo anterior se han convertido en virtuales tópicos[1].

Esta pauta ha sido habitual durante la posguerra y, de hecho, ilustra irregularidades mucho más generales del arte de gobernar y de las estructuras ideológicas que lo acompañan. Como por reflejo, los dirigentes estatales pretextan «seguridad» para justificar sus programas. Esta pretensión raramente resiste un análisis cuidadoso. Habitualmente, descubrimos que las amenazas contra la seguridad son inventadas —y una vez inventadas para otros fines, en ocasiones, creídas—, para inducir a un público reacio a aceptar aventuras en el extranjero o una costosa intervención en la economía interna. Los factores que han condicionado típicamente la política en el período de la posguerra son la necesidad de imponer o mantener un sistema global que sea útil al poder del Estado y a los intereses estrechamente vinculados de los amos de la economía privada, y la de asegurar su viabilidad por medio de la subvención pública y de un mercado garantizado por el Estado. El altamente ramificado sistema del Pentágono ha sido el principal instrumento para alcanzar estos objetivos en el ámbito nacional y en el extranjero, siempre bajo el pretexto de la defensa contra la amenaza soviética. En gran medida, la amenaza de la Unión Soviética y otros enemigos ha aumentado o disminuido según hayan requerido estos fines[2].

La teoría estratégica y las ciencias políticas son instrumentos flexibles que raramente dejan de suministrar el argumento y el análisis precisos para reforzar la conclusión del momento.

Por lo tanto, a partir de la segunda guerra mundial, podemos identificar un período, que continúa en los años setenta, en el cual los Estados Unidos dominaron a la mayor parte del mundo, enfrentándose a una superpotencia rival de alcance considerablemente más limitado. Podemos adoptar la costumbre convencional y referirnos al mismo como a la era de la guerra fría, siempre y cuando tengamos la precaución de no adoptar, sin reflexión, el bagaje ideológico creado para modelar el entendimiento en interés del poder interno.

Uno de los temas de los capítulos siguientes es la importancia y las implicaciones de estos cambios en el orden mundial, pero con un enfoque particular: respecto de las políticas de los Estados Unidos y de aquellos que han resultado más afectados por éstas.

Existe un desequilibrio sorprendente en el sistema internacional «posterior a la guerra fría»: el orden económico es tripolar, pero no así el orden militar. Los Estados Unidos siguen siendo el único poder con la voluntad y la capacidad de ejercer la fuerza a escala global, incluso más libremente que antes con el declive de la disuasión soviética. Pero los Estados Unidos no gozan ya de la preponderancia del poder económico que les había permitido mantener una postura militar agresiva e intervencionista desde la segunda guerra mundial. Un poder militar no respaldado por una base económica similar tiene sus limitaciones como medio de coacción y dominación. Podría muy bien inspirar temeridad, una tendencia a lidiar con las propias fuerzas, posiblemente con consecuencias catastróficas.

Estas características del sistema internacional se han puesto de manifiesto en las distintas reacciones de las potencias industriales ante el hundimiento del imperio soviético y en las operaciones militares norteamericanas a principios del período posterior a la guerra fría, la invasión de Panamá y la respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak. En este último caso, que precisamente se está desarrollando mientras escribo estas palabras, la tensión entre la tripolaridad económica y la unipolaridad militar es particularmente evidente. A pesar de las posibles consecuencias enormemente peligrosas de un conflicto militar, la reacción virtualmente instintiva del gobierno estadounidense fue trasladar la confrontación al escenario de la fuerza, eliminando posibles oportunidades diplomáticas y expresando, incluso, profunda preocupación por el hecho de que los demás pudieran tener la tentación de «resolver la crisis» por medios diplomáticos, alcanzando los objetivos deseados en general por la comunidad internacional, pero sin una demostración decisiva de la efectividad del poder militar y de la resolución de los Estados Unidos[3].

Dentro del orden mundial en evolución, la ventaja comparativa de los Estados Unidos reside en la fuerza militar, en la cual no tiene rival. La diplomacia y el derecho internacional han sido siempre considerados como un molesto estorbo, a menos que puedan utilizarse para tener ventaja sobre un enemigo. Todo jugador activo en los asuntos mundiales afirma pretender sólo la paz y preferir las negociaciones a la violencia y a la fuerza, incluso Hitler. Pero, cuando se retira el velo, vemos habitualmente que la diplomacia es entendida como un disfraz para el imperio de la fuerza. Con la actual configuración de puntos débiles y puntos fuertes de los Estados Unidos, la tentación de transferir rápidamente los problemas al escenario de la confrontación violenta tiende a fortalecerse. Por otra parte, a pesar de que los Estados Unidos no pueden recuperar la supremacía económica de un período anterior, se han comprometido a mantener su condición de única superpotencia militar, sin que nadie asuma el papel de antagonista. Una consecuencia de ello será la exacerbación de los problemas económicos internos; otra, una renovada tentación de «aislamiento y dependencia exclusiva» al confiar en la amenaza de la fuerza en lugar de en la diplomacia.

El conflicto del Golfo situó estas cuestiones en un primer plano. Aparte de Gran Bretaña, que tiene sus propios intereses en Kuwait, las demás grandes potencias industriales mostraron escaso interés en la confrontación militar. La reacción en Washington fue ambivalente. La guerra es peligrosa. Resolver la crisis sin una demostración de la eficacia de la fuerza es también un resultado no deseado. Por lo que respecta a los costes, sería claramente ventajoso para ellos que fueran compartidos, pero no al precio de sacrificar el papel de único defensor del orden. Estas preocupaciones en conflicto dieron lugar a una profunda división de la elite por lo que respecta a la elección entre la preparación para la guerra y la confianza en las sanciones, adoptando la administración la primera vía.

En el pasado, los Estados Unidos y sus clientes a veces se sentían «políticamente débiles» (es decir, carentes de apoyo popular en determinada región seleccionada para efectuar una intervención) a pesar de ser militar y económicamente fuertes, fórmula comúnmente utilizada en todos los bandos. Bajo tales condiciones, es natural preferir la fuerza militar, el terror y la guerra económica a los medios pacíficos dictados por el derecho internacional. Con un poder económico rezagado, la tentación de recurrir a la fuerza no hace más que aumentar.

Ha sido muy oportuno que las dos ocasiones para el uso de la fuerza en esta era (parcialmente) se hayan presentado en Centroamérica y en el Golfo. Los analistas y asesores políticos señalan a menudo una distinción entre «nuestras necesidades» y «nuestros deseos», las primeras ejemplificadas por Oriente Medio, con sus incomparables recursos energéticos, los últimos por Centroamérica, que no tiene una gran importancia estratégica o económica, pero que es un territorio sobre el que los Estados Unidos gobiernan por tradición. En el caso de los meros «deseos», las preferencias tácticas pueden variar. Se suele afirmar que nuestras «necesidades» en Oriente Medio legitiman medidas extremas para preservar el dominio de los Estados Unidos y garantizar que ninguna fuerza autóctona independiente (o poder extranjero, si ésta hubiera sido una posibilidad seria en la época de la posguerra) logre ejercer una influencia sustancial sobre la producción y la distribución de los recursos petrolíferos de la región. En la medida de lo posible, estos últimos han de ser dominados por los Estados Unidos, sus aliados y clientes regionales y sus compañías petrolíferas —doctrina que podría ser virtualmente considerada como el «primer axioma en los asuntos internacionales», como sugerí al escribir sobre esta cuestión a mediados de los años setenta, en la época de la primera crisis del petróleo[4].

Estas características del sistema internacional tienen también su expresión convencional (los Estados Unidos deben soportar la carga de velar por un buen comportamiento en todo el mundo, y así sucesivamente). Pero tales trabas ideológicas deben eliminarse si ha de haber alguna esperanza de lograr una comprensión realista de lo que tenemos delante.

Ciertamente, está cobrando forma un «nuevo orden mundial» marcado por la difusión del poder en los dominios de los Estados Unidos y el hundimiento del imperio ruso y de la tiranía inherente al mismo. Estos hechos convierten a los Estados Unidos en la fuerza militar abrumadoramente dominante y ofrecen a los tres centros de poder económico la atractiva perspectiva de incorporar el antiguo sistema soviético a sus territorios en el Tercer Mundo, que todavía deben ser controlados, en ocasiones por la fuerza. Ello ha sido responsabilidad de los Estados Unidos, pero, con su relativo declive económico, esta tarea se vuelve más difícil de sostener.

Una reacción es que los Estados Unidos deben continuar su labor histórica, aunque recurriendo a otros para pagar las facturas. En su declaración ante el Congreso, el subsecretario de Estado, Lawrence Eagleburger, explicó que el naciente nuevo orden mundial estará basado en «una especie de nueva invención en el ejercicio de la diplomacia»: otros pagarán los costes de la intervención norteamericana para mantener el orden. Un respetado comentarista de asuntos económicos internacionales describe la crisis del Golfo como «un hecho que marca un hito en las relaciones internacionales norteamericanas», que será considerado en la historia como «el que transformó al ejército de los Estados Unidos en un bien público financiado internacionalmente», «una fuerza policial financiada internacionalmente». Aunque «algunos norteamericanos cuestionarán la moralidad del hecho de que el ejército de los Estados Unidos asuma un papel más explícitamente mercenario del que desempeñó en el pasado, … en los años noventa no hay ninguna alternativa realista…». El supuesto tácito es que el bienestar público ha de identificarse con el bienestar de las potencias industriales occidentales, y en particular de sus elites internas[5].

El editor de la sección financiera de un importante diario conservador expresa el punto esencial de forma menos delicada: debemos explotar «nuestro virtual monopolio en el mercado de la seguridad… como una palanca para obtener fondos y concesiones económicas» de la Europa encabezada por Alemania y del Japón. Los Estados Unidos han «acaparado el mercado occidental de la seguridad» y otros carecen de la «voluntad política… para desafiar a los Estados Unidos» en «este mercado». Por consiguiente, seremos el «negocio de alquiler de polis del mundo» y «podremos cargar precios sustanciosos» por el servicio. El término «alquiler de brutos» sería menos halagador pero más adecuado. Algunos nos calificarán de «hessianos», continúa el autor, pero «ésta es una palabra terriblemente degradante para un ejército orgulloso, bien entrenado, bien financiado y muy respetado». Y, digan lo que digan, «deberíamos poder aporrear algunas mesas con los puños» en el Japón y en Europa, y «sacar un precio justo por nuestros considerables servicios», exigiendo que nuestros rivales «compren nuestros bonos a precios baratos o mantengan el dólar alto o, mejor aún, que paguen al contado directamente a nuestro Ministerio de Hacienda». «Podríamos cambiar este papel» de defensores del orden, concluye, «pero con él desaparecería gran parte de nuestro control sobre el sistema económico mundial[6]».

Esta idea, aunque raramente expresada de forma tan terminante, es ampliamente sostenida en una u otra forma, y encierra un elemento esencial de la reacción de la administración ante la crisis del Golfo. Implica que los Estados Unidos deberían continuar asumiendo la inexorable tarea de imponer el orden y la estabilidad (lo que significa un debido respeto a los amos) con el consentimiento y apoyo de las demás potencias industriales, juntamente con las riquezas canalizadas a los Estados Unidos a través de las monarquías productoras de petróleo que de ellos dependen.

Procesos internos paralelos añaden otra dimensión a este cuadro. Estudios realizados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y otros prevén serias insuficiencias de mano de obra especializada (desde científicos y gerentes a técnicos y mecanógrafos) a medida que el sistema educativo se deteriora, como parte del colapso de la infraestructura acelerado por las políticas sociales y económicas de Reagan. Esta tendencia puede mitigarse por la modificación de las leyes de inmigración con el fin de alentar una fuga de cerebros, pero no es probable que ello resulte adecuado. El resultado previsto es que el coste de la mano de obra especializada aumentará y que las empresas transnacionales transferirán investigación, desarrollo y diseño de productos, marketing y otras operaciones similares a otros lugares. Por lo que respecta a la creciente clase baja, seguirán teniendo oportunidades como hessianos. No es necesaria una excesiva imaginación para evocar las consecuencias en el caso de que tales expectativas —no inevitables, pero tampoco inverosímiles— se hicieran, de hecho, realidad[7].

Todas estas cuestiones surgen, de varias formas, en los capítulos siguientes.

Los éxitos de los movimientos populares de Europa oriental y central son un triunfo histórico en la interminable lucha por la libertad y la democracia en todo el mundo. A lo largo de la historia, dichos éxitos han suscitado esfuerzos para establecer el orden y la docilidad y, así, contener y disuadir la amenaza para el privilegio. Las modalidades varían desde la violencia a gran escala a dispositivos de control más sutiles, particularmente en las sociedades más democráticas. Éstos incluyen la estructuración de valores y opciones de actuación[8], y medidas para controlar el pensamiento y la opinión —lo que denominamos «propaganda» en el caso de Estados enemigos.

La idea del control del pensamiento en las sociedades democráticas —o, por lo que a esto respecta, la estructuración de las opciones en una sociedad democrática por parte de instituciones privadas jerárquicas y coactivas— parece contradictoria a primera vista. Una sociedad es democrática en la medida en que sus ciudadanos desempeñan un papel significativo en la gestión de los asuntos públicos. Si su pensamiento es controlado o sus opciones son estrechamente restringidas, no están, evidentemente, desempeñando un papel significativo: sólo los controladores y aquéllos a quienes sirven lo hacen. El resto son acciones sin significado, falsas y formales. Existe, por lo tanto, una contradicción. Sin embargo, ha habido una importante corriente de opinión intelectual que se inclinaba hacia lo contrario, que afirmaba que el control del pensamiento era esencial precisamente en aquellas sociedades que son más libres y más democráticas, incluso cuando medios institucionales limitan las opciones disponibles en la práctica. Estas ideas y su puesta en marcha están, quizás, más avanzadas en los Estados Unidos que en ningún otro lugar, reflejo de que la suya es, en los aspectos importantes, la sociedad más libre del mundo.

La interacción entre la libertad y el control es un segundo tema de los capítulos siguientes, que abordamos desde distintas perspectivas.

El primer y el último capítulo contienen algunas observaciones generales sobre los puntos que acabamos de señalar. Los capítulos 2 a 6 analizan la variedad de perspectivas y problemas a los que se enfrentan los líderes norteamericanos y segmentos activos y comprometidos de la población bajo las condiciones parcialmente nuevas que están hoy cobrando forma. El capítulo 7 considera el concepto operativo de democracia en las sociedades industriales, especialmente Japón y Alemania, de los primeros tiempos de la posguerra, pero podrían ser fácilmente extendidos a otras regiones, pues las políticas son bastante generales, con raíces institucionales estables.

He tratado estos temas en varios libros a los cuales me gustaría hacer referencia como contexto general para los casos en que no se faciliten, en las páginas siguientes, más detalles y documentación[9]. Este material se basa, en parte, en artículos publicados en Zeta (Z) Magazine, desde 1988, generalmente extraídos de manuscritos no publicados más extensos o de charlas desarrolladas durante el mismo período, algunas de las cuales se publicaron bajo una forma distinta como ponencias. Éstas han sido modificadas y revisadas para eliminar coincidencias, con considerable adición de nuevo material.

Diciembre de 1990

1. LA GUERRA FRÍA: REALIDAD Y FANTASÍA

El fin de la guerra fría se considera generalmente como el gran acontecimiento de nuestros días, y, por tanto, la gran pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿qué pasará a continuación? Para responderla, hemos de comenzar aclarando lo que ha sido la guerra fría. Hay dos formas de abordar esta primera cuestión. Una es simplemente aceptar la interpretación convencional, la segunda es echar una ojeada a los hechos históricos. Como suele suceder, ambos enfoques dan lugar a respuestas bastante distintas.

1. LA GUERRA FRÍA COMO ELABORACIÓN IDEOLÓGICA

Según la interpretación convencional, la guerra fría ha sido un enfrentamiento entre dos superpotencias. Luego descubrimos diversas variantes. La versión ortodoxa, que es abrumadoramente dominante, sostiene que el factor impulsor de la guerra fría ha sido la virulenta agresividad soviética que los Estados Unidos pretendían contener. A un lado del conflicto tenemos una «pesadilla», al otro al «defensor de la libertad», por emplear los términos de la ultraderechista John Birch Society, predicadores fundamentalistas de derechas e intelectuales norteamericanos liberales, que reaccionaron con respeto y aclamaciones cuando Václav Havel utilizó estas palabras en su alocución ante el Congreso en 1990[1].

Una variante crítica sostiene que la percepción de una amenaza soviética era exagerada. Los peligros no eran tan extremos como creíamos. Las políticas estadounidenses, aunque de noble propósito, se basaban en el malentendido y en el error analítico. Una crítica todavía más acerba afirma que el enfrentamiento de las superpotencias fue consecuencia de una interacción en la que los Estados Unidos también desempeñaron un papel (para algunos analistas, un papel fundamental) y que el contraste no es simplemente el de una pesadilla frente a la defensa de la libertad, sino que es más complejo —en Centroamérica y en el Caribe, por ejemplo.

Según todas las variantes, las doctrinas esenciales que guiaron la política de los Estados Unidos fueron la contención y la disuasión o, más ambiciosamente, el repliegue (de la URSS). Y la guerra fría ha llegado ahora a su fin con la capitulación de uno de los contendientes —el eterno agresor, según la versión ortodoxa.

La versión ortodoxa se esboza en términos claros y escuetos en lo que generalmente se reconoce como el documento básico de los Estados Unidos por lo que respecta a la guerra fría, el NSC 68, de abril de 1950, poco antes de la guerra de Corea, que anunciaba que «la guerra fría es, en realidad, una guerra real en la cual está en juego la supervivencia del mundo libre[2]». Dicho documento merece ser objeto de atención, tanto como temprana expresión de la interpretación convencional en su variante ortodoxa como por su clara percepción de realidades históricas que están más allá de estas elaboraciones ideológicas.

La estructura básica de este argumento tiene la infantil simplicidad de un cuento de hadas. En el mundo hay dos fuerzas en «polos opuestos». A un extremo, tenemos el mal absoluto. En el otro, la sublimidad. No puede haber compromiso entre ellos. La fuerza diabólica, por su propia naturaleza, ha de pretender el total dominio del mundo. Por consiguiente, debe ser vencida, erradicada y eliminada de modo que el virtuoso paladín de todo lo bueno pueda sobrevivir para llevar a cabo sus exaltadas obras.

El «designio fundamental del Kremlin», según explica el autor del NSC 68, Paul Nitze, es «la completa subversión o destrucción a viva fuerza de la maquinaria de gobierno y de la estructura de la sociedad en todo aquel rincón del mundo que no esté ya “subordinado y controlado por el Kremlin”». «El objetivo inexorable del Estado esclavo [es] acabar con el reto de la libertad» en todo el mundo. La «coacción» del Kremlin «exige un poder total sobre todos los hombres» en el propio Estado esclavo, y «absoluta autoridad sobre el resto del mundo». La fuerza del mal es «inevitablemente belicosa», de modo que ningún acuerdo o arreglo pacífico es siquiera concebible.

Por el contrario, el «objetivo fundamental de los Estados Unidos» es «asegurar la integridad y vitalidad de nuestra sociedad libre, la cual está fundada en la dignidad y el valor del individuo», y proteger estos valores en todo el mundo. Nuestra sociedad libre se distingue por una «maravillosa diversidad», «profunda tolerancia», «legitimidad», un compromiso de «crear y mantener un contexto en el que cada individuo tenga la oportunidad de hacer realidad sus poderes creativos». «No teme la diversidad, la aprueba» y «obtiene su fuerza de su hospitalidad incluso ante ideas antipáticas». El «sistema de valores que anima nuestra sociedad» incluye «los principios de la libertad, la tolerancia, la importancia del individuo y la supremacía de la razón sobre el deseo». «La esencial tolerancia de la actitud de nuestro mundo, nuestros impulsos generosos y constructivos y la ausencia de codicia en nuestras relaciones internacionales son valores de una influencia potencialmente enorme», en particular entre aquellos que han tenido la suerte de experimentar personalmente estas cualidades, como es el caso de América Latina, que tanto se ha beneficiado de «nuestros prolongados esfuerzos para crear y, ahora, desarrollar el sistema interamericano».

El conflicto entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad es «trascendental, ya que implica la satisfacción o la destrucción no sólo de esta república, sino de la propia civilización». «El ataque contra las instituciones libres es universal», y «nos impone, en nuestro propio interés, la responsabilidad del liderazgo del mundo». Debemos procurar «favorecer un contexto mundial en que el sistema norteamericano pueda sobrevivir y prosperar». Dado que «una derrota de las instituciones libres en cualquier parte es una derrota en todas partes», ningún rincón del mundo, por pequeño e insignificante que sea, puede escapar a nuestras intervenciones. Y ciertamente, «la idea de que Alemania o el Japón u otras regiones importantes puedan existir como islas de neutralidad en un mundo dividido es inverosímil, dada la intención del Kremlin de dominar al mundo». Cinco años después de que la URSS fuera virtualmente aniquilada por las potencias del Eje, éstas debieron reconstituirse en una alianza bajo la hegemonía de los Estados Unidos, alianza cuyo objetivo era la eliminación final del sistema soviético que no habían logrado destruir.

Dado que «la integridad y la vitalidad de nuestro sistema peligra más que nunca en nuestra historia», incluso más que en los días más terribles de la guerra de la independencia o cuando las tropas británicas tomaron Washington en 1814, está claro que hay que adoptar serias medidas. De hecho, los gastos militares casi se cuadriplicaron poco después —con el pretexto de que la invasión de Corea del Sur era el primer paso en la conquista del mundo por parte del Kremlin— pese a que ni antes ni ahora existieran pruebas convincentes de una iniciativa rusa en aquella fase de la compleja lucha por el destino de Corea.

El memorándum propone un enorme incremento armamentístico, reconociendo al mismo tiempo que el Estado esclavo era, en todos los aspectos, mucho más débil que el paladín de la libertad. Los datos relevantes se presentan de manera que eludan comparaciones directas y se han seleccionado para exagerar el poder del enemigo, pauta habitual en todo el período de la guerra fría[3]. No obstante, incluso los datos presentados muestran que el presupuesto militar de los Estados Unidos es el doble del de la URSS y que su poder económico es cuatro veces superior, aunque en esta temprana fase de reconstrucción de sus economías, mucho más poderosas, los aliados europeos equivalían ya por sí solos al conjunto de la Unión Soviética y sus satélites.

A pesar de la disparidad entre los dos polos opuestos por lo que respecta al nivel económico y al poderío militar, el Estado esclavo tiene enormes ventajas. Estando tan atrasado, puede «hacer más con menos». Su debilidad es su fuerza, el arma definitiva. Es a la vez un enano y superman, muy por detrás de nosotros desde todos los puntos de vista, pero con «una formidable capacidad para actuar con la mayor libertad táctica, con sigilo y rapidez», con «extraordinaria flexibilidad», es una máquina militar altamente efectiva y de «gran poder coercitivo». Otro problema es que el perverso enemigo halla un «auditorio receptivo… en el mundo libre», particularmente en Asia. Para defender Europa y proteger la libertad que reina tradicionalmente en África, Asia y América Latina del «designio del Kremlin», debemos, pues, incrementar enormemente nuestros gastos militares y adoptar una estrategia encaminada a la desintegración y al hundimiento de la Unión Soviética.

Nuestras fuerzas militares son «peligrosamente inadecuadas» porque nuestra responsabilidad es el control del mundo. Por el contrario, las fuerzas militares soviéticas, mucho más débiles, exceden enormemente sus limitadas necesidades defensivas. Nada de lo sucedido en años pasados sugería que la Unión Soviética tuviera que enfrentarse a algunos problemas de seguridad, a diferencia de nosotros, con nuestra vulnerabilidad ante poderosos enemigos en todo el mundo. Necesitamos importantes fuerzas militares «no sólo para protegernos contra el desastre, sino también para respaldar nuestra política exterior», aunque, por motivos de relaciones públicas, «debería resaltarse el carácter esencialmente defensivo» del refuerzo militar.

Relaciones públicas aparte, nuestra verdadera postura debe ser agresiva en «el conflicto que nos ha sido impuesto». «Dada la intención del Kremlin de dominar el mundo», característica necesaria del Estado esclavo, no podemos aceptar la existencia del enemigo, sino que debemos «favorecer a las semillas de la destrucción dentro del sistema soviético» y «precipitar [su] desmoronamiento» por todos los medios salvo la guerra (que es demasiado peligrosa para nosotros). Debemos evitar las negociaciones excepto como dispositivo para apaciguar a la opinión pública porque todo acuerdo «reflejaría las actuales realidades y sería, por tanto, inaceptable, si no desastroso, para los Estados Unidos y para el resto del mundo libre», aunque, tras el éxito de una estrategia de «repliegue», podríamos «negociar un convenio con la Unión Soviética (o un Estado o Estados sucesores)».

Para alcanzar estos objetivos esenciales, debemos superar las flaquezas de nuestra sociedad, tales como «los excesos de una mentalidad permanentemente abierta», «el exceso de tolerancia» y «el desacuerdo interno». Tendremos que aprender a «distinguir entre la necesidad de tolerancia y la necesidad de una represión justa», característica esencial del «sistema democrático». Es particularmente importante aislar a nuestros «sindicatos, empresas cívicas, escuelas, iglesias y a todos los medios de comunicación para influir en la opinión» sobre la «perversa labor» del Kremlin, que pretende subvertirlos y «convertirlos en fuente de confusión en nuestra economía, nuestra cultura y nuestro Estado». También se necesitan unos impuestos más elevados, así como una «reducción de los gastos federales destinados a fines ajenos a la defensa y ayuda exterior, mediante el aplazamiento de ciertos programas deseables, si ello es necesario». Hay quien sugiere que estas políticas militares keynesianas podrían estimular también la economía del país. De hecho, pueden servir para evitar «un descenso de serias proporciones de la actividad económica». «Se exigirá al pueblo norteamericano una gran dosis de sacrificio y disciplina», y deberá también «renunciar a parte de los beneficios» que disfruta mientras asumimos el reto del liderazgo mundial y superamos la recesión económica, ya en marcha, mediante «programas gubernamentales positivos» para subvencionar la industria avanzada a través del sistema militar.

Observemos que el noble fin de la sociedad libre y el perverso designio del Estado esclavo son propiedades innatas, que tienen su origen en su propia naturaleza; de ahí que los verdaderos datos históricos y documentales no sean relevantes para evaluar la validez de estas doctrinas. Por consiguiente, no es justo criticar el memorándum partiendo del hecho de que no presenta pruebas para respaldar sus conclusiones, ni cuestionar locuciones tales como «de las secciones anteriores se deduce» o «arriba se ha demostrado» por los mismos motivos. Desde un punto de vista lógico, no se precisa dato empírico alguno. El pensamiento puro basta para establecer las verdades requeridas.

En el discurso público reinaban, y siguen reinando, los mismos conceptos. William Hyland, director de Foreign Affairs, facilita una expresión característica de la interpretación convencional en el editorial del número de primavera de 1990:

Durante los últimos cincuenta años, la política exterior norteamericana se ha elaborado en respuesta a la amenaza planteada por los oponentes y enemigos de este país. Virtualmente todos los años desde Pearl Harbour, los Estados Unidos se han visto envueltos en la guerra o en la confrontación. Hoy, por vez primera en medio siglo, los Estados Unidos tienen la oportunidad de reconstruir su política exterior libres de la mayoría de las tensiones y presiones de la guerra fría… Desde 1941, los Estados Unidos han estado totalmente implicados. Hoy, cuando entramos en una nueva era, el anhelo de no implicación de los Estados Unidos podría reaparecer en varios sentidos… ¿Pueden los Estados Unidos por fin volver a casa?… En realidad, los Estados Unidos disfrutan del lujo de tener unas auténticas posibilidades de elección por primera vez desde 1945. Los Estados Unidos y sus aliados han ganado la guerra fría…

Así pues, no teníamos «auténticas posibilidades de elección» cuando invadimos Vietnam del Sur ni cuando derrocamos al gobierno capitalista democrático de Guatemala en 1954 y, desde entonces, hemos mantenido la autoridad de gánsteres sanguinarios, hemos dirigido las, con mucho, más vastas operaciones internacionales de terror de la historia contra Cuba a principios de los años sesenta y contra Nicaragua durante los ochenta; hemos intentado asesinar a Lumumba e instalado y mantenido la brutal y corrupta dictadura de Mobutu, hemos respaldado a Trujillo, a Somoza, a Marcos, a Duvalier, a los generales del cono sur, a Suharto, a los dirigentes racistas de Sudáfrica y a una pléyade de otros grandes criminales Y así una y otra vez. No podíamos hacer otra cosa, habida cuenta de la amenaza para nuestra existencia. Pero, en la actualidad, el enemigo se ha retirado, de modo que tal vez podamos satisfacer nuestro «deseo de no implicarnos» en los asuntos de los demás. Aunque, como añaden otros, nuestro «anhelo de democracia[4]» puede, no obstante, empujarnos a proseguir nuestros nobles esfuerzos en defensa de la libertad.

Al disponer por primera vez de posibilidad de elección, podemos ocuparnos en programas constructivos para el Tercer Mundo (como insisten los humanistas liberales) o dejar que los indignos pobres se revuelquen en su miseria (la postura conservadora). Expresando la más solícita visión liberal, Thomas Schoenbaum, director ejecutivo del Centro Dean Rusk de Derecho Internacional y Comparativo [Dean Rusk Center of International and Comparative Law] de la Universidad de Georgia, hace un llamamiento en favor de «unas políticas mejor sintonizadas y diferenciadas» en las «complejas y heterogéneas regiones» del Tercer Mundo. Coaccionados por el abrumador imperativo de resistir a la agresión soviética en todo el mundo, no hemos podido desarrollar tales políticas. Pero ahora, quizás hemos llegado «al fin de la guerra fría —y han vencido los buenos». Por lo tanto, cabe esperar que los soviéticos «modifiquen su prolongada campaña de apoyo a las revoluciones comunistas y a los regímenes totalitarios en el Tercer Mundo», de modo que «los Estados Unidos puedan abandonar su postura tradicional —de que debe darse prioridad a la detención de la expansión comunista— y adoptar políticas más positivas[5]».

También en otros aspectos el historial público se ajusta a las convenciones del NSC 68. En particular, generalmente se reconoce que la propia existencia de la Unión Soviética constituye una agresión. El diplomático e historiador John Lewis Gaddis, una de las figuras más respetadas del mundo académico liberal por lo que respecta a la guerra fría, explica que la intervención aliada desarrollada inmediatamente después de la revolución bolchevique fue de carácter defensivo, y por lo que respecta a Woodrow Wilson, estuvo inspirada «por encima de todo» por su ferviente deseo «de garantizar la autodeterminación en Rusia» —mediante la instalación forzosa de los dirigentes que nosotros elegimos—. La invasión fue de carácter defensivo porque «respondía a una intervención profunda y potencialmente de amplias repercusiones del nuevo gobierno soviético en los asuntos internos, no sólo de Occidente, sino de virtualmente todos los países del mundo»; a saber, «el desafío de la Revolución —que difícilmente podía haber sido más categórico— a la propia supervivencia del orden capitalista». «La seguridad de los Estados Unidos» estaba ya «en peligro» en 1917, no sólo en 1950, y por tanto la intervención defensiva estaba totalmente justificada, ante el cambio del orden social en Rusia y el anuncio de proyectos revolucionarios[6].

La interpretación contemporánea de Gaddis recapitula la inmediata reacción occidental ante la revolución bolchevique, que manifestó De Witt C. Poole, consejero norteamericano de la embajada en Rusia, en un memorándum para el secretario de Estado Lansing titulado «Sobre los fines de los bolcheviques, especialmente en lo relativo a la revolución mundial». Poole escribió que, para los Estados Unidos, el «problema esencial» era gobernar al mundo «entre la Escila de la reacción por un lado y la Caribdis del bolchevismo por otro». Sin embargo, la Caribdis del bolchevismo es la amenaza más siniestra porque «es la esencia del movimiento bolchevique lo que tiene carácter internacional y no nacional. , encaminada «directamente a la subversión de todos los gobiernos[7]». En la práctica, si el camino es demasiado estrecho, ha de preferirse la Escila de la reacción —con reticencia, entre los liberales.

De modo similar, el historiador de Oxford Norman Stone considera que un debate elaborado sobre los orígenes de la guerra fría no hace al caso porque el propio «carácter del Estado soviético» era «una de las mayores causas de la guerra fría en los años cuarenta». La prueba de las intenciones soviéticas es su retirada de Europa oriental y la reducción de su arsenal a «armamentos defensivos, adecuados a su propio nivel económico». Muy por debajo, pues, de Occidente, que, por otra parte, no precisa limitarse a «armamentos defensivos» salvo en el sentido amplio de «defensa», que interpreta todo acto de violencia como defensa de intereses legítimos[8]. Observemos que la cuestión no es la conveniencia del desmoronamiento de los imperios soviéticos internos y externos o la radical reducción de armamentos, sino más bien la concepción de la guerra fría y la respuesta «defensiva» occidental a la naturaleza intrínseca del Estado soviético.

Muy similar es la percepción sostenida por la extrema izquierda de la principal corriente de opinión. El editor del New Republic. Hendrik Hertzberg, quien se sitúa en los límites externos, escribe: «sutilezas revisionistas aparte, la causa básica de la guerra fría fue el totalitarismo —y más exactamente, la ambición totalitaria—». Internamente, el totalitarismo soviético imponía «un Estado omnipotente, omnisciente y absolutamente juicioso que respondería a todas las necesidades humanas y que, por tanto, obviaría y eliminaría a toda institución humana competidora». Su «manifestación externa» fue «una convicción de que todos los demás sistemas sociales y políticos, juzgados según el criterio de la inevitabilidad histórica, eran inferiores y estaban destinados a perecer». En pocas palabras, la causa básica de la guerra fría era la naturaleza interna del sistema soviético y su fe en su éxito final a medida que se desarrollara la historia, un reto ideológico que no podía tolerarse[9].

El supuesto subyacente es que el sistema norteamericano de organización y poder social, y la ideología que lo acompaña, debe ser universal. Cualquier otra cosa es inaceptable. Ningún desafío puede tolerarse, ni siquiera la fe en la inevitabilidad social de algo distinto. Si éste fuera el caso, toda acción emprendida por los Estados Unidos para propagar su sistema e ideología sería defensiva. Ahora que se ha demostrado su irrelevancia, podemos dejar de lado las sutilezas revisionistas sobre los acontecimientos de la historia.

El periodismo adopta de forma natural la misma actitud. Así, una noticia del Washington Post, sobre «gastos de defensa» señala que, con el debilitamiento de la amenaza soviética, el mundo ha entrado en «una nueva era»: «tras 40 años conteniendo a una Unión Soviética agresiva y expansionista», hoy debemos replanteamos la doctrina de la contención que «organizó nuestra estrategia de seguridad occidental para proteger al mundo de un bloque soviético expansionista y hostil[10]». Que hemos estado trabajando para proteger a todo el mundo de la agresión soviética es indiscutible, es un tópico que no requiere pruebas o siquiera comentarios.

La nobleza del «defensor de la libertad» es también una referencia intelectual habitual. Así, según Michael Howard, catedrático Regius de Historia Moderna en Oxford:

Durante doscientos años los Estados Unidos han preservado casi inmaculados los ideales originales de la Ilustración: la creencia en los derechos del individuo otorgados por Dios, los derechos inherentes de libertad de reunión y de expresión, las bendiciones de la libre empresa, la capacidad del hombre de perfeccionarse y, sobre todo, la universalidad de estos valores.

En esta sociedad casi ideal, la influencia de las elites es «bastante limitada». Pero el mundo, lamenta Howard, no valora esta magnificencia: «los Estados Unidos no disfrutan del lugar que hubieran debido ocupar en el mundo por sus triunfos, su generosidad y su buena voluntad desde la segunda guerra mundial[11]» —como ilustran paraísos contemporáneos tales como Indochina, la República Dominicana, las Filipinas, El Salvador y Guatemala, por mencionar unos cuantos de los muchos candidatos—. Asimismo, la creencia en los «derechos del individuo otorgados por Dios» y la «universalidad» de esta doctrina durante doscientos años se ilustra por un siglo de literal esclavitud humana y efectiva negación de derechos a los negros durante otro siglo más, por ataques genocidas contra la población autóctona, por el asesinato de cientos de miles de filipinos a principios de siglo, de millones de indochinos, de unos 200 000 centroamericanos en la última década, y por multitud de otros ejemplos. Una vez más, los simples hechos son irrelevantes en el ámbito del pensamiento puro.

Por poner otro ejemplo procedente del campo académico, consideremos el estudio del «trauma del Vietnam» de Paul Kattenburg, uno de los pocos primeros disidentes respecto del Vietnam dentro del gobierno de los Estados Unidos y, en la actualidad, ocupante de la Cátedra Jacobson de Asuntos Públicos en la Universidad de Carolina del Sur[12]. Kattenburg se interesa por identificar las «características destacadas esenciales a la tradición y a la experiencia norteamericana que han hecho que los Estados Unidos representen su papel de superpotencia en lo que podríamos denominar una forma particularista». Afirma que «principios e ideales ocupan un lugar fundamental en el ethos nacional de los Estados Unidos y distinguen crucialmente la actuación del país en el papel de superpotencia». Estos principios e ideales fueron «establecidos por los padres fundadores, esos genios puros de la contemplación objetiva», y fueron «refinados por posteriores importantes figuras del pensamiento y de la acción», desde John Adams a Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson o Franklin Roosevelt. Dichos principios fueron

probados y vueltos a probar en el proceso de colonizar el continente, de subsanar las diferencias Norte-Sur, de desarrollar la economía a partir de la ruina en el espíritu de la libre empresa y luchando en la primera y la segunda guerras mundiales, no tanto por unos intereses como por la supervivencia de los propios principios por los cuales la mayoría de los norteamericanos guiaban sus vidas.

Es este único legado lo que explica el modo de actuar de los estadounidenses «en el papel de superpotencia», que abordaron «sin artificio ni engaño», con «la actitud mental de un emancipador»:

Con tal actitud mental, uno no precisa actuar o sentirse superior, o creer que está imponiendo su ethos o sus valores a los demás, dado que uno siente de forma natural que los demás no pueden dudar de la causa justa del emancipador, del mismo modo que no pueden dudar de su capacidad. En este aspecto, el papel de los Estados Unidos como superpotencia, en particular en los primeros años de la posguerra, es muy similar al papel que puede atribuirse a un profesor, mentor u otro tipo de emancipador.

Así, «el profesor es obviamente capaz» y

es claramente desinteresado… Además, al igual que la superpotencia norteamericana, el profesor no controla las vidas o destinos de sus estudiantes. Éstos siguen siendo libres de ir o venir. … Si consideramos esta analogía de la actuación norteamericana en el papel de superpotencia con el del profesor benévolo pero claramente egocéntrico que reparte emancipación a los estudiantes pobres del mundo a través del conocimiento tanto de la justicia como del camino correcto, ello nos ayudará a comprender la actuación y la psicología de los Estados Unidos como superpotencia y los porqués y para qués de su actuación en Indochina.

Esto último no pretende ser una ironía o una caricatura, sino que se plantea seriamente, se considera seriamente y no es atípico de lo que hallamos en la literatura —no entre los elementos lunáticos y estrafalarios, sino en el extremo respetable y moderadamente disidente del espectro principal—. Siendo éste el caso, resulta sencillamente natural que James Reston, durante mucho tiempo principal pensador político del New York Times dijera al jubilarse: «No creo que haya nada en la historia del mundo comparable a los compromisos que este país ha aceptado en defensa de la libertad». Mientras ocupó su puesto, Reston desarrolló un servicio voluntario a la causa de la libertad, como cuando se enorgulleció de la contribución de los Estados Unidos a la enorme matanza de Indonesia en 1965, y cuando las fuerzas militares estadounidenses estaban destruyendo lo que quedaba del campo survietnamita a finales de 1967 explicó en tono oportunamente sombrío que ello se hacía «bajo el principio de que el poder militar no obligará a Vietnam del Sur a hacer aquello que no quiere hacer», por nuestra lealtad hacia «la más profunda convicción de la civilización occidental» —a saber, que «el individuo no pertenece al Estado sino a su Creador», y que, por lo tanto, tiene derechos que «ningún magistrado o fuerza política pueden transgredir[13]».

La doctrina oficial, según la expresaron los portavoces gubernamentales, los medios de comunicación, el comentario político y un número considerable de académicos, se ejemplifica, por ejemplo, en el informe de la Comisión Nacional Bipartita (Kissinger) para Centroamérica [National Bipartisan (Kissinger) Comission on Central America]: «Los objetivos internacionales de los Estados Unidos a finales del siglo XX son la cooperación, no la hegemonía o la dominación; el compañerismo, no la confrontación; una vida decente para todos, no la explotación». Walter Laqueur y Charles Krauthammer escriben: «A diferencia de la Unión Soviética, los Estados Unidos no desean convertir a nadie a un sistema político, social o económico específico». Samuel Huntington nos informa de que «el efecto global del poder norteamericano sobre otras sociedades fue el de aumentar la libertad, el pluralismo y la democracia… El conflicto entre el poder de los Estados Unidos y los principios del país desaparece prácticamente cuando se aplica al impacto norteamericano sobre otras sociedades». Krauthammer, un neoliberal muy respetado, nos asegura además que todos los presidentes de los Estados Unidos, desde FDR a LBJ[*], pretendían «fomentar en el extranjero tanto la libertad como el orden mundial», misión que resurgió en la doctrina Reagan, que proporcionó una «política coherente» de apoyo a aquellos «que están arriesgando sus vidas en todos los continentes, desde Afganistán a Nicaragua, para desafiar a la agresión respaldada por la Unión Soviética» (Ronald Reagan, citado con admiración y aprobación), y comprometió a los Estados Unidos no sólo con la libertad y los derechos humanos, sino también con la creación de sistemas sociopolíticos al estilo americano en el Tercer Mundo —aunque sin querer «convertir a nadie a un sistema político, social o económico específico», siendo la coherencia tan importante como los hechos para la carrera del comisario[14].

Estas convenciones son tan generalmente observadas que más citas resultan innecesarias. Una característica perceptible en todas partes es que no se siente la necesidad de justificar la lisonjera doctrina según la cual, en el Tercer Mundo, los Estados Unidos no han pretendido más que poner trabas a los rusos y a sus metas totalitarias, sosteniendo al mismo tiempo sus nobles principios lo mejor que han podido en esas terribles y difíciles circunstancias. El razonamiento es el del NSC 68: éstas son verdades necesarias, establecidas sólo mediante análisis conceptual. Aquellos expertos que defienden un punto de vista duro y «realista», despreciando el sentimentalismo y las emociones, están dispuestos a aceptar que los hechos históricos difícilmente ilustran el compromiso de los Estados Unidos con, como dice Hans Morgenthau, su «fin trascendental» —«el establecimiento de la igualdad en la libertad en América», y, en realidad, en todo el mundo, pues «el escenario en que los Estados Unidos han de defender y favorecer su objetivo se ha ampliado a todo el mundo»—. Pero los hechos son irrelevantes porque, como Morgenthau se apresura a explicar, exponerlos es «confundir el abuso de la realidad con la propia realidad». La realidad es el «objetivo nacional» inalcanzado revelado por «el testimonio de la historia según la entendemos», mientras que los auténticos antecedentes históricos son meramente el abuso de la realidad, un elemento insignificante[15]. La interpretación convencional, por lo tanto, se autojustifica, es inmune a la crítica externa.

Aunque esta interpretación convencional carece de la complejidad de la teología tradicional, la similitud de temas y estilo es sorprendente, y revela hasta qué punto el culto al Estado se ha convertido en una religión secular para la cual los intelectuales actúan como sacerdotes. Los sectores más primitivos de la cultura occidental van más allá, fomentando formas de idolatría en las cuales símbolos tan sagrados como la bandera se convierten en un objeto de veneración forzosa, y el Estado es llamado a castigar cualquier insulto a esos símbolos y a obligar a los niños a que juren diariamente su devoción, al tiempo que Dios y el Estado están vinculados casi indisolublemente en la ceremonia y el discurso público, como sucede en las reflexiones de James Reston sobre nuestra devoción hacia la voluntad del Creador. Tal vez no resulte sorprendente que un fanatismo tan crudo alcance tal extremo en los Estados Unidos, como antídoto frente a la única libertad respecto de la coacción del Estado conquistada mediante la lucha popular[16].

2. LA GUERRA FRÍA COMO PROCESO HISTÓRICO

La segunda interpretación de la guerra fría se basa en la idea de que la lógica por sí sola no basta: los hechos también son importantes. Si es así, para comprender el período de la guerra fría deberíamos atenernos a los acontecimientos que la constituyen. Siguiendo esta vía, que no parece totalmente irrazonable, descubrimos una imagen más compleja e interesante que sólo presenta una semejanza parcial con la interpretación convencional. El mismo método de análisis sugiere varias razones por las cuales la era posterior a la guerra fría puede resultar muy parecida a lo que tuvimos antes, al menos por lo que respecta a sus víctimas habituales, aparte de sus tácticas y propaganda.

Resulta ocioso decir que si definimos la guerra fría como nada más que el enfrentamiento de dos superpotencias, seguidas de sus aliados y sus clientes, se deduce trivialmente que eso era precisamente lo que era y que, con la retirada de la URSS del conflicto, aquélla terminó con la victoria del lado norteamericano. Sin embargo, la pregunta es cómo interpretar el período de la guerra fría y está claro que esta pregunta no se responde suplicando una respuesta[17]. Por el contrario, queremos investigar las circunstancias, naturaleza, fuerzas impulsoras y motivos y principales efectos del sistema mundial bipolar que nació de la segunda guerra mundial. Se trata de fenómenos históricos significativos que vale la pena estudiar. El simple hecho de cómo el conflicto Este-Oeste encuentra su lugar en esta matriz es una cuestión de descubrimiento, no de estipulación —al menos si nuestro objetivo es la comprensión.

La comprensión del período de la guerra fría requiere el relato no sólo de lo que sucedió realmente, sino también de los factores subyacentes. Los datos documentales de la planificación se vuelven aquí relevantes. Queremos saber en qué medida la política estuvo determinada por ciertas características específicas de la era de la guerra fría y hasta qué punto sencillamente adaptó las persistentes demandas institucionales a las nuevas condiciones. Para responder a estas preguntas, nos preguntaremos, naturalmente, cómo se pueden comparar los sucesos típicos de la guerra fría y los motivos subyacentes con las actividades y el pensamiento antes y después de la misma. También es necesario explicar las elaboraciones ideológicas predominantes y sus funciones, incluyendo la versión tradicional de la guerra fría por cuanto se aleja de la realidad.

Al enfocar la guerra fría teniendo en mente estas consideraciones, descubrimos que el conflicto de superpotencias de la visión tradicional ha sido bastante cierto, pero que es solamente una parte de la verdad. La realidad aparece cuando contemplamos los acontecimientos y prácticas de la guerra fría.

Del lado de Moscú, la guerra fría viene ilustrada por los tanques en Berlín Este, Budapest y Praga y otras medidas coactivas en las regiones liberadas de los nazis por el Ejército Rojo y posteriormente retenidas en la esclavitud al Kremlin, y la invasión de Afganistán, el único caso de intervención militar soviética realmente alejado de la ruta histórica de invasión de Occidente. Desde un punto de vista interno, la guerra fría sirvió para reforzar el poder de la elite militar-burocrática cuya autoridad deriva del golpe bolchevique de octubre de 1917.

Por lo que respecta a los Estados Unidos, la guerra fría ha sido una historia de subversión, agresión y terrorismo de Estado en todo el mundo, con ejemplos demasiado numerosos para ser mencionados. La contrapartida interna ha sido la creación del «complejo militar-industrial» de Eisenhower, esencialmente, un Estado del bienestar para los ricos con una ideología de seguridad nacional encaminada al control de la población (por tomar prestada un poco de jerga contrainsurgente), siguiendo las prescripciones del NSC 68. El principal mecanismo institucional es un sistema de gestión industrial estatal-empresarial para sostener la industria de la alta tecnología, confiando en el contribuyente para financiar la investigación y el desarrollo y facilitar un mercado garantizado para la producción excedente, asumiendo el sector privado la responsabilidad cuando hay beneficios que obtener. Este importante regalo para el director de empresa ha constituido la función del sistema del Pentágono (incluyendo la NASA y el Departamento para la Energía, que controla la producción de armas nucleares) en el ámbito doméstico. Los beneficios se extienden a la industria de los ordenadores, a la electrónica en general y a otros sectores de la economía industrial avanzada[18]. De este modo, la guerra fría ha suministrado una parte considerable de los puntales del sistema de subvención pública, el beneficio privado, que es orgullosamente denominado Libre Empresa.

El llamamiento en favor de una acción enérgica del NSC 68 resonó una vez más cuando las administraciones de Kennedy y Reagan ascendieron al poder, con la misma resolución dual: la militancia en el exterior para reafirmar el poder de los Estados Unidos y el gasto militar para reactivar una floreciente economía nacional. La retórica también fue debidamente resucitada: «la monolítica y despiadada conspiración» en el proceso destinado a destruirnos (Kennedy); el «imperio maligno» que es «el centro del mal en nuestros días» y que pretende dominar al mundo (Reagan). El nivel de decibelios disminuye previsiblemente cuando la política cambia de dirección —como a mediados de los años ochenta, cuando se hizo necesario enfrentarse a los costes de la mala administración fiscal y de los excesos militares keynesianos de los reaccionarios partidarios del Estado de la administración Reagan, incluyendo los enormes déficits comercial y presupuestario.

Un examen atento de los datos históricos revela el auténtico núcleo oculto en la extravagante retórica del NSC 68. La gran depresión puso punto final a toda idea persistente de que el capitalismo era un sistema viable. Por lo general, se daba por sentado que la intervención estatal era necesaria para mantener el poder privado —como ciertamente había sucedido durante todo el proceso de desarrollo—.[19] También se entendía que las medidas del «Nuevo Orden» habían fracasado y que la depresión había sido superada solamente por la intervención estatal, mucho más masiva durante la guerra. Sin el beneficio de Keynes, esta lección fue directamente impartida a los directores de empresa que acudían en tropel a Washington para dirigir la casi totalitaria economía planificada de los tiempos de guerra. En general, se esperaba que, sin la intervención estatal, se produciría un retorno a la depresión una vez que la demanda reprimida del consumidor hubiera sido satisfecha. Ello pareció ser confirmado por la recesión de 1948. La producción agrícola subvencionada por el Estado halló mercados en el Japón y en otros lugares del mundo, pero se temía que la fabricación languideciera en ausencia de mercados —de ahí la preocupación manifestada en el NSC 68 sobre «un descenso de serias proporciones de la actividad económica» a menos que se adoptaran medidas militares keynesianas—. Se esperaba que estos programas contribuirían también a la revitalización de las economías industriales de los aliados, ayudando a superar la «desproporción del dólar», que limitaba el mercado para los bienes manufacturados de los Estados Unidos.

El llamamiento del NSC 68 en favor del «sacrificio y la disciplina» y el recorte en los programas sociales fueron acompañantes naturales de estos puntos de vista. La necesidad de una «represión justa» y de controles sobre los sindicatos, iglesias, escuelas y otras fuentes potenciales de disidencia cayeron también dentro de una pauta más amplia. Desde finales de los años treinta, los negocios habían sido profundamente afectados por la progresiva politización y organización del público en general —lo que fue posteriormente denominado «una crisis de democracia»— bajo las condiciones parcialmente similares del período posterior a la guerra de Vietnam. Lo mismo había sucedido inmediatamente después de la primera guerra mundial. En cada caso, la respuesta había sido la misma: la amenaza roja de Wilson, la represión posterior a la segunda guerra mundial mal calificada de «macartismo» (en realidad, una campaña para erosionar los sindicatos, la cultura de la clase trabajadora y el pensamiento independiente al que habían dado lugar las empresas y los demócratas liberales mucho antes de que McCarthy apareciera en escena y cometiera el error, que acabó destruyéndole, de atacar al pueblo con el poder); los programas de la policía política nacional inaugurados por la administración Kennedy y ampliados por sus sucesores para erosionar los partidos políticos y movimientos populares independientes mediante la subversión y la violencia. Las guerras y demás crisis pueden lograr que la gente piense e incluso se organice, y el poder privado recurre regularmente al Estado para contener tales amenazas para su monopolio del escenario político y de la hegemonía cultural[20]. El profundo impulso antidemocrático del NSC 68 refleja compromisos mucho más generales.

El NSC 68 es también realista y convencional, al invocar la «responsabilidad del liderazgo mundial» de los Estados Unidos y la correspondiente necesidad de dominar cada rincón del mundo, por remoto que sea, y de exorcizar la maldición del neutralismo. En estos aspectos, reitera anteriores decisiones de planificación que reflejan el reconocimiento de que los Estados Unidos habían alcanzado una posición de poder económico y militar sin paralelo en la historia y que podían utilizarla en provecho propio.

Sofisticados sectores de la comunidad empresarial han sido conscientes de los factores internos que han propulsado el sistema de la guerra fría, y lo mismo podemos decir de los mejores del mundo académico dominante. En su obra clásica sobre la contención, John Lewis Gaddis observa:

La contención ha sido en gran medida producto, no tanto de lo que han hecho los rusos o de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, sino de las fuerzas internas que operan dentro de los Estados Unidos… Lo que resulta sorprendente es la primacía que se ha atribuido a consideraciones económicas [a saber, la gestión económica del Estado] en la configuración de las estrategias de contención, con exclusión de otras consideraciones [cursiva en el original].

También coincide con el coherente punto de vista de George Kennan —corriente entre los políticos y analistas racionales— de que «no es el poder militar ruso lo que nos amenaza, es el poder político de Rusia» (octubre de 1947[21]). A pesar de estas opiniones, Gaddis no se aleja del marco convencional de «disuasión» y «contención de la amenaza soviética», aunque reconoce —incidentalmente— que ésa no es en modo alguno toda la historia ni, ciertamente, el tema central.

Los principales acontecimientos y efectos de la guerra fría se incluyen en las categorías que acabamos de revisar. Hay también efectos más complejos. El apoyo soviético a objetivos de la subversión y el ataque de los Estados Unidos le valieron cierto grado de influencia en gran parte del Tercer Mundo, a pesar de su carácter sutil. Por lo que respecta a los Estados Unidos, su intervención en el Tercer Mundo, particularmente en los primeros años, fue en parte impulsada por el objetivo de asegurar un transpaís para las economías capitalistas del Estado que aquéllos esperaban reconstruir en Europa occidental y el Japón. Al mismo tiempo, el conflicto de la guerra fría contribuyó a mantener la influencia de los Estados Unidos sobre sus aliados industriales y a contener la política independiente, la actividad de los sindicatos y cualquier otro activismo popular dentro de estos Estados —interés compartido por las elites locales—. Los Estados Unidos promovieron la alianza de la OTAN, señala un historiador, «con el fin de acorralar a sus aliados y evitar el neutralismo, así como para desalentar a los rusos[22]».

Bajo esta luz, se comprende fácilmente la persistencia de la doctrina convencional, a pesar de su limitada relación con los verdaderos hechos del período de la guerra fría. En Occidente, se suele admitir, una vez ocurridos los hechos (siendo éstos cierta práctica de la subversión o la agresión en el Tercer Mundo o renovados beneficios en el ámbito nacional a través del sistema del Pentágono), que la amenaza de la agresión soviética era exagerada, que los problemas se habían tergiversado deliberadamente y que el idealismo que guió las acciones estaba mal orientado. Pero las creencias precisas siguieron expuestas en un lugar preferente del tablero. Por inverosímiles que fueran, podían presentarse al público cuando fuera necesario —a menudo con perfecta sinceridad, según el familiar proceso por el cual las ideas útiles nacen de los intereses percibidos.

También es comprensible el hecho, por otro lado bastante misterioso, de que la política de seguridad sólo haya estado débilmente relacionada con las verdaderas cuestiones de seguridad. Las amenazas han sido regularmente inventadas a partir de la más ínfima evidencia y con una credibilidad marginal en el mejor de los casos. Por otro lado, se han ignorado amenazas potenciales de cierta importancia. Reiteradamente, los Estados Unidos han favorecido el desarrollo de sistemas armamentísticos que podían plantear serios peligros para su bienestar o incluso para su supervivencia y han ignorado oportunidades para abortar dichos procesos. El gobierno de los Estados Unidos y los medios de comunicación han exigido a grandes voces la «verificación» bajo condiciones que esperaban fueran rechazadas por la URSS. Por otra parte, Washington ha sido reacio (juntamente con sus aliados) a permitir la inspección por parte soviética de la producción química y de otras instalaciones militares y de fabricación de armas; ha rechazado propuestas soviéticas para la inspección sobre el terreno de submarinos con el fin de controlar una prohibición o limitación de los misiles de crucero de lanzamiento marítimo (MCLM; una amenaza mayor para los Estados Unidos, con su extenso litoral, que para la URSS), y se ha opuesto a la inspección de cabezas nucleares para MCLM en barco o en tierra. Y lo que es aún más importante, el liderazgo político ha minado las posibilidades de un arreglo político y ha favorecido el conflicto en regiones donde el mismo podía dar lugar a una devastadora guerra nuclear, y, en ocasiones, ha estado demasiado cerca de ello —especialmente en Oriente Medio—. Estas coherentes pautas no tienen sentido si partimos de que la política de seguridad viene determinada por preocupaciones relativas a la seguridad. Caso a caso, las pautas encajan en el supuesto de que la política es impulsada por dos objetivos gemelos: reforzar los intereses privados que en gran medida controlan el Estado y mantener un contexto internacional en el que puedan prosperar[23]. El mundo es lo bastante incierto y peligroso para que presuntas razones de seguridad sean prestamente inventadas para justificar políticas adoptadas por otros motivos y posteriormente asumidas como artículos de fe, características familiares del arte de gobernar y de la práctica de la comunidad intelectual.

Por los mismos motivos, podemos comprender por qué, a menudo, el liderazgo político no ha aprovechado oportunidades evidentes de reducir la amenaza de un enfrentamiento de superpotencias, incrementando, de este modo, la seguridad nacional. Un temprano ejemplo tuvo lugar en 1952, cuando el Kremlin presentó una propuesta para la reunificación y neutralización de Alemania, sin condiciones acerca de las políticas económicas y con garantías para «los derechos y libertades básicas del hombre, incluyendo la libertad de expresión, de prensa, de culto religioso, de convicción política y de reunión» y la libre actividad de los partidos y organizaciones democráticos. Como respuesta, los Estados Unidos y sus aliados objetaron que Occidente no reconocía la frontera Oder-Neisse entre Alemania y Polonia, e insistieron en que una Alemania reunificada había de ser libre de unirse a la OTAN, exigencia que los rusos difícilmente podían aceptar unos cuantos años después de que Alemania sola hubiera virtualmente destruido a la Unión Soviética. La respuesta occidental hacía también referencia, más plausiblemente, a la falta de claridad por lo que respecta a unas elecciones libres. Pero, en lugar de buscar una mayor aclaración, la propuesta fue rechazada con exigencias bastante irrazonables. En aquella época, James Warburg, uno de los pocos que sostuvieron que debía aprovecharse la oportunidad, señaló que Washington no dio a conocer el texto de la propuesta efectuada por el Kremlin el 10 de marzo, «ni tampoco la llegada de la misma, hasta después de haber enviado la respuesta occidental el 25 de marzo». Sugiere que el retraso podría haber guardado relación con el deseo de la administración de «presentar al Comité de Relaciones Exteriores del Senado [Senate Foreign Relations Committee] sus argumentos en favor de la Ley de Seguridad Mutua [Mutual Security Act] de 1952, sin que las deliberaciones de dicho comité estuvieran influidas por el conocimiento de la propuesta soviética». La ley proponía una inversión de 7500 millones de dólares en rearme occidental y «se basaba en el supuesto de que un acuerdo de toda Alemania posiblemente no podría alcanzarse[24]».

Si la propuesta del Kremlin hubiera sido ejecutada, habría eliminado toda amenaza militar que la Unión Soviética hubiera podido plantear a Europa occidental. Probablemente, no hubiera habido tanques soviéticos en Berlín Este en 1953, ni muro de Berlín, ni invasión de Hungría o Checoslovaquia —pero, fundamentalmente, no hubiera habido justificación alguna disponible para la intervención y subversión estadounidense en todo el mundo, para las políticas estatales de gestión económica en ayuda de la industria avanzada o para un sistema de orden mundial en que la hegemonía de los Estados Unidos se basara en gran parte en el poder militar—. La razón básica para rechazar la propuesta parece haber sido el interés de los Estados Unidos en integrar a una Alemania rearmada en la alianza militar de la OTAN, independientemente de los riesgos o consecuencias para la seguridad de los satélites soviéticos. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 28 de marzo, Warburg observó que la propuesta soviética, que ofrecía un medio posible para una solución pacífica negociada de las cuestiones de seguridad en Europa, podía ser un farol. Pero, especuló Warburg, parecía «que nuestro gobierno teme llamarlo farol por miedo a que no lo sea en absoluto» y pudiera dar lugar a «una Alemania libre, neutral, democrática y desmilitarizada», que podría «ser subvertida dentro de la órbita soviética». Y que, por el contrario, pudiera obstaculizar los planes para rearmar Alemania dentro de la alianza de la OTAN. El rechazo de estas oportunidades para poner fin a la guerra fría tenía su origen directo en los principios del NSC 68, que decretaban que la coexistencia era ilegítima.

Durante años, estas cuestiones estuvieron ausentes del orden del día. Incluso mencionar estos hechos suponía arriesgarse a ser castigado como partidario de Stalin. Sin embargo, en 1989-1990, la propuesta de Stalin se pudo citar con bastante libertad en la prensa y en los periódicos. En el triunfalismo del momento, se esperaba que la URSS se vería obligada a acceder a la incorporación de una Alemania unida en una alianza militar dominada por los Estados Unidos. De ahí que la propuesta de Gorbachov a favor de la neutralización de una Alemania reunificada deba descartarse también como «viejo pensamiento», dado que no hay que tomar en serio la refundición de ideas rechazadas. En este contexto, resulta permisible, incluso útil, hacer referencia a hechos que fueron reprimidos cuando sólo hubieran servido como recordatorio de realidades inconvenientes.

Otras propuestas soviéticas se dejaron también sin explorar. Raymond Garthoff, antiguamente primer analista de la CIA y destacado especialista en asuntos de seguridad y política exterior, observa que el anuncio de Gorbachov de una reducción unilateral de fuerzas «tuvo un interesante precedente unos treinta años atrás», cuando, «en enero de 1960, Nikita Jruschev dio a conocer por vez primera desde la segunda guerra mundial el número de soldados que integraban las fuerzas armadas soviéticas y sorprendentemente anunció una reducción planificada de un tercio durante los dos años siguientes». Algunos meses más tarde, el servicio de inteligencia norteamericano verificó enormes reducciones en las fuerzas militares soviéticas activas. Las fuerzas aéreas tácticas fueron recortadas a la mitad, «sobre todo mediante una reducción masiva de dos tercios de las unidades de bombarderos ligeros». La armada eliminó sus cazas interceptadores de emplazamiento marítimo, unos 1500 aparatos la mitad de los cuales fue desguazada y la otra mitad dedicada a misiones de defensa aérea, sustituyendo a otros aviones desmantelados. En 1961, casi la mitad de la reducción del número de soldados anunciada se había llevado a cabo. En 1963, Jruschev propuso nuevas reducciones. Según el corresponsal militar Fred Kaplan, retiró también más de 15 000 soldados de Alemania Oriental, reclamando que los Estados Unidos efectuaran reducciones similares en el presupuesto militar y las fuerzas militares en Europa y en el mundo en general, y avanzaran hacia nuevos recortes recíprocos. Documentos que antaño figuraron como confidenciales revelan que el presidente Kennedy discutió en privado tales posibilidades con altos funcionarios soviéticos, pero las abandonó cuando la intervención estadounidense en Vietnam creció en escala. William Kaufmann, un antiguo alto edecán del Pentágono e importante analista de cuestiones relativas a la seguridad, dice aludiendo a su carrera que «lo único que siento[25]» es que los Estados Unidos no respondieran a las iniciativas de Jruschev.

A mediados de los años setenta, el gasto militar soviético comenzó a equilibrarse, como se reconoció más tarde, mientras que el dominio de los Estados Unidos en bombas estratégicas y cabezas nucleares aumentó durante toda la década. El presidente Carter propuso un incremento sustancial en los gastos militares y un recorte de los programas sociales. Estas propuestas fueron ejecutadas por la administración Reagan, juntamente con el elemento concomitante acostumbrado, una mayor presencia militar en el extranjero, y con el pretexto habitual: la amenaza soviética —en este caso, una «ventana de vulnerabilidad»— y los triunfos soviéticos en el Tercer Mundo. Estos últimos fueron incluso más fraudulentos que el impresionante rearme militar soviético. Si los restos de los imperios portugués y francés cayeron bajo la influencia rusa a mediados de los años setenta, fue mayormente porque los Estados Unidos se negaron a entablar relaciones amistosas con ellos bajo la condición —siempre inaceptable— de neutralismo e independencia. Lo mismo sucedió en América Latina y en otros lugares del mundo. Por otra parte, estos éxitos soviéticos fueron de escala ridícula, más una carga que un incremento en poder global —hechos que ya eran obvios en aquella época y que fueron reconocidos al cabo de unos cuantos años cuando los pretextos no eran ya adecuados para los planes del momento—. Las propuestas de Gorbachov en 1985-1986 en favor de una prohibición unilateral de las pruebas de armas nucleares, la abolición del Pacto de Varsovia y de la OTAN, la retirada de las flotas norteamericanas y soviéticas en el Mediterráneo y otros pasos para reducir la confrontación y la tensión fueron ignorados o rechazados como una molestia. El virtual o, en ocasiones, total aislamiento internacional de los Estados Unidos en relación con las cuestiones de desarme ha sido también regularmente disimulado, incluso en momentos de gran celebración de supuestos éxitos estadounidenses en esta causa[26].

Centrándonos en el propio conflicto de las superpotencias, es cierto que por su naturaleza la URSS constituía un desafío inaceptable. Específicamente, su autárquica economía planificada interfería con los planes de los Estados Unidos para la reconstrucción de un sistema global basado en un comercio y una inversión (relativamente) libres, que, bajo las condiciones de mediados de siglo, se esperaba estuviera dominado por corporaciones estadounidenses y fuera altamente beneficioso para sus intereses, como ciertamente lo fue. El reto se volvió aún más intolerable cuando el imperio soviético prohibió el libre acceso de Occidente a otras áreas. El telón de acero privaba a las potencias industriales capitalistas de una región que se esperaba suministraría materias primas, oportunidades de inversión, mercados y mano de obra barata. Estos hechos por sí solos establecieron la base de un conflicto de superpotencias, de lo cual eran bien conscientes los analistas serios. En un importante documento de 1955 sobre la política económica de la política exterior de los Estados Unidos, un prestigioso grupo de estudio observaba que la amenaza primaria del comunismo es la transformación económica de las potencias comunistas «en aspectos que reducen su disposición y capacidad para complementar a las economías industriales de Occidente», factor que regularmente motivó intervenciones en el Tercer Mundo, así como hostilidad hacia la Unión Soviética y su sistema imperia1[27].

Por otro lado, es bastante cierto que la Unión Soviética buscaba posibles aliados allí donde podía encontrarlos, estableciendo relaciones amistosas y de apoyo con los más miserables tiranos y gánsteres —Mengistu en Etiopía y los generales neonazis argentinos, por citar solamente dos ejemplos—. En este aspecto, el Kremlin satisfacía la norma de los guardianes de la civilización y el orden. Pero en un criminal alejamiento de dicha norma, la Unión Soviética ofrecía regularmente apoyo a aquellos que constituían objetivos de la subversión y el ataque estadounidenses, dificultando los designios de la única potencia verdaderamente global. El apoyo material ayudó a estos enemigos a sobrevivir y las relaciones con la Unión Soviética impusieron límites a las acciones norteamericanas por temor a un conflicto de superpotencias, del cual los Estados Unidos podían no salir ilesos. Dicha implicación soviética se suele condenar como una interferencia y un expansionismo intolerables e incluso como una agresión —como, por ejemplo, cuando las fuerzas de la contra[*] que atacan Nicaragua son elogiadas por «arriesgar sus vidas para desafiar… [la]… agresión sandinista[28] respaldada por la Unión Soviética» cuya intromisión es en sí misma un acto de agresión, siendo contraria a los requerimientos de los Estados Unidos.

Dado que carecemos de un informe interno de la Unión Soviética, tan sólo podemos especular sobre si los amenazadores «designios del Kremlin» fueron realmente disuadidos por el poder militar occidental. Las pruebas disponibles son escasamente convincentes. El efecto disuasor del poder soviético sobre los designios de los Estados Unidos es también en gran medida cuestión de especulación[29]. El ejemplo más claro del éxito de la disuasión es Cuba, donde los Estados Unidos quedaron limitados al terrorismo internacional a gran escala en lugar de llevar a cabo una invasión total, después de que la crisis de los misiles arrastrara al mundo peligrosamente cerca de una guerra nuclear, a juicio de los participantes. Comprensiblemente, no se trata de un ejemplo que figure en lugar destacado en la literatura occidental sobre la disuasión. Tanto en los documentos internos como en los públicos, los nuevos sistemas armamentísticos de los Estados Unidos eran justificados por la necesidad de superar la fuerza disuasoria soviética, la cual podía «imponer una mayor prudencia en nuestras políticas de la guerra fría» a causa del temor a una guerra nuclear (Paul Nitze, NSC 141, 1953). Como potencia global, los Estados Unidos intervienen a menudo en regiones en las que no tiene una posición ventajosa en cuanto a fuerzas convencionales; por tanto, han tenido que adoptar una postura militar intimidatoria para proteger tales operaciones. Justo antes de convertirse en director de la Oficina para el Control Armamentístico y el Desarme [Arms Control and Disarmament Agency] en la administración Reagan, Eugene Rostow observó que unas fuerzas nucleares estratégicas constituyen un «escudo» para la persecución de los «intereses globales» de los Estados Unidos por «medios convencionales o fuerzas de teatro». Por ello, las mismas se «convierten en instrumentos significativos del poder militar y político», añadió Harold Brown, secretario de Defensa de Carter[30].

Dejando de lado complejidades de segundo orden, para la URSS, la guerra fría ha sido, en primer lugar, una guerra contra sus satélites y, para los Estados Unidos, una guerra contra el Tercer Mundo. Para cada uno de ellos, ha servido para establecer un sistema particular de privilegio y coacción internos. Las políticas adoptadas dentro del marco de la guerra fría han sido poco atractivas para la población general, que las acepta sólo por compulsión. A lo largo de la historia, el dispositivo habitual para movilizar a una población poco dispuesta ha sido el temor a un enemigo maligno, que pretende destruirla. El conflicto de las superpotencias fue admirablemente útil a este propósito —tanto por lo que respecta a las necesidades internas, como veremos en la febril retórica de importantes documentos de planificación como el NSC 68, como a la propaganda pública—. La guerra fría tuvo una utilidad funcional para las superpotencias: por ello persistió.

Hoy, una de las partes ha dado por terminado el juego. Si consideramos la guerra fría histórica, no el sistema ideológico, no es cierto que la guerra fría haya terminado. Tal vez está más bien a medio acabar. Washington sigue siendo un jugador igual que antes.

Este punto no está oculto. Al describir el nuevo presupuesto del Pentágono en enero de 1990, la prensa informa que «en opinión [del secretario de defensa Dick] Cheney, que es compartida por el presidente Bush, los Estados Unidos seguirán necesitando unas fuerzas navales poderosas [y fuerzas de intervención en general] para lidiar con situaciones de alto potencial conflictivo y amenazas para los intereses norteamericanos en lugares como América Latina y Asia». El informe sobre Estrategia de Seguridad Nacional enviado al Congreso dos meses después describía al Tercer Mundo como un probable lugar de conflicto:

En una nueva era, prevemos que nuestro poder militar seguirá siendo un puntal esencial del equilibrio global, pero de forma menos prominente y en aspectos distintos. Vemos que los requerimientos más probables para el uso de nuestras fuerzas militares pueden no implicar a la Unión Soviética y pueden situarse en el Tercer Mundo, donde pueden ser necesarios nuevas capacidades y enfoques.

como «cuando el presidente Reagan ordenó que las fuerzas navales y aéreas volvieran [a Libia] en 1986» para bombardear blancos urbanos civiles, impulsado por su objetivo de «contribuir a un contexto internacional de paz, libertad y progreso dentro del cual nuestra democracia —y otras naciones libres— puedan florecer[31]».

Por otro lado, «la creciente sofisticación tecnológica de los conflictos del Tercer Mundo impondrá serias exigencias a nuestras fuerzas» y puede «continuar amenazando los intereses de los Estados Unidos», incluso sin «el telón de fondo de la competencia entre superpotencias». Por tales motivos, debemos garantizar los medios para trasladar fuerzas con base en los Estados Unidos «con el fin de reforzar nuestras unidades desplegadas en primera línea o proyectar el poder en áreas donde no tenemos presencia permanente», en particular en Oriente Medio, a causa de «la dependencia del mundo libre de los suministros energéticos de esta región fundamental», donde las «amenazas para nuestros intereses» que han requerido una acción militar directa «no podían ser achacadas al Kremlin… En el futuro, esperamos que las amenazas no soviéticas para estos intereses serán objeto incluso de mayor atención». En realidad, la «amenaza para nuestros intereses» había sido siempre el nacionalismo autóctono, hecho a veces reconocido —como cuando el creador de las Fuerzas de Despliegue Rápido del presidente Carter (posteriormente Comandancia Central), destinadas ante todo a Oriente Medio, declaró ante el Congreso en 1980 que su uso más probable no era el de resistir a un (altamente implausible) ataque soviético, sino el de lidiar con desórdenes autóctonos y regionales, en particular con el «nacionalismo radical» que había sido siempre una preocupación de primer orden[32]. Hay que señalar que los planes de la administración Bush fueron presentados mucho antes de la conquista de Kuwait por parte de Irak y la posterior crisis de agosto de 1990 —de hecho, se presentaron en una época en que Irak era todavía un amigo favorecido.

El informe sobre Estrategia de Seguridad Nacional continúa insistiendo en que los Estados Unidos deben estar preparados para un conflicto de baja intensidad, que implicaría «amenazas de orden inferior como el terrorismo, la subversión, la insurgencia y el tráfico de drogas, [que] representan nuevos tipos de amenaza para los Estados Unidos, sus ciudadanos y sus intereses… Un conflicto de baja intensidad implica la lucha de principios e ideologías en competencia por debajo del nivel de una guerra convencional», y nuestras fuerzas militares «deben ser capaces de lidiar efectivamente con la gran variedad de amenazas, incluyendo la insurgencia y el terrorismo. … Las fuerzas tendrán que adaptarse al ambiente austero, a la inmadura estructura de base y a las significativas diferencias que a menudo se encuentran en el Tercer Mundo. … Sería conveniente que el entrenamiento y la investigación y el desarrollo se ajustaran mejor a las necesidades de los conflictos de baja intensidad» —esencialmente, con la contrainsurgencia en el Tercer Mundo.

Será también necesario reforzar «la base industrial de defensa», creando incentivos «para invertir en nuevas instalaciones y equipo, así como en investigación y desarrollo», cuestión que «será especialmente importante en una época en que es probable que disminuyan los logros totales… Nuestro objetivo es ir más allá de la contención, procurar la integración de la Unión Soviética en el sistema internacional como socio constructivo» en áreas tales como Centroamérica, que «siguen siendo un factor de ruptura en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética» y donde «consideramos a la Unión Soviética responsable del comportamiento de sus clientes» en Cuba y Nicaragua, que siguen perturbando la paz y el orden —es decir, desobedecen las órdenes de los Estados Unidos.

Los currículos de las academias militares están modificándose en consecuencia. Así, la Academia de la Marina de Guerra ha anunciado que su currículo y simulacros de guerra harán hincapié en la guerra urbana, el terrorismo y las crisis «de baja intensidad», utilizando modelos como la invasión de Panamá. Un nuevo tipo de conflictos de «intensidad media» con poderosos enemigos del Tercer Mundo exigen también especial atención, dada la continua necesidad vital de «proyectar el poder en otras regiones y mantener el acceso a mercados y recursos lejanos» (senador William Cohen, del Comité para las Fuerzas Armadas [Armed Services Committee]).[33]

El Comandante General del Cuerpo de Marines A. M. Gray plantea estas mismas cuestiones. El fin de la guerra fría simplemente reorientará nuestras políticas de seguridad, advierte, pero no las modificará de modo significativo. «De hecho, la mayoría de las crisis a las que hemos hecho frente desde el fin de la segunda guerra mundial no han implicado directamente a la Unión Soviética», hecho que, hoy, no sólo puede ser reconocido —cuando la amenaza soviética ha perdido su eficacia para el control de la población nacional—, sino que debe resaltarse con el fin de asegurar que podemos actuar como antes cuando haya «amenazas para nuestros intereses». El conflicto Norte-Sur constituye el principal problema:

La creciente insatisfacción del mundo subdesarrollado a causa de la diferencia entre las naciones ricas y las naciones pobres creará un fértil terreno de cultivo para las insurgencias. Tales insurgencias tienen el potencial para poner en peligro la estabilidad regional y nuestro acceso a recursos económicos y militares esenciales. Esta situación se hará más crítica a medida que nuestra nación y nuestros aliados, así como nuestros potenciales adversarios, se vuelvan cada vez más dependientes respecto de dichos recursos estratégicos. Para tener estabilidad en estas regiones, mantener acceso a sus recursos, proteger a nuestros ciudadanos en el extranjero, defender nuestras vitales instalaciones y disuadir los conflictos, debemos mantener en la estructura de nuestras fuerzas armadas activas una capacidad de proyección del poder militar creíble, con la flexibilidad para responder al conflicto en todo el espectro de la violencia en todo el globo.

Esencialmente, debemos mantener nuestro «libre acceso» a los «mercados económicos en vías de desarrollo en todo el mundo» y «a los recursos necesarios para satisfacer nuestras demandas de fabricación». Precisamos, por lo tanto, «una capacidad de penetración creíble y enérgica», fuerzas que «han de ser realmente expedicionarias» y capaces de ejecutar una amplia variedad de misiones, desde la contrainsurgencia y la guerra psicológica al despliegue de «fuerzas multidivisionales». También debemos tener en cuenta los avances tecnológicos rápidamente crecientes en la industria armamentística y su disponibilidad para las nuevas potencias regionales que surgirán en todo el Tercer Mundo, de modo que debemos desarrollar nuevas capacidades, explotando las posibilidades de amplia repercusión de la electrónica, la ingeniería genética y otras biotecnologías, y así sucesivamente, «para que nuestra nación mantenga su credibilidad militar en el próximo siglo[34]».

Estos temas son familiares. Revisando el pensamiento estratégico del presidente Eisenhower, el diplomático e historiador Richard Immerman observa que «adoptó como dogma de fe que la fuerza y la seguridad de los Estados Unidos dependían de que éstos mantuvieran su acceso —en realidad, su control— a mercados y recursos globales, en particular en el Tercer Mundo». Como otros planificadores racionales, asumió que Occidente estaba a salvo de cualquier ataque soviético y que tales temores eran «producto de una imaginación paranoide». Pero la periferia «era vulnerable a la subversión» y los rusos, escribió Eisenhower, «están acercándose mucho más que nosotros a las masas [del Tercer Mundo] y están especializados en propaganda y otros métodos para atraer directamente a las masas[35]». Éstas son características comunes de la planificación realizada, que se ven con mayor claridad que antes, pues ahora la imagen de una Unión Soviética expansionista y agresiva ha perdido su credibilidad.

De forma más simple, la guerra contra el Tercer Mundo continuará y la Unión Soviética seguirá siendo calificada de país agresor si se interpone en el camino. Gorbachov ha de ser inducido a continuar con su «nuevo pensamiento», lo cual convertirá a la URSS en un colaborador en los planes de los Estados Unidos para el orden mundial, pero Washington ha de persistir en su «viejo pensamiento». Por lo tanto, puede no haber ningún «dividendo de paz» sustancial. Y dado que el Tercer Mundo está alcanzando tales alturas de sofisticación tecnológica, precisaremos unas fuerzas armadas dotadas de alta tecnología para disuadirlo y contenerlo. Afortunadamente, seguirá habiendo un gran volumen de negocio para la industria de la electrónica.

Las modificaciones presupuestarias han de adaptarse a un ejército intensivo en capital para cumplir su función en favor de la industria avanzada. Las alternativas al gasto militar son teóricamente posibles, pero —como el comercio ha comprendido desde los orígenes de la guerra fría— tienden a tener efectos no deseados: interfieren con las prerrogativas de la patronal, movilizan sectores populares de votantes y, de este modo, amplían la «crisis de democracia»; redistribuyen la renta, etcétera. No se trata de un problema de pura teoría económica, sino de una cuestión de poder y privilegio y de sus estructuras institucionales específicas. Los defensores de la conversión arremeterán contra molinos de viento a menos que se enfrenten a estos problemas fundamentales.

Lo mismo sucede con los enemigos de la intervención si se mantienen dentro del marco de la interpretación convencional. Así, resulta sencillo destruir las justificaciones acostumbradas: promover la democracia y la seguridad nacional. Algunos de los que emprenden esta tarea llegan, por lo tanto, a la conclusión de que la intervención «nunca tuvo sentido, ni siguiera en el apogeo de la guerra fría», y ciertamente no lo tiene ahora, de modo que podemos dar por terminadas las mortíferas guerras que estamos promoviendo en Camboya, Angola, Afganistán y El Salvador, y reducir radicalmente nuestras fuerzas de intervención[36]. Llevando este argumento un paso más allá, observamos que prácticamente la totalidad de la clase política ha apoyado la intervención, excepto cuando nos ha resultado demasiado costosa. De ello se deducen dos cosas: o que la estupidez y la incompetencia han sido requisitos para acceder al liderazgo político, para ser un reconocido «experto», para lograr la respetabilidad de los medios de comunicación y otras cosas por el estilo, o que las razones aducidas no son las verdaderas. Dado que la primera conclusión es escasamente creíble, pasamos a la segunda, reconociendo que el análisis no viene al caso y sirve para crear ilusiones que deberíamos descartar. Los auténticos motivos de la intervención, sean o no convincentes en casos particulares, distan mucho de ser insensatos.

Los actuales argumentos favorables a las fuerzas de intervención, como los del informe sobre Estrategia de Seguridad Nacional, revelan que el sistema ideológico se está quedando sin pretextos para recurrir a la subversión y al ejercicio abierto de la fuerza en asuntos internacionales y a medidas militares keynesianas en el ámbito nacional. La defensa contra las hordas estalinistas ya no vende. Hace años se reconoció el problema que planteaba la desaparición de este pretexto, pero los esfuerzos de los años ochenta para superarlo —recurriendo a lunáticos terroristas árabes o narcotraficantes hispanos, por ejemplo— tienen una vida media demasiado breve para ser realmente efectivos. En consecuencia, se hace necesario reconocer que el verdadero enemigo es el propio Tercer Mundo. Si la amenaza principal del comunismo ha sido la transformación económica de las potencias comunistas «en aspectos que reducen su disposición y capacidad para complementar a las economías industriales de Occidente» (véase más arriba, párrafo que comienza: «Centrándonos en el propio conflicto…»), lo mismo podemos decir del «nacionalismo radical» en general —hecho que no ha escapado a los planificadores y analistas estratégicos—. La gravedad del problema varía de unas regiones a otras, siendo Oriente Medio la principal preocupación en el Tercer Mundo a causa de sus incomparables reservas energéticas. Pero, conforme al punto de vista del NSC 68, ningún rincón del mundo es lo bastante pequeño e insignificante como para que pueda ser pasado por alto sin peligro.

3. ANTES Y DESPUÉS

En este contexto, podemos centrarnos en otra cuestión surgida al principio: ¿en qué aspectos difieren los acontecimientos y prácticas característicos de la guerra fría de los anteriores a la misma? El sistema bipolar era nuevo y dio un cariz distinto a las prácticas tradicionales, además de ampliar su alcance. Pero las similitudes minan más aún la credibilidad de la interpretación convencional.

Por lo que respecta a la Unión Soviética, durante medio milenio los dirigentes del Gran Ducado de Moscú ampliaron su dominio a «todas las Rusias», creando un enorme Estado imperial, aunque se trataba de un Estado mucho más atrasado que Europa occidental e incapaz de reducir diferencias, y que en 1914 «se convirtió en una posesión semicolonial del capital europeo[37]». Los partidarios de la línea dura se apresuran a recordar a las víctimas de la gorbymanía que «como gran potencia, Rusia desplegó frecuentemente sus ejércitos por Europa y aplastó repetidamente alzamientos populares en Europa central», reprimiendo la revolución húngara en 1956 y la democracia checoslovaca en 1968, del mismo modo que «las tropas rusas reprimieron sangrientamente la revolución húngara de 1948-1949 y acabaron con las sublevaciones de Polonia en 1831 y nuevamente en 1863-1864. … Tropas soviéticas ocuparon Berlín en 1945. Tropas rusas ocuparon y quemaron Berlín en 1760». Y, ciertamente, las tropas rusas aparecieron en muchos lugares en que las tropas soviéticas no lo han hecho todavía», incluyendo Italia y Suiza, escribe Samuel Huntington[38]. «No podemos asumir», continúa, que los soviets no «volverán a las malas costumbres del pasado». La inclusión de la ocupación soviética de Berlín en 1945 entre estas «malas costumbres» refleja, tal vez, la actual tendencia a dar credibilidad a la pretensión nazi de haber estado defendiendo a la civilización occidental de la amenaza bolchevique.

En cuanto a los Estados Unidos, escalas aparte, los cambios inducidos por la guerra fría fueron en gran medida retóricos. Desde 1917, la intervención se ha desarrollado en defensa propia contra la amenaza soviética —incluyendo la intervención en la propia Rusia inmediatamente después de la revolución bolchevique y el apoyo clandestino a ejércitos establecidos por Hitler en Ucrania y Europa oriental en los años cincuenta—.[39] Antes de la revolución bolchevique se emprendieron acciones similares, pero por temor a otras amenazas. Cuando Woodrow Wilson invadió México y La Española (Haití y la República Dominicana) —cuando sus guerreros asesinaron y destruyeron, restablecieron prácticamente la esclavitud, derribaron el sistema político y colocaron firmemente a estos países en manos de los inversores norteamericanos—, estas acciones se llevaron a cabo en defensa propia contra los hunos. En años anteriores, se efectuaron conquistas e intervenciones en defensa contra Gran Bretaña, España, los «despiadados indios salvajes» de la Declaración de Independencia —de hecho, contra cualquiera que se interpusiera en su camino.

A los grandes pensadores nunca les ha costado identificar a los culpables. En los primeros años de la República, el reverendo Timothy Dwight, presidente del Yale College y respetado autor y exponente de los valores puritanos, dedicó un poema a la salvaje matanza de los indios pequot. Los colonos veían a los indios pequot «con buenos ojos», escribió, y se esforzaron por obtener su amistad, pero se lo impidieron «infames diablos canadienses» y no tuvieron más remedio que masacrarlos, hombres, mujeres y niños. Thomas Jefferson atribuyó el fracaso del «benévolo plan que estábamos aplicando aquí para la felicidad de los habitantes aborígenes de nuestra región» al enemigo inglés. «La política interesada y sin principios de Inglaterra ha malogrado todos nuestros esfuerzos para la salvación de estas desafortunadas gentes», y las ha «seducido» «para que empuñen el hacha contra nosotros». Así, fueron los ingleses quienes «nos obligaron a perseguirlos hasta el exterminio o a empujarlos hasta nuevos asentamientos lejos de nuestro alcance». Los ingleses, no nosotros, fueron, pues, responsables del «confirmado trato brutal, si no del exterminio de esta raza en nuestra América…». Por los mismos motivos, en una carta, recomendó la conquista del Canadá a John Adams, quien asintió, escribiendo: «Otra conquista del Canadá aplacará a los indios para siempre y será una gran bendición tanto para ellos como para nosotros[40]».

La misma teoría se adoptó cuando el general Andrew Jackson cruzó Florida a la desbandada, aniquilando prácticamente a gran parte de su población nativa y dejando la provincia española bajo control estadounidense. Su sangrienta campaña de la guerra de Semínola fue defendida por John Quincy Adams en una carta al agregado de la embajada en España, George Erving, que «durante mucho tiempo, ha sido reconocida como uno de los más importantes documentos del Estado en la historia de las relaciones exteriores norteamericanas» (William Earl Weeks). Este documento impresionó a Thomas Jefferson como «uno de los mejor elaborados que he visto nunca, tanto por lo que respecta a la lógica como al estilo», opinión en la que han coincidido los historiadores modernos. Tan prendado estaba Jefferson de esta diatriba racista que justificaba la agresión y la brutalidad de Jackson que recomendó encarecidamente su amplia distribución «con el fin de mantener en Europa una buena opinión de nuestra moralidad política[41]».

El verdadero motivo de la guerra era el expansionismo y el «uso de Florida como un paraíso por parte de indios y esclavos americanos», «era ofensivo, desde la perspectiva norteamericana», observa Weeks. Pero en su primera defensa del Manifest Destiny[*], de la eliminación de los indios, de la esclavitud, de la violación de los tratados y del uso de la fuerza militar sin la aprobación del Congreso, Adams justificó la agresión en los términos habituales de la defensa propia. La culpa era de las maquinaciones inglesas en Florida, escribió, durante la guerra de 1812, cuando agentes británicos alentaron «a todos los negros fugitivos, a todos los indios salvajes, a todos los piratas y a todos los traidores a su país… a adoptar sus criterios y librar una guerra exterminadora» contra los Estados Unidos. Y más tarde, cuando «esta guerra negro-india contra nuestras fronteras fue reavivada» por esos criminales británicos (dos de los cuales fueron ejecutados), de manera que los «pacíficos habitantes» de los Estados Unidos recibieron «la visita de todos los horrores de una guerra salvaje» a cargo de «hordas mezcladas de indios y negros rebeldes». Por otra parte, «desde la época del establecimiento de nuestra independencia hasta nuestros días, todas las guerras indias que nos han afligido han tenido un claro origen en la instigación de comerciantes o agentes ingleses». Adams apelaba al derecho internacional para justificar actos contra «un enemigo inhumano» tales como la ejecución de prisioneros. Citando fuentes del siglo XVIII, observó: «La justificación de estos principios reside en su saludable eficacia para causar terror y dar ejemplo[42]».

Al igual que Dean Acheson muchos años después, Adams reconocía que en tales empresas es una buena idea hablar de forma «más clara que el agua». Según Adams, «era mejor errar por lo que respecta a la fuerza que por lo que respecta a la debilidad». Actuando de este modo, «articuló muchos de los mitos que han sido esenciales para tranquilizar la conciencia de una nación justa que se expandió primero a lo largo de un continente y, después, por todo el mundo», comenta Weeks[43].

Cuando no podíamos hallar fácilmente infames demonios extranjeros, podíamos recurrir a la inferioridad de aquellos que se hallaban en nuestro camino. En su mensaje anual de 1851, el gobernador de California, Peter Burnett, observó «que seguirá librándose una guerra exterminadora entre las dos razas hasta que la raza india se extinga». Aunque sólo podemos prever este resultado con «doloroso pesar, evitar el ineludible destino de esta raza escapa al poder y al saber del hombre». Los territorios mexicanos habían de ser ocupados por el bien de la humanidad, escribió Walt Whitman: «¿Qué tiene que ver el indeseable e ineficiente México… con la gran misión de poblar el Nuevo Mundo con una noble raza?». Nuestras conquistas pueden «eliminar los grilletes que privan a los hombres incluso de la oportunidad de ser felices y buenos». Los mexicanos fueron descritos por los viajeros como «una raza de hombres imbéciles y pusilánimes, incapaces de controlar los destinos de ese bonito país» de California, que perteneció por derecho a los anglosajones en las fantasías racistas del siglo XIX —compartidas, entre otros, por Charles Darwin, quien creía que «aparentemente, hay mucha verdad en la creencia de que el maravilloso progreso de los Estados Unidos, así como el carácter de la gente, son resultado de la selección natural[44]».

La verdad de la cuestión, en todas partes, fue que el auténtico enemigo había sido la población indígena de aquellos territorios, de los que habían sido expulsados o donde habrían de permanecer como súbditos. Así como otras potencias que interfirieron en nuestro derecho a tratar a esas pobres almas de acuerdo con nuestros deseos. Los hechos han sido reconocidos ocasionalmente, como cuando el secretario de Estado de Wilson, Robert Lansing, explicó, con el consentimiento del presidente que

en su defensa de la doctrina Monroe, los Estados Unidos tienen en cuenta sus propios intereses. La integridad de otras naciones americanas es un incidente, no un fin. Aunque ello puede parecer estar basado tan sólo en el egoísmo, el autor de esta doctrina no tenía ningún motivo más elevado o más generoso en su declaración.

El problema central, continuaba Lansing, es excluir el control europeo sobre «el territorio norteamericano y sus instituciones tanto a través de medios financieros como de otros medios». El gobierno de Wilson se adaptó a este principio, por ejemplo, excluyendo a Gran Bretaña de las concesiones petrolíferas en Centroamérica. Desde los primeros años de este siglo, el control sobre el petróleo se ha reconocido como una palanca de gran poder en el mundo de los negocios, por no mencionar los fabulosos beneficios que se producen. Por otro lado, el gran apóstol de la autodeterminación no hizo nada nuevo[45].

El principal cambio tras la segunda guerra mundial fue que los Estados Unidos estaban en situación de aplicar estos principios sobre un territorio mucho mayor. Y, por supuesto, el imperio maligno del cual habían tenido que defenderse no eran ya ni los hunos ni los británicos.

Para los pueblos del Tercer Mundo, la amenaza planteada para la seguridad de los Estados Unidos por los agentes de terribles enemigos extranjeros parece difícil de apreciar. Cuando la administración Kennedy pretendió organizar una acción colectiva contra Cuba en 1961, un diplomático mexicano comentó: «Si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza para nuestra seguridad, cuarenta millones de mexicanos se morirán de risa[46]». Sin embargo, los sofisticados occidentales respondieron con adecuada sobriedad e interés.

Con el fin oficial de la guerra fría, estas prácticas continúan como antes, pero en defensa propia contra otros enemigos. No obstante, cuando la administración Bush invadió Panamá en diciembre de 1989, fue absolutamente imposible conjurar al imperio maligno. La «Operación Causa Justa» fue, por lo tanto, emprendida para defendernos de los narcotraficantes que se habían propuesto destruirnos, entre otros pretextos[47].

Estas continuidades revelan, una vez más, que la interpretación convencional es más un disfraz retórico que una tesis seria.

4. BOLCHEVIQUES Y MODERADOS

A pesar de las continuidades, 1917 marcó una crítica ruptura por lo que respecta a la política. La intervención previa había tenido un carácter algo ad hoc y oportunista, diseñada para la expansión territorial o la ventaja económica o para desviar y desplazar a los rivales europeos. Pero la guerra mundial trajo condiciones casi enteramente nuevas y, con ellas, un marco ideológico sistemático y coherente para la intervención en todo el mundo.

A medida que Europa procedía a su autodestrucción, los Estados Unidos se convirtieron por vez primera en una potencia global de influencia decisiva. Y la revolución bolchevique les proporcionó un enemigo global —no a causa del poder ruso, que era insignificante, sino a causa del desafío ideológico «para la propia supervivencia del orden capitalista» (Gaddis)—. La respuesta a un reto de esta magnitud e importancia era indudable. La misma fue claramente formulada por el senador Warren Harding, que pronto sería elegido presidente: «El bolchevismo es una amenaza que debe ser destruida… la bestia bolchevique [ha de] morir[48]».

Precisamente con la supervivencia del sistema de privilegio y dominación existente en juego, cualquier desafío para el mismo, en cualquier lugar del mundo, había de ser considerado con la mayor seriedad. Cualquiera que amenazara el orden reinante debería ser considerado como un apéndice de la bestia, un comunista disfrazado o una víctima del bolchevismo. Y aquellos que se enfrentan a la bestia o a sus crecientes tentáculos se convierten en «moderados», etiqueta que se extiende a una amplia serie de tiranos y asesinos de masas, siempre y cuando cumplan con su trabajo. Estos moderados varían en sus elecciones tácticas. Algunos prefieren experimentar con reformas para expulsar a la bestia, recurriendo a medidas más severas si aquéllas fallan. Otros desdeñan el giro reformista y deciden ir inmediatamente al grano. En los Estados Unidos, la respuesta al reto ha oscilado desde una severa represión de la disidencia y del movimiento obrero (la amenaza roja de Wilson y sus sucesores habituales) hasta varios medios más sutiles. En el extranjero, las tácticas se adaptan al carácter específico del desafío, pero bajo el principio de que la bestia debe morir. Este marco ideológico general, y las realidades sociopolíticas que refleja, confirieron a la intervención una forma muy distinta desde los primeros años.

El nuevo marco fue elaborado, en primer lugar, como reacción ante los procesos que tuvieron lugar en la Italia de la posguerra, en la periferia del orden industrial occidental. La pauta entonces establecida volvió a aplicarse regularmente en todo el mundo hasta nuestros días. Por consiguiente, ésta merece un cierto análisis.

Con la creciente militancia obrera, Italia planteó «el obvio peligro de la revolución social y la desorganización», según determinó una investigación de alto nivel llevada a cabo por la administración Wilson en diciembre de 1917. «Si no andamos con cautela nos encontraremos con una segunda Rusia en las manos», observó en privado un funcionario del Departamento de Estado, añadiendo: «Los italianos son como niños» y «deben ser [guiados] y ayudados más que cualquier otra nación». Los Camisas Negras de Mussolini resolvieron el problema con la violencia. Llevaron a cabo «una excelente y joven revolución», observó con aprobación el embajador norteamericano refiriéndose a la marcha de Mussolini sobre Roma en octubre de 1922, que puso fin a la democracia italiana. Los gorilas fascistas aplastaron efectivamente la agitación obrera con la ayuda del gobierno, y se acabó con la desviación democrática. Los Estados Unidos observaron con aprobación. Los fascistas son «tal vez, el factor más poderoso en la represión del bolchevismo en Italia» y han mejorado mucho la situación general, informó a Washington la embajada, manifestando, al mismo tiempo, una cierta intranquilidad residual respecto de los «jóvenes entusiastas y violentos» que han dado lugar a estos saludables hechos. La embajada continuó informando sobre el atractivo del fascismo para «todos los patriotas italianos», gentes ingenuas «hambrientas de un liderazgo fuerte y que disfrutan… siendo severamente gobernados[49]».

A medida que la oscuridad fascista se cernía sobre Italia, el apoyo del gobierno y del comercio de los Estados Unidos creció rápidamente. De entre todos los países, a Italia le fue ofrecido el mejor acuerdo posbélico, con diferencia, para el saldo de su deuda y la inversión estadounidense creció con mayor rapidez que en ningún otro país a medida que el régimen fascista se afianzaba, eliminando la agitación obrera y otros desórdenes democráticos[50].

Los líderes obreros norteamericanos observaron estos hechos con ojos favorables. El American Federationist editado por el presidente de la AFL [American Federation of Labor], Samuel Gompers, daba la bienvenida al fascismo como un baluarte contra el comunismo y un movimiento «capaz de una acción decisiva a escala nacional», que estaba «reconstruyendo rápidamente una nación de colaboradoras unidades de utilidad», las corporaciones fascistas de Mussolini, que subordinaban el movimiento obrero al capital y al Estado. El periódico de la AFL consideraba a estas corporaciones como «un grato sustituto de los viejos sindicatos industriales infectados por los bolcheviques», comenta Ronald Filippelli. El activismo de Mussolini también era atractivo. «Por repugnante que sea… la idea de la dictadura y del hombre a caballo», continuaba el periódico, «los sindicalistas norteamericanos podrán finalmente sentir cierta simpatía por las políticas de un hombre cuyo objetivo dominante es hacer que se hagan las cosas; hacer más que teorizar; levantar una civilización trabajadora y productora en lugar de un agregado desorganizado y teorizante de grupos en conflicto» en una sociedad dividida por la lucha de clases[51]. Mussolini hizo que los trenes fueran puntuales, como decía el cliché habitual. La represión del movimiento obrero y de las instituciones democráticas no era un precio demasiado alto a pagar por este triunfo, desde el punto de vista de la AFL.

Mussolini fue descrito como un «moderado» con un atractivo político enormemente popular que había procurado una administración eficiente y la prosperidad, matando a la bestia y abriendo las puertas a una inversión y a un comercio rentables. Reflejando actitudes comunes en la comunidad empresarial, el socio de J. P. Morgan, Thomas Lamont, se describió a sí mismo como «algo parecido a un misionero» para el fascismo italiano, expresando su admiración por el Duce, «una persona muy gallarda» que había «hecho un muy buen trabajo en Italia», y por las «bien fundadas ideas» que le guiaron en el gobierno del país. Otto Kahn, de Kuhn, Loeb and Co., apreciaba más a los fascistas por acabar con «las riñas parlamentarias y una burocracia despilfarradora e impotente» y aportar «un espíritu de orden, disciplina, trabajo duro, devoción patriótica y fe» bajo «el gobierno clarividente y autoritario de este hombre ejemplar, Benito Mussolini». El juez Elbert Gary, de United Steel, preguntó si «también nosotros necesitamos un hombre como Mussolini». La embajada de los Estados Unidos estaba particularmente impresionada por el hecho de que «no ha habido ni una sola huelga en toda Italia» desde la toma del poder por los fascistas[52].

La embajada era bien consciente de las medidas totalitarias de Mussolini. El fascismo había «sofocado efectivamente los elementos hostiles restringiendo el derecho de libre reunión, aboliendo la libertad de prensa y teniendo a su mando una gran organización militar», informó la embajada en un mensaje de febrero de 1925, tras un importante castigo fascista. Pero Mussolini siguió siendo un «moderado», enfrentándose valientemente a los temibles bolcheviques al tiempo que rechazaba al ala extremista de la derecha. Sus aptitudes como moderado estaban implícitas en la opinión manifestada por el embajador Henry Fletcher: en Italia la elección está «entre Mussolini y el fascismo y Giolitti y el socialismo» —siendo Giolitti el primer ministro liberal que había colaborado con Mussolini en la represión del movimiento obrero, pero que ahora pasó a ser también objeto de la misma—. La población prefería «la paz y la prosperidad» bajo el fascismo a «la libertad de expresión, una administración laxa… [y] el peligro y desorganización del bolchevismo», informó Fletcher. El secretario de Estado, Frank Kellogg, coincidió con él en catalogar a todos los grupos de la oposición de «comunistas, socialistas y anarquistas». El jefe de la División para Europa occidental del Departamento de Estado, William Castle, reconoció en 1926 que «los métodos del Duce no son en modo alguno métodos norteamericanos», pero «métodos que ciertamente no atraerían a este país podrían fácilmente resultar atractivos para un pueblo tan diferentemente constituido como son los italianos». El Duce y sus efectivos métodos lograron amplio respeto en las comunidades política e intelectual, incluyendo a la opinión progresista[53].

En 1919, como senador, Kellogg había condenado amargamente a los «nihilistas» y «anarquistas» nacionales que «intentan incitar a los elementos insatisfechos de este país a la lucha de clases». Como secretario de Estado prohibió a los comunistas la entrada en el país porque «es la única manera de tratar a estos revolucionarios», y puso en un mismo paquete al progresismo de LaFollette, el socialismo, el comunismo y a los IWW [Industrial Workers of the World]. Kellogg exigió además que los rusos cesaran «su propaganda en los Estados Unidos» como condición para su reconocimiento[54]. Ésta era una doctrina absolutamente natural, dado el carácter ideológico de la amenaza «para la propia supervivencia del orden capitalista», y una exigencia que sería reiterada con regularidad en una u otra forma en años posteriores.

A medida que los efectos de la gran depresión afectaban a Europa, dando lugar a un malestar social y político, la Italia fascista recibía cada vez más elogios como baluarte del orden y la estabilidad, libre de la lucha de clases y de los desafíos del movimiento obrero y de la izquierda. «Los italianos se están desitalianizando», escribió la revista Fortune con sorpresa en un número especial dedicado a la Italia fascista en 1934. Otros estuvieron de acuerdo. El embajador volante del Departamento de Estado, Norman Davis, elogió los éxitos de Italia en observaciones realizadas ante el Consejo para las Relaciones Exteriores [Council on Foreign Relations] en 1933, interviniendo después de que el embajador italiano hubiera recibido el aplauso de su distinguido auditorio por su descripción de cómo Italia había puesto «su propia casa en orden. … La lucha de clases fue aplastada» —por medios que fueron aparentemente considerados como adecuados—. El embajador de Roosevelt en Italia, Breckenridge Long, estaba también lleno de entusiasmo por el «nuevo experimento de gobierno» desarrollado bajo el fascismo, que «funciona con total éxito en Italia». Después de la segunda guerra mundial, Henry Stimson (secretario de Estado con Hoover, secretario para la guerra con Roosevelt) recordó que Roosevelt y él habían encontrado que Mussolini «era un líder útil y digno de confianza». Cuando el general de marines Smedley Butler realizó algunos comentarios críticos acerca de Mussolini en 1931, Stimson hizo que le sometieran a consejo de guerra, sin molestarse en verificar los hechos. Cuando los fascistas consiguieron el 99 por 100 de los votos en las elecciones de marzo de 1934, el Departamento de Estado llegó a la conclusión de que los resultados «demuestran incontestablemente la popularidad del régimen fascista». Roosevelt compartía muchas de estas opiniones positivas de «ese admirable caballero italiano», como denominó a Mussolini en 1933[55].

La invasión de Etiopía por parte de Mussolini fue condenada, pero no causó ningún daño serio a las relaciones de los Estados Unidos con la Italia fascista. La razón esencial fue suministrada por el embajador Long: si Mussolini cayera y el país quedara «sin gobierno, … las violentas manifestaciones del bolchevismo serían evidentes en los centros industriales y en las regiones agrícolas donde todavía se mantiene la propiedad privada». Un informe de 1937 del Departamento de Estado llegaba a la conclusión de que «el fascismo se está convirtiendo en el alma de Italia», habiendo «convertido el caos en orden, el libertinaje en disciplina y la quiebra en solvencia». Para «conseguir tanto en tan poco tiempo, han sido necesarias severas medidas», continuaba el informe. Por otra parte, al igual que Alemania con Hitler, Italia se interponía en el camino de la influencia rusa en España durante la guerra civil. Washington había adoptado una forma de «neutralidad» que equivalía a inclinarse hacia el fascismo español frente a la república democrática liberal, uniéndose a la uniforme hostilidad de Occidente y Stalin ante la revolución libertaria popular[56].

En el más importante estudio académico sobre este tema, David Schmitz señala que el modelo desarrollado para Italia, con fascistas «moderados» ocupando el punto medio entre los temidos extremistas de izquierdas y de derechas, se aplicó también al nazismo. Aquí, Hitler fue elegido como representante de los moderados que prometían «orden social, leyes antibolcheviques y protección para el capital extranjero», observa Schmitz. El encargado de negocios norteamericano en Berlín escribió a Washington en 1933 que la esperanza para Alemania era «la sección más moderada del partido [nazi], encabezada por el propio Hitler… la cual resulta atractiva para toda la gente civilizada y razonable», y parece «llevar ventaja» sobre el ala violenta. En 1937, el Departamento de Estado consideraba al fascismo compatible con los intereses económicos de los Estados Unidos. Un informe de la División Europea explicó su apogeo como la reacción natural de «las clases medias y ricas en defensa propia» cuando «las masas insatisfechas, con el ejemplo de la revolución rusa ante sí, se inclinan hacia la izquierda». El fascismo, por lo tanto, «debe triunfar o las masas, en esta ocasión reforzadas por las clases medias desilusionadas, virarán de nuevo hacia la izquierda». El fascismo europeo no se convirtió en un enemigo declarado hasta que atacó directamente los intereses norteamericanos. La reacción ante el fascismo japonés fue muy parecida[57].

A pesar de que las potencias del Eje se convirtieron en enemigas durante la segunda guerra mundial, el marco general de pensamiento nunca cambió realmente. Cuando los Estados Unidos liberaron el sur de Italia en 1943, siguieron el consejo de Churchill de que la consideración primordial debía ser el impedir «el caos, la bolchevización o la guerra civil. … No hay nada entre el rey y los patriotas que se han reunido en torno a él y el bolchevismo desenfrenado», advirtió Churchill. Los Estados Unidos apoyaron al rey, quien había colaborado por entero con el régimen fascista y la dictadura de derechas del mariscal de campo Badoglio, un héroe de guerra fascista, precisamente cuando Roosevelt había instalado al almirante fascista francés Darlan en el norte de África en 1942, en la primera zona liberada del control nazi. Henry Stimson y el Departamento de Estado pretendían elevar al poder al líder fascista Dino Grandi, describiendo a este estirado oficial de la dictadura de Mussolini desde sus primeros años como un «moderado» entre los Camisas Negras, que fue «empujado al [fascismo] por los excesos de los comunistas». Una reconstrucción de la historia siguiendo las mismas pautas es común en los círculos de derechas y neonazis contemporáneos. En Italia, como en todo el mundo, los fascistas y sus colaboradores fueron restaurados en el poder y la influencia por los liberadores aliados. El objetivo general era destruir la resistencia antifascista, minar las fuerzas populares en que se basaba y reconstruir el orden conservador tradicional, ahora bajo el dominio de los Estados Unidos[58].

La distinción entre los «moderados» dirigidos por Mussolini y los «extremistas» que éste pretendía controlar acabó «dominando las ideas del Departamento de Estado sobre el fascismo y ayudó a facilitar una base ideológica al continuo apoyo a Mussolini durante los años del período interbélico», comenta Schmitz Se tomó como modelo para respaldar a Hitler como líder moderado de los nazis y «habría de convertirse en una pauta habitual y casi automática de comportamiento por parte de los encargados de la política exterior norteamericana en nombre del anticomunismo en el siglo XX[59]».

Esta pauta es particularmente evidente en América Latina, el dominio tradicional de la intervención norteamericana, que cobró una nueva forma, adoptando el nuevo marco analítico inmediatamente después de la primera guerra mundial. Hasta entonces, la intervención estadounidense se describía como una reacción defensiva contra enemigos europeos: especialmente en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Pero, con el crecimiento del poder estadounidense, éstos eran antagonistas menos plausibles y, como guardianes del orden capitalista, los Estados Unidos se centraron en el desafío ideológico planteado a su «propia supervivencia» por la revolución bolchevique en 1917. La revolución mexicana, con su avance hacia el nacionalismo económico, evocó intensamente al fantasma. Particularmente amenazador era el artículo 27 de la Constitución mexicana, el cual se convirtió en la manzana de la discordia en 1917 a causa de su llamamiento en favor de la participación y de la dirección del Estado en la economía (en particular por lo que respecta al desarrollo de los recursos naturales) y de la subordinación de la propiedad privada al bienestar general. La analogía con el bolchevismo se dedujo rápidamente en la forma dual habitual: estas actitudes eran una amenaza directa para los inversores norteamericanos y podría también alentar a otros, incluyendo a elementos internos, a pensar según líneas similares (el efecto dominó en su variante realista). El embajador de los Estados Unidos en México, Henry Fletcher, advirtió en 1918 que el objetivo de México era «remplazar la doctrina Monroe» de forma que «la hegemonía de los Estados Unidos en este continente tendrá que desaparecer». Fletcher pronto habría de trasladarse a Italia, donde, como hemos visto, se convirtió en portavoz del fascismo de Mussolini como barrera frente al «bolchevismo» (incluyendo al socialismo y al liberalismo). El artículo 27, escribió Fletcher al presidente Wilson en 1919, prácticamente terminaría con la inversión extranjera en México[60].

Unos cuantos años después, el secretario de Estado, Frank Kellogg, declaró que sus programas de nacionalismo económico habían sentado a México «en el banquillo de los acusados ante el mundo» y «habían provocado una grave situación» para los intereses norteamericanos. El Departamento de Estado consideraba entonces a México como poco más que un puesto avanzado del bolchevismo[61].

