El mayor fresco sobre la economía en la sombra que mueve el 20 % de los negocios mundiales.

A lo largo de una difícil y larga investigación que ha durado tres años, el periodista de la BBC y de The Guardian Misha Glenny ha hablado con innumerables gánsteres, policías y víctimas, al tiempo que exploraba la feroz demanda de drogas, mujeres, armas y trabajo ilegal en los cinco continentes. El presente libro reúne y conecta historias de pistoleros de Ucrania, blanqueadores de dinero de Dubái, estafadores de Nigeria, miembros del sindicato de las drogas de Colombia y Canadá, cibercriminales de Brasil o traficantes de personas de China (con ramificaciones en España). Al tiempo que desvela esta realidad, McMafia plantea una profunda reflexión sobre los abismos de la globalización, en los que las líneas que separan lo legal de lo ilegal son cada vez más difusas.

Misha Glenny

McMafia

Un viaje a los bajos fondos globales

ePub r1.1

Titivillus 23.02.2021

Título original: McMafia

Misha Glenny, 2008

Traducción: Joan Trujillo Parra & Albert Vitó i Godina

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Nota del traductor:

Joan Trujillo desea expresar su más sincero agradecimiento a Pol Bosch, Juliette Ruë, Sergi Arteaga, Carles Sierra y Víctor Franco.

PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN
DE MCMAFIA

McMafia es un libro y una serie de televisión. La serie es de ficción, todo lo contrario que el libro, pero los dos están íntimamente relacionados. Aunque los protagonistas de la serie son fruto de la imaginación, igual que muchas de las tramas argumentales, se trata de proyecciones auténticas de los personajes que llegué a conocer durante la investigación que llevé a cabo para escribir el McMafia original y en los años siguientes, en los que me dediqué a explorar otros aspectos del crimen organizado mundial.

Pocos autores de ensayo se embarcan a escribir un libro con la esperanza de que llegue a convertirse en una película o serie televisiva. Los relatos de la vida real tienden a ser demasiado retorcidos, a serpentear revolviéndose con giros extraños y a meterse por callejones sin salida para encajonarlo todo en los parámetros de esos otros medios, sobre todo en el de la ficción. En realidad, me parece que los escritores de no ficción de algún modo envidiamos a los novelistas, porque cuando nosotros nos vemos obligados a ceñirnos a unos hechos que puedan enrarecer la narrativa, los novelistas pueden inventarse lo que más les interese según el momento.

Mientras escribía el libro, McMafia, pensaba que el producto final podía resultar interesante como materia prima para un documental. De hecho, en varias ocasiones surgieron productoras que intentaron vender la idea a alguna cadena, pero siempre surgía un motivo u otro por el que las negociaciones no llegaban a término. A pesar de ese interés previo, me sorprendió que una productora cinematográfica británica pagara por tener la opción preferente a los derechos poco después de que se publicara el libro, con el objetivo de evitar que otra compañía o cadena de televisión pudiera adelantarse. Durante ese período de tiempo, los propietarios de la opción se dedican a explorar las posibilidades de encontrar un guionista adecuado, un buen director y, lo más importante de todo, el presupuesto necesario para convertir el proyecto en una película o en una serie televisiva.

Mis amigos, colegas y agentes ya me habían advertido que desde el campamento base que supone la opción a compra, a la cima del Everest que es la realización y difusión de una película o serie, el viaje siempre es largo y arduo. Es como si en una partida de «Serpientes y escaleras» hubiera quince veces más serpientes que escaleras.

Y sí, muchos de los estereotipos de ese nuevo mundo que empezaba a descubrir demostraron ser ciertos: realmente es una fábrica de sueños. Perdí la cuenta de las veces que me dijeron que el libro era «increíble», «maravilloso» o «rompedor», todo el mundo me adoraba y en una ocasión incluso me llevaron en avión a Los Ángeles, para cenar en un restaurante espectacular y anunciarme solemnemente que McMafia se convertiría en un gran éxito de la televisión estadounidense. De hecho, eso fue lo último que oí al respecto. Como muchos de los que conocemos mínimamente esta industria, me pierdo cada vez que intento comprender cómo funciona el lado económico.

Asumir que la serie jamás llegaría a ser una realidad me ayudó a no caer en la decepción cada vez que surgía un obstáculo que anulaba el proyecto. A principios de 2013, otra cadena estadounidense se puso en contacto conmigo para ofrecerme una cantidad importante de dinero, aunque no era sólo a cambio de la opción a los derechos televisivos, sino también a todos los derechos sobre el libro de forma completa y a perpetuidad. No era precisamente un gran trato, pero tampoco había llegado a creer jamás que el libro acabara transformándose en una serie de ficción, por lo que estuve a punto de firmar. En esta tesitura, dos británicos (el escritor Hossein Amini y el director James Watkins) se pusieron en contacto conmigo para proponerme que colaborara con ellos en la creación de una serie de televisión basada en el libro. Los dos tenían mucha experiencia en el mundo del cine y un alto grado de valoración en los estudios. Hoss estuvo nominado para un Óscar por el guion de la novela de Henry James Las alas de la paloma y también había escrito para Hollywood, entre otras, la extraordinaria película Drive. Por su parte, James había dirigido The Woman in Black y Eden Lake, y el guion de esta última también era suyo. El pedigrí era importante, y como muchos otros creativos con experiencia cinematográfica, los dos estaban interesados en emprender una aventura televisiva.

La televisión es el nuevo Hollywood. En la actualidad, estamos siendo testigos de lo que cierta gente denomina «la batalla de las plataformas», en la que HBO, Showtime, Netflix, Amazon, la BBC, Canal+, y varias cadenas escandinavas, por nombrar unas cuantas, se pelean por ver qué modelo seducirá a más espectadores y conseguirá imponerse sobre las demás. A consecuencia de eso, las cadenas están invirtiendo enormes sumas de dinero en lujosas producciones televisivas, hasta el punto de que al espectador a menudo le resulta difícil elegir qué será lo que verá a continuación.

Sin embargo, también es cierto que existe una diferencia fundamental entre la producción televisiva y la cinematográfica. En Hollywood, el director es el rey, mientras que en televisión, el guionista es, sin lugar a dudas, el eslabón más importante de la cadena. Si Hoss y James crearan una gran serie de televisión, serían los miembros más decisivos del equipo. Cinco minutos después de conocerlos, quedé convencido de que, tanto si conseguían vender la idea de McMafia a una cadena como si no, me apetecía trabajar con ellos.

Con la ayuda de Nick Marston (que además de ser mi agente es la persona que desde el primer momento creyó en las posibilidades de McMafia como serie de ficción) y de Dixie Linder (de la productora cinematográfica Cuba Productions), la BBC quedó convencida enseguida con el planteamiento de Hoss y James. Yo sabía que cualquier ficción derivada de McMafia implicaría la creación de nuevos personajes, pero lo que más me impresionó de Hoss y James fue hasta qué punto comprendían y apreciaban el mundo que yo había estado intentando plasmar en el libro. De inmediato quedó claro que la autenticidad era una característica de enorme importancia en cualquier producción televisiva en la que ellos participaran. Por este motivo querían que no sólo ejerciera de asesor principal, sino también que colaborara activamente en el proyecto.

Desde el momento en que la BBC encargó la serie, me impliqué en el proyecto para llevar a cabo la extraordinaria visión que propusieron Hoss y James. He participado en las sesiones de guion, a las que se sumaron tres guionistas de gran talento: Laurence Coriat, David Farr y Peter Harness, que contribuyeron a pulir el viaje narrativo y emocional de los protagonistas. Fue un privilegio excepcional asistir a una clase magistral en el arte del guion televisivo.

Me alegro de poder decir que algunas de las historias incluidas en el libro original han conseguido llegar a la serie televisiva de maneras distintas.

Lo que leeréis en este libro no es la historia de ficción fascinante que crearon Hoss y James. McMafia, el libro, es la historia real. Los personajes son reales y sus vivencias, también.

INTRODUCCIÓN

Era la noche del 30 de abril y la primavera había llegado a Woking, en el condado de Surrey. Barnesbury Estate no es una zona residencial de lujo, aunque en esa parte del sur de Inglaterra no escasean los vecinos con aspiraciones. A la caída del atardecer en Willow Way —una tranquila calle de viviendas con grandes balcones— los coches ya estaban aparcados en los garajes y las familias cenaban ante el televisor para no perderse detalle de la programación nocturna del sábado.

A las nueve en punto, un hombre bajó de su Toyota rojo frente al número 31. Con una caja azul y blanca en la mano, anduvo hasta la entrada de la casa y llamó a la puerta. En el interior, Karen Reed, una geofísica de treinta y tres años de edad que se ganaba la vida analizando datos sísmicos, estaba tomando una copa de vino blanco mientras charlaba con un amigo cuando oyeron por la ventana una voz que sonaba ahogada por un pañuelo: «¿Han pedido una pizza?». Cuando Karen abrió la puerta, el repartidor sacó una pistola de calibre 38 y le disparó varios tiros a la cabeza de forma tan tranquila como resuelta. Acto seguido, volvió corriendo al coche y se marchó.

Karen Reed no era la persona a la que aquel pistolero pretendía asesinar, pero el error tenía una explicación. El verdadero objetivo era la hermana de Karen, Alison Ponting, productora del World Service de la BBC, que entonces vivía con Karen pero que aquella noche había salido. El asesinato había sido instigado, probablemente, por Djokar Dudayev, presidente de la República de Chechenia. En 1986 Alison se había casado con Gacic Ter-Oganisyan, un armenio regordete y encantador al que había conocido un par de años antes cuando estudiaba ruso en la universidad. Aquel enlace desencadenó una sucesión de acontecimientos improbables que, ocho años después, llevaron hasta la apacible ciudad dormitorio de Woking el torbellino de muertes, imperialismo, guerra civil, petróleo, gansterismo y lucha nacionalista conocido como Cáucaso Norte.

Un año y medio antes del asesinato de Karen, los hermanos Ruslan y Nazarbeg Utsiev llegaron a Londres enviados por el presidente Dudayev para efectuar las disposiciones necesarias para la impresión de los pasaportes y billetes de banco del nuevo Estado checheno. El volátil Ruslan era el consejero en quien más confiaba Dudayev y formaba parte de la línea dura de una Administración que se encontraba muy dividida. Su hermano era experto en artes marciales y matón a sueldo. Además de la misión pública de imprimir los documentos del espurio Estado checheno, tenían algunos otros cometidos: obtener en préstamo de un empresario estadounidense 250 millones de dólares para la modernización de las enormes refinerías petroleras de Chechenia; ultimar las negociaciones con la compañía energética alemana Stinnes AG para empezar a vender rápidamente petróleo checheno a precios de mercado; y, como descubrieron los investigadores posteriormente, adquirir dos mil misiles tierra-aire Stinger. Para emprender operaciones tan complejas como éstas, los representantes del Gobierno checheno necesitaban a un intérprete experimentado y que les ayudase a resolver todo tipo de problemas. Ruslan recordaba que en una ocasión le había entrevistado una productora de la BBC, Alison Ponting, y acudió a ella. Alison recomendó a su esposo, Ter-Oganisyan, tal vez con la esperanza de que éste consiguiera un empleo de provecho.

Durante la época en que vivió en Londres, el esposo armenio de Alison se había convertido en un buscavidas consumado. Ter-Oganisyan trapicheaba por aquí y por allá: se dedicó al contrabando, fundó empresas fantasma para blanquear dinero y, cuando sus incipientes actividades delictivas no daban dinero, asumía algún empleo legal de poca monta. Al principio aquellos tres hombretones del Cáucaso se llevaban de maravilla y celebraban estridentes fiestas en compañía de una legión de prostitutas. No es sorprendente que Alison estuviese cada vez más furiosa por el comportamiento de su marido y los dos chechenos; también lo estaban los acaudalados ocupantes de Bickenhall Mansions, el bloque de viviendas situado a un tiro de piedra del 221 de Baker Street, el famoso domicilio de Sherlock Holmes, donde los hermanos Utsiev habían encontrado un apartamento.

Pasado un tiempo, las relaciones entre el armenio y los chechenos se agriaron. Posteriormente el Ministerio Fiscal inglés afirmó que Ter-Oganisyan había descubierto que Azerbaiyán iba a utilizar los misiles Stinger contra su propio país, Armenia. También se barajó una segunda teoría, según la cual los Stinger se iban a desplegar en Chechenia, pacto que Ter-Oganisyan y los hermanos Utsiev habrían roto por cuestiones de dinero. Lo que es seguro es que Ter-Oganisyan informó a altos oficiales del KGB armenio acerca de las actividades de los Utsiev y que enviaron un par de asesinos a sueldo a Londres desde Los Angeles, el centro de la diáspora armenia en Estados Unidos. Los hermanos Utsiev fueron asesinados de forma truculenta (el cuerpo de Ruslan fue descuartizado y sólo se descubrió el crimen al caerse parte del cuerpo de un paquete que estaba siendo transportado hacia el suburbio de Harrow, al norte de Londres). Ter-Oganisyan fue sentenciado a cadena perpetua por dichos asesinatos, mientras que otro acusado, que era oficial del KGB de Armenia, se ahorcó en la prisión de Belmarsh antes de que se celebrase el juicio.

Me quedé estupefacto cuando me enteré de este caso, entre otras cosas porque descubrí que el padre de Alison y Karen era David Ponting, mi viejo profesor de teatro de la Universidad de Bristol. La puesta en escena de Dylan Thomas que realizó en solitario me causó una honda impresión durante mis estudios de licenciatura. David me enseñó producción de radio, algo que posteriormente puse en práctica como corresponsal de la BBC en Europa central.

Tras el asesinato de Karen, Alison aceptó entrar en un programa de protección de testigos. Privado de sus hijas, David se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como actor una temporada. Después también optó por desaparecer del mapa.

La familia Ponting era gente afable y sin pretensiones. Cuesta imaginar a unas personas con menos probabilidades de enredarse en un asesinato político de la mafia de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, como señaló uno de los investigadores del caso, «de repente estábamos lidiando con delitos y cuestiones políticas de una parte del mundo de la que, para ser sinceros, nadie de la policía metropolitana ni de Surrey había oído hablar. Francamente, íbamos a la deriva».

En todo el mundo estaba produciéndose un nuevo fenómeno: los Estados fallidos. Y sus retoños habían visitado el Reino Unido por primera vez.

El orden posterior a la segunda guerra mundial comenzó a derrumbarse durante la primera mitad de los años ochenta. Su disolución no siguió ningún patrón evidente, sino que cobró la forma de una serie de sucesos aparentemente dispares: el espectacular auge de la industria automovilística nipona, el acercamiento clandestino de la Hungría comunista al Foro Monetario Internacional (FMI) para sondear una posible solicitud de entrada, el estancamiento de la economía india, los primeros y muy discretos contactos del presidente F. W. de Klerk con Nelson Mandela en la cárcel, el advenimiento de las reformas de Deng Xiaoping en China, el decisivo enfrentamiento de Margaret Thatcher con el movimiento sindical británico.

Por separado, estos y otros acontecimientos parecían reflejar los altibajos diarios del mundo político; en el peor de los casos eran ajustes del orden mundial. En realidad, bajo la superficie circulaban unas fuertes corrientes que habían provocado cierto número de crisis y de oportunidades económicas, especialmente fuera de las grandes ciudadelas del poder de Europa occidental y Estados Unidos, que iban a tener profundas consecuencias en la emergencia de lo que hoy denominamos globalización.

Se produjo simultáneamente una tendencia cuyas raíces estaban firmemente ancladas en Estados Unidos y en su principal aliado europeo, el Reino Unido: el mundo daba sus primeros pasos hacia la liberalización de los mercados internacionales financieros y de productos y servicios. Las grandes empresas y entidades bancarias norteamericanas y europeas habían comenzado a abrir mercados que, hasta entonces, mantenían un estricto control sobre las inversiones extranjeras y el cambio de divisas. Luego llegó la caída del comunismo en 1989, primero en la Europa del Este y luego en la poderosísima Unión Soviética. Desprovisto de ideas, de dinero y de esperanzas de ganar la carrera por la superioridad tecnológica, el comunismo no tardó años, sino días, en esfumarse de la faz de la Tierra. Fue un acontecimiento monumental que se fundió con los procesos de la globalización y desencadenó un aumento exponencial de la economía sumergida. Estos formidables cambios económicos y políticos afectaron a todos los rincones del planeta.

En términos globales, existía un importante crecimiento mundial en el comercio, la inversión y la creación de riqueza. Ésta, sin embargo, estaba distribuida de forma muy desigual. Innumerables Estados se vieron abocados al purgatorio que se conoció como «transición», un territorio cuyas fronteras cambiaban sin cesar. En esos barrizales, la supervivencia económica a menudo pasaba por asir un arma y robar lo que se pudiese.

Por supuesto, para Occidente la caída del comunismo fue una gran victoria que puso de relieve la superioridad en todos los aspectos de las democracias sobre las dictaduras comunistas. Europa celebró la unificación de Alemania y la liberación de muchos países de la Europa del Este.

La nueva Rusia, al parecer, estaba dispuesta a ceder de buen grado su dominio militar de la región y a desmantelar el antiguo rival de la OTAN, el Pacto de Varsovia. Tras un período inicial en que se mostró reacio a ello, el Gobierno de Moscú terminó permitiendo a los demás pueblos de la moribunda Unión Soviética formar sus propios Estados independientes y hacer realidad sus aspiraciones nacionales.

Visto en perspectiva, éste fue el punto álgido de mi vida. Durante mi adolescencia había entrado en organizaciones occidentales que apoyaban a la maltrecha oposición de la Europa del Este, como el movimiento polaco Solidaridad o el checo Charta 77. Hice de todo, desde traducir documentos hasta cruzar el Telón de Acero para llevar clandestinamente fotocopiadoras a piezas a los disidentes. Así, cuando estuve a menos de cinco metros de los grandes líderes morales de Checoslovaquia, Vaclav Havel y Alexander Dubcek, durante el discurso público que pronunciaron desde un balcón de la plaza Wenceslao de Praga, en noviembre de 1989, sentí a la vez una gran realización personal y cierto optimismo prudente sobre el futuro de Europa y del mundo.

No obstante, la euforia inicial no tardó en quedar empañada por indicios —procedentes de lugares más bien oscuros— de que el recién nacido mundo de paz y democracia tal vez tendría que superar ciertos problemas. De algunos rincones muy remotos del Cáucaso, en la frontera meridional de Rusia, llegaban informes esporádicos sobre combates. En ciertos lugares de África, como Angola, guerras que habían empezado como conflictos entre fuerzas pro estadounidenses y fuerzas pro soviéticas no terminaron como la Guerra Fría; en todo caso, se intensificaron. Luego la antigua Yugoslavia se sumió en una sangrienta guerra civil que planteó a la nueva Europa unida un desafío que no supo en modo alguno cómo afrontar.

Las nuevas circunstancias dejaban fuera de juego a las viejas instituciones internacionales. Todo el mundo tenía que improvisar y nadie terminaba de saber qué consecuencias entrañaban los propios actos.

En este vertiginoso torbellino de agitación, esperanzas e incertidumbre, cierto grupo de personas vislumbró una gran oportunidad. Estos hombres (y, en muy pocos casos, mujeres) comprendieron de forma instintiva que la combinación del ascenso del nivel de vida en Europa, el incremento del comercio y la menor capacidad policial de muchos Gobiernos era una mina. Eran delincuentes, organizados y desorganizados, pero también eran buenos capitalistas y empresarios emprendedores, ansiosos por obedecer la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, valoraban las economías de escala de la misma forma que las multinacionales, de forma que buscaron socios y mercados en nuevos continentes para desarrollar unas industrias exactamente igual de cosmopolitas que Shell, Nike o McDonald’s. Los primeros lugares en que emergieron fueron Rusia y la Europa del Este, pero también ejercían influencia en lugares tan distantes como India, Colombia y Japón. Los detecté a principios de los años noventa mientras cubría la guerra de la ex Yugoslavia como corresponsal de la BBC en Europa central. El botín que las unidades paramilitares se llevaron consigo tras destruir ciudades y pueblos en Bosnia y Croacia se empleó como capital para fundar enormes imperios criminales. Los jefes de estas organizaciones se enriquecieron muy rápidamente. Pronto fundaron franquicias de contrabando que desde todo el mundo enviaban productos y servicios ilícitos hacia el paraíso del consumo que era la Unión Europea.

Como periodista especializado en los Balcanes, me invitaban con frecuencia a participar en conferencias sobre las cuestiones políticas que habían desencadenado las desastrosas guerras de esa región. No pasó mucho tiempo antes de que se me invitara a reuniones sobre cuestiones de seguridad.

Políticos, autoridades policiales y organizaciones no gubernamentales (ONG) querían entender qué había detrás del inmenso poder del crimen organizado en los Balcanes y más allá de ellos. La mayor parte de lo que se sabía acerca de la mafia global era, en el mejor de los casos, anecdótico. Nadie había atado cabos de momento.

Al principio estudié las redes y los motivos de los grupos delictivos de los Balcanes, pero al cabo de poco me di cuenta de que, para entender la delincuencia de allí, tendría que llevar mi investigación a otros lugares del mundo: los que generan los productos con los que se trafica, como Rusia, Sudamérica, África, India y China; y los que los consumen, como la Unión Europea, Norteamérica, Japón y Oriente Medio. Entre las múltiples consecuencias del colapso soviético se hallaba la aparición de un nuevo cinturón de inestabilidad que surgió en los Balcanes y se extendió por el Cáucaso, por los llamados «istanes» del Asia central soviética, la frontera occidental de China y la noroeste de Pakistán.

Ésa era la nueva ruta de la seda, una amplísima autopista de la delincuencia que conectaba el cinturón con otras regiones plagadas de problemas, como Afganistán. Por esta ruta era posible transportar ágil y rápidamente a personas, narcóticos, divisas, animales de especies en peligro de extinción y maderas preciosas hacia Europa y Estados Unidos.

Este amasijo de nuevos Estados inciertos situado en la periferia meridional del antiguo imperio ruso nació justo cuando el proceso de globalización comenzaba a acelerar. En el instante en que empezó a librarse la lucha por el poder en la nueva ruta de la seda, la necesidad de dinero para comprar influencias políticas se volvió más intensa que nunca. Quien tuviera ambición en los Estados fallidos precisaba esta anárquica extensión de territorio para tres transacciones relacionadas entre sí: poner a buen recaudo el dinero en los bancos y el mercado inmobiliario occidental; vender productos y servicios en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón; comprar y vender armas en la antigua Unión Soviética y exportarlas a los puntos calientes del planeta.

«Entre 1993 y 1994 comencé a trabajar en los cuerpos de seguridad del Estado sabiendo que la globalización comenzaba a influir en muchísimos ámbitos», me explicó Jon Winer en su lujoso despacho situado a un par de manzanas de la Casa Blanca. Winer fue el arquitecto de la estrategia de la Administración Clinton contra la delincuencia organizada e identificó estas tendencias antes que la mayoría de la gente. «El paradigma era El Salvador —continuó—. Después de la guerra, la gente decidió usar las armas para ganar dinero en bandas de delincuentes. Y luego vimos que los paramilitares de derechas y las guerrillas de izquierdas comenzaban a ¡colaborar! Robos de coches, viviendas, secuestros…»

Winer había tropezado con una piedra que todavía obstaculiza el camino de las iniciativas de paz para poner fin a las guerras que asolan a los Estados fallidos. Cuando los diplomáticos consiguen detener los combates, se enfrentan con una economía en ruinas y una sociedad dominada por jóvenes llenos de testosterona que, tras acostumbrarse a ser omnipotentes, se encuentran de repente en el paro. Para lograr una estabilidad duradera hay que darles empleos útiles que los mantengan ocupados. Si no, la tentación de reasociarse en forma de bandas delictivas es irresistible. Vistos en retrospectiva —razonaba Winer—, El Salvador y otros conflictos de los años ochenta eran un juego de niños comparados con los que iban a deparar los años noventa: «Las principales fuentes de ingresos en El Salvador no eran las drogas ni el robo de coches. En cambio, en los Balcanes y el Cáucaso la mayor fuente de ingresos de la sociedad es de tipo criminal. ¡Un modelo bien distinto!».

La intensificación de los vínculos entre las distintas partes del mundo en proceso de globalización ha magnificado el impacto de las inmensas perturbaciones que ha registrado el orden internacional, como el colapso de la Unión Soviética. Y durante los primeros años después de este suceso, nadie tenía la menor idea de qué consecuencias tendría de verdad la súbita inyección de enormes sumas de riqueza mineral y dinero sucio en la economía legítima y en la sumergida. Quienes percibían ciertos cambios en el funcionamiento del mundo a menudo se quedaban abrumados ante lo que veían. ¿Qué iba a saber acerca de las luchas intestinas del Cáucaso un policía cuya misión era patrullar las calles arboladas de Woking?

El mundo académico y los investigadores han dedicado una energía considerable a comprender el proceso de la globalización «lícita», un proceso que en gran parte está regulado y es cuantificable. Pero desde la liberalización de los mercados internacionales financieros y de productos de consumo, por un lado, y la caída del comunismo, por el otro, la economía sumergida ha pasado a representar un porcentaje mucho mayor del PIB del planeta: según las cifras del FMI, del Banco Mundial y de instituciones de investigación europeas y norteamericanas, hoy constituye entre un 17 y un 25 % de la facturación mundial.

En estas cifras se incluye, por supuesto, una amplia variedad de actividades ilícitas, como el fraude fiscal, que no pueden atribuirse al crecimiento de las conspiraciones delictivas transnacionales. Pero dado que la economía sumergida se ha convertido en una fuerza económica tan poderosa en nuestro mundo, resulta sorprendente que dediquemos tan pocas energías a comprender de forma sistemática cómo funciona y qué relación guarda con la economía lícita. Este mundo sumergido no es en ningún modo distinto del otro, el que se encuentra bajo la luz del sol, y que, además, con frecuencia no es tan transparente como sería de esperar o de desear. El mundo delictivo está mucho más cerca de lo que creemos de las actividades bancarias y del comercio de productos.

Esta ingente área económica es un pantano repleto de nutrientes ricos en proteínas que alimentan toda una serie de problemas de seguridad. Sin ningún género de dudas, el terrorismo internacional bebe de las mismas fuentes, aunque en función de las muertes y el sufrimiento que causa, el terrorismo es una forma de vida primitiva y relativamente insignificante. El crimen y la lucha por el dinero y por el poder político han resultado incomparablemente más dañinos durante las últimas dos décadas.

La enorme concentración de recursos en la lucha contra el terrorismo a expensas de otros problemas de seguridad es consecuencia de una mala gestión crónica, especialmente durante la Administración del presidente George W. Bush. Es sorprendente que, en todos los sondeos de opinión realizados en Irak desde la invasión, la corrupción y el crimen hayan compartido con el terrorismo el primer puesto en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Cuando este último problema pierda intensidad, los otros dos continuarán durante mucho tiempo dejando notar sus efectos, y no sólo en Irak, sino en todo Oriente Medio.

Desde los Balcanes, que conozco bien, me embarqué en un viaje por todo el mundo para reconstruir la historia del increíble auge que han protagonizado la delincuencia organizada y la economía sumergida durante los últimos veinte años. En mi periplo conocí a personajes fascinantes dotados de una gran inteligencia, vitalidad, valentía, ingenio y temple. Muchos eran delincuentes, algunos eran víctimas, otros políticos, policías o abogados. Casi todos me contaron encantados unas historias extrañas, terroríficas y, a veces, muy divertidas. Dada la naturaleza del tema, la mayoría sólo estaban dispuestos a hablar desde el anonimato, por lo que muchos nombres aparecen cambiados. Me gustaría agradecer a todos aquellos que he entrevistado y consultado el tiempo que me han dedicado y la valiosa información que me han revelado.

Espero que sus historias contribuyan a resolver el rompecabezas de cómo encaja el crimen organizado en un planeta globalizado. También espero que den algunas pistas sobre cómo pueden los políticos y las fuerzas policiales afrontar estos problemas para impedir que hombres y mujeres como Karen Reed mueran a manos de este mundo de sombras.

PRIMERA PARTE
La caída del Comunismo

Rutas de contrabando en los Balcanes durante la década de 1990.

1

MUERTE DE UN ESTADOUNIDENSE

Las campanas doblaron sin interrupción durante quince minutos mientras el ataúd era transportado hasta la catedral de Santa Nedelya. La procesión iba encabezada por el patriarca máximo de la Iglesia Ortodoxa búlgara, seguía un cortejo fúnebre de varios miles de personas. Parecía como si toda la ciudad de Sofía hubiese comparecido aquel gélido viernes de marzo de 2003 a presentar sus últimos respetos a Ilya Pavlov, el hombre que para ellos era la personificación de los años noventa. Al final de la misa, treinta hermanos de la logia masónica a la que pertenecía el difunto, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, cerraron las puertas de la catedral. Con sus trajes de color negro azabache y ramos de flores blancas en las manos, dichos hombres celebraron un ritual secreto para desear buen viaje al «hermano Pavlov hacia el Eterno Oriente». Su abrigo, sus guantes y el emblema de la logia «acompañaron al hermano Pavlov al encuentro con el Gran Arquitecto del Universo».

Un ministro del Gobierno presentó un mensaje del primer ministro, Simeón de Sajonia-Coburgo. Antiguo rey de Bulgaria, el enjuto y elegante Simeón renunció a sus aspiraciones al trono del país y, con el lema de sacar a Bulgaria de la ciénaga en que se había hundido a finales de los noventa, se presentó con su partido político a las elecciones de 2000, en las que se impuso con una apabullante victoria. «Recordaremos a Ilya Pavlov —decía el mensaje de condolencias del antiguo rey—, porque creó empleos para muchas familias en unos momentos difíciles para el pueblo. Lo recordaremos por su espíritu emprendedor y por su extraordinaria energía.»

Parlamentarios, artistas, patrones de las principales compañías petroleras y entidades bancarias, dos antiguas Miss Bulgaria, el equipo de fútbol Levski al completo (para los búlgaros equivaldría a una fusión del FC Barcelona y el Real Madrid) expresaron su pésame a la familia Pavlov. De la misma forma, a la ceremonia se sumó otro grupo prominente de conocidos del difunto que los búlgaros tienden a conocer por sus apodos: el Cráneo, el Pico, Dimi el Ruso y el Doctor. La ausencia más destacable fue la del embajador estadounidense en Bulgaria, Jim Pardew. La embajada emprendió una investigación urgente una semana antes, el 7 de marzo, cuando un francotirador abatió de un disparo certero a Pavlov, a las ocho menos cuarto de la noche, mientras hablaba por teléfono en las inmediaciones de la sede de Multigroup, su gran grupo corporativo.

El asesinato de un ciudadano estadounidense tan eminente y acaudalado en territorio extranjero normalmente habría sido un hecho preocupante para Estados Unidos y sus representantes. Aunque Pavlov nunca habría podido llegar a la Casa Blanca, ya que no había nacido en Norteamérica, no dejaba de ser un destacado soldado del poderoso ejército de emigrantes que habían obtenido la nacionalidad estadounidense. El único aspecto curioso de las aspiraciones de Pavlov a lograr la ciudadanía de Estados Unidos era que dos embajadores sucesivos del país en Bulgaria se habían opuesto a tal concesión. Ambos diplomáticos acudieron personalmente a Washington para tratar de impedir que Pavlov entrase siquiera en Estados Unidos, por no hablar de que le otorgaran la ciudadanía. Pese al incremento de la seguridad posterior al 11de septiembre y a que el FBI había investigado las actividades de Pavlov, las autoridades de inmigración le expidieron un pasaporte estadounidense.

Durante los años setenta y ochenta, sólo Rumanía y Albania superaban a Bulgaria en la lista de los lugares más miserables y deprimentes de Europa. Recuerdo haber vagado por las calles de Sofía entre la niebla cruzando de un tono de gris al siguiente en busca de un restaurante o un café en el que aliviar mi aburrimiento. Al ser extranjero y periodista, la hospitalidad que me brindaban las autoridades incluía como mínimo a dos miembros del DS (el servicio búlgaro equivalente al KGB) que me pisaban los talones por todas partes. Su presencia era una garantía de que, en las escasas ocasiones en que consiguiese entablar conversación con algún ciudadano búlgaro de a pie, como máximo podría aspirar a charlar del tiempo. Sin embargo, poco a poco fui comprendiendo que por debajo de esta apariencia moribunda había brotes de actividad, algunos de ellos bastante vigorosos, que daban lugar a modos de vida más interesantes: no el doloroso martirio de los intelectuales y los disidentes que luchaban valerosamente contra la injusticia del comunismo, sino los personajes que, gracias a la suerte o a la casualidad, encontraban la forma de amoldar ciertas partes del ecosistema comunista a su conveniencia.

Durante los años setenta, cuando era adolescente, Ilya Pavlov gozaba de una habilidad que le hizo destacar por encima de todos sus compañeros: sus dotes para la lucha libre, deporte en el que fue campeón de Bulgaria en su categoría. Si hubiera sido muy inteligente o hubiese resultado un excelente guitarrista de rock, Ilya podría haber tenido problemas, porque estos talentos suelen conducir a los jóvenes por el camino de la rebelión y la desobediencia. Pero en Bulgaria los grandes héroes no eran los jugadores de fútbol ni de tenis, sino los forzudos. Antes de la caída del comunismo, la halterofilia, la lucha libre y el boxeo se hallaban bajo el dominio de los países del Este, que tenían por costumbre llenar de esteroides hasta las cejas a sus deportistas más prometedores para encumbrarlos a la gloria olímpica.

Las estrellas de la lucha libre, que a pesar de su teórica condición de amateurs eran enteramente profesionales, podían contar con la aclamación pública (con ventajas añadidas, como sexo sin complicaciones y a raudales), dinero, un apartamento y un automóvil (si bien estos dos últimos beneficios sólo estaban al alcance de los jóvenes más prometedores). Pavlov debió de preverlo cuando fue elegido para entrar en el Instituto de Cultura Física de Sofía, la fábrica de futuros campeones olímpicos de Bulgaria. Ilya partía con doble ventaja porque su padre llevaba un restaurante y un bar en Sofía, y él trabajaba allí. «En aquella época, ser barman o camarero te otorgaba un estatus social considerable —explicó Emil Kyulev, que coincidió con él en el instituto—. Pasaba tiempo con muchos tipos duros y la gente lo miraba con respeto. De aquella forma entró también en contacto con los servicios de seguridad.» Para un joven como Pavlov, tan lleno de energía como falto de educación, el DS no era el instrumento orwelliano de represión que tenía en mente la población de la Europa capitalista. Para algunos búlgaros era una forma rápida de acceder al estatus y a las influencias políticas. Si es cierto que, como sostiene mucha gente, Pavlov fue un confidente del DS, podía esperar recompensas a cambio. La más importante llegó en forma de una bella joven, Toni Chergelanova, que en 1982 aceptó su propuesta de matrimonio. Pero lo mejor de casarse con Toni era emparentarse con su padre, Petur Chergelanov, que trabajaba para los servicios de seguridad del Estado. Con ese matrimonio, Ilya había accedido a la nobleza de la policía secreta.

El Servicio de Seguridad del Estado Búlgaro gozaba de una estima especial por parte de sus jefes soviéticos gracias a su eficacia y a su fiabilidad. Normalmente era invisible, y en las pocas ocasiones en que salía a la luz pública nunca fallaba: por ejemplo, el DS obró la muerte del disidente búlgaro Georgi Markov, que fue asesinado con un paraguas de punta envenenada mientras cruzaba el puente de Waterloo en 1978, cuando trabajaba en Londres para la BBC.

La eliminación de enemigos del Estado al estilo de los relatos de John Le Carré no era más que la guinda del pastel. La actividad más importante y lucrativa del servicio secreto búlgaro era el contrabando de drogas, armas y tecnología punta. «El contrabando es nuestro patrimonio cultural —me dijo Ivan Krastev, un destacado politólogo de Bulgaria—. Nuestro territorio siempre ha estado encajonado entre grandes bloques ideológicos: la religión ortodoxa y la católica, el islam y el cristianismo, el capitalismo y el comunismo. Imperios llenos de desconfianza y hostilidad mutuas, pero poblados por mucha gente que quiere entablar relaciones comerciales al otro lado de las fronteras prohibidas. En los Balcanes sabemos cómo hacer que estas fronteras desaparezcan. Sabemos cruzar los mares más embravecidos y las montañas más escarpadas. Conocemos todos los pasos secretos o, en su defecto, el precio de cada guarda fronterizo.»

Investido con el poder del Estado totalitario, el DS aprovechó a fondo esta tradición romántica. Ya en los años sesenta fundó una empresa denominada Kintex que explotó en monopolio la exportación de armas de Bulgaria y abrió mercado en regiones en conflicto, como Oriente Medio y África. A finales de los setenta, el DS amplió Kintex con el establecimiento del Consejo de «Tránsito Clandestino», cuya función principal era hacer llegar armas a grupos insurgentes africanos, aunque sus canales no tardaron en utilizarse para el tráfico ilegal de personas, drogas e incluso antigüedades y obras de arte. Otras empresas se especializaron en el comercio de Kaptagon, la anfetamina originaria de Bulgaria, con Oriente Medio, donde alcanzó una enorme popularidad a causa de sus presuntas propiedades alucinógenas. En la otra dirección, aproximadamente un 80 % de la heroína destinada al mercado de Europa occidental pasaba por Bulgaria y, concretamente, por las manos del DS, adonde llegaba desde Turquía por el paso fronterizo de Kapetan Andreevo. Con este comercio Bulgaria no sólo logró ganar mucho dinero, sino también erosionar a la Europa capitalista inundándola de heroína barata.

Gracias al DS, Bulgaria desempeñó un papel fundamental en la distribución de productos y servicios ilegales entre Europa, Oriente Medio y Asia central. Además, se aplicó resueltamente a impedir que nadie más entrase en el negocio. La policía de fronteras de Bulgaria era implacable y castigaba con la mayor dureza a cualquiera que atrapase en pleno contrabando de drogas o armas sin permiso. Ello no se debía a un compromiso por hacer prevalecer la ley (idea que constituía un anatema para el Servicio de Seguridad), sino a la voluntad de preservar el monopolio económico del DS. Según el «reparto socialista internacional del trabajo» impuesto por los preceptos de la rígida asociación de comercio internacional del bloque soviético, el Comecon, Bulgaria debía ser el corazón de la industria electrónica, mientras que Moscú ordenaba a Checoslovaquia que se concentrase en producir turbinas para centrales energéticas y a Polonia que fabricase fertilizantes. En consecuencia, a finales de los años setenta Bulgaria (la más rural de todas las economías de Europa del Este) se convirtió en el improbable centro de la industria informática y de discos magnéticos del otro lado del Telón de Acero. Nació el Pravets, el primer ordenador socialista de Europa, que se fabricaba en la pequeña población del mismo nombre, a unos cuarenta kilómetros al noreste de Sofía; no era casualidad que aquel lugar fuese la patria chica de Todor Zhivkov, el veterano dictador del país. Moscú encargó al DS que resolviese las carencias tecnológicas que sufría a causa del COCOM, un comité internacional organizado por Estados Unidos —que incluía también a Europa occidental y Japón— para impedir que llegase a la Unión Soviética, a través del Telón de Acero, equipamiento de tecnología punta con posibles usos militares.

El DS encargó a algunos de los científicos más importantes de Bulgaria el objetivo de suministrar al país y a la Unión Soviética las tecnologías avanzadas sobre las que el COCOM había impuesto un embargo. Al cabo de dos años, estableció empresas clandestinas en el extranjero a las que llegaron unos mil millones de dólares procedentes de la venta ilegal de tecnología. El resultado más importante de todo ello fue la empresa DZU (siglas en búlgaro de Equipamiento de Discos de Memoria), en la que Bulgaria comenzó a organizar un equipo de grandes expertos en hardware y software. Fue un negocio rentable. «Según las estimaciones de nuestros clientes —admitió posteriormente un antiguo jefe de los servicios de inteligencia—, entre 1981 y 1986 los beneficios anuales de las actividades de inteligencia científicas y tecnológicas ascendieron a 580 millones de dólares; es decir, éste habría sido el precio de dichas tecnologías si las hubiéramos comprado.» Las tres industrias —drogas, armas y tecnología punta— poseían un inmenso valor estratégico para el Estado búlgaro. Detrás de las operaciones de contrabando se hallaba el servicio de contrainteligencia militar, el Segundo Consejo del DS, que controlaba todas las fronteras del país. Y a la cabeza de la contrainteligencia militar se encontraba el general Petur Chergelanov, el suegro de Ilya Pavlov.

En 1986, cuando Mijail Gorbachov consolidaba su autoridad en Moscú, los dirigentes occidentales ignoraban que la hegemonía de la URSS sobre sus aliados de Europa del Este tocaba a su fin. El Servicio de Seguridad del Estado Búlgaro no se hacía ilusiones sobre el sistema que controlaba. Los jefes del DS, experimentados observadores del mundo soviético, calculaban que el comunismo no iba a durar mucho.

Presionado por Gorbachov, el Partido Comunista Búlgaro aprobó el Decreto 56, que de la noche a la mañana legalizó la fundación de empresas privadas en Bulgaria y permitió la creación de compañías de capital mixto. Muchos hombres de la línea dura del partido no daban crédito a esta novedad, que les parecía una punta de lanza capitalista. Los servicios de seguridad, en cambio, habituados a subordinar la ideología a su amor por el poder, se adaptaron a ella al vuelo.

«Cuando vi las cifras de comercio de 1986 —explica Stanimir Vaglenov, un periodista búlgaro especializado en corrupción y delincuencia organizada— me sorprendió que los servicios de seguridad hubiesen abierto la primera empresa al cabo de una semana de la entrada en vigor del Decreto 56. Y en menos de un año, los miembros del DS fundaron ¡el 90 % de las nuevas compañías de capital conjunto!» Mientras el grueso de la población búlgara, que sufría privaciones desde hacía tanto tiempo, continuaba sometida a la retórica sobre el brillante futuro eterno del socialismo, los representantes más importantes del régimen estaban aprendiendo a ganar dinero. A lo grande. Después de predicar a los búlgaros de a pie los supuestos males del capitalismo durante cuarenta y cinco años, la policía secreta se vanagloriaba por llevar dichos males a la práctica.

En 1988, un año antes de la caída del comunismo, Ilya Pavlov fundó Multiart, una empresa dedicada a la importación y exportación de antigüedades y obras de arte que empleaba los canales secretos del DS para la venta de armas a través del Consejo de Tránsito Clandestino de Kintex.

El negocio iba viento en popa y Pavlov pronto estuvo en boca de toda la ciudad: abrió uno de los nuevos restaurantes privados con un séquito de espectaculares chicas que serpenteaba tras él; la nueva estrella ya tenía una estela fulgurante. «En realidad, Multiart era un desastre —reconoció tiempo después Pavlov al recordar sus primeros pinitos—. Abrimos toda una serie de empresas sin estructura alguna.» Uno de los codirectores de Multiart era Dimitur Ivanov, jefe del Sexto Consejo del DS. Ivanov presentó a Pavlov y a Andrei Lukanov, principal líder reformista del partido comunista del país.

Ilya Pavlov, antiguo campeón de lucha libre, tipo duro y playboy deslumbrante, estaba a punto de iniciar una nueva carrera.

Andrei Lukanov sonreía maliciosamente mientras hojeábamos las caóticas actas parlamentarias de los últimos días de 1989. «Todo va bastante bien, ¿no crees?» Le contesté, perplejo: «Pero ¿no te preocupa la reacción de la gente de la calle contra los comunistas como tú?». «No, Misha, no seas alarmista —contestó en un inglés impecable—. Siempre he querido un cambio, y las cosas están a punto de mejorar muchísimo.»

A pesar de que su rostro recordaba ligeramente al de un gnomo, Lukanov era el encanto personificado; ello lo diferenciaba marcadamente de la mayoría de los comunistas influyentes. Caía bien a primera vista a todo el mundo, yo incluido. Políglota y dotado de una labia política de primera categoría, había nacido en Moscú y mantenía allí una densa red de contactos. Ocupó el cargo de primer ministro tras la caída del dictador Todor Zhivkov en noviembre de 1989, y, junto con Ilya Pavlov y sus amigos del DS, planeaba secuestrar la economía de Bulgaria. Tenían cubiertos casi todos los frentes: él controlaba la máquina política, Dimitur Ivanov manejaba la red del Servicio de Seguridad e Ilya y sus púgiles de lucha libre aportaban la mano dura.

Lo único que les faltaba era el apoyo de la oposición democrática. Con el generosísimo respaldo financiero y político de la embajada estadounidense, la recién formada Unión de Fuerzas Democráticas había asumido el liderazgo moral de la política búlgara tras la revolución de 1989 y mantenía una abierta hostilidad contra los comunistas por la destrucción que habían acarreado al país. Pavlov y sus colegas estaban vinculados íntimamente al régimen comunista y necesitaban neutralizar todo intento de la oposición de inmiscuirse en sus negocios. En 1990 a Pavlov se le ocurrió la solución. Un buen amigo suyo era director adjunto del sindicato independiente Podkrepa, fervientemente anticomunista, que también recibía un fuerte apoyo del Gobierno de EE. UU. Pavlov convenció a los jefes de Podkrepa de que los auténticos enemigos de los trabajadores eran los directores que los comunistas habían designado para las grandes fábricas de propiedad estatal.

«La táctica de Ilya era sencilla», explica con autoridad Boyko Borissov, antiguo director general del Ministerio del Interior y, a sus cuarenta años, cinturón negro de kárate. Borissov —que antes de ser guardaespaldas del primer ministro Sajonia-Coburgo trabajó también en el sector de los seguros— es un ejemplo perfecto de cazador furtivo convertido en guardabosques, y conoce desde dentro el auge de la delincuencia en Bulgaria. «Se llamaba la trampa de la araña. Ilya entró en la oficina del director de Kremikovtsi, una de las mayores fábricas de acero de Europa del Este, acompañado por un jefe de uno de los sindicatos más poderosos, y con Dimitur Ivanov, que hasta poco antes era el director del Sexto Consejo. El mensaje que le dieron al director de la empresa fue: “puedes elegir, o trabajas con nosotros o acabamos contigo”.»

Pavlov le dijo al director que a partir de entonces ya no compraría la materia prima directamente a los rusos a un precio subvencionado, sino a una de sus empresas a precio de mercado internacional. Y después, en lugar de vender el producto directamente al consumidor, tendría que dárselo a un precio rebajado a otra de las empresas de Ilya, que se encargaría de comercializarlo en el mercado abierto. Controlaba la entrada y la salida de la fábrica: la trampa de la araña.

Pavlov estaba encantado por la sencillez y la eficacia de este sistema. El Gobierno de Lukanov continuó subvencionando la empresa durante muchos años. «La empresa no quiebra inmediatamente —me explicó uno de los banqueros más ricos de Bulgaria, Emil Kyulev, antes de que lo asesinasen en octubre de 2005—. Si cuelgas una cabra de un gancho y le cortas una pata, morirá muy lentamente porque se desangrará gota a gota. La empresa tarda años en arruinarse. Pavlov y sus compinches crearon grupos empresariales en casi todos los sectores de la economía búlgara: agricultura, transporte, industria, energía, todos. Las compañías funcionaban en paralelo con las organizaciones sectoriales de Podkrepa; allá donde estuviera este sindicato, Ilya abría una empresa.» Tras la revolución de 1989, el sistema de seguridad social de Bulgaria se desplomó, a lo que siguió un penoso panorama de pobreza y miseria. La exposición, desde las cavernas de la economía comunista al cegador sol del capitalismo de libre mercado, constituyó un durísimo golpe para el país. Bajo el comunismo, las fábricas habían sobrevivido gracias a las ingentes subvenciones estatales, y sus toscos productos tenían la venta garantizada en los mercados de Europa del Este. Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, los mercados de Bulgaria se desmoronaron con él. Con la industria en una crisis casi terminal, la agricultura —que ya era el pilar tradicional de la economía— pasó a cobrar una importancia aun mayor, pero este sector de actividad también chocó con problemas. La Unión Europea no tenía intención de ampliar sus minúsculas importaciones de productos agrícolas búlgaros, ya que ello iría en contra de su conspiración proteccionista, conocida comúnmente como Política Agrícola Comunitaria (PAC).

A principios de los años noventa las grandes potencias mundiales comenzaron a pregonar a bombo y platillo la importancia revolucionaria de la globalización, pero pasaron como sobre ascuas por sus consecuencias negativas. Cuando los países abrieron los mercados con la esperanza de intensificar su cooperación con las poderosas economías mundiales, la UE, EE. UU. y Japón exigieron que estos mercados emergentes aceptaran la venta de productos europeos, estadounidenses y japoneses. Al mismo tiempo, insistieron en reducir las tasas sobre la renta de las empresas a cambio de nuevas inversiones en un momento en que las corporaciones occidentales se apuntaban a la moda del outsourcing o subcontratación de la producción para rebajar sus costes laborales. A los pocos meses de la caída del comunismo, Snickers, Nike, Swatch, Heineken y Mercedes habían iniciado su imparable desfile hacia el Este y, en cuestión de semanas, conquistaron partes de Europa en las que ni siquiera Napoleón y Hitler habían logrado penetrar. Hipnotizados por la novedad y la calidad de estos productos occidentales imprescindibles, los pueblos de la Europa del Este (y también de África y Asia) se rascaron los bolsillos a fondo para gastar el poco dinero que tuvieran en la adquisición de los nuevos símbolos de estatus social. Un principio del comercio internacional aceptado universalmente es que, si un país importa productos y servicios, necesita exportar otros para pagarlos; y cuanto más pobre sea el país, más urgente es tal necesidad: para países ricos como Estados Unidos resulta mucho más económico acumular unas deudas inconcebibles. Bulgaria podría haber hecho mucho por restaurar su maltrecha economía con la alta calidad de sus frutas, algodón, rosas, vino y cereales, bienes cuya exportación tal vez podría haber compensado el coste de los nuevos productos occidentales que inundaban su mercado. Por desgracia, la oportunidad de conseguirlo estaba gravemente limitada por factores como la PAC, que bloqueaba la venta de productos agrícolas. Los productos de consumo búlgaros continuaban siendo socialistas en diseño y durabilidad (es decir, eran feos y no funcionaban), por lo que no eran competencia para sus equivalentes occidentales. Por tanto, el problema era cómo pagar las cada vez mayores importaciones procedentes de Occidente.

La mayor parte de los búlgaros sufrió una pérdida tan brusca como importante en su calidad de vida, pero una pequeña mayoría se aprovechó del caos. En 1992 Ilya Pavlov ya era multimillonario, y continuaba multiplicando su fortuna a través de la transferencia de bienes del Estado a su patrimonio privado mediante la trampa de la araña. Tenía poco más de treinta años y abrió una empresa más en una localidad del Estado norteamericano de Virginia llamada Vienna, a las puertas de Washington D.C. A través de Multigroup US adquirió dos casinos en Paraguay. Mientras tanto, en su tierra natal empleó a varias firmas de relaciones públicas para proyectar una imagen de patriotismo y éxito dinámico. De esta forma se convirtió en el rostro de la nueva Bulgaria, el empresario más famoso del país; los periódicos y programas televisivos búlgaros seguían servilmente todos sus movimientos. La invitación a acontecimientos sociales como su fiesta de cumpleaños —que tradicionalmente se celebraba el 6 de agosto en la localidad de Varna, a la orilla del mar Negro— se convirtió en algo valiosísimo, ya que los agraciados tenían la oportunidad de codearse con los miembros más importantes de la élite económica y política del país. Aparecer con Ilya en una fotografía bastaba para obtener un préstamo importante en condiciones ventajosas. Primero centenares, luego miles y posteriormente decenas de millares de búlgaros desesperados por conseguir trabajo y dinero pasaron a depender de las operaciones comerciales de Multigroup o de otras grandes empresas similares que nacían en el país. Por supuesto, muchos desaprobaban los métodos de Pavlov. Muchos otros eran rivales envidiosos que conspiraban con él y contra él en los bajos fondos de la naciente economía de mercado de Bulgaria, en la que normalmente resultaba imposible distinguir entre las actividades legales, las grises y las abiertamente delictivas. Sin embargo, otros veían en él a un hombre de negocios genuino, emprendedor y atractivo consagrado a cuidar de los intereses de su país y a crear empleo en zonas en las que el Estado había cumplido catastróficamente las profecías marxistas y había desaparecido del mapa. La sede de Multigroup, su nueva empresa, se hallaba en las afueras de Sofía, en una mansión del monte Bystrica donde en el pasado se solazaban los máximos representantes sindicales de Bulgaria durante las vacaciones. Ese edificio había sido comprado por una cifra insignificante a Robert Maxwell, el magnate británico de la comunicación, que llevaba años cultivando sus relaciones con los dirigentes comunistas soviéticos y búlgaros. La conexión con Maxwell es un ejemplo de lo rápido que algunos de los empresarios occidentales más voraces se asociaron con las incipientes oligarquías de Europa del Este para emprender a nivel internacional el saqueo de las nuevas democracias. Maxwell se hallaba a la vanguardia de una industria delictiva que durante los años noventa se salió fuera de control: el blanqueo de dinero.

Junto con el primer ministro Lukanov, Maxwell orquestó la transferencia de 2000 millones de dólares de Bulgaria a paraísos fiscales occidentales. Los siguientes gobiernos de Bulgaria no lograron averiguar qué se había hecho de este dinero. Lo que es seguro es que no fue a parar al fondo de pensiones del periódico londinense Daily Mirror, del que Maxwell estaba también sustrayendo centenares de millones de libras esterlinas en aquel mismo momento.

Para la mayoría de los búlgaros, la década de los noventa se presentaba lúgubre. El país había perdido sus mercados; Pavlov y su camarilla estaban desplumando a la economía de todo lo que tuviera algún valor; nadie quería comprar los productos de Bulgaria; y, además, ahora que la democracia había llegado al país, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional no perdieron ni un minuto en exigir a Sofía que cumpliese su obligación de pagar la deuda de 10 000 millones de dólares que había acumulado por el derrochador régimen comunista.

Al mismo tiempo, en un intento de ganar popularidad, los sucesivos gobiernos pusieron de patitas en la calle a miles de policías de todo tipo: miembros de la policía secreta, oficiales de contrainteligencia, comandos de las fuerzas especiales, guardias fronterizos, detectives de homicidios y agentes de tráfico. Entre otras habilidades, estos profesionales eran expertos en misiones de vigilancia, contrabando, asesinato, montaje de redes y chantaje.

En 1991, 14 000 miembros de la policía secreta anhelaban trabajar en un país cuya economía menguaba a una velocidad alarmante. No obstante, había un sector que vivía una expansión sin precedentes, y se trataba de una línea de trabajo ideal para policías desengañados y en paro. Se trataba de la delincuencia organizada.

En la misma situación se encontraba otro grupo al que la sociedad también acababa de desheredar: el de los boxeadores, púgiles de lucha libre y levantadores de pesas. Al mismo tiempo que la crisis económica y los aires de libertad se sumaban para reducir a la policía estatal a su mínima expresión, en todo el país los clubes deportivos comenzaron a transformarse en fuerzas de seguridad privadas. Con sus músculos y su espíritu de camaradería, se embarcaron en una violenta espiral de intimidación y comenzaron a incorporar a delincuentes comunes y bandas callejeras a sus negocios de protección. En 1992, los especialistas en lucha libre tenían casi estranguladas las grandes ciudades de Bulgaria, aunque en algunas zonas se enfrentaban a la competencia de ex policías y agentes de seguridad. Cuando ambos bandos colaboraban, sumaban sus capacidades: los atletas intimidaban y los policías tendían la red mafiosa. Estas organizaciones híbridas crecieron hasta dominar la economía, en la que dos grupos conocidos como SIC y VIS se hicieron con un aplastante liderazgo del mercado.

SIC y VIS se presentaban como compañías de seguros. «Me compré el Mercedes en junio de 1992 —explica un taxista de Sofía— y, naturalmente, suscribí una póliza de seguros de la compañía estatal para no tener que pagar tantos sobornos a la policía de tráfico. En aquellos tiempos, nos paraban cada pocos kilómetros y la policía nos exigía dinero por ninguna razón en concreto. Si te pillaban en falta, como por ejemplo conduciendo sin póliza de seguros, había que pagar el doble. Pero al cabo de poco tiempo se me presentaron unos cuantos forzudos con corte de pelo militar, tatuajes y chaquetas de cuero, y me dijeron que tenía que contratar un seguro de SIC. Lo hice, porque no quería tener problemas con ellos. Algunos taxistas se negaron y, en cuestión de horas, les habían robado el coche. Sólo pudieron recuperarlo pagando la póliza de SIC… con intereses, por supuesto.»

Con todo, esto no era una extorsión pura. Si a alguien le robaban un vehículo asegurado por SIC, los matones se aplicaban a fondo para recuperarlo. Ofrecían un servicio de verdad, aunque con amenazas, y veían con muy malos ojos a las pequeñas bandas que intentaban meterse en su negocio. SIC, VIS y, posteriormente, TIM crecieron muchísimo y diversificaron sus negocios hacia muchas otras actividades económicas, lícitas e ilícitas. A menudo parecía que fueran ellos, y no el Gobierno, quienes estaban a cargo del país. «No sólo estamos hablando de estos gorilas con cadenas de oro al cuello que se sientan en la mejor mesa de tu restaurante favorito —explica, colérico, un hastiado diplomático europeo—. ¡Tenían la desfachatez de cortar con toda impunidad el tráfico de calles enteras del centro de Sofía porque querían almorzar sin que les molestara el tráfico!» Algunos oligarcas que poseían empresas como Multigroup subcontrataban parte de sus servicios de seguridad a SIC y VIS. Otros preferían organizar su propio departamento de matones. Más tarde, Ilya Pavlov tuvo la precaución de disociarse de los mafiosos. Pero al principio era amigo íntimo de algunos de los gánsteres más prominentes, entre los que destacó uno de los capitostes de SIC, Mladen Mihailev (conocido comúnmente como Madzho), que empezó su carrera como chófer de Ilya. Sería injusto culpar a Pavlov por elegir este estilo de vida equidistante entre la corrupción a gran escala, el desfalco y la delincuencia organizada. No era una persona particularmente honrada, y aprovechó la oportunidad que se le presentó cuando el Estado búlgaro estaba casi totalmente de rodillas. En toda la Europa del Este la gente iba descubriendo que, cuando un país se desmorona, lo primero que aplastan los cascotes al caer es la ley. El capitalismo no llegó hasta 1989, y los debilísimos Estados que emergieron del antiguo bloque soviético no tenían capacidad para definir lo que era «legal» y lo que era «ilegal». No tenían ni el dinero ni la experiencia necesarios para lidiar con los nuevos intercambios comerciales. Quienes consiguieron colocarse bien durante los primeros tres años posteriores a la caída del comunismo se hallaron en posición de dictar sobre la marcha las normas de aquel nuevo mundo.

Un día templado y luminoso de la primavera de 1991 llegué en coche al hotel Esplanade, en la céntrica calle Gajeva de Zagreb, tras cubrir en tan sólo cuatro horas el trayecto desde Viena en mi Audi Quattro negro. Sin duda era el mejor automóvil que había conducido, bastante por encima de los vehículos habituales de la BBC: había insistido en que quería un coche con tracción en las cuatro ruedas porque durante las revoluciones de 1989 tuve que sufrir algunos viajes terroríficos en plena tormenta de nieve sobre las imprevisibles calzadas de Europa del Este. En cuanto salí del coche, un portero nuevo algo nervioso me pidió las llaves para llevar el Audi al aparcamiento. Era lo normal en el Esplanade, o sea que se las di.

Por las puertas del Esplanade entraban y salían sin cesar personajes importantes, desde mediadores internacionales como Cyrus Vance y lord David Owen hasta ministros de la UE, de EE. UU. y de países de la zona. A escasa distancia de la mesa donde comían, las habitaciones estaban llenas de mercenarios a la espera de que estallase una guerra provechosa para sus intereses, y también de jóvenes de origen croata nacidos en Edmonton o Ohio que estaban dispuestos a jugarse la vida por una patria en la que nunca antes habían puesto los ojos.

A la mañana siguiente fui al aparcamiento a buscar el Audi. El coche no estaba. Aún no lo sabía, pero había iniciado un misterioso tour que terminaría varias semanas más tarde a 300 kilómetros de allí, en un mercado de ocasión de Mostar, la capital de la Herzegovina Oriental. Para entonces ya había cobrado el importe del seguro (por suerte, las aseguradoras austríacas aún no habían eliminado a Yugoslavia de su cobertura, como habían hecho con Polonia, Rumanía, Bulgaria y Albania) y nunca volví a ver mi querido Audi, que con casi toda seguridad ya habría sido requisado por alguna de las milicias que estaban surgiendo en Bosnia-Herzegovina.

De esta forma fui víctima de una de las industrias más florecientes de Europa: el robo de automóviles. Cada mes se sustraían miles de coches de las calles del norte de Europa para su exportación ilegal a la Europa del Este y los Balcanes. En 1992 vi un enorme barco portacontenedores que regurgitaba su carga en el decrépito puerto albanés de Durres. Por la superficie de metal oxidado y piedra resquebrajada del muelle desfilaron decenas de vehículos de las marcas BMW, Peugeot, Honda y, sobre todo, muchísimos Mercedes, en su mayor parte de la serie 200, tan apreciada por los taxistas de Alemania, los Países Bajos y Escandinavia. Los agentes de aduanas apenas se inmutaron cuando una manada de hombres excitados, sucios y polvorientos tomó posesión de los automóviles, que aún lucían la matrícula original, fotografías familiares colgando del retrovisor, ambientadores en forma de árbol de Navidad y paquetes de cigarrillos en los asientos.

En la Albania comunista estaban prohibidos todos los automóviles excepto los de uso oficial. Las carreteras estaban hechas para que circulasen unos pocos camiones al día, y nadie aprendía a conducir aparte de los pocos chóferes del Estado. En plena caída del comunismo, todo aquel que pudo hacerse con un vehículo (robado) se puso a circular alegremente por la vía pública, aunque jamás se hubiese sentado al volante de un automóvil. Se desató el caos. El país se convirtió en una gigantesca y mortífera pista de autos de choque, y cualquier vehículo podía ser presa de los ladrones; como, de todas formas, todos los coches eran robados, resultaba difícil presentar una denuncia válida ante la ley. Los automóviles que no permanecían en Albania se vendían en Macedonia, Bulgaria, Rusia, Oriente Medio, el Cáucaso y los antiguos territorios soviéticos de Asia central.

En su momento no supe interpretar qué significaba que me hubieran robado el coche. No veía el iceberg de la delincuencia que se estaba formando a toda velocidad bajo el removido mar de revolución, libertad, nacionalismo y violencia que había inundado la Europa del Este. Mucha gente estaba ocupada ajustando antiguas cuentas. Otros trabajaban febrilmente para preservar los privilegios que les había brindado el antiguo régimen, pero ahora en una sociedad en la que «comunismo» resultaba, de repente, una palabra malsonante.

Las mafias de protección como SIC y VIS estaban implicadas a fondo en el contrabando de automóviles. Al tratarse de un negocio transfronterizo por naturaleza, los nuevos grupos búlgaros de delincuencia organizada establecieron relaciones con organizaciones similares de otros países de los Balcanes y de la Europa del Este. Cada nación se forjó la reputación de ser especialmente buena en el comercio de unos productos concretos. En la antigua Yugoslavia, por ejemplo, eran los cigarrillos y las armas. En Bulgaria, los automóviles. En Ucrania, el tráfico de mujeres y de trabajadores emigrantes. Y todos comerciaban con narcóticos.

Hungría y Checoslovaquia ocupaban un lugar especial en las nuevas redes delictivas gracias a los estrechos vínculos económicos y comerciales que habían desarrollado durante la década anterior con sus vecinos Alemania y Austria. Al mismo tiempo, como países ex comunistas continuaban sin exigir visado para la entrada de ciudadanos de otros países de Europa del Este, así kazajos, georgianos, búlgaros, moldavos, yugoslavos y letones podían instalarse temporalmente en ambos países sin dificultad. Por supuesto, los rusos también.

En Hungría apareció un mercado de divisas especialmente activo que se convirtió en el centro de las grandes operaciones de blanqueo de dinero. Era tan atractivo como base para las operaciones delictivas internacionales que las bandas mafiosas más poderosas de Rusia no tardaron en establecer en Budapest su avanzadilla en la Europa central con vistas a la expansión de sus operaciones hacia el oeste. Los búlgaros se vieron obligados a trabajar en otro sitio. «Cuando llegaron los rusos, empujaron a la nueva mafia búlgara hacia Checoslovaquia —explica Yovo Nikolov, el principal experto de Sofía en delincuencia organizada—. Al principio se trataba tan sólo de más contrabando de automóviles. Pero luego los chicos vieron una nueva oportunidad.»

Aquella nueva oportunidad no era otra que la silnice hanby o la «ruta de la vergüenza»: la autopista E55, que unía Dresde con Praga, pasando por el norte de Bohemia, corazón de la industria pesada checoslovaca. En un clima caótico y deprimido, las jóvenes checas comenzaron a venderse por calderilla en la E55: por el precio de una humilde comida, las adolescentes satisfacían los deseos de una incesante columna de sudorosos conductores de BMW y de obesos camioneros que cruzaban Sajonia y Bohemia.

«Viene gente de toda Europa del Este a la “frontera de la afluencia” para ofrecer prostitutas jóvenes a los alemanes de cierta edad», señaló en aquel momento Der Spiegel. El aspecto nacional de este Drang nach Osten sexual añadía un escalofrío más a tan sórdido comercio, ya que buena parte de la clientela procedía de Alemania Oriental (es decir, algunos clientes sudorosos no circulaban en BMW, sino en Trabant).

Las mujeres que trabajaban en la «ruta de la vergüenza» lo hacían, en su gran mayoría, por voluntad propia. Por supuesto, las circunstancias económicas las impelían a ello, pero nadie las coaccionaba físicamente. Una minoría de ellas entraban en el negocio obligadas por proxenetas aislados, pero casi todas trabajaban voluntariamente para ganarse la vida. Un gran porcentaje eran jóvenes de etnia gitana o romaní, víctimas del doble estigma de ejercer la prostitución y de pertenecer a la comunidad gitana. Al circular por Praga y el norte de Bohemia, los matones búlgaros tomaron nota de la ausencia casi total de policía en este comercio carnal espontáneo. El mercado potencial era enorme; era bien sabido que cada año miles de alemanes acudían al sureste de Asia y al Caribe en viajes de turismo sexual. ¿Por qué no aprovechar esa demanda ofreciéndoles bellas jóvenes a un precio muy económico justo al otro lado de la frontera alemana, en un entorno algo más acogedor que la cuneta de la E55? Así, las bandas búlgaras compraron, construyeron o arrendaron moteles baratos en el norte de Bohemia. Para obtener los máximos beneficios posibles, necesitaban mujeres sumisas que no estuvieran bien relacionadas con la comunidad local, por lo que recurrieron a sus compatriotas. A diferencia de las checas, sin embargo, estas búlgaras no entraron por su propio pie en el negocio: no tenían la menor idea de lo que les aguardaba. En el norte de Bulgaria, Staminira, de diecinueve años, compartía un apartamento lóbrego junto al contaminado puerto fluvial de Ruse, a orillas del Danubio, con otra chica que le sugirió que se marcharan. «Me dijo que había conseguido un trabajo fantástico de dependienta, y que yo también podría tener uno y cobrar unos 3000 marcos alemanes al mes [1]. Desde Bulgaria fuimos directamente a Dubi, en la República Checa, a través de Hungría y Eslovaquia. Al llegar al bloque de pisos, lo primero que me llamó la atención es que todas las ventanas tenían rejas.»

Aquel edificio de Dubi, al norte de la República Checa, pertenecía a un antiguo matón búlgaro y estaba justo al lado de la «ruta de la vergüenza». Con cuarenta y pocos años, Tsvetomir Belchev había seguido una trayectoria clásica: tras licenciarse en la Academia de Deportes de Razgrad (Bulgaria) entró en el mundo de la delincuencia. A la edad de diecinueve años fue sentenciado a doce de prisión por intento de asesinato y, poco después de su liberación, volvió a dar con sus huesos en la cárcel. «Desde su celda fundó el partido político Renovación para defender los derechos de los prisioneros», reza su expediente en el Ministerio del Interior búlgaro, en un indicio de que se trataba de un reo extremadamente inteligente. «Desde esta posición organizó huelgas de prisioneros, protestas y motines durante los años noventa. Al año siguiente se presentó a las elecciones presidenciales.» Cuando su carrera política inició el declive, Belchev se trasladó a la República Checa para investigar oportunidades de negocio lejos de la mirada de la policía búlgara. Mientras tanto, su madre buscaba chicas en Bulgaria. Cuando llegó, Staminira recibió la noticia de que no iba a ser camarera sino prostituta. Al principio se negó en redondo a cooperar. «Belchev me dio una paliza brutal, a base de puñetazos y patadas, en el pabellón situado frente al hotel Sport. Me pateó con botas con tachuelas. Me propinó patadas en la espalda y también me pegó con una silla. Llamó por walkie-talkie a sus secuaces Krassi y Blackie y les ordenó que también me pegasen. Me llevaron al sótano, donde continuaron pegándome, sobre todo en el abdomen. Blackie me sujetaba la cabeza y me daba puñetazos. Cuando estaba a punto de perder el conocimiento me echaron agua encima, y cuando me despabilé me esposaron una mano a un tubo del radiador. El dolor era insoportable. Estuve sujeta allí todo el día. Luego Belchev me violó en una de las habitaciones de la casa de campo.»

Belchev y sus secuaces torturaron y violaron a todas y cada una de las cuarenta mujeres que la policía rescató en una redada al burdel de Dubi en verano de 1997. Durante su confinamiento, las mujeres se vieron obligadas a ganar al menos 3000 dólares al mes, de los que, naturalmente, no vieron ni un centavo. Si no lo conseguían recibían palizas, igual que si mostraban el menor indicio de insubordinación; Belchev tenía una red de chivatas entre las mujeres. La represalia por negarse a acostarse con un miembro de la banda también consistía en violaciones y palizas. Unos años después de la detención de Belchev, se confirmaron las sospechas de los investigadores checos de que al menos una chica había sido asesinada: se halló un cadáver enterrado en el recinto del burdel. Todas aquellas jóvenes vivían aterrorizadas, se les había arrebatado el pasaporte, no hablaban el idioma del país, estaban estigmatizadas por ejercer la prostitución y se encontraban totalmente a merced de sus captores.

A la postre, este caso resultó anómalo porque Belchev fue atrapado, su negocio desmantelado y las mujeres liberadas. Sorprendentemente, Belchev continuó regentando otros tres burdeles desde la cárcel mediante un teléfono móvil que su abogado le facilitó ilícitamente. Pero en otros lugares, antes de que se dispersara el polvo del recién caído Muro de Berlín ya había gánsteres y oportunistas moviendo los hilos de una enorme red de tráfico de mujeres que llegó hasta al último rincón de Europa. Todas las fronteras constituían un negocio lucrativo. Al sur, Grecia era la ruta de entrada más rápida a la Unión Europea; una vez cruzada aquella frontera, era posible transportar a las mujeres a cualquier lugar de la UE —excepto Gran Bretaña e Irlanda— sin pasar un solo control policial. La ruta del sureste a Turquía se reservaba a la lucrativa venta de mujeres a Oriente Próximo, especialmente a los Emiratos Árabes Unidos. La carretera hacia el oeste conducía hasta los traficantes de Macedonia y Albania (y, más tarde, también a los de Kosovo), donde la demanda subió como la espuma en cuanto llegaron las primeras fuerzas de paz en 1994, en virtud del despliegue preventivo de la ONU (la mayor parte del tráfico interno de los Balcanes se basa en las fuerzas de paz de la ONU y en funcionarios civiles internacionales). Hacia el norte, las bandas transportaban a mujeres a la República Checa y Alemania para luego emprender el regreso en coches robados.

Entre los traficantes de mujeres y los contrabandistas de automóviles existía cierto solapamiento. Compartían gastos y rutas de trabajo, pero posteriormente la policía los ha identificado como empresas separadas. Por norma general, el tráfico de mujeres se lleva a cabo mediante pequeñas células que trasladan su mercancía de una región a la siguiente, sin saber adónde las lleva su comprador. A pesar del solapamiento geográfico entre la mayor parte de sus productos y servicios (especialmente en lo que se refiere a las rutas de tráfico), el lugar donde ocurre el comercio y el tamaño de las organizaciones implicadas viene determinado por el producto en cuestión, su origen geográfico y su destino.

Las mujeres constituyen una mercancía básica atractiva para los delincuentes. Son un producto que puede cruzar la frontera legalmente y no llama la atención de los perros policía. La inversión inicial es muy inferior a la necesaria para entrar en el contrabando de automóviles, los costes operativos son mínimos y el producto en sí (una mujer forzada a prostituirse) genera ingresos sin cesar. Una sola mujer puede reportar a su proxeneta entre 5000 y 10 000 dólares al mes.

Estos cálculos no tienen en cuenta la pavorosa realidad de la violación múltiple y la indescriptible explotación sexual. Pero ni el proveedor (el gánster) ni el consumidor (ciudadanos ricos de Europa occidental) comprenden esta relación en términos distintos de los económicos. El gánster vive en un entorno en el que escasean las leyes y la policía: si él no vende a una mujer, lo hará otro. Para el cliente no parece ser ningún problema dejar la conciencia en la puerta junto con el abrigo y el sombrero.

La transición al capitalismo resultó excepcionalmente dura para las fuerzas policiales de toda Europa del Este. Mucha gente las vilipendió por reprimir a los opositores durante la época comunista. El oportunismo de los policías en las nuevas democracias contrastaba con la vida de playboy que algunos antiguos colegas llevaban mientras contribuían a erigir ingentes imperios criminales. En las nuevas condiciones de mercado, la nómina de un policía era risible: cada vez que pasé por Bulgaria, Yugoslavia o Rumanía durante los años inmediatamente posteriores a la caída del comunismo, no tuve más remedio que pagar 50 dólares como mínimo en multas informales a los agentes de tráfico. El Estado de derecho, por muy crucial que fuera para generar confianza en estas sufridas sociedades, era una ficción.

Entonces Occidente hizo algo verdaderamente estúpido, y no por última vez. El 30 de mayo de 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en Nueva York la Resolución 754, que imponía sanciones económicas a Serbia y Montenegro. Tras quedar asolados, depauperados y traumatizados por la guerra, los Balcanes estaban a punto de transformarse en una máquina de contrabando y delincuencia con escaso o ningún parangón en la historia. Mientras el mundo se retorcía de consternación ante las horribles obras del nacionalismo de los pueblos yugoslavos y de sus dirigentes, las mafias de los Balcanes comenzaron a dejar a un lado sus diferencias étnicas para entablar una sobrecogedora colaboración delictiva.

2

LUCRO SANGRIENTO

«Cinco minutos, Dick —advirtió Sandy Berger, consejero de Seguridad Nacional de Bill Clinton—; sólo tiene cinco minutos con el presidente, ni uno más.» Estas palabras supusieron un chasco para Dick Sklar, que creía que el presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, merecía que su homólogo estadounidense le concediese más tiempo. Pero Berger se mostró tajante.

Sklar trabajaba sin descanso en la sombra para Bill Clinton desde hacía años. Conocía bien las opiniones del dirigente estadounidense sobre los Balcanes, pero le desconcertó que prestase tan poca atención al joven Djukanovic. Es cierto que el presidente de Montenegro representaba a un pequeño territorio montañoso y enigmático de los Balcanes, conocido sobre todo por haber sido objeto de bromas en relatos de John Buchan y Agatha Christie. Pero había sido el dirigente que había respaldado con mayor firmeza a la OTAN durante la campaña de Kosovo. Y la victoria en aquella guerra era el motivo por el que Clinton y su equipo estaban de tan buen humor aquel día de mediados de julio de 1999 en que llegaron a Eslovenia, el Estado alpino encajado entre los Balcanes y Europa central. Hacía un par de semanas, los militares yugoslavos habían pedido un armisticio, para el alivio de Clinton y sus consejeros. Había sido un conflicto duro y no el paseo militar de una semana que habían previsto algunos representantes de la Administración norteamericana. Ahora el presidente acudía a Europa para expresar su gratitud a los dieciocho miembros de la OTAN y a otros aliados por mantener su apoyo.

Dentro de la desestructurada familia federal conocida como Yugoslavia, Montenegro era el hermano pequeño de la caprichosa y violenta Serbia. Aunque los accesos a Montenegro por tierra, mar y aire permanecieron bajo el control del ejército yugoslavo durante la guerra de Kosovo, el esbelto ex jugador de baloncesto que presidía Montenegro se había convertido en una piedra en el zapato del dictador de Serbia, Slobodan Milosevic. Djukanovic no sólo apoyaba la política de Occidente, a pesar de hallarse bajo las estrictas sanciones de la ONU desde 1992, sino que ofreció refugio a opositores de Milosevic, con lo que evitó el estrangulamiento de la disidencia en Serbia. Milosevic amenazó a Djukanovic, pero el montenegrino se armó de valor y no se dejó amilanar.

La guerra había sido especialmente incómoda para Djukanovic. Durante la campaña, la OTAN bombardeó numerosos objetivos en territorio montenegrino, y aun así expresó su apoyo a esas operaciones efectuadas contra su propia república por parte de un agresor externo. En opinión de Dick Sklar, al asumir el riesgo de ponerse a favor de Occidente, Djukanovic se había ganado más de cinco minutos de charla intrascendente en aquel establecimiento de nombre tan simpático, el hotel Elephant de Liubliana, la capital de Eslovenia. Pero en cuanto ambos presidentes se encontraron, Sklar vio que podía relajarse; Clinton se mostró afable con Djukanovic de inmediato y dejaron a un lado el protocolo para pasarse más de una hora hablando sobre todo tipo de temas: Milosevic, la guerra, Kosovo y el futuro de los Balcanes. Posteriormente, Djukanovic manifestó estar muy complacido por lo bien que Clinton conocía la historia de Montenegro; como de costumbre, el presidente de Estados Unidos había hecho los deberes. Pero Djukanovic se mostró extrañamente evasivo sobre uno de los temas que salieron en la conversación: el tabaco. Tal vez pueda parecer extraño que un no fumador como Clinton sacara este asunto a colación, pero le habían informado de que los cigarrillos eran el mayor vicio de Djukanovic y se sintió obligado a ofrecerle a su homólogo montenegrino un consejo sanitario.

Con una población de tan sólo 500 000 habitantes (conocidos en los Balcanes por su fama de indolentes), el país de Djukanovic fue durante la mayor parte de los noventa el epicentro de una industria delictiva que movía miles de millones de dólares desde Estados Unidos hacia Oriente Medio, Asia central, el Magreb, los Balcanes y Europa occidental.

Una semana tras otra llegaban a los dos principales aeropuertos de Montenegro varias toneladas de cargamentos ilegales de tabaco que se transportaban rápidamente al puerto de Bar. Recuerdo haber recorrido a gran velocidad las carreteras vacías de Montenegro en la primavera de 1996, ansioso por ver la costa del Adriático al norte del lago Shkoder. Un acantilado de color amarillo brillante y cincuenta metros de altura caía a pico sobre la carretera de la costa. En esa parte del Adriático, el mar es de un azul cristalino incomparable, ya que no llega hasta allí la inmundicia verde negruzca que la industria italiana vomita desde el litoral noroeste. Pero al contemplar el puerto de Bar vi también centenares de lanchas rápidas apelotonadas en el puerto deportivo. Iban colmadas de cigarrillos de contrabando y se preparaban para emprender una travesía de poco más de 200 kilómetros por el estrecho de Otranto hacia el puerto de Bari, donde la mafia italiana aguardaba para descargarlos.

Cada cartón de tabaco estaba sujeto a lo que Milo Djukanovic denominaba un «impuesto de tránsito». Dado que desde Belgrado Milosevic había situado bajo mínimos la transferencia de fondos federales a Montenegro, el «impuesto de tránsito» era para Djukanovic la única forma de mantener en marcha su pequeño Estado y liberarlo de la presión serbia.

En los Balcanes todo el mundo sabía que aquella zona era un centro de contrabando de tabaco. Poco después de que estallase la guerra en 1991, en los restaurantes de Zagreb, Belgrado y Sarajevo se colaban niños de seis años o más con bandejas de madera colgadas al cuello llenas de cajetillas de las mejores marcas occidentales. En las aceras, cada veinte metros había viejos en cuyo rostro había hecho mella toda una vida de consumo de tabaco que ofrecían cartones de Winston y Marlboro. En Londres habrían costado el equivalente de 75 dólares, y en Nueva York tal vez 40 dólares, pero en los Balcanes se podían comprar por tan sólo 10 dólares. Gracias a esta diferencia de precio, fumar era un vicio totalmente asequible, incluso en las arduas condiciones de la guerra. Más de la mitad de la población de los Balcanes fumaba: se trataba de un enorme mercado. Yo tenía un proveedor habitual, un descarado chico de Belgrado con el pelo castaño y alborotado que se llamaba Micko (que no se inquiete mi querido lector: ya no fumo). Era importante ganarse la confianza del proveedor de tabaco, porque había dos tipos de cigarrillos, indistinguibles a simple vista pero muy distintos en realidad. Uno se producía con el tabaco local de baja calidad y se empaquetaba como producto occidental. Parecía el auténtico, pero sabía a serrín mezclado con deposiciones de cabra.

El segundo tipo de tabaco era de alta calidad y las tabacaleras occidentales lo fabricaban y vendían como producto para exportación Duty Not Paid («impuestos no franqueados»). Se compraba al por mayor a las fábricas de Estados Unidos, Europa y Japón y se enviaba a Europa a través del paraíso fiscal suizo de Zug y del puerto franco holandés de Rotterdam. Desde allí se vendía a un tercer país con un elevado nivel de corrupción, como Egipto o Uzbekistán. Los funcionarios y las bandas organizadas cargaban una tasa a cada paso del viaje, y las remesas destinadas a la Unión Europea hacían su parada final en Montenegro para ingresar en la UE en lancha rápida. A pesar de que todos los implicados sacaban tajada (el funcionario de aduanas egipcio, el director de puertos rumano, etcétera), los cigarrillos continuaban costando menos de la mitad del precio oficial en el mercado negro de Italia o Gran Bretaña, debido a que en estos países el tabaco está gravado con impuestos muy elevados.

Después de ocho años de investigaciones, en octubre de 2002 los fiscales llevaron a juicio a dos empresas estadounidenses, R. J. Reynolds y Philip Morris, a las que acusaron de ser cómplices de este negocio. Con todo, en 2004 Philip Morris firmó un acuerdo con la Unión Europea en virtud del cual quedaba eximida de toda responsabilidad y se comprometía a colaborar con ella contra la penetración de la mafia en el negocio del tabaco. Philip Morris niega toda complicidad. Los cargos presentados en 2002 eran bastante amplios, e incluían la acusación de que el contrabando de tabaco de los Balcanes estaba ligado al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico colombiano. Los abogados incluyeron un recuento detallado de los centenares de millones de dólares ingresados por el estado de Montenegro gracias al contrabando. Dos empresas montenegrinas, ambas controladas por Djukanovic y los servicios secretos del país, se quedaban 30 dólares por cada caja que pasaba por el territorio nacional. «Este dinero se repartía entre los diversos funcionarios montenegrinos implicados en el negocio que controlaban las licencias para transportar tabaco por el país», afirmaba el informe presentado al tribunal de la UE. La segunda compañía, que tenía un nombre tan esclarecedor como Montenegrin Tabak Transit (MTT), pertenecía en parte a ciudadanos de Italia y ha sido investigada posteriormente por las autoridades italianas, serbias y de la UE. «MTT fue creada por ciertos miembros de la delincuencia organizada en cooperación con representantes del Gobierno montenegrino. La compañía fue aprobada oficialmente por la Agencia de Inversión Exterior Montenegrina y funcionaba bajo la protección especial de Milo Djukanovic», aseguraba el documento de la UE.

La UE se enteró ya en 1994 de que la mafia del tabaco con la que hacía negocios Djukanovic le hacía dejar de ingresar entre 6000 y 8000 millones de dólares al año en impuestos, en su mayor parte en Italia y el Reino Unido. Los fiscales italianos ardían en deseos de procesar a Djukanovic por contrabando. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Estados Unidos enviaba discretos mensajes a Roma para que dejaran tranquilo a Djukanovic: Washington necesitaba al presidente montenegrino en su batalla contra Milosevic.

Djukanovic afirma que los ingresos anuales del comercio de tabaco se reducían a 30 millones de dólares, y que con esta suma pudo financiar la mayor parte de los gastos del Estado. En 1998, cuando los italianos planeaban acusar a Djukanovic, Dick Sklar acudió a Roma a negociar en representación del aliado de Occidente en los Balcanes. Sklar planteó una pregunta totalmente lógica: «¿Por qué no le pagan los 30 millones para que eche el cierre al contrabando?». La respuesta italiana fue negativa, por ilógico que pueda parecer, pero cuando Clinton se reunió con Djukanovic en verano de 1999 la guerra de Kosovo había terminado y el presidente montenegrino había perdido valor como aliado. Lo que le decía ahora Washington era que, si quería estrechar sus relaciones con la OTAN y la UE, había llegado el momento de abandonar el negocio del tabaco. «Después de reunirse con Clinton, le dije a Milo que era mejor que se pusiera una camisa nueva y bien planchada y tirase aquellas camisas que habían manchado las malas compañías que había tenido», explica Dick Sklar. En octubre de 2001, los servicios británicos de inteligencia informaron de que Montenegro había puesto en vereda a los contrabandistas de las lanchas rápidas. Djukanovic había captado el mensaje y actuado en consecuencia.

Durante los años ochenta y noventa se abrió un abismo entre el nivel de vida y la riqueza de la Europa occidental y la del Este. En la primera nunca había sucedido que tanta gente (en torno a 75 %) no sólo viviese por encima del umbral de pobreza, sino incluso en una situación acomodada. Durante la segunda mitad de los noventa se habló mucho sobre si los acaudalados países de Europa occidental podrían mantener sus costosos Estados del bienestar a pesar del rápido envejecimiento de la población y de la fatal antipatía hacia la entrada de inmigrantes en la UE. La aparición de economías jóvenes y dinámicas puso en perspectiva este problema, ya que polacos, checos, húngaros y ciudadanos de otros países demostraron estar dispuestos a trabajar más horas por salarios más bajos en su intento de dejar atrás el medio siglo que habían pasado apartados del mercado de consumo por culpa del comunismo. Las tasas de crecimiento de Europa del Este empezaron a subir por las nubes tras la caída del Muro de Berlín. Alemania estaba ocupada trasladando su producción industrial a Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría; gracias al programa de ayudas de la Unión Europea se gastaron enormes sumas de dinero en la lucha contra la pobreza y el desarrollo de instituciones democráticas en Europa del Este. Los ciudadanos de a pie continuaron lamentándose por lo difícil que era sobrevivir económicamente en el sistema capitalista, pero, pasados los primeros momentos, la calidad de vida comenzó a mejorar.

Sin embargo, la guerra, las sanciones y los fallos de los planes de reconstrucción y desarrollo provocaron un doloroso colapso de los ingresos y los estándares de vida de los pueblos balcánicos. No era sólo que, culturalmente, se sintieran europeos; también vivían rodeados de europeos. Veían las películas y programas de televisión de sus vecinos, oían su música y eran plenamente conscientes de lo ricos que eran. Además, en las escasas ocasiones en que se les permitía viajar a esos países, eran humillados con frecuencia por los funcionarios de inmigración. Por si todo esto fuera poco, tenían que arrostrar el tópico que los presentaba como unos asesinos natos que sólo disfrutaban si podían cercenar la garganta del vecino. Si tal infierno de desempleo, desesperanza y violencia se encuentra al lado de un paraíso fértil e increíblemente rico, ¿debería sorprendernos que la tentación de entrar en la delincuencia organizada sea tan grande?

La asociación de Montenegro con el hampa era la norma, no la excepción. A principios de los noventa, y más que en ningún otro país comunista, en Yugoslavia la política y la delincuencia organizada se hallaban íntimamente relacionadas, justo en el momento en que el país caía en la más espantosa guerra civil fratricida. El crimen organizado controlaba por igual a dictadores, políticos de la oposición, liberales, nacionalistas y demócratas.

No obstante, lo más chocante es que los mismos personajes que alimentaban la guerra entre sus pueblos colaboraban en privado como amigos y buenos socios comerciales. Los financieros y los mafiosos de Croacia, Bosnia, Albania, Macedonia y Serbia eran uña y carne. Compraban, vendían e intercambiaban todo tipo de productos con una total conciencia de que la confianza mutua entre ellos era mucho más fuerte que las circunstancias transitorias del nacionalismo extremista que, básicamente con el objetivo de ocultar su propia corrupción, fomentaban entre sus paisanos. Como dijo un observador, las nuevas repúblicas estaban gobernadas por «un cártel salido del Partido Comunista, la policía y la mafia, con el presidente de la República en el centro de la telaraña. […] El nacionalismo tribal era indispensable para el cártel como medio para pacificar a sus subordinados y como tapadera para la privatización ininterrumpida del aparato del Estado».

A consecuencia de la guerra, las sanciones y la corrupción de principios de los noventa, los Estados de la antigua Yugoslavia recurrieron a las mafias para que se encargasen de los aspectos logísticos de su campaña bélica, y antes de que pasara mucho tiempo los delincuentes ya controlaban la economía, la guerra y el Gobierno. A quien tuviera alguna ambición política seria no le quedaba más opción que entrar en la mafia. En febrero de 1991 me encontraba con unos amigos en el elegante centro de Zagreb, la capital de Croacia, antes de que se acuñara el término «limpieza étnica» y que el mundo exterior oyese hablar de Kosovo. La inquietud era evidente en sus rostros, ya que se estaban extendiendo rumores creíbles de que los militares yugoslavos estaban a punto de dar un golpe para impedir que Croacia declarase la independencia. Dicha inquietud se convirtió en miedo cuando las autoridades de Belgrado, la capital federal de Yugoslavia anunciaron que aquella noche se suspendería durante dos horas la programación televisiva normal, en cuyo lugar el canal estatal iba a emitir una película sobre una conspiración delictiva a gran escala en el país. Junto con los aterrorizados pueblos de una Yugoslavia que se estaba partiendo en pedazos, vi unas imágenes grabadas en blanco y negro con una cámara oculta en las que tres hombres farfullaban inaudiblemente sentados a una mesa de madera en una humilde cocina. Gracias a los subtítulos que había insertado el Servicio de Contrainteligencia Militar de Yugoslavia (KOS), quedaba claro que uno de los tres personajes era el nuevo ministro de Defensa del embrionario Estado croata, estrecho colaborador de Franco Tudjman, el presidente nacionalista de Croacia. Los otros dos eran, supuestamente, traficantes de armas; uno de ellos pretendía vender una gran cantidad de armamento ilegal a los croatas, pero, en lugar del contrabandista húngaro que decía ser, era serbio y agente del KOS.

El servicio yugoslavo de inteligencia también le había ordenado infiltrarse en Multigroup, la mega-corporación búlgara de Ilya Pavlov, y el agente fue uno de los primeros miembros de la junta directiva de dicha empresa. En Europa del Este, el KOS era algo único; el hecho de que hubiera logrado penetrar en las redes mafiosas de países vecinos como Bulgaria demuestra de sobra hasta dónde llegaban su poder y su alcance.

La película era una obra de propaganda concebida para demostrar que el presidente Tudjman planeaba un alzamiento en armas. La Serbia de Milosevic y la Croacia de Tudjman se encaminaban a un conflicto a gran escala. Pero en sus guerras para independizarse de Yugoslavia, primero los croatas y luego los bosnios afrontaron un enorme desafío: Yugoslavia contaba con el Ejército del Pueblo Yugoslavo (JNA), que estaba dominado por serbios, era el cuarto mayor del mundo y se hallaba en posesión de un arsenal importante, aunque algo anticuado. La gran mayoría de los oficiales croatas y bosnios del JNA se ofrecieron a los gobiernos de sus respectivas naciones de origen para luchar por la secesión. Pero sus embrionarias fuerzas armadas precisaban armas desesperadamente, necesidad que se volvió aún más imperiosa cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impuso un embargo a todas las repúblicas yugoslavas tres meses después de que, en junio de 1991, se iniciasen las hostilidades. Para tener una oportunidad de ganar la guerra, Croacia y, un año después, Bosnia tenían que encontrar la forma de importar armamento saltándose la prohibición internacional.

La diáspora croata en el nuevo mundo nunca ha sido tan prominente como las de otros países mediterráneos como Italia, Grecia o incluso Albania, pero es discreta, efectiva y furibundamente patriótica, sobre todo en la región central de Canadá, en el estado norteamericano de Ohio, en Australia y, por encima de todo, en América del Sur. La comunidad sudamericana está considerada como la más nacionalista de todas, ya que muchos fascistas croatas huyeron hacia allí al término de la segunda guerra mundial. Inmediatamente después de que la ONU decretara el embargo armamentístico, el presidente de Argentina, Carlos Menem, firmó una autorización secreta para vender 6500 toneladas de armamento a Panamá que, en realidad, fueron desviadas a Croacia en barcos de la compañía estatal Croatia Line. Menem firmó luego un acuerdo de venta de armas a Bolivia por valor de 51 millones de dólares. Una investigación oficial posterior en Argentina reveló una cláusula secreta de este acuerdo en virtud de la cual se canalizaban hacia Croacia «8000 fusiles automáticos, 18 cañones de 155 milímetros, 2000 pistolas automáticas, 211 000 granadas de mano, 3000 cohetes Pampero, 3000 minas, 60 morteros y varios millones de cargadores de munición».

Un año después el Gobierno de Bosnia-Herzegovina, principalmente musulmán, se encontró atrapado entre los ejércitos de las cristianas Croacia y Serbia y pidió a los países islámicos que quebrantasen el embargo armamentístico de la ONU y le facilitasen medios para defenderse. Entre 1992 y 1995, Arabia Saudita, Irán, Turquía, Brunéi, Pakistán, Sudán y Malasia depositaron unos 350 millones de dólares en la cuenta bancaria vienesa de una organización benéfica musulmana, la Third World Relief Agency (Agencia de Ayuda al Tercer Mundo), y dicho dinero se utilizó para adquirir armamento.

El embargo al comercio armamentístico desempeñó un papel crucial en el establecimiento de canales de contrabando hacia Croacia y Bosnia, y junto a los fusiles pronto circularon drogas por las mismas rutas. Pero esto no era nada en comparación con el impacto que tuvieron en todos los Balcanes el conjunto de sanciones «económicas» impuestas por la ONU a lo que quedaba de Yugoslavia, es decir, Serbia (incluida la deteriorada provincia de Kosovo, con su población mayoritariamente albanesa) y Montenegro. La ONU impuso las sanciones en julio de 1992 porque Serbia estaba prestando ayuda a la milicia serbobosnia, lo que constituía una violación de las resoluciones previas adoptadas por el Consejo de Seguridad.

A diferencia de los croatas y los bosnios, Serbia y sus aliados en Bosnia no andaban escasos de armamento, pero debido a las sanciones Belgrado necesitaba garantizarse el suministro de petróleo y tenía que encontrar productos exportables para financiar su campaña bélica. De la misma forma que Serbia permitía que por su territorio pasaran armas desde Rumanía y Bulgaria destinadas a sus enemigos de Croacia y Bosnia, los bosnios, croatas y albaneses no tenían el menor problema en vender petróleo a sus adversarios serbios a causa de los extraordinarios beneficios económicos que genera un régimen de sanciones. Estas ganancias se repartían entre el Estado, que con ellas adquiría más armas, y los bolsillos de una floreciente mafia en la que había personajes como Vladimir Vanja Bokan.

En un sombrío café escuché el relato de un antiguo socio comercial de Vanja Bokan, el hombre que en 1985, a los treinta años, había abierto Hannibal, la primera boutique privada de ropa de Belgrado. Mi interlocutor me advirtió de que, si le identificaba por su nombre, él no tardaría en morir. «Y probablemente le matarán a usted también», añadió. Tras ese funesto inicio entró en materia. «Al principio viajábamos a Italia y comprábamos ropa de diseño al por mayor que luego vendíamos en Hannibal. Pero después Vanja tuvo una idea mejor que llamamos “el embrujo”. Encargaba las prendas en Rumanía. Eran perfectas: no se podían distinguir de las originales italianas. Luego las vendía como auténticas en la tienda con unos márgenes de beneficio enormes. Hasta entonces, para conseguir productos como aquéllos la gente tenía que gastar mucho dinero en viajar a Italia.»

Bokan era inquieto, dinámico e inteligente. Su madre era pediatra y su padre había sido consultor de ingeniería para las Naciones Unidas, por lo que Vanja había crecido en lugares tan exóticos como Indonesia y Sudamérica. Tenía un gran talento para los idiomas: además de serbocroata hablaba griego, italiano e inglés. Rebosante de ideas, era un empresario nato. Cuando abrió sus boutiques en Belgrado y Novi Sad, y luego sus talleres por todos los Balcanes, fue un capitalista modélico que aprovechaba las oportunidades que le brindaban la caída del comunismo y el abrazo de la economía occidental. Ya antes de que estallaran las guerras a principios de los noventa, había diversificado su empresa e importaba y exportaba todo tipo de productos desde Yugoslavia. Sus negocios eran totalmente legales; estaba forjando relaciones económicas entre un país antiguamente comunista y la UE, y generaba ingresos y empleo para el Estado. Pero en 1992 sus empresas se vieron profundamente afectadas por la guerra de Bosnia y las sanciones de la ONU. La aprobación del embargo a Yugoslavia convirtió en ilegales todos sus negocios según el derecho internacional, ya que su imperio comercial estaba centrado en Serbia. Las sanciones tuvieron un impacto insignificante en la Unión Europea y Estados Unidos. La mayoría de empresas occidentales podían permitirse dejar de comerciar con Belgrado, sobre todo cuando sus gobiernos amenazaban con graves penalizaciones a quien se saltase la prohibición. El país de Bokan se halla en el corazón de todas las rutas comerciales de los Balcanes: sus carreteras y sus mercados son casi igual de necesarios para sus vecinos como para la propia Serbia. Por supuesto, la ONU advirtió a los países circundantes de que debían cortar toda relación con Serbia y Montenegro. Para los países balcánicos, las sanciones eran una catástrofe y vulnerarlas era inevitable. Aunque oficialmente el Gobierno búlgaro ya no pudiera comerciar con Serbia, empresarios como Ilya Pavlov no se sintieron tan constreñidos.

El KOS, la contrainteligencia militar de Yugoslavia, empleó su influencia en Multigroup y alentó a Pavlov a utilizar convoyes del Gobierno para enviar millones de litros de petróleo por tren a Serbia. Circulaban bajo la protección de miembros del SIC, uno de los dos mayores servicios mafiosos de protección de Bulgaria, sin el menor obstáculo por parte los guardias fronterizos, que cobraban sueldos tan bajos que su fidelidad resultaba fácil de comprar. Bill Montgomery, el embajador estadounidense en Sofía a la sazón, recuerda que el Estado búlgaro estuvo involucrado a fondo desde el principio: «Una noche que, por casualidad, un funcionario de la embajada se disponía a cruzar la frontera occidental, vio un gran número de agentes de policía con linternas. Se detuvo para ver qué sucedía. Pasaron cien vagones cisterna de petróleo —los contó— y luego la policía búlgara le señaló que cruzase la frontera».

La principal ruta que comunica Bulgaria con el resto de Europa pasa por Serbia. El Consejo de Seguridad de la ONU ya había avisado a Sofía de que debía despedirse de los mil millones de dólares que le debía el régimen iraquí de Sadam Hussein cuando impuso sanciones a Bagdad, y ahora le decía que no podía enviar sus camiones vía Serbia. Ello era demoledor, porque las exportaciones más importantes del país a Europa occidental eran productos perecederos. «Bulgaria tenía un PIB de 10 000 millones de dólares, y perder el comercio de frutas y verduras implicaba dejar de ingresar mil millones de dólares al año —explica Bill Montgomery—. Propuse que permitiésemos a Bulgaria enviar por Serbia un convoy semanal escoltado por un vehículo de las Naciones Unidas en cabeza y otro a la cola; el convoy no se detendría en ningún momento, sino que cruzaría el país sin parar. La ONU lo aprobó, los europeos también, pero Leon Furth, consejero del vicepresidente estadounidense Al Gore, se opuso y bloqueó el acuerdo. Se mostró inamovible, y fue de lo más frustrante.» También fue de lo más propicio para el hampa, porque le vinieron de perlas las descompensaciones económicas generadas por una política tan miope como ésa.

No se ofreció ni un céntimo en compensación a los vecinos de Yugoslavia, que tuvieron que hacerse cargo del coste económico de la indignación moral de la comunidad internacional. De esta forma, la única manera de pagar las pensiones, los salarios y la sanidad pública fue dejar que la mafia asumiese el control de las principales rutas comerciales del país mientras, en el plano oficial, el Gobierno simulaba no saber nada, se declaraba incapaz de contener la situación, o ambas cosas. A medida que la crisis arreciaba, también se estrechaba la relación simbiótica entre los políticos y el hampa. En la propia Serbia, Vanja Bokan, el empresario de la moda, se puso rápidamente a comerciar con la importación de remesas de petróleo y metales a Yugoslavia. En toda la región, empresarios y delincuentes trabajaron febrilmente para crear una tupida red de contactos y amistades para socavar el embargo. Casi de la noche a la mañana, las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU engendraron una mafia panbalcánica cuyo poder, alcance, creatividad y corrupción no conocían límites.

En la Administración estadounidense, algunos alertaron al presidente Clinton sobre las graves consecuencias de todo aquello. Un alto representante del departamento del Tesoro me dijo que «explicamos claramente a nuestros colegas de la Casa Blanca que nunca llegaríamos a doblegar a Serbia con sanciones. Era un país que producía todos los alimentos que precisaba y, dada su posición central en la economía de la zona, sus vecinos no podrían dejar de comerciar con él». Esta advertencia fue ignorada, al igual que tantas otras sobre el impacto nocivo de las sanciones.

Pronto todo el mundo siguió el ejemplo de Vanja Bokan y empezó a vender petróleo a Serbia desde donde pudieran encontrarlo. Los rumanos enviaban su petróleo de baja calidad en barcazas tan llenas que navegaban al borde del naufragio. «En Albania —señalaba un informe de la inteligencia estadounidense— el petróleo importado se envía por la frontera septentrional mediante oleoducto, a través del lago Shkoder en barco, por carretera en caravanas de automóviles equipados con depósitos extra, por las regiones montañosas con burros cargados con barriles. […] Se estima que la cantidad total de petróleo vendido por Albania ha aportado a este país más de un millón de dólares al día durante el período 1993-1994». A pesar de ser uno de los países más críticos con Serbia, Albania fue uno de sus principales proveedores de petróleo. «Se utilizaban barcazas para transportar productos petroleros desde Ucrania —continúa el informe—. El volumen de cargamentos vehiculados a través del Danubio ha atraído a piratas serbios que merodean por el río en busca de remesas de petróleo que robar. […] El petróleo rumano llega por carretera, por barco y por un oleoducto subterráneo desde la refinería rumana de Timisoara. Se han adaptado automóviles para que puedan transportar casi dos mil litros de combustible.»

Por supuesto, este carnaval de violación de las sanciones era una oportunidad que los rusos no podían dejar que se escurriera entre sus dedos. Sus compañías petroleras llegaron a un acuerdo de intercambio con Serbia. Belgrado pudo, así, intercambiar por petróleo sus excedentes agrícolas por un valor de entre 100 y 250 millones de dólares al año.

Cuando el combustible llegaba al consumidor de Belgrado, costaba el cuádruple que en el resto de Europa. En el distrito de Zemun, yo lo compraba en una cuneta donde los vendedores ambulantes lo servían por bidones y cubos sin quitarse el cigarrillo de los labios. Los conductores se limitaban a detenerse junto a ellos y comprar unos litros de lo que pudieran. Me hice cliente de un tal Stevo de Zemun que, en correspondencia a mi fidelidad, me prometió que sólo me daba gasolina de alta calidad procedente de Hungría o Bulgaria, y no la mezcla explosiva de Rumanía que, según los rumores, podía estropear el motor en cuestión de horas. La economía de las antiguas repúblicas yugoslavas estaba en ruinas; muchas empresas dependían de proveedores de países con los que ahora estaban en guerra, y la exportación de productos industriales a toda Europa se había desplomado. Pero no dejaban de comprar armas, petróleo, alimentos, productos de consumo y artículos de lujo cada mes por un valor de miles de millones de dólares. Aunque la mayoría de la población era más pobre cada día, en las calles de todas las ciudades balcánicas podía verse una nueva clase de empresarios y gánsteres increíblemente ricos. Los atascos de Zagreb, Belgrado y otras capitales estaban llenos de Ferraris, Porsches, Mercedes blindados y vehículos todoterreno. De vez en cuando, los matones con gafas de sol asomaban por detrás de los cristales ahumados. Recuerdo al propietario de un restaurante de Skopje, la capital de Macedonia, que me pidió aterrorizado que pagase la cuenta y dejase libre la mesa rápidamente porque iban a llegar ciertos clientes especiales a los que no quería decepcionar. Al salir vi que entraba un pelotón de forzudos lobotomizados, y me di cuenta de que ni siquiera eran macedonios, sino búlgaros que se movían por aquellos países como Pedro por su casa. Portaban armas de fuego con total impunidad y ostentaban la insignia nacionalista de su tribu particular: las cuatro C de Serbia, la lila de Bosnia, el águila de Albania o el pabellón cuadriculado de Croacia. Si bien todos comerciaban sin problemas con sus homólogos de territorios enemigos, la mayoría estaban asociados a las infames milicias que diezmaban a la población civil en los frentes de Bosnia y Croacia. En Bosnia, las fuerzas serbias que habían puesto sitio a Sarajevo no eran los únicos matones del lugar. Los propios señores de la guerra musulmanes de Bosnia controlaban toda la economía de la ciudad y comerciaban con los sitiadores serbios para luego exprimir a sus compatriotas hasta el último céntimo elevando el precio de los alimentos básicos, muchos de los cuales eran robados a las Naciones Unidas y a otras organizaciones humanitarias. De alguna forma había que pagar toda esa orgía de guerra y excesos de consumo.

Las repúblicas ex yugoslavas ya no estaban en posición de cuadrar sus cuentas mediante las exportaciones tradicionales y decidieron financiar la guerra por otros medios. Dado que la violación de las sanciones internacionales había dado lugar en todos los Balcanes a una enorme red de delincuencia organizada cuyos miembros no tenían el menor sentido de fidelidad étnica en lo referente a los negocios, la forma más fácil de financiar la cosa pública eran los negocios mafiosos: drogas, armas, petróleo, mujeres y trabajadores inmigrantes. Se habían sentado los cimientos de una fábrica de delincuencia.

La vida de un contrabandista y empresario de negocios dudosos comporta sus riesgos, como descubrió Vanja Bokan. La competencia por los mercados ilegales era dura en la antigua Yugoslavia, y en las capitales de Croacia, Serbia, Bosnia y Montenegro empezaron a ser habituales los asesinatos espectaculares de gánsteres y empresarios. La riqueza y la cuota de mercado de Bokan bastaban para convertirlo en un objetivo, aunque había otra razón que lo hacía aun más vulnerable: no le gustaba Slobodan Milosevic, el mandamás de Serbia, y no le daba miedo decirlo.

El antiguo socio de Bokan, que me pidió permanecer en el anonimato, recordaba un día de verano en Belgrado. «Íbamos en coche por el bulevar de la Revolución y se puso junto a nosotros un jeep negro. El pasajero sacó un arma semiautomática y empezó a dispararnos.» Tres de las cinco balas acertaron a Bokan en el hombro. Era el momento de quitarse de en medio durante una temporada, por lo que Bokan y su familia se trasladaron a Grecia. Este país era una base ideal, ya que era favorable a Serbia y su puerto septentrional de Salónica era uno de los centros neurálgicos del comercio que las sanciones internacionales habían hecho ilegal. «Las autoridades griegas hicieron cuanto pudieron por facilitar la violación del embargo —reconoció Vanja posteriormente—. Por ejemplo, en ningún momento se pusieron quisquillosos con el papeleo. Creían que el embargo era injusto.» Bokan consiguió la nacionalidad griega en un tiempo récord gracias a sus contactos en los servicios de inteligencia del país, y pronto era una de las estrellas de la cosmopolita escena social en que se ha convertido Atenas tras la caída del comunismo. Durante los años noventa proliferaban por la capital griega los georgianos, húngaros, albaneses, rusos, bálticos y demás. Todos estaban forrados de dinero y acudían atraídos por la corruptibilidad de los funcionarios griegos; muchos aseguraban tener antepasados griegos, lo que les garantizaba automáticamente un pasaporte de la Unión Europea.

Bokan también dirigió su atención a la república hermana de Serbia, Montenegro. En un curioso paralelismo con la vida de Ilya Pavlov, el suegro montenegrino de Vanja Bokan era uno de los tres máximos dirigentes militares del KOS. Le presentó a los principales políticos y empresarios de Montenegro, entre ellos el ambicioso primer ministro Milo Djukanovic. Imbuidos por un espíritu empresarial común, ambos pronto empezaron a explorar posibles áreas de cooperación. El Pirata Negro, como se había dado en apodar a Bokan, acababa de adquirir dos aviones de transporte Ilyushin-76. Al principio no parecía una buena inversión, ya que la OTAN había declarado a Serbia y Montenegro zona de exclusión de vuelo. Pero Bokan había descubierto un vacío legal gracias al cual un avión podía aterrizar en Montenegro «por motivos técnicos». Con la ayuda de sus nuevos amigos montenegrinos, Bokan puso en práctica una idea que generaría miles de millones de dólares: vender cigarrillos libres de impuestos a la mafia italiana.

Bokan lo organizó de la siguiente forma: llenaba sus espaciosos aviones Ilyushin con cigarrillos importados legalmente a través de una plaza franca europea (Rotterdam o Zug) directamente de los mayores fabricantes europeos y estadounidenses, aunque a veces las aeronaves recogían la mercancía en aeropuertos de Oriente Medio o Asia central, en los que los documentos de exportación se traspapelaban con facilidad. Luego se encaminaban a Malta o a otro destino aparentemente inocuo de Europa, pero paraban «por motivos técnicos» en Montenegro. «Recibo el tabaco de América y lo envío a Rotterdam por canales totalmente legales —explicó Bokan en una entrevista en 2000—. Los cigarrillos están oficialmente destinados a Rumanía, pero los desvío a Montenegro y luego los vendo a Italia —añadió con toda franqueza—. Los aviones se quedan en tierra el mínimo tiempo posible. Aterrizan, descargan y vuelven a despegar, y los cigarrillos se quedan almacenados o van directamente al puerto.»

Allí se cargaban en lanchas rápidas y, cada noche, un enjambre de motoras fueraborda cruzaba el Adriático zumbando hasta la provincia italiana de Apulia. En ella habita una de las organizaciones mafiosas más jóvenes y caóticas de Italia, pero sin duda una de las más belicosas: la Sacra Corona Unita (SCU). «La policía y las aduanas italianas estaban en una posición imposible —explica Bratislav Grubacic, un periodista serbio que investigó a fondo este comercio—. Desde el puerto de Ancona, muy al norte, hasta Bari… ¡500 kilómetros de costa! Sólo disponían de dos embarcaciones rápidas que pudieran atrapar a las lanchas montenegrinas, que cada noche cruzaban el estrecho por docenas.»

«Desde 1992, Montenegro se ha convertido en un gigantesco mercado de tabaco de contrabando», escribió el fiscal del Estado alemán que investiga este caso desde 1994. Por supuesto, el motivo por el que este país empobrecido se implicó en el contrabando es que a los ciudadanos de la UE no les gusta pagar tantos impuestos sobre el tabaco y están dispuestos a saltarse la ley comprándolos en la calle. En el norte de Londres se pueden comprar remesas de tabaco de contrabando a una serie de vendedores kurdos y albano-kosovares, justo a la salida del supermercado Safeway’s de Holloway Road, una vía pública muy transitada. Un paquete cuesta entre 1,5 y 2 libras esterlinas, es decir, casi 3 libras menos que los de circulación legal. A pesar del tortuoso periplo que han seguido estos paquetes, desde Estados Unidos a Rotterdam, de allí al Mediterráneo oriental y luego de vuelta por los Balcanes, todos los implicados en el contrabando han sacado una buena tajada porque a la puerta de la fábrica la cajetilla de cigarrillos no vale más que 0,4 dólares. Para mucha gente de los Balcanes, éste era un delito en el que no había víctima alguna; en aquellos países el consumo de tabaco no está estigmatizado, y los únicos que salían perdiendo con el contrabando eran los ministerios de Economía de Europa. ¿Qué más daba?

A Bokan le habría resultado imposible poner en marcha el negocio del contrabando de tabaco sin el visto bueno del Gobierno de Belgrado, es decir del propio Slobodan Milosevic. «Dio su aprobación a todo», confesó posteriormente el suegro de Bokan, el general del KOS. Por supuesto, también la dieron las poderosas fuerzas de policía secreta yugoslava, la UDBA (civil) y el KOS (militar). A diferencia de lo que ocurrió en los demás países de Europa del Este, el ascenso de las dictaduras nacionalistas y la guerra conllevaron que en la antigua Yugoslavia no se produjera ninguna campaña por despojar a la policía secreta de su poder, como había sucedido, por ejemplo, en Bulgaria. La delincuencia organizada y la policía secreta colaboraban tan estrechamente en toda Yugoslavia que, a menudo, resultaba imposible distinguir a la una de la otra. Así, la proliferación de la delincuencia en Yugoslavia supera a la de todos los demás países de Europa del Este, y las consecuencias de ello fueron violentas y perjudiciales.

Croatas, albaneses, macedonios, montenegrinos y serbios supieron cooperar magníficamente en el contrabando y el tráfico de drogas y mujeres de un país a otro. Con la aprobación de los gobiernos y los servicios de seguridad, las redes se convirtieron en cárteles horizontales que se extendían a lo largo de diversas naciones.

Una de las mayores organizaciones era una combinación de bandas turcas de tráfico de heroína y sindicatos criminales serbios, búlgaros, macedonios y albaneses que trasladaba la mayor parte de la producción de heroína de Afganistán hacia Europa occidental. Sus operaciones funcionaron como la seda durante las guerras de Kosovo y Macedonia hacia el cambio de siglo, sin que importase que las rutas del contrabando cruzasen de lleno los frentes de batalla.

La colaboración con los enemigos nacionales resultó fácil, pero los delincuentes afrontaban una seria amenaza en los rivales de su propio territorio. De los centenares de asesinatos relacionados con la mafia que se produjeron en los Balcanes entre 1990 y 2007, la mayoría fueron encargados por compatriotas de las víctimas: la violencia de serbios contra serbios y croatas contra croatas era algo cotidiano.

Uno de los episodios más sangrientos de Serbia fue desencadenado por la «guerra del tabaco» que estalló cuando dos nuevos personajes intentaron colarse en el terreno de Vanja Bokan. Ambos eran hombres muy peligrosos. Stanko Cane Subotic, que había empezado como un humilde sastre y empleado de Bokan, terminó convirtiéndose en el contrabandista más poderoso de Europa; actualmente reside en Suiza y tiene oficinas en Dubái. Para entrar en el contrabando de tabaco de Montenegro, Cane explotó la conocida tacañería de Bokan ofreciendo más comisión a sus compañeros de conspiración. El segundo hombre era un piloto de carreras amateur que construyó Bambiland, una imitación de Disneylandia, en su localidad natal de Pozarevac, en Serbia. Resultaba que también era hijo de Slobodan Milosevic, por lo que disfrutaba de cierto respeto. La Unidad Anti-Delincuencia Organizada de Serbia ha reconstruido con todo detalle cómo Milosevic júnior ordenó la destrucción de tiendas duty-free (un tipo de punto de venta muy importante para el tabaco) que sus rivales poseían en las fronteras de Serbia. También ha sacado a la luz cómo la esposa de Milosevic, Mirjana Markovic (la lady Macbeth de los Balcanes), convenció al director de aduanas para que permitiese que los productos de contrabando de su hijo entrasen y saliesen de Serbia con total impunidad.

La aparición de estas dos organizaciones rivales se vio seguida en 1997 por el estallido de una guerra política entre los presidentes de Serbia y Montenegro, Milosevic y Djukanovic. Ambos gobernaban repúblicas en las que la mafia había usurpado posiciones cruciales de la vida política y económica, y en las que los políticos recurrían a gánsteres y a las fuerzas de seguridad para intimidar a sus oponentes. Pero Djukanovic cayó en la cuenta de que la estrategia de Milosevic de desafiar y provocar continuamente a Occidente no sería rentable a largo plazo, por lo que se valió de su estilo moderno y vigoroso para anunciar su intención de seguir el camino de las demás repúblicas de la antigua Yugoslavia e independizarse de Serbia. En cuestión de semanas fueron asesinados a plena luz del día colaboradores íntimos de ambos presidentes y casi todas las principales figuras del contrabando de tabaco. El ministro adjunto de Interior de Serbia se hallaba en el restaurante Mamma Mia de Belgrado, a pocos metros de la embajada británica, cuando fue acribillado a balas por un desconocido armado con una metralleta. En el momento de ser asesinado, aquel ministro adjunto (un ex matón irredento muy querido por Milosevic) llevaba consigo una bolsa con 700 000 marcos alemanes en efectivo, que, según se cree, eran beneficios del contrabando de tabaco. «Se volvió avaricioso —lamentaba uno de sus colegas de las Fuerzas de Seguridad Serbias—, quiso quedarse con demasiada parte del pastel y no se cubrió el culo.» El siguiente fue el jefe de seguridad de Djukanovic, que estaba implicado hasta el cuello en el contrabando. Fue asesinado en su casa. Apareció muerto con la pistola sin desenfundar, a pesar de que siempre la llevaba amartillada y lista para disparar, por lo que la mayoría de la gente cree que su asesino fue alguien en quien él confiaba. «Se encargaban asesinatos como quien pide una taza de café en un bar», recordó tras la caída de Milosevic un ministro del Gobierno serbio. Pero mientras el recuento de cadáveres ascendía, el tabaco no dejaba de circular y el dinero continuaba entrando; y, a pesar de la enconada enemistad entre Milosevic y Djukanovic, sus representantes lograron encontrar un modus vivendi en lo referente a distribuirse las ganancias del contrabando, aunque ocasionalmente los convenios se complicaban por culpa de algún funeral inesperado. Un país en manos de la mafia, como Serbia, es inestable por naturaleza. Las enormes diferencias entre los ricos y los pobres se hacen extremadamente visibles, la economía está plagada de defectos, la corrupción se vuelve endémica y los dirigentes como Milosevic se prestan fácilmente a embarcarse en aventuras militares que desembocan en su propia caída. La derrota en la guerra de Kosovo de 1999 desestabilizó a los delincuentes que lo respaldaban. Había indicios de que algunos grandes oligarcas y figuras del inframundo comenzaban a cansarse de la incertidumbre que sus propias bandas mafiosas perpetuaban. Y el ascenso de la esposa y el hijo de Milosevic a la cabeza de un gran cártel provocó el resentimiento general de la ciudadanía y de la competencia. Seis meses después del fin de la guerra de Kosovo, en Belgrado tuvo lugar un asesinato cuyas consecuencias fueron inmensas.

