Para Juby Bustamente
ella sabrá por qué

Prólogo
El coste de la no España

«Todo libro es en cierto modo un exorcismo, una manera de soltar lastre, un intento de dejar atrás una pegajosa fantasía o una insistente pesadilla», escribe El Roto en la introducción a su libro Camarón que se duerme se lo lleva la corriente de opinión. En esa línea conviene advertir sobre lo que las páginas que siguen puedan tener de exorcismo liberador. Pero quieren ser además una incitación a la vigilia, un estímulo contra la somnolencia, un llamamiento frente a la marea de entreguismo, un desafío abierto al pensamiento único, un antídoto contra la resignación, una convocatoria al civismo activo, vigilante, para evitar la oxidación de las libertades que alcanzamos en la Transición y quedaron reconocidas en la carta magna de 1978.

Quieren traer el recuerdo de unos años comprometidos que algunos se empeñan en tergiversar, como si hubieran sido una andadura temerosa, cuando fueron un ejercicio valiente y lúcido para liberarnos. Una ruptura de los pronósticos aciagos sobre nuestra incapacidad de articular la convivencia. Un abandono del visceralismo apasionado en aras de la inteligencia sintiente. Con el propósito de encontrar en esa evocación de los buenos viejos tiempos las energías que requiere el momento presente, donde todo conspira para pedirnos que por nuestra seguridad permanezcamos asustados. Porque los poderes políticos, sociales y religiosos coinciden en sus afanes de difusores del miedo, convencidos de cosechar como resultado docilidades y sumisiones útiles a sus propósitos.

Las reflexiones aquí recogidas parten de la fragilidad de la democracia. Sostienen la reversibilidad de los logros políticos, sometidos como están a la incuria del tiempo cronológico y a la erosión de los agentes de la intemperie causantes de la corrosión y de la herrumbre. Salen al paso del entusiasmo que entre nosotros provocan los desastres, el de 1898 y todos los demás. Alertan contra el regreso al cainismo de las dos Españas machadianas. Se dirigen a esa tercera España, la de los transterrados de Juan Marichal, la España extraterritorial de Arturo Soria y Espinosa que hace más valiosos a quienes la integran. Quieren facilitar un manual de autodefensa comunicativa como el de H. Benesch y W. Schmandt publicado por Gustavo Gili.

El intento que las mueve es el de tomar la salida en una carrera de fondo más reflexiva y más larga que los cien metros de los sprinter. Es decir, de los tres mil caracteres y espacios de una columna de prensa. Pero acusan sin duda su procedencia de un periodista, desertor de la astronomía, con deberes de urgencia que irrumpen sin respeto y dificultan las reflexiones necesarias para un trabajo de más largo aliento. Parten del deber de molestar como si al atardecer de la vida los periodistas fueran a ser examinados sobre su compromiso en la averiguación de la verdad y su servicio al interés genuino de los lectores, aunque para observarlo perturben al poder político, al de los partidos, al de las Comunidades Autónomas, al de los empresarios, al de los sindicatos, al de las confesiones religiosas, al de los clubes o las federaciones deportivas, al de las ONG o al de las organizaciones filatélicas y así sucesivamente.

Teníamos decidido convivir siguiendo el discurso del método, del diálogo. Pero nos hacen preguntas utilizadas como recurso para no responder las nuestras mientras sigue pendiente evaluar el coste de la no España. Desterremos la creencia en pajaritos preñados. Ningún país vive en las condiciones ideales del laboratorio. En todos hay abusos y corrupciones, la diferencia reside en el índice que alcanza, en las consecuencias que genera y en la reacción para sanearlas o la conformidad tolerante para aceptarlas. Aquí lo que se requiere es ejemplaridad de arriba abajo y proclamar el fin de la impunidad.

Mientras, molestar con noticias que alguien está intentando que no se difundan también puede ser un deporte bien retribuido, que ayude a quien presenta un perfil incómodo a prosperar en retribución y jerarquía dentro de su medio. Para ello debe acertar en la elección de sus blancos y que los objetivos que va a abatir coincidan con los que haya designado el mando correspondiente movido por la razón o la arbitrariedad. De forma que infligir molestias a según quiénes puede ser un mérito computable para escalar posiciones.

Sabemos que la independencia más que por el grado de hostilidad al Gobierno o a la oposición se mide por la capacidad del periodista de mantener sus propios criterios, sin sumarse a los entusiasmos o a los odios del medio que lo acoge, ni incurrir en la adhesión inquebrantable al sectarismo del jefe. Mantener una distancia crítica es ingrato y puede generar fuerzas centrífugas que conduzcan al paro. De ahí que se recomiende atender a la dosis. Pero como señala Alan Furst en su novela El corresponsal, «nada como que le disparen a uno si fallan».

El ejercicio aquí intentado surgió de unas conversaciones intencionadas con la periodista Paloma Tortajada que fueron después transcritas, pasadas por el telar, para liberarlas de la insolvencia de la improvisación oral, contrastadas en datos y fechas, completadas conforme a las necesidades reclamadas por el texto inicial. Resultan también de la renuncia impuesta por los plazos convenidos que sólo pudieron aproximarse por las ayudas a la navegación prestadas por Juan de Oñate. Son apuntes despeinados ajenos a la pretensión sistemática. Reflejan el poder de pregnancia de los hechos vividos en silla de pista y las reacciones que suscitaron en el autor. La fecha en que estas páginas fueron escritas va unida a la situación que atravesaba España. Ésta es la perspectiva o el ángulo desde el que surgen estas reflexiones, no están en el vacío, sino que los recuerdos o comentarios cobran sentido en ese preciso momento. El tiempo pasado no fue perfecto, hubo muchos obstáculos que superar, desde el paro hasta el terrorismo o a devolver la fe en un país lastrado por una dictadura de cuarenta años. Alguno de aquellos obstáculos continúa enquistado. Vale.

Madrid, febrero de 2013

I
Constitución reconciliadora

España, como otros muchos países, tiene una historia enrevesada y repetitiva, de enconos cainitas, discordias civiles y subsiguientes secuelas de lúcida propensión al escarmiento. En sus Glosas a Heráclito el poeta Ángel González puntualiza que nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los muy pobres; que los más dialécticos, los multimillonarios, nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño; que nadie se mete dos veces en el mismo lío (excepto los marxistas-leninistas), y concluye que nada es lo mismo, nada permanece, menos la Historia y la morcilla de mi tierra: se hacen las dos con sangre, se repiten. España es un país a ráfagas escarmentado pero inflamable. El aprendizaje de lo mejor que hemos sido, en frase acuñada que tanto gustaba decir a Javier Pradera, tuvo una expresión muy extraordinaria y sorprendente, que se compendia en lo que se ha llamado la Transición. Porque cuando se aproximaban las postrimerías del régimen por extinción de su fundador lo que se esperaba de los españoles era que diéramos otra vez espectáculo, que volviéramos a nuestras guerras civiles de mayor o menor intensidad para delicia y provecho de los hispanistas o, por lo menos, de una clase muy determinada de hispanistas, los especializados en narrar nuestras discordias, nuestros pintoresquismos y nuestros disparates.

Siempre dispuestos a comportarse a la manera de los visitantes de un zoológico, protegidos detrás de las verjas de su pasaporte extranjero, disfrutando con el rugido de las fieras, al que también eran capaces de objetar si no quedaban satisfechos. Como aquellos ovetenses contertulios del Café Peñalva, de los que cuenta Carlos Luis Álvarez, Cándido, en sus memorias que andaban enfrentados en una enfurecida e interminable polémica a propósito de cómo rugen los leones. Se habían dividido casi por la mitad en dos bandos irreconciliables. De un lado, los que sostenían que el león ruge hacia dentro; de otro, los convencidos de que el león ruge hacia fuera. Pasaban los meses, se aportaban pruebas escritas en apoyo de las respectivas posiciones, tal como las recogen los tratados de zoología. Comparecían cazadores avezados en safaris y eran convocados expertos de distintas escuelas, sin que sus opiniones y sus dictámenes pacificaran la discusión. Por fin se anunció la llegada de un circo con fieras a la ciudad de Oviedo. Una tarde la tertulia se puso en camino hacia la jaula de los leones instalada junto a la carpa en las afueras. Al llegar el más decidido del Peñalva azuzó con un palo a la fiera, que se apresuró a rugir como siempre lo han hecho los leones. Entonces, el sector que se consideró desautorizado por el bramido característico replicó indignado al león: «¡Así no se ruge!». Es decir, que sus integrantes se resistían a considerar válida la prueba de la realidad. Igual que algunos periodistas, dispuestos siempre a impedir que la realidad desmienta sus crónicas.

Entre los hispanistas existe también esa especie, muy determinada, de los que vienen para lucirse con sus narraciones o sus imaginaciones de cómo nos masacramos y edificar sobre ellas un prestigio académico o un negocio editorial. Por eso, durante ese tiempo de la Transición, entre algunos de ellos cundió la misma frustración que se apoderó en Oviedo de los perdedores del Café Peñalva. Aún recuerda el economista e historiador Ángel Viñas la bronca en su casa de la calle Cantalejo, junto al hotel Monte Real de Madrid, con el británico Paul Preston a propósito del proceso de transición en el que estábamos sumidos. El fulminante fue la frase de Preston según la cual España tomaba una senda que dejaría de suscitar interés porque habría elecciones cada cuatro años como en Suiza. Alguno de los presentes replicó airado que España aspiraba a ser un país tan aburrido como el suyo y que si quería vivir emociones fuertes se dirigiera, por ejemplo, a Eritrea, escenario entonces de una guerra salvaje.

Otro de los invitados adujo la ventaja de las guerras civiles en España, que se podían seguir desde el hotel Florida en la plaza del Callao con sólo acercarse de tanto en tanto un rato por la mañana a la sierra para ver cómo se mataban los españoles y regresar por la tarde a seguir tomando whisky sin problemas. En Eritrea el medio es mucho más hostil y la observación de la barbarie resulta más complicada. Para empezar hay que vacunarse de todo, faltan los servicios y los abastecimientos más elementales, el recurso a embajadas y consulados queda fuera de alcance. La bronca en casa de Ángel Viñas, a quien se debe el esclarecimiento de la historia de La Alemania nazi y el 18 de julio a partir de fuentes primarias nunca antes consultadas, terminó favoreciendo nuevas amistades. Porque a base de conversar —de hablar y de escuchar— quedó reconocida la legitimidad del intento en el que estábamos embarcados los españoles para cambiar el paroxismo unamuniano por el entendimiento cívico, para evitar la oscilación sísmica de la parálisis a la epilepsia.

Puede que esta España ambicionada desmereciera en la estimación de esa clase muy determinada de hispanistas más arriba mencionada pero, desde luego, los tomó por sorpresa porque rompía las expectativas previas de que volviéramos a las andadas con la reposición de lo más escogido de nuestro repertorio violento. Por el contrario, durante la Transición ofrecimos un espectáculo insólito, fuera de carta, que suponía la alteración de nuestros más arraigados comportamientos. Se esperaba que fuéramos lo que siempre habíamos sido y resultó que, en lugar de como apasionados ribereños del ardiente Mediterráneo, nos comportamos con la frialdad propia de los ribereños del gélido Báltico, a la manera de auténticos daneses.

Entonces los españoles descubrimos el diálogo, descubrimos la lucidez dialéctica, que deriva de ponernos en los zapatos de nuestros antagonistas, descubrimos el empirismo, con renuncia al empacho de esas convicciones que crean evidencias, según las definía Marcel Proust. Empezamos a ser cartesianos y decidimos seguir el discurso del método. Porque la Transición fue, sobre todo, el discurso del método: el diálogo. Es decir, la escucha atenta y paciente del adversario. Aprendimos el arte de la renuncia en aras del entendimiento. Averiguamos que el éxito en política procede de la renuncia, mientras que la exasperación maximalista es la senda hacia el desastre. La aproximación a las posiciones de los demás, la actitud de diálogo y la renuncia mutua a los programas máximos hicieron posible un camino de entendimiento civil, intelectual, cordial.

Luego, algunos grandes popes vinieron a dictaminar que la Transición había dejado todo como estaba, que había sido una lamentable traición. En esa actitud cristalizaba, por ejemplo, Ignacio Sotelo, según se vio en el Spanish Institute de Nueva York. Estábamos ya en 1984 y la directora del centro, Inmaculada de Habsburgo, que Jaime Salinas prefería llamar la princesa del Absurdo, había organizado una mesa redonda sobre la Transición, donde Sotelo dio rienda suelta a sus críticas negacionistas. Así, encaramado a su cátedra de marfil de la Universidad Libre de Berlín, nuestro amigo se reservaba para sí mismo una autoridad superior con derecho a homologar o a degradar las tareas cumplidas por los españolitos. El profesor Sotelo sostuvo allí que la única ruptura que se había producido en España desde la Segunda República era la representada por Franco, de modo que la Transición y lo que se llamaba democracia sólo eran puro continuismo con el régimen anterior. Un periodista que intervenía en la misma mesa redonda rebatió esa opinión y señaló que los apriorismos del profesor eran característicos de esa especie abominable de hispanistas, defraudados por la pérdida de emociones del ruedo ibérico, a los que más arriba se ha hecho referencia.

En España, esta vez, se había optado por una inteligentísima combinación que potenciaba un horizonte de convivencia, de entendimiento, de inauguración de la concordia, frente a la idea del exterminio del adversario que había predominado durante años. Se procedía de una manera progresiva, con la técnica del plano inclinado, sin saltos bruscos, sin que a nadie se le exigiera abjurar de no se sabe qué convicciones, deseos o pasado. Aquí no se procedió como con Recaredo en el III Concilio de Toledo a quien se hizo abjurar del arrianismo. Sólo hubo que compartir el propósito de excluir la violencia, de aceptar la praxis del escarmiento lúcido. En eso coincidieron los héroes de la retirada (en expresión de Hans Magnus Enzensberger) como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el general Manuel Gutiérrez Mellado, cuando dijeron otra guerra civil, no; volver a las trincheras, no; recuperar la discordia y el encono, no. Y cuando pusieron todo el empeño en explorar otra senda distinta.

En la Constitución Española aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 fue imposible incorporar todas las ideas, los deseos y las ambiciones de todos los españoles. Pero su texto cubre más espacio y ampara mayor número de ciudadanos que cualquiera de las anteriores. Nuestra historia constitucional ha sido muy accidentada y discontinua. Tuvo un comienzo temprano con la Constitución de 1812 sobre la cual escribía el 24 de noviembre de 1854 en el Chicago Daily Tribune su colaborador Carlos Marx. La cita la aporta uno de los padres de la Constitución y ex ministro de UCD, José Pedro Pérez Llorca, en un texto conmemorativo sobre el Cádiz de las Cortes. En el periódico citado Marx ponderaba «que hasta entonces ninguna asamblea legislativa había reunido a miembros procedentes de partes tan diversas del orbe ni había pretendido resolver el destino de regiones tan vastas de Europa, América y Asia con tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses». Subrayaba después que «casi toda España se hallaba ocupada a la sazón por los franceses y el propio Congreso, aislado realmente de España por tropas enemigas, acorralado y bombardeado en una estrecha franja de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo sitiaba». De modo que «desde la remota punta de la isla gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de echar los cimientos de un nuevo mundo». Así que, concluía, «examinando más de cerca la Constitución de 1812 llegamos a la conclusión de que, lejos de ser una imitación servil de la Constitución francesa de 1791, era un producto original de la vida intelectual española, que resucitaba las antiguas instituciones nacionales, introducía las reformas reclamadas abiertamente por los escritores y los estadistas más eminentes del siglo XVIII, y hacía inevitables concesiones a los prejuicios populares». El joven Marx, en otra simplificación periodística, dijo también que «en Cádiz hubo ideas sin actos, y en el resto de España, actos sin ideas», mientras Pérez Llorca sostiene que en aquel Cádiz hubo ideas brillantes a la par que actos eficientes.

Vinieron luego los Estatutos Reales de 1834, la Constitución de 1837 que resulta de la sargentada de La Granja, la de 1845, el pronunciamiento de Prim y Topete, con el destronamiento de Isabel II, y la Constitución de la Primera República en 1869, la sellada en la Restauración de 1876, los arreglos de la Dictadura del general Primo de Rivera y la Constitución de la Segunda República adoptada en 1931, que es sustituida por las Leyes Fundamentales y los Principios del Movimiento Nacional.

Casi todos estos textos constitucionales resultaron de la imposición de un grupo hegemónico dominante sobre el resto. Salvo la actual Constitución de 1978 que, por el contrario, se hizo desde una explícita renuncia a la hegemonía. Porque la pretensión de los constituyentes era la de llegar a un texto bajo el que encontraran su lugar al sol y recibieran luz y calor el mayor número posible de españoles. Por supuesto, cada uno de ellos puede sentirse defraudado en relación con su programa máximo pero ocurre que de la suma de esos sentimientos procede también la adhesión mayoritaria que suscita y su capacidad de acoger y de reconciliar.

NI 'CAETANISMO', NI 'LAUREANISMO'

La falta de diálogo que en estos tiempos que corren aqueja a España nos trae por contraste el recuerdo de cómo se hizo la Constitución de 1978. Aquel texto se hizo casi a partes iguales entre una izquierda moderada y una derecha decidida a anticiparse al cambio para no padecerlo. Además, lo que sucedió en España tuvo que ver también con lo que estaba sucediendo alrededor. La proximidad de Portugal y los paralelismos de las dictaduras de Salazar y Franco creaban una especial sensibilidad que se interaccionaba. De ahí la influencia que tuvo en nuestro país el desencadenamiento en Portugal de la Revolución de los claveles. Estamos hablando de las postrimerías de Franco. En Portugal se produce el levantamiento del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) el 25 de abril de 1974, que arrastra la caída de la dictadura salazarista ya en su versión caetanista, así llamada por el nombre del continuador, el profesor Marcelo Caetano. El sistema, el más longevo de Europa ya que dominaba el país desde 1926, se prueba incapaz de resistir la desaparición de su fundador. Hay intentos de prolongar la dictadura lusa mediante el recurso a una cirugía facial reparadora más un leve maquillaje, que se articulan situando en la presidencia del Gobierno a Caetano. Pero la suerte del caetanismo, como ya se ha visto, resultó en extremo fugaz.

Ese juego a favor de la invariabilidad de las instituciones, con el solo disimulo del maquillaje imprescindible, lo intentaba también aquí en España nuestro tecnócrata de cabecera Laureano López Rodó. Era el jefe de fila de lo que se llamó el laureanismo, al que hubiera parecido restarle fuerza la desaparición súbita del almirante Luis Carrero Blanco, la sombra más permanente de Franco. Retrocedamos por un momento para aclarar, a quienes hayan llegado tarde, cómo los tecnócratas habían pasado a ser un elemento imprescindible de la alquimia con la que Franco había ido formando sus gobiernos a partir de 1959. Desde entonces se les hizo sitio para que se integraran en la coalición de los vencedores, o en el consejo de administración de la burguesía, que venían a ser los Consejos de Ministros, a base de: militares a la orden, falangistas dispuestos a seguir dejando pendiente la revolución, tradicionalistas desnaturalizados, católicos colaboracionistas y monárquicos sin prisas por la restauración.

Los tecnócratas traían un aire de modernidad. Eran católicos cultivados en el estudio, dispuestos a poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, lo cual requería que ellos subieran también a la cumbre para ponerlo allí. Venían duchados, sin la mugre de la Acción Católica. Seguían las pautas de Dios y audacia, santos y pillos, como los quería su fundador, un verdadero caso de santo súbito. López Rodó fue quien abrió camino hacia el puente de mando del almirante Luis Carrero Blanco aunque el primero en ser nombrado ministro fue Alberto Ullastres, el abominable hombre de las nueve. Esa denominación le fue otorgada por sus hábitos madrugadores de inicio de jornada, en abierto contraste con los de los camisas azules, erigidos en usufructuarios de una victoria, la de 1939, que intentaban poner en exclusiva a su nombre.

Pero ni el caetanismo ni el laureanismo arraigaron. Sus posibilidades se agostaron enseguida. En Portugal ocurre otra cosa muy relevante, que se mira desde España con gran atención y de la que se sacan consecuencias antagónicas. Desconcertaba que fueran precisamente los militares portugueses, educados en la adhesión a la dictadura, en el respeto absoluto a Antonio de Oliveira Salazar, quienes, activados por las guerras coloniales de Angola y Mozambique, se hubieran articulado en el Movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA, para terminar con el salazarismo.

Ese mismo año complicaciones de la flebitis diagnosticada a Su Excelencia el Generalísimo obligaban a ingresarlo el 19 de julio de 1974 en la Clínica Privada de la Residencia Sanitaria Francisco Franco de la Diputación de Madrid. Ese mismo día se produce la transmisión provisional de las funciones de la Jefatura del Estado mediante una disposición por la que el Príncipe las asume de modo interino. Apenas cuarenta y cinco días después, el 2 de septiembre siguiente, por sorpresa, Franco recupera el poder.

Por esas mismas fechas, un sector de los jóvenes oficiales españoles está también comprometido en el Sáhara, donde nuestras fuerzas se enfrentan a la hostilidad de los nacionalistas del Frente Polisario mientras el rey Hassan II de Marruecos espera su oportunidad. Un año después, el 31 de julio de 1975, el presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro se encuentra en Helsinki participando en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) cuando se produce la detención de nueve oficiales acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). El régimen temía que la UMD pudiera desempeñar el mismo papel que el MFA en Portugal. En realidad era un brote podado mucho antes de que pudiera desarrollarse.

Su aparición tiene la lógica de fenómenos análogos en otras instituciones de hoja perenne, como sucede también en la Iglesia, donde se adoptan instintivamente posiciones favorables a la supervivencia, superando cualquier enfeudamiento inhabilitante. Los oficiales de la UMD, como los jóvenes clérigos respecto de la Iglesia, penaban al ver que la institución militar manipulada por Franco se había ganado la hostilidad de la población. Querían la reconciliación conforme a la pulsión de entroncar con sus compatriotas que acucia siempre a los ejércitos. Así podría pasar también en Cuba, de modo que fueran los militares cubanos, cuyas responsabilidades van más allá de la defensa y el orden público, ya que controlan, por ejemplo, el transporte, el comercio y el turismo, quienes acaben teniendo un momento de lucidez para reencontrarse con sus deberes hacia el país y, muerto el dictador, decidan poner fin al régimen fidelista.

EL PRESTIGIO DEL TERROR

De vuelta a las postrimerías del franquismo, el viernes 26 de septiembre de 1975 el Consejo de Ministros daba el enterado a cinco penas de muerte impuestas por consejos de guerra a tres terroristas del GRAPO y dos de ETA, que se ejecutan a la mañana siguiente por fusilamiento de otros tantos pelotones de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Ardieron las embajadas de España, y el 1 de octubre se orquestaba una manifestación multitudinaria en la plaza de Oriente de adhesión a Franco con salida al balcón y protesta por las injerencias extranjeras.

FRANCISCO FRANCO

Con 28 años y graduación de comandante Francisco Franco fue destinado en 1920 al mando de la primera bandera de la recién creada Legión Extranjera. Allí aprendió la función ejemplar que cumple el empleo del terror. Una de sus primeras comunicaciones por escrito con su jefe, el coronel Millán Astray, fue para solicitarle instrucciones en el caso en que hubiera de recurrir a la pena de muerte. Pocos días más tarde ordenó fusilar a un legionario que se negó a comer y lanzó su plato a un oficial. Pasados cincuenta y cinco años, en 1975, enfermo y desahuciado, Franco revalidaba el terror enviando al paredón a cinco condenados en consejos de guerra, tres grapos y dos etarras. Se confirmaba que, como decía el gran Arturo Soria y Espinosa, el régimen se sostenía en último término por el prestigio del terror. Variaban las apariencias de severidad o tolerancia pero periódicamente, para evitar la desmemoria, se dejaba claro que en caso de necesidad se fusilaba.

A mediados de octubre de 1975 cunden los rumores sobre el deterioro de la salud de Franco. El día 21 se reconoce que padece una insuficiencia coronaria con otras complicaciones que resistió en su residencia de El Pardo hasta que hubo de ser trasladado a La Clínica de la Paz de la Seguridad Social. Unas vicisitudes que fueron seguidas por los periodistas en un ambiente verbenero, junto a las tapias del palacio.

Téngase en cuenta que el entonces Príncipe, designado sucesor a título de Rey en la Jefatura del Estado, era contrario a una nueva asunción provisional de esas funciones. Tenía decidido, después de lo sucedido en 1974 (cuarenta y cinco días de interinidad desde la cesión de los poderes el 19 de julio hasta la reasunción por sorpresa de los mismos el 2 de septiembre), que sólo asumiría los poderes de la Jefatura del Estado de manera irreversible cuando se produjera el hecho biológico. Semejante actitud resultaba inapropiada para algunos, preocupados por que se creara un peligroso vacío de poder. Con su minuciosidad característica Laureano López Rodó cuenta en sus memorias, La larga marcha hacia la monarquía, la audiencia en Zarzuela con don Juan Carlos el 23 de octubre de 1975. Su intento era persuadirlo de que aceptara una nueva interinidad. Allí le explica que «no parece que un enfermo grave pueda ejercer la Jefatura del Estado sobre todo en unos momentos como los actuales en que el país se enfrenta a muy serios problemas: el Sáhara, el terrorismo, etcétera». Le hace algunas consideraciones, por ejemplo, que «siendo el ejercicio del derecho de gracia del indulto prerrogativa personal del Jefe del Estado, no cabe a un enfermo plantearle la papeleta de indultar o no una pena de muerte». López Rodó está sinceramente preocupado porque (se sobreentiende que para enviar a alguien al paredón) «habría que tener un corazón de acero y aun así se conmocionaría ante tamaña decisión». Es decir, que en la Jefatura del Estado debe haber una persona con plenas facultades a la que no le tiemble el pulso a la hora de esas decisiones. Desde luego, al peor enemigo de López Rodó le hubiera sido imposible aportar pruebas de semejante perversidad discursiva, pero entonces se adelanta él mismo y las presenta.

Por fin, el 30 de octubre, después de tres infartos cuando los médicos dictaminan que la situación es de extrema gravedad e irreversible, se produjo una nueva asunción interina de las funciones de la Jefatura del Estado por don Juan Carlos. El caso es que de haber prolongado la vida de Franco y la ficción del mantenimiento de sus poderes más allá del 26 de noviembre, fecha de caducidad de Rodríguez de Valcárcel, se habría podido simular que el Consejo del Reino presentaba una terna para la designación de su presidente y que Franco optaba por designar de nuevo al mismo. Pero, muerto el Generalísimo el 20 de noviembre, el Rey tuvo la posibilidad de que le fuera propuesto Torcuato Fernández Miranda, quien, a su vez, pudo introducir en la terna para el nombramiento de presidente de Gobierno a Adolfo Suárez. Dado que nada mejor que un franquista para desmontar el franquismo.

Certero escribió Julio Cerón que «cuando murió Franco el desconcierto fue grande: no había costumbre». La gente tenía miedo en el cuerpo y lo que funcionó es la llamada Operación Lucero, que pautaba en detalle cómo se debían hacer las honras fúnebres de Franco y cómo se procedería a instalar en la Jefatura del Estado al príncipe don Juan Carlos. Todo se hizo conforme marcaba la tabla, con la precisión de un reloj suizo. Mientras en Madrid hay largas colas de ciudadanos esperando a pasar por la capilla ardiente del dictador en la Sala de alabarderos del Palacio Real, algunos colegas periodistas ven la ocasión de dar salida a su vena literaria. Buena muestra es aquella crónica de uno de los columnistas emergentes que comenzaba diciendo «Madrid, Fernando, hijo mío, era una ciudad sitiada por la pena». Era una manera de verlo, porque en otros sitios se acabó el champán pensando que España comenzaba a ver la luz.

LIBERTADES CONGÉNITAS Y ADJETIVAS

El Rey viaja a Santo Domingo y Washington entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 1976, y el 2 de junio hace una intervención solemne ante el Congreso norteamericano, en la que afirma que la monarquía aseguraría «el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados». En declaraciones de ambientación concedidas en abril a Arnaud de Borchgrave para el semanario Newsweek don Juan Carlos deslizó una alusión al presidente Carlos Arias Navarro como unmitigated disaster. Por fin, el 1 de julio, convocado a palacio por el Rey, el presidente dimite y se hace posible el nombramiento de Adolfo Suárez.

Pero antes es muy interesante lo que ocurre en España entre los meses de noviembre de 1975 y junio de 1976. El nuevo gobierno de Arias Navarro, con Manuel Fraga, de vicepresidente segundo y ministro del Interior; José María de Areilza, en Exteriores; y Antonio Garrigues Díaz Cañabate, en Justicia, demostró su inviabilidad en apenas un semestre. Su pretensión de hacer un híbrido a base de una interpretación alambicada de las Leyes Fundamentales del régimen y de un maquillaje adicional que diera cabida a una calculada dosis de pluralismo político se comprobó imposible. Fue un intento de arquitectura churrigueresca del que se colgó una Ley de Asociaciones Políticas que excluía a los partidos.

Esa aversión a los partidos políticos fue justificada con recursos escolásticos que rayaban en lo grotesco. Comentaba Salvador de Madariaga en su libro General, márchese usted (Ediciones Ibérica, Nueva York, 1959), donde recopila sus crónicas difundidas por la Radiodiffusion Française, el discurso pronunciado por Alberto Martín Artajo a la altura de 1955 ante la Cámara de Comercio Norteamericana, donde, sintiéndose aguijoneado por sus oyentes de Nueva York, procedió a una pintoresca defensa del régimen. Para él «todo hombre conoce dos clases de libertades: las libertades sustantivas y congénitas, y las llamadas secundarias o adjetivas. Entre las primeras», añadía el ministro, «figuran las libertades que distinguen al hombre del bruto, por ejemplo, la de adorar a Dios, fundar un hogar, educar a los hijos, trabajar y vivir libremente en su casa según sus gustos y sus posibilidades. Entre las segundas, de orden inferior, se pueden citar la libertad de formar partidos, la de declararse en huelga, la de crear sindicatos independientes»... y, según indicaba después, la de prensa.

Insistía el ministro Martín Artajo en que «el español goza de todas las libertades fundamentales: puede vivir, trabajar, comer, casarse, etcétera. Tan sólo se ve privado de ciertas libertades secundarias, la de prensa, la de partido, la de huelga, etcétera». Así que «quienes basándose en estos hechos dicen que el español no es libre olvidan o fingen olvidar la exacta significación de esa palabra mágica: libertad». Así, subrayaba Madariaga, se diría que «en Yugoespaña no se permitía la libertad de prensa, o de partido o de huelga, para impedir que nadie tome a los españoles por brutos animales, los cuales, como es sabido, se mueren por los periódicos, se dividen en liberales y conservadores y se declaran en huelga a la menor ocasión». Cuando la independencia de Guinea, el 12 de octubre de 1968, se hizo una Constitución con sus partidos políticos y su canesú pero lo que valía para los guineanos era inapropiado para los españoles inmaduros de la metrópoli.

Sucedió que los intentos de introducir eufemismos en un cuerpo legal como el franquista eran rechazados por quienes se consideraban sus legítimos intérpretes y carecían de credibilidad alguna para las fuerzas democráticas que lo habían combatido. Quedaban en tierra de nadie. Eran baldíos esfuerzos, propios de un barroco tardío, que hubieron de ser abandonados con la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno. Su primera declaración de intenciones era «hacer normal en la ley lo que en la calle era normal». A partir de ahí se puso a la tarea de impulsar la Ley de la Reforma Política, que significaba el haraquiri de las Cortes y del llamado Consejo Nacional del Movimiento, que tenía su sede física en el que había sido y ha vuelto a ser palacio del Senado.

Esa Ley de la Reforma Política fue aprobada por aquellas Cortes el 18 de noviembre de 1976 y sometida a referéndum el 15 de diciembre. Un referéndum para el que la oposición democrática pidió la abstención sin obtener eco significativo. La victoria abrumadora del «sí» supuso que se abriera la posibilidad de convocar las primeras elecciones generales libres después de las de 1936, celebradas cuarenta años atrás. Los comicios fueron precedidos de la legalización de los sindicatos y de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista.

Estas legalizaciones provocaron reacciones encendidas. La legalización de los sindicatos costó la dimisión escandalosa del vicepresidente para Asuntos de Defensa y Seguridad, el general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil; la legalización del Partido Comunista, decretada a tiempo para que pudiera concurrir a las elecciones, dio lugar a la dimisión del ministro de Marina Gabriel Pita da Veiga y una nota desafiante del Consejo Superior del Ejército, que tuvo como respuesta un segundo editorial conjunto de todos los directores de periódicos de Madrid bajo el título de No frustrar una esperanza. Ese editorial recordaba que cuando se produjo la provocación terrorista de la última semana de enero de 1977 los directores de los diarios de Madrid habían salido al paso de los intentos desestabilizadores y en apoyo de los proyectos democratizadores del Gobierno. Ahora entendían que «La crisis política creada tras la legalización del Partido Comunista de España parece ocasión para que los diarios que consideramos correcta la actuación del Gobierno, y realizada dentro de sus facultades, con estricto respeto a la legalidad y al mandato popular del referéndum, expresemos también unidos nuestra postura. Creemos que se debe denunciar el ataque de sectores antidemocráticos contra el Gobierno legítimo de la nación y contra el proceso político en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional.

»Las Fuerzas Armadas se han resistido a secundar los objetivos de quienes intentaban instrumentalizarlas. Fieles a la Corona, defensoras del interés del Estado y no de una forma dictatorial de Gobierno, se negaron a suscribir los intentos desestabilizadores que germinaban en sus propias filas. Pero conviene reflexionar sobre la declaración que el Consejo Superior del Ejército ha hecho pública.

»Los Ejércitos españoles constituyen el brazo armado de nuestra sociedad, al servicio del Estado y de su Gobierno. El Ejército español lo forman los españoles, y tiene encomendadas unas misiones establecidas en las leyes; entre ellas no está incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los Gobiernos de la Nación. En este punto la Ley Orgánica del Estado es de meridiana claridad. El artículo 13 dice que “el Gobierno... es el órgano que determina la política nacional”, y el artículo 37 atribuye a las Fuerzas Armadas, entre otras misiones sustanciales, “la defensa del orden institucional”. Evidentemente, pieza esencial de ese orden institucional es el Gobierno, que sólo debe estar sujeto al juicio político de las Cortes, con sus leyes propias y de procedimiento.

»En virtud de su noble vocación los militares renuncian a la actividad política e incluso tienen regulada severamente su participación en los partidos y en los medios de comunicación social. Es obvio que el militar, por propia voluntad, abdica de una serie de derechos. Esto es en función de la responsabilidad que la sociedad delega en él como guardián último de la soberanía nacional, que reside en el pueblo.

»Acaso por no plantear abiertamente el papel del Ejército en una monarquía democrática se ha dado pábulo a provocadores que adulan a las Fuerzas Armadas cuando ven en precario sus privilegios. Queremos un Ejército modernizado, bien dotado y operativo. Pocos habrá, civiles o militares, que se opongan a esta aspiración. Pero el compromiso democratizador de la corona y las aspiraciones del pueblo español de constituirse pacíficamente en una sociedad libre y soberana no pueden ser malversados por grupos minoritarios que pretenden secuestrar valores y símbolos comunes y empujar a las Fuerzas Armadas al intervencionismo.

»Lo que España tiene delante es lo que se votó en el referéndum: unas elecciones generales que den a todos los españoles la voz y el voto que como tales les corresponde. ¿Quién podría asumir la responsabilidad de frustrar esta esperanza?».

(Por orden alfabético firmaban los diarios Arriba, Diario 16, El País, Informaciones, Pueblo y Ya). Ni Abc ni El Alcázar se sumaron.

Y la esperanza no se frustró. Las fuerzas políticas democráticas habían llegado a las postrimerías de Franco en situación de gran debilidad organizativa en la ilegalidad atemperada por algunas dosis de tolerancia. Pero aquellos gérmenes de partidos, que venían de compartir propósitos en la Junta Democrática y en la Plataforma de Convergencia Democrática, se sentían llamados a grandes tareas y convinieron en la puesta en marcha de la Comisión de los Nueve para entablar diálogo en plano de igualdad con el presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Es en esa comisión donde se avanzan cuestiones de gran relevancia, como los indultos, la amnistía, la legalización de los sindicatos y de los partidos políticos y se va saliendo del autoritarismo hacia la democracia.

ÉXITOS PRECEDIDOS DE RENUNCIAS

Una vez celebradas las primeras elecciones libres el 15 de junio de 1977 las cámaras adquirieron la condición de constituyentes. Una misión para la que formalmente no habían sido elegidas. Una de las ideas fuerza compartida entonces era la de que nunca más una guerra civil. Todos coincidían en ir hacia la reconciliación y la concordia y en mirar hacia delante. Se avanzaba muchas veces sobre renuncias y la Constitución que se vislumbraba era la suma de muchas renuncias a maximalismos incompatibles.

Los comunistas de Santiago Carrillo renuncian al leninismo y se hacen europeístas, los socialistas de Felipe González retiran la definición marxista del PSOE, los nacionalistas refuerzan su alma pactista. La derecha se hace progresista con leyes como las del divorcio y las reformas fiscales, y en un movimiento recíproco la izquierda se hace moderada. Ni los comunistas quieren hacer una revolución, ni los socialistas nacionalizar la banca, ni los demócratas cristianos imponernos el precepto de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Prevalecía una dinámica centrípeta, de manera que era en el centro cada vez más aglomerado donde se daban las contiendas políticas. A la inversa de lo que sucedía en la década de 1930, cuando los extremismos se retroalimentaban en un proceso de acción-reacción, de manera que fuerzas numéricamente irrelevantes marcaban el signo de la pugna política partidaria. Recordemos que en las últimas elecciones de la Segunda República, celebradas en febrero de 1936, se disputaban cuatrocientos setenta y tres escaños, de los cuales ninguno fue para Falange Española y sólo diecisiete para el Partido Comunista de España; sin embargo, al estallar la guerra esas dos insignificancias pasaron a colorear cada uno de los bandos en guerra.

El éxito en el que todos pudimos coincidir vino precedido de muchas renuncias de cada uno de los interlocutores. De la apertura a comprender a los demás, su historia y sus aspiraciones y del diálogo como método para buscar unos mínimos de consenso bajo los cuales todos puedan tener su lugar al sol. Lo que se quiere es una Constitución incluyente que aglutine al mayor número posible de ciudadanos. Hay quien plantea errores, ambigüedades o insuficiencias de la Constitución. Pero también pudiera ser que al menos algunos de los errores ahora detectados que conviniera corregir ni residan en la Constitución ni sean una derivada necesaria de su texto, sino resultado del mal uso, del desuso o de la tergiversación interpretativa que quedaba posibilitada pero en absoluto era inevitable. Por ejemplo, la definición del mapa de las Comunidades Autónomas es ajena a la Constitución. Ajena y errónea que resulta de presiones inducidas desde determinadas elites deseosas de adquirir ventajas, que se pusieron en fila como peticionarias y consiguieron toda suerte de aberraciones inexplicadas. Así es incomprensible que Cantabria, la cuna de Castilla, se haya convertido en una comunidad uniprovincial, que La Rioja se haya desgajado de Castilla para ser otra comunidad uniprovincial o por qué se ha olvidado la razón del reino de León a base de las provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia.

Durante mucho tiempo se pensó no volver sobre el texto de la Constitución y dejarlo así, puesto que la obtención de un amplio consenso era difícilmente repetible. Pero se ha llegado a un punto de disfuncionalidad, que estaría reclamando su revisión y habría que hacer un esfuerzo por recuperar el espíritu de consenso, de entendimiento y de diálogo que la hicieron posible.

Lo que ha suscitado un gran interés fuera de nuestro país es el método que los españoles siguieron para romper el modelo dictatorial implantado cuarenta años atrás y darse un modelo constitucional que establece un estado social de derecho sobre una monarquía parlamentaria basada en las libertades, el pluralismo y las elecciones democráticas. Hicimos camino al andar pero esa senda ha sido muy estudiada y muy emulada en sitios tan dispares como Polonia o Chile. Por una vez España, que había sido un mal ejemplo en particular para América Latina, pasó a ser una buena compañía y la Transición española se presentaba como la posibilidad de la salida de dictaduras como la de Chile, Argentina, Uruguay o de otros lugares donde se intentaba importar el método español. Lo que se considera modélico es el proceso que nos llevó a la Constitución y también a los Pactos de la Moncloa. Es decir, al entendimiento de todos los partidos políticos en unos objetivos comunes que permitiera sacar al país de los momentos de dificultad.

Llegados aquí convendría reflexionar por qué ahora parece imposible intentar un ejercicio semejante al que llevamos a cabo con éxito desde el año 1975 en adelante. Sin duda, entonces la situación era más desfavorable pero los sacrificios que nos impusimos tenían sentido en aras del horizonte buscado. Ahora cunde la sensación de avanzar hacia la destrucción de las conquistas sociales y políticas de las que estábamos orgullosos. Y comprobamos con Ernst Bloch que «la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón».

II
El rey que valió. Monarquía funcional

La recuperación de la monarquía en España después de cuarenta y cinco años de ausencia es un fenómeno de extraordinaria rareza, muy difícil de explicar. En 1978, cuando queda consagrada en el artículo primero de la Constitución que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria», la idea predominante es que se trata de un recurso fuera de época. Parece en eclipse progresivo que resiste en algunas democracias del norte de Europa y que encubre regímenes dictatoriales en otras latitudes, sobre todo en países árabes. Tiene el aspecto de un sistema reñido con la modernidad y mal preparado para aguantar el escrutinio permanente y obsesivo de los medios de comunicación. La pérdida de distancia compromete su supervivencia. Pero también cabría analizar las ventajas de la herencia indiscutida frente a los logros que proceden del empeño esforzado.

Es la superioridad aristocrática y ociosa de que habla Bertrand Russell a la que sostiene que tanto debemos. Porque debe reconocerse que, a pesar de su carácter opresivo y de verse obligada a inventar teorías que justificaran sus privilegios, ha prestado contribuciones decisivas a casi todo lo que llamamos civilización —las artes, las ciencias, la literatura, la filosofía— y que ha refinado también las relaciones sociales. Incluso, dice Russell, «la liberación de los oprimidos ha sido, generalmente, iniciada desde arriba». De ahí que estimara que «sin la clase ociosa la humanidad nunca hubiera salido de la barbarie».

EL CAMINO DE VUELTA

Ahora interesa examinar con algún detalle el camino de retorno de la monarquía. Franco había tenido el favor del rey Alfonso XIII, quien lo nombró gentilhombre de Cámara y apadrinó su boda con Carmen Polo el 16 de octubre de 1923 en la parroquia de San Juan el Real de Oviedo, donde Su Majestad estuvo representado por el general Antonio Losada, gobernador militar de Asturias. Había contado con la protección del Rey para sus ascensos, para su carrera, para sus condecoraciones, siempre en demanda de mayor recompensa. Costó mucho sublevarlo. Fue uno de los últimos en hacerlo. Pero marcaba tendencia. Por eso, como cuando la sanjurjada del 10 de agosto de 1932, en las primeras horas del alzamiento Azaña y Casares Quiroga querían saber qué había hecho Franco. Estaban echando abajo la Segunda República pero muchas de las proclamas iniciales y bandos declarando el estado de guerra de los sublevados de julio de 1936 se hicieron al grito de ¡Viva la República!, sin referencias a la monarquía a la que tardarán todavía unos meses en mencionar como gloriosamente fenecida, según expresión de José Antonio Primo de Rivera.

Recordemos que don Juan de Borbón y Battenberg, titular de la dinastía, como heredero legítimo por abdicación de su padre, don Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, había intentado antes, el 1 de agosto de 1936, sumarse a los combatientes con mono azul y boina roja pero fue localizado en Somosierra y el general Mola le hizo repasar la frontera francesa en sentido contrario al día siguiente. Meses después Franco deniega a don Juan la petición que había formulado para ocupar un puesto de oficial en el crucero Baleares. En su respuesta le señala «la obligación de sacrificar anhelos tan patrióticos como nobles y sentidos en el propio interés de la patria». Una decisión que justifica con mayor amplitud en las declaraciones concedidas a Juan Ignacio Luca de Tena, director de Abc de Sevilla el 18 de julio de 1937. Allí Franco señala «el deber de no poner en peligro su vida, que algún día puede sernos preciosa porque si alguna vez en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey tendrá que venir con el carácter de pacificador y no deberá contarse en el número de los vencedores». De esas frases vivieron los monárquicos durante años cuando carecían de cualquier otra realidad tangible o de norma legal que les diera calor.

Que Franco no se comprometiera en las operaciones bélicas de la Guerra Mundial en calidad de combatiente —recuérdense las entrevistas con Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 y en Bordighera con Mussolini el 12 de febrero de 1941— y que prefiriera optar por la condición de no beligerante a nadie engañaba sobre sus afanes de adicto colaborador de las potencias del Eje mientras tuvieron el viento a favor. En aquellos tiempos se había asomado algunas veces al balcón para lanzar bravatas, de las que puede ser ejemplo la promesa del 14 de febrero de 1942 de enviar si fuera preciso un millón de españoles a defender Berlín del avance ruso. Un año antes, el 13 de julio de 1941, Franco había enviado la División Azul, compuesta por dieciocho mil hombres, que se integró como una unidad más de la Wehrmacht y combatió en el frente ruso hasta su retirada en 1944. Los alistamientos para esa División Azul fueron también una forma de pasar por las aguas del Jordán y limpiarse de sospechas para ser aceptados en el bando de los vencedores.

Las muestras de impaciencia en favor del regreso de la monarquía molestaban a Franco que sentía estar siendo tildado de usurpador por quienes la impulsaban. Cuestión diferente es que la monarquía se situara en un horizonte indefinido, siempre post mortem, sin urgencia temporal alguna. Además, a partir de la derrota en 1945 de sus afines del Eje, Hitler y Mussolini, tan decisivos por sus ayudas para la victoria en la Guerra Civil, dedujo la conveniencia de una maniobra de enfriamiento de sus tendencias hacia el mimetismo fascista.

Entonces decidió ofrecer algunas pistas o algunos despistes y por eso en 1947 dictó la llamada Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, cuyo artículo primero decía que «España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Enseguida, para evitar sobreentendidos, el artículo segundo aclaraba que «La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos don Francisco Franco Bahamonde». La monarquía quedaba, pues, como horizonte remoto y el caudillaje como la realidad inmediata e incuestionable. A toda costa y desde el artículo segundo se descartaba transmitir cualquier sensación de provisionalidad que erosionara el carácter vitalicio de esa singular magistratura del caudillaje, ideada a su propia medida por Franco. Los vocablos caudillo, cruzada y generalísimo, ajenos a la terminología del derecho constitucional, formaban parte de esa fraseología creada ex profeso igual que la exhibida en el último parte de guerra fechado el 1 de abril, donde se habla del Ejército Rojo, que nunca combatió en la Guerra Civil.