La advertencia de Fletcher a Wilson reflejó el descontento por «el miserable e ineficiente México» manifestado por Walt Whitman y otros. Los mexicanos no «podrían seguir adelante» sin inversión extranjera, creía, porque «no tienen el don del desarrollo industrial ni tienen la formación necesaria». Algunos años más tarde, el embajador James Sheffield escribió acerca de «la futilidad de intentar tratar con la mentalidad latino-india, llena de odio hacia los Estados Unidos y sedienta de venganza, partiendo de la misma base con que nuestro gobierno trataría con un gobierno civilizado y ordenado en Europa». Los mexicanos sienten «un odio indio, no latino, hacia toda la gente que no forme parte de la reserva. Hay muy poca sangre blanca en el consejo —es decir, está muy diluida». Otros oficiales hablaron de la «escasa capacidad mental» que hace que los mexicanos —al igual que los italianos— sean «absolutamente incapaces de autogobernarse» y sean «fácilmente dominados» por los «mestizos» que controlan el gobierno. Los venezolanos eran también considerados como «indolentes» y como seres que sufrían de «inmadurez política» e «inferioridad racial», juntamente con otros latinoamericanos. En 1927, Elihu Root, cuya larga carrera como partidario del Estado y líder del movimiento pacifista le merecieron el Premio Nobel, cuestionó el reconocimiento de la independencia de los países latinoamericanos por parte de los Estados Unidos porque los latinoamericanos son «en verdad como niños e incapaces de cumplir con las obligaciones que comporta la independencia». La tentativa democrática mexicana fue tan fútil como el garantizar el derecho al voto a los negros tras la guerra civil, comentó Roosevelt: «un paso desencantado, un terrible error, con la mayoría de las más terribles consecuencias». Cuarenta años después, su distinguido sucesor Dean Acheson manifestó opiniones similares a los racistas blancos de Sudáfrica. Root propuso a México el ejemplo de la Italia fascista, que gozaba de un «resurgimiento de la prosperidad, contento y satisfacción bajo un dictador». Un diplomático norteamericano en Venezuela afirmó que «al peón indio» debería dársele «una forma de gobierno simple y paternalista», no una democracia formal. Elogió al dictador venezolano Juan Vicente Gómez, quien, ante el ejemplo de México, había «decidido juiciosamente que un despotismo benévolo era preferible a una democracia anárquica[62]».

Algunos consideraban que los nativos no eran tan irrecuperables. El banquero Thomas Lamont creía que «ignorantes como son [los mexicanos], imprudentes como son, desconfiados como son, si uno emplea tiempo y paciencia puede, no obstante, manejarlos». Opiniones similares fueron manifestadas en privado también en años posteriores. El secretario de Estado, John Foster Dulles, advirtió al presidente Eisenhower que debería ser posible hacer que los latinoamericanos aceptaran los planes de los Estados Unidos para su futuro como fuente de materias primas y de beneficios para las corporaciones norteamericanas: «Tiene que darles unas cuantas palmaditas y hacerles pensar que los aprecia». Siguiendo el mismo razonamiento, el embajador en Costa Rica, Robert Woodward, recomendó a Washington inducir a la United Fruit Company a introducir «unos cuantos aderezos de interés humano relativamente simples y superficiales para los trabajadores que podrían tener un amplio efecto psicológico», eliminando, así, problemas con los peones[63].

Dado el material humano con que hay que trabajar, podemos apreciar fácilmente los esfuerzos del «profesor benévolo pero claramente egocéntrico que reparte emancipación a los estudiantes pobres del mundo a través del conocimiento tanto de la justicia como del camino correcto» (véase más arriba, párrafo que comienza: «Es este único legado…»).

Impresionados por el afortunado modelo fascista, los Estados Unidos recurrieron a dictadores y tiranos para resistir a la amenaza del cambio social y el nacionalismo económico, ahora interpretados en el contexto del desafío bolchevique a la supervivencia del orden capitalista en todo el mundo. Venezuela fue un ejemplo sorprendente. El brutal déspota general Gómez disfrutó de unas relaciones razonablemente buenas con los Estados Unidos hasta la administración Wilson, que se oponía a su tiranía, terror y corrupción y a su «preferencia por Alemania en la actual guerra por los derechos de la humanidad», como manifestó el agregado de la embajada norteamericana en Venezuela en 1917. Pero, pocos años después, las actitudes cambiaron (aunque no así las prácticas de Gómez). No corrompido por el nacionalismo económico y el radicalismo que amenazaban a los intereses norteamericanos en todas partes en América Latina, el déspota ofreció su país para la libre explotación extranjera. La mezcla habitual de descontento racista y antagonismo al nacionalismo independiente bastaron para calificar a Gómez de moderado. Había salvado al país de «un conflicto entre las clases privilegiadas y la gente corriente» y lo había mantenido libre de «comunismo o cualquier otra forma de radicalismo extremo», informó al Departamento de Estado el encargado norteamericano en 1929. «Hasta que se pudiera confiar en que los venezolanos tomasen las decisiones adecuadas en relación con su dirección política y económica —escribe Michael Kreen—, y se cree que este momento se presentará en un futuro muy lejano, era mejor para todos los interesados que se mantuvieran a salvo de la democracia[64]».

Como atestigua ejemplo tras ejemplo, el nacionalismo económico provoca la hostilidad de los Estados Unidos. Allí donde es posible, la culpa se achaca a la conspiración bolchevique para destruir la civilización occidental. En cualquier caso, el culpable debe morir. Ello se aproxima tanto al derecho histórico como lo permite un mundo complejo.

El punto esencial lo capta la celebrada observación de John F. Kennedy según la cual, aunque preferiríamos regímenes democráticos decentes, si hay que elegir entre un Trujillo y un Castro, elegiremos al Trujillo. Sólo es necesario añadir tres puntos: 1) el concepto de «un Castro» es muy amplio y se extiende a todo el que plantea problemas a los «hombres ricos que viven en paz en sus moradas», quienes han de gobernar el mundo, según el aforismo de Churchill, disfrutando, al mismo tiempo, de los beneficios de sus recursos humanos y materiales; 2) el «Trujillo», por monstruoso que sea, será un «moderado» mientras cumpla con su función; 3) el «Trujillo» pasará rápidamente de ser un amigo favorecido a una bestia que hay que destruir si muestra la insensatez de pisarnos los callos. Esta historia ha sido representada una y otra vez hasta nuestros días. Saddam Hussein no es más que el ejemplo más reciente.

La pauta posterior a la primera guerra mundial constituye un alejamiento de la intervención norteamericana en un período anterior de menor autoconciencia y poder global. Todas las razones apuntan a que esta pauta continuará, con todas las modificaciones oportunas, una vez el reto bolchevique haya perdido sus últimos vestigios de credibilidad.

5. LOS FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA

La base de la política norteamericana en la época de la guerra fría se perfila con considerable claridad en la información interna sobre planificación[65]. Con una preeminencia económica y militar sin precedentes, los Estados Unidos se prepararon para convertirse en el primer poder realmente global. No es de sorprender que los dirigentes empresariales y estatales esperaran utilizar este poder para diseñar un orden mundial que fuera útil a los intereses que ellos representaban.

Durante la guerra, los planificadores norteamericanos desarrollaron el concepto de «gran área», una región entendida como «estratégicamente necesaria para el control del mundo», subordinada a las necesidades de la economía norteamericana. En sus primeras fases, la gran área fue concebida como un bloque no alemán controlado por los Estados Unidos. Había que incorporar al hemisferio norte, al Extremo Oriente y al antiguo imperio británico, el cual habría de ser desmantelado juntamente con otros sistemas regionales e incorporado al control norteamericano. Entretanto, los Estados Unidos extendían sus propios sistemas regionales en América Latina y el Pacífico bajo el principio, expresado por Abe Fortas en el debate interno, de que estos pasos estaban justificados «como parte de nuestras obligaciones para con la seguridad mundial… lo que era bueno para nosotros era bueno para el mundo». Los funcionarios británicos no quedaron convencidos y denunciaron «el imperialismo económico de los intereses de las empresas norteamericanas, que es considerablemente activo bajo el pretexto de un internacionalismo benévolo y familiar», y está «intentando echarnos a nosotros». Como quedó claro que Alemania sería vencida, el concepto de gran área se amplió para incluir también al continente eurasiático, en la medida de lo posible. Estos planes generales se aplicaron a regiones particulares con mucha consistencia.

Por lo que respecta a la Unión Soviética, los pacifistas se resignaron a una especie de «contención» en la cual aquélla controlaría la mayoría de las zonas ocupadas por el Ejército Rojo en la guerra contra Hitler. Los belicistas tenían mayores aspiraciones, como se manifiesta en la estrategia de repliegue del NSC 68. La política de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética ha fluctuado entre estas posiciones a lo largo de los años, reflejando, en parte, el problema del control de los extensos dominios «defendidos» por el poder norteamericano, y en parte, la necesidad de un enemigo creíble para asegurar que el público sigue dispuesto a respaldar la intervención y a subvencionar la industria avanzada a través del sistema militar.

La gran área tendría una estructura definida. Las sociedades industriales serían reconstituidas con gran parte del orden tradicional restaurado, pero dentro del marco protector del poder de los Estados Unidos. Habrían de ser organizadas bajo sus «líderes naturales», Alemania y el Japón. Los primeros pasos hacia la democratización bajo la ocupación militar causaron una profunda preocupación en Washington y en la comunidad empresarial; por tanto, se anularon a finales de los años cuarenta con firmes acciones para debilitar al movimiento obrero y asegurar el dominio de los sectores empresariales tradicionales, vinculados al capital norteamericano. Gran Bretaña experimentaría posteriormente un proceso similar, como lo hicieron los propios Estados Unidos[66].

Se supuso que los progresos hacia una comunidad económica europea mejorarían el rendimiento económico, acomodarían a todos los sectores sociales a la dominación empresarial y crearían mercados y oportunidades de inversión para las corporaciones estadounidenses. El Japón se convertiría en un líder regional dentro de un sistema global dominado por los Estados Unidos. La idea de que el Japón pudiera convertirse en un serio competidor resultaba entonces demasiado extravagante para ser considerada: en los años sesenta, la administración Kennedy estaba todavía preocupada por encontrar la manera de asegurar la viabilidad del Japón. Ésta fue finalmente establecida por la guerra del Vietnam, la cual fue costosa para los Estados Unidos pero altamente beneficiosa para la economía japonesa, así como lo fue la guerra de Corea.

Existen algunas fantasías sorprendentes por lo que respecta a estas cuestiones. Así, Alan Tonelson, entonces director de Foreign Policy se refiere al esfuerzo de los Estados Unidos para levantar «centros industriales en Europa occidental y el Japón con la abierta esperanza de que pronto competirían con los Estados Unidos». No hubo ni tal esperanza ni tal expectativa. Por lo que respecta al Japón, por ejemplo, el subsecretario del ejército, William Draper, antiguo vicepresidente de Dillon, Read & Co. que desempeñó un papel fundamental en los esfuerzos para resucitar las economías alemana y japonesa, de tal manera que se asegurara la dominación de las clases empresariales, «consideraba dudoso que el Japón vendiera jamás lo suficiente a los Estados Unidos como para ganar los dólares necesarios para pagar las materias primas de origen norteamericano». Las fantasías sobre las esperanzas norteamericanas corren parejas con la creencia de que los Estados Unidos (o cualquier otro país) había ido demasiado lejos en «la defensa de la libertad», difundida por James Reston y otros ideólogos[67].

En 1947, se observó que la recuperación europea estaba fracasando y que se precisaban iniciativas norteamericanas a gran escala para seguir adelante según las líneas deseadas. La primera gran iniciativa política con este fin fue el plan Marshall. En su estudio global de este programa, Michael Hogan destaca su motivación primordial como el fomento de una federación económica europea muy similar a los Estados Unidos, con cerca de 2000 millones de dólares anuales de ayuda estadounidense en los primeros años «para evitar “el caos social y político” en Europa, contener el comunismo (lo cual no implicaba la intervención soviética, sino el éxito de los partidos comunistas autóctonos), evitar el hundimiento del comercio de exportación norteamericano y alcanzar la meta del multilateralismo». Se requería tal estímulo económico «para proteger la iniciativa individual y la empresa privada tanto en el continente como en los Estados Unidos». La alternativa serían «experimentos con sistemas socialistas de control empresarial y gubernamental», que «pondrían en peligro a la empresa privada» también en los Estados Unidos. Una preocupación fundamental era el «vacío de dólares» que impedía a Europa adquirir bienes de fabricación estadounidense, con graves implicaciones para la economía del país[68].

La idea de que la reconstrucción del capitalismo europeo (y japonés) era esencial para la salud del orden económico norteamericano recapituló la opinión de la administración Harding tras la primera guerra mundial. El secretario para el comercio Herbert Hoover, el secretario de Estado Charles Evans Hughes y otros influyentes planificadores dieron por sentado que la recuperación económica de Europa era esencial para la expansión de las exportaciones norteamericanas. «La prosperidad de los Estados Unidos —declaró Hughes en 1921— depende en gran medida de los acuerdos económicos que puedan hacerse en Europa» —lo cual requería, por supuesto, que la bestia bolchevique muriera, como había proclamado el presidente[69].

«Desde un punto de vista estratégico y geopolítico —observa el diplomático e historiador Melvyn Leffler— el impacto del plan Marshall se extendió más allá de Europa». La superación del vacío de dólares, «que en el origen había impulsado el plan Marshall», requirió una restauración de las pautas comerciales triangulares por las cuales Europa ganaba dólares mediante la adquisición de materias primas de sus colonias por parte de los Estados Unidos. De ahí que el acceso europeo (y japonés) a los mercados del Tercer Mundo y de materias primas fuera un componente esencial de la planificación estratégica general y una condición necesaria para la satisfacción de los fines generales del plan Marshall: «beneficiar a la economía norteamericana», para «rectificar el equilibrio europeo de poder» en favor de los aliados de los Estados Unidos (Estado y clase) e «incrementar la seguridad nacional norteamericana», donde «la seguridad nacional» es entendida como «el control de las materias primas, de la infraestructura industrial, de la mano de obra especializada y de las bases militares». Las «dimensiones estratégicas del plan Marshall», prosigue Leffer, requerían, pues, «frustrar el nacionalismo revolucionario fuera de Europa, del mismo modo que la lucha contra el comunismo autóctono había de librarse dentro de Europa». Éste era un problema difícil debido al prestigio de la resistencia antifascista, a menudo con un fuerte elemento comunista, y el descrédito de los aliados tradicionales de los Estados Unidos en las clases empresariales a causa de su asociación con el fascismo. A pesar del «compromiso retórico con la autodeterminación», la política norteamericana exigía que las antiguas colonias mantuvieran su papel independiente. Lo mismo podría decirse del compromiso con la democracia, que, si bien era más que retórico, habría implicado que a fuerzas populares a las cuales se oponían los Estados Unidos —comunistas, demócratas radicales, obreros, etcétera— se les permitiera desempeñar algo más que un papel simbólico en la vida social y política. La ayuda del plan Marshall se utilizó para coaccionar las preferencias políticas, especialmente en Italia en 1948, y «para obligar a Europa a no dar tanta importancia a los programas de asistencia social, limitar los salarios, controlar la inflación y crear un contexto favorecedor para la inversión de capital —en parte financiado por el propio bolsillo de los obreros—» (Thomas McCormick[70]).

Desde una fase temprana de la guerra fría, y por razones profundamente arraigadas, los Estados Unidos —compromisos retóricos aparte— habían emprendido una trayectoria contraria a la autodeterminación y a la democracia. Que dichos compromisos eran retóricos era algo de hecho reconocido por los planificadores más cínicos e inteligentes. Dean Acheson, por ejemplo, señaló que «si nuestra política actual consiste en que no haya esperanza ni éxito alguno en Formosa [Taiwan], debemos ocultar cuidadosamente nuestro deseo de alejar a la isla del control del continente», y, si intervenimos militarmente, deberíamos hacerlo bajo el disfraz de la ONU «y con la intención anunciada de satisfacer las legítimas demandas de los nativos de Formosa en relación con la autodeterminación[71]».

William Borden observa en un importante estudio que «pocos dólares cambiaron de manos internacionalmente bajo los programas de ayuda. Los dólares fueron a parar a productores norteamericanos y los bienes fueron vendidos al público europeo» en las monedas locales. Afirma, además, que el fracaso del programa de ayuda para superar el vacío de dólares y la negativa del Congreso a proporcionar fondos adicionales «llevó al secretario de Estado, Acheson, y a su colaborador, Paul Nitze, a reemplazar “la estimulación internacional keynesiana” de la economía mundial por la “estimulación internacional militar keynesiana de la economía mundial”»: la idea básica oculta tras el NSC 68. Segmentos de la comunidad empresarial consideraron «obvio que las economías extranjeras, al igual que la nuestra, dependen ahora principalmente del alcance del continuo gasto militar en este país» (Magazine of Wall Street 1952). Los gastos militares de los Estados Unidos proporcionaron un estímulo sustancial a la producción industrial europea, y la adquisición de materias primas estratégicas procedentes de las colonias europeas redujo de tal forma el vacío de dólares que la ayuda del plan Marshall a Gran Bretaña fue suspendida en 1950, aunque los efectos a largo plazo fueron más bien mediocres, afirma Hogan[72]. En el caso del Japón, los gastos militares norteamericanos, particularmente para la guerra de Corea, fueron el factor fundamental de su recuperación industrial posbélica. Corea del Sur se benefició de manera similar de la guerra del Vietnam, del mismo modo que otros aliados de los Estados Unidos.

El papel del Tercer Mundo dentro de la estructura de la gran área fue el de ser útil a las necesidades de las sociedades industriales. En América Latina, como en todo el mundo, «la protección de nuestros recursos» debe ser una preocupación fundamental, explicó George Kennan. Dado que la principal amenaza para nuestros intereses es autóctona, debemos darnos cuenta, continuó, de que «la respuesta final podría ser desagradable» —a saber, «represión policial por parte del gobierno local»—. «Unas severas medidas gubernamentales de represión» no deberían producirnos escrúpulos mientras «los resultados sean, pensándolo bien, favorables a nuestros intereses». En general, «es mejor tener un régimen fuerte en el poder que un gobierno liberal, si éste es indulgente y laxo y está influido por los comunistas[73]». El término «comunista» se utiliza en el discurso de los Estados Unidos en un sentido técnico, aludiendo a los líderes del movimiento obrero, organizadores campesinos, sacerdotes que organizan grupos de ayuda mutua, y otros con las prioridades erróneas.

Las prioridades correctas se señalan en los documentos secretos de planificación de más alto nivel[74]. La principal amenaza para los intereses de los Estados Unidos la plantean los «regímenes nacionalistas» que son receptivos a las presiones populares para la «mejora inmediata de los bajos niveles de vida de las masas» y a la diversificación de las economías. Esta tendencia entra en conflicto no sólo con la necesidad de «proteger nuestros recursos», sino también con nuestro interés por fomentar «un clima propicio a la inversión privada» y «en el caso del capital extranjero para repatriar unos beneficios razonables». La administración Kennedy identificó pronto los orígenes de los intereses norteamericanos en América Latina como, parcialmente, militares (el Canal de Panamá, materias primas estratégicas, etcétera), pero tal vez más aún «el origen económico cuya fibra central son los 9000 millones de dólares de inversión privada norteamericana en la zona» y unas amplias relaciones comerciales. La necesidad de «proteger y favorecer la inversión y el comercio norteamericanos» se ve amenazada por el nacionalismo —es decir, los esfuerzos para seguir una trayectoria independiente—. La preferencia se sitúa en los modelos de exportación agrícola útiles a los intereses de las corporaciones con base en los Estados Unidos (empresas para el procesamiento y distribución de productos agrícolas, productores de pesticidas y fertilizantes, etcétera) y, en años posteriores, una serie de útiles servicios tales como una mano de obra barata para las cadenas de montaje.

También las instancias públicas reconocen la amenaza del nacionalismo. Así, tras el triunfante golpe respaldado por la CIA que derrocó al régimen parlamentario del nacionalista conservador Mossadegh en Irán, restaurando al Shah, y que procuró a las compañías petrolíferas norteamericanas el 40 por 100 de la concesión antiguamente británica, el New York Times comentó en su editorial que todo ello eran «ciertamente buenas noticias». Por costoso que fuera «para todos los interesados» (mayormente iraníes), «este asunto puede demostrar haber valido la pena si aprendemos de él una lección». La lección fundamental se explica a continuación, sin rodeos:

Los países subdesarrollados con ricos recursos tienen hoy una lección tangible en el alto coste que ha de pagar uno de ellos que pierde los estribos por un fanático nacionalismo. Es tal vez esperar demasiado que la experiencia de Irán evite el ascenso de Mossadeghs al poder en otros países, pero dicha experiencia puede, por lo menos, reforzar las manos de líderes más razonables y previsores,

que tendrán una idea clara de nuestras prioridades dominantes[75].

También se reconoció que los planes para los países seleccionados serían allí impopulares, pero, para sus poblaciones, no son necesarias medidas sutiles de control. Bajo el manto protector de programas gubernamentales de ayuda de los Estados Unidos (USAID), «grupos para la seguridad pública» entrenarán a las fuerzas policiales locales. El motivo, como señala el Departamento de Estado, es que la policía «es la que primero detecta el descontento entre la gente» y «debería ser uno de los principales medios a través de los cuales el gobierno se asegurara de la aceptación de la mayoría». Una fuerza policial efectiva puede, a menudo, frustrar procesos no deseados que, de lo contrario, podrían requerir «cirugía mayor» para «acabar con estas amenazas». Pero las operaciones policiales pueden no ser suficientes. En consecuencia, los planificadores norteamericanos remarcaron la necesidad de controlar a los militares latinoamericanos, descritos como «los menos antinorteamericanos de todos los grupos políticos». Su tarea, explicaron los «intelectuales de acción» de Kennedy, era «apartar del poder a los líderes gubernamentales siempre que, a juicio de los militares, la conducta de dichos líderes fuera perjudicial para el bienestar de la nación» —labor para cuyo desarrollo deberían estar preparados una vez la formación recibida de los Estados Unidos les hubiera facilitado «una comprensión de los objetivos norteamericanos y una orientación hacia los mismos».

Reorganizando la misión de los militares de «defensa hemisférica» a «seguridad interna», la administración Kennedy y sus sucesores pudieron superar el problema del nacionalismo (o «ultranacionalismo», como a veces se le denomina en planificación interna) estableciendo y respaldando estados de seguridad nacional según un modelo neonazi, cuyas consecuencias son bien conocidas. El objetivo —como explicó Lars Schoultz, el más destacado especialista norteamericano sobre derechos humanos en América Latina— era «destruir permanentemente una amenaza perceptible para la estructura existente de privilegios socioeconómicos, eliminando la participación política de la mayoría numérica…», las «clases populares[76]». El apoyo norteamericano a dichos regímenes sigue esencialmente el modelo de los años veinte y del fascismo europeo, ya discutido.

Observemos que ésta es una variante más severa de las políticas diseñadas para las sociedades industriales, motivadas por la misma visión del mundo y los mismos ideales sociales y políticos. Las medidas más duras consideradas apropiadas para el Tercer Mundo ayudaron también a superar las preocupaciones manifestadas en los informes internos por el excesivo liberalismo de los gobiernos latinoamericanos, la protección de sus derechos que les proporcionaban sus sistemas legales y el libre flujo de ideas, que afectaban a los esfuerzos de los Estados Unidos relativos al adoctrinamiento y el control ideológicos. Éstos se unen a otros problemas recurrentes, tales como el «bajo nivel intelectual» en Guatemala deplorado por la CIA en 1965, e ilustrado por el hecho de que «los grupos liberales… son extremadamente sensibles a las cuestiones “imperialistas yanquis”», tal vez a causa de la «influencia política y económica a largo plazo de las empresas fruteras norteamericanas en el país, así como por el papel de los Estados Unidos en la liberación de Castillo Armas» —la «liberación» a través de un golpe respaldado por la CIA que derrocó al gobierno demócrata popular y reinstauró la autoridad tradicional y sanguinaria de los militares y de la oligarquía—. Allí donde la policía y los militares no pueden ser controlados directamente, como en la Nicaragua posterior a Somoza, o en Panamá, es necesario derrocar al gobierno, instalar a un régimen más sumiso y reinstaurar un «ejército respetable» al estilo de la Guardia Nacional de Somoza, durante mucho tiempo una favorita de los Estados Unidos[77].

Estas políticas están perfectamente asumidas; su contenido básico no está sujeto a desafío ni debate alguno. Sería engañoso decir que existe en el Congreso, en los medios de comunicación y en la comunidad intelectual una cuasi unanimidad en relación con estas cuestiones. Más exactamente, las doctrinas básicas están —ojos que no ven, corazón que no siente—, como el aire que respiramos, lejos de toda posibilidad de discusión.

El marco general fue adaptado a regiones particulares. Así, el sureste asiático «desempeñaría su función fundamental como fuente de materias primas y como mercado para el Japón y Europa occidental», como manifestó la Oficina de Planificación Política [Policy Planning Staff] del Departamento de Estado de George Kennan en 1949[78]. Este razonamiento provocó directamente la intervención norteamericana en Indochina, al principio en apoyo del colonialismo francés y posteriormente en solitario. Se temía que un Vietnam independiente pudiera propagar el «virus» del nacionalismo por todo el sureste asiático, dejando que el Japón se uniera a un bloque comunista continental y se convirtiera, de este modo, en el núcleo industrial de un «Nuevo Orden» del que los Estados Unidos podrían ser excluidos. La guerra del Pacífico se libró en gran medida para evitar tal resultado. El Japón era considerado como la «superficha de dominó», según la lograda expresión del historiador de Asia John Dower. Para vencer la amenaza planteada por el nacionalismo vietnamita, era necesario destruir el virus y vacunar a la región contra la enfermedad. Este resultado se consiguió. Indochina fue destruida, mientras los asesinos, torturadores y tiranos de Indonesia, Tailandia, las Filipinas y Corea del Sur, respaldados por los Estados Unidos, facilitaban, cuando era necesario, una crucial ayuda a las matanzas a gran escala, al tiempo que los medios de comunicación y en general la gente respetable asentían con la cabeza afirmativamente o decidían hacer la vista gorda.

En América Latina, se aplicaron principios similares con bastante éxito. Esta región también debía cumplir su función como fuente de materias primas y como mercado. Durante y después de la segunda guerra mundial, los rivales tradicionales de los Estados Unidos en América Latina, Gran Bretaña y Francia, fueron considerablemente desplazados, según el principio de Henry Stimson de que América Latina es «nuestra pequeña región de allá atrás que nunca ha molestado a nadie[79]». Aunque no se había alcanzado por entero una «estabilidad» favorable a los intereses de la elite norteamericana, la amenaza del desarrollo independiente fue ampliamente frustrada —tal vez para siempre en Centroamérica y en la región del Caribe, donde la influencia de los Estados Unidos ha sido abrumadora.

África habría de ser «explotada» para la reconstrucción de Europa, explicó Kennan en un importante estudio del Departamento de Estado sobre el orden internacional. Añadió que la oportunidad de explotar África proporcionaría un estímulo psicológico a las potencias europeas, facilitándoles «ese objetivo tangible que todos han estado buscando a tientas con muy poco éxito…»[80]. La historia podría haber sugerido un proyecto distinto: que África debería «explotar» a Europa para poder recuperarse de siglos de devastación a manos de los conquistadores europeos, tal vez mejorando también su estado psicológico a través de este proceso. Huelga decir que nada por el estilo era ni remotamente concebible y que las auténticas propuestas han recibido escasa, si es que han recibido alguna, atención, siendo aparentemente consideradas como indiscutibles.

En la discusión sobre la política africana en particular, no puede ignorarse el elemento del racismo. Dean Acheson advirtió al anterior primer ministro del gobierno blanco de Rodesia ya en 1971 que tuviera cuidado con la «opinión pública norteamericana», que «decide que la única decisión correcta sobre cualquier cuestión debe ser la que favorezca el criterio de la gente de color». Haciéndose eco del premio Nobel Elihu Root, insistió en que Rodesia «no sea arrastrada por ninguno de nuestros clichés constitucionales —idéntica protección de las leyes, etc.— que tantos problemas nos han causado…». Le molestó particularmente que el Tribunal Supremo recurriese a «vagas disposiciones constitucionales» que «precipitaron la igualdad racial e invadieron el ámbito político con la doctrina de un hombre, un voto», por la cual los «negros… están impacientes por un progreso todavía más rápido, y que recientemente dieron lugar a la popularización de técnicas como las manifestaciones y la violencia» (septiembre de 1968). La «cortina de humo del racismo… suspendida sobre» los asuntos africanos, «y sobre las cuestiones públicas externas e internas más básicas», por la administración Nixon, fue discutida por el funcionario del Departamento de Estado Roger Monis, así como la petición de Nixon a Kissinger de asegurarse de que su primer mensaje presidencial al Congreso sobre política exterior contuviera «algo para los negros» (obteniendo «el habitual y respetuoso “sí”»); la incredulidad de Kissinger respecto de que los ibos, «más talentosos y expertos» que otros nigerianos, podían ser también «más negros»; y el hecho de que Alexander Haig «pretendiera tranquilamente tocar los tambores sobre la mesa cuando se planteaban asuntos africanos en las reuniones del Estado Mayor del NSC[81]».

En Oriente Medio, la preocupación fundamental eran (y siguen siendo) las incomparables reservas energéticas de la región, especialmente en la Península Arábiga. Las mismas serían incorporadas al sistema dominado por los Estados Unidos. Al igual que en América Latina, fue necesario desplazar los intereses franceses y británicos tradicionales y establecer el control estadounidense sobre lo que el Departamento de Estado describió como «una estupenda fuente de poder estratégico y uno de las mayores presas materiales en la historia mundial, … probablemente la presa económica más cuantiosa del mundo en el campo de la inversión extranjera». Posteriormente, el presidente Eisenhower calificó a Oriente Medio como «el área estratégicamente más importante del mundo[82]».

Después de la guerra, las corporaciones norteamericanas asumieron el papel fundamental en la producción de petróleo, al tiempo que dominaban el hemisferio occidental, que siguió siendo el mayor productor hasta 1968. Los Estados Unidos no necesitaban entonces el petróleo de Oriente Medio para sí mismos. Su objetivo más bien era dominar el sistema mundial, asegurándose de que los demás no emprendieran una vía independiente. Pese al menosprecio generalizado ante los japoneses y sus expectativas, algunos preveían problemas también aquí. George Kennan propuso en 1949 que el control de los Estados Unidos sobre las importaciones petrolíferas japonesas ayudaría a proporcionar un «poder de veto» sobre las políticas militares e industriales del Japón. Se siguió este consejo. Se colaboró a la industrialización del Japón, pero los Estados Unidos mantuvieron el control sobre sus suministros energéticos y sus instalaciones para el refinamiento del petróleo. En 1973, «sólo el 10 por 100 del suministro japonés de petróleo era llevado a cabo por empresas japonesas», observa Shigeko Fukai. Hoy en día, la diversificación de las fuentes energéticas del Japón y las medidas de conservación han reducido considerablemente el poder de «veto», pero sigue siendo un factor de peso[83].

Por otro lado, resulta engañoso afirmar simplemente que los Estados Unidos intentaron mantener barato el petróleo, a pesar de que en general ello ha sido cierto. Los precios del petróleo disminuyeron (en relación con otras mercancías) desde los años cuarenta hasta que el acusado aumento de principios de los años setenta los devolvió a su lugar. Ello constituyó un importante favor para las potencias industriales occidentales, a pesar de ser extremadamente perjudicial a largo plazo para los intereses del mundo árabe. Y la reducción del precio real del petróleo fue también de crucial importancia para la pátina de prosperidad reaganita. Pero un petróleo barato es un instrumento político, no un fin en sí mismo. Existen buenas razones para pensar que, a principios de los años setenta, los Estados Unidos no eran en modo alguno contrarios al aumento del precio del petróleo, perjudicial para sus rivales industriales pero beneficioso para sus propias compañías energéticas y exportadoras. El control sobre la energía es una palanca para la dominación global; en este contexto, el precio real y el auténtico nivel de producción adquieren especial importancia, y tampoco son desdeñables los efectos económicos de las oscilaciones de estos factores[84].

El interés de los Estados Unidos en las Filipinas se debe, en parte, a preocupaciones similares. Las bases estadounidenses allí establecidas forman parte del sistema militar que rodea a la región de Oriente Medio desde el océano Índico hasta Israel, Turquía, Portugal y más allá, destinado a asegurar, por parte de los Estados Unidos y las elites locales que de ellos dependen, que no habrá amenaza alguna para el control sobre sus recursos. Los Estados Unidos son una potencia global y planifica en consecuencia.

Los procesos subsiguientes en Oriente Medio se han desarrollado según la pauta que acabamos de señalar, incluyendo la profundización de relaciones con Israel como «activo estratégico» y Estado mercenario; el rechazo por parte de los Estados Unidos, durante muchos años, de un amplio consenso internacional acerca de un arreglo político del conflicto árabe-israelí[85]; y la venta israelí de armas estadounidenses a Irán en los años ochenta, que, como informaron fuentes israelíes de alto nivel a principios de esa década (mucho antes de que hubiera ningún rehén), se llevó a cabo en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos para favorecer un golpe militar que restauraría la alianza Israel-Irán-Arabia Saudita, en la que se había basado la política norteamericana bajo la doctrina Nixon —una de las muchas características del asunto Irán-contra sofocadas en la operación desarrollada por el Congreso y los medios de comunicación para controlar los daños. El mismo modelo de derrocamiento de un gobierno civil no deseado se aplicó con éxito en Indonesia, Chile y otros casos[86].

El principal imperativo político es bloquear las fuerzas nacionalistas autóctonas que podrían tratar de utilizar sus propios recursos enfrentándose a los intereses de los Estados Unidos. Acheson advirtió que una operación de contrainsurgencia a gran escala desarrollada en Grecia desde 1947 estuvo motivada especialmente por la preocupación de que la «podredumbre» del nacionalismo independiente del país pudiera «infectar» a Oriente Medio. Grecia era considerada como una avanzadilla del poder de los Estados Unidos que protegía el petróleo de Oriente Medio para los Estados Unidos y sus aliados. Un estudio de la CIA afirma que si los rebeldes hubieran vencido, los Estados Unidos se habrían enfrentado a «la posible pérdida de los recursos petrolíferos de Oriente Medio». Como de costumbre, se inventó una amenaza soviética. La auténtica amenaza era el nacionalismo autóctono, con los temidos efectos de sus repercusiones en todo el mundo.

Factores similares condujeron al golpe de la CIA que restauró al Shah en Irán en 1953. Nasser se convirtió en un enemigo por razones parecidas. Posteriormente, se intuyó que Jomeini plantearía otra amenaza de este tipo, lo cual hizo que los Estados Unidos apoyasen a Irak en la guerra contra Irán. Posteriormente, el dictador iraquí Saddam Hussein tomó el relevo, pasando de la noche a la mañana de ser un amigo favorecido a ser un nuevo Hitler cuando invadió Kuwait, en un esfuerzo para desplazar a los clientes norteamericanos y británicos. El temor fundamental en todo el mundo ha sido que fuerzas nacionalistas no sometidas a la influencia y al control de los Estados Unidos pudieran llegar a tener una influencia sustancial sobre las regiones productoras de petróleo de la Península Arábiga. Las elites de Arabia Saudita, por el contrario, son consideradas como socios adecuados, que gestionan sus recursos conforme a los intereses básicos de los Estados Unidos y contribuyen al terror y a la subversión norteamericanos en todo el Tercer Mundo.

Analistas más serios han sido bastante claros por lo que respecta a estos temas, tanto en el Congreso como en la literatura de análisis estratégico. En mayo de 1973, antes de que estallara la crisis del petróleo, el senador Henry Jackson, experto en cuestiones petrolíferas del Senado, resaltó «la fuerza y la orientación occidental de Israel en el Mediterráneo y de Irán [con el Shah] en el Golfo Pérsico», dos «amigos de confianza de los Estados Unidos» que, juntamente con Arabia Saudita, «han servido para inhibir y contener a aquellos elementos irresponsables y radicales en ciertos países árabes… que, de ser libres para ello, constituirían una amenaza ciertamente grave para nuestras principales fuentes de petróleo en el Golfo Pérsico» —fuentes que los Estados Unidos apenas utilizaban en aquella época, pero que se necesitaban como reserva y como palanca para la dominación del mundo—. La doctrina Nixon había establecido al Irán del Shah y a Israel como los «policías de ronda» de la región, según palabras del secretario de Defensa, Melvin Laird, quien garantizaba que ningún «nacionalista radical» constituiría un peligro para el orden. Al revisar este sistema en 1974, Robert Reppa, un antiguo analista de Oriente Medio para la Oficina de Inteligencia [Defense Intelligence Agency] del Departamento de Defensa, escribió que el poder israelí protegía a los regímenes de Jordania y Arabia Saudita de un «Egipto militarmente fuerte» en los años sesenta, y que «la interrelación israelí-iraní» seguía contribuyendo a la estabilidad de la región, asegurando los intereses de los Estados Unidos. Ya en otoño de 1958, el Consejo Nacional de Seguridad llegó a la conclusión de que «una consecuencia lógica» de la oposición al nacionalismo árabe radical «sería apoyar a Israel como única potencia prooccidental fuerte en Oriente Medio». Diez años antes, los éxitos militares israelíes habían llevado a la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor [Joint Chiefs of Staff] a calificar a Israel como el principal poder militar regional después de Turquía, el cual ofrecía a los Estados Unidos los medios para «adquirir una ventaja estratégica en Oriente Medio que contrarrestaría los efectos de la disminución del poder británico en dicha zona». Por lo que respecta a los palestinos, los planificadores norteamericanos no tenían razón alguna para dudar del consejo de los especialistas del gobierno israelí en 1948 según el cual los refugiados palestinos o bien serían asimilados en otro lugar o bien «serían aplastados»: «algunos de ellos morirían y la mayoría se convertirían en polvo humano y en desechos de la sociedad, uniéndose a las clases más empobrecidas de los países árabes». Por consiguiente, no era necesario preocuparse por ellos[87].

Pocas cuestiones son tan importantes en los asuntos mundiales como el control del sistema energético mundial —o tan amenazadoras para la paz e incluso la supervivencia del mundo—. El hecho de que cualquier esfuerzo para minar el papel dominante de los Estados Unidos y de sus clientes será enérgicamente resistido sigue siendo el «primer axioma en asuntos internacionales». Mientras fue posible, la «amenaza soviética» se esgrimió para justificar las acciones de los Estados Unidos con el fin de asegurar su dominio sobre el petróleo de Oriente Medio. Este pretexto jamás fue creíble y, en 1990, tuvo que ser totalmente abandonado, aunque la política siguió casi como antes. No se sacó ninguna conclusión racional sobre el pasado, pero, con el velo de la propaganda hecho jirones, la realidad ya no podía ocultarse completamente. Cuando los Estados Unidos enviaron fuerzas a Arabia Saudita en agosto de 1990 tras la invasión de Kuwait por Irak, el primer corresponsal diplomático del New York Times. Thomas Friedman, escribió:

En el pasado, cuando los Estados Unidos se enfrentaban a la Unión Soviética y competían con Moscú por la influencia sobre Oriente Medio, el interés por saber qué aliados controlaban qué reservas petrolíferas tenía una dimensión militar y estratégica. Pero, en la actualidad, con la cooperación de la Unión Soviética en la crisis, este argumento ha perdido gran parte de su perentoriedad

—o, más exactamente, el argumento había perdido su capacidad para borrar las realidades, las cuales, por lo tanto, tenían que manifestarse francamente, de una vez por todas: «Los Estados Unidos no están enviando tropas al Golfo simplemente para ayudar a Arabia Saudita a resistir a la agresión. Están enviando tropas para apoyar al país de la OPEP que atenderá con mayor probabilidad a los intereses de Washington»—. En el Washington Post. E. J. Dionne observó que «hay algo profundamente anticuado» en los procedimientos, citando a Tom Mann, director de asuntos gubernamentales en la Brookings Institution, quien manifiesta: «De lo que estamos hablando aquí es de puro egoísmo. Y en ciertos aspectos, la forma en que Bush trata a estos países de Oriente Medio es casi de carácter colonial». Todos se apresuran a añadir que no hay ni un ápice de crítica en estas observaciones[88].

En pocas palabras, las mayores reservas energéticas del mundo han de estar en las manos adecuadas —las nuestras—, con las que se pueda contar para utilizarlas en beneficio de la gente adecuada, las «naciones satisfechas» de Churchill, «que no desearan para sí mismas más que lo que tienen».

Retórica aparte, el peligro intuido en todo el mundo, en Oriente Medio y en todas partes, es el nacionalismo independiente, descrito como un «virus» que podría «infectar» a otros países, una «manzana podrida» que podría contaminar a la región y llegar incluso más lejos, una «ficha de dominó» que podría hacer caer a todas las demás. La historia de fondo es que las fichas de dominó caerán por conquista. Ho Chi Minh partirá de Yakarta en una canoa y conquistará el archipiélago, una plataforma de lanzamiento para la marcha hacia Hawai, si no más lejos. O los rusos emplearán su base de Granada para su perverso designio de conquistar el mundo. Y así sucesivamente. Una vez más, no debemos aceptar la conclusión de que una forma de locura es una de las condiciones de la respetabilidad y del poder. El supuesto esencial de la teoría de la ficha de dominó, apenas oculto, ha sido que el virus podría propagarse a través de la repercusión de un próspero desarrollo independiente. En ocasiones, los enemigos son realmente los monstruos que se dice que son. A veces, salen favorecidos de la comparación con los «moderados» preferidos. Estas características esencialmente no vienen al caso; lo que cuenta es su adaptación a las necesidades de «los hombres ricos que viven en paz en sus moradas». Dicho razonamiento impera durante todo el período de la posguerra, incluyendo los extraordinarios esfuerzos para devastar Nicaragua mediante el terror y la guerra económica, incluso la negativa de ayuda por catástrofe natural y las presiones sobre los aliados para que hicieran lo mismo. El consenso de la elite sobre estas cuestiones revela cuán profundamente se cree en estos imperativos y proporciona no poca información sobre los valores morales y culturales de Occidente.

El marco general del orden mundial había de ser una forma de internacionalismo liberal que garantizaría las necesidades de los inversores norteamericanos. Varios factores se combinaron para exigir que el Tercer Mundo se especializara en la exportación de productos primarios: las necesidades de la recuperación industrial europea y japonesa; las pautas del comercio triangular que ayudó a mantener las exportaciones estadounidenses en un alto nivel del modo ya mencionado; y un fácil acceso a los recursos, incluyendo a las materias primas para la producción militar, con su papel fundamental en la gestión económica y el control de la población. El conflicto entre la política de los Estados Unidos y el desarrollo independiente del Tercer Mundo ha estado profundamente basado en la estructura del sistema mundial. El persistente recurso a la violencia para obstaculizar amenazas nacionalistas es una consecuencia natural de estos compromisos[89].

A pesar de que la fundamentada oposición al nacionalismo independiente en el Tercer Mundo se explica enfáticamente en los informes internos sobre planificación, y se ilustra en la práctica con gran coherencia, no satisface los requisitos doctrinales y no es, por lo tanto, apta para entrar en el debate público. Sería difícil encontrar una discusión sobre estas características centrales del orden mundial contemporáneo en la prensa popular o intelectual. En la principal corriente académica, los hechos fundamentales se suelen ignorar, marginar o se niegan sin más. Así, en el importante estudio de Gaddis sobre los orígenes y la evolución de la política de «contención», leemos que «la totalidad de los principales ejecutivos de la posguerra» creían «que el nacionalismo, siempre y cuando reflejara el principio de autodeterminación, no planteaba amenaza alguna para las instituciones norteamericanas» y, por lo tanto, no requería una respuesta hostil por parte de los Estados Unidos —como lo ilustran el «hecho» de que «ciertamente Kennedy no tenía objeción alguna a la revolución cubana en sí», sino únicamente «al peligro del control soviético», y nuestros esfuerzos por «desalentar la agresión» en Vietnam del Sur y en «defensa de Grecia» (en ambos casos se trataba de defensa contra la «agresión interna», como explicó Adlai Stevenson en la ONU en 1964)—. Todo ello se explica sin pruebas o argumentos (a excepción de los personajes y propagandistas políticos que se consideran como tales) y con la alegre indiferencia por la realidad histórica e incluso por la documentación relevante, típica del género[90].

Como hemos observado, el impulso básico de la política trasciende todo desafío o incluso conocimiento. Estas doctrinas tienen ciertas consecuencias. Una de ellas es la sorprendente correlación entre la ayuda estadounidense y las violaciones de los derechos humanos que se ha señalado en diversos estudios. El motivo no es que a los políticos norteamericanos les guste la tortura, más bien les trae sin cuidado. Lo que importa es poner trabas al desarrollo independiente y a las prioridades erróneas. Para ello, a menudo es necesario (lamentablemente) asesinar sacerdotes, torturar a dirigentes obreros, «hacer desaparecer» campesinos y, por lo demás, intimidar a la población general. Los gobiernos que tienen las prioridades adecuadas serán, por lo tanto, empujados a adoptar estas medidas. Dado que las prioridades adecuadas están asociadas a la ayuda norteamericana, descubrimos la correlación secundaria entre la ayuda estadounidense y las violaciones de los derechos humanos. Y, dado que las conclusiones son doctrinalmente poco atractivas, caen en el olvido.

Una segunda consecuencia es la oposición general de los Estados Unidos a la reforma social, a menos que ésta pueda llevarse a cabo conforme a los intereses norteamericanos dominantes. Aunque esto es ocasionalmente posible en el Tercer Mundo, tales circunstancias son raras, e incluso allí donde la reforma social podría desarrollarse paralelamente a la subordinación a los intereses de los Estados Unidos (Costa Rica es un ejemplo notable), Washington reaccionó con considerable ambivalencia[91]. Una tercera consecuencia es la extrema hostilidad de la elite hacia la democracia. La razón es sencilla: una democracia que funcione responderá a las exigencias del grueso de la población y es probable que sucumba a un nacionalismo excesivo.

6. LA FASE SIGUIENTE

Como sugieren los analistas extranjeros, es plausible suponer que la política norteamericana será «la misma» una vez terminada la guerra fría. Uno de los motivos es que el acontecimiento fundamental no ha tenido realmente lugar. Visto de forma realista, la guerra fría (como máximo) está a medio acabar. Este fin aparente es una elaboración ideológica más que un hecho histórico, basada en una interpretación que disfraza algunas de sus funciones esenciales. Por lo que respecta a los Estados Unidos, gran parte del marco básico de la guerra fría permanece intacto, aparte de las modalidades para controlar a la población interna. Este problema —un problema fundamental al que se enfrenta cualquier Estado u otro sistema político— sigue estando ahí, y tendrá que ser abordado de formas nuevas y más imaginativas a medida que la doctrina de la guerra fría pierda su eficacia[92].

Existe también una razón más profunda por la cual la política de los Estados Unidos para el Tercer Mundo podría seguir la misma trayectoria que antes. Dentro de un estrecho margen, las políticas expresan necesidades institucionales. Las políticas norteamericanas han sido coherentes durante un largo período porque las instituciones dominantes son estables, sujetas a muy pocos desafíos internos y —en el pasado— relativamente inmunes a las presiones externas a causa de la riqueza y el poder únicos de los Estados Unidos. La política y la ideología están enormemente limitadas por el consenso de la comunidad empresarial. Por lo que respecta a los temas críticos existe un debate táctico dentro de la opinión dominante, pero las cuestiones de principio raramente salen a la luz. Los cambios del sistema global son, ciertamente, decisivos, pero tienen tan sólo un impacto limitado en las bases fundamentales de las políticas norteamericanas para el Tercer Mundo, a pesar de que realmente modifican las condiciones bajo las cuales deben ejecutarse dichas políticas. En particular, hay que inventar nuevos pretextos, como lo ilustran los casos de Panamá y del Golfo. Pero probablemente ello no constituirá un problema mayor de lo que fue para Woodrow Wilson y sus predecesores antes de la revolución bolchevique.

Cualesquiera que sean los problemas que pueda plantear la necesidad de modificar el marco de la propaganda, y otros ajustes tácticos, existe una ganancia compensadora. La eliminación del limitado elemento disuasor soviético deja libres a los Estados Unidos en el ejercicio de la violencia. El reconocimiento de estos deseados efectos ha sido explícito en el discurso público desde las primeras etapas de la retirada soviética del escenario internacional, y fue confirmado por Elliott Abrams, quien expresó su complacencia por la invasión de Panamá. Abrams observó que «probablemente Bush va a estar cada vez más dispuesto a emplear la fuerza». El uso de la fuerza es más factible que antes, explicó, ahora que «los acontecimientos de Moscú han reducido la posibilidad de que una pequeña operación se transformara en un conflicto de superpotencias[93]». Del mismo modo, la prueba del «nuevo pensamiento» de Gorbachov se considera habitualmente como su voluntad de retirar el apoyo a aquéllos a quienes los Estados Unidos desea destruir. Únicamente si nos permite actuar sin interferencias en todo aquello que decidamos hacer, sabremos que desea seriamente poner fin a la guerra fría.

Las acciones rusas han ayudado a disipar cierta mistificación convencional. La historia oficial ha sido siempre la de que contenemos a los rusos, disuadiéndolos y frustrando sus malévolos designios. Pero la realidad, como ha sido evidente durante mucho tiempo, es que el miedo a un potencial conflicto de superpotencias ha servido para contener y disuadir a los Estados Unidos y sus mucho más ambiciosos designios globales. La terrible «intervención soviética» en el Tercer Mundo ha consistido, por lo general, en acciones del Kremlin para proteger y mantener objetivos atacados por los Estados Unidos. Ahora que los soviéticos están limitando estos esfuerzos —tal vez poniéndoles punto final—, los Estados Unidos tienen una mayor libertad para lograr sus propósitos por la fuerza y la violencia, y las nubes retóricas empiezan a disiparse. Tal vez algún día será posible emplear la terminología de la doctrina de contención de acuerdo con su significado y los hechos históricos.

Dos factores nuevos en las relaciones entre los Estados Unidos y el Tercer Mundo son, por tanto, la mayor libertad para recurrir a la fuerza impunemente y los ajustes doctrinales, con la disminución del elemento disuasor soviético. Un tercer factor es que la intervención forzosa y las dictaduras militares no son tan necesarias como antes. Uno de los motivos es el éxito de la violencia en devastar las organizaciones populares; otro, la catástrofe económica existente en la mayor parte del Tercer Mundo (véase el capítulo 6). En estas circunstancias, se hace posible tolerar gobiernos civiles, a veces incluso socialdemócratas, ahora que las esperanzas de una vida mejor han sido destruidas.

Sin embargo, otro factor es que los Estados Unidos son más débiles que antes en relación con sus auténticos rivales, Europa y el Japón. Esta tendencia a largo plazo se intensificó con la mala gestión económica de la administración Reagan, que tomó partido por los ricos a expensas de los pobres y de las generaciones futuras y perjudicó seriamente la economía durante este proceso. En este aspecto, disminuirá la capacidad de intervención. Un hecho que guarda relación con esto último es la creciente penetración en América Latina de nuestros rivales, quienes nunca han reconocido la zona como «nuestra pequeña región de allá atrás». El Japón, en particular, está expandiendo su inversión y ayuda en la región, especialmente en los países más ricos, México y Brasil. Un editorial del Japan Economic Journal observa: «Si los Estados Unidos están siendo degradados de líderes de la alianza occidental a una “potencia corriente”, el Japón debe reconocer este hecho y actuar en consecuencia». La inversión japonesa en América Latina y en el Caribe ha aumentado a aproximadamente la mitad de la de los Estados Unidos —cerca del 20 por 100 de la inversión total del Japón en todo el mundo—. Los bancos japoneses también poseen alrededor del 10 al 15 por ciento de la deuda latinoamericana, en comparación con un tercio detentado por los bancos norteamericanos (la tenencia de deuda es hoy una forma de financiar nuevas inversiones, intercambiando deuda por activos productivos[94]).

Los Estados Unidos consideran tales hechos con cierta ambivalencia. Por un lado, no desean que sus intereses sean desafiados. Por otro, les gustaría que otros pagaran los costes de sus depredaciones en la región y ayudaran a mantener la viabilidad de los sectores útiles para las «naciones satisfechas», garantizando también el desarrollo suficiente para que sirva como la zanahoria al final del palo que bloquea acciones populares no deseadas hacia la independencia, la democracia y la justicia social.

Otro factor más es el proyecto de latinoamericanizar la Europa del Este. «La mayoría de las empresas norteamericanas consideran a la Unión Soviética y a las naciones recientemente abiertas de Europa oriental como potenciales mercados para sus productos o como fuentes de mano de obra industrial barata», señala un artículo publicado en la primera página del New York Times, añadiendo que incluso están esperando una versión de la «fuga de cerebros» habitual, en la que el coste de la educación de profesionales lo asumirá el Tercer Mundo, mientras que los beneficios irán a parar a las sociedades industriales. En el caso que nos ocupa, existe «muchísima energía mental infrautilizada» en el «bloque oriental», que ofrece «reservas intelectuales» que no sólo son extremadamente baratas, sino que también presentan una alta calidad porque «su sistema educativo es bueno», en opinión de un alto científico de una importante empresa[95].

Los objetivos están lo suficientemente claros cuando pasamos a la práctica y a la política, e incluso a su tapadera ideológica. Consideremos, por ejemplo, el «documento Z», que levantó gran polémica a principios de los años noventa, desplazando reflexiones sobre «el fin de la historia» y el espíritu hegeliano, que constituían la moda previa del año. Este documento, que aparece en la publicación de la American Academy of Arts and Sciences bajo el pseudónimo “Z”, con extractos publicados con anterioridad en el New York Times advierte a Occidente sobre la respuesta adecuada a la «crisis terminal del comunismo[96]».

Podemos dejar a un lado este marco, con sus tristes meditaciones acerca de la «esencia» inmutable del sovietismo y sus muchos puntos de vista: que Stalin era el «héroe de la izquierda», mientras que «desde los liberales a los radicales de la sovietología angloamericana dominante» consideraban que el estalinismo tenía «una forma democrática»; que los expertos se abandonaban a «flagrantes fantasías… sobre el estalinismo», y a una «pueril fetichización de Lenin» y de la «transformación democrática» que se sigue del leninismo, aunque considerando simultáneamente a Stalin como «una aberración de la línea leninista principal del sovietismo» (Z no ve incoherencia alguna en estas atribuciones, aunque se burla de las «confusiones conceptuales» de los izquierdistas que dominan la erudición académica); que Lenin «creó la primera versión mundial del no capitalismo»; que Lenin y Trotski consideraban la revolución de octubre de 1917 como «la revolución definitiva, la revolución que acabaría con toda necesidad adicional de revoluciones»; que «Brezhnev intervino a su antojo en todo el Tercer Mundo» y que «Rusia dominó al mundo». Y otros que pueden ayudar a explicar por qué el autor prefirió el anonimato[97].

Prescindiendo de todo esto, el documento contiene una tesis general y un consejo político que la acompaña. La tesis es que «no hay una tercera vía entre el leninismo y el mercado, entre el bolchevismo y el gobierno constitucional». El consejo es que la ayuda occidental debería limitarse al «desarrollo por etapas de estructuras paralelas en un sector privado que funcionaría según los principios del mercado…», con «zonas económicas libres que operarían bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional» que se extenderían desde la periferia hasta el interior de la URSS.

Esta tesis tiene un pequeño defecto: su primera dicotomía excluye la existencia de democracias industriales (por no hablar de Corea del Sur, Taiwan y los demás «milagros económicos»), la totalidad de los cuales se desvían notablemente de los principios del mercado. Su segunda dicotomía niega también la existencia de la mayor parte del mundo, tanto bolchevista como constitucional. Sin embargo, el consejo es bastante sencillo: el imperio soviético debería convertirse en otra región del Tercer Mundo. El resto puede descartarse como un esfuerzo por dotar a este concepto básico de un aura de seriedad (y atacar a odiados enemigos académicos).

Existe en los Estados Unidos una gran preocupación por el hecho de que sus rivales, en particular la Europa encabezada por Alemania, se hallan muy por delante en la empresa de convertir el vasto «bloque oriental» en un Tercer Mundo, que puede proporcionar recursos, mercados, oportunidades de inversión y mano de obra barata y desempeñar otras útiles funciones. El director del Consejo de la Reserva Federal [Federal Reserve Board], Alan Greenspan, describe la «enorme necesidad de inversión» y el «potencial para unas significativas tasas de beneficios» en Europa oriental como «la cuestión financiera más importante de la [próxima] década», sin «precedente histórico alguno». Pero el relativo descenso del poder económico de los Estados Unidos durante la época de Reagan ha reducido su capacidad para competir por esta rica presa, y la creciente dependencia de prestamistas extranjeros hace vulnerable a la economía, mientras las potencias rivales se centran en las oportunidades de enriquecimiento en las nuevas regiones que se abren a la explotación. «Hemos perdido gran parte de nuestra autoridad como líderes en el mundo», dice el consejero económico de la US Trust Company, James O’Leary, haciéndose eco de la opinión de muchos economistas de Wall Street: «Hace diez o quince años, no teníamos que prestar tanta atención a lo que sucedía en otros lugares. Hoy somos tan sólo uno de tantos[98]».

Los demócratas liberales insisten en que la ayuda se desvíe de Centroamérica a Europa oriental para hacer progresar la causa norteamericana en la carrera para explotar estos dominios recientemente accesibles. El término «ayuda» es un eufemismo para métodos mediante los cuales el contribuyente financia esfuerzos empresariales para incrementar la penetración en el mercado y las oportunidades de inversión. Esta cuestión es demasiado seria como para disfrazarla con el pretexto habitual de la noble intención. Así, el senador demócrata Patrick Leahy, criticando un editorial del New York Times que pedía ayuda para las prometedoras nuevas «democracias» en Panamá y Nicaragua, escribe:

Los Estados Unidos se han quedado en la línea de salida en Europa oriental. Ustedes casi parecen consolarse con su observación de que «Europa occidental y el Japón están ya abordando las necesidades de Europa oriental». Pueden tenerlo por seguro, y éste es el problema. El gran potencial de Europa oriental para el comercio y la inversión está siendo rápidamente orientado hacia nuestros principales competidores comerciales. Estamos discutiendo cómo solventar dos debacles de política exterior en Centroamérica mientras que el Japón y la Comunidad Económica Europea están abriendo mercados de 120 millones de personas en Europa oriental[99].

En el debate del Congreso, Leahy insistió en que «la ayuda exterior debe hacer mucho más para reforzar la competitividad económica norteamericana en el extranjero». Contra lo que afirma la oratoria pública, la ayuda «no es un programa internacional de caridad o beneficencia. … Correctamente diseñada, puede ser una inversión en nuevos socios comerciales, crecientes mercados para la exportación y más puestos de trabajo en nuestras industrias exportadoras aquí en casa», las ideas de referencia desde el plan Marshall. En las actuales circunstancias, «nuestro programa de ayuda exterior debe tener como fin reforzar la implicación económica de los Estados Unidos en las nacientes democracias de Europa oriental. Las empresas de Europa occidental y el Japón, que cuentan con el apoyo directo de sus gobiernos, nos están dejando atrás», y nuestra «iniciativa en Europa oriental» debería «tener como fin reforzar la capacidad de las empresas norteamericanas para participar en la apertura de este enorme nuevo mercado cuando entremos en el siglo XXI». Nuestros competidores están respaldados por sus gobiernos, y el Banco para la Exportación y la Importación [Export-Import Bank], así como nuestro programa de ayuda, debería «contribuir a que las empresas norteamericanas sean competitivas frente a estas naciones subvencionadas que nos están arrebatando estos mercados en África, Asia, y América Latina» también. «La factura de ayuda exterior puede facilitar a las empresas estadounidenses más instrumentos para combatir la financiación agresiva, la ayuda vinculada y los créditos mixtos… Para competir con los intereses del Japón y de Europa occidental, tenemos que respaldar nuestros intereses comerciales con tanta eficiencia como los países que compiten por dichos mercados» —y cuyo compromiso con el «libre mercado» corre, de hecho, parejo con el nuestro: es adecuado para aquellos que esperan adelantarse en la competición; no ha de ser tomado en serio por los demás[100].

Factores como éstos darán forma a los nuevos métodos para continuar la guerra contra el Tercer Mundo, esta vez bajo un disfraz diferente y con una serie más variada de actores en competencia. Las fuerzas populares de los Estados Unidos y Europa han colocado ciertas barreras en el camino del terror de Estado y han dado alguna ayuda a aquellos que sufren la represión, pero, a menos que alcancen una escala y un compromiso considerablemente mayores, el futuro de las víctimas tradicionales parece terrible.

Terrible, pero no sin esperanza. Con sorprendente valor y persistencia, los infelices de la tierra continúan luchando por sus derechos. Y en el mundo industrial, con el bolchevismo desintegrándose y el capitalismo abandonado desde hace tiempo, hay perspectivas para el resurgimiento de los ideales socialistas libertarios y democráticos radicales que han languidecido, incluyendo el control popular del lugar de trabajo y de las decisiones relativas a la inversión y, en consecuencia, para el establecimiento de una democracia política más significativa cuando las presiones impuestas por el poder privado sean reducidas. Estas y otras nacientes posibilidades son todavía remotas, pero no más que la posibilidad de una democracia parlamentaria y de unos derechos elementales del ciudadano hace 250 años. Nadie sabe lo bastante para predecir lo que la voluntad humana puede lograr.

Nos enfrentamos a una especie de apuesta de Pascal: supongamos lo peor y seguramente llegará; comprometámonos a luchar por la libertad y la justicia y su causa podrá avanzar.

2. EL FRENTE INTERIOR

Por lo general se consideró que la era Reagan tenía una significación virtualmente revolucionaria. La realidad era considerablemente menos impresionante, pero su impacto sobre el orden social del país y del mundo no fue pequeño, como podremos comprobar en las reflexiones que a continuación haré sobre lo que heredó la nueva administración a principios de 1989.

1. LA «GENTE INSIGNIFICANTE»

Estas cuestiones tienen consecuencias humanas a gran escala y, por lo tanto, deberían abordarse sin apasionamientos. Ello no es fácil. En primer lugar, es necesario desvanecer las más vívidas imágenes evocadas por las palabras «Reagan», «Shultz» y «Bush» —imágenes de decenas de miles de cuerpos torturados y mutilados en El Salvador y Guatemala y de niños agonizantes en Nicaragua, sucumbiendo una vez más a la enfermedad y a la desnutrición gracias a los éxitos obtenidos en la destrucción de los primeros logros de los sandinistas—. Y otros como ellos en Mozambique, Gaza y otros rincones del mundo que nosotros preferimos pasar por alto —al decir «nosotros» me refiero a una comunidad mayor cuya responsabilidad compartimos todos—. Debemos conseguir de algún modo apartar estas imágenes.

Sin embargo, no deberíamos continuar sin, al menos, decir unas palabras sobre cuán fácilmente nos abstenemos de ver montones de huesos y ríos de sangre cuando somos los agentes de la miseria y la desesperación. Para apreciar realmente estos triunfos debemos recurrir a los pacifistas liberales, quienes habitualmente son condenados por su excesiva sensibilidad ante la situación de nuestras víctimas. Al editor del New Republic. Hendrik Hertzberg, quien escribe sobre las «cosas de la era Reagan que no han sido tan atractivas», como la sordidez, las películas tipo Rambo y el Líbano —refiriéndose, presumiblemente, a los marines muertos, no a los libaneses y palestinos muertos—, pero sin una palabra acerca de Centroamérica, donde, aparentemente, no ha sucedido nada que eleve siquiera el nivel de «escaso atractivo». O incluso a Mary McGrory, en una categoría muy distinta, quien, sin embargo, nos dice que «la verdadera discusión es, por supuesto, qué es más importante en Nicaragua: si la paz, como propugnan los demócratas, o la libertad, como exigen los republicanos». La pizca de verdad que contienen estas palabras es que los demócratas están tan comprometidos con la paz como los republicanos lo están con la libertad[1].

O podemos recurrir a la revista Indochina Issues del Centro para la Política Internacional [Center for International Policy], que ha recopilado datos muy creíbles en su trabajo a favor de la paz y de la justicia. Aquí un primer socio de la Carnegie Foundation for International Peace pide la reconciliación con el Vietnam, recomendando encarecidamente que dejemos a un lado «la agonía de la experiencia del Vietnam» y «las ofensas del pasado» y superemos «el odio, la furia y la frustración» que nos causaron los vietnamitas, aunque sin olvidar «las cuestiones humanitarias consecuencia de la guerra»: los desaparecidos en combate, los que fueron autorizados a emigrar a los Estados Unidos y los que permanecen internados en campos de reeducación. Éstas son sólo cuestiones humanitarias que, al parecer, comprendemos cuando dirigimos la mirada a tres países llenos de cadáveres, de cuerpos quebrantados, de fetos horriblemente deformados y de cientos de miles de otras víctimas de la guerra química en Vietnam del Sur, de una destrucción de una magnitud colosal —todo ello causado por una mano desconocida, que aquí no se menciona—. Al mismo tiempo, pensamos en lo que nos han hecho, la agonía y el dolor que nos han obligado a soportar[2].

Partiendo de estos supuestos, tal vez podamos leer sin sobrecogernos que James Fallows «es hoy absolutamente consciente, después de una reciente visita al Vietnam, de que la guerra “será importante en la historia sobre todo por lo que supuso, internamente, para los Estados Unidos, no por lo que significó para Indochina”» (el editor de Dissent. Dennis Wrong, citando a Fallows con aprobación). La matanza de millones de indochinos y la destrucción de sus países es una cuestión demasiado insignificante para atraer la atención de la musa de la historia mientras ésta reflexiona sobre los problemas internos causados a la gente importante, a aquellos que realmente cuentan. Quizás algún día, algún sesudo comentarista alemán explique que el holocausto será importante en la historia sobre todo por lo que supuso, internamente, para Alemania, no por lo que significó para los judíos[3].

Francis Jennings, una gran autoridad en americanos nativos, observó en una ocasión: «En la historia, el hombre de la camisa arrugada y el chaleco con galones dorados levita en cierto modo sobre la sangre que ha ordenado derramar a subordinados de manos sucias». No podremos enfrentarnos de forma realista a los problemas que nos aguardan a menos que luchemos a brazo partido con estas asombrosas y persistentes características de nuestra cultura moral e intelectual.

América Central ha sido una obsesión de la política exterior durante toda la década de los ochenta, y las consecuencias de ello son evidentes. Antes de esta horrible y vergonzosa década, Centroamérica había sido uno de los rincones más miserables del mundo. La idea de que su destino puede enseñarnos algunas lecciones sobre la gran potencia que durante mucho tiempo ha dominado la región y ha intervenido reiteradamente en sus asuntos es ajena al pensamiento de la gente importante, y se entiende que ésta no ha de ser molestada por notas tan discordantes. Así, en el New York Times Magazine. James LeMoyne, medita sobre los problemas profundamente arraigados de Centroamérica, recordando el papel de Cuba, la Unión Soviética, Corea del Norte, la OLP, el Vietnam y otras subversivas fuerzas extranjeras. Pero falta un actor, aparte de la frase de que en El Salvador «los Estados Unidos alentaron al ejército salvadoreño, insistieron en la celebración de elecciones y pidieron la realización de ciertas reformas». En otro artículo de Times Magazine. Tad Szulc da un tratamiento similar a la región del Caribe, observando que «los orígenes de los problemas caribeños no son enteramente cubanos»; la «ofensiva soviética» también es culpable, juntamente con las consecuencias de la «codicia y la mala gestión coloniales» por parte de las potencias europeas. Los Estados Unidos son acusados únicamente de «indiferencia» ante los problemas que se van gestando[4].

En un artículo posterior de Times Magazine. Stephen Kinzer admite que, en Guatemala —que él había presentado como modelo para los sandinistas errantes—, el progreso de la «democracia» deja algo que desear. Claro que hay algunos signos alentadores. Así, los asesinatos de las fuerzas de seguridad a las que favorecemos han disminuido a, quizás, dos al día: desde luego ello representa una gran mejora respecto del período en que Reagan y sus cohortes aclamaban con entusiasmo a Lucas García y a Ríos Montt, a quienes Kinzer describe ahora como «dos de los más despiadados presidentes militares» (en realidad, asesinos de masas). Pero Kinzer, quien conoce bien el papel desarrollado por los Estados Unidos en Guatemala, conoce también las reglas del decoro: en su versión, el interludio democrático de Guatemala de 1944-1954 terminó por alguna razón ignota, y no se hace mención alguna del papel posteriormente desarrollado por los Estados Unidos hasta nuestros días. Una vez más, hallamos tan sólo una referencia de pasada a la indiferencia general: «los países ricos —especialmente los Estados Unidos— acogieron con agrado y, en algunos casos, ayudaron a forzar las transiciones a un gobierno civil en América Latina», pero sin suficiente compromiso o reconocimiento de «los riesgos a largo plazo». Si en Guatemala «hay más parados y, en la actualidad, más gente que nunca en lo que alcanzamos a recordar se alimenta de lo que saca de las basuras», si el ejército mantiene su depravado y sanguinario régimen, si los militares y los superricos que gobiernan tras una fachada civil persisten en lo que los obispos católicos denominan abuso «inhumano y despiadado» de los necesitados campesinos, ello debe ser reflejo de su carácter inherentemente despreciable. Ciertamente ninguna persona respetable podría imaginar que los Estados Unidos puedan compartir cierta responsabilidad por haber instituido y mantenido este osario[5].

La práctica es virtualmente una convención literaria. Al informar sobre la campaña electoral de Bosch y Balaguer en la República Dominicana en 1990, Howard French nos cuenta que Juan Bosch, «un marxista de toda la vida», «fue destituido en un golpe militar poco después de ganar las primeras elecciones libres del país, en 1963», y que su rival, Joaquín Balaguer, venció a Bosch en las elecciones presidenciales de 1966. Se omiten unos cuantos hechos pertinentes, entre ellos: que no había habido elecciones libres con anterioridad a causa de la repetida intervención norteamericana, incluyendo el apoyo concedido durante mucho tiempo al asesino y torturador Trujillo, hasta que éste empezó a interferir con los intereses estadounidenses; que el «marxista de toda la vida» defendía políticas similares a las de los demócratas de Kennedy; que los Estados Unidos contribuyeron materialmente a perjudicarle y rápidamente apoyaron al nuevo régimen militar; que cuando la plebe se levantó para restaurar al gobierno constitucional en 1965, los Estados Unidos enviaron 23 000 soldados con pretextos totalmente fraudulentos para evitar la amenaza de la democracia, estableciendo el régimen habitual de escuadrones de la muerte, tortura, represión, condiciones laborales propias de la esclavitud, aumento de la pobreza y de la desnutrición, emigración masiva y maravillosas oportunidades para sus propios inversores, y tolerando las «elecciones libres» de 1966 únicamente cuando el terreno de juego había sido nivelado mediante suficientes dosis de terror[6].

Incluso atrocidades de gran envergadura como la matanza que los Estados Unidos llevaron a cabo y presidieron en Camboya a principios de los años setenta se han desvanecido tranquilamente. Rutinariamente, cuando el New York Times analiza la historia de horror de Camboya, comienza en abril de 1975, bajo el titular «La ordalía camboyana: un país se desangra durante 15 años». Al parecer, nadie sangró a partir de los primeros bombardeos norteamericanos ininterrumpidos desde marzo de 1969 hasta abril de 1975, cuando resultaron muertas 600 000 personas, según los cálculos de la CIA[7].

La cobardía moral sería asombrosa si no se diera esta característica rutinaria de la vida intelectual.

Volviendo a Centroamérica, hace una década se vislumbraba cierta esperanza de un cambio constructivo. En Guatemala, los campesinos y los obreros se estaban organizando para desafiar a una de las más primitivas oligarquías de la Tierra. En El Salvador, los grupos de ayuda mutua basados en la Iglesia, los sindicatos, las asociaciones campesinas y otras organizaciones populares ofrecían a la población general una vía para escapar a la demoledora pobreza y a la represión, y para comenzar a asumir cierto control de sus vidas y de su destino. En Nicaragua, la tiranía que sirvió como base para el poder norteamericano en la región durante décadas fue derrocada en 1979, dejando al país en ruinas, con 40 000 cadáveres desperdigados, el tesoro expoliado y la economía devastada. Pero la Guardia Nacional fue expulsada y nuevas fuerzas populares fueron movilizadas. También aquí había la esperanza de un futuro mejor, y ello se logró en grado sorprendente, a pesar de la extrema adversidad, en los primeros años.

La administración Reagan y sus cómplices demócratas liberales y de los medios de comunicación pueden atribuirse el mérito de haber reducido estas esperanzas a la nada. Ése es un raro triunfo por el que la historia les asignará el lugar que les corresponde, si es que alguna vez se da una explicación honesta.

2. ÉXITOS POLÍTICOS

Pero apartemos tan intranquilizadores pensamientos —como hacemos todos con excesiva facilidad— e intentemos evaluar el impacto de estos años allí donde es importante para la historia en opinión de los sofisticados: internamente, para la propia sociedad de los Estados Unidos y, en particular, para aquellos que empuñan las riendas.

Para abordar estas cuestiones de forma sensata, hemos de intentar comprender nuestras propias sociedades. No se trata de una simple imagen. En los Estados Unidos, vemos, por ejemplo, el pequeño centro jesuita Quest for Peace que, sin recursos, logró recaudar millones de dólares para ayudar a las víctimas del huracán de Nicaragua de manos de personas que han podido, en cierto modo, mantener su independencia de pensamiento y su creencia en unos sencillos valores morales. Por otro lado, vemos el rígido fanatismo, la ignorancia deliberada y la corrupción intelectual y moral de la cultura de elite. Vemos un sistema político en el cual los mecanismos formales funcionan con poca sustancia, aunque, al mismo tiempo, la disidencia, el activismo, los disturbios y la política informal han aumentado e impuesto presiones sobre la violencia de Estado que no son en modo alguno despreciables.

Por lo que respecta al sistema político, la era Reagan representa un significativo avance en la democracia capitalista. Durante ocho años, el gobierno de los Estados Unidos funcionó virtualmente sin un primer ejecutivo. Éste es un hecho importante. Es bastante injusto atribuir a Ronald Reagan, a la persona, demasiada responsabilidad por las políticas adoptadas en su nombre. A pesar de los esfuerzos de las clases cultas por revestir los procedimientos con la dignidad precisa, apenas si fue un secreto que Reagan sólo tenía una idea muy vaga de las políticas de su administración y que, si no era correctamente programado por sus empleados, solía hacer declaraciones que hubieran constituido un problema si alguien se las hubiera tomado en serio. La pregunta que dominó las sesiones del asunto Irán-contra. —¿sabía Reagan, o recordaba, cuál había sido la política de su administración?— fue muy poco importante. Pretender lo contrario fue simplemente parte de la operación de encubrimiento. Y la falta de interés público en las revelaciones según las cuales Reagan estuvo implicado en la ayuda ilegal a los contras durante un período en que —como posteriormente informó al Congreso— no sabía nada al respecto, traiciona un cierto realismo.

El deber de Reagan era sonreír, leer los textos del teleapuntador con voz agradable, contar unos cuantos chistes y mantener al auditorio oportunamente confuso. Su única cualificación para la presidencia fue que sabía cómo leer el guión escrito para él por la gente rica, que pagaba bien por el favor. Reagan había estado haciéndolo durante años. Parecía actuar a satisfacción de los contribuyentes y disfrutar de la experiencia. Desde todos los puntos de vista, pasó muchos días agradables gozando de la pompa y el boato del poder y debería pasarlo bien en el alojamiento que sus agradecidos benefactores le han preparado para la jubilación. En realidad, no es asunto suyo si los jefes dejaron montones de cuerpos mutilados en los vertederos de los escuadrones de la muerte en El Salvador o a cientos de miles de personas sin hogar en las calles. No se echa la culpa a un actor por el contenido de las palabras que salen de sus labios. Cuando hablamos de las políticas de la administración Reagan, no nos referimos, pues, a la figura establecida para representarlas por una administración cuyo principal punto fuerte eran las relaciones públicas.

La confección de una figura simbólica por la industria de las relaciones públicas es una contribución a la resolución de uno de los problemas críticos a los que debe enfrentarse toda sociedad que combine el poder concentrado con unos mecanismos formales que, en teoría, permiten al público en general tomar parte en el control de sus propios asuntos, dando lugar, de este modo, a una amenaza para el privilegio. No sólo en el ámbito del individuo, sino también en el interno, hay personas insignificantes a las que hay que enseñar a someterse con la debida humildad, y la creación de una figura de carne y hueso es un dispositivo clásico para lograr este fin. En tiempos de Herodoto, podemos leer cómo aquellos que habían luchado para conseguir su libertad «se convertían una vez más en súbditos de un gobierno autocrático» a causa de las acciones de líderes capaces y ambiciosos que «introdujeron por vez primera el ceremonial de la realeza», distanciando al líder del público y creando al mismo tiempo la leyenda de que «era un ser de categoría distinta a los hombres corrientes», que debía ser envuelto en misterio y dejar los secretos del gobierno, que no son asunto del vulgo, a aquellos que tenían derecho a gestionarlos. En los primeros años de la república, se inventó un absurdo culto a George Washington como parte del esfuerzo «para cultivar las lealtades ideológicas de los ciudadanos» y crear, así, un sentimiento de «nacionalidad viable», comenta el historiador Lawrence Friedman. Washington era un «hombre perfecto» de «sin par perfección», que había sido elevado «por encima del nivel de la humanidad», y así sucesivamente. Hasta la actualidad, los padres fundadores siguen siendo «aquellos genios puros de la contemplación objetiva», que superaban con diferencia a los mortales ordinarios (véase más arriba, párrafo que comienza: «Por poner otro ejemplo procedente…»). Tal veneración existe todavía, especialmente en los círculos intelectuales de elite, de lo cual es un ejemplo la comedia de Camelot. En ocasiones, un líder extranjero asciende a la misma semidivinidad entre unos adoradores leales y puede ser descrito como una «figura prometeica» de «colosal fuerza» y «colosales poderes», como en los más absurdos momentos de la era de Stalin o como en el espaldarazo del editor y propietario del New Republic. Martin Peretz, a la primera ministra israelí Golda Meir, del cual proceden estas citas[8].

Franklin Delano Roosevelt alcanzó alturas similares entre amplios sectores de la población, incluyendo a muchos miembros de las clases pobres y trabajadoras, quienes depositaron en él su confianza. El aura de santidad permanece entre los intelectuales que le adoraron en el templo. Al realizar la reseña de un loable libro sobre FDR escrito por Joseph Alsop en la New York Review of Books el crítico social liberal de izquierdas Murray Kempton habla de la «majestad» de la sonrisa de Roosevelt que «brillaba desde esas grandes alturas que están más allá del resentimiento… Aquellos de nosotros que nacimos en circunstancias menos seguras tendemos a pensar en esta conducta, en realidad, a venerarla, como en la elegancia aristocrática… [Nosotros sentimos] tanta nostalgia como Alsop de una época en que Norteamérica era gobernada por caballeros y damas». Roosevelt y Lucy Mercer «eran personas incluso más grandes a escala doméstica de lo que acabarían siendo en la escala cósmica», y se enfrentaron a la gran crisis de su vida, un romance secreto, «con la mayor elegancia». «El hecho de que Roosevelt fuera el demócrata que los grandes caballeros siempre son no redujo en modo alguno su grandeza… [Su mezcla de elegancia y compasión] implica una auténtica majestad». Nos dejó con una «nostalgia» que «duele». Su «inmensa autoridad» permanece entre nosotros «y toda la historia anterior… agradablemente exaltado, objeto de enamoramiento espléndidamente eterno», etc., etc. Roosevelt adquirió un dominio tan absoluto que «convirtió la investigación social… en tierra baldía» —hasta tal punto que «pasaron diez años antes de que a un economista del Departamento de Comercio le entrara curiosidad por la distribución de la renta y quedara sorprendido al descubrir que su desigualdad había persistido casi invariable desde Hoover, pasando por Roosevelt y Truman…». Pero esto son sólo críticas de pensamientos triviales. Lo importante es que Roosevelt nos aportó «bienestar… debiendo a su influencia sobre la conciencia pública la idea de que los hombres eran realmente iguales», independientemente de lo que los informes sobre la reforma económica y los derechos civiles pudieran demostrar. Se publicó la reacción de Noel Annan, quien alabó «el elogio que Murray Kempton hizo, con justicia, de Roosevelt[9]». Por mucho que lo intentaran, los artífices de la fantasía no podrían siquiera aproximarse a tales alturas en la era Reagan.

La historia política y social de las democracias occidentales registra todo tipo de esfuerzos para garantizar que los mecanismos formales sean poco más que ruedas que giran libremente. La meta es eliminar que el público se inmiscuya en la elaboración de las políticas. Ello se ha conseguido en gran medida en los Estados Unidos, donde las organizaciones políticas, los sindicatos operativos, los medios de comunicación independientes del oligopolio empresarial u otras estructuras populares que podrían proporcionar a la gente medios para obtener una mayor información, aclarar y desarrollar sus ideas, exponerlas en el escenario político y trabajar para hacerlas realidad tienen poco que ofrecer. Mientras cada individuo se enfrente solo a su televisor, la libertad formal no generará amenaza alguna para el privilegio.

Un importante paso adelante para impedir el acceso del público molesto a los asuntos serios es reducir las elecciones a la elección de figuras simbólicas, como la bandera o la reina de Inglaterra —quien, al fin y al cabo, abre el Parlamento leyendo el programa político del gobierno, aunque nadie pregunta si cree en él o si lo entiende siquiera—.[10] Si las elecciones se convierten en una cuestión de seleccionar a la reina para los próximos cuatro años, habremos recorrido un largo camino hacia la resolución de la tensión inherente a una sociedad libre en la cual el poder sobre la inversión y otras decisiones fundamentales —y, por lo tanto, también sobre los sistemas políticos e ideológicos— está altamente concentrado en manos privadas.

Para que triunfen tales medidas de disuasión de la democracia, el sistema de adoctrinamiento debe llevar a cabo sus funciones correctamente, revistiendo al líder de majestad y autoridad y fabricando las ilusiones necesarias para mantener al público en la esclavitud —o, si no, por lo menos ocupado—. En la época moderna, una forma de abordar esta tarea es escribir panegíricos (o lamentaciones) por la sorprendente popularidad de la augusta figura elegida para presidir desde lejos. Desde los primeros tiempos de la era Reagan, se demostró reiteradamente que los cuentos sobre la popularidad sin precedentes de Reagan, constantemente relatados por los medios de comunicación, eran fraudulentos. Su popularidad, escasamente desviada de la norma, que oscilaba entre un tercio y dos tercios, no alcanzó jamás los niveles de Kennedy o Eisenhower, y podía anticiparse en gran medida, como es normal, según las percepciones acerca de la dirección de la economía. George Bush fue uno de los candidatos más impopulares que jamás asumieron la presidencia, a juzgar por los sondeos realizados durante la campaña electoral. Después de tres semanas en el cargo, su tasa de aprobación personal era del 76 por 100, muy por encima de la cota más elevada conseguida por Reagan[11]. Dieciocho meses después de subir al poder, la popularidad personal de Bush seguía siendo superior al punto más alto alcanzado por Reagan. La rápida desaparición de Reagan una vez finalizado su trabajo no debería sorprender a nadie que conociera el papel que le había sido asignado.

Sin embargo, es importante tener presente que aunque la esencia de la democracia se reducía con éxito durante la era Reagan, el público quedaba todavía básicamente fuera de control, lo que comportaba serios problemas para el ejercicio del poder.

La administración Reagan se enfrentó a estos problemas con una estrategia dual. En primer lugar, desarrolló el más elaborado aparato de Agitprop de la historia de Norteamérica, su Oficina de Diplomacia Pública, siendo uno de los objetivos principales la «demonización de los sandinistas» y la organización del apoyo a los Estados del terror de Centroamérica. Esta movilización del poder estatal para controlar a la opinión pública era ilegal, como observó por encima una revisión del Congreso, pero totalmente favorable a la defensa de un Estado poderoso e intruso, que es una doctrina fundamental de lo que se denomina «conservadurismo». El segundo dispositivo era centrarse en las operaciones clandestinas, a un nivel sin precedentes. La magnitud de dichas operaciones constituye un buen indicativo de la disidencia popular.

Las operaciones clandestinas son típicamente un secreto sólo para la población general en el ámbito nacional, pero no para los medios de comunicación y el Congreso, digan lo que digan. Por ejemplo, cuando la administración Reagan se centró en la tarea de desbaratar los acuerdos de paz centroamericanos inmediatamente después de su firma, en agosto de 1987, los medios de comunicación y el Congreso decidieron no saber que los vuelos de suministro ilegal a la contra casi se triplicaron respecto del nivel, ya fenomenal, de uno al día, al tiempo que Washington pretendía desesperadamente mantener en escena sus fuerzas asociadas, violando los acuerdos, con el fin de maximizar la violencia y la desorganización y hacer que el pueblo de Nicaragua comprendiera que la eliminación de los sandinistas era un requisito previo para cualquier esperanza de sobrevivir decentemente. Un año después, los medios de comunicación y el Congreso decidieron no darse por enterados de que las mismas fuentes que habían sido ignoradas en el pasado, más tarde se demostró que estaban en lo cierto y fueron finalmente reconocidas, estaban informando de vuelos de suministro de la CIA a los contras desde la base aérea de Ilopango, cerca de San Salvador, a Nicaragua; la «ruta Hasenfus», dada por fin a conocer cuando un mercenario americano resultó muerto en octubre de 1986 y los hechos durante mucho tiempo conocidos no pudieron ya ser ocultados —durante unas cuantas semanas[12].

Del mismo modo, los medios de comunicación (al igual que el Congreso) aparentaron no comprender la absurdidad del acuerdo histórico entre la administración Bush y los congresistas liberales «comprometiendo a la administración y al Congreso a prestar ayuda a los rebeldes nicaragüenses y apoyar los esfuerzos de paz en Centroamérica» (Bernard Weinraub, New York Times. Una autocontradicción clara y transparente, puesto que los «esfuerzos de paz» prohíben explícitamente la ayuda. Un editorial del Times explicaba solemnemente que los objetivos de los Estados Unidos eran ahora «coherentes con el pacto regional» que fue flagrantemente violado por el acuerdo que aclamaban los editores de los periódicos. El histórico acuerdo «reafirma la política de que los fuertes pueden hacer lo que quieran, independientemente de la voluntad de los demás», tal como se dijo que había manifestado Daniel Ortega el día en que se publicó el editorial del Times[13].

La práctica fue uniforme en la medida en que los medios de comunicación cumplieron órdenes, bastante inconscientes de que «los esfuerzos de paz en Centroamérica» excluían explícitamente, y sin ambigüedad, todo tipo de ayuda a las fuerzas controladas por los Estados Unidos, a excepción de la destinada a los reasentamientos, y que la ayuda proporcionada no podía calificarse en modo alguno como «humanitaria», como determinó inequívocamente el Tribunal Mundial en un dictamen que desagradó a la opinión de la elite norteamericana y que, en consecuencia, jamás se mencionó en el largo y acalorado debate —o lo que pasó por tal— sobre la «ayuda humanitaria». La descarada autocontradicción de la declaración (bastante típica) del Times que hemos citado es evidente y transparente si consideramos el acuerdo de Esquipulas II de agosto de 1987, que Washington y los medios de comunicación lograron destruir en pocos meses, el acuerdo de Sapoá de alto el fuego de marzo de 1988 que el Congreso y la administración violaron rápidamente con el apoyo de los medios de comunicación, o el acuerdo de los presidentes centroamericanos de febrero de 1989, minado inmediatamente por la administración y el Congreso con el habitual respaldo de los medios de comunicación, que exhiben una tolerancia ante la invención, incluso ante la directa autocontradicción, que habría impresionado profundamente a Orwell.

Los hechos son claros y sin ambigüedades. La declaración de los presidentes de Centroamérica de febrero de 1989 (Esquipulas IV) fue, en su mayor parte, un reflejo del triunfo del gobierno norteamericano y de los medios de comunicación en la destrucción de los acuerdos de agosto de 1987. Por lo tanto, se eliminaron las importantísimas disposiciones «de simetría» para que los Estados del terror respaldados por los Estados Unidos quedaran eximidos de ellas, y se rechazaron nuevamente los esfuerzos de Nicaragua para restaurar el control internacional de Esquipulas II, suprimido por la presión de los Estados Unidos en la sesión de enero de 1988, permitiendo que los Estados Unidos y sus clientes tuvieran total libertad para violar todos los acuerdos que quisieran —confiando, y con razón, en que la prensa les seguiría el juego—. Pero a pesar de esta capitulación frente al poder de los Estados Unidos, el acuerdo «reitera firmemente la petición contenida en el artículo 5 del acuerdo de Esquipulas II de que los gobiernos regionales y extrarregionales, que proporcionen ayuda ya sea abiertamente, ya secretamente, a fuerzas irregulares (los contras o movimientos insurreccionistas [guerrillas autóctonas] en la zona), detengan inmediatamente dicha ayuda, a excepción de la ayuda humanitaria que contribuye a los objetivos de este documento», los cuales se estipulan como «la desmovilización voluntaria, la repatriación o realojamiento en Nicaragua y en terceros países» de contras y sus familias. El artículo de Esquipulas II al que se hace referencia especificaba un «elemento indispensable para la paz: a saber, el cese de la ayuda abierta o encubierta de todo tipo (“militar, logística, financiera, propagandística”) a los contras o a las guerrillas autóctonas». El acuerdo de alto el fuego de Sapoá de marzo de 1988 reafirmaba los mismos principios, designando al secretario general de la Organización de Estados Americanos como el funcionario encargado de controlar su cumplimiento. Su carta de protesta a George Shultz cuando el Congreso votó unánimemente en favor de violar el acuerdo (aunque prometiendo explícitamente observarlo) no fue tenida en cuenta por los medios de comunicación por incorrecta. Dicha carta difícilmente hubiera contribuido a su tarea de aplaudir unánimemente la decisión del Congreso de avanzar en la causa de la paz minando el acuerdo de alto el fuego y contradiciendo los términos de la propia legislación del Congreso[14].

En todas partes, los medios de comunicación, y la comunidad intelectual occidental en general, lograron ocultar lo que estaba sucediendo ante sus ojos, actuando en gran medida al estilo del Estado totalitario, aunque sin la excusa del miedo. Como acostumbraba a ocurrir en el pasado, el coste lo paga en sangre y miseria la gente insignificante.

El principio básico, raramente violado, es que todo aquello que entra en conflicto con las exigencias del poder y el privilegio no existe. Por lo tanto, es posible violar y apoyar al mismo tiempo los acuerdos Esquipulas II, el alto el fuego de 1988 y «los esfuerzos de paz centroamericanos», limitados a satisfacer las demandas de Washington, en febrero de 1989.

El propósito de la campaña del gobierno y de los medios de comunicación para entorpecer el progreso de la paz está claro. Era importante asegurarse de que Nicaragua permanecería, al menos, bajo un reducido nivel de ataque terrorista en el interior y de amenaza militar en sus fronteras, de manera que no pudiera dedicar sus precarios recursos a la imponente y probablemente desesperanzada labor de reconstrucción de los daños causados por la violencia estadounidense, y de modo que los controles internos permitieran a los comentaristas norteamericanos lamentar la falta de libertad en el país seleccionado como objeto de ataque. Esta misma lógica se oculta tras las instrucciones del Pentágono a las fuerzas asociadas (explícitamente autorizadas por el Departamento de Estado y consideradas como razonables por los liberales moderados) de atacar «objetivos blandos» infradefendidos. Este razonamiento fue explicado por un desertor de la contra cuya importancia hizo que fuera rigurosamente evitado por los medios de comunicación independientes, el secretario general de la OEA: Horacio Arce, jefe del servicio de inteligencia de la contra (FDN), cuyo nom de guerre era Mercenario —hablar de «defensores de la libertad» y «demócratas» corresponde a las clases cultas de nuestro país—. Los contras eran objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación, más que el gobierno nicaragüense, pero Arce recibió un trato distinto.

Arce tenía mucho que decir cuando fue entrevistado en México, a finales de 1988, tras su deserción. En particular, describió su adiestramiento ilegal en una base de las fuerzas aéreas al sureste de los Estados Unidos, identificó por su nombre a los agentes de la CIA que proporcionaron apoyo a los contras bajo una tapadera de la AID (Agencia para el Desarrollo Internacional [Agency for International Development) en la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, destacó cómo el ejército hondureño proporcionó información y apoyo para las actividades militares de la contra e informó de la venta de armas del tipo soviético suministradas por la CIA a la guerrilla del FMLN en El Salvador (más tarde presentadas como «prueba» de envíos cubanos y nicaragüenses). Posteriormente, Arce explicó: «Atacamos muchas escuelas, centros sanitarios y ese tipo de cosas. Hemos intentado hacerlo para que el gobierno nicaragüense no pueda proporcionar servicios sociales a los campesinos, no pueda desarrollar su proyecto… ésa es la idea». Evidentemente, el meticuloso entrenamiento norteamericano logró hacer progresar esta idea básica.

Nunca se dudó seriamente que los liberales del Congreso y los pacifistas de los medios de comunicación apoyarían medidas de estrangulamiento económico y terror a bajo nivel guiadas por estos principios hasta que Nicaragua alcanzara la «democracia» —es decir, hasta que el poder político pasara a las empresas y a las elites terratenientes vinculadas a los Estados Unidos, que son «demócratas» por este único motivo, sin más preguntas—.[15] También es de esperar que presten, al menos, apoyo tácito a nuevos esfuerzos de Washington para minar y subvertir cualquier gobierno que no coloque a las fuerzas de seguridad bajo el efectivo control de los Estados Unidos o no alcance los niveles habituales de subordinación a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras.

Un gobierno recurre al terror y a la subversión clandestinos, formas de coacción relativamente ineficientes, cuando es empujado a la clandestinidad por su enemigo interno: la población del país. En cuanto a los ejercicios propagandísticos de la era Reagan, lograron el éxito esperado entre las elites cultas. Era prácticamente imposible imaginar cualquier desviación respecto de los principios básicos de la línea del Partido, por absurdos que fueran: por ejemplo, que El Salvador y Guatemala son democracias (tal vez imperfectas) con presidentes electos, mientras que Nicaragua, con los sandinistas, es una dictadura totalitaria que nunca celebró unas elecciones que se aproximaran a los impresionantes niveles de los Estados del terror apoyados por los Estados Unidos (las elecciones de 1984 no existieron por decreto de Washington, fielmente reverenciado en los sectores respetables). Pero la propaganda fue menos efectiva, al parecer, entre la población general. Existen motivos para creer que la mejora sustancial del nivel cultural y moral en general puesta en marcha en los años sesenta continuó creciendo, imponiendo unas condiciones que todo sistema de poder concentrado debe satisfacer.

3. LOS TRIUNFOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

La era Reagan difundió en gran medida el programa político de un amplio consenso de la elite. En los años setenta, se produjo un compromiso general para restaurar la rentabilidad empresarial e imponer una cierta disciplina a un mundo cada vez más turbulento. En la variante norteamericana del capitalismo estatal, ello significa recurrir a los dispositivos militares keynesianos en el ámbito interno, adaptados ahora al declive del poder estadounidense y, por lo tanto, con una inclinación más bien de derechas que liberal, al ser incompatibles los programas de la «gran sociedad» con las demandas previas de la gente importante. En el extranjero, la contrapartida es la subversión a gran escala y el terrorismo internacional (sea cual sea el término elegido para disfrazar la realidad). Las políticas internas naturales eran la transferencia de recursos a los ricos, el desmantelamiento parcial del limitado sistema de asistencia social, el ataque a los sindicatos y a los salarios reales, la ampliación de la subvención pública para la industria de alta tecnología a través del sistema del Pentágono, que ha sido durante mucho tiempo el motor del crecimiento económico, y la preservación de la ventaja tecnológica.

Los planes que reflejaban estas percepciones generales de la elite de los años sesenta fueron propuestos por Carter y puestos en práctica por los reaganitas —incluyendo el gasto militar, que, en general, se adaptaba en gran medida a las proyecciones de Carter—. El método adoptado fue el de hundir al país en una profunda recesión para reducir la inflación, debilitar a los sindicatos y bajar los salarios. Posteriormente, sacarlo a flote mediante gasto deficitario, organizando al mismo tiempo la subvención de la industria de alta tecnología y amenazando al mundo con el puño, decisiones políticas que habitualmente han ido de la mano. Debería reconocerse que mientras que hablar de libre comercio está bien para editoriales y discursos posteriores a una cena, aquellos que tienen un interés en las decisiones políticas no se lo toman demasiado en serio. La evidencia histórica demuestra que las economías que se desarrollaron e industrializaron, incluyendo a los Estados Unidos, adoptaron medidas proteccionistas cuando éstas eran ventajosas. Las economías más prósperas son aquellas que presentan una sustancial coordinación con el Estado, incluyendo el Japón y su periferia y Alemania —donde, por mencionar sólo una característica, el FMI estima que los incentivos industriales son el equivalente a un arancel del 30 por 100—. En los Estados Unidos, los dos principales componentes de la economía que son competitivos internacionalmente —la agricultura intensiva en capital y la industria de alta tecnología— están fuertemente subvencionados por el Estado, el cual les proporciona también un mercado garantizado. Estos dos sectores son también, lo cual no es de extrañar, los «malvados» que se ocultan tras el déficit federal, según observa el Wall Street Journal. El otro «malvado» son los gastos sociales intocables. Franco Modigliani y Robert Solow[16] estiman que, corrigiendo los sofismas estadísticos, si se eliminara del presupuesto el excedente de la Seguridad Social, como sucedería si se destinase, como sería lo correcto, a la formación de capital para futuras necesidades, el déficit aumentaría en 50 000 millones de dólares.

Los keynesianos militares de derechas fueron también altamente proteccionistas, bastante independientemente de la expansión del mercado estatal protegido para la producción de alta tecnología bajo el eufemismo de «defensa». Los reaganitas iniciaron un consorcio con base en el Pentágono para la investigación y el desarrollo de los semiconductores y fueron asignando progresivamente al Pentágono la tarea de operar al estilo de los planificadores estatales y empresariales japoneses, organizando investigación y desarrollo en el campo del diseño de chips y ordenadores, de la superconductividad, de la televisión de alta definición y otras áreas de la tecnología avanzada. Las fantasías de la guerra de las galaxias constituyeron solamente uno de los métodos inventados para inducir al público a subvencionar a la industria de alta tecnología, la cual recogerá los beneficios si hay aplicaciones comerciales, de acuerdo con las doctrinas de la «libre empresa». Reagan introdujo también más restricciones a la importación que los anteriores seis presidentes juntos. El porcentaje del total de las importaciones sujetas a acuerdos de cuotas y restricciones se duplicó de un 12 a un 24 por 100 bajo el «conservadurismo» de Reagan[17].

Los resultados de estas políticas se dejaron sentir a mediados de los años ochenta y fueron cada vez más evidentes a medida que se aproximaba la transición presidencial. Expresando un consenso bastante general entre las elites de los economistas y los empresarios, David Hale, primer economista de Kemper Financial Services, observó: «raramente una administración norteamericana ha asumido el poder ante un telón de fondo tan omnipresente de pesimismo económico como éste al que ahora se enfrenta el presidente George Bush», con «el país aparentemente sumergido en un mar de números rojos cuando termina la era Reagan[18]». Se produjo un rápido incremento del déficit federal y la escalada de setenta años hasta la categoría de primera nación acreedora del mundo se invirtió rápidamente a la categoría de primera nación deudora del mundo. Hale estima que «en 1991, los Estados Unidos tendrán, probablemente, una deuda externa de 1 billón de dólares», una transferencia de más de 1 billón de dólares en una década —proeza nada despreciable de aquellos que normalmente ridiculizan la «mala gestión sandinista»—. La balanza de inversiones se inclinó también radicalmente en favor de los inversores extranjeros. El ahorro privado y empresarial se deterioró hasta alcanzar un mínimo histórico en relación con el PNB. La riqueza privada creció más lentamente que en los años setenta y los salarios reales se estancaron. La renta fue bruscamente redistribuida hacia arriba; como se pretendía, los ricos ganaron, los pobres sufrieron. La gestión económica del gobierno dio lugar a consumo por parte de los ricos, especulación y manipulación financiera, pero a muy poca inversión productiva. «La inversión es hoy en día una fracción del PNB menor de lo que era a finales de los años setenta, cuando solicitábamos préstamos al extranjero», observa Lester Thurow, añadiendo: «nuestros actuales créditos internacionales se dedican bien al consumo público o bien al privado y, por consiguiente, acabarán provocando una reducción en el futuro nivel de vida de los norteamericanos». La inversión neta de los Estados Unidos, en relación con el PNB, es hoy la más baja de los siete principales países industriales. Como señalan Modigliani y Solow, incluso ese bajo nivel de inversión se mantuvo únicamente por el gran incremento en las importaciones de capital. La investigación y el desarrollo en el sector militar aumentaron de un 46 a un 67 por 100 del gasto federal entre los años fiscales 1980 y 1988, otro proceso que, a largo plazo, perjudicará seriamente a la economía estadounidense. Estos y otros factores contribuyeron también al déficit comercial, que no se podrá erradicar si los inversores estadounidenses pasan a operar en el extranjero[19].

Por vez primera en su historia, la Oficina de Contabilidad General [General Accounting Office] publicó un estudio sobre el peligroso estado en que había dejado a la economía una administración saliente[20]. El informe del director de la GAO, primer auditor federal y funcionario nombrado por Reagan, destacó los «asombrosos» costes a pagar como resultado de la mala gestión económica y la destrucción medioambiental de la era Reagan. La GAO observó asimismo el rápido incremento del número de personas sin hogar, el deterioro de la limitada red de asistencia social para los pobres y la clase media, el descenso del nivel de seguridad para los obreros y otras numerosas consecuencias del ciego afán por el rendimiento a corto plazo. Hubo un aura de prosperidad gracias a la voluntad de los inversores extranjeros a apoyar a los ricos, no, por supuesto, por caridad; ellos tienen las de ganar. Lo mismo podemos decir de los ricos en nuestro país. Las reducciones tributarias fomentan el préstamo al gobierno por parte de los beneficiarios, quienes obtendrán los rendimientos resultantes. También en este sentido, la política fiscal constituye una transferencia a largo plazo de recursos a los ricos. Los «asombrosos» costes discutidos por los auditores federales los pagarán los pobres y la clase trabajadora que han sido excluidos de la borrachera consumista a la que los economistas achacan hoy las nubes que hay en el horizonte, del mismo modo que el contribuyente es llamado a ayudar a los especuladores, que esperan beneficiarse de la liberalización de las entidades de ahorro y crédito y, probablemente, dentro de poco, de los bancos que obtuvieron enormes beneficios prestando dinero a las clases pudientes y a los dirigentes militares neonazis que gobernaron gran parte de América Latina desde principios de los años sesenta con el apoyo de los Estados Unidos.

Los administradores del Estado actuaron selectivamente por lo que respecta a las formas de intervención estatal en la economía que adoptaron. Aquellos casos en que la liberalización podía producir beneficios a corto plazo, se consideraron como un objetivo plausible. El fiasco de las entidades de ahorro y crédito es una dramática consecuencia. La insensata dejadez de estos años ha dejado sentir sus efectos fundamentalmente en el deterioro de los niveles de infraestructura, salud y educación, la situación medioambiental y el estado general de la economía. Los programas reguladores para fomentar la conservación de la energía siguieron el camino de los planes para el desarrollo de recursos de energía renovable, con el pretexto de que el precio del petróleo bajaría a causa del milagro del libre mercado (en la práctica, el precio ha sido generalmente fijado por el régimen saudí, cliente de los Estados Unidos, y las principales compañías petrolíferas, que mantienen la producción a un nivel que garantice unos precios lo suficientemente altos para obtener unos copiosos beneficios, pero lo bastante bajos para no favorecer la búsqueda de alternativas, con presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos en los años ochenta para reducir el precio con el fin de sostener la recuperación de la profunda recesión de 1982). Esta forma de locura tiene abundantes precedentes y, como en el pasado, podría tener graves repercusiones[21].

La resistencia al avance de la protección medioambiental propia de la era Reagan probablemente tendrá otros efectos a largo plazo. Estas cuestiones se exponen en un estudio científico presentado en una conferencia de la ONU en octubre de 1990. El panel internacional de científicos convino, casi con total unanimidad, en que durante el último siglo se había producido un caldeamiento global y que existe un grave riesgo de mayor caldeamiento, oscilando entre significativo y casi catastrófico, sobre todo a consecuencia de la combustión de carburantes fósiles. «La prensa de los Estados Unidos se ha centrado en opiniones aisladas [que cuestionan el consenso] sin poner el acento en justificarlas», dijo un científico norteamericano del panel a la revista Science. Un científico británico que es uno de los autores de la sección sobre el cambio climático observado añadió: «En Norteamérica, unos cuantos puntos de vista extremos se han convertido en el centro de atención. No hay ninguno así en ninguna otra parte». Ninguno de los doscientos científicos estuvo de acuerdo con los escépticos puntos de vista que han sido objeto de amplia atención en los Estados Unidos, dando lugar a titulares como «Los datos de los Estados Unidos no demuestran la tendencia al caldeamiento» [New York Times y «El pánico al caldeamiento global: un caso clásico de reacción desmesurada» (portada de Forbes)], y con cobertura televisiva estructurada para dar la impresión de que la opinión científica está confusa y dividida[22].

La prensa británica informó de que los comités políticos de la ONU ignoraron el consenso de los científicos bajo las presiones de los Estados Unidos y el Japón. Incluso la Inglaterra de Thatcher abandonó las fantasías del libre mercado, dejando a Washington y a sus medios de comunicación al frente del esfuerzo para posponer una respuesta constructiva a lo que podría resultar ser una gran catástrofe. El principio de referencia, una vez más, es que la política del gobierno debería orientarse al beneficio a corto plazo de los privilegiados, la doctrina básica del conservadurismo de Reagan[23].

Un estudio del Congreso, dado a conocer en marzo de 1989, muestra que la renta media familiar de la quinta parte más pobre de la población disminuyó aproximadamente un 6 por 100 entre 1979 y 1987, mientras que, para la quinta parte más rica, aumentó aproximadamente un 11 por 100. Estas estadísticas han sido corregidas para la inflación e incluyen los beneficios de la asistencia social. Para la quinta parte más pobre, la renta personal disminuyó un 9,8 por 100, mientras que para la quinta parte más rica de la población aumentó un 15,6 por 100. Uno de los motivos es que «hoy en día, son más los trabajos retribuidos con salarios que se sitúan en el nivel de pobreza o por debajo del mismo», comentó el primer economista del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes. La Asociación Nacional de Hospitales Infantiles e Instituciones Afines [National Association of Children’s Hospitals and Related Institutions] hizo público un estudio que demostraba que la asistencia sanitaria para niños en los Estados Unidos había disminuido hasta su punto más bajo en diez años, con unas estadísticas espantosas. Por ejemplo, la proporción de niños que nacen con un peso inferior al normal (lo que contribuye a unas tasas inusualmente elevadas de mortalidad infantil) es 1,7 veces la de Europa occidental. Por lo que respecta a los niños negros, la proporción es mucho peor[24].

Derrick Jackson, columnista del Boston Globe señala las consecuencias de ello para una ciudad rica. Jackson observa que la UNICEF sitúa a los Estados Unidos en el segundo lugar después de Suiza por lo que respecta al PNB per cápita y en el vigésimo segundo lugar en mortalidad infantil, con unos datos peores que los de Irlanda o España —un descenso respecto del décimo lugar que ocupaba en 1960—. Por lo que respecta a los afroamericanos, la tasa es casi el doble de la media estadounidense. En el barrio de Roxbury, en Boston, poblado mayormente por minorías étnicas, la tasa es de casi el triple de la media de los Estados Unidos, lo cual «situaría a Roxbury, que presuntamente pertenece a la segunda nación más rica del mundo, en el cuadragésimo segundo lugar en mortalidad infantil». A pesar de que Boston es uno de los grandes centros médicos del mundo, la tasa de mortalidad infantil en Roxbury es peor que la de Grecia, Portugal, la Unión Soviética y toda Europa oriental y gran parte del Tercer Mundo. Un experto en mortalidad infantil de la facultad de medicina de Harvard, Paul Wise, comentó: «El único lugar donde se ven disparidades sociales como las que se observan en la tasa de mortalidad infantil en los Estados Unidos es Sudáfrica», la única otra nación industrializada sin una asistencia médica garantizada. Jackson continúa:

Mucho antes del embarazo, las mujeres están fuera del círculo por lo que respecta a la nutrición y a la educación sanitaria… Mientras que, en Washington, los líderes se vanaglorian por la demolición de muros en Europa, grandes y crecientes cifras de afroamericanos, latinos, camboyanos, haitianos y vietnamitas ven bloqueado su acceso a hospitales y clínicas por la falta de dinero, seguro médico o desconocimiento del idioma[25].

Hechos como éstos, que pueden duplicarse en todo el país, suscitan un destacado comentario sobre la variedad del capitalismo estatal que se practica en el que debería ser, con diferencia, el país más rico del mundo, con incomparables ventajas, disipadas durante los tiempos de Reagan incluso más allá de lo escandaloso.

Tom Wolfe capta el espíritu de esos años, que describe como «uno de los grandes momentos dorados que ha experimentado la humanidad». De modo que indudablemente lo fueron para la gente importante a la que se dirige[26]. Los deseados objetivos de la gestión económica interna se lograron en gran medida, del mismo modo que el consenso bipartidista de Washington alcanzó su deseado objetivo de desviar la amenaza de la democracia y la reforma social en Centroamérica.

4. RESTAURAR LA FE

Se supone que el mayor logro de Reagan es que nos hizo «sentir bien con nosotros mismos», restaurando la fe en la autoridad, que había decaído tristemente. Como dicen los editores del Wall Street Journal «restauró la eficiencia y la moral de las fuerzas armadas [y] demostró estar dispuesto a utilizar la fuerza en Granada y Libia» —dos fiascos militares, pero no importa. Pudimos matar a un número suficiente de personas y estamos nuevamente «en la cima», despuntando por encima de los arribistas que pretendieron superarnos pero que sucumbieron al templado coraje y «a la fuerza del cowboy» —palabras del periodista británico Paul Johnson, mientras se desvanecía ante la hombría de su ídolo Ronald Reagan, quien, en realidad, había demostrado el coraje de un capo de la Mafia que envía a un escuadrón de pistoleros para que rompa los huesos de los niños en un jardín de infancia. Con estas proezas, Reagan superó nuestras «enfermizas inhibiciones contra el empleo de la fuerza militar», salmodió Norman Podhoretz[27].

En realidad, todo ello es un engaño. Los hombrecitos asustados pueden pavonearse con gran respeto hacia su héroe cowboy, pero el público en general parece más contrario que antes a la intervención violenta y —eso espero, aunque no lo sé— más comprometido a actuar para impedirla.

5. VICIOS PÚBLICOS

La promoción del terrorismo internacional dirigido por el Estado y la gestión económica orientada al beneficio a corto plazo para los ricos son las características más notables de la era Reagan, pero hay otras más. En este breve análisis, ni siquiera he mencionado lo que puede ser el más peligroso legado de Reagan, Thatcher y el resto. Las futuras generaciones se enfrentarán a problemas bastante distintos en escala y complejidad de cualquiera de los surgidos con anterioridad. La posible destrucción de un entorno físico capaz de sostener la vida humana en condiciones similares a las actuales es uno de los más dramáticos, juntamente con la creciente amenaza de las armas de destrucción masiva y los continuos conflictos entre adversarios con una capacidad para causar terribles daños cada vez mayor. No es tan obvio que estos problemas tengan una solución. Que la exaltación de la codicia hasta convertirla en el más alto valor humano no es la respuesta es bastante evidente. Las historias sobre vicios privados que producen beneficios públicos podrían tolerarse en un mundo que no viviera tan cerca del límite, pero ciertamente no pueden serlo ya. Celebrando los elementos más repugnantes de la naturaleza humana y de la vida social, los reaganitas han retrasado, de manera incierta, las perspectivas de poner solución a graves dilemas y posibles catástrofes.

Las próximas generaciones pagarán los costes. Ése es el legado de estos años, aunque nos permitamos no ver la miseria y la tortura de nuestras víctimas en gran parte del mundo.

3. LOS PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA POBLACIÓN

El capítulo anterior hacía referencia a los efectos políticos, económicos y culturales de la denominada revolución Reagan y a la formación del sistema global, teniendo en cuenta el declive de las dos superpotencias y la erosión de la confrontación de la guerra fría que había demostrado ser tan útil para movilizar a la población del país en apoyo de la intervención en el extranjero y del privilegio en el ámbito interno. Dado que éstos siguen siendo objetivos políticos centrales, se precisan nuevas reflexiones.

Para las elites norteamericanas, la relajación de las tensiones de la guerra fría fue una bendición a medias. Ciertamente, la debilitación del elemento disuasor soviético facilita el recurso de los Estados Unidos a la violencia y la coacción en el Tercer Mundo, y el colapso del sistema soviético prepara el terreno para la integración de gran parte de la Europa del Este y Europa central en los dominios que han de «complementar a las economías industriales de Occidente». Pero los problemas surgen cuando se trata de controlar al público, siempre amenazador, en nuestro país, y de mantener la influencia sobre los aliados, hoy rivales creíbles en términos de poder económico y a la cabeza del proyecto de adaptar al nuevo Tercer Mundo a sus necesidades. Aquí tienen su origen muchos problemas de carácter potencialmente grave. Por lo tanto, fue escasamente sorprendente que las iniciativas de Gorbachov suscitaran reacciones tan ambivalentes, matizadas con visible preocupación y pensamientos sobre cómo podían ser explotadas en beneficio de Washington. O que sus concesiones y ofertas unilaterales fueran tan comúnmente interpretadas como movimientos en un juego de relaciones públicas, en el que lamentablemente nuestro bando carecía de talento para competir.