En enero de 2000 las temperaturas descendieron a niveles históricos en Belgrado. El sábado 15 una gélida niebla atenazó a la ciudad durante gran parte del día. Tras la puesta del sol, la temperatura se hallaba bajo cero y continuaba bajando. En la oscuridad brillaba la intensa luz verde oscuro que emanaba del hotel Intercontinental, un lúgubre bloque rectangular que se erige en solitario sobre el Sava en Nuevo Belgrado. En los horrorosos sofás de cuero de los años setenta de la recepción había hombres con aspecto de matones que charlaban sobre fútbol mientras rellenaban quinielas. A las 5.04 de la tarde un ex agente de policía de Belgrado, Dobrosav Gavric, salió del ascensor y se encaminó hacia ellos. Al llegar a la recepción, sacó un arma y abrió fuego. Se desató un infierno durante unos dos minutos, ya que los hombres de los sofás devolvieron los disparos. Gavric recibió una herida en la espalda, pero lo salvó de una muerte segura un cómplice que surgió de la nada, lo sacó a rastras por la puerta rotatoria y lo metió en un coche que se sumergió a toda velocidad en la espesa niebla; luego cambió de vehículo para continuar la huida. Entre la sangre y los quejidos que inundaban la recepción del Intercontinental agonizaba un hombre conocido entre sus numerosos admiradores como «el Comandante». Había recibido tres balazos en la cabeza, uno de los cuales le había penetrado directamente en el cerebro a través del ojo izquierdo. Éste fue el predecible y nada glorioso fin de Arkan, el capitoste mafioso más conocido de Belgrado, al que la justicia buscaba en toda Europa por asesinato y robo a mano armada; «agresivo, armado y extremadamente peligroso», según la descripción de la Interpol. El Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya también preparaba cargos de genocidio contra él; incluso el perverso dictador serbio Slobodan Milosevic lo había llamado un año antes «mi peor enemigo», a pesar de que durante las guerras de los años noventa Arkan se había bañado en sangre siguiendo sus órdenes.

No obstante, Arkan contaba con muchos amigos y con un sinnúmero de admiradores serbios que lo consideraban la celebridad más glamourosa del país. Zoran Djindjic, el líder de la oposición al que tanto estimaba Occidente por su lucha contra Milosevic, y que posteriormente sería el primer gobernante democrático de Serbia, reaccionó al asesinato declarando que Arkan era un buen amigo suyo. «Fue él quien me advirtió de que huyera a Montenegro durante la guerra de Kosovo porque Milosevic pretendía matarme», explicó tiempo después Djindjic. Ciertamente, Arkan organizó y financió la evacuación de Djindjic, sin duda haciendo gala de buen ojo para el futuro político de la democracia serbia. Gánsteres, opositores al régimen, defensores de Milosevic, hooligans del fútbol, la comunidad empresarial y varios centenares de miles de personas lamentaron la desaparición de Arkan. Su reputación llegaba incluso a Italia. Había mediado en la venta de algunos de los mejores futbolistas serbios a la Lazio, por lo que algunos aficionados italianos enarbolaron un enorme pabellón «en honor a Arkan y sus tigres».

En 1995 Arkan se casó con Ceca, la turgente cantante que había popularizado el estilo musical conocido en Serbia como turbo-folk, el preferido por la disoluta juventud nacionalista del país. En la boda, Arkan salió de la catedral de St. Sava ataviado con el uniforme de un general de la primera guerra mundial. Esta imagen resultó casi tan popular entre los editores fotográficos de todo el mundo como otra en la que apareció en uniforme paramilitar con un cachorro de tigre agarrado por el cuello (Milica, que fue alquilado al zoo de Belgrado) mientras, a su espalda, posaban un blindado y sus sanguinarios camaradas de la Guardia de Voluntarios Serbios, los «Tigres». Este segundo retrato fue concebido cuidadosamente para inspirar admiración y una fiebre belicista entre las masas serbias, y para aterrorizar a los campesinos bosnios y croatas a los que pretendía asesinar o «limpiar». En los primeros momentos de la guerra de Bosnia recuerdo haber quedado atrapado en un hotel cercano al aeropuerto de Sarajevo bajo el constante, aunque relativamente inofensivo, ataque de las fuerzas serbias. Durante el asedio pudimos comprobar cómo los campesinos musulmanes empaquetaban sus enseres y se disponían a huir. «Nos han dicho que Arkan y los Tigres vienen de camino», nos explicaron apresuradamente. De cara a la limpieza étnica, no había nada tan efectivo como la mera posibilidad de que Arkan estuviese a punto de presentarse.

Había nacido en 1952 y su verdadero nombre era Zeljko Raznatovic. Su padre era piloto de las fuerzas aéreas yugoslavas; aunque disfrutó de una infancia relativamente privilegiada, ya de adolescente emprendió el mal camino y fue condenado a la cárcel a los diecisiete años por un robo cometido en Belgrado. A diferencia de otros países de Europa del Este, que eran aliados de la Unión Soviética y miembros del Pacto de Varsovia, Yugoslavia se declaró neutral durante la Guerra Fría y autorizaba la existencia de un pequeño grado de empresa capitalista en su economía socialista. Los yugoslavos no vivían atrapados en su país ni tenían prohibido viajar a Occidente, como la mayoría de los ciudadanos del bloque soviético, sino que podían acceder libremente a la Europa capitalista. Centenares de miles de conciudadanos de Arkan trabajaban en Alemania, Suiza y Escandinavia como mano de obra no cualificada, y eso constituía un medio social en el que los yugoslavos de mala catadura podían refugiarse si necesitaban huir de la policía.

Tras su salida de la prisión de Belgrado a principios de los setenta, Raznatovic decidió probar suerte por el mundo. Durante toda la década se hizo famoso a lo largo y ancho del norte de Europa a base de robos, extorsiones y asesinatos. Por estos delitos fue encarcelado en Suecia, los Países Bajos, Bélgica y Alemania, de cuyas instituciones penitenciarias escapó al menos en tres ocasiones, a menudo valiéndose de pasaportes falsos.

«Cuando comenzaron a nacer bandas de delincuencia organizada en Bulgaria a principios de los noventa, entraron en contacto con sus equivalentes yugoslavos al comienzo de la guerra. Y, al hacerlo, se quedaron de piedra —explica el general Boyko Borissov, director general del Ministerio de Interior búlgaro—. Nuestros malhechores tan sólo jugaban a hacerse los gánsteres, pero los yugoslavos llevaban décadas robando y matando por Europa. Eran duros de verdad y, aún hoy, para matar a alguien en Bulgaria, si quieres que el trabajo sea barato y limpio, contratas a un serbio. Son los mejores asesinos.» En 1983 Arkan fue procesado por intento de asesinato de dos policías de Belgrado. En circunstancias normales habría ido a la cárcel de por vida. Pero en el juicio salió a la luz que era agente de la UDBA, uno de los cuerpos de policía secreta más temibles de Europa del Este. Al parecer, Arkan había vendido su alma de delincuente a Mefistófeles. La acusación de tentativa de asesinato fue retirada, y a partir de ahí aquel delincuente y las autoridades serbias iniciaron una relación profunda y fructífera que, durante los dieciocho años siguientes, granjeó a Arkan fama, poder, grandes riquezas y mujeres hermosas. Hasta que Mefistófeles reclamó su alma una fría jornada de invierno en el Intercontinental.

Los asesinos de Arkan fueron atrapados, juzgados y encarcelados, pero sólo eran matones de alquiler. A día de hoy nadie ha descubierto quién ordenó el asesinato ni por qué. Pero las consecuencias fueron profundas, ya que los sucesos de aquella tarde de enero desencadenaron una lucha intestina sin precedentes entre las bandas de Serbia, refriega que se ha conocido como la «primavera sangrienta de 2000». Menos de un mes después de la muerte de Arkan, el ministro de defensa yugoslavo fue asesinado mientras comía en un restaurante de Belgrado. A partir de entonces hubo muertes violentas cada semana, hasta el punto de que los últimos meses de Milosevic comenzaron a parecer el desenlace de una tragedia de venganza escrita por un dramaturgo de tiempos de Shakespeare.

Al descender de un Mercedes 500 frente a su casa de Atenas la mañana del 7 de octubre de 2000, el rostro de Vanja Bokan fue acribillado por 29 balas disparadas por dos armas semiautomáticas. Fue víctima de unos tiempos de incertidumbre. Dos días antes habían terminado los trece años de dominio de Slobodan Milosevic entre las llamas que envolvieron el parlamento de Yugoslavia, mientras medio millón de serbios tomaron las calles de la capital en apoyo a la oposición. Frustrado por haber quedado excluido de los negocios en Serbia y Montenegro, Bokan había comenzado a hablar con la prensa griega y a revelar con una inusitada profusión de detalles los secretos del contrabando de tabaco, llegando incluso a insinuar que tiraría de la manta y daría nombres. Los gánsteres son reacios a limpiar sus trapos sucios en público por motivos comprensibles, pero Bokan había elegido un momento especialmente malo para quebrantar el pacto de silencio.

Muchos de los asesinatos que se produjeron entre la muerte de Arkan en enero de 2000 y la caída de Milosevic se perpetraron previendo que esta última era inminente. Los principales capitostes de la mafia, la política y la policía secreta apostaron por que el régimen iba a cambiar. Como admitió Zoran Djindjic, el futuro primer ministro democrático, varios capos entraron discretamente en contacto con él y con otros líderes de la oposición antes de la caída de Milosevic. Como todos los políticos influyentes, fuesen democráticos o no, Djindjic saltaba periódicamente entre la zona gris y la negra de la economía para financiar sus actividades políticas, si bien su intención declarada era guiar a Serbia hacia la luz. Como sabía que para derrotar a Milosevic y a sus redes criminales no bastaría con unas manos limpias y una cara de honestidad, cuando se avecinaba el desmoronamiento político de su rival llegó a acuerdos con una serie de jefes mafiosos que no sólo estaban implicados en negocios sucios, sino también en crímenes de guerra en Bosnia, Kosovo y otros lugares. El nuevo primer ministro fue totalmente franco al respecto. «La mafia —explicó— había perdido al Estado de Milosevic y buscaba uno nuevo.»

La estrella en ascenso en los bajos fondos de Belgrado era un personaje extremadamente violento llamado Dusan Spasojevic, líder de la llamada «banda de Zemun», en honor al distrito de moda de Belgrado en el que se había construido una mansión de nuevo rico. Spasojevic procedía del sur del país, cerca de Veliki Turnovac, una localidad de población mayoritariamente albanesa que durante décadas había sido el centro del tráfico de heroína de los Balcanes. Durante los años noventa, Spasojevic se hizo con el monopolio del tráfico de heroína en Belgrado y, según la policía, «procesaba unos cien kilos de droga dura al mes, que le aportaban decenas de millones de dólares».

El caos que vivía Serbia a la llegada del nuevo milenio corría paralelo a la inestabilidad en que se hallaba sumido el resto de la antigua Yugoslavia. Tras una década de brutales guerras, la zona estaba llena de jóvenes desempleados, repletos de testosterona y a menudo bien armados. Los conflictos también habían generado centenares de miles de refugiados, la mayoría de los cuales emigraron a Europa occidental y establecieron buenas redes de distribución. Naturalmente, el tabaco no fue el único producto que introdujeron en la Unión Europea desde los Balcanes, ni tampoco disfrutaron los serbios y montenegrinos de un monopolio sobre estas actividades. Al hallarse en un punto geográfico vulnerable de Europa, la península balcánica se ha convertido en la zona de tránsito ideal para productos y servicios ilegales de todo el mundo que buscan acceder al mercado de consumo más próspero de la historia, la Unión Europea. Para cubrir sus necesidades prácticas y lúdicas, los europeos pueden elegir entre una amplísima gama de productos. A pesar de la ingente oferta de productos de consumo lícitos, una parte significativa de la población (tanto la rica como la pobre) busca fuera del mercado legítimo la satisfacción de sus necesidades. La delincuencia organizada es una industria muy rentable en los Balcanes porque los ciudadanos comunes de Europa occidental pasan cada vez más tiempo acostándose con prostitutas, fumando tabaco de contrabando, esnifando drogas con billetes de 50 euros, empleando a inmigrantes ilegales por sueldos de hambre, admirando objetos de marfil sentados en butacas de teca, o comprando el hígado y los riñones de personas de países en desarrollo que viven en una pobreza desesperante. Al quedarse sin guerras en las que luchar, los antiguos paramilitares se dedicaron a jornada completa a traficar con heroína, tabaco, mujeres e inmigrantes ilegales destinados a Europa occidental. La ONU y la OTAN carecían de recursos sobre el terreno para luchar contra los albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo, que habían consolidado el papel de esta región como nuevo centro para la distribución de heroína turca a la Unión Europea. Por su parte, Bosnia-Herzegovina estaba inmersa en un escándalo de tráfico de prostitutas en el que había involucrados miembros de las fuerzas de paz de la ONU, y también se estaba ganando fama como centro de blanqueo de dinero de la región. Macedonia estaba a punto de sumirse en una guerra civil provocada casi exclusivamente por una disputa entre bandas mafiosas por el control de las rutas de contrabando de tabaco.

Alentado por su éxito en el tráfico de heroína, Spasojevic quería ampliar sus operaciones con el comercio de otra droga: la cocaína. «La cocaína es una droga de ricos; por tanto, prometía más beneficios, y Spasojevic quería una parte», explica Milos Vasic, destacado experto serbio en delincuencia organizada. Spasojevic no tardó en darse cuenta de que había dado con una mina de oro. El consumo de cocaína aumentaba en toda Europa, y se abrían mercados nuevos y prometedores en los países del Este. Spasojevic comprendió enseguida que no era el único que quería aprovechar la infraestructura de los Balcanes; desde Colombia, otro grupo había comenzado a estudiar la región de cerca.

La ruta ferroviaria de 500 kilómetros que desde la frontera de Brasil cruza la densa jungla amazónica por el este de Bolivia se conoce como «el tren de la muerte» porque es atacada una y otra vez por bandidos que sienten un escaso respeto por la vida humana. En esta ruta los ladrones perpetran todo tipo de delitos; uno de los más conocidos es hacerse pasar por agentes de la Interpol para atracar a extranjeros. Al llegar a Santa Cruz, el pasajero siente alivio y una gran sorpresa porque buena parte de los edificios de la capital oriental de Bolivia parecen sacados de un barrio residencial de clase media de Texas o California. Gracias a las enormes reservas de gas que han atraído a numerosas multinacionales a la región desde mediados de los noventa, la opulencia de Santa Cruz parece una galaxia distinta a la desesperante pobreza que aqueja a la mayor parte del país más pobre de América Latina. Aparte del sector energético, Santa Cruz es el centro de la industria agrícola comercial boliviana, que exporta verduras y aceites a todo el mundo. A finales de julio de 2003, los directivos de una empresa de importación y exportación de Santa Cruz ultimaban el envío de dos remesas, una de las cuales estaba destinada a una clínica de Madrid y se componía de 78 contenedores de arcilla medicinal. La segunda, que constaba de unas 770 cajas de puré de patata en polvo, se estaba cargando en camiones con destino a Chile. A las 9.30 de la mañana, decenas de policías de la Fuerza Especial contra el Narcotráfico boliviana rodearon un avión Varig destinado a Brasil y luego a España. Al cabo de unas horas detuvieron los camiones. Las dos toneladas de cocaína ocultas entre la arcilla medicinal fueron relativamente fáciles de encontrar, pero a los químicos del Gobierno les costó dos o tres días descubrir que el puré de patata estaba mezclado con tres toneladas de cocaína. Algo que sorprendió aún más a la policía boliviana fue el destino de la carga: desde Chile tenía que ir en barco hasta el puerto búlgaro de Varna, en el mar Negro.

La operación de Santa Cruz era la culminación de la Operación Luz de Luna, en la que colaboraron los servicios británicos de inteligencia, la policía búlgara, la DEA estadounidense, la policía española y la Fuerza Especial boliviana. Resulta interesante el detalle de que, hasta que se practicaron las detenciones, el Ministerio de Interior de Bolivia desconocía que su homólogo de Bulgaria participase en la operación, y viceversa. «Éste es el mayor grupo transnacional de tráfico que hemos localizado hasta ahora en Bolivia —dijo el ministro gubernamental Yerko Kukoc al término de la operación— y la mayor cantidad de cocaína que hayamos incautado jamás.»

Todo había empezado algo menos de un año antes, cuando un agente británico de inteligencia pasó un número de teléfono móvil a la policía búlgara. «Francamente, no era gran cosa», dijo el agente asignado al caso en Sofía. Pero los búlgaros fueron reconstruyendo poco a poco una historia extraordinaria. Un cártel colombiano (casi con toda seguridad de Medellín) envió a un experto químico a Bulgaria, donde permaneció varios meses. «El colombiano llegó a Grecia con su verdadero pasaporte, y alguien del grupo lo recogió y lo llevó ilegalmente a través de la frontera. Su misión era formar a los químicos búlgaros —añadió el policía— y la cumplió muy bien.» Más tarde se supo que un año antes del puré de patata los químicos habían extraído 200 kilos de cocaína de un cargamento de aceite de soja que había llegado a Plovdiv por la misma ruta de Santa Cruz a Varna.

Desde el fin del franquismo ha habido dos grandes centros de importación de cocaína en Europa: España y los Países Bajos. España fue el punto de entrada favorito de los traficantes de cocaína sudamericanos cuando empezaron a atender las necesidades de los yuppies europeos durante el boom de los ochenta. Las razones son evidentes: las conexiones lingüísticas y culturales entre América Latina y España hicieron posible el establecimiento de una sólida comunidad de acogida para recibir y distribuir las drogas. España también posee un enorme litoral que resulta difícil de vigilar. Sin embargo, la mejora de la cooperación entre las fuerzas policiales europeas y la DEA, sumada al fuerte incremento del consumo de cocaína en Europa durante los años noventa, implicó que España ya no podía cubrir la demanda. Ámsterdam, que cuenta con una importante comunidad colombiana, continuó siendo el punto de distribución principal para el norte de Europa, adonde las drogas llegaban sobre todo de España, Italia y África occidental. No obstante, se estaba abriendo una puerta nueva.

A finales de los noventa, el mercado estadounidense de cocaína estaba sobresaturado a pesar de los miles de millones de dólares que los sucesivos gobiernos de EE. UU. habían invertido en la erradicación de la industria de la coca. El precio para los consumidores estadounidenses era más bajo cada año y, dadas estas condiciones de mercado, los productores colombianos se pusieron a buscar nuevas estrategias de distribución y comercialización. No sólo vieron que los mercados europeos todavía podían desarrollarse mucho más, sino también que, con la caída del Muro de Berlín, estaba naciendo una nueva clase media joven y dinámica en Europa del Este y Rusia. Querían mejorar su acceso a estos mercados perfeccionando la distribución, y las costas escasamente vigiladas de Croacia, Albania y Bulgaria representaban una oportunidad inmejorable. Además, para subcontratar la producción los colombianos podían aprovechar el elevado nivel educativo que el comunismo había dejado como legado en los Balcanes. Yugoslavia y Bulgaria abundaban en ingenieros químicos altamente cualificados, y el procesamiento de cocaína se podría realizar ahora mucho más cerca del destino final del producto.

Desde el fin de la guerra de Kosovo en 1999, el papel de los Balcanes en este sector de actividad se ha transformado. «Por España todavía entra casi la mitad de la cocaína importada en Europa —explicaba el agente búlgaro—, pero durante los últimos cuatro años los Balcanes han absorbido la mayor parte del resto del tráfico.» Las tres toneladas de cocaína destinadas a Bulgaria entre puré de patata son una cantidad muy grande, y en su conjunto la Operación Luz de Luna tuvo resultados superiores a los 300 millones de dólares.

Se trató de una auténtica operación internacional. La policía italiana y la británica descubrieron tres toneladas de acetona en un barco situado en el puerto de Trieste de camino al puerto albanés de Durres. «Sólo hay una función para la que se pueda usar acetona en estas cantidades —dijo el jefe de la unidad del Servicio Nacional de Inteligencia para Delincuencia de Londres dedicada a los Balcanes— y es el procesamiento de pasta de coca.»

Luego, en 2003, le volaron la cabeza a un importante gánster búlgaro en el abarrotado vestíbulo del hotel Sonesta, un establecimiento de cinco estrellas de la isla caribeña de Aruba. El asesinato fue grabado por las cámaras del hotel, por lo que, según la policía de Oranjestad, se pudo establecer que el agresor era de origen latinoamericano. La policía búlgara sospechó que el gánster había sido liquidado por haber robado 600 kilos de cocaína en 1999 a los jefes serbios de la droga. Obviamente, eso también había molestado a algunos colombianos de Aruba.

En los propios Balcanes, los grandes mafiosos de todas las antiguas repúblicas yugoslavas estaban involucrados en el tráfico de cocaína y, o bien estaban ganando dinero por todo lo alto, o bien se estaban haciendo matar. En verano de 2002, la policía francesa y la DEA creyeron que estaban cerca de descubrir el principal canal de distribución de Colombia hacia los Balcanes y organizaron una compleja operación.

Pero los agentes galos y norteamericanos quedaron consternados cuando Spasojevic fue detenido en un avión que estaba a punto de salir de París hacia Bogotá porque el Gobierno serbio había ordenado su extradición por sospechas de asesinato. Ahora los generales paramilitares croatas, los empresarios eslovenos y la mitad de los bajos fondos búlgaros estaban en este nuevo negocio cuyos beneficios superaban a los del contrabando de los narcóticos tradicionales de los Balcanes, la heroína y las anfetaminas. La mayoría de ellos ganaron sumas considerables gracias a la cocaína, aunque en su mayor parte ya han muerto. Por supuesto, el negocio continúa adelante.

Hace tan sólo quince años, en los Balcanes el contrabando estaba limitado a las omnipresentes fuerzas policiales comunistas. Pero aunque la guerra y las sanciones habían dado pie a una de las proliferaciones de delincuencia más intensas y rápidas del mundo, la causa última de ello se encontraba en otro lugar: en Rusia.

3

LA MAFIA: EL PARTO DEL CAPITALISMO

A horcajadas sobre el gran río Ural, la ciudad de Atyrau es conocida por la escasa porosidad del suelo sobre el que se asienta, que no permite ningún drenaje natural. En invierno, el nivel del río asciende y las calzadas y las aceras quedan cubiertas de barro. Durante los primeros quince minutos de mi visita a esta ciudad de 60 000 habitantes caminé de puntillas por las calles tirando de las perneras del pantalón hacia arriba para intentar que no se ensuciaran. Luego, como todo el mundo, asumí mi derrota frente al barro que me cubría los zapatos, los calcetines, los vaqueros y el abrigo. Las paredes marrones y amarillentas de los edificios de la era soviética parecen diseñadas para conjuntar con el barro. En su interior, los decrépitos pasillos y ascensores emitían un penetrante hedor a orina.

Esta desvencijada arquitectura es la misma que puebla centenares de poblaciones de la antigua URSS, pero en Atyrau desaparece bruscamente en cuanto uno llega al centro de la ciudad. De repente, en lugar de las edificaciones soviéticas se ven hileras de casas blancas impolutas. Vigilantes de impecable uniforme azul patrullan las calles de esta especie de barrio residencial estadounidense. Frente a esta comunidad de acceso restringido se eleva un edificio de oficinas posmoderno con claraboyas relucientes en la fachada. Este barrio emana eficacia, progreso, limpieza y riqueza, pero, aun así, de alguna forma la nueva Atyrau parece tan desprovista de alma como la vetusta ciudad soviética a la que reemplaza.

Aparte de la funesta primera impresión que produce, esta localidad del extremo noroeste de Kazajistán dista mucho de ser un páramo residual de la época comunista. Desde el punto de vista económico, probablemente sea una de las diez zonas más importantes de la antigua Unión Soviética. Las principales razones para ello (y para la invasión de oficinas y viviendas occidentales) son las enormes reservas de petróleo y gas natural, un 50 % de la voluminosa capacidad de Kazajistán, que se hallan en el fondo del mar Caspio, a unos 160 kilómetros de distancia. La costa se encuentra a tan sólo 30 kilómetros, en el delta del Ural. Con todo, la mayoría de habitantes de Atyrau puede dar fe de que el 90 % de su población no ha visto nunca el Caspio: toda la región que rodea a esta ciudad era una zona económica y militar de acceso restringido durante el régimen soviético, y continúa siéndolo hoy en día.

Kazajistán logró su independencia en 1991 sin invertir el menor esfuerzo ni desearlo lo más mínimo. La URSS se desmoronaba en pedazos y Rusia renunció al control político directo de enormes extensiones territoriales de Europa y Asia. Una de esas zonas era este país de Asia central tan poco conocido, que, pese a ser más grande que Europa occidental, alberga una población de tan sólo quince millones de habitantes. Para la mayoría de la gente, lo único famoso de este país es Borat, el escandaloso locutor ficticio de televisión creado por el cómico británico Sasha Baron Cohen. El Kazajistán de Borat es un país de asnos y prostitutas, pero el de verdad es una nación de gran importancia geoestratégica cortejada por Rusia, Estados Unidos y China. La independencia llegó al mismo tiempo que el descubrimiento de que las reservas energéticas de Kazajistán podían ser inmensas; al olfatear dinero, las grandes potencias y multinacionales no tardaron en peregrinar a Atyrau y ofrecer su capacidad tecnológica para extraer todos los recursos energéticos posibles tan deprisa como fuera factible.

La cuestión que se plantea hoy a Kazajistán es si su nueva/vieja élite (antiguos comunistas convertidos en patriotas kazajos) posee la sabiduría necesaria para esquivar la «maldición del petróleo», o si las instituciones democráticas recién nacidas serán engullidas por el maremoto de la avaricia humana que suele llegar con el descubrimiento de un tesoro mineral. La alternativa a estas instituciones es un sistema regulado principalmente por la corrupción. Éste ha sido el sino de países como Angola, Nigeria e Indonesia, recientemente afligidos por el descubrimiento de riquezas subterráneas, aunque el ejemplo más clásico —y, probablemente, insuperable— es Arabia Saudita.

Hasta el momento hay pocos indicios de que la dictadura electoral del presidente Nursultan Nazarbayev tenga la capacidad necesaria para distribuir equitativamente el dinero, aunque con una población tan reducida su camarilla de caciques tenga una oportunidad real de conseguirlo.

El sistema de gobiernos corruptos que ha engendrado el petróleo también ha dado lugar a un entorno de permisividad en el que florece una de las industrias criminales más destructivas del mundo. No fui a Atyrau a investigar los miles de millones del petróleo, sino el otro «oro negro» por el que es conocida la ciudad. El río Ural es el hábitat de una de las pocas reservas que quedan de esturión beluga. Al acercarse al delta del río, Atyrau se desvanece rápidamente y lo que queda de la calzada corre por un paisaje desolado. Pescadores cuya pobreza resulta obvia trabajan penosamente con botas de agua en los escasos y yermos pueblos de la zona. Son reacios a hablar del esturión, aunque uno me reveló que recibían «tres dólares por pescado cuando vendemos el caviar al Estado. Pero cada año es más difícil. Hay menos peces». Cuando las huevas de la hembra muerta culminan el largo viaje desde el Ural hasta la mesa de los restaurantes más lujosos de Nueva York y París, cuestan entre 6000 y 7000 dólares el kilo. Este margen de beneficio superior al 10 000 % resulta tentador hasta para los ciudadanos más honrados. La única inversión de capital necesaria para entrar en el negocio del caviar es una red y un cuchillo. La progresiva escasez de caviar en el Caspio ha propiciado el crecimiento de una de las operaciones más rentables de la mafia en la antigua Unión Soviética. Durante los últimos quince años, la población de esturiones del Caspio ha disminuido drásticamente: en 2004 los países ribereños de este mar sólo capturaron 760 toneladas de esturiones, mientras que en 1985 fueron 26 000. Ello es producto de la frenética exterminación a la que el ser humano se ha entregado contra esta especie tan antigua, que hasta 1989 había sobrevivido a todos los cambios evolutivos desde la época de los dinosaurios. Antes de la caída del comunismo, el litoral del Caspio se repartía únicamente entre dos Estados: la URSS e Irán. Tras su descomposición, la costa de la Unión Soviética en este mar se dividió entre cuatro nuevos países: Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán y la Federación Rusa (de la que forma parte la tremendamente inestable provincia de Daguestán). A menos que Irán y estos cuatro nuevos propietarios del Caspio tomen medidas radicales, los cinco tipos principales de esturión de la antigua Unión Soviética se acercarán a su extinción total en 2010.

Oficialmente, los visitantes de Atyrau tienen permitida la compra de 100 gramos de caviar de la modesta cuota personal acordada entre el Gobierno de Kazajistán y la CITES (Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas). Los funcionarios de la Patrulla de Protección Piscícola aseguran que es imposible encontrar caviar fuera de los establecimientos especiales regulados por el Gobierno. Entrar en una de ellas es como viajar en una máquina del tiempo a hace veinte años y tener una experiencia de primera mano sobre qué era salir de compras en la época soviética. La mísera oferta de productos inspira una tristeza peculiar; es como si el género se escondiera de la atención de unos clientes desesperados por encontrarlo. Las láminas de pergamino que hay en los escaparates entre tres o cuatro botecillos de caviar resultan ser de capa desecada. En las tiendas del Gobierno el sistema oficial funciona claramente bien: es imposible comprar una gran cantidad de caviar de la mejor calidad por una nadería.

Pero cien metros más allá, me aventuro por los angostos pasillos del principal bazar de la ciudad. Numerosos puestos ofrecen queso, salchichas y verduras de colores llamativos, y los vendedores anuncian a gritos las virtudes de su mercancía. Entro en una habitación vacía en la que hay cinco mujeres kazajas de edad sentadas parloteando. Pregunto a la que tiene las facciones más marcadas si vende caviar. «Claro —contesta sin titubear, y levanta un trapo que cubre una tabla con varios cubos de caviar fresco e ilegal—. ¿Qué quiere? ¿Beluga fresco, sevruga de la temporada?» Sus existencias me dejan boquiabierto; en Occidente costarían decenas o centenares de miles de libras esterlinas. «Póngame un kilo de beluga fresco, por favor», le pido. «¿Me dará un recibo para poder pasar esto por la aduana del aeropuerto?» Me contesta, algo irritada, que es totalmente imposible, pero garabatea un número de teléfono en un papel. «Telefonee a este señor; se llama Nurlan, es el director de aduanas del aeropuerto.» El mismo día, más tarde, vierto mi producto de contrabando en un frasco de vidrio resistente y cierro bien la tapa. Como la mayoría de los vuelos internos del país, mi avión a Almaty, la capital comercial, a 160 kilómetros de la frontera china, sale a una hora absurda: las dos de la madrugada. A pesar de lo cansado que estoy, quiero descubrir qué sucedería si no pido la protección de Nurlan, o sea que paso el caviar con mi equipaje por la máquina de rayos X antes de llamarle. Con cara de pocos amigos, el policía que inspecciona las maletas detiene la máquina cuando pasa mi equipaje.

—¿Qué es esto? —pregunta, receloso, señalando el caviar.

—Un poco de caviar que he comprado.

—Espere aquí —dice el agente, metiéndose en el bolsillo mi pasaporte y mi billete.

Me conduce a una sala apartada y está a punto de arrestarme cuando decido que es hora de llamar a la «caballería»: marco el número del teléfono móvil de Nurlan. Le tiendo el teléfono al policía; al cabo de unos segundos, me sonríe y me devuelve el teléfono, el pasaporte y la tarjeta de embarque. «Que tenga un buen vuelo, señor Glenny», me desea en su excelente inglés. Eso fue todo.

El precio de 23 000 tenges kazajos (equivalente a unos 175 dólares por el kilo del caviar más preciado del mundo; un importe irrisorio, aunque muchísimo más alto que los 3 dólares que cuesta el kilo en el mercado que hay a tan sólo 15 kilómetros) incluía el paso gratuito, aunque corrupto, por las aduanas de Atyrau, por cortesía de su director. Así es como funciona: desde el pescador hasta el comensal del restaurante parisino, todos los participantes de la cadena se benefician excepto el pobre esturión.

Mi kilito de huevas no era más que un guijarro comparado con el Everest que formaría el caviar que el mundo ha consumido desde principios de los noventa (una tercera parte del total en Estados Unidos, aproximadamente un 38 % en Europa occidental y gran parte del resto en Oriente Medio, especialmente en los países del golfo Pérsico). Hasta los años setenta, los dos países del Caspio —Irán y la Unión Soviética— producían caviar en niveles sostenibles. Luego, «en 1977, el Gobierno soviético decretó un enorme incremento de la producción y exportación de caviar porque necesitaban divisas desesperadamente y ésta era una forma fácil de conseguirlas», explica Artur Shakhnazarian. Adusto, serio y con penetrantes ojos azules, Shakhnazarian no parece un líder anti mafia, aunque no hay que subestimar su valentía: luchó en dos guerras de la periferia de la Unión Soviética cuando ésta se estaba desmoronando. Junto con su tenaz esposa Oksana Martinuk, lleva más de una década batallando para impedir la exterminación del esturión. «La pesca es excesiva hasta tal punto que no les bastaban los ferrocarriles que tenían para exportar la mercancía. En honor a la verdad, Mijail Gorbachov puso freno a estas capturas y reforzó los equipos de la Spetznaz, las Fuerzas Especiales encargadas de proteger a los esturiones», dice Oksana. En poco tiempo, la protección armada y un programa de repoblación lograron cierta recuperación de la población de peces.

Pero después de 1989 la policía estatal que tanto intimidó a la gente durante siete décadas pareció marchitarse y morir. «Al principio, los furtivos venían de noche abriéndose paso a tiros hasta el río. Luego comenzaron a aparecer barcos y empezó la pesca a escala industrial», recuerda Artur. Los gánsteres comenzaron a exportar caviar a Turquía, Oriente Medio y Moscú: camiones, barcos, trenes e incluso aviones de carga enteros a Dubái. Azerbaiyán estaba sumido en un difícil conflicto armado con Armenia y necesitaba financiar su campaña. Los pozos petrolíferos azeríes eran obsoletos o insuficientes, y el caviar pasó a ser la principal fuente de divisas. La República de Daguestán, en la Federación Rusa, se convirtió en un territorio sin ley; la policía y el servicio de aduanas de Rusia tuvieron que librar una guerra imposible de ganar contra una de las mafias del caviar más implacables; se extrajeron 20 000, 30 000 y hasta 40 000 toneladas de caviar al año que revistieron de perlas negras a los nuevos ricos de Moscú, que vendían los excedentes a Occidente, obteniendo unos jugosos beneficios.

En 1998, el saqueo del Estado y la contaminación del sistema financiero llevados a cabo por la oligarquía rusa alcanzaron tal nivel que los bancos se vinieron abajo. De la noche a la mañana, decenas de millones de rusos se encontraron por debajo del umbral de la pobreza a causa de la hiperinflación que engulló sus ahorros. El rublo no valía nada; el dólar era el rey, pero sólo estaba al alcance de quienes ya se habían enriquecido con sus negocios delictivos o con el desvalijamiento de los bienes del Estado (si es que, en realidad, se trataba de actividades distintas). Ello hizo del caviar un bien aun más preciado, ya que su valor en divisas era inalterable.

El caviar sale desde la región del Caspio hacia todas direcciones y por todas las fronteras. En el puerto de Novorossiysk de la costa rusa del mar Negro, la mafia envía cada día a centenares de personas en ferry a la localidad turca de Samsun. Todos llevan su carga máxima personal de 250 gramos de caviar. Una vez en Turquía, el caviar se considera internacionalmente como un producto legal turco exportable sin restricción de peso. Como el viaje de vuelta cuesta unos 10 dólares, todo el mundo saca tajada y nadie quebranta la ley. Una pequeña proporción de este caviar llega a los restaurantes de pescado de las inmediaciones de la plaza Taksim de Estambul, pero la mayor parte se envía a los Emiratos Árabes Unidos para que lo consuman ciudadanos árabes y occidentales en los ridículos hoteles que han marcado nuevas cotas de opulencia superflua. Pero la ruta hacia el sur no es nada comparada con el verdadero núcleo del contrabando: Moscú. Un 80 % del caviar ilegal se transporta a la capital rusa para el consumo local y la exportación.

La caída de la Unión Soviética es la causa más importante del increíble crecimiento de la delincuencia organizada que ha registrado el mundo durante las últimas dos décadas. En un abrir y cerrar de ojos provocó una caótica carrera por la supervivencia y el enriquecimiento. Desde las cruentas guerras del Cáucaso hasta los sangrientos tiroteos de los pueblos y las ciudades, en este mortífero entorno una nueva clase de capitalistas explotó el vacío de poder robando industrias enteras y vaciando las arcas del Estado. Acompañada por una orgía de consumo y comportamientos decadentes como no se veía desde un siglo atrás bajo el zar Nicolás, esta espiral de violencia absorbió a casi todos los ciudadanos del país. Incluso organizaciones tan poderosas como el KGB o el Ejército Rojo se enredaron rápidamente en esta espectacular pesadilla cuyas repercusiones traspasaron las fronteras de la URSS y llegaron a todos los continentes, al mismo tiempo que del país salía dinero a espuertas hacia paraísos fiscales. El corazón que latía tras todos estos extraordinarios sucesos era Moscú. Por insólita, amenazadora y terrorífica que fuera, al principio de los noventa esta ciudad era también apasionante…, a menos que uno terminara en el lado malo de una bala. En 1993, cuando hice una breve visita a la capital, ya habían comenzado los tiroteos, ya había prostitutas espectaculares en las calles ejerciendo su oficio sin problema, los restaurantes ya servían comidas exóticas y vinos carísimos a los nuevos rusos, las luces de los casinos brillaban por la noche. Para entonces ya me había habituado al caos de la guerra de Yugoslavia, cuya lógica de sangre y fuego resultaba comprensible, por repulsiva que fuera. Pero ¿Moscú? Llevaba visitando periódicamente la capital rusa desde principios de los años setenta, y siempre me había sorprendido lo triste que parecía. Ahora estaba irreconocible, incluso con respecto a la última vez que había pasado por allí, en 1991. Los edificios grandiosos eran los mismos, pero la súbita energía y el torrente de riqueza eran incomprensibles. Era una Rusia de fantasía. Pasé la noche en un restaurante totalmente nuevo en el que tomé una cena que habría podido ganar estrellas Michelin. Me quedé patidifuso a cada bocado que tomaba, incapaz de concebir que estaba en la misma ciudad donde antes imperaban la sopa aguada, el pan negro de corteza dura y los huevos hervidos. Lo único que no había cambiado eran la soberbia brusquedad y la indiferencia por todo lo que no fuera ruso. En dos años, Moscú se había transformado en una sobrecogedora Babilonia de armas, empresas, dinero, violencia y diversión.

El general Vladimir Rushaylo negó con un ademán de la cabeza y sonrió al empresario que tenía delante.

—No puedo hacer nada, Artyom Mijailovich.

—¿Por qué no?

—Para empezar, nadie me lo ha ordenado con una directiva. Ni nadie nos ha pagado para hacerlo. En segundo lugar, a menos que lo pillásemos con las manos en la masa tendríamos que iniciar una investigación larga y tediosa que, probablemente, no nos llevaría a ninguna parte.

Rushaylo, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Organizada de Moscú, se disculpaba, pero no veía motivo alguno para que sus hombres entrasen en aquel caso. Uno de sus subordinados terció: «Cuando le dispare o le secuestre a usted, iremos a por él».

Artyom Tarasov entendió perfectamente el mensaje: si hay sangre en la calle, es posible que la policía tome cartas en el asunto. Pero no en caso de que sólo haya amenazas. Si la policía, con una carga de trabajo totalmente desproporcionada, se hubiera puesto a investigar las meras amenazas en el inverosímil circo que era Rusia a principios de los noventa, no habría tenido tiempo para hacer nada más. Tarasov suspiró. Parecía que debía seguir adelante sin ninguna ayuda en su incómoda disputa con un antiguo socio que le pedía una compensación de varios millones de dólares. No era más que uno de tantos miles de rusos a los que intentaba extorsionar una banda. Al recordarlo, Tarasov se da cuenta de lo ingenuo que fue. «Los tiburones sólo entran a matar cuando huelen el miedo de sus presas —dice en voz baja— y creo que no entendí el grave peligro que representaban los gánsteres en aquel momento, o sea, que no tenía todo el miedo que quizás debería haber sentido.»

Las afables maneras de Tarasov no revelan su excepcional visión de los negocios, gracias a la cual pasó de ser un burócrata comunista a convertirse en el primer millonario de Rusia cuando las reformas de Gorbachov abrieron la puerta a las empresas privadas en 1988. «Nuestro primer negocio fue reparar televisores occidentales. No había piezas de recambio y tuvimos que improvisar con las fabricadas en Rusia. Y funcionaban, aunque si la gente hubiera mirado el interior del aparato habría visto un panorama monstruoso: como no teníamos las piezas originales, tuvimos que hacer muchas chapuzas. Después puse en marcha una agencia de citas. Gané miles de dólares en una sola semana, pero la policía me cerró el negocio enseguida por presunta inmoralidad. Me di cuenta de que había un mercado ingente para estos servicios.»

En 1988 el líder soviético Mijail Gorbachov aprobó la Ley sobre Cooperativas, en virtud de la cual fue legal por primera vez en Rusia desde hacía sesenta años que personas como Tarasov fundasen una compañía. Los empresarios descubrieron que, en cuanto tenían en marcha un negocio que daba dinero, los beneficios atraían competencia. «Y los rivales empleaban cualquier método para meterse en el mercado —explica este empresario—, incluida la violencia.» Acudir a la policía en busca de protección era fútil. Como demuestra la franqueza del general Rushaylo al hablar con Tarasov, era como si la policía —que tradicionalmente era la primera línea de la autoridad en Rusia— hubiese dejado de existir. Carecían de los recursos intelectuales y económicos necesarios para adaptarse al advenimiento del capitalismo. De esta forma el Estado comenzó a ceder, lenta pero imparablemente, su monopolio de la violencia a los denominados gruppirovki, o bandas callejeras. Lejos de ser los heraldos de la anarquía, estos grupos (compuestos por veteranos de Afganistán, tipos duros de la calle, expertos en artes marciales, antiguos agentes del KGB, todos ellos personajes terroríficos) fueron las comadronas imprescindibles para el alumbramiento del capitalismo.

Los empresarios como Tarasov comprendieron que, de hecho, los gruppirovki eran fuerzas del orden privatizadas. A diferencia de sus homólogos estatales como el KGB y el Ministerio del Interior (MVD), estas flexibles bandas auto organizadas comprendieron de forma instintiva que existía una gran demanda de sus servicios de «protección» o seguridad por parte de la nueva clase empresarial. En lugar de pagar impuestos al Estado, que no tenía ni idea de cómo fiscalizar las nuevas pequeñas empresas, las compañías entregaban de todo corazón entre el 10 y el 30 % de su facturación a los matones locales, que a cambio se aseguraban de que su cliente continuara operando sin ser víctima de los gruppirovki que trabajasen para la competencia. «Estamos dispuestos a aceptar la protección porque nos cobran el 10 % —señaló en aquella época un empresario de Omsk— mientras que el Estado se queda un 90 % en impuestos y aun más en multas.»

El advenimiento del negocio de la protección constituyó el primero de un fenómeno de tres fases a través del cual la mafia organizada rusa dejó atrás los delitos menores de sus inicios y terminó convirtiéndose en una poderosa fuerza internacional que buscó un lugar fijo en la economía mundial. Con el Estado en pleno desmoronamiento y las fuerzas de seguridad sobrepasadas por la situación e incapaces de hacer valer la ley, cooperar con la cultura criminal era la única salida, según explica Tarasov, que hace énfasis en que, sobre todo, los empresarios tenían que encontrar una D-Company de confianza con un buen vor a la cabeza.

Las palabras krysha y vor son tan imprescindibles para comprender la Rusia de los noventa como glasnost y perestroika lo fueron en la época de Gorbachov. Krysha significa, literalmente, «techo’ y es la palabra empleada en ruso para una organización que ofrece protección, el significado más puro del término siciliano mafia. Por su parte, vorv-zakonye es un término originado en las prisiones del período soviético. Significa literalmente “ladrón de ley” y denota a los encarcelados por delincuencia común (es decir, por motivos no políticos) que han sido «coronados» como líderes por sus iguales. Los vory estaban sujetos a un peculiar código de conducta (por ejemplo, no podían contraer matrimonio) y, para sus subordinados, su opinión era la palabra final en la resolución de disputas entre prisioneros. «La mayoría de los vory también eran manejados por el KGB, lo supieran o no», según afirma Peter Grynenko, un policía de Nueva York que se especializó en el crimen organizado ruso antes de abrir una empresa de consultoría en Letonia. De este modo, según Grynenko, el Estado podía tener bajo control al mundo criminal, tanto dentro como fuera de las instituciones penitenciarias. Algunos de los vory eran duros de verdad, pero otros sólo lo fingían. Cuando la mayor organización de protección eslava de Moscú, la Hermandad de Solntsevo, comenzó a cobrar fuerza en 1991, invitaron al vor Dzhemal Konstantinovich Khachidze a sumarse a ellos. En teoría, Dzhemal tenía que ser el jefe de Solntsevo, pero aparte de su estatus de vor aportó poca cosa a la hermandad. «Ese tipo era un alcohólico y un drogadicto, pero lo limpiaron y le enseñaron a usar cuchillo y tenedor, aunque no lograron desengancharlo de la coca —explica Bobby Levinson, que dirigió la Oficina de Delincuencia Organizada rusa durante los años noventa—. Lo reclutaron por una cuestión de relaciones públicas y lo presentaron como al vor que tenían en el trono. Y comenzó a controlar a los traficantes de drogas obligándolos a contratar sus servicios de protección». Así, los vory fueron útiles desde el punto de vista del marketing para las bandas que vendían protección, pero no necesariamente eran hombres eficaces. «Lo único que habían hecho en su vida era pasar un tiempo en la cárcel siendo vory —señala Grynenko—. Ninguno de ellos era un asesino de verdad ni nada parecido.»

Hasta el invierno de 1991, las cosas estuvieron muy tranquilas. El hampa se componía básicamente de bandas callejeras que aún tenían que cubrirse las espaldas de la policía y el KGB. No obstante, este último perdió muchísimo prestigio y margen de maniobra con el golpe fallido de la línea dura del Partido Comunista de agosto de 1991, a consecuencia del cual Gorbachov fue desplazado por otro reformista más ambicioso: Boris Yeltsin. Éste no tardó en ir mucho más allá que el más radical de su equipo de jóvenes discípulos y anunció que antes del 1 de enero de 1992 el Gobierno ruso liberalizaría todos los precios (con algunas excepciones cruciales). Ello bastó para sumir en estado de hibernación durante una década a la disciplina centralista, que al cabo de setenta años de comunismo había penetrado hasta en el último rincón de la vida de la gente. En pocos meses, Rusia se sumió en un surrealista capitalismo anárquico: el salvaje Este.

Los pilotos del ecléctico «gabinete kamikaze» de Yeltsin eran dos jóvenes economistas: Yegor Gaidar y Anatoly Chubais. Con la palabra «liberalización» como consigna, estrellaron sus aviones contra la sala de máquinas del contrato social soviético, que durante setenta años había mantenido un rumbo estable, aunque lóbrego. «Lo desmantelamos todo —explica Oleg Davydov, personaje clave del Ministerio de Comercio—. Comenzamos la liberalización sin ningún tipo de control.» La liberalización de los precios, un áspero término económico, fue el pistoletazo de salida para un vertiginoso y accidentado viaje hacia lo desconocido. Para los consejeros y economistas estadounidenses que acudieron en tropel al Gobierno moscovita, se trataba de una oportunidad única. La economía rusa era una gigantesca probeta de laboratorio para la escuela de Chicago de la economía de mercado, pero entre los cultivos con los que experimentaban había un Frankenstein que se escapó por la puerta sin que los científicos se dieran cuenta.

En parte, ello se debe a que las reformas contenían una serie de anomalías catastróficas. Los precios más importantes para millones de ciudadanos rusos de a pie (el del pan y el de la vivienda) se liberalizaron, pero no los que sólo afectaban a una pequeña minoría de empresarios. En lo que Gaidar calificó condescendientemente en cierta ocasión como «un fallo», el equipo reformista mantuvo bajos los precios de los enormes recursos naturales de Rusia: el petróleo, el gas natural, los diamantes y los metales. La nueva clase de comerciantes podía seguir adquiriendo estos productos de mercado al antiguo precio protegido soviético, que en muchas ocasiones era cuarenta veces inferior a su valor en el mercado mundial. Esto equivalía a una licencia para imprimir dinero.

Al mismo tiempo, el Gobierno privatizó el monopolio estatal que la Unión Soviética había impuesto a la importación y exportación de todos los productos y servicios. Este monopolio obligaba a las empresas extranjeras a recurrir al Ministerio de Comercio Exterior como intermediario en sus negocios. A la hora de cerrar un contrato, las compañías extranjeras no trataban directamente con las empresas a las que compraban o vendían productos. Las minas de diamantes y los pozos petrolíferos de Siberia vendían su mercancía al precio protegido (por ejemplo, un dólar el barril de petróleo) al ministerio, y éste lo vendía a los compradores extranjeros a su precio en el mercado mundial; los beneficios se canalizaban hacia las arcas del Estado. Con la diferencia de precio entre el elevado coste de las materias primas en el mercado exterior y los precios protegidos interiores, el régimen se aseguraba que los grandes ingresos de divisas compensasen la ridícula ineficacia de la economía planificada soviética. En realidad, el monopolio del ministerio era una de las pocas cosas de la URSS que funcionaba. Era una pared maestra de la economía: si se eliminaba sin antes erigir su sustituto, todo el edificio se derrumbaría. Y el «gabinete kamikaze» se limitó a quitarlo de en medio.

La suma del mecanismo privatizado de comercio exterior y el mantenimiento de los bajísimos precios protegidos originó en pocos meses una especie totalmente nueva de ladrón: el oligarca ruso. La lógica de esta forma de vida para volverse riquísimo en muy poco tiempo es muy sencilla: comprar un barril de petróleo siberiano a 1 dólar y venderlo a 30 dólares en los países bálticos. El Estado ya no ingresaba su parte; los pingües beneficios iban a parar a unas pocas personas. En cuestión de cuatro años había surgido un grupo de pocos centenares de hombres y mujeres inmensamente ricos, y una camarilla de multimillonarios formaron una corteza alrededor del presidente Yeltsin que ejercía cada vez más influencia política sobre él. Entre los oligarcas y las decenas de millones de personas que habían caído en la penuria se encontraba una pequeña clase media frágil y exasperada.

Este enriquecimiento constituyó, sencillamente, el mayor robo de la historia y no admite parangón histórico. Mientras Rusia se vestía para parecer una economía capitalista responsable que resultase atractiva para la inversión exterior, sus capitalistas más poderosos saqueaban sus bienes más importantes (recursos minerales de un valor casi incalculable), los vendían a cambio de dólares y luego sacaban esos fondos del país en la mayor evasión de capital que jamás se haya visto. El FMI inyectaba miles de millones de dólares en Rusia para estabilizar su economía y apuntalar el rublo, y los oligarcas enviaban sumas cada vez mayores a oscuros bancos de todos los rincones del globo, desde Suiza hasta la isla de Nauru, en el Pacífico, donde desaparecían al instante a través de unos montajes de blanqueo de dinero de una complejidad desconcertante. Todo el proceso era un testimonio dramático de que, en ausencia de instituciones reguladoras, la corrupción y la miopía siempre tienen las de ganar.

Los burócratas soviéticos que aún administraban el Estado no sabían controlar, regular ni adjudicar los principios del intercambio comercial. El resultado fue que «en la práctica, los organismos gubernamentales abandonaron su tarea de salvaguardar las estructuras comerciales privadas», explica Olga Kryshtanovskaya, una importante socióloga rusa. La policía e incluso el KGB no tenían la menor noción sobre cómo hacer respetar la ley.

Los mafiosos y las bandas que vendían protección no andaban tan despistadas; su papel crucial en la nueva economía rusa consistía en hacer respetar los contratos que suscribían. Estas organizaciones eran las nuevas fuerzas del orden, y los oligarcas precisaban sus servicios. El sistema de justicia de la nueva Rusia fue definido por las bandas mafiosas y los oligarcas. Entre 1991 y 1996, el Estado ruso renunció a mantener la sociedad bajo control, y las distinciones entre la legalidad y la ilegalidad, lo moral y lo inmoral, casi dejaron de existir. En cualquier caso, no había definiciones claras para la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la extorsión, por lo que todas las transacciones comerciales eran legales e ilegales al mismo tiempo. Ello se aplicaba tanto a la prostitución y las drogas como a los automóviles, el tabaco y el petróleo. Si el Estado de derecho se hubiera impuesto, no cabe duda de que la conducta de los oligarcas habría sido castigada duramente.

Mientras la administración trataba de adaptarse a las nuevas condiciones empresariales, empezaron a crecer en ella algunas malas hierbas. El antiguo sistema de justicia penal soviético fue incapaz de regular la rampante actividad comercial que floreció a partir de 1992, pero los burócratas podían facilitarla en gran medida estampando el sello de aprobación de un préstamo del Banco Central en el momento adecuado o concediendo la imprescindible licencia de exportación. La palabra clave del momento era «recursos»; el «recurso» del gánster era su capacidad para convencer mediante la violencia. El oligarca podía emplear sus «recursos» para hacerse con la propiedad de fábricas enteras a precios irrisorios, propiedad que luego podía aprovechar para hacerse conceder más fondos.

El «recurso» del burócrata era su sello, que siempre estaba listo en el cajón del escritorio. Cada grupo vendía sus «recursos» a los otros. «En los tiempos soviéticos —explica Lev Timofeev, matemático, economista y famoso disidente de la época de Breznev—, un burócrata ponía en marcha un negocio. Entendía bien que se hallaba en un mercado; en la Unión Soviética siempre había escasez de algo, y un burócrata podía vender su influencia a quien pudiese comprarla para que dicha escasez le afectase lo menos posible. El cambio clave de los noventa consistió en que los ciudadanos, es decir, los empresarios acudían al burócrata para poner en marcha los negocios.» Esta sencilla conspiración tripartita entre oligarcas, burócratas y mafiosos quedó oculta a ojos de la mayoría tras el intenso drama que se vivía en las calles de Moscú y de otras grandes ciudades: una actividad sexual desenfrenada, escandalosas ostentaciones de riqueza e intrigas políticas impenetrables. Por encima de todo, quedó oculta tras el estallido de las violentas guerras de la mafia.

«En aquel momento apareció una serie de vory, la mayoría de ellos georgianos. Tenían una misión clara: sacarme varios millones de dólares o, en caso de no lograrlo, secuestrarme», explica Artyom Tarasov sonriendo, mientras rememora uno de sus primeros strelky o reuniones con la mafia. Los strelky se organizaban de tal forma que un empresario se entrevistaba con la krysha de otro para resolver un conflicto contractual. En el 90 % de los casos, el strelka finalizaba con un acuerdo y los dos empresarios estaban obligados a seguir el dictamen de sus respectivas kryshy. Sin embargo, en esa ocasión Tarasov escapó con vida por poco. «Apareció un auténtico ejército desde ambos lados; entre treinta y cuarenta hombres. Esta banda de facinerosos había ocupado el Club Volodya Demago del distrito moscovita de Taganka. Blandían sus armas de una manera que habría aterrorizado a cualquier persona normal…» Enviaron a Tarasov a la estancia de al lado con sus guardaespaldas personales, mientras sus krysha, Malik y Shamad, negociaban con los vory del otro bando. «De repente, se oyeron gritos:

—¿Por qué has venido? ¿Qué haces mezclándote con este cabrón?

»Nuestros chicos respondían gritando a los vory:

—No es nadie. Pero ¿quién os habéis creído que sois?

—¡Somos vory-v-zakone! —respondieron los otros chillando.

»Como todos ellos estaban armados hasta los dientes, tan sólo era cuestión de minutos que comenzasen a pegarse tiros. Me llevaron a la sala. Era exactamente igual que en las películas de gánsteres: totalmente irreal.» El empresario sopesó la situación y tomó la decisión correcta: huir. Tarasov —probablemente fue el primer oligarca o, al menos, proto oligarca— tuvo suerte de escapar con vida de esta strelka. Era inusual que uno de los empresarios que protagonizaban el conflicto comercial estuviese presente en reuniones de este tipo, que convocaban de forma cotidiana las bandas de protección o kryshy para dirimir problemas contractuales entre las empresas a las que representaban. La gran mayoría de estas reuniones eran inofensivas; las bandas de protección eran organizaciones razonables que trataban de evitar la pérdida innecesaria de personal. Pero por su propia naturaleza existía peligro de que la strelka terminase convirtiéndose en una razborka o tiroteo. Vadim Volkov, el principal estudioso ruso de los «empresarios violentos», como los denomina, explica: «No se puede ignorar o pasar por alto una strelka. Dejar de presentarse en una strelka significa automáticamente la derrota, y también es perjudicial para la reputación de uno… Lo más remarcable de una strelka son sus características semióticas. Al celebrar una strelka, los participantes no negocian muchos detalles, pero hay indicios sutiles… Todos los empresarios violentos son de lo más perceptivos en lo que respecta a estos indicios y saben leerlos, porque los que lo hacen mal no viven mucho tiempo. Lo más importante es que hay que saber predecir las probabilidades de que las cosas acaben mal y prepararse en consecuencia. ¿Cuántos hombres hay que llevar a la strelka? ¿Tienen que ir todos armados y preparados por si hay un tiroteo? ¿Vale la pena el riesgo?».

La relación de Tarasov con esta krysha es un ejemplo de los vínculos entre la oligarquía y las bandas mafiosas en general. Los millonarios y multimillonarios no podían ganar dinero y retenerlo sin la protección de las bandas, y los gánsteres prosperaban gracias a la demanda de seguridad de la oligarquía. Cuanto más rico era el empresario, más crecían y más dinero ganaban sus protectores: se trataba de una creación de riqueza asegurada mutuamente. Las bandas rusas que ofrecían protección durante los noventa diferían en tres aspectos de las familias mafiosas clásicas de Nueva York, Chicago y el sur de Italia.

a) Eran indispensables para la transición del comunismo al capitalismo.

A pesar de los asesinatos y los tiroteos, la mafia rusa garantizó cierta estabilidad durante la transición económica. Naturalmente, en una situación normal se consideraría que la extorsión, el secuestro y el asesinato constituyen un régimen de seguridad más bien nefasto. A la mayoría de la gente le costaría considerar como negocios legítimos el robo de automóviles o el tráfico de prostitutas y narcóticos. Pero Rusia no vivía una situación normal. Ninguna sociedad está libre de delincuencia organizada, excepto las más represivas (y, si bien Corea del Norte posee niveles muy bajos de crimen organizado, su presupuesto estatal depende de forma decisiva del tráfico de drogas con las organizaciones delictivas de los países vecinos). Pero si en un país tan grande y con tantos recursos minerales como Rusia se reemplaza una serie de normas (el plan quinquenal) por otra (el libre mercado), y ello sucede en un momento de cambios decisivos en la economía mundial, no pueden dejar de presentarse oportunidades nuevas y excepcionales a los elementos más ingeniosos, más fuertes y más afortunados de la sociedad (la oligarquía, los delincuentes y los burócratas cuyo poder escapa de repente al control estatal). Es totalmente cierto que el Gobierno de Yeltsin cometió algunos errores garrafales, pero se hallaba sometido a unas presiones económicas considerables porque el sistema soviético se venia abajo y ya no podía garantizar el suministro de alimentos a la población; además, incluso antes de que se congelaran los precios la inflación había ascendido al menos al 150 % y continuaba subiendo. Había que hacer algo.

A mediados de los noventa, el Gobierno ruso estimó que entre un 40 y un 50 % de su economía correspondía al sector negro o al gris, y tanto Rusia como el resto del mundo deben situar en este contexto el fenómeno de la delincuencia organizada: ésta fue muy brutal y nació en una situación caótica, pero sus orígenes constituyen una respuesta racional a un entorno socioeconómico totalmente anómalo.

b) A diferencia de las mafias tradicionales italiana y estadounidense, los miembros de las bandas rusas no estaban unidos estrictamente por lealtades familiares. El código del mundo de los ladrones (que investía de honor y reconocimiento a los vory) sólo sobrevivió unos meses en el capitalismo primitivo de Rusia.

Al cabo de poco tiempo el título de vor estaba en venta. En lugar de ganárselo a base de años en prisión, uno podía limitarse a comprarlo. Ello devaluó la autoridad del vor, y la estricta jerarquía de ladrones que había nacido en las prisiones soviéticas se vino abajo en la era de las bandas callejeras y las redes de operaciones criminales.

Uno de los grupos más violentos y temidos que apareció en Moscú y en otros lugares fue la mafia chechena. Su mera reputación de audacia y sadismo a menudo bastaba para acobardar a un oponente o para convencer a un empresario de aceptarles como sus krysha. Sin embargo, sus miembros no procedían exclusivamente del Cáucaso, ni mucho menos de Chechenia: «La mafia chechena (que no debe confundirse con la guerrilla que combatía en la guerra de Chechenia) se convirtió en una marca, en una franquicia: McMafia, podría llamarse», explica Mark Galeotti, que ha dedicado los últimos quince años a estudiar la mafia rusa. «Vendían el título de “checheno” a bandas que ofrecían protección en otras ciudades si les pagaban, naturalmente, y si siempre cumplían su palabra. Si un grupo decía estar relacionado con los chechenos pero no cumplía sus amenazas al pie de la letra, devaluaba la imagen de la marca. Los chechenos de verdad iban a por ellos.» Así, la mafia rusa no se desarrolló en función de lealtades familiares, sino únicamente en función de transacciones: ¿Cuánto? ¿Para quién? ¿Qué salgo ganando yo? Esto significa que eran impredecibles, fluidos y peligrosos.

c) A diferencia de las cinco familias de la Cosa Nostra estadounidense, en Rusia estas organizaciones se contaban por millares.

En 1999 existían más de 11 500 «firmas privadas de seguridad» registradas en las que trabajaban más de 800 000 personas. De ellas, casi 200 000 tenían permiso de armas. El Ministerio del Interior ruso estimó que, como mínimo, había un 50 % más sin registrar. A nadie sorprenderá que esta proliferación de armas se tradujese en muertes y asesinatos. A mediados de la década de los noventa se perpetraban miles de homicidios al año en toda Rusia, especialmente en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y los demás grandes centros comerciales. El coste de eliminar a un rival en 1997 era de 7000 dólares para un «cliente» sin escolta, y hasta 15 000 dólares para uno con guardaespaldas. Paradójicamente, si uno no estaba involucrado en el mundo empresarial o el de la protección, podía vivir con mucha más seguridad en Moscú que en la mayoría de las demás ciudades. «Solntsevo [un distrito de las afueras de Moscú] era uno de los lugares más seguros de Rusia —explica Alexei Mukhin, el cronista más infatigable de los grupos de crimen organizado de Moscú—. Allí no se atracaba a nadie, porque era la base de la Hermandad Solntsevo y estaban muy orgullosos de sus orígenes.» En Moscú existían unas veinte grandes bandas y decenas de otras menores, algunas de ellas eslavas y otras caucásicas. Aunque entre los grupos eslavos y los denominados «grupos étnicos» se producían tensiones, todos ellos temían la influencia y la potencia de fuego de los demás. En menos de cinco años, la Solntsevskaya Bratva (la hermandad de Solntsevo; la palabra significa «soleado» en ruso) se convirtió en la mayor organización eslava. Al igual que sus rivales, la Ismailovskaya y la Lyubertsy, esta hermandad nació a principios de los noventa durante la primera fase del crimen organizado —el negocio de la protección— y entró rápidamente en la segunda fase: el control en monopolio de productos y servicios. Dejó de ser una fuerza del orden privada para convertirse en una organización criminal hecha y derecha.

A la salida del inhóspito centro del distrito moscovita de Solntsevo, una pequeña carretera lleva hacia el pueblo de Fedosinye, que se halla geográficamente muy cerca de la ajetreada metrópoli, pero espiritualmente más próxima al mundo campesino de Tolstoi. Aquí la vida gira en torno a una iglesia modesta, pero bien conservada, cuyas campanas resuenan con una claridad excepcional. En el centro de las nueve campanas (un número muy elevado para una comunidad tan pequeña) se halla la cúpula, en la que un grabado reza: «De parte de la Diócesis, de la fundación Uchastye, de la empresa CB-Holding y de la Hermandad de Solntsevo».

Las tres últimas organizaciones de la lista han sido creadas por Sergei Mikhailov, nacido en febrero de 1958 en el seno de una modesta familia trabajadora y criado en el distrito de Solntsevo. De joven, Mikhailov estudió para ser directivo hotelero en el hotel Sovietski del centro moscovita, situado frente a la fachada sur del estadio del club de fútbol Dinamo de Moscú. El trabajo le aportó cierta influencia porque, al tratarse de un hotel para extranjeros, era uno de los pocos lugares de Moscú donde podía adquirirse alcohol a partir de las nueve de la noche. «Recordemos —dice un antiguo colega de Mikhailov— que hablamos de un país en el que se consideraba chic coleccionar latas vacías de cerveza occidental. Tener acceso a alcohol de verdad fuera de horas no sólo confería cierto prestigio, sino que también era una forma de ganar dinero.»

En 1986 Mikhailov pasó varios meses detenido por un fraude relacionado con la póliza de seguros de su motocicleta. Después de ser sentenciado a una pena condicional de prisión, regresó a Solntsevo y se dedicó a su otra pasión: la lucha libre. Los informes del MVD de la época indican con detalle que se asoció con otro antiguo prisionero, Viktor Averin, y juntos comenzaron a asumir el control de las calles de Solntsevo. En un plano de Moscú puede observarse que la mayoría de las demás bandas importantes proceden de los distritos obreros construidos tras la guerra justo por fuera de la M-KAT, el equivalente moscovita de la M-30 madrileña. Solntsevo crecen como una verruga en el costado suroeste de la M-KAT. Los cosmopolitas habitantes de la gran ciudad nunca habían considerado que esas zonas deprimidas fuesen parte de Moscú, ni conocían especialmente bien a los obreros que vivían allí. Pero a finales de los ochenta, las bandas comenzaron a cobrar empuje y a vender sus servicios violentos a las empresas, destruyendo a las que se negaban a contratarles. Zonas como Solntsevo ofrecían el recurso clave para el desarrollo de estos negocios: un gran número de jóvenes agresivos y desempleados, fáciles de identificar porque les encantaba pasearse en chándal (y, a veces, también con un bate de béisbol), el pelo corto e intrincados tatuajes.

Pero Solntsevo no sólo ofrecía matones. Un kilómetro y medio al oeste se encuentra Vnukovo, uno de los mayores aeropuertos de Moscú. Un poco más lejos, siguiendo la K-MAT, se llega a otro aeropuerto, el de Domodedovo. Y aún un poco más lejos, al sur, se encuentra el no menos atractivo puerto Yuzhny, los enormes muelles fluviales por los que entran en Moscú productos de todas las regiones de Rusia. Las carreteras que llegan a la capital a través de Solntsevo comunican Moscú con Ucrania y los puertos del mar Negro. Aquí se concentraba más comercio que en ninguna otra parte de la ciudad, y pronto la hermandad estableció monopolios junto con sus aliados en el aeropuerto de Vnukovo, un segundo aeropuerto y el puerto Sur. Ello resultó especialmente ventajoso cuando la hermandad amplió sus operaciones más allá del negocio de la protección y entró en la importación de automóviles. Como la oligarquía comenzaba a amasar mucho dinero en sus cuentas y en sus organizaciones, de repente creció la demanda de coches ya no sólo occidentales, sino también de lujo. En poco tiempo, el Mercedes 600 se convirtió en el símbolo de estatus de los nuevos rusos, y Solntsevo controlaba buena parte del tráfico de vehículos hacia la capital. A mediados de los años noventa, Moscú era el lugar con más Mercedes 600 matriculados de todo el mundo.

En diciembre de 1989, Mikhailov, Averin y otros dos dirigentes de la hermandad fueron detenidos y encarcelados durante más de un año por acusaciones de extorsión. Como sucedía en la mayoría de casos similares de aquella época, los testigos retiraban su declaración o desaparecían mucho antes de que se celebrase el juicio. Pero los capitostes de Solntsevo fueron capturados en un momento crucial, justo cuando el mercado estaba a punto de abrirse. A su regreso, descubrieron que otros grupos estaban entrando en su territorio. La mayor amenaza era la mafia chechena. Estaba relacionada con una red de milicias tribales del Cáucaso, y disponía de armas, personal, dinero y la fama de ser unos temibles combatientes.

Suele decirse que la guerra de bandas eslava-chechena que asoló Moscú durante unos dos años a partir de 1992 estalló a raíz de la antipatía nacional entre ambos grupos. Según esta opinión tan extendida, los sangrientos tiroteos entre los chechenos y los de Solntsevo (aunque también se produjeron batallas campales con otros grupos caucásicos, como los armenios, los azeríes y los georgianos, y con otras hermandades eslavas de Moscú) representaron un intento de los eslavos por demostrar su patriotismo en un momento en el que crecía la tensión entre el ejército ruso y Chechenia.

Tal vez hubiera elementos de animadversión nacionalista entre las bandas caucásicas y las eslavas, pero detrás de toda esa retórica se encontraba el predecible móvil de los intereses económicos. Desde 1988 hasta 1990, los chechenos habían conseguido arrebatar parte del control del puerto Sur a la Hermandad de Solntsevo y algunos de los concesionarios de automóviles más importantes. El choque más famoso entre ambas organizaciones tuvo lugar en verano de 1993, cuando los de Solntsevo mantuvieron un tiroteo con los chechenos en el Cine Kazajistán. Un miembro legendario de Solntsevo, el Cíclope, murió en esta batalla, pero pronto Mikhailov y sus hombres comenzaron a recuperar su posición de amos de Moscú. «Solntsevo funcionaba de forma distinta a los demás grupos, y ahí radica la clave de su éxito —explica Levinson, del FBI—. Cada brigada tenía su propio jefe, era autónoma y ganaba su propio dinero. Cada una organizaba sus propios negocios y tinglados. El dinero no se canalizaba hacia la cúspide; era una confederación libre y daba margen de maniobra a sus miembros. Los máximos dirigentes, entre los que se contaba Mikhailov, eran conocidos como los “Cuatro Grandes”. También tenían sus propios negocios, pero se repartían los beneficios entre los cuatro. Como cuota de pertenencia a la organización, los jefes menores proporcionaban gratuitamente sus servicios. Si había un problema entre brigadas que requiriese la intervención de uno de los Cuatro Grandes, el precio de la resolución del conflicto era que los beneficios debían repartirse entre Mikhailov y las partes en disputa.»

El imperio Solntsevo creció. De regentar bares y negocios de venta de automóviles pasó a poseer hoteles y supermercados. También controlaba tres importantes mercados del centro de Moscú y al menos tres de las principales estaciones ferroviarias. Mikhailov parecía comprender instintivamente que necesitaba distanciarse de las actividades abiertamente delictivas del grupo. Se negó a asumir la corona de vor, e insistió en que no era más que un hombre de negocios.

Ya en 1992, la organización decidió que, al igual que sus rivales, necesitaba tomar el control de una institución financiera. «La mayoría de los bancos rusos de aquel momento no eran entidades bancarias en ningún sentido —explica Mark Medish, que trabajó como experto en economía rusa para el Departamento del Tesoro durante la Administración Clinton—. No aceptaban depósitos ni concedían créditos, sino que se limitaban a ganar dinero fácil manejando transacciones del Gobierno y tomando préstamos estatales a bajo interés para luego comprar bonos públicos de alta rentabilidad a corto plazo, con lo que los beneficios eran cuantiosos.»

Con la entrada en el mundo bancario, Solntsevo y los mayores sindicatos del crimen se acercaron aún más a la oligarquía rusa. Juntos subieron más todavía el listón del mal gusto en sus celebraciones por haber accedido al club de los más ricos del mundo.

Una de las muchas formas en que les gustaba ostentar su fortuna era celebrando fiestas extravagantes. Un importante ejecutivo petrolero organizó una «fiesta de nostalgia de la Unión Soviética» en un castillo de las afueras de París en verano de 1994. La ironía era espectacular: conmemoraba el sistema cuya caída le había granjeado un patrimonio inconcebible. Alrededor de la fuente del jardín de la mansión, campesinos franceses vestidos de agricultores de colectividades soviéticas de los años treinta daban vueltas en tractor.

Los altavoces emitían canciones heroicas de la época soviética que exhortaban al proletariado a incrementar su productividad. Debajo de las batas verdes y los uniformes del Komsomol soviético con los que iban disfrazados, los invitados vestían las ropas de diseño más costosas. En el vestíbulo les daban la bienvenida una hoz y un martillo cuidadosamente colocados entre dos enormes pabellones que cubrían la mayor parte de la fachada del castillo. En el interior, entre las fuentes de champán y las rayas de cocaína dispuestas y listas para esnifar, circulaban mujeres con unas minifaldas que dejaban ver sus nalgas, que de vez en cuando se contorsionaban al son de Defensores del sitio de Leningrado y otros himnos. Los retratos y bustos de Lenin, Stalin y Breznev parecían contemplar con desprecio la bacanal antiproletaria que satirizaba su memoria.

La fiesta costó varios centenares de millones de dólares, cifra que, si para la mayoría de ciudadanos occidentales parece muy alta, constituye una fortuna inimaginable para la práctica totalidad de los rusos. Además, había que añadir el coste de dos grandes aviones de pasajeros fletados para transportar desde Moscú a la mayoría de invitados aquel día y llevarlos de regreso dos días más tarde. En la fiesta había una jerarquía; la mayor parte de los invitados podían asistir a una serie de actos de entretenimiento organizados en distintas salas, pero sólo unos pocos privilegiados tenían acceso al corazón del acontecimiento. En las puertas de este sanctasanctórum, los fotógrafos dejaban de disparar la cámara y los vídeos dejaban de grabar, mientras en el interior la oligarquía pensaba en sus miles de millones y en cómo multiplicarlos.

La fiesta de nostalgia de la Unión Soviética no fue más que un mero acompañamiento para el orgiástico festín móvil que la oligarquía preparaba sin cesar para su entorno: familia, amigos, abogados, matones, representantes de relaciones públicas, políticos, famosos. A día de hoy, continúan festejando su suerte desde Marsella hasta Miami, desde Atenas a Ashkelod y desde Tokio hasta Tahití, siempre en busca de la diversión más estrafalaria.

El saqueo de los bienes de Rusia ocupa un lugar de honor en el boom de la economía sumergida de los años noventa. La oligarquía no sólo logró poner al país cabeza abajo, sino que sus actos afectaron económica y socialmente a naciones de toda Europa occidental, el Mediterráneo (sobre todo Chipre e Israel), Estados Unidos, Oriente Medio, África y el Lejano Oriente. A diferencia de las bandas que ofrecían protección, ni siquiera pueden justificarse con el argumento de que contribuyeron a suavizar la transición al capitalismo; su influencia total ha sido más destructiva que la de casi toda la delincuencia organizada de Rusia.

Los capitostes del hampa que sobrevivieron a los años noventa han conseguido vivir bien en la Rusia de Putin. Algunos están buscados por la Interpol a causa de delitos cometidos en Europa occidental o en Estados Unidos, pero Moscú no da muestras de querer extraditarlos. Sergei Mikhailov, líder de la Hermandad de Solntsevo, ha insistido en que es un empresario legítimo que hoy día realiza muchos negocios en China. Dar caza a presuntos miembros de una mafia global no está entre las máximas prioridades de Pekín. Otros mafiosos se ganan la vida ahora orquestando grandes acuerdos de explotación de gas natural y petróleo entre Rusia, sus vecinos y Europa del Este, de los que se derivan cuantiosos beneficios para sus clientes y para sí mismos. Muchos continúan operando en el opaco mundo de la seguridad privada. El presidente Putin ha restaurado el poder y el prestigio del KGB (ahora conocido como FSB), en el que pasó la mayor parte de su carrera antes de que ascendiera por sorpresa al cargo de primer ministro a finales de la década de los noventa. Con Putin, el Kremlin ha cortado las alas a varios miembros muy poderosos de la oligarquía. Desde el exilio en Occidente o desde la prisión, oligarcas como Boris Berezovsky y Mijail Khordokovsky advierten de que el nuevo presidente es la reencarnación de Stalin. Pero no lo es. Ha diseñado un novedoso sistema que reúne aspectos del capitalismo y del comunismo: el autoritarismo de mercado. Las desesperadas tentativas de la oligarquía por presentar a Putin como el nuevo Stalin tratan de ocultar la gran responsabilidad que tienen en el desastre en que se hallan sumidos el país y ellos mismos.

Después de la «época del dinero fácil», como se ha dado en llamar al principio de los noventa, la oligarquía podía pagar tan bien que estaba en situación de comprar a quien quisiera. Cuando los máximos dirigentes del KGB/FSB y del MVD (Ministerio de Interior) observaron que su influencia desaparecía al mismo ritmo que crecían el poder y la riqueza de la oligarquía, muchos decidieron cambiar de bando. Los servicios de seguridad rusos han experimentado una fortuna desigual desde la época de Gorbachov. Algunos de sus miembros fundaron empresas en el extranjero como tapadera para dedicarse al espionaje industrial y al blanqueo de dinero. Otros no tuvieron tanta suerte, y en 1992 la situación financiera del KGB se deterioró hasta tal punto que los agentes se vieron obligados a vender bombillas y papel higiénico robado del cuartel general de la prisión de Lyubyanka (un sacrilegio comparable, probablemente, a robar cirios de la basílica de San Pedro de Roma).

Casi todos los grandes oligarcas y corporaciones comenzaron a emplear a antiguos hombres del KGB como consejeros en materia de seguridad. Vladimir Gusinsky, el magnate de la comunicación y uno de los oligarcas más influyentes en un principio (hasta que entró en el punto de mira de Putin), nombró jefe de su seguridad a Filip Bobkov, que se había hecho famoso durante los años ochenta como antiguo jefe del 5.º Consejo del KGB, la sección responsable de perseguir a los disidentes de la Unión Soviética. «Hoy día, parece que todo el mundo lo hace —me explicó Tarasov en su oficina de Moscú—. Charlando con mi antiguo empleado Victor Vekselberg (ya sabe, el que compró los huevos Fabergé para Rusia), que es uno de los hombres que están detrás del consorcio petrolero TNK-BP, el otro día me explicó que tiene contratados ¡a veinte antiguos generales del KGB!»

La muerte de Alexander Litvinenko, el ex agente del KGB envenenado en el exilio en Londres a finales de 2006, reveló lo confusa que se ha vuelto la relación entre el KGB y los servicios de seguridad privados. A finales de los años noventa, el propio Litvinenko fue asignado a la protección del oligarca Borís Berezovsky cuando aún trabajaba en el KGB, y uno de los principales sospechosos de su asesinato es otro ex agente del KGB que posee su propia empresa de seguridad, que en el pasado también protegió a Berezovsky.

A través de estos personajes, la oligarquía estaba en posición de influir sobre las residuales fuerzas del orden en lo que se conoce como el «Estado profundo»: las poderosas fuerzas de influencia política que operan en la sombra incluso en pleno caos. Pero las cosas fueron más allá; la integración de altos funcionarios del KGB y el MVD en la nómina de la oligarquía desencadenó la privatización de las fuerzas de seguridad de Rusia. Durante los años noventa, las dos instituciones que simbolizaban el poder soviético, el KGB y el MVD, se convirtieron en un organismo privado de seguridad más del mercado. En cierto sentido fundamental, no eran distintos de la Solntsevskaya Bratva. Ofrecían sus servicios al mejor postor.

A raíz de esto, las diferentes secciones de los servicios de seguridad rusos se encontraron luchando entre sí cuando había enfrentamientos entre miembros de la oligarquía. El 2 de diciembre de 1994, Vladimir Gusinsky advirtió que lo seguía un grupo de enmascarados fornidos e intimidatorios mientras iba en coche a sus oficinas de Novy Arbat. Allí se hallaba también la sede empresarial de su principal valedor político, Yuri Luzhkov, alcalde de Moscú y rival político de Boris Yeltsin. Gusinsky era el propietario de la NTV, la emisora de televisión independiente más popular del país, por lo que era uno de los grandes empresarios más influyentes y uno de los que más envidia despertaba entre sus rivales.

Boris Berezovsky, el fundador de la oligarquía, convenció al presidente Yeltsin de que había que darle una lección a Gusinsky. A finales de noviembre, un artículo titulado «Cae la nieve» que publicó un periódico favorable a Yeltsin aseguró que la Most Company de Gusinsky planeaba «abrirse camino a la fuerza hasta el poder». Si esto era un golpe bajo, el 2 de diciembre se produjo una ofensiva a gran escala. Los enmascarados avasallaron a los guardaespaldas de Gusinsky en el aparcamiento del empresario; éste lo vio todo desde su despacho y, cada vez más alarmado, llamó a sus contactos del servicio de contrainteligencia del KGB. Éstos se personaron y estalló una razborka («tiroteo»). Sin embargo, antes de que la sangre llegara al río uno de los hombres del KGB observó que sus adversarios pertenecían al Servicio de Seguridad Presidencial. Decidieron retirarse. Cuanto más poderosos eran los oligarcas, más perjudicial era su enemistad. Esto constituyó al mismo tiempo una parodia y un agravamiento de la rivalidad que existía entre las fuerzas de seguridad de Rusia.

«Todos los que procedíamos de las redes de inteligencia nos pusimos en pie cuando comenzaron los tiroteos entre el KGB y el Ministerio de Interior —me explicó el antiguo jefe de un servicio de inteligencia de los Balcanes. Había llegado a sentir una gran admiración por el KGB y contemplaba los sucesos en Estado de shock—. Entonces nos dimos cuenta de que en Rusia la situación estaba fuera de control. Ya no podíamos fiarnos de ellos; fue como perder a un padre.»

Los agentes y las redes del KGB que habían subcontratado sus servicios ocupaban el estrato medio de una pirámide en cuya cúspide vivía instalada la opulenta oligarquía. Los servicios de seguridad ofrecían un vínculo importantísimo con el Estado.

Pero en la base de la pirámide había un grupo heterogéneo de gente conocido como la zashchita («defensa’) compuesto por profesionales de todo tipo: abogados, empresas de relaciones públicas, periodistas (en el caso de algunos oligarcas, periódicos o emisoras de televisión enteras) y cualquiera que pudiese contribuir a la defensa de los intereses del oligarca. Con todo, el núcleo de la zashchita no dejaba de ser su krysha, la mafia de servicios de protección. «El crimen organizado ruso se caracteriza por, como mínimo, tres redes totalmente interconectadas —explica Jon Winer, que fue secretario adjunto del presidente Clinton para Seguridad Internacional (o “drogas y matones”, como se conoce su oficina coloquialmente en Washington)—. Redes entre extorsionistas y compañías de seguridad… entre negocios lícitos e ilícitos… y entre delincuentes por un lado y élites políticas y burocráticas por el otro. De estas redes ha nacido un triángulo de delincuencia, negocios y política extremadamente fuerte y resistente», según este experto.

Pero el último vínculo entre la oligarquía y las mafias más poderosas se forjó a través de un interés común: la necesidad de blanquear dinero. La Hermandad de Solntsevo y los chechenos de Moscú, así como otras grandes organizaciones como la Tambovskaya de San Petersburgo y la Uralmash de Ekaterimburgo, habían llegado a la segunda fase del camino hacia el estatus de mafia global: controlaban en régimen total o parcial de monopolio determinados productos y servicios. En todo el mundo, una de las actividades ilegales más rentables es el tráfico de drogas. Todas las grandes organizaciones delictivas de la antigua URSS habían acumulado un importante negocio en la fabricación de anfetaminas y éxtasis, en la importación de cocaína a Europa y, sobre todo, en la distribución y comercialización de heroína de Asia central a Europa del Este, Europa occidental y Estados Unidos.

Instintivamente, los miembros de la oligarquía comprendieron que Rusia era un entorno caprichoso y peligroso, y que allí sus miles de millones de dólares no estarían seguros. Sobreestimaron su capacidad para controlar a Vladimir Putin, el hombre por el que apostaron para sustituir al débil, manipulable y alcohólico Boris Yeltsin. Pero a muchos de ellos no les falló el instinto: como póliza de seguros, no sólo necesitaban sacar su dinero fuera del país, sino que también precisaban que estuviera limpio al llegar a su destino. Los grupos de delincuencia organizada, al igual que todo el mundo, también tenían que blanquear su dinero. Y antes de fundar una lavadora mundial, todos ellos —empresarios y mafiosos por igual— tenían que establecerse en el extranjero. Los grupos criminales entraban ahora en la etapa más difícil de su evolución, la tercera fase: el trasplante al extranjero.

Atyrau y el Caspio, centro del comercio del petróleo y el caviar.

4

CORRER LA VOZ

Al ingresar en la prisión Ruzyne de Praga, en agosto de 1999, Tomas Machacek solicitó de inmediato al alcaide que lo confinaran en solitario. «No tenía elección —explica—. Me habrían matado. Sin la menor duda. Había un montón de rusos.» La caída de Machacek fue muy dura. Cinco años antes le señalaban como uno de los jóvenes policías más prometedores de la República Checa cuando, a la edad de veintiséis años, fue elegido jefe del ALFA, la nueva unidad contra la delincuencia organizada rusa. Ahora estaba encarcelado en el mismo pabellón de aislamiento en el que el régimen comunista había encerrado a cal y canto a Vaclav Havel. Machacek es un policía honrado en un sistema corrupto, una versión en carne y hueso de Arkady Renko, el inteligente y taciturno detective que se enfrenta a fuerzas oscuras y poderosísimas en las novelas de Martin Cruz Smith El parque Gorki y Estrella polar.

La caída de Machacek puede reconstruirse a partir del momento de su mayor éxito. En mayo de 1995, ALFA recibió el chivatazo de que la mafia planeaba un asesinato. Machacek, que a la sazón tenía el rango de comandante, coordinó una redada de cincuenta agentes en el restaurante U Holubu («las palomas») de Andel, una zona de Praga que antiguamente había sido un barrio obrero sin demasiado interés. Había doscientos cincuenta comensales cenando sushi cuando los hombres de Machacek irrumpieron en plena celebración del cuarenta cumpleaños de Viktor Averin, jefe adjunto de la Hermandad de Solntsevo.

Durante la redada, Machacek vio desconcertado que los rusos no parecían ni sorprendidos ni preocupados. «Ninguno de ellos opuso resistencia; todos sabían qué pasaba y se tendieron en el suelo, tal y como les ordenamos —explica este antiguo oficial—. Ninguno llevaba pistola, y sabíamos por nuestro servicio de inteligencia que sus hombres siempre iban armados.» Machacek se quedó helado. «Sólo hacía cuatro horas que habíamos tomado la decisión de entrar. Alguien les había pasado el aviso.» Estaba claro: un agente de cierto rango de la policía checa trabajaba para la mafia rusa.

No se imputaron cargos contra ninguno de los comensales, pero ALFA reunió pruebas suficientes para impedir durante los siguientes diez años la entrada en la República Checa a las figuras más importantes de la mafia rusa, como nuestro conocido Sergei Mikhailov, de la Hermandad de Solntsevo (que, de inmediato, se trasladó a Hungría). «Al menos pudimos transmitirles el mensaje de que no podían usar Praga como trampolín para viajar por el mundo y para cuidar de sus negocios de drogas y armas— explica Machacek—. ¡Con la música a otra parte, señores!»

Esto constituyó al mismo tiempo un golpe y un insulto para los rusos, dado que Praga y la localidad balnearia de Karlovy Vary (Carlsbad) eran el destino turístico centroeuropeo favorito de los ciudadanos de la Rusia post soviética; en la actualidad, cuatro quintas partes de las espléndidas y pomposas fincas Habsburgo de esta población tienen propietarios rusos.

Las fuerzas policiales de toda Europa aplaudieron el éxito de Machacek, que fue felicitado personalmente por Louis Freeh, director del FBI, durante un viaje de trabajo a Washington. Freeh señaló que la redada del restaurante U Holubu había ofrecido a cuerpos de seguridad de todo el mundo las primeras fotografías y documentos detallados sobre la Hermandad de Solntsevo y sus socios. Machacek, que aún no había cumplido treinta años, parecía tener un futuro brillante. Pero si bien U Holubu era conocido por ser un punto de reunión para las mafias de Rusia y Ucrania, sus miembros no eran los únicos clientes asiduos del local. El restaurante estaba decorado con fotografías de su propietario, Antoly Katrich, con personajes checos importantes: «Políticos, empresarios, actores y otros famosos —recuerda Machacek—. Por ejemplo, había una foto de Katrich con el ministro de Justicia de entonces, Jiri Novak, y con otros ministros… A petición nuestra, el ministro de Interior Jan Ruml indicó al gabinete que deberían dejar de frecuentar el U Holubu y dejar de verse con aquella gente. No le hicieron caso».

Tomas Machacek decidió realizar la redada en aquel establecimiento a raíz de una carta anónima, según la cual los jefes de Solntsevo planeaban asesinar a cierto personaje llamado Semyon Mogilevich durante la fiesta de cumpleaños de aquella noche. Machacek sabía que Mogilevich era alguien poderoso que trabajaba con la Hermandad de Solntsevo, pero también se rumoreaba que Mogilevich y Mikhailov habían discutido a causa de un pago de cinco millones de dólares.

Pero aquella noche Mogilevich no se presentó, al menos no hasta después de la redada. «Cuando llegué al U Holubu ya estaba todo patas arriba —explicó más tarde Mogilevich—, así que me fui a un hotel cercano y me quedé en el bar hasta las cinco o las seis de la madrugada.» Si Mogilevich es, tal y como sostienen la mayoría de los cuerpos policiales de Europa y Estados Unidos, el verdadero capo di tutti i capi de la delincuencia organizada rusa, siempre lleva varios pasos de ventaja a todos los demás jugadores de la partida. Sin el menor esfuerzo.

No mucho tiempo después del cumpleaños de Averin, unos cuantos periódicos y políticos checos comenzaron a cuestionar el porqué de la redada, y terminó organizándose una campaña. Los observadores y los políticos de la oposición dijeron que la redada del U Holubu era «un ultraje escandaloso contra empresarios legítimos que no habían hecho más que salir a cenar». Empezó a correr un rumor (que aún pervive en Internet) según el cual la policía había entrado en el restaurante al estilo Rambo, abriendo un hoyo en el techo y bajando en rapel al comedor. Corrió la voz de que Machacek y sus hombres no eran de fiar y que estaban en la nómina de la mafia.

«Normalmente me limitaba a hacer caso omiso de las llamadas y las amenazas anónimas. Además, mi mujer recibía cartas obscenas», explica el ex policía. Pero una mañana del mes de agosto, cuando parecía que las cosas se habían calmado, un agente de la unidad de asuntos internos de la policía arrestó de repente a Machacek al llegar a su trabajo. Lo desarmaron y encerraron, acusado de conducta indebida por un agente de aduanas corrupto al que no conocía en un lugar en el que nunca había estado. El imperio Habsburgo fue la fuente de inspiración de las dos grandes pesadillas de ficción de Franz Kakfa, El castillo y El proceso, en las que una burocracia amoral y omnipotente persigue de forma despiadada y, aparentemente, sin razón alguna a un aterrorizado personaje conocido simplemente como K.

El mundo literario de Kafka se hizo real cuando Stalin instaló al Partido Comunista como «fuerza motriz» de Checoslovaquia en 1948. Durante gran parte de los cuarenta años que Praga estuvo sometida al comunismo, la gente vivía con el miedo de que este leviatán administrativo acudiese a su puerta con una orden de detención. Se suponía que todo esto había acabado con la Revolución de Terciopelo de noviembre de 1989.

Pero que la burocracia kafkiana hubiese desaparecido de la vista tras la revolución no significaba que no continuase acechando desde las sombras. Las estructuras soviéticas habían penetrado profundamente en el tejido de Europa del Este a través del partido, el ejército, la industria, la policía secreta y las asociaciones culturales. Para la gran mayoría de ciudadanos que no participaban en protestas políticas, la vida en este sistema resultaba tediosa pero estable, lo que permitió que nacieran numerosos vínculos personales e institucionales entre las élites de los países miembros del Pacto de Varsovia.

Con su detención, Machacek sintió el peso de todas estas oscuras estructuras en forma de una campaña pública de denostación. Los ordenadores y archivos de Machacek fueron incautados mientras estaba en prisión, con lo que toda su red de informantes y agentes encubiertos quedó indefensa. Frustrados por este tratamiento, los colaboradores más estrechos de Machacek comenzaron a abandonar la unidad contra la delincuencia organizada y otras ramas de los servicios de inteligencia y se pusieron a trabajar en el sector privado. Muchos agentes de policía del escalafón básico también perdieron la ilusión. Formados en la época comunista y acostumbrados a tratar con civiles obedientes, estos funcionarios lamentaban la falta de respeto con la que chocaban ahora. «Cobrábamos muy poco y carecíamos de recursos; los delincuentes tienen coches más rápidos, mucho más dinero y contactos en las altas esferas», me dijo un agente.

Finalmente, los tribunales reconocieron que Machacek había sido víctima de una trampa y se le propuso que eligiese el puesto de trabajo que desease. «No acepté. No podía volver a un cuerpo en el que iba a cruzarme con gente de la que sabía que me habían traicionado, gente corrupta contra la que no podría hacer nada.»

La delincuencia organizada y la corrupción florecen en las regiones y los países en los que existe poca confianza pública en las instituciones. Democratizar unas estructuras estatales autócratas y kafkianas e investirlas de transparencia y responsabilidad civil es un proceso largo y difícil que resulta doblemente problemático si esa transición debe producirse en plena incertidumbre económica. De repente, un pueblo que antes tenía garantizada la estabilidad durante toda su vida se veía obligado a sobrevivir en una extraña jungla de inflación, desempleo, pérdida de pensiones y demás. En dicha tesitura, las redes de contactos personales procedentes del período comunista cobran mucha importancia. El Ejército Rojo evacuó sus bases de Europa del Este, pero las promesas hechas y los favores debidos no perdieron un ápice de validez. Polonia, la República Checa y Hungría eran los destinos favoritos de la oligarquía rusa y de bandas de delincuentes como la de Solntsevo. Conocían el terreno y, en los dos primeros países, la barrera idiomática era menor que en Europa occidental. Estos tres Estados se diferenciaban en un aspecto del resto de Europa del Este: se les ofreció un acceso acelerado a la Unión Europea, y aquélla era la ruta más rápida al cuerno de la abundancia. «Estos países eran la pasarela hacia Occidente —señaló Business Week—. Sus fronteras con la UE y el crecimiento de su economía ofrecían a las empresas instaladas en esta región un producto de valor inigualable: legitimidad.» Además, en ellos se podía ganar dinero, y un negocio resultó especialmente lucrativo: el petrolero.

Tamas Boros, conocido como el Gigante y como Big Tom, pasaba caminando con su abogado junto a un Fiat Cinquecento de matrícula polaca por una calle de Budapest antes de las doce del mediodía del 2 de julio de 1998 cuando alguien detonó unos cuatro kilogramos de TNT que estaban instalados debajo de ese vehículo. La deflagración lo partió literalmente en dos. Esa explosión y las muertes que provocó sacudieron toda Hungría. Hasta aquel momento, los numerosos asesinatos mafiosos cometidos en la capital del país desde principios de la década no habían dejado víctimas colaterales; los asesinos habían hecho gala de una gran puntería. La reacción pública a los anteriores asesinatos era de aprobación táctica, del estilo «un gánster menos en el mundo, ¿y qué?». Pero esto era distinto. Pasó a plena luz del día a pocos metros de Vaci Utca, la calle comercial más de moda de Budapest, que estaba atestada de gente. Además de Big Tom murieron tres transeúntes inocentes y hubo otros veinte heridos, entre ellos turistas extranjeros, porque la bomba hizo pedazos varios coches y causó una carnicería. La opinión pública se indignó y exigió respuestas. Los detectives húngaros del departamento policial especializado en crimen organizado tenían algunas pistas en las que ponerse a trabajar. Durante el año anterior, Boros había revelado a la policía trapos sucios de sus colegas de la fraternidad criminal. Tras el asesinato de Boros, al menos seis bandas organizadas de delincuentes competían por quedarse su territorio, y algunas de ellas figuraban como principales sospechosas en unas investigaciones que duraron años.

La policía húngara no tardó en volver la mirada hacia Rusia siguiendo pistas que el propio Boros les había dado en su confesión. «Todo comenzó —les había explicado— cuando apareció un tipo ruso conocido como “tío Seva”.» En el momento de la muerte de Boros, el tío Seva (alias de Semyon Mogilevich) ya había sido declarado persona non grata en Hungría y se le había prohibido la entrada durante diez años en la República Checa por el Ministerio de Interior de dicho país (en represalia por el asunto del U Holubu). La policía descubrió que Boros había participado en el mayor fraude descubierto en Europa durante los años noventa: el escándalo del combustible para calefacción. Los proveedores ucranianos y rumanos de gasóleo para calefacción destinado a Hungría, Eslovaquia y la República Checa estaban exentos del pago de impuestos sobre su producto, por lo que era considerablemente más económico que el combustible para vehículos motorizados. Pero una vez que la mercancía cruzaba la frontera, las bandas aplicaban un tratamiento químico sencillo al combustible que lo hacía apto para el consumo de los vehículos. Luego se vendía a gasolineras, pero los gánsteres se quedaban con el porcentaje correspondiente a impuestos. «El escándalo del combustible para calefacción se habría resuelto añadiendo a la ley tan sólo dos frases más referentes al tratamiento de derivados del petróleo —explica el ministro adjunto de Interior checo de la época, Martin Fendrych—. Se lo dijimos al Ministerio de Economía, y se pasaron dos años sin hacer nada. ¿Por qué? ¡Pregúnteselo a ellos!»

El fraude engulló miles de millones de dólares de las arcas públicas de los tres países afectados durante tres años. Fue tan lucrativo que dio pie a decenas de asesinatos en aquellos países, ya que empresarios, agentes de aduanas, policías y políticos trataron de hacerse con una parte de los beneficios. Según la policía húngara, es probable que la sentencia de muerte de Boros se debiera a que reveló que Mogilevich había entrado en la trama húngara de este fraude.

Por desgracia, muchas veces la policía no tiene más remedio que hacer especulaciones en todo lo referente a Semyon Mogilevich, al que en círculos mafiosos rusos se conoce como «Papá». Fuerzas de policía de todo el mundo tratan de ponerle entre rejas desde hace más de diez años, pero este delincuente tiene el don de no estar nunca en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. En un café de Tel Aviv, Ze’ev Gordon, uno de los abogados más importantes de Mogilevich, me explicó que «a lo mejor Mogilevich es culpable y a lo mejor es inocente; no lo sé, pero para dilucidar la verdad hay que demostrarlo con pruebas en los tribunales y, hasta ahora, nadie se ha acercado ni lo más mínimo a conseguirlo».

En Internet hay un sinfín de material sobre las presuntas fechorías de Mogilevich, pero desde el punto de vista legal las acusaciones apenas se sostienen. Ya ha dejado de estar en busca y captura por tráfico de armas y proxenetismo. El FBI lo ha incluido en su lista de delincuentes más buscados, pero la única orden de detención que mantiene sobre su persona está relacionada con una estafa a gran escala conocida como el «escándalo YBM Magnex» en el que supuestamente defraudó decenas de millones de dólares a inversores canadienses a través de una serie de empresas. Según el FBI, Mogilevich va armado y es peligroso, pero no lo buscan por los delitos relacionados con las armas ni las drogas que los agentes aseguran en privado que ha cometido.

La mayoría de los agentes occidentales de policía especializados en luchar contra la delincuencia organizada insisten en que, probablemente, Mogilevich sea el miembro vivo de la mafia rusa más poderoso. El Gobierno británico, que lo califica de «uno de los hombres más peligrosos del mundo», prohibió su entrada en el Reino Unido tras una investigación exhaustiva de sus actividades empresariales. «Semyon es el mafioso más importante que he encontrado en mi vida —me dijo el zar anti mafia de la Administración Clinton, Jon Winer— y estoy seguro de que ha encargado asesinatos.» «¿A quién ha matado?», quise saber. «No puedo entrar en ese tema.»

Esto implica que los gobiernos occidentales poseen información que no sería admisible en un tribunal. Aunque han señalado con el dedo acusador a Mogilevich, Mikhailov y otros destacados jefes de la mafia rusa, las fuerzas policiales de Occidente se han revelado harto incapaces de llevarlos ante la justicia. En 1996 la fiscal suiza Carla del Ponte (que posteriormente se hizo famosa en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, sito en La Haya) supervisó un gran proceso contra Sergei Mikhailov por blanqueo de dinero. Pese a tener varios testigos de primera (entre ellos un agente ruso del orden que, desde entonces, vive en Suiza como testigo protegido), la fiscalía fracasó por todo lo alto. Mikhailov no sólo fue absuelto de todas las acusaciones, sino que Suiza tuvo que pagarle medio millón de dólares por haberlo encarcelado injustamente.

Ni Mikhailov ni Mogilevich viajan ya a Occidente (aunque el segundo continúa teniendo pasaporte israelí), pero se mueven con total libertad por Moscú, sin que las autoridades rusas les molesten lo más mínimo.

¿Quién sabe cuantos miles de personas probaron suerte cuando el juego de azar del capitalismo invadió Europa del Este? La mayoría salieron con las manos vacías. Por cada uno que consiguió erigir un imperio empresarial en media década, muchos otros se quedaron en el intento y no lograron ganar un céntimo.

La mayoría de los analistas financieros habría estimado que Eural Trans Gas (ETG) no tenía la menor esperanza cuando esta empresa se fundó en Hungría en diciembre de 2002. ETG tenía pocos recursos y unas instalaciones absolutamente mínimas en Csabdi, una anónima localidad situada treinta kilómetros al oeste de Budapest. Los accionistas nominales distaban de ser licenciados en ciencias empresariales. Louise Lukacs era una actriz en paro procedente de la ciudad transilvana de Cluj. El apogeo de su carrera se había producido hacía casi veinte años en Lágrimas de una chica, una película rumana que concursó en Cannes con ciertas posibilidades de ser premiada. Louise explicó que aceptó comprar acciones de ETG porque la empresa tal vez le pagaría. «Al menos, para pagar la factura del teléfono —dijo—, que me cuesta más de 35 dólares al mes.» Louise fichó a otros dos pioneros igual de insólitos para participar en esta aventura empresarial en este mercado emergente: un informático y su compañera sentimental, que era enfermera y vivían con la madre de ella en un apartamento en el que apenas cabían. Al igual que Louise, estaban prácticamente en la miseria.

Bastante diferente era el cuarto accionista, Ze’ev Gordon, el abogado de Mogilevich en Tel Aviv. ¿Qué hacía allí? ¿Qué se hacía en esta empresa que había declarado contar con un capital social de 12 000 dólares y unas oficinas vacías en Csabdi? «Me pidieron que entrase como accionista en representación de un empresario ucraniano, Dimitri Firtash. No era más que un servicio que presté», me explicó Gordon.

Está claro que Firtash recibió un buen servicio. En su primer año de operaciones, ETG pasó de poseer 12 000 dólares a facturar 2000 millones, con unos beneficios brutos de 180 millones de dólares. ¿No está mal, verdad?

También estaba el presidente de la empresa, un tal Andras Knopp, antiguo ministro de Educación de Hungría durante la etapa comunista. Su último empleo fue el de máximo representante en Moscú de Reemtsma, la gran empresa tabacalera alemana. En una entrevista celebrada cuando ya era público el fenomenal éxito de ETG, Knopp confesó que «estrictamente, los accionistas siguen siendo tres ciudadanos rumanos y uno israelí, pero los verdaderos propietarios son Gazprom y Naftohaz Ukrainy (NAK)». Los conglomerados del gas natural ruso y ucraniano, apuntó Knopp. No habían recibido los documentos necesarios para establecer la empresa en Hungría antes del 31 de diciembre, la fecha límite para que las nuevas sociedades solicitasen el estatus de negocio offshore (es decir, una exención casi total de pago de impuestos). Para formar la compañía a tiempo de conseguir estas ventajosísimas condiciones, reclutaron como intermediarios a los tres transilvanos y a Ze’ev Gordon.

Esta explicación no es inverosímil; en lugar de pagar un 18 % en impuestos, ETG sólo tendría que cotizar un 3 % hasta 2005, que coincidía con la fecha en que expirasen sus únicos dos contratos: uno con Gazprom y otro con NAK, ambos para transportar gas natural desde Turkmenistán (el país con la peor dictadura del Caspio) hasta Europa occidental a través de Rusia y Ucrania. Un ahorro fiscal legal, ciertamente. Pero entonces, ¿por qué Gazprom y NAK negaban de plano ser propietarias de ETG? NAK declaró públicamente que ETG había sido contratada por Gazprom, y ésta replicó que era NAK quien había seleccionado a ETG. ¿Por qué subcontrataron una tarea que ellas mismas podrían haber hecho sin problemas? ¿Y por qué regalaban los frutos de estos ingresos a una minúscula empresa de un pueblecito húngaro, en lugar de disponer de ellos y brindárselos a sus accionistas?

Gazprom es todo un monstruo. Con una facturación anual de poco menos de 30 000 millones de dólares, produce casi una tercera parte de todo el gas natural del mundo, representa un 8 % del PIB de Rusia y casi una cuarta parte de los ingresos fiscales del país. Aspira a ser la compañía energética más influyente del planeta y, si no lo es todavía, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Viktor Chernomyrdin fue ministro de la Industria Soviética del Gas justo antes de la caída del comunismo y, posteriormente, primer ministro de Rusia, y canalizó en 1989 los inmensos recursos de gas natural de la Unión Soviética hacia una única compañía estatal que fue privatizada cuatro años después. Todo el gas que trate de llegar desde Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán a los mercados de Europa occidental tiene que viajar por los gasoductos de Gazprom, por lo que esta gigantesca empresa rusa cuenta con una ventaja considerable sobre sus rivales. Durante los últimos años ha sido un instrumento utilizado con brutalidad en la política exterior de Rusia para presionar a repúblicas ex soviéticas como Georgia e incluso a su mayor cliente, Europa occidental. ¿Por qué iba a pagar Gazprom por transportar gas de su propiedad mediante conductos de su propiedad a otra empresa con la que no tenía ninguna relación ostensible? Gazprombank prestó a ETG 70 millones de dólares y le otorgó un aval comercial por valor de otros 227 millones. Es incomprensible, a menos que aquellos extraños fueran, en realidad, amigos. En 2000, cuando Vladimir Putin sucedió a Boris Yeltsin en la presidencia del país, la paciencia de los accionistas privados de Gazprom (un grupo pequeño, pero que se hace oír) tocaba a su fin. Lo que más les irritaba era la influencia de una misteriosa compañía con sede en Jacksonville (Florida) llamada Itera International Energy Corporation. El inversor privado más tenaz fue William F. Browder, nieto del antiguo líder del movimiento comunista norteamericano de los tiempos de la guerra. La empresa de Browder, Hermitage Investment, había invertido en Gazprom y quería saber por qué el gigante energético ponía en manos de Itera contratos valorados en miles de millones de dólares que la propia Gazprom podía asumir perfectamente. A través de información pública Browder investigó pagos inusuales que se habían producido entre Gazprom e Itera. Descubrió que altos ejecutivos de la empresa estaban organizando cuantiosas transferencias, y no sólo a empresas relacionadas con los gasoductos. «Su arrogancia era tan extrema que no habían empleado tapadera alguna —explica Browder—. Pero eso nos fue de ayuda porque de esta forma pudimos reconstruir lo sucedido con mucha precisión.»

Uno de los contratos más lucrativos de Itera era el del transporte de gas de los yacimientos de Turkmenistán a Ucrania, que le reportaba unos beneficios de 120 millones de dólares anuales. Pero los pequeños accionistas de Gazprom como Bill Browder querían saber por qué tenían que privarse de aquellos dividendos. Además, nadie podía determinar quién se estaba beneficiando de esas ganancias.

En cuanto tomó posesión de su cargo, el presidente Putin dejó claro que no iba a tolerar ese tipo de corruptelas y señaló específicamente que Gazprom estaría en su punto de mira. Para la sorpresa de muchos, Putin se dio prisa en cumplir lo prometido y reemplazó al desacreditado director de la empresa por un amigo personal de su entorno del KGB de San Petersburgo.

Los días de Itera como protegida de Gazprom estaban contados. A principios de 2003, Gazprom anunció que no iba a renovar el contrato para el tránsito de gas de Turkmenistán a Ucrania. «¿Por qué tiene que ganar tanto dinero Itera utilizando las instalaciones de Gazprom?», bramó el presidente adjunto de esta última, que añadió que a partir de entonces su empresa se ocuparía por ella misma de las operaciones de transporte. Sólo que no fue así.

Dos meses antes de que se renovase el compromiso público de Gazprom con la transparencia y las buenas prácticas empresariales, sus jefes firmaron un acuerdo secreto con la pequeña ETG el día después de que ésta fuera fundada en Hungría. De forma similar, el equivalente ucraniano de Gazprom, la empresa Naftohaz Ukrainy, también había suscrito un contrato con ETG que le otorgaba los derechos exclusivos sobre el transporte de gas de Turkmenistán por territorio ucraniano hacia Europa occidental. Durante los siguientes dieciocho meses salieron a la luz las curiosas relaciones de ETG con enigmáticas compañías de Chipre, Turkmenistán, Moldavia, las Seychelles, Francia, el Reino Unido y otros países. Un comunicado interno de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, con sede en París) sugirió la posibilidad de que varias de estas empresas estuviesen relacionadas con socios de Semyon Mogilevich.

Desde que se hicieron públicas las noticias sobre ETG, periodistas y fuerzas de policía occidentales han trabajado febrilmente para encontrar pruebas irrefutables que impliquen a Mogilevich con esta estafa. Roman Kupchinsky, un tenaz periodista de Radio Free Europe especializado en delincuencia organizada, se acercó a ese objetivo cuando publicó una carta del director adjunto de la unidad rusa de lucha contra la delincuencia organizada que relacionaba explícitamente a Andras Knopp con Mogilevich en un presunto delito de contrabando de tabaco. Al cabo de unas semanas, no obstante, ETG presentó la declaración jurada de un agente ruso del orden que afirmaba que la carta era falsa, y el caso quedó en agua de borrajas. Que aparezcan pruebas o no de la participación de Mogilevich es irrelevante en dos sentidos. En primer lugar, unas enormes cantidades de dinero fueron a parar a una empresa cuya propiedad es completamente opaca y a la que, en cualquier caso, no debería haberse ofrecido ese contrato. En segundo lugar, esta empresa facturaba 2000 millones de dólares al año; sin una auditoría correcta de sus cuentas, a través de ella podrían canalizarse todo tipo de fondos que podían no proceder necesariamente del gas natural ucraniano. Si ETG hubiese sido una gran máquina de blanqueo de dinero, nadie lo habría sabido. Aunque posteriormente perdió el contrato del transporte Turkmenistán-Ucrania, éste fue asumido después por otro intermediario igual de innecesario, RosUkrEnergo, uno de cuyos propietarios es Dimitri Firtash, el hombre que según Ze’ev Gordon estaba detrás de ETG.

Este mezquino tinglado empresarial sólo pudo funcionar si ETG (representase a quien representase) contaba con el apoyo total de los directivos de Gazprom y NAK. Pero ETG también necesitaba la protección de los estados ruso y ucraniano (e, indirectamente, también la del ya fallecido dictador de Turkmenistán, famoso por su vanidad y por su insaciable codicia, que fue uno de los principales motores del desfalco), porque estas dos corporaciones gigantescas se hallan en pleno corazón de la política energética. La estafa de ETG continúa siendo un asunto misterioso e inescrutable. Su autor, quienquiera que fuese, estaba determinado a permanecer en el anonimato. Resulta difícil constatar si se trata de un caso de corrupción a gran escala o de pura delincuencia, o del límite entre una cosa y la otra. Lo que demuestra más allá de toda duda, sin embargo, es que cuando una banda mafiosa convence a un Estado poderoso para que consienta sus actividades o coopere en ellas, ha descubierto la palabra mágica que abre la entrada de la cueva de Aladino. Pues ningún mafioso prospera tanto como el que disfruta del apoyo estatal.

La llegada del invierno a la región central de Ucrania se hizo esperar aquel año. Si los bosques y los fértiles campos de los alrededores de la ciudad de Tarashcha hubieran estado cubiertos de nieve, como solía suceder a principios de noviembre, nadie habría descubierto la mano que sobresalía de una pila de tierra recién removida al borde de un hayedo. Pero dos lugareños la vieron cuando regresaban hacia el pueblo y avisaron a la policía.

El juez de instrucción local estableció que la víctima había sufrido una paliza de muerte. Con todo, resultaba difícil decir si tenía las piernas desolladas porque lo habían torturado o debido a la acción de animales carroñeros. En cualquier caso, el acta levantada dice que «los músculos de las piernas habían quedado al descubierto como en una ilustración anatómica, lo que sugiere que se ha producido un acto de sadismo».

El cadáver llevaba todos los indicios de ser un asesinato de la mafia. Su identificación resultaba difícil porque faltaba la cabeza, pero las cosas se complicaron aun más cuando el juez de instrucción recibió desde Kiev la orden de no enviar el cuerpo a la capital, situada a menos de 150 kilómetros. Protestó y argumentó que en Tarashcha no había cámaras refrigeradas para conservar cuerpos, pero el Ministerio de Interior de Ucrania insistió en que el cadáver no llegase a la capital. Después acudió la máxima autoridad judicial de instrucción de Ucrania, recogió algunos órganos del cuerpo y ordenó que éste fuera enterrado o incinerado.

En aquel momento, el juez de instrucción de Tarashcha ya era consciente de que tenía entre manos un caso muy delicado. No se trataba de un asesinato mafioso convencional: había implicados en las altas esferas. En este caso, la organización mafiosa era el propio Estado ucraniano. El parlamentario que dirigía el Comité de Investigación de Corrupción y Delincuencia Organizada, Hryhory Omelchenko, ha afirmado en la Cámara de Diputados ucraniana que el mayor capo del país no era otro que el mismísimo presidente, Leonid Danilovych Kuchma. Antiguo jefe de la fábrica de Yuzhmash en la ciudad industrial de Dnipropetrovsk, Kuchma era conocido por ser un «director rojo», que es como se llamaba a los comunistas que trabajaban de verdad para ganarse el pan, a diferencia de los que se limitaban a ascender por los escalafones del partido. Las embajadas occidentales en Kiev esperaban que un dirigente con empuje y relativamente joven como Kuchma sacase a Ucrania del sopor en el que la había sumido el primer dirigente post comunista, Leonid Kravchuk, que era un cabecilla comunista de corte clásico. Las esperanzas de las embajadas occidentales y de otros muchos resultaron totalmente injustificadas.

«Fue un período en el que el Estado se convirtió en una mafia política criminal —explica Omelchenko, el combativo y bigotudo diputado ucraniano en un sucinto resumen de sus intervenciones en el Parlamento—. El sistema político y las instituciones públicas se hallaban bajo el control de Kuchma y le granjearon un poder absoluto, un régimen autoritario al servicio de un enriquecimiento desenfrenado de su familia y de la oligarquía más próxima a él. Para alcanzar estos objetivos, él y su camarilla no tuvieron reparos en recurrir incluso a los peores métodos, incluidos los ataques físicos más violentos.» Al igual que la mayoría de ucranianos, el juez de instrucción de Tarashcha era totalmente consciente de hasta qué punto era desmandado el régimen político en el que vivía, por lo que hacía falta mucho valor para desafiar las órdenes de Kiev. Pero lo tuvo: no se desprendió del cadáver, aunque sin refrigeración éste comenzó a descomponerse rápidamente. Para su alivio, al cabo de unos días se presentaron unos periodistas de Kiev y le dijeron que se trataba del cuerpo de Georgi Gongadze, un reportero de investigación de treinta y un años que había desaparecido hacía dos meses.

Medio ucraniano y medio georgiano, Georgi Gongadze había comenzado a destapar en sus artículos la podredumbre que infestaba la Administración de Kuchma. Poco a poco se iba descubriendo que el Gobierno ucraniano se había valido de sus mecanismos más importantes (la judicatura, la policía, las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y la industria) para amasar una enorme acumulación de poder y riquezas en manos de una serie de caciques regionales. Naturalmente, el sistema acabó viniéndose abajo en diciembre de 2004, cuando dos antiguos aliados de Kuchma, Viktor Yushchenko y Yulia Tymoshenko, lideraron la Revolución Naranja que trató de derrocar la corrupción e instaurar en el Estado un régimen legítimo.

Pero hasta ese momento la experiencia de Ucrania carecía de precedentes. Incluso en la Rusia de Yeltsin, en pleno apogeo de la influencia de la oligarquía sobre el Kremlin, existió cierta distancia entre los procesos económicos y políticos, por no hablar de las ambiciones personales. Pero en la Ucrania de final del milenio la oligarquía y el Gobierno se convirtieron en una sola entidad cuyas piezas se mantenían cohesionadas gracias a un extraordinario pegamento, el SBU, el servicio de inteligencia nacido tras la independencia del país. No obstante, de vez en cuando las propiedades adhesivas del SBU no eran tan formidables como habrían deseado sus jefes. Mykola Melnychenko tuvo la enorme suerte de que, por un día, el SBU pareció haberse tomado una jornada de fiesta el 30 de octubre de 2002, cuando solicitó un pasaporte para viajar al extranjero. Tal vez sus agentes estuvieran demasiado ocupados haciendo desaparecer el cadáver de Gongadze. Cualquiera que fuese el motivo, el día en que se descubrió el cuerpo del periodista el Ministerio de Interior ucraniano extendió a Melnychenko un pasaporte que no tardó en contener un visado para la República Checa, adonde viajó con su familia tres semanas más tarde. El SBU debería haberse interesado más en las intenciones de Melnychenko. Tan sólo una semana antes de recibir el pasaporte había dejado de trabajar para el SBU, donde fue miembro de la guardia presidencial y pasaba la mayor parte del día en presencia de Kuchma o cerca de él. Además, durante los doce meses anteriores el comandante Melnychenko se había dedicado a grabar ilícitamente conversaciones mantenidas en el despacho presidencial por Kuchma y sus máximos subordinados. Cuando salió hacia la República Checa vía Varsovia, Melnychenko se llevó en el equipaje un millar de horas de grabaciones digitalizadas que acabaron resultando de lo más incómodas para Kuchma y su cuadrilla.

Sorprendentemente, cuando Melnychenko hizo públicas unas pocas horas de las grabaciones, el presidente reconoció que se trataba de su voz, aunque aseguró que alguna persona u organización había manipulado o sacado de contexto las conversaciones. Kuchma se negó a autorizar una investigación parlamentaria sobre el asunto, pero encargó a Kroll Inc. una investigación independiente sobre la muerte de Gongadze.

En su informe, Kroll aseguró poder demostrar que las cintas habían sido manipuladas, pero los principales argumentos científicos que esgrimió fueron refutados por Melnychenko y por periodistas. El FBI dio la razón a Melnychenko y declaró que las cintas eran auténticas. Sus contenidos son tan explosivos que su autenticidad fue objeto de un inevitable y furibundo debate en el que ambos bandos movilizaron a poderosos aliados. Pero, en cierto sentido, no basta con saber que Kuchma reconoció que se trataba de su voz. Más revelador que el propio contenido de las grabaciones (que suenan algo incoherentes porque, al igual que la mayoría de conversaciones ordinarias, dan muchas cosas por sabidas) es el lenguaje que emplean Kuchma y sus colegas. Bastaría una mera sustitución de los referentes culturales para que sonaran como un diálogo de Uno de los nuestros o un episodio de Los Soprano. Kuchma no es el primer presidente de Gobierno que aparece pronunciando improperios en una cinta, pero a su lado Richard Nixon parecería el director de una escuela suiza en pleno discurso de fin de curso:

Kuchma (por teléfono): «Oye, me acaban de enseñar los periódicos. Una mierda, todas estas gilipolleces que publican. Vale, pues Hrysha Omelchenko seguirá publicando cosas. (Pausa) Eh, ¿qué cojones dices? Eh, no, hoy mismo 15 de septiembre ha publicado un artículo. (Pausa)… Svoboda [un periódico] y más mierda, están publicando… Salen unas caricaturas, y también unos insultos, que se cagan totalmente en el presidente. (Pausa) O sea, ¡invita a Yulia [Tymoshenko, que posteriormente fue una de los líderes de la Revolución Naranja]! ¡Tu puta madre! Invitas a Yulia y le dices: “Cariño, ¿qué cojones haces, so zorra? ¿Es que quieres que te demos por el puto culo o qué?”. Y dile también: “¿Por qué estás financiando a Omelchenko, por qué haces esto y lo otro?”. ¿Es que no tienes ni idea de cómo se hace tu trabajo, o qué? ¿Cómo se hacen las cosas en todo el resto del mundo? Y si no te tienen ningún miedo, pues que se follen a tu madre. Oye, ¿por qué dices eso? ¿Por qué tienen que tenerte miedo? Es de nuestro servicio, de quien tienen miedo… Fui yo el que te nombró…»

En cuanto a Gongadze, tal vez Kuchma no ordenase su asesinato, pero resulta perceptible que insinúa al interlocutor anónimo del otro lado de la línea que le libre de aquel periodista tan molesto:

Kuchma: Ukrainska Pravda, bueno, una mierda total, insolencia. Hijo de puta, mierda. El cabronazo georgiano, georgiano.