Semejante declaración de la Ley de Sucesión, enmarañada de ambigüedades, se pensaba útil para calmar las sospechas de los aliados vencedores y para indicarles que se iniciaba una senda diferenciadora de aquellos regímenes que habían formado el Eje. Es decir, en adelante se tomarían distancias de los derrotados mediante un uso más cauteloso del lenguaje, una aproximación más expresiva a la Iglesia que maniobraba en esa misma dirección, unos nombramientos ministeriales más aliadófilos con cara de circunstancias y el añadido de la dosis de hipocresía necesaria para purgar anteriores sintonías con los ahora irremediablemente vencidos.

Así que las referencias a la monarquía se lanzaban como un señuelo que sugiriera a los vencedores de 1945 la idea de que en España se buscaba una salida más acorde con el resultado de la Guerra Mundial. Pero, al mismo tiempo, para evitar cualquier ambiente de vísperas que sirviera de fulminante para precipitar la restauración monárquica, Franco dejó hacer a los camaradas de Falange que orientaron la poderosa Prensa y Radio del Movimiento en línea de hostilidad hacia la monarquía, hacia la dinastía y hacia quienes pudieran encabezarla. De don Juan se dibujó la imagen de masón, borracho mujeriego y antipatriota por haber servido en la Royal Navy, un botarate en manos de consejeros poco recomendables. De don Juan Carlos se llegó a decir directamente que era tonto. La monarquía llegaría pero antes se había procedido a alejarla enfriando cualquier rescoldo de fervor. Sin prisas, sin impaciencias, sin empujar.

Franco simultaneaba la declaración de España como Reino con la educación de las nuevas generaciones de españoles en la animadversión a la monarquía, amenizada con aquellos cánticos de «no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar/lo que queremos e implantaremos: el estado sindical». Una interpretación coral especialmente apropiada para las conmemoraciones del acto de la Comedia, programado cada 29 de octubre con ocasión del aniversario de la fundación de Falange Española y su revolución siempre pendiente.

El general(ísimo) nunca pensó en retirarse, convencido, según solía repetir, de que quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje no puede darse al relevo ni al descanso. Había decidido que sólo lo sacarían de su residencia del palacio de El Pardo con los pies por delante. Tenía ideas propias sobre cuándo y a quién proponer como sucesor y en el artículo noveno determinó que para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional. Y téngase en cuenta que en la fecha de la promulgación de esa Ley de Sucesión, 27 de julio de 1947, el príncipe don Juan Carlos tenía 10 años. Es decir, que le quedaban veinte para alcanzar la edad mínima requerida al sucesor.

El artículo sexto señalaba que en cualquier momento el jefe del Estado podía proponer a las Cortes la persona que estimara debiera ser llamada en su día a sucederlo, a título de Rey o de Regente y que asimismo podía someter a las Cortes la revocación de la que hubiera propuesto, aunque ya hubiera sido aprobada por las Cortes. O sea, que si la propuesta de sucesor era revocable, la designación resultaba precaria y el designado, obligado a seguir mereciéndola a juicio del designador.

En todo caso, el antagonismo del caudillo y generalísimo era con don Juan de Borbón, quien hubiera podido acceder al trono de modo inmediato. Por eso, siempre lo consideró carente de la idoneidad requerida. Aunque no hiciera formalmente uso del artículo décimo tercero que le reservaba la potestad de proponer a las Cortes excluir de la sucesión a las personas reales que considerara carentes de capacidad o desviadas de los principios fundamentales del Estado. Le molestaba la existencia de don Juan en la medida en que venía a recordarle que estaba ocupando su puesto. Claro que Franco tampoco se había atado las manos con esa dinastía y el artículo octavo, para el caso de que ocurriera su muerte o fuera declarada su incapacidad como jefe del Estado sin que hubiera designado sucesor, establecía que el Gobierno y el Consejo del Reino deberían decidir por dos tercios la persona de estirpe regia que habrían de proponer a las Cortes a título de Rey. A la altura de mayo de 1969, cuando todavía no se sabía que en dos meses habría designación de sucesor, Jean Pierre de Gandt hizo para el diario Madrid una relación exhaustiva de las personas de estirpe regia que cumplían todas las condiciones para ser designadas y sumaban más de setenta.

Volvamos al verano de 1948, cuando se entrevistaron por primera vez el generalísimo Franco y don Juan de Borbón. El régimen atravesaba graves dificultades: penuria económica, aislamiento internacional, represión interior. La conversación en alta mar debía tratar sobre la educación de un niño de 11 años llamado Juan Carlos de Borbón, heredero de su interlocutor. Don Juan Carlos ha nacido en el exilio de Roma el 5 de enero de 1938. Ha vivido su infancia en Estoril. Ha venido a estudiar el bachillerato a España en el Lusitania Express procedente de Lisboa en la mañana del martes 9 de noviembre de 1948. El convoy que conduce como maquinista el duque de Zaragoza hace una parada excepcional en la estación de Villaverde en prevención de entusiasmos monárquicos en Atocha. Así lo recogía el romance al Lusitania Express de Felipe Mellizo: «el maquinista era un duque/ marqueses los revisores/ la chica de los lavabos/ una Roca de Togores». Al joven príncipe, según se apea en Villaverde, lo llevan a misa al Cerro de los Ángeles, le hacen repetir la consagración de España al Sagrado Corazón y después lo instalan en la finca de Las Jarillas (Madrid) para iniciar sus estudios de bachillerato con ocho compañeros de su edad escogidos de buenas familias.

Ha regresado de nuevo para ser cadete y guardiamarina en cada una de las tres Academias Militares del Ejército, de la Armada y del Aire, sucesivamente. Ha quedado integrado en sus promociones. En su momento desfila por el paseo de la Castellana. Recibe los insultos de los falangistas, siempre dispuestos a ser la claque incondicional de un régimen que ha mantenido una ambigüedad indefinida hacia la monarquía, hacia la dinastía y hacia sus posibles titulares. Comprueba cómo las generaciones coetáneas a la suya están siendo educadas en la animadversión a la monarquía. Es alumno de la Universidad Complutense. Se compromete con la princesa Sofía de Grecia, con la que se casa en Atenas el 14 de mayo de 1962 cuando está reinando su padre el rey Pablo. Después del viaje de bodas se instala sin título alguno para ello en el palacio de la Zarzuela mientras prosigue la ambigüedad calculada. Hasta que el 22 de julio de 1969 es designado sucesor a título de Rey, con el desaire que eso significa para su padre el conde de Barcelona, titular de la dinastía que a él va a corresponderle salvar.

Desde que vino a estudiar a España ha pasado años de permanente ducha escocesa. Lo reverencian los grandes de España, en privado, y lo abuchean los del Movimiento y los sindicatos verticales, en público. Don Juan Carlos se ha educado en la escuela de la adversidad y tiene el doctorado en la universidad de la calle. Supo atender al reconocimiento de la realidad mientras se esforzaba en alterarla en la dirección democrática, que empezaba a despuntar en medio de signos de confusa contradicción, aflorados al extinguirse la vida de su fundador. Nada estaba escrito, ni por Alfonso Guerra en la pizarra de Suresnes en octubre de 1974, ni antes por Pedro Sainz Rodríguez en la pizarra de Estoril, ni después por Torcuato Fernández Miranda en la pizarra de la Zarzuela. Ni por parte alguna se dieron facilidades. Más bien se precipitaban las reclamaciones de todas clases, crecían las impaciencias, los terroristas continuaban asesinando y los del búnker civil y militar multiplicaban sus proclamas y sus intentonas.

La derecha más civilizada e inteligente se había apuntado al aperturismo con intensidad creciente a medida que la caducidad de Franco se hacía más inminente y al calor de la Revolución de los claveles en Portugal, donde los responsables del salazarismo, empezando por los de la PIDE (policía política), estaban siendo perseguidos por las calles. De manera que cunde el escarmiento en los aperturistas que deciden anticiparse a promover la reforma para evitar padecerla y que acabe haciéndose a su costa. En el ámbito social, en el territorial, en el político, nadie quería esperar. El Rey estaba empeñado en no defraudar. Su tarea era invertir la situación que había llevado en la década de 1930 a muchos de los mejores a sumarse al campo republicano. Se trataba de demostrar que la monarquía, en lugar de ser un obstáculo para las libertades democráticas, se contaba entre sus impulsores más decididos.

LA PROCLAMACIÓN

El 22 de noviembre de 1975 llega el rey don Juan Carlos I. Aquellas Cortes franquistas proceden a proclamarlo. Su presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, lo hace conforme a las disposiciones del régimen entonces vigente, pero introduce una morcilla en el texto protocolario previsto para añadir aquello de: «Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey!». Don Juan Carlos ha pronunciado antes el discurso de la concordia, ha mencionado a su padre, de quien le viene la legitimidad dinástica, y sabe que sólo salvará la institución y hará posible su continuidad si transforma su condición de sucesor designado por el anterior jefe del Estado en la de un Rey, primero consentido y, enseguida, querido por todos los españoles. Se empeña desde el primer día en resignar gran parte de los poderes heredados, que entiende tan excepcionales como improrrogables.

Aquel mismo día inaugural, aún teñido de pompas fúnebres —cuyo punto culminante sería la mañana siguiente, domingo 23 de noviembre, el entierro en el Valle de los Caídos—, el Rey dirige un mensaje a las Fuerzas Armadas una vez que había pasado a ser capitán general de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y había recibido las atribuciones de mando supremo de los mismos. El mensaje es plenamente deudor del momento en que se emite. Todavía los considera guardianes del cumplimiento de lo establecido en las Leyes Fundamentales, expresa reconocimiento al Generalísimo, envía un recuerdo emocionado a las Fuerzas destinadas en África, elogia el alto concepto que tienen los militares del amor a la Patria, sabe que no escatimarán su esfuerzo para una España cada vez mejor, renueva el juramento de fidelidad a la bandera, recuerda que mandar es servir y quiere estar en el mando muy unido a ellos. Se muestra convencido de que cumplirán con su deber, como español, como soldado y como Rey se sentía orgulloso de contar con su adhesión y su lealtad. Estaba seguro de que trabajando todos unidos alcanzaríamos lo que España merecía por imperativo de la historia y haría valer su papel en el mundo.

El texto revela una aguda conciencia de la función que ha de desempeñar para que se produzca la transferencia de lealtades de la familia militar, todavía bajo el impacto de la inicial orfandad, hacia las instituciones democráticas que han de nacer. Tiene aprendido de forma indeleble que la perennidad de la corona ha de basarse en el amor de su pueblo. Sabe que las Fuerzas Armadas, como tantas otras instituciones del Estado, tendrán que dejar de ser las Fuerzas Armadas de Franco, vistas como un Ejército ocupante de su propio país con la misión de «mantenerlo todo atado y bien atado», para convertirse en las Fuerzas Armadas de España. Es decir, en el respaldo decisivo para el ejercicio de su soberanía, de manera que dejaran de ser percibidas como una amenaza y pasaran a formar parte de la defensa nacional.

Don Juan Carlos desde su llegada al trono comienza a interpretar el poder en forma de renuncias sucesivas a las atribuciones que había ejercido Franco. Reinstaurada la monarquía sabe bien que en España no hay monárquicos, que arranca como sucesor del Generalísimo pero que tiene que llegar a ser el Rey consentido y querido de todos los españoles. En esta situación la inexistencia de monárquicos, salvo los residuales y los sobrevenidos, resultaba positiva porque la experiencia había demostrado que eran dañinos para la causa. De manera que de alguno de los más entusiastas que además era periodista se decía que un artículo suyo más podría acabar con las posibilidades de la monarquía.

El Rey enseguida advierte la exactitud de Quevedo cuando escribía «que el reinar es tarea; que los cetros piden más sudor que los arados, y sudor teñido de las venas; que la corona es peso molesto que fatiga los hombros del alma primero que las fuerzas del cuerpo». Sabe que la corona hay que ganársela cada día y ha eliminado de Zarzuela para el uso de los suyos la expresión de «no me apetece». El Rey tiene que abrirse paso con lo que hay, desempeña un papel decisivo en el cambio de régimen a la democracia y la defiende en momentos muy delicados, muy amenazantes, muy graves.

Por primera vez los demás al salir fuera de España estábamos orgullosos del papel que desempeñaba el Rey. Sus viajes servían para rehabilitarnos a todos. Ponían fin a tantos años de inferioridad cuando nada más cruzar la frontera había que empezar por acreditar la condición de demócratas porque vivir en España se interpretaba en los países democráticos en términos de consentidores culpables del franquismo. Ahora el rey Juan Carlos hablaba en el Congreso de Estados Unidos en Washington el 2 de julio de 1976 y hacía una visita de Estado a Francia del 27 al 29 de octubre de ese mismo año. El Rey se convertía en un valor añadido para nuestro país, de la misma forma que Franco nos hacía de menos, era un valor sustraído.

Hay unas figuras que ayudan al Rey a llegar a la tierra prometida y otras que lo acompañan una vez que la ha alcanzado, como es Sabino Fernández Campo, un personaje fundamental para la construcción de la imagen del Rey. Tiene mucha influencia también Torcuato Fernández Miranda y algunas gentes muy relevantes e inteligentes que habían estado junto a su padre, procedentes del mundo intelectual y empresarial.

De la Reina siempre se ha dicho que es una profesional. El Rey tiene la superioridad del olfato adquirido en la escuela de la adversidad. No se ha educado en las grandes universidades pero ha recibido muchos desdenes, altanerías, humillaciones. Ha vivido las precariedades de un exilio con escasas disponibilidades económicas y ha sido escrutado al milímetro. Esa situación lo ha obligado a aguzar la nariz y el ingenio.

La diferencia con el príncipe Felipe es que con 5 años los ayudantes militares se le cuadraban. Era un niño pero había nacido en palacio mientras que su padre había nacido en el exilio de Roma sin elemento de boato ni honorífico que valiera.

La monarquía iba a ser la monarquía del Movimiento Nacional pero el Rey, al que le habían hecho jurar los principios del movimiento y las Leyes Fundamentales, puso su lealtad y su compromiso con el pueblo español muy por encima de aquellas juras impuestas a la moda de Santa Gadea, a las que en modo alguno se sintió atado. Creían que habían descubierto el movimiento continuo haciéndole jurar esos principios y el Rey puso por encima la lealtad al pueblo español, porque quiso ser el Rey de todos los españoles y de ninguna manera encarnar una especie de monarquía a la marroquí. Su modelo era el de las monarquías del norte de Europa. Al final el éxito de un Rey es transmitir la corona a su hijo. Para alguien que tiene el título de Rey el asunto de la sucesión es fundamental. Para el Rey es importante consolidar la institución y para nosotros es importante lo que, de hecho, ha sido funcional, útil para España.

En el libro de conversaciones con José Luis de Vilallonga hace algunas referencias, en particular a los silencios de don Juan Carlos, que «aparecía en público detrás de Franco siempre silencioso, a menudo apesadumbrado». El Rey explica que era una época en que nadie se atrevía a hablar. Era Tiempo de silencio, conforme al título de la novela de Martín-Santos. Luego añade que hablaba poco pero escuchaba mucho.

Los hombres públicos pueden clasificarse en dos grandes grupos. De un lado, los que piensan que les compromete todo lo que dicen y prefieren escuchar en silencio. De otro, los que piensan que les compromete todo lo que han escuchado porque se ha dicho en su presencia y procuran hablar ellos para impedir que sus interlocutores se expresen. Al primer tipo corresponde el rey Juan Carlos. Al segundo, por ejemplo, Felipe González. Los primeros corren el peligro de atizar los sobreentendidos y los malentendidos porque además en España «quien calla otorga». Que el Rey escuche no quiere decir que asienta, ni que convalide, ni que autorice. Los segundos se quedan sin información muchas veces de extraordinario valor.

El Rey cree que lo que se dice delante de él a él no lo compromete. Y delante del Rey se han dicho muchas barbaridades. Eso ha permitido que el Rey se enterara pero también que algunos dieran en pensar que el Rey estaba de acuerdo con lo que le habían contado y ésa es una inferencia excesiva. El Rey ha escuchado, pero sus silencios no quieren decir que esté de acuerdo. Esa deducción no autorizada ha provocado más de una colisión ferroviaria. El Rey deja hablar, deja que la gente cuente las cosas, muestra interés. La cercanía del Rey se expresa sin palabras, como en ocasiones las viñetas de los humoristas. En una monarquía parlamentaria quien gobierna es el Gobierno pero el Rey cumple funciones de cercanía, de acudir allí donde se presenta la necesidad, de respaldar el trabajo bien hecho y el talento, de recibir a la gente más diversa, de interesarse por todos.

Don Juan Carlos ha podido cometer errores pero nos ha prestado grandes servicios. Como somos funcionalistas la consolidación de la monarquía dependerá de que siga siendo útil. Hay un agradecimiento a don Juan Carlos por lo que ha hecho en favor de la recuperación de las libertades y de la instauración de un sistema democrático. También hay críticas por algunos acontecimientos de su vida privada pero lo que no genera es rencor. La generación que lo vivió le reconoce su decisiva contribución a la Transición y a la democracia. Mientras esa percepción sea mayoritaria servirá de escudo protector de la monarquía pero tendrá que seguir demostrando que es útil porque en caso contrario se extinguiría.

III
Cambio de lealtades en las Fuerzas Armadas

Al igual que en botánica hay plantas de hoja perenne y de hoja caduca, también sucede con las instituciones. Las Fuerzas Armadas son una institución de hoja perenne. Hay un oscuro instinto de perennidad que impregna a quienes forman parte de estas instituciones y que les dicta formas de comportamiento contradictorias con sus intereses individuales. Las Fuerzas Armadas son un referente decisivo del Estado, de ahí que muchas veces los partidos políticos oscilen entre el recelo y el halago y que los regímenes autoritarios o dictatoriales quieran garantizarse su manejo porque las consideran la última ratio, la referencia clave para garantizarse el sometimiento de la población, que es de quien precisan defenderse.

En el régimen anterior la extraña magistratura que había diseñado a su medida el general Franco tenía carácter vitalicio porque así lo quiso. Estaba fuera de cualquier caducidad excepto la biológica, sin que hubiera de someterse de forma periódica a las urnas. El general(ísimo) había alcanzado el poder por la fuerza de las armas y como dijo el cardenal Cisneros, señalando los cañones, ésos eran sus poderes. Cuando la rebelión universitaria de 1956 el ministro de Obras Públicas Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, insinuó el parecido con el final de Primo de Rivera veinte años atrás. Franco le replicó que Primo tenía la opción de abandonar pero que a él sólo lo sacarían de El Pardo con los pies por delante. De manera que en cuanto se esparcían rumores sobre la salud o la retirada de Franco el afectado se aplicaba a desalentarlos con frases como aquella de «quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje no puede darse al relevo ni al descanso».

El ejército que se subleva en julio de 1936 no era franquista. Se hizo franquista tras la victoria, con el paso del tiempo. Gana un ejército que se subleva, intoxicado, incitado por los civiles, que suelen ser los responsables del envenenamiento. Los civiles que habían caminado hacia el extremismo querían terminar con el régimen democrático que España se había dado, al que consideraban responsable de las perturbaciones que le causaban los extremistas del otro lado.

Los excesos que se cometen durante la Segunda República es a las instituciones republicanas a quienes más dañan. Pero en aquella dialéctica de puños y pistolas se atribuyen a la República los desmanes que la desafían y se argumenta con ellos para incitar a la sublevación del Ejército, cuyo alzamiento degenera en una guerra civil porque el seguimiento es desigual y muchos militares se mantienen leales a las instituciones republicanas, a las órdenes del Gobierno.

Se olvida que los primeros asesinados el 18 de julio son precisamente militares de alta graduación. Generales asesinados por sus compañeros de armas cuando se niegan a unirse a la sublevación. No es verdad que las Fuerzas Armadas siguieran unánimes la voz del alzamiento, muchos la desoyeron y pagaron el precio de ser eliminados. Algunos con un tiro en la nuca o en la sien, otros obligados a suicidarse y otros ejecutados tras las sentencias de consejos de guerra sumarísimos donde fueron acusados de auxilio a la rebelión, que es exactamente lo contrario de lo que habían hecho negándoselo y resistiéndose a quienes la impulsaban.

Advirtamos que al estallar la guerra la República disuelve el Ejército mientras que los sublevados proclaman el estado de guerra y decretan la movilización con llamamientos a filas por edades según les parece necesario. La República sólo declara el estado de guerra en 1938, cuando todo parece perdido.

El 1 de abril de 1939 se dieron por terminadas las operaciones militares con el último parte de guerra sellado por el Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo. Su versión manuscrita rezaba así: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo Franco. Burgos, 1º abril 1939».

Un texto con resonancias clausewitzianas donde se declaraba la terminación de la guerra y se daba paso a la instalación de la victoria, como culminación de los «años triunfales», iniciados con el alzamiento del 18 de julio de 1936. Pero un somero análisis del último parte de guerra sorprende por adjudicar a los derrotados la denominación de Ejército Rojo, con mayúsculas; mientras que el vencedor reservaba para sí mismo la modesta etiqueta de tropas nacionales en minúsculas. Esas tropas nacionales tampoco se apellidaban españolas porque esa denominación hubiera excluido a los bienvenidos combatientes «moros», alemanes e italianos.

También es chocante la construcción gramatical. Resulta muy forzada por el uso del hipérbaton, es decir, por la inversión del orden que deben tener las palabras con arreglo a la sintaxis regular: sujeto, verbo y predicado. De modo inexplicable, los escribas del Cuartel General renuncian a una redacción normal (las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares) y nos enfrentan a otra enrevesada que comienza por el verbo (han alcanzado), sigue por el sujeto (las tropas nacionales) y concluye por el predicado (los últimos objetivos militares).

Además, conviene fijarse enseguida en la expresión de Ejército Rojo, elegida como denominación específica para el enemigo derrotado. Porque el Ejército Rojo, más allá de su fuerte connotación alegórica al que organizó Trotsky para los soviets, carecía de realidad tangible. Si se hubiera querido llamar a las cosas por su nombre en ese último parte de guerra se habría adjudicado la derrota al Ejército de la República o a sus residuos finales, que operaban bajo la denominación de Ejército del Centro.

Terminada la contienda no hubo magnanimidad en la victoria ni buena voluntad en la paz. Aquella fecha de 1 de abril de 1939 marcó el comienzo de la victoria, pero la paz civil de los españoles no queda sellada hasta la Constitución reconciliadora de 1978.

El paso del tiempo y el aprendizaje del escarmiento llevan a los militares profesionales a profesar una lealtad incondicional a Franco. El pequeño problema era que la vida de Franco, como la de cualquier ser humano, tenía fecha de caducidad. El silogismo en Darii (A, I, I) de la lógica aristotélica —(A) todo hombre es mortal (I) Franco es hombre, luego (I) Franco es mortal— ganaba terreno, una vez que la condición humana de Franco iba quedando patente en algunas vicisitudes, como la ocurrida al explotarle la escopeta Purdey mientras cazaba palomas en los montes de El Pardo el día de Nochebuena de 1961. En esos momentos, como hubiera de administrársele anestesia general, Franco llamó al general Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, y le indicó que redactara una nota para que fuera leída en Televisión Española. Su texto empezaba «estando cazando el jefe del Estado...» y por eso se ha señalado como un caso muy señalado de gerundio de repetición del que da cuenta en sus memorias De tots colors el profesor Fabián Estapé.

VICTORIA SIN MAGNANIMIDAD

Al Tercer Año Triunfal concluyó la guerra, pero la paz se hizo esperar hasta la Constitución reconciliadora de 1978. Mientras, tuvimos cuarenta años de victoria. En los primeros «no se podía respirar, todo estaba lleno de victoria», según escribió Elías Canetti después de la del cuarenta y cinco. Una victoria alejada del paradigma churchiliano que propugna «en la derrota, altivez; en la guerra, resolución; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad». Una victoria sin magnanimidad, impregnada de rencor y de revancha, animada por el propósito de la más sangrienta represión. Los vencedores se sentían llamados a una vigilancia y a una lucha permanentes por la España verdadera, que consideraban amenazada por la antiespaña, que no había quedado del todo aniquilada y que siempre amenazaba con volver. Una antiespaña integrada por la horda marxista en la que se incluía a cuantos se consideraban sospechosos de formar la conspiración judeo-masónico-bolchevique que a punto estuvo de hundir el ser histórico del país.

La victoria obtenida había sido bendecida como cruzada contra el comunismo y daba nacimiento a un nuevo sistema nacional sindicalista que merecía con más exactitud el nombre de nacional catolicismo. Se proponía sobre el papel llevar a cabo la revolución pendiente para la que nunca hubo prisas ni se encontró momento oportuno. Todo giró hacia el pragmatismo conservador al que de vez en cuando se asustaba con algunos gritos efectistas a cargo de la Falange auténtica. Volvíamos al modelo medieval y el buen español debía ser mitad monje, mitad soldado. Primaba la idea del enemigo interior, que era necesario aniquilar en los paredones mientras se mantenían cientos de miles de vencidos en los campos de concentración y en las prisiones para un escarmiento general que se quería indeleble. En esos años los militares de carrera estaban situados en el primer rango de la estima social y los méritos y deméritos que se computaban eran, sobre todo, los de guerra.

Franco impone su voluntad sobre el resto de sus compañeros de armas. Al prestigio que tenía como oficial de primera línea por su trayectoria en África se añade su sagacidad galaica para ser nombrado primero Generalísimo el 21 de septiembre de 1936 y enseguida, el domingo 28, jefe del Gobierno del Estado Español, que para abreviar quedó en jefe del Estado, todo ello por decisión de la Junta de Defensa que a continuación quedó anulada. Desde el primer momento consigue la ayuda de la Alemania nazi que es básica para ganar la guerra. Esa ayuda militar, muy superior a la solicitada, como demuestra Ángel Viñas, es decisiva en la balanza de poder de los generales sublevados. No llega, por ejemplo, al general Mola, sino en exclusiva y de modo directo a Franco. El régimen se orienta en consecuencia hacia el eje de Alemania e Italia, cuya ayuda en armas y hombres acabaría siendo decisiva para la victoria de abril de 1939.

Alcanzados sus últimos objetivos militares, el franquismo se desata en todas sus consecuencias. Los ciudadanos permanecían encerrados en el corralito de la minoría de edad política, se mantenían entrenados en el escarmiento y tenían bien aprendido que incurrir en la discrepancia significaba deslizarse por la pendiente de la desafección, un lugar en extremo desapacible, de tiniebla, donde se oían el llanto y el crujir de dientes.

Por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas se ambienta una inmensa cofradía de fervorosos franquistas. Ésa es la formación que se imparte después en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Aire de San Javier, donde el primer principio es el de la lealtad inquebrantable al jefe del Estado. Los que se forman en esos centros resultan mucho más franquistas que los que habían combatido en la Guerra Civil, donde todavía se advertían lealtades diversas a jefes militares distintos con méritos propios, que se extinguieron para dejar como única referencia a Franco.

Entre los militares de carrera todo conspiraba en favor de un proceso de adhesión creciente a la persona del que pasó a llamarse Generalísimo y Caudillo, convertido en un mito porque supo mantener encendido en todos —generales, jefes, oficiales y suboficiales— el orgullo de Ejército vencedor. El cultivo de lo simbólico fue combinado con el lubricante de la corrupción en cuyas virtudes como adherente irreversible tenía gran confianza a tenor de las maldades y las confidencias recogidas por su primo y ayudante Pacón que aparecen en el libro Mis conversaciones privadas con Franco. Por eso, orgullo y pragmatismo: tolerancia con el pluriempleo nutritivo de la baja oficialidad y el reparto de prebendas varias y presidencias de empresas del Instituto Nacional de Industria entre el generalato.

Con Franco las Fuerzas Armadas fueron perdiendo profesionalidad, dejaron de ser operativas, estaban saturadas de mandos, adolecían de macrocefalia, su dotación era material militar de desecho, el estancamiento en los ascensos inducía frustración, mientras se deterioraban las prestaciones sanitarias y sociales y entre los oficiales más ilustrados cundía la desmoralización por las condiciones afrentosas en que se cedieron las bases militares a Estados Unidos, por la forma en que se procedió a la retrocesión de Ifni o se abandonó el Sáhara y sus poblaciones mediante una retirada precipitada y unilateral. Pero, sin embargo, la respuesta de los militares de carrera se procesaba en términos de adhesión a un caudillo mitificado responsable de tantos deterioros.

Bajo el franquismo las Fuerzas Armadas, en lugar de ser el último resorte capaz de asegurar el ejercicio de la soberanía, actuaban como un sistema para su bloqueo. No formaban parte de la defensa, sino que eran una de las mayores amenazas para nuestros intentos de alcanzar las libertades de que estábamos privados. Las instituciones características, distintivas, nacidas con el franquismo, como los sindicatos verticales o el Movimiento Nacional al insistir en sus proclamas de perennidad dejaban ver el temor de extinción que albergaban. Esas proclamas evidenciaban con sus presunciones la precariedad de lo que proclamaban y dejaban bien visible que llevaban anidada como fecha de caducidad la misma de la vida de Franco, conforme al principio de que los regímenes personales son incapaces de sobrevivir a la persona que los funda y encarna.

Franco cumple años y quienes piensan que van a sobrevivirle empiezan a mirarlo con cara de náufragos. Reflejan en sus ojos la duda sobre el futuro en orfandad. Entonces es cuando el 27 de mayo de 1962, ante los excombatientes concentrados en el cerro de Garabitas, de la madrileña Casa de Campo, Franco pronuncia su designio testamentario de que todo quedara atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro Ejército. Vana promesa esta del Ejército-atadura, porque todo se desató como presagiaba el error de apreciación deslizado en el pronombre posesivo nuestro. De modo que el Ejército se vio obligado a optar y prefirió ser el Ejército de España en lugar de seguir siendo el Ejército de un Franco sepultado. Una opción que se expresaba en el acatamiento a la Constitución.

TORPE ALIÑO INDUMENTARIO

A partir de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 las Fuerzas Armadas inician un delicado proceso de traslación de su lealtad al Rey. Don Juan Carlos, que ha jurado las Leyes Fundamentales y los Principios del Movimiento, sabe que sus deberes son con el pueblo español y a esa lealtad antepone cualquier otra. El Rey, desde el mismo día de su proclamación, 22 de noviembre de 1975, procede a la demolición pautada del régimen. Inicia un camino de renuncia a los poderes institucionales heredados de Franco. Quiere ser un rey a la manera de sus colegas de Europa, nada que ver con la imposible monarquía del Movimiento ni con la dinastía alauita de Marruecos. Se desprende de los poderes que recibe en muy diversos planos y de manera continuada. Confirma a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno hasta que instalado Torcuato Fernández Miranda en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino sea posible que propongan como presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, la persona en quien confiaba para desmontar el sistema. Naturalmente era un franquista, por lo que cayó como un jarro de agua fría a las fuerzas democráticas, que se sintieron defraudadas.

Suárez desde el primer momento emprende la tarea de pasar de un régimen autoritario a otro democrático, homologable con las democracias europeas que constituyen nuestra vecindad en el mapa. Eran momentos, ahora codificados como de idílica transición, que en realidad estaban sometidos a fuertes turbulencias. De manera que apenas quedaba espacio para una reflexión política en torno a la Defensa Nacional, una tarea que tampoco los demócratas extramuros del franquismo habían hecho en sus deberes para casa.

Las Fuerzas Armadas necesitan del orgullo como factor primario de su estructuración moral. Si se sintieran huérfanas de ese sentimiento, acabarían segregando un rencor irremediable hacia quien estimaran responsable de esa privación. Ya en el mensaje navideño de 1979 el rey don Juan Carlos insistía en la necesidad de recuperar para todos el orgullo de ser españoles. Y esa tarea, la de construir un nuevo orgullo válido, edificado sobre bases que todos pudieran invocar, que no fuera invocado por unos compatriotas en detrimento de otros arrojados a las tinieblas de la humillación, es una urgencia clave en ese momento de la vida nacional. Aplicarse a esa tarea constituyó uno de los antídotos más seguros frente al golpismo.

Se trataba, en definitiva, de nacionalizar el orgullo nacional, de rehacer un orgullo nacional de nueva planta con los mejores materiales históricos, de forma que pudiera ser compartido por todos los españoles sin que incluyera menosprecio para ninguno de ellos. Una de las mayores dificultades de ese tiempo era que los militares se sentían investidos de la función de guardianes del régimen precedente. Ahí es donde el papel del Rey resultó decisivo para conseguir que los militares hicieran un cambio de lealtades a favor del régimen democrático. El Rey ejerce con éxito sus atribuciones como mando supremo de las Fuerzas Armadas. Cumple ese papel de manera activa e inteligente, buscando siempre sumar y no restar, suscitando esperanzas y ahuyentando rencores.

Pero siempre quedan los irreductibles que quieren valerse de las armas que la nación les ha confiado para volverlas contra ella y amenazar al naciente régimen democrático. Durante los años de la Transición estuvimos entre dos amenazas: la del terrorismo y la del golpismo. En la celebración de la Pascua militar, el 6 de enero de 1979, el Rey advirtió que un ejército que ha perdido la disciplina no puede salvarse. Subrayó que el espectáculo de la indisciplina es bochornoso. Hubo varias intentonas pero la más grave, la que tuvo más probabilidades de terminar con todo y devolvernos a la casilla de salida, fue la del 23-F. Aquel golpe, como otros concluidos con éxito para sus protagonistas o fracasados, no puede entenderse si su análisis se circunscribe a la órbita de las Fuerzas Armadas. Las sublevaciones siempre han tenido unos agitadores civiles que han querido instrumentalizar al Ejército en una determinada dirección. Lo cierto es que entre los militares de carrera cundía el desasosiego explicable en quienes habían sido educados en la adhesión al franquismo y se sentían guardianes de la integridad del sistema. Pero a esta disconformidad de cuarto de banderas se superponía un caldo de cultivo civil que tiene manifestaciones muy rotundas antes de llegar al 23-F y que fueron aflorando con mayor o menor visibilidad. Entre esas manifestaciones figura la que se llamó Operación Galaxia en 1978 que fue adelantada por Diario 16, diseñada con el propósito de ocupar el palacio de la Moncloa aprovechando un Consejo de Ministros y la ausencia del Rey, que se encontraba de viaje oficial en México.

El 25 de enero de 1980 Diario 16 descubrió otra que publicó bajo el titular: «Intentona militar abortada en Madrid. El general Torres Rojas destituido del mando de la División Acorazada Brunete número 1 y enviado al gobierno militar de La Coruña». Al día siguiente, sábado, su director quedó procesado en el Juzgado Militar Permanente número 5, con sede en el Gobierno Militar del paseo de la Reina María Cristina, mientras El País, incrédulo, empezaba ese mismo día su editorial diciendo que «en Madrid, como dijo Azaña, las tonterías arraigan mejor que las acacias». Si en ese momento se hubiera procedido a desarticular la intentona y a encausar a sus promotores, entre ellos el general Torres Rojas, en lugar de llevárselo sin explicaciones al gobierno militar de La Coruña, quizá el 23-F nunca se hubiera producido. No se hizo y el resultado fue que aquel general siguió conspirando sin contratiempos, de modo que un año después intentaba hacerse con el mando de la División Acorazada Brunete.

Aquel gobierno se sentía débil y olvidó que con los militares hay que hablar el lenguaje de la disciplina. Disimularles las faltas y mirar hacia otro lado es favorecer que se crezcan en la insolencia. A esto hay que sumar el encono de los discrepantes, que veían en peligro sus privilegios, y la desinteresada colaboración de los terroristas, creadores de un clima de indignación prodigando asesinatos de uniformados. El terrorismo no responde a los estímulos de concordia como los indultos o la amnistía general. No los computaron válidos y, por eso, cobró mayor actividad su campaña de asesinatos centrada sobre todo en militares y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esa suma de factores está en la generación del 23-F.

En aquel golpe de Estado sólo sabían adónde iban Tejero, Armada, Torres Rojas o Milans del Bosch, pero el grueso de la tropa era de ocasión. Formaba un contingente reclutado de forma irregular y sin inserción en unidad orgánica alguna. Una de las primeras opciones intentada por Tejero fue servirse de la Academia de Cabos de la Guardia Civil con sede en Guadarrama al mando del teniente coronel Merino. Al final la alternativa fue acudir al Parque Móvil de la calle Príncipe de Vergara, donde consiguió enrolar a una tropilla de aluvión. Su origen aleatorio se percibía en la heterogénea uniformidad de sus componentes. Como prenda de cabeza unos llevaban tricornio; otros, gorra; otros, boina. Unos llevaban anorak; otros, guerrera y correaje. Unos calzaban bota alta; otros, de media caña; otros, zapato negro. Unos vestían pantalón verde planchado; otros, bombachos de camuflaje. Portaban armas distintas. Unos, pistola; otros, subfusil; otros, cetme. Aquel muestrario delataba su origen improvisado, ajeno a la uniformidad estricta que hubieran presentado los efectivos de una misma unidad.

Cuando se produce la irrupción de los armados en el hemiciclo, el primero en percibir el sentido de ese torpe aliño indumentario y lo que daba a entender es el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, todavía en funciones de vicepresidente del Gobierno. Al final unos jefes exaltados quedaban al frente de unos guardias que no estaban bajo su mando en ninguna unidad, que carecían de los lazos de subordinación y disciplina que fortalece la orgánica militar. Un esquema que adolecía de solvencia como se fue poniendo de manifiesto según se dilataban las horas y la romería, que se había calculado de efectos fulminantes, adquiría caracteres grotescos, mientras se reducían las probabilidades de regresar indemnes a casa. Porque quienes sorprendidos en su buena fe habían respondido a un llamamiento encendido para liberar al Congreso de un ataque terrorista enseguida comprobaron que estaban desempeñando el papel de secuestradores.

Otra historia chusca es la de los autobuses necesarios para transportar hasta el Congreso a los guardias del asalto. Eran autobuses civiles adquiridos de segunda mano con dineros conocidos. Se encontraban aparcados en una nave de Fuenlabrada. Los conductores a quienes se encomendó que fueran a buscarlos sólo aceptaron el encargo después de haber comido en el acuartelamiento. Esa condición previa de llenar el estómago antes de emprender la salvación de la patria sucedió también con los efectivos de la Policía Militar aportados por el comandante Ricardo Pardo Zancada desde el acuartelamiento de El Goloso al atardecer del golpe. Porque aquella unidad aplaza su salida hasta después de haber cenado. Otros detalles gastronómicos serpentean a lo largo de toda la operación golpista. Es célebre el almuerzo en Motilla del Palancar del comandante Zancada cuando acudía de vísperas a Valencia el domingo 22 de febrero, atendiendo la llamada del general Jaime Milans de Bosch. También el comentario del general Luis Torres Rojas, quien tiene presencia de ánimo para ponderar los pinchos morunos que hacía el brigada que lo reconoce en el cuerpo de guardia de El Goloso cuando llega de Barajas, donde lo había recogido el incansable Zancada a mediodía del lunes 23. Tal vez esas referencias gastronómicas sean habituales entre los salvadores de la patria pero las que hubiera habido el 18 de julio de 1936 han quedado fuera de las narraciones que nos han llegado como si los alzados practicaran el ayuno.

DE LA AMENAZA A LA DEFENSA

En ese comienzo de la década de 1980 las Fuerzas Armadas en España en lugar de constituir el último resorte capaz de asegurar la soberanía nacional, la clave para preservar a la comunidad de las asechanzas de sus enemigos, eran consideradas por muchos como la mayor de las amenazas que pendían sobre los derechos y las libertades propios de un sistema democrático.

El entronque entre la sociedad y las Fuerzas Armadas no estaba resuelto. Persistían fallas históricas agregadas y muchas susceptibilidades recíprocas. En aquellos años los periodistas tendían a pensar que todos los militares eran golpistas, mientras que los militares consideraban que todos los periodistas eran hijos de puta. Las susceptibilidades y las tensiones se multiplicaban en medio de un fuerte antagonismo. Se observaban algunas diferencias fundamentales en la clase de relaciones que las Fuerzas Armadas mantenían con sus sociedades respectivas en países como Gran Bretaña o Francia y las que mantenían sus homólogos uniformados en España.

Fueron años de tentaciones y tentativas, de ruido de sables, como escribió un amigo periodista. Atentos a los «estados de opinión de las unidades». Estábamos dedicados a la consulta permanente de las escalillas de las Armas y los Cuerpos de los distintos ejércitos para anticipar los ascensos y los retiros, de los que tanto podía temerse o esperarse. Los titulares periodísticos resaltaban arengas o alocuciones militares que festoneaban las iniciativas políticas. Los juzgados militares se declaraban competentes para encausar a los civiles. Cada vez que se pretendía avanzar en algo surgía la voz de un militar intentando cerrar el paso. Así que bajo esos estímulos los partidos recién llegados a la legalidad concluían que las Fuerzas Armadas más que de la defensa formaban parte de la amenaza nacional. Eran la amenaza más inminente que pendía sobre nuestras libertades y derechos entonces en fase inaugural.

Algunos pasos, como la legalización de los sindicatos, los indultos o las amnistías tuvieron un eco fuerte en el sector más duro de los militares profesionales, el menos evolucionado, el de los que seguían dispuestos a defender aquel bodrio al que juraron lealtad y se resistían al cambio. Uno de los momentos más graves es la legalización del Partido Comunista el sábado santo, 9 de abril de 1977, que luego llamamos «sábado santo rojo», con anticipación suficiente a las elecciones generales convocadas para el 15 de junio. La reacción castrense se tradujo en la dimisión del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, a quien ningún almirante en activo aceptó sustituir, por lo que se tuvo que recurrir a uno en la reserva, Pascual Pery Junquera. Hubo además una nota durísima del Consejo Superior del Ejército, que agrupaba a todos los tenientes generales con mando. Era un pronunciamiento en contra de la legalización expresada en tono amenazador. El Gobierno estaba asustado por el desafío. Entonces los directores de los periódicos de Madrid acordaron publicar un editorial conjunto: «No frustrar una esperanza», reproducido en el capítulo anterior, donde replicaban a los militares y señalaban que su intervención política estaba fuera de lugar. El efecto del editorial, que no firmaron el director de Abc ni el de El Alcázar, fue devolver oxígeno al Gobierno.

Enseguida se iniciaba por las nuevas Cortes elegidas la elaboración de la Constitución. De ahí que el 12 de mayo de 1978 el ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, acabara con los cumpleaños de la victoria y estableciera por Decreto el Día de las Fuerzas Armadas. En la nueva senda de la paz era imposible mantener la denominación de Desfile de la Victoria. Los medios de comunicación apenas registraron el cambio. Venían de la tradición franquista, cuando se guardaba un silencio atemorizado sobre los asuntos de la Defensa y las Fuerzas Armadas durante trescientos sesenta y cuatro días de riguroso ayuno y abstinencia para dedicarles otro de glorificación hasta el paroxismo con ocasión del desfile.

Sucedía que esa victoria, cuya conmemoración anual se celebraba, había sido conseguida sobre otros españoles, los vencidos, que habían sido derrotados en esa misma guerra civil. El cambio de denominación del desfile fue sentido por algunos militares como si les arrebataran su victoria de la que tan orgullosos se sentían. Pero el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente y ministro de Defensa, supo que era necesario cambiar el nombre y crear un nuevo símbolo que a nadie humillara y que hoy llamamos Día de las Fuerzas Armadas. Los ultras emprendieron con mayor ahínco su campaña denigratoria de Gutiérrez Mellado, pero en el camino hacia la Constitución reconciliadora resultaba imposible seguir invocando un hecho victorioso que estampillaba a unos españoles como vencedores y a otros como vencidos, que exaltaba en unos el orgullo de la victoria y sumía a otros en la humillación de la derrota.

El artículo octavo de la Constitución de 1978, incluido en el título preliminar, trata de las Fuerzas Armadas. Las declara constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y les asigna como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esta preeminencia, sobre la que a veces se ha polemizado, de figurar en el título preliminar sólo la comparten con las definiciones más solemnes de los otros ocho artículos sobre el Estado social y democrático de Derecho, la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la indisoluble unidad, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, las lenguas españolas, la bandera, la capital del Estado, los partidos políticos, los sindicatos y el principio de legalidad.

Es muy relevante la vigente definición constitucional más arriba transcrita porque supone una abierta ruptura con la Ley Orgánica del Estado de 1966 en cuyo artículo 37 se decía que las Fuerzas Armadas estaban integradas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público. Porque como describe Manuel Ballbé en su libro Orden público y militarismo en la España constitucional (1808-1993), el orden público y las libertades civiles se mantuvieron siempre bajo control militar pese a las diversas constituciones que se sucedieron. Sin que ese control militar quedara afectado por los cambios de régimen ni de dinastía, ni los sesenta y siete pronunciamientos catalogados desde 1814. Para nuestro autor ese tratamiento bélico de las pugnas internas implicaba la adopción del objetivo de aniquilar al adversario y constituía un verdadero instrumento de guerra civil. Lo cual era una de las más graves corrupciones del orden colectivo porque en la exclusión de la guerra civil radica el fin primario del orden social.

La Constitución en el artículo 30 señala que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España» y que «la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria». Es decir, que queda reconocida la existencia del servicio militar obligatorio de cuyo cumplimiento cabría la exención por causas que determinaría la ley. Luego sucedió que el candidato del PP José María Aznar incluyó en su programa para 1996 la abolición del servicio militar obligatorio y al resultar elegido lo suprimió sin abrir debate alguno al respecto. Fuimos a una tropa y marinería profesional que otros prefieren denominar mercenaria. El resultado fue la imposibilidad de reclutar los efectivos necesarios y la rebaja hasta niveles peligrosos de las condiciones físicas y psíquicas exigidas para incorporarse a filas. Hubo además que ampliar el porcentaje de plazas ofrecidas a inmigrantes, que ven en el servicio militar la posibilidad de alcanzar la nacionalidad española. La condición mercenaria y en buena proporción extranjera del contingente reclutado ofrece mayor holgura para su empleo, como ya se vio en Estados Unidos, donde si los soldados procedieran del servicio militar obligatorio muchas guerras hubieran dejado de hacerse, según reconocían en el Pentágono al autor de estas líneas en 1976.

La selección de tropa y marinería profesional ha de hacerse entre quienes opten voluntariamente a enrolarse. El riesgo es que sólo o de manera muy mayoritaria los aspirantes que se presenten sean de procedencia precaria y estén dotados con aptitudes muy limitadas. De manera que los estratos sociales con más dificultades y carencias sean los grandes suministradores, mientras la excelencia apenas esté representada. Estaríamos en un caso de selección a la inversa que produciría distorsiones, mientras que el servicio obligatorio ponía a disposición para adquirir adiestramiento militar a una representación fiel y bien proporcionada de las capas más jóvenes de la sociedad.

