Hace tiempo que se anuncia el declive de Occidente, pero ahora parecemos convivir a diario con los síntomas de tal degeneración: un crecimiento mínimo, una deuda asfixiante, una población envejecida, conductas antisociales… ¿Qué le sucede a la civilización occidental? La respuesta que ofrece Niall Ferguson es que nuestras instituciones, los complejos marcos dentro de los que una sociedad puede florecer o fracasar, están degenerando. El gobierno representativo, el libre mercado, el imperio de la ley y la sociedad civil solían ser los cuatro pilares de las sociedades occidentales. En nuestra época, sin embargo, estas instituciones se han deteriorado de modo alarmante.

La gran degeneración es un poderoso y en ocasiones polémico alegato contra una era de negligencia y pasividad. Mientras el mundo árabe lucha por alcanzar la democracia y China evoluciona desde la liberalización económica hasta el imperio de la ley, europeos y estadounidenses malgastan el legado institucional de varios siglos. Detener la degeneración de la civilización occidental, advierte Ferguson, requerirá líderes audaces y una reforma radical.

Niall Ferguson

La gran degeneración

Cómo decaen las instituciones y mueren las economías

ePub r1.1

Leviatán 31.07.14

Título original: The Great Degeneration

Niall Ferguson, 2012

Traducción: Francisco J. Ramos Mena

Retoque de cubierta: Leviatán

Editor digital: Leviatán

ePub base r1.1

A Thomas

Introducción

MÁS ALLÁ DEL «DESAPALANCAMIENTO»

Hace casi un cuarto de un siglo, en el verano de 1989, Francis Fukuyama pudo atreverse a predecir «una descarada victoria del liberalismo económico y político… el Triunfo de Occidente», y proclamar que «el punto final de la evolución ideológica de la humanidad» era «la universalización de la democracia liberal occidental como forma última de gobierno humano»[1]. ¡Qué distinto parece hoy el mundo! La del «liberalismo económico» es una marca deslustrada, mientras que los defensores del «capitalismo de Estado» en China y otros lugares se burlan abiertamente de la democracia occidental. Occidente se estanca, y no solo en términos económicos. El Banco Mundial esperaba que en 2012 la economía europea se contrajera y Estados Unidos creciera solo un 2 por ciento. En cambio, China crecería el cuádruple, y la India el triple. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2016 el producto interior bruto de China podría superar al de Estados Unidos[*]. Quienes en 1989 invirtieron dinero en Occidente se han visto castigados (no han ganado nada desde 2000), mientras que quienes lo hicieron en el resto del mundo se han visto recompensados con generosidad. Esta «gran reconvergencia» es un acontecimiento histórico mucho más asombroso que el derrumbamiento del comunismo que tan sagazmente anticipó Fukuyama. En la época en que él escribía, el centro de gravedad económico del mundo se hallaba todavía firmemente asentado en el Atlántico Norte. Hoy está más allá de los Urales, y en 2025 se encontrará justo al norte de Kazajistán, aproximadamente en la misma línea de latitud en la que se hallaba en 1500, en vísperas de la supremacía de Occidente[2].

La explicación de moda de la desaceleración occidental es el «desapalancamiento»: el doloroso proceso de reducción de la deuda (o de reparación del balance general). Desde luego, hay pocos precedentes del nivel de deuda que hoy tiene Occidente. Por ejemplo, esta es solo la segunda vez en la historia de Estados Unidos que la suma de la deuda pública y privada excede el 250 por ciento del PIB. En un estudio realizado sobre 50 países, el Instituto Global McKinsey identifica 45 episodios de desapalancamiento desde 1930. En solo ocho de ellos la ratio inicial deuda/PIB superaba el 250 por ciento, como ocurre hoy no solo en Estados Unidos, sino también en los principales países de habla inglesa (incluidos Australia y Canadá) y en los principales países continentales europeos (incluida Alemania), además de Japón y Corea del Sur[3]. El argumento del desapalancamiento es que las familias y los bancos están luchando para reducir sus deudas después de haber apostado insensatamente por unos precios de la propiedad en constante aumento. Pero en la medida en que la gente ha intentado gastar menos y ahorrar más, la demanda agregada ha caído. A fin de impedir que este proceso genere una deflación letal de la deuda, los gobiernos y los bancos centrales han intervenido con estímulos fiscales y monetarios sin precedentes en tiempos de paz. Los déficits del sector público han ayudado a mitigar la contracción, pero corren el riesgo de transformar una crisis de exceso de deuda privada en una crisis de exceso de deuda pública. Del mismo modo, la ampliación de los balances generales de los bancos centrales (la base monetaria) impidió un aluvión de quiebras bancarias, pero hoy parece tener rendimientos decrecientes en términos de reflación y crecimiento.

Sin embargo, aquí hay algo más que el mero desapalancamiento. Consideremos este hecho: a partir de junio de 2009, la economía estadounidense creó 2,4 millones de empleos en los tres años siguientes. En ese mismo período, 3,1 millones de trabajadores solicitaron subsidios por incapacidad. El porcentaje de estadounidenses en edad laboral que cobraban un seguro de incapacidad aumentó de menos del 3 por ciento en 1990 al 6 por ciento en 2009[4]. El paro se oculta —y se convierte en permanente— de formas con las que los europeos están demasiado familiarizados. Se clasifica como discapacitadas a personas sanas, que ya no vuelven a trabajar más. De ese modo, no protestan. Lo normal era que alrededor del 3 por ciento de la población estadounidense se trasladara a otro estado cada año, por lo general en busca de trabajo; esa cifra se ha reducido a la mitad desde que empezó la crisis financiera en 2007. También la movilidad social se ha reducido. Y asimismo, a diferencia de la Gran Depresión de la década de 1930, nuestra «ligera depresión» está haciendo poco por reducir la enorme desigualdad en la distribución de la renta que se ha producido durante las tres últimas décadas. La proporción de la renta en manos del 1 por ciento de las familias más ricas aumentó del 9 por ciento en 1970 al 24 por ciento en 2007; y en los tres años de crisis posteriores descendió menos de 4 puntos porcentuales.

No se puede culpar de todo esto al desapalancamiento. En Estados Unidos, el debate más generalizado se da en torno a la globalización, el cambio tecnológico, la educación y la política fiscal. Los conservadores tienden a señalar la primera y el segundo como inexorables motores de cambio, destruyendo los empleos de baja cualificación al «deslocalizarlos» o automatizarlos. Los progresistas prefieren ver el aumento de la desigualdad como el resultado de una inversión insuficiente en educación pública, junto con unas reducciones fiscales republicanas que han favorecido a los ricos[5]. Pero existen buenas razones para pensar que hay otras fuerzas en juego; fuerzas que tienden a pasarse por alto en la cansina bronca sectaria que hoy suplanta al debate político en Estados Unidos.

La crisis de las finanzas públicas no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. Japón, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal son también miembros del club de países con deudas públicas superiores al 100 por ciento del PIB. En 2010, la India tenía un déficit cíclicamente ajustado superior incluso al de Estados Unidos, mientras que Japón afrontaba el reto, aún mayor, de estabilizar su ratio deuda/ PIB en un nivel sostenible[6]. Tampoco los problemas paralelos del crecimiento lento y el aumento de la desigualdad se limitan a Estados Unidos. En todo el mundo de habla inglesa, la proporción de la renta en manos del 1 por ciento de las familias más ricas ha ido en aumento más o menos desde 1980. Lo mismo ha ocurrido, aunque en menor grado, en algunos estados europeos, en particular Finlandia, Noruega y Portugal, así como en numerosos mercados emergentes, incluida China[7]. Ya en 2010 había en China al menos 800.000 millonarios y 65 multimillonarios (en ambos casos en dólares). En 2010, del 1 por ciento global de las familias más ricas, 1,6 millones eran chinas, lo que representa cerca del 4 por ciento del total[8]. Aun así, otros países —incluida la economía más exitosa de Europa, Alemania— no se han hecho más desiguales, mientras que algunos países menos desarrollados, en especial Argentina, se han hecho menos iguales sin hacerse más globales.

Por definición, la globalización ha afectado a todos los países en mayor o menor medida. Y lo mismo ha ocurrido con la revolución en la tecnología de la información. Pero los resultados en términos de crecimiento y distribución varían enormemente. Para explicar esas diferencias no basta un enfoque estrictamente económico. Tomemos el caso de la deuda excesiva o apalancamiento. Cualquier economía fuertemente endeudada se enfrenta a una limitada gama de opciones. En esencia hay tres:

aumentar la tasa de crecimiento por encima del tipo de interés gracias a la innovación tecnológica y (quizá) a un uso juicioso del estímulo monetario;

incumplir el pago de una gran proporción de la deuda pública y declararse en quiebra para eludir la deuda privada; y

saldar las deudas por medio de la depreciación monetaria y la inflación.

Pero nada en la teoría económica establecida puede predecir cuál de las tres —o qué combinación de ellas— elegirá un país en concreto. ¿Por qué a partir de 1918 Alemania se precipitó por la senda de la hiperinflación? ¿Por qué a partir de 1919 Estados Unidos se precipitó por la senda del impago de la deuda privada y la bancarrota? ¿Por qué no fue al revés? En el momento de redactar estas líneas cada vez parece menos probable que ninguna de las principales economías desarrolladas sea capaz de desinflar su pasivo como ocurrió en muchos casos en las décadas de 1920 y 1950[9]. Pero ¿por qué no? La famosa sentencia de Milton Friedman de que la inflación es «siempre y en todas partes un fenómeno monetario» deja sin respuesta las preguntas de quién crea el exceso de dinero y por qué lo hace. En la práctica, la inflación es primordialmente un fenómeno político. Su probabilidad está en función de factores tales como los contenidos educativos de la élite; la competencia (o la falta de ella) presente en una economía; el carácter del sistema judicial; los niveles de violencia, y el propio proceso de toma de decisiones políticas. Solo con métodos históricos podemos explicar por qué en los últimos treinta años tantos países crearon formas de deuda que deliberadamente no se podían desinflar; y por qué, como resultado, la próxima generación tendrá que portar de por vida la carga de unos pasivos contraídos por sus padres y abuelos.

Del mismo modo, es fácil explicar por qué la crisis financiera estuvo causada por unas instituciones financieras demasiado grandes y demasiado apalancadas, pero resulta mucho más difícil explicar por qué, después de más de cuatro años de debate, el problema de los bancos «demasiado grandes para quebrar» no se ha resuelto. De hecho, y pese a la aprobación de leyes que abarcan literalmente miles de páginas, ha empeorado de manera notable[10]. Hoy, apenas diez instituciones financieras extremadamente diversificadas son responsables de las tres cuartas partes del total de activos financieros gestionados en Estados Unidos. Y, sin embargo, a los mayores bancos del país les faltan al menos 50.000 millones de dólares para cumplir los nuevos requisitos de capital establecidos en los acuerdos Basilea III para regular la suficiencia de capital bancario. Una vez más, solo un enfoque político e histórico puede explicar por qué hoy los políticos occidentales piden simultáneamente a los bancos que presten más dinero y que reduzcan sus balances generales.

¿Por qué hoy resulta cien veces más caro sacar un nuevo medicamento al mercado que hace sesenta años, un fenómeno que Juan Enríquez ha calificado como «ley de Moore[*] al revés»? ¿Por qué probablemente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) prohibiría la venta de sal de mesa si esta se presentara como un nuevo producto farmacológico (ya que, al fin y al cabo, en grandes dosis resulta tóxica)?[11] ¿Por qué, por poner otro ejemplo ilustrativo, un periodista estadounidense necesitó sesenta y cinco días para conseguir el permiso oficial (incluido, tras una espera de hasta cinco semanas, el certificado de manipulador de alimentos) para abrir un puesto de limonada en la ciudad de Nueva York?[12] Esta es la clase de papeleo burocrático debilitador al que los economistas del desarrollo culpan a menudo de la pobreza en África o en Latinoamérica. La justificación que se da por las rígidas normas de la FDA es evitar la venta de un fármaco como la talidomida. Pero la consecuencia no deseada es, casi con certeza, permitir que mucha más gente muera prematuramente en comparación con el momento en que habría muerto a causa de los efectos secundarios de haber existido un régimen menos restrictivo. Contamos y recontamos los costes de tales efectos secundarios. Pero no contamos los costes de no permitir que pudiera disponerse de nuevos fármacos.

¿Por qué exactamente en Estados Unidos la movilidad social ha disminuido en los últimos treinta años, reduciendo a menos de la mitad la probabilidad de que un hombre nacido en el cuartil inferior de la distribución de la renta termine su vida en el cuartil superior?[13] Antaño Estados Unidos tenía fama de ser una tierra de oportunidades, donde una familia podía pasar de pobre a rica en una generación. Pero hoy, si has nacido de padres situados en el quintil inferior de la renta, tienes solo una posibilidad del 5 por ciento de llegar al quintil superior sin un título universitario. Los miembros de lo que el politólogo Charles Murray ha denominado la «élite cognitiva», bien educados en universidades privadas, casados entre sí y concentrados en unos cuantos barrios exclusivos, parecen cada vez más una nueva casta, equipada con riqueza y poder suficientes para anular los efectos de la regresión a la media en la reproducción humana, de modo que hasta su progenie más corta de luces herede su estilo de vida[14].

EL ESTADO ESTACIONARIO

En dos pasajes raramente citados de La riqueza de las naciones, Adam Smith describía lo que él denominaba «el estado estacionario»: la situación de un país anteriormente rico que había dejado de crecer. ¿Cuáles eran las características de dicho estado? De manera significativa, Smith destacaba su carácter socialmente regresivo. En primer lugar, los salarios de la mayoría de la gente eran miserablemente bajos:

Por grande que sea la riqueza de un país, como esté mucho tiempo estacionaria, o sin aumentarse incesantemente, no hay que creer que se aumente el precio de los salarios del trabajo… el estado en que parece ser más feliz y soportable la condición del pobre trabajador, y de la mayor parte del común pueblo, es aquel que se llama progresivo, o en que la sociedad no cesa de adelantar; siendo este más ventajoso que aquel en que ya ha adquirido toda la plenitud de sus riquezas. La condición del pobre es dura en el estado estacionario, o en que ni adelanta ni atrasa la nación; y es miserable en el decadente de la sociedad. El progresivo es en realidad el próspero, el alegre, el deseado de todas las clases del pueblo; el estacionario es triste; el decadente, mustio y melancólico[15].

El segundo rasgo característico del estado estacionario era la capacidad de una élite corrupta y monopolista de explotar el orden jurídico y la administración en su propio beneficio.

En un país además de esto donde, aunque el rico y el que posee gruesos capitales goce de la mayor seguridad, apenas vive seguro el pobre y el que solo ha podido granjear un caudal escaso, estando expuestos siempre a ser insultados, con el pretexto de justicia, por el pillaje, el robo y la estafa de los mandarines subalternos, la cantidad de los fondos empleados dentro de él en los diferentes ramos de tráfico y comercio interior no puede ser tan grande, ni proporcionada a lo que es capaz de admitir la naturaleza y extensión de aquellas negociaciones. En todos aquellos ramos la opresión del pobre no puede menos de ocasionar el monopolio del rico, el cual, engrosándose con una especie de tráfico exclusivo, podrá hacer cada vez mayores sus ganancias[16].

Desafío al lector occidental a no sentir una incómoda sensación de familiaridad en la lectura de estos dos pasajes.

En la época de Smith, obviamente, era China la que estaba «mucho tiempo estacionaria»: un país antaño «opulento» que simplemente había dejado de crecer. Smith culpaba del estancamiento a las deficientes «leyes e instituciones» de China, incluida su burocracia. Más libre comercio, más estímulo para la pequeña empresa, menos burocracia y menos capitalismo clientelista: esta era la receta de Smith para curar el estancamiento chino. Él era testigo de lo que tales reformas estaban haciendo a finales del siglo XVIII para galvanizar la economía de las islas Británicas y sus colonias americanas. Hoy, en cambio, si Smith volviera a visitar aquellos mismos lugares observaría una extraordinaria inversión de papeles: somos nosotros, los occidentales, quienes nos hallamos en estado estacionario, mientras China crece más deprisa que ninguna otra gran economía del mundo. Las tornas de la historia económica se han cambiado.

Este libro trata de las causas de nuestro estado estacionario. Se inspira en la idea de Smith de que tanto el estancamiento como el crecimiento son en gran medida el resultado de «leyes e instituciones». Su tesis central es que lo que valía para China en la época de Smith vale para una gran parte del mundo occidental en la nuestra. Son nuestras leyes e instituciones las que constituyen el problema. La gran recesión es meramente un síntoma de una gran degeneración, más profunda.

LAS CUATRO CAJAS NEGRAS

Para demostrar que las instituciones occidentales ciertamente han degenerado, voy a abrir algunas cajas negras que han permanecido selladas durante largo tiempo: la primera es la etiquetada como «democracia»; la segunda lleva el rótulo de «capitalismo»; la tercera es «el imperio de la ley», y la cuarta, la «sociedad civil». En conjunto, constituyen los componentes clave de nuestra civilización. Quiero mostrar que dentro de esas cajas negras políticas, económicas, jurídicas y sociales hay conjuntos extremadamente complejos de instituciones interrelacionadas. Como los circuitos impresos que hay en el interior de nuestro ordenador o de nuestro smartphone, esas instituciones son las que hacen funcionar el artefacto. Y si este deja de funcionar, probablemente se deba a un defecto en el cableado institucional. No podemos saber qué va mal contemplando solo su brillante carcasa: tenemos que mirar dentro.

Quizá, pensándolo mejor, la metáfora electrónica no sea la correcta. Al fin y al cabo, la mayoría de las instituciones evolucionan orgánicamente: no son diseñadas en California por el equivalente histórico de Steve Jobs. Una analogía mejor sería compararlas con las estructuras colectivas que vemos en el mundo natural. Las colmenas son el ejemplo clásico. Ya desde que en 1714 se publicara La fábula de las abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad pública, del escritor satírico Bernard de Mandeville, la gente ha encontrado paralelismos entre los humanos en una economía de mercado y las abejas en una colmena. Ese paralelismo tiene sus ventajas, como veremos, aunque en realidad es en nuestra organización política antes que en nuestra organización económica donde más nos parecemos a las abejas (algo que Mandeville entendió muy bien). La cuestión es que las instituciones son a los humanos lo que las colmenas a las abejas. Son las estructuras dentro de las que nos organizamos como grupos. Sabemos cuándo estamos en una del mismo modo que una abeja sabe cuándo está en la colmena. Las instituciones tienen límites, a menudo muros. Pero, sobre todo, tienen reglas.

Me atrevería a afirmar que para algunos lectores, al menos los de habla inglesa, es probable que el término «institución» evoque todavía la antigua imagen del manicomio: «¡Pobre Niall, ahora está en una institución!»[*]. Pero no es de esa clase de institución de la que estoy hablando. Me refiero, por ejemplo, a instituciones políticas como el Parlamento británico o el Congreso estadounidense. Cuando hablamos de «democracia», en realidad estamos aludiendo a una serie de distintas instituciones interrelacionadas. ¿Gente introduciendo trozos de papel en urnas?: sí. ¿Sus representantes electos pronunciando discursos y votando en un gran salón de sesiones?: también. Pero eso solo no nos proporciona automáticamente una democracia. En apariencia, los legisladores de países como Rusia y Venezuela son elegidos en las urnas, pero ninguno de ellos puede calificarse como una verdadera democracia a los ojos de los observadores imparciales, y no digamos ya a los de los líderes de la oposición local.

Tan importantes como el acto de introducir papeles marcados o timbrados en urnas son las instituciones —normalmente partidos— que nominan a los candidatos a las elecciones. Tan importantes como los partidos son los funcionarios —ya sean de la administración, jueces o defensores del pueblo—, cuya responsabilidad es asegurarse de que las elecciones son justas. Y luego resulta de enorme importancia cómo actúa de hecho el poder legislativo en sí mismo. Un cuerpo de representantes electos puede ser muchas cosas, desde una entidad totalmente soberana, como lo fue el Parlamento británico antes de que empezara a inmiscuirse el derecho europeo, hasta un impotente mecanismo de ratificación automática, como el antiguo Sóviet Supremo de la Unión Soviética. Sus miembros pueden defender tenazmente los intereses de su electorado (incluidos quienes votaron contra ellos), o pueden ser rehenes de los intereses creados que financiaron sus campañas electorales.

En agosto de 2011, cuando en Libia se desmoronaba el régimen del coronel Gadafi, un corresponsal de la BBC en Bengasi descubrió algunas pintadas notables en una pared. En la parte izquierda del muro había el típico mensaje revolucionario directo: «El tirano debe caer. Es un monstruo». Directo y al grano. Pero en la parte derecha el mensaje no tenía nada de simple. Rezaba: «Queremos un gobierno constitucional y que el presidente tenga menos autoridad y que no se amplíe el mandato presidencial de cuatro años»[17]. Como esto sugiere (con bastante acierto), en cualquier transición política la trampa está en los detalles de la Constitución, por no mencionar las normas que gobiernan la asamblea constituyente que la diseña.

¿Qué papel tiene el poder legislativo en relación con el ejecutivo y el judicial? La mayoría de las constituciones lo especifican con detalle. Pero ¿cómo se relacionan los órganos de gobierno civil con los militares, una cuestión de candente importancia, por ejemplo, en Egipto? En cualquier caso, tampoco podemos quedarnos con eso solo. Los modernos estados-nación han desarrollado toda una serie de instituciones con las que ni siquiera se soñaba hace tan solo cien años, dedicadas a regular la vida económica y social y a redistribuir la renta. El Estado del bienestar no forma parte de la democracia tal como la concibieron los antiguos atenienses. Si retomamos el paralelismo con las abejas, el Estado del bienestar parece crear un número cada vez mayor de zánganos dependientes a los que las abejas obreras tienen que mantener. Asimismo, emplea a un gran número de abejas solo para transferir recursos de las obreras a los zánganos. Y trata de financiarse acumulando promesas de futuro en forma de deuda pública. En el capítulo 1 consideraré estos y otros aspectos distributivos de la democracia. En particular, examinaré si estamos presenciando una ruptura fundamental de lo que Edmund Burke denominaba la asociación entre generaciones.

Hoy en día casi todo el mundo afirma ser demócrata. Hasta he oído decir que el Partido Comunista chino lo es. El término «capitalista», en cambio, es utilizado con demasiada frecuencia como insulto para que se escuche apenas entre gente fina. ¿Cómo se relacionan entre sí las instituciones del Estado democrático y las de la economía de mercado? ¿Desempeñan las empresas un papel activo en la política a través de grupos de presión y contribuciones electorales? ¿Desempeñan los gobiernos un papel activo en la vida económica por medio de subvenciones, aranceles y otros mecanismos distorsionadores del mercado, o por medio de la regulación? ¿Dónde hay que establecer el justo equilibrio entre libertad económica y regulación pública? En el capítulo 2 abordaré estos temas. La cuestión concreta que planteo es hasta qué punto una regulación excesivamente compleja se ha convertido en la propia enfermedad de la que pretende ser la cura, distorsionando y corrompiendo tanto el proceso político como el económico.

Un mecanismo crucial de control institucional tanto de los actores políticos como de los económicos es el imperio de la ley. Resulta inconcebible que ni la democracia ni el capitalismo pudieran funcionar sin un sistema de justicia eficaz por el que se hagan cumplir las normas diseñadas por el poder legislativo, se hagan valer los derechos del ciudadano individual y se resuelvan las disputas entre ciudadanos o entidades de manera pacífica y racional. Pero ¿qué sistema de leyes es mejor: el derecho anglosajón, por ejemplo, o alguna otra forma? Es evidente que el imperio de la sharía es muy distinto del imperio de la ley tal como lo entendía el filósofo político inglés John Locke.

En algunos aspectos, la clave a la hora de comparar diferentes ordenamientos legales es lo que se podría denominar la «ley de leyes»: esto es, el modo en que se hace la propia ley. En algunos sistemas, como el islam, las normas han sido prescritas con considerable detalle, para siempre, por un profeta inspirado por la divinidad. Según las escuelas más estrictas del pensamiento musulmán, no pueden modificarse. En otros casos, como en el derecho anglosajón, las normas evolucionan orgánicamente, en la medida en que los jueces sopesan los diversos precedentes contradictorios y las necesidades cambiantes de la sociedad. En el capítulo 3 plantearé la cuestión de si un sistema de leyes —en particular, el derecho anglosajón— es superior a otros. También me preguntaré hasta qué punto el mundo de habla inglesa disfruta todavía de alguna ventaja en ese sentido. En particular, pretendo advertir de que el imperio de la ley corre el peligro —al menos en algunas partes de la «angloesfera»— de degenerar en algo más parecido al «imperio de los legistas». ¿Realmente a los estadounidenses les va mejor su sistema legal de lo que les iba a los ingleses el suyo en la época de la Casa desolada de Dickens?

Por último, está la sociedad civil. Propiamente hablando, este es el ámbito de las asociaciones voluntarias: instituciones establecidas por ciudadanos con un objetivo distinto del beneficio privado. Estas pueden abarcar desde las escuelas —aunque en la época moderna la mayoría de las instituciones educativas hayan sido absorbidas por el sector público— hasta los clubes dedicados a todo el abanico de las actividades humanas, de la aeronáutica a la zoología. Volvemos a comprobar aquí la importancia de las normas, por más que en este caso puedan parecer triviales, como la obligación de los miembros de la mayoría de los clubes londinenses de llevar corbata y dejarse la chaqueta puesta en las cenas, incluso en las noches de calor sofocante.

Hubo un tiempo en que el británico o el estadounidense medio pertenecían a un número asombrosamente grande de clubes y otras sociedades voluntarias. Este fue uno de los rasgos del mundo de habla inglesa que más impresionaron al gran teórico político francés Alexis de Tocqueville. Pero en el capítulo 4 abordaré la cuestión de por qué eso ya no ocurre, y hasta qué punto es posible que florezca una sociedad realmente libre en ausencia de la clase de vibrante sociedad civil que solíamos dar por sentada. ¿Son en algún sentido las nuevas redes sociales de internet un sustituto de la vida asociativa tradicional? Argumentaré que no lo son.

POR QUÉ FRACASAN LAS INSTITUCIONES

Si somos como abejas en el ámbito de la política, desempeñando el papel que se nos ha asignado en una colmena esencialmente jerárquica, en la esfera económica tenemos más libertad de acción. Aquí nuestras instituciones recuerdan más bien a la fauna del Serengeti, a las «infinitas llanuras» del norte de Tanzania y el sur de Kenia. Algunos de nosotros son ñúes, pastando mientras se desplazan en manada. Otros (bastantes menos) son depredadores. Me temo que haya también algunos carroñeros y parásitos. Todo el conjunto es un ecosistema en el que actúan constantemente fuerzas darwinianas, separando mediante selección natural a los más aptos de los no aptos. De modo similar, en la sociedad civil formamos nuestros grupos y pandillas más bien del modo en que lo hacen los chimpancés y babuinos. Como los clubes a los que los humanos solía gustarnos tanto apuntarnos, una manada de babuinos tiene sus normas y sus jerarquías.

Desde luego, no hay ninguna ley que gobierne a los animales salvajes de África aparte de la proverbial ley de la selva. Nosotros los humanos somos diferentes. Aunque puede que pasemos parte de nuestras vidas en una lucha darwiniana, sin duda esperamos que haya normas: normas que limiten a nuestros gobernantes; normas que limiten a los depredadores y parásitos que se alimentan de los herbívoros. El imperio de la ley propiamente dicho no tiene ningún equivalente real en el mundo no humano. Lo más cercano en lo que puedo pensar es la infraestructura artificial que nos rodea, configurando el paisaje, protegiéndonos y limitándonos. La ley establece parámetros del mismo modo en que lo hacen las paredes y las vallas: por aquí hay demasiada pendiente; por ahí corres el riesgo de ahogarte… Algunos sistemas de leyes parecen ciudades diseñadas al estilo de la planificación centralizada: como Moscú, con sus avenidas excesivamente anchas y sus bloques de pisos homogeneizados. Otras son más bien como Londres: un complejo no planificado de calles irregulares y edificios peculiares, el producto orgánico de siglos de construcción y reconstrucción a manos de propietarios privados y públicos.

Lo que hace a los humanos tan interesantes de estudiar —y la razón por la que soy historiador y no zoólogo— es que nuestras vidas combinan todos esos elementos. Nuestra existencia discurre al mismo tiempo entre un desconcertante número de instituciones. Somos a la vez ciudadanos, residentes y contribuyentes de los estados; accionistas, gerentes o empleados; demandantes, demandados, jueces y jurados; miembros de clubes, funcionarios y administradores societarios. El Homo economicus es solo uno de los numerosos papeles que representamos.

La clave aquí es que, cuando contamos la suma de sus partes, no todos los conjuntos de instituciones son iguales. Hay buenas y malas combinaciones. En algunos conjuntos de instituciones las personas pueden florecer libremente como individuos, como familias, como comunidades. Ello se debe a que dichas instituciones nos incentivan de hecho a hacer cosas buenas, como, por ejemplo, inventar nuevas y más eficientes formas de trabajar, o cooperar con nuestros vecinos en lugar de intentar matarlos. A la inversa, hay marcos institucionales que tienen el efecto contrario: incentivar la mala conducta, como matar a la gente que nos molesta, o robar las propiedades que codiciamos, o dedicarnos a perder el tiempo. Allí donde hay instituciones, la gente se queda atrapada en círculos viciosos de ignorancia, mala salud, pobreza y, a menudo, violencia. Por desgracia, la historia sugiere que hay más de esos marcos poco óptimos que marcos buenos. Un conjunto realmente bueno de instituciones resulta difícil de lograr. En cambio, es fácil quedar atascado en malas instituciones. Ello se debe a que la mayoría de los países han sido pobres durante la mayor parte de su historia, además de analfabetos, insalubres y sangrientos.

Admiro el trabajo de la sociología contemporánea que distingue entre conjuntos de instituciones «abiertos» y «cerrados»[18], pero como historiador considero esa distinción demasiado simplista. Y ello porque uno de los rompecabezas de la historia moderna es que las sociedades fructíferas —como la Inglaterra del siglo XVIII— a menudo han tenido instituciones que hoy la mayoría de las personas se inclinarían a condenar. Ya en la época victoriana, la Inglaterra hannoveriana parecía tremendamente corrupta en retrospectiva. E incluso en la década de 1850, para Charles Dickens el imperio de la ley que reinaba en Inglaterra era todavía un objeto de burla, no de admiración. Además, el enfoque histórico revela un aspecto que a menudo se pasa por alto. Sin duda resulta deseable que las sociedades con malas instituciones consigan tenerlas mejores. Hoy vemos desarrollarse ese proceso por todo el mundo, en casi toda Asia, en algunas partes de Sudamérica y hasta en África. Pero hay un proceso más insidioso que se está desarrollando al mismo tiempo, por el que las buenas instituciones de algunas sociedades poco a poco se deterioran. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quiénes son exactamente los enemigos del imperio de la ley, las personas responsables del acusado deterioro que detecto en nuestras instituciones a ambos lados de Atlántico?

Mis respuestas a estas cuestiones tienen una deuda considerable con el que hoy es un extenso corpus de literatura académica. Entre quienes más han influido en mi pensamiento se incluyen: Douglass North, que ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo sobre las instituciones; el preeminente economista del África moderna Paul Collier, autor de El club de la miseria y Plundered Planet; Hernando de Soto, economista peruano y autor de El misterio del capital; Andrei Shleifer y sus numerosos coautores, que han sido pioneros en abordar el estudio comparado de los sistemas legales desde una perspectiva económica; y Jim Robinson y Daron Acemoglu, cuyo libro Por qué fracasan los países plantea cuestiones similares a las que a mí me interesan. Con ellos y con los otros estudiosos mencionados en las notas he contraído una profunda deuda intelectual.

Sin embargo, ellos serían los primeros en convenir en que se ha prestado mucha más atención a la cuestión de por qué hay países pobres que no dejan de ser pobres en comparación con la cuestión de por qué hay países ricos que vuelven a la pobreza, un fenómeno algo menos común. Lo que aquí me interesa no es el desarrollo económico, sino más bien el proceso inverso de la degeneración institucional. Mi pregunta básica es: ¿qué es exactamente lo que ha ido mal en el mundo occidental de nuestros días? Respondo a esta pregunta en la creencia de que, mientras no entendamos la verdadera naturaleza de nuestra degeneración, estaremos perdiendo el tiempo, aplicando remedios de curandero a meros síntomas. Y también me motiva el temor a que, paradójicamente, el estado económico estacionario pueda tener consecuencias políticas peligrosamente dinámicas.