Interlocutor desconocido: ¿Gongadze?

Kuchma: Gongadze. Vale, ¿quién puede estar pagándole?…

Interlocutor desconocido: Bueno, trabaja activamente con éste con [el diputado] Moroz, con el periódico Hrani.

Kuchma: A juicio, a lo mejor. Diputados… Que los abogados lo lleven a juicio. Esto va al fiscal, ¿no? Menuda mierda… hay algún límite, hijo de puta, mierda… Se deporta al cabronazo a Georgia y allí se le quita de en medio.

Interlocutor desconocido: Lo echamos a Georgia y lo quitamos de en medio.

Kuchma: Los chechenos tendrían que secuestrarlo y quitarlo de en medio.

El tono de la conversación revela un total desprecio por las instituciones estatales y pone de relieve la necesidad de que las ambiciones individuales se hallen bajo el control de las instituciones. Kuchma y sus compinches se habían apoderado del Estado y ahora manejaban una cantidad de dinero y de poder que resultaba inimaginable para la práctica totalidad de los 50 millones de habitantes de Ucrania. Para Kuchma y sus amiguetes, el Estado no era más que un mecanismo para su provecho personal. No es sorprendente que para el conjunto del país esto haya provocado un problema que tardará en resolverse. Para competir en el mercado mundial, Ucrania necesita cultivar buenas relaciones con Rusia (sobre todo), pero también con la Unión Europea, Estados Unidos y China (a la que vende grandes cantidades de acero y otras materias primas). Pero un sistema de Gobierno basado en clanes primitivos es inestable por naturaleza. Es un gran obstáculo para que aparezca una clase empresarial pujante de compañías pequeñas y medias, que son la clave para que un país en transición disfrute de una economía flexible y diversa. En el caso de Ucrania, la codicia, la incompetencia y las luchas intestinas de la oligarquía terminaron por desencadenar un cambio de guardia, si no un desmoronamiento total.

El asesinato de Gongadze y las cintas de Melnychenko aceleraron la caída del régimen de Kuchma. Pero todavía es muy pronto para saber si los nuevos gobernantes de Ucrania lograrán que en el país eche raíces una mayor democratización de las instituciones y de las prácticas políticas. Menos de un año después de la Revolución Naranja, que en teoría debería haber dado fin al Estado mafioso, el nuevo Gobierno se había empantanado en un alud de recriminaciones mutuas entre los líderes de la revuelta. Mientras tanto, la oligarquía se recobró y luchó contra los intentos de recortar su riqueza y su influencia. De hecho, según algunos agentes de servicios de inteligencia occidentales, están apareciendo pruebas de que lo que precipitó la caída del Gobierno de Yulia Tymoshenko fue su decisión de investigar el escándalo de Eural Trans Gas.

La delincuencia organizada está muy arraigada en Ucrania y, lejos de Kiev, que se encuentra bajo los potentes focos del escrutinio nacional e internacional, siguen dominando poderosos intereses criminales. Henry Hill, el protagonista de Uno de los nuestros, recordaba que el patrimonio de su mafia creció en cuanto en Nueva York entró en funcionamiento uno de los mayores puertos de entrada de la Costa Este del país. «Empezó a entrar dinero de verdad cuando abrieron el aeropuerto de Idlewild», como se conocía en un principio al aeropuerto de JFK. Pues bien, cuando cayó el comunismo se abrió de repente el viejo puerto ucraniano de Odessa.

Odessa tenía un aspecto magnífico aquel día en que paseaba por Primorsky Boulevard desde la famosa escalinata filmada por Sergei Eisenstein hacia la Ópera. La reciente reconstrucción de la ciudad resulta tan evocadora de su pasado glorioso que resulta fácil imaginar a Anton Chejov, Isadora Duncan y sus sofisticados amigos entrando y saliendo del Hotel Londonskaya, en el que solían alojarse. Hace un siglo, para las clases adineradas de Rusia y de Europa era de rigor realizar una visita a Odessa, en la costa septentrional del mar Negro.

La imagen de elegancia no se interrumpió cuando comencé a subir por la calle Derebasovskaya, donde artistas callejeros entretienen a los turistas con sus serpientes y cocodrilos vivos, tal vez menos peligrosos que otros reptiles que merodean por allí. Esta avenida pasa por la casa en la que creció Vassily Kandinsky, que desafortunadamente se encuentra en la actualidad oculta tras un andamio.

Por debajo del yeso que se desconcha es visible la llave dorada pintada en la puerta. Para la mayoría de ucranianos y rusos, esto recuerda a Karabas Barabas y la historia de Buratino y la Llave Dorada. Alexei Tolstoi, primo lejano del gran novelista, adaptó el cuento de Pinocho a los años treinta para crear una versión rusa. Buratino, la marioneta que tiene la llave en su poder, es acosado por Karabas, un muñeco malvado que está dispuesto a todo por conseguirla, ya que abre la puerta del Reino de la Felicidad.

En Odessa, los mitos y los cuentos de hadas son muy populares y, en una extraña coincidencia, décadas después de que se marchase Kandinsky, en la Casa de la Llave Dorada se instaló alguien llamado Karabas. Podría decirse que era un titiritero, pero en todo caso uno de carne y hueso, cuyo rastro seguí hasta un lugar en el que no existen cuentos de hadas ni finales felices. Al norte de la calle Derebasovskaya, las barrocas fachadas del siglo XVIII continúan predominando, pero la elegancia se desvanece: los edificios de diseño francés decayeron por completo en los tiempos soviéticos, aun antes de hundirse en el lodo del gansterismo capitalista. En Astashkina, una apacible callejuela, entro en una casa de baños públicos de vapor. El exterior es modesto, pero sus moradores han arreglado el patio con macetas colgantes. Las escaleras de la parte posterior, pintadas de verde vivo, conducen a la sauna rusa del primer piso. Antes de llegar a los baños propiamente dichos, paso junto a varios ramos de flores frescas depositados en el suelo. Encima de ellos, en el muro, hay dos placas: una que lleva grabada la imagen de un hombre de cuarenta y tantos años, de pelo muy corto y aspecto moderno, con un conjunto de camiseta y traje; en la segunda placa hay un poema que escribieron sus mejores amigos después de que este personaje, Viktor Kulivar Karabas, fuera abatido en este mismo lugar por diecinueve balas disparadas por un desconocido con un arma semiautomática.

Kulivar Viktor Pavlovich

En tu memoria eterna y sagrada

¡Karabas!

21 de abril de 1997

Naveshchayut kladbishche

tarushki

I druzya, rodnye v

skorbnyi chas

Predan zdes’ zemle vozle tserkvushki

Viktor Pavlovich, nash

dobryi Karabas.

El antiguo

cementerio

proclama

a sus desolados

amigos en

estos amargos

momentos

que el barro sagrado

contiene los restos

de Viktor Pavlovich,

nuestro querido

Karabas.

Entre las flores hay insertados billetes de banco. Que alguien deje dinero en un lugar público y nadie lo toque indica que existe un profundo respeto por su receptor póstumo, ya que en Odessa la pobreza y la mendicidad son muy visibles.

El pueblo de Odessa tiene fama de idealizar a su ciudad y a su gente. También son aficionados a hacer chistes sobre sí mismos, igual que sucede en diversas partes de España. Fundada hace tan sólo dos siglos, la Perla del mar Negro tiene una bulliciosa historia dominada por una alegre actitud licenciosa y por políticos, delincuentes y una gran población itinerante: navegantes, refugiados políticos y aventureros comerciales. Además, hasta tiempos recientes fue la ciudad rusófona con mayor diversidad étnica. Hasta que la población judía huyó de la ciudad ante el avance militar de las potencias del Eje, en 1941, ésta representaba un 30 % de la población. La mayoría de los que se quedaron fueron masacrados. Pero al igual que los judíos de la cercana ciudad portuaria de Tesalónica, al norte de Grecia, no eran campesinos pobres ni empresarios prósperos, como dicta el estereotipo de los judíos de Europa del Este, sino que conformaban gran parte de la curtida clase obrera de la ciudad, de la que surgió la legendaria comunidad de delincuentes que figura en la Odessa de principios del siglo XX, descrita por el gran Isaac Babel en sus relatos.

Aunque no fuera judío, Karabas encajaba a la perfección en el papel de ídolo criminal local; cuanto más hablé con habitantes de Odessa de todas las nacionalidades, más me fui convenciendo de que realmente fue un gánster heroico que impidió que reinasen el caos y el colapso social.

Ningún mafioso controló una ciudad post soviética tan bien ni con tanto apoyo popular como Karabas. Pero su principal instrumento no era la violencia, sino la confianza. «Era un chico de aquí y estaba orgullosísimo de Odessa —explica Leo Zverev, asistente social— y mantenía el orden. Por ejemplo, el problema de las drogas estaba confinado al barrio de Palermo, porque allí hay mucha delincuencia. Karabas dejaba que los traficantes trabajasen allí, pero les impidió hacerlo en ningún otro sitio de la ciudad. Estaba decidido a contener el consumo de drogas en Odessa.»

Cuando el caos y la ruina económica se extendieron por Ucrania después de su independencia de la Unión Soviética en 1991, Odessa sufrió una grave fractura social y dejó casi totalmente de recibir dinero de Kiev. Había depredadores que acechaban la ciudad y, concretamente, el puerto y la terminal petrolera situada al pie de la escalinata Potemkin, pero Karabas impuso su autoridad. Con un sistema de brigadas parecido al de la Hermandad de Solntsevo moscovita, Karabas dispuso unas normas de juego cuyo quebrantamiento resultaba peligroso. Tardé un poco en conseguir que miembros del hampa de Odessa me contasen cosas; a veces parecían aun más obstructivos que un burócrata soviético. Pero al final se prestaron a hablar bajo el más estricto anonimato. Su opinión sobre Karabas difería poco de la que tenía la ciudadanía. «Era un hombre de principios —me explicó un importante mafioso—; rara vez iba armado y muchas veces circulaba sin guardaespaldas. Para él, la violencia era el último recurso de un delincuente. Y todos lo reconocíamos como la avtoritet, un padrino, incluso quienes, como yo, no trabajaban con él. Esto hizo que en Odessa hubiese mucha menos violencia que en otras ciudades de Ucrania y de Rusia.»

«Cualquier empresa, y había muchas, consideraba un honor estar bajo la protección de Karabas —me explicó un hombre de negocios de la ciudad—. Era garantía no sólo de seguridad total contra ataques y estafas externas, sino a menudo también contra la intromisión de las autoridades. Además, a su manera era el mediador de la ciudad y hacía las veces de juez en disputas comerciales entre las distintas “estructuras”. El valor de sus servicios costaba a una empresa una décima parte de sus beneficios netos. El pago era mensual, aunque no se hubieran requerido sus servicios. Y a nadie se le habría ocurrido jamás engañarle o esconderle algo. Era impensable. Si alguien tenía problemas de auditorías fiscales, por ejemplo, Karabas no sólo rebajaba o posponía los pagos, sino que incluso podía llegar a perdonar la deuda. “¿Qué ganamos si matamos a la gallina de los huevos de oro?”, decía.» Pero incluso en los tiempos de mayor calma Odessa es un imán irresistible para el crimen y la corrupción. A pesar del benévolo dominio de Karabas, por la ciudad pasaban todos los tipos imaginables de contrabando. El puerto era un centro de tráfico de seres humanos. «Abríamos contenedores y encontrábamos centenares de personas dentro —explica un antiguo funcionario de aduanas de la ciudad—. El hedor era indescriptible, porque a veces llevaban semanas encerrados sin ningún tipo de instalaciones sanitarias, y también era frecuente encontrar cadáveres en descomposición.» Los emigrantes asiáticos que sobrevivían al viaje continuaban su penoso periplo hacia Polonia con la esperanza de poder entrar ilegalmente en la Unión Europea, y su lugar en los contenedores era ocupado por mujeres traídas de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia que salían con destino a burdeles de Europa y Oriente Medio.

Tal vez fuera el petróleo lo que precipitó la caída de Karabas. Odessa y, a unos quince kilómetros de distancia, Ilichevsk son las terminales de exportación de petróleo ruso más importantes. Aquí se concentró el grueso de la capacidad de refinado de petróleo de la Unión Soviética durante el período comunista. Rusia no iba a dejar que una menudencia tan insignificante como la independencia de Ucrania fuese a perjudicar su acceso a estas instalaciones. Controlar Odessa económica y políticamente significa miles de millones de dólares, especialmente dado que la política exterior del presidente Putin se basa en la inmensa influencia de Rusia sobre la industria energética mundial.

Moscú no albergaba intención alguna de permitir que Ucrania desarrollase un puerto y unas refinerías que no sirviesen a sus propios objetivos políticos. En Leonid Kuchma los rusos encontraron a un socio flexible. Pero el alcalde de Odessa, el emprendedor Eduard Gurvitz, no se mostró tan cooperador: tenía planes para rejuvenecer el puerto y hacer que la región de Odessa dejase de limitarse a exportar petróleo ruso y comenzase a importar petróleo del Caspio y de Oriente Medio para enviarlo por oleoducto a Polonia y a la Unión Europea. Para ello hacía falta construir una gigantesca terminal nueva al sur de Odessa que, a diferencia de la existente en esta ciudad, pudiese importar petróleo además de exportarlo. Así Ucrania dejaría de depender totalmente del petróleo ruso.

Aunque entre el alcalde y Karabas hubo fricciones ocasionales, en general sus objetivos para Odessa coincidían. «La primera vez que los chechenos intentaron meterse en la industria petrolera, los empresarios de Odessa consultaron a Karabas —explica un mafioso local— y éste tenía un planteamiento claro: “Moscú para los moscovitas y Chechenia para los chechenos; Odessa nos pertenece a nosotros”. Y les cerró la entrada al mercado.»

Por muy heroica que fuera la estrategia de Karabas, no dejaba de ser ingenua, según Leonid Kapelyushny, un activista de movimientos cívicos que conocía bien tanto a Gurvitz como a Karabas. «Karabas tenía que desaparecer porque tenía ideas estúpidas —explica—. Creía en una mafia nacional y rechazaba la idea de una delincuencia organizada transnacional. Por eso terminó mal; todas las fuerzas imaginables de este país y extranjeras querían controlar el petróleo, por lo que había que quitar de en medio a Karabas y a su patriotismo.»

El asesinato de Viktor Kulivar Karabas en abril de 1997 dio lugar a una cruenta serie de asesinatos políticos durante un año, y a una prolongada guerra de bandas mafiosas que trataban de apoderarse del enorme territorio que hasta entonces controlaba aquél. Cuando se enteró de que Karabas había muerto, el alcalde Gurvitz dijo a Kapelyushny «Odessa todavía no sabe qué tipo de hombre ha muerto. Ni las repercusiones de su asesinato». Su desaparición privó a Odessa de la única figura capaz de mantener el orden en la ciudad; precisamente por eso fue ordenada. «Tras la muerte de Karabas, la tercera fuerza entró en juego», explica un detective retirado que prefiere no ser identificado. La «tercera fuerza» es una alianza de gánsteres, ex comunistas, oligarcas, servicios militares de inteligencia y KGB tan temible que incluso Darth Vader lo pensaría dos veces antes de toserles. El propio Gurvitz sobrevivió a dos intentos de asesinato durante ese período, pero la ciudadanía lo reeligió en febrero de 1998 a pesar de ser objeto de una gran campaña de intimidación. Sin embargo, poco tiempo después de los comicios fue apartado del cargo a raíz de la extraña intervención de un tribunal de Kirovgrad, una ciudad situada a centenares de kilómetros, que carecía de jurisdicción sobre el Ayuntamiento de Odessa. Leonid Kuchma, por su parte, aplaudió la decisión judicial.

Durante los años siguientes, la estrategia de Kuchma para las terminales y los puertos de Odessa no chocó con oposición alguna, para satisfacción de la oligarquía ucraniana y la élite política e industrial de Rusia.

Durante sus diez años en el poder, Leonid Kuchma presidió una conversión total del Gobierno y la Administración ucranianos en una organización delictiva. Es comprensible que la mayoría de la gente asocie la delincuencia organizada a drogas, prostitución, tráfico de seres humanos y otras actividades similares. Pero los peces gordos de Rusia y Ucrania sabían que si uno quiere forrarse por todo lo alto tiene que invertir en dos negocios «legítimos»: la energía y las armas. La venta de armas a Yugoslavia se produjo en total connivencia entre estructuras de la mafia y de la Administración; una batalla por el control de la exportación de petróleo dividió a Odessa en dos. La muerte de Karabas demostró que ni siquiera la mafia puede competir cuando todo el peso del Estado queda implicado en la delincuencia y la corrupción transnacional. Sin embargo, el comercio armamentístico ilegal comenzó con otro presidente.

A finales de 1991 el presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, decretó la fundación de un departamento comercial del Ministerio de Defensa con el objetivo de convertir en dinero líquido el vasto arsenal de armamento soviético heredado por el país. Al cabo de poco tiempo, una empresa de Odessa llamada Global Technology Inc. (GTI) fletaba el Jadran Express (que a pesar de su nombre croata era un buque de pabellón nigeriano) a la antigua Yugoslavia repleto de armas, desafiando el embargo de las Naciones Unidas sobre la venta de armamento. A menudo se proclama la existencia de un sentimiento de solidaridad entre rusos, ucranianos y serbios, sus parientes eslavos de religión ortodoxa; por eso resulta sorprendente el elevado número de ciudadanos y empresas de Rusia y Ucrania que suministraron armas de fuego a croatas, bosnios y albaneses. Como veremos, sin embargo, quienes más envíos de armas realizaron a Ucrania para su comercialización desde Odessa fueron gobiernos y grupos del continente africano.

Como todos los asesinatos cruciales acaecidos en la antigua Unión Soviética, el de Karabas continúa sin resolver. Tal vez dé alguna pista sobre quiénes fueron sus ejecutores el intento de asesinato que se produjo contra Leonid Kapelyushny en febrero de 1998, cuando encabezaba la Comisión Electoral de la ciudad. Tres hombres salieron de un coche, le dispararon y se marcharon dándole por muerto. «Antes de perder el conocimiento —me dijo Kapelyushny en tono sombrío— llegué a ver que la matrícula del coche era de Transnistria.»

Odessa sólo está a unos 100 kilómetros de la frontera de la República de Transnistria, que podría ser el escenario perfecto para una aventura de Tintín. Esta angosta franja de territorio es el Estado gansteril por antonomasia, hacia el que escapan muchos delincuentes tras llevar a cabo sus misiones en Odessa. Ha constituido un problema desde el momento en que las autoridades locales proclamaron la independencia de Transnistria con respecto a Moldavia, lo que desencadenó una cruenta guerra civil que se prolongó dos años.

Si Transnistria logró resistir durante su conflicto con Moldavia fue en gran parte porque en su territorio se hallaban el 14.º Ejército de Rusia y su ingente arsenal de 42 000 piezas de armamento, desde pistolas hasta carros blindados, pasando por un nutrido surtido de misiles tierra-aire. Tras la desaparición de la Unión Soviética, la independencia de Ucrania dejó segregado del territorio nacional ruso al 14.º Ejército; éste podría haber emprendido el regreso, pero prefirió permanecer en Transnistria como «fuerza de paz». A pesar de que este potente ejército ofreció un apoyo de facto a la república sediciosa, ni Rusia ni el resto del mundo le otorgaron su reconocimiento oficial, por lo que continúa siendo un «Estado paria». Desde entonces, el presidente de Transnistria, Igor Smirnov —antiguo «director rojo» de una fábrica de Tiraspol, la capital—, ha gobernado con el apoyo de agentes del KGB, de la oligarquía y de una actitud extrañamente indulgente por parte de Gazprom con respecto a la enorme deuda que Transnistria ha contraído con el gigante energético.

Cuando Pavel Ciobanu me invita a entrar en su Audi, observo que viste del mismo estilo que Karabas: chaqueta negra sobre una camiseta negra. El otoño toca a su fin, y el cielo oscurece mientras viajamos desde Chisinau, la capital de Moldavia, a Tiraspol, la de Transnistria. Instintivamente, me llevo la mano a la billetera. Hace tres días, al cruzar Transnistria, los guardias de fronteras me retuvieron ilegalmente en la frontera hasta que les pagué cincuenta dólares. «Es el coste normal del viaje», me aseguran alegremente varios diplomáticos en Chisinau. Como presidente de la Asociación de Fútbol de Moldavia, Ciobanu es bienvenido en Tiraspol y los mismos guardias que hace tres días me obligaron a pagar nos dejan pasar ahora entre saludos un tanto exagerados, tras una somera mirada a nuestros pasaportes. Ciobanu nos lleva al derby futbolístico más improbable de Europa: el FC Sheriff Tiraspol contra el Zimbru Chisinau.

La frontera de Transnistria no sólo es un lugar donde los funcionarios extorsionan a muchos viajeros, sino que también parece funcionar como una máquina del tiempo. Al entrar en Tiraspol aparece Lenin sobre un pilar frente a la sede del Parlamento, entre eslóganes que recuerdan al pueblo que «Nuestra fuerza reside en la unidad». Hemos regresado a la URSS, y los transeúntes de las desnudas calles lucen en el rostro aquella inolvidable combinación soviética de tedio y agotamiento. La incoherencia anacrónica resulta asombrosa cuando se llega a la sede del FC Sheriff Tiraspol, un complejo que cuenta con dos grandes estadios de fútbol, un polideportivo homologado para celebrar encuentros internacionales de cualquier deporte de pista cubierta, un campo de entrenamiento de cinco zonas, una academia deportiva y un hotel con bar y restaurante, unas instalaciones arrendadas a menudo por los equipos más importantes de Kiev y Moscú. Me entero a través de la UEFA, el organismo que gobierna el fútbol europeo, de que aquí se halla el único estadio de Europa que «cumple todas y cada una de las medidas de seguridad estipuladas» por esa organización. Como aficionado de toda la vida al fútbol, puedo asegurar que nunca había visto un complejo de entrenamiento y competición tan sofisticado en Europa del Este. Y para los transnistrianos que dispongan de tiempo y dinero, incluso hay un concesionario Mercedes en el complejo.

En 1997, Victor Gusan decidió invertir su fortuna en la fundación de un club de fútbol que pudiera aspirar a llegar a las eliminatorias finales de la Champions League, el máximo logro deportivo en Europa. Tras disfrutar de una vida variada y boyante en su puesto de Jefe Adjunto de la Milicia de Tiraspol, Gusan inició una fructífera carrera en el mundo de los negocios a principios de los noventa. Se trata claramente de un hombre de lo más sagaz, aunque su auge probablemente fue facilitado también por su amistad con un tal Vladimir Smirnov. Conocido por ser el fan número uno del FC Sheriff Tiraspol, Smirnov debe de haberse esforzado mucho para convencer al Gobierno de la peculiar República de Transnistria de que emprendiera la construcción del complejo deportivo y la organización del equipo. Después de todo, el presupuesto anual del Estado de Transnistria no alcanza los 250 millones de dólares, y el estadio costó unos 180 millones. Pero se da la circunstancia de que Smirnov no sólo es director del servicio de aduanas de Transnistria, sino también el hijo del presidente Igor Smirnov. Sin embargo, ni siquiera todo el poder del presidente y de su Partido Comunista podrían haber servido para superar el segundo obstáculo al que se enfrentaba el FC Sheriff. Para poder participar en una competición futbolística, un país tiene que ser miembro de la UEFA. Y como Transnistria se proclamó independiente de Moldavia, ha sido excluida de la UEFA.

¿Qué podía hacer Transnistria para poner al FC Sheriff en el mapa? Gastarse una fortuna en un complejo deportivo y fichar a algunos jugadores de primera categoría procedentes de África, los Balcanes y Rusia para armar un equipo decente para el nivel de la región.

Por supuesto, la Federación de Fútbol de Moldavia está reconocida por la UEFA. Se cerró un trato: aunque Transnistria se niega guardar relación alguna con Moldavia en cualquier sentido oficial, en cuestiones futbolísticas reconoce la soberanía del Gobierno de Chisinau. Así, éste mantiene una frágil capacidad para presionar a Tiraspol. El FC Sheriff gana cómodamente el campeonato moldavo cada temporada. Como si fuera el equivalente del Chelsea londinense, puede permitirse fichar a jugadores mucho mejores que los de todos los demás equipos juntos. Así, puede jugar en las rondas de clasificación de la Champions League europea. Por supuesto, todo esto suscita una gran pregunta: ¿de dónde saca el FC Sheriff el dinero? Aparte del estadio, la otra cosa que llama la atención en Tiraspol es la cantidad de tiendas que lucen un cartel de Western Union en el escaparate.

En los países en desarrollo que atraviesan una transición, que Western Union resulte tan visible significa algo: que se ha producido una emigración importante hacia países con mejor clima económico. Aun así, me pregunto si se ha visto alguna vez algo parecido en el mundo. Grigory Volovoy habla en tono monocorde. Es periodista de Novaya Gazeta y uno de los poquísimos que se atreve a alzar la voz en el gulag viviente de Transnistria. «A principios de los noventa, la población era de 750 000. Ahora somos unos 450 000. Quedan unas 150 000 personas en edad y condiciones de trabajar.»

Por muy atractivo que sea el estadio, durante la última década casi la mitad de la población de este territorio se ha marchado en busca de mejor fortuna. Un paseo por las calles de la capital deja clarísimo que el Sheriff no genera mucha riqueza para la sociedad.

Sin embargo, la generación de riqueza sí se produce en el sentido contrario. Además del club de fútbol, Sheriff posee la mayor cadena de supermercados de Transnistria, todas las líneas de telefonía fija y móvil del país (una ganga, por 2 millones de dólares en 2002). Aunque Rusia no ose reconocer a Transnistria, Gazprom lleva más de una década subvencionándole el suministro de gas por un valor de 50 millones de dólares anuales. Y la compañía de Florida presuntamente relacionada con la Hermandad de Solntsevo, Itera, es accionista mayoritaria de la planta metalúrgica de Ribnitsa, la mayor exportadora de Transnistria. Con todo, uno no puede dejar de preguntarse si es posible que todo ello baste para financiar al FC Sheriff y su estadio. ¿Recuerdan el arsenal de armas rusas? ¿Y las dos o tres fábricas que se cree que producen armas sin que nadie las controle? Éstas salen de Transnistria vía Odessa hacia los frentes de guerra del Cáucaso, Asia central, Oriente Medio y África central y occidental.

Ocasionalmente, el presidente Putin sufre una crisis de conciencia respecto a Transnistria. «Tal vez sea hora de cubrir este hoyo», le dijo a Georgi Purvanov cuando el presidente búlgaro le pidió que pusiese freno al flujo de delincuencia que exuda Transnistria hacia todos los países vecinos. Para varias bandas, Bulgaria es un punto importante en la ruta del contrabando de armas procedente de Ucrania y Transnistria; es comprensible que Purvanov considere que ello perjudica en gran medida a la imagen de su país.

Putin lo meditó, pero al final prefirió dejar abierto el hoyo. Unos años atrás, los rusos acordaron permitir que un organismo internacional supervisase la transferencia de las armas del 14.º Ejército a Rusia. En el momento de redactar este libro, la mitad de ellas han sido devueltas. «Naturalmente —dice un agente de inteligencia occidental—, no sabemos cuántas de ellas han llegado a Rusia y cuántas se han desviado en el camino.» Los gobiernos occidentales están especialmente preocupados por la desaparición de misiles tierra-aire de modelo Igla. En diciembre de 2003 se retiraron 320 piezas de este tipo, pero en el inventario original constaban 394 unidades. En algún lugar del mundo, 74 misiles de alta precisión capaces de abatir un 747 se encuentran en manos desconocidas. Cada uno vale unos 50 000 dólares. «En Transnistria hay suficientes armas para abastecer a todo un ejército —dice el agente— que cuestan millones de dólares, y son mortíferas.»

Transnistria es un territorio pequeño, aproximadamente del tamaño de la isla de Mallorca, pero afecta y debilita a países de muchas zonas del mundo. Su corrupta frontera tiene una influencia nociva tanto sobre Ucrania como sobre Moldavia. Por eso poco después de la Revolución Naranja de Ucrania, la nueva Administración dedicó su atención a este problema. «Si la frontera está bien cerrada, la autoridad ilegítima de Transnistria no tardará en perder los cimientos económicos de su existencia», dijo en junio de 2005 el ministro de Asuntos Exteriores, Boris Tarasiuk. Acusando al ex presidente Kuchma de complicidad, Tarasiuk prosiguió: «El Gobierno anterior empleó Transnistria como trampolín para el contrabando porque el dinero fluía principalmente hacia Kiev. Ahora las cosas han cambiado. Ucrania no está interesada en que haya un “agujero negro” en su frontera, ni en sacar provecho del conflicto con su Estado vecino.» Boris Tarasiuk ocupó la cartera de Exteriores durante tan sólo unos meses, hasta que el primer Gobierno tras la Revolución Naranja se vino abajo entre un cruce de acusaciones mutuas y en una situación económica cada vez peor que, en buena parte, alimentaron las «sanciones» energéticas impuestas por Moscú. Un perceptivo analista de Transnistria ha apuntado que la capacidad de Moscú para dictar la política de su «entorno internacional próximo» (y, por tanto, sostener regímenes sombríos como el de Tiraspol) ha aumentado desde que Putin consolidó su control sobre el sector ruso de la energía y empezó a utilizarlo para dar fuerza a su política exterior. «Como la UE depende en un 60 % del suministro energético de la Federación Rusa y tiene prioridades más urgentes que la resolución de conflictos —escribió este analista—, pensar que doblegará el brazo de Rusia no es realista.»

Pavel Ciobanu, presidente de la Asociación de Fútbol de Moldavia, es teóricamente neutral en el partido entre el Sheriff y el Zimbru. Pero sonríe cuando regresamos a Chisinau tras la clara victoria del Sheriff por 3-0, la décima en los diez partidos que ha disputado en lo que lleva de temporada. «El objetivo de Gusan es llevar al Sheriff a las eliminatorias finales de la competición europea —me explica—. Creo que lo conseguirá en un par de años.» Se trata de una ambición más que considerable, especialmente a la vista de que, para ser el partido más importante de la temporada, tan sólo se han presentado 4000 espectadores a un grandioso estadio con un aforo siete veces mayor. «Hoy Gusan es muy feliz. Es su cumpleaños; ha salido de caza y ha matado un jabalí. Ahora gana por 3-0. Está haciendo cosas maravillosas para el fútbol de Moldavia.»

SEGUNDA PARTE
Dinero, oro, diamantes y bancos

El tráfico sexual desde la antigua Unión Soviética hasta Oriente Medio (Transnistria, con capital en Tiraspol, es una estrecha franja de tierra que se extiende por la frontera entre Moldavia y Ucrania).

5

ALIYAH

La frontera que separa a Egipto e Israel apenas es perceptible. Al contemplar la endeble alambrada que se eleva entre el desierto de Negev y el norte del Sinaí, me sorprende que un país tan preocupado por la seguridad como Israel permita un acceso tan abierto hacia su territorio desde tierras árabes. La policía me asegura que patrullan la frontera con regularidad, pero desde el coche no veo ni un alma cuando salgo hacia el norte en dirección al extremo meridional de Gaza.

En cierto punto, dos camellos asoman la cabeza altaneramente a unos doscientos metros por delante de mí. Entran en Israel desde Egipto llevados por cuatro adolescentes, dos jinetes y dos guías. Los camellos están cargados hasta la joroba con productos de contrabando; las mercancías básicas con que trafican estos comerciantes transfronterizos son el tabaco y las drogas. Atemorizados al ver mi coche, los muchachos fustigan a los enormes animales y salen a toda prisa en dirección a un camión que no lleva matrícula cuando, de pronto, el ondulado Negev los engulle a todos: jinetes, vehículo y camellos.

El Estado israelí los considera delincuentes, pero estos contrabandistas son los representantes modernos de una tradición nómada que se ha extinguido casi totalmente entre los beduinos del Negev. Por supuesto, esta tradición se ha desvirtuado. Cuando se fundó Israel en 1948, el 90 % de los beduinos participaban en estas actividades nómadas o seminómadas, casi todas ellas relacionadas con el pastoreo. Pero desde entonces Israel ha tratado diversas veces de confinar a los aproximadamente 100 000 beduinos del Negev en siete asentamientos urbanos del cuadrante noroeste del desierto. En consecuencia, el porcentaje se ha invertido: hoy el 90 % de ellos trabaja en ramos industriales de salarios bajos como la construcción o el sector público de los asentamientos, un sector muy pobre aunque en pleno crecimiento. Una parte significativa del 10 % restante trabaja ahora en el contrabando; entre este comercio, que proporciona buenas ganancias en efectivo, y la agricultura de subsistencia no hay color.

En el contexto de esta región los recursos de seguridad de Israel son inmensos, pero no ilimitados. Por eso los agricultores beduinos han aprovechado su inigualable conocimiento del terreno desértico para reconvertirse en el engranaje crucial de una industria que abastece de productos y servicios ilícitos a los consumidores israelíes.

La mayoría de comunidades de organización tribal que han entrado en contacto con los Estados modernos durante el último medio siglo han visto cómo su modo de vida tradicional se hacía añicos. Los beduinos son un ejemplo excelente. Al igual que los bosquimanos del sur de África, los pueblos indígenas de Irian Jaya o los inuit del Ártico, los beduinos del Negev mantienen una poderosa memoria cultural que ya no guarda la menor relación con sus circunstancias socioeconómicas. ¿Cómo se puede ser nómada en un desierto que alberga gigantescas granjas privadas como la que poseía Ariel Sharon? Los resultados son los mismos en todo el mundo: las comunidades indígenas adolecen de tasas relativamente altas de fecundidad, mortalidad infantil y analfabetismo.

Así, los jóvenes contrabandistas beduinos mantienen viva la frágil llama de la memoria colectiva de su pueblo. Su trabajo es claramente más interesante y variado que cualquier otra de las pocas oportunidades que se les ofrecen en los asentamientos, y comporta un contacto regular con sus primos del Sinaí, al otro lado de la frontera. Su sector está en pleno crecimiento, como atestigua el incremento del consumo de drogas entre los beduinos. En general, las comunidades de las que proceden quienes trafican con drogas por rutas terrestres —albaneses, beduinos o tayikos, por ejemplo— suelen sufrir tasas crónicas de drogodependencia. Pero los principales motivos que han impulsado el desarrollo de este comercio ilegal en el Negev no están relacionados con los beduinos, sino con un grupo de inmigrantes que comenzó a llegar a Israel hace quince años: los rusos.

Cuando la Unión Soviética se derrumbó y la economía de los Estados que nacieron de ella entró en barrena, para la gran mayoría de sus habitantes el futuro se presentaba tétrico e incierto. Si el capitalismo gansteril parecía temible en Moscú, peores eran las perspectivas para quienes vivían en territorios periféricos, especialmente en el Cáucaso, donde las guerras, los conflictos civiles y el hampa revestían de peligro actividades tan cotidianas como salir a la calle a hacer la compra.

Alexander Gentelev, un realizador de documentales, iba a toda prisa hacia el trabajo una gélida mañana invernal de 1991. Vivía en Makhachkala, la capital de Daguestán, uno de los lugares más inseguros del mundo. Todavía no se había recuperado emocionalmente del impacto causado por el asesinato, veinticuatro horas atrás, de un buen amigo suyo que había dejado su trabajo de médico para entrar en la política local. «Estaba entrando en el coche y le dispararon desde ambos lados. Recibió sesenta balazos —recuerda Gentelev—. Pero no tenía razones para pensar que fueran a venir por mí. Me equivocaba.» Fueron a por él dos días más tarde. Pero a Gentelev le sonrió la Providencia. «Aquella noche tuve suerte por dos motivos —me explica en un café de Tel Aviv—. Primero, tenía una fuerte gripe y estaba muy abrigado. Y segundo, acababa de cobrar un trabajo. En aquellos tiempos de inflación loca, el pago consistió en un fajo de billetes enormemente grueso.» De las sombras salieron dos pistoleros que le dispararon. «Caí al suelo, inconsciente, pero los billetes amortiguaron la bala dirigida al corazón, y ésta no llegó a penetrar en mi cuerpo.» Con todo, quedó gravemente herido. «Mientras guardaba cama en el hospital de Makhachkala, recibí la advertencia de que volverían —explica—. No sabía ni siquiera quiénes eran, y le pedí a mi hermano que evacuase primero a mi familia y luego a mí hacia Moscú. Entonces mi mujer dijo “Basta. Ya basta. No vamos a volver”.» Alexander tenía la suerte de ser judío.

Aparte del momento en que, poco antes de su muerte, Stalin sufrió un violento acceso de antisemitismo, ser judío en la URSS de la posguerra mundial no solía ser peor que ser gentil. Las ambiciones profesionales de los judíos a menudo estaban sometidas a unas restricciones que no afectaban a los eslavos ni a otras minorías, pero en muchos sentidos todos los pueblos de la Unión Soviética eran maltratados en idéntica medida.

A partir de 1989, los judíos de la antigua URSS disfrutaron de un privilegio valioso y exclusivo: podían optar a la ciudadanía israelí y perder de vista el Cáucaso, Bielorrusia, Siberia o allá donde viviesen, sin que les hicieran pregunta alguna. Y muchos no esperaron a que intentasen matarlos, como Gentelev. Pidieron el pasaporte y salieron pitando. Los centenares pronto se convirtieron en millares y los millares en centenares de miles: en menos de una década se había asentado en Israel un millón de judíos, que representaban más del 15 % de la población total.

«La mayoría vino porque la puerta estaba abierta y sabían que podía cerrarse en cualquier momento —explica Marina Solodkin, que llegó a Israel en 1991 y posteriormente fue ministra adjunta de Inmigración en el Gobierno de Sharon—. Para judíos como yo, que habían sido activos en la clandestinidad durante los años setenta, esto era el regreso a casa: lo llamamos aliyah. Pero también fue muy importante para las familias seculares y las mixtas. Nadie sabía cómo iban a evolucionar las cosas en la antigua URSS: ¿habría pogromos? Ninguno de nosotros quería jugar a la ruleta rusa». La amenaza del antisemitismo latente en Rusia no fue el único desencadenante del éxodo. También había razones de tipo más positivo. Otros grandes atractivos eran que con un pasaporte israelí era posible viajar a la mayoría de países de Occidente sin necesidad de visado, o la perspectiva de escapar del espeluznante clima ruso hacia las costas del mar Rojo o del Mediterráneo.

Naturalmente, Israel es un país que se ha construido a partir de la emigración desde que nació en 1947. Ha ostentado una impresionante capacidad de absorción de grandes grupos de emigrantes desde mucho antes de que llegaran los de la antigua Unión Soviética: los judíos marroquíes e iraquíes durante los años cincuenta y, de forma más reciente, los etíopes. Pero nunca había lidiado con un flujo de emigrantes de esta escala que contasen con una cultura tan marcada y bien definida. Los judíos de Marruecos, Irak y Etiopía no tuvieron otra opción que aprender hebreo y someterse a la cultura israelí para sobrevivir. Pero los de Rusia y Ucrania eran muy distintos: llegaron muchos y muy rápido, y contaban con una fuerte identidad cultural rusa que muchas veces tenían más asimilada que su condición de judíos. En la profunda secularidad de la Unión Soviética, el judaísmo y el sionismo eran minoritarios, en el mejor de los casos, entre los judíos rusos. «Los emigrantes de la antigua URSS se ven a sí mismos como los representantes de la cultura europea en Israel, y un 87 % de ellos querría que la vida cultural israelí fuera más parecida a la de Europa —señalaba un estudio sociológico sobre la emigración basado en un amplio número de encuestas—. En cambio, sólo son un 9 % quienes creen que ya es así.»

Al parecer, Israel es un país extranjero para estos rusos. «Los emigrantes juzgan superior la cultura y la lengua rusa a la hebrea. Un 88 % de los emigrantes valoran el impacto de la emigración en la vida cultural israelí como positivo o muy positivo», dice el informe. La cultura israelí es a menudo muy ferviente con respecto a su propia identidad (lo que no resulta nada atractivo para quienes tuvieron que soportar el fanatismo soviético) y se define por un conflicto con un enemigo, los palestinos, que no enciende las pasiones de los judíos rusos. Pero también es mediterránea, lo que a ojos de los oriundos de Rusia implica indolente y, por lo tanto, inferior. Por otra parte, están las cuestiones económicas. “Además de su tamaño, otro aspecto en que los emigrantes rusos se diferenciaban de los demás es el elevado nivel educativo que poseen muchos de ellos —según los economistas Sarit Cohen y Chang-Tai Hsieh—. Un 60 % de los emigrantes rusos contaba con educación universitaria, frente al 30 o, en el mejor de los casos, 40 % de los israelíes nativos.” Ello ha dado lugar a tensiones sociales y a un resentimiento muy real entre la población indígena y los recién llegados. Un gran número de profesionales rusos trataron de acceder al mercado laboral, pero no asumieron el tipo de trabajos mal pagados y poco cualificados que normalmente están reservados a los emigrantes, sino que optaron a puestos de salarios altos para hombres y mujeres dotados de muy buena formación.

Los emigrantes rusos establecieron muy rápidamente una sociedad compleja en Israel, que evolucionó en paralelo con la comunidad ya existente. El Estado mostró una escasa inclinación a trabajar activamente para integrar a los rusos, aunque en realidad tampoco tenía capacidad para hacerlo. Así, cuando llegó la avalancha de rusos durante la primera fase de integración, las dos comunidades apenas interactuaron en absoluto: las diferencias de lengua y cultura marcaron un período de exclusión mutua» [2].

La policía fue la primera en percibir que pasaba algo raro. «En aquella época yo era jefe del servicio de inteligencia de Jerusalén —dice Hezi Leder, comandante de policía ya jubilado—. Comenzamos a recibir informes de mis colegas de Haifa y del norte de Israel sobre un drástico aumento de la actividad delictiva entre los jóvenes. Eran chicos de trece y catorce años, tal vez quince, pero parecían no estar integrados en el sistema educativo. Y casi todos eran rusos.» A mediados de los años noventa ya había más de 700 000 rusos en Israel. La mayoría de ellos eran ciudadanos totalmente honrados, como Alexander Gentelev, que se marchó de Makhachkala impulsado por el mismo motivo que tantos otros emigrantes de todo el mundo: salir de un entorno problemático para encontrar un lugar seguro y una vida mejor para sus hijos. «Pero si vienen un millón de rusos y sólo un 1 % son delincuentes —explica Gil Kleiman, ex policía— no dejan de ser muchos malos.» Poco después de que Leder alertara a sus colegas sobre el fenómeno de las bandas juveniles, la policía comenzó a observar un incremento en los asesinatos y los atracos con una brutalidad sin precedentes. La oleada de delincuencia se centró en Tel Aviv —a la que los periódicos denominan Sin City («ciudad del pecado»)— pero casi siempre estaba contenida dentro de la comunidad de habla rusa. Tras recibir un aviso anónimo en septiembre de 1996, Kleiman y sus hombres descubrieron atónitos en un apartamento de un rascacielos, en un charco de sangre, el cadáver aún caliente de un proxeneta llamado Oleg Karpits Karpachov. En la autopsia consta que había sido apuñalado en la frente y en el cuello. «El cuchillo atravesó la piel, las venas y la tráquea hasta alcanzar la columna vertebral, que quedó cortada», escribió el forense. Karpits también fue golpeado con un objeto contundente y apuñalado en la espalda y el hombro. «Habían quitado las bombillas de la planta en que se encontraba su apartamento para que no hubiera luz —recuerda Kleiman— o sea, que supimos que había sido un asesinato planificado en serio. Más tarde descubrimos que al coordinarse para llevarlo a cabo no usaron sus teléfonos móviles durante más de un minuto, por si los estaban siguiendo.»

Si las circunstancias de la muerte de Karpits eran misteriosas, más lo fue lo que descubrió el equipo especial de investigación de Kleiman sobre el mundo del difunto. Comenzaron a desentrañar toda una red de proxenetas, burdeles, extorsiones de protección, falsificación de documentos y secuestros. Aparte de la sordidez de este universo clandestino, lo más sorprendente era hasta qué punto resultaba invisible. Se trataba de un asunto interno de los rusos que en ningún momento afectó al resto de la sociedad israelí. Excepto en un sentido: el negocio más voluminoso que llevaban estas bandas rusas en la calle era la prostitución, y sus clientes no eran exclusivamente rusos. Ni mucho menos.

Al abrazar la globalización, Israel se estaba volviendo un país más permisivo. O, como mínimo, ciertas partes de Israel. Tal vez estuviera incrementándose el número de judíos devotos que se instalan en Jerusalén, pero lo contrario sucedía en Tel Aviv, donde se centraban las inversiones extranjeras y el boom del crecimiento del país durante los años noventa. Concretamente, el éxito de la industria israelí de tecnología punta precipitó la aparición de una clase social de yuppies que se dedicó a consumir a lo grande, entre otras cosas, drogas de diseño y, especialmente, cocaína y éxtasis. El contraste entre el brillo de los focos y el sordo latido de la música disco de los clubes nocturnos de Tel Aviv y, a tan sólo 60 kilómetros, las vestimentas austeras y el lúgubre mascullar de los hasídicos de Jerusalén es casi tan llamativo como el contraste entre la vida acomodada de Israel y la menesterosa de la Franja de Gaza. Además, al disminuir la tensión con los palestinos durante los años noventa, regresó el turismo de masas a Israel, y la combinación de todos estos factores convirtió a Tel Aviv en uno de los dos mayores centros de prostitución de Oriente Medio (el otro es Dubái). Comenzaron a florecer prostíbulos para todos los bolsillos en centros turísticos como Netanya y Eilat. Como la mayoría de las demás economías avanzadas en desarrollo, Israel se hallaba sometido a la presión estadounidense para liberalizar sus mercados y sus políticas de inversión. Junto con los mayores flujos de entrada y salida de capital, llegó la codicia material que apuntala a la globalización, según la cual el dinero puede satisfacer todos los caprichos y deseos. Combinado con las omnipresentes imágenes de sexualidad masculina y femenina, este consumismo alimenta la sensación (con toda seguridad entre los hombres, aunque al parecer cada vez más también entre las mujeres) de que el sexo no es tanto la expresión de unas relaciones íntimas como un producto de mercado sujeto a las mismas reglas que gobiernan la venta de hamburguesas y zapatillas deportivas, tal y como sostiene un estudio académico:

El concepto de la prostitución como actividad de consumo es evidente en Internet. En su página web, un prostíbulo asegura que ofrece a los consumidores israelíes la última tecnología para «pedir vía Internet chicas de compañía que acudan a su casa, y ¡todo en hebreo!». Incluso se ofrece a los clientes potenciales un contrato de servicio en el que, como el cliente de cualquier otro negocio, se reconoce su derecho a quejarse sobre los «servicios» prestados, ya que, después de todo, «el cliente siempre tiene razón». La revista israelí Blazer, para público masculino, ha afirmado sentirse impresionada: «¿Qué podemos decirles? Hay que reconocer que el crimen organizado está organizado de verdad. Han aprendido de Domino’s Pizza cómo recoger pedidos. Me preguntaron… “¿con champiñones o sin?” Les dije… «si no es mucho pedir, rubia natural, alta y con un dominio básico del hebreo».

La demanda crecía a toda velocidad, y los bajos fondos rusos de Israel sabían cómo cubrirla.

A principios del verano de 2002, cuando el FC Sheriff de Transnistria celebraba su cuarto campeonato de liga moldava consecutivo, al otro lado de la ciudad de Tiraspol Ludmilla Balbinova hacía las maletas. Estaba emocionada: era su primer viaje al extranjero. Ludmilla sabía que Israel era soleado y tenía mar, pero no mucho más. Iba a encontrarse con una vieja amiga que trabajaba de camarera allí. «Te encantará —le había dicho Victoria—. Te he conseguido un trabajo fácil, bien pagado y divertido.» Lo que Ludmilla no sabía era que, al otro lado de la línea, Victoria tenía una pistola contra la sien. Ludmilla no era infeliz en Tiraspol, pero como tanta otra gente joven ansiaba diversión y algo de aventura. Se creyó afortunada porque una conocida de su buena amiga le hubiera ayudado tanto a arreglar el papeleo y el viaje, algo que no resultaba fácil en una república no reconocida internacionalmente. De hecho, aquella mujer era una «reclutadora». La mayoría de las mujeres que salían de Moldavia y Transnistria como víctimas del tráfico de seres humanos eran cortejadas y captadas por otras mujeres. Estas reclutadoras trabajaban motivadas sobre todo por el dinero, pero a menudo intervenían también otros factores. Algunas eran antiguas prostitutas que habían logrado comprar su libertad prestándose a trabajar como reclutadoras. «A veces las madres de las mujeres que han sido vendidas hacen de reclutadoras —explica Alina Budeci de La Strada, una ONG de Moldavia que asiste a víctimas de este tráfico—. Tuvimos un caso en el que los traficantes contactaron con una madre y le dijeron que, si quería volver a ver a su hija, tenía que reclutar a tres mujeres para reemplazarla.»

El uso de mujeres es crucial para transmitir seguridad a la víctima. La confianza es indispensable para que cualquier actividad delictiva funcione como la seda. Excepto, claro está, cuando el producto con el que se trafica es un ser humano. En este caso, el engaño debe presentarse como confianza. Para asegurar la trampa, la reclutadora a menudo acompaña a la joven víctima (normalmente de entre quince y treinta años) durante la primera parte del viaje. Después de que su reclutadora facilitase un pasaporte a Ludmilla, la envió en tren a Odessa y luego a Moscú en compañía de otras diez mujeres. Una vez en la capital rusa, la llevaron a un apartamento cerca del río Moscova. «Allí fue donde empecé a sospechar mucho, porque se quedaron nuestros pasaportes y nos encerraron en el apartamento —explica—. Estábamos prisioneras».

A partir de entonces, siempre que Ludmilla salía lo hacía acompañada por al menos dos matones. Al cabo de una semana, la llevaron en coche junto a otras tres mujeres al aeropuerto de Domodedovo. En el control de pasaportes tuvo una última oportunidad. En un alarde de compasión extraño entre los funcionarios estatales rusos, el agente del control de pasaportes le incitó a reconsiderar el viaje. «¿De verdad sabe usted a dónde va? —le preguntó—. ¿De verdad sabe qué está haciendo? ¿Está segura de que quiere hacerlo?.» Como tenía a uno de los gorilas echándole el aliento literalmente en la nuca, Ludmilla no tuvo más remedio que desestimar la amabilidad del agente. Fue como oír el portazo de la entrada de la cárcel a su espalda. Al llegar a El Cairo la recibieron algunos egipcios que la llevaron a un hotel, en el que pasó tres días esperando junto a otras diez chicas. Una mañana de madrugada la metieron en un todoterreno y condujeron varias horas. «Nos pusieron en manos de unos beduinos que inmediatamente nos encerraron en una cueva.» Aunque hay denuncias frecuentes de contrabandistas beduinos que violan a las mujeres con las que trafican (y que las retienen si no reciben el pago por sus servicios de contrabando), en el caso de Ludmilla las chicas pudieron elegir. Si ofrecían servicios sexuales a sus captores temporales, las dejaban salir, «comer bien y descansar. Tres chicas dijeron que sí, pero yo no», explica Ludmilla.

Justo antes de salir hacia la siguiente etapa del viaje, una de las muchachas intentó huir, aterrorizada. «Los beduinos la atraparon y luego, delante de nosotras, le pegaron tiros en las rodillas». Como bien saben quienes han sido víctima de este tipo de represalia en Irlanda del Norte, un balazo en la rodilla es uno de los castigos más dolorosos que pueden infligirse. Pero el destino de esta chica moldava fue aun peor: «La dejaron morir tirada en el desierto».

En aquel momento, Ludmilla y sus compañeras estaban aterradas. Los beduinos las volvieron a meter en una camioneta en plena noche. «Seguimos en el vehículo un rato y luego nos obligaron a arrastrarnos por debajo de una valla una tras otra. Había más beduinos esperándonos al otro lado, pero entonces nos detectó una patrulla de fronteras israelí, que se dirigió a toda velocidad hacia nosotros. Estaba desesperada por conseguir que los guardias nos viesen, pero los beduinos comenzaron a dispararnos a los pies y tuvimos que correr tanto como pudimos hacia otra furgoneta. Nos metieron en la parte trasera y echaron una lona encima de nosotras. Fue espeluznante.» Tras crecer traficando con mercancías a través de la frontera entre Egipto e Israel, como los jóvenes que vi yo a camello, aquellos beduinos adultos se habían reconvertido al tráfico de prostitutas. Con frecuencia violan y maltratan brutalmente a las mujeres, en una deprimente degeneración de sus tradiciones. En un hotel de la capital del Negev, Ludmilla fue obligada a desfilar ante compradores potenciales. «Hablaban en hebreo la mayor parte del tiempo, o sea, que no les entendíamos, pero luego nos daban órdenes en un ruso muy fluido.» Al principio Ludmilla se negó a desnudarse. Uno de los rusos le lanzó una mirada sombría. «La palabra “negarse” no existe aquí. ¿Entendido?»

Cuando llegó a Tel Aviv, Ludmilla había pasado por las manos de moldavos, ucranianos, rusos, egipcios, beduinos, judíos rusos e israelíes indígenas, la mitad de los cuales la habían amenazado con usar la violencia. Pero su pesadilla no había hecho más que empezar.

Un viernes de octubre por la noche, cuando se acercaba el sabbat, salí con dos amigos a visitar los burdeles de Tel Aviv. Bajo el deshilachado toldo del club Banana VIP, una luz amarillenta iluminaba el grueso cuello de un ruso en aquella oscura calle. A diferencia de los guardias de casi todos los establecimientos públicos que he visto en Israel, éste no nos registró en busca de bombas o armas, sino que con un estilo claramente soviético insistió en ver nuestros pasaportes. Terminó dándose por satisfecho con ver nuestros permisos de conducir y subimos al tercer piso por una angosta escalera dejando atrás varios apartamentos.

Entramos en la recepción, donde había un par de jóvenes bastante tensos fumando y tabaleando con los dedos en el brazo de unos sofás rojos de aspecto barato (junto con el rojo, el color favorito de los prostíbulos de Tel Aviv parecía ser un amarillo oscurecido por la nicotina). Frente a los sofás, en una pequeña tarima, había dos mujeres sentadas que ocasionalmente cruzaban unas palabras en ruso. Una llevaba un pequeño top de color rosa y un apretado bikini del que sobresalían sus nalgas cuando se paseaba montada en unos tacones de diez centímetros que parecían ser un accesorio obligatorio en aquel lugar. Detrás de la mesa, una mujer excepcionalmente bella de poco más de veinte años tenía el mismo aire de infinito aburrimiento que, según he advertido, es tan omnipresente en los burdeles como los tacones altos. A cada lado de la recepción había pasillos que daban a pequeñas habitaciones que, según pude distinguir, eran del tamaño justo para albergar una cama y estaban decoradas en rojo con una tenue luz roja. Según la sabiduría popular, se trata del color del amor, pero como era el cuarto burdel que visitaba aquella noche ya había deducido que sirve para ocultar la suciedad de las alfombras y las camas. También había descubierto que se considera normal que los hombres se queden sentados en la recepción sin decir nada a la espera de que les lleguen las ganas. Luego se acercan a una de las chicas sin decir nada y ambos desaparecen; por el camino, la mujer recoge una toalla con un gesto automático. Rostros inertes. Ninguna emoción.

El silencio terminó cuando entraron charlando con desparpajo tres estadounidenses extremadamente jóvenes. El único de ellos que hablaba hebreo le preguntó el precio a la mujer de la mesa. «230 shekels por media hora; 250 por cuarenta minutos.» «Oye —contestó su amigo—, relájate un poco. Espérate a ver si tienen chicas que estén más buenas que éstas —añadió, señalando a las dos mujeres. Aunque apenas tenía dieciocho años, este chico no era nuevo en la casa. Alimentado a base de McDonald’s durante su adolescencia y con un metabolismo aparentemente muy lento, era más feo que Picio y no pude dejar de pensar que le debía de costar mucho acceder al sexo por métodos más convencionales. Con todo, seguía sin explicarme aquella actitud tan inhumana hacia aquellas mujeres tan jóvenes. Mi amigo Gideon se inclinó hacia mí y me habló en voz baja. “Los hay a montones. Sus padres los envían desde Manhattan a Israel con una agenda llena de números de teléfono de sinagogas, rabinos, shuls y un fajo de billetes. En cuanto llegan, salen disparados hacia los prostíbulos.”

Aquella misma noche ya habíamos visto cosas mucho peores. Comenzamos la tournée cerca de la estación antigua de autobuses, que es donde pasan su tiempo libre algunos de los trabajadores extranjeros que pueblan Israel a decenas de millares. Desde la última intifada los palestinos ya no se encargan de los trabajos sucios y peligrosos, que están reservados a emigrantes de otras partes del mundo industrializado. Su lugar ha sido ocupado por rumanos, uzbekos, tailandeses, filipinos, turcos y gente de otras nacionalidades. La importación de mano de obra a Israel es un negocio corrupto al que también se dedica la delincuencia organizada: en todo el mundo, la Organización Internacional para las Migraciones ha identificado que el tráfico de seres humanos en condiciones de esclavitud o de servidumbre extrema es el sector que más rápido está creciendo en esta industria.

Los hombres que merodean por la estación antigua de autobuses no son víctimas del tráfico de emigrantes; aunque son pobres como las ratas, probablemente no dejan de ser la élite de este lumpen proletariado. Sin embargo, para cualquier criterio este lugar es un hoyo. Los edificios y las calles se encuentran en un estado penoso, iluminadas tan sólo por algún cartel de neón intermitente en forma de corazón o de mujer desnuda que señala hacia un tugurio situado tras los escaparates. Los burdeles son la última capa de este repulsivo lodo. Apenas puedo describir a las patéticas mujeres envejecidas que fuman apáticamente sin parar en habitaciones de dos metros cuadrados a la espera de atender a cualquier cliente por diez dólares (en efecto: diez dólares).

Es imposible determinar cuáles de ellas están allí obligadas por los traficantes y cuáles por las circunstancias económicas, ya que en este negocio todo el mundo, mujeres incluidas, habla lo menos posible. Es posible que las prostitutas de clase alta disfruten de la libertad económica que les procura su trabajo, pero en mi breve gira por los burdeles de Tel Aviv resultó perfectamente obvio que, para la mayoría de mujeres de la industria del sexo, la prostituta feliz es un mito ridículo. De la misma forma, vi hasta qué punto es implacable la necesidad masculina de sexo. Manadas de hombres de distintas razas, edades y clases sociales entraban y salían de los prostíbulos que visité: judíos tanto seculares como ortodoxos, palestinos de Israel y de Cisjordania, estadounidenses, europeos occidentales y japoneses en grandes cantidades. Sus rostros indicaban que habían aplacado cualquier remordimiento que pudieran haber sentido jamás acerca de la contratación de estos servicios. Me pregunto cuántos de ellos lo pensarían dos veces si se enterasen de la verdadera historia de las mujeres que estaban utilizando carnalmente, mujeres como Ludmilla.

En lugar de vivir las vacaciones de su vida, Ludmilla vivía encerrada en un apartamento desde las seis y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, cuando la llevaban al burdel que había sobre una pizzería de la calle Bugashov. Allí la obligaban a trabajar durante doce horas en el segundo turno, que era muy ajetreado. «Trabajaba siete días a la semana y tenía que atender a hasta veinte clientes por sesión», explica. Se trata de un eufemismo: Ludmilla era violada veinte veces cada noche. En Israel, como en la mayoría de países occidentales, no es el cliente sino la víctima del tráfico de prostitutas quien está considerada como delincuente. La primera vez que Ludmilla consiguió escapar, fue devuelta a su proxeneta por el sargento de guardia, que resultó ser cliente del burdel. Su «propietario» le propinó una paliza brutal. La segunda vez que escapó, acudió a una comisaría de policía situada en otra parte de la ciudad. Como sucede habitualmente, la acusaron de ser emigrante ilegal y la enviaron a un centro para detenidos, donde permaneció durante meses mientras se procesaba su orden de deportación.

Cuando finalmente regresó a Chisinau, en la miseria y traumatizada de por vida, Ludmilla no fue capaz de volver a su casa, en parte por la vergüenza, pero sobre todo por miedo a que sus explotadores la volviesen a encontrar. Su historia se repite cada día en Moldavia, Ucrania, Rusia, Egipto e Israel.

Al día siguiente de mi conversación con Ludmilla, me llamó su asistente social: «Olvidé decirle que Ludmilla es seropositiva». No sorprenderá a nadie que la terapia combinada contra el VIH no resulte fácil de conseguir en un país como Moldavia.

Unos meses después de que el general de brigada Hezi Leder identificase el incremento de las bandas callejeras de Haifa, recibió el aviso de que un miembro de la oligarquía rusa iba a celebrar su cumpleaños en Eilat. «No sabíamos quién era esta gente —explica uno de los máximos responsables de la investigación de mafias rusas en los servicios de inteligencia israelí— y teníamos que partir de cero. Averiguamos cuanto pudimos acerca de los delincuentes de base; de los vory-v-zakone , los ladrones de ley; sus tatuajes; pusimos agentes a aprender a hablar como ellos. Luego estaban los peces gordos; era muy difícil, pero fuimos a por todos.» La lista de los invitados a la fiesta de Eilat y los participantes en las «cumbres» que se celebraron posteriormente en Tel Aviv parece el Quién es quién de los negocios de Rusia. El problema es que nadie en la inteligencia israelí sabía exactamente quién era quién, ni quién no.

En su testimonio ante el Comité del Congreso sobre Operaciones Bancarias de 1999, el ex director de la CIA James Woolsey arrojó luz sobre estas incógnitas cuando pidió a los congresistas que reflexionasen acerca de la siguiente situación hipotética.

Supongan ustedes que entablan conversación con un hombre ruso que habla bien inglés en, por ejemplo, el restaurante de uno de los hoteles de lujo que hay a la orilla del lago Leman, en Ginebra. Su interlocutor, que viste un traje de 3000 dólares y calza unos mocasines Gucci, les explica que es ejecutivo de una empresa comercial rusa y les dice que desea hablarles de un negocio. Hay cuatro posibilidades. Puede ser lo que dice que es. Puede ser un agente de inteligencia ruso que trabaja con una cobertura comercial. Puede ser parte de un grupo mafioso ruso. Pero la posibilidad más interesante es que puede ser las tres cosas anteriores, y que ninguno de sus tres patrones tiene el menor problema con la combinación.

Durante la primera mitad de los años noventa una gran cantidad de rusos consiguieron la ciudadanía israelí, entre ellos ciertos miembros prominentes del círculo íntimo de Yeltsin conocidos como «las Siete Estrellas», entre los que se cuentan Boris Berezovsky y Vladimir Gusinsky. También la obtuvieron magnates industriales en ciernes, como el ucraniano Vladimir Rabinovich y el ruso Mikhail Chorny, que se hallaban bajo la atenta mirada de las agencias de inteligencia occidentales. También había otros a los que se había prohibido la entrada en el Reino Unido y Estados Unidos, como Semyon Mogilevich.

Incluso hubo unos cuantos gentiles como Sergei Mikhailov, el gran jefe de Solntsevo, que lograron hacerse con un pasaporte israelí. «Mikhailov tiene tanto de judío como yo de experto en ballet —dice con una risotada el realizador de documentales Alexander Gentelev—, pero consiguió la ciudadanía sin problemas.» Posteriormente, ésta le fue revocada y los funcionarios corruptos israelíes responsables de su concesión fueron procesados. Ninguno de estos rusos tenía historial delictivo, a excepción de algunas faltas menores cometidas durante el período soviético. Todos aparentaban ser prósperos hombres de negocios con un historial que, sobre el papel, denotaba dinamismo y valentía. ¿Por qué iba a rechazarlos Israel?

Los gerifaltes mafiosos y los miembros de la oligarquía comenzaron a colonizar Israel por una serie de motivos. Constituía un lugar ideal para invertir y blanquear dinero. El sistema bancario de Israel estaba diseñado para alentar la aliyah, la emigración de judíos de todo el mundo, y, para empezar, eso implicaba facilitar la entrada de su dinero. Además, Israel se subió al tren de la liberalización financiera internacional y facilitó de forma considerable la entrada y salida de capitales. Al igual que la mayoría de las demás economías del mundo durante los años noventa, Israel carecía de legislación contra el blanqueo de dinero. Esta actividad derivada de delitos cometidos en cualquier otro lugar del mundo era un negocio totalmente legal.

Según estimaciones de la policía israelí, los rusos han blanqueado entre 5000 y 10 000 millones de dólares a través de entidades bancarias israelíes durante los quince años posteriores a la caída del comunismo. Se trata de una suma significativa para un país tan pequeño como Israel. Pero es menos del 5 % del ingente capital evadido de Rusia durante los años noventa, y una nadería al lado de la cifra blanqueada en Suiza (40 000 millones) o en el eterno campeón del Mediterráneo, la República de Chipre, que a finales de 1994 ya estaba procesando 1000 millones de dólares rusos al mes.

El motivo principal de la popularidad de la que goza Israel es de lo más sencillo: muchos de estos improbables empresarios eran judíos, y en Israel no los trataban como un felpudo, sino que los acogían como nuevos miembros respetables de la familia.

Una cantidad desproporcionada de los gánsteres y miembros de la oligarquía rusa eran judíos. Antes de la oleada masiva de emigración a Israel, los judíos constituían tan sólo un 2,5 % de la población de Rusia y Ucrania. Pero durante los años noventa disfrutaron de una gran influencia en la vanguardia del capitalismo gansteril. Basta una sencilla búsqueda en Internet para descubrir incontables páginas racistas que alimentan la teoría de que el saqueo de bienes rusos de aquella década fue obra de la conspiración judía mundial a la que tanto apelaron en el pasado los nazis y (cuando le interesó) Stalin. En cambio, muchos observadores liberales pasaron por alto la cuestión de la participación judía en las caóticas transiciones de Rusia y Ucrania, probablemente para evitar acusaciones de antisemitismo. En realidad, al esquivar toda mención a esa cuestión facilitan que los antisemitas vilipendien a los judíos.

Aunque la Unión Soviética fue conocida por su antipatía hacia la mayoría de las identidades nacionales que amenazaban su imagen idealizada del «Homo sovieticus», el país levantó una barrera especial para los judíos: el denominado «techo invisible». En casi todos los organismos estatales, instancias del partido, ramos industriales e instituciones educativas se impedía sistemáticamente a los judíos el ascenso hasta la cúspide. Había excepciones a la regla, como Lazar Kaganovich, un miembro del Politburó al que Stalin no apreciaba en absoluto; o durante los años ochenta el extremadamente influyente Evgeni Primakov, que profilácticamente se había cambiado su verdadero nombre: Yonah Finkelshtein. Pero por norma general, a los judíos nunca les llegaba la promoción hasta lo más alto.

En consecuencia, muchos judíos inteligentes se sentían frustrados en su búsqueda de desafíos intelectuales y oportunidades empresariales. ¿Qué lugar mejor, pues, para ejercer sus habilidades que la economía planificada soviética, que a pesar de no existir oficialmente era el mercado más competitivo del mundo? Durante más de setenta años perfeccionaron sus habilidades en los negocios en este sombrío mundo totalitario poblado por descomunales gigantes industriales que en su producción no se guiaban por la ley de la oferta y la demanda, sino por los objetivos (o «normas», como eran denominados) marcados cada cinco años por la Comisión de Planificación Estatal. Dichos objetivos rara vez guardaban la menor relación con la disponibilidad de materias primas y procesadas, por lo que cada fábrica se hallaba inmersa en una agotadora e incesante lucha contra la escasez. Muchas veces las factorías dependían de suministradores que se encontraban a miles de kilómetros y varias zonas horarias de distancia. La única forma de cumplir los objetivos era emplear a intermediarios que pudieran vehicular los materiales necesarios de cualquier lugar a cualquier otro. Estos personajes eran conocidos como tolkachi, o amañadores, y sin su ingenio la Unión Soviética podría haberse derrumbado. Y, de la misma forma que en la oligarquía había una cantidad desproporcionada de judíos, también la había entre los tolkachi.

«Al ser judío, no pude estudiar medicina», explica Vladimir Rabinovich, uno de los miembros más conocidos de la oligarquía ucraniana. Rabinovich fue víctima de otro brote de antisemitismo y fue expulsado de la facultad técnica, para luego verse obligado a cumplir el servicio militar de tres años. «Sólo llevaba veinte días en mi unidad. El comandante nos inquirió: “¿Quién de vosotros puede conseguir cinco toneladas de tubos de acero de 1,9 centímetros de diámetro?”. No tenía ni idea de qué hablaba, pero me presenté voluntario. «¿Cuánto tiempo necesitas para conseguirlo?», me preguntó. “Una semana como mínimo”, contesté. Y me dio el trabajo.» A base de indagaciones, zalamerías, camelos y hurtos, Rabinovich encontró los tubos y comenzó su carrera de tolkachi. La mayoría de los demás empresarios y jefes mafiosos rusos de origen judío tienen una historia similar. No sólo perfeccionaron sus habilidades empresariales en las circunstancias más difíciles concebibles, sino que, a diferencia de sus conciudadanos eslavos, no se dejaron amilanar por las farragosas tradiciones de las burocracias zarista y soviética, que aplastaban todo conato de iniciativa personal. Esta capacidad no era coto exclusivo de los judíos. No es ninguna coincidencia que, entre los capitostes de la delincuencia organizada, las otras dos nacionalidades sobrerrepresentadas en Rusia sean los chechenos y los georgianos, también dotados de un talento legendario para superar la deprimente realidad del mercado de consumo de la URSS. El hampa y la oligarquía nacieron de comunidades que vivían en el crepúsculo de la periferia de la Unión Soviética; aunque se les solía negar el acceso a las instituciones centrales, no eran descastados, sino que se veían obligados a encontrar las actividades sociales y económicas que eran posibles en los resquicios y las rendijas de la estructura estatal. Para muchos de ellos, esta experiencia fue valiosísima para abrirse camino en el circo de la Rusia post comunista.

Para los judíos del hampa y la oligarquía, Israel era tanto un refugio como, gracias al pasaporte, una puerta al mundo exterior. No querían llamar la atención ni poner en dificultades al Estado; no es que fuera una mera intención, sino que se trataba de una estrategia forjada entre los «padrinos» más influyentes en una reunión que celebraron en el hotel Dan Panorama de Tel Aviv en 1995. Los jefes más importantes asistieron a ella, incluidos gentiles como Sergei Mikhailov, y acordaron no poner en aprietos al Gobierno israelí. «Decidieron que Israel no era lugar para realizar asesinatos ni para resolver sus cuitas matándose entre ellos —explica Gentelev—. Esta gente no quería hacer muchos negocios aquí. Era un lugar donde blanquear un poco de dinero, descansar y encontrar refugio. Y donde recibir un pasaporte con el que podrían viajar por todo el mundo».

Los «nuevos rusos» ya estaban bien asentados en Israel en octubre de 1995 cuando los consejeros de Bill Clinton le convencieron para que lanzara una advertencia sobre el «lado oscuro de la globalización». En un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en el quincuagésimo aniversario de la organización, el presidente estadounidense hizo un llamamiento para que se atacase a nivel mundial al «terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el de material nuclear». Clinton dijo que «nadie es inmune» y citó crímenes como «el atentado con gas venenoso del metro japonés, las maletas-bomba de Israel y Francia, las bandas mafiosas de Rusia y la bomba de Oklahoma» que ese abril había conmocionado a Estados Unidos.

Washington volvió su mirada hacia Israel a causa de la elevada cantidad de rusos que se concentraban allí. A mediados de los noventa, el largo (aunque tal vez un poco artrítico) brazo de las fuerzas policiales estadounidenses llamaba a la puerta de Jerusalén para informarse sobre una serie de delincuentes y miembros de la oligarquía, como Mogilevich y Mikhailov. En 1996, alentada por el Departamento de Estado dirigido por Jon Winer, la policía israelí sometió a vigilancia a muchos de los rusos más prominentes. «De repente hubo mucho interés por la oligarquía —explica Irit Bouton, hoy jefe de inteligencia de la sección de Operaciones Especiales de la policía israelí—. Fue como un baby boom del mundo del crimen.»

En su tentativa de analizar la floreciente criminalidad del nuevo orden mundial y contenerla, la policía chocó con enormes problemas. Uno habitual era el de la definición: ¿qué actividades de la oligarquía eran delictivas y cuáles no? Además, el hampa y la oligarquía contaban con unos recursos financieros ilimitados para defenderse y restaurar su imagen pública. Y lo hacían de forma asidua. «No te preocupes por que estos tipos vayan a pegarte un tiro —me dijo un agente de inteligencia israelí cuando le expliqué sobre qué estaba escribiendo—. No son tan elementales. Acabarán contigo a base de juicios.»

Además, la policía israelí se vio sometida a fuertes presiones políticas por parte de los representantes públicos nacionales y de los Gobiernos extranjeros. Iosif Kobzon es conocido como el Frank Sinatra de la Nueva Rusia. Además de la tremenda popularidad de la que disfruta como intérprete de canciones sentimentaloides, este personaje también tiene una rica vertiente política: es diputado de la Duma rusa y también amigo y defensor de numerosos políticos y empresarios favorables a Putin. A principios de los noventa le negaron la entrada en Estados Unidos, pero recibió un pasaporte israelí a pesar de la considerable oposición con que chocó. Moshe Shahal, un conocido abogado de Tel Aviv, era en aquel momento ministro de Seguridad Nacional y fundó la unidad de inteligencia especializada en la lucha contra la delincuencia organizada rusa. Suspira al recordar aquellos tiempos: «Tanto en la Knesset como en el Gobierno, topamos con dificultades al tratar de implantar la nueva política de seguridad». Por ejemplo, por orden suya se detuvo a Kobzon en el aeropuerto Ben Gurion en enero de 1996 y se le negó la entrada al país. Pero las directivas de Shahal fueron invalidadas, según explica el antiguo ministro, por Shimon Peres, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Shahal señala que el embajador ruso de la época llamó a Peres y le advirtió acerca de las graves consecuencias para las relaciones entre ambos países si se impedía a Kobzon entrar en Israel. Las autoridades judías, que rara vez son susceptibles a la influencia de países que no sean Estados Unidos, cedieron.

Era inevitable que la llegada de un millón de rusos ejerciera un importante impacto en el electorado israelí: representaban votos que todos los políticos querían ganarse. La figura pública más importante de la comunidad rusa era Natan Sharansky, el antiguo disidente soviético que fue liberado de la cárcel y exiliado a mediados de los años ochenta. A principios de los noventa se convirtió en el intermediario entre la oligarquía rusa y la clase política israelí; aceptó donaciones de algunos de los recién llegados desde Rusia y posteriormente, en 1995, fundó un partido reconocidamente sionista: el Yisra’el Ba’aliyah. El lobby de Sharansky era poderoso porque controlaba un electorado potencial de centenares de miles de votos en una democracia en la que los partidos pequeños son cruciales para la formación de Gobierno. No debe subestimarse lo mal que sentó a la comunidad de habla rusa que se calificara de delincuentes a sus miembros más prominentes, como señala Vladimir Gusinsky, que hoy es propietario del periódico israelí Ma’ariv y antiguamente fue magnate de la comunicación en Rusia. «Cuando a los hombres de negocios rusos, judíos y gentiles, nos llaman mafiosos en los medios estadounidenses, resulta insultante», sostiene. «Pero cuando se llama así a los empresarios judíos de Rusia en Israel, no lo soporto. ¡No es cierto!». La policía tuvo que sortear todos estos dilemas e interrogantes para formular una estrategia coherente de cara a lidiar con la delincuencia organizada y tratar de comprender su relación con la emigración rusa. Pero todo ello sucedió a la sombra de otro problema extremadamente grave que no absorbía únicamente la mayoría del presupuesto israelí de seguridad, sino también gran parte de sus energías políticas. «Toda la cuestión del terrorismo palestino —explica el comandante Bouton— pasa factura a los recursos que invertimos en el área de la delincuencia organizada; siempre vamos a remolque.» No obstante, también constituye una oportunidad maravillosa para los delincuentes.

En Israel el problema palestino es, sencillamente, abrumador. A veces parece que los israelíes hayan consagrado la totalidad de sus facultades intelectuales a esta cuestión. Todo se presenta bajo la luz del conflicto árabe-israelí, lo que oscurece la dinámica y fascinante naturaleza de la sociedad de Israel, especialmente desde el colapso de la URSS y el advenimiento de la globalización.

La existencia de un enemigo externo árabe y, tras la guerra de los Seis Días de 1967, un enemigo palestino en los Territorios Ocupados, ha granjeado a Israel una poderosa legitimidad ante su propio pueblo. Sin embargo, los sacrificios que debe realizar la ciudadanía por motivos de seguridad no son más que una cara de la moneda: hasta hace quince años, el sionismo se sustentaba sobre un fuerte sentimiento de pertenencia a un colectivo, cuya expresión más evidente era el movimiento kibbutzim, aunque también importe mucho la influencia del movimiento sindical Histadrut. Enemigo cerril de la Unión Soviética, Natan Sharansky expresó los sentimientos de muchos judíos de ideología derechista cuando criticó a su nuevo hogar: «La predominancia del Gobierno en la economía israelí convierte a este país en el más comunista fuera del bloque socialista… El sino de Israel es sufrir las consecuencias de lo peor de la economía planificada del Este y de la democracia de Occidente».

Para la mayoría de israelíes, sin embargo, el poder del sector público es una expresión importante de solidaridad entre judíos y otorga una vertiente social y filantrópica al proyecto nacional. La globalización está erosionando esta dimensión y, en algunos lugares, ha abierto una brecha entre las distintas partes que componen esta sociedad tan diferenciada. «Primeros ministros como Menahem Begin y Ben Gurion trabajaban para el pueblo y vivían en apartamentos pequeños de dos dormitorios —señala Uri Cohen-Aharonov, un destacado periodista político israelí—. Se levantaban a las seis de la mañana a trabajar por Israel y no habían hecho otra cosa en todo el día cuando se acostaban a medianoche. Ahora uno pronuncia la palabra kibbutz y la gente se ríe. Ariel Sharon posee una enorme granja a pocos kilómetros de Sderot, donde vive la gente más pobre del país. La diferencia entre los ricos y los ciudadanos de a pie me recuerda cada vez más a la brecha entre ricos y pobres de Sudamérica.»

Después de muchos años de escasa entrada de capital, el país recibió de repente un sinnúmero de inversiones extranjeras alentadas por la estabilidad política debida al proceso de paz de los acuerdos de Oslo. Se relajó el control sobre el intercambio de divisas y empezaron a entrar y salir miles de millones de dólares al año de Israel. En tan sólo ocho años, la inversión extranjera se disparó de 200 millones de dólares en 1992 a más de 8000 millones en 2000. En este contexto, la élite israelí consideraba que el capital procedente de Rusia era un indicio de éxito económico, no de criminalidad. Aún más espectacular fue el incremento del PIB per cápita de 11 000 dólares en 1990 a 18 620 dólares en 2006. La riqueza crecía visiblemente, lo que contrastaba con el estancamiento de los países árabes vecinos. Sin embargo, no era tan visible el crecimiento constante del desempleo, debido a que los inversores dirigían su capital a industrias que requerían poca mano de obra.

El estallido de la burbuja financiera de Internet dio lugar a dramáticos suicidios en Wall Street, pero tuvo unas consecuencias considerablemente peores en la periferia del mundo globalizado. Ello es especialmente cierto en el caso de Israel, no sólo a raíz de la concentración del capital en el sector de tecnología punta, sino también porque coincidió con el inicio de la segunda intifada palestina en 2000. Los presupuestos de expansión de los noventa fueron reemplazados por medidas de austeridad. El gasto en las IDF (Fuerzas Israelíes de Defensa) se incrementó para hacer frente a la contienda con los palestinos, pero el presupuesto para fuerzas policiales quedó paralizado en un principio y, posteriormente, fue recortado en términos reales. Sobre todo, se redujeron las prestaciones sociales y, en un período muy breve, empezaron a ser muy obvias las diferencias entre ricos y pobres que tanto habían aumentado durante los años noventa. El cambio que experimentó la sociedad israelí con la llegada del nuevo milenio fue rápido e importante. En la resaca económica, Israel se encontró con un elevado desempleo, un déficit público creciente, un presupuesto de seguridad que crecía sin parar y un colapso de las inversiones extranjeras directas. También había un nuevo proletariado extranjero (en gran parte compuesto por emigrantes ilegales) que reemplazó a los palestinos que ahora vivían en Gaza y Cisjordania, y con una cultura de consumismo que primaba fuertemente el individualismo sobre el colectivismo de los kibbutzim.

Volvió a crecer la hostilidad contra los rusos, especialmente en lo referente a la percepción sobre la criminalidad. En una encuesta efectuada en todo el país en 1999 acerca de la actitud frente a los emigrantes de la antigua URSS, un 24 % de los israelíes manifestaron tener una «opinión muy negativa» sobre la comunidad de habla rusa. Esta cifra saltó al 38 % cuando se repitió la encuesta en enero de 2003. Sin embargo, un mes más tarde sucedió algo que obligó al pueblo israelí a replantearse su opinión sobre quiénes eran los auténticos delincuentes. En su reunión de El Dan en 1994, los rusos acordaron evitar en Israel los comportamientos mafiosos que llamasen la atención. Ahora los israelíes estaban a punto de descubrir que los días de vino y rosas de los noventa habían engendrado un nuevo fenómeno: delincuencia organizada nativa. Y, a diferencia de los rusos, a estos malhechores les importaba muy poco su imagen pública.

El Mercedes de Ze’ev Rosenstein se detuvo frente a una pequeña casa de cambio de la calle Yehuda Halevy. Era un mediodía de diciembre y aún no había empezado el breve invierno mediterráneo. «Un par de policías discutían con un hombre que iba en un coche rojo —explicó Eli, de cuarenta y tantos años, a The Jerusalem Post—, entonces llegó la explosión… y desaparecieron todos.»

«Fue un estallido grande, muy grande —dice Alon, que aún trabaja en la panadería Tabul, situada al otro lado de la calle— y entonces vi un cuerpo volando por los aires. Acudió mucha gente, y también la policía, como cuando hay un atentado terrorista. Durante los primeros veinte minutos todo el mundo pensó que había sido un atentado. No creímos que tuviera nada que ver con Rosenstein, sino que habían sido los palestinos.» En realidad, era la séptima vez que trataban de matar a Ze’ev Rosenstein, que llevaba varios años en guerra con la familia Abergil. Pero a diferencia de los anteriores, este intento fallido tuvo lugar en una calle muy concurrida y ligeramente deteriorada de la parte sur de Tel Aviv. Rosenstein, al que se conoce como «el lobo con siete vidas», salió en coche sin sufrir más que algunas magulladuras, pero hubo tres víctimas mortales inocentes. El clamor de los medios de comunicación fue alimentado por la indignación popular. «¿Es que no hay suficientes bombas ya en este país? —se quejó Bilha, que trabajaba en el supermercado de la esquina, a escasos metros de donde estalló la bomba—. ¿Están totalmente locos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Judíos que ponen bombas contra judíos?»

La policía culpó al Ministerio de Interior por el recorte de recursos. «No tenemos lo necesario para luchar en dos frentes», dijo después de la bomba Gil Kleiman, portavoz de la policía. Kleiman había comenzado su carrera destapando la delincuencia de los bajos fondos rusos, y su frustración resultaba obvia. «La cama es muy grande, y la manta protectora es muy pequeña, y tenemos que ir moviéndola. Si la manta está cubriendo la lucha antiterrorista, la policía no puede dedicar agentes a luchar contra la delincuencia, es decir, a detener vehículos, registrarlos y seguir los procedimientos convencionales en este frente. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.»

Ariel Sharon convocó una reunión urgente de su Gabinete y el Gobierno prometió 500 millones de shekels adicionales para la lucha contra la delincuencia. Los periódicos comenzaron a comparar a Rosenstein, a los Abergil y a otras cuatro familias con la amenaza contra el Estado israelí que representaban los palestinos. Fue interesante que una de esas familias fuera un clan beduino.

«Las bandas nativas de Israel son distintas de las rusas —explica Menachem Amir, un importante criminólogo del país—. Los rusos son muy cuidadosos y han podido imponer una disciplina porque trabajan en organizaciones. Los grupos criminales israelíes son familias.» Esto significa que, en su estructura, se parecen mucho más a la mafia siciliana que los rusos «La delincuencia organizada en familias comporta que entren en juego temas como el honor y las vendettas», continúa el profesor Amir. La existencia de enemistades entre familias puede provocar ocasionalmente víctimas inocentes, como en el caso de Rosenstein, pero en otro sentido sirve a los intereses de la policía. Gracias a los asesinatos, los agentes de inteligencia pueden seguir la pista de qué sucede en el seno de la comunidad de delincuentes. «Lo que significa que los rusos y otras organizaciones similares son más eficaces y más peligrosos.»

El juego es la actividad a la que tradicionalmente se habían dedicado las bandas de delincuentes israelíes. Tras los acuerdos de paz de Oslo, Israel autorizó a Palestina a abrir un casino en Jericó para competir con los casinos flotantes del mar Rojo, que se mantenían justo al borde de las aguas territoriales israelíes. Supuestamente, los Rosenstein y Abergil controlan gran parte de los dividendos procedentes de aquéllos, así como los beneficios originados por los viajes organizados de israelíes a casas de juego de Turquía. No obstante, en los años noventa las bandas israelíes entraron en otra área aún más lucrativa. Las familias, «tal vez gracias a sus tradicionales vínculos con Amberes —informó la DEA— continúan siendo los principales responsables del envío de grandes remesas de éxtasis desde Bélgica [a Estados Unidos]». Esos vínculos están relacionados con uno de los cuatro productos de los que las bandas criminales de todo el mundo extraen más beneficios: los diamantes.

El éxtasis es una de las pocas drogas cuyo mercado aún no se ha saturado en Estados Unidos. Europa es la mayor base de producción de esta sustancia sintética que genera una sensación de bienestar y, concretamente, sentimientos benévolos hacia los demás seres humanos. El principal centro en Europa occidental es Ámsterdam, aunque desde el año 2000 también se han efectuado incautaciones de escala industrial en Serbia y Bulgaria. En 2003, el Departamento de Estado norteamericano emitió un informe según el cual Israel es el centro neurálgico del tráfico mundial de éxtasis, que ha derivado desde Europa hacia Estados Unidos. «Las bandas de narcotraficantes israelíes son la principal fuente de distribución de esta droga a los grupos estadounidenses a través de servicios de correo expreso, aerolíneas comerciales y, recientemente, mediante servicios de transporte aéreo», denuncia el informe. Esto constituye un motivo de enorme bochorno para Israel, que tanto depende del apoyo financiero, político y militar de Estados Unidos.

La DEA insinuó en un informe que la lucha por los territorios de distribución de éxtasis en Nueva York, Las Vegas y Los Angeles puede estar directamente relacionada con la guerra abierta entre familias criminales de Israel. Es una coincidencia curiosa que los gánsteres israelíes tengan tanta influencia en Las Vegas, ya que éste fue el viejo territorio del delincuente judío más famoso de Estados Unidos, el difunto Meyer Lansky, y de su mano derecha, Bugsy Siegel. A principios de los años setenta, Lansky fue una de las pocas personas que Israel haya extraditado jamás a Estados Unidos, cuando solicitó la ciudadanía israelí al huir de la persecución de las autoridades norteamericanas. Golda Meir sólo se dejó convencer para permitir la extradición cuando sus consejeros le explicaron que Lansky estaba involucrado en la mafia. «No. ¡Mafia no! ¡Aquí no!», exclamó.

Ze’ev Rosenstein representaba una amenaza mucho peor para Israel que Lansky. Tanto él como su esposa eran miembros del partido político en el que entonces militaba el primer ministro Ariel Sharon, el Likud. La familia Abergil también militaba en esta formación y, en un incidente que fue famoso, un diputado laborista de la Knesset acusó a un ministro (que posteriormente fue asesinado por los palestinos) de estar relacionado con la delincuencia organizada israelí. Jon Winer había facilitado a Bill Clinton pruebas importantes de que la mafia había penetrado en el Likud, en un indicio más de que en 1989 la delincuencia organizada ya comenzaba a minar el tejido social del país.

Pero en 2004 Israel cedió a la presión estadounidense y arrestó y extraditó a Rosenstein, que estaba acusado de vender en EE. UU. más de 700 000 tabletas de éxtasis (aunque Washington acordó que, si se le declaraba culpable, Rosenstein podría cumplir su pena de cárcel en Israel).

A causa de unas cuestiones políticas concretas, Israel se hallaba entre los países del mundo que eran vulnerables a la penetración de la delincuencia organizada después de dos eventos que marcaron una época. El primero de ellos fue la caída del comunismo en Europa del Este y la antigua Unión Soviética, que, como hemos visto, tuvo repercusiones especiales para Israel.

Pero la internacionalización del crimen organizado y el papel desempeñado por los israelíes no habría llegado hasta tal punto sin la globalización, especialmente sin la liberalización de los mercados financieros. La nueva libertad de circulación de capitales no estaba reservada a las grandes corporaciones que habían alcanzado una presencia mundial tras superar las fronteras de sus países de origen y sus sistemas reguladores. El blanqueo de los beneficios de las actividades ilícitas también estaba a punto de entrar en su edad dorada. Y, a menos que caigamos en el error de creer que los israelíes o los judíos en general tengan una inclinación especial por dedicarse a la delincuencia organizada, vale la pena recordar que el centro de la industria del blanqueo de dinero se encuentra en otro país muy diferente que no se halla muy lejos del Estado judío: los Emiratos Árabes Unidos.

El terreno de Dawood Ibrahim: Dubái-Karachi-Mumbai.

6

XANADÚ

Y en medio del tumulto, Kubla oyó de lejos voces ancestrales que profetizaban guerra.

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

KUBLA KHAN

La mañana del viernes 12 de marzo de 1993, después del alba salieron a la calle millones de personas de mansiones victorianas semiderruidas, suntuosos bungalows art déco, rascacielos de obra nueva, cabañas de latón, chozas de lona deshilachada, de las aceras y las alcantarillas: los trabajadores de Bombay se abalanzaron caóticamente sobre el sistema de transporte urbano más desgastado, superpoblado y resistente del mundo [3]

Un enjambre de rickshaws comenzó a patrullar las calles como avispas enfurecidas que picaban a quienquiera que se interpusiera en su camino. Aún más numerosos eran los desmañados taxis de color negro y amarillo; basados en el pequeño Fiat 1100 que incluso los italianos han olvidado ya, estos vehículos correteaban de aquí para allá emitiendo chillidos, como si fueran roedores motorizados, y se colaban entre el tráfico por rendijas indistinguibles a simple vista. En 1993, el proceso de liberalización de India permitió que las marcas europeas, estadounidenses y japonesas compitiesen en el mercado local con los automóviles de fabricación nacional Ambassador (que había llegado al mundo con el nombre de Morris Oxford III) y Marutti (antiguamente Suzuki Alto).

Y, por supuesto, en las destartaladas estaciones de las líneas ferroviarias del centro y del oeste de la ciudad hubo puños alzados, camisas rasgadas y tirones de sari en el torrente de trabajadores de los barrios del norte que, como cada día, luchaban denodadamente por entrar en aquellos trenes —cuyo buen funcionamiento resultaba cuando menos inexplicable— para acudir al sur de la ciudad.

Nunca he acabado de entender cómo se mueve el tráfico de Bombay, y eso que entiendo más del tema que la mayoría de la gente —musitó Rakesh Maria, el encantador ex comisario adjunto de policía adscrito al tráfico—. Es un misterio, pero se mueve.

Una vez que se pone en marcha el frenético flujo de gente, no se detiene hasta muchas horas después de la caída del sol. Circula entre un calor pegajoso y un alboroto constante de bocinas, gritos, chirridos y discusiones, tan atronador que uno sólo puede pensar en buscar un refugio contra este atentado contra los sentidos.

Sin embargo, a las 13 horas y 28 minutos de aquel 12 de marzo se sumó a la algarabía un elemento de lo más siniestro: el rugido de media tonelada de RDX, el explosivo militar más potente del mundo, que hizo pedazos el aparcamiento subterráneo de la Bolsa de Bombay (Bombay Stock Exchange, BSE) y arrasó el parqué, donde los agentes bursátiles se preparaban en esos momentos para la pausa del almuerzo.

Esta hora es siempre la de más ajetreo en la Bolsa. Vendedores ambulantes de frutas, samosas, platos de curry, lassies, dosas, panecillos y otros alimentos invaden la zona para saciar el hambre de los hombres y mujeres de negocios que salen del edificio del BSE y de sus aledaños para aprovechar la pausa de media hora para el almuerzo. Pero aquel día no asaltaron el parqué; saltaron por los aires, desmembrados, muertos. Las masas de cemento, cristal y metal decapitaron y destriparon a los vendedores ambulantes, sus amigos, sus clientes y sus familias.

«Cuatro hermanos de una familia de emigrantes del norte de la India tenían un puesto de jugo de caña de azúcar cerca del BSE —recuerda Hussain Zaidi, autor de Black Friday, el libro que relata con mayor detalle el atentado, que posteriormente fue la base de un fascinante documental—. El quinto hermano llegó poco después del estallido y los encontró muertos en un charco de sangre. También estaba Gokulchand Gupta, que tenía un puesto de panipuri desde hacía trece años. La explosión le arrancó la cabeza. Su único hijo, Premchand, de diecisiete años, quedó irreconocible de tan carbonizado como estaba.» Mukesh Khatri, de veintidós años, había ido a la oficina del Baroda Bank que había en el recinto del BSE. Estaba haciendo cola en el exterior del edificio cuando explotó la bomba. «Volaban pedazos de cristal por todas partes, y me entraron muchos en el cuerpo y en el rostro», recuerda. Empapado de sangre suya y de otras víctimas, logró llegar a rastras hasta un hospital situado a poco más de un kilómetro.

El efecto de esta calamidad sobre el tráfico del centro de Bombay fue dramático, naturalmente. El pánico se convirtió en una histeria que paralizó totalmente el tráfico, incluidas las ambulancias y los coches de policía, por lo que las víctimas que aún vivían quedaron retorciéndose en agonía. El atentado de la Bolsa dejó 84 muertos y 217 heridos. Pero eso fue el principio. Durante las dos horas siguientes estallaron siete bombas más en otros lugares abarrotados de la ciudad, y en dos puntos unos hombres en motocicleta lanzaron granadas de mano. La explosión más mortífera se produjo a las 14:50 en el exterior de la Oficina Regional de Pasaportes, situada en Worli: el artefacto levantó del suelo al vehículo en el que estalló, un autobús de dos pisos y cinco toneladas de peso. No fue posible identificar a una sola de las víctimas que viajaban en él, y una lluvia despiadada de cristales y pedazos de metal ardiente cercenaron los miembros y los órganos de centenares de transeúntes y vecinos: 113 muertos y 227 heridos. Más o menos al mismo tiempo, el comandante adjunto Rakesh Maria investigaba otra explosión acontecida en la sede del Shiv Sena, un joven partido nacionalista hindú cuya principal base de apoyo se halla en Bombay, la capital de Maharashtra. Alrededor del edificio del Shiv Sena se había concentrado una masa de hindúes que coreaba consignas anti musulmanas y exigía venganza. «Abordé al líder de aquella turba y le dije que las bombas no tenían nada que ver con la religión —dice Maria— sino que formaban parte de una conspiración mucho mayor.» Al parecer, esto disipó la tensión. No obstante, aproximadamente a la misma hora recibió a través del walkie-talkie la noticia de que una muchedumbre había comenzado a atacar de forma indiscriminada a musulmanes en el distrito de Mahim.

La ciudad imparable se había quedado empantanada en un pozo de sangre.

Trece años después, en la elegante mansión victoriana de color crema y verde caqui donde se encuentra la sede central de la policía de Bombay, Maria se echa hacia atrás junto a su enorme escritorio de madera a la hora en que se pone el sol frente al edificio. Originario de la región del Punjab y con un aire distinguido y militar, Maria recuerda: «Me había ido para asistir a un curso de gestión avanzada de tráfico en Tokio, pero regresé en un momento muy turbulento. En cuanto llegué el 5 de enero de 1993, el comandante en jefe me encargó resolver el embotellamiento de Mahim para que los VIP pudieran viajar del aeropuerto al centro.» Se refiere a un lugar al este del fuerte de Mahim conocido en Bombay como el «Cuello de Pollo», donde las dos principales arterias norte-sur de la ciudad confluyen en una estrecha vía que supone un auténtico infierno de tráfico. Encargaron a Rakesh Maria que garantizase el paso de los VIP al centro de la ciudad porque Bombay se hallaba en plena crisis: en diciembre de 1992 y en enero de 1993 habían estallado disturbios contra los musulmanes. Muchos de estos tumultos empezaban en la zona de Mahim.

Los tiempos turbulentos con que se encontró Maria a su regreso a la capital financiera de la India ya habían comenzado antes de los disturbios. Durante los cinco años anteriores, un nuevo partido político que proclamaba una forma agresiva de nacionalismo hindú, el BJP, había alimentado las disputas religiosas en otra parte del país: Ayodhya, en la provincia septentrional de Uttar Pradesh. La destrucción de la mezquita Babri de esta población tan alejada de Bombay enturbió las relaciones entre la mayoría hindú y la minoría musulmana en varias partes de India. En la propia Bombay, una turba hindú siguió las exhortaciones de los nacionalistas a atacar a los musulmanes de forma indiscriminada. «Asumí la responsabilidad del Cuello de Pollo el mismo día que las algaradas volvieron a empezar —dice Maria—. Estaba en el cruce de Mahim, frente a la iglesia de St. Michael, donde los trabajadores musulmanes transportaban madera, cuando los hindúes los atacaron —continúa.» Aunque no es cristiano, el apellido del comandante Maria parece sugerir que sí, y él nunca lo desmiente porque ello le otorga cierta neutralidad cuando tiene que dirimir las tensiones entre musulmanes e hindúes. Cuando éstos empezaron a rodear a los obreros musulmanes, Maria acudió a toda prisa y comenzó a disparar al aire. «Les ordené dispersarse y, a partir de aquel día, no hubo más enfrentamientos en aquella parte de Mahim.»

Por desgracia, la valentía de este comandante no fue la norma en la policía de Bombay. En total unas 900 personas (dos terceras partes musulmanes y el resto hindúes) murieron en linchamientos ante la mirada de la policía. «Aquella vez fallamos a los musulmanes de Bombay y al pueblo de Bombay», me explica un alto oficial de policía. Esta negligencia en el cumplimiento del deber tuvo repercusiones gravísimas, como las bombas del mes de marzo. «Hasta 1993 —explica Maria— los bajos fondos de Bombay fueron el sector más secular de esta ciudad. En otras esferas, vimos que los problemas entre las comunidades religiosas tenían repercusiones, pero ni por un momento imaginamos que ello pudiera afectar a la delincuencia organizada.»

Durante los disturbios, la muchedumbre de hindúes de Mahim buscó y destruyó las oficinas de un tal Tiger Memon, un conocido contrabandista y gánster de nivel medio que formaba parte de la organización mafiosa más poderosa de la ciudad. Según sus amigos, Tiger Memon se quedó lívido al enterarse de que habían arrasado sus instalaciones y se puso a planificar la venganza de inmediato. Pero eso significaba que tenía que pedir permiso a su jefe, Dawood Ibrahim Kaskar, que, aunque era de Bombay, ya no vivía allí. Lo buscaban unos gánsteres rivales y la policía en relación con una serie de graves acusaciones de homicidio. En 1984 violó la libertad bajo fianza y huyó de la ciudad que tanto amaba hacia el oeste, a un lugar que mantenía desde hacía mucho tiempo una estrecha relación con Bombay a pesar de que no podía ser más distinto de esta ciudad.

A unos kilómetros al este del aeropuerto londinense de Heathrow, mi taxi pasa junto a una valla publicitaria que tiene la misma forma y tamaño que un rascacielos. La imagen de edificios supermodernos que se extienden hacia el cielo trata de seducir a los conductores de la M4 para que abandonen el grisáceo ambiente de Londres y abracen un nuevo paraíso terrenal: Dubái.

Ocho horas más tarde entro en un taxi equipado con aire acondicionado en el que un peculiar vídeo oblongo me propone una visita al centro comercial Mercato Mall, una reproducción deliciosamente defectuosa de Venecia; luego me anima a comprar «oro, oro, oro»; y, por último, me sugiere que adquiera un apartamento en el rascacielos Burj Dubai, uno de los máximos exponentes del nuevo movimiento arquitectónico que yo denomino «futurismo emirato» y que otros residentes extranjeros en Dubái llaman «el plan urbano del jeque Mo» (una referencia descarada, aunque no exenta de simpatía, al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el déspota ilustrado de Dubái). La torre Burj se compone de varias columnas metálicas yuxtapuestas que se elevan hacia lo alto. Los 37 pisos inferiores serán el primer hotel Armani del mundo, que estará diseñado por el mismísimo gurú de la moda. La altura final que alcanzará la columna central se mantiene en secreto. Cuando los constructores anunciaron el proyecto del Burj en 2003, se habló de 500 metros de altura. Desde entonces, cada año han ido aumentado la cota proyectada a 600, 700 y, en el momento de redactar estas líneas, 900 metros de altura. En parte, estos cambios tienen el objetivo de desconcertar a sus rivales que en Taiwán y Kuwait podrían tratar de arrebatarles el honor de poseer el edificio más alto del mundo; también sospecho que, en parte, se debe a que los autores del proyecto ansían vestir de hipérbole cualquier noticia sobre el desarrollo de la ciudad. Estas ansias ocasionalmente adoptan formas orwellianas, como el eslogan que proclama el nacimiento del Burj sobre las enormes vallas publicitarias de la principal avenida del nuevo Dubái: History rising («historia en auge»).

Este nuevo Dubái recibe a glamurosos visitantes de todo el mundo, como David Beckham, Michael Schumacher y Tiger Woods. Famosos y empresarios de todo el mundo hacen cola para comprar un rincón en algunos de los deslumbrantes proyectos de construcción que proliferan como un virus por la costa y el desierto de esta parte del mundo. Rod Stewart se apresuró a adquirir la parcela correspondiente a Gran Bretaña de The World, un complejo compuesto por islas que, vistas desde el aire, tienen el aspecto de un mapamundi. También está el fabuloso complejo de Palm Jumeira, Palm Deira y Palm Jebel Ali, que son enormes franjas de terrenos ganados al mar que forman una silueta de palmeras tan gigantescas que se pueden ver desde el espacio. Estas parcelas están destinadas a ser de las más solicitadas del planeta. Pasen, vean y compren…, si tienen dinero. Ninguna o pocas preguntas les harán sobre cómo lo han conseguido o qué quieren hacer con él. La actitud de discreción que reina en Dubái con respecto al capital ha hecho posible que durante la última década esta ciudad atraiga a figuras destacadas no sólo del mundo deportivo y el espectáculo. El traficante de armas ruso Viktor Bout, conocido como el Comerciante de la Muerte, acostumbraba a guardar sus aviones en Sharjah, el emirato vecino de Dubái, a 16 kilómetros, mientras recibía cheques extendidos por bancos occidentales en pago por los servicios prestados a diversas facciones en conflicto. El mayor contrabandista de tabaco de los Balcanes estableció sus oficinas en el Burj al-Arab, el rascacielos en forma de vela, el primer hotel de siete estrellas del mundo (con precios de siete estrellas: a partir de 1500 dólares la noche).

Y durante los diez años que siguieron a 1984, Dawood Ibrahim contempló cómo la nueva Xanadú se erigía en el desierto. Desde su suntuosa residencia, la Casa Blanca (llamada de este modo porque, en realidad, es casi el único edificio de Dubái pintado completamente de negro), Dawood controlaba su imperio y sus oficinas de Londres, Nepal, Pakistán y Sudán. Aunque Dawood no podía volver a Bombay, desde su base en el Golfo logró consolidar y expandir la mayor red delictiva jamás vista en su ciudad natal.

Dawood creció en Dongri, un barrio paupérrimo del centro de Bombay poblado de forma mayoritaria, aunque no exclusiva, por musulmanes. Su padre era inspector de policía de bajo rango, lo que no impidió al joven Dawood participar en delitos callejeros menores. Iba con sus amigos y sus hermanos al bullicioso mercado de Crawford, donde comenzó a estafar a comerciantes incautos y clientes que buscasen gangas. «Su primer timo consistió en ofrecer a un cliente un reloj extranjero caro —recuerda un miembro de su banda juvenil—. Se quedaba el dinero y desaparecía, y luego el cliente descubría que, al envolver el reloj, Dawood lo había cambiado por una piedra o por algún objeto sin valor.» Líder natural, cuando aún era adolescente se afilió junto con su hermano mayor, Sabir, a un movimiento político musulmán conocido como el Partido Joven, que no tardó en tener bajo su control. Con sus anteriores dirigentes, esta formación se había hecho la reputación de ser un grupo islámico militante, pero cuando los dos hermanos Kaskar se hicieron con el timón la reconvirtieron en una auténtica banda delictiva. Para financiar las actividades del partido, Dawood y sus amigos robaron un banco, por lo que se ganaron su primera condena, que luego fue revocada por el Tribunal Superior. Tener un padre policía y ser delincuente tenía algunas ventajas. Así nació la D-Company.

La delincuencia organizada no había sido ningún gran problema desde la independencia en 1947. Los cuatro jefes del hampa de Bombay eran discretos y no tenían fama de ser demasiado violentos. Con el sistema económico que impuso Jawaharlal Nehru tras la independencia, India erigió fuertes barreras proteccionistas para dificultar la importación de productos de consumo y de lujo, lo que reforzó la capacidad industrial del país y maximizó los ingresos del erario público en concepto de aranceles aduaneros. La primera forma de comercio ilícito en aparecer fue la producción y contrabando de licor, pero el volumen de este negocio pronto se vio igualado por el de otro producto: el oro. Este material siempre ha ocupado un lugar preeminente en la cultura del subcontinente; en las bodas los indios gastan pequeñas fortunas en oro, tanto en la adquisición de joyas como en la financiación de la dote. Para evitar el pago de unos aranceles muy elevados, durante los años cincuenta y sesenta se desarrolló un contrabando que movió toneladas de oro cada año entre Dubái y Bombay. Se trataba de una industria estable, y la autoridad de los cuatro padrinos que la controlaban no fue disputada por nadie en el hampa durante tres décadas. A finales de los setenta, la banda de musulmanes de etnia konkani capitaneada por Dawood y Sabir se había hecho un nombre como incubadora de matones callejeros en Dongri. Envalentonados por esta reputación, se ofrecieron como matones para las operaciones de contrabando de los peces gordos. Sabir era muy ambicioso y comenzó a fundar la propia red de tráfico de su grupo. Los chicos de Dongri empezaron a despertar suspicacias, especialmente entre la banda de etnia pathan gobernada por el legendario Karim Lala. Luego, a principios de los ochenta, sucedieron dos cosas: la primera cambió a Dawood, y la segunda a él mismo, a Bombay y a la India entera.

Durante las dos o tres últimas semanas de febrero de 1984, la suave temperatura del invierno de Bombay dio paso al sofocante calor húmedo del verano. Aunque su esposa estaba encinta de su segundo hijo, Sabir Ibrahim no podía resistirse al dulce aroma del jazmín que noche tras noche le atraía hacia el embriagador ambiente de la sede del Congreso. Pero no era el idealismo político lo que le llevaba al lugar donde los fundadores del Partido del Congreso habían tramado y planificado el futuro de la India post colonial; tras su época de gloria, aquel edificio se había convertido en un burdel donde trabajaba Chitra, una bella prostituta cercana a la treintena de la que Sabir se había encaprichado intensamente. A la una de la noche la sacó a dar un paseo romántico en su Fiat Padmini blanco. «En cierto momento, Sabir se dio cuenta de que lo seguía un Ambassador —dice Ishaq Bagwan, inspector de policía de la comisaría de Malabar Hill—. Pero estaba cubierto de flores, por lo que debió de pensar que era una pareja de recién casados.» Sentado muy derecho y ataviado con uniforme caqui, el inspector Bagwan tiene un aspecto agradable, aunque se ha cansado del mundo de los gánsteres con el que estableció su primer contacto aquella noche. «Sucedió cuando se detuvo en la gasolinera de Prabdhevi», continúa el inspector. Cinco hombres armados hasta los dientes saltaron del Ambassador. Al frente de ellos se hallaba Amirzada Pathan, un conocido mafioso muy próximo a Karim Lala. En un gesto caballeroso, los pistoleros sacaron a Chitra del coche para no acribillarla con la atronadora lluvia de balas que dispararon sobre el conductor. Cuando Sabir se desplomó sobre el volante del Padmini, uno de sus atacantes se acercó y, triunfante, le practicó un corte en la muñeca.

Este asesinato estuvo precedido de un par de incidentes sangrientos, pero Bombay nunca había vivido un episodio tan dantesco como la muerte de Sabir. A partir de finales de los ochenta, la violencia se intensificó mucho en esta ciudad. El inspector Bagwan no se sorprendió por que Dawood tratara de vengar a su hermano. «Cuando empezó el juicio a Amirzada al año siguiente —recuerda— yo era agente de rango menor y estaba en el juzgado. Entró otro hombre y, sin titubear, mató de un tiro a Amirzada allí mismo. Trató de escapar por la ventana, pero logré herirle en la pierna de un disparo; así fue como pudimos detenerlo. Lo había contratado Dawood.» Fue toda una conmoción; no era un país acostumbrado a que hubiera tiroteos en los juzgados. No tardó en emitirse una orden de detención contra Dawood en relación con el asesinato.

En el momento del juicio y el asesinato de Amirzada, se cocía otro problema muy distinto en la ciudad. Un médico convertido en líder sindical duro y carismático, el doctor Dutta Samant, convenció a los 250 000 obreros textiles de Bombay para se declararan en huelga indefinida. La primera ministra Indira Ghandi defendía categóricamente que los propietarios de los telares no debían ceder a las demandas de mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores. Los seguidores del doctor Samant representaban una enorme amenaza para la tradición india de posguerra: un cuasi socialismo estatal en el que el Gobierno dictaba a empresarios y sindicatos qué podían y no podían hacer. La huelga se prolongó durante un año, tiempo durante el cual las prendas de vestir se sumaron al alcohol y al oro en la cartera de productos de contrabando, y no terminó con un acuerdo sino con el colapso prácticamente total de la industria textil de Bombay. «Dejó sin trabajo a casi un millón y medio de obreros, y provocó un sufrimiento indecible a sus familias —según un informe confidencial del CBI (Central Bureau of Investigation, el equivalente indio del FBI) sobre el auge de la delincuencia organizada en la ciudad—. La huelga obligó a los trabajadores y a sus hijos a sumarse a las bandas de los goondas [mafiosos] para subsistir… hoy las grandes extensiones que hay bajo los telares y los chawls [colonias de viviendas] que hay a su alrededor en el centro de Bombay se han convertido en un escondrijo ideal para gánsteres.» Pocos policías conocen tan bien el mundo de las bandas como el inspector Pradeep Sharma: tras comenzar su carrera como modesto subinspector de policía en 1984 en la comisaría de Mahim, fundó el equipo de Operaciones Especiales en 1995 para atajar la violencia mafiosa. “Ya existía un sistema de bandas muy complejo en Mahim compuesto por diferentes grupos. Para entonces la explotación de los puestos de trabajo había cobrado mucha importancia como negocio.” Las bandas aprovechaban el elevado nivel de desempleo, explica el inspector Sharma, para tomar el control del mercado laboral. Esto fue muy importante en el auge que experimentaron.»

El colapso de la industria textil representó un trauma económico del que la industria productiva india nunca ha terminado de recuperarse; las huelgas marcaron el fin del capitalismo social de Nehru y allanaron el camino de la liberalización de principios de los noventa. Y con el súbito y enorme incremento del paro en el centro de Bombay, especialmente en las zonas cercanas a Dongri, se daban unas condiciones sociales ideales para la llegada al crimen organizado de una nueva generación más violenta: era la hora de Dawood.

Cuando Dawood huyó de la India a Dubái en 1984, pocos occidentales hubieran sido capaces de ubicar esta ciudad-estado en un mapa, y muchos menos aún habrían podido hablar con conocimiento de causa sobre el lugar y sus habitantes. Los árabes, iraníes, baluchíes, africanos orientales, pakistaníes e indios de la costa oeste, en cambio, poseían una profunda relación histórica con Dubái. A finales de la segunda guerra mundial era poco más que un pueblecillo costero que había sobrevivido en gran parte gracias a su ingenio, ya que su única industria local, la pesca, se había ido al traste a causa de la guerra y del desarrollo del cultivo de perlas por parte de los japoneses. En los míseros años que transcurrieron entre las perlas y los petrodólares, Dubái resucitó discretamente sus vínculos comerciales con Irán, al otro lado del estrecho de Ormuz, y con Bombay, al otro lado del mar de Arabia. Dado que tanto Irán como la India seguían políticas extremadamente proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales, los comerciantes de Dubái descubrieron que podían aprovechar el laxo régimen fiscal de su país importando todo tipo de material y exportándolo a Irán y al subcontinente indio. «El agujero sin fondo de la demanda india de oro hizo rica a muchísima gente durante aquellos años —explica Francis Matthew, un extranjero afincado en Dubái desde hace décadas que hoy posee la mayor empresa editorial del país—. Casi todas las mujeres indias necesitan oro para su joyero y su dote; en cada parte de la India lo prefieren de distintos tipos.» El negocio se remonta a Rashid, el legendario fundador del Dubái moderno, que revivió la tradición de lo que en los Emiratos se denomina «comercio independiente» y en el resto del mundo se conoce como contrabando. El jeque Rashid, el visionario pionero de Dubái, formó parte durante muchos años de la lista personal de Indira Gandhi de contrabandistas más buscados. Pero aunque no pudiera pisar la India, se agenciaba parte de los beneficios de cada lingote y cada alhaja de oro vendidos a este país. «En aquel momento, las grandes familias de comerciantes de Dubái hicieron amistad con sus homólogas de Bombay y Karachi», explica Matthew. Fueron amistades duraderas.

En orden de influencia, la familia gobernante Al Maktoum de Dubái sólo iba por detrás de los Al Nahyan de Abu Dhabi. El descubrimiento de ingentes reservas de petróleo en territorio de Abu Dhabi fue un regalo caído del cielo para Dubái y para los otros cinco emiratos que formaron el nuevo Estado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en 1973, tras la retirada de todas las tropas británicas destacadas al este de Suez. Al ritmo de extracción actual, el petróleo de Abu Dhabi durará aún 200 años. Al lado de la riqueza de los Al Nahyan, la fortuna de Roman Abramovich y el resto de la oligarquía rusa parece una miseria. Cuando todavía no ha pasado medio siglo, el patrimonio de los Al Nahyan (que viene a ser lo mismo que las reservas de capital de Abu Dhabi) se estima en alrededor de medio billón de dólares.

Abu Dhabi ha sido generoso en sus subsidios a los otros seis emiratos de los EAU, que no poseen pozos de petróleo comparables a los suyos. Pero una medida de las dotes de previsión de los Al Maktoum es que ya en los años setenta comenzaron a prepararse para un futuro en el que Abu Dhabi no estuviera dispuesto a financiar el presupuesto federal. El propio Dubái tiene unas reservas de petróleo que, aun siendo modestas, constituyen un 15 % de los ingresos de esta ciudad-estado, aunque se agotarán durante la próxima década. Durante los años ochenta los Al Maktoum decidieron diversificar sus negocios, probablemente estimulados por su tradicional rivalidad con los Al Nahyan. Así, planearon construir el puerto de Jebel Ali, el mayor de Oriente Medio con 66 atracaderos. Los críticos se mofaron del grandioso proyecto, pero la decisión de crear el nuevo puerto y la zona comercial no tardó en quedar justificada. En 1979, Dubái aprendió una valiosa lección de la revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán: los problemas tienen un lado bueno. Comerciantes iraníes y afganos se trasladaron a Dubái atemorizados por la inestabilidad de sus países y llevaron consigo sus empresas, lo que potenció la economía local. Dubái, que no aplica impuesto sobre la renta ni sobre las ventas, se labró la reputación de ser un lugar seguro donde colocar dinero en Oriente Medio. Desde entonces siempre ha prosperado cuando ha estallado una crisis en la región.

Para Dawood Ibrahim, Dubái era el refugio perfecto. La ciudad acogía de buen grado a los ricos y a los musulmanes, y no se inmiscuía en absoluto en cómo ganaba dinero la gente ni en qué pensaba hacer con él. Dubái también mantenía contacto con Bombay desde antiguo, y una gran parte de su élite se dedicaba al negocio en el que Dawood quería especializarse: el contrabando de oro.

Además, gracias a su visión estratégica los Al Maktoum estaban convirtiendo aquella ciudad-estado en un lugar muy confortable para vivir. La casa de Dawood se había transformado en un lugar de peregrinación para famosos de Bollywood y estrellas de críquet pakistaníes, dos de las grandes pasiones de este capitoste mafioso. Con todo, debía ser cauto. Dubái ha sido acogedor con muchos gánsteres en las últimas dos décadas, siempre y cuando sean discretos. «Los EAU son básicamente un Estado del que, si no les gustas, pueden echarte sin más —señala Firoz, un abogado de Bombay que a veces ha hecho de mensajero entre la familia Ibrahim y el Gobierno indio—. Que Dawood y su gente prosperase en Dubái no habría sido posible sin el conocimiento y, en cierto sentido, la complicidad de la familia gobernante.»

Cuando la economía de Bombay comenzó a derrumbarse durante los años ochenta empezaron a surgir pequeñas mafias por doquier en toda la ciudad. Se trataba de pequeñas bandas dedicadas a la extorsión, el juego y las disputas territoriales por los distritos urbanos. Pese a su tradicional pasividad, la ciudad experimentó un funesto aumento de la violencia y los asesinatos: las bandas pugnaban por la supremacía, y sus represalias contra los empresarios que no se sometían a sus extorsiones eran cada vez más despiadadas.

Desde su lejano exilio de Dubái, Dawood se puso a trabajar para unificar a las bandas bajo su mando. Se trató de un logro formidable para un gánster. Entre sus lugartenientes, el responsable de reclutar a las nuevas bandas para su D-Company fue un joven mafioso hindú de Chembur (zona este de Bombay) llamado Chhota Rajan (pequeño Rajan).

Cuando todavía era adolescente, Chhota Rajan ya organizó un negocio ilícito relacionado con entradas de cine y pronto fue captado por el jefe mafioso del barrio, Bada Rajan (gran Rajan). Juntos ampliaron la influencia de la banda hacia el norte, labrándose fama de violentos por el camino. Cuando un mafioso rival asesinó a Bada Rajan, Chhota Rajan se cobró rápidamente una venganza temeraria. Dawood quedó impresionado y lo fichó para la D-Company. En poco tiempo Chhota Rajan, el Pequeño, ya era un personaje clave de Bombay y fundó una de las grandes organizaciones mafiosas del mundo a partir de diez o más bandas menores. Los tentáculos de sus operaciones se extendían hacia el norte hasta Gujarat, Uttar Pradesh e incluso Katmandú, donde los hombres de Dawood cultivaban buenas relaciones con la autócrata familia real nepalí. Al igual que las organizaciones nuevas que estaban naciendo por todo el mundo, la D-Company se componía de células que, aunque debían obediencia a Dawood, disfrutaban de una autonomía considerable en su propio territorio. A principios de los noventa, el CBI compuso un análisis detallado de cómo funcionaba:

Su hermano Anis Ibrahim controla a todos los personajes violentos de la banda, que se encargan de mantener en marcha los negocios de protección y extorsión y asegurar la supremacía de la banda en el mercado del terror. Dawood Ibrahim lidera muchas bandas pequeñas que comenten los delitos violentos por él. Aunque les concede cierto grado de libertad operativa, se cerciora de que estas bandas dependan de él totalmente. Si algún gánster comienza a dar indicios de independizarse, lo eliminan sin piedad… Las bandas pequeñas reciben el encargo de liquidar a los rivales o a los empresarios intransigentes.