En todo caso, señalemos que en España ni se ha hecho uso de la posibilidad constitucional, abierta en ese mismo artículo 30, de «establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general»; ni ley alguna ha regulado los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Se pierden así posibilidades de encauzar muchas energías cívicas y se refuerza la idea de que sólo tenemos derechos sin la contrapartida de obligación alguna.

Las otras menciones que hace el texto constitucional figuran en el apartado h) del artículo 62, dedicado a las atribuciones del Rey, a quien corresponde «el mando supremo de las Fuerzas Armadas»; el artículo 97 a tenor del cual «el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado»; y el apartado 4º del artículo 149, donde se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre algunas materias, como «Defensa y Fuerzas Armadas». Sobre la naturaleza del mando supremo de las Fuerzas Armadas hay distintas escuelas de pensamiento pero interpretada en sus propios términos constitucionales tiene básicamente un carácter simbólico, del mismo modo que el artículo 117 dispone que la justicia se administra en nombre del Rey. Pero en aquellos momentos límite del golpe del 23-F nadie discutió a don Juan Carlos que vistiera el uniforme de capitán general y compareciera en TVE para ordenar al jefe de la región militar de Valencia, Jaime Milans del Bosch, que depusiera su actitud, retirara las tropas y las devolviera a sus cuarteles.

LAS FUERZAS ARMADAS SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN

Uno de los elementos más importantes de la transformación en el área militar fueron las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, plasmadas en la Ley de 28 de diciembre de 1978, fecha contigua a la sanción por el Rey de la Constitución. El ese texto se explica de forma clara y en el mejor castellano de nuestra literatura legislativa qué son las Fuerzas Armadas, cuál es el espíritu de quienes sirven en filas y cómo deben emplearse. Fue una obra impulsada por el general Gutiérrez Mellado y culminada por un pequeño equipo dirigido por el general de Infantería de Marina Francisco Martínez de Galinsoga y Ros.

Esas Reales Ordenanzas de don Juan Carlos I en su artículo 11 definían la disciplina como «factor de cohesión que obliga a todos por igual, que será practicada y exigida como norma de actuación y que tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que la Institución militar está subordinada». Otro artículo, el 26, indica que «todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución» y el 34 aclara que «cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes y los usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas».

Era una innovación radical porque limitaba el principio de la obediencia debida que los ejércitos europeos habían incorporado después de Núremberg. Se acabó la exención de responsabilidad para quien alegue el deber de obediencia. A partir de ahora quien recibiera una orden que vulnere será, en todo caso, responsable. Algunos, a la vista del texto, dieron en pensar que con esta derogación de la obediencia ciega e irresponsable se ponía fin a la disciplina, que es la divisa básica de las Fuerzas Armadas. No sucedió aquí tal cosa como no había sucedido en el resto de ejércitos europeos, donde se aplicaba este principio desde el año 1946, sin efectos disolventes, ni merma de disciplina.

La transformación de las Fuerzas Armadas y la atención y el cuidado que les ha prestado la democracia han sido decisivos. Su participación en operaciones de mantenimiento de paz o de ayuda humanitaria ha servido de catalizador para el proceso de cambio de imagen de las Fuerzas Armadas. Cobran un nuevo atractivo que recupera el número de aspirantes por plaza en las academias militares, donde se forman las nuevas generaciones de la oficialidad.

Los militares de carrera pasan a ser gente preparada, que ha contrastado su formación con el adiestramiento adquirido en los despliegues en circunstancias difíciles y en países lejanos donde han cumplido de manera ejemplar. El papel desempeñado por las Fuerzas Armadas españolas en las misiones internacionales ha logrado las mejores calificaciones. Crucemos los dedos pero hasta ahora los nuestros han estado fuera de los escándalos y los oprobios en los que se han visto involucrados los que sirven bajo otras banderas. Han hecho un buen trabajo y son recordados con gratitud por las poblaciones con las que han convivido. Han aportado una respuesta positiva a la necesidad de generar ese nuevo orgullo al que puedan incorporarse todos los españoles. Han contribuido a la mejora de la consideración hacia las Fuerzas Armadas y a involucrarlas mejor con la sociedad.

En breve se ha modernizado la oficialidad y la función militar. Se ha reducido el número de efectivos y los ascensos se rigen por un sistema de evaluación permanente de méritos y capacidad. En los grandes cuerpos de la Administración del Estado quien obtiene el número uno en su oposición se mantiene como número uno cualesquiera que sean los avatares de su trayectoria profesional. En los militares de carrera esos escalafones se alteran conforme a criterios de formación y evaluación permanente. Deben realizar cursos para ascender, se les exige hablar idiomas para alcanzar la condición de jefes y sin el diploma de Estado Mayor se excluye el ascenso al generalato. De modo que quien es incapaz de superar las pruebas acorta su carrera militar y pasa antes a la situación de retiro. Los méritos computan para el ascenso y ningún examen les garantiza una posición privilegiada para la siguiente prueba. Hay un dinamismo activado que impide el anquilosamiento y ahuyenta la desidia tan habitual en otros estamentos de la función pública.

Nos repiten que ahora nuestra defensa empieza muy lejos de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Afganistán o en el Sahel o en el Índico con la Operación Atalanta. Además, las Fuerzas Armadas atienden a conflictos sin repercusión sobre nuestras fronteras o nuestros ciudadanos pero que derivan de las responsabilidades que nos incumben por nuestra pertenencia a Naciones Unidas, a la Unión Europea o a la OTAN. Las primeras operaciones de mantenimiento de la paz y misiones de observación en las que participaron las Fuerzas Armadas Españolas fueron la UNAVEM en Angola, la UNTAG en Namibia y la ONUCA en Centroamérica en 1989 y en Haití en 1990 y en Los Balcanes en 1991 y Mozambique en 1993. Otras operaciones fueron cumplidas con el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz y misiones de protección de la asistencia humanitaria. Un escalón más comprometido fueron las Fuerzas de Interposición de la paz en operaciones de estabilización. Otro tipo de actuaciones de nuestras Fuerzas Armadas se circunscribe a un ámbito hasta hace poco ajeno a la tradición de nuestros ejércitos, se trata de esas misiones humanitarias que suponen un compromiso de solidaridad relacionado con las catástrofes naturales. Estas intervenciones han hecho necesaria una reorientación en la formación de los soldados que se han visto obligados a cultivar aptitudes hasta ahora consideradas innecesarias.

Aun así, todavía no se ha resuelto la escasa educación de cultura de la defensa que hay en nuestro país. Existe una resistencia a incentivar el servicio en las Fuerzas Armadas ofreciendo a los que se retiran después de años de permanencia en filas alguna ventaja para su vuelta a la vida civil como funcionarios. Hubo una resistencia fortísima a darles algunos puntos en los baremos de admisión a esos concursos y todavía hoy existe esta resistencia en reconocer su trabajo.

Con autoridad, con lucidez y con generosidad, que deberíamos esforzarnos en mantener vigente, puede decirse que, como reconoció Manuel Azaña con ocasión de otro cambio relevante, el que supuso pasar de la monarquía de Alfonso XIII a la Segunda República, «quizá dentro del Ejército estén las personas que han tenido que mutilar más sentimientos íntimos y más obligaciones anteriores». Esto es un motivo de respeto porque, insistía Azaña, «la mayor iniquidad que se puede cometer con una persona es motejarla, ahora que sus deberes, en cierto sentido, han cambiado por haber cumplido fielmente los anteriores».

Las Fuerzas Armadas se vertebran siempre sobre un orgullo corporativo. Pensar que puedan constituirse como el cuerpo de correos es un dislate. En el ámbito castrense los valores simbólicos son de extraordinaria importancia. El honor es el que hace que queden sometidos por la palabra cuando tienen las armas en su mano. La invocación del orgullo también es de una alta graduación simbólica. Pero conviene que en esa invocación podamos coincidir el conjunto de los españoles. La alternativa, si las Fuerzas Armadas se disolvieran, no sería el pacifismo idílico, sino los señores de la guerra. Al fin y al cabo el encuadramiento del Ejército es una garantía, la alternativa es la ley del más fuerte. Michael Ignatieff lo expone con claridad en su libro El honor del guerrero.

Recordemos con Rafael Sánchez Ferlosio en su libro Campo de Marte. El ejército nacional cómo «el hecho mismo de que el Ejército sea precisamente la institución que tiene a su cargo y sostiene con sus manos la ultima ratio constrictiva, sustentadora del derecho y el poder, hace que su corporación sea a la vez la única cuyos miembros, no teniendo detrás de sí ningún otro posible instrumento de constricción física alguna, sean frente a los demás los únicos que se hallan, al menos en sentido inmediato, exclusivamente sujetos al Estado bajo la sola fe de su palabra. Y estar bajo palabra es justamente la situación que aísla en toda su pureza la conducta por la que se define la imagen misma del honor».

IV
¿Qué queda de la Iglesia de la concordia?

En España la Iglesia, después de los años triunfales del «nacional catolicismo», contados a partir de la sublevación, de la Guerra Civil y del franquismo resultante, se fue impregnando de la idea de la caducidad de un régimen personal como el del general Franco. Así, dio en concluir de modo implícito que, dada su propia naturaleza de institución de hoja perenne, sería inconveniente seguir acompañando en sostenida coyunda a un sistema que sería improrrogable.

La Iglesia siempre se ha sentido perseguida, no ha reflexionado sobre su contribución a la discordia española. La Iglesia ha sido beligerante, ha sido un elemento de exacerbación de los enconos españoles. Ha tomado partido por los poderosos, ha combatido contra la República en los preparativos del 18 de julio de 1936. La Iglesia formaba parte de eso que se llamaban los obstáculos tradicionales, que bloqueaban el avance hacia una verdadera democracia. La monarquía también se consideraba otro de esos obstáculos.

La Iglesia tiene pendiente una revisión del papel que ha desempeñado. Una revisión que nunca ha llegado a completar. Cabalgó la victoria y quiso sacarle provecho durante los años del nacional catolicismo. Entonces Franco era «la espada más limpia de Europa» en expresión del cardenal primado Enrique Plá y Deniel, aquel corpulento catalán de Tarragona. El caudillo entraba bajo palio en las catedrales y la enseñanza pública y privada era católica a machamartillo. En esos tiempos todo se hacía conforme al laconismo militar de nuestro estilo, al paso alegre de la paz, hollando rutas imperiales con la cartilla de racionamiento en la mano, atendiendo el cumplimiento pascual y otros ejercicios espirituales, sermones de las siete palabras y rosario en familia del padre Peyton, porque como nos decían «familia que reza unida permanece unida».

Había un cierto aire de regreso al medievo de las órdenes militares —mitad monjes, mitad soldados—, sin cines ni teatros ni cabarés, cerrados durante la Semana Santa. Se celebra el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona en 1952 y todos entonamos el himno compuesto por José María Pemán: «De rodillas, Señor, ante el sagrario/ que guarda cuanto queda de amor y de unidad/ venimos con las flores de un deseo,/ para que nos las cambies en frutos de verdad. [...]/ Cristo en todas las almas, y en el mundo, la paz».

En cuanto al sistema de privilegios de la Iglesia subrayemos que adquiere fuerza de tratado internacional con el Concordato de 1953, que regula las relaciones del régimen con la Santa Sede y prodiga toda suerte de exenciones fiscales. Ese mismo año se firman los acuerdos sobre las bases militares americanas en España. Ambos son decisivos para impulsar el ingreso en Naciones Unidas que se produjo en 1955, lo cual supuso sacar al régimen del lazareto en que se encontraba dentro de una categoría exclusiva, la de enemigo residual por su alineamiento con los países del Eje que, sin embargo, fueron receptores de las ayudas del Plan Marshall negadas a Franco para mayor precariedad de los españoles.

Pero volvamos a las cabezas rectoras de la jerarquía, obsesionadas sólo por la idea de las reparaciones que debían ofrecerse a la Iglesia para compensarla de los padecimientos de los que había sido víctima. Aquellos obispos y quienes les han ido sucediendo en las diócesis españolas tenían y tienen interiorizado el convencimiento de que las únicas víctimas han sido las suyas, a las que han seguido honrando con incesantes canonizaciones. En ningún momento han reconocido que también del otro lado muchos inocentes fueron vilmente asesinados. Para la Iglesia sólo existen sus propios muertos, los mártires de su fe, de los que trata un libro firmado por el abad del Valle de los Caídos fray Justo Pérez de Urbel. Lo escribió Carlos Luis Álvarez, Cándido, con un ingenio aguzado por la necesidad que terminó llevándolo a hacer de «negro» del abad. Hizo de «negro», pero con extremada honradez porque enseguida después de cobrar procedió a denunciar los plagios y las invenciones en que había hecho incurrir al desaprensivo dignatario eclesiástico que se beneficiaría de los derechos de autor. Parece que la Iglesia, además de exaltar el testimonio de los suyos, muertos por la barbarie roja, debería haber atendido también a quienes, compartiendo su misma fe o sin compartirla pero siendo inocentes, fueron muertos por la barbarie de los sublevados, que tampoco disparaban con mazapán, como decía hace años en Cubas de la Sagra mi buen amigo Pablo Barrigüete.

El historiador británico Paul Preston en su libro El holocausto español (Barcelona, 2011) compendia los desastres que se venían investigando desde hace años en monografías detalladas circunscritas a regiones, provincias o municipios. Recopila las cifras del odio sangriento que asoló nuestro país: cerca de doscientos mil hombres y mujeres asesinados lejos del frente, ejecutados a raíz del golpe militar contra la Segunda República. Al menos trescientos mil muertos en los frentes de batalla. Además, un número desconocido de hombres, mujeres y niños perdieron la vida en los bombardeos y en los éxodos que siguieron a la ocupación del territorio por parte de las que se llamaban tropas nacionales. Se añaden también alrededor de veinte mil republicanos ejecutados tras la victoria del 1 de abril de 1939. Señalemos, en todo caso, la deferencia de que a todos ellos, así como a los ejecutados durante la guerra por cuenta del bando que la Iglesia bendecía, se les brindaban los auxilios espirituales a cargo del capellán de la prisión para que se confesaran y fueran al cielo o al purgatorio tras el fusilamiento.

El texto de Preston va más allá de una mera contabilidad de la sangre derramada porque intenta remontarse a los incentivos morales, intelectuales y teológicos que sirvieron de fulminante para el desencadenamiento de la violencia cainita. Se interesa por los teóricos del exterminio, entre los que destacan algunos hombres de Iglesia y otros católicos fervientes, que nunca fueron desautorizados por la incitación activa aportada para que sus prójimos fueran eliminados.

Sucede que entre nosotros bajo el signo de la cruz se ha perpetrado toda clase de barbaries en distintas épocas históricas, como las de la Inquisición. Asombra que hayamos debido esperar hasta el 22 de febrero de 1813, casi un año después de La Pepa, para que las Cortes de Cádiz declaren la Inquisición «incompatible con la Constitución política de la monarquía». Para recordar es aquella pastoral colectiva del episcopado español fechada el 1 de julio de 1937 cuando ya más de la mitad del territorio está en poder de Franco y sus generales, que denominaba cruzada, es decir, guerra santa, la que asolaba España desde la sublevación del 18 de julio de 1936 y que daría lugar al «nacional catolicismo» al alcanzar la victoria el 1 de abril de 1939. Quedó patente, como escribió Cyril Connolly (Obra selecta, Barcelona, 2005), que la historia de la Iglesia «no trae la paz sino la espada»; sus persecuciones, su hipocresía, su reacción se diría que son inherentes a su naturaleza como institución celosa, mundana y dogmática; y por ello «la Iglesia, cuando ha sido lo bastante fuerte para hacerlo, ha traicionado sus principios espirituales». Así que el problema no es la cruz, sino las traiciones de quienes invocan ese símbolo en vano para sus particulares designios y sus ambiciones insaciables.

LA AYUDA DE LA IGLESIA

El filósofo José Luis Pardo ha señalado que la religión tiene la propiedad de elevar inmediatamente las contiendas al término de lo absoluto. De modo que el calentamiento religioso elimina toda posibilidad de hallar un terreno de entendimiento con el adversario. De ahí que los problemas religiosos sean irresolubles porque exigen la conversión de los infieles. Su observación permitiría verificar que la religión se las arregla muy bien para proporcionar a la guerra su justificación y, por tanto, convertirla en un medio, discutible, pero un medio para un fin que se sitúa en el orden de lo indiscutible. Richard Overy desarrolla en su libro Por qué ganaron la guerra los aliados cómo hasta en la Unión Soviética, donde Dios había sido prohibido oficialmente, el día de la invasión alemana las autoridades recuperaron al metropolitano Sergei, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, para que pidiera a los fieles que hicieran cuanto pudieran por ayudar al régimen. Su oración concluyó diciendo «¡El Señor nos concederá la victoria!».

Interesa también, a este respecto, la discusión auspiciada por el semanario Die Zeit entre el filósofo Peter Sloterdijk y el cardenal Walter Kasper, en la que indagaron sobre los orígenes de la violencia y las religiones. Su transcripción fue publicada por la editorial KRK bajo el título Un diálogo sobre el retorno de la religión. Allí repasan la historia de las guerras de religión y el papel desempeñado por las religiones y las invocaciones a Dios en los más diversos conflictos. Al final coincidían en la necesidad de encontrar un sistema que permitiera el uso pacífico de las energías polemógenas de los monoteísmos, que se desprenden de la confrontación irremediable de sus pretensiones universalistas. Sería algo así como lo que en el campo de la física se ha logrado para el uso pacífico, incluso medicinal, de la energía atómica. Claro que la lectura de estas reflexiones ha llevado a algunos a pensar que para ser católico cuánto mejor ser alemanes. En esa línea, al otro lado del Atlántico, el profesor de la New York University Stephen Holmes se refería al fundamentalismo cristiano americano como factor de exacerbación de la violencia. Aclaraba cómo en el terrorismo suicida con retórica religiosa hay algo que tiene que ver con la afirmación del propio grupo, que sobrevivirá a una guerra de aniquilación. De forma que en su opinión hay una imitatio Dei, incluso en el mundo de la tortura, que podría tener una motivación religiosa. De ahí también que cuando se conquista un pueblo haya que destruir sus templos.

De los católicos españoles se subrayaba, como signo distintivo, su mala relación con el dinero, de donde se derivan nefastas consecuencias para la economía nacional. En los países enraizados en el catolicismo tridentino, en el que tanto brillaron por última vez los teólogos españoles, el que se impuso después del Concilio de Trento concluido en 1563, predomina la sospecha acerca de la prosperidad y la riqueza. La entrada de los ricos en el reino de los cielos era más difícil que la de un elefante por el ojo de una aguja y, conforme a la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, la suerte terrenal se invierte en la vida eterna. Para los tridentinos sólo la riqueza heredada, que la Providencia entrega con el nacimiento sin que el beneficiario haya hecho nada de su parte, puede ser compatible con la salvación. A estos favorecidos sí que se les pedirán cuentas del rendimiento que hayan sacado a los talentos recibidos.

Parece que el punto de ignición del capitalismo fue el calvinismo, como nos enseñó Max Weber. Así quedaba establecido que alcanzar la prosperidad en esta vida era signo de predestinación para la otra; que cuanto mejor nos fuera aquí abajo, más cerca de la diestra de Dios Padre quedaríamos situados allí arriba. Entre nosotros por el contrario el arrastre tridentino situaba a los herederos en el disfrute de lo recibido. Lo que podía llevarlos a la condenación eterna era que se afanaran en la activación de sus fortunas para hacerlas más rentables y acrecentarlas. La avidez se consideraba la sospechosa puerta de entrada a los pecados capitales. Así que lo que correspondía al español de bien era un lento decaer en línea con las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. De ahí las manos muertas que tenían paralizado el país, aunque muy bien sacramentado. Una parálisis, en suma, de la que los ilustrados quisieron salir con las desamortizaciones sucesivas que tantas excomuniones acarrearon.

Porque en España el prestigio más que personal es familiar y el de cada familia se mide por el número de generaciones que llevan sus miembros sin trabajar. Puede imaginarse un diálogo del siguiente tenor:

—¿La familia de usted desde cuándo no trabaja?

—Desde el rey Fernando III el Santo porque vinieron con él a la toma de Sevilla.

—Qué gran familia componen ustedes, don Manrique. ¿Y la suya, don Diego?

—La nuestra todavía sigue trabajando.

—Así que no han salido ustedes del hoyo.

Por eso se decía en Andalucía de una familia que le había ido tan mal que algunos de sus miembros se tuvieron que poner a trabajar.

Alterar la idea del trabajo como una condena y expandir que Dios había creado al hombre ut operaretur, para que trabajara, fue el empeño de monseñor José María Escrivá, que después fue de Balaguer. Bajó a remover estas aguas inertes hablando de la santificación del trabajo ordinario y de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Semejante consigna fue interpretada en términos maximalistas como si todo quedara convalidado en aras de tan santos fines, y causó algún terremoto, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, donde José María Ruiz Mateos quiso recuperar el prestigio de los vinos que otras bodegas habían dejado decaer y expandirse después a otros sectores de negocio, como el inmobiliario o el de la banca, hasta que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo devolvieron a la realidad del embargo y la nacionalización. Otros fueron catedráticos aprovechando el ambiente patriótico y saltaron después a la empresa o a la política. En el inicio parecían aportar competencia y decencia, pero levantaban a su paso muchas suspicacias por la reserva con que procedían y la ayuda que se prestaban. En todo caso, pudo decirse con razón que, a efectos de doctrina económica, monseñor Escrivá fue el introductor del protestantismo en España.

Recuperemos la senda del nacional catolicismo para observar que con el paso del tiempo el Vaticano empezó a mostrar un lento desapego hacia el régimen porque comenzaba a calcular que después de Franco vendría la desfranquización y no quería pagar la cuenta de tantas intimidades como las demostradas. En la estela del llorado papa Juan y del Concilio Vaticano II se produjo una sintonía de la Iglesia con los derechos humanos y las libertades cívicas. En consecuencia la Conferencia Episcopal acabó tolerando que el bajo clero y algunas órdenes religiosas con mayor sensibilidad ensayaran una toma de distancia con el régimen y prodigaran gestos de sintonía y acogida a los sindicatos clandestinos, a los movimientos estudiantiles y a las fuerzas políticas de la oposición, que andaban en actividades reivindicativas. Incluso algún prelado se apuntó a la crítica templada, lo que el entonces presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, resintió como inaceptable ingratitud por parte de quienes tanto habían recibido.

En el régimen cunde el desconcierto porque sus dirigentes se percatan de que la Iglesia, con sentido institucional perenne, empieza a prepararse para sobrevivir al franquismo ensayando la media distancia. Eso da lugar a un momento muy interesante, cuando los clandestinos se reúnen en los conventos, en las parroquias, y aparece el fenómeno de los curas obreros. Se genera una sensibilidad en la defensa de los derechos humanos. También afloran otras sensibilidades que en el País Vasco sirven para que seminarios y noviciados sean vivero de la naciente ETA. De modo que en junio de 1963 la llegada al solio pontificio del cardenal Montini con el nombre de Pablo VI se percibe como la de un enemigo del régimen.

El coeficiente de fricción aumentaba y los brotes de desafecto se activaban porque afloraba con distinta fuerza en toda la escala jerárquica un instinto tendente a preservar la independencia institucional. La sagacidad vaticana trataba de evitar que la Iglesia española fuera percibida como uncida al régimen franquista, cuya caducidad se mostraba cada vez más visible. Aquel sistema político que tantos servicios había prestado amenazaba ruina a partir del momento en que se produjera el hecho biológico y la prudencia eclesial aconsejaba distanciarse para evitar que le alcanzaran los cascotes del derrumbe. El intento más atrevido fue el de la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes, que fue desarticulada por los servicios de inteligencia del almirante Carrero, el SECED, con algunas colaboraciones muy valiosas de leales al régimen que estaban incrustados en las estructuras de la curia romana. En la década de 1970 empezaban las postrimerías del franquismo y los tres frentes principales desde los cuales el régimen se sentía combatido eran el de la universidad, el de los obreros y el de la Iglesia progresista.

Con el paso de los años y sin ruptura pero con inteligente distancia se habían ido situando algunas figuras de la jerarquía como, por ejemplo, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, primero al frente de la diócesis primada de Toledo y después de la de Madrid-Alcalá. No se estilaban semejantes actitudes y como la naturaleza copia al arte, don Vicente primero fue tildado de progresista y después acabó siéndolo en sintonía con esas tendencias aperturistas. De forma que durante el entierro del almirante Carrero la turba movida por los adalides del búnker gritaba a su paso por la Castellana: «¡Tarancón, al paredón!».

Así las cosas, el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, titular de la diócesis, lanza el domingo 24 de febrero de 1974 una homilía titulada El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos, que produjo temperaturas de incandescencia. La homilía fue leída en la mayoría de las iglesias de su diócesis. En ella se decía, por ejemplo, que «El pueblo vasco, lo mismo que los demás pueblos del Estado español, tiene el derecho de conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos circunvecinos, dentro de una organización sociopolítica que reconozca su justa libertad. El Estado ha de estar al servicio de las personas y de los pueblos y ha de respetar sinceramente el pluralismo social y cultural».

Era demasiado para los delicados oídos del Gobierno, de forma que tres días más tarde el jefe superior de Policía de Bilbao recibió la orden de arrestar en su domicilio a monseñor Añoveros y el presidente Arias Navarro dispuso el envío de un avión militar a Sondica para expulsarlo del país. La resistencia del obispo, decidido a que sólo lo sacaran por la fuerza, prolongó la crisis durante catorce días en los que se estuvo a punto de la ruptura de relaciones con el Vaticano. Este episodio de monseñor Añoveros deja desconcertado al régimen, incapaz de entender cómo era posible con lo que habían hecho por la Iglesia que fuera un obispo quien planteara semejante conflicto. Más teniendo en cuenta que, como todos los titulares de diócesis españolas, había sido nombrado mediante el derecho de presentación. Es decir, de acuerdo con la antigua prerrogativa regia, que atribuía a Franco el Concordato de 1953, por la cual era él quien elegía a los titulares las diócesis de entre una terna convenida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura, que aprobaba la Santa Sede. De manera que, apenas unos días después de que el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, proclamara ante las Cortes el llamado Espíritu del 12 de febrero, la reacción desorbitada ante la homilía de Bilbao supuso un desmentido radical a los propósitos aperturistas enunciados.

EL «MOMENTO» JERÓNIMOS

Recordemos que el acceso a la jefatura del Estado del rey don Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975 tiene su momento más solemne y alcanza su primer refrendo internacional cuando cinco días después de la proclamación por las Cortes, el 27, se celebra una misa solemne en la iglesia de los Jerónimos. Porque en la tribuna del hemiciclo de las Cortes a la jura sólo compareció el general Augusto Pinochet, que por su atavío parecía ser de la sociedad madrileña de los amigos de la capa. Pero a los Jerónimos acudieron el presidente de Francia Valery Giscard d’Estaing, el duque Felipe de Edimburgo, el presidente de Alemania Walter Scheel, el príncipe de Lieja, heredero de Bélgica y el heredero del gran ducado de Luxemburgo, además del vicepresidente norteamericano Nelson Rockefeller. El acto de los Jerónimos estaba pensado para brindar una ocasión a todas esas comparecencias de máximo rango que se sabían imposibles ante las Cortes franquistas. Ofició el arzobispo de Madrid cardenal Vicente Enrique Tarancón. Su homilía fue un llamamiento a la reconciliación, un mensaje de esperanza. Significaba que la Iglesia privilegiada abandonaba sus posiciones nacionalcatólicas de manera oficial y se definía como «la Iglesia de la concordia».

Treinta años después del momento Jerónimos esa actitud de concordia parecía evaporada y la Iglesia, su estructura jerárquica, se dedicaba de nuevo a la siembra de la discordia, a la inoculación del antagonismo. Una actividad para la que alternaba el recurso a las antenas incandescentes de la cadena de radio COPE con las manifestaciones callejeras de los ensotanados, que preferían la algarada pancartera a la exégesis de la palabra de Dios desde los púlpitos de los templos, donde cundía la desafección y apenas se registraba media entrada los domingos y fiestas de guardar.

Este modus operandi hizo que los católicos ordinarios, que en España se habían hecho históricamente indistinguibles del público en general, fueran adquiriendo en los años del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero un perfil reivindicativo más dado a las manifestaciones ruidosas en las calles con pancartas agresivas y consignas rabiosas que a jornadas de oración y recogimiento en los templos. Hay en eso una sintonía con los modos del papa Juan Pablo II, quien animaba una concepción más propia del espectáculo que de la piedad, con apuestas multitudinarias fuera de los recintos sagrados o de las procesiones de Semana Santa, empeñado en colmar los espacios abiertos más que con fieles en actitud de rezo o de penitencia con huestes de fans encuadrados por los Legionarios de Cristo, los miembros de comunión y liberación, los «kikos» o los activistas del Opus Dei. En ese ambiente desaparece la dispensación de los sacramentos, que caracterizaba los congresos eucarísticos, y cunde la promiscuidad del happening con mochilas, sacos de dormir, bocadillos, bebidas, guitarras, ligoteo y consignas coreadas.

El gobierno socialista del abominado José Luis Rodríguez Zapatero fue muy diligente colmando las aspiraciones de la Conferencia Episcopal Española en el plano de la financiación al elevar del 0,5 al 0,7 el porcentaje de la cuota líquida que habían de ingresar del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) que los contribuyentes pueden asignar a la Iglesia sin que suponga recargo alguno si así lo deciden. La cuestión es que si bien la última encuesta del CIS registra que un 73,4 por ciento de los españoles se declara católico a la hora de marcar con una cruz la casilla que destina fondos a la Iglesia sólo lo hagan la tercera parte de los mismos. Así que, como reconocían los responsables financieros de la Conferencia Episcopal, bajo los gobiernos de Aznar todo habían sido cortesías verbales pero el avance real en el plano de los dineros era ninguno. Por el contrario, según el profesor Fernando Giménez Barriocanal, gestor de asuntos económicos del episcopado, era con el presidente Zapatero con quien «la Conferencia Episcopal había alcanzado sus últimos objetivos económicos».

En los tanteos preelectorales de 2007 se escucharon algunas bravatas socialistas sin mucho sentido a propósito, por ejemplo, del proyecto de suprimir los funerales de Estado, bravatas enseguida desmentidas por quienes eran mayores de edad, saber y gobierno. Se trataba de uno de esos combates fantasmales por completo inútiles, emprendidos mientras se dejan pasar ocasiones preciosas para que las cosas queden en su sitio. Una de ellas fue el decreto firmado por la ministra de Defensa, Carme Chacón, por el que se concedía la consideración de general de división al excelentísimo y reverendísimo señor don Juan del Río Martín, arzobispo castrense de España. Porque un repaso exhaustivo al derecho eclesiástico del Estado permite comprobar que ni la figura de «funerales de Estado» ni la dignidad de general de división para el vicario general castrense responden a ninguna previsión legal. Preguntada la ministra sobre la improcedencia de ese decreto, su respuesta fue refugiarse en la inercia heredada y su preferencia de que la quebrara quien la sucediera.

Otro de los estribillos de aquellos momentos era la propuesta de reformar la Ley de Libertad Religiosa, cuyo texto inobjetable podría permanecer sin ofensa para nadie durante años. A cambio, el Gobierno de Zapatero reiteraba su decisión de garantizar la intangibilidad de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 4 de diciembre de 1979. Unos acuerdos negociados antes de la Constitución, como por todas partes se hace notar, que están reclamando con urgencia una nueva redacción. Sobre todo porque es en esos acuerdos donde reside la penosa cesión de soberanía por parte del Estado, como está probado hasta la saciedad. De manera que la propuesta adecuada hubiera sido la de mantener la Ley de Libertad Religiosa y denunciar los acuerdos con el Vaticano.

V
Partidos políticos: competir, cooperar, defraudar

La renuncia inteligente es la semilla de la victoria. En términos de estrategia militar Clausewitz enunció este mismo principio cuando señaló que una victoria sólo puede ser alcanzada si está bien definida. El principio de la limitación de la victoria es el que la hace posible. En sentido contrario, el intento de explotación indefinida del éxito acaba siempre en derrota, según prueban abundantes ejemplos históricos. También en política las victorias siempre vienen precedidas de renuncias bien calculadas.

El caso de la renuncia del PSOE a la definición marxista del partido es revelador. El primer intento lo formuló el secretario general, Felipe González, en el XVIII Congreso Federal celebrado en Madrid del 17 al 20 de mayo de 1979. Se produce apenas dos meses y medio después de las elecciones generales del 1 marzo que los dejaron en segundo lugar sólo por detrás de la Unión de Centro Democrático (UCD). La derrota de ese intento acarreó la retirada de Felipe González en favor de una comisión gestora, que presidía José Federico de Carvajal. Cuatro meses después, los días 28 y 29 de septiembre, en un congreso extraordinario se aprobaba el abandono del marxismo y regresaba González a la secretaría general. Es en las siguientes elecciones generales, del 28 de octubre de 1982, cuando el PSOE gana por mayoría absoluta.

Antes, en 1977, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), había adelantado otras renuncias y se había reconciliado con la bandera roja y gualda o con la monarquía para presentar unos estatutos del partido, que permitieron su legalización el 9 de abril, conocido desde entonces como «sábado santo rojo». También la derecha inteligente progresa con la renuncia al franquismo, a sus pompas y a sus obras. Falangistas, profesionales de la revolución pendiente, tradicionalistas bajados de Montejurra, católicos colaboracionistas y tecnócratas de cuota se escinden. Los más audaces se agrupan en torno a Adolfo Suárez en la UCD. Piensan los ucedeos que de su mano podrán atravesar a pie enjuto el mar Rojo y pasar a la otra orilla, donde se encuentran las democracias homologadas, que podría ser el momento de volver a la derecha de los privilegios. Luis María Anson pensaba de Adolfo Suárez que era un flecha falangista, acomplejado, desprincipiado, siempre propenso a ceder ante la izquierda y a reconocerle una superioridad cultural y ética. Esa derecha hirviente podía aceptar que hubieran sido necesarios esos servicios pero una vez en la otra ribera se imponía despedir al sherpa, como se despide a los obreros cuando han terminado de colocar las tejas para cubrir aguas en un edificio en construcción.

Los más duros quisieron distinguirse de sus antiguos compañeros de fatigas regimentales y pensaron en unir fuerzas en Alianza Popular (AP). La locomotora era Fraga. Se recuerda con cuánto detalle Carlos Mendo había preparado la conferencia de prensa inaugural en el hotel Mindanao, donde el 21 de octubre de 1976 iba a presentarse en sociedad AP. Los periodistas los bautizaron como los siete magníficos. Eran Manuel Fraga (a la cabeza de su Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española) y Licinio de la Fuente (Reforma Social). Agrupaciones nominales que apenas pasaban de ser esquejes de partidos o meros compañeros de bufete del líder. Del fondo de la sala vino la pregunta interesándose por si Fraga era en ese momento tan amigo de López Rodó como cuando el estallido del caso Matesa. La respuesta empezó conforme a los usos del ex ministro interpelado con un «mi querido amigo». Luego trajo a colación el proverbio inglés Politics makes strange bedfellows (la política hace extraños compañeros de cama). Entonces el tecnócrata, que estaba a su izquierda, se puso blanco como la cera y la sala estalló en carcajadas. Mendo comentaba que así le habían pulverizado más de un mes de trabajo. Todos ellos se sentían de la cofradía del renuncio. Sólo cinco consiguieron un escaño en las elecciones de 1977, de los cuales dos votaron a favor de la Constitución, Fraga y López Rodó; dos lo hicieron en contra, Fernández de la Mora y Silva Muñoz, y uno se abstuvo, De la Fuente.

EJERCICIOS DE IDONEIDAD

Dando de nuevo vista a la izquierda, la llegada de los socialdemócratas alemanes al poder tiene que ver con algunos preparativos previos para el logro de su idoneidad. Por ejemplo, el congreso de Bad Godesberg en 1959, donde renuncia a radicalismos como el de la propuesta de su programa favorable a disolver la Wehrmacht y a abolir las Fuerzas Armadas. La llegada de los socialistas de François Mitterrand al poder en Francia tiene que ver con el congreso del 24 de enero de 1981, antes de la victoria en las presidenciales de mayo. Es ahí, en Cretéil, donde los socialistas franceses se reconcilian con la existencia de la force de frappe nuclear, cuya desaparición habían venido preconizando en todos sus anteriores congresos.

Sería casualidad o sensación de inminencia, pero esta vez Charles Hernu, defensor casi en solitario durante años de que los socialistas impulsaran «el desarrollo de una estrategia autónoma de disuasión», es decir, de que aceptaran la force de frappe, consiguió para sus planteamientos el respaldo mayoritario del congreso, como resalta el libro Socialdemocracia y defensa europea de Huges Portelli publicado por la editorial Ariel en Barcelona en 1985. Enseguida Charles Hernu sería ministro de Defensa en el Gobierno de Pierre Mauroy, quien, al definirse como el primer ministro del cambio, subrayaba que «hay, como mínimo, un punto en el que se impone la permanencia: los imperativos de la defensa». Mientras Hernu ante la Asamblea Nacional invocaba la experiencia de los años treinta para subrayar que «algunos pacifismos conducen a la servidumbre, la cual conduce a la guerra».

En resumen, primero, que la renuncia suele ser en política el preámbulo de la victoria; segundo, que la idoneidad es una condición que han de obtener los partidos, muy en particular los de izquierda, antes de tener probabilidades reales de ganar en las urnas. Se trata de un certificado que corresponde extender al establishment, es decir, a las que aquí hemos dado en llamar instituciones de hoja perenne. Las extralimitaciones en caso de haber sido toleradas requieren después arrepentimientos. Así, por ejemplo, aquel «OTAN, de entrada no» fue tan útil en la campaña electoral de 1982 como gravoso después de la victoria alcanzada en octubre, cuando nada más llegar al gobierno los socialistas se dan cuenta de que ni tienen margen para abandonar la Alianza Atlántica ni tiene sentido hacerlo. De manera que del «OTAN, de entrada no» pasaron al «OTAN, de salir tampoco» y empezaron a preparar la compleja maniobra para completar el giro de trescientos sesenta grados y volver al punto de partida con el necesario acompañamiento de aquellos que fueron jaleados para que se situaran en contra.

Porque la OTAN, antes de que se convirtiera en un objetivo que había que batir por el PSOE, tenía buen cartel entre las fuerzas democráticas dada su permanente oposición al ingreso del régimen franquista. Aquí contra lo que se manifestaba el público era contra las bases militares americanas, cuya instalación mermaba nuestra soberanía, además de haber supuesto desde 1953 un decisivo respaldo a la continuidad del dictador. Lo dejaba claro el documento dirigido al entonces secretario de Estado norteamericano William Rogers, que le fue entregado cuando visitó Madrid los días 28 y 29 de mayo de 1970 siendo ministro de Asuntos Exteriores Gregorio López Bravo. El documento, que puede consultarse en el libro de memorias Atando cabos de Raúl Morodo, publicado por la editorial Taurus en 2001, fue entregado en la embajada de Estados Unidos por Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui y José María de Areilza y en el palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores por el propio Raúl Morodo. Iba firmado por ciento diecisiete personas de tendencias muy diversas y de distintas regiones. La respuesta del Gobierno fue la imposición de sanciones económicas graduadas de cien mil a veinticinco mil pesetas sin que el embajador americano se movilizara para proteger a los firmantes.

VICTORIA Y CONTENCIÓN DEL PSOE

En España el Partido Socialista tras su primera victoria electoral del 28 de octubre de 1982 se comportó con contención. Hizo un uso moderno y moderado del poder. Luego la permanencia rompió las incomodidades de la provisionalidad que alerta y el estancamiento, como sucede con el agua clara, generó corrupciones varias y favoreció que aparecieran toda clase de bacterias y parásitos perniciosos. Esas realidades fueron detectadas de modo inevitable por quienes deberían haber procedido a subsanarlas, pero nunca les parecía llegado el momento oportuno para hacerlo. Así prendió la tolerancia ante el abuso, la aceptación pasiva, la falta de respuesta rápida a la aparición de la cizaña.

Las corrupciones de los demás se utilizaban como argumento para ser indulgentes con la registrada en las propias filas. Prevaleció el hecho de que los implicados fueran de los nuestros a la gravedad de las corrupciones en que hubieran incurrido. Como si debiera producirse un fenómeno de acomodación a los corruptos cuando anidaban en las propias filas. Pero esa alteración de las exigencias morales en razón de la proximidad acaba siendo mafiosa. El fenómeno se avivó porque muchos entraron en connivencia, porque prefirieron hacer la vista gorda o por las deficiencias de percepción de la vista cansada. Pero corruptos, como las meigas, haylos.

Felipe González dijo en una de las primeras ocasiones en que afloró la corrupción en las filas socialistas que él no estaba preparado para ver cómo cundía ese fenómeno entre los suyos. Porque para todos ellos el ejercicio de la función política debía entenderse como un servicio a los ciudadanos. Afirmación sorprendente la de González, habida cuenta de que debíamos traer aprendido desde el catecismo de la doctrina cristiana que la criatura humana se encuentra en estado de naturaleza caída desde nuestra expulsión del jardín del Edén. A partir de ahí la indicación de «ganarás el pan con el sudor de tu frente» se considera una maldición bíblica de la que hay tendencia a librarse, de modo que el pan sea propio pero el sudor, ajeno. Esta propensión a escaquearse del trabajo y a quedarse con la plusvalía que los demás generan parece inscrita de modo indeleble en la naturaleza humana y requiere para no acabar cediendo a la tentación de una actitud de vigilancia permanente.

La derecha en su expresión civilizada y centrista de UCD había gobernado desde 1976 hasta 1982, pero empezaba a desesperarse con la permanencia de la izquierda en el poder según pasaban los años, que llegaron a sumar catorce. El amargo caviar de la oposición les llevaba a cavilaciones cuasi teológicas, según las cuales la gobernación del país les correspondía por derecho natural. Desde luego, Manuel Fraga preconizaba una mayoría natural a base de unos mimbres de los que en la práctica sólo podía resultar una irremediable minoría: la de los privilegiados. Nos corresponde gobernar, pensaban, porque somos de derechas. Así dieron en concluir que el gobierno socialista más que un desacierto de gestión era una anomalía que había que corregir para que tomara el relevo la derecha de verdad, la de siempre.

AZNAR CON ESPÍRITU DE VENGANZA

El techo de Fraga parecía irrompible y se imponía ensayar otro candidato. Hubo dos disparos de fogueo —Jorge Vestringe y Antonio Hernández Mancha— y después fue el turno de José María Aznar, quien llegó con algunas renuncias personales pero sin renuncia política alguna. Aznar llegaba con espíritu de venganza porque nunca nadie ha creído en él, porque sus compañeros de pupitre nunca lo tuvieron en cuenta, porque no destacó en los estudios, ni tampoco en el patio jugando al fútbol o porque no fue director de Soy Pilarista, como lo fueron Luis María Anson, Fernando Savater o Juan Luis Cebrián. Aznar era poco significativo. A la hora de opositar tampoco lo hace para ingresar en alguno de los altos cuerpos del Estado. Ni letrado del Consejo de Estado, ni abogado del Estado, ni economista del Estado, ni técnico comercial del Estado, ni técnico de Administración Civil. Aspira a una plaza de inspector financiero del Estado. Una vez ganada, es destinado a Logroño sin mayor entretenimiento que escribir artículos contra la Constitución.

Pero Aznar se abre paso como político por la constancia y por la superioridad que confiere la entrega a una sola causa: el poder. No está distraído. Aznar quiere una sola cosa, tiene un solo objetivo al que se dedica sin cesar. Ésa es la ventaja de Aznar para acabar imponiéndose. Otra de las características de Aznar es que se muestra implacable, sin complejos, y que promueve obsesivo entre los círculos afines de la derecha la abominación del consenso, considerado el origen de todas las desventuras. Así, en España pasamos de estar orgullosos del consenso, de advertir por primera vez que el consenso ha permitido instalarnos en la concordia, a detestarlo. El entrenamiento y puesta a punto de Aznar es la Comunidad de Castilla y León. Salta de la oposición al Gobierno de la mano mediática de aquel MAR, Miguel Ángel Rodríguez, que tanto cundió. Pierde las elecciones de 1993 y se conjura para no volver a ser derrotado.

Copia la táctica de los socialistas cuando decidieron en 1980 que era preciso romper el póster de Suárez, que tenía el aura de haber logrado la Constitución. Pensaban que cualquier otro rival sería más ventajoso, podría ser derrotado con mayor facilidad. Ésos eran los mismos razonamientos o las mismas irracionalidades que obsesionaban a Aznar respecto de Felipe González. Lo consideraba poco menos que invencible y centró todos los esfuerzos en romper su carisma, su prestigio, su póster y su cara. Volvió a decretarse el vale todo. Se formó la alianza de una banda político-periodística con Anson (pronúnciese sin acento) en la percusión. Se puso en riesgo la estabilidad de las instituciones pero el fin de alcanzar el poder justificaba todos los medios, incluso manejar la cuestión del terrorismo como arma electoral contra el Gobierno. Así se lo dijo Aznar al ministro del Interior José Luis Corcuera en la precampaña de 1996 y se hizo patente cuando fue asesinado el profesor Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, el 14 de febrero de aquel año.

Pero la primera victoria de José María Aznar en 1996 es tan ajustada que ni siquiera le garantiza de modo inexorable acceder al Gobierno. Tiene que tragar el primer sapo. El del pacto con los mismos nacionalistas que había estado denunciando hasta la víspera por haber colaborado con los socialistas en el Gobierno. La banda sonora de la noche electoral en la calle Génova ante la sede pepera es una sinfonía que pasa por todos los registros. Va desde un primer movimiento allegro vivace con el coro de los entusiastas entonando el «Pujol/ enano/ habla/ castellano» que se inicia apenas cerrados los colegios electorales a las ocho de la tarde hasta un desolado adagio en el umbral desesperado, según avanzaba el recuento y se iba mermando la diferencia con los socialistas hasta quedar en unos exiguos trescientos mil votos. El destrozo de los pronósticos de la votación esperada dio paso al destrozo del mobiliario de la sede de Génova, primer receptor de la ira incendiaria que se apodera del candidato decepcionado, cuando ve esfumarse la soñada mayoría absoluta. El caso es que la balconada de mecanotubo adosada a la fachada de Génova —una de esas arquitecturas efímeras erigidas para momentos triunfales— esperaba al líder para su primera comparecencia ante su público. Pero antes de asomarse hubo de recibir unas sesiones de psicoterapia brindadas por Pedro Arriola, su asesor áulico y demóscopo de cabecera.