1

La colmena humana

EXPLICANDO LA GRAN DIVERGENCIA

«La Naturaleza… es una cosa de gran poder y eficacia —escribía el humanista inglés Richard Taverner en su Jardín de sabiduría—, pero seguramente la institución o educación es mucho más poderosa, porque es capaz de enmendar, reformar y fortalecer una naturaleza torcida y mala, y convertirla en una buena naturaleza»[1]. Las palabras de Taverner resumen una idea que se está convirtiendo en una convincente opinión generalizada: que son las instituciones —en el sentido más amplio del término— las que determinan los modernos resultados históricos, más que las fuerzas naturales como el tiempo, la geografía o incluso la incidencia de la enfermedad.

¿Por qué, aproximadamente desde 1500, a la civilización occidental —como se comprueba en el caso de los pequeños y belicosos estados de Eurasia occidental y sus colonias en el Nuevo Mundo— le fue mucho mejor que a otras civilizaciones? Desde la década de 1500 hasta finales de la de 1970 se produjo una asombrosa divergencia en los niveles de vida globales, en la medida en que los occidentales se hicieron mucho más ricos que el resto del mundo. Hace tan solo trescientos años al chino medio probablemente todavía le iba un poco mejor que al norteamericano medio. Pero en 1978 el estadounidense medio era como mínimo veintidós veces más rico que el chino medio (véase la figura 1.1)[2]. Esta gran divergencia de la historia no fue solo económica: fue también una divergencia en términos de longevidad y salud. Todavía en una fecha tan reciente como 1960, la esperanza de vida en China se situaba en los cuarenta y pocos años, mientras que en Estados Unidos había alcanzado ya los setenta[3]. Los occidentales dominaban el ámbito de la ciencia, así como el de la cultura popular. En asombrosa medida, siguieron también gobernando el mundo aun después de la desaparición de la decena y pico de imperios formalmente reconocidos que, en su apogeo, habían llegado a abarcar cerca de las tres quintas partes de la superficie terrestre y de la población del planeta, además de representar al menos las tres cuartas partes de producción económica global. Un concepto propio de la guerra fría fue el de referirse al imperio soviético como «el Este»; en realidad, fue el último imperio europeo que gobernó sobre grandes extensiones de Asia.

¿Cómo debemos explicar este hecho, el extremo desequilibrio global que situó a una minoría de la humanidad —como mucho una quinta parte— en tal posición de superioridad material y política sobre el resto? Parece inverosímil que ello se debiera a alguna superioridad innata de los europeos, tal como solían argumentar los teóricos raciales de los siglos XIX y XX. Seguramente, el acervo génico no era muy distinto en el año 500, cuando el extremo occidental de Eurasia entraba en un período de casi mil años de relativo estancamiento. Asimismo, el clima, la topografía y los recursos naturales de Europa eran en 1500 prácticamente iguales a los de 500. Durante toda la Alta y Baja Edad Media la civilización europea no mostró ningún signo evidente de que pudiera superar a los grandes imperios orientales. Con el debido respeto a Jared Diamond, la geografía y sus consecuencias agrarias pueden explicar por qué a Eurasia le fue mejor que a otras partes del mundo; pero no pueden explicar por qué a partir del año 1500 al extremo occidental de Eurasia le fue mucho mejor que al oriental[4].

Tampoco podemos explicar la gran divergencia en términos de imperialismo: las otras civilizaciones tuvieron mucho de eso antes de que los europeos empezaran a cruzar océanos y hacer conquistas. Para el historiador Kenneth Pomeranz, que fue quien acuñó la expresión de «la gran divergencia», en realidad fue solo una cuestión de suerte. Los europeos fueron lo bastante afortunados como para tropezarse con las denominadas «hectáreas fantasma» del Caribe, que no tardaron en proporcionar a los pueblos del Atlántico metrópolis con abundante azúcar, una compacta fuente de calorías de la que carecían la mayoría de los asiáticos. Los europeos también tuvieron la buena fortuna de disponer de depósitos de carbón más fácilmente accesibles[5]. No obstante, este argumento deja sin responder las preguntas de por qué los chinos no fueron tan diligentes como los europeos en la búsqueda de hectáreas fantasma coloniales en ultramar, y por qué fueron incapaces de resolver los desafíos técnicos que planteaba la extracción de carbón tal como hicieron los británicos.

Creo que las mejores respuestas a la pregunta de qué fue lo que causó la gran divergencia son las que se centran en el papel de las instituciones. Así, por ejemplo, Douglass North, John Wallis y Barry Weingast distinguen entre dos fases o pautas de organización humana[6]. La primera es la que ellos denominan el Estado natural o «pauta de acceso limitado», caracterizado por:

una economía de crecimiento lento;

relativamente pocas organizaciones no estatales;

un gobierno pequeño y bastante centralizado que actúa sin el consentimiento de los gobernados; y

relaciones sociales organizadas en términos personales y dinásticas.

La segunda es la «pauta de acceso abierto», caracterizada por:

una economía de crecimiento más rápido;

una sociedad civil rica y vibrante con numerosas organizaciones;

un gobierno mayor y más descentralizado; y

relaciones sociales gobernadas por fuerzas impersonales como el imperio de la ley, que implican derechos de propiedad seguros, justicia y (al menos en teoría) igualdad.

En su análisis, los estados europeos occidentales —encabezados por Inglaterra— fueron los primeros que realizaron la transición del «acceso limitado» al «acceso abierto». Para hacerlo, un país tiene que «desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las élites crear la posibilidad de unas relaciones internas impersonales», y luego «crear y sostener nuevos incentivos para las élites, de modo que se cree un acceso abierto en su seno». De ese modo, «las élites transforman sus privilegios personales en derechos impersonales. Se da a todas ellas el derecho a formar organizaciones… en ese punto, la lógica… ha pasado de la lógica de creación de renta a través de los privilegios propia del Estado natural a la lógica de erosión de renta a través de la incorporación [al sistema] propia del acceso abierto».

Entre la conquista normanda y la Revolución Gloriosa, Inglaterra pasó de ser un «frágil» Estado natural a convertirse en uno «básico» y luego en uno «maduro», caracterizado por «un amplio conjunto de instituciones que gobiernan, regulan y hacen cumplir los derechos de propiedad en el territorio, y capaces de sustentar el intercambio impersonal entre las élites». La aplicación del imperio de la ley a las élites era una de las tres «condiciones umbral» previas a la transición a un sistema de acceso abierto; las otras dos eran el surgimiento de «organizaciones perpetuamente vivas en la[s] esfera[s] pública [y] privada» y el «control consolidado del ejército». Para North, Wallis y Weingast, el avance decisivo hacia al acceso abierto vino con las revoluciones estadounidense y francesa, que presenciaron la expansión de la incorporación en varias formas y la legitimación de la competencia abierta tanto en la esfera económica como en la política. Así pues, en todas y cada una de las fases de este argumento, los autores hacen especial hincapié en las instituciones, empezando por los cambios en la ley de la tierra inglesa a partir del siglo XI, y culminando con los cambios en el tratamiento legal de las entidades corporativas en el XIX.

De manera similar, Origins of Political Order, de Francis Fukuyama, define «los tres componentes de un orden político moderno» como «un Estado fuerte y capaz, la subordinación del Estado al imperio de la ley, y la responsabilidad del gobierno ante todos los ciudadanos»[7]. Estos tres componentes surgieron juntos por primera vez en Europa occidental, con Inglaterra una vez más como pionera (aunque Fukuyama reconoce el mérito de los Países Bajos, Dinamarca y Suecia por no haberse quedado atrás). Pero ¿por qué Europa y no Asia? Fukuyama sostiene que porque el peculiar desarrollo de la cristiandad occidental tendió a socavar la importancia de las familias extensas o los clanes.

En su libro Por qué fracasan los países, también Daron Acemoglu y Jim Robinson establecen una llamativa comparación entre el actual Egipto y la Inglaterra de finales del siglo XVII:

La razón de que Gran Bretaña sea más rica que Egipto es porque en 1688… Inglaterra… tuvo una revolución que transformó la política y, por ende, la economía de la nación. La gente luchó y obtuvo más derechos políticos, y los usó para ampliar sus oportunidades económicas. El resultado fue una trayectoria política y económica fundamentalmente distinta, que culminaría en la revolución industrial[8].

Para estos autores, Inglaterra fue el primer país que pasó a tener instituciones políticas «inclusivas» o «pluralistas» en lugar de «extractivas». Hay que señalar que otras sociedades europeas occidentales —como, por ejemplo, España— no lograron hacerlo. Como consecuencia de ello, los resultados de la colonización europea de Norteamérica y Sudamérica fueron radicalmente distintos: los ingleses exportaron instituciones inclusivas; los españoles se contentaron con superponer sus instituciones extractivas a las que arrebataron a los aztecas y los incas.

El contexto imperial también revela la diferencia entre el argumento institucional y la —más antigua— interpretación cultural (formulada inicialmente por Max Weber, y más tarde recuperada por David Landes) de que existía un vínculo entre el protestantismo y el «espíritu del capitalismo». A diferencia del nazi que aparece en la obra teatral de Hanns Johst Schlageter, yo no echo mano a mi pistola cuando oigo la palabra «cultura», pero sí formulo una educada advertencia terapéutica. Resulta muy tentador atribuir acción histórica a una amalgama de ideas y normas —la filosofía griega, los mandamientos hebreos, el derecho romano, la ética de Cristo, la doctrina de Lutero y Calvino— que suele denominarse algo así como «cultura judeocristiana». Pero existe el riesgo real de ser parcial en exceso. De algún modo, nunca se mencionan otras ideas occidentales realmente terribles como, por ejemplo, la quema de brujas o el comunismo, por más que estas parezcan ser producto de la cultura judeocristiana de manera no menos plausible que el espíritu del capitalismo. En cualquier caso, aunque la cultura pueda inculcar normas, las instituciones crean incentivos. Los británicos versados más o menos en la misma cultura se comportaron de forma muy distinta en función de si emigraron a Nueva Inglaterra o trabajaron para la Compañía de las Indias Orientales en Bengala. En el primer caso tenemos instituciones inclusivas; en el segundo, extractivas.

INSTITUCIONES GLORIOSAS

El debate sobre las causas de la gran divergencia tiene un interés mayor que el meramente histórico. Entender el éxito occidental nos ayuda a enmarcar algunas cuestiones bastante más urgentes sobre el pasado reciente, el presente y los posibles futuros. Una razón de que el argumento institucional resulte tan convincente es que también parece ofrecer una buena explicación del fracaso de la mayoría de los países no occidentales, hasta finales del siglo XX, a la hora de lograr un crecimiento económico sostenido. Acemoglu y Robinson ilustran el poder de las instituciones en relación con la geografía y la cultura describiendo la ciudad de Nogales, que está dividida en dos por la frontera entre México y Estados Unidos. La diferencia de nivel de vida entre las dos mitades resulta chocante[9]. Lo mismo puede decirse con respecto a los dos grandes experimentos realizados durante la guerra fría. Básicamente, cogimos dos pueblos —los coreanos y los alemanes—, y los dividimos en dos. Los surcoreanos y los germanooccidentales obtuvieron instituciones esencialmente capitalistas; los norcoreanos y los germanoorientales las obtuvieron comunistas. La divergencia que se produjo en solo unas décadas fue enorme. Su análisis hace que Acemoglu y Robinson se muestren escépticos con respecto a que China haya dado ya el paso decisivo hacia el crecimiento sostenible. En su opinión, las reformas mercantiles chinas aún están sujetas a las decisiones de una élite exclusiva y extractiva, que sigue determinando la asignación de recursos clave.

Los economistas del desarrollo —en particular Paul Collier— reflexionan en estos términos desde hace un tiempo[10]. El caso de Botsuana parece ilustrar la cuestión de que incluso una economía del África subsahariana puede lograr un crecimiento sostenido si su población no se ve acosada por la corrupción crónica y/o la guerra civil como, pongamos por caso, la República Democrática del Congo. A diferencia de la mayoría de los estados poscoloniales africanos, Botsuana logró establecer unas instituciones inclusivas, y no extractivas, cuando obtuvo su independencia. El economista peruano Hernando de Soto es otro de los estudiosos que llevan años argumentando que lo importante son las instituciones[11]. Tras un arduo trabajo en los barrios de chabolas de Lima, Puerto Príncipe, El Cairo y Manila, él y sus investigadores establecieron que, aunque sus ingresos son bajos, los pobres del mundo tienen una cantidad sorprendentemente grande de propiedades. El problema es que dichas propiedades no están legalmente reconocidas como suyas. Casi todas se poseen de una forma «extralegal». Ello no se debe a que los pobres sean evasores fiscales; como aclara De Soto, la economía sumergida tiene su propia clase de impuestos —extorsión y similares— que hacen que la legalidad resulte positivamente atractiva. Lo que ocurre es que conseguir el título de propiedad legal de una casa o un taller resulta casi imposible.

Como experimento, De Soto y su equipo trataron de abrir legalmente un pequeño taller de confección en las afueras de Lima. Necesitaron la asombrosa cifra de doscientos ochenta y nueve días para lograrlo. Y cuando trataron de conseguir autorización legal para construir una casa en terreno de propiedad pública, necesitaron aún más tiempo: seis años y once meses, durante los cuales tuvieron que tratar con cincuenta y dos organismos estatales distintos. Son las instituciones disfuncionales como estas, argumenta De Soto, las que fuerzan a los pobres a vivir fuera de la ley. No hay que creer que la economía extralegal es un fenómeno marginal. Una de las conclusiones más memorables del libro de De Soto El misterio del capital es que el valor total de los bienes inmuebles en posesión de los pobres (aunque no legalmente poseídos por ellos) en los países en vías de desarrollo asciende a 9,3 billones de dólares. Sin embargo, en ausencia de títulos legales y de un sistema de ley de la propiedad que funcione, todo esto equivale a «capital muerto»: «como el agua en un lago en lo alto de los Andes; una reserva de energía potencial sin explotar». No se puede utilizar de manera eficiente para generar riqueza. Solo con un sistema de derechos de propiedad que funcione se puede convertir una casa en garantía crediticia, su valor puede ser adecuadamente establecido por el mercado, y es posible comprar y vender con facilidad.

Desde que De Soto publicó El misterio del capital, las revoluciones acaecidas en países como Túnez y Egipto han proporcionado pruebas convincentes que apoyan su planteamiento. Él ve la Primavera Árabe primordialmente como una rebelión de aspirantes a emprendedores, frustrados ante unos regímenes corruptos y orientados a la búsqueda de rentas que se alimentaban de sus esfuerzos para acumular capital. El principal ejemplo es la historia de Tariq Mohamed Bouazizi, un tunecino de veintiséis años que murió tras quemarse a lo bonzo frente a las oficinas del gobernador en la ciudad de Sidi Bouzid, en diciembre de 2010[12]. Bouazizi se suicidó exactamente una hora después de que una policía, apoyada por dos guardias municipales, le confiscara dos cajas de peras, una caja de plátanos, tres cajas de manzanas y una balanza electrónica de segunda mano con un valor de 179 dólares. Aquella balanza era su único capital. No tenía ningún título de propiedad legal de su hogar familiar que pudiera servir como aval para su negocio. Su existencia económica dependía de los «honorarios» que pagaba a los funcionarios para que le dejaran gestionar su puesto de fruta sobre poco más de 1,5 metros cuadrados de suelo público. El arbitrario acto de expropiación de estos le costó a Mohamed Bouazizi su sustento y su vida. Pero su autoinmolación desencadenó una revolución, si bien todavía está por ver cuán «gloriosa» resultará: dependerá de hasta qué punto el nuevo orden constitucional en países como Túnez y Egipto logre dar el paso de un Estado extractivo a uno inclusivo, del poder arbitrario de unas élites orientadas a la búsqueda de rentas al imperio de la ley para todos.

Si el planteamiento de De Soto es correcto, entonces tiene mucho sentido explicar el éxito de Occidente a partir de la década de 1500 en términos de instituciones, y, más en concreto, en términos del imperio de la ley. Y ello porque lo que constituyó el núcleo de las batallas por el poder parlamentario en la Inglaterra del siglo XVII fue seguramente la protección de las personas frente a la expropiación arbitraria por parte de la Corona. Para los historiadores especializados, obviamente, todo esto tiene un sospechoso tufillo a la vieja interpretación whig de la historia que Herbert Butterfield pusiera una vez en ridículo. Sin embargo, no hay ni uno solo de los autores a los que he citado que adopte una visión ingenuamente determinista del proceso histórico. Lejos de ser una historia de inevitabilidad teleológica, las suyas son narrativas auténticamente evolutivas, en las que la contingencia desempeña un importante papel. Inglaterra no estaba predestinada por la Providencia —como en la parodia cómica de la historia inglesa 1066 and All That— a convertirse en «nación puntera», y solo una serie de golpes de suerte evitaron un resultado absolutista en el siglo XVII. Al fin y al cabo, hubo rebeliones en 1692, 1694, 1696, 1704, 1708 y 1722; y una guerra civil en 1715, sin olvidar el levantamiento jacobita de 1745[13].

La verdadera cuestión es cuán decisiva fue la ruptura institucional que se produjo en 1688 en ese país. La mayoría de los historiadores dirían: no mucho. La Revolución Gloriosa, sostienen, miraba al pasado, era «conservacionista», y apenas tendría consecuencias fuera de la estrecha esfera del poder aristocrático y el clientelismo[14]. Creo que esta es una visión demasiado corta de miras. La Declaración de Derechos de 1689 —o «Ley que declara los derechos y libertades del súbdito»— establecía (entre otras cosas):

Que toda cobranza de impuesto en beneficio de la Corona, o para su uso, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un período de tiempo más largo o en forma distinta de la que ha sido autorizada, es ilegal.

Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.

Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parlamento.

Y que para remediar todas estas quejas, y para conseguir la modificación, aprobación y mantenimiento de las leyes, el Parlamento debe reunirse con frecuencia.

Con el debido respeto a los historiadores especializados, creo que esto realmente merece considerarse un punto de inflexión histórico, por más que en aquel momento el prejuicio religioso (el anticatolicismo) pasara a asumir un papel tan preponderante como el principio constitucional.

Es cierto que los «derechos y libertades del súbdito» establecidos en la Declaración de Derechos de 1689 se concebían en ese momento como antiguos antes que novedosos. Pero las consecuencias de la Revolución Gloriosa realmente fueron nuevas, sobre todo en el modo en que, a partir de 1689, los parlamentos empezaron a legislar de manera enérgica en favor del desarrollo económico, protegiendo la naciente industria textil, alentando el cercado de las tierras comunales y promoviendo las carreteras y canales de portazgo. Incluso la guerra se convirtió en una actividad cada vez más lucrativa cuando los whigs apostaron por la supremacía comercial global[15]. La secuencia está clara: primero la Revolución Gloriosa, luego la mejora de la agricultura, a continuación la expansión imperial y, por último, la revolución industrial.

El argumento institucional resulta aún más convincente cuando adoptamos un enfoque comparativo. Ninguno de los cambios institucionales de los que estoy hablando ocurrió en la China Ming o Qing, donde el poder del emperador y sus funcionarios siguió sin verse restringido por organismos corporativos semiautónomos ni asambleas representativas. Asia ciertamente tenía comerciantes; pero no tenía empresas, y mucho menos parlamentos[16]. También las instituciones que se desarrollaron en el Imperio otomano fueron considerablemente distintas, en estructuras que obstaculizaron la formación de capital y el desarrollo económico, tal como ha argumentado Timur Kuran. Ello se debió a que la ley islámica adoptó un enfoque de la asociación, la herencia, las cuestiones de deuda y la personalidad corporativa fundamentalmente distinto de los sistemas legales que se desarrollaron en Europa occidental. El islam tenía los denominados waqf, fondos privados establecidos por individuos, pero no bancos[17].

UNA REVOLUCIÓN NADA GLORIOSA

Así pues, si la evolución institucional es la clave para entender la supremacía occidental, así como la persistente pobreza en África y en otras partes del planeta, ¿es también la vía para entender la que seguramente es la tendencia más asombrosa de los tiempos que vivimos: el fin de la gran divergencia y el advenimiento de una gran reconvergencia entre Occidente y Oriente? Yo creo que sí. Lo que tenemos que hacer es aplicar las ideas de la escuela institucional de historia económica a nuestra propia época; de hecho, a nuestras propias sociedades occidentales.

Allá por la década de 1770, a Adam Smith le parecía evidente que las razones del desconcertante «estado estacionario» de estancamiento económico de China residían en sus «leyes e instituciones». ¿Podría ser que, por la misma regla de tres, las dificultades económicas, sociales y políticas del mundo occidental reflejen hoy una degeneración de esas instituciones nuestras que antaño fueron las mejores del mundo? Ciertamente parece haber pocas dudas de que Occidente está experimentando un relativo declive que no se parece a nada que hayamos visto en medio milenio. Después de haber sido más de veinte veces más rico que el chino medio en 1978, hoy el estadounidense medio lo es solo cinco veces más. La brecha entre Occidente y el resto del mundo se ha estrechado drásticamente en toda una serie de aspectos. En términos de esperanza de vida y rendimiento educativo, por ejemplo, algunos países asiáticos están hoy por delante de casi todo Occidente. De acuerdo con los datos de 2009 del Informe PISA (que realiza cada año la OCDE), actualmente la diferencia de rendimiento en matemáticas entre los adolescentes de la provincia china de Shanghai y los de Estados Unidos es tan grande como la que separa a los adolescentes estadounidenses de los tunecinos[18].

En algunos aspectos, es fácil explicar el éxito del mundo no occidental. China ha seguido, aunque con retraso, a una serie de países de Asia oriental —el primero de los cuales fue Japón— que «se descargaron» la mayoría (no todas) de las que he denominado las «aplicaciones demoledoras» (killer apps) de la civilización occidental: la competencia económica, la revolución científica, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética del trabajo[19]. Copiar el modelo occidental de industrialización y urbanización tiende a funcionar si tus empresarios tienen los incentivos correctos, tu mano de obra está en general sana, sabe leer y escribir y conoce las cuatro reglas, y tu burocracia es razonablemente eficiente. Por lo tanto, en lo que sigue voy a hablar relativamente poco de lo que ha ido bien en el resto del mundo: lo que aquí me interesa es lo que ha ido mal en Occidente.

La mayoría de los analistas que abordan esta cuestión tienden a centrarse en fenómenos tales como una deuda excesiva, unos bancos mal gestionados y una creciente desigualdad. En mi opinión, sin embargo, estos no son más que los síntomas de un malestar institucional subyacente: una «revolución nada gloriosa», si se quiere, que está deshaciendo los logros de medio milenio de evolución institucional occidental.

LA DEUDA Y LOS INGLESES

El título de este capítulo —«La colmena humana»— es una alusión al poema de Mandeville La fábula de las abejas. El argumento central de Mandeville era que las sociedades con las instituciones adecuadas pueden florecer incluso cuando los individuos que viven en ellas actúan mal. No fue la virtud bíblica la que hizo a la Inglaterra del siglo XVIII más rica que casi cualquier otro país del mundo, sino más bien los vicios seculares. Solo que esos vicios tenían lo que a los economistas les gusta llamar «externalidades de red positivas» precisamente porque las instituciones de la sociedad británica de la época favorecieron el ahorro, la inversión y la innovación.

Como hemos visto, a raíz de la Revolución Gloriosa de 1688, el monarca quedó subordinado al Parlamento. No solo los whigs que dominaban el nuevo régimen inauguraron una era de mejora agraria, crecimiento comercial y expansión imperial: también se desarrollaron rápidamente instituciones financieras. Guillermo de Orange se trajo consigo de Holanda algo más que el protestantismo: los modelos para construir un banco central y un mercado de valores. Paralelamente, numerosas asociaciones, sociedades y clubes alentaron la innovación científica y tecnológica. Como ha mostrado Robert Allen, la combinación específicamente británica de carbón barato y mano de obra cara alentó la innovación en tecnologías que aumentaron la productividad, especialmente en la producción textil[20]. Pero las instituciones proporcionaron el marco indispensable para todo eso. He aquí la versión de Mandeville:

Una espaciosa colmena bien provista de abejas,

que vivían con lujo y bienestar;

y además eran tan famosas por sus leyes y armas

como por producir grandes y nuevos enjambres;

era considerada el gran vivero

de las ciencias y la industria.

No había abejas mejor gobernadas,

más volubles o menos satisfechas.

No eran esclavas de la tiranía,

ni se regían por una democracia brutal;

sino por reyes que no podían obrar mal,

porque había leyes que limitaban su poder.

Hubo una institución en concreto que alteró decisivamente la trayectoria de la historia inglesa. En un importante artículo publicado en 1989, North y Weingast argumentaban que la verdadera trascendencia de la Revolución Gloriosa reside en la credibilidad que otorgó al Estado inglés como prestatario soberano. A partir de 1689, el Parlamento controló y mejoró la tributación, supervisó los gastos de la realeza, protegió el derecho a la propiedad privada y prohibió en la práctica el impago de deudas. Estas medidas, sostenían, se aplicaban de manera «automática», sobre todo porque los terratenientes eran en una abrumadora mayoría la clase representada en el Parlamento. Como resultado, el Estado inglés pudo pedir dinero prestado a una escala que antes habría sido imposible debido al hábito de los soberanos de incumplir sus pagos o de gravar o expropiar arbitrariamente a sus súbditos[21]. Así, el final del siglo XVII y el comienzo del XVIII inauguraron un período de rápida acumulación de deuda pública sin que se incrementaran los costes crediticios, sino más bien lo contrario.

Este fue, de hecho, un desarrollo benigno. No solo permitió a Inglaterra convertirse en Gran Bretaña y, de hecho, en el Imperio británico, proporcionando al Estado inglés recursos financieros sin parangón para hacer —y ganar— la guerra. Asimismo, al acostumbrar a los ricos a invertir en valores de papel, también sentó las bases de una revolución financiera que canalizaría los ahorros ingleses hacia todo un abanico de cosas, desde canales hasta ferrocarriles, desde el comercio hasta la colonización, desde fundiciones hasta fábricas textiles. Aunque la deuda nacional creció enormemente en el curso de las numerosas guerras que Inglaterra libró contra Francia, alcanzando un máximo de más del 260 por ciento del PIB en el decenio posterior a 1815, ese apalancamiento tuvo un rendimiento sustancial, puesto que en la otra columna del balance general, adquirido en gran medida con una armada financiada por la deuda, había un imperio global. Además, en el siglo posterior a Waterloo se logró reducir la deuda gracias a una combinación de crecimiento sostenido y superávits presupuestarios primarios. No hubo ningún impago. No hubo inflación. Y Gran Bretaña pasó a dominar el mundo.

LA ASOCIACIÓN ENTRE GENERACIONES

En lo que queda de este capítulo deseo argumentar en torno a nuestro moderno gobierno representativo y sus problemas. Mi presupuesto de partida es el convencional: que en general es mejor para un gobierno ser en mayor o menor medida representativo de los gobernados que no serlo. Esto es así no solo porque la democracia sea una cosa buena per se, como ha afirmado Amartya Sen, sino también porque un gobierno representativo tiene más probabilidades que uno autoritario de mostrarse sensible a las variaciones de las preferencias populares y, por lo tanto, tiene menos probabilidades de cometer la clase de espantosos errores que a menudo cometen los gobernantes autoritarios. Quienes hoy descartan la democracia occidental tildándola de «deteriorada» —y sus lamentos se escuchan con creciente frecuencia— se equivocan al anhelar una especie de modelo pequinés de un Estado unipartidista en el que las decisiones las tomen unos tecnócratas en base a planes quinquenales. Fue el mismo sistema el que dio a China tanto las zonas económicas especiales como la política del hijo único: la primera fue un éxito; la segunda, un desastre, y con unos costes totales hasta ahora incalculables.

Sin embargo, los críticos de la democracia occidental tienen razón al discernir que algo falla en nuestras instituciones políticas. El síntoma más evidente del malestar son las enormes deudas que hemos acumulado en las décadas recientes, y de las que (a diferencia del pasado) no podemos culpar en gran parte a las guerras. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2012 la deuda pública bruta de Grecia llegará a alcanzar el 153 por ciento del PIB. En el caso de Italia, la cifra es el 123 por ciento; en Irlanda, el 113; en Portugal, el 112, y en Estados Unidos, el 107. En Gran Bretaña, la deuda se acerca al 88 por ciento. Japón —un caso especial, por ser el primer país no occidental que adoptó instituciones occidentales— es el líder mundial, con un montante de deuda pública que se acerca al 236 por ciento del PIB, más del triple de la que tenía hace veinte años[*]. Aún más llamativas resultan las ratios entre deuda pública e ingresos públicos, que al fin y al cabo es de donde debe provenir el dinero para pagar los intereses y amortizaciones (véase la figura 1.2).

A menudo se habla de estas deudas como si por sí mismas fueran el problema, lo que se traduce en un debate bastante estéril entre los partidarios de la «austeridad» y los del «estímulo». Personalmente, deseo sugerir que en realidad son una consecuencia de una disfunción institucional más profunda.

Lo esencial del asunto es el modo en que la deuda pública permite a la generación actual de votantes vivir a expensas de los que todavía son demasiado jóvenes para votar o aún no han nacido. En ese sentido, las propias estadísticas normalmente citadas como deuda pública resultan muy engañosas, puesto que abarcan solo las sumas que deben los estados en forma de bonos. La cantidad rápidamente creciente de dichos bonos sin duda implica una carga asimismo creciente sobre la población activa, ahora y en el futuro, puesto que —aun en el caso de que persistan los bajos tipos de interés de los que en la actualidad disfrutan los mayores prestatarios soberanos—, la cantidad de dinero necesaria para pagar los intereses de la deuda debe aumentar de manera inexorable. Pero las deudas oficiales en forma de bonos no incluyen el pasivo no financiado —a menudo mucho mayor— de las prestaciones asistenciales, tales como la asistencia médica gratuita y la Seguridad Social.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la mejor estimación disponible de la diferencia entre el valor actual neto del pasivo del gobierno federal y el valor actual neto de los futuros ingresos federales es de 200 billones de dólares, casi trece veces la deuda declarada por el Tesoro estadounidense. Hay que señalar que también estas cifras son incompletas, puesto que omiten el pasivo no financiado de las administraciones estatales y locales, que se estima que ronda los 38 billones de dólares[22]. Esas increíbles cifras no representan otra cosa que una vasta demanda planteada por la generación actualmente jubilada o a punto de jubilarse a sus hijos y nietos, a quienes la ley actual obliga a encontrar el dinero necesario en el futuro, sometiéndose o bien a sustanciales subidas de impuestos, o bien a drásticos recortes en otras partidas del gasto público.

Para ilustrar la magnitud del problema estadounidense, el economista Laurence Kotlikoff calcula que eliminar la brecha fiscal del gobierno federal requeriría un aumento inmediato del 64 por ciento de todos los impuestos federales, o una reducción inmediata del 40 por ciento de todos los gastos federales[23]. Cuando Kotlikoff elaboró sus «cuentas generacionales» para el Reino Unido hace más de una década, estimó (basándose en lo que resultaría ser el supuesto correcto de que el gobierno de entonces aumentaría el gasto asistencial y sanitario) que tendría que producirse un incremento del 31 por ciento en los ingresos derivados del impuesto sobre la renta y un incremento del 46 por ciento en los ingresos derivados de la Seguridad Social para cerrar la brecha fiscal[24].

En sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790), Edmund Burke escribía que el verdadero contrato social no es el contrato de Jean-Jacques Rousseau entre el soberano y el pueblo o la «voluntad general», sino la «asociación» entre generaciones. En sus propias palabras:

Uno de los primeros y más importantes principios en los que se consagran la república y las leyes, a fin de que los poseedores temporales y rentistas vitalicios en ella, inconscientes de lo que han recibido de sus antepasados o de lo que es debido a su posteridad, actúen como si fueran los amos absolutos, es que no deben pensar que entre sus derechos figura el de cortar el vínculo o derrochar la herencia destruyendo a su placer todo el tejido original de su sociedad, aventurándose a dejar a los que vienen después de ellos una ruina en lugar de una morada, y enseñando a tales sucesores a respetar sus invenciones tan poco como ellos mismos han respetado las instituciones de sus antepasados… La SOCIEDAD es de hecho un contrato… el Estado… es… una asociación no solo entre quienes viven, sino entre quienes viven, quienes han muerto y quienes han de nacer.

En las enormes transferencias intergeneracionales implícitas en las actuales políticas fiscales podemos ver una chocante ruptura, quizá sin precedentes, precisamente de esta asociación.

Quiero sugerir aquí que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de cómo restaurar el contrato social entre generaciones. Pero reconozco que los obstáculos en ese sentido resultan desalentadores. Y no es el menor de ellos el hecho de que a los jóvenes les resulte bastante difícil calcular sus propios intereses económicos a largo plazo. Es sorprendentemente fácil ganar el apoyo de los votantes jóvenes para políticas que en última instancia harán que las cosas empeoren todavía más para ellos, como, por ejemplo, mantener planes de pensiones de beneficios definidos para los funcionarios. Si los jóvenes estadounidenses supieran lo que es bueno para ellos, todos serían fans de Paul Ryan[*]. Un segundo problema es que hoy las democracias occidentales desempeñan un papel tan importante en la redistribución de la renta que los políticos que abogan por recortar el gasto casi siempre tropiezan con la bien organizada oposición de uno de estos dos grupos, o de ambos: los receptores de salarios del sector público y los receptores de prestaciones públicas.