A cambio de su fidelidad, las bandas podían hacer valer el nombre de Dawood; ello no sólo les otorgaba una considerable protección ante otras bandas, sino también unos tratos más fáciles con la policía. Dawood y sus hermanos eran figuras criminales de primer orden y eran conocidos en toda la India. Las principales fuerzas del orden y servicios de inteligencia del país—como el CBI y, posteriormente, el servicio de espionaje IB (Intelligence Bureau)— los colocaron en su punto de mira, pero la policía de Bombay carecía de recursos suficientes para mantener el orden en sus distritos sin la ayuda de las bandas.

Chhota Rajan era responsable de supervisar a los afiliados a la D-Company, por lo que en círculos policiales se ganó el apodo de «ministro de Interior de Dawood». También estaba a cargo de los incontables asesinatos perpetrados por la compañía. Mientras tanto, Tiger Memon coordinaba la llegada de oro, plata y otros productos de consumo a Bombay y los alrededores. Cuando hacia finales de los años ochenta la economía india sufrió un parón, la mafia de Bombay experimentó un enorme auge y, con él, un incremento de la competencia y los enfrentamientos violentos entre bandas. Hacia el final de la década, la D-Company comenzó a fragmentarse y se hicieron sentir rivales serios a la hegemonía criminal de Dawood. Aumentó el número de asesinatos, y finalmente Chhota Rajan se vio obligado a huir a Dubái. Otro hombre apodado Pequeño, Chhota Shakeel, comenzó a imponerse en las operaciones de Bombay de la D-Company, lo que no gustó nada a Chhota Rajan; los dos «pequeños» no se caían nada bien.

El declive que marcó la huelga textil de Bombay en toda la economía india tocó fondo en 1991. A causa de la globalización, las inversiones de capital buscaron mercados liberalizados o «emergentes» y evitaron los que, como el indio, se resistían al nuevo credo de la desregulación. Las importaciones crecían y las exportaciones disminuían, y la India entró en una gran crisis de balanza de pagos; su deuda externa devoraba un 40 % del PIB y el país se tambaleaba hacia un auténtico infarto económico. Desde el Partido del Congreso, un grupo de influyentes reformistas guiado por el ministro de Finanzas y posterior primer ministro Manmohan Singh proclamó que había llegado el momento de romper con los principios sagrados de Nehru. Singh y sus colegas anunciaron el desmantelamiento de las tradiciones proteccionistas de la India. Al cabo de un año, Singh recordaba con bastante orgullo los drásticos cambios que había impuesto. «Cuando el nuevo Gobierno asumió el poder en junio de 1991, heredamos una economía al borde del abismo. Las reservas de divisas apenas bastaban para cubrir las importaciones de dos semanas. Los bancos comerciales extranjeros habían dejado de prestarnos dinero. Los indios no residentes estaban retirando sus depósitos bancarios. La escasez de divisas había forzado una enorme reducción de las importaciones que detuvo el rápido crecimiento industrial de los años anteriores y generó tasas de crecimiento negativas a partir de mayo de 1991.» Singh había estabilizado la economía del país y la encaminó por una vía radicalmente distinta, la de la liberalización, en un abrazo de la globalización que triunfaba sobre el comunismo. El fin de la Unión Soviética, uno de los principales aliados económicos y estratégicos de la India, no había pasado desapercibido en Nueva Delhi. Entre el paquete de medidas que instauró Singh se hallaba la flexibilización de las reglas de cambio de divisas y un plan para levantar gradualmente los controles sobre la importación de oro.

A principios de los años noventa la policía estimó en aproximadamente 250 millones de dólares la facturación anual de Dawood Ibrahim correspondiente únicamente a sus operaciones en India. Para entonces contaba ya también con un próspero negocio legítimo de construcción y operaciones inmobiliarias en Dubái, además de intereses en Karachi, Katmandú y Londres. La mayor parte de sus beneficios de India se derivaban de la pujanza del contrabando de oro que presidía la D-Company. Estas ganancias también eran la clave de una parte significativa de los males económicos de la India y de la acumulación de fuerzas e influencias políticas de la economía sumergida.

El impacto de las reformas económicas sobre los negocios de Dawood y otros magnates de los negocios sucios fue muy hondo. Pronto la relajación de los controles sobre el comercio de oro comenzaron a perjudicar gravemente a Dawood y su D-Company. Al hacer que fuera el mercado y no la burocracia quien determinase el precio del oro, el Gobierno indio comenzó a cerrar el grifo de la principal fuente de ingresos de Dawood. Era inevitable que la gente comenzase a preguntar por qué iban a comprar oro a Dawood si en el mercado legal valía prácticamente lo mismo. Dawood continuaba controlando una infraestructura perfecta: podía descargar cualquier cantidad de productos en los puertos y las costas de Bombay y sus alrededores, y podía sobornar a cualquier cantidad de funcionarios de aduanas para que sus cargamentos llegasen sin problemas a los mercados de la ciudad. Pero el mercado de oro de contrabando había dejado de existir.

Dawood no tardó en escoger un producto nuevo. Por todo el mundo brotaban nuevos mercados para otras mercancías ilegales, y muchos de quienes comerciaban con ellas estaban estableciéndose en Dubái atraídos —como Dawood— por el sol, el oro y las escasas cortapisas legales. A la fuerte representación de países de consumo como el Reino Unido, empezaron a llegar a este paraíso del Golfo por primera vez rusos en grandes cantidades, sudafricanos, sudamericanos y mafiosos de los Balcanes. Dawood dio el paso que era lógico y comenzó a traficar con drogas, principalmente con heroína destinada al mercado europeo y Mandrax para Sudáfrica. Y en la parte del mundo en la que vivía Dawood, si uno quiere asegurarse el éxito como narcotraficante sólo hay una organización con la que necesita estar en buenos términos: el ISI (Inter-Services Intelligence), es decir, el servicio secreto de Pakistán.

A finales de diciembre de 1992, Dawood celebró su cumpleaños con la lista habitual de estrellas de los deportes y el espectáculo del subcontinente indio. Pero las circunstancias que reinaban en la India comenzaban a sembrar la discordia en el grupo. Las actividades de dos partidos hindúes nacionalistas, Sivh Sena (Ejército de Shiva) en Bombay y el BJP (Partido del Pueblo Indio) por todo el país, se pusieron a remover la traumática memoria de la violencia que acompañó a la división de 1947, cuando murieron asesinados centenares de millares de hindúes y musulmanes entre los millones de personas que se apresuraron a buscar refugio entre sus correligionarios de Pakistán y la India. Las campañas del BJP y el Shiv Sena, con sus exigencias de convertir a la India en un Estado hindú, plantearon un desafío inmenso a la tradición secular del Partido del Congreso que dominó el período de posguerra. En aquel tiempo yo era corresponsal en los Balcanes y resultaba obvio que, entre mis colegas, los que apoyaban con mayor fervor la integridad de la federación yugoslava frente a los movimientos nacionalistas eran los enviados especiales de los medios de comunicación indios, todos ellos seculares y con una excelente formación superior. No es difícil entender por qué: en cierta medida, estaban escribiendo tanto sobre la India como sobre Yugoslavia.

En Dubái, Chhota Rajan, la mano derecha de Dawood, comenzó a desconfiar del entorno exclusivamente musulmán que comenzaba a copar las altas esferas de la D-Company.

En este punto, la historia de la cúspide de la organización cobra tintes de una tragedia de venganza isabelina o jacobea. Cuando la política de venganzas comienza a carcomer a los jefes mafiosos, es todo un signo de fracaso y disfunciones profundas. En septiembre de 1992 los rivales de Chhota Rajan en la junta directiva de la D-Company de Dubái ordenaron que se cometiera un espectacular asesinato en un pabellón del hospital JJ, el más importante de Bombay. La víctima era un socio muy estrecho de Rajan, y éste cayó en la cuenta de que Dawood debía haber aprobado el golpe. Además del blanco de la operación, en ésta también perecieron dos agentes de policía, por lo que se habló mucho del incidente en toda la India. En palabras de un alto oficial de la policía de Bombay, Chhota Rajan «estalló de rabia contra los musulmanes de D-Company y Dawood decidió que había que matarlo y enterrarlo en el mismo Dubái. Bhai Thakur medió en nombre de la paz y se ordenó a Chhota Rajan que eligiese entre la muerte y marcharse de rodillas implorando el perdón de los jefes. Le dieron doce horas para decidir».

Al día siguiente, Chhota se arrodilló literalmente ante Dawood, como éste había pedido, y suplicó el perdón, que le fue concedido.

Los enemigos de Chhota Rajan advirtieron a Dawood de que el Pequeño albergaba planes contra la organización; ahora el gran jefe estaba a la defensiva y, para echar sal en las heridas, Chhota Shakeel ordenó asesinar a tres hombres que Rajan tenía en Nepal. Dawood acabó teniendo motivos sobrados para arrepentirse de haber infligido tal humillación a Chhota Rajan, ya que su antiguo primer espada se transformó en un enconado enemigo.

Las tensiones que reinaban en Bombay comenzaban a pasar factura a la D-Company. Según sus amigos, el hindú Chhota Rajan sospechaba que su adversario musulmán Chhota Shakeel estaba alimentando la desconfianza contra él para arrinconarlo. Dawood era un musulmán devoto: peregrinaba a la Meca con regularidad, y los disturbios anti islámicos de Uttar Pradesh, Gujarat y Bombay le disgustaron visiblemente. No cabe duda de que Dawood estaba muy consternado por el renacimiento del nacionalismo hindú y por los ataques violentos contra la minoría musulmana. A partir de sus informadores de Dubái, Hussain Zaidi —cuyo conocimiento sobre el inframundo criminal de Bombay es inigualable— ha reconstruido el episodio que sucedió a continuación en las oficinas de Dawood:

Sonó el otro teléfono, cuyo número sabían sólo unas seis personas. Shakeel contestó, se lo pasó a Dawood y se dirigió discretamente al otro extremo de la sala.

Hubo una conversación larga en voz muy baja.

Cuando Dawood colgó, tenía un aire muy distinto: ya no estaba abatido, sino que parecía resuelto. Shakeel permaneció sentado en silencio.

Dawood fue hacia él. «Han llamado», dijo. Shakeel nunca le había preguntado quiénes eran «ellos», y Dawood nunca se lo había contado. Se cree que eran funcionarios de alto rango de Pakistán.

«Dicen que quieren descargar mediante nuestras rutas una remesa importante en Bombay, cerca de Shekhadi y Dighi. Tiger y Taufig llevarán toda la operación de descarga, pagarán a los doctores y todo eso. A cambio, nos ofrecerán una seguridad total para nuestro negocio.» Realizó una pausa y luego continuó, meditabundo. «Creo que este cargamento no será normal… podría ser una respuesta a la demolición de la mezquita Babri y la masacre de musulmanes. Les he dicho que, si sólo implica utilizar mi infraestructura y nada más, no tengo problema. Puedo consolarme con la idea de que se vengará la sangre de mis hermanos.»

Dawood se sacó un puro del bolsillo y se lo llevó a los labios, lo que indicaba que se sentía aliviado. Shakeel le dio fuego. Aunque el padrino no lo había dicho explícitamente, resultaba evidente que el cargamento era de muerte.

Badshah Kahn, de veintisiete años, reconoció estar nervioso cuando su avión de Pakistan International Airlines aterrizó en Islamabad en febrero de 1993. Uno de sus compañeros de vuelo había sufrido lo que parecía un ataque de corazón en el trayecto desde Dubái, por lo que habían tenido que efectuar una parada de emergencia en Lahore. Era un mal presagio. Pero Badshah Kahn estaba más preocupado por el hecho de que no tenía visado y, como llevaba pasaporte indio, no podía dejar de llamar la atención de las autoridades pakistaníes. Pero al menos estaba allí con varios de sus chicos y, después de todo, era el propio Tiger Memon quien había organizado el viaje. Aun así, se quedó atónito cuando fue escoltado junto con sus amigos desde el avión hasta su alojamiento sin tener que mostrar ningún tipo de documento de identidad. Estaba claro que Pakistán los esperaba. Al día siguiente los llevaron a un lugar desierto entre los bosques situados a un par de horas de camino en coche de la capital pakistaní. Los recibió un equipo de Operaciones del ISI, el servicio secreto. «Había visto este tipo de personajes en las películas indias —explica Badshah—; hombres que reciben la orden de apalear a nuestros héroes delgados y bajitos, pero acaban recibiendo ellos una tunda. Con la diferencia de que estos dos tipos, los Babaji, parecían peligrosos de verdad. Podrían haber machacado a todas nuestras estrellas de cine en un abrir y cerrar de ojos.» Los nuevos reclutas eran matones callejeros; habían crecido robando y malviviendo en las calles de Bombay, pero su mayor acto de violencia había sido amenazar a alguien con un cuchillo o con los puños, y carecían de formación. Sus nuevos mentores estaban perfectamente entrenados.

«La ubicación del campo era perfecta para nuestros intereses. Había seis hombres al cuidado del campo: los dos Babaji, dos hombres encargados de limpiar y servir la comida y dos guardias armados. La comida llegaba en jeep cada día a la misma hora. La organización me dejó maravillado», recuerda Badshah. «Uno de los Babaji anunció que comenzaría a enseñarnos a manejar los instrumentos de la muerte. Llevaba un rifle AK-56. Cuando volvimos al campo nos mostraron pistolas semiautomáticas y de otros tipos, metralletas y Kalashnikovs… Durante los dos días siguientes, no hicimos nada más que practicar el tiro… Vi por qué habíamos venido a este campo de Pakistán. No podríamos haber realizado este entrenamiento en ningún otro lugar; los disparos y los gritos habrían llamado la atención.» Contemplo el rostro agradable y cordial que tengo frente a mí en una cafetería del siempre bullicioso distrito de Bandra. El verdadero atractivo de este barrio, a menudo calificado como «de moda», sólo salta a la vista cuando se entra en los elegantes edificios modernos. Poco antes, camino de la estación al restaurante para reunirme con Badshah Kahn, una rata grande como un conejo pasó correteando por encima de dos heroinómanos famélicos que yacían semiinconscientes en la acera. La pobreza y la miseria omnipresentes en Bombay arrojan una sombra permanente sobre la imagen de éxito y prosperidad que intenta proyectar la Nueva India, y ponen en evidencia el desigual reparto de riqueza en la globalización. Las bandas de Bombay han salido de las barriadas miserables y constituyen una respuesta malévola y casi orgánica a los bares de moda y el vistoso consumo de la clase media, que cada vez es más numerosa y confiada. Cuando Badshah Kahn tenía catorce años, su familia fue desahuciada por un estafador inmobiliario, y el hasta entonces prometedor estudiante comenzó a moverse con una pandilla de maleantes por la gigantesca barriada de Dharavi.

Lejos de la muchedumbre, Badshah se presenta en este modesto restaurante familiar que sirve unas exquisitas gambas picantes vistiendo una larga camisa blanca india, pantalones holgados blancos de algodón y un gorro del mismo color y material. Es atento y refinado. Cuando habla de su vida anterior, cuesta imaginar que desempeñase un papel crucial en los atentados con bomba de 1993. Pero posteriormente también fue un testigo clave de la fiscalía y reveló cómo se planificaron y ejecutaron varias fases de la operación. «Aquel día, después de comer en el campo —continúa— nos enseñaron unos cuantos bultos negros que parecían jabón.»

«Babaji dijo: “Esto es RDX: Research Developed Explosive”. Comenzamos a hablar después de que lo instalara. De repente, una explosión sacudió la jungla y las montañas. Parecía que el estallido me hubiera reventado los tímpanos. Del cielo llovían piedras y barro, y la tierra temblaba bajo mis pies… Creo que la cortina de humo tardó más de diez minutos en disiparse y dejarnos ver y oír. Fuimos adonde habíamos colocado la bomba. El hoyo tenía varios metros de profundidad.» Éste es el material que utilizaron en todo Bombay, uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, al cabo de menos de un mes.

La noche del 14 de marzo, el día después de los atentados, el comisario en jefe de la policía de Bombay llamó al comisario adjunto para Tráfico Rakesh Maria. «¿Ha podido descansar?», le preguntó educadamente, aunque sabía que pocos agentes, o ninguno, habían pegado ojo la noche anterior (y evidentemente no el comisario Maria). Le explicó que la policía de Bombay se jugaba su prestigio en la investigación de los atentados y que le había seleccionado para dirigir las pesquisas.

«Me sentí abrumado, claro —explica Maria—. Ponían esto en mis manos para que cargara con la responsabilidad en caso de que fracasara. Y si así era, ¿qué iba a hacer?»

7

XANADÚ II

La sombra de la cúpula del placer

flotaba a medio camino sobre las olas,

donde se oía el compás amalgamado

procedente de la fuente y las cuevas.

Se trataba de un extrañísimo milagro,

una cúpula de placer soleada con grutas de hielo

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE,

KUBLA KHAN

«Recibimos la denuncia de que había un vehículo, un Marutti, abandonado en Worli —recuerda Rakesh Maria, recostándose en el respaldo de la silla—. Llevé a mi equipo de dieciséis agentes hasta allí; era evidente que el vehículo había sido abandonado a toda prisa. En aquella zona teníamos muchos controles policiales para dificultar las operaciones de la mafia. Y los terroristas lo sabían, porque pertenecían a la D-Company de Dawood, o sea, que prefirieron dejar el coche que arriesgarse a que los pillaran.» El automóvil era propiedad de Rabiner Memon, cuñado de Tiger Memon. El comisario Maria acudió con su equipo al edificio Al-Hussein, donde vivía la mayor parte de la familia Memon. Echaron abajo la puerta del apartamento, que hallaron vacío, y se pusieron a buscar pistas. «Sobre la nevera vi la llave de un ciclomotor —continúa Maria— y pensé que lo mejor era probar.» Se había encontrado un scooter abandonado en otro lugar de la ciudad, y la policía ya lo había requisado para examinarlo. «Me llevé la llave y la probé en el ciclomotor: ¡a la primera! Me volví hacia mis hombres y dije: “¡nos ha tocado la lotería!.” Aquel ciclomotor tenía algo más: aún llevaba una carga de RDX.

En pocas horas, Maria había descubierto la identidad de quien había dirigido la conspiración en la ciudad: Tiger Memon. Aun teniendo en cuenta que les sonrió la suerte y que la mala disciplina de los autores del atentado les sirvió de ayuda, se trató de un excelente trabajo detectivesco. Sin embargo, no por haber logrado aquel éxito tan rápido dejaban las autoridades indias de tener aún muchos años de investigaciones por delante: las bombas no habían sido obra de una pequeña célula terrorista como las que proliferan por Europa, Asia y Oriente Medio después del 11-S. La atrocidad de Bombay era de una escala muy ambiciosa y había requerido una poderosa organización como la de Dawood, ya que sólo ésta podía haber introducido ocho toneladas de RDX desde Pakistán. Como el plan había sido llevado a cabo por una banda mafiosa de Bombay, tenía que haber decenas de personas implicadas, a sabiendas o no. La mayoría de los funcionarios, agentes de aduanas y oficiales de policía corruptos, transportistas, pescadores, propietarios de almacenes, vehículos y demás no tenían la menor idea de que formaban parte de esta conspiración; supusieron que, como de costumbre, estaban introduciendo en el país oro, drogas, productos de consumo o armas. Pero la D-Company no existía sólo a nivel subterráneo. Todo lo contrario: su influencia se extendía hasta la industria más célebre de Bombay: Bollywood.

Una medianoche de abril de 1993, Rakesh Maria estaba entrevistando a un sospechoso más de los atentados. «Su policía siempre va a por gente insignificante como yo y deja en paz a los poderosos —le espetó amargamente aquel hombre—. Quiero decir, si de verdad va en serio, ¿por qué no detiene a Sanjay?» «¿Sanjay? ¿Qué Sanjay? —inquirió el policía. “¡Sanjay Dutt! ¡La estrella de cine, hijo del diputado Sunil Dutt.” Dutt padre y su esposa Nargis eran una de las parejas más conocidas de la India. Él, hindú, era un miembro poderoso del Partido del Congreso; de joven había sido actor y se casó con su glamourosa prometida musulmana. En 1993, Sanjay contaba treinta y cuatro años y acababa de convertirse en una superestrella de Bollywood. Como muchos actores y directores de Bombay, era cortejado por los gánsteres de la ciudad, que aún hoy financian la producción de películas. Sanjay mantenía una relación amistosa con Anis Ibrahim, hermano de Dawood; aunque su padre era hindú, toda la familia Dutt era sensible al miedo que se había extendido entre los musulmanes de Bombay durante los disturbios de diciembre de 1992 y enero de 1993, por lo que habían tratado de ayudar a la comunidad. Los nacionalistas del Shiv Sena habían amenazado veladamente a la familia Dutt, que persuadió a Sanjay para que le pidiese a Anis Ibrahim armas de fuego para poder protegerse.

Lo que Dutt no sabía era que los AK-47 y las granadas que recibió formaban parte de un gran cargamento recibido de Dubái para preparar los atentados de marzo. Mientras estaba a la espera de juicio y sentencia, Dutt permaneció en total dieciocho meses en la cárcel repartidos entre los trece años siguientes. Por último, un sofocante martes de noviembre de 2006 vi a este desconcertado actor de Bollywood salir de la vieja prisión colonial de Arthur Road para recibir el veredicto de su caso como acusado 117. Dutt fue declarado culpable de posesión ilícita de armas, pero no de conspiración en los atentados. Forcejeando entre la multitud de periodistas se hallaba Deepak Nachnani, reportero y dirigente de una ONG, sosteniendo un cartel que pedía la extradición de Dawood Ibrahim por su responsabilidad en los atentados y que ofrecía una recompensa a quien lo asesinara. «El padre de Sanjay Dutt era diputado y ministro; su hermana es diputada; pero Sanjay Dutt debería sufrir el máximo castigo contemplado por las leyes indias», exclamó indignado, con sus canosos cabellos alborotados.

Lo interesante es que Nachnani parece estar en minoría. La mayoría de los habitantes de Mumbai continúan considerando a Dutt como un héroe y una estrella. Desde su arresto en 1993 ha protagonizado varias películas de éxito en las que a menudo interpreta a capos mafiosos. Entre las estrellas de Bollywood y el hampa de Mumbai continúa existiendo una relación afectuosa, a pesar de los turbulentos sucesos de los años noventa. Dutt sigue disfrutando de relaciones cordiales con Chhota Shakeel, la mano derecha de Dawood. Pero las sospechas de su implicación en los atentados de Bombay pusieron al descubierto durante aquella década algunos de los vínculos entre Bollywood y la mafia, aunque todavía queda mucho por desenterrar.

La implicación de Dutt fue una de las muchas sorpresas con que el equipo de Rakesh Maria topó durante la investigación. A lo largo de muchos meses, los diversos cuerpos de policía reconstruyeron una imagen bastante completa de la extraordinaria red que poseía Dawood en Bombay y cómo se planificó y ejecutó toda la operación. Dadas las insalvables imperfecciones y rivalidades que caracterizan a los distintos cuerpos policiales del país, se trató de un logro considerable.

El propio Dawood permaneció tranquilo en Dubái, aunque una persona huyó de allí tan pronto como se filtró la noticia de los atentados: Chhota Rajan. Convencido, con razón, de que Chhota Shakeel tenía intención de matarlo, Chhota Rajan rompió con Dawood y se dio a la fuga; desde entonces sólo ha reaparecido ocasionalmente en Kuala Lumpur, Bangkok y otras ciudades asiáticas.

Chhota Rajan continuaba dirigiendo una cantidad considerable de bandas en Bombay. Transmitió mensajes a otros jefes mafiosos importantes de la ciudad como Arun Gawli para sugerir que formasen una alianza tácita contra la D-Company. «En este momento, el IB estableció contacto con Chhota Rajan», me explicó un garganta profunda de Bombay. El Intelligence Bureau y su agencia hermana, el RAW (Research and Analysis Wing, «Ala de Análisis e Investigación»), son los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la India. Normalmente no se encargan de investigar las actividades de la delincuencia organizada, pero si una banda se ha involucrado en un problema grave de seguridad asumen el control de las pesquisas. «La idea del IB era que si Dawood trabajaba para el ISI, el servicio secreto de Pakistán, tal vez deberían emplear a los enemigos de Dawood para minar su influencia», dijo esta fuente.

Durante las guerras de la antigua Yugoslavia, las bandas organizadas de todos los Balcanes se hicieron con el control de la mayoría de las instituciones estatales y las subordinaron a sus intereses. En el mismo momento exacto, en Pakistán y la India sucedía todo lo contrario: las guerras de bandas de Bombay que estallaron con renovada violencia durante los años noventa eran, en parte, un conflicto librado a través de intermediarios por los servicios de inteligencia de la India y Pakistán, por lo que se volvieron más peligrosas e impredecibles aún que antes. Este recrudecimiento de las guerras entre bandas, que cobraron dimensiones de enfrentamiento entre las comunidades religiosas, tuvo consecuencias desgraciadas para las fuerzas policiales.

A mediados de la década, la policía de Bombay asistía a un incremento de la tasa de asesinatos comparable a las de Moscú y Johannesburgo, lo que confirmaba el vínculo aparente entre las reformas político-económicas y el gansterismo. En los informes policiales constan centenares y centenares de casos de una sorprendente brutalidad en aquel período. La mayoría fueron perpetrados en el despiadado toma y daca entre Chhotan Rajan y Dawood. La fuerza del primero se basaba en su exhaustivo conocimiento de las redes y las estructuras del imperio de su ex jefe. Después de todo, él mismo había pasado casi una década construyéndolas en nombre de Dawood. La estrategia del IB estaba funcionando: Chhota Rajan estaba acabando con la capacidad funcional de Dawood; desde el punto de vista del IB, significaba que estaba limitando la capacidad del ISI para desempeñar actividades clandestinas a través de la D-Company. Esto también tuvo el efecto colateral de debilitar las operaciones de Chhota Rajan, a causa de los ataques de la gente de Dawood. Pero para la policía de Bombay se trató de un desbarajuste muy incómodo que no hizo sino reforzar la imagen de corrupción e incompetencia que tenía en todo el país. Para luchar contra la violencia, la policía fundó en 1995 tres equipos especiales contra el crimen organizado.

El inspector Pradeep Sharma se encontraba en su despacho de Bandra una tarde de finales de 1996 cuando llamaron a la puerta. «Vino un confidente y me dijo que Babloo Srivastava había enviado cuatro hombres a la ciudad desde Uttar Pradesh para secuestrar a uno de los empresarios más ricos de Bombay». Srivastava era un conocido gánster que tenía relaciones tanto con Dawood como con Chhota Rajan. Había sido extraditado a la India desde Singapur acusado de ochenta secuestros y asesinatos. De hecho, estaba organizando el secuestro del empresario de Bombay desde la cárcel de Delhi. «Eran sobre las dos de la tarde —continúa el inspector Sharma—, así que ordené a un par más de hombres de mi equipo que vinieran conmigo a Santa Cruz, cerca de Bandra, donde el informante había dicho que se escondían los gánsteres.» Cuando llegaron al apartamento en cuestión, uno de los policías llamó a la puerta. «¡Hola! Soy el lechero —dijo—. Traigo el pedido.» El inspector Sharma efectúa una pausa que añade dramatismo a su relato. «En cuanto dijo que era el lechero, empezaron a disparar como locos desde dentro del apartamento. Pero en un par de minutos los habíamos matado a los dos. Entonces descubrimos que los otros dos miembros de la banda habían escapado.»

Los dos muertos fueron víctimas de lo que se conoce en la India como «encuentros»: tiroteos entre la policía y los gánsteres. El inspector Sharma es el rey de los encuentros; tiene en su haber más de ciento veinte gánsteres muertos en tiroteos, más que ningún otro agente de policía de la ciudad. No recuerdo haber conocido en mi periplo por todo el mundo de la mafia a otra persona que exude tanta agresividad contenida como este hombre de aire tan grave y educado.

Los gánsteres y algunos grupos de libertades civiles aseguran que estos «encuentros» han transformado a la policía en pelotones de ejecución extrajudiciales o escuadrones de la muerte. Los equipos de «encuentros» obligaron a Arun Gawli, antiguo aliado de Dawood y posteriormente uno de sus principales enemigos hindúes, a instalar en su base de operaciones del centro de Bombay un sofisticado sistema de seguridad compuesto por numerosos guardias, dispositivos de comunicaciones de tecnología punta y cámaras de vigilancia en las robustas puertas de entrada a la finca. De forma más reciente, Gawli ha dejado de ser un capitoste mafioso para pasar a ocupar un puesto en la Asamblea Provincial de Maharashtra, pero aún califica de «asesinatos policiales por encargo» a los encuentros y, según dice, ha perdido a sesenta amigos en tiroteos. «Vale —reconoce Gawli— hubo un tiempo en que me descarrié. Pero estas campañas de asesinatos las considero inaceptables.»

Desde las formaciones de los escuadrones anti crimen, el número de muertes atribuidas a encuentros se eleva a más de un centenar al año. «A veces eliminamos a entre seis y ocho en una semana», confirma el inspector con evidente orgullo.

Pero no eliminaron a Mahmoud, uno de los mejores asesinos profesionales de Bombay, al que llegué a entrevistar después de que cambiara varias veces seguidas el lugar de nuestro encuentro. Cada vez que llegaba al local donde me había citado, recibía un mensaje con instrucciones de terminarme la bebida e ir a otro sitio. En el tercero, me dio la bienvenida la obsequiosa sonrisa de este hombre elegante y apuesto, aunque de rostro ligeramente castigado por el tiempo. «Tengo que tomar muchas precauciones cuando vengo a Bombay —me explicó—. No quiero tener encuentros con la policía, ni mucho menos con ninguno de mis antiguos colegas.» A diferencia de los demás personajes de este medio que conocí, Mahmoud hablaba un inglés refinado y sofisticado. «Estudié electrónica en una universidad de Pune», explica, orgulloso.

Con su título universitario bajo el brazo, Mahmoud emprendió en 1989 el viaje de 120 kilómetros desde Pune a Bombay, la denominada «ciudad desnuda» de la India. Poco tiempo después encontró trabajo de reparador de fotocopiadoras. «Me pagaban unos cincuenta dólares al mes y vivía en una habitación compartida con otros diez hombres —continuó contándome—. Fue muy duro.» Un día Mahmoud intervino cuando vio a una banda de muchachos emprendiéndola a golpes con un chico en la calle. Un hombre se dirigió a él, lo felicitó por su valentía y lo invitó a tomar algo. «Durante un año y medio, este tipo me enseñó la gran vida: íbamos a bares, conocíamos chicas, me daba dinero y no me pedía que hiciera nada para él. Era fantástico: yo era joven, apuesto, estaba en forma y ¡había venido a Bombay por esto!». El benefactor de Mahmoud era, en realidad, un socio de Chhota Shakeel, estrella en ascenso en la mafia y futuro «hombre fuerte» de la D-Company de Dawood.

Una vez que su amistad ya estaba bien asentada, su mentor le explicó quién era, a qué se dedicaba y para quién trabajaba. Ofreció a Mahmoud la oportunidad de trabajar a tiempo completo con él. «Ante la idea de volver a aquel cuchitril con un salario mensual de cincuenta dólares, no tenía elección. Estaba claro.» Mahmoud aprendió a usar una kutta, una pistola fabricada en Uttar Pradesh cuyo cañón tiene tendencia a explotar. «El primer tiro suele ser seguro; a partir de ahí, es casi totalmente inútil. O sea, que cuando haces un trabajo sólo tienes una oportunidad.»

«A la mayoría de los asesinos profesionales los capturaban o mataban en los encuentros —señaló Mahmoud—. Pero a mí no, y por dos motivos: uno es la planificación. Seguíamos a nuestro objetivo durante dos o tres meses; conocíamos todas sus costumbres, y así no había sorpresas. El segundo es el secretismo; si uno mismo o sus colegas hablan de más, eres hombre muerto.»

Mi primer trabajo fue en Andheri a principios de 1991. Como solía pasar, planeamos hacerlo en un cruce de mucho tráfico por la tarde, en plena hora punta. Con un coche le cortamos el paso en un semáforo; nuestro blanco llevaba un Marutti Esteem, un automóvil que en aquel momento tenía mucho prestigio. Pero no pudo moverse hacia delante porque habíamos bloqueado el semáforo, y no podía retroceder por el tráfico. Teníamos dos equipos. El primero se acercó al coche y rompió el cristal de la ventana. Entonces llegué yo, y zas: un tiro en la cabeza. Siempre había que apuntar a la cabeza porque sólo tenías un disparo. Yo siempre «hacía la entrega», que es el mensaje que enviábamos después del trabajito. Una vez hecho, desaparecía. Nunca volvía a casa después de un trabajo, y nadie sabía adónde iba.

Este personaje tan afable y refinado que reía y charlaba animadamente en el café pasó luego a hacer comentarios inteligentes sobre las cuestiones sociales y económicas de la actualidad india; más tarde entró en una mezquita para hacer sus oraciones y después habló en un tono afectado y lírico sobre Mumbai y sus tradiciones. Resultaba casi imposible cuadrar esta imagen con el hecho de que fuera un asesino frío y calculador. Me sentía totalmente perplejo; ¿cómo podía caerme bien un homicida? Por mi experiencia en los Balcanes, había llegado a la conclusión de que la mayoría de los asesinos no son psicópatas congénitos, sino gente (hombres, normalmente) a quienes las circunstancias sociales y la autoridad alientan, convencen e impelen a quebrantar el más importante de los mandamientos: «No matarás». Pero este personaje había hecho una elección, lo que resultaba más chocante aún al ver que se trataba de una persona aparentemente normal e inteligente.

En 2002 Mahmoud negoció una salida honrosa de la compañía, algo que resultaba muy difícil. «Estaba casado, tenía hijos y mi esposa no tenía la menor idea de a qué me dedicaba de verdad.»

«¿Sigue sin saberlo?»

«Ya se lo he dicho: el secretismo es crucial. Nunca me han pillado porque nadie sabía quién era yo ni cómo trabajaba. Nunca cometí el error de fiarme de nadie.»

Tenía una última pregunta para Mahmoud: «¿Cómo se sentía en el momento de ejecutar a alguien?». Como tantos indios, recurrió al críquet para explicarse con una metáfora: «Como Brian Lara cuando saca la pelota fuera del campo de un golpe», dijo, con referencia al magnífico bateador caribeño.

A finales de los años noventa, Dubái todavía no estaba totalmente metido en el enredo cada vez más enmarañado de política internacional y bandas mafiosas de Mumbai, aunque muchas de ellas se habían mudado al emirato. Pero esta ciudad-estado tiende a beneficiarse de los conflictos, siempre y cuando no tengan lugar en su territorio. La operación Tormenta del Desierto, la intifada palestina, el 11-S, la invasión estadounidense de Afganistán y la segunda guerra de Irak han canalizado enormes sumas de dinero a Dubái.

El 11-S provocó un espectacular flujo de dinero árabe desde Estados Unidos hacia Dubái. Las estimaciones varían entre centenares de miles de millones y dos o tres billones de dólares. A mediados de los años noventa, el 63 % de los ingresos de los EAU procedían de fuentes distintas al petróleo. El propio Dubái se había convertido en el puerto franco más grande de una región que abarcaba desde el sur de Europa hasta Singapur. Tradicionalmente había atraído a grandes capitales del subcontinente indio, Asia central, África oriental y Oriente Medio; ahora Dubái trataba de atraer inversiones occidentales. Con su hermosa costa, su tiempo soleado durante todo el año y su ausencia de impuestos, bombas y asesinatos (todo el mundo se beneficia en Dubái y nadie, ni siquiera Al-Qaeda, pretende dañar a este emirato), y suficientes centros comerciales para cubrir la demanda de un planeta pequeño, no tardó en llegar dinero a espuertas procedente de todos los rincones de Europa.

Dubái no sólo era el centro de distribución de productos de una vasta región que iba desde Rusia hasta la India y Sudáfrica, sino que de forma natural se convirtió también en el mayor mercado financiero. Y no había ningún control en absoluto sobre todo ello: se podía introducir o sacar tanto dinero como se deseara, ya fuera en maletas llenas de billetes, en oro y diamantes, por transferencia bancaria a través de alguna de las numerosas entidades que se habían fundado para aprovechar este flujo inagotable de capital, o mediante los hawaldars y hundis, los cambistas de dinero no oficiales que constituyen el puntal de la economía financiera «informal» de la que dependen los trabajadores emigrantes.

La persecución del dinero sucio es complicada. El trabajo humano genera el capital que insufla vida al entorno económico mundial. Brota de la fuente para luego confluir en un río de cauce rápido que desciende de las montañas y se distribuye de forma desigual por las fértiles llanuras naturales y las zonas cultivadas por el hombre. Al surcar caminos impredecibles, parte del caudal desaparece sin que nadie lo vea, tal vez atravesando un pantanal emponzoñado antes de retornar al sistema fluvial principal. Aquí y allá pueden encontrarse estanques que, pese a su aspecto impoluto, en realidad están contaminados por sustancias químicas incoloras e inodoras. Sólo un bioquímico experto puede distinguir el dinero limpio del sucio cuando ambos se mezclan. El capital en sí mismo no es una cosa ni la otra; lo que determina el color del dinero son la actividad y los valores humanos.

La caída del comunismo y la liberalización de los mercados financieros internacionales de finales de los años ochenta inyectaron una ingente cantidad de dinero en la economía mundial. Muchos intermediarios financieros se pusieron a buscar las mejores oportunidades comerciales del planeta. Los clientes a quienes representaban empleaban sus servicios por una serie de motivos: algunos buscaban la mejor rentabilidad; otros, evitar el pago de impuestos; había empresas que querían mostrar su compromiso con los nuevos mercados, y algunos inversores querían blanquear dinero y eliminar la mácula de su origen delictivo. Los volúmenes de dinero que se movían eran vastos. A mediados de los años noventa, los mercados de cambio de divisas alcanzaron una facturación superior al billón de dólares diario. Esta cifra es más de cuarenta veces superior al comercio mundial diario. En el mundo de las operaciones financieras legítimas, las prácticas ilícitas sólo salían a la luz cuando las pérdidas que provocaban arruinaban a una institución —como sucedió cuando los valores derivados de Nick Leeson en la Bolsa japonesa hicieron quebrar al Barings Bank— o cuando las autoridades externas recibían informes sobre prácticas fraudulentas, como en el insólito caso del Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Escándalos como éste o el de Enron han puesto de relieve que no puede contarse con que las compañías privadas de auditoría más famosas del mundo alerten a los Gobiernos sobre el fraude a gran escala en el sector bancario ni en el corporativo. De hecho, los auditores hicieron gala de una actitud extremadamente laxa de cara a denunciar los problemas tanto en el caso del BCCI como en el de Enron.

Estados Unidos es el único país del mundo que aprobó una amplia legislación contra el blanqueo de dinero antes de la década de los noventa. Después de la célebre ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations, Organizaciones Corruptas e Influidas por Mafiosos) aprobada en 1970 para luchar contra la delincuencia organizada, el Congreso de EE.UU. sancionó otras dos leyes destinadas específicamente a perseguir el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. A partir de entonces, la DEA comenzó a organizar operaciones sofisticadas contra el lado financiero de las operaciones de los cárteles colombianos de la droga y de sus cómplices, como el presidente panameño Manuel Noriega.

El blanqueo de dinero es una cuestión de lo más curiosa: constituye un delito, aunque se trate de una actividad separada de los hechos delictivos. El acto de transferir una elevada suma de dinero no es intrínsecamente ilegal, sino que la ilegalidad se debe a la asociación con la actividad criminal que ha generado el dinero. Las fuerzas del orden no tienen que demostrar que el dinero se ha transferido, sino que tiene un origen ilícito.

Por si ello no fuera suficientemente difícil desde siempre, se volvió mucho más complicado cuando a finales de los años ochenta se relajaron los controles sobre las divisas internacionales en nombre de la libertad de movimiento de capitales. Si las autoridades estadounidenses tenían pruebas, podían presentar acusaciones fructíferas cuando los delitos habían tenido lugar en su territorio nacional; pero si habían sido cometidos en el extranjero, Washington solamente podía perseguir a los presuntos delincuentes invadiendo su país. En algunos casos, como en el de Panamá, eso es exactamente lo que hizo. Pero aunque tradicionalmente el Gobierno estadounidense no haya sido tan reticente como muchos otros a ocupar otros países, no cuenta con los medios necesarios para hacerlo cada vez que oye que algo huele mal en el sector bancario. Los propios bancos de EE. UU. se vieron obligados a trabajar bajo una carga regulatoria cada vez mayor, resumida en tres directrices conocidas como CDD (Customer Due Diligence, Diligencia Debida con la Clientela), KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) y SAR (Suspicious Activity Report, Informe de Actividades Sospechosas). Además de ser un ámbito enigmático, el blanqueo de dinero es un mundo superpoblado de siglas y acrónimos.

Para Estados Unidos la lucha contra la delincuencia organizada suponía, pues, un difícil acertijo que formaba parte de un problema más general: la relación entre la liberalización de los mercados de capital internacionales y la gobernabilidad mundial. La Unión Europea ya estaba batallando con este problema en un ámbito muy concreto y no estaba avanzando demasiado. Dentro de la UE la libertad de movimiento de capitales, bienes y servicios es total, pero los Estados miembros poseen tradiciones distintas en lo referente a los impuestos y las operaciones bancarias. Luxemburgo y Austria (además de países no pertenecientes a la UE, como Suiza y Liechtenstein) cuentan con leyes de secreto bancario gracias a las cuales se pueden tener cuentas anónimas sin que ningún funcionario estatal pueda inspeccionarlas. La existencia de estas cuentas fue un obstáculo insalvable para los intentos de controlar el blanqueo de dinero dentro de la UE. Luxemburgo, Austria, Suiza y Liechtenstein lucharon con uñas y dientes por retener su código de secreto bancario porque éste alimentaba una enorme entrada de capital en sus países.

Estados Unidos se enfrentaba al mismo problema a escala mundial. «Si nuestros bancos están obligados a ajustarse a un cuerpo de normativa, incluida la referente a paraísos fiscales, y otros bancos no lo están y se abalanzan por los depósitos que hay en las entidades estadounidenses —dijo el senador John Kerry en 1988— una vez más habremos dado un paso hacia dejar nuestras instituciones y nuestra estructura económica en desventaja con respecto a nuestra competencia en el mercado.»

La cuestión es que una competencia en igualdad de condiciones para todo el planeta requeriría un régimen legal aplicable de forma mundial. «Si, después de un período de tiempo razonable, estos países no llegan a acuerdos e implantan leyes contra el blanqueo de dinero —advirtió Robert Gelbard, asistente del secretario del Tesoro en 1995— el secretario del Tesoro, el de Estado y el fiscal general harán recomendaciones al presidente acerca de si hay que imponerles sanciones. Y éstas podrían incluir la prohibición de transferencias bancarias electrónicas y de pagos en dólares a instituciones financieras de dichos países. En otras palabras, se trataría de medidas muy drásticas que podrían incapacitarles para hacer negocios a través del sistema financiero estadounidense.» Dado que Estados Unidos representa una cuarta parte de todo el comercio mundial, esas sanciones son el máximo castigo que puede imponerse sin llegar a declarar la guerra.

La Administración Clinton situó su estrategia AML (AntiMoney Laundering, Anti blanqueo de Dinero) entre su solemne lista de mandamientos (a pesar de que su legitimidad moral quedó muy mermada por el perdón presidencial concedido en 2000 al financiero Marc Rich, que huía de la justicia). Pero los avances fueron escasos. El nuevo instrumento de presión del G7, la Financial Action Task Force (FATF), contaba con unos recursos humanos escasos, por lo que no podía ser demasiado eficaz. Liechtenstein y Suiza rechazaron la idea de plano, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (incluido Dubái) se resistieron vigorosamente a someterse a la FATF. «Durante los años noventa, en Dubái valía todo —explica un diplomático europeo que ha trabajado en cuestiones de blanqueo de dinero en Dubái—. No había controles y las autoridades se resistieron tenazmente a la FATF.» Como explica Firoz, el abogado de Mumbai vinculado a Dawood, Dubái constituía un importante dilema para Estados Unidos. «La política norteamericana en Oriente Medio está condicionada totalmente por el miedo a que, si se presiona demasiado a alguien, las cosas pueden acabar muy mal. Washington no está contento con los Emiratos porque han atraído a muchas compañías dudosas, pero al mismo tiempo este país está considerado como un refugio seguro para Estados Unidos en esta región. Aquí pueden aterrizar tropas estadounidenses y relajarse sin ningún peligro; las ventajas pesan más que las desventajas. Es uno de los pocos lugares donde los estadounidenses se sienten seguros y no quieren que esto cambie.»

Aunque los años noventa fueron la época del apogeo de personajes famosos como Dawood Ibrahim y Viktor Bout en Dubái, también fue entonces cuando la ciudad recibió enormes inversiones de empresas occidentales que querían quedarse con una porción del pastel. Dubái no podía tolerar la imposición de controles rigurosos a la importación y exportación de capital, como le exigía Estados Unidos en aquel momento, porque ello habría anulado el único argumento de venta de la ciudad («traiga su dinero a Dubái; ¡no le haremos preguntas!») y habría minado toda su estrategia de convertirse en el pivote financiero y comercial entre África, Europa y Asia. El panorama se presentaba negro hasta que Dubái oyó a lo lejos que acudía la «caballería» al galope: ¡George W. Bush llegaba a la Casa Blanca!

La nueva Administración de Bush adoptó un enfoque sobre el blanqueo de dinero muy distinta a la de su predecesor. Para los neoconservadores, la estrategia global AML de Clinton era una ridiculez y un deleznable plan europeo contra la libre competencia. «Antes del 11-S, la idea básica era luchar contra lo que, para la Casa Blanca, era una tendencia europea a maximizar la hostilidad de todos los regímenes hacia las empresas», explica un experto economista que trabajó en el Tesoro estadounidense tanto en la época de Clinton como en la de Bush y que posteriormente asumió un importante cargo en una de las máximas instituciones financieras internacionales.

A la vanguardia de la campaña de Bush se hallaba Larry Lindsey, director del Consejo Económico Nacional y secretario adjunto del Estado para el Tesoro:

Entre 1987 y 1995, el Gobierno recibió 77 millones de informes sobre transacciones de divisas, que ocupaban unas 62 toneladas de papel. De ellas, pudo sacar adelante 3000 casos de blanqueo de dinero. Eso viene a ser un caso por cada 25 000 formularios rellenados. En otras palabras, para procesar un caso había que talar bosques enteros de árboles. Pero eso no es lo peor: de los 3000 casos que se llevaron ante los tribunales, sólo 580 terminaron con un veredicto de culpabilidad. En otras palabras, por cada sentencia inculpatoria se presentaban más de 100 000 informes sobre ciudadanos inocentes. Esta proporción de 99 999 normalmente estaría lejos de parecer un equilibrio tolerable entre el respeto a la intimidad y la persecución de delitos.

Hay otro punto de vista: como los bancos hacen las veces de agentes de la ley, el Departamento del Tesoro emprende operaciones para verificar si cumplen la ley. Se envían funcionarios a un banco para tentar a la entidad a cometer un delito. Entre 1990 y 1995 se formularon 290 acusaciones a raíz de este tipo de operaciones, de las que se obtuvo un veredicto de culpabilidad en 29 casos. Uno de cada diez. Y ése es el resultado de miles de operaciones de este tipo. Se cotejen como se cotejen el coste y los beneficios, estamos pidiendo muchísima cooperación por parte de la gente para atrapar a muy pocos delincuentes.

Para Bush y su gente, lo único que debía hacerse con la estrategia AML era desterrarla totalmente. Entonces llegó el 11-S.

«Hubo un giro de 180 grados —recuerda este antiguo economista del Tesoro estadounidense—. Después del 11-S, las ansias de legislación AML de Washington son insaciables. Todas las inquietudes sobre efectos secundarios salieron por la ventana. El mensaje es que todo el mundo tiene que aplicar este régimen, y cuanto más fuerte y oneroso sea, mejor; cueste lo que cueste.»

La ley denominada Patriot Act fue concebida para desterrar la idea de que el presidente Bush era blando con los terroristas y el blanqueo de dinero. Pero el problema era que esta última actividad y la financiación del terrorismo son dos cosas muy distintas y, como explica el antiguo economista del Tesoro, «con el blanqueo de dinero, uno busca dinero sucio que intenta volverse limpio. En el caso de la financiación de terrorismo, uno busca dinero limpio que se vuelve sucio. Ya no se trata de un delito en sí mismo, sino del fruto de un delito, y toda la óptica legal varía en función de ello». Irónicamente, las pesadillas de Larry Lindsey previas al 11-S estaban a punto de hacerse realidad. Un frente de la guerra al terrorismo era la guerra a las transacciones financieras mundiales; un instrumento muy desafinado y mal concebido. «La idea de que el modelo AML pueda aplicarse de alguna forma a la lucha contra el terrorismo es descabellada —continúa el economista—. Pero a quien sólo tiene un martillo, todo le parecen clavos. Se toma la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y se la aplica a algo muy distinto a su misión original, que era el bloqueo contra Cuba. Fíjese en los Balcanes: bastante difícil fue bloquear las cuentas bancarias de Slobodan Milosevic: ¿sabe cuánta gente hay en el listín telefónico de París exactamente con el mismo nombre? Trece. Cuando uno trata de desmantelar una organización como Al-Qaeda, con las innumerables posibilidades que hay de obtener falsas identificaciones con nombres árabes o musulmanes, se da cuenta rápidamente de que las herramientas no están hechas para esta función. Pero como la OFAC y FATF son las únicas herramientas que tenemos, son las que utilizamos contra la financiación del terrorismo desde el 11-S, a pesar de que están totalmente desfasadas».

De repente, las investigaciones se convierten en una montaña de trabajo complejo y minucioso, en su mayor parte en redes bancarias de ultramar que no están reguladas. Y sin la menor pista sobre por dónde empezar.

Por suerte para el FBI, habría que ser muy inepto para no darse cuenta de que once de los dieciséis terroristas del 11-S habían recibido sus fondos desde Dubái. Pronto se envió un equipo mixto de varias agencias estadounidenses al reino del desierto. A juzgar por el informe de la Comisión 11-S, recibieron plena colaboración por parte de los EAU, aunque para ello tuvieran que revisar centenares de cajas de documentos financieros en tiendas plantadas en el desierto, con temperaturas próximas a los 40 grados a la sombra. EE. UU. y el Reino Unido (su fiel aliado en el frente AML) intensificaron la presión sobre todo el mundo y, cuatro meses después del 11-S, los EAU aprobaron una ley que satisfizo la mayoría de las cuarenta recomendaciones de la FATF. «Han hecho todo lo que les hemos pedido en cuanto a legislación —concede un diplomático europeo—, pero, como ya se sabe, la clave es su implantación.» En 2002 el jeque Mohammed pasó a la ofensiva anunciando la fundación del Dubai International Financial Centre (DIFC), una fuerte apuesta por transformar esta ciudad en el mayor mercado financiero entre Fráncfort y Singapur. Algunos de los mayores bancos e instituciones financieras proclamaron que abrirían una sede en el DIFC. El jeque Mohammed anunció que la autoridad reguladora correspondiente no estaría sujeta a las leyes de los EAU, sino a un nuevo código de Gobierno basado en los principios occidentales más progresistas y transparentes. No cabía duda de que Dubái hacía todo lo que podía para presentarse como la personificación de la rectitud. Aunque no había motivo para poner en duda el compromiso de la ciudad por construir un centro financiero que pudiese tolerar el escrutinio más riguroso, había una pequeña trampa. Para dar cabida al DIFC y a todas las empresas que éste fuera a atraer, las autoridades anunciaron un plan inmobiliario valorado en miles de millones de dólares, en el que se preveía una inmensa expansión de la ciudad hacia el oeste, a lo largo de la costa, con proyectos tan grandiosos como los de Palms o Burj Dubai.

Y aquí surgió un pequeño inconveniente. Desde su fundación, los Emiratos Árabes Unidos se habían impuesto un freno al desarrollo: sólo los ciudadanos nacionales podían ser propietarios de parcelas. Los extranjeros que venían a disfrutar del tiempo y la ausencia de impuestos tenían que alquilar su vivienda; no podían explotar uno de los mercados inmobiliarios más seguros y lucrativos del mundo.

Así, inmediatamente después del anuncio del DIFC llegó la noticia de que, en muchas de las nuevas zonas, se permitiría que los extranjeros adquiriesen fincas. Se desató un frenesí. Dubái se convirtió literalmente en el mayor terreno en obras del mundo. Durante la ampliación del aeropuerto de la ciudad, cuando ya estaba en marcha la construcción de viviendas y oficinas, en Dubái se encontraba una tercera parte de todas las grúas del mundo.

Conducir por Sheikh Zayeed Road es una experiencia desconcertante. Al otro lado de la pista cubierta de esquí se levantan unos amenazadores esqueletos de alambre y metal. Enormes bloques de cemento ondean caprichosamente colgando de las grúas; se pierde todo sentido de la escala humana y desaparece de la vista el sol, omnipresente en el resto de la ciudad. Se puede contemplar un proceso comparable a la construcción del centro de Manhattan en solamente tres años. Por el momento, todavía parece el decorado de una versión experimental de la película Metrópolis, de Fritz Lang, como si se estuviesen preparando estos edificios para albergar a los súbditos de un régimen autoritario de pesadilla. La sobrecogedora sensación de estar en un mundo de ciencia ficción se ve reforzada por el ejército de obreros que prolifera por los trabajos de construcción. Llevan monos de uniforme diferenciados por color: existe un ejército verde, uno azul, uno rojo y uno amarillo, cada uno encargado de la construcción de un edificio.

Cuatro años después del anuncio del jeque Mo, Dubái y los EAU todavía no habían aprobado las leyes que permitirán detener a los extranjeros la propiedad de bienes inmobiliarios, ni mucho menos en qué términos podrán hacerlo. Pero ello no ha sido óbice para que un alud de extranjeros haya acudido a pagar un depósito del 10 % por fincas en The Meadows, South Ridge, The Glades y otros proyectos cuyos nombres son reminiscentes de lugares de Norteamérica, Sudáfrica y Australia. La concesión para la creación de New Dubai se licitó a cinco compañías, todas ellas propiedad de jeques del entorno de Mohammed. Estas adjudicaciones valen miles y miles de millones de dólares. Antes de asentar los primeros cimientos del proyecto, los inversores ya habían obtenido beneficios del 100 % de su inversión a través de la especulación. Con pagar tan sólo un 10 % del precio necesario para reservar una compra, uno podía esperar unos meses y vender la propiedad por el doble del precio original. Los inversores comenzaron a pagar sólo para entrar en la lista de espera de los proyectos de moda.

Se comenzaba a hinchar la burbuja. «Pasemos directamente a 2007-2008» —propone Matein Khalid, columnista especializado en negocios del periódico de Abu Dhabi Khaleej Times—. «Las cifras que se han publicado indican que los cinco grandes construirán 150 000 fincas. Como todos los ricos que hay entre Bombay y Lahore, pasando por el bazar Meena de Nueva Delhi, quieren hacer negocios en la construcción, podemos añadir otras 30 000. Hay unas ochenta constructoras privadas desesperadas por vender sus proyectos en Dubái. Eso significa que habrá al menos 180 000 fincas nuevas en venta, suponiendo que no se anuncien más proyectos en los próximos dos años. Veamos las cifras municipales de Dubái sobre población y alquileres. La ciudad tiene 1,3 millones de habitantes … a causa de la entrada de extranjeros, subió la demanda y los alquileres aumentaron entre un 70 y un 100 % en dos años. Pero en 2007-2008 se añadirán al mercado inmobiliario nada menos que 200 000 nuevas fincas. Eso significa que para llenarlas necesitamos 800 000 nuevos extranjeros que no sean obreros, criadas, sastres, jóvenes solteros que cobren el sueldo mínimo ni trabajadores procedentes de Sharjah/Ajman. Básicamente, tiene que llegar el doble de la población de profesionales de salarios altos de los que hay. ¿Es realista? Ni mucho menos: a todas luces, la brutalidad del exceso de oferta, que es el beso de la muerte para todas las burbujas inmobiliarias del mundo, se hará sentir en el mercado.»

Siempre que se forma una burbuja inmobiliaria, los responsables del proyecto aseguran que ésta no estallará con la misma violencia que las anteriores. Sostienen que Dubái es diferente, porque es una ciudad con un atractivo único para la riqueza de todo el mundo (lo que da una imagen más bien deprimente sobre el nivel cultural de las clases sociales acaudaladas). Nunca permitirán que la pirámide se derrumbe porque están totalmente comprometidos con que el crecimiento de Dubái sea uno de los grandes motores internacionales del capitalismo. Igual que la burbuja inmobiliaria de Florida que precedió al crac de Wall Street de 1929 y que todos los posteriores fenómenos de este tipo, el mercado de fincas de Dubái ha atraído mucho dinero negro. Por mucho que las autoridades aseguren que han jugado limpio, se ha verificado el origen de muy poco o nada del dinero que ha entrado.

Como tantas otras veces, recurro a mis viejos amigos de los Balcanes para averiguar cómo funcionan de verdad las cosas; en este caso, hablo en uno de los hoteles de superlujo de Dubái con Ranko Lukic, una de las pocas personas de este lugar que está dispuesta a hablar sin exigir anonimato. Lukic es un joven empresario educado en Serbia y Estados Unidos que, al igual que la mayoría de hombres de negocios de Europa del Este, vive en la zona gris de la economía. Tras crecer bajo el comunismo, ha desarrollado un olfato finísimo para olisquear cómo cerrar un trato levantando el mínimo ruido. Pero la primera vez que llegó aquí se quedó de piedra por lo que sucedió después de transferir 3000 dólares a su abogado de Citibank Dubai.

«Me llama un tipo en tono agresivo y me pregunta: “¿Cuál es el propósito de esta transferencia?” Le contesto que no es asunto suyo, que es algo entre mi abogado y yo. Pero estaba patidifuso, y tuve que rellenar un formulario para transferir ¡esos tres mil de nada! Pero, por supuesto, Citibank es una empresa estadounidense. Más adelante tuve que efectuar dos transferencias de dos millones de euros a mi banco de los Emiratos para comprar fincas en Sheikh Zayeed Road, y el banco me llamó y me dijo: “Por favor, indíquenos el origen de este dinero”. Entonces les dije que venía de mis cultivos de tabaco ¡de Zimbabue! Dieron su conformidad y no hicieron más preguntas. ¡Hecho! ¿Por qué querían saber de dónde venía mi dinero? Si preguntan demasiado, ¡no venderán mucho!»

En cuanto una casa o un apartamento están registrados a nombre de una persona, ésta ya ha conseguido blanquear el dinero y puede reintroducirlo en el sistema financiero legítimo en cualquier lugar del mundo. Dubái puede carecer de alma, pero existe cierta honestidad bajo la fantasía de una lujosa cúpula del placer para los megarricos del mundo. Aquí mandan dos cosas: el dólar y el jeque Mo. Dubái será un país no democrático y un enorme centro de blanqueo de dinero de Oriente Medio, pero ha abrazado el libre comercio y la globalización; no ha basado su riqueza en el petróleo, sino que se ha inventado a sí mismo como nueva fuerza dentro del mundo árabe. Además, la hipocresía de Estados Unidos y Europa seguirá siendo condenable mientras permitan la existencia de paraísos fiscales. Éstos son instrumentos muy importantes para la delincuencia organizada, ya que ofrecen pabellones de conveniencia, compañías fantasma para ocultar actividades ilegales y un refugio en el que no pueden meter las narices las autoridades fiscales. La única explicación creíble para su crecimiento y su éxito es el hecho de que muchas empresas de la economía lícita emplean estos paraísos fiscales exactamente por los mismos motivos, especialmente la evasión de impuestos. El Gobierno de Estados Unidos podría obligarles a anular sus leyes de secreto bancario en menos que canta un gallo, si amenazasen con aplicar las mismas sanciones a los bancos de los paraísos fiscales que a las entidades que están sujetas a las leyes convencionales.

«Sería bastante fácil de hacer —reconoce un alto funcionario del National Security Council que ha trabajado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las administraciones de Clinton y Bush—. Vas a Liechtenstein, que es uno de estos lugares, les pones una pistola contra la sien y dices: “Si no terminas con esto, apretamos el gatillo”. Lo sugerí en tiempos de Clinton, pero por desgracia rechazaron la idea.» Sin paraísos fiscales, no sólo los mafiosos lo tendrían difícil para tener en marcha su dinero y sus empresas. También le habría costado mucho más a Enron.

La cuestión del blanqueo de dinero continuará persiguiendo a Dubái mientras esta ciudad-estado trate de presentarse como un modelo de transparencia. Pero la ciudad ha tenido que pagar un precio aún más alto por su éxito: un coste humano. Pues más allá del permanente atasco de tráfico entre Dubái y Sharjah se halla Ajman, el menor de los siete Emiratos Árabes Unidos. Es famoso entre los occidentales por albergar la única licorería del país en la que se pueden comprar bebidas alcohólicas sin licencia. Ajman también es conocido por los campos de trabajo donde se ve obligado a vivir el enorme ejército de mano de obra barata emigrante que está construyendo el nuevo Dubái.

La ciudad de Ajman no tiene nada especial, pero al viajar hacia ella desde Dubái de repente desaparecen los omnipresentes atascos de tráfico. Pronto todos los vehículos excepto el mío se han evaporado. Resulta de lo más extraño. En la distancia, las enormes dunas solitarias del desierto forman un horizonte ondulado pero monótono. Ya ha caído la oscuridad, y a escasos diez metros de la carretera se ven unos muros altos y desmigajados rodeados de polvo, arena y matorrales. Entro en un patio que se halla junto a unos barracones, donde hay algunas sillas de plástico ocupadas por un grupo de catorce hombres. La mayoría de ellos parecen desnutridos y envejecidos, pero el mayor de todos tiene treinta y cinco años. Me saludan inclinando la cabeza, sonriendo y charlando en voz baja. Hace cuatro meses que no les paga la empresa de propiedad saudita que les ha contratado para realizar trabajos de mantenimiento en edificios en construcción. Cuando aún cobraban, su sueldo era de 160 dólares mensuales. Para ganárselo tenían que salir de Ajman en autobús a las 5:30 de la madrugada para entrar a trabajar en Jebel Aly, a sesenta kilómetros. Allí les esperaban doce horas de trabajo durísimo bajo un sol que tan sólo media hora después del amanecer ya ha borrado a la mayoría de la gente de la calle. Luego vuelven hacinados a sus barracones de Ajman, donde tienen que comprar la comida y preparársela.

Las condiciones son infrahumanas. Unos sesenta hombres tienen que compartir un solo lavabo cuya pestilencia resulta insoportable a cinco metros de distancia. Entre ocho y quince hombres duermen en una habitación: los nepalíes en una, los bengalíes en la siguiente, los pakistaníes en otra y los indios en otra más. Duermen en delgados colchones tirados sobre el suelo de cemento o en literas metálicas destartaladas. La única otra instalación es un único fogón de gas que todos tienen que compartir para cocinar.

En un cacofónico coro babilónico, me cuentan que hace dos meses dejaron las herramientas y comunicaron su queja a la nueva policía de Empleo de Dubái. La existencia de este nuevo departamento refleja el hecho de que centenares de miles de obreros extranjeros de la ciudad comienzan a dar señales de agitación y a protestar convocando huelgas y cortando autopistas. Dubái no puede permitirse ser identificado como un lugar con fuerte presencia sindical. Pero este ejército de trabajadores extranjeros comienza a inquietarse mucho al contemplar la inconcebible opulencia del Dubái que están erigiendo y compararla con la dolorosa pobreza del mundo en el que viven. Las mujeres que han emigrado desde sus mismos países, que trabajan como sirvientas domésticas, pueden ver estas diferencias en primer plano. En los Emiratos, estas mujeres carecen de todo derecho porque no están consideradas «trabajadoras» sino «miembros de la familia» de sus patrones, de forma que se hallan en situación de vulnerabilidad frente a unos atroces abusos, al no ser más que criadas extranjeras. Al menos, los EAU han abandonado al fin la práctica de importar niños para trabajar como jinetes de carreras de camellos, uno de los deportes favoritos del país. Antes de que esta costumbre desapareciese, hubo incontables denuncias de maltratos y de las heridas gravísimas que sufrían los jinetes al participar en este espectáculo con que los jeques agasajaban a sus invitados. En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran las mujeres que llegan a la fuerza a los Emiratos. No se permite la entrada a ninguna ONG para defenderlas. En Moldavia, la ONG La Strada, que presta asistencia a las víctimas del tráfico de mujeres, manifiesta su desesperación al respecto de los EAU: «Sabemos de una chica que consiguió llamar a su madre una vez— explica Alina Buzeci—. Está prisionera en un apartamento de Dubái. La vigilan constantemente y nunca la dejan salir. Lo único que hace es atender a clientes un día tras otro. No hemos obtenido respuesta de la policía de los Emiratos. Si el tráfico las lleva allí, normalmente no hay esperanza para ellas.»

Poco a poco, los visionarios de Dubái se están dando cuenta de que tienen que trabajar con más diligencia para impedir que surjan problemas en su paraíso. Por eso comienzan a realizar algunas concesiones a estas personas desprovistas de derechos.

En un gesto encomiable, la policía ordenó a la compañía saudita que pagase los salarios atrasados, aunque al final sólo abonaron la mitad de lo que debían. La policía también dictaminó que debía suministrarse agua a los barracones de los obreros.

«Al cabo de unas dos semanas, aparecieron con esta cisterna —me explica Ibrahim mientras extrae un poco de agua de ella—. «¡Pruébela! —me dice, tendiéndome el vaso—. “¡Puaj! ¡Es salobre!” —exclamé, escupiéndola—. “Sí; ésta es nuestra nueva agua potable”.»

Hom Bahadur Thapa me contempla con aire triste mientras aún siento arcadas por el agua. Tiene el rostro delicado y bello común entre los nepalíes, cuyos rasgos faciales parecen ser el puente entre la India y China. Es uno de los 175 millones de personas del mundo que se han marchado de su hogar desde finales de los años ochenta, la mayoría de ellos para huir de la pobreza y ofrecerse como mano de obra a economías más dinámicas. También fue víctima de un ladino traficante de emigrantes. «Pagué 100 000 rupias [2500 dólares] para venir aquí desde Katmandú; era todo el dinero que tenía mi familia, y aún tuve que tomar algo prestado. Mi mujer y mi hijo continúan allí y dependen de mí. Ahora ella está enferma y no tengo nada que enviar. Sólo quiero el dinero que me deben para poder volver a Katmandú.» No es fácil, porque cuando un extranjero llega a los EAU para trabajar, quien les da trabajo se queda con su pasaporte. Estos hombres están encadenados a sus patrones, que pueden pagarles sueldos de hambre durante años hasta que sienten el capricho de dejarlos ir. Pero también están encadenados a sus traficantes. El hombre al que Hom pagó 100 000 rupias por facilitarle un empleo y el pasaje a Dubái le aseguró que ganaría 550 dólares al mes. A pesar de que después se supo que le habían mentido sobre el salario, Hom continuó debiéndole con intereses la parte de las 100 000 rupias que aún no había pagado (la connivencia entre el patrón y el traficante es obvia). Al igual que los demás hombres de los barracones, Hom fue traído hasta aquí con promesas falsas. La libre circulación transfronteriza de capitales, bienes y servicios es uno de los pilares de la globalización tal y como se ha conocido durante los últimos veinte años. Hasta ahora, este tráfico ha sido sobre todo unidireccional; se ha exigido a los países en desarrollo que abriesen sus mercados y abandonasen la política proteccionista de posguerra. Ha sido una transición difícil para la mayoría de los países, especialmente los que —a diferencia de la India, Corea y China— no han podido aplicar economías de escala. Así, Occidente comenzó a exportar sus productos manufacturados al mundo en desarrollo, fundó fábricas y se embolsó los beneficios, mientras se negaba a corresponder abriendo su mercado agrícola. Sin embargo, no menos perjudiciales han resultado las duras restricciones que Occidente impone a la emigración de trabajadores: el «flujo mundial desaparecido», como a veces se le llama.

La globalización sólo funcionará si el libre movimiento de capitales, bienes y servicios se complementa con la libre circulación de los trabajadores, o como mínimo con una circulación más generosa que la que existe hoy. Hemos dispuesto unas normas del juego desiguales que poseen, como mínimo, una consecuencia que mina el progreso de la globalización e incluso pone ese proceso en tela de juicio.

Es incalculable el número de trabajadores que cruzan fronteras ilegalmente cada año en busca de empleo. Aunque muchos se prestan voluntariamente a ello, millones son víctimas del tráfico de emigrantes. Se emplea la fuerza, el chantaje o el engaño para llevarlos a su destino, en los casos en que llegan a éste, puesto que a menudo el viaje es extremadamente peligroso. Es paradójico que, al mismo tiempo que crecía la demanda de mano de obra emigrante en las economías occidentales durante los años noventa, se intensificaban los controles fronterizos en casi todas partes. Ello ha generado un enorme mercado para el tráfico de personas, alimentado por la demanda de las empresas occidentales de mano de obra barata por la que no deban pagar impuestos.

A pesar de la gran población de estudiantes de la Southern Illinois University, en Carbondale no había demasiado ambiente a mediados de los años setenta. Fui a parar allí porque mi padre había cometido la temeridad de aceptar una plaza de profesor para traducir las obras del gran cineasta ruso Sergei Eisenstein. Acababa de terminar la educación secundaria y necesitaba ganar algo de dinero, pero al no ser ciudadano estadounidense los empleos lícitos estaban más o menos fuera de mi alcance. Por las noches, repartía pizzas para Mama Gina’s con un éxito considerable; en aquellos tiempos, tener acento británico aún podía significar 25 centavos más de propina. Durante el día trabajaba en la planta de empaquetado de Nutrition Headquarters, donde topé por primera vez con la profunda obsesión estadounidense por las vitaminas y los suplementos alimentarios. Durante diez horas al día tenía que empaquetar en una mesa los pedidos de los clientes para su posterior envío a domicilio; según recuerdo, la mayoría iban destinados a Florida.

Puedo decir que hoy día Nutrition Headquarters es una empresa prominente por emplear a mano de obra legal; después de todo, la dirección de su sede social se halla en la Nutritional Plaza Drive, sin duda en honor a todos los empleos que ha creado para los trabajadores estadounidenses. Por desgracia, en los tiempos victorianos de mi juventud esta corporación estaba claramente dispuesta a emplear a ilegales. Yo no sólo era el único trabajador de raza blanca, sino también el único que hablaba inglés. La gran mayoría de los demás eran vietnamitas y, al igual que yo, estaban demasiado acobardados para protestar acerca de la paga y las condiciones de trabajo. Los supervisores eran mujeres estadounidenses incultas que merodeaban por el almacén como lobos, ansiosas por encontrar a algún trabajador holgazaneando. Al final me las vi con ellas cuando una gastroenteritis me obligó a ir al baño cada hora. Aún recuerdo el rostro de aquella supervisora treintañera, bajita y de pelo oscuro rizado, que me anunció triunfante con voz nasal que estaba despedido por ir al lavabo sin permiso. Yo apenas podía contener la alegría, pero los otros pobres que perdieron el empleo mientras estuve allí gimotearon y tiritaron antes de marcharse cabizbajos hacia un futuro incierto y, tal vez, indigente.

Desde que viví aquella experiencia tan reveladora entre los emigrantes de Carbondale, nuestra cultura de consumo se ha diversificado aún mucho más en oferta e hipermercados. La necesidad de mano de obra no cualificada (especialmente en el sector agrícola) ha alcanzado niveles inéditos, mientras que la población nativa de los países occidentales se abstiene totalmente de trabajar por salarios bajos o en condiciones inseguras. El tráfico de emigrantes es enorme y, al ser en su mayor parte ilegal, sólo pueden dedicarse a él delincuentes. Para cubrir la demanda, los empresarios recurren a jefes mafiosos de su zona para pedirles mano de obra barata. Los ilegales tienen que recoger berberechos en Morecambe Bay (Inglaterra) a 1,60 dólares la hora o sacrificar reses en Pensilvania a escala industrial por 2,50 la hora, o recoger aceitunas en Italia, Grecia o España. Incluso en Japón, que tradicionalmente ha tratado de evitar la importación de mano de obra extranjera, se duplicó la población foránea entre 1975 y 2001, ya que la autóctona, cada vez más envejecida, se encuentra menos dispuesta a asumir los trabajos sucios, peligrosos y difíciles.

Los jefes mafiosos se mantienen en contacto con los traficantes, que reclutan a los emigrantes y organizan su transporte. Los traficantes y sus cómplices aprovechan cualquier resquicio que puedan encontrar en la frontera. Sobornan a funcionarios de consulados y oficinas de inmigración para hacerse con visados; por ejemplo, varios grandes gánsteres rusos, como Sergei Mikhailov, consiguieron pasaporte israelí untando de dinero a funcionarios de bajo rango. Encierran a los obreros en remolques de camión falsos, o los hacinan como sardinas en la bodega de cascarones de nuez tan oxidados que tal vez no lleguen a terminar la travesía al otro lado del mar Mediterráneo o del océano Índico.

Por supuesto, continúan marchándose trabajadores de sus paupérrimos pueblos, sus familias siguen invirtiendo todos sus ahorros para pagar el pasaje al extranjero, y decenas de países dependen del dinero que envían los emigrantes. Pero se trata de un mercado increíblemente lucrativo y abusivo dominado por bandas de delincuentes. Además, una vez que los obreros llegan a su destino no poseen acceso a servicios sociales ni sanitarios en caso de que tengan problemas. Durante los últimos años ha descendido constantemente el salario que ganan los emigrantes ilegales en muchas partes del mundo. Se trata tan sólo del principio de un fenómeno cuya influencia no hará más que aumentar durante las próximas décadas. Se trata de China. El océano de mano de obra barata que aguarda pacientemente en la China rural está filtrándose hacia el resto del mundo. Nadie puede igualar las economías de escala de los chinos.

El teniente general Dahi Khalfan Tamim, director de la policía de Dubái, se expresó categóricamente al iniciar una nueva batalla contra la prostitución: «Lucharemos contra todo lo que afecte negativamente a la sociedad». Lo tenía bastante difícil. Aquella misma noche fui a un club llamado Cyclone, en pleno centro de Deira. Se trata de un enorme complejo de dos pisos con guardias de uniforme y de paisano que registran a todas las personas que entran; de hecho, a todos los hombres, porque no entra ninguna mujer. Dubái todavía está de luto por el fallecimiento del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que durante tres décadas gobernó y reinventó la ciudad. Su muerte ha provocado la cancelación del Mes de las Compras, el descomunal festín consumista anual que atrae a Dubái a las personas más ricas del mundo para que adquieran gangas libres de impuestos aún más espectaculares que de costumbre. Se estima que al no celebrarlo Dubái dejará de ingresar 3000 millones de dólares; el jeque Mo, el hijo del gobernante fallecido, está sometido a una gran presión para que esta joven celebración anual no se vea afectada por usos ancestrales de Dubái que no convienen a los negocios.

La aplicación del luto nacional en el Cyclone se ha traducido en que no actuarán DJ en directo durante cuarenta días. En cambio, la otra actividad básica del local continúa imperturbable. Al llegar a la sala principal veo una barra ovalada a cada lado de la entrada. Entre ambas hay una línea invisible. Las decenas de chicas que se agolpan en la barra de la izquierda nunca van a la otra, y viceversa. Me acerco a la de la izquierda para pedir una bebida. En cuestión de segundos, siento una mano que me agarra por la muñeca y me empieza a hablar una mujer china de unos diecinueve años. «¿Te gusto? ¿No? ¿Quieres acostarte conmigo? Se me da muy bien el sexo. Sólo 400 dirhams [100 dólares]. Soy muy buena.» Sonrío y declino educadamente la oferta; su decepción es evidente, pero no porque la vuelva loca mi papada de cuarentón sino porque cuanto más tarde en encontrar un cliente menos le podrá cobrar. «A las tres de la madrugada —me explica Ted, un neozelandés veinteañero que, según me dice, está de viaje por el mundo para ampliar sus horizontes— las puedes pillar por cincuenta dirhams. Por eso a partir de esa hora hay africanos afuera; entonces las chicas se acuestan con cualquiera al precio que sea.» Sonrió. La barra ovalada de la derecha está poblada por mujeres rusas y ucranianas. Una rubia alta de menos de treinta años se me acerca y me pregunta si quiero irme a la cama con ella.

«Soy profesora de sexo —gruñe—. Te enseño todas las cosas buenas.»

Le hablo en ruso chapurreado y ella me contesta en inglés chapurreado. Es divertido para los dos. Rechazo su oferta, pero la invito a tomar algo. Eso la sorprende. «¿Por qué están las chinas allí y vosotras aquí?»

«Tenemos un acuerdo —contesta—. Aún no lo ha roto nadie. Pero las chinas quieren mucho. Quieren todo el negocio, y son más jóvenes y piden menos dinero. Las odiamos.» Las prostitutas rusas y ucranianas están perdiendo mercado porque hay un sinfín de jóvenes chinas dispuestas a acostarse con hombres por menos dinero que las de Europa del Este.

Para quienes no estén versados en este mercado, entrar en la zona china del Cyclone resulta una experiencia intimidatoria. Cuando volví al hotel, comenzaba a preguntarme quién era el depredador y quién la presa, viendo la encarnizada competencia que hay entre las prostitutas extranjeras de Dubái.

Por supuesto, la lucha contra el mercado del sexo en Dubái no es más que una campaña de imagen. La población que esta ciudad trata de atraer para que se instale a vivir y trabajar aquí se compone básicamente de hombres jóvenes solteros. Las relaciones entre los hombres no árabes y las mujeres autóctonas son muy raras y no están bien vistas. Así, los recién llegados tienen que buscar otras distracciones.

En Dubái casi no existe delincuencia común: es uno de los lugares más seguros del mundo. Por eso los estallidos de violencia llaman muchísimo la atención. La noche del 19 de enero de 2003 un próspero empresario hotelero llamado Sharad Shetty entraba en el India Club de Dubái, un local de lujo para residentes indios que se halla en una parcela que donó el propio jeque Rashid en 1964. Shetty acudía a cenar con unos amigos, pero cuando aún no había llegado al comedor se le acercaron dos hombres de entre veinte y treinta años de edad, le pegaron cinco tiros y salieron corriendo hacia el coche que les esperaba para escapar. La policía de Dubái no tardó en relacionar a los asesinos con hombres de Chhota Rajan, ya que Shetty era uno de los consejeros más importantes de Dawood Ibrahim. Tres años antes, los hombres de Dawood habían intentado infructuosamente asesinar a Chhota Rajan cuando estaba ingresado en un hospital en Tailandia.

La guerra de bandas de Mumbai había llegado a los barrios exclusivos de Dubái, y las autoridades decidieron tomar medidas drásticas. Arremetieron contra los socios de Chhota Rajan y los de Dawood Ibrahim. Al poco tiempo detuvieron a dos de los hermanos de Dawood y los deportaron a la India. El propio Dawood ya había comenzado a menguar su presencia en Dubái en 1998, cuando vendió la Casa Blanca y comenzó a pasar menos tiempo en la ciudad. Empezó a trabajar cada vez más con Pakistán; terminó mudándose a Karachi, donde actualmente vive en el opulento barrio montañoso de Clifton bajo la protección del Estado pakistaní. Continúa siendo una figura poderosa en la mafia de Mumbai, pero depende de los designios del ISI. La India exige su extradición para juzgarle, pero Islamabad no reconoce su presencia en territorio pakistaní, a pesar de que ya se hallaba bien documentada aun antes de que se celebrase la untuosa boda entre la hija de Dawood y el idolatrado ex capitán del equipo pakistaní de críquet, Javed Miandad.

La investigación de los atentados de Mumbai, que se prolongó durante catorce años hasta llevar a juicio a decenas de sospechosos, reveló hasta qué punto había irrumpido el gansterismo en la vida socioeconómica de la ciudad. Sobre todo, llama la atención que las bandas mafiosas salidas de la pobreza y el desempleo crónico hayan absorbido a la industria cinematográfica, Bollywood, uno de los grandes iconos culturales de todo el mundo. Capitostes mafiosos como Chhota Shakeel son quienes toman las decisiones financieras de quién rueda películas, quiénes se convierten en estrellas, quiénes distribuyen los filmes y por cuánto dinero.

El derramamiento de la sangre de Sharad Shetty en el India Club bastó para que Dubái cercase y neutralizase a los miembros más prominentes de la mafia de Mumbai. Pero la constante presión diplomática ejercida por la India sobre la ciudad-estado también dio sus frutos. La importancia económica de la India para Dubái es muy superior a la de Pakistán, aunque este último sea, como aquél, un país musulmán.

Los delitos violentos son muy infrecuentes en Dubái y, cuando se producen, normalmente las represalias son inmediatas. Pero eso no significa que allí no existan delincuencia ni economía sumergida. El mercado lícito de productos, servicios y capital está sujeto en Dubái a las condiciones menos restrictivas del mundo. La economía sumergida funciona con la misma falta de limitaciones, y es en Dubái donde converge el dinero de ambos sistemas económicos y donde salta a la vista hasta qué punto es simbiótica la relación entre la economía legal y la sumergida.

8

EL TEATRO DEL CRIMEN

La paciencia de Jaime Queiroz Lopez se había agotado. Desde hacía varios días Nelson Sakaguchi, su compañero de la directiva del Banco Noroeste, una importante entidad bancaria privada brasileña, escurría el bulto para no cumplir una orden urgente: tenía que entregar a Lopez toda la documentación relacionada con sus operaciones de los últimos tres años con las islas Caimán. Cuando, aquella mañana de febrero de 1998, Sakaguchi empezó a aducir un nuevo pretexto, Lopez perdió la calma, agarró a su colega por las solapas de la americana y le gritó: «¡Ya está bien de historias! ¡Quiero ver los números ya!».

Aquél debió de ser un momento de vértigo para Sakaguchi. Como directivo bancario internacional había saboreado las mieles del éxito más selectas: tras ser director en Nueva York de uno de los bancos brasileños más poderosos, se movía a sus anchas en las reuniones ministeriales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se le consideraba un modelo de eficacia y un hombre exento de vanidad personal, aunque no fuera especialmente cálido. Durante catorce años había ejercido un control total sobre las cuentas de ultramar del Banco Noroeste. Intimidado por la furia de Lopez, balbuceó: «Siempre he llevado el juego en la sangre, ¿saben?». Entonces se vino abajo y al fin le entregó las cifras.

Por primera vez, Sakaguchi había perdido el control públicamente.

En realidad, las cosas se le habían escapado de las manos tres años antes, el día en que su departamento recibió un fax de un tal Tafida Williams, director de Presupuesto y Planificación del Ministerio de Aviación de Nigeria. En el fax, Williams explicaba que un cliente nigeriano del Banco Noroeste había comentado que tal vez dicha entidad estuviese interesada en cierta inversión conjunta con el Ministerio de Aviación. Sakaguchi conocía al cliente en cuestión, por lo que leyó la oferta nigeriana con interés. Williams explicaba que había surgido una oportunidad única y muy lucrativa. En 1991, el Gobierno nigeriano trasladó la capital del país de Lagos a Abuja, y había llegado el momento de construir un aeropuerto grande y nuevo para cubrir las necesidades de la ciudad de mayor crecimiento del país más poblado de África. El Ministerio de Aviación y el Banco Central de Nigeria buscaban inversores externos para el proyecto. La rentabilidad del proyecto, aseguraba Williams, sería altamente atractiva. Nelson Sakaguchi respondió como el astuto banquero que era: señaló que su empresa querría explorar la posibilidad de una cooperación.

Poco tiempo después, Sakaguchi salía en limusina del aeropuerto de Heathrow hacia un lujoso hotel de la capital británica para debatir la propuesta con una delegación nigeriana de alto rango. Cuando entró en la suite del hotel, un hombre elegante y algo fornido le tendió su tarjeta: «Paul Ogwuma. Director. Banco Central de Nigeria». Aunque Sakaguchi no había conocido hasta entonces a la máxima autoridad bancaria de Nigeria, sí sabía de la sólida reputación de Ogwuma en el mundo de las finanzas internacionales. También estaba allí su mano derecha, la esposa de éste y un alto representante del Ministerio de Aviación de Nigeria. La reunión transcurrió en un ambiente cordial y profesional.

Aunque a Sakaguchi le gustaba asumir riesgos, nunca había jugado tan fuerte. Los nigerianos buscaban unos 50 millones de dólares para el aeropuerto, pero el capital del Banco Noroeste sólo ascendía a 500 millones. Sin embargo, los beneficios potenciales eran enormes. Sakaguchi no tardó en autorizar una primera transferencia de cuatro millones de dólares, que no fue la última.

Tafida Williams, del Departamento de Presupuesto y Planificación del Ministerio, no formaba parte de la delegación con que se entrevistó en Londres. Su verdadero nombre era Bless Okereke y jamás habría sido creíble en el papel de jefe de departamento: tenía poco más de veinte años, carecía de formación universitaria y bastante difícil le resultaba ya encajar en el puesto de funcionario público que acababa de ocupar. Cuando Sakaguchi comenzó a firmar cheques a finales de 1995, Bless comenzó a percibir una comisión por su contribución al cierre del trato con el Banco Noroeste. Deslumbrado por el dinero que estaba ganando, no pudo resistir la tentación de comenzar a hacer ostentaciones. Dejó la habitacioncilla donde vivía y alquiló un espacioso apartamento en su localidad natal de Enugu, la polvorienta capital de la provincia nigeriana del mismo nombre. También se compró un todoterreno nuevo con el que se pavoneaba encantado por la ciudad. Su repentino ingreso en las clases privilegiadas debió de sorprender a sus amigos y parientes, y ello debió de suscitar especulaciones, celos y admiración a partes iguales. «No era más que un chaval al que todo esto le venía grande», explica Umar Mamman Sanda, un sobrio investigador de la Comisión de Delitos Financieros y Económicos (EFCC, por sus siglas en inglés) de Abuja, la capital nigeriana. Pero su gasto incontrolado no se debía únicamente a la alegría de vivir que engendran los regalos caídos del cielo. Como muchos jóvenes nigerianos, Bless se estaba haciendo valer ante la sociedad. Hoy día, la llegada a la edad adulta de un hombre en Nigeria constituye un peculiar rito híbrido. Las generaciones anteriores tenían que enfrentarse a los peligros de la selva y librar una batalla física y espiritual contra los representantes más elevados del reino animal. Pero el siglo XX imprimió enormes cambios en Nigeria, y ahora el olor de Bless y su dinero atrajeron a criaturas menos nobles, que lucían gafas de sol Ray-Ban y brazaletes de oro.

El pobre Bless sufrió una maldición: el dinero lo había transformado de cazador en presa. Al llamar demasiado la atención, constituía una amenaza para la seguridad de sus colegas y de toda la operación que estaba generando los fondos. Al menos, eso es lo que deduce el inspector Sanda de la EFCC, la persona que mejor conoce este caso. Aquella noche, circulando por Enugu, Bless vio que un coche le seguía muy de cerca. En cierto momento se acercó tanto que Bless saltó del jeep y entró corriendo en el patio de un hotel, perseguido por varios hombres. Saltó una valla y accedió al patio siguiente, pero lo acorralaron y lo asesinaron de unos pocos disparos. Muchos nigerianos dicen que, aunque la delincuencia es una plaga en su país, los niveles de violencia son bajos. Y es cierto, pero hay excepciones. Y, comoquiera que Bless Okereke estaba implicado en la mayor estafa de la historia del tipo conocido como «fraude del pago por adelantado», «timo nigeriano» o «fraude 419», fue una de esas excepciones: un personaje secundario de un drama que, según la exuberante descripción que publica la EFCC en su página de Internet, «tiene todos los elementos de una película de éxito: emoción, drama, sexo, poder, avaricia, suspense, tragedia, de todo». Y al menos dos asesinatos. Bless había sido elegido para el papel por el mayor estafador de Nigeria: Emmanuel Nwude, alias Chief (jefe).

A la espera de que le juzguen por conspiración para cometer un delito, Nelson Sakaguchi jura y perjura desde su modesto hogar de Coita, a las afueras de São Paulo, no haber visto nada extraño en el negocio nigeriano y no tener la menor idea de que su socio en la estafa del aeropuerto de Abuja fuera Chief Nwude. Aunque carece de educación formal y ha sido calificado de «matón» por un abogado, este personaje nigeriano supo moverse con habilidad por las alcantarillas de la corruptocracia de Nigeria. Si bien es cierto que era un empresario próspero, desde luego no era quien dijo ser en aquella reunión londinense: Paul Ogwuma, el director del Banco Central de Nigeria.

Todo el mundo coincide en que Sakaguchi fue víctima de un fraude monumental, pero nadie entiende cómo un banquero tan experimentado como él se dejó timar, ni por qué malversó fondos de su empresa. Según los abogados del banco, desde su posición a cargo de las cuentas del Noroeste en las islas Caimán, Sakaguchi robó decenas de millones de dólares entre 1995 y 1997 para pasarlos a Nigeria. Sakaguchi insiste en que fue víctima de un fraude puro y duro, y no sustrajo nada a su empresa. Cada una de las transferencias se realizó en volúmenes inferiores a los seis millones de dólares. Si hubiera sobrepasado esa cifra habría precisado autorización. Sakaguchi transfirió el dinero por rutas increíblemente intrincadas a través del Reino Unido, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos. Sólo en Nigeria se utilizaron diecisiete bancos distintos para mover y camuflar el capital. Pese a las grandes sumas y a su inusual trayectoria por el mundo, a nadie le pareció oportuno activar los tan cacareados mecanismos de alarma del sistema bancario occidental. «Sin la menor duda —explica Domingos Refinetti, abogado del Noroeste para la recuperación de bienes en São Paulo—, los bancos se limitaron a pasar el dinero y cerrar los ojos.»

Desde los bancos, estas decenas de millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de Nwude y de sus dos socios principales, el matrimonio formado por Christian Ikechukwu Anajemba y Amaka Anajemba. Los tres se embarcaron en una especie de partida de Monopoly mundial y adquirieron palacios en Nigeria, fincas en las playas californianas de Redondo y Huntington y una serie impresionante de inmuebles en el norte de Londres. Eran buenos inversores. «Eso nos facilitó el trabajo a la hora de recuperar el dinero —señala Keith Oliver, abogado londinense especializado en la recuperación de bienes—. Las casas habían subido tanto de valor que pudimos cubrir muchísimas más pérdidas de las previstas.»

Aunque en ningún momento ha dejado de ser obvio cuál era el móvil de los estafadores nigerianos, la ingenuidad de Sakaguchi no resulta fácil de creer. No hay pruebas de que actuara en connivencia con los estafadores: en este sentido es una víctima auténtica. Pero financió este atrevido fraude con dinero que no le pertenecía. La investigación del Noroeste ha consumido miles o incluso millones de horas de trabajo, y constituye el tercer mayor desfalco bancario de la historia, por detrás de la destrucción del Barings Bank obrada por Nick Leeson y del saqueo del Banco Nacional Iraquí tras la invasión estadounidense de marzo de 2003. Pero no hay un solo abogado, juez, policía, estafador, amigo o consejero espiritual de Nelson Sakaguchi que pueda responder las dos preguntas más importantes: ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo cayó en la trampa?

«Cuesta entender que se dejara engañar por esto —apunta Keith Oliver, mostrando una carta de los timadores con el siguiente membrete: “The Federal Reserve Clearing House, Chadwell Heath, Romford, Essex”.» No hay ninguna zona residencial del noreste de Londres que sea más anónima e insulsa que Chadwell Heath, aunque Oliver salió a comprobar de primera mano que no se hubiera transformado de la noche a la mañana en un centro financiero internacional. Estuvo circulando en coche varias horas por la zona, «sólo para poder decir en mi declaración jurada que allí no había nada llamado Federal Reserve Clearing House».

Pero Sakaguchi intercambiaba correspondencia regularmente con el Federal Clearing Bank de Chadwell Heath y otras entidades como si fueran genuinas. Con toda probabilidad perdió el rastro de las diferencias entre ilusión y realidad. Parecía completamente atrapado en la combinación de miedo y adicción que caracteriza a las víctimas de la estafa 419 (así llamada por la cláusula pertinente del código penal nigeriano).

Este fraude adopta muchas formas y tamaños. A veces es un llamamiento a occidentales ricos para que acudan en ayuda de un niño africano pobre; también es frecuente el envío de cartas y e-mails, en especial con destino a Estados Unidos, que piden fondos para construir una iglesia nueva o para apoyar a una congregación. En estos casos, las víctimas actúan con buenas y caritativas intenciones. Otra presa lucrativa del fraude 419 son personas necesitadas de amor, en especial viudas y divorciadas de mediana edad que entablan relaciones virtuales con unos jóvenes hombres-objeto de África occidental que, poco a poco, las despluman de sus ahorros para pagar los costes de su viaje con vistas a celebrar un encuentro sexual que nunca llega a producirse.

Pero, por encima de todo, los practicantes del timo 419 apelan a un instinto tan bajo como la codicia. Annie McGuire, una víctima californiana de la estafa, explica que cuenta con una buena formación, «un buen coeficiente intelectual, y tres empresas que poseía y dirigía hasta que me retiré a los cuarenta y tantos años. Mi marido y yo teníamos un fondo de pensiones muy bueno y con muchas posibilidades de crecer». Y, pese a todo, confiesa: «queríamos más; colegios privados para nuestros nietos; cuentas de ahorro para ellos y pagar a expertos para que les enseñaran a gestionar su dinero. Queríamos viajar y comprar una residencia de verano y otra de invierno para no sentir el mal tiempo en las articulaciones. Mi marido quería caballos y yo un equipo de alta fidelidad de tomo y lomo. Creí que tenía suficiente mundo para saber aprovechar una oportunidad de ganar rápidamente mucho dinero si se presentaba». Por desgracia para Annie, cometió el error de asociarse con un estafador nigeriano de gama alta que le aseguró que comerciaba con activos financieros de tipo commodity. Annie no tardo en descubrir que el timador había desviado casi un millón de dólares de su dinero y del de otros inversores hacia una cuenta corporativa falsa de las Bahamas. Aunque se había metido en un buen lío, Annie tuvo una reacción infrecuente: acudió al FBI. La mayoría de las víctimas de estafas desarrollan una dependencia psicológica muy peculiar con respecto al estafador: cuanto más dinero pierden, más desesperadamente creen en la promesa de que van a ganar mucho dinero, y más dispuestos están a desembolsar más capital.

Son incontables los europeos y norteamericanos que cada año pierden miles, decenas y centenares de millares de dólares. Todos creen que van a ganar millones ocultando y vehiculando dinero que teóricamente procede de cuentas ocultas de empresarios occidentales, o de viudas de antiguos dictadores africanos como el de Nigeria, Sani Abacha, o Mobutu Sese Seko (de Zaire, actualmente República Democrática del Congo).

El timo es simple: para que las víctimas (o mugus, como los llaman en Nigeria) puedan apoderarse de aquellos millones que tienen al alcance de la mano, el timador les pide en algún momento que transfieran un pago de varios miles de dólares como honorarios para el «abogado» del banco. Por eso la estafa 419 se llama también «fraude del pago por adelantado». Una vez que el mugu está enganchado, le piden que pague sumas cada vez más grandes, cosa que hace atraído por la promesa de los millones ficticios que están a la vuelta de la esquina. «Los estafadores explotan un fallo sencillo de la psicología humana —explica en Lagos Alhaji Ibrahim Lamorde, jefe de operaciones de la EFCC—. Si uno ya ha invertido, por ejemplo, un millón de dólares y su socio le pide que ponga otros doscientos mil para que puedan hacerse realidad los beneficios, uno piensa “Bueno, comparado con el millón, doscientos mil no es tanto”. Así que los paga, pero el socio vuelve al cabo de dos semanas y pide ciento cincuenta mil más.» Es el mismo mecanismo de motivación de un adicto al juego. «Se retuercen como peces que han mordido el anzuelo», concluye Lamorde.

Ultrascan Advanced Global Investigations, una empresa holandesa especializada en destapar fraudes 419, ha contabilizado que, sólo en 2005, hubo ciudadanos de treinta y ocho países desarrollados que reconocieron pérdidas superiores a los 3000 millones de dólares. Estas estimaciones son necesariamente bajas, porque excluyen a todas las víctimas que no han confesado su ingenuidad ante las fuerzas del orden. La mayoría de las víctimas dicen sentir una intensa mezcla de vergüenza y culpabilidad cuando caen en las garras de estos timadores, y en marzo de 2003 se dio el primer caso en que una víctima cometió un asesinato para desahogar su frustración. Jiri Pasovsky, un pensionista checo de setenta y dos años, entró en la Embajada nigeriana de Praga y mató de un tiro a un secretario cuando el cónsul general le informó de que no podía devolverle los 600 000 dólares que le había estafado alguien de Nigeria.

Cada vez que Nelson Sakaguchi transfería tres o cuatro millones de dólares más, esperaba que empezaran a llegar las ganancias. Pero Nwude y sus cómplices le pedían más dinero para cubrir supuestos sobornos u honorarios de abogados. A medida que aumentaban las pérdidas de Sakaguchi, también crecía su compulsión por pagar más millones, con la esperanza de recuperar la suma cada vez mayor que estaba invirtiendo. En algún momento de la estafa, la ansiedad se mezcla con una desesperación que sume a la víctima en un infierno. La reacción de Sakaguchi fue buscar el consejo del macumbe, el sincrético culto religioso brasileño en el que el cristianismo se funde con el animismo del África occidental. Maria Rodriguez era una sacerdotisa macumba a la que Sakaguchi solía consultar.

Durante las prolongadas pesquisas del affair del Banco Noroeste, Maria Rodriguez aportó una nota de frivolidad que fue agradecida por los investigadores. En cierto momento, el Gobierno brasileño concedió excepcionalmente permiso a un juez suizo para que celebrase audiencias en Brasil de cara a establecer si Sakaguchi y algunos de los estafadores nigerianos debían ser procesados en Suiza por blanqueo de dinero; Sakaguchi terminó siendo declarado culpable y fue sentenciado a pasar treinta meses en una institución penitenciaria suiza. En el juicio se oyó el testimonio de Maria Rodriguez, tal y como recuerda Domingos Refinetti, que se encontraba allí en representación del Banco Noroeste:

—Necesitaba dinero de Sakaguchi —dijo Rodriguez— porque tenía que comprar 120 000 palomas blancas para un ritual concreto. Con estas palomas, los problemas de Sakaguchi se resolverían. Y me consiguió las palomas.

—¿Y dónde las tenía guardadas? —inquirió el juez—. ¿O estaban revoloteando por todas partes?

En aquel momento, el juez no pudo contenerse y se echó a reír. Lo curioso es que Maria Rodriguez explicó que a continuación pidió dinero para comprar 120 000 palomas negras. El juez, apenas capaz de controlar su alborozo, dijo:

«Supongo que, como ya había comprado 120 000 palomas blancas, había hecho que subieran de precio y necesitaba palomas negras para reequilibrar el mercado de inversiones en palomas, ¿no?».

Pero el coste de las aves y los rituales no eran ninguna broma. En total, Sakaguchi sacó nada menos que 20 millones de dólares de las islas Caimán que fueron a parar al bolsillo de la hoy difunta Maria Rodriguez.

Al otro lado del Atlántico, en Lagos y Enugu, Nwude y su principal cómplice, Christian Ikechukwu Anajemba, se dedicaban a explotar el prestigio social y empresarial que trae consigo el dinero en grandes cantidades. Nwude fue nombrado director del Union Bank, uno de los mayores de Nigeria. Se presentaba como un hábil comerciante petrolero que acababa de empezar a comerciar a lo grande: comenzó a coleccionar automóviles clásicos y modernos, desde Mayburys hasta Rolls-Royces. Anajemba importó mármol por valor de millones de dólares para sus nuevas mansiones y compró joyas fabulosas para su esposa, Amaka, que más tarde fue apodada con admiración «la reina de los 419» por la prensa nigeriana. Aunque las cuentas sufrían una constante hemorragia y enormes sumas de origen oscuro pasaban de banco a banco, las auditorías continuaron firmándose alegremente y nadie pareció darse cuenta de nada ni en Brasil, ni en las Caimán, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Suiza, ni en Nigeria. Absolutamente nadie.

Existen motivos importantes para que Nigeria se haya convertido en la plaza mayor de la delincuencia: alberga la cultura de fraudes financieros más pujante del mundo. Como en cualquier buen teatro, el público (o, en este caso, las víctimas) tiene que ser crédulo para que la ilusión funcione. En Nigeria se dan las condiciones perfectas para un empresario en ciernes porque es el mejor ejemplo del mundo de un extraño ser híbrido: los denominados «Estados Potemkin», formados por unas instituciones que, en realidad, no son más que fachadas totalmente desprovistas de sustancia.

Con una camisa de vivos colores africanos y unos pantalones ajustados que definen su fibrado cuerpo, Dede Mabiaku expresa enérgicamente la opinión de que los «europeos» son los responsables de la corrupción generalizada en Nigeria y, concretamente, de los timos 419. «¡Ellos inventaron el ordenador!», exclama. Dede se encamina a una fiesta organizada por Hakim Belo Osagie, uno de los banqueros más importantes de Nigeria. Es un cantante popular, sobrino y protegido de Fela Kuti, músico conocido mundialmente, y está convencido de que las raíces de la cleptocracia nigeriana se hallan en la cultura occidental. Señala que las empresas explotaron los recursos naturales de África sin dar nada a cambio, y que la corrupción fue indispensable para que estas compañías pudiesen efectuar sus operaciones. «El 419 y los demás timos no hacen más que reequilibrar la balanza —dice—. Si los europeos se dejan estafar, se lo merecen. Son avariciosos y tratan de ganar dinero explotando al pueblo africano.»

Existe un gran elemento de verdad en lo que afirma Mabiaku: el legado de la colonización ha sido decisivo en la configuración de la Nigeria moderna. Europa ha explotado las riquezas de África durante más de doscientos años, y en fechas más recientes se ha añadido al festín Estados Unidos, y ahora incluso China. Los colonos europeos extraían del continente africano productos (ya fueran esclavos, aceite de palma o diamantes) y a cambio dejaban fronteras y burocracia, países y bancos centrales, aranceles aduaneros e impuestos. En pocas palabras, a su paso dejaban el Estado moderno, esa tupida red de instituciones que durante muchos siglos hizo de nexo entre los gobernantes y los gobernados de Europa.

Los africanos no pidieron estas instituciones, ni tampoco está claro que las quisieran o las necesitaran. Pero, para llevar a buen puerto sus empresas comerciales, los europeos no podían prescindir de ellas; a finales del siglo XIX y principios del XX se pusieron a construir redes ferroviarias, cultivar palma y excavar minas. Para ello pidieron protección para sus contratos de explotación, y la palabra de un jefe (la forma nativa de cerrar tratos) ya no podía garantizarla. Al ser tan grandes sus inversiones, los europeos precisaban un nivel de seguridad que sobreviviese a la muerte del jefe tribal y que desterrase toda disputa acerca de los derechos sobre la tierra o sobre el producto en cuestión. Para ello necesitaban fronteras, bancos, impuestos, abogados y tribunales. Los europeos erigieron la fachada de los Estados, aunque, por detrás de ellas, las sociedades tradicionales continuaron siendo muy distintas.

A pesar, pues, de que la indignación de Dede Mabiaku esté fundada, oculta una gran hipocresía que resulta más que evidente en la fiesta que celebra Osagie en su villa de la isla de Ikoyi. Es una de las zonas más ricas de toda Nigeria, y se encuentra al margen del atasco de tráfico permanente de la masa continental (los residentes evitan el infernal trayecto hasta el aeropuerto utilizando un servicio de helicópteros de línea). Osagie, que obtuvo su título MBA en Harvard y tiene fama de ser un genio bancario, da personalmente la bienvenida a cada uno de los trescientos invitados que acuden a su enorme mansión. Ataviado con mucho gusto con pantalones deportivos negros de buen corte y camisa del mismo color, sonríe mientras la estridente concurrencia se sirve champaña a mansalva. En el jardín hay un escenario listo para la actuación de cómicos y de los mejores músicos de Lagos, como Dede. Se trata de un ostentación tan recargada de opulencia, que resulta digna de una serie televisiva estadounidense de los años ochenta.

La entrada de Nigeria en el mercado mundial, sustentada en las sextas mayores reservas de petróleo del planeta, ha generado una de las sociedades más divididas de la historia en términos de distribución de la renta. Los focos y las alambradas que protegen a los ricos en esta parte de Lagos recuerdan tristemente a los muros tras los que viven la mayoría de los blancos sudafricanos. Estas paredes nigerianas han causado un daño inmenso a una de las instituciones más importantes de África: la responsabilidad del oga o «gran hombre» de la comunidad con respecto a los desfavorecidos. En lugar de facilitar dinero, alimentos, ropa y vivienda a su poblado, los grandes hombres que han engordado gracias al corrupto negocio petrolero acumulan ahora sus millones de dólares en mansiones protegidas por complejos sistemas de seguridad.

La élite nigeriana se ha enriquecido más allá de lo que muchos ciudadanos occidentales puedan imaginar. Desde los años setenta, han succionado casi directamente de los pozos petroleros los beneficios generados por el oro negro de su país. Pero este voluminoso flujo de ingresos no fue óbice para que Nigeria aceptase ingentes préstamos occidentales durante aquella misma década. Con Robert McNamara al timón, el Banco Mundial se aplicó a inyectar enormes préstamos en el mundo en desarrollo, con tanto empeño como un vendedor de seguros que trabajase a comisión. Durante la dirección de McNamara, entre 1968 y 1981, los préstamos pasaron de algo menos de 1000 millones de dólares a casi 12 500 millones, y Nigeria fue uno de sus clientes importantes. Éste fue el principio del enorme escándalo de deuda mundial en el que aún estamos empantanados.

Por supuesto, los ingresos petrolíferos nigerianos no se emplearon para reponer los préstamos, sino que la carga recayó en los hombros de los pobres de Nigeria, para quienes el Gobierno no hizo provisiones de desarrollo ni de bienestar. Nigeria estaba a punto de llevar a un nuevo nivel el Estado Potemkin. Se dotó encantada de todos los atributos externos de una burocracia estatal: banderas, discursos en la ONU, formularios oficiales, grandes edificios con placas doradas que anuncian al Banco Central o al Ministerio de Trabajo y demás. Pero no son más que el decorado de un escenario teatral. El Banco Central no tiene dinero y el Ministerio de Trabajo no gestiona empleos. Un pequeño grupo de personas aprovecharon esta ilusión para desviar los ingresos nacionales hacia sus bolsillos y los de sus familiares y amigos. El Estado fue privatizado, de forma acorde con los vientos reaganistas y thatcheristas que soplaban durante los años ochenta, pero quienes ingresaron el dinero no sintieron obligación alguna de prestar los servicios que se esperan del Estado.

Con la fiebre del petrodólar llegaron los grandes contratos públicos de obras, que fueron adjudicados a empresas occidentales que abrazaron la cultura del soborno. «Un Gobierno de los contratistas, por los contratistas y para los contratistas»: así describe Ishola Williams, de Transparency International, al famoso Gobierno del general Ibrahim Babangida, conocido en Nigeria como IBB, que estuvo en el poder desde mediados de los ochenta hasta principios de los noventa. Williams sabe de qué habla: fue general en el ejército nigeriano antes de abandonar el mundo castrense. «La chusma corporativa hizo frente común con los políticos nigerianos para saquear las arcas públicas —explica Stephen Ellis, destacado estudioso de África occidental, tan indignado que cae en el uso de palabras gruesas— y a bancos como el BCCI les vino de maravilla, porque podían facilitar estos tratos entre las empresas occidentales y la élite nigeriana sin dar la alarma, porque ellos mismos también eran corruptos». Así, el BCCI estafaba a todo el mundo y contribuía a fenómenos como la evasión de capitales.

En 1983 el brillante escritor nigeriano Chinua Achebe escribió: «Los nigerianos son corruptos porque el sistema en el que viven hace fácil y provechosa la corrupción; dejarán de serlo cuando ésta resulte difícil e inconveniente … El problema de Nigeria es, simple y llanamente, el pésimo liderazgo del país. El carácter nigeriano no contiene ningún fallo. Lo que digo es que Nigeria puede cambiar hoy si descubre líderes que tengan la voluntad, la capacidad y la visión necesarias».

Irónicamente, Achebe publicó estas palabras justo antes de que se produjesen los peores excesos del pésimo liderazgo, cuando una serie de golpes militares hizo posible que la corrupción se consolidase como si fuera una ideología. Durante el Gobierno de IBB la agencia antidroga norteamericana, la DEA, observó que Nigeria se estaba transformando en el mayor centro de distribución de la cocaína destinada a Europa y de la heroína dirigida a Estados Unidos. Además, parecía que los responsables de estos negocios disfrutaban de acceso a las más altas instancias del Estado.

La llegada del ejército al poder significó el principio de un festival de latrocinio sin fin. A día de hoy, cualquiera que visite el país podrá contemplar este fenómeno en todo momento, desde el instante en que trate (sin conseguirlo, probablemente) de pasar por la aduana sin sobornar al funcionario correspondiente en el caótico aeropuerto Murtala Mohammed de Lagos, hasta el día en que se marche, cuando tenga que untar de dinero a toda una serie de trabajadores del aeropuerto para tener alguna posibilidad de asegurarse una plaza en su vuelo. «Si vas al mercado, alguien intentará timarte —dice Nuhu Ribado, director de la EFCC y principal responsable anticorrupción de la policía del país—. Si coges un taxi, alguien te quitará algo; hay que llevar los ojos bien abiertos todo el rato.» Si uno quiere llenar el depósito del coche (en este país con tantas reservas de petróleo, resulta que la escasez de gasolina es permanente), hay que sobornar a alguien; para pasar los controles policiales que hay por todas partes hay que dar dinero. Toda transacción social y económica atraviesa el prisma de la corrupción. Y todo ello está decretado por el ejemplo que marcan los ladrones del petróleo de las altas esferas.

«Cada día, la economía nigeriana pierde entre 150 000 y 320 000 barriles de petróleo —explica Gary K. Busch, un aventurero empresario estadounidense que ha trabajado con hombres de negocios de aire mafioso en muchos países en desarrollo, Nigeria incluida—. Los roban los bunkerers, que tienen naves petroleras pequeñas. Éstas cargan el petróleo robado en el delta del río y lo transportan a grandes petroleros que están en alta mar, que a su vez lo llevan a países del África occidental. Allí se refina y se carga en camiones cisterna ilegales que lo transportan a los países vecinos para su venta en el mercado negro. Al precio de 50 dólares por barril, esta “gotera” significa entre 7,5 y 16 millones de dólares al día. Con el paso de los meses, ello equivale a entre 365 millones y 4400 millones de dólares al año.»

Por supuesto, no existe ningún problema moral intrínseco en el hecho de que Nigeria se enriquezca a partir de sus recursos naturales. Pero la resistencia de esta pequeña banda de superricos a distribuir sus miles de millones de dólares de forma equitativa tiene unas repercusiones muy serias y consecuencias extremadamente desagradables. Al mismo tiempo que mantiene uno de los estamentos militares más corruptos del mundo, Nigeria no hace nada por socorrer a su segundo ejército: el compuesto por decenas de millones de desempleados y desahuciados; el 60 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. No menos terrible es la caída de la expectativa de vida que, según la ONU, descendió desde 54 años para los hombres en 1995 a 43 en 2006. La corrupción instalada en las altas esferas da un ejemplo que el resto de la sociedad reproduce: si quieres prosperar tienes que hacer trampas.

A mediados de los años ochenta, la importante firma inversora Merrill Lynch contrató a dos empresas distintas para limpiar y vigilar su sede del distrito financiero de Nueva York. Durante meses, cada noche, los empleados de limpieza y guardianes nocturnos se dedicaron a revisar los archivos con los datos de los clientes a los que Merrill Lynch había concedido el estatus de “preferencial”. Obtuvieron tarjetas de crédito con las que podían entrar en cualquier entidad bancaria y extraer hasta 52 000 dólares de una sola vez sin que les hicieran preguntas. Los guardianes nocturnos y empleados de limpieza nigerianos se dedicaron a fotocopiar toda esta información con la máquina de la empresa, para luego transferirla a tarjetas de crédito en blanco y ponerse a gastar dinero a lo grande.

Una noche, los nigerianos cometieron el despiste de dejarse una página dentro de la fotocopiadora. Merrill Lynch llamó rápidamente al Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés), que, por una peculiaridad histórica, es la agencia responsable de los delitos financieros y de falsificación, además de cuerpo de protección del presidente del país, función por la que resulta más conocido. “Aquella fue la primera vez que pillamos a nigerianos estafadores”, recuerda Mark Sidbury, antiguo agente del USSS—. Y eran buenos.»

Durante los años siguientes, el Servicio Secreto registró grandes delitos financieros perpetrados por bandas nigerianas en grandes ciudades estadounidenses, desde Atlanta hasta Chicago, pasando por Los Angeles. Se dedicaban a todo tipo de actividades relacionadas con el dinero: fraude de seguros, estafas en cuentas corrientes, fraude de tarjetas de crédito, falsificación de dinero y pasaportes, e incluso creación de redes que ofrecían ciudadanía estadounidense a través de matrimonios de conveniencia. Llamaba la atención la velocidad a la que los delincuentes nigerianos adaptaban las innovaciones tecnológicas del sector financiero a sus propósitos. Su desagrado por la violencia funcionaba a su favor, ya que sus delitos recibían mucha menos atención pública que los de quienes trabajaban para cárteles de la droga o en las redes de extorsión tradicionales de la Cosa Nostra. Sin embargo, la cantidad de dinero que movían era de vértigo.

El caso de Merrill Lynch se produjo cuando los sistemas bancarios se hallaban en el albor de la informatización. Lo que demostraron los estafadores nigerianos fue una gran capacidad para combinar un dominio avanzado de la tecnología mecánica y electrónica con una teatralidad convincente. Al observar el ondulado paisaje de la delincuencia económica nigeriana, resulta difícil dejar de admirar la creatividad y el primor de que hacen gala sus integrantes.

La mayoría de los nigerianos implicados en actividades delictivas se limitan a imitar el comportamiento de las cleptoélites de su país. Esta pequeña banda de multimillonarios procede sobre todo del oeste y el norte del país. Sin embargo, quienes cometen delitos provienen mayoritariamente del este de Nigeria, como era el caso de los de Nueva York. Existen más de trescientos grupos étnicos en el país, pero éste se divide básicamente en tres grupos lingüísticos: los yoruba del oeste (incluido Lagos), los hausa del norte y los igbo del este. Sería incorrecto identificar estos grupos como tres pueblos separados, porque dentro de cada uno de ellos existe una gran diferenciación. Sería como decir que los rusos y los polacos forman parte de una misma tribu, algo que causaría sorpresa en Moscú y levantaría ampollas en Varsovia.

Después de casi un siglo de colonización, los tres grupos abrazaron la independencia en 1960 y asumieron papeles muy distintos en el nuevo Estado. En 1966, los hausa musulmanes habían pasado a dominar el ejército, los yoruba cristianos habían dado la mayoría de funcionarios y de la élite intelectual del país, y los igbo del este continuaban encontrándose entre los mejores comerciantes del mundo. Entonces se descubrió petróleo, sobre todo en la región oriental del delta del Níger. Los líderes igbo no tuvieron especial intención de compartir su riqueza ni con sus compatriotas del norte —que viven inmersos en un sistema improductivo y casi feudal— ni con los yoruba, a quienes consideran insufriblemente arrogantes. En 1967 los igbo anunciaron su secesión del país y la declaración de un nuevo Estado: Biafra. Naturalmente, los hausa y los yoruba no estaban dispuestos a permitir que esta preciosa parte del país se les escapara de las manos. La guerra civil arrasó el este de Nigeria hasta 1970, cuando Biafra claudicó bajo el embate de la hambruna y la destrucción.

Desde entonces, los igbo se quejan de que los yoruba y los hausa les han excluido de los réditos que producen los recursos naturales del país. Los ricos del norte y del oeste se han vuelto aún más ricos, mientras que los igbo volvieron a sus antiguas costumbres. Durante centenares de años forjaron rutas comerciales a lo largo de la costa occidental de África hasta el extremo meridional del continente. En colaboración con los emires de los hausa y sus socios comerciales de Líbano, también fueron pioneros de la ruta transahariana que se extendía hasta La Meca, Medina y Jeddah, en la actual Arabia Saudita.

A causa de las guerras y del apartheid, estas rutas tradicionales estaban menos frecuentadas durante los años setenta que en el pasado, aunque algunos de los numerosos nigerianos que estudiaban en la URSS y los países del Pacto de Varsovia contribuyeron al aprovisionamiento del ANC del sur de África. Por tanto, comenzaron a buscar nuevos campos: Londres era un destino popular, al igual que Nueva York y Washington; otros igbo llegaron hasta Tailandia; una parte de ellos se involucró en el envío de heroína a África y a Occidente. En 1990 los nigerianos (la mayoría de ellos igbo) conformaban un 30 % de todos los detenidos en puntos de entrada a Gran Bretaña por tráfico de heroína, según la Howard League for Penal Reform. Ello se explica en parte porque los funcionarios de aduanas de todo el mundo tienden a prestar bastante atención a quien presente un pasaporte nigeriano.

Muchos igbo se vieron obligados a buscar fortuna en el extranjero, según ellos por culpa de los prejuicios y la avaricia de los pueblos del norte y el sur de Nigeria, si bien también hay que buscar la causa en la pésima gestión de la economía del país. Al final del Gobierno de Babangida el país había amasado casi 30 000 millones de dólares de deuda exterior. El fraude a gran escala ha sido un problema endémico desde la independencia, pero estafar a la población general comenzó a ser menos rentable a causa del desempleo, la inflación desenfrenada y el colapso de la divisa nigeriana, la naira.

Existen dos tipos básicos de organizaciones criminales: las que comercian con productos y las extorsionistas, que cobran por protección. Las primeras se dividen en tres grupos principales: productores, mayoristas y minoristas. Cada uno de ellos suele hallarse, aunque no suceda siempre, asociado a un grupo étnico concreto, y los tres eslabones de la cadena comercial cooperan a través de fronteras internacionales, ya que la producción de la mercancía siempre tiene lugar a gran distancia de los mercados más lucrativos para ella.

Los mafiosos que cobran por servicios de protección, como la Cosa Nostra estadounidense, muy pocas veces operan a nivel internacional y normalmente se encuentran contenidos en las fronteras de un Estado. Con todo, a veces también entran en el comercio de bienes ilícitos —como Tony Soprano y sus colegas— haciéndose con el control de la venta al por menor de lo que el mercado pida: drogas, servicios de prostitución, etcétera.

En el mundo de las mercancías ilícitas, el productor rara vez es también importante como comerciante mayorista o como minorista. Los cárteles colombianos constituyen el ejemplo más visible de ello. Pueden emplear su monopolio sobre refinadores y mayoristas para encargar el cultivo de la coca a los paupérrimos agricultores de Perú y Bolivia. Y en el caso de Ámsterdam, el punto neurálgico de la distribución de cocaína en Europa, emplean comerciantes de la comunidad colombiana local como principales importadores a los Países Bajos.

Las bandas turcas controlan gran parte del comercio de heroína como distribuidores mayoristas y, en países como Alemania y Gran Bretaña, también buena parte de la venta al por menor. Pero no participan en absoluto en la producción, que está repartida por distintas partes de Asia central (en especial, Afganistán y Birmania).

En todo el mundo, los comerciantes mayoristas más aventureros y propensos a asumir riesgos en la economía lícita son también los que la percepción popular más asocia a la criminalidad. El comercio es el corazón de la economía mundial y un elemento clave en el mundo de la delincuencia organizada. En general, los ciudadanos del oeste y el norte de Europa sólo están asociados a actividades delictivas a gran escala de una forma: como consumidores.