En esas condiciones la victoria bajo mínimos impedía prescindir de la hueste de Pujol con la que era necesario ponerse de acuerdo. Hubo de hacerse una operación de urgencia de cara a la sesión de investidura que fue encomendada a Rodrigo Rato y que se cerró en negociaciones con los dirigentes de Convergencia i Unió (CiU) en el hotel Majestic de Barcelona. De añadidura se forja otro acuerdo complementario sin estricta necesidad con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Xabier Arzalluz. Para plasmarlo se citan populares y nacionalistas más o menos a la altura del hostal Landa en las inmediaciones de Burgos, a mitad de camino entre Madrid y Bilbao. El éxito alcanzado hizo decir a Arzalluz aquello de que «en una semana hemos conseguido de José María Aznar más que en catorce años de Felipe González».

Se imponía el pragmatismo en aras de alcanzar el poder y se procedió a cuantas renuncias hicieron falta. Además, se ofrecieron actos de reparación y desagravio por los excesos cometidos en los años de pugnaz oposición. Por eso, Aznar, investido presidente del Gobierno, se apresura a decir, en una de sus primeras entrevistas con la prensa, que «habla catalán en la intimidad». Una afirmación por completo contradictoria, que causa rechifla general pero es escuchada como un acto penitencial que computa en Barcelona. Porque en la intimidad, sin ninguna imposición ni observancia, ¿a qué vendría el uso de una lengua que se ignora al que sólo podría sentirse inducido en ocasiones públicas en aras de funciones de obligado cumplimiento? Además, para que Aznar hablara catalán en la intimidad se requeriría que algunos de sus interlocutores íntimos también lo hablaran y por lo que se sabe de entre los integrantes de ese primer círculo nobody speaks Catalan language.

Aznar no venía bien preparado ni de la madrileña calle Ibiza, ni de Logroño, ni de Valladolid para las renuncias que exige la política. Le asalta un poso de amargura al recordar que casi se le escapa la presidencia. Es entonces cuando como compensación le sobrevienen esos sueños imperiales que convertirían a España en el principal socio europeo de Estados Unidos, en sustitución de Reino Unido. Es decir, toda esa imaginería que vimos en las Azores para sacar a España del rincón de la historia. A esto hay que sumar una actitud despectiva e implacable con la oposición. El Gobierno también es responsable en buena medida de la oposición que se le enfrenta, porque tiene una gran capacidad de inducir actitudes en los adversarios. El trato que el Gobierno da a la oposición es capaz de transformarla y de llevarla por la buena o la perversa dirección. En este capítulo ha de reconocerse a José María Aznar sus denodados esfuerzos por tener enfrente el peor de los partidos socialistas posibles.

Aznar da por recibida la lección degenerativa de la permanencia y se considera servido con los ocho años que suponen dos legislaturas. Se cree en la cúspide pese al incendio cívico contra la guerra de Irak en la que ha decidido acompañar dialécticamente a su amigo del rancho grande de Crawford, el presidente norteamericano George W. Bush. En ese estado de saciedad procede a nombrar al candidato que deseaba como sucesor. Le basta con abrir el cuaderno azul por la página correspondiente, como si en política los electos pudieran designar para su relevo a quien quisieran.

ZAPATERO CON TALANTE

Zapatero había demostrado una habilidad sorprendente en cuatro meses fulgurantes: los que transcurrieron desde la dimisión de Joaquín Almunia la misma noche triste de su derrota el domingo 12 de marzo de 2000 hasta el 23 de julio siguiente, fecha de la clausura del XXXV Congreso Federal del PSOE, de diputado desconocido a secretario general del partido. Allí logró sobreponerse a candidatos con mucho más arraigo y notoriedad, como José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez. Ganó su elección sólo por nueve votos de diferencia. En cuanto al carisma, le vino ejerciendo sus responsabilidades, igual que el apetito llega comiendo.

Lo tildaban de Bambi pero llegó a dominar la selva o, mejor, a rehacerla a su imagen y semejanza con la ayuda de José Blanco y de otros compañeros portadores de esa bengala de situación que fue la tercera vía. Le decían que diera más caña al PP y él respondía, con su talante y su sonrisa de estreno, que lo que había que darles era más ejemplo. Imbuido de que buen porte y buenos modales abren puertas principales anduvo gran parte de la legislatura de propuesta de pacto en propuesta de pacto y tiro porque me toca. Sólo al final, después de la reunión de las Azores y de la declaración de guerra a Irak, se agarró a la pancarta de la protesta a la que el público se había enganchado mucho antes y entonces quisieron descalificarlo como líder pancartero.

José Luis Rodríguez Zapatero gana su pase de entrada en La Moncloa en las elecciones del domingo 14 de marzo de 2004, tres días después de la masacre del jueves anterior, día 11. No llega como consecuencia de la masacre, sino de las clamorosas mentiras que urden para ponerse a mayor distancia. Nos tiene enseñado Peter Esterhazy en su libro Armonía celestial (Barcelona, 2003) que es harto difícil mentir sin conocer la verdad. Pero en este caso esa dificultad estaba salvada porque el Gobierno en funciones de Aznar sabía perfectamente desde la misma mañana del jueves de la masacre que la autoría presentaba las trazas de Al Qaeda sin parentesco alguno con el terrorismo etarra. Ese conocimiento en absoluto impidió que sostuviera lo contrario a lo largo de las jornadas de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y aún más allá.

Lo que indigna a la gente, lo que moviliza a la sociedad y engrosa esa manifestación del viernes 12 que termina coreando el «¿quién ha sido?», es la mentira del Gobierno sostenida contra toda evidencia. Un rebote de mala conciencia por sus afinidades con la guerra de Irak lo lleva a encastillarse en la mentira. Viene en su ayuda el mismo Pedro José sobre el caballo blanco de la conspiración como el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo. Dan en pensar que les han robado el partido en el último minuto y con un penalti injusto. Se resisten al resultado, no lo aceptan. Su objetivo a partir de entonces se centra en deslegitimar al Gobierno de Zapatero. Un empeño en el que persisten incluso más allá de esa primera legislatura socialista. La orquesta mediática a su disposición lo acompaña y lo supera, indesmayable con vuelta al estribillo y capacidad acrecida de multiplicar el ruido ambiente.

Como sostiene José María Ridao, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero trae invertido el mismo esquema político de José María Aznar: quiere tener enfrente al peor Partido Popular, al más agreste, al más echado al monte para explotar con mayor facilidad el llano a su propio favor. Son los momentos culminantes de la COPE. Temprano madrugaba la madrugada de la emisora de los obispos para abundar el lanzamiento de exabruptos cada día más encendidos. Pero Zapatero se inhibía de reclamar respeto. Pensaba que el fuego que llovía del cielo de las antenas católicas al que se acogía la derecha pepera funcionaría como un contraestímulo, que llevaría al redil del PSOE muchos votos asustados, una vez vistas las orejas al lobo de la alternativa ultraísta. En Moncloa los arúspices más escuchados pensaban que los ataques de los subidos al monte daban ventaja electoral.

Buena prueba de todo lo anterior fueron los carteles exhibidos por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) durante la campaña de las generales de 2008, en los que podía leerse en grandes caracteres: ¿Dudas? Escucha la COPE. Es decir, que al votante socialista con dudas sería la escucha de la COPE la que se las resolvería. Pero eso es perverso, mofarse del disparate tiene un recorrido muy corto. En una cena en petit comité, celebrada en Moncloa, a la altura de septiembre de 2004, le comentaban a Zapatero la gravedad de la actitud de la COPE, habida cuenta de que estaba abanderada por la Conferencia Episcopal. Ponderaban también los ataques virulentos contra las más altas instituciones del Estado sin dejar títere con cabeza. El anfitrión mantuvo que la furia radiofónica para nada debía preocupar, que carecía de importancia, que estaba privada de influencia que sería contraproducente.

Para entonces ZP ya había elegido como interlocutor privilegiado a un periodista temido como el capitán pirata del uno al otro confín. Su elección estaba basada en el principio de que «no tenía por qué heredar odios anteriores». Algunos de los colaboradores más cercanos al presidente Zapatero repetían que si hubieran de matar al «elegido» sólo lo harían a besos. En consonancia con esas afinidades reactivas se vio a altos funcionarios de la Secretaría de Estado de Comunicación haciendo campaña entre los anunciantes de mayor relieve para que insertaran más publicidad en la COPE y en el diario de referencia de Moncloa que para nada desmerecía por el hecho de actuar como el campeón de la deslegitimación de las elecciones del 14 de marzo.

El PP se había negado a encajar la derrota. Pensaba como los hinchas futbolísticos que les habían robado el partido. En ese delirio lo acompañaba o lo precedía la orquesta mediática dirigida por el periodista preferido de Aznar y de ZP secundado a los micrófonos por el valido del cardenal Rouco, bastión de la Iglesia perseguida. Entonces, la actitud de José Antonio Zarzalejos, director del diario conservador Abc, fue decisiva para resistir la conjunción astral establecida entre el periodista en quien ZP tenía puestas todas sus complacencias y el primer tenor de la bendita emisora episcopal. Esa temeridad le costó a Zarzalejos la declaración de guerra de quienes consideraban que el Abc era tierra conquistada. Los cuales, al sentirse defraudados, se agarraban todos los días a los santos micrófonos para dedicar al diario y a su director los peores insultos y requerir a los suscriptores para que se dieran de baja llamando al teléfono que a continuación facilitaban. En suma, reconocimiento a Zarzalejos por su negativa a transitar los caminos de perversión. Negativa que fue clave para salvar el honor residual de la derecha española y para ahorrar factores de desestabilización que erosionaran el sistema democrático en momentos de fragilidad tras la masacre del 11 de marzo.

Zapatero traía aires adánicos, inaugurales. Después de los simulacros anteriores por fin con él llegaba la verdadera izquierda. Era el nuevo testamento frente al antiguo representado por Felipe González. No tenía grandes renuncias que hacer ni tampoco venía con grandes proyectos que ofrecer. Era visible que adolecía de cierta flojedad en los programas y en la composición de sus equipos. Se entregaba mucho a cuestiones puramente de diseño como la paridad y le gustaba, como a su antecesor Aznar —un virtuoso del cuaderno azul—, erigirse en campeón de la sorpresa. Está claro que ZP prefiere la sorpresa de las ocurrencias al acierto de la deliberación y que, eso sí, todo lo sirve y lo presenta con talante. A estos efectos se sitúa en las antípodas de otros líderes, como se ha visto con Barack Obama, empeñado en la búsqueda del acierto sin importarle caminar por lo predecible. Algunos nombramientos de ZP parecieron verdaderos inventos pero se podrían considerar convalidados por los que ha hecho Mariano Rajoy en la misma línea caprichosa, ajena a los parámetros de mérito y capacidad, que deberían haber primado.

La oposición que el PP hizo a Zapatero en las dos legislaturas fue implacable, touts les azimuts. Bloqueaban todos los acuerdos y acusaban a continuación al Gobierno del bloqueo y de sus consecuencias. Así, por ejemplo, en el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de las Agencias Reguladoras. El PP se cerraba en banda a cualquier consenso. Intentaba acentuar la senda de la judicialización de la política. Multiplicaba la crítica a la situación económica y procuraba trasladarla a los medios de comunicación extranjeros mediante un agente volcado en esa actividad como José María Aznar, que se sentaba a la mesa de los consejos de Rupert Murdoch, de cuya decencia tantas y tan abrumadoras pruebas hemos tenido.

Se ha olvidado enseguida pero ZP fue una referencia internacional cuya proximidad se disputaron como ventaja electoral los candidatos que concurrían en los comicios presidenciales de Francia o en los legislativos de Italia, porque sus políticas de derechos civiles gozaban de gran estima. Pero el presidente socialista nunca llegó a ser un líder en ese ámbito. Su figura desaparecía en los encuentros con sus colegas de la Unión Europea o del G-20, donde consiguió un asiento para España. Su monolingüismo estricto y la limitación de sus intereses al perímetro de los asuntos internos españoles lo mantenían aislado en esos cónclaves, donde permanecía atornillado a la mesa, enganchado al móvil en conversación con los suyos, mientras los otros jefes de gobierno se conchababan por los pasillos, donde no acceden los intérpretes, valiéndose del don de lenguas.

Cuando era jefe de la oposición permaneció sentado en la tribuna de la Castellana al paso de la bandera americana en el desfile del 12 de octubre de 2003, que coincidía con la encendida guerra de Irak. Como penitencia fue vetado su acceso a la Casa Blanca. Ni Bush ni Obama lo recibieron en el Despacho Oval. Por eso pareció una compensación el hecho de que el 4 de febrero de 2010 fuera invitado a un desayuno nacional de oración con ciento y la madre. Allí leyó un pasaje del capítulo 24 del Deuteronomio que dice aquello de «no explotarás al jornalero pobre y necesitado ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes de que se ponga el sol, porque está necesitado, y su vida depende de su jornal».

En ese mismo atril reivindicó el derecho de cada persona, en cualquier lugar del mundo, a su autonomía moral, a su propia búsqueda del bien, la libertad de todos para vivir con la persona amada, la tolerancia religiosa, el respeto a la diferencia, el diálogo, la convivencia y la Alianza de las Civilizaciones. Es decir, que en Washington, con un acompañamiento de lujo mediático y empresarial, aprovechó para mostrar su particular devocionario. Una antología de las definiciones de su política exterior que compendiaba los propósitos evangelizadores, de difusión de la buena nueva de sus convicciones una vez debidamente acordadas con Pedro Zerolo, que se convirtió en árbitro de los nuevos derechos civiles que había que implantar.

Hay un legado Zapatero con aportes relevantes, como el de la Ley de Dependencia, favorable a los más débiles y creadora de empleo. Todo indica que el Gobierno del PP cumplirá su propósito de que no quede piedra sobre piedra. Tampoco de las Leyes relativas a Radiotelevisión pública estatal que, por primera vez, procedieron a liberarla de la estricta obediencia gubernamental, de manera que dejara de formar parte del servicio doméstico del gobierno de turno, como había sucedido con algunos matices, según el color que tuviera el mando y el grado de compromiso periodístico asumido por los responsables.

CON RAJOY TAMPOCO

Tras la victoria electoral del 20 de noviembre de 2011 le llegó a Rajoy la hora de formar el gobierno y lo hizo en la línea del cuaderno azul de Aznar y de los caprichos de Zapatero. De forma que quedara desde el principio claro quién tenía el mando. Ni tendencias, ni barones, ni influencias, salvo la de Pedro Arriola. A los nombrados quería dejarles claro que sólo a él le debían el nombramiento. Sin más delegaciones de poder que las hechas en favor de la única vicepresidenta y ministra de la Presidencia y portavoz y encargada del Centro Nacional de Inteligencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Sólo así se entiende que se haya privado de la figura de vicepresidente económico o que haya considerado imprescindible contar con Cristóbal Montoro, Jorge Fernández, Ana Mato, Fátima Báñez o José Ignacio Wert. Porque ¿eran las personas idóneas o se trataba de sorprender y de nombrar ministros a quienes nadie imaginara que lo serían?

Sabemos la importancia que se concede en la estrategia militar al factor sorpresa pero en parte alguna figura que la virtud máxima de un presidente del Gobierno sea la de sorprender. Cuánto mejor el acierto a la sorpresa, los candidatos con méritos probados, trayectoria profesional, aptitud psicológica y currículum académico. Porque los ministros y las ministras sobrevenidos tienden a cristalizar en el sistema de la adhesión incondicional al presidente que los ha nombrado y en lugar de sumar criterio y lucidez lo restan.

Rajoy ha optado por la política del desprecio a la oposición, tan característica del aznarismo. Además, como tiene mayoría parlamentaria, piensa que le está permitido dedicarse o que sus subalternos se dediquen a ennegrecer a la oposición con el reproche y la descalificación permanentes. Por mucho que las dificultades del momento aconsejaran buscar los mayores respaldos posibles a las propuestas precisas para salir de la crisis que nos asuela, sumando cuantos contingentes fueran posibles. Rajoy prefiere encastillarse y quedarse a solas en posesión exclusiva de la razón, fuera de la cual reinarían la nada y las tinieblas.

Otra cosa es que el patio no esté para semejantes historias y que nos convinieran medidas acordadas con el mayor respaldo posible. Pero Rajoy y su fiel escudera, Soraya Sáenz de Santamaría, han optado por antagonizarse con su primer adversario y hacerlo en los términos más duros y más abruptos, considerando que así ganan terreno. He aquí, pues, un Gobierno que tiene una mayoría absoluta, como la tuvo Felipe González en la primera legislatura de 1982, pero que está solo, a diferencia de los acompañamientos que buscó y obtuvo el líder socialista. La debilidad que presenta Rajoy tiene que ver con la frivolidad previa a las elecciones, cuando decidieron que todas las dificultades por las que atravesaba España tenían como único origen y responsable al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Entonces Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, repetía en todas las sesiones de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados aquello de que «la prima de riesgo de España se llama Zapatero». Sostenían que ése era el único problema y que en cuanto ellos llegaran al Gobierno la credibilidad de España sería absoluta, bajaría la prima de riesgo, disminuirían los intereses que había que pagar por la deuda, subiría la Bolsa, los pajaritos cantarían y se crearían miles de puestos de trabajo.

Pero las dificultades no eran ésas. La solución no era tan sencilla como relevar al Gobierno de Zapatero. Había cuestiones de más calado, de más profundidad. En este país siempre se había pensado que la derecha sabía de números y que manejaría bien esta crisis económica. Hemos comprobado que tampoco saben de números. No saben de economía y tampoco saben moverse en el seno de la Unión Europea, donde prácticamente todos los gobiernos son del mismo color conservador.

Rajoy no ha sabido moverse en este ámbito europeo. Ha sido incapaz de ganarse el respeto de sus homólogos. Antes, estuvo ocho años como líder de la oposición sin viajar a parte alguna. Ha preferido el trayecto Madrid-Pontevedra-Madrid o Madrid-Las Palmas-Madrid para cumplir los deberes filiales con su padre jubilado a calzarse las botas de siete leguas y buscar el respeto de los líderes de París, Berlín, Bruselas o Washington. Tampoco es excusa la falta de idiomas. Para viajar a México o Argentina basta el español. A Europa viajaba Felipe González con un francés, sin más acento que el de la eficacia, que le permitió hacerse amigo de Willy Brandt, de Helmut Schmidt, de Helmut Kohl, de François Mitterrand, de Olof Palme o de Bruno Kreisky. En esa actitud de abandono del campo internacional Rajoy seguía la estela de Zapatero, que durante los cuatro años de líder de la oposición prefería viajar a León o irse en Madrid al cine con sus hijas. Razón tenía Pemán en El divino impaciente al escribir que «mientras se despeña el río se está secando la huerta».

La debilidad del Gobierno de Mariano Rajoy se convierte en una oportunidad que suscita toda clase de atrevimientos contrarios. Le saltan al cuello los barones del PP, le convocan elecciones sin consultarle, la señora Cospedal en un arrebato deja sin sueldo a los diputados regionales y esboza el propósito de restringir la política activa sólo a los patricios sin necesidades económicas. Los gibraltareños quieren la exclusiva sobre unas aguas que con el Tratado de Utrecht en la mano nunca tuvieron. En Washington lo mantienen en la sala de espera después de un año cuando a Mario Monti lo recibieron una semana después de acceder al cargo de presidente del Consiglio, por cierto, sin mediar elecciones. El presidente de la Comunidad de Madrid lo desafía con el euro por receta. Los ministros de Sanidad, Justicia y Educación se confabulan para sublevar a la población. En definitiva, que por todas partes le salen al paso.

Aquel PP que se proclamaba incompatible con la corrupción ha resultado ser la suma de todas las imaginables desde mucho antes de Naseiro y hasta el momento presente, en que los escándalos de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar, condenado a seis años de cárcel en el caso Palma Arena el 21 de marzo de 2012, se suman a los de Francisco Camps y su séquito de Valencia con la mayoría del grupo popular en el Parlament imputado por el caso Gürtel. Ese mismo caso resurge en Madrid y una comisión rogatoria descubre veintidós millones de euros en cuentas suizas a nombre del ex gerente y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, nombrado, defendido y elogiado por Mariano Rajoy. El foco informativo se ha puesto en los sobres (sueldos) que bonificaban los trabajos de la cúpula del PP todavía sin pruebas fehacientes, mientras ninguna curiosidad suscitan los veintidós millones de euros. La primera providencia debería haber sido exigir a Bárcenas que reintegrara a la caja del PP una cantidad que sólo puede haber tenido ese origen. Claro que esa exigencia hubiera obligado a dar otras explicaciones sobre quiénes y por qué los habían aportado.

Si diéramos vista a La Moncloa advertiríamos los riesgos de invalidez de su inquilino. Porque el estado de la bronca tiene tal temperatura que salir del recinto le será desaconsejado y su aislamiento del público tenderá a agudizar el síndrome que sus predecesores han padecido. Rajoy ha sido incapaz de establecer una línea de mando clara de la economía. Por consideraciones de política pequeña ha renunciado a nombrar un vicepresidente económico, como por todas partes le recomendaban, que hubiera evitado el espectáculo permanente «de orden, contraorden, desorden».

Como si se hubiera dado la orden de combate, todos los ministros francos de servicio se han lanzado a plantear causas divisivas, de esas que fracturan la sociedad, como la Ley de Tasas, la reforma integral de los registros, la reforma educativa, la Ley del Aborto, etcétera. Eso sí, convencidos de las dificultades que ofrece cambiar la realidad se han aplicado a cambiar la RTVE que ha de dar cuenta de la misma. Se han apoderado con inmediatez de la radio y la televisión públicas del Estado. Enseguida han dicho que se trata de una decisión que para nada gusta al Partido Popular, como otras que vienen anunciando sobre el desmantelamiento de los servicios públicos que se llevan a cabo mientras se niegan.

El nuevo texto legal pulveriza la necesidad del quórum de tres quintos que se requería en el Congreso de los Diputados para designar al presidente de RTVE, lo cual exigía el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Ahora, por el contrario, el Gobierno tiene expedito el uso de la mayoría absoluta de que dispone para designar a quien mejor le plazca. De manera que volvemos a una RTVE concebida como servicio doméstico gubernamental. Una situación a la que había puesto fin la ley de 2006 adoptada en la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así que lo que parecía un avance ha resultado ser una anomalía corregida con celeridad aprovechando el barullo de la crisis. Hemos vuelto a la época del sectarismo y de la utilización partidista de la televisión y de la radio públicas. Ya que el cambio de la realidad se resiste, la decisión ha sido la de cambiar la manera de dar cuenta de ella en RTVE, es decir, de ensayar otra narrativa audiovisual. El Partido Popular, como todas las fuerzas de derecha, parece ahora prisionero de la ideología a la manera del Partido Republicano de Estados Unidos y de los partidos democristianos y conservadores europeos, donde cunden los desplazamientos hacia el populismo nacionalista y la xenofobia.

UNA BUENA BANDERA LO TAPA TODO

El president de la Generalitat Artur Mas irrumpe el 20 de septiembre de 2012 con la exigencia inmediata del pacto fiscal y al sentirse desairado en la entrevista de Moncloa procede a convocar elecciones regionales con carga independentista. Piensa que de ese modo también él en Barcelona tiene una oportunidad para salvarse de las protestas que generan los recortes efectuados en Cataluña y evitará la rendición de cuentas por los abusos y las corrupciones del que se consideraba modélico oasis catalán. Artur Mas enarbola la bandera de que Cataluña no sobrevivirá sin Estado propio y asegura asomado a un balcón que hará lo que haga falta para celebrar la consulta autodeterminista, por las buenas o por las bravas.

Son actitudes propias del regreso al mesianismo. Suponen una identificación abusiva del personaje con Cataluña, porque la supervivencia del país para nada está en liza si mantuviera sus lazos con el resto de España. Poner a Cataluña como parapeto de defensa personal es una pretensión fraudulenta. La única trayectoria futura que ha quedado vinculada al llamado Estado propio es la de Artur Mas si atendemos al tenor de sus palabras durante el debate la sesión del Parlament que terminó con la convocatoria a las urnas del 25 de noviembre. A Mas le subleva la «España, una, grande y libre» que imagina al otro lado del Ebro y que por parte alguna aparece pese a las ocasiones que podría haber brindado el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. Deberá evitar por su parte acuñar otro lema paralelo, del tenor de «Cataluña, una, grande y libre» que acabaría en el «todo por la patria», siempre que fuera catalana.

El momento en que la crisis apretaba por todas las costuras resulta elegido por el president para galvanizar a los manifestantes de la Diada e invocar después ese magma de reivindicaciones como si constituyera una demanda nítida e irresistible de pacto fiscal, entendido como peldaño siguiente hacia el Estado propio. El debate subsiguiente del Parlament cobraba tal tensión nacionalista que, como dice el poema, «en aquella polvareda perdimos a don Beltrán». Por esa senda llegábamos a comprender cómo, en medio de campañas electorales que en apariencia se han disputado a cara de perro, nadie ha emplazado a nadie para explicar a los contribuyentes qué se hizo del 3 por ciento de comisiones sobre la obra pública que aplicaron los gobernantes de esa comunidad autónoma para su beneficio particular y alivio partidista durante veintitrés años. ¿Se habrá renunciado a esclarecer ese conflicto o el del Palau o los que afectan a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en aras de las prioridades que impone la construcción nacional? ¿Se confirmará la leyenda de aquella viñeta de El Roto según la cual una buena bandera lo tapa todo?

La cara de Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de UDC, la noche triste del Majestic el domingo 25 de noviembre, después de toda una campaña detrás del líder mesiánico, inseparable, era reveladora. Más aún cuando se había mostrado incapaz de inducirle a la lucidez, fuera por lealtad malentendida o por cálculo oportunista para estar disponible como recambio a la vista del paisaje después de la batalla. Siempre al quite Duran aseguró casi en vísperas de las urnas para echar más leña al fuego que el Estado era una cloaca. Pero tuvo buen cuidado de ignorar otras cloacas atendidas por los militantes de su propia formación para los que había conseguido el indulto del Gobierno de Rajoy. Dígase en su disculpa que eran indetectables por el olfato porque pecunia non olet, como dijo Vespasiano.

Asombro produce que el líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, haya mostrado su enorme satisfacción por el indulto que el Gobierno del PP ha concebido al ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Lorenzo Acuña, ambos militantes de ese partido. Aún más que arremetiera contra los tribunales que los condenaron y contra la fiscalía que los acusó. Duran considera el indulto como un instrumento del Estado de derecho para corregir errores judiciales y se alegra de la justicia, aunque debería decir la gracia, que se ha hecho con los indultados. También aprovecha una carta semanal que dirige a la militancia para arremeter contra los medios de comunicación catalanes que han presentado el indulto como «un privilegio y una desigualdad ante la ley» y recordar que había sido solicitado «por muchísimas personas encabezadas por el presidente Pujol».

La carta viene a decir que los jueces (tanto los de la Audiencia de Barcelona que dictaron la sentencia como los del Tribunal Supremo que la confirmaron) se equivocaron al condenar a cuatro años y medio de cárcel a Servitje por encargar unos informes inútiles o copiados que en 1994 y 1995 costaron más de 46.158 euros a la Generalitat. Duran dice que se condenó a Servitje pese a que el autor del informe —su compinche Acuña, concuñado que fue del también dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre— reconoció ante el juez haber ocultado que lo plagió. Duran se siente discriminado y alega que en mayo de 2011 la misma fiscalía de Barcelona, que ha actuado contra Servitje, archivó decenas de informes encargados por siete departamentos del Govern tripartito que costaron «millones de euros» a las arcas públicas. Para Duran esos informes desaparecidos son estrambóticos o inútiles, pero el caso es que no están plagiados de publicaciones fechadas años atrás, ni fueron realizados por empresas fantasmas como las que creó Acuña en el caso que comentamos. Todo ello le valió una condena de dos años y tres meses de cárcel, dentro de una trayectoria que incluía otra condena anterior de trece meses de prisión por desfalco en el Consorcio de Turismo de Cataluña. Observemos que el ex consejero de Trabajo, Ignasi Farreras, al que tampoco alude Duran en su carta, se sentó en el mismo banquillo y que la sentencia lo absolvió al entender que fue engañado aunque sin duda dictó las resoluciones prevaricadoras y encargó los informes.

Después hemos tenido los acuerdos de reconocimiento de culpabilidad en el caso Pallerols para evitar males mayores con una sentencia que reconoce la financiación ilegal de Unió Democrática de Catalunya. Pero todo es indoloro sin dimisiones y tras catorce años de pugna y entorpecimiento en los tribunales.

Y cuando el presidente Mariano Rajoy se resiste a la bilateralidad, Artur Mas lanza el órdago de la independencia con referéndum invocando el derecho a decidir. Para componer mejor la figura se hacen alusiones más o menos difuminadas a los tanques, como si ése fuera el recurso para bloquear la voluntad de Catalunya. Pero ésa es una falacia porque la Constitución es un antídoto, no un fulminante para ninguna guerra civil. Recordemos que la sublevación que encabezó el general Franco dividió el país y a sus gentes, que ya fuera por convicciones políticas, ideológicas o religiosas, o por circunstancias azarosas geográficas o de calendario, que les privaron de margen para elegir, acabaron enroladas en las fuerzas que se enfrentaron a muerte.

Nadie del actual poder constitucional, heredero del poder constitucional de la República, envió tanque alguno a Cataluña ni a ninguna parte y Madrid resistió hasta el final y padeció la más cruel de las represiones en aquellos años triunfales. Además, en las filas de Franco y entre sus más directos colaboradores en Burgos tuvieron sitio preferente catalanes destacados. Sin que nadie haya procedido a borrarles a posteriori del Registro Civil como hicieron en La Coruña con Casares Quiroga y en Tenerife con Juan Negrín en 1939. Otra cosa es que algunos quieran erigirse aprovechando el barullo en los expendedores del carné por puntos del buen catalán y que como ha escrito Sergi Pàmies en La Vanguardia intenten protegernos instaurando un régimen de infamia preventiva.

Muy interesante observar el comportamiento de TV3, convertida en un sistema de convocatoria permanente en favor de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2012 para sumar más gente. Pero ni siquiera el entusiasmo puede hacer que olvidemos la gran enseñanza de la Transición: ir de la ley a la ley pasando por la ley, sin ceder a los arrebatos de las balconadas ni de la plaza de Sant Jaume ni de la Puerta del Sol por haberse embutido los pantalones de cuadros. Conseguir que amaine la galerna es muy complicado. Quienes lo intenten pasan a ser sospechosos de haber dejado de ser o de no haber sido nunca suficientemente independentistas ni con la debida antelación. Porque podría llegar el momento en que todos se vieran emplazados a dar explicaciones y a discriminar entre sus colegas de oficina, vecinos de escalera o compañeros de mus, a quienes son catalanistas y a quienes no lo son y en qué medida lo son o dejan de serlo.

Salta el lamento por el déficit de pluralismo informativo que se advierte en los medios de comunicación que se emiten o editan en Cataluña. Muchos ciudadanos que viven en Cataluña se sienten en una situación de orfandad mediática. No tienen quien les escriba o quien los represente. Al PSC le reprochan que haya estado en una actitud genuflexa más que hacia el catalanismo hacia el nacionalismo. Piensan que Artur Mas, si decidiera emprender el camino de la secesión, debería hacerlo con el respeto escrupuloso a los procedimientos legales y a las formalidades marcadas por la Constitución. Para su concurso todas las fuerzas políticas deberían emplearse en la búsqueda del diálogo y del consenso. Entre tanto conviene aplicar hielo en la zona afectada y conseguir que esos calentamientos se enfríen.

EL PSOE INEVITABLE Y EXCLUIDO

Además, el Partido Socialista, como resultado de alianzas de gobierno o de la aceptación de apoyos malentendidos, ha sufrido un grave desgaste en sus posiciones electorales en dos territorios como el País Vasco y Cataluña, donde el Partido Socialista de Euzkadi y el Partido Socialista de Cataluña tenían gran significación y lograban en las elecciones generales el primer puesto. De manera que los socialistas cumplían una función de primera importancia como vertebradores del conjunto de España. Si fueran descabalgados de esa posición y pasaran a la irrelevancia en esas circunscripciones el daño sería irreparable.

El caso es que después de la derrota del 20 de noviembre de 2011 a manos del PP los socialistas siguen sin reencontrarse, incapaces de establecer un nuevo liderazgo, consumidos en disensiones internas con juegos desleales, faltos de una dialéctica de respuesta al ganador, penando por sus errores en el Gobierno un año después de haber sido desalojados del mismo, mientras causa perplejidad que el presidente de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, lance por su cuenta una propuesta federalista, que el líder socialista de Valencia, Ximo Puig, proponga la supresión de las provincias, que el del PSC, Pere Navarro, haga más ambigua su posición sobre el referéndum de Artur Mas y así sucesivamente. Además, todo son empujones más o menos solapados del secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, y de Carme Chacón desde Barcelona en solicitud inminente para la celebración de primarias que diriman el candidato que se vaya a presentar a las elecciones de 2015.

Se diría que los socialistas, aquí y en otros países europeos, parecen arrumbados por el viento del pensamiento único a la derrota sin paliativos. Como si dieran por bueno que estamos condenados a las propuestas que el Gobierno presenta revestidas de la condición de únicas posibles, es decir, de obligatorias, lo cual de rebote les permite comparecer revestidos de inocentes, exentos de toda responsabilidad. Parecen incapaces de iluminar el futuro.

Los nuevos líderes no están pero se les espera con impaciencia para rehabilitar el carácter representativo de la función política y dotarla del atractivo que ha perdido. No es bueno que la mujer, Angela Merkel, esté sola.

En un trabajo sobre La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema político español a la altura de 1996, Javier Pradera señalaba que al comienzo de la Transición se argumentaba a favor de la financiación pública para evitar que la debilidad de los partidos hiciera a sus dirigentes y cuadros más proclives a la corrupción. De forma que considerándose en estado de necesidad aceptaran dinero negro a cambio de que algún centro de decisión de la Administración Pública (central, autonómica o municipal) bajo su control adoptara decisiones prevaricadoras a favor de los sobornadores. Pero nuestro autor subrayaba que por desgracia la financiación pública de los partidos no ha erradicado la corrupción.

Porque, además, la definición en el artículo sexto de la Constitución a tenor de la cual «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», terminaba con cuarenta años de exclusión a la vez que instalaba en el corazón del aparato estatal unas organizaciones, independizadas en gran medida del electorado con débil y discontinua militancia y con omnipotentes direcciones, lo cual ha favorecido un ámbito de impunidad para sus extralimitaciones.

En medio de la actual inundación informativa que desorienta podría calcularse el monto de la financiación ilegal de los partidos con una sencilla operación aritmética que estableciera la diferencia entre sus ingresos declarados de subvenciones, cuotas y donativos, de una parte; y sus gastos reales, de otra. Gastos reales que saltan a la vista a partir de su despliegue territorial y sus equipos remunerados. Ésa sería la tarea urgente que ha de emprender el Tribunal de Cuentas al que debería dotarse de medios y liberarlo de dependencias políticas.

El artículo sexto establece también que la creación de los partidos y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley y que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Pero la democracia interna como se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones deja mucho que desear y ha degenerado en modos y maneras oligárquicas preferidas por los órganos de dirección. Otra degeneración añadida de la misma procedencia es la que ha beneficiado el ascenso de los apparathik que sin más bagaje que la docilidad y sumisión a la dirigencia acaban siendo seleccionados para acceder a puestos representativos de responsabilidad. Una promoción que deja de ponderar el mérito y la capacidad exigibles para que fueran considerados idóneos y que acarrea un deterioro en la selección y la calidad del personal activo en la política.

A la altura, o a la profundidad si se prefiere, del año 2013 se atisbaba con claridad la conveniencia de proceder a determinadas reformas en la Ley Electoral, en la regulación de algunas instituciones, en la depuración de las corrupciones en todos los niveles de poder nacional, autonómico y local y en el propio texto constitucional. Unas reformas que sólo podrían ser emprendidas mediante acuerdos entre los dos primeros partidos a los que deberían sumarse el mayor número de fuerzas parlamentarias, como sucedió en 1977 y 1978 para la Constitución. Pero desde el Gobierno del PP de Aznar y después Zapatero las dos primeras fuerzas políticas prefieren cultivar el antagonismo y patrocinar causas fracturantes, que dejen al interlocutor necesario inevitablemente excluido.

VI
A la calle que ya es hora

Las encuestas señalan la desafección de la calle por la política al uso, tal como la entienden los partidos. También reflejan desde comienzos del siglo XXI que los partidos ocupan los últimos puestos entre las instituciones cuando se pide al público que puntúe de más a menos la confianza que le merecen. Cuando la pregunta de los sondeos demoscópicos se invierte y en lugar de inquirir por la confianza que suscitan se interroga por el orden de preocupaciones, resulta que los partidos y la corrupción encabezan la tabla de las inquietudes de los españoles, por delante del terrorismo y de otros asuntos que ocupaban invariablemente las primeras posiciones años atrás.

Se puede pensar que las encuestas acaban acusando los efectos de la dieta mediática que ingiere la ciudadanía y que la mala consideración proviene de la desafección de los medios. De manera que, también en el plano de la opinión, vendríamos a ser en buena medida lo que comemos, es decir, lo que leemos, escuchamos y vemos. El análisis podría seguir a partir de ahí con el intento de averiguar qué es antes, si el huevo o la gallina: si primero son las opiniones predominantes en los sondeos o vienen precedidas por las que han avalado los medios de comunicación. De esta incertidumbre nos salva Jorge Wagensberg en su libro Si la naturaleza es la respuesta, cuál era la pregunta, al reconocer que el dilema huevo-gallina quedó resuelto hace muchos años: que primero fue el huevo, pero que naturalmente no era de gallina. En todo caso, reconozcamos la pertinencia de don Quijote al advertir a Sancho, cuando iba a tomar el gobierno de la ínsula Barataria, que excluyera la ingestión de ciertos alimentos para evitar que sacaran por el olor su villanería.

Pero durante demasiado tiempo se ha mantenido vigente que las elecciones tienen un efecto bautismal, de inmersión en el Jordán, que extingue cualquier responsabilidad política anterior todavía pendiente. De forma que la corrupción quedaría condonada por las elecciones, que los corruptos, si resultaran elegidos, es como si hubieran recibido indulgencia plenaria para los desfalcos y desmesuras en que hubieran incurrido. Se diría que la dirigencia de los partidos mantiene ese mismo criterio y opta por situar en posiciones de salida dentro de la lista de candidatos a los corruptos, convencidos de que los electores les darán su voto sin tener en cuenta su latrocinio o teniéndoselo muy a favor, mostrándoles su agradecimiento, porque de la corrupción de los dirigentes se derivan muchas veces beneficios para el sector más afín del electorado. Así, de ¡la manga riega, que aquí no llega!, consigna de los que se sienten preteridos, habríamos pasado a ¡la manga riega, que aquí sí llega!, estribillo entusiasta del coro de los beneficiarios. Todo sucede como si la fetidez del aliento que los corruptos expelen hubiera carecido de consecuencias negativas en las urnas y sólo nos faltara averiguar si existe un punto de saturación y cuándo lo alcanzaríamos. También si el proceso seguirá conforme a pautas de fría e implacable exigencia o si generará cóleras populares desbordadas, si de la desafección pasaremos en algún momento a la indignación fuera de control.

Hemos visto multiplicarse las actitudes valerosas de quienes se arriesgaron precipitándose a partir de mayo de 2011 en socorro de Rajoy, al que consideraban seguro vencedor del 20 de noviembre, una vez que meses antes de la convocatoria dejaron de evaluarse los méritos y las capacidades de los candidatos y sólo pasaron a ponderarse sus probabilidades de victoria. De manera que hubiera podido oírse de nuevo a don Quijote afeando el comportamiento a quienes como su escudero se inclinaban sin más a favor de las expectativas ineludibles, con aquellas palabras de «Bien se ve Sancho que eres villano, de los que dicen ¡viva quien vence!», lanzadas desde la altura de Rocinante.

Se dirían acabados los gitanos que iban por el monte solos, sin GPS ni problemas para navegar azotados por vientos contrarios, ajenos al oportunismo, que miran de frente al fracaso cuando sugiere lo limpio de la empresa adoptada. En las filas prietas de Génova Antony Beevor podría haber encontrado en las vísperas del 20 de noviembre de 2011 a muchos beneficiados de los años zapateriles travestidos en bravos remeros de una oposición que nunca ejercieron. Como aquellos parisinos que en agosto de 1944 se reinventaron a sí mismos en la figura de aguerridos resistentes, después de los años de placidez vividos en calidad de colaboracionistas irreprochables. Cundía entre los genoveses el síndrome de la mies es mucha y los operarios pocos. Asombraba la ingente tarea que aguardaba a los peperos para el momento inminente en que volvieran las banderas victoriosas. La vista se perdía en ese mar sin orillas que iba desde los Ayuntamientos a las Diputaciones, los Gobiernos autonómicos, el Gobierno de la nación, las altas instituciones del Estado y las agencias reguladoras. Además, por efecto simpatía, en el sector privado empresarial y bancario continuaba la tradición de poner cara de circunstancias y sentar un afín al ganador, en este caso el PP, a la mesa de sus consejos de administración, mientras se facilitaba la salida por la escalera de incendios a los que habían desempeñado esos mismos papeles de puente utilitario con el Gobierno socialista que se eclipsaba.

La técnica de influir en los hombres asustándolos con lo que todavía no existe es antigua y de probados efectos que inducen docilidad, como se comprobó también durante esa campaña electoral de noviembre de 2011. En todo caso, quedó de manifiesto que los acontecimientos necesitan intervalos significativos entre sí, porque, según tiene demostrado Jean Baudrillard en La ilusión del fin, a partir de una cierta aceleración se produce una pérdida de sentido. De manera más gráfica lo expresa esa viñeta de El Roto donde alguien con el teléfono aplicado al oído y la vista puesta en el ordenador portátil exclama: «Gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante». Quienes compiten para disputarse nuestro voto se emplean a fondo para recordarnos nuestro deber, que en términos históricos ha sido un medio utilizado por los poseedores del poder de inducir a los demás a vivir para el interés de sus amos más que para el suyo propio; aunque los encumbrados en el poder ocultaran este hecho incluso a sí mismos, y se las arreglaran para convencerse de que sus intereses son coincidentes con los intereses de la humanidad. Entre tanto, habida cuenta de la necesidad de mantener a los pobres en estado de conformidad, sigue difundiéndose durante los últimos milenios la prédica sobre la dignidad del trabajo, si bien los predicadores han tenido buen cuidado de mantenerse ellos mismos indignos a este respecto.

A los que van de salida se les oye hablar en términos de menosprecio de la corte y alabanza de la aldea y repetir con fingido convencimiento la fábula de la zorra y las uvas. Pero sabemos bien que la política, incluso cuando no da satisfacciones, impide que las encontremos en cualquier otra parte. Estas reflexiones se han expandido después de la derrota en Ferraz, sede de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, donde las filas parecían clarearse en el desorden del ¡sálvese quien pueda! En tanto que algunos de los desalojados de sus escaños, poltronas y asesorías enseguida ensayan su conversión en memorialistas. Veremos cómo resultan sus dibujos de las personas que conocieron, pero sobre todo los dos autorretratos inevitables: el pintado con deliberación y el involuntario, que suele ser mucho más negativo que el que pudiera encargarse a sus peores enemigos.

Hasta aquí algunos flecos, pensamientos despeinados, de la desafección de la calle que nos llevan al examen de la desafección en la calle. Porque los desafectos están saliendo a la calle y conviene indagar por qué salen, qué defienden, de qué protestan. Salir a la calle como se sale a la verbena carecería de sentido porque ni estamos en tiempo de verbenas ni el campo está para ferias, como decían los aguafiestas de Cuadernos para el Diálogo en réplica a la Feria del Campo de la década de 1960. Además de que incluso si fuera verdad, como dejó dicho Antonio Gamero, que «como fuera de casa en ninguna parte», tampoco nadie necesita ahora pretexto alguno para instalarse en la calle, en contraste con aquellos esforzados de la ruta empeñados en salir de casa aunque fuera a las procesiones.

EL TERRITORIO IMPOSIBLE DEL ANONIMATO

Todas las generaciones jóvenes han sentido la necesidad de salir a la calle para establecer su propia marca. Cuando entonces salir a la calle, salvo para seguir las convocatorias oficiales —como aquella inolvidable de la fiesta del trabajo, San José Obrero, en el estadio Santiago Bernabéu—, era correr el riesgo de significarse y de que cayera sobre los salientes todo el peso de la ley. Lo aconsejable era formar parte de la mayoría silenciosa, siempre tan elogiada, de la claque mercenaria del Movimiento, de la Adoración Nocturna o de la Vigilia de la Inmaculada. En su poema «España en marcha» Gabriel Celaya parecía como el portadista de La Codorniz que tituló «VEINTICINCO AÑOS DE PAZ..CIENCIA». Sus versos eran una incitación demostrativa pero en nada revolucionaria:

¡A la calle!, que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.

No reniego de mi origen,

pero digo que seremos

mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo.

Españoles con futuro

y españoles que, por serlo,

aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por bueno.

Recuerdo nuestros errores

con mala saña y buen viento.

Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño.

Vuelvo a decirte quién eres.

Vuelvo a pensarte, suspenso.

Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo.

No quiero justificarte

como haría un leguleyo,

Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso.

España mía, combate

que atormentas mis adentros,

para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.

Cincuenta años después a las nuevas generaciones, tan entrenadas en el botellón, la incitación que les cumpliría sería la inversa, ¡a casa, que ya es hora! La calle tiene ahora otra versión en el fenómeno de Internet y las redes sociales, donde ofrecen muchas veces un ejercicio de transparencia, de renuncia a la intimidad, que alcanza cotas impúdicas y revela patologías que deben estudiarse. Apoderarse de la calle, establecerse en ella, para convertirla en exhibición de la disconformidad fue el intento del movimiento 15-M, surgido en mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid. Era una pretensión insólita, en las antípodas del enfrentamiento con las fuerzas del orden que quedaron afectadas por el desconcierto. La centralidad del foco insurgente, su revestimiento pacífico con asambleas de sentados en el pavimento, sus votaciones expresivas jugando con las manos a imitar el gesto de «cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros, detrás de la escoba», su inquietante ausencia de líderes definidos, generó un efecto succión que atrajo la atención de los medios de comunicación en la misma proporción en que se presentaba como una anomalía con perfiles de extraña rareza, resistente a la comprensión a primera vista. Porque tenemos averiguado que la rareza actúa como coeficiente multiplicador de la noticiabilidad, a tenor de la ley de la gravitación informativa de la que hablaremos en capítulos posteriores.

