Sus maridos no las creyeron. Pensaron que el dolor de haber perdido a un hijo les hacía sospechar lo imposible: que aquellos doctores, que aquellas monjas sonrientes les habían quitado a sus bebés. Con el tiempo, muchas de aquellas madres se convencieron de que la desaparición de sus hijos obedecía simplemente a una fatalidad. Hasta que una de ellas habló, muchos años después, para recordar en voz alta aquellas dudas; y otra, desde otra ciudad, con otra edad, las compartió. «Nos dijeron que nuestros bebés habían muerto pero siempre tuvimos la certeza de que seguían vivos. Ahora luchamos por que se haga justicia».

Jesús Duva & Natalia Junquera

Vidas robadas

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Titivillus 23.08.15

Jesús Duva & Natalia Junquera, 2011

Diseño de cubierta: Opal/Works

Fotografía de cubierta: Marina Vilanova

Fotografías de interiores: El País y/o propiedad privada de los testigos

Editor digital: Titivillus

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A las madres que buscan justicia

A los hijos que buscan a sus madres

Vidas robadas

Sus maridos no las creyeron. Pensaron que el dolor de haber perdido un hijo al que apenas habían visto les hacía sospechar lo imposible: que aquellos imponentes doctores en bata blanca, que aquellas monjas sonrientes, les habían quitado a su bebé. Con el tiempo, muchas de estas madres enterraron aquellas sospechas y se convencieron de que la desaparición de su hijo obedecía simplemente a una fatalidad. Hasta que una de ellas habló, muchos años después, para recordar en voz alta aquellas dudas, y otra, desde otra ciudad, con otra edad, las compartió. Y así hasta que mujeres de prácticamente toda España que habían dado a luz entre 1950 y finales de la década de 1980 se reconocieron repitiendo las mismas frases, calcadas palabra a palabra: «Me dijeron que mi bebé había muerto. Que era mejor que no lo viera y que ellos se encargaban del entierro…».

Parecía un estribillo ensayado, pero era imposible que lo fuera. Y todas empezaron a sospechar de nuevo, ahora con una sensación muy parecida a la certeza, que les habían quitado a sus bebés. Durante el último lustro, esas madres con la duda de haber sido víctimas del robo de un hijo, y esos niños adoptados, hoy adultos, con la duda de haber sido robados a sus madres biológicas, se han ido organizando, fundamentalmente a través de Internet y las redes sociales, en un movimiento de búsqueda que se ha extendido hasta alcanzar el escándalo y forzar al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado a actuar. Hoy hay más de 1.000 familias en España convencidas de que les robaron a su hijo en la clínica donde nació. Sus casos están en las fiscalías. La justicia tiene los nombres de las monjas y de los médicos, algunos todavía en activo, que según estas madres se quedaron con los pequeños para entregarlos en adopciones irregulares en las que nadie reparó o no quiso reparar hasta que en 1987 se estableció una ley que otorgaba el control de estos procesos a las Administraciones Públicas.

Este libro es el resultado de una investigación periodística para averiguar cómo funcionaban esas tramas de robo o adopción irregular de niños. Por qué lo hacían, dónde y cuándo, con qué criterios escogían a sus víctimas. Pero empecemos por el principio: la posguerra. Hasta la década de 1950 ocurrió en las cárceles franquistas y en los hogares de maquis o mujeres destacadas con la República como un método más de represión política. Un antecedente que abarca, según el cálculo del juez Baltasar Garzón, al menos 30.000 niños robados.

Capítulo 1: Paisaje de un crimen con Iglesia al fondo

CAPÍTULO 1

Paisaje de un crimen con Iglesia al fondo

ANTECEDENTES. LA POSGUERRA

En julio de 1937 el delegado exterior de la Falange en el Reino Unido escribió a Pilar Primo de Rivera una carta en la que proponía hacerse cargo de los niños que la República había evacuado al país anglosajón. Días después el mismo hombre envió una nueva nota al delegado nacional del Servicio Exterior de Falange, José del Castaño, con la siguiente sugerencia de cara al orden de repatriaciones: «Para hacer rabiar un poco a estos rojos sería una buena idea enviar primeramente a los niños vascos, que al parecer son los únicos que profesan la religión y se portan bien, y dejar para más adelante, para que les den a estos un poco más de guerra, a los asturianos y santanderinos, que son unos fieras, y conviene que estos les den unos cuantos disgustos más, pues la gente se va dando idea de que si así son los chicos, qué es lo serán los padres. Nosotros aprovechamos todo esto para hacer una gran propaganda. Son medio criminales».

Un documento fechado el 26 de noviembre de 1949 redactado por el Servicio Exterior de Falange da cuenta sobre el resultado de las repatriaciones que habían comenzado en 1937 obedeciendo a «consignas emanadas del Kremlin con objeto de obtener valiosos instrumentos para sus planes ulteriores». Así muchos de los niños que la República había alejado de España, en realidad para protegerlos de la guerra jamás volvieron a ver a sus padres. Fueron entregados en adopción a familias adeptas al Régimen (militares, falangistas, policías y burgueses), al que no le importó separar hermanos para satisfacer así a más matrimonios sin hijos.

En 1941 el general Francisco Franco dio cobertura legal a estas prácticas al autorizar por ley que a estos niños se les cambiara el apellido, impidiendo para siempre que su verdadera familia los encontrara. No se sabe cuántos fueron. Muchos de esos niños habrán muerto ancianos sin saber cuál era su verdadero nombre ni quiénes eran de verdad sus padres.

Pero el robo de niños tuvo, en esta primera etapa, no solo una cobertura legal, sino el amparo científico del psiquiatra de cabecera del franquismo, Antonio Vallejo-Nájera, cuyas disparatadas teorías de eugenesia positiva y regeneración de la raza con el fin de «multiplicar a los selectos y dejar que perezcan los débiles» bendecían que se apartara de sus familias a los hijos de republicanos para impedir que germinara en ellos el peligroso «gen marxista» que sus madres les habían transmitido.

El psiquiatra dedicó páginas y páginas a las mujeres republicanas. Le obsesionaba «la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista», que justificaba así: «A la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar por la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella». En La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española, Vallejo-Nájera abogaba sin medias tintas por que los hijos fueran separados de los padres marxistas, pues «la segregación de sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de una plaga tan temible» como la inferioridad mental, el fanatismo y la fealdad que se atribuía a los que compartían la ideología republicana. Una doctrina con evidentes similitudes con las consignas nazis de Hitler.

El robo de niños fue quizá la fórmula más atroz y menos conocida de la represión franquista. Pese a ello, según denunció el juez Baltasar Garzón en noviembre de 2008, «durante más de 60 años no ha sido objeto de la más mínima investigación». A él, como se sabe, tampoco le dejaron hacerlo. La mayoría de estas madres han muerto ya sin haber logrado encontrar a su hijo.

SEGUNDA ETAPA: AÑOS 1950-1990. EL AFÁN POR REESCRIBIR LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS. LAS VÍCTIMAS

Cuando ya no quedaron hijos que robar a madres republicanas en las cárceles, ni niños que reclamar y redistribuir desde los países a los que habían sido repatriados durante la Guerra Civil, el robo continuó. En la década de 1950 arranca una segunda gran etapa de sustracción y adopciones irregulares de bebés que se prolongó hasta finales de la de 1980. Las madres ya no eran presas, rojas o esposas de rojos. Ya no se trataba de una represión política, aunque, de alguna manera, las víctimas seguían perteneciendo a la clase social de los vencidos: matrimonios humildes, muchos de ellos con represaliados en sus familias, que habían perdido su dinero o su profesión a consecuencia de la concienzuda depuración que había llevado a cabo el Régimen. No se conoce ningún caso de mujer que perteneciera a las élites que hoy reclame el robo de su hijo.

La mayoría de las víctimas eran pobres y con pocos recursos, en todos los sentidos. Personas manipulables a las que el miedo había hecho perder la capacidad de protestar. Vulnerables mujeres en camisón que, apabulladas por la palabrería y la imponente presencia de un médico con bata blanca, fueron incapaces de reclamar hasta conseguir que les dejasen ver a aquel bebé suyo que le decían que había fallecido. Matrimonios que salieron de aquellos hospitales, en los que su hijo había nacido y aparentemente muerto, sin un solo papel y sin un cuerpo que enterrar en el panteón familiar porque en la clínica les convencieron de que «ellos ya se encargaban de todo».

El nuevo objetivo fueron también las jóvenes madres solteras, muchas de ellas forzadas por sus propios padres a deshacerse de sus hijos, contando con la complicidad de monjas y médicos que oportunamente les aseguraron que el bebé había muerto para que no se empeñaran en criarlo. Chicas bien de la burguesía que habían tenido un tropiezo mientras estudiaban en el colegio o la universidad. Adolescentes ocultadas en pisos patera para embarazadas mientras a los amigos y vecinos de la familia se les decía que había ido a estudiar a otra ciudad o a otro país.

También viudas o matrimonios en apuros que inocentemente dejaron a sus hijos en casas cuna para que les alimentaran y educaran mientras ellos encontraban un trabajo o se recuperaban económicamente. Como la madre de Liberia Hernández, que fue a visitar a su hija a la casa cuna de Tenerife durante meses hasta que un día ya no la encontró. Mercedes Sánchez, una de las monjas de aquel hogar infantil, todavía la recuerda agarrada a los barrotes del centro gritando el nombre de su hija. «Olvídate, con quien está, está mucho mejor», recuerda que le dijo la superiora a aquella madre desesperada.

Y finalmente, chicas jóvenes que durante la década de 1970 habían abandonado sus pueblos para trasladarse a las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla…) para trabajar en las fábricas o como asistentas domésticas y que, faltas de educación sexual, sin posibilidad de acceso a la píldora anticonceptiva —cuyo uso no fue despenalizado hasta octubre de 1978— quedaron embarazadas. Mujeres desconcertadas y, en muchos casos, sometidas a metódicos lavados de cerebro sobre el honor, la reputación o la vida de marginación que les quedaría por delante si no dejaban atrás a sus bebés.

LAS TRAMAS: QUIÉN, CÓMO, DÓNDE Y POR QUÉ

El nexo de unión durante estas dos grandes etapas (posguerra y décadas comprendidas entre 1950 y 1990), lo que permanece desde el principio hasta el final, es la presencia de instituciones católicas, como las Hijas de la Caridad. La mayoría de casos se producen en clínicas, maternidades o casas cuna controladas por religiosas.

El trabajo estaba repartido. Había captadores de padres y captadores de niños. Mujeres con contactos y dinero, adeptas al Régimen, y monjas y curas que se intercambiaban información sobre los respectivos «compromisos» adquiridos con las familias adoptivas. Dolores Chumillas, por ejemplo, relata que fue captada en la parroquia de San Nicolás de Bari de Bilbao por un cura llamado Fernando Ayala. Dolores estaba embarazada y recién casada con un hombre que bebía y la maltrataba. Quería iniciar una nueva vida sin su marido y con su hija. Al verla llorar en la iglesia, el sacerdote le habló de una mujer llamada Mercedes Herrán de Gras que ayudaba a mujeres en su situación. La ayuda consistía en darle cobijo, previo pago, mientras durara la gestación, quedarse luego con su bebé y echarla inmediatamente después a la calle. Pero eso Dolores lo averiguaría demasiado tarde: el mismo día del parto.

El Teléfono de la Esperanza, creado en 1971 por fray Serafín Madrid, fue otro importante canal para atraer a mujeres embarazadas y en apuros que, obligadas por una sociedad dominada por un fuerte nacionalcatolicismo en la que ser madre soltera, tener relaciones fuera del matrimonio, suponía ser despreciada por la mayoría, acabaron dando a sus hijos en adopción. El largo dedo acusador de esa férrea moral franquista señalaba también a las que tuvieran hijos estando separadas o divorciadas. El objetivo de este Teléfono de la Esperanza, ligado, de nuevo, a la Iglesia y conectado con parroquias de toda España, era «prestar soluciones de emergencia ante los nuevos problemas sociales y psicosociales» surgidos en España. No pocas de aquellas jóvenes que descolgaron el teléfono acabaron cediendo en adopción a sus niños tras ser convencidas de que era lo mejor para ellas y para sus bebés.

Pero para llevar a cabo la operación era imprescindible, además, involucrar a un médico. Y los hubo dispuestos. Médicos que hoy, cuando esas madres e hijos con dudas acuden a pedirles información, aseguran haber quemado todos los archivos. Médicos que compartían con aquellas monjas la convicción de que no todo el mundo merecía tener un hijo, o al menos, que unos los merecían más que otros. Monjas y médicos ultracatólicos que decidieron rectificar juntos los renglones torcidos escritos por Dios. ¿Podrían permitir que una adolescente de 15 o 16 años fuera madre? ¿Podían dejar pasar por alto que una mujer tuviera un hijo fuera del matrimonio? ¿Deberían mirar para otro lado cuando una joven pobre o de escasos recursos paría su tercer o cuarto hijo? ¿Podían quedarse ellos de brazos cruzados mientras mujeres libertinas o directamente prostituidas traían al mundo nuevas criaturas? Aquellas monjas, curas y médicos decidieron que no. Y durante décadas procedieron a enderezar los errores de la naturaleza, a salvar a aquellos niños que habían nacido en las familias equivocadas.

Nadie tiene la prueba, por el momento, de que estos personajes acordaran montar una trama organizada y jerarquizada para quitar (a quien no los merecía) y poner (a quien no podía tenerlos) niños. Pero hoy, visto con la escasa perspectiva histórica que permiten los pocos años transcurridos desde el último caso de robo de niño denunciado, no cabe duda de que estas tramas existieron y actuaron de una forma más o menos coordinada.

Las monjas y los sacerdotes podían captar a parejas estériles y a mujeres embarazadas, pero solo los médicos podían inscribir como madres biológicas a las adoptivas. Ésta, la de los niños apropiados, es solo una de las ramificaciones de estas tramas de robo y adopción irregular de niños. Inés Pérez, de 87 años, recuerda bien que un doctor llamado Eduardo Vela Vela, director de la clínica San Ramón, la llamó por teléfono una tarde de 1969 y le anunció: «Tengo un regalo para ti». Cuando al día siguiente acudió al sanatorio vio que el obsequio era, nada más y nada menos, que una niña. El mismo doctor, según relata la propia Inés, le enseñó también a fingir un embarazo para regresar a casa como si aquel bebé fuera suyo.

Varias de las madres que han llevado sus casos a las fiscalías mencionan esta misma clínica, San Ramón, y este mismo doctor, Eduardo Vela, que hoy, a sus 77 años, sigue ejerciendo en su consulta de Madrid y que declinó ofrecer su versión en la serie de reportajes publicados por El País. Literalmente nos cerró la puerta en las narices.

La clínica San Ramón de Madrid, ubicada en el número 143 del paseo de La Habana, apareció públicamente salpicada por estos turbios manejos a finales de 1981. Fue en noviembre de ese año cuando la Brigada Judicial de Madrid intervino para frustrar la compraventa de dos recién nacidos y detuvo a seis personas supuestamente implicadas en ese negocio.

La investigación comenzó un mes antes, cuando la policía identificó a Josefina Toledano Marcos, prostituta habitual en la céntrica calle de la Montera, como madre de un bebé que había sido entregado a un matrimonio residente en la Comunidad Valenciana previo pago de unas 150.000 pesetas y la promesa de entregar 200.000 más en fechas próximas. Ese dinero lo recibió presuntamente de manos de María José Igualada Valia, propietaria de una guardería en régimen de internado existente en la calle de Lanuza.

Las pesquisas condujeron hasta un hostal de la calle Jardines, muy cerca de la Puerta del Sol, regentado por las hermanas Irene y Eulalia Luis Criado, quienes supuestamente pusieron en contacto a Josefina Toledano con María José Igualada.

Otra de las detenidas en la redada fue Consuelo Candel Vila, «cuya actuación consistió en hacerse cargo del hijo de Josefina y entregárselo al matrimonio adoptante». «Reconoce haber participado solamente en tres casos similares y afirma que las cantidades pagadas por los adoptantes eran de unas 200.000 pesetas, que entregaban a la dueña de la guardería infantil en el momento de recoger al bebé en el sanatorio», según una nota oficial de la policía difundida el 18 de noviembre de 1981.

Los agentes averiguaron que este entramado utilizaba la clínica San Ramón como parte de la infraestructura necesaria para sus fines: el control médico de las embarazadas, el parto y la posterior entrega de sus criaturas a los padres adoptantes. «Allí obtenían toda clase de facilidades para ocultar su identidad», como aseveró entonces la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La guardería de la calle de Lanuza, a espaldas del repetidor de Televisión Española de la calle de O’Donnell, formaba parte de la red. Ese establecimiento, dirigido por María José Igualada, servía como centro de operaciones, por lo que su dueña «se quedaba con la casi totalidad del dinero y solo daba cantidades mínimas a las madres biológicas y a los demás intermediarios», según las pesquisas entregadas al juez.

La Brigada Judicial averiguó que 14 matrimonios de la costa levantina habían adoptado irregularmente a criaturas salidas de los paritorios de la clínica San Ramón, pero ninguno de ellos fue detenido ni molestado. Lo mismo sucedió con el doctor Vela, que tampoco fue arrestado. Ni siquiera importunado con preguntas indiscretas, pese a que era más que evidente que su sanatorio era una auténtica fábrica de bebés que abastecía a cientos de parejas estériles, en estrecha cooperación con la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), fundada por el fiscal del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro en 1969.

¿Por qué ni la policía ni el juez ahondaron en una investigación que podía haber destapado una oscura y compleja malla urdida en torno a unos inocentes bebés? ¿Por qué las indagaciones se frenaron en el eslabón más bajo de la cadena? ¿Por qué no fueron al menos interrogados los médicos, monjas, abogados y notarios que con sus firmas habían dado apariencia de legalidad a este tráfico de recién nacidos? Nadie lo sabe. Pero cabe suponer que alguien decidió que gente tan reputada no debía ser tratada como simples delincuentes.

MODUS OPERANDI. «NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO»

Pese a la disparidad de fechas, clínicas y ciudades que salpican el millar de casos denunciados, las tramas funcionaron durante años con un modus operandi muy parecido. A las madres se les decía, a las pocas horas de dar a luz, que el bebé había muerto. A muchas de ellas las habían sedado durante el parto y al despertar, les habían retrasado el encuentro con su hijo alegando que estaba en la incubadora. Comunicada la mala noticia, y aprovechando el aturdimiento propio del dolor, médicos y monjas las convencían de que ver el cadáver era «un trauma innecesario». Que el bebé estaba «deformado», que el niño ya era «un ángel de Dios». Gloria, que busca a su hermano nacido en la clínica San Ramón de Madrid el 2 de marzo de 1971, recuerda con indignación que a su madre una monja le dijo tras comunicarle que el bebé había muerto: «No llores que tienes otras cuatro hijas. Piensa que entre tanta niña, tu hijo sería un mariquita».

Cuando aquellas madres deshechas reclamaban, al fin, un ataúd para enterrar al pequeño con otros familiares, les aseguraban que ellos «ya se encargaban de todo». Y si insistían mucho, monjas y médicos gastaban su último cartucho: «Me entregaron un envoltorio que parecía un sudario. ¡El bebé estaba helado!». Elsa López, poetisa, sospecha que el 5 de febrero de 1981 en la clínica San Ramón lo que le enseñaron fue el cadáver de un recién nacido que guardaban, para estos casos, en el congelador.

Cuando, al oír a otras madres, estas mujeres han desenterrado sus dudas y acudido a los cementerios donde les aseguraron que habían sido inhumados sus hijos, muchas se han encontrado con que no hay rastro en los libros de registro.

En el caso de las mujeres que fueron coaccionadas a dejar en adopción a sus hijos, las monjas inventaban toda suerte de detalles sobre la idílica pareja de padres adoptivos: «Son unos abogados muy ricos de Madrid. Con ellos el niño va a estar mucho mejor…». Por supuesto, aunque incluso la ley de entonces les ofrecía la oportunidad de hacerlo durante seis meses, en la práctica no había posibilidad de arrepentimiento. Si alguna intentaba luchar, tropezaría siempre con un muro infranqueable, una poderosa estructura contra la que todo esfuerzo quedaba condenado al fracaso.

Incluso en los pocos casos en que alguna chica decidió entablar una batalla legal, el final fue siempre la derrota. Nadie podía desafiar aquella poderosa e influyente estructura. Inmaculada R. G., que hoy todavía pide ocultar su identidad, lo intentó. Trabajaba en una empresa harinera de Bilbao cuando en 1973 quedó embarazada de un hombre casado. De nada sirvió que Inmaculada, hermana de un sacerdote palentino, se gastase el dinero que no tenía para contratar los servicios de prestigiosos abogados como Gregorio Peces-Barba o Tomás de la Quadra-Salcedo. Después de 13 años de litigios no logró que le fuera devuelta su hija, la que le habían arrebatado al nacer para ser dada en adopción a un matrimonio de la burguesía madrileña.

Mientras, del otro lado, los padres adoptivos podían escoger: niño o niña. En el caso de las casas cuna, incluso qué niño o niña, pues las monjas organizaban con frecuencia exposiciones de candidatos, colocados en fila, a los que los compradores escrutaban a conciencia (pelo, dientes, arqueo de las piernas) antes de elegir al que más les gustaba.

Es cierto que muchos pagaron por sus hijos, aunque las conclusiones extraídas de esta investigación nos indican que el móvil económico era secundario frente al ideológico, el que pretendía corregir esos renglones torcidos de Dios. Las cantidades oscilaban entre las 50.000 pesetas y el millón, según el abogado de algunas de las víctimas, Enrique Vila. Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), afirma que sabe incluso cuál fue su precio: sus padres adoptivos pagaron 200.000 pesetas por él.

Pero cuando no hubo dinero, no hubo problemas. En algunos casos, las monjas ofrecieron a estos matrimonios un trueque: te doy un niño si me traes una embarazada. El intercambio, explicaban, era necesario para que las madres biológicas «no dieran la lata» buscando a sus hijos el día de mañana. Y, de paso, las fábricas de bebés siempre tenían así nuevas parturientas en cartera y jamás se interrumpía la producción.

Los censos de población revelan cómo España experimentó un imparable descenso en los índices de natalidad a partir de 1975, curiosamente, el mismo año de la muerte de Franco, coincidiendo con una fuerte industrialización. Ésta trajo consigo el éxodo de la gente del campo a la ciudad, la incorporación de la mujer al mundo laboral y consecuentemente un imparable descenso de la natalidad. Durante la década de 1960 y gran parte de la de 1970 se había mantenido un nivel casi constante (entre 650.000 y 700.000 nacidos al año), pero a partir de 1976 se produjo un descenso continuado hasta 1998, en que solo vinieron al mundo 365.000 bebés. La consecuencia inmediata de este cambio de comportamiento fue el envejecimiento de la población.

El fuerte descenso de la natalidad vació los tétricos hospicios a los que anteriormente acudían los matrimonios estériles para adoptar a un niño o niña y satisfacer sus deseos de ser padres. Pero, en paralelo, esos matrimonios continuaron demandando niños. De modo que siguiendo las leyes de la oferta y la demanda las tramas dispuestas a satisfacer las peticiones de bebés se mantuvieron activas. Dicho de otra forma, si las instituciones del Gobierno eran incapaces de resolver esos deseos, otras instituciones capaces de colmar las ansias de paternidad entraban en juego.

ESTALLA EL ESCÁNDALO

Hoy parece claro que durante medio siglo hubo en España todo tipo de irregularidades en torno a las adopciones de niños. Durante la dictadura resultaba difícil denunciar estas sórdidas actividades no solo por los potentes resortes con que contaba el Régimen, sino también porque resultaba imposible hacerlo a través de los medios de comunicación social, controlados y amordazados por la autocracia franquista.

Pero ¿por qué han tenido que pasar 35 años desde la muerte del dictador y la llegada de la democracia para que este asunto espeluznante haya salido a luz? Tal vez porque muchas de las mujeres que fueron coaccionadas —por su familia, por el ambiente social— a dar a sus hijos en adopción decidieron borrar de su mente un episodio tan amargo como ése. Otras, en su misma situación, pensaron en algún momento en la posibilidad de intentar recuperar a aquellos hijos, pero desistieron ante la certeza de que hacerlo supondría despertar viejos fantasmas y tal vez causar un daño irreparable a sus esposos y a sus hijos actuales.

Las mujeres que simplemente fueron engañadas con la argucia de que sus bebés habían muerto se limitaron durante años a rumiar en silencio sus sospechas y sus temores. ¿Adónde acudir? ¿Ante quién reclamar después de tanto tiempo sin el riesgo de ser tildadas de dementes? En muchos casos ni sus propios maridos las creían, porque pensar en el robo de un niño era pensar lo impensable. Algo similar les ocurría a las que tenían la casi absoluta certeza de que alguien les había arrebatado a sus criaturas.

Serían los hijos, al iniciar la batalla por descubrir sus orígenes, quienes activaran la espoleta del escándalo que hoy tiene conmocionada a la opinión pública española. Durante mucho tiempo, estas personas se movilizaron e intercambiaron información a través de chats y foros. Un tsunami que se fraguó silenciosamente a través de Internet, sin apenas transcender a los periódicos ni a la televisión. Estas personas eran en su inmensa mayoría mujeres que un día, siendo recién nacidas, fueron dadas en adopción o sencillamente fueron robadas y vendidas.

Buceando en la red, algunas de estas mujeres descubrieron artículos y reportajes publicados muchos años atrás a raíz de la redada policial que salpicó en 1981 a la clínica San Ramón de Madrid. Un día del otoño de 2008 una mujer se atrevió a llamar a El País para intentar ahondar en aquellas informaciones añejas. Era una niña de la clínica San Ramón, residente en Barcelona, cuya madre adoptiva le había revelado la verdad a regañadientes.

La redactora que atendió esa llamada había firmado una de aquellas viejas informaciones, pero jamás había vuelto a ocuparse del asunto. Sin embargo, antes de colgar el auricular le dijo a la comunicante:

—Espere un momento. Voy a pasarle con Jesús Duva, un compañero que quizá pueda ayudarla.

En el año 1981 Jesús Duva trabajaba en el extinto diario Ya y se había ocupado del caso San Ramón. Por más que había intentado ahondar en el tema, lo único que había logrado averiguar fue que había una monja, sor María Gómez Valbuena, sobre la que era vox populi que había hecho de intermediaria en cientos de adopciones. Y muchas de ellas realizadas en la maternidad de Santa Cristina, próxima a la guardería de la calle de Lanuza que aparecía en las investigaciones policiales. Sin embargo fue imposible desenmarañar ninguna trama, porque ni la policía ni los jueces investigaron nada. Un mes después María Antonia Iglesias firmó en Interviú varios reportajes sobre el mismo tema, ilustrados con la foto de un bebé en un congelador, sin que las autoridades decidieran profundizar en lo que ocurría en esa clínica siniestra.

La barcelonesa que llamó a El País contó cómo había decenas de personas moviéndose por la Red para intercambiarse datos que pudieran servirles para descubrir sus orígenes y sus raíces, algo que supone una auténtica obsesión para quienes son adoptados. Esa mujer pedía ayuda, quería saber si la policía había llegado más lejos de lo que había dicho oficialmente en aquel ya lejano 1981. Y decidimos averiguarlo.

Comprobamos que en las webs quiensabedonde.es y buscapersonas.org había incontables mensajes de hombres y mujeres que buscaban a sus madres, y madres que buscaban a sus hijos, mezclados con otros que solicitaban apoyo para dar con el paradero de familiares desaparecidos. Nos costó mucha insistencia conseguir acceder al atestado escrito en su día por los agentes que investigaron el caso San Ramón, aunque supuso una decepción: las pesquisas reflejadas en poco más de una docena de folios polvorientos y ajados se limitaban a lo ya sabido. Solamente hacían referencia a las cinco mujeres y al novio de una de ellas, un proxeneta, detenidos en su día, sin que hubiera mención al nombre de los 14 matrimonios valencianos a los que los policías habían constatado que habían ido a parar otros tantos niños.

Sin embargo, el hecho de que hubiera tanta gente atormentada por la búsqueda de sus orígenes nos aconsejó dar voz a esas personas para intentar ayudarlas y para que la sociedad española conociera una parte de su pasado, que hasta entonces había permanecido oculto. El problema surgió cuando muchos de esos niños de San Ramón rehusaron contar su historia a cara descubierta: unos porque no querían dañar ni a sus esposos ni a las familias que habían creado; otros, porque no deseaban exponer al dedo acusador a los padres adoptivos, que en la inmensa mayoría de los casos les habían cuidado y educado con cariño y abnegación.

Después de conversar con decenas de madres e hijos afectados, una joven nacida en la clínica San Ramón y dada en adopción a un matrimonio valenciano accedió a hablar y a dejarse fotografiar para El País. Ella sería el hilo conductor del reportaje. Acordamos un día y una hora para la entrevista. Sin embargo, ese día empezó diciendo que lo había pensado mejor y que no deseaba aparecer ni con su nombre ni con su rostro en las páginas del periódico. Costó mucho trabajo convencerla de que, al menos, nos facilitase una fotografía suya de cuando era pequeña en brazos de su madre adoptiva. Y aun así la foto hubo de ser tratada mecánicamente para que fuera lo menos reconocible posible. Ese reportaje fue publicado en El País el 30 de noviembre de 2008 bajo el título de La llamada de la sangre.

Aquel reportaje supuso una auténtica conmoción social y provocó una marejada entre quienes andaban a la búsqueda de sus orígenes. A través del teléfono, el correo postal y el correo electrónico llegó un aluvión de cientos de historias a El País, que en muchos casos sirvió de enlace entre unos y otros. Así empezaron a organizarse, hasta el punto de convocar reuniones en las que acordaron una estrategia común de la que más tarde surgiría la creación de la plataforma Afectados de las Clínicas San Ramón, Santa Cristina y Belén.

Unos tres meses después de La llamada de la sangre, el asunto de las adopciones irregulares había cobrado tal magnitud que El País decidió volver sobre el tema: lo hizo el 21 de febrero de 2009 con un nuevo reportaje titulado La fábrica de bebés, en alusión a los centenares de niños que salieron de la clínica del doctor Vela con destino al mercado de las adopciones irregulares, cuando no claramente ilegales.

El impacto en la opinión pública fue muy fuerte, así como en los propios afectados, que nos demandaban ayuda para intentar que el Gobierno o la justicia tomaran cartas en el asunto. A muchos de ellos les aconsejamos que contactaran con el abogado valenciano Enrique Vila Torres, de quien sabíamos que se había especializado en este tipo de litigios tras descubrir en 1988, a sus 23 años, que era un chico adoptado.

A finales de 2009 el abogado Vila y los zaragozanos Antonio Barroso y Juan Luis Moreno, ambos niños robados, presentaron una denuncia ante los juzgados para tratar de averiguar su procedencia y descubrir quiénes son sus madres biológicas. La denuncia fue archivada y ellos decidieron seguir luchando, para lo que crearon la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) porque el robo de niños no era un problema únicamente de la clínica San Ramón. Había casos en hospitales y ciudades de toda España.

El 27 de enero de 2011 la misma asociación depositó en la Fiscalía General del Estado otra denuncia con 261 casos de robo de niños. Hoy son más de 1.000. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha nombrado una coordinadora para todas las investigaciones. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también ha puesto a disposición de las asociaciones de afectados un fiscal coordinador, Ángel Núñez, asesor de su secretario de Estado. Apenas un par de meses antes, la Audiencia Nacional, donde se depositaron en 2006 las primeras denuncias que hablaban del robo de niños, había remitido a los afectados al Ministerio de Justicia tras declinar encargarse de este asunto. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, explicó personalmente a varias familias afectadas que en el catálogo de delitos que puede investigar este tribunal no encajaba una causa como aquélla. El abogado de los familiares, Fernando Magán, disiente por varios motivos, entre otros, porque opina que la extensión temporal y espacial (en prácticamente toda España y durante medio siglo) del robo de niños se enmarcaría dentro del crimen organizado, que sí es competencia de la Audiencia Nacional. Magán cree que sencillamente hubiera sido muy difícil explicar por qué, después de suspender de funciones al primer juez que quiso investigar estos hechos, Baltasar Garzón, se abría una causa por robo de bebés en este tribunal. Uno de estos casos, por cierto, el de Mar Soriano, coordinadora de una de las plataformas de afectados, ha sido devuelto a la Audiencia Nacional por un juzgado madrileño que decidió inhibirse por entender que los delitos denunciados serían competencia del tribunal del que fue apartado Garzón.