1. «EL INTRANQUILIZADOR ESPECTRO DE LA PAZ»

El «intranquilizador espectro de la paz» suscita «espinosas cuestiones “en relación con la paz”», observa el Wall Street Journal[1]. Este espectro representa una amenaza crucial para el habitual recurso a los programas militares keynesianos que han constituido el dispositivo fundamental de la gestión económica del Estado durante el período postbélico. El Journal cita al antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, el general Edward Meyer, quien piensa que unas fuerzas armadas más intensivas en capital y dotadas de más alta tecnología garantizarían «un gran negocio para la industria»: tanques robot, aviones sin piloto, sofisticados aparatos electrónicos —todos de dudosa utilidad para todo fin militar defensivo (o probablemente para todo fin), aunque ésta no es la cuestión—. Ello constituye, sin embargo, una esperanza bastante débil. ¿Cómo se obligará al público a pagar los costes sin una amenaza roja creíble en el horizonte?

Las preocupaciones crecieron a medida que se alargó la sombra del espectro. «La fatalidad y el pesimismo estuvieron presentes en uno de los primeros foros en favor de la Ley para la Estabilización económica, la Regulación y la Conversión de la Industria de Defensa [Economic Stabilization, Adjustment and Defense Industry Conversion Act] de 1990», informó la prensa desde Washington bajo el titular «House mulls ways to soften the blow as peace breaks out» (La Cámara de Representantes piensa en formas de suavizar el golpe mientras se hace la paz). Pocos días antes, al comparecer ante un Subcomité Parlamentario para las Fuerzas Armadas [House Armed Services Subcommittee], Matthew Coffey, presidente de la National Tooling and Machining Association, declaró: si disminuye el presupuesto militar, «tendremos que pasar por una experiencia difícil y dolorosa». Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que el Estado tendrá que proporcionar créditos a la exportación y otros beneficios a la industria: «A menos que se adopte una alternativa de retroceso, será imposible reducir los sistemas armamentísticos», comentó el demócrata liberal neoyorquino Ted Weiss. El republicano de Ohio, John Kasich, asintió, al tiempo que murmuraba algo acerca de «bienestar empresarial», una inusual concesión al mundo real[2].

El problema no es nuevo, aunque ahora se presenta con mayor gravedad. Los «temores por la paz» han suscitado intranquilidad y ansiedad desde los primeros tiempos de la guerra fría. Los círculos empresariales han dado por sentado durante mucho tiempo que el Estado debe desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento del sistema del beneficio privado. Pueden acoger con agrado las charlas sobre la libre empresa y el laissez-faire pero únicamente como un arma para evitar la desviación de los recursos públicos a la población general o para facilitar la explotación de las posesiones. El supuesto ha sido que una posible alternativa al sistema del Pentágono es la inversión en necesidades sociales. Aunque tal vez sea técnicamente factible según los criterios abstractos de los economistas, esta opción interfiere con las prerrogativas de los propietarios y directivos y, por consiguiente, se excluye como opción política. Pero, a menos que sea empujado por el miedo, el público jamás elegirá el camino más útil a los intereses empresariales, ni apoyará las aventuras en el extranjero emprendidas para subordinar al Tercer Mundo a las mismas exigencias.

Los problemas del control social aumentan en tanto que se limita la capacidad de coacción del Estado. Al fin y al cabo, difícilmente es una ley de la naturaleza que unos pocos hayan de mandar mientras la multitud obedece, que la economía tenga que estar orientada a asegurar lujos para unos cuantos y no a cubrir las necesidades de todos, o que el destino —incluso la supervivencia— de las futuras generaciones sea descartado como irrelevante para la planificación. Si la gente corriente es libre de meditar sobre las causas de la miseria humana (según palabras de Barrington Moore), puede muy bien sacar todas las conclusiones erróneas. En consecuencia, se la debe adoctrinar o distraer, tarea que requiere infatigables esfuerzos. Los medios son muchos; engendrar el temor a un enemigo amenazador ha sido siempre un poderoso elemento disuasor.

Los años del Vietnam suscitaron muchas preocupaciones. Para contrarrestar la amenaza, fue necesario restaurar la imagen de la benevolencia norteamericana y reconstruir la estructura del miedo. Ambos desafíos se abordaron con la dedicación que requieren.

La campaña del Congreso en defensa de los derechos humanos, en sí misma un reflejo de la mejora del clima moral e intelectual, se explotó hábilmente para el primer fin. En el artículo del análisis anual de la situación mundial de Foreign Affairs. Robert Tucker comenta, de manera cínica pero precisa, que desde mediados de los años setenta «los derechos humanos han servido para legitimar una parte de la política exterior de la nación tras la guerra del Vietnam y para dar a la política un sentido de finalidad que ha sido, al parecer, necesario para obtener el apoyo público». Y añade, «la simple verdad de que los derechos humanos son poco más que una versión renovada del objetivo histórico de los Estados Unidos de hacer progresar la causa de la libertad en el mundo», como en el Vietnam, un noble esfuerzo «emprendido en defensa de un pueblo libre que se resiste a la agresión comunista[3]». Estas notas de prensa del Departamento de Estado son todo lo que uno puede esperar sobre el Vietnam en los círculos respetables; la simple verdad es demasiado amenazadora para poder ser pensada. Pero los comentarios sobre «el objetivo histórico de los Estados Unidos» —también convencionales— sí merecen cierta atención. Esta retórica sólo suscitaría burlas, excepción hecha de los reductos del fanatismo preilustrado —quizás entre los mullahs de Qom o en disciplinados círculos intelectuales occidentales[4].

En los tiempos de Reagan, se añadió un «ansia de democracia» a la colección de medidas para el control de la población. Como dice Tucker, bajo la doctrina Reagan, «la legitimidad de los gobiernos no dependerá ya simplemente de su efectividad, sino de su adecuación al proceso democrático» y «existe un derecho de intervención» contra los gobiernos ilegítimos —un objetivo demasiado ambicioso, en su opinión, pero, por lo demás, no problemático—. Los ingenuos podrían preguntar por qué no hemos ejercido este derecho de intervención en Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica o El Salvador, entre otros candidatos. Sin embargo, no hay incoherencia. Estos países se han comprometido con la «democracia» en el sentido funcional de la palabra: el gobierno incontestado de elementos de la elite (mundo empresarial, oligarquía, militares) que generalmente respetan los intereses de los inversores estadounidenses, con métodos adecuados para su ocasional ratificación por parte de segmentos del público. Cuando estas condiciones no son satisfechas, la intervención «para restaurar la democracia» es legítima.

Por citar el caso de moda en los años ochenta, Nicaragua con los sandinistas era una «sociedad totalitaria» (según el secretario de Estado, James Baker) y una «dictadura comunista» (según los medios de comunicación), en la que debemos intervenir masivamente para asegurarnos de que las elites sensibles a los intereses norteamericanos prevalecen como en los demás países de la región[5]. Colombia, por el contrario, es una democracia con un «terreno de juego despejado», según la jerga actual, puesto que estos elementos gobiernan sin desafíos políticos.

Una mirada más atenta a Colombia resulta directamente relevante para lo que comentaremos a continuación y proporciona una idea más clara de lo que constituye una «democracia». En Colombia, nos informa el New York Times gente valiente amenazada por la «violencia de las bandas de la cocaína» está luchando «para preservar la normalidad democrática» y «para mantener vivas las instituciones democráticas». No se alude aquí a los campesinos, a los líderes sindicales o a los defensores de la justicia social y de los derechos humanos que se enfrentan a la violencia de los militares y a la oligarquía. Y, crucialmente, la normalidad democrática no ha sido nunca amenazada por el hecho de que los dos partidos que comparten el poder político sean «dos caballos [con] un mismo propietario» (el antiguo presidente Alfonso López Michelsen) —circunstancia no exactamente desconocida para nosotros—. Tampoco generan ningún problema las verdaderas condiciones de esta «normalidad democrática». Por mencionar unas cuantas, los escuadrones de la muerte han asesinado a cerca de 1000 miembros del único partido que no es propiedad de la oligarquía (la Unión Patriótica, UP) desde su fundación en 1985[6], dejando a los sindicatos y a las organizaciones populares sin ninguna representación política significativa. La desaparición y ejecución de los líderes indios, comunitarios y del movimiento obrero es una parte habitual de la vida cotidiana, mientras «muchos colombianos insisten en que las tropas del ejército actúan como si fueran una fuerza de ocupación en territorio enemigo» (Americas Watch). Estos escuadrones de la muerte dedicados a la exterminación de «elementos subversivos» están confabulados con las fuerzas de seguridad (Amnistía Internacional). Un informe oficial del gobierno hecho público en 1983 halló que aproximadamente un tercio de los miembros de los grupos paramilitares implicados en asesinatos políticos y otros actos terroristas eran funcionarios en servicio activo, pauta que continúa hasta nuestros días, así como las alianzas con narcotraficantes, según los informes sobre los derechos humanos (Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de Colombia y antiguo ministro de Asuntos Exteriores). Los escuadrones de la muerte han creado «un ambiente de terror, incertidumbre y desesperación» y «todas las familias en las que siquiera un miembro está implicado de algún modo en actividades orientadas a la justicia social» están bajo constante amenaza de desaparición y tortura, llevada a cabo con «impunidad» por los militares y sus aliados (Pax Christi Netherlands), incluyendo las «bandas de la cocaína» y el propietario de los dos caballos. Los asesinatos políticos de 1988 y 1989 alcanzaron una media de once diarios (Comisión Andina de Juristas, oficina de Bogotá[7]).

Todo ello despeja el terreno de juego y no plantea amenaza alguna para «las instituciones democráticas», ni pone en peligro «el objetivo histórico de los Estados Unidos».

De modo similar, el aumento de los cárteles de la droga en Guatemala «ha desencadenado una profunda preocupación por la supervivencia de la naciente democracia del país», advierte Lindsey Gruson en el New York Times. «La aparición de Guatemala como un importante jugador en el bazar internacional de la droga» —juntamente con Honduras y Costa Rica, hoy «rutinariamente» utilizados para el transbordo de droga—, «ha despertado entre los diplomáticos de los Estados Unidos la preocupación de que ello pueda dar lugar a un encarnizado debate en el Congreso acerca de la ayuda a este país, que acaba de salir del aislamiento internacional tras años de gobierno militar[8]».

Pero los acontecimientos acaecidos unos días antes, rutinarios durante muchos años y demasiado insignificantes para llegar al Times no suscitaron duda alguna sobre la «naciente democracia» ni amenazaron la afluencia de ayuda militar y de carácter vario procedente de los Estados Unidos. Los servicios telegráficos informaron que «aterrorizada por una nueva oleada de violencia política, la familia de un activista defensor de los derechos humanos secuestrado huyó de su país [el 23 de septiembre] tras pasar casi seis semanas oculta en una habitación en la Cruz Roja». El representante federal general para asuntos de derechos humanos dice que «es increíble cómo se ha perseguido a esta familia» a causa de las actividades en favor de los derechos humanos de María Rumalda Camey, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo de los familiares de desaparecidos. Fue secuestrada en agosto por unos hombres armados, siendo la cuarta persona de su familia que desaparecía en diez meses. «Los demás acabaron apareciendo, todos muertos de un disparo y arrojados en la cuneta de sendas carreteras». La familia acudió a la oficina del Grupo de Apoyo Mutuo en la ciudad de Guatemala, pero fue evacuada por la Cruz Roja cuando arrojaron una granada por la ventana media hora después de su llegada. «En los últimos dos meses», continúa el informe, «se ha producido un aumento de los asesinatos y bombardeos», con cuerpos mutilados abandonados en las cunetas de las carreteras como advertencias. Este «aumento» es superior al nivel normal de atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad y sus escuadrillas y asociados no oficiales. Así, el 15 de septiembre, la prensa guatemalteca informó que en una provincia del suroeste y en un período de cuarenta y ocho horas se habían encontrado quince cuerpos que presentaban señales de tortura. Según un superviviente, antes de que las secuestraran esas personas fueron seguidas por un vehículo del ejército perteneciente a una base militar cercana. Pocos días después, se halló el cuerpo de un estudiante, el séptimo de doce recientemente «desaparecidos» al estilo clásico de las fuerzas de seguridad de los Estados clientes de los Estados Unidos. Se hallaron otros cuerpos con miembros cortados y señales de tortura. Miles de campesinos que regresaron de México tras haberles sido prometidas tierras y seguridad están planeando huir a campos de refugiados mexicanos a causa de la violencia y del incumplimiento de estas promesas por parte del gobierno, según informa la prensa local[9].

Los objetivos son los campesinos, activistas y organizadores. Por lo tanto la «naciente democracia» sufre, como máximo, desperfectos menores y está a salvo del aislamiento internacional o del recorte de fondos —al menos, mientras no perjudique los intereses del amo[10].

A través de medios tales como la hábil manipulación de las preocupaciones relativas a los derechos humanos y un «ansia de democracia» correctamente armonizada, las instituciones ideológicas trabajaron para reconstruir la imagen de benevolencia. Y su éxito ha sido notable, por lo menos entre las elites articuladas. La tarea complementaria era la de reconstruir el clima de temor. Para este fin, era necesario lamentar los triunfos del enemigo soviético, avanzando con creciente fuerza, conquistando el mundo, construyendo un enorme sistema militar para aplastarnos. El esfuerzo logró un breve éxito, aunque a mediados de los años ochenta tuvo que ser abandonado al volverse intolerables los costes de «defensa» contra estos temibles desafíos. En consecuencia, podemos admitir que «ahora está claro que la gravedad de los hechos de los años ochenta fue exagerada» (Robert Tucker): la amenaza planteada para nuestra existencia por la influencia soviética en Yemen del Sur, Laos, Granada y otros puntos de conflicto similares no fue exactamente tan grave como él y otros analistas serios habían pensado. En 1983, la CIA reconoció que, desde 1976, la tasa de crecimiento del gasto soviético en defensa había descendido de un 4-5 por 100 a un 2 por 100 y la tasa de crecimiento de la compra de armas había disminuido —exactamente al contrario de las afirmaciones realizadas para justificar el programa de rearme de Carter que fundamentalmente se ejecutó en tiempos de Reagan—. En un nuevo y cuidadoso análisis de los datos, el economista Franklyn Holzman llega a la conclusión de que la relación entre los gastos militares soviéticos y el PNB cambió escasamente después de 1970 y el total parece ser «considerablemente inferior» a los gastos norteamericanos (por no hablar del hecho de que los aliados de los Estados Unidos en la OTAN rebasaron los gastos de los aliados soviéticos del Pacto de Varsovia en más de cinco a uno, que del 15 al 20 por 100 de los gastos soviéticos están dedicados al frente de China y que sus aliados han sido de escasa confianza). «La diferencia en el gasto militar soviético —concluye— al igual que la “diferencia de bombarderos” de los años cincuenta y la “diferencia de misiles” de los años sesenta, resulta ser un mito[11]».

Desde los primeros años de la guerra fría, la auténtica amenaza ha sido «la agresión política soviética» (Eisenhower) y lo que Adlai Stevenson y otros denominaron «la agresión interna». Una alianza militar de la OTAN poderosa, afirmaba Eisenhower, debería «transmitir una sensación de confianza que haría [a sus miembros] más fuertes políticamente en su oposición a las invasiones comunistas» —es decir, a la «agresión política» desde dentro por parte de «comunistas», palabra que por lo general se entendía incluía al movimiento obrero, a los demócratas radicales y a amenazas similares para la «democracia»—. Al hacer estas observaciones en su historia de las armas nucleares, McGeorge Bundy añade que Eisenhower «no creía que los rusos quisieran ni planearan ninguna agresión militar a gran escala[12]».

Esta idea era común entre los planificadores racionales, lo cual no supone que no se convencieran fácilmente a sí mismos de que las hordas soviéticas estaban en marcha cuando tales doctrinas eran útiles para otros fines. Parte de la preocupación relativa al declive de la amenaza soviética es que no podrán ya evocarse las imágenes adecuadas cuando tengamos que apresurarnos a defender a los sectores privilegiados frente a la agresión interna.

En los primeros años de Reagan, la amenaza soviética fue manipulada en favor de los objetivos gemelos de la intervención en el Tercer Mundo y del establecimiento de un Estado del bienestar para los privilegiados. Transmitiendo la retórica de Washington, los medios de comunicación ayudaron a crear un breve período de apoyo público en pro del rearme, confeccionando al mismo tiempo un útil mito acerca de la inmensa popularidad del carismático «gran comunicador» para justificar el apoyo a los ricos organizado por el Estado. También se emplearon otros dispositivos. Gracias a la campaña desarrollada por el gobierno y los medios de comunicación, en 1986 el 60 por 100 del público acabó considerando a Nicaragua como un «interés vital» de los Estados Unidos, muy por encima de Francia, del Brasil o de la India. A mediados de los años ochenta, el terrorismo internacional asumió un papel central, particularmente en Oriente Medio. Para apreciar lo brillante de esta proeza de la propaganda, debemos tener en cuenta que incluso en los años de mayor preocupación, 1985-1986, los Estados Unidos y su aliado israelí fueron responsables de los más graves actos de terrorismo internacional en esta región, por no hablar del papel destacado de los Estados Unidos en el terrorismo internacional en todo el mundo también en años anteriores. El peor acto terrorista de la región fue la colocación de un coche bomba en Beirut en 1985 que costó la vida a 80 personas e hirió a 250. Ello fue gráficamente descrito, pero no encajaba en el canon al haber sido iniciado por la CIA. Por citar otro asombroso ejemplo, en 1987 se reveló que una de las muchas operaciones terroristas organizadas contra Cuba tuvo lugar en un momento particularmente tenso de la crisis de los misiles. Un grupo terrorista enviado por la CIA hizo volar por los aires una instalación industrial cubana, habiéndose informado de un total de cuatrocientos trabajadores muertos, incidente que podría haber desencadenado una guerra nuclear. No encontré ni la más mínima referencia a este hecho en los medios de comunicación en medio de la furia desatada ante «la peste del terrorismo internacional» propagada por árabes dementes respaldados por la KGB en el esfuerzo por perjudicar a Occidente. Respetadas obras de especialistas en la materia se atienen estrictamente al canon oficial[13].

Amenazas como la de Nicaragua y los terroristas internacionales tienen la ventaja de que son débiles e inofensivas. A diferencia del enemigo soviético, Granada y Libia pueden ser atacadas con impunidad, suscitando actitudes arrogantes y, por lo menos, unos instantes de unión en torno a la bandera. Por el contrario, podríamos quejarnos amargamente contra el enemigo soviético, pero no más. Por la misma razón, esta amenaza es difícil de sustentar. Para aumentar la credibilidad, los objetivos seleccionados se solían vincular al imperio maligno, siendo las pruebas habitualmente irrelevantes. Pero también estas acusaciones han perdido su fuerza y se precisan imperiosamente nuevos monstruos para mantener a la población en el buen camino.

Entramos en el cártel de Medellín.

2. LA GUERRA CONTRA LA DROGA

Para hacer un buen papel, una amenaza ha de ser grave o, al menos, ha de poder ser descrita como tal. La defensa contra la amenaza debe engendrar el adecuado espíritu marcial entre la población, la cual debe dar a sus gobernantes vía libre para aplicar políticas fundadas en otros motivos y debe tolerar la erosión de las libertades civiles, un beneficio secundario de particular importancia para los reaccionarios partidarios del Estado que se disfrazan de conservadores. Por otro lado, dado que el objetivo es desviar la atención del poder y de sus operaciones —de las oficinas federales, salas de juntas empresariales y similares—, una amenaza para nuestros días debería ser lejana: «el otro» debería ser muy distinto de «nosotros» o, por lo menos, lo que se nos ha enseñado a aspirar a ser. Asimismo, los objetivos establecidos deberían ser lo suficientemente débiles como para atacarlos sin coste; también ayuda que el color no sea el correcto. En pocas palabras, la amenaza debería situarse en el Tercer Mundo o los barrios pobres de nuestro propio país. La guerra contra la amenaza debería estar también destinada a ganarse, como precedente para futuras operaciones. Un requisito fundamental para todo este esfuerzo es que los medios de comunicación lancen una campaña de propaganda correctamente estructurada, lo cual nunca es un problema.

La guerra contra las drogas fue una elección natural para la próxima cruzada. En primer lugar, no hay duda sobre la gravedad del problema; nos centraremos directamente en las dimensiones del mismo. Pero para que sea útil a nuestros fines, la guerra debe estar limitada y conformada con precisión, debe estar dirigida a los objetivos adecuados y evitar de forma decisiva a los agentes principales. También esto se logró con facilidad. La guerra está también estructurada de forma que, en retrospectiva, haya conseguido algunas de sus metas. Un objetivo fundamental de la estrategia de Bush y Bennett fue una disminución lenta y regular de los datos sobre el uso de droga comunicados al público. La prueba será el Federal Household Survey on Drug Abuse, el cual, unas cuantas semanas antes de que el plan fuera dado a conocer, mostraba un descenso del 37 por 100 entre 1985 y 1988[14]. El objetivo declarado parecía, pues, una apuesta bastante segura.

La guerra fue declarada a bombo y platillo por el presidente Bush a principios de septiembre de 1989 —o mejor dicho, redeclarada, tras el convenio establecido veinte años antes por el presidente Nixon, cuando realizó la primera impresionante declaración de este tipo—. Para preparar correctamente el terreno para esta fase, el zar de la droga, William Bennett, anunció que se había registrado un notable incremento en la frecuencia del consumo de cocaína desde 1985 —«una prueba terrible de que nuestra actual epidemia de la droga ha llegado demasiado lejos»— y de que nos enfrentamos a un «caos creciente en relación con la droga» y a una «espantosa y cada vez más profunda crisis». Pocos meses después, la Casa Blanca convocaba una conferencia de prensa para presentar un nuevo estudio «como prueba de que nuestra estrategia nacional contra la droga estaba triunfando y que el consumo de narcóticos estaba pasando de moda entre los jóvenes norteamericanos», informó Richard Berke en el New York Times. Así que los guerreros de la droga, según la más auténtica tradición norteamericana, se estaban enfrentando incondicionalmente al enemigo y le estaban venciendo.

No obstante, hay unos cuantos problemas. En 1989, el descenso no hace más que continuar una tendencia que comenzó en 1985-1986 por lo que respecta a la cocaína y en 1979 por lo que respecta a otras drogas ilegales, acompañada de un descenso en el consumo de alcohol entre las personas de edad, aunque no había ninguna «guerra contra el alcohol». El consumo de cocaína disminuyó de forma acusada en 1989, con un descenso del 24 por 100 en el tercer trimestre, antes de la declaración de la guerra, según cifras gubernamentales. El «incremento» de Bennett es un poco difícil de reconciliar con las cifras sobre la disminución del consumo de cocaína, pero pocos meses después de que la sorprendente noticia fuera dada a conocer con la debida fanfarria e impacto, se reveló que la paradoja era mera falsedad estadística. En las últimas páginas, leemos además que un estudio elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales en relación con los Narcóticos del Departamento de Estado [State Department Bureau of International Narcotics Matters] contradecía las afirmaciones de Bennett de que «el azote está comenzando a pasar», gracias a sus esfuerzos[15].

Como es menester, la guerra está dirigida contra «ellos» no contra «nosotros». El 70 por 100 del presupuesto de Bush y Bennett para la lucha contra la droga estaba destinado a velar por el cumplimiento de la ley. Aunque la clase baja no se puede encerrar en reservas urbanas y limitarse a devorarse a sí misma, sí puede ser encarcelada de una vez por todas. Oponiéndose a las críticas de liberales compasivos, Bennett apoyó una «política dura» por lo que respecta a los «programas educativos contra la droga»: «Si no tengo más que una alternativa, aplicaré siempre esta política porque conozco a los niños. Y ustedes podrían decirme que ésta no es una visión demasiado romántica de los niños, que no es una visión demasiado halagüeña de los niños. Y yo les respondería “tienen razón”». Bennett está exponiendo su postura de modo incompleto cuando dice que si hay una sola opción es preferible el castigo. En su cargo anterior como secretario de educación, pretendía recortar los fondos destinados a la educación contra la droga y expresó su escepticismo respecto de su valor[16].

La propuesta más ostentosa fue la ayuda militar a Colombia tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Sin embargo, como señala su hermano Alberto, «el poder militar central de los narcotraficantes reside en los grupos paramilitares que han organizado con el apoyo de los grandes terratenientes y de funcionarios militares». Aparte de reforzar «las fuerzas represivas y antidemocráticas», continúa Galán, la estrategia de Washington elude «el núcleo del problema» —es decir, «los lazos económicos entre el mundo legal y el ilegal», las «grandes compañías financieras» que manejan el dinero de la droga—. «Tendría más sentido atacar y perseguir a los pocos que se encuentran en la cima del negocio de la droga en lugar de llenar las cárceles de peces pequeños sin la poderosa estructura financiera que da vida al mercado de la droga[17]».

Ciertamente tendría más sentido si la meta fuera la guerra contra las drogas. Pero no tiene sentido para el objetivo de control de la población y es, en cualquier caso, impensable a causa del requisito de que la política estatal protege al poder y al privilegio, un elemento concomitante natural del «terreno de juego despejado» en el ámbito nacional.

Como zar de la droga con la administración Reagan, George Bush contribuyó materialmente a acabar con el contenido esencial de la verdadera «guerra contra las drogas». Funcionarios de la sección para el control de irregularidades del Departamento de Hacienda observaron el acusado aumento de la afluencia de dinero a los bancos de Florida (y posteriormente de Los Ángeles) cuando el comercio de la cocaína floreció en los años setenta y «lo relacionaron con el blanqueo a gran escala de los beneficios de la droga» (informe del Departamento de Hacienda). Presentaron información detallada sobre estas cuestiones a la Oficina para el Cumplimiento de la Ley sobre la Droga [Drug Enforcement Agency] (DEA) y al Departamento de Justicia. Tras algunas exposiciones públicas, el gobierno lanzó la operación Greenback en 1979 para procesar a los «blanqueadores» de dinero. Pronto fracasó. La industria bancaria no es un objetivo adecuado para la guerra contra la droga. La administración Reagan redujo el limitado control y Bush «no estaba, en realidad, demasiado interesado en el procesamiento financiero», recuerda el fiscal de la operación Greenback. El programa pronto dejó de existir y la nueva guerra contra la droga de Bush aspira a objetivos más aceptables. Analizando estos datos, Jefferson Morley comenta que las prioridades son ejemplificadas por las acciones del sucesor de Bush en la «guerra contra las drogas». Cuando se anunció un excedente de 8000 millones de dólares para Miami y los bancos de Los Ángeles, William Bennett no hizo preguntas sobre la moralidad de sus prácticas ni inició investigación alguna, aunque emitió avisos de desahucio para los habitantes con renta baja y mayormente de raza negra de las viviendas públicas de Washington donde se había informado de consumo de drogas[18].

También puede haber algún buen ajuste. Un pequeño banco panameño fue presionado para que se declarara culpable de blanquear dinero tras una rápida operación. Pero el gobierno de los Estados Unidos retiró las acusaciones criminales contra su banco matriz, una de las principales instituciones financieras de América Latina, con base en uno de los centros del cártel colombiano de la droga[19]. Tampoco parece que se dediquen serios esfuerzos para investigar las afirmaciones públicas de los «blanqueadores» de dinero del cártel sobre sus contactos con grandes bancos norteamericanos.

La anunciada guerra contra las drogas presenta otras varias lagunas que son difíciles de reconciliar con las intenciones anunciadas, aunque son bastante razonables según los principios que guían la política social. La elaboración de la droga requiere éter y acetona, que América Latina importa. Rafael Perl, asesor en política de la droga del Servicio de Investigación del Congreso [Congressional Research Service], estima que más del 90 por 100 de las sustancias químicas utilizadas en la producción de cocaína proceden de los Estados Unidos. En los nueve meses previos al anuncio de la guerra contra la droga, la policía colombiana dice haber requisado 5,6 millones de litros de dichos productos químicos, muchos de ellos hallados en barriles que exhibían los logotipos de empresas estadounidenses. Un estudio de la CIA llegó a la conclusión de que las exportaciones estadounidenses de dichos productos exceden, con diferencia, las cantidades empleadas para cualquier fin comercial legal, deduciendo que enormes cantidades están siendo desviadas para producir heroína y cocaína. Sin embargo, las empresas químicas están fuera de alcance. «La mayoría de las oficinas de la DEA tienen a un solo agente trabajando en la desviación de productos químicos», informa un funcionario norteamericano, de modo que controlarlas es imposible. Y no se ha informado de redadas realizadas por la Fuerza Delta en los cuarteles generales de estas empresas en Manhattan[20].

La referencia a la CIA nos hace recordar otra interesante laguna del programa. La CIA y otras oficinas del gobierno de los Estados Unidos han contribuido a establecer y mantener el negocio ilegal de las drogas desde la segunda guerra mundial, cuando las conexiones de la Mafia eran utilizadas para dividir y minar a los sindicatos franceses y al partido comunista, estableciendo las bases para la «French connection» con sede en Marsella. El Triángulo Dorado (Laos, Birmania, Tailandia) se convirtió en un gran centro para los narcóticos cuando las tropas chinas nacionalistas huyeron a esta región tras su derrota en China y, no mucho después de ésta, mientras la CIA ayudaba a llevar a cabo el tráfico de drogas como parte de su esfuerzo para reclutar un «ejército mercenario clandestino», de miembros de las tribus de las montañas, para sus operaciones contrainsurgentes en Laos. A lo largo de los años, el tráfico de drogas llegó a implicar también a otros clientes de los Estados Unidos. En 1989, el general Ramón Montano, jefe de la policía filipina, declaró en una audiencia pública en Manila que los sindicatos de la droga que operaban en el Triángulo Dorado utilizaban las Filipinas como punto de transbordo hacia otras partes de Asia y Occidente y admitió que había funcionarios militares implicados, como había señalado una investigación del Senado. Las Filipinas están en camino de «llegar a ser como Colombia», observó un senador[21].

El efecto fue el mismo cuando la CIA pasó a centrar su atención en la guerra terrorista contra Nicaragua y en la resistencia afgana contra la ocupación soviética. La complicidad de las administraciones Reagan y Bush en los negocios de la droga en Centroamérica como parte de sus operaciones de apoyo a la contra es, en la actualidad, bien conocida. Se dice que el Pakistán se convirtió en uno de los principales centros internacionales del comercio de heroína cuando los productores y comerciantes afganos «vieron limitadas sus operaciones tras la invasión soviética en 1979», y trasladaron la empresa al otro lado de la frontera (South). «Durante varios años, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido, pero se ha negado a investigar, informes sobre el tráfico de heroína por parte de algunas guerrillas afganas y de funcionarios militares pakistanís con quienes coopera», informó el Washington Post bastante después de que la guerra contra la droga avanzara a toda máquina. Funcionarios de los Estados Unidos han recibido informes directos sobre «el abundante contrabando de heroína» por parte de los principales receptores afganos de ayuda norteamericana y la clase militar pakistaní, que facilitaron información detallada a la prensa en Pakistán y Washington. «No obstante, según funcionarios norteamericanos, los Estados Unidos no han investigado o emprendido acción alguna contra algunos [léase “ninguno”] de los sospechosos». El favorito de los Estados Unidos Gulbuddin Hekmatyar, líder terrorista del partido fundamentalista Hizbe-Islami, es acusado de estar profundamente implicado en el tráfico de drogas. Otros informes indican que los rebeldes afganos están siendo «debilitados por batallas locales cada vez más encarnizadas por el lucrativo comercio de heroína[22]».

Al igual que en Asia, los aliados norteamericanos en Centroamérica están también atrapados en el tráfico de drogas. Únicamente Costa Rica tiene un gobierno civil (fraudes aparte), y su Comisión Parlamentaria para la Droga [Legislative Assembly’s Drug Commission] ha facilitado información sobre estas cuestiones. El antiguo presidente Daniel Oduber fue citado por haber aceptado una contribución a su campaña de manos de James Lionel Casey, un ciudadano estadounidense encarcelado en Costa Rica bajo la acusación de tráfico de drogas. La Comisión recomendaba que a Oliver North, al almirante John Poindexter, al antiguo embajador Lewis Tambs, al antiguo jefe de la oficina de la CIA Joe Fernández y al general Richard Secord «no se les permitiera nunca más la entrada en Costa Rica», informó la prensa costarricense en julio de 1989, culpándoles de «abrir una puerta» a los traficantes de armas y drogas al organizar ilegalmente un «frente sur» para los contras en Costa Rica. Un coronel de la guardia rural fue acusado de ofrecer protección a los traficantes de droga que utilizaran las pistas de aterrizaje —incluyendo probablemente las utilizadas para el suministro a los contras en Nicaragua—, informó el presidente de la Comisión a los periodistas. Oliver North fue acusado de establecer una línea de suministro con el general Noriega que introdujo armas en Costa Rica y drogas en los Estados Unidos. La Comisión implicó también al ranchero norteamericano John Hull. Y más grave todavía, informó la Comisión, era «la obvia infiltración de bandas internacionales en Costa Rica que utilizaban la organización [de la «contra» a petición «del coronel North al general Noriega», quienes abrieron Costa Rica «al tráfico de armas y drogas» por parte de «esta mafia», en gran medida como «excusa para ayudar a los contras[23].

Existen buenas razones por las que la CIA y las drogas estén tan estrechamente vinculadas. El terror clandestino requiere fondos ocultos y los elementos criminales a los que recurren naturalmente los servicios de inteligencia esperan un quid pro quo. Las drogas son la respuesta obvia. La implicación a largo plazo de Washington en el negocio de la droga es parte esencial de sus operaciones internacionales, especialmente durante las administraciones Reagan y Bush. Un primer objetivo para una auténtica guerra contra la droga estaría, por tanto, al alcance de la mano.

Estos hechos son demasiado destacados para haber sido ignorados completamente, pero hay que mirar mucho más allá de los medios de comunicación para llegar a ser consciente de la magnitud e importancia de la «Washington connection» durante muchos años. La imagen pública transmitida fue muy distinta. Una ilustración típica es el artículo del corresponsal en Asia del New York Times, Steven Erlanger, titulada «El sureste asiático es actualmente el primer proveedor de heroína de los Estados Unidos». El artículo comienza con la afirmación de que «El Triángulo Dorado del sureste asiático, cuyo tráfico de drogas han estado intentando controlar los Estados Unidos durante 25 años, es, una vez más, la más grande fuente de la heroína que penetra en América…». ¿Por qué el Triángulo Dorado ha sido un problema tan grande para los funcionarios estadounidenses desde 1965, un año que, al fin y al cabo, conlleva ciertas asociaciones? Esta pregunta no se plantea, y no se menciona el papel del gobierno de los Estados Unidos y de su servicios de terror clandestino en la creación y mantenimiento del problema que «los Estados Unidos han estado intentando controlar». Los Estados Unidos aparecen únicamente como víctimas y defensores de la virtud. La discusión sobre las drogas entre los funcionarios norteamericanos y los tailandeses se está volviendo más «enérgica» e «incluso, en ocasiones furiosa», dicen los diplomáticos occidentales, al haberse convertido Tailandia en el principal centro de contrabando y embarque para el Triángulo Dorado. No por casualidad —aunque no hay aquí ninguna insinuación—, Tailandia fue también designada como el punto focal de las operaciones militares, de terror y subversión de los Estados Unidos en el plan secreto para minar los acuerdos de Ginebra de 1954, pocas semanas después de que fueran adoptados, a pesar de las objeciones de los Estados Unidos, y, con posterioridad, fue utilizada como base principal de las operaciones estadounidenses de bombardeo y guerra clandestina, así como fuente de fuerzas mercenarias para Indochina. «Estamos intentando hacer comprender a los tailandeses que la droga es un problema internacional y que Tailandia es también un objetivo», dijo un diplomático. Éste es, tal vez, el límite del papel de los Estados Unidos en Tailandia en general o de las operaciones del Triángulo Dorado en relación con la droga en particular, por lo que al Times se refiere[24].

Los medios de comunicación se unieron en torno a la guerra contra la droga específicamente concebida con su eficiencia y prontitud habituales. La decisión del presidente de enviar ayuda militar a Colombia y la declaración de guerra del 5 de septiembre contra «el desafío interno más difícil al que nos hemos enfrentado en décadas» desencadenaron una gran campaña en los medios de comunicación, confeccionada con precisión según las necesidades de la Casa Blanca, a pesar de que las absurdidades del programa eran tan manifiestas que hubo algunas pequeñas deserciones. Varias muestras (no científicas) de informes del servicio telegráfico a lo largo del mes de septiembre referían cuestiones relacionadas con las drogas que superaban a Asia, África, América Latina y Oriente Medio juntos. La obediencia de los medios de comunicación alcanzó tan cómicas proporciones que dio lugar a sarcásticos comentarios en el Wall Street Journal, donde Hodding Carter observó que el presidente procedía sobre una base segura: que los medios de comunicación marcarían el paso. «En Estados Unidos», prosiguió, «los medios de comunicación tienen una abrumadora tendencia a bailar al son que tocan y ladrar al unísono siempre que la Casa Blanca —cualquier Casa Blanca— hace chasquear los dedos[25]».

El impacto a corto plazo fue impresionante. Poco después de las elecciones de noviembre de 1988, el 34 por 100 del público había seleccionado el déficit presupuestario como «la prioridad número uno de George Bush una vez tome posesión del cargo». El 3 por 100 seleccionó las drogas como principal prioridad, porcentaje bajo en relación con los meses anteriores. Tras la campaña de los medios de comunicación de septiembre de 1989, «un notable 43 por 100 dice que las drogas constituyen el problema más importante de la nación», informa el Wall Street Journal, mientras que el déficit presupuestario ocupa un distante segundo lugar con un 6 por 100. En un sondeo de junio de 1987 entre los votantes registrados en Nueva York, los impuestos fueron seleccionados como el problema número uno al que se enfrentaba el Estado (un 15 por 100), encontrándose las drogas mucho más abajo en la lista (un 5 por 100). Una repetición efectuada en septiembre de 1989 dio resultados radicalmente distintos: los impuestos fueron seleccionados por un 8 por 100, mientras que el problema de la droga se situaba mucho más arriba que cualquier otro, en un fenomenal 46 por 100. El mundo real apenas había cambiado. Su imagen sí lo había hecho, como había sido transmitido por las instituciones ideológicas, reflejando las necesidades del poder en aquel momento[26].

Un tono marcial tiene mayores beneficios para aquellos que defienden la violencia y la represión de Estado con el fin de garantizar el privilegio. La campaña del gobierno y los medios de comunicación ayudó a crear el ambiente necesario entre el público en general y el Congreso. Con un ademán triunfal, el senador Mark Hatfield, a menudo crítico de la confianza en la fuerza, dijo que en cada distrito congresual «las tropas están ahí. Todo lo que están esperando son las órdenes, un plan de ataque, y están listas para marchar». El proyecto de ley aprobado por el Congreso extiende la aplicación de la pena de muerte, limita las apelaciones por parte de los prisioneros y permite a la policía una mayor libertad para obtener pruebas, entre otras medidas. La totalidad del aparato represivo del Estado espera beneficiarse de esta nueva «guerra», incluyendo al sistema de inteligencia y al Pentágono (el cual, no obstante, es reacio a tener que participar en acciones militares directas que perderán rápidamente el apoyo popular). La industria militar, preocupada por el inquietante espectro de la paz, olfatea aquí nuevos mercados y «esgrime espadas como armas en la guerra contra la droga», informa Frank Greve desde Washington. «Los analistas dicen que las ventas destinadas a la guerra contra la droga podrían representar un alivio para algunos sectores, tales como las operaciones de comandos, las tareas de inteligencia en relación con la defensa y el contraterrorismo», y los laboratorios militares federales pueden también hallar un nuevo papel. El coronel del ejército John Waghelstein, un importante especialista en contrainsurgencia, sugirió que la conexión entre los narcotraficantes y la guerrilla podía exportarse con el fin de movilizar el apoyo público a los programas de contrainsurgencia y desacreditar a sus críticos:

La penetración de esta conexión en el pensamiento del público norteamericano y del Congreso daría lugar al apoyo necesario para hacer frente a los terroristas de la guerrilla y de los narcóticos en este hemisferio. Generar este apoyo sería relativamente fácil una vez que la conexión hubiera sido demostrada y que una guerra total hubiera sido declarada por las autoridades nacionales [National Command Authority]. El Congreso hallaría difícil obstaculizar el apoyo a nuestros aliados con el adiestramiento, consejo y ayuda en seguridad necesarios para realizar el trabajo. Los grupos eclesiásticos y académicos que han respaldado servilmente la insurgencia en América Latina se encontrarían en el lado equivocado del problema moral. Sobre todo, nosotros ocuparíamos la posición moral inatacable desde la cual lanzar un esfuerzo ofensivo concertado empleando activos del Departamento de Defensa [Department of Defense] (DOD) y ajenos al DOD[27].

En resumidas cuentas, todo siguió su curso.

3. LOS CONTORNOS DE LA CRISIS

Echar un vistazo más de cerca a la crisis de la droga resulta instructivo. No cabe ninguna duda de que el problema es serio. El «consumo de drogas», por utilizar el término técnico, se cobra un precio terrible. Los inexorables hechos son analizados por Ethan Nadelmann en la revista Science[28]. Las muertes que pueden atribuirse al consumo de tabaco se estiman en alrededor de 300 000 anuales, mientras que el consumo de alcohol suma entre 50 000 y 200 000 muertes anuales. Entre los jóvenes de quince a veinticuatro años, el alcohol es la principal causa de muerte, siendo asimismo una droga «puerta» que conduce al consumo de otras, según el Consejo Nacional sobre el Alcoholismo[29]. Por otra parte, se registran varios miles de muertes por el consumo de drogas ilegales: 3562 muertes se registraron en 1985 debido a todas las drogas ilegales juntas. Según estas estimaciones, alrededor del 99 por 100 de las muertes debidas al consumo de drogas pueden atribuirse al tabaco y al alcohol.

Existen también enormes costes sanitarios, una vez más debido, en primer lugar, al consumo de tabaco y alcohol: «los costes sanitarios de la marihuana, la cocaína y la heroína juntas ascienden únicamente a una pequeña fracción de los causados por cualquiera de las dos drogas lícitas», prosigue Nadelmann. Del mismo modo, hay que tener en cuenta la distribución de las víctimas. Las drogas ilícitas afectan especialmente al consumidor, pero sus parientes legales afectan seriamente a otros, incluyendo a los fumadores pasivos y a las víctimas de la conducción bajo los efectos del alcohol y a la violencia inducida por el mismo; «ninguna droga ilegal… está tan estrechamente vinculada a un comportamiento violento como el alcohol», observa Nadelmann, y el abuso del alcohol es un factor en el 40 por 100 de las aproximadamente 50 000 muertes que se registran anualmente por accidentes de tráfico.

La Oficina para la Protección Medioambiental [Environmental Protection Agency] calcula que 3800 no fumadores mueren todos los años debido al cáncer de pulmón ocasionado por el hecho de respirar el humo del tabaco de otras personas y que el coste del consumo pasivo de tabaco puede ser de hasta 46 000 muertes anuales si se incluyen las enfermedades cardíacas y las dolencias respiratorias. Los funcionarios estatales dicen que, de confirmarse, estas conclusiones requerirían que el humo del tabaco fuera señalado como un carcinógeno muy peligroso (clase A), juntamente con sustancias químicas como el benceno y el radón. El estadístico de la Universidad de California Stanton Glantz describe el consumo pasivo de tabaco como «la tercera causa fundamental de muerte que es posible evitar, tras el tabaco y el alcohol[30]».

Los efectos de las drogas ilegales distan mucho de ser uniformes. Así, «entre los aproximadamente 60 millones de estadounidenses que han fumado marihuana, ninguno ha muerto por sobredosis de marihuana», señala Nadelmann. Como él y otros han observado, los esfuerzos federales para la prohibición de estas sustancias han ayudado a desplazar el consumo de drogas desde la relativamente inofensiva marihuana a drogas mucho más peligrosas.

Podríamos preguntarnos por qué el tabaco es legal y la marihuana no lo es. La naturaleza de la planta cultivada sugiere una posible respuesta. La marihuana puede ser cultivada casi en cualquier parte, con escasa dificultad. Podría no ser fácilmente comercializable por grandes empresas. El tabaco es otra historia.

Pueden plantearse preguntas sobre la exactitud de las cifras mencionadas. Tendríamos que analizar los métodos para determinar la causa de la muerte, el objetivo de estas investigaciones y otras cuestiones como los efectos sobre los hijos de los consumidores. Pero aunque las cifras oficiales son exageradas, hay pocas dudas acerca de que William Bennett tiene razón al hablar de un «caos en relación con las drogas» y de una «crisis abrumadora y cada vez más profunda» —que, al parecer, puede atribuirse en gran parte al alcohol y al tabaco.

Otros costes humanos y sociales incluyen a las víctimas de los crímenes relacionados con la droga y el enorme crecimiento del crimen organizado, que se cree debe más de la mitad de sus ingresos a la venta de drogas. En este caso, los costes están asociados a las drogas ilícitas, pero por el hecho de que son ilícitas, no porque se trate de drogas. Lo mismo ocurrió con el alcohol durante la época de la Ley Seca. Aquí, estamos tratando cuestiones de política social, que está sujeta a decisiones y a elecciones. Nadelmann defiende la legalización y regulación. Propuestas similares han sido realizadas por un amplio sector de la opinión conservadora (el Economist de Londres, Milton Friedman, etcétera) y por algunos más.

En respuesta a Friedman, William Bennett sostiene que, tras la abolición de la Ley Seca, el consumo de alcohol aumentó vertiginosamente. De ahí que la legalización no pueda ser considerada. Sean cuales sean los méritos de este argumento, está claro que Bennett no se lo toma en serio, puesto que no propone restituir la Ley Seca o prohibir el tabaco —o ni siquiera los rifles de asalto—. Su propio argumento es sencillamente que «el consumo de drogas es incorrecto» y que, por lo tanto, ha de ser prohibido. El supuesto implícito es que el consumo de tabaco, alcohol o el uso de rifles de asalto no es «incorrecto», por razones que siguen sin especificar, y que el Estado debe prohibir y castigar lo que es «incorrecto». ¿Engaño, tal vez[31]?

A los políticos radicales de la índole de Bennett les gusta describirse a sí mismos como humanistas que adoptan una postura moral, insistiendo en «la diferencia entre el bien y el mal». Claramente, se trata de pura farsa.

4. LOS NARCOTRAFICANTES

Las políticas sociales ejecutadas en Washington contribuyen al coste en víctimas en otros sentidos, hecho dramáticamente ilustrado precisamente cuando la amplia campaña de los medios de comunicación orquestada por la Casa Blanca llegó a su apogeo en septiembre de 1989. El 19 de septiembre, los miembros de la junta de Representantes Comerciales de los Estados Unidos [US Trade Representative] (USTR) celebraron una sesión en Washington para considerar una solicitud de la industria tabacalera para que los Estados Unidos impusieran sanciones a Tailandia si no levantaba las restricciones sobre las importaciones de tabaco norteamericano. Acciones similares del gobierno de los Estados Unidos habían introducido ya el tabaco en las gargantas de los consumidores del Japón, Corea del Sur y Taiwan, con costes humanos similares a los ya señalados a grandes rasgos.

Esta enorme operación de narcotráfico tuvo sus detractores. Una declaración de la American Heart Association, de la American Cancer Society y de la American Lung Association condenaba los anuncios de cigarrillos en los «países que han sucumbido ya a la palanca de las amenazas comerciales del USTR», una campaña «evidentemente destinada a incrementar el consumo de tabaco por parte de… hombres y mujeres jóvenes asiáticos que ven a los hombres y mujeres jóvenes estadounidenses como modelos». Everett Koop, responsable del servicio de salud pública estadounidense, declaró ante la junta del USTR que «cuando estamos luchando con los gobiernos extranjeros para detener el tráfico de cocaína, el que los Estados Unidos exporten tabaco es el colmo de la hipocresía». Al denunciar la política comercial «para introducir sustancias que producen adicción en los mercados extranjeros» sin tener en cuenta los riesgos para la salud, dijo: «Dentro de unos años, nuestra nación reconsiderará esta aplicación de la política del libre comercio y la encontrará escandalosa». Koop dijo a los periodistas que no había hecho llegar su declaración a la Casa Blanca porque no habría sido aprobada y dijo que se oponía, asimismo, a las acciones desarrolladas bajo la administración Reagan para obligar a los países asiáticos a importar tabaco norteamericano. Durante sus ocho años en el cargo, que terminaron pocos días después de que realizara su declaración, Koop respaldó informes que catalogaban el tabaco como droga adictiva letal responsable de aproximadamente 300 000 muertes anuales.

Los observadores tailandeses protestaron también, previendo que la consecuencia sería trastocar un descenso en el consumo de tabaco, logrado tras una campaña de quince años de duración contra este fenómeno. Asimismo, observaron que el tráfico de drogas estadounidense interferiría con los esfuerzos de Washington para inducir a los gobiernos asiáticos a detener el comercio de drogas ilegales. En respuesta a la afirmación de las empresas tabacaleras de los Estados Unidos de que su tabaco es el mejor del mundo, un observador tailandés dijo, «ciertamente, en el Triángulo Dorado tenemos algunos de los mejores productos, pero nunca pedimos que el principio del libre comercio rija tales productos. De hecho, [los] suprimimos».

Los críticos evocaron la analogía de la guerra del opio desarrollada 150 años antes, cuando el gobierno británico obligó a China a abrir sus puertas al opio procedente de la India británica, propugnando con mojigatería las virtudes del libre comercio al tiempo que imponían a China la adicción a esta droga a gran escala. Como en el caso de los Estados Unidos en la actualidad, Gran Bretaña tenía poca cosa que pudiera vender a China aparte de drogas. Los Estados Unidos querían para sí los privilegios que los británicos estaban obteniendo de China por la fuerza, ensalzando también el libre comercio e incluso el «gran designio de la Providencia de hacer que la maldad del hombre favoreciera sus caritativos propósitos para con China, abriéndose camino a través de su excluyente muralla y llevando al imperio a un contacto más inmediato con las naciones occidentales y cristianas» (Comité Norteamericano de Comisarios para las Misiones Extranjeras [American Board of Commissioners for Foreign Missions]). John Quincy Adams denunció la negativa de China a aceptar el opio británico como una violación del principio cristiano de «amor al prójimo» y «un enorme atropello a los derechos de la naturaleza humana y a los primeros principios de los derechos de las naciones». La industria tabacalera y sus protectores en el gobierno evocan hoy en día argumentos similares al intentar revivir este triunfo de la civilización occidental y su «propósito histórico[32]».

Aquí tenemos el mayor asunto de drogas de nuestros días, estallando justo en el momento álgido de la campaña desarrollada por el gobierno y los medios de comunicación: el gobierno de los Estados Unidos es tal vez el principal narcotraficante del mundo, aunque ignoremos su papel en el establecimiento del duro negocio de la droga después de la segunda guerra mundial y del mantenimiento del mismo desde entonces. ¿Cómo le fue a este importante asunto en la campaña de los medios de comunicación? Pues pasó virtualmente desapercibido —y huelga decir que sin el menor indicio de la conclusión obvia[33].

El tráfico de drogas no es una cuestión trivial para la economía norteamericana. Las exportaciones de tabaco duplicaron su valor anual en los años ochenta, aportando casi 25 000 millones de dólares al libro mayor del comercio durante esta década, según un informe de la Tobacco Merchants Association, ascendiendo de 2500 millones de dólares en 1980 a 5000 millones de dólares en 1989. El tabaco aportó 4200 millones de dólares a la balanza comercial de 1989, cuando el déficit del año era de 109 000 millones de dólares. El senador Mitch McConnell, de Kentucky, tomó debida nota de estas cifras al declarar en favor de las empresas tabacaleras en una sesión del Senado. Al comentar los beneficios para la economía norteamericana debidos a las exportaciones de tabaco, el presidente de la American Farm Bureau Federation «citó la eliminación de las barreras comerciales en ultramar, especialmente en el Japón, Taiwan y Corea del Sur» como factor que contribuyó a los mismos[34].

Comprendemos que es injusto culpar del inmenso déficit comercial a las políticas de las administraciones Reagan y Bush sin atribuirles el mérito por sus esfuerzos para superarlo mediante la intervención estatal destinada a incrementar la venta de drogas adictivas letales.

Mientras la guerra contra la droga continuaba, la oposición a las exportaciones de tabaco comenzó a recibir cierta atención. En abril de 1990, el doctor James Mason, subsecretario para la salud, declaró que no era «razonable que las poderosas compañías tabacaleras transnacionales —y tres de ellas en los Estados Unidos— estuvieran vendiendo su veneno en el extranjero, en particular porque sus principales objetivos son países subdesarrollados». Sin embargo, pocas semanas después, canceló una aparición programada previa a una sesión del Congreso sobre esta cuestión, al tiempo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos [Department of Health and Human Services] «se retractaba de sus anteriores críticas a los esfuerzos para abrir nuevos mercados para los cigarrillos norteamericanos en todo el mundo». El departamento dijo que «era una cuestión relativa al comercio, no a la salud», informó Philip Hilts en el New York Times. Un portavoz del departamento explicó que la aparición del doctor Mason había sido cancelada por este motivo. Al citar las cifras comerciales, otro funcionario describió las críticas de Mason a las exportaciones de tabaco como «una inoportuna intromisión en los esfuerzos de la administración para abrir nuevos mercados para los cigarrillos» —en particular en Tailandia, informó asimismo Hilts—. Entretanto, la representante comercial de los Estados Unidos, Carla Hills, descartó las protestas tailandesas sobre los imperialistas estadounidenses que arrojaban sobre ellos bastoncitos de cáncer, diciendo «no veo cómo pueden entrar en este contexto preocupaciones relativas a la salud si la gente está fumando sus propios cigarrillos[35]».

O, por la misma razón lógica, fumando su propio crack. En nuestra pasión por el libre comercio, pues, seguramente deberíamos permitir que el cártel de Medellín exportara cocaína libremente a los Estados Unidos, la anunciara a los jóvenes sin restricciones y la comercializara de forma agresiva.

Otros continuaron manifestando objeciones. En una carta abierta al presidente de Colombia Virgilio Barco, Peter Bourne, que fue director de la Oficina de Política contra el Consumo de Drogas [Office of Drug Abuse Policy] en la administración Carter, escribió:

Tal vez nada refleje tan bien la fundamental hipocresía de Washington sobre la cuestión [de las drogas] como el hecho de que mientras se alza contra los efectos adversos de la cocaína en los Estados Unidos, el número de colombianos que mueren todos los años debido a los productos tabacaleros norteamericanos subvencionados es significativamente mayor que el número de norteamericanos fallecidos a causa de la cocaína colombiana.

El Straits Times de Singapur encontró «difícil reconciliar el hecho de que los estadounidenses están amenazando con sanciones comerciales a los países que intentan mantener alejados los productos tabacaleros norteamericanos» con los esfuerzos de los Estados Unidos para reducir el consumo de cigarrillos en el ámbito nacional (por no mencionar sus esfuerzos para prohibir la importación de drogas ilegales) —un sorprendente fracaso en percibir la clara diferencia entre naciones significativas y no significativas, por tomar prestada cierta retórica neoconservadora[36].

La American Health Association condenó también las políticas comerciales que ignoran los problemas para la salud, estimando que aproximadamente 2,5 millones de muertes anuales excesivas o prematuras pueden ser atribuidas al tabaco —alrededor de un 5 por 100 del total de las muertes—. En una conferencia mundial sobre la salud pulmonar celebrada en mayo de 1990, el antiguo responsable de la sanidad pública E. Koop, al observar que las exportaciones de tabaco habían aumentado en un 20 por 100 el año anterior mientras que el consumo de tabaco había disminuido en un 5 por 100 en los Estados Unidos, calificó nuevamente la exportación de tabaco de «desafuero moral» y denunció como «el colmo de la hipocresía» el hecho de exhortar a otros gobiernos a detener la exportación de cocaína «mientras nosotros exportamos nicotina, una droga tan adictiva como la cocaína, al resto del mundo». En Taiwan, dijo Koop, el gobierno había logrado reducir drásticamente el consumo de tabaco mediante una campaña en su contra, hasta que en 1987 Washington amenazó con sanciones comerciales, dando lugar a un incremento del 10 por 100 en el consumo de tabaco. «Sería mejor que los Estados Unidos dejaran de vender drogas si esperamos tener alguna credibilidad en nuestra guerra contra la droga», dijo el miembro del Congreso Chester Atkins en una conferencia de prensa. Expertos en salud pública advirtieron de una «epidemia global» debida a las muertes provocadas por el tabaco como consecuencia del aumento de las ventas en el extranjero, que representan en la actualidad una sexta parte de la producción de los Estados Unidos, previendo que el coste en muertes aumentaría anualmente hasta doce millones a mediados del siglo XXI. En su intervención ante el gobierno, el portavoz del USTR repitió que se trataba simplemente de una cuestión de libre comercio: «La nuestra es básicamente una cuestión de justicia». La cobertura de la prensa fue de nuevo insignificante[37].

La Inglaterra de Thatcher no iba demasiado a la zaga. La prensa alternativa informó acerca del descubrimiento por parte del Sunday Times de Londres de una operación de marketing de varios millones de dólares de la British American Tobacco (BAT) para vender cigarrillos baratos y rápidamente adictivos en África —un mercado fácil y sin regulación—, con niveles de alquitrán y nicotina muy superiores a los permitidos en Occidente. Una carta de la empresa al jefe de los servicios médicos del país afirmaba que «BAT Uganda no cree que fumar cigarrillos sea perjudicial para la salud… [y] no deberíamos desear poner en peligro nuestro potencial para exportar cigarrillos a estos países en paquetes que no lleven una advertencia sobre la salud». Un especialista británico en cáncer describió la situación en el Tercer Mundo como similar a la de Gran Bretaña en los primeros años de este siglo, cuando uno de cada diez hombres moría de cáncer de pulmón. Estimó que, sólo en China, cincuenta millones de los niños de hoy morirán por enfermedades relacionadas con el tabaco[38].

Si dichas estimaciones se aproximan a la realidad, la referencia a la guerra del opio no es exagerada y podría ser conveniente advertir de la difuminación de la frontera entre el narcotráfico y el genocidio.

5. LA POLÍTICA SOCIAL Y LA CRISIS DE LA DROGA

La seria preocupación en relación con la crisis de la droga nos llevaría rápidamente a analizar una serie mucho más amplia de políticas gubernamentales. Los agricultores norteamericanos pueden ser fácilmente alentados a producir cultivos distintos del tabaco. No ocurre lo mismo con los campesinos latinoamericanos, quienes, con muchas menos opciones, recurrieron a la producción de cocaína para su supervivencia cuando la agricultura de subsistencia y los beneficios de las exportaciones tradicionales disminuyeron. En el caso de Colombia, por ejemplo, la suspensión del acuerdo internacional sobre el café de julio de 1988, iniciada por acciones estadounidenses basadas en pretendidas violaciones de un comercio justo, condujo a una caída de los precios de más del 40 por 100 en dos meses por lo que respecta a las principales exportaciones legales de Colombia[39].

Por otra parte, las presiones norteamericanas a lo largo de los años —incluyendo el programa «Alimentos para la Paz»— han minado la producción de cultivos para el consumo interno, que no pueden competir con las exportaciones agrícolas norteamericanas subvencionadas. La política de los Estados Unidos consiste en alentar a América Latina a consumir el excedente estadounidense al tiempo que produce cultivos especializados destinados a la exportación: flores, verduras para los mercados de los yuppies —u hojas de coca, la decisión óptima a causa de la racionalidad capitalista—. El Consejo para Asuntos del Hemisferio [Council on Hemispheric Affairs] comenta que «en América Latina, solamente el crecimiento económico, la promoción de la financiación de cultivos legales alternos y una disminución en la demanda de los Estados Unidos constituirá una alternativa viable» a la producción de cocaína[40].

Por lo que respecta a la demanda de drogas ilegales, el consumo de la clase media ha ido disminuyendo. Pero en los barrios pobres de las ciudades la cuestión es distinta. Aquí, si hablamos en serio, recurriremos una vez más a la política social profundamente arraigada. El auge de la cocaína guarda relación con importantes procesos sociales y económicos, incluyendo un estancamiento sin precedentes históricos de los salarios reales desde 1973[41], un ataque efectivo contra el movimiento obrero para restaurar los beneficios empresariales en un período de descenso del dominio global de los Estados Unidos, un desplazamiento del empleo o bien a trabajos altamente especializados o bien a labores de servicios, muchos de ellos callejones sin salida y mal remunerados. Y otros avances hacia una sociedad a dos niveles, con una amplia y creciente clase baja hundida en la desesperanza y el desaliento. Las drogas ilegales ofrecen beneficios para los empresarios del gueto con escasas opciones alternativas y, a los demás, alivio temporal ante una existencia intolerable. Estos cruciales factores reciben atención ocasional en los periódicos dominantes. Así, un especialista efectuó comentarios en el Wall Street Journal acerca de que «lo nuevo son las grandes cifras de gente de los barrios pobres —negros e hispanos— suficientemente desilusionados, un nivel real de desesperanza. En la mayoría de los países del norte de Europa no hay nada remotamente comparable[42]».

En un documental de la televisión británica sobre la droga, un personaje político saca la conclusión obvia: «No podemos mantener el orden en el mundo. No podemos detener el suministro [de heroína]. Sólo podemos limitar su demanda creando una sociedad decente en la que la gente quiera vivir, no de la que quiera escapar[43]».

Con sus contribuciones al crecimiento y al castigo de la clase baja, las administraciones Reagan y Bush ayudaron a crear la actual crisis de la droga, otro hecho que merece titulares. Y la actual «guerra» puede muy bien exacerbar la crisis. En una reunión con los líderes del Congreso, Bush destacó sus propuestas para pagar los costes del plan para la droga, incluyendo la eliminación de, al menos, 100 millones de dólares de las subvenciones para las viviendas públicas y el programa de justicia juvenil. Las prioridades del Centro Nacional sobre el Presupuesto [National Center on Budget] estimaron que el programa de Bush retiraría 400 millones de dólares de los programas sociales[44]. La miseria de los pobres es susceptible de aumentar, juntamente con la demanda de drogas y la construcción de prisiones para la población superflua.

6. LAS VÍCTIMAS HABITUALES

La operación colombiana ilustra otras facetas de la guerra contra la droga. El programa millonario de ayuda a Colombia financia a elementos mortíferos y represivos de los militares vinculados al negocio de la droga y a los terratenientes. Como sucedió comúnmente en el pasado, los actuales programas de los Estados Unidos contra la droga son susceptibles de contribuir a las operaciones de contrainsurgencia y destrucción de organizaciones populares que podrían poner en peligro el concepto de «democracia» de la elite. Estas perspectivas fueron ilustradas en el preciso momento en que el presidente realizó su gran declaración de una guerra total contra los mercaderes de la droga, ofreciendo ayuda a los militares colombianos en septiembre de 1989. Cuando culminaba la campaña de los medios de comunicación, la Comisión Andina de Juristas de Lima publicó un informe sobre los militares colombianos titulado «Excesos en el esfuerzo antidroga». «Blandiendo como pretexto las medidas adoptadas contra el tráfico de drogas —comienza el informe— los militares han saqueado las sedes de las organizaciones populares, los hogares de los líderes políticos y ordenado numerosos arrestos». Siguen una serie de ejemplos de las primeras dos semanas de septiembre de 1989. El 3 de septiembre, dos días antes del dramático llamamiento del presidente Bush a la batalla, el ejército y el Departamento de Administración de la Seguridad [Department of Security Administration] (DSA) saquearon los hogares de los campesinos en una región, arrestando a cuarenta labriegos. Según informan los ciudadanos, las patrullas las dirigen individuos encapuchados que identifican a los que han de ser arrestados. En un área próxima, el saqueo de las casas estuvo dirigido principalmente contra miembros de la Unión Patriótica (cuyos líderes y activistas suelen morir asesinados) y del Partido Comunista, algunos de los cuales estaban supuestamente en posesión de «propaganda subversiva». En Medellín, setenta activistas y líderes cívicos fueron arrestados en los barrios pobres. En otro lugar, al mismo tiempo, dos líderes sindicales, uno de ellos un abogado del sindicato, fueron asesinados y otro desapareció. Matones a sueldo asesinaron a tres miembros de la Organización Nacional del Pueblo Indígena, hiriendo a otros, al tiempo que personas no identificadas destruían una oficina regional[45].

Éstos son ejemplos del comportamiento habitual de las fuerzas a las que el presidente Bush prometió ayuda y asistencia, publicados en el mismo momento que se producía el aplauso del país ante este anuncio —pero que no están disponibles para el sector entusiasta que paga las facturas.

Sin embargo, a mediados de septiembre se dio amplia publicidad a la captura de veintiocho personas acusadas de ser guerrilleros de izquierdas al servicio del cártel de la droga y a las afirmaciones de los militares colombianos de que las organizaciones guerrilleras se habían aliado con los traficantes de drogas de Medellín y llevaban a cabo bombardeos para ellos. Los militares colombianos de Medellín acusaron a los miembros del personal de Instituto Popular de Educación (IPE), arrestados en una redada por las fuerzas de seguridad, de ser miembros de una organización guerrillera empleados como terroristas por el cártel. No obstante, no se informó de la conclusión de la Comisión Andina de Juristas de que las acusaciones son «claramente una invención de las fuerzas de seguridad, que pretenden desacreditar la labor popular del IPE», una organización de base comunitaria que trabaja en la educación y la formación popular y en temas de los derechos humanos. Los empleados arrestados —todos los que se hallaban presentes en ese momento, incluyendo al director— fueron mantenidos incomunicados y sometidos a tortura, según la sección colombiana de la Comisión Andina. El Comité Colombiano para los Derechos Humanos en Washington informó de una creciente persecución de las organizaciones populares cuando afluía nueva ayuda a los militares en nombre de «la guerra contra la droga». Otros observadores de los derechos humanos han advertido también de la práctica inevitabilidad de estas consecuencias a medida que los Estados Unidos consolidan sus vínculos con los militares colombianos y peruanos, los cuales tienen un historial horrendo en materia de violación de los derechos humanos[46].

El New York Times informa que altos funcionarios militares peruanos afirman que utilizarán los nuevos fondos norteamericanos «para intensificar su campaña contra las guerrillas e intentar evitar el contrabando de sustancias químicas» (procedentes en su mayoría de empresas estadounidenses, lo cual sugiere otra estrategia que sigue sin ser mencionada). Funcionarios de los Estados Unidos están de acuerdo con la estrategia, aunque manifiestan su intranquilidad porque «esté evitando todo contacto con los cultivadores y traficantes». En Bolivia, también receptora de ayuda militar norteamericana y proclamada como un gran triunfo, los militares no igualan a sus colegas peruanos y colombianos en la magnitud del terror de Estado, pero no hubo reacción por parte de los Estados Unidos ante la declaración de un estado de emergencia por el presidente de Bolivia, seguida del encarcelamiento de «cientos de líderes sindicales y maestros que, según dijo, amenazaban las políticas antiinflacionistas de su gobierno con sus demandas salariales[47]». No se trata, al fin y al cabo, de Nicaragua bajo los sandinistas, de modo que una preocupación apasionada por las cuestiones de derechos humanos sería inútil.

Deberíamos tener en cuenta que los derechos humanos tienen sólo una función instrumental en la cultura política, sirviendo como arma contra adversarios y como dispositivo para movilizar al público del país tras el estandarte de nuestra nobleza, al tiempo que denunciamos valerosamente los abusos reales o supuestos de los enemigos oficiales.

En este sentido, el interés por los derechos humanos concuerda con los hechos de la historia presente y pasada: se consideran instrumentos útiles a las necesidades del poder, no para instruir a los ciudadanos. Así, es muy poco probable que hallemos en los medios de comunicación una discusión sobre los orígenes del terrorismo de Estado en Colombia, que la administración Bush intenta instigar. Este tema lo abordó, en una discusión sobre los derechos humanos en Colombia, Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Colombiano Permanente para los Derechos Humanos. «Tras la fachada de un régimen constitucional —observa—, tenemos una sociedad militarizada bajo el estado de sitio establecido» por la constitución de 1886. La constitución garantiza un amplio abanico de derechos, pero no guardan relación alguna con la realidad. «En este contexto, la pobreza y una reforma agraria insuficiente han hecho de Colombia uno de los países más trágicos de América Latina». La reforma agraria, que «ha sido prácticamente un mito», fue legislada en 1961, pero «todavía ha de ponerse en marcha, puesto que a ella se oponen los terratenientes, quienes han tenido el poder para detenerla» —una vez más, no hay defecto de «democracia», según criterios occidentales—. El resultado de la miseria imperante ha sido la violencia, incluyendo la Violencia de los años cuarenta y cincuenta, que se cobró cientos de miles de vidas. «Esta violencia ha sido causada no por un adoctrinamiento de las masas, sino por la estructura dual de una minoría próspera y una mayoría empobrecida y excluida, con grandes diferencias por lo que respecta a la salud, la renta y el acceso a la participación política».

Esta historia tiene otro rasgo familiar. «Pero, además de los factores internos —prosigue Vásquez Carrizosa—, la violencia ha sido exacerbada por factores externos. En los años sesenta, con la administración Kennedy, se realizaron en los Estados Unidos grandes esfuerzos para transformar nuestros ejércitos regulares en brigadas contrainsurgencia, aceptando la nueva estrategia de los escuadrones de la muerte». Estas iniciativas de Kennedy

marcaron el comienzo de lo que en América Latina se conoce como la Doctrina de Seguridad Nacional, … no es una defensa contra un enemigo externo, sino una manera de hacer de la clase militar, los dueños del juego… [con] derecho a combatir al enemigo interno, como exponen la doctrina brasileña, la doctrina argentina, la doctrina uruguaya y la doctrina colombiana: es el derecho a luchar y a exterminar a trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y mujeres que no apoyan a la clase política y que se supone son extremistas comunistas. Y esto podría englobar a cualquiera, incluyendo a activistas por los derechos humanos como yo mismo[48].

El presidente de la Comisión Colombiana para los Derechos Humanos está analizando hechos que resultan familiares en toda América Latina. Los estados de Seguridad Nacional militarmente controlados, dedicados a la «seguridad interna» mediante el asesinato, la tortura, la desaparición y, a veces, las matanzas masivas, constituyeron uno de los dos grandes legados de la administración Kennedy a América Latina. El otro fue la Alianza para el Progreso, un éxito estadístico y una catástrofe social. El contenido básico de la política se estableció mucho antes, y se ha puesto en práctica también desde entonces, con un creciente apoyo al sanguinario terror de Estado con la administración Reagan. La «guerra contra la droga» simplemente facilita otra modalidad para el cumplimiento de estos compromisos a largo plazo. Buscaremos intensamente cualquier señal de estas verdades fundamentales en la proclama en favor de una guerra en defensa propia contra los terribles crímenes perpetrados contra nosotros por los monstruos latinoamericanos.

A medida que se aproximaba el primer aniversario de la guerra contra la droga, el Comité Parlamentario de Actuaciones Gubernamentales [House Government Operations Committee] hizo público un estudio que llegaba a la conclusión de que los esfuerzos norteamericanos antidroga no habían realizado prácticamente ningún progreso en la interrupción del comercio de cocaína en Perú y Bolivia, especialmente a causa de la «corrupción» existente en las fuerzas armadas de ambos países. Esta «corrupción» es ilustrada por el apedreamiento de agentes de la DEA y de la policía peruana por parte de campesinos locales dirigidos por personal militar peruano, y el ametrallamiento por parte de funcionarios militares peruanos desde helicópteros del Departamento de Estado cuando aquéllos se aproximaron a las instalaciones de los traficantes de drogas —en pocas palabras, por el hecho bien conocido de que el poder central de los «mercaderes de drogas reside en los grupos paramilitares que han organizado con el apoyo de grandes terratenientes y funcionarios militares», los beneficiarios de la ayuda norteamericana, exactamente como señaló Alberto Galán en el momento en que el asesinato de su hermano ofrecía el pretexto para darle máxima velocidad a la última «guerra contra la droga[49]».

El enemigo interno podría ser sometido al mismo tipo de trato que los pobres en el extranjero. Según los compromisos generales del neoconservadurismo, la guerra contra la droga pretende minar las libertades civiles con una amplia serie de medidas, tales como registros al azar basados en las sospechas de la policía y dirigidos especialmente a los jóvenes negros e hispanos. El ataque contra los derechos civiles ha suscitado cierta preocupación, aunque no a causa de los mayores malos tratos a la clase baja, sino más bien por «la amenaza que la guerra contra la droga supone para los derechos del individuo» al trasladarse a los «blancos de clase media que son consumidores ocasionales de drogas» (John Dillin, informando sobre la amenaza para las libertades civiles en el artículo de fondo del Christian Science Monitor. «Cuando media Norteamérica es sometida a examen —continúa Dillin—, los críticos esperan una creciente protesta en relación con violaciones de las libertades civiles[50]».

El poder puede defenderse a sí mismo. En la práctica, la ética capitalista amenaza a la libertad como mercancía: en principio, hay mucho disponible, y uno tiene aquello que puede comprar.

Los vínculos entre la guerra contra la droga y la intervención norteamericana alcanzan en ocasiones un notable nivel de cinismo. Así, Colombia solicitó que los Estados Unidos instalaran un sistema de radar cerca de su frontera sur para controlar los vuelos desde los países vecinos hasta el sur, los cuales suministran la mayor parte de la cocaína para ser procesada por los comerciantes de droga colombianos. Los Estados Unidos respondieron instalando un sistema de radar, pero tan alejado de los vuelos a Colombia relacionados con la droga como era posible en territorio colombiano: en la isla de San Andrés, en el Caribe, a 800 km de tierra firme colombiana y lejos de las rutas de la droga, pero sólo a 320 km de la costa de Nicaragua. El gobierno colombiano acusó al Pentágono de utilizar la guerra contra la droga como una artimaña para controlar Nicaragua, acusación confirmada por el ayudante del senador John Kerry en asuntos exteriores. Él mismo añadió que Costa Rica «había solicitado ayuda mediante radar contra los pequeños vuelos que transportaban cocaína a todo el país y que había recibido una propuesta» por parte del Pentágono. Al carecer de expertos técnicos, los funcionarios costarricenses solicitaron una evaluación a la embajada británica, la cual les informó de que la propuesta de los Estados Unidos no tenía relevancia para el tráfico de drogas, sino que estaba destinada a controlar a los sandinistas. En su estudio sobre el cártel de la droga, el Subcomité del Senado sobre Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales [Senate Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations] de Kerry había informado que las preocupaciones sobre política exterior, incluyendo la guerra contra Nicaragua, «interferían con la capacidad de los Estados Unidos para librar la guerra contra la droga», retrasando, interrumpiendo y obstaculizando los esfuerzos para imponer el cumplimiento de la ley con el fin de mantener los narcóticos fuera de los Estados Unidos —una forma delicada de decir que la administración Reagan estaba favoreciendo el negocio de la droga en la puesta en práctica de su proyecto terrorista internacional en Nicaragua y otros imperativos, una característica habitual de la política durante décadas—. La actual guerra contra la droga añade un nuevo capítulo a esta sórdida historia[51].

Esto escapa también a las primeras páginas y a la televisión de las horas de máxima audiencia. En general, las características fundamentales de la crisis de la droga recibieron escasa atención en la campaña de los medios de comunicación. Es dudoso que las cuestiones centrales alcanzaran una fracción superior a un 1 por 100 de la cobertura de los medios de comunicación, la cual está hecha a la medida de otras necesidades.

La conexión de la contrainsurgencia puede hallarse también tras el entrenamiento de narcotraficantes colombianos por funcionarios militares occidentales, que recibieron cierta atención en agosto de 1989 cuando, pocos días después del asesinato de Galán, se descubrió que oficiales británicos e israelíes retirados estaban adiestrando a traficantes de cocaína colombianos, incluyendo equipos de asesinos para el cártel de la droga y sus aliados de derechas. Un año antes, en julio de 1988, un informe del servicio colombiano de inteligencia (Departamento de Administración de la Seguridad: DAS) titulado «Organización de asesinos a sueldo y traficantes de droga en el Magdalena Medio» observó que «en los campos de adiestramiento, se ha detectado la presencia de instructores israelíes, alemanes y norteamericanos». Los «alumnos» del campo, que cuentan con el apoyo de ganaderos y agricultores implicados en la producción de coca y del cártel de Medellín, «participaron, al parecer, en masacres de campesinos» en una región bananera, prosigue el informe. Tras el descubrimiento de instructores británicos e israelíes un año después, el Washington Post citando otro documento del DAS, informó que «se cree que los hombres formados en los centros de adiestramiento [donde se identificaron personas de nacionalidad británica e israelí] son responsables de masacres llevadas a cabo en pueblos rurales y del asesinato de políticos de tendencia izquierdista». El mismo documento afirma que un curso impartido por israelíes fue abreviado cuando los instructores se fueron «a Honduras y Costa Rica a adiestrar a los contras nicaragüenses». La afirmación de que también se hallaban presentes instructores estadounidenses no ha sido investigada o, por cuanto sé, no se ha informado de ella en la prensa[52].

Israel declaró que el coronel Yair Klein y sus socios de la operación de seguridad Spearhead, que fueron identificados como instructores en un vídeo de la NBC, actuaban por cuenta propia. Pero Andrew Cockburn señala que la empresa de Klein insistió públicamente en que éste siempre trabajaba «con total aprobación y autorización de nuestro Ministerio de Defensa». También adiestraron a contras en Honduras y a oficiales guatemaltecos. Un coronel israelí, socio de Klein, afirma que entrenaron a todos los oficiales guatemaltecos de rango superior al de capitán, trabajando bajo un contrato concertado por las industrias militares israelíes de propiedad estatal. «Los americanos tienen el problema de la opinión pública, de la imagen internacional —explicó el director de marketing de Spearhead—; nosotros no tenemos este problema». Por consiguiente, el trabajo sucio de entrenar asesinos y homicidas de masas puede confiarse a nuestros mercenarios israelíes. En el Observer de Londres, Hugh O’Shaughnessy informó que, en una carta del 31 de marzo de 1986, firmada por el ministro de Defensa israelí, Yitzhak Rabin, del Partido Laborista, en posesión del periódico, Rabin daba a Spearhead autorización oficial para «la exportación de tecnología militar y de defensa», estipulando además que «es necesario recibir una autorización formal para cada negociación[53]».

La prensa israelí informa que el coronel Klein y sus socios utilizaron una red de judíos norteamericanos ultraortodoxos para blanquear el dinero que recibían por sus servicios en Colombia. Afirma además que Klein mantuvo una postura de alta responsabilidad y sensibilidad como comandante del centro de mando del Estado Mayor israelí. Un general israelí en la reserva denunciado como implicado en el asunto Israel-Colombia atribuyó la campaña publicitaria a una venganza de los Estados Unidos por el embrollo del espía Pollard y a «una estratagema norteamericana tramada con el fin de echar a Israel de Colombia», para que los Estados Unidos puedan efectuar allí el suministro de armas sin interferencias[54].

El columnista del Jerusalem Post. Menachem Shalev planteó la pregunta: «¿Por qué hay una “ofensa moral” en todo este asunto?». «¿Es acaso peor adiestrar a tropas leales a los caciques de la droga que enseñar a asesinos racistas de indios, negros, comunistas, demócratas, etcétera?» Buena pregunta. La respuesta radica en el sistema de propaganda de los Estados Unidos. Las órdenes actuales son las de poner de manifiesto el atropello moral del cártel colombiano, la última amenaza para nuestra supervivencia. Pero el papel de Israel como Estado mercenario de los Estados Unidos es legítimo, parte del servicio como «activo estratégico» que le merece la categoría de «símbolo de la decencia humana» en los editoriales del New York Times[55].

7. LOS PLANES MEJOR EXPUESTOS…

Cuando el plan de Bush fue anunciado, la American Civil Liberties Union lo catalogó inmediatamente de «engaño», una estrategia que «no es simplemente impracticable», sino «contraproducente y cínica[56]». Si los fines retóricos fueran los verdaderos, esto sería bastante cierto. Pero por lo que respecta al objetivo del control de la población y a la persecución de las metas políticas tradicionales, esta estrategia tiene una lógica considerable, aunque sus éxitos a corto plazo probablemente no existan.

Parte del problema es que incluso el más eficiente sistema de propaganda es incapaz de mantener las actitudes adecuadas entre la población durante mucho tiempo. Los dispositivos actualmente disponibles no tienen en modo alguno el duradero impacto del recurso a la amenaza soviética. Otra razón es que los problemas sociales y económicos fundamentales no pueden ser escondidos debajo de la alfombra para siempre. El programa circunstancialmente conveniente de castigar a la clase baja conlleva serios costes potenciales por lo que respecta a intereses que son realmente importantes. Ciertos círculos empresariales están despertando al hecho de que «un tercer mundo dentro de nuestro propio país» perjudicaría a los intereses comerciales (Brad Butler, antiguo director de Procter & Gamble). Según las proyecciones del Departamento de Trabajo [Labor Department], aproximadamente la mitad de los nuevos puestos de trabajo creados entre 1986 y el año 2000 serán ocupados por hijos de minorías, que se espera constituirán una tercera parte de la mano de obra dentro de poco tiempo. Estas ocupaciones requieren habilidades —incluyendo la capacidad de utilizar ordenadores y otros conocimientos técnicos— que no se consiguen en las calles y prisiones, ni en las escuelas en decadencia[57].

Al igual que en Sudáfrica, las empresas se darán cuenta tarde o temprano de que sus intereses no se ven favorecidos bajo el apartheid, ya sea legal o de facto. Pero un cambio total de las políticas en vigor desde hace mucho tiempo y que alcanzaron el nivel de grave patología social durante la época de Reagan y Bush no será tarea fácil.

4. LA ERA POSTERIOR A LA GUERRA FRÍA

Las reaccionarias tendencias políticas del período posterior a la guerra del Vietnam surgieron como respuesta a un desafío dual: el declive del dominio del orden internacional de los Estados Unidos y el activismo popular de los años sesenta, que puso en peligro el dominio de los mismos sectores privilegiados en el contexto nacional. Ni el «Gran Designio» de Kennedy ni los esfuerzos de la administración Nixon lograron confinar a Europa a sus «intereses regionales» dentro del «marco del orden global» confeccionado por los Estados Unidos, como instaba Kissinger. No había alternativa al trilateralismo al que se adhirieron los neoliberales de Carter, quienes, al igual que sus predecesores, no estaban menos preocupados por el impulso popular democrático interno —su «crisis de democracia» que amenazaba con llevar a la población general al escenario político en un sentido significativo.

Como ya se ha comentado, estos desafíos inspiraron una campaña para devolver a la población a la apatía y a la obediencia y, de este modo, superar la «crisis de democracia» y aumentar el poder de las empresas en general. En 1978, el presidente de la UAW, Doug Fraser, vio las orejas al lobo. Al dimitir del Grupo de Trabajo de Empresarios y Sindicatos [Labor-Management Group], denunció a los «líderes de la comunidad empresarial» por haber «decidido librar una guerra de clases unilateral en este país —una guerra contra la gente trabajadora, los parados, los pobres, las minorías, los muy jóvenes y los muy viejos, e incluso contra muchos miembros de la clase obrera de nuestra sociedad»— y haber «quebrantado y desechado el frágil convenio no escrito previamente existente durante un período de crecimiento y progreso». Un año después, en otra admisión de la realidad, el alcalde populista de Cleveland, Dennis Kucinich, dijo en una reunión de la UAW que en los Estados Unidos hay un solo partido político, el de los «semirrepublicanos» proempresariales[1].

El período de progreso económico constante había terminado. El reto de las potencias rivales era auténtico por primera vez desde la segunda guerra mundial y el frágil pacto social no pudo mantenerse. Los programas creados a lo largo de los años setenta se pusieron en práctica, con un toque adicional de crudeza, durante la era Reagan, con el apoyo general de la otra facción del partido empresarial y del aparato ideológico.

Los datos históricos y relativos a la planificación y los factores institucionales subyacentes constituyen una buena razón para esperar que el período posterior a la guerra fría sea muy similar al pasado, por lo que respecta a las relaciones entre los Estados Unidos y el Tercer Mundo, tácticas propagandísticas aparte. El «nacionalismo radical» y los experimentos con un desarrollo independiente dirigido a las necesidades del país alzarán las banderas de peligro y provocarán una reacción, que variará según las circunstancias y las funciones de la región. Cabe esperar la misma continuidad respecto de los elementos concomitantes de estos objetivos políticos, incluyendo el persistente apoyo a las violaciones de los derechos humanos, la hostilidad general hacia la reforma social y el antagonismo por principio a la democracia.

Las formas democráticas pueden ser toleradas, incluso admiradas, aunque sólo con fines propagandísticos. Pero esta postura puede adoptarse únicamente cuando la distribución del poder efectivo garantiza que la participación significativa de las «clases populares» ha sido impedida. Cuando estas clases se organizan y amenazan el control del sistema político en manos de la elite de empresarios, terratenientes y los militares, deben adoptarse fuertes medidas, con variaciones tácticas, dependiendo de la categoría de la población en cuestión en la escala de importancia. En la categoría más baja, en el Tercer Mundo, prácticamente nada está prohibido.

Si las fuerzas de seguridad están bajo control, los escuadrones de la muerte pueden entrar en acción, mientras nosotros nos mesamos los cabellos por nuestra dolorosa incapacidad para inculcar nuestra pasión por los derechos humanos en el corazón de nuestros indignos aliados. Cuando se ha perdido el control de las fuerzas de seguridad, se requieren otros medios. Nicaragua, la obsesión de los años ochenta, fue un caso de esta índole, un caso particularmente peligroso porque se temía que el gobierno en el poder fuera uno «de los que se preocupan por su gente», según palabras de José Figueres, refiriéndose a los sandinistas, quienes, dijo, llevaron a Nicaragua el primer gobierno de este tipo en su historia, elegido popularmente en unas elecciones libres y justas que él presenció en 1984. Fue precisamente por expresar sentimientos tan incorrectos como éstos que la principal figura de la democracia en Centroamérica tuvo que ser rigurosamente excluida de los medios de comunicación norteamericanos durante los años ochenta[2].

Por consiguiente, no es en absoluto sorprendente que la hostilidad hacia los sandinistas fuera prácticamente unánime en los comentarios de la prensa y otros círculos de elite[3]. Las razones oficiales (derechos humanos, democracia, la amenaza soviética, etcétera) son demasiado inverosímiles para ser tomadas en serio y fueron, en cualquier caso, totalmente rechazadas tantas veces, sin efecto alguno, como para revelar el escaso sentido de su uso. El problema central es el identificado por Figueres. La única cuestión debatible ha sido siempre táctica: cómo devolver a Nicaragua al «sistema centroamericano» e imponer «criterios regionales» —los de los Estados clientes de los Estados Unidos—. Cuestiones tales como la libertad de prensa y los derechos humanos despertaron profundas pasiones libertarias y morales en Nicaragua, a diferencia de las democracias vecinas de los escuadrones de la muerte u otros Estados con historiales mucho peores, pero con el mérito compensador de que también respetaban debidamente las prioridades estadounidenses[4]. Del mismo modo, las elecciones celebradas en los Estados del terror revelaron un alentador progreso hacia la democracia, pero no así en Nicaragua, donde se aplicaron criterios radicalmente distintos. Las elecciones de 1984 fueron intolerables para los Estados Unidos porque no podían ser controladas. En consecuencia, Washington hizo cuanto pudo para desbaratarlas y las mismas fueron rechazadas y eliminadas de la historia por los medios de comunicación, como era de menester. En el caso de las largamente programadas elecciones de 1990, los Estados Unidos interfirieron masivamente desde el principio para lograr la victoria de sus candidatos, no sólo mediante la enorme ayuda financiera, que recibió cierta publicidad, sino por los anuncios —mucho más significativos y considerados como bastante discutibles— de la Casa Blanca de que únicamente una victoria del candidato de los Estados Unidos conllevaría el fin de las ilegales sanciones económicas estadounidenses y la restauración de la ayuda.

En pocas palabras, los votantes nicaragüenses fueron informados de que eran libres de elegir: votad a nuestro candidato o ved morir de hambre a vuestros hijos[5].

Estos esfuerzos para subvertir las elecciones de 1990 en Nicaragua fueron realzados por una comparación con la reacción manifestada exactamente al mismo tiempo ante las elecciones de la vecina Honduras. Sus elecciones de noviembre de 1989 recibieron una cobertura escasa pero favorable en los medios de comunicación norteamericanos, los cuales las describieron como «un hito para los Estados Unidos, que han utilizado Honduras como prueba de que los gobiernos democráticamente elegidos que apoya en Centroamérica están afianzándose». El presidente Bush, en una reunión con el presidente hondureño Rafael Callejas después de su elección, calificó al gobierno hondureño de «inspirador ejemplo de la promesa democrática que hoy se está extendiendo por todas las Américas[6]».

Un vistazo más de cerca nos ayuda a comprender lo que significa «democracia» en la cultura política. Las elecciones de noviembre fueron efectivamente limitadas a los dos partidos tradicionales. Uno de los candidatos procedía de una familia de ricos industriales, el otro de una familia de grandes terratenientes. Sus máximos asesores «reconocen que existe escasa diferencia sustancial entre ambos y las políticas que pondrían en práctica como presidentes», según el informe de la prensa que proclama este hito en el progreso de la democracia. Ambos partidos representan a grandes terratenientes e industriales y tienen estrechos vínculos con los militares, los gobernantes efectivos, que son independientes de la autoridad civil según la constitución, pero altamente dependientes de los Estados Unidos, al igual que la economía. El Central America Report guatemalteco añade: «A falta de un debate sustancial, ambos candidatos cuentan únicamente con insultos y acusaciones para entretener a las multitudes en los mítines de la campaña y funciones políticas» —si ello resulta familiar para un auditorio norteamericano, no es mera coincidencia—. La participación popular se limitó a la votación ritual. Los partidos legales de la oposición (el democratacristiano y el socialdemócrata) denunciaron un fraude electoral masivo.

Las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad aumentaron vertiginosamente a medida que se aproximaban las elecciones. En las semanas previas, se produjeron ataques con bombas y disparos de rifle contra figuras políticas independientes, periodistas y líderes sindicales condenados por el director del Comité Coordinador de Organizaciones Populares, ex rector de la Universidad Nacional, Juan Almendares, como plan para reprimir a las organizaciones populares. En los meses anteriores, las fuerzas armadas desarrollaron una campaña de violencia política, incluyendo el asesinato de líderes sindicales y otras actividades ilegales, abandonando cuerpos torturados y mutilados en las cunetas por vez primera. La organización para los derechos humanos CODEH informó que al menos setenta y ocho personas habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad entre enero y julio, mientras que los casos de tortura y malos tratos aumentaron más del triple que durante el año anterior. Pero el terror de Estado se mantuvo a niveles lo suficientemente bajos para no alterar la opinión de la elite norteamericana.

Imperan el hambre y la miseria generalizada, la extrema concentración de la riqueza se acentuó durante la década de la «democracia» y el 70 por 100 de la población sufre de desnutrición. A pesar de la sustancial ayuda estadounidense y de que no existe conflicto de guerrillas, la economía se está hundiendo, con evasión de capitales y un acusado descenso de la inversión extranjera, y casi la mitad de las ganancias procedentes de la exportación se dedican al pago de la deuda. Pero no hay ninguna amenaza fundamental para el orden y fluyen los beneficios[7].

En resumidas cuentas, Honduras, al igual que Colombia, es una democracia digna de elogio y no hay preocupación por el «terreno de juego despejado» por lo que respecta a sus elecciones, a diferencia de las de Nicaragua.

Incluso El Salvador y Guatemala, sanguinarios Estados pistoleros dirigidos por militares respaldados por los Estados Unidos, son considerados como democracias. La opinión de la elite manifiesta un considerable orgullo por haber establecido y mantenido estos osarios, permitiéndose «elecciones libres» tras una oleada de asesinatos, torturas, mutilaciones y otros efectivos dispositivos de control. La destrucción física de los medios de comunicación independientes y el asesinato de editores de periódicos y periodistas por parte de las fuerzas de seguridad, entre muchas otras atrocidades, pasan virtualmente desapercibidas —a menudo literalmente sin crónica alguna— entre sus colegas norteamericanos.

Ocasionalmente, se puede oír un comentario honesto. Joachim Maitre, de la Universidad de Boston, uno de los principales defensores académicos de las políticas de la administración Reagan en Centroamérica, observa que los Estados Unidos han «instalado democracias al estilo de la Alemania de Hitler» en El Salvador y Guatemala[8]. Pero tal candor dista mucho de ser lo habitual.

Nicaragua, no obstante, fue diferente, porque la amenaza del nacionalismo independiente y de la reforma social, se incrementó con la pérdida del control de las fuerzas de seguridad por parte de los Estados Unidos —un problema que ha surgido también en otros lugares, y un problema serio, dado que el dispositivo habitual para reprimir y eliminar las tendencias indeseables no está ya disponible—. En el caso de Guatemala y Chile, fue necesario recurrir al estrangulamiento económico, a la subversión y a la fuerza militar para derrocar a los regímenes democráticos y establecer los criterios regionales preferidos. En el caso de la República Dominicana, en 1965, fue precisa una invasión directa para impedir la restauración de un régimen constitucional. La respuesta al problema cubano fue la agresión directa en la Bahía de Cochinos, y cuando el elemento disuasor soviético hizo, además, que estas tentativas fueran impracticables, la respuesta fue una infatigable guerra económica e ideológica —una vez más, no motivada seguramente por las razones expuestas según la línea oficial de los gobiernos y de los medios de comunicación, que son difícilmente creíbles—. Otros casos requieren medidas distintas, incluyendo Panamá, otro objetivo a largo plazo de la intervención norteamericana, al cual nos dedicaremos inmediatamente.

1. UN PROGRESIVO COLONIALISMO

Podemos seguir pensando en el Tercer Mundo en los términos empleados en la primera planificación del período posterior a la segunda guerra mundial: como la región que ha de «cumplir su principal función como fuente de materias primas y como mercado» para las sociedades industriales occidentales[9]. Un elemento que se perpetuó como fuente de conflicto internacional fue el hecho de que el imperio soviético no cumpliera su función en la forma requerida. Este problema, es de esperar, se solventará a medida que la Europa del Este avance hacia la situación de México, Brasil y las Filipinas. El temor a un «progresivo comunismo» puede ser rechazado a medida que las modernas formas de colonialismo se expanden hacia sus fronteras naturales.

Los tres grupos principales de poder se precipitan con ansia sobre el agonizante imperio soviético (al igual que sucedió con China algunos años antes) en busca de mercados, recursos, oportunidades para la inversión y la exportación de contaminación, mano de obra barata, paraísos fiscales y otros reconocidos atractivos del Tercer Mundo. Estos esfuerzos para imponer el modelo preferido de las sociedades a dos niveles, abiertas a la explotación y regidas por las empresas, van acompañados de florituras relacionadas con el triunfo del pluralismo político y de la democracia. Podemos determinar fácilmente la seriedad de las intenciones observando la reacción ante los movimientos populares que podrían realmente poner en marcha la democracia y el pluralismo en los países tradicionales del Tercer Mundo y ante la «crisis de democracia» existente en las propias sociedades industriales. La retórica no tiene por qué detenernos.

También podemos tomar nota de la extendida —aunque tácita— idea de que el modelo capitalista tiene una aplicación limitada. Los líderes empresariales han admitido hace tiempo que no es para ellos. Las sociedades industriales prósperas se alejan significativamente de este modelo, al igual que en el pasado —motivo por el cual son sociedades industriales prósperas—. En los Estados Unidos, los sectores de la economía que siguen siendo competitivos son aquellos que se nutren del sector público: la industria de alta tecnología y la agricultura intensiva en capital, juntamente con la industria farmacéutica y otras. Las desviaciones son todavía más radicales en la mayoría de los demás sistemas capitalistas del Estado, donde la planificación es coordinada por instituciones estatales y grupos industriales y financieros, en unas ocasiones con procesos democráticos y un contrato social de tipo vario y en otras no. Las glorias de la Libre Empresa constituyen un arma útil contra las políticas gubernamentales que podrían beneficiar a la población general y, por supuesto, el capitalismo funcionará la mar de bien para las antiguas colonias y el imperio soviético. Para aquellos que han de «cumplir su función» en servicio de los amos del orden mundial, este modelo está altamente recomendado. El mismo facilita su explotación. Pero los ricos y poderosos de nuestro país han apreciado durante mucho tiempo la necesidad de protegerse a sí mismos de las fuerzas destructivas del capitalismo de libre mercado, el cual puede facilitar temas deseables para una oratoria entusiasta, pero sólo siempre y cuando la distribución pública y el aparato regulador y proteccionista sean seguros y el poder estatal esté disponible cuando sea necesario.

2. EL «NUEVO PENSAMIENTO» DE BUSH

¿Cuál es, pues, la probable evolución de la política norteamericana hacia el Tercer Mundo en el período posterior a la segunda guerra mundial? La respuesta a esta pregunta, implícita en la discusión anterior, fue anunciada fuerte y claramente por la administración Bush el 20 de diciembre de 1989. Todo seguirá igual.

Pero no exactamente igual. Uno de los problemas es que se precisan ciertos ajustes en el marco propagandístico. La invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos es en cierto sentido un acontecimiento histórico. Al apartarse de la rutina, no fue justificado como una respuesta a una amenaza soviética inminente. Cuando los Estados Unidos invadieron Granada seis años antes, todavía se pudo describir este acto como una reacción defensiva ante las maquinaciones del oso soviético, que pretendía estrangularnos para conseguir sus designios globales. El presidente de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor podía declarar solemnemente, con el apoyo de una nueva categoría de expertos creada con este fin, que en caso de un ataque soviético a Europa occidental, Granada podría obstaculizar las vías marítimas del Caribe e impedir que los Estados Unidos suministraran petróleo a sus aliados sitiados[10]. Durante los años ochenta, el ataque contra Nicaragua estuvo justificado por el peligro de que, si no deteníamos a los comunistas, éstos se infiltrarían a través de la frontera de Harlingen, Texas, a dos días de distancia. Existen variantes más sofisticadas (e igualmente de peso) para las clases cultas. Pero, en el caso de Panamá, ni siquiera la imaginación del Departamento de Estado y de los autores de editoriales llegó tan lejos.

Afortunadamente, el problema había sido previsto. Cuando la Casa Blanca decidió que su amigo Noriega estaba volviéndose demasiado arrogante y tenía que irse, los medios de comunicación siguieron las indicaciones y lanzaron una campaña para convertirle en el demonio más vil desde Atila el Huno, una repetición del proyecto contra Gaddafi de algunos años antes. Este esfuerzo se intensificó con el engaño de la «guerra contra la droga» lanzado por el gobierno y los medios de comunicación, en una tentativa de movilizar a la población en el temor, ahora que se está haciendo imposible recurrir a los designios del Kremlin —aunque, para completar, deberíamos también tomar nota de la versión oficial, debidamente comunicada como una realidad en el New York Times, «la campaña contra las drogas se ha convertido, cada vez más, en una prioridad para la administración, así como para el Congreso, al tiempo que una decreciente amenaza soviética ha dado a Washington una oportunidad para ocuparse de las cuestiones internas[11]».

La operación de propaganda fue un éxito aplastante. «Manuel Noriega pertenece a esa especial hermandad de criminales internacionales, hombres como Gaddafi, Idi Amin o el ayatolá Jomeini, a quienes a los norteamericanos les encanta odiar», salmodió Ted Koppel, de modo que «un fuerte apoyo público a una represalia [sic] estaba casi garantizado[12]». ¿Por qué odiaban los norteamericanos a Noriega en 1989 y no en 1985? ¿Por qué era necesario derrocarle ahora pero no entonces? Las preguntas que inmediatamente nos vienen a la mente se eludieron sistemáticamente. Salvo unas pocas excepciones —la mayoría de ellas mucho después de que la operación fuera llevada a cabo—, los medios de comunicación se unieron en torno a la bandera con la devoción y el entusiasmo debidos, comunicando al público los más absurdos cuentos de la Casa Blanca[13], aunque guardándose escrupulosamente de plantear las preguntas obvias o de ver los hechos más evidentes.

Hubo quien halló que todo ello era un poco excesivo. Al comentar la cobertura informativa de Panamá, David Nyhan, del Boston Globe describió a los medios de comunicación como «un grupo dócil, por no decir lamebotas, que subsiste mayormente a base de permisos de acceso ocasionales arrojados como huesos a la perrera de la prensa», contento de responder a las mentiras con «excelentísima prosa». El Wall Street Journal observó que las cuatro cadenas de televisión daban «la versión de la historia del equipo local». Hubo un cierto escepticismo disperso en la información y los comentarios, pero la mayoría se sometieron en su entusiasmo por lo que George Will denominó la práctica de la «política de la buena vecindad», un acto de «higiene hemisférica» que expresa nuestros «derechos y responsabilidades» en el hemisferio —piensen lo que piensen los delincuentes que se encuentran más allá de nuestras fronteras, como pone de manifiesto su condena casi universal[14].

La administración Bush, como es natural, no cabía en sí de contento. Un funcionario del Departamento de Estado observó que «los conservadores republicanos están contentos porque estuvimos dispuestos a mostrar algo de fuerza, y los liberales demócratas no pueden efectuar críticas porque este asunto está siendo ampliamente considerado como un éxito[15]». El Departamento de Estado sigue las convenciones habituales, comparando a los «conservadores», que defienden un Estado poderoso y violento, con los «liberales», que, en ocasiones, discrepan de los «conservadores» por razones tácticas, temiendo que el coste para nosotros pueda ser demasiado alto. Estos saludables hechos «no pueden ser de ayuda, pero nos dan más fuerza», continuó el mismo funcionario.

Por lo que respecta a la población general, muchos estaban sin duda entusiasmados por la oportunidad de «darle una patada a un imbécil» en Panamá —por tomar prestado algo de la retórica creada por los manipuladores de George Bush en su cómico esfuerzo por transformar a un decadente aristócrata de Nueva Inglaterra en un pobre granjero de Texas—. Pero resulta interesante leer las cartas al director en los principales periódicos, las cuales tendían a expresar hostilidad ante la agresión, junto con mucha vergüenza y preocupación, y presentaban a menudo información, análisis y puntos de vista que los profesionales tenían cuidado en evitar.

Una reacción más profesional fue la presentada por el respetado corresponsal del Washington Post. David Broder. Broder observa que había habido algunas críticas a la «conveniencia de la acción de Bush» por parte de «la izquierda» (sugiriendo, presumiblemente, al Consejo Nacional de las Iglesias [National Council of Churches] y a algunos centristas liberales, sin que, aparte de esto, le interesara ninguna otra cosa, como la idea de que pudiera haber críticas por motivos distintos de la conveniencia). Pero rechaza «este estancamiento de la izquierda» con desprecio: «qué tontería». Por el contrario, la invasión de Panamá ayudó a aclarar «las circunstancias en que tiene sentido la intervención militar». La «mejor definición» del «nuevo consenso nacional», sigue explicando, fue expresada por el secretario de Defensa de Reagan, Caspar Weinberger, quien explicó en términos generales seis criterios «bien considerados y bien articulados». Cuatro de ellos afirman que la intervención debería estar destinada a triunfar. Los otros dos añaden que la acción debería ser considerada «vital para nuestro interés nacional» y un «último recurso» para lograrlo[16].

Extrañamente, Broder olvidó añadir la observación obvia acerca de estos impresionantes criterios: podrían fácilmente haber sido invocados por Hitler.

Broder cree que «el candidato demócrata Michael Dukakis, tras divagar sobre la cuestión de las intervenciones militares, presentó una serie de criterios sorprendentemente similares a los de Weinberger» durante la campaña presidencial de 1988. Dichos criterios, como explicó a grandes rasgos su primer asesor en política exterior, eran que los Estados Unidos podían emplear la fuerza «para disuadir la agresión contra su territorio, para proteger a los ciudadanos norteamericanos, para cumplir nuestras obligaciones con los tratados y actuar contra los terroristas», una vez hubieran fallado los medios pacíficos. «La invasión de Panamá satisfacía todas estos criterios», concluye Broder con satisfacción.

Es posible apreciar el buen humor reinante entre los propagandistas del Departamento de Estado. Ni siquiera ellos se atrevieron a afirmar estar disuadiendo la agresión panameña o actuar contra los terroristas. Y aunque actuaron siguiendo la consabida rutina de proteger vidas norteamericanas, es poco probable que contaran con algo más que sonrisas corteses.

Hubo también el gesto ritual hacia el derecho internacional, pero tampoco fue pensado demasiado seriamente. El carácter de esta tentativa fue indicado por el embajador ante la ONU, Thomas Pickering, quien informó a las Naciones Unidas que el artículo 51 de su Carta (que restringe el uso de la fuerza en defensa propia contra un ataque armado hasta que del Consejo de Seguridad emita su dictamen al respecto) «dispone el uso de la fuerza para la defensa un país, para la defensa de nuestros intereses y de nuestra gente». El artículo también fue aclarado por una teoría del Departamento de Justicia según la cual dicha disposición de la Carta autoriza a los Estados Unidos a invadir Panamá para impedir «que su territorio sea utilizado como base para introducir drogas en los Estados Unidos» —de modo que, a fortiori. Nicaragua podría tener derecho a invadir y ocupar Washington[17].

En realidad, es claramente imposible reconciliar la invasión con el derecho soberano de ese país tal como está tipificado en la Carta de la ONU, la Carta de la OEA o el tratado del Canal de Panamá. Incluso los esfuerzos para derribar a Noriega previos a la invasión están en conflicto con nuestras solemnes obligaciones como nación cumplidora de la ley —incluyendo la guerra económica que destruyó la economía, «una cuestión de intervención directa o indirecta y de “medidas coactivas de carácter económico” tan definida como es posible imaginar», observa Charles Maechling, citando los artículos 18 y 19 de la Carta de la OEA que prohíben explícitamente tales medidas «sea cual sea el motivo», y otras proscripciones igualmente claras—. Las mismas obligaciones excluyen, por supuesto, la guerra económica contra Nicaragua que fue condenada por el Tribunal Mundial y el Consejo del GATT y apoyada por todo el espectro político norteamericano. Las medidas de los Estados Unidos contra Panamá fueron también condenadas por los países latinoamericanos, de forma rutinaria e irrelevante. Así, el 1 de julio de 1987, la OEA condenó la intervención estadounidense en Panamá por una votación de 17-1 (con la única oposición del voto norteamericano y la abstención o la ausencia de varios Estados clientes). Comentando este hecho, Adolfo Aguilar Zinser, comentarista político mexicano y miembro fundador del Carnegie Endowment for International Peace, observa: «Nosotros, los latinos, creemos que las causas altruistas como la “democracia” y la “libertad” e incluso la ayuda económica son, a menudo, meros pretextos para ocultar fines ilegítimos», lo que constituye también el motivo por el cual las políticas de los Estados Unidos hacia Nicaragua no recibieron apoyo en América Latina, ni siquiera entre los «latinos a quienes no les gustan los sandinistas y preferirían ver como les arrojan del poder[18]».

Broder está complacido porque «hemos conseguido un alto grado de claridad en la nación por lo que respecta a esta cuestión [el derecho de intervención], que tan profundamente nos dividió durante y después de la guerra del Vietnam». Y este «importante logro… no debería ser oscurecido por unas cuantas voces disidentes de la izquierda» con sus escrúpulos sobre la conveniencia de la acción. Su evaluación recuerda un comentario realizado por uno de los personajes más significativos de la Norteamérica del siglo XX, el pacifista radical A. J. Muste: «Después de una guerra, el problema es el vencedor. Piensa que acaba de demostrar que la guerra y la violencia valen la pena. ¿Quién va a darle ahora una lección?».

Incluso hasta los últimos días de las guerras de Indochina, grupos de elite se han preocupado por el deterioro del apoyo popular a la fuerza y la subversión («el síndrome del Vietnam»). Se han realizado intensos esfuerzos para curar la enfermedad, pero en vano. Los partidarios de Reagan supusieron que había sido superada gracias a los triunfos de la propaganda sobre el sufrimiento y las tragedias de las sociedades destrozadas por el terror norteamericano en Indochina, la crisis de los rehenes del Irán y la invasión soviética de Afganistán. Se dieron cuenta de lo contrario cuando intentaron volver al modelo tradicional de intervención en Centroamérica, pero fueron forzados a actuar en la sombra por la reacción pública, obligados a recurrir a medidas clandestinas e indirectas de terror e intimidación. Durante los años ochenta, se manifestó la esperanza de que finalmente hubiéramos superado «las enfermizas inhibiciones contra el empleo de la fuerza militar» (Norman Podhoretz, refiriéndose al gran triunfo de Granada). En el tono más suave del comentarista liberal, Broder expresa también la esperanza de que la población haya recuperado, por fin, la salud y cese en su infantil obsesión con el imperio de la ley y los derechos humanos.

Sin embargo, su «nuevo consenso» es en su mayor parte ilusorio, limitado a aquellos que siempre han reconocido que los designios globales de los Estados Unidos requieren recurrir a la violencia de Estado, al terror y a la subversión. El nuevo consenso es descrito con más precisión como un mayor egoísmo por parte de aquellos que comparten el viejo consenso sobre la legitimidad de la violencia y la «saludable eficacia» del terror.

La reacción de la elite ante la invasión no pasó desapercibida en el extranjero. Un editorial publicado en el principal periódico de Canadá condenaba a «los superficiales y fragorosos medios de comunicación estadounidenses» con su «escalofriante indiferencia ante el destino de los inocentes panameños que han sido convertidos en víctimas por este triunfante pequeño despliegue militar». Un columnista comentó la «peculiar patriotería tan evidente para los extranjeros pero casi invisible para la mayoría de los estadounidenses… Los reporteros que buscan comentarios alternativos sobre la invasión tienen que dirigirse ineludiblemente a sectores no convencionales de la sociedad meramente para reunir opiniones sobre la invasión que serían habituales en otros países» y el consenso extranjero en oposición a este empleo de la fuerza «fue rechazado con cajas destempladas en los medios de comunicación estadounidenses». Un ejemplo típico es la (nula) reacción ante el veto de los Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba el registro de la residencia del embajador de Nicaragua en Panamá por parte de tropas norteamericanas, aceptada por 13 votos a 1, tan sólo con la abstención de Gran Bretaña[19].

Como siempre, si el mundo no lleva el paso, es su problema, no el nuestro.

3. OPERACIÓN CAUSA JUSTA: LOS PRETEXTOS

En este contexto, podemos hablar de la invasión de Panamá, inaugurando «el período posterior a la guerra fría». Tras haber lanzado varios globos sonda, la Casa Blanca se decidió por la necesidad de «proteger vidas norteamericanas» como razón de la invasión. En los últimos meses, las fuerzas de Noriega habían protagonizado «literalmente cientos de casos de asedio y malos tratos a los norteamericanos», anunció la Casa Blanca —aunque, curiosamente, no advertía a los viajeros estadounidenses que se mantuvieran alejados de Panamá—. Un soldado norteamericano resultó muerto después de que su coche hubiera «cruzado una barricada militar cerca de una “delicada” área militar» (New York Times. Oficiales panameños alegaron que los oficiales norteamericanos habían abierto fuego contra los cuarteles generales militares, hiriendo a un soldado y a dos civiles, incluyendo a una niña de un año de edad. Un soldado panameño herido, que se encontraba en un hospital militar, confirmó este relato a los periodistas norteamericanos[20].

Pero la gota que colmó el vaso fue la amenaza para la vida de la esposa de un oficial que había sido arrestada y golpeada. Bush «tiene a menudo problemas en situaciones emocionalmente fuertes», informó el New York Times, «pero sus profundos sentimientos se pusieron claramente de manifiesto» cuando habló de este incidente, proclamando en su mejor interpretación de Ollie North que «este presidente» no va a quedarse cruzado de brazos mientras mujeres norteamericanas son amenazadas[21].

La prensa no explicó por qué «este presidente» había rechazado incluso presentar una protesta cuando, pocas semanas antes, una monja norteamericana, Diana Ortiz, había sido secuestrada, torturada y había sido objeto de abusos sexuales por parte de la policía guatemalteca —o por qué los medios de comunicación no consideraron que valiera la pena informar sobre esta historia cuando fue comunicada telegráficamente el 6 de noviembre, y han ignorado las repetidas solicitudes de investigación por parte de líderes religiosos y representantes del Congreso—. Los «profundos sentimientos» de George Bush tampoco se pudieron contrastar con la respuesta de «este presidente» al trato dispensado a mujeres norteamericanas y a otros trabajadores religiosos y humanitarios en El Salvador algunas semanas antes, una pequeña nota a pie de página a las brutales acciones gubernamentales elogiadas por James Baker en una conferencia de prensa celebrada el 29 de noviembre como «completamente adecuadas» —comentario al que se prestó escasa atención, tal vez por no considerarlo demasiado útil inmediatamente después del asesinato de los sacerdotes jesuitas[22].