Lo hemos visto en las protestas del 15-M y del 25-S que han sido acogidas con tanto interés por los medios de comunicación. Encaminarse cada día a la Puerta del Sol para hacer un reconocimiento del terreno producía la impresión de girar visita a un parque temático. Era imposible hacerse con las actas de las asambleas que se iban celebrando ni con una copia de los acuerdos adoptados. El recorrido de una a otra caseta en busca de documentos válidos resultaba inútil y en las direcciones de Internet facilitadas tampoco estaban disponibles. Nadie usurpó el movimiento, nadie lo instrumentalizó pero tampoco dio nada de sí, salvo proporcionar una primera experiencia de recuerdo generacional imborrable.

El 25 de septiembre fue más de lo mismo pero modificando el sedentarismo por el nomadeo siguiendo una senda circular, porque de «ocupa el Congreso» y «toma el Congreso» se pasó a «rodea el Congreso». Pero, como las alambradas protectoras que habían sido dispuestas resistían más que las murallas de Jericó a las trompetas de Josué, los más aguerridos hicieron ademán de rebasarlas y se desencadenaron las cargas policiales fuera de la debida proporción. La cuestión que hay que resolver es la de identificar qué vendría después de que acabáramos con el Congreso. Podemos pedir que dimita el Gobierno, que cambie la Ley Electoral, que haya elecciones, la dimisión de la ministra de Sanidad, de la de Empleo, del de Educación o del de Agricultura, manifestarnos contra la Ley de Costas o contra la comunidad autónoma o el Ayuntamiento, pero la abolición del Congreso de los Diputados es un sinsentido. Estamos en una democracia representativa y queremos vivir en ese sistema porque conocemos sus alternativas y son peores.

Otra cuestión es que discutir con la masa sea imposible. La detenida observación de los protestantes de nuestros días confirma que están explorando la vuelta a otro territorio: el del anonimato. Pero sucede que la sociedad en la que queremos vivir para nada es una sociedad anónima. Desde la cuna a la tumba requiere la exhibición de la identidad de sus miembros. Para todo: para acudir a la escuela o a la universidad, para ser socio de la biblioteca, para enrolarse como trabajador asalariado, para actuar como autónomo, para recibir las prestaciones de la Seguridad Social o del sistema nacional de salud, para iniciar un emprendimiento, para opositar a los cuerpos funcionariales, para presentarse a las elecciones locales, autonómicas o generales, para adquirir o alquilar una vivienda, para solicitar un crédito, para conducir un vehículo a motor, para vacunar a un perro, se necesita mostrar la identidad.

OFRECER ESPECTÁCULO

El éxito de las ocupaciones o movilizaciones callejeras está relacionado con su capacidad para ofrecer espectáculo. Los participantes, una vez que se han sentido enfocados por los medios de comunicación se han investido de la condición de actores en un plató de televisión, saben que eso va a salir, va a dar la vuelta al mundo, se va a publicar una foto en The New York Times y están deseando comprobarlo desde sus móviles como si estuvieran en un circuito cerrado.

Pero esa ventaja atractiva tiende a degenerar cuando, por repetición, la protesta abandona el territorio incógnito de la rareza, o si se quiere de la improbabilidad, para instalarse en el de la cotidianidad habitual. Y ya se sabe cómo esa fuerza de la costumbre, esa inercia de lo cotidiano es capaz de impregnar las situaciones más abruptas e incluso de imponer su ley en medio de las guerras más brutales. Además, la protesta, como cualquier fenómeno que presente caracteres de novedad, es sometida a observación cuidadosa desde el establishment para proceder a su análisis de contenido, a su etiquetado y a la redacción del correspondiente prospecto con las instrucciones sobre el modo de uso y la determinación de las dosis de aplicación, la posología adecuada para evitar la aparición de contraindicaciones. Porque ya sabemos que «no hay venenos, sólo dosis venenosas». Es decir, que toda sociedad bien constituida, por mero reflejo de conservación, busca la manera de neutralizar y digerir lo que surge con caracteres de novedad conforme a un reflejo elemental de adaptación propia o de destrucción de aquello que la desafía.

Los sistemas políticos mejor evolucionados hacen un saludable reconocimiento de ese derecho a la protesta, a la manifestación, a la huelga, siempre conforme a las leyes, en aras de que su ejercicio no agreda de manera irreparable a quienes en lugar de sumarse prefieran otras opciones igualmente cívicas. La historia de la protesta es tan antigua como la de la sociedad organizada. Los protestantes y los recipiendarios de la protesta intentan aprender de la historia pero con frecuencia no lo consiguen. Los primeros quieren hacer triunfar su causa; los segundos, que siga prevaleciendo la suya, pero ambos grupos necesitan ganarse el favor o el temor de sus conciudadanos, con la seducción de las promesas o la disuasión de las amenazas. Si la protesta queda aislada, fracasa; si el establishment deja de obtener el respaldo activo o al menos la resignación pasiva de la mayoría, se desintegra.

Aparecen los ingenieros sociales, nueva versión de los estados mayores que diseñan los planes de campaña. El conformismo cerril se comprueba improrrogable pero de ahí tampoco surge de modo automático la victoria de los protestantes, cualquiera que sea el plano en el que nos situemos, el político, el religioso, el sindical o el de las bellas artes. Los sistemas se actualizan para continuar y los movimientos cuando triunfan se articulan para sostenerse porque la anomia social puede caracterizar un momento pero es imposible que llegue a cumplir una trayectoria en el tiempo. Inolvidable la toma de La Bastilla pero la Revolución hubo de ser administrada o desnaturalizada por necesidades del guion que obligaron, por ejemplo, a instalarse en el Palais de l’Élysée. En la película ¡Viva Zapata! de Elia Kazan, protagonizada por Marlon Brando, se sigue con claridad ese proceso de institucionalización de la revuelta más o menos traicionada. Porque todo líder segrega alrededor un ceremonial. Un fenómeno al que se refiere William Shakespeare en sus reflexiones sobre el poder, donde subraya el valor añadido del ceremonial, que no pasa de ser otra cosa que una situación, una condición, una forma que crean en los otros hombres el respeto y el temor. Nuestro autor refiere también los efectos transformadores del poder una vez alcanzado por el líder y cómo «todas esas gentes que eran sus compañeros no hace más que un instante —algunos incluso valían más que él— se ponen inmediatamente a seguir sus pasos, van a hacer antesala en sus vestíbulos, vierten en sus oídos una lluvia de cuchicheos colmados de devociones, hacen un objeto sagrado de su mismo estribo y no respiran sino con su licencia».

LA LUCHA FIRMADA

Llegados a este punto reconozcamos que el mundo universitario y el mundo obrero eran los dos únicos bancos de pruebas de la política en tiempos del primer franquismo. Entonces los estudiantes eran ajenos a la madeja de intereses, de responsabilidades y de negras expectativas que los paralizarían más tarde. Estaban disponibles para acudir al reclamo de cualquier convocatoria de protesta sobre la universidad o sobre el SEU (Sindicato Español Universitario), las huelgas obreras de Asturias, las causas feministas, los objetores de conciencia, las penas de muerte a Grimau, a Puig Antich, las detenciones de los dirigentes de la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la muerte de Enrique Ruano Casanova a manos de la Policía. Nadie anteponía a su compromiso la pregunta paralizadora de qué ganaba sumándose a la protesta. Podían ignorar el último detalle, pero sabían el sentido de su protesta. Era contra Franco y en favor de las libertades, de la amnistía o del estatut de autonomía.

Los dirigentes estudiantiles venían de la antigua FUE (Federación Universitaria Escolar) reconstruida por gentes como Nicolás Sánchez Albornoz, Francisco Benet o Manuel Lamana, que acabaron en el batallón penitenciario del Valle de los Caídos, de donde se fugaron el 8 de agosto de 1948 en una admirable operación protagonizada por dos jóvenes estudiantes norteamericanas, Bárbara Probst Solomon y Bárbara Mailer. La cuenta en detalle Nicolás en su libro de memorias Cárceles y exilios y la llevó al cine Fernando Colomo con el título de Los años bárbaros. Entre los sucesivos relevos destaca el protagonizado por los de la generación de 1956, a base de Javier Pradera, Enrique Mújica y demás compañeros de viaje más o menos inconscientes que acabaron impulsando los acontecimientos de febrero. Una movilización universitaria que puso en cuestión todo el aparato sindical de la dictadura y su carácter pretendidamente representativo. El Gobierno se sintió desafiado y su respuesta fue declarar el estado de excepción y la caída de todo el equipo dirigente del Movimiento con la destitución del rector de la Complutense, Pedro Laín, y de los ministros de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, y de la Secretaría General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, relevados el 14 de febrero por Jesús Rubio y José Luis Arrese. En el libro Camarada Pradera pueden seguirse esos avatares narrados por la pluma de Santos Juliá. En esas páginas queda aclarado que el PC de entonces no era sólo el partido del antifranquismo, era también el partido de la revolución, del socialismo, vividos como expectativa. Javier Pradera al recuperar mucho después la memoria de aquel tiempo escribía: «Me resisto a aceptar la idea de que los estudiantes y los intelectuales de izquierda que militaron en la oposición al régimen desde 1956 hasta las postrimerías del franquismo tuvieran —tuviéramos— como objetivo la creación de un sistema político como la Constitución de 1978». Y reconocía más adelante que su modelo no era la democracia representativa, la democracia liberal, sino la democracia revolucionaria.

Muchas detenciones, varias temporadas en prisión, el fracaso de la huelga general pacífica, algunas polémicas sostenidas por Javier Pradera y ocho años después en el castillo de Zbraslav, próximo a Praga, eran suspendidos los camaradas Fernando Claudín y Jorge Semprún en una reunión del Comité Ejecutivo del PCE donde fueron etiquetados de «intelectuales con cabeza de chorlito» y se demostraba que seguir hablando de revolución antifeudal y antimonopolista y de contradicción en primer plano de la burguesía monopolista con la no monopolista era un anacronismo. Lo de Plejanov no daba más de sí. Estaba definitivamente muerto. Antes, explica Santos Juliá, se había borrado el abismo abierto por el asesinato de los padres que la dictadura pretendía mantener con consecuencias perdurables: la muerte de los padres deja de determinar la conducta de los hijos; la representación de la guerra civil como guerra contra un invasor, como cruzada contra la anti España, se transforma en una nueva representación como una guerra fratricida, de la que vale la lección sólo en la medida en que sirva de fundamento a una política de reconciliación.

Es el tiempo de los manifiestos donde los abajo firmantes empiezan dando cuenta de ellos mismos como «nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos», deseosos de integrarse en una tradición auténtica y de proyectarse en un porvenir común, de reconciliarse con España y con ellos mismos. Es el tiempo de la «lucha firmada», como la llamaba Javier Pradera, donde se trataba de arrancar firmas de apoyo a las peticiones de clemencia.

Por esas mismas fechas las prácticas cinegéticas a que se entregaban Franco, sus ministros y el mundo de los negocios protagonizados por los afines asimilables, transcurrían en una esfera diferente, fuera del radio de acción de la minería, de los astilleros, de la construcción o de la universidad. Recordemos las cacerías, tan bien reflejadas por Berlanga en las secuencias de La escopeta nacional; las referencias encomiásticas de Cristóbal Páez en el diario Arriba, buque insignia de la cadena de Prensa y Radio del Movimiento, bajo el título La caza, la pesca, el golf y la audiencia; y los elogios dedicados a las actividades del jefe del Estado durante su etapa de Homo ludens, retratada por Paul Preston en su biografía publicada en Mondadori. Fue entonces cuando Fraga, que se vestía de verde para las ocasiones cinegéticas con sombrero tirolés emplumado, en un descuido de puntería acertó con una perdigonada en salva sea la parte a la marquesa de Villaverde, Franco le dijo aquello de «Iribarne —el uso del segundo apellido era muy frecuente al pasar lista en las formaciones militares y el general se servía de ese recurso con sus ministros— cuando se viene de cacería, hay que saber a qué se viene». La levedad de la herida acarreó, sin embargo, los dolores imaginables en la extracción de los perdigones incrustados en los glúteos uno por uno. De modo que el agresor, apenas unos días después, el 10 de febrero de 1964, deseando ofrecerle un acto de desagravio, la hizo madrina de la inauguración de Televisión Española en Canarias, que se celebró en Santa Cruz de Tenerife. Un acto que por necesidades del guion hubo de transcurrir íntegramente en pie, dado que todavía la marquesa no estaba en condiciones de sentarse.

ENTUSIASMO POR EL DESASTRE

Queda fuera de duda que cuando se escriben estas líneas a principios de enero de 2013 también hay mucha gente joven disponible para salir a la calle, convencida de que ya es hora de hacerlo, en línea con los versos de Gabriel Celaya. Gente joven y de todos los estratos de edad, que nada tiene que perder más que sus cadenas. Como resumió El Roto en la leyenda de unas de sus viñetas cuando bullía el 15-M en 2011, ¡A la puta calle! nos dijeron y eso hicimos. Volvemos al estribillo para reafirmar que cuando se sale a la calle hay que saber bien a qué se sale. En España los de a pie aguantan mucho pero hay que tener presente la cólera del español sentado. Porque llega el día en que quien todo lo aguantaba considera inaceptable que le rocen el pelo de la ropa.

No es fácil sublevar a este país pero se diría que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado la senda decidida de intentarlo sin ahorrarse ninguna provocación para conseguirlo. Éste es un país escarmentado por la Guerra Civil, que luego vivió en el sacrificio orgulloso para legar mejores condiciones a los que venían detrás. Así, los padres renunciaban a casi todo para dar estudios y carrera a sus hijos, deseosos de evitarles las carencias que ellos estaban padeciendo. Desplegaban una energía liberadora. Tenían un afán de avance, de lucha, de consecución de derechos, sin regatear esfuerzos.

Ahora se diría que se ha perdido el sentido del esfuerzo, que el sacrificio carece de significado, que la línea de progreso se haya quebrado. Todavía queda una idea tenue que nos permite recordar de dónde venimos pero las dificultades del momento inducen una retroproyección negativa y potencian nuestra especialidad preferida, la del entusiasmo por el desastre y la autoflagelación. Los españoles han mejorado su educación, constituyen una sociedad mejor preparada pero los jóvenes comprueban ahora que las puertas del empleo están cerradas para ellos y la trayectoria descrita desde la Transición hasta nuestros días les suena a música celestial. La insistencia reiterada se cifra en que la educación es un desastre, que no tenemos a ninguna universidad española en los primeros puestos del medallero internacional de calidad. Pero, sin salir de aquí, dos de las diez mejores escuelas de negocio del mundo son españolas. Es decir, que hay mimbres para hacer un cesto y que nadie nos ha condenado a la desesperanza indefinida.

Los españoles estaban fuera de los circuitos del prestigio. No tenían un cartel de primera en el exterior. El único despliegue internacional era el de los comercializadores de naranjas. Pero ahora compiten en la línea más avanzada en todas partes y en muchos sectores. Las empresas constructoras, las de telecomunicación, las ferroviarias, las de tecnología informática, las de moda, las eléctricas, las de energía, las de ingeniería, las de proyectos, las de banca, las de seguros, las hoteleras, compiten con las primeras del mundo y ganan los concursos en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Arabia Saudí, en Chequia o en Tombuctú. Las empresas españolas están en los cinco continentes. Sus equipos directivos no han sido importados, los componen ciudadanos españoles que se han formado aquí y en las escuelas y universidades más prestigiosas.

En resumen, como dijo Ernst Bloch: «La razón no puede prosperar sin esperanza y la esperanza no puede expresarse sin razón».

VII
Méritos, oportunidades y prestaciones

El profesor Francisco Tomás y Valiente, presidente que fue del Tribunal Constitucional y asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996, explicaba en su ensayo Constitucionalismo español (1812-1978) que España se constituye en Estado social y democrático de Derecho porque así lo decide el pueblo español, único titular de la soberanía nacional, a tenor del artículo primero de nuestra norma fundamental. Es una definición acorde con la fecha en que se debatió y aprobó ese texto. La etiqueta estado social y democrático de derecho es una suma de las corrientes políticas que confluyen en las tareas constitucionales.

Es una denominación que no estaba disponible para los constituyentes de Cádiz, que iniciaron la senda por la que dejamos de ser súbditos del antiguo régimen para convertirnos en ciudadanos de la ilustración. Porque el intento de Napoleón de exportar la libertad con armas fracasaba y daba alientos al estrato más reaccionario, según ha ocurrido por lo general y tiene probado en su libro Exportar la libertad el profesor Luciano Canfora. Pero en nuestro caso durante la lucha contra el invasor se decantó otro sector liberal que acabó imponiendo su impronta luego pisoteada por el felón de Fernando VII.

En 1978 la expresión que ya estaba muy acuñada de estado de derecho se altera para anteponer los adjetivos social y democrático que aunaban las convicciones en favor de la democracia formal, sintetizadas bajo la fórmula estado democrático de derecho, con aquellas otras que habrían quedado insatisfechas porque, más allá de la pretendida neutralidad, querían un compromiso social capaz de hacer de la democracia un instrumento al servicio del progreso de los trabajadores. Significa, por tanto, un avance muy relevante reflejo de una clara orientación en favor de la igualdad de oportunidades en el acceso de los ciudadanos a todos aquellos bienes públicos, como la educación, la cultura, la sanidad, la justicia o las pensiones, que cohesionan un país, en condiciones no discriminatorias por razón del origen social o de la posición económica que cada uno tuviere.

En consecuencia, a partir de la Constitución se pone en marcha, por ejemplo, un nuevo sistema nacional de salud que incluía a la totalidad de la población. De manera que todos los sistemas anteriores se fundían y daban lugar a un verdadero sistema nacional de salud, donde se integraban en igualdad de condiciones todos los ciudadanos españoles sin discriminar a los de las grandes ciudades de la población agraria e incorporando a los demás residentes en nuestro país. Se completaban así los precedentes incardinados en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el 18 de Julio y otros de beneficencia de ámbito provincial a cargo de las Diputaciones.

Este nuevo sistema partía de las instalaciones hospitalarias que el régimen anterior había promovido con ánimo de exhibir su preocupación por lo social. Algunas de excesiva dimensión que enseguida demostraron las consecuencias negativas del gigantismo, porque si bien un hospital debe tener una cierta masa crítica para que los modernos equipos rindan de acuerdo a parámetros de rentabilidad social, cuando se sobrepasa ese tamaño el exceso de dimensión acarrea efectos contrarios en cuanto a la eficiencia, conforme a la ley del rendimiento decreciente y la masificación deteriora el cuidado de los pacientes.

Además, durante esos años previos había crecido de modo poco controlado toda una red de centros hospitalarios concertados con el sector privado que completaban la atención médica. En pocos años la diferencia a favor respecto de la situación de partida se hizo muy notable. Veníamos de una época en la que muchos ciudadanos carecían de un acceso regular a la sanidad pública y permanecían relegados sin más opción que un sistema alternativo de beneficencia. Como un desarrollo natural de la Constitución se dio un paso decisivo donde todos los pacientes convertidos en titulares de derechos planteaban exigencias de atención y reclamaban mejor equipamiento, mejores médicos, mejor atención, que acabarían prestando de modo incomparable los hospitales públicos. Se abría una nueva realidad, que disparó la demanda. Se había terminado la resignación, nadie se dejaba morir. De ahí que se multiplicaran las listas de espera en las pruebas clínicas y en la cirugía. Sucedía como con el empleo, cuyo crecimiento era simultáneo con el de los desempleados al producirse la incorporación de nuevos contingentes, hasta entonces inertes, a la población activa, sobre todo de mujeres.

El primer factor que ha descabalado el sistema ha sido su fraccionamiento en diecisiete que brindan atención a las poblaciones desplegadas en los territorios que configuran cada una de las Comunidades Autónomas. Aquellos procesos de transferencias dejaron tanto la sanidad como la educación en manos de esos gobiernos cuyos recursos en más de un 70 por ciento se emplean en el ejercicio de ambas competencias. Luego han venido los problemas de financiación de esos servicios y los intentos de que el Estado aporte fondos de auxilio para atenderlos. La coordinación ha brillado por su ausencia y se ha preferido por parte de los gobiernos buscar ventajas comparativas que dieran réditos electorales. Ahora con las vacas flacas de Angela Merkel estamos en época de ingeniosidades para contener la factura a que obliga la prestación de los servicios y por ahí ha venido, por ejemplo, el euro por receta que ha impuesto la Generalitat en Cataluña y en Madrid el Gobierno de la comunidad que el Gobierno de la nación ha recurrido en ambos casos.

Puede que el gobierno haya «maleducado» a la población ofreciendo todo inmediatamente a la puerta de casa, de la máxima calidad y «gratis» para descubrir luego que falta dinero para pagarlo.

Es verdad también que ha podido incrementarse entre determinadas capas de la población el hábito de acudir a la consulta del médico como antes se iba a misa de once. Porque para muchos ciudadanos es una forma de socialización a coste cero con calefacción en la sala de espera y conversación con los demás pacientes mientras llega el turno. Antes esa función la cumplían los roperos de caridad entre las mujeres y los bares de copas entre los hombres. Pero a los roperos les hizo un daño enorme la máquina de coser y de los bares muchos se han retirado porque el excesivo consumo de alcohol perjudica al anciano, según anticipaba un análisis exhaustivo del número de octubre de 2008 de The Journal of the American Dietetic Association.

No hay duda de que se producen abusos con las recetas y que se pueden corregir estos abusos mejorando los sistemas de inspección y los sistemas informáticos para controlar también si hay algún manirroto entre los médicos de un hospital. Pero una cosa es tener más control y otra muy diferente cepillarse la sanidad pública o subordinar a la rentabilidad la prestación de los servicios públicos, cuya evaluación ha de hacerse con otros baremos. Porque el ingreso hospitalario ha de responder a criterios clínicos sin supeditarse a las expectativas de rentabilidad que ofrezca el paciente. Ni tampoco debe mantenerse a nadie ingresado o bien darlo de alta antes de tiempo para sacar más provecho del concierto que la empresa gestora tenga con el sistema de salud de que se trate, que es quien paga la cama. En resumen, que la empresa privada busca el lucro mientras que el objetivo del servicio público es prestar un servicio necesario. De manera que ese proyecto de privatizar la sanidad, los hospitales, es un proyecto que requiere extrema vigilancia para evitar vicios degenerativos y que se haga negocio a costa de incurrir en deterioros. La lógica del negocio es una y la del servicio público es otra muy distinta.

LONGEVIDAD RUINOSA

En todo caso, el sistema nacional de salud ha sido decisivo en la erradicación de numerosas pandemias. También puede haber contribuido junto con otros adelantos como el ascensor o la calefacción al aumento en nuestro país de la esperanza de vida, que en 1960 se situaba al nacer en 69,11 años y que en 2012 alcanzaba los 81,6 años, que desglosados por género alcanzaba los 84,82 años para las mujeres y los 78,87 años para los varones, según datos estadísticos del Banco Mundial. Una variable estadística en la que salimos muy bien parados frente a los países de nuestro entorno o a Estados Unidos, donde es de 78,5, mientras la media mundial está cifrada en 69,64. Estábamos orgullosos de ese logro, así como del aumento de la estatura media, reflejo de una ingesta más rica y equilibrada.

Todo esto nos parecía un motivo de orgullo. Pensábamos que nuestro país había escalado muchos peldaños en materia sanitaria. Pero cuando los ciudadanos nos sentíamos más sanos y más altos llegaba la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y se lanzaba en tromba declarando que esas cifras suponían un disparate que había que corregir porque con esa esperanza de vida resultarían insostenibles tanto el sistema de pensiones, calculando sobre otra muy inferior, como el propio sistema nacional de salud. Pudiera ser que la señora Lagarde lo dijera con esa crudeza porque tuviera interiorizado que su caso en absoluto quedaría afectado, pero su pronunciamiento nacía de una sentida convicción al calor de estudios presentados como serios. Además, se siente acompañada por el ministro japonés de Finanzas quien ha declarado el 21 de enero de 2013 que las personas mayores deben «darse prisa» en morir para aliviar los gastos del Estado en su atención médica.

De manera que en lugar de hablar con elogio del logro que representa el aumento de la esperanza de vida se prefiere hablar con preocupación del envejecimiento de la población. Así lo hacen los análisis del Fondo Monetario Internacional de los que daba noticia el 11 de abril de 2012 como adelanto de los documentos de su cumbre semestral. El Fondo, siempre tan atento, reclamaba para variar el recorte de las prestaciones sociales y el retraso de la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Uno de los economistas del FMI, el español José Viñals, advertía sobre el denominado riesgo de longevidad y hacía estimaciones sobre el coste del envejecimiento que aumentaría un 50 por ciento para los gobiernos, las empresas aseguradoras y particulares en las economías avanzadas «si el promedio de vida aumentara tres años más de lo previsto para el año 2050».

Se estimaba que, en términos absolutos, se dispararía el coste previsto en decenas de billones de dólares a escala global, con grave amenaza para la sostenibilidad de las finanzas al disparar los niveles de endeudamiento público en una proporción similar y con riesgo creciente para la solvencia de las entidades privadas. Sandro Pozzi, en crónica desde Nueva York, señalaba que en rueda de prensa Viñals, responsable del departamento de Mercado de Capitales, al presentar el informe subrayaba también los riesgos de la longevidad porque vivir más es bueno (si se hace en buena calidad de vida, habría que añadir), pero conlleva un riesgo financiero importante y nos va a costar más.

CUERPO DE PUNTILLEROS DEL ESTADO

Se estima que en la Europa de 1750 la esperanza de vida en el momento del nacimiento era inferior a los 40 años y que a escala global pasó de los 48 en 1950 hasta los 70 en 2012, último año de referencia. Pero el FMI considera que el cambio más radical es el de la esperanza de vida cuando se tiene 60 años. En sus estudios de prospectiva Naciones Unidas cifra para 2050 la esperanza de vida a los 60 años será de 26 años más en las economías avanzadas y de 22 años en los países en vías de desarrollo. Eso significaría que iría mejorando al ritmo de un mes por año. Si se tomara como referencia a los europeos de 60 años que vivían en 1910, la esperanza de vida era entonces de 15 años y un siglo después se prorrogaba en nueve años más para llegar a los 24 años.

Al vivir más la población sería acreedora a mayores pagos en pensiones y prestaciones a la seguridad social. Yendo al caso de los planes de pensiones privados en Estados Unidos, «las empresas tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones para poder afrontar esos pasivos adicionales», dice el FMI, para quien «reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora». Así que hemos pasado de lamentar la mortalidad infantil como una lacra vergonzosa a considerar un riesgo a combatir el aumento de la esperanza de vida.

Parece que tanto el sector público como el privado llevan años preparándose para amortiguar el impacto financiero del envejecimiento. Pero el FMI cree que se subestimó la evolución demográfica de la población y que eso pesará «más de lo esperado» en un balance que ya está debilitado y que exacerba nuestra vulnerabilidad frente a otras crisis. Los cálculos indican que «si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto en 2050, el coste subiría un 50 por ciento». Christine Lagarde ha tomado conciencia y quiere que la reunión de la primavera de 2013 en Washington sirva para mirar hacia delante. En este contexto exige a los gobiernos que reconozcan que el envejecimiento es un riesgo que les puede crear un serio problema en el futuro. Para neutralizar sus efectos recomienda combinar el aumento de la edad de la jubilación con otras medidas.

Su propuesta es vincular el retraso de la edad de jubilación a la esperanza de vida, de modo que el número de años en que los jubilados cobran la pensión no aumente. En la reciente reforma española del sistema de pensiones, que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva, ya se prevé un mecanismo de este tipo, llamado factor de sostenibilidad. Así, la ley prevé que las variables clave del sistema de pensiones (como la edad de jubilación) se revisen cada cinco años a partir de 2027 en función del aumento de la esperanza de vida. Pero ese retraso no le basta al FMI, decidido partidario de tomar medidas más «audaces», entre las que cita el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese «riesgo de que la gente viva más de lo esperado». Así, el informe de estabilidad financiera plantea que se recurra a los mercados de capitales para que se transfiera el riesgo de la longevidad de los planes de pensiones a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo.

Los economistas del organismo plantean también que los propios individuos aumenten su ahorro mediante planes de pensiones, recomiendan que se facilite o incluso obligue a contratar rentas vitalicias y también apoyan el uso de las hipotecas inversas, por las que la casa en propiedad se entrega en el momento de fallecimiento a cambio de recibir hasta ese momento una renta por ella. El Fondo pide más transparencia a los países a la hora de informar sobre la tendencia del envejecimiento y cómo se están preparando para financiar la jubilación.

El FMI concluye recordando que todas estas reformas «tardarán años en dar fruto» y que cualquier retraso en el proceso dificultaría hacer frente al reto como es debido. A su entender «prestar atención al envejecimiento de la población y al riesgo de la longevidad adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la viabilidad de los balances del sector público y privado».

De modo que, si tan autorizadas voces nos indican que seguir aumentando la esperanza de vida es un mal camino, se impondría considerar qué alternativa deberíamos adoptar. Tal vez para aliviar las preocupaciones de la directora del FMI debiera establecerse que a partir de una edad pasemos una revisión anual, como se hace con los vehículos que cumplen años obligados a superar las pruebas de la ITV si quieren seguir circulando. Nosotros nos someteríamos también a revisión y en caso de no superarla, así como los vehículos van al desguace, los ciudadanos serían entregados al Cuerpo de Puntilleros del Estado (CPE) que procedería a despenarlos.

De esta forma dejarían, o dejaríamos, de ser un lastre para la seguridad social, para el sistema de pensiones y para el sistema de salud y alegraríamos las pajarillas de doña Christine Lagarde. Discretamente y de la manera más profesional e indolora posible entraría en acción el puntillero. Llegados a este trance sólo nos quedaría desear que el puntillero asignado sea un experto y que acierte a la primera porque tenemos visto en las plazas de toros cómo la torpeza de algunos puntilleros levanta al astado y prorroga con ensañamiento su agonía convertida en atroz espectáculo.

EL NEGOCIO DE ASUSTARNOS

Llegados aquí subrayemos que la prospectiva, la futurología, es un intento al que no debe renunciarse siempre que vayamos vacunados para aceptar que cualquier parecido entre sus predicciones y la realidad será mera coincidencia. Pero su incapacidad para darnos noticia del futuro en absoluto le resta poder condicionante en el presente. Así que estas anticipaciones que el paso del tiempo desacredita como irreales pudieran tener consecuencias arrasadoras en los momentos que vivimos. Los pronósticos sociales se formulan sobre bases de datos muy poco eficientes, constituyen un sistema con más incógnitas que ecuaciones de imposible resolución. En definitiva, pueden añadir en muchas ocasiones más incertidumbre de la que pretenden disipar. Pero pueden imponer, por ejemplo, la idea de que si la jubilación se produjera a los 60 años y los jubilados siguieran alentando hasta más allá de los 80, no habría modo de mantener a tanto superviviente generando gastos que deben actualizarse en pensiones y que se aceleran de modo creciente con los años cumplidos.

Los cálculos anteriores producen muchas angustias aunque un examen detenido demostraría su falibilidad, pero desencadenan la incertidumbre y el miedo, asustan al personal y bajo el pánico de sálvese quien pueda impulsan a cada uno a la búsqueda de la protección por cuenta propia. En resumen, estos miedos son un buen incentivo para suscribir fondos de pensiones privados. Causan el mismo efecto sonoro que los ojeadores de las cacerías cuando van por el campo haciendo sonar una lata para que el ruido vaya levantando las piezas y haciéndolas entrar en línea de fuego útil de los que están apostados en los puestos decididos a cobrarlas. Es decir, que este soniquete de la quiebra del sistema público, convertido en una especie de estribillo del pensamiento único, multiplica el número de asustados que se hacen clientes de los fondos privados para beneficio de sus promotores.

Bien, pero en espera de que pase de nosotros este cáliz amargo que los expertos andarían preparando, se impone reconocer que el sistema nacional de Salud español iba adquiriendo prestigio internacional en tanto que otros muy acreditados, como el británico, entraban en fase de progresivo deterioro. No por casualidad, ni por dificultades económicas, sino por imperativos del esquema thatcheriano de doña Margarita idem para quien los servicios públicos representaban una anomalía a eliminar. Porque su militancia liberal exacerbada le llevaba a la conclusión de que no existían más derechos económicos que los derivados de la propiedad privada. Como ha explicado el profesor David Anisi en su libro Creadores de escasez, es como si todas las obligaciones con el trabajador se extinguieran una vez que ha recibido su salario. De modo que ni tendrían cuentas pendientes que exigir, ni amparo alguno que esperar todos aquellos a los cuales les llegara la hora del retiro sin ahorros suficientes para subsistir. Sólo les quedaría su capacidad de suscitar la compasión beneficoasistencial a la que se resisten quienes consideran que ceder a esos sentimientos es favorecer el parasitismo y que por la caridad viene la peste.

Sostiene Anisi que en el Estado del bienestar, como el que aquí se pretendía construir a la sombra de la Constitución, rebasa el darwinismo social al que se encomiendan los liberales. De ahí que, a tenor de sus parámetros, los derechos a la participación en el producto social no se deriven exclusivamente de la propiedad. Bajo estos supuestos el trabajo útil sostiene un conjunto de derechos que no se basan en la propiedad y que se inscriben en la esfera de lo valorativo. Esa esfera sería, en buena parte, determinante de una jerarquía legislativa, que concede al trabajo ese estatus superior. Nuestro autor indica, enseguida, que el poder del mercado es opuesto a la existencia de derechos económicos desvinculados de algún tipo de propiedad. Porque, para el mercado, cualquier renta debería derivarse exclusivamente de la riqueza, es decir, de la propiedad. De modo que la existencia de rentas monetarias con otros orígenes es algo que competiría con el poder omnímodo, exclusivo, que las rentas de la propiedad quieren tener sobre el mercado.

En cuanto a la necesidad de seguir la senda de la privatización en aras de menores costes, siguen sin presentarse los datos compulsados. Pero sabemos que, por ejemplo, el sistema de aseguramiento privado que está vigente en Estados Unidos suponía en unos costes equivalentes al 16,2 por ciento del PIB en 2009 y se calcula que en 2020 alcanzará el 20 por ciento. Datos del Banco Mundial sitúan el gasto español en sanidad pública ese mismo año fue del 9,7 por ciento del PIB. Todo sistema puede ganar en eficiencia y eliminar despilfarros, pero la duda ante la ola privatizadora es si sus promotores están buscando el acceso a nuevas oportunidades de pingües negocios en un sector de tan enorme volumen, venga o no a cuento del servicio público.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El título de este capítulo, «Méritos, capacidades y prestaciones» quería referirse a nuestra democracia como un espacio cívico donde se ofrecieran las oportunidades en razón del mérito y la capacidad y donde todos tuvieran acceso a los servicios de sanidad, cultura, educación y pensiones. Sabemos que el llamado Estado del bienestar no es un producto obtenido en el vacío del laboratorio, sino el resultado de un proceso histórico que se ha desarrollado sobre todo en Europa y que es una de sus notas distintivas más atractivas, su ventaja comparativa respecto a los modelos americano y asiático. Por eso el sinsentido de la duda que ahora nos aflige, que nos lleva por la senda de la reconsideración.

En los conflictos del siglo XX los líderes políticos comparecieron para pedir a los nacionales de cada país que pusieran por encima de sus intereses de clase su compromiso con el país. Un compromiso que incluía la puesta en riesgo de la propia vida. Vino después la desmovilización, la necesidad de brindar contrapartidas al sacrificio y de buscar la cohesión social porque las diferencias cuando se abisman se hacen insostenibles. Por ahí surgió la atención a la salud y el sistema de pensiones que aquí se han abordado. Ahora habría que hacer referencia a la educación sobre la que dice el artículo 27 de la Constitución, por ejemplo, que todos tienen el derecho a la educación; que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales; que se reconoce la libertad de enseñanza; que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita; que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Luego en el artículo 147 señala que el Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, por supuesto en materia de educación. Un principio que se superpone al hecho de que las Comunidades Autónomas hayan asumido en sus territorios esa función. Cada una de las alternativas políticas que ha ejercido el Gobierno ha legislado ex novo sobre asuntos de educación y ha rectificado las normas precedentes con el resultado de una discontinuidad que ha sido perjudicial. Lo que ha permanecido inalterado han sido los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede ratificados el 4 de diciembre de 1979, uno de los cuales se refiere a la educación y asuntos culturales. En él se dispone que los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

Por respeto a la libertad de conciencia, dice el acuerdo, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos, de modo que recibirla o no en absoluto suponga discriminación en la actividad escolar. Esta redacción se ha utilizado para impedir en la práctica otras actividades que compitan con la enseñanza de la religión católica, que se confía a las personas designadas por la autoridad académica entre aquellas que el obispo de la diócesis proponga para impartirla. Se encomienda a la jerarquía eclesiástica señalar los programas, así como los libros de texto que hayan de ser empleados. A mayor abundamiento la situación económica de los profesores de religión católica se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal. En la práctica resulta que este profesorado propuesto por los obispos se paga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Y cuando el Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero estableció la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como forma de dar cumplimiento al mencionado artículo 27 de la Constitución, la Conferencia Episcopal se echó enfurecida a la calle como si hubiera recibido una agresión intolerable. Después con el triunfo electoral del PP el Gobierno de Mariano Rajoy con el ministro de Educación José Ignacio Wert anunció la supresión de esa materia como si se tratara de una urgencia inaplazable.

Sobre los resultados de nuestro sistema escolar las evaluaciones a escala europea nos dejan malparados en especial en algunas materias como las matemáticas. En cuanto a la inmersión lingüística establecida en Cataluña el ministro Wert se propone eliminarla para gran disgusto de la Generalitat, que considera invadidas sus competencias.

De la enseñanza superior se insiste en que ninguna de nuestras universidades figura en la tabla de las cien primeras, aunque de las diez primeras escuelas de negocios tres sean españolas. Los años de la burbuja y la abundancia, además de multiplicar en número disparatado de aeropuertos, dieron lugar a la proliferación de universidades porque ninguna ciudad aceptaba carecer de estación del AVE, que las vías del tren no fueran soterradas ni que faltara en su término municipal un campus con facultades de enseñanza superior. Al entonces ministro socialista Ángel Gabilondo se le pudo escuchar que en muchos casos sería más barato pagar a todos los alumnos los estudios en Harvard que afrontar los costes de mantenimiento de universidades sin sentido ni masa crítica de estudiantes que justificaran claustros de profesores que en esas condiciones quedaban desmotivados y entregados a la endogamia descrita por Jorge Vigil Rubio en su Diccionario razonado de vicios, pecados y enfermedades morales.

VIII
Pena de telediario, unos más iguales que otros

Siempre hubo un juez a mano para cualquier necesidad que sintiera el anterior régimen que, a mayor abundamiento, disponía de la jurisdicción militar, dotada de gran vis atractiva, a la que se confiaban materias de especial gravedad, como el terrorismo y otros asuntos más o menos colindantes. Téngase en cuenta que cuando entonces, a tenor del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado integrada en el cuerpo de Leyes Fundamentales del franquismo, las Fuerzas Armadas de la nación estaban constituidas «por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público». De esta definición lato sensu derivaba que la bronca con un guardia, el enfrentamiento de un manifestante con los antidisturbios o un texto periodístico que incluyera algún roce crítico con la circunferencia de los ejércitos o del orden público pudieran originar procesamientos militares y terminaran siendo vistos ante consejos de guerra, conforme dispone la jurisdicción castrense.

Como explica el profesor Manuel Ballbé en su libro Orden público y militarismo en la España constitucional, la situación actual es radicalmente distinta. Primero, porque el artículo octavo de la Constitución hace una definición sensu stricto de las Fuerzas Armadas «constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire». Es decir, que excluye de las mismas a «las Fuerzas de Orden Público», aunque fueren de naturaleza militar como la Guardia Civil. Segundo, porque, en esa misma línea, el apartado 5 del artículo 117 de esa misma norma fundamental hace hincapié en «el principio de unidad jurisdiccional» como «base de la organización y funcionamiento de los tribunales». Luego añade que «la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio». Y ese adverbio de modo, «estrictamente», hace que en caso de conflicto de jurisdicciones prevalezca la ordinaria, quedando la castrense de aplicación para los militares en asuntos propios del servicio.

Terminaban así los años de plomo de la historia sin magnanimidad del prestigio del terror, de la legislación de excepción como el Decreto Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo de 1947 y del Tribunal de Orden Público de 1958.

Sólo un grupo, Justicia Democrática, dio muestras de vergüenza profesional y de compromiso cívico para dar amparo a sus compatriotas sobre todo en el orden jurisdiccional social que componían la Magistratura de Trabajo.

Ahora, la modernidad a ultranza del Partido Popular, encaramado al Gobierno tras la victoria electoral del 20 de noviembre de 2011, nos lleva a la justicia de pago, en línea con otras llevanzas, como la de la sanidad de pago, la educación de pago o el registro civil de pago, porque la gratuidad se ha desprestigiado y suscita desconfianza, salvo en el acceso a los contenidos de Internet que, a toda costa, se prefieren gratis total. Se trata de un modelo, este de la justicia de pago, que rompe el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la justicia y la deja fuera del alcance de quienes carezcan de recursos para pagársela.

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno popular de Mariano Rajoy, en un arranque súbito de «soluciones audaces», ha sido el impulsor de la Ley de Tasas judiciales. Un texto capaz de sublevar a buena parte de jueces y magistrados con independencia de afinidades políticas, sensibilidades profesionales o escuelas de pensamiento que los separen. Todos estiman que dicha ley va contra el reconocimiento que hace el artículo 24 de la Constitución a todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales «en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». Para los jueces la Ley de Tasas contradice el artículo 119 de la Constitución al impedir el acceso a la justicia a quien no disponga de recursos económicos suficientes para litigar, de cuyo abono se exime sólo a quienes tengan ingresos inferiores a un umbral de miseria.

En el caso de una demanda civil la nueva ley exige una tasa fija y un porcentaje del precio de mercado del inmueble en litigio o de la cantidad reclamada. Un trabajador o un pensionista que viera desestimada su demanda en el juzgado de lo social habría de pagar quinientos euros por recurrir y para impugnar una multa de tráfico el pago habría de ser superior a la propia multa. Impunidad del poderoso de cualquier clase (también del Estado) y ley del más fuerte. Se vendría abajo la protección al consumidor conforme a la Constitución y a las normas europeas porque sería excepcional reclamar cuando es mayor la tasa que debe adelantarse que el importe reclamado.

El Tribunal Constitucional convalida las tasas en el caso de grandes empresas siempre litigantes si se tratara de un recurso que contribuyera al sostenimiento de la Administración de Justicia pero rechaza que se erijan en barrera infranqueable para el acceso a los tribunales de un significativo porcentaje de población, obligado al adelanto de un importe desproporcionado que, además, infringiría los convenios internacionales. En definitiva, frente a los abusos existe en el derecho procesal la figura de la condena en costas a los litigantes temerarios. De ahí que tuviera sentido la imposición de tasas y multas sólo en estos casos y a estos últimos actores, en vez de que se apliquen a todos, como si se tratara de gravar un lujo o un capricho.

La justicia, el procedimiento al que se atiene y cómo se imparte constituyen elementos diferenciales de la democracia bien entendida respecto de la tiranía o la dictadura. Cuestión distinta es que aquí, entre nosotros, la justicia muchas veces no se venda sino que se regale, como decía el profesor Rodrigo Uría. Porque ofrece rasgos de penosa continuidad y tiene una reconsideración pendiente, después de que hayan pasado por el tamiz de la democracia otras muchas instituciones, incluidas la monarquía o las Fuerzas Armadas. La falta de recursos asignados a la industria es comprensible con el despilfarro que supone el desbarajuste informático basado en la incompatibilidad de los sistemas desplegados en las Comunidades Autónomas. De ahí resulta una penuria paralizante que avergüenza. Claro que la penuria induce docilidad.

Queda dicho que al franquismo nunca le faltó un juez que pusiera su firma debajo de cualquier desastre. Pero después de la muerte de Franco todo el mundo fue indultado. No sólo los etarras terroristas, sino también los que para acabar con ellos habían delinquido dentro de la estructura del Estado, incluidos los que lo hicieron convencidos de que la lucha contra el terrorismo convalidaba el recurso a cualquier procedimiento. Así que jueces y magistrados que se prestaron a subrogarse en los abusos del régimen mantuvieron una inercia de funcionamiento muy desalentadora.

Reconozcamos que el sistema de selección de jueces, así como los jueces heredados de la dictadura favorecían unas inercias desbordadas por una multiplicación de las demandas de reclamaciones planteadas ante los tribunales. Además, el cuerpo legal, por mucho que hubiera quedado derogado en todo lo que contradijera la Constitución, y el garantismo minucioso del derecho procesal, pensado para proteger al justiciable, alargaban los procedimientos hasta convertirlos en un calvario interminable. Se incurriría así en una verdadera tortura carente de eficacia en todos los órdenes, porque la lentitud desaforada al distanciar el momento de los hechos del de su sanción judicial, priva a esta última de sentido. Ni en el ámbito del derecho penal, ni en el civil, ni en el mercantil, ni en el contencioso los hechos quedan inmutables con el transcurso del tiempo. Cuando un procedimiento se dilata, siempre es insatisfactorio, incluso para aquellos que consiguen una sentencia favorable. De la pena de telediario y de los fusilamientos al amanecer en las primeras páginas de la prensa nadie habrá librado al encausado. La lentitud exasperante de los procedimientos, que demoran su resolución durante décadas, resulta sumamente injusta. Summa lex, summa injuria.

Un buen ejemplo de lentitud es el del caso Pallerols, donde los hechos se refieren al uso de los fondos procedentes de la Unión Europea para cursos de formación a los desempleados. Pero la sentencia que señala su desvío ilegal a las arcas del partido democristiano Unió Democràtica de Catalunya (UDC) liderado por Josep Antoni Duran i Lleida y a los bolsillos particulares de algunos de sus dirigentes más relevantes ha llegado catorce años después. Al final, a la moda americana, se ha cerrado un acuerdo entre las defensas de la media docena de acusados y la fiscalía por el cual se evita la celebración del proceso y se reducen las penas de varios acusados, a cambio de la devolución de parte del dinero defraudado y del abono de las multas, que suman en total alrededor de seiscientos cincuenta mil euros.

El mérito de semejante desenlace indoloro se atribuye al catedrático de derecho penal y abogado defensor Jesús María Silva, del bufete Molins&Silva, y de su hermano Manuel Silva, ex diputado y miembro electivo del Consejo de Estado merced a la cuota obtenida por los nacionalistas, quien ha mediado con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Unió aduce haber empleado los fondos públicos desconociendo su origen ilegal y ese desconocimiento le exime de haber incurrido en una financiación irregular. Los hechos se remontan a lo sucedido en el Departament de Treball de la Generalitat entre los años 1994 y 1999 con los cursos de formación para desempleados por importe de 5,1 millones de euros, comprometidos por el Fondo Social Europeo para cofinanciar el proyecto. El Gobierno central adelantó la cantidad en la confianza de recuperarla más tarde, pero Bruselas, ante el proceso judicial abierto, nunca desbloqueó los fondos y en abril de 2012 en carta a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo se comunicaba que no se presentarían las facturas, lo que suponía la renuncia oficial a esos cinco millones de euros.