LA CONEXIÓN ENTRE LAS TRAMAS

Las cosas empezaban a moverse. Ahora las víctimas querían hablar, salir en los medios de comunicación. Más complicado era, sin embargo, contactar con las personas a las que los afectados acusaban directamente de estas prácticas, como sor Juana Alonso, superiora de la casa cuna de Tenerife. Por fin la localizamos en Sevilla.

«Buenos días, soy Natalia Junquera, periodista del diario El País. Quería charlar con usted sobre la casa cuna de Tenerife…».

Antes de que le preguntara sobre el supuesto robo de niños denunciados por algunos de los que pasaron por aquel hogar infantil, sor Juana Alonso respondió: «¿Que vendíamos niños? Allí no cobrábamos nada. ¡Lo demás son cuentos!».

La entrevista telefónica se prolongó durante unos 25 minutos en los que la exsuperiora de la casa cuna de Tenerife, un lugar que algunos de sus antiguos inquilinos recuerdan como la «casa de los horrores», incurrió en varias contradicciones.

El de sor Juana es uno de los escasísimos testimonios de personajes relacionados con las tramas que se han publicado sin artimañas como la cámara oculta o la suplantación (hacerse pasar por alguien que no es periodista), que nuestro periódico tiene prohibidas. La charla con esta monja marca un punto de inflexión en la investigación porque confirma la versión que una madre de niño robado nos había dado hacía ya tiempo: que los bebés eran traídos y llevados de una comunidad autónoma a otra, es decir, que las tramas estaban conectadas entre sí. Sor Juana admitió en la entrevista que tenía un acuerdo con una mujer llamada Mercedes Herrán de Gras, propietaria de varios pisos-nido para embarazadas en Bilbao —donde le fue robado su hijo a esta madre que prefiere ocultarse bajo el pseudónimo de Gotas de Lluvia— para intercambiarse padres adoptivos y bebés.

En la entrevista sor Juana negó, además, conocer a Liberia Hernández, que en aquella casa cuna fue entregada sin el consentimiento de su madre a una pareja de Alcoi que en realidad quería una criada, no una hija. Y es este testimonio el que anima a Mercedes Sánchez, otra de las monjas del hogar infantil, a hablar por primera vez de lo que vio hacer a sor Juana. Es la primera religiosa (dejó de serlo por culpa de esta superiora) en denunciar el tráfico de niños.

LA EXPORTACIÓN DE NIÑOS

El otro gran salto en la investigación es la confirmación de algo que ya sospechábamos: que las tramas de adopciones ilegales también exportaban niños al extranjero. Para entonces el buzón vidasrobadas@elpais.es que habíamos dispuesto para atender las solicitudes de información de afectados o gente con dudas estaba repleto de historias personales, entre ellas, la de Randy Ryder, que desde Austin, Texas (Estados Unidos), en un mensaje en español que le había ayudado a escribir un amigo de Málaga, relataba su caso. «Nací el 8 de junio de 1971 en el sanatorio San Ramón de Málaga. En 1998 mi padre (Roland Edward Ryder, natural de Texas) me dijo que habían pagado 5.000 dólares por mí y que habían seleccionado al mejor niño de todos los que había».

Le pedimos que nos enviase la documentación que ha reunido sobre su caso y comprobamos que pese a lo que le habían confesado, Randy estaba inscrito como hijo biológico de una mujer que nunca había estado embarazada: su madre adoptiva, la austriaca Roswitha Huber. Es otro niño apropiado.

Indagando en foros, descubrimos que otros matrimonios extranjeros (de México, Venezuela…) habían repetido la misma operación: coger un avión a España, pagar una cantidad de dinero y llevarse a un niño. El mercado de bebés había traspasado las fronteras españolas.

Capítulo 2: «¡Matadla conmigo!»

CAPÍTULO 2

«¡Matadla conmigo!»

Oí gritos desgarradores: «“¡No me la quiten! ¡Me la quiero llevar al otro mundo!”. Otra exclamaba: “¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos! ¡Matadla conmigo!” […] Se había entablado una lucha feroz: los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido. Jamás pensé que hubiese tenido que presenciar escena semejante en un país civilizado». Esto lo escribió el fraile Gumersindo de Estella en sus memorias. Como capellán de la prisión de Torrero (Zaragoza) presenció en sus múltiples formas el encarnizamiento de los vencedores con los vencidos, sus mujeres y sus hijos.

De lo que pasaba después con aquellos niños da cuenta otro capellán con inquietudes bien distintas en una carta que escribió desde la casa cuna de Sevilla a los futuros padres de una de aquellas criaturas: «Mis queridos amigos: la madre de la niña se presentó en la Diputación […] al ver esto y prever que les podían hacer pasar a ustedes un mal rato, decidí no hablar ni tocar el asunto en la Diputación hasta que no estuviera alejada la idea de esta mujer y cuando ustedes fueran ni se acordaran que tal mujer había ido a reclamar nada».

El Régimen del general Franco robó niños a las madres presas, los repatrió sin permiso de sus padres ni de los países a los que la República los había evacuado durante la guerra y desde 1941, permitió por ley que les cambiaran los apellidos. Éstas son algunas historias de las madres que no olvidaron, los que tuvieron la suerte de reencontrarse y los que siguen buscando.

ANTONIA RADAS: «ME LLAMABA PASIONARIA»

Tuvieron solo un año y medio para conocerse, «para hacernos preguntas», aclara Antonia. «Yo tenía 54 años cuando conocí a mi madre. Ella, 87». Carmen y Antonia se encontraron gracias a un programa de televisión, Quién sabe dónde. «La reconocí enseguida. ¡Era idéntica a mí, pero con 30 años más! Mi madre me gustó mucho. Era auténtica, tenía un poco de genio, igual que tengo yo». El año y medio que vivió Carmen desde aquel encuentro se esfumó en presentar a hermanos y nietos, en llorar por el tiempo perdido y en aclarar una mentira.

«Yo siempre pensé que mi madre me había abandonado. Fue lo que me dijeron mis padres adoptivos. Y cuando en mi primera comunión se presentó un chico diciendo que era mi hermano y que me fuera con él porque mi madre me estaba esperando, yo le grité: “¡Es mentira!”. Pero era verdad.

»—Déjanos a la niña, que nosotros te la cuidaremos —le habían dicho a su madre en prisión.

»—¡Antes de eso, yo la ahogo!

»Mi madre me contó que había oído que robaban a los niños en la cárcel, por eso reaccionó así. Pero viendo que tarde o temprano me iban a apartar de ella, decidió darme a otra presa que ya salía en libertad para que cuidara de mí los seis meses que le quedaban a ella de condena. Pero la amiga me vendió o me regaló a mi familia adoptiva. Por no querer perderme, al final casi me pierde para siempre», recuerda Antonia, que a los 54 años descubrió que se llamaba Pasionaria. «A ella la habían hecho presa para coger a mi padre, que estaba en el monte. Él se entregó y lo fusilaron y a mi madre no la soltaron. Me puso Pasionaria para fastidiar a los que habían matado a mi padre. Pero en cuanto mis padres adoptivos me bautizaron, me cambiaron mi nombre por Antonia».

EMILIA GIRÓN: «YO SÉ QUE LO PARÍ»

Aunque nunca supo si seguía vivo o con qué nombre había muerto, Emilia Girón nunca olvidó a su segundo hijo. Quería llamarle Jesús y se lo quitaron en el hospital de Salamanca, adonde la habían desterrado por ser hermana de uno de los guerrilleros más famosos de España, Manuel Girón, El león del Bierzo.

Antes de dar a luz a Jesús, Emilia había sido torturada decenas de veces para que confesara el paradero de su hermano. «Iban a buscarla a casa casi cada día. Una hora después de parirme a mí fueron a por ella y se la llevaron todavía sangrando al puesto de la Guardia Civil para que identificara a un guerrillero que habían matado, para ver si era mi tío. La molieron a palos», explica Antonio Prada Girón, otro de sus hijos, que ha oído muchas veces aquel relato.

«Yo sé que lo parí. Se lo llevaron para bautizarlo, pero no me lo devolvieron. No lo volví a ver más. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó, pero a mí no me pidieron permiso», relató Emilia Girón ante la cámara de Montserrat Armengou, autora del documental Los niños perdidos del franquismo. Ahora es su hijo Antonio quien le sigue buscando. «Mi madre murió en 2007, a los 96 años, con la pena de no haberle encontrado. No dejó de pensar en él ni un solo día. Porque mi madre lo parió, y de eso no pudo olvidarse», explica Antonio. «Le tenía siempre en el pensamiento. Nos repitió muchas veces que teníamos otro hermano y que se lo habían robado. Le quería tanto como a nosotros cinco».

MARÍA JOSÉ HUELGA. «MARÍA LUISA, LA MÁS PEQUEÑA, NUNCA VOLVIÓ»

Antes de morir, a los 84 años, Marina Álvarez Gutiérrez se hizo cinco pruebas de ADN con cinco mujeres que vivían en Francia, Bélgica, La Rioja, Murcia y Zamora para averiguar si alguna de ellas era su hermana María Luisa. No tuvo suerte. «La primera se la hizo muy ilusionada porque estaba convencida de que iba a ser su hermana. No se imaginaba que hubiera más casos como el suyo, y que habían robado a tantos niños», explica su hija María José Huelga. Marina no tuvo suerte. Ninguna de aquellas cinco mujeres era la niña que recordaba haber llevado de la mano hasta el carguero inglés en el que fueron evacuadas a Burdeos.

Intentando poner a sus seis hijos a salvo, su padre había pedido para ellos un pasaporte de guerra. «Le dijeron que no les iba a pasar nada, y mira lo que pasó. Mi madre tenía entonces 3 años y medio y mi tía, poco más de 1 año. Iban a Burdeos pero al final los separaron a todos. María Luisa, la más pequeña, nunca volvió».

Mientras el miedo a Franco le impidió preguntar por ella a la Guardia Civil, Marina acudió con frecuencia a un echador de cartas para saber cómo estaba su hermana. «Le decían que estaba viva y mi madre se quedaba contenta. Siempre estaba pensando en ella, imaginando cómo sería ahora su hermana. A veces decía: “Siento que no está muerta. A lo mejor es monja…”. Toda la vida tuvo la angustia de haberla perdido», recuerda María José. «Por eso ahora, si consigo encontrar a mi tía, por una parte va a ser una alegría, pero por otra va a ser una pena tremenda, porque mi madre se ha muerto sin verla. Aun así me encantaría encontrarla y decirle que no la abandonaron. Poder contarle lo que pasó y quién es. Nadie se merece menos que eso. Pero es tan difícil… si nosotras encontramos cinco mujeres con casos parecidos y ninguna era mi tía, ¿cuántos niños habrán podido robar los franquistas?».

MARÍA CALVO. CUATRO NOMBRES DISTINTOS

María ha tenido, en 76 años, cuatro nombres distintos: fue María del Carmen Calvo García al nacer. María Expósita en Francia. María Pérez Gómez de vuelta a España. Y para que pudiera casarse, le pusieron María López García, los apellidos de sus padres adoptivos.

El suyo, el que le habían puesto sus padres, lo descubrió hace muy poco. «Te llamas Carmen Calvo García», le tuvo que decir Florencia, su hermana, que también la encontró gracias al programa Quién sabe dónde, casi 70 años después de que un bombardeo alemán las separara en Francia cuando María aún era muy pequeña para recordar aquella imagen.

«Mi madre no sabía cómo se llamaba. Tuvo que ir a la televisión para saber quién era. Y a un forense para que le dijera mirándole la dentadura cuántos años tenía. ¿Puede haber algo más penoso?», se pregunta su hija Encarnación, que pide hablar en nombre de su madre para que ella no sufra recordando la vida que perdió.

Como tantos otros niños, María y Florencia llegaron a Francia huyendo de una guerra y tropezaron con otra. Fueron a parar a distintas familias en Francia. Hasta que Franco reclamó la repatriación de los 34.037 niños que el Gobierno rojo había expatriado durante la guerra obedeciendo «a consignas emanadas del Kremlin con objeto de obtener valiosos instrumentos para sus planes ulteriores», según un informe de Falange sobre las repatriaciones, de noviembre de 1949. Las hermanas fueron separadas y tuvieron vidas muy distintas.

«Mi madre recuerda perfectamente el día en que su madre adoptiva la recogió en el colegio al que la habían llevado en Madrid. Pusieron a todas las niñas en el patio y mi abuela adoptiva dijo: “Ésa es la que quiero”. Le dijo: “Soy tu madre” y se la llevaron a Jumilla (Murcia)», explica Encarnación. «Florencia tuvo una vida muy distinta. La pobre sufrió mucho…».

Entró en un asilo a los 10 años y no salió de él hasta los 18. «Me quedé hasta ciega de tanto llorar. Recién llegada de Francia, me oriné más de una vez en la cama y las monjas me ponían las sábanas por la cabeza. Me hacían pasar por el comedor de los niños con la sábana mojada para que me diera más vergüenza…», relata Florencia en el documental Los niños perdidos del franquismo justo antes de ahogarse en su propia voz. Falleció hace años, poco tiempo después de que el ADN confirmara que la mujer a la que había encontrado en Quién sabe dónde era su hermana.

María nunca se había atrevido a preguntar a sus padres adoptivos si era verdad lo que le habían dicho otras niñas: «Tú no eres tú». Cuando se estaba muriendo, su madre adoptiva le confesó que había «un secreto», pero le dijo que se lo llevaría a la tumba. Y así fue. Con la ayuda de su hija, María comenzó a buscar su identidad. Hasta que vio a su hermana en televisión. «No te conozco pero yo te quiero mucho», le dijo ella. Florencia nunca se había creído lo que le habían dicho en el asilo: «María está muerta. La tiraron por la ventanilla del tren».

Capítulo 3: «Venían y nos miraban el pelo, los dientes, las piernas… como si compraran caballos»

CAPÍTULO 3

«Venían y nos miraban el pelo, los dientes, las piernas… como si compraran caballos»

«¡Con el dinero que me has costado! ¡Podría haber comprado una piara de cerdos!». Liberia Hernández escuchó durante muchos años este reproche de su madre adoptiva. «Con el tiempo, cuando le pregunté por qué me habían adoptado para tratarme tan mal, me confesó que ella y su marido le habían pedido a su sobrina, sor María Soler, que les buscara a alguien para que les cuidara el día de mañana, cuando fueran mayores. Y ese alguien fui yo».

Liberia nunca sintió a aquella pareja de Alcoi (Alicante) como sus padres y ellos nunca la trataron como una hija. «Éste es el contrato de compraventa», cuenta con sorna, mientras muestra el documento de su adopción. Lo firman Juan Rabira Méndez y Bernardo Acuña Dorta. Este último, condecorado por el Régimen franquista por haberse sumado al golpe militar el mismo 18 de julio de 1936, era el administrador de la casa cuna de Tenerife, donde fue recogida para ser trasladada a Alicante cuando tenía 8 años. La que no aparece por ningún sitio es la firma de su madre biológica, que jamás autorizó la adopción y que durante meses acudió a la casa cuna preguntando por el paradero de su hija, hasta que le dijeron que estaba «con alguien mejor» y le prohibieron volver a entrar en el centro, regentado por Hijas de la Caridad.

La madre biológica de Liberia se había visto obligada a ingresarla en la casa cuna. Se había quedado viuda durante el embarazo, y para sacar a sus siete hijos adelante se casó cuando pudo con otro hombre de Arafo (Tenerife) que le dijo que no quería bebés que no fueran suyos en la casa. «Creemos que a mi padre lo mataron por orden del cacique del pueblo por un asunto de tierras. Lo tiraron por un barranco cuando mi madre estaba embarazada de mí. Ella volvió a casarse enseguida, con un hombre al que no quería, Camilo, para sacarnos adelante. Pero él dijo que no quería bebés. Así que mi madre me llevó a la casa cuna de Santa Cruz de Tenerife para que me cuidaran hasta que creciera un poco. Iba a verme todos los días. Ella me decía: “Ya queda poco, pronto te reunirás con tus hermanos”. Jamás pensó abandonarme», relata Liberia, que hoy tiene 56 años. Tuvo que esperar casi tres décadas para volver a verla. Un anuncio en una revista del corazón permitió el reencuentro de ambas.

En la casa cuna, Liberia padeció una pesadilla interminable. «Vivíamos aterrorizadas por las monjas. Había niñas que se golpeaban contra la pared igual que hacen los enfermos mentales. Te castigaban por cualquier cosa. Si te hacías pis en la cama, las monjas te ponían las bragas en la cabeza y te hacían pasear con un cartelito que decía: “Se ha orinado en la cama. Meona”, por delante del resto de niñas, que se reían de ti. Para castigarnos, otras veces nos arrastraban al lugar donde tenían las gallinas y los conejos, recogían excrementos y nos los pegaban a la boca con esparadrapo. Sor Milagros siempre llevaba colgando de una parte del cinturón el rosario y de la otra las tijeras con las que cortaba el esparadrapo. Te dejaban así hasta que se acordaban de ti y te decían que podías ir a lavarte…».

De vez en cuando, recuerda, la vestían de punta en blanco. «Entonces sabías que ese día había exposición. Nos llevaban al despacho de sor Juana —la superiora— a cuatro o seis niñas y nos ponían en fila. Venían matrimonios y nos miraban los dientes, el pelo, te levantaban la falda para ver si tenías las piernas torcidas… Era como si compraran caballos. Recuerdo perfectamente el olor de los cigarrillos de ellos, y lo bien vestidas que iban ellas. A los pocos días siempre desaparecía alguna de la fila, generalmente la niña más pequeña».

A Liberia nunca la escogieron. Acabó a los 8 años en una casa de Alcoi por intermediación de una monja, sor María Soler, que quiso complacer a sus tíos y pidió una niña a las monjas de su congregación. «Entonces ella trabajaba en un psiquiátrico de Tenerife. Me llevaron allí y ella me dijo que ya no me llamaría Liberia Hernández Rodríguez sino María Nácher Guerola. Yo decía que no me llamaba así… Me dio golpes en la cabeza hasta que vio que decía bien mi nuevo nombre».

Sor María la llevó en barco hasta Valencia. «Éstos son tus padres», le dijo ya en el puerto. «Me dieron miedo», recuerda Liberia. «Era un matrimonio mayor. Ella iba de luto riguroso y él estaba medio desdentado. Me escondí bajo el hábito de la monja y ella me dio empujones para que les diera un beso. No entendía nada de lo que decían porque solo hablaban valenciano. De ahí fuimos a casa de la monja. Estaba abarrotada de gente. Luego supe por qué. Sor María se había hecho monja después de que sus padres le impidieran que se casara con su novio. El padre, al enterarse, dijo que no quería verla más y aquel día era el reencuentro. Mucha gente había ido a la casa por el morbo de ver cómo reaccionaban y también para verme a mí. De ahí nos fuimos a Alcoi».

En Alcoi arrancó su nueva vida como María Nácher Guerola. «Cada vez que les decía que me llamaba Liberia y no María, me castigaban. Al final tenía tal lío que repetía todos los nombres juntos. Cuando decía que quería ver a mi madre, no me respondían. Al poco tiempo, mi padre adoptivo empezó a acosarme. Entraba en la habitación y…». Liberia se emociona. «Una vez le conté a una monja lo que me pasaba y me dijo que no se lo contara a nadie y que rezara mucho».

En aquel hogar fue siempre una especie de criada. Fregaba, cocinaba… Con 14 años sus padres adoptivos la pusieron a trabajar limpiando en otras casas y en una panadería. Una de las clientas habituales, que trabajaba de comadrona en el hospital Civil de Oliver, le preguntó un día por qué le asustaban tanto los hombres. «Cuando entraba alguno en la tienda me escondía. Al final terminé contándole lo que me pasaba en casa y me propuso quedarme a trabajar de interna en el hospital. Fue mi pequeña salvación, aunque los fines de semana tenía que volver a casa. Entré de limpiadora, y después estudié y fui auxiliar. El dinero que ganaba se lo quedaba mi madre adoptiva».

Cuando, ya casada, tuvo la oportunidad de desentenderse de aquella pareja que nunca la había querido, Liberia no lo hizo. Cuidó hasta que murió a su madre adoptiva y también al hombre que la había acosado durante años, después de que éste sufriera una embolia. Nunca le denunció. De su madre biológica no volvió a saber en mucho tiempo. «Pero yo nunca olvidé que me llamaba Liberia y gracias a eso pude reencontrarme con mi familia», cuenta. Hace 26 años que volvieron a verse.

«Mi hermano Quico puso un anuncio en la página SOS de la revista Pronto buscando a su hermana Liberia. Fue en 1986. Al verlo, una amiga mía que conocía mi historia pensó que esa Liberia podía ser yo y le llamó para darme una sorpresa. Era yo. Organizamos el reencuentro. Todos mis hermanos y sobrinos fueron a buscarme al aeropuerto de Tenerife. Ellos lo llaman “La reconquista de Liberia”. Fue muy emocionante. Mi madre aún vivía. Yo entonces pensaba que me había abandonado y tuvimos un enfrentamiento. Ella me dijo: “Pero ¿tú crees que alguien que cría 10 hijos —con Camilo había tenido otros tres— abandona a uno?”. Lo dijo con tanta emoción que la creí. Luego me explicó que había ido muchísimas veces a preguntar por mí a la casa cuna, hasta que le prohibieron la entrada, y siempre le decían: “Olvídese. Donde está y con quien está, su hija está mucho mejor”».

A Liberia y a su madre solo les dio tiempo a conocerse y disfrutar una de la otra durante dos años. «Antes de morir me hizo una petición. Me dijo: “¿Por qué no te cambias los apellidos y vuelves a ser mía?”». A Liberia le costó años conseguirlo. En el proceso descubrió que tenía tres partidas de nacimiento diferentes, con fechas diferentes y con nombres de padres diferentes. «Escribí a la Casa del Rey y todo para que me ayudaran. Al final lo logré. Ya vuelvo a ser Liberia Hernández Rodríguez».

Capítulo 4: Sor Juana Alonso: «Preferíamos dar al niño siempre recién nacido. Ninguno se nos hacía mayor»

CAPÍTULO 4

Sor Juana Alonso: «Preferíamos dar al niño siempre recién nacido. Ninguno se nos hacía mayor»

Entre 1951 y 1970 fue la monja superiora de la casa cuna de Tenerife, un lugar que algunos niños que vivieron allí describen como «la casa de los horrores». Hoy, a sus 96 años, sor Juana Alonso recuerda aquella etapa «con mucha ilusión y mucho cariño». «Mientras estuve en Tenerife di a muchos niños en adopción, con todas las de la ley y todo el cariño que Dios nos ha puesto en el alma. ¿Está claro?». Antes de que se le pregunte por el supuesto robo de niños que algunos de los acogidos en aquella casa cuna han denunciado, sor Juana responde: «¿Que vendíamos niños? Allí no cobrábamos nada. Yo pagaba hasta las partidas de nacimiento que había que sacarles luego. Pero de vender o traficar con niños nada de nada. No cobrábamos nada, si acaso nos daban unos pastelitos de regalo. ¡Lo demás son cuentos!».

Sor Juana, hija de la Caridad, admite que tenía un acuerdo con la vasca Mercedes Herrán de Gras, fallecida en 2002, a la que varias mujeres acusan del robo de sus hijos. «Lo teníamos muy bien organizado. Yo he ido más de una vez a Bilbao —donde Herrán de Gras tenía lo que las afectadas llaman pisos patera para madres solteras— a recoger a algún niño. Ella tenía madres que iban a dar a luz y de vez en cuando nos llamaba y nos decía “id preparando a los padres para que vayan a verlo”. Yo iba a Bilbao, los metía en el capazo y los traía a Tenerife, de avión en avión. ¡Qué trajín! Doña Mercedes también me llamaba cuando tenía algún compromiso y nos pedía un niño, y a veces también le decíamos: “Mujer, déjanos alguno”, porque nosotras teníamos también otra petición. Era una gran señora, muy buena cristiana, que trabajaba en la casa cuna de Bilbao. Ella misma había adoptado a su hijo. Lo había cogido de una mujer que le abandonó. Bueno, abandonar no se puede decir, pero mejor que abortarlo… Pero vamos, una gran señora. Los Herrán de Gras son muy famosos en Bilbao, en España y en todas partes».

En un momento de la conversación, sor Juana asegura que no daban en adopción a niños menores de 3 años. «Por ley no podíamos, porque la madre podía reclamarlo. Tenían derecho a tenerlos tres años abandonados, que ya es decir, ¿eh?, pero lo respetábamos. Desde que yo estuve allí fue así la ley». Sin embargo, luego habla de recién nacidos. «Preferíamos dar al niño siempre recién nacido. Si las madres no venían, como mucho a los pocos meses se daba el niño. Y como teníamos fama de darlos bien, ningún niño se hacía mayor en nuestro centro. Se los llevaban antes».

Sor Juana explica entusiasmada el proceso. «Llamábamos a los padres adoptivos y les decíamos: “Miren, tenemos un recién nacido, si os interesa podéis venir a verlo”. Y ellos venían con los brazos abiertos y el capazo… Podían escoger niño o niña. Generalmente eran personas muy educadas y muy buenas, y decían: “Nos da igual que sea niño o niña, porque si a mí me lo diera Dios, yo aceptaría lo que fuera”. Solo recuerdo a un matrimonio que cuando le saqué a una niña de mesecitos, que era bastante morenita, el marido me dijo: “Yo la quería rubia”. Y le respondí: “¡Pues váyase a un bazar y cómprese una muñeca!”».

Sor Juana asegura que las religiosas examinaban a conciencia a los padres adoptivos. «Les exigíamos muchos requisitos. Mirábamos que lo pudieran educar bien, que fueran buenos cristianos… Nos lo pedía nuestra conciencia. Y cuando un niño no estaba en condiciones, tampoco lo dábamos. Recuerdo una mongólica que no la queríamos dar a nadie. Había una señora de Las Palmas, solterona, que la quería y nosotras le decíamos: “No se la lleve, no se la lleve, que no es normal”. Pero al final se empeñó tanto que se la dimos. La cría la llevó por la calle de la amargura, pero ella quería a su niña que daba gloria».

Preguntada por si avisaban a las madres biológicas antes de entregar a los niños, sor Juana responde: «Pero ¡si no las conocíamos! No se daban a conocer. Recuerdo una noche que yo estaba velando y sonó el timbre del torno de la puerta. Cuando salí, vi que me habían puesto un niño con un papelito que decía que su madre no podía tenerlo. Yo lo recogí con el papelito, que está guardado en su expediente. Lo recogimos y ya era nuestro».

La exsuperiora de la casa cuna de Tenerife durante 19 años niega la mayor cuando le mencionan el nombre de Liberia Hernández, que asegura que fue robada en esa institución cuando tenía 8 años y ha relatado terribles malos tratos a las niñas por parte de las monjas. «No me suena de nada. ¡Eso es un cuento!».

Eso sí, sor Juana no pone la mano en el fuego por lo que pasó tras su marcha. «Yo respondo por el tiempo que estuve allí. Pero recuerdo perfectamente que doña Mercedes comentó una vez: “El jardín [de infancia, la casa cuna de Tenerife] no es el mismo desde que sor Juana y don Bernardo [Acuña, el administrador del centro] se han marchado”. Y sé que ella no volvió porque aquello no le convencía. Eso hay que hacerlo con mucho cariño, ¿sabe? Y así lo hicimos, si no yo hoy no estaría tranquila».

MERCEDES SÁNCHEZ, EX MONJA: «SOR JUANA SE COMPORTABA COMO UN SEMIDIÓS»

Trabajó en la casa cuna de Tenerife —denunciada por robo de niños— desde el 16 de junio de 1963 hasta el 5 de septiembre de 1967. Menos de cuatro meses después dejó de ser monja. Hoy, a sus 73 años, Mercedes Sánchez García confiesa por qué.

«Reuní las fuerzas para hablar al leer en El País la historia de Liberia Hernández [robada en la casa cuna de Tenerife a los 8 años] y las explicaciones que daba la superiora, sor Juana Alonso, negando haber conocido a esa niña. Yo recuerdo perfectamente a la madre de Liberia agarrada a las rejas del patio preguntando por su hija. Cuando yo empecé a trabajar allí ya habían dado a Liberia en adopción, pero el resto de niñas me explicó que aquella mujer que iba a las rejas era su madre. Estuvo años yendo a la casa cuna a preguntar por su hija. No la abandonó. Sor Juana la despachaba diciéndole que se olvidara, que Liberia estaría mejor con las personas que estaba».

Mercedes también confirma los malos tratos en la casa cuna que Liberia denunció en El País. «Al principio, las niñas adoraban a sor Juana Alonso. De hecho, cuando la trasladaron a la casa cuna de Bilbao, pidieron por carta que volviera. En Bilbao conoció a doña Mercedes (Herrán de Gras, propietaria de una red de pisos-nido para madres solteras). Cuando volvió, sor Juana era otra persona distinta. Las niñas se arrepintieron mucho de haberla hecho regresar. Les pegaba. Yo la pillé una vez dándole una paliza a una adolescente. Se la había llevado a un lugar apartado para que nadie la viera, y la chiquilla, que tendría 15 años, le gritaba: “¡Por favor, sor Juana… por favor!”. Yo le dije que aquello que hacía era inmoral».

No fue el único enfrentamiento entre ambas monjas, pertenecientes a la congregación de las Hijas de la Caridad. «Sor Juana siguió yendo a ver a doña Mercedes. Iba a Bilbao en avión a recoger recién nacidos para darlos en adopción en la casa cuna de Tenerife, donde hacía la distribución. Ahora pienso que probablemente esos niños no sepan que son adoptados», recuerda Mercedes.

La exreligiosa cuenta una vivencia personal: «A mí también me envió una vez a Valencia a por un bebé. Fue en el verano de 1967. Antes de salir me dijo: “Invéntate un nombre para el niño por si te para la Guardia Civil. Tienes que decir siempre el mismo”. Al llegar a la clínica que me había indicado, en pleno centro de la ciudad, una monja me pidió un sobre que me había dado sor Juana. No sé si era un talón, porque no vi lo que había dentro, pero a ella le pareció bien y me entregó al niño. Había nacido ese mismo día y era precioso. Era tan bonito que dije: “Pero ¿la madre lo ha visto?”. La monja se enfadó y me contestó que la madre no tenía por qué verlo porque había renunciado a él y que yo tenía que sacar al bebé de allí enseguida».

Sor Juana había dado a Mercedes un día de asueto para visitar a su familia aprovechando el viaje para recoger a aquel niño de Valencia. «Al verme con el bebé, un familiar me preguntó por su documentación. Le dije que a mí no me habían dado nada más que al niño y me contestó que aquello no era legal, porque debía estar inscrito en el sitio en el que había nacido, es decir, en Valencia».

Cuando Mercedes regresó a Tenerife, le expuso a sor Juana las dudas que le había transmitido su familia. «Se enfadó muchísimo. Me gritó: “¡20 años llevo haciendo esto y viene el último mono a reprochármelo. Ahora bese usted el suelo y váyase!”. Me quedé anonadada. Al día siguiente, cuando fui a ver al niño que había traído, ya no estaba. Había sido dado en adopción. Y cuando pregunté por él, me dijo: “Está en buenas manos”».

Para entonces, Mercedes ya tenía muchas dudas sobre lo que estaba ocurriendo en aquella casa cuna. «Entre nosotras [las 23 monjas que trabajaban en aquel hogar infantil] lo comentábamos, pero solo eran rumores porque sor Juana era muy taimada, hermética, y lo hacía todo por su cuenta. Yo nunca vi dinero y en la comunidad no repercutía nada. Pero a los niños los traía y llevaba de Bilbao en avión».

«En la entrevista en El País», prosigue Mercedes, «sor Juana hablaba de un bebé que habían dejado abandonado en el torno de la casa cuna con un papelito de su madre diciendo que no se podía hacer cargo de él. Lo recuerdo perfectamente porque a aquel recién nacido lo cogí yo. Lo sé porque entonces solíamos despertar a los niños hacia las doce y media de la noche para llevarlos al baño y que no se hicieran pis en la cama y sobre esa hora sonó la sirena del torno. Era un bebé precioso, pero al día siguiente, cuando fui a verle, ya no estaba. Sor Juana se lo había entregado a alguna familia».

Sor Juana, superiora de la casa cuna de Tenerife durante 19 años [lo normal en su congregación eran cuatro prorrogables a seis] nunca perdonó a Mercedes que hubiera cuestionado su autoridad y, sobre todo, la legalidad de las adopciones que llevaba a cabo. «A partir de aquel día me hizo la vida imposible. Se inventó cosas sobre mí. Me acusó de lo peor que se puede acusar a una monja. ¡Yo ni conocía a aquel hombre!».