Ello remite al período mercantilista de los siglos XVI y XVII, cuando los europeos trataron de ganar ventajas competitivas alentando al Estado a apoyar la expansión del comercio exterior. Si por aquel entonces hubieran existido leyes, estos aventureros habrían sido las primeras bandas de delincuencia organizada mundial, pero lo único que infringieron al apropiarse de cuanto pudieron a cambio de alcohol y gonorrea fueron valores morales. Con todo, el aparato colonialista puso freno a la piratería y a los saqueos temerarios de los primeros tiempos, aunque no por el bien de los nativos, sino para asentar su ventaja sobre otros competidores europeos en la carrera por la expansión imperial. El comercio europeo, así, estaba íntimamente ligado a los objetivos del Estado, cuyo ejército colonial protegía a los comerciantes; el Gobierno decidía cuáles eran los productos lícitos y los ilícitos, y los comerciantes tendían a aceptar estos designios a cambio de la protección armada, que les ofrecía ventaja sobre la competencia. Cuando Gran Bretaña decidió en el siglo XIX que era aceptable vender opio en grandes cantidades a los chinos, los comerciantes británicos no reaccionaron con indignación, sino apresurándose a cosechar beneficios: si para el Estado era legal, los comerciantes no necesitaban que se lo dijeran dos veces.

Otras naciones con tradición comercial no disfrutaron de niveles tan altos de protección, ni tampoco estaban interesadas en plegarse a la definición formulada por los Gobiernos europeos sobre lo que estaba permitido y lo que no. Su poder comercial se cimentaba sobre otros factores: proximidad al mar, acceso a mercancías valiosas, independencia con respecto a poderes gubernamentales y a subdesarrollo económico, o cercanía a grandes fronteras geográficas y políticas. Un aspecto inherente a su comercio es la asunción de riesgos y la explotación oportunista de nuevos mercados: lugares que se hallan al borde de las redes comerciales organizadas, de los Estados y los sistemas de valores morales. En general, estos comerciantes no juzgan un producto por la función social que posea en su lugar de origen ni en el de destino, sino por su margen de beneficios.

Cuando la liberalización del comercio fue saludada a finales de los ochenta y principios de los noventa como la pieza fundamental del nuevo orden mundial, comenzaron a viajar más comerciantes y más lejos que nunca en busca de nuevas oportunidades para comprar y vender. Al frente de ellos iban pueblos —en muchos casos, comunidades minoritarias— con tradiciones centenarias en el comercio y en sobrevivir a base de ingenio en las fronteras más alejadas del mundo: libaneses, chinos de las provincias de Cantón y Fujian, balcánicos, judíos, musulmanes de la India, sicilianos, vietnamitas, etcétera. Y los pioneros de la nueva economía negra mundial emergieron a partir de una minoría de estos comerciantes.

Por supuesto, la delincuencia también precisa productores como los rusos o los colombianos. Pero la parte más visible de este drama global es la cinta transportadora de bienes y servicios ilícitos. Entre ellos, los igbo son de los que más flema e inventiva poseen.

Infectados por la corrupción del Estado nigeriano (en sí mismo, una degeneración del colonialismo británico), los comerciantes igbo de los años ochenta y noventa trataron con productos ilícitos sin el menor miramiento moral, aunque con una aversión clara y admirable por la violencia. Pero luego llegó un invento con el que pudieron ejecutar operaciones financieras fraudulentas sin necesidad de salir de casa: el fax. Y pronto los yoruba, los hausa y decenas de grupos étnicos de Nigeria siguieron su ejemplo e hicieron su entrada en uno de los casos de delincuencia más exuberantes y maliciosos de la historia. Las posibilidades se multiplicaron posteriormente con la proliferación de ordenadores en el mundo; la delincuencia informática es un nuevo tipo de amenaza que puede asumir distintas formas, y los igbo tienen motivos de peso para reivindicar su condición de pioneros.

Para muchos nigerianos, es escandaloso y desastroso que su país haya quedado asociado a la estafa 419 o incluso definido por ella. Pero según el músico Dede Mabiaku, los timos 419 no son más que los pollos enfermos del colonialismo que se están asando en Europa y Estados Unidos, como una especie de gripe aviar de la era de la globalización. La enorme popularidad del himno de la cultura 419, I Go Chop Your Dollar (voy a por tu dólar) sugiere que en Nigeria estos sentimientos son muy populares:

419 no be thief, it’s just a game

Everybody dey play em

if anybody fall mugu,

ha! my brother I go chop em.

National Airport na me get em

National Stadium na me build em

President na my sister brother

You be the mugu, I be the master.

Oyinbo man I go chop your dollar,

I go take your money and disappear

419 is just a game, you are the loser I am the winner.

419 no es un robo, sino un juego.

Todo el mundo juega.

Si cae algún mugu [primo],

¡ja! mis hermanos y yo vamos a por él.

[Estribillo]

El Aeropuerto Nacional es mío.

El Estadio Nacional lo he construido yo.

El presidente es colega mío.

Tú eres el mugu, yo soy el amo.

Hombre blanco, voy a por tu dólar,

te cojo el dinero y desaparezco.

419 no es más que un juego, tú pierdes y yo gano.

El fax fue el instrumento con el que empezaron a producirse en todo el mundo estafas originadas en Nigeria, pero la proliferación de Internet transformó esa práctica en una mina de oro. Los estafadores llegaban a trabajar mucho para tender la trampa, y resulta difícil no admirar su dedicación, teatralidad y atención a los detalles. Pero, en definitiva, dependen de la codicia y la ingenuidad de la víctima. Las fuerzas de policía de todo Occidente han recibido un sinnúmero de peticiones de ayuda de gente estafada, pero pueden hacer muy poco porque los delitos se traman y cometen fuera de su jurisdicción. «Triste y frustrante» son los adjetivos con los que califica el jefe de la EFCC, Nuhu Ribadu, el hecho de que los delincuentes puedan atrasar los juicios durante décadas. «Todavía no hemos logrado una sola condena por el fraude 419 en Nigeria. Pero hay más de doscientos nigerianos encarcelados en más de quince países», dijo este admirable policía en 2004, aunque posteriormente ha rectificado dicha situación.

Las pobres víctimas de fraudes 419 no son los únicos damnificados por el hecho de que los estafadores puedan esquivar a la justicia. Nigeria y su cultura de corrupción plantean dos problemas inmensos. El primero afecta a la estabilidad del país, cuyo futuro es objeto de interés para potencias de todo el mundo por su importancia cada vez mayor como abastecedor energético alejado de Oriente Medio y de la antigua URSS. Pero las cleptocracias son conocidas por su inestabilidad, especialmente en los Estados que albergan una gran cantidad de grupos étnicos con élites que compiten entre sí. En el caso de Nigeria, el problema se intensifica debido a las tensiones entre el norte musulmán y el sur cristiano.

El segundo problema de Nigeria es, posiblemente, el mayor obstáculo a la globalización del comercio: la ausencia del Estado de derecho. Para el país, salir de la corrupta dictadura militar ha resultado muy difícil. La celebración periódica de elecciones es condición imprescindible para garantizar la democracia, pero, por desgracia, no es suficiente. Como tan obvio resulta en los Balcanes y en otros lugares, muchos partidos políticos vehiculan la entrada de los intereses económicos al Estado y la obtención de ventajas injustas o delictivas. Otro importante impedimento para la consolidación de la democracia es la ausencia de una judicatura y de un sistema legal imparciales. Las empresas necesitan confiar en las instituciones democráticas (es decir, el Estado de derecho) para arriesgarse a invertir en sus mercados. Para que la globalización funcione, el mundo tiene que ser un campo de juego igualado: Occidente tiene que poner fin a su proteccionismo y replantearse su resistencia (cuando menos, reducirla) al libre movimiento de la mano de obra. A su vez, el mundo en desarrollo tiene que enfrentarse al problema de la corrupción y dar fuerza al Estado de derecho. Ello pone sobre el tapete la incómoda cuestión de la gobernabilidad mundial y de qué normas pueden ser compatibles por todo el planeta. Con la carga del legado colonial, el regalo envenenado del petróleo y las tensiones de origen religioso, Nigeria es un ejemplo de lo problemático que resulta aplicar una política universal en un mundo tan rico en diversidad cultural y en traumas históricos. Los mensajes contradictorios que emanan de Europa y Norteamérica agravan el problema: por un lado alientan la transparencia y el buen Gobierno en el mundo en desarrollo aplicando un sistema de condiciones compuesto de incentivos y penalizaciones; por el otro, están desesperados por garantizarse el suministro de energía de países como Nigeria, y se muestran dispuestos a saltarse las normas, especialmente desde que se enfrentan a la competencia de China e India por el acceso al petróleo. Si los estadounidenses y los europeos exigen a los países productores de petróleo que asuman medidas anticorrupción y mejores niveles de transparencia, esos países están cada vez más en posición de contestar: «Vale, si no nos compráis vosotros, se lo vendemos a otro». Y no les faltan compradores.

Ello no significa que el problema de la transparencia gubernamental esté condenado al fracaso. Aunque no hayan sido decisivas, las presiones internas y externas para que Nigeria luche contra los delitos económicos no han resultado totalmente infructuosas. Durante los primeros cinco años del nuevo milenio, Nihu Ribadu y su equipo de la EFCC han sido la vanguardia de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Y han logrado marcar un hito histórico con su actuación —con la ayuda de abogados y policías de Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza— en el mayor caso de fraude descubierto en toda la historia: el del Banco Noroeste.

Los directores del Banco Noroeste no se dieron cuenta de que se había perpetrado delante de sus narices el mayor fraude 419 del mundo hasta agosto de 1997, cuando el Banco de Santander pujó por adquirir esta entidad bancaria brasileña. En una reunión directiva conjunta celebrada en diciembre de aquel año, un consejero del Santander preguntó por qué la mitad del capital del Noroeste se hallaba en las islas Caimán sin casi ninguna supervisión, y quiso examinarlo para calcular su rentabilidad. La cuenta de las Caimán ascendía en teoría a 190 millones de dólares, casi dos quintas partes del valor total del Noroeste. Nelson Sakaguchi se hallaba de vacaciones, por lo que Jaime Queiroz Lopez tardó dos meses en ponerlo contra la pared y arrancarle la documentación.

El fraude quedó al descubierto de inmediato, pero los auditores tardaron varias semanas en verificar que habían desaparecido 242 millones de dólares: 191 en efectivo y el resto en intereses pendientes. Sakaguchi no era el único que tenía que dar muchas explicaciones. Otros dos subordinados de su departamento parecen haber sido cómplices en el desfalco. Seguramente fue también de lo más perjudicial para la reputación de Price Waterhouse Coopers, que en calidad de auditor externo había dado el visto bueno al Banco Noroeste seis veces durante el período del fraude. Es poco probable que ello contribuyese a restaurar la confianza en una empresa que aún se estaba recuperando de su deslucidísimo papel en el escándalo del BCCI.

Las familias Simonsen y Cochrane, propietarias del Banco Noroeste, decidieron pagar de su bolsillo los 242 millones de dólares para asegurar la venta al Banco de Santander. Luego no sucedió gran cosa durante seis años. Las dos familias aprendieron por las malas que, si resulta difícil frenar los flujos de capital por el sistema bancario, no lo es menos lograr que cooperen los sistemas de justicia penal de dos países, por no decir de cuatro o cinco. Nwude y la señora Anajemba (cuyo marido fue asesinado en el ínterin) pudieron gastar libremente el capital defraudado.

«El problema es que no buscaba el dinero nadie que supiera cómo encontrarlo», explica Bill Richey, un ex fiscal de distrito del Estado de Florida al que las familias Simonsen y Cochrane contrataron para buscar el capital por todo el mundo. Richey hizo algo inteligente: llamó a un amigo que había sido investigador criminal en el Internal Revenue Service, la agencia tributaria estadounidense. «En el IRS se ocupan de los impuestos, ¿sabe? ¡Son la Gestapo americana! —exclama Richey—. Mi amigo es un tipo muy agradable, pero es un investigador forense de contabilidad muy eficiente.»

Tras seguir el dinero hasta Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, Richey organizó un «Equipo A» de abogados de recuperación de activos en Londres, Kentucky, Los Angeles, Nueva York, Ginebra, Hong Kong, Singapur y Lagos. Poco a poco, el Equipo A fue hincando las garras en los bienes ubicados fuera de Nigeria. Pero para hacer bien el trabajo, iban a necesitar que se condenase a los estafadores en su propio país. «Y hasta el año 2003 —señala uno de los abogados— fue impensable.»

Chief Nwude y la señora Anajemba habían sobornado a policías, periodistas y tribunales. Eran intocables. Esto es, lo fueron hasta que apareció en escena la versión nigeriana de Eliot Ness.

El Parlamento nigeriano fundó la EFCC a petición del presidente Olesegun Obasanjo en 2002. Estados Unidos, el FMI y la UE presionaban a Nigeria para que luchase contra la enorme corrupción que infestaba al Gobierno y la sociedad. Se trataba de un problema cada vez más urgente para Occidente, dada la creciente importancia de Nigeria como suministrador de petróleo en un momento de gran turbulencia en Oriente Medio, Asia central y Venezuela.

Lo que pocos esperaban cuando la EFCC comenzó a funcionar al cabo de unos meses es que su director, Nuhu Ribadu, se consagrase con tal aplomo y devoción a erradicar la corrupción y la delincuencia allá donde se encontrasen. Con una voz aflautada, casi afeminada, este hombre delgado de aire serio y cuarenta y tantos años de edad expresa su determinación inmutable a enfrentarse con el peor enemigo de Nigeria: «La corrupción es lo que da esta imagen pésima del país, lo que hace que la gente se vaya de aquí; la corrupción es lo que da pie a estos delitos, como el fraude 419; y por culpa de la corrupción nadie quiere hacer negocios con nosotros. Tenemos que llevar ante la justicia a la gente rica, poderosa y corrupta que ha convertido este país en una tierra de timadores y estafadores».

Ribadu no se limita a hablar. Durante sus tres primeros años, la EFCC recuperó capital y bienes robados por valor superior a 1000 millones de dólares. Presentó cargos contra el ex director de policía de Nigeria y contra su propio mentor, Tafa Balogun, cuando sospechó que había malversado fondos por valor de 30 millones de dólares (que al final resultaron ascender a 150 millones). La EFCC ganó un caso contra un presidente provincial; cuando se le ha acusado de ser un esbirro del presidente de la nación, Ribadu ha señalado que —antes de que Obasanjo dejara el poder en 2007— había derribado al presidente del Senado, uno de sus aliados más importantes. «Investigo a todo el mundo —dijo en aquel momento—: antiguos jefes de Estado, los dirigentes actuales, casi todo el mundo desde el presidente para abajo.» Sería optimista creer que Ribadu y sus quinientos colaboradores van a arrancar todas las malas hierbas que tanto han enraizado en el tejido social y político del país, pero la incorruptibilidad de la EFCC ha marcado una gran diferencia. Luchar contra la delincuencia mundial es cada vez más difícil, pero para que sea posible avanzar es crucial que funcionen las estrategias anticorrupción en mercados emergentes como Brasil y Nigeria. La corrupción es el pantano en el que abreva una especie de parásito delincuente especialmente desalmado y eficaz.

En 2005, Chief Emmanuel Nwude visitó a Ribadu en su domicilio e insistió en que aceptase el regalo que le llevaba, compuesto por dos bolsas de papel marrón. En ellas había 75 000 dólares en efectivo. Hasta entonces, la riqueza de los delincuentes y los funcionarios corruptos había bastado para doblegar y amoldar el sistema de justicia penal en su favor. Ribadu no sólo hizo procesar a Nwude por intento de soborno, sino también por intento de secuestro de un testigo clave de la fiscalía durante el primer juicio al Jefe.

Pero el testigo decisivo en el juicio contra Nwude en noviembre de 2005 fue Nelson Sakaguchi. Domingos Refinetti, el abogado de São Paulo del Banco Noroeste, al fin logró convencer a Sakaguchi para que viajase a Nigeria y se enfrentara a su némesis. Amaka Anajemba ya estaba cumpliendo su sentencia en la cárcel tras cerrar un trato con la fiscalía. Nwude no se declaró culpable cuando comenzó su juicio, pero cambió de parecer tras el testimonio de Sakaguchi. Ahora se halla entre rejas, todo su dinero ha sido confiscado y se le ha impuesto una multa de 10 millones de dólares.

Nelson Sakaguchi y sus motivos continúan siendo un enigma. Tras declararse culpable de blanqueo de dinero en Suiza y cumplir una sentencia de prisión en ese país, en la actualidad espera en su casa de Coita que las acusaciones contra él por conspiración criminal lleguen a juicio. Insiste en que es inocente; asegura que no tenía autoridad para transferir el dinero, y que toda la operación contaba con la aprobación de la junta directiva del banco. Sea cual sea su destino, al menos el dinero ya no está en manos de Nwude y sus secuaces. Decenas de miles de otras víctimas han tenido menos suerte que las familias Cochrane y Simonsen. «No acepto un caso si asciende a menos de cinco millones de dólares; no vale la pena —reconoce abiertamente Bill Richey, el abogado estadounidense—. No diré cuánto se han gastado mis clientes en este caso, pero sí que ha sido bastante menos de la mitad del valor de lo que hemos congelado por todo el mundo. Cuando terminemos de lidiar con las partes implicadas en Nigeria y … veamos cuánto se ha recuperado, creo que probablemente mis clientes habrán amortizado su inversión en un factor de cinco a uno.» Pero luego Richey añade: «Es triste que hoy día haga falta tener dinero para recuperar lo que le pertenece si uno ha sido víctima de un delito»

Ésta es una de las desazonadoras lecciones del caso del Banco Noroeste. Las decenas de millares de otras víctimas del fraude 419 no pueden recuperar lo perdido. Y es que la justicia mundial no es barata.

9

BLANCO Y NEGRO

Lucy Tshabalala descubrió que no podía moverse. «Tenía temblores y no podía controlar mi cuerpo», explica. El agente de aduanas del aeropuerto LAX de Los Angeles le dijo que podía pasar, pero no se movió. «Me moría de ganas de moverme, pero era como si me tuviera paralizada un imán.» En un Estado de pánico semicataléptico, preguntó al agente dónde podía tomar un autobús hacia Santa Mónica. «Espere aquí un momento, señora», le contestó, tras una pausa.

El 1 de mayo de 1994 fue un día de mucha alegría para la mayoría de los sudafricanos. Tres días antes, las primeras elecciones libres del país otorgaron una aplastante mayoría al ANC (Congreso Nacional Africano), y Nelson Mandela, el político más admirado del mundo, era el nuevo presidente electo de su país. «Recibí el pasaporte el 18 de abril, mi cumpleaños —recuerda Lucy— y una semana más tarde fui a votar. Me dije que tenía suerte y que aquel voto era una oportunidad única en la vida.»

«Quería ver fotografías de Nelson Mandela celebrando nuestra victoria, pero entonces volvió el agente de aduanas… con unos perros enormes y relucientes. ¡Enormes, negros y relucientes!» La voz de Lucy se vuelve ronca, y comienza a gesticular con las manos dibujando un par de sabuesos imaginarios. Los animales continuaban olisqueando a placer cuando los agentes se llevaron a Tshabalala aparte para registrarla a fondo, aunque no necesitaban ningún perro para encontrar el kilo y medio de heroína que llevaba pegado alrededor de la cintura. «¡Estaban muy emocionados! ¡Bingo! —recuerda Lucy—. Me dijeron que era el mayor decomiso de LAX desde hacía unos años. Estaban exultantes. Y yo sólo podía pensar en que nunca vería a Mandela en televisión. Me imaginaba los titulares de la CNN: “Mujer de Soweto arrestada en LAX”.»

Así, en el mismo momento en que Sudáfrica dio los primeros pasos del arduo camino para recuperarse del apartheid, una de sus hijas más jóvenes comenzó su recorrido por el valle de la desesperación. Tras ser condenada en Los Angeles a seis años de cárcel, Tshabalala fue transferida a la Danbury Federal Correctional Institution de Connecticut, una prisión de baja seguridad situada junto al lago Candlewood, por la que ha pasado Martha Stewart.

Al principio fue un alivio para Lucy. «En ciertos sentidos, la vida aquí era mejor que en Sudáfrica, porque recibía alimentos con regularidad», explica. Pero un año después de su llegada fue violada por uno de los guardianes. «Se había hecho amigo mío y creí que le importaba mi situación —explica—. Pero sólo me manipuló para tener relaciones sexuales conmigo.» Era su palabra contra la de él, y si le denunciaba «me habría matado». Optó por guardar silencio, pero sufrió un colapso nervioso. Fue a parar al Federal Medical Center Carswell de Fort Worth (Texas) conocido como el «Hospital de los Horrores». Carswell tiene un historial terrible de malos tratos a prisioneros, del que da fe la elevada incidencia de guardianes procesados por abusar sexualmente de las internas. El estado de Lucy empeoró, pero recibió el apoyo de dos compañeras. «Cuidaron de mí. Tal vez querían compensar lo que sus hombres me habían hecho; eran nigerianas.»

Cuatro meses antes de que la detuviesen en Los Angeles, un señor alto y educado llamado Kingsley Noble se presentó a Lucy cuando ésta buscaba trabajo por los deslucidos restaurantes de Mooi Street, al borde del distrito financiero de Johannesburgo. Estaba desesperada por ganar dinero para pagarse el último curso de la licenciatura en ciencias económicas por la Universidad de Sudáfrica. Era la primera chica de la escuela de su pueblo, situado en la provincia nororiental de Mpumalanga, que entraba en la universidad. Sus circunstancias familiares eran típicas. Su padre dejó a su madre con hijos pequeños para buscar trabajo en Johannesburgo. Se instaló en Soweto, la población satélite en la que estaban obligados a vivir los obreros negros y que se convirtió en un símbolo de la resistencia popular al apartheid. El padre de Lucy encontró allí una serie de «esposas» nuevas, la última de las cuales no quería tener nada que ver con Lucy y sus hermanos.

Lucy era joven y guapa, pero no tenía hogar ni empleo cuando apareció Noble. «Nunca había conocido a un kwere kwere[4] que hablase inglés como un blanco. Dijo que venía de Ghana; era muy culto y, ¿sabe?, nosotros creemos que todos los kwere kwere de lugares como Etiopía y Zimbabue están peor que nosotros y no hacen más que pegar tiros —explica—, pero éste tenía dinero y era listo, y me invitó a comer en el restaurante en el que acababan de decirme que no tenían trabajo para mí. Me sentía muy confusa.»

Lucy aceptó la invitación de Kingsley para vivir con él en su hotel de Hillbrow, que, aunque se halla cerca de muchos barrios blancos ricos, se estaba labrando rápidamente la fama de estar lleno de drogas y prostitución. Y de nigerianos.

En menos de dos años tras la liberalización de las fronteras de Sudáfrica en 1993, habían acudido a vivir en este país unos 60 000 nigerianos. Al principio fueron bienvenidos, en parte porque Nigeria había ocupado un lugar importante en la lucha contra el apartheid. Aquel país era la otra gran potencia del continente, y en el ANC de Mandela muchos creían que la salvación de África pasaba por la cooperación entre ambas naciones. Pero esta acogida no tardó en convertirse en rencor. Mientras el Gobierno luchaba por guiar la transición del apartheid al Gobierno de la mayoría negra, el súbito aumento del desempleo dio lugar a grandes sufrimientos y a xenofobia. De todos los partidos políticos de las tres comunidades (blanca, negra y mulata) llegaban voces que exigían el fin de la inmigración, y la palabra «nigeriano» se convirtió en una especie de insulto para los extranjeros en general. Por eso Kingsley Noble dijo a Lucy Tshabalala que procedía de Ghana cuando la conoció; ya antes de las elecciones de 1994, la palabra «nigeriano» había cobrado tintes peyorativos. Sobre todo, los nigerianos tenían fama de delincuentes en Sudáfrica, donde en pocos meses la delincuencia se había convertido en el principal problema político, social y económico. Y Hillbrow, conocido como «Little Lagos», era el centro de la vida nigeriana de Johannesburgo. Hillbrow era uno de los barrios más peligrosos de uno de los países más plagados de crimen de todo el mundo.

Como ya hemos visto, las bandas nigerianas generalmente funcionan sobre el principio de la no violencia. En Sudáfrica, los nigerianos (o, mejor dicho, los igbo, ya que constituyen entre el 80 y el 90 % del total) siguen la misma filosofía. Han importado a Hillbrow y a otras partes de Sudáfrica un sistema igualitario de consejos tribales, según el cual no se debe luchar por los territorios, sino negociar. «Arbitrio, no agravio», podría ser su eslogan.

Sin embargo, los nigerianos se ganaron la fama de ser los peores delincuentes de Sudáfrica porque resultaban muy visibles y trabajaban sin descanso para popularizar las drogas y la prostitución en el seno de todas las comunidades étnicas del país. También hicieron gala una vez más de su inigualable capacidad para concebir fraudes y estafas.

En el régimen del apartheid, la cultura del hampa estaba tan afectada por la segregación racial como todo lo demás: los jóvenes negros, blancos y mulatos no se mezclaban entre sí, y había poca o ninguna relación interracial. El consumo de narcóticos estaba definido muy claramente; los negros fumaban dagga o zol, como se conoce el cannabis cultivado en el país; las etnias mulatas fumaban «botones», tabletas de Mandrax de fabricación local machacadas y mezcladas con zol de baja calidad; y algunos jóvenes blancos consumían heroína o, muy raramente, cocaína. Como el régimen del apartheid controlaba muy estrechamente sus fronteras, estas drogas eran muy escasas y su uso entre los blancos era muy infrecuente.

Los traficantes de drogas nigerianos identificaron rápidamente que este mercado era campo abonado para la diversificación, y comenzaron a presentar nuevas drogas a las distintas comunidades. Así, hicieron más accesible la dagga a los blancos y los mulatos, y extendieron los «botones» más allá de los distritos y las poblaciones mulatas. Las juventudes blanca, negra y mulata comenzaron a entrar en contacto más a menudo gracias a sus suministradores nigerianos. En 1994 Nigeria se había transformado en un nuevo centro bastante importante de distribución de cocaína de oeste al este, y de heroína en la dirección contraria. Aunque el consumo de heroína continúa siendo bajo en Sudáfrica, la cocaína y el crack se han vuelto muy populares en las tres comunidades.

Para abrir el mercado sudafricano, los traficantes nigerianos necesitaban mulas. Una «mula» es una persona, normalmente muy pobre, que a sabiendas o no transporta drogas al país donde se venderán al por menor. Los nigerianos las necesitaban para traer cocaína al país y para llevar heroína de Sudáfrica a Estados Unidos. Procedente de Afganistán y del Triángulo de Oro, la heroína se transportaba a Tanzania y Mozambique a través de redes separadas, normalmente operadas por pakistaníes y africanos del este del continente, aunque en Tailandia se han detenido y juzgado algunos equipos de nigerianos.

Lucy Tshabalala no tenía ni idea de que Kingsley Noble, su protector presuntamente originario de Ghana, era un nigeriano igbo que traficaba con cocaína y heroína hasta un día en que llamaron a la puerta de su habitación de hotel. Era una señal nigeriana compuesta por un golpe seguido de un suave y breve repiqueteo de dedos sobre la puerta. «No el “¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!” fuerte inconfundible de los sudafricanos», remarca Lucy, golpeando la mesa en forma de demostración. Como la llamada era nigeriana, Kingsley Noble abrió la puerta. «Dos policías, uno blanco y otro negro, entraron en la habitación chillando “¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la puta coca?”» En su ingenuidad, Lucy se preguntó por qué la policía hacía una redada para buscar refrescos de cola. La encerraron en el armario de la habitación. «Estaba muerta de miedo; creía que me iban a matar a tiros en el armario.» Pero no fue así, y oyó cómo golpeaban a Noble en la cara con la pistola y trataban de obligarle a revelar dónde guardaba la droga. Se marcharon con las manos vacías, pero cuando Lucy consiguió salir del armario Kingsley estaba temblando en un charco de sangre. Para ayudarle a salir de un lío, Lucy se prestó a acompañar un cargamento de oro a Estados Unidos, pero el mismo día que salía su vuelo Kingsley y su jefe le ordenaron que en lugar de metal precioso llevase heroína, lo que provocó que terminase contemplando el nacimiento de la nueva Sudáfrica desde el sistema penitenciario estadounidense. Y no era la única. Toda suerte de personas inocentes cayeron en las redes de la nueva economía ilícita. La delincuencia chupó la sangre de la nueva Sudáfrica como una sanguijuela mortífera, con lo que el país quedó debilitado y plagado de miedo e inseguridad. La prensa nacional e internacional estaba repleta de historias de asesinatos, robo violento de automóviles, extorsiones, violaciones, atracos y guerras de bandas sudafricanas.

La mayoría de la gente corriente vivía aterrada por la violencia callejera aleatoria o por verse inmersa en alguna pesadilla delictiva a causa de su ignorancia o de su desesperación, como le sucedió a Lucy Tshabalala. Durante los años noventa, Colombia fue el único rival de Sudáfrica en el ranking de países con mayor tasa de asesinatos. El hecho de que Jamaica sufriera un 30 % menos de homicidios en el mismo período es otro indicio de lo grave que era este problema. En cifras absolutas, esto significa que alrededor de 20 000 sudafricanos perdieron la vida a manos de sus compatriotas cada año (en 2005 se denunciaron casi 52 000 violaciones en Sudáfrica y, teniendo en cuenta que sólo se denuncia una parte del número total, la cifra real tiene que ser astronómica).

Ni siquiera los sudafricanos más resentidos pueden culpar a los nigerianos por este nivel de criminalidad violenta. Como es sabido, en realidad el terror y la agitación se generaron en el seno de la sociedad sudafricana: el legado del apartheid allanó el camino a unos niveles nunca vistos de delincuencia y violencia doméstica que iban de la mano de la desconfianza mutua entre las comunidades étnicas. Este nexo neurálgico con consecuencias tan visibles en la delincuencia callejera ocultaba la mano de empresas criminales internacionales más importantes que se organizaban con toda tranquilidad en otras partes del continente; para ellas, Sudáfrica era el primer premio. Las industrias criminales que urdían planes para este país eran dos: el tráfico de drogas, cuyos principales elementos trabajaban desde Nigeria, Italia y Sudamérica; y el contrabando de armas a cambio de minerales procedentes del África subsahariana (diamantes, cobre, zinc y una sustancia poco conocida llamada coltán). En esta segunda industria los principales implicados eran rusos, belgas, estadounidenses, franceses, británicos e israelíes.

Durante los años noventa, Sudáfrica se encontraba en una posición única. La caída del apartheid era muy distinta del colapso del comunismo, porque el Estado racista ya era una economía de mercado desarrollada; se entregó una infraestructura rica y avanzada a una nueva Administración cuya capacidad para controlarla era paupérrima. Hasta 1994, el Gobierno no tenía el menor interés en gastar dinero para favorecer a la mayoría de la población: la comunidad negra y la mulata. El principal objetivo del nuevo Gobierno democrático era, por supuesto, corregir aquel catastrófico desequilibrio. Pero el cambio comportó una enorme carga para el presupuesto del Estado. Las nuevas fuerzas de policía se enfrentaban a desafíos descomunales; a pesar de la reputación que Sudáfrica poseía en todo el mundo de ser una fábrica de delincuencia y de delincuentes, en realidad este país era uno de los objetivos más deseables para las mafias organizadas internacionales. El frágil Gobierno recién instalado en el poder tuvo que dedicar la mayor parte de sus recursos a la seguridad interna. Sus fronteras eran un coladero cuyos orificios se ofrecían al transporte de mercancías del mejor postor: los traficantes de drogas y los de armas.

Bajo el apartheid, la famosa Group Areas Act (Ley de Áreas Grupales) establecía cuáles eran las razas que podían habitar en determinados lugares. Esta disposición se combinaba con la antigua usanza de emplear a hombres negros como mano de obra básica en las minas y la industria pesada. Debido a ello, en los townships (distritos municipales segregados racialmente) se concentró una densidad extraordinaria de población masculina que vivía en condiciones pésimas. Muchas mujeres tenían que arreglárselas como pudieran para sobrevivir con sus hijos en las zonas rurales; esto garantizaba dos cosas: que la generación siguiente viviría en la pobreza y que ésta iba a empeorar.

La reiteración de estas circunstancias durante todo un siglo engendró dos culturas de bandas claramente diferenciadas, pero interrelacionadas. Una era la conocida como «The Number» («el Número») y se daba entre los reos negros y mulatos de las cárceles sudafricanas. La otra proliferó por los townships negros y mulatos.

La leyenda de los Number Gangs es la prueba de una imaginación colectiva prodigiosa en la que la tradición zulú se funde con las imágenes del ejército colonial británico y el heroísmo idealizado del mundo de los bandidos que emergió en Sudáfrica durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX. El origen de estas tres bandas (cuyos nombres eran los números 26, 27 y 28) se remonta a la década de 1890 y a la memoria de Nongoloza, un salteador zulú que robaba a trabajadores de Johannesburgo con su banda, los Ninevites (gentilicio que designa a los originarios de la antigua ciudad asiria de Nínive).

A partir de este sustrato, las sucesivas generaciones de prisioneros tejieron una historia intrincada y rica en elementos de mitología religiosa, como un profeta, rituales antiguos, un texto sagrado (mitad escrito sobre una piel de búfalo, mitad grabado en piedra), una lengua propia (la «sabela», mezcla de jerga afrikáans y zulú con dialectos regionales) y una jerarquía eclesiástica de una complejidad insondable.

Muchos miembros de los Number Gangs han reivindicado, a menudo de forma justificada, que sus bandas eran la forma más pura de resistencia contra el apartheid, y es cierto que los carceleros (predominantemente blancos) temían su influencia; un importante ritual de iniciación en la asociación consistía en apuñalar a un carcelero. Pero también se produjeron sangrientas guerras entre las bandas (especialmente entre la 26 y la 28, que tradicionalmente eran hostiles entre sí), que en ocasiones giraban en torno a una importante controversia doctrinal sobre si la homosexualidad era admisible en el seno de estos tres gangs.

Este sistema vivía entre los muros de las cárceles. Cuando sus miembros salían en libertad disfrutaban de respeto, pero la jerarquía de los townships pertenecía a un tipo distinto de organización: las bandas. Y el lugar en que éstas eran más poderosas eran los townships mulatos de Ciudad del Cabo.

La carretera desde el aeropuerto internacional a Ciudad del Cabo cruza una serie de townships, como Mitchell’s Plain y Guguletu. Hombres, mujeres y niños zigzaguean a pie entre el tráfico para ir de un distrito al siguiente. Por la noche, muchos de los peatones andan totalmente ebrios, lo que explica por qué Sudáfrica posee uno de los peores índices mundiales de muertes en carretera. A ambos lados de la autovía el sol reluce en los techos de metal corrugado de las diminutas chabolas en las que viven familias enteras. Sobre ellas ondea una maraña de cables que extraen energía ilegalmente de la red de distribución eléctrica. En los mejores distritos, los programas europeos de ayuda han dejado hileras de lavabos que ofrecen a la población una mínima dignidad personal. Continúan viviendo hacinados como pollos en una granja como cuando los confinó allí el régimen del apartheid, y aún hoy los que tienen la suerte de trabajar tienen que sobrevivir con unos sueldos míseros. Esta tremenda pobreza resulta especialmente perturbadora porque se halla a unos pocos kilómetros de uno de los barrios residenciales más opulentos del mundo, en el que las piscinas y las pistas de tenis no se consideran un lujo sino una necesidad.

«Si se obliga a la gente a vivir como sardinas en lata —dice Al Lovejoy al describir los townships que tan bien conoce—, el sufrimiento social no puede dejar de terminar expresándose en forma de violencia. Lo que nunca he entendido es por qué no ha habido más violencia.» Con sus musculosos brazos cubiertos de tatuajes, Al está sentado frente a mí mientras toma vino peleón sudafricano y lía un porro en un bar de estudiantes de Stellenbosch, el centro vinícola del país y un importante bastión del racismo blanco.

Durante su niñez, Al fue víctima de una brutalidad indecible a manos de sus padres. Luego pasó por un reformatorio para delincuentes juveniles en el que comenzó a tomar drogas, y no tardó en ir a parar a la cárcel. Su adolescencia fue un ir y venir de la prisión a las calles. Entró en la banda del distrito 6 de Ciudad del Cabo, que se halla a un kilómetro al oeste del centro de la ciudad. A finales de los años sesenta, el Gobierno anunció su intención de reubicar a todos los residentes de este distrito en nuevos townships, que en algunos casos estaban a casi 40 kilómetros de distancia. Esta medida encendió la ira de las comunidades negra y mulata, mientras que algunos de los blancos liberales de Ciudad del Cabo también rechazaron la idea de que los blancos ricos tomasen posesión de Zonnenbloem («girasol»), como iban a bautizar al barrio. Una serie de campañas logró detener el proyecto de arrasar y reconstruir el distrito 6. Y de aquí surgieron algunas de las bandas más famosas de los años setenta y ochenta, que redefinieron la violenta cultura callejera de Ciudad del Cabo. Aunque era blanco, Al Lovejoy fue aceptado por la población local mulata y no tardó en entrar en uno de los gangs.

Entré en los Mongrels («chuchos») después de la peor pelea en la que he estado… De repente, surgió delante de mí [un tipo con un cuchillo]. Una cosa cuadrada y negra se levanta, tapa la luz de las estrellas por detrás de él y viene disparada hacia mi cabeza. Salto a un lado y me pega en la mejilla y en el hombro, y casi me lo disloca … Estoy con la adrenalina a tope y lo agarro por el pelo con las dos manos, le tiro de la cabeza hacia abajo y le pego un rodillazo en la cara con todas mis fuerzas. Le doy de lleno y sale rebotado hacia atrás; se la pega contra la pared que tiene a la espalda y se oye un ¡crack! húmedo muy sonoro. No puedo parar, y cuando se le doblan las rodillas y comienza a caer, lo vuelvo a pillar por el pelo, le planto la cabeza en el suelo y lo muelo a patadas … El hijo de la grandísima puta había intentado abrirme la cabeza con algo hecho de madera, hierro corrugado y cemento, joder.

Estas experiencias eran comunes en la adolescencia de jóvenes negros y mulatos en la región de Ciudad del Cabo y en otras. La policía del apartheid no hacía gran cosa por detener estos desmanes; su filosofía glorificaba la violencia contra la gente negra y mulata, quienquiera que la perpetrase. Si los chavales negros y mulatos se pegaban palizas entre sí, era señal de que no estaban manifestándose contra el apartheid ni fugándose a la jungla con el MK, el brazo militar del ANC. Por supuesto, las drogas formaban parte integrante de la vida de las bandas; otra forma de control social. Y la cultura que rodeaba a la venta y la distribución de narcóticos magnificaba la socialización brutal que experimentaban los jóvenes de los townships. Al recuerda: «Los camellos son el primer eslabón por encima de la masa en la cadena alimentaria, y casi siempre trabajan para alguien … Los traficantes son los ejecutivos medios de la industria de los narcóticos … Se encargan de recoger dinero y entregar mercancía, y también de informar a sus jefes sobre qué sucede en la calle … También tienen que ser listos. Son los intermediarios entre los boere (“policías”) y los jefes».

Al charlar mientras entramos en coche en el distrito de Stellenbosch a altas horas de la noche; ésta es la peor pesadilla para la población blanca de Sudáfrica, y algo que no recomendaría a nadie. Cuando salimos del automóvil, Al está relajado. «No hace falta que lo cierres. Hasta puedes dejar el ordenador portátil en el asiento. Nadie lo va a tocar si estás conmigo.» Y, ciertamente, cuando entramos en el laberinto de chabolas todo el mundo sin excepción nos da una bienvenida cálida y relajada.

Cuando el apartheid comenzó a derrumbarse a finales de los años ochenta y principios de los noventa, empezaron a presentarse muchas oportunidades nuevas a los jefes. Aparecieron dos superbandas en la región de las llanuras del Cabo: los Americanos, bajo la dirección de Jackie Lonte, y The Firm, una amalgama muy bien planificada de diversas bandas rechazadas por los Americanos. Según uno de sus lugartenientes, Lonte fue el responsable de la llegada del crack a la región del Cabo.

«Fue uno de los primeros que fueron a Brasil; fue a Latinoamérica a cerrar tratos, y a partir de entonces comenzaron a llegar mulas a Sudáfrica. Sus clientes eran hijos de familias indias musulmanas ricas. Muchas veces les llamaban por teléfono Jackie Lonte o sus hombres para exigir dinero a los padres de estos chicos, que tenían cautivos en sus locales, y si no pagaban… entonces amenazaban a las familias.»

La ambición de los Americanos iba más allá de Ciudad del Cabo: Sudáfrica era un mercado muy jugoso. Como ha testificado otro de sus colaboradores, Jackie tuvo la gran idea de apropiarse de la mística del Number para reforzar su operación. «No se me dan bien las fechas, pero en algún momento de los años ochenta Jackie pasó por la cárcel. Cuando salió, sacó al Number a la calle. Ahora, para vender drogas había que conocer a las bandas de la cárcel.» Lonte proclamó que los Americanos eran los representantes del 26 en el exterior.

El Number era un fenómeno extendido por todo el territorio nacional. Al asociar el 26 con los Americanos, Lonte pudo imponer su liderazgo a otras bandas por mera cuestión de reconocimiento. Por culpa de su estructura rígida y enigmática, el Number no tenía poder para impedir la suplantación de su identidad, y antes de que pasara mucho tiempo The Firm se proclamó representante del 28; por supuesto, esto exacerbó la cruenta hostilidad entre las dos grandes bandas. Las fronteras sudafricanas se estaban disolviendo y por ellas entraban todo tipo de drogas; las bandas pudieron vender los narcóticos más rápido y mejor que en ningún otro país que se estuviera abriendo al mundo exterior (como Rusia).

Los Americanos crearon una asociación informal de bandas de toda Sudáfrica; The Firm llevó la idea un paso más allá y estableció un cártel en toda regla con una estrategia de negocio coherente. Al igual que los nigerianos, el líder de The Firm, Colin Stanfield, observó que en la economía sumergida de Sudáfrica había grandes vacíos y empleó la fuerza financiera de su banda para establecer un banco informal. Sus miembros recibieron capital para fundar bases a lo largo de las dos costas de la región del Cabo, la del Atlántico y la del Índico, con el objetivo concreto de conseguir que los blancos jóvenes y ricos imitaran el ejemplo de sus homólogos europeos y estadounidenses y se aficionaran a la cocaína.

Un descampado de casi doscientos metros separa la gran comisaría de policía de Valhalla Park, un distrito de nombre wagneriano y población mulata que posee una pésima fama debido a las drogas y las bandas callejeras. El barrio donde creció Colin Stanfield parece demasiado pequeño para ser problemático, como el Bogside de Derry (Irlanda del Norte), que también parece demasiado pintoresco para ser el epicentro de tantas pasiones violentas. Sin embargo, Valhalla Park es todavía hoy uno de los lugares más violentos y peligrosos de toda Sudáfrica, y ahí la rabia y el crimen forman un cóctel explosivo. Al igual que las comisarías de policía del Ulster protegidas con torres de vigilancia y alambre de espino, esta dependencia policial también parece una fortaleza asediada. Con todo, la policía tiene la confianza de que pueden llamar a la empresa de seguridad norteamericana ADT para que envíen una ARU (Armed Response Unit, unidad armada de respuesta) en caso de que salga de Valhalla una banda de valkirias armadas hasta los dientes.

¿Qué habría sido de Sudáfrica sin sus ARU? Por cada miembro del servicio de policía de Sudáfrica hay en el país 4,5 guardias de seguridad privados con permiso de armas. Su misión: proteger a las clases medias blancas de atracos y allanamientos de morada. Sus clientes viven en distritos acaudalados en los que imperan las vallas electrificadas con alto voltaje, los muros altos y unos niveles de ansiedad no menos elevados. En parte gracias a los ARU y en parte porque la vida siempre ha sido así, en realidad los blancos tienen muchas menos posibilidades de ser víctimas de delitos que los ciudadanos negros y mulatos, ya que los principales focos de crímenes violentos son los townships.

Sin embargo, los ARU han desempeñado un papel crucial, aunque indirecto, en el mantenimiento de la paz en la Sudáfrica posterior al apartheid. Aunque las fuerzas de seguridad de la Unión Soviética y los países de Europa del Este vigilaban de cerca a sus ciudadanos antes de la caída del Muro de Berlín, en todas estas naciones había fuerzas de policía normales dedicadas a perseguir la delincuencia, controlar el tráfico y ayudar a cruzar la calle a las ancianitas, con independencia de su nacionalidad y su religión.

La policía de la Sudáfrica del apartheid era distinta y tenía unos tintes explícitamente políticos. Su función principal consistía en imponer la ley de las áreas grupales y en mantener a la población negra y mulata en los distritos que tenían asignados. Sólo se podía entrar y salir de muchos de los grandes townships a través de carreteras que pasaban por puentes y que eran fáciles de cerrar con unos cuantos hombres provistos de vehículos y armas de fuego. La policía sudafricana no tenía nada que hacer en el interior de los distritos raciales: la ebriedad, los robos, las violaciones, los asesinatos y sus consecuencias eran problemas que los townships tenían que resolver por sí mismos (a menos que sus autores hubieran entrado en zonas blancas).

La policía era el puño de hierro del apartheid. Los servicios de seguridad eran todavía peores, especialmente los que se dedicaban a la lucha contra los comunistas en la frontera de países como Angola y Mozambique. Además de cumplir la misión de devastar poblados angoleños y mozambiqueños, se sacaban un dinerillo extra con el contrabando hacia Sudáfrica de diamantes y otros productos de valor procedentes de los países vecinos. No eran tanto policías como protodelincuentes organizados, y no se trataba en absoluto de buena gente. Muchas veces eran asesinos profesionales y estaban adoctrinados en la creencia de que las etnias negras y mulatas eran inferiores. Y sólo tenían alguna noción muy rudimentaria de cómo perseguir la delincuencia, controlar el tráfico y ayudar a cruzar la calle a las ancianitas.

Cuando el primer ministro de Seguridad del ANC pidió a Peter Gatrow que fuera su consejero en jefe para la transición de la policía, Gatrow conocía la extensión del problema. «Gran parte de las fuerzas policiales se habían concentrado en zonas blancas urbanas y, de repente, no había restricciones de movimiento y la gente podía ir adonde quisiera», recuerda. «Estos agentes de policía ya no podían arrancar una confesión a cualquiera con cuatro porrazos. No entendían nada de todo eso de servir al pueblo. Siempre le habían dicho a la gente qué podía hacer, ¿y ahora tenían que servirla? La confusión fue enorme, no puede usted imaginarlo… Venían suecos y holandeses a decirles que la policía tenía que ¡respetar los derechos humanos! ¡La policía sudafricana! ¡Ja, ja, ja!» Gatrow estalla en carcajadas al pensar en unos cuantos escandinavos con jersey de lana explicando a los encallecidísimos bóeres que hay que comprender el dolor del prójimo.

Durante la primera mitad de los años noventa, Nelson Mandela y los aliados liberales del ANC fueron conscientes de que la policía del apartheid representaba una amenaza muy real para la transición pacífica. Como explica Gatrow, algunos elementos blancos alimentaban la guerra civil incipiente entre los zulúes que apoyaban al ANC y los del Partido de la Libertad Inkhata, que era más conservador. Lo hacían porque la generalización del conflicto entre zulúes podría haber sido fatal para el Gobierno de la mayoría negra. Los blancos comenzaron a movilizarse para defenderse ante la posibilidad de que estallase esta guerra, y la policía sudafricana se perfilaba como una amenazadora milicia en ciernes.

«O sea, que tuvimos que trazar una estrategia a propósito —explica Gatrow—. Había unas fuerzas policiales de seguridad poderosas que el Gobierno temía. Lo primero fue identificar la cadena o la red de personas destacadas e influyentes en las fuerzas de seguridad (agentes veteranos y bien conocidos) para eliminar a algunos de ellos y romper la cadena.»

Sin embargo, era demasiado arriesgado echarlos a la calle. Lo que menos necesitaban era un grupo de agentes amargados sueltos por las calles con un tropel de seguidores. A diferencia de Rusia y Europa del Este, y de Estados Unidos tras la invasión de Irak en 2003, en Sudáfrica los nuevos gobernantes entendieron que si se pone de patitas en la calle a personal policial y militar no se puede esperar vivir en una sociedad estable. «Así pues, nos sentamos con ellos y les dijimos: “Sabéis tan bien como nosotros que habéis hecho algunas cosas horribles. Y, como miembro del ANC, tampoco digo que todos nosotros seamos angelitos. ¿Qué os parecería retiraros con una pensión muy buena? Sin follones, ni declaraciones llamativas. No queremos obligaros; negociemos”. Y aceptaron. Pero las pensiones ventajosas se ofrecieron a los líderes, no a los agentes de a pie, y entre éstos todavía hay mucha rabia. Se vieron abandonados por sus jefes, por el ex presidente De Klerk y por el Partido Nacional.»

La aparición de las ARU resultó ser una bendición, porque la policía blanca que no quería servir en los nuevos servicios de policía de Sudáfrica acudieron en masa a trabajar para las compañías privadas de seguridad. Además, los costes de las ARU no corrían a cargo del Estado, sino de las clases medias blancas, que estaban más que dispuestas a pagar un pequeño extra para disfrutar de un nivel de seguridad comparable al que tenían con el apartheid.

En 1998 el Estado gastaba 22 000 millones de rands (4000 millones de dólares) en la totalidad del sistema de justicia penal, incluidos los tribunales, las cárceles y los cuerpos policiales. En comparación, la facturación de las empresas privadas de seguridad se había multiplicado hasta llegar a la mitad de esta suma: 11 000 millones de rands. Todo este dinero fue a parar a la policía nacional al mismo tiempo que el Gobierno luchaba contra los letales peligros del colapso social y los conflictos raciales. Ir a remolque de la nueva realidad de la democracia dejó exhaustos a los gobernantes.

El delito que mejor representaba la percepción de Sudáfrica como un territorio sin ley durante los años noventa era el robo violento de automóviles. Se hablaba sin parar de casos en que una persona volvía a casa en coche después de un día de trabajo y, en un semáforo, aparecían ladrones que le sacaban a empellones del vehículo y le pegaban un tiro mientras escapaban a toda velocidad, riéndose, en el automóvil robado. Para el mundo exterior, se trataba de un robo oportunista y brutal cometido por desaprensivos que aprovechaban la agitación social posterior al apartheid. En Sudáfrica fue un recordatorio insoslayable de que nada escapaba al problema de la raza. Normalmente las víctimas eran blancas y los delincuentes negros. Para muchos blancos, estos robos violentos confirmaban las sospechas que albergaban sobre los negros. En este ambiente de terror, acentuado por los dantescos relatos de los medios de comunicación, algunos blancos creían que todos los jóvenes negros iban armados y estaban esperando su oportunidad para robar un coche. Por su parte, los negros veían el desfile de blancos acomodados por las autopistas en sus enormes coches de lujo y todoterreno, mientras que ellos vivían inmersos en la pobreza, y se preguntaban: ¿no es este abismo material la misma esencia del apartheid, el sistema que en teoría se había desmantelado ya?

Cuando hoy en día la delincuencia callejera sale a la luz en Sudáfrica, siempre pasa por el prisma de la política racial. Así sucede sin excepción en las conversaciones privadas, aunque en público se habla en código para evitar acusaciones de racismo. Este debate intenso y encubierto sobre el crimen y la política racial es predictible y, normalmente, estéril. Sobre la industria del robo violento de automóviles está claro que no dio muchos resultados.

En un revelador estudio realizado entre personas encarceladas por este tipo de delito, un investigador del Instituto Penal de Sudáfrica descubrió que el 70 % de los incidentes se habían producido por encargo. Los ladrones buscaban vehículos de marcas y modelos concretos, y sólo se movían en cuanto veían uno de ellos. Y aunque en más del 90 % de los casos amenazaron a las víctimas con un arma de fuego, también en más del 90 % de los casos no dispararon. No eran delitos motivados por venganza ni violencia racial, sino la cara visible de una industria delictiva muy grande y dinámica que se extendía por todo el sur de África. A finales de los años noventa se robaban con violencia cada año en Sudáfrica unos 15 000 automóviles y 5000 furgonetas y camiones, además de otros 100 000 que se robaban cuando estaban desocupados. Unas dos terceras partes de los casos tenían lugar en la provincia de Gauteng, donde se encuentra Johannesburgo, el motor económico de Sudáfrica. La mayoría de los vehículos era de gama alta: Mercedes, BMW, Lexus y todoterrenos 4x4 de todas las marcas. El valor total de los bienes de este tipo robados al año ascendía a miles de millones de dólares. Con el paso de los años, la cantidad de secuestros temporales aumentó drásticamente porque los ladrones querían impedir que la empresa de seguridad contratada por la víctima utilizase los rastreadores automáticos del vehículo, que se volvieron imprescindibles en este país antes que en ningún otro. La entrega a los compradores tenía lugar normalmente durante la hora siguiente al robo; el ladrón ganaba unos trescientos dólares, cantidad superior al sueldo mensual de la mayoría de los negros. Un ladrón encarcelado explicó que, en un día bueno, él y sus cómplices podían robar cinco vehículos. Sus compradores eran organizaciones que pintaban el automóvil de inmediato y cambiaban la matrícula y el número de chasis por los que constasen en la documentación que habían comprado previamente a funcionarios corruptos del centro de matriculación por unos tres mil dólares. A partir de ahí, a menudo con la connivencia de agentes de policía corruptos (entre ellos, muchos de raza blanca), los coches se despachaban hacia países vecinos como Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Suazilandia y, más al norte, Angola, Zambia, Malawi y Tanzania. Una vez en su destino, los coches se vendían al contado o, como explica el especialista en delincuencia organizada sudafricana Jenni Irish, «Se convierten en moneda de cambio en pago por otros productos, como oro y diamantes».

Para prosperar, la mayoría de las bandas de delincuentes están obligadas a tratar de «capturar» total o parcialmente al Estado a cierto nivel. Dentro de este concepto se enmarca una amplia gama de actos de corrupción, desde sobornar al funcionario de la oficina de matriculación hasta instalar a aliados en altos puestos políticos o de la Administración pública. Pero gran parte de la tragedia del África subsahariana a finales del siglo XX reside en que partes muy importantes de la infraestructura de comunicación han caído en manos de oportunistas, hombres de negocios deshonestos, mercenarios y gánsteres. Los automóviles tuvieron un papel importante como divisa o moneda de cambio, pero, para transportar productos, hacía falta un medio mejor. Aquí es donde entran los aeroplanos: desde avionetas ligeras de hélice hasta enormes aviones de transporte Ilyushin y Antonov. Y en ese territorio había muchos príncipes, pero sólo un rey.

Aquella mansión de tres millones de dólares situada en el lujoso barrio de Sandhurst, en Johannesburgo, habría impresionado incluso a Chubb y ADT, las dos mayores empresas privadas de seguridad de Sudáfrica. Su multimillonario propietario ruso nunca creyó que tuviera que llamar a una ARU para protegerla; tenía a su propio equipo paramilitar patrullando con metralletas y perros los confines y el interior de la finca durante las veinticuatro horas del día. Pero hubo una tarde de marzo de 1998 en que le habrían venido bien unos refuerzos. Unos enmascarados, provistos de mayor potencia de fuego que los vigilantes y de una caja de granadas de mano, penetraron en la casa por la puerta y entraron en la cocina, donde una anciana rusa estaba cortando verduras. «Le pegó a uno de los pistoleros en la cabeza con una sandía muy grande, y luego la dejaron inconsciente de un culatazo —eso fue lo que hizo la babushka, según relata el investigador Andre Verloy—. Los asaltantes huyeron con seis millones de dólares en efectivo, pero dejaron intactas las pinturas y otros objetos de valor. Era un mensaje para Viktor Bout.»

Nacido en 1967 en Dushanbe, la capital de la República Soviética de Tayikistán, Viktor Bout tiene un don para las lenguas y una inteligencia extremadamente aguda. Tras licenciarse en la Escuela Militar de Lenguas Extranjeras de Moscú, terminó trabajando en Mozambique y Angola cuando sobrevino el colapso de la Unión Soviética. Ambos países fueron escenario de violentos conflictos librados a través de intermediarios por las dos grandes potencias de la Guerra Fría. Aunque tenía poco más de veinte años, Bout —ligeramente robusto y con bigote recortado— logró fundar una serie de servicios de transporte aéreo de carga con viejo equipamiento soviético. Sus aviones se guardaban en hangares del emirato de Sharjah, sus compañías estaban registradas en otro emirato, Ajman, y para sus transacciones financieras empleaba el Standard Charter a través de los Emiratos Árabes Unidos. Los veteranos pilotos de Bout procedían de la Unión Soviética y se ganaron la fama de volar a las regiones en conflicto más peligrosas, aquellas a las que nadie más se arriesgaba a ir.

Bout ha reconocido haber suministrado a la Alianza del Norte antitalibán armamento a mediados de los noventa, antes de que uno de sus aviones fuera capturado en territorio enemigo. Tras negociar la liberación de los pilotos, Bout comenzó a suministrar también armas a los talibanes. Según un alto funcionario que trabajó en la Administración de Clinton y en la de Bush y que fue responsable de vigilar las actividades de Bout, «los EAU eran el único país que reconocía al régimen talibán, junto con Arabia Saudita y Pakistán. Así es como Bout estableció vínculos con ellos a través de sus empresas de aviación. Había mucha cooperación entre las líneas aéreas afganas, Ariana, y las naves de Bout».

En aquella época, Bout se mudó a Sudáfrica, sin duda atraído por el clima y el estilo de vida, pero también para mantener bajo control su nueva operación: el abastecimiento de material armamentístico a diversas facciones enfrentadas en las guerras de Angola, Liberia, Sierra Leona y la República Democrática del Congo.

Gracias a su considerable peso financiero, Bout pudo comprar entero el aeropuerto de Mafeking —situado justo al sur de la frontera de Botsuana— e instalar allí a sus mecánicos y sus administradores; incluso pagó el salario de los funcionarios de inmigración. Se trataba de un punto clave en la distribución de armas hacia otros países del sur del continente africano; los aviones regresaban con cargamentos de minerales e incluso productos como pescados difíciles de encontrar o flores preciosas destinadas a su venta en los Emiratos Árabes Unidos. Pero, obviamente, Bout se hizo enemigos en Sudáfrica. Unos días después de que asaltaran su casa, otros pistoleros dispararon a su coche a plena luz del día, cuando Bout y dos asistentes suyos cruzaban Johannesburgo. «O estaban repitiendo la advertencia —me explica un veterano de los Scorpions, la unidad anticorrupción de élite de Sudáfrica—, o quienquiera que pretendía matarlo contrató a chicos nuestros —añade riendo—, porque los sudafricanos siempre echan estas cosas al traste.»

Fuera como fuera, el temible Bout decidió que había llegado el momento de dar por terminada su estancia en tierras sudafricanas: nunca debe subestimarse la importancia de un clima acogedor en las operaciones ilícitas. Volvió con su familia a Moscú casi en el primer vuelo disponible. Desde entonces, en Rusia ha podido evitar las atenciones no sólo de los pistoleros sudafricanos, sino también de la Interpol, cuya influencia siempre se tambalea en las fronteras del país.

Sin embargo, desde Moscú se las arregló para conseguir clientes nuevos. El inigualable éxito de sus pilotos en la entrega de armas a zonas de guerra estaba comenzando a llamar la atención de alguna gente poderosa. Nadie más podía vanagloriarse de haber distribuido armas a ambos bandos del conflicto angoleño; a los talibanes; a Charles Taylor, el carnicero de Liberia; a los guerreros de Sierra Leona, tan aficionados a practicar mutilaciones; y a quién sabe quién en la República Democrática del Congo.

Pero los pistoleros misteriosos de Johannesburgo no eran sus únicos detractores. En 2000, Naciones Unidas publicó un informe incendiario sobre las actividades de Bout, a raíz del cual Peter Hain, veterano miembro del movimiento antiapartheid y a la sazón ministro de Asuntos Exteriores británico, lo calificó como «el mayor comerciante de la muerte». Hain explicó que los servicios de inteligencia occidentales habían determinado que las empresas de Bout eran «el principal conducto para los aviones y las rutas de suministro que transportan armas, incluyendo equipamiento militar pesado, desde Europa del Este, principalmente Bulgaria, Moldavia y Ucrania, a Liberia y Angola. La ONU ha denunciado que Bout es el centro de una telaraña de sombríos traficantes de armas, diamantes y demás elementos que alimentan las guerras. Sin alguien como él estaríamos muchísimo más cerca de resolver los conflictos». Desde su despacho ministerial, Hain me explica cómo decidió ir a por Bout. «Cuando era ministro para África —cuenta, recordando un discurso que dio en la Cámara de los Comunes— recibí mucha información de inteligencia del MI6 y otros servicios que señalaba el tráfico sistemático de armas que llegaba a Sierra Leona vía Liberia y a Angola a cambio de diamantes aluviales. Recibía informes de que todo este movimiento tenía lugar a través de los aviones de Viktor Bout, y dije: “¿Qué vamos a hacer al respecto? Conocemos los horarios de vuelo de sus naves. ¿Por qué no las abatimos?”. Pero mis consejeros contestaron: “No podemos hacerlo, señor ministro, porque va contra el derecho internacional”. Dije que teníamos que ponerle freno porque, en el caso de Sierra Leona, estas mismas armas, municiones y demás equipamiento estaban utilizándose contra nuestros soldados. Por una parte, habíamos enviado tropas británicas para salvar a Sierra Leona de la insurgencia, y por otra sabíamos quién era el traficante que les proporcionaba los medios para atacar a nuestros soldados. ¡Y no hacíamos nada! Al final, acabamos con las operaciones de varios traficantes de armas y dañamos gravemente las de Viktor Bout. Gracias a mis reuniones con el emir de Dubái, el jeque Mohammed, también le impedimos trabajar allí, y entonces se retiró a Rusia.»

Tres años más tarde, Bout volvía a estar en el cogollo del negocio, sólo que esta vez prestaba sus servicios a la campaña estadounidense contra Irak. Más o menos al mismo tiempo, los Gobiernos británico y estadounidense se despistaron y su nombre desapareció de la lista de los delincuentes más buscados de las Naciones Unidas. En privado, el Gobierno francés expresó su furia e insinuó que aquella era la recompensa que había obtenido Bout. Aunque Francia tenía un interés creado al respecto de esta guerra, además de un penoso historial en el comercio de armas a cambio de minerales en África, parece que Bout había logrado una carambola impresionante. En realidad, el escándalo que se organizó dio a los funcionarios del Tesoro pruebas suficientes para persuadir al presidente Bush de que firmase una orden ejecutiva contra los bienes de Bout en Estados Unidos. No obstante, el ejemplo de Irak es la prueba de que figuras criminales de primer orden como Bout pueden sobrevivir gracias a que existe un mundo extrañamente opaco en el que se mezcla el dinero con los delincuentes, las crisis y los servicios de seguridad hasta tal punto que sólo los mejores expertos son capaces de distinguir a unos de otros.

Viktor Bout es uno de los pocos delincuentes contemporáneos que disfruta del honor de haber inspirado no una, sino dos películas de Hollywood, más una tercera que está en proyecto. La más reciente es Diamantes de sangre, que protagonizó Leonardo DiCaprio con una interpretación muy convincente de un mercenario sudafricano. Por otra parte, Andrew Niccol, el director y guionista del largometraje Lord of War, ha dicho que su protagonista, Yuri Orlov, interpretado de forma también muy convincente por Nicolas Cage, se basaba en unas cinco personas, y ha reconocido que una de ellas era Viktor Bout. Este filme capta con qué facilidad funciona esta economía paralela a escala mundial; tal vez su mayor fallo sea sugerir que el agente estadounidense de la Interpol que interpreta Ethan Hawke, Jack Valentine, cuenta con los recursos y con la autoridad necesaria para ser una amenaza real para Orlov. El traficante abastece de armas ucranianas y soviéticas a una serie de clientes, el principal de los cuales, André Baptiste, guarda un parecido más que notable con el genocida ex dictador liberiano Charles Taylor. En una escena, éste ofrece a Orlov una deslumbrante colección de diamantes en pago por armas y munición.

Este momento cinematográfico simboliza el saqueo sistemático y horriblemente violento de los recursos animales, vegetales y sobre todo minerales de Sierra Leona, Liberia, Angola y la República Democrática del Congo durante los años noventa y principios del nuevo milenio. En estos miles de millones de dólares están implicados políticos, gánsteres, hombres de negocios y grandes corporaciones, todos los cuales trabajan febrilmente para satisfacer su avaricia insaciable y la infinita demanda de los consumidores del mundo de teléfonos móviles y joyas relucientes.

La naturaleza ha premiado a Angola con recursos abundantes. Por desgracia, sus dirigentes han estado ocupados tanto tiempo luchando entre sí que no han logrado que su pueblo se beneficie de la riqueza natural. Pero los angoleños tampoco son los únicos responsables de la carnicería. Ya antes de que el país se declarase independiente de Portugal en noviembre de 1975, estaban sumidos en una terrible guerra civil que, de repente, se convirtió en un conflicto que el gobernante MPLA (Movimiento Popular de la Liberación de Angola) libraba en nombre de Cuba y de los servicios de inteligencia militar soviéticos, por un lado, contra la anticomunista UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) de Jonas Savimbi, en representación de la CIA y de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas.

Aquella brutal contienda, en la que se produjo una continua escalada de la participación cubana y sudafricana, continuó hasta el final de la Guerra Fría. Al fin se extinguió en 1991 y, tras muchas negociaciones, ambos bandos acordaron una tregua, luego un acuerdo de paz y, por último, unas elecciones. Savimbi fue el derrotado. Algunos de sus combatientes habían desertado. El pueblo común estaba desesperado por librarse de la tiranía de la guerra. Y UNITA no tenía ningún amigo en todo el mundo, excepto quizás algún gran mafioso como el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko. ¿Final del viaje? Sólo un lemming se habría encaminado otra vez hacia el abismo de la guerra. Por eso Savimbi jugó a aprovecharse de la codicia de un puñado de angoleños ricos y de una larga cadena de extranjeros y se apoderó de la mayoría de las minas de diamantes y yacimientos aluviales más productivos del país.

Los gampieros, los hombres que se juegan la vida excavando el lecho del río en busca de diamantes, son como los pescadores del Ural que capturan esturiones: hacen el trabajo sucio y peligroso de cosechar un producto por el que les pagan una nadería y con el que otros se enriquecen sobremanera. En 1999 una estimación conservadora cifró los ingresos de UNITA por los diamantes en 4000 millones de dólares en menos de una década. El valor de las piedras preciosas cuando llegan al mercado es aproximadamente diez veces superior. Y durante aquel mismo período no hubo nadie en esa industria por cuyas manos no pasaran, a sabiendas o no, los diamantes «de sangre» (llamados así por las muertes que provoca su entrada en el mercado): desde De Beers, el poderosísimo conglomerado sudafricano, hasta los talleres de la India, en los que se pule un 80 % de todos los diamantes del mundo, pasando por los numerosos tratantes de Amberes, Tel Aviv, Londres y Nueva York. Al menos así fue hasta que en 1999 se inauguró el denominado «Proceso de Kimberley» para certificar el origen de las gemas.

Era el círculo comercial perfecto. Las armas fabricadas en Europa del Este y la antigua URSS (en su mayoría, aunque una parte procedía de Europa occidental, Israel y Estados Unidos) se enviaba en avión a las zonas africanas en conflicto. Los pilotos rusos eran especialmente bienvenidos, porque conocían bien el terreno desde los tiempos de la Guerra Fría. Las armas se cambiaban por diamantes, que se enviaban a Sudáfrica, Israel y el norte de Europa, y, una vez vendidos, se sometían al proceso normal de pulido, antes de llegar a las joyerías en perfecto estado. Los únicos que perdían algo eran los angoleños muertos y lisiados, pero todos los demás (incluidas las arcas públicas de Rusia, Europa y Estados Unidos) ingresaban unos beneficios cuantiosos.

Durante la Guerra Fría, los conflictos armados del mundo en desarrollo eran fruto del choque entre ideologías; entre EE.UU. y la URSS no había mucha competencia por el petróleo, los diamantes ni los recursos madereros, porque ambas superpotencias tenían acceso sobrado a las materias primas. Los rebeldes no necesitaban fondos para sus operaciones porque recibían el apoyo de la superpotencia correspondiente. Millones de vietnamitas, coreanos, etíopes, guatemaltecos, afganos y, naturalmente, angoleños podrían no estar de acuerdo, pero este conflicto bipolar imponía cierta fuerza restrictiva sobre la financiación de guerras civiles mediante la extracción y comercialización de recursos.

Una vez levantadas tales restricciones, los bandos de una guerra civil buscan la fuente de ingresos más cercana. Ello resulta especialmente fácil para las milicias africanas situadas en zonas ricas en minerales, donde el proceso de extracción es económico. Casi todas las guerras de diamantes han tenido lugar en países donde las piedras preciosas se obtienen en yacimientos aluviales, en el lecho de ríos; las milicias no tienen ni tiempo ni dinero para invertir en minas de profundidad. Pero África tiene una desventaja especial: sus productos son legales en los mercados occidentales. Los joyeros y tratantes de diamantes no cuentan con el mejor de los estatus sociales posibles, pero no cabe duda de que se hallan a unos cuantos niveles de consideración social por encima de los traficantes de drogas, y poca gente sostendrá que su comercio es inmoral.

Y no sólo se trata de diamantes. A mediados de los años noventa, el derrocamiento del presidente Mobutu de Zaire (que, a partir de entonces, pasó a conocerse como República Democrática del Congo, o DRC, por sus siglas en inglés) se sumó a las repercusiones del genocidio de Ruanda, que dejó milicias de etnia hutu en el exilio en la zona oriental de DRC. Este país tiene un tamaño igual a dos terceras partes de la India, pero veinte veces menos población que el subcontinente. En 1998 estalló un conflicto que, por la cantidad de ejércitos implicados y muertes provocadas, es comparable con la primera guerra mundial: hasta cuatro millones de muertos en cinco años. Ha sido un conflicto de inmensa complejidad que no sólo se ha llevado la vida de demasiados congoleños, sino también de África en sí, puesto que sus consecuencias han ido mucho más allá de las fronteras del Congo.

El mapa de las zonas principales del conflicto entre los distintos ejércitos y milicias coincide con el de la concentración de los recursos naturales del país. Los implicados se han dado al pillaje de todo lo que han encontrado, ya sea madera, gorilas (han matado a ocho mil ejemplares de una población de once mil, en su mayoría para venderlos como carne), cobre, diamantes y un material bastante desconocido que recibe el nombre de coltán: el 80 % de la producción mundial de coltán procede de minas de DRC, y los depósitos de esta materia son un campo de batalla a cuatro bandas, y en ocasiones más todavía: el ejército de Ruanda, el de Uganda, la milicia hutu Interahamwe y la también hutu Mai-Mai. Se obliga a los campesinos a excavar esta materia prima, que en un determinado momento alcanzó el increíble precio de 300 dólares el kilo.

El coltán resulta deseable hasta tal punto porque es un material conductor que resiste temperaturas muy altas y, por tanto, es un componente básico en la fabricación de ordenadores portátiles, teléfonos móviles y consolas de videojuegos PlayStation. Ello plantea preguntas muy graves sobre la relación entre la delincuencia organizada y la economía «legítima». La gente corriente de todo el mundo puede pensar que no tiene la menor relación con las redes delictivas internacionales, pero cualquiera que haya utilizado un teléfono móvil o un ordenador portátil durante la última década ha empleado sin saberlo los frutos del crimen organizado.

Hasta el año 2000 era posible, si se prestaba mucha atención, escuchar alguna declaración ocasional de los Gobiernos occidentales acerca de la relación entre los productos comercializados en Occidente y las guerras de África. Al mismo tiempo, Europa occidental y Estados Unidos denunciaban que la delincuencia organizada era una de las peores sombras del «lado oscuro» de la globalización, como lo llamó el presidente Clinton. Y el acceso de Occidente a materias primas como el coltán dependía de los oficios de las mafias organizadas que operaban por todo el sur y el oeste de África y que trafican entre África, la antigua URSS y Europa.

Era perfectamente posible identificar a algunos de los elementos más prominentes de la cadena, como Viktor Bout. Otra cosa era reunir pruebas suficientes para arrestar a alguien como él, por no hablar de encontrar un tribunal con la jurisdicción necesaria. El máximo enemigo de James Bond es la organización SPECTRE (cuyas siglas significan Ejecutiva Especial para Contrainteligencia, Terrorismo, Venganza y Extorsión), que habría acogido en su seno a un personaje como Bout porque encaja en el estereotipo del delincuente organizado internacional: tiene un cucharón en todas las ollas, está dispuesto a hacer negocios con cualquiera que quiera comprar armas y su ambición huele a deseos de dominar el mundo. Pero Bout es la excepción; la mayoría de los grandes sindicatos organizados se componen de grupos de conspiraciones menores que vehiculan un producto o un servicio. Tan sólo un eslabón en la cadena de distribución.

La cocaína y la heroína se consideran en general sustancias ilícitas y son un producto clandestino desde el momento de la cosecha hasta el de la venta final; con el coltán y los diamantes, en cambio, cuanto más se alejan de su lugar de origen más rápido se desvanecen las manchas de sangre. Combatir la delincuencia organizada es muy difícil, en parte porque, en ámbitos como el bancario y el comercio de productos lícitos, los participantes, las motivaciones, los procesos y los objetos de intercambio comercial entran y salen de la luz a las sombras tan rápido que toda definición moral o legal resulta imposible.

A pesar de la preocupación pública del mundo occidental por el crimen organizado, hasta el cambio de siglo no pareció que hubiera muchas posibilidades de que el voluminoso comercio de minerales africanos procedentes de zonas en conflicto fuera a llamar la atención, ni mucho menos a verse interrumpido. Pero entonces sucedió algo más bien improbable.

Una oficina algo destartalada de un suburbio respetable del oeste de Londres no es el lugar en que cabría esperar encontrarse un bastión de la resistencia contra el comercio de diamantes de sangre. Charmian Gooch no había cumplido aún treinta años en 1995 cuando formó con dos amigos una ONG llamada Global Witness (Testigo Global). «Seguíamos el trabajo de muchas organizaciones que trabajaban en temas medioambientales, y estábamos en contacto con otras especializadas en derechos humanos. Y una vez y otra veíamos las partes intermedias que interconectaban ambas áreas, pero que nadie investigaba. Tratamos de estudiar problemas que estuvieran siendo pasados por alto, pero que necesitasen soluciones urgentes, e intentamos formular ideas prácticas para abordarlos.»

Con unos recursos mínimos y un riesgo personal considerable, Global Witness decidió investigar hasta el último recodo del camino que llevaba los diamantes desde Angola hasta Londres y Nueva York. En sus viajes a distintos países les dispararon tiros y les amenazaron, y en ocasiones sintieron que no conseguían más que darse de cabezadas contra la pared. «Éramos muy pero que muy pequeños. No teníamos dinero, como siempre, pero por eso estábamos muy motivados para cambiar las cosas —continúa Charmian—. Fui a Angola diciendo que preparaba un documental. Todos los diplomáticos, periodistas y ONG con los que hablé me dijeron que era un mal momento para estudiar el papel de los diamantes de sangre en la financiación de los conflictos, porque iban a cerrar un trato muy importante con UNITA: esta organización se convertiría en una gran empresa de diamantes y les permitirían participar en el proceso de paz. Éramos escépticos sobre la posibilidad de que esta estrategia fuera a funcionar, pero por cuestión de respeto nos mantuvimos al margen durante un tiempo. Como habíamos previsto, no funcionó, o sea, que nos pusimos a investigar.»

Y a finales de 1998 publicaron su informe: Un comercio bruto: El papel de las empresas y los Gobiernos en el conflicto de Angola. Aparte de ilustrar quiénes eran los malos de la película, señalaron con el dedo acusador al mundo corporativo occidental. De Beers fue su principal objetivo, ya que disfrutaba de un monopolio casi total sobre la venta de diamantes en bruto a través de su filial londinense.

El impacto del informe fue inmenso. En menos de dos años, con el apoyo del Congreso estadounidense, de varios Gobiernos europeos y —en un gesto llamativo— de De Beers, la industria de los diamantes estableció el Protocolo de Kimberley, bautizado con este nombre en honor al centro histórico del sector de los diamantes de Sudáfrica. Los signatarios de Kimberley se comprometieron a comprar y vender únicamente diamantes que contasen con certificado de país de origen.

Global Witness publicó después otros informes acerca de África occidental. La ONU no tardó en publicar su propio informe bajo la presidencia del diplomático canadiense Robert Fowler. Este documento fue más allá que ningún otro en la denuncia de empresas occidentales que eran cómplices en la exportación de armas a África y la importación de diamantes de este continente. Después, un reportero del Washington Post de talento excepcional, llamado Douglas Farah, dejó al descubierto una red de Al-Qaeda implicada en el comercio de diamantes procedentes de África occidental.

Estos avances confirman que, para resolver un problema de delincuencia organizada en su lugar de origen hay que promulgar leyes válidas allí donde se encuentra la demanda de la mercancía, allí donde ya no resulta perceptible la influencia criminal. Poco a poco, los fabricantes de teléfonos móviles se adhieren a un protocolo similar al de Kimberley para certificar el origen del coltán africano.

Todavía queda mucho por hacer, pero Global Witness ha logrado poner de relieve que el crimen organizado no se compone de corporaciones siniestras que planean dominar el mundo, sino de una compleja interacción entre la economía regulada y la no regulada, un problema que no admite soluciones simples pero que tampoco puede dejarse a la deriva, como sucedió hasta que Global Witness obligó a los Gobiernos de Occidente a reconocer su responsabilidad. Esta ONG también puso sobre el tapete la cuestión de que los ciudadanos occidentales de a pie están mucho más conectados de lo que se dan cuenta con las grandes industrias ilícitas. Si los Gobiernos del mundo desarrollado quieren tomar cartas en el asunto del crimen organizado, tienen que prestar todo su apoyo a mecanismos como el Proceso de Kimberley, así como poner pautas al comportamiento de empresas y consumidores.

El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, recibió presiones considerables para mediar en un acuerdo de paz para la República Democrática del Congo. Al mismo tiempo, los Gobiernos occidentales le criticaron por ser demasiado indulgente con el presidente de Zimbabue Robert Mugabe cuando éste empezó a sufrir una senilidad cada vez mayor y más violenta. «Mbeki tenía que ser consciente en todo momento de que había que persuadir al ejército de Zimbabue para que saliera de DRC —explica un alto consejero de seguridad del dirigente sudafricano—. Pero los generales estaban ganando muchísimo dinero con la explotación mineral del Congo. Mbeki tuvo que tratar con la mayor prudencia con Zimbabue y su presidente y, al mismo tiempo, tratar de idear incentivos materiales que convenciesen a los generales de desmantelar sus operaciones en la DRC. No es fácil; nada fácil.» Y tenía razón.

Sudáfrica se encuentra atrapada entre la luz y las sombras. Es el único país del planeta en el que el mundo desarrollado y subdesarrollado conviven lado a lado de un extremo al otro del país. El primero aporta buenas comunicaciones viarias, 728 aeropuertos (según la estimación de la CIA de 2004), el mayor puerto de mercancías de África y un buen sistema bancario. Para los estándares occidentales, los precios inmobiliarios son sorprendentemente bajos y la vida que pueden llevar los inmigrantes ricos que no tengan problemas de conciencia ante las divisiones sociales del país es envidiable: comida fantástica, vinos maravillosos, vacaciones esplendorosas cada año y unos precios que permiten pagar muchas cosas con un billete de veinte dólares.

El mundo en desarrollo aporta los bajos ingresos fiscales del Estado, unos servicios sociales saturados, altos niveles de corrupción en toda la Administración y más de 7500 kilómetros de fronteras terrestres y marinas que son un auténtico coladero. «Cuando la transición, podías comprarte tu propio aeropuerto si querías —explica, resignado, el consejero de seguridad de Mbeki—, y es exactamente lo que hizo alguna gente».

La combinación de lujo del primer mundo a precio de ganga con las oportunidades de negocio que ofrece la infraestructura de un país en desarrollo es irresistible para la delincuencia organizada y para los principales implicados en la explotación de los recursos del África subsahariana, así como en el tráfico internacional de narcóticos. La exportación de cannabis del sur de África (principalmente a Europa) experimenta mayor crecimiento que el de ninguna otra región productora del planeta, y ya representa un 10 % de la producción mundial. Este cultivo es tradicional en las zonas de KwaZulu-Natal y del Cabo, pero las exportaciones eran insignificantes a causa del régimen del apartheid. Durante los últimos cinco años, en cambio, se envía marihuana desde todo el sur de África (especialmente de Suazilandia y Tanzania) a Sudáfrica para su transporte hacia Europa. Según la Alta Comisión Británica de Pretoria, Sudáfrica es ya el primer suministrador de cannabis al Reino Unido y duplica el volumen de Jamaica.

Al Lovejoy explica cómo él y sus cómplices pasaban por la frontera hierba suazi hasta Ciudad del Cabo vía «Jo’burg» para su exportación. Encontraron una guarida cerca de la frontera suazi e instalaron «un generador, báscula, prensadoras y una aspiradora para ponernos a empaquetar». Al otro lado de la frontera, «con el contrabandista suazi cargamos las enormes bolsas de zol y caminamos en la oscuridad total. El suazi llevaba un walkie-talkie y un equipo de visión nocturna por si aparecían agentes de la DEA o de la Interpol». Aunque ha traficado mucho con drogas, Al sabía que la clave era la vigilancia. «No hay que hacer el imbécil: China, la Interpol y la DEA actúan en todas las zonas importantes de cultivo y producción de narcóticos del mundo.» De todas formas, «llevábamos el zol al campamento base y lo envasábamos al vacío al 98 % en paquetes estándar de 25 por 25 centímetros y kilo y medio de peso. Quedaban unos ladrillos duros como una piedra; los lavábamos, los metíamos en cajas, las cerrábamos y etiquetábamos, y las cargábamos en el camión. En total pesaban unos 300 kilos».

«De camino al Cabo, los coches circulaban a unos 150 kilómetros de distancia entre sí por si los seguía la policía en helicóptero. En cierta ocasión, el segundo vehículo del convoy entró en una ciudad para repostar combustible y reventó un neumático al chocar contra una acera. Y ¿quién apareció para echar una mano? ¡Los gattas [policías], claro! El zol estaba camuflado en cajas que parecían de mudanza … Los boere [policías] ayudaron al conductor a cambiar la rueda y a descargar las cajas de zol para acceder a la rueda de recambio, mientras al borde de la ciudad, en lo alto de una montaña, Brother E y yo contemplábamos el espectáculo sudando por el miedo a perder más de un millón de dólares en mercancía.»

Al salió de rositas en aquella ocasión, al igual que en diversos envíos de droga sudafricana a Ámsterdam vía Bruselas y París. A su regreso traía centenares de tabletas de éxtasis para cubrir la demanda de las florecientes discotecas sudafricanas. Su historia confirma la tesis presentada por Ted Leggett, un estadounidense que se ha convertido en el analista más experimentado en materia de drogas de Sudáfrica y que trabaja en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). «Todo esto sugiere —escribe— que se está produciendo algún tipo de canje internacional; nuestro dagga [cannabis] se intercambia por drogas más potentes … No tenemos que comerciar con Afganistán o Birmania directamente para obtener heroína, porque los traficantes internacionales manejan una compleja red de oferta y demanda a la vez. Estas organizaciones pueden incluso cubrir la demanda de productos no narcóticos, como coches y teléfonos móviles. En los países desarrollados se cobra al contado en divisas fuertes, y con el resto de países se intercambian mercancías.»

Aunque asegura que en Sudáfrica la droga no está asociada a la violencia y tiene un impacto social benigno, cree que su función económica ha cambiado drásticamente y ahora «el cannabis es más que una hierba local inofensiva que sirve para alimentar a los niños rurales de edad escolar. Puede ser la bisagra sobre la que gira toda la economía de la droga. Sin dagga tendríamos que pagar por nuestras drogas duras con nuestra débil moneda, el rand, y estarían fuera del alcance de todos, excepto los adictos más fanáticos o más inclinados a la delincuencia».

Sudáfrica es el nuevo pivote del comercio internacional de drogas. La heroína llega desde el este de África y se envía a Estados Unidos; la cocaína llega desde Sudamérica y se despacha a España y Ámsterdam. Pero la raíz del problema se halla en otro lugar: Washington D. C.

TERCERA PARTE

Drogas

10

COLEGAS

«Dan, ábreme atrás, por favor.» En tono tranquilo pero firme: así es como hablan en Metaline Falls. Dan Wheeler (nombre ficticio) rodeó su camioneta y descorrió el pestillo de la portezuela. «Hay que apartar todo esto, Dan.» Wheeler se puso a tirar de las tiras de cromo que descansaban en la plataforma, mugrientas pero bien apiladas. El agente de aduanas de la frontera de entrada al Estado de Washington le ayudó y movió las cadenas para la nieve, la caja de herramientas, las latas de gasolina y demás trastos propios de un trabajador. «Me gustaría echarle un vistazo al depósito de propano, Dan.»

Wheeler se escurrió debajo del coche para desatrancar el bastidor de acero y la gruesa malla soldada que protegían el depósito; malla que otro agente de aduanas le había recomendado a Dan para reducir la posibilidad de una explosión si golpeaban la camioneta por detrás.

Encorvado, el agente de aduanas de EE. UU. colocó la nariz justo encima de la válvula de escape del depósito de propano. Salió un chorro de gas tóxico y el guardia se irguió rápidamente. Luego dio un golpecito al indicador de carburante, que titiló suavemente: la reacción normal.

—Gracias, Dan. ¿Con qué va la camioneta ahora mismo?

—No estoy seguro. Gasolina, creo.

—Ponla en propano, por favor, y enciende el motor.

Dan cambió el suministro de combustible e intentó arrancar el motor. Nada. Volvió a intentarlo. Y luego otra vez. A la tercera, el gas licuado de petróleo (GLP o propano) llegó al carburador y el motor cobró vida. El agente se inclinó e inspiró junto al tubo de escape; sabía por los gases que aquello era propano: tiene un olor muy distinto al de la combustión de la gasolina. Había confirmado lo que necesitaba saber: Dan Wheeler no estaba entrando en Estados Unidos marihuana de la Columbia Británica, una de las marcas de cannabis más populares y potentes del mundo. Estas minuciosas pruebas eran necesarias; la otra única forma de determinar la inocencia de Dan habría sido serrar el depósito del propano. Y la explosión lo habría hecho saltar por los aires a él y a todo lo demás en un radio de 500 metros.

—Vale, Dan. ¡Pasa al despacho para rellenar los impresos y ya puedes seguir!

—¡Eh! —resopló Wheeler—. Al menos podrías echarme una mano para volver a cargar el coche, ¿no?

El agente se giró con una mueca y se puso a ayudarlo de mala gana.

Mientras se alejaba del este de la Columbia Británica por el espectacular bosque de hoja perenne del parque nacional de Colville, en dirección a las chozas de madera cubiertas de nieve medio derretida de Metaline Falls, a Dan se le ensombreció el humor. ¿Cuántas veces había cruzado aquella maldita frontera? ¿Y cuántas veces había tenido que desmontar toda la camioneta? Y eso que sabía que les caía bien. No mucha gente de por allí podía hablar con tanto conocimiento de causa sobre las cosas que a aquellos tipos les gustaban: armas, caza y pesca. «Supongo que por eso se les da bien su trabajo», pensó Dan. Le impresionaba lo meticulosos que eran, aunque ello le causara molestias la mayoría de las veces que viajaba.

Cuando llegó al complejo de almacenaje de Spokane, en el Estado de Washington, Dan se encontraba ya más animado, pero estaba en guardia. Tras introducir el código de seguridad en la puerta principal, empezó a descargar las tiras de cromo en el recinto que tenía alquilado, bajo la arbitraria mirada de las cámaras de circuito cerrado. Por último metió la camioneta en el local, cerró la puerta y enganchó la lámpara al encendedor. «Con mi juego de herramientas, me metía debajo de la camioneta sobre una mantita que colocaba debajo para no ensuciarme demasiado; son estos pequeños detalles los que diferencian a los profesionales como yo de los aficionados a los que acaban pillando.» Tras quitar la malla soldada como había hecho en la frontera, Dan desatrancó el depósito de propano y lo giró noventa grados para quedar frente al extremo semiesférico.

Mientras me explicaba la historia en su amplio garaje-taller, Dan me enseñó la rutina del depósito de propano. «No se ve a simple vista, pero si golpeas en el punto adecuado con un destornillador y un martillo, rompes la masilla de fibra de vidrio que uso para tapar un hueco», explicó Dan. Se puso entonces a destornillar una pequeña tuerca cuadrada. ¡Bang! «¡Ya está!», exclamó con una amplia sonrisa. Y se soltó el extremo del depósito.

No hubo ninguna explosión. En el interior vi unos tubitos de cobre que iban desde la válvula, los indicadores y el tubo del combustible hasta un pequeño cilindro de propano usado para encender hornillos de acampada. «En realidad la camioneta funciona durante quince kilómetros con el propano de camping y, por supuesto, si alguien comprueba las válvulas o el indicador de carburante, todo parece normal», dijo Dan con orgullo.

Aplicando este procedimiento en el garaje de Spokane, Dan sacó del resto del depósito más de veinte kilogramos de marihuana de la hermosa Columbia Británica, también llamada «la tierra de Dios» por su belleza natural y sus abundantes recursos. «Aquel garaje era para mí el lugar más delicado —recuerda Dan con gran seriedad—. Aun habiendo tomado toda precaución imaginable, oyes en tu cabeza el chirrido de los neumáticos de los federales. No había cómo retirarse del garaje ni posibilidad de salir indemne llevando encima veintitantos kilos y doscientos mil dólares en efectivo».

En la Columbia Británica, 23 kilos de marihuana cuestan unos 55 000 dólares estadounidenses al por mayor. En Spokane, a dos horas y media de la frontera, su valor prácticamente se duplica: 100 000 dólares. Si Dan se tomaba la molestia de viajar hasta California —cosa que hacía a menudo— añadía otros 50 000 dólares a sus ganancias. Si llevaba la marihuana a Kentucky, allí podía venderla por 200 000 dólares, casi cuatro veces su valor en la Columbia Británica. Y si se iba hasta Miami… Bien, ya llegaremos a eso. La facturación del negocio de Dan era de 100 000 dólares a la semana con una inversión de capital mínima. Tal como ha apuntado Stephen Easton, del venerable Instituto Simon Fraser de Vancouver, los beneficios que produce este negocio son seductores incluso para sus participantes más pequeños. «Por una modesta operación de cultivo de marihuana de cien plantas, los ingresos por la cosecha proceden de trece kilos de marihuana vendidos de forma encubierta en bloques de una libra [0,45 kilogramos], a 2600 dólares por libra. Todo esto asciende a algo menos de 20 000 dólares por cosecha. Con cuatro cosechas al año, los ingresos brutos son de casi 80 000 dólares. El coste de la producción, en una estimación alta, es de unos 25 000 dólares. El rendimiento del dinero invertido es potencialmente elevado: en torno al 55 %.»

Para la gente corriente del oeste de Canadá, no hay nada parecido a nivel financiero. Para los profesionales como Dan y sus amigos, es casi como una licencia para imprimir dinero. «Yo formaba parte de un equipo de tres personas —continuó Dan—. Marty coordinaba todas las operaciones de cultivo para entregar las 50 libras a la semana, que no es nada fácil. Buena parte salía de sus propias granjas, pero algunas operaciones agrícolas más pequeñas le vendían a él; y hay que mantener la calidad, cuidado. Éste es un mercado muy competitivo, y los tíos a los que les vendíamos saben muy bien lo que se hacen.» Michael, el tercer socio, coordinaba las ventas en Estados Unidos. «Mira —dijo Michael, cuyo aire despreocupado encajaba mucho mejor con el estereotipo del hippie que el aspecto “acabo de talar todo un bosque” de Dan—, son muchos problemas; no sólo la cuestión de la confianza de tus clientes, sino el tema de la seguridad. Sabe Dios la de teléfonos móviles que usamos: los utilizamos sólo durante una semana o así y luego los tiramos. Es todo un problema recordar todos esos números de teléfono distintos.»

Michael admitió que Dan era, en muchos sentidos, el eje de la operación. «Lo más complicado ha sido siempre introducir el material en EE. UU. Pero ahí está el mercado importante: hay 30 millones de canadienses, pero en Canadá todos la cultivan ellos mismos o tienen un colega que lo hace, incluso en Vancouver o allá en el este. Los estadounidenses son casi 300 millones, y eso es un mercado enorme. Llevarlo al mercado: ése es el auténtico trabajo profesional, y ése era el hueco que se había hecho Dan.»

Marty, Michael y Dan forman parte de una industria que la Agencia contra la Delincuencia Organizada de la Columbia Británica estimó en 2001 en 4000 millones de dólares. En el momento de escribir esto, vale una tercera parte más, según cálculos más recientes, lo cual significa que se corresponde con más del 5 % del PIB de la Columbia Británica. Unos 100 000 trabajadores se dedican a jornada completa y a tiempo parcial al cultivo, distribución, contrabando y venta de marihuana, en comparación con los 55 000 que trabajan, sumados, en los sectores tradicionales de la explotación forestal, la minería, el petróleo y el gas. Sólo la industria manufacturera emplea a más gente, y eso según las estadísticas oficiales de las fuerzas del orden canadienses. Si bien la Columbia Británica sigue siendo el principal productor, en los últimos diez años el cultivo de marihuana se ha expandido a paso firme hacia el este, y la mayoría de las provincias canadienses hacen gala ahora de una floreciente industria.

Estas cifras tienen una repercusión lúgubre: el Canadá occidental alberga la mayor concentración mundial per cápita de sindicatos de delincuencia organizada. A su vez, Canadá se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para las fuerzas del orden de cualquier parte: la delincuencia organizada ha salido del gueto de las comunidades marginales y ha conquistado las clases medias. «En una ciudad como Nelson —dice Dan— yo calculo que un 30 % de las familias están metidas en operaciones de cultivo de unas u otras dimensiones, pero en el valle de Slocan considero que habrá metidas entre la mitad y el 70 % de las familias.»

Desde lo alto de las reconfortantes laderas de Elephant Mountain (así llamada porque realmente parece un paquidermo dormido), contemplo más allá del brazo occidental del lago Kootenay los tejados de Nelson. Apilados con gracia en una empinada cuesta verde, parecen estar a punto para transformarse en la imagen de un puzle ñoño. Más al fondo se alza el afilado pico del Silver King, la montaña cuyos valiosísimos depósitos de metal atrajeron a grandes cantidades de inmigrantes del sur y el este de Europa al cruzar el umbral del siglo XIX. A día de hoy, este enclave tan cursi se parece a las imágenes idealizadas de la América provinciana antes de que la arruinaran las descontroladas vallas publicitarias y los antros de comida rápida. Son pocas las tiendas de Nelson que no tienen una foto de su encargado o dueño rodeando con el brazo a Steve Martin y Daryl Hannah, en recuerdo de la época en que la ciudad fue de hecho transformada en EE. UU. para el rodaje de Roxanne, una floja actualización de Cyrano de Bergerac. A Hollywood le gusta Nelson: por su aspecto aún inmaculado, por la arrebatadora campiña de Kootenay y porque, una tarde, el equipo de rodaje puede fumar puros cubanos y gruesos porros rellenos de marihuana de la Columbia Británica.

Pero a pesar de estos atractivos, Nelson y sus alrededores llevan un par de décadas en constante declive económico. Aunque sus industrias turísticas y de medios de comunicación están creciendo, no han compensado aún la lenta desaparición del sector tradicional de la minería y las crisis que han afectado a la industria de explotación forestal. El presidente George W. Bush asestó el mayor golpe a la economía de la Columbia Británica en los últimos años al ceder a la presión de la industria maderera estadounidense y gravar con un impuesto del 27 % las ventas de madera de coníferas de Canadá a Estados Unidos. Los reguladores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminaron posteriormente que se trataba de una violación clara de las responsabilidades de EE.UU. en lo referente al libre comercio. El Gobierno canadiense calculó que en los tres años posteriores a la imposición de los aranceles, en mayo de 2002, se habían «perdido de forma permanente 7000 puestos de trabajo en la industria de la tala, los aserraderos y la refabricación en toda la Columbia Británica… Incluyendo los impactos indirectos, los puestos de trabajo perdidos han ascendido según informes a 14 000. La creencia popular es que estos impactos desaparecerán con una resolución del conflicto de la madera conífera y volverán los puestos de trabajo a las comunidades de la Columbia Británica. Esto no es así, ya que nuestras comunidades siguen asistiendo al cierre de aserraderos». Y eso es, en efecto, lo que pasa.

Muchos de quienes antaño trabajaban en las industrias tradicionales se han pasado a la marihuana. El negocio de la hierba ha atraído a gran número de trabajadores altamente cualificados que, tal como descubrí en un viaje al interior de la Columbia Británica, han reorientado enseguida sus habilidades a la producción de vastas cantidades de maría. Tres de las cuatro cosechas anuales se producen exclusivamente bajo techo (los productos de la cosecha veraniega realizada en exterior suelen ser muy buscados por los entendidos, pero lo normal es que al consumidor medio eso le dé igual). Sin embargo, la expresión «bajo techo» no hace en absoluto justicia a las extraordinarias instalaciones en que se cultivan algunas de las plantas.

Cuando nuestro 4x4 enfila la carretera forestal, me acuerdo del viaje en tren de El túnel, la sombría novela surrealista de Friedrich Dürrenmatt. A medida que el tren se adentra en un túnel, los fríos y húmedos ladrillos se van estrechando más y más en torno a los vagones, obligando a los viajeros a afrontar sus peores pesadillas. Al principio, el interior de la Columbia Británica no es tan amenazador como el viaje de Dürrenmatt a través de un horroroso túnel suizo: las hojas no son tan densas como para ocultar todo el sol mientras corremos hacia el norte durante una hora, quizá dos, a través de los majestuosos árboles de hoja perenne. Pero llega un momento en que el sol está por ponerse, y aquí no hay cobertura para los teléfonos móviles. Si el vehículo se avería, aparecerán las pesadillas vivientes del infinito interior de la Columbia Británica. Ir andando a casa está descartado: el terreno está infestado de unas plantas conocidas como garrotes del diablo. Estos resistentes tallos de más o menos un metro de altura tienen en su extremo superior una bola cubierta de terribles púas. Cuando pasas entre ellos, la porra se balancea bruscamente y produce un profundo desgarro en la carne humana. Pero el mayor pánico lo infunde el oso pardo. Éste, el más poderoso de los depredadores naturales del mundo, juega al gato y el ratón con su víctima, destruyendo sus huesos y su voluntad y dejándola luego en una tumba de poca profundidad para regresar tres días más tarde a masticar el cuerpo ya ablandado. Gracias a Dios que he venido aquí con un grupo de tres profesionales.

Los hombres tienen aspecto, olor y gestos de leñadores, con sus sentidos perfectamente adaptados a estas zonas despobladas del interior. Además de estar atentos a cualquier indicio de osos pardos, están pendientes del posible ruido lejano de unos rotores de helicóptero: «Podrían ser los guardabosques, podría ser la RCMP (Real Policía Montada del Canadá), podría ser la DEA», masculla uno. También parecen leñadores al hablar, que es casi nunca.

Creía que era un terreno difícil para el 4x4, pero cuando al fin llegamos al claro que tenemos como destino me quedo sin habla ante la visión de una excavadora industrial de color mostaza, con su pala descansando triunfalmente boca arriba. ¿Cómo llega una excavadora industrial a un lugar tan apartado? Pero más impresionantes aún resultan los dos contenedores para transporte marino, de doce metros de longitud cada uno, que están hundidos en un enorme agujero en el bosque. Accesibles sólo a través de una puerta a la que se llega por una improvisada escalera esculpida en el suelo, se pueden cubrir fácilmente con tierra si es necesario. Los contenedores zumban. Unos cables se adentran en el bosque. «Tener cerca un cable de corriente es un factor importante en este sitio», dijo Jim, que había instalado el suministro eléctrico. Jim, ingeniero de la compañía BC Hydro, trabajó anteriormente en la construcción de las presas que han ayudado a convertir la provincia más al oeste del Canadá en uno de los mayores suministradores de energía del mundo. «Básicamente, para recibir la corriente de los cables principales tengo que construir una serie de subestaciones capaces de reducir el voltaje hasta llegar a la zona de cultivo.»

En el interior de los dos contenedores marítimos, cientos y cientos de brotes de cannabis recién plantados empiezan a estirarse hacia las también numerosas lámparas halógenas. Esta instalación cuenta asimismo con un sistema de inyecciones de CO2, tal como me explicó uno de los horticultores. «Se tiene mucho más control del entorno introduciendo CO2 en el momento adecuado del día y de la noche. Cuanto más CO2 les das, más les gusta, y se convierten en plantas más gruesas y saludables. Eso aumenta su potencia, y puedes duplicar el rendimiento o más aún.»

A principios de los noventa, la mejor producción era de unos tres cuartos de libra (unos 300 gramos) por lámpara de un kilovatio. Los avances más recientes en técnicas de cultivo han duplicado con creces esta cifra a más de dos libras (unos 800 gramos) por ciclo de cosechas. El sistema de aeroponía es una forma más eficaz de canalizar los nutrientes hacia la planta que el de hidroponía. «Si haces circular los nutrientes a través de líquido, que es en lo que consiste la hidroponía, pierdes eficiencia porque no todas las partículas son lo suficientemente pequeñas para entrar en las raíces. Pero si vaporizas las raíces —y es una vaporización muy precisa—, el consumo de nutrientes es más alto. Este método de cultivo no tiene igual.»

De las muchas cosas que la Columbia Británica tiene en abundancia, el espacio y la electricidad han sido los elementos decisivos a la hora de transformarla en una de las mayores granjas de marihuana del mundo. El espacio, porque la RCMP y la DEA estadounidense no pueden localizar la gran mayoría de operaciones de cultivo (sobre todo desde que se ocultan bajo tierra en contenedores de altura). «Puede que la DEA tenga acceso sin restricciones a la Columbia Británica —me contó el senador Larry Campbell, ex alcalde de Vancouver—, pero ¿sabe cuántos senderos madereros hay en Kootenay? O sea, ya pueden traer todos los helicópteros Blackhawk que quieran, que no es ya como buscar una aguja en un pajar, ¡sino en una selva!»

En cuanto a la electricidad, tal vez las lámparas que nutren el cannabis necesiten enormes cantidades de energía para los estándares domésticos habituales, pero para los estándares de la vasta capacidad hidroeléctrica de la Columbia Británica resulta una cantidad insignificante.

De vuelta en el valle de Slocan, al término de otra dura jornada, Dan se pone un vídeo de uno de sus programas favoritos. «Esto te va a encantar —dice—. ¡Vas a ver lo burros que llegan a ser los americanos! —añade, disfrutando con sólo pensarlo—. Presentado por Rick Mercer, el programa de la CBC se llama Talking with Americans (Hablando con estadounidenses). Mercer viaja a lo largo y ancho de Estados Unidos y anima a sus habitantes a expresar sus reacciones ante acontecimientos ficticios del Canadá actual. “¡Enhorabuena, Canadá —exclama efusiva una atractiva neoyorquina—, por tus primeras 100 millas de autopistas asfaltadas!” O «¡Enhorabuena, Canadá, por inaugurar tu primera universidad!» En uno de los programas, Mercer convence a un profesor de inglés de la agrupación universitaria Ivy League para que denuncie con toda franqueza el supuesto ritual anual de los canadienses consistente en abandonar a sus ancianos en témpanos de hielo a la deriva, como método de control demográfico. E incluso el gobernador de Arkansas (que no es Bill Clinton) es tan crédulo como para mandar a cámara un saludo al primer ministro de Canadá por haber levantado el primer parlamento del mundo construido con hielo.

El resentimiento popular hacia Estados Unidos y hacia la estrechez de miras intelectual de sus ciudadanos es parte de la vida cotidiana en Canadá. Es constante, sutil, a veces bobo y a veces divertido. Refleja además el complejo de inferioridad con un matiz de irritación que caracteriza la relación de muchos canadienses con sus vecinos del sur. Al cabo de unos pocos días de llegar al país, me han invitado —al igual que a muchos forasteros antes que a mí— a jugar a «¿Qué famoso es canadiense?» antes de que el anfitrión recite de un tirón una retahíla de celebridades que van desde Michael J. Fox a John Kenneth Galbraith, pasando por Shania Twain y Glenn Gould; estrellas que la mayoría de estadounidenses cree tan suyas como la tarta de manzana, pero que en realidad son canadienses, por lo menos de nacimiento.

Este antiamericanismo social adopta un cariz más serio cuando hay intereses económicos en juego, tal como demuestra la amplia diversidad de actitudes hacia Estados Unidos en dos provincias vecinas, la Columbia Británica y Alberta. La economía de ésta depende fuertemente de la inversión de compañías estadounidenses, ante todo por la pujante industria petrolífera de la provincia. Canadá es ya el mayor suministrador de petróleo de Estados Unidos, por delante de México, Arabia Saudita y Venezuela. Las reservas potenciales de la provincia se estiman en la gigantesca cifra de 175 000 millones de barriles de petróleo recuperable, pero en forma de arenas petrolíferas, una densa mezcla de hidrocarburos, arena y arcilla de la que resulta caro extraer petróleo. Por ello Alberta necesita la cooperación de las compañías petrolíferas estadounidenses, sus más fervientes clientes. Y los beneficios son considerables: en 2004, el petróleo aportó 10 000 millones de dólares en impuestos y regalías a las arcas del Gobierno provincial, contribuyendo a la transformación de Alberta en la economía de más rápido crecimiento del país y nuevo centro de influencia.

Esta riqueza es, por supuesto, consecuencia de la sed estadounidense de gasolina, y ello se ha fusionado con los lazos tradicionalmente estrechos de Alberta con EE.UU. para consolidar a la provincia como la más proamericana de Canadá con diferencia. El representante por excelencia de Alberta es el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien forjó su carrera política en la capital provincial, Calgary. Con él al frente, el Partido Conservador arrasó por primera vez en Alberta en las elecciones generales de 2006. Fiel amigo del presidente George W. Bush, es el más acérrimo defensor de que la política canadiense estreche lazos con Estados Unidos.

Pese a estar justo al lado de Alberta, la Columbia Británica presenta un perfil político bien distinto. Aquí una mayoría de los escaños de 2006 fueron al Partido Liberal, la tradicional agrupación centrista, o al Nuevo Partido Democrático, inclinado a la izquierda. Y, lo que es más sorprendente, en las zonas clave de cultivo de marihuana, los partidos que promueven la despenalización o la legalización de la marihuana consiguieron amplias mayorías. En el interior meridional de la Columbia Británica, una circunscripción que abarca Nelson y el valle de Slocan, dichos partidos ganaron el 80 % de los votos frente al 20 % de los conservadores, mientras que en distritos electorales vecinos de Alberta éstos recibieron una media de voto de prácticamente el 60 %.

La Columbia Británica, y desde luego también Ottawa, ha chocado con Estados Unidos por la disputa de la madera de coníferas y, en igual orden de importancia, por la marihuana. Estas dos cuestiones han contribuido de forma decisiva al surgimiento de un antiamericanismo más virulento en la Columbia Británica que en el resto de Canadá. Cierto que los habitantes de la Columbia Británica parecen a menudo confusos acerca de a quién guardar lealtad; al fin y al cabo, esta región siempre ha albergado sentimientos secesionistas que claman contra lo que consideran la monumental burocracia de la capital federal, Ottawa. De hecho hay en el interior de la Columbia Británica una arraigada cultura de las armas que evidencia afinidades con el modo de pensar tan común en Washington, Montana y otros Estados norteamericanos vecinos.

Pero la cuestión del cannabis está definiendo cada vez con más claridad las actitudes hacia Estados Unidos de la Columbia Británica y Canadá en su conjunto. Alrededor del 60 % de los canadienses están ahora a favor de la despenalización o la legalización de la posesión de marihuana. La Columbia Británica, no obstante, va muy por delante en ese sentido: más del 75 % de sus ciudadanos quieren una relajación legal en lo relativo a la posesión de cannabis. De este modo la Columbia Británica ha entrado en colisión directa con EE.UU.

En dirección inversa, el cannabis está afectando a las actitudes de Washington hacia Canadá, y hacia Vancouver en particular. En 2003, el Gobierno canadiense anunció su intención de introducir una legislación que despenalizara la posesión de menos de quince gramos de hierba. Ello no implicaría que la posesión fuera legal, pero la infracción conllevaría sólo una pequeña multa y no constaría en los antecedentes penales del infractor. La reacción de EE.UU. fue rápida: «No pueden aislar eso diciendo “Hablamos sólo de un poco de cannabis”», exclamó David Murray, ayudante especial del llamado «zar de la droga» en Washington, John P. Walters. Luego añadió un último apunte apocalíptico: «¡Sabemos por experiencia que van juntos [varios narcóticos], como los Cuatro Jinetes!».

Desde su nombramiento en diciembre de 2001, el zar de la droga Walters ha situado entre sus temas prioritarios la cuestión del comercio de cannabis de la Columbia Británica. «Canadá está en riesgo, creo yo, en un gran riesgo —me dijo Murray en su despacho de Washington—, más de lo que están dispuestos a reconocer. El nivel de delincuencia en ciertas provincias está minando realmente la legitimidad de sus propias instituciones. El problema parece una cierta complacencia canadiense, una visión de sí mismos desastrosamente inocente, en absoluto dispuestos a reconocerlo; están en el lado opuesto a nosotros.»

El afloramiento de la tensión entre EE.UU. y Canadá por la marihuana ha vuelto a poner de relieve uno de los aspectos más controvertidos, difíciles y peligrosos de la delincuencia organizada mundial: la política de Estados Unidos (y su aplicación del control) respecto al narcotráfico internacional.

En 1987, un paracaidista del ejército estadounidense llamado Steve Tuck sufrió una grave lesión en la columna vertebral al realizar un salto en Centroamérica. Jubilado del ejército por invalidez, se pasó un año y medio en el prestigioso hospital militar Walter Reed, en Washington D.C. Veinte años más tarde, y tras doce operaciones, sigue padeciendo fuertes dolores y recibe solamente la misma dosis de morfina que se le dio en el momento del accidente. Su cuerpo quedó convertido en un saco lleno de metal. Probó por recomendación médica la marihuana para aliviar el dolor y al cabo de poco tiempo ya estaba cultivándola para consumo propio y de sus amigos en el norte de California. En 2001, mientras John P. Walters aún estaba familiarizándose con su nuevo papel de zar de la droga en Washington, Tuck huyó de la justicia cuando la policía fue a por su granja de cannabis; su vía de escape más fácil era cruzar la frontera a Vancouver. El Gobierno canadiense le dio la bienvenida e incluso le autorizó a vender semillas de marihuana para su uso en investigación científica. Más o menos por las mismas fechas, EE. UU. inició un procedimiento de extradición contra Tuck.

En noviembre de 2002, Tuck, de treinta y seis años, se relajaba fumando un enorme canuto en el café New Amsterdam de la zona este de Vancouver. Había sido un día duro: se había estado manifestando frente al hotel donde el mismísimo John Walters se había alojado durante su primera visita oficial a Vancouver. Walters pretendía ponerse al corriente de la gravedad del problema de los narcóticos en la capital de la Columbia Británica. Ambos se habían enfrentado en los medios. En una conferencia de prensa, Walters describió a Tuck y sus amigos como «ángeles sombríos de la sociedad» por propugnar el uso de la marihuana con fines terapéuticos. Tuck había respondido en una entrevista retransmitida en todo el país por la Canadian Broadcast Company tildando a Walters de mentiroso.

Tras los rigores de un día así, el café New Amsterdam y su amable clientela suponían un grato sosiego. Aquella noche había montada en el café una velada musical, así que la gente se había puesto elegante. «Parecía un bar de yuppies cualquiera de cualquier gran ciudad —recuerda Steve—. Entonces irrumpieron en el café varios hombres de negro, todos con la misma gabardina reglamentaria, audífonos y micros a toda potencia. Supe enseguida que eran del Servicio Secreto.» Los visitantes daban mal karma a la despreocupada clientela, pero lo peor llegó cuando los agentes se dispersaron. «Lo reconocí de inmediato: ¡John P. Walters, el zar de las drogas del presidente!» Walters se fue resuelto hacia Tuck como si lo conociera. «Era surrealista. Era evidente que sabía quién era yo, y se puso a decir que aquello era una vergüenza, y luego, señalándome, gritó: “¡Arresten a este hombre!”» Walters se quedó mirando el porro y el alijo de Tuck. «De todos los garitos de todas las ciudades del mundo, tiene que entrar en el mío…» «Pero me miraba fijamente y me gritaba, de modo que me limité a darle una calada al peta y ¡le eché el humo a la cara!»

Durante medio segundo, la atmósfera del café se volvió muy desagradable: los demás clientes se levantaban furiosos entre la humareda por la presencia de este huésped no deseado. Los gorilas del local ya empezaban a forcejear con los hombres del Servicio Secreto, mientras el jefe de la policía de Vancouver le explicaba a Walters que no iba a arrestar a Tuck porque no estaba haciendo nada ilegal.

Tuck trató de calmar los ánimos. Les dijo a los demás clientes del café que aquél era el famoso John P. Walters. Aconsejó a todo el mundo sentarse y hablar. Pero eso no impidió al zar de la droga seguir amonestando a sus anfitriones, a la clientela y sobre todo a Steve Tuck. Finalmente, la policía convenció a Walters de que se fuera.

Tuck se sintió ganador, pero dos años más tarde regresó el espíritu de Walters en forma de policía canadiense, que se lo llevó por la fuerza de un hospital de Vancouver, con un catéter y sondas intravenosas aún puestos, para meterlo a empellones en un coche, encapuchado y esposado, y entregarlo a agentes federales de EE. UU. un par de horas más tarde. Lo arrojaron a la cárcel y lo dejaron ahí, con un dolor atroz por el catéter aún insertado.

El encuentro de Tuck con Walters no fue el único momento surrealista de la visita del zar de la droga. Los votantes de Vancouver, o «Vánsterdam», como ya la llamaban, acababan de elegir inesperadamente a un variopinto grupo de ecologistas, izquierdistas, vegetarianos y fumetas para que llevaran el municipio. Al frente de esta invasión de jerséis de lana se encontraba un orgulloso Larry Campbell, juez de instrucción de la ciudad, más conocido por su papel de asesor del exitoso programa televisivo sobre policías Da Vinci’s Inquest, cuyas tramas suelen desarrollarse en el Downtown Eastside, barrio de Vancouver con una elevada presencia de drogas.

Pero aparte de ejercer de juez de instrucción, Campbell había sido durante muchos años un oficial de alto rango en la brigada antidroga de la policía montada del Canadá. Al igual que una minoría de ex agentes de la RCMP y de la DEA, acabó cuestionándose su papel en la detención de adictos en cualquier circunstancia. «En realidad no fue hasta que me hicieron juez de instrucción cuando empecé a cambiar de postura —me contó en su despacho parlamentario de Ottawa—, porque en esa posición comienzas a preocuparte menos de aplicar la ley a los consumidores, y más de cómo mantener viva a esta maldita gente. Vancouver ha sido siempre una zona con un elevado consumo, pero en los años noventa hubo un exceso de oferta. Afganistán estaba a tope. El Triángulo de Oro estaba a tope. En 1976, cuando yo estaba en la brigada antidroga y decomisábamos una libra o una llave, el efecto en la calle era importante. Entonces ni siquiera cortaban el material. Tenías que rastrear a los adictos para dar con ellos. Hacia el 96, estaban por toda la ciudad: en la puerta de atrás, en el aparcamiento, en los parques, en las calles. Un día nos despertamos en Vancouver y dijimos: “Joder, este sitio hace que Needle Park [centro neurálgico de la cultura yonqui de Nueva York] parezca un patio de recreo. ¡Tenemos que hacer algo!”»

Tras su encuentro con Tuck, John Walters salió a ver un antro de perdición aún más sórdido: Insite, la clínica de Vancouver donde administraban heroína a los adictos bajo supervisión médica. Y es que aunque el cannabis era la droga recreativa preferida por la mayoría de usuarios de Columbia Británica, la heroína (que era estrictamente ilegal) se había apoderado de grandes partes de las zonas deprimidas de Vancouver y otras áreas urbanas de la Columbia Británica. Aquello no era sólo un grave problema para las fuerzas del orden: era ante todo un problema de salud pública. Y Larry Campbell y la nueva Administración estaban decididos a encontrar soluciones eficaces al problema.

Campbell y sus aliados visitaron Europa y tomaron contacto con un sistema llamado «reducción de daños», desarrollado especialmente en Holanda y Suiza, que sustituía los tradicionales programas antidroga, que buscaban en primera instancia castigar a los consumidores, por otros que pretendían ayudarlos y rehabilitarlos. Vancouver pasó a desplegar su versión, conocida como los Cuatro Pilares. En esencia, se contempla al consumidor de droga como una víctima más que como el autor de un delito, y se buscan formas de que los servicios sanitarios y sociales puedan acoger al adicto como un modo de minimizar el riesgo para sí mismos y para la sociedad en general. Uno de los elementos críticos del programa es el intercambio de agujas, por el cual el Estado proporciona agujas sin usar a los adictos a fin de reducir la propagación infecciosa del virus del sida, la hepatitis C y otras enfermedades de transmisión por vía sanguínea. Otros programas similares han tenido un enorme éxito en Europa, en especial en ciudades con una alta incidencia de drogas, como Zúrich, Ámsterdam y Edimburgo.

Pero el alcalde Campbell fue un paso más allá. En 2003, buscó y consiguió la aprobación del Gobierno federal para abrir un centro de inyección en una instalación médica de la Columbia Británica, en el Downtown Eastside, donde los adictos pudieran recibir ayuda profesional para la administración de heroína. Y por si esto fuera poco, el Gobierno federal canadiense anunció al mismo tiempo su intención de despenalizar la posesión del cannabis.

Para Walters y su Oficina de Washington D.C. se estaba levantando Sodoma a unas pocas millas de la frontera con EE.UU. Era hora de lanzar una advertencia, de modo que enviaron a David Murray a explicar al Gobierno canadiense que Estados Unidos «tendría que responder» a la despenalización, insinuando que el tráfico de la frontera entre los dos países, que gozan de la relación comercial más provechosa del mundo, podría verse afectado. Murray advirtió de que la despenalización acarrearía «la pérdida de la asociación cooperativa mutua que hemos tenido con los canadienses en lo referente a nuestras fronteras, la integridad del hemisferio, nuestro comercio, las implicaciones en éste y su valor para nosotros, una pérdida que sería muy lamentable».

Larry Campbell dijo que recibió un mensaje aún más claro de una autoridad más alta. «Walters nos dijo que podía cerrar la frontera —aseguró—. De modo que yo comenté bruscamente que sería una pena ver Los Ángeles a oscuras.» Campbell muestra una sonrisa maliciosa al hacer referencia a la dependencia parcial que California tiene de la electricidad y el gas natural de la Columbia Británica.

El debate entre Washington y Ottawa y el futuro rumbo de la política sobre narcóticos tiene enormes implicaciones para la economía sumergida mundial, para la delincuencia organizada transnacional, para el mantenimiento del orden internacional y para las políticas interiores de todo el mundo. Se produce un impacto en la gobernabilidad, en las relaciones internas, en cuestiones sociales y sanitarias, pero sobre todo en la economía, especialmente si EE. UU. tiene razón al afirmar que el 70 % de los recursos financieros disponibles para la delincuencia organizada procede de la industria de los narcóticos.[5]

Pero si la globalización económica ha permitido esta enorme expansión, la globalización cultural ha desempeñado también un papel, al promocionar los placeres que ofrecen los narcóticos en regiones que se estaban abriendo como mercados. La cultura rave, por ejemplo, y el uso a ella asociado de drogas como las anfetaminas y el éxtasis, se extendió por todo el mundo y llegó a Japón, Tailandia, Sudamérica, Israel, Rusia y otros lugares. Se diseminó con eficacia gracias tanto a los mochileros como a Internet. En cuestión de nada, químicos de Serbia, Bulgaria, Tailandia e Israel estaban aprendiendo los trucos del oficio gracias a sus homólogos holandeses: la producción de la nueva generación de drogas no estaba ya confinada a las laderas de los Andes o a los remotos campos del Triángulo de Oro. Y no es que los traficantes de cocaína y heroína no se beneficiaran de las docenas de nuevas rutas comerciales no vigiladas que surgían en todo el mundo.