El proceso por financiación ilegal de UDC se había iniciado en 1999 con la acusación de la fiscalía al ex director general de Empleo de la Generalitat, Lluis Gavaldà, y a su hermano, Vicenç Gavaldà, ambos de UDC, de haber adjudicado unos ciclos de formación para desempleados a tres empresas (Ceifsa, Andsa y Teosa) del andorrano Fidel Pallerols. Los tres, junto al militante de UDC Santiago Vallvé, organizaron un sistema por el cual el 10 por ciento de los 8,8 millones de dinero público asignado a estos cursos acabarían en las arcas de esa formación. Caía el telón al final del tercer acto cuando Duran i Lleida se encontraba en Chile atendiendo a exigencias del guion democristiano. Así que donde dije digo, es decir, que si se probaran irregularidades en la financiación de UDC pediría perdón y dimitiría, digo diego, es decir, no piensa dimitir ni como diputado ni como presidente de la Comisión de Exteriores ni como cliente del hotel Urban.

Ese mismo bufete antes citado tuvo a su cargo la defensa de los acusados en el caso Treball, dos de los cuales, Josep María Servitje, ex secretario general de Trabajo de la Generalitat, y Lorenzo Acuña, familiar del portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Sánchez Llibre, resultaron condenados a cuatro años y medio y a dos años de prisión, respectivamente, por malversación de caudales públicos. Delito en el que incurrieron al encargar desde la consejería de Trabajo que ocupó Ignasi Farreras entre 1988 y 1999 varios informes retribuidos con cantidades millonarias pese a su nula utilidad. Pero en la pasada primavera fueron indultados por el Consejo de Ministros a propuesta de Alberto Ruiz Gallardón que, como volvió a demostrar con el reciente caso del kamikaze, parece ser mucho más ministro de Gracia que de Justicia.

JUECES ESTRELLA Y JUECES ESTRELLADOS

Otra de las perturbaciones en esta área de la Justicia deriva de una impropia acumulación de las funciones encomendadas al juez de instrucción. Que sea el mismo juez que instruye la causa quien también decida sobre la suerte del encausado, sobre su prisión o su libertad, ya sea incondicional o bajo fianza, necesitaría una revisión que separara mejor las competencias. Por ejemplo, el juego sería más limpio si fuera el fiscal quien instruyera el proceso y el juez quien decidiera sobre las medidas que el fiscal solicitara. La situación se complica con la entrada en escena de los jueces estrella. Lo cuenta muy bien el libro de Alain Minc L’ivresse democratique, en el que estudiaba de forma minuciosa a los jueces estrella de Francia e Italia. El libro comenzaba recogiendo una frase de Napoleón en la que calificaba al juez instructor como el hombre más poderoso de Francia. Realmente es el que decide si pone a un ciudadano en libertad o lo mete en la cárcel. Pero en ese libro explicaba con mucho acierto qué sucede cuando se produce un cortocircuito entre el juez instructor y los medios de comunicación. Lo que se produce es una doble instrucción, una ante el juzgado y otra ante la sociedad a través de las filtraciones interesadas, dosificadas a los medios de comunicación por alguna de las partes interesadas del proceso. Esto lleva a verdaderas distorsiones.

En España hemos tenido verdaderos especialistas de ese trabajo en el trapecio, como por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, al que dieron en llamar el juez campeador. Un juez que por insospechadas casualidades acumulativas, por caprichos afortunados del azaroso sistema de reparto, acababa conociendo de todos los asuntos de relieve surgidos en el área de la vida nacional e internacional. Ése fue nuestro primer juez estrella, encumbrado hasta alturas siderales por unos y denostado hasta profundidades abismales por otros y viceversa de manera sucesiva, según les iba en la feria a los de cada una de las dos bandas. Cuestión distinta es la anomalía que representa la propia figura del juez estrella, habida cuenta de que los jueces no están para convertirse en figuras del famoseo ni para trabajar a favor del espectáculo. Están para hablar a través de los autos y las sentencias que firman y para moverse en la discreción.

Capítulo aparte debe intentarse con el sistema del gobierno de los jueces, el llamado Consejo General del Poder Judicial, una figura que nuestra Constitución ha copiado de la magistratura italiana. Los miembros de este Consejo son seleccionados mediante un sistema de cuotas. Doce han de ser elegidos a partes iguales por el Congreso de los Diputados y por el Senado con mayoría de tres quintos entre candidatos procedentes de profesionales de la carrera judicial y los otros ocho, también a partes iguales, por el Congreso y el Senado, de nuevo por mayoría de tres quintos, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.

Para desconcierto de la ciudadanía ha venido ocurriendo que los dos partidos necesarios para sumar los tres quintos en cada una de las Cámaras, es decir, el partido del Gobierno y el primer partido de la oposición, es decir, unas veces el PP y el PSOE y otras, el PSOE y el PP, han tenido por norma consensuar un denominador común basado demasiadas veces en la promoción de los inútiles, lo que llamamos en términos taurinos el desecho de tienta. De modo que las personas relevantes que unos proponían los otros las tumbaban y a la recíproca con las propuestas de la otra banda. En definitiva, que resultaba un sistema degenerativo de selección a la inversa. En virtud de esa clase de acuerdos llegó en 2008 a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Divar, que cargaba sobre el erario público viajes de alivio a la Costa del Sol por los que hubo de dimitir en junio de 2012, un año antes de que concluyera su mandato. Tampoco faltó el consenso ampliado en este caso a CiU para incorporar otras piezas, como aquel prevaricador, el juez Luis Pascual Estevill, enviado al CGPJ en 1994, con la mochila al hombro del caso Macosa, por la coalición en tiempos de Miquel Roca como portavoz en el Congreso de los Diputados. Estevill es encausado en 1996 y tiene que abandonar el CGPJ. La etapa siguiente la iniciaba entrando en la cárcel de Cuatre Camins el 20 de octubre de 2006 para cumplir una condena de nueve años, que le había sido impuesta en enero de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona como autor de un delito de extorsión a empresarios cuando era juez del 26 de Barcelona.

Una complicación añadida de todo lo referente al Poder Judicial procede de las transferencias en este ámbito a las comunidades autónomas. Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial determina la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y de los tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y de los magistrados de carrera, que forman un cuerpo único, pero el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia queda bajo la dependencia orgánica de la comunidad autónoma donde radica su juzgado. De ahí resulta que si bien el juez está asignado por el Consejo General del Poder Judicial, el personal de los otros cuerpos nacionales que integran la oficina judicial está retribuido por la autonomía correspondiente y, en un tercer escalón, aparece el personal laboral contratado y pagado por la comunidad autónoma y que se siente bajo la disciplina del gobierno autonómico. De todo lo cual resulta una confusa línea de mando y jerarquía interferida por tres distintos centros de decisión. Los jueces dependen del CGPJ, los secretarios judiciales dependen del Ministerio de Justicia, los funcionarios dependen de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas que no son todas porque está incompleto el mapa. Desde otro ángulo, jueces y secretarios judiciales cobran del Ministerio de Justicia y los funcionarios cobran de las Comunidades Autónomas o del Ministerio según se hayan o no producido las transferencias. Algo querrá decir que sea el único gran servicio público que algunas comunidades quieren devolver al Estado.

En el horizonte se dibuja también la privatización del Registro Civil, cuya llevanza en adelante quedaría encomendada al Colegio Nacional de Registradores para su explotación como negocio. Lo cual significaría la privatización de la función pública registral, que pasaría a los Registradores de la Propiedad, una figura desconcertante, especie de híbrido entre el funcionario y el profesional, que trabaja con arancel como el notario, pero a diferencia suya no tiene que competir para buscarse la clientela, porque la tiene cautiva y desarmada dentro de su demarcación territorial. El proyecto de privatización del Registro Civil ha levantado críticas desde ángulos muy diversos, incluido el de la voracidad recaudatoria de sus futuros beneficiarios. Pero tiene un diseño carece de audacia, porque si la senda a emprender fuera la de la privatización de la función pública, el sistema debería ser más ambicioso y ampliarse sacando a subasta también la recaudación de impuestos, las representaciones diplomáticas, las federaciones deportivas y todo lo demás. El ministro de Justicia sabe que el derecho a equivocarse lo va uno perdiendo con los años y que, por lo tanto, si quiere aprovecharse de él no debe dejar pasar demasiado tiempo, como señala Primo Levi en El sistema periódico.

IX
Europa como solución y Europa como problema

Aquella España inválida de Franco no salía en pantalla. Uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monet, al que sería imposible tildar de sectario, escribía sus memorias en 1976 (Libraire Arthème Fayard) sin una sola mención a nuestro país. Estábamos fuera de circuito. Pero intentos por parte española los hubo. Entre los más notables figura el de la participación en el Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich los días 5 y 6 de junio de 1962, donde socialistas, democristianos y monárquicos liberales se unían en pro de la reconciliación y de la convocatoria de elecciones libres. Semejantes aspiraciones fueron descalificadas como subversivas por el régimen, que el Congreso etiquetó como contubernio de Múnich, mientras las personalidades participantes se veían obligadas a optar entre el exilio o la deportación a las islas Canarias. En todo caso Europa, la Comunidad, se configuraba como el lugar geométrico de todas las soluciones a muchos de los más graves problemas acumulados durante veinticinco años de dictadura. Allí, en Múnich, empezaba a confirmarse aquel ortegajo de España es el problema; Europa, la solución.

LA UNIÓN EUROPEA

Los primeros pasos de lo que llegaría a ser la Unión Europea habían surgido del escarmiento. Tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial la empezaron a tejer Francia y Alemania, dispuestas a acabar para siempre con las guerras civiles que una y otra vez habían asolado el continente. De ahí surge la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), que supone la puesta en común de algunos de los recursos vitales germen de pasadas guerras. El proyecto va creciendo en ambición y se formaliza el EURATOM, el Mercado Común y la Comunidad Económica Europea, mediante sucesivos tratados que conducen a la Unión Europea de nuestros días. Una historia de éxito atractivo que durante los años iniciales Reino Unido quiso primero ignorar y luego contrapesar encabezando con algunos países bálticos una Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association, EFTA). El intento no prospera y los socios de la EFTA optan por sumarse a la Comunidad Europea y renuncian o posponen sus prejuicios.

En la Unión Europea arraigaba el propósito de ir a más, de dotarse de las características de Unión Económica y Monetaria y de Unión Política. Esas pretensiones estaban en el origen de los sucesivos tratados: el de Roma, primero, y luego, los de Maastricht, Niza y Lisboa. La Unión cumplía un papel decisivo en la reunificación de Europa después de la caída del Muro de Berlín la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989. A partir de ahí se supo que deberían hacerse los preparativos para recuperar a unos países que por los acuerdos concluidos en Yalta el 11 de febrero de 1945, entre Josef Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, fueron entregados, como si fueran ganado lanar, a la hegemonía y al pastoreo del poder soviético.

Una y otra vez cuando se perfilaba un candidato a la adhesión se planteaba la disyuntiva de profundizar o de ampliar, que siempre se resolvía en favor de la segunda opción. Así, el proceso de toma de decisiones se ha complicado de manera directamente proporcional al incremento del número de países miembros de la Unión sumados a los seis fundadores hasta llegar a veintisiete. El Tratado de la Unión Europea (TUE), que fue firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, permitió llegar a la moneda única. La Unión Monetaria necesitaba de una Unión Económica y al final requerirá una Unión Política, pero esos flancos quedan sin cubrir y ahora pagamos las incoherencias de una moneda única sin un gobierno económico que la sustente. Estados Unidos combatió la salida del euro pero al final aceptó que el dólar tuviera que competir con otra moneda de reserva.

LA TRANSUBSTANCIACIÓN DE LA DEUDA

Mientras, los países subdesarrollados se activan y se dividen. Unos pasan a ser emergentes, los otros quedan sumergidos. Hay una nueva toma de conciencia que prende en lo que llamamos el mundo occidental que le hace sentirse una minoría en retroceso dentro de población mundial y con dominio decreciente sobre los recursos económicos. Sobre esta situación incide el capitalismo de casino al que nos llevan los liberal nihilistas, la entente de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la confusión interesada entre liberalizar y desregular y las adulteraciones resultantes del mercado. Porque sin reglas claras de funcionamiento nos deslizamos por un plano inclinado para regresar a la selva sin más ley que la del más fuerte. Así que las hipotecas subprime y otros sistemas de optimizar ganancias basados en la economía del fraude inocente (véase el libro homónimo de John Kenneth Galbraith) deben entenderse como un resultado y en modo alguno considerarse una sorpresa.

El incendio declarado enseguida se averiguó que procedía de muchos focos activados de manera sincronizada y afloraron las deficiencias del parque de bomberos y de todo el sistema antiincendios. Cuando la crisis de 1929 pudo contarse con la inteligencia de Roosevelt y la de Keynes y su decisión de idear instituciones a las que se encomendaría el gobierno mundial de la economía, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fundadas tras la Segunda Guerra Mundial en 1946. Ahora esa inteligencia no aflora. Para servir de cortafuegos a la crisis se recurrió al G-20, que celebró su primera reunión en Washington los días 14 y 15 de noviembre de 2008 con George W. Bush de anfitrión. El G-20 está integrado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, así como la Unión Europea, que está representada por la presidencia de turno del Consejo y el Banco Central Europeo, pero también fueron invitados España y Países Bajos.

La magnitud de los daños y la abyección de los abusos que los originaron habían encendido la indignación y provocado el enunciado de propósitos radicales sobre la refundación del capitalismo, la imposición de reglas transparentes, el gravamen sobre las transacciones financieras, la eliminación de los paraísos fiscales y así sucesivamente. Pero todo va quedando en nada, salvo las austeridades impuestas para pagar las deudas públicas en que se han transformado las aventuras privadas, la transubstanciación de la deuda en expresión del periodista Carlos Humanes. Se iba a terminar con ese sistema por el cual se hacían apuestas salvajes contra determinados valores bursátiles sin poner dinero y sin identificarse. Nada de eso se ha hecho y desde entonces seguimos penosamente arrastrando unas consecuencias que cada vez van a más. Estamos ahogados en la deuda. Unos países por méritos propios, otros ayudados por los que se han aprovechado de la situación; por ejemplo, la banca alemana, entusiasta, arrima fondos para financiar la burbuja inmobiliaria española y ahora quiere la garantía del Estado que al prestarla se debilita.

El problema se agudiza cuando hay un repliegue de renacionalización de las políticas, hay un cambio de paradigma y de la conveniencia de vecinos fuertes, prósperos y competitivos se ha vuelto a desear como más ventajosa la ruina y debilidad del próximo. Se olvidan lecciones que parecían bien aprendidas. Por ejemplo, que las imposiciones del Tratado de Versalles a Alemania después de la Primera Guerra Mundial resultaban de imposible cumplimiento tanto por las cantidades que había que pagar como por las limitaciones para su propio desarrollo y recuperación. Con la consecuencia de que acabaron generando una humillación y un afán de revancha que estuvieron en el origen de la Segunda Guerra Mundial. La pretensión de devolver Alemania a una época agrícola y pastoril resultó ser contraproducente. Se cumplió aquello de que toda realidad que se ignora prepara su venganza. De manera que evolucionó el pensamiento francés y se abandonó la preferencia por una Alemania débil y vengativa en favor de otra fuerte, cooperadora y bien avenida. Ésas fueron las nuevas reglas del tándem Francia-Alemania.

La pretensión de debilitar al vecino como método de obtener ventajas propias se averiguó errónea. Durante décadas prevaleció la idea contraria: la de la conveniencia de vecinos fuertes. Porque después de muchos años en que todos los preparativos se dirigían a organizar la defensa contra los más poderosos se advirtió que la mayor amenaza procedía de los débiles. El 11-S (11 de septiembre de 2001 con el atentado a las torres gemelas de Nueva York) suministró la prueba más irrefutable después de tantos años de desplegar misiles con cabezas nucleares para disuadir a la otra superpotencia mediante la estrategia de equilibrio del terror, la Mutua Destrucción Asegurada (MAD, según sus siglas en inglés). Una vez convencidos de que no estamos amenazados por el vecino sino por su debilidad, empieza a interesarnos la fortaleza de los vecinos fuertes y a computar como ventaja que sean nuestros competidores. Ésa es la idea germinal del eje europeo franco-alemán, una idea contagiosa por la que la Europa del norte prefiere una Europa del sur fuerte y competitiva mejor que empobrecida y debilitada.

MIENTRAS TANTO EN ESPAÑA

En cuanto a los españoles, nada nos fue ahorrado porque, cumplidos los deberes con nosotros mismos en el plano político, los asuntos de las negociaciones de adhesión se acordaban con meticulosidad desesperante, sin consideración alguna. Llegados a este punto, recuérdese que al índice de temas de discusión abierto se añadían otros, nunca anotados explícitamente, que se consideraban condiciones sine qua non. El primero, el afán de los países decisivos en la CEE de que España continuara siendo parte de la Alianza Atlántica. Continuidad que los socialistas, ganadores de las elecciones de octubre de 1982, habían prometido en su programa revisar mediante el recurso a un referéndum que tres años más tarde seguía pendiente. También cabe recordar la impaciencia subterránea que mostraban los negociadores comunitarios porque España estableciera relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ambos asuntos se saldaban sin problemas en el primer semestre de 1986 nada más suceder nuestro estreno como país miembro de la Comunidad Europea. Para el álbum quedaban las fotografías de la comisión negociadora, de las madrugadas de agotamiento y de la euforia de los brindis, con cava por supuesto, cuando todo estaba consumado.

La incorporación de España a la Comunidad Europea fue firmada el 12 de junio de 1985 en palacio pero sin celebración alguna porque los terroristas de la banda etarra habían ensangrentado la fecha con los asesinatos de la víspera que ocuparon los titulares de primera página de un día pensado para el júbilo festivo y los fuegos artificiales.

España adquirió la condición de miembro de pleno derecho de la CEE seis meses después, el 1 de enero de 1986, al mismo tiempo que Portugal. El ingreso de nuestro país sumaba a la CEE aportes muy relevantes en el área de las relaciones exteriores por sus vínculos especiales con Iberoamérica, con los países del área mediterránea y con los países árabes. Así se vio en la Conferencia de Madrid para la Paz en Oriente Medio celebrada en 1991; en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, inaugurada el 27 de noviembre de 1995, donde se encontraron el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ehud Barak; en las sucesivas Conferencias de San José mediante las que la UE impulsaba la desactivación de las guerrillas centroamericanas o en las Cumbres UE-América Latina.

El caso es que nos implicamos en las tareas europeas con fervor inesperado para los veteranos euroescépticos. Frente al cheque por cheque de la primera ministra británica Margaret Thatcher, empeñada de modo obsesivo en recuperar el suyo, el presidente del Gobierno español Felipe González prefería hacer planteamientos europeos en los que encontraran soluciones favorables los problemas de nuestro país. Ese esquema permitía en Edimburgo en 1992 la puesta en marcha de los fondos de cohesión, que tanto nos han beneficiado. España encontraba en la Unión Europea un ámbito de cooperación de máxima relevancia para la lucha contra la banda terrorista ETA mediante la comunitarización de las políticas de Justicia e Interior y, por ejemplo, la adopción y puesta en marcha de la euroorden, que da respuesta eficaz a problemas siempre aplazados en provecho de quienes delinquen. Otra iniciativa del presidente González se plasmó en la ciudadanía europea, que se añadía a la propia de los naturales de cada país miembro. Ahí está también la agenda de Lisboa, adoptada durante una de las presidencias portuguesas de la UE para dejar constancia del empeño de nuestros vecinos ibéricos.

En estos más de veinte años cambiaban, no sin dificultades para unos y ventajas para otros, los parámetros de la agricultura portuguesa y española bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC), surgían beneficiarios dispuestos a sembrar el campo de subvenciones pero también se alzaban quejas por la cuota lechera o el olivar. La pesca quedaba incluida en la Europa Azul, finalizaba sin prórroga el acuerdo pesquero con Marruecos y se hacía sentir el daño emergente para las flotas habituadas a faenar en esas aguas. El fletán nos enfrentaba a Canadá con la escuadra de por medio. Nos ponían cuotas a la captura de las merluzas, aunque en Bruselas terminaban por reconocer que consumíamos aún mayor proporción de las que capturábamos, ya que nuestra dieta es la más rica en pescado después de la de los japoneses y triplica el promedio de la comunitaria. Aprendíamos a observar las obligadas paradas biológicas sin las cuales acabaríamos esquilmando los caladeros y ensayábamos el juego limpio con las artes de pesca. Se reparaba nuestro déficit en infraestructuras viarias, en ferrocarriles de alta velocidad, en dotaciones municipales, en investigación y desarrollo.

Desmantelábamos industrias sólo perdurables con la inyección de subsidios públicos en siderurgia o construcción naval. Se internacionalizaba la empresa española en proporciones impensables. Atraíamos la inversión extranjera y nos lanzábamos a invertir fuera sin limitarnos a Iberoamérica. Se difundía la enseñanza de idiomas. El programa Erasmus hacía salir a nuestros universitarios y venir a los de otros países. Cambiaba la piel y el nervio de los países de la Península, que se embarcaban en los proyectos más ambiciosos en el área de la política exterior y de la defensa con sus compromisos en la Fuerza de Intervención Rápida o en el Eurocuerpo, o con su participación en las empresas aeronáuticas para competir en la aviación comercial, de transporte o militar con el Eurofighter o el Eurocopter. Lisboa y Madrid aparecían entre los fundadores de la moneda única el 1 de enero de 2001.

La moneda, considerada atributo básico de la soberanía, era cedida al Banco Central Europeo y los gobiernos renunciaban al control de cambios, a las devaluaciones que se utilizaban para frenar el consumo y fomentar las exportaciones y a fijar los tipos de interés. Parecía una pérdida pero se comprobaba que merced al euro podían adoptarse decisiones como la orden del 18 de abril de 2004 de retirada de las fuerzas militares enviadas a Irak sin que se generaran padecimientos monetarios inaceptables. Así que renunciar a la moneda bajo la apariencia de cesión de soberanía encerraba la ampliación del ámbito para ejercerla.

Había un gran interés porque España se incorporara a los procedimientos y responsabilidades europeas. Pero hay pruebas de mal encaje de la competitividad española. En las carreteras francesas nos quemaron los camiones con frutas y otras producciones hortofrutícolas y nos hicieron el boicot a la pesca. Pero se quería una España fuerte a pesar de que va a plantear esos problemas de competencia. Mientras que ahora al rebufo de las dificultades de la crisis surge un peligroso reflejo de renacionalización de las políticas, vuelve el grito de ¡sálvese quien pueda! de los egoísmos nacionales y cunde la propaganda nociva según la cual pudo escucharse de la misma Angela Merkel que en el norte trabajan y en el sur duermen la siesta.

Años antes los españoles fueron vistos durante largo tiempo como los prusianos del sur. Primero tuvieron ideas que además de aliviar sus propios problemas eran de aplicación al conjunto de Europa. La propuesta de los fondos de cohesión fue descalificada por Aznar como un reflejo de la España pedigüeña. Pero esos fondos de cohesión fueron utilizados de manera muy inteligente y provechosa como prueban las autopistas, el AVE y tantas infraestructuras que fueron posibles con ayudas europeas. No pasó así en todos los países. Basta viajar a Sicilia para preguntarse qué se ha hecho de los fondos europeos, porque allí no hay carreteras ni vías de ferrocarril. Lo mismo ocurre en Grecia o Portugal, donde esa ayuda europea tampoco es observable. Falta por averiguar si esos fondos se han ido por el desagüe o han llegado a manos no muy santas.

SOCIEDAD DE CONSUMO SIN CONSUMIDORES

Ningún proceso se cumple sin que haya abusos porque nos encontramos, según nos enseñó nuestra Santa Madre Iglesia, en un estado de naturaleza caída con la maldición de tener que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, a partir de nuestra expulsión del paraíso. Semejante deber disgusta a muchos que querrían ganar el pan e incluso el lujo si pudiera ser sin sudar y a costa de los demás. De manera que la propensión al abuso está inscrita en lo más profundo y a los sistemas políticos democráticos y a los medios de comunicación honorables les corresponde vigilar de manera exigente contra los abusadores y poner a los infractores en su sitio. Pasa aquí y pasa en Suecia, en Grecia y en Alemania. Pero la historia de la democracia es la historia de la reacción ante los abusos que aparecen en todas partes. La diferencia es cómo se combaten esos abusos: si se toleran o si se cortan de raíz.

Ahora empezamos a dudar sobre si al tándem Francia-Alemania le interesa una España fuerte. En estos momentos de necesidad se multiplican los egoísmos nacionales. Se impone el cálculo miserable de dañar a los vecinos para intentar ventajas propias desde el convencimiento de que si a ellos les va peor nosotros podríamos mejorar a costa de ellos. Es decir, se instala una idea muy nociva, según la cual si los vecinos caen al hoyo, aumentan las probabilidades de que nos encumbremos. Una estrategia, sin duda, equivocada porque España es importante por su producción, por su saber, por su gente pero también es importante como consumidor. Porque cuando España ingresó en la Unión Europea también la Unión Europea ingresó en España y se multiplicaron las ventas.

El señor Ford llegó a querer que sus operarios tuvieran el poder adquisitivo necesario para comprar los automóviles de su marca. Pero por el camino de la extrema austeridad todo son reducciones de salarios y mantener a los trabajadores en estado de extrema necesidad es excluirlos de la condición de consumidores. Los años han demostrado que una cierta igualdad, un cierto reparto de la riqueza, es mejor que la extrema disparidad que lleva a la exclusión social y a la pobreza hiriente. Porque la sociedad de consumo necesita consumidores y la gente en extrema necesidad deja de ser consumidora, se bloquea el rodaje de la economía, además de que cuando las diferencias sociales se abisman la vida a los más poderosos se les hace desagradable y los ricos acaban recluidos en guetos con muros electrificados y yendo de su mansión a su rascacielos en helicóptero porque para ellos las calles dejan de ser transitables.

Cuando vivíamos bajo el régimen de Franco estuvimos fuera de todo, del Plan Marshall, de los tratados iniciales de la Comunidad del Carbón y del Acero y del Mercado Común, de los que nacerían la Comunidad y luego la Unión. Estuvimos fuera de la Alianza Atlántica que articulaba la defensa, estuvimos fuera de todo porque no era un régimen presentable. La entonces todavía Comunidad Económica Europea era la tierra prometida para las fuerzas democráticas de oposición al régimen. España tenía problemas y Europa podía prestar una contribución decisiva a la resolución de los mismos. Esa pretensión de incorporarnos a la Unión Europea fue una pretensión compartida de todas las fuerzas políticas y España se comportó desde el primer día como máquina tractora de los proyectos europeos a los que sumó propuestas de gran valor añadido. España en ningún momento fue ese penoso lastre que algunos habían pronosticado. Tiene en su haber una historia que pesa, en particular la del pasado compartido con los países iberoamericanos, igual que Francia aporta lo que fueron sus colonias y Reino Unido otro tanto. España suma a la Unión a los países de América y es un catalizador de ayudas y de toma en consideración de esos países dentro de la Unión Europea y esa tarea la cumple con efectividad.

Pero ahora para los españoles Europa está dejando de ser la tierra de promisión y el lugar de procedencia de las ayudas agrícolas y de los fondos estructurales y de cohesión y empieza a ser vista como el lugar de procedencia del castigo, de la exclusión, de la desconsideración, de las exigencias digamos que fuera de foco. Es el lugar de donde nos viene impuesta la penitencia y además sin que se averigüe cuánto queda para que aparezca la luz al final del túnel. Se origina así un resentimiento, una distancia y una animadversión crecientes.

Los euroescépticos tenían distintos hábitats pero la magnitud de ese sentimiento impregnaba a la ciudadanía en proporción inversa al cuadrado de su distancia a Bruselas. Sucede también con los católicos. Porque en los lugares más inhóspitos y distantes de Roma se encuentran los fieles más entregados y fervorosos, mientras que junto a la Sede de Pedro se dan los mayores abusos y descreimientos. La situación es grave cuando el euroescepticismo arraiga a distancia de Bruselas. Es como si los misioneros perdieran la fe, porque los cardenales, ya se sabe, son desertores.

EUROPEIZAR CHINA O ACHINAR EUROPA

El proceso de toma de decisión en la Unión Europea es complejo, no se ha avanzado en la unión fiscal ni en la unión monetaria, y aunque en teoría hay algunos sistemas como el Ecofin que une a los ministros de Economía y Finanzas, es en el Eurogrupo donde se suman los países que comparten la moneda y forman el Banco Central Europeo. Pero, pese a esos centros donde se decide y no siempre de forma armoniosa, falta una cierta unidad de poder lo cual dificulta la puesta en marcha de los acuerdos adoptados. Hay una peligrosa asimetría, porque mientras la Unión Europea da muestras de una lentitud exasperante en la toma de decisiones y en su puesta en marcha, los mercados reaccionan a la velocidad de la luz. La diferencia entre la celeridad de los mercados y la lentitud de la Unión está causando efectos desastrosos.

Empezamos construyendo Europa con la idea de ir a más y ahora nos encontramos en un proceso que puede ir a menos. Estamos en una situación de vulnerabilidad, de reversibilidad. Ésta es una idea que a veces se pierde y que cuando se recupera ya es tarde. Ocurre eso mismo con las libertades que no se conquistan de una vez para siempre, que están en todo momento amenazadas, en peligro, sometidas a los agentes de la erosión. Por eso en los sistemas democráticos hay una vigilancia permanente para evitar que degeneren. Una tarea a la que deberían contribuir los medios de comunicación mediante un escrutinio exigente y la denuncia de las erosiones detectadas.

Insistimos en que el europeísmo aumenta con la distancia a que nos encontremos de Europa. Por eso se recomienda, por ejemplo, visitar Japón y China. Una experiencia que permite advertir cómo Occidente y en particular la Unión Europea perderían todo margen de actuación, de supervivencia, si desistieran de su pasión inteligente por las libertades. Los chinos todavía perceptores de unos salarios ínfimos ya se han familiarizado con el uso de las más avanzadas tecnologías de última generación. Nos hacen dumping social. Por eso nuestra respuesta debería ser enviarles a los líderes sindicales para que incentiven las reclamaciones sociales. Bajo las nuevas condiciones así creadas dejaría de ser tan barato producir en China. Porque la gente dejaría de conformarse con dos tazones de arroz al día y sin vacaciones hasta haber cumplido treinta años de trabajo en la empresa. Si consiguiéramos contagiarles el gusto por las libertades, las pensiones, las vacaciones o el derecho de huelga, si les contagiáramos de un cierto fervor reivindicativo, estaríamos salvados. Porque o bien europeizamos a los chinos o nuestro futuro consistirá en achinarnos. La alternativa a europeizar China es la de achinar Europa.

«Europa o nada». Ésas son nuestras únicas opciones. Porque hoy los occidentales, sumados europeos y norteamericanos, somos la octava parte de la población mundial. Uno de cada ocho habitantes del planeta, que tiene seis mil millones, es occidental y la proporción seguirá disminuyendo cuando en el año 2025 se hayan alcanzado los ocho mil millones, es decir, se haya incrementado en un tercio, porque nuestras tasas de natalidad son muy inferiores y así el crecimiento demográfico persiste en desfavorecernos. A esta variable adversa se añade en el mismo sentido negativo la relación del Producto Interior Bruto mundial para el que se prevé una caída de diez puntos en los países de la OCDE, mientras los países emergentes, en especial China e India, registrarán crecimientos de ese mismo tenor. Se avecina, pues, un cambio en la distribución de la riqueza. Vamos a ir siendo proporcionalmente menos respecto al total creciente de la población y, además, relativamente más pobres con el paso del tiempo. Por eso, si todavía aspiramos a tener algo significativo que decir tendremos que hacerlo unidos.

CAMBIO DE RUMBO

Lejos de nosotros la funesta manía de pensar y menos aún la de cuestionar la vigencia, en su propio ámbito, del Estado Nación como mecanismo básico articulador de la ciudadanía. Pero sucede que sólo sumando fuerzas en la UE podremos ser tenidos en cuenta y preservar con las adaptaciones precisas nuestros modos de vida y nuestras libertades. Porque los datos de cómo va evolucionando la demografía y de cómo se irá repartiendo la riqueza son abrumadores. Ya nos previno Julio Cerón de que corremos el riesgo de terminar arrumbados por el viento de la historia —en nuestro caso, por la fuerza de sus variables demográficas y económicas— a la playa de la insignificancia.

Vivimos en la contradicción porque tanto los problemas —la enfermedad, el terrorismo, el dinero, el comercio, etcétera— como las soluciones son ya globales, mientras que la legitimidad, es decir, la política y los recursos, continúan sustanciándose en estrictos perímetros nacionales. Por ahí se cuela esa desafección a Europa que de modo tan negativo gravita.

Europa difunde libertades o exporta esclavitudes, contagia prosperidades o se contagiará de precariedades. Es decir, el valor diferencial de Europa ha sido una cuidadosa consideración del ser humano que para nada cuenta en otros sistemas. Explicaba Carsten Möser que Occidente, que es el 12 por ciento de la población mundial, aporta el 25 por ciento del Producto Bruto y significa el 50 por ciento del gasto social. Un desequilibrio que nos amenaza de manera grave.

X
En América: ventajas, afinidades y rencores

De España se mencionaba siempre su condición de puente con Iberoamérica pero desde cualquier aeropuerto de Iberoamérica se puede volar con destino a cualquier aeropuerto europeo sin escala en la Península. Ni Cádiz ni Sevilla tienen desde comienzos del siglo XIX el monopolio del comercio con las Indias, como había sucedido durante centurias. Tampoco controlan esos puertos la entrada ni la salida de personas, de doctrinas, ni de nada.

En el capítulo «España en el mundo», de la obra colectiva Entre dos siglos, escribía Miguel Herrero de Miñón que «España es, por su geografía, su economía y su demografía, una potencia de grado medio, con intereses y responsabilidades regionales en el sur de Europa». Pero a quien la historia, la lengua y la geoestrategia permiten influir en la política global, y eso es lo propio de una gran potencia. La cultura permite, por tanto, trascender los límites que impone la naturaleza. Los observadores y estudiosos españoles, al examinar el desarrollo de la Comunidad Europea, han advertido la relevancia añadida que Francia o el Reino Unido adquieren por sus relaciones especiales con los países que formaron parte de sus antiguos imperios coloniales y el peso adicional que por esa razón tienen en Bruselas.

Cuando España se incorporó a la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, entre las aportaciones más esperadas y valoradas de nuestro país al acervo de la política internacional comunitaria figuraban esas especialísimas relaciones con Iberoamérica, en primer lugar, y, también, con el mundo árabe. A España, fuera de toda ingenua pretensión de exclusividad, le incumbe el deber de activar la conciencia europea sobre Iberoamérica. Esa tarea de catalizador de la conciencia europea sobre Iberoamérica debiera ser atendida en la misma, o en mayor proporción, en la que Francia la cumple como valedora de los países africanos que fueron antiguas colonias o el Reino Unido atiende a los países que estuvieron bajo la corona británica. Imaginemos qué harían los franceses si en lugar de tener detrás el Gabón, el Camerún o Centroáfrica y otros países semejantes, hubieran tenido detrás a México, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Colombia y todos los demás países de Iberoamérica.

ENTUSIASMO IDIOMÁTICO Y EXTRAPOLACIONES

Sabemos que no hay mayor debilidad que la ignorancia de la propia fuerza. Por eso, desde fuera han tenido que venir a recordarnos la nuestra. Por ejemplo, el presidente de Francia François Mitterrand al comparecer en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 17 de enero de 1995 al presentar el programa de la presidencia rotatoria que correspondía ejercer a su país en ese primer semestre hizo una proclama plurilingüista para decir que no sólo el gaélico o el neerlandés, sino también las lenguas de Francia, Italia o Alemania están amenazadas, como si no hubiera más cultura que la angloamericana y como si sólo ésta y la española tuvieran capacidad de reaccionar.

Llegados a este punto, conviene resaltar, además, que fue en América donde primero y donde mejor se aclimataron las formas de la cultura, de las religiones y de la política propias de la civilización europea. En ningún otro lugar del mundo se ha producido una recepción a los aportes europeos comparable a la de América. Una de las consecuencias de esa simbiosis es que la distancia efectiva entre Europa y América haya de medirse en unidades distintas a las del sistema métrico decimal. Es decir, que en un sistema de coordenadas pluridimensional como corresponde a la civilización en que vivimos, la distancia que separa Europa de América sea menor que la existente con su contigua Asia o su inminente África. América está mucho más cercana a Europa porque forma un continuo de civilización compartida en ambas orillas atlánticas.

El grado de implantación del idioma español en los países de América puede proporcionar alguna ilustración a todo lo anterior. Si se preguntara a cualquier marroquí, tunecino o argelino, sobre cuál es su lengua, contestarían sin dudar diciendo que es el árabe. Como si se preguntara a un keniata, es probable que respondiera que el swahili. Una realidad que para nada impide que en cada uno de esos países haya una delgada capa dirigente que hable el francés o el inglés o que sea esta lengua la que permita entenderse en el mundo de los negocios y de la política internacional. Desde luego, la impregnación del idioma francés en Argelia es de una inferioridad incomparable con la del español en Argentina, en México, en Colombia o en cualquiera de los otros países iberoamericanos. Porque ningún colombiano, ningún argentino, ningún chileno albergan dudas cuando se le pregunta cuál es su idioma, todos sienten y saben que su lengua es la española.

De modo que los iberoamericanos, más que usuarios del idioma español, son verdaderos copropietarios del mismo, con título tan legítimo como el nuestro. La Real Academia de la Lengua ha hecho abiertamente ese reconocimiento, se mantiene en permanente contacto y consulta con las Academias homólogas de los otros países hispanófonos para decidir e impulsar medidas consensuadas. Del Instituto Cervantes y sus tareas para la difusión de las culturas hispánicas y enseñanza del español cabría decir otro tanto. Cuestión distinta es que si bien expresarse en la misma lengua favorece el buen entendimiento en absoluto resuelve los problemas de incomunicación entre países vecinos que vienen generados por causas distintas de las puramente lingüísticas. Y ya sabemos que la incomunicación geográfica produce paraísos ecológicos, acoge cementerios nucleares, atrae toda suerte de basureros, genera subdesarrollo y que la incomunicación cultural produce retrasos y embrutecimiento.

La ambición de impulsar una Comunidad Iberoamericana de Naciones requeriría que se dotara de un campo mediático de la misma amplitud con un centro gravitatorio propio y autónomo. Porque en caso contrario, si careciera de ese magnetismo articulador, se fragmentaría en áreas disgregadas dependientes de otros centros gravitatorios ajenos, de los que serían feudatarios cada una de ellas. O bien todas ellas quedarían unificadas mediante una ortopedia que garantizara su dependencia por separado respecto de un poder hegemónico en lo mediático como puro arrastre de la preponderancia en el ámbito político, militar y económico.

Debe evitarse que el entusiasmo idiomático conduzca a extrapolaciones erróneas como la de aquel príncipe de los periodistas españoles que demostraba, como si se tratara de un teorema, la fuerza decisiva que alcanzaría de modo inexorable La Moncloa en las elecciones norteamericanas, habida cuenta del crecimiento de la población de origen hispano en Estados Unidos. De manera que el presidente del Gobierno español pasaría a ser cortejado por el inquilino de la Casa Blanca y los aspirantes a ocuparla porque todos ellos estarían en sus manos, como si sus consignas de votación fueran a ser de obligado cumplimiento sólo por el hecho de expresarse en la misma lengua.

De semejantes ensoñaciones ansonianas se despierta al comprobar que la suma de las ventas de todos los semanarios españoles es inferior a los ejemplares que vende Time en esa misma área. Una prueba más de que la periferia de los imperios tiene siempre depositadas sus ansiedades informativas en el centro de la metrópoli, en tanto que las zonas periféricas contiguas se dispensan entre sí el desinterés recíproco para ventaja del más grande del Norte. Otro despiste célebre y ruinoso fue el que a partir de la lectura de apellidos españoles en la guía de teléfonos de Nueva York hizo concebir a Torcuato Luca de Tena el Abc de las Américas, nacido el 4 de octubre de 1972, bajo la seguridad de que los artículos de la tercera, firmados por José María Pemán y afines asimilables, proporcionarían ventas arrolladoras en Manhattan.

INEQUIDAD INFAMANTE

En nuestros pasatiempos infantiles nos ejercitábamos en el uso del vocabulario jugando a encontrar las palabras que empezaran por la misma letra. Quien tomaba el primer turno decía el conjuro inicial

«de La Habana ha venido un barco cargado de...».

ciruelas, decía el primero;

carbón, decía el segundo;

conejos, el tercero

y vuelta a empezar, hasta que alguno de los participantes se diera por vencido al no encontrar un vocablo con esa misma inicial. Pero de la década de 1930 a la de 1970 eran otros los barcos que hacían la travesía inversa para llegar a las capitales de Iberoamérica. Primero, los de pasaje llevando a bordo un contingente de derrotados de la guerra civil o de supervivientes de la tercera España, sin sitio en la irrespirable victoria de 1939, necesitados de reinventarse en una nueva vida de transterrados. Enseguida, los cargueros, que llevaban repletas sus bodegas de malos ejemplos, a base de un autoritarismo reaccionario, que prendió en tierras americanas bajo la forma de regímenes con protagonismo militar. Eran incitaciones al populismo castrense, a la manera de la revolución pendiente que enarbolaban aquí esos híbridos de camisas viejas y nuevos ricos a la manera del camarada José Antonio Girón de Velasco. Siempre conectados a la corriente alterna entre los rugidos de león, en el teatro Calderón de Valladolid o en las columnas del diario Arriba, y los pingües negocios urbanísticos de Fuengirola, cumpliendo el proceder de los teros que, conforme al poema de Martín Fierro, «en un lao pegan los gritos y en otro ponen los güevos».

La definición de que «un político pobre es un pobre político» compendia cómo se ha adaptado el fenómeno universal de la corrupción política a las especificidades climatológicas del continente latinoamericano, hasta convertirse en una lacra dotada con caracteres de negra perennidad. Sabemos que un coeficiente de corrupción es connatural y se produce en todas partes. La diferencia reside en el porcentaje, como sucede con el rozamiento o la fricción. Porque si el coeficiente fuera cero, sería imposible que anduviéramos, sólo podríamos deslizarnos de modo indefinido hasta dar con un obstáculo que bloqueara el movimiento o invirtiera su sentido. Pero según aumenta el coeficiente crece la fuerza que se opone al desplazamiento y el movimiento se agota antes. Así, también la reacción institucional a la corrupción puede graduarse desde la radicalidad a la tolerancia, desde el encierro en prisión a la impunidad de los corruptos, con efectos derivados de ejemplaridad o de emulación, que ahuyenten o incentiven esos comportamientos.

En definitiva, los abusos contribuyen a esa desigualdad escandalosa que constituye una de las más infamantes señas de identidad de la región latinoamericana, donde la inequidad en la distribución de la renta adquiere perfiles abismales y dificulta el acceso a los vocabularios democráticos o democratizadores. De ahí la importancia de favorecer los cambios que introduzcan la fiscalidad, generen recursos para el Estado, permitan la prestación de servicios públicos de salud, de educación y de pensiones y hagan posible la función redistribuidora que le corresponde cumplir. Iberoamérica ha oscilado los últimos decenios entre las transiciones democráticas y las tentaciones caudillistas pero el péndulo político europeo ha registrado ese mismo movimiento. Podemos hablar de Hugo Chávez o de Evo Morales allí pero aquí tendríamos que reconocer a Silvio Berlusconi o a Jörg Haider. Allí están los peronistas o los chavistas, pero aquí los verdaderos finlandeses, los de Le Pen o los ultras holandeses o húngaros. Es decir, que a uno y otro lado cobra prioridad la tarea de preparar alternativas a los populismos personalistas que llevan impresa como fecha de caducidad improrrogable del ciclo vital de sus fundadores.

DESCALIFICADOS COMO «NUEVOS CONQUISTADORES»

El mercado para funcionar necesita de la autoridad reguladora, porque sin esa referencia degenera en la ley de la selva. Esa necesidad es más que urgente en América Latina porque allí alcanza mayores cotas la inequidad, la exclusión, el caudillismo, la corrupción y la delincuencia y está todavía por construirse la relación básica entre el ciudadano y el Estado a partir del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero, además, para que fluyan las inversiones hacia América es preciso que se afiance la percepción de la seguridad jurídica. Las empresas españolas hicieron sus análisis y se instalaron allí en sectores como la banca, la telefonía, la energía eléctrica, el petróleo, los seguros, la construcción, la seguridad, el agua y otros suministros básicos muy regulados que son muy intensivos en capital y que están muy expuestos a los vientos de la opinión pública. Sus movimientos de entrada coincidieron con los efectuados por compañías norteamericanas en sentido contrario, de salida. Esta divergencia de actitud se basaba en pronósticos opuestos. Luego el éxito de las empresas españolas suscitó celos y envidias y desde los centros de poder mediáticos angloamericanos disponibles se lanzó la ofensiva descalificadora y se presentó a los españoles como «los nuevos conquistadores», buscando incidir sobre los sentimientos nacionalistas siempre a flor de piel en las jóvenes repúblicas iberoamericanas.

El caso es que después de haber prestado servicios de primer orden en actividades como las referidas que han cambiado la faz de América, es imposible percibir reconocimiento alguno y empieza una suerte de competición para tomar la salida en el circuito del rencor, se diría que todo son reproches, que cunde el sentimiento de haber padecido un expolio a manos españolas y que todos prueban suerte expropiando empresas españolas, ya sea Cristina Fernández en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y así sucesivamente.

La transición política española es analizada en América Latina como un modelo a seguir. En cuanto a la economía se han vuelto las tornas. En Europa caminamos hacia el empobrecimiento con la dieta de la austeridad sin descanso para cumplir los objetivos del déficit y encontrar financiación aceptable sin primas de riesgo ruinosas. Simultáneamente en América Latina se ha puesto fin a muchos complejos y se ha activado el crecimiento de una clase media potente, como supo anticipar el economista José Juan Ruiz. Los países latinoamericanos han reducido la pobreza de casi el 50 al 30 por ciento en el último decenio y, según un reciente informe del Banco Mundial, la clase media ha crecido más de un 50 por ciento desde principios del milenio y aumenta entre un 1 y un 2 por ciento anual.