Como primera medida, sor Juana Alonso sacó a Mercedes de la casa cuna. «Me envió a Sevilla con otras Hijas de la Caridad para que reflexionara. La superiora de Sevilla me dijo que estaba a tiempo de arrepentirme y me ofreció quedarme allí a cuidar de los cerdos y las gallinas que tenían. Pero yo no tenía nada de lo que arrepentirme y le contesté que además ni mi misión ni mi vocación eran las de cuidar cerdos y gallinas. Le escribí una carta angustiada a William Slattery, superior de las Hijas de la Caridad, en París, contándole lo que me había pasado. El 17 de diciembre de 1967, justo el día de mi cumpleaños, llegó la respuesta», relata enseñando la misiva. «Me liberaba de los votos de pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres, y lo hacía, según decía, atendiendo a unos informes que había recibido sobre mí y en los que estoy segura que sor Juana tuvo mucho que ver».

El impacto de aquella carta y de todo lo que había visto en la casa cuna de Tenerife fue brutal para Mercedes. «Tuve una crisis de fe grandísima. Dejé de creer en los curas y en las monjas y decidí dejar de serlo yo misma», relata. Hoy va a misa todos los días y piensa en lo distinta que habría sido su vida si aquella mujer no se hubiera cruzado en su camino: «Sor Juana era soberbia. Se comportaba como un semidiós. Hacía y deshacía las vidas de la gente y tenía la conciencia muy laxa. No creo que hoy se arrepienta de nada de lo que hizo».

Mercedes sí lamenta algo. No haberse acercado a aquella mujer que se agarraba a los barrotes de la casa cuna gritando el nombre de su hija: Liberia.

MARÍA PILAR, EX RELIGIOSA: «LAS MONJAS LES LAVABAN EL CEREBRO A AQUELLAS CHICAS EMBARAZADAS»

«Las monjas les lavaban el cerebro a las chicas. Les decían que era una deshonra tener un niño siendo soltera. Y les prometían trabajo. Yo siempre pensé que ahí había algo oscuro». María Pilar, hoy es ATS en una prisión, pero muchos años atrás fue religiosa de la congregación de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. Entre 1981 y 1984 estuvo haciendo una suplencia en el nido de la clínica Nuestra Señora de Loreto, en Madrid. «Quisiera ayudar con mi pequeña aportación por si sirve para algo», explica. En ese sanatorio nacieron el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina.

«A esa clínica acudían muchísimas jóvenes acompañadas de unas religiosas que, según decían éstas, no querían hacerse cargo de sus bebés. Nos decían que teníamos que colocarlas aparte, separadas de las otras madres y del nido, para que no oyeran el llanto de los niños y se echaran atrás [a la hora de entregar el bebé]». «Cuando daban a luz, aparecían los padres adoptivos. Era gente pudiente. Cuando se llevaban a los niños, se les veía muy contentos y los vestían con ropas caras».

A María Pilar y a otros trabajadores se les había ordenado que no hablaran con las jóvenes embarazadas que las monjas llevaban a la clínica para dar a luz y entregar a sus hijos a otras familias. También se les había dicho que los padres adoptivos abonarían los gastos del parto y de la clínica hasta que las parturientas fuesen dadas de alta.

«Yo sé que uno de aquellos niños fue entregado al hermano de sor Pura, que era la jefe de enfermeras del sanatorio. Otro bebé fue dado a una familia de Canarias, que regaló al personal del nido unos cartones de tabaco procedentes de esas islas», detalla.

Pero el conocimiento de María Pilar sobre este presunto tráfico de bebés arranca de muchos años antes. Porque en 1958, con 16 años, estando en Portugal, supo que había sido dada en adopción a un matrimonio de Quart de Poblet (Valencia) una niña a la que pusieron el nombre de Asunción en honor a la fundadora de la congregación de religiosas que la entregó. «También recuerdo a otras dos niñas hermanas, una de 2 años y la otra de 3. Fueron dadas en adopción a dos familias de Valencia, y separadas».

MAGDA MARTÍNEZ BENEYTO: «EMPAPELÉ VALLADOLID EN BUSCA DE MI MADRE»

Magda Martínez Beneyto vino al mundo el 22 de diciembre de 1974 en la extinta clínica Nuestra Señora de Loreto, en la avenida de la Reina Victoria de Madrid. Allí la parió su madre tras haber pasado parte del embarazo en Tu Casa, un chalé de Carabanchel Bajo regentado por sor Pura Fernández y González. Esta religiosa es quien figura como «conocedora» de su nacimiento en la inscripción del Registro Civil.

Los padres adoptivos de Magda son de Novelda (Alicante). Tenían amistad con un pudiente industrial local y le pidieron ayuda para conseguir un niño. «Éste les puso en contacto con sor Pura y ella fue quien les entregó a una niña, que soy yo», cuenta Magda. «Por lo que me han contado, la monja les dijo que yo era hija de una chica soltera de 15 años, de Valladolid, que se llamaba María Navarro. Pero me temo que todo sea falso», agrega.

«Me trajeron a Novelda sin ningún papel. Mis padres no tramitaron mi adopción plena hasta abril de 1976, es decir, casi un año y medio después de mi nacimiento. Yo sé, porque así me lo han contado, que mi padre estuvo pagando dinero por mí durante mucho tiempo. Lo hizo a plazos», prosigue Magda. «Lo más sospechoso es que en mi expediente de adopción no consta en ninguna parte que mi madre biológica renunciara a mí ni que otorgase su consentimiento para que fuese dada en adopción».

Dispuesta a encontrar sus orígenes contrató en el año 2004 a un detective con el encargo de que rastrease en pos de una mujer que se llamase María Navarro. Era una pista débil… Pero, pese a ello, decidió gastar el dinero. El detective le dio una larga lista de mujeres con ese nombre y llegó incluso a Baleares tras la pista de una de ellas. Todo en vano.

Sin darse por rendida, Magda encargó en una imprenta grandes carteles buscando a María Navarro. «Los mandé pegar por todo Valladolid. Pero fue un fracaso». Nadie respondió a su llamada. Nadie se reconoció en la historia reflejada en los carteles.

VICENTA MORENO: «AQUELLAS MONJAS DESTROZARON MI VIDA»

«Me quedé embarazada con 15 años. Lo oculté todo cuanto pude. Sabía que mis padres me obligarían a abortar y mi novio y yo queríamos tenerlo. Pensábamos ir a vivir con su madre, que era viuda. Cuando ya no pude ocultarlo más, mis padres me llevaron a su médico de cabecera y les dijo que era muy tarde para un aborto», relata Vicenta Moreno. En el octavo mes de embarazo, la trasladaron a la clínica Santa Isabel, en Valencia. Era 1965. «Di a luz en abril, una niña. Solo la vi un momento. Mi tía, que no podía tener hijos, quiso quedársela, pero las monjas la convencieron de que la dejara diciéndole que un día yo se la quitaría. Quería quedarme con mi hija, pero mis padres y las monjas lo impidieron. Decían que era una vergüenza. Jugaron con la vida de los demás. Destrozaron la mía».

Vicenta salió de aquella clínica sin su hija. A los 22 años se quedó embarazada de nuevo. «Mis padres intentaron hacer lo mismo, pero yo ahí ya era mayor de edad, me casé y tuve a mi hijo». En 1981 acompañó a su tía a la misma clínica a llevarse un niño. «Le dijeron que ella era muy mayor, pero que yo podía elegir niño o niña si quería».

En 2000 cuando Vicenta cumplió 50 años su tía le confesó que no era la única mujer de la familia que no podía tener hijos. «Me contó que mi madre tampoco podía; es decir, que yo era adoptada y que ella había hecho las gestiones para recogerme en la misma clínica en la que después me habían obligado a mí a dejar a mi hija. También me dijo que solían pedir 200.000 pesetas por niño». Las monjas aseguraron a Vicenta que no tenían archivos y que aunque los tuvieran no se los iban a dar. «Quiero encontrar a mi hija para contarle la verdad. Sus padres no tendrían por qué enterarse…».

Capítulo 5: Los pisos patera para embarazadas

CAPÍTULO 5

Los pisos patera para embarazadas

Un nombre de mujer se repite en los sobrecogedores relatos de muchas de las madres que están denunciando el robo de sus hijos: el de Mercedes Herrán de Gras, que levantó una extensa red de pisos-nido para embarazadas en Bilbao. Su finalidad era entregar a niños en adopción a través de una asociación fundada ex profeso por ella misma llamada María Madre. Doña Mercedes, como siguen refiriéndose a ella aquellas mujeres, llegó a tener en alquiler ocho viviendas en cada una de las cuales había una media de entre 10 y 22 chicas en periodo de gestación.

«Todas le teníamos miedo. Era una mujer muy soberbia, muy rica. Siempre iba muy enjoyada. Tenía varios abrigos de piel. Casi no hablaba con nosotras. Solo venía, nos tocaba el vientre y calculaba el tiempo que nos faltaba para dar a luz», recuerda Dolores Chumillas, una de las chicas que fue a parar a uno de aquellos pisos. En su caso fue captada por Fernando Ayala, un cura que remitía a los pisos de doña Mercedes a las jóvenes que conocía en la parroquia de San Nicolás de Bari.

Al llegar allí, Dolores se sintió fuera de lugar. «En el piso, que estaba en la calle de la Alameda de Urquijo, había 19 chicas más embarazadas. Todas eran de familias bien. Se vestían de manera diferente, hablaban de una forma distinta, tenían las manos muy cuidadas, joyas… Sus padres iban a verlas con frecuencia», recuerda Dolores, a la que Mercedes puso a trabajar «como fregona» del resto de mujeres que había en la casa para costear su estancia.

«Eran hijas de jueces, médicos, abogados, aristócratas, políticos, militares, empresarios…», asegura otra de las inquilinas de aquella casa, que prefiere ocultar su nombre y acusa a Herrán de Gras de robarle a su hijo en 1974. «El 90 por ciento eran adolescentes», añade. «Eran nuestros padres los que nos metían allí, pero algunas aceptaban que las internaran en aquel piso como una forma de ocultar el embarazo y luego deshacerse del niño. Otras, como yo, que tenía 17 años, estábamos allí forzadas por nuestros padres y no queríamos dar a nuestros hijos», recuerda. «Mi padre estuvo reprochándome durante años el dinero que le había costado mi estancia allí. Cada mes, según me dijo, tenía que pagarle a doña Mercedes 25.000 pesetas. Solía decirme que con ese dinero podía haberse comprado un piso».

La red de viviendas de Herrán de Gras estaba pensada para las hijas deshonradas de familias burguesas. Pero doña Mercedes tenía tantos compromisos con matrimonios que querían adoptar que también acogió, aunque en condiciones bien distintas, a mujeres como Dolores Chumillas, sin dinero o apoyo familiar de ningún tipo. En estos casos eran curas como el padre Ayala y monjas como sor Juana Alonso, superiora de la casa cuna de Tenerife, quienes localizaban a las jóvenes embarazadas y las remitían a doña Mercedes. «Lo teníamos muy bien organizado. Yo he ido más de una vez a Bilbao. Ella tenía madres que iban a dar a luz y de vez en cuando nos llamaba y nos decía: “Id preparando a los padres para que vayan a verlo”. Doña Mercedes también me llamaba cuando tenía algún compromiso y nos pedía un niño, y a veces también le decíamos: “Mujer, déjanos alguno”, porque nosotras teníamos también otra petición», declaró la monja a El País.

«En los pisos nos colocaba según nuestro nivel social. A las chicas con poco dinero solían ponerlas juntas en una habitación aparte», recuerda una de las inquilinas de buena familia.

En el caso de Dolores Chumillas, que dio a luz en la clínica Francisco Javier de Bilbao en 1978, los padres, de origen humilde, no podían costear las 25.000 pesetas al mes que costaba la discreta estancia en uno de estos pisos. Ni siquiera sabían que su hija estaba allí, pues Dolores había decidido escaparse después de que el padre de la criatura, con el que la habían obligado a casarse al quedar embarazada, empezase a pagar con ella su alcoholismo. «Me quedé embarazada y mi madre me obligó a casarme. Yo era muy ignorante, muy ingenua. No había estudiado. Sé leer, pero apenas escribir. Hasta que nos trasladamos a Bilbao por el trabajo de mi marido, yo nunca había salido de mi pueblo, Alcantarilla (Murcia)».

Así que Dolores limpiaba en la casa donde convivía con otras embarazadas de familias bien, y también en la casa de la propia Herrán de Gras. «Tenía una estantería llena de libros donde apuntaba los nombres de las chicas. Eran muchísimos. Parecía una enciclopedia», recuerda. A Dolores le intimidaba aquella vivienda. «Era como un palacio. Tenía fotos con el Papa, con Franco… y un montón de cuadros que decía que eran de pintores buenísimos».

Decenas de mujeres fueron a parar a aquellas casas entre 1965 y 1984. «En los seis meses de embarazo que pasé allí no vi que una cama se quedara libre más de tres días», recuerda la joven madre que no quiere dar su nombre.

Los contactos de doña Mercedes le permitieron entregar o traer niños de Canarias, Madrid y Andalucía al País Vasco, según cuentan algunas de estas mujeres que han comenzado a investigar con detectives el funcionamiento de la trama para localizar ahora a los hijos que fueron obligadas a entregar en adopción. El nombre de Mercedes Herrán de Gras —en realidad se apellidaba Herrán Inchausti, pero se había puesto el De Gras de su marido, Cándido, importante agente comercial— había llegado incluso a familias residentes en Francia y Estados Unidos que adoptaron a sus hijos a través de la red de María Madre, apunta una de las afectadas. De nuevo, instituciones religiosas como las Hijas de la Caridad o Acción Católica actuaron de intermediarias.

Herrán de Gras era «muy religiosa y del Opus», recuerda Chumillas. «Por eso los domingos iba un cura a decir misa a los pisos». Se trataba del padre Ayala y el padre Esparza, ya fallecidos. Las chicas apenas salían. «Las que eran de Bilbao, nunca. Las que eran de fuera y habían acudido allí motu proprio tenían cierta libertad para salir. Y las que éramos de fuera pero estábamos allí forzadas por nuestros padres solo podíamos salir de vez en cuando y siempre vigiladas por alguien de confianza de doña Mercedes», añade una madre que dio a luz en 1974.

Algunas de aquellas mujeres que habían ingresado en los pisos por voluntad propia para entregar a su hijo tras el parto continuaron luego en la casa como empleadas de doña Mercedes. «Recuerdo a una chica de Burgos, Mariló, que estaba estudiando derecho cuando se quedó embarazada y, después de entregar al niño, se quedó un año más en el piso para terminar la carrera. Era hija de un juez. Se convirtió en una especie de encargada, la mano derecha de doña Mercedes», recuerda una inquilina del piso.

María Dolores M. C., Mariló, pertenecía a una familia de la burguesía con fuertes intereses empresariales y políticos en la comarca de Medina de Pomar (Burgos), donde uno de sus familiares llegó a ostentar la alcaldía.

Algunas de estas madres se preguntan ahora por el inmenso patrimonio que doña Mercedes, fallecida en 2002, acumuló durante sus más de 20 años de actividad. «Además del dinero que hacía pagar a nuestros padres por la estancia, no sé si también cobraba a los padres adoptivos; pero se hizo de oro con aquel negocio», asegura una de ellas.

Dolores Chumillas cree que a su hija la vendieron. «La niña nació hermosa: tres kilos ochocientos gramos. Una monja le hizo una foto y me la dio. Es la única que tengo de ella, porque a los dos días me echaron de la clínica San Francisco Javier de Bilbao, donde había dado a luz. La monja dijo que era mejor que la niña se quedara. Yo entonces no entendí lo que estaba pasando. Cuando volví a por ella me dijeron que yo nunca había parido allí. Luego una de las chicas embarazadas que había en el piso me explicó que habían vendido a mi niña por 200.000 pesetas. A mí en el hospital me habían hecho pagar 12.000 por el parto».

Dolores cogió un tren a Murcia para pedir ayuda a sus padres. Antes de salir, alguien la estaba esperando en la estación. «El padre Ayala me dio dos bofetadas y me advirtió: “No has visto nada. No sabes nada. No hables”. Después llamé muchas veces a doña Mercedes pidiéndole que me devolviera a mi hija. Me dijo que la olvidara porque si no caería en una depresión. Cuando volví al piso, el portero me aseguró que doña Mercedes había dado orden de prohibirme la entrada». Dolores, que no volvió a quedarse embarazada, sigue buscando a su hija 32 años después. Quería llamarla Desiré. Se ha gastado más de 6.000 euros en detectives intentando encontrarla. Tiene prisa. Está muy enferma. «Quiero verla antes de morir. Contarle mi historia. Decirle que yo ni la vendí, ni la abandoné».

PEÑA GRANDE. LA MATERNIDAD-PRISIÓN

Los pisos que doña Mercedes Herrán de Gras tenía en Bilbao para chicas bien de la burguesía que se habían quedado embarazadas y alguna joven humilde que les hacía de criada no eran los únicos. Las tramas de adopciones irregulares de bebés disponían de viviendas, pensiones e incluso conventos y reformatorios encubiertos donde convivían adolescentes y mujeres en estado de gestación de diferentes ciudades y clases sociales a las que unía un punto en común: entraban embarazadas y salían siempre sin su bebé.

Había modalidades para todos los gustos: desde la maternidad-prisión, hasta la pensión más o menos cómoda en un barrio pijo de Madrid. Todos, sin embargo, ligados, de una forma u otra, de nuevo, a la Iglesia.

Hoy es un instituto de secundaria que conserva en sus ventanas los barrotes de un pasado oscuro. La maternidad Peña Grande, conocida como residencia Nuestra Señora de la Almudena, acogía a menores de edad que se habían quedado embarazadas. Hasta allí habían llegado de la mano de sus avergonzados padres, quienes previamente habían renunciado a su tutela en favor del Patronato de Protección de la Mujer.

«Una vez abandonadas por sus familias, las menores pasaban a cargo de las monjas y empezaba un lavado brutal de cerebro para que les entregaran a sus hijos recordándoles a cada momento que eran fruto del peor de los pecados y que ellas eran indignas de criarlos», cuenta Patricia. Ella es la excepción que confirma la regla, pues logró salir el 14 de septiembre de 1971 de aquel lugar de la mano de su madre, a la que sus padres habían llevado allí desde Castellón.

Patricia conserva una fotografía de aquella etapa que aún le pone los pelos de punta: «Se ve a mi madre embarazada, vestida de monja y de rodillas, rezando. Ella nunca se ha recuperado de su paso por este centro porque claro que intentaron que me dieran a mí en adopción».

REFORMATORIOS ENCUBIERTOS

La escritora, poeta y bloguera Consuelo García del Cid recuerda que en el centro al que la enviaron sus padres por rebelde, un convento que las Adoratrices tenían en el número 52 de la calle Padre Damián de Madrid, a veces, llegaban chicas asustadas, internas de Peña Grande: «Madres de entre 14 y 18 años que no sabían el paradero de sus hijos».

Los padres de Consuelo habían decidido actuar después de que su hija fuera detenida en 1974, con 14 años, en la manifestación de Barcelona contra la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich, condenado por el asesinato del policía Francisco Anguas Barragán. «Mi familia contrató un detective para seguirme. Un día, en 1975, el médico de confianza de mis padres entró en mi habitación, me inyectó una intravenosa y me dormí. Desperté en Madrid, en el reformatorio de las monjas Adoratrices. Con los años supe que una monja me había metido en el tren, pero no recuerdo nada. Pasé un año interna allí hasta que me escapé. Lo que viví en ese convento fue horroroso y nadie ha hablado nunca de ello por vergüenza».

Además de madres adolescentes que no sabían dónde estaban sus hijos procedentes de Peña Grande había chicas díscolas como ella a las que antes del ingreso se sometía a un examen ginecológico en un lugar que Consuelo llama «centro de observación y clasificación», en la calle Arturo Soria. «Las vírgenes se catalogaban en un informe como “completa” y las que no, como “incompleta”».

Según aquella clasificación, cuenta Consuelo, las niñas eran destinadas a los distintos correccionales de Cruzadas Evangélicas, Oblatas, Trinitarias, Buen Pastor o Adoratrices. En este último las hacían trabajar en talleres por la mañana, «limpiar todo el tiempo y rezar». «Por las tardes —prosigue Consuelo— algunas chicas iban a clase de auxiliar de clínica. El profesor era el doctor Eduardo Vela, un tipo muy respetado allí dentro. Las prácticas se hacían en la clínica San Ramón. En el convento vivíamos muertas de miedo. Teníamos la sensación de que podían hacer cualquier cosa con nosotras, como así era».

LA PENSIÓN DE SOR MARÍA GÓMEZ VALBUENA

Sor María Gómez Valbuena, que trabajó durante años codo con codo con el doctor Eduardo Vela, y operaba en las maternidades madrileñas de Santa Cristina y San Ramón, disponía además, de un piso en el barrio de Salamanca, en la zona de Goya, para mujeres embarazadas.

Una de estas chicas relata que escapó al día siguiente porque las trataban como si fueran «ganado». Otra mujer cuenta que vivió en aquel piso con otras 12 chicas en su misma situación. No salían mucho a la calle y relata que en cuanto una daba a luz y se iba, entraba otra chica en su lugar. De vez en cuando, un hombre iba a buscarlas en un coche particular para llevarlas a revisión a la clínica San Ramón, donde el doctor Vela las examinaba. El mismo procedimiento se empleaba en otras pensiones para embarazadas ubicadas en el barrio del Pilar y en San Sebastián de los Reyes.

Una vez que daban a luz se reclamaba a los padres adoptivos del bebé una cantidad de dinero en concepto de alojamiento y manutención de las madres en estos pisos. No era barato. Una factura de 1978 asciende a 500 pesetas por día. Las chicas solían ingresar en el último trimestre de embarazo y muchas dos meses antes de salir de cuentas.

También la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), fundada por el fiscal del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro, disponía de pisos para embarazadas en los barrios de Salamanca y del Pilar y residencias de monjas tipo chalé en las afueras de Madrid. Además había muchos pisos controlados por beatas, como Mercedes Herrán de Gras, que se prestaban a estas operaciones por una mal entendida caridad cristiana.

Capítulo 6: La extraña epidemia de O’Donnell

CAPÍTULO 6

La extraña epidemia de O’Donnell

Treinta y siete bebés murieron en 22 días del mes de enero de 1964. Otros treinta y cuatro en noviembre de 1973. ¿Dónde? En la maternidad de la calle de O’Donnell de Madrid, una de las denunciadas por el presunto robo de niños. En muchos de estos casos se atribuyó tan fatal desenlace a la otitis (hasta cinco fallecimientos en solo 24 horas). Especialistas consultados por familiares de aquellos bebés aseguran que eso es casi imposible. Ahora esas familias dudan: ¿mi hijo se murió o me lo robaron?

La lista de muertos en esta maternidad incluye otras causas. Al matrimonio formado por José Antonio Suárez y María Esperanza Sánchez Horneros le dieron hasta tres distintas por la muerte de su hija. «Desde el primer momento estoy convencida de que a mí me la quitaron». María Esperanza no llegó a verla ni a ponerle nombre. Tenía 26 años cuando el 30 de noviembre de 1973 dio a luz a una niña en O’Donnell. Durante todo su embarazo estuvo controlada por el doctor José Botella Llusiá, que en ningún momento detectó problemas o anomalías en el embarazo. «Por eso me extrañó que en pleno parto me sedaran sin decirme nada, cuando todo iba aparentemente bien», recuerda.

«Al despertar, chillé hasta que vino una enfermera. Le pregunté: “¿Qué he tenido?”. Me contestó que una niña, pero que estaba en la incubadora porque había nacido con el cordón umbilical enrollado al cuello. Al rato vinieron unos médicos y comentaron entre ellos que tenían que ponerme una inyección para que no me subiera la leche. Y supe que algo iba mal».

Sobre las cinco de la mañana, tres horas después del parto, llamaron a su marido, José Antonio Suárez, del hospital para decirle que su niña estaba en la incubadora. «Al llegar allí, salió una enfermera con pijama verde y me dejó helado cuando me informó de que nuestra niña había muerto al encharcársele los pulmones por tragar líquido». José Antonio tuvo la oportunidad de contar su historia personalmente al ministro de Justicia Francisco Caamaño en un encuentro con víctimas del robo de niños en la sede del ministerio.

José Antonio, entonces zapatero, y María Esperanza, dedicada a «sus labores», vivían en Leganés (Madrid). El joven matrimonio prefirió que su segunda hija naciera en O’Donnell y no asistidos por una matrona en casa, tras culminar los nueve meses de gestación.

En la partida de defunción figura como hora del óbito la 1.50, la misma a la que se produjo el parto. «O nunca estuvo en la incubadora o murió nada más nacer. Pero las dos cosas son imposibles», asegura José Antonio. Éste pidió por escrito un informe de lo ocurrido porque entonces pensó que la muerte de su hija se debía a una negligencia médica. «A los diez días nos lo entregó una monja, que nos dijo: “No lloréis porque si esa niña hubiera vivido, habría sido tontita para siempre”, relata María Esperanza». En el citado informe se hacía constar que el fallecimiento fue debido a «hemorragia intracraneal», una causa distinta de la que les habían indicado con anterioridad. En el libro de asiento de defunciones de la maternidad figura otro motivo: «sufrimiento fetal». Tres causas de muerte; dos horas distintas.

Aquel noviembre de 1973, la maternidad de O’Donnell registró una alta mortalidad infantil. «Cuando fui al depósito de cadáveres de la clínica, había otros padres esperando para ver a sus hijos muertos. El empleado me preguntó si la clínica se hacía cargo del entierro. Le dije que sí porque lo estábamos pasando mal y no podíamos pensar con claridad. El empleado me advirtió de que, en ese caso, nunca sabríamos dónde estaba enterrada mi niña», declara Suárez, que hoy se arrepiente de aquella decisión. El matrimonio no firmó ni un solo papel antes de abandonar el hospital sin su hija.

Todos esos niños que por extrañas epidemias morían por aquellos años en O’Donnell, deberían haber sido bautizados «en artículo mortis», según asegura el sociólogo Francisco González de Tena en un informe elaborado para un juzgado. Pero tales bautizos no están registrados en la parroquia de San Vicente Ferrer de la calle de Ibiza, la más próxima al hospital.

En esa parroquia, por ejemplo, debería estar registrada Beatriz Soriano, fallecida en O’Donnell el 19 de enero de 1964. Su hermana Mar ha llevado el caso a la justicia. A su madre, al igual que a María Esperanza, también le dijeron que se llevaban a la niña a la incubadora antes de comunicarle que había muerto. «Cuando mi padre dijo que quería verla y enterrarla, le contestaron que ya se habían ocupado ellos de todo y que estaba en una fosa común del cementerio de La Almudena».

La de Beatriz es una de las extrañas muertes por otitis denunciadas en esta clínica. El doctor Ignacio Villa Elizaga, que firma el certificado de defunción, aseguró a El País: «La otitis, en 1964, podía ser causa de muerte en un prematuro porque puede provocar infecciones generalizadas. Hoy en día, con los medios que hay, no ocurriría, pero entonces sí». Preguntado por el caso de Mar Soriano, Villa Elizaga afirma: «No puedo aportar nada. Yo no estoy metido en esto. Hay cierta psicosis con este asunto». El pediatra, que sigue ejerciendo, pide que se lleve a cabo «una investigación muy seria».

En este hospital también murió supuestamente por otitis un año más tarde, en 1965, el hermano de Nuria Massó. Cuando 40 años después, su hijo estaba aquejado de otitis, ella acudió alarmada a su pediatra temiendo que le ocurriera lo mismo. «El médico me aseguró que era imposible que un bebé muriera de eso, incluso en 1965», recalca.

La Comunidad de Madrid ofrece su «colaboración total a los interesados, a los jueces y a los fiscales» que investigan estas muertes, según el vicepresidente, Ignacio González. «Pero no vamos a hacer una causa general, como tampoco la ha hecho la Fiscalía del Estado», añade. Mientras, José Antonio y su esposa aclaran: «No buscamos culpables. Solo queremos saber la verdad. Poder decirle a nuestra hija que ni la vendimos ni la abandonamos».

Capítulo 7: «Dijo: “Tengo un regalo para ti”. Era una niña»

CAPÍTULO 7

«Dijo: “Tengo un regalo para ti”. Era una niña»

Inés Pérez, de 87 años, cuenta que no sabe si pudo tener hijos: «No llegaban y ni mi marido ni yo fuimos nunca al médico para hacernos pruebas», pero crió a tres. A dos de ellos, Paquito y Óscar, se los dejaron unas monjas para que los cuidaran durante dos años (hasta que a uno lo recuperó su madre biológica y al otro lo tuvo que dejar en Protección de Menores, por el traslado del marido a otra ciudad). A la tercera, a la que llamó Inés, se la regalaron en la clínica San Ramón de Madrid en 1969.

Inés Pérez llevaba un tiempo esperando una niña de San Ramón. «Había una chica joven, soltera y embarazada, que los padres no querían que se quedara con el niño. Ella sí quería tenerlo, pero la amenazaron con desheredarla», cuenta. Mientras esperaba por aquella niña, un médico llamado Eduardo Vela le explicó cómo fingir el embarazo para regresar a casa como si aquel bebé fuera suyo. «Me decía que no fuera a la peluquería, que no me pintara, que delante de la gente hiciera como que tenía ganas de vomitar y que me pusiera cojines para simular la barriga», relata Inés.

Pero la chica joven a la que sus padres obligaban a desprenderse de su bebé no se decidía. Y surgió otra oportunidad. «Un día me llamaron de la clínica y me dijeron que fuera al día siguiente porque tenían una sorpresa para mí. Al llegar allí, el doctor Vela me dijo: “Mira qué regalo, tengo una niña para ti. Es prematura”. Empezó a firmar papeles y le dijo a la comadrona que me llevara a verla, pero ella le respondió que mejor no, porque estaba una mujer que no recuerdo el nombre allí y se iba a descubrir el ajo, así que fue ella a por la niña y me la trajo».

Inés Pérez salió de allí con un bebé y documentos falsos que certificaban que era suyo, no adoptado. «Según los documentos, yo había dado a luz allí. A mí me dijeron que la niña era hija de una mujer casada que había tenido una aventura mientras su marido estaba fuera. Recuerdo que el cura que la bautizó, y que era íntimo amigo del doctor Vela, hablaba de ella con mucho desprecio y repetía que era extremeña, como si los extremeños no fueran dignos de vivir».

Cuando cumplió 18 años, Inés Pérez le contó a su hija que era adoptada. «Mi madre tenía miedo de que me enfadara, pero no fue así. Entendí por qué no me parecía a nadie de mi familia», cuenta Inés Madrigal, que ha cumplido 41 años. «Le pedí a aquel cura el teléfono de Eduardo Vela y durante años lo estuve pasando de una agenda a otra, pero nunca me atreví a llamar porque me daba miedo hacer daño a mi madre. Hasta que vi la historia de Antonio Barroso [presidente de una asociación de afectados por el robo de niños, Anadir], le llamé, me contó su caso y se me revolvió todo por dentro de pensar que yo podía ser una niña robada».

Esa duda ha llevado a Inés Madrigal a sumarse a Anadir y a la denuncia que la asociación ha presentado ante la Fiscalía General del Estado. Su madre también duda. «Yo tengo la conciencia tranquila porque creo que no me engañaron, pero no puedo estar segura», confiesa Inés Pérez 41 años después de recoger una niña como regalo en una clínica madrileña. La misma clínica que fue cerrada en 1981 después de que Interviú publicara la estremecedora fotografía de un bebé muerto. La misma fotografía que durante años enseñaron a las madres de niños robados para explicarles por qué no podían llevarse a casa al bebé al que acababan de dar a luz.

Capítulo 8: La fábrica de bebés

CAPÍTULO 8

La fábrica de bebés

Decenas de recién nacidos —quién sabe si tal vez centenas— fueron dados en adopción al poco de haber sido alumbrados por sus madres en la clínica San Ramón de Madrid en las décadas de 1970 y de 1980 del siglo pasado. Muchos de esos niños —son ya hombres y mujeres— buscan compulsivamente sus orígenes; descubrir quién era su madre biológica; saber por qué renunció a ellos y si lo hizo voluntariamente o si fue engañada; aclarar si su proceso de adopción fue limpio o si en realidad fue fruto de una burda transacción económica… No importa que haya pasado mucho tiempo. No importa que la mayoría de esos chicos y chicas sean ahora adultos con una vida feliz. En todos hay un deseo, que en algunos casos llega a convertirse en obsesión, por encontrar el rastro de su progenitora. Entre ellos están José Hernández Laplaza y Miguel Ángel Chilet, dos niños del San Ramón, que han decidido dar la cara y romper el muro de silencio que enmudece a los demás. Ellos son los primeros en hablar abiertamente y en dejarse fotografiar.