El resultado final fue un aumento de la oferta y una mayor competencia en el mercado, lo cual se tradujo en precios más baratos y, por tanto, en un incremento en la demanda de prácticamente todas las drogas recreativas producidas en masa. No hubo, sin embargo, un crecimiento comparable en la capacidad de las fuerzas policiales del mundo para hacer frente a esta redoblada actividad en el mercado de la droga. De hecho, en algunos países como Rusia la capacidad de la policía para controlar los mercados ilícitos se vino abajo, sobre todo teniendo en cuenta que los militares solían estar implicados en la introducción de narcóticos de Asia central en Moscú y más allá. Y cuando el mercado de la droga se expande, se expande también la actividad delictiva. En su primera evaluación de la industria global de los narcóticos, publicada a mediados de los noventa, la ONU señaló que «en Gran Bretaña el 75 % de los delitos graves están relacionados con drogas; que el 70 % de los ingresos de los delincuentes que son drogadictos proceden del robo; y que los drogadictos necesitan 43 000 libras esterlinas al año para costearse su adicción. En las encuestas, la mayoría de los adictos hablan de robo, fraude, mendicidad, prostitución y tráfico de drogas como sus principales fuentes de ingresos, o están dispuestos a recurrir a ello». Esto, claro está, supone una enorme carga adicional no sólo para la policía, sino para todo el sistema de justicia penal.

Con el apoyo de la gran mayoría de sus miembros, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aboga por una política de prohibición inflexible de las drogas; una política que confiere al Estado el derecho de desplegar todos sus recursos policiales para intervenir y destruir el mercado de narcóticos. Con una materia prima como el material de fisión atómica (donde las fuerzas policiales tienen posibilidades a la hora de rastrear regiones de producción y zonas de demanda), la prohibición tiene una posibilidad real de conseguir sus objetivos. Pero con los narcóticos, cuya demanda es inmensa e incesante, la prohibición conduce al mercado hacia el único ámbito capaz de satisfacer esa demanda y regular la industria: el delito organizado.

Lev Timofeev, el ex matemático disidente soviético convertido en analista de la economía sumergida de Rusia, ha escrito uno de los estudios más completos sobre el mercado de la droga. Sus conclusiones son duras.

Prohibir un mercado no significa destruirlo. Prohibir un mercado significa dejar un mercado de desarrollo dinámico bajo el control de corporaciones de delincuentes. Es más, prohibir un mercado significa enriquecer al mundo criminal con cientos de miles de millones de dólares al otorgar a los delincuentes un amplio acceso a bienes públicos que los adictos canalizarán hacia los bolsillos de los narcotraficantes. Prohibir un mercado significa proporcionar a las corporaciones criminales oportunidades y recursos para ejercer una influencia de guía y control sobre sociedades y naciones enteras. Éste es el peor de los efectos externos negativos del mercado de la droga. La opinión pública internacional aún no ha comprendido el desafío que ello supone para el mundo civilizado.

Desde un punto de vista económico, la decisión de una persona de introducirse en el negocio de las drogas como productor, distribuidor o vendedor es del todo razonable, ya que los márgenes de beneficios son muy elevados. Esto resulta aún más atractivo en países como Afganistán y Colombia, donde los niveles crónicos de pobreza son endémicos. Los narcotraficantes demuestran una y otra vez que su peso financiero es suficiente para sobornar a agentes incluso en Estados con un índice de corrupción muy bajo, como en Escandinavia. En la mayoría de los países, los traficantes pueden echar mano de recursos combinados de miles de millones de dólares, mientras las fuerzas policiales nacionales tienen acceso a decenas o centenares de millones (y están además atadas de pies y manos por una compleja serie de regulaciones que limitan su capacidad de actuación).

En general, los Gobiernos no sostienen que la prohibición de las drogas beneficie a la economía. En lo que basan sus argumentos es en la percepción del daño social y la moralidad pública. Al contrario, la economía queda distorsionada porque se le niegan al Estado unos ingresos por impuestos que podrían provenir de la adquisición de una mercancía legal (por no mencionar los inmensos costes derivados de intentar vigilar el negocio y de la encarcelación de delincuentes condenados). Esta enorme carga financiera es una de las razones de que tantos economistas, como Timofeev, y de hecho también uno de los grandes órganos del establishment británico, la revista The Economist, defiendan con firmeza la legalización de las drogas. «En el fondo —afirma Ted Galen Carpenter, vicepresidente del venerable gabinete estratégico de derechas que es el norteamericano Cato Institute— el enfoque prohibicionista es un intento de revocar la ley económica de la oferta y la demanda, y por tanto está condenado al fracaso.»

Timofeev ha identificado otro problema más. Con modos de cerebrito y aspecto de estar siempre absorto en espinosos interrogantes intelectuales, me esbozó sus conclusiones en su dacha de madera justo a las afueras de Moscú. Es un hombre tan alejado del mundo de las drogas y el mal social que rodea todo ello como pueda uno imaginar. «El crecimiento de los fondos disponibles para el negocio de la droga —mantiene— junto a su mejorada capacidad de gestión hacen posible diversificar su activo de riesgos mediante la transferencia de capital a otros mercados. Esto es precisamente lo que los grupos del delito organizado hacen cuando trasladan su activo de una actividad ilícita a otra. Por ejemplo, la mafia siciliana invirtió lo recaudado con el contrabando de cigarrillos y esmeraldas en el negocio de la droga. En las “zonas calientes” de todo el mundo (como Afganistán o Chechenia), los narcotraficantes invirtieron una considerable proporción de sus ingresos en el envío de armas ilegales».

La prohibición es asimismo un regalo del cielo para las redes terroristas. Organizaciones como el grupo talibán y Al-Qaeda financian sus actividades mediante el narcotráfico. En este sentido, la incapacidad, por parte de la fuerza comandada por la OTAN en Afganistán, de pacificar nada que esté más allá de Kabul desde la invasión de 2001 ha sido desastrosa. El cultivo de la adormidera del opio se había disparado en más de un 1000 % en el primer año de la ocupación del país. Los talibanes no tardaron en rearmarse gravando esta cosecha de opio. Los intentos de las agencias y los Gobiernos occidentales de limitar las cosechas de adormidera han sido un rotundo fracaso. La única forma de impedir que los talibanes y otros mantengan su capacidad militar a través de la venta de drogas es legalizar los narcóticos. Cuando un comprador adquiere hierba, crack o éxtasis en la calle, sólo un minúsculo porcentaje del dinero cubre ya los costes de producción. El grueso se destina a pagar a la red de distribución por asumir el riesgo de traer una mercancía ilegal al mercado. Esto quedó irrefutablemente demostrado por el aspecto económico de la prohibición del alcohol en los años veinte y treinta del siglo XX. Entonces, como ahora, Canadá, que levantó la prohibición unos cuantos años antes que EE.UU., se convirtió en un suministrador clave de la sustancia ilícita. Hacia 1933, el mayor productor mundial de alcohol era Seagram, una compañía canadiense, y su éxito no se debió precisamente a los bebedores de Canadá.

Hay quien argumenta que existe una diferencia cultural entre el alcohol y los narcóticos ilegales de hoy. Puede muy bien haber una diferencia «cultural», pero en lo que respecta a la relación entre las drogas y el delito organizado, el argumento económico es fundamental; y aquí no hay ninguna diferencia en absoluto entre el alcohol ilícito y las drogas ilícitas. Los beneficios astronómicos generados por las drogas radican en la ilegalidad de estos artículos. No hay ninguna regulación institucional que pueda influir en el valor de la mercancía, y por tanto la cuestión del precio se reduce únicamente a cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. La única implicación indirecta del Estado estriba en su despliegue de métodos de vigilancia para terminar con el funcionamiento fluido del mercado.

En Washington le pregunté a David Murray, el afable y divertido asesor de John P. Walters, si puede rebatir el argumento de que la prohibición conduce al control violento del mercado de la droga por parte de la delincuencia organizada. «¿Y qué hay del OxyCondin?», pregunta de forma retórica sobre un opiáceo sintético que, al igual que su primo el Viocodin, puedes arriesgarte a comprar por Internet. (Pero yo de usted no lo haría.) «Pues es la droga que más se consume en Estados Unidos después de la marihuana. Y es legal. Se trata de un fármaco regulado para usos médicos. Pero la gente está atracando las farmacias con armas para hacerse con ella. Creía que se iba a eliminar la violencia y los delitos y la especulación al hacer de ello algo que el Estado produjera y regulara, ¿no?» Buena respuesta por parte de Murray, pero al hacer del OxyCondin un fármaco regulado que sólo se vende con receta médica se está bloqueando el acceso de los consumidores a él, ya que para hacerse con este analgésico hay que convencer primero a un médico de que uno está lo bastante mal como para necesitarlo. Por eso la gente está dispuesta a usar armas, porque el mercado está muy circunscrito.

Si un país mantiene la prohibición, está también garantizando que en la parte del suministro todos los beneficios irán a parar a redes clandestinas; y en cuanto a la parte de la demanda, está garantizando que cualquier problema social o de salud pública asociado al consumo de drogas sólo saldrá a la luz en la gran mayoría de casos cuando esté fuera de control. Si la ONU tiene razón y las drogas representan el 70 % de la actividad delictiva organizada, la legalización de las drogas asestaría el golpe más letal posible, con diferencia, a las redes de delincuencia organizada transnacionales.

Pero el lector no tiene por qué creer sencillamente mi palabra acerca de la ineficacia de la prohibición de narcóticos. Puede echar un vistazo a un trabajo basado en informes confidenciales de la inteligencia británica. El Gobierno de Tony Blair fue en general un gran partidario de la «guerra a la droga» de Estados Unidos. No es de extrañar, pues, que intentara ocultar su propio informe, tan crudas fueron sus conclusiones:

CONFIDENCIAL: POLÍTICA

A pesar de la condición de las drogas como mercancía, los márgenes de beneficios para los traficantes pueden ser aún mayores que los de las compañías de artículos de lujo.

Fuente: HMG. Los datos hacen referencia a cada kg de heroína procesada y enviada con éxito a Turquía. Los costes de las incautaciones se reflejan en beneficios más bajos. Los «altos» comprenden precios de venta elevados y tasas de incautación inferiores (incluyendo costes del producto); viceversa para «bajos».

CONFIDENCIAL: POLÍTICA

Las intervenciones de los gobiernos occidentales han tendido a tener un impacto efímero o insignificante en los precios al por menor

Fuente: ONDCP, 2001. Instituto Americano para Estudios de Defensa.

CONFIDENCIAL: POLÍTICA

Aunque se incautan algunas drogas, la caída de precios y el aumento del consumo en el tiempo sugieren que el mercado recibe un amplio suministro.

NOTA: Datos del HMG, documentos de la UN.

CONFIDENCIAL: POLÍTICA

Conclusiones sobre el mercado de suministro de droga

• En los últimos 10 o 15 años, pese a las intervenciones en todos los puntos de la cadena de suministro, el consumo de cocaína y heroína ha ido en aumento, los precios han ido bajando y las drogas han seguido llegando al público:

- las intervenciones gubernamentales contra el negocio de la droga son un coste empresarial, más que una amenaza significativa para la viabilidad del negocio;

- sin embargo es probable que, al aumentar el riesgo, las intervenciones gubernamentales hayan frenado el descenso en los precios.

Lev Timofeev sostiene que esa prohibición tiende a distorsionar el mercado, favoreciendo a los cárteles y las tendencias monopolistas. Esto se debe, en su opinión, a que las organizaciones grandes son más eficaces que las pequeñas a la hora de hacer respetar sus monopolios. Lo cual, hablando en plata, significa que los grandes grupos delictivos pueden cargarse a los más pequeños como si nada.

En el año 2005, Wheeler decidió poner fin a su sociedad con Michael y Marty. No es que se pelearan, pero Dan no estaba contento con el rumbo del negocio. «Me ofrecieron la posibilidad de hacer un viaje a Miami —dijo—. Era un nuevo tipo de trato: por cada kilo de maría que entregara en Florida me pagarían un kilo de cocaína pura, con la idea de traerla aquí de vuelta.» Dan se quedó callado durante medio minuto. «Ni hablar… Ni hablar, joder. Algo que tienes que entender sobre la hierba es que atrae a gente que tiene una actitud sana hacia la vida. No estimula la agresividad, y la mayoría de la gente que me he encontrado en este negocio a ambos lados de la frontera son personas de lo más decentes. La gente que maneja la coca es muy diferente, y en los últimos años he visto cómo han avanzado cada vez más la coca y su entorno en sitios como Kootenay.» Los proveedores de cocaína de la Columbia Británica se interesan asimismo más y más en expandirse a las zonas rurales y competir con el rentable mercado de la marihuana. En la Columbia Británica y Vancouver, el sindicato del delito organizado más poderoso y visible es el de los Ángeles del Infierno.

Dos son las razones de la fuerza de los Ángeles del Infierno de Vancouver. La primera es común a la mayoría de secciones del movimiento en todo el mundo: disciplina organizativa. Presentan una estricta jerarquía y conceden mucha importancia a la lealtad absoluta. Pasan muchos años antes de que un aspirante a Ángel pueda acercarse lo más mínimo al centro de poder. Los reclutas, o «candidatos», tienen que ejecutar cualquier orden que les transmitan los miembros de pleno derecho; las instrucciones pueden ir desde recoger tras un encuentro hasta ejercer la extorsión mediante amenazas o el uso de violencia física. Dado que el aspirante (y uso el género intencionadamente) debe estar dispuesto a aceptar años de tareas pesadas y de estar ahí sin hacer nada antes de poder ser considerado un miembro, es imposible infiltrarse en los Ángeles del Infierno, que comparten un sistema de seguridad tan eficaz como el de las tríadas chinas. Infiltrarse en la mafia, los cárteles colombianos o las mafias balcánica o rusa es, en comparación, pan comido.

La segunda fuente de poder de los Ángeles del Infierno de Vancouver es su control del puerto de la ciudad. «Los Ángeles del Infierno están metidos en traer cualquier cosa que les resulte lucrativa: marihuana, cocaína u otras sustancias químicas», dice Brian Brennan, investigador jefe de la brigada antidroga de la RCMP. «Aún tienen influencia en los puertos; su influencia en la cocaína sigue siendo importante y ahora los estamos viendo con las drogas sintéticas.» Los Ángeles del Infierno ejercen esa influencia a través de amigos, socios en el negocio y agentes corruptos, y el control del puerto ha significado el control de la cocaína. Vancouver se usa para importar la cocaína directamente desde Latinoamérica y Estados Unidos, pero también como punto de tránsito para la cocaína que entra en EE.UU. «Lo que ha visto en los últimos tiempos — continúa Brennan— es un aumento de la violencia a medida que se intensifica la lucha por el control de los cultivos».

Los Ángeles del Infierno se establecieron como gran grupo delictivo hace décadas y, en todo ese tiempo, la RCMP puede contar el número de condenas con los dedos de dos manos. «¿Es un gran problema? —pregunta retóricamente Brennan—. Por supuesto: es enorme. El número de operaciones de cultivo está más allá de la capacidad de las fuerzas del orden en general, no sólo de la RCMP. Y con el dinero que consiguen grupos organizados como los Ángeles del Infierno pueden desentenderse de propiedades suyas sin pestañear. Estamos hablando de una casa por un valor de 500 000 dólares en el Lower Mainland de Columbia Británica, y si la policía va y se incauta de mil plantas en aquella casa, ellos se marchan sin más. Ganan tanto dinero que no les importa perder esa inversión.»

La RCMP colabora estrechamente con la DEA en su intento de detener la circulación de marihuana hacia EE.UU., pero mientras hablo con Brennan noto por primera vez que asoma un tono de irritación en su voz; no al hablar de la DEA, sino de los políticos de Washington y sus críticas a la política canadiense sobre drogas. Porque esta retórica da a entender que la RCMP no sabe contener ese flujo. «Estados Unidos —continúa el inspector Brennan— tiene derecho a preocuparse por el incremento de la cantidad de marihuana que va del norte al sur; los decomisos han aumentado, así que tal vez estemos mejorando en la frontera; no es fácil de calcular. Pero debo hacer hincapié en que sólo un 2 % de lo que se está consumiendo internamente en Estados Unidos procede de Canadá. Arman mucho alboroto al respecto, pero eso se debe a que la relación entre los dos países es muy buena, la frontera es muy larga y por tanto es probable que sea porosa. Algo como el descubrimiento de túneles en Canadá es una gran noticia, pero el año pasado encontraron veintisiete túneles entre México y los EE. UU.»

Tardé un poco en comprender qué implicaba lo que Brennan estaba diciendo. La maría de la Columbia Británica es una industria de 6000 millones de dólares. Según la RCMP, entre el 75 y el 90 % de la marihuana producida en la Columbia Británica llega al mercado estadounidense. Pero EE.UU. y Canadá confirman en su Valoración sobre la Amenaza de la Droga, evaluación oficial, que eso representa un mero 2 % del consumo de cannabis en Estados Unidos. Hasta yo puedo echar las cuentas. Cabría preguntarse qué diantre se están fumando allí. La verdad, no existen cifras precisas sobre qué es o de dónde viene; ¡lo único que sabemos es que hay un montón!

«¿Sabe lo que dicen las cifras? —me preguntó un analista de la DEA en una discusión que tuvimos sobre la marihuana de la Columbia Británica—. Dicen que tenemos un grave problema de desobediencia civil en Estados Unidos.» Y no bromeaba.

Los estadounidenses que apoyan el espíritu de liberalización de Canadá suelen ser gente como Steve Tuck, consumidores ellos mismos de droga. Pero en mayo de 2006, Vancouver recibió a un invitado de EE.UU. cuya visita levantó gran revuelo en Albany (Nueva York), de donde procedía. David Soares no consume drogas; de hecho, invierte mucho tiempo y energía en desenganchar a la gente de ellas. Pero, al contrario que la mayoría de sus colegas de las fuerzas del orden estadounidenses, no cree que meter a los consumidores en la cárcel y tirar la llave (como sucede en el Estado de Nueva York) sirva de mucho. «Mi consejo a Canadá —dijo Soares en un emotivo discurso en una conferencia en Vancouver— es que siga lo más alejada posible de la política de legislación sobre drogas de Estados Unidos… ¡Vosotros, Canadá, vais en la dirección adecuada!»

Pero la mayor sorpresa en lo que a David Soares respecta es que no sólo es negro, sino un funcionario electo: nada menos que fiscal del distrito del condado de Albany, en el Estado de Nueva York, lo cual significa que no sólo tiene jurisdicción legal sobre la ciudad y el condado, sino sobre todo el Gobierno del Estado de Nueva York.

Soares demuestra conocer bien las zonas urbanas deprimidas de Albany. «Esto era el lugar de autoservicio. La gente salía de la autopista 9, paraba y gritaba. Y un miembro de la familia Robinson les lanzaba las drogas; era como un punto de distribución de drogas en plan comida rápida», dice mientras sale del coche oficial y me lleva al final de una calle residencial algo dejada. Señalando una fila de bolardos, dice: «Cortamos la calle para impedir el acceso directo desde la autopista.» Ante nosotros, un tráfico interminable pasa zumbando por una de las desmesuradas autopistas norteamericanas. «Los blancos de las afueras venían aquí, les compraban drogas a los afroamericanos y se volvían disparados a la seguridad de los barrios residenciales.»

«Hará unos cinco años salió un artículo en el periódico —continúa Soares— donde uno de los Robinson hablaba de la distribución de drogas y de cómo no tenía consecuencias, y la policía se sintió ofendida. Así que organizamos una unidad operativa con varias agencias para desmantelar el negocio de la familia Robinson. Y lo conseguimos. Lo que no logramos fue estabilizar la comunidad. Y lo que no sabíamos era hasta qué punto la familia Robinson era poderosa en el mercado local. Lo mantenían todo más o menos bajo control.»

Sin la familia Robinson vinieron todo tipo de nuevos traficantes a llenar el vacío. Los problemas de la droga y la violencia, que van de la mano, se agravaron. «Esta comunidad estaba abandonada —dice Soares con un inusual dejo de amargura en la voz—. Hasta que no tengamos una estrategia que combine la aplicación del orden y un desarrollo económico y de la comunidad, vamos a ser siempre como el pez que se muerde la cola. Y esto es así.»

En ese momento, un coche abollado pasa lentamente a nuestro lado y un joven asoma la cabeza por una ventanilla. «Eh, tío —le dice a Soares—, ¿te mola lo que he estado haciendo?» Soares, cuya dicción ha sido hasta ahora precisa y elocuente, pasa sin dificultades al estilo del habla local.

—¿Qué has estado haciendo, brother?

—He estado limpiando esa mansión.

—¡Tío, mola lo que has estado haciendo!

Allá adonde va David Soares, la gente de West Hill se acerca para saludarlo, para charlar de su familia y su trabajo, para contarle cómo va su rehabilitación. Pero, por encima de todo, la gente de West Hill se acerca a darle las gracias. La espontaneidad de esta adoración y respeto suena casi a película sensiblera del Hollywood de los cincuenta. En mi trayectoria por el mundo marginal, rara vez he encontrado a alguien que pareciera tan bueno y tan decidido a hacer el bien pese a las poderosas fuerzas que tuviera en contra. Este excepcional abogado de treinta y seis años ha ofrecido a las comunidades minoritarias de las zonas urbanas deprimidas de Albany una visión alternativa a una existencia acosada por los callejones sin salida de la drogadicción y la cárcel. Pero —lo que es más importante para Estados Unidos— ha demostrado que la democracia del país no es totalmente rehén de los intereses creados del dinero y las redes consolidadas y de aquellos que se pueden permitir presentarse a unas elecciones, y que todavía es posible ser candidato con un programa alegremente denunciado por esos intereses creados, pero basado no obstante en verdades incómodas. Sin embargo, lo más importante de todo es que ha demostrado que se puede presentar un programa delicado pero valiente y ganar.

Cuando a finales de los noventa consiguió un trabajo como ayudante del fiscal en la oficina del fiscal del distrito del condado de Albany, Soares estaba encantado. «No veía la hora de empezar este trabajo —me contó— y diría que mi primer año como fiscal fue de los mejores de mi vida». Quería contribuir a que en Albany se hiciera cumplir la ley de una forma apropiada y fluida, y detener a drogadictos formaba parte de ello. «Pero luego te das cuenta de que algo pasa, porque ves a los mismos una y otra vez. Metes a la gente en la cárcel, luego salen y los vuelves a meter. Luego metes a sus primos, luego a su madre y luego a su padre, y empiezas a ver una combinación de madres e hijas. La madre estaba en la cárcel y la hija comparecía ante el juez; sueltan a la madre y entra la hija. Y caes en la cuenta y te preguntas: “¿Qué estás haciendo?”»

En 1973, inspirado por la guerra contra la droga del presidente Nixon, Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York, introdujo un nuevo paquete de leyes antidroga que sigue vigente hoy en día, aún con su nombre. Por la posesión de una cantidad irrisoria de cualquier droga, los neoyorquinos se arriesgan a sentencias draconianas de entre quince años y cadena perpetua en una penitenciaría del Estado. Y el Estado de Nueva York desembolsa cada año más de 500 millones de dólares para mantener encarcelados a quienes han tenido problemas con este régimen.

Tres años después de que Rockefeller promulgara sus leyes antidroga en Nueva York, David Soares llegaba con seis años a Pawtucket, un pueblecito industrial de Rhode Island. Venía de Bravo, la más occidental de las islas de Cabo Verde, la comunidad de habla portuguesa y criolla situada frente a la costa occidental de África, cuyo otro habitante más famoso es la cantante Cesária Évora. Al crecer en un barrio negro pobre, Soares fue comprendiendo los mecanismos de la privación y sus consecuencias. Pero gracias a su excepcional inteligencia, su experiencia como inmigrante de segunda generación evolucionó como un cuento de hadas y acabó ganando una beca para estudiar derecho en la Universidad de Cornell.

Al poco de haberse incorporado a la oficina del fiscal del distrito en Albany, una de las iniciativas del presidente Clinton dispuso presupuesto para organizar una oficina comunitaria del fiscal, con el cometido de servir de enlace con los líderes de aquellas zonas de la ciudad con un elevado índice de delincuencia. Nadie quería el trabajo, pero Soares era el candidato obvio. Aunque el 30 % de la población de la ciudad es afroamericana o hispana, él era el primer y único ayudante del fiscal del distrito procedente de las comunidades minoritarias. «Por supuesto, el contenido de melanina en mi piel me convirtió al instante en un experto en el ámbito de los procesamientos judiciales comunitarios», comentó con una sonrisa irónica.

Y, en poco tiempo, su experiencia en el desempeño de su trabajo en las zonas marginales de la ciudad puso en entredicho cuanto presuponía sobre la aplicación del orden y sobre las leyes Rockefeller en particular. «Cada mañana iba al juzgado a encausar a alguien, creyendo que el trabajo que hacía iba a hacer de aquella esquina un lugar más limpio y seguro. Pero cada día sin falta voy al juzgado y enjuicio a un chaval al que vi arrestar en la manzana, y vuelvo y hay un chico nuevo, de la misma edad, el mismo color de piel, haciendo lo mismo. Y era increíble que estuviéramos aquí haciendo lo mismo cada día: encerrar y destruir comunidades enteras. Mientras, al otro lado, veo a las fuerzas del orden que vienen y dicen: “Aquí tienes a un caco de poca monta que añadirá veinte dólares a nuestra cuenta de operaciones”. No íbamos a ninguna parte. ¿Eso era hacer cumplir la ley? ¿Resolver problemas? ¿Limpiar la comunidad? No, ¡eso era una fábrica! Era una actividad lucrativa, un plan para conseguir dinero en el que no iba a participar más. Me planté porque estaba cansado de ver cómo propinaban palizas a la gente por las esquinas. Viene a ser, supongo, como capturar esclavos y meterlos en un barco.»

Tal vez la estadística más aterradora de todas las que Soares sacó a la luz fuera que en el condado de Albany más del 95 % de los presos por delitos contra la ley de narcóticos eran negros o hispanos (minorías que sumaban sólo un 13 % del total de la población). Se mire como se mire esa cifra, sólo puede significar una cosa: algo huele a podrido en el Estado.

El agente especial Matthew Fogg sabía que debía tener cuidado, pero le costó morderse la lengua. Desde que en 1989 declaró en el Congreso que su jefe, Ronald Hine, era un racista y no debía ser designado para el prestigioso cargo de alguacil federal del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, había tenido dificultades en su carrera. A pesar de ser marginado por sus compañeros de la policía, el valor de Fogg para tirar de la manta como denunciante interno fue finalmente resarcido en 1998 cuando un jurado condenó a la entonces fiscal general de EE.UU., Janet Reno, y al departamento de justicia a indemnizarlo con 4 millones de dólares y su salario atrasado. El tribunal no sólo concluyó que Fogg había sido víctima de discriminación racial por parte de sus jefes, sino que el servicio de alguaciles federales de EE.UU. era racista como institución.

Esta histórica resolución no supuso ni el principio ni el fin de la determinación de Fogg de poner de relieve la corrupción y la discriminación racial tanto en el seno de las fuerzas del orden estadounidenses como en su aplicación de la ley en varias comunidades. Fogg se ganó muchos enemigos. En una ocasión, sus propios colegas le tendieron una trampa durante una operación para arrestar a un fugitivo en Baltimore y casi resultó muerto. Eso ocurrió a principios de los noventa, cuando fue trasladado temporalmente a la DEA desde el servicio de alguaciles federales, donde ejerció de delegado. Su tarea en la DEA consistía en supervisar una unidad operativa metropolitana adiestrada para efectuar redadas antidroga en las principales ciudades de todo el país.

Fogg es un tipo alto y de aspecto duro, pero habla en un tono modesto y sosegado incluso cuando le aflora la rabia. Aún ahora, que tiene cincuenta y tantos años, y a pesar de una vida de duros golpes, parece desconcertado ante lo injusto que puede ser el mundo. «En el transcurso de mi carrera he sido responsable de encerrar a unos dos mil fugitivos —me contó en un despacho de Washington—. Era porque participaba en operaciones de captura; rastreábamos cuanto se moviera en las principales ciudades de todo el país. Les poníamos a las redadas nombres estrambóticos, como Operación Humareda u Operación Amanecer, y duraban noventa días. En esos noventa días te dedicabas como un poseso a encerrar al máximo de gente por lo que fuera. Pero por supuesto nos concentrábamos sobre todo en las áreas urbanas, donde estaban los afroamericanos y la gente de color; el 85 % y más aún de la gente que arrestábamos eran negros o hispanos.»

Desanimado por tener que detener a cientos de hombres y mujeres de su propia comunidad, Fogg le planteó una nueva propuesta a su jefe en la DEA. «Sugerí ir a Potomac, en Maryland, y a Springfield, a sitios donde viven blancos, y a Alexandria, porque nuestro trabajo era encontrar las drogas y a los blancos que también las consumen. El ASAC (agente especial al mando) de la DEA me cogió y me dijo: “Tenemos que hablar”. Dijo: “Fogg, tienes razón. La gente toma drogas en todas partes. Los blancos también. Pero, amigo, si empezamos a ir a esas zonas con la unidad especial, esa gente conoce a jueces, abogados, políticos y, deja que te diga algo, nos echarán el cierre y adiós a tus horas extra. Mejor vamos a por el eslabón más débil”.»

La discusión degeneró en una riña. ««Eso es aplicar la ley de forma selectiva —le dije. “Tío —dije— tenemos hasta blancos en el cuerpo que vienen y nos dicen que nos estamos pasando con los negros.” Yo y los demás negros del cuerpo estábamos siempre hablando de esto, pero nunca hicimos nada al respecto. Y entonces lo comprendí. Ahí estábamos, parte de la plantación, haciendo lo que al amo se le antojara.»

Debido al sistema de incentivos financieros con el que está organizada la guerra contra la droga, y a causa de la protección contra las acciones judiciales de que disfrutan las comunidades blancas, en Estados Unidos esta guerra se libra contra negros e hispanos. A la luz de sus experiencias, Matthew Fogg está ahora convencido de que la estrategia está diseñada como una herramienta institucional que se emplea para controlar a las comunidades afroamericanas y limitar sus oportunidades económicas y sociales. Esto es llevar la teoría de la conspiración demasiado lejos, pero no debería quedar duda de que la guerra contra la droga inflige un daño desproporcionado a las comunidades minoritarias y desfavorecidas de EE.UU. La capacidad del sistema de justicia penal de imponer aplastantes penas de prisión, y la de los agentes del orden de ser recompensados por el número de acusados y condenados, es campo abonado para la corrupción.

Fogg concluyó que el daño causado a los afroamericanos por la vigilancia policial de las drogas superaba con mucho al daño causado por las drogas en sí. Hay ahora un número cada vez mayor de ex agentes de las fuerzas del orden de agencias federales y estatales, incluida la DEA, que, al igual que Matthew Fogg, se manifiestan a favor de la despenalización o la legalización de los narcóticos en EE.UU. y, como la mayoría de estas personas, Fogg no toma drogas. Intenta disuadir de su consumo en su comunidad. Pero aunque a finales de los noventa Fogg representaba a un sector creciente de electores potenciales, con el apoyo tanto de miembros del partido demócrata como del republicano, ni un solo candidato a unas elecciones se atrevió nunca a cuestionar en público la ortodoxia de la guerra contra la droga. Por más atractivos que puedan ser los argumentos a favor de liberalizar la legislación antidroga norteamericana, en el ambiente enrarecido de Washington y de la política estatal el tema es como el tercer raíl del metro: si lo tocas estás muerto.

Así fueron las cosas hasta que llegó David Soares. A finales de los noventa, como ayudante del fiscal del distrito y desde su oficina de fiscal comunitario, Soares se embarcó en proyectos destinados a intentar limpiar la zona más deprimida de West Hill, el centro neurálgico del narcotráfico en Albany. «Hay una razón por la que la gente no trafica con drogas en los barrios residenciales con jardines recién cortados. Se debe a que hay algo en el entorno que envía la señal de que aquí ese tipo de comportamiento no es aceptable. Pero cuando tienes edificios tapiados con tablones, cuando tienes arbustos descuidados y coches abandonados en los aparcamientos, el mensaje que se transmite es que aquí se tolera lo que sea. Nos pusimos a eliminar algunos de estos obstáculos (podar árboles, cortar el césped) y usamos a delincuentes para ello, inculcándoles la idea de que éste es su barrio. Empezaron a comprender que no estaban retirando los cristales rotos y las jeringuillas de una pista de baloncesto como castigo, sino porque sus hermanas y hermanos pequeños jugarían ahí más tarde. En menos de un año logramos reducir las llamadas de emergencia y que no aumentara el número de arrestos.»

El éxito de Soares no sólo afectó a la red del narcotráfico, sino que empezó a irritar a una red política, una red sin duda muy poderosa. «En aquella época se convirtió en un problema para mi jefe, que se pasaba horas hablando de lo que yo hacía mal. Por ejemplo, conseguía cubos de basura para la gente que quería cubos de basura. Lo que les preocupaba era que intentaba destruir un sistema. Si tú eras un vecino y querías un cubo de basura delante de tu casa, llamabas a los miembros del comité, quienes contactaban con el delegado del distrito, quien a su vez hacía saber al alcalde que hacía falta un cubo de basura. Te informaban de quién te conseguía el cubo y te informaban de qué tenías que hacer para pagarlo. Ésa ha sido la cultura política; es lo que se llama “la Maquinaria”.»

La Maquinaria no reacciona bien ante quienes desafían su autoridad. Los jefes de Soares empezaron a retirar recursos y personal de apoyo. Al cabo de poco tiempo ya le era imposible hacer su trabajo. En Albany no avanzaba y no tenía visos de lograrlo. En cuanto has perturbado a la Maquinaria, no esperes piedad, especialmente de su jefe, el fiscal del distrito Paul Clyne, miembro de una de las familias demócratas más influyentes de la ciudad y firme partidario de las leyes antidroga de Rockefeller.

Soares decidió dejarlo todo y trasladarse a Atlanta, un imán para miles de negros de clase media del noreste. «“¿De verdad quieres mudarte?”, me preguntó mi mujer. Y yo dije: «Sí». Me acusó de huir como un niño de la escuela. “Si estos tipos hubieran estado en la escuela de Pawtucket, les habrías dado un puñetazo.” Hizo que recuperara mi espíritu de Pawtucket.»

Al día siguiente Soares no subió al tren a Georgia, sino que fue al despacho de Paul Clyne a informar al fiscal del distrito de que tenía la intención de enfrentarse a él en las siguientes primarias demócratas. «La reunión duró siete minutos —recuerda Soares—. Los cinco primeros se los pasó riendo, y en los otros dos me despidió.»

La Maquinaria, un movimiento a la antigua del Partido Demócrata similar al feudo de la dinastía de los Daley en Chicago, ha gobernado siempre Albany, y había una comunidad a la que nunca se le había dejado ser partícipe. «El partido nombra a los jueces; el partido nombra al jefe de policía; a los alcaldes; a todo el mundo. Todos los legisladores salen de la misma institución. Pero sólo hay un juez afroamericano, y luego estoy yo: sólo dos en posiciones de formulación de políticas en este condado. Pero aquí el tema de la raza nunca se ha tratado: ellos viven ahí y nosotros vivimos aquí. Te dirán que emplean a un montón de afroamericanos en la ciudad. ¡Lo que no te dirán es que están todos recogiendo basura!»

En otoño de 2004, Soares se presentó contra Clyne en las primarias demócratas, y luego otra vez en las elecciones a fiscal del distrito, ya que Clyne, tras perder las primarias, decidió presentarse como independiente. Soares había estado haciendo campaña, celebrando mítines y llamando a puertas por todo el condado de Albany y en todas las comunidades, aunque los blancos constituían más del 80 % del electorado. Soares hizo de la reforma de las leyes antidroga de Rockefeller el núcleo de su campaña. «Las leyes Rockefeller tienen un tufo ofensivo —dijo en aquella época—. La imagen del sistema de justicia penal es Temis, y tiene una balanza, una venda en los ojos y una espada. Se supone que es justo. Si perdemos la fe en el sistema de justicia penal, ¿qué nos queda? Nos queda el caos. Las leyes antidroga de Rockefeller son una ofensa a la imagen de Temis. Sabemos que la ley antidroga actúa negativamente sobre afroamericanos e hispanos de un modo tan desproporcionado que el hecho de que siga vigente le hace a uno plantearse cosas. No me gusta mucho considerar esto en términos de raza, sino que hay que decir que es una cuestión importante para todos. La adicción, sea al crack o al alcohol, es algo que afecta a todos. La mayoría de la gente sabe lo que es eso, sea por un familiar directo o un primo; saben el daño que causa a las familias. Por eso tener un sistema que aborda la adicción como la trata, de un modo tan desproporcionado, está mal».

Soares barrió a Clyne y a los demás oponentes tanto en las primarias como en las elecciones generales. Su elección destruyó el consenso político en el Estado de Nueva York. En la víspera de su victoria en las elecciones de noviembre de 2004, Soares dijo: «Es innegable que … este estatuto anticuado tiene los días contados. El hecho de que el miembro más vociferante e inflexible de la asociación de la fiscalía del distrito del Estado de Nueva York esté en peligro de perder su cargo, y más que nada por el tema de las leyes antidroga de Rockefeller, propicia un momento de reflexión para cada uno de los funcionarios electos del Estado.»

Es también un mensaje para el Congreso y la Presidencia: puede que el pueblo estadounidense esté poco a poco considerando el hecho de que, tras casi cuatro décadas de «guerra contra la droga», los niveles de consumo y dependencia son más altos que nunca; que el precio de las principales drogas recreativas ha bajado a marchas forzadas durante ese período; y que el Estado ha malgastado cientos de miles de millones en un sistema de justicia penal que tiene como consecuencia una gran cantidad de delincuencia y que apenas imparte justicia. Los fondos usados para mantener burocracias como la DEA, que llevan a cabo la guerra a la droga, son una gota en el océano comparados con los incontables miles de millones que los sindicatos de la delincuencia organizada han ganado porque Washington se empeña en que el mercado siga siendo clandestino. Los problemas sociales y de delincuencia relacionados con el abuso de sustancias nunca desaparecerán hasta que el Estado pueda ejercer control sobre la industria en general.

Y eso es sólo en Estados Unidos. Los países menos prósperos que caen víctimas de la guerra de EE.UU. contra las drogas se llevan la peor parte. Sobre todo Colombia.

11

EL DESFILE DEL TERROR

Soldados

La carretera de Jamundí, a unos 25 kilómetros al sur de Cali, es todo un viaje. Primero paso por el campo de entrenamiento del Club de Fútbol Cali América, propiedad del clan Rodríguez-Orejuela, también conocido como el «cártel de Cali». Unos kilómetros más allá veo atónito una gran plaza de toros que pertenece a los hermanos Ochoa, buenos socios del difunto Pablo Escobar en el cártel de Medellín. Jamundí es un destino vacacional del agrado de los narcotraficantes, que han construido lujosas fincas en las que no faltan los lagos artificiales, campos de fútbol de tamaño reglamentario totalmente iluminados, piscinas interiores y exteriores, todo en la misma parcela. Allá donde terminan las fincas comienzan abruptamente las humildes moradas de los indios pobres.

Hacia el final del pueblecito se observa un cartel de bienvenida, al principio de un callejón bordeado por setos altos y muy verdes. Bajo las palabras «Mi Casita: Hogar Psiquiátrico» hay un número de teléfono y una flecha que señala callejón arriba; 200 metros y un par de curvas después se llega al lugar idílico en que se halla Mi Casita, aunque las oxidadas puertas de hierro verde y rojo y las vallas de alambre de espino no resulten demasiado acogedoras. A las 17:30 del 22 de mayo de 2006, el comandante de una de las Unidades de Fuerzas Especiales de Colombia detuvo justo en este punto su convoy de tres vehículos. Acompañado por nueve hombres y un informante civil, salió del coche y fue hacia la puerta. El informante le había asegurado que en Mi Casita había gato encerrado.

Sin advertencia previa, un grupo de hombres uniformados que esperaban ocultos abrió fuego sobre la unidad policial de élite, cuyo comandante cayó muerto al instante. Entre los arbustos que crecían desordenadamente junto al callejón se escondían 28 hombres armados. «Estábamos preparando la cena —explica un trabajador de la casa de reposo psiquiátrico— cuando de repente oímos aquel tremendo ruido de disparos en la puerta.» Un par de agentes de policía se parapetaron en unas zanjas. «Oíamos que chillaban: “¡Alto, por favor, no disparen! ¡Somos la policía!”. Y luego: “¡Tenemos mujeres e hijos!”.» Pero el tiroteo continuó durante veinte minutos, hasta que murió el último policía. Cuando llegó un equipo de policía convencional, descubrieron que uno de los atacantes se había tomado la molestia de pegarle un tiro en la nuca al civil. ¿Un mensaje, tal vez?

Muertes violentas como las de Jamundí no son la norma en este país, pero tampoco son nunca una sorpresa. La cantidad de sospechosos es desconcertante: Colombia ha sido asolada por tantas organizaciones asesinas que sus acrónimos podrían llenar todo un libro, y todas ellas recurren a las masacres, torturas y bombas para reivindicar la superioridad moral o política. Además de estas agrupaciones independientes, la policía y el ejército también han apretado el gatillo a menudo sin rendir cuentas, al igual que los traficantes, los paramilitares y la guerrilla.

Cuando se produce un ataque contra el ejército o la policía como el de Jamundí, los primeros sospechosos suelen ser la poderosa guerrilla marxista colombiana, las FARC. No cabe duda de que operan muy cerca de la ciudad, que extraen gran parte de sus ingresos de la cocaína y que nunca les ha temblado el pulso a la hora de abrir fuego contra las fuerzas gubernamentales. Como si hiciera falta poner más énfasis sobre este hecho, durante mi estancia en Jamundí una unidad de las FARC mató a seis policías al otro lado de Cali con granadas de mano caseras que habían aprendido a fabricar con la ayuda de miembros del IRA. Pero hoy en día sus unidades militares rara vez penetran tanto en el interior de las áreas urbanas, y aquel episodio no encajaba con el perfil típico de sus operaciones.

Luego están los paramilitares (conocidos como AUC), que muchas veces luchan contra las FARC codo a codo con el ejército regular. Se proclaman defensores del derecho a la propiedad privada, especialmente de la que han obtenido mediante la intimidación y el asesinato. Muchos de sus miembros depusieron las armas el mismo año de mi visita, en virtud de un acuerdo con el Gobierno, aunque se reconvirtieron en bandas criminales organizadas en los barrios sin ley que crecen como tumores alrededor de las grandes ciudades de Colombia.

Por último están los sucesores del famoso cártel de Cali: el cártel del Norte, que, aunque había perdido a su líder Fernando Henão un año antes, cuando un tribunal de Nueva York lo condenó a diecinueve años y medio de prisión, seguía funcionando como la seda bajo el timón de su socio Diego Montoya. El cártel era otro sospechoso directo.

Aunque no se sabía quién apretó el gatillo, todo el mundo adivinó por qué lo hizo: por los intereses creados alrededor de la cocaína.

No tardó en saberse que, en efecto, la cocaína era la protagonista de este caso, aunque la identidad de los asesinos de Jamundí cogió a todo el mundo por sorpresa. No habían sido ni las FARC, ni los AUC, ni el ELN, ni el MAS, ni el PEPES ni ninguna de las demás autoproclamadas fuerzas del orden. El equipo de las Fuerzas Especiales fue ejecutado por un pelotón formado por 28 hombres de la Brigada de Montaña del ejército regular. Por supuesto, los militares colombianos nunca han abandonado el uso de la fuerza, y cuentan con uno de los peores historiales del mundo en lo referente a los derechos humanos. Pero es de lo más inusual que el ejército asesine a sus colegas de las Fuerzas Especiales. Ello dejó estupefacto a todo el mundo: al pueblo colombiano, a su presidente Álvaro Uribe y a su Gobierno, y fue una sorpresa no menos importante y desagradable para los miembros del Congreso estadounidense y el presidente George W. Bush.

El jefe del pelotón, un coronel de mandíbula cuadrada llamado Bayron Carvajal, emitió al principio una declaración en la que calificaba el incidente como un caso trágico de «fuego amigo». Se produjo de noche, dijo, y los soldados confundieron a la unidad policial con guerrilleros de las FARC. Los testigos de Mi Casita y de las casas indias contiguas no daban crédito: sabían que el incidente había tenido lugar a plena luz del día y que era imposible que los soldados no hubiesen reconocido al instante los uniformes distintivos de las Fuerzas Especiales.

En lugar de fuego amigo, el caso tenía todos los indicios de ser una ejecución calculada. Además, cuando el fiscal general Mario Iguarán investigó el caso con mayor atención, surgieron sospechas de que los soldados trataban de proteger a quienquiera que fuera el propietario de la droga. «No fue un error, sino un crimen —proclamó tras las pesquisas preliminares—. Seguían las órdenes de un narcotraficante.»

Las caras largas que se vieron en Washington cuando llegó la noticia estaban bien justificadas. Estados Unidos acababa de entregar la última parte de los 4000 millones de dólares que había adjudicado a Bogotá en cumplimiento del Plan Colombia. Este proyecto de cinco años presentado por la Administración Clinton y ampliado por el presidente Bush había sido concebido para librar al mundo de dos plagas: la cocaína y las FARC. El 80 % de los fondos estaba destinado a modernizar las fuerzas armadas del país. Con las excepciones de Egipto e Israel, ningún otro ejército recibió tanto equipamiento y fondos financieros de Washington durante los primeros cinco años del presente siglo como las fuerzas armadas colombianas. Pero en Jamundí los beneficiarios de la ayuda militar trabajaron para los traficantes de droga y asesinaron a policías. ¿Qué había pasado?

Además de la reputación de ser el país más violento de Latinoamérica, Colombia también es el que ha recibido un trato más generoso de la naturaleza: fértiles llanuras que producen el mejor café del mundo; costas hermosísimas en el Atlántico y el Pacífico; junglas repletas de fauna exótica; recursos minerales como esmeraldas, carbón y petróleo; parte de la cuenca amazónica; e incluso una ciudad, Medellín, cuyo clima se ha dado en denominar «primavera eterna», y con razón. El primer día que pasé en Bogotá, un colombiano me contó que cuando Dios creó la Tierra decidió dotar a este país de todos los tipos de riqueza que fue capaz de idear. «Cuando los demás países se quejaron de que los estaba discriminando —continuó mi amigo— el Señor se volvió hacia ellos y les dijo: “Cuando veáis qué gente le voy a dar a Colombia, seguro que estaréis de acuerdo con el reparto”.»

Esta idea de un paraíso corrompido por una minoría pérfida y malvada es moneda corriente en Colombia. Tras el poder seductor del realismo mágico de Cien años de soledad yace una intensa reflexión sobre el papel de la violencia en la historia de Colombia, país en el que toda lucha sincera en nombre de una causa o una ideología queda subordinada a la violencia que engendra, como ilustra a la perfección este fragmento del relato:

—Dime una cosa, compadre: ¿por qué estás peleando?

—Por qué ha de ser, compadre —contestó el coronel Gerineldo Márquez— por el gran partido liberal.

—Dichoso tú que lo sabes —contestó él—. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo.

—Eso es malo —dijo el coronel Gerineldo Márquez.

Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma.

—Naturalmente —dijo—. Pero en todo caso, es mejor eso, que no saber por qué se pelea.

Lo miró a los ojos, y agregó sonriendo:

—O que pelear como tú por algo que no significa nada para nadie.

Como corresponsal de la BBC había visto bastantes carnicerías en los Balcanes y en el Cáucaso, pero la fama de país violento de Colombia me inquietaba. A lo largo de mis investigaciones para escribir el presente libro, el único momento en que me preocupó seriamente la posibilidad de estar corriendo un riesgo innecesario fue cuando salí de Londres hacia Bogotá. Por supuesto, mi temor era exagerado y no hacía justicia a la gente cálida y extrovertida que puebla este país. Era una exageración, sí, pero no era ninguna fantasía. Tan sólo una semana antes de emprender el viaje cené en Washington con un amigo mío muy afable que, al despedirme, me dijo: «No es ninguna broma, ¿sabes? De verdad que puede llegar a ser un lugar muy peligroso». Él lo sabía perfectamente. Seis años antes, su mujer se detuvo en un semáforo en Pereira, una ciudad situada a 160 kilómetros al oeste de Bogotá, y a su lado paró una motocicleta montada por dos hombres. El que iba detrás sacó un arma y mató a la mujer delante de la niñera y de su hija de cuatro años. Mi amigo huyó a Washington y aún hoy es incapaz de regresar a Colombia, su tierra natal. Este caso no es más que un ejemplo; durante mi visita a este país conocí un número desproporcionado de gente que había tenido que sobreponerse al asesinato de familiares o buenos amigos.

La violencia desenfrenada de los últimos veinticinco años es sobrecogedora incluso para lo habitual en Colombia. Durante los siglos XIX y XX la inseguridad adoptó muchas formas y tamaños, desde rebeliones a gran escala y levantamientos armados hasta incursiones gubernamentales arbitrarias para amedrentar o limpiar una región para luego tomarla, pasando por el terror individual y masacres pavorosas. La rivalidad entre el Partido Liberal y el Partido Conservador domina la escena política, y la cuestión de la propiedad de la tierra es el meollo económico del problema. Uno de sus muchos puntos álgidos llegó en abril de 1948, cuando estalló el período conocido como «la Violencia» a raíz del asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán. La Violencia fue un escabroso festival de muerte y destrucción que duró diez años, hasta que se produjo la reconciliación entre liberales y conservadores, los partidos que llevaban más de un siglo dominando el país y el derramamiento de sangre.

Hasta aquel momento, la inseguridad de Colombia fue una cuestión mayoritariamente nacional. Y durante los años sesenta el pueblo colombiano se atrevió a imaginar un futuro en el que reinase la armonía en la sociedad civil, un porvenir de prosperidad sostenida, aunque lenta, en el que ganasen influencia sobre la parte septentrional de Sudamérica. No sólo pareció que surgía un consenso, sino que Estados Unidos no hizo acto de aparición con las manipulaciones políticas, corporativas o mafiosas que tan visibles resultaban en Centroamérica y el Caribe.

Pero entonces sucedieron tres cosas en poco más de una década que hundieron a Colombia en un infierno dantesco del que todavía no ha salido. Colombia es la mayor víctima de la peor delincuencia organizada del hemisferio occidental, cuyas redes se han enmarañado con una forma totalmente distinta de conflicto armado de tintes políticos.

En primer lugar, en 1968 Colombia trató de apuntalar su economía con la fundación del Instituto de Investigación Química Avanzada en Bogotá. Los químicos de primer nivel que allí se formaron encontraron después un trabajo muy lucrativo en la nómina de los cárteles de Medellín y Cali.

En segundo lugar, aproximadamente al mismo tiempo, en Estados Unidos comenzó a cultivarse marihuana en cantidad suficiente para cubrir casi toda la demanda norteamericana de cannabis. Ello marcó el declive del negocio de muchos traficantes del país, que hasta entonces habían disfrutado de muy buena vida, y provocó que tratasen de diversificar su cartera de productos.

Esta búsqueda de nuevas áreas de negocio coincidió con el tercer suceso: la cocaína volvió a ponerse de moda en EE.UU., especialmente entre los treintañeros y los cuarentones de Florida y del nordeste de país. La generación del baby boom norteamericano dejó las protestas sociales, se puso a ganar dinero y se aficionó a un narcótico que era tan festivo como el champán y reflejaba el abandono de la introspección filosófica en favor de un materialismo sin tapujos. La cocaína no tenía nada que ver con el desorden vital que comportaba inyectarse heroína; uno podía esnifar una rayita rápida y salir hacia Studio 54. Pronto casi todo el mundo quería un poco. «Ya no es ningún secreto pecaminoso de la élite acaudalada», informó Time en julio de 1981, mostrando luciendo una copa de cóctel llena de cocaína en la portada:

…ni tampoco un reflejo fugaz de la decadencia que reina en ciertos círculos sórdidos de la sociedad, como pareció durante décadas. Ya no es un lujo exclusivo de los más glamourosos empresarios, artistas de Hollywood y jugadores empedernidos, como hace tres o cuatro años; es la forma más llamativa de consumo, y se esnifa en las mesitas de café más chic por medio de canutillos hechos enrollando un billete de 100 dólares. En parte porque es un símbolo de riqueza y prestigio social, hoy la coca es la droga preferida por ciudadanos convencionales y a menudo prósperos: abogados, empresarios, estudiantes, burócratas, políticos, policías, secretarios, banqueros, mecánicos, agentes inmobiliarios y camareras, tal vez varios millones en total.

Esta droga no había sido muy investigada en Estados Unidos desde que el Gobierno la prohibió durante los años veinte. La mayoría de la gente creía erróneamente que no era muy adictiva y carecía de efectos secundarios graves. Y, por si fuera poco, se rumoreaba que reforzaba las capacidades amatorias de quienes la consumían. La demanda subía como la espuma y las pesadas economías de Perú y Bolivia no daban abasto. Esta coyuntura convenció a un grupo de colombianos —los narcos— de que en los Andes había dinero para ellos.

Narcotraficantes

Para enterarme de cómo se apoderaron de este manantial de dinero, acudo a un night club de Bogotá para encontrarme con alguien a quien todo el mundo llama «el Demonio» o «Nixon», tal vez con referencia al antiguo presidente estadounidense.

Tras cruzar una barra de aspecto inofensivo poblada por hombres de entre treinta y algo y cuarenta y muchos años y mujeres de veintipocos, mis amigos y yo entramos en una sala con una gran piscina interior en forma de ocho. En el medio hay un puente de estilo Rialto más bien kitsch, mientras las paredes dan a unos reservados rodeados de cortinas rojas del peor gusto posible. En cada uno de ellos hay un grupo de entre cuatro y seis tipos que toman copas mientras reciben uno por uno las atenciones de unas jóvenes desnudas que les pegan el pubis al rostro mientras bailan al son de una atronadora música latino-euro-pop. Cada uno tiene sus gustos, supongo, pero éste no es exactamente el mío.

Nixon nos lleva a un piso con vistas a toda esta bacanal de pacotilla en el que, por suerte, al menos podemos oírnos al hablar. No obstante, insiste en traer a dos jóvenes prostitutas, una de las cuales tiene los pechos más grandes que he visto en mi vida (Colombia se enorgullece de ser líder mundial en mamoplastias de aumento). Nixon ya va tan acelerado que al hablar suena como una ametralladora. Para empezar la conversación, saca un pañuelo que muestra a su público como si fuera un ilusionista y a continuación se lo introduce cuidadosamente por el orificio que los años de consumo de cocaína han practicado en su tabique nasal.

«Yo era un adolescente totalmente normal de Boyacá, a unas dos horas de distancia de Bogotá. No sabía nada sobre drogas hasta que llegó de Nueva York uno de mis primos.» Durante los años sesenta y setenta un importante éxodo de colombianos acudió a Estados Unidos en busca de trabajo porque la industria textil de Colombia se había hundido. Entre los emigrantes se hallaban los primeros traficantes de cocaína, uno de los cuales era el primo de Nixon. Los dos compraban pasta de coca a los agricultores de Bolivia y Perú, la procesaban ellos mismos para obtener clorhidrato de cocaína y luego la enviaban a parientes que tenían en las pujantes comunidades colombianas de Nueva York y Miami. «Mi trabajo consistía en transportarla por el interior de Colombia, normalmente en coche o en camión —explica Nixon— y luego desde la costa o el aeropuerto iba directamente a Nueva York, a México o al Caribe.»

Nixon se dejó llevar por las drogas y por la surrealista experiencia de hacerse muy rico muy rápido y muy joven. Se abrió paso por Colombia a fuerza de rayas, sexo y tiros. Hasta enero de 1994. «Mi jefe me llevaba por una de las calles principales de Bogotá; yo iba en el asiento del copiloto —recuerda— y sucedió exactamente como la gente lo explica siempre: en un semáforo paró junto a nosotros una moto con dos tipos, uno sacó una pistola y se puso a disparar contra mi jefe. Me metí bajo el salpicadero para buscar mi pistola, pero no la encontré. Pero el jefe consiguió apartar el coche de la línea de fuego y logró sobrevivir a los tres balazos que recibió.» Entonces Nixon dejó de moverse por ese nivel del negocio. «Pronto supimos que el golpe había sido encargado por el socio del jefe, y pensé: esto es demasiado. Mi novia y yo teníamos una hijita y no quería dejarla huérfana.» Nixon consiguió bajar de rango; en lugar de mover kilos de cocaína, comenzó a vender gramos a los nuevos yuppies de Bogotá.

En su apogeo, Nixon pertenecía a una organización mayorista de tamaño respetable. Aun así, no se trataba sino de un afluente que se sumaba al caudaloso río de cocaína que fluía hacia Nueva York desde Cali, unos 300 kilómetros al suroeste de Bogotá. El cártel de Cali es una de las tres mayores organizaciones de este tipo que nacieron en Colombia durante los años setenta y ochenta. En un acuerdo con los otros dos clanes, que operaban desde Medellín, el cártel de Cali se había reservado explícitamente una parte del mercado estadounidense. Nueva York pertenecía a Cali. Cualquiera que exportase hacia allí tenía que asociarse con ellos.

En 1981 y 1982, el clan de los Ochoa —socios, como ya se ha dicho, de las actividades delictivas de Pablo Escobar en el cártel de Medellín—convocó una serie de reuniones en su rancho Las Margaritas con los jefes de los principales cárteles de toda Colombia. La delegación más importante que se reunió con Escobar y los Ochoa fue la de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que controlaban el cártel de Cali.

Estas cumbres tuvieron lugar en un principio a causa del secuestro de Marta, la hermana de los Ochoa, a manos de guerrillas izquierdistas que pedían un rescate. Pero las reuniones se convirtieron en algo mucho más importante: a pesar de las sospechas mutuas, que degeneraron en una hostilidad mortífera, éste fue el escenario en que se fundaron no tanto imperios como una industria que aún hoy continúa siendo floreciente e inmune a todo intento de socavarla.

Todos los protagonistas de Las Margaritas acabaron siendo asesinados o encarcelados. Con todo, durante casi veinte años los grupos de Escobar, Ochoa y Rodríguez Orejuela fueron los más importantes de la economía negra mundial que creció en paralelo a la economía lícita, al mismo tiempo que EE.UU. y Europa imponían la liberalización de los mercados financieros y de consumo, puntal económico de la globalización durante los años ochenta. En varios sentidos, los cárteles de Medellín y Cali se anticiparon a los mecanismos de la mundialización y durante muchos años también pudieron fundir sus operaciones ilícitas con otras lícitas.

Los tres clanes formaban un extraño ménage à trois. Los Ochoa procedían de una familia de clase media rica y elegante apasionada por la cría de caballos, mientras que Escobar creció en los arrabales de Medellín, donde aprendió a sobrevivir entre los tiroteos del mundo de la delincuencia menor de Colombia. En Cali, los Rodríguez Orejuela tenían una vida más próxima a la de Escobar. Las presentaciones entre sus respectivos cárteles corrieron a cargo de la familia Ochoa; si bien ésta logró mantener la paz durante un tiempo, el odio mutuo entre los grupos terminó desencadenando una enconada guerra.

Durante las conversaciones de Las Margaritas se tomaron dos decisiones fundamentales. En primer lugar, se acordó financiar una organización clandestina llamada MAS (Muerte A los Secuestradores), una milicia privada que posteriormente se convirtió en la rama paramilitar más poderosa y organizada de derechas, la AUC. En segundo lugar, se decretó un reparto del mercado estadounidense de la cocaína: Escobar recibió el que denominaron «código Amarillo» por Miami, los Ochoa el Azul por Los Ángeles y el cártel de Cali el Rojo por Nueva York.

Aunque Pablo Escobar era el narcotraficante más famoso, no tuvo tanto éxito como los hermanos Rodríguez Orejuela, que comenzaron a llamar la atención de la policía a finales de los años sesenta por su participación en una serie de secuestros famosos. A mediados de la década siguiente, el hermano mayor, Gilberto, pudo comprar una avioneta que empleó para transportar pasta de coca semirrefinada desde Perú hasta Cali, donde organizaba la fase final del procesamiento del clorhidrato de cocaína y lo enviaba a Estados Unidos.

En pocos años, la flota del cártel de Cali superaba los 700 aviones y servía drogas por todo el territorio norteamericano. En un país en el que la geografía suele convertir el transporte en una pesadilla, Cali se halla en un lugar perfecto. Al este y al sur se encuentran las zonas de cultivo de coca y de opio, mientras que al oeste el puerto marino de altura Puerto Buenaventura está a escasa distancia por carretera. El cártel de Cali supo aprovechar esta buena suerte geográfica y erigir una corporación de soberbia eficacia. Ni siquiera la DEA estadounidense ha ocultado del todo su admiración por las aptitudes empresariales del cártel (aunque no lo dejó entrever hasta después de detener a los dirigentes de la banda en 1995):

Se estima que la mafia de Cali obtenía unos beneficios de entre 4000 y 8000 millones de dólares al año, y la organización funcionaba como una multinacional bien gestionada cuya cúpula ejecutiva decidía hasta los últimos detalles operativos desde Colombia y Estados Unidos. Podían dirigir su empresa global mediante un sofisticado sistema de teléfonos, fax, mensáfonos y ordenadores; contaban con una red de inteligencia digna de la que posee la mayoría de países desarrollados. Los señores de la droga de Cali controlaban el aeropuerto de su ciudad de origen, el sistema de taxis y la compañía telefónica. Sabían quién entraba y salía de Cali, quién hablaba con la policía y quién cooperaba con las fuerzas policiales estadounidenses.

La DEA tenía razón: la clave del éxito del cártel era su capacidad para recabar información de inteligencia. «Sabían quiénes éramos todos nosotros y nuestros informantes; conocían nuestros números de teléfono, nuestros movimientos… Iban siempre por delante de nosotros», recuerda Jim Milford, que encabezaba el equipo de la DEA responsable de dar caza al clan Orejuela. La DEA alcanzó a comprender hasta dónde llegaba la capacidad de vigilancia del cártel cuando en 1996 se incautó en un edificio de Cali de un gran ordenador IBM de tipo mainframe, como los que emplean las grandes entidades bancarias. En él descubrieron que los cárteles tenían informantes infiltrados en la central telefónica municipal y que éstos les habían facilitado registros donde constaban todas las llamadas de los agentes estadounidenses en Colombia a sus contactos de Cali.

Éste es un ejemplo típico de cómo esta organización siempre trataba de jugar con la máxima ventaja. Gilberto, que se enorgullecía de que le llamasen «el Ajedrecista», concibió dos golpes maestros.

En el territorio natal de la banda renunció a la ampulosa violencia con la que Escobar convirtió en mataderos las ciudades de Medellín y Bogotá; prefirió aprovechar la debilidad crónica del Estado colombiano e infiltrarse en casi todas las organizaciones públicas y privadas que pudiesen servir a sus intereses, incluida la Presidencia del Gobierno. Las entidades bancarias fueron uno de los primeros destinos de las inversiones del equipo de Cali. En 1974 crearon la suya propia, el Banco de los Trabajadores, y posteriormente el cártel comenzó a comprar participaciones accionariales en otras entidades sudamericanas y centroamericanas que mantuvieran una relación estrecha con bancos de Miami y Nueva York.

Para producir 100 toneladas de cocaína se necesitan millones de litros de sustancias químicas precursoras. Algunas, como el permanganato de potasio, son fáciles de encontrar, porque se utilizan para fabricar bases de pizza. Para otras, en cambio, hace falta una licencia oficial. ¿Cómo resolvió el cártel de Cali este problema? Fácil: compró Rebaja, la mayor cadena de farmacias de Colombia, y así pudo importar todo lo que necesitase sin tener que responder preguntas.

El blanqueo de dinero todavía era una tarea fácil en aquellos tiempos, ya que ni los bancos ni los Gobiernos se preocupaban demasiado por el origen de las grandes sumas de dinero en efectivo. Cuando se estrechó un poco el cerco sobre el sistema financiero durante los años ochenta, los cárteles de Cali y Medellín perfeccionaron el mercado negro de cambio de pesos colombianos: con los dólares que ganaban en EE.UU. compraban frigoríficos, televisores, automóviles y otros productos de consumo caros que luego introducían de contrabando en Colombia para venderlos por pesos. «Desde principios de los setenta, los colombianos compran productos de contrabando a sabiendas de que forman parte de la cadena de blanqueo del dinero negro de las drogas —explica Francisco Thoumi, una gran autoridad de Bogotá en materia de delincuencia organizada—. Han vendido fincas, piezas de arte, coches lujosos y joyas a precios hinchados a individuos misteriosos que han pagado en efectivo sin cuestionar el origen del capital. Desde su punto de vista, la responsabilidad de controlar estos actos corresponde al Estado, no a la sociedad ni al individuo.» Como el Estado no puede o no está interesado en controlar grandes partes de Colombia, sostiene Thoumi, la gente no siente obligación con respecto a él y, por tanto, hace caso omiso de su sistema judicial y policial. «¿Por qué sucede esto más en Colombia que en otras sociedades? —se pregunta, retóricamente—. En Colombia todo está permitido; no hay sanciones personales ni sociales. Se toleran todos los actos ilícitos e incluso se aprueban como si fueran brillantes, heroicos, astutos e inteligentes, pero se deja colgado al responsable cuando lo pillan. En otras palabras, existe una gran tolerancia social para quienquiera que obtenga resultados, con independencia de los medios que haya utilizado, pero al mismo tiempo no hay confianza ni solidaridad.»

A través de fronteras y de enormes distancias, Gilberto fue pionero en fundar alianzas comerciales estratégicas con socios en México, España, Italia, Brasil, Nigeria y, por último, Rusia. A principios de los ochenta decidió desviar el grueso de sus exportaciones a narcotraficantes mexicanos, y con ello demostró hasta qué punto era aguda su visión empresarial. El mayor riesgo que corren los narcos colombianos consiste en cruzar la frontera estadounidense para entregar la mercancía a un cliente «legítimo», es decir, que no trabaje para la policía. Al cerrar tratos con los mexicanos, Orejuela descargó sobre ellos este riesgo, y condenó al norte de México a sufrir el mismo destino que Colombia. Más o menos al mismo tiempo estableció relaciones con grupos de delincuentes organizados en España y, a través de Brasil, también con la mafia italiana. Las reuniones más destacadas fueron las mantenidas entre los representantes de los hermanos Orejuela y miembros de la Hermandad de Solntsevo moscovita a principios de los noventa en Aruba, la pecaminosa isla caribeña. El mercado estadounidense de la cocaína había alcanzado el punto de supersaturación, y la caída del comunismo fue un regalo del cielo para los cárteles colombianos. De repente, el mercado europeo y las rutas que conducían hacia él pudieron florecer.

Los cárteles son el fenómeno de los últimos treinta años que mejor encaja con la imagen popular de las mafias criminales organizadas: una organización implacable consagrada a destruir la civilización occidental. Una vez que las sofisticadas redes colombianas arrebataron el negocio de procesar y distribuir la cocaína a las modestas industrias locales de Perú y Bolivia, se transformó en un producto de consumo en manos de algunas de las mayores redes delictivas del mundo. Pero la imagen popular de los narcos no coincide con la realidad en un aspecto: el cártel de Cali y las demás grandes corporaciones de la coca está muy descentralizados. Los cárteles son grupos empresariales que congregan núcleos mafiosos pequeños y flexibles que desempeñan distintos papeles en el conjunto del sector. Los hermanos Orejuela eran, sin duda, los máximos dirigentes del cártel de Cali: tenían unas ganancias sensacionales y conferían estabilidad al entorno del negocio. El impacto de su detención y desaparición del ramo sólo hizo oscilar muy brevemente el precio de la cocaína en Estados Unidos. Ello se debe a la lucha que tuvo lugar en la región de Cali tras las detenciones, ya que las mafias de menor tamaño que conformaban el cártel pugnaron por quedarse con las partes más suculentas del hueco que habían dejado los Orejuela. Quien llega a capturar a un Escobar o a un Orejuela entra en la leyenda de las fuerzas policiales de todo el mundo, y merecidamente. Pero en el caso de la cocaína estas operaciones tan espectaculares no tuvieron el menor efecto negativo sobre la oferta ni sobre la demanda.

Ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde que Ronald Reagan anunció que los cárteles colombianos eran su principal enemigo en la Guerra a las Drogas en la que ese presidente centró su política de seguridad nacional. Pese a todo, la cocaína colombiana es más barata y más fácil de conseguir en EE.UU. que nunca. Se han gastado miles de millones de dólares para dar fin a esta industria, y ésta no ha hecho más que crecer de tamaño, extensión, beneficios y sacrificios humanos: decenas de miles de personas han perdido la vida, y la de varios millones se ha visto muy perjudicada.

«Por todos los baremos —razona Álvaro Camacho, estudioso colombiano de la política antidroga estadounidense para Sudamérica—, la Guerra a las Drogas ha sido un fracaso total.» Según él y otros, esta estrategia fue mal concebida y su ejecución ha resultado con frecuencia una farsa entre los intereses encontrados y contradictorios de la CIA, la DEA y el Estado, cuyos oficios a menudo han hecho más por facilitar la vida a los narcotraficantes que por lo contrario. Pero el dato más pasmoso que esgrime el profesor Camacho es que la industria de la cocaína representa, como mucho, un 3 % del PIB de Colombia; posteriormente, el jefe estadounidense de la lucha antidroga me asegura que el porcentaje real es aún menor: un 0,8 %. En Afganistán, las Naciones Unidas estiman que desde la caída de los talibanes el opio constituye nada menos que un 57 % del PIB, por lo que para el Gobierno de Kabul es imposible tener el país bajo control, aparte de la capital y la región del norte. Y ello a pesar de la ayuda de 19 000 efectivos de la OTAN armados hasta los dientes. Lejos de limpiar de heroína barata las calles de Gran Bretaña, como prometió Tony Blair en 2001, la intervención occidental ha provocado que Afganistán se transforme en un campo abonado para la delincuencia organizada, la insurgencia y el terrorismo. En este país crecen ahora todo tipo de organizaciones, desde cárteles turcos del caballo hasta las redes de los despóticos dirigentes de Turkmenistán y Uzbekistán, sin olvidar a Al-Qaeda, cuya principal fuente de ingresos en la región es la venta de opio afgano.

La economía colombiana es mucho más rica y sofisticada que la de Afganistán. «Hasta tal punto que, por mucho que las drogas no supongan más de un 3 % del PIB —apunta el profesor Camacho— es más que suficiente para sustentar al menos dos ejércitos privados: los paramilitares y narcotraficantes por un lado, y la guerrilla por el otro.» Ejércitos que han podido mantener durante años 70 000 efectivos en movilización permanente.

Los estragos que la cocaína ha provocado en la sociedad colombiana son tremendamente desproporcionados con respecto al valor económico de esta sustancia. Está bien documentado que todos los bandos han perpetrado los bombardeos, masacres y asesinatos gratuitos que han definido la imagen del país en el exterior (según comprobé cuando traté, en vano, de contratar un seguro de viaje antes de salir para Bogotá). Pero el ejército que mayor daño inflige a la capacidad moral de Colombia para salir del pantano es otro: el de los refugiados. En 2004 Jan Egeland, director de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, explicó que las guerras de la droga colombianas habían dejado «el mayor número de asesinatos, el mayor problema humanitario, el mayor problema de derechos humanos y el mayor conflicto del hemisferio occidental». También advirtió que el Gobierno de Bogotá se había quedado sin fondos para lidiar con la expresión más dramática de la crisis: los tres millones de refugiados que han tenido que abandonar su hogar desde mediados de los noventa. Se trata de la mayor población de refugiados del hemisferio y la tercera más importante del mundo.

Guerrilla

En 1980, Susana Castillo y su marido Efraín invirtieron los pocos centenares de dólares que había heredado ella de su padre en la compra de una granja con algunas hectáreas de tierra en la provincia colombiana de Meta. Al sur del pueblecito de San José serpentea el ancho río Guéjar, y más allá, sobre una espesa jungla que se extiende al sur, llena de especies únicas de fauna y flora, se alza la sierra de la Macarena. «En aquella época no había electricidad ni carretera hacia San José. Nada excepto malaria —recuerda Susana—, pero descubrimos que la tierra era muy fértil y plantamos bananas y maíz.» La pareja crió allí a siete hijos en una modesta prosperidad y un medio ambiente impredecible. De repente, en un plazo de dos días, Susana perdió su casa y su medio de vida sin haber hecho nada por merecerlo, y se vio embarcada en la penosa vida de los refugiados.

La señora Castillo responde a mis preguntas con paciencia y precisión, pero sin ninguna emoción, y sospecho que los últimos doce meses le han robado toda la esperanza o las expectativas que pudiera tener en la vida. Estamos en el despacho de Roberto Sicar, el Defensor del Pueblo designado para Tres Esquinas, un arrabal de chabolas, cabañas y casas destartaladas que alberga a unas 155 000 personas, el 80 % de ellas refugiados. En una comunidad del tamaño de Salamanca o Logroño no hay electricidad ni más agua que la que suministran unas pocas mangueras pinchadas.

Tres Esquinas es una parte de Ciudad Bolívar, un barrio de Bogotá que se extiende bajo las montañas que se elevan al sur de la capital colombiana. Sicar reconoce que su trabajo es inabarcable. «Por lo que respecta a la gente, yo soy el Estado colombiano —dice con una sonrisa—, aunque en realidad es la ONU quien me financia. Pero poco o nada puedo hacer por ellos.»

Durante el día, la economía de Ciudad Bolívar gira en torno a la construcción de chabolas para los recién llegados. Pero en cuanto acaba el atardecer niños, mujeres y ancianos se apresuran a refugiarse en sus moradas, porque aparecen las criaturas de la noche. «Hemos identificado tres grupos paramilitares y ocho bandas organizadas de delincuentes en Tres Esquinas —dice con calma Sicar—. Para venir de noche necesito escolta. Las bandas están subordinadas a los paramilitares: son los que controlan la economía a través de armas y cocaína. Lo controlan todo y son un Estado paralelo. Lo único que puedo hacer es ayudarles a rellenar formularios y escribir cartas. Y sacan sus propias conclusiones sobre la capacidad del Estado colombiano y la del Estado paralelo.» Los habitantes de Tres Esquinas saben perfectamente dónde reside el poder en estas calles feas y polvorientas.

Enfrente del edificio del Defensor del Pueblo hay una oficina del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Está cerrado a cal y canto y parece llevar así un tiempo. El único otro edificio es una biblioteca nueva y reluciente creada por cortesía del Plan Colombia: los 4700 millones de dólares de ayuda donados por Estados Unidos a Colombia durante la primera media década del siglo, un 98 % de los cuales se han dedicado a reforzar la liza de las fuerzas armadas colombianas contra las plantaciones de coca y las guerrillas de izquierdas. Me produce cierta satisfacción haber topado con uno de los pocos frutos civiles del plan; ahora ya sólo falta que la biblioteca abra (está cerrada, como la oficina de la ONU), que reciba unos cuantos libros (no hay ni uno) y, sobre todo, que aparezca gente que sepa leer (que en Ciudad Bolívar no abunda).

Susana Castillo no necesita ninguna biblioteca ahora mismo. Tras su reciente ingreso en el ejército de tres millones de refugiados de Colombia necesita dinero, más espacio para vivir, agua y electricidad. Encima de sus protuberantes pómulos indios tiene unos ojos azules brillantes que parecen europeos; como la mayoría de los colombianos, es mestiza. Aunque sólo tiene cuarenta y siete años, las arrugas que surcan su rostro añaden una década a su edad. «Cuando llegamos aquí, pudimos sobrevivir con la venta de bananas y maíz», continúa. Los Castillo no tenían que pagar impuestos; el Estado no llegaba tan al interior de Colombia. «No había impuestos, ni policías, ni oficina de Correos, a menos que uno fuese a Vista Hermosa, a unas dos horas a pie.» Incluso en Vista Hermosa, la ciudad de la región en la que la familia Castillo vendía su cosecha, la vida transcurría a la misma velocidad a la que avanza un glaciar.

Esta experiencia de vivir en un país sin topar jamás con sus representantes oficiales es común en las naciones subdesarrolladas. Pero lo que obstaculiza la consolidación del poder estatal en las zonas rurales de Colombia no es el subdesarrollo, sino la geografía. Bogotá es un buen ejemplo de ello: se halla en lo alto de unas montañas muy mal comunicadas con el resto del país, y es un lugar tranquilo. Tradicionalmente, el poder residía en las zonas urbanas y costeras de las tierras rurales añejas; los centros económicos carecen de acceso a Bogotá. En lo que respecta al resto del país, el Estado seguía sin intervenir para nada en el interior, y las zonas de jungla más espesa continúan siendo un misterio hoy día. Según Sandro Calvani, el jefe italiano del programa antidroga de las Naciones Unidas en Colombia, el efecto de «un gran territorio sobre el que no ha habido control estatal durante décadas ha sido profundo. La gente se ha acostumbrado y queda una gran parte del país donde no reina la ley. Crecen sabiendo que son colombianos, pero nunca se han cruzado con el Estado en forma de policía ni de justicia».

En un principio, a los Castillo no les molestó en absoluto que el Estado fuera indiferente a su presencia en el mundo, sino más bien al contrario. Ganaban lo suficiente para alimentar a sus cinco hijos y dos hijas. Éstas terminaron marchándose del pueblo para casarse, mientras que los cinco chicos se quedaron trabajando la tierra con sus padres. Pero cuando llegaron los años noventa, no fue el Gobierno colombiano quien comenzó a interferir en sus vidas, sino el impacto de los cambios que se operaron en un mercado agrícola mundial de cuya existencia esta familia no tenía noción alguna. La innovación tecnológica y las «guerras de la banana» entre la UE y las corporaciones frutícolas estadounidenses impulsaron los precios a la baja. Los productores de zonas como la Macarena fueron de los primeros en sentir las repercusiones: no entendían por qué nadie estaba ya dispuesto a pagar los mismos precios que antes.

Al mismo tiempo estaba sucediendo otra cosa. La indiferencia del Gobierno estaba siendo explotada por uno de sus competidores más encarnizados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC no son una guerrilla cualquiera a la vieja usanza, de las que de vez en cuando atacan y se esfuman de la vista, ni de las que ponen bombas en centros comerciales. Con sus quince o veinte mil combatientes, es una fuerza militar organizada en cuyas filas militan hombres, mujeres y niños (y no pocos de las dos últimas categorías). Desde que Manuel Marulanda «Tirofijo» fundó esta causa insurgente en 1964, ha reclutado miembros a voluntad entre una población campesina que ha sufrido los abusos sistemáticos de los terratenientes y de las compañías frutícolas que controlan la economía agrícola. Muchos terratenientes nunca han dudado en recurrir a sicarios para asesinar a aquellos campesinos que muestren el más mínimo interés por las actividades políticas. Colombia es el país menos seguro del mundo para la militancia sindical.

Así, durante décadas crecieron de forma impresionante el tamaño y el poder de las FARC, que vivían de la producción del sinnúmero de pueblos y ciudades en las que operaban; allá donde carecían de apoyos, disponían de las armas y la crueldad necesarias para persuadir a los campesinos. Las FARC se han habituado a infligir dolor y sufrimiento, requisito imprescindible para toda organización (ya sea estatal, rebelde, cártel o freelance) que aspire a participar en la tragedia colombiana. Tras ciento cincuenta años de cruentos enfrentamientos políticos, no es ninguna sorpresa que aparezca el catalizador de la industria de la cocaína.

Por poderosas que fueran las FARC durante los años sesenta y setenta, no pudieron detener la oleada imparable de emigración del campo a las ciudades. Al igual que sus congéneres del resto del planeta, los campesinos de Colombia huían desesperados de la pobreza y la violencia rurales. El atractivo ideológico de las FARC, que tanto poder tenía sobre los desposeídos, no podía competir con la posibilidad de trabajar en los barrios de Cali, Medellín y Bogotá. A principios de los noventa, sólo el 30 % de la población permanecía en el campo.

Ante tal pérdida de bases y de producción, las FARC tuvieron que replantearse su política económica. Así fue como decidieron renunciar a su indiferencia por el producto más conocido de Colombia y comenzaron a alentar el cultivo de la planta de coca en los territorios que controlaban. Su lógica era sencilla: durante los noventa, un kilo de plátanos podía suponer un ingreso medio inferior a los dos dólares; un kilo de coca base (antes de pasar por la parte más cara del proceso de refinado) valía entre 700 y 1000 dólares.

En un centro comercial cualquiera de Cali me siento a tomar una cerveza con dos altos representantes del Movimiento Bolivariano (MB), el brazo urbano clandestino de las FARC. Son dos personas elegantes y educadas que se expresan muy bien; ambos son médicos, pero explican con toda franqueza sus actividades. «Empezamos a practicar secuestros a principios de los noventa, poco después de fundar nuestras células aquí en Cali —me dicen—. Al principio la cúpula de las FARC era reacia a que nos metiésemos en esto, pero pudimos convencerlos de que en las ciudades también se libraba una guerra, igual que en el campo.»

Como sus enemigos, las FARC y el MB se toman el conflicto muy en serio, pero se muestran inmutables ante sus consecuencias. «No nos interesa especialmente suministrar drogas a la gente —explica Lola—, pero el movimiento decidió trabajar con los cocaleros por motivos económicos. Pero nosotros no procesamos cocaína. La cúpula se limita a cobrar a los campesinos un 10 % de su cosecha y, a cambio, ofrece una red de seguridad social.»

Resulta difícil verificar la función exacta de las FARC en la industria de la cocaína, más allá del hecho de que protege y alienta el cultivo de la planta. Ésta fue, ciertamente, la experiencia de Susana Castillo. «Hicimos lo que hizo todo el mundo: cambiamos el cultivo de bananas y maíz por el de coca —continúa—. De hecho, no la cultivamos nosotros mismos, sino que arrendamos las tiendas a un cocalero que se encargaba de hacerlo. Le pagaba impuestos a las FARC y un alquiler a nosotros, del que también pagábamos una parte a las FARC como impuestos.» Casi resulta conmovedor que el 10 % que las FARC carga por cada cosecha se inscriba en la tradición del diezmo que cobraba la Iglesia católica.

Este sistema proporcionaba a la familia Castillo unos ingresos de 2000 dólares al mes, que no era ninguna fortuna para una familia con seis miembros en edad de trabajar, pero sí una cifra respetable teniendo en cuenta que más del 50 % de la población colombiana vive con dos dólares al día.

En noviembre de 1998 el presidente Andrés Pastrana dio un paso extraordinario: con la esperanza de resucitar las moribundas conversaciones de paz con la guerrilla, ordenó al ejército y a la policía que en las provincias de Meta y Caqueta se retirase de una cantidad de territorio tan enorme como la extensión de Suiza. Ello otorgó a las FARC un control completo del área —que pasó a conocerse como «el despeje»—, que comprendía la mayor parte de la sierra de la Macarena, incluida la finca de la familia Castillo. Muchos colombianos han vilipendiado después a Pastrana por crear el despeje. Sostienen, no totalmente faltos de razón, que ello hizo posible que las FARC consolidasen su base militar, y también señalan que el alto el fuego no conllevó que las FARC abandonase uno de sus pasatiempos favoritos, el secuestro de personas con fines financieros o políticos. Cuando se preparaba para ceder la presidencia a Álvaro Uribe en 2002, Pastrana anunció el fin del acuerdo y advirtió a las FARC de que el Gobierno tenía la intención de restaurar su soberanía por la fuerza en la región.

Fue una mala noticia para la familia Castillo. Mientras el despeje estuvo en vigor, su negocio floreció; las FARC no les molestaban más que para recaudar sus impuestos, y no había ninguna señal de que el mercado de la coca fuera a hacer aguas. Pero el presidente Uribe asumió el poder y el Gobierno anunció su determinación de enfrentarse militarmente a las FARC para recuperar la Macarena. Susana Castillo se halló de repente en plena línea de frente de un conflicto despiadado. «Las FARC se volvieron mucho más agresivas cuando comenzó la erradicación manual —explica Sandro Calvani, de la ONU—. Fue la primera vez que vimos a las FARC defender la cosecha de coca, porque su fuente de ingresos estaba amenazada. Si alguien fuera a atacar mis ahorros, yo también me pondría agresivo. La financiación de todas sus operaciones procede de los cultivos de la Macarena.»

«Las cosas empeoraron durante 2005 —recuerda Susana—. En febrero una mina mató a tres niños que jugaban en un campo.» Las FARC habían comenzado a sembrar la región de minas, ya que el ejército colombiano parecía preparar una ofensiva seria; el Gobierno estadounidense quería ver los frutos de los miles de millones de dólares que había invertido en el programa de erradicación y la guerra contra las FARC. No faltaba voluntad política por emprender la guerra, pero había un problema legal: la Macarena era un parque nacional y, por tanto, era imposible aplicar el método preferido por Washington para erradicar la coca: enviar a la empresa DynCorp a fumigar desde el aire las plantaciones con glifosfato comprado a la compañía Dow Chemicals. ¿Cuántos ejemplares únicos de especies animales y vegetales morirían junto con las plantas de coca?

El presidente Uribe anunció una operación llamada Colombia Verde: el ejército protegería a centenares de campesinos que enviarían a Meta para arrancar las plantas de coca (método más efectivo, en cualquier caso, que la fumigación). Se trataba de un enorme desafío a las FARC: el Gobierno no sólo iba a ocupar la región, sino que se había propuesto cortar literalmente de raíz su fuente de ingresos. «Eran más o menos las cinco y media de la madrugada y, cuando nos estábamos levantando, se oyó un atronador tiroteo justo encima de nosotros.» Susana se refiere a la mañana del 27 de diciembre de 2005, cuando un destacamento de cuatrocientos guerrilleros de las FARC tendió una emboscada a los soldados que protegían la operación de erradicación. «Saltamos al suelo y nos escondimos bajo la cama. El combate duró dos horas, y nos quedamos quietos.» Atrapados en su pueblo, los Castillo se refugiaron en casa de un vecino un poco más alejada de la batalla, donde se quedaron tres días. Desde allí se sumaron al flujo de los desheredados de Ciudad Bolívar. Susana reconoce que sus posibilidades de regresar a la granja, si todavía existen, son mínimas; vive con su marido y sus cinco hijos hacinada en dos habitaciones, y durante el día aprende a rellenar formularios.

Susana y su familia al menos pudieron escapar con vida. Los soldados del ejército colombiano tuvieron menos suerte: aquel día murieron veintinueve en el ataque más sanguinario efectuado por las FARC en 2005. Así, la guerrilla demostró que, por mucha financiación militar que el Congreso estadounidense ofrezca a través del Plan Colombia, el Gobierno de Uribe no tiene los medios necesarios para derrotar a las FARC.

Paramilitares

Masacres como la de la Macarena dejan un peligroso legado a los campesinos. Las FARC siguen una táctica predecible de guerrilla: después de coronar con éxito una ofensiva como la del 27 de diciembre, se retiran y comienzan a preparar el siguiente ataque sorpresa, y dejan que el ejército vuelva a asumir un control precario sobre el territorio del que se han esfumado.

Sin embargo, muchas veces aparecen bandas de enmascarados en la estela del ejército: los paramilitares, también conocidos como «la Autodefensa». Al igual que las FARC, no son gente simpática. A los pocos días de la masacre de la Macarena, los paramilitares investigaban activamente entre la población civil de la zona en busca de colaboradores de las FARC.

A principios de abril de 2006, un hombre de veintiséis años llamado Elíades Pachón viajaba con su mujer y sus dos hijos pequeños en autobús desde Vista Hermosa (al sur de Puerto Rico) bordeando el Parque Nacional de la Macarena, donde trabajaba de mecánico. Poco más de un kilómetro antes de llegar a Mattu Bambu, uno de los controles militares —que se habían multiplicado tras los asesinatos del 27 de diciembre— dejó pasar al autobús, pero no sucedió lo mismo en el pueblo, donde unos hombres de uniforme indefinido le dieron el alto. Hicieron bajar a todos los pasajeros y leyeron una lista de nombres en la que figuraba el de Pachón. «Tenían una lista de gente, una lista física, y parecía que agrupaban a los pasajeros en función de ella», dice Janneth, la hermana de Elíades. «Llamaron a un par de personas más, entre ellos al que estaba junto a mi hermano, que también llevaba un jersey azul, y el tipo de la cara tapada gritó: “No, él no. Coged al del niño”. Le dio el niño a su mujer y se fue con el que lo había señalado. No se lo llevaron con el primer grupo, sino hacia el río.»

En aquel momento se oscurece el rostro bello, joven y radiante de Janneth. Acaba de ponerse a trabajar para una ONG, y yo creía que me iba a hablar de la situación general que sufren los refugiados. Su historia personal me coge totalmente por sorpresa, igual que a mis amigos colombianos que se encuentran presentes. Cuando entra en la parte más pavorosa del relato, todos tenemos que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas. «Mi hermano dijo: “No me maten; les daré lo que quieran, pero, por favor, no me maten”. Mientras aún imploraba por su vida, el hombre que lo había llevado allí cogió la metralleta de otro paramilitar y le pegó cuatro tiros en el rostro.» Al oír los disparos, la cuñada de Janneth suplicó al jefe paramilitar que le dejase ver el cuerpo de su marido. «Si quieres morir —le contestó el jefe— puedes irte con tu marido. Si yo fuera tú, me quedaría aquí cuidando de los niños.» Elíades fue uno de los cuatro asesinados aquel día en Mattu Bambu como represalia contra la población civil tras los asesinatos de las FARC de diciembre.

Elíades y Janneth eran miembros de los comités locales que, en ausencia de cualquier otra autoridad, gobernaban los pueblos y las ciudades. Por eso estaban fichados como simpatizantes potenciales de las FARC. Esta área está en el frente entre el despeje de las FARC y el territorio controlado por el Gobierno. Janneth asegura que los comités sólo existen para garantizar que los servicios mínimos indispensables funcionen en aquella zona sin ley. Parece improbable que esta mujer de veintiocho años sea una revolucionaria; madre soltera de dos hijos, trabajaba de encargada en una licorería y de camarera en un bar-billar de Puerto Rico. «En la región hay tantos grupos, tantas batallas y tantos enfrentamientos con los civiles… A tres puertas de nuestra casa murió un soldado en un choque con las FARC. Los civiles no hacen más que coger a sus hijos y esconderse bajo la cama. No tenemos adónde ir ni nadie que nos apoye; estamos totalmente indefensos.»

Janneth pudo escapar de los paramilitares que dieron caza a su hermano y llevarse a sus dos hijos a Bogotá, donde trabaja de forma desinteresada ayudando a otros refugiados de la Macarena a encontrar un lugar para vivir en la capital. También se ha consagrado a la misión de identificar a los asesinos de su hermano, posiblemente en vano.

Cuando el presidente Uribe prometió a George W. Bush que redoblaría los esfuerzos por poner coto al tráfico de cocaína, se enfrentaba a un problema que dominaba a todos los demás: los paramilitares. Esta asociación informal de asesinos armados de ultraderecha actúa básicamente como milicia de los cárteles de la droga. Sin embargo, durante mucho tiempo han disfrutado de inmunidad e impunidad para desempeñar su papel en el tráfico de droga, gracias a sus estrechos vínculos personales e ideológicos con destacados elementos del ejército colombiano y a su importante función en la guerra contra las FARC.

«La Autodefensa no es enemiga del Gobierno», dice en Bogotá Sandro Calvani, el jefe de la oficina antidroga de la ONU. «Nunca han atacado al Gobierno. Luchan contra los terroristas y protegen a la gente. Hacen cumplir la ley. Verá usted por todo el país a policías tomando cervezas con los de Autodefensa; no hay ninguna enemistad entre ellos.»

En zonas como Chocó, al noroeste de Colombia, los paramilitares han «limpiado» pueblos y ciudades enteros para hacerse con tierras baratas donde no sólo pueden cultivar coca, sino también plantaciones de palma a gran escala para rentabilizar el mercado de aceite de esta planta, que está creciendo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Estos pueblos son tan desgraciados como los que vi durante las guerras de la antigua Yugoslavia: los campesinos se han visto obligados a huir a toda prisa, a veces dejando la comida a medias en la mesa, y los paramilitares han destruido algunos edificios para obligar a sus habitantes a engrosar el ejército de refugiados del país.

La cantidad de dificultades a las que se enfrenta Uribe saltó a la vista en otoño de 2005, cuando unas cintas secretas revelaron que el jefe de la policía secreta colombiana, la DAS, había intercambiado y vendido información a algunos de los grupos paramilitares más conocidos. El jefe de la DAS y su segundo se vieron obligados a dimitir, pero el presidente negó categóricamente estar implicado. Y eso no era todo: la DAS está acusada de haber entregado cuantiosas sumas de dinero (proporcionadas por los contribuyentes norteamericanos a través del Plan Colombia) a grupos armados que no sólo eran responsables del asesinato de civiles y a activistas sindicales, sino que también cultivaban y producían cocaína destinada a Estados Unidos. Desde que empezó a llegar al ejército dinero del Plan Colombia, la DEA y algunos congresistas republicanos de EE.UU. se han puesto a presionar a Uribe para que detenga a los líderes paramilitares y los extradite a Estados Unidos. El presidente colombiano, que ya está empantanado en su guerra contra las FARC, reconoce que le faltan los recursos necesarios para enfrentarse a otro enemigo más; uno que no sólo cuenta con 30 000 efectivos armados y motivados, sino que está imbricado inextricablemente con el ejército nacional.

La solución de Uribe para el problema paramilitar fue la Ley de Justicia y Paz. Dicho de forma sucinta, en virtud de esta ley los paramilitares se prestaron a entregar las armas y sus dirigentes a entregarse a la justicia colombiana, pero sin que se les pudiera extraditar a Estados Unidos. Es cierto que varios millares de paramilitares han dejado las armas y se han marchado del campo; pero, según funcionarios de la ONU que trabajan en los barrios de Bogotá, sólo lo han hecho para establecer nuevas bandas delictivas en los arrabales de las grandes ciudades, donde han fundado rápidamente grandes redes de tráfico de drogas.

Gringos

Al igual que las FARC, que los elementos corruptos del ejército y que los capos del narcotráfico, los paramilitares colombianos no parecen dispuestos a compensar a la sociedad por los desmanes que han cometido. Durante los dos años que siguieron a 2002 se registró un descenso en el número de muertes debidas a la guerra de la cocaína, pero a principios de 2005 el contador de cadáveres comenzó a acelerar de nuevo. Desde el advenimiento del Plan Colombia, la cantidad de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de la coca ha disminuido en algunos millares. Pero gracias a las mejoras técnicas, la producción ha aumentado cada año. Al principio del Plan Colombia las FARC operaban en sólo seis provincias, y al término del período de cuatro años continuaban con unidades activas en todas ellas menos en dos. Los resultados lo demuestran fehacientemente: desde los años setenta, la política estadounidense y colombiana ha sido un fracaso: ni han mermado el poder de las FARC ni han evitado la sobresaturación de Europa y Estados Unidos con cocaína. A partir del 11-S, la prioridad exterior de Washington ha pasado a ser la Guerra al Terror. La Guerra a las Drogas, que no hace más que preservar un enorme hervidero criminal de delincuentes de toda clase, constituye una garantía casi total de que la Guerra al Terror no podrá ganarse nunca. Los implicados en la Guerra a las Drogas se aplican con un celo y una determinación extraordinarios, cueste lo que cueste. Sandro Calvani, funcionario de la ONU y biólogo de formación, me dejó de una pieza cuando confesó que «si alguien me dijese que han descubierto un nuevo Agente Naranja que mata a toda la coca, aunque también dañase gravemente el medio ambiente, me plantearía la posibilidad de usarlo».[6]

La Guerra a las Drogas no sólo ha logrado convertir a biólogos en defensores de la defoliación tóxica, sino que a lo largo de las décadas ha engullido billones de dólares: no únicamente los obscenos beneficios que genera la droga para los cárteles de Colombia, de México, los talibanes y los señores de la guerra afganos, sino también las sumas incalculables que se gastan los infractores en todo el mundo. Estos infractores suelen proceder de extracción social baja, cosa que en Estados Unidos significa que más del 80 % pertenece a las comunidades hispánica y afroamericana, y languidecen en instituciones penitenciarias en el momento álgido de su vida productiva, justo en la misma época en que las economías occidentales sufren una escasez endémica de mano de obra.

Si el consumo de narcóticos en Occidente (que es quien ha creado e impuesto el modelo del mundo globalizado) hubiese descendido de forma apreciable (después de casi medio siglo), quienes apoyan la Guerra a las Drogas tendrían argumentos creíbles para persistir en esta política. Pero el consumo no ha hecho más que aumentar un año tras otro. La producción ha mantenido el ritmo de crecimiento y los precios han bajado y bajado. Si, en cambio, el objetivo fuese fortalecer a las bandas, las mafias, los terroristas, los insurgentes y los multimillonarios de la droga que pueden corromper a países enteros, estaría claro que hay que continuar adelante.

Irónicamente es el signor Calvani quien concede un atisbo de esperanza para el futuro de Colombia. No por nada que haya salido de la ONU, de EE.UU., del Gobierno colombiano, de las FARC ni de nadie parecido, sino por la evolución de la cultura de la droga.

«La cocaína no tiene futuro. Allá adonde han llegado anfetaminas y drogas sintéticas, como en China, el Sudeste Asiático o México, se ha producido un boom y han desplazado a todo lo demás: cocaína, heroína, todo. Es una pastilla que parece una aspirina y es mucho más fácil de usar, actúa rápido y evita la parafernalia de esnifar e inyectarse. Es un tipo de droga mucho mejor; es más peligrosa, pero funciona. O sea que el futuro está en las nuevas drogas. El mercado cambiará. Los narcos ya no serán necesarios. El futuro será totalmente distinto.» Si sirve para rescatar a Colombia del purgatorio, no todo será malo en ese futuro.

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CÓDIGO NARANJA

Al pasarle mi ordenador portátil a SuperGeek en un hotel anónimo del centro de São Paulo, me armo de aires de autoridad y le pregunto si prefiere usar Internet Explorer o Mozilla Firefox. Me responde con una sonrisa educada y un tono que normalmente se reserva para dirigirse a quienes sufren problemas de aprendizaje extremos.

—Utilizaré algo que se llama Cy-ber-Script.

Luego añade:

—Es como… mIRC.

Entonces no lo sabía, pero ahora ya he aprendido que CyberScript permite entrar en IRC (siglas de Internet Relay Chat), un sistema de canales de chat on-line que, para algunas personas, es una parte tan habitual de su mundo cotidiano como el armario empotrado del dormitorio. En cambio, para cibernovatos como yo, IRC es un mundo paralelo desconocido e inexplorado, una silenciosa cacofonía de parloteo virtual poblada por hackers, crackers, tecnófilos, terroristas y agentes de seguridad, entre otros. Se comunican en idiomas que se parecen al inglés, portugués, ruso o español, pero trufados de un vocabulario y una sintaxis que hacen ininteligibles para mí las conversaciones. A cada paso del camino, SuperGeek tiene que aclararme un término o una expresión, y me cuesta un horror comprender cada uno de estos nuevos conceptos.

Desde la perspectiva de una persona de mediana edad como yo, parece que SuperGeek acaba de abandonar los pañales. Es exactamente como uno se imagina a un hacker: mueve los dedos sobre el teclado como un virtuoso del piano, y su mente se funde con sus manos y sus brazos de forma que parece fusionarse con la máquina en un solo ser. En cuestión de minutos, aparecen navegantes atraídos por sus cantos de sirena.

Le he pedido a SuperGeek que envíe un mensaje vía mIRC en busca de una laranja («naranja’, en portugués). Por motivos que ni los crackers ni la policía saben explicar, se llama “naranja” a un mediador, un médium que puede poner personas en contacto con sus álter egos del ciberespacio. Dicho de forma más llana, el trabajo de una naranja es convertir dinero virtual robado en efectivo contante y sonante. Por tanto, estos personajes son importantísimos en el mundo de la ciberdelincuencia. Una buena naranja sabe moverse como pez en el agua por el esotérico mundo de los hackers y, además, tener otras habilidades delictivas más tradicionales: las necesarias para intimidar, sobornar, desfalcar y chantajear a banqueros y tenderos para que acepten fondos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito obtenidos ilícitamente. No nos hace falta esperar mucho para que nos ofrezca sus servicios una naranja experimentada que se presenta con un nombre bastante sencillo para lo habitual en el ciberespacio: Bob. «Su lengua materna no es el portugués —señala SuperGeek—. Podría ser el español, o podría ser el inglés.» «¿Podría ser policía?», pregunto. «A lo mejor —advierte mi amigo—. Nunca se sabe.»

Explicamos a Bob que hemos «distraído» varios miles de reales de una cuenta del Banco do Brasil y los necesitamos en efectivo. «No hay problema —responde—. Puedo depositarlos en una cuenta bancaria. También os los puedo enviar por DHL dentro de una revista. O transferirlos al extranjero, y los podréis retirar como giro postal.»

Bob también nos dice que los contactos que tiene en un par de sucursales del Banco Bradesco (uno de los mayores de Brasil) pueden camuflar cualquier transferencia que les llegue de tarjetas de crédito o de otras cuentas, sin ninguna pregunta. Cobra un 50 % por el servicio, pero nos hará gratis la primera transacción en señal de buena voluntad.

En este caso, nuestros miles de reales del Banco do Brasil no son virtuales, sino imaginarios. Pero podrían no haberlo sido. SuperGeek sabe muy bien que es posible robar millones y millones de dólares de cuentas bancarias convencionales porque fue testigo privilegiado de uno de los mayores golpes que se han visto en la todavía breve, pero ya lucrativa, historia de la delincuencia informática brasileña: el caso que culminó con la gran redada policial que se dio en llamar Operación Pegaso.

A finales de agosto de 2005 un joven respondió a la puerta en un pequeño apartamento de São Paulo. Era el cartero.

—Traigo un libro para Max.

El joven titubeó; no era el mismo cartero que llevaba años pasando por aquella dirección.

—Aquí no vive nadie que se llame Max —mintió, haciendo gala de buenos reflejos—. La dirección debe de estar equivocada.

—Pero tengo un paquete para él. Es muy urgente.

Max fue a cerrar la puerta, pero el cartero lo intentó una vez más.

—Es del Aprendiz—dijo, en vano.

«Si llego a aceptar aquel paquete, me habrían detenido», explicó Max tiempo después. Aquella jornada y la siguiente arrestaron a 114 personas en siete provincias de Brasil y en Brasilia, la capital, todas ellas sospechosas de participar en el robo de unos 33 millones de dólares de cuentas bancarias de Brasil, Venezuela, el Reino Unido y EE.UU. La investigación de la recién fundada División Federal de Delitos Informáticos llevaba meses en marcha y había partido de dos casos previos: las operaciones Cash Net y Caballo de Troya.

En el hotel de São Paulo, SuperGeek recuerda lo que provocó las detenciones. «Todo comenzó cuando estaba chateando con unos amigos sobre cuestiones técnicas.» Sus dos mejores ciberamigos de la sala de chat IRC eran dos jóvenes brasileños llamados KG y Max con los que intercambiaba todo tipo de información sobre ordenadores, juegos y música. Eran adolescentes y no hacían más que pasarlo bien.

«De vez en cuando, entraba en el chat un desconocido con el apodo de “el Aprendiz” y preguntaba siempre lo mismo: “¿Alguien tiene shells?”» Al principio, SuperGeek, KG y Max enviaron al Aprendiz a freír espárragos. Estaban algo intrigados por el hecho de que alguien insistiese en recopilar shells, los módulos de software que sirven para que los usuarios interactúen con los sistemas operativos que constituyen el software básico de la mayoría de los ordenadores.

Pero el Aprendiz no dejó de insistir, y cada vez volvía a preguntar lo mismo: «¿Alguien tiene shells?». Finalmente, KG decidió investigar y mantuvo un chat privado con el Aprendiz.

KG se esfumó de la vista durante aproximadamente un mes. Max y SuperGeek trataron infructuosamente de localizarlo a través de Microsoft Messenger y de IRC. Estas desapariciones son algo común en una cultura en la que el anonimato se valora por encima de todo. Como la mayoría de las relaciones virtuales, la amistad entre aquellos tres chicos se basaba en una intimidad minúscula, aunque muy intensa. Ninguno de ellos sabía dónde vivían los otros dos, de qué entorno socioeconómico procedían, ni qué cara tenían. Cuando alguien se esfuma de la pantalla sin ninguna explicación aparente, uno no puede dejarse caer por su casa para averiguar qué ha pasado. Y se da por sentado que cualquier interlocutor virtual puede estar mintiendo. Calibrar la confianza en Internet es aún más difícil que en el mundo real. Esta incertidumbre es tanto la espada de Héctor como el talón de Aquiles de los delincuentes informáticos.

Al cabo de un mes, KG regresó a la sala de chat dándose ciertos aires. «El Aprendiz y yo hemos estado trabajando en algo grande de verdad —explicó a sus dos amigos—. Y muy provechoso.» Por molestos que estuvieran por su forma de aparecer y desaparecer sin previo aviso, Max y SuperGeek tenían curiosidad por lo que contaba KG.

Los shells que tanto interesaban al Aprendiz, explicó KG, eran para enviar correo electrónico. Muchos e-mails: cincuenta mil en cada remesa.

Para impedir que los servidores de correo electrónico los etiquetasen como spam (correo basura), había que hackear el shell del ordenador de otra gente para que el servidor no supiese que era una misma la fuente que estaba generando todos los mensajes.

KG reveló que el Aprendiz le pagaba cincuenta dólares por cada millón de e-mails que transmitía a ordenadores de otras personas que no se daban cuenta de nada. No representaba más que unas pocas noches de trabajo y, para un joven brasileño en paro como KG, se trataba de una pequeña fortuna. KG quería que Max y SuperGeek entrasen en el negocio.

Para agilizar el trabajo desarrollaron un programa informático propio llamado GetMail que podía rastrear servidores y países para descargar millones de direcciones de correo electrónico. Luego programaron una segunda aplicación que llamaron Remover («eliminador’) para suprimir las direcciones repetidas. Por último, con los shells que recopilaron peinando la Red reunieron listas de 50 000 mensajes por remesa.

KG ya llevaba un mes haciendo aquel trabajo y era evidente que lo había resuelto bien. Por eso el Aprendiz lo ascendió al puesto de reclutador, de forma que KG se ahorraba la ardua tarea de construir la lista de spam por la que ganaba un salario base de 1500 dólares mensuales más comisiones. KG estaba en el segundo escalón de una jerarquía que resulta casi imposible de reconstruir; los delincuentes informáticos han aprendido la lección de los movimientos insurgentes y las redes terroristas, y funcionan a base de células, para que cada participante no trate con más de dos o tres colegas. El resto de la conspiración es igual de desconocida para ellos que para la policía.

Aproximadamente el 14 % de los 188 millones de habitantes de Brasil son usuarios habituales de Internet, y unas tres cuartas partes de ellos realizan on-line la mayoría de sus transacciones financieras; se cree que, junto con el de Corea del Sur, éste es el mayor índice de uso de servicios bancarios on-line del mundo. El 90 % de estos usuarios también cumplimenta a través de Internet su declaración de la renta. Los bancos brasileños ofrecen muchos más servicios que los de EE.UU. y Europa occidental, y sus medidas de seguridad son más sofisticadas. Desde hace años los clientes bancarios de Brasil pueden realizar transferencias monetarias en tiempo real a través del sistema. Los clientes tienen que atravesar cinco controles de seguridad para acceder a sus cuentas. Se han acostumbrado, por ejemplo, a los teclados virtuales en pantalla activados por ratón para evitar los programas troyanos de spyware que graban las pulsaciones del teclado físico. Estos bancos también han sido pioneros en el uso de sistemas dinámicos para que los usuarios cambien de contraseña muy a menudo. «Cuando uno llega a Estados Unidos desde Brasil —sonríe Rogério Morais, director de la sucursal brasileña de la empresa internacional de seguridad informática ISS— y ve a la gente firmando cheques, resulta bastante extraño.»

Para el cliente, la comodidad de los servicios bancarios on-line es muy seductora. Para los bancos, estos servicios constituyen un medio para lograr unos ahorros monumentales, ya que sus costes laborales se han reducido enormemente. Para los amigos de lo ajeno son una fuente de ingresos irresistible. Y para el Estado representan todo un desafío fiscal. Básicamente, la Red no puede controlarse sin una gran colaboración del sector privado. Incluso si esto se diera, como apunta un miembro de la Unidad de Delitos Informáticos de Brasilia, «siempre vamos a remolque de esta gente. Consiguen superar las medidas de seguridad nuevas a las pocas horas de que se instauren».

El Aprendiz y su regimiento de spammers Pegaso enviaron dos tipos de e-mail a las direcciones que habían recopilado. El primero, para el consumo nacional, se presentaba como originario de un banco brasileño importante o del departamento de Hacienda. Eran mensajes de phishing sencillos que pedían al cliente que rellenase sus datos y respondiese. Por supuesto, estos detalles iban a manos de los estafadores, que entonces podían entrar a voluntad en las cuentas bancarias phisheadas.

El segundo tipo de e-mail, el destinado al consumo internacional, era más insidioso: con mensajes del tipo «¡Alguien te quiere! ¡Descubre quién es!» se alentaba al receptor a pulsar un link hacia una página web. «En cuanto abrías la página, se instalaba un keylogger en tu ordenador —explica SuperGeek—. Estabas acabado.»

Un keylogger registra cada una de las pulsaciones del teclado y envía la información a la persona que lo haya instalado. Con estos datos, el ciberdelincuente está en posición de conseguir las contraseñas de la víctima, entrar en su cuenta bancaria y dejarla vacía. SuperGeek explica que cada remesa de 50 000 e-mails proporcionaba al Aprendiz unas doscientas infecciones, es decir doscientos ordenadores que caían bajo el control de los delincuentes. Aunque ello no represente más que un 0,4 % de los e-mails enviados, esta cosecha permite robar sumas fenomenales y explica el atractivo de la delincuencia informática. Según la Policía Federal (PF), el Aprendiz y sus decenas de compinches se hicieron con 33 millones de dólares antes de que la Operación Pegaso pusiera fin a sus actividades. El timo sólo llevaba en marcha unos meses, pero una conspiración de aún mayor tamaño había reportado a sus autores 125 millones de dólares el año anterior, 2004.

La época de los virus malignos que distorsionaban la imagen de la pantalla del ordenador, destruían el disco duro o enviaban al usuario a las páginas pornográficas más inmundas casi ha pasado a la historia. Estos ataques eran obra de los llamados egohackers y estaban diseñados para arruinar la vida informática de los usuarios, cuyo trabajo de meses o años se iba al garete a manos de una gamberrada adolescente. Ahora los virus, troyanos, worms (gusanos) y otros malware ( software malicioso) pasan bastante desapercibidos. La era del egohacker toca a su fin y está dando paso a la del cracker o hacker delincuente. En 2003, «el 90 % de los ataques aún se debían a egohackers», recuerda Peter Allor, director de X-Force, la división de inteligencia de ISS, una de las empresas de seguridad en Internet más importantes. «Ahora es al revés: el 90 % de los golpes son delictivos y, por lo tanto, resultan mucho más difíciles de detectar. Quieren ocultar el hecho de que existen. Cuando el virus Zotob echó abajo el sistema de la CNN en 2005 —continúa— supimos que los diseñadores habían cometido un error: no habían actualizado su virus para adaptarse a una actualización de Microsoft. Eso es bueno: los malos también meten la pata.» Pero no tanto como sería deseable.

Ahora que el sigilo es la norma del malware, el usuario informático común es más vulnerable que nunca. «Los únicos ordenadores seguros son los que están apagados», me asegura Kau, un brasileño de padres lituanos especializado en seguridad informática. «A lo mejor es seguro consultar en Internet qué película dan en el cine del barrio, pero, si uno hace algo más que eso, sólo es cuestión de tiempo quedar infectado, aunque se actualice con regularidad el antivirus.» Kau tiene al lado un paquete de patatas Pringles.

Cuando abre la tapa de plástico, en lugar de una ristra de patatas idénticas aparece un hilo de cobre con una serie de discos plateados intercalados a distancia regular. «Si conectamos a míster Pringle al portátil —me muestra Kau— tenemos inmediatamente una antena direccional que puede orientarse hacia cualquier sistema inalámbrico cercano». En las pruebas que ha realizado para sus investigaciones, ya se ha colado en los sistemas de varias grandes empresas situadas en el centro de São Paulo (no es ningún delincuente). Si esto se puede lograr con un tubo de patatas fritas y unos pedazos de metal, ¿qué podrá hacerse con equipamiento tecnológico de verdad?

Lo interesante es que la tecnología no es lo que provoca más daños en el mundo virtual. «¿Así que los únicos ordenadores seguros son los que están apagados?», me dice Marcos Flavio Assunção, considerado un semidiós entre los white hats (como se denomina a los hackers que se niegan a delinquir) de la ciudad brasileña de Belo Horizonte. «¿Y si convenzo a alguien para que lo encienda? ¡Pues no es tan seguro!» Marcos me habla de lo que los delincuentes informáticos y los especialistas en seguridad llaman «ingeniería social»: la capacidad para influir en los actos de la gente. El medio más popular de entrar en ordenadores ajenos es emplear descargas y páginas web que son irresistibles para muchos usuarios: música y pornografía. Y aquí, querido lector, llega una lección muy importante, especialmente para los hombres: si es aficionado a alguno de estos dos tipos de contenidos on-line, cambie de hobby si es que valora su privacidad. La segunda lección afecta a los e-mails: borre un e-mail sin abrirlo si no le convence tanto su emisor como su asunto; los ordenadores de sus mejores amigos pueden caer en una red de tipo botnet, es decir, que un delincuente puede estar usándolos para enviar mensajes ilícitos. Uno de los peores virus por e-mail de la historia fue el llamado «I Love You», que, al presentarse en mensajes que llevaban este título, fue capaz de apelar a la parte irracional de gente de lo más sofisticada. Yo tuve una suerte monumental, porque la primera persona de quien recibí este e-mail era una antigua novia que albergaba todo tipo de sentimientos hacia mí… entre los cuales, decididamente, no figuraba el amor. Borré el mensaje sin pensarlo dos veces y me ahorré una infección muy destructiva.

Las cuentas bancarias no son lo único que corre peligro: toda nuestra «identidad» puede ser suplantada. Además de apoderarse de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, un desaprensivo puede utilizar también el número de documento de identidad de una persona, el de la seguridad social y otros códigos identificativos, hasta el punto de que, si comete un delito, la orden de detención correspondiente se emitiría contra su víctima. «En 2005 las pérdidas mundiales atribuibles a la suplantación de identidad ascendieron a 52 600 millones de dólares», explica Peter Allor, de ISS, quien añade que si bien los casos más vistosos pueden saltar a los titulares, otros pasan inadvertidos. Si el «fallo de seguridad de datos», como lo denomina Allor, es importante «se te echan encima el Servicio Secreto y el FBI». Muchas actividades ciberdelictivas tratan de robar importes de dinero muy pequeños a un gran número de personas. «Si obtengo tus datos de tarjeta de crédito y hago una transacción de 25 dólares, ¿te darás cuenta? ¿Lo denunciarás? ¿Qué va a hacer la policía? 25 dólares: ninguna fuerza policial del mundo se va a mover por un robo de 25 dólares». Pero si alguien roba 25 dólares a un millón de personas, se hace rico.

Allor cree que la industria de la seguridad informática está librando una lucha maniquea, incluso apocalíptica. «Es una carrera armamentística. Es como un problema de escudos y espadas. En el inframundo informático tienen espadas aún más afiladas —los malcoders— y hay que investigar muchísimo para fabricar un escudo que pueda protegernos de todas ellas. Si se descubre que algo funciona mal, que hay una vulnerabilidad en el sistema, significa que hay un problema gordo porque, si uno ha encontrado el fallo, puede estar seguro de que el inframundo no tardará en averiguar su existencia, si es que no la conoce ya. Hoy día los crackers tardan unas 48 horas en olisquear un punto débil. ¿Cuánto tiempo le cuesta a una gran empresa enterarse y poner remedio? A las más rápidas, unos 30 días. ¿Y un usuario privado? ¿Se va a enterar, siquiera?» El Centro de Ciber-Control de ISS en Atlanta (Georgia, EE. UU.) recuerda al puente de mando de la nave Enterprise de Star Trek hasta tal punto que espero que en cualquier momento aparezca en las enormes pantallas un comandante klingon y se ponga a proferir amenazas. En realidad, las pantallas informan sobre todo tipo de alertas de seguridad, intentos de ataque y un torrente frenético de datos que no me dice nada. Lo más cercano a un klingon es la imagen gigantesca de un presentador de la CNN, ya que ISS sigue las noticias constantemente por si sucede algo relevante para su trabajo. Frente a este espectacular panel de control hay unos diez operadores informáticos entre los que, tal y como es de esperar, hay adolescentes con acné, tipos con el pelo largo recogido en coleta y personas de origen asiático que, en silencio, tratan de atajar los ataques contra clientes corporativos de ISS en todo el mundo detectando y corrigiendo fallos de seguridad en sus sistemas informáticos.

ISS es una de las empresas líderes del sector de la seguridad en Internet, que gracias a los virus y los troyanos mueve hoy miles de millones de dólares. Esta empresa contribuyó a reformular todo el concepto de la protección informática; en lugar de buscar virus y programas de spyware concretos (que es como funcionan los programas como Norton Antivirus) se pusieron a examinar la capacidad de defensa de programas y sistemas concretos. De hecho, lo que hacen es imitar a los hackers y crackers: detectan puntos vulnerables en todo tipo de sistemas, desde Windows a redes bancarias enteras. X-Force es el equivalente virtual de la CIA: intenta entrar en la mentalidad y la lógica del enemigo. A veces, las explicaciones sobre qué hace X-Force suenan tan impenetrables como los pasajes más espesos de la Historia del tiempo de Stephen Hawking. “Usted conoce las darknet, ¿no?”, me pregunta. Me muevo y carraspeo un poco para tratar de no parecer un paleto.

—Bueno… lo que se dice mucho, no…»

—Vale. Una darknet es una serie de direcciones IP [identificadores «Internet Protocol» numéricos que reciben todos los ordenadores que se conectan a Internet] que nunca se han asignado a nadie… Son oscuras, o sea, que no debería salir nada de ellas, ni tampoco entrarles nada. En fin, tenemos una darknet con un buen par de IP contiguas, así que vemos un montón de cosas que se mueven por Internet y que no deberían existir. Entonces, nos quedamos la información que sale de las grey nets y de las honey nets, que están a la espera de que pasen cosas, y también hacemos crawling para explorar la Red. ¿Sabe qué es la navegación drive-by?

Para mis adentros, me digo que dejaré la navegación drive-by para otro día.

Por ininteligible que resulte su trabajo, X-Force, ISS y otras organizaciones de este tipo forman una barrera totalmente crucial para que el mundo no se inunde de virus, troyanos y spyware. Pero el paso del egohacking a la delincuencia informática comporta enormes peligros.

La tecnología informática penetra cada vez en más esferas de la vida profesional y lúdica de Occidente. Ya no se limita a aparatos claramente definidos como impresoras, escáneres y cajeros bancarios automáticos, sino que hoy entra en aparatos telefónicos, televisores, automóviles, lavadoras, máquinas expendedoras y otros artefactos. «Si alguna vez se aloja en un hotel en el que se celebre una conferencia de hackers, no se meta en los ascensores —advierte Allor, sonriendo—. No saldrá nunca en el piso que quiere. Créame, a mí me ha pasado.» No hay nada que divierta tanto a un hacker travieso como enviar al piso 17 el ascensor en el que alguien ha pulsado el 33. Cada uno de estos periféricos (los aparatos conectados al ordenador central) tiene una dirección IP, es decir, tiene una entidad virtual conectada a otras máquinas de la red, que también poseen sus direcciones IP. En una empresa de tamaño medio puede haber centenares de unidades de este tipo, y cada una de ellas es un portal por el que puede penetrar un atacante.