Como se puso de manifiesto, una vez más en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz los días 16 y 17 de noviembre de 2012, al otro lado del Atlántico hay un mercado de quinientos cincuenta millones de personas donde las empresas españolas y los españoles sin empresa gozan de ventajas por la gravitación lingüística, histórica, cultural, religiosa, compartida con los países y ciudadanos de esa área. España ha llegado a ser y sigue siendo el principal inversor europeo en la región y el segundo a escala mundial. Otra cosa es que la presencia española esté dominada por unas grandes empresas que si fueran ciertas las revelaciones de la encuesta del Instituto de Empresa, solo aspirarían a mantener y en mucho menor grado a aumentar sus inversiones en América Latina.

Como todos los gobiernos de la democracia que se han sucedido en España, el de Mariano Rajoy se declara decidido a recuperar influencia en la región. Una influencia perdida en parte por el ascenso de las economías locales frente al declive financiero ibérico. Parece indiscutible que para Estados Unidos su patio trasero iberoamericano ha perdido prioridad también, como consecuencia de no plantear especiales desafíos y haber quedado fuera de las últimas guerras santas en Irak, en Afganistán y contra Al Qaeda allí donde se presente. Buena prueba fue que en el último debate de la campaña presidencial, celebrado el 22 de octubre de 2012 entre Barack Obama y Mitt Romney, la región de América Latina apenas se mencionó una vez. Fue el candidato republicano quien lo hizo y sólo para destacar las oportunidades del libre comercio.

El desembarco chino en la región tampoco es una amenaza que desplace a España. Más bien todo lo contrario si nos atenemos a los cinco países latinoamericanos que más interés suscitan entre las pymes a la hora de hacer negocios, porque cuatro miran directamente al Pacífico —México, Colombia, Perú y Chile— y el quinto, Brasil, se está preocupando para abrir las carreteras transoceánicas que hagan falta para no perder oportunidades en el mercado asiático. Los países latinoamericanos, como en tiempos del galeote de Manila, ya no son sólo aprovechables por sus condiciones internas, sino también por las ventajas comerciales que representan como puentes hacia los mercados emergentes del sur y centro de Asia. El hecho de que las exportaciones latinoamericanas hacia el Pacífico hayan crecido un 30 por ciento en los últimos diez años viene a confirmarlo.

XI
Estados Unidos para siempre

Con Estados Unidos veníamos de una experiencia desastrosa en el plano bélico y en el propagandístico que le sirvió de preparación. El enfrentamiento nos había producido un grave traumatismo craneal con pérdida de masa encefálica patriótica. Fue la guerra hispanonorteamericana de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, donde fuimos derrotados, conforme al principio de más vale honra sin barcos que barcos sin honra, acuñado por el almirante Méndez Núñez en 1866 y retomado por el almirante Cervera el 3 de julio de 1898, cuando la Armada española al intentar la salida de la bahía de Santiago de Cuba sufrió la peor derrota de su historia frente a la flota de Estados Unidos.

Recordemos que nuestra escuadra, al mando del almirante Pascual Cervera y Topete, se encontraba desde el 29 de mayo refugiada en la bahía de Santiago y bloqueada por la escuadra norteamericana que mandaba el almirante Sampson. El general Ramón Blanco, gobernador militar de la isla de Cuba, ordenó al almirante Cervera que saliera con su escuadra a combatir al mar. El resultado fue la destrucción total de la flota española formada por los cruceros acorazados: Infanta María Teresa (buque insignia), Vizcaya, Almirante Oquendo y Cristóbal Colón y los destructores Furor y Plutón.

Recordemos que los norteamericanos nos habían declarado la guerra el 11 de abril de 1898 tras la autorización concedida por el Congreso de Washington a solicitud del presidente McKinley al grito de Remember the Maine, to hell with Spain! Un falso pretexto izado por la prensa amarilla de William Randolph Hearst —que serviría de referencia a Orson Welles para su película Ciudadano Kane— con el Journal neoyorquino a la cabeza. Una falsedad confirmada por todas las comisiones de investigación, incluso las norteamericanas, coincidentes en negar responsabilidad alguna a los españoles en la explosión del 15 de febrero que acabó con el acorazado estadounidense Maine cuando estaba anclado en el puerto de La Habana. Desde entonces, desde aquella derrota, uno de los capítulos más penosos de lo que se llamó el desastre de 1898, el país entró en una aguda depresión que marcó a fuego a varias generaciones siguientes, aunque las secuelas fueran atenuando sus perfiles más hirientes por el paso de los años.

La derrota de 1898 supuso la pérdida de los últimos restos del imperio colonial y borró a nuestro país de la pasarela internacional, donde se toman las decisiones, a la que no volvimos a asomarnos hasta la Conferencia de Algeciras de 1906 para el reparto del protectorado de Marruecos. Un reparto envenenado que nos llevaría a la otra de las mal llamadas guerras de África. Pero donde no hubo deterioro, sino lo contrario, progresos, fue en las relaciones con la nueva república de Cuba, como lo prueba la ola de emigrantes españoles acogidos allí con una fraternidad emocionante tras la independencia, que en menos de diez años sumaron más de un millón.

El recuerdo de este conflicto con Estados Unidos coloreaba nuestra special relationship con Washington y ese color se ennegreció aún más por la opción americana en favor del general Franco a partir del momento en que necesidades de la guerra fría aconsejaron buscar bases de apoyo en la geografía española. Porque esa búsqueda pretendía una ventaja estratégica para el despliegue de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval americana en el extremo sur occidental del Mediterráneo pero supuso un reconocimiento al régimen de Franco que lo redimía del lazareto en que había quedado desde 1945 tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. La oposición democrática se veía una vez más preterida en todos sus sectores y sensibilidades.

Así llegó en 1951 el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores con Félix de Lequerica en Washington y Stanton Griffis en Madrid y el acuerdo sobre las bases americanas denominado Pacto de Madrid que se firmó el 26 de agosto de 1953, la víspera del Concordato suscrito con la Santa Sede. Las bases suponían una grave cesión de soberanía, funcionaban bajo bandera americana, hacían de ciudades como Madrid, Zaragoza o Cádiz, por su proximidad a las instalaciones militares aéreas o navales, blancos de las represalias que adoptara la otra superpotencia, la soviética, nos comprometían en las consecuencias de decisiones de cuya adopción nuestro país quedaba excluido a diferencia de los países miembros de la Alianza Atlántica.

OXÍGENO A FRANCO

En todo caso, la opción por Franco significaba el respaldo a un dictador que negaba las libertades y se alzaba sobre la represión, le daba el oxígeno internacional que tanto necesitaba cuando acusaba un cierto agotamiento. De modo que en los países europeos salvados del nazismo y del fascismo, Estados Unidos y sus soldados fueron liberadores del yugo impuesto por Hitler y Mussolini, pusieron fin a los campos de concentración y de extermino donde disidentes y judíos se consumían en espera del gas, impulsaban la recuperación de las instituciones ciudadanas y generaban así una deuda de gratitud impagable. Mientras que en España, por el contrario, Estados Unidos y sus soldados, pilotos y marinos, aparecían como avalistas de Franco y de su régimen y lo atornillaban en el plano internacional donde sólo había cosechado distancias y recelos.

Ésta es una diferencia muy relevante que separa los sentimientos de los españoles, mejor o peor organizados en las fuerzas de oposición pero comprometidos en la defensa de las libertades democráticas, y sus coetáneos de otros países europeos. Estados Unidos es visto allí como liberador en las dos guerras mundiales. Franceses, belgas, neerlandeses, austriacos, alemanes, italianos y tantos otros reconocen que los americanos les devolvieron el oxígeno de libertad. Pero en España Estados Unidos no desempeñó ese papel sino el contrario, porque facilitó una prórroga al dictador Franco y a su régimen. Cuando en el año 1953 Franco, que sólo concitaba actitudes refractarias en Europa, firma el acuerdo de las bases americanas, Washington hace un ejercicio de real politic y antepone las necesidades estratégicas, de pura balanza de poder militar, a otras consideraciones morales relativas a la libertad del pueblo español. El acuerdo hispanonorteamericano es, en realidad, un acuerdo El Pardo-Washington, que insuflaba perdurabilidad a Franco y desesperanza a quienes lo combatían con su valeroso compromiso democrático.

Que el régimen de Franco nunca fuera aceptado en el seno de la Alianza Atlántica, que Estados Unidos había forjado con los países europeos, fue visto como un signo de distinción por las fuerzas de oposición españolas. Cada vez que Washington lo proponía surgía el veto aduciendo las carencias democráticas del régimen. No estábamos en la OTAN porque el resto de países aliados planteaban que España no era un país democrático y no podía acceder. No estábamos en la Comunidad Económica Europea por esa misma razón, pero estábamos homologados por Estados Unidos mediante el abusivo acuerdo sobre las bases militares. Por ahí se entiende que se generase una actitud contraria a las bases americanas en España en amplios sectores de opinión.

Tras la muerte de Franco tuvimos reconciliación y concordia. Recuperamos las libertades, la democracia y la soberanía nacional. El golpe del 23 de febrero de 1981 supuso la mayor amenaza de retroceder a la casilla de salida. Un momento donde sonaron alto las solidaridades de nuestros socios y aliados y más alto si cabe el estruendoso desentendimiento del secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, respondiendo que se trataba de un «asunto interno» cuando le preguntaron por el golpe que había puesto en marcha Tejero, mientras el presidente Ronald Reagan no encontró un momento para llamar al rey Juan Carlos hasta la tarde del 24 de febrero.

ENTRADA EN LA OTAN

Nos adherimos a la OTAN con el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo en 1982. A la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 con el presidente Felipe González. Luego, el 12 de marzo de 1986, se celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN bajo determinadas condiciones, que implicaban quedar fuera de la estructura militar integrada, mantener la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español y proceder a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Por esa senda nos encaminamos hasta alcanzar en 1988 unos acuerdos de Defensa de nueva planta con Washington. Es la primera vez que nos respetaron nuestros aliados norteamericanos, porque fue la primera vez que nos hicimos respetar, sin que se derivara daño alguno para las relaciones mutuas.

Fue una negociación ejemplar, conducida de nuestra parte por el embajador Máximo Cajal. Tuvo muchas dificultades añadidas por parte de cierta prensa patriótica, que procuraba debilitar a nuestros negociadores tildándoles de comunistas y otras lindezas. Concluyó con la reducción anunciada de la presencia militar americana, con el cierre de Torrejón y con un convenio que significaba que en las bases, ahora plenamente españolas, se albergarían Instalaciones de Apoyo (IDAS) para cuya utilización por nuestros aliados se requeriría que solicitaran las oportunas Autorizaciones de Uso (UDAS) que se reservaba conceder el Gobierno de Madrid.

La llegada a La Moncloa del presidente del PP José María Aznar supuso varias cesiones a nuestros socios sin contraprestación ninguna. El relevo del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue en la misma línea inalterable pese al mal trato que recibía.

Así llegamos al 5 de octubre de 2011, cuando Zapatero, que iba de retirada, decidía en un arrebato hacerse presente en Bruselas para abrazarse con Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, y con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y darnos allí la buena nueva de que Rota se integraba en el proyecto de Escudo Antimisiles de la Alianza. Nunca se ha explicado de modo satisfactorio en qué consiste semejante proyecto, salvo que España autoriza el despliegue de cuatro destructores AEGIS de la Marina de Estados Unidos en la citada base y que se incrementan en mil cuatrocientos los efectivos militares allí desplegados, cuyas familias anidarán como consumidores adicionales en la zona. Pero, por ejemplo, del compromiso firmado hace decenios para limpiar la zona contaminada de Palomares donde cayeron las bombas nucleares el 17 de enero de 1966 nunca más se supo.

El 10 de abril de 2012 el Consejo de Ministros autoriza la firma del Segundo Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y Estados Unidos de América de 1 de diciembre de 1988, al mismo tiempo que se establece un nuevo periodo de vigencia para el Convenio y sus dos protocolos de ocho años a contar desde la fecha de su entrada en vigor. Pero fue la ministra socialista de Defensa, Carme Chacón, la que habiendo anunciado primero que denunciaría el Convenio para negociar una nueva redacción, luego, en otra comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso, dejó que ese propósito decayera y que así entrara en función el mecanismo de prórroga automática por un nuevo año.

Las relaciones hispanonorteamericanas durante los gobiernos de Felipe González fueron excelentes. Luego volvimos a situaciones genuflexas, de entreguismo por parte de José María Aznar, que se sintió en el monte Tabor cuando la reunión de las Azores con Bush y Blair mientras el portugués, José Manuel Durao Barroso, se desvivía como anfitrión; o que se convirtió en tejano de ocasión en el rancho de Crawford con los pies encima de la mesa. Con el presidente Zapatero la Casa Blanca en sus dos versiones, George W. Bush y Barack Obama, se mostró refractaria.

En cuanto al presidente Zapatero fue muy efectista la manera en que escenificó, el 18 de abril de 2004, nada más concluir la jura de los ministros y antes de reunirlos en Consejo, la orden de retirada del contingente español en Irak. Pero habría podido hacerlo con el consenso del principal partido de la oposición y sin tanta sorpresa para los aliados y hubiera sentado un mejor precedente sin suscitar dudas sobre su previsibilidad. Además, esa primera decisión tan vistosa hubo de ser compensada después con el envío de un contingente adicional a Afganistán. En definitiva, que ni convenía que siendo jefe de la oposición se quedara sentado en la tribuna de la Castellana cuando pasaba la bandera de Estados Unidos, ni tampoco hincarse de rodillas para entregar Rota en aquella reunión de la OTAN de octubre de 2011 en Bruselas.

La receptividad de la Casa Blanca no ha mejorado con Mariano Rajoy, para quien cumplido su primer año en Moncloa no ha habido ocasión de recibirlo en el Despacho Oval.

España es respetada por Estados Unidos cuando se hace respetar y cuando no, se la dispensa trato de satélite de tercera. Escribe Elías Canetti en su libro de aforismos La provincia del hombre que «la alegría del más débil es darle algo al más fuerte». Y en esas donaciones es donde ahora buscamos nuestras alegrías. Así, por ejemplo, con la cesión de Rota que supone serias hipotecas para nuestra política exterior, dado que los americanos van a hacer un uso del territorio español sin tener que contar cada vez con la autorización del Gobierno español. Claro que lo que hagan los americanos después tendrá repercusiones sobre nosotros que seremos incapaces de controlar.

XII
Saldrá caro no tener periodismo

El deshielo del régimen anterior favorece que se registre un cambio sustancial en los medios de comunicación. Hay una contigüidad cronológica o si se quiere una simultaneidad entre ese cambio y la extinción del régimen franquista de prórroga imposible una vez desaparecido su fundador. Pero evitemos la confusión de invertir el orden de los factores y atribuir a la acción valerosa de los medios el deshielo del franquismo. Advertida la contigüidad de ambos fenómenos, la causalidad sólo funciona en una dirección, la que lleva del deshielo a la aparición de la prensa en libertad, sin que la recíproca sea cierta.

Durante los tiempos del régimen anterior los medios de comunicación vivieron en la asfixia privados del oxígeno de la libertad. Vivieron en el invernadero artificial de la propaganda, que era la función a la que el régimen los consideraba asignados. Porque el régimen franquista era un régimen de censura y de consigna. Había hechos que no se podían publicar, y otros cuya versión oficial era de inserción obligatoria. Había opiniones que no se podían sostener y otras, en forma de consignas, que se debían secundar sin excusa ni pretexto.

Vivíamos en una dictadura que con el paso del tiempo iba siendo atemperada por un generalizado incumplimiento de las leyes, por una difusa tolerancia de la que eran exceptuados los desafectos. Esta pérdida de graduación tampoco era uniformemente acelerada, sino que oscilaba en sintonía con las circunstancias y presentaba momentos de agravamiento en los que se administraba la dosis de terror que se consideraba precisa para que se restableciera la sumisión alterada.

La expresión legal del sistema a efectos de medios de comunicación se cifraba en una disposición de fecha 22 de abril de 1938, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de abril, con el refrendo del ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer. Tiene nombre de Ley pero se trataba de una de esas leyes de prerrogativa, es decir, de las que dictaba Franco directamente. En este caso a propuesta del titular de una cartera y sin más trámite que la «previa deliberación del Consejo de Ministros». El preámbulo dejaba claro que «correspondían a la prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno». Subrayaba «los daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada». Establecía también la conveniencia de atender «a los hombres que vivían de una profesión a la que habrá de ser devuelta su dignidad y su prestigio», una vez depurada de «quienes proclaman el derecho a la mentira, a la insidia y a la difamación como sistema metódico de destrucción de España, decidido por el rencor de poderes ocultos».

Aquí asoma ya el pacto de envilecimiento que bajo distintas modalidades ha estado vigente durante todo el régimen pasado. De un lado se quiere hacer del periodista «un digno trabajador de España» y redimir «el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas para declarar la auténtica libertad de prensa» y de otro se espera verlo constituido «en apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación recobrada a sus destinos». En definitiva, amigo periodista, sea usted apóstol del régimen y no le faltará cama, luz, agua, vinagre, sal y asiento a la lumbre. En caso contrario quien «tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles» sería severamente castigado y remitido a las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes, como nos tienen advertidos Mateo y Lucas.

HONRAR A UNOS; FUSILAR A OTROS

Se acotó el ejercicio profesional del periodismo como una reserva exclusiva para quienes figuraran inscritos en un Registro de nueva creación, cuyos accesos quedaban bajo el control de los jefes del servicio de prensa de cada provincia. De manera que estaba abierto a los adictos y vedado a los desafectos, enlistados con grande y fratricida diligencia por las rearmadas Asociaciones de la Prensa. Por ejemplo, la de Madrid, que, recompuesta en el exilio de San Sebastián y de Burgos, procedió a un severo ejercicio de depuración para eliminar de la profesión a quienes fueron considerados faltos de entusiasmo respecto al Movimiento Nacional. En efecto, una madrugadora orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, firmada en Burgos el 7 de diciembre de 1937 por Francisco Gómez Jordana, que era quien la ocupaba, autorizaba la constitución y el funcionamiento a una Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid que habría de dirigir y administrar en su día los intereses de la referida entidad. La orden disponía que dicha Junta se incautara en momento oportuno de la Casa social de la entidad, así como de los bienes que correspondieran a la misma. El artículo tercero ratificaba el nombramiento de la mencionada Junta Directiva de la Asociación de la Prensa, que quedaba compuesta de la siguiente forma: presidente: Víctor Ruiz Albéniz; primer vicepresidente: Luis Martínez de Galinsoga; segundo vicepresidente: Víctor de la Serna; secretario general: Francisco Casares; segundo secretario: Pedro Gómez Aparicio; tesorero: Jesús García Gil; contador: Ángel Illana; vocales: Juan Pujol, Francisco de Luis, José Ignacio Escobar, Luis Amato, Alfredo Marquerie, Manuel Fernández Cuesta, José Manzano y Manuel Merino. A continuación el artículo cuarto ratificaba el nombramiento del Tribunal de Admisión y Permanencia «con la función fundamental de depurar las listas de la Asociación que integraban como presidente a Luis Martínez Galinsoga, como secretario a Pedro Gómez Aparicio y como vocales a Manuel Tercero, José María Salaverría, José Losada, Carlos Sáenz y José Morales Darias.

En el primer tomo de su obra La Casa de los Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid 1895-1950 Víctor Olmos cuenta cómo a comienzos de 1939 la Asociación vuelve a recobrar la perdida unidad, para lo cual procede a expulsar y amordazar a los disidentes que había en sus filas. La limpieza de la lista de asociados se inicia dejando en suspenso los derechos de todos los ingresados en la Asociación desde el 18 de julio de 1936. Se fija en veintiocho el número de periodistas víctimas caídas en la zona enemiga, la mayor parte de las redacciones de los diarios Abc y El Debate, a quienes se dedican las honras y las pompas fúnebres y a cuyas familias se les conceden los socorros y las ayudas económicas. Mientras, el 4 de abril de 1939, militares del Ejército de Franco asaltan en Madrid la embajada de Panamá y detienen a once refugiados republicanos; entre ellos, a Javier Bueno, presidente de la Asociación de la Prensa hasta la caída de Madrid sólo unos días antes. Ningún periódico informó de esa detención, ni dio cuenta tampoco de su fusilamiento a las seis de la mañana del 27 de septiembre de ese mismo año, ni hay mención alguna en las actas de la Junta Directiva que había presidido.

En el Madrid liberado en total fueron ejecutados quince periodistas y a otros veintinueve sentenciados a muerte les fue conmutada la condena por treinta años de prisión; entre otros, a Eduardo de Guzmán. En su casa de la calle Atocha, enmarcada y fijada a la pared con una alcayata, tenía Eduardo la carta dirigida a su madre en la que un ayudante de Franco le comunicaba que el Generalísimo había conmutado la pena de muerte de su hijo por la de cadena perpetua y le indicaba el deseo de que dedicara su vida al progreso de los objetivos nacionalsindicalistas del nuevo régimen. A Eduardo le faltó voluntad pero tampoco tuvo oportunidad de prestar esos servicios, habida cuenta de que lo dejaron fuera del Registro Oficial de Periodistas e inhabilitado para el ejercicio de su profesión. De modo que hubo de ganarse la supervivencia escribiendo novelas del Oeste que firmaba Edward Gut.

Volvamos a aquella Junta Directiva de vencedores que, presidida por Víctor Ruiz Albéniz, impasible el ademán, rehusaba atender el ruego de uno de sus más antiguos asociados para que pidiera el indulto de Eduardo Haro Delage y acordaba el 5 de agosto de 1939 que «la Asociación de la Prensa se desentenderá de solicitar indultos por quedar fuera de cuadro de sus actividades». En otra de sus magnanimidades la Directiva respondía a la viuda de Javier Bueno, solicitante de su correspondiente pensión, que «teniendo en cuenta que dicho señor fue baja en el mes de julio de mil novecientos treinta y nueve por falta de pago acuerda denegar dicha petición». Así figura en el acta de la Junta del 22 de mayo de 1940. Oportuno, Víctor Olmos acota en la obra citada que cómo iba a pagar las cuotas Javier Bueno cuando en julio de 1939 estaba en la cárcel de Porlier, a la espera de ser juzgado por un consejo de guerra sumarísimo que lo enviaría enseguida al paredón.

LA LEY FRAGA Y EL MODO DE EMPLEO

Durante los años «triunfales» y los que siguieron de posguerra, pertinaz sequía y cartillas de racionamiento hubo entrega a discreción de carnés de prensa a los afines asimilables, como un efectivo sistema generador de adhesiones inquebrantables. Más adelante, en las postrimerías del franquismo la combinación de palo y zanahoria, de estímulo y amenaza, incluyó la oferta de viviendas en condiciones de ventaja irresistibles en la Ciudad de los Periodistas. La operación se presentaba como la vivienda del necesitado, pero muchos que en absoluto tenían necesidad consiguieron que se les adjudicaran y se apresuraron a continuación a venderlas con suculentas plusvalías para ellos mismos y la consiguiente ruina de la corporación.

Censuras y consignas con la Ley de Prensa e Imprenta de 14 de marzo de 1966, que impulsó el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne. Una iniciativa muy celebrada, aunque gentes de instituciones de distinto cariz y de distintos estratos de la sociedad y de las instituciones políticas, sociales y religiosas temían los peligros que para ellos pudieran derivarse de la desaparición de la censura protectora. La alternativa ofrecida por la nueva ley Fraga proclamaba en su artículo primero la libertad de expresión y en el artículo segundo enumeraba sus limitaciones y dedicaba todo un capítulo, el décimo, a la responsabilidad y las sanciones, porque las infracciones en materia de Prensa e Imprenta se declaraban sancionables en vía administrativa, con independencia de que fuera o no constitutiva de delito. Es decir, que Fraga como ministro del ramo se reservaba el modo de empleo del invento. Quien no estuviera de acuerdo con la interpretación de la libertad que hiciera el Ministerio de Información y Turismo pasaría a ser severamente castigado. Sanciones que eran impuestas con efectos inmediatos por el propio ministerio sin esperar al pronunciamiento de los jueces. Por ejemplo, tres sanciones graves a un periodista impuestas por el ministerio significaban la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Y los diarios podían ser sancionados con la suspensión temporal por un periodo de hasta dos meses.

Así, la ley Fraga, ponderada como la suma de todas las libertades, permitió en 1968, sin que hubiera necesidad de transgredirla ni un milímetro, la suspensión del diario Madrid por dos periodos encadenados de dos meses cada uno, es decir, desde el 31 de mayo hasta el 1 de octubre. Tres años después, el 25 de noviembre de 1971, hizo posible el cierre definitivo de la publicación mediante la orden que cancelaba su preceptiva inscripción en el registro de empresas periodísticas. En resumen, el cambio de una ley de guerra, como era la ley de 1938 refrendada por el ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, a la ley Fraga suponía algún alivio, aunque dibujara una panoplia disuasoria de sanciones gubernativas preparadas para caer sobre quienes se aventuraran a explorar las posibilidades teóricas inscritas en la letra de la nueva norma.

Después en 1978 llega la Constitución, queda abolida la ley Fraga y se inicia una experiencia nueva a base de medios de comunicación en libertad y no en cautividad. En las dos etapas anteriores, marcadas por las normas legales de Serrano Suñer y de Fraga Iribarne, hubiera sido excesivo hablar de prensa o de medios de comunicación porque sin libertad su degeneración en aparato de propaganda resulta inevitable; sin libertad lo que se edita, lo que se radia, ha de encajar en el marco de propaganda al servicio del poder. En un lugar donde no hay libertad, no hay prensa ni radio que merezca ese nombre, salvo en ocasiones la que se edita o se emite de modo clandestino.

Cuando todo esto se cambia, cuando empezamos a respirar, cuando la prensa puede llamarse realmente prensa, es a partir del sistema de libertades públicas articulado en la Constitución de 1978. A partir de ahí los medios de comunicación disponen de ese oxígeno sin el cual el resultado ofrecido es venenoso, aunque naturalmente en los medios de comunicación se puedan inocular además de los venenos suministrados por el poder autoritario otros también insidiosos aportados por poderes diversos que están siempre al acecho.

INSTRUMENTALIZAR RTVE

Desde entonces todos los partidos han criticado cuando han estado en la oposición el comportamiento de RTVE con reproches de favorecer al Gobierno. Pero cuando han llegado al Gobierno, se han dedicado a instrumentalizar RTVE en su propio provecho. Aquí sucede lo contrario de lo que ocurre con la BBC, de cuyo comportamiento siempre se queja el Gobierno, sea conservador o laborista, mientras jamás lo hace la oposición. Entre nosotros el Gobierno aplaude satisfecho y la oposición se siente víctima del sectarismo y la intolerancia de RTVE. El presidente Adolfo Suárez tuvo la mejor TVE de España porque era la única, Felipe González innovó con las concesiones de tres canales de televisión privada, José María Aznar nada hizo por terminar con la situación arrastrada y más bien agravó la tradición de instrumentalizar RTVE como servicio doméstico del Gobierno.

En el segundo mandato aznarista (2000-2004) el sectarismo informativo alcanzó cotas claramente tóxicas con José Antonio Sánchez en la dirección general y Alfredo Urdaci en la dirección de informativos. El presidente Aznar, que se sentía maltratado por los medios, procedió a un análisis apresurado que le llevó a atribuir a la orfandad mediática que padecía el origen de esas desdichas. Decidido a ponerle remedio, entendió que el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, había contado con el apoyo sin fisuras de Televisión Española, Radio Nacional y toda la extensa y compleja red de Prensa y Radio del Movimiento bajo la nueva denominación de Medios de Comunicación Social del Estado. Se fijó después en su predecesor, Felipe González, quien había privatizado esa mencionada red periodística y se había granjeado afinidades mediante el otorgamiento de las primeras concesiones a favor de Antena 3 Televisión, Telecinco y Canal+. Enseguida concluyó que González había logrado unas relaciones ventajosas con el Grupo Prisa, editor de El País y referente de la Cadena SER y de Canal+, y se consideró autorizado a impulsar en su propio beneficio la creación de un nuevo grupo mediático de estricta obediencia aznarista. Pensó que lo haría con mayor comodidad y desahogo recurriendo al cash flow de Telefónica, una compañía de origen público que se privatizaba entonces para dejarla en manos de amigos de probada lealtad, compañeros de pupitre del Colegio del Pilar, como Juan Villalonga. A Telefónica le encomendó la misión de adquirir uno de los tres canales privados generalistas, Antena 3 Televisión, y la cadena de emisoras de radio Onda Cero como bases de un imperio al que se sumarían después órganos de la prensa escrita.

Para Aznar era insoportable que el Grupo Prisa, con su buque insignia el diario El País, rezumara afinidades felipistas y decidió elegirlo como el objetivo que había que batir a toda costa. Entonces, desde el Ministerio de la Presidencia, con la colaboración de periodistas de abolengo falangista como Jaime Campmany o de obediencia indiscutida como Miguel Platón, se urdieron denuncias contra Sogecable para llevar al presidente del grupo Jesús de Polanco y a varios de sus consejeros ante la Audiencia Nacional. Les tomaron declaración una vez pero aparecían subiendo sus escaleras en todos los telediarios. Al final pudo probarse la prevaricación del juez Javier Gómez de Liaño, que terminaría condenado e indultado con premura por el Gobierno.

Al mismo tiempo Aznar removió el límite legal que establecía en los canales de televisión un máximo de participación accionarial para un solo tenedor del 25 por ciento. Así, su amigo Silvio Berlusconi pudo hacerse con la mayoría de Telecinco. La presencia italiana en los medios españoles se incrementó asimismo al comprar el Grupo RCS la mayoría de la editora del diario El Mundo y del Grupo Recoletos con cabeceras como la del diario deportivo Marca y el diario económico Expansión.

LOS CRISPADORES QUE DEJAN DE CRISPAR

La hueste del PP venía de la desesperación incubada durante los años en que se sentía impotente para derrotar al Partido Socialista, cuya presencia en el Gobierno se prolongaba desde 1982. Por eso, a partir de 1989 y más aún de 1993, cuando volvieron a ser derrotados, proclamaron el «todo vale» en aras de sacar del poder a Felipe González. Acuñaron el lema de «¡váyase, señor González!» y se empeñaron en reducir sus largos años de gobierno a la elementalidad del eslogan de «paro, despilfarro y corrupción». Se instalaron en la crispación, utilizaron la lucha antiterrorista como arma arrojadiza. Después de haber animado tanto la guerra sucia contra ETA se erigieron en denunciantes del GAL años después de que hubiera sido desarticulado por el Gobierno socialista. La dirección del PP se dejó jalear por una operación mediática orquestada por Luis María Anson, director del diario Abc; José Luis Gutiérrez, director de Diario 16; Pedro José Ramírez, director del diario El Mundo; Antonio Herrero y Federico Jiménez Losantos, de la cadena radiofónica episcopal COPE, y otros afines. El objetivo: forzar la salida de Felipe González que llevaba más de once años en Moncloa. Para esa tarea utilizaron como arietes a algunos desertores de los servicios de inteligencia como el comandante Perote y contaron con la financiación aportada por Mario Conde, que, descabalgado de la presidencia de Banesto por el Banco de España, se encontraba en manos de la Justicia.

Anson en declaraciones a Santiago Belloch, que fueron publicadas en el semanario Tiempo el 23 de febrero de 1998, dos años después de la instalación del PP en el poder, reconoció que los de la orquesta pusieron en riesgo la estabilidad del Estado porque a su juicio el fin de acabar con el imbatible González justificaba el recurso a esos riesgos. Explica que veían necesario «elevar el listón de la crítica. Entonces se buscó ese mundo de las irregularidades, de la corrupción... Porque no había otra manera de quebrantar a González. Fue una operación de acoso y derribo. Algunos lo hicimos desde el convencimiento honesto de que ése era un servicio al sistema democrático. Lo cierto es que desde una labor crítica normal no se conseguía desalojar a González del poder». Y, como la cuestión era terminar con González, «al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado». Dice Anson que tenía razón González cuando denunció ese peligro... pero añade que era la única forma de sacarlo de ahí. «No tanto por los posibles abusos que cometió, si es que lo hizo, sino por el riesgo de anulación de la alternancia». Enseguida toma distancia con los hechos y señala que «si el Gobierno intervino en la guerra sucia contra ETA, que está por ver, se equivocó. Nunca llegó la situación a un extremo capaz de desestabilizar el Estado de Derecho. Una vez dicho eso... lo peor de lo que ha ocurrido es que las personas que —caso de ser ciertas las acusaciones— se han limitado a cumplir órdenes, sean las que están en la cárcel. Me parece lamentable que el general Galindo y varios de sus hombres estén en prisión. Es evidente que no se sostiene la acusación de que se hayan enriquecido; es obvio que, si hicieron algo ilegal, que está por ver, fue bajo órdenes, algo sagrado en la Guardia Civil. Su presencia en prisión me causa una inmensa tristeza. En todo caso, los que deberían estar en prisión son los que dieron órdenes para hacer la guerra sucia».

Toda esa campaña permitió observar algunos prodigios. Por ejemplo, cómo cada mañana en las páginas de El Mundo se denigraba al coronel Galindo por asesino enriquecido y se arremetía contra sus inicuos valedores, mientras la edición de ese mismo día de Abc desmentía punto por punto de forma rotunda esas acusaciones tildándolas de falaces y se exaltaba al coronel Galindo como espejo de caballeros, espada sin mácula, ejemplo de entrega, al tiempo que se exigía su promoción al generalato. Maravilla que de este enfrentamiento radical no se dedujera el menor roce entre ambos periódicos, ni entre sus directores. Al mismo tiempo la pretensión de Anson de que la obediencia debida permite delinquir contradice de plano a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de Juan Carlos I, promulgadas en 1978, según las cuales quien recibiera órdenes contrarias a las leyes o a los derechos humanos y en particular contrarias a la Constitución debe rehusar su obediencia y si optara por obedecerlas tendría que asumir su propia e intransferible responsabilidad.

Era indiscutible que en el campo socialista se habían producido deterioros y escándalos, como el de la huida del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que facilitaban su natural explotación por un PP angustiado e impaciente y que brindaban añadiduras de crispación para su explotación por los conspiradores concertados. Así, la polarización política de la prensa, la radio y la televisión alcanzó cotas insólitas durante los últimos años de gobierno de Felipe González. Luego, la temperatura y el tono de la bronca decayeron a niveles irreconocibles en los ocho años de los dos mandatos sucesivos de José María Aznar para regresar de modo inmediato a la exasperación tras la victoria el 14 de marzo de 2004 de los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que la crispación se aplaca cuando los crispadores encumbrados al poder dejan de crispar.

EL 11-M, POR LA MENTIRA A LA DERROTA

Todos los analistas coinciden en señalar que la pésima gestión y la sucesión de mentiras encadenadas a partir de la masacre del 11-M causaron el descrédito del gobierno popular, llevaron a las urnas un millón y medio más de votantes no esperados y dieron la victoria al PSOE. Es decir, ruptura de pronósticos porque el candidato popular, Mariano Rajoy, daba por seguro el triunfo. Un asesor electoral del presidente en funciones José María Aznar le convenció la misma mañana del atentado de los trenes de que si la autoría fuera etarra las elecciones del 14-M estaban ganadas pero que si resultaba culpable Al Qaeda se establecería una vinculación causal con el apoyo prestado a la invasión de Irak y las urnas darían un vuelco. A partir de ese momento se produjo una divergencia insalvable entre las investigaciones de la Policía y la Guardia Civil, que iniciaron las primeras detenciones ese mismo día de los yihadistas implicados en el atentado y las declaraciones del ministro del Interior, Ángel Acebes, empeñado en sostener contra toda evidencia que la autoría apuntaba a la banda terrorista ETA.

En cuanto al presidente Aznar, optó por encastillarse en su residencia de Moncloa, se negó a contar con los líderes políticos, rehusó convocar a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y prefirió el llamamiento unilateral a una manifestación en la tarde del viernes 12, bajo lemas elegidos sin consenso alguno. Aquel cortejo, al que se sumaron todas las fuerzas políticas parlamentarias, los primeros ministros de los países amigos y los presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo, terminó con gritos inquisitivos de «¿quién ha sido?», de los indignados por la manipulación informativa del Gobierno. Todavía el sábado 13 de marzo, jornada de reflexión, y el domingo, día señalado para acudir a las urnas, todas las evidencias policiales se iban acumulando en la misma dirección, pero seguían preteridas por los ministros de Aznar, empeñados en cargar los ciento noventa y un muertos a ETA. Por su parte, la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, instruía a los embajadores para que cada uno sostuviera ante el Gobierno y los medios de comunicación del país donde estuviere acreditado la ya certificada falsa autoría. También la ministra procedió a movilizar al representante permanente ante Naciones Unidas para que promoviera una resolución que terminó siendo adoptada por el Consejo de Seguridad, cuyo tenor literal endosaba esa versión imaginaria, que a esas alturas estaba descartada por completo.

El PP se negó en todo momento a encajar la derrota electoral del 14 de marzo de 2004. Como los hinchas de un equipo de fútbol, los militantes y votantes de la derecha consideraron, nada más conocer los resultados del escrutinio, que les habían «robado el partido». No estaban solos. Los acompañaba su orquesta mediática muy bien conjuntada bajo la batuta de Pedro José Ramírez, director del diario El Mundo y también la nueva beligerancia de la Iglesia y su brazo radiofónico de la cadena COPE. La actitud de José Antonio Zarzalejos, director del diario conservador Abc, fue decisiva al negarse pasados los primeros meses a secundar la conjunción astral establecida por el diario El Mundo y la cadena de emisoras COPE. Zarzalejos padeció por ello la ofensiva de quienes consideraban que el Abc era tierra conquistada y al sentirse defraudados le aplicaron medidas de represalia. Todos los días dedicaban al diario traidor y a su director los peores insultos y recomendaban desde sus micrófonos a los suscriptores que se dieran de baja llamando al teléfono que a continuación facilitaban.

De modo inexplicable Abc aguantó esos ataques con la actitud evangélica de poner la otra mejilla. Por ejemplo, continuó encartando cada jueves un sectario suplemento religioso Alfa y Omega editado por la diócesis de Madrid, dando un ejemplo excéntrico de cómo «soportar con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos», que es una de las siete obras de misericordia espirituales. En definitiva, en ningún momento el Abc se hizo respetar. Así llegamos al 31 de octubre de 2007, día en que se dictó la sentencia del 11-M, cuando el director de Abc, José Antonio Zarzalejos, fue convocado a una reunión con altos representantes de la empresa editora, quienes le sugirieron que era llegado el momento de hacer un viraje y de utilizar algunos pasajes del fallo judicial para que el periódico subrayara la necesidad de seguir investigando y recuperar así el enlace con la teoría de la conspiración, sostenida de modo incansable por los tergiversadores del mundo mundial y de la radio bendita.

NO HEREDAR ODIOS ANTERIORES

La noche del 14 de marzo de 2004, tras su victoria electoral, el candidato del PSOE compareció en la calle de Ferraz, sede de la Comisión Ejecutiva de los socialistas, donde los entusiastas le gritaban «no nos falles». Allí prometió que el poder no lo iba a cambiar. Una promesa excesiva que hubiera equivalido a declarar abolida la ley de la gravitación universal. Nadie queda ileso una vez sumergido en el ambiente de La Moncloa. Los efectos de los rayos gamma sobre las margaritas son inevitables, también lo es el cambio de perspectiva. En cuanto a sus relaciones con los medios de comunicación se dejó sentir la importancia de los asesores que lo habían ayudado en la campaña, como Miguel Barroso, nombrado secretario de Estado de Comunicación; Antonio García Farreras, un leonés que ocupaba la dirección general de la Cadena SER, y José Miguel Contreras, consejero delegado de Globomedia. El primer principio de su gramática para los medios fue que el presidente no heredaría los antagonismos cultivados por Felipe González.

Enseguida se ampliaron los puentes para establecer una ansiada paz con el mundo mundial y con su director, en quien depositaron todas sus complacencias. Los recién llegados al Gobierno se consideraban el Nuevo Testamento, querían acreditar ideas propias. Las cuentas pendientes que tuvieran los del Antiguo Testamento, acompañantes del presidente González, quedaban condonadas. A los medios del Grupo Prisa el reciente inquilino de Moncloa los consideraba presos de lealtades a líderes anteriores y a falta de probar la adhesión que todo gobierno pretende merecer. Porque desde el poder todo apoyo por volcado que sea se considera insuficiente mientras que hasta la menor crítica se percibe como excesiva.

En cuanto a la actitud incendiaria de la COPE en La Moncloa de ZP se entendía que era un regalo del cielo. Un maquiavelismo primario les hacía pensar que tendría un efecto boomerang y activaría la movilización de la refractaria hueste socialista. Así se entiende que al recibir en La Moncloa a la cúpula de los Dircom, el lobby de los directores de comunicación de las grandes empresas, se les indicara la conveniencia de apoyar con inserciones publicitarias un programa como La mañana de todos Losantos. Entre sus mejores marcas en el deporte del insulto se encuentran los dirigidos al rey don Juan Carlos, al presidente del Gobierno socialista Zapatero y también al presidente del PP Mariano Rajoy, designado Maricomplejines en cuanto se desviaba de la línea de comportamiento que se le exigía. La agresión más valerosa fue motejar de masón al nuncio de Su Santidad en Madrid, monseñor Monteiro, al día siguiente de que tuviera la osadía de ofrecer a Zapatero un caldiño en la legación diplomática.

Dando vista a la izquierda, al inicio de su primer mandato, aceptemos que el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso atender a su firme compromiso electoral del 2004 y se dispuso a predicar con el ejemplo desactivando la instrumentalización gubernamental de la Radiotelevisión pública que la reducía a mero servicio doméstico. En el uso de ese ventajismo descarado se relevaron los Ejecutivos que se sucedieron desde la Transición en adelante. Pero el Gobierno de Zapatero nombró una comisión de sabios y tras recibir su informe se aplicó a promover una reforma legal mediante la cual se creó una nueva Corporación de RTVE, se canceló la deuda multimillonaria acumulada, se estableció una subvención anual con cargo a los presupuestos generales del Estado en consonancia con el pertinente contrato programa plurianual, se intentó una mejor definición del servicio público y se consensuó con el PP el 24 de noviembre de 2006 en el Congreso el nombramiento de un presidente de la CRTVE, Luis Fernández, como autoridad independiente que preservar de las presiones políticas. Algo más de un año después este ambiente de entendimiento parecía extinguido y el PP manifestaba su desconfianza excluyendo la posibilidad de que ninguno de los dos debates pactados entre los candidatos Zapatero y Rajoy se celebrara en TVE. Así que una vez que los negacionistas ganaron la partida y las elecciones de noviembre de 2011, a las primeras de cambio se abolieron todos los avances y las normas que garantizaban la neutralidad de RTVE para volver a la casilla de salida con un presidente a la medida de los nuevos amos que laminó a los equipos y buscó sustitutos sobre la base de la docilidad y no del talento.

LA LIBERTAD Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Reconozcamos que los medios de comunicación son un sistema multiplicador de influencia y de ahí que los poderes económicos, políticos, religiosos, sociales, sindicales, deportivos o mafiosos quieran enseguida hacerse presentes en los medios, influir en ellos y explotarlos a su favor. Está comprobado que todo poder, en cuanto se nuclea, quiere ser también un centro editor o emisor de noticias. Lo mismo da que lo que se nuclee como poder sea un colegio profesional, una orden religiosa o los comerciantes de papel. Enseguida crean una oficina de prensa, les invade un afán evangélico y quieren difundir la buena nueva de su existencia y del servicio maravilloso que prestan a la sociedad y a los ciudadanos. De ahí que haya muchos más graduados en Ciencias de la Información o en Periodismo empleados en esas oficinas de prensa, dedicados a condicionar la libre información, que periodistas en las redacciones de los medios de comunicación, empeñados en descodificar esa inundación de mensajes interesados, en depurarlos, para extraer lo que puedan encerrar de interés real para el ciudadano o si fueran de carga hueca o tóxica proceder a desecharlos.

Con la Constitución la prensa vive en un marco de libertad, pero la libertad no es Alicia en el país de las maravillas. Hay que luchar permanentemente para que no se corrompa, expuesta como está a los agentes de la intemperie. Porque los intentos de tergiversar esa situación y de esclavizar a los medios son permanentes y de muy diversa procedencia. Unos son más sutiles; otros, más zafios. Unos proceden de manera más abierta; otros, de forma más solapada. Pero todos quieren meter la cuchara en ese puchero. Estamos hablando de lo que todavía podríamos denominar el mundo clásico pero al sobrevenir el mundo moderno sucede como cuando se descubrió la electricidad. Hasta entonces se alumbraba con velas, con antorchas y era decisivo cuidar que no se apagara el fuego porque el procedimiento de encendido a base de frotar las piedras para que saltaran las chispas originarias era complicado. La electricidad revolucionó todo, nada de nuestra vida ordinaria se concibe sin ella. Cuando en octubre de 2012 faltó en Nueva York el suministro del fluido eléctrico durante unas horas a consecuencia de la tormenta Sandy, se produjo un caos inimaginable. Porque con la electricidad existimos, nos movemos y somos.

Así, también la llegada de las nuevas tecnologías a los medios de comunicación supone otro mundo, otras facilidades, otro sistema, otras instantaneidades, otra simultaneidad entre los hechos y su difusión. Pero las nuevas tecnologías de la información causan también una interferencia, la que se produce entre el acaecimiento de los hechos y su difusión simultánea urbi et orbi como noticia. Antes había un escalonamiento, unas etapas de duración mensurable que se sucedían con ventaja para quienes estaban mejor situados en esos círculos concéntricos. Ahora hemos de abandonar la imagen de las ondas que siguen a la piedra lanzada al estanque. Todos son receptores simultáneos de la información sin que la distancia radial al centro emisor marque diferencia ventajosa alguna en el tiempo de recepción.

Antes los periodistas o los situados en determinados puntos de la constelación estelar tenían acceso anticipado a las noticias y por eso las gentes del común se las reclamaban. Ahora ya nadie puede dar noticias a los demás porque todos las han recibido en el mismo instante. Por ejemplo, antes los periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados tenían el privilegio de acceder a los teletipos de las agencias de prensa y los diputados se les acercaban para inquirir por novedades que hubieran podido registrarse. Ahora periodistas y diputados, cada uno apostado en su cabina, sentado en su escaño, está recibiendo en su móvil, en su tableta, en su portátil, la noticia mientras se está produciendo. El público de a pie además de receptor es también emisor. Esta nueva condición modifica las relaciones interpersonales. Cualquiera que nos aborda puede estar retransmitiendo en directo el abordaje y ya sabemos que la retransmisión cambia la naturaleza de lo retransmitido. Hay una interacción que antes no tenía esa fuerza, esa espontaneidad y que está cargada de consecuencias.