La clínica San Ramón se vio salpicada en noviembre de 1981 por una operación policial que culminó con la detención de cinco mujeres y un hombre por presunta venta de recién nacidos. La Brigada Judicial de Madrid actuó tras tener conocimiento de que una prostituta que ejercía en la calle de la Montera había dado a luz a un niño y que éste había sido entregado, previo pago de varias decenas de miles de pesetas, a un matrimonio residente en Levante. Eso destapó una compleja red de supuesta compraventa de bebés.

Cuando muchos de aquellos niños de la clínica San Ramón se han enterado de aquellos hechos y de su propio proceso de adopción, les han asaltado las dudas. Dudas sobre la actuación del doctor Eduardo Vela —el tocólogo que dirigía el sanatorio y firmaba los papeles del parto—, así como sobre cuantas personas y funcionarios intervinieron en el asunto. Dudas, incluso, sobre si sus madres biológicas renunciaron a ellos conscientemente o si éstas fueron engañadas diciéndoles que su criatura había nacido muerta. El escaso y laxo control que entonces había por parte de las autoridades estatales sobre los menores abandonados da pie a todo tipo de especulaciones.

Un lote de esos críos fue a parar a Valencia, en concreto a varios municipios de la comarca de L’Horta sur (integrada por los pueblos de Catarroja, Albal, Alfafar, Benetússer, Massanassa y otros). En uno solo de esos pueblos viven hasta nueve de esos niños nacidos en la clínica San Ramón, aunque entre ellos y sus vecinos son más conocidos como los niños de Madrid. Uno de esos chiquillos es José, nacido el 8 de julio de 1976, según los documentos que posee. Otro es Miguel Ángel, nacido el 12 de agosto de 1978. Nadie sabe por qué hay tan alta concentración de adoptados en un territorio tan pequeño. Lo más probable es que funcionase el boca a boca y que un matrimonio contase a otro la relativa facilidad que había para conseguir un bebé entrando en contacto con la red que se movía en torno a la clínica San Ramón. En casi todos los casos se trataba de parejas que rondaban los 40 años, sin hijos y bien situadas económicamente. Y en casi todos los casos se repiten los personajes: el mismo doctor Vela, el mismo abogado, el mismo notario, los mismos intermediarios y hasta el mismo taxista que trasladó a los adoptantes hasta Madrid y después regresó al pueblo con ellos y con el recién nacido.

Entre los papeles que guarda José hay una factura de la clínica madrileña en la que consta que su madre adoptiva abonó 27.363 pesetas en concepto de «gastos de sanatorio, quirófano y medicación; honorarios de puericultor y matrona; honorarios de clínica y gastos de incubadora». Naturalmente esos gastos correspondían a los ocasionados por el parto de la madre biológica, no de la adoptiva.

«Nací muy prematuro y tuve que estar cinco días en la incubadora. Cuando me trasladaron desde Madrid a Valencia en un taxi, seguía estando muy débil. Y mi madre me contó que los trabajadores de la clínica San Ramón le dijeron: “No se preocupe. Métalo en el maletero, y si se muere, lo tira y le damos rápidamente una niña”. ¿Cómo le podían decir eso?», se queja José. El chico, afortunadamente, salió adelante y hoy es un hombre fuerte y sano.

«Llevo más de 10 años buscando, intentando saber quién es mi madre natural, para aclarar si ella me abandonó conscientemente o si todo fue fruto de una compraventa», relata José en su vivienda, rodeado de su joven esposa y de su hija. «A mí me contaron mis padres adoptivos, ya fallecidos, que soltaron dinero a espuertas y que temblaban cada vez que recibían la visita de algunas personas que intermediaron en el proceso de adopción», agrega. Y entre ellas cree que estaban una mujer oriunda de Xàtiva y un sacerdote, ya jubilado, que ejercía su ministerio en Madrid.

Los padres fueron obligados a presentar un completo inventario de sus propiedades antes de recibir al crío. En un folio rubricado por el matrimonio, éste declara que es dueño de dos casas, una huerta de naranjos, 25 cerdos, un caballo, dos carros, una moto Vespa, un coche… En total, bienes que ellos mismos valoran en más de nueve millones de pesetas.

José fue inscrito en el Registro Civil de Chamartín (Madrid) por Ramón C., del que se dice en el oportuno documento oficial que lo hacía en calidad de «encargado del sanatorio donde ha tenido lugar el nacimiento» del crío, del que no se hacen constar ni nombre del padre ni nombre de la madre. Ramón, un antiguo herrero de Tomelloso (Ciudad Real), en realidad no era ningún «encargado del sanatorio», sino una suerte de empleado de mantenimiento, que lo mismo arreglaba la calefacción que conducía una furgoneta para transportar unas botellas de oxígeno.

—Yo era un mandado —dice Ramón.

—Pero usted inscribió en el Registro Civil a bastantes niños supuestamente abandonados por sus madres…, ¿no?

—Sí. No sé cuántos. Yo calculo que serían doce o catorce. Yo hacía lo que me mandaban el doctor Eduardo Vela o el administrador del sanatorio (un tal señor Camón).

—¿Y sabe usted por qué nacían allí tantos niños que luego eran abandonados por sus madres?

—No lo sé. También a mí eso me parecía extraño, pero…

El encargado de mantenimiento asegura que las mujeres que presuntamente daban en adopción a los bebés no eran prostitutas o drogadictas. Al menos, no todas. También había muchas jóvenes solteras, recién casadas, trabajadoras, empleadas domésticas y todo tipo de mujeres «normales». Ramón C. recuerda, por ejemplo, el caso de una enfermera que decidió no quedarse con su hijo tras darlo a luz.

En las décadas de 1970 y de 1980 era muy fácil la tramitación de las adopciones si se podía sostener ante un juez que no se conocía la identidad de los padres, que el niño estaba en situación de abandono y que no estaba acogido en ningún establecimiento benéfico. En ese caso bastaba dejar pasar seis meses para que el bebé fuera dado legítimamente en adopción, al considerar que era «lo más útil y beneficioso» para él. Sin más problemas y sin más requisitos que el teórico control de un juez de Primera Instancia. Hasta que una reforma legislativa recortó en 1987 el inmenso poder de los médicos, obligándoles a comunicar a las autoridades cada caso de adopción en que intervenían.

Miguel es otro de los niños de San Ramón. La documentación que tiene asegura que nació el 12 de agosto de 1978 en esa clínica, tras lo que «su madre le abandonó y entregó la criatura a la encargada del sanatorio, Laura Cecilia R. M.». Después el bebé fue dado a un agricultor valenciano con buena posición económica y a su esposa, un ama de casa, porque «le habían tomado tal cariño como si de su hijo legítimo se tratara», según los documentos legales. Pero ¿dónde y cómo tomaron cariño estas personas a un niño al que no conocían?

«Desde que nací tengo una especie de lunar rojo en el entrecejo. Es algo muy característico y estoy seguro de que, si me viera mi madre biológica, me reconocería inmediatamente», dice Miguel con convicción. «¿Es posible que mi madre tuviera la frialdad de abandonarme? No me lo creo. ¿No sería engañada para que lo hiciese?», añade. Es una pregunta que le corroe y que lleva años intentando que alguien le responda.

Las dudas son especialmente acuciantes en el caso de las mujeres. «Cuando me pregunta el médico por mis antecedentes familiares, tengo que mentir como una bellaca. ¿Qué sé yo de las enfermedades que padecían mi madre o mi padre? No lo sé… y eso me angustia», confiesa una mujer nacida en San Ramón en la década de 1980.

La revista Interviú publicó en diciembre de 1981 una serie de tres reportajes sobre esta clínica —hoy ya inexistente— que, a tenor de los testimonios de trabajadores anónimos, aparecía reflejada como si fuera una casa de los horrores en la que supuestamente sucedían las cosas más extrañas: embarazos simulados, cadáveres de bebés conservados en un congelador, supuestas presiones a jóvenes madres solteras para que dieran a sus criaturas en adopción…

Varias mujeres que dieron a luz en la clínica San Ramón han confiado a El País sus temores de que fueran víctimas de un engaño: en su día les dijeron que su bebé había nacido muerto, pero ni ellas ni sus maridos o compañeros sentimentales vieron jamás el cadáver. La mayoría de las parturientas eran jóvenes a las que algún directivo de la clínica les aconsejó entonces que se olvidasen de todo porque el propio centro se ocuparía del entierro y del resto de los trámites.

«¿Sería verdad que mi niño había muerto? ¿O simplemente me engañaron y dieron a mi bebé en adopción?», se pregunta una madrileña, actualmente madre de familia.

Internet permite que estos hombres y mujeres hayan decidido formar una red de ayuda mutua. Hay adoptados que ahora, al buscar sus orígenes, no dudan en tildar a San Ramón de «maldito sanatorio». En las páginas web quiensabedonde.es, buscapersonas.org y otros foros hay infinidad de mensajes de personas que buscan una pista para aclarar el proceso por el que fueron a parar a manos de sus actuales familias. Es un proceso difícil porque, según el doctor Vela, todos los archivos fueron destruidos por imperativo legal. Un enigma colectivo casi imposible de resolver.

DOCTOR VELA: «AHORA NO HAY MÁS QUE ABORTOS»

El director de la clínica San Ramón que presuntamente sirvió de base para innumerables adopciones de recién nacidos era el doctor Eduardo Vela, un tocoginecólogo que asistía en el parto a las mujeres y, que además certificaba que los bebés eran hijos de madre desconocida. Este médico se ha negado a hacer declaraciones en relación con las decenas de niños dados en adopción después de nacer en este centro. «Prefiero no hablar. Se puede poner en entredicho la moralidad y la legalidad de esas adopciones. No me gustan los periodistas. Yo ya soy muy mayor y quiero vivir en paz lo que me quede. No es moral que yo hable de estas cosas. Si hay un ser superior que sea Él quien diga lo que tenga que decir», declaró en conversación telefónica Vela, entre constantes avisos de que iba a cortar la comunicación.

—¿Sabe usted que su nombre y el de la monja sor María Gómez Valbuena circulan por foros de Internet en relación con numerosas adopciones de menores? ¿Sabe que todos aquellos niños de las décadas de 1970 y de 1980 son ahora adultos que están buscando a sus madres biológicas?

—No lo sabía. No tengo ni idea. Yo no manejo Internet.

—Pues sí. Y muchas de esas personas ponen en duda la transparencia de su proceso de adopción. ¿Todo se hacía bajo la supervisión de las autoridades?

—Sí, todo se hacía conforme a la ley, bajo el control del Tribunal Tutelar de Menores y la Junta Provincial de Menores. En los certificados de nacimiento se ponía que el niño o la niña eran de madre desconocida, después de que la madre hubiera firmado previamente un documento (un papel de color amarillo) renunciando a su hijo. Esas mujeres decidían tener al niño. No como ahora, que no hay más que abortos.

—¿Las madres eran plenamente conscientes del proceso?

—Por supuesto. Las madres sabían que su hijo iba a ser dado en adopción porque ellas luego no podían mantenerlo. A veces se arrepentían más tarde y yo personalmente tuve que devolver a algún niño a su madre biológica si presentaba una reclamación y acudía a un juez.

—¿Sería posible ahora que esos hombres y mujeres adoptados en su día encuentren a sus madres?

—Va a ser muy difícil. Toda la documentación se destruyó por orden del Juzgado Tutelar de Menores. Pero ¿por qué revolver ahora este asunto? Esto no tiene ningún sentido. Esto es como lo que el juez Garzón quería hacer con los muertos de la Guerra Civil…

Capítulo 9: La llamada de la sangre

CAPÍTULO 9

La llamada de la sangre

María, una morena de ojos azabache, guarda un tesoro en una ajada carpetilla azul. Dentro de ella conserva un montón de papeles añejos que cuida con mimo: son su partida de nacimiento, su proceso judicial de adopción, los recibos pagados por sus padres a abogados, notarios y gestores, la correspondencia que mantuvieron con la extinta Diputación Provincial de Madrid… Son sus raíces. Lo único que le une a sus inciertos orígenes de niña adoptada tras ser supuestamente abandonada por su madre.

María, al igual que otras muchas mujeres, quiere seguir ese rastro, débil y difuso, para intentar ahora —a sus 30 años— descubrir a su madre biológica, constatar si realmente la abandonó tras darle a luz en 1981, desentrañar cómo fue entregada a un matrimonio levantino casi cincuentón. Todas estas mujeres —y algún hombre— tienen en común haber nacido en la clínica San Ramón, de Madrid, a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Y muchos de ellos tienen dudas sobre la actuación del doctor Eduardo Vela —el tocólogo que firmaba los papeles del parto— y de sor María Gómez Valbuena, una monja que aparece relacionada con muchos casos, así como sobre cuantos funcionarios intervinieron en el proceso.

«Cuando tenía 10 años me di cuenta de que no me parecía en nada a mis padres. Les pregunté cómo era posible eso y ellos me dijeron que me habían adoptado porque mi madre verdadera había muerto. Me dio rabia enterarme así», recuerda hoy María, que lo único que conserva desde su nacimiento es su nombre de pila. El nombre de pila con el que fue inscrita en el Registro Civil de Chamartín como nacida en mayo de 1981, haciendo constar que «su madre no quiso identificarse para guardar el secreto de su maternidad, abandonando a la criatura y entregándola a la encargada» de la clínica San Ramón.

«Cuando tenía 15 años, mis padres me contaron la verdad y me enseñaron todos los papeles de la adopción. Hace unos meses se me ocurrió buscar en Internet y vi que había un par de foros en los que un montón de gente buscaba sus orígenes. Hay muchísimos que tenemos en común el haber nacido en la clínica San Ramón y que presuntamente nos abandonaron nuestras madres biológicas», señala.

Los padres de María, tras constatar que no podían tener hijos, habían empezado un largo peregrinaje en busca de un niño para adoptarlo. Así pasaron cerca de 20 años. Prueba de ello es la carta que recibieron en marzo de 1983 procedente de la Diputación Provincial de Madrid. Sección de Educación. Departamento de Adopciones: «En relación con la instancia que tiene usted presentada en esta Diputación solicitando la adopción de un niño procedente de alguno de los centros dependientes de la misma, comunico a usted que, debido a que existen muy pocos menores en situación legal de abandono, es criterio de esta corporación se tramite la adopción en favor de matrimonios residentes en Madrid y su provincia. Por lo que adjunto le devuelvo la documentación presentada en su día acompañando dicha solicitud por si puede ser de su interés. Atentamente, le saluda Teresa Raya, secretaria delegada».

Los padres de María, tras vender una casa para pagar los trámites legales y «otros gastos», tenían en su poder a la niña desde un año y medio antes de recibir esa fría carta de la Diputación de Madrid. Una carta que extrañamente hacía referencia a que había «muy pocos menores en situación legal de abandono», mientras que los había en abundancia en la clínica San Ramón.

Los padres adoptivos de esta joven residente en Benetússer (Valencia) llegaron al citado sanatorio a través de un abogado levantino que les puso en contacto con otro, y así hasta que, al final, recibieron una llamada: «Si les interesa, hay una niña disponible». Entre los papeles amarilleados por el tiempo, María muestra una anotación a mano en la que se lee: «Sor María Gómez. Asistente social. Santa Cristina. Amadeo Vives, esquina a O’Donnell». Sin duda, un contacto que alguien facilitó a su familia durante la afanosa búsqueda de un hijo o una hija.

«Yo lo que busco son mis raíces. A veces he ido al médico y no sé qué contestar cuando me pregunta mis antecedentes familiares y las enfermedades que sufrieron mis padres o mis abuelos. Y tengo que responder que no lo sé», explica esta muchacha.

La llamada de la sangre es muy fuerte en decenas de mujeres —y un número más reducido de hombres— que se resisten a admitir que sus madres biológicas se deshicieron de ellas con tanta frialdad. Les gustaría hablar con ellas y preguntarles: ¿tú me abandonaste?, ¿por qué me abandonaste?, ¿fuiste coaccionada o engañada?

«Tengo 33 años. Desde que tengo uso de razón he sabido que mis padres eran muy mayores para mi edad. Podrían ser mis abuelos. De pequeña recuerdo que por la calle preguntaban si era su nieta, y ellos, con la boca pequeña, decían que eran mis padres…», explica la barcelonesa Gina (nombre ficticio), que lleva la mitad de su vida buscando sus raíces en forma del nombre de una mujer de la que ignora todo.

«A los 15 años descubrí la verdad mirando un álbum de fotos de unas vacaciones de mis padres. Al pie de una foto ponía el lugar donde se había tomado y una fecha: ¡el mismo día de mi nacimiento! y mi madre, plana como una tabla de planchar, se paseaba por una playa del Caribe… Ni corta ni perezosa, cogí la foto y le pedí explicaciones a mi madre. La cara que puso no la olvidaré nunca. Se quedó blanca y empezó a tartamudear. Me explicó la verdad: que ella no podía tener hijos porque le tuvieron que quitar la matriz al pensar que tenía cáncer», sigue detallando Gina.

«Al casarse con mi padre, ya mayores, con 40 años, decidieron tener hijos. Preguntando, llegaron hasta la clínica San Ramón. Según me explicó, ella fue a la clínica, respondió un cuestionario y le dijeron que la llamarían cuando hubiera algún niño disponible. Pasaron seis meses, les llamaron y les dijeron que había nacido una niña que había sido dada en adopción, que eran la pareja que tocaba de la lista de espera y que si estaban interesados me fueran a buscar. A los tres días de vida ya estaba con ellos».

«Al oír la historia me enfadé mucho. No por la adopción, ya que nunca he tenido nada importante que reprocharles (me han cuidado, me han querido y se han desvivido por mí), pero sí por el hecho de que no me lo hubieran explicado antes y que me hubieran escondido una cosa tan importante. Me lo tomé mal», se queja Gina.

«Las explicaciones que me dieron nunca fueron del todo coherentes. Siempre intentaban cambiar de tema, me decían que no sabían nada, que no recordaban datos, etcétera. Yo investigué un poco y me enteré de que tenía que pedir mi partida de nacimiento literal. Pero hasta los 18 años no podía solicitarla por mí misma…», prosigue.

«La historia quedó aparcada hasta los 18 años, cuando fui al Registro Civil a pedir mi partida de nacimiento, que me dieron y en la que explica que soy adoptada, que mis apellidos son puestos de oficio, dónde nací y poco más. En esa época no existía Internet. Llamé por teléfono al servicio de información de Madrid y descubrí que la clínica San Ramón hacía años que no existía. Pasaron los años, pero la cosa estaba ahí dentro. De vez en cuando preguntaba a mis padres, pero lo único que me dijeron es que mi madre era una chica jovencita y menudita, que no sabían cómo se llamaba, ni nada sobre su vida. Creo que era una historia inventada para que dejara de hacer preguntas, ya que no sé si ellos llegaron a verla», agrega Gina.

Esta mujer, hoy felizmente casada y que tuvo la fortuna de unos buenos padres adoptivos, confiesa: «Decidí no tocar más el tema. Había madurado y empezaba a entender su postura y su preocupación. Hace un par de meses, después de ver un programa de televisión en el que personas adoptadas explicaban su historia, desenterré mi partida de nacimiento y empecé a buscar por Internet. He descubierto lo que el doctor Vela y las monjas hacían en la clínica San Ramón. Me quedé de piedra, no tenía ni idea. Toda la vida he pensado que mi madre biológica me había dado en adopción por equis motivos, pero ahora me planteo que puede que mi madre fuera una madre engañada a la que dijeron que su hijo había muerto. Siempre he tenido curiosidad por saber qué cara tiene mi madre biológica, y si tengo hermanos. Pero esta curiosidad va más allá».

En la actualidad Gina está embarcada en una batalla en la que no se encuentra sola: «A través de una web, me he puesto en contacto con tres chicas que están en mi misma situación». La clínica cerró hace ya bastantes años, y ninguna de las personas que llevan tiempo investigando sus propios casos ha logrado saber qué se hizo con los archivos. Varios de los afectados coinciden en opinar que cuando se clausura un hospital, todos sus archivos son absorbidos por otra clínica u otro organismo. Sin embargo, todo lo relativo a San Ramón parece haberse esfumado.

Otra persona que se identifica en la Red como Marjumar opina: «La única manera de conseguir algo es que las madres biológicas se enteren de que estamos vivos y buscándoles. Es posible que a algunas madres les mintieran, que otras estuvieran bajo el dominio de sus familias y las obligaran a abandonarnos, y otras (espero que la mayoría, sinceramente) lo hicieran voluntariamente. Seguro que varias madres se pondrían en contacto con nosotros si supieran de qué forma. Con la fecha de nacimiento y el lugar tiene que ser suficiente para encontrar a su hijo, porque dudo que San Ramón fuera un sanatorio tan grande, y seguramente que este tipo de partos no se daban más de una o dos veces al mes, como mucho».

Daniel es uno de los pocos varones que se ha atrevido a intentar hallar sus raíces: «Hace muy poco que he descubierto que yo también nací en San Ramón, en concreto, el 5 de octubre de 1976. Mis padres nunca me han hablado de mi adopción. Fue algo que descubrí por mi cuenta. La única información de la que dispongo es la que aparece en mi certificado literal de nacimiento, que he tenido que solicitar ahora para iniciar mi expediente matrimonial. Ahí aparece que el médico que me trajo al mundo fue el famoso doctor Vela, y poco más. Los nombres de mis padres son ficticios y puestos por el juez. En el margen izquierdo aparece la información de mi adopción, con fecha de abril de 1978, es decir, un año y medio después de mi nacimiento. Esto no sé si es lo habitual, pero me sorprendió un poco, porque he vivido con mis padres desde mi primer mes (tengo fotos que lo prueban)».

La llamada de la sangre que sienten estas personas es muy fuerte, pero también admiten que su batalla tropieza con muchas dificultades y recelos: «El problema de hacerlo público es lo que conllevaría para nosotros y nuestras familias. Claro que me encantaría que otros dieran la cara y lo hicieran público. Pero no parece que tengamos muchas salidas… es muy fácil destruir documentos y así no hay pruebas», escribe Marjumar.

El abogado valenciano Enrique Vila Torres descubrió en 1988, a sus 23 años, que era un chico adoptado. «¡Mis padres no me concibieron! ¿De dónde vengo?, ¿cuál es mi sangre, cuáles mis orígenes?, ¿qué circunstancias dramáticas hicieron que mi madre biológica me abandonase? El deseo de conocer nuestras raíces es muy fuerte, y quizá no puede ser comprendido en su justa medida más que por quien es adoptado», escribe Vila en su página de Internet. Tras ese descubrimiento decidió especializarse en este tipo de casos: «El camino no es fácil y, aunque poco a poco las leyes y la jurisprudencia van dando la razón a los hijos expósitos que buscan a sus madres biológicas, aún existen trabas administrativas, legales, e incluso de índole moral y social», señala este letrado, quien ve imprescindible emprender acciones judiciales para tener acceso a los datos que constan en los archivos sobre la identidad de las madres que en su día decidieron entregar a sus hijos en adopción.

La clínica San Ramón se vio salpicada en noviembre de 1981 por una operación policial que culminó con la detención de cinco mujeres y un hombre por presunta venta de recién nacidos.

La noticia fue divulgada con amplitud en la prensa y causó cierta conmoción social. Prueba de ello es la carta publicada poco después en El País por José María Cruz, secretario general de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, en la que decía: «En todos los países se dan casos de manipulaciones, de ventas de niños y negocios sucios en este campo, abusos que se tratan de evitar perfeccionando las leyes sobre la adopción y su procedimiento. En el caso de España se reconoce que existen lagunas en el procedimiento y control de la adopción y que ésta es una de las causas por las que se suceden frecuentemente casos lamentables».

La Ley de Adopción de 11 de noviembre de 1987 fue promulgada para poner orden en esta cuestión y señalaba en su preámbulo: «Se acusaba, sobre todo, en la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción». Esta ausencia de control «permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños» y «daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes». La nueva ley recortó el inmenso poder del médico y le obligó a comunicar a las autoridades cada caso de adopción.

Los casos denunciados en la prensa en su día fueron muchos menos de las sospechas que ahora afloran entre los numerosos afectados, que temen que su madre biológica fuese engañada o manipulada. Las pesquisas policiales y judiciales fueron escasas y poco profundas. El doctor Vela llegó a estar encausado, pero nunca condenado.

La existencia de Internet hace que hoy todas estas personas hayan decidido luchar. Hay adoptados que ahora, al buscar sus orígenes, no dudan en tildar a la clínica San Ramón de «maldito sanatorio».

Capítulo 10: Trueque de niños en San Ramón

CAPÍTULO 10

Trueque de niños en San Ramón

María del Carmen Rodríguez Flores, la madre adoptiva de David Rodríguez, es una mujer valiente. Es una de las pocas que, una vez destapada la trama de robo de niños y adopciones irregulares, ha accedido a contar su experiencia públicamente. En su caso acudió en 1981, por recomendación de unos amigos, a ver a una monja que decían que «daba niños», después de que en la Diputación de Madrid les hubiesen dicho que tenían pocas posibilidades. «Sor María nos dijo que para que ella nos diera a un niño nosotros teníamos que llevar a otra mujer embarazada a cambio y que ella nos entregaría el de la madre que hubiese llevado otro matrimonio. Cuando yo le pregunté por qué no podía quedarme yo con el de la embarazada que tenía que llevarle, dijo que lo hacían así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscándolos».

Carmen y su marido salieron desanimados de la entrevista con sor María. ¿Dónde iban a encontrar a una embarazada que quisiera dar a su hijo en adopción? «Pero preguntando por todos los sitios, me pusieron al habla con una chica jovencita, de provincias, que se había quedado embarazada de un chico que no era su novio. Ella quería dar al bebé. Y le di la dirección de sor María». Hecho el contacto, Carmen esperó.

«Cada dos o tres días llamaba a sor María para ver cómo iba la cosa. Supongo que ella nos investigó antes de entregarnos al niño. Hasta que un día me informó: “Ha habido un parto gemelar de dos niñas, y otro de un varoncito. Había pensado que el primero que me llamara le daría el varoncito. ¡Y sois vosotros!”. Parecía una tómbola. Luego me enteré que las gemelas se las había quedado un matrimonio de Málaga. La monja nos anunció a mi marido y a mí: “Vengan mañana a por él y traigan el dinero. Son 50.000 pesetas por los gastos del parto”. Tengo papeles de todo, menos de aquella factura», relata Carmen.

Para su sorpresa, cuando llegaron a la clínica Santa Cristina, donde trabajaba sor María, ésta les condujo a otro hospital, el de San Ramón, donde había nacido el niño. «Allí nos recibió el doctor Eduardo Vela. Nos contó que la madre era una chica joven y sana y que el niño era prematuro y por eso había tenido que estar un día en la incubadora, que nos cobraron aparte. También nos dijo que teníamos que ir a ver a Maribel de la Vega, una asistente social, para que nos arreglara los papeles. Nada nos pareció raro. Todo nos parecía maravilloso».

A los tres meses, el doctor Vela telefoneó al marido de Carmen y le dijo que tenía que llevarle unos documentos. «Al llegar a la clínica, Vela abordó a mi marido y le urgió: “Aquí no”. Y lo llevó a su coche. Le dijo que las aguas estaban muy revueltas». Y tanto. Por aquellos días se había producido una redada por compraventa de niños que salpicaba a la clínica San Ramón. Vela ni siquiera fue interrogado. La investigación policial se cerró rápida y sorprendentemente sin ahondar más.

«Recuerdo que con aquello de la redada me llamó una amiga mía y me dijo: “¿Te has enterado de esto? ¿Tendrás algún problema tú?”. Yo le contesté que no, que tenía todos mis papeles en regla, con notario y todo, y que aquello no iba con nosotros. ¿Cómo iba a pensar yo…? En aquel momento no sospeché nada. Hoy no sé qué decir», relata. «Nada me parecía raro. Sor María era una de las vías que había para adoptar un niño y cuando quieres una cosa, vas a por ella hasta conseguirlo».

Carmen y su marido también habían acudido a una casa de ayuda para madres solteras para ver si allí podían adoptar un niño. «Allí se quedaban chicas embarazadas que querían quedarse con los niños pero a veces también había alguna que quería darlo… y por eso fuimos. Se quedaron con nuestros datos y casualmente nos llamaron cuando David tenía tres o cuatro meses. Cogió el teléfono mi marido y la persona que llamaba, al oír llorar a nuestro niño, cortó la conversación: “Me parece que lo que le vamos a ofrecer ya no lo quieren”. Era un niño de una chica que había decidido no quedarse con él». Carmen y su esposo confesaron a David que era adoptado cuando tenía 5 años. «Al día siguiente fue gritándolo al colegio, según me contó su profesor, y los otros niños le decían: ¡Qué suerte!», recuerda Carmen.

Cuando cumplió los 18 años, David quiso buscar a su madre biológica. «Pedí a mis padres los papeles. Pusieron mala cara, pero me los dieron. Al principio me equivoqué y fui a otra clínica, la de Virgen del Mar. Al pronunciar el nombre del doctor Vela, me abordó un médico diciendo: “Tú naciste en San Ramón. Eres adoptado. Yo que tú dejaría de buscar porque todo aquello se hizo por el bien de los niños”». A partir de ahí David empezó a ver cosas raras. «Intenté hablar con la asistente social, Maribel de la Vega, pero fue imposible. En Santa Cristina me dijeron que sor María no había dejado allí muy buena fama y en San Ramón, que no tenían archivos. Así que fui a ver a sor María. Me hizo gracia porque cuando le dije por qué estaba allí, ella zanjó: “Uuuuy… estoy muy mayor, tengo mala memoria…”. Pero a continuación me preguntó en qué año había nacido. Se lo dije, y me respondió con una lista de 15 nombres. Ninguno era el de mis padres».

Tampoco le sirvió de mucho la visita, hace un año, al doctor Vela, que sigue con consulta abierta y que no ha querido ofrecer su versión a este diario. «Me pareció un hombre afable. Cuando le hablé de por qué estaba allí me dijo que él hacía esas cosas para evitar abortos, porque las chicas se iban a abortar a Londres o a barcos en aguas internacionales. Le pregunté por el acta de renuncia de mi madre biológica [documento que debería haber estado y nunca estuvo en su expediente] y me respondió que a los seis meses las quemaban. También me dijo que estuviera tranquilo: “Ninguno de vosotros es hijo de ninguna fulana”. Según él, todos éramos hijos de gente bien. Lo dijo de tal manera que parecía que éramos todos hijos bastardos de la nobleza. Me insinuó que era mejor dejar de buscar y no remover el pasado».

David fue el verano de 2009 a una residencia para madres solteras en Los Molinos (Madrid). «La madre superiora me contó que la monja que se ocupaba de aquello, María Isolina, había muerto el año anterior. Dijo que en 1985 “debido a la persecución del Gobierno socialista a la Iglesia” tuvo que quemar los expedientes, que había casos de niñas de 13 años embarazadas por una violación y que no podía darme datos porque las chicas daban a los niños en secreto de confesión. Las monjas, como supe más tarde, no tienen secreto de confesión».

Desde entonces David ha pagado de su bolsillo, a razón de 500 euros cada una, dos pruebas de ADN con una mujer que dice que le robaron a su hijo y otra que asegura que la coaccionaron a darlo. Las dos han sido negativas. Al hablar con unos y con otros, el hoy portavoz de la Asociación de Afectados de las Clínicas San Ramón, Santa Cristina y Belén asegura que solo ha encontrado otro caso como el suyo. «Lo del trueque que le hicieron a mi madre, esto de “traernos a otra embarazada”, solo lo he visto en otra persona. Creo que lo utilizaban con familias con menor capacidad adquisitiva, como si fuéramos una especie de niños en rebajas».

David ya no sabe qué pensar: «Por eso yo me he preparado para cualquier desenlace. Me da igual si soy robado, si me dieron, si a mi madre la coaccionaron…».

Capítulo 11: «No salgas del coche. Aquí tienes a tu hija»

CAPÍTULO 11

«No salgas del coche. Aquí tienes a tu hija»

Lucrecia García Muñoz nació a la una de la tarde del 15 de septiembre de 1968 en la clínica San Cosme y San Damián de Barcelona. Tan solo una hora más tarde fue entregada a sus padres adoptivos en una escena de película.