Las empresas ya guardan datos de valor incalculable en sus sistemas. Además, pronto la mayoría de la gente utilizará sistemas telefónicos VoIP (voz sobre IP) para la mayor parte de sus llamadas. Estas redes, como Skype, poseen un gran atractivo para las compañías porque permiten reducir drásticamente la factura telefónica. ¿Qué sucedería si su empresa dependiese de las ventas por teléfono y alguien consiguiese cortar todas sus líneas por medio de un virus?

«Hoy los programadores de antivirus son cada vez menos importantes porque no pueden protegernos», sostiene Amrit Williams. A este amable hombre, jefe de análisis de seguridad de Gartner, la mayor empresa estadounidense de consultoría tecnológica, le preocupa el potencial destructivo que comporta el que la delincuencia organizada haya logrado atraer a su inframundo a los hackers, que antes se contentaban con sus travesuras. «Los antivirus sólo pueden detectar el código que puedan reconocer, pero hoy los ciberdelincuentes escriben malware especial para atacar a una empresa concreta como Morgan Stanley, VISA o la BBC —continúa Williams— . Hace poco dimos con un caso preocupante: la mafia rusa estaba produciendo copias perfectas de Windows envasadas al vacío y todo. Parecían perfectas, pero, naturalmente, iban cargadas con spyware.» Como señala Williams, no es difícil que una banda de delincuentes introduzca este software en el mercado lícito, ya que los sindicatos del crimen tienen mucha experiencia en controlar distribución y mercados de consumo. No es ninguna coincidencia que Rusia y Brasil sean los campeones mundiales del delito informático. China es la tercera del podio. El único país que falta es la India.

Cuando tienes dinero a raudales, el mundo es tuyo. Puedes hacer lo que quieras cuando quieras; todas las mujeres son iguales ante un hombre con dinero. Y, cuando amanece el día siguiente, las cosas son aún mejores. Lo que hizo fue comprar montones de coca y salir por ahí a ofrecer rayas a sus amigos… comprar un piso en Copacabana, tirarse a las hijas de los médicos, tener teléfono y televisor y, de vez en cuando, dejarse caer por Estados Unidos como el jefe de su tía. Un día le tocó el premio gordo.

Paulo Lins, Ciudad de Dios.

Poco antes del milenio, Brasil comenzó a aparecer en el radar de las firmas de seguridad informática. Junto con Rusia y China, ahora forma el poderoso triunvirato que domina el inframundo virtual. Se ha ganado este lugar por varios motivos. Aun si cambiase esta curiosa confluencia de factores económicos y sociales, Brasil no se movería del podio de la ciberdelincuencia por el sencillo motivo de que los beneficios que registra son astronómicos. Ningún otro sector de la delincuencia organizada puede igualar las tasas de crecimiento del apartado informático, que se hallan en torno a un 25 % anual. Además de eso, se trata de una industria extremadamente joven.

En el mundo de la tecnología informática legítima, ciertos ramos se concentran en determinadas regiones geográficas. Escandinavia lleva tiempo al frente de la telefonía móvil, por ejemplo, mientras que California, Toulouse y Múnich son centros neurálgicos de la biotecnología. La aparición de este tipo de capitales del saber técnico puede deberse a diversas circunstancias: proximidad a institutos de investigación de vanguardia, incentivos fiscales u otras políticas de ámbito nacional o local, la posibilidad de llevar un estilo de vida que atraiga a muchos empleados, o incluso pura suerte.

Imagen de los centros de «recopilación» de e-mails y objetivos del spam en octubre de 2006. São Paulo, Pekín y Moscú son los principales recolectores, mientras que Europa occidental y Estados Unidos son los blancos más importantes. Corea del Sur y Bangalore (la capital tecnológica de la India) también son importantes.

La concentración geográfica de la delincuencia informática es un cóctel igual de sofisticado. Existen distintos requisitos, pero hay tres que destacan por encima de todos los demás: niveles altos de pobreza y desempleo, nivel muy alto de educación básica entre la mayoría de la población y fuerte presencia de las formas tradicionales de bandas delictivas organizadas. Nadie encaja tan bien en este molde como los denominados países BRIC: Brasil, Rusia y la India y China. Son los países más destacados entre los mercados emergentes, la segunda capa del poder global después del G8 (aunque desde el punto de vista político Rusia se halla en ambos). Sudáfrica está considerada como el jugador que espera en el banquillo su oportunidad para entrar en el BRIC, porque, si bien es un gigante regional como los otros cuatro, no puede competir económicamente. Otro motivo por el que no se ha convertido en epicentro de la delincuencia tecnológica es que sus niveles educativos todavía no se han recuperado del daño infligido por el apartheid.

En cambio, Brasil cuadra casi a la perfección en el retrato robot. Incluso en las favelas, los diversos programas de las ONG y el Gobierno están mejorando el acceso a ordenadores y a Internet. Con unas disparidades y unas tensiones sociales similares a las de Sudáfrica y Colombia, Brasil sufre un elevado índice de delincuencia que es muy conocido. Se advierte a los extranjeros que guarden bien la billetera y que no se resistan si les amenazan con un arma blanca o una de fuego. La pobreza se combina con las drogas, las armas y la violencia en las favelas de Río y de otras grandes ciudades, a veces a tan sólo un kilómetro de opulentas fincas de ensueño con vistas a las playas de Ipanema o de Copacabana. Esta profunda división que parte el corazón de Brasil es la base del enorme poder de la cultura criminal brasileña que con tanta precisión describe Paulo Lins en su novela Ciudad de Dios. La obra muestra la vida durante los años sesenta, en la colonia homónima del oeste de Río, cuyos habitantes —incluido Lins— acudieron atraídos por la falsa promesa de una vida mejor. La película de Fernando Meirelles basada en ese libro, que ganó un Óscar, hiela la sangre del espectador con su evocación de la violencia y la desesperación que generan las rivalidades tribales y el tráfico de drogas de las favelas.

Las favelas de Río producen algunos de los mejores documentales del mundo, lo que da fe de la apertura de esta cultura. Éste es el único país en el que nadie me ha pedido que apague la grabadora de audio cuando hablaban conmigo. Los brasileños son un pueblo increíblemente comunicativo (sólo hay que ver el enorme éxito que tiene aquí orkut, un equivalente de myspace.com), por lo que resulta fácil enterarse de muchas cosas acerca de su país (tanto del lado bueno como del malo) en muy poco tiempo, especialmente en Río.

Pero durante la última década São Paulo ha eclipsado a Río de Janeiro y se ha convertido en el gran epicentro del alocado crecimiento económico del país y del incontrolable auge de la delincuencia organizada. Volar al aeropuerto de São Paulo desde el Atlántico es una experiencia increíble. Ya no es una ciudad, sino una megalópolis de veinte millones de habitantes que, desde el aire, parece una civilización de Lego que se expande hasta más allá del horizonte. Pero no es como Chicago, Johannesburgo o Londres, con enormes rascacielos que se elevan muy juntos sobre la extensión urbana. Los rascacielos aparecen en las afueras y no se terminan nunca, y entre ellos las favelas casi tienen que luchar por ocupar un espacio.

La pujanza económica atrae a emigrantes no sólo procedentes de las zonas más pobres del país, el noreste y el centrooeste, sino también de toda Sudamérica y más allá. La ciudad genera productos y servicios con una energía tan frenética que despierta las burlas de los habitantes de Río, los cariocas (de la misma forma que los de São Paulo, los paulistas, se ríen de que en Río no piensen más que en pasarlo bien).

A pesar de las sombrías advertencias sobre la delincuencia callejera, el centro de São Paulo, con su excelente red de metro, parece tan seguro y moderno como el de Madrid. Lo que está claro es que no da la impresión de ser la central mundial del crimen.

Pero alrededor de este vórtice urbano hay algunas de las cárceles más superpobladas del mundo. Las condiciones en que viven los internos son atroces y existe un Estado permanente de guerra de baja intensidad entre ellos, y también entre reos y guardianes. Dos días después de mi llegada a Sudamérica, en mayo de 2006, se produjo un estallido de violencia en estas prisiones. El alzamiento del Primeiro Comando da Capital (PCC, «primer mando de la capital») fue sorprendente por la enorme violencia que engendró.

Fundado en 1993 por un gigantón llamado Geleaio («pedazo de gelatina»), el PCC es uno de los sindicatos del crimen más grandes, impredecibles y peligrosos del mundo. Puede movilizar a miles de miembros reclutados en el destartalado sistema penitenciario de Brasil. El dinero que poseen los prisioneros más importantes les permite corromper a los guardianes y gozar de todo tipo de privilegios; uno de los más importantes es el de tener un teléfono móvil, algo que los funcionarios permiten a cambio de la modesta suma de 300 dólares.

Sus consentidos y violentos líderes pueden controlar los tentáculos del PCC hasta muy adentro de las favelas y convertirlas en un campo de entrenamiento para guerreros sanguinarios dedicados al tráfico de drogas. A diferencia de otros grandes grupos organizados de delincuentes de todo el mundo, el PCC no tiene interés en expandirse por el extranjero ni en evitar a la policía, sino que ocasionalmente busca activamente enfrentarse a ella. Su acción más determinada y sostenida comenzó a mediados de mayo de 2006.

Al principio, los paulistas creyeron que aquellos sucesos no serían más que una insignificante erupción de agresiones lumpen. Pero la primera noche de los disturbios el PCC demostró la potencia que había acumulado en sus trece años de existencia. Sus miembros se abrieron paso por las calles de São Paulo asesinando a agentes de policía y a sus familiares. Entre sus presas hubo coches de patrulla, policías fuera de servicio que estaban cenando y oficiales de alto rango que tomaban una copa en un bar. Quedó claro que el PCC contaba con mucha información, porque sus efectivos se desplegaron por la ciudad en un desfile sangriento armados con machetes, metralletas y mazas.

Prendieron fuego a un gran número de coches y autobuses, cortaron vías de comunicación… Y merodearon libremente por muchos barrios ricos y pobres; estos últimos sufrieron un terror especial, ya que no están tan acostumbrados a ser el blanco de la violencia cotidiana como las clases acomodadas.

Al día siguiente la febril metrópoli se quedó parada en seco, ya que sus industriosos habitantes no se movieron de casa. Los trabajadores tenían demasiado miedo para arriesgarse a viajar en la vulnerable red de transporte público. Pronto empezaron a aparecer en los medios de comunicación portavoces del PCC para expresar los motivos de su rebelión: con un lenguaje lleno de clichés de derechos humanos universales, afirmaban que necesitaban llamar la atención del público para con su causa. Sus peticiones entraban en contradicción con la brutalidad de sus métodos y, durante los días siguientes, los muchos fiscales y detectives policiales que encontré dijeron lo mismo: «Es un desafío a la policía; quieren demostrarnos la fuerza que tienen y exigir que no dejemos de negociar con ellos». Elizeu Teixeira Borges, el comandante de la policía militar estatal, se expresó en términos muy directos en una conferencia de prensa: «Esto es una guerra y no vamos a retirarnos. Habrá más muertes».

Lo que no dijo es que iba a ser la policía quien las provocase. Tras las casi cien muertes del caos inicial, la policía respondió durante los dos meses siguientes asesinando a casi el quíntuple de personas y, al igual que los reclusos, no tuvieron muchos miramientos sobre la identidad de los cadáveres que dejaban a su paso. Casi empezó a parecer que la retórica de derechos humanos que había esgrimido el PCC estaba justificada.

La violencia mafiosa latente en Brasil se halla mucho más a flor de piel que en Europa y Asia. Este grado de organización paramilitar entre unos delincuentes que tienen la voluntad y la capacidad para enfrentarse a las autoridades sería impensable en Moscú o en Pekín.

Mi guía sobre las particularidades del inmenso panorama criminal brasileño no podía estar mejor informado. Juez y antiguo jefe de la Oficina Nacional contra las Drogas de Brasilia, Walter Maierovitch es la voz más respetada del país en materia de delincuencia organizada. Con frases escuetas pero llenas de detalles me describe los factores que, en su opinión, han hecho posible que Brasil sea un gran centro de operaciones delictivas internacionales que, entre otras cosas, enlazan las regiones productivas y los mercados de Europa meridional, África occidental, Norteamérica y Sudamérica. Para él, los sucesos de mayo de 2006 son nada menos que una declaración «de guerra al Estado de São Paulo… Como las organizaciones terroristas fundamentalistas y la mafia, el PCC ataca y se da a la fuga, lo que infunde a las autoridades una falsa sensación de seguridad». Los orígenes de la crisis deben buscarse en lo que Maierovitch denomina las «condiciones inhumanas» que imperan en las cárceles brasileñas, pero aun así está consternado por la incapacidad estatal para poner coto al crecimiento del PCC.

La respuesta política al desafío del PCC de mayo de 2006 demuestra una profunda debilidad del sistema brasileño, lo que explica en parte por qué este país se convirtió en un refugio para las organizaciones delictivas internacionales durante los años noventa. En cuanto el PCC saltó a la calle, el Gobierno del presidente Lula se ofreció a enviar al ejército para aplacar los desmanes. El gobernador de la provincia de São Paulo, de la oposición, rechazó el ofrecimiento como provocación y dijo que las fuerzas de las que disponía eran capaces de lidiar con el problema. Costaba evitar la impresión de que el Gobierno federal y el provincial querían apuntarse un tanto político más que resolver la crisis.

Como señala Maierovitch, Brasil sufre otro problema agudo frecuente en los sistemas federales: el duelo entre distintas fuerzas policiales.

Los celos y las envidias que caracterizan las relaciones entre la policía estatal, la federal, la militar (que tiene jurisdicción civil) y las Fuerzas Especiales son un lastre. «En Estados Unidos surgen con regularidad dificultades entre agencias federales como la DEA, la CIA y el FBI —explica Maierovitch— pero al menos hablan entre ellas a cierto nivel. Con el sistema federal brasileño, no hay conflictos porque las agencias federales y provinciales no tienen contacto de ningún tipo entre sí. Y no practican actividades tan revolucionarias como compartir información— añade irónicamente.

»Maierovitch achaca el crecimiento del PCC y de sus equivalentes, como el Comando Rojo de Río, ante todo a las ganancias que extraen del tráfico de drogas. Este juez se dedicó a rastrear el comercio de estupefacientes de las enormes organizaciones que comenzaron a operar desde Brasil durante los años ochenta y noventa. Sin embargo, asegura que «la Guerra a las Drogas es una farsa… Y parece que Lula, nuestro presidente, va a continuar plegándose a la política prohibicionista estadounidense. Sin embargo, hay indicios de que Europa continúa distanciándose de las convenciones de la ONU, que están en la línea impuesta por EE.UU. Como líder del mercado, Estados Unidos ha adoptado una estrategia de reducción del número de consumidores que no lleva a ninguna parte».

Los colombianos envían la mayor parte de su cocaína a Estados Unidos a través de México y del Caribe, mientras que los envíos a Europa (a través de África Occidental y, posteriormente, de Sudáfrica) pasan por Brasil. El crecimiento se vio alentado porque en Brasil se encuentra la mayor industria química de Latinoamérica; los traficantes brasileños no tenían que importar precursores químicos para convertir la pasta en polvo, a diferencia de sus homólogos de Colombia, Perú y Bolivia. Pero Maierovitch sostiene que han tenido un gran aliado en las debilidades del sistema policial de Brasil y en la profunda corrupción de su sistema político y judicial.

De voz suave y facciones de mochuelo, Maierovitch saltó por primera vez a la notoriedad cuando ayudó al juez italiano Giovanni Falcone a localizar a fugitivos de la mafia que huían de la justicia italiana. Juntos convencieron a Tommaso Buscetta para que regresara a Italia y testificara en el denominado «superjuicio» de la cupola de jefes secretos de la mafia siciliana, lo cual permitió condenar a unos trescientos cincuenta miembros importantes de la mafia en enero de 1992.

Falcone y el también magistrado Paolo Borsellino fueron los mayores titanes de la lucha antimafia de todo el mundo. El asesinato de ambos en Sicilia con dos meses de diferencia, poco después de que se confirmara la sentencia del superjuicio, sacudió al viejo estamento político italiano y terminó por derribarlo. Los dos jueces trabajaron dando por sentado (con toda la razón) que las principales figuras de la mafia siciliana disfrutaban de la protección de las altas esferas políticas de Roma.

Maierovitch recuerda sus cenas con Falcone y cómo trataron de proteger al gran pentito («arrepentido’, “confidente”) Buscetta tanto del asesinato como del suicidio, que estuvo a punto de cometer cuando se hallaba bajo la protección del juez brasileño. Al principio, Maierovitch sonríe al recordar a su fallecido amigo italiano, pero no tarda en tener que contener las lágrimas; Maierovitch dedicó su Instituto sobre la Delincuencia Organizada a Falcone, que se convirtió en un héroe popular para Italia y para quienes luchan contra las mafias en todo el mundo gracias a su carisma y a su compromiso con la justicia frente a la resistencia de la corrupta élite romana.

El caso Buscetta fue, posiblemente, el mayor éxito de la historia de las fuerzas del orden brasileñas. Su extradición desencadenó una serie de sucesos que culminó en el superjuicio y en los asesinatos de Borsellino y Falcone. Los crímenes de la mafia y las dos muertes provocaron tal repulsión popular hacia la mafia siciliana que, desde entonces, ésta no ha cesado de retroceder. Por desgracia, no puede decirse lo mismo de sus organizaciones hermanas de la península Itálica: la «Ndrangheta, la Camorra y la Sacra Corona Unita. Aunque Maierovitch contribuyó a infligir un golpe devastador a las operaciones de la delincuencia organizada en Italia, la detención de Buscetta no afectó mucho a las actividades internacionales de la diáspora de la mafia en ultramar. Junto con Montreal, las ciudades de Río y São Paulo se convirtieron en la base del sindicato del crimen más poderoso del mundo en los negocios de exportación y blanqueo de dinero, diseñados y gobernados por dos familias emparentadas a través de matrimonios: los clanes Cuntrera-Cuarana, conocidos como los Rothschild de la mafia.

Irónicamente, ambas familias habían huido de Sicilia a principios de los años sesenta para escapar de una guerra fratricida mafiosa. En la dictadura militar de Brasil encontraron el hogar perfecto para reemprender sus negocios, pero su jugada maestra fue instalarse durante los ochenta en Aruba, la posesión semicolonial holandesa que se halla frente a las costas de Venezuela. Aruba pasó a ser conocida como la «isla de la mafia». «Aquí se vende una lavadora fantástica; la marca se llama Aruba —advirtió, desesperado, un ministro de la isla en el Parlamento—. La máquina es un producto fabricado en colaboración entre Aruba y Colombia, y el modelo se llama cártel. La marca es famosa en Estados Unidos y Europa por sus buenos resultados. La recomiendan antiguos ministros, miembros del Parlamento, propietarios de casinos y supermercados, fabricantes de cosméticos e importadores de automóviles y baterías. Esta lavadora le conviene a todo aquel que se haya vuelto inexplicablemente rico de un día para otro.»

En Aruba fue donde, gracias a los buenos oficios de las familias Cuntrera-Cuarana, los cárteles de Medellín y Cali se pusieron a negociar con representantes de la Hermandad de Solntsevo moscovita acerca de la expansión global de la cocaína; en esa isla los colombianos negociaron con traficantes búlgaros y, por supuesto, con incontables traficantes caribeños y centroamericanos.

Algunos miembros importantes de la familia fueron detenidos en Canadá y otros en Venezuela, para su posterior deportación a Italia. Pero el octogenario fundador de toda la organización continúa viviendo sin que nadie le moleste a un tiro de piedra de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

La historia que cuenta Maierovitch es épica y, en cada uno de sus capítulos, está implícita la lucha que libra la esplendorosa exuberancia de Brasil con sus maltrechas instituciones. Se trata de un país cuyo pueblo siente un profundo orgullo por sus logros y una rabia visceral por la injusticia y la corrupción que se vive a diario. Nunca debe subestimarse, por ejemplo, la cohesión social que otorga a esta nación el hecho de ser la mejor del mundo en fútbol. Durante muchos años, ésta fue una compensación importante por tener que vivir a la sombra de Argentina, aunque Brasil ha eclipsado ahora a su vecino meridional y se ha convertido en la economía decisiva de Latinoamérica. Pero por muy próspero que sea el corazón de su crecimiento económico, São Paulo puede venirse abajo en cuestión de horas si se lo propone una de las redes criminales más poderosas e impunes del mundo. Enfrentarse al PCC y a sus socios no sería poca cosa para la mayoría de fuerzas policiales del mundo, incluso las que están bien organizadas. En São Paulo, Río y otros lugares de Brasil, la policía y los fiscales que he entrevistado son inteligentes, abnegados y están muy entregados a su trabajo. Pero la honda tradición jerárquica y autoritaria limita su capacidad de actuación. Hay indicios de que eso comienza a cambiar, pero la policía brasileña carece de los recursos necesarios para afrontar las amenazas internacionales que se filtran por sus fronteras. Cuando Maierovitch me explica la sensación de crisis permanente que viven la policía y la judicatura brasileña, describe la delincuencia del país como una hidra a la que se le corta una cabeza y brotan otras dos. Le pido un ejemplo. Tras un momento de silencio, dice tres palabras: «Lao Kin Chong».

Aquella vez, el comandante Protógenes Queiroz no iba a arriesgarse. A finales de mayo, envió por avión su unidad a São Paulo de incógnito. El director general de la Policía Federal de Brasilia había nombrado personalmente a Queiroz para ejecutar la parte crucial de la Operación Shogun, que entre el equipo de la Policía Federal recibía el nombre de Operação Gatinho («Operación Minino’). La forma más sencilla de tirar a la basura meses de planificación meticulosa habría sido dar aviso con antelación a la policía de São Paulo sobre las redadas que se avecinaban.

«Los cinco primeros agentes llegaron pronto; pertenecían a la unidad de Operaciones Tácticas de la Policía Federal, una fuerza especial que tenemos», recuerda este jefe de policía de aire refinado y muy decidido. «La llegada de un avión especial habría levantado sospechas en la policía de São Paulo, o sea que mis agentes venían camuflados; uno de ellos llegó esposado, de forma que parecía el traslado de un prisionero normal y corriente.» Para asegurar que su verdadera misión permaneciera en secreto, el comandante Queiroz también tenía bajo control a la policía de São Paulo. «El director del aeropuerto llamó al superintendente de la policía y le informó de que llegaba un avión de Brasilia con agentes federales.» Cuando su interlocutor le preguntó cuántos eran, dijo que eran cuatro y que escoltaban a un prisionero. La tapadera funcionó.

Aquel mismo año un agente comercial de São Paulo abordó a un senador que encabezaba una investigación parlamentaria sobre la floreciente cultura brasileña de la piratería. El agente explicó que su socio, Lao Kin Chong, un hombre de poco más de cuarenta años nacido en China y nacionalizado brasileño, estaba interesado en ayudar al senador a resolver aquel problema. Esto no era ninguna gran sorpresa, ya que las actividades de Lao entraban de lleno en sus indagaciones. La oferta del agente comercial no pretendía ayudar a aclarar las circunstancias investigadas, sino que era un enorme soborno. El senador se prestó a reunirse con Lao, pero también avisó a la Policía Federal.

La calle mayor del distrito paulista de Iphegenia revela hasta qué punto se ha extendido la oferta al consumo de productos falsificados. A la puerta de las tiendas hay jóvenes con tablas en las que se exponen carátulas de CD-ROM; no hay software en el mundo que no vendan pirateado, como la copia de Windows Vista que les compro por dos dólares mucho antes de que este nuevo sistema operativo aparezca en el mercado. Encantado por mi interés, el vendedor se pone a cantar en portugués «no seas esclavo de Norteamérica, sé patriota y compra productos piratas». Este espíritu comercial antiestadounidense presta apoyo popular al comercio de bienes ilícitos en Brasil y en toda Sudamérica. Aparte de la policía y los abogados involucrados en la lucha contra la piratería, ni uno solo de los brasileños con los que he hablado considera inmoral este comercio. Unos minutos después de mi compra, el eficiente sistema de vigilancia de los vendedores ambulantes da el aviso de que llegan dos agentes de policía. En pocos segundos, los tenderetes están empaquetados y los vendedores se han fundido en el mar de transeúntes que pasea por aquella calle comercial. En las tiendas se puede comprar cualquier producto electrónico imaginable: cámaras, iPods, ordenadores portátiles, productos Sony auténticos, Samsung falsos, todos ellos apilados unos sobre otros. «¡Amigo, amigo —gritan— compre, por favor; muy barato!» Están especializados en falsificaciones genéricas, como teclados presuntamente Microsoft que, en realidad, fabrica Krown Electronics, o televisores de pantalla plana de marca Semsin. Pero todos coinciden en un detalle: Made in China.

Ismael, un vendedor de origen libanés —como muchos otros de Sudamérica— explica que todos estos productos llegan a través de tres puntos de entrada: por la frontera boliviana hacia el Estado central de Matto Grosso; por el puerto de Natal, al nordeste de Brasil; y, sobre todo, por la legendaria Ciudad del Este, la capital paraguaya del gansterismo que, según sospechan los servicios de inteligencia estadounidenses, es un centro de actividades de Al-Qaeda. Se encuentra entre Paraguay, Brasil y Argentina, en la denominada región trifronteriza. «La mayor parte del género de Lao llegaba a São Paulo vía Ciudad del Este», explica Pedro Barbosa, el fiscal del Estado de São Paulo responsable del caso de Lao. «Recuerde que un 60 % de los ingresos de Ciudad del Este se derivan del contrabando —continúa Barbosa—. Tenemos una fuente fiable allí, pero Paraguay en general no es un canal fiable.»

Barbosa cuenta que en el pasado han tratado de detener a Lao varias veces, siempre sin éxito. «Por eso Protógenes Queiroz no le dijo a nadie qué iba a hacer aquella mañana.» Lao Kin Chong comenzó a erigir su enorme imperio alrededor de sus centros comerciales de la Avenida 25 de Marzo a principios de los noventa. Importaba de todo a Brasil, pagaba pocos impuestos o ninguno e ignoraba flagrantemente todas las leyes internacionales de copyright. La mayoría de las patentes y derechos de propiedad intelectual pertenecen a ciudadanos y empresas estadounidenses, algo que el Gobierno de EE. UU. se toma en serio cuando presiona a Brasil y a otros países recalcitrantes a poner remedio a la piratería. Días después de la detención de Lao, Jack Valenti, presidente de la Motion Picture Association estadounidense, calificó el problema de la piratería en Brasil de «atroz». Valenti relató el fin de las actividades de Lao Kin Chong como el único «punto positivo» en una sesión ante el Senado en Washington, y añadió que en Brasil «una de cada tres cintas y DVD es pirata. Se estima que las empresas de nuestra Asociación pierden 120 millones de dólares al año en Brasil por culpa de la piratería … incluso en las jurisdicciones en las que la policía ha efectuado redadas, menos de un 1 % de ellas ha dado lugar a condenas judiciales».

El propio Lao no se ha dado por vencido; ha negado haber hecho nada mal y cuando lo detuvieron sólo hizo un comentario: «Esto es un chiste malo». Pero no pudo salvar el hecho de que su agente comercial había ofrecido un millón y medio de dólares al senador. Tampoco pudo negar el vídeo en el que se veía a su agente sacando 75 000 dólares en efectivo como paga y señal por la ayuda del senador para influir en la elección del nuevo jefe de policía de São Paulo. Cuando Lao estuvo en prisión preventiva acusado de soborno y obstrucción a la justicia, la Policía Federal tuvo vía libre para investigar todos sus negocios. Detuvieron a varios parientes de Lao, incluida su esposa, y pronto se presentaron nuevos cargos de piratería y contrabando que lo mantendrán en prisión durante mucho tiempo.

Cuando Lao fue sentenciado en julio de 2005 por soborno, la Policía Federal y Queiroz se frotaron las manos por haber coronado con éxito una operación ardua y sembrada de riesgos. Lao era el empresario deshonesto más poderoso que jamás se había arrestado en Brasil, pero al cabo de unos meses de su encarcelamiento Roberto Porto, investigador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada China de la policía de São Paulo, observó que sucedía algo. «La mayoría de los chinos que trabajan en los mercados de São Paulo son inmigrantes ilegales. No tienen ninguna protección y lo último que quieren hacer es acudir a la policía; creen que en cuanto lo hicieran, les deportarían —explica—. O sea que Lao Kin Chong les daba protección.» En la comunidad china de São Paulo, Lao era el Estado y la policía. «Cuando detuvieron a Lao hace dos años —continúa Porto— perdieron todos su protección.» Y entonces las cosas se pusieron feas para los chinos de São Paulo.

El equipo de Porto detectó que había dos grupos luchando por la supremacía. «Están la tríada cantonesa Sun Yet On y su competencia de la provincia de Fujian», revela Porto. Ambas emplean métodos de lo más directos para consolidar su poder. «Al parecer, las dos envían equipos desde China para imponer su ley. Llegan a través de Ciudad del Este y sólo se quedan unos meses.» Durante ese tiempo, estos equipos de matones intimidan, amenazan, agreden y, si hace falta, asesinan a quien no les pague por protección y a quien intente denunciarles. «Luego, una vez hecho su trabajo, vuelven a China o quién sabe adónde. No tenemos ni tiempo ni recursos para seguirlos.» Porto explica qué le pasó a uno de sus pocos informantes que fue descubierto por los extorsionadores; los detalles son demasiado horribles para reproducirlos aquí, pero el informante no sobrevivió. «No disponemos de ningún agente que hable chino, sólo de intérpretes», lamenta.

A la vista del sofá desvencijado, las alfombras deshilachadas y la pintura desconchada de su despacho, resulta obvio que las fuerzas policiales de la era de la globalización se enfrentan a unos problemas enormes. Incluso si los cuerpos de policía brasileños estuvieran organizados de forma racional, este país no puede permitirse el equipamiento y las instalaciones necesarias para seguir con una mínima precisión a la gente con los productos que entran y salen por sus fronteras. Las ansias de comprar, vender y ganar dinero llevan mucha ventaja a la capacidad del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo para regular cómo se comercia y cómo se pueden garantizar unos estándares éticos similares en todo el globo. Se puede denunciar la corrupción en el mundo, pero en un momento en el que multimillonarios tratan de exprimir a un planeta donde el 50 % de la población vive con menos de dos dólares al día, ¿sorprende a alguien que los funcionarios de aduanas, policías, jueces, políticos y burócratas sientan la tentación de dejarse corromper?

Roberto Porto afronta un problema aún mayor, según veo cuando le pregunto si puede cooperar con la policía china. «No tengo autoridad para tratar directamente con la policía china —aclara—, sólo con el Consulado de China en São Paulo». ¿Son de alguna ayuda los diplomáticos? «Ayudan a los delincuentes que intentamos detener —añade fríamente—. Si les pedimos ayuda en un caso concreto, rápidamente contratan abogados en nombre de la gente a la que investigamos».

A todos los rincones del mundo llegan trabajadores chinos que absorben los puestos que hay libres en el mercado laboral. En mis viajes he observado que en el mundo de las actividades ilícitas exhiben la misma capacidad para trabajar por menos que en los sectores de actividad lícitos. También he percibido que el Estado chino, que alienta claramente la diáspora mundial de su mano de obra, no diferencia entre ambos sectores. Ello me ha llevado a la conclusión de que el futuro de la economía sumergida mundial vendrá determinado por cómo encaje China con el resto del mundo. Ha llegado la hora de viajar de Brasil hacia Oriente: un lugar en el que amanece una nueva era de la delincuencia organizada, al mismo tiempo que la anterior época atraviesa su particular «crisis de los cuarenta».

CUARTA PARTE

El futuro del Crimen Organizado

13

LOS BAJOS FONDOS, POR TODO LO ALTO

A primera hora de un miércoles por la mañana del cálido septiembre de 1994, Kazafumi Hatanaka, de cincuenta y cuatro años, abrió la puerta de su apartamento todavía en pijama. Se sabe muy poco acerca del visitante que recibió aquella mañana, excepto que era inusitadamente alto. La policía japonesa lo dedujo porque el único disparo que realizó entró por la sien derecha de Hatanaka —cuya estatura estaba por encima de la media— en un ángulo descendente. Luego el proyectil salió por la parte trasera inferior del cráneo, provocando por el camino daños cerebrales generalizados. Como la bala había atravesado la cabeza, el atestado registró un gran charco de sangre junto al cadáver de Hatanaka cuando un vecino lo descubrió a las 7.20 h.

No existían pistas claras. Los investigadores no encontraron evidencias de forcejeo en el interior del apartamento, lo que indica que quizá Hatanaka conocía a su asesino. A pesar del macabro espectáculo, parecía ser un trabajo profesional. Pero no había ni testigos ni, al principio, motivos aparentes para el asesinato.

Dos meses más tarde, pareció que la suerte de la policía había cambiado. Arrestaron a Tadeo Kondo, un hombre con un historial delictivo tan imponente que podría haberle caído la perpetua por cruzar la calle sin mirar. Al parecer, presa, de los remordimientos, Kondo se había entregado y había facilitado una pistola de 38 milímetros a los investigadores. Balística confirmó más tarde que era el arma asesina que se buscaba en el caso Hatanaka. Kondo, ladrón y extorsionador en serie de setenta y tres años, explicó que Hatanaka le había sorprendido mientras llevaba a cabo un robo con allanamiento.

La alegría policial ante el informe balístico y la confesión pronto se truncó. «¿Un robo con allanamiento? —preguntó retóricamente el investigador jefe—. ¿En la décima planta?» Por supuesto, si hubiese allanado un apartamento, Kondo habría escogido la planta baja, precisamente para evitar que alguien como Hatanaka le pillase en delito flagrante y para procurarse una huida rápida. Y luego está la estatura de Kondo: la posición del cuerpo indicaba que Hatanaka estaba de pie cuando le dispararon. Pero Kondo era diez centímetros más bajo que su supuesta víctima, por lo que no podría haber disparado esa bala en el cráneo a menos que se hubiera subido a una silla. Todos coincidieron en que era una forma muy rocambolesca de cometer un robo o asesinato. Cuando la policía interrogó más detenidamente al sospechoso, concluyó que los únicos detalles que conocía del caso habían sido extraídos de los reportajes de los periódicos. No tenía ni idea de las pruebas que no se habían revelado a los medios, pero que el asesino debería conocer.

Semanas después, Kondo admitió haber mentido acerca del asesinato. En una enredada confesión, habló de un grupo de individuos que, en una velada de juego clandestino, le habían prometido enjugar sus deudas si cargaba con el crimen de Hatanaka.

Las deudas de juego y la práctica tradicional de ir a la cárcel por los delitos de otros sólo podían significar una cosa: el asesinato había sido ordenado por la yakuza, el negocio de protección más grande y meticulosamente organizado del mundo.

El asesinato de Hatanaka produjo escalofríos a las élites financieras y empresariales a las que había pertenecido el muerto. Y con buenos motivos: desde principios de los años ochenta, los grupos de la yakuza se habían vuelto muy selectivos en el uso de la violencia. Cuando recurrían a ella, sus objetivos casi siempre eran competidores de su propio entorno. Pero Hatanaka no era un matón redimido de los bajos fondos. Era un personaje importante en las finanzas nacionales e internacionales, el director de una de las sucursales regionales más importantes del Banco Sumitomo. Como miembro del Consejo de Administración, participaba en la toma de decisiones estratégicas de uno de los tres mayores bancos del mundo (los otros dos también son japoneses). Había alcanzado una reputación inigualable en la compañía por gestionar proyectos grandes y complejos con una elevada rentabilidad. ¿Por qué iba a encargar la yakuza un asesinato tan importante como éste y arriesgarse a una gran ofensiva contra sus actividades?

Para descubrir la respuesta, primero hagamos un viaje en el Shinkansen, el «tren bala». Mientras viaja al oeste desde Tokio, este hito de la ingeniería atraviesa una algarabía de cemento, metal y otros detritus de la actividad humana. A lo largo de centenares y centenares de kilómetros, el sector de la construcción ha apretujado casas y bloques de viviendas en solares increíblemente pequeños, bajo una espantosa red de tendido eléctrico enmarañado. En general, es imposible identificar dónde acaba una ciudad y empieza la siguiente. De hecho, llegué a Kobe desde Tokio, tras viajar a más de 320 km/h durante casi tres horas, con la irreal sensación de no haber salido nunca de la capital japonesa.

Esta franja de tierra que va desde Tokio al área metropolitana de Kobe y Osaka es la zona con mayor densidad de población de la Tierra, con cerca de 6500 habitantes por kilómetro cuadrado. El Japón de posguerra cayó preso de una obsesión por la construcción que desbrozó el terreno de todo lo antiguo para plantar la jungla de cemento más extensa del mundo. El fenómeno alcanzó su apoteosis a finales de los años ochenta y principios de los noventa, durante el período conocido como baburu («la burbuja»), que acabó alterando la esencia de la sociedad japonesa y su percepción de sí misma. Sin duda, convirtió el centro del país en la quintaesencia del paisaje urbano.

Cuando llevaba dos terceras partes de mi viaje a través de esta Ciudad Eterna de Asia, mi tren bala entró en Nagoya, considerada «la más descontrolada de las expansiones urbanas descontroladas». En medio de este hito de la urbanización desmadrada, hay un insólito recodo de exuberantes jardines en cuyo corazón se alzan Tsukimiga-oka, Secciones A y B, dos imponentes manzanas de mansiones, cuyo nombre se traduce poéticamente como «la colina desde donde se contempla la luz de la luna». Fue en la décima planta de la Sección B donde Hatanaka fue asesinado.

No sólo vivía en el centro del área urbana, sino que contribuyó significativamente a su desarrollo: es más, fue su papel en la concesión de grandes créditos que alimentaron el frenesí urbanizador en la burbuja lo que condujo a su asesinato. O mejor dicho, el hecho de que reclamase el pago de los créditos impagados cuando la baburu estalló.

Kondo y su falsa confesión agotaron la paciencia de la policía de Nagoya, que optó por indagar en los negocios de Hatanaka. Descubrió que había estado relacionado con algunos destacados partidarios de la práctica más despiadada surgida del baburu: el mobbing inmobiliario.

La cadena de sucesos que culminó con el asesinato de Hatanaka en 1994 empezó nueve años antes, a medio mundo de distancia, en el Hotel Plaza de Nueva York. Ronald Reagan, con el Congreso en contra, pero envalentonado por su socia ideológica y amiga, Margaret Thatcher, estaba convencido de que las finanzas internacionales necesitaban de una reforma profunda que inaugurara una nueva era de libre comercio. Eso que hoy llamamos globalización.

La visión de Reagan sobre el libre comercio y la liberalización de los mercados financieros internacionales chocaba con la postura del Congreso, controlado por los demócratas. El valor del dólar era excesivamente alto, especialmente frente al yen y el marco, y esto había permitido que Japón y Alemania inundasen el mercado norteamericano con importaciones baratas. Ante todo, la industria automovilística estadounidense estaba en apuros, incapaz de competir con los vehículos más pequeños, baratos y fiables que fabricaban asiáticos y europeos. En septiembre de 1985, Japón registró un superávit comercial con EE.UU de 50 000 millones de dólares. Además de las escandalosas exigencias del Congreso de restricciones a los productos japoneses, algunos analistas estadounidenses publicaron libros advirtiendo de que Japón estaba decidido a convertirse en la primera economía mundial. Una campaña publicitaria mostraba un vehículo compacto con el ominoso lema: Made in Japan. You’re Not Laughing Anymore («Fabricado en Japón. Ya no tiene gracia»).

La exhortación del presidente Reagan a que Tokio hiciese algo con su divisa y su superávit comercial llegó al final de un annus horribilis para Japón. Había empezado a contrapié, con el espectacular asesinato a finales de enero de Masahisa Takenaka, el oyabun («padrino’) de cuarta generación de la Yamaguchi-gumi, el grupo yakuza con sede en Kobe. Takenaka había sido ascendido recientemente a la posición más elevada de la entonces más poderosa banda de delincuencia organizada de Japón. Gracias a su autoridad sobre más de 100 000 miembros, Takenaka podía reclamar el título de capo di tutti i capi nel mondo. Pero para su desgracia, el oro de su corona se vio empañado por una significativa minoría de sus seguidores, una facción descontenta conocida como Ichiwa-kai. Una noche de enero, en el norte de Osaka, los sicarios de Ichiwa asesinaron al oyabun en el apartamento de su amante, junto con uno de sus lugartenientes. Fue una provocación sin precedentes en la larga historia moderna de la yakuza.

Durante los dos años siguientes, grandes zonas de Kansai (Japón occidental) fueron sacudidas por la guerra yakuza más sangrienta que se recuerda. Centenares de miembros y asociados de la Yamaguchi-gumi y el Ichiwa-kai cayeron víctimas de atentados cuidadosamente coordinados.

Mababu Miyazaki huía de la policía durante las guerras Ichiwa. Mientras aposenta su corpulencia en un sillón de uno de los hoteles más elegantes de Tokio, me explica con pormenores lo angustiosa que fue su vida de fugitivo en aquella época. «Los yakuza que conocí en Osaka justo después de que mataran a Takenaka estaban sedientos de sangre. “Esta vez es diferente —me dijeron muchos—. Acabaré en la cárcel o en la tumba”.» Miyazaki, apodado como el título de su fascinante biografía, Toppamono («mafiosillo», en traducción libre), prosigue con una amplia y cálida sonrisa: «La prensa sensacionalista local publicaba largos artículos con titulares como “La Yamaguchi-gumi, decidida a exterminar a la Inchiwa-kai”. Siempre incluían un recuadrito titulado “Guerra Yama-Ichi: el marcador” con un recuento diario de muertes, heridos graves y heridos leves, desglosados por categorías.»

La opinión pública se desesperaba tanto por la conducta yakuza como por la aparente inoperancia de la policía, a la cual en realidad le interesaba que la Yamaguchi-gumi se destripase a sí misma. La cultura japonesa, que tanto se enorgullece de su concordia social, era humillada públicamente por unos matones y una fuerza policial incompetente.

Mientras la yakuza hacía estragos en Japón, en Estados Unidos crecían los sentimientos antinipones. El malestar se abatió sobre el país del sol naciente. Tokio se molestó con las presiones de Washington para que abriese su mercado doméstico a los productos norteamericanos y se frenasen las exportaciones a EE.UU. Pero razonó que si no cooperaba, la reacción contra los intereses japoneses en Norteamérica sería todavía más devastadora. La suma de la guerra civil yakuza y las presiones económicas y políticas de Washington significaba, para muchos japoneses, que la era de armonía que acompañó el extraordinario despegue del país tras la segunda guerra mundial tocaba a su fin. Así era. Pero no de la manera que muchos se imaginaban.

El 22 de septiembre de 1985, los ministros de Economía del G5 y los gobernadores de sus respectivos bancos centrales se reunieron secretamente en los salones de banquetes del Hotel Plaza, en la Quinta Avenida de Nueva York. A fin de rebajar el dólar frente al yen, James Baker, el nuevo secretario del Tesoro, decidió que los bancos centrales tenían que vender dólares masivamente en los mercados de divisas. Esto contravenía el credo de Reagan según el cual «el mercado lo regula todo», pero se pusieron a trabajar en ello (en realidad, la globalización está mucho más regulada de lo que sus teóricos e impulsores están dispuestos a reconocer). En el comunicado final, Japón aceptó declarar la guerra al proteccionismo y emprender la «firme implantación del Programa de Acción anunciado el 30 de julio para la apertura del mercado doméstico de Japón a productos y servicios extranjeros», además de la «implantación reforzada de la liberalización del mercado financiero y del yen, con objeto de que el yen refleje fielmente la fuerza subyacente de la economía japonesa».

En Tokio se impuso la visión de que, cuando Estados Unidos saliese de su recesión con la ayuda de la baja del dólar, el crecimiento japonés frenaría. En doce meses el yen se había fortalecido y se extendió un profundo pesimismo en las salas de juntas de Japón. El resentimiento hacia Estados Unidos siguió creciendo, junto con la percepción de que habían coaccionado a Tokio para que sacrificase una exitosa política económica. El Gobierno se vio obligado a actuar para combatir esta percepción y por eso bajó los tipos de interés y facilitó el acceso a la masa monetaria. Las empresas empezaron a pedir préstamos. A espuertas.

Una de las sorprendentes consecuencias de este movimiento fue la inesperada alianza entre las zaibatsu (las gigantescas corporaciones-Godzilla de Japón: Mitsubishi, Mitsui, Hitachi, etc.) y la yakuza. Ambas salieron del bache de mediados de los años ochenta en una de las operaciones conjuntas más grandes, lucrativas y destructivas de la historia.

«Allá por finales de 1987, nos percatamos de que sucedía algo raro —explica Raisuke Miyawaki, el fundador de la Brigada contra la Delincuencia Organizada de Japón—. En aquella época, yo trabajaba de consejero especial del primer ministro Nakasone, y las cifras económicas que nos presentaba el Banco Central no cuadraban. Algo raro pasaba con la masa monetaria, ¡pero no sabíamos qué!» Nadie, ni siquiera el primer ministro y sus colaboradores, había previsto las sensacionales consecuencias de la política monetaria del Gobierno: el mercado bursátil se disparó a la estratosfera como unos fuegos artificiales desbocados, hipnotizando a todos en su impredecible ascenso a las alturas.

El boom financiero de Japón fue tan intenso que, como señala un economista, «cualquier inversión parecía rentable, y los especuladores se abalanzaban sobre cualquier oportunidad. Unos físicos estadounidenses anunciaron que habían conseguido la fusión fría en el laboratorio (lo que al final resultó ser falso), y la ansiedad de los inversores japoneses hizo subir los precios de las acciones de las empresas que guardaban alguna relación con los potenciales procesos de fusión fría. Visto en perspectiva, parece que en 1988 el mercado de acciones japonés estaba inmerso en una burbuja colosal».

La extraordinaria especulación del Nikkei no tardó mucho en abrirse paso hasta el mercado inmobiliario. Las compañías financieras y los bancos querían transferir el dinero teórico de la burbuja del mercado de valores a activos sólidos, y los valores inmobiliarios eran la mejor apuesta.

El torbellino especulativo no tardó en consumir las viviendas disponibles, así que los bancos y las grandes corporaciones empezaron a buscar terrenos urbanizables. Pero no quedaba suelo edificable debido a la obsesión de posguerra por la construcción. Para hacer sitio a edificios nuevos y flamantes, los propietarios o inquilinos existentes tenían que mudarse. Y si no querían, alguien tendría que persuadirles: llegaron los «tiburones».

«También fue por aquel entonces cuando comencé a ver tipos grandes y musculosos, vestidos de negro, rondando por los hoteles más elegantes de Tokio», recuerda Miyawaki, el zar de la lucha contra la delincuencia organizada. Es un hombre inaudito. Incluso para los estándares japoneses, da la impresión de ser excepcionalmente cortés y respetuoso. Pero lo asombroso es que Miyawaki habla y habla con absoluta franqueza, a diferencia de la mayoría de policías y ex policías de este país, que prefieren esconder a la yakuza debajo de la alfombra. Miyawaki cree que representaron, y siguen representando, una grave amenaza para la estabilidad social. A finales de los ochenta, fue uno de los pocos que alertaron a Japón de las repercusiones de la floreciente amistad entre gánsteres y hombres de negocios. «Lo que me preocupaba era ver que estos hombres se sentaban a la mesa con personajes destacados de las empresas y las finanzas. Las corporaciones querían comprar terreno en grupos de parcelas, grandes solares —prosigue Miyawaki—, pero las cosas no siempre iban sobre ruedas. Mucha gente no quería vender, y por eso las empresas y los bancos optaron por la fuerza: la yakuza.»

Primero, la yakuza ofrecía incentivos económicos para que los arrendatarios dejasen sus pisos, mientras negociaban con el propietario la adquisición del terreno. Y si el inquilino o el propietario se negaban a mudarse, entonces la yakuza lanzaba amenazas verbales o una advertencia física; una de las más comunes y de peor gusto consistía en esparcir heces humanas en la propiedad deseada y sus alrededores. Los que más se obstinaban en no ceder sufrían todo tipo de prácticas intimidatorias. Una de sus versiones más leves pasaba por recurrir a los conocidos camiones publicitarios (que aún pueden oírse hoy en Tokio) que aparcaban fuera de la propiedad, emitían machacona retórica política desde unos grandes altavoces y hacían la vida imposible a las víctimas. El grado sumo de la intimidación eran, claro está, la agresión física y el asesinato.

Manabu Miyazaki, Toppamono, nunca fue un auténtico miembro de la yakuza, a pesar de ser el hijo de un oyabun o padrino. Pero en su pintoresca vida se ha visto involucrado en toda clase de actividades de estilo yakuza, incluido el mobbing inmobiliario, y no lo oculta. Con una sonrisa traviesa de oreja a oreja, asiente con la cabeza mientras rememora aquella emocionante época.

«Con cientos de millones de yenes por ahí sueltos, cada día transcurría entre brumas de Dom Perignon y Rémy Martin… Durante la especulación de terrenos eché una mano en el barrio Kanda de Tokio, donde una pareja de ancianos vivía en una casa desvencijada. El hombre estaba enfermo y tratábamos con la mujer, que se negaba en redondo a negociar; llegamos a un punto muerto.»

«“Esa puta vieja nos lo está poniendo difícil porque quiere más dinero”, fue nuestra conclusión natural. “Vale, le doblamos la oferta”. Intentamos obligarle a aceptar el doble, pero resultó que la vieja no estaba resistiéndose para ganar más. Sólo quería dejar que su marido, que tenía cáncer terminal, muriese en su casa…»

Los bancos, las empresas, los políticos (que no tardaron en meterse en el fregado) ganaban decenas de millones de dólares en acuerdos especulativos. Al principio, el bullicio parecía confirmar que una forma superior de capitalismo había evolucionado a partir de la peculiar cultura japonesa. Como el precio del suelo se duplicaba cada mes, nadie parecía darse cuenta del desalojo a la fuerza de miles de vecinos. Esto sólo era posible porque las instituciones principales del Estado y la economía japonesa estaban encantadas de trabajar codo con codo con la delincuencia organizada a expensas de los ciudadanos de a pie. La yakuza no tardó mucho en comprender que su papel como guardianes en este vergonzoso expolio era una modesta ambición. Si las grandes empresas y sus amigotes políticos ganaban dinero a mansalva especulando con el suelo, ¿por qué no debería hacerlo la yakuza? El mundo legal y el ilegal de Japón se estaban volviendo indistinguibles, y el ejemplo más extremo de ello fue el Banco Sumitomo.

Sumitomo era la segunda compañía más antigua de Japón. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XVIII como proveedores de medicinas y libros, mientras que su división bancaria fue fundada a finales del siglo XIX. A mediados de los años setenta de la pasada centuria se había labrado una reputación por sanear las cuentas de dinosaurios empresariales en declive como Toyo Kogyo, el fabricante de camiones, o Asahi Brewery. En 1984, buscó expandirse más allá de su base tradicional en el corazón industrial de Kansai —Osaka, Kobe y Kioto— con la compra del banco Heiwa Sogo. Aunque se trataba de una entidad relativamente pequeña, contaba con una elevada concentración de sucursales en Tokio, ciudad donde Sumitomo tenía una presencia relativamente débil. Pero Heiwa Sogo también tenía una importante cartera de impagados: deudas yakuza, muchas de ellas de los miembros más destacados de la Yamaguchi-gumi.

Pero fue la adquisición de Heiwa Sogo, dirigida por el presidente de Sumitomo, Ichiro Isoda, lo que catapultó al banco a situarse entre los tres mayores del mundo. La comunidad bancaria internacional y el gobierno japonés colmaron de premios a Isoda por sus logros, y Sumitomo se contagió de la fiebre especuladora de finales de los ochenta.

Una de las empresas propiedad del banco, la Compañía Inmobiliaria de Nagoya, se convirtió en el instrumento de Sumitomo para las compras estratégicas de suelo en Tokio. Hatanaka, de Sumitomo Nagoya, se implicó cada vez más en estas operaciones, quizá ignorando que otro miembro del Consejo de Administración de la compañía Itoman tenía tratos con Takumi Maseru, el wakagashira (mano derecha del padrino) de la Yamaguchi-gumi. Mientras corría el champán, la junta directiva de Itoman perdió el juicio, gastando sumas fabulosas en obras de arte como garantías de créditos turbios. Itoman dilapidó en torno a 500 000 millones de dólares de su capital con adquisiciones a precios disparatados, a menudo directamente a la yakuza. La policía calcula que la mitad de esta cantidad acabó en los bolsillos de la Yamaguchi-gumi.

En julio de 1991, la trama de Itoman quedó al descubierto y forzó la dimisión de Ichiro Isoda, acaso el banquero japonés de mayor prestigio internacional en ese momento. La oficina central de Sumitomo fue apretando las tuercas a Hatanaka para que reclamase el pago de algunos de los grandes créditos que había autorizado. Pero, como descubrieron otras figuras destacadas del mundo financiero tras el estallido de la burbuja, muchos de sus clientes más voraces, entre ellos la yakuza, no tenían intención de pagar. Hatanaka estaba atrapado: muchos de sus colegas en Nagoya también tenían vínculos con la mafia, y la policía de Nagoya decidió finalmente que Hatanaka se había excedido con uno de ellos en su presión para que pagase un crédito.

Como era de esperar, la policía no fue capaz de averiguar exactamente cuál de los clientes de Hatanaka se había sentido tan agraviado. Pero su asesinato, junto con otras agresiones a destacados directivos (incluyendo el asesinato del director ejecutivo de Fuji Film Corporation) impulsó al atemorizado Gobierno de Japón a una medida sin precedentes: la cancelación del grueso de las deudas con los grandes bancos y empresas hipotecarias. De hecho, los contribuyentes japoneses acabaron financiando los excesos del período de la burbuja, subvencionando el enriquecimiento obsceno de las zaibatsu y la yakuza. El período que siguió a la burbuja fue pronto conocido como la recesión Heisei, en alusión a la era inaugurada con la subida al trono del emperador Akihito en 1989. En el extranjero se la llamaba comúnmente la recesión yakuza. Era injusto: la yakuza era la comparsa en este desfile de corrupción. No obstante, esa simplificación ponía de relieve lo profundamente arraigada que está la yakuza. No es una fuerza efímera, sino un elemento institucionalizado de la sociedad japonesa.

Era de esperar que los bajos fondos y la superficie «respetable» encontrasen intereses comunes en la especulación inmobiliaria: las empresas siempre especuladoras. Y la construcción, si no es el corazón del negocio yakuza, sí es su pulmón.

«Todos estos tipos de Kama dependen de la yakuza», dice Django, mi guía en Kamagasaki, donde los más pobres y desesperados de Osaka buscan trabajos de jornalero. Ante nosotros se extiende una fila de pobres; algunos son, cómo no, chinos y coreanos; otros son, sin duda, burakumin (la clase marginada surgida de la discriminación de castas), y otros gente cuya vida naufragó en algún momento. Sin afeitar, en ocasiones desdentados, resignados, forman fila ante la oficina de empleo de Kamagasaki, un sombrío monumento al funcionalismo burocrático. Se acabaron las luces destellantes, los anuncios digitales y el incesante zumbido electrónico que caracteriza tantas zonas urbanas de Japón: esta larga hilera de desposeídos apenas hace ruido en la penumbra. «Estamos esperando a que los autobuses nos lleven a los refugios para indigentes, donde podemos dormir», explica un hombre exhausto. «No todo el mundo consigue sitio», añade, lo que significa que algunos tendrán que probar suerte durmiendo bajo los arcos del ferrocarril junto a Kama.

«Un 85 % de los agentes de contratación de aquí son yakuza —continúa mi amigo Django—. Tienes que llegar alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando vienen y escogen a los mejores.» Django empezó aquí de jornalero a finales de los años ochenta, cuando la burbuja aumentó la demanda de nuevos edificios. «En aquella época era más fácil, por supuesto, porque había mucha demanda de trabajadores de la construcción —recuerda—. El único requisito era un conocimiento suficiente del japonés.» Paseamos por las deprimentes calles de Kama, junto a los minúsculos hoteles donde los jornaleros con más éxito encuentran una cama por 10-15 dólares la noche. Dejamos atrás la nueva comisaría, que parece una fortaleza: forma parte de la imagen postburbuja de que la policía está actuando contra la yakuza. Esa ilusión se hace añicos cuando, en esta zona por lo demás lúgubre, tropezamos con dos imponentes edificios de ladrillo rojo, con limusinas de lunas tintadas aparcadas fuera. «El único cambio es que desde la ley contra la delincuencia organizada de 1992, la yakuza no puede colocar placas en el exterior de los edificios con sus nombres y símbolos.» Django se detiene brevemente. «¿Ves a ese tipo en el cruce? Cuidado con cómo lo miras. Es yakuza: está haciendo de centinela en un garito de juego.» Y cuando pasamos cerca, una pequeña puerta se abre, descubriendo un oscuro círculo de jugadores de mah-jong.

Caminamos hasta el bar de la esquina. Al vernos, la clientela —una humeante miscelánea de trabajadores, borrachos y parias— nos brinda un saludo entusiasta. Tras la estrecha barra, la encargada ha colgado imágenes de un calendario que muestra destinos turísticos famosos: Londres, Nueva York, Praga, El Cairo y otros lugares a varios años luz de Kama. En lugar de la típica pantalla de plasma de alta definición, un voluminoso televisor setentero en las últimas muestra vídeos musicales japoneses. A menudo se habla del carácter reservado y celoso de las formas japonesas, pero el cliché se desvanece cuando la encargada sonríe emocionada a Django mientras nos sirve pescado crudo y tofu. Descuelga el teléfono y llama a sus amigos. «Django está aquí. ¡Bajad!»

Django no había pisado este bar en cinco años, pero le saludan como a una estrella de fútbol que vuelve al hogar de su infancia. La reunión se desmadra cuando agarra un micrófono y canta un karaoke clásico favorito de la yakuza sobre dos «hermanos» y los consabidos temas de confianza, lealtad y muerte. Mientras su sonora voz de bajo brama la historia en el dialecto de la clase obrera de Osaka, se le sube la camiseta por el antebrazo y revela la cola de un dragón azul que lleva tatuado: esa pista basta para poner a la gente sobre aviso.

Frente a una tapa de pulpo crudo, Django me narra su primer encuentro con su viejo mentor yakuza, Ken-chan. «Cuando entré, me estaba mirando fijamente. Es muy importante en ese mundo: hacerse el macho. Siempre están poniendo a prueba lo hombre que eres. De un modo sutil unas veces, y sin contemplaciones en otras. No tenía inconveniente en que la gente me observase, porque yo sabía calibrar la mirada que devolvía.»

Aunque de complexión delgada, a los dieciocho años Django era campeón nacional de kárate júnior. «A la gente que está metida en artes marciales no les gusta que se diga, pero en Japón el negocio de las artes marciales se organiza según el modelo de la yakuza: los dojos [“escuelas”], el entrenamiento, la relación entre el sensei [“maestro”] y los pupilos… El sensei siempre tiene la última palabra, y los estudiantes deben dispensarle una deferencia superlativa. Fuera del dojo, el sensei no relaja su actitud despótica: los discípulos tienen que cargar con sus bolsas, lo cual hace pública y notoria la relación de poder. Incluso la manera de saludarse y hablar es parecida al lenguaje yakuza.» La familiaridad de Django con los modos del mundo de las artes marciales fue decisiva a la hora de granjearse la confianza de los yakuza.

Ken-chan se hizo amigo de Django y se lo llevó a ver los tenderetes de comida de Kama. «Los controlo todos», dijo Ken-chan mientras la mama-san («encargada») del antro les entregaba el dinero. «Ni una sola vez vi que ninguna lo hiciera a regañadientes —insiste Django—. Aunque se trataba de una extorsión clásica de pago por protección, en realidad también suministraban un servicio de protección. Cualquiera que tocara uno de los tenderetes de Ken-chan debía atenerse a las consecuencias. Y cuando la policía es incapaz o está poco dispuesta a hacer su trabajo, necesitas de alguien como Ken-chan para que cuide de ti. A la mínima señal de problemas (clientes revoltosos, cuentas sin pagar, peleas, acoso a las camareras) las mama-san llaman a Ken-chan y sus chicos acuden en un santiamén a poner las cosas en su sitio.»

»Todas decían que la policía no sirve para nada. Ken cumple con sus promesas: eso de verdad es un servicio.»

Ken-chan no tardó en llevar a Django a sus rondas de recaudación por una fuente de ingresos mucho más lucrativa: Namba, uno de los mayores barrios de ocio de Osaka. «Al llegar al local, él llamaba a la mama. Nos tomábamos una copa y cantábamos un par de canciones en el karaoke. Mientras yo charlaba con las camareras, él se iba detrás del mostrador y se efectuaba el pago. Sucedía en un ambiente de cordialidad, no había tensión ni reticencias; me parecía un negocio como cualquier otro. Por supuesto, no estábamos solos; él se traía a dos o tres de sus matones, muchachos bastante corpulentos. Algunos llevaban la cabeza rapada o cadenas de oro, o les faltaba el meñique, así que no había duda de quién era la visita.»

En cierta ocasión, Django salió de un bar para tomar el metro a casa acompañado de dos amigos; dos individuos que también estaban en el local los siguieron y abordaron a los acompañantes de Django, reclamándoles el pago de una deuda. Pintaba feo y los amigos de Django le pidieron ayuda: «¡Vamos, rey del kárate, ayúdanos, dales caña!». Django no movió un dedo. Negarse a socorrer a sus amigos implicaba romper los lazos de lealtad: no volverían a dirigirle la palabra. Pero Django no tenía elección: si hubiera intervenido, habría puesto en peligro sus posibilidades de continuar viviendo en Japón.

La cuestión es que Django no era japonés, sino un profesor universitario, nacido y criado en el último lugar donde podría pensarse en reclutar a un yakuza: Bregenz, la capital de Vorarlberg, la provincia alpina más kitsch de Austria, al este del país. Bregenz está junto al lago Constanza, cerca de la frontera con Alemania y Suiza.

Enfrascado en una doble vida, Django (o Wolfgang Herbert, su nombre real) daba clases en el Instituto Goethe de día, y de noche salía con Ken-chan, quien lo presentaba de buena gana como su socio internacional. «Tengo que reconocer que me sorprendió experimentar una afinidad real con este mundo —explica Wolfgang con una honestidad absoluta respecto a su vida con la yakuza—. Tal vez todo se debiera al kárate o a esa forma de pavonearnos, al hecho de sentirme como un hombre de verdad. Pero lo que más me chocó fue descubrir la reacción de la gente normal al vernos caminar por la calle; éramos cuatro o cinco y, por supuesto, yo iba en el medio. Algunos apartaban la vista, y otros nos miraban con auténtico pánico. Debo decir que, en cierto sentido, me sentí muy a gusto con esos modos arrogantes, ante los cuales todo el mundo mostraba respeto. Sin embargo, una tarde yo mismo pude ver cuán corrupta y corruptora podía llegar a ser esa sensación.»

El doctor Wolfgang Herbert, uno de los más eminentes sociólogos y niponólogos de Austria, decidió infiltrarse en el hampa de Osaka para documentar su tesis doctoral. Pertenece a esa nueva hornada de investigadores que, en los últimos quince años, han revolucionado el tratamiento académico de la delincuencia organizada. Junto a colegas de Rusia, Europa occidental, Sudáfrica y Estados Unidos (y, sin duda, de muchas otras latitudes), Wolfgang ha destapado infinidad de detalles sobre la cultura, la ambición y la motivación económica de las estructuras criminales más importantes. Estos jóvenes investigadores también tienen otra cosa en común, una biblia a la que acuden una y otra vez: el libro The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection (La mafia siciliana: el negocio de la protección privada), de Diego Gambetta, catedrático de sociología en la Universidad de Oxford. Esta obra articula en una teoría consistente diversas nociones básicas sobre la delincuencia organizada que el mundo académico llevaba barruntando desde hacía décadas. En lugar de considerar a los integrantes de la mafia como matones para quienes la violencia es el principio y el fin de todas las cosas, Gambetta sostiene que la mafia ante todo se dedica al negocio de la protección:

Definir la mafia como «la industria de la violencia» puede dar lugar a malentendidos. La violencia es un medio, no un fin: una materia prima, no el producto final. El artículo que está realmente a la venta es la protección. Podría alegarse que, en última instancia, la protección depende de la capacidad, no de la necesidad, de usar la fuerza … Hay gente que tiene interés en comprar la protección de la mafia. Si bien algunos pueden ser víctimas de extorsión, muchos otros son clientes voluntarios.

Gambetta también ha separado la actividad principal de la mafia —protección— de los delincuentes dedicados al comercio. La mafia puede operar en mercados legales, tal y como hace Ken-cha, ofreciendo protección a empresarios, o a las propietarias de bares en Kama y Namba, pero también actúa en mercados ilegales: un camello necesitará algo de protección para asegurarse de que sus compradores o vendedores no incumplen un acuerdo. Para poder entender y, por tanto, combatir la delincuencia organizada es importante identificar las distintas actividades implicadas.

Gambetta destaca las enormes dificultades que supone realizar trabajo de campo en esta área. «A los estudiosos —apunta secamente— no les gusta perder el tiempo con fuentes poco dispuestas a hacer confidencias y, por otro lado, no les gusta que les disparen.» Pero varios acólitos de todo el mundo, como Wolfgang en Osaka, han aceptado el desafío. Este trabajo no sólo ha empezado a definir el papel económico y social de la mafia en las sociedades de todo el globo, sino que su trabajo está repleto de observaciones que rara vez se han incluido en los clásicos estudios de criminología.

Hubo un momento en el que Wolfgang se dio cuenta de que estaba disfrutando como miembro yakuza: «Comprendí claramente por qué los jóvenes japoneses sin medios para labrarse un porvenir profesional se enganchan a este estilo de vida. Lo harán todo por sus mentores yakuza, porque su ego se ha hinchado de una forma especial. De repente son alguien grande y poderoso, sólo por caminar entre un grupo de yakuza. Pensemos, por ejemplo, en coreanos o gente sin instrucción: la sociedad los ha estado machacando toda su vida y, de repente, deja de hacerlo. Y no necesitan títulos, es algo casi natural. Así que, desde el punto de vista afectivo, para ellos no es sólo sentirse alguien importante, sino haber encontrado un grupo en el que están como en casa. Sentí su dinámica psicológica con mucha intensidad.»

Aunque este buen estudiante de doctorado se sintiera embriagado por el aura de poder que rodea a la yakuza, le resultó insoportable la tensión de llevar una doble vida y, al final, decidió que debía matar a «Django», su propio Mr. Hyde.

La Namba es una galería comercial más bien decrépita con pequeñas tiendas apretujadas entre salones de pachinko, los gigantescos templos donde los japoneses rinden culto al juego compulsivo. Hace apenas una década, los adolescentes que vagaban por la Namba con el pelo teñido de rojo y rubio y ropas siniestras eran exóticos y subversivos. Ahora están por todos lados, pero sirven como recordatorio de los cambios suscitados por el colapso de la burbuja y el impacto cultural de la globalización.

Al final de la galería hay menos adolescentes, y el ruido de los salones de pachinko se desvanece. En un bar como cualquier otro, con su parafernalia de karaoke, pedazos crudos de seres marinos y licores, un hombre discreto se sienta encorvado en un rincón. Podría ser un hippie avejentado. En realidad, es uno de los tatuadores más veteranos de, entre otras, la Yamaguchi-gumi.

Como casi todas las comunidades de delincuencia organizada, la yakuza tiene una compleja mitología sobre sus orígenes y su propósito fundacional, y sobre cómo ese propósito se ha desarrollado y actualizado. La yakuza cultiva una imagen evocadora de los samuráis que nos retrotrae al shogunato Tokugawa de la temprana Edad Moderna. De hecho, su génesis fue confusa y, en general, menos romántica, tomando prestadas —entre otras— tradiciones de la venta ambulante y el juego. El propio significado del término yakuza resulta revelador. Compuesto por el argot utilizado para 8, 9 y 3, hace referencia a una serie de fichas de mah-jong que, en principio, parecen una mano ganadora —puesto que suma veinte—, pero que en ciertas condiciones tienen un valor nulo. Tradicionalmente la yakuza ha reclutado a un buen número de acólitos entre los marginados por sus orígenes, sobre todo coreanos y burakumin. Estos últimos conforman el estrato social más bajo, definido hace siglos por sus oficios: se incluía en él a todos los que trabajaban en mataderos o en alguna actividad relacionada con «heces y carne». Un prejuicio que ha pervivido hasta nuestros días. «A primera vista —interpreta Wolfgang— los yakuza son ostentosos, teatrales y reconocibles como una mano ganadora, pero en el fondo se sienten igual que un cero a la izquierda.»

Aparte de los que han perdido el meñique, la marca más ostentosa de pertenencia a una yakuza es el tatuaje. Éstos no son ninguna horterada como la inscripción «Amor de yakuza» sobre el bíceps, sino impresionantes representaciones de dioses, animales, guerreros, criaturas mitológicas o mujeres, a menudo entrelazadas en posturas espectaculares, impresas en la piel mediante millones de pinchazos minúsculos. Además del considerable dolor físico, un tatuaje yakuza tiene repercusiones sociales y psicológicas. Y, por supuesto, el tatuador debe asegurarse de que el cliente se va contento; lo que menos le conviene es que un yakuza se marche insatisfecho. «La piel tiene varias capas —explica Horitsune II, el maestro tatuador—, pero para que la imagen quede retenida, la tinta debe alcanzar la tercera o cuarta capa. El problema estriba en que el grosor de la dermis varía según la zona; hay que conocer hasta el último rincón del cuerpo si quieres hacer un buen trabajo.» Mientras sorbe una cerveza, Horitsune II transmite la serena concentración de un relojero. Considera que su trabajo no es una profesión, sino todo un arte. «Yo no tatúo a cualquiera que entra aquí —continúa—. Un tatuaje es algo muy serio, y por eso converso largamente con el cliente, para estar seguro de si está preparado o no.»

Un tatuaje que cubra todo el cuerpo tarda entre uno y dos años en hacerse (o unos cuantos más, bromea Horitsune, si el yakuza en cuestión entra y sale constantemente de prisión) y puede costar más de diez mil dólares. En una sociedad donde las formas y la jerarquía están omnipresentes, las «familias» yakuza otorgan a sus rituales mucha más importancia que cualquier otra organización comparable del mundo. La lealtad a una «familia» es para toda la vida (aunque se puede negociar una salida honorable, aun a riesgo de perder el dedo meñique) y, como pasa con la mafia, el vínculo reemplaza a las obligaciones con los parientes de sangre. La traición y la insubordinación son ofensas capitales. Los tatuajes son un recordatorio físico de los juramentos y también sirven de eficaz advertencia contra intrusos y rivales. Evidentemente, una lealtad tan extrema puede tener consecuencias terribles si se hunde la estructura familiar, puesto que su lógica obliga a una lucha a muerte. La guerra Yamaguchi-Ichiwa se produjo por un asunto familiar interno, de ahí la intensidad de su violencia.

Hace entre diez y quince años, el 90 % de los clientes de Horitsune eran yakuza, según explica este artista del tatuaje. «Hoy en día acude a mí un 50 % de civiles y un 50 % de yakuza. Y, evidentemente, casi todos los civiles son adultos jóvenes que consideran los tatuajes como un complemento de moda y no como un símbolo de lealtad y compromiso.» Queda claro que la ruptura cultural de las generaciones jóvenes durante la década de los noventa y su giro individualista representan un cambio fundamental para un país que, hasta los años ochenta, uniformaba a los ciudadanos tanto en la escuela como en el trabajo, desde que nacían hasta que morían. Pero esta estadística revela también algo sobre la yakuza y su situación actual. «Los jefes siempre pagaban para que sus soldados se tatuaran —suspira Horitsune—, pero, francamente, este dispendio no es asumible para muchos de ellos hoy en día; por este motivo ha bajado el volumen de negocio con la yakuza.» En la actualidad, las cosas no pintan tan bien para las mafias yakuza. Siguen siendo un elemento central de la sociedad japonesa, pero desde el estallido de la burbuja su autoridad ha tenido que afrontar desafíos sin precedentes, tanto de sus enemigos nacionales como, cada vez más, de rivales extranjeros que empiezan a sacudir su base económica. Como el resto de Japón, las yakuza no lo tienen fácil para adaptarse a la globalización.

A lo largo de buena parte del siglo XX, las mafias yakuza no fueron tan populares como a sus miembros les gustaba creer, pero sí muy influyentes. Su dimensión marginal fue siempre paradójica. Aunque las «familias» yakuza se nutrieron en buena medida del lumpen, a menudo se sentían atraídas por ideologías nacionalistas de extrema derecha, a las cuales apoyaban. En los años de entreguerras fueron instrumentalizadas por el Gobierno y las empresas para neutralizar las huelgas. Cuando Estados Unidos ocupó un Japón devastado al término de la segunda guerra mundial, fueron las familias yakuza las que, pocos días después de la rendición, resucitaron la economía del país con el establecimiento de un floreciente mercado negro. Los estadounidenses toleraron a las yakuza, e incluso colaboraron con ellas, al igual que aceptaron la ayuda de la mafia siciliana para restablecer el orden en el sur de Italia tras los desembarcos de Sicilia de 1943. La mafia creó lazos de corrupción con el Partido Demócrata Cristiano, que dominó la política italiana durante la Guerra Fría. De modo similar, las mafias yakuza entablaron una íntima relación con las facciones más importantes del Partido Liberal Democrático (PLD), imperante en la política japonesa durante el mismo período. Pero, a diferencia de los democristianos, sobrevivió a la caída del comunismo y, a pesar de algunos contratiempos, sigue gobernando el país a día de hoy.

La burbuja (cuando las zaibatsu, el PLD y las yakuza unieron fuerzas para llevar a cabo lo que un observador llamó «la gran transferencia de riqueza») no fue una aberración. Se trató, simplemente, de la expresión más lograda del capitalismo «de amiguetes», en un festín que duró cinco años. Aquí emerge la cuestión de cómo las yakuza fueron capaces de ocupar una posición tan elevada en la sociedad japonesa. Contra la opinión generalizada, no llegaron a lo más alto disparando, extorsionando o sobornando: por extraño que parezca, son un producto del sistema legal de Japón.

«Evidentemente, los yakuza siempre han estado metidos en el juego y la prostitución. Todo el mundo toleraba esa relación, y de ahí provenía el grueso de sus ingresos —comenta Yukio Yamanouchi—. Pero en la década de los sesenta la yakuza empezó a inmiscuirse en negocios civiles, que pronto se convirtieron en fuente principal de riqueza.» Yamanouchi está de un humor excelente. Tras unos años fuera del ruedo, no hace mucho fue restituido en su cargo de jefe de abogados de la Yamaguchi-gumi, gracias a que su viejo amigo, Shinobu Tsukasa, fue designado el oyabun de sexta generación de la mayor organización mafiosa de Japón. Es como si en Estados Unidos un picapleitos se presentara tranquilamente como abogado de D. Tomy Soprano, de la Compañía Mafiosa de Nueva Jersey. Yamanouchi explica que las lagunas en el sistema legal brindaron a las yakuza su oportunidad. «El paso hacia los negocios civiles se abrió con el cobro a morosos. Si alguien acudía a los tribunales para reclamar el pago de una deuda, los procedimientos se alargaban una eternidad, y si el juicio finalmente veía sentencia, el demandante casi siempre solía salir con las manos vacías. Las yakuza podían ofrecer una solución mucho más rápida al problema.»

El desencanto con el sistema judicial se extendió en los 60 al promulgarse una nueva ley en 1949, cuyo objetivo era disminuir el uso del litigio, que dividía y contradecía el espíritu del wa (armonía), de fuerte raigambre en la cultura japonesa. Esta ley del Gobierno de posguerra sólo permitía a un máximo de quinientos abogados graduarse en derecho anualmente en el Legal Research and Training Institute de Tokio. La gran mayoría se colegiaba en Tokio y Osaka y buscaba puestos cómodos y lucrativos en representación de las zaibatsu, mientras que muy pocos se interesaban por representar al común de los ciudadanos: en poco tiempo el sistema jurídico acabó completamente colapsado por casos civiles al lado de los cuales las deliberaciones de Dickens en Bleak House parecerían ligeras e inteligibles.

«De ahí a que la gente viera en los yakuza la solución a un montón de problemas había sólo un paso. Desde entonces los yakuza se han implicado en todo tipo de transacciones en negocios inmobiliarios, por supuesto, pero también han actuado como asesores en caso de quiebra, cuando los tribunales no se responsabilizaban de nada, ni siquiera de las demandas por accidentes de tráfico», destaca Yamanouchi. La comparación con el exterior deja en evidencia la política japonesa de formación de profesionales del derecho: a finales de los noventa, si Alemania tenía un abogado por cada 724 habitantes, Gran Bretaña uno por cada 656 y Estados Unidos uno por cada 285, en Japón la relación era de uno por cada 5995 ciudadanos. Lo que ocurre es que la mafia japonesa ocupa de facto un importante segmento del sistema legal.

La actividad fundamental de los yakuza no es únicamente la de una fuerza policial privada, sino también un microcosmos judicial: las bandas de delincuentes hacen las veces de policías, abogados, jueces y jurados.

Pero existen dos grandes grupos que muestran, si no una insatisfacción manifiesta, sí una actitud ambivalente hacia este estado de cosas. El primero es la gente del común, cuya demanda de orden y justicia de algún tipo ha mantenido a los yakuza en este negocio (pues a menudo la yakuza provee un servicio sumamente eficaz). Sin embargo, cuando la resolución de un conflicto mediado por ellos es considerada injusta, el ciudadano de a pie no tiene posibilidad de apelar. Yamanouchi es muy franco acerca de cómo se mantienen sus clientes yakuza: «¿Sabes? Están tan metidos en los asuntos civiles que para mucha gente corriente su presencia y comportamiento se ha convertido en una carga. Por eso la ley de 1991 fue tan bien recibida por la ciudadanía».

En mayo de 1991 el Gobierno se sintió fuerte para aprobar la Ley de Prevención de Actos Ilegales de Miembros de Bandas de Delincuencia Organizada, pues la inquietud de la opinión pública por la implicación de la yakuza en la burbuja había socavado la reputación de las bandas. Por otro lado, esa ley permitía al Gobierno cargar sobre la yakuza toda la culpa de la burbuja, exonerando a sus mayores responsables: las zaibatsu y el PLD. La medida, diseñada en principio para cortar las alas a los yakuza, contenía sorprendentes rasgos que ilustraban hasta qué punto la mafia es un elemento institucionalizado de la democracia japonesa. Se estipulaba que todas las familias o asociaciones debían presentar a la policía un informe anual de sus listas de miembros (así como de los candidatos). Cuando pregunto a Yamanouchi si esto confiere un estatus de legalidad a las bandas de delincuencia organizada, se recuesta en su asiento, sopesa sus palabras y sentencia: «Así es». Por lo tanto, la yakuza disfruta de la condición única de ser a la vez una entidad legal e ilegal.

Cada año el libro blanco de la policía informa al público de las fluctuaciones en el número de miembros yakuza, así como de las actividades de cada familia en particular. La ley también les prohibía por primera vez la exhibición de sus símbolos en las puertas de sus despachos, aunque fuese legal disponer de tales despachos. «Cuando la ley entró en vigor, la policía instó a la Asociación de Bares de Osaka a prohibirme el uso del término consejero legal de Yamaguchi-gumi en mis tarjetas de visita. Pero, aparte de eso, ¡no me ha afectado gran cosa!»

El patrón oro de la legislación contra el crimen organizado es una ley ratificada en 1970 por el Congreso estadounidense: la ley RICO ( Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, «ley Contra la Corrupción y Organizaciones Mafiosas’), que, según se dice, fue nombrada de este modo en honor al personaje interpretado por Edward G. Robinson en el clásico de los años treinta Hampa dorada (con su último aliento, ese personaje se pregunta retóricamente: “¿Éste es el final de Rico?”). Esta ley tardó diez años en servir para que se procesara a un jefe de la mafia, pero a partir de entonces ha sido un arma más eficaz que cualquier otra contra las organizaciones mafiosas. Según la ley RICO, los fiscales no tienen que demostrar crímenes específicos, sino sólo probar que los individuos inculpados forman parte de grupos que siguen un patrón criminal. Esto rompió el muro protector erigido por los cabecillas para que fuesen los soldados de a pie los que terminaran pagando el pato por los delitos de sus superiores e hizo posible que el FBI y los fiscales de distrito desarticulasen gran parte de la Cosa Nostra en Estados Unidos durante los años ochenta y noventa.

Los japoneses tomaron prestada la RICO, pero la diluyeron. Los jefes yakuza pueden ser inculpados por los delitos de sus subordinados, pero la policía solamente utiliza estas medidas para ejercer cierto control sobre los asuntos de los yakuza, sin perseguir su destrucción. «La relación económica de antaño, cuando los yakuza podían sobornar a la policía, sería ahora impensable —explica Yamanouchi—. Además, actualmente la policía tiene mucha más seguridad para moverse contra altas instancias familiares. Mi principal cliente, el señor Tsukasa, por ejemplo, se encuentra detenido por una banalidad. La razón de fondo es que el Yamaguchi-gumi se está mudando desde el oeste de Japón, su cuna tradicional, hacia el este del país. Si lo logran, su poder aumentará con creces. Pero la policía sólo busca limitar su poder, no destruirlo.»

Resulta difícil subvalorar el alcance y la posición de la Yamaguchi-gumi. En lo alto de una tranquila zona residencial del barrio de moda Nada (en Kobe), un letrero de madera proclama con orgullo: «¡Mantengamos las bandas de crimen organizado lejos de Nada!». Unos cien metros más adelante, pasadas las casas inusualmente espaciosas para los estándares urbanos, se erige un cursi edificio hexagonal, gris y blanco. ¡Grrrr! Ruge el ratón… Cincuenta metros más allá se elevan las paredes de una discreta fortaleza, alrededor de la puerta metálica de un aparcamiento. Aparte de que hay cámaras de seguridad e iluminación por doquier, si alguien consiguiera escalar el alto muro aún debería librar una batalla contra la alambrada de espino. Mientras cruzo la sede central de Yamaguchi-gumi, estoy de suerte y, como en la escena de Operación Trueno, lentamente el metal se repliega hacia arriba y desvela una fila de cinco hombres erguidos militarmente con uniforme verde pálido y gafas de sol. Tras ellos hay un césped impecable y, más allá, una imitación decente de patio renacentista italiano. Mientras lo cruzo boquiabierto, diez ojos se posan en mí, que no llevo carta de presentación, y pausadamente, sigo hacia delante. Un soldado Yamaguchi acompaña a un hombretón con gafas de sol gigantes al asiento de conductor de una de las numerosas limusinas aparcadas en la entrada, que sale haciendo chirriar los neumáticos. Luego desciende de nuevo la puerta de metal, sellando así una vez más los secretos de la Yamaguchi-gumi. Buena suerte, policía de Nada-ku: lo tenéis crudo.

Desde el año 1991, la policía ha observado la consolidación de los yakuza en tres familias: la Yamaguchi-gumi y dos bandas de Tokio, la Sumiyoshi-kai y la Inagawa-kai. La ley de 1991 hizo posible a la policía debilitar o eliminar numerosas asociaciones menores de yakuza, de modo que muchas se han sumado a las Tres Grandes para obtener protección. Desde el cambio de milenio, los Yamaguchi-gumi han ido ampliando su influencia por todo Tokio, aprovechándose de la ferviente enemistad entre los subgrupos de los Sumiyoshi y los Inagawa, que ocasiona esporádicos episodios de violencia criminal. En 2005, los Yamaguchi-gumi suponían el 45 % de los gánsteres «identificados» de Japón, según el libro blanco de la policía. Cuando Shinobu Tsukasa fue nombrado oyabun de sexta generación en julio de ese año, la policía empezó a alertar acerca de la posibilidad de que estallara una guerra entre bandas.

Los propios líderes yakuza niegan que pueda haber una guerra entre las Tres Grandes. «Tenemos relaciones cordiales con los Yamaguchi-gumi», explicaba Mitsunori Agata, vicepresidente de los Sumiyoshi-kai, la banda organizada más grande de Tokio. «Sentimos un gran respeto por ellos; son una organización efectiva.» La ligera cautela que detecté en la respuesta de Agata-san quedó explicada tres meses más tarde, en febrero de 2007, cuando un joven líder Sumiyoshikai fue acribillado por miembros de un grupo de Tokio afiliado a los Yamaguchi-gumi. Durante varios días, los periódicos japoneses no dejaron de especular sobre la posibilidad de que estallara muy pronto la madre de todas las guerras entre los Yamaguchi-gumi y los Sumiyoshi-kai. Entonces se filtró la noticia de que el grupo afiliado a los Yamaguchi-gumi había pagado una suma considerable (estimada en 1,3 millones de dólares) al grupo Sumiyoshi-kai como compensación. Detrás del drama se esconde la realidad económica: Kansai (Japón occidental), base y terreno de caza tradicional de los Yamaguchi-gumi, se está quedando rezagado económicamente respecto a la región oriental de Japón. Esto es lo que existe detrás del movimiento de los Yamaguchi-gumi hacia el este, hacia la capital. Los mercados de contratación siguen teniendo la capacidad de desatar un enfrentamiento todavía mayor entre los dos grandes grupos.

En público, las principales figuras de los yakuza se mantienen sorprendentemente cautas en sus declaraciones para evitar derramamientos de sangre innecesarios. A sus casi setenta años, Agata ha pasado por mucho en el mundo de los yakuza: tuvo que rebelarse contra su severo padre de clase media en plena posguerra, fue condenado por un asesinato que no cometió, fue catapultado al liderazgo de su banda (los Dragones Azules) a raíz de una despiadada matanza en la estación de Shinjuku, luego fue reclutado por un agente de los Sumiyoshi-kai y terminó levantando un negocio de protección en Kabuki-cho, uno de los territorios más duros y disputados de Tokio.

Ahora, en esta sala repleta y acogedora en la que no pueden sentarse más de tres personas, Agata-san insiste en que sus métodos han cambiado. Ahora los yakuza le dan más importancia a la diplomacia, y la violencia es sólo un último recurso indeseable. «El día veinte de cada mes nos reunimos todas las familias y asociaciones de Japón oriental y resolvemos nuestras diferencias dialogando —continúa—. Los Sumiyoshi-kai no buscan conflictos, pero está claro que si alguien intenta invadir nuestro territorio, van a surgir problemas…»

Sin duda alguna, desde la guerra Yamaguchi–Ichiwa de los años ochenta y el fin de la burbuja a principios de los noventa, se ha producido una reducción significativa de la violencia yakuza. La clave de que el negocio de protección de los yakuza sea efectivo no reside tanto en el uso de la violencia sino en la amenaza creíble de violencia. Demasiada violencia es mala para los negocios: atrae la atención de la policía y la condena de la población y de los medios de comunicación, y puede dar pie a represalias. Todos ellos son factores que afectan negativamente a la razón de ser de los yakuza: ganar dinero.

En un extremo de Kabuki-cho, el distrito de Tokio que concentra la mayoría de los negocios de juego y de sexo, se encuentra la mayor concentración de oficinas yakuza del país. Agata, que es uno de los líderes más importantes de Tokio, posee dos oficinas y sigue respetando el simbolismo tradicional de los yakuza: desvela un espléndido dragón tatuado entre el pecho y la espalda, y me muestra orgullosamente el DVD de la ceremonia (teóricamente ilegal) por la que fue elevado a vicepresidente. No obstante, hoy en día algunos líderes yakuza como Agata, más que gánsteres tradicionales parecen altos directivos agobiados por el trabajo. Cuando habla de la crisis de reclutamiento a la que se enfrentan los yakuza, la conversación degenera en un discurso surrealista lleno de jerga de recursos humanos. «Como todas las organizaciones, tenemos muchos problemas para alentar a los jóvenes para que se unan a nosotros», dice Agata, explicando el impacto del envejecimiento de la sociedad nipona en los yakuza. Actualmente en el país se registra el índice de natalidad más bajo del mundo, de modo que los yakuza compiten con todos los negocios legítimos para captar nuevos miembros. «Hoy en día los jóvenes tienen negocios mucho más atractivos y lucrativos que hacer —afirma— de modo que como organización estamos envejeciendo. Demasiados jefes y demasiados pocos subordinados, la verdad. La forma más efectiva que tenemos de reaccionar contra esta situación es enfatizar que somos una familia, y quizá esto resulta muy atractivo para un chico que no pasa mucho tiempo con la suya. Esto es algo que le falta a esta sociedad».

Pero para Agata (como para casi toda la clase dirigente yakuza) últimamente el problema principal viene siendo la policía; y no mediante una campaña de desmembramiento de las familias, sino a causa del pachinko, el pasatiempo nacional del Japón.

Justo al lado de la oficina de Agata se encuentra un edificio de cinco plantas dedicado al pachinko. Visitándolo, uno puede deleitarse en la profunda otredad de este país. En cada planta, fila tras fila de máquinas de pachinko azules, rojas, amarillas o verdes tintinean sin parar delante de una horda de gente aparentemente inerte, de todos los géneros, clases y edades, que no paran de insertar mecánicamente bolitas en sus máquinas tragaperras. Estos artilugios engullen la mayoría de las bolas (2,5 yenes cada una), pero algunas caen en unos agujeros especiales, que activan tres ruedas giratorias centrales, y si cuando éstas se detienen los símbolos coinciden, la máquina paga con cierta cantidad de bolas. Se puede ver a los jugadores más afortunados rodeados de cestos repletos de bolitas, que representan sus ganancias; a veces éstas ascienden a miles de dólares. Vestidos con uniformes que parecen de juguetería, un equipo de chicos y chicas se pasea por el salón sonriendo y proporcionando más bolas a los adictos para que no se detengan las máquinas ni la adicción.

Las dimensiones de esta industria y el fanatismo de sus devotos resultan difíciles de comprender. Las máquinas de pachinko colonizan edificios enteros como si fueran esporas mecánicas, y los jugadores permanecen horas y horas pegados a esas máquinas inagotables. Cuando ha acumulado su pequeño tesoro de bolitas, al jugador se le permite intercambiarlas por regalos insignificantes, muñecas, cigarrillos y cosas así. Más tarde puede canjear los regalos por dinero en un quiosco distinto, que debe estar apartado del salón principal de pachinko. Este extravagante ritual, conocido como santen hoshiki, surgió para sortear la ley japonesa sobre el juego, que es estrictamente ilegal. Sin embargo, aunque el pachinko es un juego, es estrictamente legal. Y tiene unos beneficios anuales estimados en unos 300 000 millones de dólares, el doble de las ganancias de la industria automovilística nipona, y ¡el equivalente al mercado total de los narcóticos!

Hasta la ley de 1991, no sólo los yakuza se enriquecían con el pachinko. Tradicionalmente, los empresarios coreanos y sus sindicatos controlaban buena parte del negocio, mientras que las bandas chinas también sacaban tajada de los quioscos de santen hoshiki. Había tanto dinero que los tres grupos podían enriquecerse sin molestarse entre sí. Pero después de la ley de 1991, la propia policía empezó a meterse en el sistema de santen hoshiki (a menudo policías retirados, respaldados por sus colegas de servicio). De modo que, por un decreto burocrático, la policía se ha hecho con el negocio legal más importante de los yakuza en su propio beneficio. Es una forma poco ortodoxa de combatir el crimen, pero funciona. Los líderes yakuza como Agata- san apenas pueden contener su indignación: «Están intentando controlar un negocio que genera una cantidad enorme de dinero, y de repente nos quedamos sin buena parte de nuestros ingresos. Todos esos policías retirados han venido a robarnos, ¡y ahora todo ese dinero del mercado negro va a engrosar sus fondos de pensiones!».

En Kabuki-cho, tortugas mordedoras y peces globo (con sus órganos fatalmente tóxicos) compiten por la atención de los clientes con prostitutas llorosas y chicos de compañía. El distrito de ocio más famoso de Tokio se fundamenta en cuatro actividades: comer, beber, sexo y pachinko. Y de vez en cuando hay uno o dos asesinatos.

En mi paseo por el distrito, la marcha de los negocios parece normal. Recabar clientes nunca ha sido tan fácil o más automatizado como ahora para las prostitutas y los proxenetas de Kabuki-cho. El cliente sólo tiene que entrar en una salita. En el centro hay una mesa y un teléfono; las paredes están forradas de carteles iluminados que anuncian los establecimientos, con una gran variedad de orígenes étnicos. Después de hacer su elección, el cliente llama al número especial y no tarda en llegar un cortés empleado, que lo guía hasta la fantasía que ha elegido. A los japoneses les gustan las mujeres blancas, lo que quizá explica por qué el 70 % de los visados japoneses emitidos a mujeres rusas en los últimos diez años han sido visados «de ocio», y por qué Japón recibe más tráfico de mujeres colombianas que ningún otro país. A los extranjeros raramente se les ofrecen mujeres japonesas, ya que, según la creencia popular, «los occidentales tienen miembros viriles de caballo y están cargados de enfermedades». Pero hay numerosas mujeres chinas, birmanas y de otros países asiáticos que se ofrecen para saciar la curiosidad del hombre occidental.

Los mejores restaurantes de Kabuki-cho están ocultos en calles secundarias imposiblemente estrechas, y para acceder a ellos hay que salvar destartaladas escaleras de madera y puertas bajas. Los gánsteres ocupan al menos una mesa en la pequeña sala característica de cada local. Todo el mundo entiende las normas: nada de mirar y nada de hablar en alto.

El Parisienne, algo chabacano pero atractivo al fin y al cabo, fue durante un tiempo un restaurante muy frecuentado por mafiosos de a pie de todas partes: Corea, Taiwán, China, el nordeste, Shanghái y Japón. En la noche del viernes 27 de septiembre de 2002, dos matones Sumiyoshi-kai entraron pavoneándose en el bar. Se acercaron a un grupo de mafiosos chinos y les exigieron dinero. Había subido el alquiler de la zona. La conversación se fue acalorando, hasta que, de repente, uno de los chinos sacó un arma y disparó.

El primer yakuza cayó muerto allí mismo; el segundo fue herido de gravedad y perdió el conocimiento justo después de que el chino desapareciera. Dos años y medio antes, el gobernador de Tokio (un agitador de derechas llamado Shintaro Ishihara) había lanzado un escalofriante mensaje a los ciudadanos de la capital: «Los crímenes de Tokio son cada vez más violentos —bramaba—. Si queréis saber quién los está cometiendo, son los sangokujin [derivado del término peyorativo que se utilizaba durante la guerra para referirse a los coreanos y a los chinos] . En otras palabras, los extranjeros … que han entrado ilegalmente y se quedan en Japón son los criminales, ¿no es así?».

Las estadísticas refutaban claramente las histéricas exclamaciones de Ishihara. Pero los sondeos de opinión sugerían que muchos ciudadanos de Tokio estaban de acuerdo. Y eso era lo que él buscaba: quería aprovechar un temor contenido que ha empezado a aparecer en la sociedad nipona. Japón ha logrado recuperarse de la burbuja y de la devastación que ésta supuso. Pero por primera vez desde Hiroshima y Nagasaki, a muchos japoneses les preocupa el poder externo; y esta vez no se trata de Estados Unidos, sino de China. Al visitar Tokio, casi se puede palpar el boom de crecimiento económico que proviene del otro lado del mar que baña su costa occidental, y que se va acercando como los pasos de un nuevo Godzilla. ¿Es benigno o maligno este nuevo gigante adolescente? Hasta que se responda la pregunta, China sigue atrayendo y aterrorizando a partes iguales. Tanto Japón como Taiwán se benefician sustancialmente de encontrarse tan cerca de la nueva superpotencia económica del siglo XXI. Pero las implicaciones políticas del cambio siguen siendo opacas. En una sesión cerrada del Foro Económico Mundial de Davos de 2007, un alto directivo coreano articuló los temores de todos los vecinos de China: «Estoy gratamente impresionado por Hu Jintao y los actuales dirigentes chinos —declaró—, son socios buenos y honestos y me gusta hacer negocios con ellos. ¿Pero qué ocurre si China cambia sus dirigentes por otros distintos, más nacionalistas? Entonces todos tendremos miedo». Muy receptivos a los movimientos de la economía, los yakuza tienen antenas muy sensibles que a veces captan los cambios en el entorno antes que los demás.

A diferencia de la mayoría de organizaciones criminales nacionales, los yakuza no suelen viajar. Cuando se aventuran a salir de su país no es para hacer negocios, sino para divertirse. En los años sesenta la prohibición del juego en Japón los llevó a visitar Corea, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Hong Kong y Macao en busca de casinos y sexo barato. Coincidieron en el sureste asiático con un gran flujo de estadounidenses implicados en la guerra de Vietnam. Cuando los miembros de este grupo dejaban los campos de batalla vietnamitas, se iban a buscar burdeles. La economía criminal regional que fomentaron los norteamericanos y los japoneses se ha expandido enormemente desde entonces, y ha alcanzado a consumidores (casi exclusivamente hombres) del subcontinente, Europa, Oriente Medio y áreas de África. Pero los yakuza no buscaban controlar este negocio. Invirtieron mucho en las rutas turísticas legítimas (comprando hoteles, restaurantes y demás instalaciones) pero dejaron la protección y el uso de violencia en manos de chinos, tailandeses o filipinos.

Esto no significa que no se enorgullezcan de haber utilizado las oportunidades empresariales brindadas por EE. UU. para blanquear las grandes cantidades de dinero acumuladas por la burbuja y las actividades criminales más tradicionales como el juego, la prostitución o el tráfico de metanfetaminas de tipo speed (que eran la droga más popular en Asia oriental ya antes de llegar a EE. UU.). Invirtieron en instalaciones de entretenimiento por todo Estados Unidos, especialmente en Hawái y Las Vegas.

Aunque nadie lo admitiría públicamente, muchos japoneses se sienten orgullosos de que los yakuza se estén comiendo lícitamente la economía de la ribera norteamericana del Pacífico. Aunque proclamen su dependencia mutua en cuestiones económicas y de seguridad, hay una sospecha cultural recíproca y no expresa que enturbia las relaciones entre EE. UU. y Japón. El Congreso estadounidense lo ha expresado firmemente en un informe sobre las actuaciones de la delincuencia organizada asiática en Estados Unidos, después de que el FBI haya manifestado su dificultad para combatir a los yakuza, dado que la policía japonesa estaba dando largas: «Las débiles acciones de las autoridades japonesas contra las bandas Boryokudan ha tenido un impacto desfavorable en Estados Unidos», según afirma el informe. «El brazo ejecutivo debería negociar pactos formales e informales con Japón con el objetivo de mejorar la cooperación para el cumplimiento de la ley y la comunicación entre los servicios de inteligencia. Además, el Departamento de Estado debería enmendar las regulaciones de visados, de modo que la pertenencia a los Boryokudan sea un motivo válido por si sólo para denegar un visado.»

Hasta la fecha, los yakuza disfrutan blanqueando su dinero en los Estados Unidos. Pero sus negocios siguen centrados en su país. En contraste con la mafia siciliana, que en los últimos quince años ha sufrido fuertes golpes en la arena nacional, en Japón los yakuza siguen gozando de una situación poderosa y lucrativa, así que hay pocos incentivos para expandirse en el exterior.

Pero a medida que entran más y más chinos en Japón como mano de obra (ya sea legal o ilegal), las tríadas y otras organizaciones criminales chinas también amplían su influencia en el país. En 2003, un oficial de alto rango de la Agencia Nacional de Policía de Tokio le comunicó a un investigador que estaban proliferando los choques entre los yakuza y las bandas chinas. Explicó que era consecuencia «de un conflicto por el territorio y del precio reducido que cobran los asesinos chinos por el trabajo. Un gánster chino hace tres trabajos por el precio que cobra un yakuza por uno solo». A los yakuza les preocupa igual que a los demás la influencia y la fuerza de la delincuencia organizada china en Japón.

El conocido asesinato en el Parisienne no tardó en provocar represalias por parte de los yakuza. «Después del asesinato de los dos japoneses, incendiaron los clubes chinos», recuerda Agata- san, cuyo territorio como jefe veterano Sumiyoshi-kai incluye parte de Kabuki-cho. «Se los cubrió de materia fecal, y creo que se encontraron algunos chinos muertos en las vías del tren. Es lo último que oímos de ellos … Todavía no han arrestado a nadie y no sabemos quiénes eran esos chinos. Sin embargo, los yakuza enviaron un mensaje muy claro: si juegas con la mafia, esto es lo que te pasa. Creo que se comunicó bien el mensaje.»

De lo que se habla menos es de la relación simbiótica entre los yakuza y las mafias chinas en ciudades como Tokio, Yokohama y Osaka. Cada vez más, los yakuza subcontratan a bandas chinas para imponer puniciones violentas. «En China esto no les importa», explica un ejecutivo taiwanés que viaja discretamente entre China, Taiwán y Japón. «Si los cogen, se enfrentan a pasar una temporada muy corta en la cárcel y luego son deportados. Entonces los cabeza de serpiente los vuelven a traer aquí, y los yakuza vuelven a contratarlos.» La implicación de este sistema es extraordinaria: los yakuza están combatiendo las dificultades de reclutamiento, provocadas por una sociedad envejecida y por el prestigio en declive de su organización, subcontratando a grupos chinos para llevar a cabo la parte menos atractiva y más arriesgada de su negocio.

Cuando le pregunto al viejo yakuza Toppamono si cree que la delincuencia organizada china se ha convertido en una amenaza permanente para los yakuza, sonríe. «Digámoslo de esta forma —responde—: si yo fuera un agente de Bolsa, ahora mismo les estaría diciendo a mis clientes que vendiesen sus acciones yakuza y empezaran a invertir en las tríadas.»

14

EL FUTURO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Otro sorbo de delicado té verde. Otra pausa. Acto seguido, otra confidencia entre susurros. Detrás de Chen Kai había una sombra. Una sombra oscura. Se trataba de una fuerza invisible, una fuerza oscura aquí, en Fuzhou. Y no actuaba detrás de Chen Kai únicamente. Sólo ves la sombra cuando golpea. Cuando ya es demasiado tarde.

Hablar con metáforas es consustancial a la experiencia de China. La sombra invisible evocada por un cauteloso hombre de negocios de Fuzhou destila esa sensación de desasosiego común a todos los Estados policiales. Con todo, a diferencia de la mayoría de éstos, China ha dado vía libre a un consumismo desenfrenado y ostentoso que enmascara la presencia de la sombra. En su condición de «hombre más rico de Fuzhou», Chen Kai tenía sofisticados instrumentos para sondear los cambios de humor de la veleidosa sombra y, por tanto, menos motivos para temerla que la mayoría.

Cuando lo arrestaron el 16 de mayo de 2003, Chen estaba en la cumbre. Guapo, alto y con cuarenta y pocos años, lucía un reloj incrustado de diamantes. Podía contemplar la capital de la provincia de Fujian desde la cima de su complejo recreativo, el Music Plaza, o desde un ático en su urbanización de apartamentos de lujo, Triumphant Garden, sobre el suelo más caro de la ciudad. O, cómo no, desde cualquiera de sus otros hoteles, restaurantes y urbanizaciones.

Pocos meses antes, cuando Song Zuying actuó en el Plaza, Chen la recibió en persona. Song, la estrella china de la canción con más glamur y una nominación a los Grammy, había recorrido el mismo camino hasta la entrada de artistas que muchas celebridades nacionales. La generosidad de Chen era formidable: no tenía reparos en desembolsar 200 000 yuanes (26 000 dólares) por una actuación de media hora. Y si había un lugar que uno no podía dejar de ver, era el Music Plaza.

Al igual que en muchas partes de China, el dinero y el famoseo atraían los inconfundibles coches con lunas teñidas. En sus matrículas, una K o una O, acreditativas de altos cargos del partido o de los servicios de seguridad, respectivamente. El jefe de policía y demás peces gordos se reunían con frecuencia alrededor de una mesa de juego por la que corrían el licor mao-tai de guarda y el coñac Hennessy XO, escanciados por algunas de las doscientas señoritas a su servicio.

Nadie del pueblo de Chen, en el cercano distrito de Minhou, podría haber imaginado que su carrera se desarrollaría de forma tan espectacular. Nacido justo después del Gran Salto Adelante, el programa criminal de reforma agraria impulsado por Mao Zedong, Chen se crió durante la Revolución Cultural, la pesadilla que sembró China de terror, intimidación, hambruna y matanzas. De 1959 a 1976, cientos de millones de chinos compartieron un solo objetivo: sobrevivir. Decenas de millones no lo lograron o quedaron tan rotos por la violencia infligida por el Estado que sus vidas quedaron desprovistas de sentido. Ello ocurrió de un modo particular en la pobre comunidad de Chen, en Fujian, en la costa este de China. Mao Zedong sostenía con relación a esta atrasada provincia que albergaba todo tipo de traidores de clase y contrarrevolucionarios. De ahí que, durante tres décadas, descuidara la región en castigo por sus sospechados crímenes de pensamiento y recalcitrantes costumbres burguesas. Quién sabe si en desagravio por la conducta vengativa de Mao, a principios de los ochenta, Deng Xiaoping, el gran reformador de China, eligió la ciudad de Xiamen, al sur de Fujian, como una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Se animaba a los emprendedores locales a que dinamizaran la economía, que había permanecido congelada durante la era glaciar maoísta. Entusiasmados por el éxito del experimento en Xiamen, los dirigentes locales de Fuzhou no tardaron en desprecintar la capital provincial. Deng no dispensó ese honor a Fujian por casualidad: el 80 % de la población taiwanesa tenía raíces en Fujian. Al abrir esta provincia, Deng esperaba atraer enormes inversiones de Taiwán en China continental. Y no se equivocaba.

El padre de Chen, que era campesino, no desperdició esas nuevas oportunidades. «Creó su propio negocio, transportando mercancías a Fuzhou desde los campos de los alrededores con una carreta tirada a mano», cuenta el señor Jian mientras se toma un descanso en su pequeña tienda de baldosas, Wild Goose Ceramics. Para los estándares de la época, observa el señor Jiang con una sonrisa, esto lo convirtió en un empresario consumado, el equivalente de un MBA en Harvard. Bebemos, el té a pequeños sorbos y contemplamos la gigantesca mansión azul, hoy vacía, que Chen había construido para sus padres. Aunque Chen aún vive —probablemente— su fantasma ya deambula por toda Fuzhou.

Chen se graduó en el arduo negocio paterno de transporte de verduras y otras mercancías, y luego vendió alfombras puerta a puerta. Cuando reunió suficiente capital, alquiló un local para vender aparatos electrónicos. Era algo revolucionario. En los primeros ochenta, el Estado seguía dictando a la mayoría de chinos qué profesión ejercer y dónde. La libertad de elección era un raro privilegio. En general, la vida era aburrida hasta un punto indescriptible. «Entonces no había nada: nada que comprar, nada que hacer —recuerda el fotógrafo y empresario Wan Sui—. Apenas unas pocas tiendas vendían los productos más básicos, así que Chen llamaba la atención.»

Tradicionalmente, en Fuzhou había más variedad de artículos que en ningún otro sitio en China. En los años ochenta, era el único lugar donde podías comprar unos pantalones vaqueros, por ejemplo, y la gente venía a esta provincia desde todos los rincones del país para hacerse con un par. La razón de la relativa variedad de Fuzhou era una de las muchas razones del desprecio de Mao por sus gentes: a unos ciento ochenta kilómetros del puerto de Fuzhou se halla Taiwán, la espina nacionalista clavada en las carnes de la China comunista. Cuando los contrabandistas taiwaneses conseguían cruzar el estrecho, desembarcaban en Fujian. Aparte de la proximidad, a Fujian y Taiwán las une el idioma: se habla el mismo dialecto; si procedes de Shanghái o Pekín, te costará entender siquiera una palabra de una conversación entre fujianeses.

Al cabo de unos días de que Deng anunciara sus cautelosas reformas económicas, hace hoy treinta años, docenas de pesqueros de Taiwán y Fujian se congregaron en el mar, a medio camino entre ambos territorios, para intercambiar dinero por grabadoras de casetes, que entonces vendían hombres como Chen. La experiencia de éste en artículos electrónicos le procuró su primera gran oportunidad: la concesión en exclusiva para vender televisores en color de Hitachi en Fuzhou. Como eran los primeros televisores en color que pisaban China, esta concesión le abrió las puertas de la prosperidad. Poco después, Chen invirtió en locales más grandes, antes de convertirse en pionero de la industria del entretenimiento en Fuzhou.

A principios de los años noventa, el joven y tímido Xu Li quedó prendado de una de las novias de Chen. Pese a su carisma, Chen no era ningún donjuán, y consintió en que Li saliera con la chica. El joven se apresuró en presentar a Chen a su padre, Xu Congrong. Este último se encariñó con Chen y tardó poco en proclamarse su padrino. Fue toda una bendición para Chen, ya que Xu Congrong era el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Fuzhou. El matrimonio entre la audacia empresarial de Chen y el poder de Xu —en su condición de funcionario policial de mayor rango en la provincia— fue feliz y fecundo. Engendró una nueva raza: la Trama Político-Criminal (TPC), una relación profundamente corrupta entre los magnates locales y los dirigentes del partido. De hecho, el Gobierno chino ha asistido perplejo a la proliferación de esta traviesa progenie por todo el país. Pekín se siente amenazada por la TPC, «sobre todo porque está erosionando la autoridad de Partido Comunista Chino (PCC)», explica Ko-lin Chin, máxima autoridad estadounidense en el estudio de la delincuencia organizada en China. En otras palabras, para el Gobierno chino, la TPC es ante todo un problema político y sólo después un problema de delincuencia.

Pero es también una cuestión de economía: las TPC generan mucha riqueza. Y el primer maná en caer del cielo lo hizo sobre Fuzhou. Bajo la protección de Xu, Chen Kai empezó a importar máquinas tragaperras para sus clubes. El juego está terminantemente prohibido en China (con la sorprendente excepción de la antigua colonia portuguesa de Macao). Sin embargo, salvo con Mao, eso nunca ha disuadido a la mayoría de los chinos de entregarse a esa actividad con industrioso afán. Según los jugadores de Fuzhou iban cebando las tragaperras de Chen, las monedas caían en los bolsillos de éste. En noviembre de 1997, Gu Wei, un reportero del rotativo Fuzhou Evening, publicó el único artículo jamás escrito sobre este negocio. Y el primero de una serie. Sin embargo, después de que un pistolero disparara contra el portal del señor Gu, la prudencia ganó el pulso al valor, y el reportero aparcó su interés por el tema. Entretanto, Chen siguió amasando dinero e invirtiéndolo con astucia en la materia prima más importante para cualquier empresario chino: influencia en el Partido Comunista Chino (PCC).

Este contubernio no es exclusivo de Fuzhou. «Los únicos a quienes debes temer en este país son el partido y la policía. A nadie más. Así que “tienes que tenerlos de tu parte”, señala Paul French, un empresario británico afincado en Shanghái. «Aquí no te haces rico si estás limpio al cien por cien —prosigue—. Yo no estoy limpio al cien por cien ni nadie lo está. Si me hubiera ceñido a las reglas, no habría conseguido nada.»

El Gobierno o, para ser exactos, el partido, mantiene este severo control sobre sus ciudadanos porque está asustado. Al igual que sus predecesores imperialistas en el poder, el Partido Comunista Chino alberga un miedo visceral al caos que podría desatarse si se debilitase su autoridad. El colapso anárquico de la Unión Soviética sumió en la angustia a los burócratas chinos: les quita el sueño la posibilidad de que suceda lo mismo en el País del Centro. Han identificado varios focos de caos potenciales: las TPC; el descontento de los campesinos; la fragmentación a lo largo de las fronteras regionales y provinciales; los movimientos sociales y religiosos, como el culto Falun Gong; la excesiva influencia extranjera en la economía; la democratización, o un revés económico significativo. Si bien todas estas amenazas a la autoridad del partido son reales, algunas son más remotas que otras. La habilidad del partido para calibrar y afrontar las crisis está en el meollo del debate entre la élite china y los sinólogos de todo el mundo sobre adónde se dirige China y cuál será su impacto planetario. A menudo, el partido descubre que tapando una fuente de desestabilización no logra sino desviar la corriente de caos latente a otra fuente, que resulta reforzada.

La futurología sobre China es, por tanto, una ciencia incierta. Con todo, acaso la mayor preocupación del Partido Comunista sea el descontento en las empobrecidas zonas rurales, cuya evolución sigue muy de cerca.

Si el PCC no logra generar suficiente empleo cada año para los campesinos que migran a raudales a las ciudades costeras, o si la asombrosa brecha de riqueza entre el campo y la ciudad se sigue ampliando, los campesinos, desengañados, pueden hacer que el poder regional del partido se tambalee desde sus cimientos. En los últimos cinco años, el número de motines de campesinos se ha disparado hasta alcanzar unos 80 000 al año, y es un fenómeno en alza. Los estallidos de descontento pueden revestir gravedad e incluir el derribo de delegaciones del Gobierno y el linchamiento de funcionarios. En la primavera de 2007, James Reynolds, de la BBC, visitó Zhushan, en la China interior más profunda, cuando corrió la noticia de un motín. Unos 20 000 sublevados habían tomado las calles después de que la compañía de autobuses local, gestionada privadamente, abusase de su monopolio doblando las tarifas. Volcaron y prendieron fuego a los autobuses antes de que las autoridades movilizasen al ejército y la policía antidisturbios. A su llegada, Reynolds describió un pueblo bajo la ley marcial. Unas semanas antes, el Gobierno de Pekín había suavizado las restricciones a los periodistas extranjeros, permitiéndoles viajar por todo el país sin previa autorización. Sin embargo, a las pocas horas de su llegada a Zhushan, Reynols fue detenido, interrogado y expulsado de la ciudad.

A corto plazo, China usa la fuerza militar para sofocar esta clase de insurrecciones, cada vez más frecuentes, pero a la larga aspira a contrarrestar el malestar campesino creando decenas de millones de empleos cada año. Para apaciguar a las legiones de trabajadores rurales empobrecidos, todo está permitido. «Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones», sentenció Deng Xiaoping para justificar la necesidad de introducir reformas económicas en los años ochenta. Tanto da cómo oriente China su economía, mientras genere riqueza. Deng se percató de que, para que los chinos hicieran dinero, era necesario deshacerse de la planificación centralizada de la economía. Por eso, desde hace veinticinco años (y sobre todo desde los primeros noventa), el Gobierno ha otorgado a las provincias una autonomía considerable en política económica. La determinación de éstas por exprimir esta oportunidad pone en entredicho el arraigado mito de que China es un enorme monolito que se dirige inexorablemente hacia la dominación mundial. De hecho, el cambio económico está fragmentando el país, poniendo de relieve su tremenda diversidad cultural, reinventando rivalidades y alianzas, y acentuando la tensión entre «el centro» (Pekín) y «la periferia» (todo lo demás).

Afianzada su independencia de Pekín, las empresas y los Gobiernos provinciales dedican mucho esfuerzo a combatir la injerencia de la capital. Se sienten mucho más cómodos que Pekín con la Trama Político-criminal, bien como sistema de Gobierno, bien como estrategia económica: las élites locales pueden emplumar sus nidos y entregar la cuota exigida por «el centro» año tras año. «Gato blanco o gato negro —reza la paráfrasis de moda—, lo importante es zafarse del gato.» Las provincias pueden ser tan corruptas como quieran a la hora de amasar dinero, siempre y cuando no las sorprendan con las manos en la masa.

Una vez Deng Xiaoping hubo dado su bendición al experimento económico, una versión salvaje del capitalismo arrasó en un suspiro con décadas de planificación socialista estancada en las ZEE, sobre todo en el sur del país. Los empresarios podían fabricar y vender lo que fuera que tuviera un mercado. Les bastaba con encontrar su baohusang o «paraguas protector», cuyas varillas eran cargos locales del partido capaces de reducir los riesgos mediante la firma de licencias o reprimiendo la curiosidad de los organismos reguladores. El coste del paraguas era elevado, pero podía pagarse con varias divisas. «Cuando tropezábamos con un pez gordo del partido —contaba un empresario en Fuzhou—, quizá había que comprarle un apartamento, regalarle un coche, o conseguirle una beca a su hijo o su hija en la Sorbona, Heidelberg o incluso Oxford.»

Sin previo aviso ni motivo aparente, la carrera de un funcionario del Partido Comunista puede tocar misteriosamente a su fin. Una vez expulsado, debe subsistir de una mísera pensión que no puede seguir el tren de la inflación. En su penetrante novela A Case of Two Cities, Qiu Xiaolong narra la apasionante historia de una TPC ficticia con un pie en Fuzhou y otro en Shanghái.

A raíz de una difícil entrevista con un poderoso funcionario del partido, el héroe de Qiu, el inspector jefe Chen (¡sin relación con Chen Kai!) reflexiona sobre las presiones de la burocracia y el dinero en China:

Chen comprendió por qué un gran número de cuadros del partido fueron incapaces de resistirse a la tentación materialista. Tal y como Dong había dado a entender, el sistema estaba lejos de ser justo. En su condición de entregado inspector jefe, Chen ganaba el mismo salario, fijado por el Gobierno, que un conserje. Una vez vio un escritorio de caoba estilo Ming en una tienda de muebles. Ahorró durante cinco o seis meses, pero cuando volvió a por él, resultó que lo habían vendido hacía tiempo.

Es la misma lógica inexorable de burócratas y policías: igualar mientras puedan a los que ganan dinero, sean empresarios, delincuentes o ambos. E incluso si no son propensos a corromperse, la presión de sus compañeros les hará cambiar de parecer: un solo ratón no puede sobrevivir en una casa de gatos. Los funcionarios chinos invierten miles de millones de dólares cada año en todo el planeta en fondos de garantía de depósitos por temor a jubilaciones forzosas o, peor todavía, purgas políticas.

La última moda entre los empresarios y cargos del partido es conseguir que sus hijos nazcan en el extranjero, a poder ser en Estados Unidos, para que puedan optar a la ciudadanía estadounidense. Dado que la relación entre la burocracia y el empresariado se ha corrompido y no debe dar cuentas ante un sistema judicial independiente, la Trama Político-Criminal crea un entorno en que flores y malas hierbas brotan por igual. Las especies más venenosas llaman de inmediato la atención del jardinero jefe: las bandas de delincuentes prestas a la violencia o a causar disturbios motivan la rápida intervención policial. En marcado contraste con la Rusia de los años noventa, el Estado chino se ha resistido con uñas y dientes a ceder su monopolio de la violencia a las organizaciones privadas.

Hasta 2003, la TPC de Fuzhou prosperaba sin trabas: los amigos de Chen Kai en las altas esferas incluían al alcalde y subsecretario del partido en Fuzhou, así como a los miembros más destacados del Comité Consultivo del partido. Incluso cuando el principal valedor de Chen, Xu Congrong, se jubiló, alcanzó a nombrar jefe de policía a su sucesor. Su objetivo era apuntalar la hegemonía económica de Chen. En el curso de diez años, Chen desembolsó decenas de millones de dólares en sobornos y amplió su influencia a todos los niveles de la Administración.

Fuzhou no es una capital provincial cualquiera, sino el centro de una de las mayores actividades ilegales a escala planetaria: el tráfico de mano de obra emigrante china. Asfixiados por una población en rápido crecimiento y el elevado desempleo rural, más de medio millón de fujianeses fueron sacados clandestinamente del país entre 1985 y 1995. En torno a una quinta parte desembarcaron en la costa este de Estados Unidos y se dirigieron a Nueva York. Entre ellos se cuentan la mayoría de las 286 almas que nadaron hasta tierra firme desde el Golden Venture, que encalló en 1993 cuando su cargamento humano se amotinó después de meses de trato infame. En São Paulo, Belgrado, Berlín, Dubái, Sudáfrica… los fujianeses se instalaron y acabaron controlando las comunidades chinas. El peculiar dialecto provincial no deja de ganar terreno al cantonés como lengua franca en muchos de los barrios chinos del mundo. La Octava Avenida de Brooklyn empezó como una colonia cantonesa, pero entre 2000 y 2006 los inmigrantes fujianeses han llegado a constituir casi el 50 % de la población.