¿Hay una solución constitucional a este problema? La respuesta simplista —que ya ha sido adoptada en varios estados de Estados Unidos, así como en Alemania— es una especie de enmienda de presupuesto equilibrado, que limita la capacidad de los legisladores de incurrir en gastos deficitarios, de forma parecida a como la práctica de dar independencia a los bancos centrales redujo la capacidad de los legisladores con respecto a la política monetaria. El problema es que la experiencia de la crisis financiera ha reforzado de manera considerable el argumento en favor de usar el déficit público como instrumento para estimular la economía en tiempos de recesión, por no hablar del argumento, de mayor calado, en favor de financiar con el déficit la inversión pública en infraestructuras. En 2011, y siguiendo el ejemplo alemán, los líderes europeos continentales trataron de resolver ese problema decidiendo limitar solo sus déficits estructurales, reservándose así un margen de maniobra para incurrir en déficits cíclicos como y cuando lo necesitaran. Pero el problema de este «pacto fiscal» es que solo dos gobiernos de la Eurozona están actualmente por debajo del decretado techo del 0,5 por ciento del PIB, la mayoría tienen déficits estructurales al menos cuatro veces mayores, y la experiencia parece indicar que cualquier gobierno que trata con seriedad de reducir su déficit estructural termina expulsado del poder.

Quizá no resulta sorprendente que la mayoría de los actuales votantes respalden políticas de desigualdad intergeneracional, especialmente cuando es mucho más probable que voten las personas de mayor edad que las más jóvenes. Pero ¿y si el resultado neto de pasar la pelota de la prodigalidad de la generación del baby boom no es solo injusto para los jóvenes, sino también económicamente perjudicial para todo el mundo? ¿Y si la incertidumbre sobre el futuro ya está empezando a pesar sobre el presente? Como han sugerido Carmen Reinhart y Ken Rogoff, es difícil creer que las tasas de crecimiento de los países desarrollados no se verán afectadas por unas montañas de deuda superiores al 90 por ciento del PIB[25]. La inquietud con respecto a la posibilidad de estar acercándose rápidamente a un «abismo fiscal» podría haber sido una de las razones por las que la economía de Estados Unidos no alcanzó la «velocidad de escape» en 2012.

CUENTAS INQUIETANTES

Parece que hay solo dos salidas posibles a este dilema. En el mejor escenario, pero también el menos probable, los partidarios de la reforma logran, mediante un heroico esfuerzo de liderazgo, persuadir no solo a los jóvenes, sino también a una importante proporción de sus padres y abuelos de que voten a favor de una política fiscal más responsable. Como ya he explicado, es muy difícil que suceda tal cosa. Pero creo que hay una forma de hacer más probable el éxito de ese liderazgo, y es cambiar el modo en que los gobiernos responden de sus finanzas.

El actual sistema es, para decirlo sin rodeos, fraudulento. No hay balances generales oficiales publicados con regularidad y minuciosos. Enormes pasivos simplemente se ocultan de la vista. Ni siquiera se puede confiar en los actuales estados de ingresos y gastos. Sería imposible llevar ningún negocio legítimo de esa forma. La última empresa que hizo públicos sus estados financieros de esa engañosa forma fue Enron.

Hay, de hecho, un camino mejor. Pueden y deben elaborarse balances generales del sector público a fin de que el pasivo de los estados pueda compararse con su activo. Eso ayudaría a clarificar la diferencia entre los déficits para financiar la inversión y los déficits para financiar el consumo actual. Los gobiernos también deberían seguir el ejemplo de la empresa y adoptar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y, sobre todo, habría que elaborar con regularidad cuentas generacionales para dejar absolutamente claras las implicaciones intergeneracionales de las políticas vigentes.

Si no hacemos todas estas cosas —si no emprendemos una reforma a gran escala de las finanzas públicas—, me temo que acabaremos con el segundo escenario, peor, pero más probable. Las democracias occidentales continuarán con su actual forma de actuar irresponsable hasta que, una tras otra, sigan a Grecia y a otras economías mediterráneas en la espiral de muerte fiscal que comienza con una pérdida de credibilidad, prosigue con un aumento de los costes crediticios, y termina cuando los gobiernos se ven forzados a imponer recortes de gastos y a subir los impuestos justo en el peor momento posible. En este guión, el desenlace implica una u otra combinación de impago de la deuda e inflación. Terminamos todos como Argentina.

Hay, es cierto, una tercera posibilidad, y es la que vemos actualmente en Japón y Estados Unidos, y quizá también en el Reino Unido. La deuda sigue aumentando. Pero los temores deflacionistas, las compras de bonos por parte del banco central y la apuesta por «valores seguros» del resto del mundo mantienen los costes crediticios del gobierno en mínimos sin precedentes. El problema de este guión es que también implica reducir el crecimiento a cero durante décadas: una nueva versión del estado estacionario de Adam Smith. Solo que ahora es Occidente el que está estacionario.

Cuando nuestras dificultades económicas han empeorado, los votantes nos hemos esforzado por encontrar el chivo expiatorio apropiado. Culpamos a los políticos, cuya difícil tarea consiste en mantener las finanzas públicas bajo control. Pero también nos gusta culpar a los banqueros y a los mercados financieros, como si su imprudencia como prestadores tuviera la culpa de nuestra imprudencia como prestatarios. Clamamos por una regulación más estricta, aunque no de nosotros mismos; lo cual me lleva al tema del capítulo 2. En él pasaré del reino de la política al de la economía —de la colmena humana de la democracia a la selva darwiniana del mercado—, para preguntarme si también aquí estamos presenciando una tendencia a la degeneración institucional en el mundo occidental.

En este capítulo he intentado mostrar que las excesivas deudas públicas son un síntoma de la ruptura del contrato social entre generaciones. En el capítulo siguiente me preguntaré si una regulación excesivamente compleja de los mercados por parte del gobierno es en realidad la propia enfermedad de la que pretende ser la cura. Como veremos, el imperio de la ley tiene muchos enemigos. Pero entre sus más peligrosos oponentes se cuentan los autores de algunas leyes muy largas e intrincadas.

2

La economía darwiniana

LA ILUSIÓN DE LA DESREGULACIÓN

¿Cuál es el mayor problema que afronta actualmente la economía mundial? Si escuchamos lo que dicen algunos, cabría pensar que la respuesta correcta es la insuficiente regulación financiera. Según varios influyentes analistas, los orígenes de la crisis financiera que se inició en 2007 —y que todavía no parece haber terminado— se hallan en una serie de decisiones que se remontan a comienzos de la década de 1980 y que condujeron a una desregulación sustancial de los mercados financieros. En los viejos tiempos, nos dicen, la banca era «aburrida». En Estados Unidos, la Ley Glass-Steagall de 1933 separó las actividades de los bancos comerciales y los bancos de inversión hasta su presuntamente fatídica derogación en 1999.

«Los cambios legislativos de la era Reagan básicamente pusieron fin a las restricciones del New Deal sobre los préstamos hipotecarios —ha escrito el economista de Princeton Paul Krugman—. Solo después de la desregulación de Reagan, la frugalidad empezó a desaparecer gradualmente de la forma de vida estadounidense…». Del mismo modo, «también principalmente gracias a la desregulación de la era Reagan» el sistema financiero «incurrió en demasiados riesgos con demasiado poco capital»[1]. En otra de sus columnas de prensa, Krugman volvía la mirada con añoranza «a un largo período de estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial». Este se «basaba en una combinación de seguro de depósitos, que eliminaba la amenaza de pánicos bancarios, y una estricta regulación de los balances generales de los bancos, incluyendo tanto límites a los préstamos arriesgados como límites al apalancamiento, el grado en que se permitía a los bancos financiar inversiones con fondos prestados»[2]. Esta fue de hecho una época dorada: la «era de la banca aburrida fue también una era de espectacular progreso económico»[3]. «En Estados Unidos la productividad empresarial total creció más deprisa en la generación de la posguerra —una era en la que los bancos estaban estrechamente regulados y el capital privado apenas existía— de lo que ha crecido desde que nuestro sistema político decidió que la avaricia era buena»[4].

La de Krugman no es en absoluto una voz solitaria. Simon Johnson ha escrito una demoledora descripción de la imprudencia financiera en su libro Thirteen Bankers[5]. Incluso el jurista de Chicago Richard Posner se ha unido al coro que pide la restauración de la Ley Glass-Steagall[6]. Para colmo, el propio Sandy Weill, arquitecto del gigante Citigroup, ahora se ha retractado[7]. El primer esbozo de la historia de la crisis financiera ya está aquí, y esto es lo que dice: la culpa ha sido de la desregulación. Al verse libres de trabas desde 1980, los mercados financieros se desbocaron, los bancos estallaron y luego hubieron de ser rescatados. Ahora hay que ponerles trabas de nuevo.

Como resultará evidente, no es mi intención aquí tapar las faltas de los banqueros. Pero sí creo que este análisis es básicamente erróneo. Por una parte, resulta difícil pensar en alguno de los grandes acontecimientos de la crisis de Estados Unidos —empezando por las quiebras de Bear Stearns y Lehman Brothers— que no pudiera haber ocurrido igualmente con la Ley Glass-Steagall en vigor. Las dos entidades mencionadas eran bancos de inversiones puros que asimismo podrían haberse hundido por mala gestión antes de 1999. Y lo mismo vale para otras entidades como Countrywide, Washington Mutual y Wachovia, prestadores comerciales que estallaron sin haberse involucrado en la banca de inversiones. Por otra parte, la pretensión de que el rendimiento de la economía estadounidense antes de Ronald Reagan fue superior al que vendría después debido a la existencia de controles más estrictos sobre los bancos antes de 1980 es simplemente ridícula. Es cierto que la productividad creció más deprisa entre 1950 y 1979 que entre 1980 y 2009. Pero también lo es que creció más deprisa en las décadas de 1980 y 1990 que en la de 1970. Y asimismo, que a partir de 1979 creció constantemente más deprisa que la de Canadá. A diferencia de Paul Krugman, yo creo que probablemente ha habido unos cuantos factores más en juego en las variaciones del incremento de la productividad en los últimos setenta años: entre los que primero vienen a la mente están los cambios en la tecnología, la educación y la globalización. Pero si pretendiera plantear la misma clase de argumento fácil que él, podría señalar triunfalmente que Canadá ha conservado un sistema bancario mucho más estrictamente regulado que el de Estados Unidos, con el resultado de que se ha quedado atrás en términos de productividad.

Para el observador británico, si no para el estadounidense, hay algo inverosímil en el argumento de que los mercados financieros regulados fueron responsables de un rápido crecimiento, mientras que la desregulación causó la crisis. La banca británica también estuvo fuertemente regulada antes de la década de 1980. La vieja City londinense se veía constreñida por una complicada red de restricciones inspiradas en los gremios tradicionales. Los bancos mercantiles —los miembros del augusto Accepting Houses Committee (o «Comité de Casas de Aceptación»)— se dedicaban, al menos en teoría, a aceptar letras de cambio y emitir acciones y obligaciones. La banca comercial o minorista estaba controlada por un cártel de grandes bancos (tradicionalmente denominados en inglés high street banks, literalmente «bancos de la calle mayor») que establecían los tipos de interés de los depósitos y créditos. En la Bolsa, la terminología diferenciaba entre los agentes autónomos que vendían (brokers) y los que compraban (jobbers). Supervisando a todos esos caballerosos capitalistas, el gobernador del Banco de Inglaterra observaba con la benigna pero a veces severa mirada de un director de escuela, poniendo freno a las conductas poco caballerosas con un leve fruncimiento de su famoso entrecejo[8]. Por encima de todas esas convenciones, se impuso un desconcertante abanico de regulaciones estatutarias antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Control de Cambios de 1947 limitaba estrictamente las transacciones en monedas que no fueran la libra esterlina, unas medidas que permanecerían en vigor hasta 1979. Aun después de la ruptura del sistema de tipos de cambio fijos establecido en Bretton Woods, el Banco de Inglaterra seguiría interviniendo de manera rutinaria para influir en el tipo de cambio de la libra esterlina. Los bancos estaban regulados por la Ley de Sociedades Mercantiles de 1948, la Ley de Prevención del Fraude (en Inversiones) de 1958 y la Ley de Sociedades Mercantiles de 1967. La Ley de Protección de los Impositores de 1963 vino a crear un estrato de regulaciones adicional para las instituciones receptoras de depósitos que no estuvieran clasificadas como bancos en virtud de la arcana normativa contenida en el «Anexo 8» y la «Sección 127»[9]. A raíz del informe de 1959 del Comité Radcliffe, que argumentaba que los instrumentos tradicionales de la política monetaria resultaban insuficientes, se añadió una nueva capa de controles en forma de techos a los préstamos bancarios[10]. También el crédito al consumo (que básicamente adoptaba la forma de la venta a plazos o planes de financiación) fue objeto de una fuerte regulación. A los bancos reconocidos como tales por la Vieja Dama de Threadneedle Street[*] se les exigía que mantuvieran una ratio de liquidez del 28 por ciento, lo que en la práctica equivalía a tener que poseer grandes cantidades de bonos del Estado británico.

Y, sin embargo, en esta era de regulación financiera hubo de todo menos un «espectacular progreso económico». Por el contrario, tal vez la década de 1970 fue la más desastrosa económicamente para Gran Bretaña desde la década de 1820, en la que presenció no solo una importante crisis bancaria, sino también un crac bursátil, una burbuja inmobiliaria con su consiguiente pinchazo, y una inflación de dos dígitos, todo ello rematado por la llegada del Fondo Monetario Internacional en 1976. También esa época tuvo su Bernie Madoff, su Bear Stearns y su Lehman Brothers; aunque ¿quién se acuerda hoy de Gerald Caplan —de London and County Securities—, de Cedar Holdings o de Triumph Investment Trust? Hay que reconocer que la crisis bancaria secundaria se debió en parte a un cambio chapucero de la regulación bancaria por parte del gobierno de Edward Heath. Pero sería del todo erróneo calificarlo como una desregulación; como mucho podría decirse que el nuevo sistema —denominado, de manera significativa, «control de la competencia y del crédito»— era más complicado que aquel al que venía a reemplazar. Además, los notorios errores cometidos en política fiscal y monetaria fueron asimismo importantes en la crisis que siguió. En mi opinión, la lección de la década de 1970 no es que la desregulación sea mala, sino que lo es la mala regulación, sobre todo en el contexto de una política monetaria y fiscal igualmente mala[11]. Y creo que lo mismo puede decirse también de nuestra crisis.

UNA CRISIS REGULADA

La crisis financiera que se inició en 2007 tuvo su origen precisamente en una regulación compleja en exceso. Una historia de la crisis mínimamente rigurosa tendría que dedicar al menos cinco capítulos a sus perversas consecuencias.

En primer lugar, los directivos de los grandes bancos cotizados tenían fuertes incentivos para «maximizar el valor del accionariado», dado que su propia riqueza y renta consistía en gran medida en acciones y opciones sobre acciones de sus propias entidades. La forma más fácil de hacerlo era maximizar el tamaño de las actividades bancarias en relación con su capital. En todo el mundo occidental, los balances generales crecieron hasta alcanzar tamaños vertiginosos en relación con los fondos propios bancarios. ¿Cómo era eso posible? La respuesta es que la regulación lo permitía expresamente. Para ser más exactos, en 1988 el Acuerdo de Supervisión Bancaria del Comité de Basilea permitía a los bancos tener cantidades muy grandes de activo en relación con su capital, a condición de que dicho activo estuviera clasificado como de bajo riesgo (por ejemplo, bonos del Estado).

En segundo lugar, desde 1996 las normas de Basilea se modificaron para permitir a las empresas establecer de hecho sus propios requisitos de capital sobre la base de sus estimaciones internas de riesgo. En la práctica, las ponderaciones de riesgo pasarían a basarse en las calificaciones otorgadas a los valores bursátiles —y, más tarde, a los productos financieros estructurados— por parte de agencias de calificación privadas.

En tercer lugar, los bancos centrales —encabezados por la Reserva Federal estadounidense— desarrollaron una doctrina de política monetaria peculiarmente sesgada, que propugnaba que debían intervenir bajando los tipos de interés si los precios de los activos caían con brusquedad, pero que, en cambio, no debían intervenir si estos últimos subían rápidamente, con tal de que la subida no afectara a las expectativas públicas de algo denominado inflación «básica» (que excluye las variaciones en los precios de los alimentos y de la energía, y que fracasó estrepitosamente a la hora de detectar la burbuja de los precios de la vivienda). El término coloquial con el que se conoce este planteamiento es el de «opción de venta [put] de Greenspan (luego de Bernanke)», que implicaba que la Reserva Federal intervendría para apuntalar el mercado bursátil estadounidense, pero no para desinflar la burbuja de un activo. Se suponía que a la Reserva Federal le preocupaba solo la inflación de los precios al consumo, pero, por alguna oscura razón, no la de los precios de la vivienda.

En cuarto lugar, el Congreso estadounidense aprobó leyes destinadas a aumentar el porcentaje de familias de renta baja —sobre todo de minorías étnicas— con acceso a la propiedad de su vivienda. El mercado hipotecario se vio fuertemente distorsionado por las «entidades patrocinadas por el gobierno» Fannie Mae y Freddie Mac. A los dos grandes partidos estas medidas les parecieron deseables por razones sociales y políticas. Ninguno de ellos consideró que, desde un punto de vista financiero, estaban alentando a las familias de renta baja a realizar apuestas cuantiosas, apalancadas, sin garantías de protección y unidireccionales en el mercado inmobiliario estadounidense.

La última capa de distorsión del mercado la proporcionó el gobierno chino, que gastó literalmente un valor equivalente a billones de dólares en su propia moneda para evitar que esta se apreciara en relación con el dólar. El objetivo primordial de esta política era mantener las exportaciones fabriles chinas en condiciones ultracompetitivas en los mercados occidentales. Pero tampoco fueron los chinos los únicos que decidieron invertir en dólares sus superávits en cuenta corriente. La consecuencia secundaria e imprevista de ello fue proporcionar a Estados Unidos una enorme línea de crédito. Dado que una gran parte de lo que compraron los países con superávit fue deuda del gobierno o de agencias gubernamentales estadounidenses, los rendimientos de estos valores se mantuvieron artificialmente bajos. Dado que los tipos hipotecarios se hallan estrechamente ligados a los rendimientos de la deuda pública, «Chimérica» —como he bautizado a esta extraña asociación económica entre China y Norteamérica— ayudó así a inflar todavía más un mercado inmobiliario que se hallaba ya en plena burbuja.

El único capítulo de esta historia que realmente encaja con la tesis de que «la culpa es de la desregulación» es el que corresponde a la falta de regulación del mercado en cuanto a derivados tales como las permutas de impago crediticio. El gigante de los seguros AIG cayó en desgracia porque su sede londinense vendió, a precios erróneamente fijados, enormes cantidades de seguros contra unos resultados que en puridad pertenecían al reino de la incertidumbre imposible de asegurar. Sin embargo, no creo que esto pueda verse como la causa principal de la crisis. La clave de la crisis fueron los bancos, y los bancos estaban regulados[*].

La cuestión de los derivados es importante, puesto que figuras tan respetadas como Paul Volcker y Adair Turner han puesto en duda la utilidad económica y social de la mayoría, si no de todos, los recientes avances teóricos y técnicos producidos en el mundo de las finanzas, incluyendo el advenimiento del mercado de derivados[12]. Personalmente, soy bastante menos hostil que ellos a la innovación financiera. Acepto que las modernas técnicas de gestión de riesgos resultaban en muchos aspectos defectuosas, en especial cuando eran mal utilizadas por personas que olvidaban (o no llegaban a saber) los presupuestos simplificadores subyacentes a indicadores tales como el de valor en riesgo. Pero las finanzas modernas no van a desaparecer porque lo deseemos, del mismo modo que no se puede suprimir Amazon y Google para proteger a libreros y bibliotecarios.

La cuestión es si realmente una regulación adicional como la que en la actualidad se está diseñando e implementando puede mejorar las cosas, reduciendo la frecuencia o la magnitud de las futuras crisis financieras. Creo que eso resulta sumamente improbable. De hecho, yo aún iría más lejos. Creo que las nuevas regulaciones pueden tener justo el efecto contrario.

El problema que aquí se aborda no es inherente a la innovación financiera: es inherente a la regulación financiera. Los modelos de gestión de riesgos del sector privado eran sin duda imperfectos, tal como la crisis financiera ha dejado claro. Pero los modelos del sector público eran prácticamente inexistentes. Dado que los legisladores y reguladores actuaban prescindiendo casi por completo de la ley o de las posibles consecuencias imprevistas, ayudaron involuntariamente a inflar una burbuja inmobiliaria en países de todo el mundo desarrollado[13].

Para mí, la pregunta no es: «¿Habría que regular los mercados financieros?». En realidad no existe nada parecido a un mercado financiero desregulado, como sabe cualquiera que estudie la antigua Mesopotamia. La Escocia de Adam Smith experimentó un vivo debate en torno a la clase de regulación apropiada para un sistema de papel moneda. De hecho, el propio fundador de la economía de libre mercado propuso una serie de regulaciones bancarias bastante estrictas a raíz de la crisis crediticia de 1772[14]. Sin normas para hacer cumplir el pago de las deudas y castigar el fraude no puede haber finanzas. Sin limitaciones en la gestión de los bancos, es muy probable que algunos de ellos cayeran en un bache económico debido a la disparidad entre la duración del activo y el pasivo que ha sido inherente a casi toda la banca desde el advenimiento del sistema de reserva fraccionaria. De modo que la pregunta correcta que hay que formular es: «¿Qué clase de regulación financiera funciona mejor?».

Me parece que actualmente el balance de opinión favorece la complejidad sobre la simplicidad; las normas sobre la discrecionalidad, y los códigos de obligado cumplimiento sobre la responsabilidad individual y corporativa. Creo que este enfoque se basa en una interpretación errónea del funcionamiento de los mercados financieros, lo que me trae a la mente el famoso chiste del gran escritor satírico vienés Karl Kraus sobre el psicoanálisis: que este era la propia enfermedad de la que pretendía ser la cura. Creo que, del mismo modo, una regulación excesivamente compleja es la propia enfermedad de la que pretende ser la cura.

¿QUIÉN REGULA A LOS REGULADORES?

«Nosotros no podemos controlarnos. Tienen que intervenir y controlar [Wall] Street»[15]. Tales eran las palabras que John Mack, antiguo presidente del banco de inversiones Morgan Stanley, pronunció en Nueva York en noviembre de 2009. Los legisladores del Congreso estadounidense decidieron complacer al señor Mack elaborando la Ley de Reforma de Wall Street y de Protección al Consumidor de julio de 2010 (en adelante conocida como Ley Dodd-Frank por los nombres de sus dos principales patrocinadores en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente).

El imperio de la ley tiene muchos enemigos. Uno de ellos son las malas leyes. La Ley Dodd-Frank, que oficialmente aspiraba a «promover la estabilidad financiera de Estados Unidos mejorando la responsabilidad y la transparencia del sistema financiero, terminar con las [instituciones] “demasiado grandes para quebrar”, proteger al contribuyente estadounidense poniendo fin a los rescates, proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en los servicios financieros, entre otros objetivos», es un ejemplo casi perfecto de excesiva complejidad en la regulación. Esta ley requiere que los reguladores creen 243 normativas, realicen 67 estudios y publiquen 22 informes periódicos. Elimina a un regulador y crea otros dos nuevos. Establece disposiciones detalladas para la «liquidación ordenada» de las «instituciones financieras consideradas de importancia sistémica» (SIFI, por sus siglas en inglés). Implementa una versión blanda de la conocida como norma Volcker, que prohíbe a las SIFI realizar las denominadas «transacciones propietarias», o patrocinar o poseer intereses en fondos privados de renta variable y fondos de cobertura. Pero eso no es todo.

La sección 232 estipula que cada agencia reguladora debe establecer «una Oficina de Inclusión de Minorías y Mujeres» para asegurar, entre otras cosas, la «creciente participación de negocios propiedad de minorías y propiedad de mujeres en los programas y contratos de la agencia». A menos que uno crea, como la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que no habría habido crisis si el banco más conocido de los que quebraron se hubiera llamado «Lehman Sisters» en lugar de Lehman Brothers, no puede por menos de preguntarse qué hará exactamente esta sección concreta de la Ley Dodd-Frank para «promover la estabilidad financiera de Estados Unidos». Lo mismo puede decirse de la sección 750, que crea un nuevo Grupo de Trabajo Interagencias a fin de «realizar un estudio sobre la supervisión de los mercados de carbón existentes y potenciales para asegurar un mercado del carbón eficiente, seguro y transparente»; y la sección 1502, que estipula que determinados productos podrán etiquetarse como «libres de conflicto en RDC» cuando no contengan «minerales relacionados con conflictos que directa o indirectamente financien o beneficien a grupos armados de la República Democrática del Congo o un país adyacente». Los diamantes de la guerra son malos, sin duda, como lo son la discriminación racial y la discriminación sexual, sin olvidar tampoco el cambio climático. Pero ¿era ese realmente el lugar apropiado para tratar tales cosas?

El título II de la Ley Dodd-Frank dedica casi ochenta páginas a exponer hasta el más mínimo detalle cómo liquidar una SIFI con menos impacto del que causó la bancarrota de Lehman Brothers. Pero lo que hace en última instancia esta ley es transferir la responsabilidad última al secretario del Tesoro, a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y al tribunal de distrito y el tribunal de apelación de Washington. Si el secretario del Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos convienen en que la quiebra de una entidad financiera podría causar inestabilidad general, pueden tomar el control de ella. Si la entidad se opone, los tribunales de Washington tienen un día para juzgar si la decisión es correcta. Constituirá un delito penal revelar que se está viendo el caso. Se me escapa de qué modo este procedimiento extraordinario constituye una mejora con respecto a una quiebra normal y corriente[16]. Quizá, bien pensado, en lugar de SIFI habría que hablar más bien de sci-fi, de «ciencia ficción».

Como ya he sugerido, fueron las instituciones más reguladas del sistema financiero las que resultaron ser de hecho más propensas al desastre: los grandes bancos de ambos lados del Atlántico, no los fondos de cobertura. Resulta más que conveniente para la clase política estadounidense que se eche la culpa de la crisis a la desregulación y los excesos de los banqueros. Esto no solo sirve para pasar la pelota: también crea una justificación para una mayor regulación. Pero aquí resulta apropiada la antigua cuestión latina: «quis custodiet ipsos custodes?». En este caso, ¿quién regula a los reguladores?

Consideremos ahora otro conjunto de regulaciones. En el marco de las normas relativas al capital bancario de Basilea III, que está previsto que entre en vigor entre 2013 y finales de 2018, los 29 bancos globales mayores del mundo tendrán que recaudar 566.000 millones de dólares adicionales en nuevo capital o deshacerse de unos 5,5 billones de dólares en activos. Según la agencia de calificación Fitch, esto implica un aumento del 23 por ciento en relación con el capital que tenían los bancos a finales de 2011[17]. Es completamente cierto que a partir de 1980 los grandes bancos llegaron a estar descapitalizados, o apalancados en exceso, si se prefiere este término. Pero no está claro en absoluto cómo obligar a los bancos a tener más capital o a hacer menos préstamos puede ser compatible con el objetivo de una recuperación económica sostenida, sin la cual es muy poco probable que la estabilidad financiera vuelva a Estados Unidos, y mucho menos a Europa.

Acechando en cada una de estas regulaciones está la ley universal de las consecuencias imprevistas. ¿Y si el efecto neto de toda esta regulación fuera aumentar el riesgo sistémico de las SIFI, en lugar de reducirlo? Una de las muchas características nuevas de Basilea III es la exigencia de que los bancos acumulen capital en los buenos tiempos a fin de tener un colchón en los malos. Esta innovación fue ampliamente celebrada hace unos años, cuando fue adoptada por los reguladores bancarios españoles. Con eso está todo dicho.

UN DISEÑO NADA INTELIGENTE

En el capítulo anterior he tratado de mostrar el valor de La fábula de las abejas de Mandeville como alegoría del modo en que funcionan las buenas instituciones políticas. Permítanme ahora introducir una metáfora biológica distinta. En su autobiografía, el propio Charles Darwin reconocía explícitamente su deuda con los economistas de su época, en particular con Thomas Malthus, cuyo Ensayo sobre el principio de la población había leído «como distracción» en 1838. «Estando bien dispuesto —recordaba Darwin— a apreciar la lucha por la existencia que en todas partes se produce[,] a partir de la prolongada y constante observación de los hábitos de los animales y las plantas, de inmediato caí en la cuenta de que en tales circunstancias las variaciones favorables tenderían a preservarse, y las desfavorables a ser destruidas. Ahí, pues, tenía por fin una teoría con la que trabajar»[18]. Walter Bagehot, director del Economist, fue solo uno de los numerosos contemporáneos victorianos que establecieron un paralelismo entre la teoría darwiniana de la evolución y la economía. Como observaba en cierta ocasión: «La estructura ruda y vulgar del comercio inglés es el secreto de su vida; y ello porque contiene la “tendencia a la variación” que, en el reino social como en el animal, es el principio del progreso»[19]. Volveré sobre Bagehot más adelante.

Existen, de hecho, algo más que semejanzas meramente superficiales entre un mercado financiero y el mundo natural tal como llegaría a entenderlo Darwin. Como los animales salvajes del Serengeti, los individuos y las empresas se hallan en una constante lucha por la existencia, pugnando por unos recursos finitos. La selección natural actúa en el sentido de que cualquier innovación (o mutación, en términos de la naturaleza) prosperará o morirá en función de lo bien que se adapte a su entorno. ¿Cuáles son los rasgos comunes que comparten el mundo financiero y un sistema evolutivo propiamente dicho? Como ya he comentado en otra parte[20], hay al menos seis:

«genes», en el sentido de que ciertos rasgos de la cultura corporativa realizan el mismo papel que los genes en biología, permitiendo que la información se almacene en la «memoria organizativa» y se transmita de un individuo a otro o de una empresa a otra cuando se crea una nueva empresa;

el potencial de «mutación» espontánea, que en el mundo económico se traduce en general por innovación, principalmente, aunque en absoluto siempre, tecnológica;

la competencia por los recursos entre individuos de una misma especie, cuyos resultados en términos de longevidad y proliferación determinan qué prácticas de negocio persisten;

un mecanismo de selección natural a través de la asignación de capital y recursos humanos por parte del mercado, y la posibilidad de muerte en los casos de bajo rendimiento; es decir, «supervivencia diferencial»;

posibilidad de especiación, sosteniendo la biodiversidad a través de la creación de «especies» totalmente nuevas de instituciones financieras;

posibilidad de extinción, por la que ciertas especies desaparecen por completo.

A veces, como en el mundo natural, el proceso evolutivo financiero se ha visto sometido a grandes perturbaciones en forma de choques geopolíticos y crisis financieras. La diferencia, obviamente, estriba en que, mientras que los asteroides gigantes llegan del espacio exterior, las crisis financieras se originan dentro del propio sistema. La Gran Depresión de la década de 1930 y la Gran Inflación de la de 1970 destacan como épocas de gran discontinuidad, con «extinciones masivas» tales como los pánicos bancarios de la década de 1930 y las quiebras de entidades de ahorro y préstamo de la de 1980. Es evidente que en nuestra época se ha producido una perturbación de similar importancia. Pero ¿dónde están las extinciones masivas, si esta vez los dinosaurios siguen deambulando por el mundo financiero?

La respuesta es que, mientras que la evolución biológica tiene lugar en un ambiente natural despiadado, en las finanzas la evolución se produce en un marco regulador donde —por adaptar una expresión de los creacionistas antidarwinianos— el «diseño inteligente» desempeña un papel. Pero ¿cuán inteligente es ese diseño? La respuesta es la siguiente: no lo suficiente para anticiparse al proceso evolutivo. De hecho, es lo bastante estúpido para hacer un sistema frágil aún más frágil.