«Mi padre me ha contado que me recogieron en medio de la calle. Le citaron en la puerta del hotel Ritz, frente a la clínica, y una vez allí le ordenaron: “Abre la puerta del coche. No salgas. Aquí tienes a tu hija”. Mi padre me ha dicho que salió de allí pitando, que lo que quería era cogerme e irse y que, al llegar a casa, cerró con siete llaves. Él no sabía ni en qué clínica había nacido yo», relata Lucrecia.

La persona que había entregado a Lucrecia, entonces un bebé de solo una hora de vida, en un coche, era la mujer de una influyente familia catalana. «Se dedicaban a buscar a madres gestantes. Les quitaban los bebés a unos y se los daban a otros. Tuvieron mucha actividad entre 1967 y 1968», explica Lucrecia por teléfono desde Andorra, donde reside.

Sus padres adoptivos no podían tener hijos. «Una prima de mi padre que tampoco podía y había adoptado a sus hijos gracias a esta familia les confió: “Si queréis, buscamos para vosotros también”». Y así fue. Les dieron la oportunidad de elegir: niño o niña. «Mi madre les dijo que prefería esperar si hacía falta pero que quería niña. Y a los tres meses, les llamaron: “Ya tenemos un bebé para vosotros”».

La familia contó a los ilusionados padres adoptivos que la niña había sido alumbrada por «una jovencita monísima, sana y muy simpática». En todo momento se refirieron a la madre biológica como una mujer que no quería hacerse cargo del bebé. Pero Lucrecia duda: «Siempre pensé que había renunciado a mí, pero ahora, al conocer a otras chicas con casos similares, pienso que quizá la engañaron. Mis padres adoptivos también tienen esa misma sospecha».

Tras conseguirles el bebé, les reclamaron 500.000 pesetas, «por la manutención de la madre biológica en el convento de Santa Isabel».

Lucrecia recuerda otro detalle que también inquietó mucho a sus padres. «La familia que había conseguido al niño vino a mi bautizo. Por aquel entonces mi madre y mi padre no se llevaban muy bien y uno de ellos le advirtió a mi padre: “Ten cuidado, que todavía te puedo quitar a la niña”. Les dio miedo. Ya no quisieron saber más de ellos».

Lucrecia supo desde siempre que era adoptada. «Mis padres me lo contaron y no me supuso ningún trauma. Solo recuerdo que durante la adolescencia me llevaba regular con mi madre y solía pensar que con mi madre biológica me llevaría mucho mejor. Quise conocerla. Busqué papeles en el despacho de mi padre, pero vi que en mi partida de nacimiento no salía el nombre de mi madre biológica. Pero en la literal figuro como hija de padres desconocidos y en la siguiente ya salen los nombres de mis padres adoptivos: Lucrecia y Antonio».

Al descubrir todas estas irregularidades, Lucrecia interrogó a sus padres adoptivos: «Pero ¿no os pareció raro que tuvierais que recogerme en medio de la calle?». Ellos nunca vieron el documento de renuncia de la madre biológica. «Mi padre me dijo: “No pedí papeles, ni me atrevía”».

Buscando información sobre su origen, Lucrecia acudió al convento de Santa Isabel a hablar con las monjas, pero no la ayudaron. «He pedido los datos por vía judicial dos veces y dos veces se los han negado al juez. Hay un pacto de silencio. Lo poco que he descubierto ha sido gracias a otras mujeres en situaciones similares. Y digo mujeres porque somos casi todas niñas».

También acudió al médico que había asistido al parto. «Tenía una consulta preciosa en el paseo de Gracia. Reaccionó muy mal. Pedí cita como paciente y una vez allí le expliqué quién era. Se levantó escopetado, me echó. Yo le repliqué que venía de muy lejos solo para preguntarle, y entonces él me dijo: “Pero ¿para qué quieres saber nada si te vas a decepcionar? Pregunta a las monjitas”. Me cerró la puerta. Salí de allí llorando a todo llorar. Y a las monjitas, por supuesto, no pude sacarles ni media palabra».

Lucrecia asegura que para ella su madre es su madre adoptiva, pero al mismo tiempo necesita conocer a la biológica. «Todos tenemos derecho a saber quiénes somos».

Capítulo 12: ¿Mi hijo murió o me lo robaron? Llamada a la puerta de la justicia

CAPÍTULO 12

¿Mi hijo murió o me lo robaron? Llamada a la puerta de la justicia

Vivieron durante décadas con la pena de que se les hubiera muerto un hijo horas o días después de haberlo dado a luz. Recordaron cada uno de sus cumpleaños e intentaron no olvidar el tamaño, el peso, el tacto de aquel bebé con el que habían pasado tan poco tiempo. Pero desde hace unos años a esa pena decenas de madres en toda España empezaron a añadir una duda, es decir, una angustia: ¿mi hijo se murió o me lo robaron?

La duda surgió en una familia y otra, con un caso muy similar, empezó a sospechar: «¿A ti también te dijeron que había muerto de otitis y que estaba enterrado…?». Y decidieron pedir amparo a la justicia. Tres de esas familias, representantes de muchas más, han puesto sobre la mesa del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, estos casos. Algunos ya habían estado antes en la del juez Garzón, que estimó que el franquismo había robado cerca de 30.000 niños y quiso empezar a buscarlos porque «durante más de 60 años no había sido objeto de la más mínima investigación». Y fue apartado del caso y del tribunal.

El Régimen franquista puso en marcha el robo sistemático de niños como método de «regeneración de la raza» amparado por las disparatadas teorías del psiquiatra y comandante Antonio Vallejo-Nájera y de la Iglesia, que pretendía purificar a los hijos de rojos descarriados. Franco permitió que se robaran niños a las madres presas, se repatriaran sin permiso de sus padres y desde 1941, por ley, que se les cambiara de apellidos. Con el tiempo, y hasta la década de 1980, aquellos niños que el Régimen rescataba de padres republicanos para entregárselos a familias de derechas, simplemente, se vendieron, según denuncian las familias afectadas.

«Estuvimos cerca de dos horas con el fiscal. Nos enfadamos, lloramos…», relata Mar Soriano, hermana de una niña que asegura que fue robada. Zaragoza les comunicó que el delito que supuestamente habían sufrido, el secuestro de menores, no se encuentra en el catálogo de los que corresponde juzgar a la Audiencia. El jefe de la fiscalía, que ya se opuso a que Garzón investigara el caso en su instrucción sobre el franquismo, les dijo también que consideraba que los crímenes habían prescrito y que, además, sería difícil acreditarlos ya que algunos se basan en simples sospechas. Eso sí, prometió exponer su caso al Ministerio de Justicia e instó a las víctimas a que solicitaran la apertura de una oficina de atención. También sugirió como idea la creación de una base de datos con su ADN para que pudiera cotejarse, aunque advirtió de la dificultad de obligar a los posibles afectados a facilitarlo.

«Nació el 3 de enero de 1964. Mi madre le dio el pecho hasta que le dijeron que tenían que llevarla a la incubadora. Cuando mis padres fueron a buscarla les dijeron que había muerto de otitis. Mi padre dijo que quería verla y enterrarla, y le contestaron que se habían ocupado de todo y estaba en una fosa común. Fue en la clínica O’Donnell de Madrid», relata Soriano.

«A mi madre también le dijeron que mi hermano había muerto de otitis. Y también fue en la clínica O’Donnell. Se lo llevaron a la incubadora y a los seis días le comunicaron su muerte. A mis padres les dijeron que era mejor que no lo vieran, porque había quedado en muy mal estado. Al insistir, afirmaron que lo habían enterrado ya», cuenta Nuria Massó, hermana de un niño supuestamente robado en 1965. «Cuando yo tuve un hijo y enfermó de otitis mi madre y yo nos asustamos muchísimo porque le pasara como a mi hermano. El pediatra me dijo que era imposible que un bebé se muriera de otitis. Luego conocí la historia de Mar [Soriano] y empecé a sospechar…». Alfonso Delgado, expresidente de la Asociación Española de Pediatría, asegura: «Una otitis por sí sola no causa la muerte. Tendría que complicarse con algo más».

«Yo creo que el móvil era económico», prosigue Nuria. «Era un método muy perfeccionado, en el que había directores de hospitales, médicos, matronas…, y amparado por el franquismo. Creo que las familias que se podían permitir comprar un hijo, lo compraron».

«Nuestro caso es de 1945. Mi madre, Agustina, repartía leche en una maternidad de la calle de Serrano de Madrid. Era una mujer de izquierdas. Mi padre y mi madre tenían a muchos represaliados en la familia. Ella estaba embarazada y la presionaron tanto para que fuera a dar a luz allí que al final accedió. Le dijeron que había nacido muerto, pero mi madre siempre dijo que lo había sentido. Poco antes se había muerto de tuberculosis otra hermana mía y mi madre estaba deshecha. Si no, hubiera reaccionado de otra manera», cuenta Blanca Guerrero.

Agustina esperó mucho. Murió con 101 años en 2009. El suyo es uno de los casos que el abogado Fernando Magán llevó repetidamente a la Audiencia Nacional para que le tomaran declaración y muestras de ADN antes de que falleciera. Muchas madres han muerto con esa duda: ¿mi hijo se murió o me lo robaron? Como Marina Álvarez, que antes de morir se hizo cinco pruebas de ADN —que pagó de su bolsillo— con cinco mujeres que vivían en Francia, Bélgica, La Rioja, Murcia y Zamora que pensó que podían ser su hermana; o Emilia Girón, madre de un niño al que iba a poner Jesús y que le quitaron en un hospital de Salamanca. Falleció en 2007, con 96 años. Julia Manzanal, de 95, guarda en una caja un mechón de pelo de su hija, que le dijeron que había muerto estando ella presa en Amorebieta.

Blanca Guerrero también ha guardado un mechón de su madre fallecida. «Para sacar el ADN, por si aparece mi hermano. Creo que si le viera hoy le reconocería. Mi hermana y yo hablamos mucho de él, de Miguel Ángel, que es el nombre que le puso mi madre».

Capítulo 13: «Se la llevaron a pesarla. No la vi más»

CAPÍTULO 13

«Se la llevaron a pesarla. No la vi más»

No se conocían porque habían llegado de distintas ciudades: Valencia, Arcos de la Frontera, Murcia…, pero en pequeños corrillos a la puerta de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, más de 200 personas se contaban el 27 de enero de 2011 la historia de sus vidas. Hasta hace muy poco pensaban que los suyos eran casos únicos. Ese día el relato de unos y otros era tan similar que parecía el estribillo de una canción triste: «Dijeron que había muerto. No me dejaron ver a mi bebé. Lo enterraron antes de que pudiera decir nada. Yo siempre sospeché, pero mi familia pensó que me había vuelto loca…».

Sobre la mesa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quedaron sus denuncias: los primeros 261 casos de robo de bebés durante el franquismo y hasta los primeros años de la democracia presentados y documentados por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). «El fiscal no ha querido recibirnos», explicaban al salir. «Pero hoy es un día muy especial, un gran logro», aseguraba después Antonio Barroso, presidente de la asociación, que descubrió hace tres años que sus padres lo habían comprado por 200.000 pesetas a una monja en Zaragoza. «Detrás de esta denuncia hay una lucha de muchos años por conocer la verdad y una ilusión por el encuentro con nuestras familias biológicas».

El abogado Enrique Vila asegura que han denunciado «hechos perseguibles y condenables» y pide, en nombre de Anadir, que se castigue a los culpables: «Médicos, comadronas, religiosos, empleados de funerarias, intermediarios…». «También los padres que compraron a sus hijos cometieron un delito, porque falsificaron un documento público al inscribirlos como propios», pero, añadió, «la mayoría no sabían que eran robados y está en manos de esos hijos falsos actuar o no contra ellos». «Sobre todo, queremos que se sepa la verdad. Muchos españoles son niños robados y no lo saben o han muerto ya sin saberlo», aseguró el abogado, al que le preocupa que los culpables estén destruyendo pruebas.

Si el fiscal considera que los posibles delitos cometidos han prescrito, la asociación piensa acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero creen que siguen vigentes. También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en un comunicado aseguró que los robos de bebés son «secuestros que se siguen cometiendo» mientras esos niños, hoy adultos, no aparecen, y recordó que la convención sobre desapariciones forzadas de la ONU obliga al Estado a investigar.

«Hemos pedido a la justicia que actúe, pero también al Gobierno», explicó Vila a los afectados. Anadir quiere que el Ejecutivo facilite un banco de ADN para ayudar a madres e hijos robados a encontrarse. Mientras, han llegado a un acuerdo con una entidad privada para poder registrar su ADN a un precio económico. También intentan reunir medio millón de firmas para pedir en el Congreso esa gran base de datos genética.

El alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, que cedió el centro cívico de la localidad para que los miembros de Anadir pudieran celebrar una reunión, puso a su disposición «los 8.500 Ayuntamientos de España». Éstas son algunas de las historias que los afectados compartieron en Getafe.

NOEMÍ GONZÁLEZ: «EL MÉDICO DIJO QUE DIOS NOS HABÍA HECHO UN FAVOR»

«Di a luz el 16 de julio de 1961 en la clínica Santa Cristina, en la calle O’Donnell, de Madrid. Dijeron que se la llevaban para pesarla y ya no la vi más. Me enteré de que había muerto cuando me dijeron que ya la habían enterrado», cuenta Noemí González, de 82 años. «El médico le dijo a mi marido que Dios nos había hecho un gran favor. No sé a qué se refería. A mí siempre me quedó la duda de que me habían engañado, y la esperanza de que me la devolvieran. Yo creo mucho en Dios, y me resulta insoportable pensar que había monjas y curas implicados en esto».

Noemí llegó al centro cívico de Getafe con la ilusión de que su hija estuviera allí. «Pensé que entre tanta gente que busca a lo mejor estaba ella», explica decepcionada. «Que te quiten un hijo es lo peor que le puede pasar a alguien, porque el mejor material que podemos tener entre los dedos es un niño».

MARÍA CONCEPCIÓN MORENO: «AL DESPERTAR EL DOCTOR ME DIJO QUE MIS GEMELAS HABÍAN MUERTO»

Hasta hace muy poco María Concepción Moreno pensaba que había tenido muy mala suerte. La mala suerte de que sus dos hijas gemelas murieran al poco de nacer. «Ahora dudo si murieron porque nacieron en la misma clínica y con el mismo médico, el doctor Vela, que han denunciado otros niños robados. Yo di a luz el 14 de diciembre de 1974 en la clínica San Ramón de Madrid. Después me durmieron. Cuando me desperté, el doctor Vela me dijo que habían muerto. No nos dejaron verlas. Decían que tenían malformaciones. Y yo me lo creí».

RAQUEL ÁLVAREZ: «CREO QUE LA VENDIERON A GENTE RICA»

«Pero ¡cómo pudimos ser tan tontos!», lamenta Raquel Álvarez, madre de una niña a la que quería llamar como ella y que no llegó a ver. «Había unas 50 camas con mujeres embarazadas y a mí me pusieron en una habitación sola. Fue en 1967, en la maternidad de Bilbao. Me dijeron que había muerto y que era mejor que no la viera. Mi madre y mi hermana también pidieron verla y les dijeron que estaba muy desfigurada y que ellos se encargaban de enterrarla. ¡No nos dieron ni un papel! Mis otros dos hijos que nacieron allí sí están registrados pero ella no. Desde entonces no me quito la duda de encima. Creo que a lo mejor la vendieron a gente rica de la ciudad. Mi marido era albañil y yo siempre he trabajado en restaurantes. Entonces tenía 20 años…».

JUAN LUIS MORENO: «ANTES DE MORIR, MI PADRE ME DIJO QUE ME HABÍA COMPRADO POR 150.000 PESETAS»

Fue el primero en descubrirlo. «Mi padre murió al día siguiente de contarme que me había comprado a un cura en Zaragoza por 150.000 pesetas. También me contó que le dijo a un amigo que no podía tener hijos, que si le interesaba conseguir uno, le acompañaba a por él». Y lo hizo. El niño que recogió su amigo se llamaba Antonio Barroso, fundador, junto a José Luis, de Anadir. «Les dieron a escoger: niño o niña», asegura.

ANTONIO BARROSO: «ME VENDIERON POR 200.000 PESETAS»

Antonio Barroso descubrió hace tres años, con 38 ya cumplidos, que su vida era una mentira. «Me llamó un amigo y me dijo que nuestros padres, que eran amigos también, nos habían comprado en Zaragoza. A él se lo había dicho su padre».

A escondidas, sin que su madre se enterase, Antonio cogió un bastoncillo y le tomó una muestra para hacerse una prueba de ADN. Salió negativa. «Todas las veces que me había contado cosas del embarazo y del parto eran una invención. Tengo todo falsificado. No sé quién soy. No sé cómo me llamo». Inmediatamente después de ver aquellos resultados, quiso encontrar a su familia. «No es lo mismo saber que te adoptaron a que te robaron a una madre. En mi caso me vendió una monja por 200.000 pesetas. Cada año íbamos a verla a Zaragoza, se llamaba Montserrat».

Su madre adoptiva sabe ahora que está buscando a su verdadera madre. «Aún no he podido hacerle todas las preguntas que me gustaría. Tenemos una conversación pendiente. Ella compró un niño, pero no sabía que lo habían robado. Mis padres adoptivos también son víctimas. El médico decía que era hijo de un analfabeto y una prostituta, o que los padres habían muerto. No sabían que estaban cometiendo un delito».

No tiene rencor hacia los padres con los que se ha criado, pero «las 24 horas del día, desde que me enteré de esto, siento la necesidad de encontrar a mi madre, contarle lo que pasó, darle un abrazo», cuenta por teléfono.

Antonio dirige una asociación, Anadir, que llevó centenares de casos a la Fiscalía General del Estado. «Me ha ayudado contactar con otras personas en mi misma situación. Nos apoyamos mucho. Esto es muy duro. Es como si hubiésemos estado secuestrados. Nos han robado nuestra identidad. La justicia tiene que hacernos caso».

ESPERANZA ENCABO: «ME DIJERON POR TELÉFONO QUE ESTABA MUERTA»

«La llevé a un hogar infantil de Navacerrada en julio de 1964 porque en Madrid hacía mucho calor y no quería que se deshidratara. Había nacido el 2 de abril», cuenta Esperanza Encabo. «Yo era madre soltera y mi padre no la aceptaba, pero pagaba el hogar infantil. Iba a verla todos los días, hasta que el día 29 me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba muerta. No me dieron ninguna explicación. Nada. Dijeron que ya estaba enterrada y al ver que había otros casos parecidos, empecé a sospechar que me la podían haber robado». Hasta hoy.

Capítulo 14: La policía investiga en el túnel del tiempo

CAPÍTULO 14

La policía investiga en el túnel del tiempo
por Luis Gómez

El sistema judicial español se encuentra ante un suceso insólito que debe ser investigado: la súplica de al menos 750 madres que sospechan que aquel hijo que tuvieron hace unas decenas de años y que fue dado por muerto por médicos o comadronas puede estar vivo y fue dado en adopción o directamente vendido por unos desaprensivos. De ser ciertas algunas denuncias, España habría sido escenario solapado de un tráfico de niños organizado en muchos puntos de su territorio durante al menos 20 años. Durante 20 años desde hace 50. Un gran problema para la policía: cómo encontrar pruebas fehacientes o testimonios incontestables relacionados con hechos sucedidos hace medio siglo. Es como investigar en el túnel del tiempo.

Ése es el reto al que se enfrentan 40 fiscalías provinciales, que han derivado parte de la investigación a los órganos policiales, quienes a su vez han encomendado el trabajo a policías que deben investigar en el pasado de hospitales, hospicios, registros, archivos municipales y cementerios, con el problema añadido en muchos de los casos de que aquellas clínicas mencionadas en las denuncias ya no existen, que no todos los historiales clínicos se conservan, que no todos los archivos han sido respetados o han sufrido traslados y que numerosos testigos de aquella época han muerto, son ancianos, se han jubilado o son difíciles de encontrar. Nunca la policía se habrá encontrado con un trabajo parecido: lo que pudo o no haber sucedido en los hospitales de maternidad en la España de aquellos años.

En Andalucía, algunos casos habían comenzado a ser investigados con anterioridad a la orden dictada por la Fiscalía General del Estado. Un primer caso llegó a la fiscalía de Málaga el 6 de julio de 2010, que dio traslado del mismo a la policía. Se tenían noticias de una denuncia similar en Granada y, poco más tarde, de otra en Sevilla. Fueron, probablemente, estos los primeros casos presentados ante la justicia durante el año 2010. Posteriormente llegaron una decena de asuntos que se repartieron entre las fiscalías de Cádiz y Algeciras. Eran denuncias individuales, aparentemente aisladas, que motivaron algunos contactos entre los fiscales de dichas provincias para estudiar cómo proceder con asuntos que databan de hace casi 50 años.

Aquello fue el preámbulo de lo que vendría después, a partir de enero de 2011, cuando los representantes de Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) se presentó primero ante la Audiencia Nacional y luego ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia. Anadir llevaba bajo el brazo 261 casos repartidos por toda España, documentación que, grabada en un cedé, fue trasladada a mediados de febrero de 2011 a todas las fiscalías implicadas. A partir de ese momento, el ritmo de los acontecimientos resultó imparable. Aquel caso inicial de Málaga se había multiplicado: el día anterior a la llegada de la misiva de la Fiscalía General del Estado, la de Málaga contaba con siete expedientes, dos de ellos abiertos esa misma semana. El documento de la Fiscalía General del Estado daba cuenta de otros 13 casos más. En días sucesivos se incorporaron otros tres. En una semana, la fiscalía se encontró ante un total de 23 casos. Ese proceso ha seguido la misma pauta en otras provincias andaluzas. Granada pasó de un caso investigado a tener que investigar cuatro. Sevilla, por ejemplo, pasó de uno a 22. Entre Cádiz y Algeciras, los casos pasaron de la decena a superar ampliamente el centenar. Y las cifras no han dejado de moverse de una semana a otra. Así sucedió en otras fiscalías, hasta alcanzar un aluvión de casi 1.000 casos por el momento.

Aquellos primeros expedientes abiertos en Málaga dieron lugar a las primeras actuaciones policiales, de cuya experiencia se desprende la dificultad que va a suponer la investigación. El asunto fue trasladado al grupo de Homicidios de la comisaría provincial de Málaga. Uno de los casos investigado databa de febrero de 1962. Una mujer, Josefa Gámez Gutiérrez (actualmente residente en Badalona, de 76 años y madre de cuatro hijos), dio a luz un niño en el hospital Civil de Málaga, hoy ya desaparecido y entonces dependiente de la Diputación. Según la denuncia de la mujer, fue sedada para el parto y, al despertar, le comunicaron que había sido necesario el uso de fórceps y que el bebé había muerto. En el parte de asistencia constaba como causa del fallecimiento «asfixia intrauterina». No le dejaron ver al crío y, según el testimonio de la denunciante, todo lo que le dijeron era que «se parecía al padre».

Como sucede en la mayoría de los casos registrados en Málaga, el hospital se ofreció a solucionar los trámites del entierro y, para ahorrar gastos, la inhumación se haría junto al ataúd de otro difunto. En la terminología de la época se denominaba a este tipo de enterramiento «a los pies de un difunto». A la vista de los casos estudiados, se observa que ésta era una práctica extendida en este hospital de Málaga con familias de escasos recursos económicos. Se da la circunstancia de que en otro caso investigado le dicen a los padres del bebé fallecido que será enterrado «a los pies de un señor muy rico de Málaga».

Los inspectores de policía intervienen en el caso. Logran obtener una copia del informe médico. Consiguen los nombres de los médicos y comadronas del centro en aquella época. Hacen gestiones con el colegio de enfermería para localizar los domicilios de algunas matronas, entre ellas la que figura en el parte de asistencia, y se entrevistan con ella. La matrona manifiesta que la asistencia a los partos formaba parte de su trabajo y que, salvo complicaciones, no intervenían los médicos. En ese caso tampoco actuaba el ginecólogo, sino el médico de guardia. No recordaba nada de este caso en concreto. La matrona señalaba que, en caso de fallecimiento, no se les mostraba el cuerpo del bebé a los padres excepto si ellos lo pedían expresamente. Del cuerpo del bebé fallecido se encargaban los celadores, cuyos nombres no recordaba. La matrona también manifestó a la policía que era costumbre del hospital ofrecer a los padres la posibilidad de que «fuese enterrado a los pies de algún difunto» si no podían hacerse cargo del entierro. La policía entrevistó a otra matrona que estaba en prácticas por aquellas fechas, la cual corroboró el testimonio de la primera. En ambos testimonios quedaba patente que eran los celadores quienes se encargaban de los cadáveres de los bebés fallecidos.

Los pasos de la policía se dirigieron también a los médicos. De los seis adscritos a la sección de obstetricia del hospital Civil de Málaga en aquel año (1962), tres habían fallecido, entre ellos los dos que constaban como responsables de ese parto. El hijo de uno de los ginecólogos fallecidos, también médico, manifestó a la policía que en aquella época no constaban los hechos relativos a los enterramientos de los fetos nacidos muertos y que no se practicaban pruebas de identificación como la toma de «impresiones palmatoscópicas».

La actuación policial también se dirigió a las funerarias, donde se encontró con el problema de que éstas no archivan casos más allá de seis o diez años atrás. No se encontraron datos de inscripción de ningún tipo (en las proximidades de la fecha del nacimiento) en el Registro Civil de Málaga relativos al año 1962, y en los archivos del parque del cementerio de Málaga el registro informatizado data de 1989. Vistas todas sus pesquisas, el informe policial termina con una escueta conclusión: «El feto nació muerto y no hay constancia del destino del cuerpo».

La investigación de la policía en Málaga fue paralela a la dirigida por Esther Cruces, la directora del Archivo Histórico de Málaga, que se propuso colaborar con la fiscalía a la hora de cruzar datos procedentes de distintos archivos. «Nos hemos encontrado con que no existían procedimientos ni trámites. Y también con la dejadez de los ciudadanos de aquella época, que no pedían documentos quizá por recelo o temor a la Administración. Es un tema complejo porque es de suponer que si ha habido un hecho fraudulento, éste no se va a documentar».

Esther Cruces es consciente de la dificultad que entraña una investigación de este tipo: «El núcleo básico de la pérdida de información son los hospitales, pero no había protocolos establecidos como hoy día: los partos los llevaban las matronas, y los ginecólogos no intervenían salvo cuando las cosas iban mal. No se documentaban todos los actos como se hace hoy día. Se conjugan muchos factores negativos, a los que hay que añadir que hay hospitales que ya no existen y que la custodia de sus archivos no se ha respetado. Por otro lado, no existía obligación de registrar el nacimiento de una criatura con menos de 24 horas de vida, que el Código Civil de la época denominaba como criatura abortiva (más de 180 días de vida fetal y hasta 24 horas de su nacimiento), y en los registros de inhumaciones tampoco existía obligación de registrarla con nombre y apellidos salvo que el padre quisiera dar esos datos».

Quizá la investigación de estos hechos habría cambiado si hubieran tenido otro final las pesquisas que realizó la Brigada Judicial de Madrid en noviembre de 1981 tras descubrir un intento de compraventa de niños en Madrid con epicentro en la clínica de San Ramón.

Dado el transcurso del tiempo, las fiscalías se enfrentan no solo a una investigación compleja donde abunda la ausencia de documentación fehaciente y la falta de testigos. Serán los fiscales y los jueces quienes tengan que determinar las sanciones aplicables caso de que puedan documentar la comisión de un delito. Pero como sostiene Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, se trata de infracciones cometidas hace 40 años y hay que estudiar las leyes de aquel tiempo, el Código Penal de 1944 o el de 1973, «que es básicamente parecido», porque la verdadera reforma llegó con el de 1995. Por tanto, hay delitos que en esos códigos no existían, tales como el secuestro o el robo de niños, y naturalmente delitos aplicables, como el de suposición de parto o falsificación documental, ya «habrían prescrito».

Queralt, que solo ve algunas posibilidades en los supuestos de sustracción de menores o detención ilegal prolongada, cree que el supuesto de abandono de menores no se daría. En cualquier caso, y en opinión de Queralt, incluso los delitos que han prescrito pueden no haberlo hecho «si se tiene en cuenta que el juez puede entender que se ha dado un complejo delictivo en el que concurren varias figuras penales (detención, falsificación, soborno incluso) de tal forma que la falta más grave arrastra a las demás, y si la más grave no ha prescrito hace que las demás tampoco lo estén en este caso».

Quedará también a la interpretación de jueces y fiscales la imputación de los padres adoptivos como «cooperadores o inductores», señala el catedrático. «Es algo que puede darse, aunque veo difícil que un juez lo ordenara». «En cualquier caso», concluye Queralt, «el gran enemigo de un proceso es el tiempo. Estamos hablando de hace 40 años. Muchos de los testigos o participantes habrán muerto y faltarán documentos. Ése va a ser el gran problema».

Hay al menos 750 madres que piden que se aclare qué sucedió con aquel bebé que presuntamente nació muerto o fue dado en adopción. La inmensa mayoría de estas madres tenían escasos recursos económicos o se encontraban en situación muy vulnerable cuando dieron a luz. Fueron años en los que el ciudadano se movía con miedo ante la Administración. Y ésa es la raíz de este caso que ha invadido en unas semanas las fiscalías españolas: hubo personas que bajo el amparo de unos preceptos religiosos entendieron que tenían el poder para modificar el destino de un ser humano. Y personas que, sin escrúpulo alguno, utilizaron su posición dominante para hacer negocio con los más débiles.

Capítulo 15: Cruzando La Línea de la sospecha

CAPÍTULO 15

Cruzando La Línea de la sospecha
por Luis Gómez

Las sospechas dan un paso al frente en La Línea de la Concepción (Cádiz). La investigación va más allá de reunir el testimonio de madres atormentadas porque les ocultaron el cuerpo del hijo nacido presuntamente muerto hace 40 años. El epicentro de los cientos de casos de presuntos niños robados que han inundado algunas fiscalías provinciales de España se ha trasladado a esta localidad andaluza por un sencillo motivo: es el lugar donde la policía ha encontrado cuatro indicios de delito entre los primeros 23 casos investigados. La fiscalía de Algeciras ha dado traslado de las diligencias al juzgado. Un juez será quien determine quiénes son los primeros imputados entre una relación de siete ginecólogos, tres matronas y varios exempleados de una empresa funeraria.

Y un día de éstos llegará a la sede central de la Policía Científica en Madrid un buen puñado de muestras de ADN para su análisis. Todas procedentes de La Línea de la Concepción. Entre ellas, las de numerosas madres que perdieron a sus hijos, las de algunos hijos que no saben quién fue su madre y, quizá, la de una mujer y su presunto hijo biológico. Los resultados podrán transformar los indicios en pruebas irrefutables. De ser así, no tardarán en conocerse las primeras detenciones por unos hechos que han debido esperar casi medio siglo para esclarecerse.

A la espera de que un juez todavía por determinar dé sus primeros pasos, la población de La Línea de la Concepción asiste perpleja a las últimas noticias que se han divulgado sobre el caso. Entre otras cosas, porque entre los investigados aparecen vecinos sobradamente conocidos en una ciudad de 60.000 habitantes. Sin ir más lejos, una de las personas mencionadas en el informe policial es una matrona, Leocadia Salas González, que recibió el galardón de Mujer Linense del Año el 13 de marzo de 2010, en un tradicional acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. La nota alusiva al acto daba cuenta del esforzado trabajo de esta profesional a lo largo de varias décadas (se jubiló en 1997) de su actividad en Málaga y, posteriormente, en La Línea de la Concepción, donde cientos de linenses de al menos tres generaciones nacieron entre sus manos, y de las precarias condiciones en las que hubo de desarrollar su trabajo en algunas ocasiones: así fue cuando tuvo que asistir a un parto en una barca. Fue el propio alcalde accidental de la ciudad, Alejandro Sánchez, quien presidió el acto y entregó el premio a la matrona.

Leocadia no es el único caso. También ha sido investigado el ginecólogo Abelardo García Balaguer, el más conocido de la localidad, con su consulta todavía abierta en el centro de la ciudad, en la misma calle Real. García Balaguer generó las primeras sospechas en el mes de enero cuando dimitió por motivos personales de su cargo de presidente del comité local del Partido Popular en La Línea. Aquella dimisión coincidió en el tiempo con las primeras investigaciones policiales. Desde ese mismo momento cerró a cal y canto toda su relación con la prensa, pero no pudo evitar que los medios locales dieran cuenta de que el PP le había pedido que dejara su cargo para evitar cualquier relación con un asunto tan espinoso precisamente en un año electoral. Ambos, Leocadia y Abelardo, han sufrido el acoso de la prensa y los dos se negaron a hacer declaraciones.