Wikileaks, creada en diciembre de 2006 para divulgar de forma anónima las injusticias de «regímenes represores», salta al primer plano de la notoriedad mundial cuando se concierta con un grupo de diarios de máximo prestigio, como The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel, para filtrarles cables y documentos del Departamento de Estado con instrucciones a sus embajadores. Se había sostenido a la sombra de la espectacularidad de las revelaciones que Wikileaks había revolucionado los medios de comunicación. Pero antes de sumarnos a esa consideración conviene recordar que la difusión pública de documentos redactados para unos destinatarios determinados o la publicación de conversaciones sostenidas de manera reservada es tan antigua como la invención de la prensa o de la escritura. Otra cosa es que las actuales tecnologías permitan nuevos procedimientos de acceso y de almacenaje de la información y de los registros de esos intercambios escritos, sonoros o de imágenes. Así, los promotores de Wikileaks han puesto a disposición de los lectores una verdadera inundación informativa.

Funcionaron tres principios básicos del periodismo. Primero, que las fuentes facilitaran esos telegramas bajo la condición de no quedar identificadas. Segundo, que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia. Tercero, que sumidos en la inundación noticiosa de los tiempos actuales la carencia básica más angustiosa es, como en todas las inundaciones, el agua potable de la información, su inteligibilidad. De ahí la necesidad acuciante, ahora más que nunca, de los periodistas y de los medios de comunicación que actúen como plantas potabilizadoras capaces de depurar un flujo contaminado de parcialidades, intereses y propagandas. En definitiva, como escribió David Carr en su columna The Media Equation que publica de modo regular en The New York Times, en realidad no fue Wikileaks quien cambió el periodismo, sino el periodismo quien cambió Wikileaks.

Despejada esa angustia que nos quisieron inocular confundiendo la velocidad con el tocino, debe reconocerse que en el sector de los medios de comunicación se han producido cambios significativos que han alterado las relaciones entre la realidad política y los sistemas de difusión periodística. Los políticos venían de estar, en buena medida, en manos de los periodistas, a los cuales se veían obligados a recurrir para pasar sus mensajes al público. Pero Internet ha dado lugar a nuevas formas de difusión directa, que han alterado el hábitat natural de los periodistas y les han privado del «poder» que les reportaba su condición de intermediarios inevitables. También la naturaleza expansiva de la información —bonum est diffusivum sui— se sirve de nuevos instrumentos instantáneos, que hacen posible la propagación de los mensajes a la velocidad de la luz pero no en la dirección de unos destinatarios escogidos, sino a disposición de toda la cúpula celeste sin establecimiento de prioridades. Estos impactos tienen la virtualidad de activar a los receptores y transmutarlos en agentes periodísticos. La cuestión, a partir de los cambios observados, debería atender al análisis de las nuevas relaciones generadas entre la política y el periodismo, bajo este nuevo panorama, y a las consecuencias que puedan derivarse en relación con la calidad de la democracia.

POLÍTICA Y PERIODISMO

Las nuevas tecnologías han cambiado la relación entre los agentes periodísticos y los agentes políticos, entre el periodismo y la política. Han dado lugar a la difusión instantánea y directa, sin necesidad de recurrir a intermediario alguno, de mensajes enviados en todas direcciones que otorgan a los receptores antes pasivos la nueva posibilidad de funcionar como emisores, interaccionando con los estímulos que antes les impactaban reducidos a la inerte pasividad. En muchas ocasiones queda así eliminada la figura del periodista como planta potabilizadora, depuradora, seleccionadora o tergiversadora de la información. Los partidos minoritarios piensan que es su oportunidad de redimirse del ostracismo al que se consideraban condenados. En todo caso, el conjunto de la clase política se siente liberada bajo estos nuevos parámetros por la facilidad y la autonomía con la que puede lanzar sus mensajes a una audiencia que ha dejado de ser cautiva de los medios convencionales de comunicación. El periodista deja de ser el mediador de todos los mensajes. Además, los políticos han comprobado que es mucho más comprometido someterse al examen de una rueda de prensa con dos docenas de periodistas debidamente malintencionados que chatear o responder cuestiones miles, planteadas por internautas sin identificar a escoger y revolver.

Los políticos mejoran sus capacidades de acceso efectivo y directo al público, que es su destinatario final. Consideran que ahora disponen de nuevas capacidades para evitar que los periodistas se interpongan, distorsionen y cuestionen los mensajes que quieren hacer llegar. Celebran haberse salvado de la dependencia que tenían de los periodistas y de los medios y quedar sólo sometidos a la propia capacidad de suscitar interés en los receptores finales, a los que pretenden con su apostolado incesante poner de su lado o extraerles el voto. La profesión periodística debería promover una reflexión sobre sus funciones, igual que hicieron los aduaneros cuando la Unión Europea levantó las fronteras interiores, los corredores de comercio cuando fueron integrados junto a los notarios, los faroleros cuando en la iluminación de las calles se sustituyó el gas por la electricidad o los escoltas después de la declaración de ETA renunciando a la violencia. Faltan entidades independientes que hagan diagnósticos sobre el estado de salud de los medios al estilo de la Columbia Journalism Review o el pew media. Hay una grave falta de transparencia informativa en España. Los organismos oficiales se resisten a facilitarla y dificultan el esclarecimiento de la verdad que es debida al público.

SIN PRENSA, ¿HABRÍA LIBERTADES?

Una vez demostrado que sin libertades es imposible la existencia de una prensa que merezca ese nombre, conviene examinar si en el caso de que se extinguiera la prensa subsistirían las libertades tal y como las vivimos. Es decir, si la democracia quedaría indemne desaparecido el sistema de medios que ha estado permanentemente escrutando el comportamiento de los poderes, haciendo de altavoz a las reclamaciones de la sociedad, sirviendo como espacio público para el debate de los problemas que entraban sin definir y salían debatidos de manera que fuera posible la toma de decisiones. Éste es el debate cuando algunos claramente han diagnosticado la desaparición de la prensa.

Una escuela de pensamiento estima que la prensa escrita pudiera ofrecer algunas ventajas sobre otros medios de comunicación como la radio y la televisión, aunque graviten sobre ella los inconvenientes propios de sus sistemas de difusión y de fabricación. Porque la radio y la televisión pueden estar retransmitiendo en vivo y en directo lo que está sucediendo —está pasando, lo estás viendo y oyendo—, mientras que los periódicos en soporte papel, desde el momento en que pueden aceptar la última noticia hasta que está disponible en el quiosco, precisan el transcurso de unas horas inertes para el flujo informativo que han de dedicarse a la fabricación y puesta a la venta, porque por muy rápidas que sean las rotativas la impresión requiere un tiempo al que debe añadirse el de la distribución hasta los puntos de venta y los domicilios de los suscriptores. Desde su aparición los medios electrónicos tuvieron esa ventaja de inmediatez y, sin embargo, en nada restaron relevancia a la prensa escrita que convocaba siempre una audiencia menor.

Sin discusión, desde el descubrimiento de las ondas hertzianas ha habido más oyentes de radio y luego espectadores de televisión que lectores de prensa pero la influencia rectora ha permanecido adherida a los periódicos impresos. Entonces hay que preguntarse a qué se debe y quiénes son los lectores de periódicos. Desde luego los que no fallan son quienes hacen la radio y la televisión. Ignoramos si durará o desaparecerá la reverencia por la letra impresa. Es la reverencia a un texto que se considera más depurado, más pausado, más analizado, más solvente. Ésta ha sido la superioridad que le ha sido concedida a la prensa escrita, erigida en referencia dominante, y que ha seguido manteniendo a pesar de que tenía muchos menos lectores que oyentes escuchan la radio y que espectadores atienden a la televisión.

La incógnita que hay que despejar es la de qué va a quedar de la prensa escrita. Si está declarada a extinguirse o si continuará constituyendo un signo de distinción y sumará el prestigio de la escasez y del lujo. Si seguirá siendo la suministradora de la inteligibilidad necesaria en medio de la inundación informativa en que estamos inmersos o esos esclarecimientos tendrán otra procedencia. Porque del mismo modo que en las catástrofes naturales, cuando todo queda anegado, la primera carencia que hay que resolver es la del agua potable, en un caso como el nuestro de inundación informativa la falta más acuciante es la de comprensión y contextualización de los fragmentos que acarrea el aluvión constante de estímulos informativos indiscriminados donde se equipara el rumor, la noticia sin apreciación de sus fuentes y el insulto bajo el amparo del anonimato. Y en medio de todo ese desconcierto tenebroso lo más importante es todo lo contrario: el agua potable depurada. Pudiera suceder que la prensa en soporte papel desapareciera. Si no fuera relevada en sus funciones lo que hay que tener calculadas son las consecuencias para evitar que se produzca una degradación de la democracia, una pérdida grave de tensión democrática, una pérdida grave de capacidad de debate, de aclaración de las disputas cívicas.

La crisis económica no ha influido tanto en la situación de los medios de comunicación. En general los desastres son un negocio para los periódicos, la explotación del desastre es siempre prosperidad para los medios de comunicación. Por eso algunos desastres se intenta que duren más. De manera que la crisis no ha influido. Un desastre afecta a la ciudadanía pero a los periódicos los deja indemnes e incluso mejora sus cuentas de resultados.

Pero aquí a la crisis se ha sumado la innovación tecnológica y eso ha planteado otros problemas por querer salir de ellos por la escalera de incendios, por la escalera falsa. Todos quieren apuntarse al circuito del low cost. Dispuestos a abaratar el coste, acaban degradando la oferta periodística. Dejan de ofrecer algo diferente de calidad y además en ese circuito del low cost tampoco son competitivos porque siempre hay alguien que lo da más barato e incluso alguien que lo da gratis. En 2011 José Manuel Lara con ocasión de un almuerzo en la Asociación de Periodistas Europeos reconoció que los periódicos han hecho de todo en Internet excepto negocio y subrayó también que la senda del low cost tiende asintóticamente, como dicen los matemáticos, a cero. Nadie quiere pagar por aquello que puede conseguir gratis. Para salir de ese circuito del low cost hay que prestigiar el trabajo de los periodistas, convertirlo en un lujo que todos estén dispuestos a pagar por las compensaciones que brinda. Recordemos que hubo un primer momento en que incluso llegó a prestigiarse el deber de presentar la declaración de la renta. De modo que la gente se enorgullecía de haber pagado impuestos en lugar de quejarse. Era cuando incluso los más humildes al pagar el IRPF se sentían ciudadanos de primera y podían decir al guardia que estaba pagado con sus impuestos. Y empezaban así a encontrar un sitio más digno en la sociedad.

Lo que hay que prestigiar en el periodismo es la calidad, la credibilidad, el trabajo bien hecho. Pero si se empieza por desguazar las redacciones, se van a quedar en la misma posición de un insolvente que hace un confidencial inventándoselo todo o por el sistema del corta y pega. En Estados Unidos las encuestas probaron que el 85 por ciento de las noticias con un valor distinto que circulan por la Red procedían de los periódicos escritos. Si esa fuente se secara también se marchitarían las azucenas en el camino que va a la ermita. Si The New York Times con mil cuatrocientos redactores se convirtiera en una ruina insostenible y hubiera que despedirlos, ¿quién buscaría y escribiría las noticias? Hace tres años la presidenta de la SEC de Nueva York dijo a los periodistas que el 80 por ciento de los expedientes los incoaban a partir de las informaciones que los periodistas aportaban y que si dejaran de hacerlas todo su sistema quedaría paralizado. También dijo otra cosa interesante sobre la corrupción: que cuando aparece una cucaracha es que hay más. Esta clase de periodismo es absolutamente vital para la vigencia de la democracia. De ahí la necesidad de reflexionar sobre cómo puede sostenerse, cómo lograr que el periodismo vuelva a ser apreciado, de forma que llevar un periódico debajo del brazo vuelva a ser un signo de distinción, una prueba de la calidad de los vínculos de quien lo muestra.

Ahora, por ejemplo, no se habla del periódico, se habla del producto como si estuvieran envasando tomates. Esta degeneración se inicia con la entrada de los periódicos en Bolsa, que ha sido nefasta. Porque si se está en Bolsa hay que dar cuentas a los inversores, porque los inversores lo que quieren es rentabilizar su dinero y el examen se hace sobre los beneficios trimestrales pero el negocio de la información es un negocio de maduración más lenta, requiere más cariño, más dedicación. Y si se vive para dar satisfacción a los especuladores de Bolsa, pues se arruina el negocio. En su libro The news about the news. American Journalism in Peril lo explican Leonard Downie Jr. y Robert G. Waiser.

Durante este tiempo se han salvado los que han tenido como dijo Charles de Gaulle una cierta idea de Francia. Así es, se han salvado los que han tenido una cierta idea del periodismo, los que han entendido que a lo mejor no eres el más rico de Chicago pero sí puedes ser el más influyente. Ocurre lo mismo que con los científicos. Einstein no hizo la fortuna de Rockefeller pero podía sentirse retribuido socialmente más que Rockefeller en su comunidad, en su país. La gente tiene un reconocimiento que no puede reducirse al dinero que ha acumulado. El trabajo, la investigación, el arte merecen la consideración de la sociedad y convertirse en una gratificación mayor que la recibida en metálico.

Últimamente vemos cómo a las redacciones de los medios de comunicación les están privando de la memoria. Para manipular una redacción es mucho mejor que sus componentes carezcan de memoria. Porque la memoria es un inconveniente que presenta resistencia al manipulador, mientras que la gente que llega completamente en vacío es manipulable con mucha mayor facilidad. Aquellos periodistas que tienen memoria disminuyen su empleabilidad.

LA PUBLICIDAD QUE AYUDA Y QUE SILENCIA

La libertad siempre está en riesgo, siempre está amenazada, pero no por la meteorología, está amenazada por agentes a los que se puede poner nombre. Porque cada uno de los agentes sociales quiere evitar que trascienda lo que le perjudica. Un colega francés dijo certero que noticia es aquello que alguien está intentando que no se publique. En sentido contrario, los intentos para que se publique lo que en absoluto es noticia se multiplican a veces de manera exponencial y frente a ellos debe alzarse sin piedad el criterio exigente del periodista. Hay que sospechar de la información que avanza hacia la redacción rodeada de un séquito de valedores dispuestos a impulsar su puesta en página o en onda para que sea difundida como noticia. Del mismo modo que debe producir alarma el esfuerzo desplegado por quienes quieren impedir a toda costa que algo se publique. Un empeño servido con dineros y conspiraciones, organizadas para silenciar, abultar o tergiversar determinados hechos.

Un caso esclarecedor fue el de la campaña para ofrecer aquellos pagarés de alta rentabilidad emitidos por Nueva Rumasa. La campaña era un engaño manifiesto que se servía de unos anuncios espectaculares a base de dobles páginas insertadas con reiteración en la mayoría de los diarios, así como en anuncios de voz y audiovisuales emitidos por las emisoras de radio y los canales de televisión. Estaba al alcance de cualquier lector atento con alguna perspicacia advertir que la oferta era tramposa. Pero en los directores de los medios pesaba más el pingüe negocio publicitario que el respeto debido a sus audiencias. Un periodista amigo en un arranque temerario, acuciado por la hora de cierre para su columna semanal, decidió dedicarla a la descodificación de la trampa de los pagarés de Nueva Rumasa. Explicó que en realidad no eran pagarés, ni tampoco los emitía Nueva Rumasa, sino una empresa denominada Hoteles Maspalomas. Aclaró que la garantía ofrecida, basada en una reserva de brandy viejísimo de Jerez Conde de Garvey «de valor incalculable» carecía de la certificación del profesor de Harvard mencionado en el anuncio y que todo estaba montado conforme al aventurado proceder de estafadores avezados. La cobertura del riesgo a base de botellas de brandy era de un pintoresquismo hilarante, que si el impago del pagaré llegara a producirse las botellas de Conde Garvey responderían sin perjuicio alguno para los inversores, era de aurora boreal. Además, Nueva Rumasa al señalar que la emisión no requería la supervisión de la CNMV daba a entender que quedaba exenta por la evidencia de sus garantías cuando en realidad era a la inversa y quería ser una alerta para los inversores. Unas notas de la CNMV lo habían advertido pero se habían publicado, de forma que pasaban inadvertidas frente a los anuncios de pago a doble página de la oferta de Nueva Rumasa.

La columna temeraria no fue publicada, aunque sí fue remunerada con la recomendación de que semejantes ocurrencias fueran remitidas de preferencia a cualquier otro diario. Mi amigo periodista se declaró culpable por haberles dado esa sorpresa con un asunto tan delicado. El caso es que en octubre de 2009 los diarios renunciaron a precaver a los inversores potenciales a quienes los anuncios incitaban a suscribir pagarés con rentabilidades del 8 y del 10 por ciento, con garantías tan frágiles y extravagantes como las reservas de brandy viejísimo de Jerez Conde de Garvey. Consideraron preferible insertar los anuncios, «cobrar y callar». De manera que sólo cuando ha estallado el concurso de acreedores han salido al ruedo para denunciar las anomalías, las deudas y las trampas y las falsedades de José María Ruiz Mateos y compañía. De ese comportamiento queda exceptuado el semanario El Siglo, que publicó en el número 853 correspondiente al 26 de octubre-1 de noviembre de 2009 la columna donde se descodificaba en tiempo útil el engaño publicitario de Nueva Rumasa. A toro pasado, cuando estalló el concurso de acreedores en marzo de 2011, todos se arrimaron para mancharse de sangre la taleguilla y simular riesgos inexistentes, pero era dos años antes cuando la decencia hubiera reclamado que se rindiera un servicio a los lectores y se les diera cuenta de la falacia publicitaria, aunque al hacerlo quedara comprometida la continuidad de los anuncios.

Los responsables de las cuentas de resultados de los medios de comunicación saben transmitir a las redacciones la conveniencia de abstenerse de determinadas críticas que erosionarían a los anunciantes. Por eso, por ejemplo, siguen sin explicarnos el recibo de la luz, que podría servir de ejercicio de fin de curso en el último año de la Facultad de Ciencias Económicas. Por eso el punto de vista de la Comisión Nacional de la Energía ocupa espacios infinitesimales en comparación con el sustentado por las eléctricas, que se anuncian con generosidad.

Los periódicos son como la energía nuclear: de doble uso; pueden servir para vigilar a los poderes y someter a escrutinio las instituciones, esclarecer los hechos a los lectores pero pueden servir también para sembrar el odio, el encono, el embrutecimiento, como tenemos comprobado. La capacidad de envenenamiento que tienen los medios de comunicación es enorme, como está probado en guerra y en paz.

Pero hay otro riesgo en los que dirigen los medios de comunicación y es la improvisación. En el caso concreto de Diario 16 su aparición responde al interés de unos editores a quienes obnubila el éxito del semanario Cambio 16 después de haber pasado una larga travesía del desierto con ventas insignificantes. Un despegue fulminante le hace escalar hasta convertirse en el número uno de los semanarios, sin más truco que informar de la enfermedad de Franco, un acontecimiento al que el resto de la prensa se refería con una mojigatería, con una timidez tremenda. La revista se dispara con la primera enfermedad de Franco, la flebitis de 1974. Se abre camino otro periodismo desacomplejado, bien hecho, con pautas modernas, con soltura, insolencia y descaro en el lenguaje. Los lectores pueden al fin una vez a la semana acceder a la información que durante los otros seis días les niegan los diarios, las emisoras de radio y la televisión única que había entonces. Son las crónicas de José Oneto las que disparan el interés por la revista y la llevan a esa situación de éxito, de aceptación pública, a base de jugar en el borde del precipicio porque entonces las sanciones las adoptaba el Ministerio de Información.

Esta situación de éxito coincide con la aparición al poco tiempo de la muerte de Franco, el 5 de mayo de 1976, del diario El País. Un proyecto que se había venido pensando durante doce años y que había logrado reunir capital, conseguir financiación y montar unas ambiciosas instalaciones industriales. En el Grupo 16 no había capital, ni financiación, ni planta industrial, sólo algunas dosis de talento y dedicación y mucho entusiasmo movilizador de Juan Tomás de Salas. La salida del diario El País produce una conmoción en el Grupo 16, que induce a un análisis primario. Se consideran en posesión del talismán del periodismo de éxito. Piensan haber descubierto la piedra filosofal del periodismo. Concluyen que si han hecho el semanario de más ventas, que ha desbordado a todos eso quiere decir que si la emprenden con un diario también será el de mayor éxito.

Los padres fundadores de El País habían calculado que en tres años estarían vendiendo cincuenta mil ejemplares y los impulsores de lo que iba a ser Diario 16 aseguraban que en seis meses estarían vendiendo doscientos mil, que era más de lo que sumaban todas las tiradas de todos los diarios que se imprimían en Madrid en ese momento. En El País había unos inversores, unos créditos, una planificación, un diseño industrial de los talleres y en Diario 16 no había nada, se alquila una imprenta y adelante. Cuando dentro del grupo alguien osaba hacer preguntas, los directivos las procesaban como ofensas. Las dudas se entendían como bloqueos al proyecto. Resultado: el periódico salió con precipitación, sin medios, sin reservas, sin nada. En otro momento y en otro lugar habría que ocuparse de su primera travesía.

LA LEY DE LA GRAVITACIÓN Y DEL SECRETO

Ningún hecho permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia. Aplicando la física al interés del periodismo diría que la ley de gravitación informativa asegura que n, la noticiabilidad de un hecho o la cantidad de noticia que contiene, es igual a una fracción en cuyo numerador figura el producto de su coeficiente de rareza r, cuyo valor es el inverso de la probabilidad p de que ocurra, multiplicado por la magnitud de los intereses afectados en el lugar donde acaece el hecho ih y por un tercer factor que representa los intereses afectados en el lugar donde se encuentra el centro editor o emisor ie, y cuyo denominador es el cuadrado de la distancia entre h y e; es decir, la magnitud h-e elevada al cuadrado.

Esa alteración del hecho al ser pesado en la balanza de la actualidad se produce incluso en el caso de que se haya procedido con el más escrupuloso respeto a su realidad y de que además el informador haya adoptado la actitud más objetiva que quepa imaginar. De ahí que, como nos advertía Heisenberg, no conozcamos la realidad, sino la realidad sometida a nuestra manera de interrogarla, o si se prefiere de observarla. A este principio que Heissenberg llamó de incertidumbre obedece también el comportamiento de las fuentes informativas en presencia o bajo la observación auditiva y visual de los agentes difusores. De manera que dichas fuentes se manifiestan de manera tanto más explícita, son tanto más activas desde el punto de vista noticioso, cuanto menos precisa vaya a quedar su identificación pública. De ahí arrancan todas esas reglas de comportamiento que han dado lugar a esa expresión inglesa del off the record, bajo cuyo amparo las fuentes pasan del silencio defensivo a la atrevida locuacidad. Todo responde a una nueva versión del oficio de tinieblas o de las fiestas de carnaval donde cada uno da rienda suelta a su personalidad más recóndita estimulado por el enmascaramiento de su identidad. Se trata de un código de conducta que ha tenido una peculiar traducción constitucional entre nosotros en el apartado d) del artículo 20 de la Constitución de 1978. De modo que tras el reconocimiento y la protección de los derechos a la libertad de expresión se establece que «la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades». Un deber que ha de ser honrado en aras de la decencia para no incurrir en la delación y para propiciar al mismo tiempo que la fuente siga manando. El secreto profesional es un deber que obliga al periodista y su cumplimiento en modo alguno puede alegarse para rehuir las responsabilidades frente a terceros que puedan seguirse de la información difundida. En una posición antagónica se sitúan quienes se empeñan en buscar amparo del secreto profesional como si fuera patente de corso y garantía de impunidad tous les horizons del periodista, como si su invocación permitiera rehuir las responsabilidades intransferibles contraídas al difundir una información y al periodista nada pudiera serle reclamado por terceros que se sintieran perjudicados en su imagen o en sus legítimos derechos.

El secreto profesional es una obligación que el periodista debe honrar, una vez contraída con la fuente. Porque, como señalan las Normas básicas para los servicios informativos de la agencia Efe, «una información debe atribuirse siempre a la fuente de donde proceda, identificada con la mayor precisión posible, habida cuenta de que la identificación de la fuente contribuye a determinar la autoridad y la credibilidad de la información». También se fija en esas Normas que cuando no sea posible revelar la identidad exacta de la fuente, por circunstancias o deberes de secreto profesional, se debe dar al menos alguna idea de su condición y de su ubicación.

Ese mismo código de comportamiento subraya que los periodistas se distinguen por la calidad de sus fuentes y que mantenerlas activas y fiables es una necesidad fundamental para toda tarea informativa. De manera que defraudar la confianza o traicionar los deberes del secreto profesional, que se hubieran comprometido con las fuentes, acarrea su pérdida a efectos informativos y puede desencadenar consecuencias irreparables para las mismas. Otra cosa es que al utilizar información facilitada por una fuente bajo el compromiso de reservarse su identidad los periodistas deban tener en cuenta que el cumplimiento del secreto profesional los convierte a ellos en responsables civiles y penales de su contenido. Por lo que para quedar ilesos han de estar en condiciones de probar la veracidad de lo que han difundido.

Es de conocimiento general que asuntos de extrema gravedad e interés público decisivo sólo han llegado a trascender y derivar sus efectos de clarificación sancionadora, como gustaba decir Arturo Soria y Espinosa, porque las fuentes se han sentido protegidas por la reserva de los periodistas en quienes confiaban. De no ser así, asuntos como los «papeles del Pentágono», Watergate y tantos otros habrían continuado en la oscuridad porque quienes estaban en el secreto hubieran renunciado a dar cuenta del mismo a cara descubierta por el daño irreparable que se habrían infligido a sí mismos. El panóptico de Jeremy Bentham demostró que la transparencia absoluta es invivible y en periodismo conduciría al bloqueo de informaciones noticiosas de primera importancia. Porque aquí se cumple esa definición tan exagerada como exacta según la cual noticia es aquello que alguien está intentando que no se difunda.

Queda pendiente el anonimato, donde toda vileza tiene su asiento. El anonimato que es santo y seña de las redes sociales, máscara para el envalentonamiento de toda cobardía, impunidad para proceder a cualquier linchamiento. El anonimato que impulsa una asimetría insufrible donde parecería que sólo fuera posible el fatalismo de la resignación, sin defensa alguna a los agravios recibidos. Así andábamos hasta que llegó lord McAlpine y mandó parar. El ex asesor de Margaret Thatcher y antiguo tesorero del Partido Conservador británico ha conseguido de la BBC y de la ITV indemnizaciones millonarias tras ser acusado de forma que quedó identificado por un joven de haberlo violado en la década de 1970 junto a sus compañeros de un hospicio al norte de Gales.

Pero ahora, desde su retiro de hace años en Italia, nuestro lord quiere dar una lección a los twitteros que difunden noticias calumniosas. De forma que según el diario Financial Times los abogados de McAlpine han localizado mil cuentas de Twitter que difundieron directamente los rumores o links con enlaces a páginas de Internet en las que se lo vinculaba con los abusos en el citado hospicio y otras nueve mil cuentas desde las que se rebotaron los tuits originales. Veremos en qué queda esta reclamación, primera en su género, para obtener compensaciones por difamación contra miles de usuarios de Twitter. Que los tuiteros piensen que el chismorreo es un deporte sin secuelas puede terminar con el descubrimiento de que ahora deben hacerse cargo del impacto causado sobre las personas que padecen esos comentarios con efectos multiplicadores imparables. El reino de la impunidad bajo la máscara del anonimato puede eclipsarse.

Recapitulemos en este momento los periodistas con formación y algunos años de experiencia son los más vulnerables al despido. Se les releva a mejor precio con jóvenes precarios de los que, sobre todo, se espera docilidad y sumisión. Para que se comporten como preceptuaba la leyenda de aquella viñeta de El Roto: «Por su seguridad permanezcan asustados».

Los periodistas multiuso y multitarea se ven obligados a desertar de los acontecimientos, limitados a aceptar las versiones precocinadas y enlatadas al gusto de las fuentes que ofrecen su perfil más favorable. Esa aceptación supone un ahorro considerable en las tareas de edición y en los gastos de desplazamiento. Por esa senda se generaliza el periodismo de declaraciones, la mecanización y la evaporación del análisis y del debate, se impone el canutazo y tentetieso. De ahí la preocupación creciente que suscita la confluencia entre los intereses de los agentes políticos y la dejación de funciones de los agentes periodísticos. Una deriva que puede favorecer el deterioro de la democracia. Declaraba David Remnick, director de The New Yorker, «saldrá caro no tener periodismo». Pero nos quedaremos sin él a menos que se establezca el pago por los contenidos. Los ángeles que labraban el campo a san Isidro ya no azuzan a la yunta que tiraba del arado. Las redacciones serán insostenibles si el todo gratis hace imposible retribuirlas.

Las libertades como los metales se oxidan, padecen la corrosión en cuanto, más allá del vacío del laboratorio o de las proclamaciones formales, quedan expuestas a los agentes de la intemperie. En definitiva, son biodegradables y la más honrosa tarea de los periodistas, la causa a la que se deben es la del mantenimiento en todo su vigor de las libertades.

Epílogo.
Contra la oxidación de las libertades

Conviene insistir, las libertades no se alcanzan de una vez para siempre, se encuentran a la intemperie, están sometidas a los agentes de la erosión, se oxidan, precisan de un uso constante para mantenerlas en plena vigencia y evitar que se enmohezcan y degeneren en herrumbrosas lanzas como la novela de Juan Benet. Por eso, dada su fragilidad, requieren cuidados constantes y la aplicación de anticorrosivos en las superficies más expuestas. Así se mantiene en todo su esplendor la tour Eiffel, una estructura de hierro de trescientos treinta metros de altura construida para la Exposición Universal de 1898 a la que se sumaba el primer centenario de la Revolución francesa. A la tarea de darle minio y pintura se dedica una tribu india inmune al vértigo que empieza por el vértice y cuando termina en la base al cabo de seis meses repite incesante la operación.

La vigilancia constante para que las libertades se mantengan vigentes en su integridad ha sido la más noble tarea de los medios de comunicación en medio de tantas perversiones. Pero la ciudadanía debe ser consciente de que en nadie se puede delegar ese empeño. El poder político y todos los demás poderes tienen tendencia a absolutizarse y en ese proceso limitan las libertades siempre con los más santos pretextos, como si se tratara de ideas perniciosas de los intelectualmente débiles de que hablaba la Ley de Prensa de Serrano Suñer.

Momentos de crisis aguda como los actuales se invocan también como excusa para horadar las libertades, siempre por nuestro bien e incluso, como se lidian los sobreros en las tardes de toros, a petición del público. Siempre hay gentes disponibles para lanzarse a la calle al grito de ¡Vivan las caenas y la Inquisición!, como los serviles de 1814 que tienen alma de esclavos. Ejemplos más recientes pueden encontrarse entre nosotros cuando la suspensión del diario Madrid el 30 de mayo de 1968 durante dos meses, que luego fueron cuatro, tuvo magnífica acogida en otros diarios del yugo y las flechas y cuando tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano Casanova en enero de 1969 un Decreto Ley declaraba en toda España el estado de excepción y la imposición de la censura previa a todas las publicaciones. Porque ése fue el momento elegido por la Asociación de la Prensa de Madrid para enviar su más encendida adhesión al censor máximo en la figura de Franco. O sea, que el ¡Vivan las caenas y la censura previa! ha seguido resonando mucho después del rey felón.

Ni confundir la velocidad con el tocino, ni aprovechar lo del Pisuerga de la crisis para tomar al asalto la RTVE y proceder a su instrumentalización sectaria según era costumbre. Ni que las precariedades, el pago de la deuda y los intereses crecientes sirvan para liquidar las libertades ni retroceder hasta considerar anómala la existencia de los servicios públicos como si se tratara de la sopa boba de los conventos que sostenía a parásitos sociales y haraganes varios. Activar esa sensibilidad en relación con la vigencia y la integridad de las libertades era uno de los objetivos de aquella asignatura de Educación para la Ciudadanía que por abyecta petición episcopal el Gobierno de Rajoy ha eliminado en su última reforma impulsada por el ministro del ramo José Ignacio Wert.

Las circunstancias actuales son muy adversas pero de ellas no se deriva un resultado predeterminado, inesquivable. Aquel ortegajo de «yo soy yo y mi circunstancia», que Jorge Semprún en su novela Veinte años y un día consideraba anticipado por Avenarius, es el sobrio reconocimiento de las condiciones que nos afectan. Pero cabe dejarse vencer por las circunstancias o enfrentarse a ellas y desafiarlas. Podemos optar por contradecir la influencia de las circunstancias o bien resignarnos a invocarlas para declinar nuestras responsabilidades para presentar nuestras decisiones como imposiciones de las circunstancias, para cobijarnos bajo las circunstancias como si se impusieran de modo imperativo y nos dejaran eximidos de responsabilidad alguna por nuestro comportamiento. Ni siquiera cuando las circunstancias son límites se da una determinación absoluta, siempre cabe mostrar la voluntad de resistir.

Pensemos en Cádiz, ciudad anfitriona de la XII Cumbre iberoamericana celebrada los días 16 y 17 de noviembre de 2012. Hace doscientos años este Cádiz fue el de la Constitución del doce, La Pepa. Entonces era una ciudad sitiada, que vivía al borde de la desaparición como reducto final de resistencia al invasor napoleónico. En esas circunstancias límite lo que suele encenderse de manera hegemónica es un espíritu patriótico en la peor acepción del término, esa que se despeña hacia comportamientos intransigentes y totalitarios. Un espíritu que abomina de la disidencia, que nos devuelve recuerdos más recientes como los de los tiempos del franquismo. Uno de sus jóvenes abanderados, José Miguel Ortí Bordás, lo expresó de manera contundente al decir que «disidencia es sinónimo de decadencia».

Así que la disidencia frente al enemigo inminente en Cádiz hubiera podido verse como deserción. El más angustioso de los patriotismos es el patriotismo de frontera por las exigencias estrictas y limitadoras que impone. El efecto frontera es el que cambia la calificación de los mismos hechos y la valoración de las mismas actitudes. Por ejemplo, en Madrid insultar al presidente del Gobierno puede ser incluso un acto de impecable civismo, de ejercicio del derecho constitucional de manifestación. Pero la misma imprecación injuriosa en la frontera de Ceuta con Marruecos cobraría un sentido por completo distinto. En definitiva, el patriotismo de frontera reduce el ámbito de libertad disponible, acota en la práctica el derecho de manifestación y propende a exigir comportamientos unánimes, entusiásticos. Admiremos, por tanto, que en esa situación de patriotismo de frontera se impusiera en Cádiz una discusión abierta de los constituyentes que terminarían dotando por primera vez a los españoles de la condición de ciudadanos liberándolos de la de súbditos, propia del antiguo régimen que se extinguía.

Tampoco en la actual situación de crisis, por muy empinadas y desalentadoras que sean, las circunstancias predeterminan de modo necesario los resultados. Se puede convocar a la esperanza, a un horizonte de salida y evitar que cunda la deserción de los valores. Pero si la senda comportara sacrificios, sería fundamental que tuvieran sentido, que merecieran la pena.

En nuestro país de repente muchas de las cosas de las que estábamos orgullosos han pasado a dejarnos pesarosos. Estábamos orgullosos de nuestro Estado del bienestar, de la cohesión social, de la solidaridad intergeneracional, de que hubiera un cierto nivel de oportunidades para todos. Aceptábamos la función redistribuidora de recursos que compete al Estado y a las demás Administraciones Públicas. El sistema impositivo que allega ingresos fiscales a los presupuestos para financiar y los servicios públicos de educación, sanidad y pensiones que constituyen un deber primordial. Si su diseño pretendiera premiar a los más ricos por considerar que se les debe reconocimiento a su éxito y penalizar a los más pobres en función de la ineficiencia culpable demostrada, entraríamos en una dinámica centrifugadora que agravaría las diferencias hasta hacerlas abismales. Se rompería la cohesión social y sin ella también la vida de los ricos rodeados de los muy pobres se haría ardua y peligrosa, de modo que acabarían recluidos en guetos con muros de protección y alambradas electrificadas, instalados en viviendas blindadas con cuartos de baño convertidos en cámaras acorazadas provistos de reservas alimenticias y dotados de un centro de comunicaciones invulnerable desde el que pedir auxilio, provistos de vehículos blindados, acompañados de escoltas en todos sus desplazamientos. Todos estos efectos son una realidad verificable en muchos países donde la disparidad de rentas se ha extremado de forma que la desigualdad hiriente multiplica el contingente de los que nada tienen que perder y se instalan en la violencia, como sucede en algunos países de América.

Resulta degenerador para una comunidad ciudadana la renuncia a los mecanismos de todo ese sistema de aclimatación, de cohesión, de ayuda y protección de los desfavorecidos. Como si ofrecer oportunidades y brindar servicios públicos fuera un lastre penoso que sólo entorpeciera la competitividad del que debiéramos liberarnos en aras del darwinismo social tan querido de los liberal-nihilistas. Porque cuando se advierte que la centrifugación social lleva a la desintegración ya es demasiado tarde para evitarla.

Las incertidumbres y las oscuridades de la situación actual aconsejarían concluir que es buen momento de recuperar algunos valores, algunas aptitudes, que está ya probado que son fundamentales para salir de las dificultades. De su utilidad tuvimos algunas pruebas en la lucha contra la dictadura y en la salida de aquel régimen que se hizo posible por el compromiso y el sacrificio de mucha gente. Entonces quedó de manifiesto la entrega generosa sin búsqueda de compensación alguna y los esfuerzos valerosos que sumados dieron lugar a la Transición.

Los españoles deberíamos tener bien aprendidas dos lecciones. La primera, la lección del diálogo: tenemos que hablar y que escuchar. Explica Richard Sennett en Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación que cuando hablamos de habilidades de comunicación nos centramos en la manera de realizar una exposición clara, de presentar lo que pensamos o sentimos. Ésas son las habilidades declarativas pero saber escuchar requiere otras, como son la de prestar cuidadosa atención a lo que dicen los demás e interpretarlo antes de responder, apreciando el sentido de los gestos y los silencios tanto como el de los enunciados. Hay que intentar que las posiciones antagónicas y que los antagonistas se aproximen. Ejercer el arte de bien aproximar que define el profesor Antonio Hernando en sus lecciones de magnetismo. Hay que sentarse a conversar con los que están en posiciones contrarias e intentar ponerse en sus zapatos. Frente al discurso que divide se requiere escuchar e intentar hacer el esfuerzo dialéctico de averiguar el porqué de las posiciones de los demás, buscar puntos de encuentro y saber que la política se hace con renuncias.

La segunda lección es la del método que parte del respeto a las instituciones y a las leyes, aunque sea para cambiarlas o, más aún, si de lo que se trata es de cambiarlas. Hay que respetar los procedimientos como una característica básica de la democracia. No hay que desentenderse nunca de las consecuencias que acarrean las posiciones que se mantienen. Conforme a la distinción establecida por Max Weber en El político y el científico entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, los políticos deberían atenerse a una combinación entre ambas. En modo alguno pueden desentenderse de las consecuencias a las que sus convicciones nos llevarían, ni tampoco deducir siempre que la responsabilidad obliga a la abdicación de cualquier convicción. Es decir, que han de integrar las consecuencias previsibles a la hora de la toma de decisiones.

En este país faltan espacios exentos de pugna partidista que son de primera necesidad. La pugna es esclarecedora, porque el consenso puede degenerar en complicidad y acabar en lo peor, como se ha visto mil veces. En Cataluña, por ejemplo, ha habido un consenso durante años que ha servido para tapar la corrupción, la famosa historia de «ustedes tienen un problema que se llama 3 por ciento», suscitado en el pleno del Parlament el 25 de febrero de 2005. El consenso es patológico cuando sirve para privar de luz y esclarecimientos e impedir que los del patio de butacas, los ciudadanos de a pie, vean la película de los hechos reales. El conflicto es saludable en la medida en que es iluminador, como tantas veces sucede. Las noticias saltan impregnadas de intereses espurios, movidas por el despecho o la más innoble venganza, pero sin todas esas turbias pasiones muchas veces nos quedaríamos in albis. En todo caso, se requiere un terreno para el consenso y otro para el conflicto.

Hay ciudadanos de a pie que tienen aprendidas las dos lecciones referidas porque tienen edad para haberlas vivido con aprovechamiento. Son los que confluyeron en la Transición, pero hay otros ciudadanos más jóvenes o menos aplicados que no tienen esas vivencias ni la conciencia que de ellas se deriva y que tienden a pensar que las libertades y el sistema democrático alcanzado es una especie de don del cielo, que se preserva sin sacrificio ni esfuerzo vigilante alguno. Son los que se consideran sólo sujetos de derechos y carentes de responsabilidad. Sin deberes hacia la sociedad en la que viven. Esa actitud es desintegradora para la comunidad cívica en la que se insertan. Así que unos ciudadanos tienen las lecciones aprendidas y casi olvidadas y a otros todavía les falta llegar a esa parte del programa. Cada generación necesita reafirmarse, presentarse en sociedad con un determinado perfil propio, diferenciado. Necesita impulsar algún tipo de actitudes públicas distintivas pero incluso esas tendencias explicables tampoco pueden deslizarse hacia la irresponsabilidad.

El derecho a manifestarse está recogido en el artículo 21 de la Constitución dentro del capítulo segundo: Derechos y libertades, sección primera: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Debe ser respetado y ejercido porque es un recurso incentivador de otros comportamientos, pero acompañarlo de violencia es una perversión del sistema que sólo genera una violencia represiva mayor. Manifestación, sí, pero con contención; expresión pública, sí, pero con inteligencia expositiva.

Si nos remontamos a las vísperas de las últimas elecciones generales, en el último semestre de 2011 se escucharon cosas sorprendentes. El presidente de Cantabria Ignacio de Diego se decía dispuesto a favorecer que anidaran allí los ricos mediante el fomento de un microclima legal y fiscal, de un hábitat, lleno de consideraciones amistosas hacia ellos, business friendly que diría la ex presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. No fuera a ser que los ricos se vieran desatendidos, levantaran el vuelo, se marcharan a otra parte y dejaran de crear empleo. Por eso entendía que el deber del gobernante es hacerles la vida más fácil, dada la conveniencia de que habiten entre nosotros. ¿Y con los pobres qué hacemos? Pues ninguna preocupación: tenemos garantía evangélica de que siempre los tendremos con nosotros. En resumen, la aplicación del efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene incluso aquello que no tiene le será quitado.

En las últimas elecciones catalanas Artur Mas pedía una mayoría excepcional, indestructible. Pero hablar de mayoría indestructible tiene resonancias totalitarias. En democracia las mayorías deben permanecer expuestas a las erosiones de la climatología, a los cambios de los vientos. Eso da la alternancia, que es consustancial al sistema.

Los ciclos económicos cambian pero falta un análisis esclarecedor sobre el misterio de los países emergentes. La economía tiene pendiente explicar por qué unos países son un éxito económico y otros, un auténtico fracaso. Veamos que si hay un país que tiene todo para ser un país de éxito es Argentina pero no saca partido a sus posibilidades. En el otro extremo nadie puede explicar por qué es un éxito Japón cuando sólo tiene japoneses y carece de todo lo demás. Tal vez lo que tiene Japón es disciplina social, solidaridad, entrega, espíritu de trabajo. Quizá lo que le falte a Argentina sea japoneses.

Tenemos algunos atisbos de por dónde habrá que ir. Desde luego, por la innovación, por la internacionalización de las empresas, por la creación de tecnologías propias, además de sacar partido de lo que ya tenemos. Hace cuatro años exhibíamos como ventaja nuestras infraestructuras como el AVE o las autovías. Ahora de repente parece que nos avergonzáramos de esos sistemas de infraestructuras. Habrá que corregir excesos donde se nos haya ido la mano pero sin llegar a levantar las vías del AVE en aras de dar satisfacción a la señora canciller de Alemania, Angela Merkel. Otra cuestión que hay que considerar es el cierre de aeropuertos o de universidades. Saquemos partido a las ventajas adquiridas sin dejar que nos entre la pájara y nos vengamos abajo para entregarnos a esa pasión tan española que es el entusiasmo por el desastre desde el de 1898 en adelante. Busquemos dónde somos fuertes y trabajemos por sostener esas fortalezas, identifiquemos dónde hay despilfarro y corrupción. Terminemos con los abusos y pongamos a buen recaudo a sus responsables.

En estos momentos de crisis hay que favorecer el diálogo entre los agentes sociales, entre las fuerzas políticas, entre los territorios. Articulemos mejor territorialmente nuestro país. Será necesario el diálogo si se averiguara necesaria hacia la reforma de la Constitución y después favorezcamos la generación de fuerzas positivas que inciten a la cohesión. Atendamos la situación de los más desfavorecidos para evitar la ruptura social. Favorezcamos un tipo de relaciones más equilibradas, más justas, que reconozcan la necesidad de ofrecer oportunidades, que permitan atenuar las diferencias de origen social. Esto lo entendieron bien las Fuerzas Armadas, que han funcionado muchas veces como un ascensor social, y eso tiene que ser posible en todas las áreas públicas. La vida no puede estar determinada fatalmente sólo por el nacimiento. Tiene que ser posible el concurso de otros talentos aunque nacieran en un ambiente desfavorecido. Sólo así todos podrán sentirse partícipes de un país que incurriría en el mayor despilfarro si se desentendiera de esas desigualdades inscritas en el certificado de nacimiento.

Sobre el autor

Miguel Ángel Aguilar Tremoya (Madrid, 1943), licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense. Graduado en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid. Alférez de Complemento de la Milicia Aérea Universitaria. Se inicia como periodista en el diario Madrid , donde funda la Sociedad de Redactores meses antes de que el gobierno del general Franco lo cierre el 25 de noviembre de 1971. Corresponsal de Cambio 16 en Bruselas y luego de La Libre Belgique en Madrid. En los inicios de la Transición democrática dirige Diario 16 . Destituido tras publicar el 25 de enero de 1980 una información sobre el golpe que gestaba el general Torres Rojas al frente de la División Acorazada. Por eso, le fue incoado un Consejo de Guerra mientras el general volvía a las andadas un año después, el 23-F. Ha sido corresponsal político y miembro del comité editorial de El País. Profesor invitado en la Universidad de Carolina del Norte. Columnista de Tiempo. Director de Información de la Agencia EFE. Director del diario El Sol y de Informativos de fin de semana y de Entre hoy y mañana en Telecinco. En la actualidad colabora como columnista en El País, La Vanguardia, Cinco Días y El Siglo. También en los informativos Hora 14 y en la tertulia de Hora 25 de la Cadena SER. En forma de libro ha publicado Las últimas cortes del franquismo, El vértigo de la prensa y Sobre las leyes de la física y la información y en colaboración Terrorismo y sociedad democrática y El Golpe. Anatomía y claves del asalto al Congreso. Es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos y vicepresidente de la Fundación Diario Madrid.

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