Pensemos en ello del siguiente modo. Los marcos reguladores del período posterior a 1980 alentaron a muchos bancos a incrementar sus balances generales en relación con su capital. Esto no ocurrió solo en Estados Unidos, sino en toda suerte de países distintos, como Alemania o España (y sin duda no se puede culpar a Ronald Reagan de lo que pasara en Berlín y en Madrid). Cuando cayó el precio de los activos —que estaban respaldados por bienes inmuebles—, los bancos se vieron amenazados por la insolvencia. Cuando se agotó la financiación a corto plazo, se vieron amenazados por la falta de liquidez. Las autoridades se encontraron entonces con que tenían que elegir entre abocarse a un escenario de Gran Depresión, con quiebras bancarias masivas, o rescatar a la banca. Y la rescataron. Hoy, los legisladores, castigados por los votantes ingratos (que todavía no aprecian cuánto peor podrían haber ido las cosas si los «demasiado grandes» hubieran quebrado de hecho), redactan leyes destinadas a evitar futuros rescates.

La Ley Dodd-Frank declara explícitamente que los contribuyentes no pagarán ni un céntimo la próxima vez que quiebre una SIFI. Pero se muestra bastante menos clara con respecto a quién pagará. La sección 214 es (por fortuna) inequívoca: «Todos los fondos gastados en la liquidación de una empresa financiera bajo este título se recuperarán por la enajenación del activo de dicha empresa financiera, o serán responsabilidad del sector financiero, mediante tasaciones». Entonces, ¿qué hay de los acreedores asegurados, los obligacionistas bancarios a quienes en 2008-2009 se trató de proteger de las pérdidas con tanto ahínco? Prudentemente, la Ley Dodd-Frank encarga que se realice un estudio al respecto. Al fin y al cabo, si el efecto neto de la ley es realmente excluir cualquier financiación pública de una SIFI en grave situación de quiebra, resulta difícil ver cómo los mencionados obligacionistas pueden evitar una pérdida considerable. Pero si ese es el caso, entonces el coste del capital para los grandes bancos debe aumentar, aunque la rentabilidad de sus recursos propios disminuya. Se quería reducir la inestabilidad, pero lo único que han hecho ha sido aumentar la fragilidad.

Otra forma de pensar en el sistema financiero, relacionada con la anterior, es concebirlo como un sistema sumamente complejo, formado por un número muy grande de componentes que interactúan y que se hallan asimétricamente organizados en una red[21]. Dicha red opera en un punto situado entre el orden y el desorden, «al borde del caos». Puede parecer que tales sistemas complejos funcionan bastante bien durante algún tiempo, en apariencia en equilibrio, aunque en realidad adaptándose constantemente mediante bucles de retroalimentación positiva. Pero llega un momento en el que alcanzan una «masa crítica». Una leve perturbación puede desencadenar un «cambio de estado» de un equilibrio benigno a una crisis. Esto resulta especialmente común allí donde los nodos de la red se hallan «fuertemente asociados». Cuando el nivel de interrelación de una red aumenta, las restricciones que entren en conflicto pueden producir rápidamente una «catástrofe compleja».

Todos los sistemas complejos del mundo natural —desde las colonias de termitas hasta los grandes bosques, pasando por el sistema nervioso humano— comparten ciertas características. Una pequeña intervención en un sistema tal puede producir cambios enormes e inesperados. Las relaciones causales suelen ser no lineales. De hecho, algunos teóricos llegan al extremo de afirmar que ciertos sistemas complejos son absolutamente no deterministas, lo que significa que resulta casi imposible hacer predicciones sobre su comportamiento futuro basándose en datos del pasado. ¿Será el siguiente incendio forestal de pequeñas o grandes dimensiones, una fogata o una catástrofe devastadora? No podemos saberlo con certeza. Esa misma relación de «ley de potencias» parece aplicarse a los terremotos y las epidemias[22].

Resulta que también las crisis financieras son muy parecidas. Y eso no debería sorprendernos. Como llevan años proclamando algunos economistas heterodoxos, entre ellos W. Brian Arthur, una economía compleja se caracteriza por la interacción de agentes dispersos, falta de control centralizado, múltiples niveles de organización, adaptación continua, creación incesante de nuevos nichos de mercado y ausencia de equilibrio general. Desde esta perspectiva, y como ha argumentado Andrew Haldane, del Banco de Inglaterra, Wall Street y la City londinense forman parte de uno de los sistemas más complejos que los seres humanos han construido jamás (véase la figura 2.1)[23]. Y la combinación de concentración, préstamo interbancario, innovación financiera y aceleración tecnológica lo convierten en un sistema especialmente propenso a las crisis. Una vez más, sin embargo, la diferencia entre el mundo natural y el mundo financiero estriba en el papel de la regulación. Se supone que la regulación reduce el número y el tamaño de los incendios forestales financieros. Y, sin embargo, tal como hemos visto, resulta bastante fácil que produzca el efecto contrario. Ello se debe a que el proceso político es en sí mismo algo complejo. Los organismos reguladores pueden ser presa de aquellos a quienes se supone que regulan, entre otras cosas por la perspectiva de que el guardabosques obtenga un empleo bien pagado si se convierte en cazador furtivo. Pero también pueden verse atrapados de otras formas, como, por ejemplo, en el hecho de depender de las mismas entidades a las que regulan para obtener los datos que necesitan para hacer su trabajo.

En su libro Antifragile, el matemático estadístico y operador bursátil reconvertido en filósofo Nassim Taleb plantea una maravillosa pregunta: ¿qué es lo contrario de frágil? La respuesta no es «robusto» o «fuerte», porque esos términos simplemente significan «menos frágil». Lo realmente contrario de frágil es «antifrágil». Un sistema que se hace más fuerte cuando se ve sometido a perturbaciones es antifrágil[24]. La clave aquí es que la regulación debería diseñarse para potenciar la «antifragilidad». Pero la regulación que hoy estamos viendo hace justamente lo contrario: debido a su misma complejidad —y a sus objetivos a menudo contradictorios—, es en realidad «profrágil».

LECCIONES DE LOMBARD STREET

Una regulación excesivamente compleja puede ser de hecho la propia enfermedad de la que pretende ser la cura. Así como no cabría esperar que los planificadores del antiguo sistema soviético pudieran dirigir una economía moderna en toda su complejidad, por razones hace ya tiempo explicadas por Friedrich Hayek y Janos Kornai[25], del mismo modo los reguladores del mundo posterior a la crisis están condenados al fracaso en sus esfuerzos por hacer inmune a las crisis al sistema financiero global. Nunca podrán llegar a saber lo bastante para manejar un sistema tan complejo: solo aprenderán de la última crisis cómo afrontar la próxima.

¿Hay una alternativa? Creo que sí. Pero tenemos que remontarnos a la época de Darwin para encontrarla. En la obra Lombard Street, publicada en 1873, Walter Bagehot describía con gran talento el modo en que había evolucionado la City londinense en su época. Bagehot entendía que, pese a todo su vigor darwiniano, el sistema financiero británico era complejo y frágil. «En exacta proporción al poder de este sistema —observaba— se halla su delicadeza, apenas resultaría exagerado si dijera su peligro… incluso en el último instante de prosperidad, la estructura entera es delicada. La peculiar esencia de nuestro sistema financiero es una confianza sin precedentes entre un hombre y otro hombre; y cuando esa confianza se ve muy debilitada por causas ocultas, un pequeño accidente puede dañarla enormemente, y un gran accidente puede casi destruirla en un momento»[26].

Nadie ha ofrecido nunca una descripción mejor que Bagehot de cómo se produce un pánico bancario; quienes no estaban familiarizados con Lombard Street pudieron comprobarlo por sí mismos en 2007, cuando se produjeron los pánicos de Northern Rock y Countrywide, y de nuevo en 2012, cuando fue a la española Bankia a la que le tocó el turno de perder la confianza de sus impositores. Una de las grandes bellezas de Lombard Street es el modo en que analiza todas las instituciones clave del mercado de dinero londinense —el auge de los bancos comerciales, la desaparición de los bancos privados, los agentes de letras, las nuevas cajas de ahorros…— y expone los puntos débiles de la posición de cada una de ellas. En teoría, Bagehot habría preferido un sistema en el que cada institución tuviera que cuidar de sí misma manteniendo una reserva para posibles contingencias. Pero en la práctica el mercado de Londres se había desarrollado de tal manera que había solo una reserva última para toda la City, y era el Banco de Inglaterra, «la única masa considerable de dinero no utilizado del país»[27]. En otras palabras, tal como ocurre en nuestra época, el banco central (y, tras él, el Estado que lo sustentaba) constituía la última línea de resistencia en tiempos de pánico.

Repasando medio siglo de crisis financieras, Bagehot mostraba con brillantez de qué modo el papel del Banco de Inglaterra como guardián de la reserva monetaria de la nación era completamente distinto de su papel tal como lo definía la ley, o, de hecho, tal como lo entendían los hombres que lo gobernaban. En el pánico de 1825, el Banco de Inglaterra había hecho lo correcto, pero demasiado tarde, y sin saber del todo por qué era lo correcto. En cada uno de los tres pánicos que siguieron a la aprobación de la Ley de Estatutos Bancarios de 1844 —una ley que abordaba en gran medida la función de los bancos como emisores de billetes—, dicha ley había sido suspendida. Había, como en nuestra época, cierta incertidumbre con respecto a qué valores aceptaría el Banco de Inglaterra como garantía en una crisis. Su estructura de gobierno era opaca. Su gobernador y sus directores no eran banqueros. (Por entonces se escogía a comerciantes; hoy en día preferimos a académicos, algo que no todo el mundo consideraría una mejora). Apenas estuvieron a la altura de las circunstancias cuando una SIFI llamada Overend Gurney estalló en 1866.

Los remedios de Bagehot eran muy claros, aunque yo creo que se han malinterpretado con excesiva frecuencia. Su famosa recomendación era que en una crisis el banco central debía prestar libremente a un tipo disuasorio: «Préstamos muy grandes a tipos muy altos son el mejor remedio…»[28]. Hoy en día seguimos solo la primera mitad de su consejo, en la creencia de que nuestro sistema está tan apalancado que los tipos altos lo matarían. La justificación de Bagehot era «prevenir el mayor número posible de solicitudes de personas que no lo necesitan»[29]. Viendo cómo hoy todos los bancos, tanto fuertes como débiles, engullen con voracidad la actual provisión aparentemente ilimitada de préstamos a tipos cercanos al cero, entiendo a qué se refería.

También solemos pasar por alto el resto de lo que dijo Bagehot, y en particular el énfasis que puso en la discrecionalidad frente al establecimiento de normas. En primer lugar, subrayaba la importancia de tener directores de bancos con una considerable experiencia mercantil. «Los comerciantes estables —escribía— conocen siempre la cuestionable reputación de las personas peligrosas; advierten con rapidez los más mínimos signos de transacciones corruptas». El poder ejecutivo debería conferirse a un nuevo vicegobernador a tiempo completo que actuara como una especie de subsecretario permanente. Y el tribunal consultivo debería seleccionarse de modo que «introdujera… un sabio discernimiento»[30].

En segundo lugar, Bagehot subrayaba repetidamente, en sus propias palabras, «la importancia cardinal de que [el Banco de Inglaterra] retenga siempre una gran reserva bancaria». Pero hacía especial hincapié en que el tamaño de dicha reserva no viniera especificado por una norma automática, tal como ocurría con la circulación de billetes de banco en virtud de la Ley de Estatutos Bancarios de 1844: «En el momento presente no puede establecerse ninguna proporción cierta o fija de su pasivo como la que el Banco debería mantener en reserva». El banco central ideal no apuntaría a nada más preciso que una «mínima aprehensión», que «ningún argumento abstracto y ningún cómputo matemático nos enseñarán»:

Y no podemos esperar que lo hagan. El crédito es una opinión generada por las circunstancias y que varía con dichas circunstancias. El estado del crédito… solo puede conocerse mediante el ensayo y la indagación. Y del mismo modo, nada puede decirnos qué cantidad de «reserva» creará una confianza extendida; sobre este tema no hay forma alguna de llegar a una conclusión justa excepto observando constantemente la mente pública, y viendo en cada coyuntura cómo se ve afectada[31].

Tampoco debería haber una previsión fija del tipo de descuento del banco, el tipo al que este presta a cambio de papel comercial de buena calidad. La norma de que «el Banco de Inglaterra debería mirar el tipo del mercado y establecer su propio tipo de acuerdo con este… fue… siempre errónea», según Bagehot. El «primer deber» del Banco era usar el tipo de descuento para «proteger el dinero último del país»[32]. También esto, obviamente, implicaba un poder discrecional, dado que el tamaño deseable de la reserva no venía especificado por ninguna norma.

Actualmente hay algunos que, como Larry Kotlikoff y John Kay, ven como única salvación una radical reforma estructural de nuestro sistema financiero: una especie de «banca restringida», cuando no la sustitución completa de los bancos[33]. Entiendo el atractivo intelectual de tales argumentos. En teoría, quizá sería mucho mejor que los grandes bancos se trocearan, que las ratios de apalancamiento se redujeran drásticamente, y que disminuyeran las interconexiones entre la captación de depósitos y la asunción de riesgos[34]. Pero, como Bagehot, parto de la realidad que tenemos, y en lo que me quede de vida no espero ver un abandono completo del modelo actual basado en instituciones «demasiado grandes para quebrar» respaldadas por el banco central y, si es necesario, por el Tesoro público. Nuestra tarea, como la de Bagehot, es «sacar el mayor partido de nuestro sistema bancario, y trabajar con él del mejor modo posible. Solo podemos usar paliativos, y la clave está en obtener el mejor paliativo que podamos»[35].

CÓMO INCENTIVAR A LOS BANQUEROS

«El problema es delicado —concluía con franqueza Bagehot en su gran obra—, y la solución diversa y difícil»[36]. Y lo sigue siendo hoy en día. Pero creo que un retorno a los principios básicos de Bagehot no sería un mal punto de partida. En primer lugar, reforzar el papel del banco central como autoridad última tanto en el sistema monetario como en el de supervisión. En segundo lugar, asegurarse de que los responsables del banco central tienen «discernimiento», además de experiencia, a fin de que actúen cuando vean un crecimiento excesivo del crédito y una inflación del precio de los activos. En tercer lugar, darles un considerable margen de maniobra en su uso de los principales instrumentos propios de los bancos centrales, como son los coeficientes de reserva obligatorios, las variaciones de los tipos de interés, y la compraventa de valores en el mercado abierto. Y en cuarto lugar, enseñarles un poco de historia financiera, como la enseñaba Bagehot a sus lectores.

Finalmente —un punto que Bagehot no tuvo que añadir porque en su época se daba por sentado—, debemos asegurarnos de que quienes desafían a la autoridad reguladora pagan caras sus transgresiones. Los que creen que la causa de esta crisis estuvo en la desregulación han malinterpretado el problema en más de un aspecto. No solo fue la regulación mal planteada una gran parte de la causa: estuvo también la sensación de impunidad derivada no de la falta de regulación, sino de la falta de castigo.

Siempre habrá personas codiciosas en los bancos y su entorno. Al fin y al cabo, están donde está el dinero, o donde se supone que está. Pero las personas codiciosas solo cometerán fraude o negligencia si creen que es improbable que sus fechorías sean detectadas o castigadas con severidad. El fracaso a la hora de aplicar la regulación —de aplicar la ley— constituye uno de los aspectos más problemáticos de los años transcurridos desde 2007. En Estados Unidos, la lista de los que han ido a la cárcel por su papel en la burbuja inmobiliaria, y en todo lo que se ha derivado de ella, es ridículamente corta. En el Reino Unido, el castigo más duro impuesto a un banquero ha sido la «cancelación y anulación» del título de caballero previamente concedido a Fred Goodwin, expresidente del Banco Real de Escocia.

Bagehot nunca tuvo al poderoso vicegobernador que proponía; en cambio, sería el propio gobernador el que se convertiría en aquella especie de funcionario permanente y poderoso que él había imaginado. Sin embargo, tras verse despojado de su papel regulador, que Gordon Brown traspasó a la Autoridad de Servicios Financieros, el gobernador se ha encontrado en la nada envidiable posición de dirigir un departamento de investigación sobre política monetaria (combinado recientemente con un taller de impresión de dinero de emergencia). Tampoco el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene verdaderos medios para imponer su autoridad. Las agencias que se supone que persiguen el fraude han representado un triste papel. El resultado es que hay muy pocos malhechores a los que se haya llevado ante los tribunales de una manera significativa.

Citaré solamente uno de los muchos ejemplos posibles. En octubre de 2010, Angelo Mozilo llegó a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores estadounidense por el que aceptó pagar 67,5 millones de dólares en sanciones y «derramas» para hacer frente a los cargos de fraude y uso de información privilegiada relativos a su época de presidente de Countrywide, una entidad de préstamos hipotecarios que había quebrado. Al menos parte de esa multa no la pagó el propio Mozilo, sino el Bank of America —que adquirió Countrywide en el punto álgido de la crisis financiera— y las aseguradoras. Entre 2000 y 2008, Mozilo recibió un total de casi 522 millones de dólares en concepto de indemnización, incluyendo ventas de acciones de Countrywide: casi diez veces el importe de la multa[37]. Si no ha habido nada delictivo en su conducta, sin duda es solo porque el derecho penal resulta deficiente en ese ámbito.

Voltaire dijo, en una célebre frase, que de vez en cuando los británicos ejecutaban a un almirante pour encourager les autres. Ni la más detallada regulación del mundo servirá para evitar una futura crisis financiera tanto como una conciencia clara y presente en la mente de los banqueros actuales del peligro de que, si infringen la ley a los ojos de la autoridad de la que en última instancia depende su negocio, pueden ir a la cárcel. En lugar de agotarnos elaborando códigos desesperadamente complejos de regulación «macroprudencial» o «contracíclica», volvamos al mundo de Bagehot, donde el camino recomendable era la prudencia individual —antes que la mera sumisión—, precisamente porque las autoridades eran poderosas y las reglas cruciales no estaban escritas.

He empezado este capítulo contradiciendo a los defensores de una regulación más estricta, solo para terminar abogando por el encarcelamiento ejemplar de los malos banqueros. Espero que a estas alturas esté claro por qué esas dos posturas no son contradictorias, sino complementarias. Un mundo financiero que ya de por sí es complejo solo se hará menos frágil mediante la simplicidad de la regulación y la fuerza de su ejecución.

Repito: uno de los enemigos más mortíferos del imperio de la ley son las malas leyes. En el capítulo siguiente examinaré a un nivel más general las formas en las que el propio imperio de la ley, en sentido amplio, ha degenerado en las sociedades occidentales —y especialmente en Estados Unidos— en nuestra época. Como ya he dicho, en el ámbito de la regulación deberíamos regresar a Bagehot. Pero ¿acaso el sistema legal del mundo de habla inglesa ha regresado inadvertidamente a Dickens? ¿Acaso el imperio de la ley ha degenerado hasta convertirse en el «imperio de los legistas»?

3

El paisaje legal

EL ATRACTIVO DE LAS LEYES

La cuestión fundamental que debe afrontar el gobierno chino es la ilegalidad. Lo que falta en China no son leyes, sino el imperio de la ley… Esta cuestión de la ilegalidad puede ser el mayor desafío que afronten los nuevos líderes que serán instaurados este otoño [de 2012]… De hecho, puede que la estabilidad política de China dependa de su capacidad para desarrollar el imperio de la ley en un sistema donde apenas existe[1].

Son palabras de Chen Guangcheng, el abogado ciego al que se permitió abandonar China para estudiar en Estados Unidos después de que lograra escapar de sus perseguidores del Partido Comunista en abril de 2012. Menos conocido en Occidente, pero más influyente en China, es el jurista He Weifang. En un ensayo sobre los primeros pasos de China hacia el constitucionalismo y publicado en 2003, He Weifang observaba con bastante tacto: «El panorama legal occidental representa un interesante e instructivo contraste con la situación legal de China, revelando numerosas discrepancias e incoherencias entre ambos… aunque el moderno sistema chino se tomara prestado del occidental… las cosas a menudo se llevan a cabo de manera distinta en China que en Occidente»[2].

El tema de este capítulo es el panorama de la ley. Pretendo formular la pregunta de qué pueden aprender de Occidente —si es que hay algo— los países en vías de desarrollo como China con respecto al imperio de la ley. Y asimismo deseo plantear algunas dudas sobre el supuesto generalizado de que nuestros sistemas legales occidentales gozan de tan buena salud que lo único que tienen que hacer los chinos es limitarse a reproducir nuestras buenas prácticas, sean estas las que fueren.

LA VÍA LEGAL INGLESA

¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del «imperio de la ley»? En su libro homónimo (The Rule of Law)[3], el que fuera presidente del Tribunal Supremo de Gran Bretaña, el difunto Tom Bingham, especificaba siete criterios por los que debería evaluarse todo sistema legal:

la ley debe ser accesible y, hasta donde resulte viable, inteligible, clara y predecible;

las cuestiones de derecho y responsabilidad legal normalmente deberían resolverse mediante la aplicación de la ley y no mediante el ejercicio de la discreción;

las leyes vigentes deberían aplicarse a todos por igual, salvo en la medida en que haya diferencias objetivas [como la incapacidad mental] que justifiquen una diferenciación;

los ministros y funcionarios públicos de todos los niveles deben ejercer los poderes que se les han otorgado de buena fe, con justicia, para el propósito para el que dichos poderes les fueron otorgados, sin exceder los límites de dichos poderes;

la ley debe permitir una adecuada protección de los derechos humanos fundamentales;

deben proporcionarse los medios para resolver de buena fe, sin un coste prohibitivo o una demora excesiva, las disputas civiles que las propias partes sean incapaces de resolver;

los procedimientos de adjudicación proporcionados por el Estado deberían ser justos.

En el punto 5, Bingham enumera nada menos que catorce derechos distintos que cabría esperar que protegiera el imperio de la ley: el derecho a la vida; la protección frente a la tortura; la protección frente a la esclavitud y los trabajos forzados; el derecho a la libertad y la seguridad; el derecho a un juicio justo; la protección frente al castigo en ausencia de ley; el derecho al respeto de la vida privada y familiar; la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad de expresión; la libertad de reunión y asociación; el derecho a contraer matrimonio; la libertad frente a la discriminación; la protección de la propiedad, y el derecho a la educación (podría haber ido aún más lejos, ya que hoy algunos países reconocen explícitamente los derechos a la vivienda, a la atención sanitaria, a la educación y a un medio ambiente limpio; ¿y por qué no también el derecho a un vino aceptable?).

En Inglaterra, el imperio de la ley en el sentido que Bingham le daba a la expresión es producto de una evolución histórica. En 1215, la Carta Magna estableció el principio de que todos los ingleses eran iguales ante la ley y de que la Corona no podía cobrar impuestos sin el consentimiento del Gran Consejo (el precursor del Parlamento). Fue también en la época medieval cuando entró en vigor el procedimiento de hábeas corpus (frente a la detención ilegal), cuando se dotó a unas quinientas ciudades de estatutos de autogobierno efectivos, y —a partir de 1295— cuando esos mismos municipios pasaron a estar también representados en el Parlamento. Desde la época de Enrique III hasta la de Jacobo II hubo un prolongado tira y afloja entre el monarca y el Parlamento, en el que la tendencia de la Corona a vender las tierras solariegas reales para financiar guerras fue debilitando constantemente la posición de esta. La culminación vino, como hemos visto en el capítulo 1, con la Revolución Gloriosa, que afirmó la soberanía de la monarquía parlamentaria. Asimismo, en el siglo XVII se abolió la tortura en Inglaterra, si bien la esclavitud no sería declarada definitivamente ilegal hasta un siglo después, en 1772, en el conocido como caso Somerset. Durante todo ese período los tribunales de derecho consuetudinario se resistieron con eficacia a las usurpaciones de su jurisdicción por parte de instituciones bajo control real. Aun así, solo con la Ley de Instauración de 1701 se aseguró la independencia de la judicatura con la introducción de nombramientos vitalicios.

Mis lecturas universitarias en Oxford me persuadieron de que el principal rasgo de la historia inglesa había sido establecer, por primera vez, tres grandes principios. En primer lugar, que «la casa de un hombre es su castillo». En el caso «Entick contra Carrington», lord Camden falló en contra del gobierno por asaltar la vivienda del periodista radical John Entick. «El gran fin por el que los hombres entraron en sociedad fue asegurar su propiedad —declaraba Camden, citando a John Locke—. En virtud de las leyes de Inglaterra, cualquier invasión de una propiedad privada, aunque esta última sea tan minúscula, es un allanamiento». En segundo lugar, «haz lo que quieras mientras no hagas daño». «Los privilegios de pensar, decir y hacer lo que nos plazca, y de hacernos tan ricos como podamos, sin ninguna otra restricción más que con todo esto no hagamos daño al prójimo, ni unos a otros, son los gloriosos privilegios de la libertad»: tal era la formulación de Catón, seudónimo de John Trenchard y Thomas Gordon, que escribían a principios de la década de 1720. En tercer lugar, «¡zapatero a tus zapatos!». «La afición a tratar de someter a otros a un modo de vida que uno cree que es más útil para ellos de lo que ellos mismos creen —le explicaba John Stuart Mill al liberal francés Alexis de Tocqueville— no es una afición común en Inglaterra.»[4] Estos tres pilares del imperio de la ley inglés, como señalara A. V. Dicey en 1885, fueron el producto de un proceso lento y gradual de adopción de decisiones judiciales en los tribunales de derecho consuetudinario, basándose en gran medida en precedentes. No hubo «grandes declaraciones de principios», sino únicamente la interacción de la memoria judicial y las innovaciones legislativas del Parlamento.

Hoy me doy cuenta de que esta era una lectura bastante ingenua de la historia del derecho inglés. Como explica el mayor jurista teórico vivo del mundo de habla inglesa, Ronald Dworkin, en su obra El imperio de la justicia, ciertamente hay principios que sustentan el derecho consuetudinario inglés, por más que dichos principios no estén codificados como lo están en la Constitución estadounidense. «Insistimos —escribe Dworkin— en que el Estado actúa según un conjunto de principios único y coherente incluso cuando sus ciudadanos están divididos con respecto a cuáles son realmente los principios correctos de justicia y equidad… Los jueces… deciden los casos difíciles tratando de encontrar, en algún conjunto coherente de principios sobre derechos y deberes de las personas, la mejor interpretación constructiva de la estructura política y la doctrina legal de su comunidad.»[5] Tras el funcionamiento de la ley subyacen dos cosas: la integridad de los jueces y la «legislación… que emana del compromiso actual de la comunidad con una idea de fondo de moralidad política»[6]. Las cuestiones relativas a la legalidad (o al «principio») corresponde decidirlas a los jueces; las cuestiones de política son asunto de los poderes ejecutivo y legislativo. En este mundo jurídico, el juez emprende una lucha auténticamente titánica para llegar al ajuste óptimo entre la norma que él finalmente define y aplica para resolver el caso que tiene ante sí y el corpus general de normas, políticas legales y expectativas razonables. Así pues, incluso el derecho consuetudinario inglés, pese a carecer de constitución, se basa (de nuevo en palabras de Dworkin) «no solo [en] las normas específicas promulgadas conforme a las prácticas aceptadas de la comunidad, sino también [en] los principios que proporcionan la mejor justificación moral para dichas normas promulgadas… [incluyendo] las normas que se derivan de dichos principios justificativos, aun en el caso de que estas últimas normas nunca se hubieran promulgado»[7].

Como la democracia, en este sentido el imperio de la ley puede ser bueno por sí mismo. Pero también puede ser bueno por sus consecuencias materiales. Pocas verdades son hoy más universalmente reconocidas que la de que el imperio de la ley —en particular en la medida en que sirve de freno a la «codiciosa mano» del Estado voraz— conduce al crecimiento económico. Según Douglass North, «la incapacidad de las sociedades para hacer cumplir de una manera eficaz y poco costosa los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento histórico como del subdesarrollo contemporáneo…»[8]. La imposición del cumplimiento de los contratos por una tercera parte es necesaria para superar la renuencia de los agentes del sector privado a participar en transacciones económicas no simultáneas, en especial cuando en ellas media una distancia tanto en el tiempo como en el espacio. Esta función de hacer cumplir los contratos puede dejarse en manos de organismos del sector privado tales como lonjas, sociedades de crédito y entidades de arbitraje. Pero normalmente, en palabras de North, «la imposición del cumplimiento por terceras partes [implica] el desarrollo del Estado como una fuerza coactiva capaz de supervisar los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos con eficacia»[9].

El problema es lograr que el Estado no abuse de su poder; de ahí la necesidad de ponerle límites. Como ha argumentado Avner Greif, de Stanford, si las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir los contratos revelan información sobre la ubicación y la cantidad de riqueza privada, el Estado (o sus funcionarios) pueden sentirse tentados de robar toda o parte de ella[10]. Por lo tanto, allí donde los estados no se ven limitados por la ley, resulta más seguro que la función de hacer cumplir los contratos esté en manos de instituciones privadas, como, por ejemplo, la red que en el siglo XI gestionaban los comerciantes magrebíes en el Mediterráneo, y que se basaba en su religión judía común y en sus lazos de parentesco; o la diáspora escocesa del siglo XVIII, que tenía un alcance casi global, o los comerciantes surasiáticos de África oriental. Hoy vemos funcionar redes de este tipo en muchas partes del mundo: pensemos en los círculos empresariales chinos que operan fuera de China. Su defecto, como en el pasado ocurría con los gremios medievales, es su tendencia a levantar barreras ante las nuevas incorporaciones y a establecer monopolios, desincentivando así la competencia y reduciendo la eficacia económica. De ahí que la función privada de hacer cumplir los contratos tienda a ceder el paso a la pública cuando las economías se hacen más sofisticadas. Pero ese proceso depende de que el Estado se vea limitado a usar su poder de coacción de tal modo que respete los derechos de propiedad privada. En economía, esta es la función esencial del imperio de la ley. Son los derechos de propiedad, más que los derechos humanos, los que resultan fundamentales.

LEY Y ECONOMÍA (E HISTORIA)

Pocas contribuciones a la bibliografía sobre derecho y economía han tenido mayor impacto que el argumento de Andrei Shleifer y sus coautores de que el sistema de derecho consuetudinario que se desarrolló en el mundo de habla inglesa (common law) resultaba superior a todos los demás sistemas a la hora de desempeñar los dos papeles gemelos de hacer cumplir los contratos e imponer límites. Los sistemas enmarcados en el denominado derecho continental (civil law), como el derecho civil francés, derivado de la tradición jurídica romana, o los sistemas alemán y escandinavo, no eran tan buenos, por no hablar de los sistemas de leyes no occidentales. ¿Y qué hacía y hace al derecho consuetudinario anglosajón económicamente mejor? En su fundamental artículo de 1997, La Porta, López de Silanes, Shleifer y Vishny argumentaban que los sistemas regidos por el derecho consuetudinario ofrecen mayor protección a los inversores y acreedores. El resultado es que las personas con dinero están más predispuestas a invertir en, o a prestar a, los negocios de otras personas. Y unos niveles superiores de intermediación financiera tienden a correlacionarse con tasas de crecimiento más elevadas[11].

En una serie de estudios empíricos, estos y otros estudiosos trataron de demostrar que los países regidos por el derecho consuetudinario:

tienen mayores protecciones al inversor y proporcionan a las empresas un mejor acceso a la financiación bursátil que los países regidos por el derecho continental, como se manifiesta en el hecho de tener mayores mercados de valores, empresas más numerosas y más ofertas públicas iniciales[12];

tienen una mejor protección de los inversores externos frente a los «internos» que disponen de información privilegiada, mientras que en los países regidos por el derecho continental esa protección es más débil[13];

hacen más fácil la entrada de nuevas empresas en el mercado, tal como ponen de manifiesto el número de trámites, el número de días y los gastos necesarios para establecer un nuevo negocio[14];[*]

tienen tribunales más eficientes (porque son menos formalistas), como demuestra el tiempo necesario para desahuciar a un arrendatario moroso y para cobrar una deuda después de que se haya devuelto un cheque[15];

regulan menos sus mercados de trabajo y, por lo tanto, cuentan con una mayor participación de la población activa y menores tasas de paro que los países regidos por el derecho continental[16];

tienen unos requisitos más amplios de divulgación de datos obligatoria, lo que, de nuevo, incentiva a los inversores[17];

tienen procedimientos más eficientes en casos de insolvencia, como una hipotética quiebra de un hotel[18].

Resumiendo su teoría del papel determinante de los orígenes legales, escriben los autores:

La protección legal del inversor es un fuerte indicador de desarrollo financiero… [así como] la propiedad pública de los bancos, la carga de las regulaciones de acceso [al mercado], la regulación de los mercados de trabajo, la incidencia del servicio militar obligatorio y la propiedad pública de los medios de comunicación… En todas estas esferas el derecho continental está asociado a un mayor peso de la propiedad pública y la regulación que el derecho consuetudinario… [Estas se hallan a su vez] asociadas a impactos adversos en los mercados tales como una mayor corrupción, una mayor economía extraoficial y un paro más elevado… El derecho consuetudinario está asociado a un menor formalismo de los procedimientos judiciales… y a una mayor independencia judicial… El derecho consuetudinario representa la estrategia de control social que aspira a apoyar los resultados del mercado privado, mientras que el derecho continental aspira a reemplazar tales resultados por las asignaciones deseadas por el Estado… El derecho continental se basa en la implementación de políticas, mientras que el derecho consuetudinario se basa en la resolución de disputas[19].