No han sido los únicos. Ninguno de los investigados ha accedido a ser entrevistado. Todo lo más, alguno ha caído en la trampa de las cámaras ocultas para exponer un relato lleno de evasivas y contradicciones. No recuerdan nada irregular sucedido en clínicas y residencias sanitarias de La Línea de la Concepción.

De no ser por dos hermanas, Cristina y Flor Díaz Carrasco, la caja de los truenos seguiría cerrada en esta localidad. Residentes en Irún, nunca olvidaron aquella foto algo macabra de su abuela sosteniendo entre sus brazos a un bebé muerto que debió haber sido enterrado en el cementerio de San José en 1967. Fue la abuela quien se empeñó en hacerse esa foto a pesar de la insistencia del personal sanitario (como sucedió en tantos otros casos) de no permitir ver al recién nacido ya fallecido. Nunca llegaron a saber la razón de aquella insistencia de la mujer, porque las sospechas aparecieron muchos años después.

Casi cada año acompañaban a su madre al cementerio para poner unas flores en el nicho donde enterraron a aquel bebé muerto. Tras morir su madre en 2006, regresaron con la intención de ponerle una lápida con la fecha de su fallecimiento. Al buscar la fecha exacta en los libros del cementerio, no encontraron ningún dato relativo a la inhumación de su hermano, tampoco en fechas anteriores o posteriores. Fueron al Registro y no constaba certificado de defunción alguno. Encontraron el parte médico, donde quedaba expuesta como causa del fallecimiento «un parto distócico que hizo necesario el uso de ventosa». Recordando aquella vieja foto, llegaron a la conclusión de que la cabeza de aquel bebé no presentaba ninguna deformidad. También sospecharon que el tamaño del bebé que la abuela sostenía entre sus brazos parecía mayor que el correspondiente a un recién nacido. Comenzó entonces el largo peregrinaje de archivo en archivo, la indignación y una decisión clave en este asunto: le pidieron ayuda a un detective privado que trabaja en la localidad, Rafael Carrasco.

De este hilo han salido muchas otras madejas y una cantidad suficiente de documentos como para sospechar que algo fuera de lo común ha estado sucediendo en algunos centros sanitarios de esta localidad, como la clínica Fernández Cuesta, conocida popularmente como La Banqueta; la clínica Inmaculada, la clínica Argüelles y el hospital Municipal, hoy denominado Residencia Sanitaria.

Como en otros puntos de España, el protocolo sanitario entre las décadas de 1960 y de 1970 en el caso de los partos establecía que el médico no intervenía salvo que hubiera complicaciones. Todo era asunto de la matrona si las cosas marchaban bien. Y en caso de fallecimiento dentro de las 24 horas, la práctica era igualmente común: se inscribía el fallecimiento como legajo de aborto en el Registro Civil y se enviaba el cuerpo a la funeraria (La Purísima en el caso de La Línea de la Concepción, desaparecida hace años) para su entierro en el cementerio. Por lo general, la inscripción de los legajos de aborto debía ser realizada por un familiar, pero en el caso de La Línea hay decenas de casos en los que esa gestión la realiza una tercera persona ajena a la familia, habitualmente dos o tres empleados de la funeraria, dos de los cuales todavía viven. Uno de ellos, Juan Ortiz Moreno, declaró que se limitó a cumplir las órdenes que se le daban. En estos registros constan los datos de la identidad de tales empleados. Lo extraño es que no se cumplía la segunda parte del proceso: dichos cuerpos no eran inhumados. En las fechas de las inscripciones de los legajos de abortos no constan los enterramientos. También resulta chocante que en numerosos de los casos investigados el hospital se haya ofrecido a realizar los trámites del enterramiento cuando las familias disponían de un seguro privado de deceso.

Las coincidencias comienzan a aparecer según se van incorporando casos a la investigación. Se examinan los partes de sala que registran la entrada de una parturienta en la clínica, los casos con complicaciones, las causas del fallecimiento y el proceso posterior ya señalado. Donde hay defunciones prematuras aparecen casi siempre los mismos médicos y las mismas matronas. De hecho, se observan un número sospechosamente alto de abortos o fallecimientos en los meses de enero de 1971 y 1975. Respecto de los partes de sala, han desaparecido los tomos correspondientes a los años 1963, 1964 y 1965. Algunas familias denuncian retrasos injustificados a la hora de recibir información en el Registro Civil de la localidad, donde trabaja la hija de uno de los doctores investigados.

Numerosos casos corresponden al doctor Abelardo García Balaguer tal y como consta en la documentación, y ello a pesar de que dicho médico ha llegado a manifestar que no trabajó en el hospital Municipal durante algunos años aun cuando consta su nombre en los partes de sala. Pero no es el único caso: el segundo doctor más mencionado es Fernando Martínez Martínez, padre además de dos hijos adoptivos, uno nacido en 1972 y una chica nacida en 1975. Ambos fueron inscritos en Madrid a pesar de que el padre trabajaba y residía en La Línea de la Concepción. El trámite de la adopción desvela alguna irregularidad, sobre todo en el caso del mayor, el varón, quien recibió inicialmente los dos apellidos del padre adoptivo para, posteriormente, ser rectificada la inscripción con la inclusión del apellido del padre y de la madre.

La policía localizó a su hija adoptiva en Ibiza y durante su interrogatorio ella explicó cómo su padre adoptivo no fue muy elegante a la hora de confesar que ambos fueron adoptados. Respecto del hijo, manifestó que su madre fue una empleada del hogar sin recursos. A la hija le dijo que su madre era una mujer que había muerto apuñalada. Sin embargo, en aquellas fechas no consta ningún suceso de este tipo en la localidad.

Los dos hijos adoptivos del doctor Martínez Martínez, que no parecen tener una buena relación con su padre, accedieron ante la policía a someterse a las pruebas de ADN. La misma decisión ha tomado el hijo varón de Leocadia Salas, la matrona premiada con el galardón de Mujer Linense de 2010, inscrito como hijo biológico suyo tras un parto del que no hay constancia documental en los archivos de la localidad y que supuestamente tuvo cuando ya había cumplido los 40 años.

Las contradicciones son numerosas. Recién nacidos con síntomas graves que son enviados a un hospital de Málaga, según los partes médicos, pero de cuyo ingreso en dicho hospital no hay constancia. Supuestas autopsias que se han practicado sin que conste en documento alguno el consentimiento de los padres. Otra coincidencia: en un alto porcentaje de los casos sospechosos, las madres fueron sedadas.

No todas las familias se rindieron a la presión de las clínicas a la hora de permitir que éstas se encargaran de los trámites del entierro. Al menos hubo tres casos en los que los padres se mantuvieron firmes y pudieron enterrar a sus hijos en el nicho familiar, uno de ellos en una localidad de la provincia de Málaga. Dadas las dudas que se han abierto en aquellos partos fallidos sucedidos en La Línea de la Concepción, dichas familias han dado su consentimiento para que los nichos se abran, se proceda a la exhumación de los cuerpos (si los hubiere) y se tomen muestras de ADN, todo ello bajo control judicial. No sería la primera vez que el interior de un ataúd aparece vacío.

Buena parte de estas historias, de los relatos de madres ahora angustiadas por lo que pudo haber pasado entonces, son conocidas en la localidad, que asiste perpleja a unos episodios que han roto la rutina de las noticias locales, monopolizadas de un tiempo a esta parte por las muchas deudas del Consistorio y sus consecuencias: los funcionarios municipales cobran con retraso y se movilizan de vez en cuando. Y luego está el caso de Salustiano Muñoz del Campo, un empresario local que no logra que el Ayuntamiento le abone unas deudas. Después de estar largo tiempo apostándose frente a la casa del alcalde en señal de protesta y recibir por ello una condena de alejamiento, decidió declararse en huelga de hambre ante la fiscalía de Algeciras.

Estas noticias parecen un asunto menor a la vista de la magnitud que está tomando el caso de los niños robados en la ciudad, porque el número de denuncias puede alcanzar el centenar en próximas fechas; según algunas fuentes, muchos de esos casos son vecinos todavía residentes en la localidad. Las primeras 23 denuncias, las que han soportado seis meses de investigación policial, han dado sus primeros frutos: cuatro indicios de delito. La fiscalía de Algeciras mantiene el criterio de que los presuntos delitos no han prescrito. Las familias afectadas esperan ahora los primeros pasos de un juez 40 años después.

Capítulo 16: «Solo quiero que mi hija me conceda cinco minutos». Historia de una madre batalladora

CAPÍTULO 16

«Solo quiero que mi hija me conceda cinco minutos». Historia de una madre batalladora

«Solo quiero que mi hija me conceda cinco minutos de su vida para decirle que la quiero mucho y que me perdone». Inmaculada R. G. solloza esa frase entre lágrimas. Lleva 37 años luchando por recuperar a su hija Alicia, la niña que alumbró en Madrid siendo madre soltera y que le fue arrebatada mediante engaños. Inmaculada sabe quién es, qué apellidos lleva y dónde vive su hija, pero ésta se niega a atender sus súplicas, tal vez porque no conoce la verdad de su historia.

Inmaculada, natural de Palencia, colaboraba con una red de albergues juveniles en torno a 1965. Un día fue a un pueblo de la provincia e instaló una tómbola con el objeto de recaudar fondos para esas actividades. Estando en ésas, mientras vendía papeletas para una rifa benéfica, se le acercó un chico, Rafael, y le propuso ir a bailar cuando cerrase la tómbola. Estuvieron bailando y se gustaron mutuamente.

A partir de ese primer contacto, Rafael siguió cortejando a Inmaculada y eso a ella le halagaba. Hasta que un día alguien le musitó: «Ese hombre no te conviene. Es un hombre casado. Aléjate de él». Inmaculada, que llevaba conviviendo con un hermano sacerdote desde que tenía 14 años, y que tenía unas fuertes convicciones católicas, no lo dudó: decidió poner tierra de por medio para evitar caer en la tentación.

Como tenía varias hermanas asentadas en Bilbao, decidió orientar sus pasos hacia la capital vizcaína. Allí encontró trabajo en la fábrica Harino-Panadera, muy cerca de la plaza de toros de Vista Alegre. Pasó el tiempo y no volvió a tener ningún contacto con aquel muchacho que la había sacado a bailar en aquel pueblo de Palencia. Pero éste no la había olvidado a ella, sino todo lo contrario: preguntó e indagó hasta averiguar que vivía y trabajaba en Bilbao. Y allá que se fue tras los pasos de ella.

Durante muchos meses, Inmaculada se mostró esquiva a los requiebros de Rafael, pues no podía olvidarse de que era un hombre casado. Sin embargo, él no se desanimó. Siguió tenaz intentando conquistar a esa chica. Al final, ella acabó por enamorarse perdidamente, y como consecuencia de esas relaciones se quedó embarazada en el año 1973.

«Fui a confesarme con un padre capuchino. Le conté lo que me había pasado y las dudas que tenía sobre qué es lo que debía hacer. El cura me dijo que yo iba a ser una desgraciada por ser madre soltera y que mi hijo o mi hija también iba a ser un desgraciado toda su vida», recuerda Inmaculada. El sacerdote le recomendó que se pusiera al habla con el Teléfono de la Esperanza, una institución muy ligada a la Iglesia y que actuaba como una especie de Asuntos Sociales.

El Teléfono de la Esperanza, como en otros muchos casos, derivó a la muchacha hacia la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), un ente que también tenía fuertes conexiones con la Iglesia y con el Opus Dei. Contactó en julio de 1973 con Amalia F. G., abogada y asesora de la AEPA, que le ofreció una solución a su problema: que nada más dar a luz renunciara a su criatura y la diera en adopción.

La mujer estaba angustiada. Desorientada y sumida en un mar de incertidumbre. Sola y sin explicar su situación a su familia, se marchó de Bilbao y se trasladó a Madrid en septiembre de 1973. La tupida red tejida por la AEPA la encaminó hacia un piso de la calle del Limonero, cerca de la plaza de Castilla. Allí pasó los últimos meses de gestación en compañía de dos venezolanas, cada una de las cuales tenía un hijo pequeño. «De vez en cuando iba por allí una señora rica, llamada Muna, que regalaba ropita a los bebés de las venezolanas. Yo llegué a la conclusión de que esa señora tenía un niño adoptado y que les daba la ropa cuando se le quedaba pequeña a su propio niño», relata Inmaculada.

Al presentarse los dolores del parto, ingresó en la clínica Nuevo Parque, en la calle de Julián Romea, donde el 18 de noviembre dio a luz a una niña, asistida por el doctor Enrique M. B. «Me durmieron totalmente. Al despertar, pregunté qué había tenido. Me dijeron que un niño. Cuando me quedé sola en la habitación, me levanté y fui hasta el nido donde estaban las cunitas. Me sorprendió una enfermera, que me preguntó qué hacía allí. Le contesté que buscaba al niño que yo había dado a luz. Y ella me replicó: A tu niño se lo han llevado. Volví a mi cama y me eché a llorar». A Inmaculada, ahora, al cabo de 37 años se le vuelven a saltar las lágrimas al echar la vista atrás.

Al poco del alumbramiento, una de aquellas venezolanas con las que compartió el piso de la calle del Limonero le espetó: «¿Cómo que has tenido un niño? ¡Tú has tenido una niña! ¡Que no te engañen! Cuando la han sacado del paritorio la he visto. ¡Es una niña!». Eso agravó su zozobra y empezó a temerse lo peor.

Inmaculada, que además de soltera era hermana del párroco de un pueblo de la comarca del Cerrato (Palencia), sufrió múltiples presiones para que renunciara a su hija como forma de evitar el escándalo. Ella dijo que no y que no, pero Amalia, la abogada de la AEPA, la despachó una y otra vez diciéndole que no se preocupara, que su niña pasaría seis meses con una familia en régimen de «acogida» y que durante ese periodo tendría tiempo de recuperar al bebé si finalmente ése era su deseo.

Por su parte, la abogada pidió al tocólogo que extendiera un certificado haciendo constar que la madre de la criatura era desconocida, a la vez que ésta era inscrita en el Registro Civil con el nombre de Alicia. De este modo, la niña, aparentemente abandonada, fue entregada a José Luis G. H. y a su esposa, María del Carmen F. A. sin más dilaciones. «Yo jamás firmé ningún documento en el que renunciara a mi hija», replica ahora Inmaculada sin la menor sombra de duda.

La joven madre, respaldada por Rafael, el padre de la niña, intentó sin desmayo que la abogada le dijera dónde estaba su hija. Pero no conseguía sino evasivas y malas palabras. Desde principios de enero de 1974, es decir, apenas un mes y medio después del parto, Inmaculada resolvió recuperar a su hija, «ante los remordimientos de conciencia y el cariño natural de madre» que sentía por ella, según consta en una sentencia del Tribunal Supremo. Llegó a estar enferma a causa de esa situación de agobio y zozobra.

De nuevo contactó con la abogada Amalia, pero ésta le dio largas, se negó a indicarle el paradero de su hija y le explicó que ya no tenía nada que hacer para recuperar al bebé porque ya había sido dado en adopción. La letrada llegó a decirle, sin el menor tacto y de forma desabrida: «Si quieres un hijo, que te lo haga el mismo hombre que te ha hecho a esta niña».

Desesperada por sus frustrados intentos por rescatar a la chiquilla antes de que transcurrieran los seis meses legalmente establecidos para que fuera dada en adopción plena, Inmaculada contrató a un abogado y el 23 de abril de 1974 requirió notarialmente a la abogada Amalia para que le revelase el paradero de la criatura. Pero no obtuvo ningún resultado.

Ante el muro de silencio infranqueable con que tropezaba, requirió los servicios del prestigioso abogado Gregorio Peces-Barba, que llegaría a ser presidente de las Cortes en 1982. Presentó una demanda por supuesta sustracción de la menor, falsedad y prevaricación contra el doctor que la atendió en el parto y contra la abogada de la AEPA, quienes fueron absueltos el 3 de junio de 1978 por la Audiencia de Madrid al entender el tribunal que no habían cometido ningún delito.

Disconforme con este fallo judicial, la madre recurrió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en diciembre de 1979 dictaminó que los acusados no eran culpables del delito de sustracción de menores. Los magistrados señalaban que «la mutación de voluntad de la madre a los cinco meses del nacimiento de la niña no puede afectar a la licitud del acto encomendado a la letrada ni puede transformar en delictiva una actuación profesional cumplida con riguroso escrúpulo».

Lejos de rendirse y darse por vencida, Inmaculada siguió pleiteando contra el matrimonio que había logrado hacerse con su hija en adopción. Y así, el 2 de mayo de 1981, el juez de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial consideró nula la declaración de abandono dictada el 20 de mayo de 1974 por el juzgado número 6 de Primera Instancia de Madrid, declaró válido el reconocimiento de hija natural realizado por Inmaculada ante un notario el 26 de abril de 1976, anuló la inscripción de adopción realizada por el matrimonio y, por último, ordenó que la chiquilla fuera devuelta a su madre biológica.

Inmaculada había ganado una batalla, pero no la guerra. No podía cantar victoria. El matrimonio que tenía a su hija apeló a la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid, que el 15 de noviembre de 1984 revocó la sentencia del juzgado de San Lorenzo de El Escorial y solo mantuvo lo referente a que se declarase válido el reconocimiento de maternidad aportado por Inmaculada y que en el Registro Civil se hiciera constar que ella es la madre biológica. Además, los jueces ordenaron que se borrase de los archivos oficiales la anotación de que la menor era hija de madre desconocida, puesto que tal cosa era falsa.

Ante este nuevo revés, esta madre batalladora presentó recurso de casación en el Supremo. Sin embargo, la Sala Civil del alto tribunal dictó el 20 de abril de 1987 una sentencia en la que establecía que «no ha lugar al recurso de casación por infracción de la ley». Para más inri, condenaba a Inmaculada al pago de las costas del recurso.

Tras 13 años de batalla jurídica, Inmaculada había perdido la guerra y, además, ella y Rafael se habían gastado varios millones de pesetas en sus sucesivos abogados (Gregorio Peces-Barba, Tomás de la Quadra-Salcedo, que llegaría a ser ministro; José María Mohedano, que con el tiempo fue diputado en el Congreso, y finalmente Mariano Muñoz Bouzo). Habían chocado contra un muro infranqueable que les había costado mucho dinero, muchas energías y muchos sinsabores. A lo único a que accedieron los jueces fue a que en la ficha del Registro Civil correspondiente a su hija Alicia se hiciera constar quién es su madre biológica.

La historia de Inmaculada revela de forma descarnada la valentía de una joven frente al enorme poder de las tramas que manejaban las adopciones hasta hace poco más de 20 años, según dejan al descubierto las sentencias judiciales relativas al caso.

Pero aparte de esta batalla jurídica Inmaculada y Rafael adoptaron otras iniciativas encaminadas a recuperar a la hija de ambos. Contrataron a un detective privado y así consiguieron averiguar dónde vivía la pequeña Alicia (en una lujosa urbanización del extrarradio de Madrid). Hasta supieron a qué guardería iba. Y un día, Inmaculada ideó una estratagema y entró en la guardería para ver el rostro de su hija. «Inventé una excusa y pregunté a la cuidadora cómo se llamaba aquella niña tan guapa. Me dijo que Alicia. Así vi la cara de mi hija, cuando tenía 3 añitos», explica sin ocultar aún la emoción del momento.

Otras veces, Rafael y esta auténtica madre coraje aprovechaban los fines de semana para desplazarse cientos de kilómetros hasta llegar a Madrid y merodear por la urbanización donde residía su hija, esperando con anhelo el momento en que su niñera, una suramericana llamada Dora, la sacaba a pasear. Un día pasó algo sorprendente: «Yo me acercaba a ella y la besaba. Jamás me identifiqué. Pero un día me sobresalté cuando Dora gritó: “usted y la niña son igualitas; parecen madre e hija”».

Rafael consiguió divorciarse de su esposa e inmediatamente se casó con Inmaculada. Torturados por el robo de la hija común, ambos llegaron a planear que podían secuestrar a la chiquilla y huir a Francia para siempre, al advertir que la pelea judicial no llevaba camino de poner fin a sus sufrimientos. Sin embargo, Peces-Barba les disuadió de un plan tan descabellado.

Inmaculada estaba a punto de volverse loca, obsesionada por el deseo de recobrar a la pequeña. Su familia y otras personas le recomendaron que se quedara embarazada, que tal vez un nuevo hijo le hiciera olvidarse de Alicia… Y así al fin dio a luz a un niño que, aunque la ha colmado de felicidad, no le ha hecho olvidarse jamás de esa niña que hoy es ya toda una mujer. «No la he olvidado ni un solo día de mi vida», solloza.

Jamás pasa por alto el día del cumpleaños de su hija. Hace un par de años se armó de valor y llamó a la casa de Alicia. Saltó el contestador automático. Y leyó el papelito que previamente había escrito: «Soy tu madre. No quiero hacerte daño y respeto tu voluntad. Solo quiero que me concedas cinco minutos de tu vida para decirte lo mucho que te quiero y para pedirte perdón». El mensaje todavía no ha tenido respuesta.

LA BATALLA CONTRA EL TIEMPO

Julia Manzanal guarda en una cajita un mechón de pelo de su hija, muerta en la cárcel de Amorebieta, y en la memoria, grabados a fuego, los nombres y las caras de los responsables de algunas de las mayores atrocidades cometidas por el Régimen, como el robo de niños. Tiene 95 años.

En las cárceles franquistas que habitó por su condición de roja no solo vio morir a su hija después de una noche interminable pidiendo a gritos que alguna de las monjas que dirigía el penal de Amorebieta trajera medicinas. También presenció, junto a Trinidad Gallego, en cuyos brazos murió su hija, cómo iban desapareciendo los hijos de las presas que luego serían entregados a familias afines al Régimen. Gallego, detenida y violada en 1939 por su condición de enfermera comunista, fue además, comadrona en la cárcel de Ventas. Tiene 97 años y la memoria fresca. «Pero ningún juzgado me ha escuchado» comentaba en mayo de 2009. Hoy siguen sin escucharla.

La batalla legal de las familias de niños robados es sobre todo una batalla contra el tiempo. Los testigos se mueren. El rastro de los desaparecidos se pierde para siempre. Por eso en enero de 2009, el abogado Fernando Magán presentó un escrito ante la Audiencia Nacional con los nombres de Trinidad Gallego y Julia Manzanal, entre otros, para pedir al tribunal que permitiera tomar con urgencia testimonio a los testigos y pruebas de ADN a los familiares de niños robados. La Sala de lo Penal de la Audiencia tardó dos años en responder. Por fin, el 20 de enero de 2011 el magistrado Enrique López, candidato propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional, escribía en un auto: «salvando los avatares procesales» que han rodeado el recurso, «su resolución no requiere de un profundo estudio, ni de extensos razonamientos» y «debe ser desestimado».

Para entonces ya había muerto Agustina Gómez, madre de Paloma, de Blanca y de un niño que siempre dijo que le habían robado en 1945 en una maternidad de la calle Serrano de Madrid. Había esperado mucho a la justicia. Murió en 2009 a los 101 años. Sus hijas han guardado también un mechón de pelo suyo. «Para poder hacer una prueba de ADN si aparece mi hermano», explicaba Blanca.

Emilia Girón, hermana de uno de los guerrilleros más famosos de España, Manuel Girón, El león del Bierzo, pereció a los 96 años sin haber logrado averiguar nada del niño que le quitaron en un hospital de Salamanca. Marina Álvarez Gutiérrez que buscaba a su hermana, murió con 84 años.

Otros siguen batallando hoy contra el tiempo y la lentitud de la justicia. De hecho, es imposible explicar este movimiento de búsquedas de hijos y hermanos desaparecidos hace 30, 40, 50 o 60 años sin aludir al tesón en la búsqueda, esa terquedad con la que han acudido una y otra vez a la justicia y a la Administración pidiendo ayuda.

Por eso, tras el nuevo revés de la Audiencia Nacional, han pedido amparo al Tribunal Constitucional. Quieren que la voz de los testigos y las muestras genéticas de las víctimas queden registradas antes de que mueran.

Capítulo 17: María Labarga. Treinta y ocho años de mentiras

CAPÍTULO 17

María Labarga. Treinta y ocho años de mentiras

Al contemplar la foto de su bautizo, María se dio cuenta de que era tan falsa como había sido su propia vida: sus padres eran falsos, sus padrinos eran falsos y hasta los invitados eran falsos. Lo único verdadero de aquella vieja imagen en blanco y negro era ella. María Labarga Vivanco había vivido 38 de sus 42 años en la mentira. Ese día descubrió que era una niña robada. Y decidió que a partir de entonces tendría una nueva existencia y que lucharía por encontrar a su auténtica madre y sus orígenes reales.

En la partida de nacimiento de María figura que nació el 28 de septiembre de 1968 en la clínica La Alianza de Tortosa (Tarragona). Según ese papel, la había parido Josefa Vivanco Negro, asistida por la comadrona Margarita Sabater. Poco después fue bautizada y en el álbum fotográfico de color nácar que su padre encargó para la ocasión aparecía ella rodeada del cura y otras personas muy sonrientes. Luego, al hacerse mayor, había hojeado muchas veces ese álbum tratando de descubrir algún parecido con aquella gente que le parecía tan diferente.

Sin saber por qué, o tal vez sí, a María le dio por pensar que estaba rodeada de extraños. Ni siquiera se llevaba bien con sus padres, sobre todo con su madre, y entre ellos había un muro invisible difícil de explicar. Cada vez que preguntaba a su madre, ésta siempre le contaba lo mismo: que había venido al mundo en la clínica La Alianza de Tortosa, que siendo niña hacía esto o lo otro…

«Un chico de 18 años, un novio que yo tenía en el pueblo, me dijo que yo era adoptada, que todo el mundo lo sabía y que le parecía extraño que yo no lo supiera. Le repliqué que estaba equivocado, que sin duda se refería a una prima mía que sí que había sido adoptada siendo niña», explica ahora María, madre de tres hijos, residente en Burgos. Posiblemente ese comentario ahondó en sus dudas, agravadas por el trato frío y despótico que, según ella, solía dispensarle su madre. Tendrían que pasar más de 20 años hasta que su tía Begoña Vivanco le confirmara lo que ella ya intuía desde mucho tiempo atrás: que su madre no era su madre y que ella era una niña adoptada. «Mía tía me llamó para felicitarme por mi último embarazo y me contó que mi padre, poco antes de morir, le había confesado que a mí me habían adoptado. Mi tía y mi madre, pese a ser hermanas, nunca se habían llevado bien. Mi madre solía decirle a mi tía que ella me había parido a mí, mientras que ella había tenido que recoger a una hospiciana».

Y entonces, tras esa revelación, María fue e interpeló una vez más a su madre. Y ésta, una vez más, volvió a contarle el mismo cuento: que la había dado a luz en la clínica La Alianza de Tortosa, que cuando era pequeña hacía esto o lo otro… Los mismos embustes de siempre.

Así que en la primavera de 2008, María, acompañada de una amiga, decidió convertirse en una especie de detective para intentar averiguar la verdad de su existencia. Lo primero que constató fue que la clínica La Alianza no estaba en la calle de Teodoro González de Tortosa que se indicaba en su partida de nacimiento. En ese lugar lo que hubo en su día fue la Fonda Gas. Ése era el sitio donde supuestamente había visto la luz por primera vez. Y ése sería el primero de una larga ristra de engaños que iría destapando.

María interrogó a los vecinos de la calle y algunos de ellos recordaron que en el año 1968, en efecto, había una pensión regentada por Dolores Riera, la misma que sonreía en sus viejas fotos del bautizo junto a una jovencita de gafas que resultó ser María Josefa, la hija de la dueña de la fonda. ¿Qué hacían ellas allí, en primer plano, observando muy de cerca cómo el cura vertía el agua bendita sobre la cabeza de María?

Riera niega ahora que María hubiera sido alumbrada en su antigua pensión. Y la hija de ésta, ya convertida en una mujer madura, también sufre una extraña amnesia que le impide recordar nada de aquel bautismo, pese a que las fotos son una prueba contundente de que ambas asistieron a la ceremonia celebrada en la catedral gótica de Tortosa.

Decidida a exprimir los datos que figuraban en su partida de nacimiento, María interpeló a la comadrona de Tortosa que figuraba en ese documento: Margarita Sabater. Esta mujer, hoy octogenaria, reconoció que firmó ese papel, pese a no haber asistido al parto, porque así se lo pidió su compañera Pilar Conesa, de Benicarló, porque ésta alegó que no había podido atender a la parturienta por hallarse de viaje con unos familiares.

Esa tal Pilar Conesa, que en aquella época se hospedaba en la famosa Fonda Gas, es la mujer que aparece en las añejas fotos de bautizo sosteniendo en brazos a María en la catedral y en el convite posterior al sacramento. Pero no solo eso, sino que en la ceremonia actuaron como padrinos de la niña Vicenta Conesa, sobrina de la comadrona, y el marido de ésta, Amador Puchal. Y más aún: también asistieron otros miembros de la familia Conesa, como Dolores, la madre de la comadrona. ¿Cómo se explica tan nutrida representación de los Conesa en el bautismo de una niña con la que no tenían ningún vínculo? ¿O tal vez sí?

Clemente Labarga del Campo, el padre adoptivo de María, apuntó con sumo cuidado todos y cada uno de los regalos que le hicieron los Conesa a la pequeña neófita: Pilar, una manta; Carmen, unos pendientes; Marisol, un jesusito; Dolores, la madre de la comadrona, un vestidito; el padrino Amador Puchal, una cadena de plata para el chupete… Incluso hubo alguno que también aportó su regalo, pese a no haber acudido al bautizo. ¿Cómo se entiende tanta generosidad si aquella criatura no tenía ningún lazo de sangre con ellos? María todavía no se lo acaba de explicar.

Clemente Labarga y su esposa, Josefa, vivían en torno a 1960 en la barriada de San Bartolomé de Benicarló (Castellón), donde él era delegado del Servicio Nacional del Trigo, un organismo estatal cuya misión era ordenar la producción y distribución de los productos agrarios y sus derivados, además de regular sus precios. En una España todavía con altos índices de analfabetismo, Clemente era un hombre ilustrado, que sabía latín, matemáticas y francés, aprendidos en su adolescencia en un centro eclesiástico.

El matrimonio Labarga disfrutaba de una posición económica desahogada. Quizá lo único que le faltaba eran los hijos. Pero Josefa tenía problemas para quedarse embarazada y todo apuntaba a que posiblemente nunca lo lograra. «Mi padre tenía un tío, Abilio del Campo, que era obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, en La Rioja. Mi padre acudió a él para buscar a un niño adoptado… y el obispo le puso en contacto con la comadrona Pilar Conesa», sostiene María.

Así que una vez más, como sucede en tantos casos de niños robados o irregularmente adoptados, aquí surge de nuevo la figura de un sacerdote. Pero no un cura cualquiera, sino todo un mitrado que había sido ni más ni menos que confesor de doña Carmen Polo, esposa del general Franco, en la época en que tuvo su cuartel general en Burgos durante la Guerra Civil. Y, además, monseñor Del Campo había sustituido en 1953 en la prelatura de Calahorra a Fidel García Martínez, quien fue acusado por el franquismo de ser un lujurioso empedernido en represalia por oponerse al nazismo y a los totalitarismos.

Como dice la Biblia, los designios de Dios son inescrutables. De modo que nadie sabe hoy qué hilos movió el mitrado, pero lo cierto es que al poco se cumplió en parte el deseo de Clemente Labarga y su esposa, Josefa: tener un hijo. Aunque en esta ocasión no fuera un hijo, sino una hija. Y eso no complació del todo a Josefa porque, entre otras cosas, eso suponía que se perdía para siempre el apellido Labarga, según asevera María. «Ella me cogió porque entonces estaba socialmente mal visto no tener hijos», añade.

María Labarga prosigue: «Como ella, mi madre, no fingió el embarazo, no podía sostener ante todo Benicarló que me había parido y que yo era hija biológica suya. De modo que mis padres se fueron al poco tiempo a vivir a Benicasim, más tarde a Castrojeriz (Burgos) y finalmente a Villarcayo».

Esta mujer recuerda con amargura el tiempo que pasó al lado de su madre adoptiva, quien, entre otras afrentas, no le dejaba jugar de niña con sus amigas porque las consideraba poca cosa y prefería que lo hiciera con las hijas del médico o de las otras fuerzas vivas del pueblo. Por eso el resentimiento de María es tal que jamás denomina a su madre por su nombre, sino que la llama «ella».