El asesinato de las monjas Maureen Courtney (de Milwaukee) y Teresa Rosales por terroristas organizados por los Estados Unidos en Nicaragua el 1 de enero, pocos días después de que Bush hubiera impresionado a los medios de comunicación con sus «profundos sentimientos», también pasó inadvertido, y no hubo llamamiento alguno a la acción para proteger a las mujeres norteamericanas. Lo mismo sucedió cuando la hermana Mary McKay fue gravemente herida por unos pistoleros que dispararon desde un autobús en San Salvador cuatro días después de las fuertes condenas a la oposición política por parte de la embajada norteamericana. El asesinato de Ben Linder por contras en 1987 tampoco suscitó llamamiento alguno para la protección de las vidas norteamericanas, ni siquiera después de que el jefe de operaciones de los contras. Fermín Cárdenas, afirmara en una declaración que el comandante de la contra. Enrique Bermúdez había ordenado la muerte de Linder para sabotear un pequeño proyecto para la construcción de una presa en el que aquél estaba trabajando en un pueblo lejano —otro hecho que, de un modo u otro, pasó desapercibido[23].

Otro pretexto fue nuestro compromiso con la democracia, profundamente quebrantado cuando Noriega robó las elecciones de 1989 que habían sido ganadas por el candidato apoyado por los Estados Unidos, Guillermo Endara, actualmente restituido en el poder tras la invasión. Una pregunta obvia nos viene a la mente: ¿qué sucedió en las elecciones anteriores de 1984, cuando Noriega era todavía nuestro matón? La respuesta es que Noriega robó las elecciones con una violencia considerablemente mayor que en 1989, con dos personas muertas y cuarenta heridas cuando los soldados dispararon contra una manifestación de protesta. Estas acciones lograron obstaculizar la victoria de Arnulfo Arias en favor de Nicolás Ardito Barletta, desde entonces conocido como «fraudito» en Panamá. Washington se opuso a Arias, de quien se temía que «llevaría al poder un tipo de política ultranacionalista indeseable» (un funcionario del Departamento de Estado), prefiriendo a Barletta, antiguo alumno del secretario de Estado, George Shultz, cuya campaña recibió fondos del gobierno de los Estados Unidos, según el embajador norteamericano Everett Briggs. Shultz fue enviado allí para legitimar el fraude y elogió las elecciones como «iniciadoras del proceso de democracia». La aprobación de los Estados Unidos estuvo simbolizada por el mensaje de felicitación del presidente Reagan a Barletta, siete horas antes de que su victoria hubiera sido certificada[24].

Los medios de comunicación hicieron la vista gorda, sin interesarles el informe sobre el fraude presentado por el ex congresista reverendo Robert Drinan, que actuaba como portavoz de los observadores extranjeros que controlaron las elecciones. No hubo críticas a las elecciones en los principales periódicos (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Miami Herald y otros), aunque cambiaron de disco rápidamente y empezaron a publicar ataques editoriales sobre el hecho de que Noriega no hubiera satisfecho nuestros nobles criterios democráticos, tan pronto como la administración Reagan dio la señal volviéndose contra él[25].

El candidato de 1989 respaldado por los Estados Unidos, Guillermo Endara, era próximo a Arias y siguió siendo su portavoz en Panamá hasta su muerte en 1988 en un exilio autoimpuesto. Endara había sido ministro de planificación de Arias en 1968 y «solía hablar, casi como si soñara, del día en que Arias volvería “como signo de la providencia” para dirigir el país» (AP). El Washington Post comenta hoy que Endara fue elegido para gobernar en 1989 «sobre todo a causa de sus estrechas relaciones con el último y legendario político panameño Arnulfo Arias, quien fue derrocado de la presidencia por los militares tres veces desde los años cuarenta» —exacto, pero un poco selectivo—. Una vez más, los medios de comunicación desviaron cortésmente su atención cuando, durante la invasión, Endara denunció el «fraude de 1984». Y no preguntan por qué nuestra «ansia de democracia» sólo se despertó una vez que Noriega se hubo convertido en una molestia para Washington en lugar de en un activo[26].

Quizás el motivo de la pérdida de favores de Noriega fuera su gansterismo y corrupción. Podemos descartar rápidamente esta idea. Se sabía que Noriega era un matón cuando era un aliado de los Estados Unidos, y siguió siéndolo sin ningún cambio relevante cuando el gobierno (y por lo tanto los medios de comunicación) se volvieron contra él. Por otra parte, no se aproxima a la criminalidad de la gente a la que respaldan los Estados Unidos. El informe de Americas Watch de 1988 sobre los derechos humanos en Panamá cita abusos, pero nada remotamente comparable con la reputación de los clientes de los Estados Unidos en la región, o en otros lugares, ni siquiera los de los menos criminales como Honduras. Pero estos hechos no desfiguraron la cruzada de los medios de comunicación. La versión de Ted Koppel, citada antes, resultó ser lo habitual. Su compañero de la ABC Peter Jennings denunció a Noriega como «una de las más odiosas criaturas con que los Estados Unidos hayan mantenido relación», mientras que Dan Rather de la CBS le situó «en lo alto de la lista de los ladrones de la droga y de la escoria del mundo». Otros siguieron el ejemplo[27].

En realidad, la administración Bush se esforzó en dejar claro que los crímenes de Noriega no eran un factor en la invasión, sin que ello suscitara gran interés. Justo cuando las tropas atacaban Panamá, la Casa Blanca anunció nuevas ventas de alta tecnología a China, señalando que estaban en juego 300 millones de dólares en volumen de negocio para las empresas norteamericanas y que los contactos se habían reanudado en secreto pocas semanas después de la matanza de la Plaza de Tiananmen. Washington impidió, asimismo, la entrada en el país a dos académicos chinos invitados por universidades norteamericanas, en un gesto de deferencia a las autoridades chinas. Se anunciaron nuevas ventas agrícolas subvencionadas a China. Pocas semanas después, el Export-Import Bank anunció una subvención a China para la adquisición de equipamiento para el metro de Shangai a empresas norteamericanas. La Casa Blanca aprovechó también la ocasión de la invasión de Panamá para anunciar unos planes para levantar una prohibición sobre los préstamos a Irak[28].

Los planes para facilitar préstamos a Irak fueron ejecutados poco después —para alcanzar «el objetivo de incrementar las exportaciones estadounidenses y situarnos en una mejor posición para negociar con Irak por lo que respecta a los derechos humanos…», explicó el Departamento de Estado procurando mantener la compostura—. El primer objetivo es el habitual. Según el presidente del Comité Parlamentario para Asuntos Bancarios [House Banking Committee], el representante Henry González —como le sucede a menudo, una voz aislada—, la envergadura de estos préstamos norteamericanos no era insignificante, ni tampoco lo era su impacto: una cuestión a la que volveremos[29].

Los planes para reanudar los préstamos bancarios a Irak fueron difundidos en televisión por el corresponsal de la ABC en Oriente Medio, Charles Glass, pocos días antes de la invasión de Panamá. Informó además que «los Estados Unidos se han convertido en el mayor socio comercial de Irak[30]». Durante algún tiempo, Glass había estado librando una campaña en solitario en los principales medios de comunicación para exponer las atrocidades iraquíes y el respaldo crucialmente importante de los Estados Unidos al régimen, obteniendo evasivas o negativas por parte de Washington. Los medios de comunicación en general no estuvieron interesados hasta varios meses después, cuando la amenaza iraquí fue «descubierta» en el contexto de la búsqueda de nuevos enemigos para justificar el presupuesto del Pentágono, y, en agosto, con la conquista de Kuwait por parte de Irak.

El líder de la minoría del Senado, Robert Dole, proclamó que la captura de Noriega «demuestra que los Estados Unidos no abandonarán ni claudicarán ante nadie, por poderoso o corrupto que sea[31]». En comparación con los amigos de Bush en Beijing y Bagdad, Noriega podría pasar por un niño de coro.

Algunos percibieron «una falta de coherencia política y moral» en las acciones contra Noriega justo cuando Washington «besa las manos de los dictadores chinos» (A. M. Rosenthal[32]). Esta aparente incoherencia se desvanece tan pronto como se ignoran las presiones doctrinales. En todos los casos, las acciones son útiles a las necesidades del poder y el privilegio norteamericanos. Era bueno para los negocios, como explicaron el portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, y el Departamento de Estado en los casos de Irak y de China. Los medios de comunicación consiguieron pasar por alto estos puntos no demasiado sutiles —e incluso la mayoría de los hechos.

Otro argumento era que el Parlamento panameño había declarado la guerra a los Estados Unidos el 15 de diciembre. De hecho, el profesor de derecho internacional Alfred Rubin señaló que el Parlamento había declarado lo que equivale al estado de emergencia «mientras durara la agresión desatada» por el gobierno de los Estados Unidos, según los términos oficiales[33].

Otro pretexto más, evocado con regularidad, era que Noriega estaba implicado en el negocio de la droga —como ya se sabía mucho antes, mientras estaba en la plantilla de la CIA—. John Dinges, autor de un libro sobre Noriega, informa que «en 1984, como gobernante de facto en Panamá y deseoso de convertirse en un importante jugador político en Centroamérica, el general Noriega empezó a limpiar su expediente». Su expediente criminal después de que el gobierno de los Estados Unidos se volviera contra él presenta únicamente una acusación de presunto tráfico después de 1984. La DEA y los agentes de narcóticos describen como genuina su cooperación con las autoridades norteamericanas en la prohibición de las actividades relacionadas con la droga. En una carta de mayo de 1986, el administrador de la DEA, John Lawn, expresaba a Noriega su «profundo agradecimiento por la enérgica política contra el tráfico de drogas que usted ha adoptado» y el fiscal general Edwin Meese añadió sus elogios en mayo de 1987[34].

Mientras las justificaciones se sucedían en los meses siguientes, los cuentos de hadas oficiales adquirieron la categoría de hechos establecidos. La convención, por lo que se refiere a la comunicación de las noticias y los comentarios, es seleccionar uno de los muchos pretextos lanzados por la administración, y presentarlo con inquebrantable confianza —pero sin siquiera atisbo de una posible prueba—. La corresponsal Pamela Constable seleccionó los derechos humanos como motivo del descontento de los Estados Unidos con Noriega: «La oposición interna fue reprimida con creciente dureza después de 1987, llevando a la administración Reagan a romper la larga alianza con Noriega». En el New York Review. Michael Massing eligió el negocio de la droga y escribió que «Washington estaba dispuesto a aceptar las usurpaciones políticas de Noriega, incluyendo el robo de unas elecciones en 1984, pero, una vez su implicación en el tráfico de drogas fue del dominio público, la tolerancia de los Estados Unidos llegó a su fin[35]».

En realidad, asuntos internos de Panamá aparte, es casi imposible sugerir seriamente que la represión de Noriega ofendió a los entusiastas defensores de los vecinos militares salvadoreños y guatemaltecos. El robo de las elecciones de 1984 no fue «aceptado» de mala gana, sino acogido con abierto entusiasmo por los Estados Unidos. Se sabía desde mucho antes que Noriega traficaba con drogas, pero ello sólo fue ampliamente divulgado por los medios de comunicación cuando la política gubernamental cambió, dándoles la señal. Como hipótesis, estos argumentos serían rápidamente descartados. Como confiadas afirmaciones, sólo nos hablan de las convenciones de la vida intelectual. Como servicio al poder, sus méritos son evidentes.

En cuanto a la conexión con la droga, independientemente de cuál haya sido el papel de Noriega, ciertamente no estaba solo. Poco después de que robara las elecciones de 1984 mediante el fraude y la violencia, con gran contento de los Estados Unidos, el fiscal federal del distrito de Miami identificó bancos panameños como un importante conducto para el dinero de la droga. Un año antes, un informe del Senado sobre la banca había descrito a Panamá como un centro de atracción de capital delictivo y una conexión clave en el envío de droga y el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Según informó la prensa tras la invasión[36], estas prácticas terminaron en su mayor parte cuando en 1987 las sanciones de los Estados Unidos virtualmente cerraron los bancos.

Los banqueros volvieron al poder en Panamá con la invasión, como los medios de comunicación finalmente se dignaron señalar. El fiscal general y el ministro de Hacienda instalados por la invasión de los Estados Unidos (y también, según rumores, el nuevo presidente del tribunal supremo) son antiguos directores del First Interamericas Bank, propiedad de uno de los principales capos colombianos de la droga y utilizado por el cártel colombiano de la cocaína para blanquear beneficios. El mismo fue cerrado por Noriega en 1985 en una acción considerada por la DEA como un golpe importante para el cártel. El presidente Endara, un líder empresarial, había sido durante años director de uno de los bancos panameños que, según descubrió el FBI, estaba implicado en el blanqueo de dinero. El Miami Herald informa que Guillermo Ford, vicepresidente con Endara y presidente de la comisión bancaria, juntamente con su hermano Henry, tenía estrechos lazos comerciales con Ramón Milián Rodríguez, el «blanqueador» de dinero del cártel, que está cumpliendo una condena de treinta y cinco años de prisión. Eran codirectores de empresas que fueron utilizadas para blanquear dinero, declaró Milián Rodríguez. Otra vinculación con el gobierno de Endara fue dada a conocer en abril de 1989, cuando Carlos Eleta, un importante empresario y contrario a Noriega, fue arrestado bajo los cargos de importación de cocaína y blanqueo de dinero. Según una alta fuente de los Estados Unidos, Eleta había sido reclutado por la CIA para ayudar a distribuir 10 millones de dólares en ayuda norteamericana secreta para la elección de Endara a la presidencia un mes más tarde[37].

Preguntado acerca de si las prácticas bancarias serían modificadas para desalentar el blanqueo de dinero, el presidente Endara dijo que, fueran cuales fueran los cambios, «no serían muy profundos» y que «los banqueros quieren cambios razonables y no modificarán debidamente el contexto bancario». Un mes más tarde, los negociadores de los Estados Unidos habían «abandonado los esfuerzos para modificar las leyes del secreto bancario de Panamá, que hace de esa nación el más famoso centro para el blanqueo de dinero relacionado con la droga en el hemisferio», informa Frank Greve, añadiendo que al menos diez importantes bancos panameños están «voluntariamente implicados» en el blanqueo de dinero según las autoridades norteamericanas,

y los expertos creen que miles de millones de dólares en dinero procedente de la droga han pasado por los bancos panameños en general en la última década… Al preguntársele por qué los Estados Unidos cedían ante el secreto bancario, un funcionario del Departamento de Estado respondió: «No queremos indisponernos con los panameños justo cuando nos sentamos a negociar con ellos. … En lugar de decirles si las leyes son suficientes, les dejaremos decidir».

Tomaron la decisión que era de prever, con algunos cambios cosméticos: «No puedo decir que hoy se blanquee menos dinero», dice el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Edgardo Lasso, «pero podría estar haciéndose sin nuestro conocimiento[38]». La artificial economía panameña depende enormemente de su «contexto bancario», y Washington no está dispuesto a interferir muy seriamente.

Todo ello tiene sentido. El propio Milián Rodríguez había sido invitado a la toma de posesión de Reagan, informa Leslie Cockburn, «en reconocimiento por las contribuciones de 180 000 dólares a la campaña por parte de sus clientes» (el cártel de la cocaína, que consideraba a Reagan como «nuestro candidato ideal», dijo[39]). Como zar de la droga a principios de los años ochenta, el presidente Bush canceló el pequeño programa federal dirigido a los bancos implicados en el blanqueo del dinero de la droga, y su crítica relación con el comercio fue rechazada en la nueva fase de la «guerra contra la droga». Los muchachos de los guetos que venden crack suscitan nuestra ira, pero no así los chicos civilizados de las oficinas elegantes.

Después de que el gobierno de los Estados Unidos hubiera decidido deshacerse él mismo de Noriega, continuó apoyando a las Fuerzas Defensivas Panameñas que aquél había dirigido, aunque se sabía que estaban implicadas en los negocios a todos los niveles. Cuando George Shultz dio un espaldarazo a las FDP en marzo de 1988, describiéndolas como un «ejército fuerte y honorable que tiene un papel significativo y específico que desarrollar», el New York Times comentó: «es extraño oír a los funcionarios de la administración cantando elogios de los militares cuando están vinculados a los compinches de Noriega que han compartido los beneficios del tráfico de droga y otras actividades criminales». Con la finalización con éxito de la operación Causa Justa, las FDP fueron reconstituidas esencialmente bajo la misma dirección —que, se espera, será más leal a sus jefes norteamericanos que el impredecible Noriega—. El sucesor de Noriega fue el coronel Eduardo Herrera Hassan, cuyos soldados «mataron, gasearon, golpearon y torturaron de la forma más enérgica a los civiles que protestaban durante la ola de manifestaciones contra el general Noriega que se desencadenó aquí en el verano de 1987», observó el New York Times al informar que el coronel, «un favorito de la población norteamericana y de la clase diplomática en este país», será puesto al mando de los militares con su «nueva orientación hacia los derechos humanos». En su informe de mayo de 1990 sobre la invasión de Panamá, Americas Watch manifestó una considerable consternación ante el nombramiento del coronel Hassan, que «dirigió la más brutal represión de unas manifestaciones pacíficas en la historia de Panamá el 10 de julio de 1987, que los oponentes a Noriega denominaron “Viernes Negro”… Desde todos los puntos de vista, él mismo debería ser sometido a juicio» —al igual que George Bush, podríamos añadir[40].

La doctrina del gobierno y los medios de comunicación sostiene que Bush «tenía escasas alternativas» a la invasión, al no haber logrado derrocar a Noriega por otros medios (R. W. Apple). «El señor Bush puede no haber visto alternativa a la invasión», añadió Tom Wicker, aunque como moderado, no considera «concluyentes» los argumentos de Bush[41]. El supuesto subyacente es que los Estados Unidos tienen todos los derechos a alcanzar sus objetivos, de modo que la violencia es legítima si fracasan los medios pacíficos. Este principio tiene amplia aplicación. Podría ser fácilmente evocado por los terroristas que destruyeron el vuelo 103 de la Pan Am, un acto amargamente denunciado en su primer aniversario, precisamente cuando los Estados Unidos invadían Panamá. También ellos podrían alegar que habían agotado los medios pacíficos. Pero esta doctrina tiene otra característica fundamental: el derecho a la violencia está reservado a los Estados Unidos y a sus clientes.

La doctrina fundamental queda aclarada además por el trato dispensado al derecho internacional. En ocasiones se indicó que sus preceptos habían sido violados por la invasión, pero ello fue rechazado partiendo de la base de que las «legalidades son turbias» (Wall Street Journal. ,[42] o simplemente irrelevantes. Exactamente diez años antes, Vietnam invadió Camboya —después que este país efectuase sanguinarios ataques contra pueblos vietnamitas con miles de víctimas—, derrocando al régimen de Pol Pot. Desde cualquier punto de vista, la justificación de esta invasión es mucho más plausible que cualquier otra cosa que Washington pudiera ofrecer. Pero, en ese caso, las legalidades no fueron ni turbias ni irrelevantes. Por el contrario, la violación del derecho internacional por parte de Vietnam hirió nuestra sensibilidad, ganando para los vietnamitas la reputación de «los prusianos del sureste asiático» (New York Times) a quienes debíamos castigar, juntamente con el pueblo de Camboya, mediante la guerra económica y el apoyo tácito a los Jemeres Rojos. Estas reacciones radicalmente distintas pueden explicarse fácilmente con la doctrina de que únicamente los Estados Unidos y sus clientes gozan del derecho a la violencia ilegal. Pero las preguntas obvias siguen sin respuesta y la comprensión del mundo real es efectivamente reprimida.

Ateniéndose sobremanera a la agenda gubernamental, la prensa apenas si investigó cuestiones tales como las víctimas civiles. Algunos atribuyeron este fallo a la interferencia del Pentágono, pero esa excusa es difícil de creer. Nada impedía a la prensa visitar hospitales y entrevistar a sus directores, quienes informaron de depósitos de cadáveres rebosantes desde los primeros días e hicieron un llamamiento a América Latina y Europa para que enviaran equipos médicos porque «los Estados Unidos sólo nos dan balas», ni publicar las historias que llegaban por telégrafo informando sobre estos hechos. Linda Hossie del Toronto Globe & Mail informó de un «abierto escepticismo» en relación con las cifras oficiales, citando a personas que vivían en los barrios bajos, trabajadores eclesiásticos y otros que hablaron de muchos civiles «enterrados porque no había transportes para llevarlos a un depósito de cadáveres». «Virtualmente todos los panameños entrevistados —escribe— admitieron que la gran mayoría de los muertos son civiles». La prensa argentina pudo hallar a un portavoz del gobierno que dijo «han dado los pasos legales necesarios para la incineración de grandes cantidades de cuerpos muertos amontonados en los depósitos de los hospitales centrales, actualmente rebosantes de cadáveres». Uno de los pocos que realizó el esfuerzo, J. D. Gannon, informó que los hospitales, depósitos de cadáveres y funerarias registraron alrededor de seiscientos civiles muertos en la ciudad de Panamá, mientras que los diplomáticos y trabajadores de socorro calculaban cuatrocientos más en las áreas rurales[43].

Los medios de comunicación quedaron muy impresionados por un sondeo de la CBS que demostraba que el 90 por 100 de la población aprobaba la invasión, aunque no ponderaron el hecho de que el 10 por 100 de una población de 2,4 millones de personas había mencionado que un buen amigo o un pariente habían muerto (23 por 100, muertos o heridos). Unos cuantos cálculos realizados a partir de supuestos razonables indican que o bien el sondeo no es en absoluto significativo o bien el número de muertos fue de miles según las estimaciones de los conservadores. Esta pregunta no se planteó[44].

La falta de interés por el coste en vidas civiles fue compartido por el Congreso. El 1 de febrero, la Cámara de Representantes aprobó una resolución, la 389-26, «alabando a Bush por su gestión de la invasión y expresando su tristeza por la pérdida de 23 vidas norteamericanas», informó AP. Una posible omisión nos viene a la mente, pero parece haber pasado desapercibida[45].

Se trata de un mero ejemplo, pero es suficiente para ilustrar «el tipo de información impactante y sin barreras que hacen de la prensa un componente tan esencial del sistema democrático de nuestro país», como escribe Sanford Ungar, exultante de orgullo ante la magnificencia de su profesión[46].

Tan sólo unos pasos más allá, el velo se levanta y las verdades elementales son fácilmente percibidas. El gran analista militar israelí Ze’ev Schiff, comenta que la invasión no tiene nada de extraordinario, «ni desde un punto de vista militar —que las fuerzas norteamericanas estén matando a civiles panameños inocentes—… ni desde un punto de vista político, cuando una gran potencia emplea sus fuerzas militares contra un vecino pequeño, con pretextos que Washington rechazaría de inmediato si fueran presentados por otros Estados». Al igual que el bombardeo de Libia y otras operaciones militares, ésta revela «que Washington se permite lo que otras potencias, incluyendo a la Unión Soviética, no se permiten, aunque no tienen, evidentemente, menos justificación».

En otro Estado cliente, la prensa hondureña dominante adoptó un tono más severo. Un editorial publicado en El Tiempo denunciaba el «totalitarismo internacional» de George Bush «disfrazado de democracia». Bush «ha declarado claramente a toda América Latina que para el gobierno norteamericano no existe la ley —sólo su voluntad— al imponer sus designios al hemisferio». Un columnista cataloga la «Causa Justa» de «burdo y grotesco eufemismo, ni más ni menos que una invasión imperialista de Panamá… Vivimos en un clima de agresión y de falta de respeto… heridos por nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra obvia dependencia, la absoluta sumisión de nuestras débiles naciones al servicio de una implacable superpotencia. América Latina sufre» mientras el Congreso dispensa a George Bush una entusiasta ovación por su triunfo[47].

4. OPERACIÓN CAUSA JUSTA: LOS MOTIVOS

Los motivos de la invasión no fueron difíciles de dilucidar. Manuel Noriega había estado trabajando felizmente con el servicio de inteligencia de los Estados Unidos desde los años cincuenta, durante la permanencia de George Bush como director de la CIA y posteriormente como zar de la droga para la administración Reagan. Su relación con el servicio de inteligencia norteamericano comenzó cuando informó de tendencias izquierdistas entre compañeros estudiantes, funcionarios e instructores de la Academia Militar. Estos servicios pasaron a ser contractuales en 1966 o 1967, según funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense. La red de espionaje que organizó «sería útil a dos clientes», informa Frederick Kempe: «al gobierno panameño, al controlar a los oponentes políticos en la región, y a los Estados Unidos al seguir el rastro de la creciente influencia comunista en los sindicatos organizados en las plantaciones bananeras de la United Fruit Co. …» (siendo una preocupación lógica para el gobierno de los Estados Unidos, se asume sin comentarios). Tras varias vicisitudes, fue reconocido como espíritu afín por la administración Reagan y devuelto a la plantilla norteamericana con unos pagos por parte de la CIA y la DIA de una media de 200 000 dólares anuales[48]. Su ayuda en el robo de las elecciones de 1984 ya ha sido mencionada. Desarrolló también un papel de apoyo en la guerra de los Estados Unidos contra Nicaragua y fue considerado por la DEA como un valioso activo en la guerra contra las drogas.

Sin embargo, en 1985-1986, los Estados Unidos estaban empezando a reconsiderar su papel y decidieron finalmente eliminarle. Se desarrolló una «oposición pública», sobre todo entre la clase alta y la clase media, la cual condujo a protestas callejeras que fueron brutalmente reprimidas por los militares panameños dirigidos por el favorito de los Estados Unidos, el coronel Herrera Hassan. Se puso en marcha un programa de guerra económica, destinado a minimizar el impacto sobre la comunidad empresarial estadounidense, declaró ante el Congreso un funcionario del GAO[49].

Un punto negativo contra Noriega fue su apoyo al proceso de paz de Contadora para Centroamérica, al que los Estados Unidos se oponían fuertemente. Se cuestionó su compromiso con la guerra contra Nicaragua y, cuando estalló el asunto Irán-contra su utilidad llegó a su fin. El día de Año Nuevo de 1990, la administración del Canal de Panamá pasaría en su mayor parte a manos panameñas, y pocos años después, pasaría el resto, según el Tratado del Canal. Un importante oleoducto pertenece en un 60 por 100 a Panamá. Está claro que los clientes tradicionales de los Estados Unidos habían de ser restaurados en el poder y que no había demasiado tiempo que perder. Al aproximarse el 1 de enero, el Economist de Londres observó, «la oportunidad era vital» y había que instalar un nuevo gobierno[50].

Otros beneficios derivados de la invasión estrecharían el collar de fuerza sobre Nicaragua y Cuba, los cuales, lamentan el gobierno y los medios de comunicación, habían utilizado la libre y abierta economía panameña para eludir las sanciones comerciales norteamericanas y el embargo ilegales (otra condena del embargo por parte de la ONU mientras los Estados Unidos invadían Panamá, con tan sólo el voto en contra de los Estados Unidos e Israel, fue una cuestión demasiado poco significativa para merecer siquiera ser informada). Estas intenciones fueron simbólicamente señaladas por las despectivas violaciones de la inmunidad diplomática, incluyendo la irrupción en la embajada de Nicaragua y la reiterada detención de personal de la embajada cubana —todo ello enormemente ilegal, pero que no suscita preocupación alguna en un Estado sin ley, aparte del peligro de un precedente a causa del cual los Estados Unidos podrían sufrir—; nunca se sabe cuándo el próximo Somoza o el próximo Marcos podría pretender cobijarse en una embajada de los Estados Unidos. Incluso el vulgar despliegue de los militares norteamericanos en el exterior de la embajada del Vaticano, con música de rock a todo volumen y otras infantiles payasadas, fue considerado, en general, como una buena y sana diversión —y, por los militares, como «un uso muy imaginativo de las operaciones psicológicas» (coronel Ted Sahlin del Kennedy Special Warfare Center)—. El portavoz de la Casa Blanca, Fitzwater, estaba «ciertamente contento de ver manifestarse el norteamericano sentido de la imaginación en esta situación» —que, como han admitido todos los bandos, fue parte de un modelo de abierta violación del derecho federal e internacional por lo que respecta a la inmunidad diplomática—. La prensa se adhirió a sus fabulosos cánones de objetividad —por ejemplo, cuando los equipos de televisión que había en un hotel que daba a la embajada del Vaticano mostraron una piña cortada por la mitad por la ventana de su habitación o cuando la Radio Nacional Pública divirtió a su elitista auditorio intelectual con una entrevista a un vendedor de frutas y verduras, a quien preguntaron si la cara picada de viruelas de Noriega parecía realmente una piña[51].

Siete meses después, tropas iraquíes rodearon, entre otras, la embajada de los Estados Unidos en un esfuerzo para obligar a los países que participaban en el bloqueo contra Irak a retirar sus delegaciones. «No han realizado acción alguna contra las embajadas ni han irrumpido en ellas en absoluto, pero, no obstante, están presentes», anunció un portavoz de la Casa Blanca. Los medios de comunicación estaban ofendidos. Los editores del Times escribieron: «Ahora Saddam Hussein ataca a la mismísima diplomacia». Los editores proclamaron además, por vez primera, que los líderes iraquíes estaban ahora «convirtiéndose en criminales de guerra en el sentido clásico de Nuremberg» y deberían ser juzgados bajo los principios de Nuremberg, que afirman que «un crimen contra el derecho mundial debe ser castigado», incluyendo a jefes de Estado y a aquellos que obedecen sus órdenes. Sería demasiado esperar que los editores recordaran que el Estado que ellos proclaman como «el símbolo de la decencia humana», al invadir Beirut occidental en 1982 violando el alto el fuego y una resolución unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, irrumpió de repente en los terrenos de la embajada soviética, apoderándose del edificio del consulado y reteniéndolo durante dos días, una provocación gratuita (la embajada había sido también repetidamente bombardeada durante los bombardeos israelíes de objetivos civiles en Beirut[52]). Pero podrían, tal vez, haber sido capaces de rebuscar en la memoria ciertos sucesos acontecidos en la ciudad de Panamá algunos meses antes.

La invasión restauró en el poder a la elite blanca europea tradicional que había sido desplazada por el general Torrijos en su golpe de 1968. Bajo el titular de «Quayle recibe una cálida acogida en Panamá», el corresponsal del Times. Robert Pear observa al final de un optimista informe que «los sentimientos proamericanos son manifestados más enérgicamente por los panameños ricos y de clase media que por aquellos que tienen una renta baja», la mayoría negra y mestiza. Informa además que el vicepresidente no visitó los barrios pobres. Rita Beamish informa, sin embargo, para AP que «antes de abandonar la ciudad de Panamá, Quayle dio una vuelta en automóvil por el necesitado barrio del Chorrillo. … Cuando su caravana de automóviles pasó lentamente por la zona, los mirones formaron corrillos y se asomaron a las ventanas, observando en frío silencio. Su reacción contrastaba totalmente con las entusiastas aclamaciones del domingo por parte de una bien vestida congregación en una iglesia católica a la que Quayle asistió en otro barrio», profusamente mostradas en televisión[53].

El «total contraste» pasó desapercibido. El reportero del Times. Larry Rohter y otros hallaron apoyo y aprobación generales para las aventuras norteamericanas entre aquellos que habían sufrido a causa de la guerra económica y habían quedado arruinados por la invasión.

Los escasos periodistas que se apartaron del camino trillado descubrieron la situación esperada. Diego Ribadeneira informa de una manifestación de protesta por el arresto de dos líderes del sindicato de telecomunicaciones por parte de soldados norteamericanos. «La mayoría de los activistas políticos y líderes obreros» están «en una lista de varios cientos de personas a quienes el gobierno Endara pretende detener», prosigue. Un alto funcionario de la embajada de los Estados Unidos declaró no conocer los motivos: «No nos dieron ningún detalle, simplemente que el gobierno de Endara quería que los apresáramos. Son mala gente de algún tipo, supongo[54]».

Y lo son, como todos los activistas y líderes obreros de la región, y de otros lugares, si no se someten.

Sin dejar nada a la suerte, los militares norteamericanos enviaron a cientos de especialistas en guerra psicológica a Panamá «para difundir mensajes de propaganda pronorteamericana por todo el país» en una campaña para «reforzar la imagen de los Estados Unidos» y «para imprimir la influencia norteamericana en casi todas las fases del nuevo gobierno», informa la prensa. «Estos muchachos son… muy sofisticados en los aspectos psicológicos de la guerra —dijo un oficial del ejército—. Trabajan en propaganda[55]».

La carrera de Noriega encaja en el modelo habitual. Típicamente, los matones y gánsteres a quienes respaldan los Estados Unidos llegan a un punto en sus carreras en que se vuelven demasiado independientes y codiciosos, haciendo olvidar su utilidad. En lugar de limitarse simplemente a robar a los pobres y proteger el clima empresarial, empiezan a interferir con los aliados naturales de Washington, la elite empresarial local y la oligarquía, o incluso directamente con los intereses norteamericanos. En este punto, Washington comienza a dudar. Oímos hablar de violaciones de los derechos humanos que fueron alegremente ignoradas en el pasado y, en ocasiones, el gobierno de los Estados Unidos entra en acción para eliminarlos —incluso para intentar asesinarlos, como en el caso de Trujillo—. En 1986-1987, Elliott Abrams, como siempre obsesionado por el aliciente de la violencia en Nicaragua, se opuso a una resolución del Senado que condenaba a Noriega[56].

Otro indicativo de una posible ambivalencia en las altas instancias es la curiosa relación entre Israel y Panamá. Al parecer, como en el caso de Somoza, Israel no estuvo obligado a cancelar sus envíos de armas y demás ayuda a Noriega hasta virtualmente el final. Según la prensa israelí, cuando Noriega dejó de ser el «amigo íntimo» de Washington en 1986, «Israel recibió órdenes de portarse bien, se le permitió seguir vendiendo armas, pero se le exigió mantener un perfil bajo en sus relaciones con Noriega». Alrededor del 20 por 100 del medio millón de dólares de ventas de armas israelíes a Panamá, además de otro equipo militar, en la pasada década se llevaron a cabo en los últimos tres años, informa Efraim Davidi en la prensa del Partido Laborista. Davidi cree que los norteamericanos estaban siguiendo el plan habitual de suministrar armas a elementos militares que, esperaban, eliminarían el objetivo específico —un guión muy similar al de la venta de armas de origen norteamericano a Irán por parte de Israel a principios de los años ochenta[57].

En resumidas cuentas, una operación con éxito. Hoy, los Estados Unidos pueden seguir promoviendo la democracia y el próspero desarrollo económico, como han estado haciendo con tanto éxito en la región durante muchos años. Esta perspectiva se presenta seriamente, con despreocupada ignorancia de la historia relevante y de los motivos de su trayectoria habitual. Los alegres informes acerca de estas perspectivas no suscitaron siquiera las preguntas más obvias: ¿Cuáles eran las consecuencias de las más recientes invasiones, llevadas a cabo con las mismas promesas?

No tocar el tema exigió verdadera dedicación. El día de la invasión de Panamá, las últimas páginas llevaban las necrológicas de Herbert Blaize, que presidió el triunfo de la democracia y la reconstrucción tras la liberación de Granada, siendo muy aclamado —una ocasión perfecta para un análisis del cumplimiento de la promesa—. Inicialmente, los Estados Unidos invirtieron 110 millones de dólares en la pequeña isla para estimular la inversión y el turismo norteamericanos, con escasos resultados. El país lleva a cuestas una deuda próxima a los 50 millones de dólares y un déficit comercial de 60 millones de dólares. A principios de diciembre de 1989, una huelga que secundaron prácticamente todos los empleados públicos exigió el pago de los incrementos salariales prometidos desde 1987. No había fondos disponibles, a pesar de los préstamos solicitados para refrenar un creciente déficit presupuestario. La cifra oficial de desempleo es del 20 por 100, estimado en un 40 por 100 entre los trabajadores jóvenes. Se dice que el alcoholismo y la drogadicción han alcanzado niveles sin precedentes, juntamente con los homicidios y otros signos de disolución social. El sistema de asistencia sanitaria instituido por Maurice Bishop fue desmantelado después de que Blaize expulsara al personal cubano que lo componía. Se estima que el 2 por 100 de la población emigró en 1986. En junio de 1987, el presidente Blaize promulgó una Ley de Poderes de Emergencia [Emergency Powers Act] que daba a las fuerzas de seguridad amplios poderes, incluyendo la detención sin juicio, el arresto domiciliario, la deportación y el derecho a declarar un toque de queda, estableciendo también un comité para censurar «canciones políticamente comprometidas». No hay ya llamamientos a «Reagan el proveedor», que nos construirá viviendas, nos dará comida y trabajo, y nos conducirá al cuerno de la abundancia que hay al final del arco iris, como prometió. En su lugar, las pintadas de las paredes dicen «Fuera Yanquis» y «Yanquis marchaos». «Es más probable que los más recientes garabatos de las paredes digan cosas como “Reagan es el terrorista n.º 1 mundial”», informa Gary Krist sin entender nada, y «la más halagadora descripción de George Bush» que he oído en la isla es que «se trata simplemente de otro Ronald Reagan, sólo que no tan agresivo». Eso fue antes de la repetición del guión en Panamá[58].

O podríamos echar un vistazo a la República Dominicana, liberada por una invasión norteamericana en 1965 y encarrilada en el camino hacia la democracia —aunque sólo después de años de matanzas y torturas por los escuadrones de la muerte y de la compra por parte de empresas estadounidenses de la mayor parte de lo que no habían adquirido durante ocupaciones anteriores. Esto se considera también como un triunfo de la democracia, con la elección de civiles y sin que los militares tomaran el poder —de hecho, contentos de dejar la tarea de patrullar a los civiles y al FMI. Pero, «en una isla dotada como pocas de diversos recursos minerales, suelos fértiles, bosques exuberantes y montones de peces y aves», observa el estudioso de América Latina, Jan Knippers Black, «un pueblo ingenioso e industrioso continúa luchando con escaso alivio o progreso frente a los estragos del hambre y de la enfermedad», y el país sigue siendo un «virtual apéndice de los Estados Unidos», sin la más mínima independencia, sin escapatoria de la miseria para la población en genera1[59].

En el mes de enero, mientras las tropas norteamericanas estaban «restaurando el orden» en Panamá, un barco lleno de refugiados dominicanos que huían a los Estados Unidos se hundió y docenas de personas murieron ahogadas. Otro se había incendiado pocos días antes, sin que hubiera supervivientes. Como de costumbre, no se informó de estos incidentes. Un número desconocido de estos emigrantes ilegales navegan en barcos desvencijados a Puerto Rico todos los años, muriendo muchos ahogados y siendo miles de ellos arrestados y deportados. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos [US Immigration and Naturalization Service] esperaba capturar a más de 10 000 en 1990, alrededor del 20 por 100 de los que intentarían entrar ilegalmente, el doble que en 1989. En proporción con la población, una huida comparable desde el Vietnam sería del orden de medio millón a un millón de personas, cifra que suscitaría grandes protestas internacionales sobre los horrores del comunismo. La República Dominicana no fue devastada por invasores extranjeros y la guerra económica. Pero, a diferencia del caso de los emigrantes ilegales vietnamitas, no es posible conseguir un capital político angustiándose por el destino de los que huyen de sus costas, de manera que permanecen invisibles, al igual que los miles de emigrantes ilegales que huyen de Haití en barcos, 20 000 de los cuales regresaron forzosamente durante la época de Reagan, mientras que otros escapan a la vecina República Dominicana —o son capturados y llevados allí por la fuerza— para trabajar como virtuales esclavos en las plantaciones de azúcar[60].

Tales pensamientos no interrumpieron los elogios de la operación Causa Justa y su rica promesa —que no está enteramente vacía—. El anuncio de Bush de una ayuda de 1000 millones de dólares para reconstruir la sociedad destruida por la guerra económica y el ataque militar de los Estados Unidos incluía 400 millones de dólares para financiar la venta de productos norteamericanos a Panamá, otros 150 millones de dólares para devolver préstamos bancarios y 65 millones de dólares en préstamos al sector privado y garantías para los inversores estadounidenses —todo ello regalo del contribuyente estadounidense a los ricos del país[61].

5. FRACASARON LAS BUENAS INTENCIONES

En los meses siguientes a la invasión de Panamá, el exitoso asunto casi desapareció de nuestra vista[62]. Los objetivos norteamericanos habían sido alcanzados, el triunfo había sido convenientemente celebrado y no había gran cosa más que decir excepto registrar el subsiguiente progreso hacia la libertad, la democracia y la buena fortuna —o, si ello deja entrever credulidad, inventar reflexiones ocasionales sobre cómo fracasan las mejores intenciones cuando se trabaja con un material humano tan pobre.

Las fuentes centroamericanas continuaron prestando considerable atención al impacto de la invasión sobre los civiles, pero fueron ignoradas en nuestro país en los análisis ocasionales de la cuestión. El corresponsal del New York Times. Larry Rohter dedicó una columna a las estimaciones de las víctimas el 1 de abril, citando cifras de hasta 673 muertos, y añadiendo que cifras más elevadas, que atribuye sólo a Ramsey Clark, son «ampliamente rechazadas» en Panamá. Halló testigos panameños que describieron las acciones militares de los Estados Unidos como moderadas, pero no halló a nadie con cuentos menos felices[63].

Entre las muchas fuentes fácilmente accesibles consideradas indignas de mención hallamos ejemplos como los siguientes.

La prensa mexicana informó que dos obispos católicos estimaban las muertes tal vez en 3000. Los hospitales y grupos no gubernamentales de derechos humanos estimaban las muertes en unas 2000[64].

Una delegación conjunta de la Comisión para los Derechos Humanos de Centroamérica con base en Costa Rica (CODEHUCA) y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos del Panamá (CONADEHUPA) publicó un informe sobre su investigación realizada entre el 20 y el 30 de enero, basada en numerosas entrevistas. Dicho informe llegaba a la conclusión de que «los costes humanos de la invasión son sustancialmente más elevados que las cifras oficiales de los Estados Unidos» de 202 civiles muertos, alcanzando entre 2000 y 3000 según «estimaciones moderadas». Testigos oculares entrevistados en los barrios de chabolas de las ciudades informaron que helicópteros de los Estados Unidos abrieron fuego contra edificios ocupados sólo por civiles, que un tanque de los Estados Unidos destruyó un autobús público, matando a veintiséis pasajeros, que residencias civiles fueron quemadas hasta los cimientos, con muchos apartamentos destruidos y muchas personas muertas, que las tropas de los Estados Unidos dispararon contra ambulancias y mataron a personas heridas, a algunas con bayonetas, y negaron el acceso a la Cruz Roja. Las Iglesias católica y episcopal consideraron las estimaciones de 3000 muertos como «moderadas». Algunos civiles fueron detenidos ilegalmente, en particular líderes sindicales y aquellos considerados «opuestos a la invasión o nacionalistas… Todas las residencias y oficinas de los sectores políticos que se oponen a la invasión fueron registradas y muchas de ellas destruidas y los objetos de valor robados». Los Estados Unidos impusieron una severa censura. Las violaciones de los derechos humanos bajo Noriega habían sido «inaceptablemente elevadas», continúa el informe, aunque, por supuesto, «insignificantes en comparación con las de los regímenes respaldados por los Estados Unidos en Guatemala y El Salvador». Pero la invasión norteamericana «causó un nivel de muertes, sufrimiento y violación de los derechos humanos sin precedentes en Panamá». El título del informe es: «Panamá: Más que una invasión, … una masacre[65]».

La organización Physicians for Human Rights, con la colaboración de Americas Watch, estimaron cifras provisionales de víctimas superiores a las facilitadas por el Pentágono, pero muy inferiores a las del CODEHUCA y otros en Panamá. Su estimación es de alrededor de 300 civiles muertos. Americas Watch facilita, asimismo, una «estimación moderada» de al menos 3000 heridos, llegando además a la conclusión de que las muertes de civiles fueron cuatro veces superiores a las de militares en Panamá y aproximadamente diez veces superiores a las víctimas de los Estados Unidos (oficialmente, veintitrés). Preguntan: «¿Cómo puede una “operación quirúrgica” dar lugar, por lo menos, a diez civiles muertos (según la cifra oficial norteamericana) por cada víctima militar estadounidense?». En septiembre, el número de cuerpos exhumados de varias de las fosas comunes había rebasado los 600[66].

El informe del CODEHUCA resalta el hecho de que gran parte de ello es incierto a causa de las violentas circunstancias, de la incineración de cuerpos y de la falta de datos relativos a las personas enterradas en fosas comunes sin haber llegado a los depósitos de cadáveres ni a los hospitales, según testigos oculares[67]. Sus informes —y los muchos otros de los cuales unos pocos han sido citados aquí— pueden o no ser exactos. Sin embargo, la decisión de ignorarlos por parte de los medios de comunicación no refleja criterios profesionales, sino un compromiso con el poder.

Mientras que las visitas de Larry Rohter a los barrios marginales destruidos por los bombardeos norteamericanos sólo localizaron a personas satisfechas con la invasión, o críticos de la «insensibilidad» de los Estados Unidos en el peor de los casos, otros hallaron un cuadro bastante diferente. El principal periódico de México informó en abril que Rafael Olivardia, portavoz de los 15 000 refugiados del devastado barrio de El Chorrillo, «dijo que los refugiados de El Chorrillo fueron víctimas de un “baño de sangre” durante y después de la invasión». «Dijo que aquellas víctimas “vieron tanques norteamericanos pasar sobre los muertos” durante la invasión, que dejó un total de más de 2000 muertos y miles de heridos, según cifras no oficiales». «Sólo se vive una vez —dijo Olivardia— y si hay que morir luchando por una vivienda digna, los soldados estadounidenses deberían terminar la tarea que comenzaron» el 20 de diciembre.

La prensa de habla hispana de los Estados Unidos fue menos eufórica que sus colegas. Vicky Peláez informa desde Panamá que «el mundo entero continúa ignorando cuántos miles de víctimas se cobró la invasión norteamericana de Panamá y qué tipos de armas se utilizaron, porque el fiscal general del país se niega a permitir la investigación de los cuerpos hallados en las fosas comunes». Una foto que acompaña al informe muestra a trabajadores exhumando cadáveres de una fosa que contenía «al menos 200 víctimas de la invasión». Citando a una mujer que halló el cadáver de su padre muerto, Peláez informa que «al igual que la mujer del cementerio, es “vox populi” en Panamá que los norteamericanos emplearon armamentos completamente desconocidos durante la invasión del 20 de diciembre». El jefe del grupo panameño para los derechos humanos comunicó al periódico que:

Convirtieron Panamá en un laboratorio de horrores. Aquí, experimentaron primero con métodos de estrangulamiento económico; luego, desarrollaron con éxito una campaña de desinformación a nivel internacional. Pero fue en la aplicación de la más moderna tecnología de guerra donde demostraron una infernal maestría.

El informe del CODEHUCA afirma también que «el ejército de los Estados Unidos utilizó armas altamente sofisticadas —algunas por vez primera en combate— contra poblaciones civiles desarmadas», y «en muchos casos no se hizo distinción entre objetivos civiles y militares[68]».

Un caso de «armas altamente sofisticadas» sí recibió cierta atención. Sigilosos cazas F-117A fueron utilizados por primera vez en combate, arrojando bombas de 2000 libras con mecanismos de explosión retardada en un amplio campo abierto cercano a una pista de aterrizaje y a barracones que albergaban a un batallón de elite de las FDP. Las fuerzas aéreas habían mantenido este avión bajo estricto secreto, negándose a dar a conocer datos relativos a su coste o funcionamiento. «Hubo informes conflictivos sobre la razón lógica para emplear este sofisticado avión, que cuesta aproximadamente 50 millones de dólares cada uno, para llevar a cabo lo que parecía ser una operación sencilla», informó Aviation Week & Space Technology. Las fuerzas aéreas panameñas no tienen cazas, y ningún avión militar estaba permanentemente estacionado en la base que fue atacada. Sus únicas defensas aéreas conocidas «eran un par de cañones antiaéreos de pequeño calibre». Un asesor de ingeniería aeronáutica y operador de vuelos chárter norteamericano en Panamá dijo que se quedó «atónito» al enterarse del uso del F-117A, observando que el objetivo atacado ni siquiera tenía radar. «Podrían haberlo bombardeado con cualquier otro avión y no habrían sido detectados». La revista aeroespacial cita la afirmación del secretario de Defensa, Dick Cheney, de que se empleó este avión «a causa de su gran precisión», sugiriendo después su propia respuesta al rompecabezas. «Demostrando la capacidad del F-117A para operar en conflictos de baja intensidad, además de la misión para la que están pensados de atacar objetivos soviéticos altamente defendidos, la operación puede ser utilizada por las fuerzas aéreas para justificar la enorme inversión realizada en tecnología de camuflaje» ante «un Congreso cada vez más escéptico[69]».

A una conclusión similar, en términos más generales, llegó el coronel (retirado) David Hackworth, antiguo comandante de combate y uno de los soldados más condecorados de la nación. Hackworth describió la operación de Panamá como técnicamente eficiente, aunque en su opinión «100 muchachos de las fuerzas especiales» hubieran bastado para capturar a Noriega, y «esta gran operación fue una tentativa del Pentágono de impresionar al Congreso justo cuando está empezando a recortar los gastos militares». El informe sobre Estrategia de Seguridad Nacional de marzo de 1990 da credibilidad a estas sugerencias[70].

Si las mismas se hallan efectivamente entre los motivos de esta operación, podrían haber sufrido un ligero contratiempo cuando resultó que uno de los sigilosos cazabombarderos erró dar en su blanco indefenso por más de 300 metros, a pesar de su «gran precisión». El secretario de Defensa Cheney ordenó una investigación[71].

El carácter de la victoria norteamericana quedó más claro, según las líneas habituales, en los meses siguientes. Su naturaleza es descrita por Andrés Oppenheimer en el Miami Herald en junio, bajo el titular «Panama Flirts with Economic Recovery» (Panamá coquetea con la recuperación económica) —es decir, una recuperación desde las profundidades a las que había sido hundida por la guerra económica ilegal de los Estados Unidos y la posterior invasión y ocupación—. Pero hay una objeción: «Seis meses después de la invasión norteamericana, Panamá muestra signos de creciente prosperidad, al menos para la clase empresarial, en su mayor parte de raza blanca, que ha recuperado su influencia tras más de dos décadas de gobierno militar». Las tiendas de lujo están nuevamente llenas de mercancías, y la «vida nocturna de Panamá está también reanimándose», al tiempo que «pueden verse turistas extranjeros, sobre todo empresarios norteamericanos, la mayoría de las noches, sorbiendo martinis en los vestíbulos de los mayores hoteles», que, en ocasiones, están «totalmente llenos, a diferencia del mortecino ambiente de antes de la invasión». Los periódicos están llenos de anuncios de grandes almacenes, bancos y compañías de seguros. «A la clase alta y las clases medias les va muy bien», observa un diplomático de Europa occidental: «Tenían el dinero en bancos norteamericanos y están volviendo a traerlo al país. Pero los pobres lo pasan mal porque el gobierno está en quiebra y no puede ayudarles». «La Iglesia católica ha comenzado a denunciar lo que considera como una falta de preocupación por los pobres por parte del gobierno», prosigue Oppenheimer. Un editorial en una publicación eclesiástica «atacó a las autoridades por dedicar sus energías a ayudar al sector privado, rompiendo al mismo tiempo sus promesas originales de no despedir a los trabajadores públicos que tuvieran una renta baja[72]».

El 2 de agosto, los obispos católicos de Panamá hicieron pública una carta pastoral condenando la «interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país» y denunciando la invasión de diciembre como «una verdadera tragedia en los anales de la historia del país». La declaración condenaba también el hecho de que Washington no facilitara ayuda a la gente que continuaba sufriendo a causa de la invasión y criticaba al gobierno por ignorar su promesa. Su protesta se publica en el Central America Report de la ciudad de Guatemala bajo el titular «La Iglesia alza su voz» —aunque no lo suficiente como para ser oída en Washington y Nueva York[73].

En agosto, una comisión presidencial propuso un plan para reconstruir la devastada economía. Hizo un llamamiento para poner fin a la «ocupación del Estado y de su territorio por tropas de los Estados Unidos» y el restablecimiento de la soberanía panameña. Una vez más, su voz no llegó a los agresores[74].

El sector de raza blanca, que posee la mayor parte de la tierra y los recursos, se estima en aproximadamente un 8 por 100 de la población. Las «dos décadas de gobierno militar» a las que se refiere el Miami Herald tuvieron asimismo otra característica. La dictadura de Torrijos tuvo un carácter populista, que terminó en su mayor parte tras su muerte en 1981 en un accidente de avión (con varias acusaciones en lo referente a la causa) y la subsiguiente toma del poder por parte de Noriega. Durante este período, los panameños negros, mestizos e indígenas lograron su primera participación en el poder, y se emprendieron reformas económicas y agrarias. En estas dos décadas, la mortalidad infantil descendió de un 40 por 100 a menos de un 20 por 100 y la esperanza de vida aumentó en nueve años. Se construyeron nuevos hospitales, centros de salud, viviendas, escuelas y universidades, y se formaron más médicos, enfermeras y maestros. Se garantizó a las comunidades indígenas la autonomía y protección de sus territorios tradicionales hasta un punto sin parangón en el hemisferio. Por vez primera, Panamá avanzó hacia una política exterior independiente —aún viva hasta cierto punto en los años ochenta, cuando Panamá participó en los esfuerzos de paz de Contadora—. El tratado del Canal se firmó en 1977, asignando, teóricamente, el control del canal a Panamá en el año 2000, aunque las perspectivas son dudosas. La administración Reagan adoptó la postura de que «cuando los tratados entre Carter y Torrijos estén siendo renegociados» —una eventualidad que se daba por sentado— «la prolongación de la presencia militar norteamericana en el área del Canal de Panamá hasta mucho después del año 2000 debería ser sometida a discusión» (Departamento de Estado[75]).

Las acciones posteriores a la invasión destinadas a colocar a las fuerzas militares panameñas bajo el control de los Estados Unidos pueden estar motivadas por algo más que la simple doctrina normal. Probablemente se afirmará que Panamá no está en situación de defender el Canal tal como requiere el tratado, de modo que deberán mantenerse las bases estadounidenses.

Pamela Constable informa que «banqueros y empresarios» consideran que las cosas están mejorando, aunque «un sentimiento de ira y desesperación invade a la clase baja» en «los arruinados barrios pobres». El vicepresidente Guillermo Ford dice: «Las tiendas han vuelto a abrir en un 100 por 100 y el sector privado está lleno de entusiasmo. Creo que estamos en camino hacia un futuro muy sólido». Bajo el «programa de recuperación propuesto» por él, las empresas públicas serán vendidas, «la legislación laboral será revisada para permitir un más fácil despido de los trabajadores y se crearán fábricas libres de impuestos sobre la exportación para atraer capital extranjero».

Los líderes empresariales «están eufóricos con las ideas de Ford», prosigue Constable. Por el contrario, «los sindicatos recelan comprensiblemente de estas propuestas», pero «su poder se ha vuelto casi insignificante», con «despidos masivos de los trabajadores públicos que apoyaron a Noriega y una tasa de desempleo sin precedentes». El paquete de ayuda de emergencia estadounidense aprobado por el Congreso está destinado en su mayor parte a «reembolsar la deuda externa de Panamá y a reforzar su solvencia ante las instituciones crediticias extranjeras». Traducción: se trata de una subvención por parte del contribuyente a los bancos internacionales, inversores extranjeros y a la gente importante de Panamá. Los miles de refugiados de El Chorrillo, que hoy viven en lo que algunos de ellos llaman «un campo de concentración», no volverán al devastado suburbio. Los propietarios originales, que, durante mucho tiempo, quisieron «transformar este selecto pedazo de tierra en un distrito más elegante», puede que ahora lo consigan. Noriega había obstaculizado estos planes, permitiendo a los pobres ocupar las viviendas que allí había sin pagar alquiler. Pero, bombardeando el barrio hasta reducirlo a escombros y aplanando después las chamuscadas ruinas con apisonadoras, las fuerzas de los Estados Unidos superaron «ese espinoso obstáculo legal y humano» con estas intenciones, informa Constable[76].

Con el desempleo por las nubes, casi la mitad de la población no puede satisfacer las necesidades alimentarias básicas. El crimen se ha cuadriplicado. La ayuda se destina a las empresas y a los bancos extranjeros (devolución de la deuda). Podría hablarse de la «centroamericanización» de Panamá, observa acertadamente el corresponsal Brook Larmer[77].

Las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos continuaron dejando poca cosa a la suerte. El periódico mexicano Excelsior informa que las fuerzas estadounidenses establecieron un control directo sobre ministerios e instituciones públicas. Según un esquema de organización filtrado al periódico por fuentes políticas y diplomáticas, los controles de los Estados Unidos se extienden a todas las provincias, a la comunidad india, a los ayuntamientos de las diez principales ciudades y a las comisarías de policía regionales: «el objetivo de Washington es tener en este país una red estratégica para controlar permanentemente todas las acciones y decisiones del gobierno». Con el establecimiento de este «gobierno paralelo» que controla severamente todo el proceso de toma de decisiones, «en Panamá, las cosas han vuelto a ser como antes de 1968». El periódico tenía programada una entrevista con el presidente Endara para discutir este tema, pero fue cancelada sin explicaciones[78].

El informe facilita multitud de detalles, incluyendo nombres de oficiales norteamericanos y las tareas que les estaban asignadas en el esquema de organización. Todo ello podría ser fácilmente comprobado por los periodistas norteamericanos, si las oficinas de los Estados Unidos estuvieran interesadas. Pero no lo están. «Se supone que la información que aquí revelamos», informa el Excelsior «sólo la conocen grupos muy restringidos» —que no incluyen al público norteamericano.

Las fuerzas de ocupación adoptaron también medidas para limitar incordios tales como la libertad de expresión. El Excelsior informa que «los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ejercen el control no sólo sobre los medios de información locales, sino también sobre las agencias de noticias internacionales», según el presidente de la Unión de Periodistas de Panamá. Un activista de la oposición sostiene que la primera empresa de publicaciones de Panamá, ERSA, que posee tres periódicos diarios, fue ocupada por tanques y fuerzas de seguridad estadounidenses «con el fin de entregársela a un empresario que la había perdido en un proceso judicial», miembro de una familia oligárquica que «favorece la línea intervencionista de los Estados Unidos». Según la Comisión Independiente de Investigación de Ramsey Clark [Independent Commission of Inquiry], las oficinas del diario La República fueron «registradas y saqueadas por tropas norteamericanas al día siguiente de que el periódico informara acerca del gran número de muertes causado por la invasión estadounidense». Su editor fue arrestado y retenido durante seis días por soldados norteamericanos y posteriormente enviado a una prisión panameña sin cargos. El editor de una de las escasas voces de la oposición fue arrestado en marzo, acusado de supuesta mala conducta cuando era ministro del gobierno, y el gobierno cerró una emisora radiofónica por difundir editoriales que criticaban la invasión estadounidense y al gobierno por ésta establecido[79].

Miguel Antonio Bernal, importante intelectual panameño y activista anti-Noriega, escribe que «la libertad de prensa está nuevamente sitiada en Panamá». El vicepresidente Ricardo Arias Calderón propuso una nueva ley para restringir las críticas al gobierno por parte de la prensa, diciendo: «No toleraremos críticas». Asimismo, instó a los accionistas del mayor periódico de Panamá, La Prensa a despedir a su editor y fundador Roberto Eisenman a causa de las críticas al gobierno efectuadas por el periódico, y exhortó a los miembros de su Partido Democratacristiano a trabajar para la expulsión de Eisenman. Describiendo tales acciones, el creciente terror y la reconstrucción del ejército con socios de Noriega que estuvieron implicados en el tráfico de drogas y la corrupción, Bernal se pregunta por qué los Estados Unidos están «haciendo la vista gorda», como en el pasado, ante estos hechos[80].

La pregunta de Bernal es ciertamente retórica. Los latinoamericanos conocen muy bien la respuesta.

Los que no se limitaban a la prensa de calidad norteamericana podían enterarse de que el gobierno del presidente Endara había recibido «uno de los peores reveses diplomáticos» el 30 de marzo, cuando fue formalmente expulsado del Grupo de los Ocho —lo que se considera como las principales democracias latinoamericanas—. Panamá había sido suspendido del grupo en 1988 como reacción ante la represión de Noriega, y, con la deterioración adicional del clima político bajo la ocupación extranjera, Panamá fue definitivamente expulsado en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del mes de marzo. El Grupo dio a conocer una resolución que establecía que «el proceso de legitimación democrática de Panamá requiere la consideración popular sin interferencia extranjera, que garantiza el total derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobiernos». Esta resolución indicaba también que las operaciones de los militares estadounidenses afectan a la soberanía e independencia de Panamá, así como a la legalidad del gobierno de Endara. Esta decisión amplía la pauta de la fuerte oposición latinoamericana ante las anteriores medidas estadounidenses contra Panamá y la invasión. Como los medios de comunicación norteamericanos apenas observaron, el discurso inaugural del presidente Endara cuatro días antes de la invasión fue boicoteado por casi todos los embajadores latinoamericanos[81].

La postura de Washington y de los medios de comunicación es que el gobierno de Endara es legítimo, habiendo ganado las elecciones de 1989 que fueron robadas por Noriega. La opinión latinoamericana en general adopta un punto de vista distinto. En 1989, Endara se presentaba frente a Noriega, con un fuerte apoyo de los Estados Unidos, tanto abierto como secreto. Por otro lado, las elecciones se llevaron a cabo bajo las condiciones provocadas por la guerra económica ilegal de los Estados Unidos que estaba hundiendo la economía. Por lo tanto, los Estados Unidos esgrimían un látigo sobre el electorado. Por esta única razón, las elecciones distaban de ser libres y voluntarias desde todo punto de vista sensato. Hoy en día, la escena política es considerablemente distinta. Por ello, habría todos los motivos para organizar unas nuevas elecciones, contrarias a los deseos de Endara y a los de sus promotores norteamericanos.

La postura oficial es la expresada por Michael Massing en el New York Review. Informando desde Panamá, escribe que la buena disposición de Endara a «consentir» en la petición de los Estados Unidos de asumir la presidencia «ha hecho que los líderes de algunos países latinoamericanos, tales como el Perú, cuestionen su legitimidad. … Los propios panameños, sin embargo, tienen pocas dudas en este sentido», porque su «clara victoria» en las elecciones de 1989 «proporcionó a Endara todas las credenciales que necesita». La mención de que el Perú no estaba conforme es un hábil movimiento, pues el presidente García era un enemigo oficial de los Estados Unidos que había sido reacio por lo que respecta a Nicaragua, había limitado el pago de la deuda y, en general, no había observado los criterios adecuados. No obstante, mejor pasar por alto al resto del Grupo de los Ocho, entre «algunos países latinoamericanos». En cuanto a las opiniones de los «propios panameños», no se facilita ninguna otra indicación sobre cómo se obtuvo esta información[82].

Massing informa de redadas de la policía en barrios pobres, de las protestas de la gente hambrienta y sin hogar que exige empleo y vivienda, de la reconstitución de las FDP de Noriega, de la restauración de la oligarquía con «un próspero abogado empresarial» al frente de un gobierno «formado en su mayor parte por empresarios» que reciben a los visitantes empresariales estadounidenses auspiciados por el OPIC (el cual garantiza las inversiones norteamericanas en el extranjero) «como si estuvieran visitando a jefes de Estado». El clima empresarial vuelve a ser «atractivo» en esta «tierra gobernada por mercaderes, vendedores y prestamistas de dinero. … El gobierno está elaborando planes para reanimar la industria bancaria de Panamá, relajar sus leyes laborales, ampliar la zona de libre comercio y atraer inversores extranjeros», y para privatizar empresas estatales y «reducir radicalmente el gasto público».

El gobierno, surgido de la «pequeña elite blanca», ha sido acusado de «querer retroceder en el tiempo hasta 1968, cuando un pequeño y rico grupo gobernaba el país» —a saber, exactamente el grupo hoy restaurado en el poder—. Pero «esta acusación es injusta», comenta Massing. La prueba es que cuando los empleados de Air Panamá, temerosos de perder sus empleos, montaron guardia en el exterior de su oficina, el presidente Endara «les mandó café e insistió en hablar con ellos». Y lo que es más, mientras hacían huelga de hambre en la catedral en un esfuerzo para acelerar la ayuda norteamericana (o para perder peso, como dijeron humorísticamente algunos panameños poco amables), «invitó a los empleados de saneamiento en huelga a charlar con él y, finalmente, negociaron un arreglo». Por otra parte, el vicepresidente Arias Calderón ha dicho que está a favor de una «economía social de mercado» en la cual el gobierno procura corregir las desigualdades creadas por el mercado. Cierto, ningún proyecto que pueda ilustrar este plan «está en marcha» y el gobierno de Endara «se opone a la idea» de utilizar la ayuda norteamericana para estos fines, «determinado a dejárselo virtualmente todo al sector privado». Pero eso no prueba nada, en vista de la poderosa evidencia que demuestra que «la acusación es injusta», que acabamos de analizar en su totalidad.

Massing no está satisfecho del resultado, en particular por la restauración de las FDP de Noriega, «a pesar de todas las buenas intenciones de los Estados Unidos (dadas por sentado, según las normas de la cultura intelectual) y sus esfuerzos por expiar su mala conducta pasada». El problema no reside en los programas de ayuda militar norteamericanos, que han adiestrado a las fuerzas de seguridad «culpables de horribles excesos» en El Salvador, Guatemala, Honduras y en el Panamá de Noriega (y otros casos no mencionados). El problema es, más bien, «aquello con que tenían que trabajar» los Estados Unidos. Los malos son esos tipos, no nosotros, por favor.

Los coherentes efectos de nuestro adiestramiento militar, las políticas de las que forma parte, los datos documentales que explican las razones, en realidad, toda la historia, es irrelevante. Siempre estamos dispuestos a admitir que hubo aberraciones en el pasado. Pero en cada momento del tiempo, hemos cambiado de dirección y situado los errores del pasado detrás de nosotros.

Somos buenos, nuestras intenciones son buenas. Punto.

6. LA GUERRA CONTINÚA

Esencialmente, la invasión de Panamá es un ejercicio tan familiar del poder de los Estados Unidos como para no ser más que una nota a pie de página en la historia. Retórica aparte, bloquear el nacionalismo independiente sigue siendo una alta prioridad. Posiblemente, es más importante que antes, cuando los Estados Unidos procuran reforzar sus propios dominios en el conflicto en desarrollo con los otros dos grandes centros de poder del mundo.

La capacidad de intervención, sin embargo, está sufriendo cambios. En un aspecto significativo, está aumentando. El debilitamiento del elemento disuasor soviético y del deseo soviético de apoyar a los objetivos de ataque norteamericano garantiza a Washington una mayor libertad para aplastar cualquier cosa que se cruce en su camino, como observan Elliott Abrams y otros. Pero, en otros aspectos, la capacidad de intervención está disminuyendo. El factor principal es la tenacidad y el coraje de la resistencia autóctona. Un segundo impedimento es la diversificación de la escena mundial. Aunque Europa y el Japón están hoy encantados con las oportunidades para la explotación del nuevo Tercer Mundo del este, pueden no permitir fácilmente que los Estados Unidos sigan su camino en sus dominios tradicionales. El mundo está tanto fuera de control como desfasado.

En cuanto a los países de la región, esta posibilidad presenta ciertas ventajas. Doug Henwood observa que los japoneses (al igual que los europeos) «son conscientes de que el Estado es el amigo del crecimiento económico, no su enemigo», lo cual constituye una «buena noticia para las elites latinas interesadas en una mayor soberanía nacional», y su implicación «ofrece una alternativa a la dependencia de los Estados Unidos[83]». No es que las intenciones de Europa y del Japón ya no sean buenas. Pero, posiblemente, es mejor tener a tres ladrones con las manos en nuestro bolsillo que a uno solo, pues pueden discutir sobre cómo repartirse el botín y dejar cierto espacio para maniobrar. Y no son impensables iniciativas constructivas, en particular bajo la influencia de los movimientos de solidaridad internos.

Otro factor es la disidencia dentro de los Estados Unidos. Los movimientos populares han tenido un éxito significativo en la educación y en concienciar e imponer limitaciones a la violencia de Estado, ampliando así las posibilidades para la libertad y la justicia. Precisamente este factor, independientemente de su peso, se convertirá en una preocupación de primer orden para quienes se consideran agentes morales.

5. LA INICUA AGRESIÓN

El segundo acto de agresión de la era posterior a la guerra fría tuvo lugar el 2 de agosto de 1990, cuando Irak invadió Kuwait, anexionándoselo después totalmente una vez le hubieron sido impuestas sanciones internacionales. Cualquier crisis en Oriente Medio asume de inmediato siniestras proporciones dadas las incomparables reservas energéticas de la región. Los acontecimientos del mes de agosto no fueron una excepción.

La reacción ante la agresión de Saddam Hussein siguió dos caminos distintos, intranquilizadoramente relacionados. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó inmediatamente la invasión e hizo un llamamiento para que se impusieran sanciones económicas. Implícita en esta actitud hay una vía diplomática para convenir una retirada negociada. Esta opción ofrecía unas perspectivas de éxito inusualmente altas. Por un motivo: porque los violadores habituales de las sanciones (los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y sus aliados) las apoyaban fuertemente en este caso particular. Los Estados Unidos y Gran Bretaña siguieron una senda distinta, preparándose para un ataque militar contra Irak y sus fuerzas de ocupación en Kuwait. La divergencia es comprensible, a la luz de la historia y de la distribución del poder en el mundo contemporáneo[1].

El petróleo de Oriente Medio estaba inicialmente en manos de Inglaterra y Francia, a las que se unieron posteriormente los Estados Unidos, convenio formalizado en el acuerdo de la Línea Roja de 1928. Después de la segunda guerra mundial, Francia fue excluida mediante triquiñuelas legales y los Estados Unidos asumieron el papel dominante[2]. Como hemos comentado con anterioridad, siempre ha sido una política esencial que el petróleo de Oriente Medio tenía que estar bajo el control de los Estados Unidos, sus aliados y clientes y sus compañías petrolíferas y que las influencias «nacionalistas radicales» independientes no han de ser toleradas. Esta doctrina es un corolario de la hostilidad general hacia el nacionalismo independiente del Tercer Mundo, pero tiene una inusual importancia.

Los Estados Unidos y su aliado británico reaccionaron enérgicamente ante el desafío de su privilegio tradicional por parte de Irak. El liderazgo político y los dirigentes ideológicos manifestaron una gran indignación ante el hecho de que un país poderoso se atreviera a invadir a un vecino indefenso. La cuestión fue elevada a una importancia cósmica, con una elocuente retórica sobre un nuevo orden mundial basado en la paz, la justicia y la inviolabilidad del derecho internacional, por fin a nuestro alcance ahora que la guerra fría ha terminado con el triunfo de aquellos que siempre han mantenido estos valores con tanta dedicación. El secretario de Estado, James Baker, explicó:

Vivimos en uno de esos raros momentos de transformación de la historia. La guerra fría ha terminado, y una era llena de promesas ha comenzado… Y después de un largo período de estancamiento, la ONU se está convirtiendo en una organización más efectiva. Los ideales de la Carta de la ONU se están haciendo realidad… La agresión de Saddam Hussein destroza la idea de un mundo mejor en el período posterior a la guerra fría… En los años treinta, los agresores fueron apaciguados. En 1990, el presidente ha dejado clara nuestra posición: Esta agresión no será apaciguada[3].

La analogía con Hitler y Munich se convirtió en un virtual cliché. Aunque no pudo vencer a Irán ni siquiera con el apoyo de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa, y prácticamente todo el mundo árabe, Irak estaba ahora listo para hacerse con el poder en Oriente Medio y controlar el mundo. Los riesgos eran elevados. El curso de la historia estaría determinado por nuestra voluntad de vengar la invasión de un país débil e indefenso por parte de Saddam Hussein —una atrocidad sin precedentes— y destruir al nuevo Hitler antes de que fuera demasiado tarde.

Los Estados Unidos enviaron de inmediato una enorme fuerza expedicionaria, que casi se duplicó antes de las elecciones de noviembre. Aunque podía mantenerse una fuerza disuasora en el desierto y a poca distancia de la costa, no podían mantenerse cientos de miles de soldados en su puesto durante largo tiempo. El efecto previsible de esta decisión era reducir la confianza en las sanciones, que tendrían su impacto durante un período prolongado de tiempo. Los Estados Unidos también dejaron claro y explícito que la diplomacia no sería tolerada. Los contactos con Irak se limitarían a la presentación de un ultimátum. Este categórico rechazo de la diplomacia es lo que el presidente denominó «recorrer una milla más» para explorar todos los medios diplomáticos pacíficos. La opinión culta apenas sin excepción, corroboró al líder. Para justificar este rechazo sin precedentes de la diplomacia, los Estados Unidos afirmaron defender inmutables y altos principios, postura retórica que redujo con éxito cualquier tipo de diplomacia (en ocasiones denominada «vinculación») y excluyó, asimismo, la retirada de la fuerza expedicionaria sin capitulación iraquí. Esta postura retórica no puede sobrevivir a un instante de análisis, pero no causó problema alguno porque no estaba sujeta a nadie dentro del mundo dominante. El debate continuó, pero en relación con cuestiones tácticas específicas, un marco dentro del cual la administración estaba segura de prevalecer. Así pues, casi desde el primer momento, las opciones fueron limitadas con éxito a la amenaza o al uso de la fuerza.

1. NUESTROS VALORES TRADICIONALES

La cuestión fundamental fue expresada con claridad por un distinguido profesor de teoría política de la Universidad de Cambridge:

Afortunadamente, nuestras tradiciones demuestran tener en su esencia valores universales, mientras que las suyas son en ocasiones difíciles de distinguir, a simple vista, de un agresivo (y fuertemente armado) nihilismo. Hoy en día, en el Golfo Pérsico, el presidente Bush difícilmente podría hablar con menos rodeos …[4]

A quien no pueda comprender este principio podría costarle distinguir la invasión de Kuwait por Saddam Hussein de muchos otros crímenes, algunos mucho peores que éste, que Occidente ha tolerado con facilidad, o apoyado, o perpetrado directamente, incluyendo un caso acontecido algunos meses antes, con sus lecciones sobre el nuevo orden mundial.

Nuestras tradiciones y los valores que contienen han sido evidentes durante mucho tiempo en el Golfo. Por mencionar solamente a Irak, fueron ejemplificados durante la insurrección de 1920 contra el gobierno británico, un episodio de «contagio del desasosiego que sufre el Imperio Británico desde Egipto a la India[5]». Los delicados sentimientos británicos fueron profundamente ofendidos por este agresivo nihilismo, un puñal clavado por la espalda en una época en que el imperio había quedado debilitado por la guerra mundial. Sir Arnold Wilson manifestó furioso: «Pegarle un puntapié a un hombre cuando está deprimido es el pasatiempo más popular en Oriente, sancionado por siglos de precepto y práctica». La delegación de la India atribuyó la revuelta iraquí a «ultraextremistas» locales, quienes deseaban la «abolición del control europeo de todo tipo en todo Oriente». Winston Churchill manifestó estar de acuerdo, considerando la revuelta como «sólo parte de una agitación general contra el Imperio Británico y todo lo que representa».

La situación requería, claramente, severas medidas. En la India, un año antes, las tropas británicas abrieron fuego contra una asamblea política pacífica en Amritsar, causando casi cuatrocientos muertos. Al carecer de fuerzas terrestres en Irak, Gran Bretaña recurrió a la fuerza aérea para bombardear aldeas indígenas, pero como parte de una estrategia más amplia. Churchill, entonces secretario colonial, observó que la «fuerza sola» no bastaría para «dominar Mesopotamia». Lo que se precisaba era un gobierno y un dirigente que fueran «libremente aceptados» por el pueblo de Irak y —sólo para asegurarse de que nadie se apartaría de ese libre consentimiento— «con el apoyo de las Fuerzas Aéreas [Británicas] y de reclutas británicos organizados y cuatro batallones imperiales». Esta táctica tuvo sus problemas. Comentando «los medios empleados en realidad» —a saber, «el bombardeo de mujeres y niños de las aldeas»— el secretario de Estado para la Guerra advirtió: «Si la población árabe se diera cuenta de que el control pacífico de Mesopotamia depende, en último término, de nuestra intención de arrojar bombas contra mujeres y niños, dudo mucho que consiguiéramos ese consentimiento» que Winston Churchill esperaba. Gran Bretaña procedió a establecer un régimen títere mientras la RAF realizaba bombardeos de terror para acabar con la «insubordinación tribal» (como explicó el secretario colonial del gobierno laborista de Ramsay McDonald en 1924) y para recaudar impuestos de miembros de tribus que eran demasiado pobres para pagar.

Como secretario de Estado en la Oficina de la Guerra en 1919, Churchill había tenido ya oportunidades para expresar nuestros valores tradicionales. El mando de la RAF en Oriente Medio le pidió autorización para emplear armas químicas «como experimento contra árabes recalcitrantes». Churchill autorizó el experimento, descartando las objeciones de la delegación de la India como «irrazonables»:

No comprendo esta aversión por lo que respecta al uso del gas. … Yo estoy decididamente a favor de la utilización del gas venenoso contra las tribus incivilizadas… No es necesario emplear únicamente los gases más letales. Pueden emplearse gases que causen grandes molestias y propaguen un vivo terror y que, no obstante, no dejen efectos graves permanentes en la mayoría de los afectados.

Churchill añadió: «no podemos, en ninguna circunstancia, consentir en no utilizar todas las armas disponibles para procurar un rápido fin del desorden que impera en la frontera». Las armas químicas eran meramente «la aplicación de la ciencia occidental a la guerra moderna». De hecho, ya habían sido utilizadas con gran éxito por las fuerzas aéreas británicas en el norte de Rusia contra los bolcheviques, según el mando británico. La creencia común de que «el tabú contra el uso de armas químicas que ha venido dominando desde la primera guerra mundial ha perdido hoy gran parte de su fuerza» a causa de las acciones y amenazas iraquíes es casi exacta, aunque rechacemos el recurso masivo a la guerra química por parte de los Estados Unidos en Vietnam del Sur con su terrible coste humano, que no tiene ningún interés para los defensores de nuestros valores tradicionales[6].

En el período posterior a la primera guerra mundial, las armas químicas eran consideradas de forma muy similar a las armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, no es una verdadera sorpresa que incluso antes del bloqueo de Berlín en 1948, Churchill instara privadamente al gobierno de los Estados Unidos a amenazar a la Unión Soviética con un ataque nuclear a menos que los rusos se retiraran de Alemania Oriental[7].

En julio de 1958, un golpe militar llevado a cabo por oficiales nacionalistas en Irak amenazó por vez primera el control de las regiones productoras de petróleo por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña (una amenaza del gobierno nacionalista conservador de Irán había sido abortada cinco años antes con la intervención de los Estados Unidos y Gran Bretaña para restaurar al Shah). El golpe desencadenó una amplia variedad de reacciones, incluyendo el desembarco de marines norteamericanos en el Líbano. En un análisis de la crisis basado en datos públicos, William Quandt llega a la conclusión de que los Estados Unidos «estuvieron aparentemente de acuerdo en ayudar a proteger los intereses petrolíferos británicos, especialmente en Kuwait», determinando que una acción iraquí contra Kuwait, que infringiera los intereses británicos, no sería tolerada, aunque parecía poco probable. Quandt supone que el presidente Eisenhower se refería a las armas nucleares cuando, en sus propias palabras, ordenó al presidente de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor, general Twining, «estar preparado para emplear, sujeto a aprobación [de Eisenhower], cualquier medio que pueda ser necesario para evitar que fuerzas enemigas penetren en Kuwait». La cuestión fue «discutida en varias ocasiones durante la crisis», añade Quandt. En aquella época, la principal preocupación era Gamal Abdel Nasser, de Egipto —el Hitler del momento— y su nacionalismo árabe[8].

Recientemente, documentos que han dejado de ser secretos añaden más información, aunque los datos de los Estados Unidos son incompletos a causa de la severa censura, que, presumiblemente, refleja el compromiso de la era Reagan con la protección del poder estatal frente al público. Tras las discusiones que se desarrollaron en Washington inmediatamente después del golpe iraquí, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Selwyn Lloyd, envió un telegrama secreto al primer ministro en el cual consideraba dos opciones por lo que respecta a Kuwait: «la inmediata ocupación británica» de este semiprotectorado, o avanzar hacia una independencia nominal. Su consejo fue contrario a la opción más dura. Aunque «la ventaja de esta acción sería que pasaríamos a tener firmemente en nuestras manos el petróleo de Kuwait», podría despertar sentimientos nacionalistas en Kuwait y «el efecto sobre la opinión internacional y el resto del mundo árabe podría no ser bueno». Una política mejor sería crear «una especie de Suiza kuwaití donde los británicos no ejercieran un control físico». Pero «si esta alternativa fuera aceptada, nosotros deberíamos aceptar también la necesidad, si las cosas fueran mal, de intervenir implacablemente, sea quien sea el causante del problema». Insistió en «la total solidaridad de los Estados Unidos con nosotros en el área del Golfo», incluyendo la necesidad de «emprender una acción firme para mantener nuestra posición en Kuwait» y la «resolución similar» de los Estados Unidos «en relación con los campos petrolíferos de Aramco» en Arabia Saudita. Los norteamericanos «están de acuerdo en que estos campos petrolíferos [en Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain y Qatar] deben permanecer, a toda costa, en manos occidentales». Seis meses antes del golpe iraquí, Lloyd había observado que «cambios menores orientados hacia una mayor independencia son inevitables» por lo que respecta a Kuwait, tales como hacerse cargo de los servicios postales. También resumió «los principales intereses británicos y, de hecho, occidentales en el Golfo Pérsico» como:

a) asegurar el libre acceso de Gran Bretaña y otros países occidentales al petróleo producido en los Estados que bordean el Golfo; b) asegurar la disponibilidad ininterrumpida de dicho petróleo en términos favorables y por lo que respecta a cambio de libras; y mantener unos convenios deseables para la inversión de los ingresos excedentes de Kuwait; c) obstaculizar la propagación del comunismo y del pseudocomunismo en la zona y posteriormente más allá de la misma; y, como condición previa a esto último, defender la región contra la influencia del nacionalismo árabe clandestino que el gobierno soviético prefiere ahora fomentar[9].

Documentos norteamericanos de la misma época explican a grandes rasgos los objetivos británicos en términos similares: «el Reino Unido afirma que su estabilidad financiera sería seriamente amenazada si el petróleo de Kuwait del área del Golfo no estuviera disponible para el Reino Unido en términos razonables, si el Reino Unido fuera privado de las grandes inversiones realizadas por dicha área en el Reino Unido y si la libra esterlina fuera privada del apoyo proporcionado por el petróleo del Golfo Pérsico». Estas necesidades británicas, y el hecho de que «una fuente garantizada de petróleo es esencial para la viabilidad económica ininterrumpida de Europa occidental», facilitan un argumento para que los Estados Unidos «apoyen, o si es necesario ayuden, a los británicos en el uso de la fuerza para retener el control de Kuwait y del Golfo Pérsico». El contraargumento es que la fuerza conduciría a la confrontación con el «nacionalismo radical panárabe» y «las relaciones de los Estados Unidos con países neutrales en otros lugares del mundo se verían afectadas de modo adverso». En noviembre de 1958, el Consejo Nacional de Seguridad recomendó que los Estados Unidos «estén preparados para emplear la fuerza, pero sólo como último recurso, ya sea solos o en ayuda del Reino Unido», para asegurar el acceso al petróleo árabe. El Consejo Nacional de Seguridad advirtió también que Israel podría constituir una barrera para el nacionalismo árabe, estableciendo la base de un elemento del sistema de control sobre Oriente Medio (denominado «seguridad» o «estabilidad[10]»).

La preocupación para que el petróleo y las riquezas del Golfo estén disponibles para apoyar a la achacosa economía británica se extendió a principios de los años setenta a la economía de los Estados Unidos, que se debilitaba a ojos vista en relación con el Japón y la Europa encabezada por Alemania. Por otro lado, el control del petróleo sirve como medio de influir a estos rivales o aliados. El flujo de capital desde Arabia Saudita, Kuwait y los demás principados del Golfo a Estados Unidos y Gran Bretaña ha proporcionado un importante apoyo a sus economías, corporaciones e instituciones financieras. Estas razones se encuentran entre aquéllas por las cuales, a menudo, los Estados Unidos y Gran Bretaña no han sido contrarios a los incrementos en el precio del petróleo. Estas cuestiones son demasiado complejas para explorarlas aquí, pero, seguramente, estos factores siguen siendo operativos[11]. No resulta ser una gran sorpresa que los dos Estados que establecieron el acuerdo imperial y han sido sus principales beneficiarios y garantes se prepararan para una guerra en el Golfo, mientras otros se mantenían a distancia.

2. DESARROLLANDO LAS DIVERSAS CUESTIONES

Aunque los dos primeros actos de agresión del período posterior a la guerra fría son similares según los criterios de los principios y de la ley, inevitablemente hay también diferencias. La disparidad más significativa es que la invasión de Panamá por los Estados Unidos fue llevada a cabo por nuestro bando, y fue, por lo tanto, benigna, mientras que la invasión iraquí de Kuwait iba en contra de intereses norteamericanos cruciales, y fue, por consiguiente, inicua, violando los más augustos principios del derecho internacional y de la moralidad.

Esta serie de acontecimientos planteó varios desafíos ideológicos. La primera tarea era la de presentar al dictador iraquí Saddam Hussein como un tirano perverso y un gánster internacional. Ello era bastante cierto, pues es claramente verdad.

La segunda era mirar con admiración al invasor de Panamá y responsable del «uso ilegal de la fuerza» contra Nicaragua mientras denunciaba el uso ilegal de la fuerza contra Kuwait y proclamaba su imperecedera devoción hacia la Carta de las Naciones Unidas, declarando que «los Estados Unidos mantienen la postura que siempre han mantenido, contraria a la agresión, contraria a aquellos que emplean la fuerza para sustituir al imperio de la ley», «si algo nos enseña la historia es que debemos resistir a la agresión o ésta destruirá nuestras libertades» (20 y 27 de agosto de 1990).

Podría parecer que esta segunda tarea resultaría algo más difícil que la primera. Sin embargo, no fue así. El rostro de ojos de acero del presidente apareció en las primeras páginas de los periódicos junto con sus inspiradoras palabras acerca de la necesidad de resistir a la agresión, destacadas de modo que todos estimaran su valor y dedicación a los ideales que abrigamos. Incluso su evocación de los «vívidos recuerdos» del Vietnam como una lección sobre la necesidad de resistir a la agresión y defender el imperio de la ley pasaron sin un clamor —ni siquiera un murmullo— de condena, una señal de auténtica disciplina. La prensa observó solemnemente: «Bush ha demostrado que los Estados Unidos son la única superpotencia… [capaz] de hacer cumplir el derecho internacional frente a la voluntad de un agresor poderoso», y ha reiterado, además, nuestro compromiso con el imperio de la ley y la inviolabilidad de las fronteras[12].

A lo largo del espectro político, hubo una aclamación a esta renovada demostración de nuestra defensa histórica de los caminos de la paz —aunque algunos derechistas desfasados preguntaron por qué teníamos que hacer el trabajo sucio—.[13] En los límites externos de la disidencia, Mary McGrory escribió que aunque Saddam Hussein «puede tener cierto seguimiento entre los árabes pobres», los norteamericanos «están emocionalmente implicados en deshacerse de la bestia» por un medio u otro. Consideró el bombardeo de Bagdad, aunque podría ser desacertado a causa de las posibles represalias contra los norteamericanos. El Washington Post divulgó un plan de la Casa Blanca para eliminar a la bestia, aprobado por el presidente cuando fue informado por el director de la CIA, William Webster, de «que Hussein representaba una amenaza para los intereses económicos a largo plazo de los Estados Unidos[14]».

La Casa Blanca y los comentaristas políticos en general reconocieron que estos intereses económicos regían las decisiones políticas. Los Estados Unidos enviaron importantes fuerzas militares a Arabia Saudita y ayudaron a organizar un embargo internacional y un virtual bloqueo, con el apoyo notablemente tibio de la mayoría de sus aliados, quienes, indudablemente, preferirían a los Estados Unidos y sus clientes a Saddam Hussein como influencia dominante sobre la administración de la producción y el precio del petróleo, pero parecían reacios a arriesgar o gastar demasiado para lograr este fin. Y, claro está, comparten con Washington el alto principio de que el poder no da la razón —excepto cuando nosotros queremos.

La agresión de los Estados Unidos no fue totalmente ignorada. «Esto no es Panamá o Granada», declaró sombríamente el antiguo presidente de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor, William Crowe, advirtiendo de los riesgos de nuestra actual misión. «Los costes y riesgos son de suma importancia», añadieron los editores del New York Times manifestando su acuerdo, «siendo muy superiores a los de las operaciones militares de los Estados Unidos en el Líbano, Granada y Panamá». El antiguo corresponsal militar del Times, Bernard Trainor, hoy director del programa de seguridad nacional en la Kennedy School of Government de Harvard, describió a Saddam Hussein como «el Noriega de Oriente Medio. Al igual que su colega panameño tiene que irse». En realidad, la comparación entre Noriega y Hussein no llega tan lejos[15].

Así pues, las analogías no pasaron desapercibidas: en todos los casos, los Estados Unidos actuaban en defensa propia, al servicio del orden mundial y de unos altos principios —otra de esas verdades de la lógica que flotan felizmente sobre el mundo de la realidad.

Los editores del liberal Boston Globe elogiaron a Bush por defender nuestros valores fundamentales y dibujar una línea en la arena enfrente de la rabiosa bestia. «La línea está más clara que la dibujada en Corea, Vietnam y el Líbano», observaron. Otros hicieron también referencia a este tipo de pruebas pasadas de nuestra buena voluntad de enfrentarnos a cualquier obstáculo para disciplinar a aquellos que recurren a la fuerza o que se apartan de nuestras tradiciones de no violencia y compromiso con el imperio de la ley[16].

Las cartas al director, por el contrario, hacían frecuentes alusiones a la hipocresía de esta postura, preguntando «¿cuál es la diferencia entre nuestra invasión de Panamá y la invasión de Kuwait por parte de Irak?», entre muchos otros casos de agresión benigna. La impresionante diferencia entre las cartas y el comentario profesional ilustra una vez más el hecho de que la ofensiva ideológica de los últimos años no pudo llegar, más allá de las elites cultas, a todos los sectores del público general. En el extranjero, las simples verdades podían percibirse fuera de los principales centros de poder, donde desviarse de las verdades establecidas es demasiado peligroso. Un importante editorial del Sunday Tribune de Dublín, titulado «Moral Indignation is Pure Hypocrisy» (La indignación moral es pura hipocresía), recuerda la reacción occidental ante la invasión de Irán por parte de Irak, la invasión de Granada y Panamá por los Estados Unidos, la invasión del Líbano por Israel, y «la injusticia cometida con los palestinos [que] es una causa continua de ira justificable en Oriente Medio» y dará lugar a una «continua agitación». El corresponsal en Washington del Irish Times, Sean Cronin, observando las exaltadas palabras del embajador en la ONU Thomas Pickering en apoyo de la resolución del Consejo de Seguridad que condenaba a Irak, recordó algunos hechos acontecidos sólo ocho meses antes: el veto de los Estados Unidos el 23 de diciembre a una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba la invasión de Panamá (con la ayuda de británicos y franceses, en este caso). Y la resolución de la Asamblea General del 29 de diciembre que exigía la retirada de las «fuerzas armadas invasoras de los Estados Unidos de Panamá» y calificaba a la invasión de «flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados[17]».

Pero los comentaristas respetables de los Estados Unidos nunca se arredraron. Las similitudes con la invasión de Panamá fueron ignoradas casi por unanimidad, mientras que los más audaces, reconociendo que el ataque es la mejor defensa, llegaron a comparar las acciones de George Bush en Panamá con su envío de tropas a Arabia Saudita, no con la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Granada, el Vietnam y el Líbano fueron también regularmente evocados como precedentes para nuestra defensa del principio de no intervención[18].

Con comparable unanimidad, los comentaristas responsables no recordaron la invasión del Líbano por Israel en 1982, con el objetivo de establecer un régimen títere en un «nuevo orden» subordinado a los intereses de Israel y poniendo fin a las cada vez más irritantes iniciativas de la OLP en favor de un acuerdo diplomático pacífico —todo ello abiertamente discutido en Israel desde los primeros momentos, aunque ocultado al público norteamericano—. Ese acto de agresión, llevado a cabo por un Estado cliente, es calificado de benigno. En consecuencia, se benefició del activo apoyo de la administración Reagan, que fue condenado por los demócratas liberales y otros más próximos a la izquierda por no mostrar el entusiasmo apropiado por este despiadado asalto, que causó alrededor de 20 000 muertos, la abrumadora mayoría civiles. También era notable la ausencia de una comparación con la ocupación ininterrumpida por parte de Israel de los territorios conquistados en 1967 y la anexión de Jerusalén Este y de los Altos del Golán, pertenecientes a Siria, y la reacción de los Estados Unidos. La sangrienta intervención de Siria en el Líbano (con el apoyo de los Estados Unidos en las primeras fases, cuando estaba dirigida contra los palestinos y sus aliados libaneses) fue asimismo pasada por alto. También fue olvidada la conquista del norte de Chipre por Turquía, con miles de víctimas y cientos de miles de refugiados tras una orgía de matanzas, torturas, secuestros y pillaje para extirpar los últimos vestigios de la cultura griega hasta la Antigüedad clásica. George Bush elogió a Turquía por actuar como «defensora de la paz» al unirse a aquellos que «defienden los valores civilizados en todo el mundo». Pocos podían recordar la invasión del Sahara occidental por parte de Marruecos con el apoyo de los Estados Unidos en 1976, justificada por las autoridades marroquíes con el motivo de que «basta con un Kuwait en el mundo árabe». Es injusto que tan vastos recursos estén en manos de una pequeña población[19]. Fuera de esta región, el decisivo apoyo de los Estados Unidos (y también el apoyo francés, británico, holandés, etcétera) a la invasión casi genocida de Timor oriental por parte de Indonesia, todavía en curso, fue también fácilmente pasada por alto, entre muchos otros paralelismos obvios.

Las comparaciones que faltaban fueron articuladas por árabes y otros observadores del Tercer Mundo seleccionados al azar en la prensa. Pero la cuestión no quedó más que en eso, sin análisis más profundos, o los autores de las mismas fueron reprendidos por su visceral antiamericanismo, sentimentalismo o simple ingenuidad. En una crónica del New York Times sobre las reacciones árabe-americanas, Felicity Barringer recuerda al portavoz árabe a quien entrevista que la comparación que efectuaron con la invasión del Líbano por Israel en 1982 «no tiene en cuenta una diferencia crucial: que Kuwait no había atacado Irak, mientras que el sur del Líbano acogía bases palestinas que habían bombardeado repetidamente territorio israelí».

La amable reprensión de Barringer tiene sólo un defecto: los hechos. En pocas palabras, Israel había sometido al sur del Líbano a violentos y sanguinarios ataques desde principios de los años setenta, a menudo sin siquiera un pretexto de provocación, matando a miles de personas y expulsando a cientos de miles de sus hogares. La finalidad, tal como la formuló el diplomático israelí Abba Eban, era tomar como rehén a toda la población bajo la amenaza del terror, con la «perspectiva racional, finalmente satisfecha», de que las «poblaciones afectadas» se doblegarían a las exigencias de Israel. Tras su invasión del Líbano en 1987, que dejó el sector sur bajo control israelí, Israel desarrolló un extenso bombardeo de objetivos civiles. Un brote de ataques israelíes no provocados en 1981 condujo a un intercambio en el cual seis israelíes y cientos de palestinos y libaneses resultaron muertos cuando Israel bombardeó áreas densamente pobladas. El alto el fuego iniciado por los Estados Unidos fue respetado por la OLP, pero fue repetidamente violado, con muchas víctimas civiles, por Israel, que buscaba desesperadamente provocar alguna acción por parte de la OLP que pudiera servir como pretexto para la invasión durante largo tiempo planeada. Después de la invasión de 1982, Israel volvió a la tradicional práctica de bombardear el Líbano a su placer, con considerable terror en su «zona de seguridad» del sur.

Sin embargo, sería injusto culpar a Barringer por atribuirles la responsabilidad de los hechos. Los cuentos de hadas que ella relata son la versión habitual ofrecida en el New York Times y en otros periódicos, y pocos pensarían en cuestionar el dogma establecido. La inversión de los hechos en esta ocasión es, en todo caso, un triunfo menor en comparación con los logros realmente significativos del sistema de propaganda, tales como la conversión del ataque de los Estados Unidos contra Vietnam del Sur en un noble esfuerzo para defenderlo de una agresión[20].

Lo mismo podemos decir de otros indignados comentaristas que denuncian enérgicamente a los árabes por deducir un paralelismo con la guerra de 1967, condenando también la «credulidad y la ignorancia» de los presentadores de televisión y periodistas que les permiten decir tales tonterías (Henry Siegman, director ejecutivo, American Jewish Congress). En ambos casos, explica Siegman a estos crédulos estúpidos, «los países árabes invadieron a un vecino pacífico sin provocación», aunque «los primeros agresores» en 1967 «fueron Egipto, Siria y Jordania», no Irak. Los editores del Times añadieron su apoyo, denunciando a Moscú y otros sinvergüenzas por intentar «legitimar el argumento de Bagdad de que su invasión de Kuwait es, desde todos los puntos de vista, comparable a la ocupación de Cisjordania por parte de Israel», una táctica «absurdamente equivocada y engañosa» porque la ocupación de Cisjordania «comenzó sólo después de que ejércitos árabes atacaran Israel». No es siquiera controvertido que en 1967 Israel atacó Egipto. Jordania y Siria entraron en el conflicto del mismo modo que Inglaterra y Francia fueron a la guerra cuando Alemania atacó a su aliado, Polonia, en 1939. Es posible pensar que el ataque israelí fue legítimo, pero convertirlo en invasiones árabes es bastante atrevido —lo sería, si esta práctica no fuera una rutina[21].

El editorial del Times está cuidadosamente elaborado. Se refiere a Cisjordania, no a Gaza y a los Altos del Golán. Es mejor pasar Gaza por alto porque, indiscutiblemente, Israel atacó a Egipto, invadiendo Gaza. El caso de los Altos del Golán es también difícil, no sólo porque Israel se anexionó este territorio sirio (y fue por ello unánimemente condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque un veto de los Estados Unidos bloqueó las sanciones), sino porque Israel lo atacó y conquistó violando el alto el fuego. En el caso de Cisjordania, los editores podrían afirmar en su defensa que las tropas israelíes la tomaron después de que Jordania hubiera entrado en guerra —respetando su alianza con Egipto, ya atacado por Israel.

En todas partes, vemos cuán importante es tomar posesión de la historia y moldearla según los fines requeridos por los poderosos, y cuán valiosa es la contribución de los siervos leales que cumplen sus órdenes.

3. VÍAS QUE NOS ALEJAN DEL DESASTRE

Hubo una leve amenaza de que la conexión israelí pudiera pasar a un primer plano cuando, el 12 de agosto, Saddam Hussein propuso un acuerdo que vinculaba la retirada iraquí de Kuwait a la retirada de otros territorios árabes ocupados: Siria del Líbano e Israel de los territorios que conquistó en 1967. El Financial Times de Londres creyó que a pesar de que esta oferta no reducía los peligros inminentes, «puede servir, sin embargo, para algún fin útil», ofreciendo «una vía que nos aleje del desastre… a través de la negociación». Por otro lado, «puede muy bien tener razón» al «citar la negativa de Israel a renunciar a su control de los territorios ocupados como fuente de conflicto en la región». Al vincular la retirada iraquí de Kuwait a la «retirada de territorio palestino y sirio por parte de Israel, el señor Saddam ha dicho algo de lo que ningún líder o ciudadano árabe, por muy proamericano que sea, puede discrepar», y la negativa a considerar esta cuestión podría «acercar el riesgo de una guerra total en Oriente Medio que implicaría al Estado judío». El «problema inmediato» es que «Irak salga de Kuwait». Pero, a la luz de la propuesta iraquí, por muy insatisfactoria que sea, tal como están las cosas,

la responsabilidad de tomar la iniciativa y sumar la diplomacia a la exhibición de fuerza política, militar y económica actualmente desplegada en el Golfo recae hoy sobre todos los implicados, incluyendo a las potencias de Oriente Medio y a las occidentales[22].

La reacción de los Estados Unidos fue distinta. Como respuesta oficial y comentario general, no se pensó que la propuesta podía ser explorada para hallar una solución pacífica a una gravísima crisis. No hubo siquiera una inclinación ritual ante la posibilidad de que pudiera haber un punto válido oculto en algún lugar de esta sugerencia. Por el contrario, la propuesta fue descartada con total irrisión. Ese día, las noticias de televisión presentaron a George Bush el dinámico, conduciendo a gran velocidad su lancha motora, corriendo enérgicamente, jugando al tenis y al golf, y, por lo demás, gastando sus formidables energías en pasatiempos importantes, demasiado ocupado «divirtiéndose» (como dijo) para malgastar excesivo tiempo en la mosca ocasional en el traje árabe que podría tener que aplastar. Como las noticias de televisión tuvieron la precaución de enfatizar, el desprecio del presidente por este elemento irritante era tan grande que apenas si interrumpió su partido de golf para manifestar su descontento por el hecho de que el presentador dijera que la «presunta oferta» de Hussein no había de ser considerada como «seria». La propuesta mereció una frase de rechazo en una crónica sobre el bloqueo del día siguiente publicada en el New York Times[23].

El peligro de que pudieran abordarse los problemas fue rápidamente extinguido. Los medios de comunicación hicieron tranquilamente la vista gorda ante el hecho de que, dos días antes, el ministro de Agricultura israelí hubiera publicado toda una página de declaraciones en los periódicos diciendo: «Es difícil concebir ninguna solución política coherente con la supervivencia de Israel que no implique el total e ininterrumpido control israelí de los sistemas de abastecimiento de aguas y alcantarillado [de los territorios ocupados], incluyendo el suministro eléctrico y la red de carreteras, esenciales para su funcionamiento, mantenimiento y accesibilidad». Una concesión de autodeterminación significativa a los palestinos «pondría gravemente en peligro… intereses vitales de Israel», enfatizaba la declaración. La «existencia ininterrumpida» de Israel está en juego al asegurar el control israelí sobre Cisjordania[24].

En resumidas cuentas, no es concebible ninguna retirada significativa de los territorios conquistados o el reconocimiento de los derechos nacionales de los palestinos, postura coherente del rechazo norteamericano-israelí, que, durante veinte años, ha supuesto la principal barrera a cualquier resolución diplomática del conflicto árabe-israelí. Los hechos han sido enérgicamente excluidos del comentario norteamericano, incluyendo la postura actual de los Estados Unidos: el apoyo al plan de Shamir y Peres que declara a Jordania Estado palestino; impide cualquier cambio en la situación de los territorios ocupados por Israel excepto que esté de acuerdo con las líneas del gobierno israelí, que excluyen toda autodeterminación significativa; rechaza las negociaciones con la OLP, negando, por tanto, a los palestinos el derecho a elegir a su propia representación política; y hace un llamamiento en favor de unas «elecciones libres» bajo severo control militar israelí, con gran parte de los líderes palestinos pudriéndose en las cárceles israelíes. No nos sorprende demasiado que los términos de la postura de los Estados Unidos, aunque sea designada como «el proceso de paz» y «la única alternativa disponible», no parezcan haber sido jamás publicados en los principales medios de comunicación[25].

Otro posible problema surgió cuando Saddam Hussein propuso el 19 de agosto que la cuestión de Kuwait fuera considerada como un «problema árabe», a solventar sólo por los Estados árabes, sin interferencias externas, al modo de la ocupación del Líbano por Siria y de la tentativa de Marruecos de invadir el Sahara occidental[26]. La propuesta fue descartada por los motivos razonables de que, en este escenario, Hussein podía esperar lograr sus fines mediante la amenaza y el uso de la fuerza. Un hecho relevante fue pasado por alto: el dictador iraquí estaba nuevamente robando una página del libro de Washington. La tradicional oposición de los Estados Unidos por lo que respecta al hemisferio occidental es que los «forasteros» no tienen ningún derecho a entrometerse. Si los Estados Unidos intervienen en América Latina o en el Caribe, se trata de una cuestión hemisférica, a ser resuelta allí, sin interferencia externa. El mensaje es el siguiente: Extranjeros, fuera. Podemos manejar nuestros propios asuntos —en un escenario en el cual pueda esperarse que prevalezca la hegemonía regional.

Por mencionar únicamente un ejemplo, claramente pertinente aquí: el 2 de abril de 1982, los Estados Unidos crean un precedente vetando dos resoluciones del Consejo de Seguridad sobre dos temas distintos el mismo día. La primera hacía un llamamiento a Israel para que restituyera a su puesto a tres alcaldes electos que fueron recientes objetivos de ataques terroristas judíos. La segunda pedía al secretario general que mantuviera informado al Consejo de Seguridad sobre la crisis de Centroamérica, sin mencionar nombres ni hacer acusaciones, aludiendo implícitamente a la intervención estadounidense en Nicaragua. La delegación de los Estados Unidos se opuso a la resolución pretextando que «alimenta el cinismo», «ridiculiza la búsqueda de la paz» y «perjudica al sistema interamericano» que debería tratar estas cuestiones sin interferencias por parte de la ONU. Una variante más extrema de la actual postura de Saddam Hussein[27].

El 23 de agosto, un antiguo alto funcionario de los Estados Unidos entregó otra oferta iraquí al asesor de Seguridad Nacional, Brent Scowcroft. La propuesta, confirmada por el emisario que la hizo llegar y por otros memorándums, fue dada a conocer por Knut Royce en Newsday el 29 de agosto. Según fuentes y documentos implicados, Irak ofrecía retirarse de Kuwait y permitir que los extranjeros se marcharan a cambio del levantamiento de las sanciones, de un acceso garantizado al Golfo y de un control total sobre el campo petrolífero de Rumailah «que penetra ligeramente en territorio kuwaití desde Irak» (Royce), unas dos millas a lo largo de una frontera disputada. Otros términos de la propuesta, según los memorándums citados por Royce, eran que Irak y los Estados Unidos negociaran un acuerdo sobre el petróleo «satisfactorio para los intereses de seguridad nacional de ambas naciones», «trabajar conjuntamente en la estabilidad del Golfo» y desarrollar un plan conjunto «para aliviar los problemas económicos y financieros de Irak». No mencionaba una retirada de los Estados Unidos de Arabia Saudita u otras condiciones previas. Un funcionario de la administración especializado en asuntos de Oriente Medio describió la propuesta como «seria» y «negociable[28]».

Una vez más, la reacción fue reveladora. Los portavoces del gobierno ridiculizaron todo el asunto. El New York Times citó brevemente la información de Newsday en la página 14, la página en que continuaba un artículo sobre otro tema, citando a portavoces del gobierno que la descartaban como «una tontería». Tras exponer adecuadamente la cuestión, el Times admite que la historia era exacta, citando fuentes de la Casa Blanca que dijeron que la propuesta «no había sido considerada seriamente porque el señor Bush exige la retirada incondicional de Irak de Kuwait». El Times observó tranquilamente que «un diplomático de Oriente Medio bien relacionado mencionó al New York Times hace una semana [es decir, el 23 de agosto] una oferta similar, pero también fue rechazada por la administración». Esa noticia no había sido publicada, aunque no podía ser totalmente ignorada una vez filtrada una semana después al periódico suburbano Newsday que se exhibe prominentemente en los puestos de periódicos de la ciudad de Nueva York —sugiriendo una cierta hipótesis sobre lo sucedido—.[29] Otros se deshicieron del problema de forma similar.

Aquí se ilustran varias características del sistema de los medios de comunicación. Pueden producirse desviaciones respecto de la línea de la propaganda —más fácilmente, como en este caso, lejos del centro de atención nacional—. Ello suscita el problema del control de los daños. Un dispositivo periodístico habitual para suprimir los hechos no deseados que desafortunadamente han salido a la luz es informar sobre ellos únicamente en el contexto de las negativas del gobierno. En términos más generales, para satisfacer las condiciones de objetividad, una noticia puede ser expuesta de acuerdo con las prioridades del poder. En este caso, la información del Times —la que entra en la Historia— sigue el ejemplo de las autoridades gubernamentales. Los hechos no deseados son, en primer lugar, rechazados como «una tontería», luego admitidos como exactos —pero irrelevantes porque Washington no está interesado—. Nos enteramos también de que el periódico no ha informado de ofertas anteriores que son «tonterías» por el mismo motivo. Ello pone punto final al problema. Podemos respirar aliviados, pues la amenaza de que pudiera haber una «vía que nos alejara del desastre a través de la negociación» ha sido evitada.

4. UNA TRAYECTORIA CONSTANTE

Surgieron algunos problemas al lidiar con el hecho de que los aliados de los Estados Unidos no son un grupo particularmente atractivo. Al fin y al cabo, pocas cosas distinguen a Saddam Hussein de Hafez el-Assad, aparte de sus actuales servicios a las necesidades de los Estados Unidos. Un inconveniente comunicado de Amnistía Internacional del 2 de noviembre informaba que las fuerzas de seguridad sauditas torturaron y maltrataron a cientos de «trabajadores invitados» yemeníes, expulsando también a 750 000 de ellos, «sin ninguna razón aparente, aparte de su nacionalidad o de su presunta oposición a la postura del gobierno de Arabia Saudita en la crisis del Golfo». La prensa hizo la vista gorda, aunque en el caso de los Estados árabes, no faltan comentaristas que denuncien su vil naturaleza[30].

La alianza con Turquía —la «defensora de la paz» en Chipre (véase más arriba, párrafo que comienza: «Con comparable unanimidad…»)— requirió también un cuidadoso manejo, en particular a causa de la cuestión de los kurdos en el norte de Irak. Era difícil no darse cuenta de que las fuerzas iraquíes que se enfrentaban a las tropas norteamericanas quedarían seriamente debilitadas si los Estados Unidos apoyaran una rebelión kurda. Washington rechazó esta opción, presumiblemente preocupado por el hecho de que una rebelión kurda en Irak pudiera propagarse a Turquía oriental, donde la enorme población kurda (no reconocida como tal por los turcos) sufre una brutal represión. En una rara nota sobre la cuestión en la prensa, el Wall Street Journal observó: «Occidente teme que presionar sobre la “cuestión kurda” en Turquía, Siria e Irán… pudiera debilitar la alianza anti-Irak». La crónica añade que «la administración de los Estados Unidos se negó enfáticamente a reunirse con el líder kurdo iraquí que visitó Washington en agosto» para pedir ayuda, y que «los kurdos dicen que Ankara está utilizando la crisis del Golfo y la consiguiente popularidad de Turquía en Occidente como tapadera para un severo castigo[31]».

Incluso por lo que respecta a esta dramática cuestión, se mantuvo la disciplina. Apenas se hallaría una palabra (tal vez ninguna en absoluto) sobre la disposición de la administración Bush a sacrificar muchos miles de vidas norteamericanas —incluso dejando a un lado la situación de los kurdos, que han sido explotados con el más extraordinario cinismo por el gobierno y los medios de comunicación[32].

También fue necesario lidiar de un modo u otro con el hecho de que, antes del ataque contra Kuwait, la administración Bush y sus predecesores trataban a este sanguinario matón como a un gran amigo, favoreciendo el comercio con su régimen y créditos para permitirle adquirir bienes estadounidenses. Con anterioridad, Washington apoyó su invasión de Irán y luego se inclinó tanto a favor de Irak en la guerra del Golfo que se enviaron fuerzas militares para «proteger el tráfico marítimo» de la amenaza iraní (siendo iraquí la principal amenaza para el tráfico marítimo), persistiendo en esta trayectoria incluso después de que el USS Stark fuera atacado en 1987 por un avión iraquí. Cuando la nación se unió para destruir a la bestia, el congresista de Texas Henry González, presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Bancarios [House Banking Committee], lanzó la acusación de que un banco con base en Atlanta había extendido él solo 3000 millones de dólares en cartas de crédito a Irak, de los cuales 800 millones de dólares estaban garantizados por la Corporación de Crédito al Comercio de Mercancías del Departamento de Agricultura [Department of Agriculture’s Commodity Credit Corporation], que garantiza préstamos bancarios para financiar exportaciones de productos agrícolas estadounidenses. González afirmó además que hay pruebas claras de que Irak obtuvo armamento, incluyendo posiblemente armas químicas, con esta negociación. «No hay duda de que estos 3000 millones de dólares están en realidad financiando la invasión de Kuwait —dijo—. No hay duda de que la mayor parte tenía que ver con armamentos[33]». Las nuevas iniciativas de la administración Bush para reforzar a Saddam anunciadas cuando la Operación Causa Justa fue lanzada para defender al mundo de la inicuidad de Manuel Noriega y la falta de atención o reacción han sido ya discutidas.