Esto nos lleva de nuevo al punto en el que hemos empezado, con la idea de que hay una mayor «flexibilidad en la adopción de decisiones judiciales en el marco del derecho consuetudinario», puesto que los «tribunales de derecho consuetudinario utilizan pautas generales en lugar de normas específicas»[20].

Como muchos de los argumentos empleados en ciencias sociales, esta teoría de los orígenes legales implica una determinada versión de la historia. ¿Por qué el derecho francés acabó siendo peor que el inglés? Porque la monarquía medieval francesa defendió sus prerrogativas con más ahínco que la inglesa. Porque Francia era menos pacífica internamente y más vulnerable externamente que Inglaterra. Porque la Revolución francesa, que desconfiaba de los jueces, trató de convertirlos en meros autómatas que se limitaran a aplicar la ley tal como esta venía definida y codificada por la Asamblea Legislativa. El resultado fue una judicatura aún menos independiente y unos tribunales imposibilitados de revisar leyes administrativas. El concepto galo de libertad era más absoluto en teoría y menos efectivo en la práctica. En cualquier caso, y tal como observaba con sagacidad Alexis de Tocqueville al comparar Estados Unidos y Francia en las décadas de 1830 y 1840, los franceses prefirieron la igualdad a la libertad. Esa preferencia se tradujo en un Estado central fuerte y una sociedad civil débil. Cuando los franceses exportaron su modelo a sus colonias en Asia y África, los resultados fueron aún peores.

La teoría de los orígenes legales también tiene importantes implicaciones históricas para los sistemas de leyes no occidentales. Ya hemos visto el argumento de Timur Kuran sobre el efecto de retardo que tuvo la ley islámica para el desarrollo económico otomano. Puede afirmarse algo parecido en el caso de China. Como ha argumentado He Weifang, en la era imperial el gobierno chino no tomó «ninguna disposición en absoluto para la separación de poderes», de modo que «los magistrados del país ejercían responsabilidades globales [que incluían las] tres funciones básicas, a saber, la promulgación de normas… la ejecución de normas… y la resolución de disputas». El confucianismo y el taoísmo menospreciaban a los abogados y condenaban el sistema acusatorio. Yan Fu, el traductor chino de Montesquieu, era plenamente consciente de la diferencia entre el espíritu de las leyes chinas y el de las occidentales. «Durante mi visita a Europa [a finales de la década de 1870] —escribía— asistí una vez a unas vistas judiciales, y a mi regreso me sentía perplejo. En cierta ocasión le dije al señor Guo Songtao [el embajador Qing en Gran Bretaña] que, entre las numerosas razones que hacen a Inglaterra y a otras naciones europeas ricas y fuertes, la más importante es la garantía que existe allí de conseguir que se haga justicia. Y el señor Guo compartía mi opinión.»[21]

Sin embargo, las tentativas de importar elementos del sistema legal británico a China fueron un fracaso. Aunque el Estado imperial chino aspiraba a proporcionar toda clase de bienes públicos, tales como la defensa, la lucha contra el hambre, diversas infraestructuras comerciales como canales, o la difusión del conocimiento agrario, su burocracia centralizada en exceso resultaba bastante raquítica en relación con la población. Los derechos de propiedad eran relativamente seguros en la medida en que había unos tipos impositivos bajos (para los estándares occidentales) que además variaban muy poco con el tiempo, pero no había ningún ordenamiento legal comercial, y los magistrados estaban imbuidos de conocimientos literarios y filosóficos, no jurídicos. Estos trataban de llegar a «compromisos antes que a decisiones legales», dejando el cumplimiento de los contratos en manos de redes privadas. Cuando, en sus últimos años, el Estado Qing entró tardíamente en la esfera comercial, lo hizo de una forma contraproducente, gravando en exceso a los comerciantes y delegando el poder en unos gremios monopolistas, sin limitar de manera efectiva ni sus propias atribuciones ni las de sus agentes. Los resultados fueron la corrupción desenfrenada y la contracción económica[22].

LA LEY Y LOS VICTORIANOS

La hipótesis de los orígenes legales no carece de críticos. Al fin y al cabo, es difícil pasar por alto el hecho de que durante la mayor parte de la era moderna Francia ha tenido una fructífera economía, incluido un importante sector financiero, a pesar de no haber gozado de las ventajas del derecho consuetudinario[23]. Se han dicho cosas parecidas sobre Alemania y Brasil[24]. Otra línea argumental es la de que los sistemas regidos por el derecho consuetudinario anglosajón salen perdiendo en comparación con los regidos por el derecho continental cuando las variables dependientes son indicadores de bienestar social, como, por ejemplo, la mortalidad infantil o la desigualdad[25]. Para mí, no obstante, el punto más débil de la teoría se hace evidente cuando examinamos el estado del derecho consuetudinario inglés en el período en que implícitamente debería haber hecho el mayor bien: el período de la revolución industrial, cuando los ingleses y sus vecinos celtas alteraron radicalmente el curso de la historia económica mundial. He aquí una descripción contemporánea de un tribunal inglés de la época:

… una veintena de miembros del… Tribunal… ocupados neblinosamente en una de las 10.000 fases de una causa interminable, echándose zancadillas los unos a los otros con precedentes escurridizos, hundidos hasta las rodillas en tecnicismos, dándose de cabezazos empelucados de pelo de cabra y crin de caballo contra muros de palabras, y presumiendo de equidad con gestos muy serios, como si fueran actores… los diversos procuradores de la causa, dos o tres de los cuales la han heredado de sus padres, que hicieron una fortuna con ella, deberían estar en fila… en un foso alargado y afelpado… entre la mesa roja del escribano y las togas de seda, con peticiones, demandas, réplicas, dúplicas, citaciones, declaraciones juradas, preguntas, consultas a procuradores, informes de procuradores, montañas de necedades carísimas, todo amontonado ante ellos… Es el Alto Tribunal de Cancillería… que agota hasta tal punto la hacienda, la paciencia, el valor, la esperanza; que hasta tal punto agota las cabezas y destroza los corazones que entre todos sus profesionales no existe un hombre honorable que no esté dispuesto a dar —que no dé con frecuencia— la advertencia: «¡Más vale soportar todas las injusticias antes que venir aquí!»[26].

Podría objetarse que Charles Dickens no estaba siendo del todo justo con la abogacía de su época en su Casa desolada. Sin embargo, Dickens había iniciado su carrera como taquígrafo judicial; había visto a su propio padre encarcelado por deudas; sus biógrafos confirman que sabía de lo que hablaba[27], y los historiadores del sistema legal de la Inglaterra decimonónica confirman en gran medida su descripción.

En primer lugar, debemos señalar el diminuto tamaño del sistema. Todavía en 1854 el número de magistrados de toda Inglaterra y Gales que se sentaban en tribunales de jurisdicción general ascendía a un total de solo quince. Esos jueces, repartidos a partes iguales entre tres magistraturas, veían los casos individualmente, ya fuera en Londres o en audiencias provinciales (en sesiones celebradas en las principales ciudades de cada provincia), durante solo dos períodos anuales de cuatro semanas cada uno. Esos mismos hombres se reunían en grupos de tres o cuatro para ver las apelaciones, y luego en grupos mayores (normalmente de siete miembros) para ver las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los grupos de tres o cuatro. Solo las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los grupos de siete se veían en el seno de otra institución: la Cámara de los Lores. Sin duda, la actividad de los juzgados menores de ámbito local se incrementó al hacerlo el ritmo de la vida económica. Pero no puede decirse lo mismo de los tribunales superiores[28].

En segundo lugar, hasta 1855 hubo severas restricciones legales a la capacidad de los empresarios para crear sociedades de responsabilidad limitada, una herencia de la época en la que los promotores de firmas monopolistas como la Compañía de los Mares del Sur habían logrado deshacerse de la competencia para aumentar el valor de sus propias acciones. Todavía en la década de 1880 había solo sesenta empresas nacionales inscritas en la Bolsa de Londres. Tales fueron las ventajas del derecho consuetudinario para el desarrollo financiero. En tercer lugar, en el sector más importante de toda la revolución industrial victoriana, el de los ferrocarriles, las investigaciones modernas han revelado que «el derecho consuetudinario inglés y sus abogados tuvieron un impacto profundo y en gran parte negativo». Era notorio que los abogados especulaban con acciones de los ferrocarriles, se acusaba públicamente a los jueces de favoritismo, y la abogacía parlamentaria tenía montado un chanchullo vendiendo en la práctica la aprobación reglamentaria de las nuevas líneas de ferrocarril[29].

¿Qué conclusión debemos sacar de todo esto? ¿Acaso la historia refuta básicamente la tesis, basada en los orígenes legales, de que el derecho consuetudinario es superior a todos los demás sistemas? No precisamente, dado que, pese a los evidentes defectos del sistema legal inglés en la era industrial, sigue habiendo evidencias de peso de que este podía adaptarse, y de hecho se adaptó, a los cambios producidos con el tiempo, quizá incluso de formas que facilitaron el proceso además de acomodarse a él. Este último punto se ilustra mejor haciendo referencia a un caso de 1854 relacionado con la Hacienda británica (y bien conocido por los estudiantes de derecho de ambos lados del Atlántico), el caso «Hadley contra Baxendale». La disputa surgió, por una parte, entre dos molineros de harina de Gloucester, Joseph y Jonah Hadley y, por otra, Joseph Baxendale, director gerente de la empresa de transportes londinense Pickford & Co. Los Hadley habían demandado a los Pickford por la cantidad total de pérdidas —incluidas las ganancias que habían dejado de obtener— derivadas del retraso en la entrega de un eje de molino de repuesto fabricado a mano. No es casualidad que hoy día los Pickford todavía sigan existiendo y, en cambio, la empresa de los Hadley, City Flour Mills, desapareciera, puesto que, aunque el jurado local falló a favor de los Hadley, los jueces de apelación de Londres revocaron su decisión. Según el magistrado y jurista estadounidense Richard Posner, el caso «Hadley contra Baxendale» consagró el principio de que «allí donde un riesgo de pérdida es conocido por solo una parte del contrato, la otra parte no es responsable de dicha pérdida si esta se produce»[30].

Posteriormente se diría del juez de la audiencia provincial original, sir Roger Crompton, que «no supo reconocer la idea de que el derecho consuetudinario se adapta por medio de un perpetuo proceso de crecimiento al perpetuo vaivén de la marea de circunstancias que se dan conforme avanza la sociedad»[31]. Ese no fue, ciertamente, el planteamiento de los jueces de apelación, los barones Alderson, Parke y Martin, quienes —en palabras de un analista moderno— «reformularon el derecho sustantivo de los daños contractuales». Como razonaba Alderson, «las únicas circunstancias… comunicadas por los demandantes a los demandados» en el momento en que se hizo el contrato fueron que ellos eran molineros y que el eje de su molino se había roto. No hubo notificación alguna de las «circunstancias especiales» de que el molino estaba parado y de que se perderían ganancias a consecuencia del retraso en la entrega del eje. Además, era «obvio [según Alderson] que en la gran multitud de casos de molineros que envían ejes rotos a terceras personas por un transportista en circunstancias ordinarias», los molinos no se paraban ni se perdían ganancias durante el período de envío, dado que la mayoría de los molineros tenían ejes de recambio[32]. Así, la pérdida de ganancias no podía tenerse en cuenta en la estimación de los daños.

Por decirlo llanamente, esa era una sentencia que favorecía a la gran empresa por encima de la pequeña; pero en realidad ese no es el aspecto importante. Lo importante es que el razonamiento del barón Alderson ilustra muy bien cómo evoluciona el derecho consuetudinario, un proceso elegantemente descrito por lord Goff en un caso de 1999, el de «Kleinwort Benson contra el Ayuntamiento de Lincoln»:

Cuando un juez decide sobre un caso que le precede, lo hace sobre la base de lo que él entiende que es la ley. Esto lo averigua a partir de la legislación aplicable, si la hay, y de precedentes extraídos de informes de decisiones judiciales previas… En el curso de la decisión sobre el caso que tiene ante sí, puede, en ocasiones, desarrollar el derecho consuetudinario en lo que percibe que son los intereses de la justicia, aunque por regla general lo hace «solo de manera intersticial»… Eso significa no solo que debe actuar dentro de los límites de la doctrina del precedente, sino que el cambio así realizado debe verse como un desarrollo, normalmente un desarrollo muy modesto, del principio existente, y, por lo tanto, puede ocupar su lugar como una parte congruente del derecho consuetudinario en su conjunto. En este proceso, lo que [F. W.] Maitland ha denominado la «red inconsútil», y yo mismo… he denominado el «mosaico» del derecho consuetudinario, se mantiene en un estado de constante adaptación y reparación, siendo la doctrina del precedente, el «cemento del principio legal», lo que proporciona la necesaria estabilidad[33].

Creo que esto da una inestimable idea del carácter auténticamente evolutivo del sistema del derecho consuetudinario[*]. Fue este último, más que cualquier diferencia funcional específica en el trato dado a los inversores o a los acreedores, el que proporcionó al sistema inglés y a sus parientes cercanos en todo el mundo una ventaja en términos de desarrollo económico.

LOS ENEMIGOS DEL IMPERIO DE LA LEY

Eso fue entonces. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Cuán virtuoso resulta en la práctica el imperio de la ley en Occidente en general, y en el mundo de habla inglesa en particular? Personalmente, yo identificaría cuatro amenazas a las que se enfrenta.

En primer lugar, debemos plantear la conocida cuestión de hasta qué punto nuestras libertades civiles se han visto erosionadas por el estado de seguridad nacional; un proceso que de hecho se remonta a casi cien años atrás, al estallido de la Primera Guerra Mundial y la aprobación en Inglaterra de la Ley de Defensa del Reino de 1914. Los debates producidos tras el 11 de septiembre de 2001 en torno a la detención prolongada de presuntos terroristas no eran nuevos en absoluto. De un modo u otro, siempre ha existido la opción de elegir entre el hábeas corpus o centenares de cuerpos.

Una segunda amenaza, bastante obvia, es la que plantea la intrusión del derecho europeo —con su carácter marcadamente continental— en el sistema legal inglés, en particular los trascendentales efectos de la incorporación al derecho inglés de la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales de 1953. Esto podría considerarse una especie de venganza póstuma de Napoleón: el subrepticio «afrancesamiento» del derecho consuetudinario.

Una tercera amenaza es la creciente complejidad (y descuido) del derecho escrito, un grave problema a ambos lados de Atlántico en la medida en que la obsesión por la regulación minuciosa se extiende entre la clase política. Coincido con el crítico del derecho estadounidense Philip K. Howard en que necesitamos hacer una «limpieza general de leyes» que elimine la legislación obsoleta y la inclusión rutinaria de cláusulas de extinción automática en cada nueva ley[34]. Asimismo, debemos tratar de persuadir a los legisladores de que su papel no es escribir un «manual de instrucciones» para la economía que abarque cualquier eventualidad, llegando hasta el riesgo casi incalculablemente pequeño para nuestra salud y seguridad[35].

Una cuarta amenaza —especialmente evidente en Estados Unidos— es el creciente coste de la ley. Con ello no me refiero a los 94.500 millones de dólares anuales que gasta el gobierno federal estadounidense en elaborar, interpretar y hacer cumplir las leyes[36]. Tampoco me refiero al coste, desmesuradamente creciente, que tiene para las empresas hacer presión para protegerse o perjudicar a sus competidores sesgando la legislación en su favor. La cifra de 3300 millones de dólares con los que se paga a casi 13.000 miembros de grupos de presión resulta de hecho bastante reducida en sí misma[37]. Es el coste de las consecuencias de su trabajo el que resulta verdaderamente alarmante: según un informe encargado por la Administración de la Pequeña Empresa estadounidense, este se estima en 1,75 billones al año en costes empresariales adicionales derivados del cumplimiento de las regulaciones[38]. A ello hay que sumar los 865.000 millones de dólares en costes derivados del sistema estadounidense de responsabilidad civil, que da a los litigantes muchas más oportunidades que en Inglaterra de reclamar daños por cualquier «acto injusto, perjuicio o agravio causado de manera intencionada, por negligencia, o en circunstancias que impliquen una responsabilidad estricta, pero que no impliquen incumplimiento de contrato por el que pueda emprenderse una acción civil». Según el estudio Jackpot Justice, publicado por el Instituto de Investigaciones del Pacífico, con sede en California, el sistema estadounidense de responsabilidad civil cuesta una suma «equivalente a un impuesto del 8 por ciento sobre el consumo [o] a un impuesto del 13 por ciento sobre los salarios»[39]. Los gastos directos derivados de la asombrosa cifra de 7800 nuevos casos diarios equivalían a más del 2,2 por ciento del PIB estadounidense en 2003, una cantidad que duplica la cifra equivalente para cualquier otra economía desarrollada a excepción de Italia[40]. Tales cifras se pueden discutir, y, desde luego, los portavoces de los intereses legales las rechazan[41]. Pero mi propia experiencia personal cuenta una historia similar: el mero hecho de montar un negocio en Nueva Inglaterra implicó considerablemente más abogados y muchos más costes legales que hacer lo mismo en Inglaterra.

En un próximo libro sobre las lecciones que puede extraer China de la experiencia legal estadounidense, David Kennedy y Joseph Stiglitz citan tres notorios defectos de los que actualmente adolece el imperio de la ley en Estados Unidos:

Las actuales «leyes que permiten a las empresas financieras practicar un tipo de préstamo abusivo, combinadas con las nuevas leyes de quiebra, han creado una nueva clase de vínculos laborales de semiesclavitud: personas que pueden llegar a tener que dar hasta el 25 por ciento de lo que ganan a los bancos durante el resto de su vida».

Las leyes de propiedad intelectual son excesivamente restrictivas. Así, por ejemplo, «el “dueño” de la patente de un gen que indique una alta probabilidad de padecer cáncer de mama [podría] exigir un pago importante por cada prueba realizada. Los honorarios… resultantes situarían la prueba fuera del alcance de las personas sin seguro médico».

«En el marco de las actuales leyes relativas a residuos tóxicos… el coste de litigar representa más de una cuarta parte de la cantidad gastada en limpieza»[42].

Para Stiglitz, estos casos ilustran la insuficiencia de un planteamiento limitado de la ley que meramente asigna derechos de propiedad y deja a los mercados hacer el resto. Mi opinión es que hay que ver estos ejemplos en el contexto, más amplio, de una legislación excesivamente compleja o manipulada y el desenfrenado abuso de la responsabilidad civil.

Algunos expertos en competitividad económica, como Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, definen este término de modo que incluye la capacidad del gobierno para aprobar leyes eficaces; la protección de los derechos de propiedad física e intelectual y la ausencia de corrupción; la eficacia del marco legal, incluidos unos costes moderados y una sentencia rápida; la facilidad para montar nuevos negocios, y unas regulaciones fiables y efectivas[43]. Resulta alarmante descubrir lo mal parado que sale Estados Unidos cuando se juzga en función de estos criterios. En una encuesta realizada en 2011, Porter y sus colegas preguntaron a antiguos alumnos de la Escuela de Negocios de Harvard sobre 607 ejemplos de decisiones acerca de la conveniencia de deslocalizar o no determinadas operaciones. Estados Unidos conservó el negocio en solo 96 casos (el 16 por ciento) y lo perdió en todos los demás. Al preguntarles por qué optaban por emplazamientos en el extranjero, los encuestados enumeraron las áreas en las que consideraban que Estados Unidos se estaba quedando atrás con respecto al resto del mundo. Las diez primeras razones incluían:

la eficacia del sistema político;

la complejidad del código tributario;

la regulación;

la eficacia del marco legal;

la flexibilidad en la contratación y el despido[44].

Las evidencias de que Estados Unidos está sufriendo una especie de pérdida de competitividad institucional pueden encontrarse no solo en el trabajo de Porter, sino también en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, y, en particular, en la Encuesta de Opinión Ejecutiva en la que este se basa en parte. La encuesta incluye quince indicadores relacionados con el estado del imperio de la ley, que van desde la protección de los derechos de propiedad privada hasta la vigilancia de la corrupción y el control del crimen organizado. Resulta un hecho asombroso, aunque apenas reconocido, que nada menos que en quince de los quince indicadores Estados Unidos salga actualmente bastante peor parado que Hong Kong. Taiwan supera a Estados Unidos en nueve de los quince. Incluso China sale mejor parada en dos aspectos. De hecho, Estados Unidos figura entre los veinte mejores de la lista global en un solo ámbito; en todos los demás su reputación es tremendamente mala[45]. Asimismo, en el Índice de Libertad de la Fundación Heritage, Estados Unidos ocupa el vigésimo primer lugar del mundo en lo que a ausencia de corrupción se refiere, a una considerable distancia por detrás de Hong Kong y Singapur[46].

Hay que admitir que estos estudios se basan en gran medida en datos de sondeos. Son, pues, subjetivos. Sin embargo, puede llegarse a conclusiones similares a partir de otra investigación basada en criterios más objetivos, como los datos de la Corporación Financiera Internacional sobre la facilidad para hacer negocios. Con respecto a la facilidad para pagar impuestos, por ejemplo, Estados Unidos ocupa el septuagésimo segundo lugar del mundo; para obtener permisos de construcción, el decimoséptimo; para registrar una propiedad, el decimosexto; para resolver una insolvencia, el decimoquinto, y para poner en marcha un negocio, el decimotercero[47]. En 2011, el denominado Índice del Imperio de la Ley publicado anualmente por la organización Proyecto de Justicia Mundial clasificaba a Estados Unidos en el vigésimo primer lugar entre un total de 66 países en términos de acceso a la justicia civil; el vigésimo en cuanto a eficacia de la justicia penal; el decimonoveno con respecto a los derechos fundamentales; el decimoséptimo en relación con la ausencia de corrupción; el decimosexto en la limitación de los poderes del gobierno; el decimoquinto en la aplicación de las regulaciones; el decimotercero en cuanto a orden y seguridad, y el duodécimo con respecto a la transparencia del gobierno[48].

Quizá la evidencia más convincente de todas es la que proviene de los indicadores del Banco Mundial sobre Gobernanza en el Mundo, que sugieren que desde 1996 Estados Unidos ha sufrido un declive en la calidad de su gobernanza en cuatro áreas distintas: responsabilidad y eficacia del gobierno, calidad reguladora y control de la corrupción (véase la figura 3.1)[49]. En comparación con Alemania y Hong Kong, Estados Unidos queda manifiestamente rezagado. Esto constituye un fenómeno notable en sí mismo; pero aún resulta más notable el hecho de que esté pasando casi inadvertido para los estadounidenses. Un pequeño consuelo para el mundo anglosajón es que el Reino Unido no parece haber sufrido un declive comparable de calidad institucional.

LA REFORMA LEGAL EN EL MUNDO

Si el imperio de la ley, en sentido amplio, se está deteriorando en Estados Unidos, ¿dónde está mejorando? Ya he mencionado la marcada mejora de la calidad institucional en Hong Kong. Pero este no es en absoluto un caso solitario. En todo el mundo en desarrollo, numerosos países están aprovechando la oportunidad para mejorar sus posibilidades de atraer inversión extranjera y nacional, y para elevar la tasa de crecimiento reformando sus sistemas legales y administrativos. Actualmente el Banco Mundial está realizando un buen trabajo a la hora de seguir de cerca los progresos de tales reformas. Hace poco estuve escarbando en el preciado tesoro del Banco, la base de datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial, para ver qué países de África resultan mejor clasificados en términos de:

la calidad de la administración pública;

el entorno regulador empresarial;

derechos de propiedad y gobernanza basada en normas;

gestión del sector público e instituciones; y

transparencia, responsabilidad y corrupción en el sector público.

Los países que figuran entre las veinte primeras economías en desarrollo en cuatro o más de estas categorías son Burkina Faso, Ghana, Malaui y Ruanda.

Otro enfoque que he adoptado es el de examinar los informes Doing Business («Hacer negocios») publicados por la Corporación Financiera Internacional desde 2006 para ver qué países en vías de desarrollo han presentado la mayor reducción del número de días requeridos para completar seis procedimientos: poner en marcha un negocio, obtener un permiso de construcción, registrar una propiedad, pagar impuestos, importar bienes y hacer cumplir contratos[50]. Los ganadores africanos son, por orden de clasificación, Nigeria, Gambia, Mauricio, Botsuana y Burundi. Otros mercados emergentes que en apariencia avanzan en la buena dirección son Croacia, Malaisia, Irán, Azerbaiyán y Perú (véase la figura 3.2)[*].

Diversos especialistas en economía del desarrollo como Paul Collier consideran que el establecimiento del imperio de la ley en un país pobre se produce en cuatro etapas distintas: el paso primero e indispensable es reducir la violencia; el segundo, proteger los derechos de propiedad; el tercero, imponer limitaciones institucionales al gobierno, y el cuarto, prevenir la corrupción en el sector público[51]. Curiosamente, esto suena muy parecido a una versión resumida de la historia de Inglaterra desde el final de la guerra civil, pasando por la Revolución Gloriosa, hasta las reformas de Northcote y Trevelyan de la administración pública en el siglo XIX.

En contraste, la República Popular China ha logrado un asombroso crecimiento sin tener buenas instituciones legales y sin haber realizado demasiadas mejoras en ellas. Los seguidores de la nueva economía institucional se han esforzado por explicar esta aparente excepción a su regla. ¿Se debe a que de algún modo el Partido Comunista asume «compromisos creíbles» ahora que el crecimiento es la base exclusiva de su legitimidad? ¿Es porque en realidad hay «derechos de propiedad de facto»? ¿Es porque la competencia entre las diversas provincias se ha traducido en una especie de «federalismo preservador del mercado»? ¿O es porque en China los contratos son relacionales, no legales: en otras palabras, que la obligación de cumplir un contrato se da de manera informal, a través del guanxi (contacto o influencia), en lugar de formal, a través de la ley?[52] Sea cual fuere la explicación, muchos estudiosos —en particular Daron Acemoglu y James Robinson— argumentan que, si China no realiza ahora la transición al imperio de la ley, se encontrará con un techo institucional excesivamente bajo que limitará su crecimiento futuro[53]. Tal es también la opinión de muchos activistas pro derechos chinos, incluido (como ya hemos visto) a Chen Guangcheng. Y tienen razón.

Según cierto estudio, la tasa media de cumplimiento de sentencias en juicios civiles y económicos en China a mediados de la década de 1990 era del 60 por ciento en los tribunales de nivel básico, del 50 por ciento en los de nivel medio y del 40 por ciento en los tribunales superiores provinciales, lo que significa que en esa época aproximadamente la mitad de las sentencias de los tribunales chinos existían solo sobre el papel. El tipo de litigio contractual que es más probable que implique cantidades significativas de deudas impagadas —los conflictos relacionados con bancos y empresas públicas— presentaba una tasa media de cumplimiento de sentencias de solo el 12 por ciento, incluso según las estimaciones oficiales[54]. El caso de la campaña contra la corrupción de Bo Xilai en Chongqing ilustra lo lejos que está China todavía del imperio de la ley. Como ha señalado He Weifang, los jueces de Chongqing actuaban básicamente como un brazo del régimen de Bo, aceptando confesiones arrancadas a la fuerza y omitiendo el interrogatorio debido. Durante años, He Weifang ha hecho campaña en favor de la independencia del poder judicial, la responsabilidad del Congreso Nacional del Pueblo —en especial en materia tributaria—, la libertad de prensa y la conversión del Partido Comunista en una «entidad legal apropiadamente registrada» y sometida a la ley, incluyendo asimismo los derechos individuales actualmente vacíos de contenido que recoge el artículo 35 de la Constitución de la República Popular, como la libertad de asociación, marcha y manifestación, y la libertad de creencia religiosa. He Weifang también está a favor de la privatización de las empresas públicas, puesto que, en sus propias palabras, la «propiedad privada es el fundamento del derecho civil». Como Chen Guangcheng, él también cree que el imperio de la ley es el único camino para que China escape de su oscilación histórica entre orden y dong luan (confusión)[55].

Para aquellos de nosotros que vivimos en Occidente, donde los abogados a menudo parecen consagrarse a sus intereses personales, resulta extraño encontrar abogados que aspiren a esa clase de cambio radical. Hoy, sin embargo, los abogados chinos —que en 2007 sumaban solo un total de 150.000— constituyen una fuerza crucial en la rápida evolución de la esfera pública de China. Las encuestas sugieren que estos se muestran fuertemente «inclinados a favor de la reforma política… y se sienten profundamente descontentos con el statu quo político», por más que esto sea un reflejo no solo de la interferencia del gobierno que tienen que soportar regularmente, sino también de la inseguridad económica que sufren. Aun así, leer declaraciones como la siguiente, de un abogado de la provincia de Henan, lleva forzosamente a recordar un tiempo en que los abogados estaban en la vanguardia del cambio en el mundo de habla inglesa (incluidos los movimientos anticolonialistas en el sur de Asia): «El imperio de la ley requiere como premisa la democracia; los derechos requieren como premisa el imperio de la ley; la defensa de los derechos requiere como premisa esos mismos derechos, y los abogados requieren como premisa la defensa de los derechos»[56].

La caída de Bo Xilai en 2012 es una entre varias señales de que hay elementos en el Partido Comunista que escuchan esos argumentos. En un discurso pronunciado en Shenzhen en junio de ese mismo año, Zhang Yansheng, secretario general del Comité Académico para el Desarrollo y la Reforma Nacionales, sostenía que «deberíamos virar hacia una reforma basada en normas y en la ley», añadiendo: «Si dicha reforma no tiene éxito, China se tropezará con un gran problema, con grandes problemas»[57]. Lo que no sabemos es si el próximo experimento de China importando el concepto esencialmente occidental del imperio de la ley tendrá más éxito que otras tentativas pasadas. No sin buenas razones, He Weifang advierte contra la imitación ingenua del sistema legal inglés (o estadounidense). «En El sueño de una noche de verano, de Shakespeare —escribe en una simpática digresión—, un personaje [Canilla] es convertido en burro, y el otro exclama: “¡Pobre de ti! ¡Te han cambiado!”. La introducción de un sistema occidental en China es exactamente lo mismo». Así, el derecho consuetudinario importado a China bien podría terminar como Canilla: con una cabeza de burro[58].

EL IMPERIO DE LOS LEGISTAS

Como la colmena humana de la política o las tierras de caza de la economía de mercado, el paisaje legal es una parte integrante del entorno institucional en el que vivimos nuestra vida. Y como un verdadero paisaje, es de naturaleza orgánica, el producto de procesos históricos que avanzan lentamente; una especie de geología judicial. Pero es también un paisaje en el sentido que tenía para el paisajista británico Lancelot Brown: en el de que se puede mejorar. Y también se puede convertir en algo horroroso —incluso en un desierto— por la precipitada imposición de diseños utópicos. Es cierto que en Inglaterra florecen los jardines orientales y en Oriente los jardines ingleses. Pero hay límites a lo que el trasplante puede lograr.

También es posible que paisajes que antaño fueron verdes se sequen por procesos naturales. El economista Mancur Olson solía argumentar que con el tiempo es probable que todos los sistemas políticos sucumban a la esclerosis, principalmente debido a las actividades orientadas a la búsqueda de rentas por parte de grupos de intereses organizados[59]. Quizá sea eso lo que actualmente estamos presenciando en Estados Unidos. Antaño los estadounidenses podían jactarse con orgullo de que su sistema marcaba la pauta para todo el mundo: Estados Unidos era el imperio de la ley. Pero lo que hoy vemos es el imperio de los legistas, que es distinto. Sin duda no es casual que en la actualidad los abogados estén tan excesivamente representados en el Congreso estadounidense. Desde luego, hay que admitir que la proporción de senadores que son abogados de profesión está por debajo del máximo del 51 por ciento que alcanzó a principios de la década de 1970, pero aun así sigue siendo del 37 por ciento. Del mismo modo, los abogados ya no constituyen el 43 por ciento de los miembros de la Cámara de Representantes, como ocurría a principios de la década de 1960, pero, con un 24 por ciento, su proporción es todavía mucho mayor que la cifra equivalente para la Cámara de los Comunes británica (el 14 por ciento)[60].

Olson también argumentaba que podría hacer falta una catástrofe externa —como perder una guerra— para barrer los asfixiantes residuos del amiguismo y la corrupción, y permitir el restablecimiento del imperio de la ley en el sentido que daban al término Bingham y Dworkin. Cabe esperar fervientemente que Estados Unidos sea capaz de evitar tan dolorosa forma de terapia. Pero ¿cómo reformar el sistema si, como ya he planteado, hay tanta podredumbre dentro de él: en el poder legislativo, en las agencias reguladoras y en el propio sistema legal?