Las investigaciones de María en pos de encontrar sus orígenes se han topado con múltiples dificultades, con muchas bocas selladas, con demasiados silencios que entorpecen su búsqueda. O, como el caso de la comadrona Margarita Sabater, con la displicencia con que ésta le espetó: «Confórmate. Que como tú hay otras 200 o 2.000… y se conforman».

Intentando saber quién era realmente su madre, María llegó hasta Calig, un pueblo de la provincia de Castellón donde vivía una prima de la comadrona Pilar Conesa. Y allí hizo un descubrimiento espeluznante: supo que ella misma, María, había sido entregada inicialmente a esa prima, que no tenía hijos, pero a «la abuela», posiblemente a la madre de esa prima, no le gustó la niña y acabó devolviéndosela a la comadrona. De modo que la criatura fue a parar a manos del matrimonio Labarga, avisado por Pilar Conesa. ¡Qué terrible! ¡Un bebé de solo unos días que fue de un lado para otro como si se tratara de una vulgar mercancía! A María eso le produce una reflexión no exenta de lógica: «Está muy claro que Pilar Conesa quería que yo me hubiese quedado dentro de su familia. ¿Por qué?».

La prima de la comadrona, tras la muerte de «la abuela», acabó adoptando a Inmaculada, otra niña del pueblo, hija de una familia numerosa. Cuando María se reunió con ella hace unos años, Inmaculada le contó que en su familia adoptiva se había hablado siempre de que antes que ella hubo otra chiquilla que fue «devuelta» y que finalmente acabó en manos del «encargado del blat». Blat es una palabra catalana que significa trigo en castellano. ¿Y quién era el delegado del Servicio Nacional del Trigo? Respuesta: Clemente Labarga, el padre adoptivo de María.

«Cuando me enteré de todo esto, pensé que yo era un bicho raro. Hasta que vi en televisión a Antonio Barroso, el presidente de la asociación Anadir, que es un chico que fue comprado en Zaragoza, y pensé: anda, otro como yo. Y vi el cielo abierto», explica María, quien a su vez se ha convertido en la delegada de Anadir para los afectados de adopciones irregulares en Castilla y León. Su teléfono no para de sonar y dedica buena parte del día a atender a madres que buscan a sus hijos, a hijos que buscan a sus madres. Porque ella sabe muy bien lo que esto significa para ellos.

La existencia de esta mujer está marcada por el engaño y la falsedad en la que vivió durante 38 años. Resulta inexplicable que nadie le revelara nunca la verdad, ni siquiera cuando llegó a la edad adulta y empezó a tener hijos. ¿Por qué su madre adoptiva, como han hecho otras, no le advirtió que sus antecedentes genéticos no eran los suyos? «No le perdono a ella que no me lo dijera. No se lo perdono por la salud de mi última hija, que ahora tiene 4 años y es muy bajita. Tiene la estatura de una niña de 2 años. Es la más bajita de su clase», explica. Tampoco comprende por qué su padre, por el que siente mucho más cariño que por su madre, no le contó nada antes de morir en 2001. «Podía haberme dejado una carta o un escrito depositado ante un notario», se lamenta.

María se ha hecho ya dos pruebas de ADN para cotejar su huella genética con la de una mujer de Vinaroz (Castellón), pero han dado resultado negativo: no es su madre biológica. Pese a todo, no desespera y sigue luchando por encontrar la verdad, incluso frente a la presunta «lentitud» de la fiscalía de Tarragona. Está empeñada en hallar respuesta a un interrogante casi obsesivo: ¿quién es mi verdadera madre?

El fiscal jefe de Tarragona, Javier Jou Mirabent, asegura que el caso de María Labarga está en fase de «diligencias preprocesales», lo que supone que dispone de seis meses para adoptar una decisión. Asegura que si aún no se ha tomado declaración a la denunciante ni a las comadronas es porque el caso no le llegó de forma individualizada, sino dentro de la denuncia colectiva presentada a finales de enero de 2011 por la asociación Anadir. «Pero el asunto se va a resolver y lo vamos a tramitar lo más rápidamente posible», promete el fiscal jefe. María Labarga, mientras tanto, se desespera… Y no ceja en su empeño.

Capítulo 18: Gemelos separados, personas partidas

CAPÍTULO 18

Gemelos separados, personas partidas

42 AÑOS Y CINCO MINUTOS BUSCANDO A SUSANA

Carmen lleva 42 años buscando a la persona que nació cinco minutos después que ella en el hospital de la calle O’Donnell (Madrid). Es mucho tiempo, pero todavía es incapaz de mencionar el nombre de su hermana gemela, Susana, sin romper a llorar. «Yo siempre he vivido con una sensación extraña, como si me faltara mi parte derecha, como si estuviera coja».

Carmen Torres Franco cuenta que el día que recibió el escrito del cementerio de La Almudena certificándole que su gemela nunca había estado enterrada allí, sintió una mezcla de «felicidad y rabia». Lo primero, porque el documento probaba que ni ella, ni su madre, ni su padre estaban locos cuando pensaban que a la pequeña la habían robado al poco de nacer. Lo segundo, la rabia, «la impotencia», añade, porque probablemente preferirían no haber tenido nunca razón.

«Nacimos la madrugada del 24 de enero de 1968, con cinco minutos de diferencia. A mi madre, Carmen, no le habían dicho que estaba embarazada de gemelas. Pese a ser sietemesinas, las dos teníamos un buen peso: 2,5 kilos yo y 2,1 mi hermana. El parto fue “normal” y “viable”», relata Carmen subrayando las palabras clave en un documento recogido en la maternidad. «Pero después de haber pasado dos días en la habitación con mi madre, llegó un médico y dijo que tenía que llevarnos a la incubadora, que estábamos muy mal. Ese mismo día le dieron el alta a mi madre», recuerda.

Sus padres van a verlas cada día al hospital. Las niñas tienen buen aspecto. Pero el médico les desanima hasta el punto de que les sugiere que sean bautizadas por si acaso. «Una monja le pidió a mi madre dos nombres para el bautizo y mi madre se los dio». A los 16 días, el 9 de febrero de 1968, cuando Carmen Franco, ama de casa, y Luis Torres, transportista, van a ver a sus hijas a la incubadora, un médico del cual no recuerdan el nombre les comunica que la pequeña Susana ha muerto.

«A mi padre le dicen que le han practicado una autopsia a la niña y que gracias a eso han conseguido salvarme a mí. Le aseguran que mi hermana ha muerto de hemorragia intracraneal, que según me he informado, es algo que en el 70 por ciento de los casos ocurre en los tres primeros días de vida, no en el 16», explica Carmen. «Mi padre exige verla. Una monja intenta convencerle de que no lo haga: “Es mejor que se quede con la imagen que tiene. Está muy desfigurada”, le dice. Mi padre insiste: “Quiero ver a mi hija. Quiero ver a mi hija”. Por fin, le dejan. De malas maneras, le llevan a una habitación. No era la morgue, pero cuando mi padre entra, ve el cadáver de una mujer en una cama y tres cajitas con bebés muertos. La monja le empuja dentro y le grita: “¡Búsquela ahí!”. Pero mi padre mira en las cajitas y no ve a su hija».

Luis Torres busca a la religiosa. «Mi hija no es ninguna de ésas. He mirado las etiquetas y en ninguna pone su nombre», le dice. Ella, enfadada, le responde: «Tiene que mirar por el nombre de la madre, no por el de la niña. Espere aquí». El padre de Carmen le ha contado a su hija que, tras tenerle un buen rato esperando, le invitaron a volver a entrar a la habitación. «Cuando entró de nuevo, en una de las etiquetas de los tres bebés muertos estaba escrito el nombre de mi madre. Mi padre siempre me ha dicho que la primera vez no estaba, y que la niña que vio era muy grande para ser su hija».

Luis Torres comunica entonces a la monja que quiere llevarse a Susana para enterrarla en el panteón familiar. «Ella le dice que el hospital se encarga de todo. Que la niña será enterrada “como todos, como un angelito de Dios”, en una fosa común en el cementerio de La Almudena. Mi padre insiste. La religiosa le dice que lo que tiene que hacer es cuidar de mí, porque probablemente también me muera. Así que, al final, mis padres salieron de allí sin Susana, conmigo en brazos y con el miedo a que yo también muriera metido en el cuerpo», explica Carmen. «Pero yo estoy aquí y estoy convencida de que mi hermana también sigue viva».

Aquel febrero de 1968 en O’Donnell murieron otros 36 bebés. Antes, en enero de 1964, habían fallecido 37 y, después, en noviembre de 1973, otros 34 más. Son los datos que han recabado tres familias que denuncian el robo de sus hijos en esta clínica y que han acudido al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (calle Ramírez de Prado, 3) para pedir el libro de asientos de esta maternidad aparentemente maldita, a tenor del altísimo índice de mortalidad infantil que registró durante más de una década.

Carmen cuenta que en su casa apenas volvió a hablarse de la pequeña Susana. «Yo recuerdo que de pequeña solía dibujar a mi hermana y cuando fui mayor le reprochaba a mi madre que no supiera exactamente dónde estaba enterrada para llevarle flores. Ahora me arrepiento de aquel reproche. Mi madre siempre pensó que se la habían quitado, y mi padre, igual. Ella murió ya y mi padre sigue sufriendo. Si la sigo buscando es, sobre todo, por él».

Tras el rastro de su hermana, Carmen ha recorrido cada archivo. Así ha descubierto que donde debería haber estado registrado su bautizo, no figura nada, y que en el cementerio donde supuestamente la habían enterrado «como a un angelito de Dios», tampoco. El documento que el director de Cementerios, Manuel Torres Iribarne, le remitió reza: «Tras una búsqueda en el libro de enterramiento diario, no encontramos ninguna inscripción que se ajuste al perfil que nos ha solicitado, buscando referencias como “feto femenino de Luis y Carmen” o “Susana Torres Franco” entre las fechas comprendidas entre el 9 de febrero y el 9 de marzo de 1968».

«No saber qué pasó con mi hermana es una tortura», prosigue Carmen. «La busco constantemente. Me siento coja. Tengo pesadillas con el momento en que la sacan de la incubadora y se la llevan para siempre. Cada día pienso en la vida que habrá tenido. A veces creo que ha ido a parar con unos padres ricos, que no podían tener hijos, y que quizá por eso, porque ella tiene ahora una buena posición, no me busca o no quiere encontrarme. Otras veces imagino que tuvo unos malos padres que no querían una hija, sino una criada, como en otros casos. Es muy duro. Mi padre siempre está triste. Cada vez que suena el teléfono nos abalanzamos sobre él por si es ella».

«LA SEÑORONA LE DIJO A MI MADRE: “PERO ¿PARA QUÉ QUIERES DOS NIÑOS?”»

«Una señora adinerada se llevó a mi hermano». Pepi Rodríguez Ibáñez no tiene la menor duda de que hay «por ahí» un niño —un hombre ya— que es su hermano mellizo, al que lleva buscando «desde hace 40 años».

La madre de Pepi, Manuela Rodríguez Ibáñez, se trasladó sola desde Espera (Cádiz) al hospital Mora Provincial, por recomendación de su médico. Al poco de quedar ingresada, en febrero de 1957, empezó a visitarla «una señorona» que le regalaba galletas, chocolates y «de todo lo mejor de comer». Esta misteriosa mujer estaba convencida de que Manuela llevaba en su vientre dos criaturas y constantemente le decía: «¿Tú para qué quieres dos niños? Me das uno para mí y otro para ti». Así lo escucharon una y otra vez las enfermas con las que compartía habitación, que todavía hoy no se explican por qué esa extraña dama enjoyada tenía la certeza de que Manuela esperaba un parto gemelar, cuando ni ella misma sabía tal cosa.

Al final, el alumbramiento se produjo el 22 de febrero. Y «la señorona» había acertado: nacieron dos bebés, José y Pepi. Tras el parto, la misteriosa dama, que continuaba sus visitas a Manuela, decidió a quién de los dos prefería: a Pepi. «Ella quería llevarme a mí, pero una monja le dijo que no, que la niña le haría mucha falta a su madre», declara.

«Yo nací muy endeble, muy poquita cosa; pero mi hermano estaba muy sano», cuenta Pepi. «De repente, una monja se llevó al niño, cuando solo tenía tres días, y luego le dijeron a mi madre que había muerto», explica. Ni la madre ni nadie vio jamás el cadáver.

Antonia Ramos Bellido, vecina de Espera, estaba postrada por unas fiebres de malta en una cama próxima a la que ocupaba Manuela en el hospital. Por eso fue testigo de aquellas visitas de «una señora muy arreglada» y de cómo ésta le insistía una y otra vez a Manuela: «Tú vas a tener un niño para ti y otro para mí». Antonia, pese a los muchos años transcurridos, recuerda con precisión: «Cuando a Manuela le dijeron que el chiquillo había muerto, la pobrecita intentaba gritar, pero como es sordomuda, solo podía balbucear: “¡la guapa!, ¡la guapa!”. Se refería a esa mujer muy arreglada que había ido muchas veces a verla. Estaba segura de que esa persona se llevó a su niño», agrega Antonia.

Dos años después del parto y de la supuesta muerte del pequeño José, Manuela se puso enferma y su madre la llevó al médico a Arcos de la Frontera. Allí se encontraron con una mujer que también había estado ingresada en el hospital Mora en los mismos días de febrero de 1957. «Esa señora le preguntó cómo estaban sus mellizos. Mi abuela le contó entonces que el niño había muerto. Y la señora le replicó: “¡Qué va a morir! El niño no murió. Al niño se lo llevaron. Y eso que la señora que iba por allí en realidad era a la niña a la que quería…”».

Desde siempre, Manuela, ahora octogenaria, ha tenido el convencimiento de que le robaron a su hijo. Pero ¿qué podía hacer ella, a quién podía recurrir una mujer sola, madre soltera, poco instruida y, además, sordomuda? Sufrir en silencio. «Cuando yo tenía 12 o 13 años, no hacía más que pensar dónde estaría mi hermano… Unos señores de Espera me llevaron a Cádiz y en el Registro Civil me dieron un certificado de defunción», relata Pepi. En ese documento figura que el bebé murió por «debilidad congénita» el 25 de febrero de 1957. En otro papel consta que su cadáver fue enterrado ocho días después en una fosa común. Pero Pepi no se lo cree: «Llevo 40 años buscándolo. He pedido ayuda a maestros, políticos, curas… Estoy harta, pero lo buscaré toda la vida».

«JAMÁS DEJARÉ DE BUSCAR A MI MELLIZO. ES MI OTRA MITAD»

Eva lo proclama con una rotundidad pasmosa: «No voy a dejar de buscar nunca a mi hermano. Jamás. Que lo encuentre… No lo sé. Pero es que él es mi otra mitad. Es la mitad que me falta». A sus 37 años, Eva María García Díaz está firmemente convencida de que el 10 de diciembre de 1973 no llegó al mundo sola, sino que lo hizo en unión de un chico que quién sabe dónde estará. Además hay un informe hospitalario donde consta que su madre parió a «un varón vivo» de 3,5 kilos y otro papel, posterior, en el que se dice que había alumbrado a una niña de 2,4 kilos. ¿Cómo se explica esto? ¿Fue una simple e inocente confusión? No parece tal.

Dolores Díaz Cerpa, Loli, tiene fresca su propia imagen en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Adormecida, tras el parto, preguntó a una enfermera qué había tenido. Ésta le dijo: «Espérate. Lo voy a mirar». Esa mujer se acercó a la cuna que había junto a su cama y le informó alborozada: «¡Hay dos. Un niño y una niña!». Al poco, irrumpió otra enfermera que cogió al chiquillo y se lo llevó. Nunca más volvió a saber de él.

«Cuando pregunté dónde estaba, me respondieron: “El niño no es tuyo”. Y me callé», explica casi con gesto de arrepentimiento. Lleva 37 años obsesionada con aquel día y con la inexplicable desaparición de su hijo. «Me lo robaron», afirma sin el menor atisbo de duda. Pero nadie la creyó. Durante años se dedicó a ir a los parques infantiles buscando obsesivamente un rostro, un gesto, algo que le revelase que había encontrado a su hijo desaparecido. Ahora está obstinada en buscarle entre los hombres con los que se cruza por la calle.

«Hace 20 años, mi madre puso una denuncia en la policía, pero no sirvió para nada. No le hicieron ningún caso porque dijeron que el asunto no iba a ninguna parte. La policía ni siquiera se molestó en ir al hospital a averiguar nada», recalca Eva. Hoy, en cambio, todo el mundo le pregunta si ha habido algún avance, sobre todo los vecinos de Olivares y Valencina de la Concepción, municipios en los que reside la familia.

La tortura punzante y permanente que padece Loli por el robo de uno de sus mellizos solo la ha conducido al fracaso y a la melancolía. Pero ella no desespera: ya ha entregado una muestra de su saliva para que le extraigan su ADN y que éste puede ser contrastado en caso de que aparezca algún hombre que pueda ser su hijo. Además, ya ha declarado ante la policía que investiga el caso. «Antes de morirme me gustaría encontrarlo para poder decirle que yo no lo abandoné, sino que me lo robaron». Loli tiene cuatro hijos (Agustín, Manuel Jesús, Pedro y Eva) pero le falta uno. Y su ausencia se le hace agobiante. Sobre todo cuando Eva celebra su cumpleaños, lo que hace que ineludiblemente se haga presente el recuerdo de su gemelo.

«Desde el primer momento hemos estado convencidos de que la trama tenía pensado robarme a mí. Era a mí a quien iban a llevarse. Por eso creemos que a mi madre le dieron inicialmente un papel donde se decía que había dado a luz a un varón. Más tarde, al subirla a una habitación, hicieron otro parte médico en el que constaba que lo que había tenido era una hembra», explica la joven. «Mi padre murió en 1992 con la certeza de que le habían quitado a uno de sus hijos».

Eva confía en que la difusión de su foto sirva para que alguien pueda reconocerse en ella como en un espejo. Espera que alguien tenga sus mismos ojos grandes, sus mismos labios gruesos, sus mismos dientes ligeramente salientes. Y que las pruebas genéticas confirmen que son hermanos gemelos.

LE DIJERON QUE ESTABAN MUERTAS Y ENTERRADAS, Y DESPUÉS NEGARON QUE NACIERAN ALLÍ

Han pasado más de 50 años, pero Isabel Pacheco aún no ha olvidado el llanto de las dos niñas a las que dio a luz en junio de 1950 en el hospital Civil de Málaga. Ese llanto y los comentarios de las monjas que la asistían en el parto es lo único que conserva de aquellas criaturas a las que jamás besó ni abrazó. Horas después de dar a luz le comunicaron que los bebés habían fallecido y que, incluso, ya habían sido enterrados. La documentación reunida ahora apunta a que eso era falso. Por ello su hijo Andrés ha interpuesto una denuncia por «secuestro y falsedad documental».

Isabel residía en 1950 en Cártama (Málaga) y mantenía relaciones con Juan Pacheco, un chico del mismo pueblo. Fruto de esas relaciones, ella quedó embarazada cuando apenas tenía 16 años. No estaban casados. Llegado el momento del parto, a mediados de junio, la joven ingresó en el hospital Provincial de Málaga.

«Mi padre quería haberse quedado en el hospital acompañando a mi madre, pero los médicos se lo impidieron alegando que el momento del parto era incierto. Por eso le aconsejaron que se fuera a casa y que regresara al día siguiente», relata Andrés.

Al poco de marcharse Juan, Isabel empezó a dar a luz. Recuerda, pese al tiempo transcurrido, cómo oyó el llanto de una niña y los comentarios de las monjas —de la congregación de las Hijas de la Caridad— acerca de que tenía a otra segunda en su vientre. Al poco, en efecto, escuchó el lloro de esa otra chiquilla. A la joven madre, jamás le trajeron a sus hijas a la habitación.

A la mañana siguiente, Juan telefoneó al hospital para saber cómo estaba su novia. Le dijeron que había dado a luz a gemelas y que tanto ellas como la madre estaban bien. «Mi padre, lleno de alegría, dio la buena noticia a sus padres y a los padres de mi madre. Todos juntos se fueron tan contentos al hospital, adonde llegaron a mediodía», relata Andrés.

Sin embargo, el novio de Isabel y el resto de la familia recibieron un terrible mazazo: la gerencia del hospital les dijo que Isabel estaba bien, pero que «las niñas habían fallecido y las habían enterrado esa misma mañana, aprovechando que había habido otro fallecimiento» y que a las gemelas las habían sepultado junto a ese otro cadáver. «Ni mis padres ni mis abuelos se mostraron conformes con tales explicaciones. Lógicamente exigieron ver los cadáveres de las gemelas. Pero el personal del hospital les replicó que no había ninguna solución al caso. Incluso llegaron a amenazarlos diciéndoles que lo mejor es que se fueran a casa porque allí no había nada que buscar ni que reclamar», explica Andrés. Ese mismo día la familia regresó a su domicilio desconcertada por la extraña actitud de facultativos y empleados.

A fuerza de darle vueltas al asunto, Juan llamó en reiteradas ocasiones al hospital Civil de Málaga y siempre recibió evasivas y amenazas. Harto de todo, se presentó a los tres días del parto en el hospital reclamando un justificante del ingreso de Isabel, pero se volvió a casa con las manos vacías: le dijeron que no había la menor constancia de que hubiera sido atendida allí.

Tras el duro trance vivido, Juan e Isabel decidieron casarse por la Iglesia dos meses después. Al poco, ella volvió a quedarse embarazada. Llegado el momento del alumbramiento, fue al hospital Civil de Málaga, donde el 10 de octubre de 1951 dio a luz a un niño —el primero de los ocho hijos con que cuenta en la actualidad— asistida por Pepita García y María Lorenza Marín. Con ocasión de su ingreso, alguien abrió una ficha médica de la paciente en la que hay un apartado referido a «partos anteriores», donde una mano desconocida escribió «dos gemelas hace un año». En ese documento, obtenido ahora por la familia, tal anotación es perfectamente legible pese a haber sido tachada. ¿Cómo figura ahí ese parto gemelar siendo que el hospital siempre había negado su existencia? Y ¿quién realizó aquella tachadura?

Hace unos días, la familia ha obtenido el parte de ingreso de Isabel correspondiente al parto gemelar, en el que fue asistida por Antonia Bedoya. Pese a que faltan por cubrir numerosos apartados, en cambio, sí está relleno el relativo a «feto», en el que alguien escribió a mano la palabra «hembras», aunque posteriormente también lo tachó de forma burda.

«Esta historia se ha comentado siempre en mi familia, sabedores de que algo terrible había ocurrido en el hospital Civil aquella noche del verano de 1950. Algo que jamás nos hemos podido explicar y que ahora queremos que se aclare. Yo quiero saber qué fue de mis dos hermanas gemelas y que ellas sepan que las estamos buscando», dice Andrés.

Pacheco ha requerido datos sobre el caso tanto al hospital como a la Diputación Provincial de Málaga, que custodia los archivos procedentes de ese centro médico. Pero en ninguno de ellos hay la menor referencia al fallecimiento de unas gemelas. Como tampoco hay constancia de un presunto aborto sufrido por Isabel en ese hospital. «Ese aborto consta en un parte de asistencia, pero es falso: mi madre jamás tuvo un aborto», recalca Andrés.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Málaga ha realizado, a petición de la familia Pacheco, un exhaustivo rastreo en los viejos libros de inhumaciones de los cementerios de San Rafael y San Miguel en busca del enterramiento de los cadáveres de las gemelas. «No hay la menor pista. No figuran en ninguno de esos registros. Sabemos que nacieron en junio de 1950, pero hemos ampliado la búsqueda a los meses anteriores y posteriores… ¡y no hay nada!», dice Juan. Y sus aseveraciones las certifica por escrito la técnica del archivo municipal María del Rosario Barrionuevo Serrano. ¿Cómo explicar este misterio? Sencillamente resulta inexplicable.

«Mi padre se murió con la pena de no haber encontrado jamás a sus hijas gemelas», se lamenta Andrés Pacheco. A tenor de la documentación reunida, él cree que lo que sucedió con sus hermanas desaparecidas constituye un supuesto de venta y trata de personas, además de secuestro y falsedad documental. Por eso, asesorado por el letrado Javier Viaña de la Puente, presentó la oportuna denuncia el 9 de marzo de 2011 ante el juez de Bilbao Francisco Javier Tucho Alonso. Éste ha dispuesto transferir el asunto a los juzgados de Málaga.

Capítulo 19: Se compraban, se vendían… y se exportaban

CAPÍTULO 19

Se compraban, se vendían… y se exportaban

«MI PADRE PAGÓ 5.000 DÓLARES POR MÍ. DIJO QUE ERA EL MEJOR NIÑO DE TODOS LOS QUE HABÍA»

Los bebés se compraban, se vendían… y se exportaban. La investigación llevada a cabo por El País ha permitido descubrir que la fama de las monjas y médicos que integraban las tramas de robo, venta y adopciones irregulares de niños atrajo a España a matrimonios de otros países (Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela…) que no podían tener hijos. Así lo hicieron Roswitha Huber, natural de Hollabrunn (Austria) y Roland-Edward Ryder, de Seymore, Texas (Estados Unidos). El hijo al que recogieron en la clínica San Ramón de Málaga, Randolph-Edward, Randy, lleva 10 años buscando a su madre biológica. Ésta es su historia.

«Nací el 8 de junio de 1971 en el sanatorio San Ramón de Málaga. En 1998 mi padre me dijo que habían pagado 5.000 dólares por mí y que habían seleccionado “al mejor niño de todos los que había”», relata Randy Ryder desde Austin (Texas), donde vive en la actualidad.

Toda la documentación oficial de Randy asegura que es hijo biológico de Roland-Edward Ryder y Roswitha Huber. Pero Randy sabe que no es así. Que eso es falso. Roswitha no podía tener hijos. Nunca estuvo embarazada.

«Mi madre adoptiva era alcohólica. Recuerdo que cuando era pequeño, solía deprimirse y beber. Cuando estaba ebria me decía que me había cogido de una mujer en España llamada Inés Holm. Otras veces me decía que mi madre vivía en España, pero que había nacido en Sudáfrica… Nunca le hice mucho caso, porque cuando yo le preguntaba a mi padre [adoptivo] él solía decirme que no la creyera, que se volvía loca cuando bebía. Incluso ella me lo negaba después, cuando estaba sobria…».

Randy prosigue: «En 1998 cuando fui a ver a mi familia materna a Austria para que conociera a mi hijo, mi abuela me soltó: “Tú no eres de mi sangre. Eres adoptado”. Llamé inmediatamente a mi madre y discutimos durante horas hasta que al final me confesó que yo no era su hijo. Después llamé a mi padre, entonces ya llevaban 25 años divorciados, y él me confesó: “Randy, seleccionamos al mejor de todos los niños que había”. Mi padre también me contó que él no había participado mucho en el proceso de adopción, solo a la hora de pagar, y que incluso sabía cómo era mi padre biológico porque le dijeron que era un extranjero que trabajaba en un bar de Málaga y fue a ver cómo era físicamente».

No era su hijo, pero Roland Ryder y Roswitha Huber lo inscribieron como tal. Randy Ryder es un niño apropiado. Su madre biológica no figura para nada en toda su documentación oficial. «Según los datos obrantes en este Registro Civil, Randolph-Edward Ryder Huber no ha sido nunca adoptado y su madre biológica sería la que figura en la inscripción de nacimiento, doña Roswitha Huber, como así consta igualmente en el parte del facultativo que asistió al nacimiento, el doctor don Manuel Muñoz Nieto», se lee en un oficio que la juez María Dolores Moreno envió en 1999 al Consulado General de España en Houston respondiendo a la solicitud de Ryder.

El doctor Muñoz Nieto aún ejerce en Málaga. «Yo no hice el seguimiento del embarazo de esa mujer. Me llamaron del sanatorio porque su médico no podía atender el parto. Y fui. No ir hubiera sido denegación de auxilio», explicó. «No hablé con ella. Cuando llegué, el anestesista la durmió enseguida. ¿Que por qué puse aquel nombre en el parte? Porque fue el que me dijeron que pusiera en el sanatorio, el que figuraba en su ficha de ingreso. Yo no vi ningún pasaporte. Podía ser extranjera o no. Todo esto ocurrió hace 40 años, no recuerdo cómo era». El doctor Muñoz firmó el parte facultativo tres días después del parto.

Randy va a presentar una denuncia en la fiscalía de Málaga para intentar averiguar la verdad. Sus padres adoptivos, que en su día no quisieron darle más información, ya han muerto.

«Creo que para ellos era una cuestión de orgullo. Nunca tuvimos una buena relación», admite Randy. «Nos quedamos a vivir en Las Palmas por el trabajo de mi padre, que trabajaba en la industria petrolífera en África, hasta diciembre de 1971. En ese año nos mudamos a Malta. Dos años después, en 1973, mis padres se divorciaron y yo me fui a vivir con mi madre a Viena. Como mi madre bebía mucho, los servicios sociales me llevaron a una casa de acogida cuando tenía 11 años. Intentaron entregarme en adopción otra vez, pero mi padre vino a rescatarme».

Randy asegura que no ha podido olvidar el nombre de Inés Holm, aunque sabe que quizás es una invención de su madre adoptiva. «Tengo miles de preguntas: Si mis padres adoptivos llegaron a conocer a mi madre, quién se quedó aquellos 5.000 dólares… Me pregunto si yo también soy una vida robada».

Una mujer de Madrid ha contactado con Randy a raíz de un reportaje que se publicó en el diario El País. Su nombre es Marimar y cree que es su hermana. Randy le ha prometido venir a España a hacerse unas pruebas de ADN y conocerla. «Mi hermano no nació en Málaga, sino en la clínica O’Donnell de Madrid el 26 de abril de 1971. Creo que Randy puede ser él porque nos parecemos mucho en las fotografías de pequeños y pienso que pudieron llevarle de Madrid a Málaga, igual que aquella monja (sor Juana) que reconocía que llevaba y traía niños de Canarias a Bilbao», cuenta Marimar. «En mi casa estamos todos de los nervios. Cuando le dije a mi madre que creía que había encontrado a mi hermano quería irse corriendo al aeropuerto para coger un avión a Texas y conocerlo. Mis padres están muy afectados. Tenían 25 años cuando les dijeron que su primer hijo había muerto. Mi madre se volvió medio loca después de eso y mi padre, muy reservado. No les dejaron ir al entierro, ni encargarse de nada, por eso creemos que mi hermano no murió, lo vendieron. Desde que vi las fotos de Randy, no puedo pensar en otra cosa. Es imposible no ilusionarte. Siento una presión enorme en el pecho. Me da miedo que el resultado de la prueba de ADN salga negativo, pero le he dicho a Randy que pase lo que pase, aquí en España siempre va a tener una familia, la mía».

Desde Texas Randy está muy preocupado por las expectativas de Marimar. La entiende, pero teme que se venga abajo si el ADN demuestra que no son hermanos. Está desanimado. «Me he dado cuenta de que no sé absolutamente nada de mí mismo y de que las posibilidades de encontrar a mi madre son casi nulas. Creo que o mi madre no está en España o vive en España y no le importo. Creo que no se puede hacer nada. Es muy tarde…».

UN MATRIMONIO VOLÓ DOS VECES A MADRID PARA RECOGER A DOS NIÑOS

Un matrimonio residente en Centroamérica se trasladó a Madrid en febrero de 1973 y adoptó irregularmente a una niña. Un año después realizó idéntico viaje y se llevó un niño. En ambos casos, los bebés procedían de la clínica San Ramón de Madrid, dirigida por el doctor Eduardo Vela Vela.

El matrimonio, formado por un industrial estadounidense y una mujer de origen centroamericano, ardía en deseos de tener hijos. Pero llevaban cinco años sin conseguirlo. Requirieron ayuda a un amigo mexicano y durante un tiempo intentaron adoptar un bebé en México. Fracasaron.

«Un contacto en México les dijo a mis papás: “En España es muy fácil adoptar a un niño”. Y les enlazó con un cura español, con el que hablaron por teléfono», recuerda ahora Isabela (nombre supuesto). A través de ese sacerdote llegaron hasta el doctor Eduardo Vela Vela, director de la clínica San Ramón de Madrid. Así pusieron en marcha la operación encaminada a lograr el sueño. Finalmente en febrero de 1973 fueron avisados de que en breve habría una niña disponible en Madrid. Resulta imposible saber si la parturienta dio su consentimiento para ceder a su bebé, ya que no hay constancia documental de ello.