Este desagradable asunto fue difícil de eludir en su totalidad. El 13 de agosto, el New York Times reconocía finalmente que Irak había alcanzado el máximo poder «con el consentimiento y, en ocasiones, la ayuda de los Estados Unidos», incluyendo «un próspero comercio con los agricultores norteamericanos, la cooperación con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y la venta de petróleo a refinerías norteamericanas que ayudaron a financiar su ejército y apagaron las críticas de la Casa Blanca a sus violaciones de los derechos humanos y atrocidades de guerra». Desde 1982, Irak se convirtió en uno de los principales compradores de arroz y trigo norteamericanos, «adquiriendo alrededor de 5500 millones en cultivos y ganado con préstamos y subvenciones agrícolas garantizados federalmente y con su propio dinero contante y sonante». También recibió aproximadamente 270 millones de dólares en crédito garantizado por el gobierno para comprar otros bienes norteamericanos, a pesar de los impagos de los préstamos. Según datos de 1987, los últimos disponibles, alrededor del 40 por 100 de los alimentos de Irak eran importados de los Estados Unidos y, en 1989, Irak recibió 1000 millones de dólares en garantías de préstamo, ocupando el segundo lugar sólo detrás de México. Los Estados Unidos se convirtieron en el principal mercado para el petróleo iraquí, informa Charles Glass, «mientras el Foro Empresarial Estadounidense-Iraquí, dirigido por destacados empresarios y antiguos diplomáticos norteamericanos, elogiaban la moderación de Saddam y su progreso hacia la democracia». Las administraciones de Reagan y Bush apenas reaccionaron cuando Irak adquirió helicópteros norteamericanos y los transfirió al uso militar violando promesas, empleó gas venenoso contra las tropas iraníes y sus propios ciudadanos kurdos, y trasladó por la fuerza a medio millón de kurdos y sirios, entre otras atrocidades[34].

Se trata solamente de un error de apreciación, de una de esas ironías de la historia, según el relato oficial. No se dice nada sobre por qué el Times informa ahora de ello, después de que Washington se haya vuelto contra Irak, no antes —por ejemplo, en el momento de la invasión de Panamá— cuando las pruebas estaban fácilmente disponibles y podrían haber ayudado a evitar lo que ha sucedido ahora.

Otro cometido era ocultar el hecho de que las excusas de Irak por su flagrante violación del derecho internacional pueden compararse a las violaciones aceptadas —incluso elogiadas— por los medios de comunicación en el caso de la agresión benigna desarrollada por los Estados Unidos y sus clientes. Irak alegó que su salud económica estaba gravemente amenazada por la violación por parte de Kuwait del acuerdo de la OPEP sobre las cuotas de producción de petróleo, que afectaba al intento de Irak de recuperarse de la guerra con Irán. No se discute el hecho de que estas violaciones fueran extremadamente perjudiciales para Irak. Las quejas de Irak a ese respecto fueron en su mayoría ignoradas, juntamente con su acusación, anterior a su ataque, del hecho de que Kuwait estuviera extrayendo petróleo de los campos situados en la frontera, presuntamente agotando los propios campos de Irak, lo cual constituía «un robo equivalente a la agresión militar». Parece ser que no se informó de ello en aquel momento, aunque un mes más tarde hubo un reconocimiento tardío de que «sea o no sea Hitler [Saddam Hussein], tiene algo de razón» y, desde el punto de vista de Irak, el gobierno de Kuwait estaba «actuando agresivamente» —se trataba de una guerra económica[35].

Estas protestas iraquíes tienen seguramente un sonido familiar. El derecho a «defender nuestros intereses mediante la fuerza es concedido a los Estados Unidos por la Carta de la ONU, según la opinión oficial presentada como justificación de la invasión de Panamá (véase más arriba, párrafo que comienza: Hubo también el gesto ritual…»). El ataque de Israel a Egipto estuvo motivado en gran medida por los problemas económicos causados por la movilización de las reservas durante un período de crisis y tensión. Una amenaza potencial para los intereses norteamericanos fue invocada por los Estados Unidos para justificar sus pasos para contrarrestar la agresión iraquí, al igual que en muchos casos de intervención y subversión. La amenaza planteada por las acciones de Kuwait para los intereses de Irak no era potencial.

En términos más generales, el dictador iraquí justificó su agresión como un acto noble «en defensa de la nación árabe», afirmando que Kuwait era una entidad artificial, parte del legado de los colonialistas europeos que dividieron al mundo árabe en favor de sus propios intereses egoístas. Estas maquinaciones aseguraron que la gran riqueza petrolífera del mundo árabe no beneficiaría a las masas árabes, sino a las potencias industriales occidentales y a la pequeña elite interna del país vinculada a las mismas. A pesar del absoluto cinismo de la postura de Saddam Hussein, las propias acusaciones no dejan de tener mérito y tienen un considerable atractivo popular, por lo menos entre el 60 por 100 no kuwaití de la población que hizo el trabajo que enriqueció a la minoría nativa, aunque no a sus «hermanos árabes».

El odio hacia los Estados Unidos en el mundo árabe fue advertido, pero sin ningún análisis serio de por qué existía. La reflexión habitual es atribuir el antagonismo a los problemas emocionales de un pueblo que ha sido excluido por la marcha de la historia a causa de sus propias insuficiencias. Habría sido casi imposible ofrecer una explicación racional de cuestiones tan centrales como las interacciones entre los Estados Unidos, Israel y Palestina, dado que los prolongados y muy exitosos esfuerzos de los Estados Unidos para impedir un acuerdo político pacífico han sido suprimidos de la historia con tan admirable eficiencia[36]. La profunda influencia del racismo antiárabe en la cultura dominante facilita la familiar táctica de atribuir el antagonismo hacia los Estados Unidos a los defectos de los demás.

La nota callada es que los árabes no tienen básicamente ningún derecho al petróleo que un accidente geológico situó bajo sus pies. Tal como Walter Laqueur expresó la cuestión en 1973, el petróleo de Oriente Medio «podría ser internacionalizado, no en beneficio de unas cuantas compañías petrolíferas, sino para el bien del resto de la humanidad». Ello sólo podría conseguirse por la fuerza, pero esto no suscita ningún problema moral, pues «todo cuanto está en juego es el destino de algunos reinos de jeques del desierto». Por «internacionalización», léase: «control por parte de los Estados Unidos y sus clientes» (siempre y cuando sigan siendo firmes defensores de Israel). Por «unas cuantas compañías petrolíferas», léase: «árabes indignos». La razón lógica es la de los marroquíes que conquistaron el Sahara: «basta con un Kuwait». Es injusto que unos ricos recursos estén en manos de gente insignificante cuando los hombres ricos que rigen el mundo los necesitan. La idea de Occidente es, claro está, mucho más amplia que la de Marruecos, y comprende a toda la región y a sus recursos —en realidad, los recursos del mundo entero.

Igualmente, la inspiradora preocupación «por el bien de la humanidad» manifestada por Laqueur y otros no les lleva a sugerir que el petróleo de Norteamérica y Oriente Medio debería haber sido internacionalizado durante los años de la posguerra, cuando Occidente (con los Estados Unidos a la cabeza) tenía un control efectivo sobre los recursos energéticos, ni les lleva a sacar la misma conclusión por lo que respecta a los recursos industriales, agrícolas y minerales de Occidente, felizmente explotados por y para las naciones ricas y satisfechas. La diferencia, como siempre, reside en la escala de «importancia[37]».

Vale la pena recordar cuán poco hay de nuevo en todo esto. Recordemos las explicaciones anteriores sobre por qué los «miserables e ineficientes» mexicanos no tienen derecho a «controlar el destino» de sus ricas tierras. A principios de siglo, el influyente estratega e historiador, almirante Alfred T. Mahan, famoso por su dedicación a los valores cristianos y a la doctrina de los derechos naturales, sostenía que dichos derechos tenían que ser modificados en el caso de países «ineficientes» como China, que deben ser administrados «de modo que se asegure el derecho natural del mundo en general a que los recursos no permanezcan desaprovechados» o sean mal utilizados. Los derechos de la humanidad trascienden a los de los chinos, quienes son «ovejas sin pastor» y deben ser guiados, su país dividido, aprender las verdades cristianas y, por otra parte, ser controlados por las políticas occidentales de «justa autoafirmación» —no por motivos egoístas, sino «por el bien de la humanidad»—. Los grandes pensamientos tienen costumbre de reaparecer en todas las épocas[38].

5. LA ONU APRENDE A COMPORTARSE

La ONU fue objeto de elogios desacostumbrados. Bajo el titular «The UN’s coming of age» (La ONU llega a la mayoría de edad), los editores del Boston Globe proclamaron «un signo de cambio en la historia de la organización», una nueva actitud de responsabilidad y seriedad mientras respaldaba las iniciativas de los Estados Unidos para castigar al agresor[39]. Muchos otros alabaron también este grato alejamiento de la vergonzosa línea del pasado.

El saludable cambio en las prácticas de la ONU fue atribuido al mejor comportamiento del enemigo soviético y a la victoria de los Estados Unidos en la guerra fría. Una crónica del Globe afirma que «la rápida condena de la invasión [iraquí] por parte de Moscú liberó al Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado desde hacía mucho tiempo por la rivalidad entre las superpotencias, para desempeñar un papel crítico» respondiendo a la agresión. El corresponsal del Times, R.W. Apple, escribe que Washington «se apoya más por lo que respecta a su política en la ONU, ahora más funcional de lo que había sido durante décadas a causa del fin de la guerra fría». Un editorial del Times proclamaba el «maravilloso cambio de panorama» cuando las Naciones Unidas se ponen por fin serias, silenciando a «la mayoría de sus detractores» y permitiendo al presidente Bush desarrollar su noble esfuerzo para crear un «nuevo orden mundial con el fin de resolver los conflictos mediante la diplomacia multilateral y la seguridad colectiva». En el Washington Post John Goshko analizaba los antecedentes de este «momento especial para la ONU», que «de repente, está funcionando tal como se pretendía inicialmente», «transformada» en un servicio para la paz mundial, «después de ser rechazada durante años como un fracaso y un foro para la demagogia del Tercer Mundo» durante «la larga rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus aliados durante la guerra fría». La idea original de la ONU como un defensor de un mundo pacífico «fue amenazada desde el principio por la amarga guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquellos primeros años, las imágenes de las Naciones Unidas que quedaron grabadas en la conciencia mundial eran las de unos embajadores soviéticos de ceñudo rostro poniendo vetos o saliendo como una exhalación de las reuniones del Consejo de Seguridad», mientras que los miembros del nuevo Tercer Mundo «convertían la Asamblea [General] en un foro para una retórica a menudo estridente y antioccidental. … Posteriormente, hace aproximadamente dos años, empezó a producirse un cambio como consecuencia de los cambios orientados a la relajación de las tensiones que tenían lugar en la política exterior soviética». El principal comentarista político del Washington Post, David Broder, añadió su imprimátur:

Durante los largos años de la guerra fría, el veto soviético y la hostilidad de muchas naciones del Tercer Mundo hicieron de las Naciones Unidas objeto de desprecio para muchos políticos y ciudadanos norteamericanos. Pero en el alterado contexto de nuestros días, han demostrado ser un instrumento efectivo de liderazgo mundial y, potencialmente, un servicio que puede lograr tanto la paz como el imperio de la ley en regiones agitadas.

Un análisis crítico de la política de la administración publicado en el New York Review y escrito por George Ball empieza: «Con el fin de la guerra fría y el comienzo de la crisis del Golfo, los Estados Unidos pueden hoy comprobar la validez del concepto wilsoniano de la seguridad colectiva, una prueba que un veto soviético automático en el Consejo de Seguridad ha imposibilitado durante los últimos cuarenta años». En un reportaje de la BBC sobre la ONU, el editor, Mark Urban, dice: «Durante la guerra fría, el Kremlin utilizó, una y otra vez, su veto para proteger sus intereses de la amenaza de la intervención de los Estados Unidos. Mientras la respuesta fue “nyet, los debates del Consejo siguieron siendo adversos». Pero ahora, «la actitud soviética es bastante distinta», con la economía enfrentándose al colapso y «con un líder que cree en la cooperación[40]».

En consecuencia, hemos de entender que la rivalidad de las superpotencias, el obstruccionismo ruso y el persistente veto soviético, y las perturbaciones psíquicas del Tercer Mundo han impedido que la ONU atendiera sus responsabilidades en el pasado.

Estos temas fueron analizados en docenas de artículos entusiastas, todos con una notable característica: no se presentaba ninguna prueba que apoyara lo que, al parecer, hay que entender como verdades obvias. Hay formas de determinar por qué la ONU no pudo funcionar en su papel de guardián de la paz. Sólo es necesario revisar los datos relativos a los vetos del Consejo de Seguridad y a los votos negativos aislados en la Asamblea General. Un vistazo a los hechos explica rápidamente por qué la cuestión fue arrinconada en favor de la teología política del sírvase usted mismo.

Los Estados Unidos llevan la delantera, con diferencia, desde 1970 por lo que respecta a vetar resoluciones del Consejo de Seguridad y rechazar resoluciones sobre todas las cuestiones relevantes. En segundo lugar, bastante a la zaga, va Gran Bretaña, sobre todo en relación con su apoyo a los regímenes racistas de Sudáfrica. Los embajadores de rostro ceñudo que ponían el veto tenían un buen acento inglés, mientras que la Unión Soviética votaba con la abrumadora mayoría[41]. El aislamiento de los Estados Unidos habría, en verdad, sido más grave si no fuera por el hecho de que su enorme poder mantuvo alejadas cuestiones importantes de la agenda de las Naciones Unidas. La invasión soviética de Afganistán fue enérgica y repetidamente censurada, pero la ONU nunca estuvo dispuesta a preocuparse por la guerra de los Estados Unidos contra Indochina.

La sesión de la ONU que precedió precisamente al «maravilloso cambio de panorama» (invierno de 1989-1990) puede servir de ilustración. Se vetaron tres resoluciones del Consejo de Seguridad: una condena del ataque de los Estados Unidos a la embajada de Nicaragua en Panamá (veto de los Estados Unidos y abstención de Gran Bretaña); una condena de la invasión de Panamá por los Estados Unidos (con el voto en contra de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia); una condena de los abusos cometidos por los israelíes en los territorios ocupados (veto de los Estados Unidos). Hubo dos resoluciones de la Asamblea General que pedían a todos los Estados que respetaran el derecho internacional —la una condenaba el apoyo de los Estados Unidos al ejército de la contra y la otra el embargo ilegal contra Nicaragua—. Ambas fueron aprobadas con dos votos negativos: el de los Estados Unidos y el de Israel. Una resolución que se oponía a la anexión de territorios por la fuerza fue aprobada por 151 votos a 3 (Estados Unidos, Israel, Dominica). La resolución hacía una vez más un llamamiento en favor de un arreglo diplomático del conflicto árabe-israelí, con reconocimiento de fronteras y garantías de seguridad, incorporando los términos de la resolución 242 de la ONU, con autodeterminación para los palestinos y reclamando implícitamente un acuerdo para el establecimiento de dos Estados. Los Estados Unidos han seguido impidiendo tal acuerdo —virtualmente solos, como indican las votaciones más recientes desde su veto de enero de 1976 a esta propuesta, presentada por Siria, Jordania y Egipto, con el respaldo de la OLP—. Los Estados Unidos han vetado repetidamente resoluciones del Consejo de Seguridad y bloqueado resoluciones de la Asamblea General y otras iniciativas de la ONU en relación con toda una serie de cuestiones, incluyendo la agresión, la anexión, las violaciones de los derechos humanos, el desarme, la adherencia al derecho internacional, el terrorismo y otras[42].

En este celo recientemente descubierto por el derecho internacional y las Naciones Unidas, el New York Times evocó repetidamente una figura heroica: Daniel Patrick Moynihan. Fue presentado como testigo experto del «nuevo espíritu de unanimidad en las Naciones Unidas» y explicó que hubo «algunas notorias violaciones del derecho internacional en el pasado», pero que ahora «las principales potencias tienen intereses convergentes y el mecanismo de la ONU está ahí, esperando para ser utilizado». Su «firme adherencia al derecho internacional» fue elogiado en un análisis de su estudio The Law of Nations. El analista observó su «ira sarcástica y justa», que recuerda «al apasionado profesor que sospecha que nadie está escuchando» cuando él está «claramente furioso ante el hecho de que una idea tan moralmente impecable como el derecho internacional sea rutinariamente ignorada como inútil e ingenua». En un reportaje de Times Magazine nos enteramos además de que Moynihan «se deleita particularmente» con el hecho de que se demuestre que él tenía razón en su larga lucha para promover el derecho internacional y el sistema de la ONU, «abstracciones» que son «enormemente importantes» para él. Al final, todo el mundo «repite la canción de Moynihan» en lugar de ignorar los principios que él ha defendido con tanta convicción durante tantísimos años. Moynihan ya no necesita «deleitarse en su martirio». Ahora «la historia le ha alcanzado[43]».

Un análisis del historial de Moynihan como embajador en la ONU, cuando tuvo oportunidad de poner en práctica sus principios, fue omitido de estos espaldarazos. En un cablegrama a Henry Kissinger el 23 de enero de 1976, comunicaba el «considerable progreso» logrado en las Naciones Unidas mediante sus tácticas de presión «hacia un objetivo básico de política exterior, el de destruir los bloques masivos de naciones, en su mayoría naciones nuevas, que durante tanto tiempo se han unido contra nosotros en los foros internacionales y en los encuentros diplomáticos en general». Moynihan citó dos casos relevantes: su éxito en minar una reacción de la ONU ante la invasión de Timor Oriental por Indonesia y ante la agresión marroquí en el Sahara, ambas con el apoyo de los Estados Unidos, la primera con particular vigor. Tuvo más que decir sobre estas cuestiones en su memoria de esos años en la ONU, donde describe francamente su papel cuando Indonesia invadió Timor Oriental en diciembre de 1975:

Los Estados Unidos deseaban que las cosas salieran tal como lo hicieron y trabajaron para que ello sucediera. El Departamento de Estado deseaba que las Naciones Unidas resultaran absolutamente inefectivas en todas las medidas que adoptaran. Esta tarea me fue confiada y la llevé a cabo con éxito nada despreciable.

Añade que, al cabo de algunas semanas, habían muerto unas 60 000 personas, «el 10 por 100 de la población, casi la proporción de víctimas sufrida por la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial[44]».

El episodio de la ONU, brevemente resumido aquí, da una idea considerable de la cultura intelectual. La ONU es hoy «funcional» porque está haciendo (más o menos) lo que quiere Washington, hecho que no tiene virtualmente nada que ver con el fin de la guerra fría, los rusos o las enfermedades del Tercer Mundo. La «retórica estridente y antioccidental» del Tercer Mundo ha sido, muy a menudo, un llamamiento a favor del respeto del derecho internacional. Por una vez, los Estados Unidos y sus aliados resultaron oponerse a los actos de agresión, anexión y violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, la ONU estaba libre del veto habitual de los Estados Unidos y el Reino Unido. Dado que estas verdades son inaceptables, no existen. Pertenecen al imperio del «abuso de la realidad» (la historia real), no de la propia realidad (lo que nosotros preferimos creer[45]).

Éstos son elementos básicos de nuestros valores intelectuales tradicionales. Nuestros valores morales tradicionales fueron también ilustrados desde el principio hasta el fin, especialmente cuando la oposición de la elite a los planes de guerra de los Estados Unidos comenzó a cristalizar. Una primera señal fue una entrevista con el comandante de las fuerzas estadounidenses, el general Norman Schwartzkopf, presentada en una información de primera página en el New York Times que comenzaba como sigue:

El comandante de las fuerzas norteamericanas que se enfrentan a Irak dijo hoy que sus tropas podían arrasar Irak, pero advirtió que la total destrucción de este país podía no ser «interesante para el equilibrio de poder a largo plazo en esta región».

Su advertencia fue elaborada por otros. En un ejemplo típico, la especialista en Oriente Medio del Times, Judith Miller, escribió bajo el titular «Political Cost of Victory Questioned» (Se cuestiona el coste político de la victoria):

Hay pocos que duden que si hay una guerra en el Golfo Pérsico, los Estados Unidos y sus aliados pueden «convertir Bagdad en un solar de aparcamiento», como manifestó recientemente un diplomático norteamericano en Oriente Medio. Pero muchos analistas están cada vez más preocupados por el probable efecto de tal victoria sobre los intereses a largo plazo de los Estados Unidos en la región. William Crowe, antiguo presidente de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor, advirtió la semana pasada que «muchos árabes se ofenderían profundamente por una campaña que mataría necesariamente a un gran número de sus hermanos musulmanes…».

En resumidas cuentas, podríamos asesinar a diecisiete millones de personas y borrar a un país de la faz de la Tierra, pero la exterminación masiva podría ser tácticamente imprudente, peligrosa para nuestros intereses. Estas cuestiones fueron detalladamente discutidas en muchos artículos, que fueron notables por la falta de todo vestigio de la «adversión» mostrada por la delegación de la India en 1919 en relación con el uso de gas venenoso contra «tribus incivilizadas». Aquellos que han manifestado preocupación por el debilitamiento de nuestros valores tradicionales pueden descansar tranquilos[46].

6. MODERADOS Y NACIONALISTAS

Notablemente ausente de la historia estaba la reflexión habitual, la amenaza soviética, hoy perdida irremediablemente. La incapacidad del presidente de articular metas exaltadas fue objeto de muchas críticas, pero las razones de su tropiezo quedaron sin examinar. Las críticas fueron ciertamente injustas. Difícilmente se podía esperar la verdad, al igual que en el pasado, y los pretextos habituales no podían ser utilizados. Una tentativa siguió a otra, rastreando los sondeos de la opinión pública que presentaban información sobre lo que podía venderse. Ocasionalmente, algunas voces incluso admitieron la realidad normalmente inexpresable: que la intervención en el Tercer Mundo está motivada por los intereses «estratégicos» y económicos de los Estados Unidos, en este caso «con el fin de apoyar al país de la OPEP más susceptible de atender a los intereses de Washington[47]».

La influencia iraquí sobre la fuente energética más barata y más abundante del mundo se considera, correctamente, como extremadamente amenazadora. Por el contrario, la influencia de los Estados Unidos sobre los recursos del mundo árabe es vista como benigna —claro está, no para la mayoría de la gente que vive en Kuwait o en la región en general, o para otros como ellos que viven en otros lugares del mundo—,[48] sino más bien para la gente importante. Siempre vemos el mismo principio fundamental: los recursos y el gobierno del mundo deben estar en manos de «los hombres ricos que viven en paz en sus moradas». Los hambrientos y oprimidos deben ser mantenidos en el lugar que les corresponde.

Partiendo de los mismos supuestos churchillianos, los hombres ricos que cumplen nuestras órdenes en el mundo árabe son «moderados» y se suman a las filas de Mussolini, Suharto, los generales guatemaltecos y otros como ellos. Explicando las consecuencias de la invasión iraquí, el New York Times informa que «hoy, Oriente Medio se ha dividido en un campamento prooccidental claramente moderado» y «una constelación antioccidental intensamente nacionalista», que incluye «al hombre árabe de la calle», observa un importante periódico tunecino al comentar la «creciente actitud proiraquí entre los árabes de países más pobres». Si Saddam Hussein cumpliera «su amenaza de arrasar» Israel, añade Bernard Trainor, «ello generaría un mayor apoyo por parte de millones de árabes sin derechos, que le consideran una celebridad y que podrían desencadenar el desorden civil en los Estados árabes conservadores y moderados» —los regidos y gobernados por príncipes y graduados de escuelas empresariales que, a los ojos de estos millones de árabes, son empresarios occidentales que da la casualidad de que ruegan a Alá mientras adoran a Mammon[49][*].

Observemos que Trainor sigue las convenciones al denunciar a Hussein como a un maníaco hitleriano a causa de su amenaza de arrasar Israel —como represalia contra la agresión israelí, hecho completamente pasado por alto, como en este caso, o simplemente descartado como irrelevante—. Por el contrario, si se autorizara una reacción sanguinaria de Israel frente a la agresión iraquí, la misma sería considerada como un acto justo de autodefensa. Observemos también que las expresiones «prooccidental moderado» e «intensamente antioccidental nacionalista» son redundantes. «Prooccidental» implica «moderado»; «antioccidental» implica «intensamente nacionalista» —es decir, malvado y fanático.

7. LA VÍA DIPLOMÁTICA

A mediados de agosto, estaba claro que los Estados Unidos no estaban dirigiendo exactamente un coro conmovedor cuando intentaban movilizar el apoyo para el empleo de la fuerza en el Golfo. A pesar de las amenazas, súplicas, y marrullería, los viajeros diplomáticos norteamericanos no lograban reunir más que una simbólica participación en todo lo que fuera más allá de las sanciones del tipo que la ONU había intentado imponer en otros casos de agresión, a menudo bloqueadas por los Estados Unidos. El aislamiento de los Estados Unidos en los desiertos saudíes (aparte de Gran Bretaña) podía difícilmente pasarse por alto, pero había escasas dudas respecto de la línea oficial de que, cuando el mundo tiene problemas, llama al sheriff y nosotros somos los únicos lo suficientemente honrados y tenaces para soportar esta carga.

Alemania anunció que no ayudaría a financiar las operaciones militares de los Estados Unidos porque el acuerdo entre los Estados Unidos y Arabia Saudita era bilateral, no autorizado por las Naciones Unidas. La Comunidad Europea adoptó la misma postura. Al comentar la decisión de la CE de no respaldar las operaciones de los Estados Unidos en el Golfo, mientras que aportaba en 1990-1991 unos 2000 millones de dólares (el 15 por 100 del coste estimado) a aquellos países que sufrían a causa del embargo, el ministro italiano de Asuntos Exteriores declaró: «La acción militar de los Estados Unidos fue emprendida de forma autónoma. No olvidemos el principio de que no debe haber impuestos sin representación». El Japón accedió cortésmente a hacer muy poco, mientras que Corea del Sur alegó pobreza. La reacción del Tercer Mundo fue silenciosa, con escaso entusiasmo ante el esfuerzo de los Estados Unidos y, a menudo, con gran antagonismo popular. Los Estados árabes en general mantuvieron las distancias. En el prooccidental Túnez, un sondeo mostró que el 90 por 100 de la población apoyaba a Irak, condenando muchos de ellos el «doble criterio» revelado por la actitud norteamericana ante la agresión, anexión y violación de los derechos humanos por parte de Israel. Los comentaristas observaron ocasionalmente que el apoyo a la iniciativa militar norteamericana era mínimo en aquellos gobiernos que tenían «jóvenes movimientos democráticos»: Jordania, Argelia, el Yemen y Túnez (Judith Miller). Los analistas de la administración manifestaron preocupación por el hecho de que si las tropas norteamericanas fueran mantenidas en su puesto durante demasiado tiempo, los «períodos religiosos islámicos» (el hajj y el ramadán) permitirían una mayor expresión de los sentimientos populares y «podrían desencadenar protestas y tal vez golpes» que «podrían derrocar a los gobiernos con orientación occidental en la región y socavar la base diplomática de las tropas dirigidas por los Estados Unidos que se enfrentan a Irak» (Peter Gosselin, quien informó asimismo con exactitud de que ningún crítico del Congreso cuestiona los «principios fundamentales» de Bush: «que el Golfo Pérsico es crucial para los Estados Unidos y que éstos, por consiguiente, deben defender sus intereses con la fuerza militar» —un «principio fundamental» que Saddam Hussein podría fácilmente comprender—). La especialista en temas de Oriente Medio de la Brookings Institution, Judith Kipper, comentó: «En mi opinión, el problema central son los regímenes versus el pueblo, porque ninguno de los regímenes árabes representa a su pueblo y ésta es la razón por la cual hay tantas aclamaciones en las calles» en favor de Saddam Hussein, considerado como defensor de las masas árabes frente a la camarilla gobernante que empleó la riqueza petrolífera de las naciones árabes para enriquecerse a sí misma y al mundo occidental. Hubo escasos comentarios acerca de la importancia del hecho de que en tanto existan elementos de pluralismo en el mundo árabe, los gobiernos no pueden adoptar una postura favorable a la causa norteamericana[50].

La prensa intentó poner todo esto en negrita, insistiendo en la sorprendente unanimidad de la opinión mundial en apoyo de la postura estadounidense y presentando los detalles con la mayor elegancia posible. El tipo de problemas afrontados fue captado en un resumen de AP de las más importantes noticias del día: «El secretario del Tesoro, Nicholas Brady, declara que su esfuerzo global para recaudar fondos ha sido un éxito a pesar de que no recibió promesas específicas de nuevas contribuciones para ayudar a pagar». Sin embargo, los columnistas y editores denunciaron al Japón (y ocasionalmente a Alemania) como «aliados en la prosperidad», que se niegan «a aportar la parte entera y justa que les corresponde en el esfuerzo común para contener a Irak». No obstante, se hicieron escasos esfuerzos para investigar la extraña negativa a «subir a bordo» por parte de aquellos que, en teoría, eran los principales beneficiarios de las acciones norteamericanas[51].

Tales problemas dieron lugar a una notable explicación (y confirmación) de la postura militante de los Estados Unidos en el New York Times en un artículo de primera página escrito por Thomas Friedman. Éste atribuyó la negativa de la administración «a considerar siquiera la vía diplomática» a su preocupación por que las negociaciones pudieran «desactivar la crisis» y restaurar la situación anterior a costa de «unos cuantos beneficios simbólicos en Kuwait» para el dictador iraquí (tal vez «una isla kuwaití o unos pequeños ajustes de fronteras», todos ellos cuestiones discutidas durante mucho tiempo). Así, todo lo que no fuera una victoria total de las fuerzas de los Estados Unidos era inaceptable, aunque ello significara una guerra catastrófica, con consecuencias imprevisibles. Por lo que respecta a la posibilidad de que la diplomacia pudiera desactivar la crisis, que dejaría que cuestiones tan decisivas y durante mucho tiempo descuidadas como la proliferación de las armas letales en la región (no sólo en Irak) pudieran ser abordadas tranquilamente por medios diplomáticos, se trata de un desastre a evitar, no de una opción a explorar[52].

El principal corresponsal diplomático del Times siguió atribuyendo la presión en favor de las negociaciones a Jordania y a la siempre zalamera OLP, cuyo esfuerzo para mediar es su «única forma de justificar su apoyo a la invasión del presidente Hussein». Jordania no apoyó la invasión, aunque tampoco respaldó la respuesta norteamericana a la misma. Como el corresponsal británico Martin Woollacott informa con mayor exactitud desde Amman, los «esfuerzos del rey desde que comenzó la crisis han estado dirigidos a volver a meter al genio en la botella, provocando una retirada de Kuwait, y restaurando, en general, el statu quo. Y, a pesar de que el Times consideraba este hecho indigno de publicarse, es difícil creer que su principal especialista en temas de Oriente Medio no supiera que, pocos días antes de que escribiera, la OLP había hecho pública su primera declaración oficial sobre la crisis, que hacía un llamamiento en favor de una solución que «salvaguardara la integridad y la seguridad de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, el Golfo y la totalidad de la región árabe» (la cursiva es mía; transmitido por los servicios telegráficos). El echar la culpa a «la interpretación palestina de los acontecimientos» y a la mala conducta de Jordania constituye otra notable aportación al establecimiento de la línea de propaganda de los Estados Unidos e Israel[53].

Había escasa información fiable disponible acerca de las posturas de Jordania y de la OLP. La prensa israelí citó un plan de la OLP leído por el activista palestino Faisal Husseini en Jerusalén, solicitando la inmediata retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait, conversaciones de paz entre Irak y Kuwait en relación con las fronteras y la política petrolífera, y el derecho del pueblo kuwaití «a elegir al gobierno central de su tierra, sin influencia extranjera, ni árabe, ni ninguna otra». Según fuentes de la OLP, Jordania y la OLP presentaron un plan según el cual la ONU introduciría un cuerpo defensor de la paz y coordinaría unas conversaciones sobre el futuro gobierno de Kuwait, solicitando posiblemente un plebiscito en Kuwait. Al igual que otras propuestas favorables a una vía diplomática, éstas fueron ignoradas o rápidamente descartadas por la Casa Blanca, el Congreso y los medios de comunicación[54].

Al tiempo que advertía contra las tentaciones de la vía diplomática, el Times hacía también un llamamiento en favor de la diplomacia antes que el recurso inmediato a la fuerza. Pero, como ya hemos hecho constar, la «diplomacia» implicaba la presentación de un ultimátum: capitular o morir. En realidad, las posibilidades diplomáticas fueron eliminadas desde el principio, juntamente con la opción de las sanciones.

Debería tenerse en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, al igual que cualquier actor en los asuntos mundiales, siempre defenderán públicamente la diplomacia, no la fuerza. Ésta fue la postura de los Estados Unidos mientras intentaban impedir las negociaciones y el acuerdo político en el Vietnam y en Centroamérica, y ésta ha sido siempre la postura pública respecto del conflicto árabe-israelí, incluso cuando los Estados Unidos han encabezado el bando detractor. Sea cual sea la postura de los Estados Unidos, los medios de comunicación la describen como un ansia de diplomacia y medios pacíficos. Por consiguiente, leemos acerca del «esfuerzo norteamericano para mantener la atención centrada en la diplomacia y las sanciones, no en los tambores de guerra[55]», cuando, en realidad, el esfuerzo tiene como fin bloquear la vía diplomática, rechazar las negociaciones y adherirse a la fuerza y a la coacción, bajo una tapadera internacional a ser posible o, de lo contrario, solos. Como en otros casos, el que Washington pretenda resolver el problema pacíficamente, sin emplear la fuerza, se trata de una cuestión de lógica, inmune a la realidad.

Se han citado varias tentativas de apertura de una «vía diplomática»: el 12 de agosto, la propuesta iraquí acerca de la retirada de todos los territorios árabes ocupados; el 19 de agosto, que la situación de Kuwait fuera resuelta sólo por los Estados árabes; el 23 de agosto, la oferta publicada por Newsday y una «oferta similar» (o quizás ésta misma) que el Times mantuvo oculta en este mismo momento; y las propuestas mencionadas de Jordania y de la OLP. Otras continuaron saliendo a la luz y recibiendo un tratamiento similar. Las páginas económicas del New York Times y del Wall Street Journal informaban de un «virtual pánico en la compra de acciones al final del día» el 4 de diciembre, tras el anuncio por parte de una cadena británica de televisión de una oferta iraquí de retirarse de Kuwait a excepción de los campos petrolíferos de Rumailah, sin otras condiciones excepto que Kuwait accediera a discutir el arrendamiento de dos islas del Golfo después de la retirada. Los servicios telegráficos transmitieron la información, pero no las secciones de noticias. Las crónicas manifestaron, sin embargo, intranquilidad por el hecho de que las conversaciones propuestas por Irak (en realidad, la presentación de un ultimátum, según la Casa Blanca) «pudiera favorecer que algunos colegas europeos lanzaran inútiles tentativas de paz…»[56].

A finales de diciembre, Irak hizo otra propuesta, dada a conocer por funcionarios de los Estados Unidos el 2 de enero: una oferta «de retirarse de Kuwait si los Estados Unidos prometen no atacar mientras los soldados se repliegan, si las tropas extranjeras abandonan la región y si hay un acuerdo acerca del problema palestino y la prohibición de todas las armas de destrucción masiva en la región[57]». Los funcionarios describieron la oferta como «interesante» porque dejaba de lado la cuestión de las fronteras e «indicaba el interés iraquí por un acuerdo negociado». Un experto en temas de Oriente Medio del Departamento de Estado describió la propuesta como «una seria postura previa a la negociación». Los Estados Unidos «rechazaron inmediatamente la propuesta», observa el informe. La misma pasó sin mención alguna en la prensa nacional, y fue observada de pasada en otros lugares.

No obstante, el New York Times informó, el mismo día, que Yasser Arafat, tras consultar con Saddam Hussein, indicaba que ninguno de ellos «insistía en que el problema palestino fuera resuelto antes de que las tropas iraquíes salieran de Kuwait[58]». Según Arafat, prosigue el artículo, «la declaración del señor Hussein del 12 de agosto que vinculaba la retirada iraquí a una retirada israelí de Cisjordania y de la franja de Gaza, no era ya operativa como exigencia para la negociación». Todo cuanto hace falta «es un compromiso fuerte a ser garantizado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de que hemos de resolver todos los problemas en el Golfo, en Oriente Medio y especialmente la causa palestina».

Dos semanas antes del fin del plazo concedido para la retirada iraquí, parecía, pues, que la guerra podría evitarse en estos términos: Irak se retiraría completamente de Kuwait con la promesa de los Estados Unidos de no atacar a las fuerzas en retirada; las tropas extranjeras abandonarían la región; el Consejo de Seguridad indicaría un serio compromiso con la resolución de otros importantes problemas regionales. Las discutidas cuestiones fronterizas se dejarían para posterior consideración. Esta posibilidad fue rotundamente rechazada por Washington y apenas si penetró en los medios de comunicación y la conciencia pública. Los Estados Unidos y Gran Bretaña mantuvieron su compromiso con el solo uso de la fuerza.

La firmeza de este compromiso fue nuevamente demostrada cuando Francia realizó, el 14 de enero, un esfuerzo de última hora para evitar la guerra, proponiendo que el Consejo de Seguridad hiciera un llamamiento a favor de «una rápida y masiva retirada» de Kuwait juntamente con una declaración de que los miembros del Consejo aportarían su «activa contribución» a la resolución de otros problemas de la región, «en particular, del conflicto árabe-israelí, y, concretamente, del problema palestino, concertando, en un momento adecuado, una conferencia internacional» para garantizar «la seguridad, estabilidad y desarrollo de esta región del mundo». La propuesta francesa fue apoyada por Bélgica (miembro del Consejo), y Alemania, España, Italia, Argelia, Marruecos, Túnez y varias naciones no alineadas. Los Estados Unidos y Gran Bretaña la rechazaron (juntamente con la Unión Soviética, irrelevantemente). El embajador en la ONU, Thomas Pickering, declaró que la propuesta era inaceptable porque excedía a las resoluciones de la ONU acerca de la invasión iraquí[59].

La declaración del embajador era técnicamente correcta. Los términos de la propuesta se inspiraban en una fuente distinta, una decisión del Consejo de Seguridad del 20 de diciembre, inmediata a la resolución 681, que pide a Israel que respete los acuerdos de la convención de Ginebra sobre los territorios ocupados. En dicha declaración, los miembros del Consejo de Seguridad solicitaban «una conferencia internacional, en un momento adecuado, correctamente estructurada» para ayudar a «lograr un arreglo negociado y una paz duradera en el conflicto árabe-israelí». Esta declaración fue excluida de la propia resolución para evitar un veto de los Estados Unidos y quedó como codicilio. Obsérvese que no había «vinculación» alguna con la invasión iraquí, lo cual no fue mencionado.

No podemos saber si la iniciativa francesa podría haber logrado evitar la guerra. Los Estados Unidos temieron que así fuera y, en consecuencia, la bloquearon, de acuerdo con su apasionada oposición a toda forma de diplomacia, y, en este caso, su oposición igualmente intensa a una conferencia internacional. En este rechazo, a George Bush se le unió Saddam Hussein, quien no dio muestra alguna de interés por la propuesta francesa, aunque, de haberlo hecho, hubiera podido evitar la guerra.

La inamovible postura de los Estados Unidos fue manifestada con gran claridad por el presidente Bush en la carta que escribió a Saddam Hussein el 5 de enero, que fue rechazada por el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Tariq Aziz, cuando le fue entregada por el secretario de Estado, James Baker, con el pretexto de que su tono era inadecuado para la correspondencia entre jefes de Estado. En su carta, Bush afirmaba: «No puede haber recompensa para la agresión. Ni tampoco habrá ninguna negociación. Los principios no pueden ser puestos en entredicho». Simplemente «informaba» a Saddam Hussein de que sólo podía elegir entre capitular sin negociación o ser aplastado por la fuerza[60]. La diplomacia no era una opción.

Podemos preguntarnos con razón cuán serias o prometedoras eran estas opciones. Ignorarlas o rechazarlas como «tonterías» era exigir una solución a través de la amenaza o el uso de la fuerza militar, fueran cuales fuesen las consecuencias, que podían ser horrendas. El significado y la importancia a largo plazo de estos hechos no deberían ser obscurecidos.

Dada la actual preocupación de los Estados Unidos por asegurarse de la destrucción del arsenal no convencional iraquí, vale la pena recordar otra propuesta iraquí rechazada. El 12 de abril de 1990, Saddam Hussein, entonces todavía amigo y aliado, se ofreció a destruir su arsenal de armas químicas y otras armas no convencionales si Israel accedía a eliminar sus armas químicas y nucleares. Una vez más, en diciembre, el embajador iraquí en Francia declaró: «Irak destruiría sus armas químicas y de destrucción masiva si Israel estuviera dispuesto a hacer lo mismo», informó Reuters. En respuesta a la oferta de abril, transmitida por un grupo de senadores norteamericanos, el Departamento de Estado dijo que veía con agrado la voluntad de Irak de destruir sus arsenales, pero se oponía a la vinculación «a otras cuestiones o sistemas armamentísticos» (el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher[61]). Obsérvese que los otros sistemas armamentísticos no fueron especificados. La expresión «armas nucleares israelíes» no puede ser pronunciada por ningún funcionario norteamericano porque el reconocimiento de su existencia suscitaría la pregunta de por qué toda la ayuda de los Estados Unidos a Israel no es ilegal según las enmiendas a la Ley sobre la Ayuda Exterior [Foreign Aid Act] que, desde los años setenta, impide la ayuda a todo país implicado en el desarrollo de armas nucleares clandestinas.

No es la destrucción masiva ni la capacidad de coacción lo que nos molesta. En cambio, es importante que estén en las manos adecuadas: las nuestras o las de nuestros clientes.

Los contornos generales de un posible arreglo diplomático eran evidentes en agosto, e implicaban acuerdos en relación con el acceso iraquí al Golfo, tal vez mediante el arrendamiento de dos islas deshabitadas; un acuerdo sobre la disputa relativa a los campos petrolíferos de Rumailah; la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo regional de seguridad; tal vez cierto sistema para la determinación de la opinión pública en Kuwait. Los Estados Unidos se opusieron categóricamente a estos pasos desde el primer momento, afirmando que «la agresión no puede ser recompensada», que la «vinculación» está en conflicto con nuestra elevada postura moral, y que no podemos enzarzarnos en negociaciones interminables. Por el contrario, Irak debe capitular inmediatamente ante la exhibición de fuerza de los Estados Unidos, después de lo cual —tal vez Washington permitirá la discusión de otras cuestiones. El rechazo de la «vinculación» se deriva de la verdad inefable de que los Estados Unidos se oponen a un arreglo diplomático de todas las cuestiones «vinculadas». En particular, se ha opuesto durante mucho tiempo a una conferencia internacional sobre el conflicto árabe-israelí, porque tales esfuerzos sólo podrían dar lugar a presiones para conseguir el tipo de acuerdo diplomático pacífico que los Estados Unidos han logrado impedir por medio de lo que en la ideología convencional se denomina «el proceso de paz».

En numerosos casos similares, los Estados Unidos han estado bastante contentos de recompensar la agresión, coordinar interminables negociaciones y desarrollar la «vinculación» (incluso dejando a un lado aquellos casos en que se aprueban los actos criminales). En el caso de Namibia, por ejemplo, la ONU condenó la ocupación de este territorio por Sudáfrica en los años sesenta, a lo que siguió un juicio del Tribunal Mundial exigiendo la salida de Sudáfrica. Los Estados Unidos desarrollaron una «tranquila diplomacia» y un «compromiso constructivo» mientras Sudáfrica saqueaba y aterrorizaba Namibia y la utilizaba como base para sus sanguinarios ataques contra sus vecinos (acerca del coste humano y material estimado, véase más adelante el apartado «Los frutos de la victoria: África»). El «plan de paz», del secretario de Estado George Shultz, para el Líbano en 1983 «recompensó a los agresores» alegremente. El plan establecía, en efecto, un «Israel más grande», como admitió el apasionadamente proisraelí New York Times mientras que Siria simplemente recibió órdenes de conformarse a los dictados de los Estados Unidos e Israel (como, previsiblemente, se negó a hacer). Una forma extrema de vinculación[62]. Israel fue también «recompensado» por su invasión de Egipto en 1956. No es de esperar que los clientes de los Estados Unidos o del propio amo abandonen la agresión y el terror sin haber satisfecho sus «necesidades» y «deseos». Esta pauta es general, como hacen constar comúnmente los comentaristas de temas relativos al Tercer Mundo, con escaso efecto sobre la bien disciplinada cultura política occidental.

Adoptar la postura de que Irak debía retirarse sin dilación, incondicionalmente, sin «vinculación» a nada, y de que debía pagar reparaciones e incluso ser procesado por crímenes de guerra, es totalmente razonable. Se trata de una postura sostenible para aquellos que defienden los principios que dan lugar a estas conclusiones. Pero, por lógica, los principios no pueden ser defendidos de forma selectiva. En realidad, entre aquellos que abrazan públicamente la postura dominante, muy pocos pueden afirmar que lo hacen por principios, como demostraría rápidamente la encuesta más elemental.

El rechazo de la «vinculación», aceptado con sorprendente unanimidad por la opinión de la elite, es particularmente notable en este caso porque va unido a la exigencia de que los problemas de seguridad de la región deben ser solventados como parte de la retirada iraquí. Ahora que el propio Irak ha demostrado que es un enemigo, no un cliente de confianza como se suponía, sus amenazadoras capacidades militares no pueden dejarse intactas. Pero el «equilibrio de poder a largo plazo en la región» requiere que siga siendo una barrera frente a Irán, como indicó el general Schwartzkopf. Y es escasamente realista esperar que el mundo árabe observe pasivamente mientras el principal cliente de los Estados Unidos en la región no sólo ocupa un territorio árabe y somete a la población a una severa represión, sino que también incrementa sus arsenales nucleares y otras ventajas militares. Está claro que las cuestiones de «seguridad» y «estabilidad» requieren la consideración de problemas regionales, la terrible «vinculación». Los Estados Unidos (y la opinión culta), opuestos en general a los arreglos diplomáticos, a causa de su debilidad política, deben oponerse, no obstante, a la «vinculación» por el gran principio de que «los agresores no pueden ser recompensados» —en este caso.

Tres días después de informar y justificar los temores norteamericanos de que otros pudieran caer en la tentación de la «vía diplomática», los editores del Times ofendidos por el hecho de que Saddam Hussein hubiera rodeado las embajadas extranjeras de soldados, le denunciaron por atacar «a la mismísima diplomacia[63]». Como hemos observado con anterioridad, este extremo desafío al derecho internacional impulsó a los editores del Times a exigir que Hussein fuese tratado como un criminal de guerra bajo los principios de Nuremberg.

Los editores acusaron a Hussein de crímenes tales como «iniciar una guerra de agresión, violando los tratados internacionales», citando la invasión de Irán en 1980; «los malos tratos a la población civil de los territorios ocupados»; el hecho de despojar a la gente de su ciudadanía y maltratar a civiles inocentes; y su nueva ofensa contra «diplomáticos cuya especial condición está protegida por las convenciones de Viena». Todas estas acusaciones son exactas, y los principios de Nuremberg son ciertamente aplicables a las mismas. Los peores crímenes, con diferencia, son los correspondientes al período en que los editores fingían no ver el apoyo del gobierno norteamericano a sus amigos iraquíes. Y es posible pensar en algunos otros países que han sido recientemente implicados en crímenes similares, incluyendo uno regularmente aclamado por el Times como el noble defensor del orden mundial y de los derechos humanos, y otro que elogia como el «mismísimo símbolo de la decencia humana», «una sociedad en la cual la sensibilidad moral es un principio de la vida política[64]». Pero los editores no ven oportuno guiar a sus lectores por los vericuetos de la irrelevancia histórica.

8. SALVAGUARDANDO NUESTRAS NECESIDADES

Desde todos los puntos de vista, Saddam Hussein es una figura monstruosa, ciertamente comparable al criminal menor Manuel Noriega. Pero su perversidad no es la razón por la que asumió el papel de Gran Satán en agosto de 1990. Ello era evidente mucho antes, y no impidió los esfuerzos de Washington para prestarle ayuda y apoyo. Y pocas palabras hay que derrochar sobre nuestro tradicional compromiso con la resistencia a la agresión y la defensa del imperio de la ley. Hussein se convirtió en un demonio en la forma habitual: cuando se comprendió, sin lugar a dudas, que su nacionalismo independiente amenazaba los intereses de los Estados Unidos. Su historial de horribles atrocidades quedó entonces disponible por necesidades de la propaganda, pero, aparte de eso, no tenía esencialmente nada que ver con su repentina transición, en agosto de 1990, de apreciado amigo a nueva encarnación de Gengis Jan y Hitler.

La ocupación militar de Kuwait —que, de haberse mantenido con éxito, habría convertido al dictador iraquí en un jugador importante en la escena mundial— no despierta la amenaza de enfrentamiento de superpotencias y guerra nuclear, como lo hicieron conflictos previos en la región. Este hecho, no insignificante, refleja, por supuesto, el hundimiento del sistema soviético, que deja a los Estados Unidos sin rival por lo que respecta a la fuerza militar y bajo la fuerte tentación de demostrar la eficacia del instrumento que ellos solos poseen. El concepto estratégico no es contestado en modo alguno, ni siquiera en círculos de elite, donde comenzó a surgir un conflicto hace varios meses, según las líneas habituales[65]. La estrategia global del control del mundo mediante la amenaza o el empleo de la fuerza entra en conflicto con los objetivos de mantenimiento de la salud económica y de los intereses empresariales internacionales —por ahora, problemas muy serios y difíciles de abordar sin cambios significativos en la política social de nuestro país—. La forma del nuevo orden mundial dependerá, en gran medida, de cuáles de estos conceptos prevalezcan.

6. LOS VENCEDORES

Según la imagen convencional, los Estados Unidos han ganado la guerra fría. El bien ha triunfado sobre el mal con la victoria de la democracia, el capitalismo de libre mercado, la justicia y los derechos humanos. Los Estados Unidos, como adalides de la causa, llevan hoy la delantera en el camino hacia un nuevo orden mundial de paz, desarrollo económico y cooperación entre aquellos que han visto la luz —virtualmente todos, a excepción de algunos que resisten como Cuba, que sigue lamentándose de que el Tercer Mundo no recibe lo que le corresponde, y Saddam Hussein, a pesar de nuestros intensos esfuerzos para mejorar su comportamiento con la zanahoria en lugar de con el palo—. Un error de juicio a rectificar mediante la espada del justo vengador.

Nos hemos preguntado acerca de la validez de esta imagen desde varios puntos de vista. Otro procedimiento natural es echar un vistazo a los dominios tradicionales del poder occidental y preguntarnos cómo le va a su gente en este histórico momento mientras contempla la victoria de su bando en el conflicto de la guerra fría. Podemos preguntarnos cómo están celebrando el triunfo del capitalismo liberal y de la democracia, como evidentemente deberían estar haciendo, si la versión habitual ha de tomarse en serio.

1. LOS FRUTOS DE LA VICTORIA: CENTROAMÉRICA

Pocas regiones del mundo han estado tan dominadas por una gran potencia como Centroamérica, que emergió de su olvido habitual en los años ochenta, pasando a ocupar un lugar central cuando el orden tradicional se enfrentó a un desafío inesperado con el crecimiento de los movimientos populares, inspirados en parte por la nueva orientación de la Iglesia hacia «una opción de preferencia para los pobres». Tras décadas de brutal represión y el destructivo impacto de los programas de ayuda norteamericanos de los años sesenta, el terreno estaba preparado para un cambio social significativo. En Washington, el humor se ensombreció todavía más con el derrocamiento de la dictadura de Somoza.

La reacción fue enérgica y rápida: una violenta represión que debilitó a las organizaciones populares. Las filas de las pequeñas organizaciones de la guerrilla aumentaron a medida que se incrementaba el terror de Estado. «Los grupos guerrilleros, los grupos revolucionarios, casi sin excepción comenzaron como asociaciones de maestros, asociaciones de sindicatos, uniones de campesinos u organizaciones parroquiales…» con metas prácticas y reformistas, testificó ante el Congreso el ex embajador Robert White en 1982. La misma observación fue realizada por el intelectual jesuita salvadoreño asesinado padre Ignacio Martín-Baró, entre muchos otros[1].

Una década más tarde, los Estados Unidos y sus aliados locales pudieron declarar un éxito sustancial. El desafío para el orden tradicional fue efectivamente contenido. La miseria de la vasta mayoría se había agudizado, mientras que el poder de los militares y de los sectores privilegiados se incrementó tras una fachada de formas democráticas. Unas 200 000 personas fueron asesinadas. Infinidad de ellos fueron mutilados, torturados, «hechos desaparecer», arrancados de sus hogares. El pueblo, las comunidades, el medio ambiente fueron devastados, posiblemente de forma irreparable. Fue ciertamente una gran victoria.

La reacción de la elite es de satisfacción y alivio. «Por vez primera, los cinco países son gobernados por presidentes elegidos en unas elecciones consideradas, en general, libres y justas», informa el corresponsal del Washington Post en Centroamérica, Lee Hockstader, desde la ciudad de Guatemala, expresando la satisfacción general por la victoria de los «políticos conservadores» en unas elecciones que, a nuestro entender, se celebraron en un terreno despejado, sin empleo de la fuerza ni influencia externa. Cierto es, prosigue, que «en Centroamérica, los políticos conservadores representaron tradicionalmente el orden establecido», defendiendo a los ricos «a pesar de la distribución enormemente distorsionada de la renta en sus países. … Pero la ola de democracia que ha barrido la región en los últimos años parece estar cambiando las prioridades de los políticos», de modo que los viejos malos tiempos pasaron para siempre[2].

El estudioso de la historia y de la cultura norteamericana reconocerá las acciones familiares. Una vez más, somos testigos del milagroso cambio de trayectoria que tiene lugar siempre que algunos excesos estatales particularmente brutales han salido a la luz. Por ello, toda la historia y las razones de su persistente carácter pueden descartarse como irrelevantes mientras avanzamos hacia delante, conduciendo a nuestro rebaño a un mundo nuevo y mejor.

La crónica del Washington Post no sólo afirma que los nuevos conservadores son populistas consagrados, a diferencia de aquéllos a los que los Estados Unidos apoyaron en los tiempos de su ingenuidad y su inconsciente error, que actualmente, gracias a Dios, ya quedaron atrás. Continúa suministrando pruebas de esta central afirmación. El cambio de prioridades hacia un agradable populismo se evidencia desde el principio en una conferencia de los cinco presidentes, celebrada en Antigua, Guatemala, que acaba de finalizar. Los presidentes, todos «comprometidos con la economía de libre mercado», han abandonado los inútiles objetivos de reforma social, explica Hockstader. «Ni en el plan ni en la más extensa y más general “Declaración de Antigua” se hace mención alguna a la reforma agraria o se sugieren nuevos programas gubernamentales de bienestar social para ayudar a los pobres». Por el contrario, están adoptando «un procedimiento de goteo de ayuda a los pobres». «La idea es ayudar a los pobres sin poner en peligro la estructura básica del poder», observa un economista regional, contemplando estas imaginativas nuevas ideas sobre cómo desarrollar nuestra vocación de ser útiles a las masas que sufren.

Dice el titular: «los centroamericanos utilizarán la estrategia de goteo en la lucha contra la pobreza», captando el contenido básico de esta noticia y los supuestos que la enmarcan: ayudar a los pobres es la más alta prioridad de esta nueva hornada de conservadores populistas, como lo ha sido siempre para Washington y para la cultura política en general. Lo que es sensacional, y también prometedor, es el populismo de los conservadores a los que apoyamos, y su actitud ingeniosa y sorprendentemente innovadora ante nuestro tradicional compromiso a ayudar a los pobres y a los que sufren, una estrategia de goteo de enriquecer a los ricos —una «opción preferencial para los ricos», superando los errores de los obispos latinoamericanos.

Se cita a uno de los participantes en la reunión cuando dijo: «Estos últimos diez años han sido horribles para la gente pobre, han salido denotados». Rechazando las convenciones, podríamos observar que los resultados políticos proclamados como un triunfo de la democracia son, en gran medida, un tributo a la saludable eficacia del terror norteamericano y que los presidentes que ostentan el poder formal y sus patrocinadores podrían haber tenido algo más en mente que una guerra contra la pobreza. Está también una cuestión de métodos de goteo para aliviar la pobreza que debe ser investigada. Tal investigación podría llevarnos a esperar que los próximos diez años no sean menos terribles para los pobres. Pero esta vía no se desarrolla, ni aquí ni en otras partes del mundo dominante.

Mientras la conferencia de tres días de duración, de los conservadores populistas, tenía lugar en Antigua, treinta y tres cuerpos torturados y acribillados a balazos fueron descubiertos en Guatemala. Este hallazgo no perturbó la celebración del triunfo de la libertad y la democracia, ni fue noticia. Tampoco lo fueron el resto de los 125 cuerpos, la mitad de ellos con señales de tortura, hallados ese mes en todo el país, según la Comisión Guatemalteca para los Derechos Humanos. La Comisión identificó a setenta y nueve de ellos como víctimas de «ejecución ilegal» por parte de las fuerzas de seguridad. Otras veintinueve personas fueron secuestradas y cuarenta y nueve resultaron heridas en intentos de secuestro. La información nos llega de México, donde tiene su sede la Comisión, así que aquellos que trabajan en favor de los derechos humanos pueden sobrevivir ahora que los Estados Unidos han logrado establecer la democracia en su tierra natal[3].

La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que el porcentaje de la población guatemalteca que vive en extrema pobreza aumentó rápidamente tras el establecimiento de la democracia en 1985: de un 45 por 100 en ese año a un 76 por 100 en 1988. Un estudio realizado por el Instituto Nutricional de Centroamérica y Panamá (INCAP) estima que la mitad de la población vive en una situación de extrema pobreza, y que en las áreas rurales, donde la situación es peor, treinta de cada cien niños menores de cinco años mueren de enfermedades relacionadas con la desnutrición. Otros estudios estiman que 20 000 guatemaltecos mueren de hambre todos los años, que más de 1000 niños murieron de sarampión sólo en los cuatro primeros meses de 1990 y que «la mayoría de los cuatro millones de niños de Guatemala no reciben protección alguna, ni siquiera por lo que respecta a los derechos más elementales». El comunicado de la conferencia de obispos guatemaltecos de enero de 1990 analiza el constante deterioro de la crítica situación del grueso de la población, cómo «la crisis económica ha degenerado en una crisis social» y los derechos humanos, incluido «el derecho a la dignidad, … no existen[4]».

En toda la región, la desesperada situación de la mayoría pobre se ha vuelto todavía más grave con el gran triunfo de nuestros valores. Tres semanas antes de la conferencia de Antigua, en su homilía, que señalaba el fin del primer año del presidente Alfredo Cristiani en el poder, el arzobispo Rivera y Damas, de San Salvador, deploró las políticas de su administración, que han empeorado la ya desesperada situación de los pobres. El nuevo populista conservador tan admirado en Washington y Nueva York «trabaja para mantener el sistema», dijo el arzobispo, «favoreciendo una economía de mercado que está haciendo a los pobres todavía más pobres[5]».

En los países vecinos, la situación es muy similar. Algunos días después de la alentadora crónica del Washington Post acerca de la reunión de Antigua, un importante periódico hondureño publicaba un editorial sobre la miseria que estaba aumentando en Honduras a causa del ajuste económico, haciendo referencia a la nueva estrategia de goteo que el Post hallaba tan prometedora —en realidad, la estrategia tradicional con sus letales características ahora más firmemente establecidas—. Las principales víctimas son «los grupos tradicionalmente abandonados: los niños, las mujeres y los ancianos», según las conclusiones de un seminario académico sobre «Política Social en el Contexto de la Crisis», confirmadas por «la Iglesia católica, los sindicatos, varios partidos políticos y prestigiosos economistas y estadísticos del país». Dos terceras partes de la población viven por debajo del umbral de la pobreza, alrededor de la mitad de los mismos en situación de «tremenda necesidad». El desempleo, la desnutrición y la grave malnutrición están aumentando[6].

La Organización Panamericana para la Salud estima que de los 850 000 niños que nacen anualmente en Centroamérica, 100 000 morirán antes de los cinco años de edad y que las dos terceras partes de los que sobrevivan sufrirán malnutrición, con los problemas de desarrollo físico y mental que ello conlleva. El Banco Inter-Americano para el Desarrollo informa que la renta per cápita ha bajado en Guatemala al nivel de 1971, al de 1961 en El Salvador, al de 1973 en Honduras, al de 1960 en Nicaragua, al de 1974 en Costa Rica y al de 1982 en Panamá[7].

Nicaragua fue una excepción a esta tendencia de creciente miseria, pero el ataque terrorista y la guerra económica de los Estados Unidos lograron dar marcha atrás a los logros anteriores. Sin embargo, la mortalidad infantil se redujo a la mitad durante esa década, de 128 a 62 muertes por cada mil nacimientos. «Dicha reducción es excepcional a nivel internacional», dijo un funcionario de la UNICEF, «especialmente si tenemos en cuenta la economía del país, devastado por la guerra[8]».

Estudios realizados por la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud y otros «arrojan una dramática luz sobre la situación», informa el principal diario de México. Tales estudios revelan que quince millones de centroamericanos, casi el 60 por 100 de la población viven en la pobreza, 9,7 millones de los cuales viven en «extrema pobreza». La desnutrición grave se ceba entre los niños. El 75 por 100 de los campesinos de Guatemala, el 60 por 100 de los de El Salvador, el 40 por 100 de los de Nicaragua y el 35 por 100 de los de Honduras carecen de asistencia sanitaria. Para empeorar las cosas, Washington ha aplicado «cuotas exorbitantes sobre el azúcar, la carne de buey, el cacao, el queso, los productos textiles y la piedra caliza, así como leyes de compensación y políticas de protección frente a importaciones sobre el cemento, las flores y los derivados de la celulosa y el vidrio». La Comunidad Europea y el Japón han seguido su ejemplo, imponiendo también perjudiciales medidas proteccionistas[9].

El medio ambiente comparte el destino de aquellos que lo pueblan. La deforestación, la erosión del suelo, el envenenamiento por pesticidas y otras formas de destrucción medioambiental, que han venido aumentando durante los victoriosos años ochenta, se deben, en gran medida, al modelo de desarrollo impuesto a la región y a la militarización de la misma por los Estados Unidos en los últimos años. La intensa explotación de los recursos por empresas dedicadas a las actividades agrícolas y orientadas a la producción para la exportación ha enriquecido a los sectores ricos y a sus promotores extranjeros, y ha dado lugar a un crecimiento estadístico, además de a un impacto devastador sobre la tierra y las personas. En El Salvador, amplias zonas se han convertido en virtuales tierras yermas al pretender los militares minar la base campesina de las guerrillas mediante intensos bombardeos y mediante la destrucción de bosques y cultivos. Se han desarrollado ocasionales esfuerzos para detener la catástrofe en curso. Al igual que el gobierno de Arbenz, derrocado en el golpe dirigido por la CIA que restauró al régimen militar en Guatemala, los sandinistas iniciaron reformas y protecciones medioambientales. Éstas eran desesperadamente necesarias, tanto en el campo como cerca de Managua, donde se había permitido que las plantas industriales vertiesen libremente residuos. El caso más notorio fue el de la norteamericana Penwalt Corporation, que estuvo vertiendo mercurio al lago Managua hasta 1981[10].

El modelo de desarrollo impuesto desde fuera ha potenciado en los últimos años «las exportaciones no tradicionales». Bajo las condiciones de libre mercado aprobadas para los países indefensos del Tercer Mundo, el afán de supervivencia y de ganancias conducirá de forma natural a productos que maximicen los beneficios, sean cuales sean las consecuencias. La producción de coca ha aumentado vertiginosamente en los Andes y en otros lugares por este motivo, pero existen también otros ejemplos. Tras el descubrimiento de «granjas humanas» y «casas de engorde» clandestinas para niños en Honduras y Guatemala, el doctor Luis Genaro Morales, presidente de la Asociación Pediátrica Guatemalteca, dijo que el tráfico de niños «se está convirtiendo en uno de los principales productos no tradicionales de exportación», generando 20 millones de dólares anuales en volumen de negocio. La Federación Internacional para los Derechos Humanos, tras una investigación realizada en Guatemala, dio una cifra más moderada, informando que alrededor de trescientos niños eran secuestrados todos los años, llevados a guarderías secretas y posteriormente vendidos para su adopción por aproximadamente 10 000 dólares cada niño.

Los investigadores de la FIDH no pudieron confirmar las noticias de que órganos de bebés estaban siendo vendidos a compradores extranjeros. No obstante, esta macabra idea es creída de forma generalizada en la región. Resulta indicativa del estado de ánimo general, aunque es difícilmente creíble. El periódico hondureño El Tiempo informó que la policía del Paraguay había rescatado a siete bebés brasileños de una banda que «pretendía sacrificarlos para bancos de órganos situados en los Estados Unidos, según la acusación efectuada en el tribunal». El ministro de Justicia del Brasil ordenó a la policía federal que investigara las afirmaciones de que niños adoptados estaban siendo utilizados para trasplantes de órganos en Europa, una práctica «que se sabe existe en México y Tailandia», informa el Guardian de Londres, añadiendo que «se dice que se prefiere a niños disminuidos para las operaciones de trasplante» y, analizando el proceso por el cual los niños son supuestamente secuestrados, «desaparecen» o son abandonados por madres indigentes y luego adoptados o utilizados para trasplantes. Tiempo informaba poco después de que un juez de apelación ordenara «una meticulosa investigación de la venta de niños hondureños con el fin de utilizar sus órganos para operaciones de trasplante». Un año antes, el secretario general del Consejo Nacional de Servicios Sociales, que está a cargo de las adopciones, había informado de que niños hondureños «estaban siendo vendidos a la industria de tráfico de cuerpos» para el trasplante de órganos[11].

Una resolución del Parlamento Europeo sobre el tráfico de niños centroamericanos afirmó que cerca de una «granja humana» emplazada en San Pedro Sula, Honduras, se hallaron cadáveres de niños que «habían sido desprovistos de uno o varios órganos». En otra «granja humana» de Guatemala, se habían hallado bebés cuya edad oscilaba entre los once días y los cuatro meses. El director de la granja declaró en el momento de su detención que los niños «eran vendidos a familias norteamericanas o israelíes cuyos hijos necesitaban trasplantes de órganos a un coste de 75 000 dólares por niño», prosigue la resolución, expresando «su horror a la luz de los hechos» y solicitando una investigación y medidas preventivas[12].

A medida que la región se hunde en una miseria aún mayor, continúan surgiendo estas noticias. En julio de 1990, un diario hondureño de derechas informó, bajo el titular «Repugnante venta de carne humana», que la policía de El Salvador había descubierto un grupo, dirigido por un abogado, que compraba niños para revenderlos en los Estados Unidos. Alrededor de 20 000 niños desaparecen todos los años en México, prosigue el informe, destinados a estos fines o para ser utilizados en actividades criminales, tales como el transporte de drogas «en el interior de sus cuerpos». «Sin embargo, el hecho más sangriento es que muchos pequeños son utilizados para el trasplante de órganos a otros niños en los Estados Unidos», lo cual, se sugiere, puede explicar el hecho de que la tasa más alta de secuestro de niños, desde bebés a muchachos de dieciocho años de edad, corresponde a las regiones mexicanas limítrofes con los Estados Unidos[13].

La única excepción a la historia de horror de Centroamérica ha sido Costa Rica, situada en una senda de desarrollo guiado por el Estado por el golpe de José Figueres de 1948, con medidas socialdemócratas de bienestar combinadas con una severa represión de los movimientos obreros y la práctica eliminación de las fuerzas armadas. Los Estados Unidos han observado con recelo su desviación respecto de los criterios regionales, a pesar de la supresión del movimiento obrero y las condiciones favorables a los inversores extranjeros. En los años ochenta, las presiones de los Estados Unidos para eliminar las características democráticas y restaurar al ejército dio lugar a enérgicas quejas por parte de Figueres y otros que compartían sus compromisos. Aunque Costa Rica sigue manteniéndose aparte de la región por lo que respecta al desarrollo político y económico, los indicios de lo que el Central America Report guatemalteco denomina «la centroamericanización de Costa Rica» son inconfundibles[14].

Bajo la presión de una enorme deuda, Costa Rica se ha visto obligada a seguir el modelo de capitalismo de libre mercado del FMI destinado al Tercer Mundo, con austeridad para los pobres, recorte en los programas sociales y beneficios para los inversores nacionales y extranjeros. Los resultados empiezan a dejarse notar. Desde un punto de vista estadístico, la economía es relativamente fuerte. Pero más del 25 por 100 de la población —715 000 personas— vive en la pobreza, 100 000 en extrema pobreza, según un estudio publicado por el periódico de ultraderecha La Nación (una característica de la democracia costarricense es un monopolio de los medios de comunicación en lengua española por parte de los sectores de extrema derecha de la comunidad empresarial). Un estudio de la oficina de Gallup en Costa Rica publicado en Prensa Libre facilita cifras más altas incluso, concluyendo: «aproximadamente un millón de personas no pueden permitirse una dieta mínima, ni pagar ropas, educación o asistencia sanitaria[15]».

Las políticas económicas neoliberales de los años ochenta incrementaron el descontento social y las tensiones laborales, informa el Excelsior evocando un «intenso ataque por parte de los sindicalistas y las organizaciones populares» y otros contra la administración Arias, que ejecutó estas medidas en conformidad a las exigencias de los Estados Unidos y a las prioridades de los sectores privilegiados. Fuentes eclesiásticas informan que «las medidas de apretarse el cinturón de los años ochenta, que incluyeron la eliminación de las subvenciones, de los préstamos a bajo interés, del apoyo a los precios y los programas gubernamentales de asistencia, han llevado a muchos campesinos y pequeños granjeros a abandonar sus tierras», dando lugar a muchas protestas. El obispo de Limón difundió una pastoral que deploraba el deterioro social y el «empeoramiento de los problemas» a los que «han sido sometidos los trabajadores de las plantaciones de plátanos, en su gran mayoría inmigrantes de zonas rurales donde eran propietarios de tierras». Deploró asimismo el severo código laboral y las políticas gubernamentales que permitían a los cultivadores purgar a los líderes sindicales y, además, violar los derechos de los trabajadores, y la deforestación y contaminación que han causado las empresas, con el apoyo del gobierno[16].

La degradación medioambiental es también grave aquí, incluyendo la rápida deforestación y sedimentación que han afectado seriamente a casi todo gran proyecto hidroeléctrico. Los estudios medioambientales revelan que el 42 por 100 del suelo de Costa Rica presenta signos de grave erosión. «La capa superficial del suelo es la principal exportación de Costa Rica», comentó el viceministro de Recursos Naturales. La ampliación de la producción con vistas a la exportación y la tala de árboles para la industria maderera han destruido los bosques, especialmente el gran auge del ganado vacuno en los años sesenta y los setenta favorecido por el gobierno, los bancos internacionales y las empresas, y el programa de ayuda norteamericano, que también perjudicó a la producción de alimentos destinados a las necesidades internas, como sucedió en toda Centroamérica. Los ecologistas acusan al gobierno y a las empresas de «analfabetismo ecológico» —más exactamente, de búsqueda del beneficio sin consideración alguna ante las externalidades, como prescribe el modelo capitalista[17].

La sumisión a estas exigencias debe, no obstante, satisfacer los severos criterios de los defensores internacionales de los derechos empresariales. El FMI suspendió la ayuda a Costa Rica en febrero de 1990, cancelando los préstamos. La ayuda estadounidense está también disminuyendo, ahora que ya no hay necesidad de comprar la cooperación de Costa Rica en la jihad antisandinista[18].

La situación económica restrictiva y las presiones externas han encauzado al sistema político en la forma aprobada. En las elecciones de 1990, los dos candidatos tenían programas virtualmente idénticos (proempresariales) y eran altamente partidarios de las políticas norteamericanas en la región. La centroamericanización de Costa Rica se evidencia también por la creciente represión desarrollada a lo largo de los años ochenta. Desde 1985, la Comisión Costarricense para los Derechos Humanos (CODEHU) informó de torturas, arresto arbitrario, persecución de campesinos y trabajadores, y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo un impresionante incremento de las detenciones y arrestos ilegales. La misma vincula la creciente ola de abusos a la militarización de la policía y las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales han sido adiestradas en los Estados Unidos y en escuelas militares en Taiwan. Estas acusaciones fueron corroboradas además cuando se descubrió una cámara de tortura clandestina en el edificio de la policía especial costarricense (OIJ), donde los prisioneros fueron golpeados y sometidos a tratamiento de electroshock incluyendo la tortura de una mujer embarazada que abortó y la práctica de electroshock a un niño de trece años para provocar una falsa confesión. La CODEHU afirma que trece personas murieron en incidentes similares desde 1988. «Maltrecha por la acusación de corrupción y tráfico de drogas, la administración Arias recibe otro golpe para su menguante reputación como baluarte de la democracia» a causa de estas revelaciones, observaba el Central America Report[19].

La imagen de Arias «está a punto de ser empañada» aún más, según las informaciones que nos llegan de San José de que investigadores de la Comisión Legislativa contra la Droga descubrieron que aquél había recibido un cheque de 50 000 dólares de la Ocean Hunter Seafood para financiar su campaña, pero lo había ingresado en su cuenta bancaria personal. Esta empresa con base en Miami y su filial costarricense, Frigoríficos de Puntaneras, fueron identificadas por investigadores del Congreso de los Estados Unidos como una operación de tráfico de drogas[20]. Dejo al lector la tarea de imaginar la sarcástica noticia que aparecería en el New York Times si se descubriera algo parecido en relación con un funcionario sandinista de menor categoría, por baladíes que fueran las pruebas.

Según cifras oficiales del gobierno, el presupuesto de seguridad aumentó en un 15 por 100 en 1983 y en un 13 por 100 en 1989. La prensa ha informado del adiestramiento de oficiales de las fuerzas de seguridad en Fort Benning, Georgia, en las bases norteamericanas en Panamá, y en una academia militar en Taiwan, así como por la policía secreta israelí, el ejército de El Salvador, las fuerzas especiales del ejército guatemalteco y otros. Se han identificado quince organizaciones paramilitares, de vigilancia y seguridad, con agendas nacionalistas y de derechas. Un miembro de la comisión especial de la legislatura, creada para investigar estas cuestiones, describió a la policía como un «ejército disfrazado… fuera de control». La secretaria ejecutiva de la Comisión para los Derechos Humanos de Costa Rica, Silvia Porras, observó que «el perfil psicológico de la policía ha cambiado como consecuencia del adiestramiento militar», añadiendo: «no podemos hablar ya de una fuerza policial civil. Lo que ahora tenemos es un ejército camuflado[21]».

La ayuda militar norteamericana anual creció rápidamente en los años ochenta hasta ser dieciocho veces superior a lo que había sido desde 1946 hasta 1979. Las presiones de los Estados Unidos para la reconstitución de las fuerzas de seguridad, dando marcha atrás a las reformas de Figueres, se han considerado en general como un factor en la tendencia hacia el sistema centroamericano. El papel de Oscar Arias había suscitado no poca preocupación al sur de la frontera. Tras la publicación de un artículo de Arias en el New York Times pidiendo fervorosamente a Panamá que siguiera el modelo costarricense y aboliera el ejército, el prestigioso escritor mexicano Gregorio Selser publicó un análisis de ciertas realidades costarricenses, comenzando con la violenta represión de una manifestación pacífica de campesinos sin tierras en septiembre de 1986 por la Guardia Civil de Arias, que causó muchos heridos graves. Cita un decreto de Arias del 5 de agosto de 1987 —justo en el momento de la firma de los Acuerdos de Esquipulas que le merecieron a Arias el Premio Nobel— de creación de un ejército profesional, que de profesional no tiene más que el nombre, con toda la gama de rangos y estructura. Y un informe de la CODEHU de 1989 acerca del entrenamiento de cientos de hombres en academias militares de los Estados Unidos y sus estados clientes[22].

Poca cosa se ha sabido de todo esto en los Estados Unidos, y lo poco que se ha publicado no ha sido precisamente en los principales medios de comunicación. En el contexto de la guerra contra la droga, sin embargo, se tomó cierta nota. Un editorial del Miami Herald sobre «Costa Rica’s anguish» (La angustia de Costa Rica) cita los comentarios de Silvia Porras, antes mencionados, acerca de los efectos del entrenamiento militar norteamericano, que ha cambiado el «perfil psicológico» de la policía civil, convirtiéndola en «un ejército camuflado». Esta opinión no es una «hipérbole», concluye el editorial, atribuyendo el rápido crecimiento del ejército y las recientes matanzas de civiles por las fuerzas de seguridad al conflicto nicaragüense y a la guerra contra la droga —pero sin hacer mención alguna de las presiones de los Estados Unidos, siguiendo las normas de la Prensa Libre[23].

2. LOS FRUTOS DE LA VICTORIA: AMÉRICA LATINA

Volviendo al resto de «nuestra pequeña región de allá atrás que nunca ha molestado a nadie» (véase más arriba, párrafo que comienza: «En América Latina, se aplicaron…»), un estudio del Banco Mundial realizado en 1982 estimaba que

el 40 por 100 de las familias de América Latina viven en la pobreza, lo cual significa que no pueden hacer la compra mínima de bienes necesaria para la satisfacción de sus necesidades básicas, y… el 20 por 100 de todas las familias vive en la miseria, lo cual significa que carecen de medios para comprar siquiera la comida que les proporcionaría una dieta mínimamente adecuada.

La situación empeoró en los años ochenta, sobre todo a causa de la enorme exportación de capital a Occidente (véase la edición original de este libro, Deterring Democracy, capítulo 3, p. 98). En una alocución en Washington previa a la asamblea general de la OEA de 1989, el secretario general Soares describió los años ochenta como una «década perdida» para América Latina, con una disminución de la renta personal y un estancamiento o debilitamiento económico general. Dijo que el año anterior (1988), en la peor crisis desde la depresión de los años treinta, la renta media había descendido al nivel de 1978. En 1989, la producción media per cápita volvió a bajar y la exportación de capital continuó masivamente, informó la CEPAL. Según las cifras del Banco Mundial, la renta media per cápita en Argentina disminuyó de 1990 dólares en 1980 a 1630 dólares en 1988. EL PNB de México descendió durante siete años consecutivos. Los salarios reales en Venezuela disminuyeron en un tercio desde 1981, es decir, hasta el nivel de 1964. Argentina destinó el 20 por 100 de su presupuesto a educación en 1972, un 6 por 100 en 1986. David Félix, especialista en economía latinoamericana, escribe que la producción per cápita de la región disminuyó casi en un 10 por 100 desde 1980. La inversión real por trabajador, que disminuyó fuertemente en los años ochenta, cayó por debajo de los niveles de 1970 en la mayoría de los países altamente endeudados, donde los salarios reales urbanos son en muchos casos inferiores en un 20-40 por 100 a los de niveles de 1980, incluso inferiores a los de 1970. La fuga de cerebros se aceleró y el capital físico y humano por cabeza se vio reducido a causa de la disminución de la inversión pública y privada y del colapso de la infraestructura. Gran parte del profundo deterioro de los años ochenta, concluyen Félix y otros, puede ser debido a la reestructuración del libre mercado impuesta por las potencias industriales, cuestión de la que volveremos a tratar[24].

Los mexicanos continúan huyendo a los Estados Unidos para sobrevivir, y también aquí abundan las historias macabras. La prensa mexicana informa de personas ahogadas, desapariciones, y «la desaparición o robo de mujeres para la extracción de órganos para su uso en trasplantes en los Estados Unidos» (citando a un representante regional del Comité para los Derechos Humanos). Otros informan de torturas, altas tasas de cáncer debido al uso de sustancias químicas en las industrias de maquiladora (plantas de montaje en serie próximas a la frontera para el envío de material a las fábricas de los Estados Unidos), prisiones secretas, secuestros y otras historias de horror. El Excelsior informa de un estudio realizado por grupos medioambientales, presentado al presidente Salinas, que afirmaba que 100 000 niños mueren diariamente a causa de la contaminación en la zona de Ciudad de México, además de millones que sufren de una enfermedad inducida por la contaminación, que ha reducido la esperanza de vida en aproximadamente diez años. El «principal culpable» son las emisiones de plomo y azufre debidas a la actividad de la empresa petroquímica nacional Pemex, que está exenta de los controles impuestos en todo el mundo —una de las ventajas de la producción en el Tercer Mundo que no pasa desapercibida a los inversores[25].

La secretaría mexicana de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente describió la situación como «verdaderamente catastrófica», informa además el Excelsior estimando que menos del 10 por 100 del territorio mexicano puede sostener una «agricultura mínimamente productiva» a causa de la degradación medioambiental, mientras que los recursos acuíferos son peligrosamente bajos. Muchas zonas están convirtiéndose en un «auténtico museo de horrores» a causa de la contaminación, debido al afán ciego de beneficios. La secretaría estima, por otro lado, que más del 90 por 100 de la industria del valle de México, donde hay más de 30 000 fábricas, viola los criterios globales. Y, en la industria química, más de la mitad de la mano de obra sufre daños irreversibles en el aparato respiratorio[26].

Maude Barlow, directora de un grupo de estudio canadiense, informa de los resultados de su investigación de maquiladoras, «construidas por Fortune 500 para aprovecharse de la gente desesperada», con el fin de lograr unos beneficios difíciles de igualar en otra parte. Hallaron fábricas llenas de chicas adolescentes, algunas de catorce años, «trabajando en tareas peligrosas para la vista y tremendamente repetitivas» por salarios «muy inferiores a lo necesario para un nivel de vida siquiera mínimo». Habitualmente, las empresas mandan aquí las labores más peligrosas porque los criterios relativos a las sustancias químicas son «laxos o inexistentes». «En una planta —escribe— todos experimentamos dolores de cabeza y náuseas tras pasar una hora en la cadena de montaje y vimos a jovencitas trabajando cerca de barriles abiertos de residuos tóxicos sin llevar protección alguna en el rostro». Los sindicatos están prohibidos y no falta gente desesperada para ocupar el puesto de quien «no esté contento, o no satisfaga las cuotas, o caiga enfermo o de la que se quede embarazada». La delegación «tomó fotografías de lagunas de residuos tóxicos negros y burbujeantes, vertidos por las fábricas en un parque industrial», siguiéndolos hasta «allí donde llegaban a una tosca alcantarilla sin tratamiento y se convertían en un riachuelo que discurría por campamentos de chabolas (donde niños llenos de llagas bebían Pepsi Cola en biberones) hasta desembocar en el río Tijuana[27]».

Hemos hecho constar ya la situación económica y política de Colombia, otro asunto de éxito de la democracia capitalista sólo estropeado por los cárteles de la droga. Un estudio elaborado por Evan Vallianatos, de la Oficina de Asesoramiento Tecnológico del gobierno de los Estados Unidos [US government Office of Technology Assessment] amplifica las dimensiones de la victoria aquí conseguida. Escribe que «la historia de la Colombia del siglo XX está, por encima de todo, manchada de la sangre de los campesinos pobres», analizando el horrible historial de atrocidades y matanzas para mantener en su lugar al grueso de la población. El programa de ayuda de los Estados Unidos, la Fundación Ford y otros han pretendido abordar la situación de la población rural «refinando la ampliamente desacreditada tecnología de goteo y el proceso de transferencia de conocimientos», invirtiendo en la elite y confiando en «la competencia, la propiedad privada y el mecanismo del libre mercado» —un sistema en el cual «el pez grande se come al chico»— como observa un pobre agricultor. Estas políticas han empeorado aún más la terrible situación, dando lugar a «las más grandes desigualdades que la bestia que hay en el hombre haya hecho posibles». No son sólo los pobres de las zonas rurales los que han sufrido más allá de sus fuerzas. Para ilustrar el tipo de desarrollo favorecido por las empresas transnacionales y los tecnócratas, Vallianatos nos presenta el ejemplo de la pequeña ciudad industrial de Yumbo, «que está dejando rápidamente de reunir las condiciones de habitabilidad para los seres humanos» a causa de la contaminación incontrolada, el deterioro y los «corrosivos barrios de chabolas» en que «la exhausta humanidad de la ciudad no tiene más que abandono[28]».

Brasil es otro país con ricos recursos y potencial, sometidos durante mucho tiempo a la influencia europea y, posteriormente, a la intervención norteamericana, sobre todo desde la época de Kennedy. No obstante, no podemos simplemente hablar de «Brasil». Hay dos Brasiles diferentes. En un estudio académico de la economía brasileña, Peter Evans escribe que «el conflicto fundamental del Brasil radica entre el 1 o quizás 5 por 100 de la población que engloba a la elite y el 80 por 100 que ha sido excluido del “modelo brasileño” de desarrollo». El periódico brasileño Veja informa acerca de estos dos Brasiles —el primero moderno y occidentalizado, el segundo sumido en la más profunda miseria—. El 70 por 100 de la población consume menos calorías que los iraníes, mexicanos o paraguayos. Alrededor de la mitad de la población tiene rentas familiares inferiores al salario mínimo. Para el 40 por 100 de la población, el salario medio anual es de 287 dólares, mientras que la inflación asciende vertiginosamente e incluso las necesidades mínimas están fuera de su alcance. Un informe del Banco Mundial sobre el sistema educativo brasileño lo compara desfavorablemente con los de Etiopía y Pakistán, con una tasa de abandonos del 80 por 100 en la escuela primaria, creciente analfabetismo y presupuestos decrecientes. El Ministerio de Educación informa que el gobierno gasta alrededor de una tercera parte del presupuesto educativo en comidas escolares, dado que la mayoría de los estudiantes o comen en la escuela o no comen en absoluto[29].

El periódico South que se describe a sí mismo como «La revista empresarial del mundo desarrollado», informa sobre Brasil bajo el titular «The Underside of Paradise» (La otra cara del paraíso). Brasil, un país con una riqueza enorme, sin preocupaciones de seguridad, una población relativamente homogénea y un clima favorable, tiene, sin embargo, problemas:

El problema es que este «cuerno de la abundancia» está habitado por una población que soporta unas condiciones sociales que se encuentran entre las peores del mundo. Dos tercios de la misma no tienen suficiente para comer. Brasil tiene una tasa de mortalidad infantil superior a la de Sri Lanka, una tasa de analfabetismo superior a la de Paraguay y peores indicadores sociales que muchos países africanos mucho más pobres. Terminan la escuela primaria menos niños que en Etiopía, se vacunan menos que en Tanzania y Botswana. El 32 por 100 de la población vive por debajo del nivel de pobreza. Siete millones de niños abandonados practican la mendicidad, roban y «esnifan» pegamento en las calles. Para millones de personas, el hogar es una casucha en un barrio de chabolas, una habitación en los barrios bajos o, cada vez con mayor frecuencia, un pedazo de tierra bajo un puente.

La fracción de la renta nacional correspondiente a las clases pobres está «descendiendo constantemente, lo cual asigna probablemente a Brasil la más alta concentración de renta en el mundo». No tiene un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre los beneficios del capital progresivos, pero sí tiene una inflación galopante y una enorme deuda exterior, al tiempo que participa en un «Plan Marshall al revés», según palabras del antiguo presidente José Sarney, refiriéndose al pago de la deuda.

Sería justo añadir que las autoridades están preocupadas por el creciente problema de las personas sin hogar y de los niños que pasan hambre y están intentando reducir su número. Amnistía Internacional informa que escuadrones de la muerte, a menudo bajo la dirección de la policía, están matando niños en las calles a un ritmo de uno al día, mientras «muchos otros niños, obligados a estar en las calles para mantener a sus familias, están siendo golpeados y torturados por la policía» (Reuters, citando a AI). «En Brasil, los niños pobres son tratados con desagrado por las autoridades, y arriesgan sus vidas sólo por estar en las calles», afirmó AI. La mayor parte de las torturas se practica bajo custodia policial o en instituciones estatales. Se dan pocas quejas por parte de víctimas o testigos a causa del temor a la policía y los pocos casos que son investigados judicialmente dan lugar a sentencias de escasa importancia[30].

Para las tres cuartas partes de la población de este cuerno de la abundancia, las condiciones de Europa oriental son sueños inalcanzables, otro triunfo del Mundo Libre. Un «Report on Human Development» (Informe sobre el desarrollo humano) de la ONU sitúa a Brasil, con la octava mayor economía del mundo, en el decimoctavo lugar por lo que respecta al bienestar general (en términos de educación, salud, higiene) —cerca de Albania, Paraguay y Tailandia—. La Organización para la Alimentación y la Agricultura [Food and Agriculture Organization (FAO)] de la ONU anunció el 18 de octubre que más del 40 por 100 de la población (casi cincuenta y tres millones de personas) pasan hambre. El Ministerio de Salud brasileño estima que cientos de miles de niños mueren de hambre todos los años[31].

Recordemos que todas éstas son condiciones que se dan en el vigesimotercer aniversario de la «más decisiva victoria de la libertad a mediados del siglo XX» (Lincoln Gordon, embajador de los Estados Unidos en Brasil en aquella época) —es decir, el derrocamiento de la democracia parlamentaria por parte de generales brasileños respaldados por los Estados Unidos, que posteriormente elogiaron el «milagro económico» logrado por el Estado de seguridad nacional neonazi que establecieron—. En los meses anteriores al golpe de los generales, Washington aseguró su apoyo a sus aliados militares tradicionales y les suministró ayuda, puesto que los militares eran esenciales para «la estrategia destinada a limitar los excesos izquierdistas» del electo gobierno Goulart, según cablegrafió el embajador Gordon al Departamento de Estado. Los Estados Unidos apoyaron activamente el golpe, preparándose para intervenir directamente si su ayuda era necesaria para lo que Gordon describió como la «rebelión democrática» de los generales. Esta «expulsión de facto del presidente electo fue «una gran victoria para el mundo libre», informó Gordon, añadiendo que la misma debería «crear un ambiente mucho más propicio para la inversión privada». Los líderes laboristas norteamericanos reclamaron su debida parte del mérito por el derrocamiento del régimen parlamentario, mientras que el nuevo gobierno procedía a aplastar al movimiento obrero y subordinar a los pobres y a la gente trabajadora a las imperiosas necesidades de los intereses empresariales, especialmente extranjeros. El secretario de Estado, Dean Rusk, justificó el reconocimiento del régimen por parte de los Estados Unidos basándose en que «la sucesión se produjo allí tal como prevé la Constitución», que acababa de ser descaradamente violada. Los Estados Unidos procedieron a suministrar abundante ayuda al tiempo que aumentaban las torturas y la represión, se desvanecían los vestigios del gobierno constitucional y mejoraba el clima para los inversores bajo el imperio de lo que Washington proclamaba como las «fuerzas democráticas[32]».

La situación de los pobres en Brasil continúa empeorando al imponerse medidas de austeridad según la fórmula habitual del FMI en un esfuerzo por abordar de algún modo esta catástrofe del capitalismo. Lo mismo sucede en Argentina, donde el Partido Democratacristiano pidió a sus miembros que dimitieran del consejo de ministros en marzo de 1990 «con el fin de no validar, con su presencia en el gobierno, las medias [económicas] antipopulares del régimen». En otra protesta contra estas medidas, el partido expulsó al actual ministro de economía. Dicen los expertos que la situación socioeconómica se ha vuelto «insostenible» y que una tercera parte de la población vive en extrema pobreza[33].

El destino de Argentina es abordado en una crónica del Washington Post escrita por Eugene Robinson. Argentina, uno de los diez países más ricos del mundo a principios de siglo, con abundantes recursos y grandes ventajas, se está convirtiendo en un país tercermundista, observa Robinson. Alrededor de un tercio de sus treinta y un millones de habitantes vive por debajo del nivel de pobreza. Dieciocho mil niños mueren cada año antes de su primer cumpleaños, la mayoría de desnutrición y enfermedades que podrían ser evitadas. La capital, antiguamente considerada como «la ciudad más elegante y europea de este lado del Atlántico», está «rodeada por un cinturón cada vez más ancho de barrios de chabolas», denominadas villas miserias o «villas de miseria», donde las casas son chozas empedradas y las alcantarillas son fosas descubiertas. También aquí las reformas al estilo del FMI «han hecho la vida todavía más precaria para los pobres».

El artículo de Robinson es la pareja de otro titulado «A Glimpse Into the Lower Depths» (Un vistazo a las mayores profundidades), dedicado a una ciudad minera de la Unión Soviética. Dicho artículo, subtitulado «A mining town on the steppes reveals “the whole sick system”» (Una ciudad minera de las estepas revela lo inadecuado del sistema), enfatiza la comparación con el éxito capitalista. El artículo sobre Argentina, sin embargo, no dice nada sobre ningún «sistema inadecuado». La catástrofe de Argentina y el «malestar económico» general de América Latina son vagamente atribuidos a una «mala gestión económica». Una vez más la pauta habitual: sus crímenes revelan su naturaleza perversa, los nuestros son consecuencia de fallos personales y del pobre material humano con el que estamos obligados a trabajar[34].

David Félix llega a la conclusión de que la decadencia de Argentina es consecuencia de «factores políticos tales como la prolongada lucha de clases y la falta de compromiso nacional por parte de la elite argentina», que se aprovechó de las políticas de libre mercado de la sanguinaria dictadura militar. Éstas dieron lugar a una masiva redistribución de la renta hacia los ricos y una fuerte disminución de la renta per cápita juntamente con un enorme aumento de la deuda como consecuencia de la evasión de capitales, de la evasión de impuestos, y del consumo por parte de los beneficiarios ricos del sistema. En esencia, la reaganomía[35][*].

En la Venezuela rica en petróleo, alrededor del 40 por 100 de la población vive en extrema pobreza, según cifras oficiales, y la situación alimentaria es considerada «hipercrítica», informó la Cámara de Industrias Alimentarias en 1989. La desnutrición es tan común que a menudo no se registra en los historiales médicos, según los funcionarios de los hospitales, quienes advierten que «el futuro es horrible». La prostitución también ha aumentado, alcanzando un nivel de aproximadamente 170 000 mujeres o más, según el Ministerio de Salud. El Ministerio informa también de una innovación, aparte de la prostitución clásica de mujeres de renta baja. Muchas «secretarias de dirección y amas de casa y estudiantes universitarias acompañan a turistas y ejecutivos durante un fin de semana, ganando en ocasiones hasta [alrededor de] 150 dólares por contacto». Asimismo, la prostitución infantil está creciendo y está hoy «extremadamente extendida», juntamente con los malos tratos a menores[36].

La brutal explotación de las mujeres es una característica habitual de los «milagros económicos» en los reinos de la democracia capitalista. El enorme flujo de mujeres procedentes de las zonas rurales empobrecidas de Tailandia para servir a la industria de la prostitución —uno de los elementos de mayor éxito en el despegue económico desencadenado por las guerras de Indochina— es una de las muchas características del triunfo del Mundo Libre que pasan desapercibidas[37]. Las salvajes condiciones laborales para las mujeres jóvenes procedentes en su mayoría de las áreas rurales es notoria. De las mujeres jóvenes porque, de las demás, pocas son capaces de resistir estas condiciones de trabajo o sobreviven para continuar con ello.

El Chile de Pinochet es otro famoso asunto de éxito. Antonio Garza Morales informa en el Excelsior que «el coste social que ha pagado el pueblo chileno es el más alto de América Latina», habiendo crecido el número de pobres de un millón después de Allende a siete millones en la actualidad, mientras que la población se ha mantenido estable en doce millones. El líder del Partido Democratacristiano, el senador Anselmo Sule, que regresó del exilio, dice que se ha logrado un crecimiento económico que beneficia al 10 por 100 de la población (lo admiten las instituciones oficiales de Pinochet), pero que no se ha conseguido incrementar el desarrollo. A menos que se ponga remedio al desastre económico para la mayoría, «estamos acabados», añade. Según David Félix, «Chile, que recibió golpes especialmente fuertes en el período 1982-1984, está creciendo hoy en día más rápidamente que durante la década anterior de los Chicago Boys», cautivados por la ideología de libre mercado que es, en realidad, altamente beneficiosa para algunos: los ricos, incluyendo esencialmente a los inversores extranjeros. La recuperación de Chile, sostiene Félix, puede deberse a «la combinación de una severa ola de represión por parte del régimen de Pinochet, un rescate astutamente conducido del sector privado en quiebra por el equipo económico que sustituyó a los desacreditados Chicago Boys, y el acceso a unos préstamos inusualmente generosos por parte de instituciones financieras internacionales», altamente impresionadas por el favorable clima para las operaciones empresariales[38].

La degradación medioambiental es también un grave problema en Chile. La revista chilena Apsi dedicó un reciente número a la crisis medioambiental acelerada por el «neoliberalismo radical» del período siguiente al golpe respaldado por los Estados Unidos que derrocó a la democracia parlamentaria. Estudios recientes muestran que alrededor de la mitad del país está convirtiéndose en un desierto, un problema que «parece mucho más remoto que el envenenamiento cotidiano de quienes viven en Santiago», la capital, que compite con São Paulo (Brasil) y Ciudad de México por el premio a la mayor contaminación del hemisferio (del mundo, afirma la revista). «El líquido que sale de los millones de grifos de las casas y callejuelas de Santiago tiene niveles de cobre, hierro, magnesio y plomo que superan en varias veces las normas máximas tolerables». Las tierras que «producen la fruta y verduras de la región metropolitana son irrigadas con aguas que multiplican por mil la cantidad máxima de bacilos coliformes aceptable», debido a lo cual Santiago «tiene niveles de hepatitis, tifoidea y parásitos que no se ven en ninguna otra parte del continente» (uno de cada tres niños de la capital tiene parásitos). Los economistas y los ecologistas atribuyen el problema al «modelo de desarrollo», esencialmente a su «estilo transnacional», «en el cual las decisiones más importantes tienden a ser adoptadas fuera del ámbito de los propios países», consistentes con la «función» asignada al Tercer Mundo: satisfacer las necesidades del Occidente industrial[39].

La costumbre es atribuir los problemas de la Europa del Este al «sistema inadecuado» (lo cual es bastante exacto), ignorando las catástrofes del capitalismo o, en las escasas ocasiones en que se advierte algún problema, atribuyéndolos a cualquier otra causa distinta del sistema que consistentemente los provoca. Los economistas latinoamericanos son ignorados en general, pero algunos de ellos han sido útiles para la guerra ideológica y, por consiguiente, han alcanzado respetabilidad en la cultura política norteamericana. Un ejemplo es Francisco Mayorga, doctor en economía por la Universidad de Yale y principal economista de la coalición de la UNO respaldada por los Estados Unidos, que se convirtió en uno de los más respetados comentaristas sobre Nicaragua porque pudo ser citado en relación con la debacle económica causada por la mala gestión sandinista. Siguió siendo un favorito al convertirse en el zar económico tras una victoria de la UNO en las elecciones de 1990, aunque desapareció al ser sustituido tras el fracaso de sus altamente ensalzadas políticas de recuperación (que fracasaron, en gran parte, a causa de las reticencias de los Estados Unidos, dado que el gobierno de la UNO no era en absoluto lo bastante severo y brutal para el gusto de Washington).

Pero Mayorga jamás fue citado en relación con lo que realmente escribió acerca de la economía nicaragüense, que es muy interesante. Su tesis doctoral en Yale en 1986 es un estudio de las consecuencias del modelo de desarrollo del régimen de Somoza, respaldado por los Estados Unidos, y las probables consecuencias de unas opciones políticas alternativas para los años ochenta. Llega a la conclusión de que «en 1978, la economía estaba al borde del colapso» a causa del «agotamiento del modelo agroindustrial» y del «paradigma monetarista» favorecido por los Estados Unidos. Este modelo había dado lugar a una deuda e insolvencia enormes y «el drástico declive de los términos de intercambio que estaba a la vuelta de la esquina iba claramente a propinar un golpe crucial al modelo agroindustrial desarrollado en las tres décadas anteriores», conduciendo «inexorablemente» a un «declive económico en los años ochenta». Los inmensos costes de la represión desarrollada por Somoza en 1978-1979 con el apoyo de los Estados Unidos y la guerra con la contra hicieron lo «inexorable» incluso más destructivo. Mayorga estima la evasión de capitales desde 1977 a 1979 en 5000 millones de dólares y calcula la «carga económica directa» de la guerra desde 1978 a 1984 en más de 3300 millones de dólares. Esta cifra, señala, es una vez y media el «nivel máximo del PIB del país en 1977», un año de «riqueza excepcional» a causa de la destrucción de la cosecha brasileña de café, y, por consiguiente, se utiliza habitualmente por los propagandistas norteamericanos (incluyendo algunos que se disfrazan de expertos) como base para demostrar los fracasos sandinistas. La trayectoria de la economía desde 1980, concluye Mayorga, fue el resultado del hundimiento del modelo de exportación agroindustrial, el severo declive de los términos de intercambio y la carga insostenible de la guerra de 1978-1979 y posteriormente de la guerra con la contra (su estudio termina antes de que el embargo de los Estados Unidos exacerbara todavía más la crisis). Las políticas sandinistas, concluye, no abordaron con efectividad el «inexorable» colapso: «tuvieron un impacto favorable sobre la producción y un efecto negativo sobre los salarios rurales y los beneficios agrícolas», favoreciendo a los beneficios industriales y redistribuyendo la renta del «sector rural al urbano». Si «no hubiera habido guerra ni ningún cambio en el régimen económico», demuestran sus estudios, «la economía nicaragüense habría caído en un profundo declive económico[40]».

Al ser estas conclusiones inútiles o algo peor, el trabajo de Mayorga sobre la economía nicaragüense cae en el mismo olvido que otras investigaciones sobre las catástrofes del capitalismo. Este ejemplo es notable a causa de la prominencia de Mayorga en esa misma época, mientras pudo desarrollar una función propagandística.

3. LOS FRUTOS DE LA VICTORIA: EL CARIBE

Brasil y Chile no son los únicos países que han recibido alabanzas por sus logros después de que la intervención de los Estados Unidos los situara en la trayectoria correcta. Otro es la República Dominicana. Tras la última invasión con Lyndon Johnson en 1965 y una dosis de escuadrones de la muerte y torturas, las formas democráticas fueron establecidas, y los comentaristas occidentales han manifestado gran orgullo por la transferencia pacífica del poder —o mejor dicho, de autoridad gubernamental, puesto que el poder estaba en otras manos—. La economía está estancada y próxima a la bancarrota, los servicios públicos funcionan sólo de modo intermitente, la pobreza es endémica, la desnutrición creciente y el nivel de vida de los pobres va cuesta abajo. En la capital, el suministro de electricidad está cortado cuatro horas diarias; el agua sólo está disponible una hora al día en muchas zonas. El desempleo está creciendo, la deuda externa ha alcanzado los 4000 millones de dólares, el déficit comercial de 1989 fue de 1000 millones de dólares —superior en relación con los 700 millones del año anterior—. Las estimaciones del número de personas que han huido ilegalmente a los Estados Unidos son del orden de un millón. Sin los grupos de dominicanos que trabajan en Puerto Rico y en territorio de los Estados Unidos —ilegalmente en su mayor parte— «el país no podría sobrevivir», informa el Economist de Londres. Los inversores norteamericanos, con la ayuda de la invasión de Woodrow Wilson y, posteriormente, de la de Johnson, controlaron durante mucho tiempo la mayor parte de la economía. Hoy, la inversión extranjera en diecisiete zonas de libre comercio es atraída por unas exenciones impositivas durante quince años y unos salarios medios de 65 centavos la hora. Algunos «se quedan encantados ante la situación de la República Dominicana», informa South citando al embajador estadounidense Paul Taylor y facilitando algunas bases objetivas para su alegre visión de las perspectivas:

Los optimistas señalan la armonía política y laboral existente en la República Dominicana, la sustancial reserva de mano de obra barata y el transporte, los servicios bancarios y de comunicaciones como incentivos fuertes y constantes para los inversores. En realidad, como observa el director dominicano de una fábrica: «Todo aquel que se mete aquí en un sindicato sabe que perderá su trabajo y que no volverá a trabajar en la zona de libre comercio».

Al igual que en Brasil y otros lugares, el Instituto Americano para el Desarrollo de una Fuerza de Trabajo Libre [American Institute for Free Labor Development] (AIFLD), la sección de asuntos exteriores del AFL-CIO apoyado por el gobierno y las grandes empresas «ha contribuido a desalentar la hostil actividad sindical [sic con el fin de ayudar a las empresas norteamericanas a maximizar sus beneficios», informa South[41].

En todas partes, dentro de la cuenca del Caribe, hallamos un cuadro muy similar —incluyendo a Granada, también liberada por la benevolencia de los Estados Unidos y posteriormente devuelta a su oportuno Estado (véase capítulo 4, más arriba, párrafo que comienza: «No tocar el tema exigió…»)—. Los Estados Unidos siguieron una vía algo distinta para asegurarse un comportamiento virtuoso en Jamaica. Los arribistas encabezados por el socialdemócrata Michael Manley y el Partido Nacional del Pueblo (PNP) pretendieron explorar la senda prohibida del desarrollo independiente y la reforma social en los años setenta, dando lugar a la hostilidad habitual por parte de los Estados Unidos y a presiones suficientes como para lograr una victoria electoral del favorito de los Estados Unidos, Edward Seaga, quien había prometido poner fin a tanta tontería. La adopción de los principios del libre mercado por parte de Seaga fue elogiada por la administración Reagan, la cual proclamó que utilizaría esta oportunidad para crear una vitrina para la democracia y el capitalismo en el Caribe[42]. Se envió ayuda masiva. USAID gastó más en Jamaica que en cualquier otro programa del Caribe. El Banco Mundial se unió también a ellos para supervisar y acelerar este estimable proyecto. Seaga siguió todas las reglas del grandemente admirado (y no tan nuevo) «método de goteo de ayuda a los pobres», introduciendo medidas de austeridad, estableciendo zonas de libre comercio donde mano de obra no perteneciente a sindicatos, en su mayor parte mujeres, trabajan en fábricas dirigidas por extranjeros y subvencionadas por el gobierno jamaicano, donde eran explotadas a cambio de salarios míseros, y adhiriéndose en general a las prescripciones del FMI.

Se produjo un cierto crecimiento económico, «principalmente como consecuencia del blanqueo de los dólares de la “ganja[*]”, procedentes del comercio de marihuana, de unos mayores beneficios del turismo, unos menores costes de importación del combustible y unos precios más altos para la bauxita y el aluminio», informa NACLA. El resto fue la catástrofe habitual del capitalismo, incluyendo una de las más altas deudas externas per cápita del mundo, el hundimiento de la infraestructura y un empobrecimiento general. Según USAID, en marzo de 1988, además de su «paralizante fardo de deuda», Jamaica era un país en el que la producción económica estaba «muy por debajo del nivel de producción de 1972», «la distribución de la riqueza y de la renta es enormemente desigual», «la escasez del personal médico y técnico fundamental acosa al sistema sanitario», «el deterioro físico y la violencia social desalientan la inversión», y hay «graves déficits en infraestructura y vivienda». Esta evaluación fue efectuada antes de que el huracán Gilbert propinara un golpe más.

En este momento, se le concedió a Michael Manley, ahora convenientemente domesticado, el derecho a regresar al poder para administrar las ruinas, habiéndose perdido toda esperanza de cambio constructivo. Manley «está dando las señales adecuadas» para tranquilizar al Banco y a los inversores extranjeros, dijo Roger Robinson, primer economista del Banco Mundial para Jamaica, en una entrevista previa a las elecciones realizada en junio de 1988. Además, explicó:

Hace cinco años, la gente pensaba todavía en «satisfacer necesidades locales», pero hoy ya no es así. En la actualidad, los abogados y otros que tienen acceso a los recursos están interesados en la inversión en exportaciones al extranjero. Una vez esto está profundamente arraigado en una población, no es posible volver atrás fácilmente, aunque el PNP de Michael Manley vuelva al poder. Hoy en día, entre los individuos que ahorran, invierten y desarrollan sus carreras existe la idea de que el capital comenzará a emigrar de nuevo si el PNP, o incluso el JLP [de Seaga], interviene demasiado.

Al volver al poder, Manley reconoció los malos augurios, excediendo a Seaga como entusiasta del capitalismo de libre mercado. El periódico del sector privado de Jamaica quedó muy impresionado por los nuevos signos de madurez. «El viejo evangelio de que el gobierno debería trabajar en interés de los pobres está siendo modificado, aunque no manifiestamente rechazado, por la reciente comprensión de que ¡la única manera de ayudar a los pobres es que el gobierno trabaje en interés de los productivos!», exultaba el periódico —aquí la palabra «productivos» se refiere no a la gente que produce sino a aquellos que gestionan, controlan la inversión y cosechan los beneficios—. El sector público está «al borde del colapso», prosigue el informe del sector privado, con un rápido declive de las escuelas, asistencia médica y otros servicios. Pero con el abandono de «la absurda retórica del pasado reciente» y la privatización de todo cuanto sale al paso, hay esperanza —para «los productivos»— en el especial sentido deseado.

Manley ha conseguido un nuevo respeto por parte de la gente importante ahora que ha aprendido a desempeñar el papel de «presidente violín», según la terminología de América Latina: «alzado por la izquierda pero tocado por la derecha[43]». Las condiciones de evasión de capitales y presiones externas —del Estado, privadas, de las instituciones económicas internacionales— han bastado normalmente para impedir cualquier otra trayectoria.

4. LOS FRUTOS DE LA VICTORIA: ASIA

Pasando a otra parte dentro de los dominios de la libertad, el capitalismo y la democracia, comenzamos naturalmente con las Filipinas, que han tenido la suerte de estar bajo el ala del líder del Mundo Libre durante casi un siglo. La desesperada situación de los filipinos en la democracia posterior a Marcos se analiza en la Far Eastern Economic Review firmemente dedicada al liberalismo económico y a las prioridades de la comunidad empresarial, bajo el titular «El poder para los lutócratas». Sus crónicas concluyen: «Hoy, gran parte de los problemas del país… parecen tener su origen en el hecho de que éste no ha tenido en toda su historia forma alguna de revolución social». Las consecuencias de este fracaso incluyen «el desgraciado programa de reforma agraria», un fallo que «afecta profundamente al diagnóstico de la incidencia de la pobreza» entre el 67 por 100 de las familias filipinas pobres que viven en las zonas rurales, condenándolas a una miseria permanente, una enorme deuda externa, «una masiva evasión de capitales», un incremento en la desnutrición grave entre niños en edad preescolar desde que el gobierno de Aquino subió al poder, un extendido desempleo, y la supervivencia de muchos con rentas muy inferiores a los umbrales de pobreza definidos por el gobierno, «el crecimiento de una virtual sociedad de mendigos y criminales» y el resto de la conocida historia. El gobierno y los expertos académicos prevén que las cosas empeorarán considerablemente. En cuanto al «número cada vez mayor de infortunados», la única salida es buscar trabajo en el extranjero: «trabajadores filipinos legales e ilegales constituyen actualmente el mayor éxodo laboral anual en Asia». Con el abandono de los programas sociales, la única esperanza es que «la elite del comercio a gran escala, en una situación de escasa interferencia por parte del gobierno, se adelante a la tradicional tendencia de la elite filipina hacia un notable consumo, y, en su lugar, utilice los beneficios tanto para el bienestar de sus empleados como para acumular capital para el desarrollo industrial[44]».

Estas condiciones pueden deberse en gran medida a la invasión norteamericana de principios de siglo, con sus vastas matanzas y destrucción, la prolongada ocupación colonial y las subsiguientes políticas, incluyendo la campaña de contrainsurgencia de la posguerra y el apoyo a la dictadura de Marcos mientras ésta fue viable. Pero las Filipinas lograron, realmente, el (intermitente) regalo de la democracia. En el mismo periódico empresarial, un columnista del Daily Globe de Manila, Conrado de Quirós, reflexiona sobre esta cuestión bajo el titular «La sabiduría de la democracia». Aquí compara el desastre de las Filipinas con el éxito económico de Singapur con Lee Kuan Yew, cuya severa tiranía es otro de los famosos triunfos de la democracia y el capitalismo. De Quirós cita al ministro de Comercio e Industria de Singapur, el hijo de Lee, quien condena el modelo impuesto por los Estados Unidos a las Filipinas por sus muchos defectos, siendo «el peor crimen» el conceder a las Filipinas una prensa libre. En sus propias palabras, «una prensa desinhibida al estilo norteamericano introdujo basura en el mercado de las ideas, lo cual dio lugar a la confusión y la perplejidad, no a la información y a la verdad». Con una mejor apreciación de los méritos del fascismo, su gobierno de Singapur es demasiado listo para caer en este error[45].

Es cierto que los norteamericanos introdujeron una especie de democracia, prosigue Quirós. Sin embargo, «no estaba destinada a liberar a los filipinos, sino a hacer que estuvieran cómodos con sus nuevas cadenas». Puede que haya dado a los filipinos más periódicos, pero «les ha dado menos dinero con que comprarlos. Ha hecho a los ricos más ricos», en «uno de los peores casos de desigualdad en la distribución de la riqueza del mundo», según el Banco Mundial. La democracia «fue un instrumento de colonización» y no estaba destinada a tener un contenido sustancial:

Para la mayoría de los filipinos, la democracia al estilo norteamericano significaba poco más que elecciones cada tantos años. Aparte de esto, las autoridades coloniales se aseguraron desde el principio de que sólo ganasen aquellos candidatos que representaban los intereses coloniales. Esta práctica no murió con el colonialismo. El posterior orden político, que persistió durante largo tiempo después de la independencia, fue tal que un puñado de familias gobernaba efectiva e implacablemente una sociedad marcada por la desigualdad. Era democrático en la forma, tomando prestadas tantas prácticas norteamericanas como podía, pero autocrático en la práctica.

En la democracia filipina, la mayor parte de la población no está representada. Los políticos son abogados, ricos empresarios o terratenientes. Mientras la estructura política legada a las Filipinas por la ocupación norteamericana era reconstituida tras el derrocamiento del dictador respaldado por los Estados Unidos por «el poder popular», Gary Hawes escribe, «sólo los que poseen dinero y fuerza pueden ser elegidos». Los candidatos son principalmente «antiguos funcionarios electos, parientes de familias políticas poderosas y/o miembros de la elite económica», que no son representativos de la mayoría rural o siquiera de «los ciudadanos que se manifestaron para derrocar a Marcos y que arriesgaron sus vidas para proteger sus papeletas favorables a Corazón Aquino». Sí existió un partido (el PnB) basado en las organizaciones populares que surgieron contra la dictadura con abundante apoyo del campesinado, los obreros y grandes sectores reformistas de la clase media, pero no tendría ningún papel político. En las elecciones, el PnB fue superado por los partidos conservadores tradicionales en una proporción superior de 20 a 1. Sus partidarios fueron intimidados y amenazados con la pérdida de sus trabajos, viviendas y licencias municipales. La presencia militar sirvió también para inhibir la campaña del PnB. Las entrevistas a agricultores y trabajadores pobres revelaron una preferencia por los candidatos del PnB, pero también el reconocimiento de que, dado que los militares y la elite rural se oponían a ellos, «la siguiente mejor opción era aceptar el dinero o las recompensas y votar a los candidatos aprobados por el gobierno de Aquino[46]».

Bajo la reconstituida democracia de elite, continúa Hawes, «las voces de los habitantes de las zonas rurales» —casi las dos terceras partes de la población— «han sido raramente escuchadas» y lo mismo sucede con los pobres de las áreas urbanas. El remedio contra la agitación en el campo es la militarización y el aumento de los vigilantes, dando lugar a todo un historial de violaciones de los derechos humanos, «tan malo como en los tiempos de Marcos si no peor», informó en 1988 una misión por los derechos humanos, con torturas, ejecuciones sumarias y evacuaciones forzosas. Hay un crecimiento económico, pero sus frutos «raramente han llegado hasta los más necesitados». Los campesinos continúan pasando hambre mientras pagan el 70 por 100 de su cosecha al terrateniente. La reforma agraria no es más que una broma. El apoyo al Frente Democrático Nacional [National Democratic Front] (NDF) y a sus guerrillas está creciendo tras años de organización rural.

De Quirós sugiere que ha habido una «democracia sustancial en las Filipinas —a pesar del colonialismo y la política elitista—… Ello es así porque la democracia adquirió una vida propia, manifestándose en revueltas campesinas y demandas populares de reformas». Es precisamente esta democracia sustancial lo que los Estados Unidos y sus aliados se dedican a reprimir y contener. De ahí, la falta de toda revolución social del tipo de las que él y otros varios comentaristas en este respetabilísimo periódico empresarial consideran dolorosamente ausentes en las Filipinas —aunque si pueden unirse al club de las «democracias capitalistas» al estilo de la de Singapur, la cancioncilla probablemente cambiará.

Entretanto, Survival International informa que las poblaciones tribales de las Filipinas están siendo atacadas por el ejército privado de una compañía maderera que, en una campaña de terror de seis meses de duración, ha matado y torturado aldeanos, quemado casas hasta los cimientos, destruido almacenes de arroz y expulsado a miles de personas de sus hogares. Los llamamientos al gobierno de Aquino han sido ignorados. Un llamamiento al gobierno de los Estados Unidos, por parte de los círculos occidentales en general, no se puede proponer seriamente. Lo mismo sucede en Tailandia, donde el gobierno anunció un plan para expulsar a seis millones de personas de las selvas donde quiere establecer plantaciones de coníferas[47].

Los milagros del capitalismo pueden hallarse también en otros lugares de Asia. Charles Gray, director ejecutivo del Instituto Asiático-Americano para una Fuerza de Trabajo Libre de la AFL-CIO (notable por su postura empresarial), observa en la Far Eastern Economic Review que las empresas multinacionales «insisten generalmente en que el gobierno anfitrión suprima el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sindicatos, incluso cuando este derecho está garantizado por la propia constitución y leyes del país». La organización que coordina el comercio en el Mundo Libre (el GATT) no tiene ni una regla que «cubra las subvenciones que consiguen las empresas presionando a los gobiernos del Tercer Mundo para permitir una explotación de la mano de obra propia del siglo XIX». En Malasia, «empresas estadounidenses, entre otras, forzaron en 1984 al Ministerio de Trabajo para que continuara la ya antigua prohibición de los sindicatos en la industria de la electrónica, amenazando con trasladar sus puestos de trabajo e inversiones a otro país». En Bangladesh, los contratistas de las multinacionales «discriminan entre mujeres y niñas pagándoles sueldos para morirse de hambre de 9 centavos estadounidenses por hora». En la provincia china de Guangdong, proclamada como uno de los milagros del éxito capitalista en un escenario chino nada prometedor en general, cuando el gobierno descubrió que «la fábrica de un importante fabricante de juguetes estaba implicada en violaciones de las leyes laborales —tales como jornadas laborales de 14 horas y semanas laborales de siete días— se dirigió a los directores y les pidió que respetaran la ley. Los directores se negaron y dijeron que, si no podían trabajar de la manera que querían, cerrarían sus fábricas en China y se trasladarían a Tailandia», donde no hay exigencias tan poco razonables[48].

5. LOS FRUTOS DE LA VICTORIA: ÁFRICA

En África, el cuadro es todavía más sobrecogedor. Por mencionar solamente un pequeño elemento de una creciente catástrofe: un estudio realizado por la Comisión Económica de la ONU para África [UN Economic Commission for Africa] estima que «la agresión militar de Sudáfrica y la desestabilización de sus vecinos costó a la región 10 000 millones de dólares en 1988 y alrededor de 60 000 millones de dólares y 1,5 millones de vidas en los primeros nueve años de esta década[49]. Entretanto, a diferencia del caso de Irak, los Estados Unidos adoptaron una «tranquila diplomacia», reconociendo las preocupaciones del régimen racista y los intereses empresariales nacionales y extranjeros que favorecía. El Congreso impuso sanciones a Sudáfrica en 1986 a pesar del veto de Reagan, pero su impacto ha sido limitado. El Comité Americano sobre África [American Committee on Africa] informa que solamente el 25 por 100 del comercio entre los Estados Unidos y Sudáfrica se ha visto afectado y que el hierro, el acero y (hasta finales de 1989) el medio agotado uranio continuaban siendo importados. Después de que las sanciones entraran en vigor, las exportaciones de los Estados Unidos a Sudáfrica aumentaron de 1280 millones de dólares en 1987 a 1710 millones de dólares en 1989, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ello constituyó una mejora sobre la reacción ante las sanciones de la ONU a Rodesia, que impulsaron al Congreso a aprobar la enmienda Byrd que autorizaba la importación de cromo de Rodesia (en vigor de 1971 a 1977). «Muchas naciones habían estado violando secretamente las sanciones», observa Stephen Shalom, «pero los Estados Unidos fueron los primeros de sólo tres miembros de la ONU —los otros fueron Portugal [fascista] y Sudáfrica— que violaron oficialmente las sanciones[50]».

Los desastres de gran parte de África son normalmente atribuidos al «socialismo», término libremente utilizado para designar cualquier cosa que no queremos. Pero hay una excepción: «una isla de desinhibido capitalismo, en un mar de Estados socialistas unipartidistas», escribe el corresponsal en África del conservador Chicago Tribune Howard Witt. Se refiere a Liberia, que, al igual que las Filipinas, puede atribuir su feliz situación al hecho de que fue el «único asidero de los Estados Unidos en el continente africano» —durante un siglo y medio, en este caso—. Liberia adquirió especial importancia durante los años de la guerra fría, prosigue Witt, particularmente después de que el presidente Samuel Doe, un «sargento del ejército bruto y casi analfabeto… se hiciera con el poder en 1980 tras desventrar al presidente anterior en su cama» y procediera a elevar a sus compañeros de tribu —el 4 por 100 de la población— a la categoría de nueva elite gobernante y a perseguir y oprimir salvajemente al resto de la población. La administración Reagan, enormemente impresionada, determinó convertir Liberia, al igual que Jamaica, en una vitrina del capitalismo y la democracia. En los primeros seis años del régimen de Doe, los Estados Unidos enviaron ayuda económica y militar «a ese atrasado país», «incluso cuando aumentaron las pruebas de que Doe y sus ministros estaban robando gran parte del dinero» y después de que aquél «robara descaradamente» las elecciones de 1985, con la aprobación de Washington, en una réplica del asunto de Noriega del año anterior. Una «respetada expatriada liberiana disidente y antigua ministra del gobierno», Ellen Johnson-Sirleaf, dice: «En aquella época, un funcionario norteamericano me dijo con franqueza: “Nuestros intereses estratégicos son más importantes que la democracia[51]”».

Las consecuencias de la ayuda son evidentes, escribe Witt: «Los soldados del ejército del presidente Samuel Doe llevan uniformes de soldados norteamericanos mientras realizan su tarea de asesinar a civiles liberianos en las calles de la capital, Monrovia», que recibe su nombre del presidente Monroe, y «los cuerpos de muchas de las víctimas civiles son amontonados en el depósito de cadáveres del hospital John F. Kennedy», construido por los Estados Unidos, donde «médicos endurecidos por el combate» dicen «que nunca han presenciado tanta brutalidad». Monrovia es una trampa mortal, escribe. Aquellos que no son afectados por el hambre, el cólera o la tifoidea intentan escapar del ejército o de las fuerzas rebeldes lideradas por Charles Taylor, un antiguo ayudante de Doe —o posteriormente, de aquellos que se hallaban bajo el mando de una unidad disidente encabezada por Prince Johnson.

Las consecuencias de la ayuda quedaron más claras incluso cuando los reporteros entraron en Monrovia con las fuerzas africanas para el mantenimiento de la paz, después de que Doe fuera torturado y asesinado por las guerrillas de Johnson. Hallaron un «cruento legado» de los «10 años de gobierno» del favorito de los Estados Unidos, escribe un periodista de la UPI, Mark Huband: montones de huesos y cráneos blanqueados, muchos aplastados; «pilas de carne descompuesta, a medio vestir… llenas de miles de gusanos»; «cuerpos retorcidos… amontonados bajo los bancos de las iglesias» y «apilados en un oscuro rincón junto al altar»; cuerpos «pudriéndose en sus colchones»; «una gran sala de reunión para mujeres y niños [donde] las ropas se adherían a los esqueletos de mujeres y víctimas infantiles[52]».

Por supuesto, no todo el mundo ha sufrido en esta «isla de desinhibido capitalismo». Durante un siglo y medio, la oligarquía de esclavos norteamericanos liberados y sus descendientes «oprimió y explotó a la población indígena», mientras «los Estados Unidos hacían la vista gorda». Y, posteriormente, los favoritos de Reagan prosperaron bastante, hasta que les llegó el turno de ser despachados. Otros meramente se beneficiaron, escapando a tan desagradable destino: «las empresas norteamericanas como Firestone y B. F. Goodrich obtuvieron grandes beneficios de las expansivas operaciones liberianas», demostrando que el capitalismo desinhibido tiene sus virtudes[53]. Los Estados Unidos construyeron un enorme transmisor de Voice of America en Liberia, tal vez para difundir la buena nueva.

6. LA «IMPLACABLE PESADILLA»

La Organización Mundial de la Salud estima que once millones de niños mueren todos los años en el mundo de los vencedores de la guerra fría («el mundo en vías de desarrollo») a causa de la poca voluntad de los ricos de ayudarles. Podría ponerse un rápido fin a la catástrofe, concluye el estudio de la OMS, porque las enfermedades por las que los niños sufren y mueren son fácilmente tratables. Cuatro millones de niños mueren de diarrea; alrededor de dos tercios de ellos podrían salvarse de la letal deshidratación que provoca mediante tabletas de azúcar y sal que cuestan unos cuantos peniques. Tres millones mueren cada año debido a enfermedades infecciosas que podrían superarse mediante la vacunación, con un coste de aproximadamente 10 dólares por cabeza. Al informar en el Observer de Londres acerca de este estudio que «pasó virtualmente desapercibido», Annabel Ferriman cita al director general de la OMS, Hiroshi Nakajima, quien señala que este «genocidio silencioso» es «una tragedia que puede evitarse porque el mundo desarrollado tiene los recursos y la tecnología para acabar con las enfermedades comunes en todo el mundo», pero carece de «la voluntad de ayudar a los países en vías de desarrollo[54]».

La cuestión esencial fue sucintamente resumida por el presidente Yoweri Museveni de Uganda, presidente de la Organización de la Unidad Africana [Organization of African Unity], quien, al hablar en la conferencia de la ONU sobre los cuarenta y un países menos desarrollados del mundo, calificó la década de los ochenta de «implacable pesadilla» para los países más pobres. Hubo un llamamiento a las potencias industriales para que aumentaran su ayuda a más del doble, hasta un munífico 0,2 por 100 de su PNB, pero no se alcanzó ningún acuerdo, informa el New York Times «principalmente a causa de la oposición de los Estados Unidos» —que defendían orgullosamente, como siempre, los «valores universales» inherentes a «nuestras tradiciones», que presentan tanto contraste con «las de ellos» (véase capítulo 5, sección 1)—.[55] La década fue poco menos que una pesadilla en todas partes en los dominios tradicionales del Mundo Libre, aparte de «los hombres ricos que viven en paz en sus moradas».

Cuando el capitalismo y la libertad lograron su gran victoria, informa el Banco Mundial, la fracción de la riqueza mundial controlada por los países pobres y con una renta media disminuyó de un 23 a un 18 por 100 (entre 1980 y 1988). El informe del Banco correspondiente a 1990 añade que, en 1989, los recursos transferidos de «los países en vías de desarrollo» al mundo industrializado alcanzaron un nuevo récord. Los pagos de devolución de la deuda se estima que han rebasado los nuevos flujos de fondos en 42 900 millones de dólares, un incremento de 5000 millones de dólares desde 1988. Y los nuevos fondos procedentes de los ricos cayeron al nivel más bajo de toda la década[56]: en resumidas cuentas, reaganomía y thatcherismo a gran escala.

Éstas son algunas de las alegrías del capitalismo que están, en cierto modo, ausentes del torrente de autobombo y de elogios a las maravillas de nuestro sistema —del cual todo esto constituye un notable componente— cuando celebramos su triunfo. Los medios de comunicación y los periódicos están inundados de lamentos (con una dosis de regocijo apenas oculto) por la triste situación de la Unión Soviética y sus dominios, donde incluso el salario de 100 dólares mensuales que reciben los más afortunados trabajadores es «escandalosamente alto para los miserables niveles del comunismo[57]». Sin embargo, uno buscaría además comentarios irónicos sobre «los miserables niveles del capitalismo» y el sufrimiento soportado por la enorme masa de la humanidad que ha sido excluida por los poderes dominantes, durante largo tiempo las más ricas y más favorecidas sociedades del mundo, y no sin una parte de responsabilidad por las circunstancias de la mayoría de las demás.

La visión que falta descubre también el posible futuro que puede esperarle a gran parte de la Europa del Este, que ha soportado muchos horrores pero que es todavía vista con envidia en amplios sectores de los dominios de Occidente en el Tercer Mundo que tuvieron niveles comparables de desarrollo en el pasado y que no están menos dotados de recursos y condiciones materiales para satisfacer las necesidades humanas. «¿Por qué los líderes, los medios de comunicación, los ciudadanos de las Grandes Democracias Occidentales se han preocupado durante mucho tiempo y con entusiasmo por la gente de Europa central, pero no se han preocupado en absoluto por la gente de Centroamérica?», pregunta la corresponsal Martha Gellhorn:

La mayoría son míseramente pobres y la mayoría no tienen la piel blanca. Su vida y su muerte no conmovieron la conciencia del mundo. Puedo dar fe de que era mucho mejor y más seguro ser un campesino en la Polonia comunista que ser un campesino en El Salvador capitalista.

Desafortunadamente, su pregunta no es tan fácil de responder. Se ha demostrado sin la menor duda que lo que hace reaccionar a un alma sensible son los crímenes del enemigo, no los propios, por razones que son demasiado obvias y demasiado molestas de afrontar. La comparación que establece Gellhorn es difícil de hallar en los comentarios occidentales, y no digamos sus motivos[58].

Al igual que en América Latina, algunos sectores de la sociedad de la Europa del Este deberían pasar a compartir los niveles económicos y culturales de las clases privilegiadas en el rico mundo industrial que ven al otro lado de sus fronteras, entre ellos posiblemente gran parte de la burocracia del antiguo Partido Comunista. Muchos otros podrían dirigir la mirada al segundo Brasil, y a sus equivalentes de otros lugares, para entrever un futuro distinto, que bien podría convertirse en realidad si las cosas siguen su actual trayectoria.

7. LAS COMPARACIONES Y SUS PELIGROS

El coro de alabanzas por el triunfo del capitalismo se deleita comparando a Europa occidental y Europa oriental, lamentando la privación, el sufrimiento y el deterioro medioambiental en las regiones que han estado sometidas al dominio soviético. Pero en el Tercer Mundo muchos parecen reacios a unirse a la celebración de la victoria, considerando incluso a las víctimas de la tiranía soviética más afortunadas que ellos en aspectos que distan de ser triviales (véase el capítulo 8, sección 1). Un motivo ofrecido por sacerdotes, periodistas y otros es que el terror de Estado, que afrontan cotidianamente los latinoamericanos que se atreven a levantar la cabeza, ha sido cualitativamente distinto de la represión desarrollada en Europa oriental en el período posterior a Stalin, por terrible que fuera a su propia vez. Y ellos no comparten nuestra renuencia a ver la poderosa y sistemática influencia de los Estados y empresas del mundo capitalista del Estado en el establecimiento y mantenimiento de sus tremendas condiciones de vida. Se requiere cierta disciplina para evitar ver estas realidades.

Otra comparación que podría considerarse es la sugerida por la enorme evasión de capitales de los países de América Latina a los Estados Unidos y a Occidente en general (véase p. 98, capítulo 3, de la obra original, Deterring Democracy y p. 298). Una vez más, la situación en los países satélites soviéticos fue distinta. Un comentarista de los asuntos de estos países, Lawrence Weschler, señala:

Los polacos, al igual que la mayoría de los europeos del Este, han vivido durante largo tiempo bajo el engaño de que los soviéticos estaban simplemente chupándoles la sangre. De hecho, la situación ha sido considerablemente más compleja. (El dominio soviético fue, en realidad, una perversidad histórica única, un imperio en el cual el centro se chupaba la sangre a sí mismo por el bien de sus colonias o, mejor dicho, por que hubiera tranquilidad en dichas colonias. Los moscovitas vivieron siempre vidas más pobres que los varsovianos).

En toda la región, relatan periodistas y otros, las tiendas están mejor provistas que en la Unión Soviética y las condiciones materiales son, a menudo, mejores. Se admite por lo general que «la Europa del Este tiene un nivel de vida más alto que la Unión Soviética» y que mientras «los latinoamericanos denuncian fundamentalmente la explotación económica», «la explotación soviética de la Europa del Este es principalmente política y está orientada a la seguridad» (Jan Triska, resumiendo las conclusiones de un simposium celebrado en la Universidad de Stanford sobre la Unión Soviética en la Europa del Este y los Estados Unidos en América Latina[59]).

En los años setenta, según fuentes gubernamentales de los Estados Unidos, la Unión Soviética proporcionó subvenciones por 80 000 millones de dólares a sus satélites en la Europa del Este (a pesar de que su deuda con Occidente aumentó de 9300 millones de dólares en 1971 a 68 700 millones de dólares en 1979). Un estudio realizado en el Instituto de Estudios Internacionales [Institute of International Studies] de la Universidad de California (Berkeley) estimó la subvención en 106 000 millones de dólares entre 1974 y 1984. Empleando criterios diferentes, otro estudio académico llega a la estimación de 40 000 millones de dólares para el mismo período —omitiendo factores que podrían añadir varios miles de millones, según observa—. Cuando Lituania se enfrentó a las represalias económicas soviéticas tras su declaración de independencia, el Wall Street Journal informó que la subvención de la Unión Soviética sólo a este país podría aproximarse anualmente a los 6000 millones de dólares[60].

Tales comparaciones no pueden tomarse al pie de la letra. Surgen cuestiones complejas y nunca se han abordado correctamente. El único gran esfuerzo reciente para comparar el impacto de los Estados Unidos en América Latina con el de la Unión Soviética en la Europa del Este, por cuanto sé, es el simposium de Stanford que acabamos de citar, pero no llega demasiado lejos. Entre muchas omisiones sorprendentes, los participantes pasaron totalmente por alto la represión y el terror de Estado en América Latina y el papel de los Estados Unidos en su ejecución. En mayo de 1986, el editor afirma que «ciertas fuerzas de izquierdas en América Latina y todos los disidentes en la Europa del Este tienen pocas esperanzas de dar lugar a cambios sustanciales, ya sea por medios pacíficos, ya a través de la violencia». Uno de los participantes incluso se toma en serio (a pesar de rechazarla) la asombrosa declaración del escritor mexicano Octavio Paz en 1985 de que es «monstruoso» plantear siquiera la cuestión de comparar las políticas norteamericanas con las de la Unión Soviética. La mayoría considera obvio —no necesitando, por tanto, pruebas reales— que la influencia norteamericana ha sido desinteresada y benigna. De hecho, este estudio de 470 páginas contiene, en conjunto, muy poca información[61].

Surgirían muchas preguntas si estas comparaciones tuvieran que ser abordadas de forma significativa. Contrariamente a las convenciones habituales (generalmente adoptadas en el simposium de Stanford), es difícilmente verosímil considerar comparables las preocupaciones de los Estados Unidos relativas a la seguridad en América Latina con las de la Unión Soviética en Europa oriental o incluso tomarse en serio la doctrina convencional según la cual las preocupaciones relativas a la seguridad son «probablemente el principal factor en la configuración de la política norteamericana hacia América Latina» (Robert Wesson, que presentó el «informe histórico general y análisis» en el simposium de Stanford). De hecho, sus auténticas preocupaciones en relación con la seguridad son prácticamente nulas, según criterios internacionales e históricos. Como finalmente admite uno de los participantes en el simposium, «los intereses nacionales de seguridad de los Estados Unidos en el Caribe [como en otros lugares del hemisferio, podríamos añadir] se han basado en poderosas inversiones económicas» (Jiri Valenta) —lo cual significa que se denominan «intereses de seguridad» sólo a efectos del sistema de engaño—. Por otro lado, tiene escaso sentido atribuir a los Estados Unidos una mayor tolerancia ante las «desviaciones político-ideológicas» porque no insisten en «el estilo norteamericano de democracia» y toleran «dictaduras autoritarias», mientras que la Unión Soviética insiste en los regímenes leninistas (Valenta). Lo que exigen los Estados Unidos es un orden económico orientado hacia sus intereses. La forma política que éste adquiera no tiene mayor importancia y ciertamente no hay duda de que los Estados Unidos consideran con frecuencia a los sanguinarios Estados terroristas de forma bastante favorable si satisfacen sus criterios operativos[62].

El problema de la evasión de capitales es también complejo. En primer lugar, las hegemonías regionales no son remotamente comparables en riqueza y nivel económico y no lo han sido nunca, de manera que su papel en las transacciones económicas diferirá enormemente. Por otro lado, la inversión tiene complejos efectos. Puede dar lugar a un crecimiento económico, beneficiar a ciertos sectores de la población perjudicando, al mismo tiempo, gravemente a otros, establecer la base para un desarrollo independiente o minar tales perspectivas. Los números en sí mismos cuentan sólo una pequeña parte de la historia, y deben complementarse con el tipo de análisis, todavía por efectuar, que compara a Europa oriental y América Latina.

Debería ser evidente sin más comentarios que la comparación habitual entre Europa oriental y Europa occidental o entre la Unión Soviética y los Estados Unidos carece de sentido alguno y tiene fines propagandísticos, no informativos.

Otros sistemas subordinados y dependientes tienen, sin embargo, un carácter distinto. Discutiendo el rápido crecimiento económico de Corea y Taiwan tras el poderoso estímulo del gasto de la guerra del Vietnam, Bruce Cumings observa que este crecimiento reanuda un proceso de desarrollo iniciado bajo el colonialismo japonés. A diferencia de Occidente, señala, el Japón llevó la industria a la mano de obra y a las materias primas en lugar de viceversa, dando lugar a un desarrollo industrial bajo dirección estatal-empresarial, hoy renovada. Las políticas coloniales del Japón fueron extremadamente brutales, pero establecieron una base para el desarrollo económico. Estos éxitos económicos, al igual que los de Singapur y Hong Kong, no son un tributo ni a la democracia ni a las maravillas del mercado, sino más bien a unas duras condiciones de trabajo, a unos sistemas políticos eficientes cuasi fascistas y, de modo muy semejante al Japón, a unos altos niveles de proteccionismo y planificación por parte de grupos financieros e industriales en una economía coordinada por el Estado[63].

La comparación de las antiguas colonias japonesas con las regiones que se encuentran bajo la influencia de los Estados Unidos no es común aquí, pero los japoneses de derechas no son reacios a desarrollarla. Shintaro Ishihara, una poderosa figura en el Partido Demócrata Liberal gobernante, que ostenta un virtual monopolio del poder político, compara los dominios de la influencia y el control japoneses con las Filipinas. Los países que estuvieron antaño bajo administración japonesa son «asuntos de éxito» desde el punto de vista económico, escribe, mientras que las Filipinas son un desastre económico y la «vitrina de la democracia» es, en gran parte, un sistema vacío. «Los terratenientes filipinos han acumulado un poder y una riqueza increíbles, arrebatándoselo todo poco a poco a la gente corriente», mientras que la «tradición es destruida» en favor de una veneración frívola y superficial de la cultura norteamericana, «una atrocidad —un acto de barbarie[64]».

Este portavoz del nacionalismo de derechas no es, claramente, una fuente independiente fidedigna, pero hay una gran dosis de verdad en lo que dice.

La comparación de las economías latinoamericanas con las del este asiático es otra cuestión que raramente se ha abordado con seriedad. Editoriales, crónicas informativas y otros comentarios en general afirman que esta comparación revela la superioridad del liberalismo económico, pero sin facilitar la base para esta conclusión. Ello no es fácil de sostener, aunque sólo sea a causa de las radicales desviaciones respecto del capitalismo liberal en los asuntos de éxito de Asia. Este tema fue tratado en una conferencia sobre macroeconomía global celebrada en Helsinki en 1986[65]. Varios participantes señalaron que la situación es compleja y llegaron a la conclusión de que las desigualdades que se desarrollaron en los años ochenta (aunque no antes) pueden atribuirse a otros muchos factores —entre ellos a los perjudiciales efectos de una mayor apertura a los mercados internacionales de capital en grandes áreas de América Latina, lo cual permitió una abundante evasión de capitales, al igual que en las Filipinas, pero no en las economías del este asiático, con controles más rígidos por parte del gobierno y bancos centrales. Y en el caso del milagro del libre mercado de Corea del Sur, mediante el castigo, que puede llegar a la pena de muerte[66].

La complejidad de las cuestiones que se plantean se muestra en un revelador estudio del desarrollo en la India, en comparación con China y otros países, realizado por el economista de Harvard, Amartya Sen. Éste observa que «un estudio comparativo de las experiencias de distintos países en el mundo muestra con bastante claridad que los países tienden a cosechar lo que han sembrado en el campo de la inversión en salud y calidad de vida». La India aplicó políticas muy distintas de las de China en este aspecto. Partiendo de un nivel similar a finales de los años cuarenta, la India ha añadido alrededor de quince años a la esperanza de vida, mientras que China añadió de diez a quince años más, aproximándose a los niveles de Europa. Las razones radican en la política social —sobre todo, en el énfasis mucho mayor en la mejora de las condiciones de nutrición y salud de la población general en China y en el hecho de facilitar amplia cobertura médica—. Lo mismo podemos decir, afirma Sen, de Sri Lanka y probablemente del Vietnam, y, en años anteriores, también de Europa —donde, por ejemplo, la esperanza de vida creció rápidamente en Inglaterra y Gales tras una intervención pública a gran escala en la distribución de los alimentos y en la atención sanitaria y la expansión del empleo público.

Pero ésta no es toda la historia. A finales de los años cincuenta, la esperanza de vida en China cayó en picado durante varios años muy por debajo de la de la India a causa de una enorme hambruna que se cobró aproximadamente treinta millones de vidas. Sen atribuye esta hambruna a la naturaleza del régimen chino, que no reaccionó durante tres años y pudo no haber sido consciente de la magnitud de la misma porque las condiciones totalitarias bloquearon el flujo de información. Nada parecido ha sucedido en la India, con su democracia pluralista. Sin embargo, calcula Sen, si las menores tasas de mortalidad de China prevalecieran en la India, hubiera habido cerca de cuatro millones menos de muertes anuales a mediados de los años ochenta. «Ello indica que cada ocho años, más o menos, en la India el número de muertos —en comparación con las tasas de mortalidad de China— es superior al total de los que murieron en la gigantesca hambruna china», la peor del mundo en este siglo.

Como confirmación adicional de esta tesis, Sen observa que la esperanza de vida en China ha sufrido una lenta disminución desde 1979, cuando se emprendieron las nuevas reformas orientadas al mercado. Otro ejemplo relevante es el estado indio de Kerala, durante mucho tiempo bajo el gobierno de la izquierda y con «una larga historia de gran apoyo público en educación, atención sanitaria y distribución de alimentos». Aquí, la mejora de la esperanza de vida es comparable a la de China, aunque se trata de uno de los estados más pobres de la India[67].

Todas éstas son cuestiones serias y difíciles, con consecuencias humanas de largo alcance. Las estrategias de desarrollo impuestas al Tercer Mundo por el poder occidental, ejecutadas por las instituciones económicas internacionales o por los propios Estados y empresas, tienen enormes efectos sobre la vida de las poblaciones seleccionadas. Los datos demuestran de forma suficientemente clara que las políticas defendidas o impuestas por las potencias occidentales y la confiada retórica que las acompaña están guiadas por el egoísmo de aquellos que empuñan las riendas, no por una comprensión sólida de la economía del desarrollo o una preocupación seria por el impacto humano de estas decisiones. Los beneficios que puedan corresponder a otros son en su mayor parte incidentales, al igual que las catástrofes que de ellas resultan.

Mientras el agonizante imperio soviético reanuda unas relaciones tradicionales casi coloniales con Occidente, va quedando sujeto a las mismas prescripciones —en parte por elección, dado que el vacío intelectual es una de las consecuencias de décadas de gobierno totalitario—. Un crítico polaco escribe que si las palabras de la popular escuela de Chicago

se cumplen, este gobierno será el primero en la historia del mundo que se haya adherido firmemente a esta doctrina. Todos los países desarrollados, incluyendo a aquéllos (como la República Federal de Alemania) cuyos gobiernos rinden obediencia a la doctrina liberal aplican un amplio espectro de intervenciones gubernamentales, como en la asignación de recursos, en las inversiones, en el desarrollo de tecnología, en la distribución de la renta, en la fijación de los precios, en las exportaciones y en las importaciones[68].

Si el resultado es la norma del Tercer Mundo, es posible que se desencadene una resistencia popular. Y también es probable que dé lugar a la clásica respuesta por parte de aquellos que defienden nuestros valores tradicionales.

En una visita a Europa pocos días antes de ser asesinado por las fuerzas de elite del gobierno en San Salvador, en noviembre de 1989, el padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana, se dirigió a Occidente en relación con estas destacadas cuestiones. Ustedes «han organizado sus vidas en torno a valores inhumanos», dijo. Estos valores

son inhumanos porque no pueden ser universalizados. El sistema se basa en que unos pocos utilicen la mayor parte de los recursos, mientras que la mayoría no puede ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Es fundamental definir un sistema de valores y un modo de vida que tenga en cuenta a todos los seres humanos[69].

En nuestras posesiones, tales pensamientos son subversivos y pueden hacer entrar en juego a los escuadrones de la muerte. En el ámbito nacional, son piadosamente manifestados en ocasiones y posteriormente relegados, en la práctica, al cubo de la basura. Tal vez las últimas palabras del sacerdote asesinado merezcan un mejor destino.

7. LA DEMOCRACIA EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES

Ninguna creencia relativa a la política exterior de los Estados Unidos está más arraigada que la expresada por el corresponsal diplomático del New York Times, Neil Lewis, citada con anterioridad: «El ansia de ver duplicada en todo el mundo la democracia al estilo norteamericano ha sido un tema persistente en la política exterior de los Estados Unidos[1]». Normalmente, esta tesis ni siquiera se explicita, siendo meramente supuesta como base para un discurso razonable sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo.

La fe en esta doctrina puede parecer sorprendente. Incluso un examen superficial de los datos históricos revela que un tema persistente en la política exterior norteamericana ha sido la subversión y el derrocamiento de regímenes parlamentarios y el recurso a la violencia para destruir aquellas organizaciones populares que podrían ofrecer a la mayoría de la población una oportunidad de entrar en la escena política. Sin embargo, la doctrina convencional es sostenible en un aspecto. Si por «democracia al estilo norteamericano» entendemos un sistema político con elecciones regulares pero ningún desafío serio para el dominio empresarial, es indudable que los políticos estadounidenses ansían verlo establecido en todo el mundo. En consecuencia, esta doctrina no resulta afectada por el hecho de ser constantemente violada con arreglo a una interpretación distinta del concepto de democracia: un sistema en el que los ciudadanos pueden desempeñar un papel destacado en la gestión de los asuntos públicos.

Este marco analítico de la política y su imagen ideológica está confirmado como una buena primera aproximación. Adoptando la idea básica, no esperamos que los Estados Unidos se opongan sistemáticamente a los sistemas parlamentarios. Por el contrario, éstos serán aceptados, incluso preferidos, si se satisfacen las condiciones fundamentales.

1. LA PREFERENCIA POR LA DEMOCRACIA

En los Estados clientes del Tercer Mundo, la preferencia por los sistemas democráticos suele ser, en gran parte, una cuestión de relaciones públicas. Pero allí donde la sociedad es estable y el privilegio es seguro, entran en juego otros factores. Los intereses empresariales tienen una actitud ambigua hacia el Estado. Quieren que éste subvencione la investigación y el desarrollo, la producción y la exportación (el sistema del Pentágono, gran parte del programa de ayuda externa, etcétera), regule los mercados, garantice un ambiente favorable para las operaciones empresariales en el extranjero, y que, en muchos otros aspectos, sirva de Estado del bienestar para los ricos. Pero no desean que el Estado tenga poder para interferir en las prerrogativas de propietarios y directivos. Esta última preocupación da lugar al apoyo de las formas democráticas, siempre y cuando el dominio del sistema político por parte de las empresas esté asegurado.

Si un país satisface ciertas condiciones básicas, los Estados Unidos toleran los sistemas democráticos, aunque en el Tercer Mundo, donde es difícil garantizar unos buenos resultados, ello sucede con frecuencia sólo a duras penas. Pero las relaciones con el mundo industrial muestran claramente que el gobierno de los Estados Unidos no se opone a los sistemas democráticos como tales. En las democracias occidentales estables y dominadas por las empresas, no es de prever que los Estados Unidos desarrollen programas de subversión, terror o ataque militar como ha sido común en el Tercer Mundo.

Aunque puede haber algunas excepciones. Así, hay pruebas de implicación de la CIA en un virtual golpe que derrocó al gobierno laborista de Whitlam en Australia, en 1975, cuando se temía que aquél interfiriera con las bases militares y en los servicios de inteligencia de Washington en Australia. La interferencia a gran escala de la CIA en la política italiana ha sido del dominio público desde que el informe Pike del Congreso, que citaba una subvención de casi 65 millones de dólares a partidos y afiliados políticos aprobados, desde 1948 hasta principios de los años setenta, fue filtrado en 1976. En 1976, cayó en Italia el gobierno de Aldo Moro tras las revelaciones de que la CIA había gastado 6 millones de dólares en apoyar a candidatos anticomunistas. En aquella época, los partidos comunistas europeos avanzaban hacia la independencia de acción con tendencias pluralistas y democráticas (eurocomunismo), proceso que no gustaba ni a Washington ni a Moscú, observa Raymond Garthoff, ninguno de los cuales podría «haber deseado ver nacer entre ellos a una pan-Europa independiente basada en el nacionalismo local». Por estos motivos, ambas superpotencias se opusieron a la legalización del Partido Comunista de España y a la creciente influencia del Partido Comunista en Italia, y ambas prefirieron gobiernos de centro-derecha en Francia. El secretario de Estado, Henry Kissinger, describió el «principal problema» de la alianza occidental como «la evolución interna en muchos países europeos», que podía hacer a los partidos comunistas occidentales más atractivos para el público, alimentando movimientos favorables a la independencia y amenazando la alianza de la OTAN. En aquellos años, «los Estados Unidos dieron una mayor prioridad al propósito defensivo de proteger a la alianza occidental y a la influencia norteamericana en la misma, que a los intereses defensivos de debilitar la influencia soviética en el Este», concluye Garthoff en su extenso estudio de aquel período. La frase «propósito defensivo de proteger a la alianza occidental» se refiere a la defensa del privilegio existente ante la amenaza de un desafío interno. Éste era el contexto para una nueva interferencia de la CIA en las elecciones italianas, y posiblemente mucho más[2].

En julio de 1990, el presidente Cossiga de Italia solicitó una investigación de las acusaciones difundidas por la televisión estatal de que la CIA había pagado a Licio Gelli para que fomentara actividades terroristas en Italia a finales de los años sesenta y setenta. Gelli era el jefe de la logia masónica secreta Propaganda Due (P2) y durante mucho tiempo se había sospechado que desempeñaba un papel fundamental en el terrorismo y otras actividades criminales. En aquella época, según un informe del Parlamento italiano de 1984, la P2 y otros grupos neofascistas, que colaboraban estrechamente con elementos del ejército y de los servicios secretos italianos, estaban preparando un golpe inminente para imponer un régimen de ultraderecha y bloquear a las crecientes fuerzas de la izquierda. Un aspecto de estos planes era una «estrategia de tensión», que implicaba importantes acciones terroristas en Europa. Estas nuevas acusaciones fueron efectuadas por Richard Brenneke, quien afirma haber trabajado para la CIA como funcionario contratado y quien sostuvo que las conexiones entre la CIA y la P2 se extendían a lo largo de más de veinte años e implicaban unos pagos de 10 millones de dólares. Los estrechos vínculos entre Washington y la ultraderecha italiana se remontan al fuerte apoyo prestado a la toma fascista del poder por Mussolini en 1922[3].

No obstante, la norma ha sido un apoyo general a las democracias industriales.

La evidencia histórica, claro está, debe ser evaluada con cierta atención. Una cosa es derrocar al gobierno democrático de Guatemala y mantener el dominio de una serie de gánsteres sanguinarios durante tres décadas o ayudar a establecer la base para un golpe y para una exitosa matanza masiva en Indonesia. Repetir estos éxitos en sociedades relativamente bien establecidas sería una cuestión bastante distinta; el poder de los Estados Unidos no llega tan lejos. No obstante, sería un error suponer que sólo la falta de medios impide a los Estados Unidos derrocar a los gobiernos democráticos de las sociedades industriales en favor de dictaduras militares o democracias de los escuadrones de la muerte según el modelo latinoamericano.

La época posterior a la segunda guerra mundial resulta esclarecedora en estos aspectos. Con unas ventajas económicas y militares sin precedentes, los Estados Unidos se estaban preparando para convertirse en la primera potencia verdaderamente global. Existen extensos informes sobre el pensamiento de los directivos empresariales y estatales mientras proyectaban un orden mundial que se adaptara a los intereses que representan. Aunque está sujeta a interpretaciones variables, la evidencia facilita, no obstante, una visión interesante de las complejas actitudes de las elites estadounidenses hacia la democracia, en un momento en que los Estados Unidos estaban en situación de influir en el orden interno de las sociedades industriales.

2. LAS IDEAS GENERALES

Tomando como antecedentes históricos generales el esbozo del capítulo 1, sección 5, vamos a centrarnos en la preocupación fundamental de los planificadores globales mientras se enfrentaban al problema de reconstruir un mundo arrasado por la guerra: las sociedades industriales que habrían de constituir el núcleo del sistema mundial. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia sobre el concepto de democracia tal como lo entendían los arquitectos del nuevo orden mundial y sus herederos?

Un problema que surgió a medida que las diversas zonas eran liberadas del fascismo fue que las elites tradicionales habían sido desacreditadas, mientras que el movimiento de la resistencia, basado en su mayor parte en grupos que se interesaban por la clase trabajadora y por los pobres y, a menudo, comprometido con alguna versión de la democracia radical, había conseguido prestigio e influencia. El dilema fundamental fue articulado por el asesor de confianza de Churchill, el primer ministro sudafricano Jan Christiaan Smuts, en 1943, respecto del sur de Europa: «Ahora que la política anda suelta entre esas gentes —dijo—, podríamos tener una ola de desorden y comunismo general[4]». Aquí, la palabra «desorden» se entiende como una amenaza para los intereses de los privilegiados, y «comunismo», de acuerdo con la convención habitual, hace referencia al hecho de no interpretar la «democracia» como el dominio de la elite, cualesquiera que sean los demás compromisos de los «comunistas». Ahora que la política anda suelta, nos enfrentamos a una «crisis de democracia», según los sectores privilegiados la han entendido siempre.

Aparte del enfrentamiento entre superpotencias, los Estados Unidos estaban comprometidos con la restauración del orden conservador tradicional. Para lograr este objetivo, era necesario destruir la resistencia antifascista, a menudo en favor de colaboradores nazis y fascistas, para debilitar a los sindicatos y demás organizaciones populares y bloquear la amenaza de la democracia radical y la reforma social, que eran opciones reales dada la situación de la época. Estas políticas fueron adoptadas en todo el mundo: en Asia, incluyendo a Corea del Sur, las Filipinas, Tailandia, Indochina y, fundamentalmente, el Japón; en Europa, incluyendo a Grecia, Italia, Francia y, fundamentalmente, Alemania; en América Latina, incluyendo lo que la CIA consideró como una de las más graves amenazas en aquellos tiempos, el «nacionalismo radical» en Guatemala y Bolivia[5]. En ocasiones, la tarea requirió una considerable brutalidad. En Corea del Sur, a finales de los años cuarenta aproximadamente 100 000 personas fueron asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad instaladas y dirigidas por los Estados Unidos. Ello sucedió antes de la guerra de Corea, que Jon Halliday y Bruce Cumings describen como «esencialmente» una fase —marcada por una masiva intervención externa— de «una guerra civil librada entre dos fuerzas internas: un movimiento nacionalista revolucionario, que tenía sus orígenes en una dura lucha anticolonial, y un movimiento conservador, vinculado al status quo especialmente al desigual sistema agrario», restaurado en el poder bajo la ocupación norteamericana[6]. En Grecia, en esos mismos años, cientos de miles de personas fueron asesinadas, torturadas, encarceladas o expulsadas en el curso de una operación contrarrevolucionaria, organizada y dirigida por los Estados Unidos, la cual restauró a las elites tradicionales en el poder, incluyendo a colaboradores nazis, y reprimió a las fuerzas campesinas y obreras dirigidas por los comunistas, que habían luchado contra los nazis. En las sociedades industriales, se lograron los mismos objetivos fundamentales, pero por medios menos violentos.

En pocas palabras, en ese momento de la historia, los Estados Unidos se enfrentaban al clásico dilema de efectuar también una intervención al estilo del Tercer Mundo en grandes áreas del mundo industrializado. La situación de los Estados Unidos era «políticamente débil», aunque militar y económicamente fuerte. Las opciones tácticas se determinan mediante una valoración de los puntos fuertes y los puntos débiles. Las preferencias se han inclinado, de forma bastante natural, por el uso de la fuerza y por medidas de guerra y estrangulamiento económico, donde los Estados Unidos han dominado siempre. A principios del período posbélico, éste fue un problema global. Las opciones tácticas observaron en su mayor parte estas condiciones generales, adaptadas a circunstancias particulares.

Estos temas son esenciales para una buena comprensión del mundo contemporáneo. La historia verdadera puede descubrirse en estudios especializados dedicados a puntos particulares de lo que fue, en realidad, una pauta altamente sistemática[7]. Pero ésta no es fácilmente accesible al público general, al cual se le ofrece una versión muy distinta del cuadro general y de los casos particulares incluidos en el mismo. Tomemos el caso de Grecia, la principal intervención posbélica y un modelo para gran parte de lo que sucedió con posterioridad. Los Estados Unidos y el mercado mundial están llenos de materiales como la novela best-seller y película Eleni de Nicholas Gage, que informa sobre los horrores de la resistencia dirigida por los comunistas. Pero los informes del mundo académico griego o incluso los informes norteamericanos que dan una idea radicalmente distinta y que cuestionan seriamente la veracidad incluso del caso especial de Gage se desconocen. En Gran Bretaña, un canal de televisión independiente intentó hacer posible, en 1986, que las voces de la resistencia griega antinazi dirigida por los comunistas, derrotados por las campañas posbélicas británicas y norteamericanas, fueran escuchadas por vez primera y presentaran su visión de estos acontecimientos. Esta tentativa suscitó una histérica respuesta de la clase política, que exigió la supresión de esta visión «parcial» inconsistente con la doctrina oficial que, hasta entonces, había dominado incontestada. El antiguo director del servicio de inteligencia política de Atenas, Tom McKitterick, apoyó la emisión, señalando que «durante años, se nos ha dado a conocer una visión parcial y esta serie era una valiente tentativa de restaurar el equilibrio». Pero el contraataque de la clase política prevaleció en un impresionante despliegue de la mentalidad totalitaria y su poder en el Occidente liberal. Se impidió la retransmisión del documental o su venta en el extranjero, particularmente en Grecia —éste es sólo un ejemplo de una larga historia de represión[8].

En el sistema internacional considerado por los planificadores estadounidenses, las potencias industriales habían de reconstruirse, restaurando esencialmente el orden tradicional e impidiendo todo desafío para el dominio empresarial, pero ocupando ahora un lugar dentro de un sistema mundial regulado por los Estados Unidos. Este sistema mundial debía adoptar la forma de un internacionalismo liberal guiado por el Estado, asegurado por el poder de los Estados Unidos para obstaculizar a las fuerzas que pudieran interferir y gestionado a través de gastos militares, lo cual demostró ser un factor crucial en la estimulación de la recuperación industrial. El sistema global fue creado para garantizar las necesidades de los inversores estadounidenses, quienes se esperaba prosperarían bajo las circunstancias dominantes. Ésta era una expectativa plausible en aquella época y fue abundantemente satisfecha. Europa, fundamentalmente la República Federal de Alemania, no se convirtió en un factor significativo en la producción y el comercio mundiales hasta finales de los años cincuenta[9]. Y hasta que la guerra del Vietnam modificó la estructura de la economía mundial en beneficio de sus rivales industriales, el problema al que se enfrentaba el gobierno de los Estados Unidos por lo que respecta al Japón era cómo garantizar la viabilidad de su economía. La inversión extranjera, altamente rentable, creció rápidamente y, en una primera fase, las corporaciones transnacionales, fundamentalmente aquéllas con sede en los Estados Unidos, se expandieron y prosperaron.

3. LOS «GRANDES TALLERES»: EL JAPÓN

Dentro del mundo industrial, se entendía que los «líderes naturales» eran Alemania y el Japón, que habían demostrado su habilidad durante la guerra. Eran los «mayores talleres de Europa y Asia» (Dean Acheson). Por consiguiente, era de vital importancia garantizar que su reconstrucción seguía una dirección correcta y que seguían dependiendo de los Estados Unidos. En consecuencia, el comercio entre el este y el oeste y los avances hacia una détente europea siempre han sido considerados con cierta preocupación. Se realizaron también grandes esfuerzos para evitar una renovación de las relaciones comerciales tradicionales entre el Japón y China, particularmente en los años cincuenta, mucho antes de que también China se integrara en el sistema global dominado por los Estados Unidos. Un objetivo fundamental de la estrategia diplomática norteamericana, explicado en líneas generales por John Foster Dulles en una reunión regional a puerta cerrada de embajadores norteamericanos en Asia en marzo de 1955, era «desarrollar mercados para el Japón en el sureste asiático con el fin de contrarrestar los esfuerzos comerciales comunistas y fomentar el comercio entre el Japón y los países del sureste asiático», escribió Chitoshi Yanaga en los años sesenta. La conclusión general es ampliada por la documentación posteriormente dada a conocer en los Papeles del Pentágono y otros documentos. La intervención norteamericana en el Vietnam fue inicialmente motivada, en gran medida, por tales preocupaciones[10].

En aquellos tiempos, el Japón no era considerado como un competidor serio: podemos rechazar las fantasías autocomplacientes sobre cómo la recuperación y la competencia japonesas demuestran que los Estados Unidos se mostraron desinteresados en la planificación posbélica. Se daba por sentado que el Japón recuperaría, de un modo u otro, su estatus de «taller de Asia» y se situaría en el centro de algo así como la «esfera de coprosperidad» que el fascismo japonés había intentado crear. Las alternativas realistas, se suponía, eran que este sistema sería incorporado al orden global de los Estados Unidos o que sería independiente, bloqueando posiblemente la entrada de los Estados Unidos, y tal vez vinculado incluso a la Unión Soviética. En cuanto al propio Japón, la perspectiva generalmente prevista era que podría producir «baratijas» y otros productos para el mundo subdesarrollado, como dedujo una misión de investigación estadounidense en 1950[11].

En parte, la evaluación que descartaba las perspectivas del Japón se basaba en el fracaso de la recuperación industrial japonesa previa al estímulo económico de los suministros militares para la guerra de Corea. En parte, hubo un indudable elemento de racismo —ilustrado, por ejemplo, en la reacción de la comunidad empresarial ante las leyes laborales democráticas introducidas por la ocupación militar estadounidense—. Las empresas, en general, se opusieron a dichas leyes, que fueron enérgicamente denunciadas por James Lee Kauffman, uno de los miembros influyentes del grupo de presión empresarial que trabajaba para impedir la democratización del Japón. Representando a industriales interesados en una mano de obra barata y dócil, escribió indignadamente en 1947 que los trabajadores japoneses tenían que ser tratados como menores. «Pueden imaginarse lo que pasaría en una familia de niños de diez años o menos si, de repente, se les dijera… que podían administrar la casa y sus propias vidas como quisieran». La mano de obra japonesa se había vuelto «completamente salvaje», escribió. «Si alguna vez han visto a un indio americano gastando su dinero poco después de que se haya descubierto petróleo en su propiedad, tendrán alguna idea de cómo está utilizando la ley laboral el trabajador japonés». Las actitudes racistas del general MacArthur, procónsul norteamericano para el Japón después de la segunda guerra mundial, eran notorias. Así, en una declaración ante el Congreso en 1951, dijo que «según los criterios de la civilización moderna, serían como un niño de doce años en comparación con nuestro desarrollo de cuarenta y cinco años», hecho que nos permitía «implantar allí conceptos básicos»: «Estaban todavía lo bastante cerca de los orígenes como para ser elásticos y poder aceptar nuevos conceptos». En años más recientes, el cumplido ha sido devuelto por comentaristas japoneses de derechas sobre la cultura y la sociedad de los Estados Unidos[12].

Sin embargo, algunos previeron problemas más adelante, especialmente el influyente planificador George Kennan, quien recomendó que los Estados Unidos controlaran las importaciones japonesas de petróleo con el fin de mantener un «poder de veto» sobre el Japón, consejo que fue adoptado[13]. Ésta es una de las muchas razones por las que los Estados Unidos han estado tan preocupados por controlar las reservas petrolíferas de Oriente Medio durante todo el período posbélico, y, presumiblemente, también uno de los motivos de la renuencia japonesa a seguir las iniciativas de los Estados Unidos por lo que respecta a los problemas en dicha zona.

En el Japón, los Estados Unidos pudieron actuar unilateralmente, habiendo excluido a sus aliados de todo papel en la ocupación[14]. El general MacArthur fomentó pasos hacia la democratización, aunque dentro de unos límites. La acción obrera militante fue impedida, incluyendo ciertos intentos de establecer el control de los trabajadores sobre la producción. Incluso estos pasos parciales hacia la democracia escandalizaron al Departamento de Estado, a las corporaciones norteamericanas, a los líderes laboristas y a los medios de comunicación de los Estados Unidos. George Kennan y otros previnieron contra un fin prematuro de la ocupación antes de que la economía fuera reconstruida bajo un gobierno conservador estable. Estas presiones dieron lugar a la «marcha atrás» de 1947, que aseguró que no habría ningún desafío serio para el dominio del gobierno y de las empresas sobre el movimiento obrero, los medios de comunicación y el sistema político.

Con la marcha atrás, se eliminaron las empresas controladas por los trabajadores, que estaban funcionando con considerable éxito. Se prestó apoyo a socialistas de derechas que habían sido colaboradores fascistas y que estaban comprometidos con los sindicatos de empresa al estilo norteamericano, bajo control empresarial, mientras que los izquierdistas que habían sido encarcelados bajo el dominio fascista fueron excluidos, la pauta habitual en todo el mundo. El movimiento obrero fue reprimido con considerable violencia policial y se eliminó el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. La meta era asegurar el control empresarial sobre el movimiento obrero mediante sindicatos conservadores. Los sindicatos industriales fueron minados a finales de los años cuarenta, cuando los grupos industriales y financieros [Zaibatsu, que constituían la esencia del orden fascista japonés, recuperaron su poder con ayuda de una elaborada red policial y de vigilancia y de organizaciones patrióticas de derechas. Las clases empresariales japonesas fueron reconstituidas de forma muy similar a como eran bajo el régimen fascista, elevadas al poder en estrecha colaboración con las autoridades del Estado centralizado. George Kennan, que fue uno de los principales arquitectos de la marcha atrás, consideraba que los primeros planes para disolver los Zaibatsu presentaban «tanta similitud con las visiones soviéticas sobre los males de los “monopolios capitalistas” que las propias medidas podían haber sido eminentemente agradables para todo aquel que estuviera interesado en una mayor comunistización del Japón[15]». En 1952, las elites industriales y financieras del Japón no sólo se habían establecido como elemento dominante en el país, sino que estaban ejerciendo el «control sobre un sistema de empresas más concentrado e interconectado que antes de la guerra» (Schonberger). El peso de la reconstrucción se hizo recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora y de los pobres, dentro de un sistema descrito como «capitalismo del Estado totalitario» por Sherwood Fine, quien actuó como director de economía y planificación de la sección económica y científica durante toda la ocupación militar norteamericana. Estas políticas «permitieron a las elites empresariales japonesas evitar la racionalización social que habría dado lugar a un floreciente mercado interno para sostener a la industria» (Borden) —que, hoy, constituye un problema para los rivales occidentales del Japón.

Borden observa que Gran Bretaña, con sus poderosos sindicatos y su sistema de asistencia social, se preocupaba por el hecho de que en el Japón hubiera, bajo presión de los Estados Unidos, «unos precios ultracompetitivos de las exportaciones, posibles gracias a la explotación de la mano de obra y el debilitamiento de los sindicatos». «La respuesta británica fue defender los derechos de los trabajadores japoneses y promocionar a China como salida lógica para las exportaciones japonesas». Pero estas ideas entraban en conflicto con la planificación global de los Estados Unidos, que pretendía evitar que el Japón se adaptara a la China comunista, y con el modelo de desarrollo preferido por los Estados Unidos y sus aliados empresariales japoneses. Mientras se reforzaban los grupos empresariales, el movimiento obrero fue debilitado y destruido, con la colaboración de los líderes laboristas norteamericanos, como en otras partes del mundo. La propia Gran Bretaña habría de enfrentarse a un ataque similar contra los sindicatos y el sistema de asistencia social, como lo hicieron los mismísimos Estados Unidos, comenzando por el ataque contra el movimiento obrero a principios del período posbélico, renovado por el consenso bipartidista del período posterior a la guerra del Vietnam en apoyo de los intereses empresariales.

Los Estados Unidos esencialmente reconstruyeron la esfera de coprosperidad del fascismo japonés, aunque ahora como componente del orden mundial por ellos dominado. Dentro del mismo, se concedió una relativa carta blanca al capitalismo estatal japonés. Los Estados Unidos se hicieron cargo de la principal carga militar de aplastar las amenazas autóctonas al sistema, renovando una tradicional visión del Japón como un socio menor en la explotación de Asia.

En la actualidad, el Japón tal vez tenga el movimiento obrero más débil del mundo industrial capitalista, con la posible excepción de los propios Estados Unidos. Es una sociedad disciplinada bajo el firme control de la administración capitalista del Estado. La guerra de Corea precipitó la recuperación económica japonesa. Los suministros militares de los Estados Unidos durante los años cincuenta «desempeñaron un papel decisivo en facilitar los dólares, la demanda, la tecnología y el mercado para la modernización de la base industrial del Japón», y el rápido incremento desde 1965 aceleró el proceso[16]. En los años setenta, estos hechos generaron problemas serios e imprevistos para el gobierno y las empresas estadounidenses —problemas que son susceptibles de intensificarse a medida que se hace necesario enfrentarse a las consecuencias de la mala gestión económica de la administración Reagan.

4. LOS «GRANDES TALLERES»: ALEMANIA

Alemania planteó muchos de estos mismos problemas, agudizados por el control de las cuatro potencias. Tras la consolidación de las tres zonas occidentales en 1947, los Estados Unidos empezaron a avanzar hacia la partición de Alemania. Estos pasos fueron emprendidos al mismo tiempo que la marcha atrás en el Japón y por razones similares. Una de las razones era el temor a la democracia, entendida en el sentido de la participación popular. Eugene Rostow sostenía en 1947 que «los rusos están mucho mejor equipados que nosotros para jugar limpio en Alemania», aludiendo al «juego político». Por consiguiente, debemos evitar que jueguen. Kennan había señalado un año antes que una Alemania unificada sería vulnerable a la penetración política soviética, de modo que debemos «esforzarnos por rescatar las zonas occidentales de Alemania protegiéndolas con un muro de la penetración soviética» —una bonita imagen— «e integrándolas en un modelo internacional de Europa occidental en lugar de en una Alemania unida», violando los acuerdos de tiempos de guerra. Al igual que George Marshall y Dean Acheson, y reconocidos analistas en general, Kennan no esperaba un ataque militar soviético, sino que, más bien, «describió el desequilibrio en el “poder político” ruso más que en el “poder militar” como el riesgo inmediato al que se enfrentaban los Estados Unidos» (Schaller[17]).

El principal problema, una vez más, era el movimiento obrero y otras organizaciones populares que amenazaban el dominio empresarial conservador. Investigando los informes que habían dejado de ser secretos, Carolyn Eisenberg llega a la conclusión de que el temor —en realidad, «horror»— era «un movimiento obrero unificado, centralizado y politizado comprometido con un programa de cambio social de largo alcance». Después de la guerra, los trabajadores alemanes comenzaron a formar comités de empresa y sindicatos, y a desarrollar la cogestión en la industria y un control democrático popular de los sindicatos. El Departamento de Estado y sus socios laboristas norteamericanos quedaron anonadados por estos avances hacia la democracia en los sindicatos y la sociedad en general, con todos los problemas que estos procesos podrían plantear para el plan destinado a restaurar el orden económico controlado por las empresas («democracia»). El problema fue incrementado por el hecho de que en la zona soviética se habían establecido comités de empresa semiautónomos que ejercían cierto grado de autoridad administrativa en las empresas anteriormente nazis. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico temía también una «infiltración económica e ideológica» del Este, que percibía como «algo muy similar a la agresión». Prefirió una Alemania dividida, que incorporara el rico complejo industrial del Ruhr y el Rin a la alianza occidental, a una Alemania unida en la cual «el fiel de la balanza parece decantarse hacia los rusos», quienes podrían dar «el tirón más fuerte». En unas reuniones interdepartamentales del gobierno británico celebradas en abril de 1946, el respetado funcionario sir Orme Sargent describe acciones dirigidas a establecer una Alemania Occidental separada dentro de un bloque occidental como es necesario, aunque se admitió que ello podía dar lugar a una guerra: «la única alternativa [a la partición] era el comunismo en el Rin», con la probable eventualidad de «un gobierno alemán que estaría bajo influencia comunista». En la principal monografía académica sobre el papel británico, Anne Deighton describe su intervención como de importancia «decisiva[18]».

Los Estados Unidos estaban resueltos a evitar la expropiación de los industriales nazis y se opusieron firmemente a que las organizaciones de trabajadores ejercieran una autoridad administrativa. Tales hechos plantearían una seria amenaza para la democracia en uno de los sentidos de la palabra, al tiempo que la violaban en el sentido aprobado de la misma. Por consiguiente, las autoridades norteamericanas recurrieron a comprensivos socialistas de derechas, como en el Japón, utilizando medios como el control de los paquetes de la CARE[*], de los alimentos y otros suministros para superar la oposición de los trabajadores de a pie. Finalmente, fue necesario «proteger con un muro» a la zona occidental mediante partición, vetar la formación de grandes sindicatos, poner fin por la fuerza a los experimentos sociales, vetando la legislación estatal [Laender, los esfuerzos de cogestión y así sucesivamente. Se reclutaron importantes criminales de guerra nazis para operaciones de inteligencia y actividades antirresistencia norteamericanas, siendo, quizás, Klaus Barbie el más conocido. Un gánster nazi todavía peor, Franz Six, fue instado a entrar a su servicio al serle conmutada la pena como criminal de guerra por el alto comisionado de los Estados Unidos, John J. McCloy. Se le puso a trabajar para Reinhard Gehlen, con la especial responsabilidad de desarrollar un «ejército secreto» bajo los auspicios de los Estados Unidos, juntamente con antiguos especialistas de las Waffen-SS y de la Wehrmacht, para ayudar a las fuerzas militares establecidas por Hitler en Europa oriental y la Unión Soviética en operaciones que se prolongaron hasta bien entrados los años cincuenta. El propio Gehlen había dirigido el servicio de inteligencia militar nazi en el frente oriental y se le puso en el cargo de jefe del servicio de espionaje y contraespionaje del nuevo Estado alemán occidental, bajo estrecha supervisión de la CIA[19].

Entretanto, al igual que en el Japón, el peso de la reconstrucción recayó sobre los hombros de los trabajadores alemanes, en parte mediante medidas fiscales que liquidaron los ahorros de los pobres y los fondos de los sindicatos. «Tan minucioso fue el ataque de los Estados Unidos contra el movimiento obrero alemán que incluso la AFL se quejó», comenta Eisenberg, aunque la AFL había contribuido a establecer la base de estas consecuencias mediante sus actividades antisindicales. Los activistas sindicales fueron purgados y las huelgas fueron bloqueadas por la fuerza. En 1949, el Departamento de Estado manifestó su satisfacción por el hecho de que «se había alcanzado la paz industrial», con una fuerza de trabajo hoy dócil y tratable y el fin de la perspectiva de un movimiento popular unificado que podía desafiar la autoridad de propietarios y directivos. Tom Bower describe los resultados en un estudio de la rehabilitación de los criminales de guerra nazis: «Cuatro años después de la guerra, los responsables de la gestión cotidiana de la Alemania posbélica eran notablemente similares a los de la administración existente durante los tiempos de Hitler», incluyendo a banqueros e industriales culpables de crímenes de guerra, que fueron puestos en libertad y restaurados en sus antiguos papeles, renovando su colaboración con las empresas norteamericanas[20].

En resumen, el trato dispensado a los dos «grandes talleres» fue básicamente similar.

En años posteriores, como hemos visto, los Estados Unidos eran claramente cautelosos por lo que respecta a aparentes iniciativas soviéticas en favor de una Alemania desmilitarizada y los pasos hacia el desmantelamiento del sistema de pactos. Las elites de Europa occidental no han estado menos preocupadas, puesto que el declive de la confrontación Este-Oeste podría «dejar que la política anduviera suelta entre esa gente», con todos los terribles efectos que ello conllevaba. Ésta ha sido una de las notas calladas bajo el debate de los años ochenta acerca del control armamentístico, las cuestiones de seguridad y las perspectivas políticas para una Europa unida.

5. LOS TALLERES MENORES

En Francia y en Italia, las autoridades de los Estados Unidos llevaron a cabo tareas similares En ambos países, la ayuda del Plan Marshall dependió en gran medida de la exclusión de los comunistas —incluyendo a importantes elementos de la resistencia antifascista y del movimiento obrero—. Se trataba, pues, de «democracia» en el sentido habitual. La ayuda norteamericana fue de crucial importancia en los primeros años para la gente que sufría en Europa y fue, por lo tanto, una poderosa palanca de control, una cuestión de gran importancia para los intereses empresariales de los Estados Unidos y la planificación a largo plazo. «Si Europa no recibiera ayuda financiera masiva y adoptara un programa de recuperación coherente, los funcionarios norteamericanos temían que triunfara la izquierda comunista, incluso a través de unas elecciones libres», observa Melvyn Leffer. En la víspera del anuncio del Plan Marshall, el embajador en Francia Jefferson Caffery advirtió al secretario de Estado Marshall de las tremendas consecuencias si los comunistas ganaban las elecciones en Francia: «la penetración soviética en Europa occidental, África, el Mediterráneo y Oriente Medio sería facilitada en gran medida» (12 de mayo de 1947). Las fichas de dominó estaban listas para caer. A lo largo del mes de mayo, los Estados Unidos presionaron a los líderes políticos de Francia e Italia para que formaran gobiernos de coalición que excluyeran a los comunistas. Se dejó claro y explícito que la ayuda dependería de evitar una competencia política abierta, en la cual la izquierda y el movimiento obrero pudieran dominar. Durante 1948, el secretario de Estado Marshall y otros destacaron públicamente que si los comunistas eran elegidos al poder, terminaría la ayuda estadounidense. No se trataba de una pequeña amenaza, dada la situación de Europa en aquella época.

En Francia, la indigencia de la posguerra, juntamente con la violencia directa, fue explotada para minar al movimiento obrero francés. Los suministros de alimentos, desesperadamente necesarios, se retuvieron para obligar a la obediencia y se organizaron grupos de gánsteres para crear escuadrones de pistoleros y de esquiroles, cuestión que se describe con cierto orgullo en informes semioficiales de los laboristas norteamericanos, que elogian a la AFL por sus triunfos en ayudar a salvar a Europa de la división y debilitar al movimiento obrero (frustrando, así, los supuestos designios soviéticos) y proteger el flujo de armas a Indochina para la guerra de reconquista francesa, otro primer objetivo de la burocracia laborista norteamericana[21]. La CIA reconstituyó a la Mafia con estos fines, en una de sus primeras operaciones. El quid pro quo era la restauración del comercio de heroína. La conexión del gobierno de los Estados Unidos con la prosperidad del negocio de la droga continúa hasta nuestros días[22].

Las políticas norteamericanas para Italia fueron básicamente retomadas allí donde habían sido interrumpidas por la segunda guerra mundial. Los Estados Unidos habían apoyado al fascismo de Mussolini desde la toma del poder en 1922 hasta los años treinta. La alianza de Mussolini con Hitler durante la guerra puso fin a estas amistosas relaciones, pero éstas se reanudaron cuando las fuerzas norteamericanas liberaron el sur de Italia en 1943, estableciendo el gobierno del mariscal de campo Badoglio y de la familia real, que había colaborado con el gobierno fascista. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el norte, dispersaron a la resistencia antifascista juntamente con los cuerpos locales de gobierno que habían formado en su intento de «crear los fundamentos de un nuevo Estado democrático y republicano en las diversas zonas que logró liberar de los alemanes» (Gianfranco Pasquino[23]). Se estableció un gobierno de centro-derecha con participación neofascista y la izquierda fue pronto excluida.

También aquí, el plan era que las clases trabajadoras y los pobres soportaran la carga de la reconstrucción, con unos salarios más bajos y abundantes despidos. La ayuda dependía de que se eliminase a los comunistas y socialistas de izquierdas porque defendían los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, constituían un obstáculo para el tipo de recuperación previsto, en opinión del Departamento de Estado. El Partido Comunista era colaboracionista. Su postura «implicaba fundamentalmente la subordinación de todas las reformas a la liberación de Italia y desalentaba efectivamente todo intento de introducir tanto cambios políticos irreversibles como cambios en la propiedad de las compañías industriales en las áreas del norte… rechazando y desalentando a aquellos grupos de trabajadores que querían expropiar algunas fábricas» (Pasquino). Pero el Partido intentó realmente defender puestos de trabajo, salarios y niveles de vida para los pobres y, por consiguiente, «constituía una barrera política y psicológica para un potencial programa de recuperación», comenta el historiador John Harper, analizando la insistencia de Kennan y otros en que los comunistas fueran excluidos del gobierno, aunque admitiendo que sería «deseable» incluir a representantes de lo que Harper denomina «la clase trabajadora democrática». La recuperación, se entendía, se llevaría a cabo a expensas de la clase trabajadora y de los pobres.

A causa de su preocupación por las necesidades de estos sectores sociales, el Partido Comunista fue catalogado de «extremista» y «antidemocrático» por la propaganda norteamericana, que también manipuló hábilmente la supuesta amenaza soviética. Bajo presión de los Estados Unidos, los democratacristianos abandonaron las promesas hechas durante la guerra sobre la democracia en el lugar de trabajo, y la policía, en ocasiones bajo el control de los ex fascistas, fue alentada a reprimir las actividades del movimiento obrero. El Vaticano anunció que a todo el que votara a los comunistas en las elecciones de 1948 se le negarían los sacramentos y apoyó a los democratacristianos conservadores bajo la consigna «O con Cristo o contro Cristo» («O con Cristo o contra Cristo»). Un año después, el papa Pío XII excomulgó a todos los comunistas italianos[24].

Una combinación de violencia, manipulación de ayuda y otras amenazas, y una enorme campaña de propaganda, bastaron para determinar el resultado de las cruciales elecciones de 1948, esencialmente compradas por la intervención y las presiones de los Estados Unidos.

Las políticas norteamericanas de preparación de las elecciones fueron elaboradas de tal modo que «incluso el más tonto de los italianos percibiría la intención», como manifestó el funcionario italiano del Departamento de Estado con la característica elegancia de la clase dominante. Al igual que treinta años antes, «los italianos son como niños [que] deben ser guiados y ayudados» (véase más arriba, párrafo que comienza: «Con la creciente militancia obrera…»). Las políticas incluían la violencia policial y amenazas de retener los alimentos, de prohibir la entrada en los Estados Unidos de todo aquel que votara de forma equivocada, de deportar a los italoamericanos que apoyaran a los comunistas, de negar a Italia la ayuda del Plan Marshall, etcétera. El historiador del Departamento de Estado, James Miller, observa que el posterior desarrollo económico se llevó a cabo «a expensas de la clase trabajadora», mientras la izquierda y el movimiento obrero eran «fragmentados con el apoyo de los Estados Unidos», y que los Estados Unidos redujeron una «alternativa democrática» al gobierno de centro-derecha preferido, el cual demostró ser corrupto e inepto. La premisa política básica era que «como entidad estratégica clave, el destino de Italia seguía siendo demasiado importante para que los italianos decidieran solos» (Harper) —en particular, los italianos equivocados, con su concepto erróneo de la democracia.

Mientras tanto, los Estados Unidos planeaban una intervención militar en el caso de una victoria política comunista legal en 1948, y ello quedaba meridianamente claro en la propaganda pública. Kennan sugirió secretamente que el Partido Comunista fuera declarado ilegal para impedir su victoria electoral, reconociendo que ello conduciría probablemente a una guerra civil, a la intervención militar norteamericana y a la «división militar de Italia». Pero su sugerencia fue rechazada bajo el supuesto de que bastarían otros medios de coacción. El Consejo Nacional de Seguridad, sin embargo, solicitó secretamente apoyo militar para las operaciones clandestinas en Italia, así como una movilización nacional en los Estados Unidos «en caso de que los comunistas obtengan el dominio del gobierno italiano por medios legales[25]». La subversión de la democracia efectiva en Italia fue tomada muy en serio.

No es fácil abordar la intención de Washington de recurrir a la violencia si las elecciones libres dieran resultados no deseados, de modo que la misma ha sido suprimida en general, incluso en la literatura académica. Una de las dos principales monografías académicas sobre este período discute los memorándums del NSC, pero no hace mención alguna del verdadero contenido de la sección fundamental. La segunda la trata de pasada en una frase[26]. En la literatura general, toda esta cuestión se desconoce.

Las operaciones de la CIA para controlar las elecciones italianas, autorizadas por el Consejo Nacional de Seguridad en diciembre de 1947, fueron la primera gran operación clandestina del recientemente creado servicio. Como hemos observado con anterioridad, las operaciones de la CIA para subvertir la democracia italiana se prolongaron en una escala sustancial hasta bien entrados los años setenta.

También en Italia, los líderes laboristas norteamericanos, especialmente la AFL, desempeñaron un papel activo en la división y debilitamiento del movimiento obrero y en la inducción de los trabajadores a aceptar medidas de austeridad mientras que los patronos cosechaban ricos beneficios. En Francia, la AFL había puesto fin a las huelgas portuarias importando mano de obra esquirol italiana pagada por empresas norteamericanas. El Departamento de Estado pidió a los líderes de la Federación que ejercieran su talento para dividir a los sindicatos también en Italia, y aquéllos estuvieron contentos de hacerle este favor. El sector empresarial, anteriormente desacreditado por su asociación con el fascismo italiano, emprendió una vigorosa lucha de clases con renovada confianza. El resultado final fue la subordinación de la clase trabajadora y de los pobres a los dirigentes tradicionales. En el principal estudio académico de las actividades laboristas norteamericanas en Italia, Ronald Filippelli señala que la ayuda norteamericana «había sido utilizada en su mayor parte para reconstruir Italia según la vieja base de una sociedad conservadora», en una «desenfrenada restauración capitalista» a espaldas de los pobres, «con bajo consumo y bajos salarios», «enormes beneficios» y ninguna interferencia en las prerrogativas de la administración. Entretanto, el presidente de la AFL, George Meany, rechazaba enojado una crítica de sus programas de represión del movimiento obrero alegando que la libertad en Italia no era preocupación exclusiva de su propia gente. Por consiguiente, la AFL perseguiría su más alto objetivo de «reforzar las fuerzas de libertad y progreso social en todo el mundo» —asegurando que los intereses de las empresas norteamericanas seguían teniendo cada vez mayor influencia; he aquí un ejemplo de «auténtica» colaboración de clases—. El resultado fue «una restauración en el poder de la misma clase gobernante responsable del fascismo y que se había beneficiado de éste», eliminando a la clase trabajadora de la política, subordinándola a las necesidades de los inversores y obligándola a soportar el fardo del «Miracolo italiano», concluye Filippelli.

Las políticas de finales de los años cuarenta «perjudicaron sobre todo a las regiones más pobres y a los estratos sociales políticamente impotentes», señala Harper, pero lograron quebrantar unos «rígidos mercados del trabajo» y facilitar el crecimiento de los años cincuenta, encabezado por la exportación, que confiaba en «la debilidad crónica y la notable movilidad de la clase trabajadora italiana». Estas «felices circunstancias», prosigue, conllevaron un mayor desarrollo económico de cierto tipo, mientras la CIA organizaba nuevas financiaciones secretas y campañas de propaganda multimillonarias en dólares con el fin de asegurar que estos «oportunos arreglos» persistirían[27].

Comentaristas posteriores tienden a ver la subversión de la democracia en Francia y en Italia por parte de los Estados Unidos como una defensa de la democracia. En un estudio altamente considerado sobre la CIA y la democracia norteamericana, Rhodri Jeffreys-Jones describe «la aventura italiana de la CIA», junto con sus esfuerzos similares en Francia, como «una operación de apoyo a la democracia», aunque admite que «la selección de Italia como objetivo de especial atención… no fue, en modo alguno, sólo una cuestión de principios democráticos»; nuestra pasión por la democracia fue reforzada por la importancia estratégica del país. Pero se trataba de un compromiso con los «principios democráticos» que inspiraban al gobierno norteamericano para imponer los regímenes sociales y políticos de su elección, utilizando el enorme poder a su mando y explotando las privaciones y las penas de las víctimas de la guerra, a quienes debía enseñarse a no alzar la cabeza para tener una verdadera democracia[28].

Una postura más matizada es la adoptada por James Miller en su monografía sobre las políticas de los Estados Unidos para Italia. Resumiendo la información, concluye:

En retrospectiva, la implicación norteamericana en la estabilización de Italia fue un triunfo significativo, aunque molesto. El poder norteamericano garantizó a los italianos el derecho a elegir su futura forma de gobierno y fue también empleado para asegurar que elegían la democracia. En defensa de esta democracia contra amenazas externas e internas reales pero probablemente sobrevaloradas, los Estados Unidos utilizaron tácticas antidemocráticas que tendían a minar la legitimidad del Estado italiano[29].

Las «amenazas externas», como Miller había comentado ya, eran apenas reales. La Unión Soviética observaba a distancia mientras los Estados Unidos subvertían las elecciones de 1948 y restauraban el orden conservador tradicional, según su acuerdo con Churchill, concretado durante la guerra, de que dejarían a Italia en la zona occidental. La «amenaza externa» era la amenaza de la democracia.

La idea de que la intervención norteamericana proporcionó a los italianos libertad de elección, asegurando, al mismo tiempo, que elegían la «democracia» (en nuestro especial sentido de la palabra) tiene reminiscencias de la actitud de los pacifistas extremos hacia América Latina: que su gente debería elegir libre e independientemente, «excepto cuando ello afectara de forma adversa a los intereses de los Estados Unidos», y que los Estados Unidos no estaban interesados en controlarla, a menos que los procesos «se desmandaran» (véase el capítulo 8, p. 261, de la edición inglesa original, Deterring Democracy).

El ideal democrático, en nuestro país y en el extranjero, es simple y honesto: Sois libres de hacer lo que queráis, siempre y cuando eso sea lo que queremos que hagáis.

6. ALGUNOS EFECTOS DE MAYOR ALCANCE

Aparte del rearme de Alemania dentro de una alianza militar occidental —que ningún gobierno ruso podría aceptar fácilmente por razones obvias—, Stalin observó todo esto con relativa calma, considerándolo, al parecer, como una contrapartida de su propia severa represión de la Europa del Este. Sin embargo, estos procesos paralelos conducirían seguramente a un conflicto.

En su análisis de la marcha atrás en el Japón, John Roberts sostiene que «la rehabilitación norteamericana de las economías monopolistas de Alemania Occidental y el Japón (en gran parte bajo el mismo liderazgo de antes de la guerra) fue una causa, no una consecuencia, de la guerra fría. Su rehabilitación fue, sin duda, una parte vital de la estrategia del capitalismo norteamericano en su venganza total contra el comunismo» —lo cual significa, en primer lugar, un importante ataque contra la participación de las «clases populares» en el proceso de toma de decisiones—. Centrándose en Europa, Melvyn Leffer observa que la actitud ante la recuperación europea impulsó a los funcionarios norteamericanos a actuar

con el fin de proteger mercados, materias primas y los beneficios de la inversión en el Tercer Mundo. El nacionalismo revolucionario debía ser frustrado fuera de Europa, del mismo modo que la lucha contra el comunismo autóctono debía librarse dentro de Europa. En esta tentativa interconectada de controlar las fuerzas de la izquierda y el poder potencial del Kremlin reside gran parte de la historia, estrategia y geopolítica internacional del período de la guerra fría[30].

Éstas son notas decisivas en toda la era moderna, y siguen siéndolo.

A lo largo del proceso de reconstrucción de las sociedades industriales, la primera preocupación fue la de establecer un orden capitalista estatal bajo las elites conservadoras tradicionales, dentro del marco global del poder de los Estados Unidos, que garantizaría la capacidad de explotar las diversas regiones que habían de cumplir la función de mercado y fuente de materias primas. Si estos objetivos se alcanzaran, el sistema sería estable y resistente al temido cambio social, que sería, naturalmente, destructivo una vez el sistema estuviera funcionando de forma relativamente ordenada. En los ricos centros industriales, amplios segmentos de la población se adaptarían y serían empujados a abandonar toda visión más radical bajo un análisis racional de costes y beneficios.

Una vez su estructura institucional esté en pie, la democracia capitalista funcionará sólo si todos subordinan sus intereses a las necesidades de aquellos que controlan las decisiones relativas a la inversión, desde el club de campo a la cocina. Es únicamente cuestión de tiempo que la cultura de la clase trabajadora independiente se deteriore, juntamente con las instituciones y organizaciones que la sostienen, dada la distribución de los recursos y del poder. Y una vez debilitadas o eliminadas las organizaciones populares, los individuos aislados no pueden participar en el sistema político de forma significativa. Con el tiempo, éste se convertirá, en gran parte, en un elemento simbólico o, como máximo, en un dispositivo mediante el cual el público pueda seleccionar entre los grupos de elite que compiten y ratificar sus decisiones, desempeñando el papel que les ha sido asignado por teóricos demócratas progresistas al estilo de Walter Lippmann[31]. Éste era un supuesto plausible en el primer período de la posguerra y, hasta ahora, ha demostrado ser en gran medida exacto, a pesar de las muchas desavenencias, tensiones y conflictos.

Las elites europeas tienen interés en la preservación de su sistema y no temen menos a sus poblaciones internas de lo que las temieron las autoridades de los Estados Unidos. De ahí su compromiso con la confrontación de la guerra fría, que resultó ser una técnica efectiva de gestión social interna, y su disposición, con ocasionales murmullos de descontento, a apoyar las cruzadas globales de los Estados Unidos. El sistema es opresor y a menudo brutal, pero ello no constituye ningún problema siempre y cuando las víctimas sean los demás. También suscita constantes amenazas de catástrofe a gran escala, pero éstas tampoco cuentan en las decisiones de planificación determinadas por la meta de la maximización de la ventaja a corto plazo, que sigue siendo el principio operativo.

8. FUERZA Y OPINIÓN

En su estudio de la tradición intelectual escocesa, George Davie establece su tema central como el reconocimiento del papel fundamental de las «creencias naturales o principios del sentido común, tales como la creencia en un mundo externo independiente, la creencia en la causalidad, la creencia en unos criterios ideales, y la creencia en el yo consciente como distinto del resto de uno mismo». En ocasiones se considera que estos principios tienen un carácter regulador. Aunque nunca están completamente justificados, proporcionan los fundamentos del pensamiento y del marco conceptual Algunos afirmaban que contienen un «elemento irreductible de misterio», señala Davie, mientras que otros esperaban proporcionarles un fundamento racional. Por lo que respecta a esta cuestión, el jurado todavía no ha pronunciado su veredicto[1].

Estas ideas se remontan a los pensadores del siglo XVII que reaccionaron ante la crisis escéptica de los tiempos reconociendo que no hay en absoluto unas bases ciertas para el conocimiento, pero que, no obstante, sí tenemos maneras de logar una comprensión fiable del mundo y de mejorar dicha comprensión y aplicarla —esencialmente la postura de los científicos actuales—. Del mismo modo, en la vida normal, una persona razonable confía en las creencias naturales del sentido común, reconociendo, al mismo tiempo, que pueden ser limitadas o erróneas, y esperando mejorarlas o alterarlas a medida que progresa la comprensión.

Davie atribuye a David Hume el haber proporcionado esta idea particular a la filosofía escocesa y, en términos más generales, el haber enseñado a la filosofía las preguntas correctas a plantear. Uno de los problemas planteados por Hume es particularmente pertinente para los intereses de estos ensayos. Considerando los Primeros Principios del gobierno, Hume descubrió que «no había nada más sorprendente» que

ver la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos; y observar la sumisión implícita con que los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. Cuando investigamos por qué medios se produce esta maravilla, descubrimos que, dado que la fuerza está siempre del lado de los gobernados, los gobernantes no tienen nada que los respalde salvo la opinión. Así pues, el gobierno se basa tan sólo en la opinión; y esta máxima se extiende tanto a los gobiernos más despóticos y más militares como a los más libres y más populares.

Hume era un sagaz observador, y su paradoja del gobierno viene muy al caso. Su punto de vista explica por qué las elites están tan dedicadas al control del adoctrinamiento y del pensamiento, un tema importante y descuidado de la historia moderna. «Hay que poner al público en su lugar», escribió Walter Lippmann, de modo que podamos «vivir libres de los pisotones y del rugido de una multitud desconcertada», cuya «función» es la de ser «espectadores interesados de la acción», no participantes. Y si el Estado carece de la fuerza para coaccionar y puede escucharse la voz del pueblo, es necesario asegurarse de que la voz dice lo correcto, como respetados intelectuales han estado aconsejando durante muchos años[2].

La observación de Hume suscita numerosas preguntas. Un rasgo dudoso es la idea de que la fuerza está del lado de los gobernados. La realidad es más terrible. Una buena parte de la historia humana apoya la tesis contraria, expuesta un siglo antes por los defensores del régimen parlamentario contra el rey, pero de modo más significativo, contra el pueblo: que «el poder de la espada es, y siempre ha sido, el fundamento de todos los derechos al gobierno[3]». La fuerza tiene también versiones más sutiles, incluyendo una serie de costes distintos de la abierta violencia que acompañan a la negativa a someterse. Sin embargo, la paradoja de Hume es real. Incluso el gobierno despótico se basa habitualmente en cierto grado de consenso, y la abdicación de derechos es el sello de las sociedades más libres —hecho que merece ser analizado.

1. EL LADO MÁS DURO

El lado más duro de la verdad es subrayado por el destino de los movimientos populares durante la pasada década. En los países satélites soviéticos, los gobernantes habían regido mediante la fuerza, no mediante la opinión. Cuando la fuerza se hubo retirado, las frágiles tiranías se hundieron rápidamente, en su mayor parte con escaso derramamiento de sangre. Estos notables triunfos han generado cierta euforia sobre el poder «del amor, la tolerancia, la no violencia, el espíritu humano y el perdón». Tal fue la explicación de Václav Havel del fracaso de la policía y del ejército en aplastar el alzamiento checoslovaco[4]. La idea es reconfortante, pero ilusoria, como revela incluso la mirada más superficial a la historia. El factor esencial no fue cierta nueva forma de amor y no violencia. Aquí no se ha hecho nada nuevo. Dicho factor fue, por el contrario, la retirada de la fuerza soviética y el colapso de las estructuras de coacción basadas en la misma. Aquellos que crean lo contrario, pueden recurrir en busca de ayuda al fantasma del arzobispo Romero y al de otras innumerables personas que intentaron enfrentar el espíritu humano al terror inflexible.

Los recientes acontecimientos de la Europa del Este y Europa central constituyen una acusada desviación respecto de la norma histórica. A lo largo de toda la historia moderna, fuerzas populares motivadas por ideales democráticos radicales han intentado combatir al gobierno autocrático. En ocasiones, han podido ampliar los dominios de la libertad y la justicia antes de ser vencidos. Con frecuencia, son simplemente aplastados. Pero es difícil imaginar otro caso cuando el poder establecido sencillamente se retiró ante un desafío popular. No es menos notable el comportamiento de la superpotencia reinante, la cual no sólo no impidió esos hechos por la fuerza como hizo en el pasado, sino que incluso los alentó, juntamente con unos cambios internos significativos.

La norma histórica queda ilustrada con el caso radicalmente distinto de Centroamérica, donde todo esfuerzo popular para derrocar a las brutales tiranías de la oligarquía y de los militares se enfrenta a una fuerza brutal, apoyada o directamente organizada por el soberano del hemisferio. Hace diez años, hubo indicios de esperanza en relación con el fin de los tiempos oscuros del terror y de la miseria, con el incremento de los grupos de ayuda mutua, sindicatos, asociaciones campesinas, comunidades cristianas de base y otras organizaciones populares que podrían haber abierto el camino a la democracia y a la reforma social. Esta perspectiva dio lugar a una severa respuesta por parte de los Estados Unidos y de sus clientes, generalmente respaldados por sus aliados europeos, con una campaña de asesinato, tortura y barbarie general que dejó a estas sociedades «afectadas por el terror y el pánico», «la intimidación colectiva y el temor generalizado» y «una aceptación internalizada del terror», según palabras de una organización salvadoreña de base eclesiástica en favor de los derechos humanos (véase más adelante, párrafo que comienza: «A lo largo de esa década, y mucho después…»). Los primeros esfuerzos desarrollados en Nicaragua para dirigir los recursos hacia la mayoría pobre impulsaron a Washington a una guerra económica e ideológica y a un absoluto terror para castigar estas transgresiones, destruyendo la vida económica y social.

La opinión culta occidental considera tales consecuencias como un éxito siempre y cuando el desafío para el poder y el privilegio haya sido rechazado y los objetivos hayan sido correctamente elegidos: asesinar a destacados sacerdotes a la vista de todos no es prudente, pero los activistas rurales y los líderes sindicales son buenas presas —y, por supuesto, los campesinos, indios, estudiantes y otras especies menores en general—. Poco después del asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador en noviembre de 1989, el servicio telegráfico transmitió una noticia escrita por el corresponsal de AP Douglas Grant Mine titulada «Second Salvador Massacre, but of Common Folk» (La segunda masacre en El Salvador, pero de gente corriente), que informaba de cómo entraron los soldados en un barrio de la clase trabajadora, capturaron a seis hombres, los pusieron en fila contra un muro y los asesinaron, sumándoles, por añadidura, un niño de catorce años. No eran «sacerdotes o defensores de los derechos humanos —escribió Mine—, de modo que sus muertes han pasado en gran parte desapercibidas» —como ocurrió con la noticia, que fue ignorada—. Esto era, al fin y al cabo, sólo otro episodio más de la salvaje explosión de tortura, destrucción y asesinato que el secretario de Estado, James Baker, elogió como «absolutamente apropiada» en una conferencia de prensa celebrada al día siguiente —no generando ningún comentario—; otra demostración de nuestros valores.

El informe de Mine se equivoca al suponer que el asesinato de sacerdotes y defensores de los derechos humanos es objeto de atención. Ello dista mucho de ser verdad, como ha sido abundantemente documentado, aunque un ataque demasiado descarado es desaprobado como imprudente[5].

«La misma semana en que los jesuitas fueron asesinados —escribe el corresponsal Alan Nairn— al menos otros veintiocho civiles fueron asesinados de manera similar. Entre ellos se hallaba el presidente del sindicato de obras hidráulicas, la líder de la organización de mujeres universitarias, nueve miembros de una cooperativa agrícola india, diez estudiantes universitarios… Por otro lado, una investigación de los asesinatos cometidos en El Salvador conduce directamente a las puertas de Washington[6]». Todo «absolutamente apropiado», de ahí que no sea digno de preocupación o interés. Así, la historia continúa, una horripilante semana tras otra.

La comparación entre los países satélites soviéticos y los norteamericanos es tan sorprendente y obvia que se requiere verdadera dedicación para no percibirla, y fuera de los círculos intelectuales occidentales constituye un tópico. Un escritor del diario mexicano Excelsior al describir cómo se deterioraron las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina durante los años ochenta, comenta el «asombroso contraste» existente entre el comportamiento soviético hacia sus países satélites y «la política norteamericana en el hemisferio occidental, donde la intransigencia, el intervencionismo y la aplicación de instrumentos típicos del Estado policial han marcado tradicionalmente las acciones de Washington»: «En Europa, la Unión Soviética y Gorbachov se asocian a la lucha por la libertad de desplazamiento, por los derechos políticos y por el respeto de la opinión pública. En todo el continente americano, los Estados Unidos y el presidente Bush se asocian a bombardeos indiscriminados de civiles, a la organización, entrenamiento y financiación de escuadrones de la muerte, y a programas de asesinato masivo» —que no es exactamente la historia conocida en Nueva York y Washington, donde los Estados Unidos son proclamados como una «inspiración para el triunfo de la democracia en nuestros días» (The New Republic) —.[7] En El Salvador, la revista Proceso de la Universidad Jesuita, observaba:

El presunto «proceso democrático» salvadoreño podría aprender mucho de la capacidad de autocrítica que están demostrando las naciones socialistas. Si Lech Walesa hubiera estado realizando su labor de organización en El Salvador, constaría ya entre las filas de los desaparecidos —a manos de «hombres fuertemente armados vestidos con ropas civiles»—; o habría sido hecho pedazos en un ataque con dinamita contra la sede de su sindicato. Si Alexander Dubcek fuera un político en nuestro país, habría sido asesinado como Héctor Oquelí [el líder socialdemócrata asesinado en Guatemala por escuadrones de la muerte salvadoreños, según el gobierno guatemalteco]. Si Andrei Sajarov hubiera trabajado aquí en favor de los derechos humanos, hubiera hallado el mismo destino que Herbert Anaya [uno de los muchos líderes asesinados de la independiente Comisión para los Derechos Humanos de El Salvador, CDHES]. Si Ota-Sik o Václav Havel hubieran estado desarrollando su labor intelectual en El Salvador, hubieran amanecido una siniestra mañana tendidos en el patio del campus de una universidad, con la cabeza destrozada por las balas de un batallón de elite del ejército[8].

Esta comparación se amplió en un seminario sobre oportunidad y misión cristiana organizado por el Consejo Latinoamericano de Iglesias de San José, Costa Rica, del que se informó en el principal diario de México. Los participantes contrastaron los avances positivos en la Unión Soviética y sus dominios con las circunstancias de Centroamérica, «marcadas por la intervención de los Estados Unidos y el giro hacia la derecha del control del poder gubernamental». La carta pastoral «Esperanza contra esperanza» anunciada al final de la reunión decía que, en este contexto, «los poderes militares, institucionales, financieros, políticos y culturales, los de los medios de comunicación, así como el poder de ciertas iglesias “indiferentes a los problemas sociales” se desplegarán con mayor fuerza en Centroamérica, “con graves consecuencias para la mayoría pobre”». Presumiblemente, se hace referencia a las iglesias fundamentalistas respaldadas por los Estados Unidos en un esfuerzo para desviar a la población pobre de toda lucha por mejorar las condiciones de su vida sin sentido en la tierra. La década de los ochenta «fue notable en la región por el aumento de la diferencia entre ricos y pobres, por un giro político hacia la derecha y una ofensiva conservadora en el frente económico». La meta del plan de paz para Centroamérica era «encarrilar la revolución nicaragüense en el camino de la democracia neoliberal y defender a gobiernos como el salvadoreño». Logrando estos resultados, los regímenes apoyados por los Estados Unidos y su promotor «echarán tierra sobre las exigencias» relativas a los derechos humanos y la justicia social[9].

La misma comparación fue articulada por el periodista guatemalteco Julio Godoy tras una breve visita a Guatemala. Había huido un año antes cuando su periódico, La Época fue volado por terroristas del Estado —una operación que no suscitó ningún interés en los Estados Unidos. No se informó acerca de ella, aunque era bien conocida—. En aquellos tiempos, los medios de comunicación estaban muy preocupados por el hecho de que el periódico La Prensa fundado por los Estados Unidos, que estaba abiertamente del lado de las fuerzas que atacaban Nicaragua, bajo dirección estadounidense, hubiera reducido el tiraje a causa de la escasez de papel, una atrocidad que dio lugar a apasionadas diatribas sobre el totalitarismo sandinista. En vista de este crimen, difícilmente podía esperarse que los comentaristas occidentales señalaran que las fuerzas de seguridad respaldadas por los Estados Unidos habían silenciado a la única pequeña voz independiente de Guatemala de la forma habitual. Ello constituye simplemente otra ilustración del total desprecio por la libertad de prensa en círculos occidentales, revelado también por el silencio que acompaña a la violenta destrucción de la prensa salvadoreña independiente mediante terror de Estado, el cierre rutinario de periódicos bajo pretextos absurdos y el arresto y tortura de periodistas en los territorios ocupados por Israel y, en ocasiones, en el propio Israel, el asalto a la sede de la principal red de radiodifusión de Corea del Sur por la policía antidisturbios con el fin de arrestar al líder del sindicato, acusándole de haber organizado protestas obreras, y otras contribuciones por el estilo al orden y a las buenas maneras[10].

Los europeos del Este son «en cierto sentido, más afortunados que los centroamericanos», escribió Godoy: «mientras que el gobierno impuesto por Moscú en Praga degradaría y humillaría a los reformistas, el gobierno creado por Washington en Guatemala los mataría. Y todavía sigue haciéndolo, en un virtual genocidio que se ha cobrado más de 100 000 víctimas… [en lo que Amnistía Internacional denomina] un “programa gubernamental de asesinato político”». Ésta, sugirió, es «la principal explicación del carácter audaz del reciente alzamiento de estudiantes en Praga: el ejército checoslovaco no dispara a matar… En Guatemala, por no mencionar a El Salvador, el terror indiscriminado se emplea para impedir que los sindicatos y las organizaciones campesinas busquen su propio camino» —y garantizar que la prensa se somete o desaparece, de modo que los liberales occidentales no tienen por qué irritarse por la censura en las «jóvenes democracias» a las que aplauden—. Existe una «importante diferencia en la naturaleza de los ejércitos y de sus tutores extranjeros». En los países satélites soviéticos, los ejércitos son «apolíticos y obedecen a su gobierno nacional», mientras que en los satélites de los Estados Unidos, «el ejército es el poder» y hace aquello para lo que su tutor extranjero le ha estado adiestrando durante décadas. «Uno tiene la tentación de creer que alguna gente en la Casa Blanca rinde culto a los dioses aztecas —con ofrendas de sangre centroamericana». En El Salvador, Guatemala y Nicaragua respaldaron a fuerzas que «pueden fácilmente competir por el premio mundial a la crueldad con la Seguritate de Nicolae Ceausescu».

Godoy cita a un diplomático europeo que dice, «mientras los norteamericanos no cambien su actitud hacia la región, no habrá aquí lugar para la verdad o la esperanza». Seguramente no habrá lugar para la no violencia y el amor.

Tendríamos que buscar mucho para hallar tales tópicos en el discurso de los Estados Unidos o en el de Occidente en general, que prefiere las comparaciones en gran parte sin sentido (aunque autoaduladoras) entre la Europa del Este y Europa Occidental. La terrible catástrofe del capitalismo en los últimos años tampoco es un tema principal en el discurso contemporáneo —una catástrofe que es dramática en América Latina y otros dominios del Occidente industrial, en el «Tercer Mundo interno» de los Estados Unidos y en los «barrios pobres exportados» de Europa—. Tampoco es probable que hallemos que se ha prestado demasiada atención al hecho, difícil de ignorar, de que los asuntos de éxito económico implican típicamente la coordinación del Estado y de los grupos industriales y financieros, otro indicio del colapso del capitalismo en los últimos sesenta años. Sólo en el Tercer Mundo está sujeto a las fuerzas destructivas del capitalismo de libre mercado, de modo que pueda ser robado y explotado de forma más eficiente por los poderosos.

Centroamérica representa la norma histórica, no Europa oriental. La observación de Hume requiere esta corrección. Reconociendo esto, sigue siendo cierto, e importante, que el gobierno se basa típicamente en sistemas de sumisión distintos de la fuerza, incluso allí donde la fuerza está disponible como único recurso.

2. EL ATURDIDO REBAÑO Y SUS PASTORES

En el período contemporáneo, el punto de vista de Hume ha sido revisado y elaborado con una crucial innovación: el control del pensamiento es más importante para los gobiernos libres y populares que para los Estados despóticos y militares. La razón lógica es sencilla. Un Estado despótico puede controlar a su enemigo interno mediante la fuerza, pero cuando el Estado pierde su arma, se requieren otros dispositivos para impedir que las masas ignorantes interfieran en las cuestiones públicas, que no son asunto suyo. Estas destacadas características de la cultura política e intelectual moderna merecen que les echemos un vistazo más de cerca.

El problema de «poner al público en su lugar» pasó a un primer plano con lo que un historiador denomina «el primer gran estallido de pensamiento democrático en la historia», la revolución inglesa del siglo XVII[11]. Este despertar de la plebe en general suscitó el problema de cómo contener la amenaza.

Las ideas libertarias de los demócratas radicales fueron consideradas ofensivas por la gente respetable. Estas ideas favorecían una educación universal, asistencia sanitaria garantizada y democratización de la ley, que alguien describió como una zorra, siendo los pobres los gansos: «les arranca las plumas y los devora». Desarrollaron una especie de «teología de la liberación» que, como un crítico señaló amenazadoramente, predicaba «al pueblo una doctrina sediciosa» y pretendía «sublevar a la plebe… contra todos los hombres de gran valía del reino, con el fin de arrastrarlos a asociaciones y combinaciones entre los unos y los otros… contra todos los lores, la burguesía, los ministros, los abogados y los hombres ricos y pacíficos» (el historiador Clement Walker). Particularmente temibles eran los trabajadores y predicadores itinerantes que hacían llamamientos en favor de la liberad y la democracia, los agitadores que exaltaban a la plebe y los impresores que publicaban panfletos que cuestionaban la autoridad y sus misterios. «No puede haber ninguna forma de gobierno sin sus propios misterios», advirtió Walker —misterios que deben ser «ocultados» a la gente corriente: «la ignorancia y la admiración que nace de la ignorancia son los padres de la devoción y de la obediencia civiles», idea corroborada por el Gran Inquisidor de Dostoievsky—. Los demócratas radicales habían «proyectado todos los misterios y secretos del gobierno… ante el vulgo (como perlas ante cerdos)», prosiguió, y habían «vuelto, de este modo, a la gente tan curiosa y arrogante que nunca hallaría la humildad suficiente para someterse a un gobierno civil». Es peligroso, observó amenazadoramente otro comentarista, «que la gente conozca su propia fuerza». La plebe no quería ser gobernada por el rey o el Parlamento, sino «por campesinos como nosotros, que conocen nuestros deseos». Sus panfletos explicaban, además, que «Nunca habrá un mundo justo mientras nos hagan las leyes caballeros y señores, que son elegidos por temor y no hacen más que oprimirnos, y no conocen los males del pueblo».

Naturalmente, estas ideas anonadaron a los hombres de gran valía. Los mismos estaban dispuestos a conceder al pueblo derechos, pero dentro de lo razonable, y bajo el principio de que «cuando mencionamos al pueblo, no nos referimos al cuerpo confuso y promiscuo del pueblo». Después de que los demócratas hubieran sido vencidos, John Locke comentó que «a los jornaleros y comerciantes, a las solteronas y a las mozas de establo» hay que decirles qué tienen que creer. «La mayor parte de ellos no puede saber y, por consiguiente, debe creer[12]».

Al igual que John Milton y otros libertarios civiles de la época, Locke tenía un concepto fuertemente limitado de la libertad de expresión. Su Constitución Fundamental de Carolina excluía a aquellos que «en su asamblea religiosa hablen irreverente o sediciosamente del gobierno o de los gobernantes o de las cuestiones de Estado». La Constitución garantizaba la libertad para las «opiniones especulativas en religión», pero no para las opiniones políticas. «Locke no habría siquiera permitido que el pueblo discutiera los asuntos públicos», observa Leonard Levy. La Constitución disponía además que «todo tipo de comentarios y exposiciones sobre cualquier parte de estas constituciones o sobre cualquier parte de las leyes consuetudinarias o escritas de las Carolinas está absolutamente prohibido». Al hacer un borrador de las razones para que el Parlamento pusiera fin a la censura en 1694, Locke no presentó defensa alguna de la libertad de expresión o de pensamiento, sino únicamente consideraciones de conveniencia y perjuicio de los intereses comerciales[13]. Una vez superada la amenaza de la democracia y dispersada la chusma libertaria, se permitió que la censura desapareciera en Inglaterra porque los «formadores de opinión… se censuraban a sí mismos. No se imprimía nada que asustara a los propietarios», comenta Christopher Hill. En una democracia capitalista estatal que funcione bien, como los Estados Unidos, todo aquello que pueda asustar a los hombres con medios económicos se oculta, por lo general, al público —en ocasiones, con un éxito bastante asombroso.

Tales ideas tienen amplia resonancia aún hoy en día, incluyendo la severa doctrina de Locke de que a la gente corriente debería negársele incluso el derecho a discutir los asuntos públicos. Esta doctrina sigue siendo un principio básico de los Estados democráticos modernos, hoy puesto en práctica a través de varios medios para proteger las operaciones del Estado del análisis público: catalogar como secretos determinados documentos bajo el pretexto, en gran parte fraudulento, de la seguridad nacional, operaciones clandestinas y otras medidas para impedir el acceso de la plebe al escenario político. Tales dispositivos ganan típicamente nuevas fuerzas bajo el régimen de reaccionarios partidarios del Estado de la índole de Reagan y Thatcher. Las mismas ideas sirven de marco a la tarea profesional esencial y a la responsabilidad de la comunidad intelectual: dar forma a los datos históricos percibidos y a la visión del mundo contemporáneo en interés de los poderosos, asegurando, así, que el público, adecuadamente desconcertado, se mantiene en su lugar y cumple con su función.

En los años cincuenta, los defensores del Parlamento y del ejército contra el pueblo demostraron con facilidad que no se podía confiar en la chusma. Ello quedó patente con sus persistentes sentimientos monárquicos y su renuencia a colocar sus asuntos en las manos de la pequeña aristocracia y del ejército, que eran «verdaderamente el pueblo» —aunque el pueblo, en su necedad no estuvo de acuerdo—. El grueso del pueblo es una «multitud atolondrada», «bestias en forma de hombres». Es justo reprimirles, del mismo modo que es justo «salvar la vida de una persona lunática o perturbada incluso contra su voluntad». Si el pueblo es tan «depravado y corrupto» como para «conferir posiciones de poder y confianza a gentes malvadas y que no lo merecen, ceden con ello su poder en favor de aquellos que son buenos, aunque escasos[14]».

Los buenos y escasos pueden ser la pequeña aristocracia o los industriales o el partido de vanguardia y el Comité Central o los intelectuales que se califican de «expertos» porque articulan el consenso de los poderosos (por parafrasear uno de los puntos de vista de Henry Kissinger[15]). Dirigen los imperios empresariales, las instituciones ideológicas y las estructuras políticas o son útiles a los mismos a varios niveles. Su tarea es la de pastorear al aturdido rebaño y mantener a la atolondrada multitud en un estado de sumisión implícita y, de este modo, impedir la terrible perspectiva de la libertad y la autodeterminación.

Ideas similares se forjaron cuando los exploradores españoles comenzaron lo que Tzvetan Todorov denomina «el mayor genocidio de la historia humana» después de que «descubrieran América» hace quinientos años. Justificaron sus actos de terror y opresión alegando que los nativos no son «más capaces de gobernarse a sí mismos que los locos o incluso que las bestias y animales salvajes, viendo que su comida no es más agradable y apenas mejor que la de las bestias salvajes» y su estupidez «es mucho mayor que la de los niños y los locos en otros países» (el profesor y teólogo Francisco de Vitoria, «uno de los pináculos del humanismo español en el siglo XVI»). Por consiguiente, la intervención es legítima «con el fin de ejercer los derechos de protección», comenta Todorov, resumiendo el pensamiento básico de Vitoria[16].

Cuando los salvajes ingleses asumieron esta tarea pocos años después, adoptaron naturalmente la misma actitud domesticando a los lobos disfrazados de hombres, como George Washington describió a aquellos objetos que se interponían en el camino del progreso de la civilización y tenían que ser eliminados por su propio bien. Los colonizadores ingleses habían manejado ya a los «feroces» celtas del mismo modo, por ejemplo, cuando lord Cumberland, conocido como «el carnicero», devastó las tierras altas de Escocia antes de proseguir para continuar su tarea en Norteamérica[17].

Ciento cincuenta años después, sus descendientes habían limpiado Norteamérica de su plaga nativa, reduciendo a los lunáticos de diez millones a 200 000, según algunas estimaciones recientes, y desviaron su atención hacia otro lugar, para civilizar a las bestias salvajes de las Filipinas. Los combatientes de los indios a quienes el presidente McKinley asignó la tarea de «cristianizar» y «edificar» a esas desafortunadas criaturas desembarazaron a las liberadas islas de cientos de miles de ellos, acelerando su ascenso a los cielos. También ellos estaban rescatando a «criaturas poco razonables» de su depravación «matando a los nativos al estilo inglés», como describió su dolorosa responsabilidad la prensa de Nueva York, añadiendo que debemos tomar «la fangosa gloria que habita en la matanza masiva hasta que hayan aprendido a respetar nuestras armas», pasando después a «la más difícil tarea de hacer que respeten nuestras intenciones[18]».

Éste es, de modo bastante exacto, el curso de la historia, mientras la plaga de la civilización europea devastaba gran parte del mundo.

En el frente interior, el continuo problema fue formulado claramente por el pensador político del siglo XVII Marchamont Nedham. Las propuestas de los demócratas radicales, escribió, darían lugar a que «personas ignorantes, sin cultura ni fortuna, asuman la autoridad». Dada su libertad, la «terca multitud» elegiría a «lo más bajo del pueblo», que se encargaría de «ordeñar y mutilar las bolsas de los ricos», tomando «el fácil camino hacia todas las perversiones, la maldad, la mera anarquía y la confusión[19]». Estos sentimientos son la moneda corriente del discurso político e intelectual moderno. Y cada vez más a medida que las luchas populares fueron triunfando, a lo largo de los siglos, en la realización de las propuestas de los demócratas radicales, de modo que hubo que crear medios cada vez más sofisticados para reducir su substantiva satisfacción.

Tales problemas surgen con regularidad en períodos de agitación y conflicto social. Después de la revolución americana, a los granjeros rebeldes e independientes hubo que enseñarles por la fuerza que los ideales expresados en los panfletos de 1776 no debían ser tomados en serio. La gente corriente no había de estar representada por campesinos como ellos, que conocen los males del pueblo, sino por la pequeña aristocracia, mercaderes, abogados y otros que ostentaban el poder privado o estaban al servicio del mismo. Jefferson y Madison creían que el poder debía estar en manos de la «aristocracia natural», comenta Edmund Morgan, «hombres como ellos» que defenderían los derechos a la propiedad contra la «aristocracia de papel» de Hamilton y contra los pobres. «Consideraban a los esclavos, a los menesterosos y a los labriegos desamparados como un peligro constante tanto para la libertad como para la propiedad[20]». La doctrina dominante, expresada por los padres fundadores, es que «quienes poseen el país deben gobernarlo» (John Jay). El aumento de las empresas en el siglo XIX y las estructuras legales creadas para garantizar su dominio sobre la vida pública y privada establecieron la victoria de los federalistas opuestos a la democracia popular en una forma nueva y poderosa.

A menudo, las luchas revolucionarias enfrentan entre sí a los aspirantes al poder a pesar de estar unidos en su oposición a las tendencias democráticas radicales entre la gente corriente. Lenin y Trotski, poco después de hacerse con el poder del Estado en 1917, pasaron a desmantelar los órganos del control popular, incluyendo los comités de empresa y los soviets, procediendo así a deteriorar y vencer las tendencias socialistas. Lenin, marxista ortodoxo, no consideraba el socialismo como una opción viable en su país atrasado y subdesarrollado. Hasta sus últimos días, siguió siendo para él una «verdad elemental del marxismo que la victoria del socialismo requiere el esfuerzo conjunto de los trabajadores en varios de los países avanzados», en particular Alemania[21]. En la que siempre me ha parecido su mayor obra, Homenaje a Cataluña, George Orwell describió un proceso similar en España, donde los fascistas, comunistas y las democracias liberales coincidieron en su oposición a la revolución libertaria que barrió gran parte del país, y volvieron a entrar en conflicto sobre los despojos sólo cuando las fuerzas populares hubieron sido reprimidas. Hay muchos ejemplos, con frecuencia influidos por la violencia de alto poder.

Ello es particularmente cierto en el Tercer Mundo. Una persistente preocupación de las elites occidentales es que las organizaciones populares puedan establecer la base para una democracia y una reforma social significativas, amenazando las prerrogativas de los privilegiados. Aquellos que «sublevan a la plebe» y «la arrastran a asociaciones y combinaciones entre sí» contra «los hombres de gran valía» deben, por consiguiente, ser reprimidos o eliminados. No resulta sorprendente que el arzobispo Romero fuera asesinado poco después de instar al presidente Carter a que negara la ayuda militar a la junta gobernante, la cual, advirtió, la utilizaría para «incrementar la injusticia y la represión contra las organizaciones del pueblo» que luchan «por el respeto de sus derechos humanos más básicos».

El arzobispo había puesto el dedo justo en el problema que ha de ser vencido, sean cuales sean los eufemismos y tortuosos argumentos empleados para ocultar este hecho fundamental. En consecuencia, su petición de una «garantía» de que el gobierno norteamericano «no intervendrá directa o indirectamente, con presiones militares, económicas, diplomáticas o de otro tipo, en la determinación del destino del pueblo salvadoreño» fue denegada con la promesa de que la ayuda a la junta militar sería reconsiderada en caso de que se «desarrollaran» pruebas de un «uso incorrecto». El arzobispo fue asesinado y las fuerzas de seguridad volvieron a la tarea de destruir las organizaciones populares mediante salvajes atrocidades, comenzando con la masacre de Río Sumpul, ocultada por los leales medios de comunicación.

Tampoco es una sorpresa que la Oficina para los Derechos Humanos no observara el «desarrollo de un uso incorrecto» a medida que aumentaban las atrocidades, con una sola excepción, cuando religiosas norteamericanas fueron violadas, torturadas y asesinadas, y por tanto hubo que ocultar ese suceso. O que los medios de comunicación y la opinión intelectual ignoraran en gran medida el asesinato del arzobispo (que no mereció siquiera un editorial en el New York Times), disimularan la complicidad de las fuerzas armadas y del gobierno civil establecido por los Estados Unidos como tapadera para su necesaria labor, suprimieran informes de la Iglesia, de los grupos para los derechos humanos y de una delegación del Congreso acerca del creciente estado de terror, e incluso pretendieran que «no existe ninguna verdadera prueba de que la mayoría de las 10 000 muertes políticas estimadas en 1980 fueran víctimas de las fuerzas gubernamentales o de fuerzas irregulares asociadas a las mismas» (Washington Post[22].

Cuando hay que hacer un trabajo, debemos poner manos a la obra sin sentimentalismos. Las preocupaciones relativas a los derechos humanos están bien cuando pueden ser empleadas como arma ideológica para minar a los enemigos o restaurar la fe popular en la nobleza del Estado. Pero no han de interferir con los asuntos serios, tales como dispersar y aplastar a la plebe que forma organizaciones contra los intereses de los hombres de la mejor calidad.

El mismo compromiso sabido para con el terror necesario se reveló una década más tarde, en marzo de 1990, cuando el asesinato del arzobispo fue conmemorado en El Salvador en una impresionante ceremonia de tres días de duración. «Los pobres, los humildes y los devotos se reunieron a miles» para honrar su memoria en una misa celebrada en la catedral donde fue asesinado, informaron los servicios telegráficos, llenando la plaza y las calles de alrededor tras una marcha encabezada por dieciséis obispos, tres de los Estados Unidos. La Iglesia salvadoreña propuso formalmente la santificación del arzobispo Romero —el primer caso de este tipo desde que Thomas Becket fuera asesinado en el altar hace unos ochocientos años—. Americas Watch publicó un informe sobre la vergonzosa década, simbólicamente limitada por «estos dos hechos —la muerte del arzobispo Romero en 1980 y el asesinato de los jesuitas en 1989—», que ofrece un «duro testimonio sobre quién gobierna realmente El Salvador y lo poco que ha cambiado», gente para la cual «el asesinato de sacerdotes sigue siendo la opción preferida» porque «sencillamente no oirán los gritos en favor del cambio y de la justicia en una sociedad que ha tenido demasiado poco de ambas». En su homilía, el sucesor de Romero, el arzobispo Arturo Rivera y Damas, dijo: «Por ser la voz de quienes no tienen voz, fue violentamente silenciado[23]».

Las víctimas siguen sin tener voz, y el arzobispo sigue silenciado también. Ningún alto funcionario del gobierno de Cristiani o su partido ARENA asistió a la misa, ni siquiera su líder Roberto d’Aubuisson, supuesto responsable del asesinato en coordinación con las fuerzas de seguridad respaldadas por los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos también brilló por su ausencia. La ceremonia celebrada en El Salvador pasó casi desapercibida en el país que financia y entrena a los asesinos. Las conmemoraciones celebradas en nuestro país también pasaron por alto a la prensa nacional[24].

Sin embargo, no debería haber más azoramiento —suponiendo que lo haya en la actualidad—. Éste será el último homenaje religioso público a Romero durante décadas, pues la doctrina eclesiástica prohíbe el homenaje a candidatos a la santificación. La repugnancia por el asesinato de Thomas Becket forzó al rey Enrique II, que fue considerado indirectamente responsable, a hacer penitencia en la capilla. Esperaremos durante mucho tiempo que ello vuelva a suceder, otro indicio del progreso de la civilización.

La amenaza que la organización popular supone para el privilegio es bastante real en sí misma. Y lo que es aún peor, «la podredumbre puede extenderse», según la terminología de las elites políticas. Puede haber un efecto de manifestación de un desarrollo independiente bajo una forma que atienda a los males del pueblo. Como hemos observado con anterioridad, los documentos internos e incluso la información pública revelan que una preocupación fundamental para los planificadores norteamericanos ha sido el temor de que el «virus» pudiera propagarse, «infectando» a otras regiones.

Esta preocupación no es ninguna novedad. Los estadistas europeos temieron que la revolución americana pudiera «prestar nueva fuerza a los apóstoles de la sedición» (Metternich) y pudiera propagar «el contagio y la invasión de nefandos principios», tales como «las perniciosas doctrinas del republicanismo y del autogobierno popular», advirtió uno de los diplomáticos del Zar. Un siglo más tarde, se invirtieron los papeles. El secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, temía que si la enfermedad bolchevique se extendía dejara que «el grueso ignorante e incapaz de la humanidad dominara la tierra». Los bolcheviques, prosiguió, estaban atrayendo al «proletariado de todos los países, a los ignorantes y mentalmente deficientes, quienes, por su número, son llamados a convertirse en los amos, … un peligro muy real en vista del proceso de agitación social que se está desarrollando en todo el mundo». Una vez más, es la democracia la terrible amenaza. Cuando los consejos de soldados y trabajadores hicieron una breve aparición en Alemania, Wilson temió que inspiraran peligrosos pensamientos entre «los [soldados] negros norteamericanos que volvían del extranjero». Las lavanderas negras, había oído, estaban pidiendo ya un salario superior al vigente, diciendo que «el dinero es tanto mío como vuestro». Si el virus bolchevique no era exterminado, temía, los empresarios podrían tener que adaptarse a tener trabajadores en sus juntas directivas, entre otros desastres.

Con estas terribles consecuencias en mente, la invasión occidental de la Unión Soviética estaba justificada por motivos defensivos contra «el desafío de la revolución… para la propia supervivencia del orden capitalista» (John Lewis Gaddis). Y era natural que la defensa de los Estados Unidos se extendiera de la invasión de la Unión Soviética a la amenaza roja de Wilson en el ámbito interno. Como explicó Lansing, la fuerza debe ser utilizada para evitar que «los líderes del bolchevismo y de la anarquía» procedan a «organizarse o predicar contra el gobierno en los Estados Unidos». El gobierno no debe permitir que «estos fanáticos disfruten de la libertad que ahora pretenden destruir». La represión lanzada por la administración Wilson minó efectivamente la política democrática, los sindicatos, la libertad de prensa y el pensamiento independiente en interés del poder empresarial y de las autoridades estatales que representaban sus intereses, todo con la aprobación de los medios de comunicación y de las elites en general, todo en defensa propia contra la mayoría «ignorante y mentalmente deficiente». Prácticamente la misma historia volvió a desarrollarse después de la segunda guerra mundial, una vez más bajo el pretexto de una amenaza soviética, pero, en realidad, para restaurar la sumisión a los gobernantes[25].

A menudo no se aprecia cuán profunda y fuertemente arraigado está el descontento por la democracia en la cultura de la elite, y el miedo que genera.

Cuando la vida política y el pensamiento independiente renacieron en los años sesenta, el problema volvió a surgir, y la reacción fue la misma. La Comisión Trilateral, que reunía a las elites liberales de Europa, el Japón y los Estados Unidos, advirtió de una inminente «crisis de democracia» cuando segmentos del público pretendieron entrar en la escena política. Este «exceso de democracia» estaba planteando una amenaza para el libre dominio de las elites privilegiadas —lo que se denomina «democracia» en teología política—. El problema era el habitual: la chusma estaba intentando solucionar sus propios asuntos, asumiendo el control sobre sus comunidades y dando a conocer sus demandas políticas. Se estaban organizando esfuerzos entre los jóvenes, las minorías étnicas, las mujeres, los activistas sociales y otros, alentados por la lucha de las masas ignorantes en todas partes por la libertad y la independencia. Sería necesaria una mayor «moderación en la democracia», concluyó la Comisión, tal vez un retorno a los tiempos en que «Truman había podido gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y banqueros de Wall Street», como comentó un informador norteamericano[26].

Irving Kristol añade que «las naciones insignificantes, al igual que la gente insignificante, pueden experimentar rápidamente ilusiones de grandeza». Pero como destacado neoconservador, no tiene tiempo para los medios suaves de fabricación de consenso, que, en cualquier caso, no están justificados para la gente insignificante fuera de los dominios de la civilización occidental. De ahí que las grandes fantasías deban ser expulsadas por la fuerza de sus pequeñas mentes: «En verdad, los días de la “diplomacia cañonera” no terminan nunca… Las cañoneras son necesarias para el orden internacional, del mismo modo que los coches de la policía lo son para el orden interno[27]».

Estas ideas nos llevan hasta la administración Reagan, la cual estableció una agencia estatal de propaganda (la Oficina de Diplomacia Pública [Office of Public Diplomacy]) que fue, con diferencia, la más elaborada en la historia norteamericana, con gran deleite de los defensores de un Estado poderoso e intervencionista que son llamados «conservadores» en una de las actuales corrupciones del discurso político. Cuando este programa fue presentado, un alto funcionario lo describió como el tipo de operación que se lleva a cabo en «territorio enemigo» —una expresión apropiada, que expresa las actitudes habituales de la elite frente al público—. En este caso, el enemigo no fue completamente dominado. Los movimientos populares profundizaron sus raíces y se extendieron a nuevos sectores de la población y lograron forzar al Estado a recurrir en la sombra al terror clandestino, en lugar de las formas más eficientes de abierta violencia que los presidentes Kennedy y Johnson podían poner en práctica antes de que el público hubiera sido despertado.

Los temores manifestados por los hombres de gran valía en el siglo XVII se han convertido en un tema fundamental del discurso político, de la práctica empresarial, y de las ciencias sociales académicas. Fueron manifestados por el influyente moralista y consejero de asuntos exteriores, Reinhold Niebuhr, quien fue venerado por George Kennan, los intelectuales de Kennedy y muchos otros. Escribió que «la racionalidad pertenece a los observadores tranquilos», mientras que la gente corriente no sigue más razón que la fe. Los observadores tranquilos, explicó, deben reconocer «la estupidez del hombre medio», y deben facilitar la «fantasía necesaria» y las «supersimplificaciones emocionalmente potentes» que mantendrán a los ingenuos inocentones en el buen camino. Como en 1650, sigue siendo necesario proteger a la «persona lunática o perturbada», a la chusma ignorante, de sus propias opiniones «depravadas y corruptas», del mismo modo que uno no permite que un niño cruce la calle sin vigilancia[28].

Según los conceptos dominantes, no se produce infracción de la democracia si unas cuantas empresas controlan el sistema de información: de hecho, ésa es la esencia de la democracia. La principal figura de la industria de las relaciones públicas, Edward Bernays, explicó que «la mismísima esencia del proceso democrático» es «la libertad de persuadir y sugerir», lo que él denomina «la ingeniería del consenso». Si la libertad para persuadir resulta estar concentrada en unas pocas manos, debemos reconocer que tal es la naturaleza de una sociedad libre. Desde principios del siglo XX, la industria de las relaciones públicas ha dedicado enormes recursos a «educar al pueblo norteamericano por lo que respecta a las realidades económicas de la vida», con el fin de asegurar un clima favorable para los negocios. Su tarea es la de controlar «el pensamiento público», que constituye «el único peligro serio al que se enfrenta la empresa», observó un ejecutivo de AT&T hace dieciocho años. Y, hoy, el Wall Street Journal describe con entusiasmo los «esfuerzos concertados» del mundo empresarial norteamericano «para cambiar las actitudes y valores de los trabajadores» a gran escala, con «talleres de la nueva era» y otros dispositivos contemporáneos de adoctrinamiento y estupefacción creados para convertir «la apatía del trabajador en lealtad a la empresa[29]». Los agentes del reverendo Moon y los cristianos evangélicos emplean dispositivos similares para evitar la amenaza de la organización campesina y para minar una Iglesia que está al servicio de los pobres en América Latina, con la ayuda de los servicios de inteligencia y de las estrechamente vinculadas organizaciones internacionales de ultraderecha.

Bernays expresó el punto básico en un manual de relaciones públicas en 1928: «La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática… Son las minorías inteligentes las que precisan recurrir continua y sistemáticamente al uso de la propaganda». Dado su enorme y decisivo poder, la comunidad empresarial de los Estados Unidos, altamente consciente de su clase, ha logrado dar a estas lecciones un uso efectivo. La defensa de la propaganda de Bernays es citada por Thomas McCann, jefe de relaciones públicas de la United Fruit Company, a la cual Bernays hizo un gran favor al preparar el terreno para el derrocamiento de la democracia guatemalteca en 1954, un gran triunfo de la propaganda empresarial con el sincero beneplácito de los medios de comunicación[30].

Las minorías inteligentes comprendieron hace mucho tiempo que ésta es su función. Walter Lippmann describió una «revolución» en «la práctica de la democracia» cuando «la fabricación de consenso» se ha convertido en «un arte altamente consciente y en un órgano regular de gobierno popular». Ésta constituye un proceso natural cuando no se puede confiar en la opinión pública: «En ausencia de las instituciones y de la educación mediante las cuales el entorno está tan bien informado que las realidades de la vida pública destacan muy claramente frente a la opinión egocéntrica, los intereses comunes eluden por completo a la opinión pública, y pueden ser manejados únicamente por una clase especializada cuyos intereses personales van más allá del ámbito local», y pueden, así, percibir «las realidades». Éstos son los hombres de gran valía, los únicos capaces de desarrollar la gestión social y económica.

Se deduce que hay que distinguir claramente dos papeles políticos, sigue explicando Lippmann. En primer lugar, el papel asignado a la clase especializada, a los «expertos», a los «hombres responsables», que tienen acceso a la información y a la comprensión. Idealmente, deberían tener una educación especial para ejercer un cargo público y deberían dominar los criterios para resolver los problemas de la sociedad: «En la medida en que tales criterios puedan hacerse exactos y objetivos, la decisión política», que es su dominio, «entra, de hecho, en relación con los intereses de los hombres». Los «hombres públicos», además, han de «dirigir la opinión» y asumir la responsabilidad de «la formación de una opinión pública sólida. … Ellos inician, administran, establecen», y deberían ser protegidos de «observadores ignorantes y entrometidos», del público general, que es incapaz de lidiar con «la esencia del problema». Los criterios que aplicamos al gobierno consisten en el éxito de la satisfacción de los deseos materiales y culturales, no en si «vibra para las opiniones egocéntricas que flotan en la mente de los hombres». Habiendo dominado los criterios para la decisión política, la clase especializada, protegida de las intromisiones públicas, servirá al interés público —lo que se denomina «interés nacional», según las telarañas de mistificación tejidas por las ciencias sociales académicas y el comentario político.

El segundo papel es «la labor del público», que es mucho más limitada. No corresponde al público, observa Lippmann, «juzgar los méritos intrínsecos» de una cuestión u ofrecer análisis o soluciones, sino simplemente, en ocasiones, poner «su fuerza a disposición» de uno y otro grupo de «hombres responsables». El público «no razona, investiga, inventa, convence, negocia o establece». Por el contrario, «el público actúa sólo poniéndose del lado de alguien que esté en situación de actuar ejecutivamente», una vez ha pensado sensata y desinteresadamente en el asunto en cuestión. Es precisamente por este motivo que «hay que poner al público en su lugar». La multitud aturdida, que da golpes con los pies y ruge, «tiene su función»: ser «el espectador interesado de la acción», no el participante. La participación es deber de «los hombres responsables[31]».

Estas ideas descritas por los editores de Lippmann como una progresista «filosofía política para la democracia liberal» presentan una inconfundible semejanza con el concepto leninista de un partido de vanguardia que conduce a las masas a una vida mejor que no pueden concebir o construir solas. En realidad, la transición de una postura a la otra —del entusiasmo leninista a la «celebración de los Estados Unidos»— ha demostrado ser bastante fácil a lo largo de los años. Ello no es sorprendente, pues estas doctrinas tienen orígenes similares. La diferencia decisiva reside en una valoración de las perspectivas para el poder: a través de la explotación de la lucha popular de las masas o del servicio a los actuales amos.

Está muy claro que hay un supuesto tácito tras las propuestas de Lippmann y otros: la clase especializada tiene la oportunidad de gestionar los asuntos públicos en virtud de su subordinación a aquellos que tienen el verdadero poder —en nuestras sociedades, los intereses empresariales dominantes, un hecho crucial que es ignorado en la autoadulación de los electos.

El pensamiento de Lippmann sobre estas cuestiones data de poco después de la primera guerra mundial, cuando la comunidad intelectual liberal estaba altamente impresionada con su éxito en actuar como «los fieles y útiles intérpretes de lo que parece ser una de las mayores empresas jamás emprendidas por un presidente norteamericano» (The New Republic. La empresa era la interpretación de Woodrow Wilson de su promesa electoral en favor de una «paz sin victoria» como la ocasión de perseguir la victoria sin paz, con la ayuda de los intelectuales liberales, quienes posteriormente se alabaron a sí mismos por haber «impuesto su voluntad sobre una minoría reacia o indiferente», apoyándose en elaboraciones propagandísticas sobre las atrocidades de los hunos y dispositivos por el estilo. Actuaban, a menudo inconscientemente, como instrumentos del Ministerio de Información británico, que definía secretamente su labor como «dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo[32]».

Quince años después, el influyente científico político Harold Lasswell explicó en la Encyclopaedia of the Social Sciences que cuando las elites carecen del requisito de la fuerza para obligar a la obediencia, los administradores sociales deben recurrir «a una técnica totalmente nueva de control, en gran parte a través de la propaganda». Añadió la justificación convencional: debemos reconocer la «ignorancia y estupidez [de]… las masas» y no sucumbir a «dogmatismos democráticos acerca de que los hombres son los mejores jueces de sus propios intereses». No lo son, y debemos controlarlos, por su propio bien. El mismo principio guía a la comunidad empresarial. Otros han desarrollado ideas similares y las han puesto en práctica en las instituciones ideológicas: las escuelas, las universidades, los medios de comunicación populares, los diarios de la elite, etcétera. Un desafío a estas ideas genera agitación, a veces, furia, como en los años sesenta, cuando los estudiantes, en lugar de simplemente inclinarse ante la autoridad, comenzaron a hacer demasiadas preguntas y a explorar más allá de los límites establecidos para ellos. El pretexto de defender las murallas contra el ataque de los bárbaros, hoy una postura popular, es poco más que un cómico fraude.

Las doctrinas de Lippmann, Lasswell y otros son totalmente naturales en toda sociedad en la que el poder está enormemente concentrado, pero existen mecanismos formales por los cuales la gente corriente puede, en teoría, desempeñar un cierto papel en el gobierno de sus propios asuntos —una amenaza que, claramente, debe ser obstaculizada.

Las técnicas de fabricación de consenso son más refinadas en los Estados Unidos, una sociedad dirigida por las empresas más avanzada que sus aliados y que, en algunos aspectos importantes, es más libre que las demás, de modo que las masas ignorantes y estúpidas son más peligrosas. Pero las mismas preocupaciones surgen en Europa, al igual que en el pasado, incrementadas por el hecho de que, sin embargo, las variedades europeas del capitalismo estatal no han progresado tanto como los Estados Unidos en la eliminación de los sindicatos obreros y otros impedimentos para el gobierno por parte de hombres (y ocasionalmente mujeres) de la mejor calidad, restringiendo, así, la política a las facciones del partido empresarial. El problema básico, reconocido en todas partes, es que, a medida que el Estado pierde la capacidad de controlar a la población por la fuerza, los sectores privilegiados deben hallar otros métodos para garantizar que la plebe es eliminada de la escena pública. Y las naciones insignificantes deben ser sometidas a las mismas prácticas que la gente insignificante. Los moderados liberales sostienen que los demás deberían ser libres e independientes, pero no libres de elegir en direcciones que consideramos imprudentes o contrarias a nuestros intereses[33], una contrapartida próxima al concepto dominante de democracia en el ámbito doméstico como forma de control de la población. En el otro extremo del espectro, hallamos a los «conservadores», con su preferencia por el rápido recurso a los métodos de Kristol: cañoneras y coches de policía.

Un sistema de adoctrinamiento que funciona correctamente tiene varias tareas, algunas de ellas bastante delicadas. Uno de sus objetivos son las masas estúpidas e ignorantes. Deben mantenerse así, desviadas con hipersimplificaciones emocionalmente potentes, marginalizadas y aisladas. Idealmente, todo el mundo debería estar solo ante la pantalla del televisor viendo deportes, culebrones o comedias, privado de las estructuras organizacionales que permiten a los individuos que carecen de recursos descubrir lo que piensan y creen en interacción con otros, formular sus propias preocupaciones y programas y actuar para hacerlos realidad. Así, luego, se les puede permitir, incluso alentar, a ratificar las decisiones de los que son mejores que ellos en elecciones periódicas. La plebe constituye el objetivo adecuado de los medios de comunicación y del sistema de educación pública orientado a la obediencia y a la formación por lo que respecta a las habilidades necesarias, incluyendo la de repetir máximas patrióticas en las ocasiones oportunas.

Para que la sumisión se convierta en una característica fiable, debe establecerse en todos los campos. El público debe ser un observador, no un participante, un consumidor de ideología además de un producto. Eduardo Galeano afirma que la mayoría debe resignarse al consumo de fantasía, pues se venden a los pobres ilusiones de riqueza, a los oprimidos ilusiones de libertad, a los vencidos sueños de victoria y a los débiles sueños de poder[34]. Sólo esto servirá.

El problema del adoctrinamiento es algo diferente para aquellos que se supone participarán en una toma de decisiones y un control serios: la empresa, el Estado, y los gestores culturales y los sectores con capacidad para expresar sus propuestas en general. Deben internalizar los valores del sistema y compartir las ilusiones necesarias que permiten que éste funcione en interés del poder y el privilegio concentrados —o, por lo menos, ser lo bastante cínicos como para pretender que lo hacen, arte que pocos pueden dominar—. Pero también deben tener un cierto conocimiento de las realidades del mundo o no serán capaces de llevar a cabo sus tareas de forma eficiente. Los medios de comunicación de elite y los sistemas educativos deben abrirse paso a través de estos dilemas —tarea no demasiado fácil, plagada de contradicciones internas—. Resulta interesante ver cómo se afronta, pero esto va más allá del alcance de estas observaciones.

En cuanto al frente interno, se precisan varias técnicas de fabricación de consenso, dirigidas al auditorio en cuestión y a su situación en la escala de importancia. Para los que ocupan el lugar más bajo y para la gente insignificante en el extranjero, hay otro dispositivo disponible: lo que un destacado sociólogo norteamericano de principios de siglo, Franklin Henry Giddings, denominó «consenso sin consenso»: «si en años posteriores [los colonizados] ven y admiten que la relación en litigio era favorable al más alto interés, puede afirmarse razonablemente que la autoridad ha sido impuesta con el consenso de los gobernados», como cuando un padre riñe a un niño terco. Giddings se refería a las «criaturas poco razonables» a las que estábamos matando a regañadientes en Filipinas por su propio bien[35]. Pero esta lección tiene una aplicación más general.

Como hemos señalado, las notas bolcheviques son evidentes en todas partes. Los sistemas tienen diferencias fundamentales, pero también asombrosas similitudes. La «clase especializada» de Lippmann y la «minoría inteligente» de Bernays, que han de gestionar los asuntos públicos y los suyos propios según la teoría democrática liberal, corresponden a la vanguardia leninista de intelectuales revolucionarios. La «fabricación de consenso» defendida por Lippmann, Bernays, Niebuhr, Lasswell y otros es la Agitprop de sus equivalentes leninistas. Siguiendo un guión elaborado por Bakunin hace un siglo, el sacerdocio secular presente en dos de los principales sistemas de jerarquía y coacción considera a las masas como estúpidas e incompetentes, una multitud aturdida que debe ser conducida a un mundo mejor —un mundo que nosotros, la minoría inteligente, construiremos para ellos, ya sea tomando nosotros mismos el poder estatal del modelo leninista o siendo útiles a los propietarios y directivos de los sistemas capitalistas estatales si es imposible explotar la revolución popular para alcanzar la cima del poder.

De modo muy similar a lo que Bakunin previó mucho tiempo antes, la «burocracia roja» leninista procedió inmediatamente a desmantelar los órganos del control popular, especialmente todas las estructuras institucionales que pudieran proporcionar a la gente trabajadora cierta influencia sobre sus asuntos como productores o ciudadanos. Estudiando los programas de desarrollo bolcheviques desde una perspectiva comparativa e histórica, Alexander Gerschenkron comenta que «la ideología marxista o, por lo que a esto respecta, cualquier ideología socialista, ha tenido una muy remota relación, si la ha tenido, con la gran transformación industrial desarrollada por el gobierno soviético», incluyendo la «multiplicación casi por seis del volumen de la producción industrial» a mediados de los años cincuenta, «el mayor y más duradero [esfuerzo de industrialización] en la historia del desarrollo industrial del país», con un coste humano extraordinario, especialmente para el campesinado[36]. Que lo mismo podemos decir de la organización de la producción y de la vida social y política en general es tan obvio que no precisa comentario alguno.

No es de sorprender que la inmediata destrucción de las incipientes tendencias socialistas que surgieron durante la fermentación de la lucha popular en 1917 haya sido descrita por los dos grandes sistemas propagandísticos del mundo como una victoria para el socialismo. Para los bolcheviques, la finalidad de esta farsa era sacar todas las ventajas que pudieran del prestigio moral del socialismo. Para Occidente, la finalidad era difamar al socialismo y establecer el sistema de control de la propiedad y la administración sobre todos los aspectos de la vida económica, política y social. El colapso del sistema leninista no puede ser denominado correctamente una victoria del socialismo, del mismo modo que los colapsos de Hitler y Mussolini no pueden ser descritos en estos términos Pero, como en casos anteriores, sí elimina una barrera para la realización de los ideales socialistas libertarios de los movimientos populares que fueron aplastados en Rusia en 1917, en Alemania poco después, en España en 1936, y en todas partes, a menudo con la vanguardia leninista abriendo camino a la plebe con sus aspiraciones socialistas libertarias y democráticas radicales.

3. FALTOS DE FUERZA

Hume propuso esta paradoja tanto para las sociedades despóticas como para las más libres. Este último caso es, con diferencia, el más importante. A medida que el mundo social se vuelve más libre y diverso, la tarea de inducir la sumisión se vuelve más compleja y el problema de desenmarañar los mecanismos de adoctrinamiento todavía más. Pero interés intelectual aparte, el caso de las sociedades libres tiene una mayor importancia humana porque aquí hablamos de nosotros mismos y podemos actuar sobre lo que aprendemos. Precisamente por este motivo, la cultura dominante intentará siempre externalizar las preocupaciones humanas, dirigiéndolas a las insuficiencias y abusos de los demás. Cuando los planes de los Estados Unidos fracasan en algún rincón del Tercer Mundo, centramos nuestra atención en los defectos y especiales problemas de estas culturas y sus desórdenes sociales —no en los nuestros—. Fama, fortuna y respeto esperan a quienes revelan los crímenes de los enemigos oficiales. Aquellos que emprendan la tarea muchísimo más importante de presentar un espejo a sus propias sociedades pueden esperar un trato bastante distinto. George Orwell es famoso por Rebelión en la granja y 1984 que se centran en el enemigo oficial. Si hubiera abordado la cuestión más interesante y significativa del control del pensamiento en las sociedades relativamente libres y democráticas, ello no hubiera sido apreciado, y en lugar de grandes aclamaciones, hubiera sido objeto de un silencioso rechazo o de injurias. No obstante, volvamos a las cuestiones más importantes e inaceptables.

Siguiendo con los gobiernos que son más libres y populares, ¿por qué se someten los gobernados, si la fuerza está de su lado? En primer lugar, deberíamos considerar una pregunta previa: ¿hasta qué punto está la fuerza del lado de los gobernados? Aquí hay que andarse con cuidado. Las sociedades son consideradas libres y democráticas siempre y cuando el poder de coacción del Estado sea limitado. Los Estados Unidos constituyen, en este aspecto, un caso inusual: aquí, tal vez más que en cualquier otro lugar del mundo, el ciudadano está libre de la coacción estatal —por lo menos, el ciudadano que es relativamente privilegiado y que tiene la piel del color adecuado, una parte sustancial de la población.

Pero es un mero tópico que el Estado representa sólo a un sector del nexo de poder. El control sobre la inversión, la producción, el comercio, las finanzas, las condiciones laborales y otros aspectos cruciales de la política social está en manos privadas. El no querer adaptarse a esta estructura de autoridad y poder conlleva costes, que van desde la fuerza del Estado hasta los costes de la privación y la lucha. Incluso un individuo de mentalidad independiente difícilmente puede dejar de compararlos con los beneficios correspondientes a la sumisión, por exiguos que sean. Las opciones significativas son, por lo tanto, enormemente limitadas. Factores similares limitan la variedad de ideas y opiniones de forma obvia. La expresión coherente es modelada por los mismos poderes privados que controlan la economía. Está mayormente dominada por importantes empresas que venden auditorios a los anunciantes y que, naturalmente, reflejan los intereses de los propietarios y de su mercado. La habilidad para articular y comunicar los propios puntos de vista, preocupaciones e intereses —o incluso para descubrirlos— está, pues, también enormemente limitada.

La negación de estos tópicos sobre el poder efectivo es inherente a la estructura de la fantasía necesaria. Así, un crítico de los medios de comunicación, al realizar la reseña de un libro de prensa en el New York Times se refiere sin discusión al «papel jeffersoniano» de la prensa «como contrapeso del poder del gobierno». La expresión encierra tres supuestos fundamentales, uno histórico, otro descriptivo y otro ideológico. La afirmación histórica es que Jefferson era un defensor comprometido de la libertad de prensa, lo cual es falso. La segunda es que la prensa funciona, en realidad, como contrapeso del gobierno en lugar de como un siervo fiel, lo cual es presentado aquí como doctrina, evadiendo así toda necesidad de enfrentarse a la masiva serie de detallada documentación que refuta este dogma. El principio ideológico es que el libertarismo jeffersoniano (considerado abstractamente, aparte de su realización en la práctica) exigiría que la prensa fuera un contrapeso del poder del gobierno. Ello es incorrecto. El concepto libertario es que la prensa debería ser independiente y, por lo tanto, un contrapeso del poder centralizado de todo tipo. En la época de Jefferson, los poderes que tenían mayor importancia eran el Estado, la Iglesia y las estructuras feudales. Poco después, surgieron nuevas formas de poder centralizado en el mundo del capitalismo empresarial. Un jeffersoniano afirmaría, pues, que la prensa debería ser un contrapeso del poder estatal o empresarial, y críticamente, del nexo entre el Estado y las empresas. Pero sacar a relucir este tema nos lleva a terreno prohibido[37].

Aparte de las limitaciones generales a la opción y a la opinión bien articuladas inherentes a la concentración del poder privado, establece, asimismo, severos límites a las acciones del gobierno. Los Estados Unidos han sido también inusuales por lo que a esto respecta entre las democracias industriales, aunque la convergencia hacia el modelo norteamericano es evidente en todas partes. Los Estados Unidos están próximos al límite en sus garantías para la libertad respecto de la coacción estatal y también en la pobreza de su vida política. Hay esencialmente un partido político, el partido empresarial, con dos facciones. Las cambiantes coaliciones de inversores dan razón de gran parte de la historia política. Los sindicatos, u otras organizaciones populares que puedan ofrecer la manera de que el público general desempeñe un cierto papel en influyentes programas y opciones políticas, escasamente funcionan, aparte del campo más específico. El sistema ideológico está limitado por el consenso de los privilegiados. Las elecciones son en gran medida un elemento ritual. En las elecciones al Congreso, virtualmente todos los ocupantes vuelven a su cargo, un reflejo de la vacuidad del sistema político y de las opciones que éste ofrece. No hay apenas ninguna pretensión de que cuestiones substantivas estén en juego en las campañas presidenciales. Los programas bien articulados son poco más que un dispositivo para recoger votos, y los candidatos adaptan sus mensajes a sus auditorios como aconsejan los tácticos de las relaciones públicas. Los comentaristas políticos consideran con especial cuidado preguntas como si Reagan recordará su papel o si Mondale tiene un aspecto demasiado poco prometedor o si Dukakis puede hurtar el cuerpo al fango que le lanzaron los escritores de discursos de George Bush. En las elecciones de 1984, las dos facciones políticas casi intercambiaron sus políticas tradicionales, presentándose los republicanos como el partido del crecimiento keynesiano y de la intervención estatal en la economía y los demócratas como los defensores del conservadurismo fiscal. Muy pocos se dieron cuenta siquiera. La mitad de la población no se preocupa por rellenar las papeletas y aquellos que se toman la molestia votan, a menudo, conscientemente contra sus propios intereses.

Se concede al público la oportunidad de ratificar las decisiones tomadas en otra parte, de acuerdo con las prescripciones de Lippmann y otros teóricos democráticos. Puede elegir entre personalidades que se presentan en un juego de política simbólica que únicamente los más ingenuos se toman en serio. Cuando lo hacen, los sofisticados se burlan de ellos. Las críticas a la demanda de «un aumento de los ingresos» por parte del presidente Bush tras ganar las elecciones mediante la firme y elocuente promesa de no aumentar los impuestos es un «truco político barato», comenta el especialista en ciencias políticas y medios de información de Harvard, Marty Linsky, bajo el titular «Promesas electorales, hechas para romperlas». Cuando Bush ganó las elecciones, arrastrando al público con su sonsonete de «leed en mis labios, no más impuestos», estaba meramente expresando su «visión del mundo», haciendo «una declaración de sus esperanzas». Aquellos que pensaron que estaba prometiendo que no habría nuevos impuestos no comprenden que «las elecciones y el gobierno son juegos de pelota distintos, que se juegan con objetivos y reglas distintos… El fin de las elecciones es ganar», observa correctamente Linsky, expresando el cinismo de los sofisticados. Y «el fin de gobernar es hacer lo mejor para el país», añade, repitiendo como un loro las necesarias ilusiones que exige la respetabilidad[38].

Estas tendencias fueron aceleradas en la época de Reagan. La población se opuso de forma abrumadora a las políticas de su administración, e incluso los votantes de Reagan en 1984, en razón de tres a dos, esperaban que su programa legislativo no fuera puesto en marcha. En las elecciones de 1980, el 4 por 100 del electorado votó a Reagan porque lo consideraban un «auténtico conservador». En 1984, descendieron a un 1 por 100. Esto es lo que se llama «una arrolladora victoria para el conservadurismo» en retórica política. Por otro lado, contrariamente a muchas pretensiones, la popularidad de Reagan nunca fue particularmente elevada y gran parte de la población parecía comprender que era una creación de los medios de comunicación, que sólo tenía la más vaga idea de cuál podría ser la política del gobierno[39].

Es notable que hoy este hecho sea tácitamente admitido. En el momento en que el «gran comunicador» ya no resultó útil como símbolo, fue rápidamente ocultado. Tras ocho años de pretensiones acerca de la «revolución» que Reagan efectuó, nadie pensaría en preguntar a su adalid sobre sus ideas acerca de ningún tema, porque se entiende, como siempre se entendió, que no tiene ninguna. Cuando Reagan fue invitado al Japón como un viejo estadista, sus anfitriones quedaron sorprendidos —y, dados los cuantiosos honorarios, algo molestos— al descubrir que no podía celebrar conferencias de prensa o hablar sobre ningún tema. Su desconcierto suscitó ciertas risas en la prensa norteamericana: los japoneses creían lo que habían leído acerca de esta notable figura y no habían comprendido el funcionamiento de la misteriosa mente occidental.

El engaño perpetrado por los medios de comunicación y la comunidad intelectual tiene cierto interés para la paradoja de Hume acerca de la sumisión a la autoridad. La democracia capitalista estatal tiene una cierta tensión por lo que respecta al emplazamiento del poder: en principio, el pueblo gobierna, pero el poder efectivo reside en su mayor parte en manos privadas, con efectos a gran escala en todo el orden social. Una manera de reducir la tensión es eliminar al público de la escena, excepto en la forma. El fenómeno Reagan ofreció un nuevo modo de alcanzar este objetivo fundamental de la democracia capitalista. El cargo de primer ejecutivo fue, en efecto, eliminado en favor de una figura simbólica fabricada por la industria de las relaciones públicas para realizar ciertas tareas rituales: aparecer en ocasiones ceremoniales, recibir a los visitantes, leer declaraciones del gobierno, etcétera. Ello constituye un gran avance en la marginación del público. Como la más sofisticada de las democracias capitalistas estatales, los Estados Unidos han llevado a menudo la delantera en la invención de medios para controlar al enemigo interno, y la última inspiración será, indudablemente, imitada en otros lugares, con la diferencia de tiempo habitual.

Incluso cuando surgen problemas en el sistema político, la concentración del poder efectivo limita la amenaza. Esta cuestión es en su mayor parte académica en los Estados Unidos a causa de la subordinación del sistema político e ideológico a los intereses empresariales, pero en las democracias del sur, donde las ideas y actitudes en conflicto llegan a la escena política, la situación es diferente. Como resulta familiar una vez más, las políticas gubernamentales que el poder privado encuentra desagradables provocarán la evasión de capitales, la caída de la inversión y el declive social hasta que quede restaurada la confianza empresarial con el abandono de la amenaza para el privilegio. Estos hechos de la vida ejercen una influencia decisiva sobre el sistema político (con la fuerza militar en reserva si las cosas se descontrolan, apoyada o aplicada por el guardián norteamericano). Por expresar toscamente el punto esencial: a menos que los ricos y poderosos estén satisfechos, todo el mundo sufrirá porque controlan los niveles sociales básicos, determinando lo que se producirá y consumirá, y qué migajas se filtrarán hasta sus súbditos. Así, por lo que respecta a las personas sin hogar que están en las calles, el primer objetivo es garantizar que los ricos vivan felizmente en sus mansiones. Este decisivo factor, juntamente con el simple control de los recursos, limita severamente la fuerza del lado del gobierno y disminuye la paradoja de Hume en una democracia capitalista que funcione bien, en la que el público general está disperso y aislado.

La comprensión de estas condiciones básicas —tácitas o explícitas— ha servido durante mucho tiempo como guía para la política. Una vez las organizaciones populares han sido dispersadas o aplastadas y el poder de tomar decisiones reside firmemente en manos de los propietarios y directivos, las formas democráticas son bastante aceptables, incluso preferibles como dispositivo de legitimación del gobierno de la elite en una «democracia» dirigida por las empresas. Este modelo fue seguido por los planificadores norteamericanos en la reconstrucción de las sociedades industriales tras la segunda guerra mundial y es habitual en el Tercer Mundo, aunque asegurar la estabilidad del tipo deseado es allí mucho más difícil, si no se recurre al terror de Estado. Una vez un orden social operativo está firmemente establecido, un individuo que debe encontrar un lugar (relativamente aislado) dentro del mismo con el fin de sobrevivir tenderá a pensar sus ideas, a adoptar sus supuestos sobre la inevitabilidad de ciertas formas de autoridad y, en general, a adaptarse a sus fines. Los costes de una vía alternativa o de desafiar al poder son elevados, los recursos escasos y las perspectivas limitadas. Estos factores operan en sociedades esclavistas y feudales —donde su eficacia ha impresionado debidamente a los teóricos de la contrainsurgencia (véase más adelante, párrafo que comienza: «Volviendo a los principios…»)—. En las sociedades libres, estos factores se manifiestan de otra manera. Si su poder para moldear el comportamiento comienza a deteriorarse, deben buscarse otros medios para domesticar a la plebe.

Cuando la fuerza está del lado de los amos, éstos pueden confiar en medios relativamente toscos para la fabricación de consenso y no necesitan preocuparse abiertamente por lo que piensa la multitud. Sin embargo, incluso un terror de Estado violento se enfrenta al problema de Hume. Las modalidades del terrorismo de Estado que los Estados Unidos han creado para sus clientes han incluido normalmente al menos un gesto hacia los «corazones y mentes de los vencedores», aunque los expertos advierten contra el indebido sentimentalismo, afirmando que «todos los dilemas son prácticos y tan neutros en un sentido ético como las leyes de la física[40]». La Alemania nazi compartió estas preocupaciones, como argumenta Albert Speer en su autobiografía, y lo mismo podemos decir de la Rusia estalinista. Discutiendo este caso, Alexander Gerschenkron observa:

Independientemente de la fuerza del ejército y de la omnipresencia de la policía secreta que el gobierno en cuestión pueda tener a su disposición, sería ingenuo pensar que estos instrumentos de opresión física pueden bastar. Tal gobierno puede mantenerse en el poder sólo si logra hacer que el pueblo crea que cumple una importante función social que no podría ser desempeñada en su ausencia. La industrialización facilitó esta función al gobierno soviético, … [el cual] hizo lo que ningún gobierno que confiara en el consenso de los gobernados hubiera podido hacer… Pero, por paradójico que parezca, estas políticas han asegurado, al mismo tiempo, cierta amplia conformidad por parte del pueblo. Si todas las fuerzas de la población pueden mantenerse ocupadas en los procesos de industrialización y si esta industrialización puede ser justificada por la promesa de felicidad y abundancia para las futuras generaciones y —lo que es mucho más importante— por la amenaza de una agresión militar procedente del otro lado de las fronteras, el gobierno dictatorial hallará su poder generalmente incontestado[41].

Esta teoría es respaldada por el rápido colapso del sistema soviético cuando su incapacidad para progresar hasta una fase más avanzada de desarrollo industrial y tecnológico se hizo evidente.

4. EL CRITERIO PRAGMÁTICO

Es importante ser consciente del profundo compromiso de la opinión occidental con la represión de la libertad y de la democracia, por la fuerza si es necesario. Para comprender nuestro propio mundo cultural, debemos reconocer que la defensa del terror está clara, explícita y fundada, a través de todo el espectro político. Es superfluo invocar las ideas de Jeane Kirkpatrick, George Will y otros por el estilo. Pero pocas cosas cambian mientras avanzamos hacia «la izquierda de la clase política», por tomar prestado el término empleado por el editor de Foreign Policy. Charles William Maynes, en una oda a la cruzada norteamericana para «ampliar la causa de la democracia[42]».

Consideremos al comentarista político Michael Kinsley, que representa a «la izquierda» dentro del comentario y debate televisivo dominantes. Cuando el Departamento de Estado confirmó públicamente el apoyo de los Estados Unidos a los ataques terroristas contra cooperativas agrícolas en Nicaragua, Kinsley escribió que no deberíamos precipitarnos en condenar esta política oficial. Estas operaciones terroristas internacionales causan, sin duda, un «gran sufrimiento civil», admitió. Pero si logran «minar la moral y confianza en el gobierno», pueden ser «perfectamente legítimas». Esta política es «sensata» si «el análisis de costes y beneficios» muestra que «la cantidad de sangre y miseria que se vertirá» dan lugar a la «democracia», en el sentido convencional ya discutido[43].

Como portavoz de la izquierda de la clase política, Kinsley insiste en que el terror debe satisfacer el criterio pragmático. La violencia no debería ser empleada porque sí, meramente porque la encontramos divertida. Este concepto más humano sería fácilmente aceptado por Saddam Hussein, Abu Nidal, y los secuestradores de la Hezbollah, quienes, presumiblemente, también consideran el terror inútil a menos que tenga un valor para sus fines. Estos hechos nos ayudan a situar la opinión culta occidental dentro del espectro internacional.

Esta razonada discusión de la justificación del terror no es en absoluto inusual, razón por la cual no suscita reacción alguna en los círculos respetables, del mismo modo que no hay comentario alguno entre sus colaboradores y lectores liberales de izquierda cuando el New Republic durante mucho tiempo considerado como la almenara del liberalismo norteamericano, defiende la ayuda militar a los «fascistas al estilo latino… independientemente de cuantas personas sean asesinadas» porque «hay prioridades norteamericanas más altas que los derechos humanos salvadoreños» (véase el capítulo 10, p. 308, de la edición original de esta obra, Deterring Democracy).

La apreciación de la «saludable eficacia» del terror —por emplear la expresión de John Quincy Adams—, ha sido una característica habitual del pensamiento culto occidental. Ésta suministra el marco básico para la campaña propagandística en relación con el terrorismo internacional en los años ochenta. Naturalmente, el terrorismo dirigido contra nosotros o contra nuestros amigos es enérgicamente denunciado como un regreso a la barbarie. Pero el terrorismo mucho más extremo que nosotros y nuestros agentes llevamos a cabo es considerado constructivo o, en el peor de los casos, insignificante, si satisface el criterio pragmático. Incluso la vasta campaña de terrorismo internacional lanzada contra Cuba por la administración Kennedy, la cual excedía con diferencia cualquier cosa atribuida a los enemigos oficiales, no existe en el discurso académico respetado o en los medios de comunicación dominantes. En su clásico y altamente respetado estudio académico del terrorismo internacional, Walter Laqueur describe a Cuba como un promotor del crimen con insinuaciones pero escasas pretensiones de verosimilitud, mientras que la campaña de terrorismo internacional contra Cuba no merece literalmente ni una palabra. De hecho, Cuba es clasificada entre aquellas sociedades «libres de terror». El especialista en temas latinoamericanos Robert Wesson, del Hoover Institute, escribe que tras el asunto de la Bahía de Cochinos, cuando el terror alcanzó su punto álgido, «únicamente se tomaron medidas no violentas contra el comunismo cubano» —a saber, el aislamiento diplomático y comercial[44].

El principio de referencia es claro y sencillo: su terror es terror, y la más débil evidencia basta para denunciarlo y para desencadenar un justo castigo sobre los espectadores civiles que casualmente estén por medio. Nuestro terror, aunque sea mucho más extremo, es meramente parte del arte de gobernar, y, por consiguiente, no entra en la discusión sobre la plaga de la edad moderna. Esta práctica es comprensible partiendo de los principios que ya hemos discutido[45].

En ocasiones, la adaptabilidad del sistema podría sorprender incluso al más habitual de los observadores. Nada ofendió más a la opinión norteamericana que el derribo del KAL 007 en septiembre de 1983 por las fuerzas aéreas soviéticas. El formato densamente impreso del New York Times dedicó dieciséis páginas enteras a esta atrocidad sólo en ese mes. No pasó totalmente desapercibido el hecho de que la reacción había sido bastante distinta de cuando el buque de guerra Vincennes derribó un avión civil de pasajeros iraní en una vía comercial que discurre a lo largo de la costa de Irán —en una necesidad «de demostrar la viabilidad de Aegis», su sistema de misiles de alta tecnología, en opinión del comandante de la marina norteamericana David Calson, quien «se asombró en voz alta con incredulidad» mientras controlaba los acontecimientos desde un buque naval próximo—. Este hecho fue descartado como un desafortunado error en difíciles circunstancias, del cual los iraníes eran definitivamente culpables. El último acto de este instructivo drama tuvo lugar en abril de 1990, cuando el comandante del Vincennes juntamente con el oficial a cargo del fuego antiaéreo, recibieron el premio de la Legión de Honor por su «comportamiento excepcionalmente meritorio en el desarrollo de un servicio excepcional» y por el «ambiente tranquilo y profesional» imperante bajo su mando durante el período de la destrucción del airbus iraní, con la muerte de 290 personas. «La tragedia no se menciona en los textos de las citaciones», informó la agencia AP. Los medios de comunicación, al parecer, no hallaron nada digno de ser comentado en todo esto —a pesar que de las condenas de la destrucción del avión de pasajeros por parte de Irán son ocasionalmente señaladas y rechazadas con irrisión como «burdos ataques contra los Estados Unidos[46]».

Podemos imaginar cuál hubiese sido la reacción si Irán hubiera pasado de «burdos ataques contra los Estados Unidos» a amenazas de tomar represalias con ataques militares contra objetivos norteamericanos, tal vez siguiendo el ejemplo de un artículo de fondo publicado en el Boston Globe y escrito por Yossi Melman y Dan Raviv sobre cómo tratar a Saddam Hussein: «Un ataque estratégico contra sus campos petrolíferos o una base aérea podría ser adecuado —especialmente después de que los servicios de inteligencia descubrieran indicios de que el presidente iraquí había recompensado al piloto de las fuerzas aéreas que atacó “por error” al USS Stark durante la guerra del Golfo[47]».

A los lectores occidentales les sería difícil enterarse de la concesión del premio de la Legión de Honor al comandante del Vincennes pero la misma no pasó desapercibida en el Tercer Mundo, donde los comentaristas sacaron también rápidamente las conclusiones evitadas dentro de la cultura intelectual occidental. Al comentar la «política imperial norteamericana», el Third World Resurgence (Malasia) sitúa el derribo del airbus iraquí entre los actos de terrorismo norteamericano en Oriente Medio, mencionando la noticia del premio y añadiendo que «el público occidental, que se nutre de los medios de comunicación, ve la situación en blanco y negro y con una sola dimensión», incapaz de percibir lo que es obvio para aquellos que escapan a las garras del sistema propagandístico occidenta1[48].

Las enormes masacres son tratadas según los mismos criterios: su terror y violencia son crímenes, los nuestros son arte de gobierno o un comprensible error. En un estudio del poder y la ideología norteamericanos de hace diez años, Edward Herman y yo analizamos numerosos ejemplos de dos tipos de atrocidades, «los derramamientos de sangre benignos y constructivos» que son aceptables o incluso ventajosos para los intereses dominantes y los «inicuos baños de sangre» perpetrados por los enemigos oficiales. Los primeros son ignorados, negados o, en ocasiones, incluso bien acogidos. Los últimos suscitan una gran repugnancia y, con frecuencia, engaño e invención, si la evidencia disponible se considera inadecuada para las exigencias doctrinales[49].

Una comparación que presentábamos con gran detalle era particularmente aclaratoria: el «derramamiento de sangre benigno» llevado a cabo por Indonesia tras su invasión de Timor Oriental en 1975 y el «inicuo baño de sangre» de los Jemeres Rojos cuando invadieron Camboya aquel mismo año. Analizando virtualmente todo el material disponible (en aquella época, abarcaba sobre todo de 1975 a 1977), demostramos que la evidencia relativa a estos dos terribles baños de sangre —en la misma parte del mundo, en los mismos años— era comparable, e indicaba que las dos matanzas eran comparables en magnitud y carácter. Había también diferencias. Una de ellas era que la agresión y el derramamiento de sangre por parte de Indonesia recibió material y apoyo diplomático decisivos de los Estados Unidos y sus aliados, y se le pudo haber puesto rápidamente fin mediante la revelación y retirada de esta ayuda, mientras que nadie presentó una propuesta seria sobre cómo mitigar las atrocidades de Pol Pot. Por este motivo, el derramamiento de sangre de Timor era mucho más significativo para Occidente, por lo menos si los criterios morales elementales son aplicables. Una segunda diferencia residía en la reacción ante los dos baños de sangre. Siguiendo el modelo ejemplificado en toda la información que revisamos, las atrocidades de Timor y la decisiva contribución de los Estados Unidos y sus aliados, fueron reprimidas o negadas. Los medios de comunicación evitaron incluso los testimonios de los refugiados, exactamente igual que en el caso del aterrador bombardeo norteamericano de Camboya algunos años más tarde. En el caso paralelo de los Jemeres Rojos, por el contrario, documentamos unos antecedentes de engaño que hubieran impresionado a Stalin, incluyendo la invención masiva de pruebas, la supresión de la evidencia inútil (por ejemplo, las conclusiones de los observadores del Departamento de Estado en Camboya, la fuente más experta, pero considerada demasiado limitada para ser útil a los propósitos inmediatos), y así sucesivamente.

La reacción ante la revelación es también instructiva: en la mitad de la comparación correspondiente a Timor, más silencio, negativas y disculpas; en la mitad de Camboya, un gran coro de protestas afirmando que estábamos negando o quitando importancia a las atrocidades de Pol Pot. Esto era una evidente falsedad, aunque es verdad que la distinción entre defender que uno intenta ser fiel a la verdad y disculpar las necesidades del enemigo es una difícil distinción para la mente del comisario, quien, por otro lado, naturalmente se enfurece ante cualquier desafío al derecho a mentir en servicio del Estado, en particular cuando el mismo es acompañado por una demostración de los servicios prestados a las atrocidades en curso[50].

Por lo general, las matanzas masivas son consideradas benignamente y la revelación de la participación directa del gobierno norteamericano en la misma no despierta ningún interés particular cuando los medios convienen a nuestros fines[51]. Y es bastante razonable considerar los dilemas de la contrainsurgencia como meramente «prácticos» y «éticamente neutrales». Es simplemente cuestión de hallar la mezcla adecuada entre las diversas técnicas de control de la población, que van, en la práctica, desde el bombardeo con B-52 y napalm a la tortura y la mutilación y la desaparición, y a medios más bondadosos y blandos como el hambre y el control totalitario en campos de concentración denominados «aldeas estratégicas» o «pueblos modelo». Teóricos destacados de esta forma de terrorismo internacional explican tranquilamente que aunque es una «meta deseable» obtener la «lealtad pública» para el gobierno al que respaldamos o imponemos, ésta es una consideración claramente secundaria y no proporciona un «marco conceptual» adecuado «para los programas de contrainsurgencia». El «tema unificador» debería ser el «comportamiento influyente, en lugar de las actitudes» (Charles Wolf, primer economista de la RAND Corporation). Así pues, no se plantea el problema de Hume. No tiene por qué haber preocupación por si la fuerza está del lado de los gobernados. En cuanto al comportamiento influyente, técnicas como el «confiscamiento de aves de corral, el arrasar casas, la destrucción de pueblos» son bastante buenas siempre y cuando la «dureza mostrada por las fuerzas del gobierno [pueda ser] ambiguamente reconocida como deliberadamente impuesta a causa del comportamiento de la población que contribuye al movimiento insurgente». Si no lo es, el terror será una práctica insensata. «Lo fundamental», prosigue este respetado académico, es conectar todos los programas «al tipo de comportamiento de la población que el gobierno desea promover». Wolf señala otra ventaja más de este método más científico, enfatizando el control del comportamiento en lugar de las actitudes: éste debería mejorar la imagen de la contrainsurgencia en los Estados Unidos. Al fin y al cabo, somos una sociedad culta que respeta la ciencia y la tecnología y que no precisa una reflexión mística sobre ideas y actitudes. Observemos que cuando nos centramos en los Estados Unidos, donde la fuerza coercitiva no está fácilmente disponible, debemos preocuparnos por el control de actitudes y opiniones.

Incluso la imposición de la hambruna masiva es legítima si satisface el criterio pragmático, como explicó el profesor David Rowe, director de estudios de licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad de Yale. Al testificar en el Congreso antes de que China se convirtiera en un valioso aliado, Rowe advirtió que los Estados Unidos deberían adquirir todo el excedente de trigo del Canadá y Australia con el fin de imponer «la hambruna generalizada» a mil millones de personas en China —un método con efectividad de coste, observó, para debilitar la «estabilidad interna de ese país»—. Como experto en mentalidad asiática, aseguró al Congreso que esta política sería particularmente bien acogida por los japoneses, porque han tenido una demostración «del tremendo poder de los Estados Unidos en acción… [y]… han sentido directamente nuestro poder» en el bombardeo de Toldo y en Hiroshima y Nagasaki. En consecuencia, «alarmaría muy intensamente al pueblo japonés y afectaría al grado de sus relaciones amistosas con nosotros» el que pareciera que no «estamos dispuestos a emplear el poder que ellos saben que tenemos» en Vietnam y en China[52].

Aparte de la amplitud de su visión, Rowe estaba siguiendo un camino bien trazado. Como director del programa humanitario que suministraba alimentos a los europeos que pasaban hambre tras la segunda guerra mundial, Herbert Hoover avisó al presidente Wilson de que estaba manteniendo «un bajo nivel en el envío de alimentos» para garantizar el dominio de los elementos antibolcheviques. En respuesta a los rumores de «una seria revuelta el primero de mayo» en Austria, Hoover difundió una advertencia pública de que cualquier acción de este tipo pondría en peligro el escaso suministro de alimentos de la ciudad. Los alimentos destinados a Hungría fueron retenidos bajo el gobierno comunista de Béla Kun, con la promesa de que serían suministrados si éste era derrocado en favor de un gobierno aceptable para los Estados Unidos. El bloqueo económico, juntamente con la presión militar rumana, obligaron a Kun a abandonar el poder y huir a Moscú. Apoyado por las fuerzas francesas y británicas, el ejército rumano se unió a las fuerzas contrarrevolucionarias húngaras para administrar una dosis de terror blanco e instalar una dictadura de derechas bajo el almirante Horthy, que colaboró con Hitler en la siguiente fase de acabar con la bestia bolchevique. La amenaza del hambre fue también utilizada para comprar las decisivas elecciones italianas de 1948 y ayudar a imponer el gobierno de los clientes de los Estados Unidos en Nicaragua en 1990, entre otros notables ejemplos. En Vietnam del Sur, los diques fueron bombardeados para eliminar el suministro de alimentos para los campesinos survietnamitas que resistían a la agresión norteamericana y se procedió a la destrucción de las cosechas en toda Indochina, al igual que en Centroamérica en años recientes. Esta práctica se remonta a las primeras guerras indias, y, por supuesto, no eran nada nuevo para los colonizadores británicos[53].

Un análisis del debate sobre Centroamérica en la pasada década revela el decisivo papel del criterio pragmático. Guatemala nunca fue un problema porque la matanza masiva y la represión mostraron su efectividad. Con anterioridad, la Iglesia fue realmente un problema, pero, como comenta Kenneth Freed en Los Angeles Times cuando «14 sacerdotes y cientos de trabajadores eclesiásticos fueron muertos en campañas militares para destruir el apoyo de la Iglesia a mejoras sociales tales como unos salarios más altos y el fin de la explotación de los indios», la Iglesia quedó intimidada y «permaneció virtualmente silenciosa». «La intimidación física se aligeró» cuando el criterio pragmático hubo sido satisfecho. El terror aumentó de nuevo cuando los Estados Unidos alimentaban lo que les gusta llamar «democracia». «Las víctimas —observa un diplomático europeo— son casi siempre personas cuyas opiniones o actividades están encaminadas a ayudar a los demás a liberarse a sí mismas de las limitaciones impuestas por aquellos que ostentan el poder político o económico», como «un doctor que intenta mejorar la salud de los niños» y que, en consecuencia, «se considera que ataca al orden establecido[54]». Las fuerzas de seguridad de la «naciente democracia» y los escuadrones de la muerte asociados a las mismas, parecían tener la situación razonablemente controlada, de modo que no había motivo para una indebida preocupación en los Estados Unidos, y no ha habido casi ninguno.

Los medios de comunicación dedicaron cierta atención a los atroces datos sobre los derechos humanos en Guatemala cuando Washington procedió a desacreditar al presidente Cerezo y a sus democratacristianos en un giro político hacia elementos más de derechas. Sin embargo, las lecciones más oportunas todavía han de ser impartidas. Así, Freed enfatiza la «repugnancia» de Washington ante las extraordinarias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad que respalda. Y, en el New York Times Lindsey Gruson informa que Washington está incrementando su dependencia del ejército guatemalteco, que es la fuente de las violaciones, incluyendo al servicio de inteligencia militar guatemalteco, G-2, notable por su destacado papel en el terror de Estado. Pero asegura al lector que las cuestiones de los derechos humanos ocupan un alto lugar entre los «objetivos políticos norteamericanos» para Guatemala, una verdad doctrinal que resiste a los meros hechos[55].

Freed añade que el general Héctor Gramajo «era un alto mando a principios de los años ochenta, cuando se acusaba a los militares guatemaltecos de la muerte de decenas de miles de personas, en su mayor parte civiles». Pero, prosigue, Gramajo «es considerado como un moderado por la embajada de los Estados Unidos» —la pauta habitual—. Freed cita a un diplomático occidental que duda que el propio Gramajo «esté favoreciendo todas estas matanzas» por parte de los escuadrones de la muerte vinculados a las fuerzas de seguridad, aunque «cada vez que intuye que la izquierda está intentando organizarse, permite, si no ordena, acciones duras contra ellos» y «ciertamente no elimina a ninguno de los culpables».

El Salvador y Nicaragua ilustran también el criterio pragmático. Los medios de comunicación pretextaron no saber que el gobierno de El Salvador estaba llevando a cabo matanzas masivas desde 1979, y ocultó las peores atrocidades. A principios de los años ochenta, parecía que los Estados Unidos podrían ser arrastrados a una intervención contraria a sus intereses. En consecuencia, aumentó la preocupación, y hubo incluso unos cuantos meses de información bastante honesta. Pero cuando el terror pareció estar logrando sus objetivos gracias a la dirección y el apoyo de los Estados Unidos, los escrúpulos se disiparon en favor de la celebración de la «democracia», mientras el gobierno continuaba con sus programas de terror e intimidación.

Nicaragua fue objeto de contención porque el terror y la guerra económica no lograban más que un éxito limitado. Pero éstas eran las únicas preocupaciones, y ello quedó más claro que el agua cuando la población acabó siguiendo las órdenes de los Estados Unidos tras una década de terror y destrucción en un país en gran parte arrasado por el sanguinario ataque y robo de Somoza, dejando a toda la gente de derechas «unida en la alegría».

Durante toda esta horrible década de salvajismo y opresión, los humanistas liberales se han presentado como críticos de los Estados de terror mantenidos por la violencia de los Estados Unidos en Centroamérica. Pero ello no es más que una fachada, como vemos por el requerimiento, casi unánime en los círculos virtuosos, de que Nicaragua debe incorporarse «al sistema centroamericano» de los regímenes de los escuadrones de la muerte, y de que los Estados Unidos y sus crueles clientes deben imponer los «criterios regionales» de El Salvador y Guatemala a los equivocados sandinistas[56].

Un vistazo más atento establece de manera más firme la norma dominante. Los informes revelan una oposición casi unánime a los sandinistas, con únicamente un desacuerdo táctico sobre cómo han de ser derrocados —una gran diferencia respecto de los Estados gánsteres que ya satisfacen los «criterios regionales»—. El hecho de que los sandinistas, a diferencia de los regímenes favorecidos por los liberales moderados, cualesquiera que sean sus pecados, no estén implicados en matanzas masivas, terror y tortura, no se menciona en los cientos de columnas tomadas de la prensa nacional. Estas cuestiones tienen una importancia casi nula para la opinión culta occidental, como revela esta información. En consecuencia, hay acuerdo en que la única fuerza militar que debe ser desmantelada es la única que no está regularmente implicada en el terror masivo contra la población civil. Como observó Edward Herman, del mismo modo que hay «víctimas dignas e indignas (siendo las dignas las de los perseguidos por los enemigos oficiales, que suscitan gran dolor, y las indignas nuestras víctimas, cuyo destino nos es absolutamente indiferente), hay ejércitos dignos e indignos». Los ejércitos dignos, como el de Somoza, El Salvador, Guatemala, Indonesia y otros similares, no precisan interferencias, puesto que están cumpliendo con su trabajo: matan y torturan para nosotros. Los ejércitos indignos no satisfacen estos altos criterios, atreviéndose incluso a proteger a sus poblaciones de los asesinos que enviamos. Por consiguiente, deben ser remplazados por unas fuerzas más afines a nuestras necesidades y valores morales. Todo ello constituye un tópico tan habitual que pasa desapercibido.

Tampoco se mencionan apenas en cientos de columnas de opinión sobre Nicaragua los programas de asistencia social y de reforma, considerados como notablemente eficientes por los estamentos internacionales hasta que los Estados Unidos lograron invertir ese inoportuno progreso a mediados de los años ochenta. Sorprendentemente, después de la victoria de los Estados Unidos en las elecciones de Nicaragua de 1990, se permitió de repente tomar nota de estos hechos, ahora que la amenaza para la riqueza y el poder había sido eliminada. En todas partes, las prioridades de la opinión culta lucen claras y brillantes.

Volviendo a los principios de gobierno de Hume, está claro que deben ser refinados. Cierto, cuando falta la fuerza y los castigos habituales no son suficientes, es necesario recurrir a la fabricación de consenso. Las poblaciones de las democracias occidentales —o, al menos, aquellas que están en situación de defenderse— se encuentran fuera de los límites. Otras son objetos legítimos de represión y, en el Tercer Mundo, el terror a gran escala resulta apropiado, aunque la conciencia liberal añade la calificación de que debe ser eficaz. El estadista, a diferencia del fanático ideológico, comprenderá que el medio de la violencia debe ser empleado de forma mesurada y considerada, sólo lo suficiente para alcanzar los fines deseados.

5. LA GAMA DE MEDIOS

El criterio pragmático dictamina que la violencia es adecuada sólo cuando la plebe no puede ser controlada por otros medios. Con frecuencia hay otros medios. Otro especialista en contrainsurgencia de la empresa RAND quedó impresionado por la «relativa docilidad de los campesinos más pobres y la firme autoridad de los terratenientes en las áreas más “feudales”… [donde] el terrateniente puede ejercer considerable influencia sobre el comportamiento de su arrendatario y desalentar fácilmente una conducta incoherente con sus propios intereses[57]». Sólo cuando la docilidad es reducida, tal vez por sacerdotes entrometidos, se requieren medidas más firmes.

Una opción distinta de la abierta violencia es la represión legal. En Costa Rica, los Estados Unidos estaban dispuestos a tolerar la socialdemocracia. La primera razón para esta benigna negligencia era que el movimiento obrero había sido suprimido y que se ofreció total protección a los derechos de los inversores. El fundador de la democracia costarricense, José Figueres, era un entusiasta partidario de las empresas norteamericanas y de la CIA, y era considerado por el Departamento de Estado como «la mejor agencia de publicidad que la United Fruit Company podría haber hallado en América Latina». Pero la figura principal de la democracia centroamericana perdió el apoyo en los años ochenta, y tuvo que ser censurado totalmente fuera de la Prensa Libre a causa de su actitud crítica hacia la guerra de los Estados Unidos contra Nicaragua y las acciones de Washington para restaurar también en Costa Rica el preferido «sistema centroamericano». Incluso el efusivo editorial y las largas necrológicas aparecidas en el New York Times alabando a este «luchador por la democracia» cuando murió en junio de 1990, tuvieron la precaución de evitar estas inconvenientes desviaciones.

En años anteriores, cuando se comportaba mejor, Figueres reconoció que el Partido Comunista de Costa Rica, particularmente fuerte entre los trabajadores de las plantaciones, estaba planteando un desafío inaceptable. Por consiguiente, arrestó a sus líderes, declaró ilegal al partido y reprimió a sus miembros. Esta política se mantuvo durante los años sesenta, al tiempo que los esfuerzos para el establecimiento de cualquier partido de la clase trabajadora fueron prohibidos por las autoridades estatales. Figueres explicó estas acciones con franqueza: fue «una señal de debilidad. Lo admito, cuando uno es relativamente débil frente a la fuerza del enemigo, es necesario tener el valor de reconocerlo». Estas acciones fueron aceptadas en Occidente como consistentes con el concepto liberal de democracia y, de hecho, fueron virtualmente una condición previa para que los Estados Unidos toleraran «la excepción costarricense[58]».

Sin embargo, en ocasiones, la represión legal no es suficiente. El enemigo popular es demasiado poderoso. Las alarmas sonarán con toda seguridad si éste amenaza el control del sistema político por parte de la elite de los empresarios y terratenientes y de los elementos militares debidamente respetuosos de los intereses norteamericanos. Los indicios de tal desviación exigen medidas más fuertes. Éste fue el caso en El Salvador. Tras la severa represión de actividades no violentas, «las masas estaban con las guerrillas» a principio de 1980 en opinión de José Napoleón Duarte, el mascarón de proa impuesto por los Estados Unidos. Para frenar la amenaza del nacionalismo, que respondía a las demandas y presiones populares, fue por tanto necesario recurrir a una «guerra de exterminación y genocidio contra una población civil indefensa», por tomar prestadas las palabras del sucesor del arzobispo Romero pocos meses después del asesinato. Entretanto, Duarte elogiaba al ejército por su «esforzado servicio al lado del pueblo contra la subversión» al prestar juramento como presidente civil de la junta militar con el fin de proporcionar una tapadera para la activa implicación de los Estados Unidos en la matanza, y, de este modo, convertirse en una respetada figura en círculos occidentales[59].

El marco más amplio fue esbozado por el padre Ignacio Martín-Baró, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en noviembre de 1989 y destacado psicólogo social salvadoreño, en una charla celebrada en California sobre «Las consecuencias psicológicas del terrorismo político» pocos meses antes de que fuera asesinado[60]. Insistió en varios puntos relevantes. En primer lugar, la forma más significativa de terrorismo, con diferencia, es el terrorismo de Estado —es decir, «aterrorizar a la totalidad de la población mediante acciones sistemáticas llevadas a cabo por las fuerzas del Estado»—. En segundo, este terrorismo es parte esencial de un «proyecto sociopolítico impuesto por el gobierno», orientado a las necesidades de los privilegiados. Para su puesta en práctica, toda la población debe estar «aterrorizada por un miedo internalizado».

Martín-Baró alude a un tercer punto, que es el más importante para un auditorio occidental: el proyecto sociopolítico y el terrorismo de Estado que ayuda a llevarlo a cabo no son específicos de El Salvador, sino que son características comunes de los dominios de los Estados Unidos en el Tercer Mundo, por razones profundamente arraigadas en la cultura, instituciones y planificación política occidentales y están totalmente de acuerdo con los valores de la opinión culta. Estos decisivos factores explican mucho más que el destino de El Salvador.

En la misma charla, Martín-Baró se refirió a «la campaña masiva de terrorismo político» desarrollada en El Salvador hace una década, llevada a cabo con el apoyo y la iniciativa de los Estados Unidos. Señaló además que «desde 1984, con el advenimiento del presunto gobierno democrático en El Salvador con Duarte, las cosas parecieron cambiar un poco», pero, en realidad, «las cosas no cambiaron. Lo que cambió fue que la aterrorizada población no tenía más que dos opciones: irse a las montañas y sumarse a las filas de los rebeldes o ajustarse —al menos aparentemente— a los programas impuestos por el gobierno». Las matanzas disminuyeron entonces en magnitud, hecho que generó considerable autoadulación en los Estados Unidos por nuestra benigna influencia. El motivo de esta disminución, observa, es que «no había tanta necesidad de acontecimientos extraordinarios, pues la gente estaba muy aterrorizada, muy paralizada».

El objetivo seguía siendo el mismo: «eliminar toda oposición y protesta significativas». La «guerra sucia no ha cesado de ser en ningún momento un ingrediente esencial del proyecto sociopolítico que los Estados Unidos están intentando llevar a cabo en El Salvador», ni siquiera después de que la «democracia formal» fuera introducida «para legitimar la guerra» a los ojos de Occidente. Estos métodos triunfaron en «el desmantelamiento de las organizaciones populares de las masas», pues «la propia existencia de organizaciones que no simpatizaran con el gobierno se hizo imposible, y aquellos militantes que no fueron exterminados tuvieron que huir al campo o actuar en la clandestinidad o, traumatizados por el terror, abandonar la lucha». «Debilitando las bases de apoyo del movimiento revolucionario en todos los sectores de la población, … no hay duda de que la guerra fría fue un éxito —un éxito macabro, claro está, pero un éxito al fin y al cabo[61]».

A lo largo de esa década, y mucho después de que la «democracia» fuera establecida, la Iglesia salvadoreña y los grupos para los derechos humanos continuaron describiendo cómo las fuerzas de seguridad de la «naciente democracia», con el total conocimiento y cooperación de sus promotores norteamericanos, impusieron a la sociedad salvadoreña un régimen de «terror y pánico, consecuencia de la persistente violación de los derechos humanos básicos», marcado por la «intimidación colectiva y el miedo generalizado, por un lado, y, por el otro, la aceptación internalizada del terror a causa del uso diario y frecuente de medios violentos… En general, la sociedad acepta la frecuente aparición de cuerpos torturados porque los derechos básicos, el derecho a la vida, no tienen absolutamente ningún valor decisivo para la sociedad» (Socorro Jurídico, diciembre de 1985). Este último comentario se aplica también a los supervisores, como subrayó el secretario de Estado George Shultz pocos meses después en una de sus lamentaciones acerca del terrorismo, una charla celebrada justo cuando los Estados Unidos estaban llevando a cabo el bombardeo de terror en Libia, matando a muchos civiles, con grandes aplausos en el ámbito nacional. En El Salvador, declaró «los resultados son algo de lo que todos los norteamericanos pueden estar orgullosos» —por lo menos, todos los norteamericanos que disfrutan con la vista de cuerpos torturados, niños que pasan hambre, terror y pánico y miedo generalizado[62].

En un trabajo sobre los medios de comunicación y la opinión pública en El Salvador que debiera haber presentado en un congreso internacional en diciembre de 1989, un mes después de que fuera asesinado, Martín-Baró escribió que el proyecto de contrainsurgencia de los Estados Unidos «enfatizaba meramente las dimensiones formales de la democracia», y los medios de comunicación deben entenderse como un mecanismo de «guerra psicológica». Los pequeños periódicos independientes de El Salvador, la prensa dominante y proempresarial, pero todavía demasiado indisciplinada para los gobernantes, habían pasado a ser controladas por las fuerzas de seguridad una década antes de la eficaz forma habitual —secuestro, asesinato y destrucción física, hechos considerados aquí demasiado insignificantes para informar de ellos siquiera—. En cuanto a la opinión pública, el trabajo no leído de Martín-Baró informa de un estudio que demuestra que entre los trabajadores, la baja clase media y los pobres, menos del 20 por 100 se sienten libres para expresar sus opiniones en público, cifra que ascendía a un 40 por 100 en el caso de los ricos —otro tributo a la saludable eficacia del terror, y otro resultado del que «todos los norteamericanos deben estar orgullosos[63]».

La continuidad de la política norteamericana está bien ilustrada por la información acerca del batallón Atlacatl, «cuyos soldados obedecieron profesionalmente las órdenes de sus oficiales de matar a los jesuitas a sangre fría», observó Americas Watch en el décimo aniversario del asesinato del arzobispo Romero, procediendo a analizar algunas de las hazañas de esta unidad de elite, «creada, adiestrada y equipada por los Estados Unidos». Fue formada en marzo de 1981, cuando quince especialistas en contrainsurgencia fueron enviados a El Salvador desde la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Desde el principio, el batallón «estuvo implicado en la muerte de un elevado número de civiles». Un profesor de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en Fort Benning, Georgia, describió a sus soldados como «particularmente feroces»: «Siempre tuvimos dificultades para lograr que tomaran prisioneros en lugar de orejas». En diciembre de 1981, el batallón tomó parte en una operación en la que cientos de civiles resultaron muertos en una orgía de asesinato, violación e incendios —alrededor de 1000, según la oficina de ayuda legal de la Iglesia—. Posteriormente, estuvo implicado en el bombardeo de pueblos y el asesinato de cientos de civiles, a tiros, ahogados y por otros métodos, la amplia mayoría mujeres, niños y ancianos. Ésta ha sido la pauta sistemática de la guerra especial en El Salvador desde la primera gran operación militar en mayo de 1980, cuando seiscientos civiles fueron asesinados y mutilados en el río Sumpul en una operación conjunta de los ejércitos salvadoreño y hondureño, una carnicería revelada por fuentes eclesiásticas, investigadores de los derechos humanos y la prensa extranjera, pero no por los medios de comunicación de los Estados Unidos, que también tienen su función en la guerra psicológica[64].

El Comité de Abogados en favor de los Derechos Humanos [Lawyers Committee for Human Rights] afirmó en una carta dirigida al secretario de Defensa, Cheney, que los asesinos de los jesuitas habían estado siendo adiestrados por fuerzas especiales de los Estados Unidos hasta tres días antes de los asesinatos. El padre Jon de Cortina, decano de ingeniería en la Universidad Jesuita de El Salvador, donde los sacerdotes fueron asesinados, sostuvo además que los instructores del ejército de los Estados Unidos fueron los mismos soldados norteamericanos que quedaron atrapados en un hotel de El Salvador pocos días después, en un incidente que fue dado a conocer ampliamente. En años anteriores, algunas de las peores masacres del batallón Atlacatl se produjeron cuando acababan de recibir adiestramiento por parte de los Estados Unidos[65].

El carácter del entrenamiento del ejército salvadoreño fue descrito por un desertor que recibió asilo político en Texas en julio de 1990, después de que el juez de inmigración rechazara una solicitud del Departamento de Estado de que le fuera denegado el asilo y fuera enviado de vuelta a El Salvador. En esta «naciente democracia», los ricos no son llamados al servicio militar. Por el contrario, los adolescentes son reclutados en levas efectuadas en barrios pobres y campos de refugiados. Según este desertor —cuyo nombre fue ocultado por el tribunal, por razones obvias—, los quintos son obligados a matar perros y buitres mordiéndoles el cuello y arrancándoles la cabeza, y tenían que observar cuando los soldados torturaban y mataban a disidentes sospechosos, arrancándoles las uñas, cortándoles la cabeza, cortando su cuerpo en pedazos «como si fuera un muñeco y ellos jugaran con los brazos para entretenerse» o haciéndoles pasar hambre y torturándoles hasta la muerte. A los reclutas se les decía que se les asignarían las mismas tareas, y que torturar a personas y animales «te hace más hombre y te da más coraje[66]».

En otro caso reciente, un miembro confeso de un escuadrón de la muerte salvadoreño asociado al batallón Atlacatl, César Vielman Joya Martínez, declaró acerca de su experiencia directa en el terror de Estado, facilitando información detallada sobre las operaciones de asesinato desarrolladas con la complicidad de los asesores del servicio de inteligencia de los Estados Unidos y el gobierno al más alto nivel, incluyendo pruebas extremadamente relevantes para el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Su testimonio es corroborado por un socio que también desertó, en afirmaciones realizadas ante una comisión mexicana para los derechos humanos. Tras el pretexto inicial de que investigaría la historia de Martínez, la administración Bush procedió a hacer todos los esfuerzos posibles para silenciarle y enviarle de vuelta a una probable muerte en El Salvador, a pesar de las súplicas de las organizaciones para los derechos humanos y el Congreso de que fuera protegido y de que su testimonio fuera escuchado. El trato dispensado al principal testigo del asesinato de los jesuitas fue similar[67].

Podríamos observar que el trato que reciben los propios intelectuales jesuitas asesinados no es realmente distinto. Su asesinato y la investigación judicial (tal como es) recibieron atención, pero no así aquello que tenían que decir. Sobre esto, encontraremos muy poco, incluso cuando no se precisaría iniciativa alguna para descubrirlo. Por ejemplo, la conferencia de agosto de 1990 de la American Psycological Association de Boston tenía series de conferencias y simposiums que trabajaban en la obra del padre Martín-Baró, incluyendo uno en el que se mostró el vídeo de su charla de California poco antes de su asesinato. La conferencia fue cubierta por el Boston Globe pero no estas sesiones. El día en que se celebraron, el Globe prefirió un trabajo sobre las expresiones faciales masculinas que resultan atractivas para las mujeres[68]. Al fin y al cabo, lo primero es lo primero.

Cuando Antonio Gramsci fue encarcelado después de la toma del poder por los fascistas en Italia, el gobierno resumió su caso diciendo: «Debemos hacer que este cerebro deje de funcionar durante veinte años[69]». Nuestros actuales favoritos dejan menos a la suerte: hay que hacer que los cerebros dejen de funcionar para siempre, y estamos de acuerdo en que sería mejor que sus ideas sobre cuestiones tales como el terrorismo de Estado no fueran escuchados.

Las consecuencias del adiestramiento militar de los Estados Unidos son abundantemente evidentes en la documentación de los grupos para los derechos humanos y la Iglesia salvadoreña. Éstas son gráficamente descritas por el reverendo Daniel Santiago, un sacerdote católico que trabaja en El Salvador, en la revista jesuita América. Relata la historia de una mujer campesina, que volvió un día a casa y encontró a su madre, su hermana y sus tres hijos sentados a la mesa, con la cabeza decapitada de cada persona cuidadosamente colocada sobre la mesa y las manos encima «como si cada cuerpo estuviera acariciando su propia cabeza». A los asesinos de la Guardia Nacional Salvadoreña les había costado mantener la cabeza de un bebé de dieciocho meses en su lugar, de manera que le clavaron las manos sobre ella. Una gran jofaina de plástico llena de sangre estaba colocada con gusto en el centro de la mesa[70].

Por poner sólo un ejemplo más, chocante a causa de las circunstancias, podemos remontarnos a enero de 1988, cuando los Estados Unidos terminaron su demolición de los acuerdos de paz centroamericanos, eximiendo a sus crueles clientes de las disposiciones que exigían «justicia, libertad y democracia», «respeto de los derechos humanos» y garantías para la «inviolabilidad de todas las formas de vida y libertad». Precisamente cuando se estaba registrando este cínico triunfo, los cuerpos de dos hombres y un adolescente fueron hallados en un conocido vertedero de los escuadrones de la muerte, con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y señales de tortura. La comisión no gubernamental para los derechos humanos, que continúa funcionando a pesar del asesinato de sus fundadores y directores, informó que en las dos semanas anteriores habían sido hallados treinta cuerpos, la mayor parte de ellos con señales de tortura, incluyendo a dos mujeres que habían sido colgadas de un árbol por los cabellos, sus senos cortados y su cara pintada de rojo. Estos informes fueron presentados anónimamente, por temor al terror de Estado. Nadie dejó de reconocer las marcas tradicionales de los escuadrones de la muerte. La información fue transmitida por el servicio telegráfico y publicada de forma prominente en el Canadá, pero no en la prensa nacional de los Estados Unidos[71].

El reverendo Santiago escribe que las escenas macabras del tipo de la que relata son ideadas por las fuerzas armadas para intimidar.

En El Salvador, la gente no sólo es asesinada por los escuadrones de la muerte, es decapitada y su cabeza colocada en una pica y utilizada para adornar el paisaje. Los hombres no sólo son desventrados por la Policía del Tesoro salvadoreña. Sus genitales cortados son introducidos en su boca. Las mujeres salvadoreñas no sólo son violadas por la Guardia Nacional. Su útero es extirpado de su cuerpo y utilizado para cubrir su cara. Matar niños no es suficiente. Son arrastrados sobre alambre de púas hasta que la carne se separa de sus huesos mientras los padres son obligados a mirar… En El Salvador, la estética del terror es religiosa.

La intención es la de asegurarse que el individuo está totalmente subordinado a los intereses de la Patria, razón por la cual los escuadrones de la muerte son en ocasiones denominados el «ejército de salvación nacional» por el Partido ARENA en el gobierno, cuyos miembros (incluyendo al presidente Cristiani) prestan juramento de sangre al «líder vitalicio», Roberto d’Aubuisson.

Las fuerzas armadas «recogen reclutas» desde los trece años de edad y los adoctrinan con rituales adoptados de las SS nazis, incluyendo la brutalización y la violación, de manera que están preparados para matar con connotaciones sexuales, como si de un rito religioso se tratara. Son «puntuados según el cruel testimonio de cadáveres, carne mutilada, cerebros esparcidos y testigos oculares». Esta «matanza sadomasoquista crea terror» y «el terror crea pasividad frente a la opresión. Una población pasiva es fácil de controlar», de modo que hay montones de trabajadores dóciles, que no se quejan, y el proyecto sociopolítico puede ser desarrollado con ecuanimidad.

El reverendo Santiago nos recuerda que la actual ola de violencia es una reacción frente a las tentativas de la Iglesia de organizar a los pobres en los años setenta. El terror de Estado aumentó cuando la Iglesia comenzó a formar asociaciones campesinas y grupos de ayuda mutua, que, juntamente con otras organizaciones populares, «se propagaron como la pólvora por las comunidades latinoamericanas», escribe Lars Schoultz. El que los Estados Unidos recurrieran de inmediato a la represión masiva, con la cooperación de las elites locales, sorprenderá únicamente a aquellos que sean deliberadamente ignorantes de la historia y del historial de la planificación[72].

El padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Jesuita antes de ser asesinado juntamente con el padre Martín-Baró, describió a El Salvador como «una lacerante realidad, casi mortalmente herida». Era próximo al arzobispo Romero y estaba con él cuando el arzobispo escribió al presidente Carter, rogándole en vano la retirada de ayuda a la junta. El arzobispo informó al padre Ellacuría de que su carta había sido inspirada «por el nuevo concepto de guerra especial, que consiste en eliminar cruelmente todo esfuerzo de las organizaciones populares bajo la alegación de comunismo o terrorismo…»[73]. La guerra especial —ya se la llame contrainsurgencia o conflicto de baja intensidad o cualquier otro eufemismo— es simplemente terrorismo internacional —y ha sido desde hace mucho tiempo una política oficial de los Estados Unidos, un arma en el arsenal empleado para el más amplio proyecto sociopolítico.

Lo mismo ha sucedido en la vecina Guatemala. El académico latinoamericano Piero Gleijeses escribe que en la tradicional «cultura del miedo», una feroz represión bastaba para imponer la paz o el orden. «Del mismo modo que el indio fue catalogado como bestia salvaje para justificar su explotación, aquellos que pretendían la reforma social fueron catalogados como comunistas para justificar su persecución». La década de 1944-1954 fue una desviación única, marcada por «la democracia política, la fuerte influencia comunista en la administración del presidente Jacobo Arbenz (1951-1954), y la reforma agraria de Arbenz» —«años de primavera en el país de la tiranía eterna», según palabras de un poeta guatemalteco—. Medio millón de personas recibieron la tierra que necesitaban desesperadamente, la primera vez en la historia del país que «se daban tierras a los indios en lugar de robárselas»:

Un viento nuevo agitaba el campo guatemalteco. La cultura del terror estaba perdiendo su influencia sobre las grandes masas de la población guatemalteca. En un futuro no inalcanzable, podría haberse desvanecido, como una distante pesadilla.

Los líderes del Partido Comunista eran considerados por la embajada norteamericana como la única excepción a la venalidad y a la ambición. Eran «muy honestos, muy comprometidos», «las únicas personas que estaban comprometidas con el trabajo duro», comentó un funcionario de la embajada. «Ésa era la tragedia», añadió: eran «nuestros peores enemigos», y habían de ser eliminados juntamente con las reformas que habían ayudado a implantar.

La pesadilla fue restaurada por un golpe organizado por la CIA, con la cooperación de oficiales guatemaltecos que traicionaron a su país por miedo a la superpotencia regional, concluye Gleijeses. Con el apoyo regular de los Estados Unidos, el régimen del terror y la tortura y de la desaparición ha sido mantenido, llegando a su apogeo a finales de los años sesenta con la participación directa del gobierno norteamericano. Cuando el terror se moderó, hubo «una ola de concienciación (incremento de la conciencia política)», en su mayor parte bajo los auspicios de la Iglesia. Esta ola inspiró la reacción habitual: el ejército «intensificó el terror, asesinando a líderes de cooperativas, maestros bilingües, líderes comunitarios y organizadores populares» —en realidad, siguiendo el mismo guión que en El Salvador y Nicaragua—. A principios de los años ochenta, el terror alcanzó el nivel de masacre global en las tierras altas habitadas por los indios. La administración Reagan no sólo era partidaria de los triunfos de sus amigos, sino que estaba entusiasmada por ellos.

Recordemos que los generales guatemaltecos son moderados que observan el criterio pragmático. Cuando los indios que habían huido a las montañas para sobrevivir regresaron, incapaces de soportar las duras condiciones e implorando el perdón, «el ejército fue generoso», observa Gleijeses: «Ya no mató a los suplicantes, excepto de cuando en cuando, como recordatorio».

Cuando el orden fue de nuevo restaurado, los generales aceptaron el consejo de los Estados Unidos e instituyeron una fachada democrática, tras la cual ellos y sus aliados de la oligarquía continuarían gobernando. El mismo terror que controló a la Iglesia silenció asimismo el llamamiento en favor de la reforma. «Raro es el guatemalteco que no manifiesta sus creencias políticas», comenta Gleijeses. Los campesinos dicen que no apoyarán a los defensores de la reforma agraria porque «no quieren problemas» con el ejército. «Arbenz nos enseñó cómo construir una casa», dijo uno de ellos a un antropólogo, «pero no cómo hacerla fuerte, y, a la primera embestida, la casa se nos cae encima». No es probable que la democracia al estilo preferido se enfrente a ninguna amenaza popular bajo estas condiciones[74].

El problema básico de los «años de primavera» fue el exceso de libertad y democracia. La CIA advirtió en 1952 que las «políticas radicales y nacionalistas» del gobierno habían conseguido «el apoyo o conformidad de casi todos los guatemaltecos», una señal de lo que la CIA llamaría posteriormente su «bajo nivel intelectual» (véase más arriba, párrafo que comienza: «Observemos que ésta es una variante…»). Y lo que es aún peor, el gobierno estaba procediendo «a movilizar al, hasta ahora, políticamente inerte campesinado» y a crear «un apoyo masivo al régimen actual». Éste estaba avanzando hacia estos objetivos mediante la organización obrera, la reforma agraria y otras reformas sociales y políticas nacionalistas «identificadas con la revolución guatemalteca de 1944». La revolución había generado «un fuerte movimiento nacional para liberar a Guatemala de la dictadura militar, el atraso social y el “colonialismo económico” que habían sido la pauta del pasado», y «había inspirado lealtad y se había conformado al interés de la mayoría de los guatemaltecos políticamente conscientes». Los programas democráticos del gobierno ofrecían al público un medio para participar en la obtención de estas metas, que iban directamente contra los intereses de la oligarquía y de las empresas norteamericanas de procesamiento y distribución de productos agrícolas. Una vez las cosas volvieron a la normalidad mediante el golpe de la CIA, un informe secreto del servicio de inteligencia del Departamento de Estado comentó que el liderazgo democrático que, afortunadamente, había sido derrocado «insistía en el mantenimiento de un sistema político abierto», permitiendo, de este modo, que los comunistas «ampliaran sus operaciones y atrajeran efectivamente a varios sectores de la población». Ni los militares «ni los políticos egoístas» pudieron superar esta deficiencia, finalmente subsanada por el golpe[75].

Una vez más, los Estados Unidos se hallaron en la situación familiar: políticamente débiles pero militar y económicamente fuertes. Las opciones políticas se siguieron de modo natural.

Los funcionarios del gobierno norteamericano se han lamentado constantemente de que los países latinoamericanos son insuficientemente represores —demasiado abiertos, demasiado comprometidos con las libertades civiles, no dispuestos a imponer las limitaciones necesarias sobre el desplazamiento y la difusión de información y, en general, reacios a adherirse a los criterios sociales y políticos de los Estados Unidos, tolerando, así, condiciones en las que la disidencia puede prosperar y llegar a la audiencia popular[76].

En nuestro país, incluso los grupos más pequeños pueden ser sometidos a una severa represión si se intuye que su potencial alcance puede ser demasiado grande. Durante la campaña desarrollada por la policía política nacional contra los Panteras Negras —incluyendo el asesinato, la instigación de redadas en los guetos, y otros varios métodos— el FBI estimó que los «miembros centrales» de la organización en cuestión eran sólo ochocientos, pero añadió amenazadoramente que «un sondeo reciente indica que aproximadamente el 25 por 100 de la población negra sentía un gran respeto por el [Partido de los Panteras Negras], incluyendo al 43 por 100 de los negros de edad inferior a los 21 años». Los servicios de represión del Estado emprendieron una campaña de violencia y desorganización para asegurarse de que los Panteras no lograban organizarse como fuerza social o política substancial —con gran éxito, pues la organización fue diezmada y los miembros restantes procedieron a autodestruirse—. Las operaciones del FBI desarrolladas durante esos mismos años y dirigidas contra toda la Nueva Izquierda estuvieron motivadas por preocupaciones similares. El mismo documento interno del servicio de inteligencia advierte que «el movimiento de jóvenes rebeldes conocidos como la “Nueva Izquierda”, que implica e influye a un gran número de estudiantes universitarios, está teniendo un serio impacto sobre la sociedad contemporánea con un potencial de grave disensión interna». La Nueva Izquierda tiene «intenciones revolucionarias» y «se identifica con el marxismo-leninismo». Ha intentado «infiltrarse y radicalizar el movimiento obrero», y después de fracasar en «la subversión y control de los medios de comunicación», ha establecido «una amplia red de publicaciones clandestinas útiles al fin dual de una red interna de comunicación y un órgano externo de propaganda». En consecuencia, plantea una amenaza para «el sector civil de nuestra sociedad», que debe ser contenida por el aparato de seguridad del Estado[77].

La libertad está bien, pero dentro de unos límites.

En la escena internacional, las opciones tácticas están severamente limitadas por los imperativos institucionales fundamentales. Las posiciones a lo largo de este espectro no están en modo alguno establecidas. Así, Henry Kissinger era un moderado por lo que respecta a China, tema en el que estaba de acuerdo con Richard Nixon en que la política dura era improductiva y en que otras medidas podían arrastrar a China al interior del sistema global dominado por los Estados Unidos. Al mismo tiempo, era belicista por lo que respecta a Oriente Medio, apoyando la negativa de Israel a aceptar el tratado de paz a escala total propuesto por Egipto y Jordania a principios de 1971 y bloqueando las acciones del Departamento de Estado hacia una resolución diplomática del conflicto árabe-israelí, estableciendo una política que prevalece todavía y que explica gran parte de lo que está sucediendo en esta región en la actualidad[78]. Su sucesor, Zbigniew Brzezinski, tiene un historial de belicista extremo, pero, en la crisis del Golfo de 1990, se opuso fuertemente a la idea estratégica de la administración, uniéndose a aquellos que instaban a confiar en las sanciones en lugar de buscar una victoria a través de la amenaza o el uso de la fuerza militar, con sus probables consecuencias para los intereses norteamericanos en Oriente Medio y más allá. Hay otros muchos ejemplos.

Podemos aprender muchas cosas prestando atención a la gama de opciones. Centrándonos sólo en América Latina, consideremos los esfuerzos para eliminar al régimen de Allende en Chile. Hubo dos operaciones paralelas. Track II, la línea dura, estaba orientada a un golpe militar. La misma fue ocultada al embajador Edward Korry, un liberal de Kennedy, cuya tarea era la de poner en práctica Track I, la línea blanda. Según palabras de Korry, «hacer todo lo que esté en nuestra mano para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza, una política pensada durante mucho tiempo para acelerar las duras características de una sociedad comunista en Chile». La línea blanda era una extensión del esfuerzo a largo plazo de la CIA para controlar la democracia chilena. Una indicación de su nivel es que, en las elecciones de 1964, la CIA gastó por votante chileno, con el fin de bloquear a Allende, dos veces el total gastado por votante por ambos partidos en las elecciones norteamericanas del mismo año[79]. Del mismo modo, en el caso de Cuba, la administración Eisenhower planeó un ataque directo mientras que el vicepresidente Nixon, fiel a la línea blanda, expresó, en una discusión secreta celebrada en junio de 1960, su preocupación de que, según un informe de la CIA, «la situación económica en Cuba se hubiera deteriorado significativamente desde el derrocamiento de Batista», instando después a la adopción de medidas específicas para ejercer «una mayor presión económica sobre Cuba[80]».

Por citar otro caso ilustrativo: en 1949, la CIA identificó «dos áreas de inestabilidad» en América Latina —Bolivia y Guatemala—.[81] La administración Eisenhower aplicó la línea dura para derrocar la democracia capitalista en Guatemala, pero eligió la línea blanda por lo que respecta a la revolución boliviana, que tenía el apoyo del Partido Comunista y de mineros del estaño radicales, había conducido a la expropiación e incluso avanzado hacia la «agitación criminal de los indios de las granjas y minas» y hacia una conferencia en favor de la paz, advirtió un arzobispo de derechas. La Casa Blanca llegó a la conclusión de que el mejor plan era el de apoyar a los elementos menos radicales, esperando que las presiones de los Estados Unidos, incluyendo el dominio del mercado del estaño, servirían para controlar procesos no deseados. El secretario de Estado, John Foster Dulles, insistió en que ésta sería la mejor manera de contener la «infección comunista en Sudamérica». Siguiendo las referencias políticas habituales, los Estados Unidos asumieron el control sobre el ejército boliviano, equipándolo con armamentos modernos y enviando a cientos de oficiales a la «escuela de golpes» en Panamá y otros lugares. Bolivia se sometió pronto a la influencia y el control de los Estados Unidos. En 1953, el Consejo Nacional de Seguridad observó una mejoría en el «clima para la inversión privada», incluyendo «un acuerdo que permite que una empresa norteamericana explote dos áreas petrolíferas[82]».

Se produjo un golpe militar en 1964. En 1980, se llevó a cabo un golpe con la ayuda de Klaus Barbie, que había sido enviado a Bolivia cuando ya no pudo ser protegido en Francia, donde había estado trabajando bajo control norteamericano para reprimir a la resistencia antifascista, como había hecho con los nazis. Según un reciente estudio de la UNICEF, uno de cada tres niños bolivianos sufre desnutrición. De la población económicamente activa, el 25 por 100 son parados y otro 40 por 100 trabajan en el «sector informal» (por ejemplo, el contrabando y la droga). La situación en Guatemala ya la hemos analizado[83].

Hay varios puntos que merecen atención. En primer lugar, las consecuencias de la línea dura en Guatemala y de la línea blanda en Bolivia fueron similares. En segundo, ambas decisiones políticas triunfaron en su principal objetivo: contener el «virus comunista» y la amenaza de los movimientos de emancipación nacional. En tercero, ambas políticas son evidentemente consideradas como bastante correctas, como vemos en el caso de Bolivia por el total desinterés por lo que ha sucedido desde entonces (aparte de los posibles costes para los Estados Unidos debidos al negocio de la droga). Y, en el caso de Guatemala, por la triunfante intervención desarrollada con Kennedy para bloquear unas elecciones democráticas, la participación directa de los Estados Unidos en sanguinarias campañas de contrainsurgencia con Lyndon Johnson, el continuo suministro de armas a Guatemala a finales de los años setenta (contrariamente a las ilusorias negativas) y la confianza en nuestro Estado mercenario israelí para llenar cualquier vacío cuando las restricciones del Congreso entraron finalmente en vigor, el entusiasta apoyo norteamericano a las atrocidades que rebasan, con diferencia, incluso la asombrosa norma guatemalteca de los años ochenta, y el aplauso a la «naciente democracia» que el ejército gobernante tolera en la actualidad como medio de sacarle dinero al Congreso. Podemos decir que éstos son «episodios confusos» y «erróneos» (que, en realidad, lograron sus principales objetivos), pero nada más (Stephen Kinzer[84]). En cuarto lugar, la línea blanda y la línea dura fueron adoptadas por la misma gente, al mismo tiempo, revelando que los problemas son tácticos y que no implican desviación alguna respecto del principio común. Todo ello nos da una idea de la naturaleza de la política y de la cultura política en que ésta se forma.

Los mismos métodos pueden aplicarse en general, como en casos ya discutidos, y otros muchos similares. La historia fundamental es, en todas partes, que la subversión de la democracia se lleva a cabo en defensa propia contra la amenaza soviética. No teníamos elección, como explica el editor de Foreign Affairs (véase más arriba, párrafo que comienza: «En el discurso público reinaban…»). John Lewis Gaddis es más exacto cuando observa que «el creciente éxito de los partidos comunistas en Europa occidental, el este del Mediterráneo y China» despertó, con razón, «sospechas acerca del comportamiento de la Unión Soviética», a pesar de que su popularidad «nació primordialmente de su efectividad como combatientes en la resistencia contra los Ejes[85]». El problema es la plebe, y ha de ser vencida por otros medios si los procesos democráticos no pueden ser correctamente canalizados.

6. LA SALVAJE MULTITUD

La paradoja del gobierno de Hume surge solamente si suponemos que un elemento crucial de la naturaleza humana esencial es lo que Bakunin denominó «un instinto de libertad». Lo que Hume encuentra sorprendente es el no poder actuar sobre este instinto. Este mismo fracaso inspiró el clásico lamento de Rousseau de que la gente nace libre, pero que está siempre encadenada, seducida por las ilusiones de la sociedad civil creada por los ricos con el fin de garantizar su pillaje. Algunos pueden adoptar este supuesto como una de las «creencias naturales» que guían su conducta y su pensamiento. Se han desarrollado esfuerzos para basar el instinto de libertad en una teoría sustantiva de la naturaleza humana. Resultan interesantes, pero ciertamente no confirman la cuestión. Como otros dogmas del sentido común, esta creencia sigue siendo un principio regulador que adoptamos o rechazamos como dogma de fe. La decisión que tomemos puede tener consecuencias a gran escala para nosotros y para los demás.

Aquellos que adoptan el principio del sentido común de que la libertad es nuestro derecho natural y una necesidad esencial estarán de acuerdo con Bertrand Russell en que el anarquismo es «el ideal definitivo al que la sociedad debería aproximarse». Las estructuras de jerarquía y dominación son ilegítimas. Sólo pueden ser defendidas por motivos de imperiosa necesidad, un argumento que rara vez resiste un análisis. Como Russell procedió a observar hace setenta años, «los viejos lazos de autoridad» tienen escaso mérito intrínseco. Se precisan razones para que la gente abandone sus derechos, «y las razones presentadas son razones falsas, que convencen únicamente a aquellos que tienen un interés egoísta en ser convencidos. … El estado de sublevación —prosiguió— existe en las mujeres frente a los hombres, en las naciones oprimidas frente a sus opresores, y, sobre todo, en el movimiento obrero frente al capital. Es un estado de total peligro, como demuestra toda la historia pasada, pero también lleno de esperanza[86]».

Russell atribuyó el hábito de la sumisión, en parte, a las prácticas educativas coactivas. Sus opiniones tienen reminiscencias de los pensadores de los siglos XVII y XVIII, que sostenían que la mente no había de ser atiborrada de conocimientos «desde la nada, como un recipiente», sino que ha de ser «estimulada y despertada. … El crecimiento del conocimiento [se parece] al crecimiento de un fruto. Aunque las causas externas pueden contribuir en cierta medida, es el vigor interno y la virtud del árbol lo que debe sazonar los jugos hasta que alcancen su precisa madurez». Ideas similares subyacen en el pensamiento de la Ilustración sobre la libertad política e intelectual, y sobre el movimiento obrero independiente, que transforma al trabajador en un instrumento para otros fines en lugar de en un ser humano que satisface necesidades internas —un principio fundamental del pensamiento liberal clásico, aunque olvidado hace mucho tiempo a causa de sus implicaciones revolucionarias—. Estas ideas y valores retienen su poder y su pertinencia, aunque están muy lejos de su realización en todo el mundo. Mientras esto sea así, las revoluciones libertarias del siglo XVIII distan mucho de ser consumadas, una visión para el futuro[87].

Podríamos suponer que esta creencia natural ha de ser confirmada por el hecho de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados para contenerla, la multitud sigue luchando por sus derechos humanos fundamentales. Y con el tiempo, algunos ideales liberales se han hecho parcialmente realidad o se han convertido en moneda corriente. Muchas de las ofensivas ideas de los demócratas radicales del siglo XVII, por ejemplo, parecen hoy bastante inocuas, aunque otras tempranas ideas siguen estando más allá de nuestro actual alcance moral e intelectual.

La lucha por la libertad de expresión es un caso interesante —y un caso crucial, puesto que forma parte del núcleo de toda una serie de libertades y derechos—. Una pregunta fundamental de la era moderna es cuándo puede actuar el Estado para prohibir el contenido de las comunicaciones, si es que puede hacerlo. Como hemos señalado con anterioridad, incluso aquellos que son considerados como destacados libertarios han adoptado puntos de vista restrictivos y moderados sobre esta cuestión[88]. Un elemento crítico es el libelo sedicioso, la idea de que el Estado puede ser criminalmente atacado por la expresión, «el sello de las sociedades cerradas en todo el mundo», observa el historiador legal Harry Kalven. Una sociedad que tolera leyes contra el libelo sedicioso no es libre, cualesquiera que sean sus demás virtudes. En la Inglaterra de finales del siglo XVII, los hombres eran castrados, desventrados, cortados a pedazos y decapitados por este crimen. Durante todo el siglo XVIII, hubo un consenso general de que la autoridad establecida únicamente podía mantenerse silenciando la discusión subversiva, y «toda amenaza, real o imaginada, para la buena reputación del gobierno» debe ser evitada por la fuerza (Leonard Levy). «Las personas particulares no son jueces de sus superiores… [puesto que] ello confundiría a todo gobierno», escribió un editor. La verdad no era una defensa: las acusaciones ciertas eran incluso más criminales que las falsas porque tienden todavía más a arrastrar a la autoridad al descrédito[89].

El trato dispensado a la opinión disidente sigue, incidentalmente, un modelo similar en nuestra era más liberal. Las acusaciones falsas y ridículas no son auténticos problemas. Son las críticas desmedidas las que revelan verdades no deseadas de las que la sociedad debe ser protegida.

La doctrina del libelo sedicioso fue también defendida en las colonias americanas. La intolerancia hacia el disentimiento durante el período revolucionario es notable. El destacado liberal norteamericano Thomas Jefferson estaba de acuerdo en que el castigo «de un traidor en el pensamiento, pero no en la acción», era adecuado, y autorizó el internamiento de los sospechosos políticos. Él y otros fundadores estaban de acuerdo en que las «palabras traidoras o irrespetuosas» contra la autoridad del Estado nacional o cualquiera de los estados que lo componen era criminal. Leonard Levy observa que

durante la revolución, Jefferson, al igual que Washington, los Adams y Paine, creía que no podían tolerarse diferencias serias en las opiniones políticas sobre la cuestión de la independencia, no había ninguna alternativa aceptable a la completa sumisión a la causa patriótica. En todas partes había una libertad ilimitada para elogiarla, ninguna para criticarla.

Cuando estalló la Revolución, el Congreso Continental instó a los estados a poner en vigor una legislación para evitar que la gente fuera «engañada y arrastrada a una opinión errónea». Hasta que los propios jeffersonianos estuvieron sometidos a medidas represivas a finales de la década de 1790, no desarrollaron un cuerpo de pensamiento más liberal para protegerse a sí mismos —dando marcha atrás, sin embargo, cuando ellos alcanzaron el poder[90].

Hasta la primera guerra mundial, no hubo más que una base limitada para la libertad de expresión en los Estados Unidos, y, hasta 1964, no fue abolida la ley del libelo sedicioso por el tribunal supremo. En 1969, el tribunal protegió finalmente la expresión, a excepción de «la incitación a una acción ilegal inminente». Dos siglos después de la revolución, el tribunal había adoptado por fin la postura que había sido defendida en 1776 por Jeremy Bentham, quien afirmaba que un gobierno libre debe permitir que los «descontentos» «comuniquen sus sentimientos, concierten sus planes y practiquen todo tipo de oposición a excepción de la propia revuelta, antes de que el poder ejecutivo pueda molestarles de forma legalmente justificada». La decisión del tribunal supremo de 1969 formuló un criterio liberal que, creo, es único en el mundo. En Canadá, por ejemplo, la gente sigue siendo encarcelada por promulgar «falsas noticias», lo cual fue reconocido como crimen en 1275 para proteger al rey[91].

En Europa, la situación es todavía más primitiva. Francia es un caso sorprendente a causa del espectacular contraste entre la retórica autocomplaciente y la práctica represiva, demasiado común para pasar desapercibida. Inglaterra no tiene más que una protección limitada de la libertad de expresión, y tolera incluso desgracias tales como la ley de blasfemia. La reacción ante el asunto de Salman Rushdie, más espectacular por parte de los conservadores, fue particularmente notable. Rushdie fue acusado de libelo sedicioso y blasfemia en los tribunales, pero el tribunal supremo determinó que la ley de blasfemia afectaba sólo a la cristiandad, no al islam, y que sólo un ataque verbal «contra Su Majestad o el gobierno de Su Majestad o alguna otra institución del Estado» se considera libelo sedicioso. Por consiguiente, el tribunal defendió una doctrina fundamental del ayatolá Jomeini, Stalin, Goebbels y otros detractores de la libertad al reconocer que la ley inglesa protege de las críticas sólo al poder interno. Indudablemente, muchos estarían de acuerdo con Conor Cruise O’Brien, quien, cuando era ministro de Correos y Telégrafos en Irlanda, enmendó la Broadcasting Authority Act [Ley reguladora del ente público de radiodifusión] para permitir que las autoridades se negaran a difundir cualquier cuestión que, a juicio del ministro, «tendiera a minar la autoridad del Estado[92]».

También deberíamos considerar que el derecho a la libertad de expresión en los Estados Unidos no fue establecido por la primera enmienda a la constitución, sino únicamente tras los ímprobos esfuerzos desarrollados durante un largo período por el movimiento obrero, los movimientos en pro de los derechos humanos y antibélicos de los años sesenta, y otras fuerzas populares. James Madison señaló que una «barrera de pergamino» no bastará nunca para evitar la tiranía. Los derechos no son establecidos por las palabras, sino que se adquieren y mantienen mediante la lucha.

También vale la pena recordar que las victorias favorables a la libertad de expresión se consiguen a menudo defendiendo los puntos de vista más depravados y horrendos. La decisión de 1969 del tribunal supremo fue tomada en defensa de la persecución del Ku Klux Klan tras una reunión con figuras encapuchadas, pistolas y una cruz ardiendo, que proclamaba «enterrar al negro» y «devolver a los judíos a Israel». En cuanto a la libertad de expresión, existen básicamente dos posturas: o bien uno la defiende enérgicamente, favoreciendo puntos de vista que odia, o bien la rechaza en favor de criterios estalinistas o fascistas[93].

No sabemos si el instinto de libertad es o no real. Si lo es, la historia nos enseña que puede ser obstaculizado, pero que todavía no ha muerto. El valor y la dedicación de la gente que lucha por la libertad, su voluntad de enfrentarse a un terror de Estado y una violencia extremos, son muchas veces extraordinarios. Se ha producido un lento aumento de la conciencia a lo largo de muchos años, y se han logrado objetivos que se consideraron utópicos o que fueron escasamente contemplados en épocas anteriores. Un optimista incurable puede señalar esta trayectoria histórica y expresar la esperanza de que con una nueva década, y pronto un nuevo siglo, la humanidad podrá superar algunas de sus enfermedades sociales. Otros podrían deducir una lección distinta de la historia reciente. Es difícil hallar motivos racionales para afirmar una u otra perspectiva. Como en el caso de muchas de las creencias naturales que guían nuestras vidas, no podemos hacer nada mejor que elegir de acuerdo con nuestra intuición y nuestras esperanzas.

Las consecuencias de tal elección están claras. Negando el instinto de libertad, demostraremos que los humanos son una mutación letal, un punto muerto evolutivo Alimentándolo, si es real, podemos hallar maneras de abordar tragedias y problemas humanos de enorme magnitud.

NOAM CHOMSKY (Filadelfia, 1928), lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955 con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Z. Harris, de quien fue discípulo. Entró entonces a formar parte como docente del Massachusetts Institute of Technology, del que es profesor desde 1961.

Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional, o generativa, cuya principal novedad radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones: por un lado, la «estructura profunda», conjunto de reglas de gran generalidad a partir de las cuales se «genera», mediante una serie de reglas de transformación, la «estructura superficial» de la frase. Este método permite dar razón de la identidad estructural profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el pasivo de una oración. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento tácito de las estructuras fundamentales de la gramática, que Chomsky consideró en gran medida innato; basándose en la dificultad de explicar la competencia adquirida por los hablantes nativos de una lengua a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres, consideró que la única forma de entender el aprendizaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad.

Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en el político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la guerra de Vietnam y sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos.