La respuesta, como argumentaré en el próximo y último capítulo, es que la reforma —ya sea en el mundo de habla inglesa o en el de habla china— debe venir de fuera del ámbito de las instituciones públicas. Debe provenir de las asociaciones de la sociedad civil. En suma, debe provenir de nosotros: los ciudadanos.

4

Sociedades civiles e inciviles

LIMPIANDO LA PLAYA

Hace casi diez años me compré una casa en la costa de Gales del Sur. Con su litoral atlántico escarpado y azotado por el viento, sus campos de golf siempre empapados por la lluvia, los restos de su antigua grandeza industrial y sus verdes colinas apenas visibles a través de la llovizna, aquello me recordaba mucho al lugar donde crecí, en Ayrshire; solo que algo más cálido, más cerca del aeropuerto de Heathrow, y con un equipo de rugby con más probabilidades de derrotar a Inglaterra.

Compré la casa sobre todo para estar al lado del mar. Pero había una pega. La hermosa franja de costa situada delante de ella estaba espantosamente cubierta de basura. Miles de botellas de plástico ensuciaban la arena y las rocas. Había bolsas de plástico ondeando al viento, atrapadas en las espinas de las rosas silvestres; latas de cerveza y de refresco oxidándose entre las dunas; bolsas de patatas fritas flotando sobre las olas como repulsivas medusas opacas.

¿De dónde venía toda aquella basura? Era evidente que parte de ella la arrojaban los jóvenes locales, que parecían indiferentes al ruinoso efecto de su comportamiento en la belleza natural de la tierra de sus padres. Pero una parte mucho mayor parecía venir del mar. Empecé a leer, con creciente horror, sobre el alcance de los vertidos realizados cerca de la costa, una práctica que queda fuera del control de cualquier gobierno, regulador o ley. A diferencia de los vertederos de tierra, el océano es un basurero gratuito. Y a diferencia de los residuos que arrojaron en él las generaciones anteriores, la basura plástica no es ni biodegradable ni lo bastante pesada para hundirse. Son las corrientes, mareas y vientos los que deciden dónde va a parar. Por desgracia para mí, los del canal de Bristol parecían decididos a depositar una parte desproporcionada de toda la basura del Atlántico Norte en mi jardín trasero.

Consternado, pregunté a los vecinos quién era el responsable de mantener limpia la costa. «Por aquí abajo se supone que lo hace el ayuntamiento —me explicó uno de ellos—. Pero en realidad no hacen nada al respecto, ¿verdad?». En lugar de Bajo el bosque lácteo —la obra de Dylan Thomas ambientada en una imaginaria localidad galesa—, aquello parecía más bien Bajo el cartón de leche. Enfurecido, y quizá dando muestras de los primeros síntomas de un trastorno obsesivo-compulsivo, empecé a acarrear y llenar bolsas de basura negras cada vez que salía a dar un paseo. Pero aquella era una tarea que superaba la capacidad de un solo hombre.

Y entonces fue cuando ocurrió. Empecé a pedir voluntarios. La propuesta era simple: venga a ayudarme a hacer que este lugar tenga el aspecto que debería; almuerzo incluido. La primera limpieza de la playa resultó bastante modesta: no vinieron más de ocho o nueve personas, y no todas ellas completaron el trabajo, que implicaba dolor de espalda y las manos sucias. La segunda tuvo más éxito. Esta vez brilló el sol como solo a veces —muy de vez en cuando— lo hace.

Sin embargo, cuando intervino la rama local de los Clubes de Leones se produjo el gran avance. Yo nunca había oído hablar de los Clubes de Leones. Me enteré de que originalmente se trataba de una asociación estadounidense, el Lions Club, no muy distinta del Rotary Club: ambas fueron fundadas por hombres de negocios de Chicago hace aproximadamente un siglo, y ambas son redes laicas cuyos miembros dedican tiempo a diversas buenas causas. Los Leones aportaron un nivel de organización y motivación que superaba con mucho mis anteriores esfuerzos improvisados. Como resultado de su participación, la costa se transformó. Las botellas de plástico fueron embolsadas y adecuadamente eliminadas. Se liberó a las rosas de sus deshilachadas envolturas de polietileno. Una medida de nuestro éxito fue el marcado incremento del número de vecinos y visitantes que empezaron a pasear por el camino costero.

Mi experiencia galesa me enseñó el poder de la asociación de voluntarios como institución. Juntos, de manera espontánea, sin ninguna participación del sector público, sin ningún afán de lucro, sin ninguna obligación o poder legal, habíamos convertido un deprimente basurero de nuevo en un bello paraje. Y cada vez que me dejo caer por allí para nadar un rato, me pregunto: ¿cuántos otros problemas podrían resolverse de esta manera tan sencilla y, sin embargo, tan satisfactoria?

En los capítulos anteriores he tratado de abrir por la fuerza unas cuantas cajas negras firmemente cerradas: la rotulada como «democracia», la que lleva el rótulo de «capitalismo» y la etiquetada como «imperio de la ley». En este último capítulo quiero abrir la caja negra rotulada como «sociedad civil». Deseo plantear hasta qué punto es posible que una nación auténticamente libre prospere en ausencia del tipo de vibrante sociedad civil que antes solíamos dar por sentada. Quiero sugerir que lo contrario de la sociedad civil es la sociedad incivil, donde hasta el problema del comportamiento antisocial se convierte en un problema para el Estado. Y pretendo poner en duda la idea de que las nuevas redes sociales de internet son en cierta manera un sustituto de las verdaderas redes como la que me ayudó a limpiar mi playa local.

AUGE Y CAÍDA DEL CAPITAL SOCIAL

Declaraba Alexis de Tocqueville en el libro primero de su Democracia en América:

Norteamérica es el país del mundo donde se ha sacado mayor partido de la asociación, y donde se ha aplicado ese poderoso medio de acción a una mayor diversidad de objetos.

Independientemente de las asociaciones permanentes creadas por la ley bajo el nombre de comunas, ciudades y condados, hay una gran cantidad de otras más que no deben su existencia y su desarrollo sino a las voluntades individuales.

El habitante de los Estados Unidos aprende desde su nacimiento que hay que apoyarse sobre sí mismo para luchar contra los males y las molestias de la vida; no arroja sobre la autoridad social sino una mirada desconfiada e inquieta, y no hace un llamamiento a su poder más que cuando no puede evitarlo… En los Estados Unidos, asócianse con fines de seguridad pública, de comercio y de industria, de moral y religión. Nada hay que la voluntad humana desespere de alcanzar por la acción libre de la potencia colectiva de los individuos[1].

Tocqueville veía las asociaciones políticas de Estados Unidos como un contrapeso indispensable contra la tiranía de la mayoría en la democracia moderna. Pero eran las asociaciones no políticas las que realmente le fascinaban:

Los norteamericanos de todas las edades, de todas condiciones y del más variado ingenio, se unen constantemente y no solo tienen asociaciones comerciales e industriales en que todos toman parte, sino otras mil diferentes: religiosas, morales, graves, fútiles, muy generales y muy particulares. Los norteamericanos se asocian para dar fiestas, fundar seminarios, establecer albergues, levantar iglesias, distribuir libros, enviar misioneros a los antípodas, y también crean hospitales, prisiones y escuelas. Si se trata, en fin, de sacar a la luz pública una verdad o de desenvolver un sentimiento con el apoyo de un gran ejemplo, se asocian[2].

Es este un pasaje justamente famoso, como lo es el divertido contraste que establece Tocqueville entre el modo en que los ciudadanos estadounidenses se habían unido para hacer campaña contra el abuso del alcohol y el enfoque de los problemas sociales en su tierra natal: «Si estos cien mil hombres [los miembros de la Sociedad para el Fomento de la Abstinencia] hubieran vivido en Francia, cada uno se habría dirigido al gobierno suplicándole que vigilase las tabernas» en todo el país[3].

Tocqueville no exageraba el amor por las asociaciones de voluntarios en la Norteamérica del siglo XIX. Por poner solo un ejemplo, procedente del historiador Marvin Olasky: las asociaciones afiliadas a las 112 iglesias protestantes de Manhattan y el Bronx a finales del siglo XX eran responsables de 48 escuelas industriales, 45 bibliotecas o salas de lectura, 44 escuelas de costura, 40 jardines de infancia, 29 cajas de ahorros y asociaciones de préstamo, 21 oficinas de empleo, 20 gimnasios y piscinas, 8 dispensarios médicos, 7 guarderías infantiles de jornada completa y 4 casas de huéspedes. Y esta lista excluye las actividades de las asociaciones de voluntarios católicas, judías y laicas, de las que había también en abundancia[4]. En el continente europeo, como señalaba acertadamente Tocqueville, no hubo nunca nada parecido. En su libro The Moral Basis of a Backward Society, Edward Banfield comparaba lo que él denominaba «familismo (o familiarismo) amoral» de una ciudad del sur de Italia a la que apodaba «Montegrano» con la rica vida asociativa de la población estadounidense de Saint George, en Utah. Un mismo terreno, un mismo clima; pero instituciones distintas. En Montegrano solo había una asociación: un club de juegos de naipes al que pertenecían veinticinco hombres de clase alta. También había un orfanato regentado por una orden de monjas en un antiguo monasterio; pero los lugareños no hacían nada para colaborar en sus esfuerzos o para ayudar a mantener el claustro, que estaba medio en ruinas[5].

Sin embargo, tal como temiera Tocqueville, la vitalidad asociativa de aquel período de la historia de Estados Unidos ha disminuido de manera considerable desde entonces. En su libro y éxito de ventas Solo en la bolera, Robert Putnam detallaba el drástico descenso, entre aproximadamente 1960 o 1970 y finales de la década de 1990, de una larga lista de indicadores del «capital social»:

asistencia a una reunión pública sobre temas municipales o escolares: baja un 35 por ciento;

colaboración en la dirección de un club u organización: baja un 42 por ciento;

colaboración en un comité de una organización local: baja un 39 por ciento;

pertenencia a asociaciones de padres y profesores: baja un 61 por ciento;

índice medio de pertenencia a 32 asociaciones nacionales estructuradas en secciones locales: baja casi un 50 por ciento;

índices de pertenencia a clubes de bolos masculinos: bajan un 73 por ciento[6].

Como argumentaba Theda Skocpol en su estudio de 2003 Diminished Democracy, las organizaciones tipo fraternidad como los Uapitíes[*], los Alces[**], los Rotarios y, de hecho, mis amigos los Leones —que antaño hicieron tanto para unir a estadounidenses de diferentes grupos de ingresos y clases— están disminuyendo en Estados Unidos[7]. En una línea similar (aunque desde un punto de partida ideológico muy distinto), el magnífico libro de Charles Murray Coming Apart, publicado en 2012, defiende el argumento de que la quiebra de la vida asociativa tanto religiosa como laica en las comunidades de clase obrera es uno de los factores clave de la actual inmovilidad social y la creciente desigualdad en Estados Unidos[8].

Si el declive de la sociedad civil estadounidense está tan avanzado, ¿qué esperanza hay para los europeos? En ocasiones se ha representado a Gran Bretaña como la excepción a la «ley» de Putnam del deterioro del capital social. Como Estados Unidos, también el Reino Unido experimentó una edad de oro de la vida asociativa en el siglo XIX, «la época —en palabras del historiador G. M. Trevelyan— de los sindicatos, cooperativas y sociedades benéficas, ligas, juntas, comisiones y comités para cada propósito concebible de la filantropía y la cultura». Como bromeaba Trevelyan, «ni siquiera a los animales indefensos se les dejó sin su organización»[9]. En 1911, la recaudación bruta anual de las organizaciones benéficas registradas superaba el gasto público nacional asignado en la Ley de Pobres[10]. El número absoluto de casos de necesidad examinados por las organizaciones benéficas se mantuvo notablemente constante entre 1871 y 1945[11]. La puesta en práctica de las recomendaciones de William Beveridge para un sistema centralizado de Seguridad Social y atención sanitaria vino a alterar radicalmente el papel de muchas «mutualidades» británicas, que o bien se reconvirtieron en entidades asistenciales públicas, o bien quedaron obsoletas[12]. Pero en otros aspectos la vida asociativa británica mantuvo su vitalidad. Todavía en la década de 1950 los sociólogos seguían mostrándose impresionados por la durabilidad de esta red de sociedades de voluntarios. De hecho, según Peter Hall, esta sobrevivió en gran parte incluso a la década de 1980, con las únicas excepciones de las organizaciones femeninas tradicionales, algunas organizaciones juveniles, y organizaciones de servicios como la Cruz Roja, que sí experimentaron una disminución del número de afiliados[13].

Sin embargo, cuando se examina con más detalle, esta aparente durabilidad parece cuestionable. Los informes del Registro de Mutualidades británicas, que se empezaron a redactar en 1875 y prosiguieron hasta 2001, nos permiten examinar durante un largo período tanto la cantidad como el número de afiliados de las sociedades de socorro mutuo (como las asociaciones obreras), las sociedades industriales y de previsión (como las cooperativas) y las sociedades de construcción (asociaciones de ahorro y préstamo, y de crédito hipotecario). En términos absolutos, el punto máximo en la cifra de tales sociedades se alcanzó en 1914 (36.010), mientras que el máximo en cuanto a número de afiliados se dio en 1908 (33,8 millones), todo ello en un momento en el que la población del Reino Unido era de poco más de 44 millones de habitantes. En cambio, en 2001 había poco más de 12.000 sociedades. Ese año únicamente se dispone de la cifra de afiliados de las 9000 sociedades industriales y de previsión, que es de 10,5 millones, para una población total de 59,7 millones[14]. La denominada Unidad de Manchester de los Oddfellows (literalmente, «tipos raros»), una organización aglutinante de diversas mutualidades, contaba en 1899 con 713.000 afiliados, frente a los 230.000 actuales[15]. Asimismo, un estudio comparativo basado en la Encuesta Mundial de Valores mostraba que Gran Bretaña había bajado del noveno al duodécimo lugar en la clasificación internacional del voluntariado, dado que la parte de la población que afirmaba pertenecer a una o más asociaciones de voluntarios bajó del 52 por ciento en 1981 al 43 por ciento en 1991[16]. Los datos de sondeos más recientes señalan una nueva disminución (véase la figura 4.1) y de hecho sugieren que actualmente hay incluso más británicos que estadounidenses «solos en la bolera».

El declive del «capital social» británico se ha acelerado de forma manifiesta. No solo la afiliación a partidos políticos y a sindicatos se ha desplomado. También diversas organizaciones benéficas bien arraigadas han presenciado «un marcado descenso en sus números». Asimismo, en 2007 la pertenencia a cualquier clase de organización fue inferior a la de 1997. De manera notable, según el Consejo Nacional de Organizaciones de Voluntarios británico, solo «el 8 por ciento de la población [representa] casi la mitad de todas las horas de voluntariado»[17]. Las donaciones benéficas muestran una tendencia similar. Aunque la donación media ha subido, el porcentaje de familias que dan dinero para obras benéficas ha caído desde 1978, y actualmente más de una tercera parte de las donaciones provienen de personas de más de sesenta y cinco años, una proporción que hace unos treinta años era de menos de la cuarta parte (en el mismo período, el número de personas mayores ha pasado del 14 al 17 por ciento de la población)[18]. Los últimos datos de la Encuesta de Ciudadanía de Inglaterra resultan auténticamente deprimentes[19]. En 2009-2010:

Solo una de cada diez personas participó en algún proceso de decisión relacionado con servicios locales o en la provisión de dichos servicios (por ejemplo, como miembro del consejo escolar o como juez de paz).

Solo una cuarta parte de la población participó en alguna actividad de voluntariado formal al menos una vez al mes (en la mayoría de ocasiones para organizar o ayudar a gestionar un evento —por lo general un evento deportivo— o para participar en la recaudación de fondos para celebrar uno).

La proporción de la población que participó en actividades de voluntariado informal al menos una vez al mes (por ejemplo, para ayudar a vecinos ancianos) bajó al 29 por ciento, frente al 35 por ciento del año anterior. La parte que proporcionó ayuda informal al menos una vez al año bajó del 62 al 54 por ciento.

Las donaciones para obras benéficas continuaron el descenso iniciado en 2005.

¿Qué está pasando? Para Putnam, ha sido ante todo la tecnología —primero la televisión, luego internet— la que ha supuesto la muerte de la vida asociativa tradicional en Estados Unidos. Pero yo tengo una opinión distinta. Facebook y otras semejantes crean redes sociales que son enormes, pero débiles. Con sus 900 millones de usuarios activos —nueve veces la cifra de 2008—, la red de Facebook es un vasto instrumento que permite a la gente de ideas afines intercambiar opiniones afines sobre, ¡bueno!, las cosas que les gustan. Quizá, como argumentan Jared Cohen y Eric Schmidt, las consecuencias de tales intercambios sean de hecho revolucionarias, por más que resulte discutible hasta qué punto Google o Facebook desempeñaron realmente un papel decisivo en la Primavera Árabe[20] (al fin y al cabo, los libios hicieron algo más que limitarse a dejar de ser «amigos» del coronel Gadafi). Pero dudo mucho que las comunidades online sean un sustituto de las formas de asociación tradicionales.

¿Acaso podría haber limpiado la playa «dando un toque» a mis amigos o creando un nuevo grupo en Facebook? Lo dudo. Un estudio de 2007 revelaba que en realidad la mayoría de los usuarios tratan Facebook como una forma de mantener el contacto con amigos reales, a menudo con aquellos a quienes no ven con regularidad porque ya no viven cerca. Los estudiantes encuestados mostraban una probabilidad dos veces y media mayor de utilizar Facebook para ese fin que para iniciar contactos con extraños, que es lo que yo tuve que hacer para limpiar la playa[21].

No es la tecnología la que ha vaciado de contenido a la sociedad civil. Es algo que el propio Tocqueville ya anticipaba en el que quizá sea el pasaje más potente de su Democracia en América. Aquí imagina vívidamente una sociedad futura en la que la vida asociativa ha muerto:

… veo una multitud innumerable de hombres iguales y semejantes, que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares, con los que llenan su alma.

Retirado cada uno aparte, vive como extraño al destino de todos los demás, y sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana: se halla al lado de sus conciudadanos, pero no los ve; los toca y no los siente; no existe sino en sí mismo y para él solo…

Sobre estos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga solo de asegurar sus goces y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, se asemejaría al poder paterno si como él tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia…

Después de haber tomado así alternativamente entre sus poderosas manos a cada individuo y de haberlo formado a su antojo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie de un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los espíritus más raros y las almas más vigorosas no pueden abrirse paso y adelantarse a la muchedumbre; no destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y dirige; obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre; no destruye, pero impide crear; no tiraniza, pero oprime; mortifica, embrutece, extingue, debilita y reduce, en fin, a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante[22].

Seguramente Tocqueville estaba en lo cierto. No era la tecnología, sino el Estado —con su seductora promesa de «seguridad de la cuna a la tumba»— el verdadero enemigo de la sociedad civil. Ya en la época en la que escribía, atestiguaba y condenaba los primeros intentos de tener un gobierno que ocupara «el lugar de algunas de las más grandes asociaciones norteamericanas».

Pero ¿qué poder político es suficiente a la gran cantidad de empresas pequeñas que los ciudadanos norteamericanos realizan todos los días con ayuda de la asociación?… cuanto más ocupe el lugar de las asociaciones, mayor necesidad tendrán los particulares de que aquellos vengan en su ayuda, al perder la idea de asociarse…

La moral y la inteligencia de un pueblo no correrían menos riesgo que sus negocios y su industria, si el gobierno viniese a formar parte de todas las asociaciones.

Las ideas y los sentimientos no se renuevan, el corazón no se engrandece ni el espíritu humano se desarrolla sino por la acción recíproca de unos hombres sobre otros[23].

Amén a eso.

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS ESCUELAS

Para ver hasta qué punto estaba en lo cierto el viejo sabio francés, basta con que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿a cuántos clubes pertenezco? Por mi parte, cuento tres clubes en Londres, uno en Oxford, uno en Nueva York y uno en Cambridge, Massachusetts. Soy un miembro deplorablemente inactivo, pero pago mis cuotas y utilizo las instalaciones deportivas, los comedores y las salas de invitados varias veces al año. Doy dinero con regularidad, aunque no lo bastante, a dos organizaciones benéficas. Estoy apuntado a un gimnasio. Y soy hincha de un club de fútbol.

Probablemente soy más activo como antiguo alumno de las principales instituciones educativas a las que asistí en mi juventud: la Academia de Glasgow y el Magdalen College de la Universidad de Oxford. También dedico tiempo regularmente a las escuelas a las que asisten mis hijos, así como a la universidad donde doy clase. Permítanme explicar por qué siento tal debilidad por estas instituciones educativas independientes[*].

La opinión que estoy a punto de dar no está en absoluto de moda. En un almuerzo organizado por el periódico Guardian provoqué exclamaciones de horror cuando pronuncié las siguientes palabras: en mi opinión, hoy las mejores instituciones de las islas Británicas son las escuelas independientes (ni que decir tiene que los que protestaron más ruidosamente habían asistido todos ellos a tales escuelas). Si hay una política educativa que me gustaría ver adoptada en todo el Reino Unido, sería una política que aspirara a incrementar de manera significativa el número de instituciones educativas privadas y, paralelamente, a establecer programas de becas que permitieran asistir a ellas a un sustancial número de niños de familias de renta baja.

Obviamente, esa es la clase de cosas que la izquierda denuncia de manera refleja como «elitistas». Incluso algunos conservadores, como George Walden, consideran que las escuelas privadas son causa de desigualdad, unas instituciones tan perniciosas que deberían ser abolidas. Permítanme exponer por qué tales opiniones resultan completamente erróneas.

No cabe duda de que durante aproximadamente cien años la expansión de la enseñanza pública fue una buena cosa. Como ha señalado Peter Lindert, las escuelas eran la excepción que confirmaba la regla de Tocqueville, ya que fueron los estados norteamericanos los primeros que establecieron impuestos locales para financiar la escolarización universal y, de hecho, obligatoria a partir de 1852. Con escasas excepciones, la ampliación del derecho de voto en otras partes del mundo condujo rápidamente a la adopción de sistemas similares. Esto resultó de gran importancia económica, dado que los rendimientos de la educación universal fueron elevados: las personas que saben leer y escribir y conocen las cuatro reglas son trabajadores mucho más productivos[24]. Pero es necesario reconocer los límites de los monopolios públicos en educación, especialmente para aquellas sociedades que ya hace tiempo que alcanzaron la alfabetización masiva. El problema es que los proveedores monopolistas de la enseñanza pública sufren los mismos problemas que afligen a los proveedores monopolistas de lo que sea: la calidad disminuye debido a la falta de competencia y al subrepticio poder de los intereses creados de los «productores». Hemos de reconocer asimismo, independientemente de nuestros prejuicios ideológicos, que hay una buena razón por la que las instituciones educativas privadas desempeñan un papel crucial a la hora de establecer y elevar los estándares educativos en todo el mundo.

No estoy abogando por las escuelas privadas en contra de las escuelas públicas. Estoy abogando por ambas, puesto que la «biodiversidad» es preferible al monopolio. Una mezcla de instituciones públicas y privadas con una competencia significativa favorece la excelencia. De ahí que las universidades estadounidenses (que actúan en el marco de un sistema competitivo cada vez más global) sean las mejores del mundo —22 de las 30 mejores según la clasificación de la Universidad Jiao Tong de Shanghai—, mientras que los institutos de secundaria de Estados Unidos (enmarcados en un sistema de monopolio localizado) son generalmente bastante malos, tal como atestiguan los resultados de 2009 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) en cuanto al rendimiento en matemáticas entre alumnos de quince años. ¿Acaso Harvard sería Harvard si en algún momento el estado de Massachusetts o el gobierno federal la hubiera nacionalizado? El lector sabe la respuesta.

En el Reino Unido tenemos el sistema opuesto: son las universidades las que en esencia se han visto reducidas al papel de organismos de un Servicio Nacional de Enseñanza Superior financiado por el Estado —pese a la introducción en Inglaterra y Gales de préstamos para estudiantes que todavía están por debajo de lo que deberían cobrar las mejores instituciones—, mientras que en la enseñanza secundaria existe un animado sector independiente libre de restricciones financieras. ¿Los resultados? Aparte de la élite, que conserva sus propios recursos y/o reputaciones, la mayoría de las universidades británicas están en crisis. Solo siete lograron figurar en la última lista de las cincuenta mejores del mundo publicada en el suplemento sobre enseñanza superior del Times. En cambio, podemos jactarnos de tener algunas de las mejores escuelas de secundaria del planeta.

Los apologistas de la educación pública tradicional tienen que entender algo muy simple: al proporcionar una escolarización pública «gratuita» que generalmente es de una calidad mediocre, se está incentivando el surgimiento de un sistema privado realmente bueno (ya que nadie va a pagar entre 10.000 y 30.000 libras al año por una educación que sea solo un poquito mejor que la opción gratuita)[25].

Resulta bastante irónico que en el momento de redactar estas líneas las políticas que se están introduciendo para abordar el problema de la enseñanza pública de baja calidad en Inglaterra sean responsabilidad de un escocés. El actual ministro de Educación, Michael Gove, ha recogido la idea de un antiguo alumno del Fettes College de Edimburgo llamado Tony Blair: convertir las escuelas que no funcionan en academias autónomas. Entre 2010 y 2012, el número de academias pasó de solo doscientas a ser casi la mitad de todos los institutos de secundaria. Escuelas como la Academia Mossbourne, de Hackney, o la Academia Durand, una escuela de primaria de Stockwell, son un ejemplo de lo que puede lograrse incluso en los barrios empobrecidos cuando se elimina el peso muerto del control de la autoridad local[26]. Aún más prometedoras resultan las nuevas «escuelas libres» creadas por padres, profesores y otros, como Toby Young, que finalmente ha encontrado la manera real de ganar amigos e influir en la gente[27]. Hay que señalar que estas escuelas no son selectivas, y siguen teniendo financiación pública. Pero su mayor autonomía ha llevado rápidamente a unos estándares muy superiores tanto de disciplina como de aprendizaje.

Hay muchos en la izquierda que deploran estos acontecimientos (numerosos diputados laboristas renegarían alegremente del propio concepto de las academias). Sin embargo, estas forman parte de una tendencia global. En todo el mundo, los países inteligentes están alejándose del modelo obsoleto de los monopolios educativos del Estado y permitiendo a la sociedad civil regresar a la enseñanza, que es lo que le corresponde.

Muchas personas creen erróneamente que Escandinavia es un lugar donde el tradicional Estado del bienestar sigue vivito y coleando. En realidad, solo Finlandia ha mantenido un estricto monopolio estatal sobre la enseñanza, cuyo éxito convierte a este país en la excepción que confirma mi regla. En cambio, Suecia y Dinamarca han sido pioneras en la reforma educativa. Gracias a un plan audaz de descentralización y becas, en Suecia ha aumentado el número de escuelas independientes. Las escuelas «libres» de Dinamarca se gestionan de manera independiente y reciben una subvención del Estado por cada alumno, pero pueden cobrar matrícula y recaudar fondos de otras formas si pueden justificar la necesidad de hacerlo en términos de resultados. (Reformas similares se han traducido en el hecho de que hoy alrededor de las dos terceras partes de los estudiantes holandeses estén en escuelas independientes)[28].

Actualmente hay en Estados Unidos más de 2000 «escuelas chárter» —escuelas que, como las academias inglesas, tienen financiación pública, pero se gestionan de manera independiente—, que suponen una opción educativa para unos dos millones de familias en algunas de las zonas urbanas más pobres del país. Las organizaciones de escuelas chárter tales como Success Academy tienen que sufrir la difamación y la intimidación de los sindicatos de profesores estadounidenses precisamente por la amenaza que plantean los estándares superiores de sus escuelas al actual statu quo de bajo rendimiento y escasos logros. El año pasado, en las escuelas públicas de Nueva York, aprobaron los exámenes de matemáticas el 62 por ciento de los alumnos de tercer, cuarto y quinto curso; la última cifra en la Success Academy de Harlem fue del 99 por ciento, y en el caso de las ciencias del 100 por ciento[29]. Ello no se debe precisamente a que las escuelas chárter seleccionen a los mejores estudiantes o atraigan a los padres más motivados: en la Success Academy de Harlem los alumnos son admitidos por sorteo. Si rinden más es porque la escuela es a la vez responsable y autónoma.

Sin embargo, nos falta todavía por dar un paso más (incluido Michael Gove). Ese paso consiste en incrementar el número de escuelas que sean realmente independientes, en el sentido de tener financiación privada; y realmente libres, en el sentido de tener libertad para seleccionar a sus alumnos. De manera significativa, seis de cada diez directores de academia decían en una encuesta realizada en marzo de 2012 que el acuerdo nacional sobre salarios y condiciones laborales les impide pagar más dinero a los profesores más eficaces, o ampliar la jornada escolar a fin de proporcionar instrucción suplementaria a los alumnos más retrasados[30]. En otras partes no hay restricciones parecidas en la enseñanza privada. En Suecia, empresas como Kunskapsskolan («La escuela del conocimiento») educan a decenas de miles de alumnos. En Brasil hay cadenas de escuelas privadas, como Objetivo, COC y Pitágoras, que escolarizan literalmente a cientos de miles de estudiantes. Pero quizá el caso más llamativo sea el de la India. Allí, como ha señalado James Tooley, la mejor esperanza de recibir una educación decente en los suburbios de ciudades como Hyderabad proviene de escuelas privadas como, por ejemplo, Royal Grammar School, Little Nightingale’s High School o Firdaus Flowers Convent School[31]. Tooley y sus colegas han encontrado también escuelas privadas similares en algunas partes de África. Estas, invariablemente, son una respuesta a unas escuelas públicas malas en extremo, donde el número de alumnos por clase es absurdamente grande y con frecuencia los profesores están dormidos o ausentes.

El problema en Gran Bretaña no es que haya demasiadas escuelas privadas, sino que hay muy pocas; y si en última instancia acaba por revocarse su estatus benéfico, aún habrá menos. Solo alrededor del 7 por ciento de los adolescentes británicos están en escuelas privadas, más o menos la misma proporción que en Estados Unidos. Si el lector desea conocer una de las razones por las que los adolescentes asiáticos rinden mucho más que sus equivalentes británicos y estadounidenses en las pruebas estandarizadas, es esta: las escuelas privadas educan a más de la cuarta parte del total de alumnos de Macao, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan y Japón. La puntuación media de matemáticas en las pruebas PISA para dichos países es un 10 por ciento más alta que la del Reino Unido y Estados Unidos. La brecha entre ellos y el mundo anglosajón es tan grande como la que existe entre este último y Turquía. No es casualidad que la proporción de estudiantes turcos escolarizados en escuelas privadas esté por debajo del 4 por ciento.

La enseñanza privada beneficia a más personas aparte de la élite. En un artículo publicado en 2010, Martin West y Ludger Woessmann mostraban que «un aumento del 10 por ciento de la matriculación en escuelas privadas mejora las puntuaciones en las pruebas de matemáticas de un país… el equivalente a casi medio año de aprendizaje. Un aumento del 10 por ciento de la matriculación en escuelas privadas también reduce el gasto educativo total por alumno en más del 5 por ciento de la media de la OCDE»[32]. En otras palabras, una enseñanza más privada se traduce en una educación de mayor calidad y más eficiente para todo el mundo. Una ilustración perfecta de ello es el modo en que el Wellington College de Berkshire está patrocinando en la actualidad una academia financiada públicamente. Otra es la forma en que escuelas tales como las Academias de Rugby y de Glasgow están ampliando sus sistemas de becas, con la idea de aumentar la proporción de alumnos cuyas matrículas sean cubiertas por los propios recursos de la escuela.

La revolución educativa del siglo XX fue que en las democracias la educación básica estuviera al alcance de la mayoría de la gente. La revolución educativa del siglo XXI será que la educación de calidad esté al alcance de una creciente proporción de niños. Si alguien está en contra de eso, entonces él es el verdadero elitista: él es el que quiere mantener a los niños pobres en escuelas pésimas.

UNA SOCIEDAD MÁS GRANDE

La historia general que estoy contando, empleando la enseñanza como ejemplo, es que a lo largo de los últimos cincuenta años los gobiernos han invadido en exceso el ámbito de la sociedad civil. Eso tuvo sus ventajas allí donde (como en el caso de la educación primaria) había una insuficiente provisión privada. Pero también tuvo sus costes.

Como Tocqueville, creo que el activismo local espontáneo de los ciudadanos es mejor que la acción estatal centralizada no solo en cuanto a sus resultados, sino también —lo que es más importante— en cuanto a su efecto en nosotros como ciudadanos. Y ello porque la verdadera ciudadanía no consiste solo en votar, trabajar y mantenerse en el lado correcto de la ley. También consiste en participar en el «grupo» —esto es, el conjunto más amplio de personas que viene después de nuestra familia—, que es precisamente donde aprendemos a desarrollar y aplicar las normas de conducta: en suma, a gobernarnos. A educar a nuestros hijos. A cuidar de los desfavorecidos. A luchar contra la delincuencia. A mantener limpias las calles.