Los padres adoptivos volaron hasta España y en la clínica San Ramón les fue entregada una niña nacida, según el registro, el 22 de febrero de 1973. «Mi padre, ya fallecido, me contó que llegaron a San Ramón y una monja les mostró a la niña, que era yo. Pero les dijo que solo podían verla y que volvieran dos o tres días más tarde. Mi padre se negó y exigió llevarse a la niña inmediatamente. La monja les invitó a ver cómo me bañaban y se quedaron anonadados cuando vieron que me metía en una pila de agua helada. “¡Yo no me voy sin mi hija! ¡La quiero ya!”, gritó mi padre. Y entonces le entregaron a la niña», declara Isabela.

La red montada en torno a la clínica San Ramón, ubicada en el 143 del paseo de La Habana, arregló todo el papeleo: la chiquilla fue inscrita como hija biológica de la dama centroamericana, y, tras solicitar el correspondiente pasaporte en la embajada de su país en Madrid, fue sacada de España sin contratiempos.

En aquellos años, en España era casi imposible tramitar la adopción plena de niños por parte de ciudadanos extranjeros, ya que eso suponía un largo y complejo proceso de adopción internacional. Así que la trama tomó el camino más fácil: borrar a la madre biológica de un plumazo y hacer constar que la niña había salido del vientre de la madre adoptiva. Una apropiación… y listo. O un robo, como varias asociaciones de afectados prefieren denominar a este ardid.

La pareja ya tenía a su hija, pero deseaba incrementar su familia… y así se lo había hecho saber a sus contactos. De pronto recibió en septiembre de 1974 una llamada: en la clínica San Ramón había un niño disponible. La esposa del industrial estadounidense estaba visitando a unos familiares en Israel y, sin pérdida de tiempo, voló hasta Madrid para recoger al bebé. «Mi mamá viajó sola y, según me ha contado, en esta ocasión tuvo más problemas con el papeleo por parte de la embajada», cuenta Isabela. No obstante, consiguió salir de España llevando consigo a Mauricio (nombre supuesto), un niño nacido el 25 de septiembre de 1974. Como en el caso anterior, el doctor Vela certificó que el chiquillo era fruto de su vientre.

Cuatro años después de haber adoptado en España a Mauricio, esa mujer se quedó embarazada y dio a luz a un niño. Al final, su sueño se había hecho realidad. «Los dos adoptados hemos sido tratados por mis padres igual que éste, sin la menor distinción, y hemos tenido una vida muy feliz», recalca Isabela.

Aquella niña y aquel niño —hoy adultos— han sabido desde que tuvieron uso de razón que no eran hermanos de sangre, ya que sus padres adoptivos les explicaron que habían sido adoptados. Lo que no sospechaban ni Isabela ni su hermano Mauricio eran los turbios vericuetos por los que ambos habían sido llevados desde España hasta Centroamérica. Ella creía que la clínica San Ramón era una especie de hospicio donde iban a parar los expósitos, los bebés abandonados por sus progenitores. Ahora saben que fueron robados… Y eso les hace daño.

Isabela, que reside desde hace una década en Estados Unidos, siempre creyó que tenía nacionalidad española, pese a haber sido adoptada. Hace unos pocos años descubrió que no era así cuando acudió a un colegio hispano-estadounidense con la pretensión de inscribir allí a su hija. Cuando le solicitaron la documentación que probaba su origen español, Isabela comprobó con sorpresa que en ningún papel figuraba como hija de una española. No hay ni el menor rastro de su madre biológica.

Esta mujer, madre de dos hijos, buscó casi obsesivamente alguna pista que le permitiera descubrir a su madre biológica. «Me pasaba muchas noches navegando por Internet. Creo que a todos los adoptados nos pasa lo mismo: amamos a nuestros padres adoptivos, pero necesitamos conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos», señala Isabela. Y le gustaría encontrar a esa mujer que la trajo al mundo, no solo por ella misma, sino por esa persona que la engendró. «¡Tiene que ser terrible para una madre no saber qué fue de aquel bebé!», exclama.

Lo más extraño del caso es que el ultracatólico doctor Vela y los curas y monjas que había a su alrededor entregasen a dos bebés a una misma familia judía. «El apellido de mis padres es claramente judío», dice Isabela. Pero es posible que nadie se diera cuenta de ese detalle, porque de haberlo hecho es improbable que el resultado hubiera sido el mismo.

«YO FUI ADOPTADA POR UNA FAMILIA MEXICANA MARAVILLOSA. DESCONOZCO TODO MI PASADO»

En las redes sociales a través de las que se comunican madres que buscan a sus hijos e hijos que buscan a sus madres hay también testimonios que avalan la sospecha de que las redes de adopción irregular que operaban en España entre 1960 y 1987 exportaron bebés a Centroamérica, Sudamérica y algunos países europeos. Hasta ahora no había trascendido ningún caso de este tipo.

«Fui adoptada por una familia mexicana maravillosa al poco de nacer. Desconozco los apellidos de mi madre biológica, mi fecha real de nacimiento y prácticamente todo lo relacionado con mi pasado», escribe una joven en una de esas redes de Internet. «Lo único que me han podido decir [mis padres adoptivos] es que nací en una clínica de Madrid que fue demolida hace años y que el doctor Vela [Eduardo, todavía en ejercicio] fue quien me trajo al mundo junto a una partera de nombre Carmen». Vela era el director de la clínica San Ramón, una auténtica fábrica de bebés, que cerró en 1982.

La joven prosigue: «Durante muchos años luché con un sinfín de sentimientos, dudas y fantasmas: no saber de dónde vengo, a quién me parezco, si tengo más hermanos, si mi madre fue forzada a entregarme o si alguna otra circunstancia de su vida le prohibía quedarse conmigo. He sido una hija querida y mi vida no ha podido ser más completa y enriquecedora, pero me gustaría ver a mi madre y tocarla, decirle que si bien no la comprendo, tampoco la juzgo».

Otra persona que se ha puesto en contacto con el diario El País cuenta el caso de una niña adoptada en torno a 1970 en una casa cuna de Valencia por unos venezolanos. Los padres adoptivos viajaron a España y, por medio de una monja, lograron apropiarse de la cría, supuestamente inscribiéndola como hija biológica de la madre adoptiva, antes de regresar a Venezuela «a toda velocidad».

Pero no solo hay sospechas de adopciones irregulares por parte de residentes en América, sino también en Europa. Mar Soriano, portavoz de la Plataforma de Afectados de Niños Robados en Clínicas de España, tiene indicios de que su hermana Beatriz, nacida en la maternidad de O’Donnell, en Madrid, en 1964, no murió de otitis como le dijeron los médicos a sus padres, sino que fue dada en adopción a una familia alemana.

Antonio Toscano, presidente de la ONG Prodefensa Infancia Desprotegida, también tiene el convencimiento de que niños de la casa cuna de Tenerife fueron entregados a alemanes entre 1950 y 1970. Toscano afirma que su organización posee documentos que apuntalan la sospecha de que los alemanes tenían incluso el privilegio de escoger a los niños más sanos, de cabello rubio y ojos claros de ese centro. «Hay viejas fotografías de alemanes seleccionando a los niños», asegura.

Capítulo 20: ¿Es recuperable un hijo robado?

CAPÍTULO 20

¿Es recuperable un hijo robado?

Una duda insoportable consume a cientos de personas en España. ¿Mi hijo murió o me lo robaron? ¿Mis padres son mis padres, me adoptaron o me compraron a un médico, un cura o una monja que me arrancó de los brazos de mi verdadera madre? La investigación del historiador Ricard Vinyes, el auto en el que el juez Baltasar Garzón hablaba del robo de más de 30.000 niños durante el franquismo, y los testimonios de mujeres de distintas edades y ciudades repitiendo las mismas frases —«Me dijeron que había muerto y que ya lo habían enterrado. Nunca vi el cadáver»— han destapado una trama de compraventa de bebés en España que arranca en los primeros años de la dictadura y termina en los primeros de la democracia. Que empieza como represalia política a mujeres republicanas amparada por las disparatadas teorías del psiquiatra Vallejo-Nájera y termina como mero negocio, auspiciado por una ley que hasta 1987 favorecía las adopciones irregulares, un mercado negro de bebés que arrastra terribles secuelas psicológicas hasta hoy.

¿Tienen más derecho las madres de niños robados a buscarles que los niños robados, hoy adultos, a no querer ser encontrados? ¿Debe intervenir la justicia? ¿Puede considerarse delincuentes a los padres que compraron a sus hijos?

Carla Artés, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo argentinas, que buscan a los bebés que la dictadura robó a sus hijos, supo quién era siendo una niña. «Yo tenía 10 años y lo asumí. Pero para muchos hijos que han seguido viviendo con los asesinos y torturadores de sus padres descubrir quiénes son con 30 años es muy complejo», explica. Su hermano, que tampoco era hijo biológico de la pareja con la que se criaron, rompió toda relación con ella después de que Carla declarase en un juicio contra su supuesto padre.

En 2009 el Parlamento argentino aprobó una ley que obliga a someterse a pruebas de ADN cuando haya sospechas de robo de niños. Así fue cómo las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron el año 2010 al llamado Nieto 102. Se había criado con un oficial de la Fuerza Aérea y no quiso hacerse las pruebas para averiguar si aquel hombre era su padre. Pero por orden de un juez le fueron confiscadas prendas íntimas de las que se extrajeron muestras genéticas que confirmaron que sus padres eran en realidad víctimas de la dictadura.

Santiago González, que acaba de encontrar a su familia biológica y crear una web (www.adoptados.org) para ayudar a otros a hacerlo, opina: «Si ese niño se ha criado en otra familia no se le puede pedir que después de 30 o 40 años sienta un cariño por una madre biológica que no conoce. El menor es completamente inocente. ¿Debe ser ese niño, hoy adulto, el que ha de pagar con sus emociones el robo que sufrió su madre biológica? Creo que si una institución encuentra a un niño robado o adoptado debe hacerle saber que su familia de origen le busca. Si él no quiere contactar, debería bastar con devolver un mensaje de “encontrado, está sano, es feliz, si en un futuro quiere o se siente capaz, ya sabe cómo avanzar en el contacto”».

El abogado Enrique Vila, especializado en la búsqueda de padres biológicos —él mismo busca a su madre— y autor de Historias robadas (Temas de Hoy), asegura que el 90 por ciento los encuentra. «El 10 por ciento restante son los hijos robados. Lo tienen muy difícil porque las instituciones religiosas —las que, en la mayoría de los casos, decidían con quién iba a estar mejor el bebé— niegan toda la información». De cada 100 consultas que recibe en su despacho, 10 son de hijos falsos. «Era una trama muy bien organizada. Había captadores de padres y de niños. Los proveedores de padres adoptivos eran mujeres con contactos sociales. Los proveedores de niños eran médicos, matronas, auxiliares y religiosos que realizaban un supuesto acto de caridad cristiana. La coacción a la que sometían a las mujeres era brutal».

Vila y Antonio Barroso, que descubrió hace tres años que sus padres le habían comprado por 200.000 pesetas, han llevado al fiscal general del Estado cientos de casos de robos de niños. Creen que se trata de un delito de detención ilegal o secuestro, que no prescribe, y que el fiscal debería haber actuado de oficio.

La mayoría de estas familias, sin embargo, no creen que sus padres, los que les compraron, sean delincuentes. Vila ha recibido a muchos en su despacho. «Están asustados. La mayoría no eran conscientes de estar robando un bebé. Pensaban que el dinero que pagaban era una ayuda para la madre biológica, que había entregado a su hijo voluntariamente. Recibían al bebé sin un papel y lo inscribían en el registro como hijo propio, pero pensaban que estaban haciendo una trampa para ahorrarse trámites y papeleo, no cometiendo un delito».

El sociólogo Francisco González de Tena, que ha entrevistado a decenas de madres de hijos robados y redactó para el juez Garzón un informe con sus averiguaciones, asegura: «Desde el punto de vista social y antropológico, el problema es inmenso. Se ha convertido en un tema muy doloroso para mí porque comprendo que nunca se va a poder aclarar todo. Haciendo una proyección conservadora, hay miles de niños robados en España. Desde mayo de 2009 recibo entre dos y tres posibles casos al día.

»Vivimos en una sociedad que no tiene seguridad en la ascendencia biológica, en la que muchas personas no pueden estar seguras de quiénes son», asegura González de Tena. «Eso quiere decir problemas médicos, porque las historias clínicas, al carecer de antecedentes, no son fiables; jurídicos, de herencias, y psicológicos. Los adoptados tienen miedo. Ya tienen padres, no quieren líos, y los que buscan no buscan una madre, sino un origen, por curiosidad. Pero las madres de niños robados sí buscan a su hijo».

El doctor en psicología Guillermo Fouce, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que «los problemas de identidad y la indefensión que genera el robo de niños son los traumas más graves a los que puede enfrentarse un ser humano. Los padres de hijos robados embarcados en años de búsquedas infructuosas, sufren depresión, trastornos de personalidad, ansiedad… Para los hijos, el sentimiento contradictorio hacia unos padres que les engañaron y no estar seguros de quiénes son pone en riesgo su estabilidad psíquica». La mejor terapia, añade, «es la ventilación emocional, para lo cual resulta absolutamente necesaria la clarificación de la verdad y el apoyo de las instituciones: desde la judicial hasta la sanitaria».

La vida entera de muchas personas se está desmoronando por una duda imposible de resolver sin la intervención de una autoridad judicial o administrativa que obligue a facilitar información.

Capítulo 21: «Le llamo de parte de alguien que le busca desde hace mucho tiempo»

CAPÍTULO 21

«Le llamo de parte de alguien que le busca desde hace mucho tiempo»

«¿Será mi madre biológica una famosa? ¿Una artista que viajaba mucho y que me dio en adopción para no interrumpir su carrera? ¿Una prostituta que se quedó embarazada de un cliente? ¿Una mujer seducida y abandonada?». Éstas eran las preguntas que varios adoptados confiesan que se hacían cuando pensaban en su madre. A todas éstas ahora añaden una mucho más inquietante: ¿mi madre me dio en adopción o fue engañada y soy un niño robado? Algunos tienen indicios para pensar que pudo ser así, pero otros muchos no. Para casi todos ellos, resolver esa duda será imposible.

«Para nosotros es más agradable imaginar que somos niños robados, es decir, que a nuestras madres las engañaron, que pensar que simplemente fuimos dados en adopción», explica David Rodríguez, adoptado en la clínica San Ramón (Madrid) en 1981.

A las madres biológicas suele ocurrirles algo similar. «Prefieren creer que a su hijo se lo quitaron y muchas han terminado autoconvenciéndose de que fue así», explica Jaime Ledesma, psicopedagogo y mediador familiar que trabaja desde 2010 con la asociación de afectados de San Ramón.

Ledesma se dedica a preparar psicológicamente a esa madre biológica y su hijo dado en adopción antes de que entren en contacto. El apasionante proceso, que suele prolongarse durante meses, se inicia con una llamada:

—¿Está sola? ¿Puede hablar?

—¿Quién es?

—Le llamo en nombre de una persona que la está buscando desde hace mucho tiempo. Nació el día….

«Normalmente caen enseguida en la cuenta, aunque hayan pasado muchos años, porque esa fecha se les ha quedado grabada para siempre», explica Ledesma. A partir de ahí, y antes de que se produzca el reencuentro, trabaja para ajustar las expectativas de ambas partes. «Después de esa llamada, las madres, en general, esperan recuperar un hijo. Pero ese hijo cree que su madre es la adoptiva. No busca una nueva familia, no quiere sustituir a nadie, sino conocer su origen. Ese deseo de saber suele despertar generalmente cuando se produce algún cambio importante en sus vidas. Por ejemplo, si se casan o van a tener un hijo. A veces solo quieren conocer sus antecedentes genéticos».

Ledesma también prepara a los adoptados contra las fantasías que han alimentado durante años. «La reacción de la madre puede ir del rechazo a casi el acoso. Y es importante que el hijo esté preparado para todo. Sobre todo para que ella no sea lo que esperaba. Recuerdo un caso en que la madre biológica se había prostituido ocasionalmente y el padre estaba preso. El hijo lo pasó mal, retrasamos un poco el proceso, pero al final todo salió bien».

Para cuando se produce el reencuentro, explica el mediador, «todo está ensayado. Incluso el saludo. El abrazo suele producirse al final, nunca al principio. Y antes de todo eso madre e hijo han intercambiado fotografías y cartas contándose su historia».

La mayoría de las madres ya ha creado una familia cuando recibe esa llamada del pasado. «El 50 por ciento aproximadamente le ha hablado a su marido de ese niño que dio en adopción, pero la otra mitad no. Por eso siempre les digo que no están obligadas a nada y que todo se hará con la máxima confidencialidad».

Es después de ese primer encuentro, cuando lo hay —muchos adoptados no quieren conocer físicamente a su madre biológica, sino solo saber quién era—, cuando las madres se animan a contar en casa lo sucedido. El entorno familiar suele reaccionar con suspicacia, piensa que el chico/chica quiere pedirles algo. Para los hijos que han vivido siempre en casa también es difícil porque cambia el concepto de su madre y se preguntan: «¿podía haber sido yo?».

Los adoptados suelen ser hijos únicos, por eso uno de los mayores incentivos a la hora de iniciar sus búsquedas es la posibilidad de tener hermanos. «Es curioso, tienen más ganas de conocer a los hermanos que al padre. En algún caso, luego han conocido al padre por las señas que da la madre y la reacción ha sido buena. Para el padre es más fácil porque socialmente se ve de otra manera que la madre que abandonó a su hijo».

La clave del proceso, concluye Ledesma, es buscar un equilibrio, no siempre fácil, entre el derecho a la intimidad de la madre biológica y el derecho a conocer su origen del hijo adoptado. La ley 54/2007 permite a este último conocer el nombre de su progenitora, pero en la práctica no siempre tiene los medios para hacerlo. «Cuando nacen en instituciones religiosas, por ejemplo, las monjas se amparan en el voto de sigilo para no dar información sobre las madres, a las que dicen que prometieron guardar el secreto». En cualquier caso, añade, «es muy peligroso que no exista un mediador y un adoptado llame un día al timbre y diga: “soy tu hijo”. Precipitarse puede frustrar una relación en el futuro».

Santiago González, que acaba de encontrar a su familia biológica y ha fundado adoptados.org para ayudar a otros a hacerlo, comparte la misma opinión. También en el caso de los niños robados. «¿Debe ser ese niño, hoy adulto, contra su voluntad, el que ha de pagar con sus emociones el robo que sufrió su madre biológica? Yo creo que no». El psicólogo Guillermo Fouce añade: «Quienes descubren que son de otra familia suelen pasar una fuerte crisis de identidad. En un primer momento es frecuente que no quieran saber nada para que les dejen “tranquilos”…». En el caso de los que piensan que fueron robados todavía es más difícil, porque tienen sentimientos contradictorios hacia los padres adoptivos. Fouce añade que la curación, en cualquier caso, «es que conozcan la verdad».

Capítulo 22: El reencuentro. Rosa y Alfonso, veintisiete años después

CAPÍTULO 22

El reencuentro. Rosa y Alfonso, veintisiete años después

Sola, con 17 años, dio a su bebé en adopción en un proceso lleno de irregularidades. La pareja que se lo quedó pagó por el niño. La tenacidad de Alfonso, hoy un joven recién licenciado en Derecho, ha permitido el reencuentro entre madre e hijo. Ésta es la historia.

«A los 17 años me quedé embarazada de un chico con el que había salido tres o cuatro veces. Él tenía 19 o 20 y estaba estudiando. Se desentendió rápidamente. La última vez que lo vi fue el día que le dije que estaba embarazada. Yo vivía con mi hermana mayor en una pensión en Madrid, y mis padres, en un pueblo de Segovia. No me atreví a decirles nada. Al irme de casa, mi padre me había advertido: “Te vas a trabajar, ni se te ocurra venir con una barriga…”. A los cuatro meses me echaron de la casa donde estaba sirviendo. Di a luz el 28 de diciembre de 1983 en la maternidad de Santa Cristina. Les conté a los médicos que no podía hacerme cargo del niño y ellos me explicaron que yo, que entonces era menor de edad, no podía firmar la renuncia. Pero a mi hijo se lo llevaron ese mismo día, antes de que mi hermana firmara en mi nombre».

Rosa acaba de reencontrarse ahora con su hijo Alfonso, aquel niño al que ella renunció obligada por sus circunstancias (la pobreza y el rechazo frontal de su familia a afrontar la situación). Como su caso hay miles en la España del franquismo y de la Transición: miles de jóvenes que quedaron embarazadas fruto de relaciones esporádicas, con sus novios o por abusos de sus patronos. Y, en esa tesitura, se vieron forzadas a renunciar a sus hijos.

A Rosa le dijeron que iban a entregar a su hijo «a un matrimonio de abogados de Madrid con mucho dinero». Al carpintero y su mujer de Alicante, a los que realmente se lo dieron, les aseguraron que la madre era «una universitaria del País Vasco» y que el bebé estaba «un poco delgado porque ella se había puesto un corsé durante el embarazo para disimular». Veintisiete años después, el 7 de noviembre de 2010, Alfonso y Rosa averiguaron la verdad.

El reencuentro ha sido posible gracias a la tenacidad de Alfonso, hoy un joven abogado. «De siempre me sentí como alguien extraño, fuera de lugar. Siempre había tenido sospechas de que era adoptado por cosas que decían otros niños en el colegio, porque mis padres eran muy mayores y porque miraba las fotos de mi familia y no me parecía a nadie. Descubrí que era adoptado en enero de 2010, cuando pedí mi partida de nacimiento y leí: “Madre y padre desconocidos”».

Alfonso fue inscrito a los pocos días de nacer como «expósito», es decir, como si hubiera sido abandonado a la puerta de un convento, en lugar de hacer constar que había sido dado en adopción en un hospital público.

No es la única irregularidad de este caso. «Mis padres adoptivos no podían tener hijos. Una amiga que había adoptado a sus tres hijos en la clínica San Ramón les habló de una monja, sor María Gómez Valbuena, que conseguía niños en Madrid, y fueron a verla. La monja les derivó a la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA). Allí no les consideraron aptos para adoptar un hijo, pero casi un año después sor María les llamó y les dijo: “Tienen ustedes amigos muy importantes”. Vinieron, pagaron una cantidad considerable, aunque no han querido decirme cuánto, y me recogieron. Cada año, por Navidad, le mandaban una cesta con comida y dinero a sor María. Recuerdo hablar con ella de pequeño de las notas del colegio».

«Yo no recibí ni un céntimo», añade Rosa, la madre biológica. «Pero sí recuerdo que al poco de dar a luz se presentó en mi habitación un matrimonio mayor que me dijo que si bajaba a la puerta del hospital con mi niño y se lo entregaba, me darían dos millones de pesetas». Ella les echó del cuarto tras rechazar de plano la proposición, pese a sus agobios económicos. Los padres adoptivos de Alfonso se lo llevaron ese mismo día, 28 de diciembre de 1983, cuando la hermana de Rosa aún no había firmado la renuncia, que en cualquier caso debería haberse hecho ante un notario. «Durante los primeros meses iba a preguntar por el niño, para ver qué tal estaba, pero me decían que me olvidara del tema», relata Rosa.

La lista de irregularidades que rodeó la adopción no impidió el encuentro. «Presenté una demanda de jurisdicción voluntaria para que un juez obligara al hospital de Santa Cristina a facilitarme los datos de mi madre biológica y me dieron una ficha con su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y grupo sanguíneo», cuenta Alfonso. Le fue fácil dar con la dirección de Rosa. «¡Vivíamos a solo 10 minutos! Me planté en el portal, pero no me atreví a tocar el timbre». Jaime, el mediador que colabora con la Plataforma de Afectados de las Clínicas San Ramón, Santa Cristina y Belén a la que Alfonso acudió cuando empezó a buscar a su madre, apenas podía contener su ansiedad. Normalmente, el mediador prepara durante varios meses a madre e hijo para el encuentro, pero Alfonso no podía esperar.

Rosa le escucha embelesada. Son calcados: los mismos ojos, grandes y expresivos. La misma sonrisa. «Me llamaron a primeros de octubre de 2010. Me preguntaron: “¿Usted no tuvo un hijo el 28 de diciembre de 1983?”. Jaime, el mediador, me explicó que el crío me estaba buscando. Yo quería conocerlo, pero me daba miedo que me echara cosas en cara, que viniera a pedirme algo… No estaba preparada. Le pedí fotos, una carta, y yo le escribí otra contándole lo que me había pasado. El día que nos conocimos, el 7 de noviembre de 2010, organizó una fiesta en su casa. Me dijo que había invitado a un par de amigos y cuando llegué allí ¡había 30 o 40 personas!», relata Rosa. Entre los invitados estaba su hijo pequeño, David, con el que Alfonso había contactado por su cuenta sin que ella se enterara.

David tiene 10 años menos que el hermano mayor al que acaba de conocer. «También nació en Santa Cristina. Cuando me puse de parto, las enfermeras me preguntaron: “¿También lo vas a dejar en adopción?”. Yo les contesté que no, pero me extrañó que supieran eso».

Rosa cuenta entre bromas que casi ve más a Alfonso que a David, su hijo menor. «Alfonso me manda mensajes todas las semanas: “¿Vamos al Retiro?”, “¿Sacamos de paseo a los perros?”. Te da pena porque echas de menos la infancia». «Te has perdido lo peor: los pañales, la edad del pavo…», la anima Alfonso. Asegura que no tiene nada que reprocharle a su madre, a la que ahora ve todas las semanas, y lamenta que sus padres adoptivos no entiendan por qué la ha buscado hasta hallarla. «La confianza se ha resentido. No quieren saber nada de Rosa ni de su familia. Pero yo ahora me siento completo. He sanado una herida».

Anexos

Nota de los autores

Documento 1. Resolución de la Dirección General de Registros dando instrucciones en 1963 que da facilidades para inscribir a recién nacidos.

Documento 2. Libro registro de defunciones de la maternidad de O’Donnell, donde figura la muerte de «la párvula Beatriz Soriano» por «otitis». Esa «epidemia» mató a cinco niños en 24 horas.

Documento 3. Documento del hospital Provincial de Málaga de 1951, donde figura tachado que Isabel Pacheco tuvo «un parto gemelar hace un año».

Documento 4. Certificado en el que el médico Manuel Muñoz certifica que asistió en el parto a Roswitha Huber, la madre adoptiva de Randy. Pero ella no es la madre biológica del joven.

Documento 5. Inscripción de Randolph-Edward Ryder, Randy, en el Registro Civil de Málaga.

Documento 6. Declaración de nacimiento de Randy Ryder, donde se hace constar de nuevo que su madre es la austriaca Roswitha Huber.

Documento 7. Certificado de extracto de inscripción de nacimiento de Randy.

Documento 8. Escrito en que una juez ordena investigar en 1999 el parte de nacimiento de Randy.

Documento 9. Certificación en extracto de inscripción de nacimiento de Liberia Hernández Rodríguez.

Documento 10. Certificación en extracto de inscripción de nacimiento de Liberia Nácher Guerola.

Documento 11. Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife de Liberia Hernández.

Documento 12. Acta de nacimiento de Liberia.

Documento 13. Servicios Funerarios afirma en esta carta que los restos de Beatriz Soriano fueron exhumados en 1975 y depositados en el osario común, y que así se informó a la maternidad de O’Donnell.

Documento 14. Inscripción registral que da cuenta del fallecimiento de Beatriz Soriano por «otitis» y se indica que será inhumada en el cementerio de La Almudena.

Documento 15. Carta a Carmen Torres Franco en la que Servicios Funerarios admite que no hay ningún rastro de que su hermana Susana esté enterrada en Madrid.

Documento 16. Carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en 1952 a unos padres adoptivos en la que les da instrucciones de cómo evitar que la madre biológica siguiera el rastro del bebé.

Fotografías

Mercedes Sánchez, exmonja de las Hijas de la Caridad, desmiente a su exsuperiora.

Mercedes Sánchez en la actualidad. (© El País / Bernardo Pérez).

Niñas en la casa cuna de Santa Cruz de Tenerife.

La pequeña Liberia con sus padres adoptivos y otros familiares. Su padre es el segundo por la izquierda y su madre es la mujer de negro a la derecha.

Liberia Hernández cerca de su casa de Alcoi, Alicante. (© El País / Jesús Císcar).

Magda Martínez Beneyto empapeló Valladolid en busca de su madre.

Randy Ryder, junto a una monja, al poco de nacer en Málaga en 1971.

Randy, de pequeño, con sus padres adoptivos.

Randy Ryder afirma que nunca tuvo buena relación con sus padres.

Lucrecia, en la actualidad, fue recogida por sus padres en plena calle.

María Labarga, con su padre, del que dice: «Fue lo mejor que ha habido en mi vida, junto con mis hijos».

María Labarga en la actualidad.

Adela Carrasco Martínez dio a luz a un niño en noviembre de 1967 en La Línea de la Concepción, Cádiz. A las pocas horas los médicos le comunicaron que su hijo Jesús había muerto.

La abuela de Jesús Díaz Carrasco con su presunto cadáver en brazos. El cuerpo es demasiado grande para un neonato.

Cristina y Flor Díaz Carrasco con el detective Rafael Carrasco. Ambas buscan a su hermano Jesús.

Antonio Barroso, fundador de la asociación Anadir. (© El País / García Cordero).

Pepi Rodríguez lleva décadas buscando a su hermano gemelo. (© El País / Eduardo Ruiz).

Julia Manzanal muestra una cajita donde guarda un mechón de pelo de su hija, que falleció en la prisión franquista de Amorebieta. (© El País / Samuel Sánchez).

A Inés Pérez la llamaron de una clínica y le dijeron: «Tenemos un regalo para ti». Era una niña. (© El País / Francisco Bonilla).

Inés Madrigal, la niña que el doctor Vela regaló a Inés Pérez, en la actualidad.

José Antonio Suárez y María Esperanza Sánchez Horneros no llegaron ni a ver a su hija en la maternidad de O’Donnell. (© El País / Uly Martín).

José Hernández (a la izquierda de la imagen) y Miguel Chilet, los primeros que tuvieron el coraje de dar la cara. (© El País / Jesús Císcar).

Dolores Chumillas solo tiene una foto de la hija que le robaron. En ella se ve a una monja con su hija en 1978 en la clínica San Francisco Javier de Bilbao. Fue la última vez que vio a la niña. (© El País / Pedro Valeros).

Trinidad Gallego fue detenida y violada en 1939 por ser enfermera comunista. (© El País / José María Tejederas Chacón).

Rosa tras reencontrarse con su hijo Alfonso en Madrid. (© El País / Bernardo Pérez).

María del Carmen Rodríguez acaricia a su hijo adoptivo, David. (© El País / Cristóbal Manuel).

Isabel Pacheco, con siete de sus hijos, asegura que alumbró a gemelas y nunca las vio. (© El País / Santos Cirilo).

Jaime Ledesma, mediador entre madres e hijos. (© El País / Cristóbal Manuel).

Carmen Torres lleva toda la vida buscando a su hermana. (© El País / Luis Sevillano).

Eva María García: «No voy a dejar de buscar nunca a mi hermano». (© El País / Pérez Cabo).

Mar Soriano no se cree que su hermana Beatriz muriera de «otitis». En la foto, con la argentina Carla Artés, primera niña recuperada por la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo. (© El País / Álvaro García).

Un grupo de afectados ante la Fiscalía General del Estado. (© El País / Uly Martín).

JESÚS DUVA (Tordesillas, Valladolid, 1954). Es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es redactor jefe del suplemento «Domingo» de El País. Con anterioridad fue redactor jefe y editor de la sección de Información Local y Regional de Madrid, y previamente corresponsal de Interior. Comenzó su carrera en el extinto diario Pueblo como reportero, desde allí pasó al diario Ya como jefe de la sección de Sucesos, Terrorismo y Orden Público. Es profesor de Investigación y Reporterismo en la Escuela de Periodismo El País-Universidad Autónoma, además de coautor de los libros Fugitivos y Los sucesos de El País. Es autor de Emboscada en Fago (2007) y de El Solitario (Aguilar, 2009).

NATALIA JUNQUERA (A Coruña, 1981). Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y máster de Periodismo de El País-UAM. Ha trabajado en radio (Cadena SER), en televisión (Antena 3) y en prensa (La Voz de Galicia) antes de incorporarse a El País, donde desde el año 2006 ha rescatado las historias de más de un centenar de víctimas de la represión franquista. Además, Junquera ha publicado libros de ensayo periodístico como Vidas robadas o Valientes.