[1] Para el desarrollo del tema en aquella época, véase mi Towards a New Cold War. Pantheon, 1982 (hay trad. cast.: La segunda guerra fría. Crítica, Barcelona, 1984), particularmente la introducción y el capítulo 7. Ello se presupone en general en lo que sigue, juntamente con otro comentario sobre estas cuestiones en mi Turning the Tide. South End, 1985 (hay trad. cast.: La quinta libertad. Crítica, Barcelona, 1988), On Power and Ideology. South End, 1987. La frase citada procede de un informe a la Comisión Trilateral en M. J. Crozier, S. P. Huntington y J. Watanuki, The Crisis of Democracy. Universidad de Nueva York, 1975. <<

[2] Véanse las referencias de la nota 1; también William A. Schwartz y Charles Derber et al., The Nuclear Seduction. Universidad de California, 1990. <<

[3] Thomas Friedman, «Behind Bush’s Hard Line», NYT. 22 de agosto de 1990. Véase el capítulo 5 para un mayor desarrollo del tema y el capítulo 1, sección 5, para el contexto histórico. <<

[4] «The Interim Agreement», New Politics. n.º 3, 1976; véase Towards a New Cold War, capítulos 11 y 8. Véase este último para varios ejemplos extraídos de la literatura sobre asuntos exteriores que hacen la distinción entre «necesidades» y «deseos» esencialmente en estos términos. <<

[5] Mary Curtius, «US asks allies to help pay for its continued leadership», BG. 20 de septiembre de 1990. David Hale, primer economista de Kemper Financial Services, Chicago, «How to pay for the global policeman», Financial Times. (Londres), 21 de noviembre de 1990. <<

[6] William Neikirk, «We are the world’s guardian angels», sección económica del Chicago Tribune. 9 de septiembre de 1990. <<

[7] AP, informando sobre un estudio de la Cornell University School of Industrial and Labor Relations, 9 de septiembre de 1990. <<

[8] Para un desarrollo claro y fácil de comprender estas modalidades dentro de la democracia capitalista, véase Joshua Cohen y Joel Rogers, On Democracy. Penguin, 1982. <<

[9] Entre ellos, los citados en la nota 1. También Political Economy of Human Rights (con Edward S. Herman, 2 volúmenes), South End, 1979; Fateful Triangle. South End, 1983; Pirates and Emperors. Claremont, Black Rose, 1986; Culture of Terrorism. South End, 1987 (hay trad. cast.: La cultura del terrorismo. Ediciones B, Barcelona, 1989); Manufacturing Consent (con E. S. Herman), Pantheon, 1988 (hay trad. cast.: Los guardianes de la libertad. Crítica, Barcelona, 1990); Necessary Illusions. South End, 1989. <<

[1] Véase capítulo 10, sección 4, de la edición original de esta obra, Deterring Democracy. Verso, Londres y Nueva York, 1991. <<

[2] Foreign Relations of the United States (FRUS). 1950, vol. I, pp. 234-292, dado a conocer en 1975. Los memorándums del Consejo Nacional de Seguridad [National Security Council] (NSC) son los documentos gubernamentales de planificación de más alto nivel. <<

[3] Así, el Canadá es excluido y los datos relativos a la URSS son metas para 1950, «creyéndose que exceden en muchos casos la producción realmente alcanzada», mientras que las cifras correspondientes a Europa son «datos reales de 1948», que ya han sido rebasados. Los datos relativos a los Estados Unidos son seleccionados para reflejar el acusado descenso de la producción industrial desde 1948. Las cifras correspondientes a la Unión Soviética representan los límites de lo que es posible. Se reconoce que Occidente tiene una gran capacidad no utilizada. <<

[4] Véase el capítulo 8, sección 7, de la edición original, Deterring Democracy. <<

[5] «Rethinking the Third World», Washington Post Book World. 23 de octubre de 1988, un análisis que rechaza Confronting the Third World de Gabriel Kolko, Pantheon, 1988, que, según afirma Schoenbaum, está marcada por el no proponer mejores políticas y por la omisión de hechos que no corroboran la teoría del autor (se da un ejemplo: que «estaban en peligro vidas norteamericanas» cuando los Estados Unidos invadieron la República Dominicana —ello no justifica la agresión, aunque hubiera sido cierto, y, además, ha sido desacreditado hace mucho tiempo). <<

[6] Gaddis, The Long Peace. Oxford, 1987, p. 43. Véase Necessary Illusions, apéndice II, para un mayor desarrollo del tema. <<

[7] Citado por Michael Krenn, US Policy toward Economic Nationalism in Latin America, 1917-1929. Scholarly Resources, 1990, pp. 13 y ss., 52 (en cursiva en el original). También David Schmitz, The United. 8. States and Fascist Italy. Universidad de Carolina del Norte, 1988, p. 10. <<

[8] Stone, «Is the Cold War Really Over?», Sunday Telegraph. (Londres), 27 de noviembre de 1988. <<

[9] Hertzberg, contribución al simposio sobre «The End of the Cold War?, The Coming Challenge for Journalism», Deadline. Centro para la Guerra, la Paz y los Medios Informativos [Center for War, Peace and News Media], verano de 1989. <<

[10] Patrick Tyler, WP Weekly. 13 de agosto de 1990. <<

[11] «The Bewildered American Raj; Reflections on a democracy’s foreign policy», Harper’s, marzo de 1985. <<

[12] Paul M. Kattenburg, The Vietnam Trauma in American Foreign Policy, 1945-1975. Transaction Books, 1982, pp. 69 y ss. <<

[13] R.W. Apple, NYT. 5 de noviembre de 1989; Reston, NYT. 24 de noviembre de 1967. Sobre Reston (y la opinión de la elite en general) en relación con las masacres de Indonesia, véase mi artículo en Z Magazine, septiembre de 1990. Para otros ejemplos de este comentario, véase Towards a New Cold War, Turning the Tide (hay trad. cast.: La segunda guerra fría. Crítica, Barcelona, 1984, y La quinta libertad. Crítica, Barcelona, 1988). <<

[14] Report on the National Bipartisan Commission on Central America. Henry Kissinger, presidente, 10 de enero de 1984. Laqueur y Krauthammer, New Republic. 31 de marzo de 1982; Huntington, Political Science Quarterly, primavera de 1982 (véase Turning the Tide, pp. 153 y ss., 161, para un análisis del interesante razonamiento que lleva a esta conclusión); Krauthammer, New Republic. 17 de febrero de 1986. <<

[15] Morgenthau, The Purpose of American Politics. Vintage, 1964. Véase Towards a New Cold War para un mayor desarrollo de estos y otros ejemplos similares del mundo académico, del comentario intelectual y del periodismo; y las referencias de la introducción para muchos más. <<

[16] Para un mayor comentario sobre el tema, véase Necessary Illusions, en particular, apéndice II, sección 2; apéndice 5, sección 8. <<

[17] Para un ejemplo de esta falacia, véase Fred Halliday, «The Ends of Cold War», New Left Review. 180/1990. La obra de Halliday sobre estos temas, aunque a menudo estimable, se malogra por una persistente incapacidad para comprender conceptos alternativos y por curiosos errores de razonamiento, como en este caso; véase, por ejemplo, su Making of the Second Cold War. Verso, 1983, p. 27, donde interpreta mi observación de que los «verdaderos rivales» de los Estados Unidos son el Japón y Europa, no la Unión Soviética (obvio en aquella época y, ahora, el más puro tópico) como la implicación de que el conflicto con la URSS no era «más que un pretexto utilizado por los Estados Unidos para suscitar el conflicto» con la CEE y el Japón —lo cual, por supuesto, no es así. <<

[18] Sobre el crucial papel del Departamento de Defensa en la industria de los ordenadores, véase Kenneth Flamm, Targeting the Computer. Brookings, 1987. <<

[19] Los historiadores económicos reconocen, en general, que la intervención estatal es una característica crucial del «desarrollo tardío», pero la conclusión se refiere, habitualmente, a prósperas sociedades industriales, incluyendo a Gran Bretaña, los Estados Unidos, Alemania y el Japón. Una explicación clásica del papel del Estado en el «desarrollo tardío» en la Europa continental es la de Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective. Harvard, 1962. Por lo que respecta a Corea, véase el importante estudio de Alice Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and the Late Industrialization. Oxford University Press, 1989; y para una visión general, Amsden, «East Asia’s Challenge —to Standard Economics», American Prospect, verano de 1990. Véanse también varios artículos en «Showa: the Japan of Hiroito», Daedalus, verano de 1990, en particular los de John Dower y Chalmers Johnson. Sobre las fantasías acerca de los efectos de la apertura económica y el papel del Estado, comparando América y Asia en las últimas décadas, véase Tariq Banuri, ed., No Panacea: the Limits of Economic Liberalization. Oxford Universtity Press, en preparación (véase el capítulo 7, sección 7). Sobre el crucial papel del desarrollo económico impulsado por el Estado y los gastos sociales para la famosa «excepción costarricense», véase Anthony Winson, Cofee & Modern Costa Rican Democracy. St Martin’s Press, 1989. Para una mayor exposición del tema, incluyendo el «desarrollo temprano», véase Frederick Clairmonte, Economic Liberalism and Underdevelopment. Asia Publishing House, Londres-Bombay, 1960. Para una clara primera explicación de la tendencia general hacia unos sistemas capitalistas del Estado al estilo fascista durante los años treinta, adaptada a factores culturales e institucionales particulares, véase Robert Brady, Business as a System of Power. Columbia, 1943. Véase también el clásico estudio sobre el abandono del laissez-faire, de Karl Polanyi, The Great Transformation. Beacon Press, 1957 (hay trad. cast.: La gran transformación. Endymion, Madrid, 1989). <<

[20] Para un cierto desarrollo del tema y referencias, véase Necessary Illusions, pp. 29 y ss. y apéndice II, sección 2. Véase también el capítulo 8, más adelante. Véase Crozier, Huntington y Watanuki, The Crisis of Democracy. <<

[21] Strategies of Containment. Oxford University Press, 1982, pp. 356-357. La cita de Kennan procede del discurso pronunciado en el National War College, ibid. , p. 40. <<

[22] Frank Costigliola, en Thomas Paterson, ed., Kennedy’s Quest for Victory. Oxford University Press, 1989. <<

[23] Para la discusión del tema, véase Turning the Tide, capítulo 4; On Power and Ideology, conferencia 4 (hay trad. cast.: Sobre el poder y la ideología. Visor, Madrid, 1989); Schwartz y Derber, Nuclear Seduction. Sobre Oriente Medio en particular, véase Towards a New Cold War, Fateful Triangle, Necessary Illusions. Observaciones acerca de la verificación tomadas de Raymond L. Garthoff, «Estimating Soviet Military Force Levels», International Security. 14:4, primavera de 1990. Garthoff sugiere que el «problema principal de la verificación» en la «nueva era» puede venir dado no por la URSS, «sino por nuestra propia reticencia y la de algunos de nuestros aliados». <<

[24] James P. Warburg, Germany: Key to Peace. Harvard, 1953, pp. 188 y ss. <<

[25] Garthoff; Kaplan, BG. 29 de noviembre de 1989. <<

[26] Véanse referencias de la nota 23 y Towards a New Cold War, introducción, capítulo 7. El tema de las armas estratégicas durante los años setenta se discute en Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation. Brookings Institution, 1985, p. 793. Sobre el aislamiento de los Estados Unidos en la ONU por lo que respecta al desarme y otros temas, y el tratamiento de estas cuestiones por los medios de comunicación (a saber, evasión), véase Necessary Illusions, pp. 82 y ss. <<

[27] William Yandell Elliot, ed., The Political Economy of American Foreign Policy. Holt, Rinehart & Winston, 1955, p. 42. Para una discusión más extensa de este importante y, por lo general, ignorado estudio, véase mi At War with Asia. Pantheon, 1970, introducción. <<

[28] Véase más arriba el párrafo que comienza: «La doctrina oficial…». <<

[29] Para una evaluación escéptica, véase Schwartz y Derber, Nuclear Delusion. <<

[30] Véase On Power and Ideology. p. 105. La propuesta específica de Nitze era favorable a un sistema de defensa civil que reduciría la preocupación acerca de las represalias soviéticas. Al ser esto completamente imposible, la única alternativa es más armamento letal. La defensa «estratégica» del SDI fue similar. <<

[31] Michael Gordon, NYT. 31 de enero; Nations Security Strategy of the United States. La Casa Blanca, marzo de 1990. Sobre el ataque contra Libia y la cobertura del tema por los medios de comunicación, véase Pirates and Emperors, capítulo 3; Necessary Illusions, pp. 272-273; William Schaap, Covert Action Information Bulletin, verano de 1988. Observemos que la pregunta en cuestión es cómo trataron los medios de comunicación la información disponible en el contexto de las demandas del Estado, y es, pues, bastante independiente de los hechos cualesquiera que fueran, si es que son establecidos de forma creíble alguna vez. Para datos relevantes, véase Stephen Shalom, Z Magazine, abril-junio de 1990. <<

[32] Declaración de Robert Komer ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, citada por Melvyn Leffler, «From the Truman Doctrine to the Carter Doctrine», Diplomatic History, vol. 7, 1983, pp. 245 y ss. Véase Towards a New Cold War, Fateful Triangle, para un debate más extenso. <<

[33] AP, 3 de abril; Michael Klare, «The U.S. Military Faces South», Nation. 18 de junio de 1990. <<

[34] Gray, Marine Corps Gazette, mayo de 1990. <<

[35] Immerman, «Confessions of an Eisenhower Revisionist», Diplomatic History, verano de 1990. <<

[36] Stephen Van Evera, Atlantic Monthly, julio de 1990; también CCS Policy Repon. n.º 3, Institute for Peace and International Security, Cambridge, MA, junio de 1990. <<

[37] Véase Teodor Shanin, Rusia as a «Developing Society». Yale, 1985, vol. 1, pp. 103 y ss., 123 y ss., 134 y ss., 187 y ss. La cita es de D. Mirsky, Rusia, A Social History. Londres, 1952, p. 269, citado por Shanin. <<

[38] National Interest, otoño de 1989. <<

[39] Véase Turning the Tide. p. 198, y fuentes citadas. <<

[40] Richard Drinnon, Facing West: the Metaphysics of Indian-hating and Empire Building. Universidad de Minnesota, 1980, pp. 68, 96 y ss. Cartas de Jefferson de 1812, 1813. John Adams, 1812. <<

[41] Adams, Despacho al embajador Erwing, 1818. William Earl Weeks, «John Quincy Adams’s “Great Gun” and the Rethoric of American Empire», Diplomatic History, primavera de 1990. <<

[42] Ibid. ; Drinnon, pp. 109 y ss. <<

[43] Weeks, Drinnon, Acheson, véase Deterring democracy, capítulo 3. <<

[44] Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny. Harvard, 1981, pp. 279, 235, 210-211. Darwin, Descent of Man. Princeton, 1981, parte I, p. 179; estoy en deuda con Jan Koster por esta referencia. <<

[45] Para referencias y discusión del tema, véase Turning the Tide, pp. 59, 61,146 y ss. <<

[46] Citado en Ruth Leacock, Requiem for Revolution. State of Kent University Press, 1990, p. 33. <<

[47] Véanse los capítulos 3 y 4 para una discusión más extensa. <<

[48] Citado por Schmitz, United States and Fascist Italy. p. 40. Gaddis, véase la nota 6. <<

[49] Schmitz, pp. 14, 36, 44, 52, citando el informe de la Colonel House aconsejando al presidente Wilson sobre las negociaciones de Versalles; Gordon Auchincloss del Departamento de Estado, diarios de la guerra; embajador Richard Washburn Child; embajada en Washington, 1921. <<

[50] Para más detalles, véase Schmitz, capítulos 3, 4. <<

[51] Filippelli, American Labor and Postwar Italy, 1943-1953. Stanford, 1989, p. 15. <<

[52] Schmitz, pp. 67 y ss. <<

[53] Ibid. , pp. 77 y ss. Kellogg Krenn, U.S. Policy toward Economic Nationalism, pp. 53-54. Acerca de la favorable respuesta general al fascismo de Mussolini en los Estados Unidos, véase John Diggins, Mussolini and Fascism. Princeton, 1972. <<

[54] Krenn, p. 53. <<

[55] Schmitz, capítulo 6. <<

[56] Ibid. , capítulo 7. Sobre España, véase mi American Power and the New Mandarins. Pantheon, 1969, capítulo 1, las partes relevantes han sido nuevamente publicadas en James Peck, ed., The Chomsky Reader. Pantheon, 1987. <<

[57] Schmitz, pp. 133, 140, 174 y capítulo 9. Sobre el Japón, véase mi American Power and the New Mandarins, capítulo 2. <<

[58] Schmitz, epílogo. Para una discusión más extensa, véase el capítulo 7 de la edición original de esta obra, Deterring Democracy. Para un análisis del proyecto, véase Turning the Tide, capítulo 4, sección 4.4 y fuentes citadas, particularmente la innovadora obra de Gabriel y Joyce Kolko. <<

[59] Schmitz, pp. 60-61. <<

[60] Krenn, pp. 40, 51 y ss. <<

[61] Ibid. , p. 44. Véase también Walter LaFeber, Inevitable Revolutions. Norton, 1983. <<

[62] Krenn, U.S. Policy, pp. 58 y ss., 106-107. Acheson, véase p. 82, más adelante. <<

[63] Krenn, p. 62. Dulles citado por Stephen G. Rabe, Eisenhower and Latin America. Universidad de Carolina del Norte, 1988, p. 33. Woodward, véase Necessary Illusions, apéndice V, sección 1. <<

[64] Krenn, capítulo 6. <<

[65] Para más detalles y referencias allí donde no hayan sido específicamente citadas, véanse las fuentes citadas en la introducción. También Gabriel Kolko, Confronting the Third World (véase la nota 3). <<

[66] Véase el capítulo 8 más abajo. <<

[67] Tonelson, NYT. 13 de abril de 1986, hace un análisis de Turning the Tide y encuentra un «problema teórico» en mi explicación de la política exterior de los Estados Unidos a causa del pretendido esfuerzo realizado por este país. Para un argumento igualmente falaz, véase al historiador de la economía Charles Kindelberger, quien cita al Japón como «un difícil contraejemplo» a la teoría según la cual la política exterior de los Estados Unidos está motivada por el propio interés basándose en que el Japón no es «una marioneta de los Estados Unidos». Por la misma lógica, podría demostrarse que China y Rumanía refutan la teoría de que la política de la Unión Soviética estuvo motivada por su propio interés. El argumento sólo resiste si se añade el supuesto de que los Estados Unidos y la URSS son omnipotentes. En el mundo real, estuvieron motivados por su propio interés, pero enfrentados a los límites de su poder. Kindelberger, Public Policy, verano de 1971. Para una discusión más extensa, véase mi For Reasons of State. Pantheon, 1973, pp. 45-46 (hay trad. cast.: Por razones de estado. Ariel, Barcelona, 1975). Draper, citado por Michael Schaller, American Occupation of Japan. Oxford University Press, 1985, p. 127. Reston, véase más arriba, en párrafo que comienza: «Esto último no pretende ser una ironía…». <<

[68] Hogan, The Marshall Plan. Cambridge University Press, 1987, pp. 42-43, 45, citando un memorándum de 1947 elaborado por William Clayton; pp. 91-92. <<

[69] Schmitz, United States and Fascist Italy, pp. 37 y ss. <<

[70] Leffer, «The United States and the Strategic dimensions of the Marshall Plan», Diplomatic History, verano de 1988; McCormick, «Every System Nedds a Center Sometimes», en Lloyd Gardner, ed., Redefining the Past: Essays in Diplomatic History in Honor of William Appleman Williams, estado de Oregón, 1986. Volveremos a estas cuestiones en el capítulo 7. <<

[71] Citado por Bruce Cumings, «Power and Plenty in Northeast Asia», World Policy Journal, invierno de 1987-1988. <<

[72] Borden, The Pacific Alliance. Wisconsin, 1984, pp. 27, 12, 245; Hogan, pp. 337, 393. <<

[73] Para referencias, véase LaFeber, Kolko; y Turning the Tide. <<

[74] Véase On Power and Ideology, pp. 19-23, para ciertos ejemplos particularmente claros extraídos del NSC 5432, «U.S. Policy Toward Latin America», 18 de agosto de 1954, inmediatamente después de la exitosa destrucción de la democracia en Guatemala. Estos principios se reiteran en otros lugares, a menudo palabra por palabra (por ejemplo, en NSC 5613/1, 25 de septiembre de 1956). <<

[75] Editorial, NYT. 6 de agosto de 1954. Sobre el tratamiento del «asunto» iraní y sus consecuencias por parte de los medios de comunicación, véase Necessary Illusions, apéndice V, sección 3, y fuentes citadas. <<

[76] Schoultz, Human Rights and United States Policy toward Latin America. Princeton, 1981, p. 7. <<

[77] CIA, Oficina de Información Actual [Office of Current Intelligence], «The Role of Public Opinion in Latin American Political Stability», 13 de mayo de 1965, OCI n.º 1803/65. Sobre el apoyo a Somoza y la Guardia Nacional con la administración Carter, véase Deterring Democracy, capítulo 10. Para más detalles sobre el «bajo nivel intelectual» en Guatemala, véase el capítulo 8, p. 391. <<

[78] Actas que resumen el PPS 51, abril de 1949, citadas por Michael Schaller, «Securing the Great Crescent: Occupied Japan and the Origins of Containment in Southeast Asia», Journal of American History, septiembre de 1982. Véase también Schaller, American Occupation of Japan. p. 160. Acerca de la planificación en el sureste asiático, véase también For Reasons of State, pp. y 31 ss., y varios ensayos en Chomsky y Howard Zinn, eds., Critical Essays, The Pentagon Papers. Senator Gravel Edition, vol. 5, Beacon, 1972, en particular los de John Dower y Richard Du Boff. Véase también el capítulo 7, sección 3, más adelante. <<

[79] Stimson explica, en mayo de 1945, por qué todos los sistemas regionales deben ser desmantelados en interés del internacionalismo liberal, a excepción de los nuestros, que deben ampliarse. Véase Turning the Tide, pp. 63 y ss. Véase On Power and Ideology, pp. 21 y ss., sobre los planes para desplazar la influencia de nuestros enemigos europeos tradicionales sobre las fuerzas armadas. <<

[80] PPS 23, 24 de febrero de 1948. Véase FRUS. vol. I, 1948, p. 511. <<

[81] Douglas Brinkley y G. E. Thomas, «Dean Acheson’s Opposition to African Liberation», Transafrica Forum (verano de 1988); Monis, Uncertain Greatness. Harper & Row, 1977. <<

[82] La referencia específica corresponde al petróleo de Arabia Saudita. Para referencias y un mayor desarrollo del tema, véase Towards a New Cold War. También Aaron David Miller, Search for Security. Universidad de Carolina del Norte, 1980; Irvine Anderson, Aramco, the United States and Saudi Arabia. Princeton, 1981; Michael Stoff, Oil, War and American Security. Yale, 1980; David Painter, Oil and the American Century. Johns Hopkins University, 1986; Eisenhower citado en Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflicts. Universidad de Chicago, 1985, p. 51. <<

[83] Cumings; Fukai, «Japan’s Energy Policy», Current History, abril de 1988. Véase también Towards a New Cold War, pp. 97-98. <<

[84] Véase Towards a New Cold War, capítulo 11. <<

[85] Sobre la diplomacia del conflicto árabe-israelí y su evolución en el período posterior a 1967, véase Towards a New Cold War, Fateful Triangle y sobre la fase actual de los esfuerzos de los Estados Unidos para bloquear una solución global, véase Necessary Illusions y mi artículo publicado en Z Magazine, enero de 1990. <<

[86] Para más detalles, véase Fateful Triangle, pp. 457 ss. Culture of Terrorism, capítulo 8. También John Marshall, Peter Dale Scott y Jane Hunter, The Iran Contra Connection. South End, 1987, capítulos 7 y 8; Samuel Segev, The Iranian Triangle. Free Press, 1988. <<

[87] Avi Schlaim, Collusion Across the Jordan. Columbia, 1988, p. 388, parafraseando los datos de 1948 JCS; en la p. 491, cita los archivos estatales israelíes. Para referencias y más detalles, véase Towards a New Cold War, (capítulo 7) y Fateful Triangle (capítulo 2). <<

[88] Friedman, «U.S. Gulf Policy: Vague “Vital Interests”», NYT. 12 de agosto. Dionne, «Drawing Lessons from History», WP Weekly. 13 de agosto de 1990. Sobre la invasión iraquí de Kuwait, véase el capítulo 5 más adelante. <<

[89] Para un examen informativo de estos temas, véase Borden, Pacific Alliance. <<

[90] Gaddis, Strategies of Containment, pp. 201, 231, 240, 286. <<

[91] Véase Necessary Illusions, pp. y 111 ss. y apéndice V, sección 1, para un análisis de la información descodificada y demás material relevante. <<

[92] Véase el capítulo 3 para un mayor desarrollo del tema. <<

[93] Stephen Kurkjian y Adam Pertman, BG. 5 de enero de 1990; la paráfrasis del periodista es una cita posterior. Véase el capítulo 4 para el contexto de Panamá. <<

[94] Doug Henwood, Left Business Observer. 15 de mayo de 1989. <<

[95] John Holusha, «Business Taps the East Bloc’s Intellectual Reserves», NYT. 20 de febrero de 1990. <<

[96] Daedalus,, invierno de 1990; NYT,. 4 de enero de 1990. <<

[97] El autor fue identificado posteriormente como un profesor de la Universidad de California, Martin Malia, quien entonces sostuvo que el anonimato era necesario para proteger a sus amigos de Moscú (NYT. 31 de agosto de 1990). <<

[98] David Francis, «US Edgy as Money Flows to Europe», CMS. 26 de febrero de 1990. <<

[99] Carta, NYT. 10 de abril de 1990. <<

[100] Senador Patrick Leahy, «New Directions in U.S. Foreign Aid Policy», Congressional Record. S 7672, 11 de junio de 1990. <<

[*] El autor se refiere aquí a Franklin D. Roosevelt y a Lyndon B. Johnson. (N. de la t.). <<

[*] En español en el original. A partir de ahora, todas las palabras que aparezcan en español en el texto original irán aquí en cursiva. (N. de la t.). <<

[*] La creencia (especialmente en el siglo XIX) de que los Estados Unidos era una tierra elegida a la que Dios había concedido la totalidad del continente americano. (N. de la t.). <<

[1] Hertzberg, TNR,. 6 de febrero de 1989; McGrory, Boston Globe. 6 de febrero de 1989. <<

[2] Frederick Z. Brown, Indochina Issues, noviembre de 1988. Para unas reflexiones más extensas sobre el sufrimiento que nos impusieron los vietnamitas, véase Manufacturing Consent, pp. 238 y ss.; Necessary Illusions, pp. 33 y ss. <<

[3] Wrong, reseña sobre Fallows, More Like Us, NYT Book Review. 26 de marzo de 1989. <<

[4] LeMoyne, NYT Magazine. 6 de abril de 1986; Szulc, NYT Magazine. 25 de mayo de 1980. <<

[5] Kinzer, NYT Magazine. 26 de marzo de 1989. <<

[6] French, NYT. 8 de mayo de 1990. Véase Turning the Tide, pp. 150 y ss. Las elecciones se celebraron en 1962, no en 1963. <<

[7] NYT. 19 de julio de 1990. Para muchos casos similares y detalles sobre Camboya, véase Manufacturing Consent. <<

[8] Friedman, Inventors of the Promised Land. Knopf, 1975, capítulo 2; New Republic. 10 de agosto de 1987. <<

[9] Kempton, NYRB. 15 de abril de 1982; Annan, cartas, NYRB. 10 de junio de 1982. <<

[10] Acerca de los efectos de la institución de la realeza en la cultura británica, véase Tom Naim, The Enchanted Glass. Hutchinson, 1988. <<

[11] BG. 17de febrero de 1989, informando sobre el sondeo de la cadena ABC y el Washington Post. Véanse referencias del capítulo 8, nota 39, acerca de la realidad frente al fraude en relación con la popularidad de Reagan. <<

[12] AP, 15 de diciembre; Barricada Internacional. (Managua, San Francisco), 22 de diciembre de 1988. Dado que la información había sido enviada, su represión fue consciente. Sobre el gran aumento de los vuelos de suministro desde octubre de 1987 y la complicidad de los medios de comunicación en ocultar los hechos, véanse mis artículos en Z Magazine, enero, marzo de 1988; y para un análisis, Necessary Illusions. <<

[13] Weinraub, NYT. 25 de marzo; editorial, 28 de marzo de 1989; Mark Uhlig, NYT. mismo día. <<

[14] Para más detalles, véase Necessary Illusions y por lo que respecta a los acuerdos de febrero de 1989, el periódico jesuita de Managua Envío, marzo de 1989 (publicado en la Universidad de Loyola, Nueva Orleans). <<

[15] Para más detalles, véase Necessary Illusions. No es preciso decir que esta predicción de marzo de 1989 resultó ser exacta. <<

[16] James Perry, WSJ. 5 de enero; Modigliani y Solow (ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía), carta, NYT. 12 de marzo de 1989. Alemania; Amsden, «East Asia’s Challenge». <<

[17] Andrew Pollack, «America’s Answer to Japan’s MITI», NYT. sección empresarial, 5 de marzo; David Hale, «Just Say No: The GOP Abandons Free Markets», International Economy, enero-febrero de 1989, y «Picking up Reagan’s Tab», Foreign Policy, primavera de 1989. <<

[18] Ibid. <<

[19] Robert Cowen, «R&D Spending Under Reagan», CMS. 20 de enero de 1989; Benjamin Friedman, «The Campaign Hidden Issue», New York Review of Books. 13 de octubre de 1988; John Berry, «The Legacy of Reaganomics», WP Weekly. 19 de diciembre de 1988. Arthur MacEwan, Dollars & Sense, enero-febrero de 1989; Thurow, «Winners and Loosers», BG. 7 de marzo de 1989; Economist. 25 de marzo de 1989; Modigliani y Solow. <<

[20] Robert Pear, «Reagan Leaving Many Costly Domestic Problems, G.A.O. Tells Bush», NYT. 22 de noviembre de 1988. <<

[21] Sobre fases anteriores, véase Towards a New Cold War, especialmente los capítulos 2 y 11. Con la crisis de Oriente Medio de mediados de 1990, los problemas empezaron por fin a recibir atención pública. <<

[22] «Research News», Science. 3 de agosto de 1990. <<

[23] Geoffrey Lean, «UN setback for global warming action plan», Observer. 20 de mayo de 1990. Véase también Craig Whitney, «Scientists Warn of Danger in Warming Earth», NYT. 26 de mayo de 1990, donde observa el aislamiento de los Estados Unidos, atribuido a «las incertidumbres de la investigación científica sobre el cambio climático» que han «exasperado» a los políticos, según el presidente Bush. Al mismo tiempo, se informó de que los Estados Unidos eran el único país que se opuso en una conferencia internacional sobre la destrucción de la selva a fijar el año 2000 como meta para la protección de las selvas tropicales del mundo. En abril, los Estados Unidos fueron el único país que se opuso en la conferencia de Ginebra a la creación de un fondo para ayudar a los países en vías de desarrollo a dejar de utilizar sustancias químicas reductoras del ozono. Los participantes en una conferencia del mes de abril auspiciada por la Casa Blanca sobre el caldeamiento global afirman que el gobierno manipuló la agenda para evitar la consideración de restricciones obligatorias de los gases causantes del efecto invernadero. Jeff Nesmith, servicio de noticias del NYT. 23 de mayo de 1990. <<

[24] Martin Tolchin, NYT. 23 de marzo; Alexander Reid, BG. 2 de marzo de 1989. <<

[25] Jackson, BG. 24 de diciembre de 1989. <<

[26] BG. 18 de febrero de 1990. <<

[27] Editorial, WSJ. 19 de enero de 1989. Johnson, Sunday Telegraph. 1 de junio de 1986. Johnson y Podhoretz están exultantes acerca de Libia y Granada, respectivamente. Johnson, famoso defensor del terrorismo y las atrocidades, aplaudió también a Israel por «tener el valor moral y físico de violar una supuesta frontera soberana» invadiendo el Líbano en 1982 para eliminar el «cáncer terrorista» —con una cifra estimada de 20 000 o más personas muertas, en su mayor parte civiles libaneses y palestinos (cita de Wolf Blitzer, Jerusalem Post. 29 de junio de 1984)—. En realidad, la invasión no tuvo nada en absoluto que ver con el «cáncer terrorista» excepto en la medida que Israel esperaba que el ataque pudiera hacer que la OLP volviera a las políticas terroristas que Israel prefería, minando la autocontención de esa organización ante los sucesivos y mortíferos ataques israelíes al otro lado de la frontera y acabando con los esfuerzos de la OLP para avanzar hacia un arreglo político pacífico, intolerable para las dos principales coaliciones israelíes. Hubo abundantes pruebas sobre estas cuestiones procedentes de fuentes israelíes en la época en que Johnson realizó estos comentarios típicamente necios. Véase Fateful Triangle, Pirates and Emperors y Necessary Illusions. <<

[1] John Fialka, WSJ. 31 de agosto de 1989. <<

[2] Nancy Walser, BG. 22 de julio de 1990. <<

[3] Tucker, «Reagan’s Foreign Policy», Foreign Affairs, America and the World. 1988-1989. <<

[4] Véase el capítulo 1, sección 1. <<

[5] Baker, WP. 22 de septiembre de 1989; Richard C. Hottelet, durante largo tiempo corresponsal de la CBS, un ejemplo seleccionado virtualmente al azar. Añade que «la dictadura comunista… dio lugar a la supremacía militar en la región», lo cual no tiene sentido, aparte del hecho de que había ciertas razones (no mencionadas) para el rearme militar. Esta estúpida charlatanería de la propaganda gubernamental es tan habitual que la cita de un caso individual es engañosa e injusta. <<

[6] A mediados de 1990, el caso más reciente es el asesinato el mes de marzo del candidato presidencial Bernardo Jaramillo en el aeropuerto de Bogotá. Diez meses después, el presidente del partido fue asesinado en el mismo aeropuerto. El presidente anterior fue asesinado en octubre de 1987. El partido había «perdido algo de terreno», informa Douglas Farah, «en parte porque muchos de sus líderes locales y regionales fueron asesinados» —alrededor de mil desde su fundación en 1985, incluyendo al menos ochenta en los primeros tres meses de 1990—. Hubo informes que implicaban al cártel de Medellín, pero ello parece dudoso, dado que Jaramillo era un defensor abierto del diálogo y se oponía a la extradición. El partido ha inculpado en todas partes a los escuadrones de la muerte respaldados por los militares, y los grupos defensores de los derechos humanos están, en general, de acuerdo. Reuters, NYT. 23 de marzo; Douglas Farah, BG. 23 de marzo de 1990. <<

[7] James Brooke, NYT. 24 de septiembre de 1989; Tina Rosenberg, TNR. 18 de septiembre de 1989; Americas Watch, Human Rights in Colombia as President Barco Begins, septiembre de 1986; Robin Kirk, analista de AI, Extra!. (FAIR), verano de 1989; Vásquez Carrizosa, en Colombia Update. Comité Colombiano para los Derechos Humanos, diciembre de 1989, donde cita el estudio de 1983 del fiscal general, el informe de Americas Watch de abril de 1989, y otras fuentes; Impunity. Pax Christi Netherlands y la Comisión Holandesa Justitia et Pax, informe sobre una misión de investigación desarrollada en octubre-noviembre de 1988. Para detalles más extensos sobre el tema, véase el informe del Tribunal Permanente de los Pueblos de la Liga Internacional para los Derechos de los Pueblos, Bogotá, 4-6 de noviembre de 1989, y Liga Internacional, El camino de la niebla. Bogotá, 1990; véase también el capítulo 6, más adelante. <<

[8] Gruson, NYT. 1 de octubre de 1989. <<

[9] AP, 23 de septiembre; Informe sobre Derechos Humanos, Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala, 25 de septiembre de 1989. <<

[10] Algunos meses después, el gobierno de los Estados Unidos se volvió contra el gobierno democratacristiano, esperando instalar a clientes más reaccionarios en las próximas elecciones. Como era de prever, la prensa presentó unos pocos artículos sobre las atrocidades en Guatemala como parte del esfuerzo. Véase el capítulo 8, más adelante. <<

[11] Holzman, «Politics and Guesswork: CIA and DIA estimates of Soviet Military Spending», International Security, otoño de 1989. <<

[12] Bundy, Danger and Survival, pp. 237-238. <<

[13] John E. Rielly, American Public Opinion and U.S. Foreign Policy, 1987. Chicago Council on Foreign Relations, 1987. Sobre el terrorismo y la terrorología, véanse las referencias en el capítulo 8, nota 45. <<

[14] Richard Berke, NYT. 24 de septiembre de 1988. <<

[15] Berke, NYT. 14 de febrero; Philip Shenon, NYT. 2 de septiembre; Franklin E. Zimring, director, y Gordon Hawkins, miembro principal, Earl Warren Legal Institute de la Universidad de California en Berkeley, «Bennett’s Sham Epidemic», artículo editorial, NYT. 25 de enero de 1990. Berke, «Drug Study Faults Role of State Dept.», NYT. 6 de febrero de 1990, sección D, p. 24. <<

[16] Richard Berke, «Bennett Asserts Drug Education Isn’t Key», NYT,. 3 de febrero de 1990. <<

[17] Galán, BG. 26 de septiembre de 1989. <<

[18] Morley, Nation. 2 de octubre de 1989. <<

[19] COHA, Washington Report on Hemisphere. 27 de septiembre de 1989. <<

[20] Brook Larmer, «US, Mexico Try to Hall Chemical Flow to Cartels», CSM. 23 de octubre de 1989, donde informa de la ausencia de esfuerzos serios y culpa a México. <<

[21] Véase Alfred W. McCoy, Cathleen B. Reach y Leonard D. Adams, The Politics of Heroin in Southeast Asia. Harper & Row, 1972; Peter Dale Scott, The War Conspiracy. Bobbs-Merrill, 1972; Henrik Krueger, The Great Heroin Coup. South End, 1980; Leslie Cockburn, Out of Control. Athlantic Monthly, 1987. Carlo Cortés, AP, Manila, 25 de octubre de 1989. <<

[22] South. «The Business Magazine of the Developping World», octubre de 1989; James Rupert y Steve Colt, «Guerrillas for God, Heroin Dealers for Man», WP Weekly. 21 de mayo de 1990; Ahmed Rashid, FEER, 14 de septiembre de 1990. Sobre Centroamérica, véase Leslie Cockburn, Out of Control. <<

[23] Peter Brennan, Tico Times. 28 de julio de 1989, donde analiza informes anteriores. Costa Rica intentó posteriormente extraditar a Hull de los Estados Unidos, acusándole de participar en el bombardeo de 1984 en La Penca de una conferencia de prensa en el que murieron cuatro personas; Lindsey Gruson, NYT. 27 de febrero de 1990. Véase Nina Wax y Michael Hardesty, «Drug Trade», Z Magazine, abril de 1990. <<

[24] Erlanger, NYT. 11 de febrero de 1990. <<

[25] NYT. 6 de septiembre; Carter, WSJ. 14 de septiembre de 1989. <<

[26] AP, WSJ. 28 de noviembre de 1988; WSJ. 22 de septiembre de 1989; AP, 27 de septiembre de 1989, donde se informa acerca de sondeos del Marist College Institute for Public Opinion. <<

[27] AP, 27 de septiembre de 1989; Greve, Philadelphia Inquirer. 21 de enero de 1990; Waghelstein, Military Review, febrero de 1987. <<

[28] Nadelmann, «Drug Prohibition in the United States: Costs, Consequences and Alternatives», Science. 1 de septiembre de 1989; Véase también cartas, Science. 1 de diciembre. <<

[29] Catherine Foster, CSM. 18 de septiembre de 1989. <<

[30] Philip Hilts, NYT. 10 de mayo; Reuters, BG. 26 de junio; AP, NYT. 21 de mayo de 1990. <<

[31] Friedman, WSJ. 7 de septiembre; Bennett, WSJ. 19 de septiembre de 1989. Véase también Anthony Lewis, NYT. 24 de septiembre de 1989, donde destaca la absurdidad del argumento de Bennett. <<

[32] Richard van Alstyne, The Rising American Empire. Oxford University Press, 1960, pp. 170 y ss. <<

[33] AP, 19 y 20 de septiembre de 1989. El Wall Street Journal y el Christian Science Monitor tomaron nota de las sesiones, omitiendo, no obstante, los puntos más importantes. Véase el incisivo editorial en el Boston Globe. 24 de septiembre de 1989; y Alexander Cockburn, Nation. 30 de octubre de 1989. <<

[34] AP, 17 de abril, 4 de mayo de 1990. <<

[35] Hilts, NYT. 18 de mayo de 1990; Mary Kay Magistad, BG. 31 de mayo de 1990. <<

[36] Bourne, COHA (Council on Hemispheric Affairs. News and Analysis. 5 de junio de 1990. Straits Times, en International Herald Tribune. 9 de abril de 1990. Sobre la importancia relativa de las naciones, véase el capítulo 8, más adelante. <<

[37] AP, NYT. 27 de junio, haciendo también breve alusión a la Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar un mes antes; AP, 21 de mayo; Ron Scherer, CMS. 23 de mayo; Betsy Lehman, BG. 22 de mayo de 1990. <<

[38] Ben Lowe, «Third World is butt of deadly trade ploy», Guardian. (Nueva York), 30 de mayo de 1990. <<

[39] Joseph Treaster, «Coffee Impasse Imperils Colombia’s Drug Fight», 24 de septiembre de 1988. <<

[40] Washington Report on the Hemisphere. 13 de septiembre de 1989. Sobre el programa Alimentos para la Paz y otros similares, véase Necessary Illusions. p. 363 y fuentes citadas. <<

[41] Véase David Gordon, «Real Wages Are on a Steady Decline», Los Angeles Times. 16 de julio de 1989. <<

[42] Alan Otten, WSJ. 6 de septiembre de 1989. <<

[43] John O’Connor, New York Times News Service. 17 de abril de 1990, donde analiza el telefilme «Traffik», presentado en la PBS. <<

[44] Michael Kranish, BG. 5 de septiembre; James Ridgway, Village Voice. 19 de septiembre de 1989. <<

[45] Andean Newsletter. Comisión Andina de Juristas, Lima, septiembre de 1989. <<

[46] New York Times. 16, 17y 18 de septiembre. Úrsula Márquez, Guardian. (Nueva York), 11 de octubre de 1989; Comité Colombiano para los Derechos Humanos [Colombian Human Rights Committee], POB 3130, Washington DC 20 010. <<

[47] Joseph Treaster, NYT. 6 de diciembre de 1989. <<

[48] Colombia Update. 1 y 4 de diciembre de 1989. <<

[49] Véase p. 136. Estudio de la Cámara de Representantes, WP-BG. 21 de agosto de 1990, p. 76. Aparentemente omitido por el New York Times. <<

[50] Dillin, «Nation’s Liberties at Risk?», CMS. 2 de febrero de 1990. Véase también Seth Mydans, «Powerful Arms of Drug War Arousing Concern for Rights», NYT. 16 de octubre de 1989. <<

[51] Michael Frisby, «Colombians rap US plan on radar base», BG. 5 de abril de 1989, donde cita a Richard McCall. Para un análisis del informe de la Comisión Kerry, véase el Washington Spectator. 15 de agosto de 1989; Jay Hatheway, Z Magazine, octubre de 1989. <<

[52] NBC Nightly News, 25 de agosto de 1989. Informe del DAS, Bogotá, 20 de julio de 1988, reproducido en Pax Christi, Impunity. Eugene Robinson, WP. 9 de agosto de 1989. Un comentario de Tina Rosenberg (TNR. 18 de septiembre de 1986) puede ser una referencia al informe del DAS de julio de 1988 sobre la supuesta presencia de instructores norteamericanos. <<

[53] Andrew Cockburn, NYT. artículo de opinión editorial, 8 de septiembre; O’Shaughnessy, Observer. 1 de octubre de 1989. Véase también Jane Hunter, The israeli connection: Israeli involvement in Paramilitary Training in Colombia. Arab American Institute, septiembre de 1989. <<

[54] Ron Ben-Yishai, Yediot Ahronot. 30 de agosto; Uriel Ben-Ami, Al Hamishmar, 31 de agosto; Danny Sadeh, corresponsal militar, Yediot Ahronot. 29 de agosto de 1989. <<

[55] JP. 29 de agosto de 1989; editorial, NYT. 19 de febrero de 1988. <<

[56] AP, BG. 7 de septiembre de 1989. <<

[57] Edward Friske, «Impending U.S. Jobs “Disaster”: Work Force Unqualified to Work», NYT. 25 de septiembre de 1989. Véase la introducción. <<

[1] Kim Moody, An Injury to All. Verso, 1988, pp. 147-150. <<

[2] Véanse las referencias del capítulo 8, nota 58. <<

[3] Véase Necessary Illusions, para datos más extensos. <<

[4] Editorial WP Weekly. 1 de marzo de 1986. <<

[5] Sobre la reacción ante el éxito de esta estrategia, véase el capítulo 10 de la obra original, Deterring Democracy. Para un estudio comparativo de la cobertura informativa de las elecciones de 1984 en Nicaragua y de las de El Salvador por los medios de comunicación, véase Manufacturing Consent, capítulo 3. El mismo modelo fue utilizado por Lex Rietman en un meticuloso estudio de la prensa europea. La cobertura fue mucho más amplia que en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Así, el Guardian de Londres, manteniendo un nivel de profesionalidad, aplicó los mismos criterios en ambos casos, a diferencia de los medios de comunicación norteamericanos, que conformaron sus criterios a las exigencias del Estado. En el otro extremo, el periódico de izquierdas supuestamente independiente Libération de París marchó obedientemente a las órdenes reaganitas. Este estudio es revelador por lo que respecta a la colonización cultural de Europa en décadas pasadas, en particular de Francia. Rietman, Over objectiviteit, betonrot en de pijlers van de democratie: De Westeuropese pers en het nieuws over Midden-Amerika. Instituut voor massacommunicatie, Universiteit Nijmegen, 1988. Por lo que respecta al tratamiento comparativo de las elecciones salvadoreñas y nicaragüenses de 1989-1990 en el New York Times véase Patricia Goudvis, «Making Propaganda and Mobilizing Support» (Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas), donde demuestra la misma pauta de subordinación a las cambiantes agendas del gobierno de los Estados Unidos en lugar de cualquier preocupación por los valores democráticos o los criterios profesionales. Así, en el caso de El Salvador, no hubo mención de la libertad de expresión, de reunión o de prensa y apenas ningún comentario sobre la persecución y las amenazas de muerte contra los candidatos de la oposición por parte del ejército o el clima general de terror y miedo. En el caso de Nicaragua, donde las condiciones eran mucho más benignas, la agenda fue invertida. No se hizo mención alguna del desbaratamiento de las elecciones por parte de la contra que fue grave, mientras que de los rebeldes del FMLN de El Salvador se hablaba regularmente en estos términos. Y así sucesivamente, según la bien documentada pauta. <<

[6] Wilson Ring, BG, 24 de noviembre de 1989. También NYT. 27 de noviembre. Bush, AP, 17 de abril de 1990. <<

[7] Central America Bulletin. (CARIN), agosto de 1989; Consejo sobre Asuntos del Hemisferio, News and Analysis. 24 de noviembre; Washington Report on the Hemisphere. 22 de noviembre; Central America Report. [CAR]. (Guatemala), 17 y 24 de noviembre; Latinoamerica Press. (Perú), 24 de agosto de 1989. <<

[8] Discusión de «Chronicle», ABC TV, Boston, 20 de diciembre de 1989; citado con su autorización. <<

[9] Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza: «ganaba dólares mediante la adquisición…». <<

[10] Véase p. 102 y n. 24 de la edición original, Deterring Democracy. <<

[11] Andrew Rosenthal, NYT. 26 de enero de 1990. <<

[12] Cita de ABC TV en The Progressive, febrero de 1990. <<

[13] Un ejemplo de ello es la historia de los almacenes de cocaína de Noriega, que resultó ser tamales, como se hizo constar algunas semanas después de lograr el resultado apetecido. Susanne Shafer, BG. 24 de enero de 1990. <<

[14] BG, 4 de enero de 1990. José de Córdoba, WSJ. 22 de diciembre; Will, WP Weekly. 25 de diciembre de 1990. <<

[15] Stephen Kurkjian y Adam Pertman, BG. 5 de enero de 1990. <<

[16] Broder, «When US intervention makes sense», WP Weekly. 22 de enero de 1990. Condena del Consejo Nacional de Iglesias, James Franklin, BG, 21 de diciembre de 1989. <<

[17] AP, 20 de diciembre de 1989, la cursiva es mía; Richard Cole, AP, BG. 3 de febrero de 1990. <<

[18] Maechling, antiguo alto funcionario del Departamento de Estado y profesor de derecho internacional, «Washington’s Illegal Invasion», Foreign Policy, verano de 1990. Aguilar Zinser, «In Latin America, “Good” U.S. Intervention Is Still No Intervention», WP. 5 de agosto de 1987. Véase también Alfred P. Rubin, profesor de derecho internacional en la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, «Is Noriega Worth Subverting US Law?», CSM. 19 de marzo de 1990, donde discute las acciones descaradamente ilegales desarrolladas contra Noriega personalmente. <<

[19] Editorial, Toronto Globe & Mail. 3 de enero de 1990; Martin Mittelstaedt, G&M. 22 de diciembre de 1989. NYT. 18 de enero de 1990. <<

[20] Marlin Fitzwater, citado por John Mashek, BG, 20 de diciembre de 1989; Elaine Sciolino, NYT. 4 de enero de 1990; Ian Ball, Daily Telegraph. (Londres), 21 de diciembre; Eloy Aguilar, AP, 18 de diciembre; Lindsey Gruson, NYT. 20 de diciembre de 1989. <<

[21] Andrew Rosenthal, NYT. 22 de diciembre de 1989. <<

[22] AP, 6 de noviembre, 2 de diciembre de 1989; 6 de enero de 1990. AP, Miami Herald. 7 de noviembre, de 1989; Patti McSherry, In These Times. 20 de diciembre de 1989. Rita Beamish, AP, 29 de noviembre de 1989. <<

[23] AP, NYT. 3 de enero; Mark Uhlig, NYT. 4 de enero, Oswaldo Bonilla, BG. 4 de enero. AP, 3 y 4 de enero, y Miami Herald. 6 de enero, donde cita el testimonio de dos campesinos que fueron secuestrados por los contras y fueron testigos de la emboscada. Reuters, BG. 24 de enero; Don Podesta, WP Weekly. 22 de enero; Mark Uhlig, NYT. 28 de enero de 1990. Los tres últimos informaron finalmente de las pruebas inmediatamente disponibles sobre los testigos, juntamente con otra información que implicaba a los contras. Links, Fall, 1989. AP, 1 de febrero de 1990, donde informa sobre el juicio de la familia Linder en Miami. <<

[24] CAA. 1984, vol. XI, n.º 33; Seymour Hersh, NYT. 22 de junio de 1986; Alfonso Chardy, Miami Herald. 29 de febrero, 3 de marzo de 1988; Edward Cody, WP Weekly. 8 de enero de 1990. John Weeks, «Panama: The roots of current political instability», Third World Quaterly, julio de 1987; COHA, «News and Analysis», 5 de abril de 1988. <<

[25] Ken Silverstein, Colombia Journalism Review, mayo-junio de 1988. <<

[26] Julia Preston, WP Weekly. 25 de diciembre; AP, 20 de diciembre, BG. 21 de diciembre de 1989. <<

[27] Citado en «Talk of the Town», New Yorker. 8 de enero de 1990. <<

[28] Andrew Rosenthal, «Bush Eliminates Some Restrictions on Beijing Trade», NYT. 20 de diciembre; Maureen Dowd, «2 U.S. Officials Went to Beijing Secretly in July», NYT. 19 de diciembre; Anthony Flint, «US blocks 2 Chinese scholars», BG. 21 de diciembre de 1989. AP, 20 de diciembre de 1989, 9 de febrero de 1990. Irak, AP, 22 de diciembre de 1989. <<

[29] Respuesta oficial del Departamento de Estado a una pregunta del senador Daniel Inouye, 26 de enero de 1990. González, AP, BG. 5 de agosto de 1990. <<

[30] Glass, ABC World News Tonight, 15 de diciembre de 1989. <<

[31] David Shribman y James Perry, WSJ. 5 de enero de 1990. <<

[32] NYT. 22 de diciembre de 1989. <<

[33] Carta, NYT. 2 de enero de 1990, que analiza la presunta base legal para la agresión. La cita procede de la declaración oficial. <<

[34] Dinges, NYT. artículo de opinión editorial, 12 de enero de 1990; Lawn, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, carta, 8 de mayo de 1986; John Weeks y Andrew Zimbalist, «The failure of intervention in Panama», Third World Quarterly, enero de 1989. <<

[35] Constable, BG. 9 de julio de 1990; Massing, NYRB. 17de mayo de 1990. <<

[36] CAR. vol. XI, n.º 31, 1984, donde se cita al Miami Herald. Estudio interno, «Crime and Secrecy: The Use of Offshore Banks and Companies», Subcomité Permanente sobre las Investigaciones del Comité para Asuntos Gubernamentales [Permanert Subcommittee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs], Senado de los Estados Unidos, 1983. Michael Kranish, BG. 1 de enero de 1990. <<

[37] Philip Bennett, BG. 5 de febrero; Stephen Labaton, NYT. 6 de febrero de 1990. <<

[38] AP, 20 de enero; Greve, Philadelphia Inquirer. 22 de febrero; Lasso, CSM. 15 de agosto de 1990, un incisivo informe sobre la recuperación panameña —para los ricos. <<

[39] Cockburn, Out of Control. p. 154. <<

[40] NYT. 22 y 27 de marzo de 1988, citado por Weeks y Zimbalist; Larry Rohter, NYT. 2 de enero de 1990; Americas Watch, The Laws of War and the Conduct of the Panama Invasion, mayo de 1990. Constable, BG. 10 de julio de 1990; Massing, obra citada. En agosto, Herrera fue sustituido como jefe de las fuerzas de policía nacional por el coronel Fernando Quezada; AP, BG. 23 de agosto de 1990. <<

[41] NYT. 21 y 22 de diciembre de 1989. <<

[42] Titular, WSJ. 26 de diciembre. <<

[43] Walter Robinson, «Journalists constrained by Pentagon», 25 de diciembre; Eloy Aguilar, AP, 22 de diciembre de 1989, donde cita al doctor Elmer Miranda, subdirector del Hospital de Santo Tomás en la ciudad de Panamá. Hossie, G&M. 8 de enero; La Nación. (Buenos Aires), citado por el historiador Thomas Boylston Adams, BG. 3 de febrero de 1990. Gannon, CSM. 29 de diciembre de 1989. <<

[44] Michael Kagay, «Panamanians Strongly Back U.S. Move», NYT. 6 de enero; Gary Langer, AP, 6 de enero de 1990. Alexander Cockburn cita el análisis de un estadístico que demuestra que si los panameños tuvieran una media de 100 parientes o amigos íntimos, el coste en muertes hubiera sido de alrededor de 2500; considerablemente superior, según supuestos realistas. Nation. 26 de febrero de 1990. <<

[45] loan Mower, AP, BG. 2 de febrero de 1990. <<

[46] Foreign Policy, invierno de 1989-1990. <<

[47] Ha’aretz. 21 de diciembre de 1989; El Tiempo. 5 de enero de 1990. <<

[48] Frederick Kempe, WSJ. 18 de octubre de 1989. <<

[49] Paul Blustein y Steven Mufson, WP Weekly. 25 de diciembre de 1989. También Steve Ropp, Current History, enero de 1990. <<

[50] Martha Hamilton, WP Weekly. 25 de diciembre; Economist. 23 de diciembre de 1989. <<

[51] Mark Uhlig, «Managua Economy Hinges on Panama», NYT. 28 de diciembre de 1989; Gerald Seib y John Fialka, WSJ. 4 de enero de 1990; NYT. 30 de diciembre; Diego Ribadeneira, BG. 30 de diciembre de 1989; NPR. relatado por Blase Bonpane, aludiendo a Linda Wertheimer en «All Things Considered», votación de la ONU condenando el embargo comercial, aprobada por 82-2 votos (Estados Unidos e Israel), 22 de diciembre de 1989, de la que no se informó en el New York Times, mencionada en Mesoamerica. (Costa Rica), enero de 1990. <<

[52] Véase Fateful Triangle, pp. 362, 450. <<

[53] Robert Pear, NYT. 20 de enero; Rita Beamish, AP, 29 de enero de 1990. <<

[54] «Resentment of US spreads in Panama City», BG. 1 de enero de 1990. <<

[55] WP-BG. 30 de diciembre de 1989. <<

[56] Elaine Sciolino, NYT. 14 de agosto de 1987. <<

[57] Davidi, Davar. 22 de diciembre de 1990, traducido por Israel Shahak. Las cifras relativas a las ventas de armas se atribuyen a «publicaciones extranjeras», pero, según observa Shahak, se trata probablemente de una treta para pasar la censura con información procedente de fuentes israelíes de confianza. En cuanto a las ventas de armas a Irán, véase la referencia del capítulo 1, nota 26. <<

[58] Glenn Fowler, NYT. 20 de diciembre; Reuters, BG. 20 de diciembre; Caribbean Development Bank, citado en AP, 9 de diciembre; Robert Glass, AP, 22 de diciembre; comunicación personal del intelectual de Granada Gus John; Alexander Cockburn, In These Times. 21 de diciembre de 1989; William Steif, Progressive, enero de 1990; Krist, New Republic. 24 de abril de 1989. Véase Report on the Americas. NACLA, febrero de 1990, para más detalles sobre la caída de Granada, incluyendo una discusión de los dañinos efectos del programa de US AID. <<

[59] Black, «The Dominican Military’s Conditional Retreat», Constantine Danopoulos, ed., Military Intervention and Withdrawal. Routledge, 1990. Véase también Deterring Democracy, capítulo 8. <<

[60] AP, 7 de enero, Economist. 23 de diciembre de 1989; 25 de agosto de 1990, Haití, AP, 4 de noviembre de 1989, donde se cita Americas Watch. Por lo que respecta a la preocupación selectiva por los refugiados, véase Political Economy of Human Rights, vol. II, capítulo 3. <<

[61] Robert Pear, NYT. 26 de enero; AP, 25 de enero de 1990. <<

[62] Es decir, en las principales publicaciones. Véase, no obstante, Alexander Cockburn, Nation. 29 de enero de 1990, y artículos suyos posteriores. <<

[63] Rohter, «Panama and U.S. Strive to Settle on Death Toll», NYT. 1 de abril de 1990. <<

[64] Excelsior. AFP,27 de enero, citado en Latin America News Uptade. (LANU], marzo de 1990; Mesoamérica. (Costa Rica), mayo de 1990; CAR. 2 de marzo de 1990. <<

[65] Brecha. CODEHUCA, «Informe de la delegación conjunta del CODEHUCA y el CONADEHUPA», enero-febrero de 1990, San José. <<

[66] Véase Physicians for Human Rights, «“Operation Just Cause”: The Medical Cost of Military Action in Panama», Boston, 15 de marzo de 1990; Americas Watch, Laws of War and the Conduct of the Panama Invasion. CAR. 7 de septiembre de 1990. <<

[67] Véase carta del CODEHUCA a Americas Watch, 5 de junio de 1990, que comenta el informe de Americas Watch. <<

[68] Excelsior. (Ciudad de México), 14 de abril de 1990; Central America NewsPak. Austin, Texas. Peláez, El Diario-La Prensa. 7 de mayo de 1990. <<

[69] Aviation Week & Space Technology. 1 de enero de 1990. <<

[70] John Morocco, ibid. ; Hackworth, entrevista con Bill Baskervill, AP, 25 de febrero de 1990. Informe de marzo de 1990, véase el capítulo 1, sección 2. <<

[71] Michael Gordon, NYT. 11de abril de 1990. <<

[72] Oppenheimer, Miami Herald. 20 de junio de 1990. <<

[73] CAR. 17de agosto de 1990. <<

[74] Latinoamerica Press. (Lima), 30 de agosto de 1990. <<

[75] Joy James, «US Policy in Panama», Race & Class, julio-septiembre de 1990; carta del Departamento de Estado a Jesse Helms, que declara que el departamento «comparte su opinión» sobre el asunto en cuestión, 26 de marzo de 1987, citada por James. En relación con esta y otras cuestiones aquí discutidas, véase también Daphne Wysham, LaborAction, abril-mayo de 1990; Martha Gellhorn, «The Invasion of Panama», Granta, primavera de 1990. <<

[76] Constable, BG. 11 de julio de 1990. <<

[77] CSM. 9 de abril de 1990. <<

[78] Excelsior. 28 de febrero de 1990; LANU. <<

[79] Felicitas Pliego, Excelsior. 29 de abril de 1990; publicación de la Comisión de Investigación [Commission of Inquiry], 17 de febrero; COHA, News and Analysis. 1 de mayo de 1990. <<

[80] Bernal, «Panama’s fight for free expression», Chicago Tribune. 29 de mayo de 1990. <<

[81] CAR. 6 de abril; Andrés Oppenheimer, MH. 19 de enero de 1990. <<

[82] Massing, op. cit. <<

[83] Véase el capítulo 1, nota 94. <<

[1] Acerca de esto último, véase la introducción. <<

[2] Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza: «Después de la guerra, las corporaciones…» y fuentes citadas. <<

[3] «Why America is in the Gulf». Alocución de James Baker ante el Consejo para Asuntos Mundiales de Los Ángeles [Los Angeles World Affairs Council], 29 de octubre de 1990. Departamento de Estado de los Estados Unidos. <<

[4] John Dunn, «Our insecure Tradition», Times Literary Supplement. 5 de octubre de 1990. <<

[5] William Stivers, Supremacy and Oil. Universidad de Cornell, 1982, del cual se deduce lo siguiente (pp. 34 y ss.; 74 y ss.). <<

[6] Andy Thomas, Effects of Chemical Warfare. Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo [Stockholm International Peace Investigation Institute (SIPRI)], Taylor & Francis, 1985, capítulo 2; tabú, Victor Mallet, Financial Times. (Londres), 18 de diciembre de 1990. Acerca de los efectos de la guerra química de los Estados Unidos, años después de que terminara la guerra, véase Necessary Illusions, pp. 38 y ss. y fuentes citadas. <<

[7] Marc Trachtenberg, International Security, invierno de 1988-1989. <<

[8] Quandt, «Lebanon, 1958, and Jordan, 1970», Barry Blechman y Stephen Kaplan, eds., Force without War. 8. Brookings Institution, 1978, pp. 247, 238. Énfasis de Eisenhower. <<

[9] Telegrama n.º 1979, 19 de julio de 1958, al primer ministro del secretario de Estado, desde Washington; archivo FO 371/132/779. «Future Policy in the Persian Gulf», 15 de enero de 1958, FO 371/132/778. <<

[10] Secciones sin fechar del documento NSC 5801/1, «Current Policy Issues», «Issues Arising Out of the Situation in the Near East», de mediados a finales de 1958; NSC 5820/1, 4 de noviembre de 1958. Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza: «Después de la guerra, las corporaciones…»; véase Fateful Triangle, capítulo 2. Estoy en deuda con Kirsten Cale e Irene Gendzier por los documentos británicos y norteamericanos, respectivamente. Para extractos y discusiones, véase Cale, «Ruthlessly to intervene», Living Marxism. (Londres), noviembre de 1990; Gendzier, «The Way they Saw it Then», manuscrito, noviembre de 1990. <<

[11] Para cierto desarrollo del tema en los años setenta, véase Towards a New Cold War, capítulos 2 y 11; Christopher Rand, Making Democracy Safe for Oil. Little, Brown and Co., 1975. <<

[12] BG. 8 de agosto de 1990, y los medios de comunicación en general. Pamela Constable et al., BG. 20 de agosto de 1990. <<

[13] Para algunas excepciones, muy poco habituales, véase las columnas de Alexander Cockburn en Los Angeles Times y Nation. 10 de septiembre; Erwin Knoll, Chicago Tribune. 17de agosto de 1990. <<

[14] McGory, BG. 8 de agosto; Mary Curtius y Stephen Kurkjian, BG. 6 de agosto de 1990, donde cita al Washington Post. <<

[15] Crowe, Peter Gosselin y Stephen Kurkjian, BG. 8 de agosto; Trainor, «Saddam Hussein. Mideast’s Noriega, Has to Go», NYT. artículo de opinión editorial, 12 de agosto de 1990. <<

[16] Editoriales, BG. NYT. 9 de agosto de 1990. <<

[17] Michael Carlin, carta, BG. 9 de agosto y muchos otros; editorial, Dublin Sunday Tribune. 12 de agosto; Cronin, Irish Times. 11de agosto de 1990. <<

[18] En noviembre, empezó a desarrollarse con gran claridad una división entre las elites. La discusión se amplió de la forma habitual para incluir este espectro de juicio táctico. <<

[19] Christopher Hitchens, Cyprus. Quartet, 1984; Bush, Reuters, 26 de septiembre de 1990; para una rara excepción a la elusión general de la invasión turca, véase Walter Robinson, BG. 7 de octubre de 1990. Thomas Fanck, «The Stealing of the Sahara», American Journal of International Law, vol. 70, 1976, pp. 694 y ss. <<

[20] Barringer, NYT. 16 de agosto de 1990. Sobre los hechos y la versión de los mismos elaborada por el sistema de propaganda, véase Fateful Triangle, capítulo 5, secciones 3 y 4; Pirates and Emperors,, capítulo 2; Necessary Illusions, pp. 275, 277 y apéndice III. Para los más recientes detalles acerca del terror israelí en el Líbano, véase mi «Letter from Lexington», Lies of Our Times, agosto de 1990. Para una perspectiva israelí más comprensible aunque llena de disculpas, véase Ze’ev Schiff y Ehud Ya’ari, Israel’s Lebanon War. Simon & Schuster, 1984. <<

[21] Siegman, carta, NYT. 26 de agosto de 1990; editorial, NYT. 7 de septiembre de 1990. Acerca de la guerra de 1967, véase, entre otros, Donald Neff, Warriors for Jerusalem. Simon & Schuster, 1984. <<

[22] Editorial, Financial Times. 13 de agosto de 1990. <<

[23] Tom Brokaw, NBC News, 6.30 p.m., 12 de agosto; Michael Gordon, NYT. 13 de agosto de 1990. Extractos de la declaración iraquí aparecen en una página interior sin comentario. <<

[24] JP. Yediot Ahronot. 10de agosto de 1990. Reuters, BG. 11de agosto de 1990, p. 40, 90 palabras; cero en el Times. Sobre el rechazo de toda solución diplomática a medida que se desarrollaba el proceso, y la refracción de los hechos a través del prisma ideológico, véanse los ensayos reunidos en Towards a New Cold War y Fateful Triangle. Véase Necessary Illusions y mi artículo en Z Magazine, enero de 1990, acerca del impresionante éxito en reprimir y distorsionar la información en el período actual. <<

[25] Ibid. ,por lo que respecta a los hechos no publicables y las referencias de la nota anterior en relación con datos anteriores. <<

[26] «Proposal by Iraq’s President Demanding U.S. Withdrawal», NYT. 20 de agosto de 1990. <<

[27] Véase Fateful Triangle. p. 114. <<

[28] Royce, Newsday. 29 de agosto de 1990. <<

[29] R. W. Apple, NYT. 30 de agosto de 1990. <<

[30] AI, AP, 2 de noviembre de 1990. <<

[31] Tony Horwitz, «Gulf Crisis Finds Kurds in Middle Again», WSJ. 3 de diciembre de 1990. <<

[32] Véase Necessary Illusions, pp. 286 y ss. <<

[33] AP, BG. 5 de agosto de 1990. <<

[34] Michael Wines, «U.S. Aid Helped Hussein’s Climb», NYT. 13 de agosto; datos relativos a 1987, Larry Tye, «Food embargo may be an effective weapon», BG. 22 de agosto; Glass, Spectator. 25 de agosto de 1990. <<

[35] Liesi Graz, Middle East International. 3 de agosto; Thomas Hayes, NYT. 3 de septiembre de 1990, donde cita al especialista en temas de energía Henry Schuler. Véase también Laurent Belsie, CMS. 9 de agosto, donde hace constar que «Kuwait fue uno de los más flagrantes violadores del sistema de cuotas, según los analistas de temas relacionados con el petróleo». Irak condenó también a Kuwait por insistir en que Irak pagara los enormes costes correspondientes a la defensa del mundo árabe, incluyendo a la elite kuwaití, desde Irán. <<

[36] Véanse las referencias de la nota 21. <<

[37] Laqueur, NYT Magazine. 16 de diciembre de 1973. Para comentarios adicionales sobre el tema, véase mi Peace in the Middle East. Pantheon, 1974, introducción (hay trad. cast.: Guerra o paz en el Oriente Medio. Barral, Barcelona, 1975). <<

[38] Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza por: «El verdadero motivo de la guerra…».; Marilyn B. Young, Rethoric of Empire: American China Policy. 1985-1901, Harvard, 1968. <<

[39] Editorial, BG. 8 de agosto de 1990. <<

[40] Pamela Constable et al., BG,. 20 de agosto, Apple, NYT. 21 de agosto; editorial NYT. 24 de septiembre; Goshko, Broder, WP Weekly. 3 de septiembre; Ball, NYRB. 6 de diciembre; BBC «Newsnight», 29 de noviembre de 1990, difundido por el MTS (Información sobre Defensa), Newton-le-Willows, Merseyside. <<

[41] De 1970 a 1989, sólo los Estados Unidos vetaron 45 resoluciones del Consejo de Seguridad, otras 11 fueron vetadas por el Reino Unido, 4 por el Reino Unido y Francia. Gran Bretaña tenía 26 votos negativos (11 con los Estados Unidos y 4 con los Estados Unidos y Francia). Francia tenía 11 (7 sola) y la Unión Soviética 8 (uno con China). Datos obtenidos por Norman Finkelstein. En 1990, los Estados Unidos añadieron dos vetos más: sobre Panamá (véase capítulo 4, nota 19) y sobre los abusos cometidos por los israelíes en los territorios ocupados (31 de mayo). Así pues, 58 «noes» entre 1970 y 1990. <<

[42] Véase el capítulo 3 de la edición original inglesa de esta obra, «The Global System», sección 4. Y aquí los capítulos 2 y 4; mi artículo en Z Magazine, enero de 1990. Para un mayor desarrollo del tema, véase Necessary Illusions, pp. 82 y ss. y apéndice IV, sección 4; Norman Finkelstein, Z Magazine, noviembre de 1990; Cheryl Rubenberg, Arab Studies Quaterly. Fall, 1989; Nabeel Abraham, American-Arab Affairs, invierno de 1989-1990. <<

[43] Elaine Sciolino, «Peacekeeping in a New Era: The Superpowers Act in Harmony», NYT. 28 de agosto; Robert Rosenblatt, «Give Law a Chance», artículo de portada, NYT Book Review. 26 de agosto; James Trapb, NYT Magazine. 16 de septiembre de 1990. <<

[44] NYT. 28 de enero, 1976; Moynihan, A Dangerous Place. Little, Brown, 1978. <<

[45] Véase más arriba, párrafo que comienza: «Estas conversaciones son tan…». <<

[46] Youssef Ibrahim, NYT. 2 de noviembre; Judith Miller, NYT. 6 de diciembre de 1990. El general Schwartzkopf informó al «pueblo iraquí» de que «nuestra pelea no tiene que ver» con ellos y que habríamos preferido evitar «los miles y miles de víctimas inocentes». <<

[47] Thomas Friedman, NYT. 12 de agosto de 1990. <<

[48] Simplemente observar una cuestión: se puede afirmar que, por lo que respecta a los intereses a largo plazo de la gente de la región, el petróleo debería ser retirado del mercado, manteniendo los precios más altos ahora y preservando los recursos para el futuro, en lugar de dejar a cientos de millones de personas sin otro futuro que la muerte y el hambre por varias generaciones cuando su único recurso se agote, malgastado en beneficio de las elites occidentales y locales. <<

[49] Youssef Ibrahim, «The Split Among Arabs Unleashes a People’s Anger», NYT. 12 de agosto de 1990; Trainor. Los hechos son más complejos; lo que aquí consideramos es la interpretación y su significado doctrinal. <<

[50] «Bonn says it won’t fund US buildup», WP-BG. 6 de septiembre; Serge Schmemann, «Bonn’s Iraq-Embargo Aid», NYT. 7 de septiembre; Alan Riding, Thomas Friedman, NYT. 8 de septiembre; James Sterngold, «Brady finishes Tour», NYT. 8 de septiembre; James Clad, Ted Morello, Far Eastern Economic Review. 6 de septiembre; Friedman, Reuters, NYT. 7 de septiembre; Edward Schumacher, «Tunis, Long Friendly to West, Bristles With Hostility to U.S. Golf Moves», NYT. 6 septiembre; AP, 7 de septiembre; Michael Gordon, «Combined Force in Saudi Arabia is Light on Arabs», NYT. 5 de septiembre; Miller, NYT. 6 de diciembre; Gosselin, BG. 26 y 27 de noviembre; Kipper, John Kifner, NYT. 12 de agosto de 1990. El verdadero cuadro es nuevamente más complejo; aquí, lo relevante es la interpretación. <<

[51] AP, 7 de septiembre; Tom Wicker, editorial, NYT. 6 de septiembre de 1990. <<

[52] Friedman, «Behind Bush’s Hard Line», NYT. 22 de agosto de 1990. <<

[53] Ibid. ;Woollacott, Manchester Guardian Weekly. 26 de agosto; «PLO says it favours integrity of Kuwait», Reuters, BG. 20 de agosto de 1990. <<

[54] Yehuda Litani, Hadashot. 17 de agosto (The Other Front. Jerusalem, 23 de agosto). UPI, BG. 26 de agosto; comparen las propuestas publicadas en el editorial del Times el mismo día. Véase también Paul Lalor, Middle East International. 31 de agosto de 1990. <<

[55] Andrew Rosenthal, NYT. 3 de septiembre de 1990. <<

[56] AP, 4 de diciembre; WSJ. sección C, p. 2, 5 de diciembre; NYT. sección empresarial, 5 de diciembre; Gerald Seib, WSJ. 3 de diciembre de 1990. <<

[57] Knut Royce, Newsday. 3 de enero de 1991. <<

[58] Patrick Tyler, NYT. 3 de enero. <<

[59] Trevor Rowe, BG. 15 de enero; Paul Lewis, NYT. 15 de enero; AP, 15 de enero de 1991. <<

[60] AP, 14 de enero de 1990. <<

[61] AP, 13 de abril de 1990. Reuters, BG. 14 de abril; Financial Times. 18 de diciembre de 1990. <<

[62] Véase Fateful Triangle, pp. 425 y ss. <<

[63] Editorial, NYT. 25 de agosto de 1990. Véase más arriba, párrafo que comienza: «Siete meses después, tropas iraquíes…». <<

[64] NYT. 25 de agosto de 1990. Para estos y otros muchos ejemplos del Times, hablando con efusión sobre Israel, véanse Towards a New Cold War, Fateful Triangle y Necessarv Illusions. <<

[65] Para algunos ejemplos más, véase el capítulo 8, sección 5; véase asimismo la Introducción. <<

[*] En el Nuevo Testamento, personificación de los ricos y los avariciosos bajo la forma de un falso dios. (N. de la t.) <<

[1] White, citado en Schoultz, National Security and United States Policy. p. 91. Martín-Baró, véase el capítulo 8, pp. 381 y ss. <<

[2] Hockstader, WP. 20 de junio de 1990. <<

[3] Mesoamérica. (Costa Rica), julio de 1990. Actualizaciones detalladas son regularmente hechas públicas por la oficina de la Comisión en Washington, 1359, Monroe Street NE, Washington DC 20 017. <<

[4] Central America Report. (CAR. ,Guatemala, 10 de noviembre de 1989; 27 de julio; 6 de abril; 2 de marzo de 1990. <<

[5] AP, BG. 4 de junio de 1990, un artículo de setenta y cinco palabras, más de lo publicado en los demás periódicos. <<

[6] Editorial, Tiempo. 2 de julio de 1990. <<

[7] César Chelala, «Central America’s Health Plight», CSM. 22 de marzo; CAR. 2 de marzo de 1990. <<

[8] Latinoamerican Press. (LP] (Perú), 16 de noviembre de 1989. <<

[9] Excelsior. 18 de octubre de 1989 (Latin America News Update. [LANU], diciembre de 1989). <<

[10] Para un análisis del tema, véase Joshua Karliner, «Central America’s Other War», World Policy Journal, otoño de 1989. <<

[11] Anne Chemin, Le Monde. 21 de septiembre de 1988; Guardian Weekly. 2 de octubre. Ibid. ,30 de septiembre de 1990. Tiempo. 10 y 17 de agosto, 19 de septiembre de 1988. Doctor Morales, citado por Robert Smith, Report on Guatemala, julio/agosto/septiembre de 1989 (Guatemala News and Information Bureau, POB 28 594, Oakland CA 94 604). <<

[12] Ibid. <<

[13] La Prensa Dominical. Honduras, 22 de julio de 1990. <<

[14] CAR. 28 de abril de 1989. Para un desarrollo de estas cuestiones, véanse las referencias en el capítulo 8, nota 58. <<

[15] CAR. 1 de diciembre de 1989. <<

[16] Excelsior. 24 de marzo; LP. 15 de febrero de 1990. <<

[17] Karliner; CAR. 16 de marzo de 1990. Véase Douglas R. Shane, Hoofprints on the Forest: Cattle Ranching and the Destruction of Latin America’s Tropical Forests. (ISHI, 1986); Tom Barry y Deb Preusch, The Soft War. Grove, 1988; y para datos históricos, William H. Durham, Scarcity and Survival in Central America. Stanford, 1979. <<

[18] CAR. 16 de marzo; Mesoamérica, marzo de 1990. <<

[19] Elecciones, CAR. 26 de enero de 1990. LP. 7 de diciembre; CAR. 28 de abril, 27 de julio; Excelsior. 30 de abril; COHA Washington Report on the Hemisphere. 27 de septiembre de 1989. Para varios ejemplos de la represión desarrollada a finales de los años ochenta del tipo que han suscitado gran cólera al ser relatados en Nicaragua, véase Necessary Illusions, pp. 249, 268; para un caso mucho peor, véase Culture of Terrorism. p. 243. <<

[20] Mesoamérica, septiembre de 1990. <<

[21] «Costa Rica: Arming the country of Peace», CAR. 27 de julio de 1990. <<

[22] Ibid. ;COHA, «News and Analysis», 18 de agosto de 1988; Washington Repon on the Hemisphere. 27 de septiembre de 1989. Selser, La Jornada. (México), 23 de enero de 1990, donde cita el artículo editorial de Arias en el NYT. del 9 de enero. <<

[23] Editorial, Miami Herald. 31 de julio de 1990. <<

[24] Óscar Altimir, Documento de trabajo del Banco Central n.º 522 (Banco Mundial, 1982), citado por Shoultz, National Security and United States Policy. p. 75. Soares, Carl Hartman, AP, 7 de noviembre de 1989. CEPAL, Excelsior. (México), 27 de diciembre de 1989; LANU. febrero de 1990. Banco Mundial, Ed McCullough, AP, 11 de diciembre de 1989. Félix, «Latin America’s Debt Crisis», World Policy Journal, otoño de 1990. <<

[25] Excelsior. 3 de marzo de 1990; 11 de noviembre de 1989 (LANU. mayo-enero de 1990). <<

[26] Excelsior. 19 de agosto, 1 de julio de 1990; LANU. octubre-septiembre de 1990. <<

[27] Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses, Toronto Globe & Mail. 5 de noviembre de 1990. <<

[28] E. G. Vallianatos, Fear in the Countryside. Ballinger, 1976. <<

[29] Evans, Dependent Development. Princeton, 1979, p. 4. Veja. 1 de noviembre; Excelsior. 3 de noviembre de 1989 (LANU. diciembre de 1989). <<

[30] South, noviembre de 1989. Reuters, NYT. 6 de septiembre de 1990. <<

[31] Mario de Carvalho Garnero, presidente de Brasilinvest Informations and Telecommunications, O Estado de São Paulo. 8 de agosto (LANU. septiembre de 1990); Latin America Commentary, octubre de 1990. <<

[32] Phyllis R. Parker, Brazil and the Quiet Intervention. 1964, Universidad de Texas, 1979, pp. 58 y ss., 80 y ss., 103 y ss. Véase también Jan Knippers Black, United States Penetration of Brazil; y Leacock, Requiem for Revolution sobre el papel de los líderes laboristas norteamericanos en la demolición del movimiento obrero brasileño y su orgullo por «haber provocado la revolución». <<

[33] Excelsior. 7 de marzo (LANU. mayo de 1990). <<

[34] WP Weekly. 28 de octubre de 1990. Para un ejemplo muy similar, véase Avi Chomsky, Lies of Our Times, noviembre de 1990, comentando un análogo del New York Times artículos emparejados, uno de ellos lamentando los fracasos del inadecuado sistema comunista en Rumanía y anunciando las nuevas esperanzas con la transición a un nuevo mercado y, el otro, describiendo la situación de una familia argentina de clase media, sin dar razones aparte de un supuesto fracaso en la aplicación de las políticas de libre mercado. <<

[35] Félix; Guido di Tella y Rudiger Dombusch, The Political Economy of Argentina,1946-1983. Pittsburgh, 1989; citado por A. Chomsky. <<

[36] Excelsior. 7 de marzo; AFP, Excelsior. 26 de febrero de 1990 (LANU. mayo de 1990). <<

[37] Véase Pasuk Phongpaichit, From Peasant Girls to Bangkok Masseuses. International Labor Office (ILO), Ginebra, 1982. <<

[38] Excelsior. 17 de diciembre de 1989; LANU. febrero de 1990; Félix. <<

[39] Apsi. Chile, julio de 1990 (LANU. septiembre de 1990). <<

[40] Mayorga, The Nicaraguan Economic Experience, 1950-1984: Development and exhaustion of an agroindustrial model, tesis doctoral en la Universidad de Yale, 1986. Véase Barricada Internacional. 29 de abril de 1990, para una discusión relevante sobre el tema. <<

[41] John Craney, The Times of the Americas. 7 de marzo; Economist. 25 de agosto; Terry McCoy, CSM. 15 de mayo; South, abril de 1990. Véase el capítulo 4, más arriba, párrafo que comienza: «No tocar el tema exigió…». Para mayor información sobre la época posterior a la invasión de Johnson, véase Political Economy of Human Rights, vol. I, capítulo 4, sección 4. <<

[42] Véase «Jamaica: Leveraged Sellout», NACLA Report on the Americas, febrero de 1990, del que se ha extraído el material que sigue. <<

[43] Martin Needler, The Problem of Democracy in Latin America. Lexington, 1987, p. 136. <<

[44] Rigoberto Tiglao, Margot Cohen, FEER. 12 de julio de 1990. <<

[45] De Quirós, FEER. 2 de noviembre de 1989. <<

[46] Hawes, «Aquino and Her Administration: A View from the Countryside», Pacific Affairs, primavera de 1989. <<

[47] Boletín de acción urgente de Survival International, mayo de 1990; News, febrero de 1990. <<

[48] Charles Gray, director ejecutivo del Instituto Asiático-Americano para una Fuerza de Trabajo Libre, FEER. 13 de septiembre de 1990. Véase «The Guangdong Dynamo», South, noviembre de 1990, analizando la obra de Ezra Vogel, One Step Ahead in China: Guangdong under Reform. Harvard, 1989. <<

[49] UPI, BG. 14 de octubre de 1989 (la cursiva es mía). <<

[50] Hans Schattle, «Loopholes cut impact of US sanctions law», BG. 26 de enero de 1990. Acerca del apoyo reaganita a Sudáfrica bajo el disfraz de un «compromiso constructivo», véase Bernard Magubane, «Reagan and South Africa», Transafrica Forum, primavera-verano de 1989. Shalom, Z Magazine, octubre de 1990. <<

[51] Witt, «U.S. fingerprints —not heart— are all over Liberia», Chicago Tribune. 22 de agosto de 1990. <<

[52] BG. 11de octubre de 1990. <<

[53] Acerca del papel del gobierno de los Estados Unidos en las inversiones de Firestone en Liberia, motivadas en parte por la preocupación por el dominio británico en la producción de caucho y sus prácticas restrictivas, véase Stephen Krasner, Defending the National Interest. Princeton, 1978, pp. 98 y ss. <<

[54] Ferriman, Observer. 1 de octubre de 1989. Merle Bowen, Fletcher Forum, invierno de 1991. <<

[55] Reuters, BG. 5 de septiembre; Steven Greenhouse, NYT. 1990. <<

[56] CAR. 5 de octubre; Financial Times. 17 de septiembre de 1990. <<

[57] Francis X. Clines, NYT. 30 de julio de 1990. <<

[58] Gellhorn, «Invasion of Panama». Para extensos datos acerca de la reacción ante crímenes comparables de nuestros enemigos y los nuestros propios, véase Political Economy of Hunzan Rights, Manufacturing Consent, Necessary Illusions. Edward Herman, The Real Terror Network. South End, 1982. <<

[59] Weschler, «Poland», Dissent, primavera de 1990; Triska, «Introduction» en Trisca, ed., Dominant Powers and Subordinate States: The United States in Latin Ame-rica and the Soviet Union in Eastern Europe. Duke, 1986. <<

[60] Raymond Garthoff, Détente and Confrontation. p. 499. M. Marrese y J. Vanous, Soviet Subsidization of Trade with Eastern Europe. California, 1983; P. Marer y K. Poznanski, «Costs of Domination, Benefits of Subordination», en Triska; Peter Gumbel, «Gorbachev Threat Would Cut Both Ways», WSJ. 17 de abril de 1990. <<

[61] Triska, p. 11; Paz, citado por Jeffrey Hughes, p. 29. <<

[62] Wesson, Valenta, en Triska, pp. 63, 282. <<

[63] Sobre estas cuestiones, véase en particular Amsden, Asia’s Next Giant y para algunas recientes reflexiones sobre Taiwan y el Japón, Carl Goldstein, Bob Johnstone, FEER. 3 de mayo, 31 de mayo de 1991. Cumings, «The origins and development of the Northeast Asian political economy», International Organization. 38.1, invierno de 1984. <<

[64] Akio Morita y Shintaro Ishihara, The Japan That Can Say No. Konbusha, Toldo, traducción distribuida de modo privado, extraído de Congressional Record. 14 de noviembre de 1989, E3783-98. <<

[65] Banuri, No Panacea (véase el capítulo 1, nota 19). <<

[66] Amsden, «East Asia’s Challenge» (capítulo 1, nota 19). <<

[67] Sen, «Indian Development: Lessons and Non-Lessons», Daedalus, vol. 118 de los Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 1989. Para mayores detalles acerca de la excepción de Kerala, véase Richard Franke y Barbara Chasin, Kerala: Radical Reform As Development in an Indian State. (Instituto para la Política relativa a la Alimentación y el Desarrollo [Institute for Food & Development Policy], Food First Development Report, n.º 6, octubre de 1989). <<

[68] Mieczylslaw Mieszczanowski, Polityka. 16 de diciembre de 1989, citado por Abraham Brumberg, Foreign Affairs. «America and the World», 1989-1990. <<

[69] Envío. (Managua), mayo de 1990. <<

[*] El autor emplea aquí la palabra Reaganomics para referirse a la gestión económica desarrollada por la administración Reagan. (N. de la t.) <<

[*] Tipo muy fuerte de marihuana, habitualmente utilizado para fumar. (N. de la t.) <<

[1] Capítulo 8, sección 7, de la edición original de esta obra, no reproducido aquí. <<

[2] John Pilger, A Secret Country. Jonathan Cape, 1989; véase también su serie documental «The Last Dream», 1988, producida con motivo del bicentenario de Australia con la cooperación de la Australian Broadcasting Company. Jonathan Kwitny, The Crimes of Patriots. Norton, 1987. CIA: the Pike Report. Spokesman Books, Nottingham, 1977; el informe fue filtrado al Village Voice. 16 y 23 de febrero de 1976. Garthoff, Détente and Confrontation, pp. 487 y ss. <<

[3] Brenneke, TG 1 (TV italiana), 2 de julio; Il Manifesto. 3 de julio de 1990. AP, BG. 23 de julio de 1990. Acerca de las relaciones secretas entre los Estados Unidos e Italia en los años setenta y los planes de la P2 y los servicios de seguridad, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, The Rise and Fall of the Bulgarian Connection. Sheridan Square, 1986, capítulo 4. Como señalan los autores, el abundante terrorismo de derechas en Europa ha sido ignorado en su mayor parte por la literatura general sobre terrorología, debido, en gran medida, a un ejercicio transparente de la propaganda. También William Blum, The CIA. Zed, 1986. Sobre los primeros años de la posguerra, véase también John Ranelagh, The Agency: the Rise and Decline of the CIA. Simon & Schuster, 1986. Acerca de los Estados Unidos y Mussolini y el rápido retorno de los aliados a una postura profascista durante la guerra, véase el capítulo 1, sección 4, más arriba. Brenneke alcanzó cierta notoriedad fuera de la corriente dominante cuando afirmó que, mientras trabajaba para la CIA, había tomado parte en una reunión celebrada en París, en octubre de 1980, en la cual representantes de la campaña Reagan-Bush, incluyendo a William Casey, que posteriormente pertenecería a la CIA, al asistente de Bush, Donald Gregg, y posiblemente al propio Bush, habían sobornado a Irán para que retuviera a los rehenes norteamericanos hasta después de las elecciones, con el fin de asegurar la victoria de Reagan. El gobierno lo llevó a juicio (directamente desde una sala de cuidados intensivos para problemas cardíacos) para procesarle bajo la acusación de haber efectuado falsamente estas declaraciones. Fue declarado inocente por el tribunal federal de este y otros cargos por un jurado «que no ocultaba su incredulidad respecto de la veracidad de los testigos del gobierno, en particular de Gregg», observa el ex agente de la CIA David MacMichael —señalando también que toda la cuestión fue prácticamente suprimida en los medios de comunicación nacionales—; Lies of Our Times, agosto de 1990. Este asunto recibió cobertura en la prensa independiente (Houston Post, Nation, In These Times y otros). <<

[4] Smuts, citado por Basil Davidson, Scenes from the Anti-Nazi War. Monthly Review, 1980, p. 17. <<

[5] Sobre estos casos, véase el capítulo 8, más adelante, párrafo que comienza: «Por citar otro caso ilustrativo…». <<

[6] Halliday y Cumings, Korea: the Unknown War. Viking, Pantheon, 1988. <<

[7] El primer gran esfuerzo académico para exponer este modelo es Politics of War de Gabriel Kolko, Random House, 1968, que sigue siendo extremadamente válido y único en su intención y profundidad, a pesar del flujo de documentos y obras académicas desde entonces. <<

[8] Véase Covert Action Information Bulletin, invierno de 1986. Richard Gott, «A Greek Tragedy To Haunt the Old Guard», Guardian. Londres, 5 de julio de 1986. <<

[9] Alfred Grosser, The Western Alliance. Continuum, 1980, p. 178. <<

[10] Yanaga, Big Business in Japanese Politics. Yale, 1968, pp. 265 y ss. Véase mi At War with Asia, introducción, y For Reasons of State, capítulo 1 (publicado en Inglaterra como The Backroom Boys. [Fontana]), sección V; Chomsky y Howard Zinn, eds., Critical Essays, vol. 5 de Pentagon Papers. También un buen número de recientes obras del mundo académico, incluyendo Michael Schaller, «Securing the Great Crescent», Journal of American History, septiembre de 1982, y su American Occupation of Japan. Andrew J. Rotter, The Path to Vietnam. Cornell, 1987. Acheson, citado por Schaller, American Occupation. p. 97. <<

[11] Ibid. ,222. Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza: «La gran área tendría una estructura definida. […]». <<

[12] John Roberts, «The “Japan Crowd” and the Zaibatsu Restoration», The Japan Interpreter. 12, verano de 1979. MacArthur, Howard B. Schonberger, Aftermath of War. Kent State, 1989, pp. 52-53. Actitudes japonesas, Akio Morita y Shintaro Ishihara, The Japan that Can Say No. Acerca de las actitudes racistas mostradas por ambos bandos durante la guerra, que adquirieron asombrosas proporciones, véase John Dower, War without Mercy: Race and Power in the Pacific War. Pantheon, 1986. <<

[13] Véase el capítulo 1, más arriba, párrafo que comienza: «Después de la guerra, las corporaciones…». <<

[14] Para los antecedentes históricos de lo que sigue, véase Joe Moore, Japanese Workers and the Struggle for Power, 1945-1947. Universidad de Wisconsin, 1983; Schaller, American Occupation. William Borden, Pacific Alliance. Howard Schonberger, «The Japan Lobby in American Diplomacy, 1947-1952», Pacific Historical Review, agosto de 1977, y su Aftermath of War. Roberts, «The “Japan Crowd”»; Cumings, «Power and Plenty in Northeast Asia», World Policy Journal, invierno de 1987-1988. <<

[15] Kennan, citado por Schonberger, Aftermath. p. 77. <<

[16] Schaller, American Occupation. p. 296. <<

[17] Rostow, Kennan, citados por John H. Backer, The Decision to Divide Germany. Duke, 1978, pp. 155-156; Schaller, American Occupation. Véase Anne Deighton, International Affairs, verano de 1987, acerca de las iniciativas británicas que violaban los acuerdos de Potsdam. <<

[18] Carolyn Eisenberg, «Working-Class Politics and the Cold War: American Intervention in the German Labor Movement, 1945-49», Diplomatic History. 7, 4, otoño de 1983; Deighton; Sargent, cita procedente de unas notas en Anne Deighton, The Imposible Peace: Britain, the Division of Germany, and the Origins of the Cold War. Oxford, 1990, p. 73. Véase también Backer, p. 171; Melvyn Leffler, «The United States and the Strategic Dimensions of the Marshall Plan», Diplomatic History, verano de 1988. <<

[19] Para un mayor desarrollo de estas cuestiones, véase Turning the Tide, pp. 197 ss., y fuentes citadas; Christopher Simpson, Blowback. Weidenfeld & Nicholson, 1988. Acerca del reclutamiento de científicos nazis, véase Tom Bower, The Paperclip Conspiracy. Michael Joseph, 1987, p. 310; John Gimbel, Science, Technology, and Reparations. Standford, 1990. Un análisis del anterior en Science señala que la investigación de Gimbel «demuestra lo dudoso de posteriores afirmaciones norteamericanas sobre su desinterés comercial en la ocupación de Alemania; del mismo modo que los rusos, y en menor medida que los británicos y los franceses, los norteamericanos obtuvieron enormes cantidades de compensaciones del país vencido», prestando «cierta credibilidad a la afirmación rusa de que las incautaciones anglonorteamericanas ascendían a alrededor de 10 000 millones de dólares», la cantidad exigida (pero no recibida) por los rusos como compensación por la devastación nazi de la Unión Soviética. Raymond Stokes, Science. 8 de junio de 1990. <<

[20] Eisenberg; Bower, The Paperclip Conspiracy. <<

[21] Véase Roy Godson, American Labor and European Politics. Crane, Russak, 1976. <<

[22] Véase McCoy, Politics of Heroin y otras referencias del capítulo 3, nota 21. <<

[23] Véase el capítulo 1, sección 4. Pasquino, «The Demise of the First Fascist Regime and Italy’s Transition to Democracy: 1943-1948», en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Johns Hopkins, 1986. Acerca de lo que sigue, véase John L. Harper, America and the Reconstruction of Italy, 1945-1948. Cambridge University Press, 1986; James E. Miller, «Taking Off the Gloves: The United States and the Italian Elections of 1948», Diplomatic History. 7.1, invierno de 1983; y su The United States and Italy, 1940-1950. Universidad de Carolina del Norte, 1986; Ronald Filippelli, American Labor and Postwar Italy (véase el capítulo 1, sección 4). <<

[24] Vaticano, Craig Kelly, The Anti-Fascist Resistance and the Shift in Political-Cultural Strategy of the Italian Communist Party 1936-1948, disertación doctoral, UCLA, 1984, p. 10. <<

[25] Harper; Kennan al secretario de Estado, FRUS. 1948, III, pp. 848-849; NSC 1/3, 8 de marzo de 1948, FRUS. 1948, III, pp. 775 y ss. <<

[26] Miller, United States and Italy. p. 247; Harper, America and the Reconstruction of Italy. p. 155, donde señala la recomendación del NSC de que «en caso de victoria comunista, debería haber ayuda militar y económica a las fuerzas prooccidentales». <<

[27] Harper, pp. 164-165. <<

[28] Jeffreys-Jones, The CIA and American Democracy. Yale, pp. 50-51. <<

[29] Miller, United States and Italy. p. 274. <<

[30] Roberts, Leffler. <<

[31] Véase el próximo capítulo, más adelante, párrafo que comienza: «Hume era un sagaz observador…». <<

[*] Cooperative for American Relief Everywhere. Se trata de una federación de sociedades benéficas norteamericanas que proporcionan ayuda financiera y técnica a muchas regiones del mundo. (N. de la t.) <<

[1] Davie, The Democratic Intellect. Universidad de Edimburgo, 1961, pp. 274 y ss. <<

[2] Véase mi «Intellectuals and the state», 1977, incluido en Towards a New Cold War, Necessary Illusions. Clinton Rossiter y James Lare, eds., The Essential Lippmann: a Political Philosophy for Liberal Democracy. Harvard, 1982, pp. 91-92. <<

[3] Marchamont Nedham, 1650, citado por Edmund S. Morgan, Inventing the People. Norton, 1988, p. 79; Hume, p. 1, citado con la reserva que acabamos de observar. <<

[4] Citado con aprobación por Timothy Garton Ash, New York Review of Books. 18 de enero de 1990, y William Luers, Foreign Affairs, primavera de 1990. <<

[5] Mine, AP, 28 de noviembre; Rita Beamish, AP, 29 de noviembre de 1989. Sobre la reacción ante el asesinato y tortura de sacerdotes y activistas en favor de los derechos humanos, véase Manufacturing Consent,, capítulo 2; Necessary Illusions, pp. 138 y ss. Sobre los fracasados esfuerzos para explicar los hechos de forma plausible y escapar a las obvias consecuencias, véase ibid. ,pp. 145-148. <<

[6] Nairn, «Murder Bargain», Cleveland Plain Dealer. 16 de febrero de 1990. <<

[7] John Saxe-Fernández, Excelsior. 21 de noviembre de 1989, en Latin America News Update, enero de 1990; TNR. 19 de marzo de 1990. <<

[8] Citado por Jon Reed, Guardian. Nueva York, 23 de mayo de 1990. <<

[9] Guillermo Meléndez, Excelsior. 7 de abril de 1990; Central America News Pack. 9 de abril de 1990. Acerca de la eficiente demolición del plan de paz por parte del gobierno y sus medios de comunicación, y el papel de Oscar Arias en la operación, véase Culture of Terrorism, capítulo 7; Necessary Illusions, pp. 89 y ss. y apéndice IV, sección 5. También véase aquí el capítulo 2, más arriba, párrafo que comienza «Las administración Reagan se enfrentó…» y en la edición original de esta obra, Deterring Democracy, capítulo 8, sección 6, y capítulo 9, pp. 297 y ss. <<

[10] Véase Necessary Illusions, pp. 41-42, 123-130; apéndice V, secciones 6, 7. Godoy, Nation. 5 de marzo. Korea, AP, 5 de mayo de 1990. <<

[11] Margaret Judson, citada por Leonard W. Levy, Emergence of a Free Press. Oxford University Press, 1985, p. 91. <<

[12] Christopher Hill, The World Turned Upside Down. Penguin, 1975. En relación con Locke, Hill añade, «al menos Locke no pretendió que los curas debían hacer lo imposible. Eso era para el propio Dios». <<

[13] Levy, Emergence, pp. 98-100. Sobre la «masiva intolerancia» de la Aeropagitica de Milton, comúnmente considerada como un innovador llamamiento liberal, véase John Illo, Prose Studies, mayo de 1988. El propio Milton explicó que la intención del tratado era «que la determinación de verdadero o falso, de lo que debería ser publicado y de lo que debería ser suprimido, no pudiera estar bajo el control de… hombres sin cultura o de juicio mediocre», sino sólo bajo el de «un funcionario nombrado para ello» de la opinión correcta, que tendrá autoridad para prohibir aquellas obras que considere «perjudiciales o difamatorias», «erróneas y escandalosas», «impías o absolutamente perniciosas para la fe o las costumbres», así como el «papismo» y la «abierta superstición». <<

[14] Morgan, Inventing the People, pp. 75-76. <<

[15] Véase capítulo 8, p. 253, de la edición original, Deterring Democracy. <<

[16] Todorov, The Conquest of America. Harper & Row, 1983, pp. 5, 150. <<

[17] Francis Jennings, Empire of Fortune. Norton, 1988, capítulo 1. Los indios no tienen «nada humano a excepción de la forma», escribió Washington: «… la gradual extensión de nuestros asentamientos hará ciertamente que los salvajes, al igual que los lobos, se retiren, siendo ambos animales de presa, aunque con distinta forma». <<

[18] Véase Turning the Tide, pp. 162-163. <<

[19] Morgan, p. 79 (cursiva en el original). <<

[20] Ibid. ,pp. 168 y ss. <<

[21] Lenin, 1922, citado por Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle. Pantheon, 1968. No obstante, la interpretación de Lewin de los objetivos y esfuerzos de Lenin difiere considerablemente de lo que yo he indicado aquí. <<

[22] James R. Brockman, America. 24 de marzo de 1990. Sobre las atrocidades de 1980 y la represión de los medios de comunicación, véase Towards a New Cold War, introducción; Turning the Tide. Acerca del asesinato de Romero y la reacción de los Estados Unidos, ibid. ,pp. 102 y ss.; Manufacturing Consent, pp. 48 y ss. <<

[23] Douglas Grant Mine, AP, 23 y 24 de marzo; Americas Watch, A Year of Reckoning, marzo de 1990. <<

[24] Vi una nota sobre el aniversario en las páginas de religión del Boston Globe, escrita por Richard Higgins, quien está escribiendo un libro sobre Romero: «Religion Notebook», BG. 24 de marzo de 1990, p. 27. <<

[25] Para referencias aquí y más adelante, en caso de que no hayan sido citadas, véase Turning the Tide; Necessary Illusions. En cuanto a Lansing y Wilson, Lloyd Gardner, Safe for Democracy. Oxford University Press, pp. 157, 161, 261, 242. Gaddis, más arriba, párrafo que comienza: «También en otros aspectos…». <<

[26] Samuel Huntington, en Crozier, Huntington y Watanuki, Crisis of Democracy (véase nota 1 de la Introducción). <<

[27] WSJ. 13 de diciembre de 1973. <<

[28] Véase mi crítica/artículo en Grand Street, invierno de 1987. <<

[29] Citado por Herbert Schiller, The Corporate Takeover of Public Expression. Oxford University Press, 1989. <<

[30] McCann, An American Company. Crown, 1976, p. 45. Sobre la absurda actuación de los medios de comunicación, véase también Turning the Tide, pp. 164 y ss. También William Preston y Ellen Ray, «Disinformation and mass deception: democracy as a cover story», en Richard O. Curry, ed., Freedom at Risk. Temple, 1988. <<

[31] Rossiter y Lare, The Essential Lippmann. <<

[32] Citado de documentos secretos por R. R. A. Marlin, «Propaganda and the Ethics of Persuasion», International Journal of Moral and Social Studies, primavera de 1989. Para un mayor desarrollo de estas cuestiones, véase «Intellectuals and the State». <<

[33] Véase la edición original de esta obra, Deterring Democracy, capítulo 8, p. 261. Véase también el capítulo 7, pp. 330 y ss. <<

[34] Galeano, Días y noches de amor y de guerra. Alianza, Madrid, 1986. <<

[35] Véase Turning the Tide, pp. 162 y ss. <<

[36] Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, pp. 146-150. <<

[37] Ron Rosenbaum, análisis de Ellis Cose, The Press, NYT Book Review. 9 de abril de 1989. La totalidad de la declaración, todavía más engañosa, es que el autor subraya «la relación entre la estructura empresarial de la prensa y su tradicional papel jeffersoniano…». Sobre la extraordinaria medida en que se elude la crítica del dogma descriptivo, incluso en un marco intelectual, véase Necessary Illusions, apéndice I, sección 2. Acerca de Jefferson y la prensa, véase Leonard Levy, Jefferson and Civil Liberties: the Darker Side,. Harvard, 1963; Ivan Dee, 1989; Levy, Emergence. <<

[38] Linsky, BG. 7 de julio de 1990. <<

[39] Véase Turning the Tide, capítulo 5; Thomas Ferguson y Joel Rogers, Right Turra. Hill & Wang, 1986; Michael Benhoff, Z Magazine, marzo de 1988 (cartas); Ferguson, Socialist Review. 19.4, 1989. <<

[40] George Tanham y Dennis Duncanson, «Some dilemmas of counterinsurgency», Foreign Affairs. 48.1, 1989. <<

[41] Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, pp. 28-29. <<

[42] Maynes, Foreign Policy, primavera de 1990. Véase la edición original de esta obra, Deterring Democracy, capítulo 10, p. 309. <<

[43] Para mayores detalles, véase Culture of Terrorism, pp. 77-78; y sobre el concepto de democracia defendido por Kinsley y sus colegas, véase la edición original de esta obra, Deterring Democracy, capítulo 10. <<

[44] Para detalles sobre la notable defensa del terror por parte de Laqueur en lo que se considera como un trabajo académico serio, véase Necessary Illusions, pp. 113, 277 y ss. Wesson, «Historical Overview and Analysis», en Jan Triska, ed., Dominant Powers and Subordinate States, pp. 58-59. Acerca de las operaciones terroristas norteamericanas contra Cuba, véase Necessary Illusions, pp. 274 y ss., y fuentes citadas. Sobre estas y otras medidas, incluyendo el bloqueo económico global y datos históricos, véase Monis Morley, Imperial State: The United States and Revolution and Cuba, 1952-1986. Cambridge University Press, 1987. <<

[45] Para algunos elementos de discusión recientes, véase Pirates and Emperors; Necessary Illusions, pp. 269 y ss.; Edward Herman y Gerry O’Sullivan, The «Terrorism» Industry. Pantheon, 1990; Alexander George, ed., Western State Terrorism. Polity Press, 1991. <<

[46] Carlson, U.S. Naval Institute Proceedings, septiembre de 1989; LAT. 3 de septiembre de 1989; AP, 23 de abril de 1990; Philip Shenon, NYT. 6 de julio de 1990. <<

[47] Melman y Raviv, BG. 5 de agosto de 1990. <<

[48] Third World Ressurgence. (Malasia), octubre de 1990. <<

[49] Chomsky y Herman, Political Economy of Human Rights. <<

[50] Para análisis y mayor desarrollo, véase Manufacturing Consent, capítulo 6, sección 2; Necessary Illusions, pp. 154 y ss. <<

[51] Un asombroso ejemplo fue la reacción ante la matanza perpetrada en 1965 en Indonesia y ante las nuevas pruebas de participación norteamericana en la misma reveladas en 1990. Para mayor desarrollo del tema, véase mi artículo en Z Magazine, septiembre de 1990. Véase también Ellen Ray y William Schaap, y Ralph McGehee, en Lies of Our Times (agosto de 1990), sobre la cobertura informativa del New York Times. <<

[52] Véase mi «Responsibility of Intellectuals», incluido en American Power and the New Mandarins y Chomsky Reader. Rowe; y «Objectivity and liberal scholarship», en American Power. Wolf. <<

[53] Gardner, Safe for Democracy, pp. 244 y ss., 255. <<

[54] Freed, LAT. 14 de abril de 1990. <<

[55] Freed, LAT. 7 de mayo de 1990; Lindsey Gruson, NYT, 5 de julio de 1990. Para un análisis de las observaciones de Gruson sobre los defectos de la «democracia» guatemalteca en artículos anteriores, al tiempo que absuelve a los Estados Unidos de toda responsabilidad y no cuestiona su compromiso con la democracia, véase Edward Herman, «Gruson on Guatemala», Lies of Our Times, agosto de 1990. <<

[56] Para una extensa documentación sobre las cuestiones aquí discutidas, véase Necessary Illusions. <<

[57] Edward Mitchell, Asian Survey, agosto de 1967. <<

[58] Véase Necessary Illusions, pp. 62 y ss., 111 ss., 263 ss.; mi «Letter from Lexington» en Lies of Our Times, julio de 1989; Winson, Coffee & Modern Costa Rican Democracy, pp. 54-55. <<

[59] Véase Turning the Tide, pp. 106 ss., 109 y ss.; Necessary Illusions, pp. 78-79. <<

[60] Martín-Baró, simposium, Berkeley, California, 17 de enero de 1989, patrocinado por el Mental Health Committee for Health Rights in Central America (CHRICA, San Francisco), que nos facilitó la transcripción. <<

[61] Martín-Baró, «From Dirty War to Pshychological War», trabajo presentado en el 21.º congreso de la Sociedad Psicológica Interamericana, La Habana, 1987; incluido en Adrianne Aron, ed., Flight, Exile and Return. CHRICA, 1988. <<

[62] Socorro Jurídico, que opera bajo la jurisdicción de la archidiócesis de El Salvador, trabajo presentado en un seminario internacional sobre la tortura en América Latina celebrado en Buenos Aires. Shultz, alocución del 14 de abril de 1986. Véase Necessary Illusions, pp. 69 y ss., para mayores detalles. <<

[63] Martín-Baró, «Mass Media and Public Opinion in El Salvador», extractos en Interamerican Public Opinion Report, enero de 1990. Acerca de la destrucción de los medios de comunicación salvadoreños y la reacción en nuestro país, véase Necessary Illusions, pp. 41-42. <<

[64] Americas Watch, A Year of Reckoning. Sobre la masacre de río Sumpul, véase Towards a New Cold War, Turning the Tide. <<

[65] Comité de abogados, carta del 20 de abril al secretario de Defensa, Richard Cheney; El Salvador on Line. (Washington), 30 de abril; Alexander Cockburn, Nation. 14 de mayo de 1990. Padre de Cortina, Cape Codder. (Orleans, MA), mayo de 1990. <<

[66] Robert Kahn, Servicio de Información del Pacífico, 9-13 de julio; Mary Cabezas, Guardian. (Londres), 1 de agosto de 1990. <<

[67] COHA News and Analysis. 21 de junio; Andrew Blake, BG. 12 de julio, 16 de marzo; Lawrence Ross, San Francisco Chronicle. 12 de julio; Alexander Cockburn y Richard McKerrow, In These Times. 1 de agosto de 1990. El testimonio de Martínez del 18 de agosto de 1989, detallando la actuación de los escuadrones de la muerte en los que participó, está disponible en el Marin Interfaith Task Force on Central America [Comisión Interconfesional Marin para Centroamérica], 25 Buena Vista, Mill Valley CA 94 941. Acerca de la reacción inicial ante las revelaciones de Martínez, antes del asesinato de los jesuitas, véase la edición original de esta obra, Deterring Democracy, capítulo 9, pp. 292 y ss. Su caso está pendiente en el momento en que escribo estas líneas. <<

[68] BG. 14 de agosto de 1990. <<

[69] Giorgio Amendola, Storia del PCI. Riuniti, Roma, 1979, p. 142, citado por Kelly, The Anti-Fascist Resistance. p. 10. <<

[70] Daniel Santiago, «The Aesthetics of Terror, the Hermeneutics of Death», America. 24 de marzo de 1990. <<

[71] Toronto Globe & Mail. 3 de febrero; AP, 2 y 3 de febrero de 1988. Véase mi artículo en Z Magazine, marzo de 1988, para muchos más detalles sobre estos y otros casos. <<

[72] Schoultz, National Security and United States Policy, pp. 88 yss. <<

[73] Ellacuría, «The UCA Regarding the Doctorate given to Monsignor Romero», marzo de 1985, publicado nuevamente en la revista jesuita nicaragüense Envío, enero de 1990; Brockman. <<

[74] Gleijeses, Politics and Culture in Guatemala. Michigan, 1988, promocionado por el Departamento de Estado. <<

[75] Véase Necessary Illusions, pp. 263 y ss.; Culture of Terrorism. p. 127. <<

[76] Ibid.. Para ejemplos adicionales, véase On Power and Ideology, pp. 22 y ss.; Necessary Illusions, pp. 67-68, apéndice V, sección 1. <<

[77] Special Report of Interagency Committee of Intelligence. (Ad Hoc), presidente J. Edgar Hoover, junto con los directores de la CIA, DIA y NSA, preparado para el presidente, 25 de junio de 1970, clasificado como «alto secreto». Posteriormente se publicó una versión censurada. Las citas que figuran más abajo proceden del libro 7, parte 1: Summary of Internal Security Threat. Para una discusión más extensa del tema, véase mi introducción a N. Blackstock, ed., COINTELPRO. Vintage, 1976; Kenneth O’Reilly, Racial Matters. Free Press, 1989. <<

[78] Véanse las referencias del capítulo 1, nota 85. <<

[79] Gregory Treverton, Covert Action. Basic Books, 1987, p. 18. <<

[80] Memorándum para el ayudante del presidente para asuntos de seguridad nacional, 25 de junio de 1960, secreto. <<

[81] CIA, Review of the World Situation. 17de agosto de 1949. <<

[82] Bryce Wood, The Dismantling of the Good Neighbor Policy. University of Texas, 1985. NSC 141/1, «Progress Report», 23 de julio de 1953. <<

[83] Turning the Tide, pp. 198 y ss.; Latinoamerica Press. Lima, 24 de diciembre de 1987. <<

[84] Kinzer, NYT. 10 de enero de 1988. Kinzer está bastante familiarizado con los hechos, habiendo sido coautor de un importante libro sobre el tema: Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, Bitter Fruit. Doubleday, 1982. <<

[85] Gaddis, Long Peace. p.37. <<

[86] Para discusiones más completas, véase mi Problems of Knowledge and Freedom, clases conmemorativas sobre Russell impartidas en el Trinity College, Cambridge, Pantheon, 1971. <<

[87] James Harris, Ralph Cudworth. Véase mi Cartesian Linguistics. Harper & Row, 1966, y para un mayor desarrollo del tema, «Language and Freedom», incluido en For Reasons of State y Chomsky Reader. <<

[88] Para un mayor desarrollo del tema y referencias, véase Necessary Illusions, apéndice V, sección 8. <<

[89] Levy, Emergence of a Free Press, pp. XVII, 9, 102, 41, 130. <<

[90] Ibid. ,pp. 178-179, 297, 337 y ss.; Levy, Jefferson and Civil Liberties, pp. 25 y ss. <<

[91] Levy, Emergence, pp. 6, 167. <<

[92] Para algunos de los muchos ejemplos que podrían citarse en el caso de Francia, véase Necessary Illusions. p. 344. Sobre el caso Rushdie, véase Christopher Frew, «Craven Evasion on the threat to freedom», Scotsman. 3 de agosto de 1989, aludiendo al vergonzoso comportamiento de Paul Johnson y Hugh Trevor-Roper —que no fueron los únicos—. Tribunal supremo, NYT. 10 de abril de 1990. O’Brien citado en British Journalism Review, vol. 1, n.º 2, invierno de 1990. <<

[93] Levy, Emergence, pp. 226-227; Harry Kalven, A Worthy Tradition. Harper & Row, 1988, pp. 63, 227 y ss., 121 y ss. Ningún comentario tan breve sobre la libertad de expresión puede pretender ser adecuado. Como hemos observado, surgen cuestiones más complejas cuando pasamos de la expresión de opiniones a la expresión que roza la incitación a la acción (por ejemplo, ordenar a un asesino que tiene un arma que dispare), y cuando consideramos el derecho a un espacio privado y otros temas. <<