Desde que el concepto de «gran sociedad»[*] entró en el léxico político británico, se ha usado y abusado de él. El mismo mes que pronuncié las conferencias en las que se basa este libro (junio de 2012), el arzobispo de Canterbury lo calificó de «palabrería vacua diseñada para ocultar una dejación profundamente perjudicial del Estado de sus responsabilidades frente a los más vulnerables»[33]. Incluso Martin Sime, director del Consejo Escocés de Organizaciones de Voluntarios —que afirma creer en la «autoayuda»— ha calificado el concepto de gran sociedad como «una marca tóxica… un timo tory y una tapadera para los recortes»[34]. Sin duda, a estas alturas estará ya claro que siento mucha mayor simpatía que estos caballeros por la idea de que nuestra sociedad —y, de hecho, la mayoría de las sociedades— se beneficiaría de más iniciativa privada y menos dependencia del Estado. Si esta es hoy una postura conservadora, que lo sea. Antaño se consideró la esencia de verdadero liberalismo.

En las páginas anteriores he tratado de argumentar que estamos viviendo una profunda crisis de las instituciones que fueron la clave de nuestro anterior éxito —no solo económico, sino también político y cultural— como civilización. He representado la crisis de la deuda pública, el mayor problema que afronta la política occidental, como un signo de la traición a las generaciones futuras: una ruptura del contrato social de Edmund Burke entre el presente y el futuro.

He sugerido que la tentativa de utilizar una regulación compleja para evitar futuras crisis financieras se basa en una interpretación profundamente errónea del modo en que funciona la economía de mercado: una interpretación en la que Walter Bagehot no cayó nunca.

He advertido de que el imperio de la ley, tan crucial en el funcionamiento tanto de la democracia como del capitalismo, está en peligro de degenerar en el «imperio de los legistas»: un peligro que conocía bien Charles Dickens.

Y, por último, he sugerido que nuestra antaño vibrante sociedad civil se halla en decadencia, no tanto debido a la tecnología como a las excesivas pretensiones del Estado: una amenaza de la que Tocqueville advirtió proféticamente a europeos y estadounidenses.

Nosotros los humanos vivimos en una compleja matriz de instituciones. Está el gobierno. Está el mercado. Está la ley. Y luego está la sociedad civil. Antaño —me siento tentado de datarlo a partir de la época de la Ilustración escocesa—, esa matriz funcionó asombrosamente bien, y en ella cada conjunto de instituciones complementaba y reforzaba al resto. Esa, creo, fue la clave del éxito de Occidente en los siglos XVIII, XIX y XX. Pero en nuestra época las instituciones están descompuestas.

En los años que tenemos por delante, nuestro reto consiste en restaurarlas —a fin de invertir la gran degeneración— y volver a los principios básicos de una sociedad realmente libre que aquí he tratado de reafirmar, con un poco de ayuda de algunos de los grandes pensadores del pasado.

Ha llegado el momento, en suma, de limpiar la playa.

Conclusión

CÓMO EXPLICAR LAS DESIGUALDADES

¿Por qué unos países son mucho más ricos que otros? Para ser más exactos, ¿por qué los salarios reales —los salarios ajustados al coste de la vida— son más altos en unos países que en otros? En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los salarios reales de Londres eran siete veces más altos que los de Cantón, mientras que doscientos años antes habían sido más o menos comparables (teniendo en cuenta las diferencias en las pautas de consumo)[1]. Y ello pese al hecho de que entre 1700 y 1900 la economía mundial se hizo mucho más integrada, con unos flujos sin precedentes de capital, bienes y trabajo. Hoy, en una nueva era de globalización, encontramos diferenciales similares. Los salarios fabriles de China ya no son una vigésima parte de los de Estados Unidos como ocurría en 2005; de hecho, está previsto que entre 2012 y 2015 aumenten de la décima a la quinta parte de los salarios estadounidenses. En términos de paridad de poder adquisitivo, la brecha es todavía más pequeña. El número de Big Macs que un empleado de McDonald’s puede comprar con una hora de trabajo es solo cuatro veces más alto en Estados Unidos que en China[2]. Y, sin embargo, es todavía una brecha significativa.

Aunque existe un consenso generalizado en torno a la idea de que estos diferenciales se relacionan con diferencias en la «productividad total de los factores», apenas hay acuerdo con respecto a qué elementos son responsables de tales diferencias. Las explicaciones que acentúan el papel de la geografía, el clima, la enfermedad o los recursos naturales resultan menos convincentes hoy de lo que parecían en el siglo XVIII. El conocimiento científico, la innovación tecnológica y la integración del mercado han reducido enormemente la importancia de la distancia, el clima y los gérmenes, mientras que se ha hecho evidente que la riqueza mineral puede ser una maldición tanto como una bendición. Las explicaciones que afirman la existencia de diferencias raciales en inteligencia o laboriosidad ya nadie se las toma en serio. Existen pronunciadas diferencias de coeficiente intelectual entre poblaciones genéticamente indistinguibles, como los alemanes occidentales y orientales antes de 1991, o los irlandeses y los irlando-estadounidenses en torno a 1970. También podemos detectar cambios mucho más rápidos en el coeficiente intelectual medio a lo largo del tiempo que pueden explicarse en términos de biología[3]. Los papeles de la religión, la cultura o el «carácter nacional» han intrigado asimismo a los sociólogos durante largo tiempo. Pero la evidencia de la historia económica es que los cambios de la pobreza a la prosperidad generalmente ocurren de manera demasiado repentina y en demasiados entornos culturales distintos como para poder explicarse en tales términos.

En cualquier caso, las diferencias de bienestar económico dentro de los países son en algunos aspectos tan grandes como las diferencias entre ellos. En 2007, la renta media de los estadounidenses que integraban el 1 por ciento superior en términos de renta era treinta veces la renta media de los estadounidenses que formaban el 99 por ciento restante. Es este otro diferencial que ha cambiado rápidamente en los últimos años; sin embargo, a diferencia de la desigualdad entre países, la desigualdad dentro de ellos ha ido en aumento en lugar de disminuir. En 1978, el percentil superior era solo diez veces más rico que el conjunto de todos los demás. Según la mayoría de indicadores, la sociedad estadounidense es tan desigual hoy como lo era a finales de la década de 1920[4]. Otra forma de decirlo es que una enorme proporción de los beneficios de los treinta y cinco últimos años de crecimiento económico ha ido a las manos de la superélite. Eso no fue así en el período comprendido entre la Gran Depresión de la década de 1930 y la Gran Inflación de la de 1970. Entre 1933 y 1973, la renta media (antes de impuestos) del 99 por ciento aumentó en un factor de cuatro y medio; pero entre 1973 y 2010 de hecho cayó[5].

Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Como hemos visto, las explicaciones estrictamente económicas que se centran en el impacto de las fuerzas financieras («desapalancamiento»), la integración internacional («globalización»), el papel de la tecnología de la información («deslocalización» y «subcontratación») o la política fiscal («estímulo» frente a «austeridad») no ofrecen suficientes explicaciones. Hemos de sumergirnos en la historia de las instituciones para entender la compleja dinámica de convergencia y divergencia que caracteriza al mundo actual. Los déficits democráticos del capítulo 1, la fragilidad reguladora del capítulo 2, el imperio de los legistas del capítulo 3 y la sociedad incivil del capítulo 4: estos elementos ofrecen mejores explicaciones de por qué hoy Occidente ofrece un menor crecimiento y una mayor desigualdad que en el pasado; en otras palabras, por qué hoy es Occidente el que se encuentra en el estado estacionario que definiera Adam Smith.

EL FUTURO URBANO

En estas páginas finales deseo plantear qué es lo que mi diagnóstico de una gran degeneración institucional en el mundo occidental implica para el futuro. A fin de responder a esa pregunta tomaré prestada la famosa tipología del que fuera secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, quien dividía las cosas entre las que «sabemos que sabemos», las que «sabemos que no sabemos» y las que «no sabemos que no sabemos», aunque añadiendo una cuarta categoría: la de las cosas que «no sabemos que sabemos». Esos son también los escenarios futuros que conocen bien los estudiantes de historia, pero que ignoran todos los demás.

Empecemos por lo que sabemos que sabemos. Aparte de las leyes de la física y la química, es improbable que las siguientes cosas cambien de manera significativa en un futuro previsible: la distribución normal (o gaussiana) de la inteligencia en cualquier población, los sesgos cognitivos de la mente humana y nuestros comportamientos biológicos evolutivos. También podemos asumir que la población global seguirá creciendo hacia los 9000 millones de habitantes, aunque con casi todo ese incremento concentrado en África y el sur de Asia, y que en el resto del mundo la estructura de edades se inclinará aún más hacia los ancianos. Por otra parte, al menos de algunas materias primas clave —como metales básicos y tierras raras en particular— seguirá habiendo unas reservas finitas. No obstante, parece probable que el ritmo de la difusión tecnológica global siga siendo alto, y ello incentivará la continuada migración de personas del campo a la ciudad. Por lo tanto, en el siglo XXI las nuevas «megaciudades» del mundo en desarrollo —conurbaciones con poblaciones de más de diez millones de habitantes— desempeñarán un papel definitivo. Hoy existen ya veinte de ellas: seis (encabezadas por Shanghai) en China y tres (encabezadas por Bombay) en la India, además de Ciudad de México, São Paulo, Dhaka, Karachi, Buenos Aires, Manila, Río de Janeiro, Moscú, El Cairo, Estambul y Lagos. Según el Instituto Global McKinsey[6], entre 2012 y 2025 estas y otras 420 ciudades no occidentales podrían generar casi la mitad de todo el crecimiento mundial.

En muchos aspectos, esta es una perspectiva apasionante. El físico Geoffrey West ha mostrado que el proceso de urbanización genera tanto economías de escala (en infraestructuras) como rendimientos de escala crecientes (en creatividad humana). En sus propias palabras: «Las ciudades son… la causa de que se viva bien. Son los centros de creación de riqueza, creatividad, innovación e invención. Son los lugares apasionantes. Son los imanes que atraen a la gente». West y sus colegas del Instituto Santa Fe de Nuevo México han identificado dos notables regularidades estadísticas. En primer lugar, que «toda cantidad infraestructural… desde la longitud total de las carreteras hasta la longitud de las líneas eléctricas, pasando por la longitud de las conducciones de gas… se escalaban del mismo modo que el número de gasolineras». Es decir, que cuanto más grande era una ciudad, menos gasolineras per cápita se necesitaban; una economía de escala con un exponente bastante constante de alrededor de 0,85 (lo que significa que, cuando la población de una ciudad crece en un 100 por ciento, necesita incrementar el número de gasolineras per cápita en solo un 85 por ciento).

En segundo lugar, y de forma más sorprendente:

Elementos socioeconómicos… como los salarios, el número de instituciones educativas, el número de patentes producidas, etcétera… se escalaban en lo que nosotros denominamos una forma superlineal. En lugar de tener un exponente menor de uno, lo que indicaría economías de escala, el exponente era mayor de uno, lo que indicaba… rendimientos de escala crecientes… Esto supone que, de manera sistemática, cuanto mayor es la ciudad, más salarios cabe esperar, más instituciones educativas en principio, más eventos culturales, más patentes producidas, más innovadora resulta, etcétera. De manera remarcable, todo ello en el mismo grado. Había un exponente universal que resultaba ser aproximadamente del 1,15, lo cual… viene a decir lo siguiente: si doblas el tamaño de una ciudad de 50.000 a 100.000 habitantes, de un millón a dos millones, de cinco a diez millones… obtienes sistemáticamente un incremento aproximado del 15 por ciento en productividad, patentes, número de instituciones de investigación, salarios [per cápita]… y obtienes sistemáticamente un ahorro del 15 por ciento en longitud de carreteras e infraestructuras generales[7].

La gente incluso anda desproporcionadamente más deprisa en las grandes ciudades que en las pequeñas. Hay asimismo un abanico desproporcionadamente más amplio de posibles empleos en los que trabajar. Todo ello se explica mejor en términos de efectos de red. Es cierto que hay también externalidades negativas igualmente importantes: las ciudades más grandes tienen problemas desproporcionadamente mayores de delincuencia, enfermedad y contaminación. Pero si somos capaces de innovar lo bastante rápido —argumenta West—, nuestras megaciudades podrán evitar, o al menos posponer, el momento del colapso[*].

El análisis de West explica por qué el proceso de urbanización —que en muchos aspectos está en la raíz de la historia de la civilización— es algo más que exponencial. No obstante, aunque sus datos proceden de todo el mundo, sabemos que existe una importante diferencia en los beneficios de la urbanización entre Nueva York o Londres, por una parte, y Bombay o Lagos, por la otra. A finales de julio de 2012, un fallo masivo de la red eléctrica en el norte de la India —que dejó sin electricidad a 640 millones de personas— vino a recordarnos que las megaciudades son redes muy frágiles. Hoy sabemos, asimismo, que de vez en cuando en la historia de Nueva York —en especial a finales de la década de 1980, cuando los crímenes violentos alcanzaron su punto álgido— las externalidades negativas de las redes urbanas han estado a punto de superar a las positivas.

El argumento planteado en este libro implica que los beneficios netos de la urbanización están condicionados por el marco institucional en el que operan las ciudades. Allí donde hay un gobierno representativo eficaz, donde existe una economía de mercado dinámica, donde se respeta el imperio de la ley y donde la sociedad civil es independiente del Estado, los beneficios de una población densa superan a sus costes. Pero allí donde no rigen esas condiciones sucede lo contrario. En otras palabras, en un marco institucional seguro, las redes urbanas son lo que Nassim Taleb denomina «antifrágiles»: evolucionan de formas que no solo se muestran resistentes a las perturbaciones, sino que de hecho se fortalecen con ellas (como Londres durante el Blitz alemán). Pero allí donde no existe ese marco, las redes urbanas son frágiles: pueden desmoronarse frente a perturbaciones relativamente pequeñas (como Roma cuando fue atacada por los visigodos en el año 410).

PISTOLEROS Y CAVADORES

En el espagueti western El bueno, el feo y el malo, hay una memorable escena que resume muy bien la actual economía mundial. El Rubio (Clint Eastwood) y Tuco (Eli Wallach) han encontrado finalmente el cementerio donde saben que está enterrado el oro que buscan, un enorme cementerio de la guerra civil. Eastwood mira su pistola, luego mira a Wallach, y pronuncia la inmortal frase: «En este mundo hay dos clases de tipos, amigo. Los que llevan la pistola cargada… y los que cavan».

De manera similar, en el orden económico posterior a la crisis hay dos clases de economías. Las que tienen enormes acumulaciones de activos, incluidos fondos soberanos de inversión (que actualmente superan los cuatro billones de dólares) y reservas de divisa fuerte (5,5 billones de dólares solo en los mercados emergentes), son las que llevan la pistola cargada. Las economías con enormes deudas públicas (que hoy día suman casi 40 billones de dólares en todo el mundo), por el contrario, son las que tienen que cavar. En un mundo así merece la pena, pues, tener recursos subterráneos. Pero estos no están distribuidos en absoluto de manera equitativa. Según mis cálculos, el valor estimado de mercado de las reservas de minerales del subsuelo verificadas en todo el mundo ronda los 359 billones de dólares, de los cuales poco más del 60 por ciento están en manos de solo diez países: Rusia, Estados Unidos, Australia, Arabia Saudí, China, Guinea (que es rica en bauxita), Irán, Venezuela, Sudáfrica y Kazajistán[8].

Entremos ahora en el reino de lo que sabemos que no sabemos. No sabemos en qué medida los descubrimientos de recursos (sobre todo en las partes de África donde aún no se han hecho prospecciones) y los avances tecnológicos (como la fractura hidráulica) incrementarán la reservas de recursos naturales en los próximos años. Tampoco sabemos qué impacto tendrán las crisis financieras en los precios de las materias primas y, por lo tanto, en el incentivo para explotar nuevas fuentes de combustible y materiales. Por último, no sabemos con certeza cómo va a afectar la política a un sector que es más vulnerable a la expropiación y a la tributación arbitraria que ningún otro debido a la naturaleza inmueble de sus activos. Sabemos que la combustión ilimitada de combustibles fósiles probablemente producirá cambios en el clima de la Tierra, pero no sabemos exactamente cuáles serán o cuándo resultarán lo bastante perturbadores para generar una respuesta política significativa. Hasta entonces, Occidente seguirá entregándose a fantasías sobre energías «verdes», y el resto del mundo seguirá quemando carbón tan rápido como pueda desenterrarlo, en lugar de hacer las cosas que realmente reducirían las emisiones de dióxido de carbono: construir centrales nucleares y de carbón limpio, reconvertir los vehículos para funcionar con gas natural e incrementar la eficiencia energética del hogar medio[9]. Todas estas cosas que sabemos que no sabemos explican los extraordinarios altibajos en los precios de las materias primas que hemos presenciado desde 2002.

También pertenecen a la categoría de lo que sabemos que no sabemos dos clases distintas de catástrofes naturales: los terremotos y los tsunamis que estos causan, que son generados aleatoriamente por los movimientos de las placas tectónicas de la tierra (de modo que podemos saber su localización, pero no el momento en que se producen o su magnitud), y las pandemias, que surgen a partir de la mutación similarmente aleatoria de virus como el de la gripe. Lo más que puede decirse sobre estas dos amenazas para la humanidad es que matarán a mucha más gente en el futuro que en el pasado debido a la creciente concentración de nuestra especie en ciudades de la región de Asia y el Pacífico, que, contra toda lógica, a menudo están ubicadas cerca de fallas geológicas debido a la afición humana a las zonas costeras. Si a ello se añade el problema de la proliferación nuclear, no parece poco razonable considerar el mundo un lugar más peligroso de lo que lo fue durante la guerra fría, cuando la principal amenaza para la humanidad era el riesgo calculable de que se produjera el resultado del peor escenario posible en un sencillo juego de dos participantes. Hoy afrontamos más incertidumbre que riesgo calculable: tal es el resultado de cambiar un mundo bipolar por uno interconectado.

Por su propia naturaleza, lo que no sabemos que no sabemos resulta imposible de prever. Pero ¿qué hay de lo que no sabemos que sabemos: las lecciones que nos ofrece la historia, y que la mayoría de la gente decide ignorar? Cuando a finales de 2011 se les pidió que enumeraran «los principales riesgos que podrían desbaratar el crecimiento en los mercados de crecimiento rápido durante los tres próximos años», cerca de un millar de ejecutivos de ámbito global identificaron las burbujas de precios de activos, la corrupción política, la desigualdad de la renta y el fracaso a la hora de abordar la inflación como los cuatro más importantes[10]. Puede que en 2014 esos temores parezcan infundados. Desde el punto de vista de un historiador, los verdaderos riesgos en el mundo no occidental actual son los de la revolución y la guerra. Esos son precisamente los acontecimientos que cabría esperar dadas las circunstancias antes descritas. Las revoluciones las causa una combinación de máximos en el precio de los alimentos, una población joven, una clase media creciente, una ideología perturbadora, un régimen viejo y corrupto, y un orden internacional debilitante. Todas esas condiciones están presentes hoy en Oriente Próximo; y, desde luego, la revolución islamista ya está en marcha, aunque bajo la engañosa etiqueta occidental de Primavera Árabe. Por lo que hay que preocuparse es por la guerra que casi siempre sigue a una revolución de tal magnitud. Y ello porque, pese a la optimista afirmación de Steven Pinker de que la tendencia a largo plazo de la historia humana es la de alejarse de la violencia, la incidencia estadística de la guerra no muestra ninguna pauta parecida[11]. Como en el caso de los terremotos, sabemos dónde es probable que haya guerras, pero no podemos saber cuándo estallarán o cuál será su envergadura.

CONTRA EL «TECNOOPTIMISMO»

La revolución y la guerra no son amenazas nuevas. En el siglo XVIII, la ideología perturbadora que surgió de la Ilustración se convirtió en la base de dos grandes retos para el imperio anglófono que por entonces se extendía por todo el planeta. Al tener que combatir a la revolución en ambos lados del Atlántico, el Estado británico acumuló una enorme deuda pública, principalmente como resultado de sus guerras contra la Francia revolucionaria. Al final de la era napoleónica, la deuda nacional británica superaba el 250 por ciento del PIB. Sin embargo, el posterior desapalancamiento —que redujo la carga de la deuda en un orden de magnitud, dejándola en solo el 25 por ciento del PIB— fue quizá el de mayor éxito de toda la historia escrita. La inflación no tuvo aquí en absoluto ningún papel. El gobierno británico experimentó constantemente superávits primarios propios de tiempos de paz, gracias a una combinación de disciplina fiscal y una tasa de crecimiento superior al tipo de interés. Este «hermoso desapalancamiento[*]» no estuvo libre de episodios desagradables, en especial a mediados de la década de 1820 y finales de la de 1840, cuando las políticas de austeridad provocaron el malestar social (y no lograron aliviar una catastrófica hambruna en Irlanda). Sin embargo, el proceso de desapalancamiento coincidió con la fase clave de la primera revolución industrial —la fiebre del ferrocarril— y la expansión del Imperio británico a la que casi sería su máxima extensión. La lección de la historia es que un país que alcanza la innovación tecnológica y una expansión geopolítica provechosa es capaz de salir de debajo de una montaña de deuda[12].

¿Puede Estados Unidos emular esta hazaña? Lo dudo. En primer lugar, las evidencias sugieren que es muy difícil alcanzar un mayor crecimiento bajo una pesada carga de deuda. En su estudio de 26 episodios de «sobreendeudamiento» —casos de países avanzados cuya deuda pública superó el 90 por ciento del PIB durante al menos cinco años—, Carmen y Vincent Reinhart y Ken Rogoff mostraban que los sobreendeudamientos se hallaban asociados a un crecimiento inferior (de 1,2 puntos porcentuales del PIB) a lo largo de períodos prolongados (que duraban una media de veintitrés años), reduciendo el nivel de producción en casi una cuarta parte en relación con la tendencia previa a dicho sobreendeudamiento[13]. De manera harto significativa, el impacto negativo en el crecimiento no era necesariamente el resultado de unos tipos superiores de interés real. Un aspecto crucial aquí es el carácter no lineal de la relación entre deuda y crecimiento. Dado que la carga de la deuda solo reduce el crecimiento cuando supera el umbral del 90 por ciento del PIB, el hábito de incurrir en déficit llega a hacerse bastante arraigado antes de volverse perjudicial. Esta evidencia les plantea un serio problema a aquellos economistas keynesianos que creen que la respuesta correcta a una reducción de la demanda agregada a través del desapalancamiento del sector privado es que el sector público —ya endeudado de por sí— pida prestado aún más dinero. Y también pone en duda la validez de la afirmación de que los bajos tipos de interés de los bonos del Tesoro estadounidenses constituyen una señal del respaldo del mercado a la idea de que el Estado puede y debe emitir más deuda[14].

Igualmente remota es la perspectiva de que un avance tecnológico comparable al ferrocarril pueda proporcionar a Estados Unidos su tarjeta de «salga de la cárcel». La cruda realidad es que, visto desde la posición privilegiada de 2012, resulta sumamente improbable que en los próximos veinticinco años (2013-2038) presenciemos cambios más espectaculares de los que la ciencia y la tecnología han producido en los veinticinco anteriores (1987-2012). Para empezar, el final de la guerra fría y el milagro económico asiático proporcionaron estímulos únicos e irrepetibles al proceso de innovación en la forma de una masiva reducción de los costes laborales y, por ende, del precio del hardware (por no hablar de todos los doctores universitarios exsoviéticos que por fin pudieron hacer algo útil). La revolución de la tecnología de la información que se inició en la década de 1980 fue importante en cuanto a su impacto en la productividad dentro del territorio estadounidense —aunque tampoco convendría exagerar este punto—, pero sin duda en este momento nos hallamos en el reino de los rendimientos decrecientes (cuyos síntomas son la deflación más el subempleo debido en parte a la automatización del trabajo no cualificado). Del mismo modo, los avances en la ciencia médica que podemos esperar como resultado del éxito en el mapeo del genoma humano probablemente se traducirán en nuevos aumentos de la esperanza de vida; pero, si no realizamos avances comparables en neurociencia —si logramos prolongar la vida del cuerpo, pero no la de la mente—, las consecuencias económicas netas serán negativas, puesto que no haremos sino incrementar el número de ancianos dependientes.

Mi pesimismo sobre la probabilidad de un deus ex machina tecnológico se sustenta en una simple observación histórica. Los logros de los últimos veinticinco años no han sido especialmente impresionantes comparados con lo que hicimos en los veinticinco años precedentes, 1961-1986 (por ejemplo, llevar hombres a la Luna). Y los hitos tecnológicos de los veinticinco años anteriores a aquellos, 1935-1960, fueron aún más notables (como la división del átomo). En palabras del empresario estadounidense Peter Thiel, quizá el único escéptico en un radio de cien millas de Palo Alto: «Queríamos coches voladores, y en lugar de eso tenemos 140 caracteres»[*]. La velocidad de los viajes ha disminuido desde los días del Concorde. La energía verde es una «energía inasequible». Y nos falta ambición para «declarar la guerra» a la enfermedad de Alzheimer, «a pesar de que casi una tercera parte de los estadounidenses de 85 años padecen alguna forma de demencia»[15]. Asimismo, los optimistas tecnológicos tienen que explicar por qué el rápido progreso científico y tecnológico en aquellos períodos anteriores coincidió con un conflicto masivo entre ideologías armadas. (Pregunta: ¿cuál era la sociedad científicamente más avanzada del mundo en 1932 en función del número de galardonados con el premio Nobel de ciencias? Respuesta: Alemania). Las implicaciones son claras. Tener más información y más rápida no es algo bueno en sí mismo; el conocimiento no es siempre la cura, y los efectos de red no son siempre positivos. En la década de 1930 hubo un gran progreso tecnológico. Pero este no acabó con la Depresión; para eso hizo falta una guerra mundial.

Cansado de guerras de contrainsurgencia y consciente de la riqueza de combustible fósil hoy accesible por fractura hidráulica —y que en 2035 podría poner fin a su dependencia del petróleo de Oriente Próximo—, Estados Unidos está poniendo fin rápidamente a sus cuatro décadas de hegemonía en esa región. Nadie sabe quién o qué llenará el vacío. ¿Un Irán nuclear? ¿Una Turquía neootomana? ¿Los islamistas árabes capitaneados por los Hermanos Musulmanes? Quienquiera que sea quien salga victorioso, es improbable que llegue allí sin derramamiento de sangre. Pidámosle a cualquiera que trabaje en el tenebroso mundo de la inteligencia que enumere las mayores amenazas que afrontamos, y probablemente incluirá el bioterrorismo, la guerra cibernética y la proliferación nuclear. Lo que tienen en común estas cosas, obviamente, es el modo en que la tecnología moderna puede potenciar a los individuos y grupos radicalizados (o simplemente chiflados). Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que otra cosa que no sabemos que sabemos se haga evidente a quienes no son historiadores: que es cuando los imperios se retiran, y no cuando avanzan, cuando la violencia alcanza su punto álgido. Y la violencia puede manifestarse también en el corazón del imperio. El «cliómetra» Peter Turchin sostiene que «el próximo pico de inestabilidad [de violencia] debería producirse en Estados Unidos en torno a 2020»[16].

NO LO HAS CONSTRUIDO TÚ

Los países llegan al estado estacionario, como afirmaba Adam Smith, cuando sus «leyes e instituciones» degeneran hasta el punto de que todo el proceso económico y político está dominado por una élite orientada a la búsqueda de ingresos. He tratado de sugerir que este es actualmente el caso en una parte importante del mundo occidental. La deuda pública —declarada e implícita— se ha convertido en una forma de que la generación más vieja viva a expensas de los jóvenes y de las personas aún no nacidas. La regulación se ha hecho disfuncional hasta el punto de aumentar la fragilidad del sistema. Los abogados, que pueden ser revolucionarios en una sociedad dinámica, se convierten en parásitos en una estacionaria. Y la sociedad civil se debilita y se reduce a una mera tierra de nadie entre los intereses corporativos y el Estado. En conjunto, estas son las cosas a que me refiero cuando hablo de la gran degeneración.

Poco antes de que yo terminara este libro, el presidente estadounidense pronunció un discurso que ilustra muy bien este punto:

Si has tenido éxito, alguien en el camino te ha ayudado en algo. En algún punto de tu vida ha habido un gran maestro. Alguien ha ayudado a crear este increíble sistema estadounidense que tenemos y que te ha permitido prosperar. Alguien ha invertido en carreteras y puentes. Si tienes un negocio, no lo has construido tú. Alguien más lo ha hecho posible. Internet no se inventó sola. La investigación del gobierno creó internet para que todas las empresas pudieran ganar dinero con ella.

… Hay algunas cosas, como combatir los incendios, que no hacemos cada uno por nuestra cuenta… De modo que nos decimos a nosotros mismos ya desde la fundación de este país: ¿sabes qué?, hay cosas que hacemos mejor juntos. Fue así como financiamos la Ley de Derechos del Soldado. Fue así como creamos la clase media. Fue así como construimos el Golden Gate o la presa Hoover. Fue así como inventamos internet. Fue así como enviamos un hombre a la Luna[17].

Esta es seguramente la auténtica voz del estado estacionario: el mandarín principal arengando a unos súbditos distantes en las provincias. No es que la interdependencia aquí implícita entre el sector privado y la economía sea mala. Es la exageración del argumento la que resulta inquietante, como si hiciera falta el Estado para construir cada pequeña empresa o, de hecho, para «crear la clase media». Aún más inquietante es la notoria ausencia en el discurso de cualquier proyecto futuro comparable con aquellos del pasado que se mencionan (el Proyecto Manhattan habría sido un ejemplo todavía mejor, pero por lo visto no es políticamente correcto).

Ya es bastante malo ver pregonar el capitalismo de Estado como modelo económico por el Partido Comunista chino. Pero oír esgrimirlo al presidente estadounidense como un tropo retórico desprovisto de contenido práctico hace que este escritor, por lo pronto, añore la alegre y confiada mañana de 1989 en que realmente parecía que Occidente había ganado, y que se había iniciado una gran regeneración.

Agradecimientos

Este libro inició su vida en 2012, en el marco de la serie de conferencias Reith de BBC Radio 4, de modo que debo empezar por dar las gracias a Gwyneth Williams, que me invitó a dar las conferencias; Hugh Levinson, que las corrigió; Jane Beresford, que las produjo, y Sue Lawley, que las presentó. Mantener el nivel de los anteriores conferenciantes constituye una de las tareas más arduas del mundo. El equipo de la BBC ha hecho que esa tarea resulte menos intimidante y más divertida de lo que yo había previsto.

Debo también mi agradecimiento a Leeann Saw, que actuó como mi ayudante de investigación en este proyecto; Simon Winder y Ann Godoff, mis editores, respectivamente, en Londres y Nueva York, y Andrew Wylie, mi agente.

Varios amigos expertos leyeron y comentaron generosamente borradores de las conferencias o capítulos del libro. En particular, me gustaría dar las gracias a Charles Béar, Harold Carter, Douglas Flint y Paul Tucker. Vaya también mi agradecimiento a mis colegas en Greenmantle: Pierpaolo Barbieri, Joshua Lachter, Hassan Malik y Jason Rockett, que contribuyeron directa e indirectamente a la finalización del manuscrito.

La labor de los académicos que han escrito sobre el tema de las instituciones y el desarrollo se reconoce en el texto y en las notas. Lamentablemente, no puedo hacer lo mismo con todos los miembros del público que formularon preguntas interesantes después de que terminara cada conferencia, aunque también a ellos les estoy agradecido. Sí puedo dar las gracias a las cuatro instituciones que albergaron las conferencias: la London School of Economics, la New-York Historical Society, el Gresham College y la Royal Society de Edimburgo.

Finalmente, las conferencias se concibieron, se escribieron, se pronunciaron y se convirtieron en libro durante los siete primeros meses de la vida del menor de mis hijos. Este libro está dedicado a él.

NIALL FERGUSON ocupa la cátedra Lawrence A. Tisch de Historia de la Universidad de Harvard y la cátedra William Ziegler en la Harvard Business School. Asimismo es profesor del Jesus College (Universidad de Oxford), y de la Hoover Institution (Universidad de Stanford). Considerado el historiador británico más brillante de la actualidad por el Times y una de las cien personas más influyentes del mundo por la revista Time, entre sus obras destacan Coloso (Debate, 2005), Imperio (Debate, 2005), La guerra del mundo (Debate, 2007), El triunfo del dinero (Debate, 2010) y Civilización (Debate, 2012).

Notas

[1] Francis Fukuyama, «The End of History and the Last Man», National Interest, 16, verano de 1989, pp. 3-18. <<

[2] Instituto Global McKinsey, Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class, junio de 2012. <<

[3] Instituto Global McKinsey, Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and its Economic Consequences, enero de 2010. <<

[4] Peter Berezin, «The Weak U. S. Labor Market: Mainly a Cyclical Problem… for Now», Bank Credit Analyst, 64, 1, julio de 2012, p. 40. <<

[5] Véase, por ejemplo, Jeffrey Sachs, The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity, Nueva York, 2011 (hay trad. cast.: El precio de la civilización, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2012). <<

[6] Véase, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, «Navigating the Fiscal Challenges Ahead», Fiscal Monitor, 14 de mayo de 2010. <<

[7] Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Sáez, «Top Incomes in the Long Run of History», Journal of Economic Literature, 49, 1, 2011, pp. 3-71. <<

[8] Credit Suisse, Global Wealth Databook, octubre de 2010, tablas 3-1, 3-3 y 3-4. <<

[9] Puede verse un brillante análisis en Jamil Baz, «Current Crisis Merely a Warm-up Act», Financial Times, 11 de julio de 2012. <<

[10] Niall Ferguson, «Too Big to Live: Why We Must Stamp Out State Monopoly Capitalism», Adam Smith Review, 6, 2011, pp. 327-340. <<

[11] Juan Enríquez, «Medicine’s Missing Measure», Atlantic, mayo de 2012; http//www.theatlantic.com/ health/archive/2012/05/medicines-missing-measure/257901/. <<

[12] John Stossel, «I Tried to Open a Lemonade Stand», Townhall, 24 de febrero de 2012. <<

[13] Tom Hertz, «Rags, Riches, and Race: Intergenerational Income Mobility of Black and White Families in the United States», en Samuel Bowles, Herbert Gintis y Melissa Osborne, eds., Unequal Chances: Family Background and Economic Success, Nueva York, 2005, tabla 10. <<

[14] Charles Murray, Coming Apart: The State of White America, 1960-2010, Nueva York, 2012. <<

[15] Adam Smith, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 1776, libro I, capítulo 8; cita reproducida de la primera traducción al español, realizada por José Alonso Ortiz y publicada en Valladolid en 1794. <<

[16] Ibid., capítulo 9. <<

[17] http://blog.lgiu.org.uk/2011/09/on-libya-and-institutions/; agradezco a lord Malloch-Brown que llamara mi atención sobre esas pintadas en el programa Today de BBC Radio 4. <<

[18] Véase la reciente obra de Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Nueva York, 2012 (hay trad. cast.: Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Deusto, Barcelona, 2012). Puede verse un análisis más detallado en el capítulo 1. <<

[1] Richard Taverner, The Garden of Wysdome Conteynynge Pleasaunt Floures, that is to say, Propre and Quycke Sayinges of Princes, Philosophers and other Sortes of Me[n]. Drawe[n] Forth of Good Aucthours, Londres, 1539, p. 6. <<

[2] Datos procedentes de Angus Maddison, «Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD»; http://wvww.ggdc.net/ MADDISON/Historical_Statistics/vertical-ﬁle_02-2010.xls. <<

[3] Datos procedentes del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial online; http://data.worldbank.org/ datacatalog/world-development-indicators. <<

[4] Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years, Londres, 1998 (hay trad. cast.: Armas, gérmenes y acero: breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años, Debate, Barcelona, 2006). Véase también Ian Morris, Why the West Rules-For Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future, Nueva York, 2010. <<

[5] Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy, Princeton, 2000. <<

[6] Douglass C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge, 2009. <<

[7] Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, Nueva York, 2011. <<

[8] Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Nueva York, 2012, p. 4. <<

[9] Ibid., pp. 7-9. <<

[10] Paul Collier, The Bottom Billion, Oxford, 2007, pp. 50 y 56 (hay trad. cast.: El club de la miseria, Debolsillo, Barcelona, 2010), y The Plundered Planet: How to Reconcile Prosperity with Nature, Londres, 2010, pp. 47 y ss. y 58. <<

[11] Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Nueva York, 2000 (hay trad. cast.: El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo, Península, Barcelona, 2001). <<

[12] Hernando de Soto, «The Free Market Secret of the Arab Revolutions», Financial Times, 8 de noviembre de 2011. <<

[13] J. C. D. Clark, «British America: What If There Had Been No American Revolution?», en Niall Ferguson, ed., Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, Londres, 1993, pp. 125-175 (hay trad. cast.: Historia virtual, Taurus, Madrid, 1988). <<

[14] Véase, por ejemplo, J. R. Jones, «The Revolution in Context», en J. R. Jones, ed., Liberty Secured? Britain before and after 1688, Stanford, 1992, p. 12. <<

[15] Stephen C. A. Pincus y James A. Robinson, «What Really Happened during the Glorious Revolution?», Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), documento de trabajo 17206, julio de 2011. <<

[16] Avner Greif, «Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade», en C. Ménard y M. Shirley, eds., Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, 2005, pp. 727-786. <<

[17] Timur Kuran, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton, 2010. <<

[18] OCDE, Informe PISA 2009: Lo que los estudiantes saben y pueden hacer. Rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, Madrid, 2011, p. 16. <<

[19] Niall Ferguson, Civilization. The West and the Rest, Londres/Nueva York, 2011 (hay trad. cast.: Civilización. Occidente y el resto, Debate, Barcelona, 2012). <<

[20] Robert C. Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge, 2009. <<

[21] Douglass C. North y Barry R. Weingast, «Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England», Journal of Economic History, 44, 4, 1989, pp. 803-832. <<

[22] Laurence J. Kotlikoff y Scott Burns, The Clash of Generations: Saving Ourselves, our Kids, and our Economy, Cambridge (MA), 2012, p. 33. <<

[23] Ibid., pp. 30 y ss. <<

[24] Roberto Cardarelli, James Sefton y Laurence J. Kotlikoff, «Generational Accounting in the UK», Economic Journal, 110, 467, noviembre de 2000, «Features», pp. F547-F574. <<

[25] Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, «Growth in a Time of Debt», NBER, documento de trabajo 15639, enero de 2010. <<

[1] Véase, por ejemplo, Paul Krugman, «Reagan Did It», New York Times, 31 de mayo de 2009. <<

[2] Paul Krugman, «Financial Reform 101», New York Times, 1 de abril de 2010. Véase también «Punks and Plutocrats», New York Times, 28 de marzo de 2010. <<

[3] Paul Krugman, «Making Banking Boring», New York Times, 9 de abril de 2009. <<

[4] Paul Krugman, «Egos and Immorality», New York Times, 24 de mayo de 2012. Véase también del mismo autor «Dimon’s Déjà Vu Debacle», New York Times, 20 de mayo de 2012. <<

[5] Simon Johnson y James Kwak, Thirteen Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Nueva York, 2010. <<

[6] Richard A. Posner, The Crisis of Capitalist Democracy, Cambridge (MA), 2010 (hay trad. cast.: La crisis de la democracia capitalista, Marcial Pons Ediciones, Madrid, 2012). <<

[7] «Wall Street Legend Sandy Weill: Break Up the Big Banks», CNBC.com, 25 de julio de 2012. <<

[8] David Kynaston, The City of London, vol. IV, A Club No More, 1945-2000, Londres, 2001. <<

[9] Forest Capie, The Bank of England: 1950s to 1979, Cambridge, 2010, pp. 589 y ss. <<

[10] Véase N. H. Dimsdale, «British Monetary Policy since 1945», en N. F. R. Crafts y N. W. C. Woodward, eds., The British Economy Since 1945, Oxford, 1991, p. 108. <<

[11] Niall Ferguson, «Regulation and Deregulation in a Time of Stagﬂation: Siegmund Warburg and the City of London in the 1970s», ponencia presentada en la Asociación Europea de Historia de la Banca, Bruselas, 2010. <<

[12] Véase, por ejemplo, Adair Turner, «After the Crises: Assessing the Costs and Benefits of Financial Liberalisation», XIV C. D. Deshmukh Memorial Lecture, Bombay, 15 de febrero de 2010. <<

[13] Adair Turner, «Debt and Deleveraging: Long Term and Short Term Challenges», Centro de Estudios Financieros (CFS), 21 de noviembre de 2011. <<

[14] Hugh Rockoff, «Upon Daedalian Wings of Paper Money: Adam Smith and the Crisis of 1772», NBER, documento de trabajo 15594, diciembre de 2009. <<

[15] Jessica Pressler, «Look Who’s Back», New York Magazine, 8 de abril de 2012; http://nymag.com/ news/business/themoney/john-mack-2012-4/index1.html. <<

[16] Peter Wallison, «Dodd-Frank’s Liquidation Plan is Worse than Bankruptcy», Bloomberg, 11 de junio de 2012. <<

[17] Brooke Masters, «Big Banks Need Extra $566bn, says Fitch», Financial Times, 17 de mayo de 2012. <<

[18] Frances Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin, including an Autobiographical Chapter, vol. I, Londres, 1887, p. 83. <<

[19] Walter Bagehot, Lombard Street: A Description of the Money Market, Londres, 1896 [1873], p. 11 (hay trad. cast.: Lombard Street: una descripción del mercado de dinero, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2012). <<

[20] Niall Ferguson, «An Evolutionary Approach to Financial History», Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 74, 2010, pp. 449-454. <<

[21] Robert F. Weber, «Structural Regulation as Antidote to Complexity Capture», American Business Law Journal, 49, 3, 2012. <<

[22] Puede verse una introducción accesible en Mark Buchanan, Ubiquity: The Science of History… Or Why the World is Simpler Than We Think, Londres, 2005. <<

[23] Andrew Haldane, «On Tackling the Credit Cycle and Too Big to Fail», enero de 2011; http://www.iiea.com/event/ download_powerpoint?urlKey=andrew-haldane-on-ﬁxing-ﬁnance. Véase también Henry Hu, «Too Complex to Depict? Innovation, “Pure Information” and the SEC Disclosure Paradigm», Texas Law Review, junio de 2012. <<

[24] Nassim Taleb, Antifragile: Things that Gain from Disorder (en preparación). <<

[25] Janos Kornai, The Socialist System: The Political Economy of Communism, Oxford, 1992. <<

[26] Bagehot, Lombard Street, pp. 17, 160 y ss. <<

[27] Ibid., p. 165. <<

[28] Ibid., pp. 58 y ss. <<

[29] Ibid., p. 199. <<

[30] Ibid., p. 235. <<

[31] Ibid., p. 325. <<

[32] Ibid., p. 321. <<

[33] Laurence J. Kotlikoff y John C. Goodman, «Solving our Nation’s Financial Crisis with Limited Purpose Banking», Universidad de Boston, documento de trabajo, 15 de abril de 2009. Véase también John Kay, «Narrow Banking: The Reform of Banking Regulation», Centro para el Estudio de la Innovación Financiera (CSFI), 2009. <<

[34] Niall Ferguson, «Too Big to Live: Why We Must Stamp Out State Monopoly Capitalism», Adam Smith Review, 6, 2011, pp. 327-340. <<

[35] Bagehot, Lombard Street, p. 334. <<

[36] Ibid., p. 336. <<

[37] Gretchen Morgenson, «Lending Magnate Settles Fraud Case», New York Times, 15 de octubre de 2010. <<

[1] Chen Guangcheng, «How China Flouts its Laws», New York Times, 29 de mayo de 2012. <<

[2] He Weifang, «China’s First Steps towards Constitutionalism», en He Weifang, In the Name of Justice: Striving for the Rule of Law in China (en preparación). <<

[3] Tom Bingham, The Rule of Law, Londres, 2010. <<

[4] Ben Wilson, What Price Liberty? How Freedom was Won and is Being Lost, Londres, 2009. <<

[5] Ronald Dworkin, Law’s Empire, Londres, 1986, pp. 166 y 225 (hay trad. cast.: El imperio de la justicia, Gedisa, Barcelona, 1988). <<

[6] Ibid., p. 346. <<

[7] Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge (MA), 2011, p. 402. <<

[8] Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 1990, p. 54. <<

[9] Ibid., p. 59. <<

[10] Avner Greif, «Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade», en C. Ménard y M. Shirley, eds., Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, 2005, pp. 727-786. <<

[11] Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer y Robert W. Vishny, «Legal Determinants of External Finance», Journal of Finance, 52, 3 de julio de 1997, pp. 1131-1150. <<

[12] Ibidem. <<

[13] Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer y Robert Vishny, «Investor Protection and Corporate Governance», Journal of Financial Economics, 58, 2000, pp. 3-27. <<

[14] Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, «The Regulation of Entry», Quarterly Journal of Economics, 117, 1, febrero de 2002, pp. 1-37. <<

[15] Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, «Courts», Quarterly Journal of Economics, 118, 2, mayo de 2003, pp. 453-517. <<

[16] Juan C. Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, «The Regulation of Labor», Quarterly Journal of Economics, 119, 4, noviembre de 2004, pp. 1339-1382. <<

[17] Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, «What Works in Securities Laws?», Journal of Finance, 61, 1, febrero de 2006, pp. 1-32. <<

[18] Simeon Djankov, Oliver Hart, Caralee McLiesh y Andrei Shleifer, «Debt Enforcement around the World», Journal of Political Economy, 116, 6, 2008, pp. 1105-1149. <<

[19] Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Andrei Shleifer, «The Economic Consequences of Legal Origins», Journal of Economic Literature, 46, 2, junio de 2008, pp. 285-332. <<

[20] Ibid., p. 300. <<

[21] He Weifang, «The Ongoing Quest for Judicial Independence in China (2001)», en He Weifang, In the Name of Justice. <<

[22] Greif, «Institutions and the Path to the Modern Economy», pp. 766-768. <<

[23] Véase, por ejemplo, Naomi R. Lamoreaux y Jean-Laurent Rosenthal, «Legal Regime and Business’s Organizational Choice: A Comparison of France and the United States during the Mid-Nineteenth Century», NBER, documento de trabajo 10288, febrero de 2004; Naomi R. Lamoreaux y Jean-Laurent Rosenthal, «Contractual Tradeoffs and SMEs’ Choice of Organizational Form: A View from U. S. and French History, 1830-2000», NBER, documento de trabajo 12455, agosto de 2006. <<

[24] Timothy Guinnane, Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux y Jean-Laurent Rosenthal, «Putting the Corporation in its Place», NBER, documento de trabajo 13109, mayo de 2007; Aldo Musacchio, Experiments in Financial Democracy: Corporate Governance and Financial Development in Brazil, 1882-1950, Cambridge, 2009. <<

[25] David Collison, Stuart Cross, John Ferguson, David Power y Lorna Stevenson, «Legal Determinants of External Finance Revisited: The Inverse Relationship between Investor Protection and Societal Well-Being», Journal of Business Ethics, 108, 2012, pp. 393-410. <<

[26] Charles Dickens, Casa desolada, 1852-1853, capítulo 1; cita reproducida de la traducción al español de Fernando Santos Fontenla, Alfaguara, Madrid, 1987. <<

[27] Michael Slater, Dickens: A Life Defined by Writing, New Haven, 2009, esp. pp. 340-358. <<

[28] Richard Danzig, «Hadley v. Baxendale: A Study in the Industrialization of the Law», Journal of Legal Studies, 4, 2, junio de 1975, pp. 267 y ss. <<

[29] Rande W. Kostal, Law and English Railway Capitalism, 1825-1875, Oxford, 1994. <<

[30] Danzig, «Hadley v. Baxendale», p. 277. <<

[31] Ibid., p. 252 n. <<

[32] Ibid., p. 254. <<

[33] Kleinwort Benson v. Lincoln City Council [1999] 2 AC 349, lord Goff en pp. 377 y ss. <<

[34] Philip K. Howard, «It’s Time to Clean House», Atlantic Monthly, 14 de marzo de 2012. <<

[35] Philip K. Howard, «Results-Based Regulation: A Blueprint for Starting Over», Common Good, 2 de diciembre de 2011; http://www.commongood.org/ blog/entry/philip-k.howard-on-the-need-for-results-based-regulation. <<

[36] Cálculos realizados a partir de los datos de Ida A. Brudnick, «Congressional Salaries and Allowances», Informe del Servicio de Investigación del Congreso, 4 de enero de 2011; Oficina de Investigación y Presupuesto, Fiscal Year 2013 Budget of the U.S. Government, Washington, 2010; y el Presupuesto Judicial Federal para 2013. Véase también Susan Dudley y Melinda Warren, «Fiscal Stalemate Reﬂected in Regulators’ Budget: An Analysis of the U. S. Budget for Fiscal Years 2011 and 2012», Presupuesto de los reguladores, informe 33, 11 de mayo de 2011. <<

[37] El gasto real para 2011 aparece en Informe del Centro para una Política Responsable (CRP), http://www.opensecrets.org/ lobby/index.php. <<

[38] Nicole V. Crain y W. Mark Crain, «The Impact of Regulatory Costs on Small Firms», Administración para la Pequeña Empresa, Oficina de Representación, septiembre de 2010. <<

[39] Lawrence J. McQuillan, Hovannes Abramyan y Anthony P. Archie, Jackpot Justice: The True Cost of America’s Tort System, San Francisco, 2007, p. XII. <<

[40] Lawrence J. McQuillan y Hovannes Abramyan, U. S. Tort Liability Index: 2010 Report, San Francisco, 2010, p. 18. Véase también Towers Perrin, 2009 Update on U. S. Tort Cost Trends, s. l., 2009. <<

[41] Lawrence Chimerine y Ross Eisenbrey, «The Frivolous Case for Tort Law Change: Opponents of the Legal System Exaggerate its Costs, Ignore its Benefits», Resumen informativo del Instituto de Política Económica, mayo de 2005. <<

[42] David Kennedy y Joseph Stiglitz, Law and Economics with Chinese Characteristics: Institutions for Promoting Development in the Twenty-First Century (en preparación). <<

[43] Michael E. Porter, Mercedes Delgado, Christian Ketels y Scott Stern, «Moving to a New Global Competitiveness Index», en Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report, 2008-2009, Ginebra, 2009. <<

[44] Michael E. Porter y Jan W. Rivkin, «The Looming Challenge to U. S. Competitiveness», Harvard Business Review, marzo de 2012; y de los mismos autores, «Choosing the United States», Harvard Business Review, marzo de 2012. <<

[45] Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report, 2011-2012, Ginebra, 2011. <<

[46] Fundación Heritage, Index of Economic Freedom 2011, Washington, 2011; http//www.heritage.org/index/ranking. <<

[47] Corporación Financiera Internacional, Doing Business 2011, Washington, 2011. <<

[48] Proyecto de Justicia Mundial, Rule of Law Index 2011, Washington, 2011. <<

[49] Banco Mundial, Worldwide Governance Index, www.govindicators.org. <<

[50] Corporación Financiera Internacional, informes Doing Business, http://espanol.doingbusiness.org/. <<

[51] Stephan Haggard y Lydia Tiede, «The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?», World Development, 39, 5, 2011, pp. 673-685. <<

[52] Se puede ver un excelente estudio en Michael Trebilcock y Jing Leng, «The Role of Formal Contract Law and Enforcement in Economic Development», Virginia Law Review, 92, 2006, pp. 1517-1580, esp. pp. 1554-1575. <<

[53] Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Nueva York, pp. 445 y ss. <<

[54] Donald C. Clarke, «Power and Politics in the Chinese Court System: The Enforcement of Civil Judgments», Columbia Journal of Asian Law, 10, 1996, pp. 1-125. <<

[55] Véase He Weifang, In the Name of Justice, passim. <<

[56] Ethan Michelson y Sida Lui, «What Do Chinese Lawyers Want? Political Values and Legal Practice», en Cheng Li, ed., China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation, Washington, 2010, pp. 310 y ss., 316, 320, 328 y ss. <<

[57] Lulu Chen, «Mainland’s Last Chance to Reform», South China Morning Post, 3 de junio de 2012. <<

[58] He Weifang, «Constitutionalism as a Global Trend and its Impact on China (2004)», en He Weifang, In the Name of Justice. <<

[59] Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagﬂation and Social Rigidities, New Haven/Londres, 1982 (hay trad. cast.: Auge y decadencia de las naciones: crecimiento económico, estagﬂación y rigidez social, Ariel Barcelona, 1986). <<

[60] R. Eric Petersen, «Representatives and Senators: Trends in Member Characteristics since 1945», Servicio de Investigación del Congreso, 17 de febrero de 2012; Jennifer E. Manning, «Membership of the 112th Congress: A Profile», Servicio de Investigación del Congreso, 1 de marzo de 2011; Edmund Tetteh, «Election Statistics: UK 1918-2007», Biblioteca de la Cámara de los Comunes, documento de investigación 08/12, 1 de febrero de 2008. <<

[1] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 1835-1840, libro I, parte 2, capítulo 4; cita reproducida de la traducción al español de Luis R. Cuéllar, Fondo de Cultura Económica, México, 1957. <<

[2] Ibid., libro II, parte 2, capítulo 5. <<

[3] Ibidem. <<

[4] Marvin Olasky, The Tragedy of American Compassion, Washington, 1992. <<

[5] Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe (IL), 1958. <<

[6] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Nueva York, 2000 (hay trad. cast.: Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana, Círculo de Lectores, Barcelona, 2002). <<

[7] Theda Skocpol, Diminished Democracy: From Membership to Management in American Life, Norman (OK), 2003. <<

[8] Charles Murray, Coming Apart: The State of White America, 1960-2010, Nueva York, 2012. <<

[9] Peter A. Hall, «Social Capital in Britain», British Journal of Politics, 29, 1999, p. 419. <<

[10] José Harris, «Society and the State in Twentieth Century Britain», en F. M. L. Thompson, ed., The Cambridge Social History of Britain 1750-1950, vol. III, Social Agencies and Institutions, Oxford, 1990, p. 68. <<

[11] Robert Humphreys, Poor Relief and Charity, 1869-1945, Londres, 2001, tablas 2.7, 3.2, 4.1 y 4.2, pp. 55, 68, 105 y 109. <<

[12] Jane Lewis, The Voluntary Sector, the State, and Social Work in Britain: The Charity Organisation Society and the Family Welfare Association since 1869, Londres, 1995. <<

[13] Peter A. Hall, «Social Capital in Britain», British Journal of Political Science, 29, 1999, pp. 421 y ss. <<

[14] Compárese «Friendly Societies», British Medical Journal, 25 de diciembre de 1909, con Registro de Mutualidades, Report of the Chief Registrar, 2000-2001, Londres, 2001. <<

[15] P. H. J. H. Gosden, Self-Help: Voluntary Associations in the Nineteenth Century, Leeds, 1973, tablas 3.1 y 4.5, pp. 42 y 104. <<

[16] Evan Schofer y Marion Fourcade-Gourinchas, «The Structural Contexts of Civic Engagement: Voluntary Association Membership in Comparative Perspective», American Sociological Review, 66, diciembre de 2001, p. 808. <<

[17] Consejo Nacional de Organizaciones de Voluntarios, Participation: Trends, Facts and Figures, marzo de 2011, p. 18. <<

[18] Edd Cowley,Tom McKenzie, Cathy Pharoah y Sarah Smith, «The New State of Donation: Three Decades of Household Giving to Charity, 1978-2008», Centro para la Organización Pública y de Mercados (CMPO), Universidad de Bristol, febrero de 2011. <<

[19] Robert Rutherfoord, Community Action in England: A Report on the 2009-10 Citizenship Survey, diciembre de 2011, y Community Spirit in England: A Report on the 2009-10 Citizenship Survey, diciembre de 2011. <<

[20] Eric Schmidt y Jared Cohen, «The Digital Disruption: Connectivity and the Diffusion of Power», Foreign Affairs, noviembre/diciembre de 2010. <<

[21] Nicole B. Ellison, Charles Steinfield y Cliff Lampe, «The Benefits of Facebook “Friends”: Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites», Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 4, 2007; http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html. Véase también Nicole B. Ellison, Charles Steinfield y Clif Lampe, «Connection Strategies: Social Capital Implications of Facebook-Enabled Communication Practices», New Media Society, 13, 6, 2011, pp. 873-892. <<

[22] Tocqueville, La democracia en América, libro II, parte 4, capítulo 6. <<

[23] Ibid., parte 2, capítulo 5. <<

[24] Peter H. Lindert, «Voice and Growth: Was Churchill Right?», Journal of Economic History, 63, 2, junio de 2003, pp. 315-350; y «Why the Welfare State Looks Like a Free Lunch», NBER, documento de trabajo 9869, julio de 2003. Véase también Sun Go y Peter H. Lindert, «The Curious Dawn of American Public Schools», NBER, documento de trabajo 13335, agosto de 2007. <<

[25] Paul Collier, «Private v. State: Here’s How to Bridge the Educational Divide», Independent, 14 de enero de 2010. <<

[26] «The Horse before the Cart», Economist, 17 de septiembre de 2011. <<

[27] «Education Reform: Back to School», Economist, 9 de septiembre de 2011. <<

[28] Mogens Kamp Justesen, «Learning from Europe: Parental Empowerment in the Dutch and Danish Education Systems», Adam Smith Institute, 2002. <<

[29] Resultados de 2010-2011, en http://www.successacademies.org/page.cfm?p=11. <<

[30] «The Ties that Bind», Economist, 28 de marzo de 2012. <<

[31] James Tooley, The Beautiful Tree: A Personal Journey into How the World’s Poorest People are Educating Themselves, Washington, 2009. <<

[32] Martin West y Ludger Woessmann, «“Every Catholic in a Catholic School”: Historical Resistance to State Schooling, Contemporary School Competition, and Student Achievement across Countries», Economic Journal, 120, 546, 2010, pp. 229-255. <<

[33] Toby Helm y Julian Coman, «Rowan Williams Pours Scorn on David Cameron’s “Big Society”», Guardian, 24 de junio de 2012. <<

[34] «Martin Sime Addresses the Big Society in Scotland Conference», 28 de octubre de 2011, http://www.scvo.org.uk/ scvo-news/martin-sime-addresses-the-big-society-in-scotland-conference/. <<

[1] Robert C. Allen, Jean-Pascal Bassino, Debin Ma, Christine Moll-Murata y Jan Luiten van Zanden, «Wages, Prices, and Living Standards in China, 1739-1925: In Comparison with Europe, Japan, and India», Economic History Review, 64, 2011, tabla 3, p. 36. <<

[2] Orley C. Ashenfelter, «Comparing Real Wages», NBER, documento de trabajo 18006, abril de 2012. <<

[3] Ron Unz, «Race, IQ and Wealth», American Conservative, agosto de 2012, una demoledora crítica de Richard Lynn y Tatu Vanhanen, IQ and the Wealth of Nations, Westport (CT), 2002. <<

[4] Cálculos realizados a partir del archivo de Emmanuel Saez TabFig2010.xls, figura A1b, en http://emlab.berkeley.edu/ users/saez/. <<

[5] Ibid., tabla B1. <<

[6] Instituto Global McKinsey, Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class, junio de 2012, p. 20. Véase también Instituto Global McKinsey, India’s Urban Awakening. Building Inclusive Cities, Sustaining Economic Growth, abril de 2010. <<

[7] Geoffrey West, «Why Cities Keep Growing, Corporations and People Always Die, and Life Gets Faster», Edge, 17 de julio de 2011. Véase también la deslumbrante conferencia pronunciada por West en el congreso anual TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), en http://www.ted.com/ talks/geoffrey_ west_the_surprising_math_of_cities_and_corporations.html. <<

[8] Cálculos basados en datos de David Cohen, «Earth’s Natural Wealth: An Audit», New Scientist, 23 de mayo de 2007, estadísticas de combustible fósil de BP y precios de mercado a mediados de 2011. <<

[9] Michael Milken, «Where’s Sputnik? Summoning the Will to Create the Next American Century», Milken Institute Review, segundo trimestre de 2011, pp. 1-20. <<

[10] Ernst & Young, The World is Bumpy: Globalization and New Strategies for Growth, 2012, figura 4, p. 8. <<

[11] Steven Pinker, The Better Angels of our Nature: The Decline of Violence and its Psychological Roots, Nueva York, 2011 (hay trad. cast.: Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones, Paidós Ibérica, Barcelona, 2012). <<

[12] Andrew Odlyzko, «Crushing National Debts, Economic Revolutions, and Extraordinary Popular Delusions», Universidad de Minnesota, documento de trabajo, 2012. <<

[13] Carmen M. Reinhart, Vincent R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, «Debt Overhangs: Past and Present», NBER, documento de trabajo 18015, abril de 2012. <<

[14] Paul Krugman, «Money for Nothing», New York Times, 26 de julio de 2012. <<

[15] Peter Thiel, «Swift Blind Horseman», National Review, 3 de octubre de 2011. <<

[16] Peter Turchin, «Dynamics of Political Instability in the United States, 1780-2010», Journal of Peace Research (en preparación). <<

[17] Discurso de Barack Obama en un mitin electoral en Roanoke, Virginia, 13 de julio de 2012, http://www.whitehouse.gov/ the-press-office/2012/07/13/ remarks-president-campaign-event-roanoke-virginia. <<

[*] Sobre una base de paridad de poder adquisitivo, ajustada al hecho de que los bienes y servicios no comercializables son mucho más baratos en China que en Estados Unidos. En términos de dólares corrientes, en 2016 el tamaño de la economía china todavía será el 60 por ciento de la estadounidense, frente al 8 por ciento de 1989. <<

[*] La ley de Moore, formulada en 1965 por George Moore, cofundador de Intel, predecía que el número de transistores que pueden meterse en un chip de ordenador se duplicaría cada dos años.<<

[*] Una de las acepciones del término ingles institution es, en efecto, «manicomio», «asilo», «hospital», mientras que institutionalize, además de «institucionalizar», significa también «internar en una institución mental, sanitaria». (N. del T.) <<

[*] Nótese que dejo al margen las importantísimas deudas privadas en las que han incurrido tanto las familias como las sociedades financieras y no financieras. Si las sumamos a las deudas públicas, obtenemos unas cargas sin precedentes en la historia: Japón, el 512 por ciento del PIB; Gran Bretaña, el 507 por ciento; Francia, el 346 por ciento; Italia, el 314 por ciento; Estados Unidos, el 279 por ciento, y Alemania, el 278 por ciento. <<

[*] Unos meses después del golpe de Estado de marzo de 2012 en Malí, me llamó la atención la siguiente observación de un antropólogo estadounidense en Bamako: «Existe la incipiente sensación entre los jóvenes de que la clase política les está arrebatando su futuro». En algún momento, esa misma sensación incipiente empezará a desempeñar también un importante papel en la política estadounidense. <<

[*] Un apodo para referirse al Banco de Inglaterra. (N. del T.) <<

[*] En el caso de Estados Unidos, por (entre otras medidas) la Ley de Supervisión de Préstamos Internacionales de 1983, la Ley de Reforma, Recuperación y Ejecución de las Instituciones Financieras de 1989, y la Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de 1991. <<

[*] Los países que hacen más difícil la entrada de nuevas entidades en el mercado no por ello obtienen ventajas en términos de calidad de producto. En cambio, sí muestran niveles marcadamente superiores de corrupción y mayores economías sumergidas o semisumergidas. <<

[*] En nuestro trabajo en curso sobre «El espíritu del derecho consuetudinario», Charles Béar y yo tratamos de analizar con detalle con qué precisión ha funcionado esta evolución, examinando los cambios de significado de los conceptos legales a lo largo del tiempo, en lugar de abordar la ley con el espíritu funcionalista y la mentalidad actual de Shleifer et al. <<

[*] La aparición de Irán en la lista es un obvio recordatorio de que estas bases de datos deben utilizarse con cautela. <<

[*] The Benevolent and Protective Order of Elks, «Orden Benéfica y Protectora de los Uapitíes». (N. del T.) <<

[**] The Loyal Order of Moose, «La Leal Orden de los Alces». (N. del T.) <<

[*] En sentido estricto, el Magdalen College forma parte de una universidad financiada por el Estado, cuya independencia ha sido cuestionada de manera intermitente por el gobierno. Pero en sí mismo sigue siendo una entidad autónoma, con su propia dotación económica. <<

[*] En inglés big society, un concepto utilizado como eslogan electoral por el Partido Conservador. (N. del T.) <<

[*] En palabras de West: «Una de las cosas malas del crecimiento indefinido, cuando se crece más rápido que exponencialmente, es que ese crecimiento indefinido a la larga lleva al colapso. Lleva matemáticamente al colapso debido a algo llamado singularidad en tiempo finito. Tú te diriges hacia lo que se denomina una singularidad, que es un término técnico, y resulta que, cuando te aproximas a dicha singularidad, el sistema, si la alcanza, se colapsará». <<

[*] La expresión fue acuñada por el gestor estadounidense de fondos de cobertura Ray Dalio, cuyo fondo Bridgewater ha tenido un rendimiento excepcionalmente bueno durante la crisis financiera. <<

[*] La longitud máxima de un «tuit» en Twitter. <<