Son los «cabeza de serpiente», los traficantes de seres humanos, quienes lo están haciendo posible. Esos hombres y mujeres embuchan gente sin cesar en los barcos, aviones y trenes para alimentar la mayor red de mano de obra inmigrante de nuestros días. A cambio, los inmigrantes hacen envíos masivos de dinero a Fujian. Además, contribuyen a reducir las tasas provinciales de desempleo. Sin lugar a dudas, los cabeza de serpiente gozan del respaldo tácito de las autoridades, gracias a las reglas de las TPC y a que, más arriba en la cadena trófica de la política, a Pekín no le interesa perturbar el desarrollo de este negocio. Las autoridades locales promueven con descaro la emigración, y algunas se hacen llamar «Nuevas Áreas Chinas en el Extranjero». Incluso organizan clases para instruir a los aspirantes a emigrantes en el «conocimiento general de los países extranjeros (aspectos legales, costumbres, requisitos locales) y formación en costura, cocina y comercio», según observa Frank Pieke, un destacado especialista de Oxford en migración china.

El Gobierno en Pekín cierra el círculo virtuoso de ganancias fijando toda clase de incentivos fiscales y financieros a los chinos residentes en ultramar que invierten en la China continental. No se hacen preguntas embarazosas sobre el origen del dinero, lo que en cierto modo explica por qué las dos fuentes más importantes del capital que se invierte en China son Hong Kong y ¡las islas Vírgenes británicas!

Fuqing, a ochenta kilómetros al sudeste de Fuzhou, es otra ciudad que ha prosperado inadvertida por el resto de China, no digamos por el resto del mundo. Fuqing exporta dos importantes productos: limpiaparabrisas (satisface el 90 % de la demanda china) y mano de obra emigrante. En el centro de la ciudad, estrafalarios rascacielos se pavonean ante los sombríos bloques de viviendas del período comunista. La estrella es el Surefar Enjoy Hotel, adornado por centenares de ventanas de cobre reflectante: el chic arribista del poscomunismo nunca dejará de sorprenderme. Cuanto más próspera es la ciudad, más extravagante es la arquitectura, y en Fuqing hay mucho dinero. Los cabeza de serpiente, cintas transportadoras de los hombres y mujeres hacia su sueño americano, lo generan a espuertas.

Pero son los asentamientos rurales en la periferia de grandes ciudades como Fuqing los que ofrecen el testimonio más asombroso del espíritu intrépido de los fujianeses. En lugar de arroz y té, los campesinos fujianeses han plantado casas. Nada de chabolas ni casitas cursis, sino monstruos neoclásicos de cinco a seis plantas, financiados por sus ganancias en ultramar.

Hay cientos y cientos desperdigados por todo el territorio. La mayoría aloja a una sola familia que ocupa una sola planta. Muchos están vacíos. Son la manifestación más ostentosa y omnipresente de «prestigio» en Fujian. No importa cuáles sean tus aflicciones: afirmar tu «prestigio» pasa por exhibir tus logros de la forma más grandilocuente posible. En China, si eres extranjero es casi imposible cenar en un restaurante con un nativo y que te permita pagar la cuenta, pues supone una pérdida de «prestigio» intolerable. Por ello, a fin de demostrar su «prestigio» al resto del mundo con el mayor boato, los emigrantes de Fujian cultivan… casas.

Los cabeza de serpiente esparcen las semillas de esta extraña fruta. Son ellos quienes permiten a los desempleados escapar de la pobreza rural y tener una oportunidad de prosperar dondequiera que sea. Pueblos y comunidades enteros hacen fondo común para pagar el viaje. Enviar a un emigrante al extranjero cuesta entre 20 000 y 70 000 dólares —según el destino—. Una vez allí, el trabajador designado debe trabajar sin descanso en beneficio de aquellos que han sacrificado sus ahorros para pagar a los cabeza de serpiente.

En Occidente, el apelativo «cabeza de serpiente» tiene una connotación peyorativa: los cabeza de serpiente son retratados como mafiosos pérfidos y manipuladores que explotan la desesperación de los más humildes enviándolos a un taller aterrador en algún rincón del mundo dejado de la mano de Dios. En realidad, los casos que sustentan esta estampa —el Golden Venture encallado en Nueva York, el camión holandés en Dover con su carga de cadáveres, y la tragedia de los mariscadores de la bahía de Morecambe— son la excepción que confirma la regla. Los cabeza de serpiente no son tríadas, las bandas de Hong Kong especializadas en la extorsión y el contrabando de mercancías ilegales. Ni están vinculados con las organizaciones mafiosas que dominan la política en Taiwán, como la United Bamboo Gang.

De hecho, más bien son agentes de viaje cuyos servicios incluyen la entrada ilegal a otros países. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia propuso ofrecer una amnistía a los inmigrantes chinos ilegales que testificaran contra los cabeza de serpiente. «Cuando los del DdJ me presentaron la idea —cuenta el profesor Ko-lin Chin en Nueva Jersey— les respondí: “¡Habéis perdido el juicio!”. Los cabeza de serpiente son vistos como héroes por los inmigrantes ilegales, no como villanos. Se sienten en deuda con ellos.»

Nunca sabremos qué pensaba Lin Guo Hua del cabeza de serpiente que lo embarcó en un avión a Belgrado. Ningún barrio chino del mundo creció tanto como el de la capital serbia a finales de los noventa, a pesar del estatus de paria internacional de Serbia en aquella época. Slobodan Milosevic había cultivado su relación con los dirigentes chinos tras la imposición de sanciones económicas a la antigua Yugoslavia en 1993. Ello supuso la exención de visado a los ciudadanos chinos. Ahora los cabeza de serpiente podían cargar de emigrantes un avión tras otro y desembarcarlos muy cerca del corazón de Europa. Adiós a los peligrosos viajes en barco. Adiós a los caros regateos con los policías rusos y ucranianos. Se acabaron los pisos francos en Bucarest y el tener que esquivar a la policía de Budapest. ¡Zas! Sólo un vuelo de 400 kilómetros al interior de la Unión Europea te separaba de una calurosa bienvenida. La infraestructura estuvo operativa en cuestión de semanas: en los despachos de Belgrado se colgaron letreros bilingües para ayudar a los chinos que pretendían entrar por su cuenta en la Unión Europea. Un barrio chino floreció entre los nuevos edificios de apartamentos al final de la calle de Yuri Gagarin en la nueva Belgrado. Mientras vagaba por esta cacofónica algarabía de pequeños comercios, tuve claro que —a diferencia de la mayoría de barrios chinos— los comerciantes no tenían ningún interés en penetrar en el mercado serbio local (azotado por la hiperinflación, los gánsteres y la pobreza): sólo suministraban a los chinos itinerantes las últimas provisiones para su viaje. Éste fue el primer suelo europeo que pisaron muchos de los cincuenta y ocho hombres que perecieron asfixiados en un camión holandés en verano de 2000. Antes de encontrar la muerte en Dover, fueron conducidos a través de Eslovenia hasta Austria y desde allí a Rotterdam.

Milosevic, por supuesto, sabía perfectamente por qué los chinos llegaban a diario por centenares. Era su manera de desquitarse de la hostilidad de la Unión Europea. El Gobierno chino era consciente de ello, pues tampoco considera criminales a los cabeza de serpiente. Éstos al exportar mano de obra, extienden la influencia de China en el mundo y fortalecen su economía, reduciendo el desempleo y generando envíos de dinero al país. Los consumidores también salen beneficiados sin saberlo, porque el coste de la mano de obra abarata los productos e incrementa la oferta.

Dado que todas las partes sacan provecho de la actividad de los cabeza de serpiente, ¿no debería legalizarse? ¿Por qué son tan vilipendiados en Occidente?

Los cabeza de serpiente son contrabandistas, no traficantes. En general, no te consiguen un trabajo en el país de destino. Te dejan allí y el resto es cosa tuya. Los traficantes de mano de obra se confabulan con los patrones para secuestrar o engañar a las víctimas, que son coaccionadas o esclavizadas. Los cabeza de serpiente que organizaron el viaje de los desdichados mariscadores que fueron atrapados por la marea mientras trabajaban en el berberecho en la bahía de Morecambe, en Lancaster, no tenían nada que ver con su trabajo. Los llevaron hasta el Reino Unido según lo acordado: ni más ni menos. Y pocos chinos son forzados a trabajar en ultramar. Lo hacen por voluntad propia. La ilegalidad del transporte clandestino de mano de obra radica en la falta de lógica de la globalización. La Unión Europea (en particular el Reino Unido, Irlanda, España e Italia) necesita mano de obra desesperadamente. Hacia el 2050, la edad media habrá ascendido a cincuenta años: sólo Japón envejece más deprisa. A medida que suman años, los europeos suponen una carga más pesada para el generoso sistema de prestaciones sociales que distinguió al continente tras la segunda guerra mundial. Pero como, además, tienen menos hijos, disminuye la capacidad de la población activa para sostener el Estado del bienestar mediante los impuestos.

Así que Europa se enfrenta a un dilema: o sus ciudadanos redescubren las alegrías del sexo reproductivo o permiten a más extranjeros sumarse al mercado de trabajo legal. Pocos europeos se opusieron a la apertura de los mercados en latitudes remotas para permitir la exportación de sus bienes, servicios y capital en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, se han mostrado obstinadamente reacios a aceptar, en contrapartida, la libre circulación de trabajadores en el continente.

Los Gobiernos de la Unión Europea se esfuerzan en conciliar los intereses dispares de dos poderosas fuerzas: los medios de comunicación populistas, que alertan contra la desaparición de la cultura autóctona por la presión inmigratoria, y las súplicas de los empresarios, a quienes urge mano de obra barata para sobrevivir en un mercado global ferozmente competitivo. En la cumbre europea de Helsinki de 1999, mandatarios de todo el continente se comprometieron a cooperar en el desarrollo de una política inmigratoria que pusiera un poco de orden en el caos. Ocho años más tarde, incluso los observadores más experimentados de la críptica burocracia de Bruselas siguen sin advertir ningún indicio de acción política. De modo que el viento continúa soplando a favor de los emprendedores más vivos, como los cabeza de serpiente.

Por su misma naturaleza, es imposible dimensionar con exactitud la inmigración ilegal, pero en general se reconoce que el Reino Unido es el destino preferido de los inmigrantes en busca de trabajo. De los años noventa en adelante, el impacto a largo plazo de las reformas económicas de Margaret Thatcher aseguró una gran bolsa de trabajo mal remunerado, en paralelo al auge de los servicios y la construcción en Gran Bretaña. En el sector del comercio minorista, los supermercados centuplicaron su demanda de productos, a la vez que se implantaban las megatiendas de estilo americano, sin tradición en el resto de Europa. La industria agroalimentaria buscó en el exterior el ejército de trabajadores mal pagados que ejecutaran las tareas miserablemente repetitivas y extenuantes de recoger, cosechar y clasificar los productos. El declive de los sindicatos y la creciente prosperidad de la población autóctona permitieron a los patronos bajar los salarios de la mano de obra, en su mayoría inmigrante. Aparte de los empleados de Starbucks y McDonald’s, los únicos trabajadores inmigrantes que atraían la atención de la opinión pública habían cometido un delito o muerto en circunstancias truculentas.

Aunque los fujianeses controlaban las comunidades chinas en Asia oriental, y contribuyeron a fundar nuevos barrios chinos en lugares como Budapest y São Paulo, en Gran Bretaña toparon con una de las comunidades más arraigadas, los cantoneses de Hong Kong, cuyo historial se remontaba al siglo XIX. Incapaces de integrarse en esta comunidad, los fujianeses fueron empujados a los márgenes, donde fueron explotados por los peores patronos sin escrúpulos: los jefes de las mafias. Ésa fue la desgracia de los mariscadores de la bahía de Morecambe. De los diecinueve que se ahogaron allí en febrero de 2004, dieciséis procedían de Fuqing y las poblaciones vecinas. «Me había telefoneado pocas horas antes de ahogarse —dice entre sollozos Su Hang Qi—. Me habló del marisqueo, de cuánto odiaba el trabajo y lo mal pagado que estaba. Dijo que le daban cinco libras por cada bolsa de berberechos, pero que tenía que seguir si quería cobrar los atrasos. Guo Bing Long llamó a su esposa, una amiga mía —prosigue Su— desde la playa donde se estaban ahogando. “El agua me llega al pecho —le dijo— los patrones han hecho mal los cálculos. ¡No podré regresar a tiempo!”.» Seguía hablando mientras las aguas los engulleron.

A sus treinta y pocos años, Su cría a sus hijas en las dos habitaciones de una casita decrépita a veinte minutos de Fuqing. No tiene electricidad, sólo un hornillo de gas. De vez en cuando, friega los platos en un restaurante local. «Todavía debo 300 000 yuanes (40 000 dólares) y estoy pagando los intereses», continúa. Su hija de nueve años se aferra a ella con aire apesadumbrado y espantadizo. En su chaqueta reza un mensaje en inglés: «I miss you my friend» («Te echo de menos, amigo»).

Su y la señora Lin, cuyo marido también se ahogó, no tardan en exonerar de toda culpa a los cabeza de serpiente que transportaron a sus compañeros. «Es la oferta y la demanda», dice la señora Lin con suficiencia. «Nuestros maridos y primos querían viajar a Inglaterra y ellos les brindaron ese servicio.» Insisten en que el cabeza de serpiente (o «el jefe», como lo llaman) sólo reclamó el dinero una vez sus maridos han confirmado su llegada a Europa y el Reino Unido. Pero me extraña que refunfuñen tanto cuando les pregunto si han tenido contactos con «el jefe» desde el accidente. «Jamás lo he visto en persona —dice Su con nerviosismo—. Sólo tengo su número de cuenta, y después de pagarle, perdimos el contacto.» Estoy seguro de que ambas mujeres me ocultaban información sobre el cabeza de serpiente por temor a las represalias.

Accidentalmente, la señora Lin reveló que los contrabandistas habían amenazado a su marido si protestaba por el trato recibido. A menudo, los cabeza de serpiente recurren a la violencia contra los clientes que no pagan. La mayoría tienen compinches viviendo en los barrios chinos del mundo que hacen respetar los pactos. Los viajes son pesados, inciertos y aterradores en el mejor de los casos. En el peor, tienen un desenlace fatal. Los cabeza de serpiente no son unos corderitos y están implicados en actividades delictivas organizadas. No obstante, los emigrantes con quienes hacen negocio suelen ser clientes y no víctimas.

No están dispuestos, claro está, a indemnizar a sus clientes si las cosas salen mal, como en la bahía de Morecambe. Ambas viudas, las señoras Su y Lin, se aferran con desesperación a la descabellada idea de que el Gobierno británico las indemnizará y podrán liberar de sus precarias vidas del lastre de su enorme deuda. Sus acreedores se resisten a creer que Londres no las ha indemnizado. En el fondo, ellas han perdido las esperanzas, restos flotantes en las aguas turbulentas de la delincuencia y la globalización.

James B. Comey, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Duan Daqi, oficial de enlace del ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China, anunciaron hoy que veinticinco personas comparecerán ante el tribunal federal de Manhattan acusados de pertenencia a una organización de tráfico de heroína. Se les imputa haber introducido en Estados Unidos heroína procedente de Asia oriental por valor de más de cien millones de dólares desde 2000. Hasta el momento, se han efectuado veinte detenciones dentro y fuera de nuestras fronteras…

La declaración conjunta de Comey y Daqi en mayo de 2003 fue triunfal. Se había arrestado a los cuatro principales cabecillas de la Banda 125, apodados en el mundillo del tráfico de heroína como «los Intocables». El alias del cuarteto no era sólo un homenaje irónico a Eliot Ness, supuesta némesis de Al Capone. El líder de los Intocables, Wong Kin-Cheung, alardeaba de que nunca los capturarían. Ellos eran los cerebros de la Banda 125, nombrada así en alusión a los 125 kilos de peso del orondo señor Wong. Éste entró en el punto de mira de la policía estadounidense en 1989 por su implicación en una red de narcotráfico que operaba en el Chinatown de Manhattan. Wong fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, seguida de deportación a China, una vez cumplida su condena en 1994.

De vuelta a Asia, Wong se hizo ciudadano de Hong Kong, aunque viajaba a diario de la colonia británica (hasta que fue devuelta a China en 1997) a Fuzhou. Allí, Wong montó su propio club nocturno, el Huamei Entertainment Co., a unos centenares de metros del Music Plaza de Chen Kai. Según los socios de Chen, la relación entre ambos hombres era cordial. Con Fuzhou y Hong Kong como bases de operaciones, Wong entabló relaciones comerciales con traficantes de heroína pertenecientes a las tribus rebeldes Shan de Birmania oriental (la segunda potencia productora de opio después de Afganistán). Una parte significativa de la resistencia contra la nauseabunda junta militar que gobierna Birmania se financia con dos actividades poco edificantes: el tráfico de heroína y el tráfico de mujeres; la primera atiende a adictos de todo el mundo y la segunda, a las decenas de miles de occidentales que visitan Tailandia cada año en busca de sexo barato. El opio se cultiva en el Triángulo de Oro, que se extiende en su mayor parte sobre territorio Shan. El fracaso de la política occidental en Afganistán desde la intervención de 2001 permitió que este país tomara la delantera al resto de regiones cultivadoras de adormidera. No obstante, la liberalización del comercio entre Birmania y China ha supuesto el renacimiento de la tradición opiácea en el Triángulo de Oro.

Hasta 1949, China había sido una formidable productora, consumidora y exportadora de opio. Sin embargo, dicha industria fue erradicada tras la toma del poder por Mao Zedong, gracias a la instauración de un Estado policial implacable y eficaz. Los opiáceos desaparecieron de China durante cuarenta años, pero según se aceleraban las reformas económicas de Deng Xiaoping en los primeros noventa, la droga volvía a campar, ahora en su encarnación moderna, la heroína. En 1998, el anuario de la policía de Shanghái revelaba que los delitos relacionados con las drogas se habían incrementado en un 250 % respecto al año anterior. Ello reflejaba una tendencia visible en todo el país, pero sumamente estridente en Shanghái —el primer puerto de China y su segunda ciudad— debido a su historia durante el período de entreguerras. Shanghái fue, en los años veinte y treinta del siglo XX, una ciudad sometida a las potencias occidentales. Desde allí dirigían el comercio interior y exterior de China. La ciudad se había dividido en diferentes zonas o concesiones, cada una controlada por una potencia europea y Estados Unidos. Junto con Chicago, era además el mayor centro de actividades delictivas del mundo. Gracias al talento organizativo de Du Yueh Sheng, conocido por todos como Du el Orejudo, las tríadas de Shanghái se fusionaron con su grupo, la Banda Verde. La trayectoria de ésta quedó estrechamente ligada al ascenso de Chiang Kai-shek como cabeza del movimiento nacionalista chino. Del mismo modo que los partidos políticos de Europa del Este y la Unión Soviética se amalgamaban con bandas de delincuentes para autofinanciarse tras la caída del comunismo, los movimientos políticos chinos (incluido el Partido Comunista) se autofinanciaron mediante actividades delictivas durante los años veinte y treinta.

Mientras Al Capone se subía a la cresta de la ola del licor ilegal, Du el Orejudo convirtió Shanghái en el mayor centro de venta y distribución mundial de opio procedente del Triángulo de Oro. Incluso más que el juego y la prostitución, el opio era el sello característico de Shanghái, y reforzaba su desconexión del resto de China, particularmente en relación con su gran rival, Pekín. Aunque la Banda Verde, previendo un terremoto político, entabló negociaciones con Mao y el Partido Comunista a finales de los años cuarenta, no se alcanzó ningún acuerdo. Una vez triunfó la revolución en 1949, Mao logró socavar el poder de las tríadas de Shanghái. La delincuencia organizada, que había desempeñado un papel decisivo en la historia china de los siglos XIX y XIX, fue totalmente aniquilada como fuerza social y económica durante tres décadas. Las tríadas, empresas ora de la rebelión, ora de la colaboración en aras del beneficio, y cuyo nombre evocaba el armonioso equilibrio entre el cielo, la tierra y el hombre, fueron erradicadas. Sus tradiciones y estructuras sobrevivieron en los vestigios coloniales, Hong Kong y Macao, pero también en el Taiwán de Chiang Kai-shek y los barrios chinos del sureste de Asia y Europa. Algunos han apuntado que la destrucción de las tríadas de Shanghái fue uno de los mayores logros de Mao. Otros lo cuestionan, argumentando que para lograrlo convirtió el Estado chino en una máquina de matar, manchada por la sangre de cuarenta millones de personas.

El legado de Mao sigue vigente en Shanghái: las tríadas no han vuelto tras la liberalización de la economía del país. Pero la heroína lo ha hecho con fuerza. Ha entrado con los millones de trabajadores extranjeros que Shanghái necesitó para construir su skyline ultra futurista. Desde sus abigarradas y míseras barriadas en sórdidos distritos como Xuhui, los campesinos —a menudo analfabetos y enganchados a la heroína ya en los pueblos— han construido los rascacielos de Shanghái a una velocidad frenética. A través de su asombrosa serie de documentales, Shanghái Vice, el realizador británico Phil Agland ha mostrado la seriedad con que las fuerzas policiales de Shanghái se toman el problema del tráfico de heroína y el inmenso desafío que representa. El jefe de la Unidad de Investigación de Delitos, Li Rui Ping, informó de que en 1999 entraban cientos de kilos al mes en Shanghái para abastecer a los adictos locales. Esto indica un feroz ritmo de drogodependencia. «Hay dos redes que abastecen a Shanghái de heroína —prosiguió—. No nos hemos infiltrado todavía en ellas, pero son muy sofisticadas.» Una red transporta heroína desde el lejano oeste, la provincia de Xinjiang, que limita con Kirguistán, y recibe la heroína de Afganistán. La otra viene a través de la frontera con Birmania hasta el sur de China. Ambas pasan a través del centro de distribución principal en Guandong, la mayor ciudad cantonesa. Aquí no sólo los precios son bajos, sino que además los niveles de corrupción policial son elevados. En una dramática secuencia de Shanghai Vice, la policía de Shanghái lleva a cabo una batida en Guandong sin alertar a la policía local, ya que —tal y como admiten abiertamente— sus colegas cantoneses son tan corruptos que avisarían inmediatamente a los mayoristas de heroína.

La policía de Shanghái reconoce que, con tales niveles de corrupción y sus recursos limitados, ha sido extremadamente difícil infiltrarse en las nuevas redes descentralizadas de delincuencia que se han extendido por el país. En el tráfico de drogas, se maneja un instrumento muy rotundo pero intimidatorio: la pena de muerte. Los tribunales pueden ordenar la ejecución de cualquiera al que se le encuentren apenas cincuenta gramos de heroína, o largos períodos en prisión por posesión de cantidades más pequeñas. «China tiene muchos centros de rehabilitación a cargo del Estado —apuntó un comentarista— pero funcionan más como prisiones, y tratan a los drogodependientes como delincuentes. A algunos adictos incluso les resulta más fácil comprar drogas a guardias corruptos en los propios centros de desintoxicación que en la calle. No sorprende que el fracaso de estas instalaciones sea tan elevado: el porcentaje de recaídas se estima entre un 70 y un 90 %».

Las cárceles chinas están plagadas de toxicómanos vulnerables. Las grandes organizaciones de traficantes, con suficiente efectivo no sólo para sobornar a las fuerzas policiales, sino para poner en marcha sus propias operaciones de inteligencia y contraespionaje, caen menos a menudo. Según la División de Inteligencia de la Agencia Antidroga estadounidense, la DEA, «muchos individuos y organizaciones de delincuentes implicados en el narcotráfico se están equipando con armas automáticas y granadas para proteger sus envíos de droga de los robos de organizaciones rivales. Hay muchos tiroteos en la frontera de China con Birmania, donde las grandes remesas de droga son más frecuentes. Los traficantes también se arman para evitar que los capture la policía, y algunos están mejor armados que las fuerzas policiales locales. Es más, muchos traficantes creen que tienen más posibilidades de sobrevivir a un tiroteo que al veredicto de los jueces».

La aparición de grupos armados en China y en fronteras amenaza, lógicamente, con socavar el monopolio estatal de la violencia, y por tanto se contempla con gran preocupación. Ello pudo haber influido en las deliberaciones de Pekín cuando en 2000 se acordó la creación de la primera alianza entre la DEA y el Departamento de la República Popular China. Los chinos tienen un largo historial de desconfianza en las potencias extranjeras, reforzada tras su experiencia como víctimas del imperialismo y el colonialismo en los siglos XIX y XX. Que Pekín autorizase una fuerza conjunta supuso que los agentes de la DEA pudieran operar en suelo chino; fue una decisión reveladora de la creciente apertura de China al exterior. La operación City Lights se montó después de que un confidente de la DEA que trabajaba en el Chinatown de Manhattan le dijese a su contacto que la Banda 125 estaba exportando heroína a la costa litoral oriental desde Fuzhou. Tras una operación que duró dos años enteros y que abarcó no sólo China, Hong Kong y EE.UU., sino también la India, el Gobierno Federal quedó muy satisfecho con la captura de los Intocables y la Banda 125, dirigida por Wong Kin-Cheung. La operación supuso

una cooperación sin precedentes entre la DEA, el FBI, la Agencia de Inmigración y Protección de Aduanas, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, junto con la República Popular China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Esto representa el primer desmantelamiento de una organización de narcotraficantes coordinado entre Estados Unidos, la República Popular China y Hong Kong.

Uno de los detenidos en la redada de Fuzhou el 16 de mayo de 2003 era nada menos que Chen Kai, «el hombre más rico de Fuzhou». Fue arrestado bajo sospecha de haber blanqueado dinero del narcotráfico a instancias de Wong. Para el mundo exterior, el arresto de Chen no significó gran cosa: era un cómplice anónimo de la Banda 125. Pero en el Gobierno local de Fuzhou, la noticia hizo cundir el pánico. Xu Congrong, el anterior jefe de la policía y principal protector de Chen, huyó del país rumbo a Estados Unidos, donde rápidamente se perdió entre los fujianeses de Nueva York.

En poco tiempo, las investigaciones de Chen Kai pasaron de centrarse en los narcóticos a la corrupción. Los personajes relevantes de una Trama Político-Criminal en China siempre han despertado celos y hostilidad, sobre todo entre los burócratas que han sido excluidos de su red. Pero los delatores son escasos y están muy dispersos: denunciar la corrupción es una tarea muy arriesgada. A menos que puedan ganarse la confianza y el oído de un oficial con más influencia que quien se está intentando destapar (y eso significa encontrar a alguien influyente en Pekín), normalmente los que luchan contra la corrupción se han visto degradados, humillados públicamente y hasta encarcelados. El truco consiste en esperar a que la TPC sea realmente vulnerable. Cuando Chen Kai fue arrestado, algún oficial inteligente llevó el mensaje a Pekín de que se trataba de algo más grave que blanqueo de dinero. «Una vez que Chen Kai fue arrestado —explicaba el empresario de Fuzhou mientras sorbía el té—, sus enemigos en Fuzhou se movieron velozmente para alertar al Comité Disciplinario del partido.»

La purga comenzó con ocho oficiales superiores bajo arresto domiciliario, incluido Song Li Cheng, el subdirector del partido en Fuzhou. A finales de diciembre, se llevaron a otros diecisiete para interrogarlos y se les acusó de corrupción. Dos años después, «todavía se oyen arrestos de gente», explicaba el empresario. «Han arrestado a tantos que hemos dejado de contarlos y ya apenas les prestamos atención.»

La corrupción era tan profunda que el presidente Hu Jintao, el hombre más poderoso del país, ordenó personalmente el envío de treinta investigadores a Fuzhou en abril de 2004. El presidente también exigió que se le informase de todos los progresos en el caso Chen Kai. El equipo de Pekín empezó por destituir al oficial anticorrupción con mayor rango de la ciudad (que supuestamente había conseguido un apartamento en la urbanización de lujo Triumphant Gardens de Chen).

Dieciocho meses después de su arresto, Chen Kai fue juzgado finalmente en el Tribunal Intermediario en Nanping, una ciudad provincial en Fuzhou. (Se adujo que había muchas probabilidades de que cualquier juicio en Fuzhou estuviera amañado, ya fuera por los aliados de Chen o por sus enemigos.) Pero hubo una sorpresa cuando se leyeron los cargos. No se mencionaba el blanqueo del dinero de la droga. Las acusaciones de soborno de oficiales eran relativamente menores. El delito principal de Chen era la regencia de un burdel. Nadie cuestiona en Fuzhou que los negocios de prostitución eran parte del imperio de Chen. De hecho, en el hotel Baihe Hot Springs en el que me alojé, y que formaba parte de la trama de Chen, no cabía duda de que la sala de masajes y fuentes termales de la cuarta planta no eran otra cosa que un prostíbulo. El veredicto de culpabilidad de Chen no extrañó a nadie, pero la ciudad se quedó atónita al escuchar una sentencia de muerte por ese delito. «Si ejecutases a todos los implicados en el negocio de los burdeles en Fuzhou —dijo un amigo de Chen—, acabarías con media ciudad.» Al igual que todos, insistió en conservar el anonimato.

Chen apeló, y por ley el tribunal debería haberse pronunciado a los dos meses de la sentencia original. «Pero desde entonces no hemos sabido nada más —dijo el amigo—. Ni siquiera si está vivo o muerto. Pero muchos miembros del Gobierno local respirarán aliviados si está muerto.» Chen Kai no era un angelito, pero su condena a muerte por regentar un burdel se parecen sospechosamente a un asesinato por encargo del Estado, diseñado para que los detalles de la TPC se mantengan alejados del dominio público.

El caso de Chen Kai no significa que China sea un lugar peligroso o lleno de delincuencia. Las prostitutas chinas, por ejemplo, rara vez tienen que pagar a un proxeneta. En Shanghái, las trabajadoras del sexo negocian abiertamente su precio con los occidentales en bares que las autoridades saben que son puntos de encuentro. Siempre que no haya violencia, nadie interfiere. La delincuencia callejera es muy baja en comparación con Taiwán o Hong Kong. Pero el caso de Chen sí pone de relieve que, en ausencia del imperio de la ley, la corrupción hace que la distinción entre negocios legales y fraudulentos sea opaca y, en ocasiones, completamente oscura.

En China, esto ha generado un problema político para el partido, cuya autoridad se ve amenazada. Pero se convierte en un quebradero de cabeza aun mayor cuando se proyecta al escenario internacional, debido a la determinación americana de erradicar el delito más extendido en la nueva China: la falsificación. Evidentemente, la falsificación en China no es monetaria (ésa es la especialidad de Corea del Norte), sino de artículos. Si hay algo popular en cualquier parte del mundo, seguro que al cabo de unos meses alguien estará fabricando una versión falsificada en China. Nadie falsifica como los chinos. Como tampoco hay nadie más resuelto a defender la ley de propiedad intelectual, o copyright, que Estados Unidos.

La mayoría de megalópolis como São Paulo, Ciudad de México, Estambul y El Cairo poseen una historia que se remonta a cientos, por no decir miles de años. Hace veinte, Shenzhen tenía una población de unos cuantos miles de habitantes, dispersos en un puñado de aldeas. Desde los hermosos pastos del norte de Hong Kong, ahora puedes adentrarte en un hervidero de doce millones de almas, con hipermercados, fábricas, bloques de oficinas y trabajo, trabajo, trabajo. Shenzhen, en el delta del río de las Perlas, es el portal a la nueva China, tras establecer una simbiosis intensamente dinámica con Hong Kong. Shenzhen, una de las Zonas Económicas Especiales originales, no sólo se ha convertido en la resplandeciente vanguardia del futuro de China, sino que ha rescatado la antigua colonia británica de la decadencia lanzándole un salvavidas de oportunidades económicas. Si hay un nicho de mercado, los emprendedores de Shenzhen lo husmearán y lo rellenarán.

Mo Bang Fu, un periodista chino que ha viajado a los barrios chinos de todo el mundo, explicó cómo funciona. «Hace poco estuve en Dubái —dijo—. Hay un río y unas barcas que van a África con montañas de productos, todos fabricados en China. Son como pequeños capilares que salen de las venas, nutriendo a lugares como Sudán, nutriendo a lugares como Irán, pese al embargo americano, nutriendo a lugares como la RDC, nutriendo a Zimbabue: nutriendo a los mercados consolidados y a aquellos que otros no se molestan en abastecer. Envían artículos muy baratos a Dubái y a África; hay muy poco valor añadido; a lo mejor un sujetador, o quizá pequeños cacharros de plástico para la cocina. Así que, llevándolo de China a Dubái y luego de Dubái a África, ¿cómo se pueden tener beneficios una vez descontados los portes?».

Las mercancías se envían desde los mercados más baratos del mundo, como Yei Wu, cerca de Shanghái, o Shenzhen. Mo explica cómo las economías de escala de China permiten fabricar mercancías a una décima parte del coste que en cualquier otro sitio. «Y bajarán el precio hasta el punto en el que nadie más pueda molestarse en competir», concluye. Ese mismo día, vi un reportaje en BBC World Television que demostraba que los fabricantes de Egipto han renunciado a elaborar los souvenirs que se venden en El Cairo y las pirámides: casi todos se traen ahora desde China.

La economía mundial nunca ha experimentado un cambio comparable a la liberación de la energía de 1250 millones de chinos, a consecuencia de las reformas de 1991. De representar menos del 1 % del comercio global en 1990, China pasó a ser la tercera potencia comercial en 2004, superando a Japón y sólo por detrás de la Unión Europea al completo y Estados Unidos. Los analistas de la Organización Mundial del Comercio predijeron que su cuota del 6,7 % del comercio mundial ese año se elevaría al 10 % en el plazo de una década. En su análisis de política comercial de China en 2007, también se señaló que, durante este período de expansión el país necesitaría crear otros cien millones de empleos. Las economías de escala de China permiten que ya pueda competir en cualquier sector industrial, y en poco tiempo también en la mayoría de sectores de servicios.

Pero China tiene un gran problema, visible en casi todo el país. Mientras me preparaba para cruzar la frontera de Shenzhen con Hong Kong, me hicieron pasar por un largo mercado que vendía toda clase de chucherías. No pude juzgar muchos de los productos asiáticos expuestos, pero los Rolex y los DVD eran tan falsos como un billete de tres euros. Aun así, el mercado de falsificación de DVD ha alcanzado tales cotas de virtuosismo que algunas marcas de imitación se anuncian a sí mismas como «falsificaciones genuinas»: es decir, copias 100 % fiables de las cintas maestras. Han introducido esta calificación para protegerse de la competencia de los DVD todavía más baratos. Como consumidor, no tardé en deducir la razón. En Shanghái, los comerciantes a los que compré metían el DVD en un reproductor de la tienda para demostrar que el DVD tenía calidad de estudio con diálogos o subtítulos en inglés. Este servicio no estaba disponible en Fuzhou, y por esa razón acabé con una copia de Noche en el museo con diálogos sólo en ruso o en ucraniano (yo practiqué, pero mi hijo se llevó una gran decepción), y Volver, cuyos subtítulos en inglés no guardaban relación alguna con la historia de Almodóvar sobre una madre que se queda sola, sino con una grotesca película de espías de serie B.

Pero la tienda de DVD que más me fascinó estaba en la frontera entre Shenzhen y Hong Kong: no sólo por la calidad de las falsificaciones, sino porque los productos se distribuían en una de las zonas de aduanas más vigiladas del país. Los oficiales de aduanas patrullaban despreocupados mientras yo compraba los DVD falsificados por menos de un dólar la unidad (en aras de mi investigación, por supuesto). Que un vendedor chino te ofrezca un DVD falso es una experiencia cotidiana en muchas partes del mundo. Pero en China, si quieres «quedar bien» con el mundo exterior, puedes ser mucho más ambicioso. ¡Por qué molestarse en comprar un Mercedes-Benz cuando puedes comprar un Geely! Vale una cuarta parte del precio de un Mercedes, pero por fuera es casi idéntico. Y la fiebre por falsificar no se detiene ahí.

En enero de 2004, los dos gigantes alemanes de la ingeniería y la maquinaria eléctrica, Siemens y Thyssen Krupp, contemplaron con orgullo cómo su tren Maglev, el Transrapid, salía de la estación Long Yang de Shanghái en su viaje inaugural hasta el aeropuerto Pudong. La tecnología electromagnética del Transrapid permitía que ese extraordinario tren completase el trayecto de treinta kilómetros en apenas ocho minutos, viajando a una velocidad punta de 435 kilómetros por hora. Es el sistema de transporte terrestre más veloz del mundo. Pero era caro. Cuando los chinos anunciaron una posible prolongación de 137 kilómetros a Hangzhou, un destino turístico, se quedaron de piedra cuando el consorcio alemán fijó en 6000 millones de dólares el precio de su construcción.

Una tarde de diciembre de 2004, mientras las cámaras CCTV controlaban el almacén de mantenimiento del Transrapid de Shanghái cuando grabaron la inesperada llegada de un equipo de ingenieros chinos. Empezaron a medir, pesar y examinar el tren entero. Al cabo de un año, China anunció que construiría su propio tren de alta velocidad Maglev. En poco tiempo, el ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se implicó en la disputa, y la prensa alemana acusó a China de haber robado la tecnología y de piratear los conocimientos alemanes a una escala inimaginable. Siemens y Thyssen Krupp se enfrentaban a un dilema. Aunque el Transrapid era un gran proyecto, también estaban apostando por otras grandes inversiones en China y optaron por proceder con cautela. Además, Shanghái es el único escaparate para el Transrapid y el consorcio necesita mantener relaciones cordiales con los chinos para mostrar su logro a otros clientes potenciales. Finalmente, se acordó que el 90 % de los nuevos trenes se fabricarían en China bajo supervisión alemana. No obstante, sigue representando una gran pérdida para el consorcio.

No hay nada que los chinos no puedan copiar. Ya sean apliques de baño suecos, repuestos para aviones, muebles, pinturas no tóxicas (las falsificaciones, por supuesto, hechas con materiales de elevada toxicidad), productos alimenticios, ropa, o incluso una nueva serie de aventuras de Harry Potter, como la de Harry Potter y la tortuga de cristal: cualquier cosa que se fabrique es un blanco legítimo para los falsificadores chinos. La Comisión Europea calcula que las mercancías falsificadas de todo el mundo suman un valor de entre los 250 000 y los 500 000 millones de dólares al año. En torno a 60 % proceden de la República Popular China: entre un 20 y un 25 % de las exportaciones de China son falsificaciones, mientras que el 85 y el 90 % de los productos vendidos en el mercado doméstico chino son imitaciones.

Los delitos contra la propiedad intelectual han ocupado un lugar central en la relación entre China, por un lado, y las otras tres principales potencias comerciales del mundo: la UE, EE.UU. y Japón. Estas últimas (EE.UU. en particular) aducen dos razones cuando reclaman al Gobierno chino que haga algo. En primer lugar, insisten en que no es justo que los falsificadores obtengan beneficios de productos en cuyo marketing y desarrollo no han invertido nada. En segundo lugar, está el problema de la seguridad. La inquietud alcanzó al Gobierno de Berlín después de que las aduanas alemanas confiscasen productos falsificados por valor de doscientos millones de dólares en 2003, entre los que hallaron pastillas de freno de recambio para vehículos Volkswagen. Aunque los recambios parecen auténticos, siempre están hechos con prisas: la seguridad no es una de las prioridades de los fabricantes de falsificaciones, y las pastillas de freno tienen el potencial necesario para transformar los vehículos que las llevan en armas mortales. Aunque nos seduzca su espíritu emprendedor, los productores y vendedores de estos artículos forman parte de bandas de delincuencia organizada.

Desde su admisión en la Organización Mundial del Comercio en 2001, China ha introducido rápidamente la legislación básica necesaria para combatir el robo de la propiedad intelectual. Sin embargo, su implementación topa con tres escollos. El primero, que si bien China es un Estado policial y un sistema de partido único, sus diferentes fuerzas policiales adolecen de una financiación insuficiente, además de incompetencia y corrupción. El segundo, que el Gobierno es reacio a lanzar una campaña concertada contra las empresas falsificadoras que emplean un número incalculable de trabajadores que, de lo contrario, estarían desocupados. Y por último, la Trama Político-criminal que controla las economías provinciales está todavía menos interesada que el Gobierno central en ceñirse a las normas, aunque eso signifique perder socios occidentales.

La expansión del comercio global que ha acompañado al ascenso de China en las dos últimas décadas sin duda ha ayudado a escapar de la pobreza a decenas de millones de personas, constituye un formidable paso adelante para China y otras economías emergentes. Pero la prisa por hacer negocios ha colapsado la capacidad mundial de supervisar los intercambios comerciales. Se supone que la Organización Mundial del Comercio vela por el juego limpio y por una circulación de bienes tan libre como sea posible. Pero por nobles que sean sus objetivos, en la práctica la OMC se limita a sostener el cuadrilátero mientras un grupo de pesos pesados usan sus músculos y mejores golpes para noquear a sus rivales. En el rincón azul, el equipo combinado de los países ricos que defienden subsidios injustos se enfrenta a los productores de mercancías falsificadas, en el rincón rojo. Por supuesto, los débiles e indefensos se llevan una buena tunda en este ruedo.

En 2007, el grave fracaso de las negociaciones sobre el comercio mundial en la Ronda de Doha, cuyo objetivo era atenuar dichos conflictos y contradicciones, sugiere que las disputas comerciales se recrudecerán en los próximos años. La urgencia china por crear empleo mediante la exportación de mercancías supondrá seguir haciendo la vista gorda ante las falsificaciones, sobre todo porque la capacidad del Gobierno de fiscalizar los intercambios es limitada.

Las compañías privadas occidentales han comprobado que el Departamento de Seguridad Pública de China es un aliado débil, ineficaz, corrupto y poco dispuesto a colaborar. Así que, cada vez más, acuden a los consultores extranjeros y locales que menudean por todo el país. Las empresas contratan a esos asesores para toda clase de servicios, principalmente para negociar un pasaje entre la Escila y Caribdis de las burocracias nacionales y locales. Pero con frecuencia les encargan el rastreo de actividades clandestinas de falsificación de marcas occidentales. Respaldadas por una tupida red de contactos —en la policía, en delegaciones comerciales occidentales y en contactos locales en el Partido Comunista—, algunas consultoras, como Access Asia, fundada por Paul French y Matthew Crabbe en Shanghái, pueden organizar redadas en colaboración con las fuerzas policiales locales.

«Tenemos que localizar la fábrica —explica French—. Tenemos que poner la denuncia. Luego conseguimos que el juzgado dicte la orden de redada, y entonces conseguimos a los polis; nos llevamos bien con la policía de Shanghái. El problema es que ellos se lo tienen que contar a la policía local, que puede avisar o no a la gente a la que queremos pillar. Por eso enviamos primero una avanzada a la fábrica y luego acudimos a la policía. Si trabajas con una marca americana, el Consulado enviará a alguien al juzgado y a la redada. Entonces entramos con un patadón en la puerta al estilo Rambo y confiscamos la mercancía. Pero en este país la piratería sólo es un delito civil. Podemos multarlos, pero no podemos meterlos en la cárcel, y en un par de días han abierto en otro sitio.»

China permite el funcionamiento de estas empresas privadas de seguridad, pero bajo estricto control; y el ejercicio de la fuerza se suele dejar a la policía. Actuar contra empresas oportunistas que fabrican bolsos Louis Vuitton como churros para el mercado turístico es un trabajo agotador, ya que parecen reproducirse como conejos. Con todo, son vulnerables a la actuación policial cuando las autoridades locales colaboran. Sin embargo, en diferentes partes de China están proliferando empresas más grandes y problemáticas que no se amilanan fácilmente. El «Imperio de las Falsificaciones» está empezando a contraatacar y el «Lado Oscuro» hace acopio de fuerza a un ritmo alarmante.

Al viajar desde Xiamen, en la provincia sureña de Fujian, hacia el suroeste tierra adentro, la carretera empieza a ascender. A medida que subes, la vegetación se vuelve menos verde y los montes más escarpados. El bullicio constante de las ciudades chinas deja paso a una quietud confuciana. En noviembre de 2006, un joven agente de la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (AMET) estaba en un control de carretera cuando vio una moto con un piloto y un pasajero de paquete que iba en su dirección a gran velocidad. La AMET, fuerza integrante de los cuerpos de seguridad, pasa gran parte del tiempo en estas montañas, notorias por albergar enormes factorías subterráneas de cigarrillos de falsificación. El joven agente, rudo y atlético, hizo señas a los motoristas para que frenasen. En ese momento, el pasajero sacó un machete del interior de su chaqueta y lo dejó caer con tal fuerza sobre el brazo del oficial, que lo amputó completamente. Aunque sus colegas lo llevaron al instante al hospital más cercano, a una hora de Xiamen, los cirujanos no consiguieron reimplantar el miembro.

La AMET averiguó de qué pueblo vinieron los agresores e instó a sus ancianos a que se los entregasen. Los ancianos se negaron a cooperar y, a resultas del ataque, la AMET desmanteló el programa de controles de carretera, que había sido elogiado como una gran iniciativa en el plan para neutralizar a algunos de los gánsteres más poderosos de China. El objetivo había sido localizar una gran factoría clandestina que había Estado fabricando cigarrillos de marcas americanas y japonesas.

La región del sur de Fujian se llama Da Shan (Montaña Grande) y es el hogar de algunas de las fábricas de falsificación más grandes y lucrativas del mundo. Estas instalaciones, enterradas en la montaña, producen millones de cigarrillos al día, que luego se introducen en el enorme mercado doméstico chino o se llevan en contenedores por Asia hasta Estados Unidos y más allá. La preocupación por la salud y la legislación enfocada a la reducción del tabaquismo en Estados Unidos y Europa pueden haber hecho mella en los beneficios de las empresas tabacaleras en Occidente, pero en China y Asia, ¡la fiesta continúa! Mientras los asiáticos prueban suaves mezclas virginianas cada vez en mayores cantidades, la industria pirata de Da Shan emplea a comunidades y pueblos enteros, y debilita el mercado con sus asequibles y cada día mejores falsificaciones. Por supuesto, también debilitan los ingresos del Gobierno chino por los impuestos sobre las ventas de tabaco. En Pekín es tal la preocupación que se ha convertido AMET en la fuerza policial acaso más eficaz del país.

No es exactamente la guerra, pero se acerca: los productores de tabaco ilegal han tejido sus propias redes de inteligencia, que vigilan la actividad de la AMET y los agentes de aduanas. Cada año varios agentes de policía y empleados de las empresas privadas de seguridad se pasan al bando de los productores de cigarrillos ilegales, y cuando la AMET monta una redada, lo hace con una potente fuerza paramilitar. «¿Y si me doy un paseo por Da Shan como turista, para ver qué encuentro por allí?», le pregunté a un agente implicado en la lucha contra la mafia del tabaco. «Vaya, si quiere —me respondió—, pero no volverá.»

Un tipo muy conocido en la mafia del tabaco y la policía china era Tung Yan Yuk, alias Tony Tung, que empezó como pescadero al norte de Xiamen, en Fujian. A finales de los noventa, la policía china dictó una orden de arresto contra él y sus dos hermanos menores. Se le imputaban evasión de impuestos y contrabando de cigarrillos por un valor de 600 millones de yuanes (78 millones de dólares). Uno de los hermanos fue capturado y encarcelado en 2001, pero Tony y el otro hermano lograron escapar. Según un informe confidencial sobre Tung, éste ya no visita ni Hong Kong ni a China continental por miedo a ser arrestado. Pero ahora está felizmente instalado en Singapur, desde donde controla uno de los mayores imperios de falsificaciones y contenedores de Asia. La policía cree que, cada mes,

la empresa de contrabando de cigarrillos de Tung envía entre veinte y cincuenta contenedores de 12 metros con tabaco de marcas internacionales. Los paquetes de cigarrillos normalmente se recogen y se almacenan en Singapur y luego se envían a través de Manila y la bahía de Subic hasta el puerto de Currimao, Ilocos Norte, en la frontera de Filipinas con China, directamente o a través de Vietnam. Tung posee o controla tres buques portacontenedores, nada menos que siete buques cisterna transatlánticos, y una cantidad desconocida de otras embarcaciones que emplea para hacer contrabando de cigarrillos y gasoil desde o hacia Taiwán, China, Filipinas y, posiblemente, cualquier parte de Asia oriental.

Muchos de los detalles sobre las actividades de Tung salieron a la luz cuando la policía nacional de Filipinas efectuó una redada contra su factoría Forietrans, donde se estaban fabricando ilegalmente cientos de millones de cigarrillos. Fue un trabajo duro: «La fábrica de Tung —donde produjo 500 millones de cigarrillos falsificados Mild Seven— estaba en Pampanga, al norte de Manila», informó un agente implicado en la redada. «Este pueblo es parte del distrito legislativo representado por el congresista Mikey Arroyo, el hijo del presidente Arroyo. Los investigadores descubrieron lo que llevaban tiempo sospechando: las pruebas demostraban que Tung estaba sobornando a los legisladores de Taiwán y que estableció vínculos con una fábrica en Raijin, una miserable zona de libre comercio en Corea del Norte, que también introducía tabaco falsificado en el circuito de venta al por menor.»

Las conexiones con Corea del Norte son inquietantes. Este escabroso país casi ha hecho realidad la distopía totalitaria que imaginó Fritz Lang en su película de 1927, Metrópolis. El mismísimo Stalin se sonrojaría ante el culto creado por la dinastía Kim, cuya megalomanía es directamente proporcional al sufrimiento que ha infligido a su pueblo. Millones de norcoreanos se enfrentan a una lucha diaria contra la inanición mientras sus líderes se atiborran de decadentes manjares de importación. Para financiar su obsceno estilo de vida, Kim Jong II y sus secuaces han convertido Corea del Norte en una gran plaza de las economías fraudulentas y clandestinas de Asia. Considerada la mayor productora mundial de billetes falsos de cien dólares (los llamados «superbilletes», virtualmente indetectables), gran parte de la industria farmacéutica de Corea del Norte está consagrada a la fabricación de anfetaminas para satisfacer la demanda de Japón. Según fuentes de la CIA, un destacado delincuente ruso cultivó un próspero comercio de material físil con Corea del Norte durante los años noventa.

Más reciente es el descubrimiento por parte de Corea del Norte de lo provechosa que puede llegar a ser la falsificación de artículos. Al igual que los chinos, su población está deseando volcarse en cualquier cosa, aunque han demostrado ser especialmente hábiles en la elaboración de cigarrillos falsos.

Aunque la emergente reputación de Corea del Norte como falsificadora fortalece la economía clandestina mundial, la apuesta de este país por la fabricación fraudulenta tiene un efecto colateral inesperadamente positivo. Paradójicamente, hace de Asia un lugar más estable: cuanto más se aproxima Corea del Norte a la órbita económica china, mayor es la influencia de Pekín sobre Pyongyang. China no está interesada en que un vecino nuclearizado tan impredecible vaya por libre en una región que está cambiando a marchas forzadas.

El surgimiento de China como superpotencia regional, con aspiraciones a ejercer este mismo papel a escala mundial ha roto la baraja de los equilibrios en Asia. Las tensiones entre China, las dos Coreas, Japón, Taiwán y Rusia, que hasta hace poco parecían abstractas, están adoptando formas más concretas. La preocupación más inmediata tanto para Estados Unidos como para los grandes jugadores regionales —China, Japón y Corea del Sur— es la identidad emergente de Corea del Norte como una potencia nuclear disfuncional. Japón y EE.UU. también han expresado su inquietud por el impacto del crecimiento chino en la estabilidad de toda la región Asia-Pacífico. En resumen, los días en que Estados Unidos imponía sus criterios sobre seguridad en Extremo Oriente están tocando a su fin.

Si bien la incertidumbre actual ha desatado el nerviosismo, el ascenso de China y su ansia de crecimiento económico también han demostrado tener un efecto profundamente estabilizador en muchos de sus vecinos más pequeños y volátiles.

El empuje económico de China, como productor y como mercado, está propagándose a vecinos en plena transición como Vietnam y Filipinas, y también a países más estables como Tailandia. Está estimulando el crecimiento en toda la región. Incluso economías antes aisladas de países como Corea del Norte y Birmania están empezando a acompasarse con la de China. En el caso de Corea del Norte, la política estadounidense de confrontación con Pyongyang mediante una retórica cargada de furia y amenazas implícitas podría probarse mucho menos eficaz que la lenta y firme absorción de la economía de Corea del Norte por parte de Pekín. (Oriente Medio, donde están situados otros dos miembros de lo que Bush designó como «eje del mal», no cuenta con una potencia estabilizadora como China.)

China puede ejercer una inmensa influencia sobre Corea del Norte, si así lo desea. La subcontratación de la producción a Corea del Norte no está limitada a los cigarrillos falsos. Ese país fabrica productos incluso más baratos que China, y algunas de las mercancías «Made in China» que surten las tiendas occidentales en realidad provienen de Corea del Norte. En vez de amenazar con bombardear Corea del Norte, los chinos obran con sensatez al transformarla lentamente en un satélite económico.

Y gracias al que probablemente sea el programa más ridículo instigado por la guerra contra el terrorismo de la Administración Bush (aunque hay una dura competencia por este título), los productos hechos en Corea del Norte a menudo tienen un pasaje rápido y sin trabas a Los Ángeles o Nueva York.

Tras el 11 de septiembre, Washington decidió que se debería reforzar la seguridad portuaria: el 90 % del tráfico comercial mundial se transporta en contenedores por alta mar. «En 2001, el servicio de aduanas de EE.UU. dio curso a más de 214 000 buques y 5,7 millones de contenedores marinos», según un informe de aduanas. Los cuatro puertos extranjeros más importantes en envío de mercancías hacia EE. UU. fueron, por este orden, Hong Kong, Shanghái, Singapur y Kaohsiung (Taiwán). Y por eso el comisionado Robert C. Bonner decidió que «una postura proactiva de aduanas en la inspección de contenedores marinos contribuirá significativamente a los esfuerzos generales de la agencia para proteger nuestras fronteras frente a amenazas que podrían introducirse a través del tráfico comercial». Había nacido la Container Security Initiative (CSI).

En su comparecencia ante el Congreso unos meses más tarde, Bonner señaló: «El propósito específico de la CSI es prevenir que los terroristas usen los contenedores de mercancías para ocultar armas nucleares o materiales radiológicos. Con la CSI, nos estamos coordinando con los Gobiernos extranjeros para localizar e inspeccionar contenedores de alto riesgo en busca de materiales nucleares y radiológicos antes de que la mercancía se envíe a los puertos de EE.UU. La tarea de localización de la CSI implica usar sofisticada tecnología de selección automática de objetivos para identificar contenedores de alto riesgo, aquellos que puedan contener armas terroristas o incluso terroristas».

Todo muy emocionante. Y de este modo Bonner envió a equipos de agentes de aduanas de EE.UU. por todo el mundo a los puertos que firmaron la CSI; por supuesto, aquellos puertos que se negaran saldrían perdiendo frente a los competidores que también comerciaban con Estados Unidos, y por eso la mayoría estaban dispuestos a sumarse a esta ampliación del poderío global de EE.UU. Una vez que los contenedores han sido revisados en Shanghái o Kaohsiung, han pasado por la puerta verde: su entrada en Estados Unidos está asegurada.

La gran mayoría de los agentes de aduanas enviados por todo el mundo nunca han trabajado en el extranjero y sólo unos pocos hablan otros idiomas. En Kaohsiung (Taiwán), uno de los mayores centros de la CSI, ni un solo oficial de aduanas habla mandarín, y mucho menos el dialecto fujianés de Taiwán. Y para poder determinar qué contenedores podrían albergar material nuclear o no, dependen de los agentes de aduanas del puerto local. «No he conocido a gente más propensa al soborno y la corrupción —explica un veterano agente de la policía de Hong Kong—. Y por lo que llegamos a entender, si no llevas material nuclear, si puedes lograr que tu contenedor sea seleccionado para examen en Kaohsiung o Hong Kong, ¡estás a salvo! Es un método ideal para pasar de contrabando toda clase de productos a Estados Unidos.» Y parte de estas mercancías se fabrican en Corea del Norte.

Le pregunté al periodista Mo Bang Fu si la corrupción y el fraude inherentes a la vida económica y política de China no amenazan con corromper el comercio mundial en su conjunto. «Hace doscientos años, los ingleses venían a Shanghái —sermoneó— y no eran los legendarios «gentlemen». ¡Eran piratas! Del mismo modo que los piratas ingleses vinieron y asolaron nuestras costas, quizás haya piratas entre los comerciantes chinos de la actualidad. Pero cuando el mercado alcance una cierta escala, las peores prácticas se abandonarán y emergerá algo que “pida” regulación y un mecanismo regulador adecuado.»

Si Mo Bang Fu tiene razón en su pronóstico, entonces los Gobiernos del mundo quizá sean capaces de contener el crecimiento de la economía en la sombra y la temible dosis de inestabilidad que inyecta en nuestras vidas. Pero si fracasamos a la hora de instaurar un mecanismo regulador apropiado —es decir, algún tipo de Gobierno global—, la delincuencia organizada y la corrupción se combinarán con el proteccionismo y el chovinismo, engendrando un mundo muy inestable y muy peligroso.

EPÍLOGO

Como consumidores, todos nos vemos involucrados (a menudo de forma involuntaria) en el sombrío mundo del crimen organizado internacional. En Occidente, el porcentaje de ingresos que las familias destinan a los productos alimentarios ha caído en picado durante los últimos quince años. El tráfico ilegal de mano de obra ha provocado un descenso de los costes en la industria agrícola y, en Gran Bretaña, la inflación se ha mantenido en niveles aceptables, en parte debido a los bajos salarios de los trabajadores extranjeros.

En 2005, un grupo de científicos italianos midieron en el cauce del río Po la cantidad de un derivado químico que se encuentra en la orina únicamente tras el consumo de cocaína. Gracias a la técnica de alta precisión empleada, se determinó que los cinco millones de personas que viven en el valle de ese río consumen casi una tonelada y media de cocaína al año. Este resultado es nada menos que veinte veces superior al de estimaciones anteriores, que se basaban en cálculos azarosos realizados a partir de estadísticas sociológicas; tal y como sucede con el tabaco y el alcohol, los consumidores de cocaína tienden a subestimar la cantidad de droga que consumen, y eso aun en el caso de que estén dispuestos a reconocer su adicción. Los profesionales blancos de clase media de Nueva York, Londres y Berlín continúan sirviendo rayas de coca en la mesa. Al consumir narcóticos ilegales, no sólo contribuyen a que los delincuentes ganen unos beneficios enormes, sino que además indirectamente cargan con parte de la responsabilidad del reguero de sangre que acompaña a la droga en todas las etapas de su periplo.

Cuando era estudiante durante los años setenta, entre la gente de mi edad se consideraba totalmente inaceptable emplear los servicios de una prostituta. Hoy en día, en cambio, no pocos jóvenes varones europeos con formación universitaria no tienen reparo alguno en volar a Estonia o a algún otro destino de Europa del Este y pasar un fin de semana «sólo para hombres» en el que los servicios de prostitutas forman parte de la diversión. Estas actividades son rentables gracias a que estos individuos están dispuestos a vulnerar la ley o los tabúes sociales con el fin de saciar sus propios deseos.

Sean cuales sean los beneficios que el crimen organizado pueda ofrecer al ciudadano de a pie —por ejemplo, el abaratamiento de alimentos o el acceso a drogas—, éste corre el riesgo de salir perdiendo a causa de otras vertientes de las actividades delictivas. Otra fuente de ingresos gigantescos para las bandas de delincuentes son el robo y el fraude. Gracias a la creciente presencia de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestras vidas, los delitos informáticos suponen una amenaza incluso para quienes no son usuarios de Internet. En el nuevo milenio, esa clase de delitos han experimentado un asombroso crecimiento y representan, quizás, el mayor desafío para las fuerzas del orden de todo el mundo, cuyos departamentos especializados en este campo adolecen de unos presupuestos insuficientes y de falta de personal cualificado.

No obstante, la actividad más atractiva para los delincuentes internacionales de hoy en día tal vez sea estafar fondos a los Gobiernos. El tráfico ilegal de mercancías gravadas con impuestos elevados es la forma más antigua de delito mafioso, y actualmente continúa existiendo, por ejemplo, en el caso del contrabando de tabaco. Sin embargo, la capacidad para poner en movimiento grandes cantidades de capital y mercancías a gran velocidad ha engendrado nuevas formas de delito, como la explotación de diferencias entre los sistemas fiscales de distintos países, que puede reportar unos beneficios fabulosos. El tipo de delito más pujante en la Unión Europea entre 2002 y 2007 fue el fraude del impuesto sobre el valor añadido en transacciones internacionales, también denominado carousel fraud, consistente en importar productos a un país de la UE aplicándoles de forma ilícita el IVA y embolsarse este impuesto cobrado indebidamente en el momento de reexportarlos. La UE informó en 2006 de que no podía cifrar el volumen de este fraude con exactitud, pero calculaba que los erarios públicos estaban perdiendo, por lo menos, 100 000 millones de dólares al año con estas tramas fraudulentas, cuya popularidad se ha disparado a causa de los extraordinarios beneficios que pueden generar, del hecho de que se trata de un delito sin víctimas (la estafa de dinero a los contribuyentes no daña físicamente a nadie) y de la naturaleza inescrutable de los fraudes en general.

El advenimiento de la delincuencia económica a gran escala ha sido facilitado por la evolución de los mercados financieros de todo el mundo desde que se inició su liberalización hace dos décadas. En 2007, la consultoría McKinsey estimó que con el PIB mundial alrededor de 50 billones de dólares, los activos financieros del mundo triplicaban esta cifra. Aún más vertiginosa y aterradora es la cifra de 300 billones de dólares en que se estiman los valores financieros «derivados» (derivative securities). En términos llanos, las astronómicas sumas que acumulan los mayores bancos del mundo, las firmas de capital privado y los fondos de cobertura (hedge funds) son resultado de una especulación cada vez más enmarañada sobre la rentabilidad económica de los mercados mundiales. Las sucesivas crisis financieras han demostrado que estas actividades comportan un riesgo mucho más elevado del que se había previsto.

En el verano de 2007, la quiebra del mercado estadounidense de hipotecas de alto riesgo ofreció al mundo un atisbo de hasta qué punto se asemeja esta estructura a un castillo de naipes. Cuando decenas de millares de estadounidenses con mal historial bancario dejaron de poder pagar los plazos cada vez más elevados de sus hipotecas, entidades bancarias de todo el mundo comenzaron a dar signos de desfallecimiento. La Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de Europa, Japón y Australia inyectaron más de 150 000 millones de dólares de los contribuyentes en los mercados mundiales para prevenir un desastre mayor (aproximadamente la misma cantidad que se estafa cada año a los contribuyentes europeos mediante el fraude del IVA). BNP Paribas fue una de las mayores entidades bancarias de todo el mundo que se confesó incapaz de calcular con exactitud cuántos centenares de millones de libras esterlinas había perdido por culpa de esta crisis.

Ejemplos como el de BNP Paribas ponen de relieve la imperiosa necesidad de promulgar una mayor regulación de los mercados financieros: un mundo en el que las instituciones legítimas no pueden dar cuentas de sus negocios debidamente constituye un tiovivo de especulación que facilita en gran medida a los delincuentes las operaciones de blanqueo de dinero. Las islas Caimán, las islas Vírgenes británicas y todos los demás paraísos fiscales son la puerta trasera por la que el dinero sucio puede entrar en los mercados financieros legítimos, que cada vez son más opacos. Los Gobiernos de Occidente podrían poner fin a esta situación anómala en un abrir y cerrar de ojos si tomasen cartas en el asunto y pusiesen verdaderas trabas al blanqueo de dinero. Pero no lo hacen. Y cuanto más dinero de origen dudoso entre en los mercados financieros lícitos, más arduo será seguir el rastro del capital, investigación que constituye la clave de la lucha contra la delincuencia organizada internacional.

Los políticos son aficionados a alardear de mano dura con respecto a la ley y el orden. En junio de 2005, el que entonces era primer ministro británico, Tony Blair, instó al Parlamento Europeo a «superar las fronteras a la hora de recabar información y en la lucha contra la delincuencia organizada; elaborar propuestas para combatir con mano dura a los traficantes de drogas y de seres humanos, investigar sus cuentas bancarias, hostigar sus actividades, arrestar a sus líderes y llevarlos ante la justicia; negociar acuerdos para devolver a su lugar de origen a quienes no se conceda asilo y a los inmigrantes ilegales de países vecinos; desarrollar tecnología biométrica para que las fronteras europeas sean más seguras».

La necesidad de crear cuerpos policiales fuertes y bien preparados para combatir el crimen organizado es incontrovertible. Pero llamamientos como el de Tony Blair, que sólo buscan soluciones basadas en un mayor despliegue policial o militar, delatan una rotunda renuncia a la responsabilidad política por parte de su autor. Son obra de políticos desprovistos de imaginación que carecen de la visión o del interés necesarios para abordar las enormes injusticias estructurales de la economía mundial de las que se alimentan el crimen y la inestabilidad.

No es la globalización en sí misma lo que ha estimulado el espectacular crecimiento de la delincuencia organizada de los últimos años, sino unos mercados mundiales insuficientemente controlados, como el sector financiero, o excesivamente regulados, como el sector agrícola y el mercado laboral. Durante los años noventa asistimos al inicio de un régimen de regulación a nivel mundial de los mercados financieros que suscitó la esperanza de que sepudiera mantener bajo control tanto la economía lícita, parcialmente regulada, como la economía sumergida, totalmente exenta de regulación. Sin embargo, desde el nuevo milenio, la hostilidad de Estados Unidos, la incompetencia de la Unión Europea, el cinismo de Rusia y la indiferencia de Japón se han sumado a la incontenible ambición de China y la India por inaugurar una época dorada para las empresas mundiales y la delincuencia organizada internacional.

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Mientras investigaba para escribir McMafia, no tardé en darme cuenta de lo mucho que el crimen organizado valora las herramientas utilizadas en la economía lícita, por no hablar de las personas que trabajan en ella. Siempre que han podido, los líderes de sindicatos criminales han cultivado relaciones con políticos, hombres de negocios, abogados, periodistas, funcionarios y miembros de otras profesiones clave que, por un motivo u otro, se muestran abiertos a colaboraciones, intimidaciones o sobornos. Los sueldos irrisorios de los funcionarios a menudo han demostrado ser un recurso muy valioso para el crimen organizado que, por encima de todo, se codea con hombres de negocios e individuos respetables en las aguas deliberadamente turbias del blanqueo de capitales y la banca offshore, donde se acumulan los beneficios de la corrupción, la evasión fiscal, las organizaciones piramidales y la iniciativa criminal, lejos de las garras del fisco y del imperio de la ley.

Sin embargo, aunque identifiqué enseguida esa turbia cooperación, lo que no podía imaginar era que élites de todo el mundo, incluso en las capitales más influyentes, adoptarían la cultura, las técnicas y la moralidad de McMafia. El planeta McMafia ha quedado tan íntimamente unido al mundo financiero, a la política, a la ley y a las fuerzas de seguridad, que a menudo resulta imposible hacer distinciones. Incluso me atrevería a afirmar que el mundo del crimen organizado guarda una estrecha relación con el rápido deterioro de nuestras perspectivas económicas y con el aumento de la inestabilidad política. El dinero procedente de múltiples fuentes explícitamente delictivas cada vez financia a más empresas lícitas a mayor escala. Lo hemos observado en transacciones inmobiliarias de Nueva York y Miami, en explotaciones mineras en África occidental, en el colapso de la economía griega y en el comercio internacional de petróleo extraído en territorios que están en manos de Estado Islámico. En todos los casos, oligarcas, jefes de organizaciones criminales y sus colaboradores, tanto en el sector privado como en el público, han ganado miles de millones de dólares a costa de los contribuyentes y los ciudadanos que cumplen las leyes.

El 15 de septiembre de 2008, poco después de que McMafia se publicara por primera vez, el banco de inversiones de Lehman Brothers quebró y se desencadenó una crisis devastadora del capitalismo internacional, aunque llevaba más de veinte años gestándose. Ocho años después, la clase política de todo el mundo occidental y de muchos de los mercados emergentes recibió un contragolpe en forma de una ira populista impredecible, y el evento más paradigmático fue la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América.

Si bien esta ira estaba dirigida claramente contra un conjunto de políticas que las élites económicas y gubernamentales habían promovido como parte de una agenda globalizadora, lo relevante fue que (con contadas excepciones) las clases adineradas salieron impunes de esta situación. Aunque tal vez lo más inexplicable fue que las desigualdades, dentro de cada país y entre ellos, continuaron creciendo a pesar de estar ya a niveles comparables a los del siglo XVI. A principios de 2017, Oxfam publicó un informe según el cual los ocho hombres más ricos del mundo (seis americanos, un español y un mexicano) acumulaban tanta riqueza como el 50 % más pobre de la comunidad internacional, es decir, 3600 millones de personas.

El impacto de la crisis económica y las prácticas que la provocaron son preocupantes. Incluso teniendo en cuenta el inmenso y cada vez más influyente mercado de bienes y servicios ilícitos de las mafias tradicionales, aunque se unieran para formar una organización parecida a la SMERSH, seguiría siendo imposible que infligiera un daño económico y político tan importante como el que provocaron de forma conjunta los bancos occidentales, los fondos de inversión y las corporaciones como Enron. Esa clase de instituciones «legítimas» lo consiguieron mediante la persuasión, el engaño o el soborno de gobiernos sucesivos, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, para permitir una escandalosa especulación de beneficios personales e institucionales. Juntos, crearon un impresionante agujero negro en el centro de nuestra galaxia financiera. En 2008, estas actividades dirigieron la economía mundial hacia un horizonte de recesión y empobrecimiento. Los Masters del Universo se retiraron a sus McMansiones y a sus McYates, dejando que fueran los gobiernos debilitados e incompetentes los que se ocuparan de rendir cuentas con los contribuyentes agraviados. En cambio, los líderes de grupos que abarcaban desde Wachovia al Royal Bank of Scotland a lo sumo vieron rescindidos sus títulos de caballero y pasaron a recibir menos invitaciones a cenas selectas. La oligarquía mundial apenas notó un traspiés en el asombroso progreso de la acumulación de riqueza.

La democracia ha demostrado ser frágil en muchas regiones, con autócratas que han aprovechado la incertidumbre económica para consolidar su posición en países de todo el mundo, incluida China, Rusia, Hungría, Filipinas, Tailandia, Turquía y Sudáfrica. En las democracias más establecidas, ciertas ideologías (la más relevante, la socialdemocracia europea) han sufrido un retroceso feroz, paralelo al renacimiento de varias formas de populismo. La Unión Europea continúa enfrentada a una crisis existencial que ya ha provocado el desastre económico de uno de sus miembros: Grecia.

Resulta difícil imaginar el brexit y la victoria de Trump sin la decisión de los gobiernos británico y americano de dedicar miles de millones a salvar bancos cuya implacabilidad delictiva quedó patente pocas semanas después de haber hecho caer el sistema financiero mundial. Apenas transcurre una semana sin que trascienda un caso u otro de corrupción, ya sea en las democracias más avanzadas, en regímenes autocráticos o en férreas dictaduras.

Resulta paradójico que el que quizás sea el ejemplo más indignante de élite beneficiada con dinero público mediante prácticas delictivas sea también el que ofrezca un atisbo de esperanza de que ese tipo de prácticas no resulte sostenible a largo plazo.

A menos de cinco kilómetros hacia el oeste por la Esplanada dos Ministérios de Brasilia (donde se encuentran casi todos los departamentos federales de Brasil), torciendo primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, se encuentra la estación de servicio de Ale.

Tras los dieciséis surtidores que cada día suministran combustible a unos tres mil vehículos, hay una hilera de tiendas que ofrecen sus productos y servicios a los conductores. Una de ellas es un servicio de tintorería: los funcionarios de Brasilia dejan los trajes por la mañana y pasan a recogerlos al anochecer. La tienda contigua, Valotur, ofrece un servicio parecido, aunque en lugar de blanquear prendas, se dedica al blanqueo de dinero negro.

En el mes de marzo de 2014 la policía abrió una investigación a Valotur con el objetivo de indagar el blanqueo de beneficios de toda clase de bandas, desde narcotraficantes a contrabandistas de artículos falsificados y otras actividades por el estilo. Era una operación rutinaria contra unos sospechosos que la policía ya conocía bien. Ya habían cumplido penas anteriormente por varios delitos, y los investigadores no esperaban encontrar más que unos cuantos brotes delictivos.

Sin embargo, cuando se dispusieron a arrancarlos se dieron cuenta de que esos brotes tenían unas raíces fuertes y largas. Siguieron el indicio que los llevó hasta la Esplanada dos Ministérios y, una vez desenterradas del todo, se dieron cuenta de que las raíces se extendían hasta instituciones estatales y dos de las empresas más importantes de América del Sur.

La Operación Lava Jato, que recibió ese nombre por la estación de servicio de Ale y la agencia de cambio de divisas Valotur, supuso el punto de partida de un escándalo de corrupción que, en mi opinión, es el más importante de la historia universal, puesto que permitió el blanqueo de al menos 50 000 millones de dólares.

Durante esa época, yo trabajaba en Brasil y vivía en la favela más extensa de Río de Janeiro, donde decenas de miles de familias subsisten en duras condiciones de hacinamiento, violencia y falta de higiene. Llevé a cabo el seguimiento de la Operación Lava Jato cada vez con más incredulidad. Durante muchos años, buena parte de los políticos más veteranos del país se habían aliado con los empresarios más poderosos para malversar dinero del Estado y de las compañías a una escala astronómica. Mientras millones de brasileños luchaban por conservar un nivel de vida mínimo, sus legisladores, jueces, empresarios y abogados disfrutaban de fastuosas propiedades, coches de lujo de importación, aviones privados, cuentas bancarias en Suiza y vacaciones en el extranjero. La empresa petrolera estatal, las grandes constructoras, la industria alimenticia y parte de la minera eran cómplices de esa estructura y habían desembolsado miles de millones en sobornos para asegurarse de que los políticos actuarían a su antojo tanto en el Congreso como en el Gobierno.

Según los magistrados que estuvieron al cargo de la investigación, el fraude involucraba incluso al presidente, Michel Temer, así como al Senado y a la cámara baja. Cuando siguieron tirando de las raíces, salieron a la superficie los nombres de jefes de Estado junto a sus esposas, amigos y los personajes más adinerados de Brasil. A consecuencia de una investigación rutinaria sobre el blanqueo de dinero obtenido mediante el crimen organizado, Brasil ha caído en una crisis política, económica, social y constitucional de proporciones épicas.

Cuando empecé a investigar la economía de los estupefacientes en las favelas de Río en 2012, tuve la ocasión de almorzar con un periodista de la capital experto en el tema. Me dijo que seguramente no me costaría tratar con los narcotraficantes, que eran relativamente inofensivos. También me advirtió que si me proponía investigar las empresas de la construcción, como Odebrecht, me estaría enfrentando a la mafia de verdad, y entonces sí que temía por mi vida.

En el mes de marzo de 2016, Marcelo Odebrecht, el director general de la empresa de construcción del mismo nombre, la más importante de Sudamérica, fue sentenciado a diecinueve años y cuatro meses de prisión por cargos de corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. La Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016 se habían construido sobre los cimientos más podridos que uno pueda imaginar. El legado de esa corrupción descarada ha sido la quiebra total de Río de Janeiro, que se está hundiendo en un lodazal de violencia y de servicios públicos insuficientes.

Los brasileños están muy familiarizados con la cultura de la corrupción, ha sido una característica común a todos los gobiernos que han estado al cargo del país desde los tiempos del colonialismo portugués. Así pues, lo que reveló la Operación Lava Jato despertó la ira de la población, pero no sorprendió a nadie.

En cambio, lo que supuso un impacto fue que, por primera vez en la historia del país, los autores de los hurtos y la corrupción tuvieran que pagar por ello. Costaba creer que el tribunal supremo del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), realmente insistiera en interrogar y detener a algunas de las personas más poderosas del país. La policía federal investigó las sedes con determinación y arrestó a los cargos superiores. Así fue como los magistrados dieron con todos y cada uno de los documentos que demostraban la transferencia de grandes sumas de dinero entre diferentes fronteras y divisas. Por primera vez en los más de cien años que habían transcurrido desde la fundación de la República, los órganos estatales ejercían realmente la tarea de supervisión que se les suponía y llevaban a cabo la misión prevista en la Constitución. El compromiso por parte del sistema de justicia penal de perseguir a los miembros más ricos y corruptos de una sociedad supone un cambio fundamental respecto al pasado.

Lo que ha sucedido en Brasil, no obstante, es lo que se conoce como «revolución de los fiscales»: el cesto de manzanas podridas se tira a la basura, pero la gestión del huerto sigue en las mismas manos. Para que Brasil rompa de forma definitiva con ese legado colonial de criminalidad atroz que las élites privilegiadas consideran un derecho de nacimiento, el país requiere, además, una reforma profunda a nivel político y constitucional. No es necesario que contengan el aliento.

De todos modos, la Operación Lava Jato apunta a un fenómeno todavía más amplio: puede que el crimen y la corrupción sigan gozando de impunidad en el mundo, pero también es cierto que empezamos a detectar una actitud de resistencia frente a esa conducta.

Si bien puede que yo no haya conseguido apreciar la atracción que provoca la cultura de la McMafia entre los que mueven los hilos sin escrúpulos, tanto en McMafia y en otro libro posterior, El lado oscuro de la red, adelanté otro avance estructural de la delincuencia internacional: los delitos informáticos.

Los cuerpos de seguridad en ocasiones prefieren hablar de la «digitalización del crimen organizado», bajo el argumento de que el término abarca dos aspectos: el primero es el delito puramente informático, actividades que sólo pueden existir como parte intrínseca de sistemas en red, como ataques DDoS o ransomware; el segundo son los delitos llevados a cabo con la ayuda de ordenadores, es decir, perfeccionando actividades delictivas tradicionales como el tráfico de drogas mediante el uso de ordenadores, de un modo parecido a lo que ocurre con los negocios lícitos.

Durante dos décadas, la delincuencia organizada tradicional y la delincuencia informática estaban muy diferenciadas. No hace ni diez años que un delincuente informático sueco me contó cómo había intentado convencer a la organización delictiva de su padre para que participara en un fraude de tarjetas de crédito y débito por internet. Me explicó que, a pesar de asegurarles que las ganancias serían mucho más elevadas con menos riesgo, no fueron capaces de comprender la parte tecnológica. Preferían seguir con lo que ya sabían hacer: extorsiones, robos y chantajes.

Su respuesta apuntaba hacia el golfo que dividía los delitos de toda la vida y el mundo nuevo de los piratas informáticos: el uso de la violencia. En el mundo de las organizaciones mafiosas, si no puedes ejercer una intimidación convincente, no tienes nada que hacer. La violencia es la condición sine qua non de la delincuencia organizada tradicional. Sin embargo, en el caso de la delincuencia informática, la parte física no cuenta: puedes tramar un delito en Kazajistán, que tu víctima esté en Los Ángeles y el desembolso del efectivo se lleve a cabo en un cajero automático de Dubái.

A consecuencia de esto, la delincuencia informática ha atraído a infractores con un perfil social completamente distinto al de los matones sicilianos, los sicarios de Pablo Escobar o los «dedos cortados» de la yakuza. A menudo empiezan muy jóvenes como cerebritos que disfrutan explorando los confines de internet y de los sistemas cibernéticos. Los delincuentes informáticos más experimentados se encargan de supervisar la actividad de estos jóvenes que demuestran aptitudes en la red oscura, y los reclutan para que les ayuden en sus actividades delictivas, aunque este proceso suele empezar mucho antes de que haya madurado la brújula moral del hacker joven.

Cuando empecé a conocer a delincuentes informáticos de todo el mundo, descubrí que había una minoría que respondía al estereotipo: geeks, genios de la informática con habilidades sociales limitadas, a menudo sin antecedentes penales. Este tipo de delincuentes existe, y su habilidad técnica suele ser impresionante. Sin embargo, los verdaderos hackers sólo constituyen una minoría entre los implicados en los delitos informáticos. Un hacker no es más que alguien que ha adquirido conocimientos avanzados de informática y programación. Suelen demostrar altas capacidades a la hora de identificar debilidades y vulnerabilidades en los sistemas. De hecho, la piratería no debería tener el matiz peyorativo que le hemos acabado atribuyendo con el tiempo. En lugar de eso, debería diferenciarse entre los hackers de sombrero negro, los de sombrero gris y los de sombrero blanco. Los programadores que escriben código malicioso y lo liberan de forma descontrolada son, sin lugar a dudas, de sombrero negro. En cambio, la primera línea del crimen informático suele estar formada por «ingenieros sociales», timadores modernos que nos convencen para que utilicemos nuestro ordenador para realizar acciones que luego lamentaremos.

Como es natural, los miembros más jóvenes de la delincuencia organizada están familiarizados con el entorno digital, y por tanto comprenden que la tecnología les puede proporcionar unos beneficios espectaculares. Una organización turco-danesa, que se dedicaba a traficar con cocaína desde Sudamérica, convenció o engañó a dos cerebros tecnológicos para que accedieran al sistema informático del puerto de Amberes y manipularan los números PIN de nueve dígitos que tiene asignados cada contenedor del puerto. Utilizando este número, consiguieron modificar la marca digital de los contenedores que transportaban la cocaína de manera que aparecieran en el sistema como si ya hubieran superado el control de aduanas.

Esta fusión emergente entre la delincuencia organizada tradicional y la informática llega en un momento en el que las infracciones cometidas por internet han alcanzado nuevos niveles. A principios de mayo de 2017, el ataque informático WannaCry lanzado contra los ordenadores Windows en todo el mundo provocó terribles alteraciones y una oleada de pánico en los gobiernos. El impacto de los ataques informáticos empezaba a ser mayor que nunca. Durante los dos años previos a los ataques de ransomware del WannaCry, el presidente ejecutivo de Sony Pictures se vio obligado a dimitir tras la publicación de correos electrónicos que, entre otros temas, incluían comentarios desafortunados acerca de Angelina Jolie. Los numerosos clientes de Ashley Madison, el sitio web para personas que buscan aventuras extramatrimoniales, se quedaron petrificados por el miedo al ver cómo sus nombres quedaban revelados ante el público de la red.

Al WannaCry no tardó en seguirlo otro ataque de ransomware al que llamaron NotPetya. Los dos demostraron que la infraestructura de un país también podía quedar a merced de hackers relativamente poco sofisticados. Eran presagios de desastres futuros, pero al menos nos ofrecían indicaciones cruciales que en el futuro podrían servir para mitigar su impacto. El aspecto clave de los dos ataques fue EternalBlue, la vulnerabilidad utilizada para transmitir el ransomware. En ambos casos, sólo fue necesario infectar un único ordenador para que el resto de la red quedara indefensa. Microsoft no consiguió detectar el error, aunque el ojo avizor de la agencia de espionaje digital más poderosa de Estados Unidos, la NSA, sí detectó a los creadores y guardianes de esa vulnerabilidad, que sin duda se estaba preparando para utilizar los datos en el futuro. Por desgracia, resultaron ser poco eficientes como guardianes, puesto que un grupo misterioso, llamado The Shadow Brokers, consiguió hacerse con esa y otras herramientas de pirateo. La velocidad de transmisión y el alcance del gusano EternalBlue explican los efectos devastadores de los ataques del WannaCry y del NotPetya. Brad Smith, de Microsoft, llegó a afirmar que un escenario comparable con armas convencionales equivaldría al robo de los misiles Tomahawk del ejército estadounidense.

Los objetivos del ataque del WannaCry también eran importantes. Aunque puede que no sea más que una coincidencia, los objetivos fueron tan variados que parecían elegidos especialmente como demostración de poder: la seguridad social británica, la red de transportes alemana, las telecomunicaciones en España, la banca en China y el Gobierno (ni más ni menos que el Ministerio de Interior) en Rusia. Si el ataque también hubiera afectado a algún servicio público importante, se habría conseguido la escalera de color de las infraestructuras clave.

Hemos entrado en un mundo feliz, pero también aterrador.

Eso no significa que las actividades tradicionales de McMafia hayan quedado atrás. Continúan creciendo y extendiendo sus redes y negocios a una escala sin precedentes. No puedo extenderme con los detalles aquí, por lo que me limitaré a uno de los negocios, el que describo con todo lujo de detalles en el capítulo 9. Es un delito que ha alcanzado proporciones terroríficas en la última década, pero también supone un negocio peculiar, ya que a menudo parece un delito contra la propia evolución.

Durante una conferencia sobre crimen organizado a la que asistí en La Haya a finales de 2016, un guarda forestal sudafricano nos mostró un vídeo que nos dejó helados.

A lo lejos, un animal de gran tamaño parecía estar disfrutando de un descanso bien merecido. Sin embargo, cuando la cámara se acercó poco a poco a la escena, quedó claro que aquella majestuosa hembra de rinoceronte, una adulta joven, lo estaba pasando realmente mal. Estaba tendida en el suelo, inmóvil, con una bala de rifle de caza alojada en el lomo.

Pero eso no era lo peor. Tenía la cara terriblemente desfigurada. Los hombres que le habían disparado le habían cortado el cuerno sin esperar a que perdiera la consciencia. El resultado era una cavidad enorme en la que se había coagulado un charco de sangre. En esa ocasión, los guardas forestales la encontraron demasiado tarde y acabó muriendo tras una larga y dolorosa agonía que se prolongó durante varias horas.

Las consecuencias de la delincuencia organizada transnacional a menudo son desagradables. Sin embargo, pocas son tan horrorosas como las que tienen que ver con el comercio ilegal de especies en peligro de extinción, que se ha incrementado de un modo drástico desde que publiqué la primera edición de este libro. Además de los rinocerontes y los elefantes, hay que añadir los leones, los tigres, las tortugas, los tiburones, las rayas y los pangolines a la lista de especies cuya existencia se ve amenazada por la demanda procedente de Extremo Oriente, donde ciertas partes del cuerpo de estos animales se utilizan como decoración o para la elaboración de medicamentos.

Durante 2007, en Sudáfrica se mataron ilegalmente a 13 rinocerontes. En 2014, esa cifra se disparó hasta alcanzar los 1215: un aumento del 9246 %. El incremento de las medidas de protección ha contribuido a reducir ese número, pero sigue por encima de las 1000 muertes anuales. Dado que el 70 % de los 30 000 rinocerontes que hay en el mundo viven en Sudáfrica, estas estadísticas describen un ritmo elevado de extinción para una de las creaciones más majestuosas del planeta.

Los cazadores furtivos suelen ser sudafricanos y mozambiqueños empobrecidos, dispuestos a arriesgar sus vidas frente a los guardias de los parques y a los soldados. Cada cuerno de rinoceronte supone para ellos el equivalente al sueldo de un mes, unos 150 dólares. No obstante, el precio del producto empieza a dispararse en manos de los intermediarios. Éstos se encargan de enviar los productos a Vietnam, sobre todo para venderlos a clientes vietnamitas y chinos. Cuando los cuernos llegan a estos mercados, su cotización se elevará hasta los 90 000 o 100 000 dólares el kilo.

Sin embargo, mientras que China ha dedicado grandes esfuerzos a restringir el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte, el Gobierno de Hanói ha demostrado mucho menos rigor. Las bandas vietnamitas que hay tras esta clase de comercio ilegal utilizan varias rutas marítimas para esquivar a las fuerzas de seguridad. Hace diez años, el mercado de productos derivados del rinoceronte era insignificante, pero a partir del momento en el que Vietnam se convirtió en la principal vía de entrada de productos ilegales a ciudadanos chinos, surgió un mercado local también en Hanói. Esto supone una lección aplicable al comercio de drogas: los países por los que transitan productos ilícitos enseguida adoptan la costumbre de consumirlos.

Los elefantes también tienen un panorama desolador en África, puesto que sus colmillos son muy apreciados para la elaboración de productos de marfil. En el Gran Censo de Elefantes que se presentó en 2016, los investigadores constataron que en África quedaban 352 000 elefantes. La cifra puede parecer mucho más favorable que la de rinocerontes, pero el número de bajas anuales es de 30 000 ejemplares cada año. Puesto que hace un siglo en África había unos 20 millones de elefantes, queda claro el peligro extremo que supone el ser humano para la supervivencia de esta especie.

La prohibición de la venta de marfil, apoyada por la mayoría de los países del mundo, sigue estando exenta de controversia como medio de protección para los elefantes. En el caso del rinoceronte, en cambio, el cuerno no es una extensión dental como en el caso de los colmillos de los elefantes, sino que está formado básicamente por queratina, una sustancia utilizada para fortalecer el pelo y las uñas de los humanos. Como tal, volverá a crecer siempre que se corte adecuadamente.

Muchos de los propietarios particulares de rinocerontes en Sudáfrica han reclamado su derecho a vender cuernos de rinoceronte de forma legal siempre que los hayan extirpado mediante métodos quirúrgicos. En el mes de abril de 2017, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica cuestionó una impugnación a la suspensión de la venta de cuernos de rinoceronte en el país. Los propietarios argumentaron que un mercado legal satisfaría la demanda en Extremo Oriente sin que eso supusiera una amenaza para la especie. Sin embargo, organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza afirman que esa medida sólo haría crecer la demanda. Sea como sea, no hay duda de que el tiempo no juega a favor de los rinocerontes.

La verdad es que no supe prever esta tendencia ascendente del tráfico de especies en peligro de extinción. Igual que ocurre en el caso de la trata de blancas, el desencadenante ha sido la demanda creciente de estas mercancías ilegales en países como Laos y Vietnam, lo que indica que no se ha producido ningún cambio significativo en la naturaleza de la delincuencia organizada.

Pero no todo es tan funesto. Cada vez hay más conciencia acerca de la amenaza que suponen la delincuencia organizada y la corrupción, y actualmente hay un conjunto de personas, instituciones y departamentos gubernamentales decididos a arrojar luz sobre los numerosos recovecos oscuros de este mundo. La acción coordinada de la policía y los magistrados en Brasil es un buen ejemplo de ello.

A pesar de los retos que internet ha supuesto para los medios impresos tradicionales, ha surgido una fuerte corriente de periodismo de investigación. El Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción, ProPublica, y sobre todo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han seguido analizando cómo los políticos, diplomáticos, traficantes de armas, delincuentes, abogados corruptos y banqueros intercambian información y técnicas, así como beneficios ilícitos, al margen de las instituciones estatales.

Se han asestado unos cuantos golpes importantes: debido sobre todo a su perfil internacional, la FIFA quedó en evidencia como la organización de delincuencia organizada que era en realidad. Todavía queda mucho por hacer en el área de las organizaciones deportivas mundiales, pero los estamentos internacionales competentes cada vez lo tienen más difícil para evitar que se aireen sus trapos sucios.

Gracias a los Papeles de Panamá y a investigadores como Nicholas Shaxson, el autor de Las islas del tesoro, que dejó al descubierto el funcionamiento de los paraísos fiscales, sabemos mucho más sobre las herramientas que utilizan los delincuentes y los políticos corruptos para ganar dinero negro y gestionarlo de forma anónima. Ha existido una enorme presión reguladora sobre las grandes corporaciones, especialmente sobre las que se dedican a la extracción de minerales, con el objetivo de aumentar su transparencia, por lo que se vieron obligadas a abandonar las prácticas corruptas que habían llevado a cabo hasta entonces. La regulación anticorrupción ha sufrido un revés importante en los Estados Unidos de América desde la elección de Donald Trump, pero el próximo presidente electo seguramente estará sometido a presiones considerables para volver a instaurar un régimen más estricto. Otra gran área en la que se están dando pasos en la dirección adecuada es la legislación sobre drogas. Es posible que sea al mismo tiempo irónico y adecuado que buena parte del ímpetu que está provocando el cambio proceda precisamente del país cuyas políticas de drogas han tenido sometida a buena parte del mundo. Determinados estados de los EUA, empezando por Colorado y Washington y con la reciente incorporación de California, han legalizado la marihuana para uso recreativo.

En el mes de enero de 2018, se cumplirán ya cuatro años desde la legalización en Colorado, y no sólo la civilización occidental no se ha desmoronado, sino que al Gobierno de ese estado le han llovido los ingresos fiscales. En 2015, ascendieron a unos 78 000 millones de dólares que se destinaron a mejorar la sanidad y la educación, lo que equivale al doble de los impuestos recaudados a partir de las ventas de alcohol.

El cambio también es palpable en Sudamérica, donde la mayoría de los países han despenalizado las drogas para consumo propio. Simplemente se hartaron de los terribles embates de violencia provocados directamente por la persistencia de la guerra que mantiene Estados Unidos contra las drogas. La batalla que terminará con esta guerra sin sentido y con sus sanguinarias consecuencias todavía no ha acabado, pero al menos ha empezado de la forma más seria posible.

Quizás lo más importante de todo es que actualmente en las democracias existe un consenso generalizado acerca de la amenaza fundamental que suponen la delincuencia organizada y la corrupción para el correcto funcionamiento de nuestros sistemas políticos. Para superar la multitud de retos que nos depara el mundo durante las próximas décadas, tendremos que situar las actividades delictivas y corruptas, junto con el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la desigualdad, en lo más alto de la lista de prioridades.

MISHA GLENNY, 2017

NOTAS SOBRE LAS FUENTES

El material en el que se basa este libro procede principalmente de las casi trescientas entrevistas que realicé personalmente entre mayo de 2004 y abril de 2007. Muchas de las personas que participaron en ellas aparecen citadas en el texto, pero las que no figuran en él también efectuaron una aportación vital a esta obra. Además de estas entrevistas, también he consultado un sinnúmero de artículos y una serie de libros de gran importancia.

El estudio criminológico más importante con el que mi libro está en deuda es The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, de Diego Gambetta, que en mi opinión ha transformado la manera de entender la delincuencia organizada. Acerca de la mafia siciliana, también recomendaría el sensacional libro Midnight in Sicily de Peter Robb y la autobiografía parcial del antiguo alcalde de Palermo Leoluca Orlando: Fighting the Mafia and Renewing Sicilian Culture. Por último, The Shadow Economy: An International Survey, del profesor Friedrich Schneider y Dominik H. Enste, ha establecido los fundamentos sobre cómo debe cuantificarse la economía sumergida.

Existen también diversos estudios generales muy valiosos acerca del auge de la delincuencia organizada y la economía paralela. Moisés Naim fue el primero en identificar la verdadera trascendencia del crimen organizado internacional en la era de la globalización. The Merger, de Jeffrey Robinson, contiene detalles fascinantes acerca de algunas redes delictivas de alcance mundial. Véanse también Gangster Capitalism: The United States and the Global Rise of Organized Crime, de Michael Woodiwiss, y, en alemán, Die Barbaren kommen: Kapitalismus und organisiertes Verbrechen, de Jean Ziegler.

CAPÍTULO 1

La obra de Yovo Nikolov y de otros periodistas del periódico de Sofía Capital ha sido de especial ayuda para la elaboración de este capítulo, al igual que diversos monográficos producidos por el Centro de Estudios de la Democracia de la capital búlgara. También he consultado las memorias de Dimitur Ivanov, Sesti Odel («Sexto Departamento’) y Afera, de Bogdana Lazarova.

CAPÍTULO 2

En la antigua Yugoslavia se ha publicado muchísima información acerca de este tema en forma de libros y revistas, y también en algunos estudios académicos. El único material que puede encontrarse en inglés es la importante serie dedicada al contrabando de tabaco publicada en 2002 por la revista croata Nacional, que se basaba en parte en entrevistas a algunos de sus protagonistas, pero también en fuentes de la policía secreta croata (por lo que viene acompañada de advertencias sanitarias). En alemán, véase el libro de Norbert Mappes-Niediek Balkan-Mafia: Staaten in der Hand des Verbrechens – Eine Gefahr für Europa. El libro más interesante publicado en serbio es Atentat na Zorana, de Milos Vasic, que investiga el trasfondo del asesinato de Djindjic. Las principales revistas generales serbias y la publicación montenegrina Monitor también han publicado material muy importante.

CAPÍTULOS 3 Y 4

Existen dos textos cruciales publicados en inglés a propósito de la mafia rusa: Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, de Vadim Volkov, y The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy, de Federico Varese. The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia, de David Hoffman, es un retrato magistral de cómo se movía el poder por detrás del trono de Yeltsin. Stephen Handelman fue uno de los primeros autores en documentar qué estaba sucediendo en Rusia con su libro Comrade Criminal: Russia’s New Mafiya. También son indispensables las investigaciones de Olga Kryshtanovskaya. En alemán, los escritos de Jürgen Roth son probablemente la mejor introducción al mundo de la mafia rusa. Der Oligarch, su biografía de Vladimir Rabinovich, es una de las explicaciones más útiles y detalladas de la psicología social de esta estirpe tan extraña y enormemente poderosa. Muchas de las citas de Rabinovich que aparecen en mi libro proceden de este texto, aunque también le entrevisté personalmente. Véase asimismo Die Gangster aus dem Osten, de Roth. En ruso he consultado Millioner, la autobiografía escrita por Artyom Tarasov sobre el primer millonario del país, así como una entrevista con él. Los diversos libros de Alexei Mukhin constituyen crónicas vitales sobre la emergencia de los distintos grupos e individuos, especialmente Rossiskaya organizovanaya prestupnost i vlast. Véase también Tenevaya Rossiya, de Lef Timofeev e Igor Klyamkin. El único libro publicado en inglés acerca del asesinato de Gongadze es Beheaded: The Killing of a Journalist, de J. V. Koshiw. Véase también el informe de Global Witness It’s a Gas.

CAPÍTULO 5

El libro de Robert I. Friedman Red Mafiya: How the Russian Mob Invaded America explica en detalle cómo se desarrollaron algunos de los vínculos entre la mafia rusa e Israel. Constituye una lectura de lo más amena, aunque en algunas partes debe leerse con cierta reserva. No existe ningún análisis exhaustivo sobre el crecimiento de la delincuencia organizada en Israel, aunque el estudioso británico Mark Galeotti ha escrito acerca de este tema en distintas publicaciones. The Global Political Economy of Israel, de Jonathan Nitzan y Shimshon Bichler, es una introducción muy útil a los cambios que han tenido lugar en la economía israelí durante las últimas dos décadas.

CAPÍTULOS 6 Y 7

El material no periodístico sobre Dubái es escaso, aunque From Trucial States to United Arab Emirates, de Frauke Heard-Bey, constituye una soberbia introducción a la historia moderna de los Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al blanqueo de dinero, el informe de John Kerry (escrito en su mayor parte por Jon Winer) acerca del escándalo del BCCI es un texto fundamental, si bien también deben consultarse The Outlaw Bank: BCCI, de Jonathan Beaty y S. C. Gwynne, The Washing Machine: How Money Laundering and Terrorist Financing Soils Us, de Nick Kochan, y, en un tono más académico, Chasing Dirty Money, de Peter Reuter y Edwin M. Truman. En lo referente a su relación con el terrorismo, véanse Terra Inc: Tracing the Money behind Global Terrorism y el informe sobre el 11-S de la Comisión Nacional. Las publicaciones británicas Journal of Financial Crime y Journal of Money Laundering Control también son de gran utilidad. Sobre Bombay y los atentados de 1993, la mejor fuente con diferencia es Black Friday: The True Story of the Bombay Bomb Blasts, de Hussain Zaidi. En la India y otros países se han publicado incontables artículos y estudios dedicados a Dawood Ibrahim y su red. Además, vale la pena ver las distintas películas de Bollywood que reproducen el inframundo de Mumbai.

CAPÍTULO 8

Los dos libros más útiles para comprender la delincuencia y la corrupción en Nigeria son This House Has Fallen: Nigeria in Crisis, de Karl Maier, y A Culture of Corruption: Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria, de Daniel Jordan Smith. No menos valiosos, en otro sentido, son los escritos de Chinua Achebe y Wole Soyinka.

CAPÍTULO 9

La mejor fuente que puede consultar quien desee comprender el mundo de la delincuencia sudafricana es el Institute for Security Studies (www.iss.co.za), que ofrece unos contenidos soberbios. El libro más informativo y fascinante al respecto es Acid Alex, de Al Lovejoy, y también son muy importantes Rainbow Vice, de Ted Leggel, y The Number, de Jonny Steinberg. Véase también Crime Wave: The South African Underworld and its Foes, editado por Steinberg. Acerca del comercio de coltán y diamantes, la mejor fuente de información es Global Witness y sus revolucionarios informes, así como Blood from Stones: The Secret Financial Network of Terror, de Douglas Farah, y Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible, el libro publicado por el anterior autor y Stephen Brown acerca de Viktor Bout.

CAPÍTULO 10

Hay dos obras muy reveladoras sobre Canadá, la Columbia Británica y la política relacionada con la delincuencia: Bud Inc: Inside Canada’s Marijuana Industry, de Ian Mulgrew, y Angels of Death: Inside the Bikers’Empire of Crime, de William Marsden y Julian Sher.

CAPÍTULO 11

Existen tres textos de lectura muy amena sobre la industria de la cocaína en las últimas dos décadas: el excelente Cocaine: An Unauthorized Biography, de Dominic Streatfield, Killing Pablo, de Mark Bowden, y Drug Lords, de Ron Chepesiuk. Por último, en español se puede encontrar el magistral Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo.

CAPÍTULO 13

Sobre la yakuza de hoy día puede comenzarse por el clásico Tokyo Underworld de Robert Whiting, aunque no deben dejar de leerse Dogs and Demons: The Fall of Modern Japan, de Alex Kerr, ni Yakuza: Japan’s Criminal Underworld, de David E. Kaplan y Alec Dubro. The Japanese Mafia: Yakuza, Law and the State, de Peter Hill, es indispensable para entender la evolución de la yakuza desde el fin de la Guerra Fría. Toppamono: My Life in Japan’s Underworld, de Miyazaki Manabi, está publicado en inglés y japonés. En alemán, el libro más fascinante sobre el tema es Japan nach Sonnenuntergang, de Wolfgang Herbert.

CAPÍTULO 14

La cantidad de material disponible sobre China es descomunal, pero el lugar por el que debe comenzarse son los artículos e informes escritos por el estudioso Ko-lin Chin de la Rutgers University. Véanse también The Dragon Syndicates: The Global Phenomenon of the Triads, de Martin Booth, y Tongs, Gangs and Triads: Chinese Crime Groups in North America, de Peter Huston. También es importante The Triads as Business, de Chu Yiu Kong. Para documentarse acerca del Shanghái de los años treinta, consúltese Old Shanghai: Gangsters in Paradise, de Lyn Pann. Aparte de estas obras, las dos introducciones mejor escritas sobre lo que está sucediendo en el gigante amarillo son China Shakes the World: The Rise of a Hungry Nation, de James Kynge, y Getting Rich First: Life in a Changing China, de Duncan Hewitt. Los dos resultan muy informativos, pero por motivos distintos.

AGRADECIMIENTOS

En algunos puntos del proceso de investigación y redacción de este libro he tenido que afrontar desafíos de tal magnitud que sólo he logrado superarlos gracias a la considerable ayuda que he recibido. De esta forma, McMafia: el crimen sin fronteras ha hecho posible que trabajase con algunas personas maravillosas de todo el mundo. No puedo nombrarlas a todas aquí y, además, una parte importante de ellas me han pedido que no las identifique. Ellas saben quiénes son y desde aquí les doy las gracias.

Durante los últimos años he tenido el privilegio de participar en el debate anual que preside en Grecia el líder del PASOK y antiguo ministro de Asuntos Exteriores griego George Papandreu junto con Ada Papandreu en el simposio Symi de la Andreas Papandreou Foundation. Mi más sincero agradecimiento a los dos y a la visión de George. Muchos participantes de los simposios han tenido la generosidad de concederme su tiempo y sus conocimientos para ayudarme a encuadrar este proyecto, pero debo destacar especialmente a cuatro personas cuya amistad me ha acompañado en los momentos buenos y en los malos. Alex Rondos ha inspirado una iniciativa para promover la reconciliación entre los pueblos del este de Kosovo, el sur de Serbia y el norte de Macedonia, y a través de ella llegó a mi conocimiento la crucial importancia socioeconómica del crimen organizado en esta región. Richard Parker siempre ha respondido con mucha paciencia a mis consultas sobre la economía política de la era poscomunista y, concretamente, sobre el sector bancario. Ivan Vejvoda es un agudo observador de los Balcanes y uno de los representantes más distinguidos de esta zona. Mark Medish no sólo compartió conmigo de buen grado sus conocimientos y su experiencia, sino que también me ayudó a llegar a diversos lugares a los que no habría logrado acceder sin su ayuda, además del alojamiento en Washington. Su influencia sobre este libro es considerable. Gran parte de las investigaciones correspondientes al capítulo sobre Nigeria han sido realizadas en mi nombre in situ por Juliana Ruhfus. Sus pesquisas han sido tenaces y certeras, y merece mi más sentido agradecimiento. Vesna Vucenovic me ha transmitido su incansable apoyo y un optimismo que ha sido muy bienvenido. Ted Braun y Melissa Llewelyn-Davies han formulado críticas honestas y alentadoras sobre el libro. Gracias también a Chris Harrison por su ayuda. Juliet Sydenham, Tamara Glenny y Paddy Glenny me han prestado su colaboración, como de costumbre, de diversas formas. Gracias también a Ralph Glenny por la fotografía de la solapa. Neil Belton y Colin Robinson me han obsequiado con risas, amistad y consejos durante muchos años.

En Bulgaria, Ivan Krastev y Ognyan Zlatev no dejaron de atender con alegría mis numerosas demandas de tiempo, conocimientos y contactos. También quisiera expresar mi gratitud a Boyko Borrisov, Jeremy y Katy Hill, Iain Stewart, Dessislava Gavrilova, Vessela Tcherneva y, especialmente, Yovo Nikolov. En Serbia, Braca Grubacic ha sido un gran amigo y una fuente siempre productiva. También deseo agradecer su ayuda a Dejan Atanasijevic, Milos Vasic y Spomenka Vejvoda. En Macedonia, gracias, como siempre, a Saso Ordanoski y Güner Ismael, cuyo conocimiento de las redes de corrupción es casi inigualable. Roman Kupchinsky, en Praga, ha tenido la gran generosidad de compartir conmigo sus profundos conocimientos sobre Rusia y Ucrania. El John Smith Fellowship Programme y varios de sus beneficiarios me han ofrecido una ayuda valiosísima en varias partes de la antigua Unión Soviética. En Moscú, mi gratitud está especialmente reservada a Tessa Szyszkowitz y a su familia por alojarme y proporcionarme tanta información. También deseo dar las gracias a Yelena Rubin, James Hill y Alexei Mukhin. En Ucrania, Olga Bondaruk siempre estuvo dispuesta a afrontar grandes desafíos. También deseo expresar mi agradecimiento a Alexander Radovic, Roman Olearchuk, Helen Fawkes y Alexei Stepura. En la República Checa debo dar las gracias a un viejo amigo, Oldrich Cerny, y a Jan Zvelebil. En Moldavia, gracias a Eugen Burdeliini, Stella Mocan y Alina Budeci. En Kazajistán no habría llegado a ninguna parte sin el apoyo y la asistencia de Shannon Crownover y Christopher Pala, en Almaty. También deseo dar las gracias a Artur Shakhnazarian y a Oksana Martinuk, de Atyrau.

En Israel, mi agradecimiento más especial corresponde a Alon Farago. También deseo dar las gracias al profesor Menachem Amir, a Alexander Gentelev, a Orla Guerin y a todos los integrantes de la oficina de la BBC en Jerusalén y en la ciudad de Gaza. En Dubái, Julie Studer me proporcionó un valiosísimo soporte, al igual que Ashfaq Ahmed. También deseo expresar mi gratitud a Driss Mekkaoui, Najib Bencheriff y Ron Bagnulo.

He tenido la enorme suerte de que Vikram Chandra tuviese la amabilidad de presentarme a Hussain Zaidi en Mumbai. Hussain es un especialista sin par en los grupos organizados de delincuentes de Mumbai y la India, y me abrió de par en par las puertas a sus conocimientos. También deseo dar las gracias a Mrinmayee Ranade.

El magistrado Malala fue un mentor ejemplar para mí en Sudáfrica. Gracias especialmente a Suzanne Lang por presentarme la obra de Al Lovejoy. Luego tuve el privilegio de conocer en persona a Al, cuyo ingenio e inteligencia admiro profundamente. Gracias también a Nick Dawes, Jonathan Lang y Justine Lang.

Mi agradecimiento especial para mi editor canadiense de Toronto, Sarah MacLachlan de Anansi Press, para Noah Richler, y también para Merito Ilo.

En Washington, gracias a Robert Gelbard y a Jaime Jaramillo Vallejo, así como a todos los que han preferido permanecer en el anonimato. En Colombia, mi sincero agradecimiento a Juan Pablo Morris, así como a Landa Acevedo en Londres.

En Brasil he contraído una gran deuda con Emily Sasson Cohen, Ana de Andrada y, por supuesto, con Caboclo Sonhador. También me gustaría expresar mi gratitud a Tony Smith, Marcos Flavio Araujo Assunção, Fabricio, João Salles y a mi editor de Brasil, Luis Schwarcz.

En Japón tuve la gran suerte de poder trabajar con David d’Heilly y Shizu Yuasa. Antes de salir del Reino Unido, recibí una importante orientación de Peter Hill. En Tokio, Velisarios Kattoulas fue mi salvación, mientras que en Osaka Wolfgang Herbert me obsequió con su profunda perspicacia y también con una noche fantástica.

En cuanto a China, mis agradecimientos deben ir en primer lugar a Rui Huang. No habría podido pasar sin la amistad de Lindse Hilsum y la de Betty Du y Max de la oficina del Channel 4. Gracias también a James Kynge y Paul French, de Shanghái. Ko-lin Chin, de la Rutgers University, me ofreció un conocimiento imprescindible sobre la base del tema antes de visitar China.

Gracias también a todo el fantástico equipo de Global Witness, y especialmente a Charmian Gooch y Alex Yearsley. Y gracias a Alex por ponerme en contacto con Gary Busch, que hizo gala de una gran generosidad al compartir conmigo su material y sus experiencias. El equipo de European Stability Initiative, dirigido por Gerald Knaus con una infatigable energía y una inteligencia portentosa, ha destacado siempre por su trabajo pionero en el estudio de las relaciones racionales entre la sociedad, el crimen organizado y otros fenómenos asociados a éste. También deseo expresar mi gratitud a Federico Varese por compartir conmigo sus conocimientos y su material En Londres y Nueva York me gustaría dar las gracias a mis editores Will Sulkin y Dan Frank, cuyo entusiasmo y fe en el proyecto me han sostenido durante todo este tiempo. Sus comentarios y su guía editorial han influido mucho en la versión final del libro. También me gustaría expresar mi agradecimiento a los trabajadores de The Bodley Head y Knopf, especialmente a Dan Hind, Fran Bigman, Rebecca Carter, Drummond Moir y Lily Richards.

Clare Conville, mi agente en Londres, ha sido mi amiga íntima durante treinta años. Su contribución a la génesis de este libro tuvo una importancia primordial, y también ha ejercido una influencia maravillosa y tranquilizadora, especialmente cuando las cosas se han puesto difíciles. No puedo agradecérselo lo suficiente. Mi sentida gratitud también para mi agente de Nueva York, Michael Carlisle, por su compromiso y sus energías.

Con quien he contraído la mayor deuda es con mi esposa, Kirsty Lang, a quien dedico este libro. Me ha ayudado en todos los aspectos de la investigación y la redacción de la obra, y me ha mantenido a flote cuando estaba en peligro de naufragar. Es una mujer excepcional en todos los sentidos y yo soy una persona muy afortunada.

Por último, mi amor y mi agradecimiento a mis tres hijos, Miljan, Alexandra y Callum.

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

La editorial ha hecho todos los esfuerzos por localizar y contactar a los propietarios de estos materiales. Los editores estarán encantados de corregir posibles omisiones o errores en próximas ediciones.

Simeon: © Dr Ivaylo Ditchev

Ilia Pavlov, cortesía de Capital Weekly

Stanko Subotic; Vladimir Bokan; Arkan © AP/PA Photos Defensores de Milo Djukanovic: © AP/PA Photos

Semion Mogilevich, reproducido con permiso del FBI

Victor Kulivar, Karabas: © Misha Glenny

Tattoo, imagen de Danzig Baldaev, Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, FUEL

Sergei Mikhailov: © Reuters

Intento de asesinato de Rosenstein: © Michael Kremer Beduinos, desierto del Negev: fotografía de Alon Farago,

© Wayward Lad Ltd

Deepak Nachnani: © Misha Glenny

Rakesh Maria en Bombay: © The Indian Express Dawood Ibrahim: © The Indian Express

Pradeep Sharma en Mumbai: © Misha Glenny

Bombas en Bombay, marzo de 1993: © AP/PA Photos

Drogas y armas en Ciudad de Cabo: © AP/PA Photos

Emmanuel Nwude: © AP/PA Photos

Nuhu Ribadu: © Getty Images

Nelson Sakaguchi: © Brazil Photo Bank

Marihuana creciendo en la Columbia Británica: © AP/PA Photos David Soares: © Misha Glenny

Anuncio de marihuana, Ottawa: © Misha Glenny

Fabio Ochoa y Santiago Uribe, cártel de Medellín Mi Casita, Jamundí: © AP/PA Photos

Janneth Pachon: © Misha Glenny

Míster Pringle: © Misha Glenny

Protógenes Queiroz: © Misha Glenny

Revuelta carcelaria, São Paulo, 15 de mayo de 2006: © Sipa Press/Rex Features

Agata- san: © Misha Glenny

Máquinas de juegos Pachinko: © Misha Glenny

Wolfgang Herbert: © Misha Glenny

Casas de Fuqing en la provincia de Fujian: © Misha Glenny DVDs piratas: © Misha Glenny

Su Hang Qi y su hija: © Misha Glenny

LAMINAS

Simeon lo consiguió todo: el teléfono móvil, el Mercedes, la tumba.

Reunión general anual de la naciente clase capitalista de Bulgaria.

El fallecido Ilya Pavlov, jefe de Multigroup.

Stanko, Cane, Subotic, uno de los empresarios más ricos de los Balcanes.

El difunto Vladimir, Vanja, Bokan, fundador del negocio del contrabando de tabaco en los Balcanes.

Arkan, sus «Tigres» y el cachorro Milica.

Defensores de Milo Djukanovic, el hombre que dio a Montenegro la independencia y el impuesto de tránsito para el tabaco.

Póster del FBI publicado (febrero de 2003) para lograr la detención de Semion Mogilevich.

Monumento funerario de Viktor Kulivar, Karabas, gánster querido por toda Odessa.

Mensaje de la mafia: «Presidente, no nos puede atrapar. Estamos en todas partes. Denos el poder y pondremos orden en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes».

Sergei Mikhailov, jefe de la Hermandad de Solntsevo.

Ze’ev Rosenstein sobrevivió de milagro a este intento de asesinato en la calle Yehuda Halevy de Tel Aviv.

Jóvenes beduinos con la carga contrabando que acaban de pasar por la frontera egipcio-israelí en el desierto del Negev.

Deepak Nachnani se manifiesta ante la cárcel de Arthur Road el día en que condenan a Sanjay Dutt por posesión de armas de fuego.

El comandante Rakesh Maria de Bombay, siempre desenvuelto y elegante.

Dawood Ibrahim: rey del hampa de Mumbai.

El inspector Pradeep Sharma, el azote del hampa de Mumbai.

Uno de los sangrientos atentados que sufrió Bombay en marzo de 1993.

Drogas y armas de fuego: el pan de cada día para las bandas de Ciudad del Cabo.

Emmanuel Nwude, Chief, el mayor estafador de Nigeria.

Nuhu Ribadu, jefe de la Comisión de Delitos Financieros y Económicos de Nigeria.

Nelson Sakaguchi, ¿víctima ingenua o maestro de la estafa?

La marihuana: un 6 % del PIB de la Columbia Británica.

David Soares, fiscal de distrito de Albany, se ha fijado una misión.

La floreciente industria de la capital canadiense, Ottawa.

Fabio Ochoa (primero por la izquierda), del cártel de Medellín, y Santiago Uribe (primero por la derecha), hermano del actual presidente de Colombia, en una imagen de 1985.

Tras la matanza de Mi Casita, en Jamundí.

Janneth Pachon, superviviente del terror.

Míster Pringle: un accesorio imprescindible para los ciberdelincuentes.

Protógenes Queiroz, el hombre que derrotó a Lao Kin Chong.

El PCC a la ofensiva en São Paulo.

Agata-san, jefe adjunto de la Sumiyoshi-kai de Tokio.

¡PACHINKO!

«Echaremos a los yakuza de Nada», reza este cartel en Kobe. Wolfgang Herbert, profesor de alemán y antiguo socio de los yakuza, se muestra escéptico al respecto.

Casas «de prestigio» cerca de Fuqing, en la provincia china de Fujian.

«Para usted, todo el lote por seis dólares.»

Su Hang Qi y su hija: supervivientes en el implacable océano de la globalización.

MISHA GLENNY (nacido el 25 de abril de 1958, Kensington, Londres) es un periodista británico multilingüe, especializado en el sureste de Europa, el crimen organizado mundial y la ciberseguridad. Fue educado en el Magdalen College School en Oxford y estudió en la Universidad de Bristol y en la Universidad Charles de Praga antes de convertirse en corresponsal en Europa Central de The Guardian y más tarde de la BBC. Se especializó en informar sobre las guerras yugoslavas a principios de los años 90 que siguieron a la desintegración de Yugoslavia . Mientras estuvo en la BBC, Glenny ganó el Sony Gold Award de 1993 por su «destacada contribución a la radiodifusión». Publicó tres libros sobre Europa Central y Oriental.

En McMafia (2008), escribió que el crimen organizado internacional podría representar el 15 % del PIB mundial. Glenny asesoró a los EE. UU. y a algunos gobiernos europeos sobre cuestiones de política y durante tres años dirigió una ONG que colaboraba en la reconstrucción de Serbia , la ex República Yugoslava de Macedonia y Kosovo. Glenny apareció en la película documental Raw Opium: Pain, Pleasure, Profits (2011).

Los últimos libros de Glenny continúan su interés en el crimen internacional. Dark Market (2011) se refiere al cibercrimen y las actividades de los piratas informáticos involucrados en el phishing y otras actividades. Némesis: Un hombre y la batalla por Río (2015) sobre el narcotraficante brasileño líder Antônio Francisco Bonfim Lopes (conocido como «Nem») en Rocinha (`Pequeña granja`), una favela (barrio pobre).

Notas

[1] Unos 1500 dólares de la época, un salario fabuloso para un búlgaro en el paro. <<

[2] Aunque en la actualidad ambas comunidades han comenzado a acercarse e integrarse más, una vez pasé una agradable velada en Putin, un bar del centro de Jerusalén de techos bajos en el que adolescentes rusos de segunda generación sólo hablaban en ruso; en el que no había nada escrito en hebreo, sino solamente en cirílico; y en el que el DJ sólo pinchaba las últimas canciones procedentes de Moscú. Sin duda, la manifestación más extraña de esa tozudez cultural es la aparición en 2005 de una agrupación política en Jerusalén, Tel Aviv y Haifa llamada Centro Nacional Ruso. Sus miembros son judíos rusos adolescentes que se han marcado el objetivo de «limpiar la madre patria rusa de todos los “yids” [término despectivo para los judíos], chechenos y otras minorías». <<

[3] El nombre de esta ciudad india se cambió de Bombay a Mumbai en el año 1997. Las referencias a Bombay denotan, pues, acontecimientos ocurridos antes de dicha fecha. <<

[4] Término zulú despectivo para africanos de raza negra que proceden de países distintos a Sudáfrica. <<

[5] Existen interminables debates académicos y políticos acerca de la magnitud absoluta y relativa de los mercados de mercancías y servicios ilícitos. Pero debido a las dificultades obvias para recopilar estos datos, no es ésta una discusión en la que pretenda entrar. Cuando lo crea importante, remitiré a datos publicados por fuentes generalmente fidedignas (con advertencias sanitarias si es necesario). <<

[6] El Agente Naranja fue un mortífero agente químico herbicida que las fuerzas armadas estadounidenses emplearon en las junglas de Vietnam. (N. del t